Carlos Solchaga es en la actualidad presidente de la consultoría internacional Solchaga Recio & asociados, donde ha podido realizar actuaciones de consultor tanto dentro como fuera de España en colaboración con organismos internacionales. También ha formado parte del Grupo de Trabajo sobre Competitividad que presidió en su día Carlo A. Ciampi y es presidente de honor de la Fundación Euroamérica, presidente de la Fundación Arquitectura y Sociedad y ha sido miembro de los patronatos de otras instituciones.

En su vida política Carlos Solchaga fue, desde su afiliación al PSOE en 1974, consejero de Comercio de Euskadi (1979-1980), diputado del Congreso (1980-1994), ministro de Industria y Energía (1982-1985), ministro de Economía y Hacienda (1985-1993), presidente del Comité Interino del Fondo Monetario Internacional (1992-1993) y presidente del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes Españolas (1993-1994).

Ha dictado multitud de conferencias y participado en seminarios y jornadas nacionales e internacionales. Es autor de múltiples artículos y del libro El final de la edad dorada (1997).

Estos diarios dan testimonio de la experiencia política de Carlos Solchaga entre la primavera de 1980, cuando se incorporó al Congreso de los Diputados, hasta su dimisión como presidente del Grupo Parlamentario Socialista y como diputado por Navarra en mayo de 1994. Entre estas dos fechas fue ministro de Industria y Energía (diciembre de 1982 a junio de 1985) y de Economía y Hacienda (julio de 1985 a julio de 1993). Desde la cartera de Industria y Energía tuvo que afrontar importantes decisiones (entre otras, la reconversión industrial y el saneamiento del sector eléctrico) en el seno de un Gobierno que estableció las bases para la modernización de España, su adhesión a la Unión Europea, entonces CEE, y la creación de un moderno Estado del Bienestar. En su larga etapa como ministro de Economía y Hacienda siguió enfrentándose a situaciones difíciles, como las tensiones con UGT, que desembocaron en la huelga general de 1988, a consecuencia de los retos que planteaba la homologación del país con las economías abiertas y avanzadas de Europa, y como los enfrentamientos con grupos de interés en el proceso de concentración bancaria y la guerra sucia que ello desató como efecto inevitable de los profundos cambios en la estructura de poder que se produjeron bajo el impulso del Gobierno socialista. Estas páginas reflejan la enorme complejidad de unos años decisivos en la historia política y económica española, las luces y las sombras en la labor diaria de un joven político socialista que siempre supo mantener su actitud crítica.

Edición al cuidado de María Cifuentes

Publicado por:

Galaxia Gutenberg, S.L.

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Edición en formato digital: noviembre 2017

© Carlos Solchaga, 2017

© Galaxia Gutenberg, S.L., 2017

Conversión a formato digital: Maria Garcia

ISBN: 978-84-17088-68-2

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A Gloria

Índice

Introducción

1. Del Parlamento al Gobierno

2. En el Ministerio de Industria

3. Llegada al Ministerio de Economía y Hacienda

4. El Gobierno de 1988

5. La dimisión de Alfonso Guerra y sus consecuencias

6. Del Gobierno al Parlamento

Epílogo

Acrónimos

Introducción

El 9 de marzo de 1980 se celebraron las primeras elecciones autonómicas en el País Vasco, una vez ratificado el Estatuto de Guernica. En ellas fue elegido José Antonio Aguiriano, un buen amigo mío, para ocupar un puesto en el Parlamento vasco por la lista del Partido Socialista de Euskadi (PSE-PSOE) por Álava, debiendo por tanto renunciar a su escaño en el Congreso de los Diputados –ya que ambas funciones eran y son incompatibles–, lo que me permitió a mí, que había sido segundo candidato por el PSOE en la lista de las elecciones del 1 de marzo de 1979, ocupar su lugar.

De esta manera indirecta me incorporé a mi escaño en el Congreso de los Diputados el 14 de abril de 1980, fecha que, por su coincidencia con el 49 aniversario de la proclamación de la Segunda República en 1931, yo consideré auspiciosa. Como el último año había estado viviendo a caballo entre Madrid y el País Vasco, me pareció también señal de un futuro más estable el hecho de que pudiera centrar mi actividad política en el lugar donde podía residir de manera continuada y donde estaban instalados mi mujer, Gloria Barba, y nuestros dos hijos, Carlos y Miguel, que entonces iban a cumplir diez y ocho años respectivamente.

Quizás fuera por este sentimiento de estar viviendo un punto de inflexión en mi vida, o quizás porque esperaba y deseaba tener una actuación política destacada, el caso es que decidí en aquel momento llevar algo parecido a un diario (yo ya sabía que nunca me sometería a la disciplina de la entrada diaria) en el que anotar los principales acontecimientos en los que, por razón de mis eventuales responsabilidades políticas, hubiera de participar desde entonces en adelante. Pensé que, aunque al final mi participación no fuera particularmente relevante, en todo caso siempre me gustaría recordar lo que había pensado y sentido sobre lo que me habría tocado vivir en política.

Al principio utilicé un cuaderno en el que escribía con cierta asiduidad. Más adelante, cuando como miembro de los gobiernos que fue formando Felipe González entre 1982 y 1993 hube de hacer frente a las tareas más exigentes de un cargo ejecutivo, las entradas fueron más irregulares, aunque la existencia de unas agendas de trabajo «ilustradas» y un buen archivo personal me permitieron mejorar la cobertura de los principales acontecimientos en los que participé. A lo largo de todos aquellos años escribí notas más o menos largas sobre asuntos de cierta complejidad que me parecían importantes y que incorporé con pequeñas modificaciones en las fechas correspondientes al momento en que fueron escritos. Para el año 1996 estos diarios habían tomado la forma en la que, después de más de dos décadas, los va a poder conocer ahora el lector. Desde entonces los he releído con cierta asiduidad, respetando las opiniones que me inspiraron ciertas actuaciones mías y de otros –aun cuando ahora no las mantendría en algunos casos–, y ateniéndome al texto original, pues, si bien nunca me propuse escribir una autobiografía o unas memorias, que siempre admiten una mayor subjetividad, sí me pareció obligado no ocultar mis sentimientos, convencido como estoy de que no existen testimonios asépticos o insesgados.

Así, estos diarios pretenden dar el testimonio de mi experiencia política entre la primavera de 1980, cuando me incorporé al Congreso de los Diputados, hasta la primavera de 1994, cuando presenté mi dimisión como presidente del Grupo Parlamentario Socialista y también como diputado al Congreso por Navarra, incluyendo también mis anotaciones durante el tiempo en que fui ministro de Industria y Energía (de diciembre de 1982 a junio de 1985) y de Economía y Hacienda (de julio de 1985 a julio de 1993).

Mi vida política y mi militancia en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) no se iniciaron, sin embargo, en la fecha en que comienzan estas anotaciones. En algún momento del invierno de 1974 a 1975, no recuerdo si antes de la Navidad o después de ésta, yo me había incorporado formalmente al PSOE con el aval de dos miembros del partido: Miguel Boyer y Luis Gómez Llorente, personas ambas que habían pasado por las cárceles franquistas debido a su militancia socialista y que estaban entre las mejores cabezas del PSOE.

Siempre me he sentido orgulloso de que uno y otro quisieran apadrinarme, y de que ambos me profesaran su afecto, que en el caso de Miguel Boyer fue la base de una gran amistad entre nosotros que, desde que en 1969 nos encontramos en el Servicio de Estudios Económicos del Banco de España, había de durar hasta su muerte en 2014. Gómez Llorente y Boyer representaban dos extremos dentro del PSOE, que en los últimos años del régimen franquista se venía renovando en el interior al margen del partido oficial que lideraba Rodolfo Llopis en el exilio. Luis Gómez Llorente seguía siendo marxista y Miguel Boyer, como yo mismo, no lo era en absoluto, como demostraría poco tiempo después cuando, hastiado de análisis marxistas que consideraba obsoletos y fuera de lugar, dimitió de la Comisión Ejecutiva elegida en el primer Congreso del PSOE realizado en el interior de España desde el final de la Guerra Civil.

En aquellos momentos, sobre todo después de la hospitalización de Franco en el verano de 1974, nadie con un mínimo de sensibilidad política o de imaginación histórica podía sustraerse a la inquietud e incertidumbre que suscitaba el futuro de España. Prácticamente todas las personas con las que yo tenía relación profesional o personal en el Instituto Nacional de Industria (INI), en el Banco de España, en el Ministerio de Comercio, en la Universidad, mis amigos nacionales y extranjeros vivían con la misma ansiedad y temor los nuevos tiempos que, por fin, se abrían a la sociedad española. La mayoría de estas personas trataba de imaginar dónde ubicarse políticamente en una sociedad libre y democrática. Muchos de mis amigos habían sido compañeros de viaje o militantes del Partido Comunista o de alguna de las muchas escisiones (trotskistas, prochinos, etcétera) que se habían producido históricamente dentro de la familia comunista y habían arriesgado, unos más y otros menos, su tranquilidad según el grado de su implicación en actuaciones clandestinas. Pero no faltaban tampoco entre la gente que conocía los que se sentían próximos a la Democracia Cristiana y a sus diversas y discretas organizaciones intramuros o extramuros del sistema o quienes ensoñaban una posición liberal. Dentro del propio régimen, los llamados aperturistas se iban posicionando cada vez de modo más claro en favor de la ruptura no violenta, pero firme, con el pasado del régimen franquista aduciendo argumentos fundamentalmente prácticos.

Muchos de nosotros pensábamos que el desarrollo económico y social que España había alcanzado durante los años sesenta y setenta con la emergencia de unas amplias clases medias urbanas y el avance en el nivel de educación del país, así como su situación geográfica en el extremo de Europa Occidental, garantizaban su evolución hacia una democracia parlamentaria homologable con la de los países europeos de su entorno y fácil de encajar en las tradiciones políticas españolas de antes de la Guerra Civil. Pero siendo éste el escenario más probable, nadie podía adivinar cuál sería el camino que nos llevaría a esa situación, cuál sería la resistencia que había de presentar al viejo régimen franquista, cuál sería la posición del Ejercito, cuya cúpula seguía tomada por los generales que, como oficiales y jefes jóvenes, habían hecho carrera en la propia Guerra Civil y en los años posteriores y entre los que la carga ideológica anticomunista, pero también antidemocrática, era muy poderosa.

Tampoco estaba muy claro con qué activos políticos podía contar la democracia para sustituir el tinglado político del Movimiento y desplazar al conjunto de funcionarios que lo mantenían y constituían su burocracia así como la de la organización sindical vertical del franquismo. Los partidos políticos, perseguidos durante tanto tiempo, tenían que darse a conocer, primero, y organizarse, después, para ser instrumentos útiles al propósito de establecer el régimen democrático. Sus dirigentes eran desconocidos para la opinión pública excepto como figuras míticas que vivían en la clandestinidad, perseguidas y acosadas por la policía del régimen. Algunos tenían una larga experiencia de liderazgo, como Pasionaria o Santiago Carrillo; de otros se sabía de su pasado histórico, como José María Gil-Robles. Algunos estaban empezando a constituirse en mitos, como Felipe González, cuyo nombre de guerra, Isidoro, empezaba a ser conocido después del Congreso del PSOE en Suresnes en 1974. Pero a la mayoría de los dirigentes de los partidos antifranquistas sólo les conocían dentro de sus propias organizaciones y no mucho.

Estas consideraciones preocupadas llevaron a muchas personas de mi generación en aquellos momentos a dedicar cada vez más atención a la actividad política, lo que, antes o después, pasaba por la militancia en algunos de aquellos partidos que todavía no eran legales, pero empezaban ya a constituir sus estrategias para facilitar una ruptura con la dictadura y posibilitar la transición hacia la democracia.

Por aquella época (1974) yo era subdirector del Servicio de Estudios del INI. Miguel Boyer era el director y, como muchos otros, los dos vivíamos aquellos momentos con la ansiedad y, al mismo tiempo, con la esperanza que suscitaba aquella situación. En el otoño de 1974 se produjo un último coletazo del área ideológicamente más reaccionaria del régimen franquista que desembocó en una crisis de Gobierno de magnitud inimaginable en los tiempos en los que el general Franco tenía todo el poder en sus manos y lo ejercía con la mayor severidad. Con el cese de Pío Cabanillas, ministro de Información y Turismo en el Gobierno de Carlos Arias Navarro, se dio por descontado que el fantasmagórico espíritu aperturista del 12 de febrero había caído víctima del búnker del régimen. Pero, en esta ocasión, las cosas no se detuvieron con el cese de Cabanillas. El vicepresidente segundo del Gobierno, responsable del área económica, Antonio Barrera de Irimo, dimitió y con él lo hizo también Francisco Fernández Ordoñez, presidente del INI, que nos había contratado a Miguel Boyer y a mí. Ambos pusimos nuestros cargos a la disposición del nuevo presidente (Julio Linares) y junto con otra serie de altos funcionarios del Estado y de otros entes públicos abandonamos nuestros puestos de trabajo, aunque los nuestros no fueran por nombramiento político, lo que representó un revés para un régimen no habituado a este tipo de respuestas.

Cuando me reincorporé al Banco de España en enero de 1975 yo ya estaba trabajando codo con codo con los socialistas en sus vínculos intelectuales y de economistas, que nos reuníamos con gran frecuencia (unas veces como afiliados de la Asociación Socialista de Chamartín o la Agrupación de Madrid, otras como miembros del Círculo Jaime Vera, el círculo intelectual del PSOE, y otras veces como miembros de la Unión General de Trabajadores (UGT) de cuadros o, en mi caso, también de la UGT de Banca). Antes de que se impusiera la estrategia de la ocupación progresiva de las áreas de libertad, nosotros estábamos participando junto con muchos otros en manifestaciones de protesta, en homenajes a socialistas y republicanos, en actos públicos que se situaban en la frontera de lo que se podía considerar legal o tolerado en aquellos momentos. En todo caso, las constantes convocatorias a la acción política cada vez exigían más tiempo de todos nosotros y representaban un mayor conflicto con el ejercicio de nuestras profesiones.

Por aquella época conocí a Felipe González, que seguía en la clandestinidad y estaba pasando unos días en Madrid, donde todavía no residía. Fue en una reunión a la que acudimos no más de dos docenas de personas y en la que nos informó de la línea estratégica aprobada por la Comisión Ejecutiva del PSOE, de la marcha de los contactos y negociaciones con otras fuerzas políticas democráticas para alcanzar plataformas comunes para acabar con el régimen y asegurar un tránsito pacífico a la nueva situación democrática. Felipe González lo explicaba todo de manera sencilla e inteligente. Aunque el cliché ideológico en el que se movían sus análisis era evidente, no se podía comparar en absoluto con los que oíamos y con frecuencia utilizábamos muchos de nosotros en nuestras discusiones políticas. Su enfoque, sin dejar de ser de izquierdas, era mucho más pragmático, y por ello también más original y convincente que las viejas tabarras neomarxistas que solíamos darnos unos a otros, unas veces porque estábamos persuadidos de la vigencia de esas fórmulas de análisis, otras por el temor a no parecer suficientemente de izquierdas si no hacías uso de la dialéctica de lucha de clases. En todo caso, para mí como para muchos otros de la época, el descubrimiento de Felipe González con su capacidad dialéctica, su rápida inteligencia y su instinto político fue un acontecimiento muy importante y un estímulo para implicarme más en la actividad política.

Esto último no era difícil. Todo estaba por hacer tanto en el PSOE como en UGT, que entonces no sólo eran organizaciones hermanas, sino organizaciones hermanas siamesas. Como por entonces había elecciones en los sindicatos verticales, me comprometí en la defensa de una candidatura democrática para las correspondientes al Banco de España, que finalmente ganó. Más tarde, fui elegido secretario del Círculo Jaime Vera, sucediendo a Fernando Baeza, y empecé a organizar una serie de encuentros y a encargar distintos trabajos a los intelectuales que eran miembros del mismo sobre lo que podría ser el programa del PSOE fundamentalmente en el área económica. Ana Martínez Pujana y Miguel Ángel Arnedo, colegas del Servicio de Estudios del Banco de España, me ayudaron en aquellas tareas, a las que aportaron también sus escritos y reflexiones muchos otros como Luis Gómez Llorente, Baltasar Aymerich, Pablo Castellano, Francisco Bustelo, Miguel Boyer, Mariano Rubio –entonces relativamente próximo al PSOE–, Roberto Dorado y otros cuyos nombres lamento no recordar.

Con el fin de disponer de unos locales mínimos, solicité el apoyo económico de la Comisión Ejecutiva del PSOE. «Es el primer dinero que asigna el partido a una tarea distinta del mantenimiento estricto de los órganos federales», me dijo Alfonso Guerra entre susurros cuando accedió a mi petición mientras mirábamos libros, uno junto al otro, en la librería Antonio Machado de Madrid en nuestra cita clandestina.

Conforme transcurría 1975 me fui apercibiendo de que estaba metido en una especie de vorágine que me llevaba desde Lisboa, en una misión de apoyo fraternal al Partido Socialista portugués, a Bruselas, representando al sindicato de banca de UGT, donde, cuando dormía en Waterloo en casa de Miguel Ángel Martínez, éste me despertó para comunicarme la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975. Una actividad cada vez más exigente que me impedía crecientemente hacer frente a mis tareas profesionales en el Banco de España y que me estaba introduciendo en el tipo de vida desordenada de los políticos en semiclandestinidad que tan difícil era de compatibilizar con una vida familiar razonable. Mientras crecía mi pasión por la actividad política aumentaba también mi convicción de que, al menos en aquellas circunstancias, la dedicación a la política era incompatible con cualquier otra cosa, al menos tal y como yo lo entendía.

En medio de estas vacilaciones apareció en mi horizonte Pedro Toledo, un joven director general adjunto del Banco de Vizcaya, hombre de confianza del nuevo presidente de la entidad, Ángel Galíndez, que tenía el propósito de modernizar (de hecho, crear) el Servicio de Estudios del banco y que venía a proponerme la dirección del mismo a sugerencia de Luis Ángel Rojo, mi jefe entonces en el Banco de España. Era, sin duda, una oferta profesional tentadora –yo iba a cumplir entonces treinta y dos años– e iba acompañada de una oferta económica que suponía doblar mis ingresos anuales. Sólo tenía un inconveniente: tendría que desplazarme a Bilbao con mi familia. Este mismo inconveniente era también su principal atractivo. Si me iba a Bilbao, pensaba yo, podía dar ya por terminada mi actividad política a la que no sabía cómo poner freno en Madrid.

Después de considerarlo con mi mujer, Gloria y yo creímos que quizá era más sensato aceptar el desafío profesional, a pesar de que ella tendría que buscar trabajo al dejar su puesto en el INI, que seguir deslizándome por la rampa de la actividad política involucrando en ello a toda mi familia. Con la decisión ya tomada, me acerqué a la calle Jacometrezo, donde tenía unas oficinas semiclandestinas la Ejecutiva del PSOE, y expliqué a Alfonso Guerra (y a Nicolás Redondo, que pasaba por allí) mi traslado a Bilbao (Felipe González, a quien me hubiera gustado comunicárselo, estaba de viaje). Los dos me dijeron que un militante como yo podría ser de gran utilidad en el País Vasco, pues aunque había una importante afiliación obrera de larga tradición, particularmente en la margen izquierda de la ría del Nervión, no existían muchos cuadros ni en Guipúzcoa ni en Vizcaya ni en Álava. Sentí una cierta vergüenza al ocultarles que me iba a Bilbao precisamente para rebajar la intensidad en mi actividad política.

Y eso es lo que hice. Al menos al principio. Sin embargo, no tardé en entrar en contacto con el Partido Socialista de Euskadi. Txiki Benegas me llamó para hablar conmigo poco después, según creo recordar, de las elecciones del 15 de junio de 1977, cuando ya hacía un año desde mi incorporación al Banco de Vizcaya, y me propuso formar parte de la Comisión Ejecutiva del PSE-PSOE en el siguiente congreso extraordinario que estaba preparando.

Para entonces, por otra parte, estaba claro que mi carrera en el Banco de Vizcaya no se presentaba muy halagüeña. A mí no me gustaba el ambiente de trabajo, que en nada se parecía al mucho más ilustrado y ciertamente también más politizado que yo había vivido en el Banco de España o en el INI. Mis relaciones con mis jefes tampoco eran todo lo buenas que podían ser y yo las ponía más difíciles con mis decisiones de contratación de personal para el Servicio de Estudios. Primero contraté como subdirector a Andoni Olabarri, un buen economista que había hecho su tesis doctoral en la Universidad de Lovaina pero que tenía el inconveniente de ser miembro nada menos que del Euskadi Buru Batzar, el órgano de dirección nacional del Partido Nacionalista Vasco (PNV), partido al que odiaba la oligarquía franquista de Neguri que mandaba en el Banco de Vizcaya (entre otros sitios). Tuve que emplearme a fondo para explicar a mis superiores algo que era obvio pero que ellos desconocían o aparentaban desconocer: que un porcentaje elevadísimo de la plantilla del banco en el País Vasco, incluidos los jefes de oficina, eran votantes del PNV y con ellos tendría que tratar el banco de ahí en adelante. Finalmente aceptaron mi decisión sin gran entusiasmo.

Más complicadas se presentaron las cosas en el caso del fichaje de Claudio Aranzadi, ingeniero y economista cuya inteligencia y personalidad me deslumbraron desde el momento en que tuve mi primera entrevista con él, y con el que quise contar a toda costa. El problema con Claudio, según me explicó desde el primer momento, es que había repartido propaganda política de la Liga Comunista Revolucionaria (LCR), que no hacía mucho había decidido su fusión con ETA-VI Asamblea. Tras ser detenido había sido juzgado en rebeldía y condenado a tres años de cárcel. Yo entendí que la amnistía reciente de la que se había beneficiado dejaba su expediente libre de polvo y paja –por no mencionar la falta de legitimidad del Tribunal de Orden Público que le había sentenciado o el hecho de que uno pudiera ser juzgado por un «delito político». Mis jefes en el Banco de Vizcaya opinaban ciertamente de otra manera y, dejando a un lado a Pedro Toledo, no eran capaces de distinguir entre trotskismo y ETA o entre ETA militar y político-militar o entre la V y la VI Asamblea de ETA. Con todo, y forzando las cosas, se consiguió que respetaran los derechos de Claudio Aranzadi a trabajar donde tuviera el deseo o la oportunidad de hacerlo sin ser discriminado por su anterior militancia política contra un régimen antidemocrático.

Pero lo cierto es que la atmósfera de trabajo en el Banco de Vizcaya se iba haciendo irrespirable y las cada vez más difíciles relaciones profesionales me aconsejaron pedir la excedencia cuando, a principios de 1979, se disolvieron las Cortes Constituyentes y se convocaron elecciones generales para el 1 de marzo de ese año.

Ya he mencionado que, al ser el segundo de la lista electoral del PSE-PSOE por Álava, no salí elegido, lo que confieso que me produjo una gran frustración. Pocas semanas después, sin embargo, Txiki Benegas me propuso que formara parte como consejero de Comercio del Gobierno Preautonómico Vasco que iba a presidir Carlos Garaicoechea. El apoyo de Jesús Viana, líder entonces de la Unión de Centro Democrático (UCD) vasca, en las negociaciones entre los partidos para componer el citado Gobierno fue clave para que se me designara. Mi experiencia en el País Vasco en los siguientes meses me permitió participar en la negociación del Estatuto de Guernica –primero entre los partidos presentes en el Gobierno Preautonómico de Euskadi y, luego, en la negociación que tuvo lugar con el Parlamento Español–, lo que fue una gran experiencia.

Como puede ver el lector, cuando llegué a ocupar mi escaño en Madrid no era, ni mucho menos, un neófito en la política, desconocido dentro del PSOE como les pasaba a algunos diputados de provincias cuando pisaban por primera vez el hemiciclo. Por eso, cuando leo ahora las primeras anotaciones de estos diarios, no puedo evitar sonreír pensando en la imagen que el lector puede hacerse de mí como el provinciano llegado a Madrid con la ambición de hacer una carrera política como en las novelas francesas e inglesas del siglo XIX (o también en las de Benito Pérez Galdós en nuestro país).

Ambicioso, sí, pero provinciano, no. En realidad, y dejando a un lado los dos años que viví en Guecho y el año que pasamos Gloria, nuestro hijo Carlos (Miguel todavía no había nacido) y yo en Cambridge, Massachusetts, mientras estudiaba mi curso de postgrado en el MIT, toda mi vida adulta, desde que llegué a la universidad, había transcurrido en Madrid. Allí había conocido a Gloria, que era compañera de curso en la Facultad de Ciencias Económicas en el viejo edificio de la calle de San Bernardo, allí descubrí mi vocación como economista y allí encontré mi primer puesto de trabajo importante como titulado del Servicio de Estudios del Banco de España, que en esa época –1967– era el mejor observatorio de análisis macroeconómico y financiero en España.

En los primeros años de la facultad, 1961 y 1962, sí me sentía un auténtico provinciano, aunque Madrid era una villa y corte que seguía siendo en gran medida «un poblachón manchego» sin apenas atractivo intelectual y cultural, y con un nivel educativo entre las clases más modestas alarmantemente bajo y retrasado. Tampoco la Facultad de Ciencias Económicas resultaba particularmente estimulante. Exceptuando a Enrique Fuentes Quintana (y algunos de sus colaboradores), José Luis Sampedro (que también escribía buenas novelas), Rodrigo Uría, Gonzalo Arnáiz o Manuel Varela, la inmensa mayoría de los profesores pasaban discretamente desapercibidos o sencillamente eran malos o ignorantes y, en algunas ocasiones, las dos cosas.

Pero en la Facultad de Ciencias Económicas había también un joven profesor que estaba preparando su oposición a la Cátedra de Teoría Económica y que impartía la asignatura en tercer curso. Se había doctorado en la London School of Economics, cuando ninguno de nuestros profesores había pasado por aprendizaje alguno en universidades extranjeras de prestigio, y enseñaba macroeconomía, una asignatura con la que uno podía entender, por fin en mi caso, la relación entre la economía y la política; cómo se desarrollaban los fenómenos de la inflación y el desempleo, cuándo crecía más una economía o cuándo detenía su crecimiento; qué papel jugaba el sistema financiero en el funcionamiento de una economía; cómo, en fin, los gobiernos, a través de la política monetaria y de la política fiscal y con otras medidas, podían tratar de dirigir el curso de la evolución económica del país procurando evitar los males de la inflación o el desempleo, las crisis de balanza de pagos y de tipo de cambio de la moneda o las quiebras de la Deuda Pública.

Luis Ángel Rojo nos explicó todas esas cosas en el contexto de un modelo económico keynesiano que, luego, en sus seminarios, iba enriqueciendo y complejizando, trasladándonos la convicción de que esa forma de análisis económico era algo que, mediante las adaptaciones institucionales necesarias, se podía utilizar en cualquier país relativamente industrializado y también, desde luego, en España. Luis Ángel, a quien admiré toda mi vida, y que colaboró conmigo cuando fui ministro de Economía y Hacienda, además de regalarme su amistad que creció con los años, me enseñó muy pronto, cuando era profesor y nos tratábamos de usted, dos cosas que fueron muy importantes para mí. En primer lugar, después de hacer de mí (y de otros) un keynesiano convencido, me fue mostrando cómo las síntesis neoclásicas y las teorías de las expectativas racionales obligaban a matizar el enfoque keynesiano, a no ser troppo fanatico en materia de política económica. En segundo lugar, aunque mucho más importante, me dio a conocer su memoria de cátedra y la metodología científica que en ella se defendía, y por esta vía, a Karl Popper y la lógica del descubrimiento científico (así como el odio de Popper por lo que el filósofo llamaba historicismo). Esta influencia positivista –dicho de manera un tanto imprecisa– y liberal me ayudó a liberarme de muchos de mis complejos ideológicos y, sobre todo, de mi mala fe por ser insuficientemente marxista.

Llegué a la Carrera de San Jerónimo en un momento muy especial. El PSOE había resuelto la crisis del XXVIII Congreso del año anterior, después de la dimisión de Felipe González como secretario general, y trataba de adaptarse con realismo a la nueva situación política tras las elecciones, que no era sino una continuación de la que se había venido desarrollando durante la legislatura constituyente. Pero la frustración que habían producido los resultados electorales de marzo de 1979, y que estaba en la base del debate ideológico sobre el marxismo del XXVIII Congreso, continuaba con nosotros y seguramente fue una razón importante para el cambio estratégico que representó la presentación de la moción de censura contra el presidente Adolfo Suárez en un debate parlamentario en mayo de 1980, unas semanas después de mi incorporación a las actividades parlamentarias.

Por aquella época, el principal asunto en el desarrollo de la Constitución de 1978 se centraba en la cuestión territorial con la creación de las comunidades autónomas, lo que estaba planteando y resucitando viejos temores ante las posiciones nacionalistas y los deseos separatistas que se adivinaban o se dejaban simplemente traslucir detrás de ellas. Cataluña y Euskadi, una vez refrendados sus estatutos, ya habían tenido las primeras elecciones autonómicas con victorias incontestables de los nacionalistas vascos y catalanes, quedando el PSOE en segundo lugar en ambos casos y dejando al centro y la derecha de España (UCD y Alianza Popular) con una magra representación en los parlamentos correspondientes, lo que preocupaba mucho a la gente de orden y a la oposición conservadora. El protagonismo de los temas autonómicos y regionales llevó al PSOE a plantear en la Mesa del Congreso y a conseguir, después de negociar con UCD, la creación de dos grupos parlamentarios adicionales a partir del Grupo Socialista: el de los Socialistas Vascos y el de los Socialistas Catalanes.

El Grupo Socialista Vasco estaba constituido por seis parlamentarios. Dos diputados por Vizcaya, Nicolás Redondo (secretario general de UGT y una de las vacas sagradas del partido) y Eduardo López Albizu (el padre del que sería después lehendakari y presidente del Congreso de los Diputados, Patxi López); dos diputados por Guipúzcoa, Enrique Múgica (otro de los dirigentes históricos del PSOE en el interior) y Carlos Corcuera (un militante poco conocido); un diputado por Navarra, Gabriel Urralburu (que no se sentía muy a gusto bajo la denominación de Socialistas Vascos), y yo mismo como diputado por Álava. En estas condiciones, no es extraño que finalmente se decidiera que fuera yo el portavoz del grupo: quienes podían serlo con más autoridad que yo no lo deseaban.

Así me encontré con la doble circunstancia de ser portavoz de un Grupo Parlamentario y poder participar en las reuniones de la dirección del Grupo Socialista General y, en ocasiones, como invitado en las de la Comisión Ejecutiva del PSOE y, al tiempo, darme a conocer como parlamentario «con buenas hechuras» con ocasión de la moción de censura a Adolfo Suárez y al conjunto de debates políticos y presupuestarios que le siguieron hasta el fin del año 1980. Fue un corto periodo de mi vida particularmente gratificante en el que sentía que estaba participando de manera singular en el desarrollo de los destinos de nuestro país y en la configuración del PSOE como una auténtica alternativa de gobierno.

Toda esta visión optimista se vino abajo con la crisis de UCD tras la dimisión de Adolfo Suárez y la entrada en el Congreso de los guardias civiles al mando del teniente coronel Antonio Tejero haciéndonos rehenes a diputados y miembros del Gobierno en la tarde-noche del 23 de febrero de 1981.

Como es sabido, el Rey acabó con el intento de golpe de Estado al no secundarlo y llamar a la disciplina democrática a las Fuerzas Armadas. Pero aquellos acontecimientos, con la frustración y la vergüenza que nos produjeron, también vinieron a recordarnos la fragilidad de nuestra democracia y generaron un periodo de autocensura política en el que todos hicimos esfuerzos para facilitar la concordia política y la gobernación del país al Gabinete que había formado Leopoldo Calvo-Sotelo con miembros de las diversas y cada vez más enfrentadas familias de UCD, después de haber rechazado la oferta de negociación del PSOE para formar un Gobierno de coalición.

Esta pesadumbre que se proyectaba sobre la acción política, esta permanente ansiedad sobre cómo seguir haciendo política sin poner en peligro la escasa solidez de nuestra democracia impregna las notas de estos diarios entre la primavera de 1981 y el verano de 1982, cuando los acontecimientos electorales en Andalucía anunciaban de manera indiscutible la próxima victoria del PSOE en las elecciones generales que finalmente fueron convocadas para el 28 de octubre de 1982.

Me contaba hace poco tiempo mi buen amigo Joaquín Almunia que, a la hora de formar Gobierno, Felipe González llamó en primer lugar a Miguel Boyer y, a continuación, me llamó a mí para ofrecerme la cartera de Industria y Energía. Me place que así fuera y puedo decir que ello me permitió ser testigo de algunas de las consideraciones que hacía Felipe González sobre la idoneidad de algunas personas para ocupar cargos en el nuevo Gobierno que había de tomar posesión el 3 de diciembre de 1982.

A partir de esa fecha y hasta junio de 1985 los diarios reflejan fundamentalmente el desempeño de mis actividades como ministro de Industria y Energía, aunque también dan testimonio de la gestión general del primer Gobierno socialista de la historia de España. Las anotaciones son más cortas porque, a pesar de mis largas jornadas de trabajo durante los primeros años, no encontraba mucho tiempo para poner en orden mis notas. Por eso no se reflejan en ellas el sobrecogimiento próximo al terror con que algunos de nosotros –quizá la mayoría– nos hicimos cargo de la responsabilidad gubernamental o el estilo inevitablemente compartimentado de las tareas del Gobierno: muchas de las cosas relativas a la gobernación y la lucha antiterrorista así como las referentes a la política de defensa las despachaba el presidente del Gobierno con los ministros correspondientes y sólo eran objeto de deliberación en el Consejo de Ministros cuando los titulares de esas carteras traían alguna disposición, orden ministerial, decreto o norma con rango legal que requería la aprobación del Consejo de Ministros. A pesar de dicha compartimentación, durante el primer año o año y medio el Gobierno debatió intensamente, en deliberaciones a veces interminables, sobre la gobernación de todo tipo de asuntos, y no faltaban los intercambios dialécticos, algunos ásperos.

Fuimos viendo que la tarea de gobierno tenía aspectos francamente desagradables, como el del mantenimiento del orden público, el cierre de empresas estatales, la disposición de recursos muy por debajo de lo que cada ministro deseaba gastar en su área de competencia, el enfrentamiento con los sindicatos y el tratamiento distinto que ahora recibíamos de los medios de comunicación, que tan poco críticos habían sido con nosotros cuando estábamos en la oposición. Al mismo tiempo, aquello nos fue curtiendo y enseñando las dificultades de la gobernación. En el área de la política económica no tardamos en comprobar que muchas de las cosas que había que hacer de manera ineludible, como una política monetaria claramente restrictiva para ir rebajando la inflación o una política de reconversión industrial para preparar este sector para nuestra entrada en la Comunidad Económica Europea (CEE) o las reformas del mercado de trabajo, nos ponían en una situación difícil frente a los trabajadores, sus sindicatos, y de manera muy principal UGT y nuestros propios votantes. Aunque mejoramos sustancialmente el salario mínimo interprofesional, extendimos la cobertura del sistema de salud, subimos el nivel de las pensiones, sobre todo de las más bajas, aproximándolas al salario mínimo, y modernizamos la educación secundaria por todo el país con un notable esfuerzo, a medida que la situación económica fue evolucionando positivamente al calor de nuestro ingreso en la CEE, la insatisfacción social por lo mucho que nos faltaba todavía por hacer para llegar a un Estado del Bienestar comparable a los de los países adelantados estalló en 1986-1987 en protestas y desordenes cuya magnitud y extensión asombraron al Gobierno y a muchos españoles.

Pero antes de que se produjeran aquellas protestas, el Gobierno del PSOE había conseguido instalarse de manera sólida en el poder sin que la impopularidad de algunas de sus actuaciones políticas o los chantajes de ETA, que continuaba en su carrera de asesinatos, pudieran representar un peligro para la estabilidad gubernamental y la reputación del propio Gobierno.

A ello contribuyó muy significativamente la intervención que hubimos de llevar a cabo del Grupo RUMASA, como se narra en estos diarios. La firmeza que mostró el Gobierno a la hora de hacer uso de la autoridad, acompañada de la insistencia en su mensaje de que tras la intervención en el Grupo RUMASA no se ocultaba ningún afán de socializar o nacionalizar bancos y empresas, garantizó el éxito de la operación y consiguió consolidar la posición política del Gobierno.

Por lo demás, y tras unos meses iniciales de bajo perfil, mi tarea al frente del Ministerio de Industria fue subiendo puntos y destacándose dentro de las tareas acometidas por aquel Gobierno transformador. La reconversión de grandes sectores industriales, la renovación en las exigencias de eficiencia en la empresa pública (INI e Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH) fundamentalmente), la reestructuración del sector eléctrico y su salvamento financiero con la reconversión del programa de inversiones en centrales nucleares, más el apoyo a la investigación y el desarrollo fueron las principales líneas de mi actuación.

La tensión con los sindicatos y con el alma más obrerista del PSOE fue creciendo conforme estos acontecimientos y otros tenían lugar en 1983 y 1984. En el seno del Gobierno esta tensión se manifestaba fundamentalmente en la contraposición entre las propuestas del área de economía, fundamentalmente las que expresaba Miguel Boyer, que presidía con gran autoridad la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, y las del vicepresidente Alfonso Guerra, que dirigía con no menos autoridad la Comisión de Subsecretarios y servía de enlace con la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE en el día a día. Con no menos desconfianza acogía Alfonso Guerra las propuestas que Joaquín Almunia, José María Maravall o yo hacíamos en el Consejo, pero reservaba sus mejores dardos críticos para el ministro de Economía y Hacienda.

Transcurrido el primer año de gobierno, resultaba evidente que Miguel Boyer quería contar dentro del área con ministros más próximos a él y más alejados de Guerra, y deseaba también que le nombraran vicepresidente del Gobierno para librarse de la sombra constante de Alfonso Guerra. Finalmente –y tras un intento frustrado por la indiscreción de Boyer en el verano de 1984– fue en julio de 1985 cuando se produjo la crisis de Gobierno, que paradójicamente acabó con Miguel Boyer fuera del mismo, conmigo al frente del Ministerio de Economía y Hacienda y presidiendo la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, y con un Felipe González bastante frustrado sobre cómo se había producido la crisis. Los diarios dan cuenta de estas y otras cosas en la época así como de mis primeros pasos en el Ministerio de Economía y Hacienda, en el que traté de poner el foco de la atención pública sobre todo en la continuidad de la política económica y de la política industrial, manteniendo los nombramientos de los tres secretarios de Estado del Ministerio de Economía y Hacienda y llevándome desde el de Industria tan sólo a Luis Sempere, jefe de mi Gabinete , y a José Casas, jefe de mi Secretaría, dejando intacto el resto del equipo.

Como el lector advertirá por las fechas, cuando yo llegué al Ministerio de Economía y Hacienda ya se había firmado el Tratado de Adhesión de España a las Comunidades Europeas que había de entrar en vigor el 1 de enero de 1986. Las favorables expectativas que desató tal acontecimiento cambiaron de manera espectacular el ambiente de la vida económica en España. Cuando, finalmente, se aprobó en referéndum nuestra permanencia en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en marzo de 1986, España quedó instalada políticamente entre los países de Occidente y económicamente dentro de la CEE, con lo que acabó el proceso de homologación que se había iniciado en la Transición y se cumplió el deseo de tantos españoles de terminar con el «Spain is different» del largo pasado franquista. Con el viaje oficial que, encabezado por Felipe González, realizamos algunos ministros a la Unión Soviética y el extraordinario entendimiento que, de manera espontánea, surgió entre González y Mijaíl Gorbachov se concluyó lo que podía ser la nueva situación de España en el mundo, que se completaría en los años siguientes mediante el aumento de nuestras relaciones con América Latina, donde el proceso de transición política y de modernización económica y social de España era fuente de inspiración para muchos países que acababan de salir de regímenes militares y para otros de aquel continente.

Con estas alforjas decidió Felipe González convocar las elecciones generales para el 22 de junio de 1986 que, en su momento, permitieron la renovación de una amplia mayoría absoluta del PSOE en el Parlamento y a las que siguió una remodelación del Gobierno. Para entonces la economía española crecía a buen ritmo y atraía muy importantes inversiones internacionales que venían buscando no sólo las oportunidades que ofrecía el mercado español, sino también la plataforma ventajosa que presentaba España con sus salarios más bajos para abastecer los mercados de la CEE. Aunque la balanza de pagos se iba deteriorando lentamente, las fuertes tasas de crecimiento de la formación bruta de capital fijo y el cambio estratégico de la situación en España permitían augurar años de crecimiento con un efecto positivo en el empleo y la reducción de la tasa de paro. El aumento en los ingresos del Estado derivado de este incremento de la actividad productiva permitía reducir el déficit público y, simultáneamente, allegar muchos más recursos para la extensión y profundización del Estado del Bienestar.

En este panorama tan prometedor la única nota discordante para quien dirigía la política económica era la persistencia de la inflación, cuya tendencia a la baja de los últimos años había venido a detener la entrada en vigor del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) con nuestra incorporación a la CEE. La otra cara de esta medida era que el efecto inflacionista se producía en un solo año, lo que permitía albergar la esperanza de que la inflación en 1987 se redujera a las proximidades del 4 % si los salarios se negociaban en los convenios colectivos con una subida del 5 %. Esto abría un escenario óptimo de la situación económica. Por ello, me propuse convencer a los interlocutores sociales de estas ventajas, pero fue imposible. Las entradas de los diarios de fines de 1986 y principios de 1987 relatan cómo se produjeron unos acontecimientos que no sólo no llevaron al entendimiento que deseaba el Gobierno con los interlocutores sociales, sino al mayor enfrentamiento que se había producido hasta entonces entre éste y UGT, marcando un punto de inflexión que llevaría a la huelga general de diciembre de 1988, en la que ya se hizo patente la ruptura entre el Gobierno del PSOE y la central sindical hermana.

Pero esto ocurrió más tarde. Antes de que llegáramos a ese momento, el Gobierno socialista tuvo ocasión, como ya he mencionado, de seguir ampliando la cobertura y eficacia del Estado del Bienestar, aunque todavía quedaba mucha tarea por hacer y no siempre los ciudadanos aceptaban resignadamente esta situación, como mostraron las movilizaciones populares de fines de 1986 y la primavera de 1987.

Este ambiente un tanto confuso y el hecho de que UGT perdiera en 1987 las elecciones sindicales en la mayoría de las grandes empresas, donde la competencia entre las diversas centrales sindicales y particularmente con CC.OO. era más abierta, llevó a esta central a situarse crecientemente en contra del Gobierno. La reforma de pensiones que aprobó el Gobierno a propuesta del ministro Joaquín Almunia fue la ocasión elegida por Nicolás Redondo para dimitir de su escaño y hacer pública así su discrepancia con la orientación política del Gobierno. A partir de ese momento y hasta que el secretario general de UGT se vio obligado a dejar su cargo, este sindicato se situó a la izquierda de CC.OO. y se constituyó en la única oposición política efectiva contra el Gobierno del PSOE.

A pesar de estas tensiones, la entrada de capitales en España seguía siendo ingente, apreciando excesivamente la peseta, calentando los precios de los valores en Bolsa y desatando una fiebre financiera que, tras muchos años de inhibición y desconfianza, parecía campar a sus anchas. Se iniciaron los movimientos de fusión bancaria que, después de varios intentos fracasados, se hicieron realidad en el caso del Banco de Bilbao y del Banco de Vizcaya hasta que, con la creación de la Corporación Bancaria que llevé a cabo en 1991, tuvo lugar una segunda fase de concentraciones que culminó, por lo que a estos diarios corresponde anotar, en 1994, cuando tras la intervención de Banesto por el Banco de España aquél fue comprado por el Banco Santander. El grupo financiero KIO, agencia oficial de inversión del Estado de Kuwait, entró en estas y otras operaciones de la mano de un socio en España de quien yo desconfiaba profundamente, Javier de la Rosa, y con su comportamiento favoreció movimientos especulativos cuyo trasfondo económico o cuya explicación estratégica no parecían en absoluto creíbles. Personajes como Mario Conde y otros de menor calado empezaron a dejar su impronta en el mundo de los negocios. La situación llegó a preocuparme tanto que, por aquella época, escribí unas reflexiones que he intercalado entre las entradas en los diarios de aquellos momentos y que no sólo expresan bien los motivos de mi preocupación sino que son un fiel testimonio de cómo estaba cambiando la cultura más superficial de los negocios en España.

El Gobierno, sin embargo, seguía en sus tareas. Mi papel como presidente de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, que yo ejercía con la firmeza que creía necesaria para evitar tener que pedir la ayuda permanente del presidente del Gobierno o llevar los asuntos «con discrepancias» al Consejo de Ministros, invalidando así la delegación de funciones que tenía la comisión, me obligaba a ver de manera panorámica la gestión de una gran parte del Gobierno, pues los asuntos ahí tratados no suponían menos del 60 % de los que se consideraban en el Consejo de Ministros. Conforme Felipe González fue confiando más en mí, nuestros frecuentes despachos y conversaciones de política general al margen de nuestras agendas me aproximaron más al centro de las decisiones políticas, y creo poder decir sin vanidad que el peso de mi opinión en la configuración de las mismas creció muy significativamente.

Ello no me dificultó seguir adelante con las muchas tareas que tenía que llevar a cabo desde el Ministerio de Economía y Hacienda, tanto en el área de los mercados financieros y su supervisión como en el campo de la modernización de la Administración de la Hacienda Pública y el perfeccionamiento de nuestro sistema fiscal, como se detalla en las partes III y IV de estos diarios.

Respecto al primer campo, envié al Consejo de Ministros, y luego al Parlamento, una nueva Ley sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, la primera legislación de planes y fondos de pensiones privados para complementar el sistema público de retiro y una profunda reforma del mercado de valores que acabó con la anomalía del monopolio de actuación en el mercado de los viejos agentes de Cambio y Bolsa, al tiempo que modernizaba el proceso de transacciones con la introducción de las anotaciones en cuenta y la liquidación electrónica de las transacciones. Estas y otras reformas estructurales estuvieron en la base de la modernización de la economía española.

Estrechamente relacionado con lo anterior, continué y culminé, ya a principios de los años noventa, la liberalización total del sistema financiero de los muchos coeficientes que reducían la capacidad de maniobrar de los bancos y cajas de ahorro, disminuyendo la competencia en los mercados bancarios y la eficiencia de las entidades en su labor de intermediación. Paso a paso, con este proceso avanzó el de liberalización también de los tipos de interés activos y pasivos practicados por bancos y cajas, y finalmente la total eliminación de los controles de cambio y de las restricciones de movimientos internacionales de capital.

También hubo que crear un mercado de Deuda Pública que no existía en España y que atrajo el interés de inversores españoles y extranjeros. De esta manera, la financiación del Tesoro pudo ser transparente, creando menos problemas a la política monetaria que cuando los déficits públicos se financiaban con cargo a la cuenta del Tesoro en el Banco de España. También hubo que cambiar otros aspectos de la Administración Tributaria, mejorando sustancialmente el catastro y los equipos informáticos a su disposición, y esta tarea se culminó con la creación de la Agencia Tributaria en 1992.

Felipe González decidió una nueva remodelación del Gobierno en el verano de 1988. El nuevo Gobierno era uno de los más compactos de los que yo conocí, con la incorporación de Jorge Semprún al Ministerio de Cultura, Claudio Aranzadi al de Industria y Energía, José Luis Corcuera al del Interior, sustituyendo a José Barrionuevo que pasó al Ministerio de Transportes, y con la incorporación sorprendente de Enrique Múgica. Al pasar Javier Solana del Ministerio de Cultura al de Educación, Rosa Conde fue nombrada ministra portavoz del Gobierno, cargo que también ejercía anteriormente Javier Solana. Me sentí feliz con el nuevo Gabinete, en cuya configuración había tomado parte, y pensé que se abrían nuevas posibilidades a la acción del Gobierno a pesar de las cada vez más difíciles relaciones entre éste y UGT, que lentamente, según veo ahora, pero no me lo parecía entonces, estaba deslegitimando la labor del Gobierno, justificando así la convocatoria de huelga general que tanto éxito tendría en el mes de diciembre de 1988.

Ahora, transcurridos prácticamente cuarenta años desde aquel acontecimiento, puedo reconocer sin tapujos que el Gobierno salió seriamente perjudicado de aquella huelga general y con una importante dosis de desorientación. Del debate que siguió a la misma en el Consejo de Ministros se desprendió claramente que tan sólo Claudio Aranzadi, Jorge Semprún y yo éramos partidarios de convocar elecciones generales inmediatamente y así comprobar si los ciudadanos rechazaban en las urnas al Gobierno de Felipe González, como pareció sugerir el amplio seguimiento de la huelga. El presidente se sentía atraído por este curso de acción, pero al final prevaleció su idea de no empañar con asuntos relacionados con la estabilidad política interna la presidencia del Consejo de la CEE, que por primera vez ejercía nuestro país.

En la primera parte de 1989 el Gobierno se enfrentó a dos tareas principales: en primer lugar, restaurar un clima de concertación creíble y útil con los sindicatos después de la huelga; en segundo lugar, dedicar lo mejor de sus capacidades a llevar a cabo con éxito la presidencia del Consejo de la CEE, donde ya se empezaba a hablar de la Unión Económica y Monetaria como paso siguiente en el proceso de integración al desarrollo del mercado interior. Tuvimos un éxito considerable en este propósito y fracasamos miserablemente en el del crear una nueva atmósfera de cooperación con los sindicatos.

Entretanto, el Gobierno aprobó a mi propuesta la incorporación de la peseta al mecanismo de regulación de cambios del Sistema Monetario Europeo (SME) el día 17 de junio de 1989. Con esto podía decirse que, aunque algunos movimientos de capitales todavía estaban restringidos, el país se incorporaba al grupo de naciones con mayor fiabilidad financiera, mejorando su atractivo frente a los inversores internacionales. El interés internacional por España crecía y hube de responder a entrevistas de importantes medios internacionales como el Herald Tribune y el Wall Street Journal. Más importante desde este punto de vista fue el viaje oficial que, en plena campaña electoral y acompañando al presidente, hicimos el ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordoñez, la ministra Rosa Conde y yo a Estados Unidos. En la rueda de prensa, el presidente George H. W. Bush hizo grandes elogios de España y de su Gobierno. El viaje fue, sin duda, un éxito político.

Volviendo a las elecciones del 29 de octubre de 1989, es preciso señalar que, a pesar de la caída de votos, el PSOE consiguió refrendar, de hecho, su mayoría absoluta (hubo un escaño cuya asignación al PSOE fue recurrida por Alianza Popular, dejando en suspenso si los escaños obtenidos por nosotros se quedaban en 175 o 176). Eso, a pesar del exceso de seguridad que denotaba el viaje a Washington D.C. del candidato y presidente del Gobierno durante la campaña o de que se filtrara con gran escándalo de algunos la confidencia de Felipe González a la periodista Susana Olmo de que él hubiera preferido no ser nuevamente candidato y que alguien pudiera sustituirle en el liderazgo del PSOE. Esta sensación de hartazgo del presidente del Gobierno se reflejó en la principal decisión que tenía que tomar recién inaugurada la nueva legislatura: la reconfiguración de su Gabinete. Ante las posibles presiones de unos y otros por cambiar el Gobierno, Felipe González decidió dejarlo sin ningún cambio haciendo gala de independencia frente a las mismas, pero dejando pasar la oportunidad de imponer su criterio cuando tenía por delante toda una legislatura. El fantasma de la inacción amenazaba al Gobierno y, si bien al principio no se enseñoreó de su actuación, la emergencia del que se llamaría «caso Guerra» permitió que esto fuera así a partir de la primavera de 1990.

En este ínterin entre las elecciones y la investidura del presidente asistimos asombrados, como todos, a la caída del Muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989 y también a la caída de los regímenes comunistas de Europa Oriental en las siguientes semanas. Como muchos otros, jamás había creído que iba a ver esto. La nueva situación supuso, por lo demás, un cambio geoestratégico en Europa que no era difícil adivinar que iba a tener un efecto importantísimo en el destino de la CEE, interfiriendo necesariamente en las relaciones políticas entre sus miembros después del aumento de la dimensión de Alemania, causando nuevos problemas en la gobernabilidad de la CEE con posibles efectos negativos sobre lo que entonces nos parecía el proyecto político europeo de mayor enjundia: la realización de la Unión Económica y Monetaria y el Tratado de la Unión Europea.

En estas circunstancias internas y externas un tanto anómalas, convencí al presidente del Gobierno de que me permitiera una estrategia de aproximación a los sindicatos, con los que el diálogo estaba prácticamente roto, a fin de pactar con ellos un acuerdo que pudiera durar hasta el final de la legislatura que entonces se abría. Debía abordar algunas de las exigencias que venían manteniendo bajo el absurdo epígrafe de «deuda social», para pactar luego una senda de evolución de precios y rentas (salarios y beneficios) con garantías de ganancia real para los trabajadores, así como llevar a término algunos cambios estructurales como la Ley de Huelga y modificaciones en las normas del mercado de trabajo. El Gobierno estaría representado en esas conversaciones por Joaquín Almunia como ministro para las Administraciones Públicas, Manuel Chaves, titular del Ministerio de Trabajo y yo mismo, que habría de coordinarlas. El objetivo del acuerdo era mejorar la competitividad de España después de unos años en los que nuestro extraordinario crecimiento y nuestra mayor inflación habían traído como consecuencia un deterioro de la misma.

La atención que empezó a atraer el «caso Guerra», tanto por parte de nuestros adversarios políticos como por parte de los militantes del PSOE, tuvo en aquel momento dos efectos inmediatos, perfectamente predecibles, y uno más, imprevisto en aquellas circunstancias. Por el primero, conforme se fueron conociendo más datos del hermano de Alfonso Guerra y de sus actividades presuntamente ilegales así como el avance de las primeras investigaciones judiciales y fiscales, fue apoderándose de todos en el Gobierno la impresión de que la situación política de su vicepresidente era insostenible. Pero prescindir de Alfonso Guerra, con o sin su aquiescencia, no era tarea simple. El ambiente se fue haciendo, tanto en el PSOE como en el Gobierno, cada vez más irrespirable y la consecuencia en el caso de éste último fue una fuerte paralización de su actividad. En segundo lugar, muy estrechamente relacionado con lo anterior, empezaron a generarse fuertes tensiones entre guerristas y no guerristas o antiguerristas, que generaron un estado de lucha cada vez más abierta dentro del PSOE que no se acabó cuando, en enero de 1991, Guerra abandonó el Gobierno, sino que siguieron hasta que el guerrismo perdió prácticamente todo su poder entre 1994 y 1995. Estos diarios dan testimonio de parte de esas batallas, pero sólo de aquellas a las que me fue dado asistir, absteniéndome de señalar otras de las que yo no pude ser testigo directo, aunque quizás no fueron menos importante (partes IV,V y VI).

La consecuencia no prevista de los dos anteriores cursos de acción fue que, tanto por mi intensa actividad en el frente de la negociación del Pacto de Competitividad como en el de las negociaciones europeas de cara a la consecución de la Unión Económica y Monetaria, por un lado, y el conocimiento por todo el mundo de mi posición antiguerrista, por otro, vine a tener entonces un protagonismo político mayor, que deseaba y seguramente me convenía. La prensa de aquellos meses lo reflejó con asiduidad.

Y en esto, Sadam Husein decidió invadir Kuwait a principios de agosto de 1990, cuando el Gobierno estaba dispersado en diferentes lugares de veraneo. Felipe González nos convocó a algunos en un Gabinete de Crisis que mantuvo varias reuniones hasta que se inició la ofensiva de las fuerzas aliadas en la operación llamada Tormenta del Desierto a principios de 1991. España jugó un papel muy importante estratégica y logísticamente en la guerra del Desierto, y la valoración del país y la del propio González subió ante Estados Unidos y la comunidad internacional. Ello permitió más tarde a Madrid ser sede de la Conferencia para la Paz en Oriente Medio, que en su momento tuvo una gran importancia aunque sus resultados posteriores no fueron todo lo que podían haber sido.

Los diarios dan cuenta también del ambiente de luchas intestinas en el PSOE con que se cerró el año 1990 y que el XXXII Congreso del partido no fue capaz de resolver, así como de la interminable interinidad de un Gobierno del que Alfonso Guerra todavía formaba parte, cuando había perdido totalmente la confianza del presidente, y donde su presencia inhibió en gran medida la actividad gubernamental. En mi propio terreno es evidente que las perspectivas de mayor incertidumbre de la economía internacional tras la guerra del Golfo aconsejaban alcanzar cuanto antes un acuerdo en el Pacto de Competitividad, pero esto avanzaba tan lentamente que empecé a temer que mi iniciativa no fuera a ser de gran utilidad.

Finalmente, el 12 de enero de 1991 Alfonso Guerra presentó su dimisión como vicepresidente del Gobierno. Cuando llamé al presidente para confirmarlo, me ratificó lo que había visto en la televisión y me tranquilizó señalando que el movimiento se hizo de mutuo acuerdo entre ellos. Si lo hubo realmente, ni el tono apesadumbrado de voz de Felipe González al otro lado del gabinete telegráfico permitía suponer que había sido pacífico ni los movimientos de Alfonso Guerra en las siguientes semanas lo sugirieron en modo alguno. Al fin, el terreno estaba expedito para abrir una remodelación del Gobierno que, en esta ocasión, sería seguida por la dirección y por los militantes del PSOE con una atención y una pasión como no se había dedicado a ninguna otro en el pasado. ¿Quién ocuparía el papel de Guerra en el Gobierno? ¿Cuál sería ahora su cometido en el PSOE? Preguntas que no se hacían en un ambiente sosegado y racional, sino en una atmósfera de luchas intestinas y guerras ideológicas y de poder.

El siete de marzo de 1991, terminada la guerra del Desierto y recobrada la soberanía kuwaití sobre su territorio, me llamó el presidente para explicarme sus planes sobre la largamente esperada renovación del Gobierno. El punto fundamental de su mensaje fue que comprendía mi deseo de ser vicepresidente, pero que no lo podía atender porque temía que tal nombramiento llevara a fuertes enfrentamientos en el seno del PSOE. Que había considerado la posibilidad de nombrar un vicepresidente político y otro económico, pero que finalmente había desechado la idea para que nadie creyera que la ausencia de Alfonso Guerra sólo podía cubrirse con el nombramiento de dos vicepresidentes. En fin, concluyó Felipe González, su decisión era nombrar vicepresidente a Narcís Serra, aunque suponía que eso podía implicar mi abandono del Gobierno. Después de expresarle mi disgusto ante la idea de que yo tuviera que salir del Gobierno para compensar la salida de Alfonso Guerra, no teniendo nada que ver mi situación política con la del exvicepresidente, le pedí unas horas para considerar mi futuro.

Cuando ahora pienso lo que decidí en aquellas horas tengo muchas dudas de que eligiera lo que era más conveniente para mí. En todo caso, ya no es nada que se puede arreglar. Si me hubiera ido del Gobierno seguramente hubiera sido considerado la víctima propiciatoria para satisfacer al aparato guerrista del PSOE y compensar así la dimisión de Alfonso Guerra. Ello me hubiera dejado en una posición de espera para poder volver al Gobierno transcurrido cierto tiempo, cuando, como ya se adivinaba entonces, el poder del guerrismo fuera mucho menor tras el enfrentamiento entre Guerra y González.

Pero no fue eso lo que elegí, sino quedarme en el Gobierno a cambio de acordar con el presidente quiénes habían de ocupar las carteras del área económica (Claudio Aranzadi, Industria, Energía más Comercio, que yo le traspasaría desde mi Ministerio; Josep Borrell en un nuevo superministerio encargado de Obras Públicas, Vivienda, Transportes, Comunicaciones y Medio Ambiente; Julián García Valverde en Sanidad; y Pedro Solbes en Agricultura, mientras seguía en el Ministerio de Trabajo Luis Martínez Noval).También le pedí su apoyo para transformar la banca pública española, reduciéndola al Instituto de Crédito Oficial (ICO) como agencia financiera del Estado y eliminando los diversos bancos oficiales mediante la creación de la Corporación Bancaria, utilizando el Banco Exterior como cabecera.

El nuevo Gobierno empezó su funcionamiento adecuadamente. Pero esta situación de normalidad no dejaba de ser una apariencia. Con la excusa de la celebración de las elecciones locales y, a propuesta de Abel Caballero, responsable de este tema en la Comisión Ejecutiva, ésta aprobó una política de acceso a la vivienda (no a la vivienda social, sino a la vivienda de manera general) cuya financiación no podía ser respaldada por mi Ministerio, como se explica en los diarios escritos en aquella primavera de 1991. Esto constituía el primer desafío claro de Ferraz a la Moncloa. Pero las nuevas actitudes de enfrentamiento con el Gobierno, y de manera muy particular conmigo, no se quedaron ahí. Desde el PSOE pretendían sugerir ahora una estrategia energética diferente de la que impulsaba Aranzadi desde el Ministerio, se inmiscuían cada vez más en aquellos asuntos en los que algunos ciudadanos y grupos económicos (como Javier de la Rosa, Mario Conde, algunos medios de comunicación o la Organización Nacional de Ciegos (ONCE), que había decidido sumarse al pandemónium de la especulación financiera) no encontraban el apoyo que ellos deseaban en el Gobierno y la Administración Pública. De repente, el PSOE, con Alfonso Guerra refugiado en la calle Ferraz, pareció convertirse en una sucursal del Gobierno, lo que no había sucedido desde que Felipe González formó el primer Ejecutivo socialista en diciembre de 1982.

A fines de mayo saltó a los medios la noticia de la existencia de dos compañías (Filesa y Time Export) que habían financiado al PSOE mediante la emisión de facturas falsas a empresas por supuestos servicios prestados. En el Gobierno reinaba, en lo que yo conozco, absoluta ignorancia sobre la existencia de estas empresas. Esta circunstancia puso otra vez en tensión las relaciones del partido al menos con el área económica del Gobierno y con otros ministros. La situación se iba deteriorando a ojos vistas, pero la gigantesca implantación política del PSOE en aquellos momentos hacía que este proceso fuera casi imperceptible.

En mayo, el Consejo de Ministros aprobó la creación de la Corporación Bancaria de España y, en junio, la estructura del llamado Pacto Social de Progreso, que sustituyó al previsto Pacto de Competitividad, en relación con el cual pedí comparecer en el Parlamento para buscar apoyos de otros grupos parlamentarios al tiempo que me empeñaba en explicar la importancia del mismo a los directores de los principales medios de comunicación del país. Mi actividad, pues, continuaba siendo muy intensa.

El aumento del gasto público y el deterioro de los cuentas públicas empezaban por entonces a manifestarse después de años de buenas noticias en este frente: el aumento del gasto social en el impulso continuado del Estado del Bienestar, más el Programa de Obras Públicas conectado con los fastos de 1992 (Exposición Universal de Sevilla, Juego Olímpicos de Barcelona) hacían muy difícil la reducción del gasto público en un momento en que, por primera vez en los últimos años, la desaceleración económica empezó a hacerse notar en la recaudación tributaria. En efecto, la economía, que había crecido en el cuatrienio anterior (1987-1990) al 5,1 % de media, creció tan sólo un 2,7 % en 1991. Por lo demás, una política fiscal expansiva tampoco era la medida adecuada cuando la inflación había repuntado hasta el 7 % anual en los últimos dos años. El caso es que la discusión en el Consejo de Ministros sobre lo que ahora se llamaría el «techo de gasto del Estado» fue muy viva y por primera vez, como señala la entrada correspondiente al día 15 de julio de 1991, me encontré en mi discusión de las cifras sin el apoyo del presidente del Gobierno.

Confieso que esta falta de apoyo fue una experiencia amarga. Quizá había concentrado, después de la remodelación de la primavera anterior, demasiado poder en torno a mi persona y demasiado protagonismo en la actividad del Gobierno y en sus relaciones con el PSOE. Por estos días también los sindicatos rechazaron seguir negociando el Pacto Social de Progreso y se produjo una situación de desorientación en el pleno de la política económica como no había ocurrido desde que se formara el primer Gobierno socialista.

En estas circunstancias, mis únicas satisfacciones provinieron de mis actividades europeas e internacionales y del reconocimiento desde otros países del valor de las mismas. En julio de 1991 los países de la CEE me propusieron para ocupar la presidencia del Comité Interino del Fondo Monetario Internacional (la institución que, en nombre de los países miembros, coordina la acción del organismo multilateral a lo largo del año), el cargo más importante desempeñado por un español en el FMI hasta entonces. Los votos de los países latinoamericanos unidos a los de la CEE apoyaron mi elección.

En septiembre de ese año también obtuve el reconocimiento por parte de la revista Euromoney como mejor ministro de Finanzas a nivel mundial. En Bangkok, en la Asamblea del FMI y del Banco Mundial en que estrené mi cargo de presidente del Comité Interino, recibí también la placa de distinción de Euromoney. De ambas distinciones puedo decir una cosa: que no moví prácticamente un dedo para obtenerlas. Tan sólo en el cargo de la presidencia del Comité Interino me interesé por el apoyo de los países latinoamericanos una vez que, contando ya con los de los europeos, negociados fundamentalmente por Pedro Pérez, el secretario de Estado de Economía, y sus colaboradores, estaba asegurada mi elección, lo que vine a saber cuándo los acuerdos estaban alcanzados.

Pero al margen de estos reconocimientos lo cierto es que el papel de España en la economía internacional estaba subiendo. En gran medida por el éxito económico del Gobierno de Felipe González, pero también por el conjunto de medidas de liberalización económica y financiera que estaban haciendo de España un país moderado y atractivo. Asimismo, el importante prestigio internacional de Felipe González y de su política exterior en general, al que contribuyó de manera importante el ministro Francisco Fernández Ordoñez, tuvo su importancia. Pero, quizá más que ninguna otra cosa, lo que se valoró especialmente fue la manera flexible y, en algún sentido ejemplar, con la que nuestro país se adaptó al entorno comunitario, constituyéndose en uno de los más sensibles partidarios del avance en la integración política de la CEE y contribuyendo con ideas y programas a la construcción de la Unión Económica y Monetaria y la consecución del Tratado de Maastricht, a la creación del Fondo de Cohesión y a la adaptación de la CEE al nuevo escenario geopolítico europeo tras la caída de la Unión Soviética y de los regímenes comunistas de Europa Central y Oriental.

1992 estaba destinado a ser el año de las celebraciones. España había sido elegida para organizar lo que sería la última Exposición Universal en Sevilla y el Comité Olímpico Internacional había designado a Barcelona, tras un reñido proceso de valoración, como sede de los Juegos Olímpicos de ese año. Ambos acontecimientos fueron sendos éxitos donde se pudo apreciar el largo camino que había recorrido España en su proceso de modernización en los diez años de gobierno socialista, su homologación con los países con economías más avanzadas y de mayor desarrollo institucional, y también su capacidad de organización de acontecimientos complejos, como eran los citados, para los que se requería planificación y perseverancia.

Entre 1982 y 1992 el Producto Interior Bruto (PIB) había crecido un 197,5 % y el PIB por habitante medido en dólares estadounidenses pasó desde 5.158 en el primero de esos años a 15.925 en 1992. En términos reales, depurado de los efectos de cambios, el crecimiento acumulado en la renta per cápita fue del 35,5 %, lo que equivalía a doblar la renta del español medio en un periodo de veinticinco años. El empleo creció también un 14 % durante la década, reduciéndose la tase de paro desde 1985 en que alcanzó su mayor nivel (17,9 %) hasta 1992 en que se situó en el 14,8 %, resultado poco satisfactorio particularmente si tenemos en cuenta que la tase de actividad no se movió de los alrededores del 49 % durante todos esos años. Estos magros resultados en la eliminación del desempleo fueron, como se puede comprobar en estos diarios, uno de mis quebrantos de cabeza junto con el funcionamiento del mercado de trabajo, a cuya rigidez atribuía yo parte de estos resultados. La productividad aparente aumentó un 23,4 %.

La economía española se abrió ya de manera irreversible a la competencia exterior. Con nuestro ingreso en la Unión Europea el índice de apertura económica pasó en términos reales del 35 % del PIB en 1982 al 64 % en 1992. El cambio tecnológico y este proceso de apertura aceleraron el cambio en la estructura productiva de España. La agricultura, que aportaba el 5,9 % del PIB en el año en que se formó el primer Gobierno socialista, siguió reduciendo su contribución hasta el 4,2 %. La industria redujo también su aportación desde el 27,1 % hasta el 22,3 %, siguiendo como la agricultura una tendencia secular todavía vigente. La construcción mantuvo su aportación entre el 9 y el 10 %, en tanto que el sector servicios incrementaba su aportación desde el 57,7 % del PIB hasta el 63,7 % en 1992.

A este incremento del sector servicios contribuyeron generosamente el Estado y las Administraciones Públicas mediante un aumento de nueve puntos del PIB en el gasto público, que se financió parcialmente con un aumento de los impuestos y cotizaciones sociales de 10,5 puntos del PIB. Ello permitió aumentar el gasto por habitante en sanidad en un 70 % y el de educación en un 149 % entre esas mismas fechas, y las pensiones y el subsidio de desempleo en un 114 % y un 85 %, siempre en términos reales

Para todo ello, fue necesario invertir seriamente en la modernización tanto de la Seguridad Social como de la Administración Tributaria, dotándolas de medios informáticos suficientes, lo que ayudó a incrementar espectacularmente el número de contribuyentes y generó, en última instancia, un Estado del Bienestar comparable con el de la mayoría de los países europeos teniendo en cuenta nuestra diferencia de riqueza.

En este periodo 1982-1992 no sólo tuvimos que desarrollar todas las instituciones de gobierno previstas en la Constitución con la instalación de las comunidades autónomas en sus diversos territorios, sino que cambiamos en profundidad nuestra normativa mercantil y financiera para adaptarla al nuevo mundo más liberal y transparente de la CEE, eliminamos los monopolios fiscales, y se aumentó, aunque con dificultades, la competencia en sectores profesionales y del transporte. El diseño de las políticas públicas en campos como el propio transporte, las comunicaciones o la energía mejoró sustancialmente, se transformaron los mercados de capitales, las normas bancarias, la estructura de la oferta de crédito, mejorando la competitividad de las entidades financieras, y en la privatización que se iniciaba al final del periodo se pusieron las bases para la creación de las primeras empresas globales en nuestro país (Telefónica, Repsol, ENDESA), que se unieron a los bancos privados con mayor vocación internacional. Cuando, en fin, a mediados de la década de los noventa empezaron a publicarse los primeros indicadores sintéticos de bienestar, España figuraba entre los primeros países del mundo en ese baremo.

Sin embargo, en los diarios correspondientes a 1992 el lector no encontrará un ápice de satisfacción por mi parte. Ya el 8 de enero de 1992 le envíe una larga carta al presidente del Gobierno exponiéndole mis graves preocupaciones por la evolución del déficit público y el reducido margen de maniobra que le quedaba a la política económica del Gobierno (y ello cuando yo, equivocadamente, tenía cierta esperanza en que el crecimiento económico pudiera recuperarse un poco al final del año, lo que no fue el caso). En una segunda carta en el mes de marzo le propuse, dentro del Programa de Convergencia que elaboramos en el seno de la CEE los distintos estados miembros para facilitar el proceso de la creación de la Unión Monetaria, aprobar con urgencia la reforma del Instituto Nacional de Empleo (INEM), lo que tuvo lugar el 1 de abril de 1992 y desencadenó una nueva huelga general cuyo seguimiento en esta ocasión fue mucho más mediocre que en 1988. Estas medidas y otras que, no sin resistencia, se fueron tomando por el Ministerio de Trabajo permitieron evitar un enorme déficit de la Seguridad Social y frenar la perspectiva de deterioro de las cuentas del Estado al que estaban contribuyendo también las comunidades autónomas.

A pesar de todas estas preocupaciones sobre la inflación y el déficit público o la fuerte desaceleración económica y el repunte del desempleo, la situación acabó haciendo crisis por el tipo de cambio de la peseta, que a lo largo del último quinquenio sólo nos había dado quebraderos de cabeza por la frecuente sobreapreciación de nuestra moneda. La historia de la crisis del Sistema Monetario Europeo en los años 1992-1993 se ha contado ya muchas veces y no parece necesario repetirlo aquí. Baste con decir que los enormes costes fiscales asociados al proceso de integración de la antigua Alemania Oriental dentro de la República Federal Alemana y sus efectos inflacionistas aconsejaron al Bundesbank elevar notoriamente el tipo de interés, lo que produjo fuertes presiones en los mercados en favor de la apreciación del marco alemán y, dados nuestros compromisos de cambio dentro del Sistema Monetario Europeo, de todas las monedas incluidas en el mismo. Los mercados no tardaron en considerar un sinsentido que la libra esterlina, la libra italiana o la peseta española, monedas de países con elevadas tasas de inflación en el pasado reciente que les habían llevado a una intensa pérdida de competitividad, pudieron apreciarse frente a otras como el dólar, que no había pasado por esa situación. La solución podía haberse encontrado en una apreciación significativa del marco alemán en un realineamiento del Sistema Monetario Europeo que además hubiera tenido un efecto restrictivo sobre la presión de la demanda en Alemania. Otra solución, mucho menos indicada, hubiera sido la reducción de los tipos de interés en Alemania y su extensión a los otros países del Sistema Monetario Europeo, pero habría supuesto dejar de lado en aquel país la lucha contra la inflación. El caso es que ninguna de las dos se llevó a cabo y fueron los mercados quienes, a veces exagerando en sus apreciaciones, pusieron a cada moneda en su sitio. El hecho de que en septiembre de 1992 Reino Unido e Italia optaran no por devaluar sus monedas dentro del Sistema Monetario Europeo, sino por abandonar el SME, obligó a la peseta a sufrir dos devaluaciones del 5 y el 6 % al no permitirnos el resto de los socios que ajustáramos el tipo de cambio de la peseta un 10 % en la primera ocasión, como habíamos propuesto.

La economía mundial entró así en 1992 en un periodo de desconfianza y volatilidad en los mercados ante la inminente recesión de la CEE y las dudas sobre la estabilidad de los tipos de cambio. Aunque en Estados Unidos la recesión se estaba terminando, la insuficiente percepción de la situación le costó las elecciones a George H. W. Bush y permitió el acceso al poder de Bill Clinton. Estos sentimientos se extendieron por Europa y, desde luego, por España, cambiando notoriamente la valoración de la situación de la economía española por parte de nacionales y extranjeros.

La situación, sin embargo, se deterioraba poco a poco. La agencia Moody’s, que había anunciado una posible revisión a la baja del rating de España, se desdijo de su propósito en diciembre de 1992 quizá pensando que las devaluaciones de la peseta acompañadas de las medidas estructurales en el mercado de trabajo habían establecido las bases para una nueva época de crecimiento como la que se viviría años después.

Pero antes de eso había que pasar todavía los malos tiempos de recesión económica a lo largo de 1993 y parte de 1994. Por primera vez en muchos años, el fuerte impacto de la recesión en la recaudación tributaria y en los ingresos por cotizaciones de la Seguridad Social me llevó en la primavera de 1993 a aconsejar al presidente Felipe González que adelantara unos meses las elecciones generales que habían de tener lugar ese año.

1992 fue, pues, brillante en la inauguración de obras públicas en Cataluña y en Andalucía, duro en la reconversión en Euskadi, Asturias y otros lugares, difícil en las relaciones con los sindicatos por el énfasis del Gobierno en las transformaciones estructurales del mercado de trabajo y particularmente provechoso en la lucha contra el terrorismo de ETA con la captura de su cúpula en Bidart. En mi área de competencia pude recuperar a Miguel Ángel Fernández Ordoñez para el puesto de presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia con el encargo de iniciar una serie de estudios que pudieran ayudar a mejorar la competencia en el mercado español de bienes y servicios, y también, aunque con cuatro años de retraso, proponer al Gobierno el nombramiento de Luis Ángel Rojo como gobernador del Banco de España, cosa que se aceptó unánimemente (aunque allí no había votaciones).

Pero como le dije al propio Luis Ángel Rojo cuando le propuse su nombramiento, yo ya no me encontraba, a pesar de mi insistencia en determinadas actuaciones de política económica y el mucho poder que acumulaba en el Gobierno, con el mismo impulso político que meses atrás. A pesar de ello negocié, creo que con buen éxito, la dotación del nuevo Fondo de Cohesión que ponía en marcha, gracias sobre todo a Felipe González, la CEE tras el Tratado de Maastricht y que tan buenos resultados había de dar a España en los años siguientes, así como la transformación de la Corporación Bancaria en el Banco Argentaria, lo que permitiría iniciar más adelante su proceso de privatización.

No es sorprendente que el deterioro en la situación económica fuera acompañado de otro paralelo en la situación política, reflejo en gran medida de la frustración producida por la propia evolución de la economía y el empleo, pero al que no le faltaban otros ingredientes. En enero de 1992, Julián García Valverde, ministro de Sanidad, hubo de dimitir al ser investigado en relación con una venta de terrenos de una filial de RENFE cuando él era el presidente de la red de ferrocarriles. Muchos años después quedaría libre de toda culpa en un asunto que aprovechó de manera miserable la oposición al Gobierno.

Un mes más tarde surgió el asunto Ibercorp, el caso de una sociedad reflotada por Manuel de la Concha cuando era el síndico de la Bolsa en España y en la que aparecían como partícipes algunas personas próximas al Gobierno, como el exministro Miguel Boyer y el gobernador del Banco de España, Mariano Rubio. La sociedad, como tal, había cometido una serie de graves irregularidades. Sin embargo, la imputación política según la cual el Gobierno y el Banco de España habían actuado para favorecer a Ibercorp no tenía fundamento y jamás lo consideraron así los tribunales. En todo caso, el escándalo se centró en la figura de Mariano Rubio, que me presentó su dimisión y yo no quise admitírsela hasta que Felipe González estuviera de acuerdo con la misma. Rubio se reunió con el presidente y conmigo en Moncloa y nos confió que nada que pudiera ser indigno en su comportamiento podría salir jamás a la luz, puesto que no lo había. Nos mintió, como pudimos comprobar dos años más tarde.

A final de año, por si este conjunto de calamidades fuera poco, los nuevos directivos de la agencia de inversión kuwaití KIO nombrados después de la guerra me advirtieron de que habían constatado irregularidades en el desempeño de sus responsabilidades por parte de Javier de la Rosa y sus colaboradores, y que tenían intención de demandarle en los tribunales. Por mi parte les animé a hacerlo, con más motivos aun cuando me advirtieron que, según el interfecto, parte de los fondos desviados eran consecuencia de sobornos a funcionarios y políticos. Una vez más, la oposición creyó que tenía en este asunto un buen cargo de corrupción contra el área económica del Gobierno. Nunca fue así, como los tribunales se encargaron de sentenciar. Las irregularidades estaban sólo en los administradores de KIO en España.

Finalmente, las disputas entre la Comisión Ejecutiva del PSOE y el Gobierno, aunque larvadas, le obligaron a Felipe González a declarar que, como presidente del Gobierno, no deseaba ningún intermediario en la relación entre el Gobierno y el partido. Esto se parecía mucho a un enfrentamiento entre el Ejecutivo y la dirección del PSOE, debilitando a ambos justo en el momento en que yo le aconsejaba al presidente que adelantara las elecciones, pues el ambiente económico y social no podía sino deteriorarse significativamente con el transcurso del año 1993.

Antes de tomar una decisión, el presidente quiso tomar el pulso al ministro del Interior, José Luis Corcuera, cuyo peso en el Gobierno había crecido muy significativamente en los dos últimos años y que solía tener información detallada de las perspectivas electorales. Corcuera vino a visitarme a mi despacho, transmitiéndome la alarma, por un lado, y las dudas, por otro, del presidente del Gobierno ante mi recomendación. Le expliqué con detalle la situación económica y las perspectivas de empeoramiento de las cuentas públicas. Salió de mi despacho más convencido que yo de la conveniencia del adelanto electoral.

Con esta incógnita despejada, pude concluir algunos asuntos que había ya iniciado o que tenía en cartera, como aprobar en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y luego en el Consejo de Ministros el informe sobre la reforma del mercado de trabajo, que se envió al Consejo Económico y Social el 1 de abril de 1993, y hacer frente a la nueva especulación contra la peseta, que obligó a una nueva devaluación de la misma en plena campaña electoral. Todavía reuní fuerzas para impulsar las privatizaciones y sacar parte del capital, con la recién creada Argentaria, al mercado bursátil, y para activar con Claudio Aranzadi la privatización gradual de Repsol o el inicio de la de la Compañía Telefónica Nacional, aunque era evidente que el ambiente en el que se movía la actividad gubernamental y la crítica a algunos de los asuntos que afectaban a la reputación moral del Gobierno por casos de corrupción no era ya el más propicio para llevar a cabo grandes iniciativas. Las cada vez mayores restricciones presupuestarias y el clima pesimista en el mundo de los negocios tampoco favorecerían la puesta en marcha de grandes proyectos.

En una conversación privada en el verano de 1992 le advertí al presidente del Gobierno que seguramente no era yo la persona más adecuada para seguir llevando el rumbo de la política económica en la recesión en la que acabábamos de entrar y le dije que, si quería seguir contando con mi colaboración en el Gobierno, quizá podrían ser más útiles mis servicios en la cartera de Asuntos Exteriores, ya que había que sustituir a Francisco Fernández Ordoñez, enfermo de cáncer en fase terminal. Su negativa me reafirmó en la idea que venía rondándome la cabeza desde la primavera de 1992: después de las siguientes elecciones yo debía abandonar el Gobierno, y así se lo comuniqué a Felipe González.

Tras la disolución del Parlamento el 12 de abril y mis intentos fallidos de obtener el apoyo alemán para evitar una nueva devaluación de la peseta en plena campaña electoral, empecé a pensar en cuál podía ser mi futuro en la actividad política una vez que dejara el Gobierno en el mes de julio de 1993. No tardé en poner el foco en el puesto de presidente del Grupo Parlamentario Socialista, desplazando en las elecciones internas del grupo a Eduardo Martín Toval, destacado guerrista que venía ejerciendo tal puesto desde hacía bastantes años. En realidad, pensé, el Grupo Parlamentario era el último reducto de poder de Alfonso Guerra. Si se ganaba esa batalla, habría empezado el principio del fin del guerrismo.

Se lo propuse a Felipe González, que decidió apoyar mi candidatura en la Comisión Ejecutiva. Ésta la aprobó por tan sólo un voto de diferencia y, por primera vez, algunos de sus miembros se saltaron la disciplina de voto de manera descubierta e hicieron una fuerte campaña contra mí. En la reunión del Grupo Parlamentario que tuvo lugar el 28 de junio de 1993 salí elegido presidente del mismo por 82 votos contra 66.

De esta manera, la última parte de estos diarios lleva por título «Del Gobierno al Parlamento», con curiosa simetría con la primera, «Del Parlamento al Gobierno». El lector podrá encontrar en ella los primeros pasos de mi nueva vida parlamentaria y el desarrollo de una estrategia destinada a aumentar la importancia del Grupo Parlamentario frente al aparato de Ferraz en la toma de decisiones políticas, así como mi deseo de incrementar de manera importante la interconexión Gobierno-partido-Grupo Parlamentario.

Quien continúe leyendo también podrá asistir al deterioro de la situación del Gobierno socialista a partir de 1994 con las nuevas noticias sobre el caso Ibercorp, la reprobable conducta fiscal del exgobernador del Banco de España, Mariano Rubio, y la fuga del director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, acusado de corrupción y otras muchas cosas. Todo ello dio lugar a una serie de dimisiones, entre otras la mía por los motivos que se explicitan en los diarios y que sólo tuvieron que ver con mi deseo de dar un paso en la asunción de responsabilidades políticas y dejar un margen de maniobra al presidente del Gobierno para actuar en aquellas condiciones tan difíciles que ya habrían de caracterizar al resto de la legislatura hasta las elecciones adelantadas de 1996. En ellas, por primera vez desde 1982, el PSOE perdería el liderazgo político frente al PP (aunque por un estrecho margen).

No debería terminar esta introducción sin añadir dos advertencias al lector joven que no vivió aquellos tiempos, de los que, por tanto, no puede tener una memoria directa, y a quien pueden llamar fuertemente la atención algunas de las cosas que aquí se relatan. La primera es que la España de los años ochenta y principios de los noventa del siglo pasado no estaba tan institucionalizada ni era tan transparente como la España del 2017. El énfasis en el control no ya del Ejecutivo, sino del funcionamiento de los mercados con agencias supervisoras independientes, de la gestión pública y privada de los recursos en la Administración y las empresas, se empezó a gestar entonces, como también fue por esos años cuando se comenzaron a sentir algunos de los efectos menos gratos de la nueva fase de globalización de la economía mundial. Aunque el margen de gestión de los gobiernos nacionales estaba reduciéndose de manera cada vez más perceptible (en nuestro caso, además, por la decisión libremente asumida de formar parte de lo que ahora es la Unión Europea), era significativamente mayor que en la actualidad. La Unión Soviética y el comunismo en Europa se habían acabado a primeros de la década de los noventa, pero las consecuencias de este fenómeno estaban lejos de aclararse. China había empezado con Deng Xiaoping el proceso de despegue económico, pero todavía sus productos no habían invadido los mercados internacionales ni competían seriamente con los de los países industrializados. Internet no existía y la revolución de las comunicaciones y de la información todavía no se había iniciado.

La segunda advertencia tiene que ver con mi interés por limitar el contenido de estos diarios a aquellos hechos y debates en los que fui testigo directo o protagonista implicado. Durante ese periodo histórico ocurrieron en España y fuera de España muchas otras cosas que el lector hará muy bien en buscar en otras fuentes distintas de estas anotaciones. Espero que sea generoso y no piense de mí que era insensible política y humanamente a otros fenómenos de gran importancia que se estaban viviendo en España y en el mundo. Es cierto que la dedicación a las tareas de gobierno no permite disponer del tiempo necesario para seguir los debates intelectuales o los desarrollos artísticos que se van produciendo. Seguramente es bueno que así sea, pues no es infrecuente que los intelectuales al frente de tareas de gobierno produzcan resultados alarmantes. En todo caso, lo diré de manera clara: las muchas cosas interesantes de las que no dan cuenta estos diarios no reflejan ni los gustos ni la sensibilidad del autor, sino tan sólo sus limitaciones temporales y de recursos, así como su convicción de que únicamente la narración de aquellos hechos que conocía bien puedan añadir valor a la memoria colectiva aunque su juicio sobre ellos pueda ser totalmente equivocado.

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DEL PARLAMENTO AL GOBIERNO

1980

14 de abril de 1980

El pasado día 9 de abril continuó la sesión constitutiva del Parlamento vasco en Guernica. Montaje de amnistía a la entrada –Euskadiko Ezkerra (EE) y Herri Batasuna (HB)– y exaltación del nuevo lehendakari a la salida –Partido Nacionalista Vasco (PNV). En ambos casos gritos, por una u otra razón, contra los socialistas (aunque no sólo contra nosotros). Txiki Benegas irritó en su respuesta al discurso programático de Carlos Garaicoechea a la clientela nacionalista que se comportó a la altura de todas las masas enfervorizadas patrióticamente. Juan Manuel Epalza1 y sus hombres habían puesto altavoces fuera de la Casa de Juntas para que se siguieran el acto y los discursos. Garaicoechea salió elegido por 25 votos contra 24. HB estuvo ausente y Unión de Centro Democrático (UCD) no se abstuvo, contra lo que se preveía.

Juan José Pujana, presidente del Parlamento vasco, y el PNV pretendían que la votación consistiera sólo en poner el nombre del único candidato, Garaicoechea, o dejar la papeleta en blanco. Desde la magra representación del banco azul del Gobierno preautonómico me levanté para acercarme a Txiki Benegas2 y advertirle de la trampa. Después de un receso y de la consiguiente reunión en la Mesa de la Junta de Portavoces y ante nuestra amenaza, secundada por EE, de abandonar la votación si no se hacía por votos a favor o en contra del candidato, el PNV se avino a nuestra interpretación con el resultado ya dicho.

Txiki Benegas cree que convenció a última hora a Jesús Viana3 para que UCD votara en contra de Garaicoechea (según Viana, su grupo estaba dividido a partes iguales entre los partidarios del no y los de la abstención). Yo sospecho, sin embargo, que aquí hay una operación de mayor alcance. Adolfo Suárez ha repuesto fuerzas después de nuestro relativo fracaso en las pasadas elecciones autonómicas en Cataluña y parece creer que la situación con respecto al PNV es más bien favorable para ejercer su capacidad de maniobra que lo contrario. En efecto, el PNV necesita del Estado –y por tanto de UCD– para gobernar con un mínimo de éxito en el País Vasco. Sin dinero de Madrid no hay salida a la crisis económica. Sin conciertos no hay posibilidad de crear una infraestructura administrativa de la Comunidad Autónoma. Sin un espíritu amplio de colaboración en el desarrollo del Estatuto la labor de gobierno en Euskadi no existe.

Garaicoechea necesita liquidar su contencioso con UCD y enviar de nuevo sus representantes al Congreso de los Diputados. Él lo necesita mucho más que Suárez, que va retrasando cualquier acuerdo hasta que el PNV rebaje su actitud, mientras pone al partido progresivamente nervioso. Garaicoechea no forma Gobierno todavía y sus diputados no contactan con el Grupo Parlamentario de UCD. Creo que es en este contexto donde debe contemplarse el voto negativo de UCD a la presidencia de Carlos Garaicoechea. No se trata de un voto improvisado.

Por lo demás, el mayor interés de la jornada se centró en el discurso del candidato. Fue un buen e inquietante discurso. Inquietante, sobre todo, para nosotros. El PNV, después de la derrota sufrida por el sector más integrista de Vizcaya, se encamina hacia un populismo progresista de apariencia socialdemócrata asaltando nuestro terreno decididamente. Yo no conozco precedentes históricos de una evolución de esta naturaleza. A primera vista, parece condenada al fracaso, pero no conviene menospreciar el envite.

En primer lugar, en Euskadi, quizá por la angustia no confesada que produce la inestabilidad política y la violencia, late un deseo de unidad (programas de «salvación nacional») entre amplias capas de la población, sobre todo en la clase media, que es el mejor caldo de cultivo para conseguir que grupos de derechas cedan parte de lo que consideran sus intereses económicos y sociales a cambio de la paz social y la concordia.

En segundo lugar, a esta clase media, que se considera, junto con la catalana, la más europea de España y que mira con cierto desprecio la pervivencia de algunos aspectos aristocráticos en la España rural, no le disgusta en absoluto la idea de tener una sociedad de modelo socialdemócrata a la inglesa o a la nórdica (su único y grave talón de Aquiles es su falta de conciencia fiscal y el individualismo heredado de su pasado campesino).

Si esta operación de largo alcance tuviera éxito, nuestro espacio político en el País Vasco se estrecharía de manera peligrosa. Tendríamos que radicalizarnos a la izquierda en una situación en la que ni las razones de Estado ni un análisis desapasionado de la salida de la crisis económica lo aconsejan. Hay que vigilar de cerca los siguientes pasos del PNV. Es preciso convencer a la gente de que es un partido de derechas vestido con la piel del cordero. Pero no va a ser fácil. Aun con todos los riesgos, lo mejor para nosotros es que PNV y UCD se entiendan bien y, además, que se note que esto ocurre.

El 9 de abril pasé la mañana en Vitoria corriendo del juzgado a la sede del partido, y de allí a la oficina del abogado Fernando Buesa para solicitar mi credencial de diputado. Pese a las dificultades que supone funcionar con el partido en Vitoria, conseguí mi credencial. El día 11, viernes, la presenté en el Congreso de los Diputados aquí en Madrid, y el 12 recibí la primera convocatoria para el pleno de mañana, 15 de abril. Espero la fecha con cierta ansiedad.

16 de abril de 1980

Ayer inicié mis actividades parlamentarias asistiendo a un pleno bastante desangelado. El vicepresidente del Gobierno, Fernando Abril Martorell, vino a saludarme al comienzo de la sesión, así como Blas Camacho, subsecretario de Comercio (a quien confundí por un momento con el ministro de Hacienda). Más tarde se incorporó Carlos Bustelo4, que me saludó ostensible y cariñosamente desde su escaño del banco azul.

Me adelantaron desde la dirección del Grupo Parlamentario que quizá tendría que coordinar el área de Hacienda, que está descabezada desde la muerte de Baldomero Lozano. Gregorio Peces-Barba5 quiere apretarme las clavijas y a Enrique Barón se le ve inquieto por la posible competencia. Dejaremos pasar el tiempo sin producir demasiadas inquietudes.

El Pleno fue poco interesante, aunque se ha comenzado a discutir una ley orgánica que va a ser esencial para el funcionamiento del nuevo Estado Autonómico: la Ley de Coordinación de las Haciendas Autónomas. La única intervención de categoría, la del ponente Francisco Fernández Ordóñez.6 Lo demás, tonterías mal argumentadas.

Estuve tomando un café con Miguel Boyer7 y con Gabriel Urralburu.8 Miguel está muy preocupado con el tema del desarrollo autonómico y la prima a los partidos nacionalistas y regionalistas, que supone la ausencia dentro del mismo de un claro techo autonómico. En su opinión, se podría llegar a una coalición UCD-PSOE como consecuencia de la compresión de los dos partidos del centro por las tensiones disgregadoras de la periferia.

Yo no veo esto tan claro. Lo que ha pasado en Cataluña y Euskadi no tiene por qué reproducirse en los demás parlamentos regionales (aunque siempre existe este riesgo y ciertamente las opciones nacionalistas están primadas en este proceso). Además, dentro de tres años se podrá comprobar si el electorado se mueve por motivaciones distintas a las locales cuando se trata de unas elecciones generales, cosa probable. Finalmente, es posible que la ausencia de un proyecto concreto del nacionalismo suponga para el PNV y Convergència i Unió (CiU) un desgaste al frente de los gobiernos de Euskadi y Cataluña. En fin, creo que la respuesta a todos estos interrogantes no la tendremos hasta 1983-1984 (a menos que alguien pierda los nervios antes).

20 de abril de 1980

Anteayer, viernes, volví a Bilbao para ver las cuentas de la Consejería de Comercio antes del futuro traspaso a quien me sustituya en el cargo.9 El avión fue desviado a Vitoria y desde allí nos trasladaron en autobús. Un mal viaje en el que tuve que soportar la compañía de un periodista nada inteligente (lo que él no parece saber).

El sábado al mediodía volví a Madrid con José Luis Ibáñez. Es un hombre competente que lleva nuestra representación en el Ayuntamiento de Bilbao con dignidad y eficacia aunque, quizá, con poco resultado político. Nos encontramos en el aeropuerto y viajamos juntos en avión. Se interesa por mis actividades parlamentarias. Le conté mis primeras impresiones del Congreso de los Diputados, que no son demasiado buenas. En efecto, el funcionamiento de los plenos del Congreso deja mucho que desear. Son monótonos y aburridos, y como además son las únicas actividades parlamentarias a las que puede asistir el público, me imagino que quienes tengan del Congreso tan solo esa impresión valorarán en poco lo que allí se puede hacer. Debe haber alguna manera de flexibilizar su funcionamiento reduciendo el tiempo de las votaciones, aumentando el de los debates y agilizando éstos últimos.

Además de esta impresión exterior que, si no conoce todo el público (seguramente desde la reposición del Congreso de los Diputados en 1977 hasta ahora no hayan pasado por las tribunas del público más de cuatro mil o cinco mil personas), la prensa se encarga de airear, el Parlamento se enfrenta a otro problema para llegar a ser el centro del debate nacional que oriente la discusión política del país. Éste es que el desarrollo de la prolija Constitución de 1978 impone un programa legislativo muy pesado que dificulta las labores de control de hecho del Ejecutivo.

La semana pasada (el 17 de abril), por ejemplo, se aprobó el Proyecto de Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.10 Es una ley importantísima no sólo porque supone la modificación radical de la Hacienda Española sino, sobre todo, porque sin ella no es posible crear el famoso Estado de las Autonomías que describe la Constitución. No obstante, es evidente que una ley de naturaleza técnica y con un carácter fundamentalmente instrumental como es ésta atrae la atención del público bastante menos que un debate sobre la política económica gubernamental o sobre el control de RTVE.

Como esta ley orgánica hay otras muchas que, de no desarrollarse, dejarían la Constitución en papel mojado, pero que habrán de pasar por el Congreso sin pena ni gloria y consumiendo el tiempo que de otro modo –y yo preveo que así será en el plazo de los próximos dos años– podría dedicarse al debate de los asuntos públicos y a la crítica de la labor ejecutiva del Gobierno.

Después de esta primera semana de actividad parlamentaria parece fuera de duda que el trabajo serio se desarrolla en las diversas comisiones del Congreso. De momento estoy metido en varias de ellas –servidumbres de tener un Grupo Parlamentario de tan sólo seis diputados en el que no funcionan más que dos– y aún no he puesto en claro mis relaciones con el Grupo Parlamentario general del PSOE. Se me ha insinuado que voy a coordinar la Comisión de Hacienda, pero Gregorio Peces-Barba todavía no ha dicho nada.

Tampoco está claro por el momento quién va a ser el portavoz de nuestro grupo. El criterio informal de la Comisión Ejecutiva de Euskadi es que sea yo. A mí me vendría bien porque en muy poco tiempo me haría con la mecánica de funcionamiento del Congreso y sería más conocido, lo que nunca es malo. Según Gabriel Urralburu, Enrique Múgica11 estaría dispuesto a aceptar en última instancia que fuera yo, pero será necesaria la intervención de Peces-Barba. Quizá en la próxima semana se aclare este punto, aunque nadie parece tener prisa por hacerlo.

En los plenos hay muchos momentos aburridos y creo que será conveniente pensar en llevarse siempre algo de trabajo para cubrirlos.

22 de abril de 1980

La experiencia de mayor interés de la semana pasada –por darle interés subjetivo a alguna– fue la reunión de la comisión de investigación de RTVE. Esta investigación está basada en una auditoría relativamente incompleta que llevó a cabo la Intervención del Estado (Ministerio de Hacienda) en el organismo autónomo a lo largo de 1978 y que el Gobierno mantuvo oculta hasta que El País la filtró en su mayoría.

El tema es relativamente escandaloso y tiene la ventaja de resultar de gran interés popular. De manera que, bien manejado, puede ser un juicio popular a la política de información y prensa del Gobierno y a la situación de corrupción en la que se mueven la Administración Pública y sus aledaños.

Según el Reglamento del Congreso, cuando en el desarrollo de su actividad una comisión de investigación aprecia comportamientos o conductas delictivas debe poner tales indicios en conocimiento de los tribunales. El presidente del Congreso, Landelino Lavilla, al interpretar esta norma entiende que, una vez sometido el tema a los tribunales de Justicia, la labor de la comisión sobre el mismo queda cerrada. Como consecuencia de esa interpretación, y a la vista de un dictamen de la Dirección General de lo Contencioso que confirma las diversas irregularidades en la actuación de RTVE, se suscitó en el Grupo Parlamentario Socialista la polémica sobre si se debían denunciar los hechos globalmente, enviarlos a los tribunales y dar por cerrada la comisión parlamentaria de investigación. Éste era el criterio que mantenía con pocos argumentos Pedro Bofill (secretario de Prensa de la Ejecutiva Federal del PSOE y coordinador de estos asuntos en el Parlamento). A mí me parecía una barbaridad cerrar los trabajos de la comisión, lo que no se podría explicar suficientemente al público, y dejar que se perdieran en cualquiera de los tribunales de Justicia durante los próximos dos años. La mayoría me dio la razón.

Yo estaba a favor de interpretar restrictivamente el Reglamento del Congreso. Es decir, buscar indicios concretos y muy específicos de delito, y comunicarlos a los tribunales –a poder ser, dosificados hábilmente en el tiempo– y cerrar las investigaciones sobre tales temas y sólo sobre ellos, de manera que el escándalo se mantenga vivo durante unos meses y pueda ser capitalizado de manera adecuada. Ésta es la tesis que prosperó con una discusión improvisada sobre la marcha y con escaso conocimiento del documento que servía de base para la investigación y los adicionales que solicitó la comisión. No pienso, sin embargo, que vayamos a aprovechar adecuadamente esta ocasión para airear la corrupción de RTVE. Nuestros miembros en la comisión no funcionan muy bien y el coordinador parece superado por el tema.

Mi propósito es esperar a la próxima reunión de coordinación de los socialistas en esta Comisión y ver si se establece una estrategia realista. Si no es así, actuaré con cierta autonomía aprovechando mi condición de miembro del Grupo Socialista Vasco.

24 de abril de 1980

Esta semana las sesiones del Parlamento han sido especialmente soporíferas. He tenido tres comisiones, de las cuales una no ha llegado a celebrar sesión (la de Industria). Lo interesante ha ocurrido en los pasillos y fuera de la Cámara. La crisis de Gobierno no acaba de resolverse. Los perdedores, me imagino, van a ser otra vez los llamados socialdemócratas. ¡Ojalá sea así! Esto no es malo para nosotros y es indiferente para los intereses del Estado.

Dos ecos lejanos parece estar teniendo el retraso en la prevista remodelación del Gobierno de la Nación: la demora consiguiente en la formación del Gobierno vasco –sin que yo vea todavía muy bien la relación entre uno y otro fenómeno– y la profundización del deterioro de UCD en Navarra, metida en una grave crisis con el tema de la dimisión posible de Jaime Ignacio del Burgo.12 Estos dos temas pueden tomar rumbos imprevisibles e inquietantes. Cabe la posibilidad, respecto del primero, que Garaicoechea esté dispuesto a jugar un órdago negándose a formar Gobierno –y dimitiendo, supongo, de la presidencia– si el nuevo Gobierno de UCD no le presta suficientes apoyos para llevar a cabo su labor.

Por lo que se refiere al segundo tema, si no se soluciona la crisis interna de la UCD navarra, bien podría acabar el asunto con la salida de Del Burgo de la presidencia de la Diputación Foral y la escisión del partido, debilitándose ya definitivamente la posición de UCD en Navarra y radicalizándose el panorama entre navarristas y partidarios de la incorporación a Euskadi. Indudablemente, esto es malo para nosotros. Es más, podría haber quien sugiriera salir de la situación mediante la celebración de elecciones anticipadas que, después del éxito nacionalista en Euskadi, tampoco nos favorece en nada, según me temo.

Mientras tanto, el interés del debate político sigue centrado en la cuestión autonómica. Éste supongo que va a ser el asunto central del debate político en la comparecencia de Adolfo Suárez, que se prevé para el próximo día 12 de mayo (para entonces debería haber formado nuevo Gobierno), y que puede constituir la ocasión para mi primera intervención en el Pleno del Congreso en nombre de los socialistas vascos. Si se hace así, y es lo más probable, tendré que estar en contacto con Txiki Benegas para preparar mi intervención –en coordinación con lo que el Grupo Socialista vaya a decir. Si Benegas viene a las reuniones de Política Autonómica de los días 29 y 30 próximos –y debería venir– podremos tener una ocasión magnífica para hacerlo.

Por otra parte, Javier Solana13 anda buscando igualmente mi colaboración en tareas parlamentarias, y yo, ante tantas solicitudes que no voy a poder satisfacer simultáneamente, he decidido hablar con Alfonso Guerra14 sobre mi encaje en el Grupo Parlamentario. Esto se ha hecho tanto más necesario ahora que ya me han designado portavoz del Grupo Vasco (con el supuesto desconocimiento de Enrique Múgica y la aceptación expresa de los otros cuatro miembros) y he de atender una serie de tareas adicionales.

1 de julio de 1980

He dejado durante algunas semanas de pasar las notas a este diario. Han sido precisamente unas semanas de alto interés político y de gran actividad parlamentaria que, en lo que a mí se refiere, me ha permitido además un avance significativo de mi papel político a pesar de algunas dificultades iniciales.

Desde el 28 de junio pasado han comenzado las vacaciones parlamentarias que durarán hasta el 1 de septiembre. Antes de finalizar este periodo he tenido ocasión de dirigir la palabra al Pleno en cuatro ocasiones, tres desde la tribuna, los días 21 y 29 de mayo y el 24 de junio, y una desde el escaño en explicación de voto el pasado 26 de junio. He tenido también intervenciones parlamentarias destacadas en comisión frente al ministro de Cultura (comisión de investigación sobre RTVE), frente al de Economía (comisión del mismo tema), y frente al director general de RTVE (Comisión de Control Parlamentario de RTVE).15

El repaso de mis intervenciones en la última semana del periodo que acaba de terminar puede dar una idea del cambio tan importante que ha experimentado mi papel en las actividades parlamentarias desde los comienzos, hace dos meses, a la actualidad. El martes, después de la reunión del Comité Permanente del Grupo Parlamentario Socialista –al que asisto en mi condición de portavoz de los socialistas vascos– hube de interrumpir mi presencia en la Junta de Portavoces para acompañar a Alfonso Guerra al Senado y tomar allí, sobre la marcha, la última determinación acerca de la enmienda adicional del PNV al Proyecto de Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

Mientras almorzaba, preparé mi intervención del Pleno de la tarde en la presentación, en nombre de los grupos socialistas, de una proposición no de ley condenatoria de la política de atentados en zonas turísticas que ha vuelto a iniciar ETA-pm este año (Adolfo Suárez aprobó visiblemente mi intervención y Gabriel Cisneros,16 que fue víctima de un atentado de los poli-milis, me felicitaría más tarde). A las 17.30 de la tarde se interrumpió la sesión porque era el santo del Rey (san Juan). Gloria, mi mujer, vino a recogerme en el coche y nos fuimos a la recepción en el Palacio de Oriente. La cosa acabó con una cena a la que asistieron también Carmen Romero, mujer de Felipe González, y algunos miembros de la Ejecutiva Federal (con sus esposas).

El martes, en la Comisión de Economía, tuve una larga intervención crítica frente a José Luis Leal, ministro de Economía –creo que mi mejor intervención hasta ahora en el Parlamento– por la que luego me felicitó efusivamente José María de Areilza,17 primero mediante nota en el Pleno y, luego, personalmente en el bar del Congreso. El miércoles hube de intervenir en la explicación de nuestro voto, desde el escaño, sobre uno de los puntos cruciales de la Ley Básica del Empleo,18 el del subsidio de desempleo. El jueves por la mañana intervine también en la Comisión de Control de RTVE haciendo preguntas a Fernando Arias-Salgado, director general del organismo. Los debates fueron grabados íntegros y transmitidos por TVE hoy, día 1 de julio. El viernes fue un día tranquilo y aproveché el poco trabajo para hacer algunas declaraciones a Colpisa y al corresponsal del Correo Español de Bilbao.

Así transcurrió para mí la última semana de actividad parlamentaria. Como puede verse, de manera bien diferente de las primeras, recién llegado al Congreso. Ni que decir tiene que este protagonismo creciente me ha procurado bastantes amigos y algunos adversarios. Como consecuencia, sin embargo, de que los debates políticos en los que me estrené como parlamentario en activo fueron retransmitidos íntegramente por televisión, ahora soy mucho más conocido y he adquirido cierta popularidad entre las bases del partido y fuera de él. A mí, que siempre me han conocido los dirigentes y menos la gente en general, esto me ha venido muy bien, aunque tenga aparejado algunos inconvenientes inevitables.

El día 30 de junio hubo una reunión del Grupo Parlamentario Socialista. La línea crítica –Pablo Castellano,19 Luis Gómez Llorente20– estuvo asediándome a lo largo de toda la reunión (bien poco interesante, por cierto). Cuando me despedí, Luis Gómez Llorente me ofreció «un carnet» entre los críticos. Decliné la dudosa oferta.

Alfonso Guerra siguió con cierta atención la operación de acercamiento de los críticos. Es curiosa la actitud de Guerra hacia mí. Es evidente que no nos caemos bien el uno al otro, pero desde que formo parte del Comité de Dirección del Grupo Parlamentario Socialista, por ser secretario del subgrupo parlamentario (reglamentariamente, Grupo Socialista Vasco) me considera uno de los suyos; alguien a quien sólo puede atacar o defender él. Por lo que voy viendo, ésta es su actitud general con todos los que de un modo u otro son sus colaboradores y vienen a depender de él. Aunque conmigo no funciona, veo que a los miembros del Comité Parlamentario –y supongo que otro tanto pasará en la Comisión Ejecutiva del partido– les impone obediencia ciega y exige de ellos –incluido el muy capaz secretario del Grupo, Gregorio Peces-Barba– una sumisión que a veces resulta incómodo contemplar. Alfonso Guerra parece necesitar la alabanza permanente, el halago a su inteligencia política y, lo que es peor, el reconocimiento de sus grandes dotes, de las que presume constantemente.

He observado que, si se aceptan sus reglas en la colaboración, se comporta luego, cuando su inconmensurable vanidad no está en juego, como un jefe amable y dedicado. De esta manera, las personalidades débiles encuentran su relación con él particularmente gratificante. En este sentido, es no sólo muy distinto, sino casi opuesto a Felipe González21, que no parece necesitar el halago de sus colaboradores ni le importa reconocer que aprende de unos y otros cosas que luego le son útiles. A cambio, es cierto también que Felipe se cuida mucho de no trasladar a ninguno de sus colaboradores la impresión de que es «uno de los suyos», como hace Alfonso. Pero, desde luego, no está en actitud de recibir permanentes alabanzas.

Pero volviendo a lo que estaba refiriendo, son muchas las cosas que han pasado en estas semanas. La principal, desde luego, el debate político seguido de la moción de censura, que ha puesto a UCD y, sobre todo, a Suárez en una posición delicada. Luego están los acontecimientos del País Vasco, que han evolucionado de manera muy interesante últimamente, así como el tema de Navarra, y finalmente, algunos aspectos relacionados con la política exterior muy significativos. Voy a resumir cada uno de ellos en las siguientes páginas aprovechando que dispongo de mucho tiempo antes de que olvide los detalles.

La moción de censura

Recién salido el Gobierno de Adolfo Suárez de una remodelación aparentemente poco importante desde el punto de vista de posibles cambios en su orientación política, su representante en la Junta de Portavoces –José Pedro Pérez-Llorca, ministro de Relaciones con las Cortes– pidió un retraso en el previsto debate político con la excusa de un viaje del presidente por Oriente Medio. Tras algunos forcejeos de cara a la galería se aceptó su petición y el debate político quedó fijado para los días 20 y 21 de mayo. El Gobierno, a cambio, cedió más fácilmente a una proposición de la oposición que le habría de hacer mucho daño: que los debates se retransmitieran íntegros, aunque en diferido, por la segunda cadena de RTVE.

Todo lo que pasó adquiere una especial trascendencia a partir de esta circunstancia. Varios millones de personas, que incluso dejaron de lado sus programas favoritos o la retransmisión simultánea de partidos de fútbol, vieron los debates. Ante esos millones de espectadores, que no sabían de los usos parlamentarios ni por referencia, se desarrolló un espectáculo fenomenal del que parece se extrajeron las siguientes conclusiones, según se publicó posteriormente:

1. El Parlamento es un lugar serio donde se hacen importantes discursos políticos y se critica y controla estrechamente al Gobierno.

2. El supuesto consenso entre los partidos mayoritarios (UCD y PSOE) no existe.

3. El Gobierno demuestra una limitada capacidad de respuesta a las críticas. Los ministros, con frecuencia, no parecen estar a la altura del debate y la UCD se queda sola, con todo el arco parlamentario en contra.

4. Los grandes triunfadores fueron Manuel Fraga,22 por la derecha del Gobierno, y Felipe González, por la izquierda. El gran perdedor, Adolfo Suárez.

Esto, sin entrar en otras consideraciones de menor importancia, incluso anecdóticas, que, en su mayoría, dañaron la imagen del Gobierno, debilitó, según creo, la imagen de oposición de izquierda del Partido Comunista de España (PCE) y favorecieron al PSOE. En efecto, el PCE fue al debate, al menos en su primera parte, sin concederle mayor importancia, pensando seguramente que se trataba de un simple montaje de los socialistas para mejorar su imagen de oposición. El discurso de Santiago Carrillo23 fue vulgar, como de fraile de pueblo. Felipe González, sin embargo, hizo un gran discurso político que conmovió al país –de manera semejante al de su dimisión ante el XXVIII Congreso del PSOE (mayo de 1979)–, anunciando la moción de censura al Gobierno. Los momentos que se sucedieron fueron indescriptibles. Nerviosismo en el banco azul, que no se esperaba este colofón, expectación en la Cámara, silencio generalizado en la derecha y grandes aplausos en la izquierda para Felipe González.

La decisión la había tomado la Comisión Ejecutiva Federal a finales de abril. Benegas me lo había confiado con la mayor reserva. No obstante, Felipe González, en unas declaraciones posteriores, hizo mención del posible voto de censura. En todo caso, nadie pareció creer que se estuviera preparando la operación.

Poco después de la intervención de Felipe González venía la mía como portavoz de los socialistas vascos en el turno de réplica al discurso de Adolfo Suárez. Había tenido poco tiempo para prepararla (sólo la noche antes se decidió que interviniera yo en nombre del Grupo) y pesaba sobre mí tanto el ambiente de la Cámara después del anuncio de la moción de censura como el hecho de ser la primera vez –y con tan poca experiencia parlamentaria– que subía a la tribuna. Hice una intervención correcta sobre el papel del Gobierno en los acontecimientos en el País Vasco, tiré un par de tarascadas al PNV y concluí, como era de rigor, denunciando la incapacidad del Gobierno para conducir los destinos del país en el momento actual.

Mis referencias al tema del terrorismo en el País Vasco dieron ocasión al ministro del Interior, Juan José Rosón, a contestarme, con tan mala fortuna que quiso contraponer la postura por mí expuesta a la de Txiki Benegas cuando, como consejero del Interior del País Vasco, propició –de acuerdo con altas instancias del Gobierno, cosa que el ministro se calló– la posible negociación con ETA.

Ya sin papeles, contesté duramente haciendo una defensa de Txiki. Mi intervención fue muy aplaudida por la izquierda. Rosón replicó y yo dupliqué de nuevo entre felicitaciones. El ambiente estaba tenso cuando, a continuación, pidió la palabra Felipe González, quien desautorizó al ministro por criticar a Benegas y confesó en público que Adolfo Suárez estaba perfectamente al tanto de la operación negociadora que propició aquél. Suárez salió a desmentir sin ninguna capacidad de convencer. Felipe se reafirmó en lo dicho y Suárez, cada vez menos convincente, en su negativa. El intercambio terminó con los socialistas puestos en pie aplaudiendo a Txiki, que se encontraba en una tribuna presenciando el debate.

Como consecuencia de la estrategia del Grupo Socialista, los debates hubieron de prolongarse una semana más para discutir y votar la moción de censura constructiva que, de acuerdo con la Constitución, debía llevar aparejada la propuesta de un nuevo presidente del Gobierno, que había de leer un discurso programático.

Hay que decir dos cosas en torno a ese discurso de Felipe González. La primera, que se notaba mucho en él la improvisación (Javier Solana se enfadó luego conmigo porque dije que la parte de política económica era muy deficiente) y se veía compuesto de retazos pegados unos a otros con tratamientos desiguales en rigor y grado de concreción, resultando un conjunto largo, pesado y sin ninguna propuesta novedosa. La segunda, que Felipe estaba en condiciones menos que medianas para exponerlo. Había tenido en el ínterin un viaje a Teherán con Bruno Kreisky y Olof Palme para mediar, en nombre de la Internacional Socialista, en la crisis de los rehenes de la Embajada de Estados Unidos, y parecía que no había podido preparar suficientemente el discurso. Lo leyó, así, con cansancio, sin poner el énfasis adecuado y, a ratos, con el aparente disgusto que le producía el tratamiento de algunos temas que él hubiera expresado seguramente de manera bien diferente a como estaban reflejados en los papeles.

El debate comenzó con una defensa de la moción de censura por parte de Alfonso Guerra en nombre de los firmantes de la misma. Alfonso pronunció un discurso duro y afilado, rozando, como suele, las responsabilidades jurídicas en sus acusaciones y denuncias, y centrado, sobre todo, en el tema de la incapacidad del Gobierno y en la corrupción administrativa, con especial énfasis en el caso de RTVE. La intervención pretendía poner nervioso al Gobierno y obligar a fijar su atención en la crítica de la opinión pública más que en el discurso programático del candidato propuesto. No lo consiguió y, en general, dado el tono más elegante del resto del debate, dejó un mal sabor de boca en la opinión pública, aunque, por supuesto, «las verdades del barquero» cayeron bien entre muchos de nuestros votantes (la mayoría, seguramente).

La prensa de estos días da buena cuenta de cómo se produjo el debate y no es necesario repetirlo aquí. El primer día no había sabor de triunfo en las filas socialistas cuando concluyó la sesión después de la intervención de Felipe González. El segundo día las cosas se pusieron claramente a nuestro favor con la intervención de diversos grupos anunciando su abstención, pero censurando inequívocamente al Gobierno. A destacar el buen discurso de Manuel Fraga y el intercambio de cumplidos de mutuo aprecio entre él y Felipe, seguidos con evidente depresión por el presidente del Gobierno.

Llegados a este punto, sin embargo, el Gobierno reaccionó lanzando una serie de ministros «a trincar» al candidato. Felipe supo responder elegantemente y, aun con aspecto cansado, dio la impresión de un auténtico estadista. La opinión pública pensó que éste era un tratamiento injusto al líder de la oposición. En especial, disgustó mucho la actuación impertinente del ministro de Comercio, Luis Gámir.

Por la mañana del día 29 de mayo nos llamó Felipe a Ernest Lluch24 y a mí antes de que interviniéramos en el turno de réplica para que fortaleciéramos la imagen de capacidad técnica del Partido Socialista y contestáramos a las críticas que Fernando Abril y Luis Gámir habían hecho a la política económica del programa de gobierno. Así lo hicimos y yo me ensañé especialmente con Gámir recordando ante la Cámara que fue alumno particular mío, lo que causó cierto impacto. Reconduje luego el discurso a una crítica constructiva del programa de gobierno de Felipe González y, en conjunto, sin ser un discurso brillante, llamó la atención por lo irónico, y a mí, que hube de improvisar mucho más que en mi intervención anterior, me dejó más tranquilo en cuanto a mi capacidad parlamentaria. Con todo, aún no he cogido esa confianza que da valorar en su justa medida el medio en el que te mueves. Todavía me impresionan demasiado los nombres y el lugar.

El debate se cerró con una intervención de Adolfo Suárez de propósito de la enmienda (muy flojo desde el punto de vista parlamentario, pero seguramente eficaz frente a los televidentes) y otro discurso de Felipe González, menos brillante de lo esperado. A nuestra moción se sumaron comunistas, andalucistas y tres diputados del Grupo Mixto – Juan María Bandrés,25 Fernando Sagaseta26 y Andrés Fernández27 (ex PSOE). Se abstuvieron los demás y tan solo votó en contra UCD.

Hasta aquí los hechos. Las conclusiones principales que sacó el amplio público televidente ya han quedado mencionadas más atrás. Lo que queda por hacer es una valoración de sus posibles consecuencias.

La primera, desde luego, es que se ha abierto una crisis que arrastra al partido en el poder y a su presidente, que hasta hace poco parecía intocable dentro de su propia organización. Existe la impresión generalizada de que la actual mayoría (que no es tal), formada tan sólo por UCD, no puede sostener al Gobierno actual. Es más, todo hace pensar que la sustitución de Adolfo Suárez por Landelino Lavilla o cualquier otro «barón» no resolvería el problema, que precisaría, para salvar un Gobierno de UCD, del establecimiento de alianzas con otros grupos con entrada o no de ellos en el Gobierno.

De esta forma, si las cosas no cambian pronto a favor del Gobierno y, dadas las circunstancias de crisis económica, más el aumento reciente del terrorismo y la ansiedad generalizada ante el desarrollo del nuevo Estado autonómico, parece poco probable, la UCD tiene que pensar en alianzas que le permitan constituir una auténtica mayoría parlamentaria.

Tan sólo hay dos caminos abiertos: aliarse con la derecha –Fraga– o aliarse con los regionalistas (PNV y CiU), y ambos presentan dificultades graves. El primero no es posible sin la entrada en el Gobierno de hombres de Alianza Popular (AP). Inconvenientes: el ala liberal y «socialdemócrata» de UCD no quiere ni oír hablar de ello (podría exigir, incluso, formar un grupo parlamentario propio, con la idea de crear de aquí a 1983 un partido «bisagra»). Segundo inconveniente: Fraga y Suárez no parecen compatibles en un mismo Gobierno. Tercer inconveniente: UCD podría perder un porcentaje grande de su electorado en favor de AP si el Gobierno continúa hasta las próximas elecciones. En otras palabras, UCD tiene mucho que perder y AP mucho que ganar para que ambos convengan en una salida de estas características. Para nosotros, desde luego, sería lo mejor que podría pasar.

La salida con el apoyo de los regionalistas también tiene sus inconvenientes. Aquí el problema, para simplificar, se plantearía casi al revés. No es nada probable que vascos y catalanes quisieran entrar en el Gobierno sin un compromiso claro y seguramente exigente del desarrollo de los correspondientes estatutos. Si se hiciera así, el Gobierno quedaría en esta cuestión –y, por extensión, en la del desarrollo autonómico– en sus manos, lo que produciría una situación de malestar en la Administración Civil y en el Ejército, que sería explotada por la derecha centralista. Supondría además graves costes electorales, a medio plazo, para UCD en Cataluña y en el País Vasco. La actitud maximalista de los nacionalistas dificulta cualquier pacto serio. En especial ahora que son conscientes de que, con la actual composición de la Cámara, sus votos pueden ser vitales en los próximos meses tanto para nosotros como para la UCD.

Desde el otro lado, el del posible recambio de la mayoría gobernante, las cosas no están mejor. Nosotros no podemos sustituir con 120 diputados a UCD en el Gobierno. El eventual apoyo del PCE tan sólo beneficiaría a los comunistas. Para el PSOE sería una pesada carga ante la opinión pública moderada, que sigue desconfiando de ellos. Las eventuales alianzas con los nacionalistas no presentan para nosotros condicionamientos muy diferentes de los que representan para UCD. Dicho de otra manera, no hay recambio a menos que se rompa UCD. Ésta es la situación en la que estamos metidos, y es difícil prever que vaya a tener una salida que no pase por ahí.

15 de julio de 1980

Continuando con las consideraciones de hace unos días, parece evidente que las derivaciones del debate de la moción de censura van a ser la comidilla de todo el verano y el punto de partida de la rentrée en el otoño próximo. Para entonces cabe pensar que UCD pondrá en marcha alguna de las vías mencionadas –aunque no en el tipo ideal descrito, sino con imperfecciones que hagan la solución más o menos inestable– y el PSOE tendrá que considerar su estrategia muy seriamente y medir cada uno de sus pasos si no quiere elecciones generales anticipadas el año 1981.

En los últimos días de junio los trabajadores de Nervacero asaltaron el Parlamento vasco y retuvieron semisecuestrados a los parlamentarios. Nosotros –entre otros– introdujimos en la Diputación de Vizcaya a una parte del comité de empresa con el fin de hacer presión sobre el PNV. Fue, desde el punto de vista institucional, una decisión desgraciada que, en mi opinión, no hubiera debido producirse. En todo caso, durante unas horas, no tan sólo el comité de empresa sino también un grupo importante de trabajadores que esperaban fuera tratando de protegerse de la Policía Nacional buscaron refugio en la propia Diputación, donde organizaron una asamblea de fábrica en la sede parlamentaria. Abortaron así la reunión del Parlamento vasco, en lo que fueron apoyados por líderes del Euskadiko Mugimendu Komunista (Movimiento Comunista de Euskadi, EMK) y de Herri Batasuna (HB) –algunos de éstos últimos, parlamentarios electos que todavía no han ocupado sus escaños– que se presentaron de improviso aunque no inopinadamente. Esto contribuyó a disipar nuestro error inicial, pues la reacción del Gobierno vasco y de las instituciones en general se dirigió contra ellos y nosotros pudimos, con un cierto cinismo, sumarnos a ella, a pesar del protagonismo demagógico (tan propio de él) de Ricardo García Damborenea28 en la ocupación del Parlamento vasco.

El 5 de julio el PNV organizó –en solitario– una manifestación en favor de Carlos Garaicoechea, que salió malparado de la situación anterior del Gobierno vasco y del Parlamento. En el curso de la misma hubo provocaciones de la izquierda abertzale (HB), que fueron contestadas de manera contundente por la Ertzaina del PNV. Pocos días después se supo que en un pueblo de Álava se estaban entrenando los primeros componentes de la futura policía autónoma.

Son, sin duda, los primeros pasos para enfrentar al PNV con su responsabilidad de gobierno. Con el dinero de los conciertos económicos, la dinámica del ejercicio del poder ha de llevar necesariamente al Gobierno vasco a enfrentarse con ETA, lo que debe producir, por fin, la escisión de la familia nacionalista y el comienzo del fin del apoyo político y social a los terroristas. El peligro es que, para evitar este enfrentamiento, ETA dirija una parte creciente de su acción hacia Navarra, donde la implantación del PNV es casi simbólica y donde todo el nacionalismo vasco es de nuevo cuño (izquierda abertzale).

Por otro lado, se inició la campaña de ETA-pm contra el turismo. Por una vez la Policía española actuó inteligentemente. Rosón se ha apuntado un gran tanto. Mandó detener a Erreka (Javier Gayaralde), Iñaki Múgica Arregui y Javier Ruiz de Apodaca, tres dirigentes históricos de los poli-milis y miembros de la actual dirección de Euskadiko Ezkerra (EE). Dejó fuera hábilmente a Bandrés, como parlamentario español, y a Mario Onaindia, como parlamentario vasco, las figuras públicas más conocidas de EE. Las detenciones, que transcurrieron sin problemas y sin malos tratos posteriores, duraron varios días, durante los cuales se detuvo, como por ensalmo, la campaña de explosiones de artefactos.

No ha sido éste el único y beneficioso efecto. La operación ha puesto en posición muy delicada a EE. Los militantes de esta organización han recorrido ya demasiado trecho de la vía institucional para tirarse de nuevo al monte, aunque amenazaran con ello durante las detenciones de los tres dirigentes, hoy ya fuera de la comisaría. Si no lo hacen, tendrán que ir a una ruptura con ETA-pm antes o después. Si no hay ruptura, ETA-pm perderá credibilidad ante los partidarios de la vía armada por su falta de capacidad de respuesta. Si se tiraran al monte, cosa poco probable, la izquierda abertzale tendería a un proceso unitario preocupante (sólo en votos significaría un cuarto de millón sobre un electorado de millón y medio, del que vota únicamente el primer millón), pero, quizá, clarificador de posiciones dentro del contexto de división de la comunidad nacionalista antes esbozado. En efecto, la aproximación de EE a HB (tan difícil por otro lado) lleva seguramente a una parte de los seguidores del primero al PNV, enfrentados, a su vez, con el proceso de alejamiento cada vez mayor entre el Gobierno vasco y ETA-m. Esto debilitaría la opción de izquierda abertzale que EE se está esforzando precisamente en crear. Es decir, la aparición de un partido vasco de corte comunista con posibilidades de hacerse un amplio espacio en la izquierda del País Vasco.

En cualquier caso, la situación de EE es delicada y se siente, con razón, acosada por todas estas posibles salidas. Ello les va a llevar, sin duda, como solución de recambio, a urgir la incorporación de Navarra a Euskadi que, por cierto, era una de las condiciones que ponía ETA-pm para poner fin a su campaña terrorista.

En Navarra, la propia UCD, en una más de sus convulsiones regionales que se muestra incapaz de controlar (la nueva clase política de derechas parece preferir ser cabeza de ratón que cola de león) ha encendido la mecha de la incorporación a Euskadi al permitir la defenestración del presidente de UCD de Navarra, Jaime Ignacio del Burgo, de la presidencia de la Diputación Foral, que también ocupaba. La caída de Del Burgo, que representaba en la actualidad el ala más navarrista en la UCD, ha creado una serie de expectativas que ha ocasionado movimientos diversos.

En primer lugar, los nuestros. Los navarristas del PSOE (que son todos los que cuentan allí) vieron una ocasión magnífica de captar apoyos de clases medias inquietas por las convulsiones de UCD. Gabriel Urralburu publicó un artículo inteligente que fue apoyado casi unánimemente en España. Los compañeros guipuzcoanos José Antonio Maturana29 y Enrique Casas30 se inquietaron, y ha habido varias reuniones conjuntas desde el 28 de junio. La historia, sin embargo, ya está en marcha y, en mi opinión, afortunadamente no hay quien la pare. Si depende del PSOE, como ahora ocurre, Navarra no entrará en Euskadi, al menos en el horizonte previsible de los próximos años. Quedan por resolver algunos temas internos, pero esto podría ser el objetivo del próximo e inevitable congreso extraordinario.

Entretanto el Parlamento Foral ha aprobado en un largo debate las bases del llamado Amejoramiento del Fuero, cuya negociación con Madrid y posterior desarrollo supone hacer de Navarra una comunidad autónoma no diferente en su concepción de la de Euskadi. Urralburu, Víctor Manuel Arbeloa31 y José Antonio Asiáin32 han trabajado bien. A partir de ahora el proceso va a resultar difícilmente reversible.

Hay un riesgo importante: la desviación de la acción terrorista hacia Navarra. ETA, en cualquier versión, sin embargo, teme con razón los efectos psicológicos de rechazo que puede tener la importación de la violencia. Es verdad que han desaprobado significativamente las bases abertzales en Navarra, pero todavía no encuentran el clima apropiado. Es más, frente a una sociedad sacudida por el terror de todo tipo como la guipuzcoana o la vizcaína, en Navarra hallarían una capacidad de respuesta mucho mayor.

3 de noviembre de 1980

El discurso político del pasado verano transcurrió en torno a la crisis gubernamental planteada a raíz de la moción de censura y las posibles salidas ya mencionadas en las páginas anteriores.

En el mes de julio hubo movimientos internos en los dos partidos grandes. Más perceptibles y sonoros en el del Gobierno que en el nuestro, pero unos y otros provocados por la misma cuestión: los posibles alineamientos políticos que pudiera provocar la salida de la crisis política.

Por primera vez de manera clara comenzó a plantearse en el seno del PSOE la posibilidad e incluso la necesidad, según algunos, de un Gobierno de coalición. Los había impacientes –Miguel Boyer y Enrique Múgica, entre otros– que deseaban la formación del Gobierno cuanto antes en el convencimiento de que el «régimen» soportará mal la tensión política derivada del proceso de autonomización en unas circunstancias de grave crisis económica. Los había también timoratos –la llamada línea crítica– que temían el coste de la operación para el partido y la descartaban de antemano mediante descalificaciones no siempre inteligentes.

La Ejecutiva discutió el tema de manera reservada y se impuso la tesis de Felipe González de que la apelación, antes o después, a un Gobierno de coalición sería inevitable, pero que, ante ella, Adolfo Suárez estaría dispuesto antes a llevar al país a elecciones anticipadas echándonos la culpa de la desestabilización de su Gobierno a causa de nuestra prisa por llegar al poder (que, por otro lado, está empezando a ser bastante evidente). Lo que aconsejaba mantener una posición de reserva sobre el asunto.

Para no perder nunca el equilibrio y la armonía estética, entre los de coalición sí y los de coalición no, Alfonso Guerra presentaba una tercera posición de utilidad cero: coalición sí, si es necesaria, pero de acuerdo con los nuevos resultados electorales. No hace falta decir que tal posición no servía para nada, pues si la condición de nuevos resultados electorales implicaba elecciones anticipadas estaba de más la discusión sobre la conveniencia o no del Gobierno de coalición, y si no, si significaba esperar hasta las próximas elecciones, esta postura no era diferente de la negativa a dicho Gobierno.

Yo sigo creyendo que no hay ninguna prisa, desde el punto de vista del partido, en entrar en el Gobierno de coalición, pero que es ya preciso mentalizar a la organización para que vaya haciéndose a la idea de que tal salida nos pueda venir impuesta por los hechos. Dicho de otra manera: hay que vencer las resistencias que existen en un partido tremendamente inmaduro para entrar en un Gobierno de coalición si las circunstancias lo impusieran –lo que muy bien podría ocurrir antes del verano de 1981–, pero no debemos hacer una política tendente a crear las bases de ese tipo de Gobierno porque sería una política voluntarista, ya que su existencia o no, no depende de nuestros movimientos anteriores.

La derecha no quiere todavía el Gobierno de coalición. Si nosotros insistiéramos en pedirlo, antes procederá Suárez a convocar elecciones anticipadas en el clima de temor ante una izquierda que se precipita en su ánimo de llegar al poder que ceder sólo una pizca del que tiene. Sin embargo, las circunstancias trabajan en favor del Gobierno de coalición. Hay que dejar que ellos hagan su trabajo sin estorbarlo ni precipitarnos, pues nadie nos perdonaría en este país unas elecciones anticipadas que no registraran modificaciones sensibles en los resultados respecto a los de las últimas.

Así ha transcurrido la polémica en el verano. Se volvió a encender en el mes de septiembre por unas palabras mías en el Congreso que fueron mal interpretadas, y un intercambio de acusaciones entre Felipe González y Adolfo Suárez en el debate de la cuestión de confianza; y ahora, en estos días, como consecuencia de un artículo de Luis Solana cuya publicación me cogió en un viaje oficial en Argel y que todavía no he tenido ocasión de leer.

En el partido gubernamental la tormenta ha resultado importante. Suárez reunió a los barones y recibió una reprimenda general. La posición de Landelino Lavilla se vio enormemente reforzada al principio, lo que le habría de costar luego –en la remodelación final del Gobierno del pasado septiembre– una pérdida de peso relativo de los democratacristianos. Se creó, en principio, una especie de Gobierno paralelo con presencia de todos los jefes de filas, solución que, por supuesto, ni gustó a nadie dentro de UCD ni habrá de funcionar previsiblemente.

El desencadenante de la crisis interna fue, sin embargo, el debate de la política de alianzas para recomponer la imagen de apoyo al Gobierno. Se desechó en seguida la coalición con Fraga y se empezó a trabajar en el Gobierno de coalición con catalanes y apoyos externos de vascos y andaluces. Fernando Abril no aceptó tal solución. En su opinión, lo más apropiado era una serie de pactos importantes con los socialistas en el tema autonómico y en la dirección de la política económica. Fracasada su propuesta, dimitió –cosa que yo jamás llegué a creer que haría y que, en mi opinión, le ha dado una talla de político de Estado– y precipitó de esta manera la remodelación del Gobierno en las primeras semanas de septiembre.

Para entonces, el Gobierno de coalición con los nacionalistas ya había fracasado y tan sólo se pretendía una operación de arreglo de fachada para presentar al nuevo Gobierno monocolor de UCD con un apoyo, más aparente que real, puesto de manifiesto mediante la presentación por el presidente de la cuestión de confianza ante la Cámara. En efecto, a pesar de las especulaciones sobre el interés de Miquel Roca33 de ser el ministro de los catalanes en Madrid en un Gobierno de coalición, Jordi Pujol34 y su partido debieron considerar que todavía estaba muy verde el proyecto de institucionalización de la Generalitat y que aún pendían demasiadas incógnitas sobre la marcha de las transferencias a Cataluña como para mojarse en un gabinete de coalición. A cambio de algunas concesiones en este terreno, los catalanes parecían dispuestos a apoyar públicamente al nuevo Gobierno, dando a entender la existencia de un pacto de legislatura y respaldo parlamentario –pacto cuyo contenido ni siquiera se ha hecho público y que ya ha sido puesto en tela de juicio, a los dos meses de haberse anunciado, con ocasión del nombramiento del subgobernador de Cataluña, por un lado, y la oposición de la minoría catalana a los Presupuestos del Estado para 1981– y a plegar su voto a favor del Gobierno en la cuestión de confianza, pero nada más. Dicho de otra manera, los catalanes, que tienen grandes puntos de coincidencia en aspectos ideológicos con UCD, están dispuestos a apoyar al Gobierno en todo lo que sea oponerse a propuestas demasiado avanzadas en lo económico o en lo social por parte de la izquierda y, en todo caso, a cerrar el camino de ésta al poder. Pero quieren quedar libres en lo que es su contencioso nacional frente al Gobierno central.

Ciertamente ¡para este viaje no se necesitaban alforjas! Esto es lo que ya venía ocurriendo a lo largo de los últimos años y lo que previsiblemente ocurrirá en los próximos, cualquiera que sea la imagen que le quieran dar a su comportamiento.

En lo que se refiere al PNV, la cosa estaba más clara desde el principio. Éstos, con la presión de la izquierda abertzale y los diversos contenciosos todavía planteados con Madrid, no podrán pactar su apoyo parlamentario a UCD y menos aún su entrada en un Gobierno de coalición. Siempre quedaron excluidos y la única duda era, en el supuesto de que volvieran al Parlamento, cosa previsible, si votarían o no a favor de la cuestión de confianza, lo que finalmente no hicieron, a lo que creo modestamente haber contribuido con mi discurso en el debate correspondiente.

Quedaba, en fin, la incógnita de los andaluces, que se resolvió de manera colorista y grotesca, y preveo que con graves consecuencias tanto para ellos como para el Gobierno Suárez con la correspondiente pérdida de credibilidad en Andalucía.

9 de noviembre de 1980

Antes de presentar la cuestión de confianza en el Parlamento, la Moncloa hizo una hábil operación de marketing del nuevo Gobierno. Como principales novedades presentaba la reincorporación de Rodolfo Martín Villa (ministro de Administración Territorial) y Francisco Fernández Ordóñez (ministro de Justicia). La dimisión de Fernando Abril obligaba a una remodelación del equipo económico. Mariano Rubio35 fue llamado por Suárez para ocupar la vicepresidencia Económica del Gobierno, pero rechazó el ofrecimiento sugiriendo a Leopoldo Calvo-Sotelo. Éste se trajo consigo a Juan Antonio García Díez, quien acumuló las carteras de Economía y Comercio (en su vertiente exterior), excluyendo así del nuevo Gabinete al infortunado Luis Gámir (algunos me felicitaron tontamente por esta salida de Gámir del Gobierno recordando mi intervención en el debate de la moción de censura).

El Gobierno, en efecto, era de lo mejor que se podía presentar desde UCD y tenía la virtud de excluir algunos de los personajes más chocantes del anterior Gabinete (como Ricardo de La Cierva, Gámir, José Manuel Otero y algún otro). Fue recibido por la prensa muy favorablemente, lo que no era extraño habida cuenta de la ansiedad que generó la moción de censura anterior y el deseo general de encontrar un Gobierno con suficiente autoridad. Sin embargo, el Gobierno, frente a una oposición relativamente poco brillante, comprados ya los votos de andaluces y catalanes, y pese a las ventajas de preparar todo de antemano, no salió muy airoso del debate de la cuestión de confianza. Tampoco lo perdió, ni en votos, 180 a su favor, ni en el ambiente de la opinión pública. Pero no ganó el debate. Fraga estuvo peor que en otras ocasiones y Carrillo estuvo francamente mal. Ramón Tamames36 mejoró, en un segundo turno, el papel de los comunistas.

Los socialistas llevamos el peso del debate. Ernest Lluch sacó a mucha gente a la tribuna animando el debate sin ganar claramente, pero sin perder. Felipe González tuvo un buen discurso, aunque no el mejor que le haya oído. Llamó mucho la atención, según leí luego, mi intervención (la primera larga, unos 36 minutos).En ABC y Cambio 16 me dedicaron grandes elogios, y en El País se tomaron mi intervención y la de Tamames como motivo de una editorial. Recibí muchas felicitaciones (Fraga, Areilza, Ordóñez, Gómez Llorente, Jáuregui, Carrillo y algunos más).

¿Cuáles fueron las conclusiones que sacaron del debate los españoles que lo siguieron por TVE? Esta vez es más difícil evaluarlo que con ocasión de la moción de censura. Pero, en general, me atrevo a decir que, por comparación, llegaron a la conclusión de que había un Gobierno más firme y sólido que antes y esto, seguramente, los tranquilizó. Pero del debate quedaron algunos temas pendientes que podrían minar en muy pocas semanas la posición del Gobierno. El principal, el de la autonomía andaluza, cuya vía constitucional pactó allí el Gobierno, en público, con el Partido Socialista Andaluz (PSA), aplicándose como al resto de las autonomías el artículo 144 de la Constitución, a cambio de sus votos en la cuestión de confianza. PSOE y PCE se opusieron, tanto en el debate como después, a este procedimiento aferrándose a la vía del artículo 151 para el desarrollo del Estatuto de Autonomía de Andalucía.

A los pocos días, Suárez mandaba una carta a Felipe González –haciendo público tal envío con el fin de forzar a Felipe a acceder a sus proyectos– invitándole a una conversación sobre los temas autonómicos. A pesar de la confianza ganada recientemente, Suárez no podía llevar adelante la política autonómica que había anunciado, en especial en el caso de Andalucía, sin el apoyo del PSOE.

Por una vez fuimos duros y mantuvimos hasta el final nuestra postura. Obligamos al Gobierno a aceptar públicamente la vía del artículo 151 y la modificación de la Ley Orgánica del Referéndum. Le obligamos igualmente a hacer otro pacto con la Junta de Andalucía. De este modo, el Gobierno quedó malparado y dejó, de paso, al PSA en una posición indecorosa.

Se ha reabierto el debate de política económica con la presentación del Presupuesto ante el Parlamento y, de momento, el Gobierno se muestra muy débil, y ha tenido tan sólo un voto de diferencia para rechazar en ponencia nuestra enmienda a la totalidad. El debate que se producirá en las próximas semanas va a ser muy importante.

1. Juan Manuel Epalza había pasado a ocupar recientemente la cartera de Interior del Gobierno Vasco, presidido por Carlos Garaicoechea.

2. José María, Txiki, Benegas fue secretario general del Partido Socialista de Euskadi-Partido Socialista Obrero Español (PSE-PSOE) desde 1977 a 1988.

3. Jesús Viana fue diputado de UCD por Álava en el Congreso de los Diputados desde junio de 1977 a abril de 1980, en que renunció a su escaño por incompatibilidad de su nuevo cargo como parlamentario vasco. Era también presidente de UCD en el País Vasco.

4. Carlos Bustelo fue ministro de Industria hasta el 5 de mayo de 1980.

5. Gregorio Peces-Barba era entonces diputado del PSOE por Valladolid y secretario del Grupo Parlamentario Socialista.

6. Francisco Fernández Ordóñez había cesado como ministro de Hacienda el 4 de abril y ocupaba su escaño como diputado de UCD por Zaragoza. En septiembre de 1980 fue nombrado ministro de Justicia.

7. Miguel Boyer era entonces diputado del PSOE por la provincia de Jaén.

8. Gabriel Urralburu era diputado del PSOE por Navarra. Entre 1980 y 1982 formó parte de la comisión que negoció con el Estado el Amejoramiento del Fuero de Navarra.

9. Carlos Solchaga fue consejero de Comercio en el Consejo General Vasco desde 1979 a 1980, año en que se incorporó como diputado del PSOE por Álava al Congreso de los Diputados.

10. Tras su aprobación por el Senado, la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) se publicó en el BOE, núm. 236, de 1 de octubre de 1980, pp. 21796 a 21799.

11. Enrique Múgica Herzog era desde 1977 diputado por Guipúzcoa. En el Congreso Extraordinario del PSOE (septiembre de 1979) fue elegido secretario de Relaciones Políticas de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.

12. Jaime Ignacio del Burgo era diputado foral por la ciudad de Pamplona (1979-1984), presidente de la Diputación Foral (1979-1980) y presidente de la UCD de Navarra. Había sido acusado de una supuesta malversación de fondos (caso FASA).

13. Javier Solana era diputado por el PSOE desde 1977.

14. Alfonso Guerra era secretario de Organización del PSOE y diputado por este partido.

15. En esas fechas, el ministro de Cultura era Ricardo de la Cierva, y el de Economía, Fernando Abril Martorell (hasta septiembre de 1980). El director general de RTVE era Fernando Arias-Salgado.

16. Diputado por UCD desde 1977 a 1986, Gabriel Cisneros fue víctima de un intento de secuestro por ETA en Madrid, del que escapó pero resultó herido de gravedad.

17. José María de Areilza era entonces diputado por Coalición Democrática (CD).

18. La Ley 51/1980, de 8 de octubre, Básica de Empleo, se publicó en el BOE, núm. 250, de 17 de octubre de 1980, pp. 23133 a 23138.

19. Pablo Castellano era diputado del PSOE por Cáceres. Fue secretario de la mesa del Congreso y miembro de la Comisión Constitucional durante la Legislatura Constituyente, y posteriormente presidiría la Comisión de Justicia e Interior. Entre 1976 y 1978 fue miembro del Comité Federal del PSOE. Junto a Francisco Bustelo y Luis Gómez Llorente dirigió la corriente interna Izquierda Socialista. En 1983 fue el primer presidente de la Asamblea provisional de Extremadura

20. Luis Gómez Llorente era diputado por Asturias desde 1977. Fue vicepresidente segundo del Congreso de los Diputados desde 1979 a agosto de 1982. Teórico de la corriente Izquierda Socialista, Gómez Llorente abandonó prácticamente la política activa tras el regreso de Felipe González a la Secretaría General en 1979, aunque mantuvo su escaño hasta 1982, renunciando a volver a presentarse en las elecciones generales de ese año pero manteniendo, sin embargo, su afiliación al partido y su militancia en Izquierda Socialista.

21. Felipe González era secretario general del PSOE desde 1974.

22. Manuel Fraga Iribarne era entonces diputado por Alianza Popular (AP).

23. Santiago Carrillo fue secretario general del PCE desde julio de 1960 a diciembre de 1982. En las elecciones de 1977 fue elegido diputado del PCE por Madrid.

24. Ernest Lluch era diputado por Gerona del PSC-PSOE. En abril de 1980 fue elegido portavoz del Grupo Parlamentario de los socialistas catalanes en el Congreso.

25. Juan María Bandrés fue diputado por Guipúzcoa de Euskadiko Ezkerra desde marzo de 1979 a julio de 1989.

26. Fernando Sagaseta era diputado por Unión del Pueblo Canario (UPC).

27. Andrés Fernández Fernández fue candidato a diputado del PSOE por León en las elecciones generales de 1979 sin resultar elegido, pero en diciembre de ese mismo año sustituyó a Baldomero Lozano en su escaño. Por discrepancias con el partido pasó al Grupo Mixto en mayo de 1980, en el que permaneció hasta la disolución de las Cortes en agosto de 1982.

28. Ricardo García Damborenea fue elegido en 1980 miembro del Parlamento vasco por Vizcaya en la lista del PSOE, cargo al que renunció en 1982 cuando fue elegido diputado al Congreso por Vizcaya, escaño que volvió a renovar en 1986.

29. José Antonio Maturana fue diputado del PSE-PSOE por Guipúzcoa. Dimitió de su escaño en 1980 para presentarse en las listas del PSE-PSOE a las primeras elecciones al Parlamento vasco, siendo elegido sucesivamente durante seis legislaturas.

30. Enrique Casas, militante del PSOE y de UGT, fue elegido secretario de Organización del PSE-PSOE en 1977 y secretario general del PSE-PSOE de Guipúzcoa en 1979. Entre 1980 y 1984 fue miembro del Parlamento vasco así como senador designado por dicho Parlamento en la primera y la segunda legislaturas. El 23 de febrero de 1984 fue asesinado a la puerta de su casa por el grupo terrorista Mendeku de los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CAA). Este grupo lo hacía responsable de la represión a la izquierda abertzale por su condición de miembro de la Junta de Seguridad del País Vasco, creada por los gobiernos central y autonómico, acusándolo de haber diseñado los últimos episodios de «guerra sucia» junto con Ricardo García Damborenea, secretario general del PSE-PSOE de Vizcaya.

31. Víctor Manuel Arbeloa fue elegido parlamentario foral de Navarra en las listas del PSOE en 1979. Fue el primer presidente del Parlamento Foral de Navarra (1979-1983).

32. José Antonio Asiáin Ayala era, por oposición, letrado de la Diputación Foral de Navarra (1974-1979); en comisión de servicios, fue letrado mayor del Parlamento de Navarra (1979-1983). En 1980 fue designado asesor jurídico de la Comisión Negociadora de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.

33. Miquel Roca Junyent era diputado de CiU en Cortes Generales por Barcelona. Fue presidente del Grupo Parlamentario Catalán en el Congreso de los Diputados desde 1977 a 1995 y portavoz de CiU en varias legislaturas.

34. Jordi Pujol fue presidente de la Generalitat de Cataluña de mayo de 1980 a diciembre de 2003.

35. Mariano Rubio fue subgobernador del Banco de España de 1977 a 1984, año en que fue nombrado gobernador de dicho banco. Permaneció en el cargo hasta 1992.

36. Ramón Tamames, miembro del Comité Ejecutivo del PCE desde 1976, fue elegido diputado por Madrid en 1977 y 1979. Dejó el PCE en mayo de 1981 para fundar en diciembre de 1984 la Federación Progresista (FP), con la cual participó en la creación de Izquierda Unida (IU) en 1986, siendo elegido diputado. En 1987 la FP abandonó IU y en 1989, siendo aún diputado, dejó la dirección de ese partido e ingresó en el Centro Democrático y Social (CDS), aunque se retiraría de la política poco tiempo después.

1981

15 de enero de 1981

Ciertamente me equivoqué en mis previsiones sobre el debate parlamentario de los Presupuestos. Una buena labor de disciplina dentro del Grupo Parlamentario de UCD y la ausencia de Felipe González, que, contra mi consejo y el de Javier Solana, se fue a Nueva York a dar una conferencia –con gran éxito, por cierto– durante el debate a la totalidad, redujeron considerablemente la atención pública sobre la discusión de los Presupuestos. A ello contribuyó igualmente una mala preparación y una más que deficiente coordinación de nuestra estrategia sobre lo que habríamos de decir los tres grupos parlamentarios.37

El año se cerró, desde el punto de vista parlamentario, con el debate de los Presupuestos, que pasó sin pena ni gloria. Hubo interés en el desarrollo de los debates en ponencia y comisión de las leyes del Divorcio (presentada por Fernández Ordóñez) y de Autonomía Universitaria, no sólo por su indudable trascendencia social, sino también por sus repercusiones en el seno de UCD, que en momentos precongresuales se hallaba profundamente dividida en éstos y otros temas.

Los resultados previsibles del Congreso de la UCD junto con los que a primeros de este año han salido del Congreso del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) –el rechazo del eurocomunismo– pueden ser, en lo que se refiere al posicionamiento de las grandes formaciones políticas, los acontecimientos más destacados antes de que se inicie el periodo parlamentario el próximo 10 de febrero.

Desde el punto de vista autonómico, dos son también los aspectos relevantes: el desbloqueo de la situación andaluza y sus primeros efectos electorales, y la restauración de los conciertos económicos con el País Vasco.

Pero antes de extenderme en estos temas quiero dejar constancia del cambio de mi situación dentro del Parlamento y –en cierta medida– dentro del propio partido.

Como ya mencioné, mi discurso en el debate de la cuestión de confianza fue muy bien recibido y, en general, muy favorablemente comentado en casi todos los ambientes. Como consecuencia de ello, mi popularidad dentro de la organización ha aumentado considerablemente y he pasado a ser uno de los dirigentes más conocidos en la actualidad. Ello me ha obligado a hacer bastantes viajes a las agrupaciones en los tres últimos meses de 1980 a petición de sus respectivos responsables.

Así, he estado en Almería en un par de ocasiones, primero para dar una conferencia y, luego, dentro de la campaña de elecciones al Senado (elecciones parciales, coincidentes con las de Sevilla), al mitin de apertura de la campaña a favor del uso del artículo 151 de la Constitución para la aprobación del Estatuto de la región –campaña que se interrumpió con el desbloqueo del proceso autonómico andaluz– ; he participado también en la campaña del referéndum autonómico gallego –en Noya y Ferrol. Asimismo, he dado una conferencia en Santander y he rendido visita y apoyo técnico a las agrupaciones de Castro Urdiales y Navarra.

En el mismo terreno: he recibido invitaciones para participar en ciclos de conferencias en Bilbao, Alicante y la Universidad de Verano de Santander en los próximos meses y, en la prensa en general, se me ha requerido para entrevistas y colaboraciones, destacándose mis declaraciones cuando las hago. Sin embargo, no soy una de esas figuras políticas de constante referencia, pero mi situación en este aspecto ha cambiado considerablemente desde mi llegada al Parlamento, lo que, dado el tiempo transcurrido desde entonces, no está mal. En una encuesta realizada por la agencia Colpisa, los periodistas del Congreso me eligieron «Diputado Revelación» de 1980.

Un aspecto que ha contribuido igualmente a elevar mi consideración dentro del partido ha sido acompañar a Felipe González en dos de sus últimos viajes al extranjero, uno a Argelia y otro a Panamá y Estados Unidos, previa escala en La Habana, donde estuvimos con Fidel Castro. Este último viaje lo hicimos los dos solos y pasamos en Nueva York cuarenta horas magníficas en compañía de mi amigo Luis Sempere, que vive en Nueva York, y de la fotógrafa Marga G. Clark, a quien no conocía.

De estos viajes –aparte de las anécdotas humanas, conocer a personajes y de que son mi primera apertura a la política exterior– lo que más me ha interesado ha sido mi aproximación a Felipe, que prácticamente se había interrumpido en 1976 cuando me trasladé a Bilbao, a pesar de los ocasionales contactos que hemos mantenido luego.

El Felipe González actual está seguro de sí mismo y con bastante de la madurez del líder ya hecho y que acepta su papel, dosificando sus esfuerzos. He encontrado también que su fondo humano parece sorprendentemente intacto después de pasar, en unos pocos años, de líder discutido de un partido clandestino prácticamente testimonial a líder de la oposición, jefe apenas discutido del PSOE y posible jefe del Gobierno próximo. Ni vanidad ni engreimiento en el trato. Mantiene vivas las preocupaciones por las cosas diarias y se le aprecia un considerable caudal de afecto, no satisfecho ni probablemente susceptible de serlo, en la situación que ocupa y con el trabajo que realiza. En otras palabras, sigue siendo la misma persona atractiva y de fácil trato con quien tuve ocasión de verme con cierta frecuencia allá por 1975 y 1976.

Me parece que no tiene miedo a asumir sus posibles responsabilidades de jefe de Gobierno y que confía en que tiene un programa –o, mejor, un proyecto– que ofrecer al pueblo español, diferente de lo que ha habido hasta ahora, capaz de generar confianza en las estructuras políticas actuales y esperanza en el futuro de España. Pero, obviamente, está mal servido. No tiene un Gabinete que le funcione, y necesita una ordenación y planeamiento mínimo de sus actividades. Por eso agradece la asunción de responsabilidades por los demás, de manera que no tenga que pasar por él el conjunto de las tomas de decisiones incluso cuando esa asunción se hace de manera oficiosa y al margen de los cauces estatutarios previstos en la organización. Por el contrario, se muestra remiso a los compromisos con supuestos responsables del área o de secretarías que no saben o no quieren hacer nada si no es con su respaldo explícito.

De esta manera, se está creando una doble brecha entre el partido y su dirigente que, hoy por hoy, no parece posible cubrir. Por un lado, una solución de continuidad de la imagen socialista: frente a una organización anticuada y que un día en un municipio, otro en el Parlamento, en los gobiernos preautonómicos o en cualquier otro foro donde se halla representado da muestras a veces de rasgos de infantilismo izquierdista e ignorancia suprema de las técnicas de administración pública tenemos un líder capaz de llegar al pueblo por su credibilidad y moderación, a quien la derecha tiene un enorme respeto y que posee una imagen internacional verdaderamente importante.

Volviendo a mi experiencia de los últimos tiempos, han mejorado mis relaciones con los dirigentes de Unión General de Trabajadores (UGT), a través, fundamentalmente, de José Luis Corcuera38 (he conocido recientemente a José María Zufiaur39 y me ha causado una impresión muy positiva). Estos dos hombres junto con Manuel Chaves40 y José Antonio Saracíbar41 pueden llevar UGT muy lejos. Nicolás Redondo,42 de quien nunca he sido un santo de su devoción, está conmigo especialmente amable y lo mismo pasa con Ramón Jáuregui, secretario general de UGT en Euskadi.

He intervenido a lo largo de los últimos meses en simposios diversos de UGT y seguramente cooperaré con ellos en la reestructuración del sector siderúrgico. Pero lo más importante ha sido mi participación en unas jornadas sindicales donde mis ideas para un programa de política económica para el PSOE (que todavía debo perfilar en algunos aspectos, lo que haré en las próximas semanas) fueron, en líneas generales, aprobadas –a pesar de que proponía una moderación fuerte de las rentas salariales, pérdida de salario real para ser más exactos, a cambio de creación de empleo desde el Estado– y adoptadas incluso por el Comité Confederal de UGT como ponencia de política de empleo, aunque con algunos recortes sobre la versión original.

De esta manera, me he convertido en mentor económico, aunque no exclusivo, de ambas organizaciones, lo que me permitirá, de aquí al verano próximo, introducir una cierta coherencia en la alternativa económica socialista, que luego habrá que difundir extensamente. Para ello, espero aprovechar un simposio que habrá en Alicante hacia el 12 o 13 de febrero en el que participan Luis Ángel Rojo,43 Enrique Fuentes Quintana44 y algunos otros, y en el que hablaré yo en nombre del PSOE. Para entonces, espero tener mejor perfilado el tema y dar una impresión favorable entre los expertos, cosa que hasta ahora no han conseguido nuestras alternativas económicas.

Hablando de otras fuerzas políticas merece la pena señalar que el Congreso de los comunistas catalanes ha supuesto el rechazo de las tesis eurocomunistas por parte de la principal organización del PCE en España. La reacción del Comité Central ha sido muy fuerte, agrupándose en torno a Santiago Carrillo (lo que, por fortuna para nosotros, va a dificultar su sustitución política) y condenando sin paliativos el giro del PSUC. Falta, sin embargo, por ver cuál va a ser el resultado en las bases del resto de España. Un PCE prosoviético sería, como es obvio, altamente beneficioso para los intereses del PSOE, tanto políticos como electorales.

Por otro lado, UCD está atravesando momentos críticos causados, según me parece, por los siguientes problemas:

a) La convicción de una parte del partido y de algunas de las fuerzas sociales que lo apoyan de que Suárez está enormemente gastado y llevaría al partido al fracaso en las próximas elecciones (consideración sobre la que yo tengo dudas).

b) La necesidad de cohesionar un partido de aluvión en torno a un programa de derecha dura y pura, como seguramente alientan los diversos poderes fácticos.

Los demás temas –representatividad, democracia interna, reparto del poder, etcétera, etcétera– son zarandajas.

¿Qué va a pasar en el II Congreso de la UCD? Nada espectacular, en principio. Las cosas seguirán aparentemente como estaban. Pero, debajo de la superficie, puede haber ya procesos en marcha que anuncien la reestructuración de las formaciones políticas de la derecha española ante las próximas elecciones.

La figura de Suárez va a salir malparada de todo este forcejeo. Ya no es el líder indiscutido. Será, como mucho, el primero entre pares. Por otro lado, los enfrentamientos han de dejar huella, en especial el que surja entre Suárez y Lavilla. Hay que tener en cuenta que éste es el único que puede liderar una tendencia verdaderamente organizada, la Democracia Cristiana, y con fuerte arraigo sociológico y apoyatura económica. Los demás grupos y líderes no son nada por sí mismos, sólo en la medida en que desde el Parlamento y desde el Ejecutivo, desde las provincias y desde su escaso nivel de influencia local apoyan al que manda en el aparato de su partido.

Cambio 16 dice esta semana que, de acuerdo con una encuesta secreta encargada por UCD, el 33 % de sus votantes no tienen intención hoy de repetir el voto, que darían en su mayoría al PSOE.

29 de enero de 1981

Dimite Adolfo Suárez y propone a Leopoldo Calvo-Sotelo como candidato a la presidencia, propuesta que acepta su partido. Pocos días antes se anunció la suspensión sine die del Congreso de la Unión de Centro Democrático. Aunque había muchos rumores los últimos días, a mí personalmente me ha pillado totalmente por sorpresa.

Hoy doy una conferencia en Pamplona para hablar de la situación económica. Tengo que hacer equilibrios en la rueda de prensa previa para remitirme exclusivamente a problemas económicos y limitarme a la declaración oficial del PSOE sobre la dimisión de Suárez. Por cierto que, camino a Pamplona en el coche, me llaman desde la Casa del Rey para convocarme a consulta sobre la designación del nuevo candidato. Hablo con Felipe González inmediatamente. El partido piensa que es mejor que vaya él solo en nombre de los tres grupos parlamentarios socialistas. Estoy de acuerdo y me siento aliviado.

3, 4 y 5 de febrero de 1981

Viaje de los reyes al País Vasco. Almuerzo en su honor en Vitoria el día 3. El PNV se encarga de ponerme en uno de los lugares más alejados de la presidencia. Siempre tan elegantes. El día 4 se producen incidentes en el acto de Guernica, con HB cantando el Eusko Gudariak cuando el Rey inicia su discurso, interrumpiéndolo. Al final son violentamente desalojados por los primeros efectivos de la Policía autónoma. Considero muy positivo tanto este enfrentamiento como el conjunto del viaje de los reyes al País Vasco. Me preocupa, sin embargo, el peligro de manipulación por los idólatras de la autoridad (en la extrema derecha antimonárquica y en los cuarteles) del enfrentamiento.

23 de marzo de 1981

Voy a poner en orden los acontecimientos dramáticos de los dos últimos meses. El fin de semana del 6 de febrero, se reunió por fin el Congreso de UCD. El margen de enfrentamiento interno y de flexibilidad ante los graves acontecimientos del país sacó de quicio a la opinión pública informada (el resto del país asistía al tema con clara indiferencia), y la conclusión general es que los diversos montajes de concordia que se fueron tejiendo durante el congreso no podrán evitar la ruptura final de UCD. Aumenta la probabilidad de la «operación gran derecha», cuyo factor aglutinante puede ser Leopoldo Calvo-Sotelo. Sobre la base de esta hipótesis, se construyó días más tarde (reunión de la Comisión Ejecutiva del 16 de febrero a la que asistimos como invitados Ernest Lluch y yo) la estrategia del debate parlamentario de investidura. El análisis que allá se hizo continúa siendo correcto después de los últimos acontecimientos y resulta, por sorprendente que parezca, una de las pocas garantías de supervivencia de la democracia que actualmente existen.

Entretanto, ETA-m cometió el enorme error y la brutalidad de asesinar al ingeniero José María Ryan,45 a quien tenía secuestrado desde hacía una semana con el fin de paralizar las obras de Iberduero en Lemóniz. La reacción política y popular fue tremenda. Por primera vez se vislumbró un sentimiento generalizado de repulsa entre el pueblo vasco sin distingos de militancia política o de voto. El pueblo parece harto de sangre. Puede decirse que ha comenzado el proceso de aislamiento de ETA-m. Tan sólo falta el enfrentamiento definitivo con el PNV. Esta semana que hoy empieza puede ser importante en ese sentido.

La alegría, sin embargo, duró poco. Hacia el 12 o 13 de febrero saltó la noticia de la muerte de un etarra por torturas en las dependencias policiales, lo que enturbió todo el movimiento antiETA complicando gravemente el anunciado debate de investidura. En la Junta de Portavoces propuse que se separasen las posibles interpelaciones sobre las torturas del debate de investidura. Así se hizo finalmente. El 17 de febrero se reunió por primera vez el Pleno del Parlamento desde la interrupción por las vacaciones navideñas. Tema único: las posibles torturas y la muerte del etarra. Intervine con un discurso muy duro pidiendo la depuración de las fuerzas policiales y de seguridad, lo que volví a solicitar en una entrevista para televisión. «Lo que ha ocurrido en las dependencias policiales es torturas y tratos inhumanos», dije al comienzo de mi intervención. «No va a refrenar mi lengua el miedo al dramatismo, el miedo a la tensión [...] Aquí estamos en una cuestión de principios y hasta que esta Cámara y el Gobierno de la Nación no se den cuenta de que contra el terror, contra los agentes que utilizan la violencia frente a las instituciones del Estado, éste nunca tendrá fuerza moral suficiente si no acaba primero con los asesinatos consentidos, con las vejaciones y malos tratos que pueden dar a los detenidos […] y ahora, señoras y señores diputados, pienso yo que ha llegado el momento en que también se reconsidere con seriedad, con profunda seriedad, que, a pesar de ese espíritu de reconciliación que debe subsistir entre todos los partidos políticos y todas las fuerzas sociales de este país, la democracia necesita en estos momentos proceder a un análisis profundo de su aparato policial, apartar de él a aquellos que traicionan en espíritu, en las formas y también materialmente los contenidos, los principios de esta democracia.»

El 18 de febrero Calvo-Sotelo pronunció el discurso de investidura. Mi respuesta del día 19 causó una gran sensación –dentro de una serie de intervenciones parlamentarias de rechazo al candidato, que impidieron que alcanzara la mayoría absoluta requerida en la primera vuelta.

El lunes 23 de febrero se celebró la segunda vuelta, en la que pronuncié un discurso muy duro y menos brillante que en otras ocasiones. Felipe González hizo un gran discurso. En el momento de las votaciones entraron en el Congreso fuerzas de la Guardia Civil al asalto al mando del teniente coronel Antonio Tejero (que había resultado prácticamente absuelto del delito de conspiración en relación con la Operación Galaxia) ocupando el Congreso y secuestrando al Gobierno en funciones y a los diputados. El capitán general Jaime Milans del Bosch se levantó en Valencia. El general Alfonso Armada se subió al estribo del golpe de Estado, que en Madrid fracasó al serles impedida a los golpistas la movilización de la División Acorazada Brunete.

El Rey, con el que creían contar para alguna salida pactada Armada y Milans del Bosch, hizo fracasar el golpe de Estado con una actitud firme e inequívoca. Tal actitud supone, desde luego, una clarificación para los posibles futuros golpistas –que saben que tendrán que tirar también la Monarquía la próxima vez que se decidan a golpear la democracia–, pero significa también la ruptura democrática efectiva (divorcio de la Jefatura del Estado del estamento militar, acabando con la falsa tutela de las fuerzas militares que el Rey constitucionalmente encabeza).

El día 24 a las 12 de la mañana fuimos liberados después de una noche de angustia bajo las metralletas amenazantes y en medio de la incertidumbre informativa sobre lo que estaba pasando en España. Finalmente, el golpe había fracasado. Los asaltantes se rindieron, y en los siguientes días los militares implicados y un civil, por el momento, fueron arrestados y procesados. No tardó mucho la extrema derecha en montar una campaña en favor de los golpistas. La situación seguía siendo enormemente confusa aun cuando el 25 de febrero se llevó a cabo la votación definitiva de investidura y Leopoldo Calvo-Sotelo formó Gobierno, sin apenas novedades, en el fin de semana. Yo creo que no olvidaré la sensación de vergüenza ajena que sentí cuando aquellos guardias civiles asaltaron el Congreso.

El 27 de febrero hubo grandes manifestaciones en favor de la democracia y de la Constitución en toda España, excepto en el País Vasco, donde fracasó su organización (se dice que el presidente Garaicoechea y otros se dieron a la mar ante las noticias del golpe militar). La de Madrid fue quizás la mayor manifestación registrada en Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Todo muy emotivo y gratificante, pero la incertidumbre y el miedo a un próximo golpe se palpa todavía en el ambiente. Aunque el Ejército se ha mantenido fiel, son muchos los oficiales que no ocultan sus simpatías por los golpistas, que reciben continuas visitas en sus prisiones respectivas.

La noche del 23 al 24 de febrero ha dejado demasiadas incertidumbres sobre la verdadera lealtad del Ejército a la Corona (hay que descartar el sentimiento democrático). El Rey, en un discurso posterior a los líderes de los partidos de ámbito estatal –difundido luego por la prensa–, aconsejó tener un cuidado exquisito con el Ejército, evitando toda provocación. Ello ha aumentado la incertidumbre. La opinión pública piensa que el fracaso del golpe no es un fortalecimiento de la democracia, sino tan sólo la constatación de que estaba mal diseñado. El nuevo ministro de Defensa, Alberto Oliart, no parece el hombre fuerte capaz de poner orden en el malestar de los cuarteles. Su antecesor, Agustín Rodríguez Sahagún, se ha dedicado exclusivamente a bailarles el agua a cuatro generales ambiciosos sin enterarse de lo que estaba pasando en los cuarteles y sin ejercer ningún tipo de autoridad.

El Rey, con su mensaje, ha enfriado la reacción popular y ha dificultado enormemente el papel de los partidos políticos para defender la democracia. ¿Qué se oculta detrás de la intención real? No se sabe, de momento. ¿Pudo haber un acuerdo del Rey con los militares para detener el golpe, acuerdo que aquél traspasa a Calvo-Sotelo y hace a éste cambiar su posición inicial sobre el Gobierno de coalición que nosotros ofrecimos para salir de la situación actual y consolidar la democracia?

Este posible acuerdo de cambio en la forma de Gobierno, confluyendo con la reorganización política de la derecha española con Calvo-Sotelo como punto de encuentro de ambas operaciones, puede ser, como ya he dicho antes, la única garantía de supervivencia durante un tiempo previsiblemente limitado de las instituciones democráticas. En todo caso, la operación parece implicar nuestro alejamiento del poder por algún tiempo. Esto no sería demasiado grave si, a cambio, se garantizara la consolidación definitiva de la democracia en España. Lo malo es que nadie puede asegurar tal cosa.

Para ello tenemos que conseguir:

a) Que el Gobierno y las fuerzas democráticas ganen la batalla psicológica a los golpistas. Hay que cerrar sus periódicos y perseguir sin temor a los civiles implicados en la operación.

b ) Que la Justicia Militar se atenga a los códigos y descargue todo el peso sobre los que tuvieron responsabilidades en el golpe. Ninguno de ellos debe quedar en las filas del Ejército.

c) Que se transformen los Servicios de Información de las Fuerzas Armadas y se pueda contar indubitablemente con su lealtad.

d) Que se aparte de la Policía y de la Guardia Civil a los elementos desafectos al régimen democrático.

A cambio de esto, nosotros deberíamos rebajar el pistón en materia autonómica, en materia de orden público y terrorismo y en política económica y social durante algún tiempo. Podemos colaborar seriamente en el tema vasco, aunque ahí el problema sólo puede solucionarse con la colaboración leal del PNV, que es casi lo mismo que pedir peras al olmo.

Entretanto, ETA-m ha intensificado su provocación al Ejército. En este largo fin de semana dos tenientes coroneles han sido asesinados en Bilbao y en Pamplona46 y el país está en un grito. Entre unos y otros, y con la incapacidad del anterior Gobierno de UCD y su desconcierto interno, han puesto la situación del país en un estado crítico. Si en las próximas semanas no se tienen éxitos policiales contra ETA, no se descabeza la campaña golpista todavía viva y no se dan dos o tres ejemplos de autoridad desde el Gobierno, los golpistas podrán ya decir que España se ha metido, como consecuencia de la democracia y del desgobierno, en un proceso de deterioro grave de la vida ciudadana. El miedo, desde luego, se extiende, y el miedo nunca es buen consejero. Hay que definir urgentemente el papel de la oposición en la situación actual. Sólo el temor es capaz de detener a los golpistas. Hay que crear un ambiente disuasorio, y hay que hacerlo rápidamente.

30 de marzo de 1981

Continúa la situación de incertidumbre. Los gestos de autoridad hasta ahora son positivos: Calvo-Sotelo da la impresión de querer dominar la situación entrevistándose con altos militares e implicándolos en el Estado Mayor de la lucha antiterrorista. De momento ha conseguido sus propósitos. Por otro lado, esta semana se debatirá el Proyecto de Ley de Defensa de la Constitución con sus previsibles repercusiones –hay que suponer que inmediatas– sobre la prensa golpista y terrorista, y sobre determinadas organizaciones políticas. Calvo-Sotelo, igualmente, se ha entrevistado con los banqueros –cuya posición hasta el momento está siendo estabilizadora– y sigue desarrollando con sus ministros la política de concertación en materia económica y social.

Este fin de semana una fuerte operación policial ha permitido un gran éxito en la lucha contra ETA en Álava. Eso y la detención de unos cuarenta miembros de HB durante la semana pasada tienen que poner a ETA en una situación relativamente difícil en los próximos días. De momento, ETA-m, en una declaración confusa, ha hablado de una consideración por su parte de un alto el fuego negociado (como siempre, sobre la imposible Alternativa KAS)47. Fernando Morán,48 con quien me encontré el viernes en la reunión con el Buró de la Internacional Socialista, me dijo que Areilza quería hablar conmigo sobre una propuesta de negociación de ETA-m que ha llegado hasta él. Quizá cenemos mañana los tres juntos. No tengo grandes esperanzas, aunque sí enorme curiosidad.

Calvo-Sotelo recibió a Carlos Garaicoechea el miércoles pasado. ¿Podrá el PNV por fin enfrentarse abiertamente con ETA? Esta es la gran incógnita. Andoni Olabarri49 me ha llamado hoy por teléfono desde Bilbao. Vienen él y Claudio Aranzadi50 a Madrid el próximo día 1 de abril. Les he dicho que seguramente estaré en Bonn. Andoni no cree que en la asamblea extraordinaria de EBB51 vaya a pasar gran cosa, es decir, que puedan producirse cambios espectaculares en la línea política del PNV. Me cuenta que ahora Xabier Arzalluz52 y compañía están «tocando» a los viejos líderes sabinianos apartados de la dirección para solicitar su ayuda en dos sentidos. En primer lugar, para que apoyen una posible política de una mayor colaboración entre el PNV y las fuerzas de seguridad contra ETA o, al menos, eviten que el partido se rompa en el intento. En segundo lugar, para reorganizar el viejo aparato clandestino de cobertura por si la involución se produce. Los viejos sabinianos parecen escasamente receptivos a estas propuestas de colaboración. Están muy quemados. ¡Aviados estamos con los nacionalistas!

