Las bombas del 11-M

Relato de los hechos en primera persona             

Por el ex jefe de los TEDAX-NRBQ

Juan Jesús Sánchez Manzano

Comisario principal

Derechos de autor para Fundación Huérfanos del Cuerpo Nacional de Policía

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© Juan Jesús Sánchez Manzano

Diseño de portada: Miguel Izco

Edición y corrección: Roberto Ruiz Ballesteros

ISBN-13: 978-1493797318

ISBN-10: 149379731X

Depósito Legal: M-598/2014

Impresión: Amazon (Create Space), diciembre 2013.

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A mi esposa, Eloísa, con la que he compartido mi vida desde que teníamos 15 años.

Ella me ha acompañado y ha sufrido los momentos amargos que conlleva tan larga campaña de infamias.

Resulta difícil corresponder a tanto apoyo y amor recibido.

Prólogo

Con motivo de los atentados del 11-M, un reducido y determinado grupo de periodistas y locutores idearon y mantuvieron una serie de teorías sobre una conspiración contra el Gobierno de España. Estas cinco o seis personas consideraron que los otros miles de periodistas estaban confundidos por no secundar sus teorías.

En su larga e intensa campaña mediática que duró más de nueve años, los autores de las teorías de la conspiración difundieron falacias y difamaciones contra miembros de instituciones del Estado. Entre ellos, algunos mandos de los TEDAX-NRBQ, que fuimos sometidos a un juicio paralelo. Además, nos acusaron de manipular pruebas e incluso de encubrir a los terroristas.

Según ellos, habíamos vulnerado los principios de neutralidad e imparcialidad a los que estamos obligados los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado. No faltaban entonces ganas de defendernos de esos ataques. Sin embargo, eran esos principios que decían que habíamos traicionado los que nos hacían callarnos y respetar las normas internas del cuerpo, que impiden acudir a la prensa sin autorización ni siquiera para proteger el propio honor.

Estábamos por lo tanto en clara desventaja respecto a los periodistas que ponían en duda nuestro trabajo de forma gratuita. Siguiendo los procedimientos establecidos por la Dirección General, solicitamos desmentidos a las desinformaciones y difamaciones que mancharon nuestro nombre y el de las instituciones. Sin embargo, el Ministerio del Interior no atendió nuestras propuestas argumentando que no merecía la pena, por lo que tuvimos que seguir aguantando sin poder abrir la boca.

Diez años después, cuando ya todo empieza a ser parte de la historia, ha llegado el momento de explicar a la sociedad española que los TEDAX-NRBQ, y yo como su comisario jefe, cumplimos en todo momento con la regulación profesional y observamos los principios de neutralidad e imparcialidad que por otra parte siempre habían sido parte de nuestro ADN.

El autor

Índice

1. Introducción

2. Actuación de los Tedax

2.1. El operativo

2.2. Los primeros artefactos

2.3. La furgoneta Renault Kangoo

2.4. Desactivación de la bomba en Vallecas

2.5. Los días después

2.6. El artefacto de la vía del AVE

2.7. Los ‘kamikazes’ de Leganés

2.8. Los descubrimientos posteriores

3. La información

3.1. Una política de comunicación anormal

3.2. La Memoria de Actuaciones

3.3. Los datos urgentes

3.4. Nuestros documentos

3.5. Insistentes llamadas del CNI y la Guardia Civil

3.6. Fotos de la bomba desactivada en una televisión de EEUU

4. Las pruebas

4.1. Aportaciones de los Tedax

4.1.1. Mina Conchita y la información inventada

4.1.2. De los detonadores a Avilés

4.1.3. Empresas receptoras de Goma 2 ECO

4.1.4. El detonador del artefacto del AVE

4.1.5. De dónde vienen la Goma 2 ECO y los detonadores de Leganés

4.1.6. Una simulación de las explosiones

4.1.7. No fue ETA

4.2. ¿Quién es el competente, la Guardia Civil o la Policía?

5. La comisión parlamentaria

5.1. Titadyne

5.2. El Tedax que habló con Garzón, según  Garzón

5.3. El error de la nitroglicerina

5.4. Consecuencias del error de la nitroglicerina

5.5. Preparando mi comparecencia

6. El juicio

6.1. Preparando mi testimonio

6.2. Mi actitud

6.3. Mi turno

6.4. Así trataron los medios mi comparecencia

7. Recogida, análisis y custodia de los restos

7.1. Lo que hicimos los Tedax

7.1.1. Cuántos restos se seleccionaron

7.1.2. Quién y cuándo se hacen los análisis

7.1.3. ¿Por qué no se enviaron a Policía Científica?

7.1.4. El informe del resultado de los análisis

7.1.5. Firma de un solo perito y el visto bueno del comisario jefe

7.1.6. La custodia de restos relacionados con artefactos explosivos

7.1.7. La contaminación de las muestras

7.2. Imposible identificación concreta del explosivo detonado

7.3. Tedax y Policía Científica. El ejemplo del ácido bórico

7.4. Informe de los peritos del tribunal

7.5. Las sentencias

7.6. ETA en el atentado

7.6.1. De los explosivos a ETA

8.- Causas y consecuencias de una estrategia errónea

8.1.- Reuniones de coordinación o gabinete de crisis

8.1.1. En el ámbito político. Aznar relegó a la Comisión Permanente

8.1.2. En el ámbito policial

8.2. Primera causa: Fallos en las políticas de seguridad preventiva

8.2.1. Escasez de recursos contra el terrorismo islámico.

8.2.2. Insuficiente coordinación de la información disponible

8.3. Segunda causa: inadecuada gestión de la comunicación

8.3.1. Titadyne

8.3.2. ETA y los comunicados internacionales

8.3.3. Pretendida solución al problema del Titadyne

8.3.4. Mantener la autoría de ETA

8.4. Necesidad de inventar una conspiración

8.4.1. El primer pilar: el sumario paralelo

8.4.2. El segundo pilar: las preguntas parlamentarias

8.3.3. El tercer pilar: actuación de algunas acusaciones en el juicio

9. Unidad de acción de los partidarios de la conspiración.

9.1. Carmen Toro

9.1.1. La trama policial inventada por García-Abadillo

9.1.2. La incoherencia

9.1.3. El inicio del linchamiento

9.2. La radiografía

9.2.1. Las mentiras en El Mundo

9.2.2. Preguntas parlamentarias sobre la radiografía

9.2.3. Lo que hicieron con la radiografía:

9.3. La bolsa de Vallecas

9.3.1. Preguntas parlamentarias sobre la bolsa de Vallecas

9.4. La metenamina

9.4.1. Lo que El Mundo y la Cope divulgaron

9.4.2. El Mundo se desmiente a sí mismo. Esta vez en el mismo texto

9.4.3. El seguidismo de algunos miembros del PP

9.4.4. ¿En qué argucia sustentaban la tergiversación periodística?

9.4.5. Metenamina por contaminación

9.4.6. La odontología periodística

9.5. Sustitución de fotografía del explosivo por la Policía Científica en su informe pericial:

9.6. El teléfono TRIUM

9.7. ETA y los teléfonos móviles del 11-M

9.8. García-Abadillo y Jiménez Losantos, preparando ‘mi juicio’

9.8.1. Preguntas parlamentarias sobre explosivos y ETA

10. Estupefacción internacional

10.1. La prensa internacional: malbaratar la marca España

10.2. Actitud de la Conferencia Episcopal

11.  Evolución de las teorías conspiracionistas

11.1. Manipulaciones y difamaciones tras el juicio

11.2. La desvinculación política llega tarde

11.3. Preguntas no documentadas en fuentes judiciales ni policiales

11.4. Otros posicionamientos políticos sobre el 11-M

12. Infamias en los tribunales

12.1. Mi contundente desmentido: las demandas por calumnias

12.2. Un trabajo impoluto de los Tedax

12.3. La revancha

13.- Sensacionalismo contra respeto a la opinión pública

13.1. Las elecciones, a la vuelta de la esquina

13.2. La farsa como negocio y el populismo como política

13.3. Respeto al periodismo y a las personas

13.4.- Lucha antiterrorista y medios de comunicación

14. La historia juzgará

14.1.- Ausencia de desmentidos oficiales

14.2. Contra la desmemoria

14.3. Futuro tratamiento histórico del 11-M

15. Conclusiones

15.1. Resumen de las actuaciones de los Tedax

15.2. Actuaciones de los teóricos de la conspiración

15.3. Reflexiones

Epílogo

Otros documentos se pueden consultar en Dropbox:

https://bit.ly/documentoslasbombasdel11M

A los Tedax, hombres y mujeres valientes entrenados para vencer el miedo. En su servicio a España, 16 de ellos perdieron la vida. Ante una bomba, nunca dieron un paso atrás. Se merecen la permanente gratitud de la sociedad.

Además de los Tedax, muchas personas me han ayudado a soportar los fieros ataques de descrédito profesional y personal que he recibido en los últimos años. Algunas también merecen un especial agradecimiento:

Mi familia, que permaneció unida con fortaleza, sin que su ánimo y dignidad sufrieran menoscabo alguno.

Los amigos y compañeros que nunca perdieron la confianza en mi profesionalidad y lealtad a España.

El Sindicato Profesional de Policía que me apoyó desde el principio.

Mi abogada, María Ponte, que, además de ofrecerme su valiosa asistencia técnica, supo manejar los tiempos y los mensajes para ayudarme a afrontar los momentos difíciles.

El blog de Desiertos Lejanos (*) que ha combatido, como dice en su presentación, “la mayor colección de peligrosas ficciones que se ha contado en la España democrática”. En él me he apoyado para documentarme sobre algunas cuestiones. Singular mención merecen Rasmo, por su documentado capítulo Titadyn, el eterno retorno, y Manel (Manel Gozalbo) (*), quien próximamente publicará una extensa y documentada obra titulada El juicio paralelo del 11-M.

Especial recuerdo y cariño merecen las víctimas. Para su desgracia, al dolor por la pérdida de sus seres queridos o las lesiones sufridas, se suma la insensibilidad de quienes, desde un primer momento, no respetaron los ritmos del duelo y ayudaron a sembrar la división entre ellas.

(*) http://www.desiertoslejanos.com/blog/

(*) http://www.hispalibertas.es/

Presentación

La razón esencial que me ha impulsado a escribir este libro es el recuerdo permanente que los españoles debemos a las víctimas del terrorismo. Me resigno a creer que sus vidas han servido únicamente para vender periódicos que no respetan la verdad y me veo reflejado en su resignación. Su modo de soportar el sufrimiento con dignidad, su lucha por redactar la historia tal y como es y su pelea democrática por buscar la justicia les coloca como referentes morales para el resto de ciudadanos. Ellos crean Estado de Derecho. El resto, además de estar agradecidos, debemos rechazar a quien desde un cargo con responsabilidad pública no esté a la altura o no respete la verdad.

Mi pequeña contribución a la verdad tiene una doble vertiente: contar el papel que cumplimos los TEDAX-NRBQ[1] en el 11-M y acabar con las dudas sembradas sobre mi actuación como su comisario jefe. Pretendieron desprestigiar lo que hicimos para tener historias que contar, vincularnos con el poder político para tener una cabeza de turco sobre la que descargar culpas.

Este libro, escrito sin pretensiones literarias, solo quiere transmitir mis experiencias. No quiero morir sin haber contado lo que vi, que no fue otra cosa que parte de la historia de España. La verdadera.

He procurado dejar de lado la subjetividad en lo que se refiere a la exposición de las actuaciones y los datos imprescindibles que aclaran el trabajo que se llevó a cabo en nuestra especialidad. Deshacerse del apasionamiento no ha resultado fácil. Sin embargo, creo haber reflejado lo que presencié con honestidad profesional, máximo nivel de objetividad que creo puede lograr una persona. He intentado incorporar el mayor número de datos y referencias posibles para conformar un relato lo más documentado y académico posible. Este estilo lo he complementado con citas publicadas en los medios, tanto nacionales como internacionales, que reflejan la situación social vivida en cada momento. 

El relato que hago aquí no utiliza como única fuente de inspiración mi propia memoria o las notas que iba haciendo sobre cada una de las gestiones que realicé aquellos días. Me he apoyado también en documentos que obran en el sumario judicial o en informes que forman parte del trabajo policial diario. Dada la situación especial que se comenzó a vivir desde los primeros momentos, la Unidad Central TEDAX anotó, en tiempo real, todos los detalles de sus actuaciones en una Memoria de Actuaciones de la Especialidad en el 11-M. Se inició el mismo día 11 de marzo y se cerró el 21 de junio de 2004, día que se pasó toda esa información a registro de salida para remitirla a instancias superiores. Además, no he tenido que interpretar escritos farragosos o alejados, porque yo fui el autor de muchas de las actuaciones; y de las que no era protagonista, fui testigo directo.

Este libro no está escrito contra nadie, sino a favor de la verdad. He puesto mi más sincera voluntad para huir de miedos, pasiones y prejuicios. Con independencia de las interpretaciones que suscite, me considero con el derecho y el deber de publicarlo. Mi legitimación tiene su origen en la falta de apoyo oficial que he tenido para defenderme de los crueles ataques que he sufrido. Además, nuestros hijos y nietos tienen derecho a estudiar una historia de España real. Soy consciente de que este compromiso con la verdad me proporcionará incomprensiones y algún disgusto, pero asumo mi deber desde mi independencia política. Algunos se empeñan en encasillar a cada policía en un punto del espectro partidista. Solo consiguen que se resienta la imagen de las instituciones.

Durante la celebración del juicio del 11-M, después de mi comparecencia, El País publicó un artículo titulado Uno de los suyos[2], en referencia a mí, y con el objetivo de catalogarme políticamente. Pero yo no soy ni de los unos ni de los otros, soy un profesional de la Policía.

No soy de los que están o viven en la Policía. Me siento policía y esto es incompatible con actuar o trabajar pensando en política. Cuando uno es policía y trabaja al servicio del ciudadano, aplicar la imparcialidad y la objetividad es una directriz, una costumbre que se emplea de manera automática. Si las instituciones se movieran por perfiles políticos, estaríamos en un escenario de trincheras cenagosas, en el que pelearíamos unos contra otros, y no es así. Gracias a los destinos que he tenido en mi larga trayectoria profesional, he conocido lo suficiente sobre el funcionamiento de la política. La experiencia me ha empujado a ser escéptico y a huir de comportamientos que presenten el menor atisbo de condicionamiento y, menos aún, participar en intrigas de bandos o facciones ideológicas.

En la narración, me abstendré de comentar la labor de otras unidades. Aunque tengo conocimiento de primera mano de sus operaciones, me considero sólo un testigo de referencia. Sería irresponsable y osado por mi parte y, por eso, me limitaré a las acciones de los TEDAX-NRBQ, en las que he trabajado o he sido testigo directo.

He procurado exponer los hechos de forma coherente con la finalidad de que el lector analice, por un lado, el daño que se hizo a instituciones españolas, así como a determinados cargos de ellas, y por el otro lado, el perjuicio causado al propio Estado y a nuestra sociedad.

Por ello, en primer lugar, destaco la sinrazón de las manipulaciones y mentiras difundidas por algunas personas adscritas a determinados medios sobre el trabajo de unos auténticos profesionales como son los TEDAX-NRBQ. Estos comunicadores, durante varios años, construyeron un universo virtual en torno al 11-M con la polarización ciudadana en dos bandos. El enredo paranoico de crear una mentira para justificar la del día anterior, además de llevar a un innecesario sufrimiento de las víctimas, se desplegó con inquina sobre mi persona, y en la de muchas más, con unas consecuencias muy graves e irreversibles.

Es importante que la ciudadanía sea consciente del  daño que supuso para el Estado ver mermada su dignidad, al consentir esta irresponsabilidad de algunos periodistas y el coqueteo de determinados políticos con ellos. En una nación como España, con una historia marcada por pasados y graves enfrentamientos entre paisanos, resulta imperdonable volver a alzar barreras contra la convivencia. Y más aún hacerlo con el único fin de vender periódicos.

Este libro pretende aportar el testimonio de alguien que estuvo allí el 11 de marzo de 2004 y que se encontraba en una posición nuclear, pues toda la polémica sobre la autoría del atentado giraba en torno a los explosivos. Solo espero que este relato ayude a los investigadores a contar la historia del modo más cercano posible a como realmente sucedió. Aunque quedaré muy satisfecho si este trabajo consigue al menos sembrar la duda en las mentes de los que han creído a pies juntillas todo lo que aparecía en El Mundo o se contaba desde los micrófonos de la Cope.

Por mi honor, por la verdad y por España, tenía el deber de escribir esta obra. La mentira permanente es un cáncer que, si no se extermina a tiempo, acaba destruyendo la credibilidad de las instituciones e incluso del Estado en sí. Además, no podía permitir que las generaciones venideras miraran atrás y vieran a los Tedax manchados por las calumnias. Era de justicia contar las cosas como fueron. También para que, diez años después, los que asumieron la denominada teoría de la conspiración se miren con honradez delante del espejo y asuman de una vez que aquellas mentiras disfrazadas de apariencia de verdad han evolucionado hoy hacia parodias ridículas. Una vez ha amainado la invención de historias, es hora de proporcionar una visión sosegada, calmada y exclusivamente racional que valore en su justa medida la actuación del Cuerpo Nacional de Policía y de sus TEDAX-NRBQ.

1. Introducción

              El 11 de marzo de 2004 tuvo lugar el atentado más grave de la historia de España. Varios vagones de cuatro trenes de cercanías, que circulaban por el Corredor del Henares (Madrid), volaron por los aires. Hubo 191 muertos y 1.843 heridos, un alto porcentaje de estos últimos con graves e irreversibles secuelas.

              En aquellos momentos, el presente era desolación, desesperanza, pena, rabia, ansiedad. Sobreponerse a estas circunstancias parecía imposible para quienes teníamos la responsabilidad de restablecer la normalidad. Pero había que tomar decisiones. Además, el trabajo bien hecho de sanitarios, bomberos o policías municipales ayudaba a ordenar las prioridades -asistenciales, primero; operativas, después– para que todos realizásemos con plena eficacia las funciones que nos eran propias.

              Asimismo, el comportamiento ciudadano fue ejemplar durante toda la jornada. Cada uno aportaba lo que podía, con determinación y generosidad propias de una sociedad madura, humana y concienciada sobre el fenómeno terrorista. Si algo falló en esos trágicos días, desde luego, no fue la sociedad ni el entramado institucional del Estado. Me inclino más bien porque fueron algunos políticos y unos pocos comunicadores que antepusieron el sensacionalismo por encima de la verdad. Es decir, que no hicieron su trabajo.

              A los TEDAX-NRBQ, en un primer momento, nos correspondía una misión imprescindible y arriesgada: buscar otros posibles artefactos explosivos y asegurar la zona para que el resto de servicios de emergencias pudieran realizar sus tareas sin riesgos. Restablecida la normalidad en los cuatro escenarios de los atentados, la labor de los técnicos en desactivación de explosivos continuó según los procedimientos establecidos.

              Desde el momento de las explosiones, las circunstancias exigen a los TEDAX-NRBQ actuar a un ritmo trepidante, exigente y caracterizado por los imprevistos. Es bueno recordar que en esas primeras horas no faltaron las falsas alarmas: amenazas de bomba que se quedaban solo en eso, objetos sospechosos que terminaban siendo simple basura, lugares que exigían hacer un registro y otras de actuaciones de riesgo que resultaron no ser nada, pero que podían haber sido la causa de decenas de muertos más.

              El número de efectivos especializados en la desactivación de explosivos en Madrid era el adecuado. Pero es que, además, en nuestra sede central, ese día se desarrollaba un curso sobre riesgos NRBQ (nuclear, radiológico, biológico y químico), lo que sumaba otros 30 técnicos procedentes del resto de territorio nacional. Esto, de hecho, facilitó la disponibilidad de profesionales suficientes para atender satisfactoriamente todas las necesidades, entre otras, la laboriosa búsqueda y análisis de los restos de las explosiones.

              Las investigaciones posteriores, hasta la celebración del juicio, también fueron llevadas a cabo con eficacia. Lo reconoce la sentencia de la Audiencia Nacional, que posteriormente resaltó la corrección de nuestras actuaciones. Pero también lo reconocen organismos a nivel internacional que sufrieron situaciones similares y que sin embargo no tuvieron resultados tan positivos.

              En España, en general, nuestra labor ha sido reconocida. Sólo un grupo de comunicadores y políticos sembraron dudas al respecto. Tras un atentado como este, el Gobierno tenía la responsabilidad de asumir el liderazgo que le corresponde en la actuación de los servicios policiales y de emergencias. Y lo ejerció en parte. La muestra es que a los 20 días la Policía Nacional localizó a los terroristas, evitando así más atentados que éstos tenían preparados. Cuestión distinta es que acertara a ejercer ese liderazgo ante la sociedad. Había una alternativa simple; sin embargo, en mi opinión, el Gobierno optó por la más compleja. 

              Después de estallar las bombas, todos los servicios policiales transmitieron con lealtad, fiabilidad y oportunidad los datos que se fueron recabando. De esto soy testigo directo e incluso protagonista en algún caso. Desconozco la información que transmitieron otros cuerpos sin competencias operativas en los escenarios, aunque en ningún caso podía ser tan exacta como la proporcionada por la Policía, única corporación que daba respuesta in situ a las situaciones que se presentaban. La magnitud del atentado provocó que se extremara el rigor en la aplicación de los protocolos basados en los incidentes terroristas del pasado.

              No podemos negar, por otro lado, que hasta ese momento el terrorismo en España había estado vinculado casi en exclusiva a la banda criminal ETA. De ahí que nada más estallar las bombas se generalizara la creencia de que había sido esta organización terrorista. Este prejuicio, unido a las adversas circunstancias del momento, provocó la resistencia a emplear la razón para el análisis de los datos que iban recibiendo. Algunos de los receptores de las informaciones, de hecho, se quedaron con esa idea de la culpabilidad de ETA quizá demasiado tiempo. No valoraron en su justa medida la sucesiva aparición de evidencias. Tardaron en digerirlas e interpretarlas. Esta obcecación ralentizó su reacción y la hizo incluso titubeante.

              Tal es así que el CNI le reconoció a José María Aznar que no sabía nada sobre la autoría del atentado, ni antes ni después de que se produjera. Lo confiesa el propio expresidente del Gobierno en su libro El compromiso del poder[3]: “Había encargado personalmente un informe a Jorge Dezcallar, director del CNI, con su análisis sobre el atentado y la cuestión de la autoría. El día 13, Dezcallar me lo hace llegar. Se trata de un informe personal, no clasificado. Después de una serie de consideraciones, como conclusión, el informe dice textualmente lo siguiente: No estamos en condiciones de respaldar o rechazar ninguna de las dos grandes alternativas en presencia. Ni antes ni después del atentado se ha detectado absolutamente nada ni dentro ni fuera de España que pudiera indicar una preparación o satisfacción por lo que ha ocurrido. El silencio es total, como atestiguan todos los contactos mantenidos con los servicios de inteligencia de nuestro entorno o el mundo árabe. Nadie ha detectado nada, ni antes ni después (y eso que la NSA de Estados Unidos lleva 24 horas dedicada a este tema con la máxima prioridad)”.

