¿Tienen alguna relación la Guerra Civil Española con las guerras carlistas del siglo XIX? Mark Lawrence nos propone una nueva visión de la Guerra Civil de 1936 a partir del antecedente de la Primera Guerra Carlista, que tuvo lugar entre 1833 y 1840, con la que tiene muchos paralelismos, nacionales e internacionales, a pesar de los cien años que las separan. Lawrence nos ofrece una historia comparada de estas guerras, así como del impacto que tuvieron estos conflictos tanto en el marco nacional como internacional. Nos muestra que nuestras guerras civiles fueron guerras mundiales en miniatura, en las que combatieron voluntarios extranjeros bajo la mirada y conciencia política del mundo exterior, llegando a la conclusión de que el conflicto bélico de 1936 supuso la derrota de las libertades conquistadas en la Primera Guerra Carlista. Al mismo tiempo que analiza cómo y por qué España perdió cien años después aquellas libertades conseguidas en la década de 1830. Las guerras civiles españolas se divide en dos partes, una nacional y otra internacional, cada una con capítulos temáticos en los que se comparan dichas guerras en detalle. Se estudian desde el ámbito político, social y militar, pero también desde el ángulo del género, la cultura, el nacionalismo y el separatismo, la economía, la religión y, sobre todo, el contexto internacional. El libro es fruto de una profunda investigación en distintos archivos internacionales, así como del estudio de los últimos trabajos sobre la materia. Un libro fundamental, de referencia, tanto para estudiantes y estudiosos del tema como para el gran público, que ofrece una nueva perspectiva, tan original como interesante, sobre la Guerra Civil Española.

Mark Lawrence

Las guerras civiles españolas

Una historia comparada de la Primera Guerra Carlista y el conflicto de 1936-1939

ePub r1.0

Titivillus 27.11.2020

Título original: The Spanish Civil Wars: A Comparative History of the First Carlist War and the Conflict of the 1930s

Mark Lawrence, 2017

Traducción: Miguel Ángel Pérez Pérez

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1

Agradecimientos

AGRADECIMIENTOS

Este libro es el resultado de años de investigación y de docencia de Historia contemporánea de España. El proyecto coincidió con mi traslado de la Universidad de Newcastle a la de Kent, y tengo colegas tanto en una como en otra a los que dar las gracias por ayudarme de diversas formas. Mi particular agradecimiento a los compañeros hispanistas cuya asistencia, ánimos y correcciones fueron de un valor inestimable: Adrian Shubert, Paul Preston, Charles Esdaile, Diego Palacios Cerezales, Seb Browne y el difunto Christopher Schmidt-Nowara. Cualquier error o inconsistencia que aún puedan quedar en este texto hay que atribuírmelos a mí por completo.

Parte de mi investigación en España y México estuvo financiada por una Beca Santander de movilidad internacional y una Beca de investigación de la Universidad de Newcastle. Mi agradecimiento a las instituciones que me dieron permiso para citar materiales de sus fondos: los Archivos Nacionales (Reino Unido), el Archivo Histórico Nacional (Madrid), Archivo General del Palacio (Madrid), la Real Academia de la Historia (Madrid), el archivo del Centro de Estudios sobre la Universidad de la Universidad Nacional Autónoma de México (Ciudad de México), así como el Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, el archivo de la Biblioteca Universitaria de Zaragoza, el Archivo Municipal de San Sebastián y el Archivo Municipal de Málaga[1]. Mi especial agradecimiento al Museo Zumalakarregi, en Ormáiztegui, por permitirme reproducir imágenes de su archivo en este libro.

Por encima de todo doy las gracias a mi mujer, Susana, y a mi hija, Nicole, por hacer que mis esfuerzos hayan valido la pena. En nuestra odisea familiar de los tres últimos años hemos viajado varias veces entre México y Europa, y finalmente de un extremo a otro de Inglaterra. Ha sido una experiencia apasionante y complicada para todos nosotros, y tenemos una extensa familia en México y el Reino Unido a la que dar las gracias por su cariño y apoyo. Ni este libro ni nuestra nueva vida en Kent habrían sido posibles sin el amor y la dedicación de mi esposa. Este libro está dedicado a Susana y Nicole.

Canterbury, mayo de 2016

Introducción

INTRODUCCIÓN

¿Por qué un estudio comparativo?

¿Por qué un estudio comparativo?

La popularidad de la Guerra Civil Española (1936-1939) invita a hacer un nuevo estudio comparativo. Una guerra a la que la leyenda ha presentado como una lucha épica y trágica entre el bien y el mal fue en realidad una guerra civil compleja y de múltiples facetas cuyas fricciones se remontaban a por lo menos un siglo de la historia de España. Como afirmó Romero Salvadó, en la Guerra Civil Española se enfrentaron «republicanos contra monárquicos, centralistas contra “devolucionistas” o regionalistas, católicos contra anticlericales, modernizadores contra terratenientes, campesinos contra obreros y ciudades contra pueblos»[1]. En palabras de Helen Graham, «la Guerra Civil Española no fue una única guerra civil, sino varias que se lucharon simultáneamente»[2]. Este libro quiere mostrar que también fue una guerra civil que puede entenderse como parte de un larguísimo episodio histórico que se había iniciado cien años antes. Sus protagonistas españoles tenían posiciones contrapuestas sobre los orígenes decimonónicos de su trágica lucha. Para el bando nacional del general Franco, toda la historia de España a partir de la primera Constitución liberal de 1812 había sido un desastre absoluto de imperios perdidos, ataques «foráneos» a la iglesia y la tradición y guerras civiles provocadas por los liberales en nombre de un racionalismo impío. Para el bando republicano, el siglo XIX estaba lleno de trágicas oportunidades perdidas de acabar con el feudalismo y modernizar España de acuerdo con el modelo europeo, por más que en 1839, y de nuevo en 1876, los liberales derrotaron a la tendencia que más defendía el antiguo régimen, el carlismo. El drama de una España dividida pesaba mucho en ambos bandos cuando en 1936 se inició un nuevo capítulo de guerra civil.

Este libro compara las dos guerras civiles más cruentas de la historia moderna de España, la Primera Guerra Carlista (1833-40) y la Guerra Civil Española (1936-39). Mientras que la Primera Guerra Carlista apenas se estudia fuera de España, la Guerra Civil Española es uno de los conflictos más analizados de la historia. No obstante, ambos muestran sorprendentes similitudes por lo que respecta a militancias, políticas, regiones, ideologías y contexto internacional. Los centros de insurrección derechista de 1936 fueron los mismos que los de 1833. La disputa ideológica fue similar, aunque los resultados fueran distintos. Los frentes de batalla y las retaguardias o frentes civiles de los dos conflictos muestran tensiones muy parecidas en lo relativo a movilización, centralización y quejas. Ambos conflictos tuvieron su origen en el desmoronamiento del imperialismo español a cada extremo del «corto» siglo XIX de España, y fueron los veteranos del imperio quienes dictaron la naturaleza y resultado de las dos guerras civiles. En 1840, el veterano de las contiendas americanas (o «ayacucho»), así como héroe de la Guerra Carlista, el izquierdista Espartero, se convirtió en regente de España, y cien años después el derechista («africanista») Franco, el «cruzado», hizo lo mismo. Por encima de todo, el entorno diplomático internacional con respecto a España presenta similitudes. La intervención extranjera fue decisiva en ambos conflictos, si bien es cierto que los resultados fueron opuestos. Las dos guerras también se lucharon en las opiniones y conciencias de otras sociedades, y la de la década de 1830 marcó el inicio de una «primera gran causa» de voluntariado internacional que fue el anticipo de las famosas Brigadas Internacionales de cien años después.

Podríamos incurrir en la ingenuidad de preguntarnos por qué no hay ninguna monografía que someta a estas dos guerras civiles a un estudio comparativo. Los estantes de todo el mundo crujen bajo el peso de libros dedicados a la Guerra Civil Española, pero fuera de España están desprovistos de títulos sobre la Primera Guerra Carlista, y en ninguna parte encontraremos un estudio que relacione ambas contiendas. No obstante, las razones para tal omisión no son en absoluto desconcertantes. Como explica uno de los principales expertos en el carlismo, Jordi Canal: «La centralidad de “nuestra” guerra de 1936-39 nos lleva a olvidar que las guerras civiles fueron el eje de la España del siglo XIX, y a subestimar su importancia e impacto»[3]. La Primera Guerra Carlista parece irremediablemente algo restringido al norte y bastante anticuado, al haber sido el último gran conflicto bélico anterior a la llegada de la fotografía y de la «revolución de todo lo militar» que provocaron el rifle, el ferrocarril y el telégrafo. La Guerra Civil Española, en cambio, parece precozmente moderna. Un corresponsal enviado a España la llamó «la guerra más fotogénica que se ha visto jamás»[4].

¿Dos Españas?

¿Dos Españas?

Cualquier estudio de la longue durée de la guerra civil de España obliga a tratar con seriedad el estereotipo un tanto desacreditado de «las dos Españas» (la dicotomía de una España laica y progresista coartada por las fuerzas del tradicionalismo y el clericalismo). Aunque la idea de las dos Españas perdura en general, desde la década de 1990 ha sido criticada por tres importantes corrientes historiográficas. En primer lugar, tenemos una especie de escuela de historiadores «normalizadores» que argumenta que la España del siglo XIX avanzó mucho más en consonancia con otras naciones europeas en términos de modernidad política y económica de lo que se piensa. Esta tendencia fue en parte resultado de la prosperidad económica que vivió el país en la década de los noventa del siglo XX[5]. En segundo lugar, están los historiadores de la Guerra Civil Española que formulan su análisis dentro del distinto paradigma comparativo (y transnacional) de la «Guerra Civil Europea» de 1919-1939[6]. Según dicho paradigma, los insolubles problemas diplomáticos y económicos de la paz de 1919 significaron que, en realidad, la Europa de entreguerras siguió en guerra, y España actuó de vector que unió la revolución de 1917 con la Segunda Guerra Mundial. En palabras de quien fuera ministro de Asuntos Exteriores soviético en los años treinta, la paz en Europa tenía que ser «indivisible» o no era paz[7]. En tercer lugar están los historiadores de la Guerra Civil Española que enfatizan que la resolución del conflicto no fue decidida en realidad por factores autóctonos, sino por la implicación internacional dentro del contexto de una inminente guerra mundial, y que la de España como tal fue la piedra angular de la Guerra de los Treinta Años de 1914-45[8]. Ciertamente la intervención extranjera dictó el resultado de la Primera Guerra Carlista, y, sin embargo, no se ha intentado hacer ningún estudio comparativo de los «cien años».

En otros sentidos, las tres tendencias europeizantes han sido bienvenidas en tanto en cuanto han rescatado la historia de España de los márgenes del «núcleo» de Europa, y buena parte de ese rescate lo ha realizado el método comparativo[9]. Los historiadores marxistas establecieron un camino europeo hacia la modernidad para el que Gran Bretaña y Francia eran la norma[10]. España, Alemania, Rusia e incluso Italia no estaban a la altura de las circunstancias porque no habían llegado a experimentar «revoluciones burguesas» propiamente dichas, que eran los motores fundamentales de la modernidad. Encontraron «peculiaridades» en la historia alemana, «atraso» en la rusa y «fracaso» en la española[11]. Estos países eran demasiado alemanes, rusos o españoles para ser británicos o franceses. Sin embargo, a partir de la década de los setenta ese modelo marxista de búsqueda de fallos pasó a ser criticado, proceso que se aceleró con el final de la Guerra Fría. Se demostró que el «antiguo orden» persistió por toda Europa, entre otras cosas porque la burguesía se fundió con la antigua nobleza en lugar de reemplazarla, con lo que se perpetuó la hegemonía cultural y económica de las élites tradicionales[12]. Alexis de Tocqueville comparó en una ocasión el antiguo régimen con esos ríos que «después de hacerse subterráneos, vuelven a emerger en otro punto»[13]. Se descubrieron peculiaridades incluso en la Europa Occidental avanzada que arrojaban nueva luz sobre la modernización histórica supuestamente incompleta de España. La idea de una «norma» europea perdió peso. Como dijo Adrian Shubert, «cuando todo el mundo es “peculiar”, la peculiaridad se vuelve terreno común»[14].

Lo cual no deja de ser irónico, ya que el propio régimen de Franco aceptó su «diferencia». «España es diferente» fue el eslogan acuñado por el ministerio de Turismo en los años sesenta, y tras su exótico atractivo para los turistas del norte de Europa se escondía la intención de Franco de mantener a los españoles en un estado de perpetua adolescencia política, con afirmaciones dogmáticas de que cualquier liberalización en la línea de Europa Occidental reabriría la guerra civil. Ante tan repugnante dictadura, los historiadores sintieron la necesidad tanto ética como intelectual de rechazar el tópico de las dos Españas, que con pesimismo explicaba el régimen franquista como el resultado de la victoria natural (para algunos incluso necesaria) de una España sobre la otra. Así pues, los aspectos comparados de la historia española moderna cobraron brío. Con Franco todavía en el poder, Jordi Nadal y Josep Fontana compararon la carga social y económica que representaban los grandes terratenientes de España, los latifundistas, con la resistencia del agrarismo prusiano[15]. Los latifundistas andaluces fueron asemejados con la clase Junker de Prusia, o nobleza terrateniente de aquel país, como fuerzas políticas y militares hegemónicas desprovistas de dinamismo económico[16]. En 2012, Helen Graham estableció similitudes entre dos «repúblicas sin republicanos», a saber, entre la Segunda República española y la República de Weimar alemana, y también entre las guerras de los Balcanes de la década de los noventa y la Guerra Civil Española[17]. El propio carlismo ha sido comparado con el catolicismo irredentista que impulsa al nacionalismo polaco[18]. La historia social y política de la Guerra Civil Española ha dado especialmente lugar a comparaciones por parte de estudiosos norteamericanos, a los que la lejanía de España aportaba razones tanto prácticas como intelectuales para someter al país a un estudio comparativo. Michael Seidman contrastó el triunfo de la contrarrevolución de Franco con el fracaso de los Blancos contrarrevolucionarios en las guerras civiles rusa, china e inglesa[19]. Stanley Payne y Philip Minehan han comparado de forma sistemática la guerra española con otras guerras civiles europeas de la primera mitad del siglo XX[20].

Situar los orígenes y desarrollo de la Guerra Civil Española en el contexto de otras guerras civiles es competencia del método comparativo. Al fin y al cabo, esta variedad de los estudios históricos compara la continuidad en un contexto con el cambio en otro, con lo que ayuda a identificar los problemas y peculiaridades del tema estudiado. En gran medida, la historia comparada ya existía antes de que se acuñara el término, sobre todo por la importancia que dieron al método comparativo los fundadores decimonónicos de la sociología, Emile Durkheim, Karl Marx y Max Weber. En La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Weber comparaba regiones y continentes e incluía análisis sociológicos. La rama dorada, de James Frazer, escrito por las mismas fechas que el libro de Weber, sería piedra angular de la antropología comparada y la historia religiosa. No obstante, el auténtico padre por derecho propio de la historia comparada fue Marc Bloch, historiador medievalista y cofundador en los años veinte de la Escuela de los Annales, y que sería asesinado por la Gestapo en 1944. Bloch desarrolló lo que denominó el análisis cronológico contrastivo. Dicho análisis quería combinar los puntos fuertes de la narrativa y de la historia comparada integrando las mejores partes de la primera (i. e. el análisis simultáneo de los factores que conforman la realidad en cualquier ejemplo dado) con las mejores de la segunda (i. e. la organización temática que muestra los patrones contrastivos de continuidad y cambio). Con frecuencia se explican cuestiones sociales complejas comparando estudios localizados con tendencias globales.

En otras palabras, los enfoques comparativos están implícitos en una variedad de estudios. Son particularmente útiles en las nuevas historiografías militares[21]. Tal vez su mayor potencial radique en el análisis de las guerras civiles. Tales estudios han aumentado desde el final de la Guerra Fría. Los conflictos internos, más que los interestatales, han dominado el mundo posterior a la Guerra Fría y han dado lugar a trabajos sociales, éticos y de estrategias[22]. La historia comparada no interesa solamente a historiadores e hispanistas, sino también a politólogos y sociólogos. También es relevante en la actualidad en tanto en cuanto el estudio de las guerras subsidiarias vuelve a estar a la orden del día. El auge de los ensayos sobre guerras civiles, como explica Stathis N. Kalyvas, proviene de tres fuentes: los economistas especializados en economía del desarrollo, los expertos en relaciones internacionales y los comparatistas. Estos últimos son principalmente politólogos interesados en la capacidad del estado, o en la interrelación entre las desigualdades económicas y la incapacidad de los regímenes represivos para controlar las reacciones violentas[23].

Ciertamente la historiografía comparada ha sido criticada por su determinismo cronológico, por sacrificar el análisis a la necesidad de «narrar los hechos» y, en el peor de los casos, por introducir de tapadillo en el análisis narrativo conceptos preconcebidos y faltos de sentido crítico cuya cuestionable validez inevitablemente no es puesta en tela de juicio[24]. Una acusación habitual contra la historia comparada es que intenta comparar hechos únicos e irrepetibles. Otras dos acusaciones se refieren a estudios que terminan analizando distintos temas en paralelo y no de forma comparativa, o terminan encontrando similitudes forzadas que en realidad no existen[25]. Los historiadores del siglo XIX veían por lo general las comparaciones históricas con escepticismo. En su lugar, el historicismo en su sentido más hegeliano veneraba los rasgos y hechos individuales que forjaban naciones, y celebraban su valor intrínseco como garantes de una identidad propia. Este esquema nacionalista presuponía que las naciones eran anteriores a cualquier otra consideración política y, lo que era muy habitual, que en algún momento había existido una era dorada que merecía ser revivida. El adalid del conservadurismo español de finales del XIX, Cánovas del Castillo, dijo que las naciones eran algo «natural» y «obra divina». Hasta bien entrado el siglo XX, los historiadores conservadores rechazaron las perspectivas comparativas por considerarlas unas inoportunas intrusas en otras disciplinas, e incluso una afrenta a la identidad nacional[26]. Sin embargo, la identidad nacional española tal vez fuese la más conflictiva de todos los países principales de la Europa moderna. El reto al absolutismo que supuso la Constitución de 1812, junto con el manifiesto tradicionalista de 1814, polarizaron el debate sobre la naturaleza legítima del Estado e hicieron que se recurriera a las fuerzas armadas con mayor frecuencia que en cualquier otra parte de Europa Occidental. Los sublevados de 1833 y 1936 defendían la legitimidad de su causa con la misma vehemencia que las fuerzas gubernamentales a las que se enfrentaban. Habida cuenta del carácter irreconciliable de las dos Españas que demuestran ambas guerras civiles, podemos razonablemente afirmar que una comparación de ambos conflictos no está de más.

Un estudio comparado de dos guerras civiles del mismo país, separadas por cien años, es menos controvertido por su falta de referencias a la Segunda Guerra Mundial, y menos probable que sucumba a la principal desventaja del método comparativo. A menudo se critica a las historias comparadas por no definir claramente épocas, regiones y culturas distintas, y por desequilibrar las comparaciones transnacionales con su escasez de investigación primaria de uno de los temas tratados[27]. Sin embargo, como los que voy a tratar cubren la misma geografía, el mismo país y la misma cultura en evolución, las continuidades y rupturas se pueden apreciar con una claridad inherente. Se corre mucho menos riesgo de caer en la parcialidad e ideas preconcebidas que podrían afectarles si se estudiaran por separado. El triunfo del Gobierno español en 1839 y su derrota en 1939, o, del mismo modo, el fracaso de los rebeldes en 1839 comparado con su éxito en 1939, parece un estudio comparativo que puede ser fructífero, dado el trasfondo similar.

Al mantener las comparaciones dentro del contexto español, este estudio evita la tendencia de la escuela «normalizadora» de querer encajar la historia de España en un marco europeo, lo que en última instancia no es adecuado. El filósofo y escritor Miguel de Unamuno consideraba que los españoles cultivados eran similares a los europeos cultos de todo el continente, pero «hay una enorme diferencia de cualquier cuerpo social español a otro extranjero»[28]. La generación de Unamuno estaba marcada por el «desastre» de 1898, cuando España perdió las últimas colonias que le quedaban, Cuba, Filipinas y Puerto Rico, en la guerra contra Estados Unidos. La generación del 98 dominó la cultura española de principios del siglo XX con su constante preocupación por el atraso de España con respecto al resto de Europa. La percepción de los españoles de la «diferencia» de su país era para ellos motivo de vergüenza, lo que significaba que cualquier comparación de la historia española con la europea era complicada desde el punto de vista emocional, sobre todo porque los vencedores de 1939 alardearon de esa «diferencia» de España con fines partidistas[29].

Al fin y al cabo, aunque un estado latente de guerra civil es un rasgo habitual de la historia europea moderna, el hecho de que hubiera una guerra civil formal se deja sentir en la España moderna más que en cualquier otro país europeo occidental. Por mucho que España se ciña a la norma europea, si es que tal norma verdaderamente existe, desde el siglo XIX los historiadores españoles se han polarizado más con respecto a la historia de su país que los de las demás naciones europeas occidentales. España tenía menos símbolos de unidad nacional, y aún hoy en día su himno sigue sin letra.

Los contemporáneos españoles de las guerras civiles confirieron un significado maniqueo a su tragedia. El pesimista Mariano José de Larra (1809-37) inspeccionó la matanza de la Primera Guerra Carlista: «Aquí yace media España; murió de la otra media». Los intelectuales liberales de la década de 1830 mostraron una intolerancia despiadada hacia la «facción» carlista: ahí están los versos de Espronceda de 1835 instando a una guerra encarnizada. Pascual Madoz pidió tres veces que los carlistas fueran enviados al patíbulo[30]. Obras de ficción como La campaña del Maestrazgo, de Galdós, no necesitaron de licencia artística para detallar atrocidades horripilantes. Cien años de historia no debilitaron la polarizada imaginación española. En la década de 1930, el posibilista católico José María Gil Robles vilipendió el anticlericalismo de la República por ser «una llamada a la guerra entre las dos Españas»[31].

Durante el régimen franquista, la cultura española hizo uso de repetidas referencias alegóricas que vinculaban la «cruzada» de 1936-39 con la anterior lucha de 1833-40. El movimiento carlista histórico, empapado de ideales y batallas románticos, era una materia más segura de reflexión que su conflictivo sucesor moderno. El propio movimiento carlista lo posibilitó al mantenerse como la «familia» más selecta de los vencedores de 1939, ya que su credo, sobre todo por lo que respectaba a los del norte del país, lo llevaban «en la sangre» y era transmitido de generación en generación por medio de símbolos, rituales e historias absurdas que desconcertaban a los que no eran suyos. En 1942, Jaime del Burgo, decano del carlismo dominante en el siglo XX, publicó una novela titulada El valle perdido. En ella, un piloto que es derribado en Navarra en la Guerra Civil cae en un valle escondido, el cual está habitado por veteranos centenarios de la Primera Guerra Carlista que han envejecido aislados y siguen siendo fieles a los valores puros de la década de 1830[32]. En la película filmada en tiempos de Franco, La reina del Chantecler (1962), una actriz que triunfa en Madrid durante la Primera Guerra Mundial es tomada por su pretendiente —el cual tendrá un final trágico— por una Margarita carlista. Cuando conoce al ultratradicionalista círculo familiar de él, formado por tías solteronas y matriarcas de Navarra, la actriz llega a creerse que desciende de una familia insurgente de los años treinta, y es ensalzada por proceder de una estirpe de la Primera Guerra Carlista, la «más pura» de todas las luchas. Una de las «novelas del sábado» oficiales de 1939 contrastaba la pureza y «buena ley» de las guerras del siglo XIX entre carlistas y liberales con la degeneración de los «rojos» de la Guerra Civil[33]. A veces las obras de ficción vinculaban las guerras de las décadas de 1830 y 1930 de un modo que no apoyaba ni mucho menos la victoria de 1939. La novela de Gaspar Gómez de la Serna, Cartas a mi hijo, que fue un gran éxito de ventas, ganó el premio franquista de ficción «18 de julio» de 1961, pese a que el autor ofrecía un análisis crítico de la violencia de las guerras civiles y de por qué la España moderna se había vuelto tan propensa a ellas. La novela hacía alusión directa al Convenio de Vergara de 1839, con el que concluyó la Primera Guerra Carlista, como una alegoría de la falta de intención de los vencedores de 1939 de conseguir ninguna reconciliación con los vencidos[34].

Así pues, las dos Españas estaban presentes en la cultura franquista. Sin embargo, también lo estaban en la historia académica. El testigo de la polarización pasó de contemporáneos como Larra o Gil Robles a los historiadores. A los de derechas les gustaba exagerar los orígenes internacionales (sobre todo franceses) de la tradición liberal de España, tachando a la izquierda de no ser en esencia española[35], mientras que otros más extremistas celebraban la «españolidad» orgánica del carlismo en ambas guerras civiles[36]. Los historiadores de izquierdas, por su parte, escribieron tomos historicistas en los que relacionaban las reformas del siglo XIX con precedentes de la España de la Edad moderna[37]. Y aunque el partidismo sea un rasgo dominante de la escritura histórica decimonónica, palidece en comparación con el de los estudios de la Guerra Civil Española. Aún hoy en día a los historiadores que revisan nuestra comprensión de los fatídicos años treinta españoles se les acusa de ser marxistas recalcitrantes o bien apologistas de Franco[38]. En realidad, las dos Españas nunca han llegado a desaparecer; de hecho, gozan de muy buena salud.

Al centrarse en la propia España, este estudio añade dos nuevas perspectivas comparativas a la Guerra Civil Española. En primer lugar, el papel de la intervención extranjera no se enmarca en el contexto teleológico y poco útil de la Segunda Guerra Mundial, sino en el de las intervenciones extranjeras en España de cien años antes, que fueron igual de decisivas. En segundo lugar, al restringir las comparaciones a España se evitan algunas de las complicaciones de los estudios transnacionales de guerras civiles. Para Stanley Payne, la violencia de la política revolucionaria de la Guerra Civil Española fue «mediana»: proporcionalmente mayor que la de Hungría en 1919, menor que la de Rusia durante la guerra civil de 1917-22 y más o menos la misma que la de la guerra civil de Finlandia de 1918[39]. Sin embargo, la violencia también fue proporcionalmente la misma que en la guerra civil de la propia España de cien años antes. A diferencia del caso de Hungría y Finlandia, ni la Primera Guerra Carlista ni la Guerra Civil Española estuvieron determinadas por los enclaves de distinta lengua de potencias extranjeras o por plazas extranjeras ya existentes. Ambas guerras civiles tuvieron lugar en una nación consolidada y con las mismas fronteras nacionales.

La España contemporánea es el país con mayor número de conflictos bélicos de Europa Occidental. El estado español no consiguió convencer a todos sus habitantes de su legitimidad entre la caída de la monarquía de los Borbones en 1808 y la muerte de Franco en 1975. Los periodos de aparente estabilidad, como la «Restauración» de 1876-1923, apenas ocultaron las tensiones subyacentes. España sufrió formalmente guerras civiles en 1820-23, 1827-28, 1833-40, 1846-48, 1872-76 y 1936-39. Hasta la guerra nacional de 1808-14 y las guerras coloniales de 1810-24 y 1895-98 fueron hasta cierto grado civiles, debido a su impacto revolucionario y contrarrevolucionario. La Guerra Peninsular de 1808-14 (o Guerra de la Independencia Española), en particular, ha atraído la atención de los estudios comparativos. Para los voluntarios internacionales, 1936 era una repetición de 1808 en tanto en cuanto ejércitos extranjeros invadieron España en ambos conflictos[40]. Tanto los nacionales como los republicanos exageraron el respaldo internacional a sus enemigos internos, insistieron en la lección de la «resistencia popular» de la Guerra Peninsular y hasta es como si el fantasma de la heroína de esa guerra, Agustina de Aragón, hubiera combatido en ambos bandos de la Guerra Civil Española[41]. Algunos historiadores incluso afirman que los orígenes del catalanismo moderno se remontan a la Guerra de la Independencia[42]. El estudio comparado más completo de esa guerra es el del difunto Ronald Fraser, autor de una de las dos monografías más importantes en que se compara la Guerra Peninsular con la Guerra Civil Española[43]. Está claro que ni el desafío liberal de 1812 ni el tradicionalista de 1814 se pueden entender debidamente sin referirse a la Guerra de la Independencia. Sin embargo, esta sigue siendo una «guerra nacional», y de ahí que en España se la llame «Guerra de la Independencia», aunque el verano de 1808 se viera sacudido por conflictos sociales y existiese un elemento colaboracionista afrancesado durante la ocupación francesa. De hecho, las dos Españas de 1812 y 1814 no llegaron a enfrentarse durante la invasión napoleónica, sino más tarde: brevemente en la Guerra Realista de 1821-23, y de forma mucho más considerable en la guerra carlista de 1833-40. En muchos sentidos las dos mismas Españas se volvieron a enfrentar en 1936, y no solo en términos ideológicos, sino también en términos similares de composición de ejércitos, radicalización, relaciones entre civiles y militares, exilio y participación internacional.

Por más que un estudio comparativo parezca por todo esto estar justificado, ha de enfrentarse a un importante desequilibrio de fuentes. La Guerra Civil Española goza de una verdadera pléyade de literatura, cuyos mejores ejemplos se escribieron en el extranjero hasta la consolidación de la democracia española en los años ochenta del siglo XX[44]. La guerra civil de la década de 1830, por el contrario, no cuenta con mucha literatura que no sea española, más allá de memorias y libros de viajes. Aunque los estudios españoles son importantes, e innovadores por lo que respecta al bando carlista, los vínculos entre la guerra de la década de 1830 y la de 1936 solo se han establecido de forma temática, y únicamente por lo que se refiere al propio movimiento carlista[45]. Martin Blinkhorn presentó la Guerra Civil Española desde una perspectiva carlista («cuarta guerra carlista»), pero sin compararla sustancialmente con su predecesora de 1833[46]. El importante papel que desempeñó el carlismo en la consecución de la victoria de los sublevados en 1939 fue deliberadamente minimizado por las crónicas oficiales franquistas. En el lado positivo, y a lo sumo, el estado franquista veía el carlismo como una rareza medievalista que vagaba perdida en medio del espíritu urbanizador e industrializador del régimen. En el negativo, a partir de los años sesenta el carlismo produjo su propia «herejía» izquierdista (el neocarlismo) asociada con el pretendiente al trono Carlos Hugo y la autogestión socialista, así como con una reinterpretación histórica del carlismo de la década de 1830 como «objetivamente revolucionario». Tras la muerte de Franco, el estudio histórico del carlismo experimentó un auge, a la cabeza del cual se encontraban Pedro Rújula, Josep Carles Clemente, Alfonso Bullón de Mendoza, Antonio Caridad Salvador, Jordi Canal y Julio Aróstegui, por nombrar tan solo a algunos de los historiadores más destacados. Aun así, el carlismo carecía de atractivo en comparación con los estudios reivindicativos de la derrotada Segunda República española, e incluso en comparación con otras fuerzas de derechas «catastrofistas» como la Falange.

Así pues, navegar por dos conflictos tan desiguales en los planos historiográfico e internacional en el espacio de una monografía de tamaño medio presenta desafíos por lo que se refiere a integrar fuentes primarias y secundarias. La desigual base historiográfica impide una comparación sistemática y equitativa en cada párrafo; más bien las comparaciones se hacen con frecuencia entre párrafos, en lugar de en ellos. Como ya se han estudiado a fondo los archivos españoles de su Guerra Civil, y como mi comparación internacional de los dos conflictos solo forma un discreto capítulo, mi estudio se basa fundamentalmente en archivos menos explorados del extranjero (los Archivos Nacionales de Londres y Ciudad de México) en el caso de la Guerra Civil Española. Dos archivos especialmente útiles que he usado para internacionalizar ambas guerras son las cartas del todopoderoso embajador británico durante la Primera Guerra Carlista, George Villiers, y las de uno de los principales defensores latinoamericanos de los sublevados de la Guerra Civil Española, Aurelio Acevedo. Mis reflexiones sobre el conflicto de la década de 1830 se basan principalmente en la investigación de fuentes primarias llevada a cabo tanto en archivos españoles como en los Archivos Nacionales de Londres, así como de periódicos españoles y europeos de la época. Al privilegiar las fuentes primarias relacionadas con la Primera Guerra Carlista, mi intención es contribuir al aumento del pequeño corpus de estudios sobre el tema y arrojar nueva luz sobre la Guerra Civil Española.

El libro se divide en dos partes (las vertientes nacionales e internacionales de las guerras civiles españolas), cada una de las cuales contiene tres capítulos temáticos. La sección nacional se divide en frentes de batalla, frentes civiles y el recuerdo y memoria de los hechos. Como las batallas son consustanciales a las guerras, incluidas las civiles, la necesidad de hacer historia militar parece obvia. Según Carl von Clausewitz, el teórico de lo militar cuyo número de lectores alcanzó su apogeo durante la Guerra Civil Española, «la batalla es a la guerra lo que el pago en efectivo al comercio»[47]. Sin embargo, en lugar de adoptar el «punto de vista aéreo» de la estrategia militar de Clausewitz, este estudio se une al floreciente campo de la nueva historiografía militar al presentar desde un «punto de vista a ras de tierra» la situación de los soldados y sus preocupaciones diarias, como son la comida, el sexo, los hospitales, las deserciones, el ánimo y la familia. No se tratan batallas desde un punto de vista puramente estratégico, por lo que algunas de renombre han quedado excluidas. Algunos de estos temas son de naturaleza civil-militar y se desarrollan en el capítulo 2, que explica los patrones similares de fragmentación y radicalización políticas que produjo cada guerra. Aunque estos dos capítulos abordan cada conflicto desde una perspectiva cronológica general, su principal énfasis es temático. Reconozco que las batallas de 1937-38 se lucharon de una forma mucho más moderna que las de 1936, pero mi principal interés sigue estando en las condiciones bélicas sorprendentemente primitivas que se dieron en la Batalla de Teruel de 1937-38 y, en menor medida, en la del Ebro de 1938. La primera sección concluye con un estudio comparativo del legado y memoria de cada conflicto. La segunda empieza con un breve capítulo en que se comparan los orígenes imperiales de ambas guerras civiles, relativos a Hispanoamérica y Marruecos respectivamente. En los dos capítulos siguientes se comparan las intervenciones diplomáticas y militares de potencias extranjeras, las experiencias de los voluntarios llegados de otros países y las de los derrotados y exiliados.

Contexto de las guerras civiles españolas

Contexto de las guerras civiles españolas

El contexto de las guerras civiles españolas comprende una historia más larga de las fuerzas armadas españolas y de otros combatientes armados más irregulares que llevaron a cabo cambios revolucionarios y contrarrevolucionarios. En la Primera Guerra Carlista, la causa de Isabel y su madre dio inicio a un periodo de pretorianismo en la historia de España que culminó en la guerra de cien años después. La derrota del carlismo en 1840 debilitó la supremacía civil en el estado liberal. Al igual que su padre en la Guerra de la Independencia, Isabel no supo estar a la altura de la imagen propagandística que se forjara durante la Primera Guerra Carlista. La princesa «inocente» se volvió muy mundana en cuanto cumplió la mayoría de edad en 1843. Su reinado fue el eje de un sistema de partidos disfuncional que hizo que tanto los liberales moderados como, en aún mayor medida, los progresistas, necesitaran de paladines militares para llegar al poder. Los generales veteranos de la Primera Guerra Carlista se convirtieron en cómplices de los políticos, cambiando sus fajines por levitas de presidente del gobierno y llevando a cabo ese cambio de ropa a la inversa cada vez que la reina encargaba a un general rival que formase gobierno. Como es comprensible, todos los oficiales de rango ansiaban enriquecerse en ese sistema pretoriano de posguerra, ya que a cualquier facción militar que tuviera la suerte de que «se pronunciara», que formase nuevo gobierno le llovían pensiones, condecoraciones, ascensos y, lo mejor de todo, un título nobiliario[48]. Aunque la guerra civil contra los carlistas se había librado en nombre del liberalismo, los vencedores, empezando por la propia reina, conservaron valores sociales y políticos muy poco liberales. Una necrológica británica de Isabel II, escrita en el país que más había hecho para garantizar su victoria en la década de 1830, reproducía esa situación perfectamente al afirmar que a los principales generales de su tiempo «cualesquiera que fuesen sus disensiones mutuas […] siempre les interesó mantenerla en el trono como instrumento de su propio poder»[49].

El liberalismo isabelino tocó a su fin con la «Revolución Gloriosa» de 1868, que dio inicio a seis años de desintegración y reintegración en medio de revueltas cantonalistas, otra guerra carlista y la reafirmación del papel del ejército en la vida política a partir de 1874, ahora como punta de lanza de la contrarrevolución y adoptando una ideología cerrada y corporativista. La Segunda Guerra Carlista de 1872-76 es un hito entre las dos guerras civiles analizadas en este estudio. Esa Segunda Guerra Carlista, al fin y al cabo, no sólo fue producto de la Primera, sino que también anticipó la de 1936. En 1876, la Restauración canovista de posguerra afianzó el poder socioeconómico de los grandes latifundistas, lo que provocaría la crisis social más peligrosa para la República de 1931. La Segunda Guerra Carlista fue el resultado de la crisis monárquica de 1868 del mismo modo que la Segunda República española lo sería en 1931. La prensa carlista y ultracatólica de 1931 comparó el desastre de la revolución de ese año con la de 1868. Los programas republicanos de «libertad religiosa», similares en ambos casos, provocaron un violento anticlericalismo en las dos guerras, y en las dos los carlistas se apresuraron a ver dicha actitud en términos apocalípticos, con lo que irónicamente se hicieron más fuertes gracias a la decadencia de la revolución liberal y haciendo caso omiso del hecho de que las anteriores monarquías isabelina y alfonsina habían apoyado firmemente a la iglesia[50]. La torpe prohibición por parte de la República de la prensa carlista en 1931 estuvo provocada por el miedo a lo que había pasado después de 1868, y (todavía) no porque pudiese haber una infiltración fascista en el movimiento tradicionalista[51]. E incluso se encontraron referentes internacionales. La Comuna de París definió la manera en que los republicanos, monárquicos y carlistas españoles vieron su lucha, del mismo modo en que la Revolución Bolchevique definió las militancias de los años treinta. Las tensiones centrífugas entre los cantonalistas de 1873 y el régimen republicano son análogas a la descomposición de la República en 1936, como lo fue la posterior contrarrevolución de las fuerzas armadas del gobierno (el golpe de estado de Pavía de enero de 1874 y la contrarrevolución apoyada por los comunistas de 1937). Hasta había tradiciones que unían la guerra de la década de 1870 con la de los años treinta. La atención humanitaria de la mujer del pretendiente al trono, doña Margarita, dio lugar a la organización epónima de mujeres carlistas que asistían a los heridos en la Guerra Civil Española. Hubo innumerables ejemplos de ancianos veteranos de la Segunda Guerra Carlista que fueron homenajeados durante los preparativos bélicos de los carlistas con posterioridad a 1931.

Aunque la Segunda Guerra Carlista habrá de esperar a tener su propia historia comparada, para nuestros propósitos hay razones de peso para comparar la Primera Guerra Carlista y la Guerra Civil Española. Como veremos, ambas guerras, separadas por cien años, fueron distorsionadas fundamentalmente por la intervención internacional. Después de 1839 y 1939 hubo unos difíciles periodos de paz, y la represión franquista se puede explicar en muchos casos por lo sucedido en la década de 1830. Los queridos fueros de los carlistas (derechos concedidos por la corona española) se vieron minados en 1841 al trasladar definitivamente la línea de las aduanas españolas a los Pirineos. Con ese traslado se recompensaba a los vencedores liberales de San Sebastián y Bilbao y se castigaba a los carlistas del interior[52]. La victoria de Franco de cien años después invirtió esos beneficios, ya que las provincias de Álava y Navarra, derrotadas en 1839, ahora se encontraban en el bando vencedor, y durante el franquismo experimentarían por primera vez una considerable industrialización y modernización[53].

Hay también factores sociopolíticos de peso que vinculan las décadas de 1830 y 1930. La coalición republicana de 1931 constaba de una mayoría de partidos que pensaban que el problema histórico de la izquierda española había sido su tímida disposición a transigir con las fuerzas reaccionarias[54]. Subyacía a ese punto de vista una controversia ideológica surgida de la revolución liberal de la década de 1830: si verdaderamente España había vivido ya una «revolución burguesa». Por muy críptico que resulte ese punto de la ideología marxista, no deja de tener su relevancia para los comparatistas. El revolucionario de 1835-37 que abolió el sistema feudal e instituyó el capitalista, Juan Álvarez Mendizábal, fue una rara avis en la España del siglo XIX: un burgués verdaderamente comprometido con la revolución burguesa[55]. Sin embargo, a los sesudos intelectuales del Pacto republicano de San Sebastián se les escapó ese precedente autóctono, por la fascinación que sentían por los modelos en apariencia más contundentes de otros países, en especial de Francia. Sin que se inmutaran por la revolución que había supuesto la guerra carlista, parece como si hubiesen considerado que el comportamiento de la burguesía española a partir de 1931 justificaba su posición. Lejos de consolidar la república burguesa, lo que consiguieron los republicanos fue que la burguesía española se distanciara aún más de ellos, a causa de su atroz anticlericalismo y por el poder de sus aliados de la clase obrera. La mayor parte de las clases medias no votó a la república laica de centro-izquierda de Manuel Azaña, sino al partido católico que hizo las veces de aglutinador, Acción Popular (conocido a partir de 1933 como el CEDA), que juró proteger la propiedad privada y las jerarquías «naturales» de la sociedad.

Ante la falta en 1931 de una burguesía revolucionaria, el papel crucial que debían jugar los socialistas en el primer gobierno republicano falló desde el principio. Eso se manifestó en el conflicto insalvable entre legitimidades revolucionarias y parlamentarias que tuvo lugar tras establecerse la República en 1931. Mientras que el líder político de los socialistas, Indalecio Prieto, aceptó la evolución parlamentaria hacia el socialismo, su gran rival, el dirigente sindicalista Largo Caballero, se mostró cada vez más proclive a buscar soluciones revolucionarias a la crisis social. Alejado de esa rivalidad se encontraba el gran cerebro del socialismo español, Julián Besteiro, que se oponía al pacto por el que se había constituido la Segunda República basándose en su creencia, ideológicamente purista, de que primero la burguesía tenía que hacer su propia revolución. Besteiro fue culpado del fracaso de la huelga general convocada por los socialistas en diciembre de 1930 y del fallido levantamiento militar en su apoyo, lo que hizo que la iniciativa pasara a las alas del partido a favor del pacto[56]. La idea de Besteiro de que el feudalismo español sobrevivía intacto, y que las reformas liberales de la Primera Guerra Carlista no habían producido ningún avance de la clase media, era compartida por la gran mayoría de los observadores internacionales. El católico liberal Henry Buckley, experto en la Segunda República, llamó al ejército (Army), obispos (Bishops) y la corona (Crown) «el abecé de la política española»[57].

De hecho, tanto Besteiro como Buckley estaban en lo cierto, pero por razones erróneas. El antiguo orden sobrevivió en España precisamente porque sus clases medias del siglo XIX se fundieron con el viejo orden feudal y unieron la hegemonía económica y la cultural. Se diría que la por lo general inexistente clase burguesa revolucionaria de España estaba en buena compañía. Los historiadores del siglo XXI son muy escépticos con respecto a que el modelo marxista de revolución burguesa sirva para algo, ya que hasta los estudios de revoluciones tan destacadas como las de Inglaterra en la década de 1640 y Francia en la de 1790 han demostrado que sus respectivas burguesías fueron de todo menos dinámicas a la hora de reemplazar al feudalismo. Aunque la llegada de la República en 1931 marcó una ruptura lo bastante significativa para necesitar de comparación con otras de la historia, los candidatos para esa comparación no se encuentran en Francia, Inglaterra o Rusia, sino en la propia España. El feudalismo se abolió formalmente durante la guerra carlista de la década de 1830, sustentando el triunfo de una tradición constitucional liberal en España que aguantó con unas pocas excepciones hasta la Guerra Civil Española. La guerra civil de 1833 dio inicio a una hegemonía liberal a la que la de 1936 puso fin. En otras palabras, una España fue derrotada en 1839, y en 1939 esa España tuvo su venganza.

El que situemos la Guerra Civil Española en un contexto autóctono requiere que volvamos al manido paradigma de las dos Españas. Está claro que este concepto de las dos Españas es en realidad hermético y rígido, por simplificar la naturaleza de la división del país en los conflictos que nos ocupan. Aunque ambas guerras civiles demuestran dos visiones de España en su sentido más amplio, los liberales y republicanos de izquierdas contra los carlistas y nacionales de derechas, ambas guerras también muestran divisiones ideológicas y sectarias dentro de cada una de las «dos Españas» que no se pueden adscribir fácilmente a una visión de España o a la otra. La derecha de la década de 1830 estaba dividida en un ala absolutista, ejemplificada por el difunto Fernando VII, y otra tradicionalista y teocrática que quería volver atrás con respecto al absolutismo ilustrado del siglo XVIII y restituir los derechos medievales de iglesia, nobleza y estructuras políticas descentralizadas[58]. Estos ultras se inquietaron por la política de Fernando de conceder amnistías limitadas y su gradual restablecimiento de las reformas económicas y administrativas más moderadas que se habían ensayado durante el Trienio Liberal. Aunque Fernando derrotó a un levantamiento monárquico armado que tuvo lugar en Cataluña en 1827, los «carlistas» confiaban en que, aun así, el príncipe heredero ultra, don Carlos, sucedería al ya enfermo Fernando, puesto que este no tenía ningún hijo varón. Sin embargo, el nacimiento en 1830 de la hija del rey, la princesa Isabel, que gozaba de buena salud, lo cambió todo. La Ley Sálica que regulaba la monarquía borbónica española desde principios del siglo XVIII reservaba el trono a los herederos varones (por más que la ley había sido abolida, aunque en secreto, en 1789). Sin embargo, tras una complicada serie de hechos, el rey y su última esposa, la napolitana María Cristina, se aseguraron de que su hija Isabel sucediese a su padre bajo la regencia de su madre a la muerte de Fernando.

Cien años más tarde, los carlistas solo eran una de las facciones de un total de cinco (junto con católicos, monárquicos alfonsinos, el ejército y la Falange) que luchaban contra el gobierno de la República. Todos ellos forman las variedades derechistas de las dos Españas, pero, aun así, se pueden encontrar complejidades en el movimiento extremista que no existía (ni podría haberlo hecho) en la década de 1830, es decir, en la Falange, o el partido fascista español. Los carlistas acusaron a la Falange de que su totalitarismo e industrialismo eran una invitación a la llegada del bolchevismo por la puerta trasera. Es significativo que las clases medias católicas más moderadas, que en su mayoría habían apoyado al movimiento reformista autoritario conocido como «maurismo», compartiesen los resquemores carlistas con respecto a la Falange, y sobre todo con respecto a sus intentos propagandísticos de «redimir» al obrero español[59].

Los sublevados de los años treinta estaban, por lo tanto, tan divididos como sus predecesores de la década de 1830. Lo que compartían era su rebeldía contra los gobiernos ampliamente de izquierdas (la «otra España»), de los que pensaban que carecían de legitimidad. Así pues, eran rebeldes o sublevados, y a lo largo de esta monografía de ese modo los describiré en buena medida, en lugar de enredarme con otras palabras descriptivas (como, por ejemplo, reaccionarios o España blanca). Mis razones son que no quiero hacer juicios de valor ni establecer diferenciaciones con tal de que el texto sea más ameno. Los franquistas rechazaban esa idea de rebelión. La primera historia franquista de la Guerra Civil Española insistía en que el alzamiento de julio de 1936 no era una mera rebelión, sino una «guerra de liberación»[60]. Posiblemente con mayor justificación, los carlistas de 1833 insistían en que el bando del gobierno eran los verdaderos rebeldes, mientras que ellos, los insurgentes, eran los «libertadores». Sin embargo, tanto a los carlistas de 1833 como a los nacionales de 1936 se les puede denominar rebeldes, ya que actuaron en contra de gobiernos legítimamente constituidos. En 1832 el papa Gregorio XVI condenó toda rebelión o sedición contra poderes constituidos[61]. Esto es importante, en tanto en cuanto los carlistas reivindicaron mucho más su justificación religiosa que el gobierno, pese a que Gregorio XVI estaba constreñido por su propia doctrina a no dar abiertamente apoyo a su causa. Del mismo modo, en 1931 el Vaticano adoptó una actitud conciliadora con la República al apartar al cardenal Segura, monárquico incendiario, de su puesto de nuncio para reemplazarlo por los aparentemente más dóciles Tedeschini y Vidal i Barraquer, además de limitarse a emitir una discreta condena de la quema de iglesias de ese año por parte de anarquistas[62]. Cuando los rebeldes de 1936 empezaron la guerra civil, afirmaron tener la bendición papal, pero de hecho el apoyo vaticano de importancia a su sublevación contra el poder constituido no llegó hasta un año después de iniciada la guerra.

Por las mismas razones, denomino «el gobierno» tanto al bando liberal ganador de la década de 1830 como al derrotado bando republicano de la de 1930. Mientras que la España «nacional» de la década de 1830 era el gobierno cristino, los nacionales de la de 1930 eran los rebeldes. El paradigma de las «dos Españas» es igual de problemático para definir la España de izquierdas y la de derechas. Al fin y al cabo, la guerra de 1833 produjo la división definitiva del movimiento liberal en las alas «moderada» y «progresista», cada una con ideologías distintas en lo relativo a participación política, gobiernos locales y la corona. La guerra civil de 1833 fue testigo de unas divisiones sectarias tras las líneas gubernamentales en las que se enfrentaban la periferia contra el centro, la revolución contra la moderación y las milicias contra el ejército, en lo que era un espectro político que iba del centro a la izquierda radical. Del mismo modo, en la guerra civil de 1936 los elementos políticos que formaban el gobierno estaban radicalmente divididos en alas revolucionarias y moderadas, mientras que la mayor diferencia era que, a diferencia de lo que sucedió en la década de 1830, esas divisiones demostraron ser fatídicas. Solo una minoría de los republicanos que hicieron la guerra eran verdaderamente «republicanos» de acuerdo con la idea que se tenía en 1931, debido a la movilización del anarquismo y el papel más ambiguo del comunismo. El republicano coronel Casado era optimista con respecto a las fuerzas que servían al gobierno:

Todos los partidos políticos y organizaciones sindicales del Frente Popular empezaron a reclutar voluntarios para repeler la agresión. Las masas tanto de obreros como de campesinos acudieron a miles. Rápidamente se formaron grupos y batallones de milicianos, y ésa fue la base del Ejército Popular de la República[63].

Pero, en la práctica, las fuerzas republicanas solo en parte eran republicanas. El gobierno vasco controlaba sus propias fuerzas, y muchas de las milicias del frente de Aragón apoyaban la revolución obrera y campesina y no la República democrática burguesa. Los que sí lo hacían —como las brigadas comunistas— se entienden mejor como «populares» sólo en el sentido en que el Congreso de Soviets de Stalin era en 1936 «popular». Lo que unía a estas fuerzas dispares era su defensa del gobierno, por más que discreparan en la forma que debía tomar el gobierno de entonces y el venidero.

Crisis políticas de preguerra

Crisis políticas de preguerra

La caída de Alfonso XIII en abril de 1931 y la implantación de una República cogió al movimiento carlista en lo que tal vez fuera su momento más bajo. Sin embargo, los carlistas recibieron la llegada de la República con manifiesta alegría. La respuesta a este misterio es doble. En primer lugar, la disputa dinástica entre las dos ramas de la dinastía de los Borbones había quedado en buena medida resuelta, y, en segundo, la aprensión popular de que una República atacaría al clericalismo prometía incitar a los militantes hasta entonces desanimados a una nueva cruzada carlista[64]. Esperaban que la llegada de un gobierno inequívocamente secularizador curara al movimiento carlista de un siglo de luchas intestinas debilitadoras, las cuales estaban provocadas básicamente por el hecho de que un movimiento legítimo va unido a un rey legítimo. Mientras que el Carlos V de la primera guerra civil había demostrado ser un fanático, mediocre en lo militar y carente de visión, todos sus sucesores, a excepción del Carlos VII de la guerra de 1870, habían demostrado ser incluso peores. Hay que reconocer que las cosas mejoraron en el último tercio del siglo XIX gracias al legado de los intelectuales «neocatólicos» Jaime Balmes y Donoso Cortés, así como por la continuada influencia de Cándido Nocedal, cuyas homilías neocatólicas se ocupaban por entero del tradicionalismo en conjunto y se distanciaban por completo de la disputa dinástica de 1833. Por encima de todo, las publicaciones de Vázquez de Mella ofrecían un canon ideológico que había estado en buena medida ausente en la década de 1830 y que, de forma crucial, establecía el principio primordial de legitimidad como un conjunto de valores y acciones, y no como una mera cuestión de sucesión legítima. Aunque los carlistas del siglo XX no podían esperar de verdad contar con la fuerza militar de sus predecesores de la década de 1830, de todos modos estaban liberados de la perspectiva de que su futuro esfuerzo bélico fuese rehén de los caprichos de su rey[65].

Los protagonistas de la Guerra Civil Española utilizaron precedentes autóctonos. En julio de 1936 los carlistas de Navarra eran la única fuerza militar de los sublevados que poseía una cosmovisión previa y consistente de lo que era una monarquía religiosa, y que se remontaba a su primera gran guerra de la década de 1830[66]. Tanto a los marxistas contemporáneos como a los posteriores los atrajo la controvertida evolución del liberalismo español que triunfó en la década de 1830 y sucumbió en la de 1930. Mientras los carlistas se preparaban para una nueva guerra en los años treinta, vencieron su renuencia inicial a aliarse con los falangistas (a cuenta del estatismo y laicismo «heréticos» de éstos, surgidos de una «desviación socialista» del hegelianismo) cuando ambas fuerzas de extrema derecha subrayaron su rechazo común a todo el legado liberal del siglo XIX[67]. En palabras de un ideólogo falangista, «el latino ve que el liberalismo implica algo contra natura»[68]. El historiador tradicionalista Jesús Casariego se regocijaba en 1938 de que «Dos veces —con ayuda extranjera— lograron dominar las reacciones del sentimiento español en las dos contiendas civiles del pasado siglo. Pero en la tercera, no ha tocado ganar: que se aguanten y sufran»[69].

En la década de 1830 España era todavía vista como una nación lo bastante importante de por sí para ocupar las agendas diplomáticas y políticas de las grandes potencias europeas. En 1870, en cambio, ya se había convertido en un país secundario, y habría seguido siéndolo aún más en los años treinta del siglo XX de no haber sobrevenido la guerra de poder europea entre izquierda y derecha. Además, el mayor alcance y brutalidad de la Primera Guerra Carlista son comparables a los de la Guerra Civil Española. En ambos conflictos lucharon voluntarios extranjeros, por motivos similares y bajo estandartes propagandísticos comparables. Puede que la Guerra Civil Española fuese la primera guerra europea moderna en que la propaganda jugó un papel fundamental a la hora de perfilar tanto los propósitos bélicos como la intervención extranjera. No obstante, un alto porcentaje de esa propaganda maniquea de «libertad» contra «religión» tiene el estilo de cualquier página de los numerosos periódicos de la guerra de la década de 1830 que eran devorados en púlpitos y cafés de toda España. El modelo carlista de insurgencia «pura» de 1833 fue ensalzado como el modelo nacional para defender a Dios, el Rey y la Tradición por generaciones posteriores de carlistas que ya no podían soñar con contar con el apoyo que habían tenido sus predecesores en la guerra de 1833. Los carlistas de la década de 1870, y de nuevo los de los años treinta, intentaron por todos los medios recalcar los ejemplos de la primera lucha: el recuerdo del «Gran hombre» (Zumalacárregui), las intervenciones de la Cruz Roja con precedentes en el convenio de lord Eliot de 1835 e incluso los ruegos de préstamos del «Comité carlista de Inglaterra» de los años setenta, que intentaba aprender de los errores de sus antepasados de los años treinta[70].

Los requetés navarros (la milicia carlista) que se alzaron en julio de 1936 repitieron la embriagadora mezcla de penitencia, celebración y, sobre todo, recuerdo que unía su alzamiento al de sus predecesores de 1872 y, en especial, al de 1833[71]. La prensa carlista de los años treinta dio mucha publicidad a los veteranos supervivientes del conflicto de 1870[72], del mismo modo que la prensa de esa década había homenajeado a los veteranos de 1830[73]. Los civiles que entraron en combate en los años treinta recordaban experiencias similares que habían acaecido a sus abuelos en la década de 1870[74], del mismo modo que estos habían recordado a su vez las de los suyos en la de 1830. Los testimonios orales de entonces seguían teniendo toda su fuerza, ya que la no participación de España en la reciente Primera Guerra Mundial había impedido que hubiese otros que los reemplazaran[75]. Los insurgentes carlistas de 1936 veían el conflicto como una «tercera guerra carlista», su ofensiva contra Bilbao como un «tercer sitio carlista», y el gran valor que concedían a los objetos marciales y religiosos de 1830 que atesoraban era prueba de la persistencia de esos tiempos de antaño[76].

La transición cristina de 1830-33 fue claramente distinta a la toma de poder de la República de 1931-36. Pasó un año entre el «golpe de estado» cristino de La Granja y el estallido de la guerra civil en octubre de 1833. El último primer ministro de preguerra, Cea Bermúdez, purgó las organizaciones proclives a sublevarse. La mayoría de los doscientos oficiales de la guardia de palacio que fueron purgados en 1832 aparecieron como carlistas armados un año después, mientras que los dos regimientos de la caballería real que los reemplazaron eran decididamente cristinos. Aún más importante es que una revuelta carlista fallida que tuvo lugar en León en marzo de 1833 permitió a Cea desterrar a Portugal a don Carlos y su séquito[77]. Habida cuenta de las pobres infraestructuras de España y de que la de 1833, a diferencia de la de 1936, fue una guerra dinástica, ese destierro de la figura principal de los rebeldes fue un golpe maestro. Hizo que los sublevados de 1833 tuvieran que llevar a cabo su insurgencia en el campo, pues, excluyendo la fugaz excepción de Bilbao, todos sus intentos de hacerse con el control de las ciudades fracasaron. Los sublevados de 1936, por el contrario, querían un golpe de estado y lo planearon: una desesperada conversación telefónica entre el primer ministro Giral y el líder rebelde Mola, a las cuarenta y ocho horas de la revuelta, reveló que Mola tenía intención de «pacificar España» en menos de una semana al estilo de Primo de Rivera en 1923[78]. Lo que frustró el golpe de estado rebelde de 1936 fue la lealtad de alrededor de la mitad de las fuerzas militares y paramilitares de la República, incitadas por las clases obreras radicalizadas. La guerra de 1936, aún más que la de 1833, fue el resultado de una sociedad polarizada y radicalizada. Para contextualizar esto, debemos explicar lo acaecido en la Segunda República de preguerra de 1931-36, haciendo comparaciones con el periodo previo a 1833 donde sea relevante.

La década de 1920 se caracterizó en general en España por el boom económico que resultó de la repatriación del capital de las colonias tras la pérdida de la guerra con Estados Unidos en 1898 y de la ventajosa neutralidad de España en la Primera Guerra Mundial. El crecimiento económico se concentró sobre todo en áreas en las que ya de por sí se concentraba la industria española, especialmente en Barcelona (que diversificó su economía) y Bilbao. La población de las grandes ciudades se duplicó entre 1900 y 1930[79]. Los ingresos procedentes de ese boom llevaron a una enorme inversión en infraestructuras públicas, escuelas y hospitales incluidos, que fue mucho mayor de lo que luego se conseguiría durante la República. Sin embargo, una crisis económica marcó los últimos años del régimen de Primo de Rivera, como consecuencia del déficit comercial estructural que aquejaba al país pese a la fuerte política proteccionista del gobierno. A los inversores extranjeros los echaba atrás el monopolio petrolífero, y la peseta, que ya estaba débil en 1926, pronto cayó a 39 a cambio de una libra esterlina para luego subir a 58 a las pocas semanas de proclamarse la República, mientras que para el mismo nivel de vida lo que costaba 4 pesetas en 1920 pasó a costar 7,20 en 1931[80].

Así pues, la República de 1931 heredó una crisis económica cada vez más profunda en medio de la Gran Depresión mundial. El movimiento socialista español se había dividido ante la dictadura de Primo de Rivera, que perdió el poder en 1930. La parte mayoritaria, la confederación sindical (UGT) dirigida por Largo Caballero, un organizador pragmático y por tanto no comprometido ideológicamente, y en menor medida por el catedrático partidario del socialismo fabiano, Besteiro, colaboraron con la dictadura, por lo que fueron recompensados con puestos en el Consejo de Estado a cambio de su política antihuelguista. Sin embargo, los socialistas demócratas Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos se resistieron a colaborar. Tanto la organización anarcosindicalista CNT como el diminuto Partido Comunista (PCE) habían quedado debilitados por la represión de Primo de Rivera. Eso significó que, cuando este dimitió en enero de 1930, hubo poca iniciativa por parte del centro y la derecha políticos, ya que los decimonónicos partidos Liberal y Conservador estaban destartalados y el «partido único» del dictador, la Unión Patriótica (UP) se desintegraba rápidamente. No obstante, por mucho que los republicanos y socialistas dispusieran de una oportunidad nada frecuente en 1930-31, la economía en deterioro los privó de una sólida base de apoyo. La economía se venía abajo por la Depresión, que iba acompañada de huelgas, malas cosechas y la posterior explosión de afiliaciones en la rival CNT como resultado de la legalización de la organización por el general Berenguer (en línea con su dictadura más suave que se conoció como «dictablanda»). Largo Caballero temía el auge de la CNT y, por lo tanto, cumplió con las exigencias de revolución social procedentes de los afiliados de la UGT. Un sindicato agrícola, la FNTT (Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra) se creó en 1930. Aun así, la mayor parte de los trabajadores agrícolas españoles tuvieron que hacer frente a unos funestos años treinta de caída de precios, desempleo y sueldos de miseria, al igual que sus homólogos de vísperas de la Primera Guerra Carlista, que lucharon contra una depresión agrícola comparable a escala mundial.

El otro pilar del pacto de los años treinta fueron los propios republicanos. Ya había existido una alianza republicana en 1926, encabezada por el viejo Partido Radical de Lerroux al que se unió la Acción Republicana de Azaña. Sin embargo, un credo que previamente se basaba en pequeños grupos de discusión se volvió rápidamente moderno, organizado y popular. Los pactistas sabían que el antiguo republicanismo intelectual de élites ya no bastaba. Como explicó Gabriel Jackson, tenían que «actuar rápidamente en defensa de las masas rurales si querían que el nuevo régimen arraigase fuera de las clases medias urbanas y la aristocracia o los trabajadores sindicados»[81]. No obstante, el republicanismo ya no era coto exclusivo de la izquierda. Incluso el centro derecha fundó la Derecha Liberal Republicana en julio de 1930, con Alcalá Zamora y Miguel Maura a la cabeza[82].

Así pues, la derecha española se enfrentaba a una grave crisis. Al último dictador transitorio, el almirante Aznar, no le quedó más remedio que reunir a las Cortes. Se convocaron elecciones municipales para el 14 de abril de 1931, que resultarían ser un verdadero referéndum sobre la monarquía. Los candidatos republicanos arrasaron en la mayoría de las ciudades grandes y medianas; solo en el campo, controlado por los caciques, mantuvieron su dominio los monárquicos. Alfonso XIII trató de ganar tiempo proponiendo abdicar en favor de su heredero, don Carlos. Un año antes ese gesto podría haber funcionado, pero ahora ya era tarde. Se marchó de España para «evitar una guerra civil», una afirmación muy grandilocuente por su parte, ya que una guerra civil necesita de dos bandos y apenas había nadie que estuviese dispuesto a mover un dedo para defender al rey[83]. Hasta la más conservadora de las élites políticas, como la regeneracionista de Miguel Maura, se negó a tener nada que ver con la monarquía (e incluso el propio Maura dijo que la monarquía se había suicidado).

La derecha estaba en tal caos que las nuevas autoridades republicanas no precisaron del mismo nivel de purgas de los cristinos de 1832-33. La mayoría de las reformas socioeconómicas y políticas de izquierdas las llevaron a cabo antes de que estallara la Guerra Civil en 1936, a diferencia de lo ocurrido en la década de 1830, en que se realizaron viéndose forzados por la guerra. Por esta razón, el periodo republicano de preguerra sigue polarizando a los historiadores. Mientras que los de izquierdas afirman que los gobiernos de 1931-33 y 1936 fueron momentos álgidos de la cultura española, los de derechas los llaman intolerantes y antipluralistas[84], lo cual, al intentar llevar a cabo reformas drásticas en la España del antiguo orden, produjo una «República imposible»[85] o una «República sin republicanos»[86]. Está claro que el primer gobierno republicano intentó corregir los abusos que habían ido degenerando a lo largo de un siglo de política constitucional. El ministro de la Guerra, Manuel Azaña, intentó «republicanizar» a las fuerzas armadas, curándolas así de un legado de pretorianismo que se remontaba a la década de 1830, a sabiendas de que el ejército era «cuestión de vida o muerte»[87].

Los preparativos para la guerra

Los preparativos para la guerra

Ambas guerras civiles estuvieron precedidas de otros enfrentamientos civiles locales que sirvieron de ensayo general para unos largos conflictos posteriores. En 1827-28 esto adoptó la forma del levantamiento de los malcontents de Cataluña, que fue una insurrección carlista en todo menos en el nombre. Los clérigos y aristócratas ultras que se sublevaron contra las reformas liberalizadoras del rey Fernando fueron aplastados, pero inevitablemente las mismas personas e ideas se sublevaron de nuevo tras la muerte del monarca en 1833. Desde un punto de vista ideológico, la facción carlista exigía la restauración de la monarquía tradicional del orden feudal y un papel privilegiado para la iglesia. Afirmaban que eso era lo que había prometido el rey Fernando, el cual en 1814 había aprovechado el «Manifiesto de los Persas», de índole tradicionalista, como justificación para destituir a los liberales de la Guerra de la Independencia. Sin embargo, Fernando no convocó las Cortes tradicionales como esperaban los firmantes del manifiesto de 1814, y ni siquiera lo hizo en 1823, cuando tenía el apoyo armado de los tradicionalistas, para agradecerles que le hubieran devuelto sus poderes plenos. En 1827 se acabaron definitivamente las contemplaciones. Los tradicionalistas se sublevaron en Cataluña con la intención de reemplazar a Fernando por su hermano menor y más reaccionario, don Carlos (de ahí el término «carlista»). Fracasaron, pero en 1832 el «golpe de estado» cristino de La Granja volvió a infundir vigor a sus intentos.

La escisión de las clases dirigentes tras la muerte del rey prefiguró la escisión más dinámica que tendría lugar en 1936. Del mismo modo que la Primera Guerra Carlista tuvo como adelanto el alzamiento reaccionario conocido como de los Agraviados en 1827-28, la Guerra Civil Española tuvo otro en el alzamiento revolucionario de 1934. El levantamiento socialista que se dio en Asturias en octubre de 1934 fue el resultado del compromiso frustrado del socialismo con la República, al igual que la revuelta de los Agraviados o Malcontents fue el resultado del compromiso frustrado del tradicionalismo con el absolutismo fernandino. El «Manifiesto de la Federación de Realistas Puros» (1826) de los insurrectos dio inicio a la primera rebelión «legitimista» contra un rey legítimo. Como dijo el historiador conservador Carlos Seco Serrano, «el manifiesto lanzó una revuelta que hizo caso omiso de los orígenes legítimos del absolutismo en favor de la práctica legítima de éste»[88]. Otro historiador conservador, Stanley Payne, hace una crítica similar de los socialistas de preguerra de los años treinta, para los que el sistema republicano de elecciones burguesas sólo podía apoyarse si conducía al socialismo[89].

Los líderes políticos de ambas revueltas planearon hacer una demostración contenida de fuerza para mover la política del gobierno en su dirección, lo que significaba, respectivamente, la abdicación de Fernando VII, o al menos establecer que fuera sucedido por su hermano menor, y la retirada del gobierno de los miembros derechistas de la CEDA para evitar una toma fascista del poder al estilo Dolfuss en España. Las rebeliones carlista y socialista tuvieron lugar en Cataluña la primera y en Asturias la segunda, pero esa localización geográfica limitada no ayudó a que fuera más fácil planearlas, ya que los dirigentes no pudieron controlar a sus militantes. En cualquier caso, la violencia de los insurgentes, y la aún mayor violencia contra los insurgentes de los gobiernos vencedores, convirtieron a las rebeliones de los Agraviados y de los socialistas en ensayos generales de las verdaderas guerras civiles que les siguieron. Los combatientes de ambos levantamientos presentaban un mismo patrón que definiría la historia militar de las dos guerras civiles que llegaron después: su renuencia a militarizarse bajo la dirección, respectivamente, de las autoridades carlistas y comunistas[90].

Las fuerzas militares aplastaron la reacción de 1828 y la revolución de 1934, pero no las ideas que les subyacían. Siempre ha sido dogma central de la bibliografía franquista y neofranquista que el régimen del Frente Popular de 1936 contra el que se levantaron los oficiales rebeldes no era democrático, sino un régimen de izquierdas controlado por revolucionarios[91]. Tan influyente era ese tropo, que en 1939 hasta el líder de las fuerzas republicanas de Madrid, Segismundo Casado, entregó la derrotada República a Franco con tal de «salvar a España de una toma de poder por parte de los comunistas»[92]. Un dogma similar es aplicable al periodo de 1832-33 que siguió a los hechos que ocurrieron en el palacio real de La Granja en 1832, que tanto los historiadores carlistas como los conservadores de ideología más convencional han calificado de golpe de estado. Esos «sucesos de La Granja» de septiembre y octubre de 1832 dieron lugar a la caída del primer ministro pro carlista, Calomarde, y su sustitución por Cea Bermúdez. El 16 de septiembre, cuando parecía que el rey Fernando estaba a las puertas de la muerte, Calomarde convenció a María Cristina para que revocase la «Pragmática Sanción» de 1830 y devolviese el derecho sucesorio a don Carlos. Calomarde mantenía que ni el ejército ni la milicia dominada por los carlistas, los Voluntarios Realistas, aceptarían a la infanta Isabel como heredera al trono. Sin embargo, la recuperación del rey dos semanas más tarde animó a la pareja real a reinstaurar la Pragmática Sanción rápidamente y a llevar a cabo una purga de carlistas del ejército, la milicia y la administración. Ya estaba preparado el camino para la guerra. Los carlistas dijeron que las purgas eran tiránicas y la sucesión de la fémina ilegal, tanto en términos de la costumbre borbónica como del derecho divino de nacimiento del aspirante al trono (don Carlos había nacido en 1788, un año antes de que las Cortes abolieran por primera vez la Ley Sálica en secreto). Los cristinos, proclamó un propagandista carlista exiliado, «son liberales de palabra y déspotas y tiranos de hecho», que pese a su retórica de un gobierno representativo se negaban a convocar las Cortes para resolver la disputa dinástica: «Los carlistas no tenemos miedo, ni nos da asco la representación nacional reunida […] debiendo Fernando desde 1814 una convocatoria de reinos… ¿por qué no aconsejaron a Cristina que pagase la deuda para salir de una vez de trampas?»[93]. Los carlistas se unieron a los monárquicos alfonsinos para rechazar la República «ilegítima» de 1931. Apenas unas semanas después de puesto en marcha el programa anticlerical de la República, un diputado ultracatólico de Navarra, Beunza, amenazó con repetir la resistencia de sus antepasados a la revolución: «si se desencadenara la persecución, nos refugiaríamos en nuestras montañas, y allí buscaremos el consejo de nuestra desesperación y de nuestra dignidad como hombres libres, contra la tiranía»[94]. Los años 1823 y 1931 hicieron que una sublevación derechista fuera posible, 1827 y 1934 la hicieron probable, y 1832 y febrero de 1936 la hicieron real. La única cuestión radicaba en si esas sublevaciones triunfarían, fracasarían o no harían ninguna de las dos cosas (y en su lugar llevarían a la guerra civil).

Primera parte. La vertiente nacional de las guerras civiles españolas

PRIMERA PARTE

LA VERTIENTE NACIONAL DE LAS GUERRAS CIVILES ESPAÑOLAS

Carlos V, «rey de España», a sus súbditos (Abrantes, Portugal):

Bien conocidos son mis derechos a la Corona de España en toda la Europa y los sentimientos en esta parte de los españoles, que son harto notorios para que me detenga a justificarlos. Fiel, sumiso y obediente como el último de los vasallos a mi caro hermano que acaba de fallecer, y cuya pérdida, tanto por sí misma como por sus circunstancias, ha penetrado de dolor mi corazón, todo lo he sacrificado: mi tranquilidad, la de mi familia; he arrostrado toda clase de peligros para testificarle mi respetuosa obediencia, dando al mismo tiempo este testimonio público de mis principios religiosos y sociales. Tal vez han creído algunos que los he llevado hasta el exceso, pero nunca he creído que puede haberlo en un punto del cual depende la paz de las monarquías. Ahora soy vuestro rey; y al presentarme por primera vez a vosotros bajo este título, no puedo dudar un solo momento que imitaréis mi ejemplo sobre la obediencia que se debe a los príncipes que ocupan legítimamente el trono y volaréis todos a colocaros bajo mis banderas, haciéndoos así acreedores a mi afecto y soberana munificencia. Pero sabéis, igualmente, que recaerá el peso de la justicia sobre aquellos que, desobedientes y desleales, no quieren escuchar la voz de un soberano y un padre que solo desea hacerlos felices[1].

Francisco Franco Bahamonde, general de división en jefe y alto comisario de Marruecos:

Una vez más el Ejército, unido a las demás fuerzas de la Nación, se ha visto obligado a recoger el anhelo de la gran mayoría de los españoles que veían con amargura infinita desaparecer lo que a todos puede unirnos en un ideal común: España.

Se trata de restablecer el imperio del orden dentro de la República, no solamente en sus apariencias o signos exteriores, sino también en su misma esencia; para ello precisa obrar con justicia, que no repara en clases ni categorías sociales, a la que ni se halaga ni se persigue, cesando de estar dividido el país en dos grupos: el de los que disfrutan del poder y el de los que eran atropellados en sus derechos […] El restablecimiento de este principio de autoridad, olvidado en los últimos años, exige inexcusablemente que los castigos sean ejemplares por la seriedad con que se impondrán y la rapidez con que se llevarán a cabo, sin titubeos ni vacilaciones […].

Para llevar a cabo la labor anunciada rápidamente, ordeno y mando:

Art. 1.—Queda declarado el Estado de Guerra en todo el territorio, y como primera consecuencia, militarizadas todas las Fuerzas Armadas[2]…

1. Los frentes de batalla de las guerra civiles españolas

CAPÍTULO 1

LOS FRENTES DE BATALLA DE LAS GUERRAS CIVILES ESPAÑOLAS

Perspectiva general

Perspectiva general

La Primera Guerra Carlista y la Guerra Civil Española compartieron similitudes en el campo de batalla por lo que se refiere a tácticas, moral, atraso tecnológico, soldados extranjeros y terror, y también por lo que concierne a la geografía humana de la lucha. Sin embargo, mientras que la guerra de 1936 tardó menos de tres años en alcanzar su desenlace militar, a la de 1833 le costó más del doble. En la Guerra Civil Española hubo líneas de frente formales que recorrían Andalucía, Extremadura, Castilla y Aragón, y antes de que la resistencia final del gobierno en el norte fuera aplastada en Asturias en octubre de 1937, una primera línea también dividía el País Vasco y rodeaba Cantabria y Asturias. A diferencia de lo sucedido en la Primera Guerra Carlista, hubo comparativamente poca actividad guerrillera tras las primeras líneas. En la de la década de 1830, por el contrario, la actividad de las guerrillas carlistas —alguna constante, otra pasajera— afectó a la mayoría de las cuarenta y nueve provincias recién constituidas de España. Una primera línea similar a la de 1936 rodeó el País Vasco a partir de 1834, pero las únicas otras zonas de España en que los carlistas se asentaron lo bastante para desafiar al control territorial del gobierno fueron la del Maestrazgo a partir de 1835, que después de 1837 se expandió hasta incluir partes de Valencia y otras de Aragón, así como algunas de las intrincadas áreas montañosas de Cataluña (y eso en gran medida sólo a partir de 1837). Así pues, y dejando aparte el País Vasco, las campañas militares tuvieron mayor grado de irregularidad cronológica y territorial que en la Guerra Civil Española, además de un movimiento mucho mayor de insurgencia y contrainsurgencia.

Mientras que los sublevados de 1936 consiguieron en las primeras cuarenta y ocho horas de su alzamiento hacerse con el control de alrededor de un tercio de España, sus predecesores de 1833 no pudieron lograr nada comparable a ese éxito. Entonces su único genio militar verdadero era el general carlista Tomás de Zumalacárregui, que a finales de 1834 formó un ejército regular para ampliar el control de la Navarra rural y de las tres provincias vascas. La expansión de los rebeldes fue detenida en el verano de 1835 por las victorias defensivas del gobierno en Mendigorría y en el primer sitio de Bilbao. Sin embargo, la revolución que tuvo lugar en las ciudades controladas por el gobierno debilitó a continuación la capacidad del ejército para hacer mucho más que defender los puertos vascos y una serie de fuertes del perímetro de ese País Vasco controlado por los carlistas. La permeabilidad de ese frente del norte permitió que los carlistas organizaran expediciones a zonas de España bajo dominio gubernamental de más allá del río Ebro, a escala limitada a Cataluña en 1835 y a mucho mayor escala en 1836 y 1837, pese a lo cual los carlistas no consiguieron nunca tomar Bilbao ni conquistar ciudades de tamaño considerable.

La «guerra profunda» de 1836-37 produjo una radicalización de la retaguardia del gobierno que es comparable a la revolución española de cien años después. A partir de noviembre de 1837, una estructura política y militar centralizada ayudó a derrotar a las últimas expediciones importantes de los sublevados, y poco a poco suprimir la actividad guerrillera y bloquear al País Vasco rebelde. Cuando los carlistas del norte pidieron la paz en agosto de 1839, las zonas del este del general Cabrera no pudieron resistir la abrumadora superioridad de las fuerzas del gobierno, y en junio de 1840 todo el territorio nacional ya estaba en manos de éste. La compleja historia de la Primera Guerra Carlista contrasta con la trayectoria más convencional de la Guerra Civil Española. Los sublevados de 1936 querían dar un golpe de estado que tuviera éxito, pero el que la resistencia del gobierno no resultara ser ni tan débil como para sucumbir ni tan fuerte como para reprimir el golpe dio como resultado la guerra civil. Por medio del terror y de unas tácticas bélicas superiores, la mayor parte de Andalucía y Extremadura cayó bajo el control de los rebeldes en el verano y otoño de 1936, pero estos no consiguieron tomar Madrid. Pronto siguieron, alrededor de la capital, las victorias defensivas del gobierno en 1937 en el Jarama, la carretera de La Coruña y Guadalajara, que como en Bilbao en la década de 1830 contaron con la ayuda de una importante intervención extranjera. Sin embargo, los sublevados recuperaron la iniciativa en 1937 conquistando el País Vasco, Cantabria y Asturias, lo que puso fin a la guerra en el frente del norte y permitió una mayor concentración de fuerzas contra el frente principal. Pese al triunfo inicial del gobierno republicano en las ofensivas de Teruel y del Ebro, los nacionales siguieron llevando ventaja y, tras aislar Cataluña del resto de zonas controladas por el gobierno en abril de 1938, se hicieron rápidamente con ella en el invierno de 1938-39. Aunque Madrid continuaba invicta, el golpe de estado desde dentro que tuvo lugar en marzo de 1939 decidió el destino de la República, y el 1 de abril los nacionales de Franco ya ocupaban todo el territorio español.

Mientras que al principio de la Primera Guerra Carlista todo el ejército se encontraba en un mismo bando, el cristino, al principio de la Guerra Civil Española el ejército estaba dividido. Las purgas cristinas de 1832-33 fueron tan implacables como concienzudas, y a la muerte de Fernando VII en septiembre de 1833 prácticamente toda la institución era cristina. En julio de 1936, por el contrario, la sociedad española estaba dividida de arriba abajo, ya que el gobierno del Frente Popular no había conseguido purgar con efectividad a los rebeldes en potencia. Aun así, el ejército cristino no las tenía todas consigo: una vez comenzaron las hostilidades, resultó ser despilfarrador, estar mal abastecido y ser ineficaz en sus operaciones contra las fuerzas enemigas más pequeñas que, por su parte, supieron aprovechar al máximo sus ventajas, sobre todo por lo que se refiere a las guerrillas. En cambio, la Guerra Civil Española fue excepcional en tanto en cuanto desde el principio el conflicto se libró por parte de dos ejércitos convencionales[1]. Sí se dio una continuidad que matiza esta observación: únicamente en la Navarra carlista hubo en julio de 1936 un levantamiento civil armado en apoyo de la sublevación de los nacionales.

La capacidad del gobierno para imponerse al enemigo tanto en 1833 como en 1936 estaba en peligro por el efecto restrictivo y a veces contraproducente de las reformas militares de preguerra. Cea Bermúdez, nombrado primer ministro tras el golpe de estado de La Granja de septiembre de 1832, purgó de carlistas al ejército y a los Voluntarios Realistas, pero esa medida supuso que el ejército se había reducido a unos meros 40 000 efectivos en el momento del levantamiento carlista. La historia reciente había enseñado a Cea los peligros de los golpes de estado del ejército, y aunque se aseguró de que este quedase libre de cualquier intento de subversión, también lo volvió demasiado pequeño para cortar de raíz el incipiente alzamiento (y, además, buena parte del ejército a la muerte de Fernando no estaba desplegado en el descontento norte, sino a lo largo de la frontera con Portugal). El ejército del gobierno estaba mal preparado tanto en número como en doctrina. Por más que las academias militares habían ido profesionalizando su adiestramiento desde la Guerra de la Independencia, siguieron siendo especialmente lentas a la hora de asimilar las lecciones de una generación de guerras civiles e imperialistas. En los manuales se hacía hincapié en la doctrina bélica convencional y no en la cuestión más relevante de la guerra irregular, y los oficiales de las fuerzas gubernamentales tuvieron que esperar hasta 1834, cuando la guerra carlista ya llevaba desarrollándose un año entero, para disponer de un manual sobre la guerra en la montaña que tan esencial era[2]. La primera traducción al castellano del Compendio del arte de la guerra, de Antoine Henri Jomini, se publicó al principio de la Primera Guerra Carlista. Sin embargo, la importancia que daba Jomini a las líneas internas de comunicación —la causa principal del dominio carlista en el País Vasco— no fue estudiada por adelantado por los oficiales de las fuerzas del gobierno, con lo que el general Fernández de Córdoba, al mando del ejército del norte entre las revoluciones de 1835 y 1836, tuvo que aprender las lecciones de Jomini por la vía más difícil[3]. En el punto álgido de los desastres militares de 1837, los periodistas radicales instaron a imitar el modelo militar prusiano que tan bien parecía funcionar[4]. Sin embargo, la clave para ese éxito del sistema prusiano —la unión de la sociedad civil y militar por medio de un servicio militar obligatorio a tiempo parcial en la reserva (o Landwehr)—, era inviable en España. La Landwehr española, la Milicia Nacional, no era aliada del ejército regular como en Prusia, y aún menos apoyaba el autoritarismo.

Cien años después, el gobierno volvió a estar mal preparado para enfrentarse al levantamiento. El manual oficial de formación de la infantería se había publicado en 1914, cuando ya por entonces llevaba cuatro décadas desfasado, y, sin embargo, se reeditó en 1937 sin modificaciones, pese a que en la Guerra Civil Española las tácticas estaban demostrando ser distintas. Aunque las de la infantería española tanto en la Guerra Civil Española como en la Primera Guerra Carlista eran buenas, se recibía muy poca instrucción teórica sobre las grandes innovaciones militares de la década de 1880 en lo relativo a artillería y el cuerpo de ingenieros, y no se aprendió nada del fracaso de la Guerra de Cuba de 1898[5]. El personal de la prestigiosa Academia General Militar de Zaragoza del general Franco estaba formado por profesores elegidos meramente por sus méritos en los campos de batalla de Marruecos, más que por su capacidad teórica o pedagógica[6].

Estas deficiencias militares habían dado mucho trabajo a Manuel Azaña, ministro de la Guerra en el primer gobierno republicano de 1931-33. Aun así, a Azaña le preocupaban más los peligros políticos del ejército español que los propiamente militares. Juró que daría carácter civil a unas fuerzas armadas que desde el Desastre de 1898 eran el principal apoyo a la contrarrevolución social y política. Azaña intentó imponer una supremacía civil efectiva sobre el ejército español, para lo que cerró la academia militar de Zaragoza controlada por los africanistas, ofreció a los oficiales que no querían servir a la República que se jubilaran con la paga completa, suprimió la estructura regional de corte autoritario del ejército (las capitanías generales) y recortó la capacidad de este de administrar sus ascensos y disciplina.

Por un lado, este control civil del ejército por parte de la República es el que marca el mayor contraste con la década anterior a 1833. Aunque en 1823 Fernando VII redujo a los huesos al ejército español, tan proclive a las rebeliones, luego se le restituyeron sus poderes pretorianos al menos en teoría, lo cual significó que durante 1832-33 el ejército tuvo carta blanca para purgar a España de carlistas y hacer caso omiso de las autoridades civiles. Sin embargo, por otro lado, la España de preguerra de los años treinta siguió dependiendo del poder militar para garantizar el orden interno tanto como en la época de Calomarde. Azaña, en su preocupación por defender la República de centro-izquierda de cualquier ataque de la derecha o de la extrema izquierda, no modificó por entero la Ley de Jurisdicciones de 1906 que protegía al ejército de la jurisdicción civil. En junio de 1933, el gobierno de centro-izquierda hizo más estricta la ley de orden público, estableciendo una graduación de tres estados de excepción. El primer «estado de prevención» permitía que la Guardia Civil y el ejército prohibieran reuniones, publicaciones y viajes, y que intervinieran en los comercios y la industria. El segundo «estado de alarma» daba a las autoridades la capacidad de detener a sospechosos sin juicio previo, entrar en hogares particulares y desterrar temporalmente a los alborotadores hasta a 250 kilómetros de sus casas. El tercer «estado de guerra», o ley marcial, entregaba todo el poder y responsabilidad a los militares. En los tres estados unos «tribunales de urgencia» juzgarían los presuntos delitos contra el orden público[7]. Así pues, los sublevados de julio de 1936 pudieron proclamar legalmente el estado de guerra «en defensa de la República», pese a la ironía de que con esa legislación lo que se pretendía era aplastar rebeliones. Del mismo modo, los sublevados de 1833 se aprovecharon de la legislación draconiana de 1824 que permitía la ejecución sumarísima de «rebeldes» en nombre del rey[8].

También resulta irónico que las reformas de Azaña mejorasen la efectividad militar de las fuerzas armadas, ya que se basaban en el modelo del ejército francés de la era posterior a Dreyfus, pero que, sin embargo, no consiguieran rehacer el ejército a imagen de la República. De los 8000 oficiales españoles, de un total de 21 000, que aceptaron la generosa oferta de retiro, entre 5000 y 6000 pertenecían a la minoría republicana del ejército, lo que en 1936 dio lugar a un ejército aún más reaccionario que el de 1931[9]. Hasta cierto punto, el atribulado gobierno del Frente Popular elegido en febrero de 1936 siguió el ejemplo de la facción cristina de La Granja, que, en lugar de reducir el ejército, amplió el permiso de verano de los soldados como la mejor forma de desactivar un intento de golpe. Sin embargo, a diferencia de los cristinos de 1832-33, que destituyeron, encarcelaron y desterraron a oficiales carlistas acusándolos simplemente de lesa majestad, el Frente Popular de 1936 se enfrentó a la tarea más ardua de neutralizar a los oficiales que en apariencia seguían siendo «republicanos». España, básicamente, estaba más polarizada en 1936. La advertencia que hizo en 1833 el escritor liberal Mariano José de Larra de que «una palabra sola es a veces palanca suficiente a levantar la muchedumbre, inflamar los ánimos y causar en las cosas una revolución»[10] era aún más cierta en 1936, sobre todo porque había generales sospechosos que conservaban el mando. El gobierno envió a esos generales sospechosos a lejanas plazas fuertes de las Canarias y Baleares y de la periferia de la España peninsular, a la vez que temía tanto una acción violenta de la izquierda revolucionaria como ser derrocado por un golpe de estado derechista. Aun así, el acceso de los rebeldes a la aviación, primero como medio de contacto y luego de transporte, amplió sus posibilidades en un grado que habría sido inimaginable en 1833[11].

Estrategias de guerra

Estrategias de guerra

Pese a la modernidad de la propaganda e intervención militar internacionales, ambos conflictos los libraron los propios españoles usando estrategias bélicas obsoletas. La Primera Guerra Carlista fue el último gran conflicto previo a la revolución militar de mediados del siglo XIX, y la Guerra Civil Española el «canto de cisne» en lo que a estrategia se refiere de los estilos de combate de la Gran Guerra (y previos) antes de la llegada de la revolución de la mecanización. Los asedios caracterizaron las dos causas más icónicas a nivel internacional de ambas guerras, los de Bilbao y Madrid respectivamente. Sin embargo, en los dos se emplearon estrategias ofensivas de épocas pasadas. No se montó ninguna concentración rápida o grande de cañones contra Bilbao al estilo de la guerra napoleónica de la generación previa. Del mismo modo, aunque se suponía que el desarrollo de la artillería, que se remontaba a la década de 1880, hacía que la fortificación de ciudades fuese irrelevante en la guerra del siglo XX, los sitios de la Guerra Civil Española representaron dos de las campañas propagandísticas más grandes de todo el conflicto. La liberación por parte del general Franco del asediado Alcázar de Toledo, en septiembre de 1936, no tuvo sentido desde una perspectiva puramente militar, ya que retrasó el que podría haber sido el ataque decisivo contra Madrid. No obstante, sirvió para el doble propósito propagandístico de aumentar la fama de Franco y fortalecer la determinación de los rebeldes que llevaban quince meses sitiados en Oviedo, así como de las tropas rodeadas por la ofensiva del gobierno del invierno de 1937-38 en Teruel[12]. El asedio del Alcázar fue prácticamente una parodia de una ofensiva miliciana. Lo peor que tuvieron que soportar los defensores sublevados fueron disparos de rifle al azar y de vez en cuando de artillería ligera. Ese retraso, de tanta difusión mediática, de Franco en Toledo dio a las tropas gubernamentales tiempo para preparar defensas rudimentarias a las afueras de Madrid. La capital no fue tomada y se convirtió en un símbolo internacional de libertad, como lo fuese Bilbao en 1836-37; pero es que la capital, para gran desconcierto de los observadores extranjeros, no fue ni rodeada por los nacionales ni sometida a una combinación verdaderamente intensa de artillería y bombardeos aéreos.