Entretanto, prosigue el cerco de los demás partidos contra el PNV dentro del propio País Vasco, con Txiki Benegas a la cabeza de la operación. Enseguida, comunistas y gente de EE quieren aprovechar la ocasión para hacer un frente de izquierdas señalando el grado de coincidencia con nuestra valoración de la situación actual. Txiki estaba muy preocupado cuando hablé con él por teléfono el viernes pasado. Sugiere una reunión entre Felipe González, él y yo para definir la política del PSE en las próximas semanas (ahora la política sólo se hace para horizontes semanales). Sin embargo, en mi opinión, la política que el partido debe seguir en el País Vasco es absolutamente clara, aunque peligrosa: oposición frontal a ETA y a HB y cerco –con cierto cuidado y consideración– al PNV para posicionarlo inequívocamente en contra del terrorismo. Con Txiki hablé también del tema Areilza y ETA-m. No parece tener demasiada confianza en lo que pueda salir del mismo y prefiere que lo lleve yo por mi cuenta. Acordamos eso.

Resumiendo, la política de gestos de Calvo-Sotelo va por ahora por el buen camino y la lucha contra el terrorismo tiene aspectos positivos (policiales y políticos) y aspectos negativos, al tiempo que se dan signos de posible, aunque muy dudosa, negociación desde ETA. Como conjunto de lo pasado en los últimos siete días no está mal. El problema angustioso es si esto será suficiente para desactivar los intentos de golpismo. Y, sin embargo, nada en la vida social del país permite alentar la mínima salida involucionista. Los empresarios no están por el golpe. No parecen creer en él –aunque, desde luego, estarían entre los menos preocupados en el caso de que llegara a darse– y tampoco apuestan por el golpismo.

He participado en lo que han resultado ser los más prolongados y fáciles contactos con los empresarios a lo largo de la semana pasada. El lunes, Felipe González, Javier Solana, Ernest Lluch, Joaquín Almunia,53 Miguel Boyer y yo estuvimos cenando con la directiva del Círculo de Empresarios. Una cena distendida en la que los empresarios a veces se mostraron entusiastas con nuestras propuestas. El martes, Solana, Lluch, Almunia y yo estuvimos con los directivos del Banco de Bilbao acordando un sistema estable de intercambios de puntos de vista. El viernes, después de una conferencia en nuestra sede en Valladolid, tuve una nueva cena con empresarios y financieros de esa ciudad, esta vez yo solo con el alcalde y parlamentarios nuestros (excluido Peces-Barba) de la provincia. En todas las ocasiones, comprensión, ambiente distendido y propuestas de mayores contactos por parte del empresariado, que no parece creer mucho en las perspectivas políticas de UCD.

No sé si debido a estos contactos u a otras razones, Calvo-Sotelo va haciendo grandes alabanzas de mí, según me dijo ayer Isabel Azcárate, a quien encontré junto a Justino, su padre, cuando llevé a mis hijos Carlos y Miguel al autobús para Astún, donde van a pasar unos días esquiando. Isabel llevaba a su sobrino Pablo y, como yo, llegó tarde (no sabía que había que adelantar el reloj una hora en la noche del 28 al 29 de marzo). Me dice Isabel que Mariano Rubio, su marido, ha decidido creer que todo va bien y dejar de preocuparse por el tema. ¡Bendita capacidad de abstracción! Insiste Isabel en que nos veamos un día de estos. Le digo que sí, que de acuerdo.

Por otro lado, las centrales sindicales están dispuestas a negociar a fondo importantes pérdidas de salario real a cambio de garantías de creación de empleo. El miércoles almorzamos Corcuera, Zufiaur, Boyer y yo. De ahí salió una plataforma de negociación para UGT que yo desarrollé luego. Veremos en que acaba todo esto.

Este país, inventando culpas por cosas que no ha cometido y tratando de racionalizar lo difícilmente racionalizable –el golpismo–, está a la búsqueda de chivos expiatorios y parece haber encontrado dos: el País Vasco y las autonomías. En este ambiente, nosotros podemos participar algo, siempre en el filo de la navaja, por supuesto, pero con la mayor de las precauciones. No nos importa reconocer que hay que racionalizar en lo posible el proceso autonómico; en el fondo, siempre hemos estado de acuerdo en esta materia. Sólo el oportunismo de UCD nos ha llevado al PSOE a posiciones de defensa igualmente oportunistas (fundamentalmente en Andalucía y Cataluña). En el País Vasco hemos llevado nosotros la responsabilidad de Estado mucho más frecuentemente y con mucha mayor incidencia que el partido en el Gobierno (lo que, no hace falta decirlo, nos ha supuesto graves costes electorales). Seguimos y seguiremos impulsando el inevitable enfrentamiento entre el PNV y ETA, pero no podemos, por justicia, permitir que la frustración democrática se cebe en el pueblo vasco.

Sin embargo, nuestro margen de maniobra en estos dos temas es pequeño. Por un lado no podemos facilitar la desestabilización impidiendo el acuerdo entre el Gobierno y el principal partido de la oposición en lo que la opinión pública considera que son los dos grandes temas de cuyo curso de evolución depende la supervivencia de la democracia española. Por otro, si no hay algún tipo de negociación con ETA nuestra posición en el País Vasco nos va a llevar a un enfrentamiento muy grave –a muerte para decirlo claro–, como ya está ocurriendo en Navarra.

Desde la derecha se tiene la tentación de aprovechar esta situación nuestra tan delicada –de ahí la importancia que para nosotros tenía el Gobierno de coalición– para arremeter en todos los campos. Esto es algo preocupante y, lo que es peor, quizá inevitable. De esto estuvimos hablando más de dos horas Felipe González, Miguel Boyer y yo el lunes pasado antes de la cena con el Círculo de Empresarios. Miguel, como siempre, está muy pesimista y es partidario de no pedir grandes cosas como contrapartida a nuestro repliegue. Yo creo que sólo se puede pedir una cosa que merece la pena: ciertas garantías sobre una política de autoridad que desactive el golpismo. ¿Podrá darlas este Gobierno? Felipe no parece demasiado esperanzado. Con todo, dice que en una segunda entrevista con Calvo-Sotelo, de la que no se ha enterado la prensa, éste le dio algunas ideas bien encaminadas sobre cambios en el tema policial y en el del Ejército. Pero ¿y Oliart? –pregunté yo– ¿se va a limitar a acudir a funerales de militares y a compartir su indignación o va a mandar sobre el Ejército?

El martes pasado el Rey recibió a los consejos superiores de los tres Ejércitos. En su discurso, además de apoyar una ofensiva contra el terrorismo dejando la «defensiva paciente» y de exhortarles a respetar la Constitución, el Rey envío un mensaje a los políticos sugiriendo que éstos no debían vivir demasiado pendientes de lo que pasara con los militares. ¿Se ha arrepentido el Rey de los efectos nefastos que produjo la difusión de su mensaje a los líderes de los partidos? ¿Cree ya que está la situación militar bajo control? Nadie parece haber reflexionado mucho sobre el tema y, sin embargo, es muy importante.

Por lo demás, sigo con una actividad endiablada, de un sitio para otro, arrastrando cierto cansancio. El miércoles pasado asistí a una cena con funcionarios del actual Ministerio de Economía y Comercio dentro del plan de aproximación a éstos que está llevando a cabo Miguel Muñiz. Vinieron unos cincuenta o sesenta y, según afirmaron, podían haber venido muchos más si la convocatoria hubiese sido menos «clandestina». Creo que nadie sabía muy bien qué se podía hacer allí, aunque mi presencia y mis palabras parecieron agradarles. Muñiz tenía todo el proyecto demasiado verde para que fructificara, y eso que la posición de estos funcionarios ilustrados y demócratas es, después del 23 de febrero, mucho más comprensiva e indulgente con los partidos políticos.

Por cierto, hubo un pequeño incidente digno de ser contado. En mi intervención hablé de los efectos psicológicos del golpe frustrado, de la incomprensión de los militares, de las muchas simpatías que entre ellos tenían los golpistas y de la necesidad de un rearme moral de los ciudadanos demócratas. Cuando acabé mi alocución, un funcionario del Instituto Nacional de Estadística (INE) pidió la palabra y me acusó de estar desviando el objetivo de la reunión: que allí no habíamos ido a hablar de los hombres de «caqui», como él los llamó, y que todas mis referencias eran inoportunas. Era el hijo del teniente general José Gabeiras –jefe del Alto Estado Mayor del Ejército–, que resulta ser compañero del partido y afiliado a la UGT. Mi respuesta fue fulminante. Pedí excusas por haber quizá llevado la reunión a otros temas de reflexión, pero le dije: «Ni usted ni nadie está en disposición de decirme si es o no oportuno hablar ahora de temas militares. Eso es de mi exclusiva responsabilidad e incumbencia».

Como siempre, en esta y otras intervenciones de compañeros del partido y de la UGT estuvieron unos y otros a punto de echar por la borda el éxito inicial de la operación de aproximación. Existe una real inseguridad entre los cuadros del PSOE para dejar paso a nuevas adquisiciones del partido que puedan tener alguna influencia. Su mentalidad es de club cerrado, de secta de escogidos.

11 de diciembre de 1981

Reanudo estas notas con demasiado retraso, de nuevo. No cabe sino hacer un croquis rápido de lo que han sido los últimos ocho meses.

Abril

Abril pasó entre viajes. Me vinieron bien después de la tensión vivida desde el 23 de febrero, fecha, como luego se verá, sobre la que gira toda la acción política y todo el sentir ciudadano a lo largo del resto del año. Comencé el mes desplazándome con una delegación del PSOE encabezada por María Izquierdo54 a Bonn. Nuestro propósito era estudiar la organización federal de los alemanes y aprender sobre su funcionamiento. El viaje fue aburrido o quizá yo no estaba en disposición de estudio. El caso es que habiendo encontrado a Julio Fernández en Düsseldorf, donde es vicecónsul, aproveché un viaje de fin de semana que él tenía previsto a París para acompañarle y volver, luego, desde allí a Madrid.

El día 24 salí para La Habana como invitado, en nombre del PSOE, a un congreso de economistas del Tercer Mundo, burdamente manipulado, como pude ver luego, por la URSS, Cuba y, en menor medida, Argelia, países, estos dos últimos, con ambiciones de liderazgo entre los no alineados ahora que ya ni la India ni Indonesia ni Yugoslavia están en la carrera. La Habana, pese a la irritación que produce la burocracia oficial y el pacto de silencio político frente al extranjero, me causó una impresión entrañable que acabé de entender leyendo poco después de mi vuelta la novela de Guillermo Cabrera Infante La Habana para un infante difunto. Con todo, la vida en La Habana –que podría ser tan hermosa si el régimen cubano fuera capaz de evolucionar hacia formas democráticas– está marcada por el sello de la angustia ante el cerco interior y exterior que domina la atmósfera política de la isla. El pueblo cubano es inteligente y sensible, y con los cambios introducidos por el régimen en materia de educación, en una década o poco más podrá ser, además, culto, lo que abre nuevas perspectivas de evolución muy interesantes que no se sabe si aprovechará el régimen castrista.

Sólo hay dos acontecimientos personales –en la línea política, desde luego– a destacar en este mes. En primer lugar, mi entrevista con Areilza, y en segundo lugar, la aprobación por las Cortes de la Ley del Concierto Económico, ocasión en la que hice un discurso de carácter fundamentalmente histórico con algunas referencias a la situación actual del País Vasco.

La entrevista con Areilza no dio mucho de sí, como era de temer. El conde de Motrico hizo una larga introducción con referencias históricas y anécdotas políticas bien distribuidas en medio de ellas, con el fin de demostrar que él no iba tras el brillo del poder, habiendo alcanzado en su vida política todo lo que le era alcanzable. (Ello no fue impedimento para que semanas después aceptara agradecido su elección como presidente del Parlamento Europeo.) Toda esta entrada tenía aparentemente como fin convencerme de que en su propuesta no podía animarle ninguna ventaja política personal que él pudiera obtener. No necesitaba hacerlo.

Su propuesta era confusa, pero ligada hábilmente a un viaje reciente suyo por Estados Unidos y a algunas conversaciones con la Embajada estadounidense en Madrid yo entendí que pretendía delicadamente transmitir un mensaje del Departamento de Estado. El mensaje, como digo, no estaba claro y parecía implicar la necesidad de negociar con ETA-m. Para ello era necesario (con el Gobierno no se podía contar) que la oposición –o sea, el PSOE– reconociera a ETA-m, es decir, que apoyara tal negociación. Dos grandes estados, EE.UU. y el Vaticano, se encargarían de llevar a ETA a posiciones razonables, pero que, desde luego, no supusieran formalmente para ellos rechazar la Alternativa KAS, aunque éste debería ser el resultado final de las negociaciones.

Yo le dije de entrada que no lo creía posible –sin poner en duda sus palabras, desde luego– y que veía difícil que el PSOE adoptara una decisión cuya primera responsabilidad, en el caso de adoptarla, le correspondería al Gobierno. Felipe González, en posterior conversación conmigo, me reafirmó en la posición. La cosa, pues, quedó en nada. Pero en los meses siguientes, y a la vista tanto de los éxitos policiales como del repliegue de la acción de ETA-m, me he preguntado muchas veces cuál era el significado de aquella propuesta si es que lo tenía.

Por lo que se refiere al segundo tema, la aprobación de la Ley del Concierto Económico, no es sino una efeméride más en el camino de la difícil autonomía vasca. Su importancia radica en que responsabiliza ya al Gobierno del PNV en una política de Administración Pública y genera la tanta veces repetida dinámica de ejercicio del poder que debe llevarle al enfrentamiento con el terrorismo y al normal desgaste político.

Mayo

El mes de mayo fue un mes políticamente tenso con los últimos –hasta ahora– atentados importantes de ETA-m en Madrid a altos cargos militares (entre ellos, el jefe del Cuarto Militar del Rey, Joaquín de Valenzuela) y con el primer rearme psicológico de las fuerzas golpistas, cada día más convencidas de que el Gobierno de Calvo-Sotelo no habría de hacer nada para desmontar las tramas civiles del golpismo militar. Tensión, pues, en los cuarteles y en la prensa. Por si fuera poco, el mes culminó con una extraña operación de ocupación de la subcentral del Banco Central en Barcelona, donde los asaltantes utilizaron para su negociación una serie de gestos y actitudes militares o paramilitares que engañaban a los responsables del Ministerio del Interior y del de Defensa.

La sensación de los demócratas de estar atenazados entre una espiral de violencia etarra incontrolable y un rearme golpista se generalizaba. Era un periodo de pesimismo nacional semejante al que se está viviendo en estos días. Tejero sigue recibiendo interminables visitas en los cuarteles donde permanece arrestado, por lo que se cuenta en la prensa, regaladamente y hasta se permitió escribir un artículo de prensa, que ABC publicó el 11 de abril, donde echaba una reprimenda a sus superiores por olvidar lo que él entiende que son las enseñanzas morales básicas aprendidas en la Academia Militar.

Por pura casualidad éste fue el mes en que más contactos –protocolarios– tuve con el Ejército. El domingo 24 de mayo fui a Vitoria invitado a la jura de bandera que se celebró en el Campamento de Araca. En la recepción algunos comandantes y capitanes me reconocieron y se acercaron a hablar conmigo. La tensión militar –el día anterior se había producido el asalto al Banco Central en Barcelona y pocos días antes los atentados de ETA en Madrid– fue tema tabú. Mi impresión es que los militares hacen lo posible para que los políticos no nos sintamos extraños en sus dependencias. Vi un momento al ministro de Defensa, que se acercó amablemente a saludarme –remiso como estaba yo a hacerlo al verlo rodeado por el capitán general de la VI Región, el gobernador militar de Álava y otros altos mandos militares. Me dijo que la persona que estaba al mando de los asaltantes del Banco Central es el capitán de la Guardia Civil (Gil Sánchez Valiente, creo) que pudo escaparse del Congreso de los Diputados en la noche del 23 al 24 de febrero y que huyó luego a Londres. (Después se demostraría que el ministro estaba totalmente intoxicado y que dicho militar no participó –al menos directamente– en el asalto al Banco Central.) Lo peor es que no me lo dijo a mi tan sólo, sino también a los altos mandos militares y –¡vaya por Dios!– a la poca prensa que allí estaba.

El siguiente fin de semana (30 y 31 de mayo) se celebró en Barcelona el Día de las Fuerzas Armadas. Se cuidó de que la celebración tuviera el máximo esplendor. Fueron invitadas las instituciones civiles más representativas. El Rey se desplazó a Barcelona y se realizaron los actos con gran brillantez. El ambiente, sin embargo, no era demasiado bueno. Cuando el sábado salimos del acto de homenaje a la bandera en las Atarazanas, unos mozalbetes ultraderechistas corearon el nombre de Tejero. Unos oficiales jóvenes que pasaban a nuestro lado sonrieron con socarronería. Horas más tarde, el Rey dio una recepción en el palacete de Albéniz. Asistió mucha gente. Estuvimos Gloria y yo un rato con Miquel Roca y su mujer, que dice que le gusta mucho mi estilo parlamentario. Intercambiamos cumplidos recíprocos (sentidos por mi parte).

Luego nos saludaron en su ronda el Honorable y su esposa, que también se quedaron un rato charlando con nosotros.

Por lo demás, en el terreno de los viajes –aparte de un fin de semana en Tafalla– y éstos otros de carácter «militar», el mes registró un viaje a Alicante para dar una conferencia en la Caja de Ahorros y otro a Castro Urdiales para participar en un mitin. Este último fue un éxito (un mitin en la plaza del pueblo, junto al muelle, al que quizá acudieron cerca de un millar de personas). Castro Urdiales es un pueblo conflictivo que durante el verano soporta una importante colonia de veraneantes bilbaínos y en donde, con ocasión de un proyecto arquitectónico controvertido (el Castronovo de Ricardo Bofill), se ha creado un partido local de corte radical-nacionalista que recibe el apoyo descarado de Herri Batasuna. Quizá por esto, el gobernador civil de Santander, para garantizar mi protección –exagerando, sin duda–, envió siete u ocho vehículos policiales cargados de hombres que se situaron estratégicamente por los accesos a la plaza y en el perímetro de ésta. Yo lancé un speech antigolpista que, desde luego, fue seguido con al menos la misma atención por los hombres de uniforme que por los civiles. La agrupación local del PSOE quedó satisfecha y todos contentos.

En el terreno de la política económica hubo dos hechos a destacar: la iniciación en serio del Acuerdo Nacional sobre Empleo (ANE) y la rueda de prensa con la Asociación de Periodistas Económicos el día 28 de mayo –mi cumpleaños–, con Felipe González a la cabeza y Enrique Barón,55 Lluch, Solana, Almunia y yo flanqueándole.

En el repaso que haré más adelante de los cambios producidos en la situación política en el periodo transcurrido entre el 23 de febrero y la reanudación de la actividad política en el otoño –ahora agonizante– hablaré con algún detalle del ANE. Ahora me interesa señalar algunos puntos en los que participé personalmente y que habrían de tener una influencia considerable, según creo, en lo que luego pasó en el XXIX Congreso del PSOE celebrado en el mes de octubre.

Debo decir, para empezar, que siempre fui partidario de un acuerdo semejante al del ANE. Esto es lo que propuse en diciembre de 1980 en la conferencia de cuadros de la UGT y contribuí a imponer la idea sin graves dificultades. Ahora bien, siempre fui partidario de un ANE con la garantía de un Gobierno socialista (a decir verdad, siempre he creído que ésta, fundada en la credibilidad de los socialistas entre los trabajadores, era la única arma de que disponíamos nosotros, y no la derecha, para luchar contra la crisis). De modo que me mostré muy renuente a la propuesta negociadora del Gobierno ya que, entre otras cosas, sacrificaba nuestra única arma. Acepté a regañadientes el análisis de Felipe González de la necesidad de concertación en este terreno concreto, pero siempre mantuve reservas serias sobre las posibilidades de éxito de la operación, así como siempre creí que la negociación debía hacerse desde posiciones duras.

Por razones que desconozco, UGT ya había avanzado mucho en las negociaciones cuando Felipe González convocó una reunión conjunta (por UGT vinieron Corcuera y Zufiaur). Yo ya había tenido contactos con ellos y, junto con Miguel Boyer, había preparado una plataforma de negociación. No obstante, la cuestión más importante residía en la contrapartida del Gobierno en forma de inversión pública. Cuando yo expuse las cifras que consideraba necesarias –entre 900.000 millones y un billón de pesetas–, Corcuera, que estaba negociando (ya con conocimiento del público) sobre 800.000-825.000 millones de pesetas, dio un bote en su asiento. Yo, como suele decirse con demasiada frecuencia en este partido y en UGT, no podía «quedar de guapo» yendo de manera radical más allá de las exigencias de UGT. Contraataqué diciendo que nadie le mandaba a UGT hacer concesiones tan grandes y que si en una cuestión con repercusiones laborales el partido hubiera negociado con la autonomía con que ahora lo estaba haciendo el sindicato en un tema de honda transcendencia política tendríamos a UGT en un grito. La reunión no terminó muy bien. Felipe nos designó a Boyer, Solana y a mí para hablar al día siguiente con los ministros de Industria y Economía. Javier Solana se enfadó al verse igualado –por abajo– con Boyer y conmigo, y juró no ir a las reuniones, cosa que, en efecto, cumplió. Tampoco lo echamos en falta.

A partir de este momento, Solana se alineó con UGT en la disputa y, para salvar la cara del partido, racionalizó la situación aconsejando que en la negociación del ANE no se entrara seriamente en las partidas de inversión del Presupuesto del Estado de modo que el partido tuviera las manos libres en el debate presupuestario. Pero si no se entraba en esto, ¿sobre qué se negociaba? ¿Sería, por lo demás, alguien, en un momento en que políticamente se imponía la concertación, capaz de borrar la imagen de un Presupuesto acordado entre el Gobierno y el PSOE en sus grandes partidas?

En la reunión con el ministro de Economía y Comercio, en la que junto al titular de la cartera, Juan Antonio García Díez, estuvieron el subsecretario de Economía, el director general de Estudios del Banco de España, Luis Ángel Rojo, y el secretario general técnico del Departamento, sostuve –Barón y Boyer se mantuvieron voluntariamente en segundo plano– posiciones duras que no hallaron eco al otro lado de la mesa. Concluí la reunión advirtiendo de que, con la inversión pública que ofrecían, yo haría un informe negativo sobre el ANE a Felipe González. Aun traté de llevar a cabo una nueva aproximación a mis posiciones a través de una entrevista particular con Luis Ángel Rojo, que se mostró bastante receptivo y se comprometió a tratar de influir sobre García Díez. Fue inútil. En el partido se había impuesto ya la tesis de UGT –Solana y el ministro no necesitaban la mediación de Rojo o la mía para conseguir el acuerdo que se habían propuesto. La otra parte se la servía en bandeja.

Cuando los acuerdos se rubricaron, me limité a pasar un informe negativo sobre las garantías de provisión del empleo dentro de los mismos. Felipe lo exhibió en la reunión de la Ejecutiva y Nicolás Redondo, que asistía a ella, montó en cólera por segunda vez contra mí (la primera tuvo que ver con el episodio de la rueda de prensa con la Asociación de Periodistas Económicos que ahora contaré). Se había iniciado el proceso de enfriamiento de mis relaciones con la cúpula de UGT, que todavía dura a pesar de alguna mejora en la situación por mi intervención en los debates parlamentarios sobre la Ley de Presupuestos para 1982, que no permitirá, sin embargo, recuperar la confianza mutua rota.

La mencionada reunión con los periodistas económicos, que Javier Solana había preparado con esmero –supongo que para recomponer su situación como secretario de Estudios y Programas, y coordinador, por tanto, de la política económica del PSOE, o con alguna otra finalidad–, tuvo fuerte repercusión en la opinión pública como consecuencia de la intervención de Felipe, que hizo una defensa clara de la economía de mercado, y, en menor medida, de la mía, que acepté que habría que reconsiderar el tema de las pensiones en la Seguridad Social porque ésta corría peligro de quiebra con su actual sistema de financiación.

Con todo, las mayores repercusiones se produjeron dentro del propio PSOE (y como ya he indicado, en la UGT). Alfonso Guerra me acusó de haber preparado el manifiesto socialdemócrata del partido (él, sin embargo, me ayudaría luego de verdad a prepararlo). La Ejecutiva sintió un escalofrío recordando las declaraciones sobre el marxismo en el PSOE de Felipe González antes del conflictivo XXVIII Congreso pensando en el XIX. A mí se me acusó por mentideros, donde sólo la ignorancia supera a la mala fe, de querer privatizar el sistema de Seguridad Social. Una serie de economistas se cabrearon conmigo (¿o con mi nivel de influencia?)… Todo ello contribuyó igualmente a crear un ambiente contra mí que se habría de poner de manifiesto, después, en el congreso.

La actividad parlamentaria transcurrió dentro de la abulia que se impuso después del 23 de febrero, y que no se habría de sacudir hasta el periodo de sesiones que comenzaría en septiembre y a la que no sería ajeno un fenómeno que se empezó a registrar a comienzos de este mes de mayo: una epidemia desconocida que se extendió por Madrid, Castilla la Vieja y León. Los enfermos presentaban un cuadro semejante al de una neumonía, que acabó siendo un envenenamiento masivo, resultado de una mezcla fraudulenta de aceites, que afectó a cerca de veinte mil personas, produciendo más de doscientas víctimas hasta hoy.

El caso del aceite de colza desnaturalizado que se iniciaba en los primeros días de mayo fue una historia que alteró todo el equilibrio político conseguido a duras penas a lo largo de la primavera de 1981. No fue el único factor perturbador, pero, desde luego, fue el más innecesario de todos.

21 de diciembre de 1981

Continuando con el resumen de los últimos meses, junio y julio pueden agruparse a efectos de resumen, ya que, aunque en julio se interrumpió la actividad parlamentaria, transcurrieron sin perfiles especiales.

Desde el punto de vista del empleo de mi tiempo, entrevistas y conferencias fueron, junto con la acción parlamentaria, el trabajo principal. Participé con Matías Rodríguez Inciarte, que en septiembre siguiente sería nombrado ministro de la Presidencia, en un acto organizado por la revista económica Mercado. Dicté varias conferencias: en el Club Forex, en Cullera –Escuela de Verano del PSPV-PSOE–, en Alcobendas –Escuela de Verano del PSOE–, en Las Palmas de Gran Canaria (organizada por la Caja de Ahorros) y una última en la Universidad de Verano en Santander. Hice además una visita a Jaén, con actos en la capital, Úbeda y Linares, y otra a Vitoria y Bilbao.

El Parlamento se animó un poco con la discusión en Pleno de la Ley del Divorcio y la elaboración en la Comisión Constitucional del Estatuto Andaluz. Pero lo más importante, políticamente hablando, transcurría fuera de la Cámara en las negociaciones que, dentro del nuevo espíritu de concertación, continuaban entre el Gobierno y el PSOE.

Culminado el proceso negociador del ANE en las primeras semanas de junio, la concertación se dirigió hacia el área de la construcción del Estado Autonómico. Por acuerdo del Gobierno y de nuestro partido, se recurrió a la ficción de nombrar una comisión de expertos, dirigida por Eduardo García de Enterría, que diera una interpretación suficientemente respaldada del desarrollo del Título VIII de la Constitución, incluidos los polémicos aspectos económicos. Esta ficción no dejó de producir irritación entre los políticos nacionalistas, que a la vista de los informes emitidos por la comisión, y después de algunas vacilaciones, decidieron no sumarse a la negociación posterior. El PCE y AP sí lo hicieron, aunque, presionados por el PSUC unos, y por oportunismo político otros, no llegaron finalmente a suscribir los acuerdos alcanzados. De los acuerdos –que se extendieron al campo de la autonomía municipal también– salieron criterios racionalizadores sobre:

a) Calendario y vías constitucionales para culminar el proceso autonómico en la presente legislatura.

b) Procedimientos para llevar a cabo las transferencias y formas de evaluación de los servicios transferidos de acuerdo con las competencias asumidas.

c) Esquemas de solidaridad entre las diversas comunidades autónomas.

Y, además, como subproducto seguramente innecesario, pero quizá inevitable para el propósito de generalidad de los acuerdos, una interpretación a la baja de los poderes autonómicos recogidos en los estatutos ya en vigor (fundamentalmente, Cataluña y Euskadi).Todo ello se concretó en dos proyectos de ley fundamentales: la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA) y la Ley del Fondo de Compensación Interterritorial prevista en la LOFCA. Ambas leyes se verán el próximo periodo de sesiones (febrero a junio de 1982) y ya están planteando problemas tanto en nuestro partido como en el del Gobierno.

De esta manera, se llegaba al verano con un panorama despejado para la acción de gobierno en los siguientes meses. Se había concluido el Acuerdo Nacional de Empleo (ANE), que en general fue muy bien recibido por la sociedad española; se había acordado un esquema a plazo fijo para la culminación del proceso autonómico; ETA-m empezaba a recibir los primeros golpes policiales de alguna importancia; los poli-milis abandonaban la lucha armada indefinidamente, convencidos por la dirección de EE, y, en conjunto, se empezaba a adquirir una ventaja sobre la estrategia terrorista que permitiría la reducción a niveles tolerables de las tensiones en este terreno durante el resto de 1981. Finalmente, aunque el golpismo se apuntó un tanto con ocasión del santo del Rey, cuando salió a la luz una supuesta conspiración fundamentalmente civil –otra vez con Ricardo Sáenz de Ynestrillas56 como principal responsable– que luego no fue posible sustanciar suficientemente en los tribunales, sufrió un grave revés con la filtración del sumario del 23-F que se produjo durante el mes de agosto. En dicho sumario salían muy mal paradas la honorabilidad y valentía de los principales encartados en la acción golpista, con lo que se hacía prácticamente imposible la utilización política del proceso cuando éste se lleve a cabo en vista abierta.

Sin embargo, este panorama no sirvió para que el Gobierno decidiera una auténtica acción antigolpista –lo que habría de pagar con nuevas tensiones en el otoño siguiente–, prácticamente la única contrapartida que nosotros pedíamos frente a nuestra generosa posición concertadora, y tampoco sirvió para que UCD superara su crisis interna, que fue acentuándose visiblemente a lo largo de la primavera y el verano como consecuencia de la arremetida de los democratacristianos y conservadores perdedores del congreso de Palma de Mallorca.

Frente a una dirección patética –Agustín Rodríguez Sahagún57 y Rafael Calvo Ortega–58, todavía demasiado próxima al talante y la concepción de partido del antiguo presidente Adolfo Suárez, los derechistas de UCD formaron una Plataforma Moderada con cerca de ochenta miembros parlamentarios –mitad en el Congreso y mitad en el Senado–, organizando, al amparo de una operación discreta de apoyo al nuevo presidente del Gobierno, una campaña de desprestigio contra Suárez y sus hombres como no he visto otra en la historia reciente de España. Coquetearon con Fraga, en especial, ya en el otoño, después del triunfo espectacular de AP en las elecciones al Parlamento gallego; actuaron objetivamente al unísono con los intereses involucionistas –con el cebo de la victoria socialista en las elecciones francesas presidenciales del 11 de mayo, y legislativas del 21 de junio; y, finalmente, acabaron destrozando el poco prestigio que pudiera quedar en UCD. En España, el Ejecutivo gobierna sin partido que le apoye, y la derecha española carece de una organización político-electoral capaz de garantizar su permanencia en el poder. Ése es el dilema actual sobre el que, al repasar el último cuatrimestre del año, tendré ocasión de volver.

En esta difícil situación interna, el Gobierno se mueve en tres terrenos, hijos todos ellos del temor más que del desarrollo de una acción decidida. Por un lado, trata de asegurar instrumentos electorales y, con procedimientos despreciables, consigue finalmente que Fernando Castedo, el primer director general de RTVE nombrado de acuerdo con el Estatuto de dicho organismo, dimita para colocar en él al cuñado de Fraga, Carlos Robles Piquer, un personaje inquietante cuya ubicación es difícil. Esto se produjo el 22 de octubre, después de la derrota de UCD en las elecciones gallegas. Por otro lado, el Gobierno huye hacia adelante proponiendo con urgencia inusitada la entrada de España en el Tratado del Atlántico Norte y en su organización defensiva (OTAN). Finalmente, en el escándalo popular que se montó durante el verano en torno al aceite de colza desnaturalizado, las víctimas de cuyo consumo se van acumulando rápidamente, adoptó una actitud de pasividad digna del franquismo, tratando de pasar el temporal como si no afectara al prestigio del Gobierno.

Como consecuencia de todo ello, en el otoño se producirá un periodo de transición todavía insuficientemente aclaratorio de hacia dónde se perfilan las posiciones, aunque dentro de una gran moderación por parte de todos, moderación que habrá de continuar hasta la culminación de los procesos del 23-F cuando ya se pueda configurar un clima preelectoral.

Entretanto, en el PSOE hay cierto malestar y un clima de falta de liderazgo que nadie confiesa. El partido, y sobre todo sus dirigentes, están todavía asimilando los efectos penosos del 23-F y del involucionismo golpista. Es evidente que, habida cuenta de la falta de apoyo popular a las tesis involucionistas, todos habíamos descartado la posibilidad de un golpe de mano con ayuda del Ejército. El error, la necesidad de adaptar nuestro análisis a una situación que deseábamos creer superada, produce una depresión más o menos generalizada cuyo componente más básico, primario e inconfesable, el miedo, fue, sin embargo, cediendo conforme iba pasando el tiempo y se aproximaba el verano.

No obstante, al mismo tiempo hay un grave reflejo conservador en la adopción de posiciones por parte de muchos miembros destacados del PSOE y, en especial, en la conformación de los estados de opinión internos. Reflejo que proviene del hecho de que muchos cuadros del PSOE se sienten confortablemente instalados en las instituciones (Parlamento, consejos regionales, ayuntamientos y diputaciones), sin añorar en absoluto los tiempos en que vivieron más peligrosamente. A algunos de ellos parece que les satisfaría tener asegurado vitaliciamente su puesto en la oposición.

No cabe duda de que los golpistas estaban mucho más fuertes en 1976 que en 1981. No cabe duda de que entonces era mucho más arriesgado ganar la batalla de la democracia. Sin embargo, entonces no había vacilaciones ni estados de ánimo depresivos, y hoy sí los hay. La razón sólo puedo encontrarla en el reflejo conservador mencionado. Entonces, los miembros del PSOE no tenían nada que perder y sí mucho que ganar, al contrario que los miembros del establishment del régimen anterior. Todo cambio, pensábamos, sólo podía producirse en nuestro favor. Y si, por el contrario, se inclinaba hacia la involución no representaría sino seguir en la misma situación de pocos meses antes en un clima de incredulidad general sobre las posibilidades de mantenimiento de tal estado de cosas. Es evidente que conviene rearmar psicológicamente al PSOE, añadiéndole un poco de ascetismo en cuanto a las formas que puede adquirir la lucha política y dotando a ésta del sentido profundo de que sólo el acierto del PSOE puede salvar la democracia española, es decir, proporcionando una ilusión colectiva y una tarea de partido.

Todo ello hay que hacerlo sin producir alarmas innecesarias y debe ir acompañado de una actitud gallarda de los principales dirigentes. Ahora bien, esta nueva forma de enfrentarse con el estado actual de cosas no puede romper ni con el precario equilibrio de los grupos en la Cámara ni con la inestable convivencia con la institución militar. Por consiguiente, debe dirigir toda su fuerza al ataque y desmantelamiento del golpismo civil, sin temor a ser acusados por nadie de tratar de limitar las libertades de quienes amenazan las de todos los ciudadanos. Además, si mañana llegáramos al Gobierno tendríamos que proceder a cerrar El Alcázar y a interrogar a una serie de personalidades del golpismo. Desde esta perspectiva, más vale crear la imagen de que el PSOE exige desde hoy una defensa firme de la democracia con procedimientos correctos.

Se trata, en última instancia, de pasar a la ofensiva y llevar a la población el mensaje de que sólo la firmeza democrática del PSOE garantiza una salida a la situación actual, y permitirá superar lo peor de la crisis económica y reformar la Administración en el sentido más amplio. Hacerlo desde ahora, además de conveniente para la consolidación de la democracia, presenta la ventaja de dejar al Gobierno en una difícil situación en la que, si no hace nada, pierde credibilidad democrática ante la población de cara a las próximas elecciones. Y si llevado por la crítica se embarca en una operación seria de desmontaje del golpismo nos permitirá enfrentar el próximo periodo electoral con menos miedo ante los resultados de un posible cambio en el gobierno. En ambos casos nos protegemos de alguna forma ante lo que va a ser el eslogan más o menos subliminal de la derecha en las próximas elecciones: «Vote al PSOE hoy si desea mañana un golpe de Estado».

Estas ideas las he ido exponiendo a Felipe González y a Alfonso Guerra. Ellos, por su parte, están de acuerdo con este esquema, pero hace falta un impulso fuerte para poner en marcha la estrategia. Nuestra próxima victoria electoral no depende de nuestro comportamiento de mayor o menor oposición en el Parlamento y las demás instituciones. Estamos como en el periodo preconstituyente y nuestras posibilidades dependen de que el pueblo español llegue a la conclusión de que, así como la reforma del antiguo régimen la debía realizar la derecha bajo la vigilancia de la izquierda, la consolidación del nuevo y la eliminación de las amenazas involucionistas sólo las puede llevar a cabo un Gobierno moderado de izquierdas abierto a la colaboración con los grupos progresistas de derechas.

El otoño de 1981

Este otoño podía haber sido más constructivo. La oposición, a través de su política de concertación, había allanado el terreno al Gobierno en las principales áreas de la política de Estado. No existían deseos de remover las aguas. Tan sólo se esperaba que, con el apoyo que el Gobierno recibía de la oposición y de la prensa, éste se rearmara moralmente en su lucha contra el golpismo. El duro ataque sufrido desde la prensa por los protagonistas militares del 23-F como consecuencia de la filtración del sumario permitía augurar un repliegue de las posiciones de los golpistas. Se abría una ocasión excelente para propinar un golpe significativo al golpismo y para endurecer la autoridad militar. Sin embargo, esto no fue posible. El desgraciado asunto del aceite de colza (y el adjetivo desgraciado no pretende disimular su gravedad criminal, sino adaptarse a lo que desde el punto de vista del análisis político significó) quemó al Gobierno y lo empujó cada vez más, como ya apunté, por la vía de la propuesta de ingreso en la OTAN, entre otras cosas, para distraer a la opinión nacional del fraude y sus criminales consecuencias.

En la oposición la rabia era difícilmente contenida. La cuestión subió de tono con la ya mencionada salida de Castedo de su puesto en televisión y el nombramiento de Robles Piquer –operación que se llevó a cabo en los últimos diez días de octubre coincidiendo con la celebración de nuestro XXIX Congreso– e hizo crisis durante los debates de la Ley de Presupuestos, a los que el grupo gubernamental acudió ya con diez bajas en el partido de UCD producidas por la separación de algunos de los socialdemócratas que siguieron a Fernández Ordóñez, que ya a comienzos de septiembre había dimitido como ministro de Justicia.

Hasta el Congreso del PSOE, los meses de septiembre y octubre habían transcurrido en un clima de hostilidad provocado por los debates en torno a la colza y el ingreso en la OTAN, cuyo paso en comisión y Pleno llevó Felipe González prácticamente en exclusiva. En el debate sobre el envenenamiento por colza expresé mis dudas sobre la demagogia en torno al tema y la responsabilidad de la Administración: «Quiero dejar ahora de lado estos sentimientos de dolor, de indignación, de vergüenza e incluso de ira, en un tema en el que confieso a sus señorías que enfocarlo correctamente me causa más de un problema de conciencia. No voy a pegar gritos aquí […] no lo hago porque los socialistas somos conscientes de que no hay quizá un fenómeno que contenga en sí mismo tantos sentimientos destructivos como la indignación moral que permite actuar a la envidia o al odio bajo la apariencia de virtudes».

Entretanto, el partido del Gobierno seguía dividiéndose y la prensa se centraba continuamente en los problemas internos de UCD. Como dije, Fernández Ordóñez había dimitido en septiembre y Calvo-Sotelo había hecho una minirremodelación del Gobierno. La prensa próxima a Calvo-Sotelo y a los moderados de UCD lanzó una fuerte campaña contra el exministro. Por aquellos días todo el mundo parecía estar de acuerdo en que el Gabinete de Calvo-Sotelo no podía aguantar mucho tiempo y también en que se imponían las elecciones anticipadas. Yo siempre creí, y sigo creyendo, que no iba a ser éste el caso (a pesar de tener enfrente a Boyer, Guerra y a González). Pienso que se consumirá el total de la legislatura porque, aunque el equilibrio interno de UCD está muy deteriorado –y más después de la salida de Fernández Ordóñez y los llamados socialdemócratas–, los juicios militares pendientes y la previsible derrota del Gobierno en las elecciones regionales en Andalucía (en mayo-junio de 1982) obligarán a Calvo-Sotelo a mantenerse en el poder cuanto más tiempo pueda con el fin de crear una nueva imagen para las próximas elecciones legislativas.

Pero, por encima de todas estas consideraciones, lo fundamental para la fecha de convocatoria de las próximas elecciones legislativas es que vaya madurando ya el proceso de creación de una nueva organización político-electoral de derechas. La UCD actual ya no vale. Sus últimas elecciones serán seguramente las de Andalucía. El fracaso debería servir de revulsivo para reorganizar políticamente la derecha española. Hoy, sin embargo, este proceso está demasiado verde. Hasta que no estén próximas las fechas límite –que son las establecidas para la duración de la legislatura– no acabará de cuajar. Mientras, Fraga y AP seguirán presionando desde la derecha por la coalición electoral y, dentro de UCD, suaristas y supuestamente moderados seguirán en su pelea para adquirir posiciones de preeminencia en la conformación de las listas electorales. Como previsiblemente los resultados de las elecciones andaluzas –retroceso de la derecha y, dentro de ella, cierto avance de AP– no van a ser determinantes sobre la estrategia electoral de la derecha para las elecciones legislativas, todo hace suponer que, al final, Calvo-Sotelo formará sus listas electorales desde el Gobierno sin excluir la posibilidad de que Suárez y sus seguidores acaben presentándose de manera independiente –o coaligados con Fernández Ordóñez y los suyos.

En todo caso, retomando el hilo de la situación golpista, la debilidad gubernamental, las disensiones internas de UCD y el fracaso electoral del partido del Gobierno en Galicia han permitido a los golpistas organizar una nueva campaña de desestabilización que terminó el Día de la Constitución –el pasado 6 de diciembre–, en que cien oficiales y suboficiales firmaron un comunicado quejándose del tratamiento que el Ejército recibía de la prensa.

Antes de esto se había asistido a la vergonzante sentencia de un tribunal militar que condenaba a un mes y un día al hijo de Milans del Bosch59 que, en lugar público, había llamado «cerdo» e «inútil» al Rey. Asimismo, una orden aparecida en el Boletín Oficial del Ejército concedía una medalla por sufrimientos a su padre. El ministro de Defensa aparentemente se enteró por la prensa y el jefe del Estado Mayor del Ejército también. La osadía de unos pocos había llegado al máximo de lo tolerable.

Frente al «Manifiesto de los 100»60 –un apoyo disimulado a los golpistas–, el Gobierno no fue capaz de tomar una decisión superior a la meramente administrativa del arresto hasta que volvió el Rey. Aparentemente, éste y el teniente general José Gabeiras61 eran partidarios de unas sanciones significativas que implicaran el comienzo de la restauración de la disciplina en las Fuerzas Armadas. Su criterio se impuso finalmente, pero el daño político estaba hecho como consecuencia de la debilidad aparente del Gobierno de Calvo-Sotelo frente a los golpistas.

En efecto, durante todo el mes de noviembre la campaña de preparación del 20-N, con la habitual y según parece última concentración en la Plaza de Oriente, había creado la psicosis de desestabilización deseada por los golpistas. Sólo se mostró beligerante el Ayuntamiento de Madrid, que puso todo tipo de inconvenientes a dicha concentración. Javier Tusell –de la plataforma moderada–, hombre próximo a José Luis Álvarez (quien como ministro de Transportes y a través de la Caja Postal de Ahorros ha apoyado la nueva línea prácticamente progolpista del diario Ya, enfrentado como está con la jerarquía de la Iglesia) y director general del Patrimonio Artístico, se opuso a la presencia de unas vallas publicitarias del Día de la Constitución en el lugar de la concentración porque «atentaban contra el conjunto monumental de la Plaza de Oriente». Las mandó quitar a través del Gobierno Civil.

Tratando seguramente de protegerse frente a cualquier acusación de golpismo, José Antonio Girón,62 Blas Piñar,63 Raimundo Fernández-Cuesta64 y compañía sorprendieron a todo el mundo pidiendo los votos de todos los españoles para las próximas elecciones como si hubieran respetado alguna vez la democracia. Esto hace suponer una cosa bastante clara conforme pasa el tiempo. Los golpistas civiles se sienten muy débiles. Si se cuidara la intoxicación que hacen en los cuarteles y se acallara su prensa anticonstitucional, el golpismo podría desaparecer del país en pocos meses.

Sin embargo, cada día que pasa es más difícil hacer esto, ya que se pondría en relación con los procesos del 23-F que se habrán de producir en los próximos meses y el Gobierno daría una impresión de gran debilidad. No obstante, todo permite suponer que, con ocasión de los procesos, los golpistas se lo van a jugar todo a una carta, obligando al Gobierno a cerrar El Alcázar y El Heraldo Español entre otras cosas. Si esto fuera así, habría que cerrarlos antes y hacer un pacto de no agresión con el resto de la prensa para que el estamento militar más progolpista –muy amplio en espíritu, otra cosa es que no consideren factible el golpe– no se sintiera vejado por el tratamiento informativo de los juicios y reaccionara corporativamente.

El año, pues, ha acabado con inquietud, pero con esperanzas y un horizonte de posibilidades abierto sobre España, por más que la crisis polaca, el endurecimiento de las relaciones internacionales, la política de Ronald Reagan y lo que todavía queda de crisis económica internacional configuren un panorama que en nada favorece el asentamiento de la democracia. Nada en esta vida es fácil, y convivir es una cuestión demasiado complicada para dejarlo exclusivamente en manos de los políticos.

El XXIX Congreso del PSOE
 (del 21 al 24 de octubre de 1981) 

Como se esperaba, el Congreso del PSOE se produjo sin grandes tensiones. La cerrazón y falta de generosidad política de algunos de los líderes regionales –y, de manera muy destacada, de José Rodríguez de la Borbolla65 (Andalucía), Joan Lerma66 (País Valenciano) y Joaquín Leguina67 (Madrid)– impidieron la maniobra de inserción del sector crítico del partido iniciada por Felipe González y secundada (con las reticencias habituales) por Alfonso Guerra. Esto, que desembocó en una nula presencia de los críticos en el congreso, dio a ese sector del partido su primera victoria (bien es verdad que moral tan sólo), desprestigió ante la organización y la opinión pública los resultados del congreso (con porcentajes de aprobación de la gestión de la anterior Ejecutiva y apoyos a la nueva verdaderamente insólitos, próximos al 100 %) y, lo que es peor, impidió la formación de un equipo de dirección razonable para la etapa que se nos presenta en los próximos tres años. En este sentido, el congreso nos dejó a algunos mal sabor de boca. En la dirección sólo han sido sustituidos aquellos que querían irse o que no manifestaron un interés especial por quedarse. Carmen García Bloise,68 Enrique Múgica y Javier Solana se han mantenido, pero muy tocados. De los nuevos no hay nada que contar. Si preguntamos hoy al militante medio del PSOE no sabría decir el nombre de ninguno de los incorporados a la Comisión Ejecutiva después del pasado congreso.

El tema es grave porque la falta de crédito de la dirección concentra toda la responsabilidad frente a la organización en tan sólo dos hombres: Felipe González y Alfonso Guerra. Por otro lado, crea graves disfuncionalidades, ya que la poca representatividad de los responsables de las áreas importantes, sobre todo en la vertiente del PSOE con la realidad extraorganizativa nacional e internacional, dificulta la atribución de representación y responsabilidades, la existencia de portavoces autorizados y la posibilidad de que las líneas de actuación del partido diverjan. No queda claro quién es el responsable del área internacional, tampoco quién se ocupa del área económica y las relaciones con los poderes económicos. Lo mismo pasa con los temas militares, por poner tres ejemplos de relaciones exteriores fundamentales. El primero y el tercero cada día son más exclusivos de la Secretaría General. En el segundo hay una lucha sorda en la que algunos medios de comunicación me otorgan cada día mayor protagonismo.

Si fracasamos en las elecciones de 1983, esta estructura de la dirección con tan pocas personalidades y tan concentradas las responsabilidades en Felipe y Alfonso va a ser muy débil para resistir los embates de la frustración. Los golpes, desde luego, caerán sobre Felipe González, pues Guerra ya se habrá cuidado para entonces de protegerse las espaldas. Los resultados del congreso, considerados desde este punto de vista, son bastante menos que confortables.

El congreso, a falta de un debate estratégico serio y de una confrontación ideológica importante, se centró en el programa económico, tarea a la que contribuí gustosamente. Como ya he mencionado, mi papel oficioso como inspirador de la política económica del PSOE se había incrementado considerablemente al comenzar este año. Mi mayor éxito interno lo coseché en la conferencia de cuadros de UGT, que ya referí, y el más importante de cara al exterior sería mi discurso de réplica al de investidura de Calvo-Sotelo días antes del intento frustrado de golpe de Estado. Conforme transcurría el tiempo en esta primavera, me sentí cada día más disgustado por la falta de funcionalidad del PSOE en esta área. Aunque junto con Miguel Boyer traté de elaborar la plataforma inicial de UGT para la negociación del ANE, luego tuve que mostrar mi desacuerdo sobre la forma en que aquélla se había puesto en práctica y con los resultados finales de la misma. Esto, como ya dije, supuso el final de mi corta luna de miel con UGT.

Javier Solana, temeroso de la proximidad del congreso y de su corta hoja de gestión, nos llamó a Ernest Lluch y a mí para organizar una oficina de programas económicos que él, desde luego, distaba de tener muy claro como proyecto. Ernest no puso demasiada atención al tema, ocupado como está con los problemas del PSC. Yo mostré mi disposición favorable si había un nombramiento desde la Comisión Ejecutiva y quedaba también meridianamente claro que aquello era un equipo pequeño bajo mi responsabilidad, y no un conjunto interminable de reuniones de expertos con la habitual esterilidad. Se lo comuniqué a Felipe. Él no puso inconveniente. Javier, sin embargo, se asustó. La propuesta finalmente quedó en nada, como casi siempre. Después vinieron las citadas declaraciones de Felipe González y las mías en la rueda de prensa del 28 de mayo, con el cabreo y remover de aguas de Ciriaco de Vicente,69 por un lado, y de Nicolás Redondo y los hombres de UGT, por otro. Hasta Felipe, un tanto acosado, me reprochó suavemente y con bastante poca convicción mis declaraciones en la rueda de prensa.

En junio la situación fue, pues, volviéndose tensa y yo tenía una sensación no demasiado clara de hartazgo. Hablé con Miguel Boyer y le confesé mi intención de maniobrar para entrar en la siguiente Comisión Ejecutiva si se me garantizaba suficiente libertad de maniobra en el manejo de la dirección de la política económica del PSOE. El tiempo demostraría que había medido mal mis fuerzas. Pero, sobre todo, que había previsto mal la actitud de Felipe de cara al XXIX Congreso y a la conformación de la siguiente Ejecutiva. Felipe no adoptó una actitud beligerante y acabó formando una Ejecutiva por la línea de menor resistencia sobre la que ya he expresado en páginas anteriores el juicio que me merece. En concreto, por lo que a mí se refiere, Felipe González me envió un mensaje a través de José Luis Corcuera. No me quería en la Comisión Ejecutiva, sino en el próximo Gobierno del PSOE. Todavía recuerdo la sonrisa irónica de Corcuera al decírmelo.

Como en otras muchas ocasiones de mi vida, y de manera especial en mi vida política, este conjunto de sentimientos y esta impresión de insatisfacción fueron a cristalizar en un proyecto en el que me embarqué como casualmente, sin una estrategia bien pensada – aunque debo racionalizar que sí intuida–, movido más por el instinto que por el cálculo. En las sesiones de la Comisión Constitucional que se celebraron a finales de junio sobre el Estatuto de Andalucía aproveché el tiempo para diseñar un esquema de Programa Económico para el PSOE sobre el que venía pensando en los últimos meses. Se lo enseñé a mi compañero de mesa, Luis Gómez Llorente. Lo alabó, pero puso en duda que pudiera entrar en el congreso como ponencia de alguna federación, pues el plazo se cerraba de inmediato. Yo sugerí alternativamente la vía de memoria del Comité Federal o como documento de la Ejecutiva.

Al poco rato apareció Alfonso Guerra. Se lo enseñé también. Alfonso debió sentirse halagado porque yo no escogiera la vía de Felipe González para impulsar el proyecto de programa. No llegó siguiera a considerar que aquello fuera una simple especulación. Lo tomó como una propuesta formal en la que yo, al mismo tiempo, estaba solicitando su nada despreciable apoyo. Se limitó a decir: «Adelante». Dio claramente a entender que él se encargaba de viabilizar su inserción como documento de discusión en el XXIX Congreso.

Sobre esa base me puse a trabajar y el programa estaba terminado, en lo fundamental, en julio, antes de salir de vacaciones. A mediados de mes –no había actividad parlamentaria–, tropecé con Javier Solana, a quien también unas semanas antes había hecho partícipe de mis deseos de integrarme en la Ejecutiva que surgiera del congreso. Javier, que no dejó de poner objeciones fuera de lugar a aquel propósito, recibió mal la nueva de mi proyecto de programa y el hecho de que fuera canalizado a través del apoyo de Alfonso Guerra. A partir de entonces empezó la guerra contra Solchaga y su programa, guerra en la que Javier Solana instrumentalizó a la Federación Socialista de Madrid, cosa que no era difícil, pues desde Joaquín Leguina hasta Julio Rodríguez, pasando por los diversos economistas más o menos influyentes, eran muchos los que contemplaban con poca simpatía algunas de mis ideas.

De una manera bastante poco delicada, Julio Rodriguez, desde la propia oficina de Javier Solana, me pidió la primera parte de mi programa, que yo ya había entregado a Felipe, Alfonso, Miguel Boyer y Txiki Benegas. También se lo había ofrecido a Javier Solana, con quien quedé citado para un almuerzo. Javier comió conmigo y con cuatro personas más y, luego, pretextando una cita ineludible y urgente –que no dudo que existiera– olvidó hablar conmigo del asunto e incluso pedirme el ejemplar que había traído para él. Quedé, pues, con Julio Rodríguez como persona interpuesta. Le di la primera parte y le encargué un tanto ingenuamente que sondeara la opinión de Madrid sobre el posible apoyo al programa. Él me adelantó que Madrid era partidaria de que no hubiera un programa económico stricto sensu, sino unas líneas directrices en la propia ponencia política, como ellos habían hecho con la suya (proyecto que provocó auténtico horror en mí recordando el daño que nos había hecho la ausencia de programa económico entre las resoluciones del XXVIII Congreso). Inmediatamente me propuse luchar contra aquella propuesta.

Vino luego el paréntesis del verano que pasamos Gloria, los niños y yo en Torremolinos en un cómodo hotel. A fines del mes de agosto, Alfonso Guerra daba una conferencia sobre ¡economía! en Marbella. Supuse que era el lanzamiento, con su respaldo, de las ideas de mi programa y decidí asistir a la misma.

En efecto, así fue. Aunque Alfonso había olvidado los papeles en Madrid y no estuvo muy brillante, sí se mostró lo suficientemente moderado como para que toda la prensa lo resaltara significativamente. Los periodistas se fijaron en mí y me pidieron algunas entrevistas. Al corresponsal de Diario 16 y Cambio 16 le conté off the record el pacto entre Alfonso Guerra y yo. Con esa fórmula traté simplemente de cubrirme, pues sabía perfectamente que él lo iba a decir de un modo u otro. El periodista resultó inteligente y discreto, y no mencionó este hecho en mi entrevista, sino en su reportaje sobre la conferencia moderada de Alfonso Guerra en Marbella. Las cosas salieron como yo deseaba y, a la vuelta del verano, en Madrid había ya un hervidero de rumores sobre el programa económico del partido.

Durante unos días los periodistas me anduvieron persiguiendo. Yo juzgué más prudente no tener mayor protagonismo. La confusión en torno a la noticia y la cuidadosamente reducida difusión de mi programa (al que tan sólo le faltaban ya algunos aspectos fiscales y hacendísticos que debía añadir Francisco Fernández Marugán70) crearon una situación divertida. El País conoció la ponencia económica de Guipúzcoa (a la que yo me había opuesto en una reunión del Comité Nacional de Euskadi y había conseguido que el PSE no hiciera suya) y, habiendo oído de mi programa, me la atribuyó a mí. Tuve que escribir una rápida carta de ratificación que en nada me interesaba, porque al final hube de ir al congreso dentro de la delegación de Guipúzcoa (gracias al apoyo de UGT y gran parte de la dirección del partido allí, a pesar de mi oposición a su ponencia), ya que en la delegación de Álava (reducida a dos representantes) los compañeros de Vitoria consideraron que yo no tenía cabida.

En todo caso, Javier Solana me dio una recepción no por esperada menos interesante. Reunió por última vez a un grupo amplio de economistas para tratar el tema único de la estrategia a seguir en la discusión de los próximos Presupuestos. Allí estaban Joaquín Almunia, Enrique Barón, Joaquín Leguina, Julio Rodríguez, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Luis Carlos Croissier, Baltasar Aymerich, Francisco Fernández Marugán, Julián García Valverde, Julián García Vargas, Miguel Boyer, que llegó tarde, etcétera. También estaban los hombres con los que yo había tenido más trato en el intento frustrado –por el propio Solana– de organizar una oficina de programas: Carlos Romero y Alfonso García Santacruz.

La reunión comenzó con una serie de intervenciones de Barón, Leguina, Julio Rodríguez y Fernández Ordóñez (éste último aparentemente al margen de la operación) en las que, con la excusa de buscar una nueva estrategia de cara a los Presupuestos, se atacaba la línea que yo había elaborado a lo largo de los últimos meses y se pretendía un ataque –aunque sin mencionar nunca mi nombre– contra mí. Yo estuve cerca de una hora callado, quizá más, tomando nota de todo y preparando mentalmente mi introducción. No necesité tanta concentración como para no poder percibir la satisfacción, sólo ligeramente disimulada, que mostraba Javier Solana sobre el cariz que estaba tomando la discusión.

El contraataque, de verdad, no era difícil. Las intervenciones no habían sido muy pensadas, carecían de análisis políticos serios y se reducían a atacar los flancos electoralmente débiles de mis propuestas políticas. Cuando tomé la palabra, en voz muy baja y con cierto distanciamiento, me bastó una sola intervención, haciendo ver cómo cualquier político socialista en el momento presente tenía que estar orientado a luchar contra el paro y cómo esto implicaba las propuestas políticas expuestas en la línea estratégica llevada hasta el momento, para traer el agua a mi molino y cambiar el acoso en un serie de homenajes a mis palabras por parte de prácticamente todos los que hablaron a continuación. No me conformé con esto, sino que, una vez desbaratada la emboscada de Solana y centrada la discusión de verdad en la estrategia presupuestaria, hilando ideas de aquí y de allá, y en tono «constructivo», propuse lo que luego sería la estrategia definitiva.

Aquello había sido una trampa de la que había salido, pero que anunciaba lo que me esperaba en el congreso. Al final de la reunión conseguí que unos cuantos se quedaran a charlar un rato más. Quería comprobar el efecto final de la reunión. No tardé en saberlo. Leguina hizo elogios de mi inteligencia y de la prosa de mi programa, pero, secundado por Julio Rodríguez, me advirtió que ese programa jamás saldría en el congreso. Javier Solana hizo otro tanto. Me limité a decir que ya veríamos a quién daba el tiempo la razón.

Javier semiconvenció a Felipe de la conveniencia de la propuesta de Madrid. Yo lo intuí –aunque creo recordar que recibí un aviso en este sentido por parte de Miguel Boyer– y decidí no hablar con él, sino de nuevo con Alfonso Guerra después de enviarle un mensaje con Fernández Marugán. El 23 de septiembre hablé con él. Se mostró supuestamente indignado por mi sospecha sobre su falta de apoyo en el momento decisivo. Me dijo, sin embargo, que la cosa estaba difícil estatutariamente, ya que mi programa no constituía un documento oficial del congreso y su discusión podría ser vetada por cualquiera. Que él esperaba, no obstante, que Andalucía lo pudiera hacer suyo obviando el problema. Yo le dije que el problema no era de desconfianza, sino de responsabilidad. Que el congreso no podría acabar como el anterior, sin un programa económico como pretendían Madrid y la mayoría de los economistas sobresalientes del PSOE. Que, por lo demás, yo era consciente de que había intereses comunes –aparte del acuerdo en el núcleo de mi programa– que objetivamente nos aliaban de cara al congreso (con lo que hacía referencia a su disputa eterna con Solana).

Mantuve mi desconfianza y con buena razón, pues, como luego se comprobó en el congreso, hube de ganarme por mi cuenta a los andaluces allí mismo, ya que no traían compromiso alguno sugerido por Alfonso Guerra. A ello me ayudaron las buenas relaciones que establecí con los compañeros andaluces, y en especial con los de Jaén, en mi colaboración en la campaña del referéndum del Estatuto Andaluz en las semanas inmediatamente anteriores.

Las discusiones del congreso las recogió la prensa en aquellos días, aunque inevitablemente deformadas según quiénes fueran los informadores. Yo mantuve una política de no hacer declaraciones hasta el final. Madrid no se atrevió a oponerse a que se discutiera mi programa finalmente. Sin embargo, para desvirtuar su autoría, añadieron otros documentos más o menos viejos y, sobre todo, la empolvada «Estrategia Económica del PSOE». Se trató de hacer un guion común que, en lo que yo consideraba fundamental, se aproximaba mucho a la primera parte de mi programa. Cuando se hubo de elegir entre mi documento como guion de trabajo y lo que la Federación Socialista Madrileña (FSM) ofrecía como alternativa –conceptualmente mucho más pobre, lo que es lógico ya que no habían preparado estrategia para que hubiera un programa económico–, yo gané la votación después de algunas maniobras en un clima de gran tensión. La noticia corrió por el congreso muy rápidamente. Felipe se presentó allí, y temeroso de un programa que sólo planteara aspectos moderados –su centro era la moderación de salarios a cambio de la creación de empleo–, me envió a Solana con el mensaje-propuesta de introducir algo genérico sobre nacionalizaciones. Yo estuve de acuerdo. Los de la FSM abandonaron la comisión pocas horas después, tras reclamar su salida de manera airada Joaquín Leguina, que quizá se ofendió por algo que yo dije. En todo caso, este gesto condicionó gravemente el debate del programa económico en el seno de la comisión. UGT, representada por Corcuera, trató de mediar sin grandes resultados. Yo había abierto dos frentes en los últimos meses: Solana y los técnicos del PSOE, y UGT. Contra los dos juntos no podía luchar. Había ganado las votaciones, pero a partir de aquel momento sólo me quedaba ceder lentamente y permitir que echaran agua al vino. El resultado fue un programa peor y menos claro que el que yo había elaborado, pero sin grandes desviaciones del original en los temas fundamentales.

Mi popularidad fuera de la organización después del congreso creció considerablemente y una gran parte de la opinión pública me considera hoy el principal responsable del PSOE en el área de la política económica. Hacia adentro, sin embargo, que te sitúen en un extremo del partido –en la derecha o la izquierda– te resta capacidad de maniobra sin duda alguna. No obstante, mi intención no es recuperar imagen interna oscilando hacia izquierdismos en los que no creo, sino cerrar lentamente mi brecha con UGT (algo de esto ya ha empezado a suceder con mi participación en el debate de los Presupuestos para 1982) y olvidar ese frente en los próximos meses. El otro, quizá me equivoque, pero creo que ya lo tengo ganado.

Pasando ya a otros temas haré constar que durante el otoño participé en una serie de actos (conferencias, mesas redondas, etcétera), además de los parlamentarios, y colaboré activamente en las campañas electorales de Galicia (elecciones al Parlamento gallego) y de Andalucía (referéndum del Estatuto), campañas que culminaron ambas el mismo día 20 de octubre.

De lo que vi en una y otra no obtuve sino ratificaciones sobre mis ideas previas. Nuestro aparato organizativo y electoral en Galicia es muy débil (aunque se notaba que habían mejorado desde la situación que conocí cuando el referéndum a fines de 1980). La descomposición de UCD en Galicia era tan notable, su fracaso al frente de la Junta preautonómica tan evidente y la falta de orientación en la campaña tan clara que sufrió una derrota muy grave. Sin embargo, en esta ocasión, a diferencia de Euskadi y Cataluña –donde tampoco en las generales habían logrado ser mayoritarios–, la derrota de UCD no fue en beneficio de los nacionalistas, sino fundamentalmente de Alianza Popular y en mucha menor medida de nosotros mismos. Mi conclusión particular, si, como espero, pasa un año entre la toma de posición del Gobierno gallego aliancista y la convocatoria de las próximas elecciones generales, es que AP no podrá mantenerse y bajará; UCD no subirá gran cosa y nosotros podemos situarnos en una cota próxima al 25 % del voto. Esto sería un gran éxito (recuérdese que nuestros porcentajes anteriores fueron el 12 % en 1977 y el 17 % en 1979, llegando a alrededor del 20 % en las del Parlamento Regional).

En Andalucía la situación es, en muchos aspectos, la contraria. Hay una organización aceptable, tenemos una buena imagen electoral y los sondeos nos siguen dando unos resultados excepcionalmente buenos. Ningún partido presenta sobre los demás en región alguna de España la ventaja que actualmente tiene el PSOE de Andalucía sobre sus adversarios. En las regionales, además, la figura de Rafael Escuredo71 debe arrastrar muchos votos, pues es un hombre de gran popularidad y con pocos enemigos personales (fuera del propio PSOE). Sin embargo, la situación interna del PSOE en Andalucía no es demasiado buena (con un predominio excesivo de la escuela guerrista en el poder) y existen tensiones innecesarias. Demasiado caciquismo y puntos de vista morales –de moral pública, quiero decir– bastante laxos. En todo caso, hay que concentrar un gran esfuerzo en la victoria electoral en Andalucía. Supondría nuestra primera victorial regional (aunque Cataluña debería haber sido la primera), pero, sobre todo, supondría la mecha que incendiara el precario equilibrio político-electoral de la derecha española y, quiero suponer, el primer paso para su necesaria reorganización de cara a las próximas elecciones legislativas de 1983.

En esta transición –que la crisis económica y la construcción del Estado autonómico van a alargar hasta fines de los años ochenta–, tan necesaria es una derecha con confianza en sí misma como una izquierda comprometida ineludiblemente con la democracia.

37. Los tres grupos parlamentarios que el PSOE tenía en esa legislatura eran los siguientes: el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Socialistes de Catalunya y el Grupo Parlamentario Socialista Vasco.

38. José Luis Corcuera, militante del PSOE, se integró en UGT Metal. En 1977 fue elegido secretario de Organización de esta federación, y secretario general un año después. En el Congreso de UGT de 1980 fue elegido secretario de Acción Reivindicativa de este sindicato.

39. José María Zufiaur era miembro de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT y ocupó las secretarías confederales de Relaciones Sindicales (1978-1983), de Relaciones Institucionales (1983-1986), y los cargos de secretario confederal responsable del área europea (1986-1990) y de adjunto a la Secretaría General (1990-1994).

40. Manuel Chaves era diputado del PSOE por Cádiz. En 1972 colaboró en la constitución de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE-UGT). Entre 1976 y 1986 formó parte de la Comisión Ejecutiva de UGT. En el XXIX Congreso del PSOE, celebrado en octubre de 1981, ingresó en la Comisión Ejecutiva Federal como secretario ejecutivo y en el XXX Congreso fue nombrado responsable de la política económica y sindical de dicho partido.

41. José Antonio Saracíbar fue miembro de la Ejecutiva del Partido Socialista de Euskadi desde 1976 a 1980 y de la Ejecutiva Confederal de UGT desde 1980 a 1994.

42. Nicolás Redondo fue diputado del PSOE por Vizcaya en 1977, 1979, 1982 y 1986. En 1987 renunció a su escaño para mostrar su desacuerdo con la política laboral y social del Gobierno de Felipe González. En abril de 1976 fue elegido secretario general de UGT en el XXX Congreso de la central sindical socialista.

43. Luis Ángel Rojo, catedrático de Teoría Económica en la Universidad Complutense, ingresó en el Banco de España en 1971 como director general de Estudios. En 1988 fue nombrado subgobernador hasta julio de 1992, fecha en que asciende a gobernador del Banco de España. Ejerció este cargo hasta julio de 2000.

44. Enrique Fuentes Quintana, catedrático de Hacienda Pública y Derecho Fiscal en la Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales de la Universidad Complutense de Madrid (1958-1978), también fue catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de 1978 a 1990. De 1977 a 1979 fue senador por designación real. De julio de 1977 a febrero de 1978, en que dimitió, fue ministro de Economía y vicepresidente segundo del Gobierno. Su papel fue decisivo en los Pactos de la Moncloa.

45. El 29 de enero de 1981, José María Ryan fue secuestrado por miembros de ETA cuando salía de las instalaciones de la central nuclear de Lemóniz, de la que era ingeniero-jefe para la empresa Iberduero, propietaria de la obra. Fue trasladado oculto en un camión hasta una lonja de Basauri donde tenían habilitado un zulo para retenerle. ETA concedió un plazo de una semana a la Administración para que la central fuese demolida, exigencia que no se cumplió. A pesar de una multitudinaria manifestación celebrada en Bilbao exigiendo su liberación, el 6 de febrero apareció su cadáver en un camino forestal con un disparo en la cabeza.

46. El 19 de marzo de 1981 un etarra hería gravemente de un tiro en la nuca al teniente coronel Ramón Romero Rotaeche cuando salía de la basílica de Begoña, en Bilbao. Dos días después falleció. El 21 de marzo, el teniente coronel José Luis Prieto Gracia fue asesinado con dos tiros en la cabeza cuando se disponía a entrar en la parroquia de Nuestra Señora del Huerto, en Pamplona. El teniente coronel Prieto había sido durante trece años jefe de la Policía Foral de Navarra.

47. La Alternativa KAS fue el programa-marco político de la Koordinadora Abertzale Sozialista, órgano colectivo de una parte importante de la izquierda abertzale. Constituyó el origen y la cohesión para el nacimiento de Herri Batasuna y, por otro lado, fue la condición que ETA puso para abandonar la lucha armada: amnistía total para los presos políticos y regreso de los exiliados; salida de Euskadi de la Policía y de la Guardia Civil; adopción de medidas para mejorar las condiciones de vida de la clase obrera; reconocimiento de la soberanía nacional de Euskadi y poderes suficientes para que el pueblo vasco pueda dotarse de las estructuras sociales, políticas y económicas que considere más convenientes para su progreso.

48. Fernando Morán era entonces senador del PSOE por Asturias.

49. Andoni Olabarri era subdirector del Servicio de Estudios del Banco de Vizcaya. Fue miembro del Buru Batzar del PNV.

50. Claudio Aranzadi trabajaba en esas fechas en el Servicio de Estudios del Banco de Vizcaya en Bilbao.

51. El Euzkadi Buru Batzar (EBB) era el órgano ejecutivo del PNV.

52. Xabier Arzalluz era en esas fechas presidente del PNV.

53. Joaquín Almunia era en esas fechas diputado del PSOE por Madrid.

54. María Izquierdo era entonces diputada del PSOE por Granada. Compaginó su labor parlamentaria con la creación de la estructura preautonómica de la Junta de Andalucía. En mayo de 1978 fue elegida parlamentaria por la circunscripción de Granada en la Junta Preautonómica de Andalucía, siendo consejera de la misma hasta su disolución en 1979. Participó además en la Ponencia del Proyecto de Estatuto de Autonomía.

55. Enrique Barón era diputado del PSOE por Madrid y desempeñó el cargo de portavoz económico y presupuestario del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados entre 1977 y 1982.

56. El comandante Ricardo Sáenz de Ynestrillas participó en un intento de golpe de Estado conocido como Operación Galaxia (1978) junto a Antonio Tejero, que fue abortado. Consistía en retener al Gobierno en Moncloa durante la celebración de un Consejo de Ministros y secuestrar a Adolfo Suárez. En mayo de 1980 un consejo de guerra le condenó a seis meses y un día de prisión como autor de un delito de conspiración y proposición para la rebelión. Fue asesinado por ETA en Madrid en 1986 cuando se encontraba destinado en la jefatura de personal de la Capitanía General de la I Región Militar.

57. Agustín Rodríguez Sahagún era diputado de UCD (1979-1982). Había sido ministro de Industria y Energía de febrero de 1978 a abril de 1979, fecha en que ocupó la cartera de Defensa hasta febrero de 1981. Fue presidente de UCD desde febrero hasta noviembre de 1981, cuando dejó el cargo para acompañar a Adolfo Suárez en la creación de Centro Democrático y Social (CDS).

58. Rafael Calvo Ortega, que había sido ministro de Trabajo y Asuntos Sociales desde 1978 a 1980, era diputado de UCD por Asturias. En mayo de 1980 fue elegido secretario general de UCD.

59. El incidente se produjo el 21 de mayo de 1981 en el Club de Campo de Madrid cuando el capitán de Caballería Juan Milans del Bosch comenzó a proferir insultos contra el Rey en la barra del bar.

60. El manifiesto, firmado por un centenar de mandos militares, fue difundido por la agencia Europa Press el 5 de diciembre de 1981, nueve meses después del 23-F y poco antes del consejo de guerra que tuvo lugar contra los golpistas. En el manifiesto, dirigido al Gobierno de Calvo-Sotelo y a los medios de comunicación, se consideraban las críticas a los promotores del golpe procesados, tales como Milans del Bosch y Tejero, como dirigidas a toda la colectividad militar, y se advertía de las consecuencias a las que esto podría dar lugar.

61. El teniente general José Gabeiras era jefe del Estado Mayor del Ejército, cargo que desempeñó hasta enero de 1982. Gabeiras fue el encargado de recoger la rendición del teniente coronel Tejero a la puerta del Congreso de los Diputados tras su intentona golpista.

62. José Antonio Girón de Velasco, conocido por su papel durante la dictadura de Franco, fue uno de los 59 procuradores de las Cortes franquistas que el 18 de noviembre de 1976, ya muerto el dictador, votaron en contra de la Ley para la Reforma Política que derogaba los Principios Fundamentales del Movimiento. Desde 1976 presidía el Consejo de Administración de la empresa editora de El Alcázar. En esas fechas, era presidente de la Confederación Nacional de Excombatientes.

63. Blas Piñar era líder nacional de Fuerza Nueva. No obtuvo escaño de diputado en las elecciones de 1977, a las que concurrió en la coalición ultraderechista Alianza Nacional 18 de Julio, pero sí en las de 1979 dentro de la coalición Unión Nacional.

64. Raimundo Fernández-Cuesta, amigo personal de José Antonio Primo de Rivera, había ocupado distintas carteras durante la dictadura y había sido procurador en las Cortes franquistas. En 1981 era jefe nacional del partido Falange Española de las JONS, cargo que ocupó hasta 1983.

65. José Rodríguez de la Borbolla fue nombrado secretario general del PSOE de Andalucía en 1977. Fue senador entre 1979 y 1982, y desde entonces hasta 1990, diputado en el Parlamento de Andalucía. En 1982 pasó a ser vicepresidente de la Junta de Andalucía, presidida por Rafael Escuredo, y tras la dimisión de éste, en 1984, fue nombrado presidente de dicha comunidad autónoma. En 1986 fue reelegido y mantuvo el cargo hasta 1990, siendo sustituido por Manuel Chaves.

66. Joan Lerma fue elegido secretario general del PSPV-PSOE en el congreso extraordinario de los socialistas valencianos celebrado en 1979. Ese mismo año también fue elegido diputado del PSOE por Valencia. Primer presidente de la Generalitat valenciana elegido democráticamente, ocupó el cargo desde 1982 hasta 1995, en que pasó a ser ministro de Administraciones Públicas hasta 1996.

67. Joaquín Leguina procedía de Convergencia Socialista de Madrid. En 1979 fue elegido concejal del Ayuntamiento de Madrid, encargándose de la Concejalía de Hacienda en la corporación presidida por Enrique Tierno Galván. En diciembre de ese mismo año, pasó a ser secretario general de la Federación Socialista Madrileña. En las elecciones generales de octubre de 1982, fue elegido diputado por la circunscripción de Madrid, aunque abandonó el escaño al año siguiente cuando, como cabeza de lista del PSOE en la Comunidad de Madrid, fue nombrado presidente.

68. Carmen García Bloise fue diputada del PSOE de 1977 a 1994. Era miembro de la Comisión Ejecutiva de este partido y en el congreso extraordinario celebrado en septiembre de 1979 asumió la Secretaría de Organización, manteniéndose en el cargo hasta 1984, aunque siguió siendo miembro de la Comisión Ejecutiva hasta el congreso de 1994, año de su muerte.

69. Ciriaco de Vicente era diputado del PSOE por Murcia y vicepresidente segundo de la comisión de investigación conjunta del Congreso y el Senado sobre la intoxicación masiva por aceite de colza desnaturalizado.

70. Francisco Fernández Marugán había ingresado en el PSOE en 1975 y pertenecía al ala guerrista del partido.

71. Rafael Escuredo fue diputado del PSOE por Sevilla de junio de 1977 a febrero de 1982 y presidente de la Junta de Andalucía de junio de 1979 (preautonómica hasta agosto de 1982) a marzo de 1984.

1982

17 de enero de 1982

El año ha comenzado con buenos auspicios. No pasó nada durante la celebración de la Pascua Militar a pesar de la intoxicación de los golpistas en los días inmediatamente anteriores a su celebración. Por el contrario, el Rey pronunció un discurso inequívoco en favor de la democracia y de la disciplina en las Fuerzas Armadas. Luego, el Consejo de Ministros del pasado día 15 renovó a los titulares de las jefaturas del Estado Mayor y de la presidencia de la Junta de Jefes de Estado Mayor (JUJEM) en un acto de autoridad poco imaginable a la luz del comportamiento del Gobierno en los últimos meses. Por lo demás, el próximo mundial de fútbol ya es –y cada día que pasa lo será más– el tema de la calle. No hay grandes posibilidades de que las campañas golpistas agiten mucho los ánimos en los próximos meses, con excepción, desde luego, de algún momento a lo largo de los juicios del 23-F. Sobre ellos sigo pensando lo mismo que hace algunas semanas: la extrema derecha está a punto de perder su oportunidad histórica. Ellos lo saben, y es casi seguro que se lo jueguen todo a una carta desde sus publicaciones en un momento álgido de los juicios. Habría que cerrar sus ediciones antes. Cualquier excusa sería buena si se explica el alcance de las medidas al resto de la prensa y se pacta con ellos el tratamiento distanciado del tema.

ETA-m, probablemente en contacto con los grupos de ETA-pm, ya arrepentidos de la tregua, se está organizando también para la misma ocasión. Deben necesitar dinero, y el impuesto revolucionario rinde menos de lo esperado como consecuencia seguramente de la relajación de la tensión por la actividad menor de ETA desde el pasado mes de mayo.

El caso es que han secuestrado a dos personas: los poli-milis al padre del cantante Julio Iglesias y los milis a José Lipperheide, tío de Federico Lipperheide, vicepresidente del Banco de Vizcaya. El primer secuestro ha terminado bien (otra buena noticia). La policía ha conseguido liberar al padre del cantante en un pueblo próximo al Moncayo. Han cogido a sus guardianes y han detenido un total de 13 personas (siete supuestamente poli-milis y seis milis).

En cuanto al segundo secuestro, la situación evoluciona favorablemente dentro de la gravedad del asunto. La información que se difundió en el primer momento era que ETA-m no estaba tan interesada en el propio rescate que pudiera obtener de la familia Lipperheide como en dar un escarmiento a las víctimas morosas del impuesto revolucionario. Sin embargo, la reacción al secuestro ha sido tan generalizada –sin llegar a las cotas de respaldo popular que hubo en el caso del ingeniero Ryan hace ahora un año aproximadamente– que ha obligado a ETA-m a negociar (aunque ahora, después de la liberación de Iglesias, puede que se pongan nerviosos y asesinen al secuestrado). Otra ventaja es que el Gobierno vasco se ha visto igualmente obligado a enfrentarse a ETA, aunque es posible que alguien próximo al mismo esté actuando de mediador en la solución del secuestro.

Por fin, poco a poco, se van cumpliendo las condiciones necesarias para privar al nacionalismo radical de su tinte romántico en el País Vasco. ¡Ay si, como en su día defendí en minoría –allá por febrero de 1978– hubiéramos dejado al PNV el protagonismo en el Ente preautonómico desde el principio! Antes se hubiera producido su enfrentamiento con ETA-m y quizá se podría haber evitado mucha sangre. En todo caso, de nada vale lamentarse. Cometimos el error de no saber ser segundos y pasar desapercibidos. Esto nos llevó al enfrentamiento, primero soterrado y, después de la muerte de Juan de Ajuriaguerra,72 cada vez más claro, con el PNV, y contribuimos a romper un equilibrio que la violencia etarra y la represión franquista hacían ya enormemente inestable.

En este enfrentamiento basaba yo mi explicación del auge de HB y EE, y nuestro fracaso electoral de 1979 en el País Vasco. Y en esta misma línea, si sabemos seguir jugando un papel secundario, aunque continuemos denunciando la zafiedad con la que a veces se comportan los políticos del PNV, seguramente podremos recoger cierta cosecha de votos en las próximas elecciones legislativas. Lemóniz ejemplifica esta tesis. El PNV, aun tratando de cubrirse de todas las maneras en su política populista, va a poner en marcha la central nuclear a través de una sociedad pública que tendría un contrato de gestión de la planta con Iberduero. Esto, después de la campaña de ETA contra la central y la propia compañía, les llevará a un nuevo enfrentamiento dentro de la familia nacionalista.

Nosotros debemos contemplarlo desde fuera. Si el PNV pretende ser populista en esta cuestión, nosotros lo seremos más para obligarlo a tomar su responsabilidad. Si el Gobierno vasco lo acepta y pone en marcha la central, entonces, de manera no menos responsable, apoyaremos directamente. Pero siempre en segundo plano: los protagonistas del drama político son PNV y ETA. A veces en política lo mejor es pasar desapercibido. Me cuesta mucho trabajo convencer a Txiki de esto cada vez que surge un problema (y ahora tendremos, a partir de febrero, el de la LOAPA en sus debates parlamentarios). Yo he llevado una política en el Parlamento de no agredir, sino lo estrictamente necesario, al PNV. Para ellos las formas son importantes.

Sin embargo, va a ser difícil mantenernos en buenas relaciones con ellos o con los nacionalistas catalanes en todo lo que atañe a la LOAPA por las sospechas que tienen de que cualquier armonización será por abajo, implicando una reducción de los niveles de autogobierno recogidos en los dos estatutos. Es verdad, en todo caso, que el origen de la ley, el acuerdo entre UCD y PSOE, tiene mucho que ver con la reacción antiautonómica detrás del pasado 23-F. También dentro del PSOE la discusión de la LOAPA va a plantear problemas al menos en Cataluña, Baleares, Valencia y Euskadi, según vamos notando.

Ahora, por cierto, me pide Txiki que yo sea ponente en la LOAPA. Ello supondría desplazar al ponente natural, que es Enrique Múgica, el miembro de nuestro grupo que pertenece a la Comisión Constitucional. Le he dicho que no lo voy a hacer. Que si considera la cuestión de total necesidad, el PSOE debe pronunciarse al respecto y arreglar el tema con los demás miembros del Grupo Parlamentario, convenciendo previamente a Nicolás Redondo, que es quien puede tener la llave de este asunto.

En lo personal, estos primeros días del año han sido gratos. En Nochevieja fuimos a la casa que tiene en San Rafael Paloma, hermana de Gloria, donde estuvimos hasta el día de Reyes. Descansar, leer y hacer algunas excursiones (Navacerrada, La Granja, Riofrío, Segovia y Ávila) fueron las actividades principales. He podido leer los seis tomos –pequeños tomos– sobre historia antigua de la Historia Universal de Isaac Asimov y un libro muy estimulante: la primera parte de la autobiografía de Elias Canetti, La lengua absuelta.

De vuelta a Madrid he puesto en orden algunos asuntos atrasados y la semana pasada tuve mi primer desplazamiento (a Tarragona, con ocasión de la Escuela Socialista de Invierno). Hube de intervenir con Barón, Manuel Sánchez Ayuso,73 Raimon Obiols74 y algún economista del PSC en una mesa redonda sobre nacionalizaciones. Por sorprendente que pueda parecer, nadie en este partido, cualquiera que sea su posición política –más o menos a la izquierda–, cree demasiado en el poder taumatúrgico de las nacionalizaciones.

Esta semana que entra voy al País Vasco. Pasaré mañana por Vitoria y espero llegar a un entendimiento con la agrupación para ir tirando hasta las próximas elecciones. Veremos cómo resulta el viaje.

23 de enero de 1982

Termina una semana tranquila. Se inició con la liberación del Dr. Iglesias y el desmantelamiento de un gran almacén de armas de los poli-milis, y se cierra con el anuncio de crisis muy grave en esa organización y el inicio de nuevas conversaciones entre el Gobierno y el PSOE sobre los pactos autonómicos.

Ayer viernes estuvimos estudiando las enmiendas que los diversos grupos han presentado a la LOAPA. Mirándolas y considerando al mismo tiempo la ley se llega a la doble conclusión de la estricta necesidad de ésta y el fundamento de muchas de aquéllas, pues el espíritu de la ley es un tanto cicatero con las comunidades autónomas. A la reunión asistimos María Izquierdo, Txiki Benegas, Joan Lerma, Ernest Lluch y yo además de tres expertos participantes en la redacción del proyecto de ley. María, e inevitablemente los expertos, pero ése debe ser su papel, se muestran muy reacios a la aceptación del cualquier enmienda. Los demás somos más abiertos. En especial hay algunos aspectos en los primeros artículos que parecen dictados por una desconfianza excesiva en el funcionamiento descentralizado del sistema. En todo caso, el tema es sacar adelante la ley con el mínimo coste para la sociedad española y sin enajenar demasiado a los nacionalistas. Hay que pensar que los estatutos que ya están en marcha no deben alterarse en lo fundamental; que la LOAPA debe servir para organizar el resto del proceso autonómico y no para revivir viejos diferendos con las nacionalidades históricas.

Es verdad que en los estatutos de autonomía aprobados hay errores y la posibilidad de crear situaciones de discriminación en el trato entre las nacionalidades históricas y el resto de las nacionalidades o regiones. Pero esto es susceptible de ser corregido con el tiempo. Hoy no parecen especialmente peligrosos (las autonomías distan de estar en su pleno desarrollo). Hay, pues, tiempo y con el tiempo pueden venir nuevas condiciones políticas, nuevas configuraciones de fuerzas en el Gobierno central y en los del País Vasco y Cataluña (aunque esto ahora se nos antoja un poco lejano). A finales de esta década, si el sistema se consolida definitivamente, el nacionalismo estará en reflujo, las fuerzas nacionalistas más desgastadas y no es imposible prever incluso una modificación de la Constitución, que para entonces ya tendrá un decenio. Hay que saber tener paciencia.

El Gobierno vasco está cada día más enfrentado con ETA en Euskadi. No conviene ahora darles un pretexto para que den marcha atrás en su lenta política de asunción de responsabilidades. Antes al contrario, hay que animarles en el camino emprendido o, al menos, no ponerles obstáculos.

En Bilbao almorcé con Ander Landaburu.75 Estaba bastante confuso. No obstante vino a repetirme una idea que estos días ha oído con demasiada frecuencia en el País Vasco. El PSE-PSOE sigue una política de comunicados y acciones de denuncia contra el Gobierno vasco que, si en ocasiones está bien, no deja de transmitir otras muchas la impresión de un deseo exagerado de protagonismo (por antagonismo) del PSOE, confirmando la imagen popular de la lucha estéril entre partidos sobre temas alejados del interés público. Me confirmó igualmente la impresión que Juan Manuel Eguiagaray76 me había transmitido con preocupación sobre la quiebra en las relaciones personales entre Benegas, por un lado, y Arzalluz y Garaicoechea, por el otro. La situación es muy tirante entre ellos y los problemas personales que les separan inciden negativamente en el tratamiento de los problemas políticos que cada día se plantean allí. La verdad es que no han sido capaces de sentarse a discutir seriamente las posiciones respectivas en un tema de tanta trascendencia como los pactos autonómicos o la LOAPA.

Hablamos de una posible entrevista del vicepresidente del Gobierno vasco, Mario Fernández Pelaz, conmigo para sacar el tema general de las relaciones Gobierno vasco-PSOE del impasse (y para capitalizar allí algunas de las concesiones que habrá que hacer al PNV y al Gobierno vasco en la discusión de la LOAPA). Aprovechando la reunión para estudiar las enmiendas a esta ley, le comuniqué a Txiki la iniciativa. Se mostró muy renuente. Dijo que, en su opinión, lo que es necesario en estos momentos es una renegociación de todos los pactos autonómicos, sentando a vascos y catalanes a la mesa. Traté de hacerle ver que esto ya no es posible. Que lo único aconsejable es introducir las modificaciones imprescindibles en los proyectos de ley para que los nacionalistas no se sientan ajenos al tema común, que es hacer el Estado de las autonomías, y que sólo en ese contexto se debe considerar cualquier nueva iniciativa política.

Benegas fue sintiéndose crecientemente incómodo. Lo conozco hace mucho tiempo y creo que sé lo que pasaba por su cabeza en aquellos momentos. No quise insistir en la idea para que no recelara alguna intención mía oculta (que ciertamente no tenía ni tengo). Me despedí diciéndole que lo pensara y me llamara por teléfono cuando quisiera.

Este tipo de actitudes a las que los políticos somos tan proclives me preocupan estos días intensamente. La prensa diaria y la indispensable crítica política parecen obligarle a uno o a los partidos en general a tomar actitudes en continuo movimiento para mantener el protagonismo. Las estrategias, cuando se hacen, contemplan un horizonte temporal muy limitado, casi nunca prevén la siguiente fase en la que, en caso de ser acertadas en sus pronósticos, deberían desembocar inexorablemente, y con demasiada frecuencia son modificadas a los pocos meses de su vigencia. Los resultados finales de la política –en cuanto a actividad de hombres, organizaciones e instituciones– parecen más el fruto de acciones y contra acciones que de la implantación, con mayores o menores dilaciones y rodeos, de un proyecto sobre otros alternativos.

Esto es consecuencia de una falta grave de perspectiva por parte de los políticos y de la proyección efímera –por coyunturalista– de muchas de las instituciones políticas. Precisamente porque la política ha sido históricamente sometida a esa falta de proyecto es por lo que «lo político» ha tenido una influencia en la historia de la humanidad mucho menor que «lo científico» y «lo tecnológico» o que el desarrollo de las ideas morales y «lo económico». Yo creo que ésta es una de las primeras lecciones que deberíamos aprender todos los que nos dedicamos a la política (es decir, los que tratamos de influir en la forma de vida de nuestros semejantes en el corto plazo y transformarla en el largo plazo mediante procedimientos políticos). Es una lección de modestia que nos llevaría a aquietar nuestras inquietudes y a calmar las de nuestros críticos en un proceso reflexivo sobre el papel de cada uno en la historia y, de manera particular, sobre lo que constituyeron los rasgos fundamentales de ésta en cada momento.

Se trata de una cuestión de análisis, no de juicios de valor. No es cuestión de qué cosa debe ponerse primero en la conciencia de un político honesto, sino de reconocer que ambos proyectos –el «voluntarista» de imponer pacíficamente un sistema de convivencia democrático entre los españoles y el «objetivo» de los cambios en las relaciones que escapan a nuestro control que se impone en gran medida– están irremediablemente interrelacionados por un desarrollo simultáneo (al menos durante algún tiempo) y por una inevitable interconexión real.

Nadie, es cierto, tiene las ideas suficientemente claras sobre las características fundamentales de nuestro futuro. Debe ser un futuro democrático, pero esto no es una definición que se refiere a su contenido, sino al procedimiento por el que deseamos abordarlo y la regla moral mínima que elegimos para resolver los problemas que promueve su implantación, y que su funcionamiento, después, nos haya de deparar. Aceptar este relativismo, reconocer nuestra ignorancia nos debería permitir afrontar las decisiones políticas con mucha mayor reflexión y modestia.

Pasando a cuestiones de intendencia, señalaré que en mi viaje al País Vasco llegué a un acuerdo con los compañeros vitorianos sobre nuestras relaciones. Estaban mucho más amigables. Sin duda, les había llegado –como preveía– mi comentario a Carmen García Bloise sobre mi renuncia a presentarme a la reelección por Álava. Cuando les dije que quería romper la situación de impasse en nuestras relaciones, no por motivos personales o móviles egoístas, en un año preelectoral, Ángel José Gavilán77 contestó que ojalá los tuviera, que ellos encantados con la idea de mi presentación allí de nuevo.

¡Así es la vida!

31 de enero de 1982

No podía tardar en ocurrir. El jueves pasado me llamó por teléfono a casa Enrique Múgica. Parecía muy alterado. Se había enterado de que yo estaba asistiendo a las reuniones para preparar la estrategia parlamentaria que vamos a desarrollar en los debates de la LOAPA. Él había estado trabajando ya desde hace un montón de tiempo en el tema. No tenía sentido que ambos nos dedicáramos a lo mismo, me dijo. Me limité a explicarle que asistía a las reuniones en mi calidad de portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Vasco para asegurar la coordinación y que, por supuesto, no tenía ningún inconveniente en que él me sustituyera a todos los efectos en ese trabajo.

Esto pareció tranquilizarle. De cualquier manera, le aconsejé que comunicara los cambios a María Izquierdo y a Txiki Benegas. De lo que le dijo éste no sé nada. Con María debió de tener una discusión acalorada. Ella me llamó un par de horas después para convencerme de que era yo quien debía llevar el tema; que Alfonso Guerra y ella estaban de acuerdo sobre este extremo y que sabía que Benegas también pensaba lo mismo. Yo le hice ver la precariedad de mi grupo y las dificultades políticas a las que se enfrenta en estos momentos Enrique Múgica mientras trata de buscar un nuevo lugar al sol después de su semidefenestración en el pasado congreso del partido. En todo caso, si estaban tan preocupados, ellos deberían arreglarlo. Yo no iba a enfrentarme con Múgica por algo que no me parece –en lo que se refiere a si es él o soy yo el encargado de llevar adelante la LOAPA desde nuestro Grupo Parlamentario– tan importante.

Ese mismo jueves el nerviosismo se apoderó de Madrid. Algunas emisoras de radio empezaron a especular con una próxima disolución del Parlamento y unas elecciones anticipadas ahora que ya ha quedado prácticamente preparado para la vista el juicio del 23-F, una vez concluidas todas las diligencias (de hecho, ésta podría empezar en dos o tres semanas a partir de hoy). La causa próxima era el abandono de al menos tres parlamentarios de UCD y su paso a la Coalición Democrática confirmado el mismo día.

Felipe González tuvo que hacer unas declaraciones recordando la responsabilidad del Gobierno en estos momentos. Calvo-Sotelo se reunió con una serie de ministros (el Gobierno aparentemente estaba dividido sobre la conveniencia o no de anticipar las elecciones) y durante unas horas el país vivió –sobre todo su clase política– angustiado. Por la noche estaba despejada la incógnita: no habrá, de momento –añado yo–, elecciones anticipadas. Los frustrados parlamentarios parecen quedar limitados a Miguel Herrero de Miñón,78 Ricardo de la Cierva y Francisco Soler Valero (un almeriense un tanto oscuro). A los demás potenciales tránsfugas deben de haberlos disuadido. La operación, por otro lado, se ha compensado con las declaraciones de apoyo sin contrapartida a Calvo-Sotelo de dos miembros de Coalición Democrática (CD): José María de Areilza y Antonio de Senillosa.79

Una vez ocurridos estos acontecimientos, las cosas están mejor que antes, aunque en el ínterin entre una posición y otra se corriera el riesgo de tomar decisiones dictadas por la histeria. En mi opinión, Miguel Herrero, que venía apoyando la operación de «gran derecha» desde la defenestración de Suárez, se ha precipitado y ha contribuido sin querer a desplazarla en el tiempo y a dificultar su conclusión en los próximos meses. En efecto, este goteo de fuerzas por la derecha se equilibra en UCD con el que tuvieron por la izquierda en el pasado mes de diciembre (salida de Fernández Ordóñez y los llamados socialdemócratas). Esto dificulta la imagen de derechización que, de cara a sus posibles electorados y a los propios aparatos de UCD y AP, tan conveniente era para preparar el terreno en la operación que debería cristalizar en la nueva configuración político-electoral de la gran derecha. Por otro lado, la traición de los tránsfugas, recibidos como agua de mayo en AP, dificulta las relaciones entre ambas organizaciones. En Andalucía es prácticamente inevitable que se presenten ambas opciones mucho más enfrentadas de lo que convendría en el medio plazo al interés de ambos, que no es otro que confluir en esa gran derecha y dificultar la llegada del PSOE al poder.

Si UCD no queda por detrás de AP en las elecciones andaluzas es casi seguro que se presenten separadas en las legislativas (en especial si éstas tienen lugar todavía dentro de 1982). Esto sería para nosotros altamente conveniente pues, en medio de los resultados de ambos partidos, los nuestros nos permitirán colocarnos, con los restos del sistema D’Hondt, en una magnífica posición aunque no ganemos muchos votos en términos absolutos sobre los obtenidos en 1979, lo que es poco probable según todos los análisis.

De esta manera, nuestro escenario ideal sería, desde el punto de vista electoral, el siguiente: primero, una situación estable con la terminación de los juicios del 23-F hasta el comienzo de la campaña andaluza; después, una campaña dura que daría como resultado la victoria del PSOE, con votos suficientes para gobernar en solitario, y el segundo puesto para UCD, con gran pérdida de votos, pero todavía por encima del PSA y sobre todo de AP. Si esto se consiguiera, cundiría –a pesar de que algunos dan por descontada nuestra victoria– el desánimo en las filas de UCD, pero, ante la falta de previsiones concretas sobre la posibilidad de su sustitución por AP, ambos tendrían que ir separados a las elecciones, en especial, como he dicho antes, si éstas se celebraran cerca de las de Andalucía (la coalición posible quedaría para luego, a la vista de los resultados electorales). No obstante, la inquietud entre la derecha llevaría después del 23 de mayo a un nuevo goteo de diputados y, seguramente, a convocar elecciones para el otoño, momento en el que nosotros deberíamos estar con el mayor potencial de votos.

¿Es esto, sin embargo, lo mejor? Y por otro lado, ¿es lo más probable?

Empecemos por lo primero. Yo no veo que sea lo mejor. Nosotros deberíamos llegar al poder después de un periodo de tranquilidad en el que nuestros adversarios no pudieran utilizar ni mejor ni peor el voto del miedo. Con el tiempo que hay por delante, y estando todavía en el aire el carácter más o menos firme de la sentencia del juicio del 23-F, es probable que la derecha utilice tácticas disuasorias basadas en el voto del miedo aun a riesgo de poner en juego la estabilidad del sistema. Se juegan mucho y lo saben. Sin embargo, cuanto más tiempo transcurra entre las sentencias y el proceso electoral, menor efecto desestabilizador tendrán esos argumentos.

El PSOE no puede gobernar hoy en España. La derecha no está madura para semejante prueba y quedan sueltos demasiados cabos como para ponerse a hacer tranquilamente una política gubernamental sobre la base de un solo partido. España necesita un Gobierno de centro, y el PSOE necesita gobernar en coalición con la parte de la derecha que se avenga a ello. La próxima legislatura consolidará definitivamente el nuevo sistema. Su signo imperante debe ser todavía el de la concertación y el diálogo. La tentación que tuvimos UCD y PSOE de olvidarlo después de las elecciones de 1979 nos llevó adonde estamos ahora.

Esto es lo que, en síntesis, le expuse a Julián Campo,80 al que vi el pasado lunes de visita en Madrid y a punto de volver de Washington, en respuesta a su argumento en favor de las elecciones en el próximo otoño. Con palabras sólo ligeramente diferentes, se lo expuse también al vicepresidente del Gobierno, Juan Antonio García Díez,81 en su casa, a la que fuimos a cenar Gloria y yo, a solas con él y con su mujer, esa misma noche. Me pareció que estaba bastante de acuerdo conmigo –la conversación, por cierto, fue cálida y amistosa, como si no hubieran pasado cinco años desde la última vez que cenamos juntos, y me pareció que estaba más optimista sobre los resultados andaluces de lo que cabía esperar. Asimismo, confirmó mi creencia de que, en principio, se presentarían solos a las elecciones a menos que echaran por la borda el capital de Suárez antes de llegar a ellas, en cuyo caso todo sería posible.

Por lo que se refiere al segundo tema, las posibilidades que tiene de cristalizar el escenario idóneo para nosotros desde consideraciones puramente electorales, debo confesar que los rumores del pasado jueves introdujeron una chispa de desconfianza en mi creencia de que se va a agotar el periodo de la legislatura, como vengo sosteniendo desde hace más de un año frente a fuentes de mi propio partido mucho mejor informadas habitualmente que yo.

Ya en el verano de 1980, después de la moción de censura, consideraban inevitable –y muchos deseable, además– la coalición con UCD. Yo mantuve que eso no era cuestión nuestra. Que debíamos esperar tranquilamente pues nada de lo que el PSOE pudiera hacer podría provocar un cambio en UCD en ese sentido. Las cosas cambiaron significativamente con el golpe de Estado fallido del año pasado. Ofrecimos entonces la coalición y a nadie le pareció mal la idea. Pero UCD temía tenernos dentro del Gobierno. Si finalmente todo sale bien, ellos habrán tenido razón. Si se han equivocado, tendremos un nuevo golpe de Estado, y esta vez será definitivo. Deseo creer que ellos tienen razón y nosotros simplemente hemos hecho una demostración de buena fe y de responsabilidad política. Después, la inestabilidad del otoño pasado y la de finales de año, la incongruencia de UCD y de su Grupo Parlamentario han llevado a muchos a insistir en la idea salvadora del Gobierno de coalición o, alternativamente, a la consoladora creencia –aunque con ribetes inquietantes– de la inevitabilidad de unas elecciones anticipadas.

Sigo, sin embargo, aferrado a mi análisis de siempre. Si Calvo-Sotelo pasa por las elecciones andaluzas –y esto va a ser para él y para UCD prácticamente inevitable a la vista del calendario–, debería, por su propio bien y por el de la derecha, dejar transcurrir todo el tiempo posible entre los resultados de aquéllas y la convocatoria de elecciones generales. Este tiempo se requiere para reconstruir la imagen del Gobierno y para aprovechar la catarsis producida por la derrota para poner orden en la derecha por encima de las siglas que ahora la encorsetan.

Naturalmente, esto se refiere a los hombres, a los políticos, que tan sólo después de la derrota andaluza pondrán en tela de juicio su pertenencia a una u otra organización política. Las siglas, sin embargo, no se tirarán por la borda. Los esqueletos organizativos permanecerán. Cómo se rehacen estas estructuras y qué perfiles presentan del electorado es el tema que se va a discutir a partir del próximo mes de junio. Por eso precisamente el movimiento de Miguel Herrero de Miñón ha sido precipitado.

7 de febrero de 1982

Estuve el jueves y el viernes en Vitoria. Mis relaciones con la dirección del partido allí han mejorado. Ángel José Gavilán, el secretario de Organización, sigue con sus actitudes un tanto mezquinas. Ahora está ilusionado con el desembarco que pretende hacer el partido en Álava en el próximo congreso provincial de UGT. No es probable que coja a los trotskistas de Nueva Claridad despistados. Aproveché mi estancia para dar una charla en Llodio (estaban muy preocupados por la dimisión del presidente de Aceros de Llodio). El viernes se convocó una rueda de prensa con un éxito nada más que relativo. Me entrevistaron en la radio y hablé también con José Miguel Larraya, el delegado de EFE en el País Vasco. Él me transmitió su preocupación por la falta de relaciones entre Benegas, el Gobierno vasco y el PNV. Parece que esto es una constante preocupación entre la gente bien informada y, en principio, poco sospechosa de antipatía hacia el PSE. Tanto Larraya como Landaburu o Charo Zarzalejos82 son, para decirlo claramente, gente muy próxima al PSE y amigos tanto de Benegas como míos.

Sin embargo, Txiki mantiene una actitud cerrada sobre esta cuestión. No creo que considere siquiera la posibilidad de que me entreviste con Mario Fernández Pelaz. Entretanto, para ir animando el ambiente, el miércoles pasado, durante las Jornadas parlamentarias, traté de resolver la innecesaria, y para mí inconveniente, disputa con Enrique Múgica, poniéndole en antecedentes de toda la operación en torno a la negociación de la LOAPA. Aproveché la presencia allí como testigo, a su pesar, de Enrique Casas. El problema ha tenido una solución provisional después de una conversación entre Múgica y Guerra: yo seguiré acudiendo a las reuniones preparatorias de la estrategia sin que eso signifique que necesariamente vaya a ser el ponente cuando la ley comience sus trámites parlamentarios normales (lo que preveo que podría retrasarse).

Las Jornadas parlamentarias tuvieron una fase interesante (el discurso de análisis político de Felipe González y la respuesta, inteligente, de Gómez Llorente) y el resto sólo resultó útil para establecer contactos. José Rodríguez de la Borbolla83 me ha propuesto que encabece la lista de Jaén en las próximas elecciones. Fernando Calahorro, secretario general del PSOE en Jaén, me sugirió unas horas después de la conversación con Rodríguez de la Borbolla que tenía en la cabeza algo parecido (sugerencia hecha de manera aparentemente independiente de la solicitud del primero). Quizá la idea se ha ido abriendo poco entre la gente de Jaén y, en vez de enfrentarse, todos los responsables han decidido ponerse a la cabeza de la iniciativa.

Ese mismo día estuve hablando un rato con Javier Solana. Me preguntó qué me pasaba, dando a entender que me había quedado descolgado. Se refería al conjunto de entrevistas que Felipe González ha venido manteniendo con los grandes banqueros en su compañía y quizá en la de algún otro a lo largo de los dos últimos meses (dentro de las cuales puede considerarse la que los tres, Felipe, Solana y yo, tendremos con Rafael Termes, presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), el próximo miércoles). Traté de ser diplomático. Le dije que estaba bien, trabajando bastante, y que esas cosas eran iniciativas de Felipe que yo no discutía jamás. Le recordé, por otro lado, la próxima entrevista con Termes.

Más inquietud que la actitud de Felipe (que creo no responde a nada concreto) me causa la de UGT. El martes por la noche, esperando a José Antonio Aguiriano84 (de paso desde Ginebra a Caracas) para cenar, me encontré con la plana mayor de UGT, a cuya cabeza estaba Nicolás Redondo, en el mismo restaurante, y tuve algunas palabras con José Luis Corcuera. Me propongo invitarle a comer un día para aclarar las diferencias.

14 de febrero de 1982

Mañana voy a Palma de Mallorca invitado por el Club Liberal. Quieren un debate entre Eduardo Merigó85 y yo sobre el programa del Partido Socialista francés. Sospecho que les voy a desilusionar, pues mi defensa del programa del PSF no va a ser precisamente entusiasta. Ellos preferirían un enemigo más dogmático. ¡Qué se le va a hacer!

Entretanto me han llamado desde Salamanca proponiéndome que suspenda mi conferencia allí (que sería el próximo viernes). Aducen que coincide con la presencia en la ciudad de Javier Solana y Salvador Clotas,86 que presentarán la revista Leviatán en la universidad. Afirman además que la Fundación Alfonso X el Sabio – la anfitriona– se ha convertido en una sucursal del Club Liberal de Salamanca. En el fondo, problemas de desorganización y mal entendimiento entre el diputado del PSOE José Miguel Bueno, que es quien me ha venido insistiendo en la necesidad de la conferencia, y el Comité Provincial, como ocurre tantas veces. Yo he decidido quedar fuera de la pelea y les he dicho que arreglen entre ellos lo que consideren mejor, y me someteré a su criterio.

Cristina Areilza, la hija de José María, me pidió una entrevista para Hierro, el periódico del País Vasco. Quedé con ella para el próximo viernes. Así, si no voy finalmente a Salamanca, tendré más flexibilidad para fijar la hora de la entrevista. Me preocupa, sin embargo, ahora que van a empezar los juicios militares, conceder una entrevista que se publicará después de que éstos terminen. También me han invitado para una fecha próxima las periodistas que organizan los desayunos del Ritz. Aunque ninguna de ellas es un lince, lo cierto es que esas entrevistas tienen una gran cobertura nacional y, desde luego, he aceptado la invitación.

Por lo demás, sigo recibiendo múltiples invitaciones de Andalucía pensando en la precampaña y en la campaña electoral de la próxima primavera. A la vista de ello, y teniendo en cuenta la conveniencia de consolidar la propuesta de encabezar la lista de Jaén que se me hizo, he decidido dedicar el tiempo que va desde la Semana Santa (que termina el 11 de abril) al día de las elecciones (23 de mayo) exclusivamente a Andalucía. Hablé con Rodríguez de la Borbolla, que se mostró de acuerdo con este plan y propuso que Pepe Recio87 centralice mis planes durante todo ese periodo. Tengo que hablar con Pepe.

En otro orden de cosas, reuní al Grupo Parlamentario Socialista Vasco. Creo que quedó solventado el problema de Enrique Múgica (él seguirá la LOAPA) a no ser que Txiki o una comisión de la Ejecutiva del PSOE se trasladen aquí para convencernos de lo contrario. De cualquier manera, me entrevisté con Marcos Vizcaya,88 en quien el PNV había delegado oficiosamente para hacer un contacto, no menos oficioso, conmigo para discutir la relación entre los dos partidos tanto en Euskadi como en España en su conjunto. Después de escuchar un largo memorial de agravios, le propuse que él y yo tuviéramos una entrevista con Mario Fernández Pelaz, miembro del Euskadi Buru Batzar, para acordar una agenda de los temas a tratar y ver qué diferencias nos separan antes de entrar a negociar nada. Él se mostró más cauto y propuso tan sólo una conversación entre él y yo sobre la LOAPA para conocer las principales diferencias en este tema. Acepté la propuesta y se lo comuniqué a Felipe González, que aprobó la iniciativa. Esta noche tengo que comunicárselo a Benegas. Es menester moverse con un cuidado exquisito en todo este tema, pues Txiki está particularmente sensible.

Como mencionaba antes, una vez decididas las responsabilidades de las diversas comisiones, Gabriel Urralburu va a seguir desde ahora el tema de la Ley de Autonomía Universitaria. Me pidieron unas declaraciones sobre el tema para Tele Norte. Mayte Urabayen, la mujer de Txiki Benegas, me llamó para felicitarme por ellas. El PSOE está siendo muy atacado en el País Vasco por la misma razón que en el caso de la LOAPA (haber pactado con el Gobierno una ley que rebaja las competencias autonómicas de Euskadi). En este caso, sin embargo, me temo que no tienen mucha razón, pues la ley trata de establecer, con mejor o peor fortuna, la autonomía de la universidad frente a los poderes públicos, sean éstos centrales o regionales.

Lo cierto es que, si no llegamos a un acuerdo con el PNV para limar las asperezas en nuestras relaciones en Vitoria y en Madrid, nuestra posición en las próximas elecciones se presenta difícil: en Euskadi, rodeados por todos lados y sin un enemigo fácilmente distinguible sobre el que enfocar nuestras discrepancias.

En efecto, los partidos de la derecha centralista –que quizá se presenten en una coalición sin paragón en otras regiones, encabezada por Jaime Mayor Oreja89– van a atacarnos pensando en el panorama estatal. El PNV atacará en general a los partidos centralistas, pero a nosotros con mayor virulencia por la inercia de los acontecimientos si éstos no cambian en el sentido más favorable a los nacionalismos. EE también centrará sus ataques en nosotros con el fin de apropiarse del potencial segmento común del mercado electoral. Nosotros, en cambio, no tenemos enemigo electoral reconocible. Ir contra el PNV es un grave error en el que no debemos caer otra vez. Nos costó mucho en 1979 y más todavía en 1980. Tenemos que hacer una campaña de crítica al funcionamiento de las instituciones autonómicas, pero sobre una base afirmativa de defensa de las mismas.

La lucha con EE sólo les conviene a ellos. Deberíamos obviarlos en la medida de lo posible. Pero, en todo caso, sería conveniente recortarles las alas con una declaración del tipo siguiente: en Euskadi, y solo en Euskadi, se va a producir una conjunción de intereses para evitar que el PSOE ocupe el nuevo Gobierno español, es decir, una confluencia de intereses con una resultante reaccionaria. Bien explicado, ello obligaría a EE a desviar sus baterías de nuestra línea de tiro.

Los blancos más importantes de nuestra campaña son HB –que nos ha quitado un segmento del electorado, sobre lo que convendría ya ir formando un dosier que incluya el desempeño de sus responsabilidades municipales, las únicas que han asumido en el País Vasco–, UCD y AP. Pero con matizaciones. Respecto a HB, la cuestión es ligar a esta formación con ETA-m y recordar su política irresponsable, aunque no se puede estar todo el día hablando de ello. Dejamos esto a UCD y, con mucha suerte, al PNV.

Respecto de la derecha centralista, que debe ser nuestro mayor enemigo visible, la verdad es que su propia debilidad hoy, y previsiblemente en el momento electoral, hace difícil la credibilidad de la lucha. Es pues necesario neutralizar a EE, suavizar nuestras relaciones con el PNV y aprestarse a hacer una campaña creíble contra los otros dos. Hay que trabajar desde ya.

Si salváramos dignamente el escollo de la LOAPA todo sería mucho más fácil. Por sorprendente que parezca, el hecho de que el asunto esté tan enormemente embrollado en este momento es lo que quizá lo hace susceptible de un tratamiento de nudo gordiano. Pero no quiero adelantar conclusiones hasta haber meditado más sobre el tema y ver las diferencias fundamentales que tiene el PNV con nosotros y con el proyecto actual de la LOAPA.

El miércoles pasado comimos Felipe González, Javier Solana y yo con Rafael Termes90 y sus asesores. La comida resultó un poco decepcionante. Felipe habló mucho y obtuvo poca información. Habló tanto que a veces no dejaba intervenir, no ya a nosotros, sino a sus interlocutores. Se lo hice ver a la salida. No sé cómo le sentó.

22 de febrero de 1982

Víspera del aniversario del intento de golpe de Estado. La coincidencia de esta fecha con el comienzo, el pasado día 19, de la vista del proceso de los militares implicados ha llenado los periódicos de continuas referencias al tema. El tratamiento, sin embargo, es bastante desdramatizador. En parte, esto es consecuencia, como era fácil de adivinar, de la filtración del sumario en el mes de agosto pasado y del escándalo que supusieron las contradicciones entre los principales encartados en el asunto (Alfonso Armada, Jaime Milans del Bosch, Antonio Tejero y José Luis Cortina, que son los hombres claves junto con José Ignacio San Martín). Aquel revuelo adelantado restó capacidad de defensa a los abogados de los golpistas. En la primera mitad de la vista la tensión no será muy elevada, entre otras cosas porque no habrá grandes novedades que contar a la opinión pública.

Más adelante, en la segunda decena de marzo, más o menos, determinadas declaraciones de encausados y testigos pueden provocar una situación violenta. Hasta ahora la línea de defensa es que los militares de graduación inferior obedecieron a sus jefes naturales, que éstos actuaron de acuerdo con Armada, quien a su vez les aseguró que el Rey estaba de acuerdo con todo el proyecto. Esta línea de defensa no excluye la culpabilidad de acuerdo con la Constitución y las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas, pero tiene la virtud de eximir de intenciones personales a los golpistas, adornarlas con cierta aura de lealtad a sus jefes y comprometer seriamente a la Corona. Si el fiscal fuera civil, cabría esperar que tratara de poner en ridículo a los golpistas por sus contradicciones y atacara fuertemente su honorabilidad para salvar así la de la Corona. Al ser militar, se limitará a demostrar que la actitud del Rey y las contradicciones entre unos y otros encausados no prueban la tesis de la defensa, y solicitará la simple aplicación del Código de Justicia Militar.

Entretanto, el golpismo civil sigue agazapado. ¿Estará esperando el momento de las declaraciones más escandalosas para apuntar sus baterías contra la democracia y el Rey? A mí no se me quita de la cabeza la idea de que ellos, como nosotros, son conscientes de que un juicio sereno con sentencias firmes y que no produzcan una división grave en el Ejército es el comienzo de su fin como opción política en la España actual. Si es así, deben de tener algo importante preparado para las próximas fechas, un «último intento» antes de retirarse a sus cuarteles de invierno para siempre. ¿Estarán siendo vigilados suficientemente Girón y algunos militares conspicuos? ¿Se sigue con cuidado lo que dicen El Alcázar o las otras publicaciones ultraderechistas? ¿Se vigila a los cuatro locos armados que tienen? Todo esto son incógnitas no sólo para el partido de la oposición y la opinión pública, sino sin duda también para una parte considerable del propio Gobierno.

Ayer domingo, tras un viaje en avión de hélice angustioso por las condiciones del tiempo, estuve en Bilbao en el homenaje a Juan Iglesias,91 que agradeció mucho mi presencia. Txiki me pidió que a los postres, y antes de que el lehendakari Garaicoechea dirigiera unas palabras a los asistentes –casi medio millar–, dijera yo unas palabras. Se me adelantó, sin embargo, Enrique Múgica, que también asistió al acto. Después me alegré de ello. En efecto, mi intención política era aprovechar la buena relación que siempre ha tenido Juan Iglesias con los hombres del PNV –que viene desde su pertenencia al Gobierno vasco en el exilio, del que lo obligamos a dimitir con gran disgusto suyo cuando fue aprobada la Constitución– para sugerir unas nuevas relaciones menos enfrentadas entre nacionalistas y socialistas.

Después de la comida me encontré con Benegas, que está padeciendo el síndrome de hombre marginado y que, a propósito de unas declaraciones mías realmente inocuas sobre el Presupuesto de Euskadi enviado al Parlamento por el Gobierno vasco y cuya devolución ha pedido el PSE, aprovechó la ocasión para decirme que estoy trabajando de manera descoordinada y que –¡ya salió de nuevo!– yo no iba a quedar de guapo ante los nacionalistas. No había demasiada acritud en sus palabras ni en su talante, pero sí mucha preocupación y bastante tristeza.

Txiki había tenido una conversación con Garaicoechea, aprovechando su presencia en el homenaje a Juan Iglesias. Cuando quiso pasar a temas de mayor importancia, Garaicoechea echó balones fuera de manera bastante poco cortés. Esto confirmó sus mala relación personal con el lehendakari, que él prefiere interpretar, sin embargo, como la confirmación del hecho de que el PNV no quiere negociar nada con nosotros.

Yo no podía contarle mis entrevistas con Marcos Vizcaya sobre la LOAPA, y más teniendo en cuenta que estaba presente en la conversación Enrique Múgica, que las desconoce. Traté tan sólo de hacerle ver que estaba obcecado y que hoy nos convenía mantener unas relaciones mucho menos tensas con el PNV aunque nuestros intentos por restablecerlas pudieran fracasar. Le dije que teníamos que hablar esta semana en Madrid, aprovechando su viaje, y él contraatacó sugiriendo que habláramos en Euskadi, donde yo debería presentarme el próximo miércoles a una rueda de prensa para hacer público el programa económico del PSOE elaborado por Juan Manuel Eguiagaray.

En estas condiciones fue imposible enhebrar una conversación fructífera. Tampoco había mucho tiempo. Enrique Múgica y yo teníamos que coger el avión para Madrid, que casi perdimos luego por el tráfico del domingo a las siete de la tarde. En el avión, por cierto, encontré a Pedro Toledo92 e hicimos el viaje juntos. Me contó sus impresiones de la entrevista que Ángel Galíndez93 y él tuvieron con Felipe González y Javier Solana hace algunas semanas.

8 de marzo de 1982

Ayer volví del Congreso del PSE que se celebró en Bilbao este fin de semana pasado. Se ha aprobado un buen documento político, que ya veremos la incidencia que pueda tener en los próximos meses; se ha compuesto una Ejecutiva de compromiso, ni mejor ni peor que otras posibles, donde están repartiéndose el poder Ricardo García Damborenea94 y Enrique Casas con Txiki, a la cabeza, todavía intocado, y con un nuevo presidente, Lalo López,95 en sustitución de Juan Iglesias, dejando un hueco favorable para Ricardo en las próximas listas al Parlamento español.

En conjunto, el congreso ha tenido un perfil bajo, lo que corresponde en alguna medida a la situación del partido en el panorama actual del País Vasco donde los enfrentamientos se han producido más por cuestiones personales de concentración de poder que por razones ideológicas y estratégicas (lo que tampoco es sorprendente) y han quedado bien guarecidos de una prensa que ha sido benévola con nosotros en esta ocasión.

Los socialistas navarros han salido del PSE y celebrarán un congreso regional constitutivo la próxima primavera. El tema ha dado lugar a algún coletazo, pero ha pasado en general sin graves enfrentamientos.

Yo he revoloteado por encima del congreso en un papel más bien de relaciones públicas, atendiendo a la prensa, la radio y la televisión y departiendo con invitados importantes y líderes federales del PSOE. De lo mejor, como siempre, las largas y divertidas charlas con Rafael Escuredo. Mantuve también una larga conversación con José Luis Corcuera sobre nuestras posiciones respectivas en el ANE y en el último congreso federal del PSOE. Las relaciones personales quedaron totalmente clarificadas, y éste y no otro era mi propósito. Hasta convinimos en hacer una comida familiar en su casa el próximo fin de semana. Espero que todo ello contribuya a limar asperezas en mis relaciones con UGT y a disminuir algunos recelos mutuos.

En uno de los raros momentos en que pude hablar con cierta tranquilidad con Txiki, le informé de mis conversaciones con Marcos Vizcaya y le hice una valoración de su contenido. Insistió en que le pasara esa misma información a Ricardo García Damborenea, cosa que hice no sin cierta reticencia, pues le considero un individuo no fiable.

El viernes, después de la inauguración del congreso, almorcé con Juan Manuel Eguiagaray y José Antonio Maturana, entre otras personas, y les sondeé sobre una política de aproximación al PNV que tratara de salvar dignamente el escollo de la LOAPA (por cierto, Enrique Múgica se lanzó a hablar en la clausura de una política de superación de enfrentamientos con el PNV, con la idea de una posible colaboración en el Gobierno de Madrid después de las próximas elecciones). Encontré a los tres muy intransigentes en sus posiciones («la LOAPA no debe modificarse ni en una coma»), ligeramente más matizadas o al menos abiertas a reconsideración por parte de Eguiagaray, pero, en general, sorprendentemente numantinas.

Se lo referí a Benegas. «Están locos», me dijo. Esto podría resumir lo que yo interpreté como un estado de ánimo más abierto por parte de Txiki en relación con el conjunto de la operación. También le conté las sugerencias que había hecho en este sentido a Carlos Carnicero,96 que estaba preparando el discurso de clausura de Txiki y tampoco opuso inconveniente alguno.

La semana pasada tuve la última conversación con Marcos Vizcaya –después, como contaré luego, me llegó un nuevo mensaje, con ligeras matizaciones, del PNV– y le expliqué que había hablado ya con Alfonso Guerra del tema de la LOAPA y de las posiciones que ellos mantenían, y que no lo había encontrado en una posición cerrada ni mucho menos. Le advertí, sin embargo, que no preveía la posibilidad de unas negociaciones formales antes de que se iniciara el trabajo de la ponencia, momento en el que lo lógico era que comenzara una actividad frenética de aproximación. Después de esto pasé sin transición al panorama electoral de Euskadi. Le expuse sin ningún tapujo la preocupación que me causaba la difícil posición del PSOE en el País Vasco y cómo me inclinaba yo a una situación de mucho menor enfrentamiento con el PNV y el Gobierno vasco. Marcos Vizcaya estuvo bastante cándido y me dijo que si salvamos la LOAPA (y él entiende por salvarla que ellos puedan volver a Euskadi sin tener que ocultar la cara) preveía un posible pacto electoral PNV-PSOE ante un enemigo común: EE. Acabamos nuestra conversación hablando de las relaciones entre los partidos en el País Vasco. Le expuse mi preocupación por el cerco de aislamiento que están tratando de levantar sobre el PSE y sobre el propio Txiki Benegas. Me dijo que a mediados de marzo podría haber iniciativas del Gobierno vasco –sin especificar demasiado cuáles– para reanimar el Parlamento vasco y dar mayor protagonismo a los partidos de la oposición. Me pidió que lo mantuviera en el mayor de los secretos.

Esta reunión tuvo lugar el 25 de febrero pasado. El 3 de marzo comí con Javier Angulo, que se ha incorporado desde la delegación en Bilbao de El País a la redacción en Madrid. Después de una larga conversación sobre la situación vasca y las dificultades del PNV, me confesó que había cenado el día anterior con Mario Fernández Pelaz, que, en su opinión (que yo comparto), era el hombre fuerte del Gobierno vasco y que estaba relativamente distanciado de Marcos Vizcaya (mi interlocutor hasta ahora), seguramente por una pelea de influencias en torno a Carlos Garaicoechea. Entendí el aviso y me propongo entrar en contacto con él dentro de poco.

Javier Angulo me transmitió también otro mensaje: el PNV tiene preparada una estrategia de tensión que pasa por la desobediencia civil y culmina en la disolución del Parlamento vasco y las elecciones anticipadas, en las que presentaría una plataforma de reformas del Estatuto después de la puesta en vigor de la LOAPA. Aunque la cosa es inquietante –pero no nueva, pues se venía murmurando sobre ello en las últimas semanas–, yo, pensando en el mensaje que deseaba que llegase de vuelta al PNV, decidí quitarle importancia. Le dije a Angulo que el PNV ha dado ya demasiados pasos en la autonomía constitucional como para tirarse ahora al monte. Me mostré igualmente escéptico ante la «noticia» que me transmitió de que el PNV trataría de negociar con UCD y con nosotros sus votos al Estatuto valenciano en relación con posibles modificaciones en la LOAPA. Le dije que UCD no podía colocar un Estatuto al PSOE con calzador –por los votos de las minorías más Fraga– ni al revés; que, en mi opinión, si no hay acuerdo entre los grandes, el proyecto volverá a comisión.

Con todo, no quise parecer arrogante, sino, al contrario, humilde y preocupado por los problemas del PNV y los propios del PSE. Angulo quedó en pasarme una nota sobre los puntos de vista del PNV en relación con la LOAPA, y yo se lo agradecí calurosamente. El tema, pues, sigue abierto y aparentemente va por mejor camino.

21 de marzo de 1982

Camino de Zamora en el Talgo, conociendo por primera vez un trayecto muy bonito que nunca había hecho antes, me propuse continuar con esta relación de hechos. La belleza del paisaje, primero, y cierto sopor después de comer, me lo impidieron.

Zamora sobre el Duero, orgullosa y nostálgica, es una ciudad aparentemente poco atractiva, pero llena de cosas y rincones bellos. El cimborrio de la catedral es realmente maravilloso y las muestras de románico que allí abundan son magníficas. El partido está creciendo en la ciudad y lo dirige gente modesta y sensata. Sin embargo, falta fuerza en el campo, y Zamora es campo y campesinos. Improvisé una conferencia sobre el programa económico del partido –otra más– y me sometí al habitual coloquio. Todo bien, con aceptable reflejo en prensa y radio. El sábado 13 volví a Madrid por carretera.

Al día siguiente, domingo, se presentó Javier Angulo en casa en compañía de Carlos Humanes –redactor financiero de El País– y me entregó la nota del PNV. Les invité a una copa y no me costó convencerles para que se quedaran a cenar. La conversación fue más bien ligera, con predominio de los temas económicos sobre los autonómicos o propios del País Vasco. También hablamos del Estatuto de Valencia. El Gobierno se confundió una vez más al medir sus fuerzas parlamentarias, y el artículo 1º del Estatuto valenciano, con la denominación de la comunidad autónoma como Reyno, fue rechazado por la Cámara. El Estatuto no podía prosperar sin artículo 1º, y, tras la inevitable junta de portavoces, menos tensa que en otras ocasiones, hubo que devolverlo a comisión, donde ha comenzado ya su renegociación. Fue un aviso más al Gobierno, muy en la línea con un artículo que, a propósito de un ataque a Alfonso Guerra y al PSOE del presidente Calvo-Sotelo, publiqué en El País unos días antes. El Gobierno debe darse cuenta de que, mientras continúe este desgraciado juicio contra los militares, no conviene alimentar ni el clima electoral ni el enfrentamiento con la oposición.

Y hablando del consejo de guerra, la tensión ha subido fuertemente en esta segunda decena del mes de marzo, como yo preveía hace unas semanas. Los implicados, con su arrogancia, y los abogados, con su intención política aviesa, están tratando por todos los medios de implicar a la Corona y convirtiendo los interrogatorios de sus defendidos en un mitin ultraderechista. El miércoles pasado, algunos enfrentamientos con la prensa, cuando un defensor expresó su admiración por Tejero entre las aclamaciones de los familiares de los procesados y de alguna parte de las comisiones militares enviadas al juicio, crearon una nube de preocupación en la opinión pública y ya empiezan a oírse las primeras voces desautorizando la forma en que el tribunal está llevando el juicio. Al día siguiente, el Gobierno emitió un comunicado en el que hacía una defensa de la Corona y un ataque a la estrategia de los abogados defensores. Otro tanto hicieron los líderes de los partidos y –al faltar en el Parlamento Felipe González, que estaba en Jaén, y Alfonso Guerra, camino de Cádiz– hasta yo hice unas declaraciones en el mismo sentido para la SER.

El día anterior me llamó Eduardo Serra, ahora subsecretario de Defensa, para hablar conmigo de las declaraciones de Alfonso Guerra a propósito del riesgo de que el juicio se convierta en una farsa. Trataba de explicarme que el ministro Oliart no estaba interesado en contestar calentando una disputa, que no había nada personal en ello, aunque bien pensado podía no ser una mala desviación del tema que la cosa quedara en un enfrentamiento entre políticos (Oliart y Guerra), mejor que entre el Ejército y el PSOE.

Según Serra –que traía, desde luego, el mensaje de su ministro–, la iniciativa del fiscal de inquirir después de las citadas declaraciones sobre la condición de diputado de Alfonso Guerra partió de un acuerdo prácticamente unánime del Consejo Supremo de Justicia Militar. El fiscal puede actuar de oficio, a requerimiento del ministro, del Gobierno o del Consejo Superior de Justicia, que es lo que ocurrió en este caso tras las declaraciones de Alfonso Guerra. El Ministerio de Defensa, al enviar un requerimiento a las Cortes sobre el tema, no había hecho sino actuar de vehículo del ministerio fiscal. Dicho requerimiento, que el ministro no quiso rubricar y lo dejó a la firma del propio Eduardo Serra, fue rechazado por defecto de forma por la presidencia de las Cortes, aunque –siempre según Serra– en otras ocasiones, al estudiar el ministerio fiscal el posible procesamiento de otros diputados, la presidencia había certificado su condición de tales.

Estaban temerosos de enviar un segundo escrito con la firma del ministro y que fuera rechazado de nuevo. No obstante, pensaban que esa metedura de pata les cargaría de razón frente al Consejo Supremo y les ayudaría a convencer a sus componentes de la gravedad de un intento de procesamiento al presidente del Grupo Parlamentario Socialista y vicesecretario general del PSOE. En definitiva, no sabían qué hacer y Serra, de un modo enormemente confuso –sin duda no le gustaba nada el papel que le había asignado el ministro para puentear conmigo en el problema–, me inquirió sobre alguna idea para salir de la situación y hasta se atrevió –azarosamente– a sugerir otras declaraciones (¿de Felipe González?) que contribuyeran a calmar los ánimos y a dar carpetazo al asunto.

Eduardo Serra tiene buenas relaciones con Gloria y ha tratado, aunque sin éxito, de promocionarla profesionalmente en el INI. Me resultó, por tanto, bastante duro responderle. Nosotros entendemos –le resumí– que la condición de diputado de cualquiera que lo sea sólo le puede interesar al Tribunal Supremo en el marco de un procesamiento abierto para el cual es preciso alzar un suplicatorio ante la Cámara. A menos que UCD presione sobre la presidencia de las Cortes o la Mesa del Congreso, la presidencia no puede contestar a requerimiento alguno que no venga por esas vías. Por consiguiente, no quedan sino dos caminos: o archivar el asunto, convenciendo de la inoportunidad política del mismo al Consejo Supremo de Justicia Militar, o iniciar el procesamiento y atreverse a pedir un suplicatorio, que con toda seguridad sería denegado y podría manipularse como un enfrentamiento entre el Ejército y la Cámara. Estamos dispuestos a aguantar el pulso del suplicatorio con todas sus lamentables consecuencias. Si UCD no ejerce la autoridad sobre el Ejército, alguien tendrá que defender la libertad de los diputados. Nosotros no vamos a dar un paso atrás en un asunto tan grave. No habrá declaraciones rectificando ni apaciguando ánimos (tampoco hacían falta, dicho sea de paso, las de Carmen García Bloise respaldando a Alfonso Guerra y los suyos, pero la inoportunidad política de esta mujer ya es tradicional), porque además eso sólo tendría un efecto: desmoralizar a los ciudadanos sin satisfacer a quienes desde el Ejército desean el enfrentamiento.

Quedamos en mantener abierto el diálogo por si se nos ocurrían nuevas ideas. Me aseguró, como así ha sido, que ellos no iniciarían ninguna acción en los días siguientes, y me aclaró –lo que no necesitaba– que su estrategia, de momento, era ganar tiempo (¡en esto también!).

Además de la conferencia de Zamora he tenido otra en la Casa del Pueblo en Tafalla, aprovechando ese largo fin de semana que pasé por allí. Quedaron contentos, en especial los hombres de UGT, que están haciendo un gran esfuerzo de reconstrucción de la central sindical después de la última escisión de los trotskistas y su expulsión de la organización. Me acompañó en la charla Guillermo Fernández, secretario de UGT de Navarra, que me expuso una teoría que estos días está en boga en el PSOE navarro según la cual Gabriel Urralburu debería dedicar más tiempo al partido y a Navarra y ser sustituido por mí como cabeza de lista en las próximas elecciones al Congreso de los Diputados. Le expliqué mis inconvenientes, aludiendo a la dificultad de alcanzar dos diputados en Navarra y los problemas que para mi actividad supone ser diputado único. No le convencí.

Por cierto que en Guipúzcoa, ante los problemas de Txiki y Enrique Múgica, también han pensado en mí como posible cabeza de lista. Si la cosa sigue así tendré dónde elegir sin dificultades.

Debo anotar aquí dos actos: una intervención en un simposio organizado por el INI, la Caja Postal de Ahorros y el Instituto de Empresa, al que asistieron varios ministros y en el que fue muy apreciada mi intervención, y una conferencia-coloquio en el club de la revista Actualidad Económica, en la que la periodista que cerró el acto aludió al «discreto encanto del socialismo, al menos, del solchaguismo».

La semana que viene se presenta agitada. Sigue el juicio en un clima de exaltación del golpismo escasamente disimulado, aunque a lo largo del fin de semana ha habido un rearme moral desde la prensa y la radio y ha continuado la defensa del Rey. En el Pleno del Congreso el tema estrella es la Ley de Incompatibilidades, donde el enfrentamiento dialéctico con el Gobierno va a ser, sin duda, muy duro, y, finalmente, el próximo día 24, tendrá lugar el debate de totalidad de la LOAPA y se constituirá la ponencia para su tramitación.

Todavía colea el tema del ponente de nuestro grupo. Txiki, con el que estuve el miércoles pasado aquí en Madrid para tratar sobre la sociedad de gestión que explotará Lemóniz con el ministro de Industria, me dijo que Ricardo García Damborenea está dispuesto a venir a Madrid a exigir del Grupo Parlamentario que se cumpla lo acordado por la Ejecutiva del PSE sobre quién debe ser el ponente del proyecto, o sea, yo. Debo reconocer que, aunque intento por todos los medios quedar fuera del asunto, cada día que pasa me inquieta más que el ponente sea Enrique Múgica.

Traté de hablar con Ernest Lluch sobre una posición común entre socialistas catalanes y vascos de aproximación a los puntos de vista de nuestros respectivos nacionalistas, pero se me escapó a Barcelona y no pude hacerlo (supongo que dedica lo mejor de su tiempo a la preparación del próximo congreso del partido allí). Me propongo hablar con él el próximo martes así como tener terminado para entonces el informe sobre puntos de aproximación con los vascos para Alfonso Guerra y Txiki Benegas (le pasaré copia a Felipe González, desde luego).

También para el martes me ha prometido el vicepresidente del Gobierno, Juan Antonio García Díez, una respuesta sobre mi propuesta de los debates sobre reforma de la Seguridad Social y sobre el ANE. Está muy dubitativo, y con buena razón, sobre el primero de ellos, que, de llevarse a cabo, podría tener lugar, de acuerdo con sus deseos y, creo yo, que con nuestros intereses, en la semana siguiente a la de Pascua, los días 20, 21 y 22 de abril. Él quiere algo a cambio, pero yo no tengo nada que ofrecerle y menos todavía, de acuerdo con una referencia sutil que me hizo, dar el carpetazo a la comisión de investigación sobre el aceite de colza desnaturalizado.

No dejó de sorprenderme en la conversación que tuve con García Díez que, a la vista de los posibles resultados electorales favorables al PSOE, ofreciera su colaboración y la de su grupo de diputados, que no valora en menos de veinte, para un posible Gobierno de coalición. Cuando se lo conté a Guerra, en presencia de Txiki, le sugerí que era estrictamente necesario iniciar conversaciones con Suárez, que también estaría, según pensaba yo, en esta disposición de ánimo. Guerra me dijo que ya estaban iniciadas y que nuestros esfuerzos se centraban ahora en hacerle desistir de su idea de saltar ya de UCD.

26 de abril de 1982

En la madrugada del pasado jueves día 22 de abril murió Tomás Barba, el padre de Gloria, de un infarto. Nosotros volvíamos de cenar los dos solos, pues el 21 era el cumpleaños de Gloria, y nos llegó la noticia en el momento de tomar la última copa antes de acostarnos. Yo estaba cansado. Había tenido una intervención en el Parlamento sobre la convalidación de un decreto-ley para aumentar la inversión pública en 50.000 millones de pesetas y me esperaba un día 22 muy atareado (tenía un almuerzo con los tesoreros de las principales empresas multinacionales en España para hablar de la economía española; una nueva intervención en el Parlamento –ahora en el debate sobre el terrorismo provocado por la ofensiva terrorista/negociadora de ETA en la semana de Pascua– y, después, una exposición al alimón con Julián García Vargas sobre nuestra política financiera ante un seminario de empresarios organizado por Euroforum cerca de Villalba; más tarde pensaba pasar con Gloria por la boda de María Gracia de Espinosa y Fernando Jáuregui, para acabar el día en la cena que organizaba la Agrupación Socialista de Chamartín con ocasión de la concesión de los premios Pablo Iglesias).

Por supuesto que este programa no se cumplió. A primera hora del jueves 22, después de una noche prácticamente en blanco, llamé al Grupo Parlamentario para deshacer todos estos compromisos. A primera hora de la mañana tuvimos que ir a Algete a hablar con el encargado del cementerio donde el propio Tomás había comprado cinco nichos cuando murió mi suegra, Felisa, también repentinamente, hace cuatro años. Después fuimos a la funeraria en Alcobendas y, al filo del mediodía, estaban resueltos el papeleo y todas las gestiones que llevan aparejadas la muerte de un ciudadano en estos tiempos.

La muerte del padre de Gloria, inesperada, ha supuesto un golpe grave para su familia. Quizá la que siente más intensamente la orfandad es Elena, a pesar de ser la mayor de las hermanas, ya que ella era la única soltera y seguía viviendo con su padre. Después del entierro, el mismo jueves, volvimos Gloria y yo a casa. Los niños se resistieron a creer la noticia y lloraron un poco. Luego parecen haberlo olvidado reanudando su habitual existencia despreocupada.

El viernes comió en casa toda la familia –a excepción de mi concuñado Carlos Borasteros, que tenía trabajo en la Residencia Sanitaria de Ávila– y aquí esperamos la llegada de Fernando, el hermano de Gloria, que había desembarcado en Ferrol en la madrugada (por sólo unas horas no pudo ver a su padre con vida). Vinieron a casa algunas visitas (Concha Enríquez, Isabel Bonache, Elena Arnedo y Miguel Boyer) y después de un largo día de altibajos en el ánimo de los presentes se decidió que pasaríamos el fin de semana en la casa de Paloma Barba y su marido, Carlos, en San Rafael. Eso hicimos, y el aire –bastante frío para estas fechas–, el sol y el campo pusieron en el ánimo de todos una cierta asimilación resignada de los hechos. Al final de la tarde de ayer estábamos los cuatro reintegrados a nuestra casa.

Mientras tanto han pasado algunas cosas de interés entre los últimos escritos y éste que ahora comienzo. Los quince días anteriores a la Semana Santa estuvieron marcados por el comienzo de la discusión de la LOAPA en el Parlamento y la continuación de las tensiones internas sobre este mismo tema entre nosotros los socialistas. Yo estoy alineado con los partidarios de una postura flexible y he tenido algunos enfrentamientos con María Izquierdo. El día 1 de abril, antes de las dos semanas de semivacación parlamentaria previstas –Semana Santa y semana de Pascua–, Ernest Lluch y yo nos reunimos con Alfonso Guerra cortocircuitando a María, cuyas posiciones se iban encastillando con el paso de los días. Conseguimos flexibilizar su postura en el tema referente al artículo 2.2 del proyecto de ley, aunque no avanzamos nada en la que se refiere al artículo 4. Después de Semana Santa, Ernest y Txiki parecen haber movido en este sentido –en el artículo 4– a Felipe González, que, según se sabe, expuso una opinión de este tipo a Miquel Roca en una reunión que tuvo con él la semana pasada. No obstante, la cuestión continúa en el aire, pues Alfonso Guerra sigue oponiéndose.97 Las cosas, en conjunto, no van por mal camino, aunque se presentan complicaciones de política general como consecuencia de los excesos revisionistas de la ley, a las que luego haré referencia.

Por cierto, en la presentación que hicimos de nuestra postura ante la LOAPA en una comida en el Parlamento a la que asistimos María Izquierdo, Ernest Lluch y yo ante una veintena de periodistas ocurrió algo curioso. Cuando ya estábamos sentados en el comedor, Pepe Nevado, nuestro hombre de prensa en el Congreso, me hizo notar que se había «colado» allí Joaquín Aguirre Bellver, periodista de El Alcázar, que no había sido invitado a la presentación y a quien Nevado había hecho notar la inoportunidad de su presencia. Muchos periodistas, por la nota que me pasó uno de ellos, se sentían igualmente molestos con la presencia del redactor del periódico ultraderechista. Conviene recordar que era un momento tenso del juicio a los militares golpistas –es cierto que no tan tenso como el que se produjo una semana después cuando Milans del Bosch y otros acusados abandonaron sin permiso la sede del juicio–, pero suficientemente difícil como para sentirse a disgusto compartiendo la mesa con Aguirre Bellver.

Como yo no deseaba enfrentamientos, aconsejé a Nevado que dejara el tema como estaba con la idea de que la presencia del periodista pasara casi inadvertida. Sin embargo, las cosas se torcieron. Aguirre metió la cuchara e hizo una pregunta sobre las repercusiones electorales de nuestra postura sobre la LOAPA en Cataluña y el País Vasco. Pedí la palabra para mostrar mi extrañeza ante la pregunta, no por su contenido sino por venir de una persona que no estaba invitada al acto. Hubo un silencio tenso en la sala. Continué con la contestación, un tanto deslavazada, lo reconozco, y Ernest Lluch añadió algunas consideraciones adicionales para evitar la reacción inmediata de Aguirre. Éste, finalmente, pidió la palabra para decir que pensaba pagar la comida. «No se trata de eso», dije en voz alta. «Yo como con cualquiera», respondió el periodista de El Alcázar. «Yo no», contesté desde mi silla. «Hasta con asesinos», continuó él. «Sí, demasiadas veces», dije yo en voz más baja porque me sentí incapaz de aumentar la tensión ya existente.

Siguió después la rueda de prensa aunque yo estaba demasiado trastornado para hacer caso de lo que allí se decía. Al día siguiente, Aguirre Bellver describía en su columna el incidente con aparente distanciamiento y sin incluir graves ataques a mi persona. No niego que me sorprendiera el tratamiento, aunque no me he preocupado demasiado en analizarlo posteriormente. Ocurrió como lo cuento. Europa Press lo reprodujo en su boletín y el incidente tuvo una cierta difusión, quizá más de lo deseable.

Volviendo a la LOAPA, aparecieron nuevas complicaciones hijas de la debilidad del Gobierno y de su partido. Leopoldo Calvo-Sotelo desearía terminar el juicio del 23-F y tener sentencias firmes para primeros de junio, dejar transcurrir el campeonato mundial de fútbol, ligándolo con las vacaciones estivales, reabrir las cámaras a mediados de septiembre, y que éstas aguanten un mes hasta la finalización del viaje del Papa a España, que la derecha espera capitalizar electoralmente y que sólo habrá de producirse si no ha comenzado el periodo electoral, es decir, si las cámaras todavía no están disueltas.

Sin embargo, para ello es preciso mantener una mayoría parlamentaria razonable hasta el mes de octubre o, alternativamente, no presentar ante las Cortes más proyectos de ley que los pactados con nosotros, es decir, quedar totalmente en nuestras manos ya que su imagen se debilita ante las concesiones a los socialistas continuamente denunciadas por Fraga y AP, y su cohesión interna se resquebraja obligándolos a veces a deshacer sus pactos, como ha ocurrido recientemente con la Ley de Autonomía Universitaria que el Gobierno se ha visto obligado a retirar cuando ya se había aprobado el dictamen de la comisión y sólo restaba un trámite en el Pleno del Congreso de los Diputados. En cualquier caso, la sensación de frustración que produce esta falta de libertad de maniobra a los seguidores de UCD no constituye el caldo de cultivo más conveniente para sus intereses en este periodo claramente preelectoral.

Por ello, en torno a la presidencia del Gobierno se está abriendo paso la propuesta de crear una mayoría transitoria con AP, Minoría Catalana y PNV que evite este proceso de desgaste del Gobierno. Para ello es estrictamente necesario aparcar el Proyecto de la LOAPA, que ante la nueva ofensiva terrorista tendría una presentación bastante difícil y más ante un Ejército especialmente sensibilizado en el tema de las autonomías.

Por otro lado, han renacido los viejos demonios familiares dentro de UCD y Adolfo Suárez y su grupo, fundamentalmente, no están dispuestos a cederle a Fraga Iribarne el tanto político que un pacto con AP supondría en favor de su vieja tesis de la «mayoría natural». En consecuencia Rafael Arias Salgado, ministro de Administración Territorial y hombre de Adolfo Suárez, trata de acelerar los trámites de la LOAPA con el fin de que esté prácticamente despachada antes de que se conozcan los resultados de las elecciones de Andalucía, cosa, desde luego, bastante difícil.

Si para entonces, como sería deseable, se ha impuesto la flexibilidad y conseguimos entre unos y otros sacar adelante un informe de la ponencia de la LOAPA aceptable para los nacionalistas, el tema quedaría encaminado para pasar a comisión y pleno en el mes de junio. Si esto no ocurre así –y dentro de UCD muchos van a trabajar para que no ocurra de este modo–, la LOAPA puede desaparecer del calendario legislativo en el horizonte temporal previsible con gravísimo coste para el Gobierno. Si el fracaso de UCD en Andalucía es demasiado grande, no cabe esperar ya ni Gobierno ni Parlamento en funcionamiento normal ni LOAPA. Andalucía, pues, es la piedra de toque de todo lo que pase en los próximos meses en España.

Todos lo sabemos, y el Gobierno el primero. RTVE se ha convertido en un aparato de la propaganda del Gobierno de cara a las elecciones andaluzas. El pasado miércoles tuvimos que dar nuestro voto afirmativo –con el ANE como fondo no cabía otra alternativa– al decreto-ley del Gobierno ampliando en 50.000 millones las inversiones públicas, sobre todo en Andalucía. Han perdido el pudor con tal de mejorar los resultados electorales sobre lo que ahora arrojan los sondeos en Andalucía.

Sin embargo, más que nuestra victoria, lo que importa es el avance mayor o menor de AP, que si consiguiera adelantar a UCD en los resultados finales provocaría una auténtica ruptura en su Grupo Parlamentario y la disolución precipitada de las cámaras con los rescoldos del juicio del 23-F todavía encendidos. Supongo que todo esto no le dejará dormir a Calvo-Sotelo.

2 de junio de 1982

Escribo unas horas antes de que se conozcan las sentencias del proceso del 23-F. España entera es un hervidero de rumores encaminados casi todo ellos a preparar la posibilidad de unas sentencias débiles (25-30 años para Tejero, 12 años para Milans del Bosch y seis años para Armada). El Rey recibió ayer a Leopoldo Calvo-Sotelo, Felipe González y Manuel Fraga. Se supone que el tema fue el de las posibles sentencias. Nadie ha dicho ni una palabra. Yo esperaba ponerme al día en un almuerzo que tenía hoy previsto con el vicepresidente segundo del Gobierno, Juan Antonio García Díez, pero no ha podido ser. He tenido que aguardar cuatro horas en el puente aéreo de Barcelona (ayer di una conferencia para empresarios en Tarragona y creí que podría volver más rápidamente por este medio). Hemos retrasado el almuerzo a mañana y sigo sobre ascuas.

El juicio –o para ser más exacto, la vista– ha terminado inmediatamente después de las elecciones andaluzas. El Gobierno no quería que la publicación de las sentencias coincidiera con la celebración de la Semana de las Fuerzas Armadas y prolongó artificialmente la duración de las sesiones. En Zaragoza, donde tuvieron lugar este año las celebraciones militares, estuve un momento con Leopoldo Calvo-Sotelo, Landelino Lavilla, García Díez, Alberto Oliart y otros miembros del Gobierno. No quise preguntarles sobre el tema, pero parecían relativamente tranquilos. No hubo demasiada tensión entre autoridades civiles y militares, aunque las medidas de seguridad y de protección al Rey aumentaron ostensiblemente en comparación con el año pasado. Eduardo Serra me dio a entender que había inquietud general –en especial después de nuestra aplastante victoria en Andalucía–, pero no particularmente sobre el sentido de las sentencias del juicio. Sin embargo, a partir del lunes los rumores se desataron (con El País como ponderada excepción) y así seguimos hoy miércoles.

El pasado 14 de mayo me trasladé a Jaén y desde allí en los días siguientes a Málaga, Almería, vuelta a Jaén, Córdoba y Cádiz hasta finalizar la campaña. Fue una experiencia electoral estimulante, sobre todo si la comparo con el recuerdo de las campañas en el País Vasco en 1979 y 1980. En Andalucía había entusiasmo en los mítines del PSOE, muchos de ellos realizados en las plazas públicas con tan sólo una breve preparación– y era perceptible el deseo de cambio en la población. Allí la palabra todavía conserva su valor entre la gente sencilla, y los asistentes a los actos públicos escuchan con recogimiento los mensajes que se les envía.

Los resultados, con estos síntomas tan halagüeños, superaron las previsiones de los más optimistas. Sobre un 66 % del censo, obtuvimos el 52,7 % de los votos, barriendo a UCD y PSA y dejando en la mitad de su implantación al Partido Comunista de Andalucía (PCA). El segundo gran vencedor de las elecciones fue AP, que alcanzó el 17 % de los votos, cuatro puntos por encima de los obtenidos por el partido del Gobierno.

Aunque nosotros estamos administrando sabiamente el triunfo, sin arrogancia y sin estimular el temor de la derecha (estrategia que, sin duda, está teniendo un efecto balsámico innegable y está constituyendo un éxito en el ensayo psicológico de la alternancia en el poder), la situación del Gobierno es enormemente inestable. Se ha cumplido la peor de las previsiones que hacía yo en estas páginas hace cuarenta días. AP por encima de UCD y el partido del Gobierno y su grupo parlamentario a punto de romperse en mil pedazos.

Es de suponer que el Rey habrá solicitado a los líderes de los partidos que mantengan la situación como sea posible hasta que se inicie el periodo de vacaciones parlamentarias y hayan transcurrido unas semanas desde la publicación de las sentencias. Estoy seguro de que si es así, todos habrán ofrecido su colaboración, pero desgraciadamente eso no es suficiente para garantizar la apariencia de calma. En efecto, hay un movimiento subterráneo en las bases y cuadros de UCD que hace muy precaria la situación por arriba. Alcaldes, concejales, corporaciones enteras de UCD parecen estar pasándose a Fraga (no es raro, ya que la confección de las listas municipales de UCD se hizo con notables de los pueblos, generalmente de ideología muy conservadora, algunos hasta militantes de Fuerza Nueva). A su vez, los presidentes y secretarios provinciales notan que la tierra se mueve bajo sus pies y trasladan la tensión hacia arriba.

Por ahora, en la cúpula de UCD se ha mantenido una cierta calma. Suárez se está comportando discretamente. De manera astuta, no quiso participar en la campaña andaluza y ha dejado que el Gobierno actual y la dirección del partido cargaran con todo el peso de la derrota. Después, sin embargo, no ha hecho ninguna declaración, no ha pedido ninguna cabeza y tan sólo ha dejado claro que él no admite la «mayoría natural» que propone Fraga. Fernando Abril Martorell ha llegado a decir «que mejor que eso, que gobierne el PSOE». Landelino Lavilla, en privado, dice lo mismo y los suaristas en general están luchando para resituar al partido en el centro sociológico aun a costa de convertirse –y esto lo saben– en la tercera formación política del país, tras el PSOE y AP.

El panorama electoral, pues, se está clarificando, aunque todavía no ha cristalizado. Por vez primera es posible que el PSOE alcance la mayoría absoluta en la Cámara en las próximas elecciones. La derecha trata de reorganizarse para que esto no ocurra. En opinión de algunos, la cuestión está en crear un proyecto conservador de carácter unitario, incluso a riesgo de crispar la difícil situación política interna (Fraga, la mayoría de los democratacristianos y algunos grupos menos conspicuos). Otros, sin embargo, consideran que dos formaciones, una supuestamente de centro y otra de derecha, obtienen más votos que una sola y, en todo caso, si no los obtuvieran, quedaría la posibilidad de una coalición centro-izquierda de manera que no se pierda totalmente el contacto con el poder. Estos son los argumentos relevantes; los demás –necesidad de no dividir al país entre derecha e izquierda, espíritu patriótico o de Estado para gobernar con la minoría mayoritaria de izquierda e impedir una situación de precariedad política– son zarandajas de las que no hay que hacer mucho caso.

Las próximas semanas hasta el final de junio van a ser decisivas en este sentido.

13 de junio de 1982

Hoy se inaugura el Campeonato Mundial de Fútbol en Barcelona. Durante un mes en España no se hablará prácticamente más que de fútbol, y después, si todo transcurre con normalidad como es deseable, se iniciarán los veraneos y podremos, en conjunto, tener tres meses de tranquilidad en este país. ¡Falta hacen después de 1981 y lo que llevamos de 1982!

Para entonces, la crisis electoral de la derecha habrá dado paso a una configuración también coyuntural, pero mucho más clarificada que la que ha malvivido durante los últimos dos años desde que en el verano de 1980 UCD comenzó su autofagia. García Díez, que renovó la invitación para comer el día siguiente al frustrado intento del pasado 2 de junio, cree ver claro que UCD va a proceder a una depuración interna, a consecuencia de la cual Calvo-Sotelo pasará al museo de reliquias, y Suarez y Landelino se repartirán la tarta del poder apartando a fraguistas, democratacristianos y a una parte considerable de los azules de su lado.

El proceso está maduro y sus primeras manifestaciones se producirán en julio, cuando se reúna el Consejo Político de UCD, una vez empezadas las vacaciones parlamentarias (hasta entonces aguantarán –con nuestro apoyo tácito– como puedan, sin que nadie, aparentemente, se atreva a tirar de la manta). Los que desean quedarse con la marca de fábrica del centro han aceptado la idea de ser la tercera fuerza política (detrás del PSOE y de la renovada AP), aunque tienen todavía alguna esperanza de ser la segunda.

Santiago Carrillo ha presentado su dimisión al Comité Central del PCE en una operación que no ha satisfecho a nadie y que ha parecido más una jugada arriesgada, pero con naipes marcados, que una auténtica decisión política. Resultado: el PCE ganará en solidez de aquí a las elecciones, pero seguirá perdiendo credibilidad y votos.

Tomando café con Juan Antonio García Díez después de la comida, entró a buscarle su jefe de Gabinete, Germán Calvillo, buen amigo mío también. Traía la noticia de la sentencia: treinta años para Milans del Bosch y Tejero, seis para Armada y menos para los demás. Los tenientes de la Guardia Civil que asaltaron el Congreso quedaban absueltos de hechos probados. Desde el punto de vista jurídico, la sentencia era un desastre propio de la justicia militar. La reacción fue prácticamente unánime: condena de las bajas penas, recurso ante la Sala II del Tribunal Supremo y declaraciones (PSOE y UCD) de intención de modificar el Código de Justicia Militar, etcétera. Por lo demás, serenidad absoluta en la calle y cierta intranquilidad en los cuarteles, que algunos pretenden exagerar para que los socialistas nos asustemos ante las próximas elecciones. Entre otros, el teniente coronel Manuel Fernández Monzón, a quien conocí la otra noche en casa de Mona Jiménez (extraña cena con Boyer, Merigó, Roca y yo como protagonistas, y los marqueses de Griñón, Nelsy Chelala, Mari Luz Barreiros y el embajador de Venezuela, que tiene al lado su oficina, como estrellas invitadas). El ambiente que se respiraba era de inminente cambio de Gobierno, con el PSOE encabezando al nuevo. Me llamó la atención la absurda opinión del teniente coronel Fernández Monzón de que el ataque a las islas Malvinas por parte de Argentina era una gran iniciativa histórica.

Este militar, que pasa por ser un hombre listo –a mí me dio la impresión de ser un botarate, eso sí, despierto–, me aseguró que había un gran malestar en los cuarteles por las declaraciones de Calvo-Sotelo, inmediatas a la publicación de la sentencia, anunciando un recurso, y que algunos –la mayoría, según él– consideraron precipitadas. Este hombre cree todavía en la opción de un centro hegemónico y considera que la vuelta de Suárez será considerada como una catástrofe por parte del Ejército. Lo primero no es relevante, pero conviene retener lo segundo.

Políticamente, sin embargo, las sentencias –aunque no son las que deberían ser– no están mal. Al haber concentrado todo el rigor en los cabecillas más visibles, es posible recurrirlas sin que la gente –en especial aquella que lleva uniforme militar– se sorprenda e incluso apoye un tratamiento más uniforme. En segundo lugar, permite poner bastante en solfa a la justicia militar dentro del marco de la Constitución. La justicia militar debe limitarse al mínimo, superando la herencia de la Ley de Jurisdicciones. Ahora ni los militares, escaldados como están por la marcha y el resultado del proceso, pondrán grandes pegas. En tercer lugar, al producirse el recurso del Gobierno en un clima de serenidad ciudadana, con los golpistas claramente en retirada y con la crisis –en el sentido casi psicológico– vencida después de terminada la vista de la causa, creo que por vez primera este pulso contra la «autoridad» militar puede saldarse sin vencedores ni vencidos y sin dramatismo.

Así contemplada, la situación es buena, por no decir óptima. En este momento parece estar a punto de cerrarse el periodo más dramático de la transición democrática que se inició con la moción de censura y cuestión de confianza en 1980 y siguió con la dimisión de Suárez, la investidura de Calvo-Sotelo, el golpe frustrado del 23-F, las tensiones subsiguientes en torno a los pactos económicos y autonómicos y el desgarro final de UCD tras las elecciones de Galicia y Andalucía. Se abre ahora un respiro futbolístico veraniego de tres meses y después se producirán casi con total seguridad las elecciones generales en las que el PSOE –cosa inimaginable hace tan sólo unos meses, a pesar de los diversos signos de mejoría que flotaban en el ambiente– puede ganar la mayoría absoluta de los escaños en ambas cámaras.

Si somos generosos en nuestra victoria, nos abrimos con lo que quede del centro político y no cometemos demasiadas tonterías en los primeros meses de nuestro gobierno; si pasamos un primer año sin grandes sobresaltos y encauzamos el problema regional y el económico en ese tiempo, la democracia será irreversible en España y las libertades estarán aseguradas.

En el PSOE todavía tenemos todos mucho que aprender (yo, desde luego); pero el tiempo se nos ha echado encima y no podemos permitirnos el lujo de preparar nuestras lecciones antes del examen. La historia nos las enseñará en la misma prueba. Allí veremos quién tiene preparación y temple, y quién no. La sociedad española parece persuadida de que merece la pena otorgarnos su confianza. ¡Ojalá no la defraudemos!

30 de junio de 1982

En el turno de explicación del voto favorable de mi Grupo Parlamentario a la LOAPA me he visto obligado a reconocer que «es cierto que algunos de los contenidos del Título I de esta ley ofrecen dudas razonables sobre su adecuación a la Constitución. Por eso, y precisamente por eso, me parece especialmente adecuado, dada la transcendencia del asunto, que antes de entrar en vigor y por el procedimiento o cauce jurídico oportuno, el Tribunal Constitucional pueda pronunciarse sobre la idoneidad de la misma».

29 de agosto de 1982

Han acabado las vacaciones. No sólo porque se ha terminado el veraneo –Canetti, Döblin, Torrente Ballester, Sciascia, Le Carré, Asimov, Pérez Galdós han sido mis lecturas de las últimas cuatro semanas–, sino porque hace dos días el presidente del Gobierno disolvió las cámaras. Las elecciones se anticipan y se celebrarán el próximo 28 de octubre.

Algunos estamos preocupados por la coincidencia del viaje del Papa, previsto para los días 14 al 22 de octubre, con los comicios. Sería mejor que el Papa no viniera y que el Gobierno presione diplomáticamente para que se retrase su visita. En todo caso, quien más va a perder con este viaje es el centro (UCD) y el único que se va a beneficiar es Fraga (y quizás los nacionalistas vascos). Tengo el presentimiento de que lo que nosotros llamamos propagandísticamente «mayoría por el cambio», el voto del cambio, está ya prácticamente decidido y que sólo una intervención partidista del Papa podría quizá hacerlo cambiar. Por lo demás, la beatería que el viaje mueva únicamente tendrá influencia sobre la distribución del voto de derechas conformado en los valores católicos, voto que sólo minoritariamente se va a alinear con el cambio.

Hoy, a dos meses vista de las elecciones, el confuso mosaico en el que se ha convertido el centro –UCD residual, Centro Democrático y Social (CDS) de Adolfo Suárez, Partido Demócrata Popular (PDP) de Óscar Alzaga, que se coligará con AP, y Partido Demócrata Liberal (PDL) de Antonio Garrigues Walker, que se coligará seguramente con UCD–, más el rechazo que en gran medida siguen provocando Fraga y su franquismo residual, hacen casi inevitable, después de los resultados de Andalucía, que obtengamos la mayoría absoluta. Quizá no seamos el primer partido en Galicia, Euskadi o zonas de Castilla la Vieja. En los demás sitios, deberíamos serlo y con bastante ventaja sobre el segundo partido (con excepción de Cataluña, donde la ruptura de UCD favorece a Convergència i Unió).

Por la izquierda, la grave crisis del PCE y el voto útil de la izquierda extraparlamentaria nos puede dar un millón de votos. Por la derecha, el miedo a Fraga y la debilidad de Suárez quizá medio millón más. En total, podemos conseguir 7,5 millones (50 % aproximadamente de los votos emitidos en 1979). Si, además, las tres coaliciones –UCD-PDL, CDS-independientes y AP-PDP– se reparten los votos de manera relativamente igualitaria, esto significa que nuestros resultados electorales pueden traducirse en 200 escaños. La perspectiva es alentadora y temible a un tiempo.

Gabriel Urralburu me localizó ayer en San Rafael de vuelta de una fiesta en Torrecaballeros en casa del periodista Pedro Altares (la excusa, el cumpleaños de Juan Antonio García Díez la semana anterior). Como en diciembre de 1978, me ofreció de nuevo ir por las listas de Navarra, pero esta vez no como número dos, sino como cabeza de lista. Todo el partido en Navarra está de acuerdo. En realidad, lo dan por descontado. Yo había hablado algo sobre este tema con mi hermana Corpus y Rafael, su marido, en Tafalla (especialmente con mi cuñado) hace unos diez días. Me dieron a entender que podríamos mejorar sustancialmente nuestra posición en Navarra si yo encabezaba la lista y quedaban algo más en la sombra los «dos curas» (Gabriel y Víctor Manuel Arbeloa). Hablé también con Gloria, que siente una profunda aversión por la problemática nacionalista vasco-navarra (además, seguramente, de algún miedo sobre los riesgos de hacer política allí), y se mostró comprensiva ante esta posibilidad.

A Gabriel le dije que no lo veía mal. No obstante, le advertí que tendría que hablar primero con los de Jaén y después con Felipe González y Alfonso Guerra para saber qué piensan hacer sobre mi ubicación electoral. Mi impresión primera es que, aunque es mucho más confortable Jaén, mi presencia allí no añade prácticamente nada a la fuerza que ya tiene el partido, mientras que en Navarra mi concurso podría atraer algunos votos, ¡vaya usted a saber cuántos! En esta semana tendrá que decidirse todo. Yo no sé qué pasará y tampoco sé qué es lo que deseo. La situación, pues, es benevolente conmigo. No corro riesgos, al menos en este campo, de sufrir desilusiones. ¡Que el tiempo haga su trabajo!

En otro orden de cosas, los mercados huelen ya nuestra futura victoria electoral. Desde la primavera pasada he tenido entrevistas, solicitadas por ellos, con los bancos Continental Illinois, Manufacturers Hanover Trust, Citibank, J.P. Morgan y algunas multinacionales industriales. Todos estaban interesados en saber cuál era nuestra evaluación de la situación económica del país, cuál sería el signo de nuestra política económica, si procederíamos o no a llevar a cabo grandes nacionalizaciones o si aceptaríamos o no honrar la deuda del INI avalada por el Estado.

8 de noviembre de 1982

Las elecciones del pasado día 28 de octubre dieron 202 escaños al PSOE. Alfonso Guerra lo anunció a las once y media de la noche cuando el Ministerio del Interior todavía parecía carecer de noticias fiables. Era el resultado de un sondeo sobre los 50 primeros votos emitidos en 1.500 mesas de toda España. En lo que se refiere al PSOE, el sondeo acertó de pleno. Eso mismo nos pasó en Navarra: con las 32 mesas con que contribuimos al sondeo nacional, el resultado fue un 37,9 % de votos favorables al PSOE (21,9 % en 1979), el mismo porcentaje que obtuvimos una vez escrutadas todas las mesas. Para nosotros eso significó alcanzar tres de los cinco escaños en juego y los tres senadores de los que se apropia el primer partido en la circunscripción.

Había hecho, pues, campaña en Navarra. Una campaña muy trabajada, prácticamente sin ayudas exteriores, pero con buena moral por parte de la organización. El triunfo, por ello, ha sido tanto más gratificante. La falta de ayudas exteriores se debió exclusivamente a problemas internos del partido. Felipe González se empeñó en colocar en sus regiones de origen a los siete miembros del Partido de Acción Democrática (PAD) de Francisco Fernández Ordóñez, que vinieron en nuestras listas. Navarra no aceptó a Javier Moscoso,98 y después de mucho tira y afloja, Felipe cedió y Moscoso fue finalmente noveno por Madrid. Felipe se enfadó con Navarra –y me dicen que conmigo, aunque debería saber que yo no tuve ninguna influencia sobre las decisiones de los navarros– y, en castigo, decidió que no vendría durante la campaña. El pobre Julio Feo99 se lo contó durante el transcurso de la misma a algunos periodistas de los que acompañaban a Felipe González, y el Diario de Navarra no tardó en sacarlo en primera página.

Contra todo pronóstico, la campaña no ha sido excesivamente dura. En Navarra, las peores maneras contra nosotros las han exhibido el Opus Dei, por un lado, y HB –que hizo una campaña personal contra mí–, por otro. Ser prudentes y no entrar mucho al trapo ha demostrado, una vez más, ser más rentable que enredarse en polémicas. Durante la campaña ha sido crucial el apoyo en la organización de mis actos que me ha prestado Pepe Casas, que se vino voluntariamente conmigo a Navarra.

No haré un análisis de los resultados electorales. Toda España sigue hablando de ello y así se continuará por unos meses. Suponen la consolidación de la democracia, según algunos; el mayor ataque al golpismo, según otros; la ruptura democrática profunda, según los demás. En fin, suponen, desde luego, una transformación radical en el mapa político del país (los nacionalismos reducidos en su representación parlamentaria a Euskadi y Cataluña, la izquierda claramente mayoritaria y un partido, por fin, con mayoría absoluta en ambas cámaras) y un cambio sustancial en el estado de ánimo de la población. Por primera vez, desde mediados de 1978, vuelve a haber en España ilusión y confianza en el futuro.

Al previsible Gobierno socialista no se le ha recibido con fuertes caídas en la Bolsa de valores, declaraciones catastrofistas de la derecha tradicional o de los empresarios, o descontentos en los cuarteles. Hay tranquilidad en el país y respeto absoluto por los vencedores de las elecciones. Las únicas reacciones discordantes, como era de prever, han sido las de ETA, que el pasado 4 de noviembre asesinó al general Víctor Lago Román, jefe de la División Acorazada de Brunete (DAC, corazón de los oficiales golpistas). A ETA se la va conociendo, y su efecto sobre el estado de ánimo de los militares fue mucho menos negativo de lo esperado. Felipe González asistió a la capilla ardiente en compañía de Boyer.

10 de noviembre de 1982

A los pocos días del asesinato del general Lago, las cosas empezaron a cambiar en las relaciones entre Francia y España en torno al terrorismo. La policía francesa detuvo en San Juan de Luz a dos altos dirigentes de ETA. Obviamente, la operación estaba preparada de antemano para ser puesta en marcha en el momento que pareciera más oportuno desde el punto de vista político. La semana pasada, el Gobierno francés hizo una declaración formal sobre su nueva postura en relación con las extradiciones. Según esa nueva filosofía, los etarras detenidos por delitos cometidos a partir de la entrada en vigor de esta nueva medida podrán ser extraditados a España. No tiene efectos retroactivos (eso complicaría la vida demasiado a Francia), pero limita fuertemente el margen de maniobra de la organización terrorista en Francia. Txiki estuvo por esos días en París (sustituyendo a Felipe González como jefe de la delegación del PSOE invitada a la reunión de los partidos socialistas de la Comunidad Económica Europea). Sus impresiones son enormemente positivas. Los franceses están dispuestos finalmente a hacer lo que dicen.

En ETA, según parece, hay bastante confusión ante el cambio de escenario en España y en Francia. Ello, unido al cansancio de parte de la organización y a algunos sondeos públicos que han lanzado sobre una posible negociación con los socialistas, permite presagiar una fuerte lucha interna en las próximas semanas. Hoy no está descartada la negociación, pero sigue siendo enormemente difícil, por no decir imposible.

Por el contrario, en los cuarteles el ambiente está bastante tranquilo. Felipe todavía debe andar dándole vueltas a su posible ministro de Defensa, pero creo que no habrá otra solución que la ya prevista de Narcís Serra,100 aunque tenga que abandonar el Ayuntamiento de Barcelona.

Por lo demás, la transmisión de poderes está funcionando bastante bien dentro de lo que cabe (es decir, se van conociendo los presupuestos, algunos de los problemas pendientes y muy poco más; eso sí, en un clima de supuesta colaboración y ejemplar buena fe). Yo no estoy en ninguno de los equipos de transmisión. Tampoco tengo, de momento, una responsabilidad concreta.

12 de noviembre de 1982

Hoy –dos semanas después de conocerse los resultados electorales– me convocó a su despacho Felipe González para ofrecerme la cartera de Industria y Energía en el Gobierno que está formando. El pasado día 9 nos habíamos visto fugazmente en el entierro de la mujer de Ramón Rubial101 en el cementerio de Derio. «Tengo que verte uno de estos días», me dijo. «El jueves te llamo.» Así pues, yo ya sabía casi con toda seguridad de qué quería hablarme antes de llegar a su despacho.