              La pregunta que surge después de leer estas confesiones es si Aznar o Dezcallar llegaron a disponer de los informes que elaboraron los Tedax durante los dos días siguientes al atentado. Si no los conocían, ¿quién decidió no proporcionárselos? Si los conocían, ¿por qué valoraron más las conclusiones de otros servicios nacionales y extranjeros, que además no disponían de los indicios obtenidos en el escenario de los atentados?

Ya Fernando Múgica, en la edición de El Mundo de 26 de junio de 2008[4], con el titular Dezcallar dijo a Ana Palacio el 12 M que había acertado al acusar a ETA, anunciaba lo que mucho después confesó Aznar. Pero lo que precedía a este titular era mucho más explícito: El Gobierno del PSOE premia con la embajada de Washington al hombre que indujo al Gobierno del PP al mayor patinazo de la historia de nuestra diplomacia. Esto explica que cualquier intento de despolitizar el asunto resultaba inútil. A tres días de las elecciones generales, se había producido una situación anómala que afectaba de lleno al ámbito político. Sin embargo, ninguna de estas circunstancias justifica la manipulación realizada por determinados medios para poner en duda la actuación de la Policía y de los tribunales.

              El lema United We Stand[5], aplicado y asumido por todos –partidos, instituciones, medios– el 11-S, no fue abrazado por España el 11-M. En EEUU, tras el ataque a las Torres Gemelas, políticos, instituciones de seguridad y periodistas en ningún momento inventaron enredos, embarullaron a funcionarios públicos con fabulaciones, dieron pábulo a teorías conspirativas ni abrieron el periódico con el testimonio de criminales. Al contrario, todos caminaron en la misma dirección, agradecieron el esfuerzo entregado de sus policías y bomberos e incluso les trataron como héroes. Sólo un pequeño grupo marginal se situó en posiciones discordantes (Truth Movement, Movimiento por la Verdad en el 11-S).

              En España, sin embargo, coexistieron dos juicios: el instruido por los tribunales y el paralelo desarrollado por algunos medios. Así lo dijo el 11 de junio de 2007 el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, en sus conclusiones definitivas al final del juicio sobre el 11-M. Denunció las mentiras difundidas sobre la masacre hasta ese momento, una gran parte de ellas constatadas como tales en este libro. “Dos juicios o procesos –señaló Zaragoza– se han desarrollado de muy diferente naturaleza y diríase que con objetivos tan distintos como distantes, un proceso judicial y un proceso paralelo. Pero un proceso judicial en el que realmente se han producido situaciones pintorescas que los procesalistas clásicos definirían como situaciones más bien propias de una esquizofrenia procesal porque se ha generado un intercambio de roles entre las partes en este proceso. Un proceso paralelo, un proceso paralelo en el que partiendo de una verdad preconcebida e interesada se ha elevado a la categoría de prueba incontestable cualquier dato o sospecha sin fundamento y se han rechazado sin más argumentos las pruebas de la investigación judicial. Se han dicho cosas como que la bolsa de Vallecas que contenía los explosivos, el teléfono y la tarjeta no era uno de los efectos que fueron encontrados en la estación de El Pozo. Incluso se ha llegado a suscitar la posibilidad de que lo de Leganés no fuera un suicidio, sino una ficción o un montaje en el que los cadáveres fueron colocados a posteriori”.

              Lejos de unirse contra el terror como pasó en América, nuestro país se enfrascó en ataques entre demócratas. Ni siquiera pasadas las elecciones del 14 de marzo, amainaron esas contiendas. Más bien se intensificaron y polarizaron. Periodistas de El Mundo y de la COPE lanzaban mensajes que mantenían la autoría de ETA, apuntaban a una conspiración e incluso acusaban a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de encubrir la conjura. Estas actitudes, apoyadas por determinados políticos, causaron mucho daño a la política, a las instituciones y a personas con nombre y apellido, entre las que me encuentro. Los autoproclamados portavoces de la teoría de la conspiración me condenaron al descrédito público al culparme de errores que eran de naturaleza política, como algunos comunicados oficiales precipitados que llevó a cabo el Gobierno el mismo 11 de marzo.

              Tenían que localizar un culpable y, como es lógico, no lo iban a buscar en la brigada de delincuencia económica. Si en aquel momento existía algún dato objetivo sobre la autoría de los atentados, estaría entre los vestigios. Es decir, entre lo que era materia de análisis de la Unidad Central de Desactivación de Explosivos y NRBQ. El comisario jefe de los Tedax, por lo tanto, se convertía en objetivo ideal dentro de una unidad jerárquica con una sola cabeza visible. Difundir sospechas sobre la especialidad de forma generalizada resultaba poco creíble y sería rechazado por la opinión pública.

              Para quien conoce con detalle las acusaciones que se han vertido contra mí, los promotores de la teoría de la conspiración han caído en el más solemne de los ridículos, puesto que han mantenido con descaro tesis contradictorias respecto a mi persona o mi profesionalidad. Las sentencias en los tribunales han puesto de manifiesto esos embustes y manipulaciones. Aunque no han sido las únicas que lo han dicho. Según el catedrático de Historia Contemporánea de la UNED Juan Avilés Farré[6], “la comunidad académica internacional no lo ha hecho [tomado en serio la teoría de la conspiración], ya que en general tales teorías son consideradas como elementos intrascendentes de la cultura popular, que permiten ganar dinero y/o satisfacer sus ansias de protagonismo a los lunáticos o desaprensivos que las propagan”.

              A pesar de esto, no se puede negar que El Mundo y la Cope gozaron de predicamento al amparo de algunos políticos que, bajo el pretexto de ejercer el control al Gobierno, trasladaron sus tesis conspiracionistas al Congreso de los Diputados. De esta forma, estos medios de comunicación aumentaron aún más el incesante escarnio dirigido a todo el colectivo policial y, especialmente, a mí como comisario jefe de los Tedax, sobre quien singularizaron, pues incluyeron mi nombre en las preguntas parlamentarias. Estoy convencido de que, sin ese extraño apoyo político, las citadas teorías no hubieran durado tanto en los medios.

              Me pregunto hoy, cuando las preocupaciones de los españoles son otras, cuál será el resultado del otro juicio, del que hará la historia, respecto a la actuación de la Policía, la de los Tedax y la mía propia.

              Lo analizado en este libro no traspasa lo que fue examinado en la Comisión Parlamentaria y en la vista oral pública. El sumario fue leído, releído y escrutado por jueces, abogados y testigos, con la presencia de numerosos periodistas de prensa nacional e internacional. Su retrasmisión en directo, al igual que las intervenciones en la Comisión Parlamentaria, despoja de cualquier clase de confidencialidad las informaciones que aquí se difunden o referencian. Quien fue representante de los Servicios Jurídicos del Estado durante el juicio y la instrucción del 11-M, Albácar Rodríguez, en una entrevista[7], habló de la transparencia y del juicio paralelo hecho por algunos medios en los siguientes términos: “En cualquier caso, toda la documentación del juicio está a disposición de quien la pida”.

              En este libro me centro únicamente en el análisis de las fuentes abiertas. No hay información clasificada. Es evidente que los servicios de inteligencia hicieron su trabajo, y muchos de sus informes llegaron al tribunal. Pero no es objeto de este libro sacar a la luz información alguna que no formase parte del proceso judicial o de la comisión parlamentaria. Tampoco rebatir datos sobre temas que no se debatieran en los medios.

2. Actuación de los Tedax

2.1. El operativo

El 11 de marzo de 2004, me levanté como siempre a las 6.30 horas. Me vestí, desayuné, di un beso a mis hijos y a mi mujer, aún dormidos, y salí por la puerta poco después de las 7 horas. Ya en el coche comencé a pensar en mi agenda del día. Una jornada de formación y convivencia con alumnos del Centro Internacional de Desminado, una recepción de visitas. Parecía que iba a ser un día de formalismos, tranquilo e institucional. Sin embargo, ni siquiera había empezado a desarrollarse cuando una llamada lo echó todo por tierra. A las 7.45 horas, cuando estaba ya cerca de la Unidad Central de Desactivación de Explosivos y NRBQ, situada en el Complejo Policial de Canillas, en Madrid, sonó mi teléfono. Era la Sala del 091. “¿El comisario jefe de los TEDAX?”, me preguntó mi interlocutor. “Se ha producido una explosión en la estación de Atocha, no se sabe nada más”, añadió. “Me dirijo hacía allí, continúe informándome sobre todos los datos que vaya conociendo y comuníqueselo a los Tedax de Madrid”, le respondí mientras me incorporaba a la M-40 dirección Atocha.

Entonces puse el lanza-destellos y la sirena acústica y me dirigí a Atocha. Tres minutos después, cuando aún estaba de camino, otra llamada del 091 me alertó de que había habido más explosiones. Esta vez en la estación de Santa Eugenia y en la de El Pozo. Ordené a un jefe de sección que se trasladara a esta última terminal y di instrucciones a la Unidad Central para que salieran los Fénix[8], alertaran a todos los efectivos y activaran el centro de coordinación y comunicaciones. Este último punto era importante, pues el responsable del centro dirige el grupo de informes, que recopila todos los datos y fiscaliza las actuaciones que se llevan a cabo por cada uno de los miembros de la unidad.

En ese momento, decidí suspender todas las actividades de los Tedax previstas para ese día, incluida por supuesto la jornada formativa con los alumnos del Centro Internacional de Desminado del Ejército de Tierra y las clases del Curso de Especialización en Intervención NRBQ. En esta última participaban 30 policías de los Tedax destinados fuera de Madrid, que inmediatamente quedaron a disposición de las necesidades que fueran surgiendo.

A las 8.10 horas, llegué a la estación de Atocha, donde la Unidad de Intervención Policial ya estaba acordonando la zona en aplicación de la Circular 50, documento que explicita las instrucciones que deben seguir los distintos servicios policiales que participan en un atentado. La estación, sin embargo, aún no estaba plenamente desalojada. En sus instalaciones permanecían algunos trabajadores de Renfe y Metro, varios vigilantes de seguridad y efectivos de la Policía Municipal que, junto a los servicios sanitarios y de Bomberos, ayudaban a evacuar a los heridos que conservaban cierta movilidad, no pocos de estos últimos con brazos y piernas destrozados.

Cuando llegué, dos Tedax de la Unidad Central ya estaban en la zona auxiliando a personas atrapadas en el interior de los vagones. Uno de ellos, se encontraba en el andén dispuesto a trasladarse a Canillas cuando se produjo la detonación. El otro, que venía de Alcalá de Henares, viajaba junto a su esposa en uno de los vagones que no explotaron.

Inmediatamente después de mi llegada, hicieron acto de presencia más dotaciones de Bomberos y servicios sanitarios. Con rapidez y eficacia, los primeros liberaban a personas aprisionadas entre los amasijos de hierro. Los segundos, por su parte, iniciaron la clasificación de los heridos como dicta su protocolo, les asistieron y procedieron a su evacuación.

Desde que llegué a Atocha, me mantenían continuamente informado de la situación en El Pozo y Santa Eugenia. Esta última estaba siendo atendida por un jefe de grupo de la Unidad Central, mediante un EDE[9]. Conforme avanzaban los minutos, se iban incorporando más Tedax tanto en Atocha con en las otras dos terminales. A las 8.20 horas, un policía que se encontraba en la calle Téllez me comunicó que allí no había efectivos de los Tedax, ni unidades policiales que aseguraran adecuadamente el lugar. Fue en ese momento cuando tuve conocimiento por primera vez de que también en esa zona había habido detonaciones. Envié dos EDE al lugar e informé al comisario jefe de las U. I. P.[10], quien mandó a un grupo para asegurar la zona.

En total, los Tedax de la Unidad Central y los de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, conformaron 12 EDE, uno para cada zona afectada. Al frente de cada escenario había un inspector jefe, encargado de coordinar la actuación con otras unidades policiales. Por aquel entonces, yo ya había ordenado asegurar adecuadamente las zonas de los atentados y, una vez evacuados los heridos, comenzar la búsqueda de otros posibles artefactos. En algunas estaciones, esta labor se inició a las 8:30 horas. En otras, en las que se tardó más en concluir las tareas de rescate, se hizo minutos después. Era el denominado Tedax operador número uno[11] –había uno en cada estación– quien determinaba las pautas y las técnicas a aplicar en función de la evolución del escenario.

Quién estaba detrás de los atentados era, en ese momento, secundario en la lista de prioridades de los Tedax. Sin embargo, desde el inicio de las actuaciones, se nos solicitó con insistencia información al respecto de la autoría por parte de las autoridades policiales y políticas presentes en los distintos escenarios. Esta demanda no alteró nuestra prioridad, que era facilitar la evacuación de los heridos que aún permanecían postrados en el suelo pidiendo ayuda, pero también debía ser atendida. De ahí que los agentes desplegados por los distintos escenarios cumplieran las órdenes y fueran facilitando datos sobre el número de explosiones y su lugar exacto al centro de coordinación de los Tedax. Esta labor permitió elaborar informes provisionales, que se entregaron a media mañana a las autoridades policiales y políticas por el conducto reglamentario. En concreto, en cuanto me comunicaban esos datos y las incidencias, yo las iba transmitiendo tanto al comisario general de Seguridad Ciudadana, Santiago Cuadro, como al subdirector general operativo, Pedro Díaz Pintado, que se encontraban en la estación de Atocha desde las 8.15 horas.

Cuando el comisario general y el subdirector se marcharon en torno a las 8.45 horas, esta información se les siguió facilitando por teléfono y, cuando éste no funcionaba por la saturación de las redes, a través del equipo policial de comunicaciones. Primero, fui informando solo a Santiago Cuadro, que era mi superior jerárquico. Más adelante, el propio Cuadro me ordenó que le contara todo también a Jesús de la Morena, responsable de Información.

2. 2. Los primeros artefactos

A las 8.35 horas fui yo quien recibí una llamada. Era el responsable de los Tedax en la estación de El Pozo. A 15 metros de una de las explosiones, un policía local había encontrado el primer artefacto. Se trataba de una mochila que contenía un teléfono con cables y una sustancia blanquecina con textura de plastilina que, aparentemente, podía ser explosivo. Los funcionarios confirmaron que ya no había heridos y aseguraron la zona; los operadores Tedax 1 y 2 comprobaron que los heridos habían sido retirados, aseguraron la zona y procedieron a desactivar la bomba por los procedimientos que consideraron adecuados. No lograron desarmar el dispositivo de iniciación y explosionó.

A las 9.15 horas, en el primer vagón afectado por las explosiones en Atocha, un miembro de los Tedax localizó el segundo artefacto, otra mochila de características similares a la de El Pozo. Asegurada de nuevo la zona y comprobada la inexistencia de heridos, se desactivó con la aplicación de procedimientos semejantes y el mismo resultado.

Los especialistas continuaron la búsqueda y, a las 11 horas aparecía una nueva mochila en el tercer vagón de Atocha con las mismas características. Sin embargo, tras aplicar los protocolos de desactivación, los Tedax comprobaron que ésta no contenía explosivos. Durante todo ese día y los siguientes, los efectivos de la Unidad Central Tedax-NRBQ continuaron buscando ininterrumpidamente restos de los artefactos y muestras de los focos de las explosiones.

Al no hallar restos de artefacto en la primera inspección in situ, siguiendo el procedimiento habitual, comenzamos a barrer toda la zona con el apoyo del SELUR, el servicio de limpieza del Ayuntamiento de Madrid. Los objetos barridos se trasladaron en furgonetas a la Unidad Central realizar una búsqueda más sosegada y minuciosa en un ambiente más propicio. Se trata, por otra parte, del procedimiento habitual en el caso de explosiones de coches bomba en la vía pública.

Desde el primer momento, los Tedax adecuaron el garaje de la Unidad Central para organizar la recepción de objetos recogidos en el lugar de las explosiones y llevar a cabo su posterior investigación. Por ello, decidimos crear tres niveles:

Nivel 1: Primeras mesas en las que se depositaba el contenido de las bolsas que llegaban referenciadas con el nombre de la estación y el número de foco, cuando éste se podía determinar. De las bolsas, se hizo una preselección, en la que se descartaron los objetos que no aportaban nada a la investigación.

Nivel 2: Frente al nivel anterior, se instalaron otras mesas para realizar la selección de aquellos restos, procedentes del nivel 1, que se presumía podían formar parte de un artefacto o haber estado en contacto con el explosivo. Los Tedax continuaron descartando objetos.

Nivel 3: Las mesas del aula de electrónica y del laboratorio, protegidas con papel, se utilizaron para una búsqueda más selectiva de los restos procedentes del nivel 2.

Llegadas al nivel 3, los restos seleccionados se distribuían según su naturaleza. Al Grupo de Investigación de Explosivos (laboratorio) se enviaban las muestras del foco de la explosión, para averiguar el tipo de explosivo. Al Grupo de Informes, los restos de artefacto, para estudiar el sistema de activación y/o temporización, así como otros detalles sobre la configuración de la bomba. Los restos y muestras, según determinaron estos dos grupos, se referenciaron con el nombre de la estación y el número de foco y quedaron incautados a disposición judicial. Al final del proceso, los miembros de los Tedax y la inspectora experta en ciencias químicas seleccionaron 81 vestigios que, según sus criterios técnicos, podrían aportar información sobre los artefactos.

A las 11.10 horas, previa orden del comisario general de Seguridad Ciudadana, Santiago Cuadro, el jefe de sección que coordinaba la información obtenida por sus compañeros envió una nota informativa a la Subdirección Operativa con el número de explosiones producidas, artefactos desactivados, paquetes sobre los que estaban trabajando y demás datos cosechados hasta el momento.

Las primeras muestras para análisis llegaron al laboratorio de la Unidad Central a las 12.15 horas. Eran restos provenientes de la estación de El Pozo. Muestras del cráter que produjo la bomba que los Tedax trataron de desactivar, clavos de distintos tamaños y una sustancia pulverulenta de color rosado recogida debajo del asiento de un tren.

Poco después, llegaron más vestigios de los otros focos. La química e inspectora responsable del Grupo de Investigación (laboratorio) observó en las primeras analíticas la ausencia de mezclas inorgánicas, habituales en la composición de explosivos. Por ese motivo, orientó la búsqueda hacia sustancias orgánicas.

Aproximadamente a las 14.30 horas, obtuvo el primer resultado fiable en presencia de Santiago Cuadro, a quien la inspectora comunicó la existencia de componentes de la dinamita. La responsable del laboratorio le explicó que, en un explosivo detonado, no es posible precisar nada más, ni siquiera la marca de la dinamita. Cuadro, separándose de los miembros de la unidad allí presentes, entre ellos yo, comunicó por teléfono los resultados obtenidos al subdirector general operativo.

En días sucesivos, con el fin de completar los correspondientes informes, los Tedax continuamos la inspección y el estudio de los restos de los trenes allí donde fueron trasladados (los talleres de Renfe). Entre otras cosas, hicimos reportajes fotográficos y grabaciones en vídeo sobre el terreno.

2.3. La furgoneta Renault Kangoo

Alrededor de las 14.30 horas del mismo 11 de marzo, la Comisaría General de Policía Científica solicitó utilizar las instalaciones de la Unidad Central para realizar una inspección ocular a una furgoneta Renault Kangoo que había sido localizada junto a la estación de Alcalá de Henares y que presuntamente había sido utilizada por los terroristas, pero que aún no había llegado Canillas. El vehículo entró en la sede de los Tedax sobre las 15.15 horas, acompañado por miembros de la Policía Científica.

Funcionarios de esta última unidad, especialistas en inspecciones oculares, miembros de la Comisaría General de Información (Brigadas Centrales de Interior, de Exterior y de Inteligencia) y los Técnicos en Desactivación de Explosivos de incidencias, revisaron la furgoneta. Durante su inspección[12], bajo el asiento delantero derecho, la Policía Científica encontró una bolsa de plástico de color azul claro, de las utilizadas comúnmente para la basura, en cuyo interior había siete detonadores eléctricos (cinco de cobre y dos de aluminio) y unas rabizas de otro, así como un trozo de papel parafinado con pequeños restos de una sustancia blanquecina que resultó ser un extremo de cartucho de explosivo Goma 2 ECO.

Inmediatamente me comunicaron el descubrimiento. En ese momento estaba almorzando en la cafetería de Canillas con otros miembros del cuadro de mando. También estaba con nosotros el comisario general de Información, Jesús de la Morena Bustillo, y otros dos comisarios del mismo departamento. Informé a mis comensales del hallazgo y, seguidamente, nos desplazamos todos al laboratorio de la unidad, ubicado a unos cien metros de donde estábamos.

Una vez en el laboratorio, los Tedax realizaron en nuestra presencia una detenida observación de los detonadores y sus inscripciones. Nos comunicaron las conclusiones a los cuatro comisarios que allí estábamos. Tanto las características técnicas como el fabricante, coincidían con las de la empresa española Maxam (antes Unión Española de Explosivos). Respecto al resto de cartucho descubierto, un primer examen y comparación permitió comprobar que, efectivamente, se trataba de un disco con papel parafinado de unos tres o cuatro milímetros de grosor, con restos de una sustancia blanca adherida a una de sus caras. En la otra parte presentaba un reborde y seis triángulos, lo que indicaba su envasado en fábrica mediante la maquinaria habitual. Los Tedax lo identificaron rápidamente como un cartucho de dinamita Goma 2 Eco, pues coincidía con los cartuchos que utilizábamos en las prácticas de la Unidad Central. Enviamos una muestra de las halladas en la furgoneta y otra procedente de un cartucho patrón de los polvorines de los Tedax a los laboratorios de Policía Científica, en presencia del Comisario General de Información, para que las cotejaran mediante un análisis cualitativo y cuantitativo. Además, realizamos ensayos organolépticos[13], que reforzaron la apreciación de que se trataba de la dinamita de fabricación nacional Goma 2 ECO.              

Los técnicos de los Tedax explicaron a los presentes (De la Morena, los otros dos comisarios y yo mismo) que ni los detonadores ni la Goma 2 ECO eran materiales utilizados por ETA. Tras escuchar su exposición, los comisarios de información y yo regresamos al lugar donde estaba la furgoneta. Allí, varios funcionarios de información nos comunicaron el hallazgo en el interior del vehículo de una cinta con grabaciones de cánticos o versos en árabe, que entregaron a la Policía Científica. Eran aproximadamente las 15.30 horas. Acto seguido, el comisario general de Información y yo notificamos los datos a nuestros respectivos superiores por teléfono.

Esa misma tarde, los Tedax remitimos a la Policía Científica tres muestras etiquetadas con los números 1, 2 y 3, que correspondían a polvo de extintor recogido en El Pozo, restos del cartucho procedentes de la furgoneta Renault Kangoo y un patrón de Goma 2 ECO para el cotejo. La Policía Científica concluyó que las muestras 2 y 3 presentaban los mismos componentes, según consta en el escrito de la Comisaría General de Policía Científica[14]: Desde el punto de vista analítico, y por las técnicas empleadas, se puede afirmar que las muestras número 2 y 3, son de las mismas características. Como declaré en el juicio y en la comisión parlamentaria, el informe que comunicaba que ambas eran Goma 2 ECO se trasladó por fax, esa misma tarde del 11 de marzo, a la Subdirección General Operativa y al comisario general de Seguridad Ciudadana.