La principal innovación militar del bando republicano en la Guerra Civil Española fue la Brigada Mixta, una unidad que contaba con entre 3400 y 4200 efectivos y disponía de todos los cuerpos necesarios (artillería, médico, pertrechos, veterinario) con la intención de permitir acciones independientes. Sin embargo, estas unidades, que formaban la base del Ejército Popular, han sido criticadas por ser demasiado rígidas e incluir a demasiados civiles[13]. Por lo demás, el que ninguna innovación bélica española consiguiera acelerar la Primera Guerra Carlista ni la Guerra Civil Española hizo que la intervención militar extranjera fuese aún más decisiva. Como veremos en un capítulo posterior, en la primera guerra esa intervención no fue tan decisiva por lo que se refiere a las tropas británicas, francesas y portuguesas de tierra, sino por la intervención naval británica a lo largo de la costa norte. En tierra, España carecía de comunicaciones modernas, ferrocarriles y telégrafos eléctricos, lo que localizaba la experiencia bélica en gran medida, pero en el mar el apoyo naval británico, sobre todo con la llegada del barco de vapor, negó la victoria a los sublevados. En mayo de 1835, el gobierno británico transfirió a los cristinos dos grandes barcos de vapor, que fueron rebautizados el Reina Gobernadora e Isabel II[14]. La cooperación naval anglocristina por la costa norte de España fue vital para proteger Bilbao y repeler las repetidas ofensivas por mar de las fuerzas carlistas, decididas a asegurarse el acceso a la ayuda extranjera por vía marítima. Por su parte, las tropas del gobierno, a veces con el apoyo directo de la infantería de marina británica, podían ser transportadas con rapidez a distancias relativamente largas y, aun así, conservar toda su fuerza de combate. La Primera Guerra Carlista fue el primer conflicto bélico en que las naves de vapor jugaron un papel decisivo. Del mismo modo, la Guerra Civil Española presenció la llegada de una nueva arma para transportar tropas, pero por aire. En la «Operación Fuego Mágico», los nazis enviaron aviones de transporte Ju 52 para apoyar la frágil ofensiva en Andalucía del sublevado Ejército de África de Franco. Las innovaciones de la navegación a vapor y de la aviación salvaron a sus respectivos bandos de la derrota, pero no alteraron el carácter de guerra de baja intensidad y de desgaste de ambas contiendas.

Las guerras se deciden en el norte

Las guerras se deciden en el norte

A partir de septiembre de 1834, al creciente poderío de los sublevados del País Vasco respondió el gobierno con la construcción de blocaos en cumbres prominentes[15]. Desde ese momento, la guerra del norte supuso una militarización cada vez mayor por parte de ambos bandos, lo que dio como resultado asedios, ofensivas y contraofensivas. La insurgencia del País Vasco alcanzó dimensiones considerables en la primavera de 1835. Aun así, para entonces había líneas de frente formales (aunque todavía porosas) que rodeaban el País Vasco, por más que las guerrillas rebeldes siguieran activas en otras regiones de España. Desde principios de 1937 en adelante, terminó la «guerra de columnas», al hacerse los ejércitos profesionales con el control de las milicias y los vigilantes de caminos y organizar líneas de frente formales (y todavía porosas) por toda España. El avance de los carlistas en el frente vasco fue detenido por las victorias defensivas del gobierno liberal en Bilbao y Mendigorría en el verano de 1835. Del mismo modo, el avance de los rebeldes nacionales hacia Madrid y sus alrededores fue detenido por el gobierno de la República con su victoria defensiva en la batalla de Madrid (1936) y sobre los subsiguientes intentos de maniobras envolventes de los sublevados en las batallas de la carretera de La Coruña, el Jarama y Guadalajara (1937). El fracaso de todos esos intentos de los insurgentes condujo a un punto muerto[16]. A continuación, ambas guerras se decidirían en los frentes del norte de España, ya fuera de forma directa o indirecta. La presión del gobierno obligó a los sublevados del norte a pedir la paz en 1839, lo que puso fin a la guerra en su frente principal. En el verano y otoño de 1937, los nacionales se hicieron con toda la zona del norte que controlaba el gobierno, con lo que consiguieron una superioridad económica y demográfica sobre los republicanos y, por consiguiente, la posibilidad de concentrar fuerzas en el frente principal y así ganar una guerra de desgaste.

FIGURA 1.1 El frente principal de la Primera Guerra Carlista en mayo de 1836 (por cortesía del Museo Zumalakarregi)

A partir de 1835, la España carlista mantuvo su seguridad estratégica en su reducto al norte del río Ebro (véase figura 1.1). En el verano de ese año, el ejército cristino del norte ascendía a 120 000 efectivos, lo que incluía a 30 000 de la reserva, pero las enfermedades y la falta de suministros hicieron que sólo un tercio de ellos estuvieran preparados para entrar en combate, lo que significaba que no se podía sacar provecho de victorias locales como la de Los Arcos de agosto de 1835[17]. La militarización fue enorme para lo que era habitual en la década de 1830: a finales de 1835 el ejército del gobierno ascendía a 200 000 hombres, a lo que, sin incluir el mismo número de milicianos paramilitares, hay que añadir unos 22 000 de tropas auxiliares extranjeras y 25 000 de «cuerpos francos» vascos, lo que da un total de alrededor de un cuarto de millón de efectivos en las fuerzas regulares del gobierno cristino[18]. Sin embargo, y como luego ocurriría en la Guerra Civil Española, tan alta militarización no equivalía siempre a entrar en combate. El servicio iba acompañado de largos periodos de inactividad, y, como también ocurriría en los frentes tranquilos de la Guerra Civil Española, los de la Primera Guerra Carlista dieron lugar a actitudes cotidianas de resistencia, de tolerancia con el enemigo, de camaradería y de distracciones por dedicarse a actividades civiles de carácter económico y social. También el ejército rebelde estaba regularizado desde el verano de 1835, era grande y se pasaba días sin entrar en acción. Cien años después, España volvió a ser escenario de «una guerra de mendigos», en la que ambos bandos sólo podían desplegar una unidad operativa de importancia cada vez. Aunque las batallas de 1937 y 1938 fueron mucho más modernas que las libradas por las columnas en 1936, a lo largo de toda la Guerra Civil Española sólo hubo considerable actividad militar en pequeños sectores del frente[19].

La inventiva de los sublevados

La inventiva de los sublevados

Esa «guerra de mendigos» fue el resultado normal de una mala preparación. España contaba con peor infraestructura militar que otras potencias europeas tanto en la década de 1830 como en la de 1930. Además, a los gobiernos de preguerra de ambas épocas, con la posible excepción del ministerio de la Guerra de Gil Robles de 1935, no les preocupaba tanto la capacidad militar de sus fuerzas armadas como el peligro político que representaban. Aunque en 1833 el gobierno se aseguró la lealtad de todos los oficiales que mantuvo en sus puestos, el ejército en sí quedó reducido a 45 000 hombres, como medida de protección frente a un posible golpe carlista. Asimismo, el angustiado gobierno del Frente Popular amplió en 1936 el permiso de verano de los reclutas para protegerse de un golpe de estado. Se puede afirmar que en 1833 el gobierno consiguió su objetivo en la medida en que los sublevados se vieron obligados a montar su insurgencia en el campo. Los oficiales purgados congregaron a los Voluntarios Realistas que todavía no habían sido licenciados y a aquellos habitantes de zonas rurales que eran conscientes de las ventajas religiosas y económicas que ofrecía la rebelión armada. Si en el invierno de 1833-34 el ejército del gobierno hubiera sido lo bastante grande para sofocar la rebelión antes de que se asentara en el País Vasco, puede que no hubiese habido ninguna «guerra» carlista, sino a lo sumo una contrainsurgencia muy localizada, como en el caso de los Agraviados.

En julio de 1936, el gobierno se enfrentaba a una situación más grave en términos de tiempo y recursos. Cierto es que disponía de la mayoría de los 145 000 soldados en servicio, junto con buena parte de la artillería y los depósitos de armas, mientras que la única ganancia inicial obvia de los sublevados fue la meseta castellana, fácilmente defendible, y sus campos de trigo[20]. El gobierno también poseía la mayoría de aviones, y además los mejores. Los sublevados sólo tenían veinticuatro al inicio del levantamiento, frente a los ciento veinte del gobierno de la República[21]. Este también controlaba la mayor parte de la marina de guerra y contaba con al menos dos tercios de la población, incluida la de Madrid y Barcelona. Sin embargo, las fuerzas de que disponía el gobierno eran de menor calidad, y los oficiales en apariencia leales y la Guardia Civil paramilitar demostraron ser más proclives a desertar y pasarse al bando de los sublevados que a la inversa. La posibilidad de deserción era menor en las milicias paramilitares controladas por los partidos políticos y sus sindicatos filiales. Aun así, como ha mostrado Michael Alpert, estas fuerzas eran menos efectivas militarmente de lo que parece sugerir su número. Durante las primeras semanas carecieron tanto de un mando unificado como de coordinación. Aunque el gobierno intentó llamar a filas a reservistas, no era su intención mandarlos a las milicias, ya que eso habría agravado el problema de la ineficacia militar. Conforme la llamada «Revolución Española» se iba apoderando de la zona del gobierno, la política sectaria de las milicias demostró ser perjudicial para el esfuerzo bélico. Pese a lo que dijera la propaganda revolucionaria, el «pueblo en armas» no incluía ni a la mayoría de varones en edad de luchar ni necesariamente a los mejores combatientes. Por mucho que la propaganda anarquista y socialista proclamara que con unos cuantos camiones llenos de voluntarios valientes bastaría para vencer a los perros de presa fascistas, los resultados fueron en su mayoría negativos para el bando del gobierno. Asimismo, a los oficiales leales a la República a menudo los desmoralizaba el trato que recibían de las milicias, con lo que no es de extrañar que la mayoría de oficiales de clase media, tanto católicos como liberales, se unieran al Partido Comunista, partidario de la militarización, en busca de protección[22].

Una inferioridad militar análoga acuciaba al bando del gobierno en la década de 1830, ya que el aumento a la desesperada de fuerzas regulares y milicianas que tuvo lugar a partir de 1835 no consiguió detener el empuje del carlismo. Los oficiales liberales moderados del ejército estaban en desacuerdo con los milicianos liberales exaltados (luego llamados progresistas) de su propio bando, puesto que, al igual que sus descendientes de la década de 1930, no se ponían de acuerdo en si la mejor solución para derrotar al enemigo radicaba en la militarización o en las milicias populares. A los regímenes exaltado-progresistas de 1835-37 los acompañó una crisis civil y militar más acentuada, en la que varios gobernadores civiles y militares fueron víctimas de acosos o directamente asesinados.

Los sublevados de ambas guerras no solo eran más efectivos militarmente por el sectarismo de su enemigo, sino porque consiguieron triunfar en un país en el que, según las famosas palabras de Napoleón, «los ejércitos grandes se mueren de hambre y a los pequeños se los tragan». El gran caudillo del carlismo, el general Tomás de Zumalacárregui, fue el responsable de la expansión brillante y parca de las guerrillas de Navarra entre 1833 y 1835, en la que apenas se desperdiciaron las escasas municiones y comida. Un voluntario británico en las filas carlistas se regocijó de que Zumalacárregui hubiera conseguido que las fuerzas de ese bando sublevado pasaran de ser «una simple guerrilla a un ejército que amenaza con conquistar España»[23].

Otro buen caudillo fue el comandante en jefe de la zona este del carlismo a partir de 1835, Ramón Cabrera, que hizo gala de una inventiva similar. Cabrera decía que la guerra tenía «secretos innatos» que podían «compensar la superioridad técnica del enemigo»[24]. El embajador británico, George Villiers, se burló del orden de batalla anticuado que desplegaban el «Tigre del Maestrazgo» y sus «1200 soldados de caballería mediocres y tres mil o cuatro mil vagabundos armados con picas, palos y cuchillos […] lo que incluye a oficiales a los que sólo les interesa robar y que dejan los campos arrasados»[25]. Sin embargo, Villiers no supo apreciar la efectividad operativa de la estrategia focal de Cabrera. Este reunió a tantos reclutas que tenía que mantener a grupos de ellos armados solo con picas en la retaguardia, listos para abalanzarse sobre las armas que dejasen las fuerzas del gobierno que se batían en retirada. En ocasiones hasta confundía al enemigo usando rebaños de ovejas para dejar huellas falsas que desorientaban a las tropas que los perseguían. Cabrera formaba testudos con carros para utilizarlos como ariete en determinados asedios. Los soldados del bando sublevado, acostumbrados a la lucha itinerante e irregular, no eran reacios a coger los zapatos de los muertos en el campo de batalla, lo cual en comparación sí repelía a los del bando del gobierno[26]. Cien años después, los carlistas se inspiraron en el ejemplo histórico del esfuerzo bélico con escasos medios de Carlos V, como si la austeridad de la campaña rural pudiera invalidar el materialismo impío de la Milicia Urbana de 1830 y del Frente Popular de 1930[27]. Incluso en su frente más militarizado, el del País Vasco, donde a partir de 1835 los carlistas dispusieron de fundiciones avanzadas para fabricar armamento, la demanda siempre superaba al suministro, por lo que se instaba a tomar medidas voluntarias como la fabricación de nitrato de sodio y la entrega de chatarra vieja e incluso de armas anticuadas de tiempos de la Guerra de la Independencia, lo cual incluía artillería y balas. El carlismo se volvió un fenómeno «rural» no sólo por su visión reaccionaria del mundo, sino también por las limitaciones a las que se tuvo que someter su esfuerzo bélico.

La insurrección de 1936 volvió a exigir mucho de los sublevados, aunque esta vez en el contexto de la aviación y el motor de combustión interna. En las primeras semanas cruciales de la guerra, los oficiales del bando nacional pusieron todo su empeño a sabiendas de que su fracaso daría lugar a un desastre. El as de la aviación García Morato hizo gran uso de su obsoleto avión de combate en el avance por la provincia de Córdoba del verano de 1936. A modo de operación unipersonal de armas combinadas, García Morato dio apoyo a las tropas sublevadas que avanzaban, lanzando bombas de mano a las milicias republicanas y bombardeando puestos de ametralladoras[28]. Los carlistas de Navarra de los primeros días del levantamiento de 1936 actualizaron las tácticas de Cabrera al poner planchas de metal en coches para transformarlos en vehículos blindados improvisados y usarlos con grandes resultados para reforzar la ofensiva de los nacionales hacia el norte, con el fin de cerrar la frontera con Francia[29].

Asegurar la frontera con Francia

Asegurar la frontera con Francia

La gran potencia vecina del norte determinó los cálculos de los dos bandos y de las intervenciones extranjeras en ambas guerras. El embajador nazi ante los sublevados ya estaba prediciendo a finales de 1936 el desastre en términos estratégicos que la victoria de Franco representaría para Francia: «Los franceses necesitarían desplegar tres cuerpos del ejército a lo largo de su frontera con España, y les resultaría difícil, si no imposible, transportar a sus fuerzas del norte de África por mar hasta Francia»[30]. En buena medida con esa esperanza en mente, Alemania proveyó a los sublevados de artillería, tanques ligeros, potencia de fuego naval e incluso aviones para la ofensiva de septiembre con la que querían hacerse con el control de Irún, en la frontera vasco-francesa, por más que el grueso de las fuerzas españolas implicadas siguieran teniendo armas obsoletas y, en muchos casos, improvisadas. Esos vehículos blindados con planchas de metal también fueron utilizados por los 2000 milicianos de la República que defendían la ciudad fronteriza de Irún, y que habían sido hechos en fábricas de la zona del gobierno que trabajaban a destajo para producir tales «tanques» rudimentarios. No obstante, los defensores se vieron superados en número por los 3000 soldados y la milicia carlista del sublevado general Mola, y la ciudad cayó a principios de septiembre de 1936[31]. En cualquier caso, las armas que verdaderamente eran del siglo XX y que les abrieron el camino no procedían de fábricas de armamento españolas, sino extranjeras, y los primeros sublevados que tomaron Irún fueron milicianos carlistas[32].

FIGURA 1.2 Ataque anglo-cristino contra Irún el 17 de mayo de 1837 (por cortesía del Museo Zumalakarregi)

Cien años antes, el control de Irún por parte de los carlistas había obstaculizado los esfuerzos franco-españoles de detener el envío de suministros que llegaban a los rebeldes desde Francia. En mayo de 1837, el gobierno empleó 20 000 soldados en su ofensiva para reabrir las comunicaciones entre San Sebastián y la frontera con Francia. Los sublevados carlistas, superados en número, cedieron la mayoría de sus posiciones, pero opusieron fuerte resistencia en Irún. Las fuerzas al mando de los británicos consiguieron una victoria sangrienta, luchando de casa en casa, que destruyó buena parte de la ciudad y fue un anticipo del arrasamiento que llevarían a cabo en 1936 los anarquistas que se retiraban de Irún. El general Evans fue homenajeado tanto por las Cortes como por los radicales británicos, y aprovechó el prestigio de esa victoria para aumentar su mayoría en las elecciones de 1837 al Parlamento, a las que se presentó por su distrito electoral de Westminster. El gobierno se aseguró el sector más importante de la frontera con Francia, lo que obligó a los sublevados a tener que recurrir al contrabando con sus agentes y simpatizantes del país vecino[33]. En el verano de 1936, Irún volvió a tener un decisivo impacto político, aunque esta vez a favor de los rebeldes nacionales. La toma por parte de estos de esa ciudad fronteriza (junto con la de Talavera, próxima a Madrid) provocó la caída del gobierno de clase media del presidente Giral y su sustitución por otro de izquierdas dirigido por Largo Caballero. A diferencia de lo que ocurriera en la Primera Guerra Carlista, Irún nunca fue recuperada[34].

La prolongada lucha que se desarrolló cerca de la frontera con Francia en la década de 1830 hizo que, en cierto modo, la Primera Guerra Carlista fuese un conflicto internacional incluso mayor que la Guerra Civil Española. El recién nombrado comandante en jefe, Fernández de Córdoba, fue incapaz de sacar partido de la muerte de Zumalacárregui, ni tampoco de las posteriores victorias de las fuerzas gubernamentales en Bilbao y Mendigorría en el verano de 1835. Aunque Zumalacárregui había muerto, sus partidarios consolidaron todas sus conquistas ganadas con tanto esfuerzo. Prácticamente todo el País Vasco al norte del río Ebro, menos las capitales de provincia, estaba en manos de los carlistas, que hasta fueron capaces de enviar expediciones que se abrieron paso por la España controlada por el gobierno entre 1835 y 1837. Fernández de Córdoba respondió con una táctica de contención en la que rara vez hizo uso de sus reservas de Miranda del Ebro y Bilbao, sino que presionó a los franceses para que cerraran su frontera con el ya considerable estado carlista del otro lado del Bidasoa. Sin embargo, varias dificultades se confabularon para echar a Fernández de Córdoba del mando durante la revolución de 1836. La superioridad numérica de tres a uno de su ejército sobre el realista carlista en realidad sólo existía en teoría, ya que el enemigo supo aprovechar hábilmente la ventaja que le proporcionaba el tener líneas internas y mejores redes de espionaje en las áreas conflictivas del frente. Sus propias líneas eran tan extensas que Fernández de Córdoba llegó a desesperarse de que hicieran falta diez soldados para poner a salvo a un herido en el campo de batalla, y, de modo hiperbólico, de que «de cada veinte mensajeros que mando, diecinueve terminan entregando su información a los carlistas, y el valeroso vigésimo perece»[35]. El embajador británico comprendía la complicada situación de Fernández de Córdoba. Villiers pensaba que la tarea del ejército del gobierno era incluso más difícil que la que habían vivido los franceses contra los patriotas en esa misma zona un cuarto de siglo antes: «La guerra contra los franceses fue una guerra extranjera, mientras que la presente lo es de principios, privilegios y sucesión dinástica, y ahora hasta de religión por el sesgo que le han dado los curas, que son sus principales valedores»[36].

Fernández de Córdoba se dio cuenta de que, en esas circunstancias, sólo un férreo bloqueo francés podría derrotar a los carlistas. Su ofensiva de enero de 1836 contra las montañas de Arlabán, entre Álava y Guipúzcoa, se lo dejó bien claro. La ofensiva quedó empantanada en medio de ventiscas, y ni siquiera el apoyo de las tropas auxiliares francesas y británicas fue suficiente para conseguir una victoria contundente. Por la mala información de que disponía, Fernández de Córdoba se decidió a atacar la cabeza del enemigo en lugar de sus flancos vulnerables. Sus relaciones empeoraron con la llegada al gobierno de Mendizábal, que exigía mayor ímpetu revolucionario contra los «enemigos de la humanidad». Fernández de Córdoba, por su parte, exigía que Madrid ejerciera la máxima presión para que Francia mantuviese bien cerrada su frontera y, lo que sería aún mejor, que mandase a su ejército regular contra los sublevados (lo cual era un deseo que compartían la mayoría de moderados, el partido con que el comandante en jefe se identificaba)[37]. Sin embargo, como explicaremos en el capítulo 5, los franceses recelaban de apoyar a los liberales radicales, y un gabinete de crisis reunido en las Tullerías en marzo de 1836 desbarató la estrategia de Fernández de Córdoba. El embajador francés, Rayneval, en protesta por el trastorno económico que causaba a los departamentos franceses fronterizos, anunció la reapertura de su frontera con los carlistas para permitir el tránsito de todos los suministros «no militares» (principalmente comida)[38]. Aunque aseguraba que continuaría el embargo a los aprovisionamientos militares, un enfurecido Mendizábal replicó que el bien más valioso para la España carlista sometida al bloqueo no eran las armas, sino la comida. La crisis en la relación franco-española se resolvió en parte cuando París se comprometió a permitir que las tropas del gobierno español transitaran por territorio francés[39]. Aun así, y como ocurriría en la década de 1930, esas concesiones irregulares al bando liberal no alteraron el patrón general. En ambas guerras, los franceses, aun a pesar de su sistema constitucional, ayudaron objetivamente con sus políticas más a los sublevados que al gobierno.

La intervención internacional intensifica las guerras civiles

La intervención internacional intensifica las guerras civiles

La inventiva de los sublevados terminó por agotar los limitados recursos militares de España durante las frenéticas luchas del verano de 1936. Así pues, el suministro de armas extranjeras, del tipo que ocurriera en Irún, se convirtió en una necesidad perentoria aún más rápidamente que en la Primera Guerra Carlista. En respuesta a la pronta intervención alemana e italiana, a partir de noviembre de 1936 empezaron a llegar a España los voluntarios de las «Brigadas Internacionales» organizadas por los comunistas. A diferencia de los nazis y fascistas que intervinieron en el conflicto, que contaban con armas proporcionadas por los gobiernos alemán e italiano, algunas de ellas de tecnología punta, los voluntarios extranjeros que combatieron en el bando republicano iban armados con los restos obsoletos del arsenal del gobierno y con lo que se pudo conseguir en el mercado de armas internacional. A estos voluntarios les conmocionó estar luchando en una guerra que para ellos no podría ser más moderna con armas de principios de siglo[40]. Un comunista británico estaba espantado por su rifle «lamentable, inmundo, oxidado, viejo y desvencijado», que «se había fabricado en Austria, exportado a Afganistán en 1913 y había terminado siendo utilizado en la Gran Guerra por los turcos»[41]. La larga historia de las armas viejas, demasiado caras y sin repuestos de que disponía el bando republicano ya ha sido bien explicada[42]. Aunque el usar armas obsoletas no era ninguna virtud en sí, las condiciones que se daban en España (el que ambos bandos estuvieran mal armados y las primeras líneas fuesen bastante rudimentarias) hicieron que su uso no fuera tan desfavorable como podría haber sido en caso contrario. Un voluntario irlandés quedó impresionado por la anticuada artillería ligera del ejército republicano. El cañón de repetición de 75 mm, que había demostrado no estar a la altura de las defensas modernas de la Primera Guerra Mundial[43], era «el mejor para ese tipo de guerra», y se usaba «siempre con grandes resultados»[44]. Un británico del bando carlista recordaba que en la batalla de Teruel de 1937-38 la artillería de 75 mm del enemigo les hacía mucho daño «porque nuestros refugios subterráneos sólo estaban cubiertos por una fina capa de tierra»[45]. Una artillería obsoleta estaba a la altura de unas defensas obsoletas. En cambio, los bombardeos aislados de los republicanos eran menos eficaces. El mismo carlista relataba que no había tenido problemas para dormir durante los ataques aéreos nocturnos, «ya que por supuesto no eran comparables a los de la posterior Segunda Guerra Mundial»[46]. En los frentes de batalla de la Guerra Civil Española rara vez se libraron combates en los que ambos bandos emplearan armas modernas.

El armamento anticuado estaba en consonancia con el anticuado código de honor y valor de los combatientes, que impresionó a los observadores extranjeros de ambas guerras. En la década de 1830, el código moral español daba gran importancia al honor personal y colectivo, lo cual concordaba con una sociedad pre-industrial y «romántica». Las afrentas al honor, ya fueran reales o imaginarias, podían llegar a producir un ciclo de violencia que tenía su razón de ser y su justificación en la existencia de la guerra. La cultura machista y basada en el honor, dio en ambos conflictos mucha importancia a la demostración del valor y a la censura de la cobardía. Los arraigados valores militares latinos de la gloria garbosa y ostentosa puede que expliquen algo de esa cierta renuencia a someterse a la disciplina[47]. El resto lo explican unos valores culturales muy de su época, que privilegiaban los actos heroicos y el sacrificio personal en nombre de una causa política. El espíritu romántico, en pleno auge en la década de 1830 en España, unía la conducta personal a causas políticas difíciles, lo que significaba que oficiales que en un «gabinete de guerra» del XVIII se podrían haber comportado con una circunspección carente de ideología, ahora hacían gala de temerarias pretensiones de alcanzar la gloria. Aunque ese código de honor fue disminuyendo en el transcurso de la guerra, el heroísmo trágico del «caso Pardiñas», en 1838, demostró que su atractivo seguía vigente. Europa, cautivada por la cruel guerra que libraban en España los dos extremos más románticos de la política de la «Restauración», radicales y reaccionarios, se convirtió de buen grado en cómplice a la hora de exagerar las personalidades y hazañas de los combatientes en libros y prensa.

En la década de 1830, el guerrillero español fascinaba a lectores y viajeros europeos, y las visitas a los lugares de contienda se convirtieron en un antídoto rústico al juste milieu o término medio de la sociedad burguesa del resto de Europa. Los guerrilleros carlistas eran ensalzados por sus orígenes plebeyos, que echaban por tierra la afirmación de sus enemigos liberales de que eran ellos los que gobernaban en favor del «pueblo». Un aristócrata polaco que viajaba por Castilla la Vieja comentó: «El faccioso es la personificación más completa del genio democrático de Navarra y Aragón, regiones que hacen la guerra a su propio modo glorioso […] En España se hace uno guerrillero como en Francia médico, abogado o periodista»[48]. Del mismo modo, la insurgencia plebeya cautivó a los espectadores extranjeros de la Guerra Civil Española, con la única diferencia de que ahora el «pueblo» romántico luchaba por la izquierda. No fue ninguna coincidencia que las primeras imágenes que ocuparon los medios globales mostraran una versión modernizada del romanticismo de la década de 1830: la resistencia popular dispuesta al sacrificio en defensa de la República, lo que se mostró al mundo por medio de fotografías de barricadas, milicianas armadas y multitudes que saludaban con el puño cerrado[49].

Tales representaciones idealizadas, alentadas tanto desde España como desde el extranjero, tenían por supuesto poco que ver con la realidad de cada guerra. La proliferación en la España republicana de carteles en los que se podía ver a heroicos voluntarios luchando contra el fascismo no reflejaba el entusiasmo bélico existente, sino más bien la falta de este[50]. De un modo que los extranjeros no acababan de entender, el exceso de propaganda tenía una función didáctica. La modernidad de las imágenes, influenciadas por el realismo socialista, ocultaba la falta de modernidad de la lucha en sí. Ambos conflictos produjeron unos patrones de conducta que decepcionaban a los estrategas militares y desconcertaban a los observadores extranjeros, acostumbrados a la «sobria» cultura militar del norte de Europa. A los alemanes del bando carlista que participaban en 1837 en la marcha de las tropas de los sublevados hacia Madrid les indignó esa especie de «peregrinación armada» del rey, en la que los «libertadores» avanzaban tan lentamente por detenerse a oír misa en cada pueblo al que llegaban[51]. Cien años después, la frustración de los nazis por no usar Franco la táctica de la «guerra relámpago» está bien documentada[52]. Es como si Franco hubiera estado haciendo suyas las palabras de don Carlos cuando afirmó que «el éxito se encuentra donde están la inteligente habilidad del mando, el valor de las tropas y la fe»[53]. Por más que de muchos modos la de Madrid fue un anticipo de la batalla de Stalingrado, a los observadores internacionales les desconcertó que el ya generalísimo Franco no se lanzara a hacer una guerra moderna. El agregado británico de aviación consideró que los bombardeos de los sublevados sólo servían para fortalecer la resolución de los madrileños en lugar de desmoralizarlos, y que la aviación de los nacionales había dejado escapar el objetivo más obvio de destrucción, que eran las precarias carreteras que unían Madrid con el Mediterráneo, por las que llegaban todos los suministros a la capital, y que estaban al alcance de la fuerza aérea nacional[54].

También a niveles tácticos los combatientes extranjeros manifestaron unas emociones, que iban de la repugnancia al estupor, ante el hecho de que los españoles no consiguieran modernizar sus defensas. En repetidas ocasiones, los milicianos republicanos no llegaron a cavar trincheras para potenciar su capacidad defensiva. No sólo eran contrarios a hacerlo porque a menudo el terreno era duro y estaba chamuscado por el sol, sino también por lo que tenía de deshonroso en una cultura machista de ostentación del valor[55]. Como los españoles no habían vivido la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial, tal vez Paul Preston atribuyera en exceso una modernidad táctica a Franco cuando afirmó que sus estrategias «eran las de la Gran Guerra»[56]. George Orwell recordaba que en las trincheras aragonesas «los ametralladores españoles no se dignaban a ponerse a cubierto, sino que de hecho se dejaban ver a propósito, así que no me quedó más remedio que hacer lo mismo»[57]. Durante su visita al frente en agosto de 1936 para enardecer a las tropas, La Pasionaria, dirigente comunista, hizo caso omiso a los ruegos de los milicianos de que se escondiera porque estaba a punto de llegar fuego enemigo, con lo que hizo gala del coraje de las heroínas de la Primera Guerra Carlista[58]. Como es natural, esas bravuconadas teatrales solo duraron hasta que la guerra se volvió más organizada, pero su atractivo romántico persistió. Durante el prolongado sitio de Madrid por parte de los sublevados se cavaron las trincheras más sofisticadas de todo el conflicto, pero las líneas exteriores de defensa que consiguieron atravesar los nacionales en la última fase de su ofensiva habían sido hechas de manera poco profesional por el pueblo y no por soldados, y sorprendieron a los veteranos extranjeros de la Primera Guerra Mundial por su simplicidad. A uno de esos veteranos le preguntaron si sus refugios subterráneos se parecían a los de 1914-1918, lo que provocó que contestara divertido: «Si hubieran cavado las trincheras como es debido, y tuvieran cinco kilómetros de trincheras de comunicación, con montones de zapas de aquí para allá, escalones de disparo y fortines… entonces tal vez»[59]. Según un voluntario británico del bando carlista, «no había forma de convencer a las tropas españolas para que cavaran trincheras apropiadas, ni siquiera a la Legión Extranjera. Parecían pensar que sería señal de cobardía que se pusieran a cubierto por seguridad»[60].

Ese ostentoso desdén a tomar medidas defensivas también se puso de manifiesto en el conflicto de la década de 1830, de carácter más rudimentario. En cierta medida esa actitud estaba más justificada entonces, ya que el uso de artillería se concentraba mucho menos en batallas campales de lo que había sido la norma en las guerras napoleónicas, lo cual es aplicable incluso a los ejércitos del gobierno, que en el primer año del conflicto gozaron del monopolio absoluto de los cañones de campaña. La artillería era el punto débil del orden de batalla del gobierno. Aunque la artillería montada y de campaña se había duplicado en 1835, esos cañones sólo tenían verdadero impacto cuando se concentraban para un asedio, muy en conformidad con las normas de los siglos anteriores, como en el caso del fuego contrabatería durante los fallidos intentos de los carlistas de tomar Bilbao. Habida cuenta de la inaccesibilidad montañosa del frente principal navarro, lo verdaderamente importante era la artillería de montaña, que pasó de dieciséis cañones a más de ochenta en agosto de 1838 y fue complementada con los cohetes Congreve que proporcionaron los británicos, los cuales podían ser transportados fácilmente en mulas[61]. Las actitudes propias de siglos anteriores persistieron en los asedios, como fue el uso de civiles para tareas auxiliares del tipo de transportar armas y cavar trincheras. Los carlistas pagaron a civiles para que les hicieran trincheras en su decisivo segundo sitio de Bilbao[62]. Por lo que respecta al bando liberal, en varias ocasiones fueron mujeres y niños quienes realizaron esa rutinaria tarea de cavar trincheras en localidades de primera línea del este de España en las que se enfrentaban a los carlistas. A lo largo de todo 1834, las autoridades militares del bando del gobierno estuvieron enzarzadas en una disputa con las autoridades civiles de Puente la Reina (Navarra) porque estas no habían fortificado ese centro clave de comunicaciones y de atención hospitalaria debidamente[63]. Por lo que parece, la gloria militar no tenía nada que ver con las defensas sólidas. La estrategia de bloqueo de 1835-36 del general Fernández de Córdoba fue criticada por razones tanto culturales como militares. En los primeros meses de la Guerra Civil Española, asimismo, con frecuencia se perdieron posiciones por la negativa de los milicianos a cavar trincheras. La mayor renuencia se daba entre milicianos de ciudad que habían sido reclutados en sus lugares de trabajo, ya que no estaban acostumbrados a la vida rural y tenían un código de honor urbano que los alejaba de cualquier afinidad con el campo. La geografía militar, en cambio, dictaba que cada vez más reclutas nacionales llegaban de los pueblos y, por lo tanto, estos se sentían más cómodos en tales circunstancias que los milicianos republicanos, los cuales instintivamente concebían la batalla en términos de lucha callejera o, por lo menos, en los de guarnecer ciudades y pueblos[64].

Esas actitudes tan poco modernas se vieron puestas a prueba por el uso coordinado de nuevas armas. En el punto álgido del sitio de Bilbao de 1836, un excéntrico inventor español ofreció vender al gobierno británico, «líder del mundo civilizado», su proyecto para construir «un artefacto aeronáutico que podría destruir un ejército de 200 000 hombres en menos de dos horas»[65]. Cuando la aviación entró de verdad en juego cien años más tarde, socavó la bravuconería de unas víctimas que, por la mayor pericia de los sublevados, cayeron mayoritariamente del lado de la República. Con la excepción de los aviones de combate proporcionados por los soviéticos que sobrevolaban Madrid, los nacionales contaban con superioridad aérea gracias a los aparatos alemanes e italianos de que disponían. George Steer, corresponsal pro-vasco del Times, habló de la mística tan especial de los bombardeos aéreos, que parecían buscar a sus víctimas una a una. Los atacados que se resistían a ese «terror antinatural» muchas veces no tenían reparos en terminar huyendo[66]. Steer dejó constancia de tres efectos decisivos de la superioridad aérea de los sublevados durante el colapso en 1937 del frente del norte: la gran subida de moral de las tropas nacionales que avanzaban al ver sus aviones por encima de sus cabezas, la desmoralización del enemigo por los bombardeos y la supresión del fuego contrabatería[67].

A diferencia de la Primera Guerra Carlista, en que las fuerzas del gobierno que defendían Bilbao siempre podían confiar en la supremacía naval británica para obtener refuerzos, fuego de apoyo e incluso desembarcos anfibios tras las líneas enemigas, en 1937 no existía esa protección tecnológica. Ese año, la superioridad tecnológica alemana brindó a los sublevados la victoria del mismo modo que la superioridad tecnológica británica se la había negado en la década de 1830. Pero la aviación de los nacionales tuvo un impacto desmoralizador que iba más allá de ese decisivo frente del norte. Mientras que los soldados del gobierno se mantuvieron firmes ante los ataques con artillería de los sublevados, los bombardeos de la Luftwaffe produjeron unos efectos desmesurados en sus filas[68]. A los soldados del bando sublevado también les aterrorizaban los ataques aéreos, por supuesto, pero el bando republicano, aun a pesar de la ligera superioridad en número de aviones de que dispuso hasta finales de 1937, por lo general no concentraba todo su poderío aéreo del modo en que lo hacían los nacionales. A un miliciano adolescente que, mientras se refugiaba de un ataque aéreo de los sublevados sobre Madrid, se echó a llorar sobresaltado al oír un portazo, lo consoló un oficial diciéndole: «¡Que solo es una puerta, hombre!»[69]. La aviación de los nacionales aterrorizó con frecuencia a las milicias republicanas en las primeras semanas de guerra, hasta el punto de hacer que salieran huyendo en desbandada. Las cosas se complicaron cuando los milicianos, a instancias de los sindicatos, se organizaron en batallones revolucionarios que sólo luchaban de día y volvían a la comodidad de sus casas de noche, como si hicieran turnos en una fábrica[70]. Desde el punto de vista militar, la falta en 1936 de un cuadro de veteranos de la Primera Guerra Mundial diferenció a la Guerra Civil Española de las continuas guerras y movilizaciones anteriores a 1833. A diferencia de los reclutas cristinos y los guerrilleros carlistas de 1833, los milicianos republicanos de 1936 no tenían ninguna experiencia bélica. No se había dado ningún bautismo de fuego español masivo en la Gran Guerra y, por lo tanto, ningún uso de nueva tecnología militar ni ninguna preparación moderna generalizados[71]. Los veteranos de las recientes guerras de Marruecos, los africanistas, eran minoría en el bando de los nacionales insurgentes. El socialista Arturo Barea, que había sido recluta en las guerras de Marruecos, se encontró de pronto con que su sólida experiencia militar, tan poco frecuente, le garantizaba respeto y autoridad en sus intentos desesperados por preparar a los voluntarios milicianos de Madrid ante el ataque del verano de 1936[72]:

Bueno, mirad. Todos queréis un fusil y todos queréis ir al frente para empezar a dispararlo cuanto antes y matar fascistas. Pero ninguno queréis aprender un poco de instrucción militar. Muy bien, vamos a suponer que ahora mismo os doy un fusil a cada uno, os meto en un par de camiones y os planto en un pico de la Sierra, enfrente del ejército de Mola, con sus oficiales y sargentos que están acostumbrados a mandar y con sus soldados que están acostumbrados a obedecer órdenes y que saben lo que cada orden significa. ¿Qué haríais? Supongo que cada uno comenzaría a pegar tiros y manejárselas como mejor le pareciera. ¿Es que creéis que los hombres con quienes os vais a enfrentar son conejos? Y aun suponiendo que fuerais a cazar conejos, no me vais a negar que para ir una partida de diez o doce, es necesario saber lo que se hace para no acabar matándose unos a otros.

Del mismo modo que, en la Primera Guerra Carlista, a las guerrillas de Zumalacárregui hubo que entrenarlas en el Ejército Realista, las milicias republicanas recibieron instrucción en el Ejército Popular[73]. Aun así, la militarización que llevó a cabo el gobierno fue tan controvertida como necesaria. Conocer los patrones modernos de trabajo no era lo mismo que conocer la guerra moderna. Los militantes de clase obrera defendían sus barricadas, la variedad urbana y revolucionaria de las trincheras rurales, y conservaron las principales ciudades para el gobierno, igual que sus antepasados milicianos de la década de 1830 habían conservado Bilbao y otras ciudades. Sin embargo, a los militantes de la Guerra Civil Española les molestaba que los desplegaran a hacer maniobras en el campo, con el que habían perdido cualquier vinculación familiar por ser en muchos casos emigrantes a la ciudad de segunda o tercera generación. Además, pensaban que las ciudades seguían plagadas de enemigos. Había que invertir la opresión «barroca» del clericalismo burgués. Se humillaba o mataba a sacerdotes de formas horribles y se profanaban edificios religiosos en venganza por siglos de opresión clasista[74]. El dirigente anarquista Buenaventura Durruti afirmó: «¡Sin contemplaciones! ¡No entregaremos las calles! ¡La revolución por encima de todo!»[75].

Asimismo, las primeras líneas lejanas dejaban de manifiesto el desconocimiento de los soldados de la geografía del lugar y su falta de acceso a redes de información. Eso fue sobre todo característico de la Primera Guerra Carlista por la mayor importancia de la contrainsurgencia. La detención y encarcelamiento del alcalde de Salva (Navarra), por no suministrar víveres e información a las fuerzas gubernamentales en Puente la Reina, es uno de los innumerables ejemplos de autoridades locales que temían más a los omnipresentes rebeldes del País Vasco que a las fuerzas del gobierno que se dirigían a plazas fuertes[76]. La falta de información local contribuía aún más al desconcierto de las fuerzas del gobierno, que, para empezar, por lo general no conocían bien la geografía del lugar en que se encontraban. La breve ocupación en 1835 de la capital rebelde de Estella (Navarra) se vio retrasada por un tiroteo nocturno en las afueras entre dos columnas del gobierno que, por la tensión de la ofensiva, creían estar enfrentándose al enemigo[77]. Un batallón del ejército gubernamental, que había sido reclutado en Málaga, entró en acción contra los carlistas en la lejana Cataluña en abril de 1836. Como desconocían la lengua catalana, el entorno en que se encontraban y los uniformes de la milicia catalana que luchaba a favor del gobierno (los migueletes), los soldados andaluces dispararon a sus aliados catalanes en medio del fragor y confusión de la batalla[78]. Un mes antes, los perjudicados fueron un destacamento de tropas auxiliares belgas en Bruch (Cataluña) que no supieron distinguir los acentos locales. El militar rebelde Rafael Tristany contestó «Isabel II» a la pregunta de «¿quién vive?» que hicieron los belgas que defendían las fortificaciones de Bruch. Así pues, pensando que la columna que se acercaba era de aliados, a los belgas los cogió por sorpresa la carga de bayonetas que terminó con la captura de cincuenta de ellos[79].

Cien años después también abundaron los ejemplos de bajas fratricidas por causa del miedo y el desconocimiento. Los milicianos de Madrid estuvieron a expensas de cualquier cosa en su propia ciudad durante el invierno de 1936-37, ya que los bombardeos de los rebeldes, la búsqueda paranoica de «quintacolumnistas» y los apagones nocturnos en las calles producían tiroteos a ciegas. Los milicianos republicanos, víctimas del pánico, disparaban contra movimientos o ruidos sospechosos, y a menudo alcanzaban a quienes resultaban ser otros milicianos de su propio bando[80]. Tanto la aviación del gobierno como la de los sublevados tenía una comunicación por radio muy rudimentaria o incluso inexistente, lo que llevó a repetidos casos en que, por el mal tiempo o por quedarse sin combustible, los pilotos aterrizaban en zona contraria[81]. A los 600 voluntarios irlandeses que formaban parte de los «camisas azules» del bando sublevado se les desplegó en febrero de 1937 en el sector del frente del Jarama. Sólo llegaron a entrar en acción en lo que no fue más que un tiroteo de «fuego amigo» en el que murieron cuatro irlandeses y trece falangistas. A partir de ahí, los camisas azules extranjeros se dieron al alcohol y cayeron en la indisciplina, hasta que su comandante, Eoin O’Duffy, consiguió que Franco aceptara que esos voluntarios se marchasen de España. En declaraciones a United Press, O’Duffy dio una interpretación política a su partida, al afirmar que se iban porque «la España blanca no está a la altura de la idea católica que motiva a los camisas azules». El jefe de la oficina de prensa y propaganda de los nacionales, Luis Bolín, secuestró ese reportaje por la necesidad de mantener la crucial mentira de que los sublevados no contaban con ayuda militar extranjera[82].

El lado oscuro del honor

El lado oscuro del honor

La confusión de la guerra aumentaba la posibilidad de caer en manos enemigas y sufrir atrocidades. Tales atrocidades, en parte reales y en parte inventadas, horrorizaron a Europa y explican que desde el exterior se hicieran esfuerzos para que hubiese intervención humanitaria en ambas guerras. El instinto de supervivencia, la degeneración de la jactancia, el honor, el prestigio, las ganancias y la irresponsabilidad: todo eso tiene algo que ver con la decisión de matar o no a los cautivos. En 1936, la polarización del odio en los dos bandos predispuso en cierta medida a ambos a lanzarse a un baño de sangre. Recordaba Rafael Miralles, oficial republicano: «Nos poseía un ardiente espíritu bélico […] conscientes de la brutal realidad de la guerra civil en la que nadie daba ni pedía cuartel»[83]. Sin embargo, Miralles estaba describiendo mucho más la situación de oficiales y voluntarios que la de los reclutas, para los que una mera cuestión geográfica podía dictar que lucharan en un bando u en otro. De hecho, en España la muerte de prisioneros solía responder a un patrón previsible. Cabía esperar que los voluntarios y oficiales capturados por el enemigo en ambas guerras civiles fueran ejecutados, mientras que por lo general a los reclutas se los dejaba con vida, y hasta se daba el caso de que pasaran a servir en el otro bando[84]. Ese patrón requería que transcurriera el tiempo hasta que se confirmara algo parecido a áreas geográficas de control y para que los enemigos internos, reales o imaginarios, fuesen castigados. A este respecto, el modelo de Stathis Kalyvas de la «violencia lógica» de las guerras civiles también es aplicable a España. Según este modelo, los combatientes emplean la violencia contra los civiles con el fin de obtener información acerca del enemigo, y los civiles participan en los actos violentos, y a veces incluso los instigan, para conseguir seguridad[85]. Es un modelo que explica la panoplia de denuncias y asesinatos en la retaguardia de ambas guerras. Aunque estuvieran eliminando «enemigos», la actitud de los autores no dejaba de estar determinada por cierto concepto del honor. En agosto de 1936, los insurgentes nacionales se avergonzaron de los incidentes que rodearon la ejecución sumaria en Burgos de unos prisioneros izquierdistas a los que se había dicho que serían puestos en libertad; no se avergonzaron porque se matara a esos desdichados inocentes, sino al saber que sus captores habían robado las pertenencias de las víctimas e incluso habían registrado sus cadáveres en busca de vales de compra[86].

En ambos conflictos el honor se entendía como algo que había que proteger y codiciar. Los insultos personales a los comandantes enemigos eran una afrenta en las dos guerras, pero sobre todo en la Primera Guerra Carlista por el auge del pensamiento romántico y la limitada capacidad de los medios para elaborar contraargumentos. Un comandante rebelde casi analfabeto se arrepintió de las condiciones que había ofrecido a la plaza fuerte del gobierno que estaba asediando en Lucena (Castellón) en el otoño de 1835. La milicia gubernamental, mejor educada, ridiculizó públicamente la forma de expresarse de José Miralles, calificándola de una sarta de incoherencias pretenciosas propias de un bandido, y al final un oportuno contraataque del bando del gobierno privó al carlista de la oportunidad de vengar su honor ultrajado[87]. Las pretensiones militares de las tropas irregulares de los carlistas chocaban con las de las milicias del gobierno. A las fuerzas de éste les indignaba encontrarse con que eran vigiladas de forma paramilitar por civiles sublevados. Martín Zurbano (también conocido como Martín Varea) estaba al mando de una tropa franca de infantería montada que hacía largas incursiones, al estilo de las antiguas cabalgadas, contra los suministros y depósitos de la parte del País Vasco bajo control de los sublevados. Los civiles carlistas los llamaban los «jinetes de la muerte» por su propensión a usar la violencia contra ellos. Aunque Martín Zurbano, respetando el Tratado de Eliot que se firmó a instancias internacionales, ofreció clemencia a los soldados carlistas que se rindieran, se tomaba como un grave ultraje a su honor militar encontrarse con cuerpos de vigilancia civiles, y con frecuencia ordenaba que se tomaran represalias contra las vidas y posesiones de los curas y sus parroquianos[88]. La protección del honor militar les podía salir muy cara a los civiles.

La necesidad de llevar a cabo la militarización de las fuerzas también brindó oportunidades a los mediocres de adquirir honor. La España de principios del siglo XIX estaba plagada de un bandolerismo rural que habían provocado la depresión agrícola posterior a la guerra napoleónica y las supuestas ventajas que ofrecía a los individuos marginales de lugares remotos del país, los cuales desertaban de las quintas para asaltar a arrieros y viajeros indefensos. A partir de 1833, estos malhechores se unieron a facciones carlistas, con lo que pasaron a ser combatientes a su manera que, sin embargo, seguían cometiendo crímenes «en nombre del rey». El bando cristino despreciaba a esos delincuentes brutales y se negó una y otra vez a extender a ellos la protección humanitaria que garantizaba el Tratado Eliot. Por este tratado, firmado por ambas partes en abril de 1835 a instancias de mediadores británicos enviados por lord Wellington, se respetaban únicamente las vidas de los soldados regulares que se rindieran en el frente vasco-navarro, y se estipulaba su encarcelamiento en determinados lugares en los que aguardarían a ser intercambiados por el mismo número de prisioneros de guerra que estuvieran en poder del otro bando. Fue una restricción muy polémica entre las comunidades del bando del gobierno que se hallaban sitiadas en el frente oriental. Tres notables aragoneses censuraron las estimaciones centralistas de Madrid: «No extender el tratado Eliot a las facciones de Aragón y Valencia desde el principio del año 1836 fue tener por nacional la opinión de los que gritaban en los cafés lejos de los peligros y de la guerra»[89]. Sin embargo, el embajador británico, de acuerdo por una vez con el modo del aliado de conducir la guerra, se hizo eco de las razones de la negativa del gobierno a que el tratado fuera vinculante para todo el frente:

Las guerrillas que operan en Galicia, Aragón, Cataluña y Valencia, por mucho que cabalguen bajo la enseña de don Carlos, en realidad se rigen por su propia ley, de manera que el acuerdo con un grupo no significaría que el otro lo cumpliese […] Además, este país está infestado de bandoleros que, al ser cogidos infringiendo la ley, alegarían ser soldados carlistas[90].

Cien años después hubo oportunidades similares de encubrir fechorías. Los incontrolats anarquistas ajustaron cuentas pendientes en nombre de la «revolución». El pueblo de Puigcerdà dominaba la frontera catalana con Francia. Durante la guerra carlista fue abandonado con frecuencia por los constantes ataques de las guerrillas rebeldes, pero a partir de julio de 1936 se convirtió en bastión del control anarquista de Cataluña. Gracias a los importantes ingresos aduaneros y al traspaso del control de la frontera a la Generalitat catalana, el alcalde anarquista pudo enriquecerse por medio de la extorsión. A este alcalde, Antonio Martín, se le conocía como «el cojo de Málaga» en honor de un radical plebeyo de la Guerra de la Independencia. Cuando cayó abatido por los comunistas en la contrarrevolución de mayo de 1937, las clases medias suspiraron de alivio y el movimiento anarquista consiguió otro mártir[91]. También en el bando rebelde la proclamación de la ley marcial permitió que otros mediocres lograran «honor». La huelga de trabajadores de ferrocarril para desbaratar el alzamiento nacional de julio de 1936 fue frustrada por maquinistas esquiroles a los que luego se recompensó concediéndoles rango militar[92]. Al final de la guerra, los miembros de la organización franquista quintacolumnista de Madrid, el SIE, se exhibieron con uniformes militares para dar la bienvenida a los nacionales que entraban en la capital. Los oficiales nacionales se quejaron de esa pretensión del grupo clandestino de querer compartir la victoria, y al día siguiente Franco disolvió la organización alegando que su triunfo la volvía innecesaria[93].

En la Primera Guerra Carlista, la pertenencia a las milicias del gobierno ofrecía rango pseudomilitar y mayor paga, sin que en muchos casos hubiera que correr los riesgos de los verdaderos soldados. A eso le siguió mucha rivalidad entre ejército y milicia con respecto al sueldo y el honor. Los milicianos provocaron disturbios por el empeoramiento de su situación cuando, después de 1835, Madrid destacó a algunos batallones de las milicias a hacer el servicio obligatorio bajo el reglamento del ejército y fuera de sus provincias. Los sublevados carlistas del este, que estaban a las órdenes de Cabrera, prefirieron correr el riesgo de no tener derecho a estar acuartelados a cambio de un sueldo diario cuatro veces mayor que el de sus compañeros que servían en el País Vasco[94]. Del mismo modo, a los milicianos republicanos de 1936 se les atrajo ofreciéndoles un sueldo de diez pesetas al día, una suma muy superior a la de cualquier trabajo de la clase obrera, que los volvió los soldados mejor pagados del mundo. Los sueldos eran menores en el ejército nacional, pero se mantenía el control por medio de una disciplina más estricta y de la creación del rango militar de los alféreces provisionales para suplir la falta de oficiales. Un historiador franquista recordaba con cariño que «el ejército nacional era, en gran medida, un ejército popular»[95]. Sin embargo, las bajas eran tan grandes entre esos alféreces provisionales que fueron apodados «ataúdes provisionales».

Honrar y deshonrar a los muertos

Honrar y deshonrar a los muertos

El honor podía ir más allá de la vida de una persona para convertirse en propiedad colectiva tras su muerte. El fallecimiento de destacados militantes dio lugar a homenajes multitudinarios. Muchos caídos en refriegas callejeras contra falangistas en 1936, así como otros insurgentes militares caídos en julio de ese mismo año, fueron inmortalizados por sus camaradas en pancartas y carteles y tuvieron ostentosos cortejos fúnebres[96]. El homenaje a los muertos caracterizó a ambos conflictos. En la guerra carlista, el primer gran mártir de los liberales, Espoz y Mina, murió por causas naturales a finales de 1836 al agravarse su cáncer terminal por comandar el ejército del norte y de Cataluña. Su cadáver fue llevado en un catafalco de gira patriótica por varias de las capitales de provincia controladas por el gobierno, y se convirtió en foco de protestas radicales cuando las autoridades municipales de Málaga se negaron a rendirle homenaje. Fueron tales las amenazas de la milicia que al final le organizaron una gran procesión[97]. Cien años después, alrededor de medio millón de obreros barceloneses flanquearon las calles para presenciar el cortejo fúnebre del «hijo de la ciudad», y primer gran mártir anarquista de la Guerra Civil Española, Buenaventura Durruti[98]. A finales de 1937, en un contexto de cada vez mayor supremacía socialista y comunista, George Orwell regresó a Barcelona y allí fue testigo de un funeral público lleno de escenografía política y con un trasfondo de violencia sectaria:

Roldán, miembro destacado de la UGT, fue asesinado supuestamente por alguien de la CNT. El gobierno ordenó el cierre de todos los comercios y organizó un enorme cortejo fúnebre, principalmente de tropas del Ejército Popular, que tardó dos horas en avanzar. Lo vi desde la ventana del hotel sin sentir ningún entusiasmo. Estaba claro que el llamado funeral era meramente una exhibición de fuerza; un poco más de esa clase de cosas y se podría llegar al derramamiento de sangre[99].

El homenaje a los muertos era el contrapunto al uso más habitual que se les daba en las guerras civiles españolas: la humillación de sus cadáveres. Cuando la expedición carlista de Gómez ocupó Córdoba en 1836, su exhibición pública de autoridades cristinas ejecutadas mostró el deseo, propio del antiguo régimen, de intimidar (y entretener) a la población con el espectáculo de la muerte. En 1837, un batallón de infantería que no estaba de servicio fue capturado por Cabrera en Liria (Valencia) sin que ni siquiera tuviera tiempo de entrar en acción. Como era costumbre en el este de España, se fusiló a la mayoría de los oficiales prisioneros. Sin embargo, esas víctimas adquirieron una macabra vida después de la muerte. Según se cuenta, los cadáveres de los oficiales fueron amontonados en una pira en medio de una auténtica bacanal de embriaguez[100]. Como argumentó John Keegan, el amontonamiento de cadáveres de enemigos en tiempo de guerra era una respuesta macabra, pero a fin de cuentas práctica, a la aparición del rigor mortis, y el abuso en la ingestión de alcohol era un recurso habitual tanto entre los atribulados vencedores como entre los vencidos[101]. Aun así, los rumores que corrieran sobre esas tétricas pirámides de cadáveres tenían sin duda una función intimidante, y a Cabrera —como a las tropas de asalto moras de la Guerra Civil Española— no le importaba que se le atribuyera esa imagen satánica, por lo que suponía de propaganda para amedrentar al enemigo. Cien años después, los nacionales de Burgos demostraron su poder de intimidación cuando nadie se atrevió a ir a identificar los cadáveres de unos izquierdistas fusilados[102]. Los rebeldes de la Primera Guerra Carlista, poniendo en práctica el Decreto de Durango firmado por don Carlos por el que se negaba clemencia a los combatientes extranjeros que lucharan para el gobierno, dejaron los cadáveres de unos soldados británicos ejecutados colgando de los muros del castillo de Guevara para que se pudrieran allí[103]. El espectáculo de unos cadáveres a los que no se permitía el descanso eterno podía ser bastante traumático. En los asedios de la Guerra Civil Española, en ocasiones los cementerios municipales estaban en la línea de combate, por lo que los observadores extranjeros tenían que recurrir al humor negro para soportar el grotesco espectáculo de los cadáveres que quedaban desenterrados por el impacto de una bomba. En la Batalla de Madrid, un voluntario extranjero vio cadáveres que salían volando en un cementerio que se encontraba en el frente de las proximidades de la carretera de Extremadura: «¿Será que el lema fascista de “¡Arriba, España!” también va por ellos?»[104]. George Steer presenció un macabro «día de la resurrección» en el bombardeo por parte de los rebeldes del cementerio de Derio (Bilbao), que tuvo un impacto desmoralizador para los católicos vascos «más grave que la pérdida de la línea defensiva anterior al Cinturón de Hierro»[105].

Atrocidades

Atrocidades

Entre la década de 1830 y la de 1930 España pasó de ser una sociedad rural que concedía una importancia fundamental al sentido del honor a otra parcialmente urbana de masas. La propaganda, sobre todo en forma de imágenes, saturaba los frentes civiles de la Guerra Civil Española. Mientras que en la sociedad de la Primera Guerra Carlista esa importancia del sentido del honor implicaba que las atrocidades solían ser el resultado de venganzas personales, en la Guerra Civil Española la sociedad de masas y sus odios determinaban de antemano la naturaleza y magnitud de esas atrocidades. En la década de 1830 había un encarnizado conflicto económico en el Maestrazgo, por lo que fueron las milicias del lugar las que cometieron barbaridades en represalia por las de los carlistas de allí y no el ejército, que estaba formado por reclutas procedentes de toda España[106]. En la Guerra Civil Española, en cambio, se dio la tendencia de que las atrocidades cometidas por insurgentes que procedían de otras partes eran peores que las de los oriundos del lugar[107]. Los miembros del antiguo orden —clero y aristócratas en el primer conflicto, caciques en el segundo— a menudo ayudaban a los autores de los crímenes, pero por cuestiones de apego también a veces contribuían a rebajar la tensión. En la zona nacional esa atenuación de la gravedad de las represalias solía proceder de las fuerzas vivas de la localidad. Unos cuantos caciques gallegos intervinieron para proteger a obreros[108]. El obispo de Pamplona condenó la matanza de «rojillos» en Navarra, a los que en pueblos cercanos se sacaba de sus casas en venganza por la muerte de camaradas en el campo de batalla[109]. Incluso en los semimodernos años treinta, los intereses locales también dominaron la respuesta republicana a la guerra civil, ya que la mayoría de la gente todavía se identificaba más con su localidad que con su nación[110].

De todos modos, los civiles seguían siendo un blanco importante, ya que los avances en tecnología militar los habían vuelto una espantosa «inversión». En los tiroteos se usaban de escudos humanos. La experiencia de la guerra colonial había enseñado a los africanistas a no distinguir entre objetivos civiles y militares, a lo que los rebeldes marroquíes respondían en consecuencia atando prisioneros españoles a cañones para impedir ataques aéreos[111]. Las fuerzas inferiores en número de Queipo de Llano consiguieron tomar el barrio obrero de Triana, en Sevilla, gracias en parte al uso de mujeres y niños como escudos humanos[112]. Esa práctica colonial, que los nacionales también emplearon en ataques rurales, les ayudaba a intimidar a la gente[113]. El estudio de las guerras civiles de los Balcanes de la década de 1990 ha revelado que había localidades que podían ser tomadas por fanáticos armados que sólo supusieran el 10 % de la población total, siempre que controlaran los puntos defendibles y que pudieran contar con que el 60 % de los habitantes del lugar les iban a seguir siendo leales[114]. Esos porcentajes son similares a los de la campaña andaluza de Queipo de Llano de 1936, en la que las fuerzas marroquíes de élite, complementadas por voluntarios falangistas y carlistas, eran muy inferiores en número a la población civil. Sin embargo, por medio del terror extremo, que incluía fusilamientos en masa y toma de rehenes, consiguieron acobardar al suficiente número de población para que no dieran apoyo efectivo a los obreros armados que sí les hacían frente. En las zonas en que fracasó la rebelión militar de 1936, las atrocidades cometidas por los izquierdistas eran a menudo una forma de venganza en respuesta a las noticias horripilantes que les llegaban y a los bombardeos indiscriminados[115]. Mucho del sectarismo de clase y de facciones de la preguerra pasó a llamarse activismo antifascista. Los incontrolats de Barcelona, el grupo criminal de FAI-CNT, se convirtieron en revolucionarios que ayudaron a frustrar el fallido levantamiento del general Goded y, en las semanas siguientes, ejercieron lo que llamaban justicia revolucionaria contra sus enemigos de clase y de facciones[116].

Territorio urbano y rural

Territorio urbano y rural

Los frentes de batalla de ambas guerras mostraron una división general entre el mundo rural y el urbano en lo referente a partidismo. Mientras que los rebeldes obtenían más apoyo en el campo, el bando del gobierno lo hacía en las ciudades más grandes. Parte de esa división era circunstancial. La población de Burgos, la capital de los nacionales, pasó de tener 40 000 habitantes en 1936 a 115 000 tres años más tarde, por la necesidad de dar cabida a toda prisa a muchos funcionarios[117]. También las contramedidas del gobierno de 1832-33 funcionaron mejor que las de febrero-julio de 1936, con lo que el hecho de que los rebeldes tuvieran que iniciar su alzamiento desde el campo, y no desde las ciudades, fue en parte el resultado de unas purgas y un control eficaces. El poderío de los rebeldes en ciertas regiones no siempre iba acorde con el apoyo que tuvieran allí, como demostró el régimen de terror de Cabrera en el Levante liberal y la toma de la Andalucía obrera por parte de Queipo de Llano[118]. Las guerrillas republicanas derrotadas, a diferencia de lo que ocurriría a la Resistencia francesa en 1940-42, se vieron obligadas a mantener sus valores revolucionarios muy urbanos en algunas de las partes más remotas de los Pirineos, y no deja de ser irónico que sólo pudieran establecer su dominio territorial en las tierras más inaccesibles[119]. Pero el que Castilla la Vieja apoyara el levantamiento de los rebeldes y Andalucía no lo hiciera se puede explicar por lo sucedido en la Primera Guerra Carlista. La desamortización que empezó a llevar a cabo Mendizábal durante esa guerra determinó las diferencias en las zonas controladas por nacionales y republicanos. Mientras que en Castilla la Vieja las compras de tierras por parte de pequeños propietarios dieron pie a una tradición conservadora rural que luego apoyaría a Franco, el predominio de los latifundistas en la mayor parte de Andalucía y Extremadura radicalizó las posiciones políticas, lo que llevó a que allí los sublevados nacionales tuvieran que usar la fuerza bruta contra los republicanos[120].

En ambas guerras los valores urbanos del bando del gobierno se vieron reforzados por el mayor éxito de sus milicias a la hora de defender ciudades, en las que la menor necesidad de maniobras y la mayor proximidad a los suministros aliviaban la suerte del «pueblo en armas». No obstante, el carácter rural de los rebeldes nacionales también respondía a razones culturales y económicas. En la década de 1830, el bando gubernamental estableció distinciones entre las poblaciones urbanas «ilustradas» y los pintorescos rústicos de todo el país. Afirmó Antonio Pirala en tono condescendiente: «La mayor instrucción de las grandes poblaciones hacía considerar la libertad como la felicidad suprema; en los pueblos se conservaba un tradicional cariño a lo antiguo, y sobre todo al clero»[121]. Los oficiales del ejército del gobierno, al darse cuenta de que estaban capturando a los mismos insurgentes en más de una ocasión, llegaron a la conclusión de que éstos eran obligados a combatir por sus curas y por sus oficiales, y eran en su mayoría ajenos a las razones económicas que impulsaban a los campesinos empobrecidos[122]. Según los rebeldes de la Primera Guerra Carlista, las ciudades estaban llenas de liberales ateos, y los milicianos no eran más que unos revolucionarios licenciosos. En la Guerra Civil Española, las ciudades de dominio proletario eran diabólicas a ojos de los sublevados. Varios nacionales urgieron a someter a los barrios más rojos de Barcelona a un intenso bombardeo como forma de «higiene social», y para librar a Franco de la necesidad de fusilar a miles de rojos cuando conquistara la ciudad[123]. Tras su victoria, Franco le manifestó a un confidente su deseo de construir nuevas ciudades en las que reinara la laboriosidad y la armonía, y que sirvieran para erradicar los «escandalosos» peligros de las grandes urbes[124].

La España rural fue el trampolín para las ofensivas de los rebeldes contra Madrid. En 1833, Jerónimo Merino, cura sexagenario y veterano de la Guerra de la Independencia, fue nombrado por los carlistas capitán general de Castilla la Vieja. En su llamada a las armas de 1833 hizo abundante uso de la imaginería católica unida al Cid, el ídolo medieval del Burgos tradicionalista en que naciera Merino. Cuando ese año Merino marchó hacia Madrid, lo hizo en nombre de Dios y del rey: «¿Podíais creer que los enemigos declarados de Fernando VII, los que arrancaron el cetro de sus manos, los que le condujeron cautivo a Cádiz; aquellos en fin que decretaron la proscripción de los fieles realistas, se habían vuelto sinceramente los defensores de las instituciones monárquicas?»[125]. 103 años después, Mola se debatía entre su propia formación republicana y el monarquismo de sus hombres, así que en su alocución evitó hablar de monarquía. De todos modos, en su ataque verbal al gobierno de Madrid compartió el vituperio de Merino de la izquierda:

El Gobierno que era el desgraciado bastardo nacido del concubinato liberal y socialista ha muerto a manos de nuestro valeroso ejército. España, la verdadera España, ha derribado el dragón, que ahora está en el suelo mordiendo el polvo. Yo volveré ahora a ponerme en el puesto al frente de las tropas, porque antes de mucho tiempo dos enseñas, el sagrado emblema de la cruz y nuestra gloriosa bandera, ondearán juntas sobre la ciudad de Madrid[126].

FIGURA 1.3 El asedio que nunca ocurrió. A diferencia de lo sucedido en la Guerra Civil Española, la marcha rebelde sobre Madrid de 1837 fue derrotada sin que apenas se disparase un tiro contra la ciudad (por cortesía del Museo Zumalakarregi)

Pese a usar los rebeldes retóricas similares, la urgencia por conquistar Madrid en la Guerra Civil Española contrasta notablemente con lo sucedido en la Primera Guerra Carlista. En esta, la capital sólo sufrió alertas esporádicas de invasión por parte de bandas carlistas. En abril de 1835 una de ellas consiguió llegar a las afueras de Madrid antes de ser repelida por milicianos y soldados[127]. En septiembre de 1837, el ejército carlista de invasión conocido como la «Expedición Real» llegó a las puertas de la ciudad, pero a diferencia de la ofensiva de Franco y Mola de 1936, las tropas de Carlos se volvieron al País Vasco sin disparar su artillería una sola vez contra Madrid. En ese asalto rebelde contra Madrid participaron unos 11 000 soldados de infantería y 1200 de caballería, bastantes más de los 10 000 que emplearon los nacionales en el suyo de noviembre de 1936. Además, pese a los ruegos de Cabrera y de influyentes carlistas alemanes de que atacase, don Carlos se negó a hacerlo. Al pretendiente al trono lo engañó su impresión de que una reina regente y una población pía hartas de guerra lo recibirían con las puertas abiertas.

En noviembre de 1936, en cambio, los sublevados no se hacían ninguna ilusión de que el Madrid rojo fuese a evitar la lucha. Unas tropas de asalto de unos 10 000 hombres, protegidos por otros 5000 en los flancos, se abrieron paso hasta las afueras del oeste de la capital con el apoyo de todos los calibres de artillería de que disponía el ejército (75 mm, 105 mm y 155 mm), pequeños tanques alemanes e italianos (el Panzer I y el L. 3, respectivamente) y alrededor de cincuenta de los cien aviones de que disponían los nacionales. Enfrente tenían a cinco columnas de milicianos de la República con un total de 13 000 hombres, equipados con material bélico de calidad y cantidad similar a la de los rebeldes, e incluso superior en el caso del recién llegado avión de combate soviético, el «Mosca» Il16[128]. Aunque las milicias del gobierno carecían de formación y organización, contaban con cuatro ventajas defensivas cruciales con las que contrarrestar la superioridad militar de los rebeldes nacionales: la meseta de Madrid, unas trincheras preparadas a toda prisa que cruzaban los antiguos jardines reales de caza hasta el oeste de la ciudad, zonas muy urbanizadas y bien defendibles a lo largo del extrarradio (especialmente el nuevo campus universitario) y la presencia, que ayudaba a subir la moral, de unos cuantos combatientes extranjeros con preparación militar y compromiso político. La victoria del gobierno a principios de invierno contuvo a los sublevados a las puertas de la capital hasta marzo de 1939. En la Primera Guerra Carlista, en cambio, la batalla de Madrid se luchó sobre todo en la prensa, conforme las noticias de derrotas y matanzas en el norte y el este del país radicalizaban a los liberales y amedrentaban a los simpatizantes de los carlistas.

La principal diferencia entre ambos conflictos por lo que a movilidad se refiere estribó en el poderío de los paramilitares y las guerrillas. El de la década de 1930 ha interesado a expertos en guerras civiles por el alto grado en que se libró fundamentalmente con ejércitos convencionales, en contraste con la facilidad en el cambio de control territorial que aquejó a ambos bandos en la Primera Guerra Carlista[129]. No obstante, tras el alzamiento de julio de 1936 ambos bandos sufrieron durante meses ataques irregulares del enemigo, lo que fue especialmente notable en Andalucía, donde unidades rebeldes de la Guardia Civil saqueaban localidades bajo control del gobierno al estilo de los bandoleros, y algunas bandas anarquistas ejercían una especie de «bandolerismo social» en zonas controladas por los rebeldes[130]. La mayor parte de las tropas irregulares que operaban en territorio sublevado eran o bien fugitivos del servicio militar obligatorio de los nacionales, o soldados republicanos que habían quedado aislados tras las líneas rebeldes. El gobierno intentó organizar a los soldados dispersos en guerrillas, pero en realidad estas existieron más que nada sobre el papel, sin que se sometieran mucho a lo que les dictara el gobierno. La mayor llegada de irregulares a la zona rebelde tuvo lugar tras la caída de la parte del norte del país controlada por el gobierno republicano en el otoño de 1937. A continuación, el presidente de la República, Negrín, los asignó al XIV Cuerpo de Ejército Guerrillero con la misión de que lucharan contra la logística rebelde. Sin embargo, Negrín solo estaba haciendo de la necesidad virtud, y de hecho el apoyo político a la guerra de guerrillas era ambiguo. Por mucho que a los anarquistas les gustaran las guerrillas, por ser al mismo tiempo españolas y revolucionarias, la contrarrevolución comunista de mayo-agosto de 1937 las suprimió. Los comunistas seguían empeñados en su doctrina de la necesidad de llevar a cabo una militarización completa. Respaldar la guerra de guerrillas podría dar lugar a una fuerza que escapara a su control, y proyectar una imagen revolucionaria de la República Española no sería de ninguna ayuda; además, conforme la guerra fue a peor, los comunistas consideraron que organizar fuerzas de resistencia tras las líneas enemigas olía a derrotismo[131]. Por mucho que se incitara a una «guerra del pueblo» en la España controlada por los rebeldes nacionales, ningún dirigente militar del bando del gobierno —ni Casado, ni Rojo ni Miaja— creía en la resistencia a ultranza[132]. En realidad se les había escapado todo de las manos. A diferencia de los carlistas, que hasta la rendición de Vergara de 1839 siguieron contando con guerrillas que asediaban los territorios del gobierno, los republicanos de 1939 solo estaban al mando de pequeños retazos de actividad guerrillera tras las líneas franquistas.

El único frente de la guerra carlista que se pareció a las primeras líneas formales de la Guerra Civil Española fue el cerco cristino del País Vasco. El frente vasco fue decisivo en ambas guerras. El fracasado intento de los rebeldes de ocupar Bilbao y la costa los privó de cualquier esperanza de triunfar en España en conjunto. Del mismo modo, el fracaso del gobierno a la hora de retener el norte del país en 1937 inclinó la balanza a favor de los rebeldes y prácticamente garantizó su posterior victoria. La violencia volvió a los campos de batalla de la Primera Guerra Carlista en la Guerra Civil Española. En el pueblo vizcaíno de Guernica se encontraba el parlamento histórico de Vizcaya, sede espiritual de las libertades vascas (los fueros) y símbolo del tradicionalismo que era la principal motivación de los rebeldes en las guerras civiles. El barón de Eroles, monárquico catalán, proclamó:

También queremos Constitución […] Para formarla no iremos a buscar teorías marcadas con la sangre y desengaños de cuantos pueblos las han aplicado, sino que recurriremos a los fueros de nuestros mayores; y el pueblo español, congregado como ellos, se dará leyes justas y acomodadas a nuestros tiempos y costumbres bajo la sombra de otro árbol de Guernica[133].

Pero Guernica no sólo era símbolo de antiguas libertades, sino que también se encontraba en un importante cruce de caminos entre Bilbao y la costa, por lo que en ambas guerras sus habitantes fueron víctimas de las atenciones de los ejércitos contendientes. El asalto de Zumalacárregui al pueblo, en diciembre de 1833, provocó la primera gran matanza que tuvo lugar en él, en la que cayeron 300 hombres de las fuerzas del gobierno frente a 100 de las suyas. En la primavera de 1835 Guernica fue un frente muy activo, ya que los sublevados tomaron el pueblo en abril para ser expulsados de allí por Espartero al mes siguiente. Para entonces los civiles, abrumados por tanta acción bélica, habían dejado la localidad para acampar en las colinas cercanas, mientras que las tropas del gobierno se alojaban en las casas abandonadas[134]. Tras la caída del frente cristino en junio de 1835, el destrozado pueblo volvió a manos de los rebeldes, y en líneas generales así continuó hasta 1839. Los carlistas vascos establecieron allí la sede de las Juntas Generales de Vizcaya, y decretaron que se reunieran cada dos años bajo el famoso roble de Guernica para administrar la economía de guerra de los sublevados[135]. El gobierno rebelde de esos años honró el antiguo simbolismo de Guernica, al tiempo que tomaba medidas contra la economía local y la autonomía política en nombre del esfuerzo bélico. Del mismo modo, aunque los rebeldes nacionales de la Guerra Civil Española adularon a la vecina Navarra llamándola «la mejor parte de España», el énfasis en su españolidad resultó ser un arma de doble filo para los carlistas navarros, que sólo lograron una autonomía simbólica tras la victoria de 1939[136].

Los liberales vencedores restringieron los fueros vascos en 1839 y de nuevo en 1876, pero no pudieron restringir la importancia cultural de Guernica ni de su famoso árbol, símbolo nacional del País Vasco. El Partido Nacionalista Vasco (PNV) ganó apoyos a partir de principios del siglo XX sobre todo entre las clases medias católicas de Vizcaya, que rechazaban tanto la «españolidad» del carlismo como el nuevo repunte de socialismo entre los trabajadores «inmigrantes» que llegaban del resto del país. Al igual que el catalanismo reemplazó al carlismo en la Cataluña rural, el PNV también reemplazó a muchos focos carlistas tradicionales de pequeñas ciudades y pueblos de Vizcaya, Guipúzcoa e incluso de algunas partes de Álava y Navarra, las provincias «acérrimas» de 1839[137]. La llegada de la República en 1931 legalizó la posibilidad de tener autogobierno, con lo que la hostilidad de los nacionalistas vascos católicos hacia la República se vio superada por la posibilidad de ganar autonomía dentro de ella. Aun así, el País Vasco estaba dividido políticamente de tres modos. Los socialistas de clase obrera sólo estaban dispuestos a aceptar la autonomía con la condición de que la Navarra carlista fuera sojuzgada, en lugar de permitir que existiera como un «Gibraltar vaticanista» antirrepublicano. Los carlistas tenían sus propias exigencias poco definidas de un «regionalismo nacional» en el que se extenderían los antiguos fueros de Navarra a toda España, y sólo considerarían el «nacionalismo regional» o autogobierno si se les daban garantías religiosas. El PNV condenó a los carlistas por «traicionar a la causa vasca» y llamó a Navarra «el Ulster vasco», en alusión a los protestantes irlandeses que bloquearon el gobierno autónomo de Irlanda. El estatuto de autonomía (llamado de Estella) de 1931 fue sometido a plebiscito en noviembre de 1933. Se aprobó en Vizcaya y Guipúzcoa, pero se rechazó en Álava y Navarra[138]. Ante ese impasse, la autonomía sólo llegó en octubre de 1936, a los tres meses de empezar la guerra civil, y únicamente porque el Ulster vasco se pronunció a favor de los rebeldes. Las posiciones estaban bien enfrentadas. El joven carlista Jaime del Burgo estaba convencido de que, de entrada, la Segunda República quería destruir la religión[139]. Los carlistas sentían especial desprecio por el «accidentalismo» de la CEDA de Gil Robles, el partido aglutinador que antes de la guerra defendía los intereses de los terratenientes y las clases medias al amparo de la República[140]. Las milicias carlistas estaban en el meollo de los planes de los rebeldes, y en el verano de 1936 hubo en Navarra una participación popular en la rebelión que fue mayor que en cualquier otra parte de España. Un campesino carlista, mientras marchaba contra las provincias «traidoras» de 1839, se alegró de que el alzamiento «pareciera como si volviesen las guerras carlistas»[141].

Cuando los sublevados nacionales empezaron su ofensiva del norte en marzo de 1937, la guerra volvió a Guernica una vez más. La localidad, que se encontraba dentro de la zona del gobierno, era de importancia estratégica por sus comunicaciones y sus tres fábricas de armas, lo que la hacía un objetivo «militar» legítimo[142]. Hasta el bando republicano era consciente de eso. Después de que los sublevados ocuparan las ruinas de Guernica, el gobierno usó cuatro de sus escasos aviones para bombardear el pueblo abandonado, en el intento de interrumpir el avance rebelde hacia Bilbao[143]. No obstante, por su naturaleza y escala el tristemente famoso ataque aéreo nazi de abril de 1937 causó más pérdidas humanas y materiales que todos los ataques de la Primera Guerra Carlista juntos.

FIGURA 1.4 La guerra llega a Guernica en 1834 (por cortesía del Museo Zumalakarregi)

El lunes 26 de abril de 1937, a las 5 de la tarde, era un día de mercado normal para la gente de Guernica. Sin embargo, todo cambió cuando a esa hora la primera oleada de aviones de la Legión Cóndor alemana atacaron la ciudad, a lo que siguieron cada veinte minutos nuevos bombardeos durante tres horas y media. Un número desconocido de gente murió entre las llamas, y los supervivientes, al igual que hicieran sus antepasados en 1835, abandonaron la ciudad. El indignado corresponsal del Times, George Steer, escribió: «Guernica no era un objetivo militar. La fábrica que producía material militar estaba fuera de la ciudad y quedó intacta. Al parecer, el objetivo del bombardeo era desmoralizar a la población civil y destruir la cuna de la raza vasca»[144]. Los nacionales, avergonzados, se inventaron la mentira de que Guernica, como Irún, había sido destruida por «incendiarios republicanos en retirada», pero la verdad prevaleció incluso antes de que el famoso cuadro Guernica, de Picasso, se expusiera en París en junio de ese año[145]. La negación por parte de los rebeldes de la autoría de un ataque aéreo contra un objetivo militar convirtió a la desdichada Guernica en una guerra propagandística a nivel mundial. El único incidente de cien años antes que se aproxima al impacto propagandístico del bombardeo de Guernica fue la ejecución de la madre de Cabrera, María Griñó, en 1836, víctima destacada de la «ley de rehenes» que regía en ambos bandos[146]. Así pues, el bombardeo de saturación de una pequeña ciudad pasó a estar para siempre asociado en el extranjero con la barbarie muy moderna del fascismo y la guerra, a modo de anticipo de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, los que lo vivieron no lloraron el mundo que estaba por llegar, sino el mundo que habían perdido. Un ministro nacionalista vasco lamentó que uno de los edificios destruidos fuera la casa en que don Carlos había jurado defender los fueros cien años antes[147]. Cuando los rebeldes ocuparon las ruinas de la ciudad, encontraron el antiguo árbol intacto. Un grupo de falangistas decidieron destruirlo a hachazos, pero el carlista Jaime del Burgo organizó rápidamente una sección armada de requetés para proteger ese ancestral símbolo de las libertades tradicionalistas. Del Burgo ya había protestado por el ataque aéreo, y tuvo que intervenir un amigo para evitar una pelea cuando un falangista le espetó: «¡Esto es lo que hay que hacer con todo el País Vasco y con Cataluña!», a lo que del Burgo replicó: «¡Y con tu puta madre!»[148].

FIGURA 1.5 La guerra vuelve a Guernica en 1937 (Getty Images). El primer corresponsal que llegó a la ciudad tras el ataque aéreo fue George Steer, que escribió: «Entre las colinas vimos la propia Guernica, convertida en un armazón de mecano. Las ventanas eran penetrantes ojos de fuego; de donde antes había tejados subían grandes llamaradas. El armazón de mecano temblaba y un rojo caos iba sustituyendo a su maltrecha geometría. Condujimos por la calle por la que se entraba desde el sur con cuidado, pues había dejado de ser una calle. Vigas negras o ardiendo y cables telefónicos destrozados rodaban desordenadamente por ella, y de las casas de a cada lado salía fuego como de las cataratas del Niágara se eleva vapor como si nada […] En el centro de la ciudad las lenguas de fuego más pequeñas se juntaban en un único rugido […] Intentamos entrar, pero las calles eran una alfombra de brasas; bloques de escombros caían de las casas y se estrellaban en el suelo, y el resplandeciente calor nos ardía en la cara y los ojos» (Steer, Tree of Gernika, pp. 233-234)

El violento éxito de los rebeldes nacionales en su campaña del norte de 1937 contrasta con el punto muerto al que se llegó en la Primera Guerra Carlista. La racha de victorias de Zumalacárregui terminó con su derrota en Bilbao en el verano de 1835, en la que resultó herido de muerte. Su fallecimiento privó a la rebelión del único genio militar que tenía, por lo que no deja de sorprender que don Carlos y su corte se regocijaran de la desaparición del hombre cuyo control de la insurgencia, por otro lado, lo había convertido en «un oficial díscolo»[149]. El rey se deshizo de su mejor general mientras que, cien años más tarde, Franco se deshizo tanto de un rey como de un general. Con astucia, Franco rechazó los ruegos de don Juan, heredero del trono vacante de España, de que le permitiera volver al país para servir a los nacionales. Franco puso como excusa que temía que no se pudiese garantizar la seguridad de Su Majestad, pero en realidad lo que temía era la presencia de quien podría poner en peligro su poder absoluto[150]. Seis meses después tuvo lugar la muerte del único rival que le quedaba a Franco, y a su vez la gran esperanza de los carlistas de contar con un nuevo Zumalacárregui, el general Mola. Para Stanley Payne, Mola era «el único oficial capaz de contestar a Franco»[151]. El que Mola estuviera al mando de los carlistas navarros aumentaba las probabilidades de que se restaurase la monarquía tradicional, o al menos esa era la impresión que daba. En México, los cristeros loaron a Mola como el verdadero espíritu de la «cruzada» española: «España alumbró veinte naciones y ahora nos muestra un sistema que, aunque antiguo, sigue siendo un modelo para nosotros. Qué lástima que los cristeros no tengamos una figura de la talla de Mola»[152]. Un periodista que había escapado del Burgos reaccionario estaba convencido de que Mola habría hecho sombra a Franco y a sus seguidores fascistas:

La conquista de Bilbao habría brindado a Mola la oportunidad como general victorioso de destacar el carácter nacional de la causa rebelde, pero sus planes se encontraron con la fuerte oposición del eje Berlín-Roma, y se habría desatado un conflicto abierto si el cabecilla y genio dirigente de los elementos reaccionarios del bando nacional no hubiera perdido la vida en el accidente de avión de la colina de la Brújula[153].

A diferencia de lo que ocurriese con el desventurado Zumalacárregui en 1835, al menos a la muerte de Mola en junio de 1937 le siguió la toma de Bilbao. La ciudad que se había mantenido invencible en las guerras carlistas del siglo XIX era ahora al fin conquistada simbólicamente por los carlistas de entonces. En agosto de 1937 se dio a una avenida el nombre de Zumalacárregui, mientras que a un puente que llevaba el de la niña heroína de la Primera Guerra Carlista, Isabel II, se le renombró «de la Victoria»[154]. Tras su defunción, Mola fue comparado profusamente con Zumalacárregui, el hombre romántico de acción cuya muerte en combate dio al movimiento carlista su inmutable estética[155]. Hasta Franco honró a su difunto rival con esa comparación y lo hizo grande de España a título póstumo[156], con lo que superó el ofrecimiento de un ducado que don Carlos le hiciera en vida a Zumalacárregui. Los carlistas perdieron a sus líderes, pero se encargaron de atribuirse la «propiedad» histórica de la victoria: «Avanzaban nuestros hombres sobre Bilbao por los mismos caminos verdes que ya habían hollado los lanceros de Zumalacárregui y los guías de don Carlos»[157].

Fue un hecho excepcional que no se ejerciese el terror contra el clero en el País Vasco que estaba bajo control del gobierno. Su conquista por los sublevados facilitó el apoyo formal del Vaticano a la causa rebelde —por medio de la «Carta Colectiva» de los obispos españoles—, una vez que el catolicismo internacional ya no tuvo que explicar la embarazosa anomalía de que hubiese católicos «respetables» luchando del lado de la República. En la Primera Guerra Carlista, en cambio, las victorias defensivas en Bilbao del gobierno provocaron cuatro años de extremismo clerical y anticlerical. La primera victoria de 1835 permitió que ese verano el gobernador de la ciudad capitaneara el recrudecimiento del radicalismo. Decretó la expulsión de Vizcaya de todos los monjes de los monasterios que seguían en manos del gobierno liberal, una drástica reducción del número de párrocos y la confiscación de bienes de familias carlistas para compensar las pérdidas sufridas por las familias que apoyaban al bando cristino[158].

Frentes tranquilos

Frentes tranquilos

Ambas guerras civiles tuvieron por lo general primeras líneas bastante permeables, que se veían salpicadas por la intensa violencia de las ofensivas y las contraofensivas. Esta situación originó una situación muy irregular en los dos conflictos: la guerra de guerrillas en el primero y las milicias en los primeros meses del segundo[159]. Ambas guerras dejaron al descubierto el abismo existente entre la teoría y la práctica bélica, ya que los ejemplos recientes de las Guerras Napoleónicas y la Primera Guerra Mundial sólo habían servido de lecciones muy limitadas para la actividad bélica de baja intensidad en España. De hecho, la experiencia en las primeras líneas de ambas guerras fue ante todo de hambre, frío y monotonía, ante lo que los soldados desarrollaron mecanismos de supervivencia que iban de la confraternización con el enemigo a la deserción, el pluriempleo, el amotinamiento o el cambio de bando. E incluso el cambio de bando ofrecía pocas mejoras a la monotonía de la vida de soldado. En la Primera Guerra Carlista, los que desertaban del bando del gobierno quedaban con frecuencia decepcionados por los espartanos pueblos carlistas a los que eran enviados[160].

Las deserciones en el bando rebelde para pasarse al del gobierno fueron menores en ambas contiendas. No obstante, como muchos de los prisioneros que hacía el bando cristino en la Primera Guerra Carlista eran irregulares y no tenían derecho a recibir cuartel, lo que decidían con respecto a ellos era frecuente objeto de polémica. Esos irregulares capturados podían considerarse afortunados si se les mandaba como soldados rasos al ejército del gobierno en el que tanto abundaban las deserciones. Los periódicos de la época se hicieron eco del «escándalo desmoralizador» que suponía esa práctica[161]. De todos modos, no es que se pudiera hacer mucho más con ellos. Solo había lugares de reclusión para prisioneros de guerra en el principal frente vasco-navarro. A lo largo de todo 1834, el Gobierno portugués estuvo protestando por la negativa de su homólogo español a aceptar la repatriación, y ni siquiera los gastos de mantenimiento, de los oficiales carlistas capturados mientras luchaban al lado de dom Miguel, con lo que esos hombres seguían en fortalezas y barcos prisión de las cercanías de Lisboa[162]. Otra opción era la deportación a las colonias gracias al Real Decreto del 21 de enero de 1834, momento a partir del cual los puertos de Cuba y las Filipinas empezaron a llenarse de rebeldes enviados a trabajar allí. Sin embargo, eso tenía sus riesgos. En junio de 1835, unos 150 irregulares carlistas capturados en combate en Cataluña y Aragón fueron deportados a Cuba, donde tendrían que trabajar en un cuartel. Sin embargo, durante la travesía se amotinaron en el barco, con el conde de Romagosa a la cabeza, y pidieron asilo en Gibraltar. Al final los británicos enviaron la embarcación a Málaga, donde Romagosa fue ejecutado, y el barco reemprendió rumbo hacia Cuba. Sin embargo, los cautivos volvieron a amotinarse y terminaron atracando en Orán, y de allí los prisioneros consiguieron llegar a diversas costas, entre ellas las de Gibraltar y Francia, tras lo que muchos volvieron a España a luchar en el norte[163]. El cautiverio era otra forma de «frente tranquilo», y claramente inaceptable para algunos.

Tal vez el aburrimiento sea lo peor para los que están atrapados en una primera línea inactiva, a la vez que es algo que une a ambas guerras civiles. En las trincheras de la Guerra Civil Española había aburrimiento, frío y hambre (esto último sobre todo en el bando republicano). El sueldo de los nacionales era menor que el de los republicanos, pero, en términos relativos, la retaguardia de los primeros estuvo mejor abastecida conforme fue avanzando la guerra. Por lo tanto, los nacionales que luchaban en el frente recibían paquetes de comida de sus casas, lo cual no era tan habitual en la zona republicana, en la que los ciudadanos estaban cada vez más famélicos. El reparto equitativo de comida era un factor vital para lograr que hubiese cohesión en las unidades, y a ese respecto los nacionales tuvieron ventaja a lo largo de toda la guerra. Ese bienestar material también incluía el uso de hoteles de San Sebastián, que se adaptaron para recibir a soldados nacionales convalecientes. Aun así, la ocupación no fue muy alta, ya que la mayoría de ellos preferían pasar tan valioso tiempo de baja con sus familias[164].