Dos días antes de la entrevista con Felipe González había cenado con Miguel Boyer, mano a mano, en Casablanca, un restaurante que pretende evocar la película y que está en la calle Barquillo. Miguel me puso en antecedentes sobre los planes de Felipe González y, de paso, sobre su notoria influencia en los mismos. Sin duda alguna, Miguel Boyer es el hombre que más está influyendo en la composición del Gabinete de González, al menos en el área económica, y en las primeras orientaciones que se están tomando. Felipe González da la impresión de confiar ciegamente en él. Miguel, por una parte, me ofreció la paz. No es conveniente, adujo, que él y yo compitamos por el protagonismo en el área económica del Gabinete cuando, con toda probabilidad, tendremos que unir nuestros esfuerzos para evitar las zancadillas de otros sectores del partido con mayor o menor presencia en el Gobierno y con posiciones estetizantes supuestamente de izquierdas. Estuve de acuerdo con él y supongo que luego le transmitió a Felipe González mi disposición a colaborar con el que parece su hombre de confianza en la política económica. También creo que fue el propio Felipe González quien encomendó a Miguel Boyer la tarea de rebajar mis expectativas sobre el puesto que podría ocupar en el Gobierno ya que, antes de las elecciones, la prensa había citado mi nombre para la cartera de Economía y Hacienda.

En todo caso, por lo que Felipe González me ha expresado hoy, he llegado a la conclusión de que la única oferta en firme que ha hecho hasta ahora para entrar a formar parte del Gobierno es la dirigida a Miguel Boyer. Había planes para Defensa (Narcís Serra) y Justicia (Fernando Ledesma), pero no estaban claros los titulares de Exteriores, Interior, Educación, Sanidad, Trabajo y el resto del área económica ni tampoco Cultura.

En este sentido, creo que puede decirse que he sido uno de los primeros en ser llamados. En cuanto al cargo, no tengo dudas. El Ministerio de Industria y Energía, a pesar del poco crédito que ha tenido históricamente como departamento administrativo y de su escaso peso en la conformación de la política económica a lo largo de los últimos años, puede ser un lugar extraordinariamente interesante aun cuando nuestra política industrial, tanto en el programa electoral como en otros textos, sea en estos momentos un tanto nebulosa. En todo caso, ya que no me ha ofrecido Economía y Hacienda, el Ministerio de Industria es el más atractivo para mí y en el que, seguramente, puedo desenvolverme mejor.

15 de noviembre de 1982

Preocupado por las nuevas responsabilidades que se nos vienen encima, me paso el día dando vueltas a las cosas que deberíamos priorizar en nuestros primeros días de gobierno, además de sostener la marcha de los mercados, tanto de capitales y monetarios como cambiarios.

Hay que hacer algunos cambios en el ámbito jurídico, como el establecimiento de un juzgado para los delitos económico-sociales, modificaciones urgentes del Derecho Concursal, o la creación de una comisión de reforma de los delitos económicos en el Código Penal. Todas estas consideraciones están inspiradas por el temor a un pánico financiero en el momento de la llegada al Gobierno, lo que, desde luego, no tiene por qué suceder.

22 de noviembre de 1982

Nos reunimos Miguel Boyer y yo con Juan Antonio García Díez para hablar de la situación de Explosivos Río Tinto (ERT), que es el mayor problema industrial en el sector privado español. La compañía está prácticamente quebrada y necesita llegar a un acuerdo con los acreedores para reestructurar sus préstamos.

24 de noviembre de 1982

Miguel y yo nos reunimos con los directivos de ERT (Javier Benjumea y Juan Miró). Por la tarde me veo con los dirigentes de UGT del metal para revisar la situación de la política de reconversión industrial. Todavía no se ha formado el Gobierno y ya estoy «en harina» todo el día.

25 de noviembre de 1982

Juan Tapia102 publica un artículo con muy buena información sobre la composición del equipo económico del próximo Gobierno, la preeminencia dentro del mismo de Miguel Boyer y también sus discrepancias –a las que alude suavemente– con los economistas del Grupo Parlamentario. Mi presencia previsible al frente del Ministerio de Industria y Energía lo considera una señal más del triunfo de la línea de Miguel Boyer, a quien denomina «superministro». Alfonso Guerra está alimentando el suspense sobre su presencia o no en el Gobierno. No tengo la menor duda de que estará en él. Por la noche, antes de escribir estas líneas, he estado repasando las notas sobre los procedimientos del Gobierno (Consejo de Ministros, reunión de subsecretarios, Comisión Delegada de Asuntos Económicos, consejos sobre organización de los gabinetes ministeriales, etcétera). También he hecho mi curriculum vitae para que se publique cuando se conozca la lista del Gobierno.

En los próximos días me propongo estudiar la información que he ido adquiriendo sobre ERT, los informes sobre refino del petróleo y la situación de la industria eléctrica (cuyas empresas habrá que auditar como primera providencia), mientras preparo los temas para la entrevista con Ignacio Bayón, el ministro saliente, sobre el funcionamiento del Ministerio y tareas en curso (aunque, sin duda, muchas de éstas se detendrán).

26 de noviembre de 1982

Felipe González informó hoy a la Comisión Ejecutiva del PSOE de la composición del próximo Gobierno. Los periódicos destacan el predominio de economistas y las hechuras socialdemócratas del Gobierno. Los diarios especulan sobre los cambios que Boyer y yo propondremos en el área de la empresa pública y sobre las ayudas a la prácticamente quebrada ERT, el mayor holding industrial privado del país. Esta compañía se disputa con RUMASA el centro de atención de la crisis económica del sector privado.

En el debate de investidura en el Congreso, Felipe González ha leído la composición del Gobierno.103 Un día antes ya se había filtrado a la prensa y los comentarios se centraban en la ausencia de algunos «ministrables» seguros, según ellos mismos, como Enrique Múgica o Ciriaco de Vicente. A juzgar por los comentarios generales, la gran estrella del Gobierno es Miguel Boyer. Por lo demás, y como cabía esperar, el Gobierno ha sido acogido con expectación. Después de todo, es el primer gobierno del PSOE en la historia de España. Como se había propuesto Felipe González, apenas hay miembros de la Ejecutiva del PSOE, excluido obviamente Alfonso Guerra por un lado, y Javier Solana y Joaquín Almunia, que en principio no estaban previstos y que finalmente entraron a solicitud de Felipe el segundo y a insistente solicitud propia el primero.

2 de diciembre de 1982

Declaro en la SER que vamos a heredar un déficit fiscal muy elevado y que sólo podremos aumentar el gasto público si subimos los impuestos. Digo también que no pretendemos nacionalizar empresas y menos las que están en pérdidas como ERT. Matilde Fernández (UGT de Químicas) dice que ellos prefieren la participación directa del Estado en la empresa a las posibles ayudas. Se publica, por otro lado, que Miguel Boyer y yo hemos mantenido reuniones con los directivos de ERT. La banca internacional acreedora de la compañía está presionando por todos los procedimientos al nuevo Gobierno para que se haga cargo de las deudas de ERT o preste las garantías correspondientes.

Como consecuencia de esto y de las dudas existentes sobre la garantía del Estado en los préstamos recibidos por el INI y sus empresas, hay una fuerte presión contra la peseta y muchos rumores en el mercado de capitales. Al presidente del Gobierno, a Miguel Boyer y a mí mismo –y quizá también a otros miembros del Gobierno– nos lanzan globos-sonda en forma de posibles créditos «jumbo» si el Gobierno lo necesitara.

Por la tarde me veo con Ignacio Bayón, el ministro de Industria y Energía saliente, que me recibe con una auxiliar que va tomando nota de lo que decimos. Él es un hombre inteligente y preparado, aunque ha dado siempre la impresión de tener poco peso político.

72. Juan de Ajuriaguerra fue dirigente del PNV. Encabezó la candidatura del PNV por Vizcaya en las primeras elecciones de 1977. Su cargo de diputado le obligó a abandonar la presidencia del Bizkai Buru Batzar (BBB). Como miembro de la Asamblea de Parlamentarios Vascos por el PNV estuvo presente en el Consejo General Vasco y optó a su presidencia, aunque finalmente fue elegido el socialista Ramón Rubial. En marzo de 1978, en una reunión mantenida en el Consejo General Vasco en Guipúzcoa, fue nombrado presidente de la comisión mixta Gobierno-Consejo General Vasco encargada de la transferencia de las competencias a la institución preautonómica. Murió en agosto de 1978.

73. Manuel Sánchez Ayuso era catedrático de Política Económica de la Universidad de Valencia. Fue miembro del Partido Socialista Popular (PSP) de Enrique Tierno Galván, formación con la que se presentó a las elecciones generales de 1977 obteniendo el único escaño que consiguió la coalición entre el PSP y el Partit Socialista del País Valencià (Unidad Socialista) en la provincia de Valencia. Tras la fusión del PSP y el PSOE se presentó con esta formación en la elecciones de 1979, siendo elegido de nuevo diputado, y en las elecciones de 1982 que dieron el gobierno al PSOE, aunque falleció antes de recoger su acta de diputado en noviembre de ese año. Fue uno de los promotores de la corriente Izquierda Socialista, ala izquierda del PSOE, junto con Luis Gómez Llorente, Francisco Bustelo y Pablo Castellano.

74. Josep Maria Obiols, más conocido como Raimon Obiols, era entonces diputado del PSC-PSOE por Barcelona.

75. Ander Landaburu era periodista, delegado en Euskadi de Cambio 16. Más adelante, en agosto de 1982, publicó un reportaje en ese semanario con el título «Así funciona la mafia vasca» por el que fue calificado de «mercenario, rastrero y delator» por un «cualificado portavoz de Herri Batasuna (HB)», según publicó el diario Egin. Ante las amenazas que recibió, periodistas de todo el país y corresponsales extranjeros se solidarizaron públicamente con Landaburu.

76. Juan Manuel Eguiagaray fue miembro del Comité Ejecutivo del PSE (1979), diputado del Parlamento Vasco (1980-1988) y secretario general de los socialistas vascos (1985-1988). Delegado del Gobierno en Murcia (1988-1989) y en el País Vasco (1989-1991), fue ministro de Administraciones Públicas (1991-1993) y de Industria y Energía (1993-1996).

77. Ángel José Gavilán era militante del PSE-PSOE. Fue regidor del Ayuntamiento de Vitoria y miembro de las Juntas Generales de Álava. Sustituyó a José Antonio Aguiriano en el Parlamento vasco en 1981-1982, y fue diputado por Álava en las elecciones generales de 1982 y senador en las de 1986. Era secretario general de Álava y miembro del Comité Federal y del Comité Político de Euskadi.

78. Miguel Herrero de Miñón fue secretario general técnico del Ministerio de Justicia y colaboró activamente en la primera amnistía (1976), en la Ley para la Reforma Política y en la primera normativa electoral de la recién nacida democracia. Participó en la elaboración de la Constitución de 1978 y ocupó el cargo de portavoz en el Congreso de los Diputados, tanto del partido del Gobierno (UCD) como de la oposición (AP). Fue diputado de UCD de 1977 a 1981. Abandonó esta formación en febrero de 1982, ingresando en julio de dicho año en AP. Fue a su vez diputado de AP y del PP en 1982, 1986 y 1989. En 1979 resultó elegido concejal del Ayuntamiento de Madrid en las elecciones municipales de abril. En 1987 optó a la presidencia de Alianza Popular, que recayó finalmente en Antonio Hernández Mancha.

79. Antonio de Senillosa fundó en 1976 la rama catalana del Partido Popular (PP), que en las elecciones generales de 1977 rechazó formar parte de UCD. En las elecciones generales de 1979 fue elegido diputado por Barcelona por Coalición Democrática (CD). En las de 1982 fue candidato por Barcelona del Centro Democrático y Social (CDS) de Adolfo Suárez. De 1985 a 1987 fue director general de Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores. Murió en febrero de 1994 víctima de un accidente de tráfico.

80. Julián Campo era ingeniero industrial, licenciado en Ciencias Económicas e inspector financiero y tributario. Ingresó en el PSOE en 1974. Había sido director de la Escuela de Inspección Financiera y Tributaria del Ministerio de Hacienda y era agregado financiero en la Embajada española en Washington. Experto en temas macroeconómicos, coordinó la campaña del PSOE de 1982 en lo referente al sector público. En el primer Gobierno de Felipe González fue ministro de Obras Públicas y Urbanismo.

81. Juan Antonio García Díez fue miembro del Partido Social Demócrata (PSD), que posteriormente se integró en UCD. Ocupó diversas carteras ministeriales durante los gobiernos de Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo-Sotelo. En esta fecha era ministro de Economía y Comercio y vicepresidente segundo del Gobierno. A partir de julio de 1982 pasó a ser vicepresidente primero del Gobierno hasta el 1 de diciembre de ese año.

82. Charo Zarzalejos es periodista. Comenzó a trabajar en La Gaceta del Norte de Bilbao. Fue una de las pocas periodistas que vivieron en primera persona el golpe de Estado de Tejero, ya que estaba en el interior del hemiciclo cubriendo la información parlamentaria en 1981.

83. José Rodríguez de la Borbolla era secretario general del PSOE de Andalucía desde 1977. Fue senador entre 1979 y 1982, y desde entonces hasta 1990, diputado en el Parlamento de Andalucía. En 1982 fue nombrado vicepresidente de la Junta de Andalucía, presidida por Rafael Escuredo, y tras la dimisión de éste, en 1984, pasó a ser presidente de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En 1986 fue reelegido y mantuvo el cargo hasta 1990, año en el que le sustituyó Manuel Chaves.

84. José Antonio Aguiriano encabezó las listas del PSE-PSOE por Álava en las elecciones generales de 1977 y en las de 1979. Fue diputado del Congreso entre 1977 y marzo de 1980, año en que dejó su escaño, siendo sustituido por Carlos Solchaga. En esos años compaginó su labor como diputado con la Consejería de Justicia del Consejo General Vasco (1978-1980), el órgano preautonómico de la comunidad autónoma del País Vasco. En 1980 se presentó a las primeras elecciones autonómicas vascas, en las que fue elegido parlamentario y vicepresidente segundo de la Mesa del primer Parlamento autónomo vasco. En enero de 1982 dimitió de sus cargos públicos y volvió a Ginebra como director del Departamento de Actividades para los Trabajadores de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), puesto que desempeñó hasta 1991.

85. Eduardo Merigó era vicepresidente del Club Liberal de Madrid, que lideraba Antonio Garrigues Walker, y miembro del Partido Demócrata Liberal. En esas fechas ocupaba la subsecretaría de Ordenación Territorial y Medio Ambiente. En julio de 1982 abandonó UCD.

86. Salvador Clotas era diputado del PSC-PSOE por Barcelona desde 1980.

87. José Recio había sido miembro del Comité Provincial de Vizcaya de la Comisión Ejecutiva del PSE-PSOE y del Comité Federal del PSOE. En 1979 regresó a Andalucía y fue secretario de Imagen del PSOE de Andalucía y director general de Interior en el Gobierno preautonómico andaluz, pasando luego a ser viceconsejero de Interior de la Junta de Andalucía el 14 de julio de 1980. Fue coordinador de la primera campaña electoral de las elecciones autonómicas andaluzas en 1982. Ese mismo año abandonó la Administración para pasar a la empresa privada.

88. Marcos Vizcaya era diputado del PNV en Cortes. Participó en la redacción del Estatuto de Guernica y fue viceconsejero adjunto al lehendakari del Gobierno vasco, Carlos Garaicoechea. Abandonó la política activa en 1986.

89. Jaime Mayor Oreja fue diputado de UCD en Cortes de abril de 1979 a octubre de 1982, en sustitución de Marcelino Oreja. En julio de 1982 fue designado delegado del Gobierno en el País Vasco, y su nombramiento provocó la dimisión de los gobernadores civiles de Álava y Guipúzcoa, enemistados con él. Mayor Oreja cesó el 29 de diciembre de 1982, tras la llegada del PSOE al poder en octubre de ese año.

90. Rafael Termes fue presidente de la Asociación Española de Banca (AEB) desde 1977 a 1990.

91. Juan Iglesias Garrigos, que había sido miembro del Gobierno vasco en el exilio, era presidente del PSE-PSOE y miembro del Comité Federal del PSOE.

92. Pedro Toledo era entonces consejero delegado del Banco de Vizcaya.

93. En esas fechas, Ángel Galíndez era presidente del Banco de Vizcaya.

94. Ricardo García Damborenea lideró, desde su puesto de secretario general del PSE-PSOE de Vizcaya, una corriente crítica denominada Democracia Socialista. Fue miembro del Parlamento vasco por Vizcaya desde marzo de 1980 a noviembre de 1982, fecha en que pasó a ser diputado en Cortes.

95. Eduardo López Albizu era diputado del PSE-PSOE por Vizcaya. Fue miembro de la Ejecutiva del PSOE (1972-1979) y presidente del PSE.

96. Carlos Carnicero era el asesor de prensa de Txiki Benegas.

97. El artículo 4 de la LOAPA trataba sobre el orden en que prevalecían las normas del Estado al ejercer las competencias previstas en el artículo 149.1 de la Constitución y las de las comunidades autónomas.

98. En las elecciones generales de 1979 Javier Moscoso fue elegido diputado de UCD por Navarra. En 1982, junto a otros miembros de UCD seguidores de la línea política de Francisco Fernández Ordóñez, se pasó el PSOE.

99. Julio Feo, muy vinculado a Felipe González, fue su director de campaña en las elecciones de 1977, 1979, 1982 y 1986. Tras las elecciones de 1982, González lo nombró secretario del presidente (1982-1986), con rango de subsecretario, y después secretario general de la Presidencia del Gobierno, cargo en el que permaneció hasta 1987.

100. Narcís Serra era alcalde de Barcelona desde 1979.

101. Ramón Rubial (1906-1999) fue presidente del PSOE desde 1979 hasta su muerte, presidente del Consejo General Vasco de febrero de 1978 a junio de 1979 y senador en Cortes Generales de 1979 a 1999.

102. Juan Tapia fue redactor económico del diario La Vanguardia, donde formó parte del equipo editorial (1971-1980). Tras un breve paso por El Noticiero Universal, fue nombrado asesor del ministro de Economía, Miguel Boyer, en el primer Gobierno formado por Felipe González en 1982. Cesó al tiempo que el propio ministro, en 1985.

103. El primer Gobierno socialista, con sus remodelaciones, fue el siguiente: presidente, Felipe González; vicepresidente, Alfonso Guerra; portavoz del Gobierno: Eduardo Sotillos (1982-1985) y Javier Solana (1985-1986); ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Morán (1982-1985) y Francisco Fernández Ordóñez (1985-1986); ministro de Justicia, Fernando Ledesma; ministro de Defensa, Narcís Serra; ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer (1982-1985) y Carlos Solchaga (1985-1986); ministro del Interior, José Barrionuevo; ministro de Obras Públicas y Urbanismo, Julián Campo (1982-1985) y Javier Sáenz de Cosculluela (1985-1986); ministro de Educación y Ciencia, José María Maravall; ministro de Trabajo y Seguridad Social, Joaquín Almunia; ministro de Industria y Energía, Carlos Solchaga (1982-1985) y Joan Majó (1985-1986); ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Carlos Romero; ministro de la Presidencia, Javier Moscoso; ministro de Transporte, Turismo y Comunicaciones, Enrique Barón (1982-1985) y Abel Caballero (1985-1986); ministro de Cultura, Javier Solana; ministro de Administración Territorial, Tomás de la Quadra-Salcedo (1982-1985) y Félix Pons (1985-1986); ministro de Sanidad y Consumo, Ernest Lluch.

2

EN EL MINISTERIO DE INDUSTRIA

3 de diciembre de 1982

Hoy juramos nuestros cargos en el Palacio de la Zarzuela ante Su Majestad el Rey.

A las cinco de la tarde de este mismo día he hecho mi entrada en el Ministerio y he ocupado mi despacho. Unas horas antes, hacia el mediodía, Ignacio Bayón había organizado un pequeño acto de despedida y presentación del equipo saliente. Yo no he contestado sino con unas pocas palabras de reconocimiento. Estaba conmigo Luis Carlos Croissier, que va a ser mi subsecretario, cosa de la que todavía está sorprendido desde que se lo propuse después del encontronazo que había tenido con él y otros economistas del PSOE con ocasión del último congreso del partido.

Hay que ponerse a trabajar de inmediato ya que, tras las reuniones que hemos mantenido Miguel Boyer, José Ramón Álvarez Rendueles,104 Mariano Rubio, Miguel Ángel Fernández Ordóñez,105 Luis Ángel Rojo y yo en los últimos días, el presidente está de acuerdo en devaluar la peseta inmediatamente y ajustar los precios de los derivados del petróleo al nuevo cambio del dólar. A continuación habrá que poner en marcha la reorganización de la empresa pública industrial –Instituto Nacional de Industria (INI) e Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH)– y, muy relacionado con ello, la filosofía y alcance de la política de reconversión industrial. Esto sin hablar del tema de la energía, porque la industria eléctrica está prácticamente quebrada. Afortunadamente, el sector petrolero está algo mejor.

En la primera tarde ministerial (casi noche, debido al horario de invierno) nos hemos reunido en mi despacho, con la sensación de estar en casa ajena, mi secretario, Pepe Casas, el jefe de Gabinete, Claudio Aranzadi, el próximo subsecretario, que ha tenido alguna duda antes de aceptar, Luis Carlos Croissier y yo. Durante la reunión ha llegado un sobre secreto desde el Cuartel General de la Armada. Preguntamos a las secretarias por la caja fuerte. No hay ninguna. No existían secretos que heredar y, a decir verdad, no había verdaderos archivos del anterior ocupante del Ministerio. Hubo que trasladar una caja fuerte no muy grande desde el despacho del jefe de Gabinete hasta mi antedespacho, y allí guardé el sobre secreto después de leer su contenido, que no tenía mayor interés.

7 de diciembre de 1982

Primer Consejo de Ministros. En la rueda de prensa posterior, el ministro de Economía y Hacienda y yo acompañamos al presidente del Gobierno para explicar la devaluación y los ajustes de precios de los carburantes que pretenden restaurar la renta fiscal del monopolio de petróleo: la resistencia del anterior Gobierno a subir el precio de la gasolina y otros carburantes había convertido en negativa dicha renta, incrementando el ya crecido déficit público.

Antes, durante la celebración del Consejo, se respiraba una atmósfera de sobrecogimiento en la sala del Palacio de la Moncloa donde éste tiene lugar y donde muchos de nosotros habíamos imaginado las reuniones de los gobiernos que nos precedieron. Creo que el sobrecogimiento viene de la conciencia que tenemos de estar inaugurando una nueva era en la que gente como la mayoría de nosotros, estudiantes antifranquistas en la Universidad española de los sesenta, jamás imaginó cabalmente que pudiera llegar a formar parte de un Gobierno de España de corte socialdemócrata en el marco de un Estado de Derecho, como está ocurriendo. Nos hemos comprometido a la liturgia de dirigirnos unos a otros y a hablar unos de otros como ministros, evitando los nombres propios, y llamar presidente a Felipe González y vicepresidente a Alfonso Guerra. Esta formalidad impone también una atmósfera de severidad a las reuniones del Consejo en las que la primera y única regla que ha impuesto Felipe González es que no se tomarán las decisiones por votación. El presidente mantendrá el debate abierto el tiempo que sea necesario cuando haya controversia –durante uno o más consejos de Ministros, si hiciera falta– y, cuando lo considere agotado, tomará una decisión que todos estaremos obligados a respaldar. Por lo demás, los expedientes deben llegar discutidos y encauzados para su aprobación inmediata (índice verde del Consejo de Ministros) o para su discusión final en el Consejo de Ministros (índice rojo) desde la Comisión de Subsecretarios que presidirá y coordinará Alfonso Guerra como vicepresidente del Gobierno. Por su parte, Miguel Boyer presidirá la Comisión Delegada de Asuntos Económicos que, en principio, tendrá plenos poderes (delegados) para decidir sobre los asuntos que en ella se traten.

En mi opinión, el Gobierno tiene un perfil de competencia profesional y experiencia política más que suficiente. El presidente, el vicepresidente, Enrique Barón (Transportes y Comunicaciones), Narcís Serra (Defensa), Ernest Lluch (Sanidad), Joaquín Almunia (Trabajo), Javier Solana (Cultura) y yo hemos pasado por debates parlamentarios y no parlamentarios, y somos figuras conocidas del PSOE. Miguel Boyer, persona respetada profesional e ideológicamente, es quizá menos conocido como dirigente del PSOE, pero todos, y en especial los medios, conocen su proximidad personal al presidente y sus condiciones de liderazgo. Algo semejante, aunque a menor nivel, le sucede a José María Maravall, por quien Felipe siente mucha simpatía. Los ministros de Asuntos Exteriores (Fernando Morán), Administraciones Territoriales (Tomás de la Quadra-Salcedo), Agricultura (Carlos Romero), Justicia (Fernando Ledesma) y Obras Públicas (Julián Campo) son profesionales encuadrados dentro del PSOE, conocedores de los temas que deben administrar. En Presidencia, como reconocimiento al partido de Francisco Fernández Ordóñez que se unió al PSOE, figura Javier Moscoso. Me siento cómodo con Almunia, Boyer, Maravall, De la Quadra-Salcedo y Julián Campo. No espero mejorar mi opinión de Barón, Lluch, Morán o Solana, y no sé cómo irán las cosas con el resto. Los únicos a los que no conozco son Ledesma, Moscoso y Pepe Barrionuevo (Interior). El primero me ha causado muy buena impresión. La autoridad de Felipe González sobre todos nosotros es muy grande y su liderazgo, que en las reuniones del Consejo lo maneja con habilidad y prudencia, es enorme.

En este primer Consejo de Ministros he propuesto varios nombramientos: subsecretario a Luis Carlos Croissier; secretario general de la Energía a Martín Gallego; directora general de la Energía a Carmen Mestre; director general de Minas a Juan Manuel Kindelán; jefe de mi Gabinete a Claudio Aranzadi; secretario general técnico a Óscar Fanjul; y director general de Industrias Siderometalúrgicas y Navales a Eduardo Santos. Ni éste, ni Óscar Fanjul, ni Martín Gallego ni Claudio Aranzadi son miembros del PSOE. Esto le ha permitido hacer algún sarcasmo al vicepresidente Guerra sobre si el hecho de tener el carnet del PSOE supone alguna penalización para formar parte del equipo del Ministerio de Industria y Energía.

El domingo me llamó a mediodía por teléfono Javier Solana. Lo único que quería es que supiera que a esas horas estaba en su despacho… Por lo visto, hizo toda una ronda de llamadas entre ministros y altos cargos con ese único propósito.

9 de diciembre de 1982

En L’Usine Nouvelle aparece un artículo de su corresponsal en España muy favorable sobre mí. Según su autor, «la personalidad de Miguel Boyer […] no debería eclipsar mucho tiempo la de Carlos Solchaga».

10 de diciembre de 1982

Recibo a la UGT de Minas con su secretario, José Antonio Saavedra, a la cabeza. Aparecen por el despacho como por tierra conquistada y vienen a decirme a quién debería poner al frente de Hulleras del Norte S.A. (HUNOSA) y de otras empresas mineras. Les despido manteniendo la cortesía a duras penas. Parece claro que la idea que tienen algunos dirigentes de UGT sobre lo que significa un Gobierno del PSOE difiere mucho de la que yo tengo (y de la que, por fortuna, tiene Felipe González).

Siguen los rumores sobre el futuro de ERT, que precisa una refinanciación para no entrar en quiebra inmediata. La prensa habla de un «plan Solchaga» para reflotarla, pero tal plan no existe por el momento. Lo que sí es seguro es que el Gobierno no se comprometerá ni pondrá recursos públicos si no hay un cambio total en la dirección de la empresa, lo que me he encargado de transmitir a la banca acreedora nacional e internacional además de a los propios interesados.

Los empresarios del carbón piden subidas de precios. Está a punto de vencer un crédito importante del grupo Aluminio Español, que, por supuesto, esta empresa no puede pagar, entre otras cosas por desacuerdos estratégicos entre sus socios. Unión Naval de Levante también está al borde de la quiebra. La deuda global de ERT, Unión Naval de Levante y el grupo Aluminio totaliza 215.000 millones de pesetas (algo más del 1 % del PIB).El sector del papel también espera ayudas públicas para la reconversión, y, por lo que estoy viendo, muchos sectores más (electrodomésticos, fertilizantes, textil y confección, químicas), sin tener en cuenta los que están fuera de mi competencia, como transportes y telecomunicaciones.

15 de diciembre de 1982

Hoy he anunciado que se prorrogará durante el año que viene el marco legislativo para el proceso de reconversión industrial hasta que generemos uno nuevo. El anuncio cae muy mal en el PSOE y en la UGT. Tampoco gusta en el Gobierno, y todos parecen preferir el vacío legal, hasta que tengamos las ideas claras sobre cómo llevar a cabo las reconversiones industriales, a continuar con la anterior legislación. Me pregunto qué expectativas tendrán unos y otros sobre lo que significa la reconversión de sectores en crisis.

La brusca subida de los precios del petróleo hace diez años con ocasión de la guerra del Yom Kipur y su mantenimiento en altísimos niveles ha supuesto un auténtico drama para aquellos países que, como España, eran fuertes importadores de crudo de petróleo y gas natural y sólo podían sustituir parcialmente la ausencia de las importaciones de dichos productos energéticos. Este fenómeno producía un efecto deflacionista por el aumento del coste de las importaciones (dinero que los consumidores y las empresas españolas no podían dedicar a la compra de productos españoles) y, al mismo tiempo, un efecto inflacionista por la enorme subida de los precios energéticos. La caída del crecimiento económico convirtió en redundantes muchas de las inversiones en industrias como la siderurgia, la construcción naval y otras, mientras que la subida de costes hizo, en general, mucho menos competitiva la economía española. Al calor de estos dos fenómenos, otras industrias relacionadas con el consumo de bienes duraderos (electrodomésticos, automóviles, etcétera) también entraron en crisis.

A nuestra llegada al Gobierno puede decirse que una gran parte de la industria española está al borde de la bancarrota, de la que sólo se puede salvar con ayuda significativa del Estado. Pero en los tiempos que corren el recurso al cierre de nuestros mercados ni puede ni debe ser la solución. Esto ya no es posible en una economía como la española, considerablemente integrada en la economía internacional tras el abandono de las políticas autárquicas hace un cuarto de siglo. Con los escasos recursos de que dispone el Estado, tampoco es posible dar una ayuda a la industria si no sirve para reconvertirla en los sectores que la reciban, reduciendo considerablemente su capacidad instalada y el empleo que sustenta. Diseñar un nuevo marco legal para hacerlo de la forma más correcta es complicado y a mí me hubiera venido bien tener una solución de repuesto antes de acabar con el viejo marco.

16 de diciembre de 1982

Recibo a Carlos Ferrer Salat y José María Cuevas106 en mi primera entrevista oficial, aunque de cortesía, con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Después viene a verme una delegación del Sindicato de los Obreros Mineros de Asturias (SOMA-UGT) encabezada por José Ángel Fernández Villa para hablar de HUNOSA. Me acompaña en esta última reunión Juan Manuel Kindelán como director general de Minas. No me comprometo a nada. Ellos saben que no comparto el entusiasmo antinuclear por el uso de carbón que tenían Javier Solana y, en general, los economistas del PSOE.

18 de diciembre de 1982

Hay que revisar el Plan Energético Nacional, que se ha quedado totalmente desfasado con la profundización de la crisis y la consiguiente recesión económica. Propongo al Gobierno la creación de una comisión de expertos presidida por Martín Gallego (secretario general de Energía) y con Paulina Beato como secretaria. Se aprueba. Espero poder tener un proyecto a fines del año que viene.

19 de diciembre de 1982

El presidente nos convoca a Miguel Boyer y a mí junto con algunos colaboradores de nuestros ministerios para dejar en claro los grandes temas de la empresa pública industrial. Claudio Boada seguirá presidiendo el INH, y al frente del INI, contra mi criterio, se propone a uno de sus hombres, Enrique Moya, buena persona pero con escaso relieve como mánager y como estratega. Entiendo que estos nombramientos son el resultado de los pactos discretos que se han llevado a cabo en los últimos meses entre González y Boyer, por el PSOE, con la patronal. A mí no me queda más que aceptar y poner buena cara. Se acuerda también, y de nuevo contra mi criterio, que ningún directivo de una empresa pública o holding de empresas públicas tendrá un sueldo superior al del presidente del Gobierno. Miguel Boyer me deja solo en este punto a pesar de su escepticismo sobre cómo captar buenos gestores con sueldos como los de los ministros.

De esta manera, mi primer disgusto y también mi primer enfrentamiento con Miguel Boyer han venido de la mano del nombramiento del presidente del INI. Éste, en puridad, no es un nombramiento del Ministerio de Industria, ni siquiera tiene por qué ser a su propuesta, aunque ésa es la costumbre desde que el Ministerio de la Presidencia perdió la tutela sobre el mismo. Es un nombramiento del Gobierno en un sentido mucho más cabal que cualquier otro nombramiento de alto cargo de un departamento ministerial por la importancia del holding de la empresa pública. Pero es evidente que si, como en el pasado, el presidente del INI se siente relativamente independiente del Ministerio de Industria, el papel de éste en el sector queda en entredicho y más en una situación de crisis como la actual.

Miguel Boyer ha apoyado a Enrique Moya. De hecho, estoy convencido de que le había asegurado el puesto a Enrique, pues Felipe González me había hablado ya de él como el candidato más previsible cuando me ofreció la cartera de Industria y Energía en nuestra conversación del 12 de noviembre. Yo no conocía prácticamente al candidato y otro tanto puede decirse que le pasaba a la opinión pública e incluso a muchos de los empresarios del país. Había sido simplemente uno de los hombres –y no de los más sobresalientes– del equipo de Claudio Boada, como José María Amusátegui, José Luis Díaz Fernández o José Ignacio García Lomas (cada uno con sus muy peculiares características y con un grado mayor o menor de autonomía respecto del propio Claudio Boada).

Boada es presidente del INH con un mandato de cuatro años, y en el momento del cambio de Gobierno llevaba menos de dos desempeñando el cargo.107 Como en el caso del gobernador del Banco de España, yo me he mostrado partidario de no forzar su dimisión, sino respetar el espíritu que presidió la redacción de los estatutos del INH, bien diferentes de la ley fundacional del INI que tendremos que modificar el año que viene.

El problema con el nombramiento de Enrique Moya es doble. En primer lugar, no es alguien que haya elegido yo, lo que me produce una incomodidad evidente (en particular, que lo sepa todo el mundo). En segundo lugar, visto desde fuera del Gobierno, esta acumulación de poder en el grupo de los amigos de Claudio Boada (a los que de manera más bien desafortunada la prensa llama «beautiful people») va a representar un blanco para la crítica. Por otro lado, sin embargo, he de reconocer que no tengo candidato propio, pues desde que el presidente me habló de Moya no he encontrado a nadie después de que Carlos Espinosa de los Monteros rechazara la posibilidad de que propusiera su nombre.

Como a la reunión entre el presidente, Boyer y yo han asistido también mi subsecretario, Luis Carlos Croissier, y los secretarios de Estado del Ministerio de Economía y Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, José Víctor Sevilla y Luis Velasco, han visto cómo el presidente zanjaba esta disputa a favor de la propuesta de Boyer. Supongo que la noticia ya estará corriendo por los diversos mentideros.

Esta noche, durante una cena en el restaurante Lhardy, le he trasladado la propuesta a Enrique Moya en nombre del Gobierno. Le he dicho claramente que él no había sido mi candidato y le he explicado por qué. He añadido que, sin embargo, a partir de ahora esperaba contar con él en todo. No me ha importado pensar que esta conversación la conocería inmediatamente Claudio Boada. Al contrario.

20 de diciembre de 1982

Los primeros nombramientos y ceses en el INI, así como en algunos otros organismos autónomos (Junta de Energía Nuclear, Instituto Geológico y Minero, ASELECTRICA, etcétera), entretienen mucho de nuestro tiempo en estos primeros días de gobierno, lo que me crea un gran desasosiego, ya que éste es uno de los componentes del poder que me resultan más penosos. Carlos Espinosa de los Monteros tampoco ha aceptado la vicepresidencia del INI, que encargué finalmente a Julián García Valverde, quien se entiende nada más que regular con su presidente. Preveo que treinta presidentes de empresas del INI serán sustituidos, aunque algunos podrán reciclarse a otros puestos.

En estos primeros días la prensa nos persigue a todos. Quieren declaraciones y en muchos casos, aunque no en el mío porque ya me conocen, establecer un primer contacto con los ministros recién nombrados. Las especulaciones sobre mi papel en el posible Gobierno desde el verano anterior, arreciadas después de las elecciones, me aconsejan ser sumamente cauto y tan sólo he concedido dos entrevistas, y aun ésas, forzadas en cierta medida por las circunstancias. La primera a El País y la segunda a la revista Cambio 16. Nada especialmente original o impactante, aunque en ambas doy a entender que habrá que hacer un fuerte trabajo de reconversión en la industria y que esto va a encontrar importantes resistencias sindicales y sociales, lo que, por otro lado, es fácil de prever.

21 de diciembre de 1982

Comparezco junto con Miguel Boyer en la Comisión de Economía del Congreso para explicar las medidas de devaluación de la peseta y el reajuste de los precios de los carburantes adoptadas en el primer Consejo de Ministros. A la gente le gusta la primera, pero no la segunda, que en gran medida es su corolario.

23 de diciembre de 1982

El País publica un editorial suavemente crítico: «¿Continuismo en la política industrial?». No entienden ni comparten mi deseo de no comprometerme sino cuando sea necesario y después de estudiar las cosas. Critican por ello que no cambie el marco de reconversión industrial heredado. Pero a mí me gustaría esperar hasta ver las cosas más claras y saber hasta dónde podemos llegar. Por lo demás, tampoco explican muy bien cuáles son los fallos del sistema actual de reconversión. Esto es muy propio de El País, cuya redacción está muy próxima a los puntos de vista de los sindicatos (basta decir que la sección del periódico dedicada a estos temas no se llama «Economía y Finanzas» o similar, sino «Trabajo y Economía»).

Ir aprendiendo todos los temas del día ocupa gran parte de mi tiempo –el que me dejan los nombramientos–, aunque desde mi entrada en el despacho hay dos problemas obsesivos y que son objeto de una atención pública bastante desgastadora: la repercusión de la subida de los precios de los combustibles en el archipiélago canario y la situación dramática del grupo de empresas Unión Explosivos Río Tinto (ERT).

Después de habernos resistido un tiempo a la idea de devaluar la peseta y tras ver que mantener el cambio no tenía sentido, nada más tomar posesión de nuestros cargos en el Gobierno decidimos hacerlo en el primer Consejo de Ministros, como ya he comentado antes. Junto a ello se aprobó también un reajuste en los precios de los combustibles, no sólo por la subida que implicaba la devaluación del coste del crudo en pesetas, sino porque éstos habían quedado rezagados respecto de la evolución del dólar a lo largo de 1982 por cálculo puramente electoral y habían minado la recaudación fiscal por la renta del petróleo.

Con ayuda de la delegación del Gobierno en CAMPSA,108 se elaboró y fue aprobada una subida media de alrededor del 20 % –con algunas modificaciones no demasiado importantes– en la estructura de precios de los diversos productos. El hecho es que Canarias, por su régimen especial de puerto franco, está fuera del área del monopolio y tiene un sistema de fijación de precios especial que se vehicula mediante una orden de mi propio Ministerio. Firmé la orden que me presentó el secretario general de la Energía sin ningún temor, aun a sabiendas de que la subida de precios iba a resultar impopular en el archipiélago. Pero lo que me ofrecieron mis colaboradores a la firma era simplemente la orden elaborada por el equipo anterior de la Secretaría General de la Energía sin revisar y con algún error aparente aunque no sustancial. El hecho es que tuvo una recepción muy mala en las islas Canarias y se ha organizado allí, y en mucha menor medida en la península, una campaña en contra del reajuste de precios decretado por el Ministerio. Los compañeros del partido en el archipiélago no anduvieron muy finos y vinieron encabezando la manifestación. Además la directora general de la Energía hizo unas declaraciones poco prudentes que todavía enturbiaron más la situación. Por fortuna, en una reunión con Jerónimo Saavedra, recién elegido presidente del Ente preautonómico del archipiélago, he podido arreglar la mayor parte del desaguisado sin necesidad de dar marcha atrás en la orden. Ha sido, no obstante, una lección sobre los peligros del exceso de confianza y la falta de filtros, que habrá que corregir para el futuro.

Más difícil será hacerse con las riendas de la situación en ERT. La compañía suspendió el pago del servicio de su deuda (unos 120.000 millones de pesetas, la mitad de los cuales están denominados en dólares y alguna otra moneda como yenes y marcos alemanes) en el mes de septiembre. Los acreedores habían decidido abrir un periodo de espera, al estar convocadas las elecciones, hasta la llegada del nuevo Gobierno. Pero en diciembre estaban ya apretados por la necesidad de cerrar balances y evitar fallidos. Por si fuera poco, para evitar la suspensión de pagos legal, la compañía precisa de 10.000 millones más de circulante que los bancos se niegan a adelantar sin garantías adicionales. Pero Miguel Boyer y yo hemos decidido enfrentar el tema por las bravas. Les hemos dicho a la empresa y a los bancos acreedores que el Gobierno no pondrá una peseta si acreedores y deudores no evitan la suspensión de pagos adelantando el dinero necesario. Javier Benjumea y Juan Miró entendieron el mensaje y antes de fin de mes van a tratar de alcanzar un nuevo acuerdo.

31 de diciembre de 1982

Asaltado por problemas que en el momento parecen cercarle a uno, aprendiendo el oficio y las formas de desempeñarlo, recibiendo las primeras visitas –la primera de todas ellas fue la de Gregorio López-Bravo como exministro decano de los de Industria– y pendiente un poco de la opinión que se va formando la nación del nuevo Gobierno, ha caído sobre todos nosotros la Navidad de 1983, y en los escasos días de fiesta que nos tomamos hemos podido tener un respiro de alivio. Ha pasado el primer mes sin mayores dificultades aunque no sin sobresaltos.

No han faltado en este tiempo acontecimientos un tanto chuscos, quizá inevitables en un Gobierno tan bisoño: el nuevo ministro de Agricultura, Carlos Romero, hizo unas declaraciones pintorescas que luego han aparecido en todos los medios de comunicación. Estas salidas un tanto ingenuas sirven para regocijo de la derecha y sus editorialistas. El ministro de Transportes, Enrique Barón, se declara a sí mismo «bien de Estado» en una entrevista televisada; el vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, en su primer intento de desmarque del Ejecutivo, en cuya orientación ha influido relativamente poco hasta el momento, se atribuye el papel de «oyente» en el Gobierno. Lo que sí parece cierto es que Guerra ha dudado muy seriamente sobre la conveniencia de su incorporación al Gobierno y que Felipe González ha impuesto su criterio al final.

Al terminar el primer mes en el cargo, mi perfil es decidida y voluntariamente bajo. Si lo pienso bien, tengo cierto miedo metido en el cuerpo. Como la mayoría de los ministros, estoy un tanto inhibido, y saber que somos objeto de la atención general no nos hace las cosas más fáciles. En el fondo, la izquierda que salió de las universidades en los años sesenta –nosotros– nunca creyó seriamente que ocuparía el poder por más que, teóricamente, era factible representárselo. La sensación de responsabilidad histórica nos agobia.

Ayer, 30 de diciembre, se dio una copa a los funcionarios del Ministerio. Asistí al acto y saludé a muchos de ellos. El ambiente era de bastante entusiasmo y, desde luego, de sorpresa por la presencia del ministro en el evento. No he encontrado hostilidad, pero veo una plantilla recargada de edad y carente de ilusión por su trabajo. El Ministerio es una maquinaria poco eficiente que me gustaría poder transformar poco a poco.

104. José María Álvarez Rendueles era gobernador del Banco de España (1978-1984).

105. Miguel Ángel Fernández Ordóñez era secretario de Estado de Economía (1982-1986).

106. Carlos Ferrer Salat era entonces presidente de la CEOE y José María Cuevas era el secretario general de la organización.

107. Claudio Boada era presidente del INH desde el 22 de mayo de 1981.

108. Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos S.A. (CAMPSA).

1983

5 de enero 1983

Sigo dedicando una atención especial al INI. Continúan, por un lado, los cambios en las presidencias de las empresas, que encuentran, como es lógico, la oposición del equipo saliente en la medida que suponen implícitamente un juicio negativo sobre su propia actuación, al mismo tiempo que producen alegrías mal refrenadas tanto entre las personas y profesionales con un sentido más acusado de la justicia como entre aquellos otros simplemente más envidiosos. La selección de hombres siempre será un problema.

Por otro lado, el presidente del INI y yo necesitamos urgentemente repasar la situación del ente y tomar algunas decisiones sobre los problemas más importantes. Los lunes, aprovechando que es el día que he fijado para el despacho con Enrique Moya, pienso hacer almuerzos de trabajo en los que repasemos la situación de la siderurgia, de la empresa SEAT, del sector del aluminio –con Aluminio y Alúmina en suspensión de pagos– y del sector de fertilizantes. Más tarde hablaremos del sector naval, de la empresa ENASA109 y de las empresas eléctricas del grupo, de manera que para primeros de marzo los principales problemas estarán identificados. Hay asimismo que repasar el Plan de Actividades, Inversiones y Financiamientos (PAIF) del INI y contemplar los diversos planes previstos para 1983.

Tanta y tan obvia dedicación por mi parte a los problemas del Instituto Nacional de Industria, y la personalidad menos conocida y con un perfil más plano de su presidente, ha llevado a la gente del INI a la conclusión de que, por primera vez en muchos años y en contraste aún más agudo por la experiencia más reciente de enfrentamientos entre ambas instituciones, el ministro de Industria va a imponer de verdad su criterio en el INI, como en efecto ocurrirá al menos mientras yo permanezca en este puesto. Así espero disipar la impresión de independencia que puede sugerir la forma en la que se llevó a cabo el nombramiento de Enrique Moya. Desgraciadamente, eso no es lo mismo que decir que el ministro de Industria puede transformar por sí mismo el INI. Eso lo debe hacer con mi apoyo el equipo que lo gestiona, y la verdad es que, en ese campo, las cosas distan de estar tan claras como a mí me gustaría teniendo en cuenta la magnitud del problema y la urgencia de su resolución. El subsecretario, persona muy capaz, está empujando todo lo que puede esta cuestión, pero las dificultades son infinitas.

7 de enero de 1983

Almuerzo con el ministro de Defensa, Narcís Serra. Tenemos que poner en común nuestras ideas sobre la política de la industria de defensa española. Lo hacemos en el antiguo Ministerio del Aire, junto a la plaza de la Moncloa, donde él se ha instalado provisionalmente. Le escucho atentamente. La verdad es que la industria de la defensa es en este momento una de mis menores preocupaciones mientras el ministro Serra se encargue de asegurar los fondos para su supervivencia. Más adelante, ya hablaremos.

10 de enero de 1983

Me reúno con la plana mayor del INI ahora que ya se han hecho los nombramientos fundamentales. El mejor, el de Julián García Valverde como vicepresidente. Ahora hay que ir cambiando a muchos de los presidentes de las empresas, aunque no tengo la intención de cambiarlos sólo por haber trabajado con el Gobierno anterior o por estar allí, como algunos, desde los tiempos de Franco.

11 de enero de 1983

Primera entrevista formal con Juan Alegre Marcet, presidente de Fuerzas Eléctricas de Cataluña (FECSA) y también de UNESA, la patronal eléctrica. Es un abogado del Estado jovial que no parece ser el mayor experto en su negocio. Hay que empezar a poner las bases para realizar nuestro programa energético y, en especial, la parte correspondiente a la electricidad, con la nacionalización de la red de alta tensión y la reducción del Plan de inversiones en energía nuclear, dentro del nuevo Plan Energético Nacional en estudio. La tarea es ardua. De lo que yo no era suficientemente consciente es de la quiebra virtual en la que se hallan las empresas privadas del sector eléctrico español en su totalidad. Éstas, endeudadas hasta las cejas por un programa de inversiones nucleares que el aumento insuficiente de la demanda de electricidad desde que se inició la crisis del petróleo ha hecho redundante en al menos la mitad del volumen previsto, están en realidad prácticamente quebradas si no acude el Gobierno en su ayuda a través de la subida de tarifas. Pero esto no puede ser la solución a este problema: hay que reducir la capacidad de generación y hay que optimizar el funcionamiento del sistema.

12 de enero de 1983

Por lo que se refiere a ERT, los bancos siguen sin dar respuestas para un posible plan de saneamiento y los acreedores no bancarios se ponen cada día más nerviosos. He hecho algunos intentos por mi cuenta para buscar un hombre para salir de la situación. Después de algunos contactos infructuosos, hoy, 12 de enero, Eduardo Santos y yo hemos cenado con José María Escondrillas, quien tras algunas vacilaciones ha aceptado el cargo de presidente de ERT, y empezará a estudiar con Lehman Brothers un plan de viabilidad y el establecimiento de acuerdos con los acreedores financieros. Por unas horas pudimos adelantar nuestra propuesta en una reunión con riesgo de algarada de éstos últimos y ganamos –de momento– una batalla psicológica.

13 de enero de 1983

Sigo recibiendo visitas variopintas. José María de Oriol, presidente de Hidroeléctrica Española, que se cuadró militarmente al saludarme y al despedirse; Laureano López Rodó, con su hablar pausado y su tono clerical, solicitando la reducción de un canon para las empresas de cemento; Manolo Gómez de Pablos, presidente de Iberduero; Enrique Sendagorta, presidente de SENER; José Luis Burgos, presidente de AHV, una sociedad que se diría que no tiene dueño; Emilio Botín, presidente del Banco de Santander, explicándome lo inexplicable de su operación de adquisición pública de las acciones de Electra de Viesgo (sólo conseguí del viejo zorro una carta-compromiso para contar con el Ministerio en el caso de que posteriormente decidiese deshacerse de un paquete de dichas acciones en favor de alguna de las grandes compañías eléctricas, en la que aseguraba de paso que la operación no era una mera especulación); José Entrecanales, interesado por nuestra participación en la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) ya que de ello dependía una contrata para hacer el túnel para el acelerador de partículas; Alfonso Fierro, con propuestas gigantescas y fantasiosas; Santiago Foncillas y algunos otros que venían siempre a recordar sus intereses ante la Administración.

Con pequeñas diferencias, he trasladado a todos buenas palabras y ningún compromiso. Me propongo mantener una actitud de comprensión y diálogo con el empresariado y ganarme, si no su confianza –lo que sería quizás un intento inútil–, sí su respeto. Las cosas que habrá que hacer en el futuro desde el Ministerio de Industria deberán estar suficientemente argumentadas como para que las críticas que reciban sean por razones objetivas y no meramente políticas.

Por la noche tengo que entregar el premio al «Mejor coche del año», que ha recaído en el modelo Renault-9. Leo unas palabras. Luego, en la copa, Manolo Guasch, presidente de Renault España, me dice que, preocupado por mi facilidad de improvisación, había aprendido su discurso de memoria para no leerlo delante de todos. La verdad es que el acto en el vetusto edificio del Blanco y Negro, entre Serrano y la Castellana, quedó bastante bien.

14 de enero de 1983

Almuerzo con el ministro de Sanidad, Ernest Lluch. Viene con él el director de Farmacia de su departamento, Félix Lobo. Hablamos de política industrial en el sector farmacéutico y de los precios que puede pagar el Sistema de Salud. Tenemos que entendernos ya que representamos puntos de vista encontrados, aunque coincidimos en la prioridad de economizar lo posible en el gasto sanitario en productos farmacéuticos.

Se ha conocido –creo que aireada la noticia por él mismo– que el nuevo presidente de ERT será José María Escondrillas, medio hermano de Ricardo García Damborenea y experto en temas de reestructuraciones. Yo hubiera preferido poner en ese puesto a José María Loizaga, pero no ha habido modo de convencerle. En todo caso, era imprescindible un nuevo presidente con la fiabilidad intacta, dada la situación en la empresa. La situación es tan incómoda que hace unos pocos días tuve que enfrentarme con Rodrigo Uría –buen amigo por lo demás–, que representa los intereses de la Banca Worms, acreedora de ERT, y que me estaba dando la tabarra cada dos por tres amenazando con las penas del infierno del descrédito internacional si no se alcanzaba un acuerdo con los acreedores bancarios de ERT y se llegaba a la suspensión de pagos. Un tanto impertinente, le dije que no volviera a llamarme si no era para proponerme una solución o darme una buena noticia. Luego, colgué el teléfono.

19 de enero de 1983

Despacho con el presidente del Gobierno. Le expreso mi preocupación por nuestro compromiso con el proyecto PRESUR en Fregenal de la Sierra y por el contencioso del gas natural con Argelia.110 Le cuento la marcha del ministerio, sin ocultarle que me siento un tanto desbordado. Él y yo conocemos los antecedentes del acuerdo con Argelia que discutimos con el Gobierno de allí en un viaje a Argel en 1980 y él conoce mejor que yo por qué se comprometió en el fregado de PRESUR.

21 de enero de 1983

Recibo al embajador de Argelia, que pide la reanudación de las negociaciones con la empresa Sonatrach111 y el Gobierno del Frente de Liberación Nacional (FLN) sobre el contrato de suministro a España que no estamos cumpliendo al no retirar los suministros previstos en el mismo sin hacer frente a la cláusula «take or pay».

Cambio 16 publica unas declaraciones mías: «Voy a diferenciarme del periodo anterior en dos cosas: en la sinceridad y en la firmeza en la toma de decisiones, aunque estas decisiones hagan de mí la persona más impopular de España».

27 de enero de 1983

El presidente Felipe González, Miguel Boyer y yo acudimos a la Jornada de la Asociación para el Progreso de la Dirección. Las cosas salen muy bien. En mi intervención expongo la filosofía y los grandes ejes de la política industrial. Felipe González, por su parte, transmite confianza, lo que resulta imprescindible en estas primeras semanas de gobierno que están transcurriendo sin grandes sobresaltos, aunque acompañadas de gran expectación. Por lo que a mí se refiere, sin embargo, los compañeros del Gobierno no me lo están poniendo fácil. En efecto, con el año 1982 terminaba la vigencia de la Ley de Reconversión Industrial de Bayón, mi predecesor en el cargo. Era una ley con múltiples defectos, pero que permitía por lo menos ordenar el tráfico de peticiones de ayuda al Ministerio. Cuando nosotros llegamos todavía no teníamos, y aún no tenemos, las ideas claras sobre cómo hacer la reconversión industrial, y la prudencia sugería prorrogar la vigencia de la anterior ley mientras no las tuviéramos y las incorporáramos a una nueva normativa. Así lo propuse, y el Gobierno, con su presidente al frente, se mostró en total desacuerdo. Por lo tanto, he comenzado el año con dos derrotas: la designación del presidente del INI, que ya he comentado, y la no prórroga de la Ley de Reconversión Industrial. Decididamente, los comienzos están siendo difíciles, y mi perfil, que como ya he dicho, yo pretendía deliberadamente que fuera bajo, ahora está además deteriorado por mi aparente falta de fuerza en el Gobierno. Resulta bastante incómodo, teniendo en cuenta las pocas alegrías que proporciona el cargo y lo poco que me interesa la liturgia del poder que tanto agrada a otros compañeros.

1 de febrero de 1983

Recibo a una delegación de los viejos compañeros de la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista de Euskadi. Me traen su memorial de agravios: Altos Hornos de Vizcaya (AHV), Astilleros (la Naval de Sestao, Astilleros Euskalduna y otros menores), los Aceros Especiales, la fabricación de bienes de equipo, eléctricos y mecánicos y algunas otras cosas de menor cuantía. La reunión se desenvuelve cordialmente mientras voy tomando nota mental de todas sus preocupaciones, que también son las mías.

4 de febrero de 1983

Ayer dicté una conferencia en Zaragoza en la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja sobre «economía de mercado, planificación y economía mixta», que preparó Claudio Aranzadi. Al entrar en el Salón de Actos de la Caja de Ahorros lo encuentro completamente lleno por un público entregado, más propio de un mitin que de una conferencia. Conforme voy terminando la conferencia, observo la cara de estupor de los muchos simpatizantes socialistas que han venido a otra cosa. De manera que cambio el estilo y comienzo a transmitir las esperanzas del Gobierno para el futuro de nuestro país con un estilo algo más mitinesco, con lo que se quedan más satisfechos.

Tras el acto tuve una cena con los directivos del PSOE en Aragón. La velada se prolongó hasta muy metida la madrugada.

Esta mañana he viajado hasta Navarra después de dormir sólo dos horas. He ido dormitando por el camino. Paramos en la empresa Minas de Potasas, a cuyas galerías había bajado en el mes de octubre en plena campaña electoral. Reafirmo el plan que anuncié para la empresa: formar un grupo de investigación dirigido por un profesional respetable al margen del equipo gestor de la empresa y encargado de elaborar para el otoño de este año un informe sobre las posibilidades de explotación de yacimientos adicionales al que está en producción, ahora en trance de agotamiento. El comité de empresa podrá elegir, a cargo de la compañía, un técnico de su plena confianza para que ejerza de adjunto al director del programa de investigación. Si los resultados de la misma fueran negativos, en el último trimestre de 1983 se negociará con el comité un plan ordenado de cierre con indemnizaciones y la creación de un fondo de recolocación.

Mientras manteníamos la reunión con el comité de empresa en las oficinas de la fábrica, al otro lado de la carretera se manifestaban ruidosamente los trabajadores de Ignacio Soria S.A., una empresa de aparellaje eléctrico abandonada por su dueño, prácticamente sin salida alguna y manejada sindicalmente en sus reivindicaciones por elementos próximos a ETA. Ya se habían manifestado en Madrid cerca de la Moncloa, en una estrategia muy precisa dirigida a crear el primer enfrentamiento laboral con el nuevo Gobierno socialista. He decidido recibir al comité o a quienes representaran a los que se estaban manifestando en comisión al efecto. He hablado con ellos. No tienen una sola idea o propuesta sobre planes de viabilidad, y tampoco –en medio del desconcierto, ya que en el fondo estaban seguros de que no les recibiría– han mostrado una actitud constructiva para la resolución de su problema. Les he dado buenas palabras y advertido sobre el riesgo de confundir un problema industrial con un problema ideológico. Esta misma noche, cuando yo ya había dejado Pamplona, ETA, temerosa de que se abriera una vía de negociación, ha puesto una carga explosiva en la oficina comercial de la compañía: los abertzales no negocian con este Gobierno.

8 de febrero de 1983

Recibo a Pere Durán Farell.112 Es un individuo simpático que parece haber seducido a la clase política catalana de todo el arco ideológico. También tiene muy buenas relaciones con el presidente del Gobierno. Lo que quiere es que compensemos a Catalana de Gas si aumentamos, cosa que hay que hacer, el precio que paga esa empresa a ENAGAS113 por el gas natural que le compra y luego distribuye. Ahora ese precio no cubre ni los costes variables de la importación y la regasificación del gas natural que lleva a cabo la empresa pública. Si el problema fuera exclusivamente entre empresas privadas, el corte de suministro, o incluso la amenaza de la subida del precio del mismo, hubiera obligado a ambas a negociar. En el sector energético español, tan dirigido por el Gobierno, tal salida es inimaginable. El Gobierno tiene que decidir y arbitrar siempre. En realidad, no veo cómo compensarle por hacerle pagar lo que realmente vale una cosa.

10 de febrero de 1983

Recibo a Alejandro Albert, que es pariente, no sé si político, de Javier Solana y presidente del Banco Hispano Americano. Es un hombre inteligente con apariencia de cierta fragilidad. Su banco tiene graves problemas y una calidad de gestión baja. Recibo también a Luis Vañó, presidente de Aresbank. El primero me habla de los muchos problemas industriales del grupo Hispano Americano-Banco Urquijo (fundamentalmente ERT). El segundo me transmite los buenos deseos de los propietarios saudíes y libios de Aresbank, que no se traducen en ninguna actividad especial por parte de un banco que va al trantrán desde que se fundó, de acuerdo con las autoridades españolas, en un intento inútil de reciclar «petrodólares».

13 de febrero de 1983

Inauguro el Salón de la Moda en Barcelona. En mi discurso pongo de manifiesto el aprecio y respaldo a la labor del empresario, y anuncio que ya estamos trabajando en lo que será la nueva Ley de Reconversión Industrial.

El Honorable presidente Jordi Pujol, sabiendo que el domingo inauguro también la Feria de la Maquinaria Textil, me pidió que cenara con él. A la cena asistieron, además, el consejero de Industria, Vicens Oller, el de Comercio, Francesc Sanuy, el candidato a alcalde de Barcelona por CiU, Ramón Trías Fargas, más Claudio Aranzadi, que me acompañaba, y el gobernador civil de Barcelona, Ferrán Cardenal. El hermoso marco del Palacio de la Generalitat quedó desdibujado por un Jordi Pujol con una conversación, en tono y fondo, más propia de un pequeño comerciante catalán que de un presidente de la Generalitat. Era mi primera conversación larga con él y me llamó la atención el descuido en sus argumentaciones, su debilidad, y la improvisación y falta de conocimiento de los temas que él había decidido poner sobre la mesa, así como el aspecto abatido que no podía disimular, y que mostraba en sus abundantes repeticiones, sus fallos aparentes de memoria y su caída en estados de somnolencia y abstraimiento de lo que le rodeaba. Quizás el presidente había llegado cansado a la cena...

14 de febrero de 1983

He tenido que volver a Pamplona con ocasión de una conferencia sobre control de gasto público que he dictado en la Cámara de Comptos de Navarra. En la rueda de prensa posterior, he denunciado cómo está manejando ETA el asunto de Ignacio Soria S. A. y la imposibilidad de encontrar de este modo salidas realistas a la situación desesperada de la empresa.

Almuerzo con los presidentes de las empresas eléctricas. Sigo sin ver todavía muy claro cómo poner en marcha nuestro programa energético sin pisar callos. No obstante, les aseguro que deseo fervientemente la supervivencia del sector en manos privadas. Nada sería peor para un Gobierno socialista recién inaugurado que nacionalizar, incluso contra su voluntad, un sector estratégico tan relevante como el eléctrico.

17 de febrero de 1983

Recibo al presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, preocupado, como los compañeros vascos, con Lemóniz por el futuro de las plantas nucleares previstas o en obras en su comunidad autónoma. Le digo que no hay nada decidido todavía y trato de tranquilizarle, lo que no resulta fácil porque es muy desconfiado.

18 de febrero de 1983

Joaquín Almunia, Enrique Barón, el secretario de Estado de Hacienda, José Sevilla, que asistía en lugar de su ministro, y yo nos reunimos en la sede del Ministerio de Trabajo con Nicolás Redondo y miembros de la Comisión Ejecutiva de UGT para hablar de la situación de los trabajadores de la función pública. Yo suponía que estaba allí para hablar del futuro del empleo en las empresas públicas que dependan de mi Ministerio. Sin embargo, se trata de un caso totalmente distinto: el de los problemas propios de la función pública. Por lo demás, Nicolás Redondo ha tomado buena nota de la ausencia del ministro de Economía y Hacienda, que, por supuesto, no perdonará.

Por la tarde voy a Vitoria a entrevistarme con Javier García-Egocheaga, del Gobierno vasco, y firmar un convenio de investigación entre ENIEPSA (INH) y el Ente vasco de la Energía. Me veo obligado a hacer declaraciones sobre Lemóniz. Digo que «el problema de Lemóniz no es urgente ni dramático», sin creer ninguna de las dos cosas. Me veo obligado también a responder sobre una posible bajada del precio de la gasolina, no descartándolo si se dan determinadas condiciones de precio del crudo y de cambio de la peseta, pero advirtiendo de que no lo veo probable.

Antes de la firma del acuerdo entre ENIEPSA y Gas de Euskadi en Vitoria he tenido ocasión de almorzar con el lehendakari Carlos Garaicoechea, que se ha mostrado amable y desconfiado, tal como es. La comida era demasiado copiosa; la conversación, no muy brillante y salpicada de propósitos que no eran –de uno y otro lado– más que buenas intenciones. Hay que colaborar con el PNV, pero el PNV no quiere colaborar con nosotros. ¡No al menos para la consecución de los mismos fines!

21 de febrero de 1983

Viaje a Extremadura en coche, saliendo a las seis de la mañana acompañado de María José Alegre, periodista de la agencia Colpisa, a la que, después de muchas presiones, no encontré otro momento para concederle una entrevista. Nos dirigimos a Don Benito para inaugurar la Feria de la Artesanía de Extremadura. De ahí seguimos en coche hasta el sur de la provincia. Almorzamos en Jerez de los Caballeros y nos dirigimos luego a Fregenal de la Sierra para ir, también en coche, a Sevilla y tomar ahí un avión de vuelta para Madrid.

El INI había detenido durante el anterior mandato, y con muy buena razón, el Proyecto de Prerreducidos del Sur al que el Gobierno de UCD se había comprometido con la zona minera que se extiende entre el norte de Huelva y el sur de Badajoz. En ausencia de gas natural barato y suficiente, el proyecto PRESUR carecía de sentido. No obstante, Felipe González, en plena campaña de las elecciones andaluzas en mayo de 1982, había bajado a la mina a solidarizarse con los mineros en huelga de hambre dejando el siguiente mensaje que ahora, con gran urgencia, aireaban los parlamentarios socialistas de la región (fundamentalmente ugetistas) desde que en febrero se había reabierto el Parlamento: el Gobierno debe cumplir sus compromisos aunque la rentabilidad del proyecto sea dudosa. Obligado por las circunstancias y urgido por el propio presidente, presenté un acuerdo a la aprobación del Consejo de Ministros por el que se encargaba al INI la ejecución del proyecto de «pellets» prerreducidos. El ministro de Economía y Hacienda y otros pusieron objeciones al tema, pero el presidente decidió a favor, y con esta buena nueva me dirigí a la zona hoy lunes. No obstante, voy sin convicción alguna sobre el futuro del proyecto y me da vergüenza las manifestaciones de agradecimiento popular que recibo en el acto que se celebra en el teatro de Fregenal de la Sierra, abarrotado por la gente del lugar.

En el trayecto en coche hacia Sevilla para tomar el avión a Madrid me entero por la radio de que José María Ruiz-Mateos ha desafiado las órdenes del Banco de España en relación con el proceso de inspección de RUMASA y que Boyer ha amenazado al empresario con el uso de todo el peso de la ley. Me he quedado muy preocupado. Veremos qué pasa mañana.

22 de febrero de 1983

Comparezco por la mañana ante la Comisión de Industria y Energía en el Congreso de los Diputados. Explico las prioridades de mi Ministerio: reconversión, nuevo Plan Energético Nacional y apoyo a la pequeña y mediana empresa. Advierto de que el Gobierno asumirá los costes inevitables de la política de reconversión y de que si una vez saneadas las empresas nadie quiere hacerse cargo de ellas (lo cual es altamente improbable), el Gobierno está dispuesto a nacionalizarlas, juzgando caso por caso. La única nacionalización que hemos previsto en el programa sigue siendo la de la red de alta tensión, que se producirá «cuando deba».

Lo importante hoy, sin embargo, no pasaba en la Comisión de Industria del Congreso ni en ninguna otra, sino en las redacciones de los medios de información y en los mentideros de la Villa. Hoy Madrid era un hervidero de rumores sobre las intenciones del Gobierno en relación con el grupo RUMASA.

Que RUMASA venía arrastrando una situación que era un peligro público para la estabilidad del sistema financiero era de todos conocido. Las cosas se complicaron en los días siguientes de llegar nosotros al Gobierno. El Banco de España ya había puesto cerco al holding bancario-industrial y estaba exigiendo auditorías, que los responsables del grupo retrasaban, desobedeciendo a la autoridad bancaria. Es muy posible que la presencia de Boyer al frente del Ministerio de Economía y Hacienda haya alentado a Mariano Rubio –subgobernador del Banco de España– a apretarle más las clavijas al todopoderoso jefe del grupo, José María Ruiz-Mateos. En todo caso, esto no ha cambiado las cosas. Ruiz-Mateos seguramente es consciente de que el Gobierno socialista –con menos ataduras que los gobiernos de derechas– no puede tolerar por mucho tiempo, una vez conocidos los hechos, las numerosas anomalías que presenta el funcionamiento del holding. Hacerlo, además de incoherente, sería estar ya para siempre en manos del señor Ruiz-Mateos, que podría achacar al nuevo Gobierno su connivencia con la situación si las cosas, como parece inevitable, van a peor en el futuro. Consciente de ello, Ruiz-Mateos aparentemente ha tomado la decisión de jugárselo todo a una sola carta al principio del mandato socialista. Si gana esta jugada, el Gobierno ya no podrá hacer nada contra él. Que la pierda, habida cuenta de la magnitud de la catástrofe que se anuncia para 18 bancos y 600 empresas, parece a primera vista muy poco probable, o al menos eso debe creer él.

Miguel Boyer le ha ayudado involuntariamente. En estos días, y a iniciativa del Gobierno, los ministros hemos comparecido ante las comisiones del Congreso para explicar los programas de los correspondientes departamentos. Boyer, estrella de la devaluación y del reajuste de los precios energéticos, protagonista de la prórroga del Presupuesto y denunciante de las herencias de gasto público y de déficit que el Gobierno socialista se encontró a su llegada al poder, decidió complementar su presencia ante la Comisión de Economía, Hacienda y Comercio con un almuerzo con los periodistas. A los postres, alguien sacó el tema de RUMASA e inquirió por la posibilidad de que los responsables del grupo se negaran a llevar a cabo las auditorías solicitadas por el Banco de España. El ministro, preguntado sobre el tema reiteradas veces, no pudo dar otra contestación que la que dio: que entonces caería sobre RUMASA el peso de la ley.

Quizás ésta era la ocasión que esperaban Ruiz-Mateos y sus asesores para contraatacar jugando el órdago o quizás vieron que si no hacían algo ahora, luego sería demasiado tarde. El caso es que el fin de semana pasado organizaron una rueda de prensa televisada acusando al ministro de irresponsabilidad y culpándole del daño que sus palabras pudieran crear a la situación de RUMASA, que era, por lo demás, un gran holding financieramente sano y muy bien gestionado, creador de riqueza y de puestos de trabajo, según su presidente.

Yo he podido ver con Miguel Boyer el primer informe de la Inspección del Banco de España donde el balance del holding, una vez auditado, queda reducido a cenizas. Después de una reunión de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos celebrada hace unos días, Francisco Fernández Marugán, que asiste informalmente en nombre de Moncloa, trajo un recado procedente de los nuevos asesores de Ruiz-Mateos, Fernando Castedo (antiguo director de RTVE) y Jaime Rebollo (antiguo presidente de RENFE, ambos en los gobiernos de UCD). Éstos aconsejaban pasar a la ofensiva contra el Banco de España y el ministro de Economía y Hacienda si seguía lo que llamaban el «acoso» de su cliente, y querían que el Gobierno lo supiera. En una larga conversación en su despacho de la calle Alcalá, Boyer me había expuesto su preocupación por este tema. No me cogía pues de nuevas. Tan pronto como vi –sólo fugazmente– la rueda de prensa de Ruiz-Mateos televisada, supe –y ello me preocupaba muchísimo – que no había más que una posible respuesta del Gobierno.

Mientras yo estaba en mi periplo extremeño (llegué a Madrid hacia las 12 de la noche), tuvo lugar la reunión de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, que se celebra todos los lunes a las siete de la tarde, en donde se trató por primera vez el problema que planteaban las declaraciones de Ruiz-Mateos y se conocieron las primeras cuentas del holding auditadas por los servicios de inspección del Banco de España. Por lo que me han dicho, los ministros estaban indignados y se mostraban partidarios de medidas de respuesta duras que tendremos que considerar mañana en la reunión del Consejo de Ministros. La tensión, dentro y fuera del Gobierno, es máxima.

23 de febrero de 1983

Consejo de Ministros. Se decide la expropiación de RUMASA tras un arduo debate. El ministro de Economía y Hacienda, que obviamente ha hablado primero con el presidente del Gobierno, hace una introducción serena y fría sobre el tema, evitando adelantar posiciones como ya lo ha hecho la prensa de la mañana. El presidente subraya la necesidad de pensar sin precipitación. Cuando intervengo yo, después de la exposición de ambos y de algún otro compañero, expreso mi convicción en la imposibilidad de dejar pasar por alto las irregularidades del grupo y la desobediencia a la autoridad de Ruiz-Mateos. A partir de ahí todos los intervinientes se suman a estas tesis. No obstante, la mañana ha transcurrido sin que se haya tomado una decisión, y a primera hora de la tarde hay sesión de control del Gobierno en el Congreso de los Diputados. El presidente decide interrumpir el Consejo de Ministros y reanudarlo de nuevo a media tarde. Yo voy a almorzar con Enrique Barón, con quien me había comprometido a hacerlo desde hace días.

En el Congreso de los Diputados había cierta expectación, y la noticia de que el Consejo de Ministros se reanudaría una vez acabados los turnos de preguntas e interpelaciones la agudizó todavía más. Sin embargo, ni los parlamentarios ni los periodistas eran muy conscientes de lo que el Gobierno estaba considerando.

Cuando reanudamos el Consejo de Ministros a media tarde, tanto Boyer como Felipe González tratan de enfriar de nuevo los ánimos con el fin de que la decisión resulte la adecuada. Tengo la sensación de que los dos se están inclinando por una intervención menor para salir del paso. Utilizo mi turno de palabra otra vez en el mismo sentido que unas horas antes: no hay soluciones intermedias, la única solución es expropiar tanto bancos como empresas industriales y de servicios; si el Gobierno se achanta, aviso, perderemos toda credibilidad para el futuro, nadie nos tomará en serio. Aun a riesgo de que estemos creando nuestro Juan March, propongo vehementemente la expropiación. Poco a poco, el Consejo de Ministros se inclina a favor de esta medida. Finalmente, se toma la decisión y se anuncia en privado a Rafael Termes, presidente de la Asociación Española de Banca, y a José Ángel Sánchez Asiaín, presidente del Banco de Bilbao, en cuyo criterio Felipe González tiene una gran confianza. Ambos son de la opinión de que no cabe intervenir los bancos sin intervenir el grupo industrial ni viceversa.

Después del Consejo, que terminó al filo de la medianoche, y del anuncio de lo acordado por el portavoz del Gobierno, Eduardo Sotillos, el ministro de la Presidencia, Javier Moscoso, Miguel Boyer y yo nos retiramos al Ministerio de Hacienda para trasladar las decisiones, una vez redactadas, al Boletín Oficial del Estado. Allí nos están esperando el gobernador y el subgobernador del Banco de España –por su conocimiento de la situación del grupo bancario–, el director general de Patrimonio, Javier del Moral, un viejo compañero de curso mío, el director general de lo Contencioso Administrativo, y los presidentes del INI y del INH. Miguel Boyer toma las riendas de la reunión informándoles de la decisión del Consejo de Ministros. A las cinco de la mañana se concluye una redacción aceptable (pues hay muchos activos ocultos en el grupo de RUMASA, tanto dentro como fuera de España) del alcance de lo expropiado. Más adelante, seguramente habrá que corregirlo y ampliarlo. En todo caso, para evitar la desaparición de papeles y pruebas eventuales, la Policía ha clausurado hace ya horas la sede de RUMASA en las torres de Colón en Génova. Cuando pasamos por allí Miguel Boyer y yo en su coche camino de nuestras casas, próximas la una a la otra, se ve una masa de gente agitada junto a las torres. «La que hemos armado», me dice Miguel Boyer. No hablamos mucho más. A las nueve de la mañana hay una rueda de prensa que dará él, pero a la que asistiremos los ministros de Agricultura, de Transportes y yo para que no quepa duda sobre la cohesión del Gobierno en torno al tema. El principal eje de la comunicación es alejar la preocupación de que esto signifique un cambio en el propósito del Gobierno de no nacionalizar nada: tan pronto como se pueda, se volverán a vender los bancos y empresas al sector privado.

24 de febrero de 1983

Tras la rueda de prensa, que Miguel Boyer ha llevado a efecto con gran autoridad, nos distribuimos el trabajo. A mí me toca ir a Radio Nacional de España a tratar de tranquilizar a todo el mundo sobre las intenciones del Gobierno, incluyendo a los depositantes de los bancos de RUMASA que se apresuran a retirar el dinero durante unas horas.

La prensa no tiene interés en otra cosa que la expropiación. En Cinco Días, Ernesto Ekaizer habla de mi «relevante» papel dentro del Consejo, cuyas deliberaciones, por lo demás, son secretas.

25 de febrero de 1983

Visita a Andalucía. Me entrevisto con el presidente Rafael Escuredo. No hay mucho que tratar, aunque la acogida que me dispensa es muy amable. Al día siguiente, domingo, Gloria y yo hemos ido con Julio Rodríguez López y su mujer hasta Arcos de la Frontera, en cuyo parador –a punto de cerrar para unas obras que garanticen su seguridad– almorzamos. Julio está ahora de consejero de Economía y Hacienda en la Junta.

28 de febrero de 1983

El 22 de febrero, como ya he señalado, tuvo lugar mi primera comparecencia ante el Congreso para explicar el programa del departamento. Los periodistas que siguieron estas comparecencias ministeriales coincidieron en afirmar que la mía había destacado por su amplitud así como por su nivel de detalle. Su reflejo en los medios de comunicación, sin embargo, fue escaso, ya que el tema RUMASA acaparaba, como es lógico, toda la atención.

En el largo documento programático que presenté en la Comisión de Industria, Transportes y Obras Públicas del Congreso de los Diputados se distinguían tres líneas de acción:

a) En primer lugar, la política energética, que se sustanciaría en la revisión del Plan Energético Nacional con un recorte del programa eléctrico de inversiones en centrales nucleares en marcha, un mayor papel en el mismo del carbón nacional, un esfuerzo adicional en las inversiones hidroeléctricas, la finalización del proceso de sustitución de las centrales térmicas de fuel por centrales de carbón, y un cierto mayor énfasis –entre muchos condicionales– en el gas natural. Otro día tendré ocasión de hablar sobre este problema y el de las relaciones entre ENAGAS y Catalana de Gas.

b) En la política industrial se distinguía entre lo que podríamos llamar políticas horizontales y sectoriales. Entre las primeras se destacaba un programa de apoyo a la pequeña y mediana Empresa y otras de desarrollo tecnológico e investigación que, en condiciones normales, deberían haber constituido el núcleo de la política industrial, pero que con la grave crisis heredada y las expectativas puestas en la reconversión industrial tenía que complementarse con las políticas de carácter sectorial.

c) En las políticas sectoriales se proponía un tratamiento diferente según los casos y se hacía especial énfasis en el rigor para proceder a la reconversión industrial de los sectores en crisis, anunciando una próxima normativa sobre el tema. Estas políticas sectoriales de reconversión tienen una doble justificación: la eliminación progresiva de subvenciones y otras ayudas una vez que ingresemos en la Comunidad Económica Europea (CEE) en pocos años, y el hecho de que una gran parte de las empresas implicadas son públicas y que la posibilidad de cerrarlas sea inexistente en la mayoría de los casos.

Tenemos, pues, relativamente claro a estas alturas lo que hay que hacer, y no es difícil imaginar las dificultades de la consecución de los diversos objetivos. La reconversión llevará aparejada una fuerte conflictividad sindical y social. La política energética requerirá una gran demostración de autoridad sobre los grandes poderes económicos del país en el sector eléctrico y en el de los hidrocarburos, así como la mayor habilidad para desempantanar la situación creada por nuestro contrato de suministro de gas natural con Argelia.

El Instituto Nacional de Hidrocarburos, formado por las participaciones estatales en siete empresas (CAMPSA, Empetrol, Petroliber, Hispanoil, ENIEPSA, Butano y ENAGAS), sólo tiene un problema económico y estratégico importante, el de la Empresa Nacional de Gas (ENAGAS) en el que inciden tres aspectos:

1) Un contrato de suministro con Argelia, que viene de los años setenta, de imposible cumplimiento y afectado por una cláusula «take or pay».

2) Unos precios de cesión del gas importado por ENAGAS a Catalana de Gas en el contrato en vigor entre las dos empresas por debajo incluso de los costes variables de ENAGAS y que son una ruina para esta compañía.

3) Un programa de inversiones de gasoductos financiado en moneda extranjera que ha dejado la situación de la empresa ENAGAS prácticamente en quiebra y exige una recapitalización de la misma. La reincidencia con que ha venido exponiendo esto una y otra vez Claudio Boada, el presidente del INH, añade presión a un problema prioritario entre los que hay que abordar de inmediato.

La primera batalla se ha librado a lo largo del mes de febrero con un reajuste de los precios de cesión de ENAGAS a Catalana de Gas.

Después de un estudio cuidadoso, tenemos ya preparado el nuevo precio de cesión para Catalana de Gas. Intenta poner las cosas en su sitio –sin acabar, a pesar de todo, de hacerlo–, tratando con mayor justicia a ENAGAS. Durante estos últimos días la presión de Pere Durán Farell, presidente de Catalana de Gas, ha sido tremenda. Me ha llamado él, me han llegado mensajes desde Presidencia del Gobierno, desde el Ministerio de Defensa o desde el de Sanidad recordándome las preocupaciones del presidente de Catalana de Gas. Incluso Joan Majó, director general de Electrónica, hizo de intermediario por aquello de ser catalán. El magnetismo de Durán Farell sobre los socialistas catalanes quedó patente. Pero no sólo sobre ellos. En el Consejo de Ministros donde se aprobó el nuevo precio de cesión del gas a la empresa de Durán Farell intervino el vicepresidente Guerra preguntándose retóricamente si no estábamos tomando una decisión para satisfacer a una de las partes (Claudio Boada) de una disputa histórica entre dos gallos del empresariado sin tener en cuenta los intereses generales. Supongo que así pensaba largar una carga en profundidad contra Boyer y contra mí por nuestras relaciones con Boada (más las de Miguel que las mías, desde luego). El presidente del Gobierno hizo caso omiso del comentario, pero me reprochó más tarde la dureza con la que yo había respondido a las insinuaciones del vicepresidente. Me mantuve en mi criterio, y el tema de los precios de cesión del gas natural salió adelante. Durán admitió su derrota y empezó a pedir apoyos y reparaciones por todos los lados, como si éstos fueran los viejos tiempos del franquismo. Sigue sin obtener ni uno, pero no para de urdir su red día a día hasta ver si caigo en alguna trampa.

1 de marzo de 1983

Empiezan a transmitirse las primeras ideas sobre la reconversión de la siderurgia integral que estamos manejando en el Ministerio y comentando con los sindicatos y las empresas afectadas. Los saguntinos advierten de su oposición radical al posible desmantelamiento de Altos Hornos del Mediterráneo, que, en opinión de la dirección general de Industrias Siderometalúrgicas, es la forma más razonable y barata de reducir capacidad, aunque, sin embargo, tendrá que ser complementada con recortes en las instalaciones de Asturias y Euskadi.

Recibo, por otro lado, al presidente de la Diputación Foral de Navarra, Juan Manuel Arza, y al diputado de Hacienda, Ángel Lasunción, que vienen a hablarme de la crisis en la industria de electrodomésticos de línea blanca (Superser y Agni) en Navarra. Les remito a los planes globales que se están estudiando para el sector en toda España. Quiero tener buenas relaciones con el Gobierno de mi tierra, pero detesto dar la impresión de que pueden tener un trato de favor por ser yo navarro o que deseo hacer política electoral con lo que es política gubernamental y se financia con recursos públicos estatales.

3 de marzo de 1983

Me reúno con los representantes de UGT y Comisiones Obreras (CC.OO.) en la siderurgia y algunos miembros de la dirección de las empresas del sector. Les propongo llegar a un acuerdo de reducción de la capacidad y les transmito mi intención de llevar al Consejo de Ministros, antes del 1 de julio, un Real Decreto de Reconversión tanto si alcanzan como si no un acuerdo entre ellos. Aunque no me inclino por el cierre de ninguna instalación en concreto, sí advierto que no es previsible que se puedan mantener los tres centros siderúrgicos (Sestao, Avilés y Sagunto). Hablo, de momento, de cierres temporales, pero sin excluir los definitivos. La tensión, como es natural, está subiendo. Los compañeros del PSOE en cada uno de estos lugares están presionando lo que pueden para evitar el mal trago. UGT está haciendo otro tanto, y el Gobierno, empezando por el ministro del Interior, al que no le gusta reprimir las manifestaciones violentas de los obreros, tampoco me acompaña por este camino de la reconversión. Lo aguantan, eso sí, porque saben que el presidente del Gobierno lo apoya, pero no acaban de ver la necesidad ineludible de racionalizar el sector industrial de cara a la integración en la CEE. Tampoco les gusta el tinte un tanto regañón que está adquiriendo el Gobierno en la administración de los asuntos económicos a consecuencia de las actuaciones de Miguel Boyer y las mías. Al no poder adelantarme a lo que podrían ser los resultados de la negociación entre las partes, dejo muchas incógnitas sin resolver en el encuentro, lo que produce, como cabe prever, una insatisfacción general.

8 de marzo de 1983

El INI, de acuerdo con el Ministerio, decide, en línea con la futura reconversión del sector, la reducción de un 20 % de la producción de Altos Hornos del Mediterráneo en Sagunto. Los trabajadores se oponen y dan un plazo de 24 horas al Gobierno para que rectifique la actuación de la empresa. No tengo ninguna intención de hacerlo. No sólo porque es un disparate seguir produciendo con pérdidas, sino porque ésta es una decisión empresarial, aunque el propio Gobierno esté de acuerdo con ella. Es indispensable que los dirigentes empresariales se comprometan con los planes de reconversión y las medidas de ajuste, y compartan con el Gobierno la impopularidad de las mismas.

A la vista de la agitación que se está produciendo en las filas del Partido Socialista, comparezco ante el Grupo Parlamentario del PSOE para explicarles la situación real del sector de la siderurgia integral y pedir su cooperación. No han pasado ni tres meses desde que estoy en el Ministerio y este tema de la reconversión ha anulado el interés de todos los demás que figuraban en la agenda que presenté hace tres semanas en el Congreso de los Diputados. Javier Basilio me entrevista en el Informe Semanal de TVE dentro de un amplio reportaje sobre la reconversión de la siderurgia integral donde lo que más llama la atención son las múltiples movilizaciones de trabajadores y ciudadanos en las zonas eventualmente afectadas.

10 de marzo de 1983

Reunión con Alfonso Guerra para coordinar el viaje de una delegación del Gobierno a Argelia, que él presidirá y de la que yo formaré parte, para discutir, entre otras cosas, el contencioso del gas natural. Le advierto del pequeñísimo margen de maniobra que tenemos en este momento y de que necesitamos que nos hagan una quita importante de nuestras obligaciones de compras futuras de gas natural en aquel país. Guerra presume de ser amigo del aparato del FLN, y quizá el presidente del Gobierno, que conoce bien este tema, cree que su concurso puede ser útil. Yo, por mi parte, creo que estamos ante un tema de Estado que afecta a las relaciones entre España y Argelia, y en el que los partidos políticos no deberían intervenir en modo alguno.

En este contexto decidimos encarar el futuro de las negociaciones sobre el suministro de gas con Argelia. Boada y el equipo directivo de ENAGAS deseaban que éstas se mantuvieran a nivel de Estado y, quizá un poco ingenuamente, yo he creído que hacía bien aceptando el reto. En todo caso, se está preparando el viaje a Argel de una nutrida delegación que encabezará el vicepresidente y en la que también estarán el ministro de Obras Públicas, el secretario de Estado de Comercio y el subsecretario de Cultura con sus correspondientes colaboradores. La delegación tiene como misión revisar las relaciones bilaterales y de cooperación conjunta.

14 de marzo de 1983

Viaje a Pamplona a dar una aburrida conferencia en la Cámara de Comptos. Aprovecho para criticar a los trabajadores de Ignacio Soria S.A., a quienes había recibido mientras estaba en las oficinas de Potasas de Navarra hace un mes. Éstos, dirigidos por la izquierda abertzale, han buscado el conflicto y la confrontación en vez de la negociación con su empresa con la posible intermediación de las autoridades.

16 de marzo de 1983

Preguntado por los periodistas, declaro que el Gobierno sólo intervendrá en la ayuda a ERT cuando la empresa haya alcanzado un acuerdo con los bancos acreedores. Los bancos, por su parte, quieren saber cuál es el monto de la ayuda del Gobierno antes de pactar un rescate de la deuda. En última instancia, una vez pactada la reducción de capacidad del grupo, el coste de la operación (la reestructuración de personal más la quita de la deuda) recae sobre ellos y el Gobierno, y habrá que ver cómo se reparte. Los sindicatos parecen creer que las aportaciones del Estado no las paga nadie y que sus recursos son ilimitados.

17 de marzo de 1983

Recibo al presidente de Asturias, Pedro de Silva. Es un hombre inteligente y culto con quien tenía una buena relación como compañeros de escaño en la anterior legislatura. Los problemas mineros e industriales de Asturias son incontables, y ni el PSOE asturiano ni UGT, presionados por el extremismo absurdo de otras organizaciones de izquierdas, tienen una idea clara de cómo enfrentarlos.

19 de marzo de 1983

Reunión informal del Consejo de Ministros para discutir los Presupuestos de 1983 (ya que vivimos de la prórroga de los de 1982). El tema de los Presupuestos viene ocupando la mitad del tiempo del Consejo de Ministros. Miguel Boyer se apoya mucho en la autoridad del presidente para limitar las aspiraciones financieras de todos nosotros.

El primer y desagradable dato sobre la situación de las cuentas públicas ha sido la estimación de Miguel Boyer y su equipo de que el déficit público en 1982 no estuvo, como decía el Gobierno de Calvo-Sotelo, en torno al 2,5 o 3 % del PIB, sino por encima del 6 %, lo que representa ya un grave problema para la ejecución de la política económica. No sólo porque no parece posible seguir haciendo una política fiscal expansiva con el déficit a ese nivel, sino también porque hace imposible un manejo adecuado de la política monetaria al obligar a elegir entre una mayor inflación (por encima del 14 % actual) o a una elevación del coeficiente de caja de la banca, lo que supone una fuerte restricción crediticia.

Antes de llegar al Gobierno, yo he venido criticando muy duramente a los gobiernos de UCD por no llevar a cabo una política fiscal más expansiva, desconocedor de la situación real de la Hacienda Pública. También puede haber influido en ello mi minusvaloración de los problemas derivados para la política monetaria de la financiación del déficit a través de la cuenta del Tesoro en el Banco de España, cuyo crecimiento no puede ser ilimitado.

Alfonso Guerra, que desea oponerse a la política de control del gasto pregonada por Miguel Boyer y que, por otro lado, desprecia el riesgo de un aumento excesivo del gasto público, me invita por diversos procedimientos a que mantenga mis puntos de vista sobre política fiscal de hace unos meses, y se siente irritado y frustrado cuando confieso en la discusión del Consejo de Ministros que no veo otra solución que apoyar la política presupuestaria impulsada por el ministro de Economía y Hacienda. La única duda que me queda, y se lo he transmitido al presidente del Gobierno, es si, con el fin de achacar el déficit a la Administración anterior, es prudente reconocer todo el gasto que estaba en camino en vez de detenerlo en la medida de lo posible. Y no lo digo sólo por lo que pueda tener de injusticia con el Gobierno anterior, sino, sobre todo, porque la posición inicial de negociación de cada Ministerio a la hora de hacer los nuevos Presupuestos, como se está viendo, es la del gasto público reconocido por Hacienda y no la de los créditos que tenía presupuestados, que eran mucho menores.

Cambiando de tema, Claudio Aranzadi me vino a decir hace unos días, muy disgustado, que en una evaluación entre periodistas de la labor de los miembros del Gobierno, ahora que se han cumplido los cien días, yo no salía muy bien parado. En efecto, con un 4,9 de nota soy el tercer ministro peor valorado. Miguel Boyer es quien sale mejor parado en la encuesta que hace El Siglo. Como en otras ocasiones, la mayor crítica hacia mí es que no me defino sobre los temas que todavía estoy estudiando (en gran medida, porque no teníamos ni la más ligera idea de ellos antes de llegar al Gobierno, cosa que no puedo aducir como excusa).

22-24 de marzo de 1983

Viaje a Argelia junto con la delegación gubernamental presidida por Alfonso Guerra. Argelia, como los países del área del COMECON114 y muchos países subdesarrollados, contempla las negociaciones económicas y comerciales entre naciones en el estrecho marco del comercio de Estado, donde el papel de las empresas es subordinado. De ahí la importancia de una delegación gubernamental de alto nivel.

Como ya he comentado, el problema más grave es, desde luego, el contrato del gas natural y nuestra imposibilidad de honrarlo en el corto plazo. Por otro lado, el precio del gas que el contrato recoge está por debajo del de otros contratos de suministro vigentes, y ello quizá permitiría cierto margen de negociación (subir el precio, reduciendo las cantidades, aunque sin cumplir la cláusula de «take or pay»).

Al margen de esto, buscamos todo tipo de proyectos de construcción en el mercado argelino (de ahí la presencia del ministro de Obras Públicas, Julián Campo) y habrá que estudiar cómo satisfacer las posiciones de Argelia sobre el antiguo Sahara español y el Frente Polisario sin poner en peligro nuestras relaciones con Marruecos. Un trabajo difícil que el presidente ha encargado a Alfonso Guerra dejando a un lado al ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Morán, lo que tiene bastante mosqueados a los funcionarios del Ministerio y supongo que al propio ministro.

Me entrevisto con el ministro de Energía, Belkacem Nabi, un militante del FLN que luchó sobre todo en París durante la rebelión argelina que condujo a la independencia después de los Acuerdos de Evian. Es una persona culta, laica y relativamente occidentalizada. Es también un negociador muy duro. Lo más que hemos conseguido, de momento, es una moratoria de tres meses, durante los cuales tenemos que discutir la posible renovación o rectificación del contrato de suministro de gas natural con el coste consiguiente para España. La primera reunión se hará el mes que viene en Madrid. En todo caso, el vicepresidente Guerra no ha tocado tecla en el asunto y se ha dedicado a las relaciones políticas generales entre los dos países.

El saldo del viaje ha resultado nada más que regular. Mis relaciones con el ministro de Energía, Belkacem Nabi, fueron muy tensas, y en el Plenario final de las dos delegaciones tuve que enfrentarme duramente a cuatro ministros argelinos ante el desconcierto del vicepresidente y la satisfacción de los funcionarios de Exteriores (excluyendo seguramente al embajador en Argel, a quien le dejaba una dura papeleta).

28 de marzo de 1983

Recibo a José Ángel Sánchez Asiaín, presidente del Banco de Bilbao. Hablamos de RUMASA. Está preocupado por el efecto que puede tener la intervención gubernamental del Grupo Ruiz-Mateos sobre la imagen de la banca española. Le aseguro que el mayor interés del Gobierno es reprivatizar cuanto antes todo lo posible, y que el mercado conoce esta postura desde el principio.

29 de marzo de 1983

Almuerzo de nuevo con Narcís Serra. Seguimos hablando de importantes programas de armamento y de la industria española a cargo de ellos. Él tiene el dinero en el presupuesto y desearía tener también el mando en las empresas. La idea me parece abominable. Esto de que los propios ejércitos tengan a su cargo las industrias de defensa es un disparate total.

7 de abril de 1983

Siguen las presiones sindicales y obreras en los focos de la crisis, con manifestaciones más bien violentas en Gijón, en la margen izquierda de la ría del Nervión, Vigo, Sagunto y otros lugares relacionados con la construcción naval o el sector siderúrgico, los electrodomésticos de línea blanca y una variedad más de sectores.

Recibo a Belkacem Nabi y a una delegación argelina en Madrid. Planteamos los diversos aspectos de la negociación, que preveo muy dura. Por fortuna, las relaciones personales entre nosotros dos han mejorado bastante después de las situaciones un tanto tensas que vivimos en Argel hace dos semanas.

8 de abril de 1983

Despacho con el presidente del Gobierno sobre Argelia y otros temas energéticos como el futuro pacto con las eléctricas, que está empantanado. Martín Gallego y Carmen Mestre trabajan en el tema como posesos, pero no consiguen disipar la desconfianza que su actitud, no excesivamente amigable con las empresas privadas, produce a sus interlocutores. Paulina Beato, que colabora estrechamente con ellos, se ha ganado mejor la confianza del sector, pero Martín y Carmen representan la autoridad. El presidente va a recibir a Manolo Gómez de Pablos, que es la persona más próxima a nosotros entre los presidentes de las compañías eléctricas y que cuenta con nuestra confianza. Si llegan a entenderse entre ellos, como espero, a mí me vendrá muy bien.

12 de abril de 1983

Recibo al presidente de Iberduero, Manuel Gómez de Pablos. Ha hablado con el presidente del Gobierno sobre el programa eléctrico y el tema de Lemóniz, según me ha comentado Felipe González. A Manuel le conozco desde hace tiempo y es, sin duda, el mejor preparado de los presidentes de las empresas eléctricas para entender la situación y llegar a un pacto con el Gobierno. Empezamos a tratar un acuerdo que debería abarcar, al menos, la reducción del programa de inversiones en centrales nucleares (y resolver de paso el problema de Lemóniz), una garantía sobre la futura evolución de las tarifas eléctricas y el saneamiento de las empresas del sector. Tratamos de la posibilidad de alcanzar un memorandum of understanding que podamos firmar todos y que contempla también la nacionalización de la red de transporte en alta tensión.

14 de abril de 1983

En la Comisión de Industria y Energía del Congreso, contestando una pregunta y acosado por el grupo Popular, he tenido que reconocer que no puedo garantizar el futuro de Altos Hornos del Mediterráneo (AHM). A cambio, declaro mi disposición a ser flexible en cuanto a la fecha límite del 1 de julio en la negociación del plan siderúrgico, siempre que de verdad se empiecen en serio las negociaciones. La primera declaración genera una fuerte reacción obrera y sindical en Sagunto y Valencia, ampliamente respaldada por la ciudadanía. Es natural: si desaparecen los puestos de trabajo de la siderurgia, también se pondrán en peligro los de los que les venden a los obreros los alimentos y la ropa, dan clases a sus hijos y, por supuesto, los ingresos fiscales en los ayuntamientos afectados y su entorno. La gente del PSOE en Valencia lo está pasando mal y el PP aprovecha la situación para debilitar la posición del Partido Socialista.

En otro orden de cosas, hoy se ha aprobado por fin la Ley de Presupuestos para 1983, ya que hubo que prorrogar la de 1982 al llegar al Gobierno en diciembre pasado a falta de tiempo para hacer otra cosa. En dos meses empezaremos a debatir en el seno del Gobierno los primeros números para 1984, después de haber discutido primero la prórroga y luego la ley ahora aprobada. Termino el día asistiendo a una cena en la asamblea de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD).

16 de abril de 1983

Reunión durante el fin de semana en el Parador de Segovia para ir cerrando la redacción del Libro Blanco sobre la reconversión, que será la base, tras su discusión en Consejo de Ministros, de la Ley de Reconversión y Reindustrialización. Poco a poco se van perfilando las diversas piezas. Todo ello a través de procedimientos y esquemas alambicados y barrocos, pero parece que éste es el coste que hay que pagar si quieres que los sindicatos, o al menos UGT, lo apoyen. Es lo que José Luis Corcuera llama la «escenificación» de las negociaciones.

18 de abril de 1983

Recibo a Juan Alegre Marcet, presidente de UNESA,115 que primero ha estado también con el presidente del Gobierno. Aproximamos posiciones sobre un pacto con las eléctricas de cara al próximo Plan Energético Nacional (PEN) y también a la reordenación del sector. Esto incluye la nacionalización de la red de alta tensión, el recorte del disparatado e infinanciable programa de inversiones nucleares y el posible intercambio de activos entre las compañías para garantizar el salvamento del mayor número de ellas. Todo ello está en la línea de las conversaciones que he mantenido con Manuel Gómez de Pablos, que es el autor intelectual de la nueva estrategia del sector, pero que carece de la representación necesaria para ponerla en práctica, lo que recae en el presidente de UNESA.

También recibo el príncipe Alberto de Bélgica, que está por aquí al frente de una delegación de su país. Es, por supuesto, una persona muy educada y amable.

25 de abril de 1983

Recibo al ministro de Economía de Guinea Ecuatorial. Ceno en el Palacio de Oriente por la visita del rey Olaf V de Noruega. Parece que estamos haciendo frente a una agenda proveniente del pasado de visitas reales organizadas desde Zarzuela. Por cierto, que el Consejo de Ministros ha renunciado a continuar con el habitual intercambio de condecoraciones entre miembros de los gobiernos que se produce por pura cortesía en este tipo de visitas.

26 de abril de 1983

Importante almuerzo con los presidentes de las compañías eléctricas. Despejamos el tema de las tarifas eléctricas en el contexto del acuerdo general, aunque todavía queda el rabo por desollar. Espero que a partir de ahora, cuando las compañías ya han comprobado que el Ministerio está dispuesto a llevar a cabo una política realista de fijación de tarifas, podamos resolver los verdaderos problemas estructurales del sector eléctrico.

También siguen las difíciles negociaciones en torno al futuro de ERT. Me reúno con el Steering Committee de los acreedores internacionales de la empresa (Aresbank, Dresdner Bank, Royal Bank of Canada y Crédit Commercial de France). Sigo insistiendo en que, si no hay acuerdo entre todos los acreedores, el Gobierno no intervendrá con ayudas. Trato así de empujarles a aceptar una quita razonable de la deuda de la empresa que permita la reflotación de la nueva ERT.

29 de abril de 1983

Nueva entrevista con Juan Alegre Marcet. Le he hecho ver que cualquier acuerdo que se firme con el sector eléctrico debe incluir la creación de la empresa pública de transporte de electricidad en alta tensión a que nos hemos comprometido en nuestro programa electoral y cuya existencia es indispensable para racionalizar el funcionamiento del sistema eléctrico. Los empresarios siguen desconfiando de esta iniciativa y del poder que adquirirá el sector público en el manejo de Sistema Eléctrico Nacional a través de ella.

1 de mayo de 1983

Me traslado a Navarra. Allí declaro que «la amplitud y profundidad de la crisis industrial es tremenda. Tanto que, si acertamos al tomar las medidas, podremos incluirnos entre los países industrializados y con futuro, pero si no es así, pasaremos a formar parte del tercer mundo». Las últimas semanas, enfrentado a las quiebras del sector siderúrgico, del eléctrico, de muchas empresas del INI y del mayor holding privado de España, ERT, obviamente han producido su efecto en mi estado de ánimo. Pero no es sólo cuestión de estado de ánimo. Nos proponemos entrar en la CEE y desmontar, en pocos años, la protección a la industria que hoy existe. Si para entonces no hemos puesto las nuevas bases industriales, la actividad correrá el riesgo de desaparecer.

2 de mayo de 1983

Juan Cacicedo publica en El Nuevo Lunes un artículo en el que repasa y pondera la valía de los altos cargos del Ministerio de Industria, entre los que «parece» existir cierta cohesión, dice. Aunque, según él, «no se necesita especial cohesión en un Ministerio con escasas competencias, donde la política industrial nace del INI, la energética fundamentalmente del INH, y lo poco que resta de la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales». Es evidente que todavía sigue la inercia de la situación anterior en la imagen del Ministerio de Industria y Energía, dejando al margen las posibles fobias del autor del artículo.

3 de mayo de 1983

Recibo de nuevo a Alegre Marcet y pactamos ya el modelo para la nacionalización de la red de alta tensión. Se creará una empresa mixta con mayoría estatal a la que aportarán todas las empresas sus inversiones en la red. Los problemas de la justa valoración de los activos aportados se resolverán adecuadamente y con acuerdo de todos los concernidos. Dado que la aportación de las empresas públicas será en principio inferior a la de las privadas, alguna de éstas tendrá que vender parte de su red de alta tensión a ENDESA para que, de este modo, la aportación de las públicas represente al menos el 51 % del total. El Gobierno, de cualquier manera, tendrá un delegado en la nueva compañía que se llamará Red Eléctrica de España S.A. (REDESA).

6 de mayo de 1983

Firma del acuerdo con las empresas eléctricas para la creación de REDESA. Por la tarde salgo para París a la reunión de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Me acompañan Martín Gallego y Claudio Aranzadi, y vienen con nosotros nuestras mujeres. El tema estrella de la reunión, que se celebra en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), aparte de los elevados precios del petróleo que están ahogando a los países importadores como España, es el acuerdo de Alemania y otros países de la CEE sobre la creación de un gasoducto para su suministro desde la URSS en el futuro.

Llevo a la reunión una propuesta que hemos discutido previamente con Estados Unidos, Alemania y Francia de construir un gasoducto adicional desde Nigeria que, por África del Norte, conecte con España y Europa Occidental, disminuyendo así la dependencia estratégica del suministro desde el gasoducto procedente de la Unión Soviética. Acabo de perfilar la propuesta con el ministro norteamericano de Interior (que es el que tiene las competencias de energía) en el Hotel Plaza Athénée de París, donde está alojada la delegación norteamericana. Nosotros estamos en el George V. Él parece sorprendido de que ésta sea una iniciativa de un Gobierno socialista como el español, aunque ciertamente entiende que, dada nuestra posición geográfica y la actual estructura del suministro de gas natural en España, nosotros estemos interesados en un esquema más multilateral, con un papel más relevante para África en el suministro de gas a Europa.

La propuesta tiene eco internacional y también en España. Miguel Boyer, en la reunión de ministros de Economía y de Exteriores de la OCDE, y yo, en la reunión de los de Energía, hemos quedado aparentemente muy bien. Miguel, sin embargo, no está muy satisfecho del papel de Fernando Morán, que pronunció un discurso tercermundista en el foro de ministros de Asuntos Exteriores, casi antiOCDE, ante el estupor de todos los presentes.

Ante la presión de los periodistas en la rueda de prensa, al final de las reuniones, sigo declarando que no hay ningún plan inmediato para Sagunto. El tiempo, sin embargo, se está acabando, y ésta no es una respuesta que pueda servir ya.

13 de mayo de 1983

La Comisión del Plan Electrónico Nacional, presidido por José Ángel Sánchez Asiaín, me entrega sus directrices. Joan Majó, el director general del área, conocedor de que existía esta comisión desde antes de nuestra llegada al Gobierno, me propuso, y yo acepté, colaborar con sus miembros para hacer un nuevo Plan Electrónico a partir de sus conclusiones.

Almuerzo con Luis Solana, presidente de la Compañía Telefónica Nacional de España, para hablar de los suministros industriales a su compañía y de la situación crítica de las principales empresas españolas y multinacionales en España que los llevan a cabo (particularmente Standard).

18 de mayo de 1983

Después de conocer un informe del Banco de España sobre la situación en Banca Catalana y las irregularidades que allí se han cometido, se decide en el Consejo de Ministros dar instrucciones al Banco de España para que se investiguen las actuaciones de los administradores de la entidad (esto incluye a Jordi Pujol, fundador del banco y ahora presidente de la Generalitat de Cataluña) e informe al Gobierno sobre la situación de Banca Catalana.

La decisión ha ido precedida de un debate acalorado por las connotaciones de la misma. Alfonso Guerra ha advertido con buen tino de que mucha gente va a pensar que no es precisamente por razones de buena administración por lo que se inicia la investigación. Por el contrario, algunos opinamos que el problema de Banca Catalana es conocido por el público y que, según el Fondo de Garantía de Depósitos, al que se había obligado a intervenir la entidad, ésta presentaba un déficit patrimonial de unos 130.000 millones de pesetas, de manera que difícilmente se puede hablar de persecución política sin fundamento. En todo caso, la alternativa es decirle al órgano supervisor, esto es, al Banco de España, que se olvide del tema y no inicie ninguna investigación a pesar del déficit patrimonial, posición que nuestro Gobierno ni puede ni debe asumir. Al final ésta es la tesis que se ha impuesto después de una larga discusión en la que ha participado todo el Consejo.

19 de mayo de 1983

Siguen las negociaciones del gas natural, ahora en Argel. No avanzamos gran cosa. He notado que durante estos meses los argelinos han utilizado como arma de presión para llegar al acuerdo todo tipo de trabas burocráticas a las exportaciones españolas, lo que está produciendo problemas internos por mi firmeza en el mantenimiento de nuestras posiciones. Sin embargo, al mismo tiempo subsiste el temor por parte de quienes creen poco en el gas natural como fuente de energía alternativa de que yo pudiera, bajo la presión argelina y de los exportadores españoles a aquel país, aceptar precios demasiado elevados sin beneficio para nadie.

Como una salida para el futuro, una vez que los argelinos han aceptado el principio de no aplicar el «take or pay» durante un periodo transitorio (1984-1987), si es que llegamos a un acuerdo definitivo, le he propuesto a Nabi la reconsideración del gasoducto entre nuestros dos países, pero no en su versión habitual (Orán-Almería), sino en una visión mucho más ambiciosa: Nigeria, África Occidental, Argelia, Marruecos, Gibraltar, España, resto de Europa. Lo propuse, como ya he mencionado, en la reunión internacional de la AIE en París después de pactarlo con los norteamericanos, y la idea tuvo una recepción lejos de la unanimidad. En particular, Francia, que no está en la AIE, sigue muy reservona respecto a este proyecto que se presenta estratégicamente como una alternativa a la dependencia de Europa Occidental respecto del gaseoducto soviético, cosa que no les gusta mucho a los franceses (les parece demasiado alineado con los intereses de Estados Unidos y de la OTAN). En todo caso, el mayor problema de este proyecto es la dificultad de garantizar su funcionamiento en una zona africana potencialmente muy inestable.

20 de mayo de 1983

Almuerzo con el presidente del Banco Central, Alfonso Escámez. Como otros banqueros, quiere trasladarme su preocupación por la marcha de las empresas industriales de su grupo (que representan mucho en el activo de su banco) y, de paso, tomarme el pulso.

24 y 25 de mayo de 1983

Viaje a Riad para incrementar las relaciones de todo tipo con Arabia Saudí. El viaje ha sido preparado con cuidado y antelación, y me acompaña una serie de empresarios, con Claudio Boada como principal importador de petróleo de España al frente. Ésta es, en el fondo, una romería más de las que hacen todos los países importadores de petróleo para tratar de reciclar algunos de los famosos «petrodoláres». El ministro de Industria saudí –un hombre jovial, pero profundamente religioso, que detestaba al asesinado Anwar el Sadat, de quien decía que estaba borracho desde primera hora de la mañana y que tenía la espantosa costumbre de decidir el gasto público egipcio en El Cairo y venir a «cerrar» el presupuesto cada año a Riad– me lo expresó claramente: la capital saudí es la que recibe más delegaciones extranjeras al año después de Washington. Y en efecto así es: nos reciben siguiendo pautas tradicionales que, como las antesalas colectivas con largos divanes adosados a las paredes, tienen un inconfundible aroma medieval.

Durante nuestra estancia ha habido ocasión de conocer a algunos miembros de la familia real, lo que casi es imposible evitar en un viaje oficial a Riad. También fuimos al desierto. Querían enseñarnos, como modelo de cooperación entre nuestras dos economías, el caso de una factoría de cerámica creada con socios italianos. La temperatura en las naves industriales se aproximaba a los 50 grados centígrados. Empecé a sudar en cuanto puse el pie en la fábrica, y en pocos minutos tenía empapada no sólo la camisa, sino también la chaqueta del traje. Únicamente los asiáticos, que eran la mano de obra del establecimiento, parecían soportar sin gran sufrimiento el calor. ¿Y los árabes? No vi ninguno entre el personal que se movía por la nave o estaba al pie de su puesto de trabajo, tan sólo el que nos guiaba en la visita.

A la vuelta para Madrid me detuve en El Cairo, donde me entrevisté con Hosni Mubarak, que me contó unos chistes espantosos contra Muamar el Gadafi, y donde firmé con el vicepresidente del Gobierno egipcio un acuerdo de intenciones por el que nos comprarían una central térmica y tres plantas de cemento. El proyecto, carente de financiación pues Egipto hace tiempo que ha alcanzado el techo de crédito asegurado con nuestro país, probablemente nunca se llevará a cabo.

En Riad también me he entrevistado con un jeque árabe que tenía encarcelados a dos trabajadores españoles por incumplimiento de contrato por parte de la empresa zaragozana para la que trabajaban en asuntos de jardinería y riegos. Haciendo referencia a la magnanimidad árabe y a las buenas relaciones entre las dos casas reinantes, conseguí su liberación y su entrada semiclandestina en el avión oficial en el que me acompañaron a El Cairo. Después de darme las gracias emocionados, volaron a casa en una línea regular.

30 de mayo de 1983

Participo en el panel para analistas e inversores internacionales organizado por el Herald Tribune de Madrid. Me preguntan durante el debate por el compromiso del programa del PSOE de crear 800.000 puestos de trabajo en esta legislatura, y mi respuesta es que creo que es «una tarea casi imposible». Una vez reconocido lo evidente, siento como si me hubiera liberado de un enorme peso. Cada vez que sale este tema en el Consejo de Ministros todos ponemos una cara pesarosa (también Alfonso Guerra, que es el mayor culpable de este innecesario e incumplible compromiso).

1 de junio de 1983

Mis declaraciones en las jornadas del Herald Tribune arman mucho ruido y producen en las filas del PSOE y de UGT gran insatisfacción. Lo cierto es que las hice consciente de que iban a tener un impacto fuerte, pero no pensé que tanto, ya que todo el mundo venía especulando sobre la imposibilidad de cumplir nuestra previsión electoral. Mi propósito era liberar de esta estúpida e innecesaria carga al Gobierno. Cuanto antes se reconociera el error de cálculo y la imposibilidad de la meta, tanto mejor. Como diría Felipe González, «mejor ponerse una vez colorado que ciento amarillo».

Guerra, que tenía que acudir esta misma mañana a la inauguración del XXXIII Congreso de UGT, se ha quejado en el Consejo de Ministros, antes de ausentarse, de lo difícil que se lo he puesto, pero se comprometió a arreglarlo con una explicación tranquilizadora en su discurso. La supuesta explicación ha consistido simplemente en desautorizarme y ponerme en la nómina de los agoreros, de los profetas de los malos augurios. No sería la primera vez que Alfonso Guerra, comprometiéndose a mediar, se pone en la posición que a él más le conviene dejando a una de las partes en la estacada. A UGT le dice que lo de los 800.000 puestos de trabajo creados durante la legislatura no es una vaga promesa, sino un compromiso que el PSOE cumplirá. Es evidente que la verdad no le importa en absoluto, ya sea por ignorancia o por cálculo.

Por la tarde he recibido a Ramón Boixados, presidente de RENFE. Parece un hombre demasiado pragmático, muy al estilo desenfadado que uno encuentra en algunos catalanes.

3 de junio de 1983

Pasa a visitarme Manuel Gortázar, ahora vicepresidente de Iberdrola, a quien conocí durante mi estancia en el Banco de Vizcaya. Me comunica que, de acuerdo con los demás grandes bancos y con el Banco de España, el Banco de Vizcaya podría quedarse con la gestión de Banca Catalana, hoy en manos del Fondo de Garantía de Depósitos. Me sorprende, porque no veo al Vizcaya con el músculo suficiente para la operación. Me dice que Pedro Toledo ha conseguido unos buenos términos en su negociación con el Banco de España y el Fondo de Garantía de Depósito para hacerse cargo del tema.

Recibo a Juan Carlos Rodríguez Ibarra, preocupado por lo que va a pasar con el honor de los extremeños y el de su propio Gobierno si se detiene la construcción de la central nuclear de Lemóniz y continúa alguna de las que están previstas o iniciadas en Extremadura. Juan Carlos es una buena persona y un político de instinto, pero, como otros políticos de zonas poco industrializadas, parece sentir un complejo de inferioridad que le hace particularmente sensible a los posibles agravios comparativos.

Estos días se celebró el XXXIII Congreso de UGT. Tras su clausura, ha quedado la impresión de una creciente insatisfacción del sindicato con el rumbo del Gobierno, y se perciben atisbos de enfrentamiento como consecuencia de la limitada capacidad de UGT para influir en la estrategia gubernamental. Algunos de nosotros, como Boyer, Maravall, Almunia y yo, estamos completamente en contra de que los sindicatos –sean o no «hermanos»– marquen los límites de la estrategia gubernamental, y en conversaciones o en debates del Consejo de Ministros nos referimos críticamente a la experiencia entre el Partido Laborista y las trade unions en Inglaterra a lo largo de la crisis industrial.

7 de junio de 1983

Despacho con el Rey en el Palacio de la Zarzuela. Es el primero que tengo, aunque me ha llamado alguna vez por teléfono para pedirme que recibiera a alguien, cosa que yo he hecho. Por lo demás, estos despachos son una mera formalidad. Él pregunta amablemente sobre cosas del departamento, según he visto, y no insiste más una vez recibida la respuesta.

En el debate de totalidad de los Presupuestos de 1983, los portavoces del Partido Popular (PP) tratan de sacar tajada a la discusión sobre los 800.000 puestos de trabajo, contraponiendo «la seriedad y honestidad política» de Boyer y Solchaga así como nuestro realismo al izquierdismo de UGT y Guerra. Me temo que este leitmotiv va a cundir mucho. Cambiando de tema, hay que señalar que se han iniciado, por fin, las negociaciones con ERT y sus acreedores para determinar las ayudas públicas al reflotamiento del holding. Aunque las coordino yo, las negociaciones se desarrollan en tres frentes: Ministerio de Economía y Hacienda (deuda tributaria vencida, aseguramiento del cambio para la deuda en moneda extranjera), Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (fraccionamiento del pago de la deuda a la Seguridad Social y otras ventajas) y Ministerio de Industria (subvención para las nuevas inversiones). Los ánimos están más templados que hace unos meses. A ello ha contribuido la mera supervivencia del conglomerado, ahora presidido por José María Escondrillas en medio de la tormenta, y la imagen de firmeza del Gobierno. Se trata de una situación crítica a cuya solución todos tendrán que contribuir.

8 de junio de 1983

Llevo al Consejo de Ministros el borrador del Libro Blanco de la reconversión. Se aprueban las líneas generales después de haberlas batallado con el Ministerio de Economía y Hacienda en sesiones previas. En todo caso, es evidente que Boyer no ha quedado convencido. Primero, tiene miedo del coste presupuestario, y segundo, no tiene ningún interés en ampliar el campo de negociación del Gobierno con los sindicatos.

9 de junio de 1983

Rueda de prensa sobre el Libro Blanco de la reconversión. De todos los aspectos del mismo, la prensa sólo destaca la reducción prevista de 46.000 puestos de trabajo. También que la prioridad en el tiempo está en la siderurgia (tanto integral como de horno eléctrico) y la construcción naval. En general, la nueva política de reconversión industrial es bien acogida por la prensa y gran parte de la opinión pública, y permite aplacar la impaciencia de algunos respecto de la respuesta del Gobierno a esta cuestión.

13 de junio de 1983

Reunión del Gobierno con UGT. Asistimos, junto al presidente, Miguel Boyer, Joaquín Almunia y yo. Los temas a tratar son los siguientes: las directrices del Plan Cuatrienal que han preparado en el Ministerio de Economía y Hacienda con el fin de enmarcar las estrategias para toda la legislatura, más la política de concertación social, la reconversión industrial y la introducción de la contratación temporal a través de un nuevo contrato más flexible que están preparando en el Ministerio de Trabajo. El Gobierno no puede actuar en prácticamente ninguno de estos temas a plena satisfacción de UGT. El transcurso de la reunión no augura nada bueno para las relaciones entre unos y otros.

Recibo a José María Aguirre, presidente de Banesto y gran jefe de la patronal bancaria. Creo que tras reunirme con él, ya he mantenido encuentros con todos los presidentes de los grandes bancos, que en general se muestran cooperativos con la política gubernamental, entre otras cosas porque tampoco tienen otra alternativa. Lo cierto, sin embargo, es que se les ha pasado el susto inicial que supuso nuestra llegada al poder.

14 de junio de 1983

Manifestación de los trabajadores de Sagunto ante el Ministerio de Industria. Hay tensión, pero en principio se mantiene el orden. Al final, sin embargo, se desatan algunos disturbios y se producen unos veinte heridos. Han venido 110 autobuses desde Sagunto. En unas declaraciones a los medios de comunicación, señalo que el Gobierno está obligado a crear puestos de trabajo para compensar los que se pierden durante la reconversión, aunque no exactamente en los mismos sitios ni para las mismas personas, ya que esto no se puede garantizar. Insisto, no obstante, que tal objetivo a medio plazo no debe frenar o detener la política de reconversión y que si el 1 de julio no hay acuerdo en la Comisión de seguimiento de la reconversión siderúrgica, ésta será aprobada por decreto por el Gobierno. Añado que si no se hiciera así, en menos de tres años desaparecería la mitad de la industria tal como hoy la conocemos.

16 de junio de 1983

El Ayuntamiento de Sagunto pide mediante acuerdo formal mi dimisión. Aunque empiezan a aparecer algunos artículos elogiando lo que consideran mi coherencia y mi entereza, éstos son una minoría, lo cual es comprensible. Cuando hay que cerrar una gran factoría no son solo sus trabajadores los que salen perjudicados, sino todos los de alrededor.

Asisto a la asamblea de Sercobe (Asociación de fabricantes de bienes de equipo). También quieren ayudas para reestructurarse. Lo que nos lleva a la paradójica situación de que trabajadores y empresas piden el apoyo al Gobierno para la reestructuración industrial y, luego, rechazan las consecuencias de la misma (no solo aquellos que salen peor parados como consecuencia de los cierres programados, sino también los demás, por «solidaridad»).

18 de junio de 1983

Viajo a Vitoria, aunque me veo obligado a aterrizar en el aeropuerto de Bilbao por el mal tiempo. Allí viene a recibirme Ramón Jáuregui, antiguo secretario general de UGT de Euskadi y actual delegado del Gobierno en el País Vasco. Ramón, buen amigo mío, es también un buen político y una bellísima persona que está acomodándose a un puesto que, según sospecho, no le gusta demasiado. Algo de esto compruebo, cuando cruzando el puente de Rontegui para llegar a la autopista de Vitoria nos encontramos con unos trabajadores de alguna de las empresas en crisis de la ría del Nervión organizando una barricada. Todavía no la habían cerrado para impedir totalmente el paso, y ordeno que continuemos adelante sorteando a los trabajadores que, naturalmente, nos increpan. En un momento determinado, algunos de los policías de mi escolta bajan del coche y retiran el último obstáculo que impide el paso, lo que sólo consiguen enfrentándose a empujones con algunos de los manifestantes. Ramón se siente muy incómodo y les pide que suban inmediatamente a los vehículos y que eviten los enfrentamientos, cosa que hacen sin que se produzcan graves desperfectos y seguimos viaje. Espero que el asunto no tenga ninguna repercusión.

20 de junio de 1983

En un artículo de Diario 16 titulado «El ministro revelación», José Luis Gutiérrez me alaba y apoya la política de reconversión. Cinco Días editorializa en la misma línea: «Carlos Solchaga puede pasar a la historia política y económica de este país por ser “el ministro reconvertidor”. Pero no sólo de los sectores en crisis, sino también del talante de un gobierno y de un partido con respecto a la economía». Agradezco estas consideraciones, que compensan la sensación de soledad y de incomprensión que a veces me invade. Todo esto está muy bien, pero al mismo tiempo el drama del cierre inminente de los Altos Hornos del Mediterráneo en Sagunto sigue en plena efervescencia y afectando muy duramente al recién nombrado Gobierno del PSOE en la Comunidad Valenciana. Soy consciente de ello, pero me temo que no puedo hacer nada para evitarlo que no suponga un grave coste para el Gobierno de la Nación y para la propia industria del país.

27 de junio de 1983

Mientras el presidente recibe a una delegación del Ayuntamiento de Sagunto encabezada por su alcalde –a quien yo he visto hace unos días–, miles de saguntinos protestan en los alrededores de Moncloa y la propia Sagunto se ha paralizado en una huelga general. Estamos en uno de los momentos clave del proceso de reconversión industrial. Si el Gobierno da su brazo a torcer ahora y no sigue adelante con los planes de cierre de la factoría de Sagunto, la política de reconversión se termina aquí mismo. Confío en que el presidente lo vea así y siga adelante sin vacilaciones.

Recibo a José Luis Corcuera. Después me reúno con una delegación de UGT para explicarles el Libro Blanco de la reconversión industrial como primera etapa de su presentación a los interlocutores sociales. Corcuera, que es un negociador muy duro, es al mismo tiempo quien tiene, dentro de UGT, las ideas más claras sobre la inevitabilidad de la reconversión y sobre cuáles son las maneras más adecuadas para minimizar sus costes políticos.

28 de junio de 1983

Me comunican que no se ha llegado a un acuerdo en la reunión de seguimiento del Plan de Reconversión de la Siderurgia entre empresas y trabajadores. Tampoco esperaba otra cosa. En la adopción de decisiones desagradables, nadie quiere «mojarse». A veces, sin embargo, se me olvida algo tan simple.

29 de junio de 1983

Reunión con el presidente del Gobierno y la Ejecutiva de UGT. También están presentes Boyer y Almunia, y seguimos con los temas pendientes de la reunión del pasado día 13 de junio.

En un comunicado del Ministerio se anuncia la futura compra por el Estado de las acciones de CAMPSA ahora en el mercado y la suspensión de la cotización del valor en la Bolsa. Es una medida imprescindible para reordenar el sector petrolero de cara a nuestra integración en la CEE, que no admite un monopolio de distribución de productos derivados del petróleo. Éste es el primer paso del reordenamiento del sector. Distinguir entre lo que es su patrimonio como compañía de gestión y lo que es el valor patrimonial del petróleo que sigue almacenando, y que no es suyo, es complicado, y me ha supuesto una grave disputa con el vicepresidente del Gobierno, que pensaba que estábamos regalando las valiosas existencias a los futuros accionistas. Su ignorancia es de tal magnitud que no tengo paciencia para entrar en mayores explicaciones. El Consejo de Ministros ha resultado muy tenso. El presidente del Gobierno estaba claramente incómodo por la discusión entre Guerra y yo, quizá recordando la que ya tuvimos a propósito de las tarifas del gas natural.

30 de junio de 1983

Reunión con el presidente del Gobierno y la Ejecutiva de CC.OO. Hemos tratado los mismos temas que con UGT, entre ellos la reconversión industrial.

Nueva huelga general en Sagunto: la gente se ha echado a la calle. La presión para que el Gobierno rectifique y deshaga sus planes sobre el cierre de AHM es extraordinaria. Vamos a ver si aguantamos.

1 de julio de 1983

Los sindicatos de Sagunto convocan una nueva huelga general y una marcha a Madrid. Mientras tanto, la prensa especula sobre si se aprobará el Real Decreto-ley de Reconversión de la Industria Siderúrgica Integral en el próximo Consejo de Ministros o se retrasará algunas semanas a la vista de la oposición que suscita y la tensión que hay en Sagunto. Preguntado por ello, declaro que la norma se aprobará en el próximo Consejo de Ministros con total seguridad.

Marcelino Camacho,116 por su parte, ha declarado después de la reunión que mantuvimos con la dirección de CC.OO. el pasado 30 de junio que las acciones que prevé el Gobierno se perfilan hacia un plan de estabilización económica. No está del todo equivocado, al menos desde el punto de vista del signo que está adquiriendo la política monetaria.

2 de julio de 1983

Los trabajadores de AHM y quienes les acompañan organizan piquetes en las carreteras, generando colas de vehículos de 35 kilómetros. La UGT de Sagunto pide también mi dimisión.

4 de julio de 1983

Reunión con los representantes sindicales de CAMPSA para explicar el futuro de la compañía en la nueva reordenación del sector del petróleo. Me acompaña Martín Gallego. Les aseguro que sus puestos de trabajo no están en peligro. Tampoco hay razón alguna para que lo estén a corto plazo, aunque la presión del mercado en una situación desmonopolizada obligará a una racionalización de la empresa a medio plazo.

Acompañado de Juan Antonio García Díez, recibo a Juan Abelló, a quien no conocía. Me habla muy bien de un fenomenal colaborador suyo llamado Mario Conde, que está mejorando la situación de la compañía Antibióticos S.A. que Abelló preside y de la que es parcialmente propietario.

Comparezco ante el Grupo Parlamentario Socialista para seguir exponiendo el Real Decreto-ley de Reconversión y la propuesta para la siderurgia integral que va al próximo Consejo de Ministros. La tensión es muy elevada y José Luis Corcuera todavía la aumenta más, quizá para conseguir el apoyo al plan siderúrgico («la reconversión industrial» –ha dicho– «puede llevarse por delante al Gobierno»). Con su ayuda –o a pesar de ella– salgo bastante bien parado en un clima poco propicio, y consciente de ello les digo a los diputados que «estamos caminando por el filo de la navaja». Sólo la autoridad moral de Felipe González permite seguir adelante con esta política industrial sin que se rompa el partido, que, ciertamente, ni la entiende muy bien ni la comparte en el fondo.

6 de julio de 1983

El Consejo de Ministros aprueba el Decreto de Reconversión siderúrgica. El Gobierno es consciente de que, si se volviera atrás en este tema, se habría terminado su política industrial y probablemente una parte importante de la reputación que ha generado en materia de política económica. Comparezco luego en la rueda de prensa y, aunque destaco lo positivo de las inversiones en las siderurgias de Asturias y Euskadi, el interés se centra en el tema del cierre de Sagunto. Lo he sacado adelante finalmente, pero el PSOE, por un lado, la UGT, por otro, y hasta la opinión pública y el Gobierno han quedado un tanto traumatizados por el esfuerzo. Sin embargo, los editoriales de los periódicos y otros medios son hasta ahora favorables a las decisiones del Gobierno en este terreno, y supongo que también lo serán respecto a la aprobación del real decreto-ley.

Siguiendo la ronda de contactos con sindicatos y patronal, hoy nos hemos reunido el presidente del Gobierno, Boyer, Almunia y yo con la dirección de la CEOE, encabezada por Ferrer Salat. El objetivo de la reunión, como en las que tuvimos con CC.OO. y con UGT, es transmitir a los agentes económicos y sociales una visión de la perspectiva a medio plazo para la economía española según la estamos viendo ahora desde el Gobierno (es decir, con información fiable y no como cuando hicimos el programa electoral hace un año).

7 de julio de 1983

Despacho con el presidente del Gobierno. La reconversión y la industria eléctrica son los temas principales, así como las relaciones con UGT. En general, estamos de acuerdo en casi todo, aunque naturalmente a él le corresponde plantear la envolvente de la política industrial dentro de la acción del Gobierno.

8 de julio de 1983

Se firma el protocolo de la nueva CAMPSA. El INH comprará las acciones que están ahora en el mercado en manos privadas y luego colocará hasta el 40 o el 42 % del capital en manos de las compañías refinadoras nacionales, y el resto más tarde en el mercado minorista. Cuando entremos en la CEE se acabará el monopolio de distribución, tal como prevé el Tratado de Adhesión que estamos negociando.

Hoy comienzan unas jornadas del PSOE sobre reconversión. El partido quiere poder defender ante la sociedad, y también en los centros de trabajo, la posición del Gobierno en este tema. Es una buena idea.

12 de julio de 1983

Me reúno con la CEOE para hablar de la política de reconversión y revisar la situación actual. Teóricamente, al menos, no hay graves desacuerdos con la patronal, que asiste asombrada al pulso entre Gobierno y sindicatos en este tema.

14 de julio de 1983

Recibo una vez más a Joan Lerma (presidente del País Valenciano), que me expone los malos momentos que el Partido Socialista Valenciano (PSV) está pasando como consecuencia del próximo cierre de AHM. Presento el Libro Blanco sobre la reconversión en la APD.

16 de julio de 1983

Paso por Badajoz y me reúno con el consejero de Industria de la Junta de Extremadura, Eugenio Álvarez, y los senadores socialistas, viejos mineros ambos, Antonio Rosa y Antonio García Correa. Para salir del paso, mantengo –aunque no sé cómo– el compromiso de la planta de «pellets» en Fregenal de la Sierra, pero me impongo la obligación de hablar de este tema con el presidente para reconducirlo a lo que es viable y que no repugne demasiado al buen sentido.

18 de julio de 1983

Voy al programa Españoles, que dirige con notable éxito en RTVE Victoria Prego con la ayuda de Susana Olmo y de alguna que otra amiga como guionistas y asesoras. Sale tan bien para mí que Luis María Anson le reprocha a la directora y presentadora haber caído en mis redes de embaucador. Hasta Alfonso Guerra me felicita. El tema se centra una vez más en la reconversión de la siderurgia integral.

19 de julio de 1983

Javier Ayuso publica en ABC un artículo titulado «El tándem» en el que juzga la tarea conjunta que estamos realizando Miguel Boyer y yo de una manera muy favorable. Miguel me llama para decirme que le hace gracia la metáfora del tándem. En todo caso, es bueno para los dos que, dentro y fuera del PSOE, crean que vamos al unísono y no lo contrario, aunque no siempre sea así.

21 de julio de 1983

Reunión en París de los ministros responsables del sector de cada uno de los países que forman parte del proyecto europeo de construcción aeronáutica Airbus (Reino Unido, Alemania, Francia y España). Nuestro colega inglés Nigel Lawson nos cuenta su viaje a la Unión Soviética y la pasión de los jóvenes rusos por el consumismo occidental. Aunque habla mucho y tiende a monopolizar la conversación, es muy inteligente. Aprovecho la reunión para pedir una mayor participación de España en el proyecto Airbus, cosa que no sólo no es desechada, sino que es bien acogida y se estudiará.

28 de julio de 1983

Me reúno con todos los presidentes de empresas del INI en el Parador de Sigüenza y les echo una filípica, pidiendo resultados y exigiendo responsabilidades. El encuentro tiene una enorme repercusión, y Juan Tomás de Salas publica en Diario 16 un artículo muy laudatorio sobre mi liderazgo en este campo. La verdad es que la empresa pública tiene una buena fama entre la izquierda que no se la ha ganado hasta ahora.

1 de agosto de 1983

Transcribo una frase del editorial de El País titulado «Solchaga y la empresa pública»: «La intervención del ministro de Industria y Energía en la reunión celebrada en el INI con los presidentes de las empresas públicas ha hecho infinitamente más por afianzar la credibilidad del Gobierno socialista que el cúmulo de apologías que suelen derrochar los administradores de la política informadora del Ejecutivo». Mi intervención, preparada básicamente por el subsecretario Croissier, sigue dando mucho que hablar.

3 de agosto de 1983

El Consejo de Ministros, presidido por el Rey, se reúne en Mallorca en una sesión informativa. Informamos los ministros de Exteriores, Economía, Trabajo y yo. El Rey nos invita luego a comer en Marivent. Está encantado de asistir a un consejo de un Gobierno socialista. Es un buen golpe político de Felipe González, que también le viene al Rey estupendamente. Alfonso Guerra me reprocha que en mi informe sobre la situación de las negociaciones con Argelia haya usado la palabra «diferendo». Cree que me la he inventado yo.

4 de agosto de 1983

Nos vamos todos de vacaciones menos Alfonso Guerra, que dice que él no las tiene. Empiezan las especulaciones en los periódicos más rancios, como ABC, sobre dónde veraneamos unos y otros. Boyer y yo, que lo hacemos en Marbella, somos el principal centro de atención y, veladamente, de crítica.

Según Pilar Nervión, «el joven Solchaga […] es el nombre que más rentabilidad política ha sacado a sus meses de mandato». Olvida a Boyer.

24 de agosto de 1983

Nuevo Consejo de Ministros después de las tres semanas en la playa. Presento un informe sobre regulación de residuos nucleares. Me temo que el tema ha quedado arrinconado entre la política industrial y la medioambiental, y nadie hace caso del mismo.

Por otro lado, hoy hemos tenido una interesante reflexión sobre cómo reanimar el debate en el Congreso de los Diputados, que se resiente del exceso de tarea legislativa del Gobierno y de nuestra tendencia a discutir los asuntos sociales con los protagonistas fuera del Parlamento.

En los últimos días de agosto vuelve a escribirse sobre mi filípica a los presidentes de empresas del INI. Antonio Papell publica en el Heraldo de Aragón un artículo, «Solchaga, la racionalidad económica», en el que pide el apoyo para la política económica del Gobierno.

4 de septiembre de 1983

Reunión con Corcuera, Antón Saracíbar y algunos técnicos de UGT que los acompañan junto con el ministro de Economía y Hacienda y el de Trabajo para discutir las previsiones económicas que deberían servir de base para la negociación salarial de 1984. Los sindicatos difícilmente van a poder aceptar las exigencias del Gobierno en materia de moderación salarial. La cosa está muy difícil desde la primavera pasada y no hace, en mi opinión, más que empeorar. Pero el Gobierno no puede hacer otra cosa que consolidar la reputación de buen administrador económico que se está ganando y recuperar así la confianza para salir de la crisis.

5 de septiembre de 1983

Almuerzo con Emilio Botín. Nos acompaña Claudio Boada, que ha servido de intermediario para organizar la comida. Por la tarde hemos tenido Comisión Delegada de Asuntos Económicos, que preside el propio Felipe González y en la que Almunia informa de la reacción de UGT a los planes del Gobierno para 1984, que no es muy alentadora. Me sorprende la presencia del presidente en la misma. Supongo que le ha pedido algún apoyo Miguel Boyer.

6 de septiembre de 1983

Viajo con Narcís Serra al País Vasco, donde ha habido fuertes inundaciones en diversos puntos. Me veo con el lehendakari Carlos Garaicoechea para hablar de las perspectivas industriales en Euskadi y también sobre los daños de las inundaciones. Me refiero a éstas como una oportunidad para la reindustrialización del País Vasco en estos momentos tan difíciles. Sin embargo, la barrera de incomunicación entre Garaicoechea y yo, que se creó en la época en que ambos formamos parte del Consejo Preautonómico Vasco, sigue intacta.

8 de septiembre de 1983

Viene en visita oficial Laurent Fabius, mi colega de Industria en el Gobierno francés. Hablamos de intereses comunes y de las negociaciones para la entrada de España en la CEE relativas a los sectores industrial y energético. Le hablo también del gasoducto de Argelia y África a través de España. Quedamos en firmar antes de fin de año un protocolo de colaboración industrial entre los dos países. Como Francia ha sido el país de la CEE que está poniendo más dificultades para la integración (sobre todo en el terreno agrícola), ellos parecen creer que deberán ser nuestros mentores cuando levanten el veto. No puedo negar la incomodidad que me produce esa condescendencia.

9 de septiembre de 1983

Óscar Fanjul organiza un almuerzo con mi viejo profesor, Franco Modigliani, que está en Madrid para el Congreso Mundial de Economistas. Óscar fue visiting scholar en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) durante algún tiempo. Fue muy agradable volver a ver a Modigliani, que me dijo que conmigo ya eran cuatro sus exalumnos del MIT que habían llegado al rango de ministros. Le pregunto por Serena Calabi, su mujer, y me dice que está muy bien. Él sigue con la cabeza tan despierta como siempre.

12 de septiembre de 1983

Boyer, Almunia y yo nos reunimos con una delegación de UGT (Saracíbar, Corcuera y Miguel Ángel Ordóñez de Barraicua) para hablar de la planeación de la legislatura. Después de la reunión, Boyer dice en rueda de prensa que el Gobierno tiene previsto la creación de 680.000 empleos en los próximos tres años, matizando así la propuesta programática de 800.000 empleos en la legislatura y sin escarmentar en cabeza ajena (la mía), pues ni él se cree esa cifra. Propondremos una subida salarial del 6,5 % para 1984 frente a una inflación prevista del 8 %. UGT no está de acuerdo con ninguna de las dos cifras, lo que hará difícil llegar a algún acuerdo el año que viene.

Alberto Anaut, después de decir que soy el ministro «que mejor lo está haciendo», señala en Diario 16 que Guerra y UGT me tienen en su punto de mira, y que los empresarios también desconfían de mí. Es lo que se dice una situación envidiable. En el mismo periódico, en la valoración de los miembros del Gobierno por parte de los cronistas políticos, obtengo el primer puesto, al contrario de lo que pasaba hace seis meses.

19 de septiembre de 1983

Ceno con Pedro Toledo, que ya hace y deshace en el Banco de Vizcaya aunque formalmente Ángel Galíndez continúa como presidente de la entidad. Está muy contento con la apuesta que han hecho con Banca Catalana y el salto de tamaño del Banco de Vizcaya que representará. También me dice que el Gobierno es muy respetado en los círculos empresariales y financieros; bastante más que los últimos de UCD.

21 de septiembre de 1983

Se aprueban sanciones laborales en AHM de Sagunto en relación con los conflictos de la primavera pasada y el verano, a sabiendas de que van a traer problemas. No obstante, la desaparición de la autoridad de las empresas públicas con un Gobierno socialista sería gravísima.

23 de septiembre de 1983

Recibo a Joaquín Leguina, presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid. Se queja, no sin razón, del «efecto frontera» que está aprovechando Castilla-La Mancha para localizar inversiones industriales en las proximidades de Madrid. Le digo que no hay nada que el Gobierno pueda hacer al respecto, aunque personalmente aborrezco la competencia a la baja en materia fiscal para atraer inversiones.

27 de septiembre de 1983

Se emite en el espacio Encuentros en libertad, de TVE, un programa sobre la reconversión industrial, conmigo como invitado. Sigo haciendo esfuerzos de pedagogía a pesar de que soy consciente de que tienen un efecto limitado, dada la dificultad del tema.

Nueva visita de Belkacem Nabi, ministro de Energía argelino. Seguimos renegociando el contrato de suministro de gas, pero ni él cede ni cedo yo. En algún sentido, es como si los dos hubiéramos encontrado una posición cómoda en medio del proceso negociador.

28 de septiembre de 1983

Ceno en el restaurante Jockey con los presidentes de las empresas eléctricas. En general, están satisfechos de cómo se están encaminando las cosas y empiezan a ver la luz al final del túnel en el que sus errores estratégicos y financieros les habían metido en los últimos años de crisis industrial.

En el Consejo de Ministros de hoy el colega de Interior ha hecho un informe sobre asuntos de su departamento en materia de seguridad ciudadana y terrorismo. Sólo cifras y pocas ideas es la impresión que he sacado... Esperamos tener otra ocasión de profundizar en el tema.

29 de septiembre de 1983

Reunión con Ramón Jáuregui, delegado del Gobierno en Euskadi, sobre los problemas de la reconversión en el País Vasco.

Recibo al presidente mundial de ITT. Le pido que hagan un mayor esfuerzo en este país. No se compromete, sino al contrario. Me explica que la empresa está redefiniendo su implantación de manera global y España no es precisamente uno de sus objetivos.

Acaba el mes con la prensa dividida entre quienes apoyan la política de reconversión, y mi gestión de la misma, y quienes no pueden creer que el PSOE la haya acometido con el coste político que representa. Las preguntas constantes sobre ello y las dudas que algunos mantienen me aconsejan declarar que estoy dispuesto a irme si no encontrara el apoyo suficiente entre los míos. Desgraciadamente, no es probable que esto acabe con la discusión. Por otro lado, supongo que al presidente Felipe González no le ayudará oír esto, que parece un desafío.

3 de octubre de 1983

Voy a Bilbao. Almuerzo con la APD y después inauguro una serie de certámenes industriales. Anuncio la futura creación de una Zona de Urgente Reindustrialización (ZUR) en torno a Bilbao. En el marco de la política de reconversión industrial, las ZUR son el instrumento que estamos desarrollando para crear puestos de trabajo mediante incentivos con el fin de compensar los efectos negativos de la reconversión industrial sobre el empleo. Van a resultar relativamente caras, pero es una forma de evitar la depresión psicológica que se apodera de una zona en retroceso industrial. O, al menos, de reducirla.

4 de octubre de 1983

El príncipe Sultán bin Abdulaziz, ministro de Defensa de Arabia Saudí y hermano del Rey, viene a España. Negociamos con él la venta de armas. Nos reunimos en el Palacio de Viana (Ministerio de Asuntos Exteriores) en una primera entrevista.

5 de octubre de 1983

Cena en El Pardo. Invita Sultán bin Abdulaziz, que reside allí durante su estancia oficial en España. Antes de la cena, y ya vestidos con esmoquin Miguel Boyer y yo, continuamos las negociaciones con la delegación saudí.

8 de octubre de 1983

Despacho con el presidente del Gobierno sobre asuntos del Ministerio. Una vez al mes, más o menos, tenemos estas reuniones.

10 de octubre de 1983

Acompaño al Rey a la inauguración de las Jornadas sobre Tecnología con el ministro de Obras Públicas, Julián Campo.. Luego voy con Felipe González a la sesión de clausura. En ella señalo que la reconversión industrial no debe afectar sólo a las empresas, sino también a los empresarios y a sus actitudes ante un mundo en transformación tecnológica.

13 de octubre de 1983

Con el fin de mantener la subida del Índice de Precios de Consumo (IPC) dentro de los objetivos del Ministerio de Economía y Hacienda tengo que aceptar una subida de las tarifas eléctricas del 6 % cuando lo lógico hubiera sido subir entre el 9 y el 10 %. Peor podría haber sido la cosa si se hubieran seguido las recomendaciones del vicepresidente y de los ministros de Cultura, de Sanidad o de Transportes. El presidente apoya mi propuesta transaccional.

17 de octubre de 1983

Feria de Valladolid. Me traslado en coche y me llevo una sorpresa al ver que unos motoristas, no sé si de la Diputación, me esperan en el límite de la provincia para escoltarme hasta la ciudad. No me había sucedido nunca. Me recuerda a las épocas franquistas. Pido que no me acompañen hasta el límite en mi despedida. Por lo demás, breve discurso sobre política industrial en una feria que tiene poco sentido.

18 de octubre de 1983

Recibo a Corcuera. Hablamos de los próximos pasos de la reconversión siderúrgica y de la preparación más cuidadosa del Plan de Reconversión para el sector de la construcción naval de cara a final de año o principios del que viene.

21 de octubre de 1983

Almuerzo con el presidente del Gobierno, al que le pedí una entrevista para tratar el tema PRESUR. Le convenzo de que la inversión en la planta de prerreducidos que contempla el proyecto que defienden el PSOE de Extremadura y UGT sería un disparate económico y financiero, y que la única salida es reducirlo muy considerablemente en sus dimensiones y en su ambición. Ahora hay que convencer de esto a los interesados preservando la imagen de Felipe González, lo que no se puede llevar a cabo si no es con su compromiso y participación personal.

25 de octubre de 1983

Recibo a Pedro de Silva, presidente de Asturias. Los temas son la reconversión siderúrgica y naval más HUNOSA. Me cuenta el ambiente crecientemente hostil que hay en Asturias («obrero despedido, patrón colgado») no sólo ante la reconversión, sino, en general, contra empresas y empresarios. Le muestro mi preocupación por lo que eso significa para el futuro de la región. Le digo que, a pesar de ETA, Herri Batasuna y LAB,117 el ambiente de negocios en el País Vasco es menos hostil para los empresarios que en Asturias.

En Interviú se publica que estoy harto del presidente del INI, Moya. No es exactamente así. Lo que ocurre es que el presidente del INI no tiene autoridad ni respaldo en el Consejo de Administración del Instituto para sacar adelante tantos temas problemáticos como los que están en su cartera, y ello representa retrasos y discusiones continuas con demasiadas opiniones encima de la mesa.

26 de octubre de 1983

Acompaño al presidente González en la reunión que ha convocado en Moncloa con una comisión de trabajadores de PRESUR. La reunión resulta bastante tensa. El presidente tiene que usar toda su autoridad para convencerles de que el proyecto inicial era demasiado ambicioso y sería ruinoso. A mí me miran como si fuera un ser maligno, convencidos de que soy yo quien ha hecho cambiar de opinión al presidente. Sin embargo, no hay otra posibilidad que reducir el proyecto y el tamaño de la inversión. Al final se impone la decisión del Gobierno gracias al liderazgo extraordinario de Felipe González.

Por la mañana, hemos deliberado en el Consejo de Ministros sobre la situación del Estado en su lucha contra el terrorismo desde una posición, alejada por primera vez de toda ingenuidad, basada ya en la experiencia que después de casi un año de gobierno hemos venido acumulando y no solo en los principios. El Estado español está bastante menos protegido que otros de nuestro entorno en lo que se refiere a la represión del terrorismo, el golpismo antidemocrático, el tráfico de armas ilegal o el espionaje. Ciñéndonos al primero de estos temas, el terrorismo, los autores del informe encuentran que existe una gran impunidad para los que apoyan o encubren al terrorismo desde la prensa, las organizaciones legales o los que contribuyen a la red dedicada al cobro del impuesto revolucionario de ETA. Por ello, el Gobierno va a tratar de mejorar la eficacia del marco legal y llevar a cabo otras actuaciones complementarias. Según el ministro del Interior, los temas a tratar serán los siguientes:

–La modificación o suspensión temporal de las garantías de los presuntos autores de delitos de terrorismo.

–La agravación de penas para los delitos relacionados con el terrorismo (apología, apoyo, información a los terroristas, mediación en la extorsión). La agravación de las penas por la tenencia ilícita de armas (aunque según el ministro de Justicia éstas ya son suficientemente graves).

–La ilegalización de las publicaciones que pongan en peligro la seguridad del Estado y de las organizaciones políticas que supongan un peligro para la misma.

–La exigencia a Francia de que no aplique el estatuto de refugiado político a ningún español que lo haya solicitado después de la aprobación de la Constitución.

Por su parte, el ministro de Justicia propone la modificación del Código Penal para agravar las penas por los asesinatos terroristas cuando las víctimas sean miembros de las Fuerzas Armadas y del orden público, por los delitos de ultraje a los símbolos nacionales, así como aplicar el grado máximo en la calificación de todos los delitos cometidos por bandas armadas, subir de arresto menor a prisión provisional y la ampliación del periodo máximo de ésta última –hasta 30 meses– para los terroristas.

También propone la aplicación de la Ley de Defensa de la Democracia para los cierres provisionales de los órganos de difusión que hagan apología del terrorismo, modificar asimismo el artículo 336 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para poder perseguir los delitos de terrorismo españoles aunque se hayan producido en otro país (como el cobro del impuesto revolucionario en Francia, por ejemplo). Desaconseja, sin embargo, la ilegalización de Herri Batasuna (se trata de una asociación y no de un partido político), la modificación de la asistencia letrada al detenido (la Constitución no permite retirarla ni siquiera en estado de excepción) o no respetar el habeas corpus. Anuncia finalmente que, junto con el Ministerio del Interior, están estudiando modificar el régimen de las cárceles para los terroristas. Se mantiene en una posición claramente democrática, desoyendo los cantos de sirena de Francisco Umbral o Pedro José Ramírez, entre otros, después del asesinato por ETA-pm del capitán Alberto Martín Barrios.118

Ha sido, en fin, la primera aproximación madura hacia el tema del terrorismo y de los instrumentos que tiene el Estado para controlarlo. Casi ninguno de los presentes hubiéramos imaginado hace no tanto tiempo que tendríamos que pensar entre tanta tensión sobre todos estos asuntos y, lo que es más grave, tomar decisiones sobre ellos. Pero en esto también consiste gobernar. El ministro del Interior, José Barrionuevo, obviamente crispado, proponía unas líneas más duras en relación con la asistencia letrada al detenido, la interrupción del habeas corpus –parando la ley que está ahora en las Cortes–, la reclusión perpetua para determinados casos, la no reducción de penas, la eliminación del eximente de la condición familiar y algunas otras barbaridades que sus colaboradores de la Policía y la Guardia Civil le habían vendido. Por fortuna, no hemos tenido que aprobarlas.

27 de octubre de 1983

Presentación y debate del Real Decreto-ley de Reconversión y Reindustrialización en el Congreso de los Diputados. «Este Gobierno es plenamente consciente de que constituirse en punta de lanza para romper actitudes acomodaticias le pone en una situación política delicada y nada gratificante», digo en la defensa del mismo. Y continúo:

¿Cree alguien que este Gobierno tiene tan flaca memoria como para olvidar que muchos de los que hoy unas veces apoyan nuestra firmeza y otras veces nos exigen la adopción de medidas más duras en la resolución de estos problemas son los mismos que han tenido hasta hace muy poco responsabilidades de poder o responsabilidades económicas y sociales en la conducción de los negocios privados y nada han hecho para enfrentarse con la crisis industrial? ¿O piensa alguien que no somos conscientes de que algunos consideran que esta política puede llevar a una confrontación entre el Gobierno y los sindicatos, de la que esperan obtener ellos no sé qué oscuros beneficios? Pues bien, a unos y a otros, a quienes buscan en las actuaciones del Gobierno ocasión para criticar lo que son sus propias limitaciones e incapacidades y a quienes irresponsablemente creen que se habría de derivar para España algún beneficio en el corto término o a plazo más largo de la conflictividad social y del enfrentamiento con las organizaciones sindicales, debo decirles que este Gobierno cree más, muchos más que ellos, en la responsabilidad de los ciudadanos de España y en el sentido común de sus organizaciones empresariales y sindicales. Y porque cree en ello, porque está convencido de que es menester modificar tendencias indeseables enfrentando a todos con su responsabilidad en la consecución de un futuro más seguro para nuestra economía y porque se siente obligado a dar él el primer paso en este arduo proceso, es por lo que el Gobierno presenta hoy a la Cámara este real decreto-ley.

Felipe González escuchaba en el banco azul, dando visiblemente su apoyo al proyecto.

28 de octubre de 1983

Ayer y hoy he tenido reuniones sobre el Real Decreto-ley de Reconversión con patronal y sindicatos. Se notan claras disensiones entre CC.OO. y UGT. La central de Marcelino Camacho sospecha que tiene mucho que ganar en respaldo obrero si no se compromete a pactar la reconversión con la patronal y el Gobierno, dejando ese papel para UGT en exclusiva.

Hoy ha tenido lugar la firma del Protocolo Eléctrico. Sostengo, contra lo que dice la prensa más conservadora, que no hay un parón «nuclear», sino una ralentización del programa de inversiones. Me entrevisto también con Manolo Gómez de Pablos. Este acuerdo-marco significa que las principales incógnitas de futuro quedan despejadas y que ahora puede hacerse seriamente un nuevo Plan Energético Nacional. Significa también que conseguiremos que el sector se salve de la quiebra financiera.

31 de octubre de 1983

Según El Nuevo Lunes, muy próximo al guerrismo y al aparato del PSOE, se ha iniciado la cuenta atrás para la primera crisis de Gobierno. Firmado por Javier Arce, el artículo es un ataque contra Miguel Boyer y contra mí, que se supone que somos los cuerpos extraños en el Gobierno socialista.

2 de noviembre de 1983

Al inicio del Consejo de Ministros de hoy, el presidente del Gobierno se ha quejado de las filtraciones que se vienen produciendo de estas reuniones. No sé a cuál de ellas se refería. Por lo demás, se ha debatido sobre dos asuntos de interés: medidas de comunicación del Estado (informe de Javier Solana) y asuntos del Ministerio del Interior.

Por lo que se refiere al primero, el ministro de Cultura, bajo cuya competencia están los llamados medios de comunicación del Estado (antiguas publicaciones del Movimiento Nacional y participaciones en el capital de emisoras de radio, al margen de RNE y de RTVE), señala que los intentos de promover sociedades anónimas laborales de sus trabajadores han fracasado y que sólo se vislumbra la posibilidad de dos de ellas: una en El Sur de Málaga y otra en La Nueva España de Asturias. El gran problema es el diario Pueblo, enseña de los antiguos sindicatos verticales, que con una tirada de 30.000 ejemplares perdió 1.248 millones de pesetas en 1982. La mayoría nos inclinamos por subastar los periódicos y terminar con esta rémora.

Respecto del segundo, se vuelven a considerar los temas tratados en el pasado Consejo de Ministros, concluyendo que hay que proponer al Congreso de los Diputados una sistematización de la actual legislación antiterrorista, dejando al mismo tiempo de lado la idea del uso del estado de excepción, que está en el límite de la panoplia legal que no deberíamos alcanzar por el momento, y acompañar esta propuesta de un conjunto de medidas en el ámbito procesal y penal, en el terreno penitenciario y gubernativo, y en el área de la cooperación internacional en materia antiterrorista.

La sociedad debe tomar conciencia de que ETA ha respondido a las medidas de conciliación y mejora de la convivencia con los radicales abertzales (amnistía, aprobación de la Constitución, Estatuto de Autonomía de Euskadi) con una violencia cada vez menos discriminada. Los violentos tienen que valorar el coste de su actitud. Nuestro Gobierno no debería sentir ningún complejo de insuficiencia democrática al proponer todas estas medidas.

Terminada la discusión, las decisiones siguen sin adoptarse, pero se percibe que los puntos de vista un tanto ingenuos del Gobierno en relación con el terrorismo están cambiando rápidamente. El nuevo problema que se perfila es que no caigamos en manos de los que sienten poco respeto por las garantías constitucionales. Me gusta la posición del ministro de Justicia, Fernando Ledesma, y del de Administraciones Territoriales, Tomás de la Quadra, más que la del ministro del Interior, que a veces parece capturado por su entorno de colaboradores policiales.

3 de noviembre de 1983

Comisión en el Congreso sobre el tema de Sagunto. Comunico que el acuerdo sobre reconversión (el real decreto-ley) debe estar cerrado el próximo mes de diciembre.

4 de noviembre de 1983

Anuncio que no asistiré a una reunión en la que participa CC.OO. para negociar el Real Decreto-ley de Reconversión mientras siga en la delegación Juan Ignacio Marín, que hace unos días se encerró en el Ministerio con una delegación de trabajadores de AHM. Luis Carlos Croissier me llamó desde el Ministerio a la Comisión Delegada para consultar qué debía hacer ante la «ocupación» de las estancias. Le dije que llamara a las fuerzas del orden público para que desalojaran el Ministerio, y eso es lo que hizo. A la vista de mi anuncio, Marcelino Camacho ha declarado que CC.OO. no admite vetos en relación con este tema. Yo soy consciente de que si los dirigentes de los sindicatos que se reúnen con el ministro y los altos cargos del Ministerio se sienten libres de ocupar las estancias oficiales cada vez que estén insatisfechos por una cosa u otra, se acaba la posibilidad de negociar con autoridad por parte del Gobierno.

Me veo en la obligación de desautorizar a Pedro Sancho, director del sector naval del INI, por unas declaraciones sobre el futuro Plan de Reconversión de la construcción naval hechas a destiempo cuando ni siquiera se han empezado las negociaciones. Como Sancho es socialista, Enrique Moya me propuso su nombramiento con la única intención de satisfacerme. En realidad, no me gustó en absoluto la idea, y me confirmó una vez más el carácter acomodaticio de Enrique Moya, persona cuya lealtad, por otro lado, sólo puedo alabar.

6 de noviembre de 1983

Lorenzo López Sancho, en un artículo en ABC titulado «Un ministro: Solchaga», alaba mi sentido de la autoridad sin que ello «prejuzgue el fondo de la cuestión». El mismo periódico editorializa sobre lo que llama la «reconversión política» de CC.OO. y su enfrentamiento con el Gobierno. Este enfrentamiento, por un lado, satisface a UGT, pero, por otro, la deja en la incómoda situación de parecer el sindicato próximo al Gobierno, lo que no les gusta a sus miembros. Esperemos que pase pronto, aunque no parece probable.

7 de noviembre de 1983

Recibo de nuevo al presidente de Asturias, Pedro de Silva. Le transmito la idea de reducir las subvenciones a HUNOSA al mismo tiempo que su producción manteniendo sin embargo el mismo nivel de ayudas que recibe Asturias, pero dirigidas a nuevos sectores industriales. El plan le atrae, pero tendrá que discutirlo con el SOMA, que tiene una gran fuerza en HUNOSA.

8 de noviembre de 1983

Me reúno con los sindicatos UGT y ELA-STV, con los que alcanzamos algunos acuerdos sobre el Real Decreto-ley de Reconversión. CC.OO. acusa al Gobierno de parcialidad y dice que Boyer y yo somos la derecha del Gobierno, y que representamos los intereses de la patronal (Marcelino Camacho).

10 de noviembre de 1983

Últimamente hay rumores de crisis de Gobierno. Según Pilar Urbano (absolutamente infiable y siempre mal intencionada), Boyer, Solchaga y Almunia son «los intocables».

UGT del Metal, liderada por José Luis Corcuera y Antonio Puerta, se declara en total desacuerdo con CC.OO. en relación con la marcha del proceso de reconversión de la construcción naval y favorable a la negociación con el Gobierno. Días después, Marcelino Camacho declara en la Hoja del Lunes: «UGT, salvando las distancias, es igual que los sindicatos de Franco». Son muchas las distancias que hay que salvar, pero eso, en la tradición comunista que ha llamado social-fascistas a los miembros del PSOE y de UGT en otro tiempo, no es algo sorprendente.

Acabo de volver del médico. Me han hecho un chequeo y los primeros resultados son tranquilizadores: mi corazón está perfectamente, los bronquios funcionan bien, a pesar de los miles de cigarrillos que me he fumado en el último año, y sólo tengo una duodenitis y una hernia de hiato. En conclusión, nada grave. Llevo, sin embargo, sufriendo una tos irritante desde hace un par de semanas o tres, para cuyo alivio me han dado unas pastillas.

Ayer hubo Consejo de Ministros y, una vez más, nos perdimos en las ramas de la discusión de los detalles de proyectos irrelevantes. Mi información sobre el levantamiento de la suspensión de pagos del complejo alumínico de San Ciprián, que supone la nacionalización de hecho del sector, suscitó las habituales quejas del vicepresidente del Gobierno sobre que estas cosas se presentan como hechos consumados de los que el Gobierno nunca tiene suficientes datos. Según Alfonso Guerra, yo debería informar en todos los consejos de Ministros sobre los aspectos estratégicos de la política industrial. La verdad es que no aspiro a tanto protagonismo.

13 de noviembre de 1983

Gloria, nuestro hijo Carlos y yo hemos pasado el fin de semana en San Rafael en casa de Paloma y Carlos Borasteros. Miguel había ido con su tía Elena a Almería a festejar el cumpleaños de su prima. Hemos podido descansar, pasear y repasar una vez más –por mi parte, claro– el Plan Electrónico Nacional, que expondré mañana con detalle en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Las últimas semanas de este año se presentan llenas de proyectos que deben salvar este trámite, el del Consejo de Ministros, y luego, con más o menos urgencia, el de las Cortes.

Además del Plan Electrónico está el Plan Energético, la Ley de Reindustrialización, el desarrollo de la actual Junta de Energía Nuclear para que dé paso a un nuevo Instituto de Investigación, por un lado, y a una Empresa Nacional de Residuos Nucleares, por otro, el Plan de Reconversión del sector de la construcción naval (sobre el que ya han empezado las primeras y realmente impresionantes manifestaciones y movilizaciones), la constitución de la Sociedad Nacional de la Red Eléctrica de Alta Tensión con mayoría estatal, la operación de modificación de las características del régimen de monopolio del petróleo para constituir la nueva CAMPSA… y quizá algún proyecto más.

Algunos, desde la prensa, y otros, de viva voz, me reprochan haber abierto demasiados frentes al mismo tiempo, temerosos de que los movimientos de protesta –desde la derecha y la izquierda– originados por las reformas en marcha me arrollen a su paso y debiliten al Gobierno. Tienen razón en sus temores. Intuyo, sin embargo, que no pueden hacerse las cosas de otra manera. Hay que provocar la tensión y sostener fuertemente el mando durante este invierno de 1983-1984. Esto permitiría concentrar la mayor parte del desacuerdo en un periodo limitado, dejando tiempo suficiente para ir recomponiendo la imagen, hoy quizás demasiado rigurosa, y para cosechar los efectos –alguno de ellos, al menos– de esta política antes de que se termine la legislatura. Antes no se podía haber hecho (la falta de información y el largo tiempo que se precisa para obtenerla es el coste de la pureza virginal de no haber gobernado jamás). Más tarde será más difícil, por no decir imposible, una vez que las aguas agitadas ahora por las ideas y proyectos del Gobierno vuelvan a los cauces de la rutina.

Al mismo tiempo, son muchas las cosas que hay que decidir en las próximas semanas. La fundamental es cómo vamos a valorar la ruptura, más o menos profunda, con UGT. Si mantenemos hasta el final nuestras tesis en la reconversión industrial y en la generalización de los contratos temporales de trabajo, UGT acabará enfrentándose al Gobierno. El problema no es sólo éste, sino también el que se plantea en UGT, es decir, si la cúpula del sindicato va a entender este enfrentamiento simplemente como algo obligado por la conveniencia estratégica o lo va a considerar como un ataque frontal a sus objetivos, pasando luego a acosar abierta o solapadamente al Gobierno.

Esto debería despejarse en gran medida en la semana que comienza mañana (en la cual tendríamos que haber terminado la negociación sobre el Real Decreto-ley de Reconversión que estamos llevando a cabo). Reconozco que estoy un tanto confuso sobre lo que debería hacerse, y no sabría qué proponer al Gobierno a la vista de las dificultades de todo tipo que está encontrando la reconversión industrial. Hoy, un virtuoso editorialista de El País sugería que no deberíamos dar tanto protagonismo a la reconversión industrial no fuera que este deseo «intervencionista» del Gobierno, al levantar tal protesta social, perjudicara gravemente los éxitos relativos en el camino de la lucha contra la inflación, la consecución de la moderación salarial y el equilibrio de la balanza de pagos. ¡Como si ello fuera posible! Es divertido, si no fuera preocupante, observar cómo quienes se erigen en jueces de la política económica gubernamental cuando ésta es débil o carece de objetivos dan marcha atrás en sus posiciones cuando se dan cuenta de los costes que implica una política económica seria, conformándose con los escasos resultados nada más que iniciados, y todavía no suficientemente consolidados, en algunos campos. Me pregunto si la opinión del Ministerio de Economía y Hacienda o del Banco de España tendrá algo que ver con la publicación del editorial de El País. En todo caso, ambas instituciones tienen mucho mejor acceso al periódico que el Ministerio de Industria.

Hay quien, en su modo peculiar de observar los aspectos agregados como diferentes de sus componentes, puede llegar a decir tonterías notables. Con la reducción brutal del crédito (de su ritmo de crecimiento, para ser más exacto) necesaria para disminuir la tasa de inflación, se van a caer muchas empresas y se va a profundizar la crisis industrial. Sin una política decidida de reconversión, las cosas se pondrán mucho peor en el terreno del desempleo y de las expectativas empresariales. Y, en todo caso, el Gobierno no podrá evitar el deterioro que se producirá tanto por no actuar en una situación de gravedad empresarial o por hacerlo demasiado tarde o por ser demasiado riguroso en el tratamiento de la misma. Nada es gratis en una situación de crisis: tampoco la tentación inhibidora.

15 de noviembre de 1983

Invitado por los presidentes de los siete grandes bancos, almuerzo con ellos en la sede de Banesto en el Paseo de Recoletos. Tanto éstos como los dirigentes de la CEOE tienen miedo a que la reconversión sirva de excusa al Gobierno para nacionalizar empresas: nada más lejos de mi intención o del propósito del Gobierno. En el fondo, tengo la impresión de que los banqueros se sienten ya relativamente confiados con Miguel Boyer, pero todavía no saben a qué carta quedarse conmigo; de ahí su visiteo en los últimos tiempos.

17 de noviembre de 1983

Recibo a Juan Alegre Marcet, presidente de UNESA, para acabar de perfilar la creación de REDESA, la compañía de transporte de electricidad en alta tensión que, de acuerdo con nuestro programa, deberá ser de mayoría pública. Ya no hay diferencias apreciables entre las posiciones de la patronal eléctrica y el Gobierno.

Despacho en Moncloa con el presidente del Gobierno. Estos despachos se han venido intensificando en los últimos meses, con la tensión generada por la reconversión industrial (no sólo en la sociedad, sino también en el Gobierno y en el PSOE).

20 de noviembre de 1983

Se va aproximando la fecha del primer aniversario de la constitución del Gobierno socialista. Seguramente, todo el mundo está preparando los balances de nuestra gestión y muchos de los ministros desearían culminar algunas de sus acciones antes del próximo 3 de diciembre.

Entretanto, este fin de semana ha vuelto a haber, como todos los años desde 1975, alguna pequeña algarada de los franquistas residuales, cada vez de menor importancia. Sólo en 1981, después del intento de golpe de Estado frustrado, estuvieron algo más activos. En 1982, estupefactos ante los resultados electorales del 28 de octubre y recién venido el Papa a España en esos días, no fueron capaces de reaccionar y apenas se oyeron sus voces.

La semana que acaba de terminar ha sido crucial para el Real Decreto-ley de Reconversión, para la política industrial y, según creo, para mi propia situación en el Gobierno. El miércoles informé en el Consejo de Ministros sobre el estado en el que se encontraban las negociaciones de la Mesa sobre reconversión industrial. Además de mi enfrentamiento con CC.OO. por el intento de ocupación del Ministerio, lo más destacable es la oposición de las otras dos centrales sindicales (UGT y ELA-STV) a las propuestas de rescisiones del contrato de trabajo contempladas en la ley, que según ellos les obligará a enfrentarse necesariamente a la iniciativa gubernamental. De este modo, si no cambiamos el criterio sobre la extinción de las relaciones de trabajo, no habrá acuerdo. En general, los ministros entendieron el problema y nadie se inclinó por hacer otra cosa distinta de la que preveía la ley. Hubo alguna queja sobre la insuficiente discusión del texto en el propio Consejo de Ministros, pero nada más.

En este contexto bastante resignado por parte del Consejo, nos sorprendió a todos el ministro de Economía y Hacienda con una intervención de oposición frontal a la ley. En primer lugar, calificó el procedimiento de discusión de insuficiente. Dijo, en segundo lugar, que el coste socio-laboral de la ley era enorme –disparatando enormemente en sus cálculos del mismo, dicho sea de paso. Se opuso, en tercer lugar, a la aprobación de la ley, y expuso, finalmente, su convicción de que no se podía ceder en las pretensiones sindicales, aventurando –contra toda la lógica del proceso de negociación que empujó el presidente– que existen cosas que no se pueden negociar cuando no hay posibilidades de llegar a un acuerdo con la otra parte.

Me inquietó, desde luego, la falta de flexibilidad que proponía para la negociación y las dificultades que esto habría de traer a la hora de poner en práctica la ley, pero me preocupó mucho más el análisis de fondo que implicaba la intervención del ministro: la reconversión industrial era demasiado cara; mejor no hacerla. Ahora puedo comprender la relevancia del editorial de El País de hace algunos días. En todo caso, el Consejo de Ministros decidió que una subcomisión formada por el presidente del Gobierno, que había tenido que ausentarse en la última parte de la reunión, y los ministros de Economía y Hacienda, Trabajo e Industria volvieran a discutir el tema aproximando posiciones y que trajeran una propuesta compartida al próximo Consejo.

Al día siguiente, jueves, nos reunimos los tres ministros con el presidente en el Congreso de los Diputados, alejándonos por una hora y media del debate de los Presupuestos. Las cosas allí fueron peor. El presidente, después de oír al ministro de Economía y Hacienda, se inclinó en principio por que no hubiera ley y empezáramos desde ya la reconversión de las empresas estatales o con mayoría pública sin extender la acción al conjunto de los sectores implicados, que era la alternativa estratégica que impulsaba Miguel Boyer. Pensé que no me convenía oponerme frontalmente a esta estrategia, aunque expresé todas las dificultades que veía a tal operación, no siendo la menor la falta de credibilidad en el viraje de la posición del Gobierno y el coste político que ello representaba. Conforme pasaron las horas de una noche en que dormí mal, me fui dando más cuenta de que tal salida era el suicidio de toda la política industrial que había venido impulsando desde el Ministerio. Me sentía incapaz de explicar el cambio al equipo ministerial que tan estrechamente ha venido colaborando conmigo.

No había, pues, otra salida que contraatacar. Reuní a mis colaboradores más próximos y les expuse la situación. No entendieron gran cosa –no era fácil entender el giro del Gobierno–, pero quedaron desolados. Llamé después a Corcuera y al presidente. Éste nos invitó a comer a ambos en Moncloa. Yo iba decidido a presentar mi dimisión si no se podía cambiar la situación, y así se lo había manifestado al subsecretario, a Claudio Aranzadi, Óscar Fanjul, Miguel Ángel Feito y Eduardo Santos en la reunión que habíamos tenido por la mañana.

La comida discurrió por cauces extraños en su primera parte. El presidente había tenido una de esas ideas demasiado sencillas para resolver un problema demasiado complejo. No es necesario mencionarlo aquí. Basta con decir que nos impidió entrar seriamente en el tema de la supervivencia del real decreto-ley hasta el café. A esas alturas, el presidente se rindió y dejó que Corcuera y yo discutiéramos un largo rato sobre cómo debería ser la nueva norma. Finalmente, el ministro de Economía y Hacienda, el de Trabajo y yo hemos quedado en reunirnos con UGT el fin de semana que viene. Con esta reunión, para cerrar los flecos que quedan, espero haber sorteado el peligro de abortar la nueva normativa sobre reconversión industrial y reindustralización.

25 de noviembre de 1983

CC.OO. convoca una jornada de lucha en todas las empresas públicas de España.

Recibo a los alcaldes de Vigo y de Ferrol así como a diputados gallegos del PSOE. Todos ellos vienen a hacer presión en favor de las posiciones de UGT en el Real Decreto-ley de Reconversión.

Recibo también al presidente de la Banca Nazionale del Lavoro. Creo que es un socialista buen amigo de Alfonso Guerra y viejo conocido de la dirección del partido.

26 de noviembre de 1983

En la Escuela de Otoño organizada por el PSOE de Madrid, declaro que los trabajadores de los sectores de reconversión son unos privilegiados en comparación a otros dejados al albur del mercado en medio de la más profunda crisis industrial que ha vivido España en el siglo XX. Esto no sólo lo pienso yo. También lo cree José Luis Corcuera, entre otros.