Tras averiguar que la empresa fabricante de los detonadores era Unión Española de Explosivos (actualmente Maxam), requerimos la presencia urgente de técnicos de esa compañía. A las 17.00 horas, llegaron estos especialistas a la sede de la Unidad Central de los Tedax e identificaron los detonadores y el resto del cartucho como productos fabricados en su empresa. De todo ello se dejó constancia en una nota informativa que remitimos a la Comisaría General de Información también ese mismo día. En ella especificábamos que ese tipo de detonadores (de cobre) se utilizan en ambientes con grisú[15] y que sólo se sirven en determinados lugares de España: León, Asturias y Palencia. A partir de ese momento, establecí enlace directo con un responsable de la empresa Maxam con la máxima reserva e iniciamos las investigaciones para averiguar el lugar del que habían sido sustraídos esos detonadores.

2.4. Desactivación de la bomba en Vallecas

Cuando llegué a casa, a la una de la madrugada del 11 al 12 de marzo, mis tres hijos estaban dormidos. Mi mujer sí me esperaba despierta. No nos habíamos visto en todo el día y solo le había llamado una vez para decirle que yo estaba bien. Me comentó las noticias que había visto durante la tarde y nos dispusimos a dormir. Sin embargo, nada más meterme en la cama, recibí una llamada. Habían encontrado una bolsa de deporte en la comisaría de Puente de Vallecas. Me vestí y salí hacia allá. La mochila la habían encontrado varios policías mientras inventariaban pertenencias de víctimas de El Pozo. Les infundió sospechas y, a través del 091, requirieron la presencia de un Equipo de Desactivación de Explosivos. El grupo de los Tedax de Madrid se trasladó hasta Puente de Vallecas y confirmó la existencia de un artefacto explosivo. Fue en ese momento cuando me lo comunicaron.

La bolsa de deporte se trasladó al Parque Azorín, próximo a la sede policial, donde fue fácil establecer un perímetro de seguridad suficientemente amplio. Además, la zona reunía las condiciones adecuadas para trabajar con calma sobre el artefacto. Después de tres horas, los especialista desactivaron el artefacto y recuperaron todos y cada uno de sus componentes:

Una bolsa de deporte de loneta color azul marino.

Una bolsa de plástico azul claro de las utilizadas para la basura.

10,120 kilos de una sustancia blanquecina, gelatinosa y de textura similar a la plastilina.

640 gramos de tornillos y clavos dispuestos a modo de metralla.

Un detonador eléctrico industrial con cápsula de cobre de UEE.

Un teléfono móvil de la marca TRIUM de Telefónica MoviStar.

Una tarjeta SIM de Amena Auna 32K652 282963 insertada en el teléfono.

Un cargador de red a energía eléctrica para teléfono móvil TRIUM.

Todo el contenido de la bolsa fue trasladado inmediatamente a la Unidad Central Tedax-NRBQ, en Canillas, para ser analizado e iniciar la investigación. El teléfono estaba apagado. Los Tedax lo encendieron y vieron que tenía la hora real y que estaba activado el despertador para sonar a las 7.40 horas. Observaron que los cables estaban sueltos, pero que presentaban signos de haber estado conectados al teléfono. Esto se hacía para que el móvil les transmitiera la corriente al detonador en el momento en que se conectara la alarma.

Después, los Tedax desmontaron las piezas del teléfono y, junto al cargador y la bolsa de deporte, lo entregaron todo a la Sección de Actuaciones Especiales de la Comisaría General de Policía Científica para ser sometido a un análisis lofoscópico (huellas) y a un examen de posibles restos biológicos (ADN). A las pocas horas, el teléfono y su cargador fueron devueltos a los Tedax para que pudiéramos seguir investigando su funcionamiento y el sistema de activación del artefacto.

Este mismo día, la unidad remitió una nueva muestra, etiquetada como número 4 y correspondiente al explosivo del artefacto desactivado en Puente de Vallecas, a Policía Científica, que emitió un informe[16] que establecía que ese material era de idénticas características que los de la furgoneta y el patrón (2 y 3), enviados anteriormente. Confirmaba por lo tanto Policía Científica que se trataba de dinamita de la marca Goma 2 ECO. 

Estas primeras actuaciones permitieron, por lo tanto, establecer similitudes entre la bomba desactivada en Vallecas, la furgoneta Renault Kangoo y las bombas localizadas en Atocha y El Pozo. Los resultados se reflejaron en una nota informativa, el 12 de marzo, de indudable interés para la investigación y que fue incorporada al sumario. En ella, a las 24 horas de los atentados, ya se establecían las similitudes observadas por los Tedax en los artefactos de Atocha y de El Pozo, con el desactivado en Vallecas: […] Elementos similares de los observados por los T.E.D.A.X. que participaron en la desactivación de los artefactos en Atocha y El Pozo, con los pertenecientes a este artefacto explosivo:

Bolsa de plástico de las utilizadas para basura, en cuyo interior se encontraba el explosivo, en ambos trenes.

Sustancia tipo plastilina de color blanco marfil.

Teléfono móvil, únicamente, en el tren de la estación de El Pozo.

En cuanto al explosivo, en esta misma nota, tramitada a las 9:00 de la mañana del día 12, ya se adelantaban los resultados de las pruebas analíticas: … confirman que se trata de la misma sustancia que la hallada en la furgoneta Renault, ya mencionada, que a su vez se corresponde con la muestra patrón de DINAMITA GOMA2 ECO. Posteriormente, estas analogías establecidas constituyeron uno de los fundamentos de la sentencia para condenar a los autores.

2.5. Los días después

Tras dos días seguidos sin dormir, llegué a casa a las doce de la noche de ese 12 de marzo. Por fin descansé varias horas seguidas. A la mañana siguiente, volví a ver a mis hijos despiertos, pero solo unos minutos. Ese día, con el colaborador de la empresa Maxam, analicé personalmente las posibles vías de investigación que se podían llevar a cabo con los datos disponibles. Posteriormente, expondré el método que seguí. Mientras tanto, los Tedax entregaron a la Comisaría General de Información el teléfono móvil utilizado en el artefacto explosivo con objeto de extraer sus datos identificativos e investigar su procedencia. Tras hacerlo, Información lo devolvió de inmediato a los Tedax para que continuásemos con nuestros estudios y análisis. 

También ese día 13, durante un registro en el locutorio del número 17 de la calle Tribulete, la Policía se incautó de un teléfono móvil de la marca LG, que parecía haber sido manipulado. Posteriormente, se comprobó que no existía alteración alguna de sus componentes y se realizó la correspondiente nota de su estudio.

El día 15, determinamos que la empresa que había recibido los detonadores utilizados en los atentados era Caolines de Merillés. Tan pronto como lo supe, informé yo mismo al Comisario General de Información, quien ordenó a varios de sus agentes que se trasladaran a Asturias. Al día siguiente, comparecí ante el instructor del atestado policial y le entregué la nota informativa con número de registro de salida 8.624. Dos días después, los Tedax averiguamos dónde fue a parar la dinamita Goma 2 ECO comercializada por Maxam en fechas posteriores a los atentados e informamos de ello a la Comisaría General de Información.

Al día siguiente (18 de marzo), se realizó una inspección técnica, solicitada por la Brigada Provincial de Información de Madrid, a un vehículo Mercedes con matrícula 2748-CGT, incluido en el atestado 1.304, que dio un resultado negativo. Durante los días 19 y 20, los Tedax de la Unidad Central investigaron los posibles robos que se habían producido en los polvorines situados en la localidad madrileña de Alpedrete. Entre otras diligencias, visionaron las grabaciones de las cámaras de seguridad correspondientes a los días de la Navidad de 2003. En ellas, apreciaron la presencia de unas personas en el interior del recinto donde se encuentra el depósito de explosivos. También analizaron si esos invasores tenían relación con los avisos que recibió ese día la central de alarmas. Las gestiones las continuó la Guardia Civil, que comprobó las anotaciones en los libros de registros de entradas y consumos de explosivos.

El 23 de marzo continuaron las investigaciones sobre el origen de la dinamita Goma 2 ECO. El primer objetivo era determinar los lugares donde había sido distribuida, teniendo en cuenta que se había empaquetado con calibre 26 y en papel marrón (solo se hacía con dos clases de papel: marrón y blanco). Eran los dos únicos parámetros que teníamos del resto de cartucho hallado en la furgoneta.

Con el fin de estudiar los cráteres, desde el día 23 al 25, hicimos una nueva inspección técnica en los vagones afectados por el atentado en la estación de El Pozo y frente a la calle Téllez. Recuperamos entonces una serie de objetos personales que se declararon en acta, remitida mediante oficio a la Brigada Provincial de Información con el fin de que los reflejara en las diligencias. En relación con los explosivos, no se encontró nada de valor.

Entre el 18 y el 25 de marzo, la Unidad Central de los Tedax, con funcionarios de Información y Policía Científica, realizó cinco inspecciones en diferentes vehículos y cuatro entradas y registros en distintos domicilios, sin que aportaran nada en cuanto a elementos o indicios que tuvieran que ver con artefactos explosivos.

El día 24, el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, acordó que los Tedax realizaran un informe pericial sobre diferentes cuestiones relacionadas con los atentados; entre ellas, las muestras de los focos de explosión[17].

El 26 de marzo se dio cuenta al Comisario General de Información del resultado de las investigaciones sobre la distribución de la Goma 2 ECO, en toda España, con envoltorio marrón, del calibre 26, como el hallado en la furgoneta. Ese mismo día comunicamos al comisario general de Seguridad Ciudadana, mediante nota informativa, los resultados analíticos obtenidos de las muestras recogidas en los trenes. Con esa misma fecha, el Grupo de Investigación de Explosivos, que había realizado los análisis, elaboró el informe que se remitió más tarde al juez con otros periciales[18], así lo refleja el auto de 18 de junio de 2004[19].

En la tarde del 26, la Unidad Central de los Tedax efectuó tres registros, junto a miembros de la Unidad Central de Información Exterior. En dos de ellos no se encontró nada relacionado con artefactos explosivos. En el tercero, que se realizó en una finca situada en el término municipal de Chinchón (Madrid) –aunque en varios documentos consta que corresponde a Morata de Tajuña–, intervinimos restos de cinco detonadores eléctricos totalmente quemados y activados, tres etiquetas de papel de detonadores fabricados por Maxam (UEE), una etiqueta metálica de otro detonador y un trozo de cable unifilar, con revestimiento azul, posiblemente perteneciente a una rabiza de un detonador. Al día siguiente por la mañana examinamos esos componentes y comprobamos que también los había fabricado Maxam. Esta empresa nos proporcionó patrones de los cables de los detonadores para continuar investigando, ya que estaban sin banderola y etiquetas y podían ser de distinta procedencia. Los estudios y análisis realizados posteriormente nos permitieron constatar que efectivamente esos cables tenían el mismo origen. Ese mismo día, realizamos más registros, tanto en pisos como en vehículos, aunque sin encontrar ningún tipo de material para la confección de artefactos explosivos.

El 29 de marzo, la unidad elaboró una nota informativa que daba cuenta de los resultados de la investigación sobre lo incautado en el registro de Chinchón. Entre otras cosas, esta nota, que fue incorporada al sumario, reflejaba que habíamos conseguido establecer similitudes entre los indicios hallados en ese registro y los recuperados en la furgoneta y en el artefacto desactivado en Puente de Vallecas.

El día 30, miembros de Tedax viajaron al depósito que Maxam tiene en Villanueva de Jamuz (León). Allí recogieron 12 detonadores eléctricos, de las mismas series que los recuperados en la furgoneta de Alcalá, y de puentes de incandescencia de distintas sensibilidades, así como de los componentes del revestimiento del cable (PVC y colorante azul) de detonadores. Estos elementos, además de que eran material necesario para realizar diferentes pruebas en los informes periciales sobre los restos encontrados en la vivienda de Chinchón, interesaban para hacer investigaciones y confirmar la procedencia de algunos detonadores que carecían de banderola y etiqueta de fabricación.

El 31 de marzo se remitieron a Policía Científica cinco muestras etiquetadas:

Primera, con el colorante y el plastificante de los cables de los detonadores fabricados por Maxam.

Segunda, con trozos de cables del detonador utilizado en el artefacto desactivado en Puente de Vallecas.

Tercera, con cables de uno de los detonadores encontrados en la furgoneta abandonada en Alcalá de Henares.

Cuarta, con trozos de cables de detonador del registro de Chinchón.

Quinta, trozos de cables del detonador recogido como muestra patrón en el depósito de Villanueva de Jamuz.

El resultado de estos análisis confirmó el origen idéntico en la fabricación de todos los detonadores incautados: Maxam.

2.6. El artefacto de la vía del AVE

El 2 de abril, a las 10:30 horas, el coronel jefe del Servicio de Desactivación de Explosivos de la Guardia Civil me alertó de la existencia de un artefacto explosivo en las vías del AVE, en el término municipal de Mocejón (Toledo). Cuatro horas después, me llamó Santiago Cuadro, que me dijo textualmente lo siguiente: “Por orden del ministro, trasládate hasta donde está la bomba o los elementos, si la han desactivado, e informas sobre si hay o no alguna similitud con los demás artefactos o restos recuperados en los atentados”.

Como los guardias civiles ya regresaban a su sede en Valdemoro (Madrid) con el artefacto desactivado, me dirigí allí acompañado de un jefe de sección de mi unidad. Una vez en Valdemoro, examinamos los componentes. Comprobamos que se trataba de material similar al que provocó la masacre del 11-M[20]. Durante la tarde, investigamos la procedencia del detonador del artefacto. Y esa misma noche conseguimos resultados positivos: detonadores con las mismas características habían sido servidos a Mina Conchita[21].

2.7. Los ‘kamikazes’[22] de Leganés

El sábado 3 de abril, sobre las 13.00 horas, la Unidad Central de Información Exterior solicitó un EDE para que estuviera dispuesto en la zona de Leganés junto a Policía Científica[23] cuando fuera requerido. Tres horas y media después, me comunicaron que se había producido un tiroteo en la zona de Leganés, posiblemente en el piso donde se iba a efectuar el registro con el EDE. Me desplacé hasta allí con el jefe de incidencias. Por teléfono, solicité los primeros datos, que ya me informaban de la gravedad de la situación. Ordené la incorporación inmediata de más equipos, con más material de desactivación de explosivos y de NRBQ. Llegamos a la calle Carmen Martín Gaite a las 18.00 horas.

A las 20.45 horas, cuando los GEO[24] se disponían a entrar en la vivienda, situada en el primer piso del número 40 de la Calle Carmen Martín Gaite, se produjo una explosión. La habían provocado varios miembros del grupo radical islamista que había cometido los atentados del 11-M. Al más puro estilo kamikaze, esperaron a que llegara el operativo policial para llevarse por delante al mayor número de agentes posible. De hecho, perdió la vida uno de los integrantes del GEO, el subinspector Javier Torronteras. También resultaron heridos con lesiones de diferente consideración otros miembros de su grupo.

Tras la explosión y el acordonamiento de la zona, contemplamos la posibilidad de que existiera algún terrorista con vida y de que el edificio pudiera derrumbarse. Era responsabilidad de los Tedax asegurar la zona afectada por la explosión. Decidí que sólo accedieran al inmueble dos bomberos y dos policías de mi unidad con la finalidad de evaluar los citados riesgos y ver si podíamos  realizar la inspección ocular en condiciones seguras.

Una vez asegurado el edificio, varios equipos de desactivación de explosivos comenzaron la búsqueda de restos relacionados con el artefacto que había estallado. Además de cargas cebadas con detonador, recuperaron dinamita Goma 2 ECO, envoltorios de cartuchos de este explosivo, bolsas de plástico verdes con capacidad para envasar cinco kilos de dinamita, detonadores y otros elementos. Con permiso de la autoridad judicial, presente en la zona, el material fue inventariado y trasladado a la Unidad Central.

El domingo día 4, mientras se procedía a la clasificación de todos los restos recogidos en Leganés, tratamos de determinar la procedencia de los detonadores y del explosivo recuperado. A última hora de la noche de ese mismo día, conseguimos averiguar que tanto los detonadores como el explosivo habían sido sustraídos también de Mina Conchita, que era propiedad de la empresa Minas de Caolines de Merillés, lo que se hizo constar por escrito e incluido en el sumario [25] [26] [27].

2.8.  Los descubrimientos posteriores

El 7 de abril, después de hablar con el juzgado de instrucción, me puse en contacto con el coronel jefe del Servicio Central de Desactivación de Explosivos de Guardia Civil para solicitarle una muestra de la sustancia presente en el artefacto desactivado en la vía del AVE. La muestra que nos entregó, etiquetada como Muestra C, se envió a Policía Científica para que fuera analizada y cotejada con otras dos, la Muestra A (bolsa–bomba desactivada en Puente de Vallecas) y la Muestra B (restos de sustancia explosiva recogidos en  Leganés).

El resultado de las analíticas estableció que las tres muestras citadas eran idénticas y que las características cualitativas y cuantitativas de sus componentes se correspondían con el patrón de la Goma 2 ECO. El 16 de abril, mediante informe pericial, informamos al juez instructor de ello y le adjuntamos el informe de Científica. En este caso, no se le enviaron muestras de la sustancia del resto del cartucho hallado en la furgoneta Kangoo porque no quedaba cantidad suficiente. En el análisis que había hecho la Policía Científica el mismo 11 de marzo, cuyo resultado había sido idéntico al de estas tres muestras, se había gastado la cantidad disponible y sólo quedaba lo justo para la reserva obligatoria en el depósito judicial.

Dos años después, el 1 de febrero de 2006, el juez de instrucción solicitaría análisis cuantitativos del resto del citado cartucho. Sin embargo, la fiscal pidió preservar las muestras para que las partes pudieran realizar nuevos análisis. El juez accedió a lo pedido por la fiscal. Si no lo hubiera hecho, no habría quedado suficiente sustancia para hacer la pericial, solicitada por una de las defensas, durante la vista oral en 2007.

El 29 de abril de 2004, inspeccionamos el Volkswagen Golf GL, matrícula 2352 CNK, donde se encontraron varios efectos y una sustancia pulverulenta que no pudo ser relacionada con material explosivo. El vehículo, al parecer, había sido utilizado para transportar el explosivo desde Avilés (Asturias) a Morata de Tajuña (Madrid). Un mes después, el 27 de mayo, ampliamos el informe sobre algunas de las pericias remitidas el 26 de abril. Todas ellas quedaron resumidas en la elaboración de otro texto con el compendio de las investigaciones realizadas sobre el origen del material explosivo que fue enviado al juez instructor. Se concluía que tal variedad de detonadores, y en concreto uno de ellos, sólo habían sido suministrados a Caolines de Merilles; así mismo, la dinamita, con todos los números de referencia de los envoltorios hallados en el piso de Leganés, habían sido suministrada a la misma empresa.

Todas estas actuaciones de la especialidad de desactivación de explosivos están recogidas en la citada Memoria de Actuaciones de la Especialidad, que comprende desde el mismo día 11 de marzo hasta el 20 de junio de 2004, y que fue remitida a la Comisaría General de Seguridad Ciudadana y a la Subdirección General Operativa con número de registro de salida 18.259.

Durante más de los dos años que dura la instrucción, continuamos efectuando investigaciones e informes técnico-periciales sobre diversas cuestiones relacionadas con la especialidad, algunos a iniciativa propia y otros en cumplimiento de los requerimientos del juez. Entre estos últimos, cabe resaltar la resolución del instructor del 16 de marzo de 2005, en la que ordenó la elaboración del informe pericial conjuntamente a dos peritos de los Tedax de la Policía y a otros dos de la Guardia Civil[28].

En diciembre del año 2004, como consecuencia de las lecciones aprendidas en el 11-M, la especialidad de los Tedax dejó de depender de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana y pasó a colgar de la de Información, ubicación que reforzaba las funciones de investigación técnica y operativa en todo lo relacionado con explosivos y amenazas NRBQ[29]. El contacto con los agentes de Información, además, facilitaba la labor diaria y potenciaba el reconocimiento del trabajo de los Tedax, que antes quedaba silenciado porque eran otros departamentos los que lideraban las investigaciones.

A lo largo de 2005 y 2006, en la Unidad Central de Desactivación de Explosivos y NRBQ, al igual que en otras áreas policiales, de acuerdo con el contenido del sumario, se elaboraron propuestas para responder a preguntas parlamentarias formuladas por el Grupo Popular en el Congreso de Diputados. En estas preguntas, amplia y reiteradamente difundidas por El Mundo, pedía explicaciones sobre diversas actuaciones realizadas por los Tedax, tanto en la gestión del atentado como en la investigación técnico-operativa del mismo.

3. La información

Nada más producirse el atentado terrorista, como es lógico, la sociedad comenzó a demandar información de forma intensa y urgente. Esto se tradujo en un requerimiento constante de datos por parte de las autoridades políticas a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, así como a otras fuerzas de seguridad y servicios de información. Entre estos servidores públicos, nos encontrábamos los Tedax, que disponíamos de los datos técnicos que, en esos primeros momentos, podían alumbrar algún apunte sobre la naturaleza y autoría del atentado.

3.1. Una política de comunicación anormal

Con independencia del interés lógico del Gobierno por ofrecer a los ciudadanos información puntual dada la cercanía de las elecciones, en mi opinión los partidos políticos quisieron conocer, interpretar y comunicar los datos que se generaban con demasiada rapidez. En otras circunstancias, tras un atentado, la información es transmitida de forma más pausada, con más tranquilidad y dando la sensación de estar ofreciendo una respuesta eficaz. Esta política de comunicación, aplicada por todos los gobiernos democráticos en la larga e intensa lucha antiterrorista, ha sido el mejor mecanismo para superar la frustración de la población y generar confianza en las instituciones.

En los ataques del 11-M, sin embargo, no fue así. Tras el atentado, inmediatamente surgió un choque dialéctico basado en informaciones que nada o poco tenían que ver con la realidad. Aunque no existían datos fehacientes en esos primeros momentos, infundadamente se impuso la urgencia de transmitir mensajes, cosa que no se había hecho en otras ocasiones. Ante esa ausencia de datos, los actores políticos y sociales los inventaron, los deformaron y exageraron con el fin de adaptarlos a sus estrategias o deseos.

Para nuestro asombro, ese día los poderes públicos ignoraron los procesos adecuados de obtención de datos, los análisis sosegados y la meditada difusión que tan eficazmente se habían aplicado en otras ocasiones. Cualquier observador podía apreciar que estas cuestiones se estaban produciendo con total ausencia de racionalidad.