La confraternización se convirtió en algo habitual, por ser las primeras líneas muy extensas y no contar en proporción con hombres suficientes si se comparan, por ejemplo, con las del Frente Occidental de la Primera Guerra Mundial. A menudo se concertaban treguas en tierra de nadie para recoger la cosecha, intercambiar artículos que escaseaban en ambas zonas y periódicos, charlar e interesarse por familiares que estaban en el lado opuesto. El rato de la siesta también solía respetarse. Como es natural, los oficiales no estaban de acuerdo con esa confraternización, ya que daba rostro humano al enemigo (en su mayor parte, al fin y al cabo, reclutas) y socavaba las campañas de propaganda cuidadosamente planificadas, además de ser un peligro en potencia para poder contar con una verdadera cohesión entre las filas en el caso de que se llegara al enfrentamiento bélico de alta intensidad[165].

La retaguardia

La retaguardia

Ambas guerras civiles supusieron una interrupción de la movilidad normal de las personas en tiempo de paz, lo que afectó gravemente a sus actividades económicas, sociales y de ocio. Las guerras españolas siempre habían dado lugar a la toma de medidas contra el tránsito de sospechosos. Las autoridades patriotas de la Guerra de la Independencia ordenaron en julio de 1809 la detención de mendigos y otros supuestos maleantes[166]. En la Primera Guerra Carlista, la interrupción la provocó la guerra irregular; en la Guerra Civil Española, la plétora de controles internos montados por facciones rivales en la zona republicana y la militarización de la zona nacional. En 1936, la gente de derechas desafecta que tenía que decidir si huir y a dónde se encontró con unas condiciones mucho más acuciantes en los días y semanas previos a que estallara la guerra de lo que había ocurrido en 1833. A los que lo dejaron para cuando ya era demasiado tarde, e intentaron escapar de las zonas de control de los «rojos» después del 18 de julio de 1936, se lo impidieron los controles de carretera que surgieron por doquier fuera de los principales centros urbanos[167].

En ambas zonas de la Guerra Civil Española, la posición social se medía de acuerdo con la libertad y posibilidad de viajar. A diferencia de lo que sucediera en la Primera Guerra Carlista, las operaciones guerrilleras no suponían una amenaza sistemática, pero, en cualquier caso, nadie podía desplazarse muy lejos sin tener que pasar por controles internos de pasaportes. En la España nacional tener libertad para viajar era un privilegio social excepcional[168]. Si en la década de 1830 los caballos eran el medio de transporte más preciado, en julio de 1936 lo fueron los coches. Algunos miembros de las «comisiones de incautación», que se organizaron tras las líneas nacionales para confiscar los bienes de supuestos «rojos», se quedaban con coches para ostentar. Hasta los funcionarios de alto nivel tenían dificultades para conseguir un vehículo oficial, y se necesitaba un salvoconducto militar para salir en coche de la localidad propia[169]. El privilegio de la motorización también se dio en la zona republicana. Al fracaso inicial de la rebelión de San Sebastián le siguió la confiscación de los vehículos de los aristócratas veraneantes[170]. Pintaron esos coches con los acrónimos de varios grupos izquierdistas y se pusieron al volante de ellos conductores inexpertos. La moda de la automoción produjo un repunte de los accidentes de tráfico y de los daños a carrocerías, a menudo como consecuencia de la conducción en estado de embriaguez[171]. Frente a esa realidad, los carteles de propaganda anarquista llenaban las paredes de Barcelona con elegantes imágenes de transporte público colectivizado en las que coches, autobuses, tranvías y metros, pintados con los colores rojo y negro de los anarquistas, circulaban aparentemente sin problemas y sin daño alguno[172].

Hubo factores medioambientales que también dificultaron los desplazamientos en tiempo de guerra. La segunda pandemia mundial de cólera asoló la Península Ibérica en 1833-34. Los peores estragos de la enfermedad tuvieron lugar en julio de 1834, por lo que las autoridades pusieron en cuarentena a quienes procedían del sur (de acuerdo con la teoría de la transmisión por miasma que prevalecía) y las comunicaciones postales y comerciales con Portugal sufrieron graves retrasos por la cuarentena de la frontera[173]. Aunque cien años de avances médicos terminaron con las infecciones transmitidas por el agua, las matanzas en masa del verano de 1936 tuvieron un efecto colateral: el aumento de los animales callejeros. Los asesinatos masivos de gente que era enterrada en fosas poco profundas hizo que muchos perros que se habían quedado sin amo ocuparan las calles. Las fosas recién cavadas de los izquierdistas ejecutados en Burgos atrajeron la desagradable atención de esos perros, lo que llevó a algunas autoridades nacionales a exigir entierros más discretos[174]. Fuera de Toledo, las columnas milicianas del gobierno no tenían tiempo para enterrar a los camaradas caídos en combate, por lo que los dejaban en cunetas «donde yacían semanas, atacados por los perros de noche y apestando de día»[175]. El corresponsal del Daily Mail, Harold Cardozo, relató su interés por los muchos perros vagabundos que produjo la guerra en el frente de Madrid en diciembre de 1936, además de referirse a la prohibición de las autoridades militares de que se intentara cuidarlos por miedo a la rabia y a las manadas de perros salvajes:

Había dos perritas por allí. Una era un chucho negro, muy pequeña, vieja y asustada, que salía de su escondite a por un poco de comida. La otra, un cachorro amarillo de torpes patas, era víctima de guerra, pues un fragmento de proyectil le había alcanzado la cabeza dejándola ciega de un ojo. A principios de la guerra nos habíamos llevado perros y les habíamos encontrado casa, pero ahora había normas estrictas por las que a todos los perros callejeros que se vieran en el frente había que dispararles en el acto, ya que se temía que transmitieran la rabia y otras enfermedades. Sólo pudimos salvar la vida de estos dos animales, a los que encerramos en el sótano de la casa y dejábamos suficiente agua y comida cada vez que volvíamos a Talavera o Ávila.

El problema de los perros llegó a ser grave. Abandonados por sus dueños, con frecuencia se agrupaban en manadas salvajes y vagaban por el campo en busca de comida. Se sabía que tenían la costumbre de desenterrar cadáveres, por lo que se hizo necesario librarse de todos. Recuerdo que una noche en la Casa de Campo, mientras iba a por mi coche, tuve que espantar a media docena de bestias enormes que rodeaban a un burro muy asustado al que estaba claro que habían elegido para darse una buena comilona[176].

Cuando cada bando consolidó el control de sus respectivas zonas, el problema de los animales salvajes de ese verano se atajó sin contemplaciones.

Las guerras deterioran las relaciones humanas

Las guerras deterioran las relaciones humanas

Hubo familias que se vieron cruelmente divididas por cuestiones geográficas o de lealtad en ambas guerras. Muchas de ellas, hasta entonces unidas, quedaron separadas en julio de 1936 por la mera cuestión de las vacaciones de verano[177]. Quizá la principal de las diversas razones de que los soldados desertaran fuese que querían reunirse con parientes que estaban en la otra zona[178]. Incluso familias muy distinguidas fueron divididas por la guerra. En el lado cristino, Leopoldo O’Donnell, de treinta y tantos años y futuro presidente del gobierno de España, desafió a su familia ultracatólica luchando en el bando liberal en la Primera Guerra Carlista, pese a que había miembros de esa estirpe combatiendo en el bando carlista. En 1984 la historiadora Julia Gómez Prieto publicó una serie de cartas personales de unos habitantes de Balmaseda (Vizcaya) que mantuvieron correspondencia durante la guerra carlista con familiares de Valladolid y Jerez. Durante el septiembre revolucionario de 1835, Alejandro Antuñano escribió a su hermano de Jerez quejándose del tinglado que tenían montado las fuerzas carlistas locales, que imponían unas tasas leoninas al tránsito de civiles y mercancías. Debido a eso, escribía Alejandro que «se empeñan en cobrarnos un Real cada libra, de suerte que tenemos que valernos como los contravandistas, por caminos estraviados y de noche, por safarnos de pagar un derecho tan excesivo, y aún así suele…»[179]. En momentos de intensa violencia, los castigos a quienes se saltaban los sitios eran extremos. En el verano de 1835, don Carlos decretó la pena de muerte para unos carteros cristinos que habían burlado el bloqueo de las ciudades asediadas del gobierno. A principios de agosto, los defensores de Vitoria se quedaron sin recibir noticias del mundo exterior después de que su cartero fuese capturado y ejecutado por los carlistas[180]. En enero de 1836, un destacamento de la Guardia Nacional y de un regimiento de infantería fue masacrado al salir de Barcelona para escoltar el correo de Madrid[181].

A medida que los repetidos intentos de asedio de Bilbao se convertían en bloqueos generales, los carlistas también impusieron toques de queda draconianos alrededor de posiciones cristinas conocidas. Toda comunicación con Bilbao (un destino particularmente atractivo para los desertores de ambas guerras) fue prohibida so pena de muerte, como lo fue el acercamiento sin autorización a menos de media legua del radio de las posiciones cristinas. Estas medidas lo único que hicieron fue sustituir un problema por otro, ya que las ganancias obtenidas castigando la deserción se perdían por el trastorno económico que provocaba la ordenanza de zonas prohibidas. Del mismo modo, los cristinos incrementaron su práctica de la guerra total metiendo en la cárcel a parientes de conocidos combatientes carlistas que estaban en su poder, y multándolos con 120 reales al mes hasta que sus familiares dejaran las armas. Espartero moderó esas duras condiciones tomando algunas medidas humanitarias, como fue el relajar el decreto de contrabloqueo de diciembre de 1835 que prohibía exportar cualquier mercancía al entorno carlista de Bilbao. A sabiendas de los graves perjuicios, potencialmente contraproducentes, que los ejércitos estaban causando a los civiles, Espartero dejó que pasara comida y otro material no militar[182].

En el verano de 1835, la actividad de las bandas carlistas se recrudeció según se fueron debilitando las operaciones de contrainsurgencia de los cristinos durante la revolución liberal. La permeabilidad del control territorial del gobierno afectó al tráfico normal de civiles que viajaban en diligencia. Por mucho que el joven escritor Larra se jactara de haber sobornado a carabineros carlistas para pasar de Francia a España por los Pirineos, pocos funcionarios civiles cristinos se atrevieron a hacer lo mismo conforme avanzó la guerra[183]. Aunque el comandante en jefe Fernández de Córdoba anunció en enero de 1836 que la carretera de importancia estratégica que unía Vitoria con Madrid, vía Lerma y Aranda, volvía a estar abierta para los servicios de correos y diligencias, la revolución del siguiente verano acabó de nuevo con la seguridad de ese camino[184]. Los esfuerzos del gobierno para mantener abiertas las comunicaciones por carretera aumentaban en proporción a la importancia de los mensajes. Cuando en febrero de 1836 Mendizábal disolvió las Cortes, la noticia fue llevada a provincias despachando simultáneamente a 256 mensajeros, para evitar tanto que los rebeldes pudiesen interceptar a todos los enviados como que surgieran rumores o conspiraciones en lugares concretos[185].

Cien años más tarde, al gobierno de la República le fue más fácil establecer su control territorial, sobre todo después de la ofensiva contra los colectivos y milicias anarquistas que dirigieron los comunistas. Los principales impedimentos para el control gubernamental eran la separación del territorio del norte y, de aún mayor gravedad por la importancia de Barcelona, el que los nacionales aislaran Cataluña de la zona central tras su avance a la costa mediterránea hasta Vinaroz en abril de 1938. A los funcionarios del gobierno que tuvieran asuntos de que tratar en alguna de las otras zonas se les siguió permitiendo viajar en avión, pero solo en vuelos nocturnos, ya que la supremacía aérea de los rebeldes sobre su territorio impedía los movimientos de día[186].

En ambas guerras las autoridades de las dos zonas de España tuvieron muy en cuenta los ejemplos históricos recientes de movilizaciones bélicas del pueblo. En la Europa tanto de principios del siglo XIX como del XX, las desagradables consecuencias de la radicalización de la gente tras ser armada preocupaban a las élites políticas, que no olvidaban lo ocurrido en las revoluciones francesa y rusa, respectivamente. Al iniciarse las hostilidades en 1833, las autoridades liberales de Madrid, en principio moderadas, hicieron caso omiso de las exigencias radicales de que se movilizara de verdad a las milicias, tendentes a la revolución. En 1936 se dio una situación similar en el espacio de cuarenta y ocho horas. En ambas guerras civiles, el resultado de la movilización masiva fue la radicalización de la violencia callejera en la retaguardia. Una vez que esa movilización masiva estuvo en marcha, las pretensiones ideológicas oscurecieron el debate sobre los motivos del enemigo. Los liberales de la década de 1830 procedían de una tradición muy reciente que celebraba la soberanía del pueblo y, por lo tanto, veían con recelo la necesidad de cualquier militarización. Sin embargo, la paradoja es que «el pueblo» de esa década parecía ser más carlista que liberal. Del mismo modo, en los años treinta del siglo XX los izquierdistas no consiguieron ver más allá de su mezcla de ilusiones, en la que los guerreros republicanos eran «el pueblo» y los nacionales unos meros reclutas. El comunista británico William Rust estaba convencido de que esos reclutas nacionales estaban dispuestos a rendirse, e incluso lo deseaban[187].

Lo cierto es que una severa disciplina, en combinación con la imposición de la ley marcial desde el principio de la sublevación, hacía que la rendición o la deserción de las filas nacionales fuese mucho menos probable de lo que los comentaristas de izquierdas pensaban. Incluso la milicia de retaguardia de los rebeldes (llamada a veces irónicamente la «Milicia Nacional», pese al ejemplo revolucionario de la del mismo nombre de la Primera Guerra Carlista) mostró mayor cohesión que las milicias republicanas en las primeras semanas. El comunista Arthur Koestler fue testigo del reclutamiento de gente para esa milicia nacional en una Andalucía sumida en la pobreza, donde sólo se ofrecía un sueldo de tres pesetas al día, o un 30 % de lo que se pagaba a los milicianos del gobierno. De los treinta míseros candidatos que se presentaron ante la comisión de reclutamiento de los nacionales en la recién conquistada Sevilla a finales de agosto de 1936, solo cinco (y analfabetos) fueron admitidos. A cualquiera de «carácter sospechoso» o con un atisbo desafiante en la mirada se le excluía, lo que también ocurría con quien tuviera algún contacto definible con ideas revolucionarias. Según Koestler, eso demostraba que la rebelión de Franco carecía de apoyo popular[188]. No obstante, lo que podía ser cierto en el caso de los reclutas embrutecidos de la Andalucía recién conquistada, no lo era en todas las zonas de la España nacional. Un estudio de las milicias de retaguardia de Galicia (que de inmediato se pronunció a favor de los sublevados en julio de 1936) muestra una imagen más amable, en la que alrededor de un 15 % de reclutas de La Coruña y un 35 % de Santiago eran de clase obrera[189].

Los nacionales mantuvieron alta la moral de sus tropas con el plan de las «madrinas de guerra», las cuales se carteaban con soldados solteros o con aquellos que no podían ponerse en contacto con sus familias por encontrarse estas en zona enemiga. Algunos soldados podían flirtear así con mujeres sin que eso tuviera una tacha moral, puesto que ellas estaban por lo general muy lejos de ellos, y no ya solo en España, sino incluso a veces en países extranjeros amigos como la Italia fascista y, lo que es de destacar, en Japón, en cuya embajada hubo una avalancha de candidatas. Los republicanos quisieron implantar un plan similar más adelante, pero se les pasó el entusiasmo inicial al sospechar que la correspondencia podría ser una forma de espionaje (y además se suponía que los comisarios políticos censuraban las cartas)[190]. No parece que existiera ningún proyecto similar en los tiempos menos alfabetizados de la Primera Guerra Carlista.

Del bienestar moral de los soldados se ocupaban los capellanes en el caso de los rebeldes de ambas guerras, y los comisarios políticos en el de los republicanos en la Guerra Civil Española. El capellán que servía en la Legión Extranjera de Franco, Fernando Huidrobo, pensaba que las guerras carlistas del siglo XIX habían sido providenciales por «haber mantenido viva una llama ardiente»[191]. A los soldados cristinos de la Primera Guerra Carlista sólo se les permitía que buscaran guía espiritual en aquellos sacerdotes que aceptaran el derecho de Isabel a reinar, pero tales sacerdotes escaseaban en la mayoría de las zonas de lucha. El anticlericalismo moderno privó en la década de 1930 al ejército del gobierno de capellanes, que fueron sustituidos por comisarios. Siguen existiendo algunas dudas sobre la función exacta de esos comisarios. Aunque no fueron creados por el PCE, los comunistas eran mayoría entre ellos (por más que también había comisarios políticos socialistas, anarquistas, sindicalistas y republicanos de izquierdas), e insistían en que su misión consistía en defender el Frente Popular. Los comisarios explicaban a los reclutas republicanos por qué había que hacer la guerra, y venían a ser verdaderamente el equivalente actualizado de los capellanes del otro bando. La propaganda moderna y, en muchos casos, excesivamente intelectualizada de los periódicos de trinchera que repartían los comisarios no parece que tuviera gran efecto a la hora de mantener la moral de las tropas, sobre todo por lo que respecta al «ejército olvidado» de la República, el de Extremadura[192]. De hecho, se diría que los periódicos de cuatro páginas sin imágenes de la Primera Guerra Carlista contribuyeron mucho más, para bien o para mal, a influenciar el comportamiento de los soldados que en esos otros tiempos más alfabetizados de la Guerra Civil Española. La misión de los comisarios, propia del siglo XX, con frecuencia se veía obstaculizada por problemas de los reclutas que eran más propios del XIX, como cuando tenían que dar más clases de higiene básica de las que esperaban. No obstante, en otros sentidos los comisarios ejercieron claramente un impacto positivo. Fueron responsables de un impulso a la educación por medio de los «milicianos de la cultura», lo que ayudó enormemente a la alfabetización de los soldados, incluso entre los heridos que desde mayo de 1937 se pudieron beneficiar de la iniciativa de dotar de bibliotecas a los hospitales[193]. A partir de finales de 1938, sin embargo, esos esfuerzos quedaron contrarrestados por la escasez de papel de periódico, lo que impidió que éstos llegaran tanto a soldados como a civiles en la zona republicana[194].

De tales esfuerzos no se podían beneficiar los que no podían o no querían luchar. El papel de los comisarios no era solo educativo, sino también coercitivo, por lo que dedicaban buena parte de su tiempo a sancionar deserciones y decidir si las incapacitaciones médicas eran reales o fingidas. Había reclutas a los que, ya fuera porque las revisiones las hacían médicos compasivos u otros que estaban a favor de los insurgentes, se declaraba no aptos para el servicio. Hasta los honrados tenían más probabilidades de perder la salud en tanto en cuanto, y, a diferencia de los reclutas nacionales a los que se relevaba con mayor frecuencia, pasaban más tiempo en primera línea. Además, a excepción del ejército de la zona norte aislada de la República (que terminaría por caer en manos de los nacionales en octubre de 1937), por lo general los reclutas republicanos servían en lugares muy alejados de sus hogares, con lo que podían ser más proclives a la deserción. Como ocurriese en la Primera Guerra Carlista, el problema de la deserción se volvió tan grave que en varias ocasiones se ofrecieron amnistías para intentar rebajar el número de casos que se acumulaban. La justicia militar de la Guerra Civil Española incluía castigos como el de ser enviado a batallones de castigo —que se dedicaban entre otras cosas a construir fortificaciones— para faltas del tipo de desobedecer a un oficial, y el desvío del 90 % del sueldo de un soldado condenado a su familia. Las decisiones de los tribunales tenían que ser aceptadas previamente por los comisarios, pero estos no podían pronunciarse una vez dictada sentencia[195].

Por encima de todo, los comisarios eran una cuestión política para el gobierno de la República, cuyo aparato del estado, reforzado a partir de mayo de 1937, dependía en buena parte de los comunistas. Al ministro socialista de la Guerra, Indalecio Prieto, no es que le molestara la institución de esa comisaría política en sí, sino el dominio de los comunistas sobre ella y su uso propagandístico. Así pues, intentó equilibrar la composición de sus miembros para que también estuviesen representados otros partidos del Frente Popular, y aprovechó las ocasiones que se le presentaron para imponer la disciplina del estado a algunos comisarios comunistas (el caso más famoso fue la degradación de Francisco Antón, el amante comunista de veintisiete años de edad de La Pasionaria). En cualquier caso, sigue abierta la cuestión de si la lucha interna entre los comisarios comunistas y otros grupos del Frente Popular prolongó la guerra, aunque la respuesta se inclina en sentido afirmativo con respecto a la decisiva Batalla del Ebro de julio de 1938, en la que los comisarios comunistas desplegaron su actividad más intensa[196].

El apogeo de la militarización

El apogeo de la militarización

Los comisarios de mayoría comunista encabezaron la iniciativa de pedir la militarización de todos los combatientes, lo cual los implicó en una controversia que dividió a la izquierda, tal y como ocurriese en la década de 1830. En la Guerra Civil Española, las milicias que se enfrentaban al ejército nacional liderado por los africanistas se integraron en el ejército regular republicano. Tanto la izquierda liberal de 1830 como la izquierda republicana de 1930 se dividieron en bandos a favor y en contra de la militarización. Esta ganó esa batalla interna de la izquierda a partir de 1836 y 1937 respectivamente, pero con distintos resultados. El PCE, con su «Quinto Regimiento», que presentó como modelo para el «Ejército Popular» republicano, estuvo a la vanguardia de una política de militarización que los comunistas ya empezaron a proponer en fechas tan tempranas como noviembre de 1936[197].

Del mismo modo, las exigencias de la guerra obligaron a ambos bandos a llevar a cabo una militarización en la Primera Guerra Carlista. El defensor de la militarización máxima era el general moderado Fernández de Córdoba, que estuvo al mando del Ejército del Norte entre las revoluciones de 1835 y 1836. Su estrategia de bloqueos fue igualada por el general rebelde Nazario Eguía, que reorganizó las fuerzas carlistas en divisiones, brigadas y operativos de reserva, y también supervisó la construcción de líneas defensivas entre los ríos Ebro y Arga. Esos trabajos de fortificación se intensificaron durante la tregua del invierno de 1835-36[198]. La España cristina nunca estuvo tan militarizada como en 1836-37; tras la expedición de Gómez había 207 414 hombres en armas de todas clases y naciones, y 14 308 de caballería. Las bajas y las deserciones habían reducido la Legión Francesa a 857 hombres, la Legión Británica a 1452 y 222 de caballería, y los granaderos portugueses y los caçadores de Oporto a 1528 (otras unidades portuguesas habían vuelto a su país para reforzar al régimen liberal contra la facción absolutista de Portugal). Pero, por otro lado, estas estadísticas no se corresponden con el verdadero ánimo bélico y la capacidad de la España liberal, en la que solo Espartero infundía verdadero respeto y disciplina entre sus filas[199]. En cambio, las tropas carlistas alcanzaron su mayor número al final del conflicto: a principios de 1839 contaban con unos 70 000 hombres por toda España, lo que tal vez incluyera a alrededor de 15 000 guerrilleros[200].

La guerra de desgaste que tuvo lugar cerca de la costa del norte subrayó la importancia de las acciones que se desarrollaban al borde del mar, mientras que la Cuádruple Alianza intentaba con su bloqueo que los sublevados no recibieran ayuda por vía marítima. En medio de las dos campañas para hacerse con Bilbao, los carlistas también quisieron conquistar San Sebastián en el invierno de 1835-36. Sin embargo, la ciudad se mantuvo fuerte gracias a que su gobernador movilizó a todos los hombres disponibles y a la intervención de la Marina Real británica[201]. Veteranos milicianos de Bilbao fueron llevados a San Sebastián a bordo de barcos de la Marina Real, y los británicos también colaboraron con los defensores de la ciudad disparando proyectiles de un alcance máximo de 1600 metros contra los rebeldes[202]. Se enfriaron las relaciones con los cada vez menos entusiastas franceses después de que estos se negaran a aceptar la petición de lord Hay de que «apartaran» sus buques de guerra durante su bombardeo de Pasajes, en poder de los carlistas[203]. En comparación, la cooperación e incluso solidaridad entre las tropas cristinas y las naves británicas transcurrió sin complicaciones. Esa solidaridad también fue característica de la Guerra Civil Española en la defensa de localidades concretas. Sin embargo, al igual que en esa guerra (en el caso del acuerdo traicionero del Cinturón de Hierro de Bilbao), dicha solidaridad no se extendió a las relaciones entre civiles y militares en la Primera Guerra Carlista. La reconstrucción de las defensas de Bilbao después del primer asedio fue exasperantemente lenta, debido a una disputa económica entre las autoridades cristinas de la ciudad y las militares[204]. La disputa se intensificó hasta el punto de disminuir la provisión de alimentos y la paga de las guarniciones defensoras. Dos regimientos cristinos de Bilbao se sublevaron en la primavera de 1836, tras lo cual unidades de otras localidades siguieron su ejemplo[205].

A la larga, en la Primera Guerra Carlista la militarización del bando del gobierno no afectó solo al frente principal del norte, sino también a la insurgencia de Cabrera en el este, cada vez mayor, y, lo que fue de crucial importancia, a la crisis provocada por el bandolerismo en toda la zona gubernamental. En efecto, la anarquía de los bandoleros, que a menudo decían ser paramilitares al servicio de uno de los bandos, parece que fue uno de los factores que contribuyeron a que el gobierno se apresurara a ofrecer a los carlistas algo mejor que su rendición incondicional. Hay constancia de que, a partir de 1836, hubo en Valencia un aumento enorme de ejecuciones de bandoleros capturados por las fuerzas del gobierno, número que alcanzó su punto álgido durante la «paz» de 1840[206]. A las élites locales les desesperaba ese estado de anarquía. El inspector de Guadix (Granada) exigió refuerzos del ejército para luchar contra los «desertores y criminales» que extorsionaban a los campesinos del lugar[207]. Cerca de Málaga, los propietarios, las autoridades municipales y el clero elevaron una petición a Madrid para que mandaran refuerzos contra un azote similar. Una vez enviados los refuerzos, los agradecieron y pidieron aún más tropas para «acabar con esas bandas»[208]. Los firmantes criticaban la ley del 25 de abril de 1821 que permitía que los criminales evitaran la jurisdicción militar entregándose a las autoridades civiles para ser juzgados por ellas[209].

Después de que los moderados ganaran las elecciones de noviembre de 1837, la militarización fue llegando a las ciudades conforme se fueron imponiendo estados de sitio a las capitales de provincia. Las Milicias Nacionales, de tendencia izquierdista, se subordinaron resignadas a la disciplina del ejército o bien se disolvieron por completo, a veces como resultado de conspiraciones o acciones violentas. Se creó entonces un Ejército de Reserva para disgusto del general Espartero, que quería disponer de recursos plenos para lo que consideraba el fundamental frente del norte. El gran rival de Espartero, el general Ramón Narváez, estaba al mando de esa reserva. A lo largo de todo 1838, Narváez consiguió a grandes rasgos someter a las bandas rebeldes que asediaban el sur de Castilla y Andalucía, pero la lucha principal siguió a cargo del Ejército del Norte, que continuó agotando a un País Vasco carlista cada vez más abatido. La reivindicación de la primacía del frente del norte se vio ayudada por el propio Narváez cuando tuvo que huir al exilio tras su fallido intento de sublevación popular contra Espartero en Sevilla[210]. La eficacia y fama de Espartero aumentaron en el transcurso de 1838. Desde que venciera a la «expedición Negri» de los rebeldes a principios de ese año, se habían incrementado sus apoyos. Se quejó de manera muy notoria de que el gobierno no cumpliera con su obligación de aprovisionar a su ejército, lo que le ganó el afecto de sus hombres (y llegó a pagar a muchos de ellos de su propio bolsillo y del de amigos y familiares). Hablaba en términos de «nación», no de «partido», y exigía que todos los ministros de la Guerra de ahí en adelante fueran militares y no políticos. El «Bonaparte español», apodo tanto de cariño como de insulto, identificaba claramente la causa del ejército con la del país. Espartero mandó una petición a las Cortes en la que hablaba de ir a Madrid en persona (es de suponer que a la cabeza del ejército). El gobierno, asustado, intentó comprarlo con honores, dignidades y otros anzuelos, pero Espartero, que ya tenía experiencia previa como presidente, había abrazado la causa del liberalismo marcial. Sus peticiones, formuladas en tono popular, fueron leídas con avidez por sus hombres[211]. Desde la dimisión y muerte de Espoz y Mina en 1836, no había surgido ningún caudillo liberal que rivalizara con Espartero. Su habilidad militar (aunque limitada) y el florecimiento en esa misma época del movimiento romántico español, que veía a ese hijo de un carretero como la encarnación de la voluntad popular, pusieron a Espartero en el centro del interés de la opinión pública y en el de los programas y conspiraciones de izquierdas para conseguir el cambio político[212]. Cuando el principal frente carlista se rindió en el verano de 1839, Espartero se convirtió en el héroe liberal indiscutible de esa paz.

El enemigo en casa

El enemigo en casa

Otro fenómeno unió a los frentes de batalla de ambas guerras civiles españolas. El del «enemigo en casa» existió tanto en la realidad como en la imaginación paranoica de los habitantes de las zonas controladas por el gobierno. El sublevado general Mola popularizó el término «quinta columna» en la lengua inglesa. Su promesa, en el invierno de 1936, de que una «quinta columna» del interior de Madrid abriría las puertas de la ciudad a sus fuerzas atacantes ciertamente representó la visión política, si bien no el valor, de una gran parte de las clases adineradas de la capital. Allí, buena parte del «terror rojo» ocurrió incluso antes de que los rebeldes iniciaran su asedio. Una vez que empezaron a bombardear Madrid, los nacionales tuvieron cuidado de no alcanzar el selecto barrio de Salamanca, por el enorme número de simpatizantes suyos que aún sobrevivían y que se suponía que seguían residiendo en él, ya fuera en sus propios hogares o en alguna de las muchas embajadas extranjeras que todavía hoy abundan en esa zona[213].

Madrid también tuvo sus «enemigos en casa» cien años antes. Jerónimo Merino, al igual que luego Mola, se ganó el apoyo de los carlistas. La frustrada marcha de Merino sobre Madrid en el invierno de 1833-34 hizo que muchos realistas desafectos se fueran de la capital para incorporarse a sus filas, y que la restablecida prensa liberal pidiese que se convocara a la Milicia Nacional del Trienio[214]. Cuando en septiembre de 1837 las fuerzas carlistas llegaron ante Madrid, un agente napolitano, que operaba desde una casa segura de Alcalá, actuó de mediador en un plan frustrado para abrir la capital a la ocupación carlista y concertar una reconciliación dinástica que pusiera fin a la guerra[215]. Esa Expedición Real carlista a Madrid de 1837 se basaba en parte en la creencia de que las clases pudientes de la capital estaban hartas de revoluciones y se pronunciarían a favor de la entrada en su ciudad de don Carlos. El corresponsal extranjero del Morning Herald, periódico partidario de los carlistas, que se encontraba en Madrid en 1836, pensaba que tres cuartos de la población «respetable» de la capital estaban de parte de don Carlos[216]. Pese a esa afirmación de Burke Honan, la clase respetable de Madrid no lo libró de que fuese hostigado en el clima revolucionario de 1836 y expulsado a Portugal, después de que el embajador británico se negara a darle protección diplomática[217].

Por más que a lo largo de la mayor parte de la Primera Guerra Carlista Madrid no estuviera expuesta a ninguna amenaza carlista del exterior, los revolucionarios a menudo desconfiaban de las embajadas y legaciones extranjeras que tenían dentro. Cuando el presidente del gobierno radical, Mendizábal, tomó en enero de 1836 la medida, que no parecía presagiar nada bueno, de disolver las Cortes, el anterior presidente moderado, Martínez de la Rosa, se refugió en casa del encargado de negocios danés al circular el rumor de que se conspiraba para asesinarle[218]. Sin embargo, mientras que en la Primera Guerra Carlista la hostilidad de los diplomáticos fue ambigua, en la Guerra Civil Española fue descarada. Después de julio de 1936, casi todos los cuerpos diplomáticos destacados en España se pasaron al bando nacional. La mayoría de las embajadas extranjeras en Madrid dieron cobijo a derechistas que escapaban de la violencia revolucionaria[219]. A diferencia de Villiers cien años antes, el embajador británico, Henry Chilston, apoyó a los rebeldes. A principios de 1938, la embajada británica acogió encuentros secretos de la única organización quintacolumnista oficial de los nacionales, el SIE o Servicio de Inteligencia Español. Era un lugar seguro para llevar a cabo la orden de Franco de que se unificaran los partidos de derechas clandestinos en uno solo, la FET y de las JONS[220]. La actividad quintacolumnista aumentó conforme fue creciendo el derrotismo en la zona del gobierno, hasta el punto de que el descubrimiento de alijos subterráneos de armas era a menudo noticia en los periódicos[221]. El acto más espectacular de sabotaje tuvo lugar en enero de 1938, cuando los sublevados detonaron un depósito de armas en uno de los túneles del metro de Madrid, lo que causó una explosión que se cobró las vidas de unas 400 personas[222].

Mientras que las instituciones diplomáticas de primer nivel fueron motivo de controversia en la Guerra Civil Española, en la Primera Guerra Carlista la controversia rodeó a los consulados. Los cónsules ocupaban un puesto ingrato, ya que a menudo eran españoles que carecían de la seguridad de las embajadas de Madrid. Después de que Cabrera atacara el puerto de Benicarló, que estaba en manos del gobierno, consiguió detener el bombardeo de un buque inglés al informar de que tenía como rehén al cónsul británico del lugar[223]. Los españoles que hacían la función de vicecónsules británicos en Cartagena y Santoña precisaron de intervención diplomática en las revoluciones de 1835 y 1836 para impedir que las milicias locales los alistaran en sus filas[224]. Los revolucionarios que se hicieron con el control de Barcelona en enero de 1836 detuvieron a un tal O’Shea, un ciudadano británico que servía de cónsul a la Rusia pro-carlista, al que sólo pusieron en libertad tras una intervención diplomática de alto nivel[225]. Al año siguiente, la poderosa Cámara de Comercio de Málaga pidió a las Cortes que pusieran fin a la inmunidad a las leyes nacionales de la que disfrutaban los españoles que eran cónsules de países extranjeros, citando ejemplos de algunos que se habían acogido a su estatus de cónsules para evitar el reclutamiento y el tener que hacer préstamos[226]. La preocupación por los enemigos en casa indica que los frentes de batalla iban acompañados de frentes internos, y a eso dedicaremos ahora nuestra atención.

2. Los frentes internos de las guerras civiles españolas

CAPÍTULO 2

LOS FRENTES INTERNOS DE LAS GUERRAS CIVILES ESPAÑOLAS

Esta situación de guerra civil, provocada por el señoritismo holgazán y explotador que se niega a perecer, tiene sus iniciales directas en la barbarie y crueldad del carlismo fanático del pasado siglo, que los descendientes del cura Merino […] hiena con sotana, han resucitado con fiereza inaudita[227].

Legados constitucionales

Legados constitucionales

Tanto la constitución de 1812 como la de 1931 concedían la mayor parte de la potestad a la asamblea legislativa, lo que dejaba unos poderes judicial y ejecutivo débiles y dependientes[228]. Era tal la falta de un poder ejecutivo fuerte y estable, que se ha llegado a formular la contundente argumentación de que el apoyo al carlismo en la Primera Guerra Civil se basaba en el deseo de que se impusiera el autoritarismo como fórmula para alcanzar la estabilidad[229]. El ministro de Justicia del gobierno cristino de 1835-36, Álvaro Gómez Becerra, se quejó de que la todopoderosa asamblea legislativa invalidaba las decisiones de jueces y magistrados sin que existieran verdaderas salvaguardas como en Francia. No se trataba sólo de que «nos devora la guerra civil [sino que] y lo que es peor, los inscritos en las listas liberales están separados en partidos, y esto produce una segunda guerra», la cual hacía caso omiso de las supuestas garantías constitucionales. Aún peor era que, llegado 1839, el poder militar, libre de cualquier atadura, había impuesto estados de sitio incluso en zonas en que no era necesario, con lo cual las autoridades militares se hacían con las competencias de las civiles y ordenaban la ejecución de quienes tal vez fueran inocentes, al tiempo que ponían en libertad a quienes tal vez fuesen culpables[230]. Ese intervencionismo militar lo tenía aún más fácil por la debilidad del poder ejecutivo en ambas guerras civiles. La constitución de 1812 era famosa por constreñir al rey, y las revoluciones de 1835 y 1836 despojaron a María Cristina de la mayor parte del poder que en teoría ostentaba. Para entonces, el escritor y crítico Blanco White, exiliado voluntariamente en Inglaterra, ya estaba convencido de que «España era incurable» y necesitaba desesperadamente un Senado en el que «los nobles sirvan al Estado en lugar de ser el pueblo sus esclavos» y, de acuerdo con el modelo británico utilitario que tanto le impresionaba, garantizase «estabilidad política, que es un fuerte elemento de cohesión entre los miembros de la misma comunidad»[231].

Del mismo modo, la constitución de 1931 limitaba el poder del ejecutivo y hacía menos claras las distinciones entre poder judicial y legislativo. A la única constitución española a la que se parecía esa carta magna era a la de 1812, y los argumentos radicales en defensa de una estructura unicameral mostraban grandes similitudes con los de los «exaltados» de 1835. La soberanía del pueblo era «indivisible», y con una cámara alta, o incluso con un poder ejecutivo independiente, se correría el riesgo de dar pie a los abusos de la monarquía de Alfonso XIII, que eran comparables a los de Fernando VII y a las pretensiones de don Carlos de cien años antes[232]. A la abdicación de Alfonso XIII en 1931 le siguió el procesamiento, al que se dio mucha publicidad, de figuras vinculadas al rey y su dictador, de un modo que superó con creces a la persecución en la década de 1830 de los seguidores de Calomarde, y que tuvo como resultado que se alejó a derechistas posibilistas por las investigaciones inconsistentes sobre sus «responsabilidades». Mientras que los militares golpistas republicanos de 1930, Galán y García Hernández, eran loados, el intento de golpe de estado en 1932 de un general de derechas provocó una oleada de persecuciones por parte del poder legislativo[233]. Del mismo modo, el gobierno de derechas de 1933-36 se aprovechó del poder legislativo dominante para perseguir a opositores políticos. Por más que la impotencia judicial fuese una repetición de las controversias de la Primera Guerra Carlista, en la década de 1930 contribuyó a polarizar la política incluso antes de que empezase la guerra civil. En 1933, un diputado del CEDA fue enviado a prisión tan solo por instar a los campesinos a restringir el cultivo de trigo en vista del precio fijado por el gobierno de izquierdas para ese cereal[234]. Los presidentes Alcalá-Zamora y Manuel Azaña prácticamente vieron la política desde fuera. El primero, católico, fue acusado por los sublevados de «traición deshonrosa» por negarse a usar su capacidad ejecutiva contra el Frente Popular[235]. A José Antonio Primo de Rivera, el fotogénico mártir del movimiento nacionalista que fue ejecutado en noviembre de 1936 mientras estaba preso del gobierno, se le recuerda como líder del fascismo español. En sus primeras incursiones en política, en la Unión Monárquica de los años treinta, pidió que se fortaleciera el poder ejecutivo[236]. Esa llamada a tener un gobierno fuerte no fue exclusiva de los rebeldes. La anarquista Emma Goldman se regocijó de que «no haya surgido ningún dirigente destacado como Lenin o Trotsky, sino que son las propias masas las que se han levantado desde lo más profundo de la tierra»[237], pero los líderes republicanos moderados eran mucho menos optimistas a ese respecto. El general Miaja lamentó que la Segunda República no fuera presidencial y que la mayor parte del poder lo tuvieran las Cortes[238].

Similitudes revolucionarias entre 1835-36 y 1936

Similitudes revolucionarias entre 1835-36 y 1936

En ambas guerras, los frentes civiles de las zonas del gobierno experimentaron una radicalización política que alteró la actitud hacia la propiedad privada y las autoridades locales. Mientras que la Primera Guerra Carlista provocó la primera revolución de importancia al cabo de casi dos años de lucha, el estallido de la Guerra Civil Española ocurrió casi a la vez que la «Revolución española» que tuvo lugar en la zona republicana. Considerado a un nivel superficial, no hubo ninguna revolución en el verano de 1936, ya que el gobierno republicano siguió al mando de la nación. Sin embargo, los rebeldes justificaron su conspiración de 1936 alegando que había que impedir una auténtica revolución de la izquierda; en cualquier caso, ambos bandos fomentaron una gran ironía con sus consideraciones políticas. Por mucho que dijeran los nacionales, no hubo ninguna auténtica revolución de la izquierda que precediera a su sublevación, sino que más bien fue posterior y, sobre todo, en respuesta al fallido golpe de estado. Dos días después de la rebelión, el nuevo gobierno de Giral armó a los trabajadores[239]. El que la auténtica revolución de la Primera Guerra Carlista no empezara a los dos días del comienzo de la guerra, sino a los dos años, muestra que ese conflicto en sí fue un motor para la radicalización en mayor grado que la Guerra Civil Española, en la que los orígenes de la polarización en dos bandos se remontaban a mucho antes de julio de 1936.

No obstante, la comparación de los sucesos de 1835-36 y 1936 revela un patrón similar en lo que se refiere a políticas revolucionarias. La radicalización de la revolución liberal de 1835-37 coincidió con la mayor escalada y alcance de la violencia bélica, igual que ocurrió en el periodo de julio de 1936 a mayo de 1937. En plena guerra carlista, el estado cristino consiguió mantener su autoridad, e incluso canalizar muchas de las quejas de los militantes, dando más poder a las juntas y las milicias. En cambio, un siglo después el pueblo en armas fue la vanguardia de las revoluciones que se desarrollaron por lugares concretos de toda España en el verano de 1936, operando formalmente fuera de los parámetros de la autoridad del estado. Eso se reflejó en las actitudes hacia la propiedad privada. Mientras que en la Primera Guerra Carlista pocos dirigentes revolucionarios defendían la socialización de la propiedad privada, y ni siquiera creían en ella, en 1936 se declaró que prácticamente todo, de cigarrillos a hoteles y coches particulares, era propiedad del pueblo[240]. No está claro hasta qué punto (si es que lo hacía en absoluto) ese «idealismo» describía también a los revolucionarios de la década de 1830. Lo que sí está claro de ambos conflictos es que las guerras podían dar poder de pronto a los que no lo tenían. Eso no solo se manifestaba en forma de saqueos y violencia, sino también en los castigos burocráticos con los que se quería humillar a los enemigos de clase que antes de la guerra los humillaban a ellos. De ese modo podemos entender la participación popular en los fugaces regímenes carlistas de Córdoba y otras ciudades conquistadas a los cristinos en 1836. En 1936, los que no tenían poder se enorgullecían de confiscar las galas de los ricos, de usar sus coches con fines «oficiales» (lo que incluía asesinatos extrajudiciales) y de transformar los mejores hoteles en comedores de beneficencia. La venganza de los que no tenían poder también se dirigió contra los gobiernos que intentaban adaptarse a las circunstancias. Del mismo modo que los radicales de mediados de la década de 1830 clamaron contra el cripto-carlismo de algunos miembros del gobierno, los militantes de clase obrera de 1936 dieron rienda suelta a su furia por el «legalismo» de la República asediada[241].

Buena parte de ese radicalismo fue el resultado de cinco años previos a la guerra en los que se sucedieron los fracasos a la hora de abordar cuestiones de justicia social. Como afirma un insigne experto en la reforma agraria de la República: «La magnitud de la amenaza que la ley agraria suponía para las clases terratenientes era tal que no podían permitir que se llevara a cabo, del mismo modo que la magnitud de las promesas hechas al campesinado también era inaceptable»[242]. Aunque la implementación de la Ley de Reforma Agraria no fructificó —en diciembre de 1934 sólo 12 260 campesinos habían sido reasentados en 11 368 hectáreas de tierras, que por lo general eran de mala calidad—, la derecha hacendada pensaba que sus privilegios adquiridos y su supremacía económica corrían un terrible peligro por culpa de unos socialistas que, con su constitución, estaban decididos a acabar con el sistema capitalista[243]. Se extendió masivamente entre la derecha terrateniente la idea de que la enajenación de tierras a sus propietarios simbolizaba una victoria «roja»[244]. Sin embargo, en lugar de intentar apaciguar a los terratenientes, la falta de diligencia de la coalición republicana provocó una reacción de derechas que se vio alimentada gratuitamente por el ataque a la iglesia, lo que llevó al crecimiento de la CEDA[245]. La derecha rebatió la Ley de Reforma Agraria de septiembre de 1932 por considerarla revolucionaria y no conocer la compleja realidad de la agricultura española. Lo que se necesitaba, según la CEDA, era una política gubernamental en la que, de forma gradual y usando escasos fondos del estado, se fueran comprando los mayores latifundios para su redistribución, al tiempo que se llevaba a cabo una modernización a largo plazo para resolver el problema del paro agrícola[246]. El gobierno de derechas de 1933-36 frustró los pocos avances que se habían hecho, y aunque en los cinco meses en tiempo de paz del gobierno del Frente Popular de 1936 hubo redistribución de tierras tanto por parte del ejecutivo como de las masas, en verano ya poco se podía hacer para que no se produjese una reacción revolucionaria al alzamiento del ejército nacional.

En ambas guerras civiles, Barcelona se convirtió en la ciudad más revolucionaria de la zona del gobierno. Su población nominal de 113 780 habitantes en 1829 aumentó de forma exponencial con la afluencia de refugiados de la Primera Guerra Carlista[247]. Las ciudades en poder del gobierno se llenaron de refugiados hambrientos. El diputado por las Cortes, Castell, habló allí en abril de 1836 de «centenares de emigrados, que por la palidez de su rostro, su color casi cadavérico, su voz lánguida y sus pasos trémulos, llevan sobre sí todas las señales de la proximidad de su muerte»[248], tras lo cual cargó contra los clérigos rebeldes. Aunque Mendizábal quería abolir los diezmos por completo, la desastrosa situación de las finanzas del estado dictó que eso no podría suceder hasta 1841, y entretanto solo se reducirían a la mitad. Sin embargo, la población cristina radicalizada no estaba dispuesta a financiar a una iglesia que le presentaban como el enemigo. Durante el verano de 1836, los recaudadores de diezmos de la provincia de Toledo fueron abucheados y atacados, sin que las autoridades locales pudieran hacer nada para protegerlos[249]. Hubo que emplear el estado de sitio para recaudar los diezmos en la provincia de Málaga en el verano de 1838[250]. Al año siguiente, ciudadanos de esa provincia se movilizaron en masa en contra del pago de diezmos, en una acción que empezó en Motril (Granada) antes de extenderse a otros pueblos. En esa ocasión, la negativa generalizada a pagar hizo que no sirviese de nada la intervención de un batallón de infantería que tenía la misión de proteger a los recaudadores[251]. Cuando las autoridades del municipio de Carataunas (Granada) intentaron saltarse la huelga, los habitantes de Cáñar respondieron con una cencerrada, en la que quemaron muñecos de alcaldes anteriores y del que había entonces[252].

Cataluña y la mayor parte de Aragón fueron escenario en 1936 de una revolución anarquista contra la propiedad; es decir, las mismas regiones que habían vivido una especie de guerra social cien años antes. Las campañas carlistas en el Maestrazgo se habían resentido al ser derrotados sus grupos dispares uno a uno, pero en marzo de 1835 comenzó una ofensiva rebelde importante después de que Cabrera fusionara las fuerzas de Quílez, Torner, Forcadell y Añón en una de 900 hombres. El 30 de abril de 1835, el capitán general cristino de Aragón, Antonio María Álvarez, respondió a esa nueva amenaza con más penalizaciones. Se impondría una multa de 320 reales a cada familia o, en el caso de que sus miembros estuvieran ausentes o no pudieran pagar, se impondría a su zona, por cada individuo que se pasara al bando carlista. La mitad del importe de la multa se entregaría a la Milicia Urbana, y la otra a los Cuerpos Francos de vigilancia. Cien años después, fueron los rebeldes, más que el gobierno, quienes organizaron grupos de vigilancia que atemorizaban a los jornaleros «rojos» del campo. En 1835 se ofreció una amnistía de treinta días para que esos hombres volvieran (aunque tendrían que pagar igualmente la multa). Álvarez también impuso una prohibición draconiana a la exportación de material de guerra a cualquier parte de Navarra, aparte del bastión cristino de Tudela. Sin embargo, si Álvarez pensaba que podía superar a Cabrera en crueldad, estaba muy equivocado. El 23 de mayo de 1835, Cabrera cayó sobre Caspe, próspera ciudad liberal de 7500 habitantes a 14 leguas de Zaragoza[253]. Cinco urbanos capturados fueron fusilados, y la ciudad sometida a un amplio saqueo. Cuando la noticia de esas atrocidades llegó a Zaragoza, aumentó allí la ira anticlerical[254].

Incluso lejos de las primeras líneas, las gentes de los pueblos se aprovecharon de la situación bélica para hacer valer sus derechos de propiedad. Llevaban cinco años siendo sometidos a una propaganda que identificaba clericalismo con carlismo. En Íllora (Granada), a ochenta kilómetros al noroeste de donde tenían lugar los disturbios por los diezmos, se dio otro tipo de activismo. Los habitantes del lugar invadieron repetidas veces la gran finca que las Cortes habían entregado al duque de Wellington en 1814 por los servicios prestados en la Guerra de la Independencia. Según el administrador de la heredad, el general José O’Lawlor, a los habitantes del pueblo no les parecía ningún delito robar en las tierras de un extranjero. Estos habitantes del lugar llevaban mucho tiempo afirmando que O’Lawlor se había aprovechado del caos de las décadas de 1820 y 1830 para expropiar tierras que excedían con mucho lo que les habían concedido las Cortes. Habida cuenta del problema de la oposición tory a la Cuádruple Alianza, el capitán general de Granada se encargó en persona de garantizar rápidamente la seguridad de la finca de Wellington[255]. A ciento treinta kilómetros al este de esa finca, las gentes de Ohanes (Almería) reafirmaron su «economía moral». Su derecho tradicional a compartir la escasa agua del río Chico con el pueblo vecino de Canjáyar quedó interrumpido en diciembre de 1836 cuando el alcalde de esa localidad ejerció la autonomía local de que disfrutaba, por cortesía de la revolución de 1836, para construir una presa que dejaba sin agua a sus vecinos. La larga disputa legal que siguió se vio truncada por el héroe local, José Solsona, el cual destruyó la presa y se atrevió a comparar a las autoridades de Canjáyar con carlistas que merecían ser deportados. Al final de la guerra hubo un intento de reconstruir la presa que fue impedido por una muchedumbre. La gente de un pueblo venció a la de otro, despreciando la ley y dejando constancia del tipo de rivalidades entre distintas comunidades que caracterizaría a muchos colectivos anarquistas en la década de 1930. No hubo ninguna gloria en todo eso para el alcalde de Ohanes, que quedó totalmente apartado de la polémica[256].

Cien años después, en el verano de 1936, se desmoronó la autoridad del bando del gobierno, que solo consiguió restablecer con mucho esfuerzo. Los «tribunales populares» revolucionarios se instauraron el 26 de agosto, y sus competencias también incluyeron al ejército a partir del 15 de septiembre, con lo que invalidaron a los oficiales en mucha mayor medida que la «misión de representantes» que las Cortes enviaron a los ejércitos cristinos en 1836-37. El 16 de febrero de 1937, el presidente Largo Caballero dio un gran paso para reafirmar el control del estado al establecer tribunales separados que se ocuparan de los asuntos militares, y Negrín amplió el control estatal de la justicia militar con el SIM (Servicio de Información Militar) del 9 de agosto de 1937[257]. La recuperación del poder por parte del gobierno en 1937 se pareció de muchas formas a la de 1837.

En ambas guerras civiles hubo en las zonas del gobierno dos fuentes de opresión política, la legislativa y la militar. A partir del verano de 1835, Cataluña estuvo sometida a la insurgencia de los rebeldes carlistas en el occidente rural y a una revolución radical en las ciudades. Muchos nobles y otras personas adineradas huyeron a Francia. Las autoridades revolucionarias confiscaron los bienes de esos emigrados, con lo que ampliaron en una dirección sectaria una práctica que hasta entonces se reservaba para castigar a conocidos carlistas[258]. El gobierno levantó el estado de sitio de la región el 5 de noviembre de 1836, pero la justicia sumaria contra «actividades conspirativas y anticonstitucionales» continuó exenta de la jurisdicción civil normal. Madrid estuvo en estado de sitio durante toda la administración progresista de 1836-37. En noviembre de 1836, hizo falta la oposición conjunta del embajador británico y de las partes más mesuradas de progresistas y moderados para bloquear la exigencia de los radicales de que se ampliara la justicia revolucionaria. Proponían que los tribunales juzgasen a los carlistas y los sentenciaran a muerte sin posibilidad alguna de apelación. Villiers condenó la ley porque «legalizaría la gratificación de la venganza personal y sólo serviría para dar más fuerza a las filas del aspirante al trono y los huidos»[259]. Al final se rechazó la ley, pero más por razones pragmáticas que por cuestiones de principio. Se consideró que una enmienda por la que se permitía un límite de quince días para apelaciones era insuficiente. Docenas de habitantes rurales que habían sido capturados durante la persecución de la expedición del carlista Gómez afirmaron haber sido secuestrados por el enemigo en contra de su voluntad, y, como sus hogares se encontraban en ocasiones a más de ciento cincuenta kilómetros del lugar en que habían sido retenidos, era muy difícil encontrar testigos[260].

Aunque esa radicalización de la política fue impresionante, palidece en comparación con la combinación de revolución y terror que se apoderó de la zona republicana en 1936. El estallido de la guerra civil propició que el poderoso movimiento anarquista español se vengara de sus «opresores» poniendo en práctica de forma literal su principio de la guerra de clases[261]. Aunque es cierto que el «terror rojo» produjo nuevos patrones de violencia, sería una exageración afirmar que las clases obreras de la zona republicana apoyaban lo que hacían los militantes más combativos. Para el historiador social Michael Seidman, el estallido de la Guerra Civil Española no cambió radicalmente las actitudes y comportamientos normales del millón de afiliados de la CNT. Para la mayor parte de la gente, que no estaba entregada activamente a la política, la guerra civil fue «un episodio de lamentable ingerencia pública en sus vidas privadas»[262]. Durante la Revolución, hubo oficiales de fábricas catalanas a los que les daba miedo oponerse a hombres a los que llamaban «granujas anarquistas», con lo que la producción disminuyó[263]. En cualquier caso, la Revolución Española tuvo una fuerte dimensión anarquista, hasta el punto de que unos 750 000 españoles se unieron a colectivos agrícolas, y tal vez un millón trabajaran en su equivalente industrial. Además, los anarquistas tenían razones tanto de seguridad como ideológicas para encabezar el régimen de terror contra supuestos quintacolumnistas, un terror que tuvo como resultado unos 80 000 asesinatos en el bando del gobierno[264]. Los admiradores extranjeros que habían acudido atraídos por la revolución obrera no solían tratar mucho sobre esa violencia. Para Hank Rubin, comunista norteamericano y brigadista internacional, el control de Barcelona por parte de los obreros era como una «fiesta» por su atmósfera jovial. Se aclamaba a los anarquistas como los amos de Barcelona por haber salvado a Cataluña de la rebelión de Goded, con lo que se elevó su perfil de fuerza defensiva efectiva, tanto en el sentido político como militar del término[265].

La imagen estridente de la revolución hizo que se exagerara hasta qué punto hubo un cambio. Solo alrededor del 18,5 % de toda la tierra de la zona republicana se colectivizó, y esta se cultivó en condiciones de lo que podemos llamar «egoísmo colectivo». Seidman identifica tres tipos de comportamiento individualista: el codicioso (acaparador), el emprendedor (dedicarse al politiqueo para obtener beneficios) y el subversivo (sabotaje, deserción, absentismo). Los colectivos se vieron abrumados por los problemas propios del localismo, y la República fue incapaz de lograr una estructura coherente en la que pudiesen operar. En la zona republicana, la población rural que se apropió de tierra o la recibió almacenaba lo que producía, o vendía el excedente en el mercado negro a precios inflados. En esa misma zona republicana, más del 80 % de los que se unieron a un sindicato o partido político lo hicieron después de empezado el conflicto, y por razones tan materiales como conseguir trabajo, casa y asistencia médica (para lo que cada vez fue haciendo más falta que se enseñara el carné del partido). La oleada de huelgas que había paralizado buena parte de la industria española tras la victoria del Frente Popular continuó después del inicio de las hostilidades[266]. El que la autonomía y colectivización anarquistas tuvieran un impacto muy desigual facilitó que los comunistas «contrarrevolucionarios» pudieran mantener su tendencia a centralizar la política, militarizar las milicias y reprivatizar muchos negocios que habían sido colectivizados. La prensa comunista preparó durante meses esa contrarrevolución de la propiedad pidiendo «respeto para las posesiones de pequeños comerciantes e industriales, pues son nuestros hermanos»[267].

Política regional

Política regional

La «justicia revolucionaria» que alteraba la zona del gobierno no se dio en el País Vasco, también bajo control republicano, y que a partir del 1 de octubre de 1936 tuvo su propio gobierno autónomo. El Estatuto de Autonomía vasco permitió la formación del primer gobierno autónomo de Euskadi, con Aguirre de lehendakari a la cabeza de un gabinete en el que había cinco representantes del nacionalismo vasco y otros cinco de partidos de izquierdas. Este nuevo gobierno vasco no introdujo cambios drásticos en la industria de Vizcaya, ni hubo nacionalizaciones o colectivizaciones en ninguna provincia. Esa moderación no gustó a las juntas revolucionarias de Asturias, que cada vez dependían más de Vizcaya para recibir ayuda económica; muchos allí veían a sus vecinos nacionalistas vascos como unos reaccionarios que estaban muy unidos a la iglesia. Los comunistas vascos pudieron escapar al control del Comintern y cooperaron plenamente con el gobierno de Aguirre, que se negó a poner el frente vizcaíno bajo el mando de la República. La industria y el ejército del País Vasco eran controlados independientemente, a diferencia de lo que ocurría en las vecinas Santander y Asturias, y las fábricas de Bilbao compraban carbón a Inglaterra en vez de a Asturias. Eso, unido a la propensión de Aguirre a dar a sus fuerzas (las Euzko Gudaroztea) órdenes que eran distintas a las que recibían otras tropas republicanas y a la presencia de curas vascos en el frente, produjo aún mayor desagrado a muchos de los aliados de izquierdas de los vascos[268].

Durante la guerra, Aguirre dio un discurso, en una de las sesiones que las Cortes celebraron en Valencia, en el que afirmó que la guerra civil era una lucha entre la democracia y el fascismo, y recalcó la completa identificación de los nacionalistas vascos con la primera. Habiendo recibido críticas del obispo de Pamplona por enfrentarse a los nacionales, Aguirre también dijo que Cristo ayudaba a los débiles y no a los poderosos. Para él, los nacionalistas vascos católicos estaban luchando por la libertad del pueblo vasco. Al mismo tiempo, el PNV prohibía que izquierdistas y quienes no fuesen vascos se unieran a sus milicias[269].

La asociación de los nacionalistas vascos católicos con la resistencia a la «cruzada» de los sublevados nacionales marcó un claro contraste con el nexo vasco-carlista de la década de 1830. Una de las principales razones para la fuerza de los carlistas en el País Vasco era su defensa de la estructura medieval de España, y Navarra, como en menor medida las tres provincias vascas, eran los únicos lugares en que sobrevivían los fueros pre-modernos. El enemigo eran los castellanos centralizadores, y de hecho algunos contemporáneos entendieron la Primera Guerra Carlista como la lucha de los vascos por conseguir la libertad[270]. Sin embargo, a esa interpretación la debilita el hecho de que también se dieran procesos análogos en el bando del gobierno. La revolución de 1835 de las juntas enfrentó a la periferia con el centro, y aunque en la mayoría de las zonas la «soberanía» proclamada por las juntas provinciales no fue más que un intento de hacerse con el poder basado en la retórica, en otras zonas de España esa «soberanía» provincial tuvo más sentido, por contar con una tradición autonómica más reciente. Las juntas de Valencia, Aragón y Cataluña propusieron formar una federación que imitase el modelo pre-absolutista de los Habsburgo[271]. En el resto de España, las juntas tenían motivos más prosaicos para proclamar su autonomía del gobierno central. En Málaga, la petición de voluntarios para defender la provincia cayó tan en oídos sordos que, en su lugar, se desembarcó de galeras a 500 convictos con tal fin, para ser dirigidos por un delincuente del lugar de tan mala fama que las élites locales recibieron muy bien las ordenanzas centralizadoras del presidente del gobierno, Mendizábal[272]. La revolución de 1835, como volvería a ocurrir en la de 1936 por lo que se refiere a la famosa Columna Durruti, proporcionó oportunidades a algunos delincuentes para que se aseguraran una tapadera política para sus nefarias acciones. Así pues, en 1835-36 la periferia actuó en contra del gobierno central por diversas razones.

La otra región de alto desarrollo económico de España, Cataluña, disponía de una autonomía moderna en la década de 1930 que era muy distinta a la de cien años antes, en los albores del catalanismo tal y como lo conocemos. La Primera Guerra Carlista dio inicio a un proceso de catalanismo que culminó en la Guerra Civil Española. Este fenómeno otorga una nueva dimensión de «primera gran causa» y «última gran causa» que vincula a las guerras civiles españolas. De hecho, como demostró Angel Smith recientemente, en los años 1770-1814 se dio meramente el crecimiento de una identidad catalana «provincial» que, más que disminuirlo, reforzó el naciente nacionalismo panhispánico. El catalanismo de importancia empezó con la Renaixença de la Primera Guerra Carlista, asociada sobre todo con Víctor Balaguer[273]. Incluso entonces el catalanismo era verdaderamente españolista, ya que los catalanes liberales dieron todo su apoyo al gobierno central en su lucha contra los carlistas en el extremo occidental de Cataluña. No obstante, el renacimiento de la identidad catalana durante el primer conflicto llevó a un sentir propio más complejo y diferenciado que, en la década de 1890, ya sería irreversible.

Así pues, en los años treinta del siglo XX Cataluña se convirtió en el principal paladín de la periferia (Barcelona) contra el centro (Madrid). La llegada de la República en 1931 fue recibida en el bastión barcelonés de la CNT por Lluís Companys, gobernador civil republicano y catalanista, con un gesto hacia los anarquistas: organizó la destrucción de los archivos policiales[274]. Esa apresurada muestra indulgente de antiautoritarismo fue el reflejo exacto de la reacción de la élite al radicalismo popular de cien años antes. Al radicalizarse las opiniones de izquierdas por la guerra civil, los gobernadores provinciales cristinos montaron quemas públicas de registros policiales[275]. Cuando las juntas alzaron a Mendizábal al poder, éste abolió los aborrecidos pasaportes internos que había establecido en 1824 la que entonces fue la primera policía a nivel nacional de España[276]. Sin embargo, una vez que empezó la guerra en julio de 1936, el control del gobierno central perdió fuerza rápidamente. Como hemos visto, en el País Vasco se aprobó el Estatuto de Autonomía. En Cataluña la Generalitat sacó el máximo partido de las competencias que se le habían transferido, y el presidente Companys encabezó una administración, dominada por anarquistas y catalanistas de izquierdas, que rechazaba la centralización de Madrid.

Política contrarrevolucionaria

Política contrarrevolucionaria

Pese al resurgimiento regional, ya se estaban desarrollando contrarrevoluciones en las zonas del gobierno de ambas guerras civiles muchos meses antes de que llegaran a hacerse visibles. En la Primera Guerra Carlista, la revolución alcanzó su punto máximo en el periodo de las juntas, entre septiembre de 1835 y la primavera de 1836, cuando el presidente Mendizábal fue reafirmando gradualmente el control centralista del estado. Por esa razón, la revolución de 1835 ha interesado más a los historiadores que la revolución de La Granja de 1836, cuyas interpretaciones van de la liberal del siglo XIX a la marxista del XX y la revisionista del XXI. Un historiador liberal como Pirala celebró que las juntas fueran elegidas por «el pueblo», por más que sólo votaban ciudadanos activos (milicianos y contribuyentes acaudalados), y quitó importancia a la violencia política que fue unida a la supremacía de esas juntas. Sin embargo, el que se recurriera a menudo a una violencia sin rumbo es lo que marcó la pauta para que el gobierno central reafirmara su control. La única potencia extranjera mínimamente favorable a la revolución liberal fue Gran Bretaña. Aun así, el embajador Villiers lamentó la escalada de violencia de ese verano: «El gobernador civil y el militar de Tarragona han sido linchados en el mar, la gente de Badajoz se ha unido para echar a todos los curas de la ciudad, otros siete curas han sido asesinados en Murcia, y en Madrid se ha proclamado la Constitución de 1812». Unos 150 refugiados procedentes del campo, así como marineros, cayeron muertos a manos de las Milicias Urbanas que reprimían los disturbios de Barcelona tras el linchamiento de Bassa[277]. Al igual que en las jornadas de mayo de 1937, la revolución de las juntas de septiembre de 1835 tuvo todas las características de ser una guerra civil dentro de una guerra civil. Los generales del gobierno se armaron de valor y con gran celo sometieron a las revoluciones radicales-liberales de los centros urbanos; fue de vital importancia que el Ejército del Norte no se pasara al bando de los revolucionarios de septiembre de 1835.

En el verano de 1836, María Cristina intentó impedir que la revolución llegara más lejos, fundamentalmente por medio de la destitución del presidente del gobierno Mendizábal, pero hubo de echarse atrás ante la revuelta progresista de los sargentos de La Granja que tuvo lugar en agosto. El general Fernández de Córdoba se vio obligado a exiliarse en el transcurso de la revolución que siguió. Ese «motín de los sargentos» en el palacio de verano de La Granja parece un anticipo de la toma plebeya de las calles de exactamente cien años después. Unos modestos sargentos —radicalizados por los atrasos en el cobro de su sueldo y en connivencia con la prensa de izquierdas, que detallaba la cobardía de la élite cristina ante el avance de la invasión del carlista Gómez, además de estar de manera extraoficial apoyados por el embajador Villiers, el cual se hallaba confabulado con el recién destituido Mendizábal— emitieron un pronunciamiento que obligó a la reina regente a jurar lealtad a la Constitución de 1812. Esa carta magna de carácter radical venía a ser prácticamente una declaración de guerra a la Europa de Metternich. Las autoridades radicales prometieron acabar tanto con los carlistas como con los supuestos apologistas de éstos del Partido Moderado, cuyos bienes fueron confiscados con la misma rapidez que los de la burguesía en el verano de 1936. Hubo revolucionarios franceses que acudieron a España, en donde ya no operaba el control de pasaportes internos y la vigilancia de las sociedades secretas se había relajado. El gobernador ayacucho de la capital proclamó que «tiene que imponerse la guillotina en Madrid y en todas las capitales de provincia de España»[278]. No obstante, entre bastidores los líderes de la revolución decidieron moderar su extremismo. Ya en octubre el presidente del Consejo de Ministros, Calatrava, manifestó su deseo de refrenar la Constitución de 1812 con la creación de una cámara alta[279]. En enero de 1837 se introdujo la posibilidad de un veto real de carácter suspensivo en anticipo del que tendría el Senado, cuya creación recogería seis meses más tarde la Constitución de 1837[280]. Además, el apoyo británico, tan necesario, no aumentó sensiblemente tras la revolución de La Granja. El embajador Villiers siguió rechazando conceder el empréstito que Mendizábal, entonces ministro de Hacienda, llevaba un año pidiendo a Gran Bretaña. Villiers replicó que el gobierno español ya se había excedido de la línea de crédito que tenía para importar armas británicas, y que «debería poner fin a la guerra, ya que no encontraba generales que no fueran cobardes e ineptos del mismo modo que no encontraba dinero»[281]. Lo cierto es que el gobierno de las revoluciones de 1835 y 1836 hizo todo lo que pudo para restablecer el poder central y frenar a los radicales que protestaban en las calles.

La influencia moderadora de la Constitución de 1837 permitió al gobierno controlar a esos radicales. Los servidores públicos que habían sido despedidos a partir de agosto de 1836 por negarse a jurar lealtad a la Constitución de 1812 podían ahora ser rehabilitados, siempre que no fuesen carlistas o hubieran cometido algún delito grave, y jurasen lealtad a la nueva Constitución de 1837[282]. Esa carta magna de 1837 era en general progresista, pues reconocía la autonomía de los municipios y condecía el voto en las elecciones locales a todos los dueños de una casa. No obstante, también tenía rasgos moderados, como eran la instauración del Senado, el veto suspensivo de la corona y un sufragio muy restringido (aunque directo). Esto último permitió a los moderados ganar las elecciones de noviembre de 1837 y, a partir de ahí, completar una contrarrevolución que llevaba desarrollándose a trancas y barrancas desde la designación en 1835 de las «milicias móviles». Cabe destacar que los gobernadores provinciales impusieron la ley marcial en las ciudades con tendencia a apoyar la revolución.

Tampoco es que los moderados se salieran siempre del todo con la suya. Cuando el comandante de la Milicia Nacional de Cádiz, Carlos Azopardo, fue encarcelado en diciembre de 1837 por participar en un intento de sabotaje de las elecciones, los hombres que servían a sus órdenes se reunieron en el centro de la ciudad «gritando proclamas subversivas» y exigiendo la puesta en libertad del prisionero. Se declaró el estado de sitio, y tropas leales y milicianos de otros batallones consiguieron contener los disturbios, tras lo cual el tercer batallón fue disuelto junto con una sección de artillería también rebelde[283]. Los moderados conservaron el control político gracias a su mejor organización y a que sometieron a la Milicia Nacional, de tendencias izquierdistas, por medio de estados de sitio. El cónsul francés en Valencia observó, a raíz de las elecciones de 1838, que ambos partidos dinásticos estaban gastando entre 20 y 25 reales al día para comprar los votos de mendigos y desempleados. Como los moderados representaban por lo general a los terratenientes y hombres de negocios más importantes, podían hacer mayor uso de la coacción. El poderoso duque de Alba ordenó a sus subordinados que ayudaran a los moderados en la campaña de 1839, de manera que contribuyó a una victoria electoral con la que acabaría al año siguiente el progresista duque de la Victoria, Baldomero Espartero[284].

Las jornadas de mayo de Barcelona

Las jornadas de mayo de Barcelona

En ambas guerras, la prueba más dura para el ejército fue la sofocación de revoluciones en Barcelona. La supresión de las juntas de 1835 y la modificación en 1836 de la Constitución de 1812 no acabaron con el radicalismo popular de esa ciudad. El 4 de mayo de 1837 sacudió Barcelona una sangrienta insurrección en la que murieron docenas de personas. Su inspirador fue Xaudaró i Fábregas, un agitador muy ducho en los vericuetos de las luchas intestinas radicales. Estando en el exilio, publicó en 1832 Bases de una constitución política, el programa para una república federal elegida por amplio sufragio y basada en asambleas legislativas provinciales, bicamerales y autónomas, que cederían la soberanía a Madrid[285]. Xaudaró radicalizó a sus seguidores con su proselitismo en el periódico El Vapor, cuya campaña de propaganda preparó a los radicales barceloneses para tomar los ayuntamientos en mayo de 1837. Al mando de un alzamiento secundario que tuvo lugar en Reus estaban personas importantes y soldados del lugar que seguían una serie de rituales, entre los que se encontraba la plantación de árboles de la libertad, a imitación de la Revolución Francesa. El capitán general Meer sofocó ambas sublevaciones y ejecutó a Xaudaró tras un consejo de guerra sumarísimo. No obstante, la ley marcial de Barcelona distrajo la atención del gobierno del avance de los rebeldes carlistas al oeste. Al final, el gobernador civil, Pastors, se vio obligado a rearmar a la Milicia Nacional de la ciudad, que Meer había disuelto a punta de pistola unas pocas semanas antes. Se acumularon los inconvenientes para las autoridades, ya que esa milicia rearmada fue incapaz de detener a los carlistas, pero supo muy bien agitar las calles y la prensa, lo que obligó al capitán general Meer a mantener la ley marcial en la ciudad hasta el fin de la guerra[286].

El trauma de Barcelona llegó tras dos años de agitación radical en el propio ejército. En marzo de 1836, el edecán del general Córdoba se quejaba del efecto nocivo de la revolución en la guerra contra los rebeldes: «Los exaltados son odiados por el ejército, sobre todo los exiliados que han vuelto […] nuestros sargentos y tenientes son presa de su revolución. […] Los liberales son los mejores amigos de los carlistas por lo que a la guerra se refiere»[287]. Cien años después, las élites del ejército comunista describirían de modo similar a los anarquistas como «ladrones vestidos de revolucionarios»[288].

A los dirigentes del ejército del gobierno les interesaba claramente suprimir la subversión de izquierdas. El suceso contrarrevolucionario más importante de la segunda guerra está relacionado con las llamadas jornadas de mayo de Barcelona de 1937. La chispa que provocó el levantamiento de barricadas por toda la ciudad ocurrió el 3 de mayo, cuando Rodríguez Salas, jefe de policía, tomó por orden de la Generalitat la central de Telefónica en la Plaza de Cataluña, que llevaba bajo control de la CNT desde julio de 1936[289]. George Orwell, en Barcelona por entonces, describió los hechos con la ayuda de unos amigos que se encontraban en la Plaza de Cataluña en esos momentos: «Varios camiones llenos de guardias de asalto armados llegaron al edificio de Telefónica, donde la mayoría de los trabajadores eran de la CNT, y la tomaron de pronto»[290]. Ese ataque a Telefónica, que fue visto como una provocación agresiva, llevó a que se levantaran barricadas por la ciudad. La lucha, sin embargo, fue ante todo defensiva, como se destaca en un mensaje de radio del activista de la CNT, Juan García Oliver, del 4 de mayo: «Todos debéis permanecer en vuestras respectivas posiciones […] pero debe haber un alto el fuego»[291].

De todos los implicados, el de los Amigos de Durruti fue el único grupo que abogaba abiertamente por continuar el conflicto, como indica su octavilla del 5 de mayo de 1937: «No cedamos la calle. La revolución ante todo. […] ¡Viva la revolución social! ¡Abajo la contrarrevolución!»[292]. Fue fundamental que el POUM, partido comunista no estalinista que, aunque pequeño, era influyente, reprodujese el texto en su periódico La batalla al día siguiente. La lucha terminó el 7 de mayo cuando el gobierno republicano envió 5000 soldados a Barcelona, y después varios miles más de refuerzos[293]. Esto lo corrobora una carta de Lois Orr, revolucionaria norteamericana que se encontraba en Barcelona en esos días de mayo: «Ahora el gobierno de Valencia ha intervenido y se ha hecho con el control, restableciendo el orden, etc. Ocho mil guardias […] han llegado de Valencia y patrullan las calles»[294].

Tradicionalmente se ha considerado a los comunistas españoles contrarrevolucionarios por su «entrismo» a partir de 1935 a través del Frente Popular y, sobre todo, por su represión en mayo del 37 de los anarquistas y los comunistas no estalinistas. En Unión Soviética, comunismo y revolución en España, sin embargo, Stanley Payne presenta una nueva perspectiva de los comunistas españoles, en la que aparecen más como revolucionarios que como contrarrevolucionarios. Según Payne, pararon la revolución «de abajo arriba» de 1936-37, pero no para presentar una imagen burguesa al mundo, sino para empezar su propia democracia «de arriba abajo», popular y estalinista, al igual que el modelo que se seguiría a partir de 1945 en Europa del Este. Como observa George Esenwein, esa tesis, pese a ser nueva y abrir nuevas posibilidades de estudio, no consigue rebatir el hecho de que las políticas del PCE, dentro del contexto de los años treinta, se pueden calificar muy legítimamente de contrarrevolucionarias[295]. Lo cierto es que el excomunista (y por lo tanto buen conocedor de las cosas) Franz Borkenau dejó constancia de la frustración que se sentía a la izquierda del movimiento socialista:

En el círculo de Largo Caballero hablan con especial amargura de los comunistas […] La Unión Soviética no nos es de más ayuda que Francia o Inglaterra; lo único que hacen es intrigar y fortalecer cualquier tendencia hacia el ala derecha del movimiento, para no poner en peligro el pacto franco-soviético por darse unas actitudes excesivamente revolucionarias en España[296].

No obstante, sigue siendo discutible que, para empezar, hubiera un alto grado de fervor revolucionario, y ninguna respuesta puede ser concluyente en tanto en cuanto la derrota del gobierno en 1939 nos priva de un resultado identificable como el de 1839. Los estados de sitio por parte de los moderados, por mucho que molestaran a los radicales, ayudaron a abrir el camino para la victoria de Espartero en 1839. La contrarrevolución de 1937 encabezada por los comunistas, en cambio, condujo a la derrota y a uno de los debates más polémicos de la historia de España.

Otra «contrarrevolución», o al menos centralización, tuvo lugar en la zona nacional desde el momento en que Franco consiguió plenos poderes en octubre de 1936 hasta que fracasó la última rebelión interna en abril del 37. A Franco le había venido muy bien que la Falange quedase decapitada al estallar la revolución en la zona republicana, donde se encontraban algunas de sus figuras principales, incluido su líder, José Antonio Primo de Rivera. Los carlistas, sin embargo, suponían un obstáculo distinto a la autoridad suprema de Franco, ya que su bastión de Navarra fue el único lugar de España en que los civiles se alzaron masivamente a favor de la rebelión. Una junta civil floreció en Pamplona, y en noviembre, bajo el liderazgo del «maximalista» Manuel Fal Conde, se lanzaron los planes para remodelar España de acuerdo con una línea corporativista y para crear una Academia Militar carlista autónoma. Franco tuvo que intervenir de forma drástica y, tras exiliar a Fal Conde so pena de muerte, el 20 de diciembre de 1936 militarizó a las milicias de la Comunión Tradicionalista carlista, a la Falange y a la CEDA, hasta entonces independientes[297]. Franco consiguió la militarización plena incluso antes de completar su misión política. Su Decreto de Unificación, de abril de 1937, fue un golpe maestro: la voluminosa Falange Española Tradicionalista y de las JONS parecía satisfacer a todos los gustos de derechas, pero en realidad estaban todos subordinados a Franco[298]. Este obtuvo una unidad de mando con la que sus predecesores de la Primera Guerra Carlista ni habrían soñado. El mando personal de Zumalacárregui del frente vasco se vio restringido por la llegada del pretendiente en julio de 1834, tras lo cual él mismo moriría al año siguiente. En el Maestrazgo estuvo en funcionamiento una administración rudimentaria a partir de 1836, supervisada por una junta carlista. Aunque con frecuencia Cabrera hacía caso omiso de sus decisiones y conservaba el mando único de sus fuerzas, en última instancia tanto la junta como él tenían que rendir cuentas ante el titubeante gobierno carlista de Estella[299]. No hubo ningún líder autoritario en el bando rebelde que aguantara toda la Primera Guerra Carlista, y aún menos en el periodo de posguerra. Franco, en cambio, disfrutó de un poder sin cortapisas hasta su muerte por causas naturales en 1975.

Las mujeres

Las mujeres

Las convenciones decimonónicas sobre el papel que correspondía a las mujeres en la sociedad europea impidieron que las españolas tuvieran una militancia activa en el conflicto de la década de 1830. Las ideas tradicionales de género parecían aplicarse doblemente en la España católica, lo que ha llevado a algunos historiadores a dar opiniones estridentes sobre la subordinación femenina. Según Jesús Cruz,

con la excepción de la Guerra de la Independencia, se excluyó a las mujeres de la esfera pública. Las barricadas aceptaban a pocas, y las Milicias Nacionales, el parlamento y los pronunciamientos a ninguna. No hubo ninguna española en esa época que ni se aproximara al feminismo de Mary Wollstonecraft u Olympia de Gouges. Agustina de Aragón y Mariana Pineda se convirtieron en símbolos universales sin el más mínimo contenido de reivindicación femenina[300].

Aun cuando la Segunda República garantizó el voto a las mujeres, tuvo que superar los enormes obstáculos que formularon algunos republicanos —e incluso algunas diputadas— al efecto de que por su religiosidad (o por su vulnerabilidad a ser manipuladas por los curas), las mujeres no estaban preparadas para ejercer el voto «con responsabilidad»[301]. Una vez vencida esa oposición, hubo igualdad legal absoluta entre hombres y mujeres. Fue un ejemplo destacado de activismo legislativo en un país con uno de los movimientos feministas más débiles de Europa[302]. Habida cuenta del carácter legislativo, que no de raíz, de esos cambios, no es de extrañar lo poco que se modificaron las actitudes sociales. Al igual que todos los comunistas, la mujer más famosa de la Guerra Civil Española, Dolores Ibárruri, defendía la lucha de clases, no la de género. La propaganda republicana apelaba directamente a la masculinidad de sus combatientes, al afirmar que solo la victoria militar podría proteger a las mujeres y a las familias de las violaciones y violencia de los nacionales. Pese a la igualdad legal entre sexos, el discurso republicano encomendaba a los hombres la protección de la familia[303].

Así pues, se diría que España no parecía el país europeo en que fuese más probable que se diera una revolución de género. Sin embargo, las cosas no son siempre iguales en la tierra del machismo por antonomasia. Antonio García Gutiérrez era en tiempos de la Primera Guerra Carlista un joven escritor y dramaturgo que escribió entonces sus primeras obras, en la que las mujeres actuaban de agentes de reconciliación entre hermanos enfrentados. Los románticos loaron la mitología de la participación femenina en asedios, la cual se remontaba al sitio romano de Numancia y a la invasión árabe. Pese a las convenciones decimonónicas, hubo mujeres que defendieron fortificaciones y barricadas en la guerra carlista. Esa guerra, tan prolongada e irregular, interrumpió el desarrollo normal de sus vidas y las llevó a realizar tareas que se suponían propias de hombres. Las mujeres y novias de milicianos del bando del gobierno tuvieron un papel fundamental en los asedios de diversas ciudades de Aragón[304]. Las que se veían atrapadas en primera línea se convertían en objetivos y reaccionaban en consecuencia. En el largo sitio carlista de Gandesa, la población civil, mujeres incluidas, se unió para defender la ciudad. Luisa Bará, a semejanza de la famosa Agustina de Aragón de Zaragoza, llevaba armas y comida a los defensores aun estando en la línea de fuego. El rebelde Torner hubo de recurrir al terror para sojuzgar a los habitantes del lugar, y ordenó que capturaran y encarcelaran a mujeres e hijas de milicianos de los pueblos vecinos. Los liberales replicaron encarcelando también a hombres y mujeres importantes de Gandesa que eran parientes de los carlistas que los asediaban. Gandesa se convirtió en símbolo de un heroísmo liberal en el que las mujeres desempeñaron un papel muy importante. De hecho, lo tuvieron en ambas guerras por lo que a sitios se refiere. Zaragoza protegió sus murallas del ataque carlista de 1838 con mujeres que lanzaban aceite hirviendo, lo que fue un anticipo de las sevillanas de clase obrera que defendieron sus calles contra Queipo de Llano en el verano de 1936[305]. Las guerras civiles, aún más que las internacionales, ponían en peligro los hogares, el dominio tradicional de las mujeres.

La historia del frente interno de cualquier guerra es en buena medida una historia de mujeres. Incluso la causa de ambas guerras civiles fue en parte una cuestión de género. En la Primera Guerra Carlista eso estuvo relacionado con lo que los rebeldes consideraron una «usurpación» femenina del poder. Hasta que en sus últimos años Fernando VII se casó con María Cristina, aquel fue incapaz de llevar a término las funciones reproductivas, y la descendencia que al final consiguió tener en octubre de 1830 no fue un varón, al que los carlistas habrían tenido que aceptar como heredero legítimo, sino la muy problemática princesa Isabel. Así pues, los carlistas se situaron en el bando sexista de la disputa dinástica, en la que el propagandista Luzuriaga proclamó que en España tenía que reinar un hombre y no una mujer, ya que «la simple razón natural dicta y enseña en todo el mundo que las mujeres no fueron criadas para mandar y gobernar a los hombres, mucho menos a naciones enteras, sino al contrario para ser gobernadas por estos. La debilidad del sexo, la cortedad de sus facultades físicas e intelectuales, la flaqueza de todo su ser, demuestran esta verdad»[306]. Aunque la cuestión de género no fue tan directa en el caso de la monarquía de la década de 1930, la abdicación de Alfonso XIII en 1931 fue ciertamente consecuencia de su exagerada masculinidad, la cual lo llevó a hacer unos alardes militaristas que tuvieron unos resultados que fueron desastrosos en Marruecos, así como para la constitución española.

En ambas guerras civiles, los cristinos y republicanos de tendencia política radical se negaron a extender su radicalismo a la esfera de las relaciones sociales y de género. Pese a las dudas, entre ellas las de algunas diputadas de las Cortes, la izquierda terminó por ampliar la emancipación legal de las españolas concediéndoles también el derecho al voto. Sus recelos estaban bien fundados. La aprobación del sufragio femenino en 1933 probablemente inclinó la balanza a favor de la CEDA en las elecciones de noviembre; estaba claro que no todas las mujeres querían ser «liberadas»[307]. Observa Helen Graham que «en un plazo de tiempo sorprendentemente corto, en uno de los países europeos con una sociedad y sistema de gobierno más atrasados, las mujeres se convirtieron en iguales legales de los hombres»[308]. No obstante, Graham también deja constancia de la persistencia de actitudes machistas recalcitrantes hacia las mujeres, que se dieron incluso en la CNT/FAI, la única organización de izquierdas con un compromiso inequívoco por la igualdad de sexos. Aunque las mujeres participaban en los grupos anarquistas y sus sindicatos, la utopía de la igualdad de género terminaba en cuanto cruzaban las puertas, ya que los hombres y la cultura machista dominaban en todos los sentidos. Dolores Ibárruri, dirigente del PCE, aceptó implícitamente ese dominio de los varones cuando dijo su famosa frase de que era mejor ser «viuda de un héroe que mujer de un cobarde». La escolarización generalizada de los niños liberaría en parte a las mujeres del cuidado de estos, pero, pese a las ambiciones radicales de los republicanos de izquierdas, solo se consiguió ampliar la educación laica de forma limitada. El trabajo en el campo impedía que muchos niños cursaran con regularidad la educación «obligatoria», de manera que sólo un 51,2 % de los que estaban en edad escolar iban a la escuela en el curso 1932-33[309]. También se legalizó el aborto, pero la crianza de los hijos siguió siendo una tarea exclusiva de mujeres, y luego tanto el aborto como otras técnicas de control de natalidad serían ilegalizados de inmediato en la dictadura de Franco[310].

Tras estallar la guerra, no cabe duda de que las mujeres de la zona republicana experimentaron una integración en esferas públicas que siempre habían estado reservadas a los hombres. El trabajo en las fábricas se añadió a las tareas tradicionalmente más femeninas de la labor social y la educación, y, sin embargo, incluso a esas mujeres «emancipadas» se les pagaba menos que a los hombres. Muy pronto surgió el eslogan de guerra republicano de «los hombres al frente, las mujeres a la retaguardia», y la propia líder del PCE, Dolores Ibárruri, explicó que el puesto de las mujeres estaba en esa retaguardia en la que serían más útiles a la causa bélica[311]. En cualquier caso, el grado de militancia femenina en el verano de 1936 se exageró por razones propagandísticas. La mayoría de las fotografías de mujeres luchando en el bando del gobierno eran montajes con el fin de reclutar hombres[312]. Y no es solo eso, sino que llegaron a arrepentirse de ellas. El auge que tuvo lugar en 1936 de propaganda que presentaba a milicianas se consideró contraproducente, porque contribuía a perder el apoyo de la opinión internacional y daba empuje a la propia propaganda de los sublevados, con lo que la producción y difusión de tales imágenes cayó de forma muy notable a partir de principios de 1937[313]. Aun antes de la orden del gobierno que obligaba a las mujeres a permanecer en la retaguardia, las milicianas solían encontrarse atrapadas en la «doble carga», tradicionalmente propia de su género, de tener que lavar y cocinar para sus camaradas varones[314]. George Felix, voluntario alemán, se encontró con que las milicianas «cocinaban, lavaban la ropa y daban primeros auxilios»[315].

Así pues, en general las mujeres siguieron desempeñando tareas tradicionales de género pese a ese aluvión inicial de propaganda igualitaria. Resulta irónico que en la zona nacional se diera el caso inverso. Pilar Primo de Rivera, jefa del medio millón de mujeres con que contaba la «Sección Femenina» de la Falange, repitió en febrero de 1938 la actitud sexista de la propaganda de la década de 1830 cuando afirmó que «lo que no haremos nunca es poner a las mujeres en competencia con los hombres, porque jamás llegarán a igualarlos y, en cambio, pierden toda la elegancia y toda la gracia indispensable para la convivencia»[316]. Sin embargo, el que se movilizara a medio millón de mujeres para que se dedicasen a actividades de retaguardia (hospitales, asistencia social, educación) demuestra que el estado rebelde dependía en gran medida de ellas, por mucho que la doctrina oficial las relegara al hogar. La loa que hizo un periódico a las «Margaritas» carlistas que se encargaban del hospital para veteranos «Alfonso Carlos», prácticamente era una disculpa por el hecho de que la guerra hubiese obligado a las mujeres a desempeñar papeles masculinos: «Qué celo, qué agitación en esta colmena en donde las obreras, abejas incansables, extraen la riquísima miel de su trabajo […] Bien puede decirse que la abnegación ha convertido a las Margaritas en costureras, maestras, químicas, enfermeras, oficinistas y radiólogas»[317]. En el mismo artículo se nombraba y daba las gracias varias veces al director del hospital, por más que no pareciese que dirigiera nada. Pese a las visiones contrapuestas de las mujeres republicanas y tradicionalistas, las contingencias de la guerra las abocaron a todas a desempeñar papeles públicos en ambas zonas de España. La emancipación dirigida por el estado produjo una invasión aún mayor del poder estatal en la esfera privada de las vidas de las mujeres: ellas no conquistaron la esfera pública, sino que fueron conquistadas por ésta. Las organizaciones de izquierdas les dieron papeles subordinados que concordaban con sus tareas domésticas. A las de derechas las movilizaron con fines conservadores y tradicionales por lo que a las diferencias de género se refiere. No deja de ser irónico que, pese a toda la retórica tradicionalista sobre la mujer, la «nacionalización» de las españolas que empezaron los reformistas republicanos fuese continuada incluso en la zona rebelde. Las mujeres de esa zona nacional tenían que recurrir a papeles femeninos tradicionales con tal de poder ejercer algún tipo de influencia sobre los hombres. Una enfermera que trabajaba en un hospital carlista, en el que trataba a prisioneros republicanos, evitó que se empleara la violencia contra ellos cuando un ataque aéreo del gobierno llevó a un soldado nacional allí refugiado a jurar que habría represalias. María Rosa Urraca, la enfermera en cuestión, apeló al sentido cristiano de la caridad del soldado no solo para convencerle de que no empleara la violencia, sino también para que compartiese sus raciones con los enfermos republicanos[318].