28 de noviembre de 1983

Declaro que considero cerradas sin acuerdo las negociaciones con UGT sobre el Real Decreto-ley de Reconversión. La cuestión fundamental de desacuerdo es la prevista rescisión de contratos.

30 de noviembre de 1983

Se aprueba el Real Decreto-ley de Reconversión y Reindustrialización. Quedan sin cerrar los puntos de desacuerdo con UGT, con quien seguiremos las reuniones. No me gusta esta situación, pero hoy no parece que se pueda ir más allá, sobre todo después de las reuniones con UGT en el INI donde tuve que hacer una dura crítica de la posición de Miguel Boyer ante los representantes del sindicato.

3 de diciembre de 1983

Jornadas de la empresa pública en Segovia. Admito públicamente sentirme frustrado por tantos retrasos y dilaciones en el tema de la reconversión, aunque reafirmo mi propósito de seguir adelante a pesar de que «soy consciente de que yo personalmente no gano nada llevando a cabo esta tarea». Éstos no son los mejores días desde que llegué hace un año a este Ministerio.

8 de diciembre de 1983

En la Comisión Delegada de Asuntos Económicos me opongo a la aprobación del Contrato-Programa de RENFE, por su falta de ambición y la escasez de los esfuerzos que exige a trabajadores y directivos frente a los planes de reconversión industrial. El tema es conocido por la prensa supongo que a través del propio ministro de Transportes, Enrique Barón, que no pierde ocasión de mostrar su desacuerdo con Boyer o conmigo.

12 de diciembre de 1983

Recibo a John Reed, presidente de Citibank. Últimamente, los banqueros internacionales están mostrando su interés por España y en sus viajes incluyen una entrevista conmigo. Este joven presidente de un banco tan importante me resulta interesante y simpático. Mucho más abierto que Harry Taylor, presidente de Manufacturers Hanover Trust, a quien recibí también hace unos días.

Almuerzo con Miguel Boyer tratando de cicatrizar las heridas que nos han dejado a los dos nuestro enfrentamiento por el Real Decreto-ley de Reconversión. La cosa no ha ido mal. Después de todo, no nos conviene a ninguno de los dos mantener este enfrentamiento. Sin embargo, no habían de acabar aquí todas las amarguras que el Real decreto-ley ha traído consigo. Como ya he señalado, el Gobierno lo aprobó a primeros de diciembre bajo la forma de real decreto-ley, pero no desarrolló las bases de los llamados Fondos de Promoción de Empleo, pues subsistía un grave desacuerdo entre UGT y el equipo económico del Gobierno –yo, de manera muy destacada– sobre si era necesaria o no la previa rescisión de contrato de trabajo para acceder a los mismos.

UGT ha maniobrado rápidamente creando una fuerte tensión con el Gobierno, y conmigo en particular, y amenazando con romper la disciplina de voto dentro del Grupo Parlamentario. No sé si estas consideraciones u otras llevaron al presidente a aceptar sus tesis y a encargarme que quedaran oscurecidas las formas de acceso a los fondos por parte de los trabajadores. Lo hice y se lo comuniqué a ELA-STV y a UGT (no a CC.OO., que están fuera de la negociación). Unas horas antes, sin embargo, le había anunciado al presidente la posibilidad de dimitir ante el ataque a la credibilidad de la política industrial que significaba esta concesión. El presidente no quiso oír hablar de la dimisión y confió en que yo siguiera la disciplina y me quedara en mi puesto para evitar el coste de desgaste al Gobierno que tal decisión por mi parte hubiera producido. Acertó en sus previsiones. Sin embargo, no sé si tengo reservas para aguantar un par de meses más como este último.

18 de diciembre de 1983

Almuerzo en Moncloa con el presidente del Gobierno y José Luis Corcuera. Seguimos con la reconversión, y empezamos a preparar la estrategia para el abordaje de la correspondiente al sector naval, en la que nos proponemos evitar algunos de los errores cometidos en el proceso de reconversión siderúrgica.

19 de diciembre de 1983

El Nuevo Lunes cuenta mis enfrentamientos y, principalmente, los de Miguel Boyer con Enrique Barón por la reestructuración en la RENFE, y, en menor medida, el de Telefónica, compañía que preside Luis Solana, hermano del ministro de Cultura, y que parece un oasis de paz en medio de las tensiones en las que viven otras empresas públicas como las del INI.

22 de diciembre de 1983

Declaro que hay que proceder al cierre ordenado de Potasas de Navarra, una vez constatado el agotamiento del yacimiento.

Por la noche, cena de ministros y cónyuges en Moncloa. Todo fue muy amigable.

23 de diciembre de 1983

Los trabajadores de Potasas de Navarra y otros se manifiestan en Tafalla delante de la casa de mis padres, donde me ahorcan en imagen (afortunadamente).

Sigue la disputa con UGT sobre la posible rescisión de contratos en el Real Decreto-ley de Reconversión y Reindustrialización, que es el nombre definitivo del proyecto para añadirle un matiz menos negativo.

Recojo el premio «Nombre Importante 1983» que da la revista Nueva Empresa.

27 de diciembre de 1983

Se aprueba en las cortes el Real Decreto-ley de Reconversión y Reindustrialización. Algunos creen que ha quedado un tanto desnaturalizado. Los diputados socialistas son los únicos que votan a favor. Yo no estoy contento y me siento bastante solo. El presidente no apoyó hasta el final mi propuesta de la resolución de contratos, cuya configuración final (resolución o suspensión) ha quedado diferida.

109. Empresa Nacional de Autocamiones S.A. (ENASA).

110. Este proyecto consistía en la instalación de una planta de fabricación de prerreducidos de mineral de hierro («pellets») a partir del mineral del yacimiento de Fregenal de la Sierra y el resto de la región. Sin un precio muy barato del gas natural el procedimiento no era competitivo, lo que, en tiempos de UCD, aconsejó al INI desechar el proyecto, que luego prohijaría Felipe González bajando a la mina en la campaña electoral de Andalucía.

111. Sonatrach (Société Nationale pour la Recherche, la Production, le Transport, la Transformation, et la Commercialisation des Hydrocarbures) es una empresa pública argelina constituida para explotar los hidrocarburos de ese país.

112. Pere Durán Farell era consejero delegado de Catalana de Gas.

113. Empresa Nacional de Gas (ENAGAS).

114. El Consejo de Ayuda Mutua Económica (COMECON) fue una organización de cooperación económica formada en torno a la URSS por diversos países socialistas (1949-1991). Sus objetivos eran el fomento de las relaciones comerciales entre los estados miembros, así como presentar una alternativa al Plan Marshall, desarrollado por Estados Unidos para la reorganización de la economía europea tras la Segunda Guerra Mundial.

115. La Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) es la organización que agrupa las grandes empresas eléctricas de España.

116. Marcelino Camacho fue el primer secretario general de CC.OO., desde julio de 1976 a noviembre de 1987.

117. Langile Abertzaleen Batzordeak (LAB) es un sindicato nacionalista vasco, adscrito a la izquierda abertzale.

118. El 19 de octubre de 1983 el capitán Alberto Martín fue hallado muerto con un tiro en la nuca en una zona boscosa de las inmediaciones de Bilbao, dos semanas después y aproximadamente a la misma hora en que fue secuestrado por ETA-pm VIII Asamblea cuando se dirigía a ocupar su puesto en los servicios de farmacia del Gobierno Militar de Vizcaya.

1984

2 de enero de 1984

El Nuevo Lunes publica que presenté mi dimisión al presidente del Gobierno por el problema de la rescisión de contratos en las reconversiones industriales. No es verdad, pero es cierto que estoy muy desanimado con la presión de UGT y el PSOE, y con el insuficiente compromiso con mis tesis por parte del presidente del Gobierno, hasta el punto de haber amenazado con dimitir.

El periodista Carlos Elordi atribuye a la dirección del PSOE haber mediado para que yo aceptara que la rescisión o suspensión de contratos no figurara en el marco legal y que la aplicación de una u otra se resuelva, de momento, caso por caso. Yo creo que la solución es muy insatisfactoria. Por lo demás, esta concesión no va a servir para calmar a los sindicatos, que, sobre todo en el caso de UGT, tienen unas expectativas de poder con un Gobierno socialista que no se han cumplido hasta ahora ni previsiblemente podrán cumplirse en el futuro. En general hay una sensación de enfrentamiento creciente entre UGT y el Gobierno que deja en una situación muy incómoda a la dirección del partido y, en particular, a Manolo Chaves, responsable en el PSOE de las relaciones con UGT. Los desacuerdos en materia de política de concertación salarial, que no han permitido un nuevo acuerdo social para 1984, los enfrentamientos con las medidas del Ministerio de Trabajo y, finalmente, las diferencias conmigo en el tema de los contratos de trabajo de los sectores en reconversión han ido alejando al Gobierno de UGT.

4 de enero de 1984

Hoy se ha reunido el primer Consejo de Ministros del año. Aunque había de ser deliberante y no decisorio, los temas retrasados han obligado a hacerlo fundamentalmente de trámite.

Hay buenas noticias de Francia en relación con el problema vasco. A lo largo de este mes, el Gobierno francés podría expulsar de Francia a las diversas direcciones de las organizaciones armadas (poli-milis, milis y comandos autónomos). Se están haciendo gestiones para la acogida de quienes están en ellas por gobiernos caribeños y confinar al resto de los llamados refugiados en el norte de Francia. Si esto se cumpliera, el golpe para dichas organizaciones sería muy importante, aunque no necesariamente mortal.

Por lo demás, el presidente echa de menos –seguramente con razón– la falta de sosiego en las tareas de gobierno para profundizar en el análisis político y, como el verano pasado, se propone aumentar el número de consejos de Ministros deliberantes para poder hacerlo. No está mal, pero, sin duda, será de nuevo un intento fallido.

16 de enero de 1984

Publico un artículo en ABC, «La política de reindustrialización en España», en la campaña de promoción del nuevo real decreto-ley.

17 de enero de 1984

El INI hace pública la decisión de cerrar Potasas de Navarra. El PSOE navarro aguanta el tirón, según me dice Gabriel Urralburu. Los trabajadores siguen manifestándose en Tafalla junto a la casa de mis resignados padres.

Recibo a Alejandro Albert, presidente del Banco Hispano Americano. Aunque no me ha dicho nada, parece que está enfermo.

20 de enero de 1984

Presento en rueda de prensa las líneas generales del Plan Electrónico e Informático Nacional, preparado por Joan Majó y basado en una serie de acuerdos con multinacionales presentes en España. Es un plan con menos dirigismo gubernamental que otros planes del Ministerio de Industria, lo cual se agradece porque implica un menor compromiso por parte del Gobierno en su desarrollo e implementación.

Se confirma públicamente la ruptura en la negociación para el acuerdo-marco de salarios de 1984. Los sindicatos nos responsabilizan de ello a Boyer y a mí, tratando de evitar de ese modo la confrontación global con el Gobierno. Esta acusación sólo es correcta parcialmente.

También se hace pública la decisión de la dirección de Aceriales S.A. de llevar a cabo la reestructuración de su plantilla mediante rescisión de contratos. Los trabajadores están en huelga después de una serie de negociaciones sin éxito para aprobar el Plan de Reconversión del sector de aceros especiales. Javier García-Egocheaga, presidente de Aceriales S.A., nos ha consultado a Eduardo Santos y a mí sobre si deben mantener la propuesta de rescisión, y hemos respaldado la posición de la empresa. Esto significa que ponemos a prueba el enfoque de rescisión-suspensión caso por caso. Creo que es crucial que este primer caso se resuelva mediante la rescisión de contratos.

24 de enero de 1984

Me reúno con Juan Alegre Marcet para revisar la marcha del desarrollo de los acuerdos con el sector eléctrico.

Las huelgas se multiplican y UGT se suma a ellas en el sector del metal. A mí me llaman provocador y consideran errónea mi política de reconversión. Se publica que Alfonso Guerra y yo estamos enfrentados porque él defiende la posición de UGT. Es posible que sea así, pero a mí no me lo ha dado a conocer ni ha manifestado nada de eso en el Consejo de Ministros. Supongo que se lo diría al presidente del Gobierno y, desde luego, a la prensa. El PCE, por su parte, pide mi dimisión y la de Boyer.

25 de enero de 1984

Reunión en Moncloa con el presidente del Gobierno y Miguel Boyer para hablar de la situación del INI. Asiste también Enrique Moya. Después, cenamos allí mismo. El presidente del INI desea un plan de salvación para el propio ente, pero es casi imposible que se apruebe de manera inmediata estando en medio del proceso reconversor. No obstante, no le puedo negar la posibilidad de intentarlo o dejar de prestarle mi apoyo.

UGT, PSOE, PSE (Euskadi), Ramón Rubial y, en general, todo el que es alguien en el aparato de la familia socialista presionan al presidente del Gobierno para que reoriente la política económica e industrial, aleje su posición de la mía y empiece por rechazar la rescisión de contratos propuesta en la reconversión de Aceriales S.A., imponiendo la tesis de los críticos. Me llegan noticias de todas estas delegaciones desplazadas hasta el Palacio de la Moncloa. La proximidad de las elecciones en Euskadi ha movido a los compañeros vascos a evitar la rescisión de contratos en el ajuste del sector.

29 de enero de 1984

Reunión en Moncloa para repasar la situación de la negociación para la entrada en la CEE. Aunque parezca un tema secundario en comparación con los asuntos internos, el proceso está dando cada vez más trabajo y es previsible que todavía requiera más atención conforme nos vayamos acercando al acuerdo. Óscar Fanjul coordina la negociación desde el Ministerio y lo está haciendo muy bien.

1 de febrero de 1984

Comienza el mes con dos focos de tensión dentro de la política económica del Gobierno: el de Miguel Boyer y el Ministerio de Economía y Hacienda con Enrique Barón, ministro de Transportes y Telecomunicaciones, y Luis Solana, presidente de la Compañía Telefónica, y el de la huelga de Aceriales S.A. y la posible resolución de los contratos de trabajo de los afectados por la reducción de la plantilla. Por mi parte, mientras mantengo la tensión en este último, trato de rebajarla en el primero, ofreciendo un plan cuatrienal de Telefónica –que a mí me afecta por la industria de terminales y, más indirectamente, por otras como la minería de cobre–, intermedio en su ambición al presentado, por un lado, por Barón y Solana y el que desea, por otro, Boyer.

2 de febrero de 1984

Acompañado por Joan Majó, director general de Electrónica e Informática, me entrevisto con Luis Solana, que acepta en líneas generales mi propuesta de plan a cuatro años para la Compañía Telefónica Nacional en España.

3 y 4 de febrero de 1984

Jornadas de Energía del PSOE. Trato de colocar las ideas fundamentales del Plan Energético Nacional a un auditorio demasiado ideologizado y desconocedor, en el fondo, de la auténtica situación del sector energético español.

Enrique Curiel119 declara que «Solchaga está haciendo un enorme estropicio en la economía española», y también que «el PSOE podría adelantar las elecciones a 1985». Veremos si tiene razón.

6 de febrero de 1984

Boyer y yo almorzamos con el presidente del Gobierno en Moncloa. Los temas principales a tratar son las tensiones con el Ministerio de Transportes por RENFE y Telefónica, y particularmente las presiones internas y externas en relación con el desenlace de la reconversión en Aceriales S.A. El presidente me comunica que no puede resistir más la presión del PSOE y UGT, y que propone que los contratos de trabajo queden en suspensión sin llegar a la rescisión. Me pide que se traslade esta directriz a los negociadores de Aceriales S.A. para que puedan alcanzar un acuerdo después de las tensiones y huelgas de las últimas semanas. Me muestro en total desacuerdo con la orden del presidente. En realidad, estoy desorientado e intuyo que todo esto de la política de reconversión se me cae encima.

7 de febrero de 1984

Me comunican el acuerdo alcanzado en Aceriales S.A., basado finalmente en la suspensión de contratos que permite la terminación de la huelga. Me sigue pareciendo un grave error y escribo una carta al presidente del Gobierno presentándole mi dimisión. Le llamo para entregársela en mano y me cita después de cenar en Moncloa. Hago una cena rápida con Claudio Aranzadi y Pepe Casas, a quienes comunico mi intención, y me voy a continuación a ver al presidente del Gobierno, a quien leo la carta y del que me despido casi inmediatamente por el pudor que me da el que pueda sospechar que la carta es un ardid de negociación o una baza que se puede retirar si se me ofrece una compensación. Felipe González queda muy apesadumbrado.

Ésta es la carta en cuestión:

Madrid, 7 de febrero de 1984

Querido Presidente y amigo:

La toma en consideración del recurso presentado por los trabajadores de Aceriales S.A. contra la resolución del Ministerio de Trabajo consultada y apoyada por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos en la que se aprobaba la rescisión de contratos es, se presente como se presente –y así lo va a entender todo el mundo–, un nuevo paso atrás del Gobierno en sus proyectos de reconversión industrial sin considerar otros aspectos no menos importantes como la concatenación mental conflicto social agudo/marcha atrás del Gobierno o la correlación entre desagrado de UGT y rectificación de rumbo gubernamental u oportunismo electoral a corto plazo/abandono de objetivos a medio plazo.

Conozco hasta qué punto este conjunto de razonamientos aparenciales han sido ajenos a la solicitud/orden que hoy me has dado de que Aceriales S.A. ofreciera una salida que contemplara la suspensión y rescisión de contratos. Pero ni tú ni yo, Presidente, vamos a poder evitar que una gran mayoría del país concluya semejantes inferencias, en especial cuando es bastante conocido todo el sistema de interferencias que, utilizando todos los métodos, los leales y los menos leales, ha ido tejiendo UGT en torno a la política industrial y de los que no hablaré, pues no deseo hacer de esta carta un memorial de agravios.

Es enormemente difícil, por no decir imposible, decir si el ritmo al que se está acometiendo la reconversión industrial es o no el adecuado y cuáles puedan ser las consecuencias de forzarlo o de ralentizarlo. Se trata, sopesando los «pros y los contras», de hacer una apuesta política en la que se va dosificando el esfuerzo y la fricción por un sistema de prueba y error. Hasta ahora, y cada vez que se ha planteado el dilema por disconformidad de UGT, la rectificación ha sido en el sentido de ralentizarlo. Es posible que eso dicte la prudencia, pero las consecuencias de tal inclinación sistemática para cualquier espectador avisado son transparentes.

Es igualmente complicado medir sensiblemente cuál es el grado de deterioro que representa para la credibilidad del Gobierno este proceso culminado ahora por la marcha atrás en la resolución sobre los trabajadores de Aceriales S.A.

Con todos los riesgos que ello comporta, sin embargo, yo tengo una apreciación clara de lo que significan ambos fenómenos y he combatido con armas honestas para evitarlos, defendiendo con ello el prestigio de la única institución que en las actuales circunstancias no puede permitirse el lujo de perderlo: el Gobierno de la Nación que tú presides.

Hoy mi persona ya no puede ser sino un obstáculo objetivo a la reconversión industrial que hay que seguir haciendo, aunque con unos instrumentos diferentes de los que yo siempre he estimado necesarios y desde una posición de autoridad imprescindible que ahora veo en peligro. Siempre he pensado que si, como consecuencia de mis actuaciones o de circunstancias más complicadas que no estuvieran bajo mi control, se llegaba a producir una situación de este tipo, yo no tendría más salida que lo que ahora he elegido presentándote la dimisión de mi cargo que te ruego aceptes como irrevocable.

Sabes, Presidente, con cuanto dolor me veo obligado a hacerlo y no precisamente porque esté disfrutando de mi posición en el Gobierno.

Sabes que quedo a tu disposición,

CARLOS SOLCHAGA

8 de febrero de 1984

En el Consejo de Ministros al final del cual pienso despedirme de los compañeros de Gobierno, ninguno de los cuales –excepto quizá Guerra y Boyer– conocen el paso que he dado, el primero me hace un aparte y me habla del disgusto del presidente del Gobierno y del coste político de esta dimisión en el momento actual. Después de una conversación no muy larga me persuade de que retire mi dimisión. Cuando se lo comunico a Felipe González se siente aliviado y contento. Yo, no tanto.

Aunque la decisión sobre el acuerdo de Aceriales S.A. se atribuye al presidente del Gobierno («cuya intervención fue decisiva», según Diario 16) y la explicación que se da es la presión de Txiki Benegas, candidato del PSE a lehendakari en las próximas elecciones de Euskadi, la verdad es que mi autoridad en el manejo de la política de reconversión industrial queda inevitablemente deteriorada.

11 y 12 de febrero de 1984

Cumbre con el Gobierno francés en Rambouillet. En el curso de las conversaciones tengo un pequeño enfrentamiento con mi colega el ministro de Industria francés, Laurent Fabius, al negarme a cerrar un acuerdo de cooperación estratégica en materia de industrias de electrónica e informática tan sólo con Francia o con los países de la CEE. Le irrita sobremanera que le diga que creo que Europa ha perdido la carrera en este terreno frente a Estados Unidos y Japón. Pide una reunión extraordinaria del plenario de las dos delegaciones para debatir este punto. Yo no me apeo de lo dicho en la reunión bilateral. A Miguel Boyer le divierte la situación. Fernando Morán, que preside nuestra delegación, parece desolado.

16 de febrero de 1984

Inauguro las Jornadas de APD, donde anuncio que los planes de reconversión quedarán definitivamente orientados antes del verano. Trato de aparentar que las cosas van por los cauces previstos. Parece que los últimos acontecimientos, incluida mi dimisión abortada, están teniendo menos efecto sobre la credibilidad de la política de reconversión de lo que yo esperaba. Sin embargo, todavía es pronto para saberlo.

23 de febrero de 1984

Mientras almuerzo con gente de mi equipo del Ministerio en el Congreso de los Diputados, donde nos ha invitado el presidente del Congreso, Gregorio Peces-Barba, le comunican a éste la noticia del asesinato en su propia casa de San Sebastián de mi amigo Enrique Casas, compañero durante años de la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista de Euskadi. Voy desde allí directamente a casa a recoger un mínimo equipaje y salgo a media tarde en coche, en medio de una fuerte nevada que no cesa desde Madrid hasta llegar a Llodio, para asistir a las exequias. Antes de hacerlo, se lo comunico al presidente del Gobierno, que me dice que la consigna era no darle un relieve superlativo al acontecimiento con una presencia excesiva de ministros en el mismo; que él iba a ir y eso debería bastar. Le contesto que esa consigna no va conmigo, que Enrique y yo éramos amigos y no podía dejar de ir.

Llego a las tres de la mañana a la sede del PSE en San Sebastián en la Plaza Usandizaga, donde jugaba con mis primos y sus amigos cuando éramos niños en mis veraneos en su casa. Después me retiro a dormir, invitado por el gobernador civil de San Sebastián. También vienen con nosotros Ricardo García Damborenea, que exhibe con aire chulesco una pistola para dar muestra de la inseguridad en la que se ve obligado a vivir, y Nicolás Redondo, que se empeña en mantener una oscura discusión político-sindical conmigo. Me voy a la cama disgustado y bastante deprimido por la actitud de los otros invitados: uno, proponiendo mano dura contra ETA y haciendo gala de las dificultades que atraviesa el Partido Socialista de Euskadi, y otro, empeñado en sus peleas personales sin atender al momento luctuoso que nos ha reunido aquí.

25-28 de febrero de 1984

Viaje a Roma para continuar con mi colega italiano las negociaciones para la entrada en la CEE. Además de con mi colega, Renato Altissimo, me entrevisto con Cesare Romiti (presidente de FIAT), Carlo de Benedetti (presidente de Olivetti), Francesco Revillo (presidente de la empresa energética italiana ENI) y Romano Prodi (presidente del Istituto per la Ricostruzione Industriale, IRI). También improviso una intervención sobre la política de reconversión industrial en Cofindustria que llama poderosamente la atención de los empresarios presentes. El viaje permite comprobar las buenas relaciones con los líderes industriales italianos, tanto del sector público como del privado, y el avance en las negociaciones con la CEE en lo que a Italia se refiere.

1 de marzo de 1984

Los periódicos se hacen eco de mis palabras sobre reconversión industrial en Cofindustria, en Roma, y también de mis conversaciones con la Sociedad Italiana del Vidrio para hacer una factoría en Sagunto. El compromiso de esta sociedad daría una gran credibilidad a las Zonas de Urgente Reindustrialización (ZUR) que hemos introducido con el Real Decreto-ley de Reconversión.

Las Provincias publica un suelto: «Fuertes rumores de dimisión de Solchaga». No sé si se refieren al pasado o al futuro.

2 de marzo de 1984

Tanto Felipe González como Alfonso Guerra desmienten la información de Las Provincias. Yo también lo niego, mintiendo a medias. Sin embargo, los rumores siguen y se extienden por todo el país. ¿Debería haber dimitido? Siento un gran desasosiego ante la idea de no haberme mantenido firme hasta el final.

6 de marzo de 1984

Reunión con UGT sobre la reconversión del sector naval. Vamos avanzando en la «escenificación» de la negociación que tendrá lugar próximamente.

Almuerzo con Narcís Serra más tarde y finalmente recibo a Manolo Gómez de Pablos para dar los últimos toques a la reestructuración del sector eléctrico. Sigue la tensión en los medios de comunicación. He aquí algunos titulares:

–«Grietas en el Gobierno» (Interviú).

–«Se mantiene la tensión entre Solchaga y UGT» (La Vanguardia).

–«La fractura socialista» (ABC).

–«Solchaga presentó la dimisión y Boyer impidió que fuese aceptada» (La Vanguardia).

–«Solchaga en la cuerda floja» (El Nuevo Lunes).

7 de marzo de 1984

Reunión con Joaquín Almunia, ministro de Trabajo. Hablamos mucho sobre la rescisión de contratos sin llegar a ninguna conclusión.

8 de marzo de 1984

Me reúno con la Ejecutiva del PSOE que, conocedora del mal momento que estoy pasando, quiere mostrarme su apoyo. Supongo que Felipe González es quien ha sugerido esta sesión de terapia.

11 de marzo de 1984

Felipe González defiende en TVE al equipo económico ante la ofensiva que venimos padeciendo Boyer, Almunia y yo en los medios de comunicación, detrás de la cual se adivina la mano de Guerra y el beneplácito de Redondo. Miguel Boyer está particularmente enfadado por el uso sectario que hace el vicepresidente de su influencia en TVE, tema que parece seguir con mucha mayor atención y cuidado que yo.

17 de marzo de 1984

Explico la marcha de la reconversión en la sede del PSOE en Pamplona. Declaro que, aunque el Gobierno desearía recolocar a todos los afectados por la reconversión, no puede ni debe adoptar ese compromiso, ya que no es posible extenderlo a todos los demás parados que tienen los mismos derechos que los afectados por la reconversión.

21 de marzo de 1984

Viaje a Bruselas para reunirme con el vicepresidente de la Comisión Europea (CE), Étienne Davignon, a quien le explico la política de reconversión. Después de la reunión cenamos juntos en un restaurante magnífico de Bruselas. Davignon me dice que debemos estar tranquilos respecto de nuestra preparación para entrar en la CEE, que en los gobiernos de los diez países miembros hay muy pocos ministros tan preparados como Miguel Boyer o como yo (que somos los que hemos tenido más trato con él). Le agradezco el cumplido. Veo también al ministro belga de Industria para repasar la agenda de negociación del dosier industrial para el acceso a la CEE. Es evidente que con el Gobierno belga no tendremos problemas en la fase final de la negociación del Tratado de Adhesión.

22 y 23 de marzo de 1984

Continúo el viaje hasta Ámsterdam para avanzar en la negociación del mencionado dosier industrial con la CEE. También estamos cerca del acuerdo con los holandeses. A pesar de que el invierno está tocando a su fin la temperatura en Ámsterdam no pasa de los cero grados.

27 de marzo de 1984

Almuerzo en Madrid con Gaston Thorn.120 Se muestra amable y un tanto condescendiente. En todo caso, hay que reconocerle el apoyo que siempre ha prestado a la adhesión de España a la CEE.

28 de marzo de 1984

El Consejo de Ministros aprueba el Plan Energético Nacional (PEN). Es la culminación de un largo y exitoso proceso de planificación y negociación. No creo que vaya a tener problemas en el Congreso de los Diputados, aunque el PP, por supuesto, se opondrá «con la boca chica».

29 de marzo de 1984

Recibo al ministro alemán de Economía, Otto Lambsdorff. Al evocar yo las negociaciones con Argelia sobre el contrato de gas natural, me dice, basándose en su experiencia de negociación con los argelinos, que abandone toda esperanza de llegar a un acuerdo razonable. Me acuerdo de otro conde Lambsdorff, que fue ministro de Exteriores de la Rusia zarista antes de la Primera Guerra Mundial. No me atrevo a preguntarle si existe alguna relación entre ellos.

6 de abril de 1984

Alberto Schommer viene al Ministerio para proponerme una de esas fotos un tanto surrealistas que le gusta hacer. Me dice que se las está haciendo a algunos de los miembros más destacados del Gobierno y que se publicarán en El País Semanal. Le digo que sí y que buscaremos una fecha que nos convenga a los dos.

Almuerzo con Miguel Boyer. Nuestras relaciones después de las desavenencias de los últimos meses han vuelto a la normalidad. Sobre todo, nuestra amistad, que viene desde finales de los sesenta, parece sobrevivir a cualquier discrepancia política que surja entre nosotros dos.

9 de abril de 1984

Viene a Madrid Renato Altissimo, ministro italiano de Industria, a continuar las negociaciones que tuvimos en Roma. Cerramos los pocos asuntos pendientes de cara al dosier industrial de la negociación con la CEE. Italia no pondrá objeciones al acuerdo desde el punto de vista industrial. Dado que Alemania no plantea ningún problema en este aspecto, y conocida la actitud de los países del Benelux, sólo quedan por solucionar pequeñas cosas con Francia y Reino Unido. Ni Grecia ni Dinamarca ni Irlanda han representado nunca un obstáculo para la aprobación de los asuntos industriales.

10 de abril de 1984

Reunión por la mañana con el Grupo Parlamentario Socialista para explicar el PEN. Luego, almuerzo con los presidentes de las empresas eléctricas con el mismo propósito. Con ellos está el nuevo presidente de ENDESA, Feliciano Fuster. Hace unos días, a través de Martín Gallego, me pidió una entrevista antes de aceptar el puesto que le había ofrecido el presidente del INI. Le di todo mi respaldo en el desempeño del nuevo cargo. Es un hombre muy competente y yo tengo gran confianza en lo que puede hacer al frente de la empresa. Por lo demás, no es una persona de trato fácil, aunque sea extremadamente cortés. Insistió una y otra vez en que no aceptaría la presidencia de ENDESA si no contaba con mi respaldo personal.

13 de abril de 1984

En el marco de una visita oficial del presidente de Brasil, recibo al ministro de Industria, Camilo Penna. También recibo al ministro venezolano de Fomento, Carmelo Lauría. Dos países con los que tenemos buenas relaciones y pocos negocios

18 de abril de 1984

Se aprueban las nuevas tarifas eléctricas que, por primera vez, recogen limitaciones a los dividendos para las empresas que quieran gozar de las ayudas oficiales, con lo que se pone en marcha un ambicioso plan de saneamiento financiero del sector acordado por el Ministerio con las empresas. Hace unos meses, cuando los acuerdos con el sector no estaban firmados, esta limitación en los dividendos hubiera sido imposible o nefasta. Hoy, los mercados financieros saben que, a pesar de la precaria situación de las empresas eléctricas, hay un Plan Energético Nacional con respaldo gubernamental que les permite vislumbrar un futuro del sector más claro. Manuel de la Concha ha ayudado seriamente a la realización de este acuerdo. También Blas Calzada, viejo amigo y compañero del Servicio de Estudios del Banco de España, ahora director del Servicio de Estudios de la Bolsa.

21 de abril de 1984

Recibo al presidente de Ford España, Jaime Carvajal, al de Catalana de Gas, Pere Durán Farell, y al secretario del SOMA, José Ángel Fernández Villa, con el que voy cimentando una profunda enemistad.

4 de mayo de 1984

Después de un largo contencioso, Gabriel Urralburu toma posesión como nuevo presidente de Navarra. Asisto con Alfonso Guerra, Javier Moscoso y Tomás de la Quadra-Salcedo al acto en Pamplona, y me quedo luego el fin de semana en Tafalla visitando a mi familia. Resulta estimulante ver a un socialista al frente de la gobernación de Navarra. Gabriel es uno de los compañeros del partido más inteligentes y con mayor capacidad de liderazgo.

8 de mayo de 1984

Aprovechando la inauguración de la feria Expotrónica 84 en Barcelona almuerzo con Jordi Pujol, presidente de la Generalitat. Asiste también a la comida Vicenç Oller, consejero catalán de Industria. Esta vez la reunión ha sido más fructífera que en otras ocasiones.

10 de mayo de 1984

Ceno con José María Cuevas, por el que no siento ninguna simpatía. Todo me hace pensar, por otro lado, que el «afecto» es mutuo.

11 de mayo de 1984

Recibo al presidente de Cantabria, Ángel Díaz de Entresotos, y a José María López de Letona,121 que resulta impertinente incluso cuando trata de ser amable.

14 de mayo de 1984

Almuerzo con Pedro Toledo, que, después de la última reorganización, ha concentrado en su persona todo el poder del Banco de Vizcaya. Está muy satisfecho de su apuesta por Banca Catalana y me habla confidencialmente del contrato que tenía la entidad con Marta Ferrusola, la mujer de Jordi Pujol, para la decoración floral de la sede del banco, que ha suspendido o va a hacerlo próximamente.

Hago unas declaraciones a Cambio 16 tratando de explicar por qué las relaciones entre partidos socialdemócratas y sindicatos de la misma ideología, además de fraternales, son a veces conflictivas. La fuerte afiliación sindical ha prestado fuerza hace tiempo a los partidos hermanos de los sindicatos en otros países de Europa, y por eso mismo han tenido una fuerte influencia en la política económica aplicada cuando éstos han llegado al gobierno. UGT desearía una situación semejante en España, «pero aquí –declaro–, en vez de un gran sindicato lo que hay es un partido fuerte. No en vano el sindicato empieza a revivir después de las elecciones de 1977 y así ellos obtienen más beneficios por el apellido socialista que el PSOE por su carácter ugetista». «UGT –añado– tiene tendencia a querer imponer la política económica, y, sin embargo, no tienen detrás la infraestructura de poder necesaria.» Me abstengo, no obstante, de afirmar que si se impusiera la línea de UGT el resultado sería desastroso para el país.

Como siempre que se dice que el emperador está desnudo, se arma un buen lío. Mis declaraciones se discuten en la Ejecutiva del PSOE, que encarga al secretario de Relaciones Laborales, Manolo Chaves, que descalifique mis opiniones, lo que éste hace obedientemente. Según he leído, González se abstiene de intervenir en la discusión. En todo caso, a mí no me ha dicho nada. Es mejor que mostrar su desacuerdo con la Comisión Ejecutiva.

Esta cuestión del reparto de poder y de la influencia en el diseño de la línea estratégica es la fuente fundamental de las diversas y múltiples desavenencias entre UGT y el Gobierno que el PSOE, sin embargo, no está dispuesto a reconocer. Yo tengo la convicción, después de la experiencia de los laboristas ingleses en manos de las trade unions, de que si un día subordinamos la política del Gobierno a la de UGT habremos acabado con la credibilidad del PSOE como Gobierno para todos los españoles, sin considerar, por otra parte, el coste brutal que habría de significar una línea de política económica equivocada para el futuro de este país.

17 y 18 de mayo de 1984

Viaje del canciller Helmut Kohl con una delegación del Gobierno alemán a España. Las relaciones entre él y Felipe González parecen excelentes, y ello ayuda a crear un clima muy favorable a la adhesión de España a la CEE, que cada día parece más próxima, tan solo seriamente obstaculizada por Francia y la cuestión agrícola.

19 de mayo de 1984

Viaje semisecreto a Libia. El gas natural y el desacuerdo con Argelia están detrás del asunto. La actitud del Gobierno estadounidense de bloqueo total a Libia impone la discreción. No parece probable que concluyamos nada de utilidad en medio de tanto secretismo. Quería, no obstante, contrastar las posibilidades que tendríamos de ampliar el actual contrato de suministro de gas con ese país. En medio de una tormenta del desierto, la impresión que me produce Trípoli es tristísima. Mi conversación con el ministro libio del Petróleo tampoco me ha animado mucho.

22 y 23 de mayo de 1984

Aprobación en el Congreso de los Diputados de la Ley de Reconversión. Sin embargo, el debate parlamentario importante ya se había producido en diciembre pasado con ocasión de la ratificación del real decreto-ley. Otro, no menos importante, se sigue produciendo todos los días en la calle y en el seno del PSOE.

29 de mayo de 1984

Recibo al secretario de Comercio de Estados Unidos. Tenemos algunos problemas con la exportación de productos siderúrgicos a este país que conviene resolver. La discusión seguirá por los tediosos cauces normales de los departamentos de Comercio de Estados Unidos y de España. En materia proteccionista, ellos no son menos burocráticos que nosotros o los franceses.

Se firma con los industriales del sector de los hidrocarburos el protocolo de CAMPSA adaptado al ordenamiento de la CEE. Es un paso histórico en la evolución del sector de los hidrocarburos en España.

3 de junio de 1984

Desde el 31 de mayo estoy de viaje en Estados Unidos hasta hoy, 3 de junio. En Washington D.C. me entrevisté con el secretario de Interior, que es el que tiene las competencias de Energía y Medio Ambiente, y hablamos del proyecto del gasoducto africano que propuse hace un año y del abastecimiento de gas natural a Europa. Ellos –cosa que compartimos– ven con preocupación el exceso de dependencia del gas soviético en Europa Occidental. A nosotros, sin embargo, nos preocupa fundamentalmente que se refuerce como alternativa nuestra fuente de aprovisionamiento natural que es África. También veo al secretario de Comercio, con el que estuve a finales de mes en Madrid. En Nueva York pronuncio un discurso en la Cámara de Comercio Hispano-americana, destacando las oportunidades de inversión que se abren en España al entrar próximamente en la CEE. El discurso queda un tanto lejano y envarado, pero el tono se relaja en el diálogo posterior, que resulta muy útil. Los inversores norteamericanos están pendientes de nuestra entrada en la CEE.

Aprovecho para ver a Luis Sempere y Paloma Ávila, en cuya casa duermo unas horas después de toda una noche de conversación antes de seguir con mi agenda que incluye una entrevista con TVE que ha de hacerse dentro del propio coche que me lleva por las calles de Nueva York a falta de mejor oportunidad. Luis y Paloma están muy bien y yo les reitero mi invitación a colaborar conmigo en el Ministerio o en alguna empresa pública del entorno. Es una pena desaprovechar el concurso de dos personas tan válidas.

En otro ámbito, hago una visita de cortesía al presidente del Banco Mundial en Washington D.C. y al vicepresidente de AT&T122 en Nueva York, con quien cierro verbalmente el acuerdo para la construcción de una factoría de esta compañía en España para la fabricación de chips. Es la primera inversión extranjera significativa desde que llegamos al Gobierno, y es en uno de los sectores tecnológicamente más avanzados.

10 de junio de 1984

Viaje a Austria desde el pasado 6 de junio. Visito la fábrica de Voestalpine123 en Linz y a mi colega el ministro de Industria en Viena.

Empiezan de nuevo los rumores de crisis de Gobierno. Al menos es lo primero que leo y oigo en cuanto vuelvo a Madrid. La verdad es que la situación está muy tensa y que el área económica del Gobierno está cercada por el aparato guerrista del partido, los sindicatos –particularmente UGT– y alguno de los periódicos de la prensa próxima al PSOE.

12 de junio 1984

Comparezco hoy en la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados para explicar las líneas generales del PEN, que ya ha iniciado su tramitación en las Cortes. El Grupo Popular hace una crítica totalmente catastrofista («el PEN elevará a cuatro millones el número de parados») y desconocedora de la realidad. En materia de política industrial, el PP sólo se define por el uso de generalidades sin acercarse mucho a los problemas. Sus portavoces en estas materias, que no son tontos, trabajan bastante poco los temas que se traen entre manos.

26 y 27 de junio de 1984

Aprobación del PEN en el Pleno del Congreso. Con esto se culmina prácticamente el programa que tengo en materia de política energética, aunque queden algunos flecos por cerrar y haya que seguir haciendo frente a los problemas de cada día.

28 de junio de 1984

Almuerzo con Ernest Lluch. Siguen los rumores sobre reajuste gubernamental, aunque nosotros no hablamos de eso, sino de los productos farmacéuticos y la industria de farmacia. En materia de reajustes ni él me haría confidencias ni yo a él.

Ayer recibí a los embajadores de la URSS y de Argelia. A estos últimos les gusta la idea del gaseoducto transahariano, aunque no creen en el proyecto. En la URSS no les gusta quizá porque creen que es posible.

3 de julio de 1984

Recibo al embajador de Estados Unidos. De nuevo, el asunto del aprovisionamiento de gas natural a Europa. Lo sorprendente es que es Estados Unidos, más que Europa, quien está más preocupado por la situación de dependencia en que puede quedar esta última.

4 de julio de 1984

El Consejo de Ministros aprueba la remodelación de CAMPSA y reordena el sector petrolero. Un obstáculo menos en el proceso de negociación con la CEE.

5 de julio de 1984

Almuerzo con el ministro de Transportes, Enrique Barón, para tratar de buscar una solución a la prolongada huelga de los pilotos de Iberia. La compañía abre expediente por falta grave a los componentes del comité de huelga. Tratamos de coordinar las posiciones políticas de los dos ministerios, no sea que juguemos sin querer al policía bueno y al policía malo.

11 de julio de 1984

Entre tantos rumores interesados sobre la crisis de Gobierno por fin encuentro uno de mayor envergadura del que tengo prueba irrefutable: reunión/cena en Moncloa entre el presidente del Gobierno, Miguel Boyer y yo para hablar de una posible remodelación del Gobierno. Cenamos en el jardín, donde con el transcurso de las horas se va sintiendo cada vez más frío a pesar de estar en pleno verano madrileño. Boyer me ha llamado desde su despacho al escaño en las Cortes para advertirme de la convocatoria de Felipe González sólo dos horas antes. Salimos ambos de nuestro encuentro pasadas las dos de la mañana con la convicción de que el presidente del Gobierno va a actuar inmediatamente. No deja de satisfacerme el hecho de que este tema lo hayamos tratado en exclusiva con el presidente Miguel Boyer y yo.

La línea de la remodelación va por el camino de aumentar el apoyo a Miguel Boyer y a mí, hacer más compacto el equipo económico del Gobierno y cambiar al ministro de Asuntos Exteriores al menos, aunque el presidente no ha querido comprometerse a más preservando su libertad de maniobra.

12 de julio de 1984

Aunque el ministro de Economía y Hacienda asegura que ya en estas fechas hemos alcanzado el déficit previsto para todo el año, hoy en el Consejo de Ministros le han colocado un par de disposiciones que lo van a aumentar considerablemente: una modificación de las remuneraciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que ha traído José Barrionuevo y a la que se oponía el ministro de Defensa por agravio comparativo con los sueldos de sus jefes y oficiales, y la creación por el Ministerio de Educación de once institutos mixtos, que ya había sido rechazada por falta de fondos por el Ministerio de Economía y Hacienda cuando se hicieron los Presupuestos ahora vigentes.

Esta última decisión no ayudará a que mejoren las malas relaciones entre José María Maravall y Miguel Boyer. En cuanto a la primera, aunque ha sido aprobada en una versión más modesta que en su original propuesta, a mí me da la impresión de que los mandos policiales siguen influyendo demasiado en las decisiones del ministro Barrionuevo a pesar de la supervisión que el presidente del Gobierno hace de su labor.

Por lo demás, y ya de cara al Presupuesto de 1985, el ministro de Economía y Hacienda ha presentado un cuadro macroeconómico imposible de cumplir si no se reduce el grado de restricción de la actual política monetaria, que está produciendo una fuerte contracción del crédito. Miguel Boyer ha dado una respuesta poco convincente cuando he expuesto estas consideraciones.

13 de julio de 1984

Voy a Santander a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo a la clausura de un seminario sobre empresa pública donde repito las ideas del Gobierno sobre la necesidad de redimensionarla. Me encuentro con los periodistas destacados allí revolucionados. Luis María Anson me cuenta que en la comida del día anterior Miguel Boyer se dedicó a criticar a los miembros del Gobierno no dejando títere con cabeza (mi caso fue la única excepción reconocida) y hablando sobre el rumbo del Gobierno, sus posibles cambios y su futuro como si él –dice Anson– fuese el presidente. Aun aplicando un considerable descuento por mala intención a las palabras del director de ABC, es indiscutible que Miguel Boyer no ha sido prudente y que su indiscreción acaba, de momento, con el propósito de Felipe González de remodelar el Gabinete.

19 de julio de 1984

Recibo al presidente de Bechtel,124 Alden P. Yates. Almuerzo con el presidente de Krupp. Antes, estas entrevistas eran para tomar el pulso al Gobierno sobre las dificultades que atravesaba la economía española. Ahora, cada vez son más sobre propuesta de inversiones y negocios acerca de los que les gustaría saber la opinión del Gobierno.

24 de julio de 1984

Asisto junto con el presidente del Gobierno y el ministro de Economía y Hacienda a la toma de posesión como gobernador del Banco de España de Mariano Rubio. Su nombramiento ha venido precedido de una fuerte tensión en el Gobierno. Rubio, quizá por su proximidad a los equipos económicos de UCD y, en particular, por su amistad con Juan Antonio García Díez y Leopoldo Calvo-Sotelo, es visto con desagrado y desconfianza por muchos, no sólo en el PSOE sino en el propio Gobierno. En especial, Alfonso Guerra desearía que desapareciera del Banco de España tanto por los motivos ya mencionados como por el deseo de extender su propia influencia política y la del PSOE en la institución. Por su parte, Miguel Boyer es buen amigo de Mariano Rubio (con el que coincidió, como yo lo hice, a finales de los años sesenta en el Servicio de Estudios del Banco de España) y confía plenamente en él (más que yo, desde luego), de manera que no se ha conformado con proponer su promoción desde subgobernador a gobernador del Banco de España ahora que cumplía término el mandato de José Ramón Álvarez Rendueles, sino que en el mismo ticket ha propuesto para subgobernador a Juan Antonio Ruiz de Alda, persona con antecedentes claramente conservadores y proveniente de la banca privada que en la actualidad ocupa una dirección general del Banco de España. Yo pensé que propondría para el puesto a Raimundo Ortega, actual director general del Tesoro y persona de gran prestigio en el Banco de España, que fue militante del FELIPE125 y pasó unos años en la cárcel durante el franquismo. Pero cuando hablé a Miguel de esta posibilidad como una salida a la confrontación con Guerra la desestimó. En todo caso, este tema ha sido una ocasión más para incrementar la tensión entre Boyer y el guerrismo.

30 de julio de 1984

Día de acuerdos importantes: en primer lugar, el de las compensaciones entre las empresas eléctricas para posibilitar el intercambio de activos de las mismas y evitar que el frenazo del programa nuclear se cebe sólo en algunas. En segundo lugar, la firma de ATT y Telefónica para crear una nueva compañía para la fabricación de microchips en España, después de mi acuerdo de Nueva York con el presidente de la multinacional norteamericana.

También he recibido al presidente de Westinghouse, con el que no veo ninguna salida para sus inversiones en España. Simplemente se retiran del país y no creo que lleguemos a lamentarlo.

Camino hacia las vacaciones de verano con dos reformas resueltas en el campo energético, la electricidad y la reordenación del sector de hidrocarburos –ya veremos sus resultados– y con los grandes sectores industriales en reconversión avanzada, con lo que una parte importante de la tarea en el Ministerio está resuelta. El mayor problema sigue siendo el insatisfactorio funcionamiento del INI y la lentitud de la empresa pública para adaptarse a las nuevas exigencias.

12 de agosto de 1984

Estoy en Marbella. He traído conmigo unos papeles sobre el INI y me propongo estudiarlos con el mayor cuidado para preparar una intervención que yo desearía que cubriera en exclusividad un Consejo de Ministros celebrado al efecto.

Presionados por sus propios gastos y las dificultades de financiación del déficit –no sólo en términos de volumen, sino también de coste–, los diversos miembros del Gobierno han decidido que la empresa pública, con su insatisfactoria gestión, debe ser el chivo expiatorio de la política presupuestaria. Les gustaría verla desaparecer como por encanto de la geografía industrial, y así ver reducidas a cero sus pérdidas. No quieren darse cuenta de que eso no es posible, que las deudas de las empresas públicas están, en su mayoría, avaladas por el INI –el propio Estado, a todos los efectos–, y que el cierre o reprivatización de empresas resulta más caro que modificar el rumbo de la mayoría de ellas con paciencia y haciendo frente a las capitalizaciones que exigen las pérdidas.

No desean ver el efecto de tales medidas sobre la industria o sobre el empleo industrial. Tampoco quieren comprobar que la gran amenaza de nuestro Presupuesto es el sistema de Seguridad Social si no aumenta el empleo, ni que un cambio cualitativo en la forma de financiar el déficit (Deuda Pública frente a la cuenta del Tesoro en el Banco de España) tiene un efecto anual expansivo en el gasto público mayor –al recoger el coste de los intereses– que el de todas las empresas públicas tomadas en conjunto, a pesar de su inevitabilidad.

Yo he sido el primero en criticar duramente el funcionamiento de nuestra empresa pública. No he visto al ministro de Defensa criticar la Ley de Dotaciones a las Fuerzas Armadas o los sueldos de los militares; ni al ministro del Interior referirse a la ineficacia policial o la corrupción de algunos individuos de uniforme; ni al ministro de Justicia aludir a la incapacidad administrativa del aparato judicial español; ni al ministro de Sanidad señalar la gestión bastante deficiente de la red de hospitales; ni al ministro de Transportes analizar el funcionamiento del Organismo de Aeropuertos Nacionales o el de la propia RENFE; ni al ministro de Obras Públicas ser crítico con los puertos españoles y sus diversos organismos; ni al ministro de Agricultura entrar en el tema del IRYDA,126 ICONA,127 FORPPA,128 etcétera… Antes al contrario, he oído de todos ellos la necesidad de mejorar la situación de sus organismos mediante ampliaciones en los créditos presupuestarios.

Por tanto, el primer punto de mi argumentación debería ser el siguiente: ¿cuál es el papel que la financiación de la empresa pública y la subvención de la misma han jugado en la expansión del gasto público en el periodo 1978-1982 y 1983-1985 (según las últimas previsiones presupuestarias)? Aquí hay tarea para el próximo otoño.

6 de septiembre de 1984

En el proceso de negociación del dosier industrial para el acceso a la CEE me reúno con el embajador inglés en Madrid, Nicholas Gordon-Lennox. Reino Unido todavía tiene algunas objeciones al trato que recibe España en materia industrial que espero resolver este otoño viajando a Londres.

12 de septiembre de 1984

La prensa conoce la oposición del Ministerio de Economía y Hacienda a las necesidades financieras de 200.000 millones, coste estimado finalmente del plan de saneamiento del INI que está manejando su presidente. No me sorprende, era una cuestión de tiempo que uno se opusiera y el otro lo aireara.

14 de septiembre de 1984

Recibo al presidente de Angola en la Exposición del INI. Hace una semana me encontré con el ministro angoleño de Planificación, Lopo Do Nascimento, que es buen amigo de España, para preparar esta visita y las conversaciones con ellos.

17 de septiembre de 1984

Recibo a Jacques Calvet, presidente de Peugeot. Todas las grandes multinacionales se están aproximando conforme se ve más probable nuestra adhesión a la CEE. En particular esto es verdad en el sector del automóvil, donde se puede decir que hay acuerdo prácticamente total sobre el proceso transitorio para desmontar la protección de la que este sector ha venido gozando históricamente en el mercado nacional. Lo que algunos llaman comercio internacional de carácter interindustrial es lo que permite el desatasco del tema. Al final, los importadores y exportadores de coches son básicamente los grandes fabricantes que especializan sus factorías por modelos y abastecen desde ellas mercados plurinacionales.

18 de septiembre de 1984

Despacho con el presidente del Gobierno, que media entre Boyer y yo en el tema del ajuste presupuestario para 1985 y las necesidades financieras del INI. Me veo obligado a reconocer que no hay más dinero para llevarlas adelante dentro del saneamiento financiero de los Presupuestos del año que viene. Esto plantea un problema en relación con la actual dirección del INI, que ve cómo se hunde su proyecto básico.

Antes he asistido al debate de totalidad sobre la Explotación unificada del Sistema Eléctrico Nacional. En mi intervención en el hemiciclo señalo que es la plasmación de la única propuesta nacionalizadora del programa electoral del PSOE, y que se hace con acuerdo del sector eléctrico mediante una sociedad mixta de carácter estatal, de manera que esto no le costará dinero al contribuyente y permitirá racionalizar el funcionamiento del sistema eléctrico. A estas alturas, el debate que había suscitado la nacionalización de la red eléctrica de alta tensión que figuraba en nuestro programa electoral ha quedado totalmente eliminado. Es el paso previo para la creación de la sociedad mixta de mayoría pública REDESA.

24 de septiembre de 1984

Despacho de nuevo con el presidente del Gobierno para resolver el tema presupuestario y el encaje del plan del INI en el mismo. Le propongo algo en lo que vengo pensando hace mucho tiempo: el cese al frente del INI de Enrique Moya, que no cuenta con el apoyo del Consejo de Administración, formado por secretarios de Estado y otros altos cargos del PSOE en la Administración, y su sustitución por el actual subsecretario del Ministerio de Industria, Luis Carlos Croissier. He de reconocer que no he tenido en todos los días de mi vida un subordinado tan fiel y leal como lo ha sido Moya a lo largo de estos casi dos años. Desgraciadamente, la lealtad no suple la idoneidad de las personas para el desempeño de sus responsabilidades. Sé que le sabrá mal a Boyer, pero es necesario, y espero que él se adapte a esto como yo tengo que adaptarme a las restricciones presupuestarias. Con el acuerdo del presidente del Gobierno comienzo los preparativos para el cambio.

3 de octubre de 1984

El Consejo de Ministros aprueba sin ninguna discusión mi propuesta de cese de Enrique Moya como presidente del INI y el nombramiento de Luis Carlos Croissier para ese puesto. Luis Carlos Croissier me ha exigido llevarse a Claudio Aranzadi como vicepresidente. No he tenido otro remedio que transigir. Óscar Fanjul ocupará la subsecretaria y Fernando Maravall le sustituirá como secretario general técnico. Algunos medios como ABC interpretan estos cambios como una pérdida de poder del ala moderada del Gobierno (Boyer y yo), dado que un hombre con carnet del PSOE, Croissier, sustituye a un empresario independiente. Lo cierto es que yo, por primera vez, me siento algo más confiado sobre lo que podemos hacer en el difícil campo de la empresa pública ahora que está al frente alguien que puede dominar el Consejo de Administración del INI. En todo caso, el cambio ha pillado a todo el mundo por sorpresa.

Por lo demás, la mayor parte del tiempo en el Consejo de Ministros se ha dedicado a los estudios sobre reforma de la Ley Electoral.

4 de octubre de 1984

Hoy ha habido debate de totalidad de la Ley sobre Reordenación del Sector Petrolero.

Hablo de la adaptación de CAMPSA al Tratado de Roma, y recuerdo su historia fallida como vertebrador del mundo del petróleo en la economía española y el deseo de la ley de darle vuelta a esta situación reordenando las actividades de exploración, explotación, refino y comercialización del petróleo y sus derivados. Tengo un pequeño rifirrafe con Pedro Schwartz, que defiende la enmienda de devolución por el PP, pero todo acaba amistosamente.

10 de octubre de 1984

Reunión con José María Maravall. El tema es la Ley de Investigación que estamos preparando a medias los ministerios de Industria y Educación (pero vigilados de cerca por Economía y Hacienda). Mi gran preocupación es establecer la conexión entre el mundo académico y el empresarial en las labores de investigación científica y técnica que apenas existe en nuestro país.

11 de octubre de 1984

Voy al INI a la toma de posesión de Claudio Aranzadi. No sé si me alegro por él y por el paso que la llegada a la vicepresidencia del INI supone en su carrera. Lo que sí sé es que echaré en falta tenerle cerca de ahora en adelante, por no hablar del difícil tema de su sustitución. No tanto como jefe de Gabinete, de lo que ha actuado más bien poco, sino como persona de confianza y alter ego mío en labores de coordinación y supervisión.

16 de octubre de 1984

Veo a Étienne Davignon y su equipo para avanzar en la negociación del dosier industrial con la CEE. Las cosas van avanzando. Davignon me invita a comer en un restaurante bruselense.

18 de octubre de 1984

Recibo a Cesare Romiti, presidente de FIAT. Hablamos de coches y de camiones, ya que, en principio, podría interesarles la empresa de camiones Pegaso (ENASA). Por lo que evidentemente no muestran ya ningún interés es por poner dinero en SEAT.

19 y 20 de octubre de 1984

Cumbre hispano-francesa en Barcelona (Palacio de Pedralbes). El acuerdo de adhesión está ya muy próximo a pesar del dosier agrícola. Michel Rocard129 sigue desconcertado con la contraparte española en la negociación, nuestro ministro de Agricultura, Carlos Romero. En eso, los miembros del Gobierno español no le vamos a la zaga.

23 de octubre de 1984

Recibo al presidente de Firestone, que prevé un relanzamiento de la industria del automóvil en España tras nuestra incorporación a la CEE. Yo también lo creo.

Comienza el debate sobre el estado de la nación que se presenta pacífico después de casi dos años de mandato. En este tiempo, el Gobierno ha hecho muchas cosas.

25 de octubre de 1984

Recibo al presidente de ENDESA, Feliciano Fuster, que me cuenta sus primeros pasos en el proceloso mundo de las grandes compañías eléctricas y sus ideas sobre cómo organizar las industrias del INI en este sector. ¡Ya veremos cómo se entiende con Luis Carlos Croissier!

Almuerzo con los consejeros de Industria de las comunidades autónomas. Revisamos la aplicación de los planes del Ministerio a cada comunidad y hablamos de otros problemas que ellos padecen más de cerca que yo.

1 de noviembre de 1984

Ayer viajé a Londres para seguir con la negociación de nuestra entrada en la CEE. Ceno con el ministro de Comercio inglés, Paul Channon, y su equipo en Lancaster House. Lo de Reino Unido está prácticamente hecho. Espero cerrarlo antes de fin de año. La cena en Lancaster House muy divertida (y muy británica).

A mi vuelta del viaje a Londres declaro que han quedado resueltos los problemas pendientes con Inglaterra sobre la política industrial y que Reino Unido no pondrá objeciones en este terreno a la adhesión de España a la CEE.

Por otro lado, me informan de que siguen a buen ritmo, pero con las dificultades previstas, las reuniones entre las compañías eléctricas para cerrar los últimos aspectos del intercambio de activos.

7 de noviembre de 1984

Ceno con los presidentes de la Compañía Telefónica Nacional y del INI (Luis Solana y Luis Carlos Croissier) para crear un clima de colaboración entre las dos entidades que hasta ahora no ha existido. Tengo el propósito de reunirlos más veces, aunque tampoco es que la química entre ellos funcione gran cosa.

9 de noviembre de 1984

Se incorpora como jefe de mi Gabinete Luis Sempere, que viene desde Nueva York a sustituir a Claudio Aranzadi. Luis y su mujer, Paloma Ávila, son compañeros de curso y amigos íntimos desde la época de la facultad en los primeros años sesenta. Cuando llegué al Ministerio en 1982 le propuse a Luis este puesto (pensando en Claudio Aranzadi como secretario general técnico), pero entonces me dijo que no. Es una gran incorporación: es amigo, es competente, es ordenado y es inteligente.

12 de noviembre de 1984

Almuerzo con el ministro de Obras Públicas, Julián Campo. Asisto también a la cena en el Palacio de Oriente en honor del presidente de la República Popular China, Li Xiannian, que está en visita oficial en España. Mis relaciones con Julián Campo, con el que, en general, me entiendo muy bien, apenas han existido durante todo este tiempo en que ambos somos miembros del Gobierno. Las suyas con Miguel Boyer parecen haber ido de mal en peor, y quizás por eso no ha tenido muchos contactos conmigo.

15 de noviembre de 1984

Recibo al presidente chino en la Exposición Permanente del INI. Cuando le digo cuál es la producción eléctrica en España no se lo puede creer, comparándola con las diminutas cifras de China. Traigo a alguien de los de la delegación que me acompaña para que ratifique mis números. Li Xiannian se queda asombrado, y yo también, de cómo debe de estar de atrasada todavía China.

En la reunión de trabajo, Li Xiannian explica la nueva política de desarrollo del Partido Comunista Chino, que implica un mayor papel del sector privado en la agricultura y una apertura en el sector industrial orientada a las exportaciones. Nos advierte que ellos se toman sus cosas con calma, pero que, si el experimento funciona, China tendrá el PIB más grande del mundo ¡antes de un siglo!

19 de noviembre de 1984

José María Oriol, el presidente de Hidroeléctrica Española, que ha venido arrastrando los pies, en gran medida por prejuicios ideológicos y políticos, durante el proceso del intercambio de activos entre las compañías eléctricas, me propone quedar fuera de los acuerdos entre compañías y aportar a la solución colectiva del intercambio la compra del 100 % de Hidroeléctrica de Cataluña, empresa que, según creemos, tiene un agujero patrimonial de 80.000 millones de pesetas. Le tomo la palabra inmediatamente. Con ello podrá cerrarse finalmente el proceso de intercambio y todos parecen sentirse satisfechos, dadas las circunstancias, o, al menos, resignados. La operación, si lo consideramos todo, ha sido un gran éxito.

20 de noviembre de 1984

Anuncio que a final de año se habrá realizado el 85 % del ajuste previsto de plantillas de los sectores de reconversión. Al decirlo me doy cuenta de que cada vez me quedan menos cosas complicadas por hacer en este cargo, y que voy a tener que dedicarme a la gestión diaria y a promocionar la política de Investigación y Desarrollo para la que no sé si soy la persona indicada. Por supuesto, la I+D está en todas las actividades productivas como un factor de gran importancia, pero, como los colores respecto de los objetos, no sé si el concepto de I+D es algo sustantivo.

24 de noviembre de 1984

Viajo a París para cerrar con mi colega francés de Industria los últimos temas de cara a la adhesión a la CEE. Toda va bien. Carlos Romero, Miguel Boyer y yo nos reunimos luego con Claude Cheysson, Roland Dumas y el embajador Pierre Guidoni en la calle St. Cloud en una atmósfera plácida que anuncia el cierre con Francia del acuerdo de adhesión de España a la CEE.

1 y 2 de diciembre de 1984

Empieza el mes con los editoriales de todos los medios sobre los dos años de gobierno del PSOE. Son bastantes razonables y más ponderadas que hace un año. Quizá este Gobierno no ha acertado en todo, pero no ha parado de trabajar y remover viejos asuntos que nadie quería o se creía capaz de resolver. La visión y el buen sentido de Felipe González, por el que cada día que pasa siento más admiración, ha sido crucial en este tiempo.

12 de diciembre de 1984

En el Consejo de Ministros de hoy ha vuelto a verse por enésima vez el Anteproyecto de Ley de Sanidad, que sigue teniendo múltiples inconvenientes de carácter técnico y financiero que deberían resolverse antes de ser aprobado por el Gobierno. La calidad del texto y de su memoria económica es deplorable, y lleva meses sin poder aprobarse. Aparte de mis críticas, se han oído las del ministro de Economía y Hacienda por el potencial incremento del gasto que representa esta ley; la del ministro de Trabajo por las cuestiones mal resueltas de la salud ocupacional y la falta de consideración por las restricciones financieras a que hace frente la Seguridad Social; las del ministro de Administración Territorial por problemas de competencias de las comunidades autónomas no atendidos en el anteproyecto; y las quejas del ministro de Defensa, que desea dejar fuera del esquema la sanidad militar.

Ernest Lluch parece no profundizar mucho en la calidad de los papeles que le preparan en su Ministerio. En todo caso, es evidente que, tal y como está, el anteproyecto no se va a aprobar nunca. ¡Si hasta el vicepresidente del Gobierno está asustado con la falta de previsión con el aumento del gasto que suponen diversos artículos!

El presidente se siente incómodo porque desea que Lluch saque adelante su proyecto y deje de lamentarse. Propone que antes de la próxima discusión se avance considerablemente en conocer el coste del proyecto, el modelo de financiación de la Sanidad y el funcionamiento del periodo transitorio de la ley. Me ha llamado por teléfono para que suavice mi oposición al proyecto, y me cuenta que otro tanto ha hecho con Miguel Boyer.

14 de diciembre de 1984

En el XXX Congreso Federal del PSOE hay mucha euforia, quizá demasiada. En todo caso, la militancia se siente muy satisfecha de la imagen del Gobierno y del partido. Supongo que la multitud de puestos en empresas públicas y otras gabelas al alcance de muchos militantes también influirán en ello. No obstante lo anterior, no creo que su llegada a estos puestos de trabajo desde posiciones subalternas haya disminuido en nada la calidad de la administración del sector público en sentido amplio. En estos momentos, hay muchos militantes muy identificados con la estrategia y la labor del Gobierno.

20 de diciembre de 1984

Se cierra formalmente el intercambio de activos entre las empresas eléctricas.

Se cierra también el acuerdo del capítulo industrial con la CEE. Buen broche final para el año 1984.

119. Tras la dimisión de Santiago Carrillo, le sustituyó al frente del PCE Gerardo Iglesias en noviembre de 1982, con Enrique Curiel como vicesecretario general del partido.

120. Gaston Thorn fue presidente de la Comisión Europea desde enero de 1981 a enero de 1985.

121. José María López de Letona fue ministro de Industria durante el franquismo (1969-1974) y gobernador del Banco de España (1976-1978). Cuando Banesto tuvo que hacerse cargo del Banco de Madrid para su reflotamiento fue nombrado consejero del banco. Luego pasó a ser presidente de dicha entidad al dejar el cargo Claudio Boada para ocupar la presidencia del Instituto Nacional de Hidrocarburos (1981).

122. American Telephone and Telegraph (AT&T).

123. Voestalpine es una empresa siderúrgica multinacional austríaca.

124. Bechtel es la mayor empresa de ingeniería de Estados Unidos.

125. El Frente de Liberación Popular (FLP, pero conocido coloquialmente como FELIPE) fue una organización política española no reconocida legalmente que actuó en oposición al franquismo entre 1958 y 1969. La mayoría de sus componentes provenían de las formaciones universitarias clandestinas y fue germen de algunas de las opciones políticas de renovación de la izquierda española.

126. Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA).

127. Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA).

128. Fondo de Ordenación y Regulación de Producciones y Precios Agrarios (FORPPA).

129. Michel Rocard era entonces el ministro de Agricultura francés.

1985

8 de enero de 1985

Alfonso Guerra viajó a Argel a aproximar posiciones en la negociación del contrato de gas con Sonatrach. La verdad es que las negociaciones están totalmente atrancadas y no veo claro cómo salir de esta situación. Hasta ahora debo confesar que he venido ganando tiempo para ver si las perspectivas de la demanda energética a medio plazo permitirían alcanzar algún acuerdo sobre el contrato de suministro.

10 de enero de 1985

Despacho con el presidente del Gobierno. Repasamos la situación del Departamento y los avances ya alcanzados en política energética, reconversión industrial y negociaciones con la CEE. Las cosas que quedan por hacer son ya menores y así se lo digo, aunque todavía tendremos conflictos y dificultades.

11 y 12 de enero de 1985

Participo en las Jornadas de Tecnología en El Escorial. Pongo el énfasis en la idea de que no habrá previsiblemente nuevos planes de reconversión, con excepción de sectores menores como el de fertilizantes, y que ahora hay que poner la atención en la reindustrialización y el papel de la investigación y el desarrollo. Manifiesto también la necesidad de reformar la normativa reguladora de las inversiones extranjeras con el fin de atraer más fácilmente capital extranjero que incorpore avances tecnológicos a nuestros procesos productivos, modernizándolos. En cualquier caso, la ley habría que cambiarla para armonizarla con el marco comunitario.

17 de enero de 1985

Recibo a Manuel Gómez de Pablos, presidente de Iberduero, y repasamos la situación, ahora mucho más favorable, del sector eléctrico después de las distintas reformas y acuerdos.

En unas declaraciones periodísticas acuso de demagogia a la Junta de Galicia por su actitud contra la reconversión naval. También podría hacer lo mismo con los vascos. Xabier Arzalluz ha estado encabezando manifestaciones contra la reconversión del sector naval en el propio Bilbao en las que se me ha colgado en efigie.

19 de enero de 1985

Reunión en Moncloa sobre las negociaciones con la CEE. Éstas se hallan ya en su fase final, según resulta del avance de todos los dosieres que las componen. A pesar de ello, Manuel Marín,130 el coordinador, sigue llorando por las esquinas por la falta de apoyo y comprensión de los ministros involucrados en las mismas. Todo podría concluir con un acuerdo antes del verano. Será un alivio ver el país anclado en la CEE.

21 de enero de 1985

Recibo de nuevo a Jacques Calvet, presidente de Peugeot. Planean nuevas inversiones en España. Quedo contento con su visión del futuro del automóvil en el país y con su actitud y la de su compañía.

Al llegar a la reunión de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, Miguel Boyer hace un aparte conmigo para decirme que se ha decidido, de acuerdo con el presidente del Gobierno, forzar desde el Banco de España la sustitución del presidente actual del Banco Hispano Americano por su probada incapacidad para sacar el banco adelante. Me dice también que, después de considerar diversos candidatos para el puesto, se ha decidido apoyar el nombre de Claudio Boada, actual presidente del INH.

Esta información y la forma en que me llega, cuando ya todo parece decidido, me irrita profundamente. Le he hecho ver a Miguel Boyer que en el Consejo del INH, y fuera de él, hay mucha gente, empezando por la UGT de Energía y Químicas, con muchas ganas de meter la cuchara en la dirección y estrategia del Instituto, convencidos de que el mantenimiento de Claudio Boada en el puesto cuando llegamos al Gobierno ha impedido poner en marcha una política socialista propia en el terreno de los hidrocarburos. Le digo que eso es muy peligroso y que algo semejante fue lo que me llevó a hacer el cambio de Enrique Moya al frente del INI por Luis Carlos Croissier. Le he preguntado también, temiendo conocer la respuesta, si él y el presidente del Gobierno habían pensado en el repuesto de Claudio Boada al frente del INH. Me dice que sí, que podría muy bien ser José María Amusátegui, actual vicepresidente del INH, presidente de CAMPSA y colaborador habitual de Claudio Boada desde hace muchos años, como ya había adivinado yo. Le digo que no es el candidato adecuado, pues tiene las mismas debilidades de origen que Claudio Boada y menos auctoritas para ejercer el cargo, aunque personalmente a mí me parezca una persona en general competente y tenga una cierta relación de amistad con él. El puesto ha de ser ocupado, le digo, por alguien de la máxima confianza del ministro de Industria.

Miguel Boyer se siente muy incómodo con mi posición y me advierte, en todo caso, que la última palabra sobre todo ello corresponde al presidente del Gobierno, que estaba en principio de acuerdo con la solución anterior. Le pido que llame entonces al presidente del Gobierno y vayamos a verle. Éste accede a recibirnos a los dos después de las diez de la noche en Moncloa, una vez terminada la reunión de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.

En la reunión, Felipe González se muestra contrariado por mi actitud. Seguramente piensa que estoy recuperándome de la batalla de poder que perdí cuando se inició el gobierno socialista y me encontré con los nombramientos de los presidentes del INI y del INH ya decididos. La verdad es que esto no es así. Mi mayor preocupación es la presión que UGT, por un lado, y los segundos niveles del PSOE presentes en los consejos de Administración de ambos entes puedan generar, y que ésta acabe distorsionando las directrices de política energética e industrial que salen del Ministerio. La experiencia, aunque corta, con el nombramiento de Croissier al frente del INI me ha dado la razón y temo que podría pasar en el INH lo que pasó en el INI hasta su llegada. Es decir: una pérdida paulatina de la autoridad del presidente del Ente.

Después de una discusión no muy larga, pero un punto desabrida, fundamentalmente entre el presidente y yo, éste accede a mi propuesta no muy satisfecho. Me dice: «En todo caso, tú te encargas de comunicárselo a José María Amusátegui», y me ordena que lo haga cuanto antes.

Desde mi coche, volviendo hacia el centro de Madrid, llamo a José María Amusátegui y quedo con él a las once y media de la noche en un bar del hotel Eurobuilding en el norte de Madrid, a medio camino entre su casa y la mía. Allí le comunico la decisión con la mayor consideración y le garantizo que tendrá un lugar en el proyecto de Boada en el Banco Hispano Americano. Lo acepta con resignación, pues había acariciado la idea de liberarse por fin de la tutela de Claudio Boada. Cuando nos despedimos me siento algo más tranquilo, aunque en absoluto aliviado: acabo de forzar al presidente del Gobierno y al ministro de Economía y Hacienda a que revoquen su decisión sobre un tema estratégico e incumplan sus compromisos verbales.

No consigo, por otra parte, dormir en toda la noche, pensando en quién es la persona más adecuada para el puesto que deja vacante Claudio Boada. Finalmente decido por mí y ante mí que debe ser Óscar Fanjul, en cuya inteligencia y capacidad confío totalmente a pesar de su falta de experiencia en aventuras empresariales de alto rango. Ahora sólo falta convencer a Óscar y después sustituirle adecuadamente en la Subsecretaría del Ministerio.

22 de enero de 1985

Boada presenta su dimisión como presidente del INH. Yo dedico el día a convencer a Óscar Fanjul, que muestra una seria resistencia, y a consolar al secretario general de Energía, Martín Gallego, que considera no sin razón que él también podía ser un buen candidato. Óscar Fanjul me pone algunas condiciones. Entre otras, me pide que hable con Juan Sancho Rof, presidente de Petroliber, para que acepte trabajar con él como director general. Hablo con Sancho Rof, que acepta, y luego le comunico al presidente del Gobierno la propuesta de nombramiento de Fanjul, que llevaré al día siguiente al Consejo de Ministros. Se lo cuento también a Boyer, que me propone a Guzmán Solana –buen amigo de los dos– como vicepresidente del INH, cosa que acepto.

23 de enero de 1985

Se producen en el Consejo de Ministros los nombramientos de Fanjul y Solana como presidente y vicepresidente del INH. Pilla a todo el mundo por sorpresa la velocidad de reacción y que los nombramientos recaigan en quienes han recaído. Yo, por fin, descanso después de 48 horas sin dormir, todavía preocupado por quién pondré ahora para sustituir a Fanjul en la Subsecretaría del Ministerio.

5 de febrero de 1985

Ceno con Miguel Boyer. Está preocupado por las dificultades que encuentra en el Gobierno (a pesar del apoyo prácticamente ilimitado del presidente) y por el lento ajuste de la economía española en materia de inflación. Se siente cercado por el aparato guerrista del partido y está cansado de tener que apoyarse constantemente en el presidente del Gobierno.

6 de febrero de 1985

A propuesta mía, el Consejo de Ministros nombra subsecretario del Ministerio de Industria y Energía a Eduardo Santos. También se aprueba la actualización de las tarifas eléctricas. Respecto de lo primero, he estado dudando un buen tiempo antes de decidirme, porque sé que es criticado en el PSOE y en otros ambientes, pero no hay en este momento en el Ministerio persona con más méritos. Si no lo hubiera nombrado, después de haberle preterido frente a Óscar Fanjul hace unos meses para el mismo cargo, hubiera sido ya demasiado hiriente.

14 de febrero de 1985

Miguel Boyer y yo almorzamos con el gobernador del Banco de España en el edificio de Cibeles. Miguel sigue cansado del marcaje de Guerra y la Ejecutiva del PSOE. Mariano Rubio y yo tratamos de animarle.

18 de febrero de 1985

Despacho con el presidente del Gobierno. No parece que queden desacuerdos o rencores después de la disputa del INH. La discusión se centra en la marcha de los asuntos del Ministerio, que ahora ya no tienen el dramatismo de otros tiempos.

28 de febrero de 1985

Para la conferencia que he dado hoy en el Club Siglo XXI, «Algunas reflexiones críticas sobre el cambio», le he pedido a Luis Ángel Rojo que haga la introducción al orador. En la conferencia, a la que asistieron algunos ministros, traté de explicar a grandes rasgos lo que ha hecho el Gobierno socialista en los últimos dos años. Este enfoque expansivo, que incluye no sólo toda la política económica, sino la general del Gobierno, crea algunas suspicacias entre compañeros del Gobierno y del PSOE, pero he decidido correr el riesgo de hablar como miembro del colectivo. En su cariñosa presentación, Luis Ángel Rojo habla de Gloria y de mí como pareja inseparable en la universidad. A pesar de su afecto, no deja de recordarme las dificultades que todavía afronta el país.

1 de marzo de 1985

Asisto a la presentación del número que ha publicado la revista Papeles de Economía de Enrique Fuentes Quintana dedicado a los ajustes ante la crisis económica. Aun aceptando que el coste laboral de la reconversión está siendo elevado, transmito mi convicción de que, avanzada ésta y recuperado el excedente empresarial en muchos sectores mediante la limitación de los costes salariales en términos reales y con las más bajas tasas de interés, resultado de la disminución de la inflación, se han sentado las bases para un mayor crecimiento en el resto de la legislatura. En verdad es lo que creo, aunque todavía no hay indicaciones suficientes de que éste vaya a ser el caso. Miguel Boyer parece tener más dudas: «Carlos, me temo que hemos llegado demasiado tarde para resolver la situación», me ha dicho en alguna ocasión.

5 de marzo de 1985

Recibo a Paul Channon, secretario de Comercio de Reino Unido, a quien invito a comer en el Ministerio. Le sorprendo y halago cuando le pregunto si tiene alguna relación con Chips Channon, el de los famosos diarios indiscretos. Me responde, con un deje de orgullo, que era su padre. Por lo demás, corroboramos que por parte de Reino Unido no hay objeciones al Tratado de Adhesión con España en materia industrial y comercial.

14 de marzo de 1985

Hoy, Luis Carlos Croissier, después de consultarme y de dejar yo la decisión a su entera libertad, ha cesado, harto ya de soportarle, a Carlos Espinosa de los Monteros como presidente de Iberia. Le sucederá Narcís Andreu, persona de la confianza del presidente del INI. Yo no conozco a este último.

20 de marzo de 1985

Recojo el premio «Hombre del Año 1984» que da la revista Cambio 16.

25 de marzo de 1985

Recibo a Alan Whittome, director de la División Europa en el Fondo Monetario Internacional (FMI), que está en la consulta reglamentaria de España. En general, el FMI está satisfecho con el conjunto de políticas económicas que se está aplicando en España.

26 de marzo de 1985

Almuerzo con José Luis Corcuera y Miguel Boyer. Corcuera nos transmite su difícil situación en UGT, donde sus posiciones próximas a la estrategia del Gobierno en materia de política económica e industrial le han ido alejando de Nicolás Redondo, que, por otro lado, se muestra celoso de la especial relación que tiene José Luis con el presidente González. Por lo visto, en un avión en el que volvía Corcuera con Redondo desde Bilbao a Madrid se aproximó a ellos una azafata al aterrizar preguntando por el señor Corcuera y al identificarse éste, le dijo que tenía un mensaje de Moncloa para que fuera a ver de inmediato al presidente del Gobierno. Según parece, Nicolás Redondo palideció primero y se encolerizó después al ver el trato que recibía su subordinado. Miguel y yo ya hemos visto una situación como ésta en el patio entre los dos edificios del Congreso de los Diputados durante el debate de investidura de Felipe González en 1982. La inseguridad y los celos de Nicolás Redondo deben de ser terribles.

Al margen de la anécdota, Redondo parece que considera a José Luis Corcuera como un submarino del Gobierno dentro de UGT y le está haciendo la vida muy difícil a medida que, con la ayuda de Zufiaur, él va diseñando una estrategia de confrontación con el Gobierno.

Acabo el día asistiendo a la cena en honor de los reyes de Jordania, que están de visita oficial en Madrid.

28 de marzo de 1985

Recibo a Claudio Boada, que viene a contarme sus primeros pasos en el Banco Hispano Americano y a decirme que, al final, está muy satisfecho de que José María Amusátegui lo haya acompañado como vicepresidente a este nuevo puesto. Me alegro por todos.

2 de abril de 1985

Recibo al ministro argelino de Comercio, Abdelaziz Jellef. Él, como yo, está deseando que lleguemos a un acuerdo en el asunto del contrato de gas natural.

Vacaciones de Semana Santa. Voy a pasar unos días a la casa que me ha prestado en Galilea (Mallorca) Feliciano Fuster, el presidente de ENDESA. Allí la paz es absoluta. Excesiva, según Carlos y Miguel, mis hijos.

11 de abril de 1985

En la apertura de las Jornadas sobre la CEE que organiza Cambio 16 coincido con Étienne Davignon, el vicepresidente de la Comisión Europea, con el que me reúno luego a cenar. La entrada de España ya está decidida y los tratados están recibiendo su última redacción.

12 de abril de 1985

Cena en Moncloa sobre la próxima entrada de España en la CEE. Asistimos el presidente del Gobierno, Miguel Boyer, Mariano Rubio, Luis Ángel Rojo y yo para hablar de aspectos macroeconómicos y financieros que se plantearán a partir de nuestra entrada en la CEE. El cambio de la peseta en el futuro centra la discusión. Aunque no tenemos la intención de ponerlo bajo la disciplina del régimen de mecanismo de cambios del Sistema Monetario Europeo, todos somos conscientes de que perderemos grados de libertad en la política del tipo de cambio si queremos comportarnos como socios leales de los otros miembros de la CEE.

Por la mañana, en el Consejo de Ministros, se ha aprobado un conjunto de medidas expansivas. La verdad es que son muy oportunas a la vista de las nuevas posibilidades de inversión que abre el acceso a la CEE. Son las primeras medidas populares que hemos tomado desde que llegamos al Gobierno. Miguel Ángel Fernández Ordóñez ha sido el coordinador del real decreto que las recoge. Ahora hace falta que todos, empezando por el Gobierno, cambiemos el chip y nos aprestemos a afrontar e impulsar un periodo de expansión (aunque no todos los ajustes han terminado, ni mucho menos).

17 de abril de 1985

Desgrano ante la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados un largo informe sobre la situación de los procesos de reconversión industrial.

Después emprendo viaje a Finlandia para tratar temas de tecnología en general e industria papelera. El país continua todavía cubierto por el hielo invernal. Las vistas aéreas son muy hermosas. Nuestro embajador en Helsinki, persona muy bien preparada y muy amable, es Fernando Sartorius.

13 de mayo de 1985

Asisto a la conferencia que da el lehendakari Ardanza en el Club Siglo XXI. Habiendo sido consejero preautonómico de Euskadi me parece un acto de cortesía inexcusable.

17 de mayo de 1985

Visito Valencia y almuerzo con el presidente Lerma después de clausurar la 11ª Asamblea Nacional del Gas. Hablamos de la instalación de la Società Italiana del Vetro (SIV) en Sagunto, donde la Zona de Urgente Reindustrialización está siendo un éxito habiendo recuperado todo el empleo perdido por el cierre de AHM. Los miembros del Gobierno valenciano me reprochan que no haya hecho hasta ahora un solo viaje a la región. Tienen razón.

24 de mayo de 1985

José Luis Corcuera ha dimitido de la Ejecutiva de UGT, lo que es una desgracia. La ruptura entre UGT y el Gobierno parece ya inevitable. Nuevos aires de crisis gubernamental se perciben en Madrid, mientras UGT convoca manifestaciones contra la reforma de las pensiones públicas preparada por Joaquín Almunia. ¿Saldrá adelante ahora lo que la indiscreción de Miguel Boyer abortó el verano pasado? En todo caso, ahora como entonces, Miguel está presionando al presidente en ese sentido.

31 de mayo de 1985

Me reúno con José María Maravall: damos los últimos toques a la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica con ayuda de nuestros colaboradores en el poco acogedor edificio del Ministerio de Educación de la calle de Alcalá.

1 de junio de 1985

Comienza el mes de junio con el fuerte enfrentamiento entre el Gobierno y UGT. Se considera, y con razón, que el Gobierno cuenta con el apoyo del partido, pero se pone en duda su capacidad de supervivencia por el «distanciamiento creciente de la calle», que, en mi opinión, tan sólo ven la prensa de derechas y el ala izquierda del PSOE.

7 de junio de 1985

Ayer recibí en la Exposición del INI al presidente de México, Miguel de la Madrid. Más tarde me vi con algunos secretarios (ministros) de su séquito, con todos los cuales estuve luego en la cena que se celebró en la embajada de México. A la cena también asistió Octavio Paz. En un aparte con el presidente de México, le expresé mi admiración por el esfuerzo que está haciendo preparando el terreno a las reformas que deberá llevar a cabo su sucesor.

Hoy, cena con Miguel Boyer y Mariano Rubio en el Ritz. Miguel nos habla de su fuerte tentación de abandonar el Gobierno. Está cansado de sus peleas con Alfonso Guerra y de la desesperante lentitud de los resultados que está rindiendo la política económica. Mariano Rubio está aterrado ante la idea de su retirada. Yo también considero que sería una grave pérdida para el Gobierno y para su credibilidad. Le hago ver, por otro lado, que en todas las disputas políticas que se han planteado en el Consejo de Ministros entre él y Guerra, él ha salido ganador. Dice que no basta; que sólo se quedará en el Gobierno si Felipe González lo nombra vicepresidente. Le digo que no creo que Felipe González pueda hacer eso. Salgo de la cena muy preocupado. Mariano Rubio y yo somos los únicos apoyos claros que tiene Miguel Boyer, al margen, claro, del apoyo del presidente del Gobierno, que es bastante más importante que los nuestros.

12 de junio de 1985

Fecha solemne: firma en Lisboa y Madrid del Tratado de Adhesión a la CEE de España y Portugal. Un buen hito para hacer borrón y cuenta nueva por parte de Felipe González.

Al margen de lo que haga el presidente del Gobierno, es evidente que con la firma del Tratado se culmina un proceso de negociación con la Europa más avanzada y más democrática (sin despreciar a los países escandinavos o a Austria o Suiza) y de adaptación de nuestras instituciones y regulaciones a las vigentes en el área más rica del mundo. Supone, por tanto, un innegable hito de homologación de España con el entorno de naciones con las que quiere vivir.

El proceso de negociación ha sido largo y muchas veces tedioso, con demasiados burócratas interviniendo por todas las partes concernidas y dificultando los acuerdos. Pero no hay que engañarse. A pesar de nuestro tamaño relativamente pequeño somos un país suficientemente grande para cambiar muchos de los equilibrios hoy prevalecientes en la CEE. De ahí las dificultades. De ahí también las previsibles ventajas. La detallada negociación del calendario para el desmantelamiento de la protección de nuestros mercados de bienes industriales y la incorporación de las producciones agrícolas a las ayudas de la política comunitaria auguran una importante ganancia económica para España en los próximos años.

17 de junio de 1985

Recibo a Bacharuddin Jusuf Habibie, ministro de Investigación y Desarrollo de Indonesia. Él, que fue ingeniero en Messerschmitt en Alemania, es el principal responsable de la alianza estratégica de CASA con la empresa indonesia Nurtanio para la fabricación de aviones.

22-29 de junio de 1985

Viaje a Japón para convencer a los inversores industriales de aquel país de las nuevas oportunidades en España después del acceso a la CEE. Me acompañan Guillermo de la Dehesa, secretario general de Comercio, Luis Sempere, mi jefe de Gabinete, Julio Durán, que ha preparado desde el Gabinete con gran cuidado y meticulosidad el viaje, y Joan Majó, director general de Electrónica.

Mientras tanto, en Madrid, saltan todas las alarmas ante la inminencia de la crisis o remodelación gubernamental. ABC considera que yo saldré porque he pedido irme. Me convocan de Moncloa para ver al presidente del Gobierno el 1 de julio, a mi vuelta a Madrid. Me siento muy incómodo, pues mi ausencia de Madrid durante la última semana me ha impedido conocer las informaciones más recientes sobre los planes de Felipe González y la actitud de Miguel Boyer frente a la posible remodelación.

130. Manuel Marín era, desde diciembre de 1982, secretario de Estado para las relaciones con las Comunidades Europeas.

3

LLEGADA AL MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

8 de julio de 1985

La prensa supuestamente mejor informada todavía sigue dando vueltas al desenlace ciertamente inesperado de la crisis de Gobierno que venían anticipando desde hace meses. Se suponía que Miguel Boyer era la única pieza fija e insustituible en la remodelación ministerial y ha resultado ser uno de los cesados. Los otros han sido considerados por todos como piezas menores en la operación y, en algunos casos, como el de Fernando Morán o Enrique Barón, como víctimas condenadas de antemano. Dos cosas a destacar del nuevo Gobierno: la vuelta de Francisco Fernández Ordóñez, ahora como ministro de Asuntos Exteriores, y mi paso al Ministerio de Economía y Hacienda.

Se entiende que en el pulso que Miguel Boyer mantuvo con el presidente para ser nombrado vicepresidente segundo encargado de asuntos económicos se ha saldado en su contra para beneficio de Alfonso Guerra. Por otro lado, sin embargo, nadie se atreve a concluir que ello representa un fortalecimiento del ala izquierda del PSOE o del propio Gobierno o una ruptura en la orientación de la política económica, aspecto en el que se ha puesto mucho énfasis desde Moncloa y que resulta plausible conociendo cuál ha sido mi labor al frente del Ministerio de Industria y Energía en los últimos treinta meses.

En cuanto a mi nombramiento, una parte considerable de los medios de comunicación lo considera como una solución de última hora, en lo que tienen razón, pues cuando empezó la remodelación hace unos días podía haberme quedado en Industria, pasar a Exteriores o terminar, como ha sido el caso, en Economía y Hacienda. Pero, siendo mi nombramiento en este último puesto una decisión sobre la marcha, siempre (contra lo que están contando desde Ferraz y desde algunos ministerios) estuvo sobre la mesa desde el principio de los contactos que realizó el presidente para formar nuevo Gobierno. Como en 1982, yo he sido uno de los primeros en saber cómo se estaba formando el Gobierno y que era uno de sus componentes.

Las mismas fuentes sugieren, sin mucha convicción, que en el PSOE hubieran preferido a Narcís Serra en mi puesto. Quizá sea así. Lo que parece seguro es que Narcís lo hubiera preferido. Javier Solana, no sé hasta qué punto siguiendo instrucciones de Moncloa, va diciendo a los medios que mi estilo de diseñar y ejecutar la política económica será «más colegiado» que el de Miguel Boyer, y sugiriendo que mi autoridad como presidente de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos será menor que la de mi antecesor en el puesto. Me temo que se equivoca en ambas cosas.

Por lo que respecta a la llegada al Ministerio de Economía y Hacienda, me he reunido separadamente con los componentes de la plana mayor del Ministerio en las últimas horas: los secretarios de Estado de Hacienda (Josep Borrell), de Economía (Miguel Ángel Fernández Ordóñez) y de Comercio (Luis Velasco). A los tres les he dicho que cuento con ellos hasta el fin de la legislatura y les he confirmado en sus cargos. Fernández Ordóñez, que muestra su desamparo por la desaparición del anterior ministro, por el que siente una gran admiración y quizá también porque es consciente de los enfrentamientos que mis colaboradores en el Ministerio de Industria tuvieron con él en el pasado, se siente obligado a advertirme que él estará encantado de trabajar conmigo, pero que tiene un grave problema de compatibilidad con Josep Borrell. Éste, en su turno, me hace constar lo mismo. A ambos les pido que se aguanten (a ellos mismos y al otro) y sigan desempeñando sus funciones. Con Luis Velasco hay menos conflictividad, pero también siento una mayor lejanía. En todo caso, necesito la continuidad del equipo ministerial y, siendo los tres miembros del PSOE, no pueden negármelo. En los próximos días veré al subsecretario y a los secretarios generales del Ministerio. También quiero ver a Raimundo Ortega, viejo compañero del Banco de España y actual director del Tesoro.

9 de julio de 1985

Ceno con los grandes banqueros a sugerencia del gobernador del Banco de España, que nos invita a todos en su sede. Les aseguro la continuidad de la política económica. Parece que se quedan tranquilos.

20 de julio de 1985

Después de informarme sobre cómo evoluciona la ejecución del Presupuesto de este año, y ante los signos evidentes de desviación del gasto público y del déficit, le he enviado hoy una nota al presidente del Gobierno advirtiéndole de los riesgos que entraña la actual situación.

En concreto, le propongo reducir un 5 % los créditos iniciales que se venían manejando para el Presupuesto de 1986, lo que, junto con otras medidas, haría pasar el gasto total en 1986 de 6,9 miles de millones de pesetas a 6,5. Ello supondría una rebaja de 1.080 millones de la suma de los presupuestos que inicialmente han avanzado los diversos ministerios, lo que representa un ajuste muy fuerte y difícil de ser llevado a la práctica (los principales problemas son la reducción del gasto en Defensa, protegido por la Ley de Dotaciones para la Defensa, y la reducción de los créditos solicitados para Trabajo y Seguridad Social). Pido ayuda al presidente para ir recomponiendo la situación presupuestaria. Si no conseguimos esta reducción de los créditos iniciales del 5 % es imposible transmitir la impresión de que la reducción del déficit público sigue siendo una de las prioridades de la política económica del Gobierno (aunque de hecho apenas se haya producido hasta ahora).

23 de julio de 1985

Primera entrevista con Nicolás Redondo en mi nuevo cargo. Le traslado la decisión del Gobierno de no modificar la legislación sobre despidos colectivos ratificando la carta que le envió Joaquín Almunia en este sentido. Le sienta tal y como había previsto.

Despacho con el presidente del Gobierno. Aunque me infunde ánimos, creo que sigue consternado por la ausencia de Miguel Boyer.

23 de julio de 1985

Entrevista con Josep Maria Cullell, consejero catalán de Hacienda. El sistema de financiación autonómica y los problemas que representa para Cataluña exigen una respuesta suficiente en el contexto de la reforma que se está negociando, aunque ello plantee problemas con otras comunidades autónomas, muchas de ellas presididas por el PSOE, donde la doctrina parece ser que las regiones ricas en España, en general, tienen una deuda histórica con las pobres.

30 de julio de 1985

Reunión con los presidentes de las empresas eléctricas junto con el nuevo ministro de Industria (Joan Majó). Continuaremos con el intercambio de activos acordado en mis tiempos con el sector. Ellos quieren contar con mi compromiso y yo estoy de acuerdo.

Leo hoy en los periódicos más declaraciones de José María Cuevas. «Solchaga es más concreto que Boyer», dice. Quizá no sea bueno ser tan explícito.

30 de julio de 1985

Reunión con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para tratar sobre la implantación del IVA y su efecto sobre las arcas municipales, que pierden los ingresos por otros tributos a los que sustituye. Me he negado a incrementar el Fondo Nacional de Cooperación Municipal como me solicitan. Les sugiero que los ayuntamientos aumenten sus ingresos propios, consciente de que éste es el primer acto de una negociación que tomará un tiempo.

El artículo más favorable a mi nombramiento es uno de José Oneto en Diario16. El Nuevo Lunes, que señala lo que considera de manera crítica mi dureza en la reconversión industrial, desarrolla con evidente satisfacción la idea de la «dirección colegiada» de la presidencia económica y dice que mi desafío es rebajar los gastos de Defensa («lo que Boyer no se atrevió nunca a hacer»). Sólo Ernesto Ekaizer, en La Vanguardia, presume que no tengo intención alguna de favorecer la denominada «dirección colegiada» de la política económica. ¡Buen instinto!

En estas primeras semanas he intentado que se fueran disipando algunas dudas que podían quedar sobre la orientación en la política económica tras mi llegada al Ministerio y otras, algo más pintorescas, sobre la colegiación de la política económica o el funcionamiento de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. He tenido también los primeros contactos institucionales formales e informales (CEOE, UGT, banqueros, empresas eléctricas, Generalitat de Cataluña, FEMP). Las incertidumbres, sin embargo, no han desaparecido todavía. Algunos se preguntan si Felipe González me apoyará en la misma medida que a Boyer. Yo también me lo pregunto.

Para septiembre queda, junto al Presupuesto y la renegociación del Sistema de Financiación de Comunidades Autónomas y el de las Corporaciones Locales (FEMP), la reiniciación del diálogo social que ya viene lastrado por la mala disposición de UGT y las tentaciones de la CEOE de retirarse del Acuerdo Económico y Social (AES) ahora que vamos a entrar en el último año de la legislatura.

2 de agosto de 1985

Se aprueba la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que se hizo durante el mandato de mi antecesor. Veremos cómo funciona su aplicación sin la que, en todo caso, no hubiéramos podido acceder a la CEE.

15 de agosto de 1985

Voy a Tafalla invitado por el Ayuntamiento del PSOE a «tirar el cohete» de inicio de las fiestas. Declaro, a la vista del anuncio de la CEOE de retirarse del AES, que el Gobierno no necesita de la patronal para seguir gobernando. José María Cuevas responde con dureza. Otro tanto lo hace la gente de El Alcázar y Emilio Romero, que está al servicio de la CEOE. La verdad es que yo podría haber respondido con más discreción a la retirada de la CEOE, pero me molestó la idea de que alguien pensara que dicha decisión estaba fundada en el cambio en el Ministerio de Economía y Hacienda.

Los periódicos anuncian el apoyo del presidente a mi propuesta de reducción del gasto público en el próximo presupuesto. CC.OO. considera «fracasada la política económica» y me acusa de querer hacer «boyerismo» sin Boyer. Se anuncian dificultades en mi propósito de recortar los gastos de Defensa. Ya veremos si son ciertas.

30 de agosto de 1985

Concluye el mes de vacaciones. Pocas noticias. Mi hijo Carlos ha ido a pasar el próximo curso a una high school de Estados Unidos, en Joliet (Illinois) para ser más preciso. Se fue con un poco de susto en el cuerpo, pero decidido. Nosotros pasamos doce días en Mallorca, pero ya estábamos de vuelta en Madrid para la segunda quincena del mes, viviendo en el «pabellón» del Ministerio pues tenemos una pequeña obra en casa. El «pabellón» es un espacioso piso de 400 m2 que está en el inmueble de al lado del Ministerio, en la calle Alcalá, y que comunica interiormente con el despacho del ministro y la puerta de coches.

5 de septiembre de 1985

Reunión de segunda ronda con la FEMP. Tratamos de alcanzar un acuerdo sobre el Fondo Municipal y los impuestos locales antes de la aprobación del presupuesto. Ellos querían el primero muy elevado y los segundos muy bajos. A mí me pasa al revés.

6 de septiembre de 1985

Entrevista con Javier García-Egocheaga, vicelehendakari del País Vasco, para entregar la adaptación del Concierto Económico a la introducción del IVA. Es una cuestión técnicamente compleja en la que los criterios, según cuáles sean, distan mucho de ser neutrales en sus efectos para las dos haciendas. Habrá que hacerlo con el mayor cuidado.

Hoy también he tenido una nueva reunión con la FEMP. Sigo insistiendo en la congelación de las transferencias del Estado a los ayuntamientos y diputaciones. A cambio, ofrezco la posibilidad de subida de tributos locales. Pasqual Maragall muestra su descuerdo con mi posición. Aquí nadie quiere subir impuestos: la filosofía normal es «que lo haga el Estado y nos transfieran ayudas».

Siguiendo las líneas del AES, UGT pretende aumentar la presencia de los sindicatos en los consejos de Administración de las empresas públicas. Se sabe que me opongo y es verdad. De hecho, no estoy dispuesto a que eso ocurra mientras dependa de mí el proponerlo. Ahora que conozco mejor las ideas de los sindicatos sobre cómo debe funcionar una empresa pública la idea me produce pavor.

7 de septiembre de 1985

Reunión con el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Mi propuesta de financiación para las comunidades autónomas se impone gracias a los 17 votos que tiene el Gobierno. De las comunidades autónomas, ocho votan a favor, seis en contra y cuatro se abstienen. Las que se oponen mantienen la estúpida tesis de la «centrifugación del déficit público». La izquierda catalana me acusa de dar a Jordi Pujol la campaña hecha porque su representante en el Consejo ha mostrado su acuerdo. No en vano hemos negociado con él intensamente las últimas semanas en un tema que era de justicia, dado el mal trato que recibía Cataluña desde el punto de vista financiero.

12 de septiembre de 1985

Presento a la prensa los rasgos fundamentales de la Reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), aprobada ayer en Consejo de Ministros. Incluye la adaptación a la baja de la tarifa de las retenciones a cuenta (que había anunciado ya Miguel Boyer entre las medidas de impulso a la economía) y sobre todo un nuevo trato más justo de plusvalías y minusvalías. En general, la propuesta es bien acogida por la prensa. La CEOE, sin embargo, la critica por insuficiente. Su efecto, en conjunto, será estimulante para la economía al rebajar la presión fiscal sobre los ingresos de los ciudadanos.

17 de septiembre de 1985

La reanudación de la concertación social no tiene buen aspecto. Tras las reuniones que he tenido con UGT la impresión es negativa. Yo no me he movido de mis presupuestos, que UGT encuentra «duros y difíciles de asumir», en tanto que la CEOE los considera insuficientes para reducir el déficit público. Las cuestiones de fondo son otras, sin embargo. En lo meramente laboral se ha llegado al «hueso» en el AES: o se produce una reforma flexibilizadora del mercado del trabajo o ya no hay nada que discutir. UGT, después de la reforma de las pensiones, no quiere ni oír hablar de ello. El Gobierno, después del drama con UGT que aquello ha representado, tampoco. Pensando ya en las próximas elecciones, a la CEOE no le importa aparecer crecientemente distanciada del Gobierno y exigente en esta materia o en cualquier otra. La coyuntura resulta muy desfavorable para mantener un diálogo social que pueda entrar en puntos sensibles, y eso significa que, en esta materia, el nuevo ministro de Economía y Hacienda se queda en tierra de nadie sin saber quiénes pueden ser sus posibles interlocutores y sus posibles aliados, y, sobre todo, sin tener una respuesta clara cuando me preguntan qué pasa con el famoso diálogo social.

20 de septiembre de 1985

Saltan a la prensa las dificultades en el seno del Gobierno para cerrar el proyecto de presupuesto que he presentado. Se señala que las mayores están en Defensa (Serra) y Seguridad Social (Almunia). El presupuesto de Defensa, en vez de crecer un 12 % como pedía el Departamento, crecerá tan sólo un 1,7 %, de manera que hay cierta frustración entre los militares. Yo creo que hay que actuar haciendo caso omiso de los rumores sobre esta cuestión.

21 de septiembre de 1985

Como «invitado», y en compañía del gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, y del secretario de Estado de Economía, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, asisto por primera vez a un Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN) informal en Luxemburgo. Jacques Santer, primer ministro del Gran Ducado, y Jacques Poos, ministro de Hacienda, son los anfitriones. Nos mantenemos discretamente callados durante las reuniones, ya que, formalmente, aún no estamos incluidos en las mismas, y aprovechamos los momentos de descanso y las comidas para ir tratando con nuestros colegas y contrapartes.

27 de septiembre de 1985

Firma del acuerdo de adaptación del Concierto Económico del País Vasco al IVA. Ha sido un tema fundamentalmente técnico, pero con obvia repercusión financiera para las cuentas de Euskadi y del Estado.

30 de septiembre de 1985

Después de la tregua de julio y agosto, septiembre ha resultado un mes de prueba. El deslizamiento del gasto en 1985 –que Miguel Boyer a veces creía imposible de contrarrestar en los años siguientes– me exige ser muy rígido en defensa de unos Presupuestos que veremos cómo acaban en el mes de octubre. Ello me obliga a enfrentar una situación delicada con la FEMP y, sobre todo, con las comunidades autónomas, tanto las que están en manos del PSOE, que aguantan por disciplina, como las ajenas, en especial Cataluña (CiU) y Galicia (PP).

En el seno del Gobierno la discusión presupuestaria ha sido laboriosa. Justicia (Fernando Ledesma) y Defensa (Narcís Serra) son los más dolidos con el ajuste llevado a cabo. Tampoco Educación (José María Maravall) está contento y he tenido algún encontronazo con Joaquín Almunia. El apoyo incondicional del presidente y sus consejos sobre la forma de presentar los Presupuestos en el Consejo de Ministros permitió sacarlos adelante ante la resignación del Gobierno, que era perfectamente consciente de la presión de Felipe González para que no le hicieran la vida imposible a su nuevo ministro de Economía y Hacienda.

Por otro lado, los primeros encuentros con UGT y la CEOE no han ido bien. Si es cierto que ante alguna parte, todavía minoritaria, de la prensa empiezo a tener una figura propia como ministro de Economía y Hacienda, también es verdad que, como consecuencia de todo lo anterior, empieza a fijarse una imagen mía de «solo contra todos» que puede ser peligrosa para sacar adelante las muchas cosas que hay que hacer en este Ministerio. Aunque esta imagen «esforzada» parezca interesante, lo único que hace es fragilizar mi posición en el seno del Gobierno y ante la opinión pública.

1 de octubre de 1985

Publican en la prensa los datos de los Presupuestos para 1986 que había dado a conocer el día anterior en rueda de prensa. El mensaje fundamental es la reducción y mejor distribución de la presión fiscal, austeridad en el gasto, con la excepción del gasto de «solidaridad» o gasto social, que sigue aumentando, y disminución de la inversión pública. La idea es que la reducción del déficit permitirá la expansión de la inversión privada sin tensiones financieras. El presupuesto contiene importantes reformas estructurales: cambios en el IRPF, introducción del IVA, anexo por primera vez en nuestra historia de gasto conjunto con la CEE, aportación española al presupuesto de la misma, etcétera.

3 de octubre de 1985

Entrevista con Martin Bangemann, sustituto de Otto Lambsdorff como ministro de Economía de la República Federal de Alemania. Hablamos de asuntos de mero trámite. Supongo que su interés era observar in situ al nuevo miembro de la CEE.

Nicolás Redondo me envía una carta en la que UGT insta al Gobierno a reconsiderar los Presupuestos en el trámite parlamentario al menos en tres aspectos: salarios de funcionarios, pensiones e inversión pública.

4 de octubre de 1985

Despacho con el presidente del Gobierno. Vamos avanzando en el rodaje de nuestras nuevas relaciones, pero yo sigo bajo examen. Le enseño la carta de Redondo y discutimos sobre cómo se pueden atender o discutir los temas que interesan a UGT en los próximos días.

18 de octubre de 1985

Alianza Popular solicita que se retrase un año la entrada en vigor del IVA. Me niego rotundamente en mi primera aparición como ministro de Economía y Hacienda en la Asociación para el Progreso de la Dirección.

22 de octubre de 1985

Pleno del Congreso de los Diputados para debatir el Proyecto de Ley de reforma del IRPF. Explico el funcionamiento insatisfactorio en el esquema anterior de la tributación de plusvalías y minusvalías, y las ventajas del nuevo tratamiento. El proyecto es acogido favorablemente por la prensa y la opinión pública, como ya pasó cuando lo expliqué después de su aprobación por el Consejo de Ministros.

30 de octubre de 1985

Debate de los Presupuestos para 1986. Hay seis enmiendas a la totalidad. Fraga defiende la suya confusamente y Roca recuerda lo que yo decía de la inversión pública y el déficit fiscal cuando estaba en la oposición y lo que digo y hago ahora que soy ministro de Economía y Hacienda. Algunos periódicos dicen que el debate ha sido entre un economista (yo) y dos políticos (Fraga y Roca). Pero yo he tenido que dar respuesta a todos los demás grupos parlamentarios del Congreso y aguantar a pie firme la defensa de los Presupuestos frente a las seis enmiendas a la totalidad. Sin embargo, en el fondo debo reconocer que, pese a los esfuerzos y diversos enfrentamientos con los otros ministros, en realidad son unos Presupuestos menos rigurosos de lo que deberían haber sido, con notables riesgos en sus previsiones de ingresos públicos, que dependen mucho de que salga adelante la recuperación económica que parece despuntar.

8 de noviembre de 1985

Seminario en El Paular sobre la implantación del IVA. Explico a la prensa que, pese a que la implantación supone un impacto en el Índice de Precios al Consumo (IPC) de entre dos y dos puntos y medio, la inflación se mantendrá en 1986 en el entorno del 8 %, un nivel semejante al que se va a reflejar al final de ese año. También señalo que no es posible compensar la desaparecida desgravación fiscal a la exportación, como algunos piden. Iker Aguirre, de Deia, me reprocha mi optimismo sobre las previsiones de inflación y otros muchos seguro que le darán la razón.

14 de noviembre de 1985

Comparezco por primera vez ante el Senado en la Comisión de Comunidades Autónomas. Anuncio que en pocos días el Gobierno dará a conocer el nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas, que ha sido aprobado –aunque faltan algunos flecos por resolver– en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

20 de noviembre de 1985

Almuerzo-despacho con el presidente del Gobierno. Ya es el cuarto en los últimos cuarenta días. Supongo que debe ser el ritmo normal. Los temas generales de la situación económica ocupan la mayor parte.

28 de noviembre de 1985

Visita de Jean-Claude Paye, secretario general de la OCDE. Responde exactamente a la imagen que uno tiene de un alto funcionario internacional, incluida su apariencia elegante. Me comunica sus buenas expectativas para España después de los esfuerzos de estos años y tras el acceso a la CEE. Le digo que, sin embargo, es perceptible una cierta preocupación en España conforme se aproxima la fecha de la entrada en la CEE. Hay curiosidad y temor sobre el funcionamiento de las exportaciones en ausencia de la desgravación fiscal, así como sobre los efectos de la implantación del IVA y el desarme arancelario. En realidad, y por primera vez después de casi un siglo, el país se enfrenta a un proceso de apertura de su economía a la competencia exterior y de integración de sus normas y hábitos de conducta a los prevalecientes en la CEE, y esto representa un enorme desafío.

Interviú recoge el rumor de que estoy cansado y me planteo dejar el Ministerio después de la elecciones. Suena a «fuentes socialistas»...

9 de diciembre de 1985

Con el presidente a la cabeza, Fernández Ordóñez, Solana, Romero y yo viajamos a Bruselas en visita bilateral.

13 de diciembre de 1985

Encuentro con la CEOE. Asistimos el presidente del Gobierno, Almunia y yo. Al final, satisfacción por ambas partes. Por el momento, el contencioso con la patronal se pacifica después de la tensión del verano y del otoño. La prensa conoce que, contra lo que se había especulado meses atrás sobre mi supuesta indiferencia ante la subida salarial en el sector privado, he recomendado a Cuevas prudencia en la negociación salarial de 1986 ante el impacto inflacionista de la introducción del IVA.

En el Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Industria, bajamos por primera vez desde que estamos en el Gobierno el precio de la gasolina en seis pesetas a la luz de la fenomenal bajada de los precios del petróleo de los últimos meses. Me cuesta trabajo aceptarlo porque sigo con la mentalidad de los tiempos de carestía de recursos energéticos y la necesidad de ahorrar en el uso de los mismos. Al mismo tiempo, no dejo de felicitarme por el impacto positivo sobre el crecimiento que va a tener la bajada del precio del crudo.

23 de diciembre de 1985

Se aprueba la Ley de Impuestos Especiales que había preparado el Ministerio de Economía y Hacienda durante los tiempos de Miguel Boyer y a la que en el mío hemos añadido unos pocos retoques. Esto, añadido a la introducción del IVA, representa una actualización radical de la imposición indirecta en España.

30 de diciembre de 1985

Sigue la inquietud por la entrada en la CEE y la presión sobre el Ministerio en medios de comunicación, y en el Parlamento mediante preguntas e interpelaciones para pedir prórrogas en nuestros compromisos, particularmente en la entrada en vigor del IVA. La desactivación del enfrentamiento con la CEOE ha venido muy bien en este contexto.

1986

3 de enero de 1986

Veo en los periódicos que Juan Tapia (La Vanguardia) me pone muy bien y Alfonso Pajuelo (Deia y otros periódicos) dice que se me aplica el Principio de Peter, refiriéndose sin duda a mi supuesta incompetencia.

9 de enero de 1986

Entrevista con la Agrupación de Periodistas de Información Económica. Explico el cierre macroeconómico del año 1985 y las preocupaciones para 1986. El IVA y la inflación salen una y otra vez. Nadie pregunta por los efectos positivos indudables de la entrada en la CEE o de la caída de los precios del petróleo.

Un empresario, un tal Santiago López González, publica un artículo en El Norte de Castilla diciendo que tergiverso la información sobre la verdadera situación económica del país y que 1986 va a ser durísimo. Me asombra que se puedan decir estos disparates.

Roberto Santos anuncia en Diario 16 que voy a ser el «blanco» de la operación de acoso y derribo de la oposición. El tema fundamental: el supuesto caos en la introducción del IVA (¡y no lleva ni dos semanas en vigor!).

10 de enero de 1986

Viajo a Estados Unidos. Tengo que dar unas conferencias en las cámaras de Comercio Hispano-Norteamericanas de Chicago y Nueva York. Miguel Angel Fernández Ordóñez y yo cenamos con los presidentes de algunos bancos americanos importantes en el Hotel Pierre y aprovecho para estar con mi hijo Carlos. Me acompañan Gloria y nuestro otro hijo, Miguel. La reunión con los banqueros resultó muy positiva. Sólo ven ventajas para España en nuestra entrada en la CEE.

La inflación acumulada en diciembre de 1985 fue del 8,1 %, dos décimas más de la que había anunciado como previsión en mi primera rueda de prensa como ministro de Economía y Hacienda en julio de 1985. Es un buen resultado en la línea gradual de reducción de la inflación en la que estamos insertos (recuerdo que, a fines de 1982, a nuestra llegada al Gobierno, la inflación era del 14 %). De esta manera, aunque el país está histérico con la introducción del IVA y la oposición cree haber encontrado un flanco débil en la actuación del Gobierno en este punto, explotando los temores de unos y de otros, los datos económicos de cierre del año son buenos tanto en crecimiento económico y sus perspectivas como en inflación. En todo caso, ha pasado ya medio año desde que llegué a la dirección de la política económica y las cosas siguen en los cauces previstos y los compromisos de reformas se van cumpliendo día a día.

Por otro lado, empiezan a aflorar las preocupaciones y urgencias de algunos por la regulación de los fondos de pensiones. Se especula sobre enfrentamientos entre Almunia y yo por este tema que en realidad no existen. También crecen las presiones por bajar el precio de los derivados del petróleo a la vista del desplome del precio internacional del crudo. Me niego, de momento, a seguir la corriente europea de baja de precios hasta que la situación se consolide. Me preocupa, sin embargo, que ello haga perder competitividad a la economía española. Propongo por carta al presidente del ECOFIN en este semestre, el holandés Onno Ruding, que se discuta la posible coordinación europea de precios energéticos en nuestra próxima reunión. Durante el almuerzo se pueden tratar temas como éste de manera informal si un ministro lo solicita.

Después de pensarlo unas semanas, decidí apoyar a Adrián Piera para la presidencia de la Confederación de Cámaras de Comercio en sustitución de Josep Maria Figueras, cuyo mandato no ha sido muy eficaz. Salió elegido, aunque en el proceso surgieron problemas con las pretensiones «autonómicas» de Cataluña y Euskadi.

22 de enero de 1986

En el despacho de hoy con el presidente del Gobierno le expreso mi preocupación por el posible resultado del referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN. Si el resultado fuera adverso las consecuencias políticas serían incalculables precisamente ahora, cuando el Gobierno parece más sólido que nunca frente a la oposición y la situación económica permite prever una recuperación importante en los próximos meses. Yo he sido de los que, en clara minoría, hemos defendido la propuesta de reconocer que en este compromiso programático de referéndum de salida de la OTAN nos habíamos equivocado y aceptar la sanción que pudiera derivarse en las próximas elecciones generales de esta grave rectificación y de la ausencia del referéndum. El presidente no quiso aceptar esta estrategia y ahora estamos en una situación comprometedora, aunque posiblemente era inevitable.

5 de febrero 1986

Entrevista con John Sydney Dawkins (ministro de Comercio de Australia). Critico la Política Agrícola Común (PAC) en lo que tiene de proteccionista, lo que le agrada visiblemente. Por la tarde, en el Congreso, empieza el debate sobre nuestra permanencia en la OTAN y la consulta que el Gobierno quiere proponer a la población. La oposición se frota las manos ante el lío en que está metido el Gobierno. La derecha política se olvida de la responsabilidad de Estado.

9 de febrero de 1986

Me curo en salud anunciando que la inflación de enero podría alcanzar el 3 %. Es lo que sugieren los primeros indicios, aunque el Instituto Nacional de Estadística (INE) todavía no nos ha transmitido el dato.

Explico en el Congreso de los Diputados la operación de la venta de la empresa SEAT al grupo Volkswagen al presentar el Real Decreto-ley de crédito extraordinario necesario para el saneamiento previo de SEAT. Aunque he seguido todo el proceso y lo he apoyado, la iniciativa la han llevado siempre el Ministerio de Industria y el INI. Seguramente le debería haber correspondido a Joan Majó la presentación del real decreto-ley ante el Congreso, pero un mal entendimiento por mi parte me ha llevado a asumir ese papel. Lo lamento.

11 y 12 de febrero de 1986

Almuerzo-despacho con el presidente del Gobierno. Hablamos del referéndum sobre la OTAN y de su eventual impacto sobre la situación económica.

Primera interpelación sobre la implantación del IVA y sus efectos. Acuso de oportunismo a José María Aznar, que habla en nombre del PP, y a Joaquim Molins (CiU) por presentarla cuando aún no ha habido tiempo para evaluar el funcionamiento del impuesto. Todo el mundo parece de acuerdo en calificar el debate de «agrio». Quizá estoy demasiado tenso.

17 de febrero de 1986

Se conoce el IPC de enero: subida del 2,8 %. Preguntado por ello afirmo que si sigue bajando el precio del crudo también puede hacerlo el de la gasolina (a la vista de la actitud de nuestros socios de la CEE que, en la discusión de mi propuesta de coordinación de los precios energéticos, dijeron que eso era cosa de cada país, poniendo el ministro inglés Nigel Lawson el énfasis en que él haría lo que quisiera con el dividendo de la bajada de los precios del petróleo).

22 de febrero de 1986

Empezamos la campaña de la OTAN. Empiezo mis actos en Pamplona. Por primera vez estoy preocupado por los resultados de una consulta (prácticamente electoral) desde que llegamos al Gobierno. Los sondeos no lo ponen fácil.

27 de febrero de 1986

Tras mucha expectación y anticipaciones anuncio en la APD un paquete de medidas después de confirmar el cambio de tendencia en la economía para reforzar la recuperación. El paquete incluye:

–Reducción de precios de los carburantes.

–Envío al Congreso de los Diputados de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones.

–Evitar la doble tributación en las sociedades y fondos de inversión.

–Tratamiento más leve de las plusvalías.

–Regulación legal del segundo Mercado de Valores.

–Reforma del Impuesto de Sucesiones.

–Creación del Mercado Continuo en Deuda Pública mediante anotaciones en cuenta.

–Liberalización de la inversión extranjera.

–Programa de Fomento a la Exportación.

–Simplificaciones de procedimientos burocráticos.

No incluye, sin embargo, como había especulado interesadamente la CEOE, una reducción de las cotizaciones sociales. Algunos lo llaman el «Plan Solchaga». La Bolsa lo acoge con euforia y el país con esperanza. Crea también un ambiente favorable para el referéndum de la OTAN, donde los sondeos siguen siendo preocupantes. Anuncio igualmente un cambio en la tendencia en el empleo y pronostico la creación de 150.000 puestos de trabajo en 1986 por primera vez desde que llegamos al Gobierno (en vez de los 800.000 famosos), convencido de la fuerza de la recuperación impulsada por la entrada en la CEE y la extraordinaria rebaja de los precios del petróleo. No todos piensan como yo. Antonio Álvarez-Solís me acusa en El Periódico poco menos que de vendedor de ilusiones falsas. Lo bueno es que Álvarez-Solís de economía no sabe gran cosa. Igualmente, la revista Mercado, en una línea siempre muy crítica conmigo, desvaloriza el programa de medidas económicas.

3 de marzo de 1986

Almuerzo con Javier Pradera,131 con quien, aunque le conozco hace mucho, apenas he tenido trato.

7 de marzo de 1986

Cambio el proceso previsto para el Plan de Fomento a la Exportación creando primero el Consejo Asesor de Exportación que será el encargado de elaborar el Plan. Yo lo presido, aunque ciertamente será el secretario de Estado el que desarrolle las funciones de esa presidencia.

Intervengo en el programa De jueves a jueves y pido el voto favorable para la OTAN con argumentaciones económicas.

12 de marzo de 1986

Se aprueba en el referéndum la continuación de España en la OTAN, contra viento y marea. ¡De buena nos hemos librado!

Aunque sigue habiendo algunas dudas razonables y otras basadas en recelos antigubernamentales, se va extendiendo en los últimos meses la idea de que la recuperación se ha iniciado y tiene futuro. La entrada en la CEE y la aprobación en referéndum de la permanencia de España en la OTAN contribuyen también de manera fundamental. Algunos de los aspectos negativos (IVA, exportaciones, etcétera) empiezan a inquietar menos en este nuevo ambiente, la incertidumbre sobre las consecuencias parcialmente negativas de la entrada en la CEE se diluye mientras que las ventajas de estar en el Mercado Común son cada vez más evidentes.

1 de abril de 1986

Almuerzo-despacho con el presidente del Gobierno. Hablamos de posibles elecciones en junio. Él ve cerrado el ciclo del primer mandato legislativo después del impresionante conjunto de reformas, la salida cada vez más evidente de una década (o más) de crisis económica, nuestra entrada en la CEE y la permanencia ya resuelta en la OTAN. Estoy absolutamente de acuerdo con él.

3 de abril de 1986

Francia solicita la reunión del Comité Monetario de la CEE. Édouard Balladur, en nombre del nuevo Gobierno francés que «cohabita» con el presidente François Mitterrand, solicita un pequeño realineamiento del cambio del franco francés. Por nuestra parte asisten a la reunión el subgobernador del Banco de España, Juan Antonio Ruiz de Alda, y el director general del Tesoro, José María García Alonso, con instrucciones de no poner objeciones a la solicitud francesa.

4 y 5 de abril de 1986

ECOFIN informal en Ootmarsum (Holanda) que refrenda el reajuste de la parrilla de paridades dentro del Sistema Monetario Europeo. El franco francés se deprecia un 6 % respecto al marco alemán (DM). Al abrir los mercados hoy lunes han dejado la apreciación del marco alemán en tan solo tres puntos. Finalmente, la peseta acaba con una ligera apreciación. De momento, nada que deba inquietarnos.

8 de abril de 1986

El Pleno del Congreso convalida el Real Decreto-ley de medidas económicas. Nadie vota en contra. Estoy muy satisfecho. Además hoy se conoce el déficit público de las Administraciones Públicas en 1985: 5,9 % del PIB. La cifra produce críticas (con razón) y señala lo poco que en realidad hemos avanzado en la reducción del déficit público desde 1983. Nuestro énfasis en la política social (extensión de la cobertura sanitaria, mejora de las pensiones, subidas de salarios públicos, etcétera) y unos bajos ingresos producto de la crisis económica lo explican.

9 de abril de 1986

Inauguración, bajo la presidencia de Su Majestad el Rey, de la Asamblea Nacional de las Cámaras de Comercio. Advierto de que la filosofía del Gobierno sobre los problemas que pueden surgir durante el periodo transitorio de unión a la CEE es evitar responder con medidas protectoras indiscriminadas cuando tengamos dificultades en nuestros sectores productivos, sino, al contrario, con más liberalización interna.

Por la tarde tengo que responder a una interpelación del PP sobre la privatización de RUMASA que plantea con su estilo particularmente zafio Luis Ramallo.

14 de abril de 1986

Visita de Michel Rocard (ahora en la oposición dentro del Partido Socialista francés). A mí me sigue pareciendo el más brillante de los socialistas franceses que he conocido.

18 de abril de 1986

Reunión de la OCDE en París. Hago declaraciones sobre la necesidad de flexibilizar el mercado de trabajo y moderar «suavemente» la subida de salarios.

Se convocan elecciones generales para junio, como ya me había avanzado el presidente en el último despacho.

El director de Mercado (Alberto Anaut) escribe un artículo en Cauce 2000 para demostrar de nuevo lo poco que le gusto. Sugiere que, tras ser ministro por carambola, después de las próximas elecciones dejaré de nuevo el sitio para Miguel Boyer. Por otra parte, anuncio que la convocatoria de elecciones retrasará el acuerdo sobre financiación de las comunidades autónomas que ahora decae en el Parlamento, pero mantengo el propósito de que entre en vigor en el ejercicio presupuestario de 1987, como estaba previsto. Los criterios del nuevo sistema ya han sido definidos y, después de una reunión con el partido presidida por Felipe González, han sido ratificados por el PSOE no sin que el presidente haya tenido que comprometer a fondo toda su autoridad. Es evidente que, como a todo el mundo, ni siquiera se me pasa por la cabeza que el PSOE pueda perder las próximas elecciones. Lo curioso es que nadie se sorprende por la convicción que mantenemos sobre la continuidad del Gobierno socialista.

22 de abril de 1986

Con un retraso inexplicable comparezco hoy en la Comisión de Economía, Comercio y Hacienda del Congreso de los Diputados cuando lo había solicitado en noviembre de 1985. Aprovecho las nuevas fechas para explicar los resultados económicos del país al cierre del pasado año. De ellos destaco sobre todo la creación neta de empleo después de ocho o diez años de destrucción de puestos de trabajo, tratando en este caso, como en el del crecimiento económico y la marcha de los desequilibrios (fiscal, de balanza de pagos y de la inflación), de poner los datos de 1985 en la perspectiva de lo ocurrido en los últimos años.

24 de abril de 1986

Reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Las líneas generales del nuevo sistema se acogen con satisfacción. Cataluña insiste en la idea de la «corresponsabilización fiscal». Me comprometo a llegar a un acuerdo en esta materia para octubre de 1986, aunque no va a ser fácil.

29 de abril de 1986

Almuerzo en Moncloa con el presidente del Gobierno. El tema fundamental es, desde luego, el de las próximas elecciones del mes de junio y los primeros y favorables sondeos. Le hago notar que la revisión positiva del cuadro macroeconómico por mi parte no es electoralismo (aunque venga bien desde ese punto de vista). En todo caso y por primera vez se vive en España con mayor claridad la experiencia de las mutuas relaciones entre el ciclo político y electoral y el ciclo económico. Yo pienso que si hubiéramos esperado al otoño, esta relación sería todavía más clarificadora. Supongo, sin embargo, que el miedo a los efectos de cola del referéndum sobre la OTAN ha prevalecido en la decisión del presidente de convocar las elecciones para junio. Me parece bien.

7 de mayo de 1986

Almuerzo con Nicolás Redondo. No conseguimos disipar nuestras mutuas desconfianzas en una conversación en que no hay temas concretos ante las próximas elecciones. Él parece dar por supuesto que seguiré en mi puesto.

10 de mayo de 1986

Larga entrevista en La Vanguardia en la misma línea de reforzar las expectativas de crecimiento a la búsqueda del respaldo electoral, pero con la tranquilidad de estar diciendo lo que creo firmemente que va a ocurrir.

17 de mayo de 1986

Congreso de la UGT de Navarra. Nicolás Redondo y yo hacemos los discursos inaugurales. Algunos señalan las diferencias entre los dos (por lo demás, apenas disimuladas).

20 de mayo de 1986

Acompaño, junto con Paco Fernández Ordóñez y Javier Solana, al presidente del Gobierno en viaje oficial a Moscú. Después de lo que hemos venido leyendo de las reformas que impulsa Mijaíl Gorbachov estoy deseando conocer al personaje que tan buena fama tiene con Margaret Thatcher y Ronald Reagan.

23 de mayo de 1986

El viaje a Moscú ha sido extraordinariamente interesante. De camino para allí, en el avión, el presidente nos habló de lo que podría ser su agenda particular con Gorbachov, que estaba muy abierta en principio. Repasamos temas internacionales y europeos, y a mí se me ocurrió que, en el proyecto de la Perestroika, Gorbachov quizá pudiese estar particularmente interesado por nuestra experiencia en el proceso de reconversión industrial, pero no lo mencioné, temeroso de parecer un tanto narcisista. Lo cierto es que en el resumen que Felipe González nos hizo en el viaje de vuelta, de sus conversaciones particulares con él durante la estancia en Moscú, éstas se habían centrado fundamentalmente en eso. Gorbachov sabía lo que habíamos hecho, pero no podía concebir la idea de cerrar instalaciones y empresas que no tuvieran futuro sin reacomodar previamente a los trabajadores afectados. Felipe González le explicó que, en un sistema donde los puestos de trabajo los genera el mercado, no es posible hacerlo de otro modo y que ésa es una de las razones por las que resulta tan difícil la reconversión industrial y tan costosa políticamente.

Lo más interesante es la química que parece haberse creado entre los dos, que ha generado algo así como una amistad personal, y el evidente deseo de Gorbachov de conocer la opinión de Felipe González en estas materias en las que parece haberse ganado su confianza.

Yo tuve ocasión de hablar con el jefe del Gobierno de la Unión Soviética –que me regaló un espantoso samovar– sobre la situación económica internacional y las relaciones bilaterales, y de visitar al gobernador del Banco de la URSS, que, entre otras cosas, me explicó que todavía se seguían aplicando las mismas tarifas de alquiler de vivienda que estableció Lenin en el Decreto de 1923. Esto es sólo una muestra del rigor mortis en que ha caído la economía soviética bajo planificación central. Por lo demás, Moscú, tan sombría como imaginaba, con el Kremlin impresionante y el Bolshói con aspecto decadente, donde asistí a una representación de Boris Godunov, con caviar en el intermedio.

31 de mayo de 1986

Pilar Urbano, con su «santa desvergüenza», escribe un artículo denigratorio contra mí por los consejos de Administración que mi hermano Ángel tiene en empresas agrarias del Gobierno de Navarra. No sabe ni le preocupa saber que es consejero nato por su puesto de director general en aquel Gobierno y que no recibe remuneración alguna por los consejos.

1 de junio de 1986

Más confraternización con UGT: clausura del Congreso de la Federación de Alimentación en Pamplona. Viene José María Zufiaur y en las votaciones para la Federación resulta reelegida Blanca Uruñuela. Insisto en el tema de la flexibilidad del mercado de trabajo. No ponen buena cara. Sin embargo, tienen que reconocer que el crecimiento económico, ya significativo, apenas se nota en las cifras del mercado de trabajo o en la reducción del desempleo.

4 de junio de 1986

Almuerzo-despacho con el presidente del Gobierno. Buenas perspectivas electorales. Aunque no repetiremos los resultados de 1982, la mayoría absoluta parece garantizada. Yo puedo seguir dándole buenas noticias de la marcha de la economía.

5 de junio de 1986

Clausura de la Asamblea de la Confederación de Cajas de Ahorro. Anuncio que, por los datos de que disponemos hasta el momento, el déficit público se va reduciendo en 1986. Asimismo, doy a conocer el propósito de reducir en un próximo futuro los coeficientes de caja y de Pagarés del Tesoro en la banca: hay que dar un empujón a la liberalización del sistema financiero ahora que la banca está mejor por las menores provisiones en una economía más saneada y con mayor crecimiento.

7 de junio de 1986

Inauguración de la Feria Internacional de Muestras de Barcelona. La presido yo, delegado por el presidente del Gobierno, a pesar del desagrado de Jordi Pujol. No es una solución de protocolo satisfactoria ésta de enviar una delegación de la presidencia con el fin de darle a Pujol en las narices.

9 de junio de 1986

Acepto que la Hacienda Pública se haga cargo de la devolución de oficio del recargo municipal (que ha sido cobrado sin apoyo jurídico por los ayuntamientos). Va a costar algún dinero, pero las haciendas locales no están en disposición de hacer frente a dicha devolución.

Ignacio Aldecoa (HB) me llama el «mayor terrorista del Estado». Cosas de la campaña electoral...

10 de junio de 1986

Debate en TVE con Nicolás Sartorius132 y Julián Ariza133 sobre política económica. Ninguno de los dos es un experto en el tema así que sus planteamientos han sido fundamentalmente ideológicos.

14 de junio de 1986

Mitin principal de la campaña electoral en Pamplona con Felipe González. Esta vez, al contrario que en 1982, sí que ha venido. Hemos llenado el local con más de 5.000 personas y los discursos han quedado muy positivos.

Alberto Anaut, director de Mercado, reconoce con pesar que he llenado el hueco dejado por Boyer. No obstante, cree que en la siguiente legislatura empieza mi «hora de la verdad». ¡Qué le habré hecho yo a este caballero!

22 de junio de 1986

Se celebran las elecciones generales sin incidentes y con resultados muy satisfactorios para el PSOE.134 En realidad, las demás fuerzas políticas, hoy por hoy, carecen de capacidad para hacernos frente. En estos casi cuatro años no se ha generado una auténtica alternativa al PSOE. Espero no tener que desdecirme de mis compromisos electorales (liberalización del sistema financiero y de los movimientos de capitales, continuación de las grandes líneas de la política económica, creación neta de empleo en 1986, reducción de la tasa de inflación a partir de enero de 1987). La entrada en la CEE y la significativa recuperación económica que estamos viviendo juegan a favor de mejores resultados económicos en la próxima legislatura. Sin embargo, conviene señalar que, a pesar de los costes del ajuste macroeconómico y de la reconversión industrial, una gran parte del discurso electoral del PSOE ha estado basado en la seriedad de la gestión de la política económica, con la reconversión como ejemplo de «un Gobierno que gobierna».

4 de julio de 1986

Almuerzo-despacho con el presidente del Gobierno. La frase que resume todo sería «satisfacción por el trabajo bien hecho».

8 de julio de 1986

Recibo a Salvador Laurel, vicepresidente de Filipinas después de la caída de Ferdinand Marcos. Me da la impresión de ser un conspirador de opereta. Me cuenta que ha invitado al presidente del Gobierno a que visite su país.

9 de julio de 1986

Vuelve mi hijo Carlos de Estados Unidos. Vamos a Barajas a recogerle su hermano Miguel, Gloria y yo. Le hemos echado mucho en falta.

11 de julio de 1986

Cena con el presidente en Moncloa. Empezamos a hablar de la segunda legislatura y de los fallos del Gobierno actual de cara a una posible remodelación.

La Vanguardia y otros diarios me reprochan mi ausencia en la reunión ministerial sobre presupuestos de la CEE, cuando ésa es una reunión de secretarios de Estado y directores de Presupuestos a la que no suelen asistir los ministros (excepto que, como en Italia, exista un ministro de Presupuestos).

Hay unanimidad entre los «analistas» en que seguiré en el Gobierno como pieza clave del mismo. Por ello, se han extendido los rumores de que existen tensiones entre Alfonso Guerra y yo a la hora de influir sobre la composición del próximo Gobierno. No sé si eso será verdad en el caso de Guerra, pero no lo es en mi caso. No estoy en la disputa y sólo le daré mi parecer sobre eventuales candidatos al presidente del Gobierno si me lo pide.

18 de julio de 1986

Despacho con el presidente Felipe González. Hablamos de los posibles cambios en el Gobierno con gran detalle.

22 y23 de julio 1986

Debate de investidura sin grandes novedades en un ambiente triunfal en los bancos del PSOE.

25 de julio de 1986

Formación del nuevo Gobierno.135 Se destaca «la continuidad» del mismo (con buen fundamento). Yo me he asegurado de la llegada de Luis Carlos Croissier a Industria y Energía y su sustitución por Claudio Aranzadi al frente del INI. El presidente ha decidido cambiar a Joaquín Almunia al Ministerio de Administraciones Públicas. Le sustituye Manolo Chaves en el Ministerio de Trabajo.

15 de agosto de 1986

El pasado día 8 de agosto declaré en Mallorca, donde tuve que recibir a la prensa para ver si me dejaban tranquilo el resto de las vacaciones, que el paro en España no es el 22 % que recogen las cifras oficiales, sino tan solo un 15 %, que no es poco. En la Secretaría de Estado de Economía se ha hecho un trabajo serio de análisis de la Encuesta de Población Activa (EPA) que lleva a cabo el INE tratando de corregir algunos de los sesgos a los que está sometida. Paralelamente, y con la metodología corregida, se ha hecho un nuevo cálculo del empleo y el paro sobre una muestra mucho más grande que la utilizada por el INE en su recogida habitual de datos, y el resultado ha sido que la tasa de desempleo está inflada según parece entre seis y siete puntos en la encuesta del INE. Este resultado, por lo demás, es consistente con la apreciación general de que el número de desempleados en España no puede ser tan elevado como el que figura en las estadísticas o lo estaríamos viendo en la calle. Como era de prever, estas declaraciones han encendido una nueva polémica. CC.OO. contesta airada a mis declaraciones («falta de seriedad del ministro»). En los días siguientes, UGT, AP, el PDP y el PCE hablan de «irresponsabilidad» y «frivolidad estival» por mi parte. Por sorprendente que parezca, nadie reconoce algo que todos los españoles saben. Sólo La Vanguardia reconoce «no tanto mi veracidad como mi intrepidez».

Miguel Boyer lanzó un «manifiesto» liberal en la Universidad Menéndez Pelayo en Santander. Ha cabreado a medio Gobierno y al PSOE. Alfonso Guerra ha aprovechado esa situación para meterle un cuerno, ahora que ya no tiene el apoyo del presidente del Gobierno ni la capacidad de contestarle en el Consejo de Ministros.

En los últimos días del mes, aprovechando mi vuelta a Madrid, veo que se empieza a especular con los cambios que voy a efectuar en los altos cargos del Ministerio.

22 de agosto de 1986

Aprovechando que hoy hay Consejo de Ministros convoqué anoche a Nicolás Redondo y a José María Cuevas a una cena en un restaurante discreto de Madrid. Muchos lo son en este mes de agosto. El tema a tratar era las perspectivas de inflación de cara a la negociación de los convenios colectivos de 1987. Les explico que, pese a la entrada en vigor del IVA, que según nuestros cálculos ha tenido un impacto inflacionario entre dos y tres puntos en el IPC, la inflación va a acabar este año en torno al mismo nivel con el que acabó en 1985, es decir el 8 %. Les señalo además que el efecto inflacionario de la introducción del IVA es un efecto de una sola vez, de manera que, a partir del primer trimestre de 1987, la tasa de inflación caerá por lo menos dos puntos, situándose alrededor del 6 %. No estoy muy seguro de que entiendan el razonamiento, pero sigo imperturbable con mi explicación. En consecuencia, les comunico la inflación prevista para 1987 y también que la subida de los salarios debería ser del 5 % si queremos continuar con el esfuerzo en la reducción de la misma. Ambos ponen cara de profunda desconfianza.

El primero en escandalizarse es Cuevas: «Pero ministro, eso es imposible de defender por parte de la patronal…», me dice cambiando sus papeles con los de Nicolás Redondo. Éste, a su vez, empieza a sospechar si no le estamos tendiendo una trampa. Pone su habitual cara de desconfianza y dice que todo le parece raro y que tiene que consultar con la ejecutiva de UGT.

Cuando cuento en el Consejo de Ministros mis contactos, el nuevo ministro de Trabajo, Manuel Chaves, se siente incómodo, acosado quizá por mi iniciativa en un campo que él considera de su competencia. El presidente del Gobierno lo resuelve encargándonos a los dos que sigamos conjuntamente las conversaciones informales con Redondo y con Cuevas. Estoy seguro de que Nicolás Redondo ha llamado al ministro de Trabajo para enredar. Supongo por otro lado que, habiendo sido Chaves su subordinado en UGT y en el PSOE, espera conseguir mejores resultados en las negociaciones con el Gobierno cuando esté él que cuando esté yo solo.

28 de agosto de 1986

Nueva cena sobre negociación de salarios para 1987 con Manuel Chaves también incorporado. Cuevas parece haber entendido mejor el asunto y muestra discretamente su apoyo a la propuesta del 5 % para 1987. Redondo acepta poco convencido y sospechando quizás que ha caído en una trampa. Está enfadado con Chaves y conmigo, aunque supongo que por razones distintas. Cuando nos despedimos me voy muy satisfecho.

29 de agosto de 1986

Con origen prácticamente seguro en Ferraz o en el propio Consejo de Ministros, Cinco Días filtra la noticia firmada por Mariano Guindal del pacto salarial para 1987 alcanzado entre Cuevas, Redondo y yo (junto con el nuevo ministro de Trabajo, Chaves). UGT y la CEOE niegan la existencia del pacto. Para UGT, en plena campaña electoral, la filtración es particularmente peligrosa teniendo en cuenta el interés de CC.OO. de calificar a UGT de correa de transmisión de la política económica gubernamental.

3 de septiembre de 1986

Recibo a UGT y a la CEOE (por separado) para hablar del Presupuesto para 1987. Las declaraciones de todos después de las reuniones son conciliadoras. Ellos siguen negando que exista pacto secreto alguno sobre negociación salarial. Yo tampoco digo nada.

4 de septiembre de 1986

Recibo a Clayton Yeutter, subsecretario de Comercio de Estados Unidos. Los temas de nuestra conversación son las importaciones españolas de maíz y soja así como las exportaciones siderúrgicas de España a Estados Unidos. También recibo a Carmelo Lauría, ministro de la Secretaría de la Presidencia de la República de Venezuela.

10 de septiembre de 1986

Reunión con Tomás Rodríguez Bolaños, alcalde de Valladolid y presidente de la FEMP. Le informo de los créditos previstos para el Fondo Nacional de Corporaciones Locales en los Presupuestos para 1987. Se muestra decepcionado por su cuantía. Tampoco esperaba yo que dijera otra cosa, aunque sea compañero del partido.

Me reúno en el Ministerio con la CEOE y UGT para darles cuenta de las últimas modificaciones introducidas en las previsiones económicas y presupuestarias. Aunque hay tiras y aflojas en las cifras, la cuestión fundamental, sin embargo, sigue siendo la posibilidad de acuerdo salarial y la aproximación del pivote en torno al cual gira: la previsión de inflación del Gobierno para el año 1987. Yo sigo manteniendo de puertas para afuera que es el 4 % (lo que no es imposible). De esta manera, UGT puede aceptar el 5 % que ofrecimos en las conversaciones discretas con Nicolás Redondo y José María Cuevas. CC.OO. habla del 6 % en adelante como propuesta para cualquier acuerdo, pensando, por otro lado, en la ventaja que esto le da en medio de la campaña de elecciones sindicales. Por su parte, al ministro de Trabajo no se le ocurre más que declarar que la previsión gubernamental del 4 % pone en peligro el pacto interconfederal, debilitando así la posición del Gobierno. Teniendo en cuenta la anterior responsabilidad de Manuel Chaves –secretario de Asuntos Sindicales en la Ejecutiva del PSOE y hombre de confianza de UGT– todo parece indicar que el PSOE –Alfonso Guerra fundamentalmente– y UGT no quieren ayudar en este tema.

Por lo demás, el Gobierno, UGT y la CEOE quieren un pacto bilateral entre patronal y sindicatos, mientras que CC.OO. desea que el Gobierno forme también parte del mismo, entrando desde el principio en la negociación.

11 de septiembre de 1986

Reunión con las comunidades autónomas gobernadas por los socialistas para acordar su apoyo al sistema reformado de financiación autonómica.

Después de considerar ventajas e inconvenientes, anuncio que el objetivo de inflación para 1987 será del 5 % y no del 4 % al que se oponía el Ministerio de Trabajo y que yo mantenía sólo a efectos de una futura retractación que las declaraciones de Chaves hacen ahora impensable.

Se especula en algunos periódicos sobre la alianza entre Redondo y Guerra, que ha hecho, según creen, que Felipe González se distancie de «los tecnócratas» y de la «beautiful people». Se trata evidentemente de una intoxicación guerrista, y está dirigida sobre todo hacia el presidente del Gobierno ahora que estamos al principio de una nueva legislatura.

16 de septiembre de 1986

Reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Presento formalmente el nuevo sistema de financiación. Se anuncia que el acuerdo podría alcanzarse durante el trámite parlamentario de discusión de los Presupuestos, de manera que, como éstos, pueda entrar en vigor el 1 de enero de 1987.

A sugerencia mía, el Gobierno solicita mi comparecencia en el Pleno del Congreso de los Diputados para debatir sobre las cifras reales del paro después de las declaraciones que hice en agosto en Mallorca y la hipócrita polémica que desataron.

Siguiendo con las especulaciones de la prensa sobre enfrentamientos internos, Ernesto Ekaizer y Juan Tapia consideran que hay una situación de equilibrio en el Gobierno entre Alfonso Guerra y yo, mientras que los periodistas Primo González y Mariano Guindal creen en la tesis del predominio de Alfonso Guerra.

18 de septiembre de 1986

Ayer cenamos con el presidente el Gobierno el ministro de Administraciones Territoriales, Joaquín Almunia y yo. Joaquín considera que, como la ordenación general de la función pública es competencia de su Ministerio, debe ser él quien elabore el capítulo I de los Presupuestos (sueldos y salarios, por un lado, y clases pasivas, por otro). Yo me he venido oponiendo, y hoy, tras haber producido él un nuevo informe sobre el tema, me he visto obligado a escribir una dura carta al presidente del Gobierno explicando la ausencia de razones fundamentadas para producir tan peligroso cambio en el proceso de elaboración del Presupuesto, y la imposibilidad material y formal de llevarlo a cabo en la propia Ley de Presupuestos de 1987. Ninguno salimos contentos de la cena.

19 y 20 de septiembre de 1986

Asisto a una reunión informal del ECOFIN en Gleneagles (Escocia). Hay un optimismo general por la caída del precio del petróleo, que ha llegado mucho más abajo de lo que podíamos imaginar hace unos meses. El campo escocés está precioso en este momento del año. El hotel, totalmente victoriano.

27 de septiembre de 1986

Entrega de los Presupuestos en el Congreso. El déficit previsto es de 1,317 billones de pesetas o el 3,7 % del PIB. Se suprimen las desgravaciones fiscales a las inversiones financieras en renta fija, que eran una ortopedia insostenible ya y, afortunadamente, innecesaria ahora.

28 de septiembre a 1 de octubre de 1986

Reunión del FMI en Washington D.C. Aprovecho para entrevistarme con James Baker, secretario del Tesoro de Estados Unidos, y Kjell-Olof Feldt, ministro de Hacienda sueco, quienes me explican su versión de por qué no ha prosperado la propuesta de entrada de España en el Grupo de los Diez, que había defendido sobre todo Reino Unido. En realidad, han sido los países pequeños como Suiza, Holanda y Suecia quienes nos han puesto el veto a Australia y España. Nigel Lawson, ministro del Tesoro y antes de Industria y Energía de Reino Unido cuando yo también lo era, hizo una gran defensa de la candidatura española. James Baker me explicó que, aunque la voz cantante la había llevado Suecia, todos los países pequeños se sentían beneficiados con la no entrada de España. Kjell-Olof Feldt me dio unas explicaciones francas, pero impresentables para un país amigo.

8 de octubre de 1986

La Bolsa ha reaccionado muy favorablemente a la eliminación de la desgravación de las inversiones en renta fija ante la perspectiva de más fondos para la renta variable una vez desaparecido el subsidio a las obligaciones.

Hoy he cenado en Moncloa con el presidente del Gobierno. Tratamos de mi próxima comparecencia, a petición mía, en el Parlamento para hablar del desempleo y la economía sumergida, así como de la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera donde debería aprobarse la Reforma del Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas, que ahora produce resultados un tanto estrafalarios y bastante injustos. Son, aparte del problema de la negociación colectiva para 1987, los temas más inmediatos del Ministerio y aquellos en los que recae un grado mayor de potencial conflictividad.

10 de octubre de 1986

Reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. La nueva propuesta ha sido recibida favorablemente por Cataluña. Ahora hay que llevarla al Parlamento.

18 de octubre de 1986

Pleno en el Congreso de los Diputados sobre el paro y la economía sumergida. En mi intervención inicial, tras explicar detalladamente el estudio llevado a cabo en el Ministerio, insisto en la necesidad de seguir flexibilizando el mercado de trabajo y otros mercados como el de capitales. Los principales oradores en contra son José Antonio Segurado (PP) y Nicolás Sartorius (PCE). Entretanto, se ha conocido un estudio de Antonio García de Blas que contiene un listado de posibles medidas liberalizadoras del mercado de trabajo, que yo no conozco. Los sindicatos interpretan que el debate parlamentario sirve de prolegómeno a la puesta en marcha de tales medidas y se ponen la venda antes de que se produzca la herida. Como el negro del sermón, salimos todos del debate con la cabeza caliente y los pies fríos. ¡Qué espectáculo de irrealismo mágico!

Se publica en La Vanguardia que Alfonso Escámez, presidente del Banco Central, ha vendido a inversores kuwaitíes el 4,8 % del capital del banco. Quail España (Javier de la Rosa)136 ha intervenido en la operación, aunque no me queda claro cómo. Tendré que enterarme de cuál es el alcance de la operación.

Se conocen los enfrentamientos que ha habido entre Joaquín Almunia y yo por el control del capítulo I de los Presupuestos (gastos de personal).

22 de octubre de 1986

Asisto a la Asamblea de la APD. Insisto en los mensajes de flexibilización de los mercados y liberalización de la economía. En general, mi intervención es bien acogida por los asistentes y por la prensa. Los sindicatos, sin embargo, se muestran muy críticos. Manuel Chaves declara, por su parte, que quizá se ha «mitificado» la flexibilidad laboral. Los guerristas están dispuestos a evitar toda flexibilización. Su proyecto es un plan especial para el empleo de los jóvenes sin reformar el mercado de trabajo. Yo creo que eso no conduce a nada más que a aumentar el gasto público sin ningún efecto sobre el empleo.

25 de octubre de 1986

Cumbre hispano-portuguesa en el país vecino. Nuestras relaciones con Portugal son óptimas.

27 de octubre de 1986

Recibo a Henning Christophersen (comisario de Finanzas de la CEE) y despacho con el presidente del Gobierno a última hora. Como vimos en Portugal el otro día, todo va bien por ahora en este primer año de incorporación de España (y también de Portugal) a la CEE.

El Nuevo Lunes anuncia que el Grupo Socialista introducirá enmiendas en el debate de Presupuestos a favor de las tesis de Almunia respecto del control de los gastos de personal por parte del Ministerio de Administraciones Públicas. Teófilo Serrano137 (guerrista de pro) asegura haberles convencido de la necesidad de esto. Alfonso Guerra, por su parte, estaría encantado de recortar el poder del ministro de Economía y Hacienda. Como en tantas ocasiones, espero que estas filtraciones interesadas a El Nuevo Lunes se queden en agua de borrajas.

28 de octubre de 1986

Debate de totalidad de los Presupuestos. Explico mi concepto de flexibilidad laboral, que incluye movilidad, flexibilidad en la jornada, reducción de los salarios mínimos para jóvenes y negociación de salarios en función de la productividad, sin entrar en los temas del coste del despido o las características de los contratos para no provocar un enfrentamiento total. Los sindicatos contestan agriamente. Por otro lado, con Manuel Chaves al frente del Ministerio de Trabajo respaldado por Alfonso Guerra, la flexibilización es prácticamente imposible. Mi satisfacción con la remodelación del Gobierno de julio, porque Joaquín Almunia pasara de Trabajo a Administraciones Públicas, ha sido un doble error: Manuel Chaves lo está haciendo peor en Trabajo que Joaquín Almunia, que lo hacía muy bien, y está claramente sesgado en favor de UGT y de la parte más obrerista del PSOE. Almunia, por otro lado, no se va a quedar quieto en su Ministerio de Administraciones Públicas, donde ha declarado una guerra presupuestaria que, de momento, he ganado yo con el apoyo del presidente del Gobierno. Por si esto fuera poco, aumentan mis enfrentamientos con Carlos Romero (Agricultura), Abel Caballero (Transportes) y Luis Carlos Croissier (Industria), que se aproximan a Alfonso Guerra siempre que pueden. El partido y el Grupo Parlamentario también empiezan a movilizarse para recortarme las alas. Ahora me parece evidente que Alfonso Guerra, que acogió favorablemente mi llegada al Ministerio de Economía y Hacienda porque se libraba de Miguel Boyer, nunca creyó que yo fuera a sustituirle en su papel clave dentro del Gobierno. Cuando la campaña electoral demostró que algunas de las actuaciones gubernamentales que explicaban en gran medida el éxito del Gobierno eran atribuibles a mi trabajo («un Gobierno fuerte, capaz de hacer la reconversión industrial que empieza a dar sus frutos», y un plan de reactivación económica que ha sido acogido con euforia), Guerra pensó que era el momento de recortar mi influencia. La batalla, desde entonces, aunque soterrada, es continua.

5 de noviembre de 1986

Interpelación de AP (Luis Ramallo) sobre RUMASA. Debate desabrido.

Hoy se cierra el periodo de enmiendas a la Ley de Presupuestos sin que el Grupo Socialista haya introducido las que pudieran satisfacer a Joaquín Almunia, según se había especulado interesadamente por algunos.

7 de noviembre de 1986

Nueva bajada de los carburantes. Se aprueba la liberalización de las inversiones financieras en el extranjero cambiando así una situación que había durado al menos medio siglo, aunque todavía no hayamos llegado a la plena libertad de los movimientos de capital. La situación anímica de los agentes económicos ha cambiado de arriba abajo: ahora estamos próximos a la euforia. Hablando de otra cosa, hoy por fin se ha alcanzado un acuerdo final con las comunidades autónomas sobre su sistema de financiación. El nuevo esquema entrará en vigor el 1 de enero de 1987. Estoy muy satisfecho.

8 de noviembre de 1986

Hoy hemos iniciado viaje a Quito, Lima y La Habana con el presidente del Gobierno. En Quito, después de muchos años de olvido de Ecuador, nos proponemos relanzar las exportaciones de bienes de equipo y de material militar con apoyo de financiación oficial. En Lima y La Habana se trata más de tomar el pulso a dos países importantes, pero con gravísimos problemas financieros y una dirección disparatada de la economía bajo el impulso de Alan García y Fidel Castro, respectivamente. Son dos de los países latinoamericanos con mayores problemas de impago de deuda externa, lo que nos afecta a nosotros como acreedores, particularmente en el caso de Cuba.

Me dispongo a disfrutar de mi viaje por las tres ciudades de las que tan sólo conozco La Habana. Emprendo el viaje con pocas preocupaciones gracias a los avances que se han producido en el Presupuesto y a los resultados de la política económica en general, a la que ayuda la constante caída de los precios del petróleo. También me da una gran tranquilidad la aprobación del nuevo sistema de financiación autonómica, que corrige algunas de las disfunciones que tenía el anterior.

Se cierra también estos días el plazo de enmiendas de la Ley de Fondos y Planes de Pensiones. Después de las negociaciones de Miguel Ángel Fernández Ordóñez con José María Zufiaur (UGT), se introducen determinados aspectos sociales que tranquilizan a los sindicatos, pero restan quizá algo de atractivo a los propios fondos. El Grupo Parlamentario se muestra inquieto ante el proyecto de ley sobre el que pesan los recuerdos poco gratos de lo que supuso el debate de la Ley de Pensiones de 1985 y la desconfianza de la izquierda, que quiere ver en esta ley una excusa para desanimar el sistema público de pensiones.

20 de noviembre de 1986

La prensa se ha venido haciendo eco constante –antes, durante y a la vuelta de mi viaje a América Latina– de la inminente remodelación de los altos cargos del Ministerio de Economía y Hacienda. Le explico al presidente que en la casa, como es natural, hay nerviosismo y que ya es momento de zanjar la situación con los nombramientos de Miguel Ángel Fernández Ordóñez en Comercio, lo que está suficientemente alejado de Hacienda, y de Josep Borrell y de Guillermo de la Dehesa en Economía. Borrell continúa, y se marchan Luis Velasco y Juan Francisco Martín Seco, el primero a Washington D.C., al FMI, y el segundo a presidir la compañía Minas de Almadén y Arrayanes S.A. Borrell ya no lo aguanta más.

24 de noviembre de 1986

Almuerzo-despacho con el presidente del Gobierno. Le explico con mayor detalle los cambios que voy a llevar a cabo en el Ministerio y que llevaré mañana al Consejo.

27 de noviembre de 1986

Inauguración junto con José Antonio Ardanza del Congreso de Economistas en Euskadi. El ambiente durante el acto es grato ahora que la recuperación económica parece haber dejado atrás los días sombríos de la reconversión industrial en el País Vasco. ¡Cómo podría ser esto si desapareciera ETA por arte de magia!

Hablando en términos generales, hay que reconocer que el año que viene se presenta bien después del trabajo de octubre y noviembre. Los Presupuestos se han aceptado sin grandes críticas; hay un principio de acuerdo sobre negociación colectiva con UGT y la CEOE; la inflación empieza a reconducirse después del susto de septiembre y se ha alcanzado un acuerdo con las comunidades autónomas sobre el nuevo sistema de financiación. Al tiempo, el crecimiento económico se está acelerando a ojos vista, la Bolsa está en plena recuperación, y el dólar y el petróleo siguen a la baja, lo que ayuda también a la buena marcha de los ingresos presupuestarios.

En la parte negativa hay que señalar que el enfrentamiento de Guerra conmigo continúa. Sigue atrayendo hacia sus posiciones a ministros del área económica y, con la inestimable ayuda de Teófilo Serrano, está alimentando mi enfrentamiento institucional con Joaquín Almunia. Mi remodelación de altos cargos del Ministerio le ha sentado como un tiro y así lo ha manifestado en el Consejo de Ministros donde propuse los nombramientos y ceses correspondientes. El vicepresidente tiene la pretensión de que estos nombramientos del más alto nivel pasen primero por la Comisión de Subsecretarios que él preside. Yo me he negado a aceptar que sean los subsecretarios los que juzguen sobre la conveniencia de los nombramientos de otros subsecretarios o de los secretarios de Estado.

1 de diciembre de 1986

Me visita Ernst-Günther Bröder, presidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Está satisfecho con el trabajo que el Gobierno español y el Ministerio de Economía están haciendo para aprovechar los fondos de financiación para inversiones del BEI. Yo también.

4 de diciembre de 1986

Con las fotografías de Alfonso Guerra y mía, ABC publica una portada con el título: «Guerra contra Solchaga». Relata el hecho cierto de que, contra la costumbre que había introducido el vicepresidente de anunciar los nombramientos que iban al Consejo de Ministros en la reunión de subsecretarios que él presidía, como comenté hace unos días, yo me negué a hacerlo así y llevé los nombramientos directamente al Consejo de Ministros.

He presentado hoy los Presupuestos en el Senado. Me esfuerzo por demostrar que el análisis pesimista de la situación económica hecho por Cuevas recientemente no tiene fundamento y que nos encontramos en plena expansión. La prensa publica que, aunque Economía y Hacienda mantiene en su organigrama y funciones la Dirección de Gastos de Personal, una serie de enmiendas introducidas por el Grupo Parlamentario Socialista –después de un acuerdo entre Joaquín Almunia y yo– dan más competencia al Ministerio para las Administraciones Públicas. En realidad, la transacción es pura cosmética y las competencias presupuestarias serias quedan en Economía y Hacienda (por fortuna).

18 de diciembre de 1986

Hoy he presentado en el Congreso de los Diputados la nueva Ley de Planes y Fondos de Pensiones, que ya venía siendo estudiada en la anterior legislatura y que está llamada a tener una gran trascendencia en el futuro financiero y actuarial de nuestro país. El largo debate ha sido interesante. Esta ley junto con la de financiación de comunidades autónomas y el propio Presupuesto van ahormando la situación económica para el año 1987. Lo malo es que el pacto salarial alcanzado en agosto entre el Gobierno, UGT y la CEOE empieza a ponerse en peligro. UGT teme los resultados de las elecciones sindicales, que no están siendo nada buenos para ellos hasta ahora y lo achacan a la acusación de CC.OO. de haber pactado con el Gobierno. Guerra les da un balón de oxígeno al hacer declaraciones contra mi globo sonda de una posible participación del Gobierno en la concertación social si eso ayudara a introducir flexibilidad en el mercado laboral. Chaves remacha también la idea de que la participación del Gobierno en la reforma no es necesaria y que no hay que cambiar las leyes, sino asegurar que empresarios y sindicatos alcancen acuerdos de funcionamiento adecuado del mercado de trabajo y de las empresas. Todo lo cual es puro voluntarismo. Con las leyes en vigor no habrá nunca flexibilidad suficiente en el mercado de trabajo. Por otro lado, reconozco, sin embargo, que si no es para posibilitar el cambio de ese marco legal, mejor entonces que el Gobierno quede fuera de la negociación.

131. El columnista, editor y periodista Javier Pradera Gortázar había presentado su dimisión como jefe de Opinión de El País a finales de febrero tras haber firmado un manifiesto de apoyo al sí en el referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN y las reacciones que dicha firma había suscitado.

132. Nicolás Sartorius fue, junto a Marcelino Camacho, uno de los fundadores del sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.) y miembro del Partido Comunista de España (PCE). En 1981 fue designado primer secretario del PCE, aunque a raíz de la crisis interna que se produjo un año más tarde dimitió junto a Santiago Carrillo, que dejó la secretaría general en manos de Gerardo Iglesias. En las elecciones generales de 1986 Sartorius fue elegido diputado de Izquierda Unida (IU) en el Congreso de los Diputados, escaño que renovó en las de 1989, año en el que se convirtió en el portavoz de la formación política. En el Congreso formó parte de la Diputación Permanente y de las comisiones de Economía, Comercio y Hacienda, Justicia e Interior, y de la Comisión del Defensor del Pueblo. En 1992 presentó su dimisión, pues estaba en desacuerdo con la línea que marcaba la presidencia de su formación, ya que él era partidario de acercar posturas con el PSOE y aceptar la adhesión de España al Tratado de Maastricht.

133. Julián Ariza fue también uno de los fundadores de CC.OO. Miembro del PCE desde 1963 y muy próximo a Santiago Carrillo, fue expulsado en 1985 junto al sector carrillista, formando el Partido de los Trabajadores de España-Unidad Comunista, del que fue dirigente hasta que en 1991 la formación eurocomunista se integró en el PSOE. En las elecciones de 1986 fue candidato al Congreso de los Diputados por Unidad Comunista, pero esa formación no obtuvo ningún escaño.

134. En estos comicios, el PSOE logró revalidar la mayoría absoluta obtenida en 1982, aunque con 18 escaños menos y la pérdida de más de un millón de votos.

135. La composición del Gobierno quedó así hasta la remodelación de 1988: presidente, Felipe González Márquez; vicepresidente, Alfonso Guerra González; ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez; ministro de Justicia, Fernando Ledesma Bartret; ministro de Defensa, Narcís Serra Serra; ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga Catalán; ministro del Interior, José Barrionuevo Peña; ministro de Obras Públicas y Urbanismo, Javier Sáenz de Cosculluela; ministro de Educación y Ciencia, José María Maravall Herrero; ministro de Trabajo y Seguridad Social, Manuel Chaves González; ministro de Industria y Energía, Luis Carlos Croissier Batista; ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Carlos Romero Herrera; ministro para las Administraciones Públicas, Joaquín Almunia Amann; ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones, Abel Caballero Álvarez; ministro de Cultura, Javier Solana Madariaga; ministro de Sanidad y Consumo, Julián García Vargas; y ministro de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, Virgilio Zapatero Gómez.

136. En 1976 Pedro Garnica, presidente del Banco Español de Crédito (Banesto), nombró a Javier de la Rosa director general del Banco Garriga Nogués, filial de Banesto en Cataluña. Su etapa al frente de la entidad finalizó en el año 1986 cuando estalló un escándalo financiero, al hacerse público un agujero de casi 100.000 millones de pesetas.

137. Teófilo Serrano era entonces secretario de Estado para la Administración Pública, cargo que desempeñó de 1986 a 1991. En este año fue elegido secretario general de la Federación Socialista Madrileña, diputado a la Asamblea de Madrid en el Grupo Parlamentario Socialista, del que fue portavoz, y senador autonómico. En 1994 abandonó la política activa.

1987

4 de enero de 1987

Despacho con el presidente del Gobierno.

Después de recibir a UGT, sin que yo conociera que esto iba a suceder, Felipe González respalda la tesis de que el Gobierno debe quedar fuera de la concertación social, lo que me produce un gran disgusto, ya que parece deducirse de ello que se posiciona contra mi propuesta de flexibilización del mercado de trabajo. Le envío al presidente una carta a la que me responde inmediatamente. Adjunto ambas.

Carta al presidente del Gobierno:

Madrid, 8 de enero de 1987

Querido Presidente:

La entrevista que mantuviste con UGT (sobre cuya convocatoria, desarrollo y resultados no conozco más que lo que la prensa ha contado) ha venido a añadirse a una serie de acontecimientos en los últimos meses cuya visión de conjunto me parece extremadamente preocupante.

En efecto, desde septiembre para acá, que es cuando puede decirse que ha empezado a funcionar el presente Gobierno que tu presides, he venido observando una tendencia a actuar por la línea de menor resistencia ante problemas económicos que son muy importantes (segunda fase de la reconversión industrial, modificaciones en el Instituto Nacional de Empleo (INEM), control de la gestión de la Seguridad Social, flexibilidad en el mercado de trabajo, etc., etc.).

Al mismo tiempo, resulta aparente la potencia que ha adquirido en su condicionamiento sobre la elaboración de la política económica del Gobierno la Unión General de Trabajadores, cuyas declaraciones públicas en los últimos tiempos han sido difícilmente calificables (en relación con miembros del Gobierno o con la política económica gubernamental).

Finalmente, no ha habido iniciativa que yo haya tomado de alguna trascendencia en los últimos cuatro meses que no haya sido objeto de cerco en el propio Gobierno, la UGT, el Grupo Parlamentario o de todos a la vez (de manera muy particular la financiación de las comunidades autónomas, la propuesta de reducción de la tarifa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, las modificaciones en la cobertura del desempleo agrario, etc.).

En conclusión, soy el aparente responsable de la política económica gubernamental, pero estoy atenazado, controlado en todos mis movimientos.

En estas condiciones, empiezo a preguntarme qué hace una persona como yo en un Gobierno como éste.

Mis puntos de vista sobre lo que hay que hacer son bastante sencillos y están basados en una doble reflexión.

Primero, el mayor problema de España es el paro. Éste no se puede resolver creciendo por nuestra cuenta de manera artificiosa, pues la inflación y la balanza de pagos se encargarán de hacer fracasar una política económica como ésa. Tenemos, pues, que producir cambios estructurales en la Seguridad Social y su financiación, en la cobertura del desempleo, estimulando la búsqueda de puestos de trabajo, en las barreras de entrada al mercado del trabajo, reduciéndolas al salario mínimo interprofesional de los trabajadores, en la movilidad geográfica y profesional de los trabajadores, etc., etc., con el fin de que la demanda de empleo por unidad de producto aumente.

Con las medidas sobre contratación tomadas hasta ahora hemos tenido un gran éxito. Este año es posible que el empleo crezca hasta un 2 % (lo que, con un crecimiento del PIB del 3 %, es un resultado milagroso y casi irrepetible), pero el desempleo, a pesar de ello, no se reducirá.

Por cierto, ¿crees que ahora pasaríamos una legislación sobre contratación como la que pasamos en 1984?

En conclusión, nuestra oferta a la sociedad es que en un decenio, a menos que pase algo que no dependa de nosotros, habremos reducido el desempleo a entre 300.000 y 500.000 personas.

La segunda reflexión tiene que ver con los pronósticos políticos. En 1986 hemos ganado las elecciones: en 1990 las volveremos a ganar y previsiblemente aún faltan muchos años para que la derecha de España se convierta en una auténtica alternativa de Gobierno. El PSOE es la única fuerza responsable en España en un largo espacio de tiempo para dotar a esta sociedad de estabilidad, confianza en sí misma y perspectiva de futuro. Lo que no hagamos ahora nos veremos obligados a hacerlo, a menos que hayamos degenerado políticamente, en un futuro en condiciones mucho más duras –ya que la fuerza de iniciativa del Gobierno será menor y los vicios de funcionamiento habrán arraigado más profundamente–, y, en consecuencia, con mucho mayor coste político y menos posibilidad de éxito.

En estas condiciones me resulta bastante difícil entender la situación actual del Gobierno. Admito que puedo estar equivocado en mi doble reflexión, pero me pregunto si soy el único a quien inquieta de verdad este porvenir. No siento ninguna afición por hacer de malo y, desde luego, no me apetece nada sentirme en solitario en relación con estos temas. Pero esto es lo que ahora ocurre.

Creo en fin, Presidente, que esta carta no es el resultado de un prejuicio o de una frustración personal que por algún conducto tendría que manifestarse para mi alivio personal.

Se trata más bien, aunque está escrita de manera informal, de la condensación de un proceso de preocupación del que ya te había manifestado algunos aspectos en el curso de despachos y conversaciones en los últimos tiempos.

Creo finalmente que sería conveniente que tuviéramos una conversación detenida sobre estos puntos a tu vuelta de Túnez y de Egipto.

Hasta entonces, recibe un fuerte abrazo,

CARLOS SOLCHAGA

Carta del presidente del Gobierno:

Madrid, a 8 de enero de 1987

Querido Ministro:

No resisto la tentación de ponerte unas líneas de respuesta a tu carta sin perjuicio de que hablemos distendidamente a la vuelta del viaje.

Me preocupa la confusión entre lo que me parece fundamental de tus reflexiones y lo que considero accesorio. No vaya a producir aburrimiento.

Es lúcido tu análisis de problemas que enfrentamos y de márgenes de actuación de los que disponemos. Además de la necesidad de aprovecharlos.

No lo es tu valoración de «convocatoria» de UGT, que no ha existido, ni de acoso a tu gestión, que será siempre difícil y con los rozamientos lógicos.

Nicolás me escribió en diciembre solicitándome una entrevista. Le hice llamar para que viniera a verme ayer y me anunció que le acompañarían otros de la Ejecutiva. Eso es todo. Les hice ver que el primer error era la publicidad, contradictoria con tu propósito principal de no implicar al Gobierno en la concertación, y que me obligaría a recibir a los otros que querían aprovechar la oportunidad. Del contenido relativamente preocupante ya hablaremos.

El último cuatrimestre se han tomado decisiones importantes a iniciativa tuya y creo que habrá que seguir haciéndolo. Acumulas una buena cantidad de poder y esto generará siempre dificultades, aún más cuando se detectan, como ocurría, algunas opiniones discordantes en el enfoque. Pero, aun corregido esto seguirá sin duda pasando.

Te sugiero que prepares un orden del día para la reunión que propones y de paso que mires con detenimiento la respuesta que podemos dar a Delors en su visita de la próxima semana. Disponemos, confidencialmente, de un documento de base como ya sabrás.

A pesar de «los márgenes» se avecinan, intuyo, algunos movimientos sociales y estudiantiles para los que debemos tener una respuesta coherente.

Duerme tranquilo, que se andará el camino razonablemente,

FELIPE

15 de enero de 1987

ABC dedica la portada a las contradicciones en materia de concertación social y flexibilidad laboral entre Manuel Chaves y yo. Han encontrado una fractura importante en el seno del Gobierno. En esta ocasión es verdad.

19 de enero de 1987

Acabo de tener un largo despacho (dos horas y tres cuartos) con el presidente del Gobierno. El primero de este año, que se había visto retrasado por el viaje del presidente a Túnez y Egipto del pasado 9 de enero, y el que habíamos previsto en nuestro intercambio de cartas del día 8.

La cuestión de fondo, sobre la que discutimos al principio de nuestra entrevista y de nuevo al final, era la imagen confusa que el Gobierno está proyectando en su política económica (menos de lo que dicen los medios de comunicación), pero sobre todo en su grado de cohesión en torno a algunos temas concretos, como la concertación social y la flexibilidad en los mercados, y particularmente el de trabajo. Como subproducto de esta imagen confusa está el hecho de que parece haber disminuido la autoridad en la dirección de la política económica por parte del Ministerio de Economía y Hacienda.

Sobre este tema traté de ser realista sin permitirme dramatizar. En mi opinión, la discusión de mi autoridad como coordinador de la política económica no es tan sólo una reflexión interesada de quienes no quieren bien al Gobierno o una impresión que UGT fomenta en la campaña que mantiene para limitar mi capacidad de maniobra. Es además un hecho que se empieza a notar en el funcionamiento interno del Gobierno. El presidente adujo mi autoridad en el seno de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. Reconocí que ésta persistía en general, pero que no encontraba un apoyo activo o un reconocimiento en algunos de sus miembros (pensando, desde luego, en el ministro de Trabajo de manera muy particular).

El segundo asunto que evoqué fuera del orden de la agenda fue el del funcionamiento del Gobierno en los últimos tiempos, que ciertamente ha perdido una gran parte de su dinámica anterior. Si se piensa bien, esta situación se detecta a partir de hace casi un año cuando la difícil campaña del referéndum sobre la OTAN aconsejó ser cuidadoso con las iniciativas que pudieran resultar políticamente costosas (ya por su impopularidad, ya por enfrentar intereses poderosos e influyentes en la opinión pública). Después del referéndum fueron disueltas las Cortes, y la precampaña y campaña electorales mantuvieron el freno echado sobre la acción del Gobierno. (Por fortuna el presidente decidió la convocatoria adelantada de las elecciones pues, si no, este periodo de paralización se hubiera prolongado hasta octubre con efectos adicionales y no deseados sobre la actividad privada). Luego vino, en fin, el mes transcurrido entre las elecciones de junio y la formación del nuevo Gobierno, y después las vacaciones veraniegas del mes de agosto.