Según la periodista Consuelo Álvarez de Toledo, “la pregunta quién ha sido estaba en el pensamiento de todos; de su respuesta dependía el resultado de las elecciones del 14-M”[30]. El entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, el mismo día de los atentados, en torno al mediodía, inició una ronda de llamadas telefónicas a los directores de todos los medios de comunicación para comunicarles que la autora de los atentados había sido la banda terrorista ETA. Y no fue la única conversación que mantuvo. Álvarez de Toledo asegura que, pasadas las 18.00 horas, Aznar volvió a llamar a los mismos directores para insistirles en la misma línea. “Sigo pensando que es ETA”, les transmitió.[31]

En esos momentos caóticos, los que estábamos entre cadáveres y heridos, aunque sentíamos cómo se nos desgarraban las entrañas, queríamos ser profesionales y actuar con la mayor tranquilidad posible. Necesitábamos que los procedimientos en la gestión de la información discurrieran con el rigor habitual, aunque la situación fuera más grave y compleja desde el punto de vista técnico que en otras ocasiones. Los aspectos políticos o mediáticos, que estaban detrás de esas prisas infundadas, a nosotros no nos interesaban. A mí y al resto de la cadena de mando nos correspondía absorber las tensiones que, inevitablemente,  se generan en estas situaciones. Yo debía evitar que las mismas llegaran a los Tedax. La serenidad en su trabajo se tornaba imprescindible. Sin embargo, ejercer esta responsabilidad, con liderazgo fuerte y los criterios sólidos que requería la situación, conllevaba el riesgo de suscitar las más variopintas e infundadas especulaciones internas sobre mi actitud y comportamiento. Aunque era consciente de estas consecuencias, desde el primer momento también lo era de la encrucijada en la que me encontraba. Hiciera lo que hiciera, o cómo lo hiciera, sabía que iba a ser el chivo expiatorio de la actitud equivocada de aquellos que gestionaban la comunicación de los datos que nosotros íbamos obteniendo. 

3.2. La Memoria de Actuaciones

Desde el momento en que tomé contacto con la catástrofe en Atocha, ya me imaginé que habría problemas de comunicación, que la gestión informativa no discurriría con la coherencia y serenidad de otras ocasiones. Por ello, me puse en contacto telefónico con los grupos de Tedax desplegados en los distintos escenarios. Les exigí la máxima discreción y que todos los datos que obtuvieran los canalizaran a través de la jefatura de la unidad; es decir, de mí o del inspector jefe que había sido nombrado coordinador en base, quien se encargaba precisamente de recibir la información recopilada y de documentarla. El jefe del grupo Tedax de Madrid también reportó información al Jefe Superior de Policía de Madrid, Miguel Ángel Fernández Rancaño, que la trasladaba a las autoridades políticas por otra vía distinta a la del comisario general.

Cuando el 11 de marzo volví a la Unidad Central, a las 12.00 horas, le insistí al citado coordinador en que era necesario llevar un escrupuloso orden dada la complejidad de la tragedia, que trascendía claramente el ámbito técnico. Él me respondió: “No se preocupe, jefe; no hay problema; esta situación la resolveremos bien, como siempre”. Yo le contesté: “No me preocupan las cuestiones técnicas, eso sé que lo vais a hacer bien; el problema es la gestión de la información y la documentación de las intervenciones; cuando regresen a base, comuniquen a la gente que está ahora en los escenarios que quiero tener una reunión con ellos”.

Sobre las 13.30 horas, los Tedax que se encontraban desde primera hora en los escenarios de los atentados fueron relevados para comer. Cuando terminaron, y antes de que volvieran a su trabajo, me reuní con ellos para recordarles la importancia de nuestra actuación. Les pedí todo el esfuerzo necesario. Se lo debíamos a las víctimas que esa misma mañana habíamos visto destrozadas en los trenes. También les insistí encarecidamente en que todos los datos que se generaran los sometieran a los filtros y contrastes necesarios y que reiteraran esas gestiones las veces que fuera preciso.

Al Grupo de Informes le di instrucciones para que en las notas que redactaran reflejaran con claridad aquello que, objetivamente, estuviera contrastado. Los datos no verificados, les dije, debían notificarlos precedidos de expresiones que advirtieran claramente que aún eran provisionales: presuntamente, aún sin comprobar, posiblemente, etc.

Al coordinador le ordené elaborar una memoria que plasmara todas las actuaciones que hiciéramos desde ese mismo día 11. Ese texto, al que se adjuntaron los documentos de apoyo (en total, 50), se cerró el 21 de junio del 2004. Ese día, remitimos la citada memoria a la Dirección General de la Policía (registro de salida 18.259 de 21 de junio de 2004), con el fin de que ésta tuviera un conocimiento pormenorizado de la labor efectuada hasta el momento. Los puntos de esa memoria están incluidos en este libro.

La memoria me fue de gran utilidad para preparar mi comparecencia ante la Comisión de Investigación Parlamentaria el 7 de julio de 2004 y para mi declaración como testigo en el juicio del 11-M. No tuve que reconstruir lo acontecido, ya que la secuencia, la forma y el resultado de las actuaciones habían sido reflejadas en ese documento en tiempo real.

3.3. Los datos urgentes

Las comunicaciones urgentes en una incidencia terrorista tienen dos finalidades. Por un lado, satisfacer necesidades operativas: adoptar medidas preventivas o abrir líneas de investigación, por ejemplo. Por otro, tener informados a los escalones superiores. Para que sean oportunas y eficaces, se pueden llevar a cabo personalmente y, si no es posible, a través de los diferentes medios de transmisión. Posteriormente, cuando las circunstancias lo permiten, se documentan de forma más completa con los datos que se van obteniendo y contrastando.

Fruto de la experiencia, en los años ochenta, la Dirección General de la Policía[32] ordena que esas primeras informaciones se trasladen de forma estandarizada, sin opiniones ni conjeturas. En el 11-M, los miembros de la especialidad éramos conscientes de que la información, que en esos momentos sólo podíamos obtener nosotros, era crucial y debía de ser fiable, que no debía aventurar datos o juicios de valor que no se ajustaran minuciosamente a la realidad.

La magnitud de la catástrofe y las repercusiones políticas y sociales propiciaron que, el mismo 11 de marzo, en nuestro trabajo de recabar datos, estuvieran presentes comisarios de responsabilidad superior y miembros de la Junta de Gobierno de la Policía, que fueron testigos de lo que pasó. Estos cuatro puntos explican qué mandos estaban presentes cuando se captó la información y ponen de manifiesto la absoluta transparencia de mi actuación y la de los Tedax, que nos limitamos a facilitar la transmisión de datos:

Está documentado judicialmente que los desactivadores de las bombas localizadas en El Pozo y en Atocha, con base en su experiencia, descartaron, esa misma mañana, la explosión de dinamita Titadyne. En la nota elaborada en la mañana del día 12, consta lo que apreciaron los desactivadores de las bombas neutralizadas en El Pozo y en Atocha, que la masa explosiva era de color blanco marfil. La del Titadyne es rojiza. Además, sobre las 9.00 horas del 11 de marzo, en la estación de Atocha, el jefe del Grupo de Madrid me lo comunicó personalmente, en presencia de Santiago Cuadro.

Cuando se obtuvieron los resultados de los análisis realizados sobre los restos de las explosiones, hacia las 14.30 horas, estaba en la Unidad Central de los Tedax Santiago Cuadro, del que entonces dependíamos. Fue él quien recibió directamente la información de la inspectora responsable del laboratorio, licenciada en ciencias  químicas. 

Tras el traslado de la Kangoo, de las proximidades de la estación de Renfe de Alcalá de Henares a Canillas, a las 15.30 horas me avisaron del hallazgo de los detonadores y el resto de cartucho de dinamita. En esos momentos, me encontraba en la cafetería del complejo policial con Jesús de la Morena y otros dos comisarios de Información. Juntos fuimos al laboratorio para observar detenidamente la furgoneta, los detonadores y el resto del cartucho. Allí, los Tedax comunicaron sus conclusiones a los cuatro comisarios que estábamos allí presentes. Una de ellas era que se trataba de un material que no utilizaba ETA. Luego regresamos donde estaban los funcionarios de Policía Científica y de Información inspeccionando la furgoneta. Allí pudimos ver una cinta de audio y escuchar parte de su contenido, un sonido que parecían versos o cánticos del Corán.

A las 2.00 horas, ya del día 12, apareció en la comisaría del distrito del Puente de Vallecas una bolsa con una bomba. Cuadro y yo hicimos acto de presencia y permanecimos allí hasta que los Tedax la desactivaron.

En estos cuatro casos, en los que se obtuvieron datos de vital importancia y de notificación urgente, los Tedax no necesitaron utilizar ningún cauce de comunicación verbal hacia instancias superiores, porque estaban presentes quienes debían recibir la información. En tiempo real, por lo tanto, íbamos consiguiendo una percepción directa y fiable de los datos, complementada con las preguntas que se realizaron a los especialistas que intervenían. Si alguien confundió al Gobierno, no fui yo ni los Tedax.

Siempre me ha resultado inexplicable que en el comité de coordinación del 11-M, presidido por el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Astarloa, no estuviera el comisario general de Seguridad Ciudadana, de quien dependían, en aquellos momentos, los Tedax y otras unidades con importantes responsabilidades en la gestión de los atentados. Ello hubiera evitado la inclusión de otros intermediarios en los canales de información.

El tratamiento de la información y su difusión a los medios, por parte de instancias superiores, lo desconocíamos. En la unidad estuvimos volcados en nuestras funciones durante los tres días consecutivos a los atentados, apenas sin descanso. Cuando mi familia me comunicaba que en los medios se hablaba de la autoría de ETA, yo me sorprendía, pero, por otra parte, ignoraba los datos disponibles en otras unidades policiales.

3.4.  Nuestros documentos

Desde mi unidad se extendieron, como habitualmente se hace, tres tipos de documentos:

Nota informativa: contiene datos provisionales, generalmente sin confirmar, cuya finalidad consiste en contribuir a que la unidad que lleva la investigación disponga, lo antes posible, de los datos que les puedan ser de utilidad. También se emplean para informar a la cadena de mando. Es el instructor quien valora su incorporación a las diligencias policiales y su remisión a la autoridad judicial.

Informe: Se elabora a solicitud de una autoridad policial o judicial sobre cuestiones concretas que no necesiten la realización de una pericia. Su contenido aporta la información que sobre estas cuestiones disponga la  unidad. Si la autoridad judicial, una vez recibido el informe, considera necesario ampliarlo o complementarlo con la realización de alguna pericia, lo solicita expresamente.

Informe técnico pericial: Se realiza a requerimiento de la autoridad judicial sobre aquellos aspectos expresamente solicitados[33]. Lo elaboran los peritos designados por el jefe de la unidad policial o, en su caso, directamente por el juez instructor. Lo firman los peritos y le da el visto bueno el comisario jefe de la unidad. El visto bueno implica que se ha dado una orden a los funcionarios designados como peritos, que en el documento se da respuesta a lo solicitado y que se han observado los requisitos formales. Nunca se entra a valorar su contenido, el cual corresponde a la autonomía e independencia del perito.

3.5. Insistentes llamadas del CNI y la Guardia Civil

El intercambio de información técnica con expertos en desactivación de explosivos era fluido. Tras el atentado, especialistas de Ertzaintza y Mossos nos los solicitaron y se los proporcionamos tres días después con la debida autorización y discreción. Con los Tedax de la Guardia Civil el trasvase de información era aún mayor. En la mañana del 12 de marzo, visitaron la Unidad Central, donde observaron en persona el material incautado hasta ese momento. La colaboración entre los especialistas del Cuerpo Nacional de Policía y los de Guardia Civil fue, de hecho, constante, permanente y se producía prácticamente en tiempo real. Era habitual que los Tedax que no eran competentes estuvieran presentes en la intervención como observadores o que nos prestaran apoyo si era necesario.

Es decir, que los datos técnicos los trasladábamos sin problemas a otros expertos del resto de cuerpos. Los de la investigación, sin embargo, solo los compartíamos con la unidad que instruía el atestado y con el juez. En este sentido, a todos los miembros de mi unidad nos sorprendieron mucho las insistentes llamadas que recibíamos desde el Centro Nacional de Inteligencia y los Servicios de Información de la Guardia Civil. Querían conocer el núcleo de la investigación, que en ese momento estaba en torno a la labor los Tedax. En concreto, desde el día de los atentados hasta el 15 de marzo, tanto el coronel de la Guardia Civil responsable de Información como otro coronel del CNI nos acribillaron a llamadas telefónicas los días 11, 12 y 13 de marzo, tanto por la noche como por el día, para enterarse de los detalles de la investigación relativos a los hallazgos de la Renault Kangoo y los explosivos. Sin embargo, nosotros siempre les remitíamos, para datos técnicos, a los Tedax de la Guardia Civil que habían estado presentes, y al instructor del caso en temas de investigación. Ellos nos planteaban hipótesis, sin lógica ni coherencia, sobre el posible origen de los explosivos y el modus operandi de su sustracción. Pero cuando el coronel de la Guardia Civil, por ejemplo, solicitó información sobre el material incautado, se le remitió a los Tedax de su propio cuerpo, que habían estado en nuestra unidad desde el primer momento.

Nosotros solo informábamos a nuestros superiores, en este caso a la Comisaría General de Información, que dirigía las investigaciones e instruía el atestado. Por eso, cuando alguien ajeno a este departamento nos pedía datos no técnicos sobre las investigaciones que estábamos llevando a cabo, nuestra respuesta era siempre la misma: “Los datos sobre las investigaciones que se están realizando sólo se los facilitamos a nuestros superiores y al juez; solicítenselos a ellos”. Al ver mi postura firme, desde el área de Información de la Guardia Civil y desde el CNI telefonearon a otros miembros de mi unidad insistentemente con el fin de recabar datos, pero también por esta vía recibieron idéntica contestación: nos remitíamos a la cadena de mando.

La finalidad de estas reiteradas llamadas telefónicas en esos tres días era cotejar los datos que nosotros disponíamos de la furgoneta con otros que ya tenían el CNI y Guardia Civil. Esto lo supimos después, durante la Comisión Parlamentaria, la instrucción del sumario y la vista oral. En ese momento solo percibíamos una anómala ansiedad por parte de estos servicios por conocer, cuanto antes, los resultados que íbamos obteniendo sobre lo encontrado en la Renault Kangoo. Por supuesto, a todos nos sorprendía esta actitud y desconocíamos si esos datos también los solicitaron a través de su cadena de mando y si le fueron facilitados. Al mismo tiempo, ignorábamos todos los indicios que las unidades de Información, Policía Científica u otros especialistas habían podido encontrar.

3.6. Fotos de la bomba desactivada en una televisión de EEUU

Los servicios de desactivación de explosivos no dependen del mismo departamento policial en todos los países. En algunos estados incluso se enmarcan en organismos ajenos a la Policía. Por esta y otras razones, el intercambio de datos técnicos entre estos servicios suele ser directo, a través de redes de contacto establecidas en foros específicos. La naturaleza de sus funciones y el carácter secreto de los datos técnicos desaconseja utilizar otros canales.

La internacionalización del fenómeno terrorista, con materiales y modus operandi similares, precisa de un intercambio transparente, rápido y eficaz de información entre técnicos de desactivación de explosivos de diferentes países. Estoy hablando de datos técnicos de vital importancia para otro especialista en una intervención posterior sobre un artefacto parecido. En el 11-M, a través de correo electrónico, recibí ofrecimientos de apoyo de servicios de desactivación de explosivos de numerosos países, así como solicitudes de información técnica. Ante esta última demanda, pedí permiso para facilitar datos y adjunté el informe que iba a entregar. Hasta el jueves, 18 de marzo, no fue concedida la autorización. Este mismo día, a las 18.00 horas, convoqué a los agregados policiales de diferentes países para entregarles el informe en la sede de nuestra Unidad Central. Nada más recibirlo el agregado de un país (sería una incorrección citarlo), me llegó una contraorden para que se retrasara la entrega hasta el lunes 22. Ese día, antes de que los agregados del resto de países recibieran el informe, una televisión de EEUU difundió las fotografías de la bomba que incorporaba el documento. No fue la Policía española la que facilitó esas imágenes a esa televisión antes que a la prensa nacional, como se reprochó en algunos medios. Fue ese servicio de especialistas extranjeros que recibió la información el día 18 el que llevó a cabo este inadecuado comportamiento. De hecho, otros servicios extranjeros reprocharon esa conducta a los filtradores en foros celebrados con posterioridad.

La difusión de información o imágenes relacionadas con el 11-M fue correcta, tanto en ámbito administrativo-policial, en el que la clasificación de secreto tiene como finalidad la seguridad del Estado, como en el judicial, en el que tiene el objetivo de preservar el buen desarrollo de las investigaciones, los derechos fundamentales de las partes o el interés general. Como muestra de nuestro buen hacer, el 6 de agosto de 2004, ante la solicitud de imágenes realizada por Televisión Española para el programa Informe Semanal, los Tedax pedimos autorización al juez de instrucción, que la concedió, aunque excluyó algunas fotografías y parte de un vídeo que no tenían relación directa con la petición formulada[34].

4. Las pruebas

Una de las funciones de la especialidad Tedax es la investigación sobre el origen o procedencia de los componentes de los artefactos. La eficacia en estas tareas depende de la correcta interpretación de toda la información que puedan proporcionar esos indicios, restos o elementos de los artefactos. Para ello, se necesitan conocimientos específicos sobre la materia. Nuestra unidad cuenta además con fuentes humanas, documentales y técnicas, a lo que hay que añadir las redes de contacto establecidas a nivel internacional.

Ante un atentado terrorista, con la finalidad de no perder tiempo en la identificación y localización de los autores, los Tedax inmediatamente aportan datos a la Comisaría General de Información, ya sea mediante notas informativas o en comparecencia ante el instructor de las diligencias policiales. Este tipo de actuaciones son investigaciones que, posteriormente, con un sosegado estudio y análisis, se amplían y pormenorizan en informes periciales remitidos a la autoridad judicial que instruye el sumario.

Las aportaciones realizadas por los Tedax con motivo de los atentados del 11-M fueron importantes y, en algunos casos, decisivas para la investigación. De hecho, todas se utilizaron en la sentencia para facilitar la condena de los autores.

4.1. Aportaciones de los Tedax

4.1.1. Mina Conchita y la información inventada

A las 15.00 horas del 11 de marzo, en las dependencias de la Unidad Central de Desactivación de Explosivos y NRBQ, situadas en Canillas (Madrid), la Policía Científica realizaba la inspección ocular[35] de la furgoneta Renault Kangoo, que los autores del atentado habían abandonado en las proximidades de la estación de Renfe de Alcalá de Henares.

En esta inspección encontraron debajo del asiento del copiloto una bolsa de basura de color azul, que contenía siete detonadores y restos de un extremo de cartucho de dinamita Goma 2 ECO. Los detonadores tenían una etiqueta con el logotipo de la empresa, en el anverso: UEB – Detonador Eléctrico Blasting CAP Detonateur Electrique Made in Spain. En el reverso, se leía: CE 0163 – Peligro Explosivo Danger Explosive Danger Explosif.

A las 17.00 horas, técnicos de Maxam, empresa fabricante de material explosivo, nos confirmaban que el material era de su producción, lo que determinó que los cinco detonadores de cobre, de los siete hallados en la furgoneta, sólo se distribuían a las zonas mineras de Asturias, León y Palencia, donde existen minas con riesgo de grisú. Esta información se reflejó en nota del mismo día 11 de marzo (incorporada al sumario), en la que nada se decía, todavía, de Mina Conchita.

Sin embargo, El Mundo publicó el 2 de marzo de 2007 lo siguiente: “Un mando de la Unidad Central de Información Exterior revela que los Tedax dijeron ya el día 12 que el explosivo venía de Mina Conchita”. El diario se basaba en las declaraciones, perceptiblemente dubitativas, de un testigo que prestó su testimonio en el juicio. Asimismo, el periódico también añadió: “El primer testigo policial acrecienta las dudas sobre el 11-M”. En el texto, además, se decía “qué sabía entonces del rastro de la dinamita la unidad de Sánchez Manzano”.

Asimismo, en página 17 de la misma edición, Victoria Prego suscribe un artículo titulado Despidamos los embustes, que llega la realidad, en el que destacaba las siguientes frases: “Cuestión asombrosa. ¿Qué certeza podían tener sobre eso los Tedax 24 horas después del atentado? Pudo ser un soplo… El caso es que los Tedax aparecen hasta en la sopa, incluso en asuntos que no parecen de su competencia”. No sabía la señora Prego que sí, que esos “asuntos”, como los denomina, sí son de nuestra competencia.

El 4 de marzo de 2007, Fernando Múgica continuaba escribiendo sobre el tema: “Lo más sorprendente de su declaración –en referencia al testimonio del inspector jefe de la UCIE– fue cuando contó que los Tedax de Sánchez Manzano ya estaban convencidos de que la dinamita de los atentados procedía de Mina Conchita, tan sólo un día después del 11-M. Está visto, hay quien tiene dotes adivinatorias. Cada vez está más claro que Trashorras estaba ya condenado con los cadáveres aún calientes”.

Inaudita la sagacidad de estos investigadores que presumían de un profundo conocimiento del sumario. Sin embargo, lo peor era su influencia no solo en la opinión pública, sino también en el desarrollo del proceso. Aunque en el sumario figuraba la nota del 11 de marzo en la que se comunicaba el destino de los detonadores de cobre –nada se dice de la dinamita de Mina Conchita–, la representación legal de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M me formuló una pregunta durante mi testimonio en la vista oral con términos similares a lo publicado. El paralelismo entre la línea de la representación legal de algunas acusaciones con lo divulgado por El Mundo era una constante, lo que mostraba, sobre todo, que sus fuentes documentales no eran los informes del sumario, sino las fabulaciones de los promotores de las teorías de la conspiración.

A pesar de todo lo contado en El Mundo, la realidad era que los informes de los Tedax sólo decían que los cinco detonadores de cobre habían sido distribuidos a las zonas mineras de Asturias, León y Palencia. Nada se mencionó de Mina Conchita, a pesar de las invenciones del diario. Es el 15 de marzo cuando plasmé en un informe que las canteras de Caolines de Merillés era un posible lugar de procedencia de los detonadores. Ni siquiera se mencionaba Mina Conchita, como posteriormente veremos.

4.1.2. De los detonadores a Avilés

El 11 de marzo, los Tedax fijaron todas las características de cada uno de los detonadores, lo cual permitió individualizarlos. A los siete hallados en la furgoneta, se añadía el que conformaba el artefacto alojado en la bolsa procedente de la estación de El Pozo y que desactivamos en la madrugada del día 12 en el parque Azorín del distrito Puente de Vallecas. El estudio en detalle de estos ocho detonadores nos permitió establecer cinco grupos diferenciados, según las siguientes características:

De cobre o de aluminio. El abastecimiento de ambos tipos conjuntamente no es frecuente.

Combinación de tipos de sensibilidad del detonador: sensibles, insensibles y altamente insensibles.

Tipo de retardo: instantáneo, microrretardo y retardo.

Número de retardo.