Esto no deja de ser significativo, ya que se puede observar un patrón similar en la Primera Guerra Carlista. Pese a la propaganda reaccionaria de sus autoridades, las mujeres carlistas a veces no solo ejercían su influencia, sino directamente el poder. La ofensiva final de Espartero en el este de España hizo que prácticamente toda la población masculina de Las Cuevas de Castellote (Teruel) huyese de allí en abril de 1840. Al ocupar el pueblo, a Espartero no le quedó más remedio que autorizar que fuesen mujeres quienes se encargasen de la administración civil. La nueva alcaldesa, según afirmó un periódico liberal, desempeñó mejor su trabajo que el alcalde carlista fugitivo al que había sustituido[319].

No obstante, por cada ejemplo de mujeres que ejercieron el poder hay varios más de mujeres convertidas en víctimas, y es probable (aunque imposible de calcular) que eso fuera en parte consecuencia de la propaganda de los sublevados. Los carlistas de la década de 1830, furiosos por la «usurpación» femenina del trono, produjeron una propaganda con tintes de género para movilizar a su «frente interno» (el fenómeno de los «ojalateros») y emascular al enemigo (una propaganda que llevó a la castración moral y a veces física de los cautivos). Un periódico carlista se quejaba en 1838 de que «hasta el bello sexo se ha desnaturalizado y degradado en la actual revolución, que ha arrancado de sus corazones las raíces de la timidez, compasión y ternura que le son tan naturales»[320]. Lo irónico es que las élites de izquierdas compartiesen esa misma preocupación moral. El artífice del anticlericalismo de la década de 1830, Juan Álvarez Mendizábal, crio a sus hijos como devotos católicos y condenó la «inmoralidad» de las relaciones entre sexos que produjo la guerra carlista[321].

Esa inmoralidad era notoria cuando los frentes de batalla llegaban a donde había mujeres. A las espías de ambos bandos se las fusilaba si eran descubiertas por el enemigo, y en cierta ocasión los carlistas ejecutaron a varias comerciantes que intentaban abastecer a la asediada San Sebastián. Como ocurriría en la Guerra Civil Española, se violaba a las mujeres «del enemigo» para emascular a los adversarios masculinos, se les rapaban a menudo las cabezas para humillar a sus maridos huidos, y ambos bandos usaban de vez en cuando a civiles, incluidas mujeres, como escudos humanos, sobre todo en la lucha mucho más sanguinaria del este de España[322]. Ambos bandos llegaron a caer en la violencia ocasional e incluso vengativa contra las mujeres. El ejemplo que describió el alemán von Rahden, que luchaba para los carlistas, de la «loca» de Montalbán (Teruel) ilustra los extremos de inmoralidad a los que se podían llegar en tiempo de guerra. Violada por un miliciano cristino en 1837, la mujer dio a luz a una niña, lo que hizo que fuese marginada por la población del lugar, en poder de los rebeldes. Cuando en abril de 1839 hubo una ofensiva del gobierno para reconquistar Montalbán, el tiroteo cogió a la «loca», que llevaba consigo a su hija, en la plaza del mercado. Los soldados de ambos bandos la identificaron y probaron puntería con ella; tal vez entre ellos se encontrara su violador, refugiado en un fortín en un extremo de la plaza. La «loca» y su hija fueron abatidas a tiros, y sus cadáveres en descomposición permanecieron en esa plaza varias semanas después de que los carlistas consiguieran repeler el ataque cristino, víctimas de los hombres de ambos bandos de la guerra civil[323].

El secuestro de mujeres era una táctica habitual para deshonrar al enemigo, sobre todo en regiones de la guerra carlista, como por ejemplo el norte de Cataluña, donde las filiaciones políticas dividían a pueblos vecinos e incluso a familias. Durante una campaña cristina contra una insurgencia de irregulares que operaban en la zona de la Cerdaña, cerca de la frontera con Francia, los carlistas quemaron el pueblo de Montellá Martinet, saquearon las propiedades de los liberales y secuestraron a mujeres de milicianos, por las que pidieron altos rescates. Cuando la noticia de ese ataque a su honor llegó a los milicianos que los perseguían, proporcionó un estímulo a su campaña, ya que ganaron por la mano a los carlistas derrotándoles y rescatando a las mujeres[324]. Otras se rescataron solas. La señora Millar, asistente de un sargento británico, fue la única superviviente de una emboscada carlista y, montando a caballo «a estilo masculino», cabalgó a galope tendido hasta las líneas del gobierno[325]. La naturaleza muy localizada de la guerra en la Vizcaya de la década de 1830 hizo que algunas mujeres se alistaran en unidades de la Milicia Nacional y, en el caso de Palencia, que hasta formasen su propia compañía, en la que no faltaban los uniformes, tambores, banderas y cañones. Su captura por parte de los carlistas en febrero de 1836, y la posterior petición de rescate, supuso un intenso bochorno para los cristinos, así como un golpe para los propios carlistas, en cuya propaganda, al fin y al cabo, prometían «redimir» a las mujeres revolucionarias en el caso de que la cercana Bilbao cayera en sus manos[326]. Eguía las desmovilizó rápidamente para evitar que sus tropas quisieran reclutarlas con fines siniestros, tras lo cual las encarceló y les puso una fianza de 3000 reales[327]. Eguía sabía que cualquier agresión sexual por parte de sus hombres podría socavar la disciplina de grupo. Cuando el puerto cristino de Lequeitio cayó en poder de los carlistas en abril de 1836, de nuevo se capturó a milicianas y se pidió rescate por ellas. La mayoría de ellas habían seguido a sus maridos y familiares en una evacuación por mar a San Sebastián, pero trece quedaron atrás[328]. El tema de las mujeres que combatieron en la Primera Guerra Carlista necesita de mucho más estudio, en marcado contraste con la Guerra Civil Española, pero podemos atribuir con precaución factores contingentes, económicos y familiares al alistamiento femenino en la lucha.

El bando del gobierno se mostró igual de despiadado a la hora de poner en el punto de mira a las esposas, madres e hijas de los rebeldes ausentes. A los carlistas que en el otoño de 1834 atacaron la «heroica» ciudad de Villarcayo (Burgos) se les advirtió de que se iba a identificar a sus familias para despojarles de todo lo que tuvieran, con el fin de compensar los daños infligidos a los bienes de los civiles que apoyaban al gobierno[329]. Conforme avanzó la guerra, se fueron tomando más medidas punitivas contra los familiares de los rebeldes. La ofensiva general de Espartero de finales de 1838 fue acompañada de las correspondientes sanciones a los civiles carlistas que caían en manos del gobierno. Los padres de los carlistas que estuvieran ausentes de Guipúzcoa serían condenados al destierro y al despojamiento de sus bienes, y varios de ellos incluso condenados a morir de frío; unas severas medidas que sólo se revocarían en el caso de que sus hijos se entregasen a las autoridades militares. El 23 de diciembre de 1838, la preocupada corte carlista pidió «medidas fuertes, enérgicas y vigorosas que eviten las terribles consecuencias que pudieran derivar de semejantes decisiones»[330].

En la Guerra Civil Española, los nacionales emplearon la violencia contra las mujeres en aún mayor grado que en la Primera Guerra Carlista. Por haber logrado igualdad de derechos con la República, las mujeres de ese bando habían «usurpado» el orden moral mucho más que sus antepasadas de la década de 1830. Tanto los carlistas de esa década como los nacionales de los años treinta del siglo XX veneraban a símbolos femeninos sin tacha de vírgenes, madres y monjas, e incluso la Virgen María fue nombrada Generalísima en ambas guerras civiles. Sor Patrocinio, joven monja mística que decía tener estigmas, daba consejo celestial a los rebeldes carlistas. Una investigación gubernamental concluyó que sus estigmas eran fraudulentos, tras lo cual fue desterrada a un convento muy alejado de la corte por un régimen revolucionario al que preocupaba el ánimo intangible que proporcionaba a la moral de los sublevados[331]. Como arma propagandística durante la primera guerra, el tradicionalismo carlista parece haber tenido un impacto desigual. Cabrera usó propaganda sexista para desmoralizar al enemigo. En febrero de 1839, lanzó un alegato a las tropas liberales pidiéndoles que rompieran filas, ya que María Cristina estaba vendiendo la plata de Palacio y se disponía a abandonar a sus seguidores a su suerte.

Por el contrario, los cristinos de la Primera Guerra Carlista y los republicanos de la Guerra Civil Española fomentaron los iconos femeninos laicos. Los primeros tenían el grito de guerra en el que exaltaban a la inocente princesa Isabel, y los segundos su representación de la República como «la niña bonita». El icono femenino más destacado de la izquierda era la dirigente comunista Dolores Ibárruri, La Pasionaria, a quien, pese a su lucha por el laicismo, las clases obreras otorgaron una simbología pseudo-religiosa. Las mujeres llevaban medallones con su imagen, en sustitución de la de la Virgen María, y jóvenes comunistas como Santiago Carrillo llegaron a atribuirle ciertas características de santa: «Me emocionó […] Emanaba de ella una dignidad, una majestuosidad que tanto se ve en nuestros hombres y mujeres […] La gente se acercaba a tocarla como si fuera una santa»[332]. Incluso el excomunista Franz Borkenau reconoció que «las masas la adoran, y no por su intelecto, sino como a una especie de santa que vaya a guiarles en tiempos de tribulaciones y tentaciones»[333]. Los valores culturales hegemónicos del catolicismo español ni siquiera perdonaron a la izquierda militante. Por su parte, La Pasionaria condenó una procesión religiosa que tuvo lugar antes de la guerra, y que pretendía ser una provocación, usando el peor insulto que podía decir una vasca de izquierdas: «¡Carlistas!»[334]. Hasta en la cabeza de ese símbolo de mujer comunista moderna estaban grabados los orígenes decimonónicos de la Guerra Civil Española.

La religión en las guerras civiles españolas

La religión en las guerras civiles españolas

1. El clericalismo de los rebeldes

Una de las paradojas de las guerras civiles españolas es que a la jerarquía eclesiástica le fue bastante indiferente el fervor religioso de los sublevados. De los cuarenta y dos obispos españoles, todos menos uno aceptaron la transición cristina de 1832-33, pero más que nada porque no les quedaba otro remedio y sin que mediara convicción alguna. Pese a toda la actividad carlista en el norte de España, las diócesis muy ricas de Toledo y Santiago no se pasaron a su bando, aunque hubo sacerdotes rurales empobrecidos que sí lo hicieron. En cambio, el País Vasco, que carecía de obispado, produjo la mayor cantidad de clérigos carlistas a lo largo de toda la década de 1830. En 1835, se creó en el País Vasco que estaba bajo control de los rebeldes una Real Junta Eclesiástica bajo los auspicios del único obispo abiertamente carlista de España, el de León. Esa junta se dedicó a contrarrestar toda la legislación anticlerical que procedía de Madrid, a dar cobijo a religiosos que huían de la zona del gobierno y a apoyar los intentos cada vez más desesperados del pretendiente por conseguir el respaldo de la Santa Sede. El 17 de noviembre de 1836, estando los carlistas eufóricos por el desarrollo del segundo sitio de Bilbao, don Carlos emitió una proclama en la que prometía rescindir toda la legislación anticlerical del gobierno, así como restituir los diezmos y a las órdenes religiosas a su situación anterior[335]. Habida cuenta del auge anticlerical en la zona del gobierno, la proclamación de don Carlos ayudó a que la posición del papado con respecto a España pasase de la neutralidad a casi la beligerancia. El 1 de febrero de 1837, el Papa publicó una encíclica en la que condenaba la irreligiosidad y los ataques a la Iglesia que eran favorecidos por la corona española, y no se restablecerían relaciones plenas entre los liberales victoriosos y el Vaticano hasta doce años después de la guerra[336].

En la década de 1930, la brecha económica entre obispos y párrocos seguía siendo igual de grande. A diferencia de lo ocurrido en 1833, la mayoría de los obispos se pusieron de parte de los sublevados, pero más como seguidores que como instigadores de la politizada «Cruzada». La mayoría de los sacerdotes también apoyaron la rebelión de julio de 1936, y casi todos los obispos dieron su aprobación a los nacionales en su supuesta carta colectiva de julio del 37 que llevó al nombramiento de un nuncio papal para el bando franquista tres meses después. Ni la neutralidad o indecisión de los obispos en la Primera Guerra Carlista, ni su subordinación en la Guerra Civil Española, provocaron ningún vacío en la religiosidad de los sublevados, sino que los rebeldes de ambas guerras (los carlistas en la década de 1830 y estos mismos en menor proporción en la de 1930) desarrollaron una forma seglar de militancia religiosa que adoptó extremos tan diversos como las matanzas en nombre de la Iglesia, la clemencia y la iconografía popular. Tales fenómenos fueron más frecuentes en el reducto católico de España por excelencia, Navarra, y en diverso grado en las vecinas provincias vascas.

Los carlistas vascos de la guerra de 1833-1840 crearon su propia iconografía religiosa en torno a héroes como Zumalacárregui, y eso mismo hicieron los de cien años después. La llegada de la República provocó una oleada de apariciones de la Virgen, de manera que docenas de personas afirmaron haberla visto en Ezkioga (Guipúzcoa) entre abril y agosto de 1931[337]. Los tradicionalistas de ambos conflictos movilizaron sus propios símbolos religiosos con el fin de elevar la moral de los combatientes. Sin embargo, hasta la década de 1980 los historiadores, tanto extranjeros como españoles, hicieron poco o ningún caso a la importancia de la religión, y en su lugar atribuían a la persistencia del carlismo factores socioeconómicos y la autonomía de los fueros[338]. Las apariciones marianas españolas inspiraron a los cristeros mexicanos, cuya guerra de tres años contra el gobierno federal de corte anticlerical había finalizado en 1929 con su amarga rendición condicional (conocida en México como «los Arreglos»). Cruz Lete, estudiante de magisterio de dieciocho años de Guipúzcoa, y uno de los muchos que afirmaban haber visto a la Virgen en Ezkioga, mantuvo correspondencia con el dirigente de los cristeros, Aurelio Acevedo, que estaba a punto de iniciar una segunda revuelta católica y que, como tenía una opinión favorable de los sublevados de la Guerra Civil Española, lideró la reacción contra el apoyo de México a la República. Explicaba Lete:

Fue el 29 de octubre de 1931, en mi cuarta visita a Ezkioga, cuando la vi. Durante el Rosario, mientras charlaba con un amigo, miré al suelo y vi que aparecían dos pies. Caí de rodillas y vi a la Virgen con un velo sobre el rostro. Los que me rodeaban me pusieron rosarios y cruces en las manos y la Virgen se descubrió el rostro. En las tres visiones posteriores que he tenido de ella siempre la he visto con el rostro descubierto. Parecía tener unos veintitrés años, pero mostraba una seriedad de persona mucho mayor. Me dijo que Jesucristo estaba ofendido por todas las atrocidades del mundo y quería castigar a los impíos, pero la Virgen, como buena madre, estaba interviniendo para pedirle a la gente que se enmendara. Me dijo que no fuera a Pamplona a seguir mis estudios, ya que me iba a alojar en casa de unos socialistas a los que conocía mi padre que nunca pisaban la iglesia. Sin embargo, fui a Pamplona de todos modos. De Ormáiztegui a Ezkioga la vi dos veces más. El día 28 me dijo que todo el mundo debería vestir de negro en señal de luto. Ayer, en la mañana del 29 de diciembre, anunció el castigo y me dijo que la única bandera que habría después sería la que yo tenía en las manos. Yo tenía la cruz, y ahora siempre la tengo conmigo. Esa tarde no volvió[339].

Tales convicciones religiosas fueron fuente de motivación para los rebeldes de ambas guerras civiles. Un periódico católico urgió en 1931 a lograr la unidad de todos los católicos y los carlistas, o de lo contrario lo que había sucedido en México podría suceder en España[340]. Las historias sobre milagros religiosos improbables jalonaron el desarrollo de ambas guerras. Una mujer de derechas que había sido encarcelada en Ávila por los rojos durante la Revolución Española se esfumó de su cautiverio como por encanto. Se extendió por la provincia de Ávila el cuento de que era nada menos que Santa Teresa, que había vuelto para salvar a la ciudad de la invasión, rapiña y saqueo de los rojos[341]. Hubo cierto bochorno diplomático cuando los italianos rescataron el brazo momificado de la misma Santa Teresa de Ávila tras la caída de Málaga en febrero de 1937 (reliquia sagrada que había sido llevada hasta allí desde Ronda por milicianos republicanos). Había pocos símbolos religiosos que fueran más «nacionales» que aquel, y aunque Franco tuviera que agradecérselo a los italianos, se quedó la reliquia a lo largo de toda la guerra y hasta su muerte[342].

Los sublevados de ambas guerras hicieron gran ostentación de su supuesto derecho a contar con la bendición divina. Los carlistas de 1835 nombraron a la Virgen María Generalísima celestial de sus fuerzas, y los nacionales de Franco siguieron su ejemplo en 1936. A nivel local, los pueblos controlados por los rebeldes alardearon de su catolicismo folklórico. Las ermitas no solo se cuidaban escrupulosamente para demarcar las lindes entre pueblos, sino también para invocar la autoridad divina en el caso de que hubiera que resolver disputas territoriales y reafirmarse ante la gente de fuera[343]. Cuando los rebeldes se hacían con una localidad, remataban su victoria militar con actos de ostentación religiosa. En su «Expedición Real» hacia Madrid de 1837, don Carlos no medía el éxito de su avance de acuerdo con la velocidad con que conseguía llegar a la capital, de la que se burlaron sus aliados extranjeros por ser lamentablemente lenta, sino por el número de misas que celebraban en los pueblos que iban liberando a su paso[344]. La expedición siguió adelante a lo largo de dos años de violento anticlericalismo legislativo en la zona del gobierno. Asimismo, en 1936 los nacionales se rebelaron contra el anticlericalismo de preguerra del gobierno. Uno de los rasgos más destacados de esa actitud fue el silenciamiento de las campanas, una cuestión trascendente en los pueblos y capitales de provincia que en los años treinta carecían del constante estruendo del tráfico y otros ruidos ambientales modernos. Cuando los nacionales se alzaron en el verano de 1936, Burgos, tan clerical y tradicionalista, reafirmó su dominio del ruido público haciendo sonar como desafío sus muchas campanas de iglesia en honor de la reunión de la Junta de Defensa Nacional, el gobierno provisional de la reciente zona rebelde que se celebró en la ciudad el 25 de julio de 1936[345]. Recordaba un funcionario de la ciudad:

Las campanas de la ciudad sonaban en ensordecedora zarabanda; no creo que exista ciudad en el mundo en que haya tantas campanas y sea su sonido tan potente como en Burgos. Es una sinfonía gigante, un bramar continuo de hierro y bronce, que absorbe por completo toda la vida en la ciudad; cuando suenan las campanas en Burgos, toda la población es un inmenso diapasón, una caja de resonancia donde el aire es ruido y la catedral es eco y todo queda supeditado a aquel vibrar litúrgico[346].

Pese a tan aparente renacer religioso, la doctrina del nacionalcatolicismo de los sublevados sólo fue eso: nacional. A partir de 1936, los clérigos que estaban a favor de los nacionales dieron una y otra vez rienda suelta a su frustración por la renuencia de la Santa Sede a apoyar plenamente a su bando. Unos emisarios nacionales arrogantes, el brutal trato que se dio a los sacerdotes «separatistas» y de tendencias izquierdistas catalanes y, sobre todo, vascos, y el miedo del Vaticano a la posible influencia nazi en España: todo eso influyó para que la bendición papal a los insurgentes tardase en llegar y no fuera inmediata, e incluso después de la guerra hubo ciertas tensiones como consecuencia de aquello. Aunque la Santa Sede había publicado una encíclica en la que condenaba la persecución de la iglesia católica en México, e incluso justificaba el derecho de los católicos de ese país a rebelarse, no hubo tal apoyo para España. Serrano Súñer, partidario del Eje, se negó a pedir audiencia con el Papa cuando fue de visita a Roma en 1940, un grave desaire proviniendo de un ministro de la «España católica», y Franco solo revocó poco a poco los últimos vestigios de las reformas secularizadoras de la República[347]. Podemos establecer comparaciones sorprendentes con sus predecesores de cien años antes. En ambos conflictos, la iglesia española (pese a la existencia de una minoría de reformistas que se hicieron oír en el periodo 1808-23) fue un bastión reaccionario. En la década de 1830 hubo hordas de sacerdotes carlistas que desafiaron a los obispos españoles apoyando a los sublevados e incluso participando en la rebelión. En la década de 1930, la iglesia española era la única de Europa que todavía no había aceptado la doctrina de León XIII, con el resultado de que la corriente integrista ganó influencia a partir de 1891.

2. El anticlericalismo del gobierno

Las dos guerras civiles que nos ocupan constituyen las únicas ocasiones en la historia contemporánea de España en que cantidades ingentes de religiosos fueron asesinados. En las matanzas esporádicas de curas durante la Guerra Realista de 1820-23, el Sexenio Democrático de 1868-74 y la Semana Trágica de Barcelona de 1909 hubo muchas menos víctimas: apenas algo más de cien en el transcurso de cien años, de manera que no se pueden comparar con los cientos a los que se mató en la Primera Guerra Carlista y los miles de la Guerra Civil Española. Además, la gran mayoría (noventa y cinco) de los asesinatos fuera de los dos conflictos se cometieron durante esa Guerra Realista de 1820-23, que prácticamente fue de por sí un ensayo general de la Primera Guerra Carlista[348]. El anticlericalismo fue la respuesta lógica del gobierno a la religiosidad de los rebeldes. Por norma, a los historiadores les ha costado explicar por qué el anticlericalismo violento se convirtió en tradición durante la Primera Guerra Carlista. España, al fin y al cabo, era junto con Italia el estado más católico de toda Europa, el brazo armado de la Contrarreforma y el conquistador de las Américas que había llevado allí la fe cristiana.

Aun así, el poder estructural de la iglesia española empezó a ser socavado unas décadas antes de la guerra carlista. En respuesta a la crisis económica provocada por las guerras napoleónicas, el favorito del rey, Manuel Godoy, se apropió de las instituciones de asistencia social de la iglesia (orfanatos, hospitales, asilos) y de una séptima parte de sus bienes[349]. Durante la Guerra de la Independencia, la prolongada ocupación francesa de las grandes ciudades de España dejó una indeleble impronta laica, ya que el régimen bonapartista disolvió los monasterios y conventos, y los frailes y las monjas desaparecieron de las calles. Como recordaba un destacado liberal, hubo muchos jóvenes que se sorprendieron al verlos reaparecer en 1814[350]. La iglesia publicó invectivas contra los campesinos que después de la guerra se negaban a pagar diezmos: «Que se condenen sus almas por su vil egoísmo y se les pudran las cosechas en las viñas»[351]. Cuando el gobierno del Trienio Liberal de 1820-23 se embarcó en su propia eliminación de monasterios y conventos, consiguió contrarrestar la oposición del rey amenazando con sacar a la calle a la gente de Madrid si Fernando VII no firmaba el decreto de disolución de noviembre de 1820[352]. El poder clerical pareció revivir en 1823 cuando la contrarrevolución triunfante devolvió a la iglesia sus propiedades y arruinó a los compradores de estas, ya que no obtuvieron ninguna compensación a cambio. Sin embargo, a diferencia de 1814, lo que no revivió fue la Inquisición, lo cual enfureció a la facción teocrática «carlista» que creció en torno al hermano menor del rey y supuesto heredero, don Carlos. A lo largo de la «Década Ominosa» de 1823-33 abundaron los episodios de violencia clerical y anticlerical, que alcanzaron un grado apenas imaginable unos pocos años antes. El obispo de Barcelona se quejó en mayo de 1826 de los recientes robos en doce iglesias de la ciudad, y culpó de esas fechorías a las sociedades secretas liberales y a la proliferación de cafés radicales: «El último año esta ciudad ha sufrido robos sacrílegos que jamás se habían conocido antes de este vil periodo constitucional»[353]. La iglesia española ya se había convertido en una institución controvertida en las grandes ciudades antes del primer verano de la Primera Guerra Carlista, cuando los agentes gubernamentales dieron rienda suelta a su violento anticlericalismo.

La principal diferencia con lo sucedido cien años después, por lo que respecta a la iglesia, es una cuestión de tiempo e intensidad. Tras la Primera Guerra Carlista, concluyó un laicismo que se había estado gestando intermitentemente desde la década de 1790, y la iglesia recuperó todo su poder y aún más en los siguientes noventa años. La dictadura de Primo de Rivera hizo gran ostentación de su «nacionalcatolicismo», en un anticipo de lo que después ocurriría en el régimen franquista. Así pues, el primer gobierno de la Segunda República aceleró su ambicioso programa de secularización (que iba más allá del laicismo del siglo XIX), con lo que revivió, y en muchos casos superó, las medidas tomadas en la Primera Guerra Carlista. El artículo 26 de la Constitución de 1931 implementaba el laicismo, lo que significaba el fin de las subvenciones estatales al clero, la prohibición de la orden «extranjera» de los Jesuitas y el establecimiento de unos límites a las posibilidades de la iglesia de enriquecerse. Siguieron posteriores legislaciones que culminaron con la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas de octubre de 1932. Un historiador católico ha criticado esas reformas destempladas por contribuir sobremanera a alejar a una clase media española que en 1931 todavía no era antirrepublicana[354]. No obstante, tales reformas no surgieron de la nada. Desde finales del siglo XIX existía un anticlericalismo «de machos» en la clase obrera que se burlaba de los curas asexuados como si no fuesen ni varones ni hembras[355]. Además, una de las pocas políticas que compartían todos los partidos de centro-izquierda e izquierda era la referida a la reducción del poder del clero.

Aun así, en un principio la iglesia pidió «obediencia al nuevo poder constituido» y buscó algún tipo de acomodo en el nuevo régimen[356]. Los episodios de violencia anticlerical, y lo que para muchos católicos de España y del extranjero fue la respuesta inadecuada del gobierno a ellos, rápidamente agriaron la situación, incluso antes de la proclamación de la libertad religiosa que distanció a Roma[357]. La coalición republicana, al fin y al cabo, se había dado prisa en aprobar leyes para la «defensa de la República», lo que equivalía a tener plenos poderes y suspender las libertades civiles, una forma de autoritarismo que pronto quedó codificada en la nueva Constitución[358]. La prensa socialista de 1931 repitió el lenguaje de los liberales de la década de 1830 al condenar las protestas dirigidas por los carlistas por ser «una reacción que se remonta a Calomarde»[359]. A los doce días de su promulgación, el Vaticano era uno de los únicos dos estados que todavía no había reconocido a la República española (el otro era Japón)[360].

Ambas guerras fueron acompañadas de una actitud anticlerical por parte del gobierno. En la década de 1830 fue la propia guerra la que generó esa actitud. A partir de 1833 miles de religiosos fueron asesinados, deportados o apartados del sacerdocio como consecuencia directa del conflicto. A raíz de ese anticlericalismo, en el transcurso de la guerra cantidades cada vez mayores de ellos huyeron a zonas bajo control carlista, en las que las monjas eran puestas a trabajar cuidando de los heridos en combate, mientas que otros incluso se marcharon a ultramar. Durante la revolución de agosto y septiembre de 1835, varios fueron recibidos en Buenos Aires, de donde pasaron a ocupar vacantes en monasterios del Río de la Plata[361].

La segunda parte de la guerra carlista destaca por las reformas sociales, políticas y económicas de corte liberal que tuvieron lugar tanto en el gobierno de Mendizábal (septiembre 1835-mayo 1836), el cual llegó al poder tras la revolución de las juntas, como durante las «Cortes revolucionarias» de agosto de 1836 a julio de 1837; esto es, primero se dio la Desamortización de Mendizábal de los bienes de la iglesia y, a continuación, la abolición definitiva del «feudalismo» tras restablecerse la Constitución de 1812. Con respecto a lo primero, esa desamortización ya había tenido un adelanto cuando unos disturbios anticlericales llevaron a que el gobierno del conde de Toreno aboliese la Compañía de Jesús el 7 de julio de 1835 y sus bienes se usaran para financiar la deuda nacional, cada vez más grande. La medida más radical fue el cierre y venta de los monasterios y conventos en que viviesen menos de doce personas. Eso afectó a unos novecientos, casi la mitad del total de España, y el dinero que se obtuvo de ellos se empleó para rebajar la deuda nacional[362]. El anticlericalismo de Mendizábal contribuyó a estimular el ardor bélico de los carlistas y a que el Vaticano estuviera a punto de reconocer a don Carlos. Asimismo, los ciudadanos que habían comprado bienes de la iglesia durante el Trienio Liberal, y a los que luego se los confiscaron en 1823, ahora recuperaron sus adquisiciones gracias a un decreto de julio de 1837[363]. Los impopulares diezmos, junto con el impuesto eclesiástico de Galicia conocido como el «voto», también se abolieron y reemplazaron a partir de 1837 por una tasa más reducida (el «culto y clero»), que recaudaban los municipios constitucionales para indemnizar a los frailes y monjas víctimas de la desamortización[364]. Se prohibió a los religiosos que vistieran sotana y griñones en público, como luego ocurriría con la legislación de Azaña de la década de 1930[365].

No obstante, aunque ambos gobiernos llevaron a cabo medidas secularizadoras, había diferencias entre ellas. El clericalismo de la década de 1830 fue contrarrestado con una serie paulatina de ordenanzas contra el clero que se promulgaron durante la propia guerra civil, al tiempo que había una ola creciente de ataques contra bienes de la iglesia y contra los religiosos. El clericalismo de la década de 1930, en cambio, ya había sido contrarrestado legislativamente por dos gobiernos izquierdistas de preguerra. En parte porque la iglesia consiguió capear la tormenta republicana y alentar a los sublevados de 1936 —según Sheelagh Ellwood, la legislación de reforma eclesiástica «fortaleció más a los que no apoyaban a la República que a los que sí»[366]—, la violencia anticlerical que estalló en la zona del gobierno excedió con mucho a la de la Primera Guerra Carlista, pues casi 7000 religiosos fueron asesinados en 1936, en comparación con los cientos, pero ciertamente no miles, que murieron a lo largo de toda la década de 1830. Aun así, sorprende encontrar similitudes en las respuestas de los gobiernos a la violencia anticlerical.

En ambas guerras civiles, los gobiernos intentaron contener los excesos anticlericales de los militantes más exaltados. A la aniquilación de infausta memoria por parte de Espartero de un batallón que había destrozado una iglesia «carlista» en Guetaria, le acompañaron las quejas del gobierno por el saqueo de monasterios y conventos nacionalizados[367]. Pese a la draconiana disciplina de Espartero, este fue vilipendiado por la prensa rebelde, que lo llamó profanador de iglesias vascas[368]. Después de que en 1835 los carlistas se apropiaran de la Virgen María nombrándola comandante en jefe, se dieron protestas de que había milicianos y soldados que usaban sus imágenes para practicar el tiro al blanco[369]. Esa iconoclasia fue un anticipo de la fotogénica «ejecución» en 1936 por parte de militantes republicanos de la estatua del Sagrado Corazón de Jesús que se encontraba en lo alto del Cerro de los Ángeles, a las afueras de Madrid. Hubo innumerables altercados anticlericales que, aunque no revistieran mayor importancia, también obligaron a las autoridades gubernamentales «respetables» a intervenir. En 1936, en una celda para quintacolumnistas del Ministerio de la Guerra de Madrid, los funcionarios tuvieron que retirar un enorme crucifijo, ya que había sido visto desde la calle por milicianos radicales que hacían gestos de ir a dispararle[370].

En cambio, los episodios sacrílegos que protagonizaron los rebeldes en ambas guerras se pueden explicar por completo por el oportunismo de saquear tesoros eclesiásticos en nombre de la religión. De hecho, la quema de iglesias siempre ha sido una peculiar forma española de protesta popular, ya que su riqueza e importancia las volvía un objetivo obvio para rebelarse contra los abusos de las élites. Durante la expedición carlista de La Mancha, las tropas invasoras quemaron y saquearon iglesias, y su comandante, Basilio García, fue reprendido por robar objetos de valor de esas iglesias de la zona del gobierno y llevárselos al País Vasco[371]. En 1836, el gobierno radical ordenó el embargo de objetos de valor de la iglesia en todas las zonas de España bajo su control para impedir los saqueos de los carlistas[372]. La destrucción de bienes de la iglesia por parte de los sublevados también tenía fines meramente militares. Benet Tristany, general de división de las fuerzas carlistas de Cataluña, también era sacerdote. Aun así, al batirse en retirada ante las operaciones de contrainsurgencia del gobierno, fue quemando los campanarios de iglesias y monasterios para que el enemigo no encontrara cobijo ni fortificaciones. La guerra de desgaste que se desarrolló en Cataluña también afectó a la iglesia[373].

Del mismo modo que los píos carlistas fueron a menudo culpables de expoliar bienes de la iglesia, el bando del gobierno no fue siempre culpable de realizar exacciones ideológicas. El impacto cultural de ambas guerras se dejó sentir en el uso mercantilista de objetos hasta entonces bajo custodia de instituciones religiosas. La iglesia era lo que estaba más a mano para obtener beneficios tanto económicos como políticos. Los milicianos radicalizados se tomaban la justicia por su mano y confiscaban bienes de monasterios y conventos en circunstancias que apenas se diferenciaban del saqueo. Lo que es aún peor, la mayoría de esos bienes, entre ellos obras de arte de importancia, se malvendían en España, mientras que otros terminaban en el extranjero[374]. Del mismo modo, en la Guerra Civil Española las obras del Museo del Prado y de la Biblioteca Nacional fueron evacuadas a lugar seguro, y al final de la contienda algunas se enviaron al extranjero.

La desamortización de la década de 1830 se agravó por la incapacidad del gobierno cristino de pagar estipendios a los religiosos desalojados. En abril de 1836, tanto el obispo de Córdoba como el último arzobispo español de Ciudad de México condenaron la política de Mendizábal por convertir a los monjes en vagabundos[375]. A veces los clérigos se resistían con violencia al desalojo. En agosto de 1835, los dominicos de Manacor (Mallorca), que no tenían intención de ser masacrados como los religiosos de Zaragoza y Barcelona, levantaron en armas a sus parroquianos temerosos de Dios contra la milicia del gobierno. Eso culminó con la atrocidad de que los milicianos capturados fueron quemados vivos. Llegaron refuerzos que desalojaron los monasterios, pero, de todos modos, las autoridades trataron a los clérigos con indulgencia, lo cual provocó el levantamiento de 1400 milicianos indignados en Palma que reclamaban la pena capital para ellos[376]. Cien años después, cuando solo el 14 % de los mallorquines iba a misa, Manacor vivió de nuevo una masacre de tintes clericales. Los falangistas hicieron una redada de trabajadores no practicantes, a los que se dio la absolución antes de ser ejecutados y quemados en piras[377].

En Galicia se dio una violencia carlista más brutal y generalizada de la que la contrainsurgencia liberal culpó a la iglesia gallega, ya que los cristinos decretaron que los daños causados por los carlistas serían compensados por la iglesia de aquella región: la mitad en la localidad en que sucediese, y la otra se le exigiría a los curas y feligreses en un radio de una legua; solo quienes tuvieran un padre o un hijo en la Guardia Nacional quedaban eximidos de ese castigo colectivo. La situación continuó emponzoñada, puesto que las guarniciones cristinas impedían con frecuencia que los lugareños fueran a oír misa a iglesias cuyos curas se negaban a dar su bendición al trono de Isabel[378]. Durante la encarnizada lucha de Aragón, los soldados del gobierno profanaron deliberadamente las iglesias que ocupaban, por considerarlas escuelas de carlistas. En el pueblo de Fórnoles (Teruel), las fuerzas gubernamentales convirtieron el altar de la iglesia en un pesebre, y la sacristía en una cárcel[379]. Lejos del frente, en Málaga, la milicia se mostró más ambivalente con respecto a la revolución anticlerical del gobierno. Las monjas a las que se expulsó de sus conventos en septiembre de 1836 fueron seguidas por una procesión de mujeres afligidas de la ciudad. Al día siguiente, los milicianos obedecieron la orden de detener a los disidentes, pero se amotinaron al recibir la orden de quitar las campanas de la catedral porque, alegaron, «sería un crimen». El enfrentamiento terminó una semana después, cuando llegó de Madrid la noticia de que se abolían los diezmos y de que había planes para redistribuir las propiedades de la iglesia[380]. La desaparición de las campanas de iglesia dejó vívidos recuerdos en las localidades acostumbradas a su puntuación del silencio[381]. Por lo que respecta a las monjas de Málaga, su desalojo aún fue humanitario en comparación con la violencia que se empleó con sus homólogos varones. Aunque a regañadientes, los liberales hicieron una excepción con los enclaustrados que realizaban trabajo social y educativo. Parece que la obra pastoral de las monjas las libró de la violencia anticlerical de 1834-35, del mismo modo que serían menos víctimas de ella en 1936.

A diferencia del carácter fundamentalmente urbano de la riqueza de la iglesia en la década de 1930, en la de 1830 la iglesia todavía era ante todo una gran propietaria de tierras. Poseía haciendas en Galicia, donde el crecimiento tanto de la población como de una economía agrícola de mercado en la segunda mitad del siglo XVIII dio como resultado parcelas más pequeñas y arrendamientos más elevados. Esa posesión de tierras se volvió más compleja por el hecho de que el proceso de subdivisión fue acompañado por arrendamientos a largo plazo de tierras de la iglesia gallega a las clases medias y los campesinos más adinerados. Eso produjo que se especulase con los minifundios, cada vez más pequeños. Por lo tanto, las multas que se imponían a la iglesia gallega terminaban recayendo en los propios pueblos y aldeas[382]. La supresión de los cristinos del clericalismo carlista no siempre fue desproporcionada. Los carlistas del este de España eran financiados por el obispo de Lérida, el cual donaba a la causa rebelde ingresos de la iglesia que se suponían abolidos[383]. Un cisma eclesiástico rompió la política de no intervención cada vez más ambigua de la Santa Sede cuando algunos curas de Tortosa y el obispo de Orihuela crearon un cabildo en Morella con la bendición de los carlistas, e incluso con la de algunos representantes del Vaticano que actuaban en nombre del Papa[384].

La no beligerancia, que no neutralidad, de la iglesia española tuvo como respuesta un clamor que reclamaba que se tomaran medidas contra ella, sobre todo durante las revoluciones de 1835-37. Se proscribió a los jesuitas en 1835 y, lo que es más importante, se cerraron los monasterios y conventos que tuvieran menos de doce residentes. El reconocimiento papal efectivo del régimen cristino terminó con la retirada del nuncio en 1835, pero técnicamente las relaciones formales se mantuvieron, aunque nunca llegaran a ejercerse. En abril de 1836, un diputado radical que había llegado a las Cortes gracias a la revolución de las juntas, exigió la ruptura absoluta de relaciones con Roma, «habida cuenta del apoyo del Papa a nuestros enemigos». El primer ministro, Mendizábal, advirtió de que, de hacerlo, podría llegar a ser contraproducente, en vista del poder tanto religioso como temporal que tenía el Papa[385]. Tras la revolución de La Granja, el agente del gobierno español en Roma informó de la creciente hostilidad de la Santa Sede y de la abierta preferencia del Papa por los carlistas. El embajador Villiers sugirió al presidente Calatrava que la ruptura definitiva de relaciones entre Madrid y el Vaticano tal vez fuese la respuesta más sencilla. Calatrava no quiso dar ese paso, pero sí reconoció que «la ruptura absoluta tampoco sería un paso tan grande, puesto que las relaciones con la iglesia llevan tres años suspendidas»[386]. Las relaciones no se normalizarían hasta 1851.

FIGURA 2.1 Soldados del gobierno descubren armas en una iglesia de Huesa (Aragón) (por cortesía del Museo Zumalakarregi)

FIGURA 2.2 La iglesia es atacada cien años después por su apoyo a los rebeldes (Getty Images: Keystone-France/Contributor)

Alojamientos amigos y enemigos

Alojamientos amigos y enemigos

A medida que los ejércitos carlistas llevaron la guerra al norte de Castilla tras el verano de 1835, las localidades a su paso se convirtieron en ciudades abiertas que, si bien se inclinaban por el carlismo, tomaban la precaución de mostrarse aparentemente neutrales cuando pasaban tropas cristinas y milicias de campaña. La mayoría de los oficiales cristinos pasaban por los mismos lugares más de una vez, y recordaban en qué casas habían sido bien recibidos y cuáles debían evitar por ser partidarias de los carlistas, y, por su parte, los ejércitos rebeldes hacían lo mismo con respecto a sus adeptos. Así pues, los civiles podían gestionar las ocupaciones y contra ocupaciones de un modo que por lo general evitaba conflagraciones[387]. En la Primera Guerra Carlista, los soldados eran alojados en edificios públicos siempre que era posible, y en casas particulares cuando era necesario de acuerdo con las regulaciones de carga concejil, que no empezarían a revisarse hasta la creación en la posguerra de la Guardia Civil, tras la cual la norma pasó a ser el alojamiento en barracones[388]. Por lo tanto, aunque era mucho más probable que los soldados de la Guerra Civil Española se alojaran en aquellos, el avance de las primeras líneas rebeldes siguió provocando que se requisaran casas particulares, y que los civiles de lugares que eran ocupados por los nacionales se enfrentaran a severas penas si se negaban a dar alojamiento a miembros de su ejército[389]. No obstante, la mayor insurgencia y contrainsurgencia de la Primera Guerra Carlista hizo que la cuestión del alojamiento fuese un contencioso más grave en las relaciones entre civiles y militares.

La acumulación de fuerzas defensivas cristinas en zonas urbanas del País Vasco en el transcurso de 1834 exacerbó el problema del abarrotamiento humano, ya que refugiados y soldados competían por conseguir alojamiento. El número de disputas que se solucionaban satisfactoriamente aumentaba según el rango de los reclamantes. A los auxiliares extranjeros que llegaron a partir del verano de 1835 se les proporcionó alojamiento en antiguos monasterios o conventos, que habían sido destruidos o vaciados por las autoridades militares del gobierno por considerar que sus ocupantes eran carlistas o proclives al carlismo. Los mismos generales cristinos que se jactaban de los muchos conventos que cerraban también recordaban al gobierno la necesidad de disponer de alojamientos[390]. Sin embargo, los auxiliares británicos se quejaron de que se les hubieran asignado antiguos conventos del País Vasco, desapacibles por las corrientes de aire, que, decían, eran alojamientos inferiores a los que se habían ofrecido a los franceses y agravaban la epidemia de fiebre tifoidea que afectó a sus filas en el invierno de 1835-36[391]. Las quejas de las Brigadas Internacionales sobre las condiciones en que se entrenaban en Albacete suenan indulgentes en comparación. Un voluntario norteamericano se quejó de la falta de buen chocolate y de que lo que más abundaba era el tabaco negro español, que no le gustaba[392]. Vitoria, bajo control cristino durante toda la Primera Guerra Carlista, era recordada como una plaza fuerte muy lóbrega. Cien años después, en julio de 1936, los carlistas finalmente consiguieron tomarla, y las condiciones de alojamiento habían mejorado lo bastante para que se considerase que la ciudad era un «oasis» en medio de tanta rusticidad campestre[393]. A las legiones auxiliares británicas que estuvieron acuarteladas en San Sebastián durante el asedio rebelde de 1836 se les recordaba como unos invitados «incómodos pero necesarios», ya que la ciudad sufría de abarrotamiento y de escasez de todo[394]. Por el contrario, cien años después los rebeldes capturaron esa ciudad de veraneo al principio del conflicto y estando intacta, tras lo que se convirtió en destino privilegiado para militares nacionales que convalecían de heridas de guerra o enfermedades.

Los soldados rasos no solían obtener mucha satisfacción a sus reclamaciones sobre alojamiento. A menudo se hacía más caso a las de insignes civiles. Un abogado, Rafael Elisabet, que había huido de la zona carlista, se quejó al virrey de que su familia tenía que hospedar a tropas en las dos plantas de su casa de Puente la Reina, a lo que el virrey respondió aceptando su petición de dedicar solamente el primer piso a tal menester[395]. Ya en febrero de 1834 los comerciantes británicos se habían asegurado la intervención diplomática para quedar exentos de la norma de la carga concejil, pero, cuando las autoridades revolucionarias de Alicante alojaron tropas en casas de ricos comerciantes británicos en el otoño de 1836, estos protestaron al embajador Villiers y dejó de hacerse de inmediato[396].

A lo largo de la Primera Guerra Carlista, hubo poco esfuerzo por parte de las autoridades para dar cobijo a los miles de mujeres y niños que escapaban de zonas bajo control de los rebeldes; ni siquiera cuando, en el punto álgido de las invasiones carlistas de 1836-37, las autoridades revolucionarias obligaron a familias importantes a que abandonaran sus casas por estar demasiado expuestas[397]. Un siglo después, sin embargo, el concepto más sentimental de la infancia que se había desarrollado en ese tiempo, junto con la creciente capacidad militar para atacar a civiles, hicieron que el gobierno republicano evacuara a los niños de las áreas de primera línea siempre que era posible. Asimismo, el gobierno difundió en el extranjero un famoso cartel propagandístico en el que se veía a un niño que moría en un ataque aéreo de los nacionales, en el intento de movilizar a la opinión pública de Europa occidental en contra de la no intervención[398]. En agosto de 1937 ya existía un Consejo Nacional de la Infancia Evacuada, y para diciembre se había llevado a casi 17 000 niños a 170 localidades distintas, la mayoría en la costa mediterránea[399]. La instalación más grande era el sanatorio costero de La Rabassada, en Tarragona, donde alojaron a cientos de niños de Madrid[400]. Otros fueron enviados al extranjero. En algunos casos, esa emigración servía a intereses políticos, como en el caso de la «delegación» de 1092 niños de la República, acompañados de maestros y asistentes, que en septiembre de 1937 fueron a la Unión Soviética, donde fueron distribuidos entre Moscú y Leningrado. La hospitalidad de los soviéticos fue impecable, principalmente por hallarse entre ellos Pablo Miaja, primo del comandante en jefe del Ejército del Centro de la República, José Miaja. Aun así, Pablo Miaja se quejó de los repetidos intentos de los soviéticos de adoctrinarlos en el comunismo. Los rusos achacaron esas quejas a la «españolidad» de Miaja, lo cual quería decir que había recibido «un excesivo adoctrinamiento religioso»[401]. No obstante, la mayor parte de las evacuaciones al extranjero —a Portugal tras la masacre de Badajoz y a Francia en 1939— fueron caóticas y estuvieron desprovistas de toda ceremonia, si bien la integración de los niños en sus países de acogida fomentó que internacionalmente perdurara el recuerdo del exilio de los republicanos, como en el famoso caso de los 4000 niños vascos que fueron llevados a Gales durante la caída de Bilbao. La propaganda de los nacionales, como es comprensible, hizo caso omiso de la difícil situación que padecían el número cada vez mayor de civiles que eran víctimas de los éxitos militares de Franco y, en su lugar, dirigió su ira hacia los dignatarios «cobardes y egoístas» del gobierno que partían al exilio[402].

Hospitales

Hospitales

Hasta la segunda mitad del siglo XIX la cirugía militar siguió anclada en la práctica de realizar amputaciones con berbiquí y barrena, sin anestesia ni control de infecciones. No obstante, pese a los cien años de avances médicos que separan los dos conflictos, los hospitales militares españoles de ambos presentan algunas similitudes sorprendentes. Hasta enero de 1836 no hubo hospitales militares específicos del gobierno, y la misma situación prevaleció hasta enero de 1937 en la segunda guerra[403]. En su lugar, se utilizaban las instituciones ya existentes para tratar a los soldados heridos según se iban necesitando. Esa falta de planificación sistemática se dejó sentir, ya que los hospitales cercanos a los frentes de guerra se llenaron de pacientes sin que contaran con los recursos suficientes. En Puente la Reina (Navarra) había una hospedería desde tiempos medievales, como parte de los alojamientos para peregrinos del Camino de Santiago, que rápidamente fue utilizada como hospital por el Ejército del Norte del gobierno que se enfrentaba a los insurgentes en las inmediaciones. Ya en mayo de 1834 el director informó de que no daban abasto. Tuvo que intervenir el virrey para dar instrucciones al comandante de Puente la Reina de que solo admitiesen a quienes estuvieran de verdad heridos, limitaran el tiempo de convalecencia y restringieran las raciones diarias de los ingresados a una libra de carne, dieciocho onzas de pan blanco, dos onzas de garbanzos y un litro de vino[404]. En el mes de agosto trataron a 252 pacientes por heridas y enfermedades que iban desde las de tipo venéreo hasta la sarna, con una tasa de mortalidad de entre el 15 y 20 % y una estancia media en el hospital de alrededor de una semana[405].

La crisis de la atención hospitalaria del gobierno se agudizó cuando en el invierno de 1835-36 una epidemia de gripe coincidió con la saturación de pacientes en las ciudades asediadas del País Vasco. Los pueblos del Valle de Baztán (Navarra) montaron su propio hospital, que el ejército del gobierno fue llenando de heridos conforme empeoró la guerra. Antes de que el valle cayera en manos de los rebeldes en abril de 1835, evacuaron a los pacientes a Pamplona. Los carlistas utilizaron el hospital capturado, mientras que la situación de los heridos cristinos que habían sido trasladados a Pamplona se volvió tan desesperada que ese invierno el cónsul español en Bayona rogó al gobierno que hiciese algo para auxiliarlos[406]. En enero de 1836 el gobierno puso todos los hospitales militares bajo el control del Ministerio de la Guerra. Sin embargo, ni siquiera esa medida pudo paliar la crisis que provocó la ofensiva cristina en Arlabán, en la que, según informaron los periódicos, unos 6000 heridos se estaban muriendo en los hospitales por falta de comida y medicinas. Al llegar el verano de 1836 las cosas se habían complicado aún más. Fernández de Córdoba se quedó atónito al saber que unos 22 000 de sus soldados, un 30 % del Ejército del Norte, estaban hospitalizados. Y la verdadera cifra de incapacitados era incluso mayor. Por miedo a que los carlistas pasaran a la bayoneta a los soldados heridos, se hicieron considerables esfuerzos para llevarlos a lugar seguro, lo que significó que unos 300 de ellos necesitaron de otros 5000 para transportarlos. Córdova refirió tan alarmantes estadísticas al embajador británico, sin duda esperando conseguir mayor ayuda de los aliados[407]. Aunque el número de heridos carlistas era proporcionalmente similar, las líneas interiores y la proximidad de hospitales o de sus familias permitían que se recuperasen más rápidamente. Hasta algunos lisiados demostraron ser útiles para el servicio. Tras la victoria del gobierno en el segundo sitio de Bilbao, la corte carlista añadió a sus tropas movilizadas, que contaban con un total de 32 000 soldados de infantería y 1500 de caballería, tres batallones de «inválidos» (heridos y otros incapacitados para el servicio) con el fin de hacer más eficiente su esfuerzo logístico[408].

La abundancia de salubres aguas termales a lo largo de los Pirineos ayudaba a la recuperación de los heridos o enfermos. A oficiales de alto rango como Espoz y Mina, enfermo de cáncer, y Pedro María Pastors, gobernador de Barcelona que tenía los nervios destrozados, se les concedió licencia para que fuesen al balneario francés de Cauterets. Su seguridad en el extranjero contrastaba con la de los soldados del bando del gobierno que no podían cruzar la frontera, sino que invariablemente tenían que tomar las aguas en Navarra y, por lo tanto, estaban muy cerca de la actividad bélica de los carlistas. Al final de la guerra, las autoridades militares del balneario de Fitero, en Navarra, se quejaron de que la invasión fronteriza de las fuerzas del carlista Balmaseda suponía un peligro, ya que «Fitero está lleno de soldados heridos que se encuentran aquí para tomar las aguas»[409]. Estar enfermo no garantizaba que se estuviera a salvo de represalias, sobre todo en los hospitales de más allá del País Vasco en que el Tratado Eliot no era de aplicación. En enero de 1836, tropas del gobierno mataron en sus camas a rebeldes heridos que habían atrapado en L’Hort de Sant Cebrià. Los autores de la matanza se habían radicalizado por la propaganda que hablaba de atrocidades cometidas por los rebeldes contra prisioneros del bando cristino, y la prensa hizo todo lo que pudo para ocultar las noticias de esos ultrajes que decían cometerse en nombre de la humanidad[410]. En la Guerra Civil Española, los convalecientes también fueron con frecuencia víctimas de atrocidades, sobre todo a manos de los nacionales en su campaña de terror de 1936 por Andalucía. La violencia en ambas guerras era a menudo una expresión distorsionada del miedo que había, y cuanto más se reprimía ese miedo en aras de la cohesión de grupo, más extremos eran los resultados.

Las condiciones de los hospitales eran mucho peores que las de los balnearios, por lo que muchos heridos preferían, si les era posible, irse a sus casas para ser cuidados por los suyos. George Borrow, indignado por la falta de medios de los hospitales, narró su encuentro en Salamanca con un oficial herido y tres soldados lisiados que, como no podían o no querían correr riesgos en un hospital, en su lugar estaban realizando el largo y arduo viaje a Extremadura para ser recogidos en casa de sus familias[411]. Por más que a partir de enero de 1836 se organizó un Cuerpo de Sanidad Militar, los hospitales del gobierno siguieron teniendo mala reputación. August von Goeben, militar prusiano que luchaba con los carlistas, fue herido y capturado en 1837, tras lo cual se le envió a un hospital de Cuenca. Allí estuvo cuatro meses postrado en cama, sometido a la animadversión de sus captores y compartiendo sala con otros treinta pacientes que aguardaban su turno de ser amputados entre gritos que «hacían que nos estremeciéramos, al tiempo que los cadáveres yacían horas en medio de nosotros sin que los guardianes se ocuparan de ellos», mientras otros sucumbían a las infecciones o al malestar de

camas que consistían en un saco de paja con sábanas y una manta de lana; como alimentación se servía invariablemente al mediodía y a la tarde un trocito de carne de oveja y media libra de pan; por la mañana un poco de pan con agua, ajo y sal, deshecho por la excesiva cocción y un poco de aceite crudo por encima: lo que se suponía que era la sopa. El llamado cocido de carne de oveja se daba con tal abundancia que se tiraba más de la mitad, pues ni los mendigos podrían probarlo. Así era la alimentación que dan los hospitales de los cristinos, de esos propagandistas de la general ilustración y del humanitarismo, como gustan en llamarse[412].

William Walton, partidario de los carlistas, dijo que los hospitales de los cristinos eran auténticos mataderos[413].

Cien años después, el tratamiento hospitalario había mejorado gracias a los avances en cirugía y control de infecciones. Sin embargo, en la zona republicana solamente el frente de Madrid estaba bien provisto y contaba con infraestructura de transportes, e incluso allí los voluntarios sanitarios norteamericanos tenían que hacer a veces turnos de cuarenta horas[414]. En otras partes, los frentes rurales se enfrentaban a una situación más propia del siglo XIX por lo que respecta a las bajas y los heridos. Un británico que luchaba con los carlistas quedó espantado al encontrarse los cadáveres totalmente congelados de unos camaradas en la Batalla de Teruel, un espectáculo más terrible que el de los «carámbanos que colgaban de las narices» que había leído en la historia de Charles Napier de la Guerra de la Independencia de más de cien años antes[415]. En las batallas que se libraban en regiones tan poco accesibles como el Guadarrama o Teruel se necesitaba el uso de mulas para transportar a los soldados heridos —sobre todo los del bando nacional, cuyo avance los privaba de infraestructuras—, con lo que para muchos de ellos la tortuosa experiencia de ser llevados a hospitales de campaña u otras instituciones no difería mucho de la de los heridos de la Primera Guerra Carlista. Y, una vez que llegaban a los hospitales, persistían algunas similitudes sorprendentes. Al igual que Goeben cien años antes, George Orwell cayó herido en el frente de Aragón, y, al igual que aquel, se quejó de la sopa tan mala de los hospitales republicanos. También habló de enfermeras poco preparadas y de la grave carencia de médicos[416]. Esas deficiencias se debían en parte a la deserción en 1936 al bando nacional de la mayoría de los médicos militares, lo que provocó que los heridos de guerra de la zona republicana fueran tratados en hospitales civiles que estaban a cargo de diversas organizaciones de izquierdas, hasta que en enero de 1937 el Ministerio de la Guerra centralizó el control de los hospitales militares y racionalizó su número conforme la guerra fue avanzando. Se decretó que todos los hospitales de al menos trescientas camas eran «militares»[417]. En ambas guerras los hospitales del gobierno se regularizaron al tiempo que se llevaba a cabo el proceso general de militarización, en forma de la movilización masiva decretada por Mendizábal en 1835 y de la meticulosa expansión del Ejército Popular a partir de 1936.

FIGURA 2.3 Hospital de campaña del gobierno (por cortesía del Museo Zumalakarregi)

Pese a los esfuerzos del gobierno, lo cierto es que las cuestiones relacionadas con la salud y la higiene eran por lo general mejores en las zonas controladas por los rebeldes. No es que eso tuviera que ver con la calidad de la cirugía que se practicaba. Por mucho que en 1936 a los nacionales les favoreciese que la mayor parte de los médicos del ejército se pasaran a su bando, las facultades de medicina siguieron bajo control del gobierno y los cirujanos civiles permanecieron en su mayoría donde estaban[418]. La superioridad de los rebeldes en esa área se debió más bien a su ventaja logística, que les permitió tener bancos de sangre cerca de los campos de batalla para poder realizar transfusiones[419]. En la Primera Guerra Carlista, los soldados rebeldes heridos contaban proporcionalmente con mayores posibilidades de recuperación, sobre todo por la existencia de líneas internas de comunicación y por su cercanía a familiares que los podían cuidar. Y, hacia finales de la guerra, los mejores hospitales se encontraban en la zona carlista del este, en la que Cabrera había concertado esfuerzos para que estuvieran mejor provistos[420].

En la Guerra Civil Española la cirugía ya estaba mucho más avanzada. La medicina en el bando del gobierno destacaba gracias a la investigación pionera de tratamiento de heridas que había llevado a cabo el profesor Trueta en Barcelona (que consistía básicamente en escayolar y dejar reposar a los afectados, además de emplear sulfamida para combatir la septicemia si se producía dicha infección), y la implantación de hospitales de campaña que realizaban transfusiones de sangre en las proximidades de los campos de batalla[421]. No obstante, como ocurriera en la Primera Guerra Carlista, de esa ventaja del gobierno solo se beneficiaban los grandes centros urbanos, pues los hospitales de campaña estaban saturados. Los que caían heridos en el frente tenían más posibilidades de salvarse si existía una red logística que se los llevara del campo de batalla rápidamente. En la primera guerra, su recuperación dependía sobre todo de la existencia de líneas internas de comunicación y de la cercanía de sus hogares. En eso llevaban ventaja los carlistas, mientras que, como ya vimos, el comandante en jefe de los cristinos se quejaba de tener que emplear a diez soldados para que se llevaran a un herido en combate[422].

La intervención internacional en ambas guerras civiles apenas palió en parte el problema de los heridos. Las tropas auxiliares británicas que fueron enviadas a España en 1835 llevaban equipamiento médico que se consideraba suficiente para 10 000 hombres que lucharan en una campaña de doce meses. Estaba compuesto de «treinta y seis equipos de campo de medicinas e instrumental, dieciocho carros con arneses, cincuenta y dos juegos de tablillas, dieciocho mantas para mulas, dieciocho lonetas, 108 camillas, dieciocho juegos de instrumental de primera necesidad y cuatro botiquines portátiles»[423]. Sin embargo, esos suministros resultaron ser insuficientes por razones tanto humanas como de entorno. Solo dos tercios de los soldados, que fueron reclutados rápidamente, cumplían con las condiciones de edad y forma física que se exigían en el ejército británico, mientras que, del resto, una octava parte estaba formada por soldados que eran o demasiado jóvenes o demasiado mayores, o bien no estaban capacitados para ningún tipo de servicio militar[424]. Las tropas británicas se encontraron en 1835-36 con un invierno más frío de lo normal y con malos alojamientos que agravaron la cuestión de la insuficiencia de recursos médicos. Charles Shaw, comandante británico en Vitoria, se desesperó por la situación de los heridos:

Los hospitales eran muy malos, pero ese lugar era nefasto. No creo que ningún oficial hubiera pasado por él, y no me extraña, ya que la inmundicia era espantosa. Estaban todos acurrucados entre sí sobre las duras losas de un convento que no tenía ventanas y sin mantas […] Tres pobres hombres habían muerto con las bocas muy juntas para darse calor […] Al entrar en una pequeña estancia de un rincón, casi me caí de espaldas por los efluvios que salían de allí. Había en ella nueve hombres que llevaban cuatro días sin que hubiera pasado ningún médico a verlos. Supongo que ya estarán todos muertos[425].

Shaw se dio cuenta de que la saturación de los hospitales tenía su lado bueno, ya que los heridos que no podían acceder a ellos contaban con más posibilidades de sobrevivir a la fría intemperie, libre de infecciones. El terrible espectáculo de tantos heridos desatendidos y cadáveres abandonados le hizo perder el respeto a la naturaleza humana: «El hombre es la bestia más despiadada y crapulosa que existe»[426]. Cien años después, un joven voluntario sudafricano de origen británico, que luchaba con el bando republicano, también quedó abrumado al ver a unos heridos desatendidos:

Vi a un grupo de heridos a los que habían llevado a un hospital de campaña, que en realidad no era tal, en el que yacían olvidados. Había unas cincuenta camillas, pero muchos de los hombres ya habían muerto y la mayor parte de los demás morirían antes de que se hiciera de día […] Un chico judío de unos dieciocho años estaba boca arriba con las tripas abiertas del ombligo a los genitales […] Todos pedían agua, pero yo no tenía para darles. Me espantaron tanto su sufrimiento y mi imposibilidad de ayudarlos que creo que quedé marcado de por vida[427].

En ambos conflictos llegó ayuda médica del extranjero. El éxito de la ofensiva anglocristina en Irún y Hernani en mayo de 1837 permitió reabrir las comunicaciones del gobierno con Francia, y que el general francés Harispe aceptase heridos cristinos en hospitales de ese país[428]. El mejor cirujano de los carlistas era un voluntario extranjero, Frederick Burgess, del Guy’s Hospital de Londres, que fue ascendido a cirujano jefe del Estado Mayor de Zumalacárregui[429]. En la Guerra Civil Española la contribución de voluntarios sanitarios extranjeros fue muy importante. El Comité británico de ayuda médica a España, que atrajo a idealistas y aventureros de ideología comunista, estaba formado exclusivamente por médicos varones y mujeres enfermeras. Las enfermeras extranjeras aportaron una formación técnica de la que carecían en buena parte las españolas, pues aún en los años treinta su preparación consistía en poco más que encargarse de cuestiones domésticas y de higiene[430]. Un británico que luchaba con los carlistas comprobó que a las monjas que llevaban un hospital de San Sebastián «les era indiferente la asepsia»[431]. En las guerras de Marruecos se había aprendido mejor a curar heridas, pero en conjunto la enfermería militar no había cambiado mucho con respecto a la de la Primera Guerra Carlista. Las amas de casa de San Sebastián que atendieron a los heridos cristinos y británicos durante el asedio de los rebeldes de 1835-36 eran prácticamente enfermeras salvo de nombre[432].

Muchas bajas militares lo fueron por enfermedades de transmisión sexual que resultaron del contacto entre soldados y prostitutas. No deja de ser sospechoso el alto porcentaje de enfermos que en la Primera Guerra Carlista fueron tratados de sarna, cuyos síntomas se confundían fácilmente con los de infecciones sexuales. Tradicionalmente existía en España una actitud indulgente hacia la prostitución, pese a (o a causa de) los valores patriarcales católicos prevalecientes. Por lo general, las autoridades sólo intervenían en cuestiones relacionadas con burdeles por razones que eran más pragmáticas que morales. Tras dos años y medio de guerra, el número de prostitutas de Barcelona había crecido de manera exponencial, y, en agosto de 1836, el aumento de enfermedades «viciosas» entre los soldados y milicianos del bando del gobierno hizo que se transformara lo que antes había sido un convento en un hospital para prostitutas infectadas. Sin embargo, las autoridades militares se quejaron de que los encuentros sexuales tanto entre soldados y mujeres como entre hombres continuaron sucediéndose en ese lugar[433]. Aunque el paso de cien años no debilitó la tradición de la prostitución, es de destacar que se produjo una diferenciación de clase similar a la polarización social de la década de 1930. Como comentó un observador extranjero, las prostitutas «del montón» apoyaban a la República, mientras que las «de mayor nivel» apoyaban a los nacionales[434]. De nuevo predominaron las respuestas pragmáticas de las autoridades militares. A principios de 1937 los nacionales intervinieron en un burdel de Vitoria muy frecuentado por milicianos carlistas, únicamente porque se supo que algunas de las mujeres estaban a cargo de una organización para ayudar a jóvenes que querían desertar a Bilbao, ciudad bajo control del gobierno[435]. Durante el primer año de la Guerra Civil Española, se diagnosticaron enfermedades venéreas a un 3,5 % de las tropas del gobierno, aunque la cifra real probablemente fuese mayor. Es posible que la defensa de la moral de los nacionales les llevara a ocultar sus verdaderas cifras de afectados por enfermedades venéreas, con lo que parecería que no fue un problema tan grave en su zona[436]. Las mujeres voluntarias, tanto las milicianas que fueron a combatir de verdad como la cantidad indefinida de «putas» que acudieron al frente por el reclamo de los soldados republicanos, que estaban bien pagados y no tenían mucho más en lo que gastarse el sueldo, constituyeron un rasgo muy propio del bando del gobierno durante la guerra. Cuando se supo que a un miembro de las Brigadas Internacionales una miliciana le iba a hacer «un favor», fue jaleado por sus camaradas, que pensaban que dicho favor era de carácter sexual, pero luego resultó que ella solo se había comprometido a lavarle la ropa interior[437]. Así pues, a una suposición machista se le sumó otra del mismo tipo. Pese a la legislación emancipadora del gobierno revolucionario, la sociedad patriarcal siguió imperando claramente, en tanto en cuanto desde el frente se mandaba a mujeres a su casa porque podían transmitir enfermedades venéreas, y hasta se dice —aunque quizá sea una historia inventada— que el anarquista Durruti ejecutó a varias mujeres que desafiaron su orden y volvieron con las tropas[438]. Lo que subyacía a la propagación de enfermedades venéreas era el enorme aumento de la prostitución como consecuencia de la guerra. Los soldados de ambos bandos frecuentaban los burdeles, del mismo modo que en ambos bandos persistían las actitudes tradicionales con respecto a ese negocio. En 1940, al final de la guerra, al tiempo que una pobreza extrema afectaba a los derrotados, había hasta 200 000 prostitutas trabajando en burdeles o por su cuenta[439].

Comida y moral

Comida y moral

En ambas guerras civiles, los dos bandos se enfrentaron al problema de proveer de suficiente comida tanto a combatientes como a civiles. Una crisis de subsistencia a nivel nacional golpeó al país en 1837, en plena Primera Guerra Carlista, como resultado de la combinación de los estragos de la guerra y del ciclo «natural» de malas cosechas. Incluso antes de eso, hubo crisis en lugares concretos, a causa de la producción agrícola, que perjudicaron a la relación entre civiles y militares en las zonas de combate. La vital cosecha de finales del verano de 1834 supuso un enorme problema para las fuerzas del gobierno que intentaban vigilar los campos vascos y navarros. En previsión de los estragos de los carlistas y del descontento que se produciría a continuación entre sus filas, en septiembre los intendentes mandaron soldados a recoger todo lo que pudieran de la cosecha de cada lugar y a defender los graneros[440]. El robo de trigo por parte de irregulares carlistas se había convertido en un problema cada vez mayor a lo largo de 1834. Las fuerzas cristinas requisaron los caballos de las áreas cercanas al frente, pero esa medida sólo sirvió para agravar los problemas logísticos de la agricultura[441]. El gobierno concentró la obligación de servir en el ejército en el periodo de septiembre-octubre, después de recogida la cosecha. Por el contrario, el número de voluntarios que engrosaron el bando rebelde alcanzó su número máximo durante los meses de cosecha, precisamente por las oportunidades de saquearlas «en nombre del rey».

Las cosechas de 1834 y 1835 fueron buenas, pero a partir de ahí la expansión de la actividad de los carlistas disminuyó la producción de alimentos y su transporte, que llegaron a su punto más bajo en 1837. Las malas cosechas y ocasionales hambrunas formaron parte del ciclo «natural» de la economía rural española hasta la década de 1860. No obstante, el hambre de la Primera Guerra Carlista se agravó por la distorsión que produjo en la producción agrícola la movilización masiva de hombres, y por los frecuentes casos de depredaciones que obedecían en buena parte a la mala intendencia del gobierno. El sistema «asentista» de pagar a particulares para que proveyeran al Ejército del Norte era tan caro como inadecuado, pues, al operar como una forma de venta al por mayor, la mercancía que se pagaba en origen luego podía terminar siendo robada por bandoleros o echarse a perder antes de llegar al frente, con lo que rara vez llegaba en su totalidad. Ese sistema de contratación de particulares era habitual en las guerras europeas desde finales del siglo XVI[442]. La investigación de David Parrott sobre el «negocio de la guerra» en la Europa de la Edad Moderna muestra que los oficiales que participaban monetariamente en la alimentación de sus fuerzas crearon un «círculo virtuoso» de eficacia militar, el cual se basaba en el interés, propio de la Ilustración, por el bienestar de sus hombres y una actitud más ofensiva contra los recursos del enemigo[443]. Sin embargo, cuando a partir del siglo XVIII fueron los civiles los que empezaron a seguir a las tropas para venderles víveres, se perdió ese interés directo del ejército y, en el caso de los proveedores del bando del gobierno en la Primera Guerra Carlista, no apreciamos ningún vínculo entre esos asentistas y la eficacia militar. Para empezar, el grado sin precedentes de militarización que se vivió en la España de la década de 1830 puso a prueba ese sistema. Las líneas externas y los ataques carlistas a las fuerzas del gobierno en el País Vasco rápidamente originaron allí una crisis alimenticia. Ya en junio de 1835, y pese a que la reciente cosecha había sido buena, el gobierno ordenó a la milicia que entregase toda su comida y armas al ejército regular[444].

A diferencia de los rebeldes vascos, que contaban con líneas internas, las fuerzas cristinas estaban a merced de sus proveedores (o asentistas), que les servían desde muy lejos. La revolución de La Granja de agosto de 1836 estuvo en parte provocada por la negativa de los proveedores a cumplir los pedidos hasta que se les pagara lo que se les debía[445]. Tres meses después, cuando el famélico Ejército del Centro lanzó su ofensiva contra Cantavieja, en poder de los carlistas, los cálculos de su capitán general, Evaristo San Miguel, estaban condicionados por la necesidad de alimentar a sus tropas en una región que, sumida en la pobreza, se enfrentaba a la llegada del crudo invierno. Los carlistas de Cantavieja se rindieron tras unos días de resistencia, pero las tropas ocupantes se llevaron una decepción. Los rebeldes habían acabado con casi toda la comida, y la poca que quedaba parece que fue acaparada por una avanzadilla de oficiales del bando del gobierno que después la vendieron a un precio mucho más alto. Dejaron que cientos de prisioneros cristinos liberados se muriesen de hambre[446]. Aunque Espartero supo mantener mejor la disciplina en su Ejército del Norte, sus fuerzas padecieron la misma crisis de subsistencia. En febrero de 1837, las tiendas de comestibles de Bilbao ya habían recuperado el nivel de abastecimiento de antes del asedio, pero tanto las autoridades civiles como las militares querían controlar las existencias de comida. Al final fue Espartero el que consiguió ese control, pero con la condición de que pudiese hacerse cargo directamente de las existencias sin tener que recurrir a los proveedores. Por el prestigio de Espartero, los gobiernos liberales locales estuvieron más dispuestos a confiarle pedidos que el gobierno revolucionario de Madrid. Las autoridades provinciales de Santander, que se enfrentaban a un acoso rebelde cada vez mayor en el interior de la provincia, se comprometieron a proveerse directamente por medio de él y no a través del gobierno de Madrid[447].

No se llegó a ningún acuerdo similar en la zona de operaciones del Ejército del Centro, donde por la hambruna de 1837 tanto las tropas cristinas como las carlistas competían entre sí para sacarle a la población la mayor cantidad de comestibles posible. Exigían a los municipios víveres y dinero, y a menudo se negaban a entregarles un recibo a cambio alegando razones espurias. Los civiles sufrían todo tipo de privaciones. En julio de 1837, unos 500 soldados del gobierno que estaban acuartelados en Teruel consiguieron que se les diera una ración de pan a todas luces excesiva. Lo que las tropas robaban a los vecinos luego lo vendían a otros, o a los mismos robados, a precios más altos para llenar los bolsillos de los oficiales, y hasta se dio el caso de que reclutas cristinos que provenían de zonas viticultoras exigían vino en pueblos en los que casi ni se conocía[448]. Por la crisis de subsistencia de 1837 sufrieron tanto los frentes de batalla como los frentes civiles de retaguardia. Un corresponsal de periódico, que escribía desde la provincia de Córdoba, se quejó de la miseria que provocaban la cosecha malograda y la carga cada vez mayor de sinecuras públicas que habían resultado de la revolución[449].

La Guerra Civil Española mostró, al igual que las guerras civiles de Grecia y Yugoslavia de la década de 1940, que el bando que controlaba las regiones productoras de trigo terminaba ganando la guerra[450]. En la Primera Guerra Carlista, de Andalucía salía el trigo del 25 % de pan que se consumía en España en tiempos normales[451], y esas tierras andaluzas permanecieron a grandes rasgos en poder del gobierno a lo largo de todo el conflicto. Aun así, y a excepción de las zonas de guerra irregular de Castilla la Vieja y del este de España, los civiles de la zona del gobierno comían en general mejor que sus soldados. En la Guerra Civil Española, en cambio, en la retaguardia republicana se morían de hambre mientras los soldados disfrutaban de una mejor nutrición (aunque tampoco abundante) gracias a sus sueldos relativamente más altos y a su cercanía a la infraestructura mejorada de transportes, incluso cuando las contingencias bélicas hacían que peligrara la última etapa de un transporte de suministros por carretera o tren. En un informe de la inteligencia británica de abril de 1937 se decía que los soldados del gobierno aún no padecían las privaciones de los civiles[452]. Sin embargo, a mediados de la Primera Guerra Carlista tanto los soldados como los civiles las sufrían en las zonas de combate rurales de Castilla, Aragón y Cataluña, por los problemas que suponía la guerra para las cosechas y los mercados. Los asedios provocaban aluviones a las ciudades de refugiados procedentes del campo, lo que empeoraba el hambre en los centros urbanos y reducía la producción agrícola. Incluso después de que terminara el asedio rebelde de San Sebastián en mayo de 1836, en las zonas rurales de los alrededores los carlistas amedrentaban a los campesinos «enemigos» que volvían a sus casas, lo que perjudicó a las cosechas[453]. En el verano de 1836, un diputado catalán informó de que en Lérida «ya se han perdido dos cosechas, y la de julio será víctima de la facción […] y hay pueblos que llevan tres meses sin pan»[454].

En cambio, las zonas productoras de trigo estaban en su mayoría en manos de los nacionales en la Guerra Civil Española, lo que provocó una falta de comida en la zona republicana que se acrecentó a medida que la pérdida de territorio hizo que llegaran refugiados a lugares donde la producción agrícola cada vez era menor[455]. Se produjo una crisis en la zona republicana por el debilitamiento físico y psicológico de los civiles como consecuencia de su dieta, repetitiva y en disminución, de arroz, lentejas y garbanzos. Hay estudios sobre el bloqueo aliado del Imperio Alemán durante la Primera Guerra Mundial que demuestran el claro vínculo entre desnutrición y derrotismo[456]. En diciembre de 1938, la ingesta diaria per capita de calorías en Madrid se había reducido a 770. La única enfermedad relacionada con la desnutrición que no estaba extendida era el escorbuto, debido a que seguía abierta la comunicación con los campos de naranjas de Valencia. Los gatos desaparecieron de las calles de Barcelona, y las autoridades aconsejaron que en cada piso se tuviera al menos un pollo en el balcón[457]. Como ha demostrado Michael Seidman, las actitudes «individualistas» perduraron tras la fachada de solidaridad que quería mostrarse durante la socialización y colectivización de la agricultura alentada por los anarquistas en 1936-37[458]. Se dieron acaparamientos de comida, elusiones de responsabilidades y trueques, con lo que se iban agotando los suministros de las ciudades llenas de refugiados y se agravaban las deficiencias estructurales de un gobierno que, al comienzo de la guerra, había perdido el control del granero de Castilla. Ya en mayo de 1937 la escasez era tan persistente que pasó a formar parte de la propaganda que apoyaba la contrarrevolución. Afirmó El Sol que un mando único «eliminará las colas del pan de Madrid al permitir que las autoridades respondan a las necesidades de la gente»[459]. La prensa comunista hizo campaña para que se aumentara la producción a toda costa, y condenó que hubiese tierra sin cultivar por considerarlo un acto de sabotaje[460]. Se organizaron jornadas de confraternización entre unidades del Ejército Popular y recogedores de aceituna de Aragón, con el objeto de potenciar al máximo la primera cosecha de 1938, «ya que con la exportación de aceituna por un valor de setenta millones de pesetas en divisas extranjeras se comprarán armas con las que vencer a los invasores»[461].

La escasez de comida hacía que las comunidades en guerra que la padecían recurrieran al humor negro y la propaganda para sobrellevar la situación. La crisis de subsistencia que en 1837 afectó al norte de España fue causada por las confiscaciones tanto de las fuerzas cristinas como de las carlistas. A gentes de pueblos de Castilla que se morían de hambre no les quedó más remedio que sacrificar caballos y animales de tiro para comérselos[462]. Las localidades bajo asedio directo se enfrentaban a la muerte por inanición. El 10 de diciembre de 1837, el gobernador de Morella (Castellón) escribió a los carlistas que asediaban el lugar que, tras cuatro meses de bloqueo, se habían quedado sin alimentos, por lo que iban a tener que empezar a comerse a familias carlistas. Cabrera, encantado de que por una vez no fuese él quien quedara como el villano, contestó jurando que tomarían represalias contra familias liberales, pero sin llegar a caer en el canibalismo[463]. Ninguno de los dos podía saber que, justo mientras intercambiaban tan negra correspondencia, los prisioneros de guerra del bando del gobierno que habían sido capturados en la batalla de Herrera (Zaragoza), de agosto de 1837, habían empezado de verdad a comerse los cadáveres de sus camaradas muertos de inanición[464].

En el otoño de 1837, el comandante en jefe Espartero usó la falta de reservas de comida como una de las razones para negarse a la exigencia del gobierno de que lanzara una ofensiva general. En Madrid desestimaron las peticiones de Espartero de comida, dinero y ropa de invierno, así como sus quejas sobre las extorsiones de los asentistas, tachándolas de meras excusas. El hambre que pasaban las guarniciones estaba malogrando los concienzudos esfuerzos de Espartero para restablecer la disciplina en el ejército postrevolucionario. Las consecuencias para las gentes de los pueblos del norte de España fueron funestas. El norte de Castilla quedó reducido a lo largo de 1837 a una situación prácticamente de hambruna, tras saquearse y abandonarse las fuentes tradicionales de obtención de carne. Hasta los bueyes se robaban para ser comidos, ya que los granjeros no tenían nada más que se les pudiera rapiñar. A un aristócrata polaco le conmocionó el daño que cuatro años de insurgencia de los rebeldes y contrainsurgencia del gobierno habían infligido a los pueblos de la provincia de Guadalajara:

No tenéis idea de la desolación del país. Los pueblos están tan extenuados que en muchas localidades han organizado dos municipios, uno compuesto de liberales y presidido por el alcalde, y el otro todo de carlistas y con el cura al frente. En cuanto se sabe que una partida carlista se acerca a la población, los cristinos se encierran en la fortaleza o en las iglesias que están todas fortificadas en la actualidad, y el cura entra en funciones y trata de moderar las coacciones y las venganzas de los invasores. Cuando se van, el cura resigna sus poderes en el alcalde, que se los devolverá en cuanto haya noticias de un nuevo peligro[465].

A los habitantes rurales de la zona enemiga se les hizo pagar por la crisis de subsistencia del gobierno. Las incursiones de la caballería de Zurbano en el País Vasco fueron las únicas operaciones ofensivas de importancia que se llevaron a cabo en el otoño e invierno de 1837. En esas «cabalgadas», quemaron las tierras al norte del Ebro y destruyeron depósitos de armas y fundiciones. Y, por encima de todo, robaron ganado para alimentarse[466].

En la Guerra Civil Española, la escasez de comida solo afectó a la zona republicana y fue de carácter fundamentalmente sistémico (por más que el pillaje agravó la situación). El derrotismo cada vez mayor que se asentó en esa zona estuvo causado por la escasez alimenticia más que por cualquier otra cosa. A los pequeños agricultores a los que se había obligado a la colectivización, y que estaban hastiados de la guerra, se les dio un término gastronómico: se los apodó «rábanos» (rojos por fuera, blancos por dentro)[467]. Los «rábanos» se convirtieron en el blanco de los chistes del empobrecido frente civil republicano: un hombre, desesperado, decide suicidarse yendo a una reunión de anarquistas y haciendo allí el saludo falangista, pero entonces los anarquistas le gritan muy preocupados: «¡Cuidado, que no nos fiamos del portero!»[468]. El empobrecimiento de la zona republicana dotó de sinceridad a quienes ya en mayo de 1937 estaban tanteando las opciones de lograr la paz. El socialista Besteiro aprovechó su asistencia al funeral de Jorge V para pedir a Anthony Eden que mediase en el conflicto, y ese mismo mes el Vaticano ofreció sus buenos oficios a Franco para conseguir una paz negociada[469]. Tanto el apoyo de Roma como el de Churchill para resolver el conflicto a través de mediadores fueron rechazados rotundamente por Franco. Este recibió ánimos (aunque tampoco es que le hicieran falta muchos) del encargado de negocios nazi, el cual informó a Berlín de que había demasiado odio y se había derramado demasiada sangre para que las dos Españas se reconciliaran, y que la intervención de Churchill se explicaba por los intereses económicos y comerciales que desde hacía mucho tenían los británicos en Bilbao[470].

El humor negro se desarrolló entre los rebeldes de la Primera Guerra Carlista a partir de que la corriente militar se volviese contra ellos. Mientras que las tropas carlistas solían marchar al son de canciones con letras tan estimulantes como: «Si vence Cristina, seremos hermanos; si vence Carlos, nosotros los amos», después de 1837 el lenguaje patriótico se vio subvertido por el humor sarcástico. Del mediocre edecán del príncipe carlista Sebastián, Alonso de Cuevillas, sus sufridos hombres decían que «Cuevillas nunca hizo maravillas»[471]. El popular padre del brazo de caballería carlista, Carlos O’Donnell, tenía la costumbre de iniciar sus comentarios sobre fracasos militares con el preámbulo de «ojalá». Después de que muriera en acción en mayo de 1835, empezó a usarse el término «ojalateros» para ridiculizar a los haraganes y funcionarios de la retaguardia carlista. Mujeres que padecían las escaseces cada vez mayores que afectaban al País Vasco, por el bloqueo al que estaba sometido, imprecaban, llamándoles «ojalateros», a los especuladores que hacían negocio con la guerra, a los desertores y, lo que era más injusto, a heridos en combate u otros hombres incapacitados para el servicio.

Conforme se fue extendiendo el derrotismo tras la fallida Expedición Real de 1837, la facción a favor de la paz que rodeaba al general Maroto fue tachada de «ojalatera» por los más intransigentes. La posibilidad de llegar a un acuerdo de paz fue odiosa para el gobierno hasta 1836, y para los rebeldes hasta el año siguiente. Dos moderados contrarios a la revolución de 1836 llevaron a cabo negociaciones informales con la corte de don Carlos para tratar de los términos en que se podría lograr la paz, pero solo consiguieron que se les asegurara que los únicos términos válidos serían los de la rendición incondicional[472]. El 19 de mayo de 1837, el comandante en jefe Espartero hizo una proclama a la población vasca y navarra, en la que les pedía que depusieran las armas y prometía que sus oficiales formarían parte del ejército reunificado a cambio de que reconocieran el derecho de Isabel al trono[473]. No obstante, fue la derrota en septiembre de la Expedición Real la que hizo que se extendiera el pesimismo entre los rebeldes del norte. Sin embargo, incluso entonces los intentos del gobierno de tantear la situación fueron torpes. José Antonio de Muñagorri era un magnate de armas alavés que en noviembre de 1837, después de muchos meses de vacilaciones, finalmente traicionó a los carlistas de su Verástegui natal y pasó a servir a los cristinos. En abril de 1838, invadió el País Vasco desde Francia al mando de un grupo de irregulares y al grito de la consigna «paz y fueros». Muñagorri contaba con un fuerte apoyo de Gran Bretaña y Francia, además de tener al jefe de espías Aviraneta como mentor. Su manifiesto confirmó lo que pensaban otros carlistas: que la cuestión de los fueros y del reinado de don Carlos eran separables. De ese modo se allanó el camino para lograr una «transacción» o acuerdo de paz[474]. Las razones de que esos generosos términos no se aceptaran antes residen, por un lado, en la incompetencia militar de las fuerzas de Muñagorri, que rápidamente se convirtió en blanco de las bromas tanto de carlistas como liberales, y, por otro, en que los fueros solo eran una parte de las motivaciones del carlismo vasco. Tener una monarquía de hondo carácter religioso seguía siendo un factor fundamental para los «apostólicos» intransigentes que se aferraban a don Carlos, y para ellos el régimen cristino era diabólico en ese sentido[475].

El manifiesto de Muñagorri recibió respuesta en la edición del 29 de mayo de 1838 del Boletín de Navarra y Provincias Vascongadas, publicación oficial en la que se decía que, aunque era cierto que la población padecía la carga fiscal impuesta por los carlistas, padecerían muchísimo más con la que les impondrían los liberales, ya que estos querrían reconstruir su territorio devastado por la guerra a costa de exigir indemnizaciones al País Vasco[476]. En otoño, el gobierno del aspirante al trono intentó animar a los suyos con la extravagante boda de don Carlos con la princesa María Teresa de Braganza, hermana de su primera mujer, la cual había muerto en su exilio de Portsmouth en 1834. El presidente del gobierno carlista, Arias Teijeiro, muy ocupado en controlar la cobertura periodística, dijo que esa boda era «el último golpe a la revolución que está a punto de sucumbir». Sin embargo, los vascos sabían que la nueva reina no aportaba ningún dinero a la causa carlista en bancarrota, mientras que los enemigos de Maroto sospechaban que este había urdido esa unión para desplazar a don Carlos, habida cuenta de que la princesa María Teresa había quedado formalmente excluida de la línea de sucesión por las Cortes cristinas en enero de 1837[477]. El gobierno de Madrid quería sacar rédito de la creciente desilusión que se extendía por la zona carlista. En marzo de 1839, el espía y conspirador Eugenio de Aviraneta puso en circulación uno de los textos propagandísticos más efectivos de toda la guerra. En su «Carta que escribe un campesino vasco a un hojalatero» atacaba a los miembros parásitos de la corte de don Carlos y urgía a los carlistas vascos a buscar la paz, en lugar de ser «traicionados» por intransigentes teocráticos y carlistas que no eran vascos[478].

En la Guerra Civil Española, la comida abundaba más en la zona rebelde, ya que los nacionales controlaban los «graneros» castellanos y andaluces, y la supresión tajante de las huelgas llevó a un tipo de producción de carácter coercitivo[479]. El complejo gobernador nacional de Sevilla, Queipo de Llano, republicano de derechas de triste fama por su uso de la propaganda radiofónica, se adelantó al sistema productivo del franquismo, además de hacer uso de unas repugnantes campañas a través de los medios de comunicación. En privado los aliados nacionales de Queipo de Llano se quejaban de sus sanguinarias diatribas radiofónicas, pero en público decían de sus «queiprogramas», como se les llamaron, que eran de «una elocuencia militar fiel al espíritu de su Andalucía natal»[480]. De hecho, lo que hizo fue transformar Radio Sevilla en una plataforma para sus viscerales discursos de odio, en los que alardeaba de que sus marroquíes iban a violar a las «rojas» y a matar a sus hombres. Tan reprensible propaganda le servía para amedrentar a los oyentes de zona republicana y para amenazar a antiguos izquierdistas que estaban bajo su control.

A la «elocuencia» de Queipo de Llano la acompañaba lo que Michael Seidman ha descrito como una economía capitalista autoritaria sometida al estado. No deja de ser irónico que la regulación de Queipo de Llano de la economía andaluza tuviera muchas cosas en común con la política que había llevado a cabo el presidente Mendizábal en la zona del gobierno cien años antes. Mendizábal fue el primero en promover unas medidas «voluntaristas» en nombre del esfuerzo bélico. Los funcionarios cristinos también tuvieron que aguantar retrasos en los pagos de sus sueldos, y en torno a sus necesidades se originó todo un sistema de trueques y pagos a plazos que luego se sofisticaría mucho más en la zona republicana de 1936-1939[481]. En su primer mes como presidente del gobierno, Mendizábal logró la notable hazaña de asegurarse donaciones de nobles y financieros, y de que los funcionarios del gobierno aceptaran que se les rebajase el sueldo un 10 % mientras durase la guerra civil[482]. En 1837, cuando ocupaba el cargo de ministro de Hacienda, Mendizábal impuso un préstamo forzoso a las clases medias y altas bajo unos términos onerosos. Si bien el gobierno devolvió el dinero a esos suscriptores —que tampoco habían tenido mucha elección— con un 5 % de intereses, no lo hizo en efectivo, que era escaso, sino en vales que solo se podían usar para pagar impuestos al estado[483].

Por su parte, Queipo de Llano también obligó a los residentes adinerados de la zona nacional a hacer «donaciones patrióticas», al gravar un 10 % los artículos de lujo, decretar que los viernes fueran el «día de plato único», en que los clientes de los restaurantes pagaban los tres platos pero solamente se les servía uno, y acobardar a la vencida clase obrera obligándolos a trabajar a cambio de sueldos de miseria. Una eficacia económica similar tenía la peseta de los nacionales, que obtuvo confianza internacional y les ayudó a recibir créditos con los que continuar la guerra. Las exportaciones de las zonas nacionales siguieron firmes a lo largo de todo el conflicto, y se pagaban únicamente en las codiciadas divisas extranjeras. Al terminar la guerra en 1939, la peseta nacional solo había perdido alrededor de un 20 % de su valor, mientras que la peseta republicana casi se había devaluado el 100 %. De ahí que se controlara la inflación, no solamente gracias a la confianza internacional, sino también por las intervenciones autoritarias en la fijación de precios. Las «donaciones voluntarias» al Auxilio Social y otras entidades del régimen también contribuyeron a que hubiese liquidez, un «voluntarismo» sustentado tanto por la propaganda como por el terror o la amenaza. Por ejemplo, los periódicos nacionales advertían a los españoles de que no le dieran la mano a cualquier hombre o mujer que luciese una alianza de oro en el dedo. Los aristócratas con vínculos con la monarquía en el exilio hicieron las donaciones más cuantiosas y ostentosas[484].