Cuando en septiembre se debía haber reiniciado con cierta fuerza la acción gubernamental, dos acontecimientos vinieron a dificultarla. Alfonso Guerra se había asentado en la Comisión de Subsecretarios y había enviado consignas sobre la conveniencia de pensar las cosas dos veces antes de proponerlas y buscar su apoyo de antemano si se quería que éstas salieran adelante. Por otro lado, se iniciaba la campaña electoral sindical que habría de durar hasta fin de año y que condicionó de manera muy importante la actuación gubernamental en materia de política económica. Yo aún pude aprovechar septiembre para cerrar unos Presupuesto razonables y alcanzar un acuerdo de principios con UGT y CEOE sobre concertación, que espero que todavía nos sirva en 1987. Dediqué octubre y noviembre a cerrar el acuerdo de financiación de las comunidades autónomas con buenos resultados, y hube de atender el trámite parlamentario de los Presupuestos durante este tiempo. Pero puede decirse que en muchas áreas del Gobierno hubo en el último cuatrimestre del año un verdadero parón del que todavía no se observan síntomas de que haya terminado.

Todo esto ha modificado la situación en el complejo Gobierno –PSOE-UGT. Esta última ha adquirido un grado de prepotencia en el condicionamiento de la actuación gubernamental verdaderamente inquietante. En general ya no necesitan oponerse a lo que el Gobierno hace; les basta con rasgarse las vestiduras y hablar de la «sensibilidad socialista» ante cualquier proyecto del Gobierno que no les guste. Además tienen de su lado al ministro de Trabajo, condicionados a la mayoría de los ministros económicos y halagado al vicepresidente del Gobierno.

Algunas declaraciones que yo o algunos de mis colaboradores (de manera señalada Guillermo de la Dehesa) hemos hecho, quizá de manera poco afortunada, les han servido además para dar pruebas de su poder. Al secretario de Estado de Economía le llaman «Guillermo de la Derecha».

Ésta es, sin ninguna duda, una situación que el presidente debe considerar seriamente y cuanto antes lo haga creo que será mejor para todos. Como son muchas las reuniones-despacho con el presidente del Gobierno y sería particularmente laborioso transcribir todas las órdenes del día de las mismas, he decidido poner a continuación la de la reunión de hoy para que pueda en su día servir como ejemplo (aunque esta reunión ha resultado ser de las más recargadas).

Agenda del despacho con el presidente del Gobierno,
19 de enero de 1987
Política económica general para 1987

a) Empleo y flexibilización

a.1.El análisis del FMI (llevar Informe)

a.2.El fracaso de la concertación social: respuesta

–Retirar aspectos de lo aprobado en los Presupuestos Generales del Estado

(i)Fondo de Inversiones

(ii)Fondo de Salarios de las Administraciones Públicas

a.3.Reformas liberalizadoras

(i)Financieras:

1.Reforma de los coeficientes obligatorios

2.Reforma de tipos de interés pasivos

3.Reforma del Mercado de Valores

4.Ley de Planes y Fondos de Pensiones

(ii)Administrativas:

1.Reforma de la financiación de la Seguridad Social

2.Reforma del procedimiento de la Seguridad Social

3.Reforma de los procedimientos del INEM

4.Flexibilización administrativa

b) Precios y Política Monetaria y Fiscal

b.1.Se mantiene el objetivo de precios y se dan órdenes severas a las empresas públicas respecto del objetivo de salarios (cierre de 1986)

b.2.No debe haber problema con la consecución del objetivo de déficit público (repaso de la situación al cierre del año 1986)

b.3.Rueda de prensa de presentación de resultados

b.4.Política monetaria dura entre febrero y abril (sin decirlo) para reconducir el crecimiento de los ALP (activos líquidos en manos del público) a una tasa del 7-8 %

c) Balanza de pagos y tipo de cambio

c.1.Perspectivas de balanza de pagos por cuenta corriente muy favorables

c.2.Balanza comercial deteriorada y necesidad de apoyar el Plan de Fomento de las Exportaciones (febrero)

c.3.Continuará la fuerte entrada de capitales. Podemos tener problemas de control monetario

c.4.Conviene mantener el tipo de cambio USD $ a niveles no inferiores a 130 ptas. /USD $. En las condiciones actuales eso significa una depreciación de cuantía impredecible respecto de las monedas del Sistema Monetario Europeo (SME)

d) Políticas Sectoriales

d.1.Necesidad de acordar un plan en la política de reconversión industrial

d.2.Revisión de la política de transportes

d.3.Mayor coordinación con el Ministerio de Agricultura en la política con la CEE (en especial: fijación de los precios agrícolas entre enero y abril)

d.4.Elaboración del nuevo plan de viviendas (desaparición de la subvención de intereses)

d.5.Auditoría del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) y del INEM

e) Otros aspectos propios del Ministerio de Economía y Hacienda

e.1.Área de Economía

–Ley de Crédito Cooperativo

–Ley de Estadística

–Ley de Funciones del Banco de España

–Ley de Reforma del Crédito Oficial

e.2.Área de Comercio

–Ley de Comercio Interior (?)

–Reforma del Instituto Nacional de Fomento a la Exportación (INFE)

e.3.Área de Hacienda

–Objetivos de gestión, inspección y recaudación (necesidades de recursos)

–Reforma de la planificación (presupuestación cuatrianual)

–Ley de Financiación de las Haciendas Locales

–Ley del IRPF (desempleo)

–Ley de Tasas y Precios Públicos

–Ley del Impuesto sobre Beneficios de Sociedades

e.4.Patrimonio

–Hispano Alemana (ver informe)

–Cierre de RUMASA

e.5.Otros aspectos

–Carta de la CEOE: fecha y posición

–Reunión con la APD

–Reorganización del Ministerio (respuesta al Ministerio para las Administraciones Públicas)

–Carta de Ecuador

–Presidente del Banco de Crédito Agrícola (BCA): Luis García de Blas

–Carta al Ministerio de Trabajo (pendiente)

Afortunadamente, la mayoría no tiene una agenda tan apretada como ésta.

20 de enero de 1987

Cuevas nos dirige una carta a Chaves y a mí pidiendo una reunión para conocer la posición del Gobierno respecto a la concertación. Accedemos a reunirnos el día 26 de enero después de consultar con el presidente del Gobierno.

22 de enero de 1987

Anuncio los resultados presupuestarios de 1986. Por primera vez el déficit de caja del Estado disminuye y se reduce al 4,5 % del PIB (vs. 5,9 % en 1985). La inflación se situó en el 8,3 %, tres décimas por encima de lo previsto. En la rueda de prensa debo insistir en que dentro del Gobierno no hay diferencias importantes respecto de la flexibilidad laboral. Nadie me cree y tienen razón. En realidad, mi batalla por la flexibilidad está perdida y estoy empezando a buscar una retirada digna. Sin embargo, no quiero reconocerlo y ello quizás me impida sacar consecuencias de la experiencia. Por la tarde me he reunido con el presidente del Gobierno. Seguimos, al menos yo, con las mismas preocupaciones.

26 de enero de 1987

Chaves y yo nos reunimos con Cuevas. Nos comprometemos a seguir estudiando la reducción de las cotizaciones sociales. José María Cuevas, a la vista de la posición mayoritaria en el Gobierno, asegura que la CEOE no insistirá en el tema del coste de los despidos para no poner la situación más difícil. Mientras, siguen subiendo de tono las críticas de UGT y CC.OO. a mis manifestaciones sobre la negociación salarial y la flexibilidad laboral.

27 de enero de 1987

UGT rompe estruendosamente el acuerdo sobre salarios alcanzado en el verano de 1986. Pedirá una banda de subida de salarios entre el 5 y el 7 %. En su explicación, Nicolás Redondo me ataca personalmente diciendo que en el tema de la flexibilidad laboral el presidente del Gobierno me ha desautorizado hasta hacerme «caer casi en el ridículo». Por lo demás, niega, contra la palabra de Chaves, de Cuevas y la mía, que existiera alguna vez un compromiso salarial por su parte. No le importa mentir ante testigos.

28 de enero de 1987

«Redondo contra Solchaga» en la portada de ABC con la foto de Felipe González entre nosotros dos. El ministro portavoz, Javier Solana, declara que el presidente del Gobierno me respalda. También Manuel Chaves considera exageradas las críticas de Nicolás Redondo (sirve de poco ahora).

30 de enero de 1987

Por la mañana, asistimos a la ceremonia de jura del príncipe de Asturias como heredero de la Corona. A pesar de su solemnidad, el acto queda un tanto desvaído.

Al concluir el mes hay varias cosas que, en mi opinión, están claras:

1. He perdido la batalla de la flexibilidad laboral, al menos de momento.

2. Ha triunfado la reacción «antiliberal» del aparato del partido de acuerdo con UGT.

3. Aunque Felipe González ha tenido que enviar finalmente un mensaje de respaldo a mi política y a mí personalmente, es evidente que he perdido capacidad de maniobra y que él se ha inclinado por la tesis de que esta II Legislatura no hay que seguir «presionando a los obreros».

4. Nadie da un duro por el porvenir de la concertación social. Yo tampoco.

4 de febrero de 1987

Despacho con el presidente del Gobierno. Aprovecho para explicarle que en mis declaraciones en Davos, de donde acabo de volver, ha habido un equívoco que provoca inquietud. El corresponsal de EFE en la reunión ha confundido una consideración teórica que hice (la posibilidad de compensar la reducción de cotizaciones sociales con una subida del IVA) con un anuncio oficial por mi parte de que tengo intención de llevarlo a cabo. Estas «confusiones» casi nunca son tales. A pesar de que los periodistas no siempre entienden muy bien el campo que les ha tocado cubrir, siempre prefieren equivocarse dando una noticia falsa que acertar callando.

8 de febrero de 1987

Los bienpensantes siguen un tanto escandalizados por el enfrentamiento entre Nicolás Redondo y yo y por los desacuerdos en el seno del Gobierno. Contribuyo por mi parte con una entrevista mía con Nativel Preciado en Tiempo donde contraataco a Nicolás Redondo. El mayor problema es que Redondo se ha retractado de la palabra dada, ahora está mintiendo y sabe muy bien que yo lo sé, aunque esto no lo digo así en la entrevista.

10 de febrero de 1987

Apoyo la propuesta del ministro de Industria, Luis Carlos Croissier, de dejar que FECSA entre en suspensión de pagos sin que el Gobierno haga nada para impedirlo. El presidente del Gobierno está preocupado pensando en la importancia de las eléctricas y en las repercusiones internacionales. Le tranquilizo. El sector, le digo, está ya saliendo de la quiebra en la que se hallaba hace tres o cuatro años y las perspectivas son buenas. Por lo demás, la reputación de España ahora en los mercados no tiene nada que ver con la que tenía cuando llegamos al gobierno.

La Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) me ha dado este año el premio «Secante» de información. Para mayor inri le dan a Guillermo de la Dehesa el premio «Tintero». Recojo ambos por ausencia del secretario de Estado. Discurso irónico sobre las virtudes de la prensa. Los que no se sienten directamente aludidos por mis comentarios sobre sus usos y costumbres se divierten con mis palabras improvisadas. Los demás, la mayoría, toman nota para poder hacérmelas tragar cuando la oportunidad se lo permita.

12 de febrero de 1987

En la reunión de la APD que he clausurado hoy hago una reflexión sobre la necesidad de ser competitivos si queremos que la recuperación económica ya iniciada dé lugar a un periodo de prosperidad y de creación de empleo. Para ello hay que reducir el diferencial de inflación con la CEE, que, por otro lado, espero que baje considerablemente cuando se conozca la inflación de enero, que señalo situará la tasa anual en torno al 6 %. Si quieren que siga el proceso de desinflación aconsejo a los empresarios que no sean tímidos y negocien las subidas de los salarios en el entorno del 5 %. Puede haber conflictividad, pero tampoco será tan grave, advierto. En todo caso, CC.OO. ya ha anunciado su intención de promover una huelga general antes siquiera de sentarse a negociar los salarios, de manera que tampoco tienen mucho que perder. En cuanto a UGT, Redondo no quiere ni oír hablar de un posible debate televisivo conmigo en relación con la negociación salarial que ha propuesto TVE.

14 de febrero de 1987

Las reacciones sindicales a mi discurso en la APD son terribles: «provocación», «dirigismo», etcétera. Por su parte, Ángel Panero, presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), dice estar dispuesto a ceder en salarios con tal de evitar la conflictividad.

17 de febrero de 1987

Recibo a la Unión de las Confederaciones de la Industria y de los Empleadores de Europa (UNICE). Me expresan su preocupación por la rigidez de los mercados de trabajo europeos y particularmente por el caso español.

Leo que José María Zufiaur me llama insensato y dice que me he situado en una trinchera que no me corresponde después de mi discurso en la APD. Las metáforas de guerra siempre han adornado la lucha de clases. Parece creer que la posición de un ministro socialista debe coincidir siempre con la de los sindicatos y, en particular, con la de UGT.

19 de febrero de 1987

Al final, y tras vencer muchas reticencias, Nicolás Redondo acepta la celebración de un debate en TVE entre José María Cuevas, Marcelino Camacho, él y yo. Momentos antes de salir para la sede de TVE me llama Alfonso Guerra para decirme que ha hablado con Redondo y éste le ha dicho que no buscará enfrentamientos. Me pide que los evite yo también. Así lo hago, pero contra lo anunciado Redondo me ataca desde el principio con una fiereza que sorprende a todo el mundo. En particular, a nuestros dos contertulios, Cuevas y Camacho, que, aunque pierdan protagonismo en el debate, se sienten más que compensados por el espectáculo del secretario de la UGT atacando al ministro de Economía del PSOE. Nicolás Redondo utiliza –rara vez tiene una expresión propia– la metáfora de José María Zufiaur, el estratega de la ruptura UGT-PSOE, sobre que me he equivocado de trinchera y estoy situado contra los trabajadores. Llegado a este punto se agota mi paciencia y mi disposición pacífica, y le digo que la única razón de su confrontación con el Gobierno son las expectativas en las elecciones sindicales que se están celebrando y que eso es lo que le ha llevado a perder la cara en el acuerdo salarial que había pactado. Que, a diferencia de él, yo decía lo mismo a UGT y a los demás interlocutores; que prefería que me partieran la cara antes de perderla y que, en todo caso, mi puesto siempre estaba a disposición del presidente del Gobierno y mi dimisión siempre a punto, mientras que no había oído jamás de la dimisión de un líder sindical por haber cometido un error.

El debate ha puesto de manifiesto ante 18 millones de telespectadores la ruptura entre UGT y el Gobierno, y en mi caso, que Alfonso Guerra o Nicolás Redondo o ambos me han engañado.

23 de febrero de 1987

Almuerzo en Moncloa en despacho con el presidente. Hablamos del debate reciente de TVE. Me preocupa que la bronca a la que me llevó Redondo pueda condicionar el debate sobre el estado de la nación que él tiene pasado mañana. Me tranquiliza y me cuenta lo que piensa decir. Le hago algunos comentarios.

En tal día como hoy entró la Guardia Civil en el Congreso en 1981, intervinimos RUMASA en 1983 y ETA asesinó a Enrique Casas en San Sebastián en 1984.

27 de febrero de 1987

Reducción de los coeficientes bancarios de inversión obligatoria que estamos llevando a cabo en el proceso de liberalización del sistema financiero español, que espero siga incluso a mayor ritmo en los próximos meses.

28 de febrero de 1987

Al cerrar febrero contemplo que los dos primeros meses del año suponen la ruptura de la concertación social, el enfrentamiento entre UGT y el Gobierno y mi aislamiento personal, que el presidente trata de compensar con el respaldo público a mi gestión en sus apariciones. Una vez ganadas las elecciones generales no parece existir una auténtica dialéctica política entre Gobierno y oposición, y la batalla se desplaza a las discrepancias que existen dentro del socialismo.

3 de marzo de 1987

Recibo a la FEMP para negociar el pago de las devoluciones de las contribuciones urbanas que se han considerado inconstitucionales (después de haberlas percibido los ayuntamientos). No llegamos a ninguna conclusión en esta primera reunión. Tampoco esperaba otra cosa.

4 de marzo de 1987

En el almuerzo que he tenido hoy con el presidente hemos hablado de los últimos acontecimientos. En las pasadas semanas han venido acumulándose situaciones relativamente nuevas que, si bien presentan aspectos preocupantes, significan al mismo tiempo la oportunidad de sacudir la modorra del Gobierno y de la dirección del PSOE, y así salir de la postración en que me parece ha caído la dirección política. Desde luego, lo más trascendente es la ruptura no reconocida, pero evidente, entre el Gobierno del PSOE y UGT. Uno y otro tendrán que sacar las conclusiones correspondientes, lo que resulta mucho más fácil para el sindicato que para un Gobierno y un partido con una fuerte cultura obrerista (aunque no existan muchos obreros en sus cuadros). Junto a esto, sin embargo, está el proceso de nuevas exigencias de las clases medias y de las clases más modestas ante la salida cada vez más indiscutible de la larga crisis económica que hemos vivido la década pasada, que generalmente se traducen en aumentos del gasto público.

12 de marzo de 1987

Cumbre hispano-francesa en El Pardo. Tengo una interesante entrevista con Édouard Balladur, que por otra parte muestra un gran interés por conocer el despacho y las estancias privadas de Franco. Aprovecho para conocerlas yo también: todo muy lúgubre.

Izquierda Socialista (IS) al completo (tampoco son tantos) pide que el PSOE me desautorice. Es curiosa la posición obrerista de esta corriente del partido donde apenas hay obreros y sí, como cabría esperar, muchos universitarios. Sin embargo, la Ejecutiva del PSOE (Txiki Benegas, Francisco Fernández Marugán y José Luis Corcuera) sale en apoyo de la política económica (se ve la mano del presidente en este tema).

26 y 27 de marzo de 1987

Debate bufo de una moción de censura a Felipe González. Es lo que vengo diciendo: que la dialéctica parlamentaria Gobierno-oposición no tiene en estos momentos interés ni siquiera como farsa. Quizá Antonio Hernández Mancha138 ha sobrevalorado la importancia del enfrentamiento entre UGT y Gobierno, pero lo cierto es que la moción de censura ha pasado totalmente desapercibida por su falta total de realismo.

30 de marzo de 1987

Confío en disponer de tiempo durante el día de hoy para poner en orden los últimos acontecimientos que se han venido sucediendo a lo largo del primer trimestre de este año. Cabe ya adelantar una valoración: el Gobierno está atravesando la peor situación desde que el PSOE llegó al poder en 1982. Es verdad que, aparentemente, en la apuesta por el referéndum sobre la pertenencia de España a la OTAN el Gobierno podía haber perdido todo y ahora no cabe esperar que esté en juego una inmediata crisis política. Sin embargo, en aquella ocasión el Gobierno llevaba la iniciativa del debate social, y en ésta, y por primera vez desde 1982, la ha perdido en favor de un conjunto de grupos que acosan al Gobierno desde la calle, convocados por los sindicatos, pero también por otros grupos menos organizados y más lejanos al sistema político de representación parlamentaria que parecen haber encontrado eco a sus protestas en manifestaciones callejeras. Dicho de otro modo, se trata de movimientos genuinos de descontento estén o no estén, como creo yo que es el caso, suficientemente fundamentados.

También creo que se puede afirmar que el Gobierno ha comenzado ya una reacción positiva, pero que seguramente no adquirirá un perfil lo bastante claro como para ser apreciado hasta el próximo mes de junio. Destaca ya, sin embargo, el propósito del Gobierno de reafirmar sus posiciones, alejando así el fantasma de las posibles concesiones populistas que habían de ser generalmente mal entendidas y resultarían muy costosas a medio plazo. No obstante, antes de entrar en consideraciones sobre la reacción gubernamental, conviene recalcar los principales acontecimientos que han ido configurando la crispada atmósfera que hoy respira la sociedad española y que dificultan la percepción de la labor del Gobierno y enturbian la mejora impresionante de la situación económica.

El 26 de marzo recibí, junto con el ministro de Trabajo, a una delegación de la CEOE encabezada por su presidente. El objetivo de la reunión era estudiar las condiciones en las que se debían desarrollar los preacuerdos alcanzados en septiembre entre UGT, CEOE y el propio Gobierno en materia de negociación salarial. Ambas partes pusimos de manifiesto nuestro acuerdo sobre la senda de crecimiento de salarios en torno al 5 % que se había prefijado con UGT y CEOE en septiembre.Ésta última aceptó también la posición del Gobierno de no participar en los acuerdos, ya que, con el fin de facilitarlos, el Gobierno había ya introducido las modificaciones solicitadas por UGT y CEOE en la elaboración los Presupuestos del Estado. Los acuerdos, pues, debían ser bilaterales.

La rueda de prensa que siguió a esta reunión, y en la que me acompañaba el ministro de Trabajo, irritó mucho a UGT por dos razones. En primer lugar, porque los otros dos pactantes le recordábamos el preacuerdo de septiembre, del que UGT quería evadirse tras haber cambiado su estrategia hacia una de mayor radicalización a la vista de la marcha poco favorable para sus intereses de los resultados en las elecciones sindicales. En segundo lugar, porque ambos ministros estábamos de acuerdo en la conveniencia de una evolución de los salarios en torno a la mencionada cifra cuando UGT, a través de sus portavoces más significativos, había estado dando a entender que las posiciones del Ministerio de Trabajo y la mía estaban enfrentadas, con el claro propósito de aislarme dentro del Gobierno (a lo que sirvió igualmente la entrevista que aceptó el presidente del Gobierno con Nicolás Redondo y otros miembros de la Ejecutiva de UGT a principios de año). Por ello seguramente Redondo perdió los nervios en la conferencia de prensa de UGT de hoy y lanzó fuertes acusaciones al Gobierno, y especialmente a mí.

¿A qué se debe este enfrentamiento? ¿Por qué UGT radicalizó a lo largo del mes de enero sus posiciones en relación con la política de rentas del Gobierno que había aceptado unos meses antes?

La prensa en general ha creído que los malos resultados electorales de UGT en las grandes empresas públicas frente a su rival CC.OO. han sido la causa de este cambio de posiciones de UGT. Mi opinión es que esto ha sido la excusa que ha permitido a quienes en UGT –y especialmente Nicolás Redondo– creían que les convenía llevar a cabo este enfrentamiento y ponerlo de manifiesto. En realidad, he llegado a la conclusión de que Redondo nunca quiso el acuerdo, aunque creyó al principio que le beneficiaría en la contienda electoral dando a UGT una imagen de diálogo frente a la intransigencia de los comunistas. Conforme pasaron los días, Nicolás Redondo, que había alcanzado el acuerdo sin haberlo expuesto antes en la Ejecutiva de UGT, se encontró con una crítica interna sobre la debilidad de su posición que despertó su viejo complejo de inseguridad personal. Dentro de UGT, quienes eran más críticos del acuerdo alcanzado lo recordaban cada vez que la central sufría un descalabro electoral (Banca, Telefónica, RENFE). Nicolás Redondo se vio así acosado por su permanente temor a ser utilizado por el Gobierno y a ser criticado desde la izquierda, más perceptible ahora que nunca.

Por ello trató de rectificar, proponiendo el 5 % de aumento salarial no como el centro de la banda de los convenios colectivos, sino como el suelo de una franja que se movería entre el 5 y el 7 %. La CEOE dijo no y el Gobierno dijo no. En ese mismo momento quedó roto el acuerdo-marco y a partir de ahí se inició una nueva situación muy grave que es la que ahora estamos viviendo. Un hecho vino a poner las cosas más tensas. La periodista Victoria Prego propuso, dentro de su programa, un debate televisivo al que asistiríamos Marcelino Camacho, Nicolás Redondo, José María Cuevas y yo para hablar de la concertación social en 1987. Después de consultar con el presidente, yo acepté la invitación, así como Camacho y Cuevas. Redondo intentó por todos los medios evitar el debate (llamando incluso al portavoz del Gobierno para que sugiriera a Victoria Prego que no lo emitiera). Al cabo, sin embargo, el debate se produjo el 19 de febrero y causó un enorme impacto por el enfrentamiento entre Redondo y yo, como ya he contado anteriormente. Saqué del debate una impresión de tristeza. En todo momento traté de evitar un enfrentamiento con Nicolás. Pero él había venido a tenerlo, y finalmente lo tuvimos.

Después de lo que millones de españoles habían visto por TVE el pasado 19 de febrero (y en especial todos los socialistas y ugetistas del país que lo habían seguido), era inevitable que al debate le sucedieran tomas de posición de las organizaciones del partido y de UGT. Y vaya que las ha habido, y no se han producido aún más porque pocos días después se celebró el debate sobre el estado de la nación, donde salí claramente reforzado por el presidente en mis opiniones y esto llevó a un intento de tregua entre los órganos ejecutivos máximos de UGT y PSOE, intento de tregua que, maltrecho, continúa hasta el día de hoy.

El debate sobre el estado de la nación se había retrasado este año (este curso, debería decir) a febrero por la proximidad de las fechas habituales (octubre) al anterior debate de investidura (julio de 1986). La víspera de su inicio almorcé con el presidente del Gobierno, que me repitió lo que ya me había adelantado de la parte de su discurso dedicada a la política económica. En materia de precios y salarios su discurso era un calco de mi argumentación en el debate televisivo (y en otros foros de menor alcance) y nadie dudó a partir de ese momento del respaldo del presidente a mi política económica ni de la implicación del Gabinete en el conflicto social iniciado (ya para entonces, CC.OO. había anunciado su proyecto –hasta ahora fracasado– de convocatoria de huelga general).

Naturalmente, en el debate parlamentario la oposición utilizó a Redondo como arma arrojadiza contra el Gobierno. Pero no de la forma que uno podría suponer que lo hiciera la oposición de derechas, es decir, poniendo en entredicho la autoridad y voluntad del Gobierno ante la confrontación de UGT a su política económica, sino mostrando su simpatía por el líder sindical y criticando al Gobierno por su falta de «sensibilidad social». En su conjunto, el debate confirmó la falta de alternativas en una oposición que se arremolina contra el Gobierno, que apenas tiene contactos con la conflictividad que sufre el país en estos momentos, y que discurre por una crítica desde la izquierda a la labor del Gobierno a la que se suman los conflictos corporativos y sectoriales (médicos, enseñantes, agricultores) y la agitación inquieta de los estudiantes.

Éste es, sin duda, el momento para dedicar también algunas palabras a la conflictividad que está agitando el país y cuyos orígenes y causas últimas todavía no están claras (entre otras cosas, por la ausencia de suficiente perspectiva). El primer conflicto en el tiempo, y desde luego el más espectacular, se inició en diciembre con los estudiantes de enseñanzas medias, aunque las vacaciones de Navidad interrumpieron el proceso, que se reinició con enorme virulencia en el mes de enero con la vuelta a las aulas. El ministro de Educación no fue capaz de calibrarlo (ni nadie, por lo demás, en el Gobierno o fuera de él). Las solicitudes del movimiento estudiantil, con un enorme grado de mimetismo respecto a lo ocurrido en Francia en noviembre de 1986, distaban mucho de estar claras (y de un grupo a otro eran, a veces, contradictorias). La prensa y la opinión pública se pusieron claramente al lado de las manifestaciones estudiantiles (a pesar de la violencia reflejada en TVE de algunas de ellas). Los sindicatos declararon también su apoyo, y en pocos días todo el mundo se preguntaba qué es lo que estaba pasando para haber llegado a tal grado de movilización y de radicalismo.

En los primeros días del mes de febrero tuve que acudir a un acto convocado por la APD que suele celebrarse en el primer bimestre de cada año. En el momento en que tomé la palabra estaba ya claro para todo el mundo que había fracasado la concertación social después de la reunión entre UGT y la CEOE, y que CC.OO. y los comunistas se proponían convocar una huelga general a la vista del enfrentamiento entre UGT y el Gobierno. Mi discurso, muy polémico, tuvo dos partes. En la primera, traté de explicar los objetivos de inflación y la política de rentas del Gobierno, insistiendo en la idea de que éste no era culpable de la falta final de concertación social. En la segunda, intenté valorar la situación y desdramatizarla con una doble argumentación: en primer lugar, si los empresarios eran conscientes del problema de la competitividad, los salarios no se negociarían finalmente muy lejos de la banda propuesta por el Gobierno, que se desenvolvería en torno al 5 % de aumento; en segundo lugar, advertí sobre la conflictividad previsible y sugerí a los empresarios que, aunque iba a tener sus costes, no deberían tomarlo como una imposición a la que no pudieran escapar. De hecho, denuncié, CC.OO. y los comunistas están incitando conflictos y una huelga general incluso antes de sentarse a negociar. De manera que hacer concesiones en materia salarial sería inconveniente, inútil, pues no evitaría la conflictividad ya decidida en el marco de una estrategia autónoma por el sindicato comunista.

El discurso se entendió como un alineamiento por mi parte con los intereses de la patronal. En realidad, se trataba de hacer, por primera vez en España en muchos años, que la patronal se enfrentara con sus responsabilidades en materias de costes y precios. En todo caso, el efecto del discurso a corto plazo, que todavía estamos viviendo, fue encrespar los ánimos sindicales y echar leña al conflicto. A medio plazo puede muy bien ser otro –el que yo buscaba a corto plazo–, es decir, puede representar el primer paso para abocar a patronal y sindicatos a negociar sobre bases realistas.

Algunos procesos de reconversión industrial también se radicalizaron en aquellos días (HUNOSA, Forjas y Aceros de Reinosa, Astilleros de Cádiz en Puerto Real…) y las manifestaciones que provocaron, tanto las locales como las que tuvieron lugar en Madrid, produjeron brotes de violencia quizá inspirados en los registrados en las manifestaciones estudiantiles. El ambiente se fue enrareciendo y la prensa comenzó una labor de fuerte crítica al Ejecutivo.

Aun cuando, horas antes del debate del estado de la nación, el ministro de Educación, José María Maravall, alcanzó un acuerdo –fundamentalmente cosmético– con los estudiantes que permitió el fin de las movilizaciones, la impresión de cesión que tal acuerdo produjo alentó una línea de crítica al Gobierno desde posiciones conservadoras (que días antes criticaban la arrogancia gubernamental por no escuchar el clamor estudiantil) y seguramente favoreció la movilización en el sector de la Sanidad, que estaba negociando en aquellos momentos las repercusiones sobre los salarios de la aplicación de las incompatibilidades previstas en la Ley de Sanidad (norma, por lo demás, manifiestamente mejorable).

De esta manera, Madrid se vio invadido de manifestaciones de médicos, de opositores a médicos-residentes y de estudiantes de Medicina cuyas perspectivas académicas y profesionales cambian por imperativo de nuestra entrada en la CEE. A ellos se sumaron los médicos en paro y, finalmente, los médicos rurales. En este sector, junto a intereses corporativos, reclamaciones contradictorias y una falta de selectividad suficiente en el pasado que ha producido muchos más médicos de lo que es capaz de emplear razonablemente este país, estamos padeciendo una gestión deficiente de los últimos cuatro años.

El día 4 de marzo almorcé con el presidente en Moncloa y le hice un resumen de cómo veo yo las cosas. Insistí en una idea: ninguna posición concesiva por parte del Gobierno podría arreglar un conflicto cuya existencia desea y se supone beneficiosa tanto para UGT como para CC.OO. Estos conflictos no durarán poco tiempo, según creo, y sugerí la idea de que la única actitud posible del Gobierno es transmitir una imagen de firmeza, controlar cuidadosamente los brotes de ruptura del orden público y crear iniciativas que compitan en la atención del público con las que en la calle tomaban los protagonistas de las diversas protestas. Al mismo tiempo es preciso cuidar la información en RTVE (no mediante consignas, sino explicando a sus servicios informativos la posición gubernamental en cada caso) y convendría intensificar los contactos con los medios de comunicación en general con el mismo objetivo. El presidente estuvo de acuerdo conmigo y se han venido aplicando estas líneas de actuación desde entonces.

Dos puntos más –relacionados en la práctica– estuvieron presentes en nuestra larga conversación del pasado 4 de marzo. Primero, la necesidad de agrupar al PSOE en torno a las tesis mantenidas por el Gobierno y de blindarlas frente a las tesis un tanto demagógicas de UGT. En segundo lugar, la necesidad de reactivar el funcionamiento del Gobierno, problema sobre el que le vengo insistiendo al presidente desde los primeros días de este año.

Respecto del primero de ellos, el presidente no sólo mostró su acuerdo, sino que he comenzado a mantener reuniones con amplios grupos de diputados y senadores, así como con responsables regionales del Gobierno (coincidentes con frecuencia con los presidentes de las diversas autonomías donde hay gobierno socialista) y ha impulsado la elaboración de una circular de la Ejecutiva Federal del PSOE que se enfrenta, sin nombrarlos, a las argumentos de UGT y defiende la política económica y social del Gobierno.

Respecto del segundo, el presidente se limitó a pedirme que buscara una solución a los problemas político-financieros con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de Sanidad, pero no entró, y todavía no ha entrado, en el asunto de fondo, que es la pérdida de pulso del quehacer político del Gobierno como consecuencia de una falta de exigencia desde arriba y el agotamiento tanto del espíritu como de las ideas de transformación del primer cuatrienio de gobierno socialista.

Le volví a exponer mi punto de vista sobre el poder de castración de Alfonso Guerra en la Comisión de Subsecretarios, donde muchos ministros timoratos se palpan la ropa antes de enviar nuevos proyectos y donde el mayor interés del vicepresidente es evitar que se agiten las aguas sociales en vísperas de los procesos electorales de junio. Esto pudo tener algún efecto, porque, no mucho después, Alfonso Guerra animó a los subsecretarios a llevar más temas a la discusión de la comisión, según me comentaron los secretarios de Estado y el subsecretario del Ministerio de Economía y Hacienda.

Esto, sin embargo, no es suficiente para reanimar a un Gobierno que, además, se siente acosado por la conflictividad externa y la acumulación de críticas a su labor desde distintos puntos. En marzo, como cabía esperar, la conflictividad aumentó, y a las disputas laborales en la industria llevadas por los sindicatos se unieron movimientos oportunistas alentados por la derecha (agricultores y ganaderos, por un lado, y pequeños y medianos comerciantes, por otro), pero con la colaboración activa de los sindicatos, especialmente en el caso del comercio. Ambos, sin embargo, remitieron en pocas semanas, aunque continúan latentes (y continuarán durante mucho tiempo, ya que sus raíces están relacionadas con cambios estructurales muy importantes que se están produciendo en ambos sectores de actividad como consecuencia del proceso de apertura y transformación de sus mercados que representa nuestra entrada en la CEE).

30 de marzo de 1987

Hoy he enviado una carta al presidente del Gobierno en la que le traslado diversas propuestas para enfrentar la situación creada en el campo de la conflictividad y en la acción del Gobierno. En todo caso, estamos viviendo una situación muy particular. Nunca un ministro de Economía y Hacienda ha tenido tanto apoyo del presidente del Gobierno o su política un respaldo tan firme y públicamente sostenido por parte del partido. Nunca ha tenido un nivel de influencia como el que tengo ahora sobre muchas iniciativas que toma el presidente, y nunca, como ahora, ha tenido un consenso fuera del Gobierno tan en contra de su posición y de lo que yo aparentemente represento. No digo que no existan en el país quienes respalden mi política, pero los que existen prefieren callar; unas veces para no comprometerse contra la corriente, otras veces porque creen que su apoyo desde la posición que ocupan me perjudicaría en vez de favorecerme. En fin, unos porque desean apagar la conflictividad sacrificando una víctima, otros por motivos menos confesables, se ha extendido por el país la impresión de que todos estaríamos mejor si yo cesara en mi puesto. Y así estamos…

1 de abril de 1987

Debate de totalidad de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Por primera vez va a haber en España un impuesto específico para prever las transmisiones patrimoniales no onerosas tanto inter vivos como mortis causa. Hoy he presentado en las Cortes el Proyecto de Ley de Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones. No está llamado a ser una gran fuente de ingresos, pero sí a velar por la igualdad deseable entre los ciudadanos en la práctica tributaria.

Acudo a la toma de posesión de Adrián Piera como presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio. En mi discurso, expreso mi preocupación por el crecimiento excesivo de los salarios y de la demanda interna. Ante la escalada de la tensión social (en Sanidad, Educación, Industria, etcétera) doy un mensaje tranquilizador. Por otra parte, Rafael Termes se queja con razón de los altos tipos de interés en el mercado monetario. A mí tampoco me gustan nada.

3 de abril de 1987

Se aprueba el Real Decreto-ley sobre anotaciones en cuenta de Deuda Pública que pone en marcha el mercado de deuda en España. Resulta difícil creerlo, pero hasta ahora no existía.

7 de abril de 1987

Viaje a Barcelona para una conferencia. A preguntas de los periodistas declaro que el Proyecto de Ley sobre Sucesiones y Donaciones se mantendrá en sus líneas generales. (Cataluña y sus empresas familiares son muy sensibles a este tema.)

Leo que, en una circular, UGT me acusa de torpedear la concertación social. Por otra parte, dice que no está en contra de la política económica del Gobierno, sino de la política salarial que yo pretendo. Todo ello mientras presenta un documento con su «alternativa» de política económica que es de una calidad penosa.

8 de abril de 1987

Manuel Chaves declara –coincidiendo con UGT– que la modernización de la gestión empresarial es más importante que la flexibilización laboral. ¡Como si hubiera que elegir entre una y otra!

Recibo al ministro de Hacienda de Guinea Ecuatorial, le ofrezco ayuda para reflotar su banco nacional si permiten la salida del capital del Banco Exterior de España, que se siente rehén de los caprichos y latrocinios de un régimen corrupto.

Con la Semana Santa por medio y el 1 de mayo en perspectiva, las huelgas y los conflictos se multiplican hasta extremos increíbles. Las televisiones extranjeras los siguen cada vez con mayor interés y forman cola en su solicitud de todo tipo de entrevistas. Atiendo algunas para tranquilizar a los inversores extranjeros, aunque tampoco creo que estén muy inquietos. Por lo demás, las críticas a mi posición y a la del Gobierno en relación con el desencadenamiento de estos disturbios sociales se generalizan. José Oneto piensa que puedo salir del Gobierno en una próxima crisis ministerial. Reconozco que a mí se me nota desanimado por el fracaso en el asunto de la flexibilidad laboral. Aunque recibo de vez en cuando apoyos gubernamentales y del PSOE, noto que estoy muy solo. Por otro lado, tampoco faltan otras preocupaciones: la necesidad de frenar el brusco crecimiento de la demanda interna elevando el coeficiente de caja y los tipos de interés, el retraso acumulado en la puesta en marcha del mercado de anotaciones en cuenta de Deuda Pública, esencial para resolver la financiación del Estado, y la fuerte marcha del crédito al sector privado son temas que me tienen inquieto estas últimas semanas.

25 de abril de 1987

Funeral de Francisco Álava (presidente del Partido Socialista de Navarra), que murió en accidente de circulación. Voy a Navarra y recuerdo en el trayecto los mítines que compartí con él en la campaña de 1982.

La prensa dice que la intensificación de rumores sobre mi salida del Gobierno provoca una fuerte caída de las bolsas, ya inclinadas a la baja por la fuerte subida de tipos de interés de las últimas semanas.

El Banco de España me pide formalmente una nueva regulación del derecho sancionador de las entidades de crédito. La actual se ha quedado anticuada. Acepto la sugerencia.

8 de mayo de 1987

En medio de un enorme auge con crecimientos espectaculares del consumo, la inversión y las importaciones, la Bolsa sigue cayendo fuertemente como consecuencia de los altos tipos de interés que tratan de recortar las expectativas de inflación.

9 de mayo de 1987

«Reunión Costa Brava» del Círculo de Economía de Cataluña. A la vista de tantas especulaciones sobre mi futuro, mi presencia allí ha suscitado gran expectación. El resultado ha acabado siendo muy positivo. Mantengo la firmeza en la defensa de la política económica y me reafirmo en las buenas perspectivas económicas para 1987 y años siguientes (frente a las tesis mucho más pesimistas que habían expuesto allí el día anterior Carlo de Benedetti, presidente de Olivetti, y Willy De Clercq, comisario belga de la CEE, o Tom Enders, exembajador de Estados Unidos en España). Al afirmar en un momento de mi intervención que no tengo intención de dimitir, el aplauso en la sala fue enorme.

12 de mayo de 1987

Reunión de la OCDE en París donde prevalece el optimismo. Declaro a la prensa mis buenos deseos para la reunión que tendrá próximamente el presidente del Gobierno con UGT. Advierto igualmente del peligro de desequilibrio de la balanza de pagos a la vista de la evolución de las importaciones arrastradas por el crecimiento espectacular de la demanda interna.

Se especula sobre el hecho de que no he sido invitado a colaborar en la redacción del Programa 2000, intento mastodóntico de Alfonso Guerra de reflexión colectiva llamado al fracaso, como todos los de su estilo. No siento la más mínima molestia por no participar.

14 de mayo de 1987

Almuerzo con el presidente del Gobierno, a quien comunico mis preocupaciones por el ritmo excesivo que ha adquirido el crecimiento. Hablamos también de su próxima reunión con UGT. Después de tantas tensiones con el sindicato me parece muy difícil reconstruir un ambiente de negociación. Por otro lado, si ésta no conduce a una mayor flexibilización del mercado de trabajo no veo qué interés puede tener el Gobierno en la negociación, una vez roto el pacto de subida salarial que alcanzamos el pasado verano y al que UGT atribuye su retroceso en las elecciones sindicales. La beatería obrerista del PSOE y de la propia opinión pública seguramente atribuya otra clase de importancia a la reunión del presidente con UGT. Están en un error.

26 de mayo de 1987

Ceno con la APIE. En mi intervención a los postres, doy titulares sobre flexibilidad laboral, impuestos y precios. Lo que más llama la atención de los periodistas es mi deseo de un pacto salarial a tres años (coincidiendo con el resto de la legislatura) y mi propósito de reducir en el siguiente presupuesto la tarifa del impuesto sobre la renta si para entonces se ha corregido el exceso de demanda de la economía. También contribuyo a mantener viva una polémica iniciada por Antonio Pedrol Rius, presidente del Colegio de Abogados, sobre el fraude fiscal, las garantías del contribuyente y la presión fiscal de profesionales y pequeños empresarios, que yo considero baja y nada efectiva. También interviene en la polémica Ángel Panero, presidente de la CEPYME. Después de todas estas polémicas añadidas a las críticas sindicales de la primavera, Pedro Altares, Emilio Romero y Pepe Oneto coinciden en dedicar sus columnas semanales al acoso al que estoy sometido. El último insiste además en que Guerra ha prometido mi cabeza a Nicolás Redondo. ¿Lo habrá hecho?

4 de junio de 1987

Los empresarios de Aragón anuncian que se van a querellar contra mí por mis declaraciones sobre el fraude de los pequeños y medianos empresarios (¡vaya una estupidez!). También UGT sigue irritada conmigo y parece exigir mi cabeza a cambio de entrar a formar parte de la concertación social. En todo caso, el presidente del Gobierno nos encarga a Chaves y a mí que preparemos el inicio de la concertación para después de las elecciones locales. Entre los temas que se anuncian está la Ley de Huelga y la posible rebaja de cotizaciones a la Seguridad Social.

Hay muchos rumores sobre remodelación ministerial, que atribuyo a la presión que, según la prensa, están haciendo Nicolás Redondo y Alfonso Guerra sobre el presidente del Gobierno, y todas las fórmulas pasan por mi sustitución al frente de Economía y Hacienda.

22 de junio de 1987

Viaje a Berna a ver a los responsables económicos del Gobierno suizo (Jean-Pascal Delamuraz y Otto Stich) y a Zúrich (conferencia con banqueros o inversionistas). Por primera vez contamos algo para Suiza, que nos ha tratado hasta ahora como un simple proveedor de mano de obra emigrante.

25 de junio de 1987

En la clausura de la Asamblea de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) anuncio la eliminación progresiva de la limitación a la expansión geográfica de las cajas de ahorro, que constituye un freno innecesario a la competencia en los mercados bancarios. Esto debería producir una transformación extraordinaria de las actuales cajas de ahorro.

7 de julio de 1987

Almuerzo con el presidente del Gobierno para hablar de la entrevista que tendrá mañana con los agentes sociales.

8 de julio de 1987

Felipe González recibe a los sindicatos y a la patronal, y da a conocer que dirigirá personalmente, como había dicho, el proceso de concertación social. Inicialmente, la respuesta sindical es negativa. Fernando Ónega entiende, con buen sentido, que dicho proyecto de inicio de la concertación social cierra la etapa de especulaciones sobre remodelación del Gobierno. Sólo Pilar Urbano insiste en la misma tesis, aplazando ahora la crisis para octubre.

El presidente del Gobierno, por su parte, descarta en una entrevista televisada cambios en el Gobierno. Txiki Benegas y Francisco Fernández Marugán presentan a los medios un documento de la Ejecutiva del PSOE de respaldo a la política económica. Preparando el terreno para la concertación, anuncio la posibilidad de incrementos salariales en torno al 4 % acompañados de una reducción de la presión fiscal para las rentas bajas de unos tres puntos, aumentando de este modo el poder de compra de sus ingresos netos de impuestos.

Por otro lado, ante la propuesta del presidente del Gobierno respecto de la concertación social, los sindicatos se reúnen para buscar una estrategia común que no tardan en encontrar, ya que anuncian que sólo atenderán a la concertación social si es «para cambiar la política económica y social del Gobierno», que es tanto como decir que no van a negociar nada. Esto se ha convertido en un pulso. Una vez pasadas las elecciones generales, UGT y CC.OO. no tienen ningún inconveniente en ir juntos siempre que sea para derrotar al Gobierno. Lo de CC.OO. se entiende. Lo de UGT, no. En estos momentos, la única oposición política seria que tiene el Gobierno es el sindicato socialista. Ya se sabe: el alma largocaballerista.

22 de julio de 1987

Me reúno con el presidente del Gobierno para valorar los resultados de la primera reunión de concertación. Le envío antes una nota. En ella explico que, siendo el desempleo el principal problema de la economía española, necesitamos un crecimiento muy elevado y sostenido en el tiempo para resolverlo. Ahora bien, si llevamos a cabo de manera aislada una política de expansión de la demanda basada en el aumento de la inversión pública y privada, esto abocaría a España muy rápidamente a la reaparición de graves desequilibrios como la inflación o el déficit de balanza de pagos, aunque no necesariamente el déficit público.

Le señalo que en el seno de la CEE no ha sido posible alcanzar una armonización de políticas económicas, limitándose cada país a la aplicación de políticas de oferta que mejoren la competitividad y dejando que el crecimiento sea el que vaya dictaminando el mercado. Creo que esto va a ser el caso en el futuro, y por tanto, si nos vamos a embarcar en una política más expansiva que la media de la CEE, necesitaremos instrumentos de política de oferta que impidan una rápida pérdida de competitividad de la economía española (moderación salarial, flexibilidad en los mercados, etcétera). Lo deseable es que estas políticas pudieran introducirse a través de la concertación social que queremos impulsar.

Renuncio, en cierta medida, a la imprescindible flexibilización del mercado de trabajo a cambio de volver a una senda de moderación salarial que está en peligro o ya se ha cerrado después del enfrentamiento con UGT y CC.OO. No obstante, no tengo muchas esperanzas de que el objetivo de acabar con el desempleo sea suficientemente atractivo para los sindicatos. Aquí, a los parados no los representa nadie.

28 de julio de 1987

De nuevo me reúno con el presidente del Gobierno. Ambos somos conscientes de que estas negociaciones son la última oportunidad de aproximación a los sindicatos.

Luis Ramallo (AP) y Manuel Garnacho (UGT) vuelven a criticar la reprivatización de RUMASA. Interesante coincidencia. Se ve que Nicolás Redondo ha soltado a sus perros de caza –Garnacho, Apolinar Rodríguez, Justo Fernández– para que muerdan libremente sin darles más consignas.

30 de agosto de 1987

Hemos pasado nuestras vacaciones de agosto en el Puerto de Santa María. Por dejar de oír a José Rodríguez de la Borbolla, que no para de insistir, le concedo una entrevista a Carmen Rigalt. El titular de la misma –que corresponde más a su pregunta que a mi respuesta– es que no pienso ofrecer mi cabeza a Felipe González para que se la entregue a Nicolás Redondo. Pedro Calvo Hernando, por su parte, destaca mi insistencia en calificarme como socialdemócrata, no como socialista, reclamando esa definición para el PSOE en su conjunto.

Viaje privado a Buenos Aires y Río de Janeiro a finales del mes con Gloria. La conferencia que doy en la Asociación Bancaria de Argentina resulta un éxito. Visito a Raúl Alfonsín, presidente de la República de Argentina, que me recibe en la Casa Rosada. La impresión que saqué de Buenos Aires, en el aspecto sentimental, tan sólo es semejante a la que me causó La Habana cuando la conocí hace siete años. El país, sin embargo, como Cuba por razones distintas, produce una gran tristeza cuando uno reflexiona sobre lo que allí son las cosas y lo que podrían ser.

Antes de acabar el mes estamos de nuevo en Madrid, ahora sin Miguel, que ha ido, como Carlos hace dos años, a estudiar un curso en una high school en Estados Unidos. Ha ido a parar a Poughkeepsie, en el estado de Nueva York, a orillas del Hudson, un lugar conocido por la factoría de IBM y por su proximidad a Hyde Park, residencia de Franklin D. Roosevelt (aunque como pasaba con Joliet, Illinois, adonde fue Carlos, también es mencionado en alguna película, en este caso no de la serie negra).

Desde la perspectiva de este mes de agosto, creo que puede decirse que a partir del pasado mayo la imagen del Gobierno, en lo que se refiere a su política económica, fue variando de manera favorable. Primero di una conferencia ante empresarios, políticos y universitarios catalanes en Lloret de Mar, que tuvo un gran éxito y en la que hubo un extraordinario respaldo a la política económica del Gobierno. Contribuyó asimismo a que una parte de la opinión pública centrara su atención no en los conflictos, sino en lo que en mi opinión era más relevante: el hecho de que el país había iniciado un periodo de alto crecimiento con un fuerte aumento en la inversión, un mensaje que he ido repitiendo cada poco tiempo a lo largo del año hasta que parece haber calado en la gente. Más tarde, la aparición de buenos datos de inflación a lo largo de los meses de abril, mayo y junio permitió al Gobierno un respiro hasta las elecciones municipales que habían de celebrarse el día 10 de junio de 1987.

No haré muchos comentarios sobre este acontecimiento. Los resultados fueron ligeramente peores de los esperados por el PSOE. Sin embargo, no favorecieron a nadie en concreto. AP retrocedió en mayor proporción que nosotros. CDS avanzó desde cero hasta el 10 %, pero no sobrepasó la cifra de votos que había obtenido en las elecciones generales de 1986. Los comunistas quedaron como estaban, y respecto a los nacionalistas, los cambios fueron poco significativos. Evidentemente, el PSOE no podía repetir los resultados de 1983, cuando nuestras candidaturas locales y autonómicas se beneficiaron del arrastre de votos del éxito en las generales de octubre de 1982, pero ciertamente podía haberse mantenido un poco mejor de lo que lo hizo.

Los resultados, sin embargo, no son inquietantes excepto por una cosa: al irrumpir una fuerza nueva con el 10 % de los votos (CDS) es evidente que las mayorías absolutas no pudieron seguir manteniéndose, y ello ha condicionado extraordinariamente el poder local y autonómico del PSOE, desplazándonos en ocasiones de algunos órganos de gobierno (como las comunidades autónomas de Rioja y de Castilla y León) u obligándonos a pactar o gobernar en minoría en multitud de ayuntamientos y en alguna comunidad autónoma, como es el caso de Navarra.

Algunos de los hombres del PSOE en estas responsabilidades (y de manera muy destacada Joaquín Leguina) trataron de buscar el chivo expiatorio de sus retrocesos electorales en la acción del Gobierno, y muy particularmente en la política económica y en el talante general del Ejecutivo, poco compatible, a su juicio, con la «sensibilidad socialista». Esta pequeña polémica de culpas no ha quedado todavía cerrada (y menos en ausencia de un buen análisis poselectoral), pero ha ido disminuyendo conforme los responsables regionales y locales del PSOE han visto, después de los pactos y componendas, que podían retomar grandes áreas de poder y tenían menos de qué quejarse.

Durante las semanas transcurridas a partir de Semana Santa en que se ha reducido la conflictividad y las dedicadas al debate en torno a los resultados en las elecciones locales del 10 de junio, me parecía que el presidente del Gobierno estaba en tensión, dispuesto a saltar a la arena para defender su posición si las cosas llegaban a mayores. Yo creo que fue durante este tiempo –cuando uno ya se podía hacer una idea sobre las características del conflicto entre UGT y Gobierno– cuando Felipe González llegó a la convicción de que estaban en juego tanto su proyecto histórico de socialismo moderado como su propio liderazgo dentro de la familia socialista. Fue entonces cuando las relaciones entre él y Nicolás Redondo entraron en proceso irreversible de deterioro y mutua desconfianza. Fue entonces, también, cuando, después de la dura experiencia del acoso de la conflictividad, comprobamos la proximidad de nuestras opiniones sobre cómo salir adelante en esas circunstancias.

Volviendo a lo fundamental, conviene recordar que aquella actitud de vigilancia en tensión del presidente del Gobierno dio paso a una nueva táctica que permitió al Ejecutivo recuperar la iniciativa política durante algunos meses y restaurar las posiciones respectivas en el debate socialdemócrata entre UGT y el complejo Gobierno-PSOE. Felipe González, en efecto, concluyó que la mejor manera de reducir la crítica generalizada de falta de sensibilidad social del Ejecutivo en su política económica consistía en hacer una oferta de pacto social en la que todo el Presupuesto del Estado y las grandes líneas de la política económica pudieran discutirse con los representantes empresariales y sindicales para ver si había una alternativa significativamente distinta a la política económica practicada hasta ahora.

Dicha propuesta, que el presidente hizo en un programa televisivo –la primera de una serie de entrevistas con Victoria Prego– fue acogida con sorpresa. La patronal se apuntó de inmediato a la idea. CC.OO. inicialmente aceptó la propuesta, siempre que fuera sin condicionamientos, en tanto que UGT, sin ideas generales que oponer a las que el Gobierno venía poniendo en práctica y temerosa de tener que lanzarse al campo de la demagogia en caso de confrontación o hacer suyas las tesis moderadas del Gobierno, se mostraba más reticente. Poco a poco, sin embargo, fue haciéndose manifiesta la incomodidad de UGT con la propuesta del presidente. Yo también he tenido momentos de zozobra, pues si la iniciativa me parecía brillante desde un punto de vista político, la idea de que finalmente se impusiera la necesidad de un acuerdo que pudiera afectar a la credibilidad de la política económica no me dejaba dormir.

Con estas dudas sobre cuál podría ser el proceso en que desembocara la propuesta presidencial nos fuimos de vacaciones el 1 de agosto pasado. En este momento, el Gobierno ha recuperado la iniciativa política por medio de esa propuesta. Igualmente, se ha generalizado la opinión de que el ejercicio económico no sólo no ha sido dañado por la conflictividad social, especialmente centrada en los servicios públicos (Salud, Transportes, Educación, etcétera), sino que estamos asistiendo a la mayor fase de expansión de la economía española desde antes de la crisis del petróleo. Los conflictos están remitiendo –con algunos rebrotes muy duros como el de Forjas y Aceros de Reinosa– y, poco a poco, la imagen del Gobierno y la intención de voto al PSOE se vienen restaurando. Yo he aprovechado la buena situación para lanzar dos importantes reformas: una en el marco de la ordenación bancaria (con una ley aprobada ya y que continúa en la línea de liberalización del sistema financiero iniciada a primeros de año con la desaparición de los coeficientes de inversión y la libertad en la fijación de los tipos de interés de pasivo) y otra en el marco del mercado de valores, cuya reforma anuncié, con gran repercusión, en la Universidad de Verano Menéndez Pelayo en Santander en el mes de julio, y cuya ley está a punto de concluirse en estas semanas.

A pesar de lo dicho, la situación gubernamental no era y no es buena. Los ministros de Educación y Justicia han bajado tanto su perfil que parece se han evaporado. Los de Industria, Transportes y Obras Públicas han caído en una suerte de inacción (el primero ha reaccionado, aunque quizá demasiado tarde para recuperar la confianza del presidente del Gobierno o para cambiar su imagen de hombre en exceso cauteloso). Es evidente también el aburrimiento de dos ministros importantes en sus respectivos puestos: Narcís Serra, porque lleva demasiado tiempo en Defensa, y Joaquín Almunia, porque se quiso inventar un ministerio para él que no puede funcionar y, como hombre inteligente, es cada día más consciente de ello. El ministro de Trabajo, Manuel Chaves, no es de gran utilidad en ese puesto en la situación actual y el ministro del Interior, José Barrionuevo, quiere abandonar el suyo. Finalmente, Virgilio Zapatero desempeña su trabajo con la idea fundamental de satisfacer al vicepresidente del Gobierno, quien, por su parte, nunca ha estado pletórico de iniciativas y sólo se preocupa por aspectos de imagen y cuestiones de concentración de poder fuera del que él ejerce, y de manera muy particular si se producen en torno a mi persona.

2 de septiembre de 1987

Aprovechando una rueda de prensa para anunciar los resultados de la empresa pública en 1986 avanzo los grandes parámetros relacionados con el Presupuesto de 1988: inflación prevista, 3 %; crecimiento del empleo, 2 % y reducción de la tarifa del IRPF (tres puntos con un coste de 150.000 millones de pesetas). Anuncio una vez más que esto es compatible con un aumento de salarios del 4 %. También advierto de que 1987 está siendo un año muy bueno (más de un 4 % de crecimiento del PIB y un aumento del empleo del 3 % ). Después voy a Moncloa, donde almuerzo con el presidente para seguir discutiendo las perspectivas de la concertación social.

5 de septiembre de 1987

Las centrales sindicales anuncian que todo lo previsto y propuesto por mí en la última conferencia de prensa les sirve de poco. Quieren dos puntos más que la inflación prevista (su previsión de precios es más alta que la del Gobierno) y amenazan con movilizaciones antes de sentarse a negociar. Es evidente que la estrategia de las centrales sindicales es quitarme de en medio como primera provisión. Luego, ya decidirán si les interesa o no negociar. Mientras yo siga al frente del área económica del Gobierno no van a hacer el más mínimo esfuerzo para pactar.

11 de septiembre de 1987

El rumor que corre por todo Madrid es que a las primeras reuniones de concertación social que iban a tener lugar para algunos aspectos en la sede del Ministerio para las Administraciones Públicas y para otros en la del Ministerio de Economía y Hacienda, Nicolás Redondo y Marcelino Camacho sólo van a asistir a la prevista en Administraciones Públicas, desairando así la otra mesa y desautorizándome, ya que soy el coordinador del Gobierno en el proceso de negociación.

Cuando se plantea la cuestión de qué respuesta dar desde el Gobierno en el Consejo de Ministros a esta imposición sindical, el presidente del Gobierno y otros ministros se inclinan por allanarse a la misma. Me niego a hacerlo y digo al presidente del Gobierno que si quiere tener un ministro de Economía desautorizado es su cuestión, pero que yo no estoy dispuesto a serlo.

Por la tarde, cuando los sindicatos llegan al Ministerio para las Administraciones Públicas se encuentran tan sólo al ministro de Trabajo, Manuel Chaves, y al de Administraciones Públicas, Joaquín Almunia, con sus respectivos equipos de colaboradores. Mi ausencia causa cierta confusión, pero los mejor informados entienden bien lo que ha pasado.

No es éste, por lo demás, el único frente que me tiene preocupado. La entrada en funcionamiento de los nuevos Pagarés del Tesoro y la existencia de Letras han generado una competencia brutal con los depósitos bancarios que está generando una fuerte tensión en la Banca y en las cajas de ahorro, que me trasladan su explicable preocupación. El único remedio a esto es la liberalización total de tipos de interés en los intermediarios bancarios, tanto del activo como del pasivo.

En todo caso, el tema de hoy es la concertación social y mi indisciplina frente a las instrucciones del presidente del Gobierno. Éste me pide que vuelva por la noche a Moncloa a cenar con él y discutir la situación. En la cena me transmite que, más que nuestras discrepancias, le preocupa el hecho de que las manifestemos en público. Dice, seguramente con razón, que mi actitud no la comprendería ninguno de los demás ministros.

14 de septiembre de 1987

Me visita Anita Greding, ministra sueca de Comercio. Desde que se ha puesto en marcha la discusión del mercado interior en la CEE, los países de la antigua Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA por sus siglas en inglés) tienen miedo de perder las ventajas que este mercado representa y creen que España se opone a ampliar el espacio comercial a esos países, lo cual, por cierto, no es verdad.

AP anuncia que nos reprobarán a Josep Borrell y a mí por «ocultar» el verdadero resultado de nuestras relaciones presupuestarias con la CEE. Es una estúpida cuestión contable, pero, como en el caso de la moción de censura, piensan que si no ponen dramatismo en sus propuestas no consiguen llamar la atención del país.

16 y 17 de septiembre de 1987

Cumbre hispano-alemana en Bonn. Hay un buen entendimiento entre los dos gobiernos, y en particular entre Helmut Kohl y Felipe González. Allí valoran positivamente la forma en que el Gobierno está dirigiendo la adaptación de la economía española a la CEE.

Participo en la Escuela de Verano del PSOE. Ataco las posiciones de los sindicatos y defiendo el sistema de aprendizaje que ha desaparecido en España desde la muerte de Franco.

Ante la nueva negativa de las centrales sindicales a reunirse conmigo para conocer los detalles del Presupuesto para 1988, envío una carta a las mismas sugiriendo que la concertación se aplace hasta que haya síntomas claros de que los trabajos de las reuniones puedan ser productivos. Felipe González hace unas declaraciones reivindicando la bondad de los Presupuestos. Ambas iniciativas sacan a los sindicatos de quicio. Marcelino Camacho (CC.OO.) anuncia, una vez más, movilizaciones.

18 de septiembre de 1987

El Gobierno ha aprobado hoy los Presupuestos del Estado para 1988. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, señalo que las grandes líneas del Presupuesto (déficit del 3,5 % del PIB, reducción de la tarifa del IRPF o el incremento máximo previsto del gasto público) no son negociables. La concertación prácticamente puede darse por terminada. Mi insistencia en el 3 % de inflación para 1988 y mi deseo de no poner en peligro la reducción del déficit público lo hacen prácticamente imposible. Por lo demás, tampoco los sindicatos parecen proclives a negociar en sentido estricto. Lo que pretenden es obligar al Gobierno a aceptar un órdago. La situación política es demasiado buena para aceptarlo mientras la economía sigue creciendo a un ritmo fuerte.

24 de septiembre de 1987

Envío la siguiente carta a Nicolás Redondo reconociendo el hecho de que no existe acuerdo sobre la agenda de temas a tratar en la concertación social.

Madrid, 24 de septiembre de 1987

Estimado amigo:

Como es conocido, el Consejo de Ministros del pasado día 18 de septiembre de 1987 decidió la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 1988 así como la convocatoria de los interlocutores sociales para dar cuenta del contenido de los mismos a cada uno de ellos.

Asimismo, el Gobierno decidió convocar a las partes a una reunión bilateral para tratar de los temas que habían sido propuestos por las organizaciones sindicales –excluidos los de carácter presupuestario– y a una reunión tripartita para estudiar los temas referentes al Consejo Económico y Social, la Formación Profesional y la Política de Empleo con especial incidencia en el empleo juvenil.

Habiendo establecido contactos con su Organización así como con los demás implicados en el diálogo social, he constatado la ausencia de una base suficiente de acuerdo sobre la agenda de temas a tratar en estas reuniones así como la conveniencia o no de las referentes a los Presupuestos con carácter informativo. Lamento, en ese sentido, no poder explicar el tratamiento que el Gobierno ha dado a pensiones y salarios de funcionarios que, combinado con la propuesta de rebaja del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se hace eco con generosidad de las preocupaciones que sobre este tema han manifestado las organizaciones sindicales.

Seguiremos, pues, manteniendo nuevos contactos con el fin de que las convocatorias, cuando se produzcan, permitan garantizar un trabajo productivo en las reuniones bilaterales y trilaterales en nuestro intento por profundizar el diálogo social.

Reciba un cordial saludo,

CARLOS SOLCHAGA CATALÁN

27 de septiembre de 1987

En Washington, cuento a los periodistas mi preocupación por las inversiones que últimamente está llevando a cabo la Kuwait Investment Office (KIO)139 en España y sus efectos sobre el mercado de valores y sobre los intereses de los pequeños accionistas. Lo que no les digo es que voy a entrevistarme con el ministro de Finanzas de Kuwait para que aclare cuáles son las verdaderas intenciones del grupo, que veo con un gran recelo sobre todo por tener al frente de las mismas a Javier de la Rosa. Me sigue preocupando la irrupción de KIO en el mercado de capitales español. Empezaron por invertir en una empresa papelera, Torras, a la que convirtieron en un holding a partir del cual hacer nuevas compras de paquetes estratégicos en Explosivos Río Tinto (ERT) y en la banca, fundamentalmente en el Banco de Vizcaya y en el Banco Central. En el Banco de España, donde son internacionalistas en todo excepto en la propiedad del sector bancario que opera en España, están inquietos y preocupados. Yo también, porque no veo nada claro qué es lo que están haciendo. Dicen que su deseo es invertir en España apostando por su futuro. Pero yo no veo más que inversiones de cartera y no inversiones directas como me gustaría. Por otro lado, el hecho de qué su hombre en España sea Javier de la Rosa, persona que ya ha tenido problemas con el proyecto Tierras de Almería, con Banesto y el Banco Garriga Nogués, y con una muy escasa reputación como financiero, no pone las cosas más fáciles.

30 de septiembre de 1987

AP se queda sola en su intento de reprobación a Josep Borrell y a mí en el Congreso de los Diputados.

Mientras tanto, la economía va cada vez mejor y los sindicatos están cada vez más descontentos. Nadie parece querer ya, de verdad, la concertación social. Yo, en todo caso, recelo de la misma si su éxito significa cambios profundos en la política económica. Contra lo que algunos piensan, los sindicatos son dialogantes en periodos de crisis y pasan sus facturas en periodos de expansión. En estos momentos, además, su protagonismo frente a la política económica y social del Gobierno se ve realzado por la ausencia de una oposición política y parlamentaria creíble. En democracia, la existencia de una auténtica oposición es, seguramente, más importante que el Gobierno.

5 de octubre de 1987

Los periódicos se hacen eco de mi discurso en la Asamblea Anual del FMI. Se conoce la pretensión de España de que Madrid sea la sede de la asamblea en 1994. Espero que tengamos éxito y así se decida.

En la prensa se especula con el fuerte debate interno que se producirá en el seno del Grupo Parlamentario Socialista cuando presente allí los Presupuestos, a los se prevé que se opondrán al menos los diputados que tienen responsabilidades en la dirección de la UGT. La verdad es que va a ser una situación complicada que ya están calentando de antemano Antón Saracíbar y otros diputados que son hombres de confianza de Nicolás Redondo.

7 de octubre de 1987

Vienen a verme, de parte del presidente del Gobierno, el ministro de Administraciones Públicas, Joaquín Almunia, y el de Trabajo, Manuel Chaves. Hasta esta misma tarde, con la ayuda y bajo la dirección de Alfonso Guerra, han estado los últimos días negociando con UGT el respaldo a los Presupuestos de 1988 (así como el voto a favor de los diputados ugetistas que han amenazado con no depositarlo), y han llegado a un acuerdo sobre subidas salariales y de pensiones a cambio del voto favorable. El presidente quiere mi visto bueno antes de comprometerse. Le llamo delante de los dos ministros y le explico mi negativa al principio de acuerdo por temor a sus efectos inflacionistas. Hacemos unas contrapropuestas que UGT rechaza, acusándome, a su vez, de romper con la concertación, y al Gobierno y a Alfonso Guerra de incumplir lo pactado por mi culpa.

En otro orden de cosas, hoy me ha visitado José María López de Letona, presidente de Banesto. Está muy inquieto ante la inevitable entrada de Juan Abelló y Mario Conde (que han hecho una fortuna con la venta de Antibióticos S.A. a los italianos) en el Consejo de la entidad. Le recuerdo que así es como funcionan las cosas en los mercados libres y que el Gobierno no debe interferir en estos asuntos a menos que haya riesgos públicos.

13 de octubre de 1987

En un ambiente de fuertes tensiones apenas disimuladas explico al Grupo Parlamentario los Presupuestos. La reunión transcurre tensa, pero sin desbordarse. Redondo no viene y es Saracíbar quien hace una fuerte crítica, que, sin embargo, no convence a los diputados del Grupo Socialista. En la rueda de prensa posterior doy a entender que el proceso de negociaciones con UGT en esta materia ha concluido. Me veo obligado a hacerlo porque Txiki Benegas ha convocado a UGT para hacer de mediador, desde el PSOE, entre ella y el Gobierno. Después de la anterior mediación de Guerra yo ya estoy escaldado de tantos esfuerzos por parte del PSOE ante las amenazas de dimisión de su escaño de Nicolás Redondo.

19 de octubre de 1987

Crash en Wall Street. La verdad es que no lo entiendo mucho. Es posible que las cotizaciones de las acciones norteamericanas estén muy elevadas y que haya habido un exceso de financiación de los bancos americanos, pero no veo las condiciones de fondo como para que se produzca una debacle como la de octubre de 1929. Habrá que tranquilizar a la gente y a los mercados españoles, cosa que me propongo hacer inmediatamente apareciendo en los medios e informando a la Cámara. Veremos qué pasa en los próximos días.

20 de octubre de 1987

Hoy me he entrevistado con Fouad Khaled Jaffar (KIO). Raquel Rubio publica en Diario 16 un inteligente artículo sobre los problemas que representa para el Gobierno la presencia de Javier de la Rosa en los negocios de los kuwaitíes. También me visita Pablo Garnica para transmitirme su opinión sobre los posibles nuevos consejeros (Abelló y Conde), muy diferente de la de López de Letona, como ya presumía.

22 de octubre de 1987

El Círculo de Empresarios nos reúne en un acto a los responsables de la política económica desde la restauración de la democracia. Allí estamos Enrique Fuentes Quintana, Fernando Abril, Leopoldo Calvo-Sotelo, Juan Antonio García Díez, Miguel Boyer y yo. Discursos breves y amables recordando las transformaciones del país desde que se firmaron los Pactos de la Moncloa.

En el día de hoy, Nicolás Redondo finalmente ha renunciado a su escaño. Ahora se puede estrenar la estrategia conjunta de UGT y CC.OO. Anuncian movilizaciones de protesta contra los Presupuestos absolutamente injustificadas. Denuncio lo artificioso y político de dichas movilizaciones. Algunos entienden que, al dimitir, lo que pretende Redondo es que su gesto quede compensado con mi salida del Gobierno. En relación con este hecho, Ricardo García Damborenea me acusa hoy de romper la unidad socialista con mi empecinamiento. Le contestan Juan Manuel Eguiagaray y Matilde Fernández defendiéndome. Otros guerristas señalados también defienden los Presupuestos cerrando filas conmigo. ¿La razón? Que UGT ha minusvalorado la importancia de Alfonso Guerra al acusarle de ser incapaz de mantener su acuerdo con ellos frente a mi oposición.

23 de octubre de 1987

Juan Abelló y Mario Conde desembarcan en Banesto (sigue complicándose el tema de esta entidad que llevaba camino de resolverse con la presidencia de López de Letona, a quien puso en ese puesto el Banco de España con acuerdo del Consejo de Administración de la entidad hace unos meses).

Fuerte polémica en el debate presupuestario con Rodrigo Rato (PP) y con Nicolás Sartorius (PCE). Con éste, ha salido a relucir la situación de la Perestroika y le he señalado que si llega a tener éxito no será por el apoyo del PCUS. Denuncio la arteriosclerosis del comunismo. En su respuesta, Nicolás Sartorius me acusa de anticomunismo visceral e irónicamente añade que si yo soy socialista él es obispo. En mi contrarréplica, y refiriéndome a esto último, le contesto que eso –lo de ser obispo– no sería una sorpresa dada la alcurnia de sus apellidos (su antepasado, el conde de San Luis, formó en tiempos de Isabel II algunos de los gobiernos más reaccionarios de la historia de España). En temas ya más prosaicos, pronostico el final de la etapa de ajuste económico que llevó a cabo el Gobierno en el pasado, aunque advierto de que quedan problemas e insisto en la idea de que el Gobierno, en ausencia de pacto social, no recomienda ningún límite a la subida salarial porque sabe que no servirá de nada.

30 de octubre de 1987

Desde el 27 de octubre estamos de viaje por Brasil, Uruguay y Argentina con el presidente del Gobierno. Terminamos en México, donde nos reunimos con el nuevo candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia, Carlos Salinas de Gortari. Sigue habiendo inquietud en la Bolsa de Madrid después del crash de octubre en Estados Unidos. Por eso en Buenos Aires hago declaraciones anunciando previsibles nuevas bajadas en los tipos de interés en España. Con todo, no consigo preocuparme por los efectos de una crisis financiera que en Europa no tiene ningún referente en la economía real que pueda justificar un contagio.

10 de noviembre de 1987

La prensa de la primera semana de noviembre da cuenta del debate parlamentario sobre los Presupuestos del mes de octubre. A destacar el más agresivo conmigo de Víctor Márquez Reviriego. Pepe Oneto, por su parte, cuenta su versión de mis dificultades a propósito de una defensa pública que hizo el presidente del Gobierno de mi política económica en Montevideo. Margarita Sáenz-Díaz reproduce en El Periódico la tesis de mi salida del Ministerio y llegada al Banco de España. ¡Ferraz no para!

12 de noviembre de 1987

Dos aportaciones extranjeras sorprendentes sobre la política económica española. El conde Otto Lambsdorff, con quien, por otra parte, tengo buena relación personal y política, se extraña de mi afirmación de que el ajuste industrial así como el saneamiento de empresas está en su fase final. A su juicio, estamos al borde de una fortísima depresión...

Por su parte, el economista Rudi Dornbusch propone una devaluación del 50 % de la peseta (no entiende cómo se acepta en España un nivel de inflación que va camino de la tasa alemana con un desempleo, dice, «a la chilena»). Lecciones de keynesianismo.

17 de noviembre de 1987

Declaro en Bruselas que no creo que el famoso crash bursátil pueda tener efectos significativos sobre la evolución económica en España. En el ECOFIN se piensa lo mismo.

18 de noviembre de 1987

La gran noticia de hoy es el anuncio de la OPA del Banco de Bilbao sobre Banesto. Declaro que el Gobierno ha tenido previo conocimiento de los planes de la primera entidad y no se opuso a los mismos. Niego, sin embargo, como es verdad, que haya sido el Gobierno el promotor de esta operación. Es una vieja idea del presidente del Banco de Bilbao, José Ángel Sánchez Asiaín, que ha convencido al presidente Felipe González y al propio gobernador del Banco de España de llevarla a cabo. Dada la lógica de fusiones bancarias en el nuevo marco comunitario, yo, sencillamente, no me he opuesto. La noticia es formidable porque nunca en España se había producido una oferta pública de adquisición de las acciones de un gran banco por otro de su categoría de manera hostil.

23 de noviembre de 1987

El Consejo Superior Bancario afirma que no tiene nada que oponer a la OPA del Banco de Bilbao sobre Banesto, pero aconseja «un acuerdo amistoso».

26 de noviembre de 1987

Almuerzo-despacho con el presidente del Gobierno. Hablamos de las dificultades que está encontrando la OPA sobre Banesto.

El Periódico destaca que Miguel Boyer tiene una visión mucho más pesimista que la mía sobre los efectos del crash bursátil sobre la tasa de crecimiento económico en 1988 (si es verdad, creo que se equivoca). Vuelvo a exponer mi punto de vista hoy en una comparecencia ante la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados. En ella hablo de las preocupaciones que surgen a consecuencia de la liberalización bancaria en la CEE con la actual estructura y funcionamiento de la banca en España, que carece de la dimensión necesaria, y de mi oposición a la total armonización de la imposición indirecta por temor a su efecto sobre el IPC a través de la subida del IVA en España.

Ayer recibí a Alberto Alcocer y Alberto Cortina, que son primos y a quienes les conocen por «los Albertos». Están excitados por la operación que Juan Abelló y Mario Conde han llevado a cabo en Banesto y han dirigido sus miradas al Banco Central, que, como Banesto, no es un ejemplo de administración eficiente. Dicen haber alcanzado un pacto con KIO, que ya dispone de cerca del 5 % del capital del Banco Central, para constituir una asociación con ellos aportando sus tenencias de acciones, que han debido ir comprando en los últimos tiempos, y de este modo sentarse en el Consejo de Administración del Banco con el propósito de alcanzar posteriormente la hegemonía en el mismo. Entiendo por lo que dicen que ya le han contado esto al presidente González con la ayuda de Enrique Sarasola. Les cuento mis preocupaciones con el grupo KIO y Javier de la Rosa, por lo que les transmito que esa operación se vería con menos inquietud por parte del Gobierno si llegaran a hacer una sociedad de cartera con KIO en la que la parte española tuviera la mayoría dentro de la misma. Por lo demás, aunque la operación todavía está un tanto verde, les hago ver que, aunque el Gobierno no apoyaría su actuación, tampoco se opondría si siguieran los consejos que les pudiera dar el Banco de España.

Este mes de noviembre y los anteriores del otoño parecen señalar un punto de inflexión de la vida económica en España con el desembarco de los kuwaitíes y Javier de la Rosa, por un lado, y, por otro, la llegada de Mario Conde y Juan Abelló a Banesto más la OPA sobre esta última entidad. El nuevo estilo de las finanzas puede tener una fuerte incidencia en la vida política española. De momento, financiado por Conde y bajo la dirección de Pablo Sebastián, acaba de aparecer El Independiente como semanario de chantaje al Gobierno (y a quien se tercie, seguramente).

27 de noviembre de 1987

Me voy con Gloria a Venecia a pasar el fin de semana. Desgraciadamente coincide con un periodo de «agua alta» e inundaciones, lo que no es tan raro en esta época del año. Con todo, espero disfrutar de mi primera visita a esta ciudad.

1 de diciembre de 1987

Con la ayuda de las viejas familias presentes en el Consejo, Abelló y Conde han conseguido forzar la dimisión de López de Letona al frente de Banesto y su sustitución como hombre fuerte por Mario Conde, lo que se interpreta como una derrota del Gobierno en la operación de adquisición de Banesto por el Banco de Bilbao. El desembarco de los Albertos en el Banco Central (junto con los kuwaitíes, éstos, a mi petición, en minoría en la sociedad conjunta Cartera Central) más las iniciativas de José Ángel Sánchez Asiaín y las declaraciones de Pedro Toledo en relación con la necesidad de las fusiones, le sugieren a Pepe Oneto el titular de la «Perestroika de Solchaga». Tiempo dedica a este tema su principal reportaje. Mi plan, según ellos, es que en 1993 haya cuatro grandes grupos bancarios, tres de ellos privados. La verdad es que no tengo ningún plan ni me propongo crearlo.

2 de diciembre de 1987

Entrevista por separado con Alfonso Escámez y Pedro Toledo. Ambos quieren moverse, pero no tienen todavía un proyecto claro aunque se sientan impulsados uno en brazos del otro. También veo a Hernández Mancha, el líder de AP, que me produce una floja impresión en la entrevista que tenemos y en la que le sugiero lo ventajoso que sería que la oposición apoyase la moderación salarial. «¿Qué gano yo con ello?», me ha preguntado.

4 de diciembre de 1987

Hoy, tras muchas idas y vueltas, se puede considerar fracasada la OPA del Banco de Bilbao sobre Banesto después de un informe delirante de la Junta Sindical de la Bolsa de Madrid contrario a la misma que recurro por incompetencia de la Junta. De momento, Mario Conde se sale con la suya. A mí me produce un gran disgusto la falta de decisión del Banco de Bilbao, por un lado, y del Banco de España, por otro, para llevar a cabo la operación con éxito. Después de todo, son los principales responsables de la iniciativa, aunque Conde vende su victoria como una derrota del Gobierno.

9 de diciembre de 1987

Duro debate con Luis Ramallo (AP) sobre la privatización de RUMASA. Aludiendo al hecho de que hay en marcha un análisis de la misma por parte del Tribunal de Cuentas, le digo que mientras yo sea ministro no se pondrá en marcha una comisión de investigación en el Parlamento. La cosa se entiende mal y produce gran escándalo. Desde luego ha sido una metedura de pata por mi parte.

10 de diciembre de 1987

En la reunión del Foro Económico Mundial en Madrid, advierto sobre la inevitabilidad de nuevos procesos de fusión bancaria (a pesar del fracaso del primero). Rafael Termes, por su parte, se manifiesta en contra de las fusiones. Lo repito hoy en la Comisión de Economía del Congreso, donde insisto una vez más en los escasos efectos del crash bursátil sobre la coyuntura económica europea y española.

En la encuesta que hoy publica Cambio 16 resulto ser el ministro más antipático del Gobierno y aquel cuyo cambio pide más gente (aunque sólo un 16,8 % de los encuestados).

A pesar de que el IPC de noviembre resulta ser -0,2 % advierto sobre las malas perspectivas de la inflación subyacente.

14 de diciembre de 1987

Pedro Toledo viene a verme. Me expone un nuevo proyecto de fusión entre el Banco de Bilbao y el de Vizcaya. Conociendo las dos casas le pregunto si lo considera factible. Me contesta que sí, que hay ya un principio de acuerdo y que saldrá adelante.

16 de diciembre de 1987

Almuerzo-despacho con el presidente del Gobierno. Las fusiones bancarias ocupan una gran parte de nuestro tiempo.

21 de diciembre de 1987

Almuerzo con Mario Conde. Explica su posición en la fusión y sus proyectos de futuro. Aunque se muestra amigable y colaborador, hay algo en él que me produce desconfianza. Nuestras relaciones son, sin embargo, las normales dentro del marco institucional.

El Consejo de Ministros aprueba la Ley de Disciplina Bancaria. Recibo también a Alfonso Escámez. Sigue confuso sobre el futuro de su banco (y supongo que del suyo personal).

28 de diciembre de 1987

Visita de Michel Camdessus, director gerente del FMI, a donde ha llegado en parte gracias a nuestra movilización de los votos de los países latinoamericanos. Hasta ahora era gobernador del Banco de Francia y, antes, director del Tesoro.

30 de diciembre de 1987

Ahora que se cierra el año 1987, uno de los de mayor crecimiento económico en la historia reciente de España, conviene detenerse en la evolución de los acontecimientos en los últimos meses.

El otoño se inició con las dudas sobre el siguiente paso al que podría conducir la propuesta de concertación hecha por el presidente del Gobierno al comienzo del verano y reiterada posteriormente en varias ocasiones. En septiembre pasado ya era evidente que UGT no quería oír hablar de esa propuesta. Trató de descalificarla criticando la decisión del presidente del Gobierno de que fuera yo, como ministro de Economía y Hacienda y coordinador del área económica del Gobierno, el encargado de coordinar las negociaciones. El argumento parecía muy débil y fue prontamente abandonado en el debate público. Pero se siguió empujando a través de reuniones que mantuvo UGT con Alfonso Guerra. Yo, entretanto, mantuve un absoluto silencio sobre éste u otros posibles puntos de discusión en relación con la propuesta gubernamental, limitándome a apoyarla. Estaba claro que cualquier cosa de sustancia que dijera sobre la misma habría de ser utilizada en mi contra. Sin embargo, esta indefinición sobre el siguiente paso a dar no podía durar eternamente. Si la concertación había de tener algún resultado, éste necesariamente debería plasmarse en los Presupuestos del Estado para este año 1988.

UGT aprobó por fin un documento en el que trataba de definir su posición frente a la negociación global propuesta por el presidente del Gobierno. En dicho documento, el sindicato concluía que la esencia de la concertación en los nuevos tiempos no era la moderación salarial a cambio de modificaciones en la política monetaria y fiscal de carácter compensador –modificaciones cuya responsabilidad recaía en exclusiva sobre el Gobierno–, sino la discusión de múltiples aspectos sectoriales de la organización de las instituciones económicas y sociales, con especial énfasis en el papel que en todas ellas deberían jugar los sindicatos. Es decir, una negociación sobre el poder sindical en la estructura socioeconómica del país que ya está definida en la Constitución. CC.OO., que hubiera preferido la concertación tradicional, sacrificó esta posibilidad de adquirir protagonismo a su objetivo estratégico de alejar a UGT del Gobierno y formar un único frente sindical en España. Se posicionaron con matices junto a UGT, y el Gobierno aparentemente quedó solo junto con la patronal en su deseo de negociar la política económica general.

Felipe González rizó el rizo y aceptó que, aunque ésta no era la concertación que el Gobierno consideraba indispensable, podían discutirse todas las propuestas hechas por los sindicatos y la patronal. La táctica seguía siendo brillante políticamente (sería así muy difícil que se culpara al Gobierno por la ausencia de concertación si ésta no llegaba a producirse), pero ciertamente muy arriesgada desde mi punto de vista. En efecto, en una negociación global hay transacciones entre salarios e ingresos, beneficios y empleo, déficit público y política monetaria y de cambio. En una de carácter sectorial e institucional es seguro que los sindicatos habían de pretender obtener el respaldo a algunas de sus posiciones en materia salarial, de gasto público o de impuestos sin que la contrapartida pudiera negociarse en la misma mesa.

Las cosas empezaron a aclararse el día 11 de septiembre. Ese día estaban convocados sindicatos y patronal a dos reuniones: la primera, con presencia de ambos, que presidiría yo y a la que asistiría igualmente el ministro de Trabajo, y la segunda para hablar de dos temas fundamentales, salarios de los funcionarios y pensiones, que presidiría el ministro de Administraciones Públicas, Joaquín Almunia. Antes de estas reuniones había habido un intercambio de cartas entre el presidente del Gobierno, Nicolás Redondo, Marcelino Camacho y José María Cuevas tratando de ajustar agendas. En ellas se habían aceptado las agendas de los interlocutores sociales y la forma de reuniones en mesas separadas, a lo que anteriormente hice referencia. En el Consejo de Ministros que se reunió el mismo día por la mañana se acordó, a la vista de la negativa a la negociación global por parte de los sindicatos, que los Presupuestos siguieran adelante de acuerdo con las previsiones gubernamentales y no fueran objeto sino de posibles enmiendas menores en caso de que éstas estuvieran justificadas por los frutos obtenidos de la concertación.

Al terminar el Consejo, el presidente nos convocó a una reunión especial para preparar los encuentros en la tarde a los ministros de Trabajo, Administraciones Públicas, portavoz del Gobierno y a mí. Nos reunimos en el jardín de la Moncloa, en un mediodía espléndido tan corriente en el septiembre madrileño. Allí mismo me enteré de que en una reunión informal que Almunia y Chaves habían tenido con Antón Saracíbar y algún otro miembro de UGT el día anterior, éstos les habían manifestado que Redondo no pensaba acudir a la reunión principal presidida por mí en el Ministerio de Economía y Hacienda, sino a la bilateral Gobierno-sindicatos que se produciría en el Ministerio para las Administraciones Públicas. Marcelino Camacho había anunciado públicamente lo mismo, y a lo largo de toda la mañana, mientras nos encontrábamos reunidos en Consejo de Ministros, las radios se habían desatado en especulaciones sobre el significado de estas decisiones de los líderes sindicales. Los ministros habían hecho saber a los de UGT que eso tendría una mala acogida por parte del Gobierno, y Nicolás Redondo estaba reconsiderando su decisión. Finalmente, y en conversación telefónica con el presidente del Gobierno, que se produjo mientras estábamos todos reunidos en el jardín, Redondo modificó su decisión inicial: no iría a ninguna de las dos reuniones.

A continuación, se produjo una escena muy tensa. Yo anuncié que tampoco acudiría a la reunión que debía presidir yo mismo. El presidente se mostró contrariado, pues una ausencia así ponía en tela de juicio la actitud favorable al pacto a cualquier coste por parte del Gobierno que él se había esforzado en mantener a lo largo de los últimos meses con el fin de demostrar que eran las centrales sindicales quienes no deseaban pactar o introducían apriorismos inaceptables en la concertación social. Los ministros presentes coincidieron con el presidente en que lo que yo me proponía hacer era un error. Me mantuve firme. Si se «ninguneaba» al coordinador gubernamental de la negociación era imposible mantener luego una actitud coherente y firme en defensa de las posiciones gubernamentales. Al presidente, delante de los demás ministros, le reiteré mi disposición a hacer lo que él considerara necesario y mi convicción de que hay cosas que no se le pueden pedir a un ministro. Naturalmente, mi puesto estaba a su disposición. El presidente aceptó mi decisión con disgusto y se acordó que la reunión que se iba a producir en el Ministerio de Economía y Hacienda fuera trasladada al de Trabajo, cuyo titular la presidiría.

Esto, junto con la total ausencia de resultados de ambas reuniones, redujo las ya considerablemente bajas expectativas que había respecto de las posibilidades de concertación, despejando el camino a la culminación de los Presupuestos que entregué en las Cortes el 25 de septiembre para poder iniciar viaje a Washington el sábado 26 a la Asamblea anual del FMI. El fin de semana lo pasé en Nueva York con mi hijo Miguel.

La tensión de la reunión en los jardines de la Moncloa había sido tal que, cuando hacia las tres de la tarde nos despedimos todos –yo con la intención de pasar la tarde en mi casa, como finalmente hice–, el presidente, en un aparte, me dijo que volviera aquella noche a cenar con él. Durante la cena que mantuvimos mano a mano me hizo notar lo difícil que a veces era para él aliviar tensiones en el seno del Gobierno. Me dijo que yo era demasiado duro en la forma de tratar tanto algunos temas como a algunos compañeros del Gobierno (por lo visto, durante el Consejo de Ministros me había permitido algunos sarcasmos) y me pidió que no le pusiera demasiadas dificultades en el ejercicio de su autoridad. Me comentó que los otros ministros –los que participaron en la reunión posterior al Consejo–, acostumbrados a hacer lo que el presidente sugiere, no daban crédito a lo que estaban oyendo cuando vieron mi actitud del mediodía. Luego, Felipe González me habló de nuestra amistad y de lo particular que son nuestras relaciones. Agradeció que hubiéramos estado visitándole en Doñana en los primeros días de agosto. Estuvo, en fin, particularmente afectivo y yo se lo agradecí, pues conociéndome es seguro que me excedí en mi oposición a su propuesta.

La Asamblea del FMI en Washington volvió a ser decepcionante. No se avanzó gran cosa en la coordinación de las políticas económicas de los principales países; no se anunció nada significativo en el tratamiento del problema de la deuda de los países del Tercer Mundo y tampoco los problemas del comercio internacional, ahora en discusión en la Ronda Uruguay en el GATT140, fueron objeto de suficiente atención. En mi discurso subrayé más la línea crítica ya ensayada en el del año anterior y fue bien acogido por los países latinoamericanos. Allí mismo, en Washington, el Grupo de los Diez, a pesar de los buenos oficios de Nigel Lawson en nombre de Gran Bretaña y el apoyo de Francia y de Estados Unidos, decidió rechazar la candidatura de España para formar parte del mismo. Suecia, Suiza y Holanda fueron, por su celosa pequeñez, los principales opositores a la idea de nuestra entrada. Alemania jugó un papel confuso. Aproveché el viaje para entrevistarme con el presidente del Banco Mundial, Barber Conable, y transmitirle el interés de España por aumentar su participación en el capital de la institución, lo que se ha conseguido en la redistribución de acciones del pasado mes de diciembre.

A la vuelta de Washington volví a entrevistarme con el presidente del Gobierno. Aunque suponía que el tema de los Presupuestos había quedado cerrado con su entrega a las Cortes, me encontré con que la dirección del partido deseaba presentar una iniciativa para dejar en mal lugar a Nicolás Redondo. Querían pactar públicamente algo que fuera favorable con las federaciones de pensionistas y de funcionarios de la propia UGT si ésta, como central sindical, se negaba a pactar los Presupuestos con el Gobierno. A mí me parecía una política peligrosa a menos que estuviéramos dispuestos a llegar hasta el final en un abierto desafío a la autoridad de Redondo desde la propia organización ugetista con apoyo del PSOE. Al final, los contactos no pasaron a mayores, pero contribuyeron a radicalizar la posición de UGT y a encrespar las relaciones con el sindicato del partido y del Gobierno.

Finalmente, en la primera quincena del mes de octubre, se trató de negociar de nuevo y añadir algo más de dinero para funcionarios y pensiones a cambio del apoyo de UGT a los Presupuestos Generales del Estado. Las conversaciones fracasaron porque UGT no sólo deseaba más dinero, sino una señal de subida salarial del 5,5 % en la Administración Pública. Ni el presidente ni yo mismo estábamos de acuerdo con tal pretensión. Como consecuencia del fracaso, Redondo y Saracíbar abandonaron su escaño en el Parlamento para no verse obligados a votar contra el Presupuesto. Sin embargo, los demás diputados socialistas miembros prominentes de UGT permanecieron en sus escaños. Justo Zambrana, miembro de la Ejecutiva Confederal y secretario de la Federación de Administración Pública, también se mantuvo, pero le obligaron a dimitir del primero de sus puestos.

La guerra en el seno de UGT ya estaba –y continúa– declarada entre los partidarios de Redondo –clara mayoría en los puestos de responsabilidad– y los próximos al Gobierno, muy fuertes en las federaciones de Administración Pública, Metal y Energía y Químicas. La tensión entre el partido y el sindicato alcanzó su punto máximo, y las declaraciones descalificatorias empezaron a medirse con mucho más cuidado. Todo el mundo, de repente, se había hecho consciente de que en cualquier momento podría llegarse, con cualquier excusa, a algún tipo de ruptura más o menos irreversible.

Coincidiendo con nuestro viaje a Brasil, Argentina, Uruguay y México –entre el 27 de octubre y el 7 de noviembre– UGT organizó un acto de repulsa a los Presupuestos del Estado. Se movieron mucho y gastaron bastante dinero. Buscaron apoyo en las bases del partido y recorrieron las casas del pueblo. Al final, en un salón donde caben 15.000 personas, reunieron escasamente a 3.000. Este fracaso, junto con el que cosecharían a lo largo del trimestre en las primeras elecciones a delegados sindicales en la Función Pública, ha bajado un tanto los humos de la actual directiva ugetista, que no descarta, sin embargo, plantear una batalla frontal a la línea de dirección del partido y del Gobierno en el XXXI Congreso Federal del PSOE que se celebra en enero de 1988.

El enfrentamiento entre el partido y UGT parece relativamente suavizado después de estos acontecimientos, pero sigue igualmente vivo y no tiene visos de arreglarse en el sentido deseable si no se produce un cambio de la posición política de Nicolás Redondo. Todos lo que conocemos las interioridades de la situación lo sabemos. Sólo José Luis Corcuera y yo alguna vez nos atrevemos a expresarlo en voz alta. Entretanto, es evidente que Redondo está fortaleciendo su posición en UGT, cercando progresivamente a los que, dentro de la organización, están próximos al Gobierno.

138. Antonio Hernández Mancha fue presidente de Alianza Popular (AP) desde febrero de 1987 a enero de 1989, tras la dimisión del líder del partido, Manuel Fraga, y las elecciones primarias en las que venció a Miguel Herrero de Miñón. En marzo de 1987, Hernández Mancha planteó una moción de censura contra el Gobierno socialista que no prosperó, ya que sólo votaron a favor 67 diputados de Alianza Popular y Unión Valenciana.

139. El Kuwait Investment Authority (KIA) es el fondo soberano de inversión de Kuwait, una entidad gestora especializada en la inversión local y extranjera. Fue fundado para gestionar los fondos del Gobierno de Kuwait a la luz de los excedentes financieros después del descubrimiento de petróleo. En Europa la Kuwait Investment Office (KIO) actúa como la filial de KIA.

140. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT): Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio.

1988

8 de enero de 1988

Una huelga salvaje de Alúmina-Aluminio (San Ciprián) supone la pérdida de varios hornos eléctricos. Después del Consejo de Ministros hago unas declaraciones muy duras contra los responsables de la huelga.

19 de enero de 1988

Los Presupuestos del Estado para 1988 parecen, al menos sobre el papel, un tanto expansivos con un aumento del gasto público de unos tres o cuatro puntos por encima del previsto para el PIB monetario. Es verdad que el extraordinario aumento de la recaudación a lo largo de 1987 ha permitido esta alegría en el gasto sin reducir nuestra vigilancia sobre el déficit público. La favorable situación de los ingresos públicos incluso permite una racionalización en la tarifa del impuesto sobre la renta y una reducción general de la presión fiscal por este impuesto especialmente favorecedora de las rentas más bajas, lo que pretende aliviar la tensión en la negociación salarial.

Sin embargo, a pesar de los buenos resultados de la economía española y las magníficas perspectivas abiertas a su crecimiento después de nuestra integración en la CEE, todavía vivimos con las incertidumbres de la caída general de las bolsas que se inició en Wall Street el 19 de octubre (-22 %) y continuó con gran intensidad en el resto del mundo. Aún seguimos notando los efectos de dicha incertidumbre en los mercados de cambios (con caídas importantes del dólar) y en los mercados bursátiles. El problema básico que subyace a estos fenómenos es la debilidad del dólar, consecuencia de los desajustes de la economía norteamericana y la falta de coordinación en la política económica de los grandes países, en particular de una política cooperativa de expansión de la demanda interna en la República Federal de Alemania y, en menor medida, en Japón que compense la desaceleración de la economía norteamericana.

En España la situación es relativamente especial. Tenemos una Bolsa pequeña en relación con el PIB y, por tanto, el valor de la riqueza mobiliaria es mucho menor en el conjunto de activos que en la mayoría de los países industrializados. Ello nos ha permitido protegernos de los aspectos negativos del efecto riqueza derivado de la caída de la Bolsa y nos debería seguir protegiendo relativamente en un próximo futuro. Por otro lado, los analistas internacionales opinan casi unánimemente que la Bolsa española es la que ofrece mejores posibilidades de subida en un próximo futuro. Todo ello debería contribuir a aislar relativamente a nuestro país de los peores efectos de esta inestabilidad financiera que va a continuar bastante tiempo con nosotros.

Pero nada vacuna contra el pánico derivado de una mala apreciación de la realidad. Por ello, a lo largo de los meses de noviembre y diciembre me he esforzado en decir y transmitir a la opinión pública que todavía no hay razones para revisar a la baja nuestros objetivos de crecimiento para 1988, tratando con ello de paliar los efectos que una posición timorata de los agentes económicos podría tener sobre la evolución del auge inversor en España. Hasta ahora los resultados son buenos. No sé si por mi testarudez en no admitir cambios en las previsiones económicas para 1988 o, como es más probable, porque la experiencia económica cotidiana así lo sugiere, lo cierto es que el ambiente general de empresarios e inversores continua siendo muy optimista al comenzar 1988, al tiempo que el flujo de capital exterior hacia España aumenta en grandes proporciones.

21 de enero de 1988

Se anuncia el acuerdo de fusión entre el Banco de Bilbao y el Banco de Vizcaya. Muestro mi satisfacción por el mismo (particularmente después del fracaso de la OPA del Banco de Bilbao sobre Banesto gracias a la indecisión de Sánchez Asiaín y la audacia de Conde). Tan sólo han transcurrido dos meses desde ese intento fallido.

22 de enero de 1988

Se conoce la inflación de diciembre de 1987: 4,6 %, la más baja desde hace muchos años y por debajo del 5 % del objetivo gubernamental. ABC pone en duda la credibilidad del IPC (nunca lo hace cuando el dato es malo).

Diario 16 publica, supongo que por intoxicación del entorno de Mario Conde, que éste me ha presentado un proceso de fusión de Banesto, Banco Hispano y Banco Popular, lo que, desde luego, es falso. El objetivo de esta intoxicación es asustar a Alfonso Escámez, que ya tiene el enemigo dentro con los Albertos en Cartera Central (en la que están con KIO).

José Eulogio López afirma que el único interés del Gobierno en los procesos de fusión bancaria es político, sustituyendo banqueros independientes por otros más gratos al Gobierno. El artículo, publicado en El Nuevo Lunes, se llama significativamente «La filfa de las fusiones». ¿Está también ahí la mano de Mario Conde?

Se inicia el XXXI Congreso Federal del PSOE. El contenido de la ponencia económica está en línea con la política del Gobierno y la unanimidad que recibe en su votación se interpreta como un reforzamiento de mi posición al frente del Ministerio de Economía y Hacienda.

26 de enero de 1988

Presento el Balance de 1987. Desde el punto de vista de sus resultados económicos y con los datos que estimamos a día de hoy ha sido un año extraordinariamente brillante. Un comportamiento muy moderado de los precios de los productos agrícolas permitió cerrar el año con una inflación del 4,6 % a pesar de las desviaciones al alza en los salarios. El PIB ha debido crecer en tasas próximas al 5 % y se han creado entre 400.000 y 500.000 puestos de trabajo nuevos, aunque el paro no ha caído en términos absolutos (sí en porcentaje) por la extraordinaria incorporación de la mujer al mercado de trabajo. El déficit público se habrá reducido en 1,4 puntos en términos de contabilidad nacional y el superávit de la balanza de pagos por cuenta corriente ha caído hasta algo menos de 1.000 millones de dólares. No obstante esto, el nivel de las reservas de divisas se ha doblado, superando los 30.000 millones de dólares a 31 de diciembre de 1987. Lo único preocupante es el exagerado crecimiento de la demanda interna, cerca del 8 %, y su impacto a medio plazo sobre la balanza por cuenta corriente y la inflación.

La Vanguardia sugiere en su editorial que, después del mejor balance económico en muchos años, es quizás el momento de que deje el Ministerio y propone que vaya a sustituir a Mariano Rubio en el Banco de España a partir del próximo julio. El argumento no parece muy consecuente. No entiendo si el editorial es contra mí, contra Mariano Rubio o contra ambos.

30 de enero de 1988

Ha llegado el momento de reflexionar sobre las principales modificaciones en el sistema financiero que han empezado a producirse en los meses finales de 1987 y que si terminan, como espero, en un proceso de fusión de bancos y en una tecnificación de sus consejos de Administración supondrá uno de los cambios más importantes en la estructura del sector financiero de nuestro país.

Nuestra entrada en el Mercado Común ha traído como consecuencia un aumento extraordinario de la inversión extranjera en España. Dicha inversión viene de forma directa mediante la toma de participaciones en empresas españolas o adquisiciones de la totalidad de las mismas tanto por parte de inversores europeos que tienen prisa para introducir a España dentro de su estrategia de ventas comunitaria como por parte de inversores de otros países (Estados Unidos, Japón, Suiza, Canadá, etcétera) interesados en poder servir al mercado comunitario desde una base de producción relativamente barata como es España. Nuestro país ha entrado en los circuitos de las decisiones internacionales no sólo a través de grandes multinacionales industriales que desde hace años ya tenían una presencia importante en España (automóviles, química, farmacia, bienes de equipo electrónico e informática, etcétera), sino a través de multitud de empresas de tamaño medio en ésos y otros sectores en donde la presencia internacional era mucho menos acusada (alimentación, distribución comercial, seguros y servicios financieros, papel y derivados, fertilizantes, etcétera). El saldo neto de inversiones extranjeras en España habrá sido en 1987 de unos 9.000 millones de dólares.

Esto ha tenido su continuación en dos fenómenos de gran transcendencia, uno de carácter real y otro financiero. En el sector real de la economía esta apetencia de los inversores extranjeros por nuestro país, así como el aumento gigantesco de la competencia de las exportaciones comunitarias en el mercado interior, ha movido a los empresarios ya instalados en España a iniciar un proceso de inversión de grandes proporciones destinado a modernizar su aparato productivo y alcanzar mayores niveles de competitividad. La inversión en bienes de equipo, que creció ya en torno al 15 % en 1986, habrá crecido no menos del 20 % en 1987, en parte con cargo a la maquinaria importada, lo que, junto con el aumento de las importaciones de bienes de consumo, está empezando a crear problemas de balanza de pago de los que ya habrá ocasión de hablar en otro momento.

En el sector financiero las inversiones directas han ido acompañadas de inversiones de cartera en la Bolsa española y, a veces, instrumentadas sólo a través de dichas operaciones (como en el caso KIO). España es hoy el país con mayor crecimiento económico de Europa Occidental (mayor incluso que el de Japón en 1987), y con excelentes perspectivas de desarrollo después de su ingreso en la CEE. Con una moneda y una política económica estables y con una expectativa de beneficios por encima de la de cualquier otro país de su entorno, ha generado las condiciones ideales, después del saneamiento de una gran parte de las empresas privadas en el trienio 1983-1985, para que se puedan recoger ganancias bursátiles aprovechando el apetito de los inversores internacionales. Los analistas internacionales no tardaron en reparar en la enorme subida de la Bolsa española en 1986 –mayor todavía traducida a dólares– y aconsejaron las inversiones en España. Al mismo tiempo, la recuperación de la confianza inversora y el ambiente positivo creado por el despegue de la demanda global en España, que creció el 6,3 % en 1986 y cerca del 8 % en 1987, movió a los ahorradores españoles a volver a invertir en Bolsa. El propio boom, con sus fáciles ganancias especulativas a corto plazo, hizo todo lo demás. La contratación en la Bolsa de Madrid ha alcanzado ya la de la Bolsa de Milán, a pesar de ser muchos menos los títulos que se cotizan aquí y de que su capitalización es infinitamente menor.

La quiebra de la Bolsa de Nueva York, con su efecto de contagio, vino a poner una pausa en esta evolución alcista cuando la Bolsa de Madrid había sobrepasado el 300 % (base enero de 1986=100). Sin embargo, aunque durante los primeros días de noviembre hubo algún riesgo de pánico, las aguas, poco a poco, han vuelto a su cauce, y ahora el índice de cotizaciones –entre el 240 y el 250 %– va evolucionando hacia una mejoría suave, interrumpida ocasionalmente por los acontecimientos negativos cuando éstos se producen en Nueva York o en Tokio y fuertemente afectada por la fortaleza o debilidad del dólar, que no se interpreta como una indicación de la conveniencia o no por parte de los grandes inversores internacionales de continuar sus colocaciones en dólares, pesetas u otras monedas, sino más bien como una señal premonitoria del inicio de una grave recesión mundial y un hundimiento generalizado de las bolsas que yo particularmente no veo por ningún lado.

La conexión entre estas instituciones a nivel internacional, y de ellas con los mercados de cambios, ha sido la mayor y más importante lección de esta crisis financiera del otoño de 1987, que ha mostrado cómo el comercio de bienes y servicios y la cooperación en materia de política económica se han quedado rezagados con respecto a la revolución registrada en materia de activos financieros y la integración a nivel mundial de sus mercados. El desequilibrio existente es dramático. Mientras los capitales se mueven con rapidez electrónica y muestran la sensibilidad de un sistema nervioso bien entrenado, las corrientes comerciales cambian con gran lentitud, a lo que hay que añadir la fuerte inercia que se deriva de la falta de operatividad en la cooperación internacional entre los grandes países y las dificultades de todo tipo para la coordinación de sus políticas económicas.

De esta manera, los tipos de cambio de las principales monedas se establecen a corto plazo más como consecuencia de la dirección de los movimientos de capitales que como consecuencia de los fenómenos que subyacen a los resultados de las balanzas por cuenta corriente. Durante el periodo 1982-1985, el dólar estuvo subiendo no porque la balanza de pagos norteamericana por cuenta corriente fuera positiva o presentara tendencias de mejora, sino porque el fuerte endeudamiento público de Estados Unidos y el crecimiento en la inversión financiera atraían enormes sumas a aquel país. Entretanto, la competitividad norteamericana se deterioró con gran rapidez y Estados Unidos entró en el mayor déficit por cuenta corriente de su historia, pasando de ser un país acreedor a convertirse en un país deudor. Hoy el dólar cotiza alrededor de las 110 ptas. –cuando había llegado a cotizar a más de 190–, y todavía no se perciben signos de recuperación del equilibrio en términos monetarios –ni en términos reales– de la balanza por cuenta corriente estadounidense.

Con todos estos acontecimientos, España se ha convertido en un país de fortuna, con todo lo negativo que eso tiene, un lugar en donde se han generado importantes plusvalías y en el que, como consecuencia de la recuperación de la confianza, el dinero que durante un decenio se mostraba remiso a salir por el temor de sus dueños a invertirlo ha vuelto a cambiar de manos a enorme velocidad, dejando en las transacciones importantes beneficios a unos y otros. Fortunas fáciles y seguridad política crean un clima de desbordante optimismo. Aparecen nuevas fortunas y nuevos propietarios. Quizá por primera vez en España, surge algo que recuerda a una ética protestante del beneficio: parece que la labor del empresario y del inversionista se valora socialmente mucho más que nunca. Las empresas cambian de mano con facilidad en espectaculares transacciones financieras, pueden volver a ampliar sus capitales a través de sus emisiones en Bolsa y eliminar fácilmente viejas deudas producto de los largos años de crisis, pues hay enormes cantidades de liquidez en el país y el dinero exterior sigue entrando a chorros. Si no fuera porque todo este proceso está basado en uno previo de fuerte ajuste de la situación económica de las empresas y porque va acompañado de una fuerte y persistente –ya dura diez trimestres– acumulación de capital productivo, se podría sentir el temor de que todo estallase como una burbuja. Afortunadamente, los parámetros reales de nuestra economía y las expectativas abiertas a la misma garantizan que hay un fondo saneado sobre el cual se produce esta onda de dinamismo financiero, aunque las incertidumbres internacionales están reconduciendo la evolución de los mercados financieros en España a un perfil menos sobresaliente y están matizando las favorables expectativas que todavía persisten en ellos.

Éste es precisamente el ambiente en el cual se han producido, junto a infinidad de otras importantes inversiones extranjeras, las que realizó el grupo kuwaití KIO en 1987, que por su audacia acabaron además captando la atención de los mercados y de la opinión pública. KIO entró en España a través de la empresa papelera catalana Torras Hostench, a la que, poco a poco, ha convertido en el holding de sus participaciones en España. Después de elevar anormalmente su cotización, hizo una extraordinaria ampliación de capital, que le permitió captar 50.000 millones adicionales de pesetas que está utilizando para financiar el desarrollo de sus operaciones financieras. Entre ellas, destacan la compra de un importante paquete de la empresa Explosivos Río Tinto, que estaba saliendo del plan de viabilidad que yo había propuesto cuando era ministro de Industria en 1983 –con una extraordinariamente compleja renegociación de deuda con 200 bancos nacionales y extranjeros–, así como la compra de otras empresas en el sector de la química y de los fertilizantes. Junto a estas inversiones, el grupo se ha ido introduciendo en el sector alimentario (Compañía Ebro) y en el sector inmobiliario (PRIMA S.A.) En todas estas inversiones es difícil adivinar cuál puede ser la estrategia industrial del inversor: es obvio que, calentando la cotización mediante rumores, acaparan importantes beneficios que, sin embargo, podrían ser pura apariencia.

En algún momento, los gestores del grupo decidieron entrar también en el sector financiero. A primeros de año llegaron a un acuerdo con Alfonso Escámez para comprar el 4,9 % del capital del Banco Central (aunque el propósito último, hasta hoy no concretado, podría ser la compra de un gran paquete de la Compañía Española de Petróleos S.A. (CEPSA), la empresa de refinería y petroquímica de dicho banco). Por su cuenta, y de modo subrepticio, se hicieron asimismo con un paquete de acciones del Banco de Vizcaya próximo al 5 % de su capital. La audacia de estas operaciones llamó inmediatamente la atención de la opinión pública y ha llegado a preocuparnos tanto al presidente del Gobierno y a mí como al Banco de España.

Como ya he mencionado, el 29 de septiembre de 1987, aprovechando mi presencia en Washington D.C. para asistir a la asamblea del FMI y del Banco Mundial, el ministro kuwaití de Finanzas solicitó una entrevista conmigo. Conocedor de la situación incómoda del Gobierno español ante el comportamiento de una agencia oficial kuwaití como es KIO, el presidente del ABC Bank, Abdullah A. Saudi, asesor también de los kuwaitíes, fue quien aconsejó a éstos la conveniencia del tal entrevista.

La entrevista tuvo lugar a las 12 de la mañana (media hora antes de mi intervención ante la asamblea) en los despachos destinados a España en el Hotel Sheraton, donde se reunía el FMI. Con el ministro kuwaití acudieron altos cargos de su departamento y alguno de KIO (no Jaffar). Más tarde se incorporó el presidente del ABC Bank. A mí me acompañaron el secretario de Estado de Economía, Guillermo de la Dehesa, y mi jefe de Gabinete, Luis Sempere.

La entrevista discurrió por buen camino. El ministro kuwaití se disculpó por las elucubraciones que habían producido sus actuaciones en España y se excusó por no haber puesto antes en conocimiento del Gobierno español cuáles eran los propósitos de KIO. Expresó su intención de que esto no continuara siendo así y se ofreció para mantener un contacto telefónico permanente conmigo si, por alguna razón, algunos de los movimientos de KIO en España me inquietaban. Finalmente, me aseguró que el propósito del grupo era la inversión industrial a largo plazo en España y no la especulación a corto.

Le contesté lamentando que este contacto entre él y yo no se hubiera producido antes, lo que resultaba sorprendente entre gobiernos amigos, y felicitándome de que en todo caso hubiera llegado a producirse. Le dije además que, si en efecto KIO estaba interesado en invertir a largo plazo en nuestro país, era conveniente, dado su tamaño estratégico, que entrara en contacto con el Gobierno, nos expusiera sus planes y comprobáramos que encajaban sin dificultades en nuestra estrategia industrial y de desarrollo. Por ello, le propuse, lo mejor era que el señor Jaffar, máximo responsable gerencial de KIO, se trasladara a España y tuviera conversaciones sobre sus proyectos con colaboradores míos y del ministro de Industria.

Finalmente, hube de aludir a un tema personal bastante incómodo. El principal asesor financiero de KIO en España, su más importante operador y su hombre de confianza en materia de inversiones es Javier de la Rosa, persona de honestidad más que dudosa y con cuya gestión al frente del Banco Garriga Nogués del Grupo Banesto llevó a éste a unas pérdidas importantes. Además, este hombre aparece relacionado con ciertos asuntos de evasión de capitales sobre los que se ha abierto un expediente por la Brigada de Delitos Monetarios. Es evidente que una persona de estas características, como le dije a mi colega kuwaití, no podía ser el interlocutor del Gobierno en el manejo de los intereses del grupo. Le advertí que no estaba sugiriendo tampoco que se librasen de sus servicios, pues no me correspondía a mí decírselo, pero le aconsejé que, si no querían tener un día un disgusto, era mejor que De la Rosa tuviera un papel menos relevante. El ministro kuwaití, sin querer entrar en el fondo del asunto, me advirtió, para mi gran sorpresa, que De la Rosa no era su agente sino su socio en España.

Después de informar al presidente del Gobierno sobre este encuentro, concerté una entrevista con Jaffar para el día 20 de octubre en Madrid, proponiendo que le acompañara Manuel Guasch, persona que merece mi confianza y que es consejero de Torras Hostench, además de presidente de Renault España S.A., quien ha venido sirviendo desde entonces de cauce de KIO para sus relaciones con el Gobierno español. Esta entrevista hacía innecesaria la presencia de Julio Feo en Londres, quien tenía el encargo del presidente del Gobierno de sondear las auténticas intenciones del grupo KIO. No obstante, dicha entrevista se mantuvo, aunque no añadió gran cosa a la información que yo proporcioné.

La reunión del 20 de octubre discurrió igualmente por cauces amistosos. Jaffar confirmó su intención de invertir a largo plazo en España y su interés preferente por la química, los fertilizantes y el papel, aunque también se mostró interesado por la inversión en industrias alimentarias. A mis preguntas, contestó que su papel era más pasivo en el sector inmobiliario, en donde arriesgarían más solo si sus socios españoles en PRIMA les ofrecían oportunidades nuevas de inversión.

Solo dos temas elevaron la tensión de aquella conversación: el papel de Javier de la Rosa en la actividad de Torras y los intereses en inversiones bancarias de los kuwaitíes. Sobre el primero, insistí en ponerles en guardia al tiempo que les advertía que entrar con gestos amenazantes en el capital de algunas compañías para revender luego con beneficio los paquetes accionariales así adquiridos –operaciones que llevaba a cabo con gran fruición y exhibicionismo De la Rosa– no era compatible con la imagen de inversor a largo plazo, no especulativo, que trataban de transmitir. Esta advertencia tuvo varios efectos, todos ellos positivos: en primer lugar, Jaffar dio orden de comprar en la Bolsa más acciones de Torras en un momento en que ésta, después del «lunes negro», estaba cayendo muy rápidamente (y se encargó naturalmente de que esto se conociera); en segundo lugar, ordenó a Javier de la Rosa que fuera más discreto en sus actuaciones, lo que, hasta ahora, se ha venido cumpliendo.

Por lo que se refiere al segundo, Jaffar expuso su teoría de la conveniencia de complementar un grupo industrial que tiene importantes intereses financieros con un gran banco español, aduciendo las experiencias de KIO en este sentido en Japón y en Alemania. Se mostró partidario de unir el 2,5 % del capital del Banco Central que Torras había venido subrepticiamente adquiriendo al 4,9 % que KIO había comprado al Banco Central a través de una sociedad interpuesta a comienzos de 1987. Una vez realizada la operación, solicitarían una representación en el Consejo de Administración del banco. A cambio, me prometía, estaban a punto de llegar a un acuerdo con el Banco de Vizcaya para revenderle el 5 % de acciones que habían llegado a adquirir y que llevó a dicho banco a ampliar en un 50 % el valor nominal de sus acciones con el fin de protegerse de nuevas entradas.

Le expuse a Jaffar que no me agradaba la idea de verles en posiciones predominantes en bancos españoles y que creía, por otro lado, que el sistema de relaciones entre bancos y grupos industriales en España había entrado en quiebra después de la crisis industrial, aunque algunos bancos (Banesto, Banco Central y Banco de Bilbao) seguían manteniendo importantes intereses en la industria. El mensaje fue entendido por los kuwaitíes inmediatamente. Vendieron de inmediato su participación en el Banco de Vizcaya y pusieron en marcha una operación financiera totalmente nueva en relación con sus intereses en el Banco Central, de la que fui recibiendo información apropiadamente.

Según ésta, los dirigentes de KIO alcanzarán un acuerdo con Alberto Cortina y Alberto Alcocer. Por dicho acuerdo constituirán una sociedad de cartera con mayoría española a la que KIO aportaría el 4,9 % del capital del Banco Central depositado en Suiza, y Cortina y Alcocer el 5,1 % de dicho capital, que pagarían mediante la aportación de solares para construcción. El presidente y el consejero delegado de Cartera Central, nombre de la nueva compañía, serán propuestos por los españoles. Además, Torras depositará en manos de la nueva sociedad los derechos políticos del 2,5 % del capital del Banco Central que tiene en su cartera y ambos grupos se comprometen a encauzar a través de dicha sociedad todas las compras que en el futuro pudieran hacer de acciones del Banco Central. La operación supone, pues, dejar de nuevo en manos de inversores españoles una parte importante del capital del Banco Central ahora en manos de inversores extranjeros y neutralizar los movimientos de KIO en este campo.

4 de febrero de 1988

Pronuncio un discurso optimista ante la APD, pero advirtiendo de los riesgos de la pérdida de competitividad por incremento de los costes laborales. Afirmo que la fuerte entrada de dinero extranjero se debe a que España es, en estos momentos, el país donde «se puede ganar más dinero en menos tiempo», refiriéndome al hecho de que los tipos de interés a corto plazo en España son los más elevados de los países avanzados. La progresía se rasga las vestiduras sugiriendo que estoy invitando a gente a que se haga rico, como hizo en su día Nikolái Bujarin.

7 de febrero de 1988

Volviendo a los movimientos de los últimos meses en los mercados financieros, la creación de Cartera Central y la neutralización de los movimientos de Javier de la Rosa en el capital del Banco Central, a la que ya me he referido, quedó ensombrecida en aquellos días de finales de noviembre de 1987 por la suspensión de las cotizaciones en Bolsa de las acciones del Banco de Bilbao y de Banesto, a petición del primero, para poder abrir un proceso de negociación para obtener una mayoría de capital en el segundo. Ésta sí fue una operación espectacular que llamó la atención de todo el mundo e inició el proceso de fusiones bancarias en el que hoy estamos. Para descubrir los antecedentes de esta operación hay que remontarse a la situación de Banesto ya en 1986 y a los movimientos de dos personas, Mario Conde y Juan Abelló, antiguos propietarios de Antibióticos Españoles S.A., la mayor empresa farmacéutica del país.

El gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, después de discutirlo conmigo, había iniciado en 1986 una ofensiva para enfrentar a los responsables de Banesto con la realidad de una situación que había venido empeorando desde mediados de los años setenta sin que se registrara una reacción significativa por parte de la dirección de la entidad, cuyo liderazgo se había reducido ostensiblemente tras el retiro de José María Aguirre Gonzalo y su sustitución por Pablo Garnica. Después de muchas presiones sin éxito, Mariano Rubio envió una dura carta sobre la situación de Banesto a su presidente y obligó a éste a que la leyera en el Consejo de Administración. En ella se ponían de manifiesto los graves quebrantos que habían supuesto para la entidad las adquisiciones y posterior gestión del Banco Coca, del Banco de Madrid y del Banco Garriga Nogués. Asimismo, se explicaban los malos ratios de gestión registrados por Banesto en comparación con sus competidores. Esta vez el resultado fue fulminante. Banesto aceptó, a sugerencia del Banco de España, el nombramiento de José María López de Letona como consejero delegado, destinado a suceder a Garnica en la presidencia de la entidad en un periodo de tiempo relativamente breve –o al menos así se entendió en aquel momento.

López de Letona se puso a trabajar y en pocos meses tenía ante sí un plan de saneamiento con liquidación de activos industriales e inmobiliarios que, ayudado por los altos precios de unos y otros en la recuperación económica de estos últimos años, pudo llevar a efecto sin grandes dificultades, al tiempo que, por el mismo motivo, aumentaban las reservas susceptibles de revalorización en el balance de la entidad. Lo que no hizo López de Letona fue mejorar significativamente la gestión del banco, en manos de unos cuadros directivos envejecidos y sin ideas nuevas sobre la evolución del negocio bancario. A fines de 1987, Banesto continuaba siendo el peor de los grandes bancos tanto en su diseño organizativo y funcional como en su gestión. Sin embargo, la actitud quizás un tanto arrogante de López de Letona, su imagen de emparentamiento con el Banco de España y sus enfrentamientos con las familias tradicionales de Banesto le habían llevado no ya a disminuir los recelos con que su nombramiento fue ratificado por el Consejo de Administración, sino a acrecentarlos, perdiendo en el camino alguno de los apoyos con los que inicialmente contaba dentro de aquél (como el del vicepresidente Juan Herrera, presidente además de Petromed) y viendo reducidas sus alianzas a los miembros de la familia Argüelles. En estas condiciones, se alargaba una y otra vez el plazo para la sustitución en la presidencia de Pablo Garnica, quien, por otro lado, condicionaba el poder de su consejero delegado a través de los órganos decisorios de carácter colegiado (Comisión Ejecutiva y Consejo), cosa que podía hacer legítimamente, aunque el resultado no siempre fuera en beneficio del banco y de sus accionistas.

Durante este tiempo recibí en audiencia a López de Letona en dos ocasiones. Primero, para que me diera cuenta del plan de viabilidad diseñado. Después, ya en el otoño de 1987, dentro de esas semanas pródigas en acontecimientos que vengo comentando, para oír sus quejas por las maniobras paralizadoras de Pablo Garnica y las familias más reaccionarias del banco, deseosos de mantener unas áreas de influencia y poder a través de los múltiples consejos de Administración de las empresas participadas por Banesto (y las dietas y otros honorarios como consejeros). Si en la primera de estas ocasiones el nombre más mentado fue el de Javier de la Rosa, que fue sustituido al frente del Banco Garriga Nogués, en la segunda Mario Conde y Juan Abelló fueron los protagonistas de las quejas y confidencias de José María López de Letona en mi despacho.

Juan Abelló pertenece a una familia adinerada y con muy buenas relaciones que, a través de los laboratorios del mismo nombre, había tenido un largo protagonismo en la industria farmacéutica española. Siendo yo ministro de Industria, le conocí a través de Juan Antonio García Díez, cuando consultó conmigo la venta de parte de sus activos a la multinacional norteamericana Merck, Sharp & Dohme, operación que el Gobierno autorizó en su día. En aquella entrevista me habló muy bien de su nuevo colaborador en las más altas responsabilidades, un abogado del Estado llamado Mario Conde. Con ayuda de éste, ambos se hicieron con la mayoría del capital de Antibióticos Españoles S.A., la mayor empresa de farmacia cien por cien española, con un alto nivel de investigación y desarrollo en principios activos y con un mercado internacional creciente. A principios de 1987 llegaron a un acuerdo con la italiana Montedison para la venta de dicha compañía, valorada en 60.000 millones de pesetas, a cambio de una participación del 3 % en el capital de la multinacional (con derecho a un puesto en el Consejo de Administración) y una buena suma de dinero contante y sonante, sobre cuyo destino inversor se pusieron a elucubrar inmediatamente. A todo el mundo le parecía elevadísima la cifra que representaba esta transacción.

Poco a poco fueron comprando acciones de Banesto y, cuando alcanzaron el 3 % del capital, se presentaron en la entidad reclamando una negociación para su entrada en el Consejo de Administración con la vista puesta fundamentalmente en la gestión del grupo industrial y financiero del banco, ya que no tenían experiencia de negocio bancario puro. Sorprendentemente, la operación les salió bordada. El Consejo, con Pablo Garnica a la cabeza, creyó que acogiendo en su seno a los nuevos socios y dándoles una gran relevancia podía poner un obstáculo al poder de López de Letona y del Banco de España. La OPA del Banco de Bilbao sobre Banesto les iba a deparar a estos dos caballeros la oportunidad de su vida.

En efecto, era evidente que el Gobierno y el Banco de España apoyaban la fusión de las dos grandes entidades, y si había alguna duda, el portavoz del Gobierno, de acuerdo con el presidente y conmigo, se encargó de disiparla al dar cuenta del conocimiento de la operación por nuestra parte desde el inicio de la misma. Estábamos persuadidos de que el tamaño de los bancos españoles era demasiado pequeño en una economía integrada ahora en la CEE. López de Letona, amigo de Mariano Rubio y en relaciones normales conmigo, fue inmediatamente objeto de sospecha por parte de Garnica y de sus aliados mayoritarios en el Consejo de Administración de Banesto, que lo consideraron un topo para facilitar la operación, lo que probablemente no era el caso por lo que yo sé. Frente a su actitud de negociar se impuso la numantina expresada por Garnica de resistir. Aquí entraron en funcionamiento los buenos oficios y relaciones que, como abogado del Estado, conservaba Mario Conde, que movilizó a bufetes y letrados en la Bolsa de Madrid para impedir la operación, lo que finalmente consiguió mediante la no autorización de la OPA por parte de la Junta Sindical de la Bolsa de Madrid. De esta manera fracasó la operación de fusión y Mario Conde se convirtió en el nuevo héroe de Banesto, aupándose a la presidencia de la entidad (con Juan Abelló y Ricardo Gómez-Acebo como vicepresidentes) al calor de la dimisión de López de Letona, llamado a suceder por aquellos días a Pablo Garnica en el puesto si las cosas hubieran ido de otro modo y la OPA no hubiera hecho su aparición. Con poco más de 20.000 millones de pesetas en un banco cuyo capital estaba valorado en cerca de medio billón, estos jóvenes empresarios se hicieron con la presidencia y el poder de la entidad bancaria más importante de España hasta hacía unos pocos años gracias a las viejas familias franquistas que les abrieron las puertas confiando en mantener así sus privilegios y sinecuras más fácilmente que si hubiera entrado el Banco de Bilbao en la entidad.

A ello contribuyó no sólo la coyuntura de la guerra interna en Banesto y la torpeza en el trato de López de Letona, sino igualmente la falta de decisión de Sánchez Asiaín para llevar a término la oferta pública de adquisición de acciones que inicialmente había lanzado. Sánchez Asiaín es un personaje inteligente muy precavido en todo lo que atañe a su imagen pública y, por comparación a otros banqueros, ciertamente ilustrado. Su amistad con Julio Feo le sirvió de pasaporte para iniciar hace muchos años un trato cordial con Felipe González que continúa. Sin ánimo de negarle sus méritos, que los tiene, es preciso añadir, sin embargo, que ni Miguel Boyer en sus tiempos de ministro de Economía y Hacienda ni yo mismo nos hemos sentido tan próximos a Sánchez Asiaín como parecía estar el presidente del Gobierno. El caso es que, a finales de septiembre o principios de octubre, Sánchez Asiaín tuvo una entrevista en Moncloa con Felipe González, a resultas de la cual éste me sugirió que lo recibiera porque, habiendo salido una vez más en la conversación su viejo tema de las fusiones bancarias, el presidente del Gobierno pensaba que en esta ocasión la discusión no era meramente académica y que el presidente del Banco de Bilbao disponía de proyectos concretos.

Pocos días después lo recibí yo en mi despacho, donde me confirmó su pretensión de llevar adelante sus viejos proyectos de fusión. Me confió asimismo su convicción de que era prácticamente imposible alcanzar tal objetivo a través de acuerdos con los dirigentes de otros bancos. En su opinión, todos preferían ser cabezas de ratón que colas de león. Sus intentos de aproximación habían fallado hasta entonces, y se mostraba decidido a dar un golpe de audacia y lanzar una oferta pública de adquisición de acciones sobre las del Banco Hispano Americano. Después de hablar con él, le dije que, en mi opinión, el objetivo más adecuado no era el Banco Hispano Americano sino Banesto. Asimismo le sugerí que hablara con el gobernador del Banco de España (quien, de acuerdo conmigo, dirigió su atención también hacia el segundo banco) y me comprometí a estudiar los aspectos fiscales de la operación para ver si se podía hacer menos gravosa para los accionistas.

Una semana después viajé a Argentina, Uruguay y México acompañando al presidente del Gobierno y habiéndome asegurado de que el proceso se hallaba ya en marcha. Hacia mediados de noviembre, ya a mi vuelta, la operación estaba prácticamente diseñada. Sin embargo, en ausencia de un acuerdo de fusión, no cabía posibilidad alguna de tratamiento fiscal favorable. Así se lo hice saber a Sánchez Asiaín, aconsejándole que mejorara la relación de cambio entre las acciones del Banco de Bilbao y las de Banesto para inducir a los propietarios de éstas a la transacción a pesar de la afloración de plusvalías.

Después de algunos movimientos e inquietos todos por el temor de alguna filtración, el jueves 19 de noviembre el Banco de Bilbao solicitó a las cuatro bolsas la suspensión de la cotización de sus acciones y de las de Banesto, anunciando su disposición a hacer una OPA sobre éste último. Al mismo tiempo, sin embargo, se anunciaba el deseo del Banco de Bilbao de negociar con la dirección de Banesto, mostrando así un comportamiento inseguro y concediendo un tiempo a éste para reaccionar, lo que dificultó extraordinariamente el éxito de la operación iniciada. Con todo, Banesto hubiera tenido dificultades para evitar la OPA si no hubiera contado con la complicidad de la Junta Sindical de Madrid, que, enfrentada con el Gobierno por el Proyecto de Ley de reforma del Mercado de Valores, entonces en las fases finales de su redacción, se opuso al trámite de la oferta yendo obviamente mucho más allá de lo que sus competencias le permitían.

Los resultados para Banesto ya los he descrito muy rápidamente. La denegación de las autoridades bursátiles supuso un duro revés para el Banco de Bilbao y para el propio Sánchez Asiaín, que pasó entonces por un momento delicado. Durante unos días hubo una sensación general de desconcierto tanto dentro del mundo financiero como en áreas próximas al Gobierno, que hasta la publicación del anuncio de la OPA no conocían la participación del mismo en todo el proceso, del que sólo teníamos información el presidente del Gobierno y yo.

Aprovechando una reunión del Foro Económico Mundial en Madrid, cuya cena de clausura presidí, expliqué la posición del Gobierno en favor del proceso de fusiones, manifestando mi convicción de que éste había de continuar a pesar del fracaso inicial. Otro tanto hice pocos días después, cuando comparecí ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados para dar cuenta tanto del impacto de la crisis bursátil de octubre y noviembre sobre las perspectivas económicas, que como ya he dicho en otro lugar consideré muy pequeño, como sobre los acontecimientos en la operación Banco de Bilbao-Banesto.

La firmeza e insistencia en nuestros propósitos nos ayudó, creo yo, a salvar unos momentos delicados en los que los poderes financieros podían haberse vuelto contra la política del Gobierno y del Banco de España. Sin embargo, dejando de lado alguna crítica corporativa como la de Rafael Termes y alguna salida estentórea como la de Alfonso Escámez (que estaba más relacionada con el temor a sus nuevos socios, cuya presencia en el Banco Central atribuía al Gobierno y a mí mismo), la mayoría del sector bancario y de los medios de comunicación continuaba perpleja y aparentemente poco inclinada a aprovechar la situación para criticar al Gobierno.

Tan pronto como los banqueros vieron que las ofertas públicas de adquisición de acciones eran posibles, ya no podían plantearse en abstracto tan sólo si eran partidarios o no de las fusiones. Ahora la cuestión se complicaba mucho más: era preciso establecer una doble estrategia, defensiva frente a los movimientos no deseados de los demás, agresiva para propiciar los propios si el proceso de fusiones se ponía en marcha y el viejo equilibrio oligopólico de los grandes bancos, cuidadosamente conservado durante muchos años, quedaba roto de la noche a la mañana. En esta situación es normal que los bancos no reaccionaran contra los propósitos del Gobierno en favor de las fusiones bancarias, ya que cualquiera de ellos podía ser en poco tiempo sujeto activo o pasivo de algún movimiento de esta naturaleza. Es más, en los días previos a la resolución de la Junta Sindical de la Bolsa de Madrid, muchos de los banqueros habían empezado a tomar posiciones. Pedro Toledo vino a verme para hablar de sus viejas y siempre frustradas relaciones con el Banco Central. Emilio Botín hijo le mostró al gobernador del Banco de España su interés por el Banco Popular, en tanto que Luis Valls (Banco Popular) y Claudio Boada (Banco Hispano Americano) se mantenían silenciosos y agazapados a la espera de nuevos acontecimientos.

El 14 de diciembre recibí en mi despacho por segunda vez en pocas semanas a Pedro Toledo, quien me sorprendió con un nuevo proyecto de fusión: el del Banco de Bilbao con el Banco de Vizcaya. Pensaba que la operación tenía muchas ventajas y, después de haber hecho cuidadosas averiguaciones en su propio Consejo de Administración, creía que era la más factible de todas las que él podía proponerles. Al día siguiente recibí a Sánchez Asiaín. Había iniciado contactos pocos esperanzadores con el Banco Hispano Americano (su primitivo proyecto), estaba poco animado y seguía pesándole como una losa su fracaso en la operación anterior y el temor a las críticas que pudiera suscitar. De pasada, le hablé del Banco de Vizcaya como una posible alternativa. Me dijo que, después de tantos años de feroz competencia entre los dos bancos bilbaínos, la operación no se le antojaba nada fácil.

Unas horas después, en la recepción que en el Palacio del Pardo daba el presidente de la República de Portugal –en aquellos días de visita oficial en España–, me encontré con Mario Conde y Juan Abelló. Me aseguraron que la defensa de los intereses de los accionistas que ellos habían hecho con ocasión de la OPA del Banco de Bilbao en modo alguno suponía un enfrentamiento a la política del Gobierno en ésta o en cualquier otra área. Antes al contrario, querían contribuir al proceso de modernización del sistema bancario desde sus nuevas responsabilidades, para lo cual habían decidido un profundo cambio en la composición del Consejo de Administración, relegando a algunos representantes de las viejas familias (fundamentalmente a los que habían estado más próximos a López de Letona, aunque esto se lo callaron) e introduciendo en el mismo a personas próximas al PSOE que habían ocupado cargos de alta responsabilidad durante la administración socialista como Paulina Beato (a quien yo había nombrado en su día presidenta de REDESA en el único proceso nacionalizador del Gobierno socialista), Antonio Torrero (que había sido director general del Banco Hipotecario) y Juan Belloso (director financiero de CAMPSA), todas ellas personas muy honradas y totalmente competentes. Sólo este último habría de tener responsabilidades ejecutivas como director general de toda la actividad bancaria de Banesto, pero era evidente que aquellos nombramientos espectaculares para las tradiciones de composición de los consejos de Administración de la gran banca española estaban destinados a combatir la imagen del enfrentamiento del nuevo presidente de Banesto con la política del Gobierno de la Nación. Les dije a Conde y a Abelló que sus nombramientos me parecían muy bien y que les agradecía que me los comunicaran, pero no pasé a mayores confianzas.

En Navidad ya estaba claro que se había abierto una nueva época en las relaciones imperantes en la gran banca y entre ésta y el Gobierno. De hecho, la derecha considera que todo ha consistido en una operación para poner a la banca al servicio del Gobierno socialista, lo que, desde luego, es absolutamente falso y totalmente indeseable.

12 de febrero de 1988

El Consejo de Ministros aprobó hoy el Proyecto de Ley de reforma del Mercado de Valores. Se pone en marcha el Big Bang de la Bolsa con la desaparición de los agentes de Cambio y Bolsa y la introducción de sociedades y agencias de valores. El trabajo y los buenos oficios del secretario de Estado, Guillermo de la Dehesa, han sido fundamentales para sacar adelante el proyecto con baja conflictividad.

Aprovechando un debate lleno de acusaciones de comportamientos irregulares y sospechosos de corrupción, propongo en el Congreso de los Diputados, con apoyo del Grupo Socialista, que, para acabar con acusaciones infundadas, todos los diputados presentemos una certificación de nuestra declaración del IRPF que sea pública. El intento –que no les gusta a los guerristas– no es probable que avance gran cosa.

15 de febrero de 1988

Cena con Jorge Batlle, jefe de la mayoría en el Senado de Uruguay, un hombre inteligente e irónico. Su familia proviene de Sitges, según creo. Él está de viaje hacia el Sinaí, donde Uruguay tiene tropas destacadas a disposición de la ONU.

16 de febrero de 1988

Comparezco ante la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados para dar un balance de la situación económica en 1987. Insisto, una vez más, en la importancia de la moderación salarial. Aclaro el contexto en que hice mi afirmación de la APD sobre ganar dinero rápidamente. No sirve de nada.

CC.OO. y UGT llegan por primera vez a un pacto sobre la plataforma de negociación de los convenios colectivos en 1988. Fijan el incremento mínimo de salarios negociable en el 6 % frente al 4 % que recomendaba el Gobierno.

Por fin aparece en Mercado un informe no sesgado sobre la política económica. Siguen teniendo viejos «tics», pero en general es favorable. Se conoce la inflación de enero –0,6 %–, que sitúa la tasa anual en el 4,4 %. Advierto, sin embargo, que la inflación subyacente –relacionada con los salarios y el nivel general de la demanda–, situada en el 5,7 %, está demasiado alta y es una amenaza.

Recibo a Alberto Cortina y a Alberto Alcocer: más sobre Cartera Central y sus extrañas relaciones con el viejo zorro que es Alfonso Escámez. No deseo entrar a mediar en sus querellas.

19 de febrero de 1988

El Consejo de Estado da la razón al Ministerio de Economía y Hacienda y dictamina que la Junta Sindical de la Bolsa de Madrid no tenía capacidad jurídica para oponerse a la OPA del Banco de Bilbao sobre Banesto. ¡A buenas horas!

Se llega a un principio de acuerdo entre José María Escondrillas y KIO. Lo apoyan el Ministerio de Industria y el presidente del Gobierno. El ministro de Defensa sigue viéndolo con reticencia, pero espero que ya se le pasará.

20 de febrero de 1988

Desde que se anunció el proyecto de fusión de mutuo acuerdo entre el Banco de Bilbao y el Banco de Vizcaya el nerviosismo volvió a cundir entre el resto de los grandes bancos españoles. Reunido yo con el Círculo de Empresarios en la habitual sesión de principios de año, que en éste se celebró el día 4 de febrero en el Hotel Eurobuilding, alguien me preguntó en el inevitable coloquio si consideraba conveniente o no que se produjeran más fusiones. Mi respuesta dejó a todo el mundo nervioso: en mi opinión, dije, no es cuestión de que las fusiones sean o no convenientes, sino de que, roto el equilibrio por la operación Banco de Bilbao-Banco de Vizcaya, para otros son inevitables a plazo más o menos largo.

En efecto, las cosas desde entonces hasta hoy han avanzado mucho. Hace unos pocos días recibí, a petición en ambos casos de los interesados, a Claudio Boada y a Mario Conde, aunque por separado, por supuesto. El presidente del Banco Hispano Americano, después de contarme lo que había sido un magnífico ejercicio que, si se le autorizaba a provisionar con un trato fiscal favorable, le permitiría acabar con el proceso de saneamiento de la entidad (confiaba que en 1988 se podía concluir el saneamiento financiero del Banco Urquijo Unión), vino a sondearme sobre mis propósitos en materia de fusiones. Después de reiterarle mi convencimiento de que vendrían más fusiones, él me contó las conversaciones fracasadas con el Banco de Bilbao y las nuevas mantenidas con Alfonso Escámez, presidente del Banco Central, que, según él, no conducirían a nada por la falta de profesionalidad con las que éste las estaba abordando, más pendiente aparentemente de zafarse de sus incómodos socios de Cartera Central que de producir una auténtica operación estratégica de alcance.

Es evidente, sin embargo, que este socio potencial no era el ideal para Claudio Boada. Venteaba con razón que con los Albertos dentro de la casa y los partícipes kuwaitíes de Cartera Central no iba a ser fácil ningún proceso de fusión, por bien que se llevara a cabo. Creo, no obstante, que Boada ha subestimado las posibilidades que tiene un negociador astuto como es él para arrancar unas buenas condiciones de fusión de un Escámez más bien paranoico con la incorporación de los representantes de Cartera Central en el Consejo de Administración del banco desde finales del pasado enero. Por ello, le he animado a que prosiguiera sus conversaciones con Alfonso Escámez. Es preciso admitir, sin embargo, que no le faltan buenas razones para ir con tiento en la posible aproximación de su banco con el de Escámez. Sobre todo es verdad que hay una lucha dentro del Banco Central entre Escámez y los Albertos que no aconseja entrar a negociar con una de las partes olvidando a la otra.

2 de marzo de 1988

Presento a Mariano Rubio en una conferencia del Club Siglo XXI. Mi panegírico les suena a unos a ratificación en su puesto y a otros a despedida del gobernador.

7 de marzo de 1988

Reunión de ECOFIN. Critico a la Comisión por su incapacidad para armonizar una política global expansiva en la CEE comparándola con la capacidad que demostró en 1983-1985 cuando había que armonizar una política de ajuste. Las razones para esta crítica son dos. En primer lugar, mi temor a que la recesión que se va abriendo paso en Estados Unidos después del crash bursátil del otoño pasado ahogue la recuperación europea. En segundo lugar, que la necesidad, en mi opinión, ineludible, de que la economía europea crezca rápido, afectando negativamente la competitividad de los países más fuertes que nosotros, haga más fácil el mantenimiento del crecimiento en España. Por lo demás, ello permitirá un cierto refortalecimiento del dólar que sería útil para todos después de su enorme caída desde los acuerdos del Hotel Plaza en diciembre de 1985. Desde entonces, la peseta se ha apreciado frente a dólar de manera exagerada.

17 de marzo de 1988

Cena en el Banco de España en honor de Carlo Ciampi, gobernador de la Banca d’Italia, de visita en España invitado por Mariano Rubio. Estamos únicamente los Ciampi, Mariano Rubio, Gloria y yo.

26 de marzo de 1988

Manuel Ramos Gámez, secretario general de la Confederación Sindical Independiente (CSI) publica en Ya un artículo que se titula «Solchaga, padrino de la especulación y el paro». ¡Bendito sea Dios! Sin embargo, la verdad es que la situación económica sigue yendo muy bien, aunque el exceso de demanda interna es una causa de inquietud (no tanto por sus efectos sobre el déficit de la balanza comercial y de pagos como sobre la inflación subyacente, que sigue subiendo de forma amenazante).

Mi imagen –sobre todo la simpatía que produzco– está muy deteriorada, en parte como consecuencia de mis intemperancias. Me excuso pensando que éstas son en gran medida el aliviadero en mi dura batalla contra Nicolás Redondo, por un lado, y Alfonso Guerra, por otro. Pero es una mala excusa.

Por otro lado, sigue el ambiente turbio en el tema de las fusiones bancarias. Alfonso Escámez, Claudio Boada, Mario Conde y los Albertos enredan continuamente. Por lo demás, todo gira a demasiada velocidad en este terreno, lo que está produciendo cierto vértigo.

En este primer trimestre del año he recibido al senador estadounidense Hollins, al senador de Uruguay, Jorge Batlle, al presidente del Banco Europeo de Inversiones, Ernst-Günther Bröder, al presidente de Argentina, Raúl Alfonsín, al gobernador del Banco Central de Uruguay, Ricardo Pascale, al ministro de Comercio de Portugal, Joaquim Ferreira, y al gobernador de la Banca d’Italia, Carlo Ciampi. La esfera internacional en mi actividad crece a toda velocidad en los últimos tiempos sin que ello parezca ser de gran utilidad hasta ahora.

6 de abril de 1988

Recibo a Mario Conde y a Juan Abelló, que parecen estar en todo de acuerdo, aunque resulta evidente que ahora el jefe ya no es Abelló. Se están repartiendo los papeles en el banco y en el grupo de empresas de Banesto. Sus planes de futuro son ambiciosos, aunque un tanto etéreos.

Se alcanza por fin el acuerdo con la FEMP, que abre la vía para reformar las haciendas locales. Para ello ha sido necesario pasar su participación en los ingresos del Estado de 360.000 millones de pesetas a 465.000 millones. Una vez que esta Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas esté aprobada, y aunque su entrada en vigor sufra muchos aplazamientos parciales y experimente no pocas dificultades, la estructuración hacendística del Estado estará completa después de haber entrado en vigor el nuevo sistema. Después de la reunión me desplazo hasta Moncloa para almorzar con el presidente del Gobierno.

11 de abril de 1988

Viaje a Washington para asistir a la reunión del Comité Interino del FMI. Aprovecho para reunir en Nueva York a los consejeros y jefes de las oficinas comerciales de Estados Unidos y Canadá. En Washington veo también a Clayton Yeutter, subsecretario de Comercio (sigue coleando el tema de la soja y el maíz desde nuestra entrada en la CEE). Finalmente, tengo una cena mano a mano con el nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el hispano-uruguayo Enrique Iglesias, antiguo canciller de la República Oriental y buen amigo. Tiene un buen trabajo por delante para levantar de nuevo el banco, dejado de la mano por los norteamericanos, que son los que ponen el dinero, ante la hostilidad de los demás países del continente, que son los que lo reciben.

18 de abril de 1988

Reunión del ECOFIN en Luxemburgo. Sigo insistiendo en la necesidad de ser flexible en el perfil temporal del proceso de armonización fiscal de los impuestos indirectos (IVA e impuestos especiales). Me preocupa una aproximación demasiado rápida de nuestras tarifas a las de Europa, que son bastante más elevadas, y el impacto inflacionario que esto supondría (aparte de la impopularidad que acarrearía la subida de precios de los bienes de consumo).

19 de abril de 1988

Comparezco en el Congreso de los Diputados ante la Comisión de Economía, donde insisto en mi preocupación sobre la marcha de la inflación subyacente a pesar de que en marzo la mayor subida se ha centrado en los precios de los alimentos. Sin embargo, el interés de todos se focaliza exclusivamente en los posibles cambios en los altos cargos del Ministerio de Economía y Hacienda una vez que se conoce que el secretario de Estado de Comercio, Miguel Angel Fernández Ordóñez, irá en septiembre al FMI como nuevo representante de España. Anuncio que los cambios tendrán lugar en el verano (cuando yo barrunto que se producirá la reorganización del Gobierno de Felipe González). Como consecuencia de ello, comienza una serie de especulaciones en la prensa sobre si yo me voy o me quedo, con el nombramiento del gobernador del Banco de España como telón de fondo.

En relación con mi preocupación sobre la marcha de la inflación subyacente y mi solicitud de moderación salarial, Antonio Gutiérrez,141 secretario general de CC.OO., declara que mis palabras son «una llamada a la intransigencia patronal».

El día culmina con una cena en honor de Carlos Fuentes en la Embajada de México. Acude también Felipe González. Carlos y yo quedamos en vernos mano a mano en los próximos días. Siempre recordaré el impacto que me produjo su novela La muerte de Artemio Cruz hace unos veinte años. Pedro Páramo y El llano en llamas, de Juan Rulfo, también me parecieron impresionantes en la misma época.

21 de abril de 1988

Hoy hemos aprobado en el debate de totalidad el importante Proyecto de Ley sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, que el PP –según su diputado Rodrigo Rato– considera excesivamente duro. Yo creo que no lo es. Si tuviéramos un sistema de intervención y supervisión suficientemente riguroso nos evitaríamos muchos de los costes derivados de las crisis bancarias.

25 de abril de 1988

Viaje a Alemania (Bonn y Fráncfort) para dar una conferencia en la Fundación Friedrich Ebert. Aprovecho para tener una concurrida cena con banqueros e industriales alemanes. También veo a Oskar Lafontaine, ministro-presidente del estado federal del Sarre, una de las zonas más industrializadas del oeste de Alemania, con quien desayuno, y al presidente de la Confederación Alemana de Sindicatos (DGB), Ernest Breit, con resultados decepcionantes en ambos casos.

28 de abril de 1988

Después del Proyecto de Ley de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito hoy he presentado en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley de reforma del Mercado de Valores, que supone un profundo cambio en su funcionamiento con la finalización del monopolio que tenían los agentes de Cambio y Bolsa para realizar las transacciones en el mismo, la entrada directa de los bancos en sus operaciones y la creación de agencias y sociedades de valores. También introduce –y eso es fundamental– la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), una agencia independiente que actuará como supervisor del mercado y propulsor de su regulación en el futuro. El sistema de liquidación electrónica de las transacciones culmina el proceso de cambios en la modernización del mercado.

Estas leyes de transformación estructural son las que deben promover la modernización de este país produciendo los cambios en profundidad que permitirán avances sustanciales en el desarrollo económico. En este sentido, me siento también muy satisfecho de los cambios estructurales que estamos introduciendo en la Hacienda Pública. Si bien a nivel central, después de la entrada en vigor del IVA, que era una auténtica revolución en nuestra imposición indirecta, la prudencia ha aconsejado no introducir nuevas reformas –particularmente en el impuesto sobre el beneficio de las sociedades– y hemos seguido invirtiendo en el conocimiento y los medios puestos a disposición de la Hacienda Pública central a través de mejoras del catastro y de los sistemas informáticos, mientras aumentan año tras año los declarantes del IRPF. Por otro lado, las reformas acordadas con las comunidades autónomas y las corporaciones locales sobre sus participaciones en el Presupuesto del Estado permiten una mayor estabilidad institucional y una mayor suficiencia financiera de las mismas.

He vuelto a tener un altercado dialéctico con Nicolás Redondo. Él pide un «giro social» de la política económica y yo advierto de que no veo la necesidad de ningún cambio. La prensa sigue con delectación este nuevo enfrentamiento. Nicolás Redondo amenaza: si el Gobierno no hace el giro social, lo impondrán los sindicatos en la calle. Es evidente que detrás de la frase «giro social» hay un cambio de estrategia y por eso he negado su necesidad desde el primer momento.

8 de abril de 1988

En un simposio organizado por Financial Times expreso mi preocupación por el efecto sobre el cambio de la peseta de las masivas entradas de capitales que se están produciendo en los últimos meses. Ante la imposibilidad de bajar los tipos de interés en una economía que ya se está recalentando, hablo con poca fe de la posible introducción de medidas administrativas que dificulten dicha entrada de capitales. Participa en el simposio Fouad Khaled Jaffar (KIO), a quien luego recibo en mi despacho. Sigue interesado en comentar con el Gobierno todas las posibles decisiones sobre sus inversiones en España, tal y como quedamos en Washington.

9 de mayo de 1988

Me visita mi buen amigo Jean-Pascal Delamuraz, consejero federal de Suiza que dirige el Departamento Federal de Economía. Está interesado en saber la posición de España de cara al nuevo acuerdo entre la CEE y la EFTA una vez que se ponga en marcha el mercado interior. Trato de tranquilizarle diciéndole que España no pondrá objeciones serias al nuevo acuerdo, aunque aprovecharemos para obtener algunas ventajas para nuestras exportaciones a países de la antigua EFTA, que están temerosos de quedarse fuera de lo que en la CEE se ha definido como «mercado único» y que supone para nosotros una nueva ola de liberalización comercial.

10 de mayo de 1988

Me visita de nuevo la ministra sueca de Comercio, Anita Greding (socialista). El motivo de nuestro encuentro es el mismo que el del viaje de Jean-Pascal Delamuraz: la CEE, la EFTA y España.

Viaje relámpago a Roma para armonizar con el ministro del Tesoro, Giuliano Amato, nuestra posición frente a la próxima aprobación de la directiva de liberalización de movimientos de capitales. Los italianos están muy preocupados y nosotros también. Por la tarde estoy de nuevo en Madrid.

13-15 de mayo de 1988

Reunión informal del ECOFIN en Travemünde (Alemania). Después de las reuniones de la tarde del viernes, paseando junto al mar, informo a Mariano Rubio de mi intención de proponer su ratificación como gobernador del Banco de España para otros cuatro años. Previamente lo había consultado con el presidente del Gobierno, quien me hizo la confidencia de que había llegado a creer que los rumores que me achacaban la intención de ocupar ese puesto yo mismo, dejando el Ministerio, tenían algún fundamento. Rubio me propone a Luis Ángel Rojo como subgobernador. Le respondo que no creo que Luis Ángel acepte dicho compromiso. Mariano Rubio insiste en que está seguro de su respuesta afirmativa. Se me abren los ojos: si hubiera llegado a sospechar que Luis Ángel Rojo tenía esa actitud, nunca hubiera propuesto la reelección de Mariano Rubio, sino directamente el nombramiento de Rojo. Me he precipitado.

16 de mayo de 1988

Me visitan por separado Mario Conde y Alfonso Escámez para contarme cada uno cómo han llegado a un acuerdo de principio sobre la futura fusión de Banesto y del Banco Central. Mañana me presentarán conjunta y formalmente el proyecto de fusión. Mientras tanto, desde Cartera Central, los Albertos siguen enredando en el seno del Consejo de Administración del banco. En parte, Alfonso Escámez va a la fusión para quitárselos de encima y Mario Conde los vigila con su peculiar estilo (según se dice, grabaciones telefónicas, seguimientos, empresas de seguridad israelíes, etcétera, etcétera). Esto no pasaba antes en este país (excepto, quizás, entre gánsteres).

Recibo al ministro japonés de Industria y Comercio Internacional, Hajime Tamura, y al ministro de la Secretaría de la Presidencia venezolana, Carmelo Lauría, que ha tomado la costumbre de visitarme cada vez que pasa por Madrid.

18-25 de mayo de 1988

Viaje a Filipinas e Indonesia con el presidente del Gobierno. Exótico pero prescindible. En Filipinas conocemos que el IPC en abril bajó tres décimas, poniendo la inflación anual en el mínimo histórico del 3,8 %. Advierto, sin embargo, de que los salarios se están fijando dos y tres puntos por encima de la inflación y que los precios de los servicios, menos sujetos a la competencia internacional, están creciendo al 7,5 %. Insisto suave pero firmemente en la idea de la moderación salarial si queremos mantener la inflación en estos bajos niveles.

La prensa recoge estos días que Ernest Breit (presidente de la DGB) se entrevistó conmigo en mi reciente viaje a Bonn y luego con Nicolás Redondo con el fin de conciliar nuestras posturas. La verdad es que tuve una entrevista con él absolutamente decepcionante en la que trató de criticar mi posición hacia UGT desde unas argumentaciones un tanto simples.

28 de mayo de 1988

Asisto al Congreso del Partido Socialista de Navarra (PSN-PSOE) en Pamplona. En mi discurso expongo la propuesta del Gobierno de llevar a cabo la implantación definitiva de un Estado del Bienestar homologable a los de nuestro entorno. Teniendo en cuenta nuestra riqueza relativa, considero perfectamente alcanzable este proyecto en los próximos dos o tres años. ¡Cuánto han cambiado los tiempos desde que se inició la recuperación del crecimiento económico! En relación con esto, lo importante es que, frente a una política de extensión gradual de los derechos sociales bajo la presión de la opinión pública y de los sindicatos, los gobiernos del PSOE han tenido desde el primer momento el proyecto de completarlo y hoy podemos decir que eso está a nuestro alcance.

30 de mayo de 1988

Visita de Pertti Salolainen, ministro de Comercio Exterior de Finlandia, para comprobar nuestra posición ante el previsible acuerdo EFTA-CEE. También me visita el ministro colombiano de Hacienda, Luis Fernando Alarcón.

31 de mayo de 1988

Huele a remodelación ministerial y el aire se enrarece. Algunos ministros se alinean conmigo frente a Alfonso Guerra, y éste, por su parte, pretende que ni yo, en el Ministerio de Economía y Hacienda, ni Mariano Rubio, en el Banco de España, sigamos presentes en la política española. Felipe González parece seguir muy tranquilo todas estas escaramuzas.

8 de junio de 1988

Empieza el mes con más especulaciones sobre crisis de Gobierno. El periodista Mariano Guindal escribe que el PSOE apoya mi continuidad y la ratificación de Rubio en el Banco de España, lo cual es verdad.

Hoy ha habido un debate en el Congreso de los Diputados sobre la situación de la economía. La oposición se empeña en desvalorizar el impresionante auge de la economía española. En parte me desespera y en parte me satisface ver lo alejados que están de la realidad y la poca confianza que pueden despertar entre la gente bien informada.

El interés de la prensa económica y también de la no económica está centrado, sin embargo, en las diversas escaramuzas de la fusión Banesto-Banco Central. Las continuas tensiones de unos y otros me obligan a declarar mi deseo de que pongan fin a sus discrepancias, pues constituye un «mal ejemplo» airearlas en público. Desgraciadamente, no espero que me hagan caso. Cada día que pasa el proyecto de fusión parece más un proceso de huida hacia delante de Conde, por un lado, y de Escámez, por otro, que un verdadero proyecto de estrategia empresarial.

Felipe González recibe a la Ejecutiva de UGT. Señala que se pueden aumentar los recursos para los programas de política social y dice que mi presencia en el Gobierno es perfectamente compatible con ese objetivo. Niega, sin embargo, que eso sea el «giro social» por el que parecen estar clamando los sindicatos: el Gobierno siempre ha estado en esa política. Una política económica correcta sólo tiene un objetivo: poder crear un Estado del Bienestar. También contesta así a algunos guerristas, que me habían declarado incompatible con dicha estrategia.

11 de junio de 1988

Diario16 inventa la noticia de que le he ofrecido a Rafael Suñol la cartera de Industria. Tengo buena opinión de Rafael, pero no creo que me hiciera particularmente feliz verle de ministro de Industria.

15 de junio de 1988

Almuerzo con el presidente del Gobierno. Hablamos de la carta del gobernador del Banco de España en la que manifiesta su visión favorable a la fusión de Banesto y del Banco Central, dentro de la cual Escámez –objeto de una patada hacia arriba– será el presidente de la nueva entidad y Conde será el primer ejecutivo con sus cargos de consejero delegado y presidente de la Comisión Ejecutiva del Consejo. Ambos miramos con cierto escepticismo, y no sin preocupación, la iniciativa. Lo ideal en estas fusiones es que un equipo profesionalmente capaz o una entidad financieramente muy sólida se haga cargo de la otra. Aquí no se ve ninguna de esas cosas.

16 de junio de 1988

En la clausura de la Asamblea de Cajas de Ahorro anuncio la supresión del coeficiente obligatorio de Deuda Pública en bancos y cajas de ahorro y la eliminación del límite de expansión territorial de estas últimas. Son dos grandes medidas liberalizadoras que deberían modernizar estas entidades e incrementar la competencia en los mercados bancarios. El único problema es el personal de servicio de las cajas de ahorro, a todos los niveles manifiestamente mejorable.

Los consejos de Administración del Banco Central y de Banesto aprobarán hoy la fusión, en el primero con los votos en contra de los representantes de Cartera Central.

19 de junio de 1988

Acudo a la clausura de las jornadas de política económica que organiza Banesto en Estepona. Sigo sin sentirme a gusto al lado de Mario Conde a pesar de sus intentos por caerme bien. Por cierto, en Estepona un periodista –no puedo recordar cuál– me pregunta si es cierto que el Banco de España está investigando a Cartera Central. La batalla entre los Albertos y Mario Conde sigue subiendo de tono y algunos periodistas se prestan a ser utilizados en la misma. Es evidente que no caben todos bajo el mismo techo.

20 de junio de 1988

La prensa informa de la avería –pérdida de combustible– del Mystère que me trasladaba a Luxemburgo. Nunca hubo peligro. A las 12 de la noche he dejado de fumar (de nuevo).

25 de junio 1988

Me reúno con Jordi Pujol y Joaquín Almunia. El tema es la financiación autonómica. La sangre no llega al río a pesar de los desacuerdos que todavía subsisten. Después de todas las correcciones del sistema actual, éste sigue siendo perjudicial para Cataluña y eso hay que arreglarlo. También lo es para otras regiones ricas como Madrid.

28 de junio de 1988

Comparezco en el Senado para informar sobre las inversiones de KIO, que siguen haciendo mucho ruido. Señalo que, aunque KIO es una agencia estatal, generalmente ha utilizado por razones fiscales empresas privadas residentes en Holanda para realizar sus inversiones en España, por lo que, de acuerdo con la legislación comunitaria, dichas inversiones, al venir de otro país de la CEE, no precisaban la autorización del Gobierno. Con todo, por nuestras buenas relaciones con Kuwait, KIO ha venido informando al Gobierno sobre sus planes de inversión.

La crisis de Gobierno está, por fin, a punto de producirse. Felipe González parece dispuesto para el parto. He quedado con él para almorzar el 5 de julio. Allí empezará el proceso (al menos por lo que se refiere a mi participación en el parto). Voy dándole vueltas al asunto. Personalmente no tengo muchas solicitudes que hacer. Las cosas del Gobierno están funcionando bien, en general, y yo por mi parte estoy satisfecho de mis relaciones con el resto de los ministros y de la marcha de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, que es el órgano fundamental de coordinación de la política económica.

4 de julio de 1988

Inauguro los cursos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander. En la inevitable rueda de prensa posterior al acto hago declaraciones sobre la posible evolución de los tipos de interés y el empleo. Lo que más llama la atención, como siempre, es mi énfasis en la necesidad de flexibilizar el mercado laboral y reducir el inusitado coste de los despidos. También advierto de que en una economía abierta y cambiante la reconversión industrial es un proceso continuo que nunca terminará del todo. Acabada la reunión con la prensa, en el almuerzo al que me invita el rector de la UIMP se encuentra, entre otros, el conferenciante del acto de apertura, el arabista Emilio García Gómez, una persona encantadora. Me recuerda una copla satírica y amable de Federico García Lorca sobre don Fernando de los Ríos, comparándole con Julián Besteiro: «Viva don Fernando, / barbas de santo, / padre del socialismo / de guante blanco. / Besteiro es elegante, / pero no tanto».

5 de julio de 1988

En medio de todos los rumores sobre la próxima remodelación del Gobierno, asisto en Madrid a una reunión del Comité para la Unión Monetaria de Europa presidida por Valéry Giscard d’Estaing. Hace de anfitrión en el Banco Exterior Miguel Boyer,142 que acaba de ser nombrado, junto a Alexandre Lamfalussy y Niels Thygesen, miembro del comité para la preparación del borrador de la Unión Monetaria. Se trata de un comité mixto de expertos y gobernadores de bancos centrales que preside Karl Otto Pöhl. Asisto, aburrido, a una exposición pesadísima de Mariano Rubio en inglés, con voz susurrante.

Veo al presidente del Gobierno y hablamos de sus planes de remodelación del Gobierno en líneas muy generales. Nos citamos para entrar más en detalles en los próximos días.

6 de julio de 1988

UGT me acusa de torpedear el próximo diálogo social por mis declaraciones en Santander sobre el mercado de trabajo. Tratan de contraponer al ministro de Trabajo, Manolo Chaves, conmigo. Esto no es difícil. Varios periodistas hacen juicios escandalizados sobre el significado de mis palabras. Más beatería obrerista.

141. Antonio Gutiérrez Vegara fue secretario general de CC.OO., en sustitución de Marcelino Camacho, desde noviembre de 1987 a abril de 2000.

142. Tras su salida del Ministerio de Economía y Hacienda, Miguel Boyer fue nombrado presidente del Banco Exterior de España el 18 de julio de 1985. Permaneció en el cargo hasta noviembre de 1988, cuando pasó a ser presidente de Cartera Central –sociedad tenedora de las acciones que el grupo Construcciones y Contratas y KIO poseían en el Banco Central y en Banesto– en sustitución de Alberto Alcocer, que hasta entonces ocupaba ese puesto. Boyer también fue nombrado consejero de Portland Valderribas, Focsa y de la sociedad holding del grupo.

4

EL GOBIERNO DE 1988

7 de julio de 1988

Felipe González rechaza la propuesta que defiendo, aunque no con gran entusiasmo, de unificar los Ministerios de Obras Públicas y de Transportes para ponerlos en manos de Josep Borrell. Por otra parte, quiere guardar el Ministerio de Transportes para José Barrionuevo, que saldría de Interior. Además exige la presencia de Claudio Aranzadi al frente del Ministerio de Industria, pese a mi opinión de que debe seguir al frente del INI y mi convicción de que no tiene afición alguna a la poltrona ministerial. Me toca, encima, convencer a Claudio de que debe aceptar la invitación, una vez que el presidente me hace un argumento irrebatible: «Si Aranzadi es tan bueno para ti, ¿por qué no habría de serlo para mí?»

En términos generales el resultado de la remodelación en el área económica me satisface por la entrada de Claudio Aranzadi y la salida de Abel Caballero. La permanencia de Javier Sáenz de Cosculluela en Obras Públicas es la concesión a Alfonso Guerra, que también cuenta con la proximidad de Manuel Chaves en Trabajo. La presencia de Barrionuevo es neutra. Su proximidad a Joaquín Leguina lo aleja de los aledaños de Guerra.

Lo mejor de la remodelación en las otras áreas es la entrada en el Gobierno de Jorge Semprún, a quien no conozco personalmente. Menos buena parece la entrada de Enrique Múgica, una travesura de Javier Pradera y de Clemente Auger, que convencen al presidente del Gobierno de que es justo pagar con una cartera ministerial los servicios prestados por Múgica a la causa del PSOE. La incógnita es José Luis Corcuera en Interior. También entran Rosa Conde y Matilde Fernández, que es una sindicalista bastante razonable en la línea de Corcuera. A Rosa Conde, nueva ministra portavoz, no la conozco en absoluto.

El conjunto de la remodelación no puede leerse más que como una reafirmación del liderazgo de Felipe González respecto de los órganos del PSOE. El presidente hace caso omiso de las críticas de los más próximos al aparato y al guerrismo y de los sentimientos ugetistas de la llamada ala izquierda. En ese sentido, el nombramiento más significativo es el de Corcuera, que desde que dejó la Comisión Ejecutiva de UGT ha entrado en la del PSOE organizando la estrategia de apoyo al Gobierno y haciendo a veces de puente entre uno y otro. En este nuevo destino ya se había ganado la enemistad personal de Nicolás Redondo, que seguro que habrá entendido su nombramiento de ministro del Interior como una afrenta personal. UGT está muy enfadada con la iniciativa del PSOE de llevar a cabo un Plan de Empleo Juvenil que ha encabezado Corcuera y que entienden como una intrusión del PSOE en su terreno, lo que, sin duda, es el caso. Por una vez, aunque por razones bien distintas, estoy de acuerdo con UGT: no sé qué hace el PSOE promoviendo un Plan de Empleo Juvenil. Eso o lo hace el Gobierno o es el resultado de un pacto de concertación social con patronal y sindicatos.

También imagino que a Alfonso Guerra la presencia de Jorge Semprún no le habrá hecho ninguna gracia. Tanto su pose de intelectual como su populismo de izquierdas no le duran a Jorge Semprún ni un asalto.

8 de julio de 1988

Sigue habiendo un alud de artículos sobre mis declaraciones en Santander y mi aparente victoria en la remodelación del Gobierno. Como la oposición política pinta relativamente poco en estos momentos, la batalla en los medios se desplaza a las pullas en el seno del PSOE.

11 de julio de 1988

Cumbre hispano-italiana en Roma. Ciriaco de Mita es el primer ministro ahora. Giulio Andreotti nos divierte con su inagotable caudal de anécdotas políticas y vaticanas. A la vuelta a Madrid, Javier Pradera me presenta esa noche en La Ancha a Jorge Semprún, que me da un gran abrazo. Me emociona la idea de trabajar con este hombre por el que siento gran admiración.

12 de julio 1988

Escribo una carta al presidente del Gobierno haciéndole propuestas e informándole sobre los temas siguientes aprovechando el inicio del nuevo Gobierno:143

Nombramientos: Le señalo los del gobernador y subgobernador del Banco de España –Mariano Rubio y Luis Ángel Rojo–, el del nuevo secretario de Estado de Economía, que recaerá en Pedro Pérez, actual secretario general de Comercio, y de paso le comento mis conversaciones con Claudio Aranzadi sobre la persona que le sustituirá al frente del INI.

En relación con esto le comento: «Me dice el ministro de Industria que él pensaba proponer a Jorge Mercader, persona que por otro lado tiene muy buenas relaciones con el ministro de Defensa. Yo tengo buena opinión de él y no vería inconveniente en el nombramiento. Me preocuparía, sin embargo, el nombramiento de cualquiera que no fuera de la confianza del ministro de Industria por las razones que en otras ocasiones te he expuesto.»

Programación a medio plazo y Presupuestos para 1989: Recuerdo al presidente que debería presentarse un primer documento de Ingresos y Gastos el día 21 o 22 o como muy tarde el día 29 de julio. En relación a los mismos le señalo: «Te envío la propuesta de separar Sanidad de la Seguridad Social y la forma de organizar el presupuesto a partir de esa decisión. Al mismo tiempo te hago una propuesta para universalizar a partir del primero de enero la asistencia sanitaria, cosa que debería venderse en la concertación social».

Ley de Estadística: Como esta ley ha quedado «técnicamente» aprobada en la Comisión de Subsecretarios recomiendo no retrasarla otra semana más para evitar especulaciones.

Estrategia en relación a la concertación social : De acuerdo con las notas que tomé de las conversaciones del presidente con los miembros de la Ejecutiva Confederal de UGT, que creen que la democracia no le prueba al movimiento obrero, los temas evocados fueron siete, algunos de los cuales, o todos, podrían ser objeto de concertación:

1) La reforma del INEM.

2) El aumento de la cobertura de las prestaciones por desempleo (sobre ambos temas ya se han abierto unas mesas de negociación sin que quede claro cuáles son los límites que el Gobierno puede alcanzar en el curso de la misma).

3) Un supuesto acuerdo sobre empresa pública.

4) La política de empleo (el Plan de Empleo Juvenil del PSOE versus las 170 medidas de UGT).

5) El desarrollo legal o negociado de la figura de los fondos de inversión.

6) La constitución del Consejo Económico y Social.

7) La negociación de los Presupuestos del Estado de 1988 (reconocimiento del derecho de los funcionarios a la negociación y contenido de lo que habría que negociar con UGT, que si entendí bien era la fijación de salarios, la de pensiones y las inversiones públicas).

Hago constar que, antes de finalizar el mes de julio, tendríamos que conocer el límite de lo que el Gobierno puede aceptar en cada uno de estos campos, así como la táctica a seguir en el establecimiento y mantenimiento de mesas de concertación. Para ello es indispensable una reunión en la que al menos participen los ministros de Administraciones Públicas, Trabajo, Industria, Economía y Hacienda junto con los demás que el presidente considere conveniente, ya que podría haber discrepancias serias en la forma de abordar cada uno de los temas susceptibles de concertación social.

Añado que durante el mes de julio podemos, bien que mal, ir capeando el temporal. En septiembre, en cambio, la actual indefinición sobre límites y procedimientos resultará costosa para el Gobierno.

Propuesta de modificación de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos: Esta comisión ha dejado de tomar decisiones en muchos campos como consecuencia del proceso de desregulación de la actividad económica y la liberalización de precios, del proceso de asunción de competencia por parte de las comunidades autónomas y del proceso de transferencia de competencias a la CEE (en todos los campos, pero particularmente en materia de agricultura y comercio).

Recomiendo, por tanto, adaptarla a la nueva situación en la que, por un lado, sería bueno aumentar sus competencias en materia de decisión a nuevos campos de acción y, por otro, prepararla como un foro de reflexión en materia de programación económica, lo que aconseja la incorporación a la misma del secretario de Estado de Hacienda, que es el encargado de la programación y el presupuesto.