Longitud de los cables.

Tapón de estancamiento o año de fabricación.

Longitud  de la cápsula.

Mordazas en la terminación de la cápsula.

Otros parámetros: sensibilidad y resistencia en puente de incandescencia, impulso de encendido, corriente de seguridad y corriente de encendido, etc.  

El hecho de haber incautado varios detonadores y poder fijar una trazabilidad más precisa nos abría muchas posibilidades en la investigación sobre su procedencia. Para un profano en la materia, puede parecer que todos los detonadores eran iguales o que había poca variedad, pero en realidad la diversidad era muy amplia. En los de aluminio, la fabricación llegaba a 748 tipos distintos y, en los de cobre, a 104 clases. El viernes 12, ya disponíamos de un cuadro resumen sobre los detonadores intervenidos hasta ese momento, en total ocho, con todos los datos y detalles mencionados.

Ese mismo día inicié la investigación. Contaba, bajo discreción y máxima reserva, con la colaboración de un empleado de la empresa Maxam, con el que tenía establecida una relación de confianza desde hacía unos años debido a mi anterior destino en la Unidad Central de Seguridad Privada. El objetivo era averiguar el nombre de la empresa distribuidora a la que fueron entregados los detonadores incautados. El procedimiento que utilizamos fue cruzar datos para, progresivamente, descartar lugares donde no concurrieran los cinco tipos distintos de detonadores.

Los terroristas aún podían disponer de explosivos y cometer más atentados, por eso le pedí a mi contacto trabajar con la máxima celeridad. Su respuesta fue la siguiente: “Es muy complicado, no sé si conseguiremos algún resultado; en todo caso, tardaremos un tiempo; date cuenta que es viernes y voy a tener que movilizar a otras personas en zonas diferentes, porque sólo tenemos centralizados los datos hasta ciertos puntos de distribución”.

A través de conversaciones telefónicas y por correo electrónico, empezamos a intercambiar datos. Yo le proporcionaba descripciones y él me facilitaba empresas que habían recibido detonadores similares. Los datos aportados por el colaborador, yo los cotejaba con la información completa de cada detonador incautado y así descartaba sociedades receptoras. Así, y con la aplicación de otros parámetros, fui reduciendo el número de compañías que tendríamos que investigar.

Pero, ¿cuáles fueron los indicadores que, objetivamente, determinaron el lugar exacto de procedencia? No es frecuente que se sirvan detonadores tan heterogéneos a cualquier empresa; lo lógico es que sean uno o dos tipos, y siempre los mismos. Caolines de Merillés era la única empresa a la que se había suministrado tal variedad de detonadores. Además, uno de ellos, que presentaba características muy especiales, sólo lo había recibido esta compañía.

Como muchos profesionales de la Policía, durante estos primeros días trabajé sin descanso. El lunes 15, después de comprobar algunos datos y repetir determinadas operaciones, elaboré una nota informativa cuyo contenido fue analizado en la vista oral:

“Por gestiones realizadas personalmente por el comisario jefe de esta Unidad, en torno a los detonadores utilizados en los atentados del día 11 de marzo, en la línea de cercanías Guadalajara-Madrid, se ha podido determinar, con un alto porcentaje de acierto, que las mismas proceden de las canteras Caolines de Merillés, a 20 kilómetros de Tineo Asturias.

Los mismos pertenecen a la última remesa de febrero del presente año, servidos a través del distribuidor empresa Canela Seguridad, con sede en Cangas de Narcea. Esta cantera consume unas dos toneladas de Goma 2 ECO al mes, de la envasada en cartuchos del calibre 26, el mismo calibre que el resto recogido en el coche Renault Kangoo  0576BRX, encontrada en Alcalá de Henares”.

Esta nota se la entregué al comisario general de Información en mano en la tarde del día 15, cuando se encontraba con otros dos comisarios de Información. Tras dársela, Jesús de la Morena ordenó a uno de ellos que se trasladase a Asturias con miembros de su unidad para realizar las investigaciones sobre el contenido de la nota. Yo comparecí ante el instructor de las diligencias que se estaban instruyendo y le adjunté también la nota informativa.

Aunque ya era evidente que los autores eran los islamistas e incluso había algún detenido, las actuaciones en Asturias ordenadas por De la Morena resultaron determinantes. Comenzaron con la detención en Avilés de algunos traficantes. A partir de teléfonos que pertenecían a estos facilitadores de explosivos o a su entorno familiar, se efectuaron llamadas y se enviaron SMS a teléfonos con tarjetas que habían sido compradas junto a la incautada en la bolsa bomba desactivada en Puente de Vallecas. Hasta ese momento, sólo se había conseguido establecer el comercio donde había sido servida la tarjeta que llevaba incorporada la bomba desactivada en Vallecas, pero con esas últimas investigaciones averiguamos también que se había vendido junto a otras que aún permanecían inactivas.

Las actuaciones policiales de Avilés, en consecuencia con la información proporcionada por la Unidad Central de los Tedax, permitieron vincular a gente de la localidad asturiana con personas relacionadas con el atentado sobre las cuales, hasta entonces, no existían datos objetivos ni siquiera una convicción clara de su participación. Así lo expone el auto del instructor de 18 de junio de 2004, en su página 7[36], que otra vez pone de manifiesto el relevante y decisivo papel desempeñado por la especialidad. A partir de esos momentos, las unidades de Información empezaron a rastrear el recorrido de tarjetas a través de las BTS[37] y a localizar lugares de interés para la investigación, además de establecer relaciones entre sus titulares y usuarios.

Después de dictada sentencia, no es aventurado decir que sin esta rápida y eficaz investigación sobre el lugar del que fueron sustraídos los detonadores, el esclarecimiento de los hechos no se habría producido con tanta celeridad. Esta diligencia contribuyó a la localización de los terroristas en Leganés el 3 de abril, lo cual eliminó la posibilidad de otros atentados sobre los que ya tenían programada su ejecución.

4.1.3. Empresas receptoras de Goma 2 ECO

Gracias al resto de cartucho encontrado en la Kangoo, realizamos distintas investigaciones que esclarecieron, el 26 de marzo de 2004, los lugares y las distintas partidas de Goma 2 ECO, con envoltorio oscuro o marrón claro y calibre 26, distribuidas en toda España desde agosto de 2003 hasta febrero de 2004. Los términos oscuro o marrón claro los utilizaba la empresa Maxam como equivalentes. En realidad, solo había dos clases de envoltorios: marrón claro (oscuro) y blanco.

Conseguimos establecer que la distribuidora Canela de Seguridad, abastecedora de Caolines de Merillés (la misma que había recibido los detonadores), recibió dos entregas de dinamita empaquetada con papel oscuro desde el 1 de diciembre al 26 de febrero. De estas partidas, Mina Conchita recibía todas las semanas de febrero 300 kilos y Mina Arbodas, 250 kilos. En concreto, los días 2, 16 y 25 de febrero. Estas cantidades coincidían con la capacidad de los depósitos de ambas minas.

En la nota informativa del 26 de marzo de 2004, sobre estas averiguaciones, también comunicamos que, según apreciación de los Tedax, el explosivo componente del artefacto desactivado en Puente de Vallecas no superaba los cuatro meses de antigüedad.

4.1.4. El detonador del artefacto del AVE

El mismo día que los Tedax de la Guardia Civil desactivaron el artefacto colocado en la vía del AVE Madrid-Sevilla, el 2 de abril de 2004, informamos sobre los puntos de destino de los detonadores de similares características a la unidad que llevaba la investigación y comprobamos que a Caolines de Merillés se le había servido una partida en febrero de 2004.

4.1.5. De dónde vienen la Goma 2 ECO y los detonadores de Leganés

Después de la explosión en el piso de la calle Martín Gaite de Leganés, el 3 de abril del 2004, se incautaron 236 detonadores de diversos tipos, que coincidían, la mayor parte, con los hallados en la furgoneta Kangoo, en la bolsa bomba desactivada en Puente de Vallecas y en el artefacto colocado en el AVE. En los análisis y estudios de los detonadores y en su confrontación con los datos proporcionados por Maxam, los Tedax descubrieron una peculiaridad muy importante: un tipo de detonadores incautado sólo los consumía, en la Península, la empresa Caolines de Merillés. En cuanto a la dinamita Goma 2 Eco y sus embalajes (bolsas y envoltorios de cartuchos), se pudo probar que Caolines de Merillés había recibido diversas cantidades de todas las referencias incautadas. El mayor porcentaje, en febrero de 2004. 

En la nota informativa de estas investigaciones, del 5 de abril de 2004, también comunicábamos el resultado de los cálculos que habíamos realizado en la unidad con el objetivo de determinar qué cantidad de explosivo podía quedarle a los terroristas huidos[38]. Consultamos sobre la capacidad del maletero de un turismo medio a empresas del sector automovilístico e hicimos pruebas cargando bolsas de dinamita. De este simulacro concluimos que la cantidad aproximada que podría transportar serían unos 210 kilos.

Con estos datos, efectuamos las siguientes estimaciones: la suma de los 142 kilogramos empleados en los artefactos colocados en los trenes de cercanías y en la vía del AVE, más los 19,5 recuperados y los 25 empleados en la acción kamikaze contra el operativo policial dan una suma de 186 kilos, a los que había que añadir el explosivo esparcido en pequeños trozos y no recuperado, cuya cantidad resulta difícil de estimar.

La conclusión fue que la cantidad de explosivo que aún pudiera quedar en manos de los terroristas sería menor al 10% de lo supuestamente sustraído. Obviamente, siempre que nos limitáramos al medio de transporte utilizado por los terroristas y que ya conocían los investigadores. Era el vehículo que había sido parado en la carretera por la Guardia Civil, unos días antes del atentado, como se pudo deducir de lo manifestado en la vista oral.

4.1.6. Una simulación de las explosiones

No fue factible determinar por procedimientos científicos la marca comercial de la dinamita empleada en las bombas de los trenes, al no haber quedado sustancia entera en los focos. Sin embargo, por los diversos indicios obtenidos en la investigación, había un convencimiento firme de que se trataba de Goma 2 ECO. En otros atentados, con menos vestigios, los tribunales de justicia han dado por utilizada una determinada marca o tipo de explosivo.

El lunes 15 de marzo, por la mañana, reuní a todos los miembros de la sección encargada de la investigación y les di instrucciones para que extremaran la meticulosidad en la descripción, estudio, análisis y cotejo de los diversos elementos e indicios relacionados con las bombas. Ese convencimiento, que nosotros teníamos sobre la utilización de Goma 2 ECO en los trenes, debíamos trasladarlo, con datos e indicios objetivos, a la instrucción del sumario y después a la vista oral. Los Tedax realizaron investigaciones según iban ocurriendo los distintos episodios: explosiones en los trenes, furgoneta Kangoo, bolsa bomba desactivada en Puente de Vallecas, finca de Chinchón, artefacto del AVE, vehículos incautados y Leganés.

La primera nota informativa, muy importante en aquellos momentos, fue la mencionada de las 9.00 horas del 12 de marzo sobre la desactivación en Vallecas, en la que ya se reflejaban las primeras similitudes con lo hallado en la furgoneta. Con indicios racionales se vinculaba lo hallado en este vehículo con los artefactos neutralizados en los trenes y la bomba desactivada. En esa mañana del día 12 desaparecían las pocas dudas que pudieran seguir existiendo sobre la autoría.

Los Tedax y las unidades de Información sabíamos que el modus operandi de ETA no correspondía con el uso que hicieron los terroristas de la furgoneta. Además, no encontramos analogías entre el material utilizado por esta organización terrorista y el de los atentados del 11-M. Formular hipótesis es aceptable y éstas son imprescindibles para la investigación, pero había que recolectar y ordenar datos confirmados para afirmar o negar la autoría de ETA.

Después, algunos comunicadores del periódico El Mundo, metidos a investigadores, se lanzaron a una piscina vacía de datos confirmados y llena hasta arriba de rumores. Atribuyeron la autoría a ETA, cuando todo apuntaba a que no había sido esa banda, y esto sembró dudas sobre los resultados de la investigación policial. Difundieron sus propias conclusiones sin contrastar, pero tras ellas no había ningún dato obtenido con base en un profesional análisis de las pruebas. En un atentado que ha costado tantas vidas y sufrimientos, no caben fabulaciones y nosotros no podíamos permitírnoslas. Ellos, sin embargo, sí lo hicieron y sus historias formaron a parte de la opinión pública y crisparon a la sociedad. No es este el sitio, sin embargo, para juzgar a los que promulgaron un juicio paralelo.

                El 19 de abril de 2004, la Unidad Central de Desactivación de Explosivos y NRBQ elaboró una amplia nota informativa que establecía, en todos los escenarios, una serie de coincidencias en cuanto a detonadores, explosivos, bolsas y contenedores de las bombas, telefonía móvil, cableado, metralla y técnicas en la confección de los artefactos. La nota, dos meses después del atentado, con un estudio y análisis más exhaustivo realizado por los peritos de los Tedax se convirtió en informe pericial para la instrucción del sumario[39].

Esta investigación aportaba indicios racionales sobre las relaciones de los autores con los hechos y los escenarios utilizados que, complementados con datos sobre teléfonos, huellas y ADN, permitieron a los investigadores y a la instrucción del sumario formular hipótesis y llegar a conclusiones importantes a lo largo del proceso judicial.

Posteriormente, en la vista oral del 11-M celebrada en la Audiencia Nacional, los Tedax dejaron constancia de que el color y la textura gelatinosa del explosivo de las bombas neutralizadas en Atocha y El Pozo eran similares al hallado en el artefacto desactivado en Puente de Vallecas. También confirmaron que coincidía la cantidad de unos diez kilos. Cuando las acusaciones preguntaron sobre el tipo concreto de explosivo que había en las mochilas de los trenes, los peritos corroboraron que ese dato sólo se puede conocer cuando se analiza explosivo antes de que éste explosione. Como en los trenes no se encontró sustancia sin explosionar, únicamente se podía saber que había sido dinamita.

También, en contestación al escrito del juez instructor del 27 de abril de 2004, la perito química de nuestra unidad elaboró un informe, sobre similitudes de sustancias enteras encontradas en los diferentes escenarios, que concluía que: “se trata en todos los casos de explosivo tipo dinamita”. También dejaba constancia de que “cuando se cuenta con sustancia no explosionada, es factible la identificación completa, por lo que puede decirse en esos casos concretos que se trata del explosivo tipo dinamita, etiquetada comercialmente como Dinamita Goma 2 ECO, fabricada por Unión Explosivos – Ensign Bickford (antes Unión Española de Explosivos)”[40].

Prueba de la vital importancia de estas similitudes establecidas en la investigación de nuestra especialidad, la sentencia en su fundamento jurídico III.3.3., después de citar ocho evidencias aportadas por la Unidad en sus informes, concluyó lo siguiente: “En consecuencia, existe un enlace múltiple, unívoco, preciso y directo entre el explosivo desactivado en el parque Azorín y los distintos escenarios de los atentados. Lo hay entre el artilugio recuperado íntegro y los neutralizados en El Pozo y Atocha, entre la tarjeta de teléfono del artefacto del parque Azorín y el locutorio de la calle Tribulete, entre dicho artilugio desactivado y la finca de Chinchón –centro del núcleo de autores materiales de los atentados– y entre la bomba desactivada y los vestigios encontrados en la furgoneta Renault Kangoo recuperada en la calle Infantado de Alcalá de Henares. Además, la bomba desactivada en el parque Azorín tiene uno de los teléfonos vendidos por Decomisos Top entre el 3 y el 8 de marzo de 2004”.

A las preguntas de una de las acusaciones en el juicio oral sobre el estudio de la potencia del explosivo y la posible determinación de su naturaleza, los Tedax señalaron que no hicieron ninguna simulación de los atentados porque no lo consideraron necesario, ya que en ningún caso se iban a dar las mismas circunstancias. Anteriormente, durante la instrucción del sumario, fue tal la controversia montada por los agujereólogos inventores de teorías conspirativas que, el 16 de marzo de 2005, el  juez de instrucción se vio abocado, mediante resolución remitida a la Unidad Central, a plantear lo siguiente: “Si consideran necesario, al objeto de contestar con la adecuada precisión a las anteriores cuestiones, reproducir o simular, utilizando vagones de idénticas características a los que sufrieron los atentados, las explosiones que pudieron realizarse”.

La unidad TEDAX-NRBQ elaboró un informe[41], que contestaba a este respecto en el párrafo cuarto: “Los resultados obtenidos en una reproducción o simulación no aportarían datos objetivos que permitan contestar con la adecuada precisión a las cuestiones planteadas, puesto que los efectos de una explosión dependen de diferentes factores como la compactación, confinamiento del explosivo, colocación del artefacto e iniciación de la carga, del medio que les rodea, del lugar donde se produce, etc. Cuando los artefactos explosionan, cada uno de los trenes se encontraba situado en lugares con entorno de diferente configuración arquitectónica. Además, en el interior se encontraban numerosas personas”.

4.1.7. No fue ETA

Nada más ocurrir los atentados, y según iban recibiendo información, el grupo de informes de nuestra unidad inició, en las bases documentales y de datos, la búsqueda de posibles artefactos conformados con elementos, sistemas de activación, técnicas de ocultamiento o modus operandi en la colocación, similares. En este caso, cotejaban atentados de la organización terrorista ETA y del terrorismo internacional. Encontraron algunas semejanzas poco significativas con algunos atentados en Oriente Medio. Con ETA no hallaron parecido alguno. Con estos datos, elaboraron los correspondientes informes que se remitieron a la instrucción del sumario ([42] [43] [44] [45]).

En los medios de comunicación que patrocinaron a los autores de las teorías de la conspiración, con la finalidad de introducir dudas sobre la autoría del atentado, comenzaron a especular sobre la capacidad intelectual y técnica de los procesados para confeccionar artefactos explosivos. ¿Qué pretendían? Pues trasladar el mensaje de que para fabricar o poner bombas se necesitaba un determinado nivel de inteligencia y que los detenidos, como autores, no lo tenían. Sin embargo, desde el punto de vista Tedax, el sistema de elaboración y montaje de los distintos elementos de las bombas era muy simple y sencillo, a la vez que seguro.

Algunos periodistas de estos medios (El Mundo y Libertad Digital fundamentalmente) calificaban a los autores, con tono despectivo, como los moritos de Lavapiés para ocultar intencionadamente la preparación universitaria de varios de ellos. Así, Federico Jiménez Losantos decía[46]: “Yo inventé el mote de los pelanas de Lavapiés para ridiculizar la supuesta ferocidad de los musulmanes españoles presuntos cofrades de Bin Laden, que en realidad eran moritos traficantes de hachís que entraban y salían de las dependencias y confianzas policiales con excesiva tranquilidad; aquello caló –nunca se sabe por qué– y se ha convertido en una forma habitual de denominarlos”.

Seamos serios, con un pequeño esfuerzo intelectual, enseguida se atisba que sólo se necesitaba una persona que supiera hacerlo. Los demás seguían instrucciones para cumplir las funciones de porteadores y de colocación. La mayor parte de los terroristas procesados tenían capacidad para que, con explicaciones prácticas, observación previa de cómo se realizaba y disposición de los elementos para manipular, en dos o tres horas, aprendieran a elaborar y a montar las bombas que utilizaron.

En la preparación y ejecución de los atentados, esas actividades fueron lo más fácil. A priori, después de varias amenazas de los líderes de Al Qaeda contra España, los terroristas debían de haber tenido más dificultades en el acopio logístico y en eludir las medidas preventivas y de control policial que en la confección de las propias bombas. Tampoco creo que, tras esas amenazas de Al Qaeda (una organización que funciona por franquicias), haga falta gran erudición para la determinación intelectual o la decisión de cometer los atentados, ni tampoco para atribuírsela a los procesados. ¿O es que alguien piensa que se dan órdenes por escrito a los comandos, o se levanta acta sobre la decisión de ejecutar atentados?

4.2. ¿Quién es el competente, la Guardia Civil o la Policía?             

En una de las primeras reuniones de coordinación posteriores a los atentados, celebrada en la Secretaría de Estado de Seguridad, el representante de la Guardia Civil comentó que, según la normativa, las actuaciones sobre los explosivos eran competencia exclusiva de dicho cuerpo. Por ello, solicitó llevar a cabo las investigaciones sobre la procedencia del material explosivo incautado con motivo del 11-M.

Cuando De la Morena me preguntó sobre este comentario, le contesté que la competencia exclusiva de la Guardia Civil es la de intervención, control de fabricación, consumo y distribución del explosivo con la finalidad de prevenir la sustracción y su uso inadecuado. Pero que, cuando el material explosivo se utiliza para cometer un atentado, se convierte en instrumento de un hecho delictivo que corresponde al cuerpo que lleve la investigación de esa acción criminal. En este caso que nos ocupa, nosotros.

En la siguiente reunión, el comisario general formuló este planteamiento y solicitó al Secretario de Estado que el Cuerpo Nacional de Policía siguiera con la investigación del material explosivo aunque se le proporcionaran también los datos y resultados a la Guardia Civil. Evidentemente, yo los datos ya se los facilitaba a la línea jerárquica del Cuerpo Nacional Policía y eso no era impedimento para que los Tedax de la Guardia Civil también tuvieran de inmediato toda la información técnica, como se hacía en cualquier incidencia. Muestra de ello es que, como he dicho antes, el día después de los atentados estuvieron en la unidad observando todo el material incautado.

Después de la detención de Suárez Trashorras en Avilés como cabecilla del tráfico de explosivos, la Comisaría General de Información realizó controles sobre el material que había llegado a las minas y su consumo. En mayo de 2004, el juez instructor del sumario decidía que fuera la Guardia Civil la que llevara a cabo aquellas funciones. Estas tareas que realizaba la citada Comisaría General, inspección de libros y comprobación de entradas y consumos, se enmarcaban dentro del ámbito de intervención y control de explosivos, competencia de la Guardia Civil. Las investigaciones que hicimos los Tedax eran a través de fuentes propias. No con inspección y control de libros.

El 12 de mayo del 2004, después de haber tomado esa decisión, el juez remitió un oficio a la Unidad Central de Desactivación de Explosivos y NRBQ de la Policía junto a un informe de la Guardia Civil en el que se volvía a plantear la exclusividad de las competencias en todo aquello relacionado con explosivos. También se solicitaba la comprobación de algunos datos, facilitados en su día, sobre numeraciones de envoltorios de cartuchos de dinamita y sobre detonadores.

En torno a la cuestión de competencias, como comisario jefe de la unidad, le informé al juez que la fabricación, consumo o distribución de explosivos constituye un sector con regulación específica, cuya observación corresponde vigilar a la Guardia Civil, según el artículo 12.1.B. a) de la Ley Orgánica 2/86 de 13 de marzo: las derivadas de la legislación vigente sobre armas y explosivos[47].