Queipo de Llano impuso una versión de derechas de la «economía moral», que controlaba los precios y regulaba las condiciones laborales, con lo que se reprimía a los trabajadores, pero también se restringían algunos de los abusos de la burguesía. Puso un tope del 5 % para los intereses «usurarios» de los pagos de préstamos, y la norma del Banco de España de un 4 % se convirtió en la tasa de interés habitual para los agricultores que pedían financiación para mejorar o ampliar su producción. En agosto de 1937, se instauró en Burgos el Servicio Nacional del Trigo (SNT) como organismo burocrático para dirigir una economía agraria que era un híbrido de anticapitalismo y totalitarismo. Con todas esas medidas se privilegiaron los valores del campo por encima de los de la ciudad, algo para lo que los franquistas tenían sus razones, ya que las bestias negras de la propaganda nacional —los judíos, las mujeres emancipadas, los rojos y los masones— iban indefectiblemente unidas a las urbes y sus supuestos valores corruptos, que nada tenían que ver con los de las «puras» zonas rurales[485]. El número de judíos que había en España en la década de 1930 apenas rondaba los 1000, más unos 10 000 del Marruecos español[486]. Aun así, y al igual que en la década de 1830, la práctica inexistencia de judíos españoles no impidió que los rebeldes usaran el antisemitismo como arma propagandística.

En general, los observadores extranjeros quedaron más impresionados por el aparente «orden» de la España de los nacionales que por los intentos de los comunistas de restablecer el capitalismo en la zona republicana[487]. A un agente de banca británico, partidario de los nacionales, que recorrió el «feudo» andaluz de Queipo de Llano en octubre de 1937, le convenció el espíritu autoritario y productivo que se había impuesto en la economía, así como que los «rojos» se ganaran la redención de sus pecados por medio del trabajo: «En el antiguo aeródromo de zepelines de Sevilla, se están haciendo obras de canalización a cargo de prisioneros que reciben comida del ejército y cinco pesetas al día por decreto de Franco»[488]. Tres meses antes, un amigo de Churchill, el agregado naval británico en Palma de Mallorca, que estaba bajo control rebelde, hizo una gira similar por Andalucía. La conclusión de Hillgarth fue concisa y expresiva: «Si el secreto para ganar esta guerra es el orden, no nos cabe mucha duda de qué bando la ganará»[489].

Los dignatarios extranjeros confundieron la sumisión de la población por medio del terror con su supuesto deseo de paz y cooperación. Aun así, las terribles implicaciones de la violenta propaganda de Queipo de Llano quedaron moderadas por dos factores. En primer lugar, la Falange afilió, y por lo tanto proporcionó inmunidad, a aquellos izquierdistas que rápidamente se hicieron pasar por nacionalsindicalistas frustrados, o simplemente manifestaron su deseo de acabar violentamente con los «rojos». Un observador extranjero llamó a esos nuevos afiliados «basura social»[490]. Los nacionales «respetables» los llamaban la «Failange», haciendo un juego de palabras con las siglas de la organización anarquista FAI (Federación Anarquista Ibérica), y hasta el propio Queipo de Llano reconoció que la camisa azul de la Falange era en realidad para esas personas un chaleco salvavidas que las libraba de la persecución. Como en la mayoría de las guerras civiles, tras las motivaciones ostensiblemente ideológicas se ocultaban enemistades personales, ajustes de cuentas y divisiones en facciones. Por mucho que los actos violentos y las denuncias se disfrazaran de cuestión política, en realidad se realizaban más por razones lógicas que ideológicas.

El segundo factor que moderó el régimen de terror de los nacionales fue precisamente la necesidad de aumentar la producción. Aunque los caciques se dedicaban mucho más a perseguir a los izquierdistas de la zona nacional que a protegerlos, en Galicia a veces la represión quedaba atenuada por la intercesión de todopoderosos caciques que, irónicamente, de ese modo podían seguir explotando a sus trabajadores en beneficio de sus intereses económicos. El que continuara existiendo el caciquismo, y no solamente en Galicia, se puede explicar en parte porque la propia Falange, pese a su retórica, tuvo una afluencia de nuevos afiliados a los que movían motivos oportunistas y apolíticos o, como decíamos, la necesidad de obviar su anterior pasado izquierdista, por lo que su pertenencia a la organización tenía más de tapadera política que de ganas de unirse a la cruzada contra los caciques que los falangistas de la vieja guardia llevaban mucho tiempo exigiendo. La primacía de la comida también moderó parte del terror contrarrevolucionario contra los rojos que habían sacado beneficio de la República. En la Andalucía y Extremadura nacionales se permitió que algunos yunteros, a los que con mucha controversia se había reconocido su derecho a la propiedad de la tierra en tiempos del Frente Popular de preguerra, permanecieran en los terrenos que ocupaban «ilegalmente» hasta septiembre de 1937, para que así pudieran recoger la cosecha[491]. En la Guerra Civil Española los nacionales estaban mejor alimentados, y eso contribuyó en no poca medida a su victoria.

3. Legado y memoria de las guerras civiles españolas

CAPÍTULO 3

LEGADO Y MEMORIA DE LAS GUERRAS CIVILES ESPAÑOLAS

La República tendría que haber luchado como los liberales de la Primera Guerra Carlista. La Milicia Nacional se resistió gloriosamente a los carlistas en Cenicero, Caspe, Villafranca y Gandesa, al tiempo que permitía que el ejército de Espartero avanzara hasta la victoria definitiva[492].

Las guerras civiles no se inician cuando se declaran las hostilidades, como tampoco terminan cuando se anuncia su fin. Son el resultado de una tensión de preguerra cada vez mayor que adopta tintes violentos durante la contienda y provoca una «paz» traumática en la posguerra. En los casos que nos ocupan, ese trauma lo causó en parte la acción humana (la venganza de los vencedores), y en parte lo originaron las circunstancias propias de la guerra (los desplazamientos, el hambre y la movilización).

El legado y la memoria de las guerras civiles españolas comprenden distintos niveles. Los artífices de la derrota en ambas guerras civiles, los generales Rafael Maroto en 1839 y Segismundo Casado en 1939, han estado sometidos a controversias y críticas de ambos bandos. El que se echara la culpa personal y se acusase de traición a los dirigentes de los bandos derrotados en ambas guerras fue conveniente, por extraño que resulte, ya que hizo que se desarrollaran leyendas sobre supuestas «puñaladas por la espalda». Parece que ese fenómeno perduró varias generaciones. Hasta fechas recientes, los historiadores veían el «golpe militar de Casado» de marzo de 1939 de forma positiva. Se consideraba que la forma de actuar de su Consejo Nacional de Defensa para poner fin a la guerra era una intervención humanitaria, y algo necesario para frenar lo que se sospechaba que iba a ser la inminente toma del poder en la República por parte de los comunistas. A historiadores extranjeros anticomunistas como Stanley Payne y Burnett Bolloten no hizo falta convencerles mucho de que Negrín se había convertido en un títere de Stalin. Las memorias de Segismundo Casado, publicadas en dos partes (justo después de la guerra y, ya de vuelta en España en los años sesenta, poco antes de su muerte), fueron en general bien recibidas por el régimen franquista, precisamente porque su anticomunismo corroboraba la misión salvadora que se habían atribuido los vencedores[493]. La derrota provocó un ansia de acusaciones personales, y eso que ocurrió tras la Guerra Civil Española también ocurrió cien años antes. Los historiadores tradicionalistas vilipendiaron a Rafael Maroto por encabezar en 1839 lo que consideraban una rendición «vergonzosa» ante el gobierno[494]. Por mucho que luego Maroto fuera rehabilitado por el decano de la historia de la Primera Guerra Carlista, Antonio Pirala, su leyenda negra persistió, por lo que tuvo que terminar su carrera donde la había comenzado: en Hispanoamérica y sumido en el olvido.

Ambos conflictos sumergieron a España en un trauma colectivo que dejó profundas huellas materiales y psicológicas. Las huellas psicológicas fueron mayores que las materiales, pese a, por ejemplo, la decisión de los vencedores nacionales de conservar el arrasado pueblo de Belchite (Zaragoza) como un lugar fantasma con el que rememorar la guerra. Proporcionalmente, las bajas humanas fueron más grandes que los daños a infraestructuras, a diferencia de lo sucedido en los frentes de la Primera Guerra Mundial. En mayo de 1840, el último reducto que le quedaba al carlismo era Morella (Castellón), que Cabrera había nombrado capital del territorio que controlaba. Aunque la mitad del pueblo fue arrasado por los bombardeos del gobierno, daños tan graves fueron más la excepción que la norma[495]. Cien años después, un norteamericano del Partido Demócrata, mientras viajaba por la España de posguerra, se sorprendió de que los daños causados a los edificios no fueran comparables a la cantidad de bajas humanas, debido a «los cañones pequeños y las bombas que se usaron en la guerra»[496]. Así pues, en cada lugar el recuerdo de la guerra civil tendió a centrarse en la destrucción humana más que en la material. La repetición de las guerras ideológicas similares que se daban cada dos generaciones llevó a los habitantes rurales carlistas a refundir historias locales en una sola narración interminable. Viana, localidad de Navarra tradicionalmente carlista, sirve de parábola de ese trauma humano. En noviembre de 1838, el carlista Balsameda mató a unos treinta y seis soldados liberales a los que habían capturado fuera de sus murallas, tras lo cual Espartero respondió con otra masacre[497]. En 1874, durante la Segunda Guerra Carlista, la ciudad fue saqueada por fuerzas republicanas por ponerse de parte del otro bando[498]. En 1936, como Viana apoyó desde el principio a los poderosos rebeldes carlistas del lugar, hubo menos problemas. No obstante, el cadáver de un «espía» anónimo, al que apodaron «el Ruso», fue hallado en las cercanías a los pocos días de comenzar la guerra. Por mucho que los bastiones carlistas de Cataluña se volvieron anarquistas cien años después, las mismas comunidades pequeñas siguieron enfrentándose a la muerte de todos modos. En 1838, los carlistas arrasaron Ripoll como forma de castigo colectivo[499], y, cien años más tarde, los anarquistas impusieron otro castigo colectivo al mismo pueblo cuando ejecutaron a trece simpatizantes de los fascistas entre los que había algunos sacerdotes[500].

Aunque en la Primera Guerra Carlista hubo las mismas bajas en proporción a la población total de España, o tal vez incluso más[501], la Guerra Civil Española engendró un terror más imperecedero por lo que respecta a los derrotados. Se dividió a nacionales y republicanos en «vencedores» y «vencidos», sin que se permitiera que el bando republicano pudiese tener una memoria objetiva de la guerra civil. No se dispuso que hubiera ningún espacio público en el que los vencidos, totalmente marginados en la España de posguerra, pudieran llorar a sus familiares muertos en la guerra civil, muchos de los cuales permanecieron en fosas comunes anónimas y olvidadas[502]. La victoria de los nacionales en abril de 1939 confirmó el poder sin cortapisas de Franco como jefe de estado, generalísimo, líder del partido único y, como se demostraría después, regente de por vida. Alfonso XIII continuó en el exilio, abdicó en 1941 y murió poco después. Su sucesor, don Juan, se enfrentó de inmediato con el victorioso caudillo alegando que había que restaurar la monarquía, y que la forma que tomase esta debía estar «por encima» de la política de partidos y ser de carácter constitucional. Franco, por el contrario, condenó el carácter liberal y constitucional de la monarquía alfonsina y exigió a su sucesor que se adhiriese a su idea, de influencia falangista, de una monarquía «totalitaria» basada en el ejemplo de la de Isabel I en el siglo XVI, y no de la de Isabel II en el XIX. Las pretensiones monárquicas de Franco cobraron mucho impulso tras la muerte de Alfonso XIII en 1941, cien años después de que en 1841 las pretensiones monárquicas de Espartero culminaran en su nombramiento como regente. No deja de ser irónico que tanto Franco como Espartero manifestaran su desdén por la monarquía. En septiembre de 1840, Espartero, aprovechando su condición de héroe de guerra, se alió con los revolucionarios para echar a la reina madre María Cristina y convertirse en regente de España al año siguiente. Franco tardó más en nombrarse regente a perpetuidad, sin que se olvidase del legado constitucional de la Primera Guerra Carlista. Negándose a «abdicar» en favor de una restauración de la monarquía, afirmó que «mientras yo viva, nunca seré una reina madre», y descartó los derechos sucesorios de los Borbones aludiendo a la conocida inmoralidad de Isabel II: «No puede ser padre de un rey el último con quien se acostaba doña Isabel»[503].

A los republicanos derrotados se les obligó a exiliarse o bien se les persiguió. Hacía mucho que el exilio era un fenómeno formativo para las élites políticas españolas, o incluso lo que prácticamente podríamos denominar un rito iniciático. Mientras que para algunos exiliados de élite su estancia en el extranjero era temporal, otros, como fue el caso de Blanco White a principios del siglo XIX, que se marchó por voluntad propia, o la generación de republicanos españoles que se exiliaron en México, nunca volvieron[504]. Los exiliados liberales que volvieron de París y Londres para dirigir el destino de los cristinos en la Primera Guerra Carlista fueron tema de estudio por parte de Vicente Llorens, el cual, lamentablemente, también fue exiliado republicano tras la Guerra Civil Española[505]. Aunque las tribulaciones de las élites están bien documentadas, existe poca información sobre los exiliados corrientes que huyeron en grandes cantidades a Francia en 1839 y 1939.

En buena medida, esa situación es el resultado de una memoria tergiversada políticamente. Tanto Espartero como Franco usaron su poder militar supremo para impedir que los refugiados volviesen a España, así como para eliminar a los militantes recalcitrantes. Ese carácter que tomó la paz siguió al pie de la letra la «Ley de Responsabilidades Políticas» de Franco, de 1939, y, a pesar de haber hecho concesiones más generosas, del Acuerdo de Vergara de Espartero, de 1839. La violencia de ambos regímenes vencedores se disfrazó de «orden público» y, de forma más abstracta, respondía a la necesidad de centralizar el poder político, siendo la principal diferencia que Franco fue más vengativo y consiguió mejor esos objetivos que Espartero. La posibilidad de «redención», por usar los eslóganes católicos del régimen, que se ofrecía a antiguos izquierdistas dependía en buena medida de que hubiesen abrazado el franquismo durante la guerra. Bastaba con el mínimo compromiso con la causa nacional, o aún mejor que fuesen «camisas nuevas» de la Falange, para que se protegiera a familiares de sufrir represalias, o incluso para que los oficiales al mando pasasen por alto los pasados izquierdistas previos a la hora de escribir buenas referencias para sus hombres, de manera que quedase anulada cualquier inclusión anterior en listas negras y pudieran encontrar trabajo[506].

Las tribulaciones que sufrieron los vencidos después de 1839 y 1939 afectaron a las mujeres de los bandos derrotados de formas similares. La emigración de gran número de combatientes carlistas del País Vasco tras la Primera Guerra Carlista a Francia, Cuba y Latinoamérica dejó a las mujeres de ese bando en la más absoluta pobreza, de la que muchas veces no podían salir de forma honrada. Las zonas carlistas de España que ocuparon los vencedores cristinos siguieron siendo tradicionalistas: en general, las mujeres carlistas no habían conocido la independencia que habían vivido algunas cristinas durante la guerra, y las convenciones imperantes impedían que ellas, aunque fueran madres indigentes y viudas de guerra, obtuvieran ninguna compensación o participasen en la esfera pública. Y, lo que es peor, los cristinos vencedores hicieron gala de un espíritu vengativo, por lo que, como veremos más adelante, una gran cantidad de varones exiliados se quedaron en Francia o en ultramar porque no se creían el ofrecimiento esparterista de amnistía[507].

Ambas guerras terminaron de un modo que en realidad poco tenía de paz. Los combatientes irregulares, a los que se denominaba «bandoleros», continuaron su actividad en zonas rurales alejadas, sobre todo tras la Primera Guerra Carlista, y en ambas guerras especialmente en áreas colindantes con los Pirineos. Esos bandoleros, que se habían aprovechado del carlismo según su propia conveniencia, fueron violentamente reprimidos, primero por el ejército de Espartero y, a continuación, por una nueva fuerza paramilitar centralizada, la Guardia Civil, que fue creada en 1844 después del derrocamiento de Espartero. Esa fuerza también disolvió a los «héroes» tan populares del bando vencedor, la Milicia Nacional, aunque por lo general sin tener que recurrir a la violencia. Así pues, y a diferencia de lo que ocurriría después de 1939, el estado español, unificado de nuevo, se reafirmó en la década de 1840 contra ambos extremos del reciente conflicto. En gran medida, el recuerdo popular de los combatientes más radicales quedó deformado según el bando en que hubiesen luchado. En 1939, los comunistas se habían convertido en la «aristocracia» del Frente Popular y disfrutaban del máximo poder y privilegios, aun cuando el gobierno se deslizaba hacia la derrota[508]. Los comunistas, que pensaban que los anarquistas eran como los bandoleros del siglo XIX que tanto habían asolado España, anularon a aquellos en 1937 en nombre de la militarización. Aunque el gobierno perdió la guerra civil, los comunistas españoles en el exilio no hicieron mucha autocrítica, sino que siguieron teniendo fe en su política de militarización y, en la década de 1970, en una «política de reconciliación nacional», ninguna de las cuales dejaba sitio para el recuerdo de la guerra de guerrillas irregulares que en realidad se había desarrollado, y que no parecía más que un fantasma del pasado remoto[509]. La respuesta de los anarquistas a la derrota fue muy distinta. Mientras la guerra aún continuaba, George Orwell, socialista y demócrata, llegó a la misma conclusión que los anarquistas de que hacer la guerra para conseguir la revolución estaba bien[510]. Ni los republicanos comunistas ni los no comunistas entendieron de verdad que la causa última de su derrota fue el modo de los nacionales de hacer esa guerra.

La hostilidad de los comunistas contra la guerrilla irregular estaba justificada en gran parte por su pragmatismo. Aunque Walter Laqueur, experto en guerrillas, se preguntó si el bando del gobierno podría haber llegado a vencer con una buena coordinación de las guerrillas, la pregunta sigue siendo ante todo hipotética[511]. El que la actividad guerrillera republicana no alcanzara su auge durante la guerra, sino en los meses posteriores a la victoria de los nacionales, demuestra la naturaleza más reactiva que proactiva de un bando derrotado que responde a una represión extrema. El patrón de los vencedores de llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales (según la llamada irónicamente «ley de fugas»), marginaciones, extorsiones y asesinatos por venganza de familiares de fugitivos, amedrentó a la población civil e hizo que se limitara severamente la ayuda voluntaria que dieron los habitantes rurales a las guerrillas[512]. Tan violenta represión fue similar o incluso superior al castigo de Espartero a las «fechorías» carlistas con posterioridad a 1839. Escribió el periodista norteamericano Thomas Hamilton a finales de 1939 que

la carretera de Oviedo a León era demasiado peligrosa para viajar por ella de noche. Al final una brigada de moros les dieron caza. En la provincia de Pontevedra había todavía más, y el gobernador militar provincial tuvo que hacer una proclama garantizándoles que no serían detenidos si se entregaban pacíficamente. Fue un duro golpe para ese hombre honorable que, de todas formas, Franco hiciera que los mataran o encarcelaran[513].

La violenta represión que siguió a la victoria de los nacionales en 1939 superó a la de las fuerzas del gobierno después de 1839. Por el Convenio de Vergara se permitió a los oficiales carlistas derrotados que conservaran sus armas, rangos y sueldos con tal de que juraran servir a la reina y no al pretendiente al trono. Lo que en realidad sucedió fue que las carreras de una generación de carlistas perdonados quedaron estancadas y estos se vieron preteridos por liberales vengativos. Y a las tropas del ejército carlista les fue aún peor. Se enfrentaron a la dura elección de servir en condiciones lamentables en el ejército unificado, o bien ser enviados a casa sin derecho a ninguna pensión ni muchas posibilidades de ganarse la vida, por la devastación económica que padecían las tierras rebeldes. Se prohibió que las fundiciones de armamento que habían proveído a los carlistas recibiesen contratos del ejército en tiempo de paz y, al trasladar las aduanas del Ebro a los Pirineos, se castigó a la Navarra y Álava carlistas y se premió al Bilbao y San Sebastián liberales. A lo largo de 1841, los periódicos informaron de un aumento en la emigración desde los puertos del norte a Cuba y las antiguas colonias, ya que muchos desdichados, y a veces familias enteras, prefirieron el exilio e incluso en ocasiones unas pésimas condiciones laborales a quedarse en la España liberal como vencidos[514].

Las celebraciones de las victorias de 1839 y 1939 no podrían haber sido más distintas. La noticia del Convenio de Vergara llegó a diferentes partes de España según permitía la rapidez del transporte en caballo o mula. Hubo celebraciones espontáneas, banquetes y bailes en Madrid y todas las capitales de provincia. Aunque muchos fueron organizados por los ayuntamientos, enseguida el entusiasmo popular se hizo con las riendas de los festejos, lo cual es de destacar sobre todo en Madrid, donde hubo dos semanas de festividades. El Ateneo, coartado por su carácter de institución solemne, organizó un donativo para los heridos de guerra de los hospitales. También hubo donaciones en otras partes del país para viudas y heridos, e incluso se dieron raciones dobles a algunos prisioneros[515]. La noticia de la paz tardó días en llegar a otras capitales europeas, y el comunicado oficial del secretario de estado norteamericano, en que expresaba «su satisfacción en nombre del pueblo estadounidense por el fin de la guerra en España», no se conoció en Madrid hasta seis semanas después[516]. Para entonces las clamorosas celebraciones de agosto ya habían quedado en nada por la negativa de Cabrera a reconocer el Tratado, con lo que continuaba la guerra en el este de España.

El 1 de abril de 1939, Franco, como le había ocurrido a Cabrera en la primavera de 1840, cayó postrado en cama con una gripe provocada por el agotamiento. La paz de Franco, a diferencia de la de 1839, no fue recibida con entusiasmo popular en España, e incluso el propio Franco se limitó a emitir un escueto telegrama. Aunque ahora la noticia se conoció en todo el mundo en cuestión de minutos, solo los partidarios de Franco la celebraron. Las condiciones que impuso este fueron mucho más estrictas que las de Espartero. Tuvo a más de un cuarto de millón de republicanos en la mayor miseria. Cuando el estado de terror se fue reduciendo para pasar a ser mera represión a partir de finales de los años cuarenta, hasta los prisioneros indultados continuaron vigilados y muy discriminados por lo que se refería a trabajo y alojamiento[517].

A diferencia de lo que sucedería a partir de 1939, el régimen vencedor de 1839 no tenía ni los medios ni la voluntad de adoctrinar a la población con una narración inflexible de lo que había sido la reciente guerra. Como el convenio de 1840 no produjo una memoria que estuviese coaccionada por la ideología de los liberales vencedores, los veteranos y las víctimas dieron expresión a sus experiencias de formas eclécticas: las viudas conmemoraban a sus mártires caídos, o bien se veneraban imágenes de Espartero como el héroe de guerra del pueblo, o se colgaban uniformes de milicianos veteranos en lugares de honor. A diferencia de lo que pasaría tras la Guerra Civil Española, todo eso acostumbraban a hacerlo individuos o comunidades y, por consiguiente, era por lo general aceptado. Por encima de todo, la Milicia Nacional, enardecida por la victoria, hizo posible el triunfo de la revolución de los ayuntamientos de 1840 que dio a Espartero la regencia. Incluso después de que este se pusiera en contra de la revolución, los veteranos siguieron reivindicando públicamente su victoria. Cuando unos milicianos radicales que habían combatido en la guerra presidieron en 1841 la ceremonia de exhumación de los restos de las víctimas masacradas por los carlistas en Rubielos en 1835, no lo hicieron solo para recordar a aquellos mártires por la libertad, sino también para reafirmar el papel que deberían jugar los ciudadanos que se movilizasen en tiempo de guerra en la España liberal venidera[518].

Una paz dinámica

Una paz dinámica

Gracias a la ética de ciertos gobiernos, participar en disturbios en España parece haberse convertido en un trabajo como cualquier otro. Ni sabemos cómo es que no se le concede un subsidio del estado[519].

Frente a lo que le ocurrió a Espartero, que tuvo que lidiar con las quejas de los españoles radicales, el régimen franquista consiguió mantener su apoyo social de derechas más o menos unido para poder resistirse al resurgimiento de las protestas de la clase obrera. Ambos hombres tenían algunas cosas en común, así como algunas diferencias fundamentales. A Espartero se le ha olvidado en gran medida. Los franquistas lo marginaron por liberal, los autonomistas por centralista y los demócratas por autoritario[520]. A Franco, en cambio, se le ha aborrecido e incluso algunos lo han adorado, pero desde luego nunca se le ha olvidado.

Nada podía hacer prever el final de Espartero, en vista de su posición en 1840 como gran héroe. No solo había derrotado a los carlistas, sino que capitaneó la revolución progresista de septiembre de aquel año que acabó con el intento de los moderados de suprimir la autonomía de los ayuntamientos. Espartero incluso llegó a mandar a la reina regente al exilio, después de que esta tomara partido contra la causa popular. Las esperanzas cobraron vida mientras se sucedían las variadas celebraciones de paz. Jacinto de Salas y Quiroga, poeta muy viajado, estuvo a la cabeza de una petición al gobierno provisional que exigía que «esta vez la revolución no la hagan muchos para beneficio de unos pocos»[521]. Los periódicos que entonces eran partidarios de instituir la república iniciaron una campaña a favor de la redistribución de tierras en beneficio de los veteranos, y de que se instaurase el sufragio universal[522]. El diputado liberal radical y de inclinaciones republicanas, Lorenzo Calvo y Mateo, firmó el manifiesto que, en nombre de la «nación española», exigía que se pusiera fin a lo que denominaba la venta ilegal de bienes nacionales, que «han sido enajenados sin que eso repercuta en el beneficio público», y que en su lugar tendrían que ser entregados a «los valientes defensores de la libertad, tanto veteranos como milicianos, en recompensa por su heroico espíritu en pro de la patria»[523].

No obstante, detrás de aquellos «dividendos de la paz» se estaban haciendo visibles otras formas de revolución más prosaicas. Los progresistas de Jaén intentaron distraer la atención de la cuestión del «reparto» movilizando a una multitud que expulsó al gobernador de la ciudad[524]. Asimismo, cuando el gobernador de Salamanca recurrió a evasivas para contestar a la cuestión de si había que resistirse a la revolución o unirse a ella, quedó señalado como objetivo muy conveniente y se vio obligado a huir de la ciudad para que no lo lincharan[525]. La principal junta de Madrid que había organizado la revolución de los ayuntamientos fue disuelta con unas prisas muy indecorosas. Dos semanas después, el periódico El Huracán, de ideología republicana, publicó el desafiante titular de que había que detener la venta de tierras desamortizadas[526]. En octubre de 1840, el periódico se quejó de nuevas recaídas en la revolución, ya que se estaba desmovilizando a milicianos por toda España como si fueran meros lacayos[527]. Aun así, el general Espartero, «el hijo del pueblo», retuvo el suficiente apoyo político para lograr en mayo de 1841 la notable hazaña de convertirse en regente de España, menos de dos años después de su victoria en la guerra civil, mientras que Franco necesitó ocho años para conseguir arrogarse el mismo título. Tal vez la política de Espartero fuera más mediocre que la de Franco. «¡Cúmplase la voluntad nacional!» era su constante aforismo. En la práctica eso no sirvió de mucho, pues el regente dejó que los oligarcas progresistas hiciesen su propia política, mientras que él solo tenía oídos para su camarilla de compañeros «ayacuchos», a algunos de los cuales recompensó con altos puestos y lucrativos monopolios, mientras que las tropas rasas quedaron hambrientas y sin dinero[528].

A diferencia de Franco, que decía que gobernaba por la gracia divina y no por la voluntad del pueblo, la suerte de Espartero estaba estrechamente vinculada a la opinión pública liberal. Y, por tanto, esa suerte quedó decidida por la reacción violenta y popular de izquierdas de finales de 1841, que siguió a la respuesta «desagradecida» del regente a un intento de golpe de los moderados (en el que la corte en el exilio apoyó en octubre de 1841 los levantamientos militares que tuvieron lugar en Pamplona, Vitoria e incluso en el Palacio Real de Madrid). Aunque progresistas y republicanos se unieron en defensa del régimen, con lo que ayudaron a los oficiales esparteristas a aplastar las rebeliones, la respuesta de Espartero a esa movilización ha quedado tipificada en la historiografía como de absoluta ingratitud[529].

El resto de su regencia estuvo marcada por el apoyo cada vez mayor al republicanismo y la desafección del ejército. La insatisfacción de la opinión popular, combinada con el exceso de armas que había de tiempos de la guerra, parecía indicar que solo era cuestión de tiempo que los veteranos se volviesen contra Espartero. Un veterano de guerra indignado clamó: «El pronunciamiento de 1835, ¿no preparó el de 1836? ¿No es por ventura tan glorioso como el de 1820? ¿No completó el de 1840 la revolución de 1836? ¡Somos dignos de admiración!»[530]. A diferencia del general Franco, que se aseguró de que antes pasara hambre el pueblo que el ejército, el general Espartero no disponía de medios ni de voluntad para mantener a España como si fuera una colonia militar. En 1842, un progresista reflexionaba sobre la creciente animosidad de su partido hacia el duque de la Victoria: «Vale más tener sólo 60 000 hombres con las armas en la mano bien pagados y equipados que no 140 000 descontentos, que son una mina que siempre pueden explotar los enemigos del sosiego público»[531]. El destino de Espartero quedó sellado por una violenta revolución obrera que tuvo lugar en Barcelona.

La Barcelona roja, la ciudad industrial que había sido como una inspiración para los radicales durante la guerra y un lugar diabólico para los carlistas, fue la que terminó por derrocar al duque de la Victoria[532]. Todo empezó la noche del 13 de noviembre de 1842, cuando un miembro del sindicato de tejedores desafió a los soldados apostados a las puertas de la ciudad que querían registrarle. Su detención hizo que algunos republicanos se echaran a la calle, tras lo cual fueron detenidos también. Entonces cientos de milicianos y jóvenes armados tomaron las calles para exigir su puesta en libertad. Aunque el ejército trató de ganar tiempo trasladando a los detenidos a un cuartel de la milicia, la concesión llegó demasiado tarde, y el ejército se vio obligado a retirarse de la ciudad, en la que hubo una rebelión que duró veinte días[533]. En los dos primeros días de la sublevación, la milicia acudió en ayuda de los republicanos mientras se levantaban barricadas por toda Barcelona y unos quinientos soldados morían en prolongadas refriegas, en las que las bajas de los insurgentes fueron mucho menores. Aunque en un principio las tropas apostadas en Montjuic resistieron allí, tuvieron que marcharse también por la falta de suministros y el hambre. Sin embargo, una vez que las autoridades revolucionarias restablecieron el «orden», las cosas empezaron a ir mal. La junta insurgente nombró presidente a un tal Juan Manuel Carsy, un aventurero y desfalcador que había escapado de prisión en 1835, se había exiliado y luego había vuelto a Cataluña después de 1840 para congraciarse con unas tropas republicanas que estuvieron encantadas de creerse sus credenciales (pues probablemente Carsy se hiciera pasar por fugitivo político en vez de delincuente común). Aunque de ese modo el movimiento parecía contaminado desde el principio, la junta, no obstante, propuso un programa que tuvo mucha aceptación popular: una regencia múltiple, unas Cortes constituyentes y, lo que era más importante, la protección de la industria nacional[534].

Por mucho que las calles de Barcelona hubieran pasado a estar en manos de los insurgentes, solo la proliferación de levantamientos similares en otras partes de España podría haber logrado que el gobierno aceptara y adoptara ese programa. Sin embargo, la censura a la que estaban sometidos los periódicos republicanos en todo el país impidió que llegaran a producirse alzamientos, y aunque en otros lugares de Cataluña sí hubo rebeliones, no fueron lo bastante fuertes para resistir el ataque del gobierno que organizó el general ayacucho Van Halen. Entretanto, durante dos semanas Barcelona estuvo sumida en una revolución financiada con fondos estatales, ya que la junta restableció la milicia y, de ese modo, dio un sueldo a trabajadores que habían quedado en el paro por la crisis del libre comercio. No obstante, el lema de la junta, «unión y constancia», demostró ser efímero, ya que las clases pudientes, temiendo que estuviera en marcha una revolución social, enviaron agentes provocadores para que incitasen a amotinarse a las tropas que se habían unido a la rebelión. De hecho, si se impidió una guerra abierta de clases fue porque Van Halen llegó a la ciudad con un ejército del gobierno con el que reconquistó Montjuic y bombardeó Barcelona durante treinta y seis horas. Mientras algunos milicianos resistían, el consulado francés negoció un acuerdo por el que Carsy pudo escapar a Francia a cambio de que se hiciera con el poder una junta conservadora, en la que estaban incluidos el obispo de Barcelona y varios ricos comerciantes e industriales. Fue esta nueva junta la que recibió al ejército del gobierno. Se impuso al municipio un oneroso tributo, y unos 239 milicianos que no habían huido de sus barricadas fueron arrestados y sometidos a consejos de guerra. Así pues, mientras la junta de Carsy se puso a salvo en el exilio, las tropas quedaron abandonadas a su suerte. A los más afortunados se les destinó a trabajos forzados en las obras de reconstrucción de la odiada fortaleza de Montjuic. Trece de los insurgentes fueron ejecutados. Alrededor de la mitad de ellos eran antiguos regulares carlistas a los que, por lo tanto, se les ejecutó por reincidir en la traición[535]. La ofensiva de 1842 también debilitó gravemente al progresismo. Cuando Barcelona volvió a estallar al año siguiente, las élites progresistas dieron la espalda al regente. Al hacerlo, cayeron en manos de la contrarrevolución moderada, pero también consiguieron la caída de Espartero.

En ese contexto, apenas sorprende que surgieran nuevas fuerzas radicales, de las que la primera y principal fue el republicanismo. Este se organizó tanto formal como clandestinamente, o, dicho de otro modo, tanto a través de resultados electorales como de sociedades secretas. Con respecto a la primera cuestión, los republicanos ganaron las elecciones municipales de diciembre de 1841 en Sevilla, Huelva, Valencia, San Sebastián, Teruel, Cádiz y, sobre todo, Barcelona[536]. Adoptando el modelo de «república social» de El Huracán a modo de manifiesto, los alcaldes republicanos a menudo practicaban políticas de reducción de impuestos para sus electores, de exención de la perenne carga del servicio militar obligatorio y de mayor gravamen a los que no les votaban[537]. La supresión de la prensa republicana por parte de Espartero en octubre de 1841 tuvo el efecto de canalizar la agitación hacia sociedades secretas. En 1842, una de esas sociedades, que estaba bien relacionada y se conocía como la Confederación de Regeneradores Españoles, condenó el que «los gloriosos actos revolucionarios de septiembre de 1840 y octubre de 1841 sólo han servido para poner en el trono absolutista a un soldado arrogante e hipócrita»[538].

Los Regeneradores no sólo criticaban a Espartero, sino también la política de libre comercio que le habían impuesto a este sus aliados de guerra. Su manifiesto, a diferencia de los de otras sociedades secretas durante la reciente guerra, era inequívocamente democrático y republicano, mientras que su liberalismo social abarcaba desde los subsidios a los más pobres hasta la exigencia anglofóbica de que se protegiese la industria nacional. Los británicos, decían, «quieren transformar Iberia en una nueva India, no tienen principios más allá de su propio egoísmo y quieren que seamos pobres e ignorantes para que nos convirtamos en sus esclavos»[539]. Con esa invectiva los Regeneradores respondían al principal motivo de queja socioeconómico que había sido el detonante del radicalismo popular de 1842 en Barcelona: el acuerdo de Espartero con los británicos para que le concediesen un préstamo a cambio de abolir las tarifas de importación de productos textiles de algodón. Aunque la política de libre comercio permitía que entrase legalmente algodón de Lancashire más barato, con lo que se habría solucionado en buena parte el problema del contrabando, la pérdida del mercado interior protegido habría supuesto un desastre para la industria catalana, al no poder competir con la británica.

Por mucho que Barcelona fuese sojuzgada, volvió a estallar en coordinación con la contrarrevolución moderada de 1843-44 que dirigió el general Narváez. Este no solo contaba con la lealtad de sus tropas, que se había ganado como comandante del Ejército de Reserva, sino que también sabía que la camarilla de María Cristina en el exilio estaba dispuesta a sobornar soldados para que desertasen de las filas del héroe de 1840, o incluso recompensarles con ascensos muy convenientes desde el punto de vista político. Pues, pese al nuevo levantamiento que hubo en Barcelona en el verano de 1843, fue fundamentalmente el ejército el que echó a Espartero del poder. A ese respecto es importante que entendamos que, en el periodo que siguió a la guerra carlista, hubo mucho descontento entre los soldados. España estaba llena de armas, ya que el régimen esparterista no se atrevió a desmovilizar por completo al ejército, y, además, incluso aquellos soldados y milicianos que sí fueron licenciados se quedaban a menudo los mosquetes. La frustración popular no se debía solamente a la falta de reparto de tierras, sino también a las trabas legales que se interponían en la cuestión de la propiedad de aquellas. En 1842, los pueblos de Barajas de Melo y Huete, en Cuenca, se enfrentaron por los derechos de pastoreo y forraje. En Huete llegaron a encarcelar a «intrusos» de Barajas de Melo, e hizo falta la intervención de un hombre importante del lugar, Fermín Caballero, director del diario radical Eco del Comercio, para que se les pusiera en libertad. El derrotado alcalde de Huete recordó a Caballero que esos derechos eran «un vestigio de los tiempos del absolutismo a los que no podemos regresar»[540].

De hecho, en 1843 y 1844 se dio una culminación de sucesos en los que no hubo una verdadera defensa popular del régimen de Espartero. Antiguos seguidores de éste se pasaron a la contrarrevolución de los moderados. Uno de los últimos actos desesperados de Espartero fue formar un gobierno presidido por el progresista radical Joaquín María López, el cual, por mucho que, presionado por el ejército, aprobó estados de sitio contra las juntas insurgentes, fue de todas formas destituido del cargo por el grueso de su propio partido, que irónicamente intentaba ganarse el favor de Narváez[541]. A López lo sustituyó el antiguo radical y agitador callejero del Trienio, Salustiano de Olózaga, quien, aunque ya había perdido su idealismo juvenil, conservaba la suficiente decencia para ser vulnerable a tiempos tan cínicos como aquellos. En pocas palabras, Olózaga se vio obligado a dimitir por la falsa y escandalosa acusación de que había conseguido la disolución de las Cortes empleando la violencia contra la joven reina, símbolo de la libertad durante la guerra[542]. Lo sustituyó González Bravo, director del que en la guerra había sido el periódico democrático El Guirigay. Las credenciales de González Bravo eran una tapadera para que los moderados pudieran hacer el «trabajo sucio» de disolver las juntas que se habían levantado contra Espartero. Algunas de aquellas juntas, como la de Alicante, solo pudieron ser reprimidas tras derramarse mucha sangre. Muy poco después, González Bravo fue destituido como presidente del gobierno y reemplazado por el gran rival de Espartero, el general Narváez. El año anterior, el 30 de julio de 1843, Espartero se embarcó en Cádiz camino del exilio en Inglaterra, con lo que dejó a Narváez como dueño de la política española. Se le prohibió que volviera a España so pena de ser ejecutado, hasta que se le amnistió en 1847.

En muchos aspectos, la contrarrevolución de los moderados de 1844 acabó con los beneficios que había conseguido el pueblo en la Primera Guerra Carlista. Se disolvió la Milicia Nacional, como también se disolvieron los ayuntamientos elegidos por la población a los que servía esa milicia. A partir de 1844, una nueva fuerza paramilitar, la centralizada Guardia Civil, fue la que ganó preponderancia. Las ventas de propiedades de la iglesia se redujeron como parte de la gradual distensión con la Santa Sede, y en 1845 se aprobó una nueva Constitución redactada a imagen del pensamiento de los moderados. Aunque una generación de veteranos conservó su estatus social, la pobreza en que vivían los privó de participar en la «respetable» política de la era burguesa. En cualquier caso, España, que estaba exhausta, perdió como país su papel fundamental en el equilibro de poder europeo. Las revoluciones que se dieron en el continente en 1848 le fueron ajenas, como lo sería la Segunda Guerra Mundial tras finalizar la Guerra Civil Española. El marqués de Viluma, uno de los moderados más reaccionarios, resumió la era de posguerra: «La España de 1846 es muy distinta a la de 1836. El país está cansado de revueltas, aborrece las revoluciones y se ha llevado unas decepciones muy duras»[543]. Un viajero extranjero que visitaba España tras la caída de Espartero dijo del papel que había desempeñado el anterior regente en ese cansancio:

En la escala en descenso de la ambición frustrada, que los personajes populares harían bien en estudiar, [Espartero] cayó de la idolatría al entusiasmo, del entusiasmo al apego, del apego al respeto, del respeto a la indiferencia, de la indiferencia al desprecio, del desprecio al odio, y del odio cayó al mar[544].

Mientras que Espartero quería liberalizar las relaciones comerciales de España con Gran Bretaña, Franco impuso una economía de sitio en un país devastado. Ricardo de la Cierva, historiador franquista, afirmó que esa autarquía era fruto de las circunstancias, es decir, del embargo que sufrió todo el comercio internacional durante la Segunda Guerra Mundial[545]. Más recientemente, sin embargo, algunos historiadores han recalcado que el ascendiente ideológico del falangismo en la década de 1940 hizo que una economía extremadamente autárquica fuese inevitable, independientemente de lo que ocurriera como consecuencia de la guerra mundial[546]. Lo que está claro es que la privación extrema en lo alimenticio y lo material de la «paz de Franco» fue un factor clave para la supervivencia del régimen. A diferencia de Franco, Espartero nunca logró controlar por completo la política tras su victoria. Franco sí tenía un férreo control del poder gracias a su ejército, pero el atractivo emocional de haber vencido a la «anti España» era de un interés desdeñable en comparación con las ventajas materiales que ofrecía al bando ganador la economía de un país devastado. El ejército estuvo al mando de un imperio de corrupción que se extendía hasta el propio dictador, en virtud del cual los oficiales se aprovechaban del mercado negro, los prostíbulos, el contrabando y el escaso transporte[547]. Una corrupción similar caracterizó al régimen de Espartero, que concedió a sus camaradas ayacuchos monopolios y demás prebendas. Miguel Ors, un acaudalado amigo del regente, se hizo en 1841 con el monopolio de la guardia costera de toda la parte sur, tras lo que se enriqueció aún más con los sobornos de los contrabandistas[548]. Las partidas de cartas de Espartero, que duraban toda la noche en estancias llenas de humo, se hicieron famosas por la alegría con que el héroe de guerra concedía contratos a sus favoritos. Asimismo, Franco se pasó sus años de madurez haciendo tratos en partidas de golf y cacerías con sus amigos. Sin embargo, Espartero, duque de la Victoria, no tenía una población amedrentada que fuese remisa a protestar. Aun así, después de 1939 hasta a los partidarios de Franco les abatía la situación en que se encontraba España. José Taboada, dirigente católico de la quinta columna de Madrid, salió de la clandestinidad con motivo de la liberación tan solo para llevarse una decepción: «Caí en la cuenta de que el término “cruzada” no era el más apropiado habida cuenta de aquel desastre moral […] Al menor desacuerdo a uno le gritaban “rojo” […] El pueblo quedó despojado de toda espiritualidad y condenado a responder sólo a sus necesidades materiales más básicas»[549].

Mucha de la población de la mitad de España que había sido derrotada se convirtieron en parias en su propio país, ya que se les negó pensión alguna a los heridos de guerra, viudas y huérfanos republicanos. Los «rojos» de los que se descubriera que habían tenido la menor relación con alguno de los partidos del vencido Frente Popular se enfrentaban a años de cárcel en duras condiciones. Se echó de sus puestos a funcionarios públicos para sustituirlos por otros vinculados con el bando ganador, aunque no estuvieran cualificados para el trabajo o no se esforzaran en él[550]. Las familias del bando nacional pudieron llorar y enterrar a sus muertos, pero no así las del republicano. En Oviedo, los miembros de la familia del general Miaja que habían sobrevivido fueron desairados por unos vecinos con los que antes tenían buena relación, a raíz de que estos perdieran un hijo que luchaba en el bando nacional en la Batalla de Teruel[551]. La escasez de comida llegó a convertirse en hambruna en 1942, la cual padecieron casi exclusivamente los republicanos. Las cárceles estuvieron llenas de presos políticos hasta finales de la década de 1940, y las clases trabajadoras tuvieron que cargar con la lenta recuperación económica cobrando sueldos de miseria. Ni siquiera los mineros asturianos, que casi habían derrocado gobiernos en 1917 y 1934, pudieron hacer que el férreo control del régimen se tambaleara. Su huelga de 1962 fue aplastada por la fuerza, lo cual aprovechó el envejecido Franco para refutar las especulaciones de que estuviera considerando renunciar al poder, además de recordar a sus críticos que todo su mandato se basaba en la victoria de 1939 sobre la «anti España»[552]. La longevidad de Franco no tiene comparación con los problemas a los que se tuvo que enfrentar Espartero a partir de 1840. Este no podía esperar mucha deferencia por su victoria de 1839 cuando tuvo que emplear la fuerza contra los radicales de Barcelona en 1842 y 1843. Al fin y al cabo, la izquierda había ganado la guerra carlista, y a los veteranos de aquella guerra que se encargaban de las barricadas de la clase obrera de las Ramblas apenas se les podía denominar la «anti España». Más bien el que encajaba mejor en el término era el propio Espartero por su tratado de libre comercio.

La lealtad del ejército franquista permitió que el régimen persistiera hasta después de la muerte del dictador, en claro contraste con las relaciones de Espartero tras la Primera Guerra Carlista con su ejército, en el que no podía confiar para mantener su propia dictadura. Como buena parte de la victoria de Franco se debió a la intervención de Hitler y Mussolini, el que consiguiera mantenerse en el poder después de la Segunda Guerra Mundial dice aún más en su favor cuando lo comparamos con Espartero. Tras su victoria, este conservó el apoyo de Gran Bretaña, la única potencia global entonces, que se puso de parte de España en la disputa con Portugal por una cuestión de vías fluviales en 1841[553]. Sin embargo, Espartero carecía de una visión progresista convincente de España que estuviese a la altura de la que tenía Franco, la cual era tan conservadora como repugnante. La rendición incondicional de la República y la persecución sistemática de los derrotados crearon una memoria binaria de vencedores y vencidos, que persistió en una dictadura empeñada en borrar todo rastro del constitucionalismo liberal que había resultado victorioso en la Primera Guerra Carlista. El grado de represión cultural del franquismo superó con creces al que pudieran imponer los cristinos después de 1840. Hasta los sellos de correos, que tradicionalmente llevaban imágenes neutrales o positivas, pasaron a mostrar una iconografía triunfalista tras la victoria de 1939, lo cual nunca habían hecho los vencedores de las guerras carlistas del siglo XIX[554].

En ambas guerras civiles, el bando derrotado se vio obligado a forjar nuevos vínculos en el exilio con fuerzas a las que se había opuesto durante la guerra. Los conflictos y contradicciones ideológicas se pusieron de manifiesto en diversos momentos de los cien años que separan esas dos guerras civiles españolas. Los carlistas «montemolinistas», desesperados por la escala de la derrota y depresión de 1839, llegaron a una alianza táctica con los republicanos españoles en la década de 1840. A la abdicación de don Carlos le siguió la «sucesión» de su hijo, Carlos Luis, conde de Montemolín, que en su manifiesto de 1845 prometió cerrar las heridas de la guerra civil reconociendo solo a españoles y no a partidos políticos: «Ni destruiré todo lo que la revolución levantó ni reviviré todo lo que destruyó»[555]. Sin embargo, el alzamiento carlista que desencadenó Montemolín recibió escaso apoyo de los republicanos y fue bastante nimio en comparación con lo sucedido en la década de 1830. La Guerra de los Matiners de 1846-48, en ocasiones llamada Segunda Guerra Carlista, se desarrolló casi únicamente en la Cataluña rural, donde las guerrillas carlistas supieron explotar la miseria provocada por las cosechas malogradas. La quema de registros y facturas de ventas de tierras, junto con el resurgir de un poco de «bandolerismo social» en la Serranía de Ronda, sin duda mostraron algo del espíritu carlista de la guerra de la década anterior, pero las fuerzas regulares y disciplinadas del general Narváez llevaron a cabo una contrainsurgencia muy efectiva, y los esfuerzos de los republicanos quedaron en un fiasco hasta llegar a 1848[556]. Cierto es que en el plano militar el bando derrotado consiguió más en esa guerra de 1846-48 de lo que lograron los maquis españoles comunistas en su invasión de los Pirineos de 1944. A principios de 1946 estaba claro que las guerrillas antifranquistas habían fracasado[557]. Pese a la intervención internacional en ambas guerras civiles, los regímenes vencedores estuvieron a salvo de cualquier agresión externa. Este hecho es aún más destacable en tanto en cuanto cada guerra estuvo marcada no solo por la intervención de otros países, sino también por factores fundamentales de carácter militar y cultural derivados del imperialismo español.

Segunda parte. La vertiente internacional de las guerras civiles españolas

SEGUNDA PARTE

LA VERTIENTE INTERNACIONAL DE LAS GUERRAS CIVILES ESPAÑOLAS

4. Orígenes imperialistas de las guerras civiles españolas

CAPÍTULO 4

ORÍGENES IMPERIALISTAS DE LAS GUERRAS CIVILES ESPAÑOLAS

Mis años en África viven en mí con indecible fuerza. Allí nació la posibilidad de rescate de la España grande. Allí se fundó el ideal que hoy nos redime. Sin África, yo apenas puedo explicarme a mí mismo, ni me explico cumplidamente a mis compañeros de armas[1].

GENERAL FRANCO, 1938

La monarquía española entró en un periodo de cien años de crisis tras la muerte de Fernando VII en 1833. De todos los reyes que hubo entre 1833 y 1931, solo Alfonso XII terminó su reinado de forma natural, al morir en 1885 de tuberculosis a la edad de veintisiete años. Ninguno de los aspirantes carlistas llegó a ocupar el trono, y todos los demás monarcas —María Cristina (1840), el regente Espartero (1843), Isabel II (1868), Amadeo I (1873) y Alfonso XIII (1931)— tuvieron que abdicar a causa del legado constitucional insalvable de la Primera Guerra Carlista. Fue una crisis que reestructuró un país que, con anterioridad a Fernando VII, siempre había sido uno de los más monárquicos de Europa. Tanto la idea de ser un imperio como la del catolicismo eran consustanciales a la monarquía; los españoles nunca habían ejecutado a un rey, y el que en 1808 Napoleón secuestrara a Fernando se convirtió en casus belli.

Así pues, parecía inevitable que los conflictos de preguerra que afectaron a los reinados de Fernando VII y Alfonso XIII tuvieran profundas consecuencias. Los dos reyes tenían personalidades bien distintas: Fernando era vengativo, tímido y mediocre, mientras que Alfonso era muy varonil, militarista y exuberante. Tal vez se puedan atribuir esas diferencias a las circunstancias de sus nacimientos. Alfonso nació siendo ya rey por haber muerto su padre unos meses antes; Fernando, por el contrario, tuvo que enfrentarse en su juventud al que era el favorito del rey, Godoy. La consecuencia de eso fue que, a lo largo de su reinado, Fernando no dejó nunca que ningún favorito ostentase demasiado poder. Los ministros de ambos reyes se quejaban de la astucia de estos para intrigar en audiencias privadas con el fin de socavar la política del gobierno. Esa astucia no iba acompañada de mucha curiosidad intelectual. Ni Fernando ni Alfonso leyeron un libro entero en su vida. La primera vez que Alfonso presidió un consejo de Ministros, en 1902, ya dejó claro el desastroso nivel que le caracterizaría, al impedir que se redujese un cuerpo de oficiales del ejército que ya estaba notablemente inflado por nombramientos políticos. Sus palabras de apoyo en 1905 a las exaltadas tropas de Barcelona que asaltaron una revista satírica y un diario por una viñeta ofensiva, sirvieron para sofocar la oposición liberal a la nefasta Ley de Jurisdicciones del año siguiente. Alfonso volvió a mostrar su desprecio por la autoridad civil al alentar los motines del ejército que hubo en 1917. Lo más desastroso fue que su intervención en la campaña de Marruecos de 1921 contribuyó a que el general Silvestre condujera a sus soldados a la trampa mortal de Annual, donde murieron 10 000 de ellos[2]. Tanto Fernando como Alfonso también se deslegitimaron al apoyar a hombres fuertes muy impopulares como Calomarde y Primo de Rivera, lo cual por diversas razones no fue del gusto de los bandos más militantes de las dos Españas.

Los fracasos del reinado de Fernando se dejaron sentir de inmediato tras su muerte en 1833, cuando la corte carlista disidente declaró la guerra a la regencia «ilegítima» de la reina viuda. Aunque la Primera Guerra Carlista se convirtiese en mucho más que una guerra de sucesión, la disputa dinástica fue su principal detonante. De nuevo, a los fracasos del reinado de Alfonso les siguió una república, después de que se viera forzado a exiliarse en 1931. La oposición a la República era más heterogénea de lo que lo había sido la oposición carlista al liberalismo cristino, y de ahí que la guerra civil no comenzara hasta cinco años después. Mientras que en la década de 1830 se enfrentaban dos visiones distintas de la monarquía, en la de 1930 el monarquismo solo era una parte —aunque quizá la más natural— de la alianza de derechas que se oponía a la República.

Ambas guerras civiles fueron también el resultado de las guerras coloniales que se habían perdido. En el primer caso, la victoria española de 1814 en la Guerra de la Independencia se vio enturbiada por la posterior debacle física y financiera, así como por la insurgencia en favor de la independencia que cada vez era mayor en el imperio americano. Las guerras de independencia que España tuvo que librar en América entre 1810 y 1825 proporcionaron motivos económicos y militares para que más tarde estallara la Primera Guerra Carlista. Todos los comandantes en jefe cristinos del Ejército del Norte, a excepción de Marcelino Oráa, estaban relacionados con las guerras americanas, ya fuera porque ellos mismos o algunos de sus familiares habían combatido en aquellas o por la ayuda que las conspiraciones liberales habían recibido de agentes hispanoamericanos[3]. De los treinta y un cambios de ministro de la Guerra que se produjeron en el bando del gobierno a lo largo de la Primera Guerra Carlista, el cargo fue ocupado en doce ocasiones por veteranos de las guerras de independencia americanas, habiendo servido la mayoría en Perú, el último bastión de la monarquía española en caer[4].

La separación definitiva de España de la América continental llegó tras la invasión francesa de 1823. El ministro de Asuntos Exteriores británico, Canning, que se había negado a apoyar una invasión contrarrevolucionaria, sospechaba que Francia, al igual que un siglo antes, podría intentar convertir a España en socio menor de una Europa dominada por los franceses. Así pues, Gran Bretaña, que ya tenía de por sí grandes intereses comerciales para hacerlo, finalmente reconoció la independencia de Hispanoamérica. Canning determinó que «aunque Francia termine controlando España, tendrá que ser una España sin sus Américas»[5]. La independencia de facto de la América continental que siguió a la Batalla de Ayacucho de 1824 supuso una debacle para las finanzas estatales españolas, de la que no se saldría hasta que Mendizábal aplicó sus medidas de guerra de emergencia. Mientras que el impacto económico de la segunda guerra colonial que perdió España en 1898 fue relativamente modesto, el impacto cultural e intelectual fue profundo. El movimiento del Regeneracionismo preparó el terreno para la revisión del sistema constitucional que llevaba en vigor desde la primera guerra civil. Los regeneracionistas más poderosos eran hombres de derechas de ideología autoritaria que usaron la derrota de 1898 para construir una nueva identidad imperialista y, en última instancia, para retro colonizar a la propia España en 1936. La Cuba rica en azúcar fue la piedra angular del disminuido imperio español del siglo XIX. El artífice del conservadurismo de finales de ese siglo, Cánovas del Castillo, llamó a Cuba «la Alsacia-Lorena de España»[6]. Los oficiales del ejército que fueron repatriados tras la guerras contra Estados Unidos culparon de la derrota a los liberales españoles. Esos oficiales de derechas achacaron la pérdida del imperio americano a la incompetencia del gobierno liberal y a la traición de catalanistas y socialistas. Una trinidad malvada de liberalismo, socialismo y separatismo se convirtió en el enemigo interno para un cuerpo de oficiales que luego se animaron con el sucedáneo de misión imperialista que desempeñaron en el Marruecos español, un protectorado establecido en 1912 y que Primo de Rivera «pacificó» en 1927.

La pérdida de la mayor parte del imperio americano en las primeras décadas del siglo XIX convenció a los carlistas de la ilegitimidad de la revolución liberal. Sin embargo, y pese a su inmensidad geográfica, el impacto de esa pérdida no se ha estudiado con tanto detalle como la de 1898[7]. Aun así, las reacciones de la derecha en ambos casos muestran similitudes. Fernando VII estaba convencido de que la revolución constitucional de 1812 fue «el resultado de las maquinaciones de quienes querían separar las Américas de la metrópolis»[8]. La incapacidad de la monarquía española para reprimir los movimientos de independencia o para adaptarse a las consecuencias ha polarizado el debate histórico. La «Escuela de Navarra», neotradicionalista, veía 1814 como una bifurcación de la que emergieron dos visiones reformistas irreconciliables entre las élites: la «renovación» frente a la «innovación». Los renovadores eran tradicionalistas que habían firmado el antiliberal «Manifiesto de los Persas», mientras que los innovadores eran los liberales que habían sido expulsados de su primer periodo en el poder[9]. En conjunto, en la Europa de la Restauración hubo en esos años gran experimentación en ideología política, hasta el punto de que Lucy Riall y David Laven han cuestionado la utilidad de términos tan preponderantes como «progresista» y «reaccionario»[10]. En España esa experimentación fue muy grande, como consecuencia de las continuas guerras y las subsiguientes crisis económicas. Los insurgentes realistas de 1821-23 no solo se anticiparon a los carlistas en su violento rechazo de un gobierno constitucional, sino también en su resentimiento generalizado por el declive económico. Aunque la contrarrevolución de 1823 intentó restaurar buena parte del antiguo orden, eso no fue del todo posible, y aún menos era deseado por los insurgentes rurales que aclamaban a Dios y la Fe al tiempo que postulaban peticiones «renovadoras» de acceder a la posesión de tierras y cosechas. A los historiadores les cuesta mucho encontrar vivas en defensa del feudalismo y los diezmos, por mucho que los liberales tacharan a los rebeldes de meros inocentones dirigidos por los curas[11]. Del mismo modo, los liberales «innovadores» que estuvieron en el poder en 1810-14, 1820-23 y después de 1833 tuvieron unos gobiernos inestables que no consiguieron cumplir su dogma de entonces de «la libertad bien entendida». Los liberales izquierdistas socavaron el poder del estado con sus exigencias de autonomía local y de reformas en el reparto de la tierra y el sistema tributario. A la larga, tanto a los liberales en el poder como a los radicales no les quedó más remedio que depender de militares en los que no confiaban. El fracaso de los ejércitos monárquicos en América confirmó su creencia de que la guerra regular no solo planteaba dudas éticas, sino que era ineficaz a menos que estuviese imbuida de una dimensión popular.

El desastre imperialista de 1898 también se dejó sentir en la crisis que culminó en una nueva guerra civil. El aislamiento de España y su derrota en la guerra contra los Estados Unidos dio lugar a un sentimiento general de revanchismo en el ejército español, para el que el brote separatista posterior al 98 que se dio en Cataluña y el expansionismo en Marruecos provocaron una interacción explosiva. Surgió una nueva derecha que parecía ofrecer a la tradicional oligarquía española la posibilidad de relanzar el imperialismo español, siempre que modernizara su estructura política y que se desmantelase el corrupto legado liberal del caciquismo. Joaquín Costa, cuya ideología política radical estaba, a finales del siglo XIX, por encima de la división de izquierda y derecha de los partidos dinásticos, acuñó el término «regeneracionismo». Sus ideas sirvieron de inspiración al político más prolífico de la nueva derecha, Antonio Maura, un conservador radical que procedía del liberalismo. Con sus ideas sobre una «revolución desde arriba», Maura pretendía acabar con las oportunistas oligarquías de los partidos del «turno pacífico» y sus caciques, aprovechando para conseguirlo el prestigio del monarca y lo que llamaba las «Masas neutras», que incluían a las poderosas clases medias católicas. Maura se opuso a la expansión colonial en Marruecos y, a diferencia de la mayoría de «conservadores», se mostró francófilo en la Primera Guerra Mundial. Pese a todo eso, el efecto de las guerras de Marruecos y de la Gran Guerra se dejaron sentir en la Guerra Civil Española. Maura fue presidente en varias ocasiones, y sus medidas reformistas más contundentes llegaron durante su «gobierno largo», de enero de 1907 a octubre de 1909. Sin embargo, para intentar acabar con el caciquismo, Maura tuvo que forjar alianzas con el influyente derechista —y cacique— Juan de la Cierva.

Como ha observado Alejandro Quiroga con respecto al auge de la nueva derecha, el clima posterior al desastre de 1898 modificó el discurso y alcance social del nacionalismo español. En lo ideológico, se cambiaron los planteamientos tanto de los cánones tradicionalistas como de los liberales. Los primeros se volvieron cada vez más marciales, clericales, panhispánicos y antiliberales, y desarrollaron una profunda hostilidad contra el nacionalismo periférico y la clase obrera organizada. Partidos políticos, intelectuales, las fuerzas armadas, periódicos conservadores y una plétora de organizaciones por lo general relacionadas con la iglesia, construyeron un nuevo nacionalismo español que vivía en un estado de sitio imaginario. El que estos grupos fueran incapaces de unirse en un solo partido no debe llevarnos a suponer que no existiera un nacionalismo político español en los años previos a la dictadura de Primo de Rivera. De hecho, la mayoría de las ideas que llegarían a formar el discurso oficial ultranacionalista del régimen primorriverista se formularon durante los últimos años de la Restauración[12]. En particular, la crisis de las Juntas de Defensa militares de 1917 enfrentó a los dos grupos del ejército español de un modo que fue en buena medida un anticipo de la guerra del 36. Los burócratas «peninsulares», oficiales destinados en España cuyos ascensos dependían del tiempo de servicio, vieron que su huelga era rota por los «africanistas», los oficiales con destino en Marruecos que se ganaban los ascensos en el campo de batalla. El oficial más importante de este segundo grupo era Francisco Franco. Este pasó diez años en Marruecos demostrando lo que sus regulares del lugar llamaban baraka (agallas), y es de destacar que solo resultó herido una vez en esa década de campaña, durante la cual se convirtió en el general más joven de España con tan solo treinta y tres años[13]. En marzo de 1917 fue destinado a Asturias, entonces convulsionada por las huelgas, y allí se prometió con Carmen Polo.

La prominencia de Franco fue acompañada por el crecimiento político y cultural de la nueva derecha, que culminó en 1923 con la dictadura de Primo de Rivera. A la burguesía le había atraído cada vez más la idea de ser gobernados por un «cirujano de hierro». La agitación proto fascista había ido en aumento desde 1898 hasta conseguir el apoyo de ejército, monarquía y (nacional) catolicismo. Junto a las regeneracionistas «juventudes mauristas», también había grupos católicos que querían volver a evangelizar España. En 1909 se formó la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNP), y en 1917 el modelo económico del catolicismo social fue la base de la unión interclasista entre pequeños y grandes propietarios de tierras, con el objetivo de frenar el avance de la izquierda en el mundo rural, que fue la Confederación Nacional Católica Agraria (CNCA). A diferencia de lo sucedido a lo largo de buena parte del siglo XIX, en que el catolicismo se había mantenido al margen de la construcción nacional por parte del liberalismo, el catolicismo español del siglo XX se convirtió en uno de los agentes por medio de los cuales «nacionalizar» a los españoles. Sin embargo, la clase obrera y las clases medias regionalistas pensaban de otro modo, y la brecha entre la España «oficial» y la «real» alcanzó su máxima extensión con el golpe de Primo de Rivera[14].

El panhispanismo que había ido creciendo tras 1898 inspiró la visión imperialista de Primo de Rivera, con los tradicionalistas fomentando los mitos del colonialismo español «heroico» para abogar por una actitud más agresiva en Marruecos y reconstruir una especie de «imperio moral» en las antiguas colonias americanas, convertidas en repúblicas de habla hispana. Pese al entusiasmo de Primo de Rivera, lo cierto es que la legación en Madrid del México revolucionario fue en los años veinte un refugio para los opositores a su régimen[15]. Esa «expansión espiritual» ya estaba en marcha antes de que Primo de Rivera se hiciera con el poder, y tenía mucho que ver con un ideólogo del movimiento carlista, Vázquez de Mella, cuyo libro de 1915, El ideal de España, se publicó a la vez que La leyenda negra, de Juderías, donde este defendía la teoría de que el mundo exterior se había puesto de acuerdo para socavar la influencia de España. En 1918, el gobierno de Maura designó el 12 de octubre «Día de la Raza» para conmemorar el «descubrimiento» de América por Colón. Fue en el momento álgido de una fiebre «monumentalista» a imitación de Francia y Alemania, aunque, a diferencia de las estatuas de Bismarck, los héroes españoles eran inmortalizados en granito y mármol, así como también algunas heroínas: a Agustina de Aragón se le hizo en 1908 una estatua en Zaragoza con connotaciones muy religiosas[16]. A principios del siglo XX la iglesia española tenía muchos fieles que simpatizaban con el movimiento carlista. Un partido católico moderado, la Unión Católica, se había unido al Partido Conservador en 1883. De ahí surgió un movimiento integrista y antiliberal que floreció hasta que el papa León XIII, que no era contrario al desarrollo general del sistema político español de entonces, presionó y consiguió disolverlo en los albores del siglo XX[17].

El panhispanismo no solo tenía en su punto de mira al anterior imperio americano, sino también al separatismo dentro de la propia España. El golpe de estado de Primo de Rivera estuvo precedido por la asamblea que se celebró el 10 de septiembre de 1923 en Barcelona, en la que nacionalistas catalanes, vascos y gallegos «insultaron» al ejército y la patria al vitorear a los rebeldes del Rif; al día siguiente tuvo lugar el golpe de estado[18]. Trece años después, algunos de aquellos mismos oficiales tomaron parte también en el golpe de estado que desencadenó la Guerra Civil Española. Tal era el odio de los nacionales al separatismo que hasta sospechaban de los religiosos vascos y catalanes. Cuando el estado pasó a ser laico con la República de 1931, la tendencia socialcatólica y regionalista del clero vasco y catalán se hizo más evidente. Los nacionales del País Vasco y Cataluña que huyeron de la España republicana en 1936 eran con frecuencia vistos con malos ojos en Castilla[19]. Lo mismo había ocurrido en sentido inverso en la Primera Guerra Carlista con los refugiados «castellanos» (esto es, carlistas que no eran vascos) en el País Vasco.

El legado del panhispanismo produjo una gran ironía en 1936. La «Reconquista» de España por parte de los rebeldes no se emprendió desde el norte de España, como según la leyenda ocurriera en el siglo VIII en Covadonga, o ni siquiera desde la Navarra católica como en 1833, sino desde el África musulmana, el trampolín para la conquista islámica de la Iberia cristiana en tiempos medievales. Después de que España ampliase su presencia en el norte de Marruecos, que quedó formalizada por el Tratado de Algeciras de 1906, el Protectorado se convirtió rápidamente en foco de la lucha de clases en la propia España. Ocurrió cuando en 1909 el gobierno español llamó a reservistas de Barcelona, en su mayoría de clase obrera, para defender los intereses mineros que estaban amenazados por una rebelión marroquí. La reacción de los anarquistas y radicales dio lugar a la «Semana Trágica» de esa ciudad, en la que las revueltas revolucionarias fueron contestadas por el gobierno, de manera que todo se convirtió en un microcosmos de la Guerra Civil Española. Antes del Protectorado, la presencia colonial española en Marruecos se centraba en las plazas fuertes que poseía desde hacía siglos, principalmente Ceuta, Tetuán y Melilla, y en una serie de islas como Alhucemas y Perejil a lo largo de la costa del norte de África. Esos enclaves españoles en África tuvieron un papel importante en la Primera Guerra Carlista. En las plazas fuertes había prisioneros carlistas, a algunos de los cuales se les garantizó que dispondrían de libertad limitada a cambio de que lucharan contra las fuerzas del emir Abd-el Kadr, que llevaba largo tiempo de campaña contra los franceses y de vez en cuando amenazaba puestos de avanzada españoles. Tras la contrarrevolución que tuvo lugar en España en 1838 se deportaron a Alhucemas, Ceuta y Melilla a cientos de radicales de izquierdas que estuvieron muy activos en la prensa y las milicias al año siguiente. Algunos periódicos progresistas llevaron a cabo una campaña desafiante en la que convirtieron a esos deportados en héroes y, en lo que fue aún peor para el gobierno moderado, divulgaron que carlistas y exaltados, en teoría extraños aliados, habían desbancado a los guardias del gobierno y se habían hecho con el control de las fortificaciones[20]. La necesidad de enviar expediciones punitivas ponía en ocasiones al gobierno en aprietos diplomáticos. En marzo de 1839 hubo una rebelión carlista en Alhucemas que provocó una crisis diplomática, ya que el capitán del buque de guerra francés que estaba emplazado en Málaga se negó a unirse a los buques cristinos y británicos en una expedición punitiva, alegando que Francia era «neutral» en la guerra española. El embajador cristino en Francia, el conde de Miraflores, presentó una queja, tras la que el capitán francés fue reemplazado, y el nuevo primer ministro francés, Thiers, partidario del intervencionismo, dio órdenes de que las naves de ese país se rigieran de acuerdo con los dictados de la Cuádruple Alianza[21].

Un siglo después, Francia y España cooperaban contra el enemigo común que era el nacionalismo marroquí. En los años veinte, el dictador español, Primo de Rivera, dejó que su ejército africanista lo convenciera para reconquistar el Protectorado, prácticamente perdido como consecuencia de la derrota de Annual de 1921. Desataron una ofensiva en 1924 que llevó a una victoria definitiva al año siguiente tras un desembarco en la bahía de Alhucemas. Los nacionalistas marroquíes, a los que en la década de 1830 los españoles llamaban moros «primitivos», seguían estando demonizados cien años después. Sin embargo, a los africanistas los poseyó una paranoia derechista que los hizo sospechar que hubiera una amenaza militar «islámico-bolchevique» contra la que había pasado a ser su principal colonia. La victoria de las tropas de Primo de Rivera le ganó adulaciones en las que se le comparaba con grandes líderes militares, entre ellos Napoleón[22]. Su autoritarismo de corte conservador era en muchos sentidos compartido por su homólogo francés, el mariscal Pétain, en la parte francesa de Marruecos, más grande que la española. Primo de Rivera promovió que se halagase a Pétain, al que los españoles llegaron a llamar «el salvador de su patria» y «el Mesías que porta el sol de la justicia en su mano derecha para iluminar nuestra querida tierra española»[23]. La colaboración entre Francia y España en el norte de África fue más consistente en el siglo XX que en la década de 1830, cuando la crisis de marzo de 1839 puso de manifiesto las verdaderas fracturas que existían en las relaciones entre ambos países.

Con la reconquista de Primo de Rivera del Marruecos español este se convirtió en el mayor campo de entrenamiento para una parte importante del ejército español, compuesto por las tropas regulares y sus mercenarios marroquíes. El socialista Arturo Barea, que hizo de joven el servicio militar en el Protectorado, quedó impresionado por el modo en que la cultura autoritaria de derechas del ejército se desarrollaba sin problemas en un entorno multirreligioso en el que, en Xauen, un cuartel que tenía un altar estaba flanqueado por una mezquita a un lado y una sinagoga al otro: «Era para mí como si la España medieval hubiera resucitado y estuviera ante mis ojos»[24]. La fuerza más importante a las órdenes de Franco que no estaba formada por españoles era la de los moros. Aunque esos reclutas marroquíes eran maltratados y explotados por los africanistas hasta volverlos despiadados, Seidman ha mostrado recientemente que Franco siguió en el Protectorado una línea mucho más sofisticada de lo que parece, una especie de multiculturalismo anticipado que incluía la comprensión de las diferencias culturales y religiosas[25]. El control de Marruecos por parte de los nacionales también les dio la ventaja de entrenar juntas a grandes unidades, lo que permitió que oficiales y soldados tuvieran tiempo para forjar una cohesión y confianza que son vitales en la guerra[26]. Franco reconoció en una entrevista de 1938 que en su experiencia africana lo había aprendido todo para llevar a cabo su «misión» de rescatar España[27].

Si bien las repercusiones de las guerras coloniales en las políticas nacionales de otros países han sido objeto de muchos estudios, en comparación, y hasta el trabajo de Sebastian Balfour, poco se han investigado con respecto al Marruecos español, por más que su impacto fue mayor en España que en otras metrópolis europeas, y la lucha fuera probablemente la más cruenta de todas[28]. El terror que el ejército imperialista infligió a los «rojos» españoles a partir de julio de 1936 fue, según Preston, como una inversión que dio a los vencedores unos dividendos a largo plazo por lo que se refiere a la apatía, miedo y trauma de la población derrotada[29]. Asimismo, el contexto hispanoamericano de la Primera Guerra Carlista fue importante y no se ha estudiado mucho[30]. Al mando de ambos bandos de esa guerra civil estaban veteranos de las guerras americanas perdidas a los que sus experiencias allí habían endurecido. También hubo controversias a cuenta del imperio que ensombrecieron las posteriores guerras civiles de España. El clan de los ayacuchos llegó a despreciar a los políticos civiles en el transcurso de la Primera Guerra Carlista, hasta el punto de que en 1839 se alcanzó la paz sin contar con el gobierno. En la década de 1930, los oficiales africanistas también llegaron a una conclusión siniestra acerca de la política civil. Los efectos endurecedores de las guerras americanas y del posterior conflicto en Marruecos dictaron muchas de las tácticas de los ejércitos insurgentes.

La Primera Guerra Carlista resultó del desmoronamiento político de la monarquía española a nivel mundial. Durante mucho tiempo los historiadores culparon de ese desmoronamiento a la intransigencia del absolutismo español. Sin embargo, en la década de 1830 los carlistas se quejaron con amargura de que el gobierno «usurpador» reconociese la independencia de las colonias americanas. Aunque a partir de 1836 la reconquista de las Américas se convirtió en algo imposible tanto militar como diplomáticamente, la cuestión americana siguió modelando la visión internacional de los tradicionalistas de un modo muy obvio para la gente de entonces. Fue la Primera Guerra Carlista la que despertó el interés anexionista de Estados Unidos con respecto a Cuba. El presidente John Quincy Adams afirmó que «España está encerrada en una cruenta guerra civil y no puede proteger Cuba. O la isla se une a los Estados Unidos o tendrá que pasar a ser protegida por fuerzas navales británicas»[31]. Cuando el capitán general Tacón impuso un bloqueo en las costas cubanas en respuesta a la revuelta del general Lorenzo, el gobierno estadounidense protestó enérgicamente[32]. En la isla, el gobierno de Madrid no solo se tenía que enfrentar a revueltas liberales, sino también a las maquinaciones de los carlistas (entre los que se encontraba el arzobispo de Cuba, que fue expulsado de allí), los cuales contaban con agentes encargados de alimentar la sedición en la colonia. La agitación en Cuba les interesaba para ganar la guerra civil. Las plantaciones esclavistas de la isla eran fundamentales para el esfuerzo bélico del gobierno, ya que representaban alrededor del 15 % de los ingresos del estado. La espectacular subida del precio del azúcar en la década de 1830, junto con la llegada de la tecnología a vapor, crearon las condiciones ideales para que resurgiera en España la idea de que la esclavitud era necesaria en su imperio y fuese más fuerte la resistencia al abolicionismo, pese a la minoría de izquierdas que abogaba por la abolición en las Cortes revolucionarias de 1836-37[33].

La guerra contra Estados Unidos de 1898, que acabó con los últimos vestigios del imperio americano español, estuvo provocada en parte por el miedo a una posible rebelión carlista en el caso de que España se rindiera de forma incruenta al imperialismo norteamericano[34]. Un escritor de éxito incluyó el revanchismo carlista en su novela de 1902 Sarita la carlista, para cuyos protagonistas la propensión de España a las guerras civiles procedía de «las relaciones sin resolver con América»[35]. La imagen imperialista de España apenas cambió en Latinoamérica hasta que la Guerra Civil Española convirtió el país en un campo de batalla entre la democracia y el autoritarismo. Para Andrés Iduarte, académico mexicano, la lucha de la República era la redención democrática de la «madrastra» colonial de Latinoamérica: «¡Mueran los gachupines (los imperialistas españoles) y vivan los verdaderos españoles!»[36].

En realidad los «verdaderos españoles» nunca estuvieron alejados de América. El divorcio entre esta y la península apenas fue algo predestinado. Las juntas americanas de 1808 se alzaron en nombre de Fernando VII, y por mucho que España y sus territorios llegaran a separarse, las nuevas naciones americanas siguieron vinculadas por una cultura hispana y religión comunes y por la herencia demográfica y constitucional[37]. El anticlericalismo que se dio tanto en España como en las antiguas colonias creó las condiciones diplomáticas e ideológicas para que estallase la Primera Guerra Carlista. A partir de 1831, el papa Gregorio XVI, muy conservador, consiguió disgustar tanto a los liberales como a los carlistas españoles al reabrir de facto, aunque todavía no de jure, las relaciones de la iglesia con los estados hispanoamericanos, un proceso que llevó al nombramiento de obispos para las sedes que habían quedado vacantes por la cuestión sin resolver de los derechos de designación del ya desaparecido Patronato Real. México era el país más rico de los antiguos dominios españoles. Los repetidos intentos realistas que hubo durante la década de 1820 por conseguir que México volviera a pertenecer a la corona española se basaron en el envío de fuerzas de invasión desde Cuba, y en una influyente minoría de comerciantes y sacerdotes españoles que actuaban dentro del propio México. Las autoridades de aquel país dictaron una serie de órdenes de expulsión para los españoles que residían allí, lo que culminó en 1833 con la expulsión de todo el clero español[38]. Los sacerdotes repatriados se reafirmaron en su hostilidad a la revolución liberal, y no es de extrañar que fuese el clero el que proporcionara un liderazgo moral decisivo a los carlistas a partir de 1833, entre otras cosas porque eran por lo general los únicos hombres cultivados que mantenían contacto regular con los habitantes rurales del País Vasco carlista[39]. Cuando la revolución radical-liberal de España de 1835-36 reconoció a las repúblicas hispanoamericanas, la prensa carlista afirmó que era la consecuencia perversa de esa revolución ilegítima[40].

Los liberales españoles, en cambio, extrajeron una conclusión muy distinta de la pérdida de América. Tras la contrarrevolución española de 1823 y la derrota en Perú al año siguiente, uno de los principales liberales en el exilio, Álvaro Flórez Estrada, perdió la esperanza de reunificar el mundo hispano por medio de la Constitución de 1812 y, en su lugar, urgió a que se concentraran los esfuerzos en resucitar la revolución liberal en España. El líder de los exiliados, Francisco Espoz y Mina, héroe de la Guerra de la Independencia, aceptó esa estrategia. Mientras que en 1817 había condenado la misión de su sobrino adoptivo, Xavier Mina, para colaborar en la emancipación de México, a partir de 1823 estuvo muy activo buscando apoyos hispanoamericanos para los exiliados españoles. En una reunión con un delegado mexicano en Londres, Espoz y Mina aceptó que España reconociese la independencia de las antiguas colonias en términos que fueran beneficiosos para ambas partes, y que la mejor forma de conseguirlo sería que los hispanoamericanos ayudaran económicamente a los exiliados para poder reanudar la revolución liberal española. Al final el gobierno mexicano les dio su fraternal bendición, pero no les dio ningún dinero[41].

A falta de dinero, los liberales españoles repatriados hicieron uso en la Primera Guerra Carlista de sus experiencias militares y políticas en Hispanoamérica. Allí la lucha entre independentistas y realistas se convirtió rápidamente en una guerra de guerrillas por excelencia, ya que los escasos recursos humanos y económicos impedían el mantenimiento de grandes ejércitos regulares. Los ayacuchos aprendieron tácticas de contrainsurgencia en América que luego aplicarían contra los carlistas, del mismo modo que los civiles que regresaron tras las guerras de independencia americanas también forjaron la política de la guerra carlista. Eugenio de Aviraneta y Ramón Ceruti habían sido enemigos implacables en México en la década de 1820. Ambos eran liberales españoles, pero mientras que Aviraneta, tras su participación en el último intento de España de invadir México (la expedición de Barradas de 1829) se había dado cuenta de la inutilidad de intentar reunificar el imperio, Ceruti, después de refugiarse en aquel país en 1823, se volvió al poco defensor del federalismo y el pueblo mexicanos. Más tarde los dos ejercieron cargos públicos en España durante la Primera Guerra Carlista: Ceruti como gobernador regional en varios lugares y Aviraneta como cabeza del espionaje y contraespionaje de los cristinos durante la guerra. Pese a que la España cristina terminó por reconocer la independencia de México en 1836, el sentimiento patriótico postimperialista limitó la carrera profesional de Ceruti de España en cuanto se conocieron sus actividades antiespañolas en México[42].

Aunque la revolución liberal de la década de 1830 puso en marcha el que finalmente sería el reconocimiento de España de la independencia de sus antiguas colonias en el continente americano, la brutalidad de las guerras de independencia marcó a los veteranos españoles con un anticriollismo instintivo. El embajador británico que promovía la reconciliación descubrió que, irónicamente, «son los liberales los que más recelan de la independencia de las antiguas colonias»[43]. Parte de esa actitud se debía a la convicción de los peninsulares de que estar gobernados por los españoles había sido bueno para los indígenas americanos, y de que su ejemplo de mestizaje era prueba de la «blandura» del imperio español en comparación con el autoritario imperio británico[44]. Dicha creencia persistía en la Guerra Civil Española, en la que el historiador Jesús Casariego, partidario de los nacionales, afirmó que la monarquía católica del siglo XVI había protegido los derechos de los nativos americanos, mientras que «¿pueden decir lo mismo algunas naciones anglosajonas exterminadoras de razas al mismo tiempo que abanderadas de los principios filantrópicos del liberalismo?»[45].

Una vez que los liberales españoles aceptaron la pérdida de América, ya no quedó nada que los separara de sus homólogos hispanoamericanos. Los liberales de ambas orillas del Atlántico compartían su hostilidad al enorme poder corporativo de la Iglesia católica. Al avance del liberalismo radical en el México recién independizado lo acompañó el primer ejercicio de anticlericalismo del nuevo estado. Las medidas secularizadoras que decretó el gobierno de Gómez Farías en 1832-35 se adelantaron a las de los liberales cristinos en España a partir de 1835. La oposición a las reformas por parte del clero de ambos países mostró notables similitudes. Cuando la pandemia de cólera de 1832 llegó a México, los conservadores dijeron que era un «castigo divino»[46]. Del mismo modo, la Iglesia española dijo que el cólera era «una plaga por los pecados de España»[47]. Sin embargo, mientras que en México la administración de Gómez Farías solo tuvo que librar una breve (aunque cruenta) guerra civil contra los partidarios de la Iglesia, en España la contienda fue más larga y sangrienta. La razón fue en parte que los carlistas también habían aprendido tácticas militares y morales de la pérdida de América.

Ambas guerras civiles las ganaron oficiales que se habían forjado luchando en las causas perdidas del imperialismo español. En la Primera Guerra Carlista eran los «ayacuchos», así llamados por el lugar en que en 1824 el imperialismo español fue derrotado definitivamente en el continente americano; en la Guerra Civil Española eran los «africanistas», así llamados por su experiencia en el imperio de recambio que buscó España en Marruecos después del desastre de 1898. A ambos grupos los endureció la lucha colonial, que aplicaron de forma brutal al «enemigo de casa» en las dos guerras civiles. Como consecuencia, ambos desarrollaron también una actitud prepotente y carismática con respecto a las autoridades civiles. Un estudio de la prosopografía de los dos grupos muestra que sus experiencias en la lucha colonial definieron sus puntos de vista, independientemente de las causas e instituciones por las que luchaban. En 1839, los ayacuchos que estaban al frente de ambos ejércitos enfrentados en la guerra civil llegaron a un acuerdo de paz sin atender a sus respectivos gobiernos. En la Guerra Civil Española, los africanistas estaban prácticamente por entero en el mismo bando, el de los nacionales que terminarían venciendo. Los vencedores de ambos conflictos, el ayacucho Generalísimo Espartero y el africanista Generalísimo Franco, se ganaron la admiración de sus soldados por sus demostraciones de valor en las campañas coloniales[48]. En las guerras civiles tuvieron a su mando unos ejércitos que diferían en términos de calidad. Mientras que en un obituario se decía de Espartero que «consiguió derrotar a un buen ejército con uno malo», eso no es aplicable en el caso de Franco, que se enfrentó a uno de similar tamaño y preparación[49]. Los dos hombres también se parecen en que coronaron sus victorias convirtiéndose en regentes de España. Al igual que Napoleón, Espartero usó su ejército para controlar el destino de España en 1840, como hizo Franco con aún mayor efecto en 1939. Esa asunción por parte de plebeyos del poder monárquico indica una crisis de legitimidad de la monarquía en ambos periodos clave de la historia de España. El poder de Franco superó al de todos los gobernantes del país desde Fernando VII, el rey cuya muerte desató la Primera Guerra Carlista[50]. Los oficiales compañeros de Franco, que acertaron al predecir que su líder, como buen africanista, nunca renunciaría voluntariamente al poder[51], no consiguieron desplazarle. A diferencia de Espartero, Franco consiguió mantener su dictadura hasta su muerte por causas naturales.

Los orígenes imperialistas de las guerras civiles también comprenden ciertos imponderables, como es el uso del lenguaje. El castellano moderno tiene expresiones con referencias poco halagadoras que nacieron en la época imperialista, y que en su momento dieron tratamiento peyorativo a términos propios de las culturas coloniales. Los católicos llamaban «moros» a los niños sin bautizar, en referencia al conflicto entre musulmanes y cristianos en la España medieval[52]. Los integristas ultracatólicos de la década de 1930 apodaron a los católicos que dejaban de ser practicantes «mestizos»[53]. Pío Baroja dijo de Latinoamérica que era «el continente estúpido»; y sin duda los indígenas del antiguo imperio español en el Nuevo Mundo proporcionaron a los españoles un estereotipo de estupidez que se reflejó en la expresión «hacer el indio», es decir, el idiota[54]. Dentro del contexto europeo no era ninguna novedad que se hiciera ese uso peyorativo de los habitantes de las colonias; sin embargo, la diferencia estaba en que en España los comentarios racistas también tenían connotaciones de actitudes violentas. Tras el incidente que tuvo lugar en Castilblanco en diciembre de 1931, en el que algunos habitantes del lugar lincharon hasta matarlos a cuatro guardias civiles que al parecer eran demasiado propensos a apretar el gatillo, el director del cuerpo, el general Sanjurjo, comparó a los agresores con las cábilas más primitivas de Marruecos. El dirigente socialista moderado del sindicato minero asturiano habló del «odio africano» que habían desatado las fuerzas del gobierno contra los mineros insurgentes en octubre de 1934[55]. Los insultos de tinte racista también eran frecuentes en la Primera Guerra Carlista: a los carlistas los llamaban «caribes» por los nativos de aquellas islas, a la vez que los carlistas llamaban a los liberales «negros» por la supuesta negrura de sus almas. No obstante, «negro» adquirió otro significado en la Guerra Civil Española, ya que pasó a significar «fascista», mientras que «rojo» pasó a ser una expresión cariñosa. A los cadetes del ejército del gobierno se les enseñaba que «negro» era una forma de referirse al fascismo y «rojo» representaba «la vida y la República»[56].

Las estrategias militares que se emplearon en la Primera Guerra Carlista fueron el resultado de las experiencias vividas en las guerras coloniales americanas. De modo indirecto, Hispanoamérica retuvo su importancia hasta para la campaña de los nacionales en la Guerra Civil Española. Muchos de sus consejeros alemanes hablaban castellano con mayor fluidez que los consejeros soviéticos del bando republicano, por su actividad previa con ejércitos sudamericanos durante el periodo de la República de Weimar[57]. Los orígenes hispanoamericanos de la Primera Guerra Carlista, en cambio, fueron mucho más directos. Generales como Valdés, Canterac, Rodil, Serna y Camba habían luchado en las llamadas «guerras de mendigos» de Hispanoamérica, ya que las estructuras poco desarrolladas y la población dispareja no permitían contar con ejércitos grandes o ni tan siquiera medianos. Las guerras americanas lo fueron sobre todo de guerrillas, y allí los tabúes sobre saqueos y otras atrocidades no operaban tanto como en Europa. La mayor batalla campal de esas guerras dio su nombre a la camarilla de la Primera Guerra Carlista. En la Batalla del Ayacucho (Perú) de 1824 solo hubo 15 000 combatientes en ambos bandos. La guerra irregular a pequeña escala en las Américas preparó a los ayacuchos para su victoriosa campaña contra los carlistas. Gerónimo Valdés pacificó Cataluña en 1834 empleando tácticas de contrainsurgencia que había aprendido en Perú. La experiencia americana también enseñó a los oficiales a entender las complejidades de la disciplina, moral y cohesión de grupo entre sus hombres[58].

Esas lecciones coloniales no las aprendieron solo los participantes españoles en la Primera Guerra Carlista. George Dawson Flinter, apologista de la esclavitud, era un oficial del ejército británico, nacido en Irlanda, que estuvo destinado en el Caribe entre 1810 y 1819. Tras hacerse partidario de la causa monárquica española en América, Flinter volvió a Europa en 1819 con el objeto de frustrar los intentos de Bolívar de reclutar mercenarios británicos e irlandeses para su lucha por la independencia. Luego Flinter volvió a Venezuela, ya nacionalizado español, y emparentó por matrimonio con dueños criollos de plantaciones, pero en 1829 la victoria de los bolivarianos lo llevó a retirarse a Puerto Rico, que junto con Cuba constituía el último bastión español en América. Después de publicar una apología en defensa del sistema «humanitario» de esclavitud que España practicaba en el Caribe, la guerra civil de su país de adopción permitió que Flinter lograra uno de sus grandes objetivos: ser coronel de ejército del gobierno. Tras dos años sin grandes incidentes en Extremadura, Flinter fue ascendido en 1836 para que comandara una nueva fuerza de contrainsurgencia en Castilla la Nueva, a la que los rebeldes denominaron los «peseteros» por sus dudosas motivaciones y atuendo. No obstante, Flinter supo hacer buen uso de su conocimiento directo de las guerras americanas, y consiguió más triunfos sobre el terreno con sus hombres que la propia milicia del gobierno[59].