Así, en este terreno, sería la encargada de aprobar los planes de carreteras, de transportes ferroviarios, de energía, de política de empleo, de formación profesional, los planes sectoriales de industria o de agricultura, el plan hidráulico o el de transporte aéreo, el de la flota mercante o el de la flota pesquera, las redes de comunicaciones, etcétera. Propongo enviar la semana que viene como muy tarde un borrador de real decreto (o la norma que corresponda) para modificar la Comisión Delegada. Si el presidente da su visto bueno y nos aseguramos de que nadie malentienda el propósito de la reforma podríamos llevarla adelante antes de que finalice el mes de julio.

Política monetaria: Es evidente que la apertura de nuestros mercados financieros después de 1992 creará graves problemas a los intermediarios españoles (bancos y cajas de ahorro), que no podrán resistir bien la competencia si continúan manteniendo el actual coeficiente de inversión obligatoria en Deuda Pública del Estado (10 %) y de las comunidades autónomas (1 %). Por tanto, señalo la necesidad de iniciar un proceso de desmantelamiento gradual del mismo que me propongo llevar al Consejo de Ministros en el próximo mes de septiembre, aunque bien podríamos adelantarlo a este de julio si el presidente no viera inconveniente. Según dicho procedimiento y empezando en enero de 1989, se reduciría el coeficiente obligatorio de Deuda Pública a razón de un punto al trimestre, terminando la liberalización en el primer trimestre de 1992.

Este desmantelamiento encarecería el servicio de la Deuda Pública al sustituir los bancos los Pagarés del Tesoro –hoy dentro del coeficiente obligatorio– por Letras del Tesoro –con tipos de interés superiores– o Deuda del Estado a tres y cinco años.

Para compensar ese aumento de coste me propongo hacer lo siguiente:

a) Reducir el tipo de interés de los pagarés desde el 5,5 % actual al 3 % (la inflación prevista para los próximos años).

b) Aprobar el Reglamento de Fondos de Pensiones que obliga a los mismos a incluir Deuda Pública entre sus activos. Este aumento de la demanda para cumplimentar la normativa añadido al que proviene de la sustitución por parte de bancos y cajas de ahorro de Pagarés del Tesoro por Letras u otros títulos de la Deuda permitirá una fuerte caída de los tipos de interés de estos activos.

c) Aumentar la parte del coeficiente de caja que no es remunerada (aparentando, sin embargo, una reducción del coeficiente total), lo que disminuirá los beneficios de la banca y aumentará muy notablemente los del Banco de España (que es el encargado de remunerar dicho coeficiente). Esto se puede hacer mediante una orden comunicada al gobernador del Banco de España y tendría el efecto ya para este año de disminuir el nivel de beneficios en los intermediarios financieros que amenaza con ser de escándalo.

Por ello, recomiendo tomar rápidamente esta medida (cuanto más tiempo de 1988 esté en vigor, mejor para el Banco de España y peor para la banca y las cajas). Sin embargo, señalo que debería tomarse en el marco de todas las demás medidas para que el Gobierno valorara adecuadamente el conjunto de las decisiones y la banca hiciera otro tanto. Por consiguiente, el día 21 o 22 de julio, o a más tardar el 29, sería conveniente informar al Consejo de Ministros sobre estas medidas de política monetaria y tomar las decisiones oportunas.

15 de julio de 1988

Primer Consejo de Ministros. Se acuerda el nombramiento de Mariano Rubio en el Banco de España, a propósito del cual Guerra y yo tenemos un rifirrafe en el Consejo. El presidente resuelve a mi favor.

16 de julio de 1988

Asisto en los locales de la Bolsa de Madrid a la presentación del sistema CATS (Computer Assisted Trading System), que permitirá el funcionamiento del mercado continuo y no por corros de valores como hasta ahora. Los aspectos informáticos y logísticos con sus habituales retrasos ponen en peligro la entrada en vigor de la Reforma del Mercado de Valores cuya ley acaba de ser aprobada por el Senado.

La prensa comenta los nombramientos de primer nivel del Consejo de Ministros del pasado 15 de julio. El que queda más ambiguo es el de Jorge Mercader al frente del INI. Claudio Aranzadi ha insistido en él a pesar de mis dudas (no sobre su capacidad, sino porque se atribuirá su nombramiento a Narcís Serra y el entorno catalán).

18 de julio de 1988

Recibo la visita del ministro de Comercio de Reino Unido, Peter Lilley. Lo había conocido hace muchos años, cuando estábamos en la oposición, en un debate en el que ambos participamos en Madrid. La verdad es que nuestras relaciones con Reino Unido son mejores que nunca y se producen muchas consultas mutuas sobre asuntos que se están discutiendo en la CEE.

20 de julio de 1988

Aparece el informe del Tribunal de Cuentas sobre la privatización de RUMASA declarándola por mayoría de votos ajustada a derecho. A pesar de su importancia, la noticia de la sentencia pasa desapercibida.

Almuerzo con el presidente del Gobierno para despachar con él algunos asuntos del Ministerio y del Gobierno. Ante todo, el nombramiento del primer presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Le digo que he pensado que podría ser Miguel Boyer, al que podría sustituirle en su puesto al frente del Banco Exterior Luis Solana, a quien creo que es indispensable sacar de la Compañía Telefónica Nacional de España. En su lugar, propongo a Luis Carlos Croissier. Advierto al presidente que no veo fácil, sin embargo, que Miguel Boyer acepte el cambio. Si éste fuera el caso, le digo que seguiría manteniendo la propuesta de Croissier para Telefónica, mientras que Solana podría pasar a la CNMV. Me da su acuerdo para que inicie los contactos.

Le hablo también de las propuestas de modificación de los coeficientes de caja y de Deuda Pública de la banca y de las cajas de ahorro, y el impulso liberalizador que representan.

21 de julio de 1988

Llevo al Consejo de Ministros los ceses de Miguel Ángel Fernández Ordóñez y de Guillermo de la Dehesa, que serán sustituidos por Antonio Ruiz Ligero y Pedro Pérez, respectivamente. Del equipo inicial ya sólo queda Pepe Borrell en su secretaría de Estado.

Empiezan, a segundo nivel, los diálogos de la concertación social con más pena que gloria.

22 de julio de 1988

Al haber sido designado miembro del Comité Federal en el último congreso regional del PSN por la cuota de Navarra, acudo por primera vez a la reunión de este órgano.

10 de agosto de 1988 (y días siguientes)

Escribo estas notas en el Puerto de Santa María. Con ellas trato de poner en orden algunas de las cosas que han pasado en los últimos meses.

En paralelo al embrollo bancario de las fusiones hemos ido avanzando en el proceso de reforma estructural de nuestros mercados financieros. A fines de 1987 se aprobó la Ley de Disciplina del Banco de España que, de hecho, constituye algo parecido a una ley de ordenación de la actividad bancaria con espíritu liberal que permite la homogeneización del tratamiento de control e inspección así como el de garantías exigibles a todos los intermediarios financieros y rompe con las barreras artificiales a la competencia que generaba la supuesta especialización de las instituciones, permitiendo en general el acceso a dichas actividades por parte de todos los presentes en el mercado, aunque cumpliendo siempre determinados requisitos.

En este terreno, la aprobación de un decreto modificando el procedimiento para la creación de nuevos bancos y de otro sobre libertad de expansión geográfica de las cajas de ahorro, que se producirá en los próximos meses, completa la Ley de Disciplina y mejora sustancialmente la competencia en el campo de la intermediación financiera en el interior de España. El siguiente paso tendrá que esperar seguramente hasta 1992, cuando, en aplicación de la directiva comunitaria recientemente aprobada de liberalización de los movimientos de capitales, haya que extender esta libertad de competencia al conjunto de las instituciones financieras de los países miembros de la CEE.

Al mismo tiempo, y en previsión de tales acontecimientos, he propuesto ya en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos un sistema de reducción paulatina (que concluirá antes de 1992) del único coeficiente obligatorio de inversión que sobrevive (el de Pagarés del Tesoro). Para compensar el mayor coste que puede suponer para el Tesoro esta operación de liberalización –conviene no olvidar que al estar el dinero negro privado en Pagarés del Tesoro su tipo de interés es muy inferior al de los títulos públicos de madurez semejante– he cursado órdenes para que el Banco de España modifique el cómputo del coeficiente de caja de la banca en el Banco de España, ahorrando de este modo unos 70.000 millones de pesetas al año al banco emisor. Esto se traducirá en mayores beneficios del Banco de España, que se aportarán al Presupuesto del Estado.

No menos importantes que estas modificaciones son las que van a producirse en los mercados de capitales españoles como consecuencia de la nueva Ley del Mercado de Valores que conecta todas las bolsas, legisla también sobre valores incorporados no a títulos, sino a nuevas anotaciones en cuenta, crea la Comisión Nacional del Mercado de Valores y termina con la inexplicable situación de privilegio de los agentes de cambio y Bolsa abriendo la intermediación en el mercado a sociedades y agencias de valores (brokers y dealers en jerga anglosajona). Aunque los agentes se han removido un poco a consecuencia de esta modificación, lo cierto es que, como los banqueros en lo suyo, no han tenido otro remedio que aceptar la reforma del Gobierno. Debo añadir que la elección del momento para llevar a cabo ésta ha sido adecuada: después de ganancias en la Bolsa y de pingües beneficios para los agentes, ellos eran conscientes de que no podían resistir ante la opinión pública una batalla frontal con el Gobierno en defensa de lo que todo el mundo considera un privilegio poco fundamentado.

También se ha racionalizado el crédito oficial, buscando nuevos sistemas de financiación del mismo al tiempo que se eliminaba el coeficiente de inversión obligatoria.

La elaboración de todas estas medidas de reforma liberalizadora, su discusión en el Consejo de Ministros y su trámite por el Parlamento han sido trabajosos. Una vez más, se demuestra que, en materia de liberalización y delegación desde el Gobierno del poder ejecutivo a otras instituciones públicas con mayor y más directa representación de la sociedad y un mayor grado de autonomía en el ejercicio de sus funciones, no se encontrarán muchos aliados ni en este Gobierno ni en este partido, ya que para la mayoría de los componentes de uno y otro resulta incomprensible que un Gobierno como el nuestro legisle en dicho sentido. Detrás de cada operación se busca algún beneficiario inconfesable (la gran banca, las sociedades mediadoras, el Banco de España, tales o cuales personas que no son de su agrado) o un contubernio vergonzante. En realidad, bajo la capa de una supuesta pureza ideológica, lo que hay es un simple problema de seguridad y un vulgar deseo de mangoneo en los diversos cargos. Estoy seguro de que en este sentido el Gobierno actual no es diferente de cualquier otro, y que estos recelos y estos prejuicios forman parte de un código universal de comportamiento en todo centro de poder como es un Gobierno, en todas las latitudes y con todas las ideologías.

Así ha transcurrido la primera mitad de 1988 en medio de grandes transformaciones financieras que se siguen produciendo en un ambiente de fuertes entradas de capitales desde el exterior y de una extraordinaria euforia en los ambientes económicos sobre las posibilidades de futuro de España, lo que ha producido una profunda transformación de la imagen de este país en el extranjero, demasiado rápida para que podamos asimilarla sin riesgos.

La prensa internacional (Newsweek, Financial Times, Business Week, Herald Tribune, The Wall Street Journal, etcétera) ha coincidido en considerar a España el país que mejor lo está haciendo en la vieja Europa y tanta coincidencia ha llevado a hablar de la «moda España». En todo caso, lo cierto es que siguen lloviendo ofertas importantes de inversión en España y que, quizás por la unanimidad que existe fuera de nuestras fronteras, empieza a abrirse paso en el interior el reconocimiento del éxito de la política económica del Gobierno socialista. Cada vez hay menos medios de comunicación que nieguen tal éxito o que quieran atribuirlo exclusivamente a la casualidad, a una situación económica internacional menos crispada que durante la época de los shocks petroleros de los primeros años ochenta o a cualquier otro factor ajeno al control y a la voluntad gubernamental. Cada vez ponen menos énfasis en este tipo de argumentos, convencidos seguramente de su inutilidad política.

Tan sólo quedan los sindicatos en el sector de «no reconocimiento» de la situación y mucho menos de los méritos que el Gobierno haya podido contraer en la consecución de la misma. Durante algún tiempo fueron acompañados por la patronal, tratando ésta de proporcionar argumentos a la oposición de derechas igual que los sindicatos tratan de proporcionárselas a los partidos de izquierdas y a los propios militantes del PSOE. Pero no pasó mucho tiempo sin que alguien le dijera a José María Cuevas y a los demás miembros de la patronal que corrían el riesgo de hacer el mayor de los ridículos si seguían obstinados en negar la realidad o en hacer juicios desequilibrados sobre la misma, valorando en mucho las dificultades que todavía subsisten y en poco los logros alcanzados.

De esta manera, cuando el sentimiento de optimismo económico es general, cuando la gente siente que se están produciendo cambios profundos e irreversibles en la estructura económica y en el entramado institucional que soporta la economía española, y cuando España se está homologando, ahora de verdad, a Europa día a día, los sindicatos españoles niegan que todo esto se esté produciendo. Hacen críticas poco fundamentadas al desarrollo que estamos experimentando e incluso empiezan a expresar sentimientos ambiguos («la democracia no le prueba bien a la política social»), alejándose cada día más del sentir general y perdiendo credibilidad frente a todo el mundo, salvo ante algunos periodistas profundamente ignorantes de la economía y supuestamente ortodoxos cuidadores de las esencias de la izquierda. A la vista de la situación actual, uno no puede evitar recordar los problemas del análisis de la izquierda que había perdido la guerra y desde el exilio soñaba con producir una huelga general revolucionaria olvidada de la verdadera fuerza de las organizaciones obreras, pero sobre todo engañada por la aplicación de esquemas de análisis rígidos y falsos que no tomaban en cuenta el grado de transformación que la economía y la sociedad españolas estaban experimentando, a caballo entre la década de los cincuenta y los primeros años sesenta, a pesar, en aquel caso, del franquismo.

El hecho, sin embargo, es que después de un crecimiento del 5,2 % en 1987 repetiremos una tasa semejante en 1988, sin que el deterioro de la balanza de pagos nos produzca por ahora graves problemas ni la inflación se relance (aunque cada día resulta más difícil reducirla por debajo del 4 % anual con un déficit público creciente) y con fuertes aumentos del empleo. Pero, mejor que lo anterior, es saber que todo ello se produce en un clima de confianza en el futuro recuperado, de optimismo histórico cada vez más generalizado sobre el papel de la importancia creciente que España puede tener tanto en la CEE como en América Latina y de reconocimiento de esto mismo por parte de la opinión pública internacional.

A pesar de las incomprensiones sindicales, a pesar de que se mantendrá la conflictividad social (cada vez con más base estratégico-política y menos base económico-social), el problema de la política económica actual consiste en adquirir suficiente perspectiva a medio plazo no sólo para precaverse frente a determinados riesgos, sino sobre todo para llevar a cabo una administración adecuada del desarrollo económico que asegure un periodo tan largo como sea posible de crecimiento equilibrado y que, al menos, nos sitúe en el año 1992 (final del periodo transitorio de nuestro acceso a la CEE y comienzo del mercado único comunitario) en una posición de competencia y aprovechamiento máximo de la situación. Para esa época también deberíamos haber reducido considerablemente la tasa de paro y, al mismo tiempo, aproximar su manifestación estadística a la realidad social, eliminando mucho de la actual economía sumergida o desarrollada en condiciones irregulares.

Para llevar a cabo esta política económica, conseguir dichos objetivos (el máximo crecimiento compatible con el mantenimiento cíclico de los equilibrios internos y externos) y al mismo tiempo crear, en esas condiciones, el máximo de empleo posible sigue siendo fundamental la moderación salarial, la flexibilización de los mercados de factores (trabajo y capital), la liberalización económica hacia el exterior (al ritmo que impone nuestro tratado de adhesión a la CEE e incluso, como lo venimos haciendo, a ritmos más rápidos) y, ahora, el desarrollo muy rápido de las infraestructuras, cuya situación actual después de muchos años de insuficiente inversión pública amenaza con convertirlas en un cuello de botella para el desarrollo de España.

Hay otros aspectos importantes sobre los que conviene reflexionar. Como ya he señalado, la apertura del XXXI Congreso Federal del PSOE en los últimos días de enero de 1988 coincidió con el anuncio de la fusión entre el Banco de Bilbao y el Banco de Vizcaya en plena efervescencia de la lucha por el poder dentro de la banca. Quizás por ello, aunque también porque nadie esperaba grandes cambios en la línea política del PSOE provenientes de las ponencias y debates del congreso, éste quedó más bien devaluado en su imagen pública. En efecto, el XXXI Congreso no aprobó nada inquietante en el sentido de que supusiera compromisos que coartaran la libertad de maniobra futura del partido o del Gobierno. El establecimiento de la cuota del 25 % en los cargos orgánicos y de representación para las mujeres fue, sin duda, el acuerdo más espectacular de dicho congreso.

Desde mucho antes del XXXI Congreso (de hecho, desde las elecciones municipales de 1987), durante éste y en los meses siguientes lo que sí constituía un tema de preocupación y de continua especulación era la remodelación del Gobierno. Remodelación que se entendía que podía producirse en una doble vía: cambiándome a mí y modificando las líneas generales de la política económica (y subordinando ésta a otros aspectos de la política general del Gobierno), en cuyo caso se entendía que era un cambio en profundidad, o sustituyendo simplemente aquellas de las piezas del Gobierno cuyo desgaste era más evidente.

Como ocurre siempre que se producen este tipo de situaciones, los diversos periodistas y líderes sociales se aprestaron a contribuir mediante sus escritos y declaraciones a labrar la ruina política de aquellos ministros que más detestan. De ese modo, las intoxicaciones se multiplican y pueden alcanzar grados desproporcionados cuando algunos de los miembros del Gobierno o de los dirigentes del partido del Gobierno deciden entrar en el mismo juego bajo la garantía de confidencialidad.

En la medida en que esta situación se prolonga, los ministros más señalados, o los que lo son con mayor nivel de coincidencia, para dejar su puesto en la crisis comienzan a ponerse nerviosos y a perder el norte de su actuación cotidiana. Resienten la pérdida de autoridad en su propio entorno y, buscando cambiar la situación, se sienten inclinados a tomar medidas que en otras circunstancias nunca hubieran tomado. Por todo ello, si se desea mantener la impresión de un claro propósito en la labor de gobierno, no es conveniente dejar que estas situaciones se prolonguen. He podido comprender la disposición negativa de Felipe González a provocar una crisis o una simple remodelación en el Gabinete sólo porque tales o cuales medios de comunicación lo dicen (o incluso parecen exigirlo). Sin embargo, es muy peligroso que, para evitar que «le hagan a uno la crisis», se permita que «le hagan a uno» la imagen desoladora de un Gobierno sin rumbo y sin fe en su propio programa.

Y esto era, en cierto modo, el riesgo que se corría desde el otoño de 1987. La labor del Gobierno fue ralentizándose, excepto quizás en el área económica, pero en todo caso reduciendo significativamente su importancia a los ojos de la opinión pública. Una ley tan importante como la de Demarcación y Planta de la Administración de Justicia, base sobre la cual debería desarrollarse la reforma en profundidad de la misma, pasaba desapercibida seguramente por la débil situación política del ministro Fernando Ledesma. El importante primer Plan Nacional de Investigación Científica y Técnica –que, por otro lado, tiene demasiados inconvenientes burocráticos– fue aprobado y presentado en sociedad por el propio presidente del Gobierno sin pena ni gloria. Algo más de atención atrajeron las leyes del Mercado de Valores, la de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito y la de Reforma de la Financiación de las Haciendas Locales así como la de reforma de la «reforma» de la Administración Pública, que, sin embargo, no fue una disposición audaz que nos permitiera recoger velas en donde nos habíamos equivocado en el pasado.

Cuando se hizo el balance de los resultados económicos de 1987, los mejores desde 1974, y se fue extendiendo la opinión –gracias en gran medida a las valoraciones provenientes del extranjero– de que la economía española estaba viviendo una etapa de fuerte crecimiento, la mayor parte de los comentaristas descartaron que el cambio de Gobierno pudiera afectarme a mí o implicar un cambio en profundidad de la política económica. Sin embargo, la actuación decidida del Gobierno en una materia que algunos consideraban intocable (por el respeto debido a los llamados poderes fácticos), como era el mundo financiero, removiendo los cimientos en los que se basaban los intereses de las familias del capitalismo financiero español o aquellos otros que habían hecho de los agentes de Cambio y Bolsa una casta privilegiada, constituía una señal inequívoca de que en esa área al Gobierno no le faltaban ideas ni carecía de la fuerza o el propósito necesarios para llevarlos adelante. Con ello creo que la solidez de mi posición dentro del Gobierno fue abriéndose paso con el transcurso de los primeros meses de 1988 y después de la última remodelación gubernamental se ha afianzado todavía más.

En el pasado mes de julio Actualidad Económica publicaba los resultados de un sondeo entre profesionales y empresarios sobre quién tenía mayor poder en España. Es un trabajo que vienen publicando desde hace unos cuantos años y cuyos resultados son muy sugerentes sobre la posición de poder del Gobierno. Por ejemplo, durante el periodo de Gobierno de UCD (con Suárez y Calvo-Sotelo como presidentes) no siempre el presidente del Gobierno era considerado como la persona con más poder en la escena política española (siendo desplazado de este puesto en algún año por el jefe de la oposición, Felipe González). Cuando se hizo el sondeo de 1983, en el primer año de gobierno socialista, el ranking era Felipe González, Miguel Boyer y Alfonso Guerra, y luego, hacia el séptimo u octavo puesto, venía yo, entonces ministro de Industria (conviene decir que en 1982 el segundo miembro del Gobierno que aparecía en la lista era Juan Antonio García Diez, entonces vicepresidente del Gobierno, en el vigésimo puesto). Conviene también señalar que en 1984, cuando Boyer aparecía en el máximo de su poder e influencia, éste llegó a desplazar a Felipe González del primer puesto, como, desde el primer recuento con Gobierno socialista, había hecho con el vicepresidente. Después de la crisis de 1985, Felipe González y Alfonso Guerra vinieron ocupando el primer y el segundo puesto, con avances en la lista de los sindicalistas, especialmente a partir de las graves tensiones de 1987, apareciendo yo generalmente entre los puestos quinto y décimo. Este año, sin embargo, por primera vez aparezco yo inmediatamente después del presidente del Gobierno y ligeramente por delante de Guerra.

Dejando a un lado la indudable fragilidad y sesgo de este tipo de encuestas, los resultados son, tanto por el momento en que se lleva a cabo la encuesta como en el que se publica (junio-julio de 1988, momento en el que se estaba gestando la crisis y se produce la remodelación gubernamental), significativos de la opinión de los «informados» sobre la situación actual dentro del propio Gobierno. Pero también muestran la mala situación que está atravesando Alfonso Guerra después del incidente de la Semana Santa de 1988 con un Mystère. Este incidente ha permitido poner en marcha toda una campaña de denuncia de los puntos débiles del vicepresidente al tiempo que trata de ser también una campaña de denuncia de la «nueva clase dirigente». Corrupción, amiguismo, tráfico de influencias son acusaciones permanentes y su efecto sobre la intención de voto al PSOE se ha hecho notar, bajando por primera vez en la primavera pasada del 40 % de los votos potencialmente emitidos.

Esto me lleva a considerar un tema que me preocupa mucho: la corrupción y cuál es en estos momentos la imagen del Gobierno. Las primeras críticas en este sentido aparecieron en los años 1984-1985 cuando el proceso de reprivatización de las empresas de RUMASA se encontraba en su punto álgido. Tantas y tan rápidas ventas de empresas, la mayor parte de ellas con un patrimonio neto negativo y, por tanto, sin auténtico valor real, tenían que suscitar recelos y sospechas que los frustrados en los remates se encargarían de difundir entre quienes estaban ya predispuestos a escucharlas. Sin embargo, el proceso de reprivatización fue, desde el punto de vista jurídico y ético, ejemplar. Ninguna presión, conocimiento previo o influencia presunta tuvieron nada que ver con el resultado de la reprivatización y los adjudicatarios elegidos en cada uno de los casos. Incluso en el más famoso, la reprivatización de Loewe, cuya venta al grupo español encabezado por el propio Enrique Loewe (anterior propietario de la empresa y luego socio minoritario de Ruiz Mateos) se atribuyó a la influencia de Isabel Preysler, quien sería con el tiempo la segunda esposa de Miguel Boyer, lo cierto es que fue decidida en contra de la voluntad de éste (que temía, obviamente, tal interpretación) por el Consejo de Ministros, que prefirió perder algo de dinero en la oferta con tal de que dicha empresa quedara en manos españolas, pues era la única marca de moda con prestigio internacional de que disponía España. Lo que sí hubo fueron errores, algunos tan significativos como en el caso de Hispano Alemana de Construcciones; y otros menores por incumplimiento por parte del comprador de algunos de los compromisos estipulados en las cláusulas del contrato, o simplemente porque, a pesar de sus avales, el comprador no era digno de confianza en algunos casos.

La operación de reprivatización de las empresas de RUMASA –llevada a cabo con diligencia y celeridad– tuvo la virtud de evitar la instalación en el área del sector público de un conjunto de empresas heterogéneas, con pérdidas en la mayoría de los casos y que hubieran lastrado los Presupuestos del Estado durante un largo periodo de tiempo. También dejó en claro ante los inversores nacionales e internacionales que no había un propósito nacionalizador por parte del Gobierno en la intervención de RUMASA.

Un personaje menor, de moralidad dudosa, ha actuado en permanente denuncia en este proceso reprivatizador. Aparte de mostrar que algunas de las operaciones de venta no han sido brillantes, no ha conseguido probar absolutamente nada que ponga en tela de juicio la honestidad del Gobierno. Este diputado por Alianza Popular, Luis Ramallo, que utiliza habitualmente los mismos argumentos que usan los abogados y asesores jurídicos de Ruiz Mateos en su contraofensiva, se comporta como un bufón a quien la tendencia al amarillismo de la prensa y la falta de responsabilidad de su partido y de su grupo parlamentario le han permitido hacer una carrera sobre la base de insinuaciones, sospechas, acusaciones infundadas y calumnias probadas.

No obstante lo anterior, es el propio aspecto histriónico del personaje, la zafiedad en las formas de la que hace gala, lo que produce que sus campañas carezcan de credibilidad y tan sólo sean jaleadas, con el mayor de los cinismos electorales, desde determinada prensa –especialmente la próxima a la Iglesia y al Opus Dei– sin que la mayor parte de la opinión informada se tome en serio sus críticas, más propias del periodismo de escándalo (que no de denuncia) que de la crítica política.

Por ocho votos contra cuatro y con la abstención de su presidente, el Tribunal de Cuentas aprobó un informe sobre el proceso de reprivatización que pone de manifiesto que no se han producido irregularidades a lo largo del mismo. Ramallo no ha tardado en decir que la mayoría de los miembros del Tribunal de Cuentas se habían plegado a los deseos del Gobierno, poniendo en duda la imparcialidad y el criterio independiente del órgano supremo de control de la administración de los fondos públicos. Lo cierto es, sin embargo, que este Gobierno puede mirar tranquilo hacia la valoración que el futuro hará sobre la gestión de RUMASA y su reprivatización, porque nada extraño se ha producido a lo largo de todo este proceso, y cuando el oleaje del acoso al Gobierno socialista ceda –quizá porque ya no esté el PSOE en el poder– quedará fuera de toda duda la honestidad con la que se ha llevado a cabo todo el asunto RUMASA. Pero mientras tanto, es inútil luchar para que resplandezca la verdad en este tema. Una gran parte de los medios de comunicación no tiene ningún interés en que la verdad salga a la luz; siempre es más interesante tener en la recámara una fuente de posible «escándalo» –con o sin fundamento– para vender ejemplares que la poca atractiva tarea de informar sobre hechos comprobados.

Al margen de esta gran operación, sí que he visto con aprensión la aparición de intermediaros en operaciones de inversión y de comercio exterior que decían facilitar esas cosas por sus especiales relaciones con el PSOE o con miembros del Gobierno. Ni como ministro de Industria ni en mis actuales competencias en Economía y Hacienda he tenido contacto con ellos (con una excepción en Industria, donde, acabada una reunión que me había solicitado uno de éstos, le transmití que no volviera a ponerse en contacto conmigo o a pisar el Ministerio), pero ello no significa que no existan prácticas corruptas (quizás mucho menos en la Administración Central que en ayuntamientos y comunidades autónomas, particularmente en construcción de viviendas y quizás en obras públicas) y que no lleguen continuamente rumores de actuaciones de algunas personas que dicen estar relacionadas con la financiación del partido. La escuela realista dice que esto pasa en todos los países. Yo digo que esto es, hoy por hoy, lo único que puede llevarse por delante al PSOE.

Pero volvamos sobre la remodelación gubernamental de los primeros días de julio de 1988. Desde que terminó el XXXI Congreso Federal, Felipe González empezó a darle vueltas a la posible reorganización ministerial y, de no haber mediado el conflicto de los profesores de la enseñanza pública que puso contra las cuerdas a José María Maravall (a quien sorprendentemente nadie ha defendido o apoyado en sus malos momentos, ni profesores universitarios progresistas ni sindicatos de enseñantes ni la intelectualidad), pienso que la hubiera llevado a cabo un par de meses antes. Sin embargo, la coincidencia de estos conflictos retrasó la decisión que, por otra parte, seguramente hacía tiempo que había adoptado: el sacrificio de Maravall y de Ledesma. En estas circunstancias, ya no era fácil oponerse a los deseos de José Barrionuevo de abandonar su puesto, aunque no sería fácil encontrar un sustituto. Con ello, pues, quedaba centrado el núcleo de la crisis y, a continuación, había que decidir las sustituciones en el equipo económico, que sólo si se extendían al Ministerio de Trabajo, como era mi deseo, hubieran tenido un trasfondo político importante (dejando de lado mi salida, desde luego).

Después de haber reiterado al presidente del Gobierno la necesidad de producir la remodelación gubernamental en bastantes ocasiones durante la primavera, sugiriendo el 30 de junio como fecha límite, el día 4 de julio, a la vuelta de Santander, a donde me había desplazado para pronunciar el discurso inaugural del curso de verano de la UIMP, me llamó Felipe González a casa diciéndome que lo tenía ya todo resuelto e invitándome a almorzar al día siguiente como ya he comentado anteriormente.

1 de septiembre de 1988

Despacho con el presidente del Gobierno para preparar la discusión de los Presupuestos en los consejos de Ministros del mes de septiembre. Le hablo también del margen de maniobra de que disponemos para resolver los habituales conflictos con los ministros que se consideran maltratados: 240.000 millones de pesetas. Le enfatizo la necesidad de discutir inmediatamente el presupuesto de la Seguridad Social, que es donde se centran todas las tendencias peligrosas.

Llevo también propuestas de nombramientos: la renovación de Enrique Fuentes Quintana y Manolo Olivencia como consejeros del Banco de España, Juan Aracil como interventor general del Estado (tuvo un problema con el PSOE cuando estábamos en la oposición y estoy seguro de que Guerra criticará el nombramiento, que, sin embargo, es muy justo y apropiado, por eso quiero que el presidente le proteja). Le comento, en fin, que Boyer prefiere continuar en el Banco Exterior y que sigo adelante con la alternativa de la que le hablé en nuestro último despacho para la CNMV y la Compañía Telefónica.

2 de septiembre de 1988

Telefónica propone entrar en la compañía de teléfonos argentina. Mi opinión es favorable y así se lo comunico al presidente del Gobierno, que también está de acuerdo.

6 de septiembre de 1988

Convocados por Felipe González, nos hemos reunido en la Moncloa el ministro de Trabajo, Manuel Chaves, la ministra de Asuntos Sociales, Matilde Fernández, el ministro de Sanidad, Julián García Vargas, y yo para acordar las líneas del presupuesto de la Seguridad Social. Hemos llegado a acuerdos sin dificultad.

8 de septiembre de 1988

Empiezan a especular en la prensa sobre mis dificultades para elaborar unos Presupuestos que reduzcan el déficit y al mismo tiempo satisfagan a los sindicatos (concertación social), a los funcionarios y a los diversos ministerios. Una vez más se transmite la impresión de que estoy «solo ante todos». Se propaga también la intoxicación de que «el PSOE fiscalizará los Presupuestos de Solchaga». Cosas de Guerra, supongo...

12 de septiembre de 1988

Desde la CEOE se anuncia su disposición a pactar salarios por encima de los niveles que recomienda el Gobierno. Lo critico. Me reúno con la Ejecutiva del PSOE para informar de las líneas generales de los Presupuestos. No hay problemas. Todos los que se manifiestan lo hacen claramente a favor.

16 de septiembre de 1988

Reunión informal del ECOFIN en Creta. Se van aproximando posturas más flexibles sobre la armonización de la imposición indirecta, pero aún queda mucho camino por recorrer. Sigo insistiendo machaconamente en la necesidad de no ser rígidos en la resolución de este asunto. El ministro de Hacienda inglés Nigel Lawson está a punto de interrumpir su estancia en la isla por unas declaraciones de Margaret Thatcher en Londres. Algunos anuncian su salida del Gobierno británico. El Comité Monetario de la CEE considera «impresionante el comportamiento de la economía española según todos los criterios».

Sin embargo, le diré al presidente cuando nos veamos que el crecimiento de los precios en julio y agosto ha confirmado mis peores temores sobre la inflación. Hay que poner rápidamente en marcha una política de enfriamiento gradual de la demanda. Felipe González está pidiendo también contención salarial. Los sindicatos se crecen con los nuevos datos de inflación (el primer revés económico serio desde que he llegado al Ministerio de Economía y Hacienda). UGT solicita mi dimisión.

20 de septiembre de 1988

Almuerzo-despacho con el presidente del Gobierno. Comentamos mis preocupaciones sobre inflación y salarios. Habrá que retocar al alza de nuevo los tipos de interés.

21 de septiembre de 1988

Debate de totalidad en el Congreso de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (se rechazan nada menos que nueve enmiendas a la totalidad). La ley puede seguir adelante.

Tensiones en el Gobierno de cara a los Presupuestos: con Almunia y Chaves, por los salarios de funcionarios y las pensiones; con Romero, por la política agrícola. Más grave es la diferencia que existe entre Joaquín Almunia y yo. Como, a la vista de la inflación en los primeros meses del año, yo había adelantado un objetivo gubernamental para 1989 del 3 %, él hizo esa oferta a los representantes de los funcionarios en sus negociaciones con éstos. Ahora que yo he revisado al alza el objetivo hasta el 4 % él no quiere desdecirse y expone sus puntos de vista de manera bastante convincente en el Consejo de Ministros, obligándome, para rematar sus negociaciones, a que en el cuadro macroeconómico que acompaña a los Presupuestos figure la tasa de inflación esperada para 1989 en el 3 %. Seguramente también hay un poco de revancha por su parte en esta discusión. El caso es que finalmente acepto mantener el 3 % como objetivo de inflación a pesar de su manifiesta imposibilidad.

Es un error del que soy consciente tras conocer los últimos datos de precios. Pero tampoco puedo ser concesivo ahora que se están preparando los Presupuestos y existe un clima de fuerte presión sindical. Advierto sobre los efectos que tendrá una subida excesiva de los salarios en la dirección de la política monetaria.

25 de septiembre de 1988

La Vanguardia titula un editorial «Solchaga y la dificultad de administrar la expansión». Está bien pensado.

Viaje a Berlín a la Asamblea anual del FMI y del Banco Mundial. Aprovecho para hacer una visita a Berlín Oriental. A petición suya, me entrevisto con Alfred Herrhausen, presidente del Deutsche Bank, un hombre inteligente y valiente. Comparte mis puntos de vista sobre los problemas de la deuda internacional de América Latina y cree que ha llegado el momento de aceptar una quita considerable si estos países han de recuperar el camino del crecimiento económico.

26 de septiembre de 1988

En la portada de ABC aparece mi foto, la de Chaves, la de Redondo y la de Antonio Gutiérrez con el titular: «Empresarios y sindicatos rechazan las medidas de Solchaga». Nadie quiere hablar de enfriamientos económicos ni de disciplina en la negociación salarial. El editorial lleva por título «Solchaga contra todos».

27 de septiembre de 1988

CC.OO. anuncia graves tensiones sociales. Apolinar Rodríguez (UGT) dice que el error del Gobierno en la previsión de la inflación fue deliberado por mi parte para ahorrar así gastos sociales. José María Cuevas critica mis declaraciones sobre política de enfriamiento y las del gobernador del Banco de España (después de la reciente subida de tipos de interés). Dice que «enrarecemos el clima social». Estas muestras de la prensa señalan la enorme dificultad de corregir a la baja los periodos de crecimiento excesivo.

1 de octubre de 1988

Presentación ante la prensa de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1989. Los ingresos crecerán cerca del 20 % y los gastos en tasas próximas al 15 %. El déficit por debajo de 1,2 billones de pesetas se presume equivalente al 2,8 % del PIB. Las cifras anteriores (los porcentajes de crecimiento) son mucho menores cuando se considera la desviación positiva de ingresos y gastos sobre lo presupuestado en 1988 (12,3 % y 11,5 % respectivamente). Es ahora, a lo largo de 1988, cuando han crecido de manera exagerada los ingresos y los gastos públicos.

Se aumenta considerablemente el gasto social. Pero, sobre todo, se incrementan las inversiones reales (39,6 %). Se trata de recuperar el retraso inversor de los últimos años antes de que llegue 1992. La idea, pensando en la competitividad, no es mala y hasta es alcanzable, pero habrá que hacerla compatible con la fuerte tendencia al aumento en el gasto social.

Aprovecho la presentación de los Presupuestos para anunciar que la inflación acabará en 1988 en torno al 5 % e insisto en la necesidad de reducirla al 3 % para 1989. UGT y CC.OO. consideran que los Presupuestos son «regresivos». No saben lo que dicen. O sí lo saben y por eso lo dicen.

3 de octubre de 1988

Mar Díaz-Varela anuncia en El Nuevo Lunes que la concertación social es imposible porque los sindicatos no la desean. Tiene razón. La CEOE, por su parte, dice que iniciará las negociaciones con los sindicatos sin tener en cuenta mis «veladas amenazas». ¡Pobres! Los sindicatos sólo quieren negociar con el Gobierno y cambiar la política económica: la negociación salarial con la patronal la tienen ya ganada antes de sentarse a la mesa.

4 de octubre de /1988

Recibo a Manuel Camacho (secretario del PRI mexicano). Veo también a Erich Honecker, último presidente de la República Democrática de Alemania, que está en visita oficial en España y que me parece un personaje tan arrogante como un junker prusiano. No admite comparaciones con otros países comunistas pues ellos «son alemanes».

Llego hoy en mi despacho a un acuerdo con el presidente de General Electric, Jack Welch, para las ayudas a la inversión en Cartagena de su empresa, sobre la base de los informes preparados por el secretario de Estado de Economía.

6 de octubre de 1988

Almuerzo con Felipe González, Francisco Fernández Ordóñez y Jacques Delors en Moncloa. El semestre que viene (el primero de 1989) le corresponde a España ejercer la presidencia de la CEE. Delors nos ofrece ayuda con la Comisión para desarrollar esa tarea. El presidente considera este tema de altísima prioridad. Se trata de ver si España y su Gobierno dan la talla en la tarea de coordinar la dirección política de la CEE, tarea que abordamos por primera vez en nuestra historia.

7 de octubre de 1988

Llevo al Consejo de Ministros el nombramiento de Luis Carlos Croissier como presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Tiene una gran tarea por delante. La oposición dice que es un nombramiento político, despreciando su capacidad profesional. Están totalmente equivocados.

11 de octubre de 1988

Como consecuencia de las negociaciones que, a petición suya, llevé a cabo con Enrique Iglesias, se firma en Moncloa el Fondo V Centenario con el BID por 500 millones de dólares. Pensado para la financiación de infraestructuras en América Central, será un soporte para las empresas de construcción y de ingeniería españolas.

Enfrentamientos con las cámaras de Comercio por mi pretensión de reducir la cuota de cotización obligatoria, que resulta costosísima para las grandes empresas al ser un porcentaje de las ventas. No parecen darse cuenta de la falta de base jurídico-constitucional de esa exacción.

18 de octubre de 1988

Visita de la reina de Inglaterra a Madrid. En la recepción, Gloria y yo estuvimos un rato solos con ella hablando de las costumbres españolas y de nuestra gastronomía. Estábamos fascinados escuchando su inglés.

19 de octubre de 1988

Acompaño al presidente del Gobierno y al ministro de Asuntos Exteriores a Suiza. Las discusiones siguen centradas en las relaciones CEE-EFTA después del desarrollo del mercado interior, pero el clima es muy positivo y no va a haber problema.

La inflación en septiembre, inesperadamente alta, deshace la previsión del 5 % para final del año. Ello aumenta la tensión con los sindicatos. También, por primera vez, la oposición parlamentaria tiene ocasión para poner seriamente en duda los pronósticos gubernamentales. Lo grave, de verdad, es que la inflación en los tres últimos meses de verano ha subido nada menos que tres puntos y la patronal sigue oponiéndose a una política monetaria que enfríe la situación.

25 de octubre de 1988

Debate de totalidad de los Presupuestos para 1989. Todos los grupos presentan enmienda a la totalidad y a todos, uno por uno, les voy contestando a lo largo de dos días. Muchas discusiones sobre errores de previsión del Gobierno (lo tienen fácil después del dramático repunte de la inflación que ni los servicios del Ministerio ni el Banco de España habían pronosticado). Mis argumentos de utilizar la moderación salarial para preservar la competitividad y aprovechar el mejor auge económico de los últimos tiempos no tienen recepción alguna en estas nuevas circunstancias.

Los funcionarios se manifiestan contra el Gobierno por los salarios previstos en los Presupuestos. CCOO y UGT comprueban que hay un terreno abonado para las movilizaciones. Empiezan a hablar de «huelga general» dentro de una estrategia de unidad sindical que cada día que pasa se consolida más.

En el debate parlamentario Ramón Tamames, citando a Justo Fernández (UGT) y a Pablo Castellano (exPSOE), me acusa de actuar en Bolsa con supuesta información privilegiada. Respondo con desprecio a los posibles acusadores, incluido el propio Tamames. El secretario de la UGT de Banca, Justo Fernández, contesta en la prensa, con su habitual demagogia y desvergüenza. No recuerdo haber hecho una sola operación en Bolsa desde que llegué al Gobierno en 1982. Sería lo último que se me ocurriría hacer. Por lo demás, tampoco tengo muchos ahorros.

30 de octubre de 1988

Cunde la impresión de que el clima general empieza muy lentamente a deteriorarse. Por primera vez se pone en tela de juicio, ahora sobre bases más objetivas, la política económica del Gobierno. La mayor fuente de deslegitimación y deterioro del Gobierno no es ni la opinión pública informada ni la oposición parlamentaria, que carece de credibilidad en este campo, sino los sindicatos. Pero a la crítica no le falta fundamento. El mayor fallo es no hacer una política fiscal más moderada. Pero los gastos sociales y las inversiones en los que estamos embarcados para 1992 hacen esto muy difícil en un momento de plenitud de ingresos.

1 de noviembre de 1988

El Euzkadi Buru Batzar (PNV) y el propio Xabier Arzalluz se muestran muy ofendidos porque en el debate de Presupuestos les haya yo acusado de utilizar su Gobierno de coalición con los socialistas vascos contra el Gobierno central. Reconozco que no fue muy correcto decirlo por mi parte, pero es evidente que tal coalición ha sido siempre utilizada de ese modo (o al menos para ventaja de los nacionalistas).

Por otro lado, Luis Ramallo, con su monotema de la privatización de las empresas de RUMASA, dice que si se vende ahora Galerías Preciados por 60.000 millones de pesetas yo sería «un sinvergüenza» (por que antes se vendió –en tiempos de Miguel Boyer– por muy poco dinero al Grupo Cisneros, quien más tarde la revendió al Grupo Mountleigh por unos 30.000 millones). La verdad es que no tengo ni idea de cómo se hicieron las distintas valoraciones en cada transacción, pues yo no estaba en el Ministerio de Economía y Hacienda entonces y es posible que los cálculos financieros de unos u otros estuvieran mal a la vista del cambio de la situación económica en España en los últimos tres años. En todo caso, el Gobierno hizo bien en desprenderse de la empresa sin poner dinero.

2 y 3 de noviembre de 1988

Cumbre hispano-portuguesa en Lisboa. Las relaciones entre los dos gobiernos son muy buenas.

8 de noviembre de 1988

ECOFIN en Bruselas. Después viajo a Viena para hablar una vez más de las relaciones EFTA-CEE, ahora con los austriacos.

13 de noviembre de 1988

Asisto a la reunión anual del Círculo de Economía en la Costa Brava (Lloret de Mar). En la rueda de prensa hago declaraciones sobre diversos temas y muestro un apoyo poco entusiasta al Plan de Empleo Juvenil, que tiene, en mi opinión, demasiadas resonancias corporativas que me gustan muy poco. Los sindicatos se sienten particularmente molestos por lo que les parece que es una intromisión del PSOE en su área de actuación y han empezado a hablar de un paro general de 24 horas con esa excusa.

Miguel Boyer, como ya me había informado hace unos días, deja el Banco Exterior para presidir Cartera Central. Cuando me informa de sus planes no le digo nada, aunque preveo toda clase de problemas.

17 de noviembre de 1988

Se conoce la esperada sentencia del Tribunal Constitucional sobre el carácter personal del IRPF y la inconstitucionalidad consiguiente del procedimiento actual de la acumulación familiar de rentas. Esta sentencia nos va a obligar a preparar una nueva Ley del IRPF, lo que implica el riesgo de crear un interregno un tanto caótico en la marcha del impuesto.

Otro tema enojoso tiene que ver con el tratamiento fiscal de las llamadas pólizas de Seguro de Prima Única. Ayer envíe una carta al presidente del Gobierno cuyo texto es el siguiente:

Querido Presidente:

Te envío un informe detallado sobre la problemática del Seguro de Prima Única y cómo éste fue utilizado de manera ilegal como un activo opaco a la actividad inspectora de la Hacienda Pública.

Como puedes ver en él, lo importante fue lo que pasó en 1986 y no en los años sucesivos en los que la situación pasó a regularizarse. Esto hace imposible atender las solicitudes de algunos de los implicados (compañías de seguros y bancos o cajas de ahorro matrices de las mismas) en el sentido de aceptar que la información se proporciona desde 1987.

Por lo demás, habiendo recurrido la mayor parte de dichas compañías al Tribunal Económico Administrativo Central el requerimiento de información del Ministerio, nos encontramos ya ante una mecánica insalvable. Ayer mismo dictó sentencia el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) desestimando el recurso de las primeras compañías, por lo cual se efectuará, en virtud de la misma, un nuevo requerimiento dando diez días para su respuesta y, transcurrido dicho plazo y cuando sea posible, se iniciará expediente sancionador.

Recibe un fuerte abrazo,

CARLOS SOLCHAGA

P.S: Merece la pena leer el informe. Es muy corto y está muy bien hecho.

Hoy hemos tenido debate de totalidad de las leyes de Estadística y de Crédito Cooperativo.

Se conoce el IPC de octubre –sigo los datos con ansiedad a la vista de la nueva situación–: la inflación acumulada se halla ya en el 5,1 %. La subyacente –5,8 %– sigue subiendo.

21 de noviembre de 1988

Veo a Mario Conde, que viene a contarme los problemas del Consejo de Banesto. Él sigue en plena pelea con Cartera Central, mucho más ahora que los Albertos le han sorprendido con la cooptación de Miguel Boyer para la presidencia de la misma. Yo procuro mantenerme al margen de estas peleas en el marco de una fusión en la que no creo gran cosa y en la que ninguno de los protagonistas despierta mi entusiasmo. A pesar de ello, la opinión «bien informada» está convencida de que estoy manejando los hilos de todo el asunto.

22 de noviembre de 1988

La salida inminente de Miguel Boyer de la presidencia del Banco Exterior de España obliga a pensar en su sustitución. Le he enviado al presidente del Gobierno la siguiente carta sobre el tema:

Querido Presidente:

Te escribo en medio del debate parlamentario de Presupuestos, que va transcurriendo en medio del mayor desinterés de crítica y público, con el único propósito de solicitar tu acuerdo a mi propuesta sobre la sustitución de Miguel Boyer en la presidencia del Banco Exterior de España.

Como te he venido diciendo, tres eran las posibilidades genéricas de sucesión en el cargo: la elección de un político puro, la elección de un bancario puro o una mezcla de estos dos «tipos ideales».

De entre los primeros, quizá los exministros son los que están mejor cualificados (por aquello de no desvestir a un santo para vestir a otro). Después de pasar revista a la lista de éstos, no se me ocurre otro que Julián Campo. No debo ocultarte, sin embargo, que no es una persona con la que yo me entienda. Tampoco creo que sea el hombre más indicado para hacer frente a las tareas de reestructuración que deben llevarse a cabo.

De entre aquellos que son personas políticamente próximas al partido o del propio partido socialista y que tienen ciertas características técnicas que les puedan hacer idóneas para ocupar el puesto, mis candidatos serían Miguel Angel Fernández Ordóñez (ahora en Washington D.C.) y Fernando Maravall, ambos, para su común desgracia, hermanos de sus hermanos, con el inconveniente para el primero (que se acaba de ir a Estados Unidos) de que su hermano mayor ya ha sido presidente de la entidad.

Finalmente quedan los profesionales puros que, por ser yo el proponente y tutelar de su futura actuación, pudieran contar con mi confianza personal. De entre ellos, mi candidato sería Francisco Luzón, una persona de unos cuarenta años que actualmente es director general y consejero del BBV y que proviene del Banco de Vizcaya. Es una persona en la que tengo una gran confianza porque la he visto actuar con mano dura y una tenacidad ejemplar en procesos de reconversión bancaria en el grupo del Banco de Vizcaya. Tuvo ya en 1985 la oferta de la presidencia del Banco Zaragozano (cuando también se le hizo a Rafael Martínez Cortiña, actual vicepresidente del Banco Exterior).

Déjame que te diga que éste último es mi candidato. Desde el punto de vista profesional y bancario es el mejor de los candidatos que se me ocurren, pero además en él concurren –o en su elección para ser más exactos– dos circunstancias hoy aconsejables: no se trata de alguien que recibe un premio de consolación a su carrera política, ni se trata de alguien que puede pretender emular el perfil de la personalidad del anterior presidente, Miguel Boyer. Finalmente, si lo hacemos rápido, cogeremos a todos por la espalda, lo que en materia de nombramientos es siempre particularmente gratificante.

Por ello es indispensable que actuemos con cierta rapidez. Ya está empezando a haber demasiados rumores (por lo demás, comprensibles) y en no mucho tiempo cualquier decisión será interpretada como una cesión a unos u otros intereses en vez de como un acto normal de nombramiento.

Un abrazo,

CARLOS SOLCHAGA

23 de noviembre de 1988

Nombro a Francisco Luzón presidente del Banco Exterior. Para ello, además de convencerle a él, he tenido que convencer a Pedro Toledo para que retire sus posibles obstáculos a la salida de Luzón del Banco de Vizcaya.

29 de noviembre de 1988

Despacho con el presidente del Gobierno. Después almuerzo, en visita de cortesía, con el Tribunal de Cuentas.

¡Vaya un mes! La inflación sigue mal. Fernández Marugán y Txiki Benegas –apoyados por Alfonso Guerra y con el visto bueno de Felipe González– siguen adelante con el Plan de Empleo Juvenil, dando la excusa a los sindicatos para anunciar una huelga general, y, encima, cae sobre nosotros la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el IRPF. La situación se sostiene gracias al fortísimo crecimiento económico.

6 de diciembre de 1988

Viajo a México con el príncipe de Asturias representando al Gobierno en la delegación española a la toma de posesión de Carlos Salinas de Gortari como presidente del país. Aprovecho para visitar Oaxaca y Cancún (Chichén Itzá). En todas partes me encuentro españoles que vienen a saludarme. El nuevo presidente Salinas se muestra muy amable y me reitera su propósito de mejorar sus relaciones con España. Hago declaraciones allí reafirmando el carácter meramente político de la huelga general recién convocada por los sindicatos y reconozco que no me sorprende el apoyo de UGT a la misma. Mis declaraciones sobre los cambios en la cúpula de UGT para mejorar sus relaciones con el Gobierno (siempre hipotéticas) causan problemas en España. Felipe González interviene apoyándome.

13 de diciembre de 1988

Visita del canciller austriaco, Franz Vranitzky. Con la delegación viene también mi colega de Hacienda y buen amigo Ferdinand Lacina. Tras la cena en Moncloa, y cuando se van despidiendo los invitados a las doce de la noche, se inicia la huelga general con el black-out de TVE. El efecto psicológico es tremendo. El triunfo de la huelga general está garantizado desde ahora. El Gobierno –yo el primero– no ha sabido manejar la amenaza de huelga.

14 de diciembre de 1988

Huelga general. Voy y vuelvo a la oficina por un Madrid fantasmagóricamente vacío. Después de seis años de éxitos generales en el Gobierno del PSOE, el resultado de la huelga general congrega con gran satisfacción a todos nuestros adversarios en torno a la misma. Los empresarios no sólo no se han opuesto a la huelga, sino que la han facilitado en muchos casos. Todos entienden que se trata de un fuego de artificio sin peligro que rebajará los humos del Gobierno.

Quizás fruto de la tensión de la huelga, he tenido un incidente con el portavoz de AP, Ramón Calero, en el hemiciclo. Aprovechando las patochadas de Justo Fernández (UGT) sobre mis inversiones en Bolsa, Calero me hizo una pregunta en la sesión de control al Gobierno. Contesté con dureza, pero sin perder la cortesía parlamentaria. Luego se acercó a mi escaño a decirme que, aunque había hecho aquella pregunta, en modo alguno tenía dudas sobre mi honestidad personal, a lo que le contesté que entonces era «un hijo de puta». El propio Calero contó el altercado en los pasillos del Congreso.

15 de diciembre de 1988

Felipe González reconoce en rueda de prensa que el éxito de la huelga general ha sido «un duro golpe para el Gobierno», y convoca a sindicatos y patronal para el 21 de diciembre. Los sindicatos contestan altaneros poniendo condiciones previas.

19 de diciembre de 1988

Defendiendo los Presupuestos en el Senado, reafirmo la validez de la política económica cuyo cambio exigen los sindicatos mediante el llamado «giro social» de la política del Gobierno. Pienso que si el Gobierno aceptara tal giro podría dar por acabado su mandato.

20 de diciembre de 1988

Debate sobre la huelga general en el Parlamento. Confuso y sin conclusiones claras, excepto la socorrida llamada a la «concertación social». Todos los grupos parlamentarios son ahora obreristas. Tiempo publica una encuesta según la cual casi el 80 % de los españoles cree que lo que hay que cambiar con mayor urgencia es la política económica. Me siento deprimido. En esta situación, muestro en el Consejo de Ministros mi preferencia por anticipar las elecciones a pesar de la próxima presidencia española de la CEE que empieza dentro de diez días. Felipe González y Alfonso Guerra no quieren ni oír hablar de ello. Por otra parte, en Tribuna, los guerristas, que con su agresividad contra la huelga han quedado muy afectados, tratan de distraer la atención atacando a la «gente guapa» del PSOE.

23 de diciembre de 1988

Hoy se han autorizado los primeros fondos de pensiones privados de acuerdo con la nueva ley. Los fondos y planes de pensiones deben ser un complemento al sistema público y universal de pensiones, que no podría sostener por sí solo las aspiraciones económicas de los jubilados con mayor nivel de ingresos.

29 de diciembre de 1988

Con el fin de paliar el vacío legal en materia de declaración conjunta del IRPF hasta que se haga la reforma total del impuesto, el Gobierno aprueba mi propuesta de un real decreto-ley con un nuevo sistema de declaración (individual o conjunta) de carácter optativo.

143. El 12 de julio de 1988 se hizo efectiva la remodelación del Gobierno, que quedó así: presidente del Gobierno, Felipe González Márquez; vicepresidente, Alfonso Guerra González; ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez; ministro de Justicia, Enrique Múgica Herzog; ministro de Defensa, Narcís Serra Serra; ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga Catalán; ministro del Interior, José Luis Corcuera Cuesta; ministro de Obras Públicas y Urbanismo, Javier Sáenz Cosculluela; ministro de Educación y Ciencia, Javier Solana Madariaga; ministro de Trabajo y Seguridad Social, Manuel Chaves González; ministro de Industria y Energía, José Claudio Aranzadi Martínez; ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Carlos Romero Herrera; ministro para las Administraciones Públicas, Joaquín Almunia Amann; ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones, José Barrionuevo Peña; ministro de Cultura, Jorge Semprún y Maura; ministro de Sanidad y Consumo, Julián García Vargas; ministro de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, Virgilio Zapatero Gómez; ministra de Asuntos Sociales, Matilde Fernández Sanz; y ministra portavoz del Gobierno, Rosa Conde Gutiérrez del Álamo.

1989

8 de enero de 1989

Empiezo el año enfrentándome por pequeñas diferencias en materia de competencia con Claudio Aranzadi. Pretendo que todas las grandes fusiones requieran la aprobación del Tribunal de Defensa de la Competencia. Esto a él le parece intervencionista. Sin embargo, es un caso de intervención para preservar el mercado. Él, por supuesto, está pensando en las empresas eléctricas públicas y privadas.

10 de enero de 1989

En un almuerzo con el presidente del Gobierno éste me transmite su intención de presidir él mismo la delegación del Gobierno que se reunirá con los sindicatos para hablar del «giro social» (los sindicatos están consiguiendo imponer su jerga).

Declaro a la prensa la disposición del Gobierno a negociar, pero también mis reticencias al cambio en la orientación de la política económica. También afirmo que el Gobierno ha descartado la convocatoria de elecciones con la que algunos venían especulando.

11 de enero de 1989

En Moncloa nos reunimos una delegación del Gobierno, presidida por Felipe González y con los ministros de Trabajo, Administraciones Territoriales y yo, con UGT y CC.OO., que llegan como a tierra conquistada después del éxito de la huelga general del 14 de diciembre pasado.

Felipe González se siente muy incómodo, pero sigue adelante con la agenda de la reunión a pesar de las impertinencias de los sindicatos, especialmente de Nicolás Redondo, que parece dispuesto a humillarlo, lo que le resulta imposible: es demasiado burdo para ello. González se niega a la solicitud de los sindicatos de que haya dos mesas de negociación, una para temas sociales y otra para temas de política económica. Ya tenemos experiencia en esta materia. Se acuerda igualmente como fecha límite para un posible acuerdo total o en algún punto concreto el 31 de enero de este año (20 días).

En materia de cobertura de desempleo, los sindicatos pretenden ampliarla a quienes, no habiendo cotizado nunca, no tienen derecho a ella en la normativa vigente (aprovechando que, por la buena coyuntura, el INEM está teniendo una situación de superávit) y llegar así a un porcentaje de cobertura del 48 %, regalando un modus vivendi a quien está fuera del sistema y neutralizando la pulsión para que entre en el mismo. Es un escándalo, pero el presidente, sin hablar de ningún compromiso de porcentaje, dice que podríamos estudiar el caso de algunos colectivos especialmente vulnerables, que hoy no están cubiertos a través de procedimientos asistenciales, sin poner en peligro el sistema contributivo. También insiste Felipe González en que, para el caso de los jóvenes, el Gobierno cree que hay que gastar el dinero en planes de empleo, y advierte que tenemos para todo esto una cantidad de dinero limitado: unos 60.000 millones de pesetas.

Nicolás Redondo responde airado, y la situación se pone muy tensa. Intervenimos Manolo Chaves y yo para, hablando de aspectos metodológicos, rebajar el nivel de enfrentamiento. No lo conseguimos, y al abordar el segundo punto, la mejora de las pensiones, es imposible debatir a fondo el asunto. Tanto Redondo como Saracíbar hacen consideraciones interesadas sobre el significado de la reciente huelga general que sólo muestran su frustración sobre lo que está resultando ser esta reunión y los frutos que esperaban sacar de ella. Finalmente, casi de modo esquemático, hablamos de salarios y de política económica y del llamado «giro social». A estas alturas de la reunión, ninguno esperamos ya nada de estas negociaciones.

A la salida, Felipe González declara liquidado el espíritu de concertación que prevaleció en la transición y hace una crítica durísima de la actitud de los sindicatos que es también fuertemente contestada por éstos. La ruptura entre el Gobierno del PSOE y los sindicatos es ya un hecho irreversible. Podrá haber en el futuro posibles acuerdos, pero nunca más, mientras el líder del PSOE sea Felipe González, confusión entre unos (los sindicatos) y otros (el PSOE y el Gobierno).

Aunque El Independiente publica que presenté mi dimisión entre el 14 y el 20 de diciembre pasado –cosa que no es verdad–, los sindicatos han llegado a la conclusión de que yo no soy la única bestia negra cuya cabeza debía haber rodado después de la huelga general, sino que es el propio Felipe González quien está claramente enfrentado con sus posiciones y en no menor medida que yo mismo.

13 de enero de 1989

Reunión del Comité Federal del PSOE. Ricardo García Damborenea se alinea con los sindicatos y con Nicolás Redondo. Es consciente de que, por la línea normal de acceso en el PSOE, él nunca llegará al Gobierno.

15 de enero de 1989

Aparece en El País una entrevista conmigo en la que hablo de la corporativización de los sindicatos. Mis declaraciones traen bastante cola, particularmente entre la beatería progresista.

Recibo a la comisaria europea Christiane Scrivener en mi calidad de presidente del ECOFIN. Está confusa y políticamente no la veo bien definida a pesar de ser una mujer inteligente.

17 de enero de 1989

Enrique Barón califica de disparates mis afirmaciones sobre los sindicatos. Nunca le he oído decir a Enrique nada distinto a lo que se espera de él. Por lo demás, tampoco se espera gran cosa.

20 de enero de 1989

Voy a un almuerzo multitudinario en el Club XXI como invitado especial. La expectación es enorme. Se apuntan al evento Rosa Conde, Jorge Semprún y Claudio Aranzadi. Son los únicos ministros claramente comprometidos conmigo (aunque Rosa Conde también se había apuntado al acto por ser ministra portavoz del Gobierno). Se llenan totalmente los salones de gente que está curiosa por saber cuál es la reacción del Gobierno a la huelga general en materia de política económica. A la salida, el público parece satisfecho con mis respuestas a las numerosas preguntas. He tratado de dejar en claro que el Gobierno no debe modificar las líneas generales de su política económica en las actuales circunstancias, aunque puede negociar algunos aspectos parciales en materia de gasto social. Jorge Semprún, con el que me entiendo particularmente bien, y Claudio Aranzadi tienen una concepción semejante a la mía sobre qué hacer en esta situación. Los guerristas nos miran cada vez con menos cariño a todos nosotros.

La inflación se escapa de las manos en diciembre, alcanzando la tasa anual del 5,8 %. Estamos en el peor momento, dada la nueva fortaleza política de los sindicatos para que ello ocurra. Empiezo a preparar mi mente para la idea de una fuerte subida de tipos de interés a lo largo del año. Diario 16 titula su editorial «Solchaga o el fracaso de un político». Parece un poco melodramático a la vista de los resultados económicos de 1988. Sólo porque la inflación haya acabado el año en el 5,8 % en vez del 4 % que era el objetivo del Gobierno.

23 de enero de 1989

Presido por primera vez el ECOFIN en Bruselas. Todo va bien. Después voy al Parlamento Europeo a explicar nuestras iniciativas en materia de economía y finanzas para el semestre de la presidencia española del Consejo. La reunión transcurre de manera positiva.

He recibido una carta de Alberto Cortina y Alberto Alcocer en la que cuentan una serie de trapacerías que, en su opinión, han hecho en Banesto para hinchar artificialmente el balance (como dar falsos préstamos a empresas del grupo que acaban engrosando los depósitos de la entidad) con el fin de exagerar el tamaño del banco frente al Central, donde se hallan estos señores con Cartera Central. También acusan a la dirección de Banesto de manipulación del precio de su acción para asegurar la paridad en relación al intercambio de las acciones de los dos bancos para el proceso de fusión.

He enviado la carta al Banco de España para que proceda según deba.

25 de enero de 1989

Presento los resultados económicos provisionales de 1988. Buen crecimiento (5 %) y buen déficit del Estado (3 % del PIB). Peores datos en precios (inflación) y balanza de pagos, ambos conectados al exceso de demanda interna y a la pérdida de competitividad como consecuencia de la inflación creciente.

Como ya he comentado en alguna ocasión, La Unión y el Fénix, La Caixa y Euroseguros (BBV) lanzaron un falso producto de seguro de «prima única» que venden como si sus rendimientos estuvieran exentos del IRPF, lo que no es verdad, pues en el fondo no se trata de un seguro stricto sensu, sino de depósitos a plazo. Se les advierte formalmente sobre lo inadecuado de su tratamiento fiscal, pero el producto ha tenido gran éxito y hablamos de mucho dinero para regularizar la deuda tributaria, lo que traerá problemas.

31 de enero de 1989

Recibo al vicepresidente del Gobierno de Corea del Sur.

Se aprueba en el Congreso de los Diputados el Real Decreto-ley de reforma parcial del IRPF para cubrir el periodo hasta que se apruebe la nueva reforma.

Anuncio en las Cortes subidas en el tipo de interés como consecuencia de la elevación del coeficiente de caja que el Banco de España ha adoptado con mi acuerdo. Se trata de moderar el crecimiento de la demanda interna y la inflación que se han salido de madre en la segunda mitad de 1988.

Por lo demás, creo que puede decirse sin temor a errar que se cierra el mes de enero sin ninguna perspectiva de alcanzar un acuerdo con los sindicatos, que piden el oro y el moro sobre todo en materia de cobertura del desempleo, a lo que me niego no sólo por razones de financiación y recursos sino también porque estoy convencido del grave daño que harían esas medidas a la oferta de trabajo. Sin embargo, algo habrá que hacer antes o después en materia de política social a pesar de que los Presupuestos para 1989 ya son generosos en este aspecto.

La mayor preocupación está en la nueva fortaleza política y psicológica de los sindicatos después de la huelga y en el enfrentamiento, ya a cara descubierta, entre Nicolás Redondo y Felipe González. Está en marcha un doble proceso: 1) La deslegitimación del Gobierno y del PSOE desde la izquierda; 2) Exigencias constantes destinadas a no satisfacerse por parte de los sindicatos que llevarán indudablemente al desorden en la negociación salarial y al exceso en el gasto público.

Intuyendo parcialmente todo esto y presionado por las condiciones objetivas –un gap de la demanda interior sobre el producto nacional no inferior a tres puntos del PIB, con un efecto nulo sobre el tipo de cambio (que se fija sobre todo en función de los tipos de interés y de las expectativas de los mercados internacionales de capitales después de la liberalización decretada de inversiones de los no residentes)– y por las demandas insistentes del Banco de España, que está preocupado y con razón por la marcha de la inflación, acepto el endurecimiento de la política monetaria no obstante reconocer el indeseable efecto de esto sobre el tipo de cambio, lo que acelerará inevitablemente a corto plazo el deterioro de la competitividad de la economía española.

Dos son las razones que avalan, sin embargo, esta decisión: en primer lugar, seguir sometiendo a la economía española al saludable desafío de la competencia exterior, que beneficia al consumidor y facilita una asignación más racional de recursos. En segundo lugar, el objetivo político de introducir en España la idea de que la competitividad se garantiza a través de la disciplina en la evolución de los costes y los márgenes de beneficios y no a través de las devaluaciones.

1 de febrero de 1989

El mes comienza con importantes subidas en los tipos de interés y caídas en la Bolsa. José Antonio Segurado (AP) y los sindicatos se muestran muy críticos. La CEOE no se pronuncia de momento.

Visita del ministro argelino de Comercio, Murad Medelci. Las relaciones con Argelia se van recomponiendo, pero con la caída del precio del petróleo ahora son ellos los que carecen de capacidad adquisitiva.

5 y 6 de febrero de 1989

Cumbre hispano-alemana en Sevilla. Vamos a la isla de la Cartuja y contemplamos la maqueta de lo que será en 1992 el recinto de la Exposición Universal. Al comparar la isla desierta y polvorienta donde se están llevando a cabo las primeras obras de infraestructura y la maqueta, Helmut Kohl no puede evitar un comentario de incredulidad.

13 de febrero de 1989

Reunión del ECOFIN. El tema fundamental es la armonización fiscal de las rentas de capital en la CEE. A la salida hago declaraciones a favor de la decisión de Alemania, que ha introducido una retención sobre las mismas con graves críticas del electorado. Reino Unido y Luxemburgo se oponen a cualquier intento de armonización fiscal en este terreno. Ambos defienden sus propios paraísos fiscales. Inglaterra en las islas del Canal y Luxemburgo en todo el Gran Ducado.

14 y 15 de febrero de 1989

Debate sobre el estado de la nación. Algunos entienden que Felipe González ha fortalecido mi posición en su discurso y en los distintos debates con los diversos grupos manteniendo los puntos de vista del Gobierno sobre la política económica anterior a la huelga.

20 de febrero de 1989

Visita del nuevo ministro de Hacienda de México, Pedro Aspe. Hablamos del apoyo de España a la propuesta del secretario del Tesoro norteamericano Nicholas Brady144 sobre la solución del tema de la deuda de México. Me comprometo a recomendárselo al presidente del Gobierno.

21 de febrero de 1989

El Tribunal Constitucional emite la sentencia definitiva sobre el IRPF. Será necesario ir a una reforma global. Advierto en unas declaraciones sobre la necesidad de retrasar el periodo de declaración al mes de septiembre en 1989 para poder adaptarnos a la nueva normativa.

22 de febrero de 1989

En medio de todo este lío, ABC me hace compartir su portada nada menos que con Miguel de Cervantes. Se inventan que quiero prohibir a los escritores el uso de su ingenio y de su pluma después de cumplida la edad de jubilación. ¿Será posible tamaña insensatez?

23 de febrero de 1989

Anuncio que si no hay concertación como todos los años por estas fechas ni pacto salarial no tiene sentido mantener un objetivo fijo de inflación, sino una actitud permanente de lucha contra la misma utilizando fundamentalmente la política monetaria. La presión que siento sobre mí es más fuerte que nunca. El enfrentamiento con los sindicatos más el endurecimiento de la política monetaria hace que el Gobierno no encuentre aliados prácticamente en ningún sitio (incluido el PSOE).

28 de febrero de 1989

Visita de Helmut Haussmann, ministro de Economía alemán. Es del Partido Liberal y ha sustituido a su correligionario Martin Bangemann. Me entiendo bien con él.

En el día de hoy Banesto y Banco Central han intercambiado cartas de renuncia al proceso de fusión. Seguramente era inevitable que esto, con Conde de por medio, acabara así. La tentativa, con todo, ha durado casi nueve meses. Veremos por dónde salen las cosas ahora.

2 de marzo de 1989

Siguen las críticas al Gobierno por la marcha de la inflación. Todo el mundo coincide en que la situación es delicada y en que el Gobierno se ha visto sorprendido por la magnitud del repunte inflacionista, todo lo cual es verdad. Pero nadie da remedios. Los más osados atacan la política monetaria restrictiva, pero no quieren ver los problemas que plantea la evolución del coste del factor trabajo. Mercado, Tiempo, Época, Tribuna y El Independiente publican críticas contra mí. Sólo Jesús Rivasés y Fernando Ónega me salvan de la hoguera.

8 de marzo de 1989

Anuncio nuevas medidas para apoyar la exportación. La balanza comercial se está deteriorando muy rápidamente. Asimismo confirmo que no se podrá tener la ley definitiva del IRPF en tiempo útil y que habrá que hacer una legislación provisional y transitoria para la declaración de 1988.

Comienzo con Virgilio Zapatero las consultas con los grupos parlamentarios para las modificaciones de los Presupuestos que se derivaron de los acuerdos alcanzados en el debate sobre el estado de la nación de febrero. Se trata de recortar 200.000 millones de pesetas, dando de baja algunos de los créditos aprobados en el último Presupuesto para aumentar el gasto social. Los primeros problemas son, como siempre, con los propios compañeros de Gobierno.

13 de marzo de 1989

Reunión del ECOFIN bajo mi presidencia. Vamos enfocando la nueva directiva bancaria que me gustaría que se aprobara durante la presidencia de España.

14 de marzo de 1989

Loyola de Palacio (PP) me interpela en el Senado sobre la ayuda a Venezuela para la compra de azúcar, financiada con un crédito del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD), que el Gobierno aprobó con urgencia para ayudar a Carlos Andrés Pérez, recién llegado a su segunda presidencia después de la revuelta de Caracas. El anterior Gobierno venezolano había dejado aparentemente desabastecida a la ciudad. En conexión con la oposición venezolana, lo cierto es que Loyola de Palacio está tratando de construir un culebrón con Fomento del Comercio Exterior (FOCOEX) como excusa para desacreditarnos a Carlos Andrés Pérez, a Felipe González y a mí en relación con esta operación en la que no se ha hecho sino cumplir instrucciones bien fundamentadas venidas desde la presidencia del Gobierno y aprobadas de manera reglamentaria. Loyola de Palacio y un ayudante suyo de baja estofa llamado Rafael Hernando están contando la historia de que mi mujer, Gloria Barba, que trabaja en FOCOEX, es la que decide, siguiendo instrucciones mías y del presidente del Gobierno, sobre la asignación de los fondos del FAD, desconociendo en absoluto los procedimientos de tomas de decisión en ese fondo de ayuda.

21 de marzo de 1989

Almuerzo con Jorge Semprún. Hablamos de la Colección Thyssen y sus negociaciones para que se traslade a Madrid. Me comprometo con él a una reunión conjunta con el matrimonio Thyssen (considera crucial la presencia de la baronesa). Quiere que sepan que yo también apoyo la operación.

28 de marzo de 1989

Hoy se ha conocido la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid en el caso de la artista Lola Flores. La sentencia la absuelve de los delitos fiscales y contra la Hacienda Pública de los que estaba acusada, y por los que el fiscal pedía dos años y un mes de cárcel para ella, aduciendo la existencia de un vacío legal en lo relativo a la declaración de la renta de los matrimonios. En el supuesto de que la decisión del tribunal sea ratificada por el Supremo, supone en la práctica la amnistía de los presuntos casos de delito fiscal cometidos por los casados. Esta decisión pone en tela de juicio la vigencia del propio delito como tal a la luz de la sentencia sobre el IRPF del Tribunal Constitucional y decidimos recurrirla.

Recibo la visita de Otto Lambsdorff. Sigue en la política alemana pero ya alejado de las principales responsabilidades.

31 de marzo de 1989

Al fin consigo el apoyo del PP y de los nacionalistas a los cambios presupuestarios para atender el mal llamado «giro social». Llevo las medidas, una vez consensuadas y a pesar del disgusto de algún compañero del Gobierno, al Consejo de Ministros de hoy.

Se cierra el primer trimestre del año con las consecuencias de la huelga general todavía coleando, una gran confusión en el sistema fiscal provocada por las sentencias judiciales, al tiempo que el repunte de la inflación de los últimos meses –ligeramente suavizado por los datos de febrero– y la necesidad de afrontar el recalentamiento económico llevan la tensión a la política económica. Hasta ahora el Gobierno nunca había tenido tantos frentes abiertos. Sin embargo, el país parece vivir alegre y confiado.

3 de abril de 1989

Asisto al Comité Interino del FMI en Washington. Como presidente del ECOFIN no intervengo en nombre de España sino de la CEE. Apoyo en principio el Plan Brady para los países altamente endeudados. Parece, por fin, una solución realista para los problemas de estos países cuyos acreedores no podrán evitar la quita parcial de la misma. También ha ayudado a alcanzarla el hecho de que la banca norteamericana se ha retirado de América Latina después de provisionar una gran parte de sus tenencias de deuda de estos países.

A causa de los malos datos de la balanza de pagos por cuenta corriente últimamente se está calentando el debate sobre cuál debe ser el tipo de cambio de la peseta. Me mantengo en la posición de corregir la actual sobreevaluación luchando contra la inflación interna (lo que requiere altos tipos de interés para desacelerar la demanda doméstica) y no por la vía falsa e ilusoria de las devaluaciones de la peseta. Creo de verdad que es la única manera de que nuestra política sea respetable y apreciada por los demás miembros de la CEE.

17 de abril de 1989

Se celebra un nuevo consejo de ECOFIN. Delors propone un nuevo tratado para la CEE si se quiere llegar a una auténtica unión monetaria. Tiene razón. Reino Unido se opone en principio a la idea de la unión monetaria recogida en el Informe Delors. Mientras tanto, vamos avanzando en el ECOFIN bajo nuestros buenos oficios en la directiva de banca y –con menos éxito– en la de fiscalidad del ahorro (aquí también se opone Reino Unido con la ayuda de Luxemburgo, como ya he dicho).

Se está creando una fuerte polémica desde que hemos exigido en el Ministerio, a efectos exclusivamente fiscales, las listas de los suscriptores de pólizas de seguro de prima única a entidades aseguradoras y financieras.

27 de abril de 1989

Se publica una entrevista conmigo en The Wall Street Journal. Hace unos días salió otra en el Herald Tribune. Mi intención es rebajar la presión alcista sobre la peseta explicando la necesidad de desacelerar el fuerte crecimiento de la economía española.

3 de mayo de 1989

Hoy ha venido a verme el premio Nobel Paul Samuelson, mi viejo profesor del MIT, que mañana será investido doctor honoris causa por la Universidad Nacional a Distancia (UNED). Hace declaraciones favorables sobre España y sobre la política económica. Me dedica un ejemplar de la última edición de su manual.145

4 de mayo de 1989

He leído el Informe del Banco de España sobre las consecuencias de la entrada de la peseta en el Sistema Monetario Europeo. Está muy bien hecho. Tengo que enviárselo al presidente del Gobierno.

5 de mayo de 1989

Recibo a Jacques Attali, que coordina desde el Gabinete de Mitterrand la presidencia francesa de la CEE en el segundo semestre de este año, para hablar de la continuidad de la acción política empezada bajo nuestra presidencia.

15 de mayo de 1989

El Gobierno aprueba mi propuesta de un «ajuste fiscal suave». Se reducen gastos por 115.000 millones de pesetas y se incrementan ingresos a causa del cambio en el calendario de los pagos del impuesto de sociedades por 135.000 millones de pesetas. Este dinero que adelantamos a este año no podrá ingresarse en 1990.

19 y 20 de mayo de 1989

Reunión informal del ECOFIN en S’Agaró. Se discute por primera vez, aunque no sea oficialmente, el Informe Delors. Nos esforzamos por sacar unas conclusiones favorables a pesar de la oposición del ministro inglés Nigel Lawson, que está pasando un mal momento por lo que sus colegas británicos consideran su inclinación europeísta. El apoyo alemán queda mermado por el cambio de ministro (Theo Waigel ha sustituido a Gerhard Stoltenberg, que pasa a Defensa y que ha caído por el Withholding Tax (retención de impuestos) sobre las rentas del capital, que su sucesor ha eliminado nada más llegar al Ministerio de Finanzas).

22 de mayo de 1989

Entrevista con El Nuevo Lunes. Su actitud hacia mí ha cambiado y ahora considera que sigo «vivo» como un «animal político incombustible».

Firmo con Pasqual Maragall, alcalde de Barcelona, el acuerdo para la financiación del Holding Olímpico, sociedad mixta que usaremos como instrumento para financiar las obras necesarias para la celebración de los Juegos Olímpicos de 1992.

Los obispos españoles defienden la lucha contra el fraude fiscal. Se agradece.

29 de mayo de 1989

Me visitan Ernst-Günther Bröder (presidente del BEI) y Kjell-Olof Feldt (ministro de Finanzas de Suecia). Recibo también a Jack Welch (presidente de General Electric). Éste último se interesa por ampliar las ayudas del Estado para su inversión en la fabricación de nuevos materiales en Cartagena. Nos entendemos bien y accedo a su petición si él duplica el volumen del proyecto inversor, cosa a la que se compromete. Un apretón de manos cierra el trato que luego formalizarán nuestros colaboradores.

5 de junio de 1989

Recibo al comisario europeo Leon Brittan. Me pide toda la ayuda que pueda prestarle desde la presidencia del ECOFIN para sacar adelante la Segunda Directiva Bancaria y otras normas. Me comprometo a hacerlo así en la última reunión que presidiré en este mismo mes de junio.

6 de junio de 1989

Me reúno con el ministro canadiense de Comercio, John Carnell Crosbie. Poca cosa entre dos países que no tienen problemas. Doy también una conferencia en Burgos. Al terminar la misma, conforme me dirijo hacia la puerta, un individuo joven me pide que le dedique un autógrafo a su nombre, José María. Luego, Ruiz Mateos añade su apellido y dice que se lo firmé a él, que se había disfrazado. Una payasada más… Anuncio en la conferencia que la peseta estará en el Mecanismo de Tipos de Cambios del Sistema Monetario Europeo (SME) antes de julio de 1990. En realidad, después de mucho pensarlo, ya he decidido proponer al presidente del Gobierno, cuya disposición positiva conozco desde hace tiempo, la integración antes de que concluya este mes.

7 de junio de 1989

Hoy he recibido varias visitas de interés. En primer lugar ha venido Laurence Klein, premio Nobel de Economía, al que encuentro un poco varado en su keynesianismo. También ha pasado por mi despacho Robert Rubin, vicepresidente de Goldman Sachs. Nos entendemos muy bien. Finalmente comparto almuerzo con Michel Camdessus, director gerente del FMI. Nuestra relación es muy buena. Siempre agradecerá el papel que jugamos tanto en la movilización de votos latinoamericanos para su elección al puesto en el FMI como en el asunto de la renegociación de la deuda latinoamericana, aconsejando y apoyando los planes de reforma económica de los países de aquel continente. Ahora, con el Plan Brady en marcha, hay muchas oportunidades de dejar atrás el problema de la deuda de los países latinoamericanos, entre otros.

9 de junio de 1989

Reunión con el presidente de Gobierno, que da la luz verde al ingreso de la peseta en el mecanismo restringido de cambios del SME. Acordamos mantener la decisión en absoluto secreto respecto del resto de los miembros del Consejo de Ministros hasta que se presente allí para ser adoptada.

13 de junio de 1989

La Caixa de Pensions y la Caixa de Barcelona anuncian su proyecto de fusión. El Gobierno está de acuerdo. No tiene nada que oponer a que también las cajas de ahorro vayan adquiriendo el tamaño necesario para competir en el mercado europeo.

15 de junio de 1989

Hoy se han celebrado en España las elecciones al Parlamento Europeo. Los resultados son buenos: el PSOE consigue 27 escaños frente a 15 del PP. Se calma la ansiedad política que produjo la huelga general del 14 de diciembre pasado. Los problemas con los sindicatos no cesan, sin embargo. Nicolás Redondo acaba de hacer un discurso-bomba ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) descalificando la política económica y social del Gobierno justo antes de las elecciones, cuando más daño podría hacer al PSOE. Esta es una especialidad de Nicolás Redondo.

17 de junio de 1989

Consejo de Ministros importante. Se aprueba la integración de la peseta en el SME –que se llevará a cabo durante el fin de semana– y la nueva Ley del IRPF. El tipo central de la peseta frente al marco alemán será de 65 pesetas (quizá un poco demasiado alto). La banda de fluctuación es del 6 %.

21 de junio de 1989

Debate en el Congreso a solicitud mía y del Gobierno sobre el ingreso de la peseta en el SME. No hay oposición a la decisión del Gobierno.

25 de junio de 1989

El presidente me pide que vaya a Moncloa. Me comunica que está pensando en convocar elecciones para septiembre ahora que se ha terminado con éxito nuestra presidencia de la CEE, respecto a la que se muestra particularmente satisfecho.

30 de junio de 1989

Las cosas están cambiando rápidamente en Europa del Este. Gorbachov ha sido fiel a su discurso del año pasado en la ONU en el que anunció que acababa con la doctrina Brézhnev de intervención en cualquier país en defensa del comunismo –prácticamente la imagen especular de la doctrina Truman aunque con veinte años de retraso– y no ha intervenido en las elecciones polacas, que las ha ganado Solidaridad. Theo Waigel, ministro de Finanzas alemán, me comentaba que la tensión está también subiendo en la República Democrática Alemana (RDA) desde que Hungría, por su cuenta, ha abierto las fronteras y permite que los alemanes orientales puedan pasar por su territorio a la República Federal de Alemania (RFA).

En los últimos días se han producido tres actos importantes: la Asamblea de las Cajas de Ahorro, donde anuncié el Régimen de Cuotas Participativas que, de tener éxito, fortalecerá los fondos propios de estas entidades haciéndolas más competitivas; la última reunión del ECOFIN bajo mi presidencia, que tuvo como resultado la aprobación de la Segunda Directiva Bancaria y otras normas menos importantes aunque significativas; y la Cumbre de la CEE en Madrid, que se desarrolló en ambiente de triunfo. España, después del éxito en la presidencia de la CEE y del ingreso de la peseta en el SME, ha hecho su entrada definitiva en la escena internacional junto con los países avanzados. Nuestros mercados financieros se han globalizado y la peseta es una moneda a tener en cuenta (también nuestros tipos de interés y nuestra política presupuestaria, para bien o para mal). Veremos si esto se nota en las urnas después de la presión del último año por parte de los sindicatos.

1 de julio de 1989

El Consejo de Ministros del último día de junio aprobó la subida de carburantes necesaria para compensar la reducción en la renta del monopolio, debida a la subida del precio del crudo y a la apreciación del dólar. Se anuncia la liberalización de precios para 1990 (vigilada, eso sí).

3 de julio de 1989

Voy a Santander, un año más, a la UIMP. Sigo mostrando mi preocupación por el crecimiento excesivo de la demanda interna y el aumento de las magnitudes monetarias, incompatible con la reducción de la inflación. Sigo sin poder disfrutar del ambiente veraniego de la ciudad y de la universidad en estos viajes de ida y vuelta.

5 de julio de 1989

Despacho y almuerzo con el presidente del Gobierno. Sigue eufórico por los magníficos resultados para España de la presidencia de la CEE. Me pregunta mi opinión sobre adelantar las elecciones al otoño. Mi respuesta es favorable (ya había manifestado mi deseo de adelantarlas después de la huelga general) y coincide con su punto de vista. A la vista de los buenos resultados electorales en las europeas –y, por tanto, malos para las pretensiones políticas de los sindicatos– me esfuerzo en hablar sobre una posible vuelta a la concertación con el fin de propiciar que el enfriamiento económico inducido por la política monetaria restrictiva (inevitable a la vista de la inflación y de la marcha de la balanza de pagos por cuenta corriente) tenga un impacto menos negativo sobre el empleo. Los sindicatos se manifiestan en contra de cualquier concertación (están en el summum de su prestigio, pero, a la vista de que no tiene traducción electoral inmediata, tampoco saben qué hacer con él). En unas declaraciones advierto de que, en ausencia de concertación, la política fiscal tendrá que ser más restrictiva y no será posible reducir la tensión en los tipos de interés. Esto se considera como «una amenaza». Con ligeras excepciones, nadie parece darse cuenta de las implicaciones de la entrada de la peseta en el SME y la reducción de la libertad de maniobra que representa la existencia de un tipo de cambio cuasi fijo.

6 de julio de 1989

Carlos Dávila escribe en Diario 16 que yo estoy presionando a Felipe González para que adelante las elecciones. No es así, pero decir lo contrario tampoco sería totalmente cierto.

7 de julio de 1989

Nueva vuelta de tuerca para conseguir un mayor enfriamiento económico. El Banco de España eleva un punto el coeficiente de caja y reclasifica las operaciones de cesión de créditos con el fin de sujetarlas a la restricción de dicho coeficiente de caja. El Gobierno aprueba una elevación de cinco puntos en las retenciones de las rentas del capital (desde el 20 al 25 %) y establece la obligación de las mismas para las cesiones de crédito recalificadas como operaciones bancarias de pasivo, al tiempo que elimina las operaciones de seguros de prima única en la banca. Las medidas son muy criticadas por los sindicatos. Anuncio en Bruselas que el déficit del Estado en 1990 no debería superar el 2,5 % del PIB (no confundir con el de las Administraciones Públicas, que será sin duda mayor con ayuda de las comunidades autónomas y quizá de los ayuntamientos).

12 de julio de 1989

Debate en el Congreso de la Ley transitoria del IRPF. Mucha discusión sobre su posible inconstitucionalidad, que, en mi opinión, no existe. Esta nueva norma nos debe servir hasta que entre en vigor la verdadera reforma de la ley actual.

14 de julio de 1989

Reunión del Comité Federal del PSOE. Las elecciones y la campaña electoral flotan en el ambiente, aunque nadie habla de ello.

19 de julio de 1989

Almuerzo-despacho con el presidente del Gobierno. Después del semestre de la presidencia europea, por fin está más tranquilo, menos tenso. La verdad es que todos lo estamos. No nos cabe en la cabeza la posibilidad de unos malos resultados electorales.

26 de julio de 1989

Aprobación en el Senado de la Ley del IRPF. Fernando Ónega y El País coinciden en hacerse eco de una falsa teoría. Según ellos, yo quiero imponer la anticipación de las elecciones para, con una mayoría ratificada, poner en marcha un plan de cuasi estabilización económica. Aunque es una intuición inteligente, no tiene en cuenta que, si ése fuera mi propósito, no hubiera decidido todas las medidas de ajuste de junio y julio, sino que hubiera esperado a los resultados electorales y las hubiera propuesto luego.

27 de julio de 1989

Almuerzo en el Ministerio con Jordi Pujol, en viaje relámpago a Madrid. Los temas de conversación son la financiación autonómica y los gastos en infraestructuras para los próximos juegos olímpicos (sobre los que quiere decidir sin poner un céntimo).

30 de julio de 1989

Nos vamos de vacaciones de verano con mucha más tranquilidad que la que sentíamos en las anteriores vacaciones de Navidad. Aunque la relación con los sindicatos es un desastre y está minando la cohesión interna del PSOE (proceso que se acelera con la pérdida ya perceptible de poder de Alfonso Guerra), todo el mundo parece de acuerdo en que ahora la iniciativa está en manos del Gobierno a pesar del mazazo de la huelga general del 14 de diciembre.

El PP no tiene todavía un candidato para las próximas elecciones, aunque parece descartarse el cartel de Manuel Fraga. En estas circunstancias lo lógico sería que, tras cuatro años de economía triunfal y éxito en la integración europea, y con el prestigio internacional alcanzado por España, el PSOE estuviera en la cresta de la ola sin auténticos adversarios políticos. Si no fuera por el mal ambiente creado por Nicolás Redondo y UGT eso sería así.

31 de agosto de 1989

Se anuncia la celebración de elecciones generales para el 29 de octubre.

12 de septiembre de 1989

Rueda de prensa junto con los tres secretarios de Estado del Ministerio para comentar la situación económica. La inflación ha bajado algo, pero continúa muy alta. Y lo que es peor, la inflación subyacente ha alcanzado el 7,3 %. Sigue fuerte el desequilibrio de la balanza de pagos. La peseta, sin embargo, está excesivamente valorada y afortunadamente se sigue creando empleo. Las cifras de las magnitudes monetarias y de déficit fiscal así como el efecto en noviembre de la declaración del IRPF sobre las rentas disponibles deberían permitir terminar el año con una desaceleración significativa en el ritmo de crecimiento de la demanda interior. Descarto, pues, en principio, nuevas medidas de ajuste económico hasta ver nuevos datos.

13 de septiembre de 1989

Acudo a Moncloa al almuerzo en honor del presidente de Ecuador, Rodrigo Borja. Sucede a León Febrés-Cordero, que tenía aspecto de rico hacendado. Borja parece más bien un modesto ciudadano.

14 de septiembre de 1989

El País publica un editorial bastante razonable sobre la política económica y los planes de ajuste, aceptando la hipótesis de que las elecciones no se han anticipado para propiciar uno en el próximo otoño. Siguen confundidos con la relevancia hoy del déficit comercial y lo contemplan como en los viejos tiempos (causa eficiente de una devaluación), cuando en la actualidad es sobre todo la expresión del crecimiento demasiado rápido de nuestra economía acompañado por un deterioro de nuestra competitividad pero que se ve compensado por una fuerte entrada de capitales. Hasta que esto no se detenga el tipo de cambio seguirá muy elevado. Los demás editoriales –unos mejores y otros peores– se inclinan más por interpretar mi rueda de prensa como simple «apertura de campaña electoral». ABC, El Independiente y Ya se muestran muy críticos. La Vanguardia lo es menos. Las revistas y semanarios también tratan el tema como si toda la campaña electoral girara exclusivamente en torno a la política económica, lo que me convierte, a mi pesar, en el hombre de moda.

20 de septiembre de 1989

Reunión del Comité Federal del PSOE. Hay optimismo ante las elecciones. El enfrentamiento con UGT y los malos recuerdos de la huelga general parecen olvidados.

21 de septiembre de 1989

Visita a España del presidente electo de Chile, Patricio Aylwin, con dos futuros colegas: Alejandro Foxley, que irá al Ministerio de Hacienda, y Carlos Ominami, que ocupará la cartera de Comercio. Me impresionan favorablemente, sobre todo Foxley, cuando vienen los tres a verme a mi despacho, y me produce gran satisfacción constatar que Pinochet está políticamente acabado.

24-27 de septiembre de 1989

Asisto a la Asamblea del FMI en Washington D.C. En mi discurso pido planes de ajuste y apoyo internacional para resolver el problema de la deuda. Tras mi intervención, algunos países latinoamericanos, y en especial México y Argentina, me dicen que confían mucho en la capacidad de España para atraer a sus socios de la CEE a posturas comprensivas en relación a este tema. Les digo que ésa es la política del Gobierno de España.

2 de octubre de 1989

Reunión del Comité Federal del PSOE en la que se aprueban las listas de candidatos para las próximas elecciones.

3 de octubre de 1989

Despacho con el presidente del Gobierno y repasamos la situación económica.

El mes se inicia con una campaña de la revista Tiempo contra mí con artículos de Javier Cacidedo y Francisco Núñez. La razón es sencilla y anunciada. Contra la opinión de Alfonso Guerra y con reticencias por parte del presidente del Gobierno, Narcís Serra, Jorge Semprún y yo hemos defendido, y finalmente conseguido, excluir al Grupo Zeta de la adjudicación de las tres nuevas cadenas de televisión. En una entrevista muy conflictiva después del Consejo de Ministros, Antonio Asensio146 le advirtió a la ministra portavoz, Rosa Conde, que tenía la intención de desatar una fuerte campaña sobre todo contra Serra y contra mí. Finalmente, por lo que veo, se limita a mí en exclusiva y, aparte del disgusto que me produce que se ponga en duda mi honestidad personal, la verdad es que no tienen nada a lo que agarrarse en sus intentos de difamación.

9 de octubre de 1989

Presento el programa económico del PSOE para las próximas elecciones.

Voy a Valencia durante la campaña y me reprochan no haber aparecido por allí en tres años. Como antes en Navarra, los periodistas también me preguntan sobre el supuesto tráfico de influencias de mi mujer, Gloria, al que se ha referido la revista Tiempo (que ahora dirige el desalmado de Julián Lago). Lo desmiento, pero me doy cuenta de que soy el centro de ataque al Gobierno por procedimientos sucios. El asunto me irrita sobremanera, pero no me intranquiliza en absoluto.

En el encuentro del Club Económico de El Correo Español-El Pueblo Vasco tengo que hacer la concesión electoralista de que no hay que prever reformas estructurales en materia laboral. La única excusa es la buena marcha del empleo en el último año. A pesar de ello, me siento íntimamente avergonzado.

12 de octubre de 1989

No sé cómo, pero una confidencia que Felipe González hizo a la periodista Susana Olmo se ha hecho pública. El candidato dio a entender que hubiera preferido no seguir en el Gobierno y ser sucedido en el liderazgo del PSOE. ¡Es curioso! Nadie se lo cree y lo consideran más bien como una coquetería de un líder un tanto consentido. Sin embargo, a la vista de la tensión dentro del PSOE, sobre todo con los guerristas y los enfrentamientos con Redondo y UGT, yo sé que Felipe no miente al decir lo que ha dicho. Otra cosa es la oportunidad de sus manifestaciones y la imposibilidad de llevarlo a cabo.

17-20 de octubre de 1989

Viaje oficial con el presidente del Gobierno a Washington D.C. en plena campaña electoral. Me entrevisto con el secretario del Tesoro, Nicholas Brady, que me agradece la ayuda de España para resolver el problema de la deuda de México y me pide que sigamos con nuestro apoyo, a lo que me comprometo. George H. W. Bush pone a Felipe González por las nubes en la rueda de prensa de la Casa Blanca. Mientras duraron estas reuniones nos hemos alojado en Blair House, enfrente de la Casa Blanca, donde los nacionalistas portorriqueños atentaron contra Harry Truman cuando vivía allí mientras reparaban la residencia presidencial (y el bodrio en la terraza que ahora lleva su nombre).

23 de octubre de 1989

Cumbre hispano-francesa en Valladolid. Lo más interesante fue la visita a Tordesillas, que no conocía. Lo más decepcionante, mi total incapacidad para mediar en las relaciones de odio entre dos buenos amigos míos: Jorge Semprún y Pilar Miró.147

29 de octubre de 1989

Se celebran las elecciones generales: el PSOE obtiene 175 escaños. Se anuncian reclamaciones jurídico-electorales del PP que tratan de deslegitimar el resultado de las urnas. Estos resultados son muy buenos, teniendo en cuenta el mazazo que hace diez meses representó la huelga general. El PP, aun ensayando con un nuevo candidato, José María Aznar, no ha conseguido separarse de los niveles habituales de apoyo. Supongo que debe ser frustrante para ellos.148

La deslegitimación del PSOE ante la opinión pública de izquierdas que han llevado a cabo los sindicatos ha pasado su factura electoral aunque de manera moderada. En cuanto al PP, eufórico por habernos hecho perder la mayoría absoluta teórica (que no la real), ha demostrado en la campaña que el respeto a las instituciones no le va a parar a la hora de conseguir resultados políticos y llegar al poder. Después de doce años de elecciones de la democracia española se pone por primera vez en duda la validez de sus resultados. Es penoso. ¿Se está cansando la derecha española de unas reglas de juego con las que hace mucho que no gana unas elecciones?

2 de noviembre de 1989

John Major –ahora ministro del Tesoro en sustitución de Nigel Lawson– me envía la propuesta inglesa para el proceso de la Unión Económica y Monetaria, que he leído con gran interés.

El Financial Times se muestra interesado por mi permanencia en el Ministerio (que da por prácticamente segura) y acoge con satisfacción los resultados de las elecciones pasadas. Entretanto, Cinco Días, dando aparentemente por buena la falacia de que las elecciones generales se convocaron para tomar medidas económicas, dice que «me lo estoy tomando con calma» (eso, el primero de noviembre).

Inmediatamente después de conocerse los resultados electorales se han desatado las especulaciones sobre la remodelación del Consejo de Ministros (aparece, por cierto, la posible candidatura de Josep Borrell en los medios) y también sobre mi permanencia. Algunos empiezan a hablar de que hay una «gran pelea» entre Alfonso Guerra y yo para influir en la configuración y en el rumbo político del nuevo Gobierno. Jesús Cacho, que conoce bien el desprecio que me inspira su forma de entender el periodismo, emprende una particular campaña contra mí. Me da por «sacrificado» en la «inminente crisis».

6 de noviembre de 1989

Participo en las Jornadas sobre España organizadas por Expansión y el Financial Times ahora que el Grupo Pearson se ha asociado con los editores del periódico español. Después de repasar los logros económicos y sociales de los últimos años, justifico la continuidad con los necesarios retoques de la política económica (ni la comunidad internacional, de hecho, ni tampoco los mercados se han tomado en serio el ajuste cuasi-estabilizatorio que los medios del país y la oposición política airean desde hace semanas). Dejo abierto el cauce al diálogo con los sindicatos, aunque insisto en la necesaria moderación salarial y advierto de que los tipos de interés se seguirán manteniendo altos durante algún tiempo. ABC afirma que yo «tras enfriar la economía en 1989 quiero helarla en 1990». Mis manifestaciones tienen mucha resonancia en múltiples medios de comunicación, así como en los sindicatos y la patronal.

Felipe González, de viaje en Hungría, respalda mis afirmaciones. Desgraciadamente, toda la discusión sobre política económica está desvirtuada por sesgos ideológicos y políticos y por celos y fobias personales. Esto no ayuda gran cosa al verdadero debate político.

9 de noviembre de 1989

Hoy, ante la presencia permisiva de los vopos, la gente ha empezado a destruir el Muro de Berlín permitiendo el encuentro de los ciudadanos de las dos zonas. La RDA se cae y con ella, antes o después, todo el COMECON. No pensé que iba a ver esto en mi vida, es asombroso. Las imágenes de la televisión resultaban emocionantes y, al mismo tiempo, sin embargo, un tanto triviales.

13 de noviembre de 1989

Reunión del ECOFIN en Bruselas. Se sigue avanzando en la armonización fiscal, aunque, por fortuna, muy lentamente.

La tasa de inflación en octubre alcanza el 7,1 %. Me inquieta. José María Cuevas pide mi cambio y el de Mariano Rubio: no le gustan los tipos de interés altos. Los empresarios no ven que no se puede crecer más que nuestros vecinos de la CEE de manera indefinida sin poner en peligro los equilibrios internos y externos.

Federico Jiménez Losantos se suma desde ABC a la campaña de Jesús Cacho contra Mariano Rubio y contra mí. Es difícil saber cuál de los dos periodistas tiene más bajos instintos. En Tiempo, Francisco Núñez utiliza los datos que di a la revista sobre mi reducido patrimonio personal, que al estar en parte en acciones que no muevo ha crecido con la subida de la Bolsa, para decir que he «amasado una fortuna en operaciones bursátiles» durante mi gestión al frente del Ministerio de Economía y Hacienda ¿Quién le pagará a este sinvergüenza? ¿O será sólo la frivolidad y la falta de sentido común?

21 de noviembre de 1989

Constitución del nuevo Parlamento. Mientras tanto, Felipe González recibe todo tipo de presiones internas contra mi permanencia en el Gobierno. Le envío estas notas por si le puede servir para su discurso de investidura:

Madrid, 21 de noviembre de 1989

Querido Presidente:

Estas son las notas sobre la situación económica actual. Espero que te sean de utilidad.

Un abrazo,

CARLOS SOLCHAGA

Notas para el debate de investidura (versión final)

Si los objetivos fundamentales en materia socioeconómica a lo largo de esta legislatura son la creación de empleo y el desarrollo del bienestar a través de una política social decidida y prudente al mismo tiempo, el procedimiento para su consecución es el mantenimiento de un nivel de crecimiento suficiente y sostenido durante los próximos cuatro años.

Sin embargo, en los últimos tiempos se han suscitado dudas razonables sobre la sostenibilidad de nuestra actual fase de crecimiento económico desde la aparición de algunos desequilibrios de gran importancia: el repunte de la inflación, por un lado, y el déficit comercial y de la balanza de pagos por cuenta corriente, por otro. Soy perfectamente consciente de la importancia de ambos fenómenos y estoy convencido de que tenemos que continuar los esfuerzos que últimamente hemos venido haciendo para resolver los problemas que nos plantean.

La inflación, que se aceleró rápidamente entre la primavera de 1988 y la de este año, se mantiene en los últimos meses en una tasa anual próxima al 7 %. Cuando uno contempla las tasas de crecimiento de los precios en países como Francia y Alemania, en torno al 3,5 % anual, y considera que desde la integración de España en la CEE la nuestra es una economía abierta sujeta a las férreas leyes de la competencia interior y exterior, no es difícil concluir que esta pérdida sustancial de competitividad de nuestro país no puede continuar en el futuro. En una economía abierta, la inflación es y debe ser una preocupación permanente. En una sociedad compleja como la nuestra, también por motivos sociales, la evolución de la inflación constituye una preocupación fundamental de un Gobierno de progreso.

El reforzamiento de las tendencias inflacionistas de los últimos dieciocho meses ha tenido su principal factor de explicación en un crecimiento de la demanda interior superior en términos reales en más de tres puntos al que se producía en la CEE, desde 1986 hasta hoy, y claramente por encima de nuestro potencial de crecimiento a corto plazo. La inversión, tanto privada como pública, ha crecido fuertemente, pero también lo ha hecho el consumo en tanto bajaba la proporción de la renta ahorrada por las familias españolas. Si este auge de la demanda ha tenido efectos muy positivos sobre el empleo y de reducción del paro, su propia cuantía no ha dejado de presionar los precios al alza, al mismo tiempo que abría la brecha deficitaria de nuestra balanza de pagos.

Éste es precisamente el segundo motivo de inquietud en relación con el mantenimiento de nuestro proceso de desarrollo. El problema se plantea aquí, sin embargo, con menos urgencia, en mi opinión, que en el frente de los precios. Nuestra balanza de pagos por cuenta corriente ha pasado desde una situación ligeramente excedentaria en 1987 a un déficit próximo al 3 % del PIB en el año actual, lo que supone un deterioro muy rápido de nuestras cuentas exteriores. Sin embargo, hay que añadir que el nivel de nuestras reservas de divisas entre finales de 1987 y finales de 1989 ha aumentado en unos 15.000 millones de dólares, superando la cifra de 45.000 millones de dólares. La razón estriba en el fuerte aumento de la estabilidad de nuestra situación y las extraordinarias posibilidades de desarrollo en España.

En la medida en que esto continúe, y todo hace suponer que así será, podremos mantener una situación de déficit por cuenta corriente sin poner en peligro el nivel de reservas exteriores o el tipo de cambio de la peseta. Ahora bien, eso no quiere decir que podamos permitir un deterioro continuado del mismo consolidado por una pérdida de competitividad exterior de nuestra economía. Si España quiere mantener un fuerte proceso inversor y de desarrollo es evidente que precisará para llevarlo a cabo del concurso del ahorro exterior, que no es sino la otra cara del déficit por cuenta corriente de la balanza de pagos, pero existe un límite a este recurso y nos estamos aproximando a él más deprisa de lo que sería deseable.

Por ambas razones, por la necesidad de rebajar la presión de la demanda en la conformación de los precios y el desbordamiento de la misma hacia los bienes importados, se impone continuar con las orientaciones ya adoptadas en materia de política fiscal y monetaria tendentes a desacelerar la demanda interna aproximando su evolución a nuestra capacidad de crecimiento. El resultado de dichas medidas en la segunda parte de 1989 está siendo significativo, ya que habrán supuesto una desaceleración de la demanda interna desde el 8,4 % al que venía creciendo en el primer semestre a una tasa del 6,0 % en el segundo semestre, pero todavía insuficiente y, sobre todo, todavía no consolidada, ya que una parte importante de esta demanda puede simplemente haberse pospuesto a la vista de las dificultades crediticias o de los cambios en los impuestos y no haber desaparecido realmente.

Por ello, durante 1990 debemos continuar, hasta que la desaceleración se confirme, la estrecha vigilancia de la evolución de las magnitudes monetarias –cuyo crecimiento debe seguir reduciéndose– y una política fiscal no expansiva que se enunciará con detalle en el próximo Proyecto de Ley de Presupuestos.

Entiéndase que lo que estamos buscando no es una detención del crecimiento de la economía, sino una moderación de sus ritmos de expansión que evite tener que pararla con brusquedad más adelante para corregir unos desequilibrios que se hayan hecho insoportables. España está viviendo un rápido proceso de modernización y lo que tenemos que aceptar todos, el sector privado y el sector público, es que no se puede hacer todo a la vez, que hemos de adecuar el ritmo de la modernización a la pauta que marca el crecimiento de nuestros recursos y posibilidades.

Dentro de este contexto de moderación de la demanda interior, unos acuerdos salariales que evitaran un relanzamiento de la espiral precios-salarios serían de gran ayuda. Dada la necesaria austeridad en materia fiscal en 1990 es evidente que el salario social que podría facilitar la consecución de acuerdos de esta naturaleza sólo podrá garantizarse adecuadamente si los mismos contemplan un horizonte de vigencia de al menos dos o tres años.

En efecto, después de la fuerte reducción del déficit público entre 1989 y 1990 hay que prever que se reducirá igualmente el peso de los intereses del servicio de la Deuda Pública en los Presupuestos del Estado, a lo que también contribuirá la reducción del tipo de interés una vez que la demanda interna crezca a tasas compatibles con el mantenimiento de los principales equilibrios. Todo ello permitirá la liberación de recursos financieros destinados prioritariamente a los programas de política social y de inversiones en infraestructuras que podrán llevarse a cabo sin necesidad de aumentar la participación del sector público en el conjunto de la economía ni de aumentar la presión fiscal global.

De esta manera podremos aumentar la contribución del sector público en el ahorro de nuestra economía sin perjudicar el necesario crecimiento del ahorro privado al que la próxima reforma fiscal del IRPF debe igualmente contribuir.

Concluiré, pues, estas reflexiones sobre los problemas del presente y su enlace con los objetivos de crecimiento económico y creación de puestos de trabajo a lo largo de esta legislatura que ahora se abre con una serie de consideraciones sobre la utilización de los instrumentos de política económica que están a disposición del Gobierno.

Primero, la política monetaria, que si de momento debe mantenerse en una posición restrictiva, podrá con el transcurso del tiempo, si tenemos éxito en la desaceleración de la demanda interna, tomar posiciones más flexibles aunque siempre compatibles con el objetivo de la defensa del tipo de cambio dentro de la banda de fluctuación acordada para la peseta en el seno del Sistema Monetario Europeo.

Segundo, la política fiscal, que debe observarse de acuerdo con el principio de mantenimiento del peso del gasto de las Administraciones Públicas dentro de la economía nacional en los próximos años y la reducción del déficit público hasta hacerlo desaparecer, reasignando los recursos obtenidos de los impuestos en favor de la política social y la inversión pública, reformando el IRPF y adaptando nuestra imposición indirecta al proceso de armonización dentro de la CEE.

Finalmente, la política de concertación social, que puede contribuir muy significativamente al desarrollo de un proceso de crecimiento equilibrado y con crecientes cotas de bienestar y justicia social, y que considero de gran importancia para la consecución de los objetivos de los que he venido hablando.

25 de noviembre de 1989

Que Felipe González forme ya Gobierno es todo lo que deseo. Estoy harto de especulaciones sobre mi permanencia y de zancadillas internas y externas. Este turbio ambiente está contaminando la satisfacción que deberíamos tener por nuestra clara victoria después de siete años de gobierno.

4 de diciembre de 1989

Investidura de Felipe González. El presidente anuncia que, ante las reclamaciones electorales, someterá su candidatura a la cuestión de confianza una vez resueltas éstas. Quizá era inevitable, pero no es un buen comienzo de legislatura. Por lo demás, en su discurso el presidente ha utilizado sólo muy ligeramente las notas que le envié.

7 de diciembre de 1989

Ante el conjunto de presiones de dentro y de fuera, Felipe González decide mantener a todos los ministros en sus cargos. Se equivoca gravemente. No sólo porque al actuar así deja la batalla totalmente abierta (aunque algunos piensen que mi continuidad es ya un claro signo de quién ha ganado la batalla), sino también porque yo creo que transmite por primera vez vacilaciones en el ejercicio de su liderazgo. Pienso ahora que la confidencia que hizo Felipe González a Susana Olmo hace unos meses de retirarse tiene más fundamento del que algunos creen.

10 de diciembre de 1989

Cuando llego a casa veo en TVE a los ciudadanos de Praga ocupando las calles, celebrando la dimisión del presidente de la República, Gustav Husak, y anticipando la llegada de la democracia. Inmediatamente llamo a Blanca Arenas, que es checoslovaca, para felicitarla. Ella no se había enterado todavía. En la televisión dicen también que se ha producido un golpe de Estado en Bulgaria llevado a cabo por los partidarios de la transformación política dentro del propio Partido Comunista búlgaro. La vieja Europa Oriental comunista se desmorona a toda velocidad.

12 de diciembre de 1989

José María Aznar, el nuevo líder del PP, se reúne con Nicolás Redondo. Ha muerto Pedro Toledo e, inmediatamente, se desata la batalla interna en el BBV por la presidencia que él debía ocupar el próximo año, según el acuerdo de fusión entre las dos entidades.

La inflación alcanza la tasa anual del 7,3 % y sigue subiendo.

Últimamente estoy teniendo problemas con José Barrionuevo y el Ministerio de Transportes por el proyecto del cambio del ancho de vías. Estoy un tanto harto de las locuras inversoras de Barrionuevo.

21 de diciembre de 1989

El presidente del Gobierno recibe a Nicolás Redondo y a Antonio Gutiérrez para abrir paso a la concertación social de la nueva legislatura. La entrevista ha estado precedida de dos que yo mantuve en casa de Zufiaur (de manera clandestina) con Redondo en las que tratamos con un éxito relativo de saldar y olvidar nuestras diferencias personales. Todo empezó el mismo día en que Felipe González nos confirmó a todos los ministros en nuestros puestos. Yo sentía que nuestras relaciones con los sindicatos debían recuperarse y estaba convencido de que lo mismo pensaba el presidente así como toda la opinión pública de izquierda no comunista (ésta última prefería seguir considerándonos «social-traidores» como hace medio siglo). Le dije al presidente que creía que podíamos iniciar la aproximación desde una posición de equilibrio después de haber ganado las elecciones con total claridad y haber dejado al PP lejos de representar una auténtica alternativa. Ahora, la huelga general de hace un año parecía mucho más lejana. De manera que, después de la declaración de la continuidad del Gobierno, me quedé cerca de una hora en Moncloa explicando al presidente mi punto de vista sobre una nueva aproximación a los sindicatos. Todavía tengo dudas de si he hecho bien proponiendo esta nueva estrategia, en particular en lo que se refiere a que sea yo precisamente, con su consentimiento, quien tome la iniciativa.

Sin embargo, mi iniciativa ha debido suponer un alivio para Felipe González y a mí me ha permitido protegerme del guerrismo. Por lo demás, cuando esto va trascendiendo, todo el mundo acoge con satisfacción el nuevo clima de entendimiento y diálogo que podría abrirse entre el Gobierno y los sindicatos.

Empiezan las especulaciones sobre el sucesor de Pedro Toledo como presidente del BBV (puesto que hubiera ocupado el difunto el 1 de enero de 1990). Las que se publican en Tribuna las atribuyo al entorno de José Ángel Sánchez Asiaín (particularmente a Antonio López). Mariano Rubio se inclina por la candidatura de éste, sin darse cuenta del riesgo de ruptura en la dirección del banco que tal prórroga supone.

26 de diciembre de 1989

Recibo a los principales presidentes de la banca y de las cajas de ahorro. Les echo una reprimenda por su comportamiento con los nuevos productos financieros, diseñados fundamentalmente para eludir los coeficientes obligatorios del Banco de España y la fiscalidad que recae sobre las rentas del capital (primas de seguro únicas y cesiones de crédito). Les advierto que nuestros criterios en esta materia no van a cambiar y les sugiero que, si no quieren tener graves problemas judiciales en el futuro, pregunten al Ministerio de Economía y Hacienda sobre el tratamiento fiscal del rendimiento de los nuevos activos antes de lanzarlos al mercado. Les confirmo igualmente que, dado que los altos tipos de interés no desaniman la demanda de créditos, el Banco de España va a imponer un crecimiento máximo del crédito del 10 % en 1990. No me gusta nada una medida tan rudimentaria, pero tampoco veo otra salida de momento y más si quien la propone es el propio Banco de España.

27 de diciembre de 1989

Me reúno con los sindicatos para explicarles que la «prórroga» inevitable de los Presupuestos de 1989 durante un tiempo de 1990 no impide la negociación que se va a iniciar con ellos. Los medios se hacen cruces ante el nuevo ambiente que se ha creado a partir de mis relaciones con los sindicatos. Todo el mundo parece contento… Todo el mundo menos la CEOE, que, además de sentirse preterida, está preocupada ante la limitación anunciada del crecimiento del crédito.

144. El Plan Brady se basaba en operaciones de reducción de la deuda y el servicio de la deuda efectuadas voluntariamente en condiciones de mercado. Los esquemas de reducción de deuda se apoyaban en el hecho de que existía un exceso de deuda en las economías de los países en desarrollo que disminuía la posibilidad de inversión, por lo que la reducción en el saldo adeudado (extensión de los plazos junto con periodos de gracia) debería generar un cierto nivel de inversión productiva que se traduciría luego en un incremento de la capacidad de pago.

145. El manual de Paul Samuelson Curso de Economía Moderna (publicado por primera vez en 1945 y ampliado en 1983) es el libro de texto de Economía para estudiantes universitarios más vendido de la historia.

146. Antonio Asensio Pizarro fundó el Grupo Zeta en 1976. Entre sus medios estaban Interviú, Tiempo, Panorama, Viajar, Conocer, La Voz de Asturias y El Periódico de Catalunya. En 1986 adquirió además la Editorial Bruguera, que reconvirtió en Ediciones B.

147. La directora de cine y teatro Pilar Miró había sido la directora general de RTVE desde junio de 1986 a enero de 1989.

148. En estas elecciones generales el PSOE se quedó a un escaño de poder revalidar por tercera vez la mayoría absoluta (175 escaños frente a 184 en las elecciones de 1986), aunque pudo gobernar como si la tuviera, ya que los diputados de Herri Batasuna se ausentaron del Congreso durante toda la legislatura, con lo que el Grupo Socialista abarcaba más de la mitad de los diputados de la cámara. El PP obtuvo 107 escaños.

1990

1 de enero de 1990

Me reúno toda la tarde con Antonio Gutiérrez (CC.OO.) en su casa en Majadahonda. Voy allí solo, con mi coche particular. Su mujer, también sindicalista, desaparece después de prepararnos unos cafés. Se crea un clima de mutua, pero respetuosa, desconfianza. Antonio me cuenta muchas cosas de su vida y de su carrera: no es un tema que le canse. Por lo demás, sigue la sorpresa general por mi aproximación a los sindicatos. Yo mismo estoy sorprendido.

4 de enero de 1990

Primera reunión de concertación social con los sindicatos. Asistimos Manuel Chaves, Joaquín Almunia y yo por el Gobierno. Las delegaciones sindicales vienen presididas por Nicolás Redondo y Antonio Gutiérrez. Aceptamos como primer punto de la agenda de discusión la Propuesta Sindical Prioritaria (la llamada «Deuda Social»). Mi intención es que luego se hable de rentas y precios. Se resisten a ello sin negarse totalmente. También me interesa que la Ley de Huelga figure en la agenda. Es una ley básica que no hay manera de abordar ante la negativa de los sindicatos.

8 de enero de 1990

Primera reunión de concertación con la CEOE. Están escamados ante el papel protagonista de los sindicatos. Tienen razón, pero su comportamiento desde la huelga general deslegitima sus quejas. Almuerzo con el presidente del Gobierno antes de la reunión y le doy cuenta de cómo van las cosas en estos primeros contactos.

10 de enero de 1990

El PP anuncia que van a interponer un recurso de inconstitucionalidad ante el Real Decreto-ley de Prórroga de los Presupuestos de 1989. No tiene ningún sentido.

Por unas declaraciones del alcalde de Barbate, Serafín Núñez, se ha sabido que Juan Guerra, hermano del vicepresidente de Gobierno, actúa en Sevilla (y se supone que en toda Andalucía) como su adelantado o alter ego y conseguidor de favores, influencias políticas y quizás beneficios económicos. Para ello, él, que no es funcionario ni cargo alguno de la Administración, utiliza un espléndido despacho en la delegación del Gobierno en Sevilla (supongo que será el despacho de Alfonso Guerra cuando va por allá). No sé qué me produce más vergüenza ajena: si la señal de populismo ignorante y atrasado que representa una figura como la de Juan Guerra en la imagen y la labor del Gobierno del PSOE o la corrupción que le acompaña. Siento que esto supone un grave problema para Alfonso Guerra y también para el PSOE.

Hablando con los periodistas anuncio que la economía habrá crecido de nuevo en 1989 alrededor del 5 %.

11 de enero de 1990

Siguiendo instrucciones del presidente, que lo ha recibido hace algunas semanas, veo a Mario Conde por la mañana y a Ángel Galíndez por la tarde. A este último, en relación con la futura presidencia del BBV, y al primero, para hablar de las desgravaciones ligadas a su proyecto de sacar a Bolsa su corporación industrial.

Sale el IPC de diciembre. La inflación anual se sitúa en el 6,9 %. Por fin una bajada.

18 de enero de 1990

Mariano Rubio se reúne con la cúpula del BBV. Yo he recibido por mi parte la última presión de Ángel Galíndez, que está muy quejoso de la posición de los antiguos miembros del Banco de Bilbao. Los periódicos y las revistas se llenan de hipótesis con mayor o menor grado de intoxicación. Finalmente me veo obligado a sugerir una solución intermedia: Emilio Ybarra, frente a la pretensión de Rubio de que continúe Sánchez Asiaín, como presidente, y Alfredo Sáenz, que viene del Banco de Vizcaya, como vicepresidente. Éste último es muy listo y muy capaz.

26 de enero de 1990

Anuncio en Radio Nacional una previsión de crecimiento del 4 % en 1990 con una de inflación del 5,7 % (bastante más alta de lo que hubiera querido estimar).

31 de enero de 1990

Mariano Guindal cuenta con detalle mis entrevistas con Nicolás Redondo y Antonio Gutiérrez de hace algunas semanas. UGT y CC.OO. las desmienten. Siguen considerándome un apestado. Sin embargo, las fuentes de la noticia deben ser los propios sindicatos.

Se cierra así lo que podía ser la primera fase de las negociaciones con los sindicatos y de desacuerdo con los empresarios. El mayor problema es el coste, que puede ser elevado, de la ley comprometida en materia de pensiones no contributivas –por la que se reconoce el derecho a una pensión de jubilación mínima a todos los españoles al llegar a la edad legal aunque no hayan contribuido con sus cotizaciones para obtenerla– y la falta de acuerdo sobre el INEM y su necesaria reforma. El acuerdo, que pone en línea la pensión básica del sistema con el salario mínimo interprofesional (SMI), es correcto y no saldrá muy caro. Desde el punto de vista económico-financiero, estamos caminando por el filo de la navaja. No obstante, desde el punto de vista político, mi iniciativa de negociar con los sindicatos ha dejado desconcertado a todo el mundo y ha dado un importante alivio al Gobierno. Su coste presupuestario puede ser elevado, pero mucho menor que el de las concesiones en materia de cobertura del desempleo que se hicieron sin conseguir ningún acuerdo por parte de los sindicatos al comienzo de 1989.

La otra cuestión que me trae a mal traer es la corrupción del PSOE, con el caso Juan Guerra como más claro ejemplo. A ella se va a agarrar una oposición parlamentaria lógicamente impaciente por desplazarnos del poder, pero todavía sin un programa alternativo que ofrecer al electorado. Pero ése no es el único caso. Hay una serie de supuestos conseguidores o intermediarios que dicen hablar, según me cuentan, en nombre del PSOE y que están enfangando la labor y la imagen del Gobierno.

4 de febrero de 1990

Los periódicos se hacen eco del programa que he presentado en el Congreso de los Diputados el pasado 31 de enero para el cuatrienio de la presente legislatura, que incluye cambios en leyes tributarias y presupuestarias y reformas financieras. En general, los cambios son acogidos sin sorpresa y sin críticas. La prohibición de apelar en términos netos al Banco de España por parte del Tesoro Público y la puesta en marcha de la Cédula de Identificación Fiscal llaman la atención más que otras cosas.

En medio de la ofensiva de los medios de comunicación contra Guerra y el PSOE, hoy se ha producido el Pleno del Congreso en el que el vicepresidente ha dado explicaciones sobre las actuaciones de su hermano. Estuvo bastante bien en su primera intervención. Se equivocó lamentablemente cuando, en la réplica, amenazó con hablar del comportamiento inadecuado de otros. Poco a poco, me voy dando cuenta de la importancia de este asunto. Guerra no podrá seguir de vicepresidente. Desgraciadamente, el presidente del Gobierno no lo ve así y declara que, si acaban con Guerra, quizá los autores cobren dos piezas por el precio de una. No creo que eso fortalezca la posición del vicepresidente, mientras que, sin duda, debilita la de González.

5 de febrero de 1990

Almuerzo-despacho con el presidente del Gobierno. Le digo lo que pienso sobre la futura evolución del caso de Alfonso Guerra, que no es precisamente muy positivo. El pudor me impide decir todo lo que pienso. No quiero que crea que estoy aprovechando la situación por la que pasa el vicepresidente.

Ceno hoy con José María Cuevas, que sigue muy irritado con el protagonismo de los sindicatos en sus relaciones con el Gobierno. Entiende, sin embargo, cuál es mi propósito: que, una vez satisfechos en su protagonismo, éstos acepten un pacto de mejora de la competitividad. Me ofrece el concurso de José María Aznar para que tenga un respaldo político desde la oposición. Yo le muestro mi incredulidad, pero él insiste. Se lo he comunicado por teléfono al presidente, que no sabe qué decirme. La razón puede ser que el PSOE, apoyando a Guerra, ha comenzado a montar una estrategia de aislamiento del PP, y esta eventual iniciativa del respaldo de Aznar al Pacto Social de Progreso se opone frontalmente a la misma. Sin embargo, la razón de esa estrategia del PSOE no es tanto la gobernabilidad como devolverles la moneda del trato que el PP está dando a Alfonso Guerra. Esta tendencia hacia la bunkerización del partido me preocupa enormemente. Desde primera hora de la mañana se oye en las noticias a Txiki Benegas y Virgilio Zapatero dando consignas contra el PP.

6 de febrero de 1990

En respuesta a mi larga entrevista en La Vanguardia de hace unos pocos días, Alfred Molinas Bellido (presidente del Fomento del Trabajo Nacional), publica en el mismo diario un artículo crítico sobre mí con el título «Solchaga, el bueno». Con más ingenio, Carlos Rodríguez Braun publica otro en Diario 16 que se llama «Solchaga, el pasota». Ninguno de los dos se aproxima a lo que de verdad son mis preocupaciones en este momento.

8 de febrero de 1990

Doy la rueda de prensa habitual a principios de cada año para explicar el balance económico y financiero del año vencido.

Los principales datos han sido los siguientes: déficit del Presupuesto del Estado en 1989, 1,7 % del PIB en términos de caja. Crecimiento económico del 5 %. La demanda interior, sin embargo, creció de nuevo tres puntos por encima del PIB, con una desaceleración de esta brecha en el segundo semestre de 1989 como consecuencia de las medidas restrictivas monetarias y fiscales.

También señalo en la rueda de prensa que la subida salarial máxima compatible con la previsión de inflación del 5,7 % para diciembre de 1990 es del 7,5 % (es mucho, pero los sindicatos están hablando del 9 %). De hecho, el sector de la construcción ha firmado ya el 8,5 %.

13 de febrero de 1990

Almuerzo con José María Zufiaur. Aunque ambos tratamos de llevarnos bien, no conseguimos romper la desconfianza que nos producimos mutuamente (ni, según me temo, la mutua antipatía).

Por fin, hoy se ha procedido a la reducción del coeficiente obligatorio de caja desde el 17 % al 5 %. La liberalización de liquidez, sin embargo, se producirá gradualmente en los próximos meses y años para que pueda ser digerida sin aumentar de golpe las magnitudes monetarias y el dinero en la economía.

Ceno con Miquel Roca, que quiere preparar una reunión (almuerzo o cena) con el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol. Quedamos en tenerla en fechas próximas.

23 de febrero de 1990

El Gobierno aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 1990. Los ingresos y gastos crecen en el entorno del 10 % (algo menos del crecimiento esperado del PIB en términos monetarios). El déficit del Estado deberá situarse en el 1,6 % del PIB (lo que supone un esfuerzo importante, pues en 1990 habrá que llevar a cabo la devolución de las cuotas negativas del IRPF de 1988 que no dio tiempo a efectuar por lo tardío de la campaña del impuesto en 1989).

27 de febrero de 1990

En la presentación del Programa 2000 en Barcelona, Manuel Escudero (destacado militante guerrista y beneguista a la sazón) ataca la política económica como uno de los problemas que enfrenta al PSOE (justo ahora que el «caso Guerra» es lo que nos está haciendo más daño). Le contesto diciendo que «en el debate que se está haciendo sería bueno que cada cual opináramos de lo que sabemos o si no que la gente se calle, aunque el riesgo de la aplicación de esta máxima es que algunos tendrían que estar condenados al mutismo absoluto». Jorge Semprún me llama muy divertido y me recuerda una frase de Azaña muy similar que yo no conocía: «Si los españoles hablásemos sólo de lo que sabemos, se generaría un inmenso silencio, que podríamos aprovechar para el estudio.»

1 de marzo de 1990

Presento los Presupuestos Generales del Estado para 1990 en las Cortes.

Comienzan a despuntar nuevos o viejos problemas internos del PSOE. Se nos atribuyen a Javier Solana, Narcís Serra y a mí posiciones muy críticas hacia Alfonso Guerra, lo cual probablemente sea cierto, aunque yo no he hablado del vicepresidente con ninguno de los otros dos ministros. El entorno de éste le protege diciendo que, a la vista del escándalo, algunos hemos desatado de nuevo la guerra por el poder dentro del Gobierno. En la rueda de prensa de presentación de los Presupuestos tengo que contestar a una pregunta que me dirigen en este sentido, asegurando «que no estoy en una lucha por el poder».

En la rueda de prensa también he tenido la ocasión de poner de manifiesto mi preocupación por el efecto sobre la Unión Monetaria Europea del recién iniciado proceso de reunificación de las dos Alemanias. Aunque es muy deseable por otras razones, es evidente que el coste presupuestario al que se enfrenta Alemania para tratar de igualar las infraestructuras y las transferencias sociales del este con las del oeste, especialmente éstas últimas a la vista del alto nivel del paro encubierto, va a ser muy elevado, lo que va a poner muy nervioso al Bundesbank, que tenderá a practicar una política monetaria mucho más restrictiva con efectos deflacionarios no sólo sobre Alemania, sino, finalmente, sobre toda la CEE. Ello incidiría sobre la política de desaceleración en la que estamos embarcados aquí, reforzando esta última hasta niveles quizá excesivos, y eso sin contar el efecto de la subida de tipos de interés del Bundesbank sobre la parrilla de paridades del SME. En fin, que se abre un periodo peligroso para el mantenimiento del crecimiento en Europa en los próximos años.

En otro orden de cosas, doy por bienvenida la competencia de lo que los bancos llaman comercialmente las «supercuentas» en la captación de pasivos por parte de las instituciones financieras. Insisto, finalmente, en la importancia del papel de las subidas salariales ahora que se va a reducir considerablemente el ritmo de crecimiento de la demanda interna («sería inquietante que esto no se notara en los precios», añado pensando en la curva de Phillips).149

Comienza a hablarse, demasiado para mi gusto, de las desgravaciones fiscales solicitadas por Mario Conde en la creación de la llamada Corporación Banesto. Éste ha ido a ver a representantes del PSOE y al propio presidente del Gobierno para facilitar una respuesta positiva a las mismas, convencido de que ni el Banco de España ni yo mismo vemos bien la operación, ya que nos parece una huida hacia adelante en vez de enfrentarse a los problemas de Banesto, que no son pocos.

5 de marzo de 1990

Me visita por primera vez Javier de la Rosa. He aceptado la entrevista porque aseguró a Luis Sempere que no iba a hablarme de KIO y Torras, sino del futuro de Telecinco. El objeto de la misma es informarme de que el PSOE vería bien su entrada en el capital de Telecinco con el 25 % y sondearme para saber mi opinión sobre la eventual entrada posterior de Antonio Asensio (Grupo Zeta). Recuerda la campaña que éste hizo contra mí hace unos meses. Acepto tener una reunión con los dos para que me expliquen sus objetivos. Por lo demás, no sé cómo podría yo oponerme a que entraran ambos en el capital de Telecinco si sus propietarios actuales están dispuestos a vender.

6 de marzo de 1990

Cierro un pacto con la CEOE en apoyo de la competitividad exterior. Eso calma un poco sus ánimos. Cuevas y yo hablamos de los resultados que debe dar la «segunda fase de la concertación».

13 de marzo de 1990

Reunión del ECOFIN. Sigo mostrando dentro y fuera del mismo mi preocupación por los efectos no deseados que la reunificación alemana va a tener sobre la CEE. En la reunión del ECOFIN mi colega Theo Waigel no quiere contestarme cuando le planteo el dilema alemán de endurecer o no la política monetaria y su efecto sobre la parrilla de cambios del SME.

Entrevista con Nicolás Redondo a mi vuelta a Madrid. Quiere convencerme de que es prematuro hablar de la segunda fase de la concertación social. No aproximamos posiciones (yo no tengo margen de maniobra: el acuerdo de competitividad es la compensación del exceso de indexación aprobado en la primera fase de la concertación). Después de constatar nuestras diferencias, acordamos volver a vernos. Parece claro, sin embargo, que él no desea cumplir con su parte.

14 de marzo de 1990

Bajo el seudónimo de Aurora Pavón, Pablo Sebastián anuncia mi ocaso. Según él, he acariciado la idea de llegar a ser presidente del Gobierno. Y no solo eso, dice que voy por libre y que incluso le presento los Presupuestos al Rey antes que al Gobierno. ¡Será mentecato!

Pablo Castellano, viejo compañero del PSOE y amigo en otros tiempos, acusa veladamente a mi mujer, Gloria, de estar relacionada con el comercio de armas. No sabe cómo llamar la atención y no le importa actuar como un sinvergüenza.

16 de marzo de 1990

Publico un artículo en El País sobre «La crisis del modelo sueco». Es un aviso sobre las consecuencias que tiene la pérdida de la competitividad sobre la sostenibilidad de los modelos socialdemócratas. El borrador lo ha escrito José Juan Ruiz, secretario de Estado de Economía y uno de mis mejores colaboradores, y yo sólo he corregido alguna cuestión de estilo.

Con mi bendición, el Ministerio llega a un acuerdo sobre desgravaciones de las ganancias de capital emergidas en la fusión de las cajas de ahorro catalanas. Espero que sirva de antecedente para la Corporación Banesto y sus eventuales desgravaciones.

19 de marzo de 1990

Ceno de nuevo con Nicolás Redondo. Parece que se da cuenta de que tiene que dejar más salida al Gobierno, pero querría que me atribuyera yo el mérito. Quizá por eso la mayor parte del tiempo se lo pasa desgranando sus críticas contra Felipe González y tratando de que me asocie con él en ese terreno. Cada día es mayor mi incomodidad al advertir que algunos quisieran aprovechar mi cambio de actitud respecto de los sindicatos en ese sentido.

En las elecciones de ayer en la antigua RDA han ganado los democratacristianos de Helmut Kohl, garantizando el éxito del proceso de reunificación en lo que se refiere a su respaldo político y electoral. El problema es cómo se va a hacer y cuál será el coste de la operación. La primera prueba a pasar es la del establecimiento de la relación de cambio entre el marco de la RDA (ostmark) y el marco de la RFA (DM) para llegar a la moneda única. El objetivo de conseguir el respaldo de los ciudadanos orientales en la operación monetaria y en la operación política en su conjunto, así como el deseo de evitar una emigración masiva de éstos hacia la República Federal, parecen aconsejar un cambio a la par. No obstante, si se hiciera así, el impacto inflacionista sería muy fuerte y habría que ver cuál sería la reacción del Bundesbank, que, sin duda, no puede apoyar esa relación de cambio entre los dos marcos.

20 de marzo de 1990

Cumbre hispano-alemana en Constanza. A la vuelta le recuerdo al presidente –quizás predispuesto negativamente por tanta especulación sobre mi protagonismo– que, si no me dice lo contrario, voy a tener al fin el encuentro con José María Aznar que había propiciado Cuevas. Lo acepta sin entusiasmo. Tengo buen cuidado de mantener la conversación en presencia de testigos (Rosa Conde, Claudio Aranzadi y Pedro Solbes).150 No tengo ningún interés en ver al nuevo líder del PP y sería lamentable que mi encuentro con él encima se malinterpretara.

21 de marzo de 1990

Ceno con José María Aznar. Aunque dice que él está por el buen entendimiento en lo que llama la política del Estado –entre lo que incluye la política económica–, saco la conclusión de que no entiende muy bien lo que le propongo o se hace el tonto para no comprometerse demasiado. Lo que más me llama la atención es su afirmación de que él no está dispuesto a hacer de «palanganero del Gobierno en sus relaciones con los sindicatos». Está buscando, lo confiesa, el voto de centro que necesita para ser el primer partido en las próximas elecciones. La reunión termina sin compromiso alguno por su parte o por la mía.

24 de marzo de 1990

Un año más voy a las Jornadas del Círculo de Economistas en Cataluña. En su discurso, Jordi Pujol ha criticado la política económica porque concede «poca atención a la economía productiva». Evito la disputa. De nuevo, muchos aplausos y no poca satisfacción entre los asistentes.

27 y 28 de marzo de 1990

Debate en el Congreso sobre los Presupuestos del Estado de 1990 cuando ya se acaba el primer trimestre del año. Consciente de las reticencias de Nicolás Redondo a entrar a fondo en la segunda fase de la concertación, hago una oferta de pacto por la competitividad, que incluiría a todos los grupos parlamentarios que se apuntaran y a los agentes económicos y sociales. Una parte fundamental del mismo, junto a la determinación de precios y rentas, sería una reforma fiscal estimulante del ahorro privado y la competitividad. José María Aznar y Miquel Roca dan su apoyo de inmediato y, en general, los grupos parlamentarios lo acogen con interés. El mayor problema se da en el Grupo Socialista (particularmente con Txiki Benegas, artífice de la estrategia de exclusión del PP del llamado «bloque constitucional»), que se muestra confuso ante el ambiente de consenso que he creado cuando esperaban de mí un fuerte castigo al PP que compensara las heridas de Guerra. En principio nadie entiende que haya tal contradicción, pero los guerristas están intoxicando con la idea de mis contactos con Aznar al margen del Gobierno y del PSOE.

Me temo que el culpable parcial de este desorden es el propio Felipe González, que parece a veces un tanto aturdido por el desarrollo de lo que llaman el «caso Guerra» y, por las razones que sean, no ha transmitido al partido su aceptación de mi propuesta de consenso parlamentario no excluyente. Como hace unos meses, las presiones de los guerristas contra mí lo tienen de nuevo bastante bloqueado. Yo creo que cada día es más consciente de que Guerra no puede seguir de vicepresidente, pero no sabe cómo resolver el problema. El transcurso del tiempo no hará sino enconar aún más esta cuestión y las relaciones entre los dos irán de mal en peor. Estoy seguro.

Yo, hasta ahora, he sido un miembro importante del Gobierno, con cierta ascendencia tanto sobre el presidente como sobre el Consejo de Ministros, particularmente como ministro de Economía y Hacienda. También he sido un militante destacado del PSOE, pero esta situación –vista al menos por los demás– empieza a cambiar después de mi iniciativa sobre la recomposición del clima de los sindicatos (éstos, por cierto, ahora me atribuyen en exclusiva el éxito de la negociación de la primera fase de la concertación) y la propuesta que lancé de consenso político en el debate presupuestario. Cierta desatención del liderazgo por parte de Felipe González y la caída de la preponderancia de Guerra hacen quizás demasiado patente mi presencia en la política gubernamental. Supongo que eso significa que, a partir de ahora, soy una pieza a batir dentro y fuera de mi propio partido. Personalmente, no soy capaz de concebir otro liderazgo en el PSOE actual que el de Felipe González y eso es lo que me permite mantenerme tranquilo ante estas especulaciones.

30 y 31 de marzo de 1990

Reunión informal del ECOFIN en Irlanda.

Fabián Estapé publica un artículo favorable en relación con la reforma fiscal a la que me referí en la Costa Brava. Aparece un artículo en El Nuevo Lunes sobre algunos componentes de mi promoción universitaria (Carlos Sebastián, Juan Arévalo, Javier Ruiz Castillo, Gloria Barba, Paloma Ávila y Luis Sempere, aunque se deja algunos buenos en el tintero).

Siguen los ecos periodísticos del Pacto de Competitividad que he propuesto: Ignacio de la Rica lo llama «El gol de Solchaga» en Actualidad Económica. De él hablan Cándido (Tiempo), Miguel Ángel Belloso (Expansión) y otros muchos. Eduardo Martín Toval declara que la propuesta es cosa mía y no estrategia del PSOE. Cambio 16 asegura que «me trabajo en silencio la vicepresidencia». Susana Olmo y María José Alegre (Colpisa) afirman que «El enfrentamiento Solchaga-Guerra hace tambalear el Gobierno», y Francisco Núñez titula su artículo en Tiempo «Solchaga-Guerra: la gran batalla por la vicepresidencia».

4 de abril de 1990

Después de mi reunión con el presidente del Gobierno, hoy le he enviado una nota con un resumen de las líneas generales del Pacto Social de Progreso con el fin de evitar nuevos o posibles malos entendidos, ajustándome a lo que hablamos durante la misma. También le anuncio que voy a recibir a Mario Conde en relación con las desgravaciones para la constitución de su corporación bancaria y a cenar con Antonio Asensio y Javier de la Rosa con el tema de Telecinco como principal objeto de discusión. Estoy tratando de evitar por todos los medios que se malinterpreten mis actos.

5 de abril de 1990

Debate de la cuestión de confianza a la que se había comprometido el presidente González con ocasión de la sesión de investidura. Ha sido tenso e insatisfactorio. Los que están en contra de cualquier consenso –entre otros, los guerristas– se regodean en el ambiente de crispación («los enemigos de mis enemigos son mis amigos»).

Por su parte, Guerra se ha empeñado en enviar a Andalucía a Manolo Chaves para sustituir como candidato a la presidencia de Andalucía a Pepote Rodríguez de la Borbolla. Es, sobre todo, una demostración de fuerza política para desengañar a los que creen que ahora está en declive. El presidente del Gobierno acepta quizás por eso mismo. Me siento en parte satisfecho (Chaves era un ministro de Trabajo demasiado influido por Guerra) y en parte incómodo por el nuevo ministro, Luis Martínez Noval, demasiado próximo también al guerrismo.

16 de abril de 1990

Despacho con el presidente del Gobierno después de las vacaciones de Semana Santa. Éste creo que es el sexto en lo que llevamos de año.

20 de abril de 1990

Me visita Édouard Balladur (ahora en la oposición), con quien me entendí muy bien mientras fue ministro de Finanzas de Francia. Está muy preocupado por la aceleración que está tomando el proyecto de Unión Monetaria. Sus tesis se parecen a las de los conservadores ingleses. Quiere hablar conmigo porque sabe que yo soy el único ministro del ECOFIN que valora los aspectos positivos de la propuesta inglesa sin renunciar, eso sí, a la conveniencia de la moneda única (cosa que los ingleses, en el fondo, no aceptan). Mi interés por la propuesta inglesa es doble. Uno, político: evitar que se descuelguen del futuro Tratado de la Unión Monetaria; dos, técnico: su aproximación evolutiva a la coordinación de las políticas monetarias y cambiarias me parece muy ingeniosa (de hecho, estoy trabajando con la Secretaría de Estado de Economía para presentar al ECOFIN del otoño una variante positiva de la misma compatible con el objetivo de la Unión Monetaria). Balladur es más escéptico que yo sobre sus posibilidades de éxito.

23 de abril de 1990

Firmo con el consejero de Canarias las bases del acuerdo para la Reforma del Régimen Económico Fiscal (REF) del archipiélago. La necesidad ineludible de adoptar el IVA y el seguir ausentes de los beneficios de la Política Agrícola Común (PAC) les han convencido de la conveniencia de dicha reforma.

Salta hoy la noticia de que habrá una inspección fiscal a Juan Guerra. Se lo advierto de antemano a Alfonso Guerra, diciéndole que, en mi opinión, es la única de las causas que se siguen contra su hermano de la que puede salir con una condena. En su paranoia, cada día más intensa, me temo que ha entendido mi advertencia como una amenaza, a juzgar por la cara que me pone.

La opinión de derechas destaca cada día más la reforma fiscal dentro del Pacto de Competitividad. La de izquierdas desestima el acuerdo de rentas, y los sindicatos, de cara a la celebración del primero de mayo, advierten que no admitirán más sacrificios salariales. Nadie les ha pedido eso. Al contrario, la esencia del acuerdo es la fijación moderada de salarios nominales con cláusula de garantía de su poder de compra.

30 de abril de 1990

Estos últimos días ha salido a la superficie lo que ya se denomina el «caso Naseiro». En Ferraz están contentos porque tienen ya un arma para defenderse en el «caso Guerra». La Policía ha grabado unas escuchas que muestran la financiación irregular del PP.

También en estos días se ha hecho público el informe sobre España del FMI. Aunque contiene algunas críticas, la prensa entendida concluye que supone un respaldo a la política económica del Gobierno. Incluso Ignacio Calleja, que lleva un mes publicando artículos un tanto hostiles en Mercado, se permite hablar de subordinación del FMI a mis deseos, lo cual me parece un tanto exagerado.

3 de mayo de 1990

Participo en un seminario sobre la Perestroika y la situación actual de la URSS. La participación de los rusos es desconcertante: Gavriil Popov, alcalde de Moscú, se muestra crítico con la política económica de la URSS, pero exhibe un gran desconocimiento del tema. Stanislav Shatalin, asesor principal de Gorbachov, se muestra frívolamente escéptico. Tienen una bomba de relojería entre las manos y no parecen darse cuenta. Con todo, la actuación más decepcionante es la del ministro de Hacienda de la URSS, Valentín Pávlov. Como dice Luis Ángel Rojo, están en la peor de las situaciones: sin planificación y sin mercado.

4 de mayo de 1990

Almuerzo con Nicolás Redondo para evitar que la segunda fase de la concertación fracase en el primer intento. Seguimos distantes, pero no enfrentados. Sigue despotricando sobre Felipe González. Hace como que no ve mi cara de disgusto. Trata de halagarme, por otro lado.

También me visita el presidente del BEI, Ernst-Günther Bröder. Desde que entramos en la CEE España se ha convertido en el principal cliente de activo del banco.

8 de mayo de 1990

Preguntado por los casos de escándalo, doy mi opinión de que hay que reconsiderar el sistema de financiación de los partidos políticos si queremos llegar a evitar la principal razón o excusa para dichos comportamientos.

La inflación sigue alta, pero el diferencial respecto del exterior, gracias a las subidas de precios en Estados Unidos y Reino Unido, entre otros países, se va rebajando.

Surgen las primeras discrepancias entre Claudio Aranzadi y los guerristas tanto sobre el sector eléctrico como, en general, con el Plan Energético. Sorprendentemente, los guerristas tienen ideas muy similares a las de Íñigo de Oriol, presidente de Hidroeléctrica Española. Asisto a una conferencia de Claudio Aranzadi en el Club Siglo XXI como manifestación de apoyo a su política energética. Antes he tenido un almuerzo con Jorge Semprún. Él, Aranzadi y yo somos las bestias negras del guerrismo.

10 de mayo de 1990

Reunión de concertación. Una diferencia de interpretación respecto al ámbito de aplicación del acuerdo alcanzado sobre control sindical de la contratación de las empresas les sirve a los sindicatos para exigir un acuerdo en este campo como condición previa para hablar de cualquier otro tema de la segunda fase de la concertación. La artimaña es obvia. Sin embargo, la oposición frontal y carente de fundamento al proceso de control hace que la opinión pública dé la razón a los sindicatos en vez de pedirles cuentas por su política de obstrucción a negociar la segunda fase de la concertación, como se habían comprometido en enero pasado.

Cambiando el enfoque, pero en la misma línea, debo decir que estoy crecientemente preocupado por la marcha de la economía. La desaceleración de la demanda interna ya se va notando significativamente. El enfriamiento es progresivo, aunque la tasa de inflación sigue varada en el 7 % (es verdad que nos protege el espejismo de un menor diferencial de inflación que en otras épocas por los nuevos repuntes inflacionistas en los países industrializados). Los salarios se han fijado en los primeros meses del año con subidas medias del 8,5 % –un punto más de lo recomendable– y empiezo a intuir un mundo en el que menores tasas de crecimiento y elevados costes sociales produzcan, antes o después, aumentos intolerables de desempleo y crecimientos del déficit público. Le he hecho esta confidencia –incluso exagerando las tintas– a José María Cuevas, que no ha tardado mucho en airearla. El país precisa un «aterrizaje suave». No sé si tendremos tiempo de efectuarlo o si, cuando lleguemos a él, será ya demasiado tarde para evitar el incremento del desempleo en caso de que haya una fase bajista en el ciclo económico.

16 de mayo de 1990

Ceno con Antonio Gutiérrez en el Ministerio. El propio Nicolás Redondo ha aconsejado este encuentro para ayudarle a vencer, según dice, alguna desconfianza del sindicato comunista, con lo que UGT ganaría margen de maniobra para pactar con el Gobierno y la patronal, ya que, de momento, parece situada a la izquierda de CC.OO. ante la opinión pública. Me cuenta con discreción algunos de sus problemas internos. También su pasado como militante comunista en los tiempos del franquismo y sus detenciones. La conversación fue grata en general. Al final tengo el sentimiento de que no he conseguido que venciera su desconfianza. No sé si el problema soy yo o sus dificultades internas en CC.OO. o una mezcla de ambas cosas.

18 de mayo de 1990

Cena-conferencia organizada por el PSC en Barcelona. Expongo en ella mi tesis sobre la absoluta necesidad de ser competitivos y mi confianza en que la moderación salarial se abrirá paso antes o después en la cultura económica de nuestro país. Narcís Serra me precede en el uso de la palabra con un discurso más bien desvaído.

Había pedido a los principales compañeros del PSC, a través de Serra, que una vez acabado el acto tuviéramos una reunión política para pensar en el próximo Congreso del PSOE previsto para el otoño de este año. Se quedaron a la reunión el propio Narcís Serra, Joan Reventós, Raimon Obiols, Pasqual Maragall y Jordi Solé Tura. Hablamos del papel más limitado que Guerra y el guerrismo habrán de jugar previsiblemente en el futuro. Les hago ver que lo que les parece una evidencia es mucho más complicado de lo que creen, porque, antes o después del congreso, Guerra va a dejar inexorablemente la vicepresidencia del Gobierno y se refugiará en el partido, desde donde puede abrir un frente muy peligroso. Abren unos ojos como platos. De repente empiezan a sentirse incómodos. Mi franqueza les compromete. Además, yo tampoco les gusto gran cosa. Nos separamos pasadas las tres de la madrugada preocupados todos y yo insatisfecho al ver el paisaje que van a ofrecer los «renovadores», al menos los catalanes.

21 de mayo de 1990

Se llega a un acuerdo con los sindicatos sobre el control de los contratos de trabajo. José María Cuevas reacciona dura e injustificadamente. El Periódico, habitualmente próximo al guerrismo, publica un editorial muy crítico diciendo que Felipe González, Martínez Noval y yo hemos negociado «de rodillas» con los sindicatos.

Almuerzo con Miguel Boyer y Mariano Rubio.

22 de mayo de 1990

Felipe González, Francisco Fernández Ordóñez y yo comparecemos en la puesta en marcha de la Comisión Mixta Congreso-Senado sobre Comunidades Europeas. En ella se discutirán los progresos que se hagan en materia económica, social, política e institucional en el camino de la integración europea para conocer, sin que los mismos vinculen al Gobierno, los puntos de vista del Parlamento sobre la marcha del proceso. Esta comisión está llamada a tener una gran importancia.

31 de mayo de 1990

Vienen a Madrid Pedro Aspe y Jaime Serra, ministros, respectivamente, de Hacienda y Comercio de México. Firmamos junto con la banca española la reducción unilateral de la deuda mexicana en un 50 % (la operación es justa porque el descuento en el mercado es mayor y los bancos, por su parte, ya lo han provisionado). Lo principal es utilizar las nuevas oportunidades de los bonos Brady para llegar a acuerdos sobre quitas en la deuda de México. España es el primer país que lo hace. Los mexicanos se muestran satisfechos y agradecidos; lo mismo Michel Camdessus y también Nicholas Brady. Es el primer paso en el proceso final de renegociación de la deuda mexicana. A partir de este momento México podrá poner en marcha un proceso de transformación económica, me cuenta Pedro Aspe, que toma como guía, según dice, la experiencia española en esta materia. Cenamos las dos delegaciones en Zalacaín.

Por lo demás, las dificultades para entrar en la segunda fase de la concertación social se multiplican. Los sindicatos empiezan a hablar de control de beneficios y de regular por ley la creación de fondos obligatorios para inversiones procedentes de los mismos. Además no quieren hablar de un pacto tripartito, sino de dos bilaterales. Hago saber desde el principio que no soy partidario de ninguna ley sobre fondos para inversiones y recuerdo que no puede haber negociaciones sobre beneficios sin los empresarios en la mesa. Sin embargo, los sindicatos siguen instalados en una orgía intervencionista, con ellos controlando la situación. Parece obvio que no han tomado en consideración el hecho de que, tras la huelga general del 14 de diciembre, el PSOE y el Gobierno volvieron a ganar las elecciones.

2 de junio de 1990

Aunque, como ya dije, los sindicatos quieren negociar directamente con el Gobierno una ley sobre fondos para inversiones y sistemas más rígidos de contratación laboral, tanto el ministro de Trabajo como yo mismo declaramos que ninguno de estos casos se pueden llevar a cabo si no entran los empresarios en el pacto, por no decir que nosotros tampoco estaríamos dispuestos a negociarlo. Es evidente que las cosas se están confundiendo cada vez más, haciendo imposible la segunda fase de la concertación. La patronal se queja –con buena razón– del deseo constante de excluirla por parte de los sindicatos.

5 de junio de 1990

El ministro de Trabajo se declara optimista ante la segunda fase de la concertación. No lo entiendo. También dice que «conecta con la forma de hacer política de Alfonso Guerra». Esto lo entiendo más.

Javier González Ferrari se hace eco de una palabras de Txiki Benegas que expresan el sentimiento de los guerristas, según los cuales yo podría estar creando una «corriente de opinión» dentro del PSOE.

Despacho con el presidente del Gobierno sobre las posibilidades de la concertación social. No lo decimos, pero los dos somos crecientemente pesimistas.

6 de junio de 1990

Cena en Moncloa con Carlos Andrés Pérez, presidente de la República de Venezuela. Nos cuenta sus muchas dificultades. Inspirado en la experiencia española, ha decidido aplicar una política económica ortodoxa. Moisés Naím y Ricardo Hausmann están en el Gabinete, lo que es una garantía.

8 de junio de 1990

Llevo al Consejo de Ministros el nombramiento de Luis Martí como presidente del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX). Por fin Luis me acepta un cargo después de haberme rechazado varias ofertas desde que llegué al Ministerio de Industria hace ocho años.

11 de junio de 1990

Se publica en El Nuevo Lunes un artículo sobre equilibrios de poder dentro del Gobierno con mucha y buena información. Se equivoca su autor, sin embargo, al predecir una remodelación del Gobierno para después de las elecciones andaluzas. Esto no ocurrirá todavía.

Asisto en Luxemburgo al ECOFIN. Me muestro favorable a un proceso evolutivo en la línea avanzada por Reino Unido en la construcción de la Unión Económica y Monetaria.

12 de junio de 1990

Tiempo dice que he hecho las paces con Javier de la Rosa después de la compra por parte de éste del 25 % de Telecinco. Me desagradan este tipo de especulaciones.

Reunión del Gobierno con la patronal. Insisten con razón en la necesidad de que el foro de negociaciones sea tripartito y se acabe la situación actual.

Se conoce la inflación de mayo. Con una tasa anual del 6,8 %, empieza a señalar que lo peor (tasas superiores al 7 %) ha pasado. Sigue, sin embargo, subiendo la inflación subyacente. La economía se va enfriando, pero los precios se resisten a bajar.

Me visita el ministro polaco de Hacienda, Leszek Balcerowicz. Es un admirador de nuestro proceso de reconversión industrial. Me dedica su libro.

14 de junio de 1990

Presento en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.

Cambio 16 publica un artículo titulado «El enorme poder de Solchaga irrita a otros Ministerios». Cierto; aunque mi poder no sea «enorme».

15 de junio 1990

El Consejo de Ministros da la luz verde al Libro Blanco sobre la reforma del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio Personal, en el que hemos venido trabajando en el Ministerio de Economía y Hacienda en los últimos meses.

16 de junio de 1990

Me reúno en Barcelona con Jordi Pujol y Macià Alavedra para hablar de la situación económica, el tratamiento fiscal del ahorro y la fusión de las cajas catalanas. En S’Agaró explico el Libro Blanco de la reforma fiscal con ocasión de unas Jornadas de Economía.

Empiezan a surgir problemas financieros en las comunidades autónomas. Han agotado las ventajas que obtuvieron en 1986 con el nuevo sistema de financiación y siguen gastando con gran entusiasmo. Se ve venir el incremento en el déficit de las Administraciones Públicas. Como consecuencia de ello, llamo la atención sobre este punto sin muchas esperanzas, porque han encontrado sistemas de financiación de su déficit a través de las cajas de ahorro que dependen de ellas.

20 de junio de 1990

Comparezco ante la Comisión Mixta Congreso-Senado para la CEE. Presento un documento sobre el mercado único y la política económica que responde al Pacto Social de Progreso (o Pacto de Competitividad, que representa la respuesta del Gobierno a dicho proyecto) y otro sobre la Unión Económica y Monetaria.

21 de junio de 1990

Clausuro la Asamblea de las Cajas de Ahorro. Josep Pintó Ruiz hace un discurso increíblemente barroco, rozando el absurdo. El ambiente, por lo demás, sigue siendo optimista, con las principales entidades embarcadas en una ola de apertura de oficinas fuera de sus territorios tradicionales.

22 de junio de 1990

Macià Alavedra declara que yo personalmente soy partidario de la corresponsabilidad fiscal de las comunidades autónomas. Es la primera vez que este tema pasa de los papeles técnicos al debate político. Su apreciación, por otro lado, es correcta.

24 de junio de 1990

Elecciones en Andalucía. Manolo Chaves será el nuevo presidente.

25 de junio de 1990

Consigo salvar la amenaza de la CEOE de abandonar la concertación asegurándoles que nada que les implique será resuelto a nivel bilateral sin su acuerdo.

Almuerzo con Nicolás Redondo y José María Zufiaur, a quienes trato de hacer ver la delicadeza de la situación. Acordamos reunirnos Redondo, Antonio Gutiérrez y yo. Esto está a punto de descarrilarse.

26 de junio de 1990

Cena con Redondo y Gutiérrez en un ambiente grato, a pesar de que rezuma desconfianza de todos contra todos.

Se termina el mes y también el semestre con un nuevo triunfo, aunque más apretado, en las elecciones de Andalucía. Es evidente que Alfonso Guerra, que se lo atribuye, quiere aprovecharlo para promover una crisis de Gobierno en Madrid que le favorezca. A mí me gustaría que, por el contrario, se diera cuenta de que el resultado es un puente de plata para anunciar que dejará el Gobierno con ocasión del XXXII Congreso del PSOE en noviembre.

Por lo demás, en España sólo se habla de la reforma fiscal, del tratamiento fiscal de las distintas rentas y de las regularizaciones de balances. Estos temas interesan mucho más que las disensiones dentro del PSOE o el simulacro de negociaciones de concertación social que está llevando a cabo el Gobierno y del que cada vez me siento más arrepentido. Me temo que me he equivocado y que este ensayo de cohabitación con los sindicatos no conducirá a nada.

1 de julio de 1990

Cumbre hispano-francesa en Mérida. Mi colega Pierre Bérégovoy viene hasta allí y tenemos una reunión interesante. Le expongo mis puntos de vista sobre la fase final de la Unión Monetaria (el paso a la moneda única), explicándole que hasta entonces habrán pasado tantas cosas que será necesaria una especie de conferencia europea para determinar los cambios de las monedas en función de la competitividad relativa de unas economías y otras. Le expreso también mi preocupación por el impacto negativo de la unificación alemana sobre el proceso de Unión Monetaria. (Insisto mucho en estos dos temas porque en el primer análisis de convergencia que hicimos en el ECOFIN, bajo la presidencia de Bérégovoy en 1989, a mi propuesta de ser más flexibles con los tipos de cambio y permitir una revaluación del marco alemán que aliviara la inflación alemana y a los demás de las tensiones en los cambios de nuestras monedas, había contestado Bérégovoy con una declaración de principios sobre la inamovilidad de la relación de cambio entre el franco francés y el marco alemán.) Le digo finalmente que España no tiene la intención de agotar el periodo transitorio hasta enero de 1993 para llevar a cabo la total liberalización de los movimientos de capitales. Atiende a todo lo que digo con cara de preocupación, pues la gran noticia del día es la unificación monetaria de Alemania en unas condiciones de cambio entre los dos marcos (uno por uno) descabelladas. En declaraciones a la prensa he pronosticado que, además, esta decisión, con su componente inflacionario por el cambio de uno por uno, se produce en un momento en que aumentará el gasto público en la RFA y ello provocará tensiones en los mercados financieros, sobre todo en los tipos de interés, lo que suscitará una evolución en los cambios que producirá inestabilidad. Bérégovoy no parecía muy consciente de estas implicaciones de la decisión alemana.

3 de julio de 1990

Participo en Bilbao en unos Encuentros sobre la economía española organizados por el PSE. Hoy la CEOE da su aprobación oficial a la participación en la segunda fase de la concertación después de las garantías que les he dado de que no se llegará a acuerdos que afecten a los intereses estratégicos de las empresas sin que ellas estén presenten.

4 de julio de 1990

Julián Lacalle publica en Diario 16 que algunos ministros y miembros de la Ejecutiva creen que hay que hacer una remodelación del Gobierno. Es un globo sonda guerrista. Lo más interesante, la propuesta de mínimos que contiene: «Si Guerra no se queda –contra lo que los informantes del periodista desearían en todo caso– su salida deberá ser compensada por la de Solchaga». Ésta parece ser la nueva tesis de Guerra a la vista de que los resultados electorales de Andalucía no han impresionado a Felipe González (ni a nadie).

Ante los fuertes rumores sobre remodelación del Gobierno, y un poco cansado ya de las intoxicaciones guerristas, declaro con cierta sorna al ser preguntado sobre los mismos que la única fuente verdaderamente fiable sobre remodelaciones gubernamentales es Felipe González y que las demás suelen ser fuentes interesadas.

7 de julio de 1990

Comité Federal del PSOE. Abro por fin la caja de los truenos después de venir soportando durante muchos meses la escasa actividad del Gobierno como consecuencia del «caso Guerra» (lo que, dicho sea de paso, ha hecho que las iniciativas en el área económica fueran la principal referencia de la actividad gubernamental, proporcionándome un protagonismo desmedido) y cansado también de oír a Txiki Benegas, Eduardo Martín Toval y Virgilio Zapatero decirnos cada mañana lo que teníamos que hacer los socialistas frente a los ataques que padecíamos por culpa del «caso Guerra». Ante los periodistas, me niego a aceptar la tesis de que, por principio, no haya ministros en la próxima Ejecutiva Federal. Hablo del «monolitismo» y de la pobreza del debate en la Ejecutiva actual y digo que si me propusieran entrar en la Ejecutiva en el próximo Congreso del PSOE seguramente aceptaría. Después de hacer estas declaraciones a mi llegada a Ferraz para la reunión del Comité Federal, una vez dentro, hago una dura crítica al informe de gestión de la Ejecutiva que explica Txiki Benegas y que, en mi opinión, minusvalora todo lo que se ha venido haciendo en el campo de la concertación social y de la reforma fiscal desde las pasadas elecciones de octubre de 1989 para centrarse sólo en las escaramuzas del entorno de Guerra para protegerle de la responsabilidad que le incumbe en el caso de su hermano. Finalmente, para mayor inri de los guerristas, hablo de la «bunkerización» de la dirección del partido como fundamental razón en todo ello.

Todo este ataque ha sido la consecuencia de la mucha tensión con que estamos viviendo desde las elecciones. A estas alturas, ya estoy harto de hacer todo tipo de esfuerzos para mejorar la situación económica y el prestigio del Gobierno mientras los guerristas no se cansan de decir que yo no represento el pensamiento predominante en el PSOE, como si yo fuera un extraterrestre parachutado en sus filas después de quince años largos de militancia. Esta especie de ostracismo dictado por Alfonso Guerra desde el aparato del partido también lo siente como si fuera propio Jorge Semprún, que sin embargo no es miembro del PSOE ni creo que desee serlo. Jorge, que por otro lado se ve vigilado en sus iniciativas dentro del Ministerio de Cultura por los celos y prejuicios de Guerra y de sus turiferarios en este campo (gente a la que el vicepresidente ha conseguido colarles la idea de que él es una persona culta y de gran sensibilidad artística), comparte el sentimiento de la bunkerización de la dirección del PSOE. Discutiendo de esto me ha dicho en alguna ocasión que nuestra exclusión se acabaría si nos dejaran recorrer las sedes del partido por toda España explicando lo que pensamos.

8 de julio de 1990

La prensa celebra el festín de ayer. El Mundo titula su editorial «El San Fermín de Carlos Solchaga»; «Solchaga hace frente a Guerra», dice El Independiente; «Liberales, califas y críticos plantan cara a Guerra ante el Congreso del PSOE», afirma ABC; «González medió en el enfrentamiento de Solchaga con la Ejecutiva del PSOE», sentencia El Sol; «Solchaga se mueve en la foto», airea Expansión; «Solchaga y la crisis sin rostro», publica Cinco Días. José Luis Gutiérrez, Fernando Jáuregui, Jacinto Pérez Iriarte, Lorenzo Contreras, José Cavero, Primo González, Pepe Oneto, Fermín Bocos, Manuel Calvo Hernando y seguramente algunos otros escriben sobre el mismo tema.

9 de julio de 1990

Las primeras reacciones a mis intervenciones en el Comité Federal no tardan en aparecer. Los guerristas critican el Libro Blanco de la reforma fiscal antes de mi reunión con el Grupo Parlamentario, al que voy a explicarlo mañana. Los tibios hacen lo posible por desmarcarse (Javier Solana, Enrique Múgica, Narcís Serra y el PSC en su conjunto, José Barrionuevo, Carlos Romero…). Tampoco contaba con otra cosa. Jorge Semprún, Claudio Aranzadi y Joaquín Almunia piensan lo mismo que yo en este tema.

10 de julio de 1990

Comparezco ante la Comisión Mixta Congreso-Senado para la CEE. En línea con lo que le había trasladado a Pierre Bérégovoy, digo en público que antes de entrar en la tercera fase de la Unión Monetaria debería haber un reajuste de paridades en el SME. A nadie le parece mal.

Siguen los comentarios sobre Solchaga y el PSOE (Diario 16, El Periódico de Catalunya). Siguen también los ministros y otros notables del PSOE desmarcándose de mis posiciones a solicitud del guerrismo. Julián Lacalle hace de portavoz de todos ellos. Enviado por Ferraz, ha ido a preguntarles a todos su posición.

Con los datos de mayo, el IPC cae al 6,5 % en tasa anual. Va bajando, pero muy lentamente.

15 de julio de 1990

ABC nos dedica a Guerra y a mí su portada este domingo 15 de julio. A la vista de que siguen multiplicándose los editoriales y los artículos de prensa, advierto de que no volveré a pronunciarme sobre el tema hasta el otoño, de cara al Congreso del PSOE.

José Luis Gutiérrez denuncia en Diario 16 que la prensa en general le está haciendo el caldo gordo al guerrismo. Curiosamente, UGT e Izquierda Socialista, así como algún espontáneo como Luis Velasco (antiguo secretario de Estado de Comercio a quien cesé en 1986) se inclinan de mi lado. También hacen declaraciones favorables a mi iniciativa Josep Borrell y Joaquín Leguina. El Diario de Navarra publica un artículo elogioso de Antonio Papell sobre mi cometido en el PSOE. Lo más interesante de todo es que el presidente no me ha comentado nada sobre mis declaraciones ni sobre las reacciones que han suscitado.

18 de julio de 1990

La Asociación para la Defensa de los Accionistas anuncia hoy que interpondrá una querella criminal por prevaricación contra Virgilio Zapatero y contra mí si se llegan a conceder los beneficios fiscales a la fusión de la Caixa de Pensions y la Caixa de Barcelona en un próximo Consejo de Ministros. Los beneficios se concederán, desde luego: la querella no tiene ningún fundamento.

23 de julio de 1990

Reunión del ECOFIN en Bruselas sobre la Unión Económica y Monetaria. Declaro a la prensa que, para cumplir los criterios de déficit fiscal previsibles en el proceso de Unión Monetaria, además del Gobierno central, los ayuntamientos y las comunidades autónomas tendrán que establecer una seria disciplina fiscal. Propongo también (durante la reunión ministerial) que, en la segunda fase de la Unión Monetaria, el Instituto Monetario, que se acabará convirtiendo en el Banco Central Europeo en la tercera fase, tenga ya competencias de orientación de la política monetaria para facilitar la convergencia. Mi posición es minoritaria. Nadie ve con confianza un proceso evolutivo en el camino hacia la Unión Monetaria quizá porque lo han propuesto los ingleses.

Los militantes ilustres del PSOE siguen posicionándose en relación conmigo. Valoran positivamente mi posición, pero Joaquín Leguina, José María Maravall, Raimon Obiols y Juan José Laborda se alejan de mi «sensibilidad». Más importantes son las duras declaraciones que Semprún hace a El País alineándose conmigo y atacando a Guerra y su búnker. No tenía ni idea de que fuera a hacerlo, aunque en nuestras conversaciones de las últimas semanas Jorge se ha mostrado cada vez más crítico con las líneas guerristas del PSOE y acogió con gran satisfacción mi definición de la dirección del partido como un búnker. Me doy cuenta, por otra parte, de que constituyen una declaración de apoyo a mi persona ante las manifestaciones absurdas que se están oyendo en estos días y, particularmente, el estúpido ataque de Juan Guerra contra mí, poniendo en duda mi honradez. Me produce cierto temor la idea de que esto, viniendo de una persona del prestigio de Jorge Semprún, vaya a tener una honda repercusión en el PSOE. Al mismo tiempo, no puedo dejar de sentir un enorme agradecimiento por su toma de posición.

30 de julio de 1990

El Consejo de Ministros aprueba la reforma del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio. La reducción gradual de la tarifa, el incremento de las deducciones y el tratamiento más favorable de las plusvalías son los aspectos más destacados de la misma. El Consejo aprueba también el nuevo Convenio Económico con Navarra, cuya negociación con los compañeros socialistas en el poder allí ha sido relativamente sencilla.

En estos días de ataques y zozobras, me consuelo pensando que la batalla política precongresual iniciada es el primer debate serio en el PSOE desde el que se produjo sobre el marxismo en 1979 –hace once años–, y que ello no ha impedido que continuaran los trabajos de reformas económicas. Las nuevas leyes del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio son buena prueba de ello.

Entretanto, sigue subiendo inconvenientemente la peseta mientras el dólar se desmorona. El efecto de ello sobre la inflación es positivo, pero la balanza de pagos por cuenta corriente se resiente ya gravemente con un tipo de cambio sobrevaluado. Cada día es más necesaria la moderación salarial para descansar menos en una política monetaria restrictiva. La política fiscal es ligeramente expansiva, pero el déficit se sigue reduciendo. Sin embargo, no podemos hacer que baje el tipo de cambio de la peseta si no bajan los tipos de interés. Con la entrada de la peseta en el Mecanismo Regulador de Cambios del SME, España se ha incorporado a los circuitos internacionales de capital financiero y las inversiones externas, particularmente las que son a corto plazo, aumentan constantemente, presionando al alza el cambio de la peseta dentro del sistema de cambio europeo.

5 de agosto de 1990

Irak ha invadido Kuwait. Felipe González ha desempolvado el Gabinete de Crisis y nos reunimos en Madrid, interrumpidas nuestras vacaciones. Cuando ya se ha visto que Estados Unidos ha tomado la vía de la no intervención inmediata y unilateral, sino la de formar una coalición de países para intervenir con el mandato de la ONU, el presidente ha decidido reducir las reuniones de esta primera fase a las que tenga con los ministros de Exteriores y de Defensa mientras se organiza la coalición y las tropas van llegando a los Emiratos Árabes. Los norteamericanos nos han pedido permiso para el uso masivo como cabezas de puente de los aeropuertos de las bases conjuntas de Torrejón de Ardoz y de Morón de la Frontera, así como de la base naval de Rota. Aunque el conflicto parece muy focalizado e Irak no encuentra quien lo apoye ni siquiera en el mundo islámico, para no hablar de la mucho más comprensiva posición de la URSS respecto de la iniciativa norteamericana en los tiempos que corren, es seguro que la guerra tendrá efectos negativos sobre la economía mundial y sobre la nuestra por el aumento de la incertidumbre y la previsible subida de los precios del petróleo.

6 de agosto de 1990

Viaje a Colombia, a la toma de posesión del presidente Carlos Gaviria, y a Venezuela, donde veo al presidente Carlos Andrés Pérez y a todo su Gobierno en Caracas. Aprovechando que está de vacaciones, me acompaña Gloria y pasamos en los dos países unos días de descanso antes de volver a España al Puerto de Santa María y reunirnos con nuestros hijos Carlos y Miguel, que ya están allí.