Como ya he explicado, la investigación sobre la procedencia del explosivo utilizado en un hecho delictivo no se contempla como competencia de la Guardia Civil, pues no lo incluye esa legislación, por lo que, también ante la autoridad judicial, insistimos en que esas tareas correspondían al Cuerpo Nacional de Policía. Estas pesquisas que llevamos a cabo permitieron la identificación, localización y detención de la trama asturiana, que fue la base de la que partieron otras líneas decisivas de investigación. Sin embargo, aunque estaban concluidas policialmente, debían convertirse en medios de prueba dentro de la instrucción sumarial.

Con tal finalidad y buen criterio, el juez encomendó a la Guardia Civil ejercer sus funciones de control e intervención administrativa para certificar o, en su caso, averiguar el explosivo recibido y el consumido en aquellas fechas y en determinados lugares. De forma que debían comprobar asientos en libros de registros, inspeccionar in situ los lugares de consumo, constatar el nivel de control que corresponde al titular de la instalación, etc. 

La Guardia Civil cumplió con esta finalidad de comprobar los libros, como se puede observar en el sumario y se constató en la vista oral, en la que quedó probado que el robo de explosivos se ejecutó de manera organizada, con la participación de varias personas y la falsificación de la contabilidad. Los controles administrativos de la Guardia Civil ratificaron la investigación realizada por los Tedax del Cuerpo Nacional de Policía inmediatamente después de cometerse los atentados.

De los 594 envoltorios encontrados en el piso de los terroristas de Leganés, identificamos numeraciones de cuatro lotes y comprobamos que habían sido servidos a Mina Conchita. Esta información se la facilitamos a la Guardia Civil, que en mayo de 2004 pudo constatar fehacientemente, a través de los libros registros, que los datos proporcionados por los Tedax eran correctos.

En la inspección realizada a Mina Conchita y Collada, que consta en el sumario, la Guardia Civil encontró cuatro bolsas de dinamita, dos de Goma 2 Eco y otras tantas de Goma EC, así como un par de detonadores. En el tercer nivel de la mina, hallaron cartuchos desperdigados de Goma 2 EC, además de unas bolsas de explosivos, algunas abiertas y otras cerradas, que contenían un total de 17 cartuchos. En una grabación de vídeo, recogieron imágenes de bolsas con dichas dinamitas juntas y ocultas bajo cartones, tuberías y tras una puerta de chapa de acceso a la bocamina. Vamos, se podría decir que un coctel de material explosivo. Otra circunstancia más que hacía imposible averiguar la marca comercial concreta de lo que estalló en los trenes.

El resultado de esta inspección, realizada a finales de junio de 2004, dejaba patente la desorganización en el control de explosivos en las citadas instalaciones mineras, de la cual ya se habían aprovechado Suárez Trashorras y Antonio Toro algún tiempo atrás. También, como consta en las actuaciones judiciales, se encontraron dos facturas de entregas recientes de Goma 2 EC. Un oficial de la Guardia Civil, en el juicio, reconoció la sorpresa y la frustración que experimentaron cuando se dieron cuenta de que, sobre las actividades de tráfico de explosivos de estos individuos, un año antes, ya le había informado un confidente. Así lo declararon: “Lo empezamos a intuir y a mirarnos con cara de sorpresa, cuando vimos que la Policía quería buscarlo (Rafael Zouhier), y que había un tal Toro y un tal Trashorras por medio. Entonces, evidentemente, nos echamos las manos a la cabeza”.

Haber renunciado a llevar a cabo las investigaciones sobre el origen del explosivo hubiera sido lo más cómodo para mí. Según las circunstancias de aquellos momentos, existía conformidad en el Cuerpo Nacional de Policía en dejar este tema en manos de la Guardia Civil. Sin embargo, expuse mis razonamientos y nos permitieron continuar. Por esas fechas, lo decisivo en la toma de decisiones era evitar la demora de la investigación, porque existía el riesgo de otro atentado. Como se demostró posteriormente, esas eran las intenciones de los terroristas. De no haber sido así, el esclarecimiento, localización y detención de la trama asturiana y, posiblemente, la posterior localización de los autores de los atentados en Leganés la hubiera realizado la Guardia Civil y no la Policía Nacional, que era la que había llevado a cabo toda la investigación de forma eficaz.

5. La comisión parlamentaria

La Comisión de Investigación del 11-M fue creada en el seno del Congreso de los Diputados, a solicitud del Partido Popular, con la legítima finalidad de conocer la verdad sobre el comportamiento de las autoridades políticas antes, durante e inmediatamente después del 11-M. Dicha Comisión, que inició su andadura en junio de 2004, no pretendía efectuar otras indagaciones de naturaleza distinta, porque entonces hubiera invadido las funciones del poder judicial.

Después de analizar su desarrollo y sus conclusiones, podemos decir que sus objetivos principales, además de establecer unas recomendaciones para prevenir hechos similares, fueron intentar aclarar:

Si hubo falta de previsión por parte del Ministerio del Interior.

Si el Gobierno informó adecuadamente a los ciudadanos entre el 11 y el 13 de marzo respecto a la autoría de los atentados.

Si el partido de la oposición, con consignas inadecuadas, alentó manifestaciones frente a la sede del partido en el Gobierno durante la jornada de reflexión previa a las elecciones generales.

En general, los partidos políticos diseñaron una estrategia que sobrepasaba los fines aludidos, cada uno en la dirección que le interesaba. Unos trataron de hacer ver la participación de los terroristas de ETA y otros aspiraban a convencer a los españoles de la existencia de maniobras informativas con fines electorales.

Las líneas de acción de ambos grupos se desarrollaron pensando en los medios de comunicación, para influir en la opinión pública. Los atentados del 11-M eran –y siguen siendo– un tema de opinión pública, pero eso no justificaba que en varias ocasiones, en el Congreso, se hicieran declaraciones que solo buscaban el titular de prensa. Ante la presión mediática, la clase política cedía el protagonismo a los medios y les permitía desnudar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, de forma que se mostraron procedimientos de trabajo y otras áreas que debilitaban los sistemas de protección. Actualmente, en las democracias occidentales, si algo debe considerarse materia reservada, es lo relacionado con el terrorismo, por ser el máximo riesgo que tienen estas sociedades. 

En esos momentos, con la comisión, la investigación sobre el 11-M recibió el espaldarazo suficiente para convertirse en un fenómeno mediático, en el que algunos, con exiguos escrúpulos y liderando las teorías conspirativas, hicieron negocio. Desde el punto de vista de la eficacia en seguridad y de la paz social, sin embargo, ese no fue el camino más adecuado. La finalidad del terrorismo es causar terror. Si damos publicidad a cuestiones relacionadas con ese miedo, multiplicamos la efectividad del mensaje que pretenden los terroristas. Además, si no se trata adecuadamente, tiene un efecto más pernicioso aún. En este caso, despertar sentimientos que dividieron a la sociedad en partidarios de unas u otras teorías, de forma que se ignoró o soslayó lo único importante en el atentado: los 191 muertos y los más de 1.800 heridos.

Por desgracia, algunos periodistas de El Mundo, al crear y corear la teoría sobre la probable conspiración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ayudaron a los terroristas. Inconscientemente, seguro, pero la realidad es que al final coadyuvaron a establecer la desconfianza y a dividir a la sociedad. ¿Alguien piensa que si los atentados no hubieran ocurrido tres días antes de las elecciones, habría habido comisión parlamentaria o montajes periodísticos sobre la actuación policial?

El hecho de que fuera la primera vez que un atentado era objeto de investigación parlamentaria permite afirmar que fue politizado por unos y por otros. Esta opinión la mantenían muchos, aunque resulta extraño que uno de los primeros en manifestarla públicamente fuera Casimiro García-Abadillo, en un artículo publicado el 29 de marzo de 2004[48], que de forma clara y descarnada afirma: “Si el 11 de marzo no hubiera estado tan cerca de las elecciones, probablemente Aznar se hubiera comportado de otra manera. Hubiera actuado como un profesional; es decir, como un presidente que sólo tiene un objetivo prioritario: ayudar a las víctimas, descubrir a los culpables y ponerlos a disposición de la justicia. Pero no. Las elecciones estaban a la vuelta de la esquina. […] Se mantuvo la tesis de ETA hasta el 14-M. Alguien hizo la cuenta del 11-M en escaños”.

El artículo pone en evidencia la alergia que tiene García-Abadillo a la coherencia y al rigor. El contraste de estas valoraciones con lo que escribió durante los ocho años siguientes, en los que ha liderado la teoría conspirativa, no tiene parangón en el ámbito periodístico. Hace sonrojar a propios y extraños por la osadía y la pura hipocresía que refleja su errático protagonismo mediático con motivo de los atentados del 11-M.

En definitiva, la comisión no se limitó al análisis del comportamiento de los políticos. No. Desde ella, con la ayuda de los mencionados medios, se propiciaron titulares en los que se cuestionaba la lealtad y el patriotismo de instituciones del Estado como el Cuerpo Nacional de Policía. Ahí están las actas y las hemerotecas para comprobarlo. 

De la lectura del dictamen final de la comisión[49] (https://bit.ly/documentoslasbombasdel11M), se extraen varias conclusiones sobre la confrontación política suscitada con los atentados del 11-M. Es a partir de la página 74, apartado 3 (“El Gobierno desinformó sobre la autoría de los atentados: cronología de la manipulación en tiempo real”), donde se plasman consideraciones interesantes que dieron los diputados en torno a la información que se facilitó sobre los explosivos utilizados en los atentados. En este apartado se detallan la cronología del atentado y las horas y contenidos de los comunicados oficiales:

La terrible tragedia padecida fue seguida de una información tendenciosa por parte del Gobierno que sugirió constantemente que ha sido ETA quien había matado en Madrid el 11 de marzo, pese a que todos los indicios racionales que se acumulaban en la investigación policial, en nada apuntan a esa banda criminal.

La inicial sospecha de que, tras los atentados, podría estar la mano negra de ETA, la banda terrorista que ha causado más de un millar de muertos en nuestro país, no fue avalada en ningún momento por dato alguno obrante en la investigación, salvo, en las primeras horas, las erróneas apreciaciones (pronto disipadas) sobre la clase de explosivo.

Para ver con más claridad la disociación entre la información que el Gobierno recibía de la investigación policial de los atentados y la que después trasladaba a la opinión pública, se expondrán ambas a continuación siguiendo la cronología del atestado y de las ruedas de prensa del Ministro del Interior. Así es como se puede reconstruir toda la verdad en tiempo real de que disponía el Gobierno de España y aquella otra que trasladaba a los españoles. Es la cronología de la manipulación en tiempo real.

En definitiva, la lucha contra el terrorismo islamista conduce a múltiples frentes que tienen que ser combatidos por los aliados occidentales. Sin embargo, el 11-M, como primera gran agresión terrorista en Europa, se utilizó como una cuestión doméstica, como un arma arrojadiza entre fuerzas políticas, en vez de servir para situar los atentados en el contexto de una campaña global de la yihad musulmana contra las democracias occidentales. Los desencuentros entre partidos políticos en la lucha contra ETA entonces impidieron alcanzar un pacto político contra el terrorismo internacional. Perdimos un tiempo precioso para adoptar decisiones que nos hubieran situado en una posición mejor para hacer frente a la amenaza.

5.1. Titadyne[50]

Mi comparecencia en el Congreso de los Diputados tuvo lugar en la mañana del 7 de julio de 2004. Ésta fue precedida por algunas publicaciones tendenciosas en el periódico El Mundo, como la del 18 de junio de 2004, con un titular que afirmaba que Carmen Toro tenía un teléfono con un nombre igual al del jefe de los Tedax. Al día siguiente, el propio medio desmintió que figurasen mis apellidos completos en la agenda de Carmen Toro, esposa de uno de los miembros de la trama asturiana de tráfico de explosivos. Aun así, el día anterior a mi comparecencia, el periódico volvió a reiterar la falsa e intencionada información, que obviaba la rectificación efectuada y decía que lo realmente importante era que, en Canillas, se me conocía como Manzano. No era la primera vez que El Mundo se contradecía a sí mismo. Así, el 6 de julio, en su página 10, el diario reiteraba comentarios publicados en fechas precedentes, que destacaban lo siguiente: “Sánchez Manzano, jefe de los Tedax, deberá aclarar por qué su unidad afirmó que el explosivo utilizado era Titadyne, el usado por ETA, y no Goma 2 ECO. Un error que permitió al Gobierno pensar que tras la masacre estaba la organización terrorista vasca”.

Esta frase, por sí sola, explica cuál ha sido la razón principal para promover teorías o mantener sospechas infundadas sobre mi comportamiento profesional. También explica el insistente y permanente esfuerzo mantenido por algunas personas de este periódico para atribuirme alguna irregularidad. Posteriormente, veremos la importancia de este tema, clave en todo el circo mediático que montaron.

Tras realizar en mi comparecencia una exposición de carácter general sobre las actuaciones de mi unidad y las decisiones que adopté el 11-M, inició el primer turno de preguntas el representante del Grupo Popular, Jaime Ignacio del Burgo. Tras él, continuaron el resto de las formaciones parlamentarias. A Del Burgo no le habían satisfecho mis respuestas sobre el tipo de explosivo utilizado en los trenes. Le dije que los Tedax no habíamos comunicado en la mañana del 11 de marzo que era Titadyne. Visiblemente contrariado, y sin ningún tipo de justificación –así se lo reprochó otro miembro de la Comisión-, en el segundo turno, introdujo una pregunta sobre la noticia aparecida en la prensa y comentada antes: “¿Cree usted que con esta información alguien ha querido dañar su reputación o qué es lo que hay en este asunto, que sin duda es enojoso para usted?”.

Por su formulación y el tono que utilizó, tuve claro que pretendía desestabilizarme anímicamente para que perdieran coherencia mis declaraciones. En contestación a esta inesperada pregunta (no podía esperar una interpelación tan taimada de un representante de la soberanía popular), expresé que la noticia fue rectificada al día siguiente y que, a pesar de ello, se publicó de nuevo el día antes de mi comparecencia. Así mismo, di detallada cuenta de cómo el juez había comprobado personalmente que el número de teléfono mencionado no tenía relación conmigo y que correspondía a un inspector de la Unidad Central de Información Exterior.

Después de dar estas explicaciones, en relación con el hecho de la publicación de tan tendenciosa noticia, literalmente, expuse: “Con ese artículo, lo único que se está sembrando es la desconfianza de los ciudadanos en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Cuesta mucho ganarla y ahora lo que necesitamos es la colaboración de los ciudadanos con el problema que tenemos delante. Eso sí que afecta a la seguridad. Es algo que está haciendo perder la confianza; es decir, que está anulando las posibilidades de colaboración de los ciudadanos con la Policía cuando ahora, verdaderamente, tenemos necesidad de ello”.

El 16 de julio de 2004, el periodista de El Mundo Fernando Lázaro publicó un artículo que explicaba la verdad sobre esta controversia de los explosivos. Tan correcto es su contenido que se ha visto ratificado por las sentencias sobre el 11-M: “Pero la certeza científica sobre el explosivo que estalló no se obtendrá nunca, según explicaron estas mismas fuentes”. Se ve que los fabuladores de la teoría de la conspiración tenían por costumbre no leerse unos a otros y, en muchas ocasiones, se desmentían a sí mismos sin ningún pudor. Ni siquiera les importaba lo que se publicaba en la página de al lado de su propio periódico.

La relevancia de la cuestión del Titadyne se reflejó en el tratamiento informativo que le dispensaron periodistas de los medios citados, alguno de ellos con el siguiente titular: El jefe de los Tedax contradice a Acebes y afirma que nunca informó del hallazgo de Titadyne. Este titular ya indicaba el camino que iban a seguir determinados sectores en su investigación de los atentados. Para ellos, lo esencial era esto, lo que el Gobierno hizo y dijo en ese momento, lo demás –incluidas las víctimas– parecía secundario. Para nosotros y para la mayoría de los ciudadanos, las prioridades siempre fueron distintas.

Nuestro trabajo era investigar, esclarecer los hechos y aportar a la autoridad judicial los medios de prueba necesarios para celebrar la vista oral y dictar sentencia. También era el derecho de las víctimas. Lo demás, la utilización política y mediática del atentado, no nos interesaba, aunque nos dolía como a cualquier español que utilizara el sentido común.

5.2. El Tedax que habló con Garzón, según Garzón

El entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, en su comparecencia ante la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados, 15 de julio[51], declaró: “Cuando llegué [a las 12.20 horas], aparte de saludarlos y de hablar con ellos [otros jueces], hablé con uno de los expertos en explosivos (de los TEDAX) -no me pida por favor el nombre porque no lo recuerdo, sé que le conozco de otras ocasiones de haberle visto en escenarios de atentados-, le pregunté cómo estaba aquello y si sabían el tipo de explosivo. Me dijo que podía ser Titadyne”.

Al día siguiente, los medios se hicieron eco de dichas declaraciones que, además de reproducirlas, las resaltaron con titulares como “El PP reclama que Garzón identifique al ‘tedax’ que le aseguró en Atocha que era Titadine”, Ese día, el 16 de julio, junto a mi esposa, regresaba de unos días vacaciones que habíamos compartido con familiares. Al oír estas noticias en el coche, en lugar de irnos directamente a casa, pasamos por la sede de la unidad en Canillas. Aunque no le daba credibilidad a ese hecho, la noticia suponía desprestigio para la especialidad. Consulte al cuadro de mando y consideramos que lo mejor era solicitar cuanto antes una investigación para comprobarlo.

La conducta de este miembro de nuestra unidad, en el hipotético caso de haberse producido de la manera mencionada, constituía una infracción al Reglamento de Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, por las siguientes razones:

No haber observado lo establecido en las normas que regulan la especialidad (Resolución de 19 de mayo de 1989).

Revelar información clasificada fuera de la cadena de mando, en este caso a Garzón, cuando estaba de guardia el titular del Juzgado Central número seis, Juan del Olmo. Los Grupos de Desactivación de Explosivos ejercen sus funciones bajo la responsabilidad directa de un jefe de grupo y, según la normativa específica, deben guardar confidencialidad de la información, técnicas de desactivación y material y equipo especial de desactivación.

Incumplir las órdenes e instrucciones expresas que, a las 8.05 horas del 11 de marzo, yo había impartido a todos los responsables de los equipos comisionados a los distintos lugares del atentado. Entre otras, las actuaciones a llevar a cabo. Advertí expresamente que toda la información de carácter técnico sólo fuera comunicada a la Jefatura de la Unidad Central, que ejerce la superior dirección técnica, según lo dispuesto en las normas citadas de la especialidad. Para más inri, mis órdenes ni siquiera era necesario darlas, ya que no hice más que reiterar el procedimiento habitual establecido para supuestos de amenazas reales y explosiones producidas, lo que con lealtad siempre cumplen los Tedax.

Mediante el ejercicio de las funciones que tenía asignadas como comisario jefe de los Tedax, solicité una investigación con el fin de confirmar, primero, y esclarecer, después, los hechos, además de, en su caso, identificar al policía que había protagonizado esta mala conducta. También propuse que el resultado de estas pesquisas se comunicara a la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados, ya que las declaraciones producidas en dicho órgano fueron el origen de esta investigación interna. Con esta decisión que tomamos, nos adelantábamos a lo que, en pura lógica, sería pedido por la citada Comisión. 

José Marín Manzanera, que por aquel entonces ya había relevado a Santiago Cuadro al frente de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, designó a los funcionarios que tenían que realizar las indagaciones correspondientes. Ambos se pusieron a trabajar y concluyeron que no podían determinar que el hecho se hubiera producido. El 17 de agosto de 2004, se comunicó el resultado de la investigación a la Comisaría General de Seguridad Ciudadana.

Desconozco si en aquellos momentos se dio trámite al Congreso de los Diputados, como se había expuesto en la petición de la investigación. Probablemente no, ya que el 25 de abril de 2005, según consta en el Boletín del Congreso, la Comisión de Investigación del 11-M acordó “[…] requerir del Juez D. Baltasar Garzón la identificación del miembro de los TEDAX que le informó a las 12.30 horas del día 11 de marzo de 2004, en la Estación de Atocha, de que el explosivo utilizado era dinamita titadyne, con el ruego, igualmente, de que la información que se recaba sea remitida a la Comisión en el plazo más breve posible”. Este requerimiento se tramitó al Juzgado de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional a través del Tribunal Supremo.

Esta solicitud de la Comisión puso de manifiesto que la investigación realizada nueve meses antes en la especialidad, en lugar de tramitarla hacia el Congreso una vez que fue concluida, como se pedía expresamente, alguien la dejó olvidada en un cajón. Como en otras ocasiones, por las circunstancias que fueran, no se había facilitado la transparencia que yo quería aplicar a nuestras actuaciones. Posteriormente, Garzón comunicó a la Comisión que no podía identificar al Tedax que le dijo que había explosionado Titadyne.

5.3. El error de la nitroglicerina

El diputado Jaime Ignacio del Burgo, durante mi declaración en el Congreso, introdujo la siguiente apreciación para preguntarme sobre el olor de la dinamita. “Usted es un experto, como no puede ser menos, en explosivos, me imagino, tiene una acreditada carrera al respecto”, me dijo. A lo que le contesté: “En explosivos no; en desactivación de explosivos”. Mi respuesta la utilizó un medio de comunicación para publicar que era una causa que justificaba mi dimisión o cese.

Yo, está claro, no soy experto en explosivos y es lo que dije, como tampoco lo son los Tedax, salvo la inspectora química del Grupo de Investigación de Explosivos. Experto viene de experiencia y, por aquel entonces, yo llevaba un año y medio en la Unidad Central Tedax-NRBQ. No tenía el diploma que habilita para actuar sobre un artefacto explosivo, pero para realizar mis funciones como comisario jefe de la unidad, que son esencialmente de dirección y gestión, sí.

En la especialidad, la mayor parte de las actividades y tareas consisten en prevención de riesgos específicos, investigación sobre materiales, desarrollo de nuevos procedimientos y formación y especialización. Mis cometidos requerían de unos conocimientos y una experiencia que disponía, por lo que estaba cualificado para dar respuesta a las cuestiones que en la Comisión se planteaban. Nunca me atribuí, por lo tanto, ninguna condición que no tuviera.

A lo largo de las cuatro horas de mi declaración ante la Comisión Parlamentaria, hubo seis preguntas de distintos diputados sobre el tipo de explosivo identificado en los focos de los atentados. A todas ellas contesté que sólo se pudo averiguar que era dinamita, que fue imposible precisar su marca comercial, porque después de la explosión no quedaron restos que nos permitieran averiguar más. En respuesta a dos de esas seis preguntas, formulada una por Del Burgo y otra por Labordeta, añadí que “sólo se encontró nitroglicerina, que es el componente de todas las dinamitas”. Esta coletilla, sin embargo, fue un error.

Los párrafos íntegros de mi intervención en el Congreso fueron publicados, el 8 de julio del 2004, en diversos medios de comunicación y estaban disponibles también en Internet. A pesar de la difusión tan amplia que se les dio, nadie pareció reparar en mi inadecuada utilización del término nitroglicerina hasta dos años después. Eso explica lo fácil que resulta asociar este concepto a la dinamita. En una comparecencia en la que hablé durante más de cuatro horas, sin apoyarme en ningún documento, no resulta difícil cometer un error de este tipo. Aunque no quiero excusarme en el prolongado tiempo y asumo mi error.