En otros casos, los veteranos de las colonias aplicaron las lecciones militares imperialistas equivocadas. La última ofensiva de los nacionales contra Madrid estuvo encabezada por el Corpo Truppe Volontarie de Mussolini en la Batalla de Guadalajara de 1937. Sus victorias iniciales llevaron a los italianos a prescindir de las precauciones normales, como si la campaña fuese un mero paseo como lo había sido su invasión de Etiopía en 1935. Escribió Franz Borkenau:

Tras sus primeros triunfos, los italianos se descontrolaron. Embriagados de la gloria de sus fáciles victorias en Etiopía […] no tomaron ninguna precaución […] y no protegieron sus flancos, agruparon refuerzos en las carreteras principales y se acercaron mucho a la avanzadilla de primera línea. Todo eso era una locura de acuerdo con las reglas razonables de la guerra[60].

Los italianos fueron frenados y obligados a retroceder a su posición de inicio en buena medida por un suceso muy poco frecuente en la Guerra Civil Española, como fue un arrollador ataque aéreo del bando republicano contra una columna enemiga[61].

Si en Etiopía los italianos se habían vuelto arrogantes, en las guerras americanas de independencia el general cristino José Ramón Rodil había aprendido a ser muy cauteloso. Rodil se había distinguido en su empecinada defensa del puerto peruano del Callao, el último bastión sudamericano en caer en 1826. La experiencia americana le vino bien a Rodil cuando estuvo cuatro meses al mando del Ejército del Norte en 1834. Copió las tácticas de contrainsurgencia de allí, tan brutales como efectivas, y quemó cosechas, ejecutó a alcaldes carlistas y desalojó a familias sospechosas de haber dado refugio a los rebeldes[62]. Sin embargo, como ministro de la Guerra al mando de la defensa de Madrid en 1836, Rodil fue muy criticado por emplear tácticas del estilo de las del Callao. Su negativa a montar divisiones móviles de contrainsurgencia contra la expedición de Gómez, y que en su lugar prefiriera organizar únicamente una defensa en profundidad, pareció una respuesta muy poco apropiada a la invasión de unos pocos miles de carlistas. Lo que es peor, la grandilocuente retórica de Rodil sobre la defensa no se tradujo en el reforzamiento de los posibles objetivos importantes. Las famosas minas de mercurio de Almadén, en Ciudad Real, habían sido arrendadas en 1835 a la banca Rothschild por la desesperada necesidad del gobierno español de encontrar financiación. La toma de Almadén por parte de Gómez en 1836 llevó a la captura de Flinter y a la dimisión de Rodil en medio de una gran polémica nacional e internacional. Flinter consiguió escapar, aunque terminó quitándose la vida en 1838. El general Rodil, caído en desgracia, huyó a Portugal antes de que las Cortes revolucionarias exigieran que se diera un castigo ejemplar a su «traición»[63]. El embajador Villiers nunca perdonó a Rodil el daño que causó a los intereses británicos. Villiers estaba convencido de que los malhumorados manifiestos que Rodil escribió desde Lisboa encubrían su intención de organizar una marcha sobre Madrid con prisioneros y miembros también caídos en desgracia de la Guardia Real, a los que Gómez había derrotado en las cercanías de la capital[64]. Al final no hubo marcha y el bando liberal ganó la guerra civil sobre todo gracias a la pericia militar del ayacucho más famoso, Baldomero Espartero, comandante en jefe a partir de 1837, y también gracias a la continua ayuda militar de los británicos. No obstante, el resultado de la guerra estuvo mucho tiempo en el aire, y no solo por el legado imperialista español, sino también porque en la década de 1830, y de nuevo en la de 1930, España fue el campo de batalla en que se enfrentaron las políticas internacionales.

5. Guerras mundiales en miniatura

CAPÍTULO 5

GUERRAS MUNDIALES EN MINIATURA

En aquella época el carlismo era la excepción en el mundo. El liberalismo, enganchado en los carros victoriosos de Napoleón, se había extendido por toda Europa, y, a pesar de los buenos deseos de Metternich, el Congreso de Viena no encontró clima propicio para realizar la restauración de los grandes principios cristiano-occidentales. La francmasonería era una fuerza inmensa y el racionalismo materialista corrompía el pensamiento. […]. Y para que el panorama fuese exactamente igual al de ahora, en Francia y en Inglaterra se hicieron ruidosas campañas a favor del régimen liberal, demócrata y avanzado de España. Y se les dio toda clase de alientos y ayudas. […] Y para que nada faltase a la semejanza con esta guerra actual, hasta se organizaron brigadas internacionales que vinieron a España a combatirnos por tierra mientras la escuadra inglesa bombardeaba nuestras líneas del cerco de Bilbao y socorría abundantemente la plaza. Hoy día nosotros, la España nacional, contó desde el primer momento con la simpatía de pueblos y medios intelectuales influyentísimos y poderosos. Los «nazis», los «fascistas» comprendieron nuestra guerra. Pero los carlistas de entonces fueron completamente incomprendidos[65].

Históricamente las guerras civiles europeas siempre habían tenido una vertiente internacional en diversos grados. La Guerra de los Treinta Años (1618-48) fue tanto una guerra civil que asoló Alemania como una lucha internacional en la que varios estados europeos querían debilitar el poder de los Habsburgo. La revuelta de 1640 de portugueses y catalanes contra el dominio castellano podría clasificarse como una guerra civil, o bien como una guerra que abarcó a toda la Península Ibérica, y ese mismo criterio traslapado de conflicto civil o internacional se hizo aún más evidente en la Guerra de Sucesión Española (1701-14). Sin embargo, tras el trauma de las guerras napoleónicas y de la Primera Guerra Mundial, se alcanzó el consenso diplomático de que toda contienda era condenable a menos que fuese de carácter «defensivo». De acuerdo con las intenciones del Congreso de Viena de 1815 y de la Sociedad de Naciones de 1919, quedaba garantizada la seguridad colectiva de unos estados fuertes, que sólo intervendrían militarmente en otros países como último recurso. La realidad es que esas decisiones tuvieron resultados muy limitados. Como observa Lawrence Freedman, esos intentos en 1815 y 1919 de establecer un consenso internacional tras la derrota de la ideología dominante se fueron a pique «en cuanto se abrieron nuevas fallas ideológicas»[66]. Eso condicionaba el principio de no intervención en asuntos internos. En palabras de Paul Schroeder, «por lo que se refiere a política internacional, el término “restauración” no concuerda con lo decidido en el Tratado de Viena en absoluto»[67]. En ambos periodos, España fue una falla ideológica que mostró que verdaderamente no se había restaurado ni solucionado nada.

Hugh Thomas denominó a la Guerra Civil Española una guerra mundial en miniatura, y Romero Salvadó la llamó «el gran espejo deformante» del conflicto internacional. La participación de otros países en ella es bien conocida a nivel popular. En cambio, la dimensión internacional de la Primera Guerra Carlista solo la conocen los especialistas. Esa guerra fue de muchos modos la imagen en negativo de la Guerra Civil Española: las potencias liberales progresistas intervinieron, mientras que las reaccionarias se vieron obligadas a la no intervención. La causa por la libertad prevaleció en buena medida gracias al apoyo de los países liberales, a diferencia de lo ocurrido en la década de 1930. Los brigadistas internacionales de entonces fueron loados como los héroes de la última gran causa; sus homólogos de cien años antes, por el contrario, fueron vilipendiados por diversas y complejas razones, relacionadas en parte con el éxito nada heroico de las políticas internacionales de sus gobiernos. Ambas guerras han atraído a escritores que se identifican con el bando perdedor. Eso también es aplicable a algunos estudiosos extranjeros, sobre todo en el caso de la Guerra Civil Española. La del legitimismo en la Primera Guerra Carlista, y luego de la democracia en la Guerra Civil Española, indignó a escritores extranjeros, que de ese modo reafirmaron el grado en que la intervención internacional formó parte de cada guerra civil. Mientras que en la década de 1930 las potencias democráticas mantuvieron una posición de «no intervención» en detrimento del bando republicano, los poderes fascistas de Europa dieron pleno apoyo a los nacionales sin llegar a formar una alianza formal. Este aspecto es crucial, ya que en ambas guerras ganó el bando que contó con mayor participación extranjera. Así pues, la Guerra Civil Española merece ser comparada con el impacto internacional menos conocido de la Primera Guerra Carlista.

Cualquier análisis de la intervención extranjera en España tiene que empezar con una perspectiva general de la fatídica década de 1930. El conciso resumen de Romero Salvadó de las actitudes de las potencias europeas hacia la Guerra Civil Española nos ofrece una síntesis muy expresiva desde el punto de vista de los partidarios de la República: el Reino Unido fue malo, Francia inmóvil, Alemania malvada, Italia y Portugal también malvados pero generosos, la URSS pragmática y México bueno pero ineficaz. Las motivaciones ideológicas y éticas que subyacen a los estudios de historia internacional oscurecieron largo tiempo el análisis detallado del verdadero alcance e impacto de la intervención extranjera. No obstante, el trabajo que Gerald Howson publicó en 1999 disipó el mito de los nacionales de que los republicanos recibieron mucha más ayuda internacional que Franco. De hecho, el embargo de armas anglonorteamericano fue tan eficaz que los agentes de la República tuvieron que acudir al caprichoso e ilegal mercado internacional de armas, e incluso a cambio de las reservas de oro que entregaron a los soviéticos prácticamente no consiguieron más que chatarra. Habida cuenta de que la República tuvo que compensar con esas compras en el mercado exterior la inferioridad técnica en que se encontraba en julio de 1936, Howson argumentó que el embargo armamentístico fue la causa decisiva de su derrota[68]. Sin embargo, la tesis de Howson no explica el contexto español en que se usaron las armas. Los observadores internacionales eran conscientes de la ineficacia bélica de la República: en 1938, el general Gamelin afirmó que cualquier suministro oficial de armas por parte de Francia terminaría sirviendo de poco debido a la ineptitud de los republicanos[69].

FIGURA 5.1 La singularidad de la Guerra Civil Española en la Europa de la década de 1930

Los debates sobre la intervención internacional en la Guerra Civil Española reflejan el consenso de los expertos sobre que España fue un punto fundamental en el desarrollo de la guerra civil europea. Sin embargo, España no fue parte beligerante en ninguna de las dos guerras mundiales. En cambio, con anterioridad a la década de 1830 dos generaciones de españoles habían vivido una situación bélica casi ininterrumpida, que comenzó con la invasión de Napoleón y terminó con las guerras americanas de independencia, las cuales no finalizaron formalmente hasta 1836. Además, los observadores de la Guerra Civil Española fueron cuando menos ambivalentes con respecto al aspecto internacional del conflicto. Los que veían detrás la mano de Hitler o de Stalin eran ellos mismos políticos y protagonistas que actuaban de cara a la galería internacional de la opinión pública, impresionados por el peligro de que la guerra de España pudiera desencadenar una conflagración global. En esa misma línea, los extranjeros que tomaban partido eran renuentes a calificar el conflicto español de guerra civil, por más que verdaderamente lo fuera. La parlamentaria Katharine Atholl, opuesta a la política contemporizadora, recalcó el papel de los fascistas extranjeros en la «llamada “guerra civil” de España»[70]. Los voluntarios llegados de fuera estaban convencidos de que en España se estaba librando una «guerra popular» contra el fascismo. Un comunista británico adujo que «los españoles fueron los primeros en hacerle frente a Hitler y Mussolini»[71]. Norman Bethune, médico canadiense que también fue voluntario en la Guerra Civil Española, pensaba que «si no los detenemos [a los fascistas] en España, convertirán el mundo en un matadero»[72]. El brigadista británico Walter Gregory, cuando ya llevaba bastante tiempo de servicio, escribió que «nos enfrentamos a la infantería mora, a ametralladoras y aviones alemanes y a tanques italianos; ah, sí, y también hay unos cuantos fascistas españoles»[73]. Pete Seeger, el cantante folk y activista norteamericano, empezó el prólogo que escribió para un estudio de voluntarios estadounidenses empleando términos muy descarnados: «La Guerra Civil Española terminó en 1939, pero pasará a la historia como la primera batalla de la Segunda Guerra Mundial»[74]. Los republicanos españoles también destacaron el carácter internacional de la guerra para protestar por la política de no intervencionismo de las democracias occidentales. En 1940, el anarquista Abad de Santillán atribuyó la reciente derrota de la República a tres factores: la centralización del gobierno contra Cataluña, esa política de no intervencionismo de los países democráticos y la traición de Stalin; es decir, dos tercios de los factores eran internacionales[75]. El comienzo de la Segunda Guerra Mundial, cinco meses después del final de la Guerra Civil Española, justificó a las voces progresistas de España y el mundo que se quejaban de que la lucha contra el «fascismo» tendría que haber sido un esfuerzo coordinado.

No obstante, esa visión del asunto antepone la teleología a la contingencia. Hubo guerras civiles en Europa que sí tuvieron un origen internacional, como la yugoslava y la griega de los años cuarenta, pero la Guerra Civil Española no se encuentra entre ellas, por mucha prisa que se dieran las potencias extranjeras en conspirar de antemano e intervenir en cuanto estalló el conflicto[76]. Aunque ningún extranjero que estuviera en España en 1936 podría haber sido ajeno a la lucha global entre los extremos del fascismo y el comunismo, en sus escritos no encontraremos mucha referencia a la influencia de Hitler y Stalin a lo largo del conflicto, y hay razones para que así sea. A Mussolini le disgustaba tener que subordinarse a la estrategia de Franco de hacer una guerra de desgaste, lo que negaba a sus fuerzas en España la posibilidad de lograr una victoria dinámica que fuese consistente con la propaganda fascista[77]. El encargado de negocios nazi en la España nacional también manifestó en repetidas ocasiones su frustración ante el hecho de que Franco no empujase la línea ideológica. En enero de 1937, Faupel se quejó de la «frialdad» de Franco hacia la Falange y su «simpatía» hacia los carlistas, lo cual es significativo habida cuenta de que el futuro dictador había exilado al dirigente carlista Fal Conde, que tenía sus ideas propias, apenas un mes antes[78]. En abril de aquel mismo año, Franco unió todos los partidos de derechas en un solo «Movimiento», en el que parecía que la Falange moderna iba a gozar de precedencia sobre carlistas, alfonsistas y católicos. Sin embargo, dos meses después un corresponsal de prensa nazi se lamentó de que el fascismo siguiera siendo un mero tigre de papel en España y de que el régimen de Franco «no haya hecho mucho […] De hecho, cabe esperar un retorno a los nefastos días de la monarquía»[79]. La naturaleza irremediablemente española de la guerra civil también era obvia para el principal partidario extranjero del bando republicano. Payne argumenta que, con su intervención, los soviéticos estaban empeñados en estalinizar España en el caso de que el gobierno republicano consiguiera ganar la guerra[80], pero la victoria de los nacionales nos privó de poder conocer la última palabra a ese respecto. No obstante, parece claro que en 1936 casi nadie se imaginaba un resultado de corte tan totalitario. Incluso La Pasionaria tenía sus dudas acerca de la perspectiva de que España llegase a ser un estado estalinista, para lo que aducía la carencia de un monopolio comunista de los medios y el predominio de sus rivales del movimiento anarquista, de signo muy español.

De hecho, a los observadores de la Guerra Civil Española les fue muy difícil apartarse de la sombra de las dos Españas. Un periódico carlista dedicó en 1938 una página entera a comparar las hazañas bélicas de los requetés de 1837 con las de los de 1937: «De 1833 a 1938 los carlistas combaten a vanguardia en la lucha por la salvación de la Patria»[81]. Algunos historiadores de la década de 1930 escribieron que lo que estaba en juego en la Guerra Civil Española era «fundamentalmente lo mismo que hace cien años», con la única diferencia de que los carlistas ya no estaban solos en su oposición al liberalismo. No es necesario que digamos que la Guerra Civil Española fue una guerra carlista para poder apreciar sus similitudes[82]. Un historiador liberal norteamericano de aquella década consideró que la naciente Segunda República era la última victoria de la España moderna sobre su Némesis, el poder descontrolado de la monarquía clerical de la era de don Carlos[83]. Para el célebre hispanista Gerald Brenan, eran los dos extremos españoles más «puros», el carlismo y el anarquismo, los que de verdad se enfrentaban en la Guerra Civil Española[84]. George Steer oyó en 1937 a un miembro del gobierno vasco explicar la naturaleza «española» de la guerra que asolaba su patria: «Los carlistas que pierden la fe se vuelven de inmediato anarquistas, y, como son españoles, luchan entre sí; bien, pues que luchen». En cambio, para él el nacionalismo vasco era una versión de una idea internacional que era consistente con la actitud abierta del País Vasco[85]. Los jóvenes carlistas que combatían a los anarquistas en Sevilla en la Guerra Civil Española lamentaban la miopía de su enemigo: «Si los sindicalistas creyeran en Dios, se volverían tradicionalistas de por vida»[86].

No sólo los historiadores de esa década establecieron vínculos con la de 1830. Pese a la pesadilla de la guerra mundial que se avecinaba, los protagonistas extranjeros de la Guerra Civil Española hicieron considerables esfuerzos para comparar la situación del país con hechos históricos en lugar de con otros contemporáneos. Cuando llegó a París la noticia del golpe de estado militar, la primera reacción del primer ministro del Frente Popular, Leon Blum, fue desestimarla por tratarse —según él— de tan solo otro pronunciamiento tan propio de los españoles[87]. Tras fracasar el golpe y empezar la guerra civil, un miembro conservador del Parlamento británico consideró que el conflicto era el resultado de una tensión típicamente española y lo llamó una «tercera guerra carlista»[88]. The Times llegó a quejarse de que las atrocidades cometidas en España en 1936 carecían de la «grandeza» de las de la Primera Guerra Carlista[89]. Sin darse cuenta, las potencias extranjeras también reaccionaron a la Guerra Civil Española de modos similares a como lo habían hecho en aquella primera guerra. Las grandes potencias de tendencia izquierdista que apoyaron al bando del gobierno en ambos conflictos llegaron a conclusiones parecidas en el plano de lo emotivo. En la Primera Guerra Carlista, los diplomáticos británicos hablaron de defender la causa de la «humanidad» e incluso ejercieron presión sobre Austria, Prusia y Rusia, países partidarios de los carlistas, para que condenasen los actos brutales de estos[90]. Stalin se expresó en los mismos términos de «defender a la humanidad» en el artículo que escribió en 1936 para El Mundo Obrero, y en la propia Unión Soviética repitió ese mensaje en Izvestia[91].

Los extranjeros que vivieron ambas guerras con frecuencia llegaban rápidamente a determinadas conclusiones sobre la propensión de los españoles a la violencia. En 1835, un oficial de reclutamiento angloirlandés de las tropas auxiliares británicas dijo de la violencia de los carlistas que era el resultado de «la pobreza y la influencia de los curas»[92]. De ese modo Edward Costello estaba manifestando sus prejuicios protestantes, a la vez que reafirmaba la supuesta tendencia de los españoles a enzarzarse en guerras civiles. Arthur Koestler, comunista húngaro, vio la Guerra Civil Española como una continuación de las guerras carlistas y condenó la constante influencia de la iglesia en todos los conflictos españoles[93]. Con respecto a las brutalidades cometidas por uno y otro bando en 1937, el sociólogo austriaco Franz Borkenau se estaba refiriendo a más de un siglo de situaciones bélicas al afirmar que «no es tanto una costumbre anarquista, sino española, la de masacrar al enemigo por completo»[94]. Incluso en los casos en que los observadores extranjeros se abstenían de criticar el poso cultural del país en que se encontraban, seguían tomando el siglo XIX como punto de referencia. En el verano de 1939, un visitante norteamericano se lamentó de que tanta destrucción hubiese acabado con la riqueza en bienes muebles que se había acumulado desde las guerras carlistas[95].

Puesto que los observadores extranjeros vieron vínculos sin fisuras entre lo sucedido en los siglos XIX y XX, no está de más que también comparemos el contexto internacional de las guerras civiles españolas, y sobre todo la inversión de papeles de las grandes potencias europeas. En la Primera Guerra Carlista, el bando cristino, progresista, recibió ayuda diplomática, financiera y militar de los países liberales del Atlántico —Gran Bretaña, Francia y Portugal—, así como benevolentes maniobras diplomáticas en América. El bando carlista, en cambio, no consiguió una intervención similar de los países absolutistas que le eran afines: Austria, Prusia, Rusia y los estados italianos. Aunque el canciller Metternich despreciaba al régimen liberal de España, por considerar que «el liberalismo es un sinsentido allí», pues a su juicio el carácter español «es incapaz de tener matices»[96], nunca se atrevió a enfrentarse a la hegemonía anglofrancesa en España ni reconociendo a don Carlos ni cuestionando abiertamente el bloqueo de la Cuádruple Alianza. Mientras que entonces las potencias liberales, en especial Gran Bretaña, tenían muchos intereses propios en que triunfase en España la reforma de la propiedad y el constitucionalismo, en la Guerra Civil Española se dio el caso contrario. El ogro del bolchevismo hizo que esos mismos países vieran extraoficialmente con agrado la supresión de una revolución obrera en Europa Occidental, por mucho que el precio de esa contrarrevolución fuera la intervención nazi y fascista. Ese giro en la política progresista europea con respecto a las guerras civiles españolas no ha sido analizado comparativamente. La importante naturaleza internacional de la Primera Guerra Carlista sigue estando muy subestimada, en contraste con el ejemplo mucho más famoso de cien años después[97]. Esa desigualdad se puede atribuir en parte al distinto equilibrio de fuerzas. Mientras que las fuerzas del gobierno llevaron la voz cantante durante al menos un año tras el comienzo de la primera guerra civil en 1833, en el verano de 1936 los dos bandos estaban equilibrados, por lo que ambos deseaban la intervención internacional[98].

De todas las potencias mundiales, debemos considerar especialmente el papel de Gran Bretaña, ya que en ambas guerras españolas era la principal potencia europea y poseía el mayor poder global, tanto real como potencial. Las dos guerras civiles españolas ocurrieron en periodos de posguerra del ejército británico, cuyo número más bajo de hombres en el siglo XIX fue precisamente en 1838, en el que ascendía a un total de tan sólo 87 993. En el tiempo de la Guerra Civil Española, el rearme británico solo despegó en serio a partir de 1938. Además, en ninguno de los dos conflictos llegaron los gobiernos británicos a considerar la posibilidad de usar fuerzas terrestres para intervenir en el continente, pese al abundante empleo de lord Palmerston de cañoneras navales y el compromiso a regañadientes del gobierno de Chamberlain de desplegar un cuerpo expedicionario en el caso de que se entrara en guerra con Alemania[99]. Dicho eso, la principal diferencia en la implicación británica no estuvo en las fuerzas terrestres: ni siquiera en la Primera Guerra Carlista se desplegaron soldados de ese país en suelo español, sino solo voluntarios británicos que luchaban para el gobierno español, y de infantería de marina en momentos de intensa crisis, como lo fue la derrota aplastante por parte de los carlistas de fuerzas británicas y cristinas en Oriamendi en 1837.

La principal diferencia se refiere a la disponibilidad de armamento. En la Guerra Civil Española, el principio de no intervención liderado por Gran Bretaña hizo que el embargo de armas perjudicara al gobierno republicano, mientras que a manos de los rebeldes nacionales llegaron muchas más armas extranjeras[100]. En la Primera Guerra Carlista, en cambio, la supremacía naval británica no sólo consiguió interceptar la mayoría de los intentos de armar a los rebeldes carlistas por mar, sino también proveer al gobierno liberal de buena parte de las que pedían. Tras la revolución de La Granja, el atribulado gobierno de Calatrava ordenó el reclutamiento urgente de 50 000 hombres, para los que el gobierno británico envió a crédito 100 000 mosquetes, y además se ofreció a usar su poderío naval para dejar las armas en diversos puntos de la costa española en la proporción en que se necesitaran[101]. Ese desembarco flexible de armas resolvió una crisis que afectaba a los primeros envíos grandes de armamento. A finales de marzo de 1835, en la Torre de Londres se acumulaban 22 000 mosquetes, 3000 rifles y 4000 espadas[102], que fueron despachados al puerto de Lisboa, adonde luego también llegarían otros envíos de menores cantidades, con lo que a finales de octubre se habían recibido un total de 50 000 armas de fuego[103]. Sin embargo, su posterior transporte a España hubo de retrasarse por la delicada situación que suponía el que hubiese elecciones en Portugal y la revolución que estaba en marcha en España. Cuando las armas finalmente empezaron a llegar a Badajoz en diciembre de 1835, lo hicieron con cuentagotas, debido a la escasez de animales de tiro y a que algunas reatas se retrasaron y se redujeron aún más por las deserciones. En febrero las cosas estaban tan mal que el embajador cristino en Portugal le propuso al presidente Mendizábal que todos los sucesivos envíos de armas entraran lo más que pudieran en España por el río Tajo, para que se pudieran desembarcar en un embarcadero a cargo de un oficial designado por ambos países[104]. Tampoco se recibió ayuda de la propia Portugal. En septiembre de 1835, ese país rechazó la petición española de que les enviaran 10 000 mosquetes obsoletos del arsenal lisboeta, alegando que Portugal necesitaba las armas para cumplir con sus obligaciones en la Cuádruple Alianza y equipar a su Guardia Nacional[105]. Las entregas por mar que hicieron los británicos a lo largo de la guerra en San Sebastián, Bilbao, Barcelona, Valencia y Málaga cambiaron la difícil situación de aprovisionamiento de armas en que se encontraba el gobierno español, en claro contraste con lo que había ocurrido en la Guerra de la Independencia, en la que Wellington había usado Lisboa como centro de almacenaje y distribución para los aliados.

De hecho, el poderío marítimo británico desempeñó en 1836 un papel decisivo, análogo al de la aviación nazi en 1936. La supremacía naval anglocristina en la Primera Guerra Carlista difiere por completo de la incapacidad de la marina republicana en 1936, la cual, como la inteligencia alemana informó encantada, quedó inutilizada por la eliminación de los oficiales preparados de que disponían a manos de la tripulación[106]. Cien años antes, el panorama era bien distinto. La marina cristina se reforzó con naves británicas que transportaban tropas y suministros, además de asegurar el control del gobierno de las zonas costeras y disminuir la capacidad de los carlistas para obtener ayuda del extranjero por mar. Durante el asedio rebelde de San Sebastián de 1836, el general Córdova se mostró convencido de que la ciudad no caería, ya que los barcos de vapor británicos podían coger refuerzos en Bilbao y llevarlos sin dificultades a San Sebastián en cuestión de horas[107]. Ya en la primavera de 1834 el gobierno español había decretado el estado de bloqueo para toda la costa norte, con lo que se reservaba para sí mismo y sus aliados el derecho a expulsar barcos neutrales que ayudaran a los carlistas. Desde el siglo XVI, el principal problema al que se enfrentaban las fuerzas navales beligerantes era el de detener a barcos neutrales que llevaban cargamentos para el enemigo. La declaración de guerra de Estados Unidos a Gran Bretaña en 1812 fue causada por la interferencia británica en los «derechos de neutralidad», y una crisis similar amenazaba con surgir con respecto a España. En noviembre de 1836, el Departamento de Estado norteamericano dio instrucciones a su embajador en Madrid para que protestara por el bloqueo del norte, ya que

los Estados Unidos no pueden reconocer la legalidad de ningún bloqueo que no se limite a determinados puertos que se designen a tal efecto y tengan apostados ante ellos una fuerza capaz de mantener el bloqueo, ni tampoco pueden reconocer la legalidad de ningún apresamiento que se haga por infracción del bloqueo, a menos que la nave capturada haya intentado entrar en un puerto bloqueado después de habérsele advertido que desistiera del empeño[108].

Sin embargo, como los carlistas no consiguieron hacerse con ningún puerto importante, la legalidad del bloqueo apenas se vio puesta a prueba. Al final, la incapacidad de la Cuádruple Alianza para patrullar la totalidad de la costa en todo momento, junto con la sensata negativa de la mayoría de contrabandistas a dirigirse a puertos remotos que estuvieran controlados por los rebeldes, impidieron que la guerra de España se convirtiera en una confrontación naval entre potencias rivales.

El dominio naval de los cristinos es aún más digno de destacar si tenemos en cuenta el estado decrépito en que se encontraba la marina del gobierno en 1833, cuando ya apenas era una sombra de su apogeo imperialista. La situación mejoró con la donación británica en 1834 de dos buques de vapor de última tecnología, que, todavía capitaneados por los británicos pese a estar al servicio de los cristinos, desempeñaron un papel fundamental de transporte a lo largo de toda la guerra. Esa supremacía naval del gobierno no tenía nada que ver con el equilibrio de fuerzas marítimas de cien años después. Aunque los marineros mataron en julio de 1936 a alrededor de un 70 % de los oficiales a bordo de barcos del gobierno, con lo que impidieron que la mayoría de los buques importantes cayeran en manos de los nacionales[109], las operaciones navales posteriores no dejaron ver mucho de la estrategia proactiva que se había seguido en la Primera Guerra Carlista. A lo largo de la Guerra Civil Española, la armada del gobierno solo se destacó en la protección en el Mediterráneo de convoyes soviéticos que transportaban suministros de vital importancia; no obstante, la extensión e impacto de la intervención naval directa de los soviéticos palidece en comparación con la de los británicos de cien años antes, cuando no había aviación, submarinos ni minas que pusieran en peligro su misión[110].

Aunque llegaron los suficientes convoyes de ayuda soviéticos para evitar la derrota del gobierno español, tampoco hubo nunca los suficientes para garantizar su victoria. Cabría haber esperado más de la pericia técnica de los soviéticos, y no solamente de su superioridad material. Cuando la República restableció sus academias militares (las Escuelas Populares de Guerra), la asesoría de los soviéticos se volvió aún más importante para la preparación en cuestiones técnicas, aunque los problemas de comprensión (tanto los españoles como los soviéticos escribieron a Moscú pidiendo gente que hablara un idioma que ambos grupos entendieran, es de suponer que francés) hizo que muchas áreas fundamentales de la instrucción, como por ejemplo la conducción de tanques, se explicaran por medio de mímica[111]. Pese a las ventajas tácticas iniciales que se consiguieron en el campo de batalla con el despliegue de los primeros tanques T-26, a las tropas republicanas les perjudicó el interés cada vez menor de los soviéticos en su desarrollo. Resulta irónico que tanto la URSS como la Alemania nazi llegaran en 1936 a la Guerra Civil Española con doctrinas prácticamente idénticas sobre unidades blindadas. Tras las maniobras conjuntas secretas que realizaron en Kazan oficiales del Ejército Rojo y de la Reichswehr de la República de Weimar, ambos países llegaron a la conclusión de que la «penetración profunda» por medio de tanques, una sinergia de mecanización y masas, era la clave de la guerra ofensiva moderna. Mientras que los experimentos con la Legión Cóndor en España reforzaron esa creencia de los alemanes, el uso ineficaz del material de los soviéticos por parte de los republicanos convenció a aquellos de que sería mejor relegar los tanques a tareas de apoyo[112]. Luego ya no fue posible que los tanques volvieran a desempeñar un papel más importante, pues, aunque en enero de 1939 se volvieron normativas en las academias militares las tácticas bélicas que incluían unidades blindadas, para entonces la guerra ya casi había terminado. Esa tardanza resume muy bien los problemas del ejército republicano. Las influencias y rivalidades políticas perjudicaron a su efectividad militar mucho más que en la zona nacional. En particular, el ejército republicano careció de un cuadro adecuado de oficiales subalternos y suboficiales con el que sí contó el nacional[113].

En cambio, en la Primera Guerra Carlista los británicos garantizaron que la supremacía naval del bando del gobierno fuese constante. Además de emplazar permanentemente a partir de 1835 una escuadra de la armada británica en Pasajes (Guipúzcoa), y de otros prolongados emplazamientos de barcos en puertos importantes como los de Málaga, Barcelona y Valencia, también proporcionaron los oficiales al mando de los dos buques de vapor que dieron al gobierno español, y a los que se llamó Reina Gobernadora e Isabel II. En marzo de 1836, naves de la Armada Real británica empezaron a transportar tropas del bando liberal a lo largo de toda la costa norte, de Galicia a la frontera con Francia[114]. En mayo del mismo año, esa misma competencia de la Armada Real británica se extendió a la costa este española, con lo que Gran Bretaña pasó de hecho a controlar la estrategia naval de España[115]. El almirante Ribera instó a lord John Hay, comandante de la escuadra de Pasajes, a que sustituyese a sus oficiales británicos por otros de sus aliados españoles. Lord Hay, que se había quejado en repetidas ocasiones de la «falta de cooperación» de Ribera a la hora de aceptar el mando británico de las operaciones navales, elevó una protesta al gobierno español. El presidente Istúriz le concedió todo lo que pedía y Ribera se vio obligado a dimitir[116].

Durante la Primera Guerra Carlista, la presencia naval británica en el Golfo de Vizcaya y en el Mediterráneo fue en todo momento lo bastante importante para impedir cualquier intervención extranjera en favor de los carlistas y contribuir al dominio de los cristinos. Por el contrario, en la Guerra Civil Española el control de las costas mediterráneas de la República se encomendó contra toda lógica a los contingentes alemanes e italianos que participaban en el bloqueo de no intervención. El carecer de una flota en el norte condenó a los carlistas al fracaso en la guerra de la década de 1830. El principal móvil de su primer intento de conquistar Bilbao en 1835 era obtener reconocimiento internacional, y de hecho habrían recibido un enorme préstamo de los Países Bajos en el caso de caer la ciudad[117]. Sin embargo, al no tener armada, los carlistas no pudieron impedir la llegada de refuerzos al bando del gobierno. Cuando en 1838 consiguieron hacerse con la zona del delta del Ebro, pudieron construir por primera vez una flotilla, pero ya era demasiado tarde para alterar el curso de la guerra[118]. A partir de 1837, los cristinos dominaron por mar el fundamental frente del norte, gracias al apoyo de la marina británica y a la buena comunicación que permitían los barcos a vapor. En cambio, la presencia naval británica en la Guerra Civil Española benefició a los nacionales. Como resultado del subterfugio diplomático que era el acuerdo de no intervención, los submarinos alemanes operaban sin interferencias desde Pasajes (precisamente la que había sido la base de las naves inglesas en la Primera Guerra Carlista), y las patrulleras de la marina británica destinadas en el Golfo de Vizcaya consiguieron imponer un bloqueo sobre Bilbao que debilitó su capacidad de resistirse al ataque de los nacionales[119].

En la primera guerra que nos ocupa, las esperanzas de los sublevados carlistas de recibir ayuda internacional no se vieron totalmente frustradas en el Golfo de Vizcaya. De 1835 en adelante, controlaron grandes franjas de la frontera de España con Francia, lo que facilitó el tránsito de provisiones y agentes extranjeros. El 20 de enero de 1837, el gobierno francés dictó una orden por la que se prohibía toda exportación de comestibles de los departamentos fronterizos de ese país con la España carlista. Fue una orden que por lo general se pasó por alto, pero tampoco por completo, lo que provocó problemas en el comercio tanto formal como informal de los pueblos de ambos lados de la zona. Entretanto, los agentes financieros de los carlistas en las capitales europeas intentaban poner en marcha el plan de obtener de los mercados internacionales veinte millones de «pesos fuertes», que se devolverían en su totalidad y con un 5 % de intereses a los ocho años de que don Carlos lograra entrar en Madrid o, en su defecto, se le reconociese como rey. Con ese plan se quería reemplazar al anterior de obtener un préstamo de la casa de comercio Ouvrard que no había salido adelante[120]. Al final, todo eso sólo quedó en ayudas insuficientes de particulares y, a lo sumo, en fuertes representaciones diplomáticas en el extranjero a favor de la causa carlista. En 1837 se recibió amablemente a delegaciones de ese bando en las cortes italianas y en las de países de Europa central y oriental, pero no se les dio mucha ayuda.

Similitudes en la intervención internacional

Similitudes en la intervención internacional

En ambas guerras civiles españolas podemos ver ejemplos extremos de interferencia en sus acuerdos de posguerra. Pese al severo entorno diplomático, la cuestión de la intervención extranjera en el bando de la izquierda en las guerras civiles halló por primera vez justificación ética, durante la Primera Guerra Carlista, en el ensayo de John Stuart Mill, La cuestión española (1837). El gobierno británico había intervenido en Francia apoyando al bando antirrevolucionario de la chouannerie unas décadas antes, pero la intervención de Palmerston en apoyo del bando revolucionario español marcó un cambio. La defensa moral e intelectual de Mill de esa política y de los motivos que guiaban a los voluntarios se anticipó a la pléyade de estudios dedicados a las Brigadas Internacionales de cien años después.

Los motivos resultan sorprendentemente similares en ambos conflictos. Mientras que la imagen que prevalece de los voluntarios de las Brigadas Internaciones es de heroísmo y abnegación —por formar parte de la «última gran causa» tan preciada por la propaganda comunista, como es el caso de Britons in Spain, de William Rust—, lo cierto es que los voluntarios extranjeros tenían unos motivos muy eclécticos (desempleo, aventura, huida, compromiso ideológico), y las reacciones de sus mujeres, novias y familias abarcaron de la comprensión a la desesperación[121]. Los voluntarios extranjeros que participaron en ambos bandos de la Guerra Civil Española acudieron en su mayoría a esa guerra por razones prosaicas. Según Bill Alexander, lo que impulsó a alistarse a los batallones británicos fue el garantizarse las comidas diarias. A los que lucharon con los nacionales se les permitió unirse a la elitista Legión Española, «en la que sueldo y comida eran mucho mejores que en el ejército nacional»[122].

En algunos contextos, la politización de determinados grupos provocó que se hiciesen voluntarios. De la movilización comunista en los distritos mineros del sur de Gales salieron más de cien brigadistas, mientras que de las minas de carbón de Durham, donde el comunismo no tenía tanto arraigo, salieron muchos menos[123]. En otras palabras, los voluntarios de la década de 1930 compartían las motivaciones eclécticas de sus predecesores de cien años antes. Sin duda los brigadistas internacionales que tenían un compromiso ideológico estaban convencidos de que en la España republicana se estaba viviendo una «guerra del pueblo»[124]. Y, a diferencia de los auxiliares de la década de 1830, los brigadistas tuvieron su reconocimiento muy poco después al comenzar la Segunda Guerra Mundial, que concedió a sus veteranos más prestigio que el que recibieran los de la Primera Guerra Carlista. Aun así, en otros aspectos las experiencias de ambos grupos de voluntarios muestran similitudes. Fuentes contemporáneas atestiguan la tendencia de los combatientes extranjeros a buscar alivio del tedio y la negligencia en el abundante y barato vino español. En octubre de 1936, Jef Last, poeta holandés y brigadista internacional, estaba luchando cerca de Madrid, pero tuvo que pasar muchas horas hambriento en las trincheras porque los nacionales habían bombardeado la cocina de campaña. Llegó un momento en que su sargento salió arrastrándose y volvió con vino y uvas, tras lo que dijo a sus hombres: «Si bebéis mucho con el estómago vacío, ya no podréis disparar recto»[125]. Por lo general, el consumo de alcohol estaba prohibido en las posiciones avanzadas, para sorpresa y disgusto de los europeos del norte[126]. En ambas guerras, la desmoralización y desafección de los soldados extranjeros desembocaban en disturbios provocados por el alcohol. En enero de 1837, unos auxiliares británicos y portugueses borrachos atacaron a gente y causaron destrozos en una taberna de Santander[127].

En ambas guerras, los voluntarios extranjeros fueron decisivos para la defensa de ciudades clave, Bilbao y Madrid respectivamente, y, por lo tanto, también lo fueron en el punto muerto estratégico de ambos conflictos, esto es, en la obsesión de los carlistas por conquistar Bilbao en la Primera Guerra Carlista y la obsesión de los republicanos de defender Madrid después de 1936[128]. Observó el agregado aéreo británico: «Los defensores de Madrid están obsesionados con el “no pasarán”, pero no se dan cuenta de que para ganar la guerra hace falta avanzar»[129]. Aunque los voluntarios extranjeros solo formaban un 5 % de los defensores de Madrid en noviembre de 1936[130], lo que en proporción era un número menor al de los que se encontraban en los sitios de Bilbao de la Primera Guerra Carlista, se les recompensó concediéndoles la mejor parte de los elogios por la victoria. Si consideramos a España el lugar en que se dieron guerras civiles dentro de la propia guerra civil, también hay similitudes. En la Batalla de Barbastro, de junio de 1837, se enfrentaron alemanes que luchaban en los dos bandos, ya que los carlistas habían formado su propia Legión Extranjera con soldados de esa nacionalidad que habían desertado de la Legión Extranjera francesa. Cien años después, ocurrió una tragedia fratricida similar en Brunete, esta vez entre miembros alemanes de las Brigadas Internacionales e intervencionistas nazis[131].

Más allá de la Cuádruple Alianza de 1834, a los intelectuales les interesó mucho la cuestión de la intervención en la guerra civil que tenía lugar en España. La revolución griega de principios de la década de 1820 proporcionó un precedente muy icónico a los voluntarios extranjeros, y en la década siguiente dos jóvenes internacionalistas liberales, Giuseppe Mazzini y John Stuart Mill, usaron el conflicto español para formular sus doctrinas sobre el intervencionismo. Los dos llegaron a conclusiones similares: que la intervención internacional en una guerra civil no estaba justificada cuando no había una intervención parecida a favor del otro bando, ya que eso implicaría que los españoles no eran dignos de ser libres. Así pues, la intervención estaba justificada si las fuerzas de la tiranía hacían lo mismo, y los dos pensadores apreciaron que la Europa absolutista diera ayuda material muy real a los carlistas, por más que eso prácticamente significara una guerra abierta con la Europa liberal. Como resultado, hubo seguidores de Mazzini que lucharon en el bando del gobierno en Cataluña en 1837, igual que esos voluntarios habían hecho y seguirían haciendo en diversas revoluciones liberales por toda Europa. Ese mismo año, John Stuart Mill colaboró con el exiliado español, José María Blanco White, en la publicación de la primera defensa teórica seria a favor de la intervención armada en las guerras civiles de otras naciones. Ese ensayo de Mill, Sobre la cuestión española (1837), prácticamente ha quedado relegado al olvido. La mera mención de la intervención extranjera en España evoca a las Brigadas Internacionales, sobre todo porque estas desafiaron a lo que, en retrospectiva, parece una pusilánime política anglofrancesa de contemporización en pro de la seguridad colectiva.

John Stuart Mill planteó razones tanto prácticas como éticas para apoyar la causa liberal, pues consideraba que los fueros medievales del País Vasco carlista eran un obstáculo al progreso económico. Su apoyo a que se extendieran políticamente más allá del País Vasco era un astuto ardid para que pareciese que respetaba el tradicionalismo, aun a sabiendas de que eso significaría que perderían todo sentido político. John Stuart Mill ha sido el último gran filósofo británico del siglo XIX en ser estudiado académicamente con respecto a su influencia en España. Aunque ya contamos con un estudio adecuado de su impacto económico y, sobre todo, del político[132], poca atención se ha prestado a su ensayo sobre España de 1837. Por mucho que Mill aceptara que la no intervención en los asuntos de otros países era un principio sólido, también se trataba de algo que sólo podía funcionar en tanto en cuanto todas las potencias lo respetaran. Sin embargo, Austria y Rusia habían intervenido en Italia y Polonia respectivamente, y Mill pensaba que la intervención de la Cuádruple Alianza contribuiría a poner fin rápidamente a la brutal guerra española. Mill también rechazó la idea de que los privilegios vascos, los fueros, fuesen populares: en Bilbao eran contrarios a ellos, y su existencia facilitaba la corrupción administrativa y el contrabando[133].

Incluso las clases dirigentes británicas estaban divididas con respecto a la cuestión de la intervención en España. Los conservadores eran neutrales o bien simpatizaban con los carlistas, y el periódico de carácter más oficial, The Times, afirmó que la Cuádruple Alianza era de por sí una afrenta al no intervencionismo[134]. Wellington detestaba la Cuádruple Alianza por acabar con la Quíntuple Alianza surgida del Congreso de Viena y exportar un liberalismo peligroso. El carlismo de los conservadores británicos bebía del romanticismo que emanaba de la «Joven Inglaterra» de Benjamin Disraeli, un grupo de aristócratas de Eton y Oxford comprometidos con las «causas perdidas» de la nobleza, el feudalismo y el anticapitalismo. A los carlistas españoles les agradó ese apoyo de los románticos europeos a su causa. El propio don Carlos estuvo en 1835-36 a la cabeza de una corte real itinerante que se trasladó a siete ciudades distintas de Navarra en un año para elevar la moral de los campesinos vascos, y frustrar los planes de los cristinos de lanzar ofensivas contra el centro del poder carlista. El 12 de septiembre de 1836, don Carlos inició una gira por su reino vasco en la que también se encargó de incluir toda la parte de la frontera con Francia que estaba en manos de los carlistas. La Gaceta de Navarra, organismo oficial, informó de que melancólicos exiliados españoles habían aclamado al rey desde el otro lado del Bidasoa. Se les unieron legitimistas franceses y espectadores de otras partes. Entre ellos se encontraba una joven inglesa, Marianne Richards, que en 1845 se casaría con Cabrera[135].

El apogeo de la influencia de los «jóvenes ingleses» tory se dio entre la Ley de Sufragio de 1832 y la abolición en 1846 de las Leyes de los Cereales. En asuntos exteriores, su pro carlismo fue un ejemplo perfecto de apoyo a una causa perdida como parte de su ataque general al utilitarismo propugnado por Mill[136]. Había grandes esperanzas de que el duque de Wellington, héroe de la Guerra de la Independencia, manifestara su apoyo a los carlistas, y tanto historiadores liberales como carlistas sostienen que era partidario de estos de pensamiento, aunque no lo fuese de obra[137]. Los carlistas quedaron abatidos cuando Wellington dio en 1839 su beneplácito público a las victoriosas operaciones militares de Espartero. La opinión tory, expresada especialmente en el Morning Post, solía ser favorable a los carlistas, aunque buena parte de ese sentir se debía a la peculiar antipatía personal a Lacy Evans, el parlamentario radical y comandante de las tropas auxiliares británicas, que había insultado al cuerpo más prestigioso del estamento militar de Gran Bretaña, la Caballería Real. Aunque la intervención humanitaria de Wellington por medio de lord Eliot equivalió a algo parecido a una victoria moral para los carlistas, por reconocerlos de ese modo como combatientes equiparables al otro bando, Wellington persistió en su actitud de no intervención, con lo que exasperó a los españoles en guerra[138]. Cuando fue primer ministro tory durante unos pocos meses de principios de 1835, Wellington cumplió con la Cuádruple Alianza más por una cuestión de corrección que de convicción.

Francia, la otra gran potencia firmante de esa Cuádruple Alianza, quedó tan implacablemente dividida por la Primera Guerra Carlista como por la Guerra Civil Española. El monarca constitucional francés sostenía en privado que el derecho a la sucesión dinástica de don Carlos era más consistente que el de la princesa Isabel, lo cual privó a la dividida política de ese país de contar con un intermediario honrado y, al parecer, no le ganó al rey Luis Felipe mucho apoyo en el extranjero para su régimen[139]. Otros monarcas europeos, del Guillermo IV de la Gran Bretaña liberal al zar absolutista de Rusia, mantuvieron una actitud fría hacia Luis Felipe, por considerarlo un advenedizo burgués que había traicionado a Carlos X[140]. Dentro de la propia Francia había un movimiento legitimista incólume que seguía siendo fuerte en los departamentos del suroeste más próximos a España. Al vizconde de Chateaubriand (1768-1848), decano del legitimismo francés, le entusiasmó la insurgencia carlista por considerarla la prueba de que «España se salvará gracias a sus viejas leyes, sus clases aristocráticas, sus instituciones forales y, sobre todo, su espíritu religioso»[141]. España fue el país más nombrado en la prensa francesa entre 1833 y 1840, por encima de Gran Bretaña y de los estados alemanes e italianos[142]. Además, la Francia legitimista dio a la España carlista su primer voluntario de distinción. El septuagenario Penne de Villemur había luchado contra la Revolución Francesa y con los patriotas españoles contra Napoleón. El 27 de febrero de 1834 consiguió escapar de Zaragoza tras un fallido intento de sublevación carlista y, más adelante, don Carlos lo nombró ministro de la Guerra y presidente de la Junta de Navarra[143].

La guerra de España suponía una crisis de seguridad nacional para la monarquía francesa de Luis Felipe. De hecho, por razones de inestabilidad interna y externa el apoyo de Francia a la Cuádruple Alianza se volvió aún menor, sobre todo tras la revolución de La Granja. Las fuerzas apostadas en la frontera en ocasiones oscurecían la tibia actitud política oficial. El general Harispe, al mando de esas fuerzas, estaba dispuesto a saltarse los preceptos de su gobierno y cooperar con Espartero para estrangular las comunicaciones de los carlistas entre un país y otro[144]. Ese tipo de acciones puntuales mitigaban la cada vez mayor frialdad de la política exterior francesa hacia el bando cristino.

El gobierno francés, abiertamente partidario de los cristinos al formarse la Cuádruple Alianza en abril de 1834, se mostró más reticente al firmar sus artículos adicionales el 18 de agosto de aquel año (que consistían básicamente en el reconocimiento del derecho del gobierno español a reclutar tropas auxiliares en el extranjero), se volvió aún más frío con anterioridad a la revolución de septiembre de 1835, y ya era prácticamente neutral cuando tuvo lugar la revolución de La Granja de agosto del año siguiente. Las oscilaciones en la política francesa con respecto a España se reflejaron en las relaciones fronterizas entre ambos países. En octubre de 1835, las fuerzas de observación francesas prometieron a los carlistas que no permitirían que se reuniesen más refugiados cristinos en su lado de la frontera, y también que no darían asilo a cristinos que fueran expulsados de fuertes fronterizos. La España carlista estaba obteniendo reconocimiento internacional de facto, si bien no de jure[145]. Al año siguiente, como parte de un intento de acercamiento a Austria, el gobierno francés llegó a suspender el embargo de suministros para los carlistas[146]. En plena revolución de las juntas de septiembre de 1835, las palabras del rey francés, garantizando al general Fernández de Córdoba que su país continuaría siendo «neutral», fueron palabras de alarma para un gobierno cristino que esperaba mucho más que «neutralidad» de una de las potencias que habían firmado la Cuádruple Alianza[147].

Los presagios no parecían indicar nada bueno. Incluso antes de la revolución de agosto de 1836, el presidente del gobierno, Javier de Istúriz, moderado y francófilo, no había conseguido nada al pedir que un ejército francés interviniese en el norte de España contra los carlistas. El rey Luís Felipe, que nunca había sido muy entusiasta de la causa de Isabel, tenía razones estratégicas para echarse atrás de lo comprometido con la Cuádruple Alianza. El ministro del Interior francés, Adolphe Thiers, se encontró en 1836 con que quedaba revocado su ascenso a los puestos de primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores en cuanto intentó proponer la creación de un «ejército de observación» de 20 000 hombres apostado en Pau, cerca de la frontera con España. Al igual que en la década de 1930, la guerra española produjo en Francia una polarización mayor que en Gran Bretaña. El republicanismo siguió vivo en el ejército francés hasta 1836, y, pese al legado liberal de la revolución de 1830, las discutidas reformas para crear divisiones móviles de la Guardia Nacional, e incluso una gran reserva del ejército, nunca llegaron a materializarse por miedo a su potencial revolucionario[148]. El espectáculo de las milicias revolucionarias españolas horrorizó al rey francés, que despidió a Thiers y disolvió el ejército de refuerzo de Pau. El rey y Thiers ya estaban en desacuerdo por diversos motivos, pero lo sucedido en La Granja fue la gota que colmó el vaso. Un admirador reprochó a Thiers que hubiera tenido que dimitir por culpa de «la odiosa España»[149]. La disolución de las fuerzas de Pau puso fin a cualquier posibilidad de intervención oficial de los franceses, sobre todo porque la caída de Thiers fue acompañada de la promesa de que no se ampliaría la legión que Francia ya tenía desplegada en España[150]. Esa actitud francesa de casi total neutralidad condenó a la vecina Cataluña a una larga guerra. En vano alegó el diputado catalán en las Cortes, Castells, que la intervención era una necesidad moral: «Si a la familia de mi vecino la atacan ladrones o asesinos, tienen derecho a que les dé ayuda y yo la obligación de dársela»[151]. Con mayor mesura, el gobierno español pidió tanto a Francia como a Gran Bretaña que «pasaran por alto» los excesos de la revolución de 1836 y enviaran un gran ejército de tierra que se enfrentase al «agotado» ejército carlista del País Vasco, que «deseaba la paz». La intervención oficial de Francia permitiría que el ejército del gobierno quedara libre para acabar con las bandas irregulares de los rebeldes, así como con los revolucionarios exaltados que tanto irritaban a París y que «saben sacar rédito de la guerra»[152].

Sin embargo, Francia destinó en Madrid a un embajador no intervencionista cuya primera acción fue insistir en que se pusiera en «cuarentena» a las tropas auxiliares francesas, para que no se «contagiasen» de los soldados revolucionarios españoles. La posición diplomática de Francia seguía siendo delicada, por más que ya hubiera pasado la amenaza legitimista interna de la duquesa de Berry y también la del francés Bourmont en Portugal, y que incluso los países absolutistas europeos empezaran a aceptar a regañadientes que la monarquía de julio de Luís Felipe contribuía a la estabilidad de Francia. El sucesor de Thiers, el conservador Louis-Molé, estaba convencido de que no había «cordón sanitario que pudiese impedir que la revolución española se extendiera a Francia»[153]. Molé afirmó categóricamente que Francia jamás intervendría en la guerra española, un rotundo jamais que marcó la pauta de la política exterior francesa hasta marzo de 1839, en que volvió al poder una administración de centro-izquierda con Thiers al mando[154]. Así pues, a la Legión Extranjera francesa se le negaron refuerzos, y los últimos auxiliares de ese país que todavía luchaban en Cataluña fueron retirados de allí en diciembre de 1838[155], casi cien años antes de que los últimos brigadistas internacionales se marcharan de España. En octubre de 1938, La Pasionaria dio un vehemente discurso de despedida a los miembros de las Brigadas Internacionales que se iban de Barcelona, en el que dio las gracias a los voluntarios que «nos lo daban todo: su juventud o su madurez, su ciencia o su experiencia, su sangre y su vida, sus esperanzas y sus anhelos, y nada nos pedían»[156]. Cien años antes, en cambio, los auxiliares franceses cruzaron la frontera sin fanfarrias y sin que ni siquiera el gobierno francés pidiera explicaciones por su disolución[157]. En diciembre de 1837, todos los auxiliares británicos, a excepción de algunos de caballería e infantería, recibieron orden de irse de España. Las autoridades españolas y británicas intentaron ocultar las circunstancias que rodeaban a su partida, ya que los soldados habían causado disturbios por los atrasos de sueldo que se les debían. Los británicos intervinieron directamente para embarcarlos y llevárselos, pero en algunos casos se les siguió debiendo el sueldo hasta dos décadas[158].

La revolución de agosto de 1836 supuso para el gobierno una crisis diplomática tan grande como la de cien años después. Desde el comienzo de la Primera Guerra Carlista, el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Karl Robert Nesselrode, hacía caso omiso a las peticiones del enviado del gobierno español a San Petersburgo y no le concedía audiencia, además de tener todos sus movimientos y correspondencia controlados por la policía. En cambio, el «legado» de los rebeldes carlistas, Páez, disfrutaba de todos los privilegios diplomáticos, y al mes siguiente de los sucesos de La Granja el propio zar Nicolás I presionó a Austria y Prusia para que reconocieran oficial y conjuntamente a la España carlista[159]. En septiembre, el presidente Calatrava expulsó de España a los encargados de negocios de Austria, Cerdeña y Nápoles, todos partidarios de los carlistas[160]. En noviembre se marchó de Madrid el último agente diplomático de un país que no reconocía al gobierno. Era el holandés barón Van Grovestins, según Villiers «un decidido partidario de los carlistas al que no se debe permitir que se quede cerca de la frontera española»[161].

FIGURA 5.2 La legión extranjera francesa ataca una fortificación de los rebeldes (por cortesía del Museo Zumalakarregi)

Cien años después, el gobierno del Frente Popular que había en Francia en 1936 también era visto con recelo tanto por las democracias europeas que quedaban como por los distintos fascismos. Como resultado, la implicación de Francia en ambas guerras civiles españolas adquirió un acentuado carácter de supervivencia, frente a las conspiraciones legitimistas y radicales de la década de 1830 y las de derechistas y fascistas en la de 1930. En ambas guerras la política exterior francesa estuvo subordinada a la de su socio principal, Gran Bretaña. En tiempos de la Primera Guerra Carlista, está claro que no fue de mucha ayuda la actitud de conservadores como Castlereagh, Wellington y el propio Guillermo IV, que pensaban que la mayor parte de Europa no estaba «preparada» para el liberalismo[162]. La actitud de los conservadores de cien años más tarde, por mucho que hubiese evolucionado, seguía las mismas líneas: cuando menos, Europa corría el peligro tanto del bolchevismo como del fascismo. En la Primera Guerra Carlista, la polarización de opiniones en Francia y Portugal, junto con las reservas que mostraron los países partidarios de los carlistas, dejaron el campo libre para que Gran Bretaña interviniese a su antojo.

No obstante, aunque la marina real tuvo un papel decisivo, el de los auxiliares británicos y de otros países fue complementario, en el sentido de que probablemente la guerra habría seguido el mismo curso de no haber contado con voluntarios extranjeros en tierra. Mill los defendió de los vilipendios de la prensa tory, favorable a los carlistas: «Si el general Evans es un mercenario por aceptar dinero de la reina Isabel, ¿cómo hemos de llamar a Jorge III, que pagaba dinero sucio a nobles y príncipes alemanes para contratar a sus súbditos?»[163]. Villiers, por su parte, se limitó a llamar a Evans «un petimetre engreído que no tiene capacidad ni verdadero mérito»[164]. Lo cierto es que podemos sintetizar las opiniones contrapuestas de Mill y Villiers acerca de Evans, en vista de que lo que motivaba a este, parlamentario por Westminster, era tanto el liberalismo internacional como el afán de gloria. Ante la renuencia de los oficiales en servicio a los que pidió que se unieran a su legión (hasta el punto de que llegó a ofrecerles el ascenso automático al siguiente rango si aceptaban), Evans se vio obligado a reclutar a voluntarios «caballerosos»[165]. Algunos de sus amigos íntimos ocuparon puestos de mando, lo que provocó que se les acusara de amiguismo como a los ayacuchos de Espartero[166]. La relativa inactividad del ejército británico en las décadas de 1820 y 1830 llevó a hombres como Evans a servir en España por la posibilidad que permitía a los oficiales auxiliares de conseguir ascensos y llamar la atención en nombre de las ideas liberales internacionales[167]. Edward Costello no consiguió prosperar en el negocio de su padre, pero descubrió su verdadera vocación reclutando hombres para la legión por toda Irlanda[168], que aportó un 30 % de las tropas[169]. Aunque servir en España pudiese atraer a oficiales por las razones expuestas antes, la mayoría de los soldados rasos se alistaron para huir de la pobreza, al igual que muchos brigadistas de cien años después[170]. El coronel Shaw, que se encargó del reclutamiento en Escocia, encontró buena parte de sus voluntarios entre tejedores proletarizados[171]. Como en anteriores guerras europeas, muchos de los voluntarios británicos que participaron en la Primera Guerra Carlista provenían de la Escocia rural, en especial de las Highlands, donde la pobreza y la estricta tradición feudal hacían que servir en el extranjero fuese una alternativa más conveniente para los hombres en edad militar que para los ingleses.

El estatus de «superpotencia» de Gran Bretaña obligó en ambas guerras a los sublevados a tratar a los combatientes británicos a los que hacían prisioneros con una consideración especial. Juan Bautista Erro se convirtió en abril de 1836 en presidente del gobierno carlista, después de haber pasado un año en Gibraltar y Londres huyendo de los cristinos. Erro enseguida devolvió el favor a sus anfitriones británicos aceptando atenuar la dureza del Decreto de Durango en el caso de las fuerzas de ese país (la armada real y la infantería de marina) que operaban en la costa española[172]. Cien años después, los nacionales de Franco se mostraron mucho menos propensos a ejecutar a prisioneros británicos de las Brigadas Internacionales que a los de otras nacionalidades[173]. De todos modos, la guerra carlista volvió España un lugar peligroso para los extranjeros en general, ya que el peligro no procedía únicamente de los soldados del bando sublevado. El 13 de julio de 1835, tres tripulantes británicos de un vapor que estaba fondeado en Bilbao fueron engatusados por tres mujeres vascas, que los llevaron más allá de las líneas del gobierno para que allí fuesen capturados y ejecutados[174]. Los auxiliares no solo se enfrentaban a las represalias de sus captores carlistas, sino también a las de habitantes rurales enfurecidos que, por ejemplo, lincharon a unos rezagados en venganza por la quema indiscriminada de casas que llevaron a cabo las tropas británicas y cristinas al retirarse de Andoain en septiembre de 1837[175].

La continua crisis financiera del gobierno español se agravó con el alistamiento de auxiliares extranjeros. A partir del verano de 1835, el coste anual de mantener el ejército regular del gobierno ascendió a 600 000 reales, y el de los auxiliares a 100 000. Eso hacía que este segundo fuera relativamente más caro, y a cambio de pocos beneficios apreciables. Pocos auxiliares podían estar a la altura de los soldados españoles en la accidentada guerra de montaña del frente norte. Durante buena parte del conflicto, la legión británica demostró ser incapaz de combatir fuera de los alrededores de San Sebastián y Vitoria, aunque se desenvolvió bien en trabajos de fortificación en Treviño y Peñacerrada[176].

Los auxiliares franceses, belgas y portugueses tendían a ser más avezados, por sus experiencias militares recientes en Portugal y el norte de África, pero ellos, al igual que los británicos, padecían una nefasta trinidad de pagos irregulares, el ambiguo apoyo político de los gobiernos de sus países y la propensión a distanciarse de los aliados y civiles españoles. El gobierno francés se lavó las manos cuando su legión se mostró proclive a las deserciones. Antes de que esa legión llegara a España, sus componentes ya habían adquirido mala reputación de indisciplinados y oportunistas en la guerra civil portuguesa. En el verano de 1834, en el cuartel francés de Lisboa, las quejas de los legionarios por la corrupción y uso excesivo del castigo corporal de sus oficiales terminaron por convertirse en un enfrentamiento armado. Aunque se sofocó el motín, se devolvió de inmediato a El Havre a unos 440 legionarios. Al llegar allí, según informó el oficial de enlace español, todos esos legionarios se embarcaron rumbo a Holanda, partidaria de los carlistas, para alistarse al servicio del aspirante al trono de España[177].

Los atrasos en el pago de los sueldos, más que cualquier filiación ideológica, explican los repetidos casos de deserciones de auxiliares. La cuestión de los pagos irritaba a las autoridades competentes. Villiers temía que los auxiliares británicos que estaban alojados en San Sebastián empezaran a «servirse ellos mismos» si no se les pagaban los atrasos. El gobierno español alegó que todo se debía a la mala contabilidad de los británicos y al parón financiero provocado por la expedición de Gómez, que «ha detenido la llegada del préstamo a Madrid e impulsado a los comités de armamento y defensa locales a hacer tropelías en medio de la confusión reinante»[178]. El 3 de julio de 1837, parte de la Legión Británica apostada en Hernani se sublevó porque se les debían varios meses de sueldo. También un tal Owen, trasladado temporalmente a un batallón portugués, fue ejecutado después de que organizara un motín, por el cobro de los sueldos, en el que corrió peligro la vida de su coronel[179]. El Regimiento de Granaderos de Oporto y su sección de caballería, los Chasseurs, adquirieron mala fama para las autoridades españolas, lo cual persistió, una vez acabada la guerra, tras la rebelión de Carminati de 1841. En marzo de 1836, unos 133 de esos granaderos, junto con siete mujeres que los acompañaban, se amotinaron a bordo del San Nicolás y se dirigieron a la parte de la costa controlada por los carlistas[180]. Seis meses después, hubo un escándalo en Barcelona al fugarse a Francia un coronel de caballería de Oporto con una dama de allí. Las autoridades registraron el alojamiento del coronel Urbanski y encarcelaron a su ordenanza, el británico John Bromley, veterano de los «pedristas», que estuvo así retenido tres meses entre «los peores criminales», lo que «provocó gran indignación en los oficiales y tripulaciones de las fuerzas de Su Británica Majestad que cooperan en la costa mediterránea»[181].

De todos los auxiliares extranjeros que luchaban para la España liberal, eran los portugueses los que procedían de un país con una política bélica más parecida a la de España. La expedición carlista que encabezó Gómez en 1836 pretendía en un principio llegar a la frontera del norte de Portugal, donde les eran afines, ya que el comandante en jefe, Bruno de Villarreal, consideraba que la internacionalización del conflicto era la forma de acabar con el dominio de los teócratas que eran reacios a extender la guerra más allá del País Vasco. Así pues, Villarreal mandó a Gómez hacia Galicia al frente de cinco batallones y doscientos soldados de caballería, y don Carlos les dio instrucciones de convertir Galicia en una nueva zona de operaciones similar a la de Cabrera en Aragón[182]. La desmoralización del gobierno en Galicia, junto con la presencia al otro lado de la frontera del norte de Portugal de bandas rebeldes de miguelistas, parecían prometer la creación de un enclave legitimista de carácter internacional. Sin embargo, la expedición de Gómez no pudo cumplir ese objetivo, ya que la contrainsurgencia del gobierno les iba pisando los talones, lo que obligó a los carlistas a hacer de la necesidad virtud y marchar por el resto de España[183]. Así pues, la expedición de Gómez fue una decepción desde el punto de vista internacional. Solo un puñado de miguelistas se unieron a los carlistas en campaña, lo cual refuta la supuesta motivación ideológica de los voluntarios, habida cuenta de que alrededor de la mitad de los legionarios portugueses que se enviaron a España a ayudar al gobierno eran miguelistas indultados. Aun así, la frontera de Galicia y Portugal siguió siendo un hervidero de acciones de carlistas y miguelistas. Dos años y medio después de que Gómez se fuera de Galicia, el gobernador de Pontevedra se quejó de la Junta de Monçâo fronteriza, que extorsionaba a pueblos de ambos lados de la frontera y atraía a reclutas gallegos a sus filas[184].

Cien años después, la implicación portuguesa en la guerra cayó del lado de los sublevados. No obstante, los voluntarios portugueses que luchaban para Franco siguieron pasando las mismas penurias que cuando luchaban para Isabel II, pues no recibían buen trato ni estaban bien considerados por sus aliados del bando nacional. Unos ocho mil portugueses se unieron a aquellos en el batallón Viriato, que proporcionalmente a la población del momento, equivale a los mismos que se unieron a los cristinos cien años antes. Como siempre, hay similitudes en algunos aspectos: la red carlista-miguelista de la guerra de la década de 1830 volvió a la vida cuando, en 1936, agentes carlistas de España reclutaron hombres en las mismas zonas del norte de Portugal[185]. Y, en ambas guerras, Portugal se polarizó a causa del «manicomio» del país vecino, aunque por razones diametralmente opuestas. El régimen de Salazar, que desde 1931 se oponía al apoyo español a sus disidentes demócratas, y además en septiembre de 1936 tuvo que enfrentarse a un motín naval pro republicano en Oporto, se puso de parte de Franco para salvaguardar su propia seguridad interna[186].

Aunque no parece que a muchos soldados rasos extranjeros les importase en absoluto el encanto romántico de luchar como voluntarios en una guerra de otro país, no se puede decir lo mismo de sus dirigentes. Harry Pollitt, líder comunista británico, instó al poeta Stephen Spender a que se hiciera comunista y muriese luchando en España, alegando que «necesitamos un lord Byron en nuestro movimiento»[187]. Lacy Evans hizo gala de una búsqueda del honor muy byronesca, que tan incomprensible debió de resultar a sus oprimidos auxiliares como se lo habría resultado a los soldados antifascistas de cien años después. Evans se entrometió alegremente en la política española casi tanto como cualquier general español, y, al igual que estos, tenía la vista puesta en su propio beneficio, con la única diferencia de que su principal interés era su electorado radical de Westminster que lo había elegido para el Parlamento. Evans se granjeó mala fama entre los carlistas cuando presentó una moción en el Parlamento británico para que declarase a don Carlos «fuera de la civilización», como había hecho con Napoleón en 1815[188]. En otros oficiales se mezclaban motivos subjetivos de ganas de aventura y ambición personal en su deseo de enfrentarse al carlismo, que no sólo representaba a una España clerical y represora, sino que también suponía una amenaza para la Europa liberal. Para el legionario francés Joseph Tanski, servir en España era un peldaño para conseguir la libertad de su Polonia natal. Tanski poseía un pensamiento liberal sofisticado que la mayoría de auxiliares no sabían expresar, con el que criticó la Constitución de 1812, que era la principal motivación de los revolucionarios de 1835-36, pero sin dejar de ser al mismo tiempo decididamente constitucional[189]. La preponderancia de memorias muy cultas ha oscurecido los puntos de vista de los voluntarios rasos, sobre todo por lo que se refiere al primer conflicto. Baste con decir que en esa Primera Guerra Carlista fueron las necesidades materiales las que impulsaron a los voluntarios a alistarse, como era habitual en la época. En la Guerra Civil Española, esas mismas necesidades, tan poco románticas, también fueron la motivación de muchos voluntarios, pero había una diferencia fundamental con respecto a sus países de origen. Mientras que los auxiliares de la década de 1830 fueron a España con la bendición de los países de la Cuádruple Alianza, todos los brigadistas internacionales tuvieron que llegar clandestinamente a la España republicana debido al acuerdo de no intervención. Aún más llamativo es que la mayoría de voluntarios de las Brigadas Internacionales eran ellos mismos refugiados políticos de regímenes totalitarios como Italia o la Alemania nazi, o bien descendientes directos de quienes habían tenido que huir de la persecución[190].

En ambas guerras, la «no intervención» oficial a la que se adhirieron las grandes potencias europeas fue en realidad una cortina de humo para una intervención a gran escala de tipo no oficial, indirecta o fácil de negar. La única diferencia es que eso ayudó al bando progresista en la Primera Guerra Carlista, pero lo perjudicó en la Guerra Civil Española. Lord Palmerston, artífice whig del intervencionismo liberal en la guerra carlista, ya era una figura controvertida por sus juergas nocturnas, la querida a la que no intentaba ocultar y su reputación de ser renuente a los debates parlamentarios y mostrarse descortés en ellos. Su personalidad y política chocaban frontalmente con las del duque de Wellington, el estadista al que se consideraba la máxima autoridad en asuntos de España, el cual afirmó que había que dejar que los españoles decidieran las cosas por sí mismos (actitud que fue mal interpretada por los cristinos españoles, que pensaron que Wellington era partidario de los carlistas). Aunque Palmerston era favorable a la intervención, se dio cuenta de que la participación del ejército profesional británico era imposible[191]. Tras ganarse el apoyo de los radicales británicos en el único conflicto internacional en el que respaldaba incondicionalmente una revolución izquierdista, Palmerston fue, no obstante, tan generoso como estricto en sus relaciones con la España cristina. Por un lado, animó a que los cristinos reclutaran a auxiliares británicos, mientras que, por otro, rechazó todas sus peticiones de que el gobierno británico les concediera préstamos[192]. Por su parte, el embajador británico, Villiers, presionó para lograr unas concesiones al comercio de su país de un modo que tal vez fuera coherente con las vertiginosas prisas de Gran Bretaña por imponer el libre comercio en las décadas de 1830 y 1840, pero que también contribuyó a reavivar la idea de la Pérfida Albión que siempre persistiría en la política española[193].

Desde el mismo comienzo de la guerra, Palmerston dio instrucciones a Villiers de que «protegiera los intereses británicos»[194]. Ciertamente Villiers mostró un nivel de arrogancia que era propio del representante de una potencia hegemónica. Cuando las negociaciones para facilitar la entrada de importaciones británicas se estancaron en el verano de 1835, Villiers se mofó de la réplica de Toreno de que primero las Cortes tenían que tomarse su tiempo para examinar las propuestas: «Conozco tan bien la forma de hacer las cosas en este país que no me satisfacen tales excusas»[195]. Aun así, la hegemonía británica sobre la política del gobierno nunca llegó a producir los mismos incidentes explosivos que en el caso de la hegemonía soviética de cien años después. Villiers tuvo agrias discusiones con una serie de presidentes del gobierno españoles, pero ninguno de ellos perdió tanto los estribos como el presidente Largo Caballero en su famoso desaire de marzo de 1937 al embajador soviético. Los gobiernos cristinos sabían que apenas podían contar con Francia como aliado, por lo que no les quedaba más remedio que soportar la arrogancia de Villiers con tal de seguir recibiendo la fundamental ayuda militar de los británicos.

Esa ayuda fue fundamental en el segundo sitio carlista de Bilbao, un hecho que tuvo repercusiones globales. A partir del verano de 1836, el control por parte de los rebeldes del estuario del Nervión dejó aislados a los cónsules en Bilbao de Francia y Gran Bretaña, ya que sus barcos fueron interceptados. A lo largo de 1836, la atención anglofrancesa se centró en el asedio cada vez más enérgico de los carlistas a los puertos vascos. La marina británica adoptó una actitud hostil, abriendo fuego sin que mediara provocación contra los carlistas de la costa, los cuales intentaban fortalecer su sitio de Bilbao impidiendo los movimientos de los refuerzos cristinos. A mediados de abril, Evans, a la cabeza de sus voluntarios británicos, salió de Vitoria para atacar las líneas de asedio carlistas de fuera de San Sebastián. Su ofensiva, que comenzó el 22 de abril de 1836, consiguió echar a los rebeldes de sus principales líneas de asedio y repeler sus contraataques. El fuego de apoyo de la marina británica fue decisivo para lograr esa victoria, lo cual es significativo no sólo por su carácter internacional, sino también porque su valor propagandístico relajó una crisis de gobierno entre el ministerio radical de Mendizábal y el comandante en jefe Fernández de Córdoba, que había sido llamado a un consejo de guerra en la capital[196].

En 1836-37, el principal foco de atención internacional fue el segundo sitio carlista de Bilbao. La liberación de Espartero de esa plaza sitiada en la Navidad de 1836 —en la aclamada batalla de Luchana— convirtió el sitio de Bilbao en un heroico caso célebre, como le ocurriría al de Madrid cien años después. Ya antes de la liberación, el estoicismo de los bilbaínos ante el fuego enemigo había llamado la atención del mundo, del mismo modo que su estoicismo ante las bombas de Franco de cien años más tarde impresionó a periodistas y observadores extranjeros[197]. El 6 de enero de 1837, la reina regente dio seis bailes públicos en Madrid para recaudar fondos para los huérfanos y viudas de los cristinos caídos en Bilbao, y se inició una suscripción para hacer un medallón conmemorativo. El agradecimiento de la corona en nombre de la nación liberal adoptó muchas formas. Se reconoció explícitamente la labor de la Milicia Nacional, de los británicos y de Espartero, se concedió a Bilbao el título de «Invicta» y a su gobierno local el de «Excelencia», se otorgó la Orden de San Fernando a las unidades del ejército y la milicia que habían defendido la ciudad, la victoria se convirtió en el lema oficial de los milicianos del lugar y a Espartero se le nombró conde de Luchana. Se declaró el domingo 5 de febrero de 1837 fiesta nacional, en la que se celebrarían misas y sonarían las campanas de las iglesias de todo el país. Las Cortes aprobaron una moción por la que se prometía indemnizar a los habitantes de Bilbao por los daños de guerra sufridos, y se encargó que se construyera un monumento a la victoria en Madrid[198].

El interés internacional fue aún mayor por la contribución a la victoria de los militares y auxiliares británicos. Incluso el duque de Wellington, del que los carlistas pensaban que los apoyaba, ensalzó las operaciones de Espartero[199]. Parte de ese interés internacional era de naturaleza militar. Tras Luchana, varios oficiales británicos de rango inferior propusieron medidas defensivas que podría tomar el gobierno español. William Reid, por ejemplo, comandante del cuerpo de ingenieros, planteó que los españoles podrían defender Bilbao, y a la vez usarlo como flanco para cortar las comunicaciones de los carlistas con Asturias, si levantaban nada menos que una versión de las Líneas de Torres Vedras que Wellington había visto construir alrededor de Lisboa en 1810[200].

No obstante, el mayor interés internacional en la victoria del gobierno no fue de carácter militar, sino propagandístico. En enero y febrero de 1837 se recogieron donativos para ayudar a las víctimas del asedio en Londres, París, Lisboa, Oporto, Hamburgo, Gibraltar y Bayona. Sesenta y nueve personas (entre ellas veintiséis españoles residentes allí) dieron en Londres un total de 782 libras y 5 chelines, así como varias compañías, de las que la más generosa fue la General Steamboat Navigation, que entregó 50 libras. En Gibraltar se recaudaron 1275 libras y 16 chelines. En París la gran mayoría de los 133 donantes dieron 20 francos cada uno, con la notable excepción del español anónimo que sólo pudo dar 5. De Portugal llegaron 243 320 reis, una cuarta parte de ellos procedente de Oporto (ciudad traumatizada por recientes sitios) y el resto de la capital. Habida cuenta del entorno diplomático hostil de Alemania, comparativamente se consiguió poco dinero en Hamburgo, donde casi todos los donantes tenían nombre español[201]. El que las donaciones fueran encabezadas por eminentes liberales, tanto españoles como extranjeros, sugiere un activo esfuerzo recaudatorio similar a las donaciones de sindicatos, organizaciones benéficas y partidos políticos de todo el mundo para ayudar a la España republicana en la década de 1930.

En al menos un caso, una gran donación pública sirvió de táctica diplomática con respecto a Hispanoamérica. El presidente Mendizábal, que había usado el pretexto del cierre de las Cortes, a principios de 1836, para demorar el último paso que conduciría al reconocimiento de la República Mexicana, se irritó por las presiones británicas y le dijo a Villiers que los de Latinoamérica eran «asuntos de familia»[202]. Cuando la administración de Calatrava la reconoció finalmente durante el sitio de Bilbao, el plenipotenciario mexicano respondió con una donación de 20 000 reales para el fondo de ayuda a la ciudad[203]. La causa de la libertad española logró un apoyo mexicano que duraría un siglo, hasta la victoria de Franco en 1939. Ya no se expulsó a más españoles de México, ni hubo más intentos de liberar a la colonia española de Cuba, tan valiosa por su azúcar y fundamental para financiar la guerra contra los carlistas. En febrero de 1843, el embajador español en México organizó una donación, dirigida a españoles residentes allí y a mexicanos simpatizantes, para regalar un barco de guerra a «la madre patria […] tan destrozada por su guerra cruel y fraticida». En noviembre se habían conseguido 15 068 pesos, y se formó una junta para entregar el barco a España[204].

El buen clima de las relaciones entre España y México contrasta con la sorprendente actitud deslucida del país americano en la Guerra Civil Española. Aunque Bilbao se alimentó en buena parte de garbanzos mexicanos durante el sitio de la primavera de 1937 (una variante del milagroso bacalao de Vizcaya del asedio de 1836)[205], a partir de ahí la ayuda práctica a la República no estuvo a la altura de la retórica izquierdista del gobierno mexicano. Cierto es que México defendió la República española ante la Liga de Naciones, Octavio Paz asistió a la Conferencia de escritores antifascistas de julio de 1937, y el presidente Lázaro Cárdenas aceptó recibir refugiados republicanos en el caso de que el gobierno español fuese derrotado[206]. Sin embargo, nada de eso ayudó en mucho al esfuerzo bélico de la República. La política anticatólica del régimen de Cárdenas de apoyo a la República española no era muy bien vista en México. El líder cristero, Aurelio Acevedo, expresó la opinión de los católicos de clase media de provincias cuando ridiculizó las pretensiones de Octavio Paz, atacó la «hipocresía» de querer interferir en la ayuda que se enviaba a los nacionales españoles, y alabó al general Mola por su marcialidad cristiana y por revivir los valores tradicionales carlistas de una forma más moderna. Ya en septiembre de 1936 Acevedo empezó a distribuir propaganda en favor de los rebeldes nacionales: «Bajo el azote del mismo enemigo, la madre España y su hijo México intentan salvarse del monstruo que quiere destruirnos: el comunismo. La causa es sagrada. Librémonos del yugo. ¡Viva Cristo Rey!»[207]. Cuando México se convirtió en el canal a través del cual Estados Unidos exportaba a la República española, Acevedo afirmó indignado: «Los norteamericanos son unos hipócritas, enviando material de guerra vía México para ayudar a los rojos de España, mientras ellos aparentan neutralidad e inocencia y hacen que México quede como la parte culpable»[208]. No fue México la única antigua colonia en que la opinión pública estaba de parte de los rebeldes nacionales. En Filipinas, que había dejado de pertenecer a España en 1898, la opinión pública de esas islas, profundamente católicas, también era en su mayoría partidaria de los nacionales[209].

Así pues, el México oficial apoyaba al gobierno español, mientras que el México real lo hacía a los sublevados. En enero de 1938, el comportamiento del cónsul de México en Barcelona, en medio de todo el cansancio bélico, tuvo muy poco del idealismo o generosidad de la propaganda oficial. Alejandro Gómez Mangada, de veintisiete años, tuvo que refutar las acusaciones de indecencia sexual que se le hicieron, y culpó de no haber asistido a la ceremonia en que se iba a renombrar una calle de Gerona como «México-Rusia» a que no disponía en ese momento de coche oficial[210]. La República española se tomaba muy en serio sus celebraciones del vigésimo aniversario de la Revolución Rusa, por lo que la actitud del cónsul no agradó. Ciertamente, tras la derrota de la República, el gobierno de Cárdenas cumplió su promesa de dar asilo a refugiados, para lo que nombró a Gilberto Bosques embajador en Francia (y luego cónsul en el régimen de Vichy), desde donde Bosques actuó como una especie de «Schindler mexicano» al conseguir enviar a su país a miles de republicanos españoles y judíos. Sin embargo, a diferencia de lo sucedido en la década de 1840, en la de 1940 la actitud de la comunidad que cabría esperar que hubiera recibido con los brazos abiertos a los refugiados, la colonia española residente en México, era de claro apoyo a los nacionales. Buena parte de esa adinerada colonia española en México era de orígenes vascos, y, sin embargo, se negaron en general a ayudar económicamente a los exiliados, por más que en el primer contingente de éstos, que llegó en junio de 1937, había niños vascos que escapaban de Bilbao. El presidente Cárdenas se hizo eco del espíritu de 1837 cuando ensalzó a los niños como «hijos e hijas de los soldados vascos que defendieron Bilbao»[211]. Pese a esa bienvenida oficial, las experiencias de los niños refugiados fueron muy variadas, y oscilaron de la plena integración en la vida mexicana a la alienación provocada en ocasiones por abusos psicológicos y sexuales en escuelas perdidas de México[212].

Así pues, Bilbao provocó la implicación internacional en ambas guerras civiles. La contribución de la armada y de la infantería de marina británicas a la victoria del gobierno en Bilbao en 1836 les dio ánimos para actuar en el resto de España. No fue la última vez que Gran Bretaña intervino militarmente usando fuerzas anfibias. Al año siguiente, barcos de su marina llevaron tropas cristinas, al mando de Borso di Carminati, del Ejército del Centro, de Vinaroz a Valencia para reforzar la ofensiva de los liberales contra Chiva. La alianza con los británicos también sirvió de baluarte ante la contrarrevolución, al igual que el largo brazo de Stalin cien años después. En la primavera de 1837, el almirante Parker desembarcó infantería de marina en Barcelona para que unidades del ejército cristino pudieran dedicarse a imponer la ley marcial[213]. Dos batallones de la Milicia Nacional, los zapadores y los mamelucos, compuestos de gente de clase obrera, fueron desarmados, y ejecutado el director de un periódico incendiario. No hubo más disturbios en Barcelona el resto de 1837, ya que la política callejera fue absorbida por las redes rivales de sobornos de los partidos Moderado y Progresista, bajo la atenta vigilancia de las milicias armadas en las calles y de las naves británicas en la costa[214].

La contribución británica a la victoria del gobierno liberal continuó incluso después del Tratado de Vergara, por el que se puso fin a la guerra en su frente principal. Ese convenio condenaba a los carlistas al aislamiento de sus anteriores partidarios del resto de Europa. La última esperanza de Cabrera dependía de un préstamo de seis millones de reales que sus agentes consiguieron de la banca Gower de Londres a finales de 1839. Con esos fondos compraron 20 000 rifles de fabricación belga, que fueron transportados en un barco británico con destino a la costa levantina controlada por los carlistas. Los informes de inteligencia desataron una intensa actividad diplomática en Londres y Bruselas, hasta que, a principios de enero de 1840, ambas capitales impusieron la prohibición de vender cualquier tipo de arma a España. Sin embargo, el barco ya había zarpado con su valiosa carga[215]. No se sabe cómo pensaban desembarcar los carlistas tan ostentoso cargamento, aunque probablemente pretendieran hacerlo en alguno de los puntos del delta del Ebro que controlaban. El caso es que la marina británica interceptó el barco en el Mediterráneo, y luego entregó las armas a las autoridades gubernamentales de Barcelona. Esa acción, más que ninguna otra, demuestra el efecto decisivo de la intervención extranjera, pues las armas eran para una marcha a Madrid de 22 000 hombres en el verano de 1840. El que Cabrera hubiese conseguido tomar la capital parece muy improbable, pero, con ese nuevo armamento, cuando menos la resistencia de los carlistas se habría prolongado más allá de junio de 1840[216].

Los voluntarios de cien años después

Los voluntarios de cien años después

Esa tradición de que hubiese una intervención internacional tuvo su continuidad en la Guerra Civil Española, que tanto españoles como extranjeros veían como una repetición de las guerras carlistas. Los voluntarios llegados de otros países se encontraron luchando en los mismos campos de batalla. La heroica defensa de Gandesa por parte de los cristinos se volvió legendaria en la España del siglo XIX, ni se olvidó del todo después de 1936. Algunos episodios de intrépida resistencia, como el de Gandesa contra Cabrera en mayo de 1837, en que mujeres y ancianos colaboraron en la defensa, o el de Caspe, donde carlistas y liberales se enfrentaron en repetidas ocasiones[217], fueron recordados por anarquistas como Abad de Santillán como ejemplos de la defensa de la libertad[218]. Gandesa también se hizo conocida en la Guerra Civil Española por ser uno de los lugares en que los brigadistas internacionales británicos sufrieron mayor número de bajas al defenderla de la ofensiva del este de los nacionales en 1938, del mismo modo que en Caspe la XV Brigada Internacional se opuso desesperadamente al ataque de las tropas de Franco en abril de 1938, cien años después de que la ciudad hubiera quedado reducida a escombros en la Primera Guerra Carlista[219]. A los observadores internacionales partidarios de los rebeldes les gustaba exagerar la participación de los enemigos extranjeros: el corresponsal del Daily Mail, Harold Cardozo, hizo la burda estimación de que en España había hasta 60 000 rojos llegados de fuera a finales de 1936[220]. Tales hipérboles añadieron una tendencia xenófoba al conservadurismo español, que veía a Francia y Gran Bretaña como enemigos históricos. En el punto álgido de la guerra civil de la década de 1830, el general carlista prometió «exterminar a todos los ingleses que haya por lo menos de aquí a Londres»[221]. Sin embargo, esa tendencia xenófoba tan ostentosa no se daba en modo alguno sólo en los carlistas. Era una actitud que se hizo explícita al dividirse la opinión pública española durante la «guerra de palabras» sobre la neutralidad de España en la Primera Guerra Mundial. Los intelectuales y regionalistas partidarios de la Entente fueron acusados por los germanófilos de preferir Europa antes que España[222].

Pese a la declarada españolidad del carlismo, este también atrajo a acólitos de fuera en 1936, al igual que cien años antes. A muchos extranjeros les fascinó la movilización de preguerra de los carlistas de Navarra. El centenario de la muerte de Zumalacárregui se convirtió en una campaña para imponer disciplina, valores marciales y obediencia, como preparación para una nueva guerra carlista[223]. A Peter Kemp, «demasiado conservador para la sociedad conservadora de la Universidad de Cambridge», el ejemplo histórico de Zumalacárregui le impulsó a hacerse voluntario de los carlistas en 1936. Cardozo, amigo de Kemp y corresponsal del Daily Mail, recorrió la zona rebelde llevando puesta la boina roja de los carlistas[224].

El atractivo sentimental de la década de 1830 no sólo fue usado por la generación de la de 1930, sino también en la vida política de los veteranos de la guerra carlista tras ella. Después de 1840, se sucedieron las peticiones de derechos políticos y sociales tanto en España como en Europa (el alzamiento de Barcelona de 1842, el cartismo inglés, las revoluciones de 1848). Esa situación contrasta claramente con la de la Europa de cien años después. La Primera Guerra Mundial dejó un legado de pacifismo y socialismo internacional, mientras que el de la Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial ya no era revolucionario, al estar el continente dividido en países estalinistas, socialdemócratas, democratacristianos y regímenes autoritarios. La imagen de voluntarios románticos que se enfrentaban por el bando liberal a los caballeros andantes ultramontanos que lo hacían por el bando carlista en la guerra de la década de 1830, se modernizó cien años después hasta convertirla en la «última gran causa». La lucha internacional de la Guerra Civil Española lo fue de exiliados, ya que la mayoría de voluntarios eran o bien refugiados que huían de regímenes totalitarios o la primera generación de inmigrantes con un origen violento similar. Fueron ellos los responsables de la transformación del pacifismo de izquierdas. Ese pacifismo, tan preponderante en los círculos intelectuales europeos tras la Gran Guerra, en 1936 era prácticamente intercambiable con el antifascismo. En 1938, sin embargo, el pacifismo y el antifascismo se habían convertido en opuestos intransigentes. Julian Bell, poeta británico, escribió poco antes de morir en Brunete, en julio de 1937, que el pacifismo había pasado a significar sumisión al fascismo[225]. El socialismo antimilitarista apoyaba el pacifismo, pero a la vez justificaba el uso de la violencia en defensa propia[226]. Así pues, parece como si la guerra de España hubiera sido totalmente defensiva.