Los guerristas amenazan en Panorama con un ataque a la «beautiful people» que, según ellos, yo represento. Otros nombres mencionados son: Miguel Boyer, Mariano Rubio, Manuel de la Concha, Jaime Soto, Guillermo de la Dehesa, Eduardo Santos, Juan Abelló, Enrique Sarasola, Álvaro Álvarez Alonso, Claudio Boada, José María López de Letona, Petra Mateos, Jesús de Polanco y Plácido Arango. Por otra parte, continúan con el debate en el PSOE los diversos posicionamientos: Fernando Morán, Ignacio Sotelo y Matilde Fernández hacen declaraciones. Se habla, o más bien se sigue hablando, de que la solución sería que Guerra y yo saliéramos del Gobierno a la vez.

20 de agosto de 1990

Viaje a Madrid para recibir a una delegación kuwaití en la que está mi colega, el ministro de Hacienda, Alí Khalifa. Anuncian que van a invertir 1.500 millones de dólares más en España, aunque no especifican en qué ni cuál puede ser la razón de dejar ese dinero aquí ahora que tienen que financiar una guerra. Me resulta sorprendente. Agradezco su confianza en el país.

30 de agosto de 1990

Esta noche he cenado con Jorge Semprún y su mujer, Colette. Me ha enseñado una descorazonadora carta del presidente del Gobierno relacionada con sus declaraciones a El País de hace un mes. Me cuenta que, además, por un error de su secretaria, que la recibió el 30 de julio pasado y no se la pasó, no la ha podido leer hasta ahora. Me pregunta cómo interpreto yo la carta, si creo que el presidente le está pidiendo la dimisión. Le digo que sí, que me temo que no hay otra interpretación posible. Me produce una doble decepción: primero, por ver a Felipe González prescindir de Jorge Semprún a causa de la presión de un partido que está desnortado en estos momentos, y, segundo, porque si Jorge se va me quedaré muy solo (aunque siempre está Claudio Aranzadi y no me falta el apoyo de algunos otros).

5 de septiembre de 1990

Recibo a John Major, ministro inglés del Tesoro, para aproximar posiciones sobre la Unión Monetaria de cara a la próxima reunión del ECOFIN en Roma. Antes, el día 3 de septiembre, he recibido la visita del italiano Guido Carli, presidente del ECOFIN. Se empieza a transmitir –sobre todo por parte de la prensa inglesa– que Reino Unido y España tenemos una posición común sobre la transición a la moneda única, lo que no es verdad. Lo que sí es cierto es que el sistema evolutivo de coordinación de políticas monetarias y cambiarias de la propuesta inglesa me ha atraído mucho, y hemos elaborado, a partir del mismo, una propuesta española que encargué a Manolo Conthe que articulara y respecto a la que se está creando una gran expectativa de cara al próximo ECOFIN informal en Roma (en parte, por unas declaraciones mías al Financial Times).

Despacho con el presidente del Gobierno. No quiere hablar de Semprún. Nos centramos en la próxima reunión del ECOFIN.

7 a 9 de septiembre de 1990

Reunión informal del ECOFIN en Roma. Presento en él mis reflexiones sobre cómo debería ser el proceso para la creación de la Unión Monetaria en Europa, dando mucha mayor importancia al Instituto Monetario Europeo durante la segunda fase de la Unión Monetaria y proponiendo que pueda emitir ecus151 duros (no devaluables) y que pueda cambiarlos por las diferentes monedas europeas en función de la debilidad o no de las mismas, obligando de esta manera a la coordinación de las políticas monetarias de los países miembros aun antes de llegar a la moneda única.

Jacques Delors está irritado: cree que, al separarse esta propuesta de su proyecto, España le está traicionando. Algunos colegas lo ven con mejor cara. El problema, sin embargo, es político: Francia, Alemania y el Benelux quieren que Inglaterra pase por las horcas caudinas del Informe Delors. Creen, no sin razón, que Reino Unido prefiere una moneda europea débil que no sea competencia de la libra esterlina y, sobre todo, de Londres como centro financiero.

Antes de salir el día 7 para Roma (donde nos hospedamos en el Hotel Majestic), hago una rueda de prensa sobre la orientación de la política económica ante los efectos de la guerra del Golfo. El rigor en la política monetaria, la austeridad en el gasto y el compromiso de moderación salarial son los pilares anunciados para la política económica en el nuevo curso. Los sindicatos me llaman «alarmista». Mario Conde pide una vez más un cambio en la política económica. La CEE, sin embargo, recomienda políticas de ajuste como la que yo he anunciado.

10 de septiembre de 1990

Una vez expuesta ante el ECOFIN informal, lo que más llama la atención de mi propuesta para la Unión Monetaria no es su esencia, sino los plazos que tentativamente sugiero: que la segunda fase empiece en 1994 y que se piense en finales de este siglo para la implantación de la moneda única. Algunos me acusan de querer retrasar el proceso.

Hoy he visitado a José María Cuevas. Hablamos de los cambios en la política económica. Trato de tranquilizarle, aunque ahora no se puede saber cuáles serán los efectos de la guerra que se está preparando sobre el entorno económico internacional.

11 de septiembre de 1990

Felipe González comparece ante el Parlamento para hablar de la crisis del Golfo. Delega en el ministro de Industria y en mí la consideración de las eventuales consecuencias energéticas y económicas de la crisis. Todos intervenimos en un ambiente sosegado.

La inflación en agosto –0,4 %– refleja el encarecimiento de la gasolina derivado de la situación en el Golfo. Sin esto, el resultado hubiera sido bastante bueno.

Los sindicatos hacen manifestaciones en las que se oponen a las líneas de ajuste que he anunciado hace unos días. Lo comento almorzando con José Luis Corcuera. También hablamos de los rumores de crisis de Gobierno. Según algunos, aunque mi posición es minoritaria en el PSOE, Guerra se va quedando aislado. La prensa piensa que yo tengo mucho protagonismo, pero no el suficiente poder. El resultado de esta situación es que Guerra tratará de boicotear el ajuste presupuestario, aseguran. De hecho, lo que Guerra está preparando es compensar su eventual salida del Gobierno, que quizá considera inevitable, con la mía.

12 de septiembre de 1990

Almuerzo con Javier Pradera y Joaquín Estefanía152 en el Ministerio. Retomamos los temas de las discusiones internas del PSOE después de mis batallas del pasado mes de julio en el Comité Federal y en los medios de comunicación.

Ambos tienen una pobre opinión de Alfonso Guerra y de su papel en el Gobierno y en el partido. Aunque la mía no es mejor, les digo, sin embargo, que hay algo realmente digno de admiración en su desempeño como político. Guerra se ha formado una falsa imagen de sí mismo, que es una mezcla de gran estratega en las luchas de poder y en las contiendas electorales con una estética de izquierda radical aderezada con algunas ridículas poses de dandismo intelectual con las que aparenta estar más allá de las mezquinas necesidades de los hombres dedicados a la política tras una falsa y provinciana imagen de intelectual. Hacer esto todos los días y a todas horas sin traicionarse a sí mismo, encubriendo su verdadera personalidad, requiere un esfuerzo absolutamente increíble y una actitud de permanente alerta en su relación con sus adversarios políticos, que deben ser muy cuidadosos si no quieren caer en sus trampas. Ello y su obsesión por el poder le hacen siempre un enemigo temible.

Pero su fijación por el poder no tiene nada que ver con el uso último de dicho poder. Guerra no tiene idea sobre qué hacer con el Estado, sobre cómo transformar el país. Eso le corresponde a Felipe González, que es el auténtico reformista dispuesto a aceptar el riesgo si el objetivo merece la pena. A Alfonso Guerra sólo le interesa el poder por el poder: las relaciones de subordinación y vasallaje. De hecho, si se mantiene la impresión de que su poder queda intacto en una negociación, no le importa en absoluto ceder en el asunto que se está discutiendo, aunque sea negativo para los intereses del Gobierno o del PSOE.

18 de septiembre de 1990

Comparezco ante la Comisión Mixta para la CEE para explicar la postura española sobre la Unión Económica y Monetaria y mi participación en el ECOFIN informal en Roma.

Mientras, Abel Caballero, secretario de Política Territorial en el PSOE y exministro, reúne a varios presidentes y secretarios generales del partido de distintas comunidades autónomas para recordar a Felipe González el amplio apoyo de que goza Guerra en el PSOE. A la reunión, que tiene lugar en Toledo, asisten Pedro de Silva (presidente del Principado de Asturias), José Bono (presidente de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), Joan Lerma (presidente de la Generalitat valenciana), Juan Carlos Rodríguez Ibarra (presidente de la Junta de Extremadura), Carlos Collado (presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia) y Carlos Sanjuán (secretario general del PSOE de Andalucía).

20 de septiembre de 1990

Recibo la visita de Robert A. Mosbacher, secretario de Comercio de Estados Unidos. Es aparentemente muy amigo del Rey y desde luego muy simpático, pero no parece conocer mucho de su oficio. Ayer recibí al ministro de Economía de Singapur, Richard Hu Tsu Tau, que tampoco me ha causado una gran impresión.

21 al 27 de septiembre de 1990

Larga estancia en Washington, pasando por Nueva York. Asisto a la Asamblea de FMI y del Banco Mundial. Repito en mi discurso cuál debe ser la política económica para hacer frente a las consecuencias de la guerra del Golfo que ya expuse en Roma y que coincide con lo que la CEE propone.

28 de septiembre de 1990

Presento la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1991 en el Congreso de los Diputados. Según El País son los más restrictivos de la época socialista. Retraso algunos proyectos de inversión, aunque me veo frenado en mi propósito por las obras necesarias para los acontecimientos de 1992. En la ley se contempla la creación de la Agencia Tributaria, que es la principal novedad institucional, llamada, sin duda, a tener gran trascendencia en el futuro.

El problema de los Presupuestos no está tanto en el gasto como en la previsión un tanto voluntarista de los ingresos, que difícilmente podrá cumplirse a lo largo del año 1991. Con todo, se ve ya la dificultad derivada de los acuerdos de 1990 para controlar el gasto social. La Seguridad Social, que ha ido muy bien en los últimos años, empieza a tener dificultades financieras para hacer frente a todos los compromisos.

La vuelta a la política y al trabajo después de unas vacaciones muy interrumpidas por diversas causas está siendo complicada. Tengo la impresión de que otra vez hemos entrado en una época vertiginosa. La guerra del Golfo ha levantado ansiedades e incertidumbres, y cuando he tratado de dar una respuesta relativamente comedida, pero realista, me he encontrado con un Gobierno dividido en relación con la misma. Mientras, Alfonso Guerra sigue esperando agazapado mis errores y yo me encuentro sin el apoyo de un Parlamento que no quiere respaldar una política de consenso y con los sindicatos agresivamente en contra. Demasiados frentes a la vez

Por si fuera poco, tengo enfadados a Delors y a Bérégovoy por haber hecho una propuesta seria y pragmática sobre la futura Unión Monetaria que no parecen haber entendido. El pasado día 8 de septiembre me vi obligado a pedir la transcripción de mi intervención en la reunión del ECOFIN para enseñársela a Delors y tranquilizarle. Por mi parte, recibí sendas cartas de felicitación de John Major y del gobernador del Banco de Inglaterra, Robin Leigh-Pemberton, por mi intervención en el ECOFIN.

4 de octubre de 1990

En los periódicos de los últimos días siguen apareciendo artículos sobre los problemas internos del PSOE y las posibilidades de división. Minimizo el tema en unas declaraciones que hago en Navarra y aseguro que Felipe González es la garantía de cohesión en el PSOE. Luis Yáñez (guerrista) me ataca desde Sevilla. Alfonso Guerra, por su parte, nos ataca a Semprún y a mí. La situación de Semprún es muy delicada. Si Guerra sale del Gobierno, el presidente no podrá sostenernos dentro a él y a mí, y menos después de la carta que le envió a Jorge.

Firmo con Manuel del Valle, alcalde de Sevilla, un convenio para financiar obras del Ayuntamiento de la ciudad en la preparación de la Expo’92. Creamos, con poco entusiasmo por mi parte, una sociedad estatal (85 % del capital del Estado, 15 % del Ayuntamiento de Sevilla).

5 de octubre de 1990

El Tribunal Constitucional declara legítimo el derecho de las comunidades autónomas a imponer recargos sobre el IRPF aprobados por sus asambleas. Invito a los responsables de las comunidades autónomas a que sigan ese camino para obtener financiación. No me harán ni caso. Lo de la «corresponsabilidad fiscal» de las Autonomías es sólo un mito.

Recibo una carta de John Major anunciándome la entrada de la libra esterlina en el mecanismo de cambios del SME. Es una decisión atrevida que nunca habría tomado Margaret Thatcher cuando era líder indiscutida. Las cosas están cambiando en el Partido Conservador inglés.

7 de octubre de 1990

La libra esterlina entra en el mecanismo de regulación de cambios del SME. El Financial Times dice que esta entrada se hace apoyada en mi tesis sobre las fechas previsibles del calendario de la Unión Monetaria, lo que resulta un poco abrumador. Por otra parte, después de las aclaraciones que doy en la reunión interinstitucional con el Parlamento Europeo sobre mi propuesta en relación con la Unión Europea (lo que había expuesto en el ECOFIN de Roma) se van aproximando las posiciones a la misma por parte de casi todos con la exclusión de la posible creación del «ecu duro». Jacques Delors y yo, por nuestra parte, también aproximamos posiciones. Él sigue en desacuerdo con la idea en que la segunda fase de la Unión Monetaria vaya a prolongarse hasta el fin de siglo. Pero ya no cree que mi previsión tuviera una finalidad política inconfesable.

9 de octubre de 1990

Reunión con Miguel Durán, director general de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Estamos todos los ministros concernidos (José Luis Corcuera, Matilde Fernández y yo). Quiero que la ONCE ponga en orden sus inversiones y dé transparencia a sus cuentas. Después de todo, tienen una patente de corso con su «sorteo», que es la fuente de todos sus ingresos. Desgraciadamente, Ferraz les apoya a cambio de no se sabe qué ventajas que esperan obtener en Telecinco, en cuyo capital ha entrado la ONCE en una operación que me resulta incomprensible, casi de humor negro.

Se conoce hoy que Antonio Gutiérrez (CC.OO.) envió una carta a Nicolás Redondo (UGT) proponiendo una estrategia común contra el ajuste presupuestario del Gobierno. ¡Como si necesitaran muchas cartas para ello!

10 de octubre de 1990

Como muestra quizá del interés de mis propuestas sobre la Unión Monetaria en Inglaterra, viene a visitarme el periodista del Financial Times Samuel Brittan. La entrevista es muy grata. Su periódico publica un artículo muy elogioso sobre mí firmado por Peter Bruce, su corresponsal en Madrid. Hasta El Mundo me pone bien después de esto. Ramón R. Lavín también hace un análisis muy positivo de mi propuesta sobre la Unión Monetaria en Actualidad Económica.

11 de octubre de 1990

Despacho con el presidente del Gobierno. Hablamos sobre todo de la CEE y el proceso de Unión Monetaria.

Ante mi propuesta de que debería haber ministros en la Ejecutiva del PSOE, Matilde Fernández declara que es muy difícil compatibilizar ambas responsabilidades. Le contesto públicamente que supongo que dimitirá próximamente de alguno de los dos puestos, ya que ella es ministra de Asuntos Sociales.

16 de octubre de 1990

Almuerzo con Semprún. Está persuadido de que va a dejar el Gobierno en la próxima remodelación. No consigue tener una conversación satisfactoria con Felipe González. Está muy disgustado.

18 de octubre de 1990

Recibo al secretario general de la Conferencia Episcopal, monseñor Agustín García-Gasco, que desea hablar del cambio en el sistema de la asignación tributaria a la Iglesia católica en la declaración del IRPF. Es algo que hay que llevar a cabo para que quede suficientemente claro que existen otras asignaciones voluntarias que también desgravan. García-Gasco se lamenta de la falta de entendimiento con el Gobierno. Le explico que no es ajena a ello la política de información a través de la COPE, basada en el amiguismo y en el alquiler de espacios a embusteros como Federico Jiménez Losantos y otros conspicuos difamadores. Responde jesuíticamente.

Se conoce en los diarios españoles el respaldo del canciller Helmut Kohl a mi propuesta sobre la Unión Monetaria, lo que sin duda acallará las últimas voces críticas sobre el tema.

19 de octubre de 1990

Reunión con Nicolás Redondo para ver si desbloqueamos la agenda de la segunda fase de la concertación social. Nosotros queremos una cosa y ellos –los sindicatos– quieren otra. No es posible concertar, pues lo que piden es la negación por parte del Gobierno de su propia política económica.

23 de octubre de 1990

Reunión con Antonio Gutiérrez. Las cosas no van mejor que con Redondo. Declaro que no veo posibilidades de avanzar en la concertación social hasta el próximo año 1991, una vez que se conozcan los resultados de las elecciones sindicales ahora en curso, que están distorsionando las posiciones negociadoras.

Anuncio la eliminación próxima de los famosos Pagarés del Tesoro, títulos opacos que emitió Miguel Boyer a la búsqueda del dinero negro en tiempos más difíciles que los actuales.

Se ha celebrado, al margen de la CEOE, una gran reunión en Moncloa con un grupo de empresarios. El resultado es muy satisfactorio, aunque no ha sido una iniciativa mía, que siempre he sido partidario de las reuniones institucionales.

28 de octubre de 1990

La Cumbre especial de la CEE aprueba en Roma un calendario para la Unión Monetaria semejante al que yo había propuesto en el ECOFIN. Felipe González se muestra complacido y yo también.

29 de octubre de 1990

Comienza el debate de los Presupuestos para 1991 en el Congreso de los Diputados. En mi discurso de presentación insisto en la importancia de un pacto social. Sin él es posible que la inflación se vaya de las manos por una subida de los salarios demasiado fuerte. Si esto llega a ocurrir, teniendo en cuenta la mayor debilidad de la demanda, advierto de que el empleo crecerá bastante menos. Otro tema de constante referencia en el debate es la desaparición de los Pagarés del Tesoro. Doy garantías de opacidad a los propietarios de los mismos tal como se les había prometido, dado que ahora éstos tienen que aflorar a los ojos de la Hacienda Pública.

30 y 31 de octubre de 1990

El debate de los Presupuestos se complementa con el debate de totalidad de la reforma del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio. Mantengo una actitud muy abierta a pactar durante el trámite en comisión con los diversos grupos parlamentarios.

Los pasados 26 y 27 de octubre vino a Madrid Mijaíl Gorbachov, con el que hemos firmado acuerdos de financiación. Tras su marcha, ceno el 31 de octubre con el presidente del Gobierno para hablar del PSOE y su congreso. Trata de disuadirme de mi propósito de entrar en la Ejecutiva. Pasamos muchas horas charlando, las que él necesita para decirme que no va a librar una batalla por mí frente a los guerristas. En el momento de mayor proyección política mía dentro y fuera de España, al presidente le preocupa dar la impresión de apoyarme demasiado. Creo que ello está conectado con la previsible salida del Gobierno de Alfonso Guerra después del Congreso del PSOE, aunque Felipe no menciona esta cuestión ni aventura consideración alguna sobre el tema. Yo hago otro tanto.

Hoy, 31 de octubre, durante el debate de totalidad de la Ley de reforma del IRPF, aprovecho para pedir un consenso de todos los grupos parlamentarios para crear una nueva conciencia fiscal y regularizar las bolsas de dinero negro. Evoco el clima de acuerdo de 1978 cuando se introdujo el IRPF. Aprovecho el debate también para augurar que la liberalización de los movimientos de capitales se producirá pronto, y más después de la entrada de la libra esterlina en el SME. Igualmente señalo que la creciente libertad en los movimientos de capitales significa que a corto plazo éstos son más relevantes que la balanza de pagos por cuenta corriente para determinar el tipo de cambio y explico por qué nos pareció útil que la peseta se incorporara el año pasado al mecanismo de cambios del SME. También hago referencia a la desaceleración de la inversión y de la demanda interna y una ligera reducción de la inflación. La gente considera que las previsiones que acompañan a los Presupuestos son austeras, con el PIB pasando de crecer un 3,5 % en 1990 al 2,9 % con una inflación del 5,8 %. Hay que señalar finalmente que tan sólo el PP votó a favor de su enmienda de devolución de los Presupuestos al Gobierno.

La revista Inversión señala que mis tesis sobre el desarrollo de la moneda única se han impuesto en la Cumbre europea de Roma. No es exactamente así, pero es verdad que las propuestas evolutivas aprobadas se aproximan mucho al cronograma que yo había anunciado y su contenido también. Escribo un artículo en Cambio 16 explicando nuestro papel en el debate europeo, respondiendo a su invitación a hacerlo.

11 de noviembre de 1990

Desde mi intervención en el Comité Federal con mis críticas al monolitismo del PSOE y a la falta de apertura de la dirección del partido, las fuerzas están ya alineadas de cara al congreso. Alfonso Guerra contraataca con unas declaraciones entre olímpicas (despreciando la mezquindad de sus posibles enemigos, nunca mencionados) y falsamente humildes –«Yo no soy un hombre importante»– y denuncia maniobras de los medios de la derecha para desequilibrar al PSOE y acabar con él. («obsesión de los periódicos», dice). Por otro lado, otros aperturistas antiguerristas buscan una posición intermedia: algunos de ellos desearían entrar en la Comisión Ejecutiva del PSOE, aunque estén en el Gobierno, y que yo me conforme con el poder que piensan que he reunido en el seno del Gobierno y no entre en la Comisión Ejecutiva. Los guerristas dicen que yo he renunciado a entrar en la Ejecutiva y sugieren que ellos no ven como un problema mi situación de poder en el Gobierno. Por su parte, Txiki Benegas ratifica como posición oficial del PSOE de cara al congreso el Pacto de Competitividad, lo que no deja de ser chocante.

Así estaban las cosas hace dos días cuando se inició el XXXII Congreso del PSOE. Felipe González hizo un gran discurso aperturista que se interpretó como un apoyo indudable a la política económica: «Todo el poder económico para Solchaga», tituló Cinco Días ayer. Felipe aceptó construir la Ejecutiva por consenso siempre que se le dejara total libertad para componer el Gobierno. De esta manera, mis tesis sobre la renovación de la Ejecutiva del PSOE quedan derrotadas antes de que se empiecen a discutir, aunque la prensa dice que en este congreso se han avalado. Después de la ratificación de la posición tradicional de Felipe González sobre la separación entre la dirección del partido y la composición del Gobierno, me doy cuenta de que el congreso dejará las cosas como están o peor.

A la salida del acto de clausura del congreso, rodeado de periodistas, hago unas declaraciones afirmando que «he perdido este congreso» y que Guerra y el aparato interno del partido lo han ganado. Las estrategias programáticas, más liberales y más realistas, que se han aprobado me satisfacen, pero la cuestión del poder en el PSOE y la ideología de los que lo tienen sigue planteada en los mismos términos. Es evidente, aunque no lo digo, que esa contradicción entre partido y Gobierno acabará mal. En particular si, como parece inevitable, Guerra dimite de su puesto de vicepresidente y acaba refugiándose en Ferraz. Esto ya lo expliqué en Barcelona a los compañeros de Cataluña, lo repetí en una habitación del Hotel Palace la víspera del congreso a algunos «renovadores» (entre los que estaban Barrionuevo, Leguina, Almunia, Solana y Urralburu), pero nadie quiere aceptar este hecho que consideran aparentemente inimaginable. En todo caso, hice esas declaraciones con el propósito de intranquilizar también a los vencedores pírricos.

Algunos interpretan mis declaraciones como un ultimátum a Felipe González para que reorganice el Gobierno. Nada más alejado de la realidad. Otros afirman que he abierto una nueva referencia en el partido ante la actitud de debilidad de González. Entre ellos está mi buena amiga, Susana Olmo. El hecho es que este planteamiento está llevando al aparato guerrista a exigir mi salida del Gobierno para compensar la previsible salida de Guerra (a quien, por otro lado, se le ha dejado un gran centro de poder en el PSOE al no permitir la entrada de un contrapeso en la Comisión Ejecutiva).

14 de noviembre de 1990

Hago unas declaraciones al director de Cinco Días, Ernesto Ekaizer, sobre la situación económica en España, conectándola con la internacional, donde quizá lo más destacado es el inicio de una posible recesión en Estados Unidos, su contagio previsible a Europa y el problema que esto supone para España, que todavía tiene que mantener una política monetaria restrictiva como consecuencia de la falta de moderación social. Comparo esta situación con la de Reino Unido, y conecto el tema con la aproximación de las posiciones de Reino Unido y España en lo que se refiere al desarrollo del proceso de creación de la Unión Monetaria. Ambos países, explico, estaríamos interesados en entrar en la llamada segunda fase de la Unión Económica y Monetaria (UEM) una vez que hubiéramos corregido estas tendencias inflacionistas, y para ello necesitamos tiempo. Si la segunda fase se precipitara, nos veríamos obligados a pasar por una recesión considerable para cumplir los requisitos de ajuste o rechazar ese escenario, quedándonos fuera del núcleo fundador de la UEM y perdiendo influencia política. En todo caso, advertía, yo no era partidario de la devaluación como una salida a ese dilema. Ésta no resuelve los problemas más que momentáneamente. Como los dos países hemos adquirido el nuevo compromiso de cambio del SME, lo que tenemos que hacer es cambiar los mecanismos inflacionarios de negociación salarial.

Cuento también cómo se impusieron nuestros puntos de vista después del ECOFIN de Roma, cuando tuve ocasión de explicar mi posición en la reunión entre el ECOFIN y el Parlamento Europeo (que vino en delegación encabezada por Enrique Barón, su presidente). En ella, Delors, que antes había manifestado su incomodidad con mi propuesta sugiriendo con bastante mal estilo que yo no tomaba las decisiones por España, ahora, mejor informado, dijo que las condiciones que proponía España eran muy razonables. Poco después Kohl diría que teníamos razón, como ya he señalado, y el tema se concluyó en aquel momento a favor de nuestras tesis.

Es un placer hacer una entrevista con un periodista inteligente e informado como Ekaizer. Por cierto, el corresponsal del Wall Street Journal reproduce una parte importante de esta entrevista en su periódico con una introducción sobre mí.

En unas declaraciones al diario Clarín de Buenos Aires expreso el interés de España y de sus empresas por invertir en Argentina al calor de la creciente apertura económica de aquel país.

22 de noviembre de 1990

Dimite Margaret Thatcher como primera ministra. Aunque se venía hablando constantemente de ello, se me hace raro pensar en cómo serán las cosas en Reino Unido después de ella.

Jesús Cacho, con información aparentemente del BBV, publica en Tribuna una serie de ficciones sobre mi enfrentamiento con Emilio Ybarra, presidente de la entidad. A su manera mafiosa sugiere que Pepe Recio, amigo mío que accedió al Consejo del Banco de Vizcaya a propuesta de Pedro Toledo, podría no pintar nada allí ahora. No hago ni el mínimo caso. Hace tres días recibí, por cierto, a Emilio Ybarra y nuestras relaciones son como han sido siempre: corteses y desconfiadas.

José Oneto hace referencia en Tiempo al interés de los guerristas en pedir las cuentas del Ministerio de Jorge Semprún por nimiedades. No hay que preocuparse, pero es un signo de lo dolidos que siguen con los que nos oponemos a Guerra. Mar Díaz-Varela hace un esfuerzo en El Nuevo Lunes por destacar mi ideología centrista en confrontación con la predominante en el PSOE. Es, a pesar de sus defectos, la mejor explicación de mi posición que he visto publicada.

26 de noviembre de 1990

Pepe Borrell ha llevado a cabo una actualización radical del Catastro que yo he considerado positivamente, pero que en los últimos días se nos vuelve en contra. No he seguido de cerca este asunto y ahora me arrepiento. Mi primera reacción es mantener los nuevos valores catastrales tal como están en la propuesta de modificación, pero las protestas de ayuntamientos, contribuyentes y consumidores se propagan como el fuego en verano. Luis Sempere está muy preocupado y me traslada su temor a una fuerte reacción ciudadana. En realidad, sin embargo, no se trata de aumentar la carga fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles –que, por cierto, cobran los ayuntamientos, no el Estado–, ya que la subida de los valores se puede, y, en mi opinión, se debe, atemperar con una rebaja de las alícuotas, sino de distribuir la presión fiscal de este impuesto de manera más justa, haciendo que paguen más los más ricos con mayores inmuebles y con valoraciones más obsoletas. Desgraciadamente, parece demasiado tarde para explicarlo con éxito al público en general.

Hoy me he reunido con una delegación de alcaldes socialistas y con el grupo parlamentario del PSOE. Unos y otros están espantados ante la actualización de los valores catastrales. Accedo finalmente a modificar los valores de la actualización y dejarlos en el entorno del 50 % del valor de mercado de los inmuebles, frente al 70 % que era la propuesta inicial, y acepto suspender por un año la entrada en vigor de los nuevos valores, lo que supone envainársela. Entretanto, Borrell me presenta su dimisión como secretario de Estado de Hacienda. Se lo comunico al presidente del Gobierno, informándole de que no soy partidario de aceptarla, pues, en última instancia, la culpa es mía por no haber vigilado adecuadamente el proceso. Felipe González acepta mi punto de vista con restricciones mentales aparentes.

Alfonso Guerra y José Bono muestran su desacuerdo con la propuesta catastral. Algunos especulan con mi dimisión. Respondo que no veo razones para ello. El presidente del Gobierno declara igualmente que «no hay fundamento» para la misma.

30 de noviembre de 1990

El tema del catastro es el primer reto de Alfonso Guerra al Gobierno después del Congreso del PSOE o, como entienden algunos, a Felipe González (según José Luis Gutiérrez en Diario 16). Pilar Cernuda escribe que el ambiente en los consejos de Ministros es irrespirable y que varios de nosotros urgimos al presidente para que haga la crisis de Gobierno. El Mundo editorializa contra mí: «La situación de Solchaga es insostenible». En fin, la mayoría cree que Guerra aprovechará el incidente catastral para hacerme dimitir. Algunos explican que el Gobierno –y como dijo Borrell, el propio partido socialista– había dado el visto bueno al proyecto y que, en todo caso, la responsabilidad no se detiene en mí. Otros, por el contrario, piensan que el responsable fundamental es Borrell y, de ellos, algunos piensan que lo voy a proteger y otros que debería pagar. Me doy cuenta de que si yo fuera un animal político puro, como algunos piensan de mí, le habría aceptado su dimisión. Pero estoy satisfecho de no haberlo hecho.

Por lo demás, es evidente que en esta orgía de elucubraciones el tema de fondo –si deben o no deben actualizarse los valores catastrales– no ha sido tratado, sino, como mucho, evocado con ignorancia y mala fe. Ello confirma que el único tema del momento es la remodelación del Gobierno y la cuestión de supervivencia mía o de Alfonso Guerra en el mismo. Sólo Cándido lo pone de relieve con gran ironía en su columna de Tiempo.

5 de diciembre de 1990

Cumbre hispano-portuguesa en el Algarve. Felipe González se ve obligado a desmentir de nuevo el rumor que de que yo haya presentado mi dimisión. Jorge Semprún, de viaje oficial en la URSS, declara que ya debía haberse hecho la remodelación del Gabinete y que la revisión catastral fue aprobada por el Gobierno y no era responsabilidad exclusivamente mía. Julián García Vargas, ministro de Sanidad, y Virgilio Zapatero, ministro de Relaciones con las Cortes, ratifican las declaraciones de Semprún.

7 de diciembre de 1990

En El Independiente se publica que estoy recibiendo múltiples ofertas de trabajo ante mi posible salida del Gobierno. La verdad es que, en todo el tiempo que llevo en el Ejecutivo, nunca he recibido una sola oferta de trabajo. Ni siquiera una sugerencia.

12 de diciembre de 1990

Hago unas declaraciones a la SER sobre la situación económica y la situación del Catastro. El PP aprovecha para pedir mi dimisión en una interpelación sobre la revisión catastral y advierte que, si ésta no se produce, propondrá la reprobación por la Cámara de Borrell y la mía.

Almuerzo en Moncloa en honor de Václav Havel, presidente de la República de Checoslovaquia, que está de visita en Madrid. Buen amigo de Jorge Semprún, es un placer conversar con él.

14 de diciembre de 1990

Los datos de inflación y, sobre todo, de inflación subyacente en el mes de noviembre sugieren que las restricciones monetarias y fiscales están teniendo ya finalmente su efecto sobre la demanda y los precios. Dadas las circunstancias y las posibles consecuencias de la inminente guerra de Kuwait, tampoco sería deseable un ajuste más drástico de la situación. Con todo, declaro que hay que vigilar la marcha de la emisión de pagarés de empresa, instrumento al que han recurrido las empresas grandes cuando han encontrado problemas en su financiación por los límites establecidos al crecimiento del crédito bancario. Ya imaginaba yo que algo de esto habría de pasar.

15-17 de diciembre de 1990

En una reunión del PSOE sobre economía en Sevilla con invitados extranjeros y a la que no fui invitado –cuando un periodista le preguntó al guerrista José Félix Tezanos si estaba prevista la asistencia del ministro de Economía, éste contestó con gracia: «¿De qué país?»–, Alfonso Guerra se ha mostrado partidario de formular una «ley de hierro» para los beneficios. El presidente del Gobierno, que estaba conmigo en la Cumbre de Roma de este fin de semana, ha montado en cólera al oírlo y ha desautorizado a Alfonso Guerra ante los periodistas con un talante que no deja lugar a dudas sobre su enfado.

La Cumbre de Roma (Conferencia Intergubernamental para la Unión Económica y Monetaria) empezó el pasado día 15 de diciembre. El papel de González y el mío han sido muy relevantes al establecer una argumentación eficaz a lo largo de tres líneas:

a) Dados los sacrificios que va a exigir la entrada en la UEM, los países más pobres, como España, deberían beneficiarse de unos «fondos estructurales» adicionales a los que ahora se reparten.

b) La política monetaria única exige la coordinación del resto de las políticas bajo soberanía nacional (política fiscal y políticas de oferta o de reformas estructurales).

c) Las fases del proceso han de tomarse con flexibilidad y precaución para que un número importante de países pueda participar desde el principio y, por ello, el método final de creación de la moneda debería ser abierto para evitar la retirada de Reino Unido del proyecto antes de su inicio.

El papel de España en este proyecto ha crecido de un modo significativo. Como me explicó Delors en una cena a la que me invitó en Bruselas, Felipe González, Francisco Fernández Ordóñez y yo tenemos un importante nivel de influencia entre nuestros colegas, ya que España ha desplazado a Italia –con todos sus problemas– del cuarto puesto entre los países de la CEE a efectos estratégicos.

Quizá fue por esta sensación de triunfo, modesto pero significativo, de nuestras posiciones en la Cumbre sobre la Unión Económica y Monetaria de Roma, quizás por la importancia que el presidente atribuiría al papel digno que España y su Gobierno debía jugar en la CEE, el caso es que no he visto a Felipe González más indignado que cuando su jefe de Gabinete le pasó el telex con las declaraciones de Alfonso Guerra en Sevilla. Su respuesta en la rueda de prensa al final de la cumbre fue devastadora. Parece evidente que entre Guerra y el presidente se está abriendo un abismo imposible de salvar. Lo que me hace volver a mis temores sobre el posible enfrentamiento entre el Gobierno y el partido cuando Guerra se refugie en Ferraz. Este riesgo podía haberse evitado si Felipe hubiera apostado hasta el final en el Congreso del PSOE de hace un mes.

18 de diciembre de 1990

El Congreso de los Diputados rechaza la reprobación de Borrell y la mía. El PP se queda solo en la votación.

Jacques Delors hace unas declaraciones sobre la Conferencia Intergubernamental de Roma acusando a los ministros de Finanzas de Alemania y de los Países Bajos y a mí de querer dar marcha atrás en el proceso de la Unión Económica y Monetaria. Contesto que no entiendo en qué basa sus declaraciones y que estoy deseando que las rectifique como, añado con mala intención, ya ha hecho en alguna otra ocasión en que se precipitó en sus juicios.

El Congreso de los Diputados ha aprobado hoy definitivamente los Presupuestos para 1991. Recuerdo una vez más la importancia de la moderación salarial (los sindicatos están hablando de pactar subidas del 9 % en los convenios). Advierto de que con salarios inflacionarios los tipos de interés tendrán que mantenerse elevados.

Todo el mundo se va de vacaciones persuadido de que Felipe González promoverá la crisis de Gobierno en el mes de enero. ¡Ojalá!

José Virgilio Colchero, un corresponsal en el extranjero con larga experiencia, escribe en El Independiente que todas las cancillerías europeas están pendientes del desenlace de mi pugna con Guerra en la próxima remodelación ministerial. Parece un tanto exagerado.

149. La curva de Phillips muestra la relación entre desempleo e inflación. Establece que un aumento del desempleo reduce la inflación y, viceversa, que la disminución del desempleo se asocia con una mayor inflación. Es decir, pone de manifiesto que no se puede conseguir al mismo tiempo baja inflación y alta tasa de empleo.

150. Pedro Solbes era entonces secretario de Estado para las Relaciones con la Comunidad Europea (1985-1991).

151. El ecu (European Currency Unit, en español Unidad Monetaria Europea) fue una unidad de cuenta usada en la Comunidad Europea con propósitos monetarios, antes de ser reemplazado por el euro el 1 de enero de 1999.

152. El periodista Joaquín Estefanía fue director del diario El País entre 1988 y 1993.

1991

5 de enero de 1991

Continúan las especulaciones sobre la posible recomposición del Gobierno. Los periodistas, viéndome confiado, empiezan a especular sobre qué acuerdos pueden existir entre Guerra y yo para que ambos sobrevivamos. De momento, nadie parece considerar la posibilidad de que Alfonso Guerra salga del Gobierno en solitario.

Otro tema –éste emergente– es la disparidad entre los puntos de vista del Gobierno y el Ministerio de Economía y Hacienda, por un lado, y de los sindicatos, por otro, sobre cuánto deberían subir los salarios este año 1991 (5 % frente a 9 %).

9 de enero de 1991

Almuerzo con Nicolás Redondo, que sirve para constatar nuestras diferencias sin tirarnos los trastos a la cabeza. Él también está a la espera de la resolución de la posible crisis gubernamental.

5

LA DIMISIÓN DE ALFONSO GUERRA
Y SUS CONSECUENCIAS

12 de enero de 1991

Dimite Alfonso Guerra (de acuerdo o a requerimiento de Felipe González). Lo anuncia él mismo en la clausura del Congreso del PSOE en Extremadura. Me entero de la noticia por televisión cuando estoy en casa después de comer buscando una película en la programación como hago muchos fines de semana. No esperaba que las cosas se produjesen así: con Alfonso Guerra contando su salida del Gobierno en medio del ambiente apasionado propio de un congreso del partido, dándose un baño de multitudes en el que no faltan las críticas a mi persona, según me cuentan. Llamo un tanto alarmado a Felipe González, quien me dice que todo estaba pactado con Alfonso Guerra y que esté tranquilo; que hay muchas cosas que hacer en los próximos días. En alguna medida, siento el alivio de haber terminado con una situación que se estaba convirtiendo en insostenible y que amenazaba con la división del partido por la defensa a ultranza de Alfonso Guerra de parte importante del aparato. Esta decisión debería también permitir dinamizar al Gobierno, que ha pasado un año de relativamente baja actividad en muchos campos.

15 de enero de 1991

El presidente Felipe González ha empezado ya los contactos para formar Gobierno. Las especulaciones se centran, primero, en si puedo mantenerme yo en el nuevo Gobierno, y conforme transcurren los días sin que González cierre la remodelación y una vez que parece confirmada mi presencia en el futuro Gobierno, en si seré nombrado o no vicepresidente. Como alternativas intermedias se considera la salida de Aranzadi y de Semprún del Gobierno así como el cese de Borrell, como forma de limitar «mi poder». En general, los analistas barruntan una remodelación importante. Entre las posibles entradas en el Gobierno, los guerristas están empujando los nombres de Txiki Benegas y Paco Fernández Marugán. Hablando de ellos, Felipe González me dice que a las personas que podría proponer Alfonso Guerra de su entorno más próximo, y que conoce él bien, nunca les haría ministros, pero que el exvicepresidente no puede entenderlo.

En todo caso, los guerristas empiezan a disparar contra mí. Juan Carlos Rodríguez Ibarra declara, refiriéndose a mí, que «sería paradójico que gane ahora quien perdió el congreso», contraviniendo el acuerdo congresual –no explícito– de que el presidente tiene mano libre para formar el Gobierno al margen de la decisión del partido. Por su parte, José Bono, dando una vez más muestras de su sentido de la lealtad, empieza a alejarse del guerrismo y a pedir que no se exija la salida de ningún ministro, incluida la mía, como compensación a la salida de Alfonso Guerra. Ni le he pedido nada a Bono ni le necesito a mi lado para nada. El Mundo, por su parte, opta claramente por dejarme fuera del Gobierno. En general, los periódicos hacen sus quinielas sin olvidar sus fobias particulares o los enfrentamientos que hayan tenido con los ministros o los aspirantes a ministros.

En el día de hoy José Luis Corcuera y yo nos hemos sumado al Gabinete de Crisis que sigue la evolución de la situación del golfo Pérsico. Forman parte de él, además, el presidente del Gobierno, el ministro de Asuntos Exteriores, el de Defensa y la ministra portavoz. Actúa de secretario el director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Roberto Dorado. La inminencia de la guerra y sus consecuencias, hoy imposibles de calcular, dificultan la resolución de la crisis de Gobierno. Las cosas, de este modo, tienden a retrasarse. Pero la vida continúa…

18 de enero de 1991

Rueda de prensa con los primeros datos del cierre económico del año. La inflación evoluciona ligeramente a la baja (6,5 %) después del repunte de 1989 a pesar también de la amenaza de subida del precio del petróleo por la guerra del Golfo. Por otro lado, el crédito al sector privado creció en la línea del objetivo de la política monetaria (10 %), lo que señala que la política de enfriamiento suave ha tenido efecto. El PIB, no obstante, ha crecido un 3,4 % y el empleo un 2,7 %, cifras todavía muy estimables. Declaro que la marcha de la situación en el Golfo así como la evolución de los mercados financieros y energéticos sugieren que no habrá que tomar medidas especiales por el momento. Advierto, sin embargo, de que la euforia que vivieron los mercados ayer al desatarse la ofensiva del desierto seguramente no podrá continuar en los próximos días, a pesar del éxito del comienzo de los ataques aliados a Irak. Pienso que los mercados simplemente dan por segura una rápida victoria de la coalición. Todo el mundo lo hace.

28 de enero de 1991

Presento un nuevo documento sobre la Unión Económica y Monetaria en el ECOFIN en Bruselas. Elaborado con la ayuda de Pedro Pérez y Manolo Conthe, propongo en él un sistema evolutivo para llegar a la nueva moneda durante la segunda fase del proceso. En ésta se crearía un «ecu-cesta» fuerte que recogiera los cambios en los tipos de las diversas monedas, pero sin perder nunca valor. Esta propuesta difiere de la británica, pero no hasta el punto de ser antagónicas. También incluye algunas previsiones para el funcionamiento del Sistema Europeo de Bancos Centrales, para introducir el ecu «privado» y coordinar las políticas monetarias hasta el momento de la creación de la nueva moneda y la aparición del Banco Central Europeo. En general, el plan es bien acogido. Mientras tanto, empiezan a notarse los problemas para la política monetaria alemana de los costes del proceso de unificación y el deterioro de las cuentas públicas de aquel país. Todo apunta a una subida de los tipos de interés por parte del Bundesbank. En la reunión del ECOFIN salieron todos estos temas. Theo Waigel, ministro de Finanzas alemán, se comprometió a subir impuestos para combatir el déficit, pero sé lo difícil que le va a resultar.

En rueda de prensa después del ECOFIN anuncio también la futura desaparición de los Pagarés del Tesoro mediante la presentación de declaraciones complementarias y su sustitución por un nuevo activo transparente. Reitero asimismo mi intención de volver a convocar la Mesa del Pacto de Competitividad una vez finalizadas las elecciones sindicales. Advierto de que, sin un acuerdo sobre salarios y otros aspectos que afectan a la competitividad de España, el país puede entrar en recesión, reiterando lo que ya declaré a Ernesto Ekaizer y al Wall Street Journal dada la evolución económica internacional y el carácter restrictivo de la política monetaria

31 de enero de 1991

Hoy termina el mes sin que el presidente haya hecho su crisis de Gobierno, en medio de un nivel de rumores insoportable y difícilmente compatible con una gobernación normal. Todo el mundo da ya por seguro que yo seguiré en el Gobierno, incluido Jesús Cacho, que dice no comprenderlo «tratándose de un político de segunda fila».

3 de febrero de 1991

La regularización fiscal anunciada aprovechando la aprobación de la nueva Ley del IRPF y la necesidad de acabar con activos opacos como los Pagarés del Tesoro es el tema recurrente en los medios a pesar de que siguen las especulaciones sobre la composición del futuro Gobierno y la fecha de la crisis. Algunos, los menos, critican la propuesta por poco seria. La mayoría considera, por el contrario, que es la última oportunidad de ponerse a bien con Hacienda mediante la presentación de declaraciones complementarias sin sanción y la suscripción de los nuevos títulos. El PP, después de oponerse inicialmente, lo aceptará a la hora de la verdad.

La dificultad de bajar los tipos de interés y el peligro de entrar en recesión, como he anunciado, si no hay acuerdo social (Pacto de Competitividad) son otros de los temas de debate con los sindicatos, que de entrada niegan la existencia del dilema.

Joaquín Leguina dice de mí en unas declaraciones a Tiempo que soy una «pieza básica del socialismo español» y «un político de raza». Me alegro de que ahora piense eso.

Hoy he dado instrucciones para recurrir las normas sobre regularización de balances de las diputaciones de Vizcaya y Álava. El PNV me acusa de vulnerar el Concierto Económico. Son ellos, sin embargo, quienes lo están haciendo, creándonos además un problema con la CEE.

7 de febrero de 1991

Presento en el Congreso de los Diputados la Ley de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias. Es una modernización del sistema especial de Canarias.

Almuerzo con Javier Pradera y Josep Ramoneda en el Ministerio. Las previsiones sobre la futura formación del Gobierno ocupan la mayor parte de nuestro tiempo.

12 de febrero de 1991

Transmito al Senado mi preocupación por el «agarrotamiento» de los agentes económicos en la toma de decisiones a consecuencia de la guerra del Golfo. Advierto de que no es algo que se está produciendo sólo en España sino también en Estados Unidos y en Europa, y que está afectando a la inversión negativamente.

Recibo a José María Aznar. Sigue sin comprometerse en relación al Pacto de Competitividad para la legislatura y yo continúo sin entender qué es lo que pretende.

La inflación, que se acaba de conocer hoy (1,2 % en enero y 6,7 % la tasa anual), sigue siendo un dolor de cabeza, aunque no creo que vaya a ir a peor. Por su parte, el Banco de España reduce del 14,7 % al 14,5 % el tipo de interés en la subasta de certificados para ayudar a mantener la situación de cambio de la peseta con la libra esterlina dentro de los límites del mecanismo de cambios del Sistema Monetario Europeo, lo que desata un debate a propósito de si esto indica o no un cambio en la tendencia de los tipos de interés del Banco de España. Tengo que desmentirlo e insistir en que los tipos de interés no bajarán hasta que la inflación no muestre signos claros de reducirse. La de hoy es una bajada técnica.

16-18 de febrero de 1991

Congreso del Partido Socialista de Navarra. He hecho el experimento de defender ante la prensa el papel que ha adoptado el Gobierno en relación con la guerra del Golfo manifestando mi convicción de que la mayoría del país lo apoya y lo apoyará todavía más cuando ésta vaya concluyendo. Creo que es de las pocas defensas de la posición del Gobierno en un tema tan delicado como la guerra contra Irak. En relación con los temas internos y orgánicos, aprovecho la ocasión para sugerir la introspección en el PSOE y analizar «si el partido utiliza procedimientos autocríticos y no quede ni sombra de sospecha sobre corrupción económica».

Mariano Rubio, el gobernador del Banco de España, dice en la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados que la economía española crecerá en 1991 un 2,5 % frente al 2,9 % que es la previsión que figuraba en los Presupuestos para este año. La prensa y la oposición política tratan de sacarle punta a esta diferencia. Yo afirmo que me parece bien que el Banco de España tenga su propio punto de vista, pero que ello no es razón para cambiar las previsiones oficiales. Más importante es la idea de Mariano Rubio de que la desaceleración de las inversiones se debe más a la subida de los salarios que a la guerra porque es más relevante y porque indica un distanciamiento de mi preocupación por el «agarrotamiento».

En el terreno del chismorreo político, Jorge de Lorenzo cuenta en Tribuna cómo, a través de José Antonio Segurado, Mario Conde se reunió con Alfonso Guerra en la primavera de 1990 para pedirle ayuda en la obtención de beneficios fiscales para la Corporación Industrial de Banesto. Cuenta también cómo recibió igualmente Felipe González a Conde y éste le habló de la prensa donde interviene directa o indirectamente (El Mundo, El Independiente y Tribuna). Ellos dicen ser independientes de Conde o de Banesto, pero desde luego están muy bien informados de las discrepancias de Banesto con el Banco de España y el Ministerio de Economía y Hacienda, y esa información sólo puede venir del entorno de Conde. Sin embargo, parece que últimamente unos y otros están a la greña, pues estas publicaciones mencionan un artículo de Institutional Investors, firmado por Erik Ipsen y titulado «Conde obtiene su merecido», en el que se culpa a Mario Conde de todos los puntos débiles de Banesto (contaminación del pasivo por las «supercuentas», aumento de los costes de intermediación y relativo fracaso de la Corporación), cosa que no harían si sus relaciones con Conde estuvieran como en sus mejores tiempos.

22 de febrero de 1991

En la apertura del VI Congreso del Partido Socialista de Euskadi, Alfonso Guerra denuncia una maniobra del mundo financiero y empresarial para derechizar el PSOE y cambiar su identidad. Ésta es una idea sobre la que viene machacando desde que se inició su pérdida de poder. No es difícil adivinar que yo soy el instrumento que está utilizando el capital para desnaturalizar al PSOE.

27 de febrero de 1991

Anuncio un cambio gradual en la orientación de la política económica ante la desaceleración económica, sin perder de vista la marcha de los precios. La transición, aviso, se producirá a lo largo del año actual.

28 de febrero de 1991

Nicolás Redondo califica de «fantasmagórico» el Pacto de Competitividad, anunciando así la estrategia de UGT. Todos los esfuerzos del año pasado, después de las elecciones de 1989, se tiran así por la borda. Supongo que Nicolás Redondo cree que puede aprovechar la debilidad de Felipe González tras la salida de Alfonso Guerra del Gobierno para echar un pulso de liderazgo.

6 de marzo de 1991

Aunque las nuevas leyes de reforma del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio se han aprobado hoy en el Congreso, el interés sigue centrado en la inevitable remodelación del Gobierno ahora que la campaña en el desierto de Kuwait se ha terminado y el presidente del Gobierno no puede excusarse en la guerra para la puesta en marcha de la misma.

Los guerristas, con Txiki Benegas a la cabeza, tratan de colocar a éste como vicepresidente, cubriendo el papel de Guerra en tiempos anteriores, y evitar que yo sea nombrado vicepresidente. La pobre Carmen García Bloise arremete contra mí en unas declaraciones en las que no me reconoce ninguna autoridad para enjuiciar al partido «como ministro». ¿De dónde sacará que, charlando con otros compañeros del partido en el Congreso del PSN, que fue donde hice juicios sobre el PSOE, estaba yo hablando «como ministro»? Nunca ha tenido las ideas muy claras y decido no entrar al trapo. En todo caso, el número de analistas que resalta la pelea interna del PSOE es abrumador.

7 de marzo de 1991

Me llama el presidente a Moncloa para comunicarme sus planes en la remodelación gubernamental. No se siente muy feliz con lo que tiene que transmitirme, que no es otra cosa que su preferencia por Narcís Serra para que ocupe una vicepresidencia que debe ser única si se quiere que tenga relieve. Ha rechazado la idea de una vicepresidencia política y otra económica (le desagrada la posible interpretación de que el hueco que deja Alfonso Guerra requiera dos personas para rellenarlo). Me dice que, en estas circunstancias y cualesquiera que fueran mis preferencias, yo no puedo ser el único vicepresidente sin que exista un grave riesgo de ruptura dentro del PSOE. Las presiones del aparato de Ferraz son muy fuertes. Está dispuesto a aceptar la incorporación de Txiki Benegas al Gobierno –aunque no en el Ministerio del Interior–, pero nunca como vicepresidente. Se preocupa por cuál puede ser mi reacción y me dice que comprenderá si mi decisión es dejar el Gobierno. Él prefiere, como es natural, que me quede. Por si acaso, sin embargo, me pregunta cómo vería a Pedro Solbes como posible sustituto mío. Le contesto algo amable.

Después de hacer algunas preguntas aclaratorias y sin tratar en modo alguno de modificar sus torturadas decisiones me despido diciéndole que por la tarde le daré mi respuesta a sus planes. De esta manera confirmo lo que me había dicho unos días antes Jesús de Polanco, seguramente por encargo de Felipe González: que Serra sería el vicepresidente.

Por la tarde vuelvo a Moncloa a comunicarle al presidente del Gobierno mi decisión. Me rebelo ante la idea de que la salida del Gobierno de Alfonso Guerra, justificada por la historia de su hermano de la cual es culpable, tenga que compensarse también con mi salida. Así se lo explico al presidente del Gobierno y le digo que me quedaré si me deja proponerle los ministros del área económica. El presidente acepta el trato. Le hablo de Josep Borrell y de Julián García Valverde. El primero debería unificar los ministerios de Obras Públicas y Transportes, Turismo y Comunicaciones, de los que, según el presidente, saldrían Javier Sáenz de Cosculluela y José Barrionuevo, creando así un «superministerio». El segundo iría al Ministerio de Sanidad, que dejaría Julián García Vargas para pasar a Defensa en sustitución de Narcís Serra. La creación del superministerio y la elección de Borrell obedecen a la necesidad de coordinar mejor las políticas de modos de transportes y evitar duplicidades (para 1992, Sevilla va a tener el AVE, la autovía desde Madrid terminada, la primera carretera nacional desdoblada de España, y un nuevo aeropuerto con exceso de capacidad para los siguientes veinticinco años). El presidente acepta estas condiciones, sin dejar de señalarme que no comprende mi apoyo a Borrell: «No te quiere», me dice, lo que teniendo en cuenta su mejor información, seguramente es cierto. Contesto diciendo olímpicamente que eso no es importante. Acordamos también que la Secretaría de Estado de Comercio, que está en el Ministerio de Economía y Hacienda y a lo que yo no puedo atender suficientemente, pase a formar parte del Ministerio de Industria, fortaleciendo así de paso la posición de Claudio Aranzadi, muy atacado por su política energética, pero sobre todo por ser mi amigo. Finalmente, Pedro Solbes, en quien el presidente había pensado para sustituirme en Economía y Hacienda si yo saltaba del Gobierno, ocupará la cartera de Agricultura, Pesca y Alimentación, dejando la Secretaría de Estado de la CEE.

Delegado por él, hablé en las siguientes horas con los afectados en nombre del presidente del Gobierno y los fui enviando a Moncloa conforme aceptaron la propuesta para que la formalizara el único que podía hacerlo.

8 de marzo de 1991

Hoy he tenido una nueva entrevista con el presidente del Gobierno. Me comunica las tensiones con el aparato de Ferraz. Se mantiene, sin embargo, en su propósito de que Narcís Serra sea el único vicepresidente del Gobierno.

10 de marzo de 1991

Con el tema ya cerrado y unas horas después de ver al presidente del Gobierno, esta mañana me ha llamado Txiki Benegas proponiéndome un pacto entre Ferraz y yo: que no ocupe la vicepresidencia Narcís Serra y que el presidente nos nombre como vicepresidentes a él (Benegas) y a mí. Si no, él no entrará en el Gobierno como le ha ofrecido Felipe González. Pienso que ya es demasiado tarde para explorar esa posibilidad, aparte de que no me fío de nada que salga de Ferraz. Felipe González, por lo demás, no lo ve y a mí no me gustaría llegar a vicepresidente aliándome con mis adversarios políticos. Finalmente, Txiki Benegas no estará en el Gobierno y entra Juan Manuel Eguiagaray para satisfacer parcialmente a Ferraz, un hombre de valía a quien conozco desde hace muchos años.

11 de marzo de 1991

A las cinco y media de la tarde Radio Nacional de España anuncia la composición del nuevo Gabinete. Del equipo anterior quedan fuera Joaquín Almunia, sustituido por Juan Manuel Eguiagaray en el Ministerio para las Administraciones Públicas; Jorge Semprún, sustituido en el Ministerio de Cultura por Jordi Solé Tura; Enrique Múgica, sustituido por Tomás de la Quadra-Salcedo en el Ministerio de Justicia, lo cual es un acierto; los ya citados Sáenz de Cosculluela y Barrionuevo, a quienes sustituye Borrell, así como Carlos Romero, sustituido en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por Pedro Solbes. Los demás quedamos igual, con el cambio de Narcís Serra del Ministerio de Defensa a la vicepresidencia, el de Julián García Vargas, que pasa del Ministerio de Sanidad al de Defensa, y el acceso de García Valverde a Sanidad. El equipo económico es, como me ha comentado Miguel Boyer, el más compacto de todos los gobiernos socialistas desde 1983. Eso creo yo también. Éste es el equipo económico más competente que ha tenido un Gobierno del PSOE.

13 de marzo de 1991

La prensa destaca mi presencia en la toma de posesión de los ministros del área económica a lo largo del día de hoy y la considera una señal de mi patronazgo. Ésa ha sido mi intención al asistir a las distintas ceremonias.

Como siento que después de este arreglo gubernamental el presidente González está en deuda conmigo, me planteo impulsar desde ahora un gran proyecto de reforma de la banca oficial para hacerla más flexible y semejante en su funcionamiento a la banca privada, formando una nueva corporación bancaria nucleada en torno al Banco Exterior de España. Éste es un proyecto del que he venido hablando con Paco Luzón, presidente del Banco Exterior, y Pedro Pérez, secretario de Estado de Economía, y que no tiene otra conclusión que la privatización final de todo el crédito oficial. Las circunstancias actuales de acumulación de poder en el Gobierno y la propia situación de cambio de los núcleos responsables al frente de los distintos ministerios hacen aconsejable aprovechar este momento. Se lo planteé al presidente durante nuestras conversaciones sobre la crisis de Gobierno y aceptó mi plan.

El proceso comienza con el traslado de la tutela de la Caja Postal de Ahorros desde el Ministerio de Transportes, Turismo y Telecomunicaciones (ahora Ministerio de Obras Públicas y Transportes) al Ministerio de Economía y Hacienda. Ambas entidades, junto con el Banco de Crédito Industrial, el Banco de Crédito Agrícola, el Banco Hipotecario y el Banco de Crédito Local, se fusionarían después de dejar fuera los activos incobrables de reconversiones pasadas.

Termino el día cenando con Jorge Semprún. Está dolido con Felipe González a pesar de que ya sabía lo que iba a pasar desde hace meses.

18 de marzo de 1991

Reunión del ECOFIN en Bruselas. Las previsiones de la Comisión –2,1 % y 2,5 % de crecimiento para 1991 y 1992– suponen evitar la recesión que amenaza a Europa, a pesar de las medidas restrictivas que están introduciendo los alemanes.

Contesto a unas declaraciones de Martín Toval (el hombre de Guerra en el Grupo Parlamentario Socialista) en las que expresaba que, dentro del PSOE, yo no tengo ninguna relevancia comparado con Guerra, con estas palabras: «Respeto sus declaraciones y no tengo nada que decir sobre sus puntos de vista, aunque su omnisciencia sobre lo que se piense en el partido pueda ser discutible». En el fondo, no puedo dejar de reconocer que tiene razón. Guerra ha sido mucho más importante dentro del PSOE que yo, y ya se ha encargado él de que no se pudieran establecer comparaciones. De cualquier manera, la situación del PSOE con Felipe González en el Gobierno y Alfonso Guerra resentido, y sólo en el día a día del partido, ha cambiado de manera radical e irreversible. A partir de ahora, Ferraz empezará a tomar iniciativas tratando de forzar al Gobierno a seguir determinados rumbos o provocará dificultades a los planes del Gobierno cuando éstos no le gusten.

25 de marzo de 1991

Almuerzo con Narcís Serra. Acordamos las reglas de funcionamiento y coordinación entre ambos.

4 de abril de 1991

En la cena que tuve ayer en Moncloa con el presidente hicimos un repaso de la situación del área económica del Gobierno y sus principales proyectos. Antes de entrar en ello, le conté la reunión que tuve con el vicepresidente Serra en la que los dos –esto no se lo he dicho– procuramos mostrarnos amables y amistosos. Le di a entender que espero que no se meta en mi área y que si quiere información sobre la misma, cosa que yo comprendería, que me la pida directamente a mí. También le hablé al presidente del nuevo decreto de constitución y fundamento de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. De manera irregular, aunque no ilegal, ha venido acudiendo a la misma Paco Fernández Marugán como ayudante de Guerra en la vicepresidencia. Creo que es mejor que a partir de ahora no asistan a las reuniones de la comisión más que los miembros designados en el nuevo real decreto.

Por lo que se refiere a la marcha del área le señalé al presidente la importancia de la tarea de reordenación del sector eléctrico así como del nuevo Plan Energético Nacional y la nueva Ley de Cámaras de Comercio del Ministerio de Industria y Energía, advirtiéndole de las interferencias del partido en el primero de los temas. Del mismo modo, destaqué los temas más importantes de Obras Públicas y Transportes (poner orden en la construcción del tren de alta velocidad Madrid-Sevilla y el nombramiento de Mercedes Sala como presidente de RENFE), la necesidad de reorganizar el sistema de salud en el Ministerio de Sanidad, la reforma del INEM, la aprobación de la Ley de Pensiones no Contributivas que deseaba el Ministerio de Trabajo, la puesta en marcha de la Corporación Pública Bancaria y aspectos presupuestarios en el caso del Ministerio de Economía y Hacienda.

Hablamos también de mantener despachos regulares, a poder ser semanales, así como de coordinar nuestros viajes en las próximas semanas (yo voy a final de mes a una reunión del FMI en Washington y juntos iremos a Londres a primeros de mayo a una cumbre hispano-británica).

5 de abril de 1991

El presidente del Gobierno hace unas declaraciones a El Periódico de Catalunya en las que delimita las funciones de Narcís Serra como vicepresidente en las áreas «política, institucional y social», excluyendo la económica, donde deja claro que yo haré una función de «coordinación y arbitraje». Declara que para él no es importante si las labores de coordinación se ejercen desde una vicepresidencia o un ministerio con suficientes poderes. Se trata, sin duda, de una compensación por no haberme nombrado vicepresidente y de una aclaración para todo el mundo. El presidente también destaca la importancia que tiene para el Gobierno la consecución del Pacto Social de Progreso y del nuevo Plan Energético Nacional (PEN) para mejorar la competitividad en España.

7 de abril de 1991

El diario Ya publica una pieza de intoxicación del guerrismo firmada por el propio periódico (quizás nadie ha querido poner su nombre debajo). Según esa información, Guerra y yo hemos firmado la paz (en una comida que nunca existió). Por otro lado se asegura que Guerra no dimitió por la historia de su hermano, sino por su creciente oposición a la política económica diseñada por mí.

15 de abril de 1991

Asisto a la inauguración en Londres del nuevo Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD), creado para ayudar a la transformación de las economías antes «socialistas» de Europa Central y Oriental. Hago una rueda de prensa donde tengo que afirmar una vez más que hay que ser cauto con la futura bajada de los tipos de interés, sobre la que muchos están creando confusión con sus apreciaciones.

En el PSOE también se siente este apremio por reducir los tipos de interés. Al exministro Abel Caballero –responsable de la política territorial–, que quiere contribuir a ganar las próximas elecciones locales, consciente de que los tipos de interés van a mantenerse en los niveles actuales o muy próximos a ellos de aquí a los comicios, no se le ha ocurrido mejor idea que sortear el problema proponiendo la creación subrepticia de un coeficiente de inversión obligatoria de la banca que reduzca el coste de los préstamos hipotecarios ante el fuerte crecimiento del coste de la vivienda en los últimos años.

He conversado por teléfono sobre esto con Txiki Benegas al volver al Hotel Savoy en Londres después de los actos del BERD. Le he dicho que esto es un disparate cuando llevamos ocho años en el Gobierno embarcados en una política de liberalización de la regulación de la banca que ahora ha culminado. Hemos tenido una buena bronca. Antes de colgar me ha pedido algo también totalmente irregular. Quiere que reciba a Íñigo de Oriol, presidente de Iberduero, y a su asesor Antonio Navalón junto con los representantes del PSOE (él y Paco Fernández Marugán) para hablar de posibles restructuraciones corporativas dentro del sector eléctrico. Dicen que no se entienden con el ministro Claudio Aranzadi y pretenden saltárselo. Le he dicho que les recibiré el próximo día 18 y a continuación he llamado a Claudio Aranzadi para convocarle a la misma reunión y advertirle sobre sus intenciones.

17 de abril de 1991

Firmo dos órdenes para liberalizar parte de los movimientos de salida de capital con el fin de reducir la presión que ejerce sobre el cambio de la peseta la ingente entrada de capitales. La posibilidad legal de abrir una cuenta, corriente o a plazo, en cualquier divisa cotizada en Madrid llama mucho la atención tras decenios de control de cambios. Como anécdota, la fortaleza de la peseta respecto al franco francés molesta a nuestros vecinos, que desearían ver bajar los tipos de interés en España para reequilibrar los cambios.

En estos días se ha iniciado un nuevo enfrentamiento con Ferraz por el plan de vivienda del programa electoral para las elecciones autonómicas y locales. El plan propone reformar el Decreto Boyer en materia de arrendamientos urbanos (Josep Borrell, sin advertirme de ello, se apresura a apoyar la cuestión) y financiar 400.000 nuevas viviendas con tipos de interés subvencionados, creando (o resucitando más bien) un coeficiente de inversión especial, como ya he mencionado. Preguntado por el plan, digo a los periodistas lo siguiente: a) que el Gobierno no lo ha recibido y no lo ha podido juzgar en cuanto a su factibilidad; b) que los coeficientes obligatorios deben desaparecer el 1 de enero de 1993; c) que se podría subvencionar el coste con cargo a los Presupuestos, pero que esto iría contra el déficit, lo que obligaría al Gobierno a decidir qué otros renglones de gasto habría que reducir.

Según los cálculos de la banca, la financiación del plan en cuatro años requeriría tres billones de pesetas de crédito subvencionado. El PSOE (Abel Caballero) dice que no hay que imponer un coeficiente obligatorio, sino acordar con cajas de ahorro y bancos que destinen a la financiación de vivienda los fondos que se liberen con la eliminación del coeficiente de inversión obligatorio en 1993 (o sea, lo mismo, pero de otra manera). A pesar de que he hecho siempre referencia al Gobierno a la hora de apoyar o no este programa, enseguida se interpreta que personalmente estoy en contra del mismo (lo que por otra parte es verdad).

Julián Lacalle (un enviado habitual de Ferraz) anuncia que hay una guerra entre Alfonso Guerra y yo que ganará fácilmente el primero, al que ya le van a ver muchos empresarios como «Mario Conde o Javier de la Rosa», que tienen dificultades para entenderse conmigo. De paso, también cuenta la insatisfacción del PSOE (léase los guerristas) con Mariano Rubio y su independencia como gobernador del Banco de España. Algunos guerristas filtran que el presidente del Gobierno estaba en la reunión de la Comisión Ejecutiva del PSOE que aprobó el plan de vivienda que Caballero viene defendiendo. Inmediatamente salen otros guerristas a rebajar la tensión que ahora trata de implicar a Felipe González. EFE destaca manifestaciones de Martín Toval, Carmen García Bloise, Alejandro Cercas y Javier Sáenz de Cosculluela. Sin embargo, Txiki Benegas mantiene las espadas en alto: «La única opinión a la que concedo valor es la que expuso Felipe González». Según algunos en sectores del Gobierno se cuenta que el plan de viviendas no es un pulso entre Guerra y yo, sino entre Guerra y González. Quizá éste no era el propósito inicial, pero la disputa se ha convertido en eso.

Como estaba previsto, hoy al final del día han venido al despacho Benegas y Fernández Marugán, como introductores de Íñigo de Oriol, y éste con su asesor Navalón a mantener la reunión conmigo que el primero me había solicitado. Antes que ellos había llegado Claudio Aranzadi. Cuando he hecho pasar a mi despacho a Benegas y a Fernández Marugán se han quedado demudados al ver a Claudio. No esperaban encontrarlo allí. Les he dicho que la reunión no podía ser de otro modo, tratándose de un tema esencial dentro de la política energética. Luego he pedido que pasara Oriol a la sala de reuniones de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, adjunta a mi despacho, pero sin su asesor Navalón, a quien no pensaba recibir. La sorpresa de Oriol al ver a Aranzadi a mi lado ha sido mayúscula. En fin, en la reunión de los cinco se han expuesto las diferencias entre Oriol y el ministro de Industria, y hemos quedado en que hay que seguir discutiendo sobre el tema. Lo que me preocupaba hoy no era tanto el fondo del asunto como enseñarles a unos y otros cuáles son los procedimientos en un Gobierno serio.

18 de abril de 1991

Ceno con Jean-Claude Juncker, que ha dejado el Ministerio de Trabajo en Luxemburgo y ahora es ministro de Hacienda. Es un tipo competente y muy simpático. También es muy joven, rasgo en el que estoy empezando a reparar cada vez más entre mis colegas. Yo estaba acostumbrado a ser de los más jóvenes en nuestras reuniones.

19 de abril de 1991

El Gobierno emite un comunicado anunciando que ya ha recibido el plan de viviendas del programa del PSOE y ha empezado a estudiarlo considerándolo prioritario. Respecto de las medidas financieras, a juicio del Gobierno no deben dirigirse hacia el establecimiento de coeficientes específicos. Ambas partes se supone que quedan satisfechas. La realidad, sin embargo, es que hemos evitado una medida que se hubiera cargado años de liberalización financiera a cambio de una promesa vaga en un programa electoral destinado a no cumplirse o a crear graves problemas si es que llegara a cumplirse (aunque eso parece no importar a los dirigentes del partido). No obstante, me llama la atención la ausencia de artículos y de editoriales sobre el fondo del asunto. «La pugna», «el pulso», «la guerra» es como llaman los titulares a nuestras diferencias, pero no pasan del análisis superficial de nuestros enfrentamientos personales.

Poco a poco van saliendo a la superficie las tensiones que produce el plan de reforma de la banca pública que nadie más que yo y mis colaboradores más próximos conocemos en todo sus detalles y para el que cuento con el apoyo del presidente del Gobierno. Jesús Cacho convoca a todos los posibles perjudicados por el proyecto a oponerse a mí (Miguel Muñiz, presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Julio Rodríguez, presidente del Banco Hipotecario, Baltasar Aymerich, consejero delegado de Caja Postal, más los ministros celosos, más los bancos recelosos, más José María Aznar, más Miquel Roca…).

En una conferencia en Zaragoza muestro mi preocupación por los signos contradictorios en la situación económica, que no acaba de iniciar una recuperación tras el final de la guerra del Golfo, pero a la que la inflación, todavía alta, desaconseja tratar con una bajada de tipos de interés. Todo sería distinto si tuviéramos un acuerdo de moderación salarial.

24 de abril de 1991

La SER, persiguiendo a Txiki Benegas por la carretera de Andalucía (supongo que camino de la Feria de Sevilla), intercepta una conversación suya con el empresario y periodista Germán Álvarez Blanco en la que, aparte de referirse a mí como «el enano de Tafalla» y a Narcís Serra como «el catalán», dice que el problema para Ferraz no soy yo sino el «one». Al enterarse de la emisión de su conversación telefónica, Benegas anuncia que pondrá una denuncia ante los tribunales que supongo que no tendrá ninguna consecuencia. Con esta trastada, en este caso involuntaria, Txiki culmina un mes de histeria y disparates desde que no entró en el Gobierno como vicepresidente, como él deseaba.

Hoy he recibido a Domingo Cavallo, ministro de Economía de Argentina. Me habla de cambios en la política de su país. Falta hacen, después del desastre que dejó a su salida el bueno de Raúl Alfonsín, que nunca entendió los problemas económicos de Argentina.

25 de abril de 1991

Recibo al ministro de Economía austriaco, Wolfgang Schüssel, que me habla del propósito de Austria de incorporarse a la CEE. Por la noche ceno en Moncloa con Gloria: están de visita Lola, la hermana de Felipe, y su marido, Paco Palomino. La cena, muy familiar.

29 de abril de 1991

El Mundo descubre que la intención de Iberduero e Hidroeléctrica Española de conseguir la fusión, hablando primero con Benegas en Ferraz y luego en Moncloa con el presidente del Gobierno, fue dificultada por mí cuando Aranzadi me avisó del plan. La realidad, como ya he contado, fue un poco más compleja, pero en el fondo sigue siendo cierto que algunos han creído encontrar un cauce alternativo en Ferraz cuando no llegan a entenderse con el Ejecutivo. Mario Conde utiliza este truco todo lo que puede con el beneplácito y la complicidad de Txiki Benegas y Alfonso Guerra. Por lo demás, no hay nada que pueda impedir la fusión de Iberduero e Hidroeléctrica Española si las dos empresas lo desean y llegan a un acuerdo.

1 de mayo de 1991

Viaje a Washington D.C. con motivo de la reunión del Comité Interino del FMI. En unas declaraciones a la prensa critico la falta de competencia del mercado bancario en España, que se traduce en una bajada mucho más lenta en los tipos de activo que en los de pasivo cuando baja el tipo de interés de referencia. Con todo, me ratifico en una bajada de los tipos de interés a lo largo del año conforme la inflación vaya cediendo. En relación con esto señalo que, aunque la previsión del Gobierno es del 5 % para el final del año, los sindicatos están haciendo sus plataformas de negociación sobre la base de un 9 %, lo que dificulta cumplimentar la previsión. Todo esto surge a consecuencia de una bajada de medio punto del tipo de interés de la Reserva Federal que no ha sido acordada con la CEE y que creará, antes o después, tensiones en el cambio del dólar con el marco alemán y de éste con el resto de las monedes del SME.

3 de mayo de 1991

Se aprueba en Consejo de Ministros la Corporación Bancaria de España S.A., un holding en el que se agrupan todas las entidades financieras públicas (Banco Exterior de España, Caja Postal, y las que son propiedad del ICO). El nuevo banco, con 8,3 billones de pesetas de activos, será 0,5 billones mayor que el BBV, aunque tendrá 408.000 millones de pesetas de fondos propios frente a los 470.000 del primer banco del país. La operación se presenta como un paso intermedio hacia la fusión total, que se irá produciendo por fases. La búsqueda del tamaño suficiente en el mercado europeo que se desarrollará con la Unión Monetaria y el incremento de la competencia en el mercado doméstico son las razones aducidas. La operación, pactada con el presidente González en el momento de la remodelación del Gobierno, queda así efectuada. Éste es el primer paso hacia la privatización de la banca oficial. Todo el mundo entiende, por lo demás, que Paco Luzón será el nuevo presidente de la Corporación Bancaria de España.

La Asociación Española de Banca (AEB) emite un comunicado receloso en relación con el tema al que no doy mayor importancia.

6 de mayo de 1991

Recibo a Leon Brittan, que me anuncia su próxima retirada de la Comisión Europea.

8 de mayo de 1991

En una conferencia en la Cámara de Comercio Española en Londres, Felipe González ha hecho una gran defensa de la política económica española desde la entrada en la CEE en 1986 hasta ahora, así como de sus resultados. John Major, con quien me reuní en Madrid, antes de la conferencia de Roma, cuando era ministro del Tesoro, defiende ahora, como primer ministro, la proximidad de puntos de vista de Reino Unido y España respecto del proceso que nos debería conducir a la Unión Económica y Monetaria. Se señala esto en el Times y en el Financial Times, comentando las reuniones habidas con Major y sus ministros por parte de Felipe González, Francisco Fernández Ordóñez y yo.

Coincidiendo con este viaje a Londres han comenzado a producirse huelgas, particularmente en los servicios públicos, apoyadas por UGT y CC.OO. Esto previsiblemente favorece los resultados de Izquierda Unida (IU) y perjudicará al PSOE, ya que estamos en plena campaña electoral de las municipales y autonómicas. Teniendo esto en consideración y la falta de motivaciones laborales serias, califico las huelgas de «políticas».

En una reunión del PSOE al efecto se presentan a los candidatos a las elecciones autonómicas y locales del partido las líneas generales del plan de vivienda que ha diseñado el Gobierno y que tendrá un coste de 300.000 millones de pesetas en el siguiente cuatrienio. El conjunto de medidas incluye cambios claramente indeseables en el real decreto-ley de Miguel Boyer, además de la ampliación del límite de ingresos mínimo para tener derecho a una vivienda de protección oficial (VPO), con la que estoy de acuerdo, modificaciones en el mercado hipotecario y en los fondos de inversión inmobiliaria y otras medidas. A quienes apostaron por que yo no estaría en el acto, mi presencia les resulta llamativa.

Estos días se suceden los artículos sobre la creación del nuevo banco público y mi supuesta exhibición de poder. Tanto el PP como CiU quieren ideologizar el tema en plena campaña electoral (las municipales se celebran el 26 de mayo). Jesús Cacho dice que, a cambio de este «golpe» del Gobierno, el sector privado ha conseguido otro por los acuerdos de fusión de Iberduero e Hidrola que ha entorpecido el diseño de tres grupos empresariales en el sector eléctrico que deseaba el ministro Aranzadi.

Volviendo sobre un viejo tema que al principio, hace ya años, me preocupó mucho, se van conociendo las líneas generales del proyecto de armonización del IVA a nivel comunitario. Los fabricantes de coches se quejan del efecto inhibidor que puede tener sobre la demanda el anuncio de la bajada del tipo del IVA que se va a producir a partir del año que viene. Tienen razón, pero no cuentan que para evitar esta posposición en las ventas les hicimos una propuesta que han rechazado. En Bruselas, además del aumento del IVA, se ha analizado la situación económica a medio plazo de la CEE, aconsejando un «ajuste duro» a Grecia, Portugal e Italia.

14 de mayo de 1991

Se anuncia el acuerdo de fusión entre los bancos Central e Hispano Americano (José María Amusátegui y Alfonso Escámez). Lo valoro positivamente en declaraciones a la prensa y recuerdo que una de las razones para crear la Corporación Bancaria de España era precisamente desatar esa dinámica (sólo han pasado once días desde su aprobación por el Consejo de Ministros y ya tenemos otra gran fusión).

La ONCE inicia un nuevo sorteo a través de un abono-cupón contra el parecer del Ministerio de Economía y Hacienda. Preguntado por la prensa, que desea un enfrentamiento, declaro que no creo necesarias acciones legales, ya que confío en que la ONCE corregirá pronto su error. Los sindicatos de la ONCE solicitan una reunión con los ministerios de Economía y Hacienda y Asuntos Sociales.

15 de mayo de 1991

Hoy, en un acto de campaña electoral en Toledo y después en una cena con empresarios, he vuelto a repetir la idea de que, para relanzar el crecimiento económico que se va desacelerando a ojos vistas, es necesario primero el Pacto de Competitividad para poder luego bajar los tipos de interés.

20 de mayo de 1991

Recibo a Alfonso Escámez y José María Amusátegui para hablar de la fusión de sus bancos. Se les ve bien dispuestos y con voluntad decidida de llevarlo a cabo.

23 de mayo de 1991

En unas declaraciones bastante hostiles contra el Gobierno (tres días antes de las elecciones autonómicas y locales), Nicolás Redondo comenta la huelga en el sector público convocada para el último día de campaña y anuncia su falta de disposición para pactar sobre la competitividad en el llamado Pacto Social de Progreso. En realidad, nunca ha querido hacerlo. Sin embargo, si no lo hace, UGT será cada día más irrelevante y él será el culpable.

Mario Conde, que se siente amenazado después de la creación de la Corporación Bancaria y la fusión entre el Banco Central y el Banco Hispano Americano, arremete contra mí y contra la política económica del Gobierno en la Junta General de Banesto. No hay en su diatriba ni un solo argumento de política económica y sí mucha argumentación defensiva ante las ventajas supuestas de las fusiones. Justifica mal las pérdidas de su grupo industrial que, naturalmente, achaca a la guerra del Golfo, olvidando que éste no ha sido el caso de la mayoría de las empresas españolas en 1990, que han tenido buenos beneficios, aunque, por supuesto, nadie se lo recuerda en la prensa.

26 de mayo de 1991

Tras unas elecciones autonómicas y locales poco animadas (la participación ha sido siete puntos inferior a la de 1987), el PSOE ha perdido poder territorial en muchas comunidades autónomas y las mayorías municipales de Madrid, Sevilla y Valencia, donde nos quedamos sin alcaldes.

Con todo, el partido ha conseguido un 39 % del voto total, lo que indica su importante implantación en todo el territorio nacional.

27 de mayo de 1991

En una rueda de prensa tras la inauguración de la Feria de Muestras de Barcelona vuelvo a exponer la necesidad del Pacto de Competitividad, explicando cómo sería, dentro de él, el funcionamiento de la moderación salarial con cláusulas de salvaguarda. He anunciado también la intención del Gobierno de reformar el mercado laboral en cuatro áreas: los sistemas de contratación, las ordenanzas laborales vigentes, las prestaciones por desempleo y la formación profesional. «Quizá haya llegado el momento de sacrificar la permanencia de instrumentos que han demostrado consistentemente su ineficacia y diseñar mecanismos nuevos», he dicho. También he querido señalar que un servicio público –refiriéndome a la intermediación en el mercado de trabajo hoy monopolio del INEM, con resultados lamentables– puede desempeñarse por agentes privados con una regulación adecuada. Me llama la atención el interés de los sindicatos por dejar el INEM tal como está, cuando no intermedia ni en el 10 % de los contratos de trabajo.

28 de mayo de 1991

Francisco Fernández Marugán matiza que mis elucubraciones sobre la gestión privada de servicios públicos no coinciden con la línea del PSOE (y tiene razón).

La reciente huelga en el sector público empresarial ha conseguido lo impensable: la coincidencia de la opinión de Alfonso Guerra y la mía. En unas declaraciones, Guerra ha calificado la huelga y a los sindicatos de antidemócratas mientras amenazaba con una nueva Ley de Huelga que seguimos siendo incapaces de hacer.

29 de mayo de 1991

El ministro belga de Hacienda, Philippe Maystadt, buen amigo, me ha visitado y hemos almorzado juntos aprovechando la conferencia que ha venido a pronunciar a la Fundación Carlos de Amberes. Hizo en ella un buen análisis de los nuevos riesgos que surgen de la liberalización de los movimientos de capital, por un lado, y de la nueva situación geopolítica en Europa Central y Oriental, por otro, para argumentar en favor de una marcha acelerada hacia la Unión Económica y Monetaria en la CEE.

La prensa publica hoy la existencia de al menos dos empresas (Filesa y Time-Export) vinculadas al PSOE que han financiado al partido mediante la emisión y cobro de facturas falsas de cientos de millones de pesetas. Un hermano de Elena Flores (la responsable de la Secretaría Internacional del PSOE) figura entre los administradores junto con el diputado socialista Carlos Navarro y un tal Luis Oliveró, pariente de este último. No se sabe a qué se pueden dedicar, profesionalmente hablando, estas empresas. El Tribunal de Cuentas tendrá que intervenir, según me temo, en el asunto, analizando la financiación del PSOE. También el Ministerio de Economía y Hacienda, si aparecen –como es inevitable– irregularidades fiscales. Hay demasiada gente en este terreno de la financiación y muy poca vergüenza a la hora de conseguirla. Le digo a Felipe González que todo nuestro esfuerzo de gestión y transformación del país puede pasar a segundo plano frente a un escándalo de corrupción de estas características.

30 de mayo de 1991

Se anuncia que dentro de una semana se iniciará el proceso de regularización fiscal previsto, una vez en vigor la nueva Ley del IRPF.

Poco a poco empieza a resituarse en el centro del debate político la propuesta de Pacto de Competitividad con los agentes sociales, patronal y sindicatos, o Pacto Social de Progreso, para darle un aire menos economicista. Una vez formado el Gobierno desde hace casi tres meses y celebradas las elecciones regionales y locales ya no queda ninguna excusa para retrasar su negociación. El plan del Gobierno es exponer las líneas fundamentales del pacto en el Congreso de los Diputados con el fin de recoger apoyos (o poner a la oposición frente a la realidad) y luego iniciar la negociación. Este procedimiento les tiene en ascuas a unos y a otros. Isabel Tocino, en nombre del PP, declara que busco «implicar al Parlamento sin presentar el Pacto Social». Manuel Zaguirre, de Unión Sindical Obrera (USO), dice que «Solchaga está manipulando al Parlamento para conseguir sus fines políticos». Se supone que contra los sindicatos. Con todo, la posición de los sindicatos parece empezar a reorientarse.

3 de junio de 1991

Hoy en Luxemburgo no se pudo alcanzar un acuerdo para la normalización del IVA en el ECOFIN por el veto de Reino Unido. Sin embargo, el final se ve ya próximo. Nosotros hemos calculado que podemos compensar la subida del IVA general del 12 al 15 % con la caída del tipo elevado en unos 5 puntos y la ampliación de los productos que están a tipo reducido. De esta manera calculamos que el impacto sobre la tasa de inflación del conjunto de acomodaciones será prácticamente imperceptible.

4 de junio de 1991

En la reunión de la OCDE en París muestro mi preferencia por políticas monetarias que se fijan objetivos a medio plazo ayudadas por reformas fiscales, frente a la tentación actual de fuertes bajadas en los tipos de interés y crecimientos del déficit público en cuyos efectos a largo plazo no confío.

7 de junio de 1991

El Consejo de Ministros aprueba las líneas del Pacto Social de Progreso que contempla tres grandes grupos de acuerdos:

1) Control de salarios y beneficios distribuidos (dividendos) con garantía para los salarios de mantenimiento del poder de compra más incentivos fiscales a la reinversión de beneficios y apoyos al ahorro de familia y empresas.

2) Reformas estructurales de los mercados de servicios para reducir la tendencia a la inflación por la insuficiente competencia en los mismos (seguros, transporte, reparación y mantenimiento de viviendas, servicios profesionales, financieros…).

3) Reforma del mercado de trabajo en las líneas ya anunciadas en mi discurso de Barcelona.

Junto a esto, el Gobierno se compromete a continuar la fuerte inversión en infraestructuras

Al presentar estas iniciativas a la prensa, advierto de que ninguna posición de los agentes sociales de crítica a la propuesta del Gobierno impedirá que éste les convoque a negociar. Asimismo reconozco que, si no se alcanzara un acuerdo, el Gobierno hará «lo que tenga que hacer».

8 de junio de 1991

Los sindicatos plantean en El País una oposición frontal a la propuesta del Ejecutivo. Nicolás Redondo declara: «No caeré en la trampa electoral del Gobierno que pervierte la democracia», dando a entender que deseamos el concurso de los sindicatos para meter en una ratonera a las fuerzas políticas distintas del PSOE. También sugiere que la propuesta sólo tendría sentido en situaciones de emergencia

10 de junio de 1991

La nueva reunión del ECOFIN en Bruselas sobre la armonización de los impuestos especiales ha terminado también sin acuerdo. Reino Unido, Irlanda y Dinamarca desean niveles más elevados que los que queremos los demás. Aproveché la reunión para informar a mis colegas sobre el Pacto de Competitividad y su conexión con los programas de convergencia que estamos todos estudiando de cara a la Unión Monetaria.

12 de junio de 1991

Envío el Pacto al Congreso de los Diputados e iniciamos conversaciones con los grupos y sus representantes en la comisión mixta Congreso-Senado. Me he visto por separado con Miquel Roca, Rodrigo Rato e Iñaki Anasagasti. Mi sugerencia de tener sesiones informales con los sindicatos de carácter informativo es rechazada por éstos. Mientras tanto, Julián Lacalle, actuando de nuevo de portavoz del aparato de Ferraz, dice que hay quejas en el PSOE por falta de conocimiento del contenido del pacto y por mi protagonismo.

13 de junio de 1991

Los nacionalistas de Borís Yeltsin le han ganado las elecciones rusas a Mijaíl Gorbachov. Es una lástima, porque los rusos y el mundo en general deben mucho a Gorbachov.

En la Asamblea de las Cajas de Ahorro hago una crítica muy dura a sus irracionales planes de expansión geográfica, que han llevado a un aumento brutal de los costes y de la morosidad (el 5,7 % frente al 2,7 % de la banca). Les reprocho que no aprovechen las cuotas participativas para aumentar los recursos propios y que no consideren las posibles fusiones entre ellas para aprovechar las economías de escala. Desgraciadamente, la visión anticuada del ahorro y sus instituciones en el capítulo VIII de la Constitución ha creado un contubernio poco deseable entre comunidades autónomas y cajas de ahorro.

Mientras tanto, sigue subiendo el volumen del tema Filesa. Carlos Navarro, supuesto gerente de Filesa y Time-Export, se encuentra en paradero desconocido. El partido ha estado ganando tiempo. Desde que surgió el tema no me cabe ninguna duda de que hay un grave problema de financiación irregular con el PSOE, aunque no tenga antecedente alguno sobre el asunto. Preguntado por los periodistas, informo de que «el Ministerio de Economía y Hacienda está haciendo lo que tiene que hacer en este tema». La Comisión Ejecutiva del PSOE finalmente suspende en sus funciones a Navarro y a Guillermo Galeote (responsable de finanzas del PSOE). Yo he informado al presidente que desde el 5 de junio pasado la Inspección de Hacienda de Barcelona ha abierto expediente a Malesa, Filesa y Time-Export.

22 de junio de 1991

En S’Agaró, donde he asistido a unas jornadas, hago más declaraciones sobre el Pacto Social del Progreso (PSP). Si éste fracasara, advierto, el Gobierno hará lo que las condiciones exigen en materia de política económica (restricciones fiscales y/o monetarias) y en reformas como las de los mercados de bienes y servicios o de factores, pero se abstendrá de imponer por decreto una política de rentas.

24 de junio de 1991

Presento el PSP en la comisión mixta Congreso-Senado. Sin embargo, no recibe un respaldo político suficiente. Todos saben que si este pacto saliera adelante, las elecciones de 1993 las ganaría el PSOE de calle. Así que unos con una excusa (derechización del Gobierno, según IU) y otros con otra (insuficiencia de las medidas, según el PP), todos manifiestan su disconformidad aunque por ahora sin necesidad de votar, lo que se producirá eventualmente una vez que se acuerde con los agentes sociales, si es que se acuerda. Sólo el PNV apoyó claramente al PSOE. El CDS lo hizo de manera condicionada.

25 de junio de 1991

Despacho con el presidente del Gobierno. La marcha del PSP es el principal tema.

26 de junio de 1991

Voy a Estocolmo a discutir con mi colega Allan Larsson (Feldt ya ha dejado el puesto) sobre la situación europea y la posible entrada de Suecia en la CEE. En la rueda de prensa critico la falta de credibilidad del G-7 como instrumento de liderazgo de la economía mundial a propósito de la falta de armonización de las políticas económicas de los países que lo componen.153

28 de junio de 1991

Convoco a sindicatos y patronal para la primera reunión del PSP el próximo 4 de julio. Los sindicatos se quejan de que la reunión sea tripartita. Antonio Gutiérrez (CC.OO.), con algo más de pudor, se separa de las propuestas de José María Aznar (PP), que en cambio apoyó sin reparos Nicolás Redondo (UGT). Cedo y acepto la primera reunión con ellos solos. A cambio, ellos se olvidan de todas sus promesas de no discutir el procedimiento. A lo largo de las últimas semanas me he reunido con los directores de todos los grandes medios de comunicación, y a veces con los grupos editores, para ponerles de manifiesto qué es lo que estaba en juego en el éxito de esta nueva ronda de concertación y pedirles el apoyo a la misma si estuvieran de acuerdo en su importancia.

Según algunos, con mi cesión ante las demandas sindicales de una reunión por separado con ellos antes de iniciar la negociación del PSP, he «pinchado» la intención de Nicolás Redondo de posicionarse a favor de la huelga general con la excusa de la posible Ley de Huelga. Quizá sea verdad, pero no veo yo a los sindicatos muy dispuestos a adoptar medidas drásticas. Ya han hecho un ensayo general con las huelgas del sector público en el último día de la compaña electoral y su resultado fue un fracaso.

5 de julio de 1991

Un colectivo llamado Horacio, que parece argumentar desde la derecha, carga contra mí en ABC por la política económica (equivocada) y por mi actuación, que enfrenta a Felipe González con el PSOE, y contra la desconfianza que todo ello produce en la sociedad española en general y en los mercados en particular. Los culpables de esta situación no son demasiados: «La causa del conflicto tiene nombre y apellido: Carlos Solchaga; o mejor dicho, el tándem Solchaga-González». Una increíble necedad del grupo de Ferraz que apenas puede disimular su autoría.

Empresarios importantes y las cámaras de Comercio muestran su apoyo al PSP. La CEOE, por su parte, cree que las propuestas del Gobierno podrían servir de base para el pacto. Pero por el lado de los sindicatos la situación es bien distinta, incluso entre ellos mismos. CC.OO. desearía –al menos la línea que representa Antonio Gutiérrez– alcanzar algún pacto o prolongar unas discusiones. UGT, con Redondo a la cabeza y de acuerdo con Agustín Moreno (de CC.OO.), quiere terminar con las reuniones cuanto antes sin que le comprometan, pero sin que se pueda decir que no acudió a la convocatoria del Gobierno. Por esa razón –basta con que uno se levante de la mesa para que no haya pacto – tengo que insistir en que hay una solución B, aunque sea de inferior calidad. El Gobierno no puede quedarse paralizado si no hay pacto.

En Radio Nacional de España declaro que «el proyecto socialista no ha cambiado básicamente desde 1982 hasta aquí». También insisto en que el PSP no es imprescindible, aunque sea muy importante.

8 de julio de 1991

El ECOFIN me propone como candidato a la presidencia del Comité Interino del FMI. Me llena de orgullo la posibilidad de ejercer ese puesto. Me siento agradecido. Ha sido un proceso muy trabajado por el secretario de Estado de Economía, Pedro Pérez, con los países principales de la CEE y en el que he tenido como contrincante a mi buen amigo Philippe Maystadt, ministro de Hacienda en Bélgica. Es un importante triunfo para España que se verá culminado si conseguimos, como espero, el apoyo de los países latinoamericanos (los de nuestra silla en el FMI, con México a la cabeza, está garantizado). Si ése fuera el caso, sustituiré al actual ministro de Hacienda de Canadá como presidente del Comité Interino.

En Bruselas advierto de que el rapidísimo aumento que estamos observando de los gastos sociales, particularmente el de las prestaciones por desempleo, está alejando el déficit público de España del objetivo y que habrá que preparar medidas para reducirlo dentro del Plan de Convergencia que España, como cada país, deberá llevar a cabo dentro de la CEE.

9 de julio de 1991

Reunión sobre el PSP con cada una de las partes. Los sindicatos ratifican su total rechazo al plan de competitividad. La CEOE dice que está dispuesta a negociar por responsabilidad. Los primeros se sienten ofendidos por mis declaraciones sobre el crecimiento del gasto social y la necesidad de detener el crecimiento del gasto público. ¡Cualquier excusa es buena!

10 de julio de 1991

Reunión, por fin, conjunta. Los sindicatos dicen ahora que no mantenemos lo que dijimos en el Parlamento. Afirman también que estamos más próximos a las tesis de la CEOE, cuando hemos dicho que aceptaríamos sus acuerdos bilaterales con la CEOE. Todo ello porque nos negamos a fijar por ley la cláusula de revisión salarial o la distribución de beneficios. Nicolás Redondo, con todo, afirma que no dejarán la mesa «para que no nos culpen de deteriorar el clima social y nos llamen intransigentes». En su simpleza, ha confesado cuál es la única razón que tiene para permanecer en la mesa.

La nueva y constante preocupación que me asalta es que se sigue deteriorando la ejecución presupuestaria por la caída de los ingresos, consecuencia de la desaceleración de la economía y del fuerte ritmo de gasto. Anuncio un recorte del gasto público que pone muy nerviosos y claramente a la contra a muchos de los colegas del Gobierno, destacando entre ellos Josep Borrell, que es quien mejor debería comprender la situación. Hay un enorme deslizamiento del gasto social (Sanidad, Trabajo y Seguridad Social, sobre todo) y una necesidad ineludible de recortar el gasto en general. Cuando veo la actitud de Borrell me acuerdo de las palabras de Felipe González. La de Javier Solana, cuya posición coincide con la de Pepe Borrell, me sorprende mucho menos.

12 de julio de 1991

Tenemos Consejo de Ministros. Con Javier Solana, Narcís Serra y Pepe Borrell al frente se va formando una clara oposición al ajuste fiscal que propugno. Por primera vez Felipe González les deja hacer y me transmite a su manera que mi posición no le convence suficientemente. Borrell les alegra los oídos a todos con sus mensajes keynesianos de aumento del gasto público. A Felipe González, también.

15 de julio de 1991

Tras ocho horas de reuniones de segundo nivel no se vislumbra la posibilidad de ningún acuerdo en el PSP ni en materia de rentas ni en el terreno de las reformas estructurales.

Mario Conde ha pedido autorización al Ministerio para vender La Unión y el Fénix a la francesa AGF. Le doy largas después de las ayudas que ya recibió en forma de exenciones fiscales para constituir la Corporación Industrial de Banesto, dentro de la cual estaba La Unión y el Fénix. Por cierto que Conde ha sufragado un seminario en Moscú sobre la transición española para lucimiento de Alfonso Guerra. Felipe González también asistió a la inauguración. Conde ha estado buscando una vía alternativa al Ministerio para conseguir sus propósitos pese a mi advertencia de que no actuara en ese sentido.

En relación con la propuesta de recortar el gasto público a la vista de la marcha del déficit que he presentado al Consejo de Ministros, hoy me ha enviado una carta el presidente del Gobierno, que reproduzco:

15 de julio de 1991

Querido Ministro:

Envié las copias del acuerdo del 5 de julio a una parte de los miembros del Consejo (10), con una carta en los términos que habíamos hablado. Espero que hoy y mañana tendremos las respuestas, que te mandaré.

Sigo estando muy preocupado por el tema de fondo –el presupuestario– y por las soluciones que estamos arbitrando. No me parecen las más lógicas en estos momentos.

Tal vez podrías buscar con algunos ministerios como Obras Públicas, Educación y con menores dificultades Justicia o Cultura, una solución menos drástica que no nos aparte de los objetivos.

Las observaciones de Borrell me han parecido acertadas y dignas de ser tenidas en cuenta.

Mi impresión es que vamos a provocar una parálisis con consecuencias políticas difíciles de calcular.

Debes pensarlo y hablar con los afectados con franqueza y utilizando el margen que sea posible.

Al mismo tiempo que nosotros hacemos este ejercicio, la Xunta de Galicia está dispuesta a llegar al tope de endeudamiento en este mismo año.

¿Tendrá esto alguna coherencia de conjunto?

Un abrazo,

FELIPE

La carta pone de manifiesto por primera vez las dudas del presidente a las líneas generales de la política fiscal que propongo. Me deja muy preocupado. En un Gobierno del PSOE sólo se puede ser ministro de Economía y Hacienda con el apoyo decidido del presidente del Gobierno.

16 de julio de 1991

Los sindicatos abandonan las negociaciones del PSP. La prensa dice que Nicolás Redondo fue el primero en levantarse de la mesa. Queda totalmente claro, incluso para quienes me detestan, que los sindicatos son los únicos responsables del fracaso de las negociaciones. Manolo Garnacho, de UGT, reconoce que los sindicatos no han hecho un esfuerzo suficiente en materia de competitividad. Los oportunistas del PSC dicen que se van a reunir con la UGT de Cataluña para sacar adelante el Pacto de Competitividad. Evidentemente no saben ni de lo que hablan. Yo, por mi parte, desinflo la posibilidad de una nueva negociación a la vuelta del verano sobre la que algunos han empezado a especular. El Gobierno ha llegado en el diálogo social hasta donde podía llegar, incluso dejándose enredar por unos sindicatos desleales. Continuar ofreciendo negociaciones sería una excusa para no hacer nada.

23 de julio de 1991

El Consejo de Ministros aprueba la reducción del gasto público en el Presupuesto de 1991 por 341.000 millones de pesetas. Defensa (108.000 millones) y Obras Públicas y Transportes (106.000 millones) cubren las dos terceras partes del ajuste. Educación (37.000 millones) e Industria (23.000 millones) los siguen. Advierto en la rueda de prensa de que esto hay que hacerlo en un entorno de creciente recesión en el que también se está acabando la creación de empleo. Las expectativas de recuperación económica internacional después de la guerra del Golfo no se están cumpliendo, y las posibilidades de recuperación económica en nuestro país se van disipando. De todo esto no hablan los sindicatos. La CEOE, más acertada, prevé un panorama más sombrío que el que yo anuncio… y tienen razón, según me temo.

En El País se destaca el papel de Narcís Serra de intermediario entre los ministros más afectados por el recorte del gasto y de mí tratando de poner en valor su figura frente a la mía a pesar de reconocer que el vicepresidente lleva un «ritmo un tanto lento y paquidérmico». Lo cierto es que tuve una reunión con él el pasado 18 de julio, pero no recuerdo que fuera muy útil. En la misma línea «proSerra» se manifiesta Fernando Sarasqueta en La Gaceta. El «Comando del Gasto», como llama Javier Pradera a los descontentos con los ajustes del gasto público, sigue quejándose por las redacciones de los periódicos.

Tribuna publica la noticia de la compra por Manuel de la Concha, presidente del banco de inversiones Ibercorp, de acciones del Banco Hispano Americano antes de la fusión con el Banco Central, usando, según creen, información privilegiada. Desde el primer momento esta denuncia se conecta con la «beautiful people» y los amigos del ministro Solchaga. Las piezas a batir somos Mariano Rubio y yo.

Esto, junto con la soledad que implica el esfuerzo de recorte del gasto, la frivolidad del «Comando del Gasto» y la oportunidad que ve Narcís Serra de prosperar, crea una situación de enfrentamiento general del Gobierno conmigo. El presidente González, antes de salir para Guadalajara (México) a la I Cumbre Iberoamericana, me defiende y apoya mi política económica ante esta situación, pero sé que lo hace con menos convicción que en otros tiempos. Por cierto que en el comunicado final de esta cumbre figurará si se aprueba, tal como está hoy en el borrador, un apartado de apoyo de todos los países a mi candidatura a la presidencia del Comité Interino del FMI (el mío es el único nombre propio que figura en el comunicado). La próxima batalla se centrará en los Presupuestos de 1992, y para ello sólo falta poco más de un mes. Mientras tanto, los compañeros del PSOE propagan rumores sobre mi inminente salida del Gobierno.

29 de julio de 1991

Claro, un periódico amarillo, me considera el «enemigo público número 1», mientras Actualidad Económica publica una encuesta entre 1.020 empresarios y directivos en la que empato con Felipe González como el hombre más influyente de España. Lo de Claro no me preocupa, pero esta última información sí.

15 de agosto de 1991

La prensa que voy leyendo durante las vacaciones especula constantemente sobre mi soledad en el Gobierno, prensa a la que han debido aportar información interesada Serra, Solana y Borrell, y desde luego el PSOE, que también habrá colaborado en la campaña. Los consejos de Ministros de final de julio y del 2 de agosto, y el recorte del gasto público después del fracaso del PSP, han generado un clima de fuerte división no ya entre Gobierno y partido, sino en el seno del propio Gobierno.

Las especulaciones aparecidas en la prensa, claramente alimentadas por algunos compañeros del Gobierno (Solana dijo aquello de que el partido apoyaba mi política económica para poder añadir a continuación que donde quizá podría faltarme apoyo es en la población… ) y por Ferraz, resultan bastante desgastantes. Ello no puede impedir, sin embargo, que los periódicos –aunque sin mucho énfasis– publiquen mi nombramiento como presidente del Comité Interino del FMI.

18 de agosto de 1991

Toda la morralla informativa queda eclipsada por las noticias un tanto confusas provenientes de la URSS sobre un golpe de Estado con la destitución de Gorbachov. ¿Habrá vuelta atrás en Rusia? Felipe González nos ha convocado a unos cuantos para hablar del tema en Madrid. Salgo hoy mismo para allí.

19 de agosto de 1991

Me reúno en Madrid con el presidente del Gobierno para analizar la situación de Rusia y su posible repercusión económica. Felipe está verdaderamente apesadumbrado por los acontecimientos en la URSS. Decidimos congelar el crédito concedido con ocasión del viaje último de Gorbachov a Madrid por 150.000 millones de pesetas por si se llegara a producir una involución en la URSS. Envío también un mensaje de tranquilidad a los mercados financieros en España. Las noticias siguen siendo confusas.

30 de agosto de 1991

Consejo de Ministros. La prensa, anticipando las discusiones presupuestarias, vuelve a retomar el tema sobre las discrepancias internas en el Gobierno y la conveniencia de mi salida del mismo.

Aunque Gorbachov ha salvado la vida, el verdadero héroe de la represión del golpe de Estado es Yeltsin, la primera autoridad de la República Rusa.

2 de septiembre de 1991

Publico en El Nuevo Lunes un artículo con dos tesis a modo de resumen de lo que ha sido la motivación fundamental de la política económica: la primera, que «la creación de empleo productivo es el único camino cierto a la prosperidad»; la segunda, que cuando, como en el periodo 1985-1990, se han moderado los salarios monetarios ha crecido más el empleo y la renta del país y se ha incrementado la participación de los salarios en la renta nacional. De ahí la necesidad así como la transcendencia del fracasado PSP.

Almuerzo con Narcís Serra para encaminar las discusiones sobre los límites del gasto en los nuevos Presupuestos. El nuevo recorte presupuestario también afectará a las empresas públicas. Se empieza a hablar de más privatizaciones, empezando por el 10 % de Repsol.154 Con todo, la bajada de la recaudación empieza a ser tan significativa que nos obliga a revisar al alza la previsión de déficit para 1992, situándolo en el entorno del 2 % frente a un déficit cero al que pensábamos converger hace un año. Ello quizá permita mantener la inversión en términos reales (todavía hay que acabar los proyectos de 1992). Por lo demás, mi propia posición respecto de la inversión pública es algo más flexible a la vista de la desaceleración económica internacional y en España, aunque todavía no sé a qué carta quedarme, teniendo en cuenta los datos contradictorios en este terreno.

9-11 de septiembre de 1991

Reunión del ECOFIN en Bruselas. La presidencia holandesa propone que en la primera fase de la Unión Monetaria que estamos negociando sólo entren los países que cumplan determinadas condiciones de estabilidad (inflación, tipos de interés, tipo de cambio, déficit y Deuda Pública). Desde el Ministerio de Economía y Hacienda declaramos que hay tiempo suficiente para la adaptación y que lo que hace falta es aclarar los baremos. «España –declaro– podría entrar en el grupo de cabeza.» Félix Monteira, corresponsal de El País, interpreta que «el ministro acepta de alguna manera la existencia de dos velocidades», con lo cual, de una discusión práctica –cuándo estaremos preparados para entrar en la UME– se pasa a una cuestión de esencias: ¿debe haber o no debe haber más de una velocidad? En todo caso, el reproche común es que he roto la línea oficial de una sola velocidad. Eso, a pesar de que, como señala ABC el 10 de septiembre, he dicho que «España sugiere una fórmula que exige primero la unanimidad, pero si ésta no se consigue en dos años, que al menos ocho estados miembros –y no necesariamente como proponen los holandeses– decidan si son capaces de pasar a la fase definitiva». El 11 de septiembre El País se hace eco de esta declaración interpretando que aceptar esto (es decir, que si en 1998 no se llegara a la unanimidad para el paso a la moneda única, algunos países pudieran pasar siempre que fueran al menos ocho) no significa la Europa a dos velocidades, sino la única manera posible de hacer las cosas. Con todo, algunos medios consideran que «he rectificado». Lo que nadie ha señalado suficientemente es que propuse la fecha de 1999 para el inicio de la fase final en lugar de 1997. Para concluir la anécdota, Diario 16 reconoce que nunca dije aquello de las dos velocidades.

Nuevos frentes críticos. La CEOE elabora unas recomendaciones para urgir al Gobierno a un cambio en el modelo económico. Se une así a otras críticas mucho menos relevantes (Enrique Fuentes Quintana y José Luis Leal) o simplemente interesadas (Mario Conde). En todo caso, yo esto de los llamados «modelos económicos» lo entiendo poco.

12 de septiembre de 1991

Cristina Buhigas publica en La Gaceta un artículo interesante llamado «Solchaga, embajador de Felipe González en Europa» y que concluye con la siguiente frase: «El camino europeo del presidente español tiene un valedor en alguien que entiende lo que significa la Comunidad Económica Europea y las fórmulas para conseguir su desarrollo».

13 de septiembre de 1991

El presidente del Gobierno explica la política económica en TVE y, de paso, respalda mi gestión. Por cierto, hablando de medios de comunicación, me han informado los tertulianos del programa de radio Protagonistas de Luis del Olmo (Onda Cero) que me otorgan el Premio Lumbrera del verano por la propuesta del Pacto Social de Progreso, aunque haya fracasado.

Sin embargo, el ambiente general se va deteriorando. No son sólo los problemas derivados de una situación económica peor que la que hemos experimentado en los últimos años o de una crispación de los sindicatos con el Gobierno, que poco a poco va minando el respaldo social al PSOE. Está claro que existe una nueva estrategia de la oposición y de algunos medios de comunicación (El Mundo, El Independiente, Tribuna y quizá alguno más, todos ellos sospechosamente conectados también con Mario Conde) contra el Gobierno. Un puntal de esta estrategia es la crítica a la política económica. Con frecuencia se me contrapone con Narcís Serra para exagerar las diferencias en el seno del Gobierno y reducir el grado de apoyo a la política económica dentro de éste con el fin de dar la imagen de división, de falta de responsable último en esta materia y acabar políticamente conmigo camino de acabar con González. En este mismo terreno a veces se suma Luis María Anson (ABC), que ha llegado a titular un análisis de la situación de la siguiente y sorprendente manera: «Guerra apoya a Serra para suceder a González y Solchaga a Solana». Pero también hay otros flancos de ataque: el alza del nacionalismo vasco y catalán es el principal de ellos, algo que está tratando de aprovechar el PP en su oposición al Gobierno. Se ve que, como encuentran difícil movilizar a los votantes de derechas contra la gestión económica del Gobierno, desean desenterrar los fantasmas del pasado sobre la «España rota» en el PP y sus bases electorales.

19 de septiembre de 1991

Comparezco en el Congreso para explicar la situación de la política económica tras el fracaso del PSP. Explico las nuevas medidas (liberalización de capitales, liberalización de mercados con ayuda de los servicios del Tribunal de Defensa de la Competencia, eliminación de algunos aranceles residuales, Ley de Autonomía del Banco de España, liberalización en los casos de monopolios públicos residuales de transportes y comunicaciones, aumento de algunas deducciones fiscales y subida probable del IVA). También anuncio la necesidad de reformar los requisitos legales para cobrar el paro haciéndolos más exigentes y menos generosos. Con ello, vuelvo a tomar la iniciativa, aunque esto –un plan liberalizador si fallaba el PSP– era lo que había venido anunciando desde el principio.

20 de septiembre de 1991

La revista Euromoney me ha elegido ministro de Economía del año 1990 a nivel mundial. El premio me lo entregarán en Bangkok con ocasión de las asambleas del FMI y del Banco Mundial, en que me estrenaré también como presidente del Comité Interino del Fondo.

En Apeldoorn (Holanda) se aclara el tema de las velocidades durante la reunión informal del ECOFIN y se deja para más adelante la fecha de paso a la tercera y definitiva fase en el proceso de Unión Monetaria, que yo he sugerido que se traslade de 1997 a 1999.

Después de presentar los Presupuestos para el año 1992 en Ferraz, a preguntas de los periodistas declaro que todavía es posible crear 1.200.000 puestos de trabajo hasta 1993 (sólo se han creado hasta ahora unos 200.000) si se pudieran bajar los tipos de interés y se produce el efecto de las medidas de liberalización. La verdad es que hubiera querido declarar lo contrario, poniendo el énfasis en los riesgos. Desgraciadamente, esas declaraciones ya las hice con los 800.000 puestos de trabajo de la primera legislatura del PSOE, cuando era ministro de Industria, y lo que todos esperaban es que las hubiera repetido para volver a abrir el frente entre la Ejecutiva del PSOE y el Gobierno.

27 de septiembre de 1991

El Consejo de Ministros aprueba unos Presupuestos con un crecimiento del gasto público del 11,9 % y una previsión de déficit de la Administración Central, incluida la Seguridad Social, del 1,6 % del PIB. La previsión de inflación para 1992 es del 5 %.

Por la tarde he asistido al Comité Federal del PSOE, donde se ha presentado un informe de Alfonso Guerra y su gente sobre las consecuencias para el socialismo de la crisis de los regímenes comunistas de Europa Central y Oriental. Hago un largo e improvisado discurso a favor de la libertad para explicar el fracaso del comunismo y anteponiéndola a la igualdad. Guerra y su tropa se quedan un tanto confusos, sin saber si asimilar o rechazar mis argumentaciones. Lo único que se le ocurre decir a Alfonso es que estoy reproduciendo los argumentos de Ralf Dahrendorf en sus Reflexiones sobre la revolución en Europa, libro que, por cierto, no he leído. Así que lo he reclamado inmediatamente y, después de leerlo (es un breve ensayo) y ver que no tenía nada que ver con mi línea argumental, he llamado al secretario de Organización del PSOE, Txiki Benegas, para pedirle la transcripción de mi intervención y publicarla en El País, de forma que los compañeros del PSOE puedan juzgar mis propias palabras y no las inexactas declaraciones sobre las mismas de Guerra u otros.

3 de octubre de 1991

En aspectos tributarios, lo que más ha llamado la atención de los Presupuestos que deposité hace tres días en el Congreso de los Diputados es la subida del IVA del 12 al 13 % en el camino de la convergencia europea y la de los impuestos especiales sobre la gasolina y el tabaco. Dicen que tendrán efectos inflacionistas, y tienen razón. Pero hay que luchar contra el déficit, que se está yendo de las manos con la desaceleración económica y el fuerte crecimiento de los gastos sociales. El objetivo del 5 % para la inflación en 1992 después de estas medidas tributarias es más bien exigente. Por lo demás, el juicio global sobre los Presupuestos no resulta muy favorable. Se critica que el Gobierno haya aceptado parcialmente el efecto de los estabilizadores automáticos sobre el déficit y los peligros sobre la inflación de un crecimiento del gasto público demasiado elevado. En general, críticas no mal orientadas.

En la prensa, comentarios pocos serios, pero numerosos, sobre mi profesión de fe del socialismo liberal en el Comité Federal del PSOE.

6 de octubre de 1991

Anuncio en la Asamblea de la Asociación Fiscal Internacional que se celebra en Barcelona la preparación de la nueva Ley General Tributaria.

7 de octubre de 1991

Aparecen mis declaraciones al Financial Times (que Expansión publica también en español) en que anuncio el propósito de seguir adelante, pero sin un calendario fijo que me comprometa, con la privatización de empresas públicas.

En el ECOFIN de Luxemburgo vuelvo a insistir en el interés de España en una reforma de la política presupuestaria de la CEE que ponga mayor énfasis en la cohesión social (y nos evite ser contribuyentes netos). Anuncio que vamos a pedir al Tribunal de Defensa de la Competencia un informe sobre los problemas que plantea la colegiación obligatoria de los profesionales para la libre prestación de servicios y el encarecimiento de los mismos.

10 de octubre de 1991

Viaje a Bangkok a las asambleas del FMI y del Banco Mundial. Estreno cargo como presidente del Comité Interino del FMI y recibo el premio de la revista Euromoney al ministro de Finanzas del año 1990. Mario Conde viene también a la asamblea aparentemente preocupado por la apertura de un expediente sancionador del Ministerio por sus manejos con la llamada Corporación Industrial y Financiera de Banesto y aparece por el Hotel Oriental a felicitarme en la entrega de la placa del premio de Euromoney. Todo el mundo espera que hablemos, pero no hay más que un apretón de manos, para decepción de la prensa.

La URSS acude por primera vez informalmente al FMI (no es miembro del organismo) y al G-7 con el fin de recibir apoyo internacional en sus reformas estructurales para establecer una economía de mercado. En opinión del FMI, las cosas van despacio, y así se lo hago saber al enviado, Gregori Yavlenski, en mi entrevista con él como presidente del Comité Interino.

En mi discurso como tal a la Asamblea del FMI, hago un llamamiento a culminar con acuerdo la Ronda de Uruguay del GATT que se halla en la última fase de las negociaciones.

20 de octubre de 1991

Remitida por mí, El País publica mi intervención íntegra (para la que no llevaba nota alguna o papel) en el Comité Federal. Hay nuevas manifestaciones de unos y de otros, y el tema de las sensibilidades y confrontamientos en el PSOE vuelve a los periódicos. José Barrionuevo dice que estoy en el socialismo democrático. Carmen García Bloise me critica, como siempre, por hacer públicos mis puntos de vista. Luis Aizpeolea, próximo a Ferraz, declara que algunos dirigentes del PSOE me sitúan fuera del socialismo democrático (donde no debe haber salvación). Abel Caballero dice que mi posición ideológica es muy poco compartida en el PSOE.

23 de octubre de 1991:

Aurora Pavón (seudónimo de Pablo Sebastián) publica noticias alarmantes sobre la salud de Paco Fernández Ordóñez (que, en efecto, está gravemente enfermo) y las remodelaciones del Gobierno (lo importante: sacarme a mí del Gobierno).

Debate de totalidad de los Presupuestos para 1992. Tengo que reconocer que la política del enfriamiento monetario no ha tenido todo el efecto deseado sobre la inflación, y sí se ha visto traducida en decrecimiento y desaceleración del empleo. La razón, apunto, es la falta de sensibilidad de sindicatos y empresarios a fijar los salarios en función de la competitividad y la evolución de la productividad.

Durante el debate sale una vez más el tema de la lucha contra el fraude fiscal. Llama la atención de la prensa mi sugerencia un tanto irónica a los grupos parlamentarios de prohibir por ley nuevas amnistías fiscales. Por supuesto, nadie la suscribe.

25 de octubre de 1991

Cumbre franco-española. Tengo una larga reunión con Pierre Bérégovoy, que parece confiar mucho en mi opinión sobre el proceso de la Unión Monetaria. Almuerzo en el Palacio de Viana y cena en Moncloa por la noche.

4 de noviembre de 1991

Estamos en la última fase de la segunda Reforma del Sistema de Financiación Autonómica. Existen problemas con el PSOE. El presidente reúne en Moncloa a los responsables de los partidos del PSOE en las distintas autonomías con asistencia de Txiki Benegas, Juan Manuel Eguiagaray (ministro para las Administraciones Públicas) y yo. Nuestra posición es muy reticente a la idea de la cesión de parte de los ingresos del IRPF o del IVA a las comunidades autónomas. Conviene llegar a un acuerdo en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera antes del fin de año sobre este tema, pues es evidente que los recursos necesarios para el ejercicio de las competencias de las comunidades autónomas superan ampliamente a sus ingresos propios.

5 de noviembre de 1991

La reconversión industrial entra en una nueva fase con la fuerte desaceleración de la economía mundial desde 1990. Apoyando a Claudio Aranzadi, los dos mantenemos contactos con Ramón Jáuregui y Txiki Benegas para acordar lo que hay que hacer en el País Vasco y evitar otra huelga como la reciente de Asturias, donde los sindicatos siguen empeñados en acabar con el tejido industrial del Principado.

6 de noviembre de 1991

Se reúne el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Hago una propuesta táctica para enfriar un poco las pretensiones de las comunidades autónomas: si tan necesitadas están de recursos y tan deseosas de corresponsabilizarse en la gestión de los ingresos, propongo que establezcan recargos sobre los impuestos estatales, como lo permite la LOFCA y he ratificado al Tribunal Constitucional. De paso, aprovecho para poner de manifiesto los problemas que están causando los relativos altos niveles de gasto en las comunidades autónomas al equilibrio de las cuentas del conjunto de las Administraciones Públicas (el déficit ha pasado de 74.000 millones de pesetas en 1989 a 312.000 en 1990 y lleva camino de aumentar bastante en 1991). La propuesta táctica del recargo y la inminente entrada en vigor del Impuesto de Actividades Económicas de los ayuntamientos ponen nerviosos a la CEOE y a algunos articulistas. En todo caso, he ordenado preparar un documento nuevo que envío a las comunidades autónomas antes de la reunión del próximo 19 de noviembre. En él les propongo llegar a un acuerdo sobre la limitación del endeudamiento, dejando otros temas aplazados para 1992 al no haber suficiente consenso.

9 de noviembre de 1991

Los holandeses, respaldados por los alemanes, quieren llegar a los acuerdos que permitan cerrar en este semestre en Maastricht las líneas del nuevo tratado, incluido el proyecto de moneda única y el Banco Central Europeo. En la búsqueda de un aumento de la cohesión social, manifiesto en el Congreso de la Asociación de Periodistas Europeos (APE) la necesidad de racionalizar los ingresos de la CEE, en los que la contribución a partir del IVA es exagerada y la que toma el PIB como base demasiado pequeña, lo que lleva a distorsiones en las cargas presupuestarias incompatibles con la cohesión dentro de la Comunidad. También hablo de reestructuración del gasto y de las consecuencias que podría y debería, en mi opinión, tener la llegada de la moneda única en nuestra política financiera internacional (la de la CEE) y en nuestra representación y la de la CEE en el FMI y el Banco Mundial. Finalmente, he rechazado también la acusación de alguno de que la puesta en marcha de planes de convergencia de cara a la tercera de la Unión Económica y Monetaria sea una exigencia de los países ricos, definiéndolos como reglas del juego nuevas.

11 de noviembre de 1991

En la reunión del ECOFIN de Bruselas comunico la posición de España sobre el presupuesto de la CEE para después de Maastricht, encabezando la conspiración de los pobres (Irlanda, Portugal y Grecia), que confían en nosotros para la obtención de los nuevos fondos de cohesión.

18 de noviembre de 1991

Recibo al ministro de Economía de Checoslovaquia, que mantiene posiciones muy liberales.

Sigue, por otro lado, la controversia en el seno del partido y aparecen reacciones internas y externas a la publicación por El País de mi intervención en el Comité Federal del PSOE.

Algunas aportaciones al debate son peculiares. Así, Diario 16 convoca a una serie de intelectuales próximos a o en posiciones liberales para que juzguen cuán liberal soy yo. He aquí el resumen de algunas posiciones:

–Antonio Garrigues Walker: «Dentro del barullo ideológico que estamos viviendo en el mundo occidental nuestro ministro de Economía y Hacienda, además de ser un buen ministro, es más liberal que la mayoría de los hombres del Gobierno y del partido al que pertenece».

–Amando de Miguel: «¿Es propiamente un liberal Carlos Solchaga? No, no lo es. De serlo militaría en otro partido».

–Antonio García Santesmases: «Solchaga es un liberal centrista, progresista, levemente benefactor».

–Álvaro Delgado Gal: «Con un régimen liberal la actual política solchaguista sería una clara alternativa […] de izquierdas».

–Javier Tusell: «Hay también otros liberales. Son los que creen que la libertad siempre prima sobre la igualdad […] Éste es el liberalismo de Rawls y Raymond Aron y de Madariaga […] Solchaga figura en este grupo con plenos merecimientos».

–Carlos Rodríguez Braun: «Del liberalismo de Solchaga, con todo respeto, me parto de risa».

–Ramón Espasa (IU): «En todo caso practica una política económica que en el último debate de PGE /92 he calificado de liberalismo asistencial».

–Pedro Schwartz (PP): «Solchaga pertenece a ese grupo de economistas eclécticos que mezclan respeto por la eficacia del mercado con un deseo de ver al mercado hacer lo que ellos quieren».

Aurelio Arteta critica de manera bastante pedante, y sobre fundamentos más bien débiles, mi intervención (El País de 14 de noviembre de 1991: «De un Karl a otro Carlos»). Como si Karl Marx necesitara que lo defendieran de mis críticas. Fernando Morán hace unas declaraciones, dolido en el fondo por no ser uno de los polos del debate, recordándonos a Guerra y a mí nuestro escaso bagaje teórico. En eso tiene razón. Ni Guerra ni yo somos grandes teóricos. Por cierto, Fernando Morán, tampoco.

Entretanto, Guerra acude a una cena con socialistas en el restaurante La Cruzada. Alguien acaba contando lo que dijo allí el pasado 23 de octubre y El Mundo lo publica con gran regodeo. Según Guerra, yo soy el impedimento para que el PSOE siga avanzando: «De los 36 altos cargos que hay en el Ministerio de Hacienda sólo hay un militante del PSOE» –no sabía que hubiéramos afinado tanto–. «Solchaga está engordándose la nómina para cuando regrese al BBV.» «El presidente del Gobierno se ha cansado del PSOE, no viceversa. Está secuestrado por Solchaga y la “beautiful people” (que se “están poniendo moraos”)». Sobre Claudio Aranzadi comentó: «Uno no se puede fiar de los chicos que de la Liga Comunista Revolucionaria (LCR) se pasan al BBV».

Las opiniones son tan soeces que el propio periódico que las ha filtrado hace un editorial más bien hipócrita –las palabras de Guerra no estaban dichas para ser publicadas– que titula: «No es malo discrepar; lo malo es hacerlo así». La situación se encrespa en el PSOE, pero, sobre todo, esto acaba con toda esperanza de reconciliación entre Guerra y González. En un bien documentado artículo en Cambio 16, Juan Altable explica la división de los socialistas después de este enfrentamiento y otros entre Guerra y González, y cómo Guerra empieza a ser abandonado por la gente de su entorno (Teófilo Serrano, de la Federación Socialista Madrileña, José Bono, presidente de Castilla-La Mancha, miembros importantes también del PSOE de Andalucía...).

20 de noviembre de 1991

Hoy nos hemos reunido en Moncloa Felipe González y yo con el primer ministro holandés, Ruud Lubbers, y con el ministro de Hacienda, Wim Kok, que están llevando con gran acierto la coordinación de los acuerdos sobre la Unión Económica y Monetaria, hoy ya prácticamente concluidos. Avanzamos con ellos en el cierre de pequeñas cuestiones que quedan aquí y allá, y que ellos desean ver resueltas antes de la próxima Conferencia Intergubernamental en La Haya el próximo 1 de diciembre, tras su periplo por las capitales europeas. De cualquier forma, Felipe González les ha dejado claro que España está dispuesta a poner un veto en la conferencia si no se atienden los intereses de los países pequeños y menos ricos en relación con los nuevos fondos de cohesión que González viene solicitando como compensación a los efectos de la Unión Monetaria en ellos.

25 de noviembre de 1991

Reunión de preparación en el ECOFIN de la Conferencia Intergubernamental de La Haya. Se alcanzan acuerdos tanto en el proceso de la Unión Monetaria como en el Protocolo del Banco Central Europeo. Si se atiende a nuestros requerimientos de solidaridad, el acuerdo en La Haya está ya garantizado.

28 de noviembre de 1991

Los nuevos datos de la economía internacional y también de la nacional, con un repunte de la inflación en octubre, empiezan a ser preocupantes. Se sigue reafirmando la peor de las previsiones: se desacelera la situación económica más rápidamente de lo previsto, agravando la situación de los déficits públicos (Estado, Seguridad Social, comunidades autónomas y corporaciones locales) al tiempo que la política de enfriamiento no da resultados en su lucha contra la inflación. Es muy difícil que el déficit de 1991 se mantenga en el 3,6 % del PIB previsto. Es más probable, como viene anunciando el Banco de España, que alcance el 4,1 %. Entretanto, los resultados empresariales se deterioran, el mercado de la vivienda y sus precios, sobre lo que tanto se discutía antes de las elecciones regionales y locales, han dejado de ser un tema de interés (los precios han dejado de subir) y los mercados de cambio empiezan a agitarse. Queremos creer que Alemania no subirá los tipos de interés, pues sería el comienzo claro de una recesión y la semilla de un realineamiento del Sistema Monetario Europeo. Pero los mercados, que especulan claramente a favor del dólar, ven las cosas de otra manera.

Se imputa al ministro de Sanidad Julián García Valverde por la compra, supuestamente irregular, de unos terrenos por parte de RENFE efectuada cuando él había sido presidente de la compañía hace ya unos años. En realidad los compró una filial de RENFE llamada Eguidasa. El ministro de Transportes de aquel momento, José Barrionuevo, se ha desmarcado rápidamente de la situación, y el actual, Josep Borrell, está claramente dispuesto a que caiga García Valverde y no le moleste con el ruido de este asunto. La Intervención General de la Administración del Estado debe hacer un informe, a solicitud del juez instructor, para el mes de enero. Sobre la honestidad de García Valverde no me cabe la menor duda. No creo, sin embargo, que pueda mantenerse en el cargo en las actuales circunstancias de debilidad del Gobierno en estos temas de corrupción.

2-4 de diciembre de 1991

Reunión final del ECOFIN en Bruselas sobre el proceso de Unión Monetaria. Se cierran ya los últimos flecos de la Unión Monetaria y del Reglamento del Banco Central. Finalmente, como yo predije hace dos años ante el escándalo de los europeístas más entusiastas, se impone la fecha de 1999 para la entrada en funcionamiento de la tercera e irrevocable fase de la Unión Monetaria. Ha habido que seguir luchando más en el tema de las medidas de apoyo a los países menos avanzados de la CEE, pero finalmente la Comisión ha publicado su posición sobre el tema, muy satisfactoria para España (y también para Grecia, Portugal e Irlanda, que, por cierto, están muy agradecidos por nuestro liderazgo en esta materia). La Comisión está a favor de que se introduzca un quinto recurso dentro de los ingresos del presupuesto comunitario, que corrija los sesgos que introduce el uso del recurso IVA entre los más pobres, y también de que se cree un nuevo fondo de cohesión europeo, distinto y adicional a los existentes fondos estructurales, para compensar a los países con menor nivel de renta. Las cuantías se fijarán en la Conferencia Intergubernamental de Maastricht.

8-10 de diciembre de 1991

Tras algunas tensiones, y mediando una reunión entre Felipe González y Helmut Kohl, se alcanza un acuerdo en los fondos de cohesión y se cierra definitivamente el Tratado de la Unión Monetaria. Volvemos a Madrid con una gratificante sensación de triunfo.

16 de diciembre de 1991

El IPC de noviembre, con una subida del 0,1 %, frena un poco el repunte inflacionista. Sin embargo, la recuperación económica sigue más lenta de lo previsto y así lo declaro en mi presentación de los Presupuestos para 1992 en el Senado.

20 de diciembre de 1991

Cena del Gobierno en Moncloa (con cónyuges).

153. Los miembros del G-7 eran Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido.

154. Repsol se fundó en octubre de 1987. En su origen estuvo conformada por la agrupación de una serie de compañías, que previamente habían pertenecido al INH, dedicadas a la exploración, producción, transporte y refino de petróleo y gas. En septiembre de 1987, Óscar Fanjul, que era presidente del INH, pasó a ser el primer presidente de la nueva sociedad Repsol, cargo que ocupó hasta 1996.

1992

4 de enero de 1992

Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón hace unas declaraciones muy favorables sobre mí y la política económica del Gobierno. La prensa, por su parte, considera que la última regulación fiscal ha sido un éxito

8 de enero de 1992

La situación económica, sin embargo, sigue preocupándome seriamente. Le he enviado la siguiente carta al presidente del Gobierno:

Madrid, 8 de enero de 1992

Excmo. Sr. D. Felipe González Márquez

Presidente del Gobierno

Madrid

Querido Presidente:

En esta carta te envío algunas reflexiones previas sobre lo que debería ser objeto de atención en el próximo despacho que tengamos.

1) La situación económica: 1991 se ha cerrado aceptablemente teniendo en cuenta la situación económica internacional. La economía española habrá crecido un 2,5 % (frente al 1,1 % de la CEE); se ha detenido el deterioro de la balanza comercial y la balanza de pagos por cuenta corriente, la peseta ha seguido inspirando confianza y la entrada de capitales ha sido muy fuerte, como ya viene ocurriendo en los últimos años.

A pesar de la mala racha de los precios de los servicios y de los incrementos salariales excesivos, la inflación terminará en el 5,7 % o 5,8 % (vs. 6,5 % en 1990), lo que ha permitido mantener el diferencial de inflación con la CEE ligeramente por debajo del 1 % (0,9), el mejor resultado de los últimos seis años.

Esto se ha conseguido deprimiendo excesivamente la demanda interior y provocando así un ajuste muy fuerte en el empleo que prácticamente no ha crecido nada a lo largo de 1991. Esta insensibilidad del salario a las nuevas condiciones reinantes en la demanda de empleo en el mercado del trabajo es el mayor problema estructural de nuestro país a la hora de conseguir niveles de convergencia nominal suficientes para asegurar el paso a la tercera fase de la UEM.

2) La política económica, falta del apoyo de una evolución moderada de las rentas, ha seguido descansando sobre todo en la restricción monetaria (que seguramente tampoco ha sido tan fuerte como hubiera sido necesario para impedir tensiones especulativas al alza en el mercado de la peseta).

La política fiscal en 1991 ha sido acomodante, aceptando, por un lado, la desaceleración cíclica de los ingresos tributarios y adaptándose, por otro, al incremento de los gastos sociales (particularmente en desempleo) derivados de la misma situación económica. El resultado es un aumento del déficit de caja hasta el 2,5 % del PIB (frente al 2,3 % registrado en 1990 y el 0,9 % anunciado en los Presupuestos) y un aumento todavía no evaluado, pero muy significativo, del déficit en el complejo Ministerio de Trabajo-INEM-Seguridad Social. Por otro lado, los primeros datos sugieren una ampliación significativa del déficit de las Entidades Regionales (CC.AA. y CC.LL.) que ya alcanzó en 1990 la cifra equivalente al 0,9 % del PIB.

En conclusión, el déficit de las Administraciones Públicas, que el año 1990 alcanzó la cifra del 4 %, superará significativamente esa cifra en 1991 y ello a pesar del reajuste de julio pasado.

3) La imagen política de esta conjunción de hechos y políticas es bastante pobre. El Gobierno ha fracasado en el Pacto de Competitividad y aunque la imagen de los sindicatos se ha deteriorado por ello, la del Gobierno tampoco ha salido muy bien parada. La razón de ello es que el Gobierno parece no tener una política de repuesto para el fracasado pacto de rentas.

A esta visión puramente política –o propia de analistas– hay que añadir tres cuestiones de hecho que favorecen la crítica: a) la inflación ha bajado muy poco; b) el empleo prácticamente no ha crecido, y c) el déficit de las Administraciones Públicas no sólo no converge sino que se separa de los objetivos para el paso a la tercera fase de la UEM.

Y a estas constataciones es preciso adjuntar los sentimientos psicológicos negativos; caída del crecimiento económico y de las expectativas de inversión y previsiones de fuerte conflictividad laboral.

Pasemos ahora a las previsiones sobre 1992.

1) Situación económica: Es de suponer que a lo largo del año se consolidará la recuperación que se viene produciendo ya en los meses finales de 1991. Sin embargo, la recuperación será lenta y, en particular, escasamente apreciable durante los primeros meses.

La inflación sufrirá una subida próxima a un punto en tasa anual entre enero y febrero (pudiendo ésta alcanzar al final del segundo mes citado la tasa del 6,7 %). Será muy difícil por tanto, en el conjunto de los diez meses restantes, rebajarla hasta –solamente– el nivel alcanzado en 1991 (5,7-5,8 %) a menos que la negociación salarial ayude significativamente (cosa en la que yo no confío demasiado).

El empleo crecerá muy lentamente –si es que lo hace– a lo largo del primer semestre y quizá muestre resultados algo más brillantes en la segunda parte del año, dependiendo en gran medida de la evolución de las negociaciones salariales.

No hay que prever, sin embargo, problemas graves en el frente de la balanza de pagos (cuyos resultados serán semejantes a los registrados en 1991).

2) La política económica tendrá que seguir basándose en la política monetaria, que sólo podrá bajar los tipos de interés si se produce una rebaja generalizada –cosa muy improbable dada la situación alemana– en el conjunto de los países del SME.

La política fiscal plantea problemas de nuevo en 1992. En primer lugar, el Presupuesto del Estado, después de las modificaciones sufridas tras su paso por las Cortes Españolas, arroja un déficit del 2 % del PIB que se ampliará casi con toda seguridad hasta el 2,5 % por la vía de las ampliaciones de crédito y de los créditos suplementarios y extraordinarios. Las cosas pueden mantenerse en esos niveles si, y sólo si, aprobamos los acuerdos sobre control del gasto previstos en la decisión del último Consejo de Ministros del año 1991; es decir, si hay una absoluta disciplina presupuestaria.

Aun así tenemos graves riesgos. Por un lado, el gasto del INEM en 1991 se ha ido unos 100.000 millones de pesetas por arriba del calculado en el momento en que hicimos el Presupuesto de 1992, de manera que es posible que, pese al considerable aumento de las cotizaciones y de las aportaciones del Estado a dicho organismo, tengamos una ampliación del déficit por esta vía. Por otro lado, las cotizaciones a la Seguridad Social reflejan una rápida desaceleración de su ritmo de crecimiento (consecuencia de la detención del crecimiento del empleo) y en 1992 podríamos asistir a una grave insuficiencia en esta materia. De este modo, la reducción del déficit fiscal se hará muy difícil a menos que se tomen medidas muy drásticas en materia de gastos tanto del INEM como de la Seguridad Social.

3) La imagen política coherente con la previsión de estos acontecimientos es que, en materia de resolución de nuestros problemas internos y de convergencia con la CEE, 1992 será un año perdido. La concentración de malas noticias en estos primeros meses –subida de la tasa de inflación, crecimiento del paro registrado, insuficiencia de la inversión, etc., y de conflictos sociales –HUNOSA, siderurgia en el País Vasco y Asturias, crisis de los fertilizantes, industrias de Defensa, más las derivadas de las negociaciones en el sector transportes (RENFE, Iberia, Controladores, Puertos, etc.)– pueden producir la impresión, si el Gobierno no está alerta, de que se ha perdido el sentido de la conducción de la política económica.

Por todo ello creo que será indispensable:

a) Aprobar rápidamente un Programa de Convergencia con credibilidad.

b) Entrar sin dilación en las reformas estructurales allí previstas, en particular en la del INEM y aspectos conexos del mercado de trabajo y de la formación profesional.

c) Mantener una gran firmeza en la ola de conflictos que se nos viene encima.

Para llevar esto a cabo es preciso reflexionar sobre si tenemos o no la convicción política suficiente para realizarlo sin concesiones y si disponemos del material humano necesario en los sitios precisos. El año, en términos de resultados puramente económicos, no es capitalizable, aunque no es descartable que en la segunda parte del mismo mejoren las expectativas empresariales, especialmente si hay una sensación de firmeza por parte del Gobierno en la conducción de todos estos asuntos. El año, en términos políticos, puede ser un desastre si permitimos que la imagen de falta de objetivos y de voluntad política en el desarrollo de la política económica llegue a consolidarse.

Al margen de esta reflexión sobre política económica creo que existen otros temas que también deberían ser objeto de discusión en el próximo despacho, pero que por su naturaleza es mejor no confiar a esta carta.

Recibe un fuerte abrazo,

CARLOS SOLCHAGA CATALÁN

12 de enero de 1992

Cena-despacho con el presidente del Gobierno. Le aconsejo aceptar la dimisión del ministro de Sanidad, Julián García Valverde. Acepta poco convencido. Hablamos también de los asuntos que le expuse en la carta del pasado día 8. Aunque nuestras posiciones están próximas, ya no es lo mismo.

13 de enero de 1992

Dimite finalmente el ministro de Sanidad. Durante los últimos días conversé en varias ocasiones con él aconsejándole que diera este paso para liberar al Gobierno de la presión que estaba soportando. En el fondo, no sé si he hecho bien, pero estoy convencido de no haber hecho nada reprobable. Sin embargo, después de la larga agonía de Guerra antes de dejar el Gobierno, no parece aconsejable pasar por otra experiencia semejante. A García Valverde le sustituirá José Antonio Griñán.155

20 de enero de 1992

El Consejo de Política Fiscal y Financiera aprueba el nuevo sistema de financiación autonómica para el quinquenio 1992-1996. Todos parecen satisfechos y nosotros también.

21 de enero de 1992

Le envío una nueva carta al presidente del Gobierno explicándole que en el año que se acaba de cerrar el déficit se ha disparado hasta representar un 4,5 % del PIB fundamentalmente por dos factores: la explosión del gasto social y las fuertes desviaciones presupuestarias de las comunidades autónomas. Este segundo puede corregirse, aunque con dificultades. La explosión del gasto social es mucho más preocupante, particularmente en este momento de bajos ingresos en las cotizaciones por los efectos de la desaceleración del crecimiento económico sobre la actividad y el empleo. Le transmito mi intranquilidad respecto de las cuentas de la Seguridad Social –que son poco transparentes – y sobre la sostenibilidad de estas tendencias. Concluyo la carta en los siguientes términos: «La situación se está tornando extremadamente grave y, por desgracia, no se vislumbra la más mínima reacción por parte del Ministerio de Trabajo ante estas sombrías perspectivas».

27 de enero de 1992

Al presentar los resultados macroeconómicos en 1991 –crecimiento del 2,5 %– todavía apuesto a favor de una ligera recuperación en 1992 (crecimiento del 3,1 %) sin que todavía existan datos suficientes que lo fundamenten. El déficit de caja del Estado se sitúa en 2,5 %, pero las comunidades autónomas y las corporaciones locales amenazan con aumentar el global. Ello me hace anunciar peores perspectivas para el déficit en 1992.

28 de enero de 1992

Se anuncia un crédito extraordinario para regularizar la imposible situación del INEM, que tiene una deuda de 341.200 millones de pesetas. Decido plantear una fuerte batalla con el Ministerio de Trabajo para exigir una reforma de las prestaciones de desempleo que permita restaurar el equilibrio a medio plazo.

31 de enero de 1992

El mes se cierra con una conferencia que doy en Almería invitado por el Aula Socialista de Cultura. Su título es «Socialdemocracia y Estado» y su contenido es puramente ideológico. Después, cuando estamos cenando en un restaurante de Almería, veo que la emisora de televisión local está difundiendo la conferencia entera. Siento lástima por los pobres espectadores.

Antes de tomar el avión para Almería, fui a media mañana a la Universidad Complutense de Madrid a inaugurar el primer Máster de Información Económica a solicitud de su director, Javier Gil Sanz. Allí estaba también para darme la bienvenida ese extraño personaje que es Gustavo Villapalos, rector de la Universidad. A la salida, los trabajadores de la limpieza de la universidad, que estaban en huelga, trataron de bloquear mi coche sin ningún éxito por su parte.

1-4 de febrero de 1992

Viaje a Washington D.C. Presido la reunión del Comité Interino convocada para tratar sobre las solicitudes de ingreso en el FMI de las repúblicas de la antigua URSS, propuesta que se acoge muy favorablemente. Aprovecho para reunirme con el secretario del Tesoro estadounidense, Nicholas Brady, y con los directivos del FMI (fundamentalmente con Michel Camdessus y Michael Mussa). Vemos que las previsiones del FMI para la economía mundial se han revisado a la baja desde el otoño pasado, desde un 2,9 % al 2,1 %. Me temo que están más acertadas que las oficiales que acompañaban al Presupuesto que entregué en las Cortes hace unos meses.

7 de febrero de 1992

Francisco Fernández Ordóñez y yo firmamos el Tratado de Maastricht en nombre de España. El acto solemne me deja frío. A pesar de ello creo que es un momento histórico y me siento agradecido por haberlo vivido.

10 de febrero de 1992

El ECOFIN se reúne en Bruselas. Franceses, italianos e ingleses critican la política de altos tipos de interés del Bundesbank. Yo pido comprensión y tiempo hasta que se alcance un acuerdo salarial en Alemania que permita al Bundesbank determinar los tipos de interés. España, se destaca, es el único país dentro de la desaceleración del crecimiento experimentado por toda la CEE en 1991 que ha mejorado en su situación de convergencia. No dicen que, en gran medida, esto es un demérito de otros.

13 de febrero de 1992

Presento en debate de totalidad la Ley de Recursos Propios de las entidades financieras (adaptación de la directiva europea correspondiente que, de paso, mejora la de supervisión del Banco de España).

Hoy aparece una noticia inquietante en la prensa. Según El Mundo, Manolo de la Concha (presidente de Ibercorp) ordenó la falsificación de los nombres de algunos de los propietarios de acciones de esta sociedad que ordenaron vender, o que él mismo decidió liquidar, sus posiciones por razones que no quedan nada claras. Entre ellos, los del propio De la Concha, Jaime Soto (vicepresidente de Ibercorp), Mariano Rubio y Miguel Boyer (los amigos del ministro de Economía y Hacienda, dicen). Ayer ya me había entrevistado con Mariano Rubio cuando, advertido por Luis Carlos Croissier desde la CNMV, vi venir el posible escándalo. Éste me reconoció, claramente alterado, que, en efecto, tenía una pequeña cantidad de acciones de Ibercorp. Luego, por la noche, Gloria y yo cenamos con Mariano Rubio y su pareja, Carmen Posadas, Juan Abelló y su esposa, Ana Gamazo, en casa de Carlos y Teresa Bustelo. La cena se convirtió en un rosario de acusaciones a Mario Conde, a quien se atribuye el «descubrimiento» de El Mundo. Abelló y su mujer atacaron a Conde de la manera más despiadada (y no sin fundamento, si es verdad lo que cuentan). La sensación de escándalo es francamente grave y todavía no se sabe todo (por ejemplo, que entre los beneficiarios de una venta adelantada de las acciones se encuentran también, y por una cantidad relativamente elevada, una hermana de Mariano Rubio y su marido, según me ha contado por teléfono el presidente de la CNMV, Luis Carlos Croissier, esta mañana).

18 de febrero de 1992

Recibo al viceprimer ministro ruso y a Emilio Ybarra (a cada uno por su lado, claro).

Empiezan a difundirse por Madrid rumores sobre la dimisión de Mariano Rubio, como ya me había advertido ayer Luis Ángel Rojo que podía ser el caso. El gobernador realmente me ha presentado su dimisión en una entrevista en mi despacho. Yo soy partidario de aceptarla, pero me pongo en contacto con el presidente, que todavía está quemado por la dimisión de García Valverde, y pide, después de criticar mi punto de vista, que deje este asunto en suspenso hasta que cenemos Rubio, él y yo en Moncloa el próximo 20 de febrero.

20 de febrero de 1992

Durante la cena de esta noche, Mariano Rubio, que está con el ánimo por los suelos, nos jura que no existe nada más que pueda perjudicarle a él o indirectamente al Gobierno además de lo que ya ha sido publicado (incluido lo de su hermana y su cuñado) y Felipe González le contesta que en esas circunstancias no aceptará su dimisión. La defensa a ultranza de esta decisión por parte del presidente implica la necesidad de sostener a Rubio hasta el final de su mandato, que, por lo demás, está próximo.

Hoy hemos visto en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos la propuesta que presenta el Ministerio de Trabajo de reforma del sistema de prestaciones y subsidios de desempleo que les hemos inspirado desde el Ministerio de Economía y Hacienda a la vista de la insostenibilidad de los números del INEM. El nuevo ministro de Sanidad, José Antonio Griñán, experto en temas de trabajo, resulta de gran ayuda en la discusión de la propuesta.

24 de febrero de 1992

En un acto de precampaña del PSC al que asisto con el candidato socialista Raimon Obiols (¡que me pide en su alocución una devaluación de la peseta!) niego la tesis de desindustrialización de Cataluña que ahora los nacionalistas están aireando. Por otro lado, el papel del PSC en esta compleja estructura catalana es cada día más incomprensible. Tampoco soy capaz de comprender el respeto político e intelectual que Felipe González siente por Obiols.

2 de marzo de 1992

Mariano Rubio vuelve a hablarme de dimisión. Parece de nuevo muy preocupado. Le digo que ya es demasiado tarde para eso, aunque estoy convencido de que el presidente se equivocó al no seguir mi consejo de haberla aceptado. A partir de ahora, tendremos a la oposición y a los medios próximos a la misma tras de los supuestos «amigos» de Solchaga relacionados con la «beautiful people» y la operación Ibercorp. La verdad es que ya tengo suficientes preocupaciones para que ahora se hable de amistades con cuyas operaciones, que estoy seguro de que no son reprochables, yo no tengo nada que ver.

Los planes de convergencia que estoy preparando encuentran de nuevo resistencia en el seno del Gobierno y cada vez mayor incomprensión por parte del presidente debido a la reducción del gasto público. También tengo discrepancias con Luis Martínez Noval respecto a la reforma laboral y la del INEM, en concreto.

3 de marzo de 1992

Despacho con el presidente del Gobierno. Le envío después la siguiente carta:

Madrid, 3 de marzo de 1992

Excmo. Sr. D. Felipe González Márquez

Presidente del Gobierno

PALACIO DE LA MONCLOA

Querido Presidente:

Te escribo esta carta para comentar algunos aspectos importantes que me preocupan, después de la reunión que mantuvo el Consejo de Ministros sobre el Programa de Convergencia del pasado viernes.

Estoy de acuerdo contigo en que es absolutamente fundamental que las líneas generales de dicho Programa de Convergencia sean ampliamente compartidas por el Gobierno e interiorizadas por los miembros del mismo, pero, ciertamente, no menos importante que esto es que las líneas de convergencia sean creídas por la sociedad y sean consistentes con los objetivos que la misma convergencia propone.

He observado que hay una natural resistencia por parte de muchos de los ministros a la línea de convergencia del déficit presupuestario hacia el nivel del 0 % propuesta en el Plan. Ello es natural, pero, sin embargo, como tú mismo recordabas, las incógnitas que afectaban a la determinación de las rentas salariales y en general a la determinación de todas las rentas en términos nominales nos obligan a ser particularmente cautos por lo que se refiere a la única variable de control que está a nuestra disposición, que es el sistema de ingresos y de gastos públicos. Desgraciadamente, no creo que fuera prudente aumentar los ingresos previstos en el panorama actual y, por consiguiente, la única manera de aceptar mayores gastos por los que presionan muchos de los departamentos ministeriales habría de ser reduciendo nuestras exigencias en materia de disminución del déficit.

La mayor parte de mis colegas no son conscientes del callejón sin salida en que se encuentra en estos momentos la mezcla de políticas monetarias y fiscales que estamos aplicando. Cada vez es menor el grado de independencia o el margen de maniobra de la política monetaria y cada vez resulta menos creíble que podamos reducir tanto la inflación como los tipos de interés internos si no existe una aportación bastante más sólida y significativa por parte de la política presupuestaria, es decir, una tendencia más clara a la reducción del déficit. Esta situación puede evolucionar para mal en un plazo muy corto; de momento, la comunidad internacional sigue creyendo que nuestro déficit fiscal no es exageradamente alto por comparación a la media comunitaria. (En realidad es una décima superior a ésta.) Pero las cosas podrían cambiar si no se observan modificaciones en la tendencia del mismo.

Esto por lo que se refiere al aspecto presupuestario del Programa de Convergencia. Sin embargo, todavía no hemos entrado en el aspecto de medidas estructurales que, aunque no son particularmente novedosas por comparación a las que ya anuncié en el otoño pasado en la Cámara, sí requieren en estos momentos de decisiones de gran trascendencia en las relaciones que vayamos a tener con la oposición y, sobre todo, con los sindicatos en los próximos meses.

Como ya dije en el último Consejo de Ministros, mi opinión es que es mucho mejor presentar al conjunto de medidas que van a encontrarse con la oposición sindical de modo muy concentrado en el tiempo, que irlas desgranando una a una y dar la impresión de que se produce una escalada deliberada en la tensión por parte del Gobierno en relación con los sindicatos. Por esta misma razón creo que si el Programa de Convergencia se puede aprobar en dos semanas, debería ir acompañado ya de medidas concretas en lo que se refiere a la reforma del INEM, al ahorro en materia de subsidios y prestaciones económicas de desempleo, la reforma definitiva de la Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo y el cambio en las posibles modalidades de contratación para no hablar de la Ley de Huelga, sobre cuya próxima publicación ya hemos llegado a un acuerdo en el último Consejo de Ministros.

Hay otro aspecto que también me parece relevante en relación con estos temas y es que hemos venido ya hablando desde el momento en que se hizo la Propuesta Social de Progreso en julio de 1991 de reformas en el mercado de trabajo. La credibilidad del Gobierno en esta materia puede sufrir muy gravemente si simplemente anunciamos una vez más la existencia de las mismas dentro de nuestro Programa de Convergencia y dicho anuncio no va seguido de medidas concretas.

Tercero y último en relación con este Programa de Convergencia. Creo que cuando terminemos con el mismo podrás disponer, y espero que con plazo suficiente antes de tu comparecencia en el debate sobre el estado de la nación, de una versión escrita que no tiene por qué ser la definitiva, pero que podría ayudarte a la preparación de tu discurso en el mismo. En todo caso, te recuerdo que sigo pensando en las siguientes fechas: este viernes, día 6, y el próximo día 13 deberían permitirnos concluir la discusión del Programa de Convergencia en el Consejo de Ministros. Para el día 13 yo te habría enviado ya una primera versión definitiva del Programa de Convergencia, que sólo sería modificada por las conclusiones del Consejo de Ministros de ese mismo día. El día 17 de marzo debería ser en el debate sobre el estado de la nación donde podría ofrecerse la convocatoria inmediata de la comisión mixta Congreso-Senado ante la que comparecería yo para explicar los detalles del Programa de Convergencia. Sería, naturalmente, responsabilidad de la Mesa y de la Junta de Portavoces decidir la fecha más adecuadas para dicha convocatoria.

Te recuerdo, por otro lado, que el Partido, al menos en sus contactos conmigo, ha mostrado un cierto interés en discutir las líneas generales del Programa de Convergencia y, por tanto, parece aconsejable tener una reunión con la Comisión Ejecutiva antes de que el Programa sea totalmente diseñado. En cualquier caso, sí que sería deseable movilizar a través de un conjunto de debates y de actos organizados su propia estructura para transmitir a la sociedad la trascendencia del Programa de Convergencia.

Recibe un fuerte abrazo,

CARLOS SOLCHAGA CATALÁN

6 de marzo de 1992

Llevo al Consejo de Ministros el nombramiento de Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO) como nuevo presidente del Tribunal de la Competencia, reforzando al mismo tiempo el papel de este organismo en línea con las nuevas agencias de vigilancia de la competencia. Era un despilfarro no poder aprovechar un directivo de la capacidad de MAFO.

Diario 16 publica un artículo en el que expone que la información sobre Ibercorp y su lista de clientes proviene de un robo efectuado hace meses (en julio de 1991) de un disquete de ordenador en las oficinas de Ibercorp, que llegó no se sabe cómo hasta El Mundo. Señalan que, en agosto de 1991, se decía en un suelto de Cambio 16 en la sección «de mala fuente» «que se pone en marcha campaña de prensa y otras contra Carlos Solchaga…». Y se atribuía la misma al aparato guerrista. También se conecta el caso con el deseo de Javier de la Rosa de acabar con Mariano Rubio. Se habla finalmente de la explotación del affaire por parte de Guerra y de su vinculación con Mario Conde. ¡Vamos, que están todos! Demasiada gente para que sea verosímil.

9 de marzo de 1992

Doy una conferencia, con gran asistencia de alumnos, en la Universidad de Santiago de Compostela. Resulta un gran éxito. Después voy a cenar con el alcalde de Santiago y hablamos mucho de la situación del PSOE después de la salida de Alfonso Guerra del Gobierno.

10 de marzo de 1992

Almuerzo con el expresidente Leopoldo Calvo-Sotelo. Me habla de los rumores que se han extendido desde hace algún tiempo sobre el futuro de Felipe González como presidente de la Comisión Europea. Me dice que, en su opinión, lo bueno sería dejar a González aquí y que se me promocionara a mí para ese puesto. Le contesto que no nos veo a ninguno de los dos en Bruselas.

11 de marzo de 1992

Nos reunimos en el Ministerio con el PNV, representado por Xabier Arzalluz y Jon Imanol Azúa (este último, consejero de Economía del Gobierno Vasco), Ramón Jáuregui y José Antonio Aguiriano por el Partido Socialista de Euskadi, Txiki Benegas y Francisco Fernández Marugán por el PSOE y el ministro Aranzadi y yo por el Gobierno. El tema: los planes para esta segunda fase de la reconversión de la siderurgia y su impacto en el País Vasco. Aranzadi está muy convincente desengañándoles de que no pueden existir estrategias separadas para Altos Hornos de Vizcaya y ENSIDESA, que el plan debe ser único y conjunto. Al final nos aproximamos bastante a un acuerdo. Las cosas deberían ir bien por ahí.

16 de marzo de 1992

Reunión del ECOFIN. Sigue habiendo problemas con la implantación y desarrollo de los procedimientos de los fondos de cohesión, con Alemania como principal dificultad. Delors y yo nos reunimos para ver si llegamos a un acuerdo sobre la cuantía de los mismos en el próximo presupuesto comunitario (perspectivas financieras 1993-1997). Aunque declaro mi insatisfacción por la propuesta de Delors, las cosas van bastante bien en realidad.

18 de marzo de 1992

Interpelación sobre Ibercorp en el Pleno del Congreso de los Diputados. El Mundo convoca a la oposición para que no desaproveche la ocasión: «La buena salud de la democracia y de sus instituciones exige una actuación contundente y responsable», dicen sus editorialistas, o sea, Pedro J. Ramírez. El mismo día, ABC informa de mi próximo relevo al frente de Economía, según sectores socialistas, por la creciente tensión social más las consecuencias del caso Ibercorp. Hasta hacen un editorial a mi favor: «Solchaga: operación Abraham». Pero Isaac salvó finalmente el pellejo. Quizás lo olviden.

De la interpelación salgo bastante bien librado contando a la Cámara todo lo que conozco sobre el caso hasta el momento y las razones por las que no se aceptó la dimisión de Mariano Rubio. Hay un gran ambiente en el hemiciclo preparado por el PP y los periódicos de la mañana. Al final, sin embargo, no tienen una irregularidad concreta y demostrada a la que agarrarse.

20 de marzo de 1992

Reunión del Consejo de Ministros para deliberar sobre las reformas del mercado de trabajo contenidas en el Programa de Convergencia. El Ministerio de Trabajo sigue arrastrando los pies a la aprobación de los cuatro puntos que defiendo: liberalización de los expedientes colectivos de regulación de empleo, derogación de todas las ordenanzas y reglamentaciones laborales preconstitucionales (vienen del franquismo), endurecimiento de las condiciones para percibir la prestación económica de desempleo y una nueva Ley de Huelga. Si no llevamos a cabo estas reformas la economía española seguirá teniendo tasas de paro desproporcionalmente elevadas sobre todo en momentos de desaceleración económica como éstos.

22 de marzo de 1992

Acompaño a S.M. el Rey a la inauguración de la VII Conferencia de ministros y jefes de Planificación de América Latina que se celebra en Madrid en este domingo primaveral. Están encantados de encontrarse en Madrid, ciudad cuyo atractivo en América Latina ha subido extraordinariamente en la última década.

25 de marzo de 1992

Ayer y hoy se ha producido el debate sobre el estado de la nación sin mayores preocupaciones. Al no haberse terminado todos los detalles del Programa de Convergencia, el presidente del Gobierno sólo pudo hablar de sus líneas generales. Algunos se sorprendieron de que fuera así y otros se dedicaron a buscar significados ocultos. Hubo hasta quien se escandalizó de que el presidente escamoteara el tema ante el Parlamento. La verdad, sin embargo, es que el Programa tenía dudoso encaje en un debate que hacía referencia al balance del año anterior.

30 de marzo de 1992

Franco Modigliani, que ha venido otra vez a España, ahora para ser investido doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Valencia, hace unas declaraciones muy positivas sobre mí y mi política económica, y sobre Mariano Rubio y Luis Ángel Rojo. Aparte de los medios de Valencia, tan sólo Expansión recoge las opiniones del reciente premio Nobel de Economía. Franco Modigliani anuncia también mi propósito de privatizar empresas públicas y las dificultades que adivina surgirán en el seno del PSOE. Es de lo que hemos hablado en nuestra entrevista. También me ha criticado por no hacer una política económica más expansiva. Le contesto que creo que no existe margen de maniobra para eso.

31 de marzo de 1992

Doy una conferencia en la presentación de un número especial de la revista Economistas del Colegio de Economistas donde reitero mis puntos de vista sobre las líneas maestras de la política económica. Antes de acudir al acto tengo el despacho habitual con el presidente del Gobierno, que está eufórico tras la caída de la cúpula de ETA en Bidart. Es una gran noticia y espero que las cosas vayan a cambiar en este tema a partir de ahora.

1 de abril de 1992

Recibo a Macià Alavedra, consejero de Hacienda de Cataluña, y a Pasqual Maragall, alcalde de Barcelona, y me comprometo a proponer al Gobierno que impulse Barcelona como posible sede del nuevo Banco Central Europeo sin la menor esperanza de que dicha propuesta prospere. Me parece un dislate que se les haya ocurrido semejante idea al Gobierno catalán y al Ayuntamiento de Barcelona.

La OCDE apoya en su informe anual la política económica española y también las tesis que vengo manteniendo de cara al Programa de Convergencia de España (en esto difiere de mi viejo profesor Franco Modigliani).

Se aprueban en Consejo de Ministros la reforma del INEM y las prestaciones de desempleo mediante real decreto-ley (el desvío del gasto era ya imposible de financiar). Los sindicatos muestran su profundo desacuerdo. Yo dormiré esta noche más tranquilo. Si no hiciéramos esto el sistema de cobertura del desempleo sería inviable.

7 de abril de 1992

Expongo el Plan de Convergencia en la Comisión Mixta Congreso-Senado para asuntos europeos en una comparecencia que dura seis horas. Vuelvo a insistir en que el Plan exige esfuerzo y disciplina, pero no sacrificios insoportables. Este día entra también en vigor el Real Decreto-ley sobre el desempleo y empiezan a oírse amenazas de huelga general que no me preocupan.

8-10 de abril de 1992

Junto con el ministro de Trabajo, me reúno con José María Cuevas, Nicolás Redondo y Antonio Gutiérrez para explicarles el Programa de Convergencia. En declaraciones posteriores a la reunión lamento ante la prensa la coincidencia de la UGT y el PP en su actitud crítica en relación con el mismo. Por enésima vez en la prensa española, Expansión titula un suelto editorial «La soledad de Carlos Solchaga» y Consuelo Sánchez-Vicente (bastante sensata) titula su artículo en Ya: «Triste, no; solo, sí».

11 de abril de 1992

Reunión del Consejo del BERD en Budapest. Allí confirmo, en mi calidad de presidente del Comité Interino del FMI, la próxima entrada en el mismo de las repúblicas de la extinta URSS.

Los «renovadores de la nada», que diría Txiki Benegas (Solana y el denominado Clan de Chamartín en Madrid, Chaves en Andalucía, Lerma en Valencia, Pepe Bono en Castilla-La Mancha y quizás otros también), tratan de recuperar por su cuenta las buenas relaciones con UGT. No les resultará difícil, aunque no tienen nada que puedan ofrecer al sindicato como no sea su desacuerdo conmigo. Tratan de ser un sustituto de Alfonso Guerra, pero no son más que sucedáneos.

20 de abril de 1992

Inauguración de la Exposición Universal de Sevilla (hago votos por evitar mi presencia allí en los próximos meses). Aquello ha quedado muy atractivo y es un escaparate de la nueva capacidad de organización del país. Pero, por lo demás, es una completa locura el número de visitas oficiales previstas y la cantidad de tiempo que habría de perder si no me librara de participar en el esquema de anfitriones. Iré tan sólo en dos ocasiones.

21 de abril de 1992

Jacques Delors presenta su nueva posición de las perspectivas financieras (Paquete Delors II). Declaro que para España el esfuerzo de cohesión que Delors propone en el seno de la CEE resulta insuficiente, pero que la propuesta es un buen punto de partida para negociar.

Javier Solana hace unas declaraciones en las que subraya que el PSOE no sólo no me ha desautorizado sino que me ha reautorizado. Supongo que se lo ha pedido el presidente para no tener que salir él a apoyarme una vez más. Lo cierto es que la reunión con la Ejecutiva del PSOE sobre el Plan de Convergencia fue francamente bien, como se encargó de corroborar el propio Guerra. Por otra parte, se anuncia un paro de media jornada para mayo y una huelga general si nada cambia para octubre. Hablando con la prensa digo que esto no cambiará la voluntad política del Gobierno en relación con el Real Decreto-ley sobre desempleo o sobre el Plan de Convergencia en general. Al ver que hacen responsable al Gobierno de la posible huelga general, tengo que recordar que éste no convoca huelgas.

27 y 28 de abril de 1992

Reunión de primavera del Comité Interino del FMI en Washington. Yegor Gaidar, ministro de Finanzas de Rusia, informa sobre la situación de su país, que es bastante caótica. Pedro Aspe habla también sobre la recuperación de la economía mexicana después del arreglo del problema de la deuda.

Se confirma el 28 de mayo como fecha para la huelga general, que será de media jornada. Coincide con mi cumpleaños.

29 de abril de 1992

Recibo al Gobierno Vasco y a Arzalluz, que les acompaña para hablar de temas de reconversión industrial. Las cosas siguen yendo aceptablemente.

El Socialista, quizá por única vez, publica un artículo mío explicando el Plan de Convergencia.

4 de mayo de 1992

Recibo a mi colega argentino Domingo Cavallo, con el que acuerdo una reducción de la deuda de aquel país con España (sector bancario). Cavallo está llevando a cabo un exigente y hasta ahora vasto plan de ajuste para acabar con la hiperinflación que dejó como herencia Raúl Alfonsín. El acuerdo sobre reducción de deuda está inscrito en el más general alcanzado multilateralmente con el concurso del BID y no es diferente del que alcanzamos con los mexicanos.

Luis Sempere quiere abandonar el puesto de jefe de Gabinete a la vuelta del verano, en septiembre. Algunos especulan sobre ello. El diario Ya afirma que es porque yo proyecto dejar el Gobierno. La verdad es que la decisión de Luis Sempere de abandonar el cargo me ha cogido a mí también por sorpresa. No es sólo que sea uno de los mejores amigos que he tenido en mi vida y uno de los colaboradores más capaces y dedicados con los que he podido contar en los últimos años. Es que en el transcurso de éstos se ha convertido en un complemento mío sin el cual no sé cómo me las voy a arreglar. Compensa con su orden y cuidado mi tendencia al desorden o a tomar atajos para llegar antes a mis objetivos. En todos estos años, aunque no siempre hayamos estado de acuerdo, no he encontrado a nadie más próximo a mí que Luis Sempere ni seguramente lo hallaré en el futuro. Con todo lo que me duele y me preocupa su traslado no me siento, sin embargo, con fuerzas para forzarle a quedarse.

El Mundo y Tribuna han empezado una especie de persecución de Luis Alcaide, director general del Patrimonio del Estado. Seguro que si mi mujer no trabajara en FOCOEX, como la esposa de Luis, y ellos no fueran amigos nuestros estos medios estarían menos interesados en Luis Alcaide.

8 y 9 de mayo de 1992

Reunión informal del ECOFIN en Oporto. Se debate el Paquete Delors II que, después de sus últimas modificaciones que satisfacen a España, ahora defiendo. Alemania se mantiene como la principal oposición a la propuesta de Delors y, por otro lado, está a la defensiva frente a la pretensión de Francia y de Inglaterra de que el Bundesbank baje los tipos de interés. Hago declaraciones sobre el nuevo papel del Tribunal de Defensa de la Competencia en España en la lucha contra la inflación. Vuelvo a hablar de la necesidad de incentivar la búsqueda de puestos de trabajo por parte de los trabajadores parados, lo que una vez más ofende a los sindicatos. Antón Saracíbar –que solía ser un tipo normal– me reprocha que diga eso al mismo tiempo que me fotografían con el gobernador del Banco de España (supuesto corrupto), que también asiste, como es normal, a la reunión informal del ECOFIN. La situación con los líderes sindicales es ya imposible. En todo caso, Saracíbar se hizo muchas fotos con Redondo y otros responsables del asunto de las viviendas de UGT que ha estallado en los últimos meses.

11 de mayo de 1992

Debate de la Comisión Mixta Congreso-Senado sobre las Comunidades Europeas acerca del Programa de Convergencia. Sin venir a cuento, y con una argumentación confusa, Isabel Tocino, diputada del PP por Cantabria, pide mi dimisión. Sin embargo, esto no es casual. Días antes Rodrigo Rato había hecho otro tanto. Con ayuda de determinada prensa –El Mundo, Tribuna– y después del escándalo del caso Ibercorp creen que pueden tener éxito en su propósito de quitarme de en medio. Los nacionalistas, por su parte, apoyaron el Programa de Convergencia a cambio de pequeñas concesiones.

19 de mayo de 1992

Reunión del ECOFIN en Bruselas. Seguimos la discusión sobre los fondos de cohesión y los techos presupuestarios de gasto. Por otro lado, la situación italiana se está deteriorando rápidamente con resultados económicos y presupuestarios muy alejados de los previstos en su programa de convergencia y que ya había aprobado el ECOFIN sólo hace unos meses, lo que puede restar credibilidad a dichos programas. En las últimas semanas han aumentado las especulaciones cambiarias en diversos mercados.

Se han hecho públicas las propuestas de Delors, que incluyen un fondo de cohesión generoso que se iniciaría ya en 1993. Declaro mi satisfacción. Todavía queda, sin embargo, la aprobación por el Consejo de Ministros de la CEE.

En una conferencia en el Club Siglo XXI Nicolás Redondo critica al Gobierno por derechizarse y tecnocratizarse, tratando de calentar el ambiente para la próxima huelga general del 28 de mayo.

22 y 23 de mayo de 1992

Viaje a la Costa Brava para asistir a las Jornadas del Círculo de Economía. Dicen las crónicas que en esta ocasión se me recibió con mayor frialdad de la habitual, pero que acabé «arrancando la tradicional ovación de gala que suelo cosechar en la Reunión Costa Brava».

Nuevas declaraciones incendiarias de Redondo: «Solchaga controla la política del PSOE y del Gobierno a través de una persona interpuesta que es Felipe González». Imagino el cabreo del presidente. También dice que satanizo a los parados y defiendo a mis amigos de Ibercorp.

25 de mayo de 1992

Fracasa la huelga general. Hago declaraciones conciliadoras y discretas.

1 de junio de 1992

Cambio 16 publica una conversación de Jesús Cacho con el abogado Juan Peláez en la que menciona cómo le explicó Pedro J. Ramírez (El Mundo) a Rodrigo Rato la forma en que debería hacerse la interpelación que presentaron sobre el caso Ibercorp a la que respondí sin mayores problemas. Rodrigo Rato reacciona a la publicación diciendo que esta noticia es para distraer la atención del «caso Mariano Rubio». Según dice, él nunca ha participado en una conspiración como la descrita por Cambio 16. Miente.

Se va conociendo con más detalle la muy reducida incidencia de la huelga del 28 de mayo. Ahora los sindicatos acusan al Gobierno de autoritarismo por estar callado y no ofrecer una negociación después de su fracaso.

Una mala y preocupante noticia: en el referéndum sobre el Tratado de Maastricht en Dinamarca los daneses se oponen por mayoría a su entrada en vigor. Las especulaciones en los mercados de cambios se intensifican. Para propalar el euroescepticismo ningún país es pequeño.

2 de junio de 1992

Es evidente que los mercados creen que la actual parrilla de cambios del Sistema Monetario Europeo no es sostenible con las perspectivas de endurecimiento de la política monetaria alemana y el consiguiente fortalecimiento del marco, y piensan que, de momento, se sostiene por la voluntad de los distintos países de seguir adelante con la creación de la Unión Económica y Monetaria europea. Si el proceso se detuviera, consideran seguramente que no habría manera ni razón para sostener los cambios actuales. Por eso es tan importante el resultado del referéndum danés.

5 de junio de 1992

Asamblea General de la Confederación de Cajas de Ahorro en Sevilla. Preguntado por la explicación que Mario Conde ha dado en la Junta General de Banesto sobre la venta de determinadas participaciones empresariales –debido a la nueva normativa sobre riesgos del Banco de España–, la rechazo totalmente. Su problema –eso no lo digo– es la liquidez y los escasos beneficios recurrentes de su cuenta de explotación. A las cajas de ahorro les sugiero que aceleren la entrada de capital privado en la propiedad de las mismas. Anuncio, por otra parte, la necesidad de una nueva ley ordenadora del funcionamiento de las entidades de créditos.

Se conoce la clara oposición de Martínez Noval y la mía al Proyecto de Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Juan Manuel Eguiagaray. La verdad es que el proyecto es una locura tal como está hoy.

9 de junio de 1992

Se aprueba, en la reunión del ECOFIN y con felicitaciones, el Programa de Convergencia español. Éste aconseja que las reformas estructurales previstas en el programa se hagan en el primer año.

Alguien ha dicho que me gustaría pasar al Ministerio de Asuntos Exteriores (supongo que ha sido el propio presidente del Gobierno, ya que ha sido el único a quien se lo he comunicado). Probablemente informado por Jesús de Polanco, El País lo publica sin la firma de nadie. En todo caso, dicen que tal cambio de Gobierno sería prácticamente imposible (para que me vaya enterando).