Por su parte, el jefe de Servicio de Inspección e Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil, José Luis Bayona Pérez, en su declaración del 19 de octubre de 2004 ante la Comisión Parlamentaria, sesión 16[52], también atribuyó a la nitroglicerina la condición de componente de todas las dinamitas. Sin embargo, a los que difundieron las teorías de la conspiración no les interesó esta equivocación del coronel, que era idéntica a la mía. No resultaba rentable para sus objetivos, sino todo lo contrario. Hubiera deslucido sus brillantes teorías. Incluso el ex ministro Ángel Acebes, al declarar en la Comisión Parlamentaria (Diario de Sesiones de 28 de julio de 2004, Sesión número 18, página 72[53], también afirmó como sigue: “Es decir, e insisto, se trata de nitroglicerina, que es lo que utilizan las dinamitas (…), para diferenciarlo de cualquier otro tipo de explosivos”. Otro error igual que el mío fue el de David S., inspector jefe del Grupo de Actuaciones Especiales de la Comisaría General de Policía Científica (CGPC), que el 7 de marzo de 2005, en una entrevista en ABC[54], dijo: “Había varios chamizos construidos y en uno de ellos se localiza un zulo, un agujero en el suelo recubierto de poliespán […]. […] [N]os llevamos el poliespán al laboratorio y en los análisis químicos se detecta nitroglicerina, por lo que se demuestra que allí ha habido dinamita”.

El 17 de julio de 2006 presté declaración ante el juez Del Olmo, al día siguiente lo hizo la inspectora química. Ambos, cada uno dentro de nuestras respectivas competencias, asumimos el error y ratificamos lo que habíamos manifestado en el informe de los análisis de los focos de las explosiones y de las comunicaciones realizadas el 11-M, en las que no hicimos constar ningún componente. En esta declaración, expliqué la consideración científica de los análisis dentro de la investigación de los Tedax según los resultados y mencioné los medios de los que disponía el laboratorio. Una y otra cuestión se contemplaban y detallaban en el apartado relativo al resto de las explosiones.

Mi confusión con la nitroglicerina no tuvo relevancia alguna en la investigación policial y judicial. Sin embargo, en determinados ámbitos mediáticos y políticos se le dio enorme trascendencia. Algunos trataron de utilizarlo para presionar con el objetivo de que yo diera explicaciones imposibles a cuestiones por todos sabidas, como la pretendida y virtual autoría de ETA.

El error fue descubierto dos años después (27 de junio de 2006) por el usuario belga197 que participó en la sección de comentarios del blog de Luis del Pino, dentro del medio de comunicación Libertad Digital, con esta valoración (#68): ”Por otra parte, no entiendo muy bien a qué se refiere SM [Sánchez Manzano] con nitroglicerina, porque si no me acuerdo mal entre la composición de la Goma2 ECO no figura la nitroglicerina como tal”.

Posteriormente, ese mismo día, mandó otro comentario (#78): “A ver, lo vuelvo a repetir, porque igual no ha quedado claro. Las declaraciones de SM no pueden ser tenidas en cuenta literalmente, porque él no es Tedax y en principio no tiene por qué tener conocimientos de explosivos. Si los rastros de componentes genéricos de dinamita detectados en los focos de los trenes consistían en nitroglicerina, está claro que no estalló ni Goma 2 ni Titadyne, ya que no llevan nitroglicerina en su composición”.

Como se puede observar, quien descubrió el error también es consciente de su nula importancia en cuanto a la investigación relativa a la autoría. En este comentario, como yo también he expresado, se explica y justifica que mi utilización del término nitroglicerina fue una confusión. Sin embargo, los promotores de las teorías conspirativas no tuvieron en cuenta esta rectificación. Continuaron con las mentiras y la farsa en pos de su ficticio e inalcanzable objetivo: involucrar a ETA.

5.4. Consecuencias del error de la nitroglicerina

En enero de 2006, solicité a Telesforo Rubio, sustituto de Jesús de la Morena al frente de la Comisaría General de Información, el traslado a otro destino para que coincidiera con la finalización de la instrucción del sumario del 11-M, que tendría lugar dos meses después. Por las razones que fueran, no se estimó esta petición. El 11 de julio de 2006, cuando en El Mundo aparecía publicado mi error cometido en la Comisión (haber utilizado mal el término nitroglicerina), puse mi puesto de trabajo a disposición de las autoridades del Ministerio del Interior, quienes estimaron que no procedía el cambio de destino en esos momentos, a pesar de haberlo solicitado con anterioridad. El error y la desestimación de mi cambio de destino volvieron a dar lugar a más linchamiento mediático.

Yo no había sido inculpado de ningún delito, ni se me atribuía una conducta personal o profesional indecorosa. Alguien, ignoro quién, para evitar hacer frente a un problema que podía suponerle un  desgaste en su carrera profesional o política, alentó mediáticamente este error asumido e intrascendente para la investigación policial y judicial. También había una indiscutible realidad, el debate en los medios me convirtió en un elemento importante dentro de la estrategia para prolongar la crispación hasta las próximas elecciones generales del 2008. El propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, admitió, sin saber que los micrófonos recogían sus palabras, que la táctica le venía bien. “Lo que pasa es que nos conviene que haya tensión”, reconoció al final de una entrevista concedida a Iñaki Gabilondo en Cuatro unos días antes de los comicios de 2008.

Y el desenlace era previsible. En política, cuando hay que elegir entre la conveniencia de grupos de poder y el cadáver de un servidor público, siempre la elección cae a favor del primero. Era una película que ya había presenciado otras veces. En esta ocasión, no iba a ser distinto.

En medio de esta controversia, Pedro J. Ramírez en la sección Cartas del Director del diario El Mundo, el 17 de diciembre de 2006, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, escribió: “El presidente ha sido muy hábil destituyendo al policía que ha aportado todos los datos clave en los que se asienta el sumario del 11-M cuando sólo quedan dos meses para la vista oral. El cese de Manzano al frente de los Tedax implica cortar el principal cordón umbilical que unía a su Gobierno con la manipulación policial de la investigación y dejar por completo en manos del tribunal la patata caliente de qué hacer con un sumario forjado a base de chapuzas y mentiras”.

Las causas y las consecuencias de mi cese fueron interesadas y no obedecieron a la realidad. Como he dicho antes, a principios de 2006 solicité cambio de destino. En septiembre de ese mismo año, después de tomar posesión el nuevo comisario general de Información, Miguel Valverde –que sustituía a Telesforo Rubio–, observé que éste iba cesando a los jefes de otras unidades centrales, por lo que le reiteré mi petición de cambiar de destino. La decisión se retrasó hasta finales de 2006 por falta de comisarios dispuestos a asumir la jefatura de los Tedax, aspecto del que se hizo eco la prensa. La gran dedicación y disposición para el servicio de la especialidad conlleva que los sindicatos tengan una fuerte presencia reivindicativa, lo cual tiene sus aspectos positivos, pero resulta incómodo para quien ostenta la máxima responsabilidad, porque corre el riesgo de quemarse profesionalmente.

5.5. Preparando mi comparecencia

Realicé la preparación de mi comparecencia junto con el cuadro de mando de la Unidad Central y siempre estuvo presente la inspectora química. Teníamos en cuenta lo que se publicaba en los medios de comunicación y el seguidismo que de ello hacían algunos políticos. Por eso, todos coincidimos en las prioridades que le iban a dar a todo lo relativo a los Tedax. Y no fallamos. En el transcurso de la comparecencia, me sentí seguro y tranquilo. No resultó una experiencia desagradable en el aspecto personal. Lo único que me sorprendió, porque no lo esperaba por lo improcedente que era, fue la pregunta de Del Burgo sobre Carmen Toro. Lo demás sucedió como estaba previsto. Los puntos de referencia, para marcar perspectivas que pudieran tener cada uno de los protagonistas, los teníamos vaticinados y bien definidos.

En el aspecto profesional, al ser emitida por una cadena de televisión, mi preocupación, antes de contestar cada pregunta, era hasta dónde podían llegar mis explicaciones. En materia de terrorismo, hablar en público de cualquier cuestión siempre es delicado. Después de la vista oral en la que tuve que prestar testimonio en abierto y sobre cuestiones más técnicas, este planteamiento de la confidencialidad parece no tener sentido. De hecho, sobre el 11-M no existe actuación o informe policial que tenga carácter de secreto. Todo se ha desnudado. Quizá demasiado. En el juicio, antes de contestar cualquier pregunta, las precauciones que había que tener eran varias también, pero de distinta naturaleza a las de la Comisión, porque había razones especiales para ello. Las veremos más adelante.

6. El juicio

La finalidad de un juicio es que el tribunal obtenga todas las certezas fácticas que pueda conseguir en la vista oral a través de la validación de las pruebas aportadas por la instrucción del sumario. Se trata de lo que comúnmente se denomina la verdad jurídica, la de las pruebas. No obstante, en cualquier investigación policial o judicial existen limitaciones intrínsecas que, en un caso como el del 11-M, resultaban ser especialmente destacadas debido a la complejidad derivada de la magnitud de los atentados. Sin embargo, esos obstáculos no impidieron establecer una verdad judicial sobre los hechos juzgados y su autoría.

El proceso penal trata de eliminar todas aquellas reservas que puedan existir para esclarecer los hechos, identificar los autores y determinar las responsabilidades. Permite a los jueces dictar una sentencia con pleno conocimiento de lo ocurrido y según su conciencia. Por eso, los montajes imaginarios son incompatibles con las pruebas, y cuando tienen que circular por los cauces del derecho, descarrilan estrepitosamente.

Sin embargo, hasta que llegó esa salida de la vía, no cabe duda de que, con aquellos interesados fuegos artificiales, resultó fácil mantener una estrategia de agitación y tener desconcertados a los ciudadanos. Si repasamos lo publicado en la prensa con anterioridad a la celebración del juicio, recordaremos que algunas personas, entregadas a distintas teorías de la conspiración, enrarecieron el ambiente y dificultaron la percepción de la realidad. Pocas teorías conspirativas han alcanzado el elevado número de fieles que secundó la del 11-M. Los ataques derivados de esa conjetura ideada por algunos medios tuvieron especial incidencia sobre algunas unidades policiales, como los Tedax. Fue tanta la insistencia de mensajes tergiversados vertidos contra la especialidad que resultaba imposible evitar que el ciudadano se creara una idea equivocada de nuestro trabajo y los que debían comparecer en la vista oral no estaban al margen de este ambiente.

La simultaneidad del juicio con un proceso electoral (las autonómicas y municipales de 2007) contribuyó nuevamente a que una serie de medios de comunicación amplificaran el ruido en todo lo referente a las fibras políticas, que ficticiamente relacionaban con los atentados del 11-M y con el trabajo policial. Lo cierto es que las sospechas sobre la competencia profesional de policías nacionales y guardias civiles se extendieron por la ciudadanía y, al mismo tiempo, otorgaron más credibilidad a confidentes y delincuentes imputados por los atentados, cuyo testimonio no hubiera sido tan valorado en otro contexto. A estos últimos le concedieron entrevistas.

6.1. Preparando mi testimonio

El tratamiento mediático fraudulento que comunicadores del diario El Mundo y de la emisora COPE dieron a mi actuación en el 11-M y, por extensión, a toda la especialidad, no mereció credibilidad alguna por parte de los miembros de la Unidad Central de los Tedax. No faltaron chistes y chascarrillos sobre ciertas noticias, pero desgraciadamente no todo podía tomarse con humor y muchas informaciones nos causaron especial tristeza por el poco respeto que demostraban a las víctimas con el circo que estaban montando.

Nadie mejor que nosotros para advertir sobre la falsedad de los planteamientos y de los datos erróneos o ficticios utilizados para dar vida a sus ridículas y estrafalarias historias. Por ello, efectuamos notas informativas con el objetivo de que órganos superiores procedieran al respecto. El intento fue inútil. Nadie atendió los requerimientos y la realidad sobre nuestras actuaciones no se trasladó a la opinión pública. Esa pasividad institucional es, de hecho, una de las razones que me empujó a escribir este libro. El ciudadano debe conocer la verdad que años atrás le robaron.

Pedro J. Ramírez, calentando motores para el juicio del 11-M, a finales de 2006[55], escribió lo siguiente: “Retirando su confianza a Manzano y arrojándolo a los pies de los caballos que lo pisotearán durante la vista oral, Zapatero se ha comportado como si no tuviera nada que temer de lo que a partir de ahora pueda descubrirse sobre el 11-M. No faltará quien lo vea como un rasgo de inconsciencia, pero yo lo interpreto como una prueba de prudencia. Fulminando al testigo de cargo número uno con que cuentan el juez Del Olmo y la fiscal Sánchez, el presidente nos viene a decir que él también ha terminado por darse cuenta de que aquí hay gato encerrado. Y es que nuestro propósito nunca fue acusar a Zapatero o a su partido de complicidad en la matanza de Madrid”.

Como se ha demostrado, ni me dejaron a los pies de los caballos ni era el testigo número uno ni, creo yo, un presidente del Gobierno estuvo al dictado de estas payasadas. En la última frase del texto de Ramírez, de hecho, el director de El Mundo trató de cambiar de tercio y por eso aludió a su propósito y al de sus allegados, que según él “nunca fue acusar a Zapatero o a su partido de complicidad en la matanza de Madrid”. Excusatio non petita, accusatio manifesta, se podría pensar. Por suerte, siempre quedarán hemerotecas y fonotecas. A lo mejor, es que se expresaron mal durante varios años; o, a lo peor, es que los ciudadanos no les entendimos. 

Con esas y otras informaciones difundidas en estos medios, y con los datos y confidencias que personalmente me facilitaron algunos miembros de las asociaciones de víctimas, me hice una composición de lugar sobre por dónde iría el juicio. El conocimiento de estas intenciones también me indicaba claramente la actitud que debía seguir en la vista oral.

La citación de mi comparecencia fue para el miércoles 14 de marzo de 2007, en la sesión 15ª, por lo que el lunes anterior, día 12, me reuní con los miembros de la Unidad Central, que habían participado directamente en las investigaciones, para repasar las actuaciones que habíamos llevado a cabo. Con fundamento en los datos que disponía, informé a los miembros de la especialidad sobre las cuestiones que podían suscitarse en el juicio y de la finalidad con la que iba a ser interrogado. De común acuerdo, adoptamos la estrategia que debía seguir para evitar que surgieran contradicciones o posteriores tergiversaciones de lo realizado por los Tedax. Mi testimonio se guiaría por las siguientes premisas:

Prescindir de dar explicaciones innecesarias que anticiparan datos y, así, evitar interrogatorios más amplios y tendenciosos a los Tedax que debían comparecer posteriormente. Era objetivo de las acusaciones y defensas que simpatizaban con las teorías de la conspiración desestabilizarnos.

No contestar aspectos técnicos de cualquier actuación y dejar las respuestas para el Tedax-NRBQ que hubiera intervenido directamente. 

Remitir las preguntas relativas a los análisis de restos de las explosiones a la inspectora perito química en explosivos. Haber entrado en detalles o cuestiones técnicas hubiera complicado su testimonio. Además, era ella quien podía dar esa información de forma más exacta.

Remitirme a las notas informativas para explicar las investigaciones realizadas sobre la procedencia de los detonadores y de la dinamita. Eran datos que habían sido facilitados a otra unidad policial para que aportara los medios de prueba al sumario. A mí ya me habían informado de que la Guardia Civil había realizado todas las comprobaciones sobre los datos que habíamos aportado los Tedax y sus informes ya estaban incorporados al sumario.

Toda la cadena de mando estaba de acuerdo en que en la vista oral a mí me correspondía aclarar una serie de aspectos:

1)      Estructura de la especialidad y funciones que desarrolló una vez cometido el atentado.

2)     Normas específicas y protocolos de actuación que regulaban nuestro trabajo. Especialmente, el referido al análisis de restos de las explosiones cuando no había sustancia entera.

3)     Actuaciones que personalmente llevé a cabo en el 11-M y en otras incidencias relacionadas: AVE y Leganés.

4)     Cadena de mando a la que comuniqué la información obtenida durante las  actuaciones sobre elementos o restos de los artefactos, con el detalle de cuándo, cómo y a quién.

5)     Cómo y cuándo se desplegaron los equipos de desactivación en los escenarios de las explosiones. Este aspecto tenía una importancia extraordinaria por el cuestionamiento de la bolsa bomba desactivada en Puente de Vallecas. Éramos conscientes de que abogados de algunas asociaciones de víctimas iban a apuntar hacia la actuación de los Tedax. Sus argumentaciones consistían en mantener que si la bolsa no la habíamos encontrado era porque nunca estuvo allí.

                            Había que dejar claro que los Equipos de Desactivación de Explosivos no llegaron a ningún escenario antes de las 8.15 horas y que lo primero que hicieron fue colaborar en la evacuación de heridos. Es decir, algunas zonas pudieron estar sin vigilancia de Tedax aproximadamente una hora, espacio de tiempo suficiente para que algún herido u otra persona alejara la bolsa de la zona de control. Posteriormente, pudo ser recogida e incorporada a las pertenencias de las víctimas, que se trasladaron a la Comisaría del Puente de Vallecas. Según se desarrolló nuestra actuación, era la posibilidad más probable y coherente.

6)     La solicitud de Policía Científica de las instalaciones de la Unidad Central Tedax para la inspección de la furgoneta Renault Kangoo hallada en Alcalá de Henares; así como explicar a quién correspondía la cadena de custodia, función que era totalmente ajena a los Tedax, como constaba en el procedimiento judicial[56].

Era un aspecto fundamental, porque se cuestionaba la legitimidad de esta prueba. En septiembre de 2006, el Grupo Popular había formulado en el Congreso las siguientes preguntas:

“¿Tiene sospechas el señor ministro de que la furgoneta Renault Kangoo sea un señuelo para desviar la atención de los investigadores en la pista islamista?”

“¿Quién fue el responsable de la custodia desde la llegada del citado vehículo –Kangoo– a la comisaría de Canillas y durante la inspección o inspecciones efectuadas en el mismo?”

En la vista oral, algunas acusaciones y defensas, en consonancia con lo publicado en El Mundo y con las preguntas anteriores, cuestionaron que los objetos hallados en la Kangoo estuvieran realmente allí. No tiene sentido la polémica mediática sobre la hora de llegada al centro policial de Canillas que, en todo caso, fue antes de que llegara a Tedax. ¿Cuánto tiempo antes? Depende de lo que la tuvieran parada en la puerta de entrada al centro. En aquellos momentos, solo se miraba el reloj cuando se iniciaba la documentación de las actuaciones. Por esa razón, deben estimarse como aproximadas. En la Memoria de los Tedax, ya citada, al igual que en el acta de Policía Científica, consta que llegó a las 15.30 horas.

A este respecto, la sentencia, en su fundamento jurídico III. 2.3., es contundente: “Estas alegaciones, a las que las partes no asocian consecuencia jurídica alguna de modo explícito, no tienen base real alguna… Pero es que sobre estos testimonios coherentes, claros y no contradichos por prueba alguna, se alza la realidad de la minuciosa relación de objetos que había dentro de la furgoneta hecha en el complejo policial de Canillas de cuya lectura se comprueba sin dificultad que las más de 60 evidencias que se encuentran son papeles, cartas, pequeños objetos como linternas, prendas menores, etc. que, desde luego, no contradicen siquiera la genérica y usual acepción que en el lenguaje ordinario significa que una furgoneta está vacía”.

Otras cuestiones que preparamos en la reunión:

a)     Identificación de material relacionado con los explosivos hallados en la Kangoo por los Tedax y por los técnicos de la empresa Maxam, su fabricante. Pasados más de cinco años, cuando declararon en el Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid como testigos en la querella de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M contra la perito y contra mí, alegaron no recordar que les fuera mostrado el resto de cartucho. Los propagadores de las teorías de la conspiración, basándose en esas manifestaciones, dieron por sentado que el resto de cartucho nunca existió y que lo habíamos cogido del polvorín de los Tedax. Obvian que lo incautó la Policía Científica.

b)     Desactivación de la bolsa bomba encontrada en la Comisaría de Puente de Vallecas, donde había llegado junto a las pertenencias de las víctimas de las explosiones de la estación de El Pozo. Los Tedax, una vez desactivada la bolsa bomba, así lo expusieron en su declaración. También lo expliqué de esa forma en la nota que realicé personalmente y tramité a las 9.00 horas del 12 de marzo de 2004.

c)     Similitudes entre las dos bombas que explosionaron al ser neutralizadas en El Pozo y en Atocha, apreciadas y documentadas en notas informativas, según los datos proporcionados por los distintos Tedax que habían intervenido en los diferentes escenarios.

d)     Motivo por el que desconocíamos, en el momento de hacer los primeros informes, la existencia de la radiografía de la bomba desactivada en Vallecas. Los Tedax del grupo de la Jefatura Superior de Madrid la realizaron antes de mi llegada y de la del jefe de sección de la Unidad Central al parque Azorín.

e)     Investigaciones efectuadas con el material incautado en el artefacto colocado en la vía del AVE y que se reflejaron en las notas informativas remitidas al juez instructor el 3 de abril de 2004.

f)     Participación de la especialidad en los sucesos de Leganés el 3 de abril de 2004. Mientras preparábamos mi testimonio, concretamos que la solicitud de un equipo de desactivación para efectuar un registro en el sur de la Comunidad de Madrid la realizó la Unidad Central de Información Exterior ese mismo día, sobre las 13.00 horas. La hora de esta solicitud se corroboró con la consulta a los Tedax que estaban de servicio el 3 de abril y con las anotaciones hechas al efecto. Esta era la forma habitual de proceder. Sin disponer de datos concretos, otras unidades de la Comisaría General de Información, ante la previsión de tener que contar con nuestra colaboración, me adelantaban estas necesidades para tener preparado el equipo y el material. Algunas veces, tras una investigación que no daba resultado, los Tedax no salían a realizar el registro.

g)     Explicar el procedimiento de recogida e inventario de los restos de material explosivo llevado a cabo por los Tedax en Leganés. La comisión judicial, presente en el lugar de la exposición, supervisó esas actuaciones.

6.2. Mi actitud

En la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados comparecí como responsable de los Tedax con la obligación de satisfacer los objetivos establecidos de carácter político, diferentes y ajenos a los de la instrucción sumarial. En la vista oral, sin embargo, los objetivos eran puramente judiciales; es decir, la obtención de pruebas sobre los atentados y sus autores a partir de los indicios racionales aportados en la instrucción sumarial. A diferencia de la comparecencia en la Comisión, en la que me correspondía explicar la actuación de toda la especialidad, mi testimonio en el juicio tenía la condición de prueba testifical, con todo lo que ello implica. En la Comisión, la condición de testigo de referencia la asumía sin ningún riesgo; es más, mi papel esencial era ése, explicar adecuadamente lo que habían hecho los Tedax a mis órdenes y, como testigo directo, también las actuaciones que llevé a cabo personalmente.