Tanto los carlistas de la Primera Guerra Carlista como los nacionales de la Guerra Civil Española decían de los voluntarios extranjeros del otro bando que eran escoria. La prensa legitimista francesa llamó a los soldados auxiliares internacionales de esa guerra «bandidos que han sacado de las tabernas de Londres y de los callejones de París y Bruselas»[227]. Más de un siglo después, los historiadores franquistas señalaron a las «primeras Brigadas Internacionales» como evidencia de lo «extranjero» del liberalismo, impuesto a la fuerza a una población que no lo quería[228]. Los escritores liberales del siglo XIX que celebraron el «altruismo» de los auxiliares fueron en gran parte olvidados[229]. En la década de 1930, la prensa nacional retomó el lenguaje vilipendiador de la de 1830. La principal diferencia tuvo que ver con el antisemitismo. Mientras que, en la Primera Guerra Carlista, los carlistas adoptaron lo que podemos denominar un antisemitismo cristiano o tradicional, sobre todo durante el gobierno revolucionario de Mendizábal, el antisemitismo de la derecha en la Guerra Civil Española fue mucho más insidioso, y se basaba en supuestos principios «científicos». Se describió a los miembros de las Brigadas Internacionales como «extranjeros sucios y malolientes con caras monstruosas»[230]. Se juntaron con compañías similares según la novela franquista de 1939 Oscuro heroísmo, en la que los republicanos de Madrid eran «gorilas infrahumanos» y «gente malvada hasta la médula»[231]. La propaganda del mayor aliado de los nacionales, la Alemania nazi, llamó a los voluntarios de la República la «Brigada Criminal Internacional»[232]. En respuesta, el bando republicano hizo todo lo que pudo para estar a la altura de tales exageraciones, al afirmar que su lucha contra el «fascismo» era, en última instancia, la resistencia al fascismo «extranjero» dirigido desde Roma y Berlín[233].

El vituperio a los voluntarios que luchaban por la libertad en ambas guerras se contrarrestó con una imagen romántica tan opuesta como extrema. De hecho, los motivos de los voluntarios eran de muy diversa índole, y en muchas ocasiones sus vidas tras luchar en España no fueron felices ni cómodas. Después de la victoria de los liberales en 1839, los diplomáticos españoles destinados en el extranjero se vieron abrumados por todas las reclamaciones que les llegaban de veteranos de las legiones auxiliares para que se les pagaran los atrasos que se les debían. Incluso en una fecha tan tardía como 1859 seguían presentándose quejas en la legación de Lisboa. Parece que los regimientos de chasseurs y granaderos de Oporto fueron los que sufrieron las mayores demoras. A los granaderos se los disolvió por la fuerza en 1841, en respuesta a la rebelión de su comandante, Borso di Carminati, contra el régimen de Espartero. Las autoridades españolas se negaron durante dos décadas a pagar los atrasos de los granaderos, alegando que no habían presentado la documentación correcta[234]. Existía una fuerte animosidad entre los granaderos y el gobierno español, pero ese no era el caso de los veteranos británicos a los que también se debían atrasos. Aún en 1855 la embajada británica en Madrid estaba muy ocupada transmitiendo al gobierno español las peticiones de las familias de muchos que habían luchado en la Primera Guerra Carlista. En una airada carta se decía: «Algunas de las reclamaciones son por sumas de 400 y 250 reales, con lo que verdaderamente resulta incomprensible que el gobierno de Su Católica Majestad se preste a condenarse por unas cantidades tan míseras»[235].

Cien años después, claro está, los voluntarios extranjeros tuvieron que enfrentarse a peores privaciones que la pobreza. No obstante, las vidas de posguerra de los auxiliares de la Primera Guerra Carlista siguen sin estudiarse a fondo, pese a su relevancia política. El servicio armado de Felix Lichnowsky con los carlistas contribuyó a que unos revolucionarios alemanes lo asesinaran en 1848. El auxiliar británico Alexander Somerville, que se convirtió en dirigente cartista, consiguió en una ocasión calmar los ánimos de una multitud radical de Nottingham refiriéndose a la violencia española, que demostraba la necesidad de un cambio pacífico. Ya anciano, Somerville y otros cartistas lamentaron que se diese otra revuelta carlista en la década de 1870, y albergaron esperanzas de que la República Federal de España de 1873 pudiese salir adelante[236]. Después de 1945, en cambio, los veteranos de la Brigada Internacional no cayeron en el olvido. Se convirtieron en héroes de culto de la Guerra Civil Española, especialmente en los países socialistas de Europa del Este. No obstante, hubo por supuesto innumerables tragedias individuales que no encajaban en ese relato heroico. El comienzo de la Segunda Guerra Mundial hizo que la situación de los veteranos fuera aún más peligrosa que en el siglo anterior. Incluso durante la guerra española la brutalidad del totalitarismo se cobró víctimas extranjeras. Bob Smillie, voluntario del Partido Laborista Independiente, fue asesinado por los de su propio bando tras la contrarrevolución de mayo de 1937, probablemente porque las autoridades de sesgo comunista creyeron que era un anticomunista de bastante influencia[237]. Los voluntarios de Europa Occidental tuvieron que enfrentarse a la invasión nazi de 1940. Los norteamericanos estuvieron bajo sospecha en la era McCarthy.

Otros voluntarios se convirtieron ellos mismos en sus peores enemigos. Herbert George Rowlands (también conocido como Roland Miller) sirvió en España en el bando republicano, y luego en la marina mercante británica. Cuando hundieron su barco en junio de 1940 y él fue capturado, lo encerraron en Alemania, donde en junio de 1944 se unió al Cuerpo Voluntario Británico que luchaba para los nazis. Al término de la Segunda Guerra Mundial, los británicos le formaron un consejo de guerra, en el que se descubrió que ese «criminal mentiroso y astuto» había sido al mismo tiempo «un acérrimo antihitleriano», aun teniendo una novia alemana. Tan desconcertante testimonio dio lugar a que fuera condenado a dos años de trabajos forzados[238]. En la Guerra Civil Española hubo aventureros desaprensivos, al igual que en la Primera Guerra Carlista. Sin embargo, el papel de los voluntarios extranjeros en esa primera guerra civil ha pasado prácticamente desapercibido para la historia, así como la defensa que hizo Mill de ellos. Por el contrario, los voluntarios de la Brigada Internacional no han caído en tal olvido. En 1996, sesenta años después del inicio de la Guerra Civil Española, el gobierno de la España postfranquista concedió la nacionalidad española honorífica a los veteranos de la Brigada Internacional. A los de la primera generación de voluntarios extranjeros de la década de 1830 no se les concedió honor alguno.

6. Ay de los vencidos

CAPÍTULO 6

AY DE LOS VENCIDOS

Hay otro aspecto, este de carácter humano, de la historia internacional de las guerras civiles españolas que también se puede comparar. Por cuestiones geográficas, Francia se convirtió en el principal destino de los refugiados de guerra y posguerra de ambos conflictos. La frontera francesa no fue ajena a las situaciones bélicas en las dos guerras. En la Primera Guerra Carlista, su proximidad a las zonas de combate del frente norte determinó una variedad de factores humanos, comerciales, militares y diplomáticos. En la Guerra Civil Española, las localidades francesas cercanas a la frontera sufrieron las consecuencias de la guerra, sobre todo en los primeros días de encarnizada lucha en Navarra. Behovia, cerca de Hendaya, fue barrida por fuego cruzado durante el ataque de los nacionales a Irún, de manera que las autoridades tuvieron que imponer el toque de queda, como también había ocurrido en las dos guerras carlistas del siglo XIX[239]. En la Primera Guerra Carlista, la larga duración de las operaciones militares que se desarrollaban cerca de la frontera con Francia solían atraer espectadores, entre otras cosas porque el puerto de San Sebastián siempre estaba lleno de barcos ingleses y franceses.

También en esa Primera Guerra Carlista los alejados pasos a Francia por los Pirineos fueron muy frecuentados por oficiales carlistas que huían de las operaciones de contrainsurgencia del gobierno. En 1838, la junta carlista de Cataluña buscó refugio al otro lado de la frontera para protestar por las acciones de su propio capitán general. A finales de enero de 1837, Ramón Cabrera se internó en el lado francés de la frontera para curarse las heridas de guerra y escapar de un ataque del ejército liberal[240]. Sin embargo, la verdadera historia de esos cruces de frontera no es la de personajes distinguidos, sino la de españoles corrientes que se vieron obligados a huir. Algunos de los que buscaron refugio en el país vecino fueron soldados e incluso oficiales, sobre todo a partir de 1839 cuando un gran contingente del ejército carlista se negó a aceptar el Convenio de Vergara. A menudo huían con sus familias, como también a veces familias o individuos solos escapaban de la guerra sin que tuvieran ninguna implicación militar en ella.

Al ser la única gran potencia fronteriza con España, y además limítrofe con las regiones españolas más conflictivas en las dos guerras, no es de sorprender que Francia tuviera que enfrentarse a los mayores retos por lo que respecta a los refugiados y militantes que cruzaban la frontera. En ambos conflictos, al gobierno francés no le quedó más remedio que conciliar su voluntad de acoger a españoles con las limitaciones de sus recursos económicos. Aunque en marzo de 1834 la Asamblea Nacional prohibió que entrasen más exiliados españoles en sus departamentos fronterizos, también votó la dotación de cuatro millones de francos para auxiliar a los 5500 refugiados que ya había allí entonces, lo cual fue la primera vez en la historia que un régimen parlamentario establecía ese tipo de política. Se envió a los españoles a determinadas localidades en las que tenían que presentarse regularmente ante la correspondiente gendarmería, sin que pudieran desplazarse sin solicitar permiso. A los que no cumplían esas normas se les retiraba el subsidio, y se daba parte de éste al ministerio del Interior[241]. La carga económica que suponían, junto con los puntos de vista tan polarizados que provocó la Primera Guerra Carlista en Francia, fueron un anticipo de la polémica que se originó a raíz de la Guerra Civil Española. Un diputado radical comparó la escasez de las pensiones de jubilación de los franceses, que en algunos casos eran de 50 francos al mes, con la «generosidad» de las que se concedían a los refugiados españoles, que podían llegar a los 150 en el caso de niños pequeños. La prensa de derechas presionó para que se repatriara a esos niños por razones económicas y familiares. Como resultado, en octubre de 1937 la Asamblea Nacional decretó que «todos los españoles que no tengan asegurado el sustento sean devueltos a su país»[242]. En el invierno de ese año, ya ascendía a un millón de francos al día el coste de mantener a los 45 000 exiliados españoles, un tercio de los cuales eran niños que en muchos casos no iban acompañados por sus familias[243]. Es difícil establecer equivalencias en términos de valores monetarios con la Primera Guerra Carlista, pero lo más probable es que ese millón de francos al día fuese relativamente mayor que los 16 000 francos al día que le costaba al Gobierno francés mantener a los 30 000 refugiados carlistas en el momento álgido de afluencia de estos, en 1840[244]. Al darse cuenta de lo impracticable de la idea de repatriar refugiados a una zona de guerra, el gobierno francés no aplicó el decreto en los casos en que los exiliados españoles vivían con familias del país o se ganaban la vida, y permitió que los niños que recibieran ayuda de particulares o de sindicatos también se quedasen en Francia[245].

Aunque, estando las ideologías tan polarizadas en la década de 1930, Francia temiera por su seguridad, lo cierto es que la presencia de refugiados españoles en la década de 1830 supuso una amenaza mayor. En ambas guerras, el gobierno francés intentó restringir el número de españoles que, una vez en el país, se quedaban cerca de la frontera, ordenando en repetidas ocasiones a las autoridades locales que los dispersaran hacia zonas más alejadas de Francia. Bayona fue el centro del espionaje tanto cristino como carlista en la Primera Guerra Carlista, y Biarritz desempeñó un papel similar en la Guerra Civil Española[246]. Los departamentos franceses del suroeste de la frontera eran bastiones del legitimismo muy favorables a los exiliados carlistas. Les daban cobijo en casas parroquiales y solariegas, además de dinero, e incluso armas, para la causa de Dios y el Rey en el país vecino. Emmanuel Tronco ha mostrado que el apoyo de los franceses al carlismo adoptó cuatro formas: el ánimo moral (por medio de la propaganda), la caritativa (acogiendo a refugiados), la económica y material (dándoles dinero y armas) y la militar (haciéndose voluntarios de las filas carlistas)[247]. Pese a la conmoción que supuso el alzamiento legitimista de 1832 de la duquesa de Berry, la policía francesa siguió sin aplicarse a fondo para cortar la red de apoyo fronteriza que tenían los carlistas españoles con los «carlistas» franceses (es decir, los partidarios del exiliado Carlos X), para gran enojo del gobierno español. Los refugiados de la Guerra Civil Española eran ciudadanos de un gobierno amigo, mientras que los de la Primera Guerra Carlista eran rebeldes hostiles o desertores poco gratos del ejército cristino. El gobierno francés recibió con alivio la orden que dio don Carlos en el invierno de 1837-38 de que los carlistas que se encontraban en Francia volvieran a las zonas de España que ellos controlaban[248]. Cien años después también hubo peticiones por parte de los rebeldes nacionales, pero como estas iban en contra de los exiliados republicanos amigos, fueron recibidas con consternación en Francia. A partir de mayo de 1937, barcos británicos y franceses empezaron a evacuar a familias vascas que huían del avance de los nacionales[249]. Dos meses después de que las tropas de estos tomaran Bilbao, Franco hizo un llamamiento para que se repatriara a todos los niños vascos refugiados en el extranjero, un gesto aparentemente humanitario que fue apoyado por el emisario del Vaticano en Francia, monseñor Hildebrand Antoniutti[250]. Muchos regresaron mientras continuaba la guerra, en especial mujeres y niños de familias de las que se suponía que el varón seguía en España, pero muchos más permanecieron en el extranjero, ya fuera por miedo o por el deseo de independencia y libertad.

La difícil situación de los refugiados en tiempo de guerra en ambos conflictos quedó eclipsada por las emigraciones masivas de 1839, y sobre todo de 1939. Unas 27 000 personas cruzaron a Francia después de 1839, para encontrarse atrapadas entre la escila de un gobierno anfitrión cada vez más hostil y el caribdis de un vengativo gobierno español de posguerra. El estado francés, decidido a impedir que se agruparan cerca de la frontera, y aún más que colaborasen con complots legitimistas dentro de Francia, montó a toda prisa quince centros de acogida en diversas localidades del país[251]. Al principio solo recibieron a los 6000 que se habían negado a jurar el Convenio de Vergara, pero, de hecho, llegaron a Francia en 1839-40 cuatro veces y media más de refugiados. Las autoridades intentaban mantener a los carlistas lejos de la frontera, pero también de zonas sensibles de Francia como la descontenta Vendée. Cuando la afluencia creció con la llegada de las tropas de Cabrera en junio de 1840, hubo peticiones en la Asamblea Nacional para que se alistara a los combatientes vencidos en la Legión Extranjera francesa, y como la cantidad seguía siendo elevada en 1842, el gobierno francés llegó a ofrecer a los refugiados 100 francos a cambio de que emigrasen a Latinoamérica. Terminada la guerra en España, los derrotados carlistas fueron recibidos cada vez con mayor hostilidad en Francia. En junio de 1841, el gobierno de aquel país confirmó en una circular que los carlistas seguían sin poder residir en los catorce departamentos más próximos a España, prohibición que amplió en 1843 a los doce departamentos occidentales, en los que París temía que los carlistas pudieran dar fuerza al legitimismo recalcitrante[252]. Las últimas restricciones a los movimientos de los carlistas no se eliminarían hasta el final del Segundo Imperio en 1870. Aunque en la práctica esas restricciones se fueron relajando antes de que se suprimieran por ley, los exiliados españoles sufrieron una especie de discriminación informal provocada por los estereotipos de la época, reforzados por la propia guerra carlista, según los cuales eran un país vago, fanático y violento[253].

No obstante, la verdadera tragedia a la que se enfrentaron los exiliados carlistas después de 1839 está relacionada con la actitud vengativa del régimen liberal que había ganado la guerra de España. La afluencia de refugiados a Francia tras el Acuerdo de Vergara alarmó a los diplomáticos españoles, que los veían como una amenaza a la seguridad nacional por dos razones. Los carlistas del este todavía no habían sido sojuzgados. El gobierno no estaba dispuesto a distinguir entre los 6000 carlistas acérrimos de Navarra y Álava que habían rechazado el Acuerdo de Vergara, y el número mucho mayor de combatientes y civiles inocentes que por miedo y pobreza huían a Francia. En octubre, el cónsul español en Bayona urgió a Madrid a ejercer toda la presión que pudiera sobre el gobierno francés para que internara a los carlistas, ya que «en las zonas fronterizas se les oye gritar: “¡Mueran los negros! ¡Mueran los tiranos! ¡Viva el País Vasco! ¡Vivan los fueros netos!”»[254]. Dos semanas después, el angustiado cónsul informaba de que «de los 3577 internados en Bayona, 2323 ya se han vuelto a España, aunque a más de 200 los han detenido por resultar ser desertores de nuestro propio ejército»[255]. Mientras el invierno barría el suroeste de Francia ese año de 1839, el cónsul en Burdeos explicó la complejidad de la crisis de refugiados:

La mayor parte de los que quedan en Francia no van a volver a España porque se encuentran en la más absoluta miseria, otros porque las cartas que les llegan a España de su bando les infunden miedo a nuestras represalias, y a otros no se les puede conceder el indulto porque se niegan rotundamente a jurar lealtad a la reina. Por estas razones, he dicho a nuestra embajada que es imposible saber si los exiliados que regresan a España son inocentes[256].

En 1839, al generalísimo Espartero, como le ocurriría a Franco en 1939, le preocupaba que los exiliados armados que volvían pudiesen estropear su victoria: «Cortemos este mal de raíz pidiendo al gobierno francés que interne a todos los carlistas que andan en libertad en ese reino, y los encarcele al menos a cien leguas de nuestra frontera»[257]. Por la presión de Espartero, se decretó la prohibición de que los consulados españoles en Francia expidieran pasaportes a los refugiados en ese país. El 21 de septiembre, el gobierno español promulgó que bajo ningún concepto se permitiría que volviesen refugiados a sus hogares de las principales zonas de guerra de Navarra, Cataluña, Aragón y Valencia, y que incluso los que solicitaran regresar a otros lugares de España tendrían que mostrar en los consulados de Francia certificados de buena conducta[258]. Miraflores, el embajador español en París, esperaba que esa línea dura de Madrid, en consonancia con el «movimiento» anticarlista del gobierno francés que llegó al poder en mayo de ese año, diera como resultado una colaboración efectiva contra los exiliados[259]. Sin embargo, lo cierto es que el gobierno francés estaba llevando a cabo su propia política con respecto a los refugiados españoles. Aunque a los soldados que llegaban con sus familias se los distribuía por multitud de lugares del suroeste de Francia, no se puso excesivo interés en impedir que hombres en edad de luchar volviesen a España. Por mucho que Espartero condenara que había «infinidad de hombres en nuestra frontera que nos invaden cada día […] y que quieren prolongar nuestro sufrimiento», el gobierno francés repuso que, en realidad, muchos de esos hombres eran desertores del ejército liberal[260]. En mayo de 1839, Molé fue sustituido como primer ministro francés por Marshal Soult, del partido del «movimiento» pro intervención, pero ese nuevo gobierno siguió frustrando las esperanzas del español de que se internara con efectividad a los exiliados. Soult se quejó al embajador Miraflores de «la terrible carga» que suponían los refugiados carlistas en Francia, sobre todo los 14 000 que siguieron al pretendiente al trono al exilio tras la rendición de Vergara, y recomendó una amnistía total y el compromiso de mantener los fueros como la única forma de impedir que se desencadenara una catástrofe humanitaria[261]. En cambio, los victoriosos cristinos, como luego los nacionales en 1939, no vieron motivo alguno para «reabrir la guerra civil» si dejaban que volvieran los exiliados, y no intentaron aliviar la difícil situación de un gobierno francés que en repetidas ocasiones había actuado de mala fe contra ellos. Seguían ocupados con las deserciones que había en España, las cuales no dieron muestras de ir a disminuir ni siquiera con la llegada de la paz. En agosto de 1840, cuando hacía dos meses que existía esa «paz», el prefecto de Cáceres decretó un castigo colectivo, en forma de multas, a aquellos familiares que se negaran a ayudar a las autoridades a capturar a los desertores[262]. En cualquier caso, el embajador Miraflores dio una fría respuesta a las peticiones de Soult, y acusó a los franceses de haber permitido que los carlistas se proveyeran de armas a través de la frontera con Cataluña[263].

Bien entradas las décadas de 1840 y 1940, los refugiados del bando perdedor se encontraron atrapados en el extranjero sin que se les permitiera volver a España. Los republicanos vencidos en 1939 cruzaron en grandes cantidades a Francia. Bourg-Madame era uno de los varios campos de concentración que aún quedaban en el periodo de Vichy (además de Le Vernet, Gurs y Bram). La dejadez que padecieron allí los prisioneros rojos, que luego pasó a ser brutalidad por parte de los nazis tras ocupar Francia[264], contrasta con el papel que desempeñó Bourg-Madame en la Primera Guerra Carlista como lugar de repetidas infracciones fronterizas, más por parte de los carlistas que de los liberales, de quienes tomaban el «camino neutral» que unía Puigcerdà y el enclave español de Llivia[265].

Las vidas de algunos refugiados concretos muestran la tragedia del exilio. En septiembre de 1840, José Esteban y Baltasar, carlista de Montalbán (Teruel), solicitó permiso para regresar de Francia a España, tras presentar testimonios de testigos que corroboraron que había sido secuestrado en campaña por los rebeldes, además de prometer que juraría lealtad a la Constitución. La embajada en París rechazó su petición porque «si hiciéramos una excepción en este caso, también tendríamos que hacerlas con quienes nos contaran las mismas historias»[266]. Bernabé Santibáñez, militar carlista, huyó a Portugal tras firmarse la paz, dejando en Extremadura a su familia sumida en la más absoluta pobreza. A finales de 1841 consiguió la notable proeza de ser recibido por el mariscal portugués Saldanha, el cual se compadeció de él y le dio un pasaporte para que volviese a Cáceres. Sin embargo, en cuanto entró en territorio español, el gobernador de Cáceres hizo que lo detuviesen. Encarcelaron a Santibáñez por delitos comunes en lugar de políticos, que el Convenio de Vergara perdonaba. Al capitán Santibáñez no se le podía aplicar la amnistía general que había decretado Espartero el 30 de agosto de 1841, puesto que no solo había combatido fuera de la región que cubría el Tratado Eliot, sino que había escapado de sus captores al tender sus camaradas una emboscada a la milicia del gobierno que lo había atrapado, tras lo que lo habían ayudado a cruzar la frontera. Santibáñez se pudrió en la cárcel mientras su familia se enfrentaba a las represalias de los liberales vencedores[267]. Otros renunciaron al carlismo y juraron lealtad a Isabel II con la esperanza de ser amnistiados, pero tan solo para ser víctimas de sus correligionarios radicales. Aunque Marcos Carrero alegó que era «castellano en toda la gloria del término», en mayo de 1840 continuaba internado con su mujer en Limoges, pese a que «han pasado muchos meses desde que juré lealtad a la Constitución». Los camaradas que estaban internados con él lo detestaban por su «traición», y con frecuencia su mujer tenía que intervenir para evitar actos violentos. Al final ella protestó por la ruina en que vivían los suyos en Villacarlos de Campos (Valencia), provocada por la ausencia del cabeza de familia, y se les concedió la amnistía[268].

En noviembre de 1840, la presión había llegado a tal punto que el régimen de Espartero formó una comisión asesora que se ocupara de la suerte de los exiliados y prisioneros[269]. Anticipándose al lenguaje que emplearía Franco cien años después, Espartero reiteró que el Convenio de Vergara sólo absolvía a los rebeldes que hubieran cometido crímenes políticos, no comunes. En la práctica, esa línea dura prohibió que volvieran al país miles de exiliados, basándose a menudo en razones engañosas. La mujer de Francisco Jáuregui, capitán exiliado, se pasó el invierno de 1840-41 pidiendo que dejasen que su marido regresara a Cataluña, para lo que prometía que estaba dispuesto a jurar la Constitución, pero solo consiguió que le exigieran «garantes que presenten el caso de Jáuregui ante las autoridades (espartistas) de su localidad»[270]. Entretanto, había conocidos malhechores que eran a veces amnistiados. Francisco Grau había estado a la cabeza de una facción rebelde que, a su paso, se había granjeado el odio de muchos campesinos por extorsionarles dinero y provisiones en nombre del rey. Cuando Grau empezó a azotar públicamente a alcaldes, el alto mando carlista intervino y lo degradó. En 1840 se libró de la venganza liberal huyendo con otros carlistas a Francia[271]. Sin embargo, en agosto del año siguiente logró que Juan Prim, joven diputado catalán en las Cortes, atestiguara a su favor, por lo que se le permitió volver a su casa de Reus, tal vez en reconocimiento al daño que su despotismo había hecho a la causa rebelde[272].

Aunque a Gran Bretaña llegaron muchos menos exiliados carlistas que a Francia, la embajada española en Londres no daba abasto con las solicitudes de amnistía que recibía. Se cuidaron de negarle el pasaporte a figuras conocidas como Segismundo Puigbó, veterano tanto de la Guerra Realista como de la Carlista, cuya petición de volver a Cataluña fue rechazada por motivos de seguridad[273]. Sin embargo, en abril de 1843 la embajada se quejó de que ya no podía atender a tanta gente y amenazó con expedir pasaportes a todos los excarlistas[274]. En enero de 1844 persistía el alto número de gente que acudía a la legación, y, tras una reunión en Abbeville con el embajador español en Francia, el de Londres escribió a Madrid quejándose de la nuevas instrucciones que habían recibido, en las que se reiteraba que no concedieran pasaportes, en vista de la inestabilidad que volvía a darse en España tras la caída del regente Espartero: «Se diría que los términos del Convenio de Vergara todavía son de aplicación […] y los infelices emigrados carecen de recursos para vivir, de conocimientos de inglés e incluso de acceso a compatriotas que pudieran ayudarlos»[275].

Las privaciones, e incluso el terror, a los que se enfrentaron los aproximadamente 40 000 refugiados a partir de 1839 no se pueden comparar con lo que tuvieron que sufrir buena parte de los que, en una cantidad diez veces mayor, huyeron tras la caída de la República cien años después. La memoria colectiva del terror de Franco está especialmente arraigada en el País Vasco, en donde Guernica tan mala fama mundial diera a los nacionales. Ese infausto recuerdo lo explican la absoluta supresión de la autonomía de las provincias derrotadas de Guipúzcoa y Vizcaya, la persistencia de la ley marcial franquista en esas provincias, a lo que hay que añadir la represión de la identidad cultural vasca, y, por último, el hecho de que la caída de Cataluña a principios de 1939 hiciera que alrededor de medio millón de personas se exiliaran en Francia, de las que entre 100 000 y 150 000 eran vascos[276].

Para muchos, la legislación franquista contra las dos provincias costeras vascas supuso la prolongación del estado de guerra, debido a la campaña de represión cultural, la persecución política y la discriminación étnica en la que se estigmatizaba a la identidad vasca por considerarla antiespañola[277]. El trauma de la guerra, junto con que para muchos vascos les fuese arrebatada la breve autonomía de que habían dispuesto, ciertamente engendraron ira y resentimiento en parte de la población de esa comunidad, y no solamente contra el régimen de extrema derecha que se les impuso, sino también contra que se les obligara a ser una parte más de España. Sin embargo, lo cierto es que la destrucción material en el País Vasco fue menor que en otras regiones españolas, y, asimismo, la represión que sucedió a la guerra no alcanzó el mismo nivel que en otras partes, gracias a la intervención de la iglesia vasca e incluso a la de algunos carlistas vencedores que hicieron suyo el ejemplo dado por esa iglesia[278]. Menos de 25 000 personas fueron asesinadas por las fuerzas nacionales en el País Vasco, de las que la mayoría lo fueron en los «dos meses de terror» que siguieron a la caída de Bilbao[279]. Aunque son unas cifras horribles, no destacan en comparación con lo sucedido en el resto de España. Ni tampoco espantan cuando se las compara con la matanza que tuvo lugar en la guerra carlista. Aun así, la cantidad de exiliados tras la Guerra Civil Española fue mucho mayor que la hubo a partir de 1839, lo que indica un grado mayor de persecución. No obstante, cuesta concluir si la represión más leve de los vencidos en 1839 se debió a que el régimen victorioso fue más «amable», o meramente a que eran tiempos en los que el gobierno tenía menor capacidad para perseguir y coaccionar a los enemigos.

Conclusiones

CONCLUSIONES

En ambas guerras surgió el mito entre los bandos vencidos de que la derrota era el resultado de traiciones. De ese modo, el golpe de 1839 de Maroto y su «vergonzosa» paz dejaron a Navarra y Álava invictas en el campo de batalla. Asimismo, para los anarquistas y libertarios el golpe de 1937 de los comunistas y su supresión del «pueblo en armas» posibilitaron la victoria de Franco. Estos mitos sirvieron de consuelo para los perdedores de ambas guerras, que se negaron a reconocer que se habían visto superados en número en la de la década de 1830, y superados en la lucha en la de 1930. Cierto es que las dos guerras civiles parecen ir en contra del dicho de que la historia la escriben los vencedores. En la memoria colectiva de la Primera Guerra Carlista sigue teniendo mucho peso el derrotado bando carlista, mientras que los historiadores de izquierdas prestaron más interés a la revolución liberal de esa década y, por lo general, pasaron por alto la complejidad de la notable victoria militar de los cristinos. Del mismo modo, a algunos historiadores que han estudiado la Guerra Civil Española les ha asombrado que los análisis de ese conflicto siempre hayan sido más comprensivos con los republicanos vencidos[1].

La primera conclusión que podemos sacar es de carácter militar. Esta comparación de las dos guerras civiles españolas demuestra que los avances en tecnología bélica no equivalieron a un endurecimiento del conflicto. Las atrocidades que se cometieron en las dos guerras fueron más el resultado de enfrentamientos «primitivos» y cercanos: las masacres de civiles y combatientes respondían por lo general a motivos intemporales y ciertamente premodernos, y ocurrían existiendo bastante cercanía visual entre quienes las cometían y las sufrían. Las violaciones, asesinatos y humillaciones públicas podrían haber sido perfectamente capítulos sacados de las guerras de religión europeas. En la Primera Guerra Carlista, la preponderancia de la lucha irregular y la falta de cualquier gran avance en tecnología militar moderna, más allá de los barcos de vapor, garantizó que se dieran esas atrocidades «premodernas». Aunque cien años después el potencial tecnológico para llevar a cabo matanzas masivas era inmensamente mayor, el tipo de atrocidades que se cometieron fueron muy similares. El impacto cultural icónico (y por lo tanto tergiversador) de Guernica es la excepción que confirma la regla. Pese a la exhibición exógena de armas modernas por parte de los nazis y los fascistas, las muertes de la Guerra Civil Española conservaron un carácter íntimo más propio del siglo XIX de lo que podría parecer al ver el armamento con que se contaba. Esto apoya lo que dicen algunos estudios de historia militar, que han revisado los relatos simplistas dominantes que equiparan el armamento moderno con la intensificación o totalización de la guerra[2].

Asimismo, aunque en la década de 1930 España poseía una infraestructura económica y militar mucho más desarrollada, en ambas guerras hubo unos grados similares de militarización. El reclutamiento sin precedentes de 100 000 hombres que llevó a cabo el gobierno en 1835 equivaldría a casi 250 000 en 1935, en proporción a la población de entonces. El millón aproximado de hombres que estaban en las fuerzas armadas en 1838 es comparativamente proporcional a los más de dos millones que había en 1938. De hecho, si nos atenemos a ciertos indicadores, la «guerra del pueblo» se desarrolló más en la Primera Guerra Carlista. Los historiadores militares identifican tres tipos de guerra del pueblo: la de guerrillas, la de milicias y la de ejércitos de reclutas[3]. Las tres se dieron en la Primera Guerra Carlista, mientras que en la Guerra Civil Española solo hubo de las dos últimas.

Existen dos diferencias principales, la primera de las cuales se refiere a la trayectoria política de cada conflicto. La guerra de la década de 1830 provocó que España desarrollara por primera vez un sistema político moderno a partir de un estado absolutista, y que se estableciese un legado constitucional que la Guerra Civil Española truncaría. Por más que tanto los patriotas de las Cortes de Cádiz de 1810-14 y los liberales de 1820-23 habían roto la tradición absolutista, hizo falta la Primera Guerra Carlista para crear un legado liberal y constitucional que duró, pese a algunos paréntesis, hasta la Guerra Civil Española. La lucha por la libertad constitucional se ganó en la década de 1830, pero se perdió cien años después. Mientras que del primer conflicto se derivó un sistema moderno de participación y representación política, el segundo conflicto acabó con él, no solo porque en 1939 venció el bando que quería erradicar la tradición liberal española, sino también por las reacciones intransigentes de los propios republicanos. Este aspecto comparado, por lo tanto, vincula la era romántica de revoluciones liberales de España y Europa con el eclipse del liberalismo europeo de entreguerras, y ofrece una nueva perspectiva a la tesis de Mark Mazower sobre el embrutecimiento de la política europea. Demuestra la importancia de las guerras civiles a la hora de crear o derrocar sistemas y filiaciones políticas.

Mientras que la victoria de Franco acabó con la democracia en España por un periodo de cuarenta años, el estado liberal pretoriano que ganó la Primera Guerra Carlista nunca pudo volver a guardar al genio del radicalismo en su botella. La supresión de la milicia en 1844 no acabó con su fuerza moral. Los veteranos licenciados mantuvieron sus propias redes, que regresaron a la acción en posteriores revoluciones. Las barricadas obreras de Barcelona de 1842 y 1843 estaban guarnecidas por veteranos de la guerra carlista. Otros se opusieron a las iniquidades de la revolución liberal de las tierras y a la mala situación del ejército de posguerra. Crecieron las exigencias de que las tierras desamortizadas se entregaran a veteranos de la guerra carlista. Al final del conflicto, el poeta radical y padrino del romanticismo español, Espronceda, se unió al periodista republicano Víctor Pruneda para pedir que se repartiesen las tierras desamortizadas entre el pueblo[4]. La cuestión del reparto de tierras alcanzó una importante dimensión política y caló en la conciencia colectiva como consecuencia de la Primera Guerra Carlista, para quedar cerrada tras la victoria de la contrarrevolución de cien años después.

Ambas guerras dejaron un legado irónico por lo que a su impacto en asuntos religiosos se refiere. La desamortización eclesiástica de Mendizábal no llevó aparejado el deseo del partido liberal de conseguir una España que fuese católica, pero a la vez laica. La iglesia perdió buena parte de sus tierras como consecuencia de la Primera Guerra Carlista, y se llegó al punto más bajo en las relaciones entre el régimen liberal y la Santa Sede un año después del fin de las hostilidades, en 1841, cuando el Vaticano atacó los intentos de Espartero de ampliar la desamortización a las propiedades de las parroquias en unos términos que casi venían a ser una declaración de guerra[5]. No obstante, después de que Narváez derrocara a Espartero en 1843, se inició un proceso paulatino de distensión entre iglesia y estado. En 1840, los periódicos liberales denunciaron que las anteriores iglesias carlistas del norte estaban volviendo a caer en sus malas costumbres, ya que los curas utilizaban su ascendente moral para obligar a sus feligreses campesinos a pagar «el auténtico diezmo», pese a la abolición de estos. Los que habían sido los bastiones carlistas en la Guipúzcoa rural continuaron con esa práctica hasta 1846 por lo menos[6]. El régimen liberal vencedor suavizó su actitud hacia la iglesia tras la contrarrevolución moderada de 1843. En 1848, Narváez envió tropas españolas para ayudar a defender Roma de los revolucionarios italianos, y en 1851 se firmó un Concordato. Aunque el Vaticano tuvo que aceptar la pérdida de sus tierras en España, quedó libre para recuperar todo su anterior poder y posiblemente adquirir incluso más, por medio del monopolio educativo que se le concedió en 1857 y de las nuevas inversiones que realizó en bienes urbanos más lucrativos. La recuperación material de la iglesia fue acompañada por la reconciliación de los católicos con la nación española, gracias a las filosofías «neocatólicas» que propugnaron en la década de 1840 Jaime Balmes y Donoso Cortés. Sor Patrocinio, la monja carlista con estigmas de los años treinta, se convirtió en la confidente más íntima de la reina Isabel II. Así se fue poniendo en marcha el proceso hacia el nacionalcatolicismo que impulsó a actuar a los sublevados de 1936. En la mayor parte de España, más allá de los minifundios de Navarra, las provincias vascas y Castilla la Vieja, fue en buena medida un catolicismo de los ricos: de los hacendados más que de los jornaleros, de los dueños de fábricas más que de los operarios. El anticlericalismo que se apoderó de las clases obreras a partir del último tercio del siglo XIX fue la consecuencia lógica de todo eso. Aun así, el nacionalcatolicismo de 1936 fue lo bastante poderoso para unir a las facciones de derechas de Franco y conseguir el apoyo de la mayoría de los católicos del mundo, lo cual fue mucho más de lo que don Carlos pudo lograr cien años antes.

La segunda ironía atañe a la victoria de los sublevados en 1939. El triunfo de los nacionales de Franco permitió que la iglesia española volviese a los niveles de poder y ventajas de los que no disfrutaba desde vísperas de la Primera Guerra Carlista[7]. Pese a la victoriosa doctrina del nacionalcatolicismo, los intentos del régimen de «recristianizar» a los españoles fracasaron, sobre todo por lo que respecta a las clases obreras anticlericales, entre otras cosas porque la supuesta redención religiosa era tan evidentemente política. La tragedia del catolicismo español fue que, al aliarse tan estrechamente con los vencedores de la guerra civil, dejó de lado su labor pastoral con los vencidos[8]. De hecho, España se volvió más aconfesional y laica que nunca, un proceso que se aceleró con el boom económico de los años sesenta. La asistencia a misa cayó a unas cifras similares a las de la Italia católica y democrática, y a principios de los setenta eran mucho más bajas que las de la Irlanda democrática[9]. La sociedad de consumo impuso una nueva cultura, en la que en esa década se elevó el nivel de vida de los españoles hasta alcanzar una cota casi igual a la del norte de Europa. Solo unos inadaptados como los carlistas anhelaban que se volviera a una España espiritual y no materialista. La Guerra Civil Española fue en muchos aspectos la última de un ciclo de guerras civiles decimonónicas, cuyas ramificaciones políticas e internacionales se parecieron a las de la Primera Guerra Carlista más que las de ninguna otra. Afortunadamente, la transición a la democracia que se llevó a cabo tras la muerte de Franco parece estar consolidada. Pese a retos tan antidemocráticos como fueron el ejército franquista en su momento, y la deflación de la Eurozona en la actualidad, es inimaginable que pueda volver a haber una guerra civil en España.

Glosario

GLOSARIO

Acevedo, Aurelio (1900-68): Dirigente de los cristeros mexicanos en la Segunda Guerra Cristera (1934-38). Se opuso al apoyo del gobierno mexicano a la República española.

Africanista: Término con el que se hace referencia a una camarilla de oficiales autoritarios del ejército que dominaron la política de derechas durante la Guerra Civil Española.

Aguirre, José Antonio (1903-60): Futbolista profesional, líder del PNV y presidente (lendakari) del gobierno autónomo vasco en 1936-37.

Ayacucho: Término con el que se hace referencia a una camarilla de oficiales autoritarios del ejército que dominaron la política liberal durante la Primera Guerra Carlista.

Bienes nacionales: Las tierras de la nobleza, la iglesia o la plebe que diversos gobiernos españoles nacionalizaron para subastarlas a partir de finales del siglo XVIII y a lo largo del XIX.

Borrow, George (1803-81): Escritor británico de literatura de viajes que en La Biblia en España (1843) relató sus experiencias en el país durante la Primera Guerra Carlista.

Brigadas Internacionales: El grupo, organizado por los comunistas, de voluntarios extranjeros que lucharon en el bando de la República española en 1936-38.

Cacique: Término peyorativo para referirse a los jefes políticos regionales que alcanzaron su máximo poder durante la monarquía de la Restauración de 1876-1931.

Calomarde, Francisco (1773-1842): El último presidente de un gobierno absolutista previo a la Primera Guerra Carlista.

Carlismo: Movimiento político reaccionario que, surgido en la década de 1820, fue derrotado en la Primera Guerra Carlista, pero venció en la Guerra Civil Española como parte de la coalición de derechas del general Franco.

Casado, Segismundo (1893-1968): Comandante en jefe del Ejército del Norte del gobierno republicano que en marzo de 1939 organizó un golpe de estado que puso fin a la Guerra Civil Española.

Cinturón de hierro: Línea defensiva que construyó apresuradamente el gobierno vasco alrededor de Bilbao en 1936-37. Sin embargo, el ingeniero que dirigió su construcción facilitó la posición de todo el sistema de fortificación a los nacionales en la victoriosa ofensiva de éstos contra el País Vasco del verano de 1937.

Confederación Nacional Católico-Agraria (CEDA): Confederación española de grupos derechistas autónomos; la mayor organización política de derechas de la Segunda República.

Corpo Truppe Volontarie (CTV): Cuerpo de 50 000 hombres enviados por la Italia fascista para luchar en el bando nacional en la Guerra Civil Española.

Cuádruple Alianza: Alianza diplomática firmada en abril de 1834 por las monarquías constitucionales de España, Portugal, Francia y Reino Unido, a la que se añadieron en agosto de ese año unos «artículos adicionales» que permitían el reclutamiento de voluntarios extranjeros por parte del gobierno español.

Durruti, Buenaventura (1896-1936): Anarquista revolucionario que estuvo al mando de la primera columna miliciana (la Columna Durruti) en el frente de Aragón. Tras caer muerto en combate, alcanzó un estatus casi legendario en la zona republicana.

Evans, George de Lacy (1787-1870): Comandante de los auxiliares británicos en 1835-37 y miembro radical del Parlamento británico por Westminster.

Exaltado: Movimiento liberal de izquierdas de 1820-36.

Federación Anarquista Ibérica (FAI): Vanguardia insurrecta del movimiento anarquista.

Fal Conde, Manuel (1894-1975): Dirigente carlista que se opuso al intento de Franco de unificar la derecha bajo su mando. Por negarse a renunciar a su deseo de reinstaurar la monarquía tradicional, tuvo que marchar al exilio en el transcurso de la Guerra Civil Española.

Fernández de Córdoba, general Luis (1798-1840): Comandante en jefe moderado del Ejército del Norte del gobierno en 1835-36, que se exilió en Francia tras la revolución de La Granja.

Falange Española Tradicionalista de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (FET/JONS): El partido nacional unificado que se formó por decreto de Franco en 1937.

Ibárruri, Dolores (1895-1989): Más conocida como «La Pasionaria», fue una célebre activista comunista y secretaria general del PCE en 1942-60.

Largo Caballero, Francisco (1869-1946): Socialista moderado durante buena parte de su vida, se volvió revolucionario en el periodo 1934-36. Se mostró más pragmático como presidente del Gobierno y ministro de la Guerra (1936-37), cargos de los que tuvo que dimitir tras la contrarrevolución que encabezaron los comunistas en mayo de 1937.

Legiones auxiliares: Voluntarios enviados a España por Gran Bretaña, Francia y Portugal para luchar al servicio del bando del gobierno contra los carlistas (1835-38).

Margarita: Miembro del movimiento de mujeres carlistas de la Guerra Civil Española.

Mendizábal, Juan Álvarez (1790-1853): Presidente exaltado del gobierno en 1835-36 y ministro progresista de Hacienda en 1836-37.

Miaja, general José (1878-1956): General del bando republicano que dirigió la defensa de Madrid en la Guerra Civil Española y en marzo de 1939 apoyó el golpe de Casado que organizó la rendición de la República a los nacionales.

Moderado: Movimiento liberal conservador de 1820-68.

Mola, general Emilio (1887-1937): Gobernador militar de Pamplona (Navarra) y director de la conspiración de los rebeldes nacionales de julio de 1936. Murió en accidente de avión en junio de 1937.

Miguelistas: los partidarios de dom Miguel, aspirante al trono portugués, derrotado en 1834; el equivalente portugués de los carlistas españoles.

Muñagorri, José Antonio de (1794-1841): Magnate armamentístico vasco que en noviembre de 1837 lanzó un movimiento, apoyado por el gobierno de Madrid, para llegar a un acuerdo de paz basado en el exilio de don Carlos y la conservación de la autonomía vasca (los fueros).

Negrín, Juan (1892-1956): Presidente socialista del gobierno español en 1937-39 que dependía del apoyo de los comunistas.

Oriamendi: Localidad en que tuvo lugar una famosa victoria de los carlistas sobre las fuerzas británicas y del gobierno cerca de San Sebastián en marzo de 1837. «Oriamendi» era el nombre del himno de guerra carlista en la Guerra Civil Española.

Panhispanismo: Corriente intelectual de pensadores españoles de derechas de principios del siglo XX que pedían que España impusiera un «imperio moral» sobre sus antiguas colonias americanas. Tuvo cierto seguimiento entre latinoamericanos como los cristeros, a los que molestaba el poder e influencia de los Estados Unidos.

Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM): Comunistas estalinistas a los que el escritor George Orwell dio fama en sus escritos.

Primo de Rivera, José Antonio (1903-36): El hijo de Miguel Primo de Rivera, dictador militar de España en 1923-30, fue miembro fundador del principal partido fascista español, la Falange. Ya estaba encarcelado cuando estalló la guerra y fue ejecutado por el gobierno el 20 de noviembre de 1936. Tras su muerte, alcanzó estatus de leyenda en la zona nacional.

Primo de Rivera, Pilar (1907-1991): Hermana del fundador de la Falange y dirigente de la Sección Femenina falangista.

Progresista: El movimiento liberal de izquierdas (1836-68) que sucedió al exaltado.

Reparto: Término con el que se designa la petición de agricultores sin tierras de poseerlas. Esa exigencia alcanzó su punto álgido en las reformas revolucionarias de la propiedad que se llevaron a cabo en la Primera Guerra Carlista y la Guerra Civil Española, y solía formar parte de las reivindicaciones de los manifiestos radicales de izquierdas.

Requetés: Unidades militares carlistas que se crearon al principio de la Primera Guerra Carlista, en 1833, y volvieron a la acción bélica al inicio de la Guerra Civil Española, en 1936.

Sección Femenina: La de la Falange, el partido fascista español.

Tradicionalismo: Movimiento político antiliberal, que surgió a partir del «Manifiesto de los Persas» de 1814, que pedía la instauración de una monarquía religiosa que mantuviese fuertes vínculos, aunque no exclusivos, con el carlismo.

Tratado Eliot: Tratado humanitario auspiciado por los británicos y firmado por ambos bandos contendientes en abril de 1835, por el que se perdonaba la vida a los soldados regulares que fuesen capturados en el frente de operaciones vasco-navarro.

Turno pacífico: El sistema corrupto de reparto del poder que estuvo en funcionamiento entre la década de 1880 y la Primera Guerra Mundial, por el que los dos partidos oligárquicos (Liberales y Conservadores) acordaron alternarse en el poder aprovechándose de la influencia del gobierno y de la de los caciques regionales que amañaban los resultados de las elecciones. Este sistema, pensado en un principio por Cánovas del Castillo como respuesta a la inestabilidad crónica de la política española, impedía que cualquier fuerza verdaderamente radical llegara al poder legalmente, aun después de que se aprobara el sufragio universal masculino en 1890.

Villiers, George (1800-70): Influente embajador británico en España durante la Primera Guerra Carlista. Su poder alcanzó su punto álgido en el periodo revolucionario de 1835-37.

Voluntarios realistas: Fuerza paramilitar reaccionaria que, tras estar en activo en 1823-33, continuó en acción con los rebeldes carlistas en la Primera Guerra Carlista, pero fue desmantelada por el bando del gobierno.

Zumalacárregui, Tomás de (1788-1835): El primer caudillo del carlismo y genio militar de la Primera Guerra Carlista.

Fuentes y bibliografía

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

Archivos

Archivo General del Palacio, Madrid (AGP)

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB)

Archivo Histórico Nacional, Madrid (AHN)

Archivo Municipal de Málaga (AMM)

Archivo Municipal de San Sebastián (AMSS)

Biblioteca Universitaria de Zaragoza (BUZ)

Real Academia de la Historia, Madrid (RAH)

The National Archives, Londres (TNA)

Universidad Autónoma de México, Centro de Estudios sobre la Universidad, Ciudad de México (UNAM, CESU)

Fuentes primarias de dominio público

http://www.balmasedahistoria.com/08_fuentes.html (acceso el 9 de septiembre de 2014).

http://www.eka-partidocarlista.com/delburgo.htm (acceso el 7 de enero de 2016).

Larra, Mariano José de, «Fígaro de vuelta: carta a su amigo residente en París» (Madrid, 2 de enero de 1836), reproducido en http://www.biblioteca.org.ar/libros/131236.pdf.

Richards, Marianne, mujer de Ramón Cabrera, entradas de su diario reproducidas en http://cabrerayelmaestrazgocarlista.blogspot.mx/2009/09/el-diario-de-marianne-richards.html (acceso el 22 de agosto de 2014).

Periódicos / panfletos

ABC

Avance: Diario Socialista de Asturias

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[1] Descargo de responsabilidad: hice todo lo posible para ponerme en contacto con el titular de los derechos (Archivo Municipal de Málaga). <<

[1] Francisco J. Romero Salvadó, The Spanish Civil War: Origins, Course and Outcomes (Londres, 2005), p. 100. <<

[2] H. Graham, «The Spanish Civil War», The Historical Journal 30 (4) (1987), pp. 989-993. <<

[3] Jordi Canal, «Prefacio», en Emmanuel Tronco, Les carlistes espagnols dans l’Ouest de la France, 1833-1883 (Rennes, 2010), p. 10. <<

[4] Claud Cockburn, In Time of Trouble (Londres, 1956), p. 252. <<

[5] Antonio Gómez López-Quiñones, La guerra persistente (Madrid, 2006), p. 12. Ejemplos de estudios «normalizadores» son Guy Thomson, The Birth of Modern Politics in Spain (Basingstoke, 2009); David Ringrose, Spain, Europe, and the «Spanish Miracle», 1700-1900 (Cambridge, 1996); Isabel Burdiel, La política en el reinado de Isabel II (Madrid, 1998); Economía, sociedad, política y cultura en la España de Isabel II, ed. Gonzalo Anes Álvarez de Castrillón (Madrid, 2004); Manuel Santirso Rodríguez, Progreso y libertad: España en la Europa liberal, 1830-1870 (Madrid, 2008). <<

[6] Los ejemplos más recientes incluyen Alejandro Quiroga y Miguel Ángel del Arco (eds.), Right-Wing Spain in the Civil War Era: Soldiers of God and Apostles of the Fatherland, 1914-45 (Londres, 2012), y Helen Graham, The War and Its Shadow: Spain’s Civil War in Europe’s Long Twentieth Century (Sussex, 2012). (La guerra y su sombra: La Guerra Civil Española en la Europa del siglo XX) (Crítica, 2013). <<

[7] Michael Jabara Carley, «Caught in a Cleft Stick: Soviet Diplomacy and the Spanish Civil War», en Gaynor Johnson (ed.), The International Context of the Spanish Civil War (Cambridge, 2009), pp. 155-156. <<

[8] E. g. Enrique Moradiellos García, La perfidia de Albión: El gobierno británico y la guerra civil española (Madrid, 1996); Gerald Howson, Arms for Spain (Londres, 1998); Graham, The War and its Shadow. <<

[9] La relegación de España a los márgenes históricos persistió, incluso entre eminentes estudiosos, hasta hace poco. En una fecha tan tardía como 2004, un libro de historia mundial de primer orden apenas mencionaba a España e Hispanoamérica al tratar del «largo» siglo XIX (Christopher Bayley, Birth of the Modern World, 1780-1914: Global Connections and Comparisons [Londres, 2004]). <<

[10] La tesis de la «revolución dual» de Eric Hobsawm hablaba de una revolución económica en Gran Bretaña durante 1789-1848 y una revolución política en Francia en el mismo periodo (Eric Hobsawm, The Age of Revolution, 1789-1848 [Londres, 1962]). <<

[11] Blackbourn y Eley, The Peculiarities of German History; Edward Crankshaw, The Shadow of the Winter Palace (Londres, 1976). <<

[12] Mayer, Persistence of the Old Regime (La persistencia del antiguo régimen [Alianza Editorial, 1994]). <<

[13] Alexis de Tocqueville, The Old Regime and the French Revolution, trad. Stuart Gilbert (Nueva York, 1955), p. x (El Antiguo Régimen y la Revolución [Alianza Editorial]). <<

[14] Adrian Shubert, A Social History of Modern Spain, p. 2. <<

[15] Walther L. Bernecker, España entre tradición y modernidad: política, economía y sociedad (siglos XIX y XX) (Madrid, 1999), pp. 57-58; José Manuel Cuenca Toribio, La iglesia española ante la revolución liberal (Madrid, 1971). <<

[16] Carlos Marichal, Spain 1834-1844: A New Society (Londres, 1977), pp. 207-210. <<

[17] Graham, The War and its Shadow, pp. 3, 26-27. <<

[18] Marek Jan Chodakiewicz y John Radzilowski (eds), Spanish Carlism and Polish Nationalism: The Borderlands of Europe in the 19th and 20th Centuries (Charlottesville, 2003). <<

[19] Michael Seidman, The Victorious Counterrevolution (Wisconsin, 2011) (La victoria nacional: La eficacia contrarrevolucionaria en la Guerra Civil [Alianza Editorial]). <<

[20] Stanley G. Payne, Civil War in Europe 1905-1949 (Cambridge, 2011); Philip B. Minehan, Civil War and World War in Europe: Spain, Yugoslavia and Greece, 1936-1949 (Nueva York, 2006). <<

[21] E. g. Susan Graysel, Women and Identities at War; Winter y Louis-Robert, Capital Cities at War; Baldoli, Forgotten Blitzes. <<

[22] Eve La Haye, War Crimes in Internal Armed Conflicts (Cambridge, 2010), pp. 1-2. <<

[23] Stathis N. Kalyvas, «Civil Wars», cap. 18, en Carles Boix y Susan C. Stokes (eds.), The Oxford Handbook of Comparative Politics (Oxford, 2007), pp. 416-422. <<

[24] Theda Skocpol y Margaret Somers, «The Uses of Comparative History in Macrosocial Enquiry», Comparative Studies in Society and History 22 (1980), pp. 174-197, 193-194. <<

[25] Un excelente tratamiento de estos problemas en relación con las comparaciones entre nazismo y estalinismo se puede encontrar en Ian Kershaw y Moshe Lewin (eds.), Stalinism and Nazism: Dictatorships in Common (Cambridge, 1998), pp. 1-25. <<

[26] Thomas Welskopp, «Vergleichende Geschichte», European History Online (EGO) (3 de diciembre de 2010), 1-8 (consultada el 25 de agosto de 2014). <<

[27] Jürgen Kocka y Heinz-Gerhard Haupt, «Comparisons and Beyond: Traditions, Scope and Perspectives of Comparative History», en Heinz-Gerhard Haupt y Jürgen Kocka (eds.), Comparative and Transnational History: Central European Approaches and New Perspectives (Nueva York, Oxford, 2009), pp. 16-17. <<

[28] Citado en Julián Marías, España ante la historia y ante sí misma (1898-1936) (Madrid, 1996), p. 30. <<

[29] Nigel Townson, «A Land Apart?», en Townson (ed), Is Spain Different? (Sussex, 2015), pp. 6-7. <<

[30] Luis Garrido Muro, «El Nuevo Cid. Espartero, María Cristina y el primer liberalismo español (1834-1840)» (tesis doctoral inédita, Universidad de Cantabria, 2012), pp. 53-54. <<

[31] Citado en Raymond Carr, The Republic and Civil War in Spain (Londres, 1971), p. 38 (Estudios sobre la República y la Guerra Civil española [Madrid, 1985]). <<

[32] Jaime del Burgo, El valle perdido (Madrid, 1942). <<

[33] Tomás Borras, Oscuro heroísmo (Sevilla, 1939), p. 23. <<

[34] Paloma Aguilar Fernández, Políticas de la memoria y memorias de la política (Alianza Editorial, 2008), pp. 136-137. <<

[35] E. g. Federico Suárez, José Luis Comellas García, Alfonso Bullón de Mendoza. <<

[36] E. g. Melchor Ferrer, Historia del tradicionalismo; Oyarzun, El carlismo. <<

[37] E. g. Modesto Lafuente, Historia de España. <<

[38] Para un ejemplo de la segunda acusación, véase la reseña de Alejandro Quiroga, Manuel Álvarez Tardío y Fernando del Rey Reguillo (eds.), The Spanish Second Republic Revisited: From Democratic Hopes to Civil War (1931-1936) (Brighton, 2011), en European History Quarterly 43 (3) (2013), pp. 519-597. <<

[39] Stanley Payne, The Franco Regime, 1936-1975 (Wisconsin, 2011), p. 210 [[El régimen de Franco 1936-1975 (Alianza Editorial, Madrid, 1987]). <<

[40] William Rust, Britons in Spain (Londres, 1939), pp. 1-2. <<

[41] José Álvarez Junco, Mater Dolorosa (Madrid, 2001), pp. 145-46; Xosé-Manoel Núñez Seixas, «Nations in Arms against the Invader: On Nationalist Discourses during the Spanish Civil War», en Chris Ealham y Michael Richards (eds.), The Splintering of Spain: Cultural History and the Spanish Civil War, 1936-1939 (Cambridge, 2005), pp. 47-50. <<

[42] Lluís Roura i Aulinas, «Hi hagué algun protocatalanisme politic a Cadis?», L’Avenç, n.º 113 (1988), pp. 32-37; Ronald Fraser, Las dos guerras de España (Madrid, 2012). Para un punto de vista opuesto, véase Angel Smith, The Origins of Modern Catalanism, 1770-1898 (Basingstoke, 2014). <<

[43] Ronald Fraser, Las dos guerras de España (Madrid, 2012). El otro estudio comparativo es el de M. Chamorro Martínez, 1808-1936: dos situaciones históricas concordantes (Madrid, 1974). Chamorro argumentaba que tanto los patriotas de la Guerra de la Independencia como los republicanos españoles no hicieron la guerra eficazmente. <<

[44] La cultura académica represiva de la España franquista no permitía que se escribieran obras críticas como la del norteamericano Gabriel Jackson, Spanish Second Republic and Civil War (Nueva York, 1965), la muy amena y carente de todo romanticismo Spain, 1808-1939, de Raymond Carr (Oxford, 1966) y el estudio exhaustivo y excepcionalmente objetivo de Hugh Thomas, Spanish Civil War (Londres, 1962). <<

[45] E. g. Julio Aróstegui, Jordi Canal y Eduardo González Calleja, El carlismo y las guerras carlistas: hechos, hombres e ideas (Madrid, 2003). <<

[46] Martin Blinkhorn, Carlism in Crisis in Spain, 1931-1939 (Oxford, 1975). <<

[47] John Keegan, Face of Battle (Londres, 1976), p. 30 [El rostro de la batalla [Madrid, 1976]). <<

[48] Carolyn P. Boyd, «The Military and Politics, 1808-1874», en José Álvarez Junco y Adrian Shubert (eds.), Spanish History Since 1808 (Londres, 2000), p. 72. <<

[49] The Manchester Guardian, 11 de abril de 1904. <<

[50] Antonio Manuel Moral Roncal, «1868 en la memoria carlista de 1931», p. 357. <<

[51] Moral Roncal, «1868 en la memoria carlista de 1931», p. 357. <<

[52] Coro Rubio, Revolución y tradición: el País Vasco, pp. 93-126. <<

[53] Ludger Mees, «Politics, Economy or Culture? The Rise and Development of Basque Nationalism in the Light of Social Movement Theory», TS 33 (2004), p. 314. <<

[54] Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García, El precio de la exclusión: la política durante la Segunda República (Madrid, 2010), p. 44. <<

[55] Pan-Montojo, «Mendizábal»; Burdiel y Pérez Ledesma, Liberales, agitadores. <<

[56] Carlos Navajas Zubeldia, Leales y rebeldes: la tragedia de los militares republicanos (Madrid, 2011), pp. 85-86. <<

[57] Buckley, The Life and Death of the Spanish Second Republic, p. 19 (Vida y muerte en la República española [Barcelona, 1976, 2004]). <<

[58] Esdaile, «Enlightened Absolutism versus Theocracy in the Spanish Restoration, 1814-1850», en David Laven y Lucy Riall (eds.), Napoleon’s Legacy: Problems of Government in Restoration Europe (Oxford, 2000), 65-82. <<

[59] Martin Blinkhorn, Carlism and Crisis (Oxford, 1975), pp. 145-162; Frances Lannon, Privilege, Persecution and Prophecy: The Catholic Church in Spain 1875-1975 (Oxford, 1987), p. 170. <<

[60] Manuel Aznar, Historia militar de la guerra de España (Madrid, 1940), pp. 11-12, 113. <<

[61] José M. Sánchez, The Spanish Civil War as a Religious Tragedy (Notre Dame, 1987), p. 148. <<

[62] Frances Lannon, «The Church’s Crusade against the Republic», en Preston (ed.), Revolution and War in Spain, 1931-39, pp. 35-36. <<

[63] Alpert, Republican Army, p. 29. <<

[64] Blinkhorn, Carlism and Crisis, pp. 2-40. <<

[65] Blinkhorn, Carlism and Crisis, pp. 20-30. <<

[66] Hilari Raguer, Gunpowder and Incense (Londres, 2007), pp. 39-49 (Pólvora e Incienso. La Iglesia y la Guerra Civil española [1936-1939] Ediciones Península). <<

[67] Blinkhorn, Carlism and Crisis, pp. 163-182. <<

[68] Douglas W. Foard, «The Forgotten Falangist: Ernesto Giménez Caballero», Journal of Contemporary History 10 (1) (enero de 1975), p. 11. <<

[69] El pensamiento navarro, Pamplona, 8 de mayo de 1938, p. 23 (Jesús Casariego, «Liberalismo, Marxismo y “Frente Popular”»). <<

[70] Alice L. Lascelles y J. M. Alberich (eds.), Sir Vincent Kennett-Barrington: Letters from the Carlist War (1874-76) (Exeter, 1987), pp. 32-35. <<

[71] Javier Ugarte Tellería, La nueva Covadonga insurgente: orígenes sociales y culturales de la sublevación de 1936 en Navarra y el País Vasco (Madrid, 1998), pp. 160-163, 250, 268-269. <<

[72] Fraser, Blood of Spain, p. 53. <<

[73] Barrington, Letters from the Carlist War, p. 45. <<

[74] Harold Cardozo, March of a Nation, p. 74. <<

[75] Javier Ugarte Tellería, La Nueva Covadonga insurgente, pp. 408-409. <<

[76] Jeremy MacClancy, The Decline of Carlism (University of Nevada Press, 2000), p. 25. <<

[77] William Bollaert, The Wars of Succession of Portugal and Spain from 1826 to 1840 (Londres, 1870), vol. II, pp. 11-19; Eric Christiansen, Origins of Military Power (Oxford, 1967), p. 45. <<

[78] Rogelio Pérez Olivares, Héroes de España: Excmo. Sr. D. Emilio Mola Vidal (Madrid, 1937), p. 23. <<

[79] Julián Casanova, The Spanish Republic and Civil War (Cambridge, 2010), pp. 10-11 (República y Guerra Civil), vol. 8 en Historia de España (Crítica). <<

[80] R. Smith, The Day of the Liberals in Spain, pp. 73-83, 100. <<

[81] Jackson, Spanish Second Republic and Civil War, p. 28 (La República española y la Guerra Civil [Madrid, 2013]). <<

[82] Casanova, Spanish Republic, p. 12. <<

[83] R. Smith, The Day of the Liberals in Spain, pp. 75-85. <<

[84] Stanley Payne, The Spanish Civil War (Cambridge, 2012), p. 8 (La Guerra Civil española [Madrid, 2014]). <<

[85] Ricardo de la Cierva. <<

[86] Shlomo Ben-Ami. <<

[87] Stanley Payne, Spain’s First Democracy (Wisconsin, 1993), pp. 105-106 [La primera democracia española: la Segunda República, 1931-1936 [Barcelona, 1993]). <<

[88] Jaime Elías Torras, La guerra de los Agraviados (Barcelona, 1967), xi-xii. <<

[89] Payne, Spanish Civil War. <<

[90] Elías Torras, La guerra de los Agraviados; George Esenwein y Adrian Shubert, Spain at War: The Spanish Civil War in Context, 1931-1939 (Londres, 1995), pp. 83-87. <<

[91] Luis Arranz Notario, «Libertad y democracia en la España contemporánea: (a propósito de El camino a la democracia en España, 1931 y 1978)», Cuadernos de pensamiento político (FAES), n.º 9 (2006), pp. 233-234; Pío Moa, Los mitos de la guerra civil (La Esfera, 2004); Stanley G. Payne, The Spanish Civil War (Cambridge, 2012), pp. 37-63. <<

[92] Angel Viñas, «Playing with History and Hiding Treason: Colonel Casado’s Untrustworthy Memoirs and the End of the Spanish Civil War», Bulletin of Spanish Studies, 91 (1-2) (2014), 295-323. <<

[93] José Ruiz de Luzuriaga, La contra-gaceta de la Gaceta de Madrid del 7 de abril de 1833 (Burdeos, 1833), XXVIII. <<

[94] Frances Lannon, Privilege, Persecution and Prophecy (Oxford, 1987), p. 187 (Privilegio, persecución y profecía. La Iglesia Católica, en España 1875-1975 [Alianza Editorial, Madrid, 1990], p. 223). <<

[1] AHN, II-C, Sección Histórica, Carlistas, 1833-34, 2841: «Manifiesto de Abrantes» del aspirante al trono, pronunciado en octubre de 1833. <<

[2] Citado en Ronald Fraser, Blood of Spain (Londres, 1979), p. 61. <<

[1] Stathis N. Kalyvas, «Civil Wars», en Carles Boix y Susan C. Stokes (eds.), The Oxford Handbook of Comparative Politics (Oxford, 2007), p. 427. <<

[2] Wayne H. Bowen y José E. Álvarez, A Military History of Modern Spain: From the Napoleonic Era to the International War on Terror (Westport, 2007), p. 2. <<

[3] Antoine Henri Jomini, Descripción analítica de las combinaciones más importantes de la guerra (Madrid, 1833). <<

[4] Eco del Comercio, 3 de abril de 1837. <<

[5] Alpert, Republican Army, p. 194; Preston, Franco, pp. 10-11. <<

[6] Preston, Franco, pp. 59-60 (Franco [Debate]). <<

[7] Stanley G. Payne, «Political Violence during the Spanish Second Republic», Journal of Contemporary History 25 (2/3) (mayo-junio de 1990), pp. 269-288. <<

[8] Pedro Pegenaute, Represión política en el reinado de Fernando VII: las comisiones militares (1824-1825) (Pamplona, 1974), pp. 1-23. <<

[9] Michael Alpert, «Soldiers, Politics and War», p. 206; Payne, Military and Politics, p. 276; Raymond Carr, The Spanish Tragedy: The Civil War in Perspective (Londres, 1972), p. 35 (La tragedia española, la Guerra Civil en perspectiva [Alianza Editorial, Madrid, 1986]). <<

[10] Citado en Javier Fernández Sebastián y Juan Francisco Fuentes (eds.), Diccionario político y social del siglo XIX español (Madrid, 2002), p. 7. <<

[11] Antony Beevor, The Battle for Spain: The Spanish Civil War, 1936-1939 (Londres, 2006), p. 49. <<

[12] Seidman, «The Spanish Civil War», en Nigel Townson (ed.), Is Spain Different? (Sussex, 2015), p. 128. <<

[13] James Matthews, Reluctant Warriors (Oxford, 2012), pp. 24-25 (Soldados a la fuerza [Alianza Editorial, Madrid, 2013]). <<

[14] TNA, legajo 715, T 1/4243: carta del 1 de junio de 1835 del embajador de España, Álava, al Foreign Office. <<

[15] P. Risco, Zumalacárregui en campaña, p. 74. <<

[16] Francisco J. Romero Salvadó, The Spanish Civil War: Origins, Course and Outcomes (Londres, 2005), pp. 66-98. <<

[17] Pirala, Guerra civil, II, pp. 202-206. <<

[18] TNA, F. O. 72/457 George Villiers, doc. 2: carta del 2 de enero de 1836 de Villiers a Palmerston detallándole el poderío de los cristinos. <<

[19] J. Semprún, Del Hacho al Pirineo (Madrid, 2004), p. 311, también citado en Matthews, Reluctant Warriors, p. 218. <<

[20] Aznar, Historia militar (1940), p. 74. <<

[21] TNA, HW 22/2, 6C 1056, «Air Employment», informe n.º 44 (julio de 1937): valoración de un agregado del ejército del aire británico de la guerra aérea en España. <<

[22] Alpert, Republican Army, pp. 56-58. <<

[23] Charles Frederick Henningsen, The Most Striking Events of a Twelvemonth’s Campaign with Zumalacárregui in Navarre and the Basque Provinces (Londres, 1836), p. 81. <<

[24] Pirala, Guerra civil, V, p. 292. <<

[25] TNA, FO 72/463 George Villiers, doc. 298: carta del 19 de noviembre de 1836 de George Villiers desde Madrid a lord Palmerston. <<

[26] Pirala, Guerra civil, III, pp. 228-231. <<

[27] El pensamiento navarro, Pamplona, 8 de mayo de 1938. <<

[28] Joaquín García Morato, Guerra en el aire (Madrid, 1940), pp. 38-39. <<

[29] George Steer, The Tree of Gernika: A Field Study of Modern War (Londres, 1938), pp. 21, 44-45 (El Árbol de Guernika: Un ensayo sobre la guerra moderna [1963-2002]). <<

[30] TNA, GFM 33 6B/298/1822, 4305H, E0779687/8: carta del 28 de diciembre de 1936 del embajador Faupel desde Salamanca a Auswärtiges Amt en Berlín. <<

[31] Aznar, Historia militar, p. 131. <<

[32] Geoffrey McNeill-Moss, The Epic of the Alcázar: A History of the Siege of the Toledo Alcázar (Londres, 1937), pp. 65-66. <<

[33] Pirala, Guerra civil, IV, pp. 67-71. <<

[34] Preston, Franco, p. 172. <<

[35] Córdoba, Memorias, vol. II, pp. 134-142. <<

[36] TNA, FO 72/459 George Villiers, doc. 149: carta del 18 de junio de 1836 de Villiers a Palmerston. <<

[37] Córdoba, Memorias, vol. I, pp. 348-352, 401-405; vol .II, pp. 55-75. <<

[38] Roger Bullen, «France and the Problem of Intervention in Spain, 1834-1836», Historical Journal 20 (2) (1977), pp. 363-393, 385; Pirala, Guerra civil, II, pp. 473-475. <<

[39] TNA, Fo 72/459, doc. 91: carta del 17 de abril de 1836 de Villiers a Palmerston sobre la tensa reunión de Rayneval y Mendizábal. <<

[40] David Boyd Haycock, I Am Spain, p. 38. <<

[41] Tom Wintringham, English Captain, p. 37. <<

[42] Gerald Howson, Arms for Spain: The Untold Story of the Spanish Civil War (Londres, 1998). (Armas para España, la historia no contada de la Guerra Civil española [Barcelona, 2000]). <<

[43] Robert M. Ripperger, «The Development of the French Artillery for the Offensive, 1890-1914», Journal of Military History, 59 (4) (1995). <<

[44] Marciel Acier (ed.), From Spanish Trenches: Recent Letters from Spain (Nueva York, 1937), p. 123. <<

[45] Peter Kemp, Mine Were of Trouble (Londres, 1958), p. 151. <<

[46] Kemp, Mine Were of Trouble, pp. 70-71. <<

[47] Michael Howard, War in European History (Oxford, 2009), p. 57 (La Guerra en la historia europea [1999]). <<

[48] Carlos Dembowski, Dos años en España durante la guerra civil, 1838-40 (Madrid, 2008), p. 42. <<

[49] Mary Vincent, Spain, 1833-2002: People and State (Oxford, 2002), p. 148; Barbie Zelizer, About to Die: How News Images Move the Public (Oxford, 2010), pp. 177-178. <<

[50] Pedro Corral, Desertores: la Guerra Civil que nadie quiere contar (Barcelona, 2006), p. 82. <<

[51] Lichnowsky, Erinnerungen, vol. 2, p. 194; Jaime del Burgo, Historia de la primera guerra carlista, pp. 212-213. <<

[52] Preston, Franco, p. 175. <<

[53] Preston, Franco, p. 236. <<

[54] TNA, HW 22/2, 6C 1056, doc. 13: informe del 7 de abril de 1937 del agregado británico del aire. <<

[55] Antony Beevor, The Battle for Spain, p. 119; Vaill, Hotel Florida, p. 49. <<

[56] Preston, Franco, p. 200. <<

[57] George Orwell, Homage to Catalonia (Londres, 1989), p. 44 (Homenaje a Cataluña [Madrid]). <<

[58] Preston, Comrades! Portraits from the Spanish Civil War (Londres, 2000), pp. 288-289. <<

[59] Esmond Romilly, Boadilla (Londres, 1971), p. 145. <<

[60] Kemp, Mine Were of Trouble, p. 76. <<

[61] TNA, FO 72/459 George Villiers: carta de 31 mayo 1836 de Villiers a Palmerston detallándole el bombardeo naval de Pasaia; Pirala, Guerra civil, I, pp. 570-573. <<

[62] TNA, FO 72/463 George Villiers, doc. 309: carta del 22 noviembre 1836 de George Villiers a lord Palmerston informándole de los esfuerzos de los carlistas contra Bilbao. <<

[63] AHN, Estado, 8755, en territorio navarro: cartas de septiembre y octubre de 1834 de los comandantes del bando gubernamental al virrey. <<

[64] Antony Beevor, The Battle for Spain, p. 125. <<

[65] TNA FO 72/463 George Villiers, sin numeración (tras el doc. 327): carta del 17 diciembre 1836 de Villiers a Palmerston aconsejándole que rechazara el proyecto de globo aerostático de Ángel de la Liva. <<

[66] George Steer, Tree of Gernika, pp. 176-177. <<

[67] TNA, HW 22/2, 6C 1056, «Air Employment», informe n.º 41, «war weariness» (21-28 de junio de 1937): entrevista del agregado británico del aire con George Steer. <<

[68] Alaric Searle, «The German Military Contribution to the Spanish Civil War, 1936-1939», en Gaynor Johnson (ed.), The International Context of the Spanish Civil War (Cambridge, 2009), pp. 138-139. <<

[69] Acier, From Spanish Trenches, p. 73. <<

[70] James Matthews, Reluctant Warriors (Oxford, 2012), pp. 19-21 (Soldados a la fuerza [Alianza Editorial, Madrid, 2013]). <<

[71] Sebastian Balfour, Deadly Embrace (Oxford, 2002), p. 214. <<

[72] Arturo Barea, La forja de un rebelde, p. 641. <<

[73] Walter Lacqueur, Guerrilla Warfare: A Historical and Critical Study (New Jersey, 1997), p. 52. <<

[74] Mary Vincent, «The Keys to the Kingdom: Religious Violence in the Spanish Civil War», en Michael Richards y Chris Ealham (eds.), The Splintering of Spain: New Historiographical Perspectives on the Spanish Civil War (Cambridge, 2005), pp. 68-89. <<

[75] Citado en Raymond Carr, The Spanish Second Republic and Civil War (Londres, 1971), p. 142. <<

[76] AHN, Estado, 8755, en territorio navarro: carta del 23 de septiembre de 1834 del comandante de Puente la Reina al virrey. <<

[77] Lawrence, Spain’s First Carlist War, p. 78. <<

[78] Pirala, Guerra civil, III, pp. 30-46. <<

[79] Gaceta Oficial, 15 de abril de 1836; Eco del Comercio, 26 de marzo de 1836. <<

[80] Barea, La forja, p. 644; Acier, From Spanish Trenches (1937), p. 81. <<

[81] Joaquín García Morato, Guerra en el aire (Madrid, 1940), pp. 46-47. <<

[82] TNA, German Foreign Ministry (GFM), 33 6B/298/1822, E077972/73, Vermerk, 19 abril 1937 y E077984, 27 abril 1937: informes desde Salamanca del embajador nazi Faupel. <<

[83] Rafael Miralles, Memorias de un comandante rojo (Madrid, 1975), pp. 68-75. <<

[84] Hugh Thomas, Spanish Civil War (Londres, 1986), p. 543 (La Guerra Civil española [1961]). <<

[85] Stathis N. Kalyvas, The Logic of Violence in Civil Wars (Cambridge, 2006), pp. 8-9. <<

[86] Ruiz Vilaplana, Burgos Justice: A Year’s Experience of Nationalist Spain (Londres, 1938), pp. 96-97 (Doy fe… Un año de actuación en la España nacionalista [Sevilla, 1937]). <<

[87] Pirala, Guerra civil, II, pp. 327-329; Oyarzun, Historia del carlismo, p. 148. <<

[88] Pirala, Guerra civil, II, pp. 256-260, 545-565. <<

[89] Francisco Cabello, Francisco Santa Cruz y Ramón María Temprado, Historia de la guerra última en Aragón y Valencia (Madrid, 1845), I, p. 108. <<

[90] TNA, FO 72/459, George Villiers, doc. 137: carta del 29 de mayo de 1836 de Villiers a Palmerston detallándole la expansión de las operaciones carlistas. <<

[91] Rafael M. de Labra, El Ateneo de Madrid, sus orígenes, desenvolvimiento, representación y porvenir (Madrid, 1878), p. 51; Abad de Santillán, Por qué perdimos la guerra (Buenos Aires, 1940), pp. 75-76; Hugh Thomas, The Spanish Civil War (Londres, 1986), pp. 311, 653. <<

[92] Harold Cardozo, The March of a Nation: My Year of Spain’s Civil War (Londres, 1937), p. 18. <<

[93] José María Taboada Lago, Por una España mejor (Madrid, 1976), pp. 160-61. <<

[94] Bullón de Mendoza, Primera guerra carlista, p. 278. <<

[95] Ricardo de la Cierva, «The Nationalist Army», en Raymond Carr (ed.), The Republic and the Civil War in Spain (Londres, 1971), p. 199. <<

[96] Rafael Abella, Julio 1936: Dos Españas frente a frente (Barcelona, 1981), p. 133. <<

[97] AMM, Recortes de la Prensa mercantil: concesión del 7 de marzo de 1837 del ayuntamiento del permiso para honrar a las cenizas de Espoz y Mina. <<

[98] La Vanguardia, 24 de noviembre de 1936. <<

[99] Orwell, Homage to Catalonia, pp. 98-99. <<

[100] Pirala, Guerra civil, IV, pp. 381-388; Bullón de Mendoza, Primera guerra carlista, pp. 640-641. <<

[101] John Keegan, The Face of Battle (Londres, 1976), p. 107 (El rostro de la batalla [Madrid, 1976, 2004]). <<

[102] Vilaplana, Burgos Justice, pp. 64-65. <<

[103] Eco del Comercio, 26 de enero de 1836 (suplemento); 9 de febrero de 1836. <<

[104] Acier, From Spanish Trenches, p. 57. <<

[105] Steer, Tree of Gernika, p. 174. <<

[106] Cabello, Santa Cruz y Temprado, Historia de la guerra última, II, p. 226. <<

[107] Beevor, The Battle for Spain, p. 86. <<

[108] Seidman, Victorious Counterrevolution, pp. 29-37 (La victoria nacional [Alianza Editorial, Madrid, 2012]). <<

[109] Hilari Raguer, Gunpowder and Incense, p. 116 [La pólvora y el incienso (Madrid, 2001)]. <<

[110] Graham, The Spanish Republic at War, p. 103 (La república española en guerra [Debate]). <<

[111] Balfour, Deadly Embrace, pp. 83, 112. <<

[112] Paul Preston, Spanish Holocaust (Londres, 2012), p. 141 (El holocausto español [2011]). <<

[113] William Rust, Britons in Spain (Londres, 1939), pp. 77-78 (Los Británicos en España). <<

[114] Anthony Oberschall, «The Manipulation of Ethnicity: From Ethnic Cooperation to Violence and War in Yugoslavia», Ethnic and Racial Studies, 23 (6) (2000), 982-1001. <<

[115] Paul Preston, Spanish Holocaust, pp. 335-340. <<

[116] Chris Ealham, «Anarchism and Illegality in Barcelona, 1931-37», Contemporary European History, IV (2) (julio de 1995), pp. 149-150. <<

[117] Seidman, Victorious Counterrevolution, p. 128. <<

[118] Ejemplos similares de poderío rebelde en zonas en las que carecían de mucho apoyo se pueden encontrar en otras guerras civiles, como es el caso de los sandinistas en Nicaragua y de las guerrillas de la Confederación en los Apalaches, los Ozark y Cumberlands (Stathis N. Kalyvas, «Civil Wars», en Carles Boix y Susan C. Stokes [eds.]), The Oxford Handbook of Comparative Politics (Oxford, 2007), pp. 421-427. <<

[119] Gómez López-Quiñones, La guerra persistente, pp. 235-237; Rod Kedward, «Maquis and the Culture of the Outlaw», en Rod Kedward y Roger Austin (eds.), Vichy France and the Resistance. Culture and Ideology (Londres, 1985), p. 234. <<

[120] Adrian Shubert, A Social History of Modern Spain (Londres, 1990), p. 76 (Historia social de España 1800-1990). <<

[121] Pirala, Guerra civil, I, p. 194. <<

[122] Coverdale, Basque Phase of the First Carlist War, pp. 173-175, 294-308. <<

[123] Seidman, Republic of Egos, p. 157. <<

[124] Taboada, Por una España mejor, p. 176. <<

[125] Galería militar contemporánea (Madrid, 1846), I, pp. 217-218. <<

[126] Ruiz Vilaplana, Burgos Justice: A Year’s Experience of Nationalist Spain (Londres, 1938), pp. 49-50. <<

[127] Pirala, Guerra civil, II, pp. 71-73. <<

[128] Hills, Battle for Madrid, pp. 89-91, 100, 280. <<

[129] Stathis N. Kalyvas, «Warfare in Civil Wars», en Isabelle Duyvesteyn y Jan Angstrom (eds.), Rethinking the Nature of War (Abingdon, 2005), pp. 88-108. <<

[130] Hugh Thomas, The Spanish Civil War (Londres, 1986), p. 306 (La Guerra Civil española [1961]). <<

[131] Secundino Serrano, Maquis: Historia de la guerrilla antifranquista (Madrid, 2001), pp. 42-46; Philip B. Minehan, Civil War and World War in Europe: Spain, Yugoslavia and Greece, 1936-1949 (Nueva York, 2006), pp. 164-165. <<

[132] Carlos Navajas Zubeldia, Leales y rebeldes, p. 158. <<

[133] Juan Rico y Amat, Historia política y parlamentaria de España (Madrid, 1861), II, p. 181. <<

[134] Pirala, Guerra civil, I, pp. 267-273, 580-584. <<

[135] José Ramón de Urquijo y Goitia, «Represión y disidencia durante la Primera Guerra Carlista: la policía carlista», Hispania: Revista española de historia, 45 (159) (enero de 1985), pp. 131-186. <<

[136] Capistegui, «Carlist Identity in Navarra», en Richards y Ealham (eds.), Splintering of Spain, pp. 182-185. <<

[137] Stanley Payne, Basque Nationalism (Reno, 1975), pp. 87-89 (El nacionalismo vasco. De sus orígenes a la ETA [Madrid, 1974]). <<

[138] Martin Blinkhorn, «The Basque Ulster: Navarre and the Basque Autonomy Question under the Spanish Second Republic», The Historical Journal, 17 (3) (1974), pp. 595-613, 602-612. <<

[139] Hilari Raguer, Gunpowder and Incense: The Catholic Church and the Spanish Civil War (Londres, 2007), pp. 15-20. <<

[140] Javier Ugarte Tellería, La nueva Covadonga insurgente: orígenes culturales y sociales de la sublevación de 1936 en Navarra y el País Vasco (Madrid, 1998), p. 27. <<

[141] Ronald Fraser, Blood of Spain (Londres, 1981), p. 123. <<

[142] TNA, HW 22/2, 6C 1056, «Air Employment» n.º 7: Informe del Estado Mayor del Aire británico. <<

[143] TNA, HW 22/2, 6C 1056, «Air Employment» n.º 12: Informe del 12 de mayo de 1937 del agregado aéreo británico. <<

[144] The Times, 28 de abril de 1937. <<

[145] Steer, Tree of Gernika, p. 167. <<

[146] Pirala, Guerra civil, III, pp. 30-46. <<

[147] Manuel de Irujo, La Dépêche, 6 de mayo de 1937, citado en Winegate-Pike, France Divided, p. 346. <<

[148] Entrevista de junio de 1998 de Jaime del Burgo con el historiador Manuel Martorell, http://www.eka-partidocarlista.com/delburgo.htm (acceso el 7 de enero de 2016). <<

[149] TNA, FO 72/443 George Villiers, doc. 108: carta del 10 julio 1835 de Villiers a Palmerston detallando la reacción de la corte de don Carlos ante la muerte de Zumalacárregui. <<

[150] Preston, Franco, p. 210. <<

[151] Payne, Spanish Civil War, p. 191. <<

[152] UNAM, CESU, Fondo Aurelio R. Acevedo (ARA), caja 47, expediente 104, sección militante cristero, subsección LNDLR, CD y CE, serie: propaganda, p. 42: carta del 28 de noviembre de 1937 del dirigente cristero Aurelio Acevedo rindiendo homenaje a Mola. <<

[153] Ruiz Vilaplana, Burgos Justice: A Year’s Experience of Nationalist Spain (Londres, 1938), p. 138. <<

[154] Jesús Alonso Carballés, «La evolución de la memoria de la Guerra Civil en el espacio urbano de Bilbao: una mirada comparativa», Cahiers de civilisation espagnole contemporaine, http://ccec.revues.org/3000 (acceso el 18 de enero de 2016); DOI: 10.4000/ccec. 3000. <<

[155] Bacon, Six Years in Biscay, p. 179 (Seis años en Vizcaya [Bilbao]); Pirala, Guerra civil, I, pp. 383-393. <<

[156] Ino Bernard, Mola: Mártir de España (Madrid, 1938), pp. 154, 242, 301. <<

[157] El pensamiento navarro, Pamplona, 8 de mayo de 1938, p. 2. <<

[158] Pirala, Guerra civil, II, pp. 37-39. <<

[159] Hemos de reconocer que las milicias de ambos bandos se regularizaron rápidamente en unidades militares formales, sobre todo en el bando nacional, lo que llevó al experto en guerras civiles Stathis Kalyvas a señalar la excepcionalidad de la Guerra Civil Española por haberse sustentado fundamentalmente en la guerra convencional (Stathis N. Kalyvas, «Warfare in Civil Wars», pp. 88-108). <<

[160] Pirala, Guerra civil, I, pp. 329-340. <<

[161] Eco del Comercio, 3 de abril de 1838. <<

[162] AHN, II-C, Sección Histórica, Carlistas, 1833-34, 2841, docs. 50, 57 y 68: cartas del 15 julio de 1834, 19 de julio de 1834 y 23 de julio de 1834 del embajador de España en Lisboa a Madrid. <<

[163] AHN, Estado, 8146, Asuntos políticos, Guerra civil, Bloqueo de las costas del norte, 1835 a 1893: carta del 30 de junio de 1835 del capitán general de Cuba, y varios documentos de Gibraltar a Madrid fechados entre junio y diciembre de 1835. <<

[164] Matthews, Reluctant Warriors, pp. 107-118. <<

[165] Kemp, Mine Were of Trouble, p. 73; Matthews, Reluctant Warriors, pp. 156-159. <<

[166] Charles Esdaile, Fighting Napoleon (Yale, 2004), p. 71. <<

[167] Rafael Abella, Julio 1936: Dos Españas frente a frente (Barcelona, 1981), pp. 89-90. <<

[168] Graham, War and its Shadow, p. 112. <<

[169] Ruiz Vilaplana, Burgos Justice, pp. 147-48, 175. <<

[170] Steer, Tree of Gernika, pp. 18-19. <<

[171] Rafael Abella, Julio 1936, pp. 111, 149; Frank Pitcairn, Reporter in Spain, pp. 44-45 (Corresponsal en España [2013]). <<

[172] Jordi Carulla y Arnau Carulla (eds.), El color de la guerra (Barcelona, 2000), p. 80. <<

[173] AHN, II-C, Sección Histórica, Carlistas, 1833-34, 2841: carta del 29 de julio de 1834 de Madrid al ministro cristino en Lisboa; Eco del Comercio, 8 de julio de 1834. <<

[174] Ruiz Vilaplana, Burgos Justice, pp. 64-66. <<

[175] McNeill-Moss, The Epic of the Álcazar, p. 170. <<

[176] Harold Cardozo, The March of a Nation: My Year of Spain’s Civil War (Londres, 1937), pp. 193-194. <<

[177] Fernando Díaz-Plaja, La vida cotidiana en la España de la Guerra Civil (Madrid, 1994), p. 51. <<

[178] Corral, Desertores, p. 35. <<

[179] Carta del 12 de septiembre de 1835 de Balmaseda a Jerez, reproducida en http://www.balmasedahistoria.com/08_fuentes.html (acceso el 9 de septiembre de 2014). <<

[180] TNA, George Villiers, FO 72/443, n.º 132: carta del 9 de agosto de 1835 desde San Ildefonso de George Villiers a lord Palmerston. <<

[181] TNA, George Villiers, FO 72/457, n.º 12: carta del 16 de enero de 1836 de Villiers a Palmerston. <<

[182] Pirala, Guerra civil, IV, pp. 550-552. <<

[183] Mariano José de Larra, «Fígaro de vuelta: carta a su amigo residente en París» (Madrid, 2 de enero de 1836), reproducido en http://www.biblioteca.org.ar/libros/131236.pdf. <<

[184] TNA, FO, 72/457, George Villiers, doc. 8: carta del 10 de enero de 1836 de Villiers a lord Palmerston. <<

[185] TNA, FO, 72/457, George Villiers, doc. 28: carta del 8 de febrero de 1836 de Villiers a Palmerston. <<

[186] Fernando Rodríguez Miaja, Testimonios y remembranzas (México DF, 2013), pp. 50-53. <<

[187] Rust, Britons in Spain, pp. 174-180. <<

[188] Arthur Koestler, Spanish Testament, pp. 35-36 (Diálogo con la muerte. Un testamento español [2015]). <<

[189] Julio Prada Rodríguez, «Las milicias de segunda línea en la retaguardia franquista. El caso de Galicia», Cuadernos de Historia Contemporánea, 33 (2011), 255-273. <<

[190] Seidman, Victorious Counterrevolution, pp. 162-68; Matthews, Reluctant Warriors, pp. 119-124. <<

[191] Rafael Valdés, SJ, Un capellán, héroe de la Legión: P. Fernando Huidrobo SI (Sal Terrae, Santander, 1938), p. 28. <<

[192] Matthews, Reluctant Warriors, pp. 45-46; Alpert, Republican Army, pp. 186-194. <<