11 de junio de 1992

Recibo al alcalde de Londres. Más tarde acudo al almuerzo de unas jornadas organizadas por la APD. Declaro la conveniencia de un despido más barato y flexible si queremos crear un mercado de trabajo ágil, y anuncio igualmente una subida en las retenciones de las rentas del trabajo en el IRPF para luchar contra el déficit y la inflación. Partidos y sindicatos lo critican. Rosa Conde, preguntada por ello, declara que el Gobierno no ha considerado estas propuestas. Ello augura que tendré diferencias con el presidente.

Fernando González Urbaneja publica en el diario Ya un suelto en el que sugiere que quiero dejar el cargo y pasar a ser gobernador del Banco de España. ¿Cuántas veces habrán dicho esto en los últimos años? Julián Lago cuenta en Tribuna las confidencias que le hacen los guerristas sobre el caso Ibercorp y las decisiones del Gobierno. No he detectado nada que parezca falso. Yo diría que su informador es Txiki Benegas. En la misma revista Jesús Cacho se refiere al nombramiento de José Recio como presidente de Explosivos Río Tinto (ERT), dando por supuesto que cuenta con mi bendición, cuando, consultado por Pepe, le he aconsejado que no aceptara el ofrecimiento de Javier de la Rosa. Otro tanto le ha aconsejado Claudio Aranzadi, a quien también ha consultado. En el BBV parece que le aconsejan aceptar el puesto. En otro orden de cosas, según El Mundo, el PSOE se opone radicalmente a mi nombramiento al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores.

16 de junio de 1992

Hace tres días estuve otra vez en la Expo de Sevilla para la celebración del Día de Navarra. Los sindicatos me prepararon un buen abucheo que acallaron los aplausos a mi discurso. Desde Río de Janeiro, donde está de viaje oficial, Felipe González se solidariza conmigo y respalda una vez más mi política económica. Yo, por mi parte, sigo insistiendo en la necesidad de flexibilizar el mercado de trabajo en un acto en la Universidad de Alcalá de Henares.

20 de junio de 1992

Javier Ayuso publica en El País que he propuesto oficiosamente a Luis Ángel Rojo como nuevo gobernador del Banco de España, lo que es verdad. Mientras, se extiende el rumor de las tres eses (Solana, Serra y Solchaga) para la posible sucesión de Felipe González.

29 de junio de 1992

Se confirma oficialmente el próximo nombramiento de Luis Ángel Rojo como gobernador del Banco de España. Cuando se lo comuniqué, le dije que nuestra colaboración era una de las pocas perspectivas atractivas para seguir en mi puesto y no dejarlo todo. Así están las cosas por mi parte después de observar que el presidente del Gobierno no tiene la más mínima intención de nombrarme ministro de Asuntos Exteriores. Seguiré en esto hasta que acabe la legislatura. Después se acabó.

Anuncio la preparación de un nuevo paquete de medidas para reducir la desviación presupuestaria. Pedro Pérez, secretario de Estado de Economía, dice que el crecimiento en 1992 estará más cerca del 2 % que del 3 %.

Pepe Recio ha dimitido prácticamente antes de tomar posesión como presidente de ERT al constatar que no le querían enseñar todas las cuentas de la compañía.

2 de julio de 1992

En la reunión de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos expongo mi preocupación por los signos cada vez más numerosos de una fuerte desaceleración de la economía española que está teniendo un grave impacto negativo sobre el déficit de las Administraciones Públicas y en el crecimiento del desempleo. No es ya que haya que olvidar la perspectiva de recuperación de la economía para este año, es que hay que preocuparse por la posibilidad de que no haya ningún crecimiento.

El PP destaca que voy a ser objeto de un seguimiento riguroso durante el verano. Supongo que se refieren a la evolución de los resultados económicos. De nuevo se reaniman las especulaciones sobre mi interés en ir a la cartera de Exteriores ahora que ya ha sido nombrado para ese puesto Javier Solana. La verdad es que me ofrecí al presidente para ese puesto y, después de pensarlo un poco, rechazó mi oferta con razones poco convincentes.

3 de julio de 1992

Antonio Gutiérrez (CC.OO.), Nicolás Redondo (UGT) y José María Aznar (PP) coinciden en pedir mi dimisión. Según algunos, además de mis propios errores en materia de política económica, la izquierda no me perdona que haya abortado el intento de Alfonso Guerra de reconciliar a los sindicatos con el Gobierno, lo que puede desembocar en una nueva huelga en el próximo mes de octubre. A la vista de la situación, le traslado al presidente del Gobierno un plan de medidas urgentes para discutirlas con él acompañado de la siguiente nota:

Querido Presidente:

Es indispensable que lo leas este fin de semana. Las medidas están recogidas en esta página 20 y la página 25.

Si no tienes tiempo de recibirme este fin de semana (cosa que comprendería perfectamente) lo que te pediría es que pudieras invitarme a cenar junto con Luis Ángel Rojo el próximo lunes. Esta cena sí que la considero indispensable.

C. SOLCHAGA

El presidente me envía, sobre la mesa del Consejo de Ministros, su respuesta en la siguiente nota:

De acuerdo, el lunes CENA: 9h.

No obstante, te llamo esta tarde para ver si hay hueco en el fin de semana.

6 de julio de 1992

El presidente González recibe a los sindicatos. Por la noche cenamos con él Luis Ángel Rojo (gobernador in pectore) y yo. El presidente se mantiene en la posición de asegurar el cumplimiento del Programa de Convergencia que aprobó el Gobierno y ha sido visto positivamente en la CEE. Yo estoy de acuerdo, claro, pero ello significa frenar el creciente déficit y enfrentar al resto del Gobierno y también a la dirección de Ferraz. Por fortuna, en la cuestión fundamental no hay discrepancias.

7 de julio de 1992

Recibo a Juan Antonio Samaranch y a Josep Vilarasau (presidente y director general, respectivamente, de La Caixa) para hablar del tema de las pólizas de seguros de la entidad que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Les doy buenas palabras sin comprometerme. La cuestión está ya en los servicios del Ministerio y mi margen de maniobra es inexistente. Tampoco lo utilizaría, si lo tuviera, en un caso como éste. Lo que creo es que estas entidades emitieron de manera torticera pólizas de seguro de prima única con supuestas ventajas fiscales sobre los depósitos bancarios.

9 de julio de 1992

Me reúno con la Ejecutiva del PSOE para explicar las dificultades de la situación y las posibles medidas necesarias para atajar el déficit público que tienen un cariz antipopular. Luego cenamos en el Ministerio Claudio Aranzadi y yo con Jordi Pujol y Miquel Roca para tratar de explicarles la situación económica. CiU, como es lógico, es un posible apoyo que al Gobierno le interesa cuidar.

Distintos editorialistas recuerdan que el presidente González forzó la mano en el Ministerio de Economía y Hacienda en el Presupuesto de este año, y que ahora tenemos que hacer las correspondientes correcciones que entonces no se quisieron introducir. Desgraciadamente, están en lo cierto.

20 de julio de 1992

Hoy el ministro de Trabajo, Luis Martínez Noval, y yo hemos recibido a la patronal y a los sindicatos para explicarles las medidas que está considerando el Gobierno para atajar el creciente déficit público y que incluyen, en lo inmediato, las subidas del IVA al 15 % (tipo medio) y de las retenciones en el IRPF, y la introducción del impuesto sobre matriculación de automóviles así como modificaciones en los otros tipos del IVA en 1993, además de la reducción del gasto público por lo que se refiere a la política fiscal. También les anunciamos la aceleración de las reformas del INEM y de la formación profesional. En el fondo, las medidas reconocen la práctica imposibilidad en una economía abierta de hacer una política fiscal anticíclica sin crear incertidumbre sobre la Deuda Pública y la entrada de capitales y, por esta vía, sobre las cotizaciones bursátiles y el tipo de cambio.

Jordi Pujol, a pesar de las explicaciones recibidas, critica las medidas porque «algunas arruinan la moral del país». En realidad, lo que realmente le molesta es la elevación de los costes de las bajas laborales, ahora a cuenta de las empresas, que tiene como objetivo obligar a éstas a luchar contra esa práctica de corruptela. En todo caso es evidente que el cambio de perspectiva en la política económica hace daño al Gobierno y a mí particularmente. La frustración es tan grande que me obliga a pensar en dejar el Gobierno después de las próximas elecciones, como lo advertí ya al presidente y le he dado a entender a Luis Ángel Rojo.

22 de julio de 1992

Toma de posesión de Luis Ángel Rojo como gobernador del Banco de España.

28 de julio de 1992

Contestando a una intervención especialmente agorera de Rodrigo Rato en un debate parlamentario, cito, de manera parcial y un tanto rebuscadamente para referirme a su intervención, la famosa frase de Shakespeare en Macbeth: «La vida es una sombra... Una historia contada por un idiota, llena de ruido y furia, que nada significa». Se organiza un indescriptible escándalo. En el debate anuncio también el propósito del Gobierno de privatizar las empresas públicas por valor de 400.000 o 500.000 millones de pesetas. A pesar de mis maniobras de distracción no consigo evitar que se apodere de la Cámara la sensación de que, por vez primera, el Gobierno tiene más dudas que nunca sobre la orientación de la política económica y las posibilidades de éxito de la elegida.

30 de agosto de 1992

He pasado el mes en Mallorca. Feliciano Fuster, el presidente de ENDESA, me ha dejado una casa que tiene en Puerto de Alcudia. Interrumpí la estancia para asistir a la inauguración de las Olimpiadas de Barcelona (donde me asaltó Juan Antonio Samaranch para ver si estaba resuelto el tema de las pólizas de prima única en el que está implicada La Caixa), y también al entierro de Paco Fernández Ordóñez en Madrid. Lo de Paco va a ser una gran pérdida para el Gobierno y, sin duda, para Felipe González.

La inactividad de estos días me ha permitido hacer un balance realista sobre cuál es mi situación dentro del Gobierno. Aunque el arreglo alcanzado en la primavera del año pasado con el presidente suponía la coordinación por mi parte del área económica del Gobierno y resulta evidente que ante la opinión pública informada no ha supuesto, a pesar del ascenso de Narcís Serra a la vicepresidencia, pérdida alguna de poder por mi parte, la verdad es que la solución se está tornando crecientemente insatisfactoria.

Por un lado, es evidente que Josep Borrell está jugando a establecer dentro del Consejo una orientación a la política económica mucho más expansiva, olvidando nuestra falta de competitividad con el fin de alcanzar sus grandes planes de inversión en infraestructuras. Su papel y su capacidad de persuasión (Borrell es un hombre brillante) han permitido abrir por primera vez en el Gobierno una alternativa a mis orientaciones de política económica, creando lo que Javier Pradera ha bautizado como el «Comando del Gasto» (Borrell, Serra, Solana, García Vargas y quizás algún otro), que además ha estado cultivando sus contactos con la prensa para airear estas diferencias como si ello supusiera que tienen una política económica alternativa.

Felipe, por primera vez, ha dado beligerancia a esta especie de disensión. Las razones pueden ser varias. La primera, desde luego, que la situación, con la llegada de la recesión y sin que se haya replegado la inflación, hace el análisis de la misma así como la toma de decisiones mucho más difícil que cuando gestionábamos la prosperidad. Mis continuas apelaciones a medidas de reducción del gasto público, a la vista de la caída de los ingresos y la marcha del déficit público, no deben ser fáciles de asimilar ni de manejar luego por parte del presidente del Gobierno. En relación con alguna de ellas, el presidente ha confesado que «no lo ve» (su necesidad) y que si él «no lo ve» difícilmente lo va a ver el ciudadano común. Cuando Felipe González «no ve» una cosa quiere decir que no le gusta. Yo, con todo, he seguido manteniendo la presión para que se tomaran las medidas que he creído necesarias y que, desde luego, no han terminado todavía. Pero, junto a lo anterior, percibo que en el nuevo posicionamiento del presidente influyen también las dificultades que puede encontrar en convivir con el papel más relevante dentro del Gobierno que se me atribuye. Intuyo que a Felipe González le hubiera venido mejor que yo saliera del Gobierno a la vez que Alfonso Guerra, decepcionado por no haber sido nombrado vicepresidente, y le hubiera dejado mayor libertad de maniobra para reconfigurar su Gobierno. Quizás no es ésta sino otra la razón, pero, después de muchos años trabajando juntos, he aprendido a distinguir los sutiles cambios de estado de ánimo de mi presidente y también amigo Felipe González y sé que nos estamos distanciando de manera importante.

Desde esta impresión de alejamiento del presidente y de aislamiento en el seno del Consejo de Ministros, por no hablar de la hostilidad en muchos ámbitos del PSOE hacia mí, fue como le propuse al presidente, a los pocos días de que me comunicara la situación terminal del cáncer que había venido padeciendo Francisco Fernández Ordóñez, mi disposición a ocupar ese puesto si a él le parecía conveniente. Le expuse que íbamos derechos a una recesión bastante dura que requeriría de medidas relativamente impopulares y que quizá sería mejor que las tomara otro. Yo he sido, le dije, el hombre de la reconversión desde 1985 y el del crecimiento económico entre 1986 y 1991. Quizás tendría sentido poner otra cara al frente de este asunto en las nuevas circunstancias.

Me pareció que el presidente se sorprendía ante esta propuesta mía y no sé si la juzgó mal. En todo caso, volvimos a hablar pasados unos pocos días y me dijo que su previsión para cubrir ese puesto era el nombramiento de Javier Solana, a quien en el mundo internacional se le conoce mucho menos que a mí. Cuando le hice ver esto al presidente me contestó que era posible, pero que, en todo caso, las relaciones permanentes del ministro de Asuntos Exteriores con la Casa Real y el jefe del Estado desaconsejaban mi nombramiento por la falta evidente de entusiasmo monárquico por mi parte. Medio en broma, medio en serio, allí quedó dicho. Le dije entonces al presidente que, si así lo deseaba, agotaría la legislatura como ministro de Economía y Hacienda, pero que sería mejor que no contara conmigo en el siguiente Gobierno. Lo comprendió. A pesar de todo lo dicho, hace algunos días Felipe González hizo unas declaraciones en las que me respaldó una vez más.

Dejando a un lado las preocupaciones personales, lo grave es cómo van las cosas en los mercados. Al final del mes ha empezado a haber fuertes presiones sobre el cambio de la libra esterlina y la lira italiana; también, aunque algo más discretamente, sobre el franco francés. La incertidumbre general y los altos tipos de interés de Alemania atraen capitales hacia aquel país y presionan a la baja el cambio de las demás monedas. La peseta aguanta de momento, y la doctrina en la CEE es que no habrá realineamiento según el comunicado que pactamos el 28 de agosto los ministros de Economía y Hacienda.

4 de septiembre de 1992

La Vanguardia publica un editorial a favor de la devaluación de la peseta, lo que habrá gustado a Pujol, si es que no lo ha inspirado él mismo.

Se anuncia un referéndum en Francia sobre el Tratado de Maastricht después de conocida la negativa danesa al mismo. Más complicaciones y esto es verdaderamente importante: si el resultado fuera de rechazo al Tratado, se habría acabado el proyecto de Unión Económica y Monetaria.

4-6 de septiembre de 1992

Reunión informal del ECOFIN en Bath (Reino Unido). Se hace un comunicado con el fin de evitar un realineamiento de los cambios dentro del SME, pese a las fuertes presiones en los mercados. Norman Lamont, ministro del Tesoro, hace todo tipo de maniobras para que Alemania baje sus tipos de interés y se reduzca la presión sobre la libra esterlina. Helmut Schlesinger (Bundesbank), Waigel y Hans Tietmeyer (ministro y secretario de Estado de Finanzas) se defienden como pueden, pero se niegan a reducir los tipos de interés en un ambiente que les es hostil.

Luis Ángel Rojo, que asiste por primera vez a un ECOFIN informal, está escandalizado ante lo descarnado de las conversaciones y presiones entre países. En un aparte, aconsejo a nuestro anfitrión Lamont que deje alguna salida a los alemanes y que podamos aprovechar un posible realineamiento para una revaluación del marco alemán. No me hace caso. Está muy obstinado en mantener el tipo de cambio de la libra ahora que han entrado en el SME. Al final no se ha concluido nada y salimos de Bath convencidos de que la presión va a seguir aumentando hasta el día 20 de septiembre (fecha del referéndum en Francia) y aun después. La situación ha cambiado drásticamente. Con la incertidumbre en los mercados, los realineamientos ya no van a depender de nuestros acuerdos. Italia aparece como la primera víctima. Entretanto, la CEE revisa a la baja sus expectativas de crecimiento y esto hace más duro el cumplimiento del Plan de Convergencia español. En este contexto se corre el rumor, cuyo origen desconozco, de que planeo reducir el sueldo a los funcionarios, y antes de preguntar nada, los sindicatos hacen un frente común contra «mi plan». Esta idea ni siquiera se me ha pasado por la cabeza. Hay que evitar un crecimiento excesivo del déficit público, pero también una caída excesiva de la demanda interna.

13 de septiembre de 1992

Ante la insoportable presión a la baja de la lira, se acuerda con Italia una devaluación del tipo central de la lira en el SME del 3,5 % y una revaluación respecto de ese tipo de cambio de las demás monedas del 3,5 % (en total 7 %). El Bundesbank anuncia una ligera bajada de los tipos de interés. Desgraciadamente, estos movimientos en el margen no tranquilizan a los mercados ni a los especuladores, que han olido sangre y quieren devaluaciones mucho mayores y que se extiendan a más monedas.

14 de septiembre de 1992

Cumbre hispano-alemana en Sylt (mar del Norte). No sirven para nada los intentos del presidente González con Helmut Kohl ni los míos con Theo Waigel para sensibilizar a los alemanes sobre lo delicado de la situación del SME. Los alemanes ni aceptan un realineamiento general ni mueven seriamente a la baja sus tipos de interés para reducir la presión cambiaria. Están asustados ante la reacción de su opinión pública ante el aumento de la tasa de inflación.

15 de septiembre de 1992

Advierto en el Senado de que el programa de privatizaciones no tendrá un calendario prefijado pero seguirá adelante de todas las maneras. El secretario de Estado de Hacienda, Antoni Zabalza, me dice que José Antonio Griñán y su gente en el Ministerio de Sanidad pretenden una subida del crédito presupuestario del 17 % para el año que viene haciendo referencia a desviaciones del pasado. Deben de estar locos.

16 de septiembre de 1992

Los mercados de divisas están hoy desatados centrándose en la lira italiana, cuya devaluación se ha considerado insuficiente, pero también en la libra esterlina y la peseta. Hablo con el Banco de España, donde creen que va a ser imposible mantener el cambio de la peseta sin perder una enorme cantidad de divisas.

Al mediodía me llama desde Londres Norman Lamont para decirme que han vendido divisas por más de una decena de miles de millones de dólares esa mañana y que no van a resistir más. Le pregunto si van a solicitar un realineamiento general y me dice que no lo he entendido. Que su propósito es dejar que el cambio de la libra encuentre el nuevo equilibrio por sí solo, abandonando el mecanismo de regulación de cambios del SME. Esto es mucho más incontrolable para la peseta que un nuevo realineamiento: con la libra hundiéndose y la lira con fuertes presiones, nosotros no podemos resistir dentro de la banda de cambios actual.

Horas más tarde, Italia anuncia que abandona también el SME y nosotros pedimos una reunión de realineamiento una vez cerrados los mercados aprovechando el fin de semana. Para ello he propuesto a mis colegas buscar una salida global al SME y sus tipos de cambios así como los correspondientes tipos de interés ante el abandono de la lira italiana y de la libra esterlina del SME. Al rechazar éstos la propuesta, he solicitado una devaluación de la peseta del 10 % (que ya no es tal si tenemos en cuenta la caída libre de la lira italiana y la libra esterlina), pero tampoco ha sido aceptada. Una vez más, la solución dada a las nuevas tensiones va a resultar claramente insuficiente. La tozudez de Alemania respecto a sus tipos de interés (por encima del 9 %) hace imposible que nuestras monedas más débiles sigan la marcha del cambio del marco alemán frente al dólar americano. Insisto, en todo caso, en la necesidad de mantener una política presupuestaria austera y evitar subir nuestros tipos de interés, lo que sin duda significa, de cualquier manera, una orientación fuertemente recesiva para nosotros y para toda Europa como consecuencia de las preferencias de Alemania. La devaluación del 5 % de la peseta no cambia en nada estas perspectivas.

20 de septiembre de 1992

Reunión del Comité Interino del FMI y asambleas del FMI y del Banco Mundial. El presidente George H. W. Bush, que está en plena campaña electoral, anuncia que no podrá inaugurar la asamblea del FMI y el Banco Mundial, como es la tradición cuando éstas se celebran en Washington D.C., y propone a cambio recibir a los miembros del Comité Interino que yo presido. En la recepción en la Casa Blanca me da muchos y especiales recuerdos para el presidente González, con quien se entiende muy bien y con el que ha creado una relación de mutua confianza después de la guerra del Golfo y de la Conferencia Internacional en Madrid. A la salida de la Casa Blanca, Theo Waigel y Norman Lamont se sorprenden de mi popularidad al oír a un grupo de españoles que grita mi nombre y me saluda afectuosamente desde la avenida Pennsylvania.

En los temas de fondo sigue habiendo una fuerte presión por parte de los países europeos sobre Alemania para que reduzca los tipos de interés y devuelva la tranquilidad a los mercados de cambios. Estados Unidos contempla todo el drama con su habitual benign neglect por estos temas. En medio de la reunión del Comité Interino van llegando noticias inciertas sobre el referéndum de Maastricht en Francia. Lamont señala hacia abajo con el dedo pulgar en un gesto de complicidad con el secretario del Tesoro norteamericano, Nicholas Brady. Por fortuna, las informaciones no se confirman: el referéndum se aprueba con un margen estrecho y el Tratado queda salvado.

En la reunión que, tras el almuerzo, tenemos separadamente los países de la CEE, yo sigo manteniendo mi propuesta de una rebaja concertada del tipo de interés en Europa –encabezada, claro está, por Alemania– para poder luchar contra la recesión, que ya resulta evidente. Sin nombrar al Bundesbank, digo que «los intereses nacionalistas estrechos son lo contrario del espíritu de la CE». Afirmo que mientras no se produzca la concertación de las políticas monetarias y cambiarias «no puedo asegurar que no haya más devaluaciones de la peseta».

En Washington D.C. me reúno también con los nuevos responsables de KIO, que parecen estar particularmente insatisfechos con la gestión de su equipo anterior en España. No será porque no les advertimos sobre lo poco que nos gustaba su socio...

En unas declaraciones a la prensa nacional e internacional en Washington advierto sobre la posible necesidad, a la vista de la crisis en Europa y de los problemas políticos de algunos países de la CE, de interpretar flexiblemente los plazos y fases del Tratado de Maastricht. En El País dicen que estas declaraciones mías sientan muy mal en el Ministerio de Asuntos Exteriores (y también, vaya usted a saber por qué, en Defensa y en Agricultura). Jordi Pujol, sin embargo, muestra su acuerdo conmigo. También Felipe González.

22 de septiembre de 1992

En una reunión con el Grupo Parlamentario Socialista, Alfonso Guerra critica la política económica del Gobierno y aboga por un giro a la izquierda sin señalar en qué consiste.

25 de septiembre de 1992

Anuncio los primeros datos de los Presupuestos para 1993. Parten de una previsión muy baja de la tasa de crecimiento económico (0,7 %). Advierto de que seguiremos adelante con las privatizaciones. De hecho, los Presupuestos son un desiderátum imposible de cumplir aunque contienen una fuerte reducción del gasto. El problema son las facturas en el cajón de la Sanidad y en la Seguridad Social. En todo caso, los primeros anuncios presupuestarios no satisfacen a nadie. A mí tampoco, aunque por otras razones.

28 de septiembre de 1992

Reunión del ECOFIN en Bruselas. El comunicado dice que todos estamos en contra de las «dos velocidades». Nos encomendamos a la Cumbre de Birmingham para seguir reflexionando sobre la crisis del SME y el avance en las previsiones de Maastricht. No creo que después del ambiente tan negativo que se ha creado en Reino Unido tras la devaluación de la libra esterlina estén los ingleses por tomar muchas iniciativas en la cumbre.

2 de octubre de 1992

Steve Hanke, de la Johns Hopkins University, escribe un artículo sobre las incongruencias del SME y la falta de mecanismos autocorrectores en el que cita como base de partida unas declaraciones mías. Tiene razón en lo que dice, pero no en aquello que propone.

La agencia Moody’s, por su lado, anuncia una revisión a la baja del rating del riesgo soberano de España. No lo esperaba y me disgusta profundamente. En todos los años en que he dirigido la política económica, los juicios sobre las perspectivas en España han sido siempre claramente positivos o estables dentro de una situación juzgada favorablemente.

Hoy me he entrevistado con el editor internacional del Financial Times, que viene acompañado de Tom Burns y del corresponsal del periódico en España, Peter Bruce. Andrew Gowers viene a hablar conmigo de la crisis del SME y la recesión internacional. En la entrevista (que se publica en el Financial Times y en Expansión simultáneamente) propongo lo siguiente: a) revisar la parrilla de paridades para ver sus posibilidades de resistencia; b) crear un fondo multilateral de reservas de divisas dentro del SME para intervenir en defensa de los cambios, y c) alcanzar un acuerdo global para reducir los tipos de interés en Europa, que con los niveles actuales están llevándonos a una profundización de la recesión. Digo también que la cumbre próxima de Birmingham, debería abordar estos asuntos.

3 de octubre de 1992

Las Juventudes Socialistas critican la política económica del Gobierno: «Se pone de manifiesto el proceso de una determinada concepción de la economía basada en el equilibrio de las magnitudes macroeconómicas» a consecuencia de la crisis (sic). Los periódicos lo interpretan como un alineamiento de las Juventudes con las tesis defendidas por Alfonso Guerra en el Grupo Parlamentario, de lo que vienen hablando estos días todas las revistas de opinión señalando los problemas del PSOE y los que plantearía la posible sucesión de Felipe González.

6 de octubre de 1992

Me reúno con el Grupo Parlamentario Socialista para explicarles los Presupuestos. El Grupo los respalda formalmente («los diputados socialistas cierran filas», dice en su despacho la agencia Europa Press). Se filtra que no descarto una nueva devaluación de la peseta. Lamento mi imprudencia.

8 de octubre de 1992

Aurora Pavón, o sea, Pablo Sebastián, escribe un artículo ridículamente laudatorio a las críticas de Mario Conde a la política económica del Gobierno en relación al Tratado de Maastricht. Se ve de dónde sale el dinero. Él, como Jesús Cacho y algún otro, se apunta a las críticas del «fundamentalismo monetario» del Gobierno. No saben ni de qué hablan, aunque ambos ciertamente utilizan cualquier arma para hacer carrera (en esto último, comparten categoría con Jaime Campmany, otro turiferario de Mario Conde).

La inflación va reduciéndose después de las desviaciones y los impactos sobre precios debidos a los cambios tributarios. Creo que al final de año quedará en torno al 6 % (por debajo del 6,4 % previsto como límite máximo por el Gobierno). Al mismo tiempo, el déficit fiscal sigue empeorando, como era previsible.

Hoy he recibido al presidente del Banco de Nueva York, que pasaba por Madrid.

12 de octubre de 1992

Se clausura la Exposición Universal de Sevilla (¡por fin!).

17 de octubre de 1992

Cumbre europea en Birmingham. No hay modo de aproximar posiciones. Reino Unido, con la libra fuera del SME, está menos interesado que nunca en la búsqueda de soluciones coordinadas. Ellos han decidido volver a los viejos tiempos. (No tan viejos, después de todo.)

19 de octubre de 1992

Reunión del ECOFIN en Luxemburgo. Seguimos hablando del SME y de la difícil situación en la que se encuentra después de la salida de Reino Unido e Italia y las presiones que continúan sobre la peseta, el escudo y otras monedas. También está en la agenda el reparto del nuevo fondo de cohesión, la criatura sobre todo de Felipe González. Se van perfilando sus beneficiarios: Grecia, Irlanda, Portugal y España, países cuya renta per cápita está por debajo del 90 % de la media comunitaria.

21 de octubre de 1992

Debate de totalidad de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1993. A lo largo de todo él, he puesto mucho énfasis en la reforma del INEM y en la posibilidad de cambiar el sistema de gestión, así como en la aprobación de los nuevos agentes intermediarios en la colocación de los trabajadores. El monopolio del INEM en esa tarea sólo tendría sentido si lo hiciera bien. Según los datos, sin embargo, únicamente el 9 % de las ocupaciones se tramitan a través del INEM. Por qué se considera una política progresista mantener esta situación de ineficiencia resulta un misterio para mí.

En una entrevista en El País, Felipe González dice que la culpa del aumento del déficit público no es mía: «La culpa ha sido del resto del Gobierno, empezando por mí mismo». Se agradece el reconocimiento aunque llegue ya demasiado tarde.

29 de octubre de 1992

El Parlamento Español ratifica el Tratado de Maastricht.

2 de noviembre de 1992

Como ya dije, la agencia Moody’s anunció una revisión de la perspectiva de rating de Reino de España a la baja. Por otro lado, los problemas de la tesorería de la Seguridad Social, con su grave déficit, son cada vez menos manejables. Ambos casos obligan a presionar sobre la reforma del mercado de trabajo y de los esquemas de cobertura del desempleo. Hago más declaraciones a la revista Cambio 16 en ese sentido, asegurando que, si no llevamos a cabo tales reformas, los mercados no creerán que vamos a poder reducir el déficit público.

3 de noviembre de 1992

Bill Clinton gana las elecciones en Estados Unidos. Ceno con los corresponsales extranjeros en Madrid.

6 de noviembre de 1992

The New York Times reproduce, fuera de contexto y cuando las circunstancias han cambiado significativamente, unas declaraciones mías al Herald Tribune de hace unas semanas en las que me declaro a favor de un nuevo realineamiento de los cambios en el caso de la vuelta de la lira italiana y la libra esterlina al SME (pero sin mencionar esto último). El desgraciado malentendido tiene un efecto grave sobre el cambio de la peseta.

10 de noviembre de 1992

Anuncio en el Senado que, previsiblemente, no será hasta 1995 cuando Europa vuelva a recuperar la normalidad en materia de crecimiento.

11 de noviembre de 1992

Informo al Congreso de los Diputados de que el coste de la intervención de RUMASA a lo largo de todos estos años ha sido de 700.000 millones de pesetas y que el control sobre el mismo de la Intervención General del Estado, el Tribunal de Cuentas y el propio Parlamento de la Nación privan de todo fundamento a cualquier sospecha. A ver si acabamos de una vez con el tema RUMASA.

12 de noviembre de 1992

Declaraciones en Antena 3TV. He dicho muchas cosas en una entrevista francamente larga, pero lo que más llama la atención es mi propuesta a las fuerzas políticas y parlamentarias para concluir un pacto anticorrupción. Inmediatamente se manifiestan PP e IU rechazándolo. La «pinza» entre el secretario general del PCE, Julio Anguita, y José María Aznar cada vez funciona con más perfección.

Por fin datos buenos del IPC en octubre, aunque son la otra cara de la rápida desaceleración de la demanda de consumo y del aumento del desempleo.

16 de noviembre de 1992

Almorzamos en el Ministerio Claudio Aranzadi y yo con Javier Oraá y Juan Ignacio López de Arriortúa, de General Motors. Éste último es un personaje irrepetible: una mezcla de candidez de campesino vasco e ingeniero industrial despistado. Parece estar haciendo una revolución en los esquemas de organización del proceso de montaje de automóviles, mejorando los sistemas de calidad y las fechas de entrega de los proveedores de la industria auxiliar. Al final ni Claudio ni yo quedamos muy convencidos de cuáles son sus procedimientos ni qué cambios representan. Todavía no sé cómo pudimos evitar la carcajada cuando describió a una pareja que viajaba cerca de él en un avión como «uno negro y otro normal».

17 de noviembre de 1992

Homenaje de despedida a Alfonso Escámez, que pasa a ser presidente de honor del Banco Central Hispano Americano. Lo presido yo y José María Amusátegui, el nuevo presidente, le entrega una bandeja de plata. Aprovecho mi intervención para combatir el creciente pesimismo que, con el otoño, se ha adueñado del país, como creo que es mi deber ministerial, cualquiera que sea mi particular estado de ánimo (que es manifiestamente mejorable).

19 de noviembre de 1992

Reunión en la cumbre con Francia en Albi. La peseta está bajo una presión intensísima y las intervenciones del Banco de España en el mercado están acabando con las reservas de divisas. Lo peor es que son los propios bancos españoles quienes prestan pesetas a los especuladores, que luego venden empujando el cambio a la baja. Solicitamos una reunión del Comité de Política Monetaria en Bruselas para alcanzar un acuerdo sobre un nuevo realineamiento el sábado 21 de noviembre.

21 de noviembre de 1992

Finalmente la peseta y el escudo portugués se devalúan un 6 %. Antes, en el origen de la reciente inestabilidad cambiaria, se había depreciado la corona sueca y siguen fuertemente sometidas a presión las coronas danesa y noruega.

23 de noviembre de 1992

Reunión del ECOFIN en Bruselas.

Los nuevos responsables de KIO me informan de que van a iniciar acciones legales contra Javier de la Rosa. Les digo que me parece muy bien. Me advierten que Javier de la Rosa les habló de algunos gastos inconfesables producto de cohechos a funcionarios y políticos. Les contesto que entonces, con más razón, deben actuar contra él y todos los que puedan caer. Les animo calurosamente a que lo hagan y les recuerdo la reticencia del Gobierno a su asociación con Javier de la Rosa.

Es lo menos que puede pasarle a este personaje, que parece haber creído que con el dinero se puede hacer todo en esta vida. Desde luego, en Cataluña parece haberlo conseguido con el Gobierno de Pujol y, aquí en Madrid, ha estado dando vueltas en torno a Moncloa estableciendo contactos con algunos que tienen acceso al presidente o tratando de ganarse mi voluntad nombrando presidente del Grupo Torras a Pepe Recio porque es mi amigo (puesto del que dimitió casi en el momento de tomar posesión) y poniendo dinero en medios de comunicación.

25 de noviembre de 1992

Comparezco en el Congreso para explicar la devaluación de la peseta. Javier Solana y yo amenazamos con bloquear la Cumbre de Edimburgo si la cuantía del nuevo fondo de cohesión no satisface a España.

1 de diciembre de 1992

Asisto a un almuerzo con los banqueros. Me había comprometido a hacerlo cuando nos reunimos para el homenaje a Escámez. Repasamos la situación de solvencia que, con la excepción de Banesto, que nadie señala y yo tampoco, es, en general, buena. Sobre la reunión flota la impresión ominosa del deterioro de la situación económica a pesar de mis esfuerzos por combatirla.

Por la noche, en una multitudinaria cena con militantes del PSOE de Castilla-La Mancha en Guadalajara, hago algunas reflexiones sobre la unidad del PSOE a pesar de las diferencias internas y vuelvo a referirme al tema de la corrupción. También hablo de la situación económica y de la conveniencia de eliminar la tasa de inflación como referencia general en la negociación de los salarios.

La idea de que mi tenacidad y buenas intenciones no se traducen suficientemente en hechos y que he sido, por otro lado, desbordado por el gasto público, que no pude detener en la elaboración de los Presupuestos de 1992, se está generalizando. Me hace daño a mí, ciertamente, pero también a Felipe González y al Gobierno, que parece atenazado ante la situación. Sigue habiendo además coletazos sobre los problemas de KIO en Torras y habrá más con toda seguridad.

González, por su parte, se reúne cada vez más con los llamados «barones». Narcís Serra no le ha servido como cadena de transmisión con el partido y a mí, en Ferraz, me siguen queriendo lejos. Las cosas en el frente político interno se van poniendo cada vez más confusas. Por lo menos, cuando Guerra se encargaba de este punto la relación era más fluida, aunque lo hiciera «a su manera».

3 de diciembre de 1992

Cenamos Gloria y yo con Luis Sempere y Paloma. Bronca en broma con los desastres que nos vienen ocurriendo desde que dejó de ser jefe de Gabinete y fue sustituido por Joaquín de la Herrán. En el mismo tono de broma, le digo que su presencia era fundamental.

10 de diciembre de 1992

Quizá por única vez en su historia, Moody’s decide mantener el rating de un país (España) después de haber anunciado que lo ponía en perspectiva «a la baja». La peseta se aprecia cuando los mercados reciben la noticia. Supongo que piensan que la segunda devaluación debería resolver el problema. ¡Ojalá tenga razón!

Hoy comienza la Cumbre de Edimburgo. El día 9 el presidente y yo estuvimos preparando la defensa de nuestras posiciones. El resultado, después de la mediación de Helmut Kohl, ha sido extraordinario desde todos los puntos de vista. Gracias al nuevo fondo de cohesión el saldo positivo con la CEE para España pasará de 2.900 millones de ecus en 1992 a 6.300 millones en 1999.

Hoy, el Banco de España ha tenido que intervenir en el mercado interbancario después de la primera rebaja del coeficiente de caja, elevando los tipos de interés hasta el 17 %. Espero que sea por poco tiempo.

20 de diciembre de 1992

Se publica en El País una larga entrevista que le concedo a Andreu Missé y en la que, aparte de otras cosas, me pronuncio por la conveniencia de modificar la Ley de Huelga, lo que enfurece a los sindicatos. El llamado Grupo de las Navas, muy crítico conmigo en sus reuniones, ha comisionado a Paulino Barrabés para que informe de sus opiniones a Felipe González, a Alfonso Guerra y a Nicolás Redondo. Entre los integrantes del grupo se citan a Javier Solana, Manuel Chaves, Jerónimo Saavedra, Joan Lerma, Raimon Obiols, Javier Quijano, Nicolás Redondo (hijo), Carmen García Bloise, Paulino Barrabés, los hermanos Carlos y José Cobos y Luis Yáñez. Con ellos estuvo también Txiki Benegas. Por lo que dice la prensa, les costó mucho llegar a una posición común sobre el tema de la corrupción que, en todo caso, si es que se alcanzó, no se conoce.

29 de diciembre de 1992

Por fin se aprueban los Presupuestos para 1993. El PP los considera faltos de credibilidad y, desgraciadamente, esta vez tiene razón.

El Consejo de Ministros aprueba también la Ley de Autonomía del Banco de España, que debería entrar en vigor en 1994. Estoy particularmente satisfecho de que ello haya tenido lugar durante mi tiempo como ministro de Economía y Hacienda.

El Ministerio de Economía y Hacienda emite una nota desmintiendo una falsa información de Jesús Cacho en El Mundo según la cual la Agencia Tributaria y el Banco Santander habían llegado a un pacto para que fuese el juez Miguel Moreiras quien admitiera el caso en relación con las cesiones de créditos contra el banco de Emilio Botín.

El año termina mal económicamente, en medio de una recesión que, socialmente, se traduce en un apreciable aumento del malestar y una significativa destrucción de empleo y, políticamente, en un creciente descrédito del Gobierno.

155. Tras el triunfo socialista en las primeras elecciones andaluzas de 1982, José Antonio Griñán fue viceconsejero de Trabajo en los gobiernos andaluces presididos por Rafael Escuredo y José Rodríguez de la Borbolla hasta 1986, en que pasó a ser viceconsejero de Salud. En 1987 fue secretario general técnico de Trabajo, hasta que en 1990 Manuel Chaves le nombró consejero de Salud en la III legislatura de la Junta de Andalucía. Fue diputado en las Cortes Generales en tres legislaturas y ministro del Gobierno de España en dos ocasiones: de 1992 a 1993, de Sanidad y Consumo, y de de 1993 a 1996, de Trabajo y Seguridad Social.

1993

10 de enero de 1993

En declaraciones recientes a la prensa, Luis Martínez Noval se muestra menos pesimista que yo en relación con las perspectivas económicas para el año que se inicia.

El País dice que los renovadores del PSOE dividen sus afectos entre Serra y Solana. A mí me tienen antipatía. Yo también a muchos de ellos. Una de las últimas razones para nuestra desavenencia es mi deseo de cambiar una Ley de Huelga que dictaron los sindicatos en su día y que ellos consideran intocable.

El caso de las cesiones de crédito del Banco de Santander en manos del juez Moreiras sigue dando lugar a diferentes interpretaciones. Según el periodista Casimiro García-Abadillo, el Ministerio de Hacienda ha mantenido una posición tan dura hacia el banco porque Emilio Botín no quiso comprar Ibercorp cuando yo se lo pedí (lo que no ocurrió nunca). De la misma opinión es su jefe Jesús Cacho.

18 de enero de 1993

Reunión del ECOFIN en Bruselas. Anuncio que el primer semestre del año será el punto más bajo de la recesión en España. Las previsiones comunitarias han reducido el crecimiento del PIB en la CEE desde el entorno del 1-1,5 % al del 0,8-0,9 %. También digo que habrá que pensar en planes de relanzamiento de la economía española, aunque no antes del verano, que es cuando calculo que habremos digerido el impacto inflacionista de las dos devaluaciones.

19 de enero de 1993

Luis Ángel Rojo y yo cenamos con los banqueros. Por mi parte, es la tercera vez que lo hago en dos meses, pero el ánimo deprimido que observamos en la última reunión con ellos aconseja hacerlo así.

El secretario general del PP, Francisco Álvarez-Cascos, cree tener agarrado al Gobierno con el caso KIO. Está profundamente equivocado. No obstante, preguntado por la prensa, desmiente que haya hablado nunca de una querella criminal contra Felipe González en relación con este tema, lo que no me sorprende porque no hay nada que pueda ser negativo para el Gobierno en el mismo.

Se crea confusión por unas declaraciones de González sobre que no había acuerdo para transferir el 15 % del IRPF a las comunidades autónomas. Jordi Pujol se enfada porque confiaba en la palabra que yo le había dado en relación a este tema en nuestras conversaciones.

22 de enero de 1993

En el Comité Federal del PSOE Felipe González anuncia formalmente su deseo de llevar directamente las riendas del PSOE y las conexiones del partido con el Gobierno, lo que, en realidad, ya viene haciendo desde que constató el fracaso de Narcís Serra en esa misión. De paso, me defiende y anuncia que no tiene intención de cambiar a ningún ministro.

26 de enero de 1993

Jornadas de The Economist. Insisto en la necesidad de llevar a cabo las reformas estructurales antes del fin de la legislatura. Me entrevisto luego con Daniel Franklin, responsable del acto.

Nicolás Redondo me declara «el mayor enemigo del Partido Socialista en un proceso electoral». Lo cierto, por el contrario, es que el PSN saca generalmente mejores resultados cuando en las generales he encabezado yo la lista que en las elecciones autonómicas, cuando mi nombre no figura en las papeletas.

30 de enero de 1993

Anuncio las primeras reuniones en la próxima semana para la negociación con la CEOE y los sindicatos de la reforma laboral. Sin embargo, no doy muestras de muchas esperanzas de acuerdo. También me manifiesto, una vez más, en contra de la cláusula de revisión salarial con la inflación.

José María Crespo, secretario general de las Juventudes Socialistas, a quien no conozco, critica a Nicolás Redondo por sus declaraciones, y algunos dicen que «veladamente» a mí también. Yo no he visto nada de eso. En Pamplona me manifiesto en contra de los medios y de algunos periodistas que dan lecciones de moral a todo el mundo y que están confeccionando una «cultura del escándalo» relacionada en exclusiva con el PSOE, que también, desde luego, ha hecho demasiadas cosas mal en este terreno.

2 de febrero de 1993

Recibo al presidente de Cemex, Lorenzo Zambrano, que quiere comprar las plantas de Valenciana de Cementos. Cemex es la tercera o cuarta cementera mundial. Le digo que el Gobierno no interviene en las decisiones privadas de este tipo.

3 de febrero de 1993

Siguen dando que hablar las diferencias en el seno del Gobierno y, en particular, entre Martínez Noval y yo sobre las características de la reforma laboral y las perspectivas de la Ley de Huelga. Hoy he hablado de ello con el presidente del Consejo Económico y Social, Federico Durán, que me ha causado muy buena impresión.

También persiste la huella dejada por el último Comité Federal del PSOE en el que Felipe González tomó directamente la dirección del PSOE sin intermediarios. Según algunos, ello supone la eliminación progresiva de Alfonso Guerra de cualquier papel protagonista en el partido. Esta interpretación es correcta, pero olvida que sigue teniendo mucha influencia en el Grupo Parlamentario.

Hoy he almorzado con Leopoldo Calvo-Sotelo, al que le gusta que mantengamos estos contactos de vez en cuando. Él me trata de manera deferente, pero le cuesta trabajo llegar a ser simpático.

4 de febrero de 1993

Los sindicatos se niegan a negociar cualquier proyecto de reforma laboral. El presidente González reitera que ésta se aprobará aunque no haya acuerdo social. Pepe Barrionuevo, mientras tanto (no hay que olvidar que es inspector de trabajo), se muestra en desacuerdo con mi propuesta de eliminar el trámite de autorización administrativa en el expediente de regulación de empleo en el despido colectivo. Javier Solana, cada día más alejado de la realidad, cree que la solución a la crisis está en un papel más activo del Estado. Él, Josep Borrell, Julián García Vargas y Narcís Serra nos metieron en el lío fiscal en el que estamos, negándose a una reducción suficiente del gasto público. Desgraciadamente, ésta fue una de las poquísimas ocasiones en que el presidente no me hizo caso.

5 de febrero de 1993

Anuncio el inminente comienzo de la privatización parcial de Argentaria (antigua Corporación Bancaria de España),156 dentro de una larga rueda de prensa a la que asiste el editor europeo del Financial Times, asombrado por la duración y el detalle de la misma. Es la rueda de prensa para explicar el cierre del año 1992. Según mis datos, la economía española creció en 1992 el 1,2 % (frente al 2,5 % en 1991) en tanto que el déficit fiscal se situó en el 4,4 % del PIB. El déficit por cuenta corriente fue del 3,4 %, aunque previsiblemente mejorará este año como consecuencia del escaso crecimiento económico y el impacto favorable de la doble devaluación de la peseta. A la vista de la fuerte desaceleración en el segundo semestre de 1992, anuncio que vamos a estudiar medidas de reactivación sin comprometerme en el detalle.

Justo cuando va a dar comienzo la rueda de prensa, Fernando Eguidazu, director general de Transacciones Exteriores, me anuncia que han sido robados los disquetes en los que estaban registradas todas las informaciones administrativas sobre el Grupo Torras-KIO. Después de pensarlo un poco, decido poner la denuncia y hacer público inmediatamente el asunto, añadiendo que la información sigue, sin embargo, preservada en el disco duro de los ordenadores de la Dirección General. De este modo, evito la filtración malintencionada y manipulada de una información sobre la que no hay nada que ocultar.

El Bundesbank baja los tipos de interés, aunque de modo insuficiente para compensar su recesión y la nuestra. Too little and too late.

8 de febrero de 1993

El Congreso de los Diputados aprueba la Ley de Huelga con algunas modificaciones respecto al proyecto que envió el Gobierno.

9 de febrero de 1993

Comparezco en el Congreso ante la Comisión de Economía en relación con el caso KIO. Cuento las relaciones del Gobierno con el grupo kuwaití y nuestro consejo de que no se aliara con Javier de la Rosa, en lo que la anterior dirección del grupo no nos hizo ningún caso. Explico que todos los trámites administrativos de sus inversiones se ajustaron a la legalidad. Las inversiones a través de dos empresas pantalla (Koolmees y Kookmeeuw) van a ser analizadas ahora que KIO ha reconocido que eran propiedad suya, dato que omitió en el pasado. Se estudiará si KIO incurrió o no en fraude de ley. Respondo sobre las sospechas que quieren hacer recaer sobre mis amigos (Miguel Boyer, por Cartera Central, a la que se incorporó cuando KIO ya había salido de la misma, y José Recio, por el Grupo Torras, del que aceptó la presidencia ofrecida por Javier de la Rosa contra mi consejo y me dio una gran alegría al dimitir al cabo de tan sólo tres días). Los resultados de la comparecencia son bastante convincentes, pero no para El Mundo y sus secuaces.

Mariano Rajoy157 me interpela sobre la posición del Gobierno en materia de la cesión de parte del IRPF a las comunidades autónomas. Me veo obligado a hablar de la necesaria búsqueda de consenso antes de tomar una posición definitiva después de las declaraciones del presidente del Gobierno en contra de la cesión.

12 de febrero de 1993

Se publica la sanción del Ministerio de Economía y Hacienda al grupo Ibercorp (1.295 millones de pesetas).

Jacques Delors hace unas declaraciones poco afortunadas sobre las dificultades de España para acceder a la nueva moneda en tiempo oportuno. Le contesto diciendo que «no es conveniente que altos funcionarios de la CEE hagan juicios sobre cosas distintas de lo que son sus responsabilidades». También el comisario Abel Matutes (PP) discrepa en público de las opiniones de Delors. Nicolás Redondo y Antonio Gutiérrez se ponen de parte de Delors.

15 de febrero de 1993

Se difunden las cifras de la EPA mientras estoy en Bruselas asistiendo al ECOFIN. El paro aumentó en el cuarto trimestre de 1992 en 266.500 personas, dando una señal dramática del agravamiento de la recesión. Esto, aunque en mucha menor proporción, está pasando también en el resto de Europa. Se habla de convocar un consejo extraordinario sobre el desempleo después de la reunión del G-7. En el ECOFIN me quejo de la falta de coordinación de las políticas monetarias (tipos de interés y tipos de cambio) y de la dificultad que esto añade a la recuperación económica. Propongo un SME que sea más flexible y más simétrico. Como se está demostrando ahora, muchos de los problemas actuales de inestabilidad en diversos países y mercados se hubieran resuelto con una apreciación del marco alemán.

Miquel Roca, siguiendo la doctrina catalana, dice que mi política económica está equivocada por haber sacrificado «la economía productiva a las necesidades de financiar la deuda». Lo de siempre.

17 de febrero de 1993

Rodrigo Rato pide elecciones anticipadas a la vista de las cifras de paro. José María Aznar ratifica la propuesta. Actualidad Económica publica un largo reportaje titulado «Solchaga: pim, pam, pum» en el que hace repaso de las críticas que recibo de economistas profesionales y analistas, más las del aparato del PSOE y de los sindicatos, la CEOE y el propio Banco de España. Desgraciadamente, refleja mi total aislamiento en una situación difícil y con perspectivas de ir a peor. El Economista editorializa de manera semejante. De ésta no voy a salir muy bien librado.

19 de febrero de 1993

Declaro que el texto de Ley de Huelga aprobado en el Congreso de los Diputados debería ser objeto de reconsideración en el Senado para su mejora, lo cual no tendría que ser tarea difícil. En el Congreso de los Diputados los guerristas al frente del Grupo Parlamentario permitieron una descafeinización del proyecto del Gobierno.

20 de febrero de 1993

En la conferencia que di ayer en Burgos lancé un titular muy reproducido: «En el programa económico del PP lo que no es un disparate es un plagio».

Mi comparación de las sucesivas devaluaciones de las monedas en el SME con los diez negritos de Agatha Christie en una conferencia en Bruselas con funcionarios españoles (en la CEE y en la delegación española) molesta a muchos. Pedro J. Ramírez me dedica un artículo en el El Mundo del que no entiendo una palabra.

22 de febrero de 1993

El presidente del Senado, Juan José Laborda, muestra su apoyo a que exista un plazo suficiente para que se presenten las enmiendas de modificación de la Ley de Huelga en el Senado.

Asisto a una conferencia de Paulina Beato en el Club Siglo XXI sobre política energética a pesar de que sé que voy a encontrar allí a Mario Conde y sus adláteres.

Raniero Vanni d’Archirafi, comisario de Mercado Interior, apoya mi posición de discrepancia con Delors. Yo explico en el Congreso que Delors no puede hacer hoy un juicio de una economía y mañana de otra, y tratar de cumplir con su misión de coordinación y armonización. Explico que si lo que dijo sobre España –que tuvo un efecto negativo sobre el cambio de la peseta– lo hubiera dicho sobre Reino Unido, la respuesta hubiera sido más fuerte y no sólo del Gobierno, sino también de la oposición inglesa.

23 de febrero de 1993

IU presenta una moción para mi reprobación en el Congreso. Lo hace, dice, de acuerdo con los sindicatos. Apenas obtuvo 21 votos de los 350. Hoy hemos almorzado en Moncloa el gobernador del Banco de España y yo. El tema: la recesión que ya campa a sus anchas.

25 de febrero de 1993

Claudio Aranzadi se muestra a favor de las tesis del presidente del Senado y mías en relación con la Ley de Huelga. Narcís Serra propone que el Gobierno deje de hacer comentarios sobre la misma, pero el propio Felipe González, en las jornadas de la Asociación de Periodistas Europeos (APE) de ayer, aseguró que la Ley de Huelga tiene aspectos que deben modificarse en el Senado y alentó a la CEOE a que presente sus alternativas a los grupos parlamentarios. Una vez más, también declara que respalda al 100 % la política económica actual. En la reunión no hubo entusiasmo. El empresariado ha empezado a alejarse del Gobierno con la crisis.

28 de febrero de 1993

Jacques Delors dice ahora que hay un malentendido entre él y yo.

Miquel Roca declara que un cambio en la política económica del Gobierno debería ir acompañado de otro ministro (tiene razón).

5 de marzo de 1993

Siguiendo a Roca, Jordi Pujol ha afirmado que yo debería dimitir para poder hacer otra política económica. En el fondo, sigue en la tesis catalana de siempre. Ahora, como no pueden defender su producción con aranceles, desean la apelación permanente a la devaluación de la peseta. En todo caso, sin embargo, es evidente que algunos que no se habían pronunciado claramente en contra de la política económica del Gobierno, como CiU o la CEOE, a la vista de los problemas derivados de la crisis se desmarcan del Gobierno.

El apoyo de Felipe González a mis posiciones en relación con los posibles cambios en la Ley de Huelga sigue siendo objeto de comentarios y reflexiones sobre posibles divisiones dentro del PSOE y del Gobierno. Por cierto, González salvó bien el debate sobre las medidas contra el desempleo del pasado mes de febrero, al menos en el terreno de su confrontación política con Aznar. En el terreno económico, sin embargo, el tema tiene muy mala solución. Hasta que no se vea una cierta estabilidad interna (salarios e inflación) y externa (la peseta dentro del SME) no se podrá hacer una política de tipos de interés bajos que cree seriamente empleo (la política fiscal, como ya debieran saber todos, no tiene en estos momentos margen de maniobra). Este diagnóstico no es grato para nadie y la gente critica la política económica –no por las razones debidas– y se aleja del Gobierno. Esta situación y la marcha de los ingresos públicos, incluidos los de la Seguridad Social, me tienen particularmente preocupado. Así se lo traslado al presidente del Gobierno, aconsejándole vivamente que adelante las elecciones a antes del verano porque para entonces será evidente la fuerte desviación de la ejecución presupuestaria sobre todo en la Seguridad Social.

Por su parte, Nicolás Sartorius nos critica duramente a Felipe González y a mí (me considera un «cadáver político»).

7 de marzo de 1993

En unas largas declaraciones a Joan Tapia, director de La Vanguardia, destaco los siguientes puntos:

a) La recesión es más profunda de lo previsto, pero el verdadero peligro es la inestabilidad del SME, que podrá retrasar gravemente la recuperación económica.

b) Comprendo la reacción contra el Gobierno en este periodo de crisis.

c) Los temores electorales no me van a llevar a proponer un cambio de rumbo.

d) Hay signos de descenso de la inflación en 1993. Cuando se produzcan y la inflación se consolide a los nuevos niveles se podrá pensar en una bajada significativa de los tipos de interés. De momento, hay que aceptar las imposiciones del ciclo económico sobre el ciclo político.

e) Sigue siendo imprescindible reducir el déficit público.

f) Hay que hacer una reforma laboral, mejor por consenso.

g) Hay que corregir el funcionamiento del SME introduciendo mayor flexibilidad.

8 de marzo de 1993

Recibo la medalla de la Fundación Carlos de Amberes de manos de mi buen amigo Miguel Ángel Aguilar.

11 de marzo de 1993

El Pleno del Congreso ha aprobado hoy la convalidación del Real Decreto-ley de medidas urgentes al tiempo que rechazaba su posterior trámite como proyecto de ley como pedía la oposición. PP y CiU se abstuvieron. A quienes me piden un pacto social en el debate les he dicho que no veo a los sindicatos con la disposición psicológica o el margen de maniobra político como para apoyar tal pacto.

Se ha filtrado que en el Ministerio de Economía y Hacienda estamos contemplando la posibilidad de una tasa negativa del crecimiento del PIB en este año, lo que es verdad. En Barcelona, a donde he venido a clausurar unas Jornadas Internacionales en el Centro Financiero Europeo, he declarado que la crisis todavía no ha tocado fondo. Anuncio también que la tasa de inflación se situará este año entre el 4 y el 4,5 %. Descarto, por otro lado, que se pueda crear empleo hasta 1994 por lo menos.

17 de marzo de 1993

Esta mañana, después de proponerme una reunión de urgencia, José Luis Corcuera viene a verme muy acalorado a mi despacho. El presidente del Gobierno le ha dicho cuál es mi posición respecto al adelantamiento de las elecciones y quiere que le explique mis razones para que el presidente pueda tener una segunda opinión. Le explico rápidamente cómo los crecientes déficits, tanto del Estado como de la Seguridad Social, indican una caída muy fuerte de la actividad económica, que ha entrado en tasas negativas ya y plantea una segunda parte del año tenebrosa. La gente, en mi opinión, va a aumentar su rechazo al Gobierno conforme la crisis se profundice. Le doy datos y le pongo ejemplos. Sale de mi despacho más convencido que yo mismo sobre la necesidad de convocar las elecciones de manera anticipada. Es lo que dice que va a transmitir el presidente junto con un estudio sobre previsiones de voto en estos momentos.

La reforma del sistema de financiación autonómico y la propia impopularidad de la política económica en esta época de crisis se ha sumado a la animadversión que muchos barones regionales ya tenían por mí a consecuencia de mis frecuentes enfrentamientos con UGT.

26 de marzo de 1993

Algún insensato ha convencido a Felipe González para ir a dar una conferencia en la Universidad Autónoma de Madrid. Era una encerrona y le han dado una fuerte pitada.

29 de marzo de 1993

Pepe Borrell se muestra partidario de un nuevo ciclo expansionista de las inversiones públicas para salir de la crisis. Sigue sin querer ver que no tenemos margen utilizable en la política fiscal.

30 de marzo de 1993

Firmo con el ministro de Economía de Argentina, Domingo Cavallo, y la banca española el acuerdo de canje de la deuda argentina con una condonación del 50 % del valor de la misma en la misma línea del que firmé con Pedro Aspe y la banca española para México.

1 de abril de 1993

Firmo con el ICO y la banca la nueva línea de crédito de 100.000 millones de pesetas para las pymes prevista en las medidas de reactivación económica aprobadas por el Gobierno.

En el Congreso de los Diputados, respondiendo a una pregunta de IU, me muestro contrario a un sistema permanente de subvención a la televisión pública. Los trabajadores de RTVE, por su parte, están preparando huelgas de corta duración (dos horas) como medida de presión ahora que se barruntan unas posibles elecciones.

2 de abril de 1993

El informe del Gobierno para la reforma del mercado de trabajo ha llegado al Consejo Económico y Social. Entre otras, en él se contemplan las siguientes medidas:

–Reducir el número de contratos temporales.

–Promover, a cambio, el contrato a tiempo parcial.

–Favorecer la movilidad funcional y acabar con las ordenanzas laborales franquistas.

–Favorecer la movilidad horaria y la geográfica.

–Apoyar la negociación salarial basada en la productividad.

–Eliminar la autorización administrativa en los expedientes de regulación de empleo (ERE).

–Reducir las indemnizaciones por despido.

–Adaptar la normativa española en esta materia a la de la CE.

–Reformar la negociación colectiva con el objetivo de descentralizarla.

Me deja muy satisfecho la orientación flexibilizadora del informe.

7 de abril de 1993

La derecha más reaccionaria, convocada al efecto, silba al Gobierno a la salida de la iglesia en el funeral de don Juan de Borbón en El Escorial y se escarnece conmigo particularmente.

Declaro que los responsables de la corrupción en el PSOE deberían dimitir y el partido pedir perdón por sus comportamientos. Hay que decirlo, pero saca de quicio a los guerristas y a Txiki Benegas, que ha mandado al presidente estos días una carta de denuncia de lo que él llama los «renovadores de la nada» en la que presenta su dimisión. La tensión en el PSOE sigue subiendo y la transmisión de directrices está fallando. En el Senado, por ejemplo, los guerristas sólo atienden algunas de las consideraciones de Felipe González en relación con la Ley de Huelga y otras no, en el primer síntoma de rebelión frente al Gobierno.

Felipe González viaja a Bad Hofgastein (Austria) para ver a Helmut Kohl, que está haciendo una cura de adelgazamiento allí. El propósito del viaje es pedir ayuda ante la nueva presión devaluatoria que está sufriendo la peseta cuando nos vamos acercando a un periodo electoral. Lo ideal, pensando no sólo en España, sino también en Europa, sería una reducción de los tipos de interés alemanes ya que queda excluida la revaluación del marco alemán. Si esto no se puede hacer, Felipe González le pedirá un apoyo a la cotización de la peseta mediante acuerdos de swap entre el Banco de España y el Bundesbank como el que éste tiene con la Banque de France.

7 al 11 de abril de 1993

Gloria y yo nos vamos a pasar cuatro días en Nápoles vía Roma. Fascinantes Positano y la costa amalfitana, así como el propio Nápoles y las ruinas griegas de Paestum. Hemos visto también Pompeya.

12 de abril de 1993

Felipe González anuncia su decisión de disolver el Parlamento y convocar elecciones generales. Una serie de leyes decaen, entre ellas la de la Huelga, la Ley de Autonomía del Banco de España o el nuevo Código Penal.

La inflación cae al 4 % anual. Buena noticia para iniciar la campaña.

14 de abril de 1993

Álvarez-Cascos anuncia acciones criminales contra «algún» miembro del Gobierno por el caso KIO. No tiene nada, pero desea sacar algún rédito electoral a este asunto.

Ante la amenaza ya evidente de recesión en Europa, la CE aprueba un plan de inversiones para crear 450.000 puestos de trabajo (35.000 millones de ecus, de los cuales la CE pone unos 7.000). Mientras tanto, el franco francés, con la ayuda ilimitada del Bundesbank, se estabiliza. Pero la noticia no tranquiliza a los mercados ya que saben cómo se ha conseguido la nueva estabilidad. La presión sobre la peseta se ha incrementado desde el anuncio de las elecciones.

En la reunión de hoy del ECOFIN en Luxemburgo vuelvo a manifestarme a favor de llevar a cabo una verdadera reforma del SME.

24 de abril de 1993

El ala izquierda del PSOE en Navarra critica mi elección como cabeza de lista por la circunscripción antes de la reunión que tenemos en el Comité Regional. Son minoritarios y vasquistas.

26 de abril de 1993

Nos reunimos el presidente del Gobierno, Felipe González, el gobernador del Banco de España, Luis Ángel Rojo, y yo ante la presión a la baja que vuelve a sufrir la peseta. Les explico mi propósito de negociar con Theo Waigel, ministro alemán de Hacienda, un acuerdo semejante al que el Bundesbank y la Banque de France tienen para sostener el franco francés, aprovechando que nos veremos en la reunión de primavera del FMI en Washington D.C. dentro de dos días. Luis Ángel Rojo (Banco de España) y Helmut Schlesinger (Bundesbank) estarán también en la reunión, así como Pedro Pérez y Hans Tietmeyer, los secretarios de Estado correspondientes.

27 de abril de 1993

Cena con el presidente y Narcís Serra. Repasamos la situación de los mercados y la marcha de las elecciones. La situación es muy delicada en ambos frentes.

28 de abril de 1993

Viajo a Washington para la reunión del Comité Interino del FMI.

30 de abril de 1993

En el Hotel Four Seasons de Washington, donde estamos alojadas las dos delegaciones, se ha producido la esperada negociación con los alemanes. Hago una introducción de carácter general sobre la imposibilidad de mantener el funcionamiento del SME con las reglas actuales. Les advierto que, si solicitamos un realineamiento para la peseta, nos van a seguir por el mismo camino al menos Portugal, Irlanda y quizá Grecia. Francia no lo hará, pero porque tiene el acuerdo secreto entre el Bundesbank y la Banque de France, ya que, según mis noticias, si consideramos sus compromisos de compra de francos a futuros, nuestros amigos franceses han agotado ya su reserva de divisas. Esta caída continuada de las tasas de cambio de las monedas débiles, arrastradas unas por otras, es prácticamente equivalente a una revaluación del marco alemán frente a todas, lo que, de haberse producido, hubiera dado lugar a un proceso más ordenado y menos atractivo para los especuladores que si se hubiera visto acompañada de una bajada de los tipos de interés del Bundesbank, y hubiera paliado la fuerte recesión en la que se encuentra la CE. No creía yo que este argumento les habría de impresionar demasiado teniendo en cuenta el desastre económico que representa la anexión de la antigua República Democrática y el terror de los alemanes a la inflación.

He complementado mi argumentación con consideraciones políticas: se han convocado elecciones en España y sería muy perjudicial para el Gobierno y su partido tener una devaluación antes de esa fecha, lo que, habida cuenta de la presión que está padeciendo la peseta, es un acontecimiento muy probable. Les he recordado la buena disposición de Kohl en su reunión con González en relación a este tema y he sugerido que, si no querían revisar el SME de manera global, al menos nos permitieran alcanzar un acuerdo semejante al que tienen con Francia entre el Banco de España y el Bundesbank. Ante esta petición, mi colega se quedó bastante desarmado (Theo y yo nos llevamos muy bien personalmente) y dejó que los otros dos rechazaran mi solicitud. Nos dicen que están más que arrepentidos del acuerdo que les impusieron con Francia y que por nada del mundo querrían extenderlo a otros países aunque tengan gobiernos tan amigos como el español y la relación entre Kohl y González sea la que es.

Después de más de una hora de conversación, nos retiramos a nuestras habitaciones con el sentimiento de fracaso en nuestras mentes y la convicción de que la devaluación de la peseta en plena campaña electoral es ya inevitable.

1 de mayo de 1993

El comunicado del Comité Interino del FMI hace referencia a la necesidad del aumento de la cooperación internacional y a la mejora de la coordinación de las políticas económicas. No consigo un compromiso mayor por parte de mis colegas que este acuerdo de intenciones del que Michel Camdessus dice que es un «acuerdo histórico del FMI» y del que me declara artífice en la rueda de prensa que hemos dado.

2 de mayo de 1993

Miquel Roca declara que, si sigo de ministro de Economía, CiU no pactará con el PSOE el apoyo de Gobierno. Xabier Arzalluz se suma igualmente a la necesidad de mi cambio. ¿Tan débil ven al PSOE?

3 de mayo de 1993

Debate electoral a cuatro (PP, CiU, IU y PSOE) sobre política económica en televisión. Salgo bastante bien librado a pesar de la natural alianza de todos contra el Gobierno. Con todo, mi posición se debilita conforme empieza a extenderse la convicción de que yo no estaré de ministro de Economía en el próximo Gobierno. Desde luego, ésa es mi intención –como ya se lo hice ver a Felipe González–, y no hago ningún esfuerzo por desmentirlo.

10 de mayo de 1993

Nuevo debate sobre la política económica, esta vez mano a mano con Rodrigo Rato. El resultado es claramente menos satisfactorio que el de la semana anterior. Con la presión inminente sobre la peseta tampoco yo me encuentro con el estado de ánimo más apropiado para un debate en el que Rato me derrota sin lugar a dudas.

12 de mayo de 1993

Patxi Zabaleta (Herri Batasuna) me reta a un debate en la campaña electoral de Navarra. No hago caso. Ante la situación de los mercados, almorzamos el presidente del Gobierno, Luis Ángel Rojo y yo. Se decide la devaluación de la peseta en plena campaña electoral. No queda otro remedio dada la sangría de divisas que está representando la intervención del Banco de España en el mercado de cambios.

13 de mayo de 1993

La peseta se devalúa de nuevo. Ahora un 8 %, con un nuevo cambio central de 79,11 pesetas por marco alemán. Lo explico en rueda de prensa basándome en la incertidumbre política y el nerviosismo de los mercados. Anuncio que, solventado el tema del cambio, los tipos de interés podrán bajar un punto y medio. Los que, como Jordi Pujol, han estado suspirando por la devaluación y reducción de tipos de interés dicen ahora que hacerlo es «un fracaso rotundo». El impacto político de la decisión, a la que acompaña, por cierto, un mal dato de inflación, es el que cabía prever en medio de una campaña electoral. Algunos comentaristas están felices por la difícil situación del Gobierno y el empeoramiento de las perspectivas electorales del PSOE. Veremos qué se puede hacer.

17 de mayo de 1993

En Navarra, en plena campaña electoral, reconozco en una rueda de prensa que mis ambiciones como ministro están ya satisfechas y doy a entender que no me importaría salir del Gobierno después de las elecciones.

20 de mayo de 1993

Ayer fui a un acto con empresarios en Ciudad Real. Salió muy bien. Se ve que no siguen los periódicos de Madrid. Lo mismo ha pasado hoy en Zaragoza.

21 de mayo de 1993

Reunión informal del ECOFIN en Dinamarca. Defiendo que se mantenga el calendario de la Unión Económica y Monetaria y que no se cambien –flexibilizándolas– las condiciones acordadas (criterios de Maastricht). Por lo demás, no existe acuerdo entre nosotros sobre la interpretación de la crisis económica y la del SME. Francia, Reino Unido, Italia y nosotros lo achacamos a los altos tipos de interés alemanes derivados del elevado coste monetario y fiscal del proceso de reunificación. Los alemanes, por su parte, piensan que hay muchos países poco competitivos (Reino Unido, Francia, Italia, España, Portugal), en lo cual tampoco les falta razón.

24 de mayo de 1993

Debate entre Felipe González y José María Aznar. Gana Aznar.

26 de mayo de 1993

El Banco de España ha bajado hoy un cuarto de punto adicional el tipo de interés hasta el 11, 25 % (antes de la devaluación, el tipo era del 13 %).

Se publica que la CE está considerando mi nombre como posible sustituto de Michel Camdessus en el FMI. A mí nadie me ha dicho nada.

5 de junio de 1993

Los últimos días hasta el final de la campaña electoral han transcurrido entre declaraciones y mítines. No se habla de otra cosa y no existe ninguna preocupación mayor que obtener votos como sea posible. Yo estoy convencido de que, a pesar del desgaste del último año, seguimos siendo favoritos, aunque no tanto como para renovar la mayoría absoluta. Con todo, mantenemos el tono. Tanto González en su segundo debate con Aznar (ahora mucho más favorable a sus intereses) como yo mismo seguimos hablando de reforma del mercado laboral sin considerar que ello deba impedir la búsqueda de un nuevo pacto social –en el que yo, quizá a diferencia de Felipe González, no creo en absoluto– y sin temer el efecto de ello sobre los resultados electorales.

Por lo demás, se sigue especulando sobre mi posible salida del Gobierno y los puestos que podría ocupar. Ahora a la dirección del FMI se han sumado la presidencia del Instituto Monetario Europeo y la del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes.

6 de junio de 1993

Ganamos las elecciones, pero no con mayoría absoluta.158 Tenemos un magnífico resultado en Navarra pese a mi delicada situación como ministro de Economía y Hacienda casi en funciones.

9 de junio de 1993

En los últimos días se ha extendido ampliamente la idea de que quiero ser el nuevo portavoz parlamentario del PSOE. Yo he sido quien más ha contribuido a ello. Los guerristas se ponen en tensión. Es el único reducto claro de poder que les queda porque en Ferraz ya van siendo cada vez menos importantes. También se menciona a Joaquín Almunia para ese puesto. Cuando hoy le he pedido a González que me apoye para ser jefe de Grupo Parlamentario se ha quedado desconcertado y me ha contestado que él había previsto precisamente a Almunia para ese cargo. Luego ha sonreído, como si adivinara mis objetivos últimos que yo mismo no conozco, y tras algunas dudas ha decidido apoyarme en una campaña interna que ambos prevemos que va a ser muy dura. Como ya ocurriera en la crisis de Gobierno de 1991 cuando salió Alfonso Guerra de la vicepresidencia, me dice que ha pensado en Pedro Solbes para sustituirme en el Ministerio.

17 de junio de 1993

Almuerzo con Claudio Aranzadi para explicarle cómo están las cosas en relación a mi salida del Gobierno. Él descuenta ya la suya, particularmente si yo no sigo.

21 de junio de 1993

En la clausura de la Asamblea General de Cajas de Ahorro, sintiéndome más libre de mis responsabilidades como ministro de Hacienda ahora que lo voy a dejar, he señalado, refiriéndome a los altos salarios pactados en los convenios, que la docilidad de los empresarios para aceptar elevadas alzas salariales exigidas en las negociaciones por quienes tienen un contrato fijo constituye una conspiración contra el empleo. Como cabía esperar, la patronal y los sindicatos se enfadan y dicen pestes de mí (afirman que hablo de «viejas recetas»). Estas declaraciones mías y otras de Luis Ángel Rojo rebajan seriamente las expectativas de un nuevo pacto social.

Esta noche he cenado con Txiki Benegas y Francisco Fernández Marugán para hablar de mi candidatura a portavoz del Grupo Parlamentario. Se han quedado horrorizados cuando se lo he confirmado. Creen que es la guerra final. Yo les he dicho que no tiene por qué ser así. Pero ellos declaran que van a luchar contra mí y van a poner a la Ejecutiva en mi contra.

25 de junio de 1993

La Ejecutiva del PSOE, profundamente dividida y por un margen muy pequeño, da respaldo a la propuesta del secretario general, Felipe González, de presentar mi candidatura a la presidencia del Grupo Parlamentario Socialista. Los perdedores de la votación, con Alfonso Guerra a la cabeza, no acatan la decisión de la Ejecutiva Federal, rompiendo con la regla de la disciplina de voto desde el primer momento. Las siguientes horas hasta que llegue la votación van a ser horas de presiones e intimidaciones. Decido intervenir en ello lo menos posible, aunque naturalmente tendré que pedir el apoyo de algunos, como me recuerdan mis partidarios, que no ven nada claro el resultado final de la elección en el Grupo Parlamentario. En todo caso, este es el enfrentamiento más claro entre Guerra y González.

156. La Corporación Bancaria de España, que enseguida cambió su nombre a Argentaria, fue fundada en mayo de 1991. Agrupaba a las entidades bancarias entonces en manos del Estado: Caja Postal de Ahorros, Banco Hipotecario de España, Banco de Crédito Local, Banco de Crédito Agrícola, Banco de Alicante.

157. Mariano Rajoy era entonces diputado en Cortes Generales, miembro de la Ejecutiva Nacional y vicesecretario general del PP.

158. En las elecciones generales de 1993 el PSOE consiguió 159 diputados (16 menos que en las elecciones anteriores) y el PP 141 (34 diputados más que en las elecciones de 1989). El tercer partido más votado fue IU, que obtuvo 18 diputados (uno más que en 1989).

6

DEL GOBIERNO AL PARLAMENTO

28 de junio de 1993

Salgo elegido presidente portavoz del Grupo Parlamentario del PSOE por 82 votos contra 66, que obtuvo el candidato guerrista Eduardo Martín Toval, tras dos horas de un debate donde la tensión estuvo más en los gestos y en el ambiente hostil entre unos y otros que en los discursos. González, ante el éxito de su propuesta, declara que no será necesario adelantar el Congreso del PSOE (previsto para la primavera de 1994), como algunos habían especulado dando por descontado que sería derrotada mi candidatura. Ésta ha sido una victoria más suya que mía.

29 de junio de 1993

En uno de mis primeros actos como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista me niego a ratificar el acuerdo que Eduardo Martín Toval y el PSOE habían alcanzado con IU para garantizarle un miembro en la Mesa del Congreso. Entretanto, se sigue especulando sobre el apoyo a la investidura y la posible entrada en el Gobierno de CiU y PNV. Sólo la primera es factible, aunque con enormes dificultades según preveo.

30 de junio de 1993

Se ha formado una comisión para negociar con CiU sus relaciones con el Gobierno del PSOE ahora que ha quedado ya descartada su participación en el mismo. Por parte del PSOE estamos Benegas, Borrell, Eguiagaray y yo. Hoy, a la salida de la primera reunión, Miquel Roca y yo destacamos en la rueda de prensa el avance en la coincidencia programática.

1 de julio de 1993

Aunque he sido elegido presidente y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista sigo como ministro de Economía y Hacienda en funciones hasta que se forme el nuevo Gobierno.

Aparecen las cifras de la contabilidad nacional del primer trimestre del año. Es la primera vez que se publica la contabilidad nacional trimestralizada en la historia de nuestro país. Los datos son francamente malos, aunque no totalmente inesperados. El PIB tuvo un caída del 1,1 % en los primeros tres meses del año. Preveo que, cuando lo conozcamos, el resultado del segundo trimestre será peor.

Hoy me he reunido con Rodrigo Rato, que es el portavoz parlamentario del PP. Dos cosas a señalar. La primera, contestando a preguntas mías, dice que no cree que vayan a seguir con la estrategia de la crispación de la anterior legislatura acusándonos a todos de ladrones; en su opinión, los comicios han demostrado que ese argumento no modifica la intención de voto. La segunda es que me entero de que él puede hablar de las relaciones entre el Grupo Parlamentario del PP en el Congreso y el del PSOE, pero para discutir de las mismas respecto de los grupos parlamentarios del Senado debería entrar en contacto con Alberto Ruiz-Gallardón, que es el portavoz allí. Se muestra totalmente refractario a tocar cualquier tema relacionado con el funcionamiento del Senado. Llegamos, por otra parte, a algunos acuerdos de funcionamiento del Congreso de los Diputados, entre otras cosas, sobre el número de comisiones parlamentarias.

5 de julio de 1993

Siguiendo una instrucción muy poco precisa de Felipe González de sondear la formación de un Gobierno de coalición con CiU y PNV, me reúno al frente de una delegación del PSOE con estos últimos en Moncloa. La delegación del PNV la encabeza Iñaki Anasagasti y le acompañan José Luis Larrea (consejero de Hacienda en Euskadi) y Juan María Ollora. Conmigo están los mismos que en la reunión anterior con CiU. Después de cinco horas no llegamos a ningún acuerdo de gobierno. Ellos, como los catalanes, se inclinan a un apoyo crítico al Gobierno desde fuera y a no dificultar la investidura de Felipe González como primera providencia. Más tarde, hablo con Rato y Roca para asegurar la reunión de mañana de la Mesa del Congreso, la primera de esta legislatura.

6 de julio de 1993

Reunión de la Mesa del Congreso. A la salida de la misma me reúno de nuevo con Rodrigo Rato, más tarde con Miquel Roca y finalmente con el presidente del Congreso en funciones y también futuro presidente, Félix Pons.

7 de julio de 1993

Junta de Portavoces para estipular las condiciones del debate de investidura. Me viene a la memoria lo que precedió al de la investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo en febrero de 1981. ¡Cuántas cosas han pasado desde entonces!

Reunión del Grupo Parlamentario del PSOE por la tarde. Se palpa todavía una situación tensa por parte de los guerristas y, en general, hay mucha expectación sobre los cambios que puede haber en el funcionamiento del grupo y en la designación de los responsables de las diversas áreas.

9 de julio de 1993

Ayer comenzó el debate de investidura. El discurso de Felipe González resulta un tanto débil, anunciando cambios que más bien parecen cosméticos y, en todo caso, poco creíbles. Me indigna la debilidad que creo adivinar detrás de sus palabras y que atribuyo a los puntos de vista de Narcís Serra y de Alfredo Pérez Rubalcaba. Yo no he intervenido hasta hoy, día 9, cuando ya todo se había dicho. Mi intervención ha sido muy elogiada hasta por algunos enemigos mediáticos. Al final, la investidura de Felipe González resultó apoyada por 181 diputados: mayoría absoluta.

13 de julio de 1993

Nuevo Gobierno. Almuerzo de despedida del anterior. Contra lo que especulan los medios, por primera vez desde 1985 no he tratado de influir en la composición del nuevo Gobierno, que, por lo demás, me parece manifiestamente mejorable.159

14 de julio de 1993

Inauguración solemne del nuevo Parlamento. Por la noche asisto a la cena tradicional que Pancho Pérez González160 da en su casa por estas fechas. Me encuentro allí a Carlos Espinosa de los Monteros, presidente de Mercedes Benz España, despotricando de Aranzadi y de mí sin ninguna razón. El suyo es un caso de egocentrismo atroz. Tanto Claudio Aranzadi como yo hicimos lo posible por facilitar su carrera profesional en Mercedes Benz cuando la multinacional nos preguntó sobre su idoneidad a pesar de su actitud tan hostil con el Gobierno socialista.

Antes, a media tarde, he ido al Ministerio a la toma de posesión de Pedro Solbes, a quien transmito mis poderes con unas palabras amables para él y otras irónicas para la prensa.

20 de julio de 1993

Despacho con el presidente del Gobierno. Antes he asistido a la reunión de la Junta de Portavoces. Le explico la marcha de las negociaciones con los grupos parlamentarios nacionalistas.

Veo por la tarde a la representante de IU, Rosa Aguilar. A pesar de su aire monjil, del que desconfío, me siento aliviado de no tener que tratar el día a día con el presuntuoso de Julio Anguita.

21 de julio de 1993

Hoy he recibido, uno tras otro, a los dos jueces que, tras las elecciones, son diputados por el PSOE. Ventura Pérez Mariño me parece un hombre de convicciones, pero muy verde en lo que se refiere a la actuación política. Más difícil de juzgar me parece Baltasar Garzón, a quien le he ofrecido la portavocía o la presidencia de las comisiones de Justicia y la Constitucional. He visto que acogía con desdén las propuestas mientras me miraba con cierta desconfianza. Al final, me ha confesado que el presidente le quiere para una Secretaría de Estado en el Ministerio del Interior. No lamentaré su ausencia. Todavía no comprendo cómo Javier Solana ha aceptado pasar al tercer puesto en la candidatura del PSOE en Madrid dejando a este juez vanidoso el segundo. Dicen que José Bono ha tenido mucho que ver con la llegada de estas dos piezas a nuestras candidaturas. Sólo eso debería ser una buena razón para observarles con cuidado.

Por la tarde veo a Rodrigo Rato y Alberto Ruiz-Gallardón para hablar de asuntos del Senado con nuestro portavoz allí. Antes he almorzado con Alfredo Pérez Rubalcaba, que estará a cargo de las relaciones con las Cortes. Es inteligente y flexible –quizás demasiado–, como ya he podido comprobar durante el tiempo que hemos coincidido en el Gobierno.

22 de julio de 1993

Primer pleno ordinario del Congreso. En la reunión previa del Grupo Parlamentario Socialista, Txiki Benegas me pide que tenga una reunión con Alfonso Guerra en Ferraz. Después de decírselo a Felipe González, para que no le pille de sorpresa y lo malinterprete, accedo a ver mañana a Alfonso.

23 de julio de 1993

Me entrevisto con Alfonso Guerra, que me pregunta por las cosas del Congreso de los Diputados aparentando una cierta frialdad. Le cuento las negociaciones con los diversos grupos parlamentarios y le resumo la situación diciendo que mi principal labor ahora es garantizar la consolidación del nuevo Gobierno a través de los apoyos parlamentarios porque todo está cogido con alfileres y la estabilidad del Gobierno es muy frágil. Casi salta de la silla cuando me oye. Se asegura: «¿Sabes lo que has dicho?», me pregunta. «Lo que has oído», le contesto. Nos despedimos de manera cortés.

27 de julio de 1993

Reunión de la Comisión Ejecutiva del PSOE a la que asisto, con voz pero sin voto, como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, al que me propongo dar mayor peso en la estructura general del PSOE. Felipe González me pregunta que cuándo salgo para La Habana a hablar con Fidel Castro y su Gobierno. Le digo que estoy organizando una pequeña delegación con la ayuda de José Juan Ruiz, que, por cierto, deja el Ministerio y se va a Argentaria con Paco Luzón. Todo este asunto nace de una fuerte discusión que tuvieron Fidel Castro y Felipe González durante la Cumbre Iberoamericana hace unos días en Salvador de Bahía a propósito de las múltiples causas de la postrada situación de la economía cubana que Castro achacaba exclusivamente al embargo norteamericano. De la discusión, no sé cómo, salió la idea de que yo viajara allí y les diera mi opinión a ambos sobre lo que se podría hacer en Cuba para volver al crecimiento económico (si es que alguna vez lo hubo durante el castrismo). El presidente me miró como si estuviera loco cuando le propuse hacer el viaje después de las vacaciones de agosto. Se negó: tenía que salir inmediatamente. Así que mañana por la noche salgo para La Habana con José Juan Ruiz hasta el próximo día 1 de agosto.

5 de agosto de 1993

El viaje a La Habana resultó inolvidable en más de un sentido. Llegamos a la ciudad y en el aeropuerto nos esperaban las autoridades para acompañarnos a la casa de protocolo que nos habían destinado en el Vedado (yo conocía el distrito bien desde mi anterior viaje oficial acompañando al presidente González hace algunos años). La piscina estaba sucia y vacía (no funcionaba la máquina depuradora), el jardín y la casa descuidados y los aparatos de aire acondicionado rugían como motores de avión. Si querían que en un solo vistazo nos diéramos cuenta de la precariedad de la situación económica de la isla lo consiguieron totalmente. En los siguientes días, en nuestras entrevistas en el Banco de Cuba y los diversos ministerios, confirmamos esta impresión. Sin la ayuda soviética después de la crisis política y económica de la antigua URSS (que se instrumentaba a través del sobreprecio que pagaban los rusos por el azúcar cubano y el enorme descuento en el petróleo que suministraban a la isla), la economía cubana se había encontrado sin oxígeno para sobrevivir. El fracaso de la socialización de la economía había llevado a la disminución paulatina de empresas y sectores enteros de actividad. La zafra de caña cada vez era menos relevante y el otro artículo de exportación, el tabaco, no hubiera podido producirse si no fuera porque Tabacalera y la banca española financiaban el capital circulante mediante créditos de campaña.

Sin el pago de la deuda, Cuba no tiene acceso a la financiación internacional y se ve sujeta a los acuerdos del Club de París. Esta es una situación que sólo puede cambiar si Cuba acepta llevar a cabo reformas para implantar un mercado libre, con la creación de empresas privadas y las garantías suficientes sobre la propiedad, y con ayuda financiera del FMI, organismo al que ahora Cuba no pertenece. A consecuencia de este círculo vicioso, la isla no tiene ahora importaciones imprescindibles para mantener la producción de sectores estratégicos como el de la energía, las telecomunicaciones o los transportes; la industria no existe, la maquinaría que tenía va desapareciendo físicamente (por la canibalización de piezas) y la agricultura, sin fertilizantes, semillas o créditos de campaña, no permite alimentar a la población. En un país que tenía un gran sistema sanitario, los índices de salud han bajado a niveles ínfimos, han reaparecido el dengue y otras enfermedades epidémicas mientras que los artículos en la cartilla de racionamiento de las familias cubanas (leche, verduras, legumbres, carnes, cigarrillos) se van reduciendo. El país, en fin, está al borde la inanición.

La primera noche se había preparado una cena formal en el Palacio de la Revolución. Allí estaban Fidel Castro y la mayor parte del Gobierno de Cuba más algunos miembros de la dirección del partido. Nos acogieron con gran simpatía y, después de los intercambios habituales en estas cenas, el tema –entre Fidel y yo, ya que los otros veinte o treinta asistentes no hablaban– vino a centrarse en las enormes dificultades de Rusia en el proceso de transformación hacia el capitalismo, que nuestro anfitrión acogía con la satisfacción del que ya sabía lo que iba a pasar y se lo había advertido a Gorbachov.

Aprovechando un momento en que el comandante hizo un alto en el discurso, pasé a explicarle que muchos de los problemas de la URSS o de Rusia y los países que la han sucedido no son consecuencia del cambio de sistema, sino de los fallos de funcionamiento del sistema anterior, y la URSS hubiera tenido que enfrentarse a ellos también aunque no se hubiera producido el espectacular cambio político de los últimos cinco años. Ello me dio pie a hablar sobre los problemas de Cuba y sus posibles soluciones y, en todo caso, sobre la necesidad ineludible de introducir reformas que llevaran a la aparición de mercados y de la libertad económica, que, para consolidar los avances sociales del régimen en educación, sanidad y quizás otras áreas, deberían ir acompañadas de una reforma fiscal adecuada, que impidiera la aparición de grandes desigualdades en la distribución de la renta, y de una reforma financiera y en el marco jurídico que atrajera nuevos inversores que favorecieran el proceso de transformación.

Lanzado ya por este camino, reparé en que había un silencio impresionante en el gran salón donde estábamos cenando. Llevaba más de diez minutos hablando y, aunque tenía mi mirada dirigida fijamente hacia Fidel Castro, me di cuenta de las caras de perplejidad de sus colaboradores, sorprendidos por mi monopolio de la conversación. Pero yo ya no estaba dispuesto a parar. Seguí hablando en medio de la expectación general otros diez o quizás quince minutos más. Cuando terminé, Castro se dirigió a los suyos y les dijo algo así como: «Atiendan ustedes a lo que Solchaga nos ha dicho». Poco después levantó la mesa y, mientras unos y otros hablaban en corrillos, me llevó a un lado del gigantesco salón del palacio y me confió que iba a introducir inmediatamente cambios en el Gobierno (lo que, en efecto, hizo en los siguientes días mientras seguíamos todavía en la Habana), entre ellos el del ministro de Economía. También me hizo una confesión muy particular: «Solchaga –me dijo– es posible que tenga usted razón sobre lo que hay que hacer, pero esas cosas las tendrá que hacer otro».

Esta frase podría ser el resumen del viaje. Pero no nos hemos rendido. Obtuvimos datos sobre el consumo y la inversión, la producción interna y la situación del comercio exterior, el turismo y la balanza de pagos. Echamos un vistazo al funcionamiento de las instituciones económicas y con todo ello hicimos un informe sobre la situación y las posibles salidas a la misma, elaborado fundamentalmente por José Juan Ruiz, del que entregamos una copia a Fidel Castro. Otra se la he entregado yo a Felipe González a mi vuelta.

Las conclusiones son absolutamente pesimistas. No hay otra posibilidad que introducir reformas que lleven a una economía de mercado con mayor grado de apertura si se quiere, no ya que el país se desarrolle seriamente, si no que no padezca todo tipo de carencias de bienes y servicios simplemente necesarios para sobrevivir con una mínima dignidad. ¡Casi medio siglo de revolución para estar peor que en el punto de partida!

Veremos cómo sigue esta conexión con el Gobierno de Cuba, si van a querer seguir aguantándonos o nos van a mandar a freír espárragos. Ellos dicen que se apuntan a lo primero.

31 de agosto de 1993

De vuelta a Madrid nos fuimos ya de vacaciones: Gloria y yo pasamos diez días solos en Francia s y luego, tras visitar a Miguel Boyer y a su mujer, Isabel Preysler, que están en la Costa Brava, tomamos el ferri en Barcelona para Mallorca, donde nos quedamos hasta fin de mes.

2 de septiembre de 1993

Despacho con el presidente del Gobierno. Le advierto que la cesión de parte de la recaudación del IRPF a las comunidades autónomas, que Cataluña pide para apoyar al PSOE en la gobernación y que yo no excluí en mis negociaciones con ellos, se ve ahora dificultada por la oposición de los guerristas (Carlos Sanjuán, secretario general del PSOE en Andalucía, y Juan Carlos Rodríguez Ibarra, presidente de la Junta de Extremadura). Esto hará más difíciles las negociaciones posteriores con CiU de cara al respaldo necesario en la aprobación de los Presupuestos.

Se ha publicado, por otro lado, que José María Mohedano, secretario del Grupo Parlamentario Socialista, ha tenido relaciones profesionales como abogado con un personaje de dudosa moralidad que, además, le prestaba su coche de lujo, un Jaguar, para pasear por Madrid. No hay ninguna acusación concreta contra él, pero, ante el escándalo de la prensa y las propias presiones de los compañeros del Grupo Parlamentario, me ha presentado hoy su dimisión y yo me he inclinado por aceptarla.

Antonio Gutiérrez me acusa en Tribuna de haber ocultado el déficit público. No es verdad.

7 de septiembre de 1993

Coincido con Juan Carlos Rodríguez Ibarra en rechazar la creación de un órgano intermedio en el PSOE –entre la Comisión Ejecutiva y el Comité Federal– de carácter territorial como la que proponen los componentes del llamado Grupo de las Navas, que no quieren ser guerristas ni solchaguistas. Esta propuesta es el resultado de una ocurrencia de Ramón Vargas-Machuca,161 Manuel Escudero162 y Miguel Ángel Quintanilla.163 Al final, González tendrá que ceder –con Guerra y conmigo fuera del núcleo duro del liderazgo del PSOE– a las presiones de los más bien mediocres barones regionales.

Empiezan las designaciones de los portavoces del PSOE en las distintas comisiones y de los presidentes de las mismas que nos corresponden. Aunque los periodistas señalen que he dejado fuera de responsabilidades y puestos distinguidos a guerristas tan notorios como el propio Eduardo Martín Toval, los propios guerristas están satisfechos pensando que no he hecho la escabechina que se temían.

Almuerzo con el presidente del Congreso, Félix Pons, y le cuento las negociaciones.

Asisto, con voz pero sin voto, en calidad de portavoz del PSOE en el Congreso, a la reunión de la Ejecutiva del PSOE.

8 de septiembre de 1993

Recibo al historiador y conservador de La Habana Eusebio Leal, a quien conocí en mi viaje a Cuba de finales de julio-principios de agosto. Creo que viene a palpar el pulso del Gobierno después de mi viaje, que allí tuvo mucha repercusión a pesar de la discreción con la que se llevan a cabo las reuniones con el régimen castrista.

9 de septiembre de 1993

Almuerzo con el nuevo ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch. Le había pedido encarecidamente al juez Clemente Auger164 que me propusiera el almuerzo. Parece que siente una gran admiración por mí. No saco una impresión muy positiva del nuevo ministro. En el fondo, sólo quiere saber si existe una fórmula mágica para estar cerca de Felipe González. Parece creer que yo la tengo.

10 de septiembre de 1993

Almuerzo con dirigentes del PNV. Éstos exigen la retirada del recurso contra su decreto de «vacaciones fiscales» en el País Vasco si queremos su apoyo en los Presupuestos. Es bastante humillante tener que aceptar estas exigencias de vascos y catalanes. Pero, sin ellos, este Gobierno duraría poco.

Alfonso Guerra, en un mitin en Asturias, afirma que está pensando en dejar el PSOE por su derechización. Cuando los periodistas me preguntan sobre ello, contesto negando la derechización y añadiendo que no hay razones para que abandone el partido, pero que si lo hiciera, eso no supondría una crisis para el PSOE. El pobre Carlos Sanjuán, sin nombrarme, me llama necio (porque hablo de lo que no he oído y se refiere a «la conjura de los necios»). Después de lanzar la piedra, Alfonso Guerra y los suyos dan marcha atrás sobre lo que dijo. Cuando me preguntan sobre las palabras de Carlos Sanjuán, contesto que «él tiene una autoridad sobre necios y conjuras de la que yo siempre careceré». En fin, se nota que en pocos meses tendremos Congreso del PSOE.

14 de septiembre de 1993

Reunión del Grupo Socialista con el presidente González. Los guerristas exponen sus quejas (Javier Sáenz de Cosculluela dice que he hecho una purga en el Grupo Parlamentario). Otros que hablan son Carlos Navarrete y Manolo de la Rocha, éste último de Izquierda Socialista.

16 de septiembre de 1993

Me reúno con Carlos Fuentes, que está estos días en Madrid. Almuerzo con Luis Ángel Rojo y luego doy una entrevista a El País.

17 de septiembre de 1993

Hoy me ha entrevistado La Vanguardia. Como la de ayer con El País, la he venido retrasando hasta que pasaran las dos primeras semanas de septiembre.

Las aguas del enfrentamiento interno parece que se van aquietando después de la tensión de la semana pasada.

Se complican las negociaciones con CiU para su apoyo a los Presupuestos (de entrar en el Gobierno ya ni se habla). Miquel Roca dice con gracia que la culpa es mía porque «yo mando mucho» y eso desorienta a los otros miembros de la delegación socialista. En diversas publicaciones se intenta irritar al Grupo Parlamentario Socialista diciendo que me comporto con los compañeros diputados y senadores que lo componen de manera autoritaria (alguno me llama sátrapa) y al Gobierno diciendo que actúo como si todavía fuera un ministro con mucho poder. Yo creo que no van a conseguir nada por ahí. El Grupo Parlamentario nunca ha estado tan informado como ahora sobre lo que hace el Gobierno o se decide en la Ejecutiva del PSOE. En cuanto a los ministros, ya saben que no me siento en el Consejo y eso significa una diferencia abismal. Yo he estado demasiado tiempo allí como para olvidarlo.

20 de septiembre de 1993

Nueva reunión con CiU: el acuerdo presupuestario ya está casi hecho. Roca y yo declaramos que todavía existen diferencias, pero que son de matiz.

23 de septiembre de 1993

Se publica en El País que en julio pasado me reuní con Alfonso Guerra. Se lo ha contado él para explicarles que en el PSOE el enfrentamiento es limitado y que no he hecho una limpieza de guerristas a la hora de cubrir los puestos de responsabilidad en el Grupo Parlamentario, como algunos dicen.

24 de septiembre de 1993

Reunión con el Eurogrupo Parlamentario del PSOE.

Preocupado por no obtener todo lo que desea, Jordi Pujol declara que estoy dando una falsa imagen de la marcha de las negociaciones presupuestarias con CiU. Normal.

27 de septiembre de 1993

Almuerzo con Mariano Rubio y ceno con Felipe González y Narcís Serra en Moncloa. El primero me cuenta cuáles son sus planes profesionales cuando acabe su periodo de incompatibilidad para aceptar responsabilidades en el sector financiero privado. Con González y Serra hablo de las negociaciones de los Presupuestos. Sobre el contenido de las mismas prefiero no pronunciarme.

30 de septiembre de 1993

ABC publica que la delegación cubana que se entrevistó en Naciones Unidas con Javier Solana con ocasión de la Asamblea de la ONU le anunció a éste la próxima llegada de una delegación a España para «recibir más consejos de Solchaga». Se cuenta mi viaje de finales de julio y primeros de agosto a la isla sin entrar en detalles. En principio, era un viaje no oficial.

1 de octubre de 1993

Conferencia sobre el futuro del PSOE en Bilbao. Participo en ella con Joaquín Almunia, Raimon Obiols y otros como Manolo de la Rocha. Me enfrento con algunos de ellos. Quizás he ido demasiado lejos en algunos casos, pero es que cada día soporto peor la beatería progresista de gente como Obiols.

El ministro José Antonio Griñán anuncia medidas de reforma en el mercado de trabajo que son básicamente las del Programa de Convergencia que presentó el Gobierno al ECOFIN y que hoy ha olvidado casi todo el mundo.

5 de octubre de 1993

Reunión con la Comisión Ejecutiva del PSOE. Luego me reúno con el Comité Permanente del Grupo Parlamentario para explicarles lo allí tratado.

7 de octubre de 1993

De vez en cuando se reproducen los reproches de dirigentes del PSOE a lo que algunos llaman mi «delirio liberal». Josep Borrell critica mi posición sobre el tema del suelo y de la vivienda, y mis deseos de reducir la intervención administrativa en el proceso de construcción. Dice que no entiendo nada de esto. Tengo que contenerme para no contestarle que él sí entiende, a juzgar por el famoso «catastrazo». Raúl Heras, que trabaja para Pepe Bono (y quizá también para otros), escribe un artículo analizando las posiciones dentro del PSOE de cara al próximo congreso. Yo he tratado de contestar a la deformación que se ha hecho de mis posiciones publicando un artículo en El País el pasado 5 de octubre con el título «El debate en el seno del PSOE». Los compañeros, mientras tanto, siguen pronunciándose sobre el debate y González deja conocer que apoya que se haya abierto éste.

Me voy a Galicia a apoyar el PSdeG-PSOE en la campaña electoral para la comunidad autónoma. Antolín Sánchez Presedo –a quien los guerristas gallegos detestan– es el candidato del partido para la presidencia de la Xunta. Tiene pocas posibilidades, aunque parece un buen chico.

Publico otro artículo hoy en El País sobre el mercado del suelo aclarando mi posición en este tema, que confieso inspirado sobre el trabajo que sobre el mismo estaba haciendo el Tribunal de Defensa de la Competencia en los últimos meses. Borrell pide disculpas por «valorar mis conocimientos» sobre vivienda y urbanismo. Los guerristas lo lamentan (que Borrell se haya disculpado).

Como recordé el pasado franquista de Manuel Fraga en un mitin en la campaña gallega, José María Aznar dijo en la radio, sin venir mucho a cuento, que si yo quería hablar del pasado «y de negocios, empezando por los del señor Solchaga», él estaba dispuesto a hacerlo. «Podemos empezar ahora mismo, pero con el señor Solchaga delante», añadió. En el primer momento no me enteré porque en plena campaña gallega me pasó desapercibido. Vi después que Pilar Urbano publicó en El Mundo un artículo titulado «¿Qué sabe Aznar de Solchaga?». Aun así no me apercibí de que se estaba formando una inquisitoria contra mí en el entorno del periódico y en la que participaban también casi todos los del Sindicato del Crimen.

De momento, yo me he conformado con enviar una carta pública a José María Aznar retándole a hacer públicas nuestras declaraciones de renta y patrimonio –incluidas las de nuestras esposas, si es preciso, con levantamiento de acta por parte de la Inspección de Hacienda. El Mundo se queda sorprendido por esta iniciativa y sólo sabe responder que «los desplantes de Solchaga, por desgracia, están muy devaluados». ¿De qué desplante habla?

En torno a la discusión sobre el futuro del Estado del Bienestar dentro del partido, la mayoría de los miembros del PSOE consultados se inclina a pensar que Felipe González apoya mis posiciones respecto del mismo: es decir, la racionalización del gasto y de las normas que lo rigen.

Envío una carta a los parlamentarios del PSOE pidiéndoles disciplina a la hora de plantear propuestas de aumento de gasto en los Presupuestos. Intento reducir las presiones que vienen de casa ahora que tenemos que ceder a algunas de las que vengan de fuera para alcanzar un respaldo suficiente al proyecto del Gobierno.

13 de octubre de 1993

Me reúno con CiU. Aceptan finalmente apoyar los Presupuestos, lo cual prácticamente aleja durante un año el escenario de crisis de Gobierno.

Aznar, por su parte, hace mucho ruido, pero no acepta mi propuesta de comparar nuestros estados financieros. ¡Dice que habiendo sido yo ministro de Hacienda eso me da ventaja!

19 de octubre de 1993

Casimiro García-Abadillo publica un artículo con el título «Solchaga, su mujer y su BMW viajaron gratis a Palma». Es verdad que Transmediterránea no quiso cargarnos el viaje en el ferri desde Barcelona a Palma ni el de nuestros hijos desde Valencia. Me doy cuenta de que cometí un error aceptándolo y me arrepiento de ello. El Mundo no se conforma y añade que «fuentes de todo crédito aseguran que Solchaga y su familia han recurrido con frecuencia durante sus vacaciones a Transmediterránea sin abonar nunca el coste del trayecto». Su presidente, Luis Delso, nos envió unos billetes sólo en esta ocasión con cargo al cupo de gratuidades del que dispone el presidente de la compañía. El Mundo, que parece confiar poco en la línea de investigación de mis negocios, pide ya mi dimisión por este viaje. En rueda de prensa, que convoco al efecto, declaro que lamento no haber insistido más en pagar y que este es mi único viaje gratuito en esa u otra compañía a lo largo de toda mi vida política y que como yo lo han hecho, según me consta, entre 1.000 y 1.500 personas tan solo en este año. Espero que las consecuencias de esta desgraciada metedura de pata, después de once años de estar en el Gobierno sin aceptar ninguna ventaja o sinecura, pase pronto.

20 de octubre de 1993

Debate de Presupuestos. Le cedo la defensa de la posición del Grupo Socialista a Joaquín Almunia, que es nuestro portavoz en esta materia. El Grupo Parlamentario Popular se siente frustrado y dice que me he arrugado ante Rodrigo Rato.

Tiempo publica un artículo titulado «Lo que Aznar sabe de la mujer de Solchaga». Siguen en el proceso inquisitorial. Me pregunto qué creerán tener entre manos.

28 de octubre de 1993

Reunión del Grupo Parlamentario con el presidente del Gobierno para hablar sobre el programa de «Impulso democrático», que es en lo que se ha transformado aquello a lo que se refirió González cuando dijo «he entendido el mensaje» al analizar los resultados electorales. No me gusta nada en él: ni el reconocimiento de culpa del que parte, ni la falta de contenido. En todo caso está bajo la coordinación de Serra: fracasará.

2 de noviembre de 1993

Reunión de la Comisión Ejecutiva del PSOE. Hay mucho ruido de cara al congreso de 1994. El partido está en ebullición. También invitado por mí, Narcís Serra se reúne con el Grupo Parlamentario Socialista y cuenta cosas del Gobierno en sus primeros meses.

Felipe González se entrevista con José María Aznar para intentar poner en marcha las reuniones a la búsqueda de acuerdos en el programa de «Impulso democrático». Txiki Benegas por el PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba por el Gobierno y yo por el Grupo Parlamentario trataremos de negociar con Rodrigo Rato, Francisco Álvarez-Cascos y Mariano Rajoy, del PP. También nos reuniremos con IU en la otra banda. Personalmente me siento muy escéptico sobre los resultados de esta iniciativa. Estas propuestas sobre pactos no tienen por qué ser necesariamente peligrosas si puedes atribuir a los otros el fracaso del pacto. Pero, en este caso, no creo que eso se pueda sostener. Todo ello le da a este movimiento el aspecto de una ocurrencia.

3 de noviembre de 1993

Almuerzo con Benegas y Pérez Rubalcaba para mejorar las relaciones entre el Gobierno, Ferraz y el Grupo Parlamentario.

4 de noviembre de 1993

Primera reunión con el PP. Los temas a tratar son los ya anunciados:

–Reforma de los reglamentos de las dos cámaras.

–Nombramientos de cargos institucionales (defensor del Pueblo, miembros del Consejo del Poder Judicial, del Consejo de Seguridad Nuclear y de la Junta Electoral).

–Estatutos y designación del presidente del Ente de RTVE.

–Reforma del Tribunal de Cuentas, de la Ley General Presupuestaria y de la Ley Electoral.

No puedo evitar que se note mi desconfianza sobre la posibilidad de llegar a acuerdos.

5 de noviembre de 1993

Hoy ha trascendido que Txiki Benegas y Alfonso Guerra se reunieron con Mario Conde para analizar la situación económica española (en un contacto que «no es el primero ni será el último», según dice el comunicado emitido por Ferraz). Aparte de la falta de coordinación con el Gobierno, la anécdota es reveladora de la desorientación actual de Ferraz. Por lo demás, ¿alguien puede imaginarse a estos tres, Benegas, Guerra y Conde, hablando de economía?

En La Habana, Fidel Castro se entrevista con Rosa Díez –consejera de Turismo de Euskadi–, quien le mira en la foto, que ha publicado El País, transfigurada como la santa Teresa de Bernini. Le cuenta que González le ha mandado para discutir a «su amigo más liberal», refiriéndose a mí. Con todo, Fidel confiesa que su entendimiento conmigo es bueno. Ésa será su opinión. Por cierto que González, enfrentándose a unas palabras pronunciadas por Alfonso Guerra, declara que el marxismo ha sido históricamente superado y no volverá.

Almuerzo con Xabier Arzalluz, Iñaki Anasagasti, José Luis Corcuera y Txiki Benegas. Todos quieren que sea cariñoso con el PNV y me entienda con ellos.

6 de noviembre 1993

Reunión con IU. Ellos dicen que la ven como un mero trámite. Yo también. Se anuncian reuniones posteriores con CiU, PNV y Coalición Canaria para el 11 de noviembre. Nuestros acuerdos con CiU (que según El País pacta secretamente con nosotros todas las leyes) le sirven de excusa a Aznar para congelar el diálogo sobre «Impulso democrático», como yo ya imaginaba que terminaría haciendo. En realidad, nunca ha querido el diálogo y contempla como principal escenario una legislatura truncada.

11 de noviembre de 1993

Reunión de la Comisión Ejecutiva del PSOE. Antes tuvimos una reunión con CiU sobre el «Impulso democrático». Por la tarde hacemos otro tanto con el PNV.

14 de noviembre de 1993

«La Banca, quinto poder» es el título de un artículo provocador que Pablo Sebastián publica hoy en El Mundo. En él explica cómo el PSOE se ha hecho con el poder de la banca, corrompiéndose ambos en el proceso, y evitando de esta manera que ésta esté predispuesta, como sería normal, a favor del partido conservador. No es muy seguro que el autor crea estas cosas. Pero sí es seguro que le interesa propagarlas para poner a los banqueros en apuros y para difamar al PSOE ante la izquierda.

18 de noviembre de 1993

Se ha hecho pública la sentencia del Tribunal Constitucional declarando contrarios a la Constitución algunos aspectos de la Ley Corcuera.165 El ministro había anunciado su dimisión si tal cosa ocurría. Preguntado por la prensa en relación con el tema, declaro que acatamos la sentencia y que yo siento «un gran respeto político, mucha admiración y un enorme cariño» por José Luis Corcuera. Felipe González no ve razón, por su parte, para que dimita Corcuera. Tiene razón.

22 de noviembre de 1993

La Ejecutiva del PSOE se reúne en Moncloa (donde de verdad está el poder) antes de la reunión del Comité Federal. Corcuera nos anuncia que ha presentado su dimisión como ministro. Comprendo que él no pueda hacer otra cosa después de haberse comprometido públicamente en relación con la sentencia, pero ello le viene extraordinariamente mal al Gobierno justo al comienzo de la legislatura. Me temo que van a quedar pocos individuos de carácter en el Gabinete.

25 de noviembre de 1993

Primeras movilizaciones obreras contra el actual Gobierno. Ensayo de una posible huelga general. Seguro que todo se andará.

En un acto en el que participo con Manolo Marín, Enrique Barón, Paco Fernández Marugán y Abel Caballero hablo de la reforma del Estado del Bienestar y la necesidad de centrar sus actividades en los aspectos fundamentales. Pongo como ejemplos indeseables de gastos no redistributivos la desgravación a la vivienda (no la vivienda social), la subvención indiscriminada a los estudios universitarios cualquiera que sea el nivel de renta del estudiante o su familia, y la compra general de productos farmacéuticos por muchas familias que utilizan a las personas de la tercera edad que tienen el privilegio de la gratuidad para comprar lo que ellos necesitan.

Se publica el libro que Carmen Tomás e Ignacio Alonso (mi antiguo jefe de prensa) han perpetrado sobre mí. Su título, El provocador, lo dice casi todo. Como no es totalmente negativo sobre mí no le auguro grandes críticas favorables. Por lo demás, es bastante malo.

Antonio García-Santesmases (Izquierda Unida), en unas declaraciones a Pilar Urbano (¡bendito sea Dios!), afirma que no sé qué discurso de Mario Conde «es una tremenda carga de profundidad contra toda la izquierda». ¡Qué visión!

1 de diciembre de 1993

Me entrevisto con el nuevo embajador norteamericano en Madrid, el historiador Richard Gardner. Su libro La diplomacia del dólar y la libra esterlina se va a reeditar en español, el año que viene, con una introducción de Luis Ángel Rojo. Aunque no es de los más profundos, sigue siendo un clásico. En cuanto a él, es un demócrata de la época Kennedy, muy buena persona y amigo de España.

2 de diciembre de 1993

Felipe González decide romper con IU después de los insultos de Julio Anguita, que lo compara con un ilustre reaccionario como Klemens von Metternich, en una carta suya al presidente que hace pública –debe estar orgulloso de su erudición histórica– antes de que llegue a su destinatario en Moncloa. El PP, por su parte, con sus habituales medios (ABC y sobre todo El Mundo y algunas revistas a caballo entre Aznar y Conde), pretende sacar jugo al hecho de que los exministros y exsecretarios de Estado cobran una indemnización al dejar el cargo que, al no ser una pensión pública, es perfectamente compatible con su sueldo como diputados. Lo saben perfectamente, pero eso nunca ha constituido un obstáculo en su caso para hacer una campaña difamatoria.

6 de diciembre de 1993

Celebración de la Constitución. Pocos líderes políticos o presidentes autonómicos asistieron al acto en el Congreso. Rodrigo Rato y yo, como jefes de los dos grupos parlamentarios más importantes, sí estuvimos.

Se va creando la impresión de que los renovadores van a ganar el próximo Congreso del PSOE. No sé si me alegra la idea.

11 de diciembre de 1993

Conferencia «El futuro a debate» dentro del PSOE, organizada a bombo y platillo por Pepe Bono en Toledo. Allí estamos todos y Bono hace su discurso oportunista (ya juega en la liga de los mayores después del oído que tontamente le ha venido prestando Felipe González). Por lo demás, nada nuevo.

13 de diciembre de 1993

Reunión de coordinación en Moncloa como todos los lunes.

Acudo a la presentación del libro de Jorge Semprún Federico Sánchez se despide de ustedes en el que cuenta alguna de sus experiencias como miembro del Gobierno. A unos pocos nos pone muy bien. No así a la mayoría de los ministros y particularmente a Alfonso Guerra.

14 de diciembre de 1993

Reunión del Grupo Parlamentario Socialista. El diputado Antonio Romero (IU), que tiene una invencible inclinación a portarse como un botarate, dice que se ha entrevistado en Italia con el juez Di Pietro (otro oportunista) y que éste le ha dicho que hubo políticos españoles que cobraron comisiones por la venta de Aceites Elosúa al grupo Ferruzzi. Declaro que estoy convencido de que ningún político español cobró comisiones y que voy a pedir información al señor Romero por si procede abrir una causa penal. Al insistir el diputado y decir que yo debo aclarar el «caso Elosúa», que nunca existió, contesto que está haciendo «demagogia desde la ignorancia más lamentable» y pongo en duda su dignidad como representante de la soberanía popular (Aurora Pavón dice que Romero es una «estrella emergente en el Parlamento»...). Pero entre este vodevil y la imposibilidad de llegar a un acuerdo con el PP sobre la forma de crear comisiones de investigación en las cámaras, que ellos quieren utilizar de modo abusivo y distorsionador, la imagen que se transmite del PSOE es que tiene muchas cosas que ocultar a la luz. ¡Lamentable!

20 de diciembre de 1993

Después de la aprobación de la reforma laboral (parcial, pero importante) por el Gobierno el pasado 3 de diciembre, Felipe González está tensando el partido a favor de la reforma y en contra de la huelga convocada contra ella. Hoy he hecho eso yo también en la reunión de la Comisión Ejecutiva: me he propuesto ayudarle haciendo una gira de conferencias sobre el tema por diversas confederaciones del partido.

PP e IU critican a Narcís Serra por no acudir al Parlamento a debatir sobre la ronda del GATT. Francisco Vázquez, alcalde socialista de La Coruña, próximo al Opus Dei y guerrista arriscado, declara que «Serra coordina poco», lo cual es verdad. En el Congreso de los Diputados el secretario de Estado de Cooperación Internacional afirma que el Gobierno seguirá utilizando mis oficios para asesorar a Castro sobre la reforma económica en Cuba.

23 de diciembre de 1993

Por fin se alcanza un acuerdo con el PP en el tema de las comisiones de investigación y, de este modo, en lo que constituye la primera fase del llamado «Impulso democrático». Mucho desgaste para muy escaso resultado.

26 de diciembre de 1993

El Mundo publica una entrevista a Julio Anguita hecha por Pilar Urbano bajo el título «Felipe es el hombre de los banqueros». La idea no es muy diferente de la de Pablo Sebastián y otros ideólogos de la tenaza PP-IU contra el PSOE: la alianza non sancta del PSOE y la banca que impide a la derecha llegar al poder.

28 de diciembre de 1993

Se decreta la intervención de Banesto. Me lo dice por teléfono Pepe Recio. Yo estoy en Tafalla para pasar el fin de año y no tenía ni idea. Supongo que Pedro Solbes y Felipe González han hecho todo lo posible para ocultármelo. Por lo demás está bien que ni Mariano Rubio ni yo estemos en nuestros antiguos puestos cuando se ha tomado esta decisión. Ni Luis Ángel Rojo ni Pedro Solbes han tenido los supuestos enfrentamientos con Mario Conde que nos atribuyeron a Rubio y a mí.

29 de diciembre de 1993

El habitualmente desinformado Lorenzo Contreras atribuye la caída de Conde a una venganza mía. En realidad, el Gobierno y el propio Luis Ángel Rojo han hecho todo lo posible para que no pudiera intervenir en el asunto.

159. La composición del Gobierno quedó como sigue: presidente, Felipe González Márquez; vicepresidente, Narcís Serra Serra; portavoz del Gobierno y ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba; ministro de Asuntos Exteriores, Javier Solana Madariaga; ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch Julbe; ministro del Interior, José Luis Corcuera Cuesta; ministro de Defensa, Julián García Vargas; ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes Mira; ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, Josep Borrell Fontelles; ministro de Educación y Ciencia, Gustavo Suárez Pertierra; ministra de Cultura, Carmen Alborch Bataller; ministro de Trabajo y Seguridad Social, José Antonio Griñán Martínez; ministra de Asuntos Sociales, Cristina Alberdi Alonso; ministro de Industria y Energía, Juan Manuel Eguiagaray Ucelay; ministro de Comercio y Turismo, Javier Gómez-Navarro Navarrete; ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Vicente Albero Silla; ministro de Administraciones Públicas, Jerónimo Saavedra Acevedo; ministra de Sanidad y Consumo, Ángeles Amador Millán.

160. Francisco, Pancho, Pérez González fue fundador, junto con Jesús de Polanco, de la editorial Santillana y era uno de los principales accionistas del Grupo PRISA, empresa editora del diario El País.

161. Ramón Vargas-Machuca fue miembro del Comité Federal del PSOE de 1976 a 1997, diputado por Cádiz en Cortes Generales de 1977 a 1993 y secretario primero de la Mesa del Congreso de 1986 a 1993.

162. Manuel Escudero fue coordinador del Programa 2000 del PSOE en 1987-1991.

163. Miguel Ángel Quintanilla era secretario general del Consejo de Universidades desde 1991.

164. Clemente Auger fue el primer presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (1989-1992). En octubre de 1992, el Consejo General del Poder Judicial le nombró presidente de la Audiencia Nacional, cargo que desempeñó hasta 2001.

165. La Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, que estuvo vigente hasta 2015, es conocida como Ley Corcuera por haber sido aprobada durante el mandato de José Luis Corcuera como titular del Ministerio del Interior en el Gobierno del PSOE. Facultaba a las fuerzas del orden a entrar en una propiedad privada en la que se sospechase que podía estar cometiéndose un delito sin necesidad de orden o autorización judicial.

1994

2 de enero de 1994

Estos días se escribe mucho sobre Conde en la prensa: Casimiro García-Abadillo, para distanciarse ahora de él; Carlos Dávila, que dice que Conde nunca pudo ser mi amigo. «Tengo con él relaciones formales e inexistentes», cuenta que le dijo Conde, es decir, las que no se deben tener con un ministro de Economía, y que eligió por amigo a Guerra porque «era el que se dejaba»; Jaime Campmany, para decir que en este caso «quien descargó la cuchilla de Monsieur Guillotin fue Carlos Solchaga»; Pablo Sebastián, por su parte, que explica ya la estrategia de defensa de Mario Conde como si estuviera a cargo de ella.

También en estos días se ha hablado bastante de la sucesión de Felipe González en el PSOE. Preguntado sobre mi posible candidatura a sucederle, he contestado que yo no estaba en disposición de aceptar esa responsabilidad. También siguen los recuentos de renovadores y guerristas de cara al próximo congreso. A la hora de hablar de mí, recuerdan mi autodefinición de «llanero solitario» en el PSOE.

11 de enero de 1994

J.P. Morgan, que ha estado ayudando y asesorando a Mario Conde hasta el final de la batalla con el Banco de España, dice ahora que no respaldará un recurso contra la intervención de Banesto por el Banco de España. Por lo demás, la primera rueda de prensa de Mario Conde después de esta decisión no ha convencido a nadie.

13 de enero de 1994

Santiago Aroca publica en El Mundo que «Castro rechaza la reforma Solchaga» y filtra aparentemente un informe que el Ministerio de Asuntos Exteriores español niega que sea auténtico. Pero ¿de dónde habrá salido? No hago ningún esfuerzo por enterarme en este momento.

Siguen las elucubraciones sobre el caso Banesto. Según Pilar Urbano, la decisión se tomó entre Boyer, Solchaga, Rubio, Luzón y Alfredo Sáenz en «una conspiración de terciopelo». ¡Qué imaginación! Es la segunda parte del fracaso de la OPA sobre Banesto del Banco de Bilbao (1987). A esa línea se apunta también Federico Jiménez Losantos. Por su parte, Boyer, Rubio y directivos del BBV (como Sáenz e Ybarra) desmienten que se hayan reunido conmigo el 29 de diciembre (yo estaba en Tafalla y, desde luego, no vinieron allí).

18 de enero de 1994

Reunión del Grupo Parlamentario del PSOE con UGT y CC.OO. para hablar de la reforma laboral y de la huelga general anunciada por los sindicatos para el 27 de enero. Abordamos unos y otros temas sin demasiado entusiasmo. Los sindicatos afirman que el PP es más receptivo a sus propuestas que el PSOE, a pesar de que Rodrigo Rato ha declarado que teme que Felipe González desvirtuará la reforma laboral después del 27 de enero.

27 de enero de 1994

Huelga general. Declaro, porque es verdad, que el seguimiento de la misma no se puede comparar con el de la huelga del 14 de diciembre de 1988.

28 de enero de 1994

Conferencia política en Magaz (Palencia). Sigo insistiendo en mi tesis de que el posible despilfarro en el Estado del Bienestar nos alejará de las clases medias, que son quienes lo financian. Para bien o para mal, por primera vez en los últimos años hay un debate relevante en el seno del PSOE: el futuro y la sostenibilidad del Estado del Bienestar.

2 de febrero de 1994

Conferencia en Murcia. El PC y CC.OO. se ponen a la puerta del salón para reventarla. Después del fracaso de la huelga del 27 de enero, los comunistas prefieren seguir lanzando sus dardos contra mí en vez de contra el Gobierno de la Nación. Aguanto con serenidad el griterío y la interrupción hasta que abandonan la sala al ver que no caemos en su provocación.

La Federación Socialista Madrileña (FSM), supongo que bajo la influencia de Javier Solana y Joaquín Leguina, se opone a la hipotética candidatura de José Luis Corcuera a la Secretaría de Organización del PSOE. Defiendo a Corcuera y critico a los renovadores de Madrid por los escasos resultados conseguidos en la elección de su delegación al próximo Congreso del PSOE. También Joaquín Almunia defiende a Corcuera.

PP e IU –empieza de nuevo a funcionar la pinza– reclaman que el debate sobre el estado de la nación se realice en febrero, antes del Congreso del PSOE, contra todas las normas de cortesía y también contra la tradición establecida para estos debates.

El testimonio de Pepe Recio sobre el asunto Filesa, atribuyendo la responsabilidad de los pagos al PSOE por parte del BBV a la exclusiva decisión de Pedro Toledo, provoca críticas (otro tanto dice el secretario del Consejo del BBV, José María Sáenz de Azcúnaga).

3 de febrero de 1994

Trabajadores, en este caso de Telefónica, tratan de reventar una conferencia mía en Valladolid. Pido tranquilidad al auditorio. Se van sin mayores incidentes. Es evidente que estamos ante una campaña organizada por CC.OO. contra mí.

4 de febrero de 1994

El Wall Street Journal publica un artículo muy negativo sobre el porvenir económico de España. Critico fuertemente tanto el contenido como a las personas cuyas referencias constan en el mismo («poco autorizadas», las llamo). La verdad es que han pedido la opinión de expertos claramente conservadores. Lo importante, sin embargo, es que se equivocan: las devaluaciones y las reformas estructurales van haciendo notar sus efectos benéficos sobre la economía española.

Hoy, los cooperativistas de Promoción Social de Viviendas (PSV)166 vienen también a intentar reventar un acto en el Hotel Eurobuilding. En esto caso, hay que reconocer que lo de la cooperativa de viviendas de UGT se está poniendo imposible y lo más paradójico es que salpicará al Gobierno, al que traté de preservar en todo momento de este asunto turbio del sindicato mientras estaba en el Ministerio de Economía y Hacienda.

8 de febrero de 1994

En una entrevista a Cambio 16, Ramón Rubial declara que soy el mejor situado para sustituir a Felipe González. En la reunión del Grupo Parlamentario, en la que doy cuenta de mi gestión, no se alza ninguna voz crítica. Como los guerristas habían venido especulando en los últimos días acerca de la posible solicitud de una votación secreta sobre dicha gestión, para la que se precisa el aval del 10 % de los diputados del Grupo Parlamentario, advierto al principio de la reunión de que bastará con que sólo un diputado solicite la votación secreta para que se lleve a cabo. Nadie la solicita. Con esto acabo con todas las posibles especulaciones sobre la rebelión de los guerristas en el Grupo Parlamentario, que, desde luego, aprobó mi gestión. Aprovecho la ocasión para urgir al PP a que llegue a acuerdos con nosotros en el marco de la iniciativa de «Impulso democrático». Lo digo sin ninguna esperanza.

9 de febrero de 1994

Reúno a José Luis Corcuera con Juan Alberto Belloch (Justicia), Antoni Asunción (Interior)167 y Alfredo Pérez Rubalcaba (Presidencia), así como a varios diputados, para hablar del nuevo texto de la Ley reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado. Corcuera no puede aceptar que ahora se imponga el criterio de gente como Baltasar Garzón, del que tiene un pobre concepto por decirlo suavemente. Se aquietan las aguas, pero no se resuelve nada en esta primera reunión.

Me están llegando muchas críticas sobre el funcionamiento de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. Críticas a su presidente, Narcís Serra, incapaz de tomar decisiones en tiempo útil, y a Josep Borrell y Javier Gómez-Navarro, que van imprimiendo un sesgo intervencionista a la política económica que Pedro Solbes, dicen, no es capaz de combatir. Siguen también las especulaciones sobre el próximo Congreso del PSOE. El tema central es si Guerra seguirá o no en la Comisión Ejecutiva.

13 de febrero de 1994

El País publica un artículo de Luis Aizpeolea y Anabel Díez en el que los autores defienden la tesis del insuficiente perfil político del Gobierno después de la salida de Corcuera y la mía. La ocasión para hablar de esto la dio el propio Felipe González en la rueda de prensa después del último Consejo de Ministros. Otros, como Luis María Anson, también avalan la tesis de la irrelevancia del Gobierno para defender que González, con una oligarquía de poder económico tras él, es quien en realidad gobierna en España con el apoyo de algunos «agentes» como Luis Ángel Rojo o yo. Esta tesis pretende justificar la validez de cualquier medio para desplazar a Felipe González y al PSOE del poder, ya que, con la mencionada oligarquía (según Pablo Sebastián, «Solchaga, Serra, Botín, Ybarra, Polanco…»), es imposible hacerlo por los procedimientos electorales normales. Pablo Sebastián, primero, y Julio Anguita, después, ya habían anunciado algo parecido hace unos días. Esta gente está perdiendo la paciencia. Llegaron a creer que el PSOE perdía las últimas elecciones y no soportan que no haya sido así.

15 de febrero de 1994

Me reúno con Pascual Sala168 para hablar de la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial en las cámaras. Escucho sus propuestas.

Pese a las presiones de los sindicatos y pese a la huelga general del pasado 27 de enero, la reforma laboral sigue su curso en el Congreso de los Diputados, donde PSOE, PP y CiU han rechazado las propuestas de modificación avanzadas por los sindicatos a través de IU. Preguntado por la prensa, anuncio que seguramente se constituirá una comisión de investigación sobre la actuación de Luis Roldán, antiguo director general de la Guardia Civil, y su eventual enriquecimiento ilícito, tema que ha sido denunciado recientemente y que me ha tenido, durante días, noqueado. Propongo que el objeto de la misma sean aquellos asuntos que no estén sub judice, ya que hay en curso una investigación policial encargada por el juez. Yo mismo declaro nuestra posición favorable a que se cree otra comisión sobre el seguimiento del saneamiento de Banesto. Ambas decisiones son, en general, aplaudidas por la oposición y por los medios de comunicación.

16 de febrero de 1994

Reunión con el presidente del Gobierno. No desea entrar en muchos detalles sobre el tema de Roldán, así que mi mayor fuente de información son los medios.

18 de febrero de 1994

Me reúno con un grupo de mujeres periodistas que siguen la labor del Parlamento y, de vez en cuando, convocan a algún político a desayunar en el Hotel Ritz. Les aviso de que no voy a abstenerme de decir lo que me parezca oportuno sobre lo siguiente: 1) que el PSOE ha estado dividido de forma larvada desde que estalló el caso Juan Guerra; 2) que la Ejecutiva que ahora acaba su mandato ha actuado de manera sectaria y que la renovación consiste en evitar estos comportamientos en el futuro; y 3) que el guerrismo no es una ideología, sino «una forma de actuar».

21 de febrero de 1994

Ayer domingo murió mi padre. Voy a Tafalla para el funeral y el entierro. La pasada Navidad estaba muy mal y las celebraciones en Tafalla se redujeron a la mínima expresión. A la vuelta de mi viaje a Pamplona, a donde fui invitado a hablar en un acto donde se percibía ya un fuerte distanciamiento de los asistentes (profesionales y empresarios) con respecto al PSOE, me detuve el pasado viernes por la mañana en Tafalla. Mi padre ya se encontraba muy mal, con dificultades para respirar y un tanto inconsciente de todo lo que no fuera su propia dolencia. Fue la última vez que lo vi vivo.

22 de febrero de 1994

Se crea una ponencia parlamentaria para analizar el funcionamiento del PER de Andalucía. Ante la pinza de PP e IU, hemos tenido que sumarnos a la iniciativa que, por otras razones distintas a las próximas elecciones autonómicas en Andalucía, también respaldaba CiU.

De cara al Congreso del PSOE, los guerristas se quejan del Gobierno (en el que ellos no están, aunque tienen antenas) diciendo que Narcís Serra y los independientes han devaluado el Gabinete (la verdad es que hay muchísimos independientes, y no particularmente buenos en sus profesiones, que sería lo que podría justificar su presencia). Sin embargo, la discusión sigue centrada en torno a si Guerra continuará en la Comisión Ejecutiva o saldrá de ella después del próximo congreso del partido. Otro tema en el que también se insiste, aprovechando una visita de Jacques Delors a la Moncloa, es en el nombramiento de Felipe González al frente de la Comisión Europea. Alguno (Tiempo) dice que, si éste fuera el caso, yo sería «el tapado» de cara a unas nuevas elecciones generales. Por cierto que el nombre de Borrell empieza a aparecer cada vez más como un posible sucesor junto a las tres «S».

28 de febrero de 1994

Me reúno con los ministros Rubalcaba y Asunción, y los responsables del Grupo Parlamentario, para preparar la comisión de investigación del caso Roldán. Las acusaciones cada vez son más graves y, si son ciertas, la responsabilidad del Gobierno resultará gravísima.

1 de marzo de 1994

José María Cuevas anuncia su intención de continuar cuatro años más al frente de la CEOE (a mí me había dicho en 1991-1992 que iba a dejar el cargo de manera irrevocable).

La lucha contra el déficit de las cuentas públicas sigue sin cosechar triunfos. Pedro Solbes abrió la mano el año pasado ante la presión de los diversos ministerios, reconociendo mucho gasto que yo me había negado a aceptar, y ahora tiene muy difícil rebajar sus techos de gasto.

A pesar de que ha vencido el plazo de negociaciones con el PP en el marco del llamado «Impulso democrático», los dos partidos afirmamos nuestra voluntad de continuar negociando (lo que no deja de ser el mismo «mareo de perdiz»).

6 de marzo de 1994

Se publican unas declaraciones de Josep Borrell donde aparecen la verdadera soberbia del personaje, ahora que goza de una buena situación política, según dice la prensa. Por lo demás, no tiene desperdicio el titular que las preside en El País: «El Banco de España ha emitido más ideología que los congresos del PSOE».

«Crimen sin castigo» es la versión más refinada de Pedro J. Ramírez (versus la de Pablo Sebastián) sobre la teoría del dominio del país por la oligarquía en torno a Felipe González y la legitimidad, por consiguiente, de cualquier método para sacar a González del poder. El artículo acaba con una cita de Macbeth: «Allí dondequiera que esté la ofensa caiga la terrible hacha», aunque se apresura a añadir: «En sentido figurado, naturalmente». Este hombre debe tener un libro de citas que utiliza vengan o no a cuento.

9 de marzo de 1994

Nicolás Redondo anuncia que no asistirá al próximo Congreso del PSOE.

Me veo con Rodrigo Rato para desbloquear nuestras negociaciones en torno al «Impulso democrático». No hay cambios de posición por parte del PP. El tema está muerto, aunque ni los populares ni los socialistas queremos extender todavía el certificado de defunción. Nosotros, para no reconocer el fracaso de la iniciativa. Ellos, para no ser acusados de volarla por los aires.

10 de marzo de 1994

Con nuestras respectivas fotos, ABC titula la portada «Almunia, Solchaga y Rubalcaba controlarán un PSOE hecho a la medida de Felipe González». Se supone que eso será después del próximo congreso del partido.

11 de marzo de 1994

El País publica que KIO ocultó el origen público del capital de las empresas holandesas a través de las cuales invirtió en España. Es algo totalmente irrelevante.

Hago declaraciones en las que señalo que no se debe dar por descontado que no habrá continuidad de Alfonso Guerra en la Ejecutiva y también valorando muy positivamente la ponencia-marco que se lleva al XXXIII Congreso. Diversos artículos periodísticos critican lo que consideran la falta de peso político de Pedro Solbes («el error» de Felipe González). Algunos señalan que ningún ministro acudió al Club Siglo XXI a escuchar la conferencia de Solbes (Rojo y yo sí estuvimos).

Por la mañana he recibido a Michel Sapin, a quien conocí en su anterior etapa de ministro de Hacienda de Francia. Ahora es, como yo, miembro del Parlamento.

18 de marzo de 1994

Se inicia el XXXIII Congreso del PSOE. Me preguntan, un tanto frívolamente, si seré perdedor del mismo, como me declaré en el anterior. Contesto que no lo creo. Todas las especulaciones que se han publicado van en el sentido de la eliminación del poder de Alfonso Guerra y la elaboración de una Comisión Ejecutiva a la medida de Felipe González. Los renovadores más conspicuos, pero no de primera fila –los «coroneles», creo que les llaman algunos–, me llaman a media mañana porque creen que sus jefes (Serra, Leguina, Bono y otros) les están traicionando y no están siendo suficientemente antiguerristas. Seguramente tienen razón, pero no hay nada que yo pueda hacer como no sea promover la indisciplina de voto, y eso no estoy dispuesto a hacerlo. Hablo con Felipe González y con Manuel Chaves, y con Narcís Serra por separado, y les transmito lo que me dicen. Al final no veo que se perfile el cambio definitivo que yo deseo, aunque es innegable la derrota ya irreversible del guerrismo en el seno del PSOE. Txiki Benegas, que sale de la Secretaría de Organización, desde la que él pensaba que era el número tres del partido, abandona airado el congreso ya de madrugada. Yo también me retiro igualmente insatisfecho.

En un artículo en El Mundo, Pablo Sebastián vuelve a insistir en la tesis del dominio no democrático del país por Felipe González. Éste «ha creado a su alrededor […] un singular estado de excepción en el que tiene manos libres mientras permanezcan maniatados los demás». Y añade: «La sociedad española, a pesar de la propaganda oficial, empieza a identificar –incluso desde la izquierda– la crisis de España con la persona de Felipe González…».

19 de marzo de 1994

Al fin se conoce la Ejecutiva. Sigue Alfonso Guerra, pero sin ningún poder. Txiki Benegas pasa a la Secretaría de Relaciones Institucionales y en Organización entra un personaje extraño, Ciprià Ciscar, del PSOE valenciano. No está mal, pero tampoco es el giro que esperaban los renovadores y antiguerristas como yo. Esto, evidentemente, no durará mucho. José Luis Corcuera ha debido tener mucha parte en este pasteleo. Guerra fue a hacer sus declaraciones de satisfacción a unas escalinatas del Palacio de Congresos, precisamente en el mismo lugar donde tres años antes yo había declarado mi derrota en el congreso anterior.

Según dicen algunos periódicos, yo he sido un hombre «clave» en este congreso. Están equivocados. Otros, más acertados, afirman que, si yo hubiera intervenido en las negociaciones, los guerristas hubieran sacado menos rédito. Eso es más correcto. En todo caso, los congresos regionales, y en particular el de Andalucía, pondrán claramente de relieve si asistimos, como espero, al final del guerrismo.

24 de marzo de 1994

Nicolás Redondo critica la derechización del PSOE y achaca los malos ratos que UGT está pasando con la promotora de viviendas PSV a la venganza del Gobierno por la huelga general de enero. ¡Qué desvergüenza!

Estos días pasados han estado en Madrid Carlos Lage y José Luis Rodríguez, vicepresidente y ministro de Economía, respectivamente, del Gobierno cubano, en visita semioficial para hablar del programa de reformas de la economía cubana. Como siempre, es muy poco lo que están dispuestos a hacer en el camino de la reforma. Felipe González –con la boca pequeña– alaba los signos de apertura en Cuba.

3 de abril de 1994

El Mundo publica una conferencia de Pedro J. Ramírez en la Universidad de Columbia (Nueva York), que repite luego en la de Princeton (New Jersey). La finalidad de la misma es convencer a su auditorio del abuso de poder del PSOE y de su supuesto golpe de Estado interno, siguiendo la tesis de las últimas semanas del Sindicato del Crimen. Habla de corrupción (Filesa, Ibercorp…) y, ante la actitud escéptica de sus oyentes, termina su conferencia diciendo: «Siento haberles tenido que explicar que, en contra de algunas impresiones superficiales que han podido crearse en el extranjero, el milagro español todavía no se ha producido».

4 de abril de 1994

La prensa se hace eco de los primeros escarceos entre Emilio Ybarra (BBV), Francisco Luzón (Argentaria) y Emilio Botín (Banco Santander) para ver quién se hace con el futuro de Banesto cuando acabe la intervención del Estado.

«A Solchaga le temen sus adversarios; a Serra no lo tragan y no lo consideran en demasía; a Leguina le tienen manía, y respetan, y mucho, a Solana», dice Julia Navarro en Tiempo hablando de los guerristas.

5 de abril de 1994

El Mundo publica que «Mariano Rubio tiene 130 millones en dinero negro en una cuenta en Ibercorp». Según la información, la cuenta siguió viva hasta 1992, cuando saltó el escándalo. El 3 de enero de 1986 el saldo de la misma era de 1.490.000 pesetas. Sin embargo, en marzo de 1987 el saldo era ya de 131 millones. Aparecen publicadas, además, notas y misivas entre Mariano Rubio y Manuel de la Concha, el presidente de Ibercorp. Si esto es verdad, Mariano Rubio nos mintió a Felipe González y a mí, y también a la opinión pública, y el Gobierno se halla en un buen apuro. El Mundo hace referencia asimismo a un reportaje de Época en el que se cuenta que he comprado una casa y dos plazas de garaje por 72 millones de pesetas, lo que es verdad. Cuentan la operación al dedillo: vendí mi anterior casa por 40 millones y pedí un crédito hipotecario por 30 millones. También dicen cuánto pagué en 1975 por mi anterior casa (aparentemente, el vendedor declaró que la había vendido por 1,5 millones, aunque yo le pagué 3,5 millones) y por cuánto habían adquirido en 1986 los Coca, anteriores propietarios, la casa que he comprado yo. ¡Santo Dios! Mezclar esto con lo anterior no son más que ganas de enredar.

El PSOE designa a Fernando Morán como cabeza de lista para las elecciones europeas. ¡Qué error!

Hoy he estado con Emilio Ybarra, presidente del BBV. Está molesto con lo que considera mi apoyo a Argentaria en la futura adjudicación de Banesto. Le he dicho que mi opinión es que el banco público debe poder concursar con cualquier otro en la venta de Banesto. No le gusta lo que le digo y me lo hace notar con su habitual falta de sutileza. Tengo que hacer un esfuerzo para no decirle lo que me importa su opinión.

6 de abril de 1994

El Mundo explica con todo detalle las irregularidades cometidas por Mariano Rubio: el «pelotazo» –palabra que están poniendo de moda– que supuso para él la compra, primero, y la flotación en Bolsa, después, de Sistemas AF (Ibercorp) en 1986 y sugiere que existe información privilegiada, lo que no tiene mucho fundamento, y, eventualmente, delito fiscal, lo que, por desgracia, puede estar más cerca de la verdad al haber ocultado Mariano ese patrimonio en sus declaraciones a la Hacienda Pública. Los buitres empiezan a sobrevolar (Pilar Urbano, Pablo Sebastián, Federico Jiménez Losantos, Antonio Burgos, entre otros). El fiscal de Madrid abre una investigación sobre el posible delito fiscal de Rubio. Éste, por su parte, desmiente las imputaciones publicadas.

Hoy mismo he hablado por teléfono con él y también me desmiente todas las informaciones. Me ruega que espere a la vuelta de Manuel de la Concha (presidente de Ibercorp), que está de viaje fuera de España, que desmentirá asimismo lo publicado. No confío demasiado en lo que me dice, pero así lo cuento en la reunión de la Comisión Ejecutiva donde se ratifica la propuesta de mi nombre como secretario del Grupo Parlamentario por unanimidad. Nadie queda muy satisfecho del cariz que va tomando el asunto de Mariano Rubio. Yo tampoco.

8 de abril de 1994

Mariano Rubio comparecerá ante la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, según hemos acordado hoy en la Junta de Portavoces.

Nicolás Redondo se despide de la Secretaría General de UGT con el escándalo PSV pisándole los talones. En los últimos diez años ha hecho todo el daño que ha podido al PSOE. Cualquier otro que hubiera hecho lo que él hubiera sido expulsado del partido. Pero Redondo era el secretario general de UGT.

9 de abril de 1994

En la conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros, Pérez Rubalcaba anuncia, como portavoz del Gobierno, que el Estado está dispuesto a personarse en la causa de Mariano Rubio como perjudicado si hay lesión patrimonial para el mismo. Por su parte, el fiscal jefe de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, ha solicitado que se cite a declarar con abogado (como imputado) a Mariano Rubio el próximo 18 de abril. Es inquietante el cariz que está tomando el asunto. Tengo la impresión de que Narcís Serra y Alfredo Pérez Rubalcaba, aprovechando el hecho de que Rubio no es militante del PSOE y de que tiene muy escasas simpatías entre sus militantes, se sienten tentados a hacer un castigo ejemplar con él y reconciliar al Gobierno con la izquierda del partido. ¡Odio esta hipocresía! Espero equivocarme.

11 de abril de 1994

Juan Carlos Rodríguez Ibarra sugiere en unas declaraciones que cargue yo con la responsabilidad política del caso Rubio para que no le afecte a Felipe González («no hay que tener la cobardía de que González cargue con el mochuelo»). ¡Si supiera que las cosas fueron al revés y que yo había aceptado la dimisión de Mariano Rubio en 1992!

Mientras tanto, sigue desarrollándose en paralelo el caso Roldán, exdirector general de la Guardia Civil que, según parece, ha hecho un enorme desfalco que, desde luego, él niega, y que según algunas informaciones ahora parece salpicar también a Gabriel Urralburu, el presidente del partido en Navarra y uno de mis mejores amigos dentro del PSOE.

Felipe González hace unas declaraciones muy duras sobre Rubio («decepción y malestar por su actitud», dice, y lo comprendo). Rodrigo Rato afirma que el responsable de toda la corrupción es Felipe González. Entretanto, el Gobierno ya sabe, y Mariano Rubio también me lo ha confesado, que la acusación de El Mundo es totalmente cierta. Hubo unas ganancias de capital no declaradas (y tampoco fácilmente explicables).

El Congreso del Partido Socialista de Andalucía que se celebró el pasado fin de semana ha arrinconado a los guerristas, lo que no fue capaz de hacer el XXXIII Congreso del PSOE. El guerrismo está acabado, pero el PSOE que ha salido del congreso y el propio Gobierno están también muy mal.

12 de abril de 1994

Exijo públicamente a Mariano Rubio que aclare su situación. El Grupo Parlamentario Socialista me ha reelegido hoy secretario con solo nueve votos de abstención: guerristas residuales y oportunistas como Baltasar Garzón se mezclaban entre ellos. El asunto Rubio es el asunto Solchaga, según afirma el editorial de El Mundo. Quieren también implicarme como último responsable del informe de la Intervención General del Estado sobre la gestión de Roldán. Siguen buscando mi cabeza por todos los lados posibles.

13 de abril de 1994

Mariano Rubio escribe un comunicado en el que lamenta el daño que ha hecho al Gobierno y reclama para sí toda la responsabilidad política, pero sin aclarar en absoluto si es cierto o no lo de sus inversiones. Preguntado por los periodistas, afirmo que las explicaciones de Mariano Rubio «son claramente insuficientes e insatisfactorias». Acepto la idea de votar a favor de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. Jordi Pujol y otros tiran por elevación contra Felipe González en el caso Rubio.

Por fin hoy, tras varios días en que rehuía mis llamadas, me he reunido en el Congreso con Felipe González. Le he expuesto mis preocupaciones por la situación y le he ofrecido la dimisión de mi puesto si ello ayudaba. No ha sabido o querido responder nada. En realidad, me ha confesado que estaba considerando si no era él el que tenía que dimitir.

15 de abril de 1994

El Mundo publica que la mujer de Gabriel Urralburu y el testaferro de Luis Roldán (Jorge Esparza) hicieron una sociedad mercantil llamada Residencial Menorquina, que es la propietaria de la casa de los Urralburu en Menorca. ¡No faltaba más que eso!

Mariano Rubio comparece hoy en la Comisión de Economía. Su imagen es la de un hombre destrozado. Juan Pedro Hernández Moltó, en nombre del PSOE, tiene una intervención filistea y lamentable. Lo siento porque me cae bien y siempre me ha apoyado.

16 de abril de 1994

La prensa se hace eco de mi entrevista ayer en TVE con Iñaki Gabilondo. Éste quiso inducirme a que hiciera leña del árbol caído con la pretensión de salvarme a mí o al Gobierno o al PSOE de las consecuencias de la actuación de Mariano Rubio. No me dejé llevar por ese camino. Por ello mismo sentí más dolor cuando vi a Mariano Rubio, desmoronado en su comparecencia ante la Comisión de Economía del Parlamento, zarandeado por Hernández Moltó, que no resistió la tentación de hacer de él el chivo expiatorio del PSOE. Por lo demás, aparte de su patético intento por librarnos de toda responsabilidad política a mí y a Felipe González (no es él quién para hacer esto), el resultado de su comparecencia fue, como ya había anticipado, lamentable.

Alfredo Pérez Rubalcaba, portavoz del Gobierno, dice que se ha abierto una triple investigación, tributaria, fiscal y parlamentaria, sobre las actuaciones de Mariano Rubio. Baltasar Garzón, secretario de Estado de la lucha contra la droga, declara: «Si tiene que dimitir el presidente del Gobierno, que dimita […] Yo exijo que el Gobierno tome medidas, caiga quien caiga, desde el primero al último y no excluyo a nadie». Y éste ¿quién se creerá que es?

Se incrementan las especulaciones sobre mi dimisión y sobre una posible crisis de Gobierno. Desde Moncloa se anuncia que el Gobierno llevará al debate sobre el estado de la nación nuevas propuestas para luchar contra la corrupción. Como cabía esperar, la oposición dice que «verdes las han segado». Es una situación maldita. Si no haces tales propuestas pareces insensible al escándalo, y si las haces, pareces un trilero tratando de involucrar a la oposición. En todo caso, la acumulación de los casos Roldán y Rubio tiene al Gobierno contra las cuerdas, y al PSOE y al Grupo Parlamentario acongojados y confusos. Aunque algunos francotiradores disparan por libre (sobre todo hacia mí), la mayor parte de militantes y parlamentarios se mantienen alineados con las direcciones del partido y del Grupo Parlamentario.

18 de abril de 1994

«Gracias a Dios a don Carlos Solchaga no le pillaron en nada serio. Pero seguirle, le siguen, hostigarle, le hostigan. Guerra sucia», dice en una carta al lector el editor de Cambio 16 Juan Tomás de Salas. Afirma también: «Los informes contra Ibercorp y Mariano Rubio se obtuvieron asaltando despachos, robando documentos y arramplando con ordenadores cargados de información. Aquí vale todo. Mafia». Atribuye la guerra al destino de Banesto y la reacción de Mario Conde arrojando dosieres. Lo malo del asunto es que, aun cuando esto pueda ser verdad, no es más verdad que la ocultación fiscal de Mariano Rubio.

19 de abril de 1994

Debate sobre el estado de la nación. Anticipándose a su celebración, El Mundo editorializa que «el Parlamento debe impedir que el felipismo agonice a costa del país». Para dar algún fuste a esta tesis llega a decir que «el tándem González-Solchaga (y su política monetarista) ha arruinado tantísimas empresas» y conecta la política monetaria con la defraudación a la Hacienda Pública. Vale todo, como se ve. Por su parte, Jordi Pujol deja saber que CiU seguirá apoyando al Gobierno por el momento. ABC le cede la «tercera» a Antonio Romero: cosas veredes...

«Váyase, señor González» fue la última frase del duro discurso de José María Aznar. El debate se convirtió, pese a los esfuerzos de Felipe González y los míos, en una discusión sobre la corrupción. González ha respondido bien a Aznar, pero ése no era el tema. Al final, entre las conclusiones del debate, la creación de una comisión para investigar los casos Filesa y Naseiro a propuesta de CiU y PSOE saldrá adelante.

Raimundo Castro en El Mundo, Época y algunos otros medios se hacen eco de un rumor muy extendido sobre la próxima publicación de un escándalo que se supone que me afecta gravemente. Me llaman, para advertirme en este sentido, Miquel Roca y el presidente del Senado, Juan José Laborda. No tengo idea de qué podrá ser y, aunque estoy tranquilo desde el punto de vista de cualquier irregularidad, me pone nervioso la posibilidad de cualquier difamación en este momento. Pregunto a Rosa Conde, dada su responsabilidad en las relaciones del Gobierno con los medios, y me dice que no ha oído nada del tema y que, tras algunos sondeos, no ha podido detectar nada especial.

20 de abril de 1994

Baltasar Garzón y Ventura Pérez Mariño pusieron dificultades para votar las conclusiones propuestas por el Grupo Parlamentario después del debate tal y como estaban redactadas. ¡Paciencia! El último me sugiere que debo dimitir por el caso Rubio. Sé que lo hace con dolor, pues siente mucho afecto por mí y me tiene un gran aprecio.

21 de abril de 1994

La «Comisión Roldán» del Congreso ve indicios de delito y envía al juez los datos de su actuación. Tratan de implicarnos a José Luis Corcuera y a mí (por la Intervención del Estado en la Guardia Civil) en el asunto. Jordi Pujol desmiente que le haya pedido a Felipe González mi dimisión. ¿De qué? ¿De diputado?

Pedro J. Ramírez escribe un artículo contra mí de una violencia inusual incluso entre la prensa más reaccionaria. Tampoco Jaime Campmany se queda muy atrás en ABC. Huelen sangre. En Tribuna un tal Fernando García-Romanillos, bajo el título de «Lo que queda por salir», sugiere, siguiendo en esto a Luis María Anson y a la gente de El Mundo, que Gloria, mi mujer, estaría metida en chanchullos inconfesables cuya pista se pierde en Panamá. Quizás ésta es la calumnia que vienen preparando desde El Mundo últimamente.

Todavía encuentro tiempo para pronunciarme a favor de que Argentaria entre en la subasta de Banesto junto con el Banco Santander y el BBV. El PP está en contra y, como siempre, me atribuye planes para dominar la banca española.

25 de abril de 1994

Planteo en la Comisión Ejecutiva, como ya hice en el Comité de Dirección del Grupo Parlamentario, que se analice la conveniencia o no de mi dimisión. Mi propuesta se conoce y se publica en la prensa. Me veo obligado a hacerlo ante la falta de respuesta a esta cuestión por parte de Felipe González.

26 de abril de 1994

Banesto es adjudicado al Banco Santander, que presentó la mejor oferta. Declaro mi satisfacción por la transparencia del proceso y el propósito del nuevo propietario de vender las participaciones accionariales que tiene el banco en medios de comunicación.

27 de abril de 1994

En la presentación de un libro sobre Cataluña con Miquel Roca, reafirmo junto con él la cooperación entre el PSOE y CiU ahora y en el futuro.

29 de abril de 1994

Aunque el ministro del Interior, Antoni Asunción, me ha asegurado que la Policía y la Guardia Civil tienen perfectamente localizado a Roldán, éste se esfumó ayer cuando tenía que comparecer ante el juez. La presión sobre el Gobierno ante la posible huida sube ya a un grado insoportable, como se comprueba en la atmósfera irrespirable con la que transcurrió hoy el Comité Federal.

30 de abril de 1994

Los periódicos especulan con la idea de que Roldán ha huido de España.

El fiscal jefe de Madrid anuncia que se presentará una querella contra Mariano Rubio.

Al acabar el mes la situación es irrespirable. Felipe González parece estar noqueado y, de hecho, me evita. Hace días, como ya mencioné, tuve que encerrarle en el salón del Consejo de Ministros del Parlamento antes de empezar la sesión de tarde para decirle que mi puesto estaba a su disposición. No obtuve ninguna respuesta. Mientras tanto, Narcís Serra y Alfredo Pérez Rubalcaba rellenan sus huecos en la gestión de algunos asuntos, de manera deficiente y con una visión de corto plazo, para salir adelante en cada caso. De cualquier forma, lo que no pueden rellenar es su falta de autoridad. Lo mismo pasa con el resto del Gobierno. En cuanto a la prensa, y en particular los componentes del Sindicato del Crimen, creen que por fin ha llegado el momento de librarse de Felipe González cuando ya habían perdido la esperanza de desembarazarse de él en las urnas. Están encantados y desencadenados, recurriendo a la difamación y al insulto personal ahora que no precisan hacerlo porque tienen entre sus manos auténticos escándalos. Pero es su naturaleza.

1 de mayo de 1994

Jordi Pujol ha pedido a Felipe González que tome decisiones para resolver la crisis ante las dificultades que encuentra para seguir apoyándole. Se publica que Corcuera y yo hemos puesto nuestros cargos a disposición del PSOE y se confirma la dimisión del ministro del Interior, Antoni Asunción, tras la huida de Roldán. Diario 16, más sosegado en general que El Mundo, califica, no obstante, la situación de «emergencia nacional».

4 de mayo de 1994

Aparece el nombre de Vicente Albero, ministro de Agricultura, en la lista de los inversores de Ibercorp. Presenta la dimisión en horas y se le acepta. Ya lo podía haber mencionado unos meses antes cuando aceptó el puesto de ministro de Agricultura.

La fiscalía exige la puesta a disposición judicial de Mariano Rubio y Manuel de la Concha. Voy a ver al presidente porque no esperaba que incluyeran a Mariano Rubio en la petición de cárcel. Felipe González no me recibe, no sé si pretextando alguna excusa. Me veo con Narcís Serra, que, en medio de nuestra entrevista, tiene una larga conversación telefónica con Jesús de Polanco, el presidente de PRISA, contándole todos los detalles según los cuales, cuando se presente el escrito del fiscal en el Juzgado nº 5 de Madrid, el encargado del mismo –cree saber el Gobierno– decretará la entrada en prisión sólo de Manuel de la Concha y el arresto domiciliario de Mariano Rubio. El caso es que el fiscal de Madrid se retrasa hora tras hora, mientras Serra y yo seguimos analizando la complicada situación política, de modo que cuando la solicitud de prisión de Rubio y de De la Concha está preparada es ya demasiado tarde y ésta solo puede presentarse ante el Juzgado de Guardia, que, como es natural, decreta la prisión para los dos imputados. ¡No hay derecho a hacerle eso a Mariano Rubio! Pero Serra y Pérez Rubalcaba, que creen proteger al presidente del Gobierno con gestos y fotos, no ven más allá de sus narices.

Me llama José Barrionuevo para decirme que conoce la disposición de Corcuera y la mía a renunciar al escaño, pero que él, que fue también jefe de Roldán y quien impulsó su carrera, ha pensado quedarse. Le digo que me parece bien, pensando que así tranquilizo su conciencia. Por mi parte, añado, la decisión está tomada y el presidente lo anunciará inmediatamente. Yo iré mañana al Congreso con el escrito de renuncia y daré una rueda de prensa por la tarde.

5 de mayo de 1994

Después de formalizar mi renuncia al acta de diputado hago una rueda de prensa de explicación de la dimisión y despedida. Explico que ha sido una decisión personal, ya que ni el PSOE ni Felipe González han respondido en ningún sentido a mi disposición a dejar el cargo. Niego que la detención e ingreso en la cárcel de Mariano Rubio haya sido la última razón de mi dimisión, sino el deseo de dejar margen de maniobra al PSOE y al Gobierno ante la delicada situación. Confirmo que tanto la CNMV como el Banco de España, en su momento, aclararon todas las irregularidades del caso Ibercorp como yo había prometido ante el Parlamento. Lo que no pudieron aclarar, porque ni ellos ni yo podíamos saberlo entonces, es que Mariano Rubio tuviera un patrimonio oculto fiscalmente.

Felipe González recompone el Gobierno. Nombra a Juan Alberto Belloch ministro del Interior, uniendo este ministerio al de Justicia, y a Luis Atienza ministro de Agricultura, sustituyendo a Vicente Albero.

El fiscal del Estado ha tenido que negar que la detención de Mariano Rubio tenga algo que ver con la situación política. No se lo cree ni él.

6 de mayo de 1994

En un movimiento claramente oportunista, Baltasar Garzón dimite como secretario de Estado del Plan Nacional sobre Drogas al no ser nombrado ministro del Interior.

Guerra da a entender que ha estado con Felipe González en los últimos tiempos, ayudándole a organizar la crisis de Gobierno. Por supuesto, no ha pintado nada en esta crisis ni en nada de lo que viene sucediendo últimamente. Quizá, ahora que me ve a mí alejado del poder en el PSOE, piensa que tiene de nuevo una oportunidad. Si es así, se equivoca totalmente.

Baltasar Porcel publica un suelto en La Vanguardia alabándome. Ya había perdido yo la costumbre de una crítica favorable.

8 de mayo de 1994

ABC, en un editorial titulado «La marcha de Solchaga», acaba alabándome (mejor parlamentario del PSOE, discurso memorable en el debate sobre el estado de la nación, amueblamiento intelectual…).

9 de mayo de 1994

La Ejecutiva del PSOE propone a Joaquín Almunia para relevarme al frente del Grupo Parlamentario. Se deshacen así todas las especulaciones más o menos interesadas de una vuelta de Alfonso Guerra y su gente a la dirección del PSOE.

10 de mayo de 1994

Me despido del Grupo Parlamentario Socialista con un corto y emocionado discurso en el que no planteo queja alguna ni hago reproches a nadie. Al final hay una larga ovación cerrada y, como señalan los periodistas, unánime. El País hace un suelto («Almunia y Solchaga») laudatorio. También lo hace José María Brunet en La Vanguardia y este periódico en su editorial.

12 de mayo de 1994

Se constituye la Comisión de investigación del caso Ibercorp que ya se conoce como la «Comisión Rubio».

18 de mayo de 1994

Se constituye una Comisión sobre financiación de los partidos políticos aprobada en las conclusiones del debate sobre el estado de la nación.

En los últimos ocho días, aprovechando que Narcís Serra tenía que contestar una interpelación en el Parlamento, se ha notado un claro cambio de enfoque del PP y del Sindicato del Crimen. Tras mi renuncia, el próximo objetivo es la de Narcís Serra. Pedro Crespo lo proclama sin tapujos en La Gaceta en un artículo titulado «Serra, próximo objetivo», y Pepe Oneto titula su artículo «Los días contados de Narcís Serra».

19 de mayo de 1994

El juez dicta la libertad de Mariano Rubio bajo fianza de 15 millones de pesetas.

22 de mayo de 1994

Javier Pradera publica un artículo muy interesante sobre responsabilidades y dimisiones.

23 de mayo de 1994

Comparezco ante la «Comisión Rubio» y hago luego unas declaraciones anodinas, dado el carácter supuestamente reservado de la misma.

24 de mayo de 1994

En su comparecencia en la misma comisión, Solbes revela que Mariano Rubio defraudó a Hacienda 13 millones de pesetas, lo que quedará por debajo del umbral exigible para la responsabilidad penal. De momento, sin embargo, ya ha pasado por la cárcel. Me irrita toda esta hipocresía encaminada a salvar los malos comportamientos del PSOE mediante la búsqueda de un chivo expiatorio. Cualesquiera que sean sus defectos, Mariano Rubio ha sido un servidor del Estado mucho más digno en el desempeño de sus funciones que la mayoría de los que le juzgan.

1 de junio de 1994

La hermana de Mariano Rubio y su marido se niegan a declarar en la comisión de investigación. También siguen especulando con el papel de Gloria, mi mujer, en diversas operaciones económico-financieras. En todo caso, de cara ya a las elecciones europeas, todos tratan de hundir al PSOE haciendo recuento de escándalos reales o inventados que nos han afectado.

13 de junio de 1994

Cambio 16 cuenta que Ricardo García Damborenea ha resucitado de entre los muertos participando en un mitin en el que pidió el voto para el PP. Eso lo debería haber hecho diecisiete años antes.

Me voy a Cuba a participar en unas Jornadas de The Economist sobre la situación de la isla.

26 de junio de 1994

El País publica una larga entrevista que me ha hecho Sol Alameda. Es una especie de despedida provisional.

27 de junio de 1994

Viajo a Buenos Aires invitado por la Asociación de Banca Argentina a dar una conferencia. Me acompaña Gloria. Pasaremos una semana en una de las ciudades que más me gustan del mundo. Antes, he llegado a un acuerdo con el Grupo Recoletos para presidir su Consejo Editorial. Mientras vuelvo o no vuelvo a la política activa hay que hacer algo y también ganarse la vida.

166. La Promoción Social de Viviendas (PSV) fue una gran operación urbanística, con 175 promociones en toda España y más de 22.000 viviendas proyectadas. Fue el proyecto más ambicioso que jamás armó un sindicato y el fiasco más grande del cooperativismo en España. Dio lugar a una de las fianzas judiciales más altas jamás impuestas (65.000 millones de pesetas, posteriormente rebajados a 18.587 millones) y obligó al sindicato UGT, impulsor de la idea, a comprometer todo su patrimonio para respaldar públicamente el proyecto y tranquilizar a miles de cooperativistas.

167. Tras la dimisión en noviembre de 1993 de José Luis Corcuera por la anulación de la Ley Corcuera, le sucede como ministro del Interior Antoni Asunción, que sólo permaneció en el cargo hasta mayo de 1994. Juan Alberto Belloch se hizo cargo entonces del Ministerio del Interior, manteniendo también la cartera de Justicia.

168. Pascual Sala era, desde noviembre de 1990, presidente del Tribunal Supremo y presidente del Consejo General del Poder Judicial. Permaneció en los cargos hasta julio de 1996.

Epílogo

Cuando renuncié a mi escaño en la primavera de 1994 lo hice convencido de que aquello no era más que un percance en mi trayectoria política. Pensaba que, cuando las cosas se fueran aclarando y la tensión política se redujera, volvería de nuevo a la política activa. Sin embargo, en los dos años siguientes el ambiente político, en lugar de aclararse, fue haciéndose cada vez más espeso, al tiempo que se deterioraba gravemente la convivencia entre el Gobierno socialista y la oposición del PP.

Si por aquel entonces comparaba la experiencia gratificante que habían supuesto mis primeros tiempos de actividad parlamentaria (1980-1982) con el último año en el que yo era uno de los protagonistas principales de la misma, no podía evitar concluir que la ilusión con que viví mi primera etapa parlamentaria no me acompañaba en ese último periodo. La cuestión no estribaba en las relativas dificultades a las que hube de hacer frente en uno y otro periodo; la cuestión más bien residía en el hecho de que entre 1982 y 1993 había descubierto un enfoque distinto de la acción política ligado inexorablemente a las tareas del poder ejecutivo y que tenía que ver con el impulso de los procesos de transformación política y social de España, con la defensa internacional de sus intereses a corto y largo plazo, con velar por el funcionamiento justo y eficaz del Estado, evitando su apropiación por unos y por otros, con llevar a cabo, en fin, lo que generalmente se denomina política de Estado y, cuando desciende a sectores concretos de su actividad, políticas públicas. Comparada con mi experiencia ministerial, mi actividad al frente del Grupo Parlamentario, mi mayor o menor influencia en la toma de decisiones de mi partido o el protagonismo y la responsabilidad de las negociaciones políticas con otros grupos y partidos palidecían, y la satisfacción que pudiera sentir en el ejercicio de mi cargo parlamentario nunca sería igual a la que, en medio de no pocos sinsabores, pude sentir en algunos momentos mientras formaba parte del Gobierno.

Después de abandonar el escaño parlamentario, mis relaciones con el PSOE y el Gobierno continuaron siendo muy buenas. El Gobierno de Felipe González ofreció todo su apoyo a mi eventual candidatura a la Secretaría de la nueva Organización Mundial del Comercio y doy por cierto que si yo hubiera mostrado interés por ese puesto el Gobierno lo habría conseguido. Cuando estábamos ya en la oposición después de las elecciones de 1996, Joaquín Almunia, que había sucedido como secretario general del PSOE a Felipe González, me ofreció una de las dos carteras de comisario en la CEE que correspondían entonces a España (lo que, por tradición desde 1986, correspondía proponer al partido de la oposición), propuesta que también rechacé agradecido. En realidad, una vez que salí del Gobierno no tuve ningún puesto ejecutivo en el sector público ni en sus aledaños cuya provisión dependiera directa o indirectamente del Gobierno de España, con la excepción de la Vicepresidencia del Patronato del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, que, como se sabe, es un puesto no remunerado aunque muy atractivo. Cuando en la primavera de 1996 se convocaron las nuevas elecciones generales, comuniqué a mi partido que prefería no ir en las listas de candidatos, cerrando así, ahora ya de manera consciente, mi dedicación a tales tareas.

En los últimos veinte años he padecido como cualquier español consciente mi parte alícuota de nuestros fracasos y dificultades, y he podido alegrarme con las enormes transformaciones que han mejorado nuestro nivel de vida material y cultural. Algunas veces he sentido nostalgia de lo que fue la dedicación exclusiva de la parte central de mi vida, entre los treinta y los cincuenta años, y he caído con más frecuencia de lo deseable en la tentación de comparar estos tiempos con aquéllos. Pero nunca he permitido que la nostalgia o el resentimiento distorsionaran la confianza que tengo en nuestra capacidad como españoles para organizar nuestro futuro, a pesar de la modesta opinión que tengo de nosotros mismos.

Siempre me sentí atraído por las ideas liberales, pero no comparto con la mayoría de liberales ni su pasión por el individualismo ni su aversión al Estado. Alguien dijo que el liberalismo no era una opción política práctica sino, en todo caso, una actitud crítica. Pienso a veces que lo mejor de mi vida política consistió precisamente en mantener dentro de mi partido, el PSOE, esa actitud crítica de corte liberal.

Acrónimos

AEB (Asociación Española de Banca)

AES (Acuerdo Económico y Social)

AHM (Altos Hornos del Mediterráneo)

AHV (Altos Hornos de Vizcaya)

AIE (Agencia Internacional de la Energía)

ANE (Acuerdo Nacional sobre Empleo)

AP (Alianza Popular)

APD (Asociación para el Progreso de la Dirección)

APE (Asociación de Periodistas Europeos)

APIE (Asociación de Periodistas de Información Económica)

AT&T (American Telephone and Telegraph)

BBB (Bizkai Buru Batzar)

BBV (Banco Bilbao Vizcaya)

BCA (Banco de Crédito Agrícola)

BEI (Banco Europeo de Inversiones)

BERD (Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo)

BID (Banco Interamericano de Desarrollo)

CAA (Comandos Autónomos Anticapitalistas)

CAMPSA (Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos S.A.)

CATS (Computer Assisted Trading System)

CC.OO. (Comisiones Obreras)

CD (Coalición Democrática)

CDS (Centro Democrático y Social)

CE (Comisión Europea)

CECA (Comunidad Europea del Carbón y del Acero)

CEE (Comunidad Económica Europea)

CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales)

CEPSA (Compañía Española de Petróleos S.A.)

CEPYME (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa)

CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear)

CiU (Convergència i Unió)

CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores)

COMECON (Consejo de Ayuda Mutua Económica)

CSI (Confederación Sindical Independiente)

DGB (Confederación Alemana de Sindicatos)

EBB (Euzkadi Buru Batzar)

ECOFIN (Consejo de Asuntos Económicos y Financieros)

ecu (European Currency Unit: Unidad Monetaria Europea)

EE (Euskadiko Ezkerra)

EFTA (European Free Trade Association: Asociación Europea de Libre Comercio)

EMK (Euskadiko Mugimendu Komunista: Movimiento Comunista de Euskadi)

ENAGAS (Empresa Nacional de Gas)

ENASA (Empresa Nacional de Autocamiones S.A.)

EPA (Encuesta de Población Activa)

ERE (expedientes de regulación de empleo)

ERT (Explosivos Río Tinto)

ETA (Euskadi Ta Askatasuna: Euskadi y Libertad)

FAD (Fondo de Ayuda al Desarrollo)

FECSA (Fuerzas Eléctricas de Cataluña)

FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias)

FETE (Federación de Trabajadores de la Enseñanza)

FLN (Frente de Liberación Nacional)

FLP -o coloquialmente FELIPE (Frente de Liberación Popular)

FMI (Fondo Monetario Internacional)

FOCOEX (Fomento del Comercio Exterior)

FORPPA (Fondo de Ordenación y Regulación de Producciones y Precios Agrarios)

FP (Federación Progresista)

FSM (Federación Socialista Madrileña)

GATT (General Agreement on Tariffs and Trade: Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio)

HB (Herri Batasuna)

HUNOSA (Hulleras del Norte S.A.)

ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior)

ICO (Instituto de Crédito Oficial)

ICONA (Instituto para la Conservación de la Naturaleza)

INE (Instituto Nacional de Estadística)

INEM (Instituto Nacional de Empleo)

INFE (Instituto Nacional de Fomento a la Exportación)

INH (Instituto Nacional de Hidrocarburos)

INI (Instituto Nacional de Industria)

INSALUD (Instituto Nacional de la Salud)

IPC (Índice de Precios al Consumo)

IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas)

IRYDA (Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario)

IS (Izquierda Socialista)

IU (Izquierda Unida)

IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido)

JUJEM (Junta de Jefes de Estado Mayor)

KAS (Koordinadora Abertzale Sozialista)

KIA (Kuwait Investment Authority)

KIO (Kuwait Investment Office)

LAB (Langile Abertzaleen Batzordeak)

LCR (Liga Comunista Revolucionaria)

LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico)

LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas)

MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts)

OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos)

OIT (Organización Internacional del Trabajo)

ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles)

ONU (Organización de Naciones Unidas)

OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte)

PAC (Política Agrícola Común)

PAIF (Plan de Actividades, Inversiones y Financiamientos)

PCE (Partido Comunista de España)

PDL (Partido Demócrata Liberal)

PDP (Partido Demócrata Popular)

PEN (Plan Energético Nacional)

PIB (Producto Interior Bruto)

PNV (Partido Nacionalista Vasco)

PP (Partido Popular)

PRI (Partido Revolucionario Institucional)

PSA (Partido Socialista Andaluz)

PSC (Partit dels Socialistes de Catalunya)

PSD (Partido Social Demócrata)

PSE (Partido Socialista de Euskadi)

PSF (Partido Socialista francés)

PSN (Partido Socialista de Navarra)

PSOE (Partido Socialista Obrero Español)

PSP (Pacto Social del Progreso)

PSP (Partido Socialista Popular)

PSPV (Partit Socialista del País Valencià)

PSUC (Partit Socialista Unificat de Catalunya)

PSV (Promoción Social de Viviendas)

RDA (República Democrática Alemana)

REDESA (Red Eléctrica de España S.A.)

REF (Régimen Económico y Fiscal)

RENFE (Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles)

RFA (República Federal de Alemania)

RTVE (Corporación de Radio y Televisión Española)

SME (Sistema Monetario Europeo)

SMI (salario mínimo interprofesional)

SOMA (Sindicato de los Obreros Mineros de Asturias)

TEAC (Tribunal Económico Administrativo Central)

UCD (Unión de Centro Democrático)

UEM (Unión Económica y Monetaria)

UGT (Unión General de Trabajadores)

UIMP (Universidad Internacional Menéndez Pelayo)

UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia)

UNESPA (Unión de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras)

UNICE (Unión de las Confederaciones de la Industria de los Empleadores de Europa)

UPC (Unión del Pueblo Canario)

USO (Unión Sindical Obrera)

VPO (vivienda de protección oficial)

ZUR (Zona de Urgente Reindustrialización)