[193] Avance: Diario socialista de Asturias, 1 de junio de 1937. <<

[194] Taboada, Por una España mejor, p. 113. <<

[195] Alpert, Republican Army, pp. 158, 168-173; Matthews, Reluctant Warriors, p. 39. <<

[196] Alpert, Republican Army, pp. 181, 201. <<

[197] Burnett Bolloten, Spanish Revolution (Carolina del Norte, 1979), pp. 256-257 (La Guerra Civil española [Alianza Editorial, Madrid, 2015]). <<

[198] Pirala, Guerra civil, II, pp. 221-228. <<

[199] Pirala, Guerra civil, IV, pp. 483-484. <<

[200] Bowen y Álvarez, A Military History of Modern Spain, p. 23. <<

[201] AMSS, Actas del Ayuntamiento (libro 328), p. 46: decreto del 26 de noviembre de 1835; Pirala, Guerra civil, II, pp. 247-250. <<

[202] Gaceta extraordinaria de Madrid, 9 de mayo de 1836; Gaceta de Madrid, 15 de mayo de 1836. <<

[203] TNA, FO 72/459, George Villiers, doc. 140: carta del 4 de junio de 1836 de Villiers a Palmerston. <<

[204] Edward Spiers, Radical General: Sir George de Lacy Evans, 1787-1870 (Manchester, 1983), p. 70. <<

[205] Bullen, «France and Intervention in Spain», p. 385; Pirala, Guerra civil, II, pp. 473-475. <<

[206] Manuel Martínez Martín, Revolución liberal y cambio agrario en la Alta Andalucía (Granada, 1995). <<

[207] AHN, Diversos (Gobierno y Político), leg. 167, doc. 82, de fecha 1 de abril de 1839. <<

[208] AHN, Diversos (Títulos y Familias), leg. 3601, de fecha 28 de agosto de 1839 y 29 de agosto de 1839. <<

[209] AHN, Diversos (Títulos y Familias), leg. 3601. <<

[210] AHN, Diversos (Títulos y Familias), leg. 2544, docs. 253-298. <<

[211] Pirala, Guerra civil, IV, pp. 541-546. <<

[212] Raúl Martín Arranz, «Espartero: figuras de legitimidad», en José Álvarez Junco, Populismo, caudillaje y discurso demagógico (Madrid, 1987), pp. 102-127. <<

[213] Ted Allen y Sydney Gordon, The Scalpel and the Sword: The Story of Doctor Norman Bethune (Boston, 1952), p. 113. <<

[214] Lawrence, Spain’s First Carlist War, pp. 50-51. <<

[215] Jaime del Burgo, Historia de la primera guerra carlista (Pamplona, 1981), pp. 186-187, 235-237, 240-241. <<

[216] Burke Honan, Court and Camp of Don Carlos, p. 389. <<

[217] TNA, FO 72/458 George Villiers, doc. 55: carta del 12 de marzo de 1836 de Villiers a Palmerston relatándole los perniciosos viajes de Michael Burke Honan. <<

[218] TNA, FO 72/457 George Villiers, doc. 17: carta del 25 de enero de 1836 de Villiers a lord Palmerston sobre las medidas de Mendizábal. <<

[219] Bolloten, Spanish Civil War, pp. 45-56. <<

[220] Taboada, Por una España mejor, pp. 108-110. <<

[221] Frente Rojo, 6 de mayo de 1937; ABC, 22 de mayo de 1937. <<

[222] TNA, HW 22/2, 6C 1056, informe 68 (3-16 de enero de 1938), «Ayuda a ambos bandos»: informe del 18 de enero de 1938 del agregado aéreo británico. <<

[223] Pirala, Guerra civil, V, 35-36. <<

[224] TNA, FO 72/443 George Villiers, doc. 117: carta del 31 julio 1835 de Villiers a lord Palmerston acerca de la difícil situación del viceconsul; TNA, FO 72/463 George Villiers, doc. 303: carta del 28 de noviembre de 1836 de Villiers a Palmerston sobre el cónsul de Santoña. <<

[225] TNA, FO 72/457 George Villiers, doc. 16: carta del 24 de enero de 1836 de Villiers a Palmerston sobre la violencia en Barcelona. <<

[226] Eco del Comercio, 3 de mayo de 1837. <<

[227] Solidaridad Obrera, 26 agosto 1936, n.º 1362, p. 2. <<

[228] Jackson, Spanish Second Republic and Civil War, pp. 44-46. <<

[229] Jesús Millán, «Una reconsideración del carlismo», Ayer, 29 (1998), pp. 91-107. <<

[230] Álvaro Gómez Becerra, Observaciones sobre el estado del poder judicial en España (Madrid, 1839), pp. 26-35. <<

[231] Moreno Alonso, Blanco White, pp. 470-596. <<

[232] Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García, El precio de la exclusión (Madrid, 2010), pp. 56, 83. <<

[233] Carolyn P. Boyd, «“Responsibilities” and the Spanish Second Republic, 1931-36», European History Quarterly, XIV (2) (abril de 1984), pp. 151-182. <<

[234] Ronald Fraser, Blood of Spain, p. 517. <<

[235] Rogelio Pérez Olivares, Héroes de España: Excmo. Sr. D. Emilio Mola Vidal (Madrid, 1937), p. 18. <<

[236] Sheelagh Ellwood, Spanish Fascism in the Franco Era (Londres, 1987), p. 8. <<

[237] David Porter, Vision on Fire: Emma Goldman and the Spanish Revolution (Londres, 2007), pp. 229-230. <<

[238] Miaja, Testimonios y remembranzas, p. 39. <<

[239] Bolloten, Spanish Civil War, pp. 46-56; Preston, Franco, p. 149. <<

[240] George Esenwein, «The Spanish Civil War», en José Álvarez Junco y Adrian Shubert (eds.), Spanish History Since 1808 (Londres, 2000), p. 238. <<

[241] Beevor, The Battle for Spain, p. 62. <<

[242] Edward Malefakis, Agrarian Reform in Spain: Origins of the Civil War (New Haven, 1971), p. 396. <<

[243] Romero-Salvadó, Twentieth-Century Spain, p. 72; Gabriel Jackson, «The Azaña Regime in Perspective», The American Historical Review, 64 (1959), p. 293. <<

[244] Fernando del Rey Reguillo y Manuel Tardío Álvarez, Spanish Second Republic Revisited (Sussex, 2012), p. 11. <<

[245] Blinkhorn, Spain in Conflict, p. 65. <<

[246] Jackson, Spanish Second Republic and Civil War, p. 117. <<

[247] Cayetano Barraquer y Roviralta, Los religiosos en Cataluña durante la primera mitad del siglo XIX, 4 vols. (Barcelona, 1915), II, p. 387. <<

[248] TNA, FO 72/458 George Villiers, doc. 92: carta del 17 de abril de 1836 en la que Villiers le traducía a Palmerston la intervención en las Cortes del diputado catalán Castell. <<

[249] El Español, 19 de agosto de 1836. <<

[250] AMM, 3/183, Anales, 12 de agosto de 1836. <<

[251] Eco del Comercio, 6 noviembre 1839. <<

[252] AHN, Consejos, leg. 12232, doc. 5: informe del 15 de noviembre de 1839 del juez de primera instancia de Orgiva sobre los disturbios del 24 de octubre de ese año. <<

[253] Para el neo-tradicionalista Francisco Asín, en contra de la opinión de Pirala, Caspe era muy carlista, ya que unos 300 de sus hombres dejaron la ciudad en el transcurso del conflicto para unirse a Cabrera (citado en Bullón de Mendoza, Primera Guerra Carlista, p. 679). <<

[254] Eco del Comercio, 11 julio 1835; Pirala, Guerra civil, II, pp. 66-69. Tal vez la crueldad de Cabrera estuviera inspirada por la del cura cristino de Caspe, Fray Crisóstomo, que había estado al frente de algunas de las masacres anticlericales de Zaragoza de abril de 1835 (Bullón de Mendoza, Primera Guerra Carlista, p. 780). Los sacerdotes de la Primera Guerra Carlista mostraron mayor heterogeneidad política que los de la Guerra Civil Española. <<

[255] TNA, FO 72/458, doc. 61: carta del 19 marzo 1836 que escribió George Villiers desde Madrid a lord Palmerston contándole las quejas de O’Lawlor; TNA, FO 72/459, doc. 109: carta del 2 mayo 1836 de Villiers a Palmerston refiriéndole la visita del capitán general Quiroga a Soto de Roma. La finca de Wellington quedó indemne de las expropiaciones previas a la Guerra Civil Española, y al estallar esta en 1936, Íllora cayó bajo control de los sublevados. Aunque parte de las tierras se vendieron a algunos de sus arrendatarios en 1941, la heredad de Wellington todavía se conoce en el lugar como «el Gibraltar granadino» (El País, 30 de mayo de 2010). <<

[256] AHN, Consejos, leg. 12232, doc. 9: carta del 11 septiembre de 1839 a la Audiencia Territorial de Granada sobre lo sucedido el 7 de septiembre de 1839 en Ohanes. <<

[257] Carlos Navajas Zubeldía, Leales y rebeldes: la tragedia de los militares republicanos (Madrid, 2011), p. 155. <<

[258] TNA, FO 72/461, George Villiers, docs. 235 y 237: cartas del 17 de septiembre y del 21 septiembre de 1836 de Villiers a Palmerston sobre la persecución de huidos. <<

[259] TNA, FO 72/462, George Villiers, doc. 294: carta del 12 de noviembre de 1836 de Villiers a Palmerston detallando los últimos debates de las Cortes. <<

[260] TNA, FO 72/462, George Villiers, doc. 296: carta del 12 noviembre de 1836 de Villiers a Palmerston detallando los últimos debates de las Cortes. <<

[261] Georges Sorel, Reflections on Violence (Nueva York, 1941), p. 53. <<

[262] Michael Seidman, Republic of Egos (Wisconsin, 2002), p. 27 (A ras de suelo [Alianza Editorial]). <<

[263] Boyd Haycock, I Am Spain, pp. 86-87. <<

[264] George Esenwein y Adrian Shubert, Spain at War: The Spanish Civil War in Context, 1931-1939 (Londres, 1995), pp. 130-133. <<

[265] Jackson, Spanish Republic and Civil War, p. 276. <<

[266] Rafael Abella, Julio 1936: Dos Españas frente a frente (Barcelona, 1981), p. 130; Seidman, Republic of Egos, pp. 35-38; Xosé-Manoel Núñez, «New Interpretations of the Spanish Civil War», Contemporary European History, 12 (4) (noviembre de 2004), p. 524. <<

[267] Citado en Esenwein y Shubert, Spain at War, p. 115. <<

[268] Payne, Basque Nationalism, pp. 181-182; Payne, «Catalan and Basque Nationalism», Journal of Contemporary History, 6 (1971), pp. 15-51, 46-47. <<

[269] Payne, Basque Nationalism, pp. 181-182; Beevor, The Battle for Spain, p. 104. <<

[270] E. g. Joseph Augustín Chaho, Voyage en Navarre pendant l’insurrection des Basques 1830-1835 (París, 1836). <<

[271] TNA, FO 72/444 George Villiers, doc. 143: carta del 5 de septiembre de 1835 de Villiers a Palmerston explicándole el deseo que había en Cataluña de reinstaurar el antiguo reino de Aragón; Isabel Burdiel, Política de los notables, pp. 200-211. <<

[272] TNA, FO 72/444 George Villiers, doc. 153: carta del 27 de septiembre de 1835 de Villiers a Palmerston. <<

[273] Angel Smith, The Origins of Catalan Nationalism, 1770-1898 (Basingstoke, 2014), pp. 36-38, 52-53. <<

[274] Stanley Payne, «Political Violence during the Spanish Second Republic», JCH, 25 (2/3) (mayo-junio de 1990), pp. 269-288. <<

[275] Lawrence, Spain’s First Carlist War, p. 89. <<

[276] Alfonso García Tejero, Historia político-administrativa de Mendizábal (Madrid, 1858), vol. I, p. 152. <<

[277] TNA, FO 72/443 George Villiers, doc. 136: carta del 18 de agosto de 1835 de Villiers a Palmerston. <<

[278] TNA, FO 72/462 George Villiers, doc. 254: carta del 13 de octubre de 1836 de Villiers a Palmerston sobre el estado de la política revolucionaria. <<

[279] TNA, FO 72/462 George Villiers, doc. 255: carta del 15 de octubre de 1836 de Villiers a Palmerston sobre el estado de la política revolucionaria. <<

[280] Artola, Partidos y programas, pp. 228-229. <<

[281] TNA, FO 72/462 George Villiers, doc. 263: carta del 23 de octubre de 1836 de Villiers a Palmerston aconsejándole que rechazara la propuesta de Mendizábal de recibir un préstamo de los británicos a cuenta de los derechos arancelarios españoles y de las colonias. <<

[282] AHN, Estado, 1815, Convenio de Vergara: Real Decreto del 20 de junio 1837 más nota del 22 de julio de 1837 del ministerio de Justicia sobre el carlismo y la delincuencia. <<

[283] Diario de Sevilla, 13 de diciembre de 1837, n.º 3245. <<

[284] Carlos Marichal, Spain (1834-1844): A New Society (Londres, 1977), pp. 139-140. <<

[285] Miguel Ángel Esteban Navarro, La formación del pensamiento político y social del radicalismo español (1834-1874) (Zaragoza, 1995), pp. 103-105; Trías y Elorza, Federalismo, pp. 80-82. <<

[286] Pirala, Guerra civil, IV, pp. 328-335. <<

[287] TNA, FO 72/458 George Villiers, doc. 68: carta del 26 de marzo de 1836 de Villiers a Palmerston sobre su reunión con el coronel Alba. <<

[288] Julius Ruiz, The Red Terror, p. 74. <<

[289] Julián Casanova, The Spanish Republic and Civil War (Cambridge, 2010), p. 258. <<

[290] George Orwell, Homage to Catalonia (Londres, 2000), p. 107 (Homenaje a Cataluña [1938]). <<

[291] Alocución radiofónica de García Oliver a los miembros de la CNT del 4 de mayo de 1937, en George R. Esenwein, The Spanish Civil War: A Modern Tragedy (Nueva York, 2005), p. 193. <<

[292] Octavilla de los Amigos de Durruti distribuida el 5 de mayo de 1937, en Agustín Guillamón, The Friends of Durruti Group: 1937-1939 (Edimburgo, 1996), p. 50. <<

[293] Helen Graham, «“Against the State”: A Genealogy of the Barcelona May Days (1937)», European History Quarterly, 29 (1999), pp. 485-541. <<

[294] Carta de Lois Orr a su familia del 11-12 de mayo de 1937, en Gerd-Rainer Horn (ed.), Letters from Barcelona: An American Woman in Revolution and Civil War (Basingstoke, 2009), p. 161. <<

[295] George Esenwein, reseña del libro de Payne, AHR (junio de 2005), pp. 876-878. <<

[296] Borkenau, Spanish Cockpit, p. 132. <<

[297] Preston, Franco, pp. 208-209. <<

[298] James Matthews, Reluctant Warriors (Oxford, 2012), pp. 30-31. <<

[299] Pirala, Guerra civil, V, pp. 125-128. <<

[300] Jesús Cruz, «De cortejadas a ángeles del hogar: algunas reflexiones sobre la posición de la mujer en la élite madrileña, 1750-1850», en Alain Saint-Saëns (ed.), Historia silenciada de la mujer: la mujer española desde la época medieval hasta la contemporánea (Madrid, 1996), p. 140. <<

[301] Mary Vincent, «“The Keys of the Kingdom”: Religious Violence in the Spanish Civil War, July-August 1936», en Chris Ealham y Michael Richards (eds.), The Splintering of Spain: Cultural History and the Spanish Civil War 1936-1939 (Cambridge, 2005), pp. 68-92. <<

[302] Helen Graham, «Women and Social Change», en Helen Graham y Jo Labanyi (eds.), Spanish Cultural Studies: An Introduction (Oxford, 1995), p. 101. <<

[303] Brian D. Bunk, Ghosts of Passion (Durham, 2006), p. 89. <<

[304] Gaceta Oficial, 10 de junio de 1836. <<

[305] Frank Pitcairn, Reporter in Spain, p. 37. <<

[306] Bullón de Mendoza, Primera Guerra Carlista, p. 77. <<

[307] Julius Ruiz, The «Red Terror» and the Spanish Civil War: Revolutionary Violence in Madrid (Cambridge, 2014), p. 21. <<

[308] Graham, «Women and Social Change», p. 101. <<

[309] Graham, «Women and Social Change», pp. 107-109, 135. <<

[310] Shirley Mangini, «Memories of Resistance: Women Activists from the Spanish Civil War», Signs, 17 (2) (1991), 171. <<

[311] Mary Nash, «Women in War: Milicianas and Armed Combat in Revolutionary Spain, 1936-1939», The International History Review, 15 (2) (1993), 270, 273; Ronald Fraser, Blood of Spain: An Oral History of the Spanish Civil War (Londres, 1994), p. 286; Frances Lannon, «Women and Images of Women in the Spanish Civil War», Transactions of the Royal Historical Society, 6 (1) (1991), 221. <<

[312] Helen Graham, The Spanish Civil War: A Short Introduction (Oxford, 2005), pp. 55-56 (Breve historia de la Guerra Civil española [2012]). <<

[313] Mary Nash, Rojas: las mujeres republicanas en la Guerra Civil (Madrid, 1999), p. 97. <<

[314] Lannon, «Women and Images of Women in the Spanish Civil War», p. 222. <<

[315] Acier, From Spanish Trenches, p. 84. <<

[316] Fraser, Blood of Spain, p. 309 (traducido al castellano como Recuérdalo tú y recuérdalo a otros [Crítica]). <<

[317] El pensamiento navarro, 8 de mayo de 1938, p. 20 («Hospital Alfonso Carlos»). <<

[318] María Rosa Urraca Pastor, Así empezamos: memorias de una enfermera (Bilbao, 1940), pp. 39-40. <<

[319] El Genio de la Libertad, n.º 49, 19 de mayo de 1840. <<

[320] Boletín del Ejército Real de Aragón, Valencia y Murcia, 17 de enero de 1838, citado en Antonio Caridad Salvador, «Las mujeres durante la primera guerra carlista (1833-1840)», Memoria y Civilización, Anuario de Historia (2011), vol. 14, 175-199. <<

[321] Peter Janke, Mendizábal y la instauración de la monarquía constitucional en España (1790-1853) (Madrid, 1974), p. 232. <<

[322] Antonio Caridad Salvador, «Las mujeres durante la primera guerra carlista (1833-1840)». <<

[323] Wilhelm Baron von Rahden, Cabrera: Erinnerungen aus dem spanischen Bürgerkriege (Frankfurt am Main, 1840), pp. 464-465. <<

[324] Pirala, Guerra civil, III, pp. 30-46. <<

[325] Alexander Somerville, History of the British Legion and War in Spain (Londres, 1839), pp. 196-197. <<

[326] Pirala, Guerra civil, II, p. 453. Para el mensaje de los carlistas a las mujeres enemigas, véase Lawrence, Spain’s First Carlist War, p. 155. <<

[327] Gaceta Oficial, 1 de marzo de 1836. De las milicianas urbanas tratan tanto el decano de los liberales, Pirala, como la prensa oficial carlista en repetidas ocasiones (Gaceta Oficial, 4 de marzo de 1836, 26 de abril de 1836). <<

[328] Pirala, Guerra civil, II, p. 467; Gaceta Oficial, 26 de abril de 1836. <<

[329] AHN, Estado, 8755, en territorio navarro: carta del 4 de octubre de 1834 del comisario Regio de Navarra a Madrid. <<

[330] Pirala, Guerra civil, IV, pp. 614-615. <<

[331] Holt, Carlist Wars, p. 219. <<

[332] Régis Debray y Max Gallo (eds.), Santiago Carrillo: Dialogue on Spain (Londres, 1976), pp. 101-102 (Mañana España. Santiago Carrillo, conversaciones con Régis Debray y Max Gallo). <<

[333] Borkenau, Spanish Cockpit, pp. 120-121. <<

[334] Lannon, Privilege and Prophecy (1987), p. 31. <<

[335] Manuel Revuelta González, La exclaustración (1833-1840) (Madrid, 1976), pp. 494-502. <<

[336] Pirala, Guerra civil, IV, pp. 467-471. <<

[337] Fernando Molina, «The Reign of Christ over the Nation: The Basque Question in the Second Republic, 1931-1936», National Identities, 13 (1) (2011), 17-33, 21. <<

[338] Coverdale, Basque Phase of the First Carlist War, pp. 3-10; Coro Rubio Pobes, Revolución y tradición: el País Vasco ante la revolución liberal y la construcción del estado liberal, 1808-1868 (Madrid, 1996); Coro Rubio Pobes, «¿Qué fue del oasis foral? (Sobre el estallido de la segunda guerra carlista en el País Vasco)», Ayer, 38 (2000), 65-89. <<

[339] UNAM, CESU, Fondo Aurelio R. Acevedo (ARA), rollo 3, caja 4, expedientes 14-17, sección Militante Cristero, subsección LNDLR, CD y CE, series: propaganda, exp. 14, 2-5. <<

[340] Blinkhorn, Carlism and Crisis, p. 51. <<

[341] Harold Cardozo, March of a Nation (Londres, 1937), pp. 64-65. <<

[342] Michael Alpert, A New International History of the Spanish Civil War (Basingstoke, 1994), p. 92; Preston, Franco, pp. 219-220. <<

[343] Frances Lannon, Privilege, Prophecy (1987), pp. 22-24 (Privilegio, Persecución y profecía [Alianza Editorial, 1990]). <<

[344] Lichnowsky, Erinnerungen, vol. 2, p. 134; Jaime del Burgo, Historia de la primera guerra carlista, pp. 212-213. <<

[345] Rafael Abella, Julio 1936: Dos Españas frente a frente (Barcelona, 1981), p. 144. <<

[346] Ruiz Vilaplana, Burgos Justice, pp. 48-49. <<

[347] Hilari Raguer, Gunpowder and Incense: The Catholic Church and the Spanish Civil War (Londres, 2007), pp. 92-102, 309-325; Seidman, Victorious Counterrevolution. <<

[348] Townson, «Anticlericalism and Secularization: A European Exception?», en Townson (ed.), Is Spain Different? (Sussex, 2015), pp. 72-79. <<

[349] Antonio Moliner, «La conflictividad social», Trienio (mayo de 2000), p. 84; «La España de finales del siglo XVIII y la crisis de 1808», en Moliner (ed.), La Guerra de la Independencia en España (1808-1814) (Barcelona, 2007), p. 46. <<

[350] Conde de Toreno, Historia del levantamiento, guerra y revolución de España (Madrid, 1953), p. 447. <<

[351] BUZ, archivo de Faustino Casamayor: entrada de diario del 13 de abril de 1817 en que se detalla la condena del arzobispo de Zaragoza. <<

[352] Gil Novales, Sociedades Patrióticas, pp. 574-577. <<

[353] AHN, Estado, leg. 217-2, n.º 24: informe de la policía de Barcelona de mayo de 1826. <<

[354] H. Raguer, Gunpowder and Incense (2013), pp. 13-17. <<

[355] Nigel Townson, «Anticlericalism and Secularization: A European Exception?», en Townson (ed.), Is Spain Different?, p. 75. <<

[356] Shlomo Ben-Ami, «The Republican Take-Over: Prelude to Inevitable Catastrophe?», en Paul Preston, Revolution and War in Spain (Londres, 1984), p. 22. <<

[357] R. Smith, The Day of the Liberals in Spain, pp. 88-95. <<

[358] Payne, «Political Violence», pp. 272-273. <<

[359] Citado en Álvarez Tardío y Villa García, El precio de la exclusión, p. 173. <<

[360] R. Smith, The Day of the Liberals in Spain, p. 90. <<

[361] Gaceta Oficial, 22 de abril de 1836; 26 de abril de 1836. <<

[362] Gaceta de Madrid, 29 de julio de 1835. <<

[363] Gonzalo Anes Álvarez de Castrillón, Economía, sociedad, política, pp. 61-63. <<

[364] Cuenca, Iglesia española, pp. 29-65. <<

[365] Eco del Comercio, 28 de octubre de 1836; Tejero, Historia político-administrativa de Mendizábal, p. 283. <<

[366] Sheelagh Ellwood, The Spanish Civil War (Oxford, 1991), p. 16. <<

[367] Eco del Comercio, 2 de enero de 1836; Pirala, Guerra civil, II, pp. 252-254. <<

[368] Gaceta Oficial, 24 de noviembre de 1835; 27 de noviembre de 1835. <<

[369] Lawrence, Spain’s First Carlist War, p. 105. <<

[370] Taboada, Por una España mejor, p. 89. <<

[371] Pirala, Guerra civil, IV, pp. 588-606, 742-751. <<

[372] José María Cuenca Toribio, La iglesia española ante la revolución liberal (Madrid, 1971). <<

[373] Pirala, Guerra civil, III, pp. 30-46. <<

[374] Pirala, Guerra civil, IV, pp. 472-478. <<

[375] TNA, FO 72/758, docs. 96 y 101: cartas del 18 de abril de 1836 y 23 de abril 1836 desde Madrid de Villiers a Palmerston sobre los debates recientes en la cámara alta. <<

[376] Pirala, Guerra civil, II, pp. 149-150; Eco del Comercio, 6 de noviembre de 1835. <<

[377] Georges Bernanos, Los grandes cementerios bajo la luna (Buenos Aires, 1964), pp. 94-98. <<

[378] Gaceta Oficial, 8 de diciembre de 1835, 31 de mayo de 1836; Pirala, Guerra civil, II, pp. 339-346. <<

[379] Francisco Foz, Mis memorias: andanzas de un veterinario rural (1818-1896) (Madrid, 2013), pp. 36-38. <<

[380] AMM, 3/183, Anales: Informes del 7, 8 y 17 de septiembre de 1836. <<

[381] Luis Garrido Muro, El nuevo Cid: Espartero, María Cristina y el primer liberalismo español (1834-1840) (tesis doctoral inédita, Universidad de Cantabria, 2012), pp. 62-65. <<

[382] La «esclavitud» que sufrían los campesinos a manos de la iglesia gallega radicalizó al sacerdote liberal de la Guerra de la Independencia, Juan Antonio Posse (citado en Richard Herr [ed.], Memorias del cura liberal don Juan Antonio Posse con su discurso sobre la Constitución de 1812, Madrid, 1984, pp. 260-261). <<

[383] Artola (ed.), Memorias de Espoz y Mina, II, p. 338. <<

[384] Pirala, Guerra civil, V, pp. 123-124. <<

[385] TNA, FO 72/458, George Villiers, doc. 86: carta del 9 de abril de 1836 de Villiers a Palmerston sobre la intervención en las Cortes el 6 de abril de 1836 del conde de las Navas. <<

[386] TNA, FO 72/463, George Villiers, doc. 321: carta del 10 de diciembre de 1836 de Villiers a Palmerston detallándole su reciente audiencia con el primer ministro Calatrava. <<

[387] Córdoba, Memorias, vol. I, p. 356. <<

[388] José Miguel Quesada González, «El reservismo militar en España» (tesis doctoral, Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, 2013), pp. 107-108. <<

[389] Secundino Serrano, Maquis: historia de la guerrilla antifranquista (Madrid, 2001), p. 33. <<

[390] Córdoba, Memorias, vol. II, pp. 37-53. <<

[391] Alexander Somerville, History of the British Legion in Spain, pp. 51, 215. <<

[392] Acier, From Spanish Trenches, p. 141. <<

[393] Javier Ugarte Tellería, La nueva Covadonga insurgente: orígenes sociales y culturales de la sublevación de 1936 en Navarra y el País Vasco (Madrid, 1998), pp. 206-208. <<

[394] Pirala, Guerra civil, II, pp. 503-505. <<

[395] AHN, Estado, 8755, en territorio navarro: carta del 10 de julio de 1834 del virrey al comandante cristino de Puente la Reina aceptando la petición de Rafael Elisabet. <<

[396] TNA, FO 72/462 George Villiers, doc. 289: carta del 12 de noviembre de 1836 de Villiers a Palmerston explicándole la queja que había presentado al presidente Calatrava; TNA, FO 72/463 George Villiers, doc. 274: carta del 10 diciembre 1836 de Villiers a Palmerston comunicándole que Calatrava aceptaba que los súbditos británicos quedaran excluidos de la obligación de dar alojamiento a las tropas. <<

[397] Pirala, Guerra civil, IV, pp. 420-424. <<

[398] Robert Stradling, Your Children Will Be Next: Bombing and Propaganda in the Spanish Civil War, 1936-39 (Cardiff, 2008), p. 13. <<

[399] Alicia Alted Vigil, «Las consecuencias de la Guerra Civil española en los niños de la República: de la dispersión al exilio», Espacio, Tiempo y Forma, serie V, Historia Contemporánea, 9 (1996), 207-228. <<

[400] Luis Bazal, ¡Ay de los vencidos! (París, 1966), p. 122. <<

[401] Fernando Rodríguez Miaja, Testimonios y remembranzas: mis recuerdos de los últimos meses de la guerra de España (1936-1939) (México, 2013), pp. 182-185. <<

[402] Fernando Díaz-Plaja, La vida cotidiana (Madrid, 1994), p. 74. <<

[403] Eco del Comercio, 2 de febrero de 1836. <<

[404] AHN, Estado, 8755, en territorio navarro: carta del 20 de mayo de 1834 del virrey al comandante de Puente la Reina. <<

[405] AHN, Estado, 8755/32, en territorio navarro, n.º 1: José Briol Mayal presenta el balance del hospital de agosto de 1834 al virrey. <<

[406] AHN, Estado, 8146, Asuntos políticos, Guerra civil, Bloqueo de las costas del norte, 1835 a 1839, doc. 343: carta sin fechar del cónsul en Bayona al gobierno. <<

[407] TNA, FO 72/459 George Villiers, doc. 149: carta del 18 de junio de 1836 de Villiers a Palmerston en que le detalla la información recibida del comandante en jefe Córdova. <<

[408] Pirala, Guerra civil, III, pp. 616-620. <<

[409] AHN, Estado, 8755, en territorio navarro: queja del 6 de junio de 1840 de la Comandancia Nacional de Fitero. <<

[410] TNA, FO 72/457 George Villiers, doc. 12: carta del 16 de enero de 1836 de Villiers a Palmerston. <<

[411] George Borrow, The Bible in Spain (Londres, 1839), pp. 236-237 (La Biblia en España [1843]). <<

[412] August von Goeben, Vier Jahre in Spanien: Die Carlisten, ihre Erhebung, ihr Kampf und ihr Untergang (Hannover, 1841), pp. 245-247. <<

[413] William Walton, A Reply to the Anglo-Cristino Pamphlet, Entitled The Policy of England towards Spain (Londres, 1837), p. 129. <<

[414] Acier, From Spanish Trenches, pp. 12-13. <<

[415] Kemp, Mine Were of Trouble, pp. 6-7, 141. <<

[416] George Orwell, Homage to Catalonia, pp. 140-144. <<

[417] García Ferrandis, X. y A. J. Munayco Sánchez, «La evolución de la Sanidad Militar en Valencia durante la Guerra Civil Española (1936-1939)», Sanidad Militar, 67 (4) (2011), 383-389; Nicholas Coni, Medicine and Warfare: Spain 1936-1939 (Londres, 2008), p. 106. <<

[418] Nicholas Coni, Medicine and Warfare: Spain 1936-1939, p. 23. <<

[419] Matthews, Reluctant Warriors, pp. 134-135. <<

[420] Bullón de Mendoza, Primera guerra carlista, pp. 256-277. <<

[421] Alpert, Republican Army, p. 167; Thomas, Spanish Civil War, pp. 550-551. <<

[422] Mark Lawrence, «Poachers Turned Gamekeepers: a Study of the Guerrilla Phenomenon in Spain, 1808-1840», Small Wars and Insurgencies, 25 (4) (2014), pp. 843-857, p. 851. <<

[423] TNA, Long papers, bundle 715, T/4243, doc. 14362: petición del 18 de julio de 1835 del sr. Backhouse al Foreign Office. <<

[424] Rutherford Alcock, Notes on the Medical History and Statistics of the British Legion (Londres, 1838), pp. 4-7. <<

[425] Charles Shaw, Personal Memoirs and Correspondence of Colonel Charles Shaw, K. C. T. S. & c, of the Portuguese Service and late Brigadier-General, in the British Auxiliary Legion of Spain; Comprising a Narrative of the War for Constitutional Liberty in Portugal and Spain, from its Commencement in 1831 to the Dissolution of the British Legion in 1837 (Londres, 1837), 2 vols., II, p. 494. <<

[426] Shaw, Personal Memoirs, II, pp. 528-529. <<

[427] Jason Gurney, Crusade in Spain (Londres, 1974), p. 114. <<

[428] Pirala, Guerra civil, IV, pp. 67-71. <<

[429] Bollaert, Wars of Succession, p. 142. <<

[430] Tom Buchanan, The Impact of the Spanish Civil War on Britain: War, Loss and Memory (Brighton, 2007), pp. 43-65; Nicholas Coni, Medicine and Warfare: Spain 1936-1939 (Londres, 2008), p. 30. <<

[431] Kemp, Mine Were of Trouble, p. 197. <<

[432] Pirala, Guerra civil, II, pp. 483-486. <<

[433] AHCB, Política y Representaciones, 1836, 1D. IV-111: informe del 27 mayo de 1836 del capitán general a las autoridades civiles. <<

[434] Buckley, Life and Death of the Spanish Republic, p. 227 (Vida y muerte de la República española [2013]). <<

[435] Pedro Corral, Desertores (Barcelona, 2006), pp. 69-70. <<

[436] Alpert, Republican Army, pp. 162-165; Matthews, Reluctant Warriors, p. 156. <<

[437] Rust, Britons in Spain, pp. 99, 163. <<

[438] Díaz-Plaja, La vida cotidiana, p. 216; Alpert, Republican Army, pp. 165-167. <<

[439] Matthews, Reluctant Warriors, pp. 131-133. <<

[440] AHN, Estado, 8755, en territorio navarro: carta del 12 de septiembre de 1834 del conde Almides de Toledo, comandante de división, al virrey de Navarra. <<

[441] AHN, Estado, 8755, en territorio navarro, doc. 40: carta del 21 de mayo de 1834 del virrey al comandante de Puente la Reina. <<

[442] Geoffrey Parker, The Military Revolution: Military Innovation and the Rise of the West, 1500-1800 (Cambridge, 1996), p. 64. <<

[443] David Parrott, The Business of War (Cambridge, 2012). <<

[444] AHN, Estado, 8755, en territorio navarro: orden del 13 de junio de 1835 del virrey a la Milicia Urbana. <<

[445] TNA, FO 72/461 George Villiers, doc. 215: carta del 31 de agosto de 1836 de Villiers a Palmerston detallándole las privaciones del ejército del gobierno. <<

[446] TNA, FO 72/462 George Villiers, doc. 287: carta del 31 de octubre de 1836 de Villiers a Palmerston sobre las operaciones del Ejército del Centro; Pirala, Guerra civil, III, pp. 158-160. <<

[447] Pirala, Guerra civil, IV, pp. 10-17. <<

[448] Pirala, Guerra civil, IV, pp. 392-395. <<

[449] Eco del Comercio, 9 de junio de 1837. <<

[450] Minehan, Civil War and World War in Europe, p. 34. <<

[451] Charles Esdaile, Outpost of Empire (Oklahoma, 2012), p. 52. <<

[452] TNA, HW 22/2, 6C 1056, doc. B2 6: informe del 7 de abril de 1937 del agregado aéreo británico desde Madrid. <<

[453] TNA, FO 72/459 George Villiers: carta del 31 de mayo de 1836 enviada a Palmerston con detalles de otra carta del general Evans en la que describía la reciente ejecución por parte de los carlistas de algunos campesinos que volvían a sus casas. <<

[454] TNA, FO 72/458 George Villiers, doc. 92: carta del 17 de abril de 1836 de Villiers a Palmerston sobre los recientes debates en las Cortes. <<

[455] Steer, Tree of Gernika, pp. 90-91. <<

[456] Avner Offer, The First World War: An Agrarian Interpretation (Oxford, 1989). <<

[457] Nicholas Coni, Medicine and Warfare: Spain 1936-1939 (Londres, 2008), p. 84; Díaz-Plaja, La vida cotidiana, p. 185. <<

[458] Seidman, Republic of Egos. <<

[459] El Sol, 5 de mayo de 1937. <<

[460] Frente Rojo, 6 de mayo de 1937. <<

[461] Comisariado: División 25, enero de 1938. <<

[462] Marqués de Miraflores, Memorias del reinado de Isabel II (Madrid, 1964), vol. I, p. 118. <<

[463] Pirala, Guerra civil, IV, pp. 402-407. <<

[464] Para los detalles traumáticos del hambre que padecieron los cautivos cristinos bajo control de Cabrera en 1837 y 1838, véase Lawrence, Spain’s First Carlist War, pp. 171-173. <<

[465] Carlos Dembowski, Dos años en España durante la guerra civil, 1833-1840 (Madrid, 2008), p. 40. <<

[466] Pirala, Guerra civil, IV, pp. 298-302. <<

[467] TNA, HW 22/2 6C 1056 «Ayuda a ambos bandos», informe n.º 44 (julio de 1937): informe del agregado aéreo británico sobre la desmoralización. <<

[468] TNA, HW 22/2 6C 1056 «Ayuda a ambos bandos», informe n.º 59 (25-31 de octubre de 1937): informe del agregado aéreo británico sobre la desmoralización. <<

[469] Preston, Franco, pp. 276-277. <<

[470] TNA, GFM 33 6B/298/1822, E077986: cartas del 11 y 23 de mayo de 1937 del encargado de negocios, Wilhelm Faupel, a Auswärtiges Amt en Berlín. <<

[471] Pirala, Guerra civil, IV, pp. 161-166. <<

[472] Lawrence, Spain’s First Carlist War, p. 168. <<

[473] Pirala, Guerra civil, IV, pp. 72-75; Oyarzun, Historia del carlismo, p. 133. <<

[474] Canal, El carlismo, p. 104. <<

[475] Coverdale, Basque Phase of the First Carlist War, pp. 3-10. El énfasis de Coverdale en la religión y la cosmovisión como factores fundamentales del carlismo refleja un cambio en la historiografía española, la cual hasta la década de 1980 ponía todo el acento en que eran los fueros sus factores principales (Rubio Pobes, País Vasco ante la revolución liberal; Rubio Pobes, «¿Qué fue del oasis foral?», pp. 65-89). <<

[476] Pirala, Guerra civil, V, pp. 183-184. <<

[477] Pirala, Guerra civil, IV, pp. 619-622. <<

[478] Eugenio de Aviraneta, Memoria dirigida al gobierno español sobre los planes y operaciones puestos en ejecución para aniquilar la rebelión en las provincias del norte de España (Madrid, 1844), pp. 111-113. <<

[479] Díaz-Plaja, La vida cotidiana, p. 207. <<

[480] Rogelio Pérez Olivares, Héroes de España: Excmo. Sr. D. Queipo de Llano (Madrid, 1937), p. 32. <<

[481] Garrido Muro, «El Nuevo Cid», pp. 68-69. <<

[482] TNA, FO 72/457 George Villiers, doc. 163: carta del 15 de octubre de 1835 de Villiers a Palmerston. <<

[483] Janke, Mendizábal, pp. 133-137. <<

[484] Díaz-Plaja, La vida cotidiana, pp. 168-172; Seidman, Victorious Counterrevolution, pp. 93-120. <<

[485] TNA, HW 22/2, 6C 1056, «Ayuda a ambos bandos», informe 53 (13-19 de septiembre de 1937): informes del agregado aéreo británico; Seidman, Victorious Counterrevolution, pp. 83-91, 125-126. <<

[486] Othen, Franco’s International Brigades, p. 228 (Las Brigadas Internacionales de Franco [2007]). <<

[487] Avance: Diario Socialista de Asturias, 2 de junio de 1937. <<

[488] TNA, HW 22/2, 6C 1056, Ayuda a ambos bandos: informe de finales de octubre de 1937 tras una reciente visita a la zona nacional. <<

[489] TNA, HW 22/2, 6C 1056, Ayuda a ambos bandos, informe 53: carta del comandante Hillgarth sobre su reciente gira (agosto-septiembre de 1937) por la zona nacional. <<

[490] George Steer, Tree of Gernika, p. 37. <<

[491] Seidman, Victorious Counterrevolution, pp. 29-37, 82. <<

[492] Diego Abad de Santillán, Por qué perdimos la guerra (Buenos Aires, 1940), pp. 165-166. <<

[493] Sin embargo, las mentiras de Casado han quedado en evidencia por medio de estudios académicos más recientes que demuestran su engreimiento delirante y su búsqueda de notoriedad política. Es de destacar lo mucho que duró la leyenda benévola con respecto a Casado. De hecho, al segundo oficial más importante de la República, el general José Miaja Menant, se le ha calificado de oportunista, «simple», estrecho de miras geográficas y vanidoso por aceptar ponerse al mando del Consejo que instauró Casado (Ángel Viñas, «Playing with History and Hiding Treason: Colonel Casado’s Untrustworthy Memoirs and the End of the Spanish Civil War», Bulletin of Spanish Studies, 91 [1-2] [2014], 295-323; Alpert, Republican Army, pp. 100-106). Las recientes memorias que publicó el sobrino de Miaja son un estridente rechazo de esos calificativos, y otros estudios también señalan a Casado (Fernando Rodríguez Miaja, Testimonios y remembranzas: mis recuerdos de los últimos meses de la guerra en España, 1936-1939, México, 2013, pp. 56-58, 68-70, 156-158). <<

[494] Oyarzun, El carlismo; Jaime del Burgo, Primera guerra carlista. <<

[495] Eco de Aragón (suplemento), 29 de mayo de 1840. <<

[496] Thomas J. Hamilton, Appeasement’s Child: The Franco Regime in Spain (Nueva York, 1943), p. 25. <<

[497] Eco del Comercio, 27 de marzo de 1839; Pirala, Guerra civil, IV, pp. 588-606, 742-751. <<

[498] Alice L. Lascelles y J. M. Alberich (eds.), Sir Vincent Kennett-Barrington: Letters from the Carlist War (1874-1876) (Exeter, 1987), pp. 34-35. <<

[499] Lawrence, Spain’s First Carlist War, p. 214. <<

[500] John Langdon-Davies, Behind the Spanish Barricades, pp. 100-106 (Detrás de las barricadas españolas [Península, Barcelona, 2009]). <<

[501] Cifras que al menos indican cierta equivalencia se pueden encontrar en Juan Pablo Fusi y Jordi Palafox, España: 1808-1936: El desafío de la modernidad (Madrid, 1997), p. 41; Alfonso Bullón de Mendoza, La primera guerra carlista (Madrid, 1992). <<

[502] A. Cenarro, «Memory Beyond the Public Sphere: The Francoist Repression Remembered in Aragon», History and Memory, 14 (2002), p. 167. <<

[503] Paul Preston, Juan Carlos: A People’s King (Londres, 2004), pp. 25-27 (Juan Carlos. El rey del pueblo [2009]). <<

[504] Moreno Alonso, Blanco White. <<

[505] Vicente Llorens, Liberales y románticos: una emigración española en Inglaterra (1823-1834) (México, 1954). <<

[506] Matthews, Reluctant Warriors, pp. 144-148. <<

[507] Antonio Caridad Salvador, «Las mujeres durante la primera guerra carlista (1833-1840)», pp. 175-199; Jean-Luc Marais, «Les carlistes espagnols dans l’Ouest de la France, 1833-1883», Annales de Bretagne et des Pays d l’Ouest [online], http://abpo.revues.org/2222 (acceso el 8 de septiembre de 2014). <<

[508] Carlos Navajas Zubeldia, Leales y rebeldes: la tragedia de los militares republicanos (Madrid, 2011), p. 53. <<

[509] Secundino Serrano, Maquis: Historia de la guerrilla antifranquista (Madrid, 2001), pp. 13-22. <<

[510] Orwell, Homage to Catalonia. <<

[511] Walter Laqueur, Guerrilla Warfare: A Historical and Critical Study (New Jersey, 1997), p. 197. <<

[512] Serrano, Maquis, pp. 34-38. <<

[513] Thomas Hamilton, Appeasement’s Child, pp. 45-46. <<

[514] Eco del Comercio, 12 de febrero de 1841, 3 de marzo de 1841, 12 de marzo de 1841, 17 de marzo de 1841, 26 de marzo de 1841; Coro Rubio, Revolución y tradición: el País Vasco, pp. 93-126. <<

[515] Luis Garrido Muro, «El nuevo Cid», pp. 14-25. <<

[516] AHN, Correspondencia Embajadas y Legaciones, EE. UU., 1834-35, 1465, doc. 4: comunicado del secretario de estado al embajador español en Nueva York. <<

[517] Graham, War and its Shadow, p. 112. <<

[518] Rújula (ed.), Historia de la guerra última, LX. <<

[519] El Correo Nacional, 15 de diciembre de 1840. <<

[520] Adrian Shubert, «Baldomero Espartero, 1793-1879: del ídolo al olvido», en Isabel Burdiel y Manuel Pérez Ledesma (eds.), Liberales, agitadores y conspiradores (Madrid, 2000), pp. 190-198. <<

[521] Eco del Comercio, 25 de agosto de 1840, 5 de septiembre de 1840, 7 de septiembre de 1840. <<

[522] El Huracán, 18 de junio de 1940, 26 de junio de 1840, 27 de junio de 1840, 29 de junio de 1840, 7 de julio de 1840. <<

[523] El Huracán, 5 de septiembre de 1840. <<

[524] AHN, Diversos (gobierno y política), leg. 167, docs. 32 y 40: informe del 8 de septiembre de 1840 de Muñoz, jefe político de Jaén, de lo sucedido el 7 de septiembre de 1840; informe del 11 de septiembre de 1840 de José Manuel Arenas, comandante del segundo batallón de Voluntarios de Granada, sobre el pronunciamiento del día anterior. <<

[525] El Huracán, 8 de septiembre de 1840. <<

[526] El Huracán, 23 de septiembre de 1840. <<

[527] El Huracán, 27 de octubre de 1840. <<

[528] Nemesio de Pombo, Situación de España a fines del año 1842 (Madrid, 1843), p. 25. <<

[529] Marichal, Spain (1834-1844), p. 167; Espadas Burgos, Espartero: un candidato al trono, p. 78; Cepeda Gómez, Ejército español, pp. 222-236; Eiras Roel, Partido demócrata, pp. 102-106. <<

[530] Eco del Comercio, 30 de agosto de 1841. <<

[531] Nemesio de Pombo, Situación de España a fines del año 1842, p. 25. <<

[532] Eiras Roel, El Partido Demócrata, pp. 102-112. <<

[533] Ibid., pp. 117-118. <<

[534] The Times, 25 de noviembre de 1842, 28 de noviembre de 1842, 3 de diciembre de 1842. <<

[535] The Times, 3 de diciembre de 1842, 22 de diciembre de 1842, 17 de octubre de 1843; Maluquer de Motes afirma que Carsy huyó de la ciudad con la excusa de querer reunir un grupo de exiliados armados, lo cual, por supuesto, nunca ocurrió (Maluquer de Motes, Socialismo, pp. 275-284). <<

[536] Eiras Roel, El Partido Demócrata, pp. 102-106. <<

[537] José A. Piqueras y Manuel Chust (eds.), Republicanos y repúblicas en España (Madrid, 1996), pp. 100-105; Peyrou, Republicanismo popular, pp. 77-78; Marichal, Spain (1834-1844), pp. 169-172. <<

[538] AGP, caja 28/32, n.º 1, reinados, Fernando VII, 27: informe de 1842 del gobierno sobre la «Sociedad de Regeneradores». <<

[539] AGP, caja 28/32, n.º 1, reinados, Fernando VII, 27: transcripción sin fechar de la policía del manifiesto de la Sociedad de Regeneradores Españoles. <<

[540] RAH, 9/4714, Papeles de Fermín Caballero (papeles inéditos, II, 1830-1845, pp. 237-240): transcripciones de la correspondencia del 17 de diciembre de 1842 y 5 de enero de 1843 entre Caballero y el alcalde Manuel Azesita. <<

[541] Moliner, Revolución burguesa, p. 255. <<

[542] Gómez Urdáñez, Olózaga, pp. 155-165. <<

[543] Citado en Comellas, Moderados en el poder, pp. 51-52. <<

[544] T. M. Hughes, Spain in 1845 (Londres, 1845), I, pp. 15-16. <<

[545] Ricardo de la Cierva, Historia del franquismo (Barcelona, 1975), p. 133. <<

[546] Quiroga y Ángel del Arco, Right-wing Spain, p. 161. <<

[547] Peter Day, Franco’s Friends: How British Intelligence Helped Bring Franco to Power in Spain (Londres, 2012), p. 200. <<

[548] Marichal, Spain (1834-1844), pp. 162-165. <<

[549] Taboada, Por una España mejor, p. 159. <<

[550] Paloma Aguilar, Políticas de la memoria, p. 102; Filipe Ribeiro de Meneses, Franco and the Spanish Civil War (Londres, 2001), pp. 120-122. <<

[551] Miaja, Testimonios y remembranzas, p. 189. <<

[552] Paul Preston, Franco (Londres, 1995), pp. 702. <<

[553] J. A. Gallego, J. R. Urquijo y M. Espadas, «La España de Espartero», Cuadernos, Historia 16 (118) (1985), p. 4. <<

[554] Paloma Aguilar Fernández, Políticas de la memoria y memorias de la política (Madrid, 2008), p. 84. <<

[555] AHN, II-C, Sección histórica, Carlistas, 1835-1850, 2842, n.º 22: manifiesto de Carlos Luis proclamado en Bourges el 23 de mayo de 1845 e incluido en la correspondencia de la embajada de España en París con fecha 31 de mayo de 1845. <<

[556] Eco del Comercio, 16 de marzo de 1847; Josep Carles Clemente, Las guerras carlistas (Barcelona, 1982), pp. 155-157. <<

[557] Bowen y Álvarez, Military History of Modern Spain, p. 16. <<

[1] Preston, Franco, p. 16. <<

[2] Henry Buckley, The Life and Death of the Spanish Republic: A Witness to the Spanish Civil War (Londres, 2013), pp. 50-62. <<

[3] Pirala, Guerra civil, II, pp. 175-179; Córdova, Memorias, vol. I, pp. 126-128. <<

[4] Para el listado de nombres y sus cronologías, véase Christiansen, Origins of Military Power, pp. 168-169. <<

[5] Agustín de Argüelles, 1820 a 1824: Reseña histórica, pp. 182-186. <<

[6] Sebastian Balfour, The End of the Spanish Empire, 1898-1923 (Oxford, 1997), p. 7. <<

[7] Brian Hamnett, «Spain and Portugal and the Loss of their Continental American Territories in the 1820s: An Examination of the Issues», European History Quarterly, 41 (3) (julio de 2011), pp. 397-412, p. 408. <<

[8] Gabriel Paquette, «The Dissolution of the Spanish Atlantic Monarchy», Historical Journal, 52 (1) (2009), pp. 175-212, p. 199. La reseña historiográfica de Paquette proporciona un excelente resumen de los estudios recientes que critican el fracaso del liberalismo español de principios del XIX a la hora de ofrecer a los territorios americanos cualquier representación justa o incluso autonomía dentro del proyecto liberal. Esta tendencia rompe con la otra ortodoxa de culpar al absolutismo, y al propio Fernando, de la disolución del imperio americano. <<

[9] Federico Suárez Verdeguer, La crisis política del antiguo régimen en España (1808-1840) (Madrid, 1950); Jaime E. Rodríguez O., «We Are Now the True Spaniards»: Sovereignty, Revolution, Independence, and the Emergence of the Federal Republic of Mexico, 1808-1824 (Stanford, 2012), p. 236. <<

[10] Lucy Riall y David Laven (eds.), Napoleon’s Legacy (Londres, 2000). <<

[11] Jaime Torras, Liberalismo y rebeldía campesina (1820-23) (Barcelona, 1976), pp. 7-31. <<

[12] Quiroga, Making Spaniards, p. 30. <<

[13] Ellwood, Franco, pp. 18-19. <<

[14] Quiroga, Making Spaniards, pp. 21-23, 30-31. <<

[15] Julio del Vayo, The Last Optimist (Londres, 1950), p. 214. <<

[16] Quiroga, Making Spaniards, pp. 24-29. <<

[17] Francisco L. Romero y Angel Smith, «The Agony of Spanish Liberalism and the Origins of Dictatorship: A European Framework», en Francisco L. Romero y Angel Smith (eds.), The Agony of Spanish Liberalism: From Revolution to Dictatorship, 1913-23 (Basingstoke, 2010), p. 9. <<

[18] Quiroga, Making Spaniards, p. 20. <<

[19] Hilari Raguer, Gunpowder and Incense, pp. 41-42, 118. <<

[20] El Eco del Comercio, 8 de julio de 1838, 12 de julio de 1838, 13 de julio de 1838, 15 de julio de 1838, 22 de julio de 1838, 28 de julio de 1838, 14 de marzo de 1839. <<

[21] Marqués de Miraflores, Memorias del reinado de Isabel II (Madrid, 1964), vol. I, pp. 151-154. <<

[22] Quiroga, Making Spaniards, pp. 39-42. <<

[23] Shlomo Ben-Ami, Fascism from Above: Dictatorship of Primo de Rivera in Spain, 1923-30 (Oxford, 1973), pp. 165-166. <<

[24] Arturo Barea, La forja de un rebelde, p. 344. <<

[25] Seidman, Victorious Counterrevolution, pp. 37-47. <<

[26] Matthews, Reluctant Warriors, p. 50. <<

[27] Preston, Franco, p. 16. <<

[28] Sebastian Balfour, «The Making of an Interventionist Army, 1898-1923», en Francisco J. Romero y Angel Smith (eds.), The Agony of Spanish Liberalism: From Revolution to Dictatorship, 1913-23 (Basingstoke, 2010), pp. 255-258. <<

[29] Paul Preston, Spanish Holocaust (Londres, 2012), p. 471. <<

[30] J. H. Parry, por ejemplo, sólo mencionaba brevemente ese vínculo en su magistral Spanish Seaborne Empire (Londres, 1966), p. 362. <<

[31] AHN, Correspondencia embajadas y legaciones, EEUU, 1834-35, 1465, doc. 80: informe muy reservado del 18 de noviembre de 1836 de Calderón de la Barca a Madrid. <<

[32] AHN, Correspondencia embajadas y legaciones, EEUU, 1834-35, 1465, doc. 81: protesta del 25 de noviembre de 1836 del Departamento de Estado al embajador español en Washington. <<

[33] Josep. M. Fradera y Christopher Schmidt-Nowara (eds.), Slavery and Anti-Slavery in Spain’s Atlantic Empire (Nueva York, 2013), pp. 234-235. <<

[34] Thomas Hamilton, Appeasement’s Child, p. 57. <<

[35] Arthur W. Marchmont, Sarita the Carlist (1902), p. 15. <<

[36] Andrés Iduarte, En el fuego de España (México, 1982), pp. 105-112. <<

[37] Jaime E. Rodríguez O., «We Are Now the True Spaniards», pp. 344-345. <<

[38] Harold Sims, The Expulsion of Mexico’s Spaniards, p. 217. <<

[39] Jaume Torras, «Peasant Counter-revolution?», Journal of Peasant Studies, 5 (1) (1977), 66-78; John Coverdale, Basque Phase (Princeton, 1984), p. 21. <<

[40] Lawrence, Spain’s First Carlist War, p. 132. <<

[41] Miguel Artola (ed.), Memorias del general Don Francisco Espoz y Mina (Madrid, 1962), vol. II, p. 122. <<

[42] Mark Lawrence (2016), «Playing the Man, not the Ball: Ramón Ceruti and Transatlantic Careerism in Mexico’s First Federal Republic and Spain’s Liberal Revolution», Bulletin of Spanish Studies, vol. 93, 6, 1027-1041. <<

[43] TNA, FO 72/444 George Villiers, doc. 165: carta del 21 de octubre de 1835 de Villiers a Palmerston sobre las tensas negociaciones diplomáticas. <<

[44] Christopher Schmidt-Nowara, «La España ultramarina: Colonialism and Nation-Building in Nineteenth-Century Spain», European History Quarterly, 34 (2) (abril de 2004), pp. 191-214, 209. <<

[45] El pensamiento navarro, Pamplona, 8 de mayo de 1938, p. 23 (artículo de Casariego sobre «Liberalismo, Marxismo y “Frente Popular”»). <<

[46] Will Fowler, «Valentín Gómez Farías: Perceptions of Radicalism in Independent Mexico, 1821-1847», Bulletin of Latin American Research, 15 (1) (1996), 39-62, p. 45. <<

[47] Lawrence, Spain’s First Carlist War. <<

[48] Preston, Franco, p. 35. <<

[49] J. W. Parker e hijos, «Espartero», Saturday Review of Politics, Literature and Art, 47 (1211) (11 de enero de 1879), p. 32. <<

[50] Stanley Payne, Politics and the Military in Modern Spain (Stanford, 1967), p. 25. <<

[51] Helen Graham, The Spanish Civil War: A Very Short Introduction (Oxford, 2005), p. 71. <<

[52] Neil MacMaster, Spanish Fighters: An Oral History of Civil War and Exile (Basingstoke, 1990), p. 44. <<

[53] Hilari Raguer, Gunpowder and Incense, p. 20. <<

[54] Andrés Iduarte, En el fuego de España (México DF, 1982), pp. 30-31. <<

[55] Paul Preston, The Coming of the Spanish Civil War: Reform, Reaction and Revolution in the Second Republic (Londres, 1994), pp. 16, 95. <<

[56] José María Gárate Córdoba, Tenientes en campaña: la improvisación de oficiales en la guerra del 36 (Madrid, 1976), p. 84. <<

[57] Alpert, Republican Army, pp. 151-156. <<

[58] Natalia Sobrevilla, «From Europe to the Americas and Back: Becoming los Ayacuchos», European History Quarterly, 41 (3) (2011), pp. 472-488. <<

[59] Christopher Schmidt-Nowara, «Continental Origins of Insular Proslavery: George Dawson Flinter in Curaçao, Venezuela, Britain and Puerto Rico, 1810s-1830s», Almanack, n.º 8 (28 de noviembre de 2014); Pirala, Guerra civil, III, pp. 172-179. La prensa carlista acostumbraba a ridiculizar a todos los soldados del bando del gobierno llamándolos «peseteros». <<

[60] Borkenau, Spanish Cockpit, p. 267. <<

[61] Coverdale, Italian Intervention in the Spanish Civil War, pp. 230-247. (La intervención fascista en la Guerra Civil española [1975, 2016]). <<

[62] Christiansen, Origins of Military Power, pp. 63-66. <<

[63] Pirala, Guerra civil, III, pp. 270-275. <<

[64] TNA, FO 72/463 George Villiers, doc. 297: carta del 19 de noviembre de 1836 de Villiers a Palmerston detallándole las operaciones del Ejército del Centro. <<

[65] El pensamiento navarro, 8 de mayo de 1938, p. 8 («La comunión tradicionalista»). <<

[66] Citado en Jo Fox y David Welch, «Justifying War: Propaganda, Politics and the Modern Age», en David Welch y Jo Fox (eds.), Justifying War: Propaganda, Politics and the Modern Age (Basingstoke, 2012), pp. 11-12. <<

[67] Paul W. Schroeder, The Transformation of European Politics, 1763-1848 (Oxford, 1984), XII. <<

[68] Gerald Howson, Arms for Spain (Londres, 1999). <<

[69] Michael Alpert, A New International History of the Spanish Civil War (Basingstoke, 1994), p. 155. <<

[70] Arthur Koestler, Spanish Testament, p. 7. <<

[71] William Rust, Britons in Spain (Londres, 1939), p. 19. <<

[72] Ted Allen y Sydney Gordon, The Scalpel and the Sword: The Story of Doctor Norman Bethune (Boston, 1952), p. 107. <<

[73] Citado en William Rust, Britons in Spain, p. 135. <<

[74] Pete Seeger, prólogo a Harry Fisher, Comrades: Tales of a Brigadista in the Spanish Civil War (Lincoln, 1997), IX. <<

[75] Diego Abad de Santillán, Por qué perdimos la guerra (Buenos Aires, 1940), pp. 10-11. <<

[76] Philip B. Minehan, Civil War and World War in Europe: Spain, Yugoslavia and Greece, 1936-1949 (Nueva York, 2006), pp. 47, 86-87. <<

[77] John Coverdale, Italian Intervention in the Spanish Civil War (Princeton, 1975). <<

[78] TNA, GFM 33 68/298/1822 E077972/73: carta del 18 de enero de 1937 de Faupel desde Salamanca a Auswärtiges Amt en Berlín. <<

[79] TNA, HW 22/2, 6C 1056, informe 42 (copia n.º 17), Ayuda a ambos bandos, 29 de junio de 1937-4 de julio de 1937: informe del agregado aéreo británico sobre la opinión de von Goss, corresponsal alemán en Salamanca. <<

[80] Stanley Payne, The Spanish Civil War, the Soviet Union and Communism (Yale, 2004). <<

[81] El pensamiento navarro, Pamplona, 8 de mayo de 1938, p. 18 («Los de antes y los de ahora»). <<

[82] Alexander Parker, «Carlism in the Spanish Civil War», Irish Quarterly Review, 26 (13) (1937), p. 394. <<

[83] Joseph McCabe, Spain in Revolt, 1814-1931 (Nueva York, 1932), pp. 64-65. <<

[84] Gerald Brenan, The Spanish Labyrinth (Londres, 1943). <<

[85] Steer, Tree of Gernika, pp. 343-344. <<

[86] Blinkhorn, Carlism and Crisis in Spain, 1931-39, p. 174. <<

[87] Anthony Adamthwaite, «The Spanish Civil War Revisited: The French Connection», en Gaynor Johnson (ed.), The International Context of the Spanish Civil War (Cambridge, 2009), pp. 10-11. <<

[88] Buchanan, The Impact of the Spanish Civil War on Britain, p. 18. <<

[89] Tom Buchanan, Britain and the Spanish Civil War (Cambridge, 1997), p. 12. <<

[90] AHN, II-C, Sección histórica, Carlistas, 1835-1850, 2842: traducción de una carta del 22 de enero de 1839 de la legación británica en Madrid. <<

[91] Amanda Vaill, Hotel Florida (Nueva York, 2014), p. 68; Michael Jabara Carley, «Caught in a Cleft Stick: Soviet Diplomacy and the Spanish Civil War», en The International Context of the Spanish Civil War (Cambridge, 2009), p. 162. <<

[92] Edward Costello, Adventures of a Soldier (Londres, 1841), p. 227. <<

[93] Arthur Koestler, Spanish Testament, p. 46. <<

[94] Franz Borkenau, The Spanish Cockpit, p. 76. <<

[95] Thomas J. Hamilton, Appeasement’s Child, pp. 35-36. <<

[96] Romeo Mateo, «The Civil Wars of the Nineteenth Century», en Townson (ed.), Is Spain Different?, p. 49. <<

[97] Incluso una autoridad española destacada en el estudio de la Primera Guerra Carlista solo dedicó 35 páginas de un total de 650 (un 6 %) de su monografía a la intervención internacional (Alfonso Bullón de Mendoza, La primera guerra carlista, Madrid, 1992, pp. 403-438). <<

[98] Hugh Thomas, Spanish Civil War (Londres, 1986), p. 333. <<

[99] Peter Burroughs, «An Unreformed Army? 1815-1868», en David G. Chandler e Ian Beckett (eds.), The Oxford History of the British Army (Oxford, 2003), pp. 163-164; Brian Bond, «The Army between the Two World Wars», en Chandler y Beckett, British Army, p. 256. <<

[100] Gerald Howson, Arms for Spain (Londres, 1998). <<

[101] TNA, FO 72/462 George Villiers, doc. 285: carta del 5 de noviembre de 1836 de Villiers a Palmerston transmitiéndole el agradecimiento del presidente Calatrava. <<

[102] TNA, Long Papers, bundle 715, T 1/4243: carta del Foreign Office del 25 de mayo de 1835 del señor Backhouse referente a la notificación del general Álava a Palmerston. <<

[103] AHN, II-C, Sección histórica, Carlistas, 1835-1850, 2842: carta del 15 de octubre de 1835 de Ignacio Sabat, de la legación cristina en Londres, a Pérez de Castro, de la legación cristina en Lisboa. <<

[104] AHN, Sección histórica, Carlistas, 1835-1850, 2842: cartas del 24 de octubre de 1835, 14 de noviembre de 1835, 4 de diciembre de 1835, 10 de diciembre de 1835, 10 de febrero de 1836 y 23 de febrero de 1836 de Pérez de Castro, de la legación cristina en Lisboa, al presidente del gobierno Mendizábal. <<

[105] AHN, Sección histórica, Carlistas, 1835-1850, 2842, doc. 369: carta del 23 de septiembre de 1835 de Pérez de Castro, de la legación cristina en Lisboa, al gobierno de Madrid. <<

[106] TNA, GFM 33 6B/298/1822, E077992: carta del 18 de mayo de 1937 de Faupel desde Salamanca a Auswätiges Amt (Berlín). <<

[107] TNA FO 72/459 George Villiers, doc. 146: carta del 12 de junio de 1836 de Villiers a Palmerston. <<

[108] AHN, Correspondencia embajadas y legaciones, EEUU, 1834-35, 1465, doc. 81: carta del 25 de noviembre de 1836 de Washington a Madrid. <<

[109] Bolloten, Spanish Civil War, pp. 46-80. <<

[110] Hugh Thomas, Spanish Civil War (Londres, 1986), p. 549. <<

[111] Alpert, Republican Army, pp. 151-156. <<

[112] Mary Habeck, Storm of Steel: The Development of Armor Doctrine in Germany and the Soviet Union, 1919-1939 (Ithaca, 2014), pp. 248-274. <<

[113] Alpert, Republican Army, pp. 151-156. <<

[114] TNA, FO 72/458 George Villiers, doc. 82: carta del 9 de abril de 1836 de Villiers a Palmerston sobre la indisciplina de los reclutas españoles novatos a bordo de los barcos. <<

[115] TNA, FO 72/459 George Villiers, doc. 111: carta del 5 de mayo de 1836 de Villiers a Palmerston sobre la ampliación de la misión del capitán Hyde Parker. <<

[116] TNA, FO 72/460 George Villiers, doc. 163: carta del 2 de julio de 1836 en que Villiers detalla a Palmerston las quejas de lord Hay. <<

[117] TNA, FO 72/443 George Villiers, doc. 108: carta del 10 de julio de 1835 de Villiers a Palmerston. <<

[118] Pirala, Guerra civil, V, pp. 44-48. <<

[119] Steer, Tree of Gernika, pp. 142, 196-198. <<

[120] Pirala, Guerra civil, IV, pp. 459-461. <<

[121] Buchanan, The Impact of the Spanish Civil War on Britain, pp. 131-139. <<

[122] Kemp, Mine Were of Trouble, p. 116. <<

[123] Hwyel Francis, «Welsh Miners and the Spanish Civil War», Journal of Contemporary History, V (3) (julio de 1970), pp. 177-191, 182-187. <<

[124] David Boyd Hancock, I Am Spain, p. 72. <<

[125] Acier, From Spanish Trenches, p. 38. <<

[126] Acier, From Spanish Trenches, p. 46. <<

[127] El Constitucional, 12 enero 1837. <<

[128] Hills, Battle for Madrid, p. 51. <<

[129] TNA, HW 22/2, 6C 1056, doc. B2 6: informe del 7 abril 1937 del agregado aéreo británico desde Madrid. <<

[130] Francisco J. Romero Salvadó, The Spanish Civil War: Origins, Course and Outcomes (Londres, 2005), pp. 66-98. <<

[131] Alfred Kantorowicz, Spanisches Kriegstagesbuch (Berlín, 1966), pp. 430-432. <<

[132] Estrella Trincado y José Luis Ramos, «John Stuart Mill and Nineteenth-Century Spain», Journal of the History of Economic Thought, 33 (4) (diciembre de 2011), pp. 507-526. <<

[133] José Luis Ramos Gostoriza y Estrella Trincado, «John Stuart Mill on Spain», Journal des Economistes et des Etudes Humaines, 18 (2) (2012), artículo 1, pp. 5-8. <<

[134] The Times, 30 de septiembre de 1836. <<

[135] Pirala, Guerra civil, II, pp. 545-565; http://cabrerayelmaestrazgocarlista.blogspot.mx/2009/09/el-diario-de-marianne-richards.html (acceso el 22 de agosto de 2014). <<

[136] Luis Garrido Muro, «El nuevo Cid», pp. 50-53. <<

[137] Melgar, Pequeña historia, pp. 44-45; Pirala, Guerra civil, IV, pp. 461-466. <<

[138] C. K. Webster, The Foreign Policy of Palmerston, 1830-41 (Londres, 1951), vol. I, p. 429. <<

[139] Córdova, Memorias, vol. I, pp. 296-297. <<

[140] Luis Garrido Muro, «El nuevo Cid», pp. 77-78. <<

[141] Citado en Emmanuel Tronco, Les carlistes espagnols dans l’Ouest de la France, 1833-1883 (Rennes, 2010), p. 59. <<

[142] Tronco, Les carlistes espagnols, p. 58. <<

[143] Pirala, Guerra civil, III, pp. 441-444. <<

[144] Pirala, Guerra civil, IV, pp. 58-67. <<

[145] Pirala, Guerra civil, II, p. 280. <<

[146] Bullen, «France and Non-Intervention», pp. 383-386. <<

[147] TNA, 72/444 George Villiers, doc. 149: carta del 15 de septiembre de 1835 de Villiers a Palmerston. <<

[148] Paddy Griffith, Military Thought in the French Army, 1815-51 (Manchester, 1989), pp. 10-14. <<

[149] Robin Harris, Talleyrand: Betrayer and Saviour of France (Londres, 2007), p. 307. <<

[150] TNA, FO 72/461 George Villiers, doc. 239: carta del 21 de septiembre de 1836 de Villiers a Palmerston sobre la actitud francesa. <<

[151] TNA, FO 72/458 George Villiers, doc. 92: carta del 17 de abril de 1836 de Villiers a Palmerston sobre recientes debates en las Cortes. <<

[152] TNA, FO 72/461 George Villiers, doc. 213: carta del 31 de agosto de 1836 de Villiers a Palmerston sobre las peticiones del gobierno español. <<

[153] TNA, FO 72/462, George Villiers, doc. 261: carta del 15 de octubre de 1836 de Villiers a Palmerston detallándole la política de línea dura del gobierno francés tras la revolución de La Granja. <<

[154] Marqués de Miraflores, Memorias del reinado de Isabel II (Madrid, 1964), vol. I, pp. 97-101, 114-115, 151-154. <<

[155] AHN, II-C, Sección histórica, Carlistas, 1835-1850, 2842: carta del 7 de enero de 1839 del embajador español en París, Miraflores, al ministro de la Guerra; Jean-Charles Jauffret, «La division de Légion étrangère du général Bernelle, 1835-1838», en Légion étrangère 1831-1981, Revue historique des armées (1981), pp. 51-72. <<

[156] Citado en Francisco Guzmán Vega, La última carta (Bloomington, 2011), pp. 166-167. <<

[157] AHN, II-C, Sección histórica, Carlistas, 1835-1850, 2842, doc. 108: carta del 28 de diciembre de 1838 del embajador de España en Francia, Miraflores, al gobierno español. <<

[158] Pirala, Guerra civil, IV, pp. 427-431, 519. <<

[159] AHN, Correspondencia embajadas y legaciones, H-1720, Rusia (1834-60), doc. 37: carta del 24 de agosto de 1834 del enviado interino de los cristinos en San Petersburgo al Ministerio de Estado (Madrid); Lawrence, Spain’s First Carlist War, p. 132. <<

[160] TNA, FO 72/461 George Villiers, doc. 243: carta del 24 de septiembre de 1836 de Villiers a Palmerston. <<

[161] TNA, FO 72/463 George Villiers, doc. 305: carta del 28 de noviembre de 1836 de Villiers a Palmerston. <<

[162] Luis Garrido Muro, «El nuevo Cid», p. 76. <<

[163] John Stuart Mill, «The Spanish Question» (1837), en John M. Robson (ed.), The Collected Works of John Stuart Mill, vol. XXXI (Toronto, 1989). <<

[164] Edgar Holt, Carlist Wars, p. 129. <<

[165] Evans, Memoranda of the Contest, p. 26. <<

[166] Duncan, The English in Spain, p. 42. <<

[167] Martin Robson, «Strangers, Mercenaries, Heretics, Scoffers, Polluters: Volunteering for the British Auxiliary Legion in Spain, 1835», en Nir Arielli y Bruce Collins (eds.), Transnational Soldiers: Foreign Military Enlistment in the Modern Era (Londres, 2013), p. 189. <<

[168] Edward Costello, Adventures of a Soldier (Londres, 1841), pp. 1-10. <<

[169] Webster, Palmerston, p. 428. <<

[170] Francis Duncan, The English in Spain, p. 11. <<

[171] Charles Shaw, Personal Memoirs and Correspondence, II, pp. 411-413; Alexander Somerville, British Legion, p. 6. <<

[172] Bell Stephens, The Basque Provinces, I, pp. 130-131. <<

[173] William Rust, Britons in Spain (1939), pp. 63, 67. <<

[174] TNA, FO 72/443 George Villiers, doc. 122: carta del 1 agosto 1835 de Villiers a Palmerston; Eco del Comercio, 28 de julio de 1835. <<

[175] Pirala, Guerra civil, IV, pp. 256-261. <<

[176] Pirala, Guerra civil, II, pp. 238-240. <<

[177] AHN, II-C, Sección histórica, Carlistas, 1833-34, 2841: carta del 17 de septiembre de 1834 del embajador español en Lisboa, Evaristo Pérez de Castro, a Madrid. <<

[178] TNA, FO 72/463 George Villiers, doc. 320: carta del 8 de diciembre de 1836 de Villiers a Palmerston detallándole la difícil situación de los auxiliares y la respuesta de Mendizábal, ministro de Hacienda. <<

[179] Eco del Comercio, 21 de junio de 1838. <<

[180] AHN, Estado, 5448, n.º 105, Circunstancias en que se haya el carlista indultado (legajo 2): carta del 4 de abril de 1836 del presidente Mendizábal al Ministerio de la Marina. <<

[181] TNA, FO 72/463 George Villiers, doc. 318: carta del 3 de diciembre de 1836 de Villiers a Palmerston explicándole el caso de Bromley. <<

[182] Gaceta Oficial, 20 de mayo de 1836. <<

[183] Pirala, Guerra civil, II, pp. 514-521. <<

[184] AHN, Estado, 5448, n.º 105, Circunstancias en que se halla el carlista indultado (legajo 2): carta del 23 de marzo de 1839 del prefecto de Pontevedra sobre las actividades carlistas de Sarmiento y Quiroga. <<

[185] Othen, Franco’s International Brigades, pp. 88-89, 258-259. <<

[186] Alpert, A New International History, p. 55. <<

[187] Hugh Thomas, The Spanish Civil War (Londres, 1986), p. 491. <<

[188] Pirala, Guerra civil, II, pp. 483-486. <<

[189] Joseph Tanski: el informe Tanski y la guerra civil carlista de 1833-1840, traducción, notas y estudios complementarios de Manuel Santirso (abril de 2011), p. 29. <<

[190] Helen Graham, The War and its Shadow (2012), pp. 76-78. <<

[191] Webster, Lord Palmerston, p. 428. <<

[192] Jasper Ridley, Lord Palmerston (Londres, 1970), pp. 269-284. <<

[193] Mark Lawrence, «Peninsularity and Patriotism: Spanish and British Approaches to the Peninsular War, 1808-14», Historical Research, 85 (2012), pp. 453-468. <<

[194] TNA, FO 72/406: carta de septiembre de 1833 de Palmerston a George Villiers. <<

[195] TNA, FO 72/444, doc. 144: carta del 8 de septiembre de 1835 de Villiers a lord Palmerston. <<

[196] Pirala, Guerra civil, II, pp. 475-483, 503-505. <<

[197] TNA, HW 22/2, 6C 1056, doc. B2 6: informe del 7 de abril de 1937 del agregado aéreo británico al efecto de que seguía alta la moral de los civiles y se estaban adaptando bien a los bombardeos aéreos; Pirala, Guerra civil, II, pp. 28-31. <<

[198] AHN, Estado, 8146, Asuntos políticos, Guerra civil, Bloqueo de las costas del norte, 1835 a 1839: informes de Palacio y del ministerio de Hacienda del 7 y 3 de enero de 1837, respectivamente. <<

[199] Pirala, Guerra civil, V, p. 398. <<

[200] Pirala, Guerra civil, III, pp. 607-610, 620-630. <<

[201] AHN, Estado, 8146, Asuntos políticos, Guerra civil, Bloqueo de las costas del norte, 1835 a 1839, docs. 10, 20, 98, 107, 138 y 615: cartas de los representantes cristinos en Bayona, París, Londres, Lisboa y Gibraltar, respectivamente, sobre las donaciones realizadas entre enero y marzo de 1837. <<

[202] TNA, FO 72/457, George Villiers, doc. 46: carta del 27 de febrero de 1836 de Villiers a Palmerston explicándole la frustración del enviado mexicano, Santa María, y del general Soublette, venezolano. <<

[203] AHN, Estado, 8146, Asuntos políticos, Guerra civil, Bloqueo de las costas del norte, 1835 a 1839: carta del 3 de enero de 1837 del ministerio de Hacienda a Calatrava. <<

[204] AHN, Correspondencia embajadas y legaciones, México, 1839-1844, 1647: carta del 15 de febrero de 1843 del embajador español en México, Francisco Preto y Neto, a Madrid, y despacho n.º 6 de éste de fecha 12 de noviembre de 1843. <<

[205] Steer, Tree of Gernika, pp. 86-87. <<

[206] Juan Simeón Vidarte, Todos fuimos culpables: testimonio de un socialista español (México, 1973), pp. 750-795. <<

[207] UNAM, CESU, Fondo Aurelio R. Acevedo (ARA), caja 47, expediente 17, sección militante cristero, subsección LNDLR, CD y CE, series: propaganda, doc. 28: panfleto cristero de septiembre de 1936 escrito por Aurelio Acevedo. <<

[208] UNAM, CESU, Fondo Aurelio R. Acevedo (ARA), caja 47, expediente 17, sección militante cristero, subsección LNDLR, CD y CE, series: propaganda, doc. 41: panfleto del 1 de abril de 1938 escrito por Aurelio Acevedo y que lleva por título «Orientaciones (Dios y mi derecho)». <<

[209] Othen, Franco’s International Brigades, pp. 207-208. <<

[210] UNAM, CESU, 1938, fotocopia, primera copia, libro 4, Gilberto Bosques, fondo reservado: carta del 22 enero 1938 del cónsul Gómez Mangada al ministro de Asuntos Exteriores mexicano, Gilberto Bosques. <<

[211] Dorothy Legaretta, «Basque Refugee Children as Expatriates: Political Catalysts in Europe and America», en William A. Douglass (ed.), Basque Politics: A Case-Study in Ethnic Nationalism (Reno, 1986), p. 193. <<

[212] Dorothy Legaretta, The Guernica Generation: Basque Refugee Children of the Spanish Civil War (University of Nevada Press, 1985), pp. 190-196; Patricia W. Fagen, Exiles and Citizens: Spanish Republicans in Mexico (University of Texas Press, 1973), pp. 26-28. <<

[213] Alfonso Bullón de Mendoza, La primera guerra carlista (Madrid, 1992), p. 420. <<

[214] Maluquer de Motes, Socialismo en España (1833-1868) (Barcelona, 1977), pp. 117-122, 275-284. <<

[215] AHN, II-C, Sección histórica, Carlistas, 1835-1850, 2842, docs. 59, 62 y 88: cartas del 7 de enero y 24 de enero de 1840 a Madrid del embajador español en Bruselas, y carta confidencial del 4 de enero de 1840 a Madrid del embajador español en Lisboa. <<

[216] Pirala, Guerra civil, V, p. 539. <<

[217] Pirala, Guerra civil, IV, pp. 398-399. <<

[218] Diego Abad de Santillán, Por qué perdimos la guerra (Buenos Aires, 1940), pp. 165-166. <<

[219] William Rust, Britons in Spain (Londres, 1939), pp. 117, 142, 151. <<

[220] Cardozo, March of a Nation, p. 184. <<

[221] Eco del Comercio, 9 de febrero de 1836, 16 de mayo de 1836, 22 de mayo de 1836 (suplemento). <<

[222] Francisco J. Romero Salvadó, Spain 1914-1918: Between War and Revolution (Londres, 1999), p. 13 (España, 1914, entre la guerra y la revolución [Barcelona, 2002]). <<

[223] Blinkhorn, Carlism in Crisis, p. 218. <<

[224] Kemp, Mine Were of Trouble, pp. 8-12, 33. <<

[225] Boyd Haycock, I Am Spain, pp. 267-268. <<

[226] Gómez López-Quiñones, La guerra persistente, p. 105. <<

[227] Citado en Tronco, Les carlistes espagnols, p. 62. <<

[228] Melgar, Pequeña historia, pp. 93-98; Oyarzun, Historia del carlismo, p. 18; Gaceta Oficial, 24 de mayo de 1836, 5 de julio de 1836, 20 de septiembre de 1836. <<

[229] Cabello, Santa Cruz y Temprado, Historia de la guerra última, II, p. 308. <<

[230] Xosé-Manoel Núñez Seixas, «Nations in Arms against the Invader: On Nationalist Discourses during the Spanish Civil War», en Chris Ealham y Michael Richards (eds.), The Splintering of Spain: Cultural History and the Spanish Civil War, 1936-1939 (Cambridge, 2005), pp. 57-58. <<

[231] Tomás Borrás, Oscuro heroísmo (Sevilla, 1939), p. 23. <<

[232] Alaric Searle, «The German Military Contribution to the Spanish Civil War, 1936-1939», en Gaynor Johnson (ed.), The International Context of the Spanish Civil War (Cambridge, 2009), p. 133. <<

[233] Núñez Seixas, «Nations in Arms against the Invader», p. 52. <<

[234] AHN, II-C, Sección histórica, Guerra civil, Legión portuguesa, 2853 (Ministerio de Asuntos Exteriores): carta del 10 febrero 1852 de la embajada de Portugal en Madrid al marqués de Miraflores; n.º 23: carta del 29 de noviembre de 1855 del Ministerio de Estado (Madrid) a Lisboa. <<

[235] AHN, II-C, Sección histórica, Guerra civil, Legión portuguesa, 2853 (Ministerio de Asuntos Exteriores): carta del 24 de agosto de 1855 de la embajada británica al gobierno español. <<

[236] Owen Ashton, W. E. Adams – Chartist, Radical and Journalist: An Honour to the Fourth Estate (Whitley Bay, 1991), p. 124. <<

[237] Buchanan, The Impact of the Spanish Civil War on Britain, p. 107. <<

[238] TNA, KV 2/625: juicio de Herbert George Rowlands (o Rolland Miller), residente en Ranelagh Road, Westminster. <<

[239] George Steer, Tree of Gernika, pp. 24, 48-50; Alice L. Lascelles y J. M. Alberich (eds.), Sir Vincent Kennett-Barrington: Letters from the Carlist War (1874-1876) (Exeter, 1987), pp. 34-35. <<

[240] Pirala, Guerra civil, IV, pp. 372-377. <<

[241] Tronco, Les carlistes espagnols, pp. 127-131. <<

[242] Louis Stein, Beyond Death and Exile: The Spanish Republicans in France, 1939-1955 (Harvard, 1979), p. 11. (Más allá de la muerte y del exilio: los republicanos españoles en Francia 1939-1955). <<

[243] Stein, Beyond Death and Exile, p. 15. <<

[244] Tronco, Les carlistes espagnols, p. 179. <<

[245] Stein, Beyond Death and Exile, p. 15. <<

[246] AMSS, Actas del Ayuntamiento (libro 328), acta 73, 5 de enero de 1836, y acta 75, 8 de enero de 1836: correspondencia entre Madrid y el alcalde de San Juan de Luz; David Winegate Pike, France Divided: The French and the Civil War in Spain (Sussex, 2011), pp. 140-142. <<

[247] Tronco, Les carlistes espagnols, p. 69. <<

[248] Tronco, Les carlistes espagnols, p. 135. <<

[249] El Sol, 5 de mayo de 1937. <<

[250] Tara Zahra, The Lost Children: Reconstructing Europe’s Families After World War II (Harvard, 2011), pp. 52-53. <<

[251] En Amiens, Maçon, Cahors, Vendome, Angouleme, Espinal, Arras, Pau, Tours, Montpellier, Burdeos, Limoges, Perigueux, Langres, Chaumont y Clermont-Ferrand. A don Carlos se le asignó una corte en el exilio en Bourges, y en 1840 Cabrera y su estado mayor fueron confinados en Lille. <<

[252] Tronco, Les carlistes espagnols, pp. 136-138, 183-196, 204-210. <<

[253] Jean-Luc Marais, «Les carlistes espagnols dans l’Ouest de la France, 1833-1883», Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest (online), http://abpo.revues.org/2222 (acceso el 8 de septiembre de 2013). <<

[254] AHN, Estado, 8119, Emigrados, doc. 257: carta del 28 de octubre de 1839 del cónsul en Bayona al gobierno español. <<

[255] AHN, Estado, 8119, Emigrados, doc. 272: despacho confidencial del 11 de noviembre de 1839 del cónsul en Bayona a Gamboa. <<

[256] AHN, Estado, 8119, Emigrados, doc. 274: carta del 22 de diciembre de 1839 del cónsul en Burdeos al presidente del gobierno de España. <<

[257] AHN, Estado, 8119, Emigrados: escrito del 28 de diciembre de 1839 de Espartero al gobierno de España. <<

[258] AHN, Estado, 8119, Emigrados: decreto del 21 de septiembre de 1839 del Consejo de Ministros. <<

[259] AHN, Estado, 8119, Emigrados, doc. 544: carta del 1 de noviembre de 1839 del embajador Miraflores al gobierno español. <<

[260] AHN, Estado, 8119, Emigrados: carta del 27 de diciembre de 1839 del presidente del gobierno a la embajada de París y los consulados de Burdeos, Bayona y Perpiñán instándoles a que se resistieran a la presión diplomática francesa; AHN, Estado, 8119, Emigrados: carta del 3 de enero de 1840 del Ministerio de la Guerra. <<

[261] AHN, II-C, Sección histórica, Carlistas, 1835-1850, 2842 (contd. el n.º 1 corresponde al 16.ª 756): carta del 26 de septiembre de 1839 del embajador Miraflores desde París a Madrid. <<

[262] Boletín Oficial de Cáceres, 15 de agosto de 1840, n.º 55. <<

[263] AHN, II-C, Sección histórica, Carlistas, 1835-1850, 2842 (contd.): carta del 7 de octubre de 1839 del cónsul español en Perpiñán a Miraflores en París. <<

[264] Helen Graham, The War and its Shadow: Spain’s Civil War in Europe’s Long Twentieth Century (Sussex, 2012), p. 18. <<

[265] Peter Sahlins, Boundaries: The Making of France and Spain in the Pyrenees (Berkeley, 1989), pp. 208-209. <<

[266] AHN, Estado, 1815, Convenio de Vergara, doc. 70: carta del 29 de septiembre de 1840 del embajador Miraflores a Madrid. <<

[267] AHN, Estado, 5448, n.º 105, circunstancias en que se halla el carlista indultado (legajo 2): carta del 13 de enero de 1842 del prefecto de Cáceres a Espartero, y carta del 6 febrero 1842 del ministro de Gracia y Justicia a Espartero. <<

[268] AHN, Estado, 1815, Convenio de Vergara, doc. 192: carta del 15 de mayo de 1840 del embajador Miraflores a Madrid. <<

[269] AHN, Estado, 1815, Convenio de Vergara: carta del 7 de noviembre de 1840 del ministro de Gracia y Justicia al Ministerio del Estado. <<

[270] AHN, Estado, 1815, Convenio de Vergara: carta del 3 de febrero de 1841 del ministro de la Guerra al Ministerio del Estado. <<

[271] Pirala, Guerra civil, II, pp. 47-50. <<

[272] AHN, Estado, 1815, Convenio de Vergara: carta del 8 de agosto de 1841 del cónsul español en Cette al Ministerio del Estado. <<

[273] Gaceta de Madrid, 24 de julio de 1822; AHN, Estado, 1815, Convenio de Vergara, doc. 279: carta del 28 de marzo de 1843 de la embajada española en Londres al Ministerio del Estado. <<

[274] AHN, Estado, 1815, Convenio de Vergara, doc. 310: carta del 13 de abril de 1843 de la embajada de España en Londres al Ministerio del Estado. <<

[275] AHN, Estado, 1815, Convenio de Vergara: carta del 30 de enero de 1844 de la embajada española en Londres al Ministerio del Estado. <<

[276] Paloma Aguilar, «The Memory of the Civil War in the Transition to Democracy: The Peculiarity of the Basque Case», West European Politics, 21 (1998), pp. 5-25; Cameron Watson, Basque Nationalism and Political Violence (Reno, 2007), pp. 167-174. <<

[277] Cameron Watson, Basque Nationalism and Political Violence, pp. 167-174. <<

[278] Aguilar, «The Memory of the Civil War in the Transition to Democracy», p. 21; Watson, Basque Nationalism, p. 172. <<

[279] Watson, Basque Nationalism, p. 148. <<

[1] Ruth MacKay, «History on the Line. The Good Fight and Good History: The Spanish Civil War», History Workshop Journal, 70 (1) (2010), pp. 199-206; Tim Rees, «Visions of the Vanquished: Recent Work on the Spanish Civil War», European History Quarterly, 23 (1993), pp. 571-582. <<

[2] E. g. Roger Chickering, «Total War: The Use and Abuse of a Concept», en Manfred F. Boemke, Roger Chickering y Stig Förster (eds.), Anticipating Total War: The German and American Experiences, 1871-1914 (Cambridge, 1999). <<

[3] Stig Förster y Jörg Nagler (eds.), On the Road to Total War (Cambridge, 2002), p. 6. <<

[4] Eiras Roel, El Partido Demócrata (Madrid, 1962), pp. 84-89. <<

[5] William C. Atkinson, A History of Spain and Portugal (Londres, 1960), p. 282. <<

[6] Eco del Comercio, 8 de septiembre de 1840; Maluquer de Motes, Socialismo, pp. 32-33. <<

[7] William Callahan, «The Spanish Church: Change and Continuity», en Nigel Townson (ed.), Spain Transformed: The Late Franco Dictatorship, 1959-1975 (Basingstoke, 2007), p. 183. <<

[8] Vincent, Catholicism and Second Republic, p. 259. <<

[9] Nigel Townson, «Anticlericalism and Secularization: A European Exception?», en Townson (ed.), Is Spain Different? (Sussex, 2015), pp. 92-96. <<