Como jefe de la unidad, tenía la obligación de conocer la labor que realizaban los Tedax, pero, como es obvio, de la mayor parte de sus actuaciones no tenía conocimiento directo. Resultaba imposible estar presente en todos los sitios. En el juicio, era diferente. Se puede testificar como testigo directo o adquirir la condición de testigo de referencia. El testigo directo declara lo que sabe por sí mismo, su información se considera más fiable, ya que la fuente de conocimiento de los hechos no tiene intermediarios. Sin embargo, el testigo de referencia asume riesgos, declara lo que le ha contado otro y la veracidad de sus conocimientos está condicionada a la de la fuente que le proporcionó la información, por lo que además está obligado a revelarla.

Cuando se actúa como testigo de referencia existen muchas posibilidades de contradicción, por eso se recela de su veracidad, salvo que su testimonio sea confirmado. Yo estaba obligado a evitar esas posibilidades. Además, la incontinencia verbal tiene consecuencias diferentes en el juicio y en la Comisión de Investigación. Ejemplos hubo de ello, como el espectáculo dado por el director general de la Policía, Agustín Díaz de Mera, al que el presidente del tribunal le tuvo que reconvenir para que desvelara la identidad de la fuente que le había hablado de la existencia de un supuesto informe que atribuía la autoría del 11-M a ETA.

Mi testimonio era el primero de la especialidad y, además, también era el primer comisario que comparecía en el juicio del 11-M. Debía evitar que se planteasen discordancias entre mi versión y la de los Tedax que declararían posteriormente. Si esa situación se hubiera producido, se habría generado una polémica en el juicio y fuera de él, que era el deseo de las personas que, mediáticamente, me habían estado hostigando. Ésta es una apreciación que resultó corroborada cuando, después de mi comparecencia, las noticias y comentarios lanzados, de manera tóxica, por estos medios rezumaban insidias e indignación al no haber conseguido sus expectativas. Fui consciente de todo esto, por ello, atendiendo a las sugerencias de la cadena de mando de la Unidad Central, la actitud que llevé al juicio se basaba en:

Explicaciones escuetas cuando contestaba como testigo directo. El presidente del tribunal me facilitó este propósito al inicio de mi comparecencia cuando, en dos ocasiones, traté de dar explicaciones introductorias que facilitaran la comprensión de mi respuesta y me requirió que me limitase a lo que tenía relación directa con la pregunta formulada.

No entrar a declarar como testigo de referencia, y así, derivar la respuesta a los Tedax que habían llevado a cabo la actuación sobre la que fuera interrogado.

Mi actitud y respuestas tendrían que mantener un perfil bajo para evitar despertar más atención de la necesaria. La actuación de la especialidad en el 11-M debía ser manifestada por los Tedax que intervinieron, cuya comparecencia, en calidad de peritos, era posterior.

A pesar de estas precauciones, sabíamos que, tomara la actitud que tomara, determinados medios tratarían mi testimonio como lo hicieron, con descalificaciones. Seguir estas pautas no resultó fácil. Como jefe de los Tedax, tenía conocimiento de todas las actuaciones, por lo que me resultó complicado poner freno en las contestaciones y no ir más allá de lo que nos habíamos marcado. Sin embargo, debía respetar el límite de cada uno y no caer en la condición de testigo de referencia. Por experiencia sabemos que, con frecuencia, esa actitud ocasiona quebraderos de cabeza al testigo posterior, además de interferencias en el proceso judicial.

6.3. Mi turno

A las 9.00 horas, llegué a la sede de la Audiencia Nacional en la Casa de Campo, donde se celebraba el juicio, y me entrevisté con representantes del Ministerio Fiscal durante 20 minutos. En compañía de un oficial de justicia, nos trasladamos hasta la sala y me indicaron que debía sentarme en la silla de testigos protegidos durante mi declaración, colocada al lado derecho de la puerta de entrada de testigos y peritos, justo detrás del lugar que ocupaba la Fiscalía. La situación de la silla permitía observar toda la sala y, sin embargo, la exposición a las miradas de acusados, abogados y público era mínima, lo que proporcionaba sensación de comodidad y seguridad.

A las 10.10 horas, me llamaron. Cuando entré y me dispuse a tomar asiento en la silla indicada, el presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, me señaló que tenía que ocupar la silla situada en el centro de la sala. Este imprevisto me asombró, y más cuando comprobé la extraña sensación de estar en el centro y ser objeto de todas las miradas. Estaba en un plano sensiblemente inferior al resto de los ocupantes de la sala, sin poder observar la cara de quien me interrogaba. Mi reacción habría sido distinta si me hubieran advertido de que no era testigo protegido. La sorpresa fue mayor cuando, al acabar la primera sesión de la mañana, me informaron de que mi imagen, de frente y de perfil, era difundida, amplia y reiteradamente, por televisión.

Después de la fiscal, iniciaron los interrogatorios las acusaciones, ejercidas por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M y la Asociación Víctimas del Terrorismo. Desde las primeras preguntas, comprobé que las advertencias que había recibido sobre sus planteamientos e intenciones eran ciertas. Miembros de estas asociaciones me avisaron. “Van a ir a machete contra ti”, me previnieron.     

La mayoría de las preguntas que me realizaron los representantes legales de estas acusaciones fueron sobre cuestiones en las que yo no había participado directamente. Ellos lo sabían o debían saberlo, primero, porque soy comisario y mis funciones son de dirección y gestión; segundo, porque no soy diplomado Tedax. Estaban totalmente desenfocadas, pero tenían la pretensión de escrutar y analizar mi comportamiento profesional para buscar el error o la negligencia. En algunas ocasiones, su formulación estaba precedida de una introducción que inducía a la confusión en mi respuesta o en la percepción del tribunal, por eso en algunos casos fueron reconvenidas. 

La contestación a la mayoría de las preguntas no me correspondía a mí, sino a los técnicos. Es como si al director de un hospital le formulan preguntas relativas a lo que ha hecho el cirujano en el quirófano: cómo realizó la operación, instrumental que utilizó o cómo aplicó sus técnicas. La finalidad de sus preguntas no las identificaba como procedentes de la acusación, pues poco tenían que ver con los acusados y con los delitos que pudieron cometer. Ni tampoco con los derechos de las víctimas. La pretensión que yo deducía, según me las formulaban, era la búsqueda de mi responsabilidad profesional o, cuando menos, humillar, deslegitimar y cuestionar mi trabajo; así como desvirtuar la intervención de los Tedax en el 11-M. 

Días después, al analizar sosegadamente el conjunto de las preguntas de estos abogados, comprobé que subyacía la intención de acusarnos de haber manipulado indicios en los distintos lugares de los atentados o, al menos, que ese mensaje se trasladara a la opinión pública. Aquí también se buscaban titulares. Estos abogados formularon las preguntas en tono áspero e irascible, acompañadas de gestos que denotaban muy poca consideración hacia mí y ninguna profesionalidad por su parte. La sensación que tenía era que estaba siendo considerado como un delincuente. Esa actitud alcanzó su máximo nivel cuando a uno de esos abogados, después de hacer una amplia exposición y diversos planteamientos mezclados con una pregunta, le interpelé. “¿Me pregunta a mí?, le dije. A lo que me respondió con indignación y desprecio. “No, a mi padre, no te jode”, contestó.

Seguidamente, este letrado, visiblemente nervioso y contrariado, pidió un receso a Gómez Bermúdez para reordenar las preguntas. Después me informaron que, durante el descanso, había estado reunido con otro abogado de su misma asociación, José María de Pablo, representante legal de Ayuda a las Víctimas del 11-M, y con el defensor de dos procesados. ¿Tenían acaso los mismos intereses procesales? No tiene sentido, Ahora bien, podían coincidir en otros de diferente naturaleza, distintos a los de las víctimas. Desde el principio, la línea de acción que seguían con sus preguntas era la misma que la de los promotores de las teorías de la conspiración, como si se las hubieran dictado.

La situación, aunque me indignaba y era consciente del coste que tenía para mí, también indicaba que ellos no habían logrado su objetivo de descolocarme, de que perdiera el control y me pusiera a dar explicaciones que sirvieran para justificar esos planteamientos que coincidían con lo publicado por algunos medios durante los tres años anteriores. Quienes marcaron estos objetivos y elaborado las preguntas pensaban que yo llevaría preparadas explicaciones a los bulos difundidos y que me mostraría tan explícito como en la Comisión de Investigación Parlamentaria. Se equivocaban.

Otro planteamiento que me sorprendió fue que, conscientes de lo comprometidas que eran las preguntas que formulaban para su credibilidad como profesionales de la abogacía, se escudaron en que se lo han pedido las víctimas. El representante legal de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, José María De Pablo, señalaba en una entrevista[57]: “Cualquier pregunta sobre explosivos hace poner unas caras a la Fiscalía... como si estuvieras cometiendo un delito. En cuanto haces una pregunta incómoda, te miran como diciendo ¿de qué vas? Pues defiendo a las víctimas. A mí las víctimas me piden que pregunte por el tipo de explosivo. Si me criticas a mí, las estás criticando a ellas”.

Pero quienes redactaron las preguntas no fueron las víctimas, si no sus representantes legales. Y, dada la coincidencia de su contenido, no me tiembla el pulso en asegurar que en su mayoría fueron copiadas de lo publicado en determinados medios de difusión. Ellas tampoco diseñaron la estrategia procesal a seguir en el sumario o en el juicio. Cuestión distinta es que sus abogados se guiaran por otras voces. No puedo imaginar que las víctimas en asamblea decidieran las preguntas y pidieran la acusación de determinados miembros de la Policía o de la Guardia Civil. Es evidente que la actuación de los Tedax, que sólo intervienen después de haberse cometido el atentado, no tiene incidencia en los intereses, derechos y dignidad de las víctimas.

Sin embargo, son innegables las ventajas que suponía su posición procesal para aquellos que servían a los promotores de esas teorías tan extravagantes. Éstos la aprovecharon para defender sus especulaciones, que apoyaban también las pretensiones de aquellos que, el mismo día del 11-M, iniciaron mal su andadura en el ejercicio de sus responsabilidades o en el enfoque de sus negocios.

6.4. Así trataron los medios mi comparecencia

La mayoría de los medios de comunicación fueron muy críticos con el comportamiento de determinados abogados durante el juicio. ABC titulaba así una información publicada el 15 de marzo de 2007 en su periódico: “Dos acusaciones populares convierten su interrogatorio en un proceso a la Policía”. Los párrafos siguientes describieron la situación que se dio en la sala: “La agresividad en los interrogatorios de las defensas a los testigos de cargo no es algo que en la práctica resulte extraño. Sí lo es, sin embargo, que las preguntas de una acusación a un testigo propuesto por ella misma deriven en una auténtica batalla campal que convierta en benevolentes los interrogatorios de las defensas, hasta el punto de que éstas tengan que estar agradecidas porque una acusación les ha hecho el trabajo. Más aún si ese testigo es un policía. (…) Las preguntas de estas dos acusaciones, que abarcaban muchísimos más aspectos de los que competen a un jefe de los Tedax en el estricto cumplimiento de sus funciones, caldearon el ambiente en la sala hasta el punto de que se podían escuchar perfectamente las desaprobaciones a los letrados (especialmente al de la AVT, Emilio Murcia) por parte de las víctimas que acudieron ayer al juicio y que, además de superar ampliamente el número de las que habían asistido a las últimas sesiones, provenían en su mayor parte de la Asociación Afectados por el Terrorismo. La actitud en el estrado del citado abogado tampoco fue muy afortunada, pues tras formular una pregunta y decir el testigo que si se estaba dirigiendo a él, se le escuchó decir No, a mi padre... No te jode”.

En este mismo número de ABC[58] se decía también lo siguiente: “Pero me interesa hoy una paradoja. Sánchez Manzano no lo sabe todo, como he dicho, y como ocurre con muchos otros testigos de una y otra parte, o de unos u otros intereses. La paradoja de hoy, la paradoja del juicio, es que quienes se muestran más escépticos ante algunos testimonios inculpatorios para los procesados, quienes parecen más interesados en desmontar (por ahora sin resultados) el hilo del sumario y la actuación de la Policía no son los abogados de la defensa, sino algunos letrados de algunas acusaciones populares. Acusaciones, sí. No me negarán que es, cuando menos, paradójico”.

De igual modo, ese día en El País, Pablo Ordaz publicaba Abogado de víctimas acusa a policía: “Ayer, durante un rato que pareció una eternidad, Gómez Bermúdez permitió que el abogado de la AVT, Emilio Murcia, arremetiera sin piedad contra el policía. Visto desde detrás de la culpa y el cristal blindado, el espectáculo tuvo que ser alucinante: el señor abogado de la acusación olvidándose de ellos y emprendiéndola a mandobles con un jefe de la madera. Ni Rafa Zouhier llegó a flipar tanto en sus confesadas noches de pastillas y desenfreno. Pero todo tiene un límite, y Murcia se pasó tanto que Gómez Bermúdez tiró del artículo 683 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y le paró los pies. Le dijo que lo hacía porque era su deber "impedir las discusiones impertinentes que no conduzcan al esclarecimiento de la verdad”. No debe ser demasiado agradable para un abogado –sea cual sea la transparencia de sus intereses– que el presidente del tribunal lo amoneste así en un juicio que además está siendo televisado. Así que Murcia pidió tiempo muerto como en el baloncesto. Durante ese descanso, todo el que quiso pudo ver cómo otro de los abogados del frente conspirativo, José Luis Abascal, se reunía con los representantes de un grupo de la ultraderecha para perfilar el interrogatorio del policía.

No era la primera vez que se ponían en escena unos interrogatorios tan incisivos, sorprendentemente mucho más que los formulados a los procesados. Ya sucedió la semana pasada, cuando el presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, invitó a los dos letrados a retirar la acusación contra las 29 personas que se sientan en el banquillo al hacerles ver que estaban actuando como abogados defensores. Sin embargo, no fue hasta ayer cuando se puso realmente en evidencia el desmarque del resto de acusaciones de la estrategia de estos dos letrados, que si hasta hace unos días consistía en introducir a ETA en el 11-M, ahora va encaminada a acusar de forma más o menos sutil a la Policía de haber manipulado pruebas en los distintos escenarios de la matanza”.

Días antes, este periodista, también había manifestado[59] que, “al hundirse irremediablemente la pretendida implicación de ETA, ahora sus esfuerzos se centran en demostrar una especie de nueva conspiración judeomasónica en la que policías, guardias civiles, espías y políticos socialistas estuvieran de acuerdo para hacer la vista gorda, permitir la masacre del 11-M y echar al PP del poder”.

En la sección de actualidad del diario 20 minutos el día 14 de marzo de 2007 se podía leer lo que sigue: “Si uno es capaz de abstraerse de la teoría de la conspiración, según la cual alguien llenó de pruebas falsas la furgoneta que usaron los terroristas, alguien colocó en Vallecas una mochila con Goma 2 ECO para burlar a la Policía, alguien engañó al ministro Acebes y alguien suicidó a siete personas en Leganés (…), podría afirmarse que el testimonio de Sánchez Manzano fue coherente y muy nocivo para los agujerólogos”.

Para hacernos una idea de la situación a la que se llegó, con motivo de la sesión del juicio en la que se analizaba la custodia sobre la bolsa desactivada en Vallecas, German Yanke realizó el siguiente análisis, titulado Traslados y náuseas, publicado en ABC el 21 de marzo de 2007: “Hasta cuando habla la agente que llevaba dos días en el cuerpo, y a la que se le pregunta por el inventario y el registro, hasta cuando le tiembla la voz, uno se hace una idea del dolor de la jornada, de la entrega de las fuerzas de seguridad y termina dando náuseas que alguien, para seguir con el caos que se trata de disipar, haya dicho –porque se ha dicho– que fueron policías o agentes secretos los que colocaron una falsa mochila para despistar”.

Lo cierto es que era indiferente lo que se declarara y mostrara en la vista oral para los autores de las teorías de la conspiración. Ellos, con despecho hacia el sentido común, siguieron retorciendo los argumentos y afirmando cosas disparatadas, como hicieron, al unísono, Pedro J. Ramírez y Federico Jiménez Losantos en El Mundo y en la COPE[60].

Aunque hay muchos ejemplos de manipulación informativa sobre lo que sucedió en la vista oral, sólo mencionaré algunos. Las informaciones vertidas a las que me refiero, las que poco tenían que ver con la verdad, se publicaron a pesar de que en mi declaración del 14 de marzo de 2007, durante el juicio, ya había dado las siguientes explicaciones que reproduzco a modo de diálogo entre el presidente del tribunal y yo:

Gómez Bermúdez: “Gracias. Para evitar que sigan preguntándole por lo mismo. Ustedes no analizan el explosivo cuantitativamente, ha dicho”.

Sánchez Manzano: “Cuantitativa y cualitativamente, no”.

Gómez Bermúdez: “Y no pueden poner marca”.

Sánchez Manzano: “No le podemos poner marca”.

Gómez Bermúdez: “Entonces, cuando usted se refiere en su informe a Goma 2 ECO ¿de dónde sale la marca?”

Sánchez Manzano: “Cuando hay sustancia completa, sustancia pesable”.

Gómez Bermúdez: “O sea, usted lo que hace es una deducción, porque tiene un explosivo concreto y otro y dice que son de similares características… ¿El qué? ¿La marca o el explosivo o el qué? Acaban de preguntar. El tipo de explosivo ¿alguien le informó que fuese distinto? Y ha dicho usted: “No”. Por tipo de explosivo ¿qué está usted entendiendo?”

Sánchez Manzano: “Tipo de explosivo es dinamita. Cuando hablamos ya de Goma 2, son en aquellos escenarios donde hemos encontrado sustancia pesable”.

Gómez Bermúdez: “¿Como por ejemplo?”

Sánchez Manzano: “Como por ejemplo: la furgoneta, la bomba, el AVE y Leganés”.

Gómez Bermúdez: “Ahí usted tiene sustancia pesable que determina que es ¿qué?”

Sánchez Manzano: “Dinamita, Goma 2 ECO”.

Gómez Bermúdez: “Goma 2 ECO. Siguiente acusación”.

No declaré nada que no hubiera dicho ya decenas de veces, que la marca se determina cuando y donde hay sustancia entera (pesable). El único que sugirió que la determinación de la marca de los focos de los trenes fuera una deducción fue el propio juez Gómez Bermúdez, no yo. Ni siquiera admití ni pronuncié la palabra deducción. Cuando se hablaba o se escribía en los informes de Goma 2 Eco, explícitamente, sólo nos referíamos al explosivo intacto que se incautó, no a los restos de explosiones de los focos.

A pesar de dejarlo meridianamente claro, tanto la perito como yo, al día siguiente, el 15 de marzo de 2007, El Mundo se descolgaba con este titular: “El testimonio de Manzano desacredita las pruebas clave de la versión oficial del 11-M”. Después continuaban en esos términos sus editoriales y artículos: “El ex jefe de los artificieros admitió que la tesis de que en los trenes estalló Goma 2 ECO es una mera deducción […] Manzano acabó reconociendo, a preguntas del propio presidente del tribunal, que resulta una deducción afirmar que en los trenes estalló Goma 2 ECO, puesto que los análisis de su unidad nunca lograron determinar qué tipo de dinamita se empleó”.

Han sido numerosas las ocasiones, además de esta, en las que El Mundo ha publicado informaciones basadas en elucubraciones en lugar de en datos contrastados. Sin embargo, Pedro J. Ramírez, que dogmatiza con alarde y suficiencia, da lecciones, en el periódico que dirige, de profesionalidad y ética periodística[61]: “Yo creo que las reglas de la honestidad periodística tienen que basarse en juzgar los hechos y las personas en función de los datos que te proporciona la realidad. […] No detesto nada tanto como a esos periodistas gandules que antes de que sucedan las cosas ya tienen decididas sus opiniones. Sólo dan juicios categóricos, incapaces de mover sus clichés en función de los hechos”.

Pero no es esta la única ración de hipocresía regalada por Ramírez a sus lectores. El 14 de agosto de 2005, escribía esto: “Si no lo hacen, se harán acreedores del mismo desprecio que merecen esos malos directores de periódicos que llegan a la redacción con los titulares de la portada decididos de antemano y luego no permiten que la realidad se los estropee”.

              El 15 de julio de 2007, Victoria Prego, en El Mundo, su medio habitual, escribió un artículo titulado Todo un profesional de la incompetencia, en el que, además de emplear varios descalificativos, señalaba: “Por ejemplo, y a pregunta directa del presidente del tribunal, dijo que eso de que en los trenes había estallado Goma 2 ECO era una mera deducción, toda vez que en el laboratorio Tedax sólo se había podido establecer que había componentes de la dinamita, así, en general”.

Continuó, en los párrafos posteriores, describiendo como dos torpezas lo que declaré sobre la mochila de Vallecas y sobre la preparación de un equipo de desactivación para intervenir en Leganés. “Hubo sin embargo dos excepciones sobrevenidas que llegaron de la mano de su torpeza. Una de ellas a cuenta de la mochila de Vallecas. Sánchez  Manzano confesó que no tenía ni idea de dónde había podido salir, porque sus hombres habían revisado de arriba abajo y de abajo arriba todos los trenes varias veces sin que la mochila hubiera sido detectada. ¿Qué pasó entonces con la mochila?, le preguntó. Lo ignoro, dijo por enésima vez (…) El segundo asunto (…) fue que a él le avisaron por la mañana del 3 de abril para que preparara un equipo que se iba a registrar un domicilio en Leganés. Y al precisar que serían las 12.00 o 12.30, le asestaba un estacazo a la versión oficial”. Ambas cuestiones ya están explicadas, por lo que no es preciso ampliar más para visualizar las burdas tergiversaciones y el retorcimiento que realizó de mis declaraciones y de los informes enviados al juez instructor[62].

La periodista también escribió el prólogo del libro 11-M La Venganza[63], en el que, en la página 261, consta lo siguiente: “El sábado 3 de abril (…) en torno a las once, Ángel Acebes e Ignacio Astarloa (ministro y secretario de Estado en funciones, respectivamente, desde el 14-M), informan a María Teresa Fernández de la Vega y Alfredo Pérez Rubalcaba (futura vicepresidenta del Gobierno y próximo portavoz del grupo socialista) de que en el curso de ese día se iba a llevar a cabo una operación policial en el sur de Madrid, en una zona próxima a la localidad de Leganés”.

Ante esta afirmación, caben dos hipótesis: una, que no leyó el libro a pesar de realizar su prólogo. Otra, sí lo leyó y, sin embargo, decidió escribir igualmente sobre mí en los términos expuestos. En cualquier caso, después de leer esto y aplicando su misma vara de medir, no estaría de más preguntarse quién posee todos los méritos para la adjudicación del calificativo Todo un profesional de la incompetencia.

Después de este capítulo, la periodista defendió los juicios paralelos como sistema de control de la Policía y la Guardia Civil. El 5 de octubre de 2007, El Mundo informaba de unas jornadas celebradas en Pamplona sobre Comunicación y Justicia en las que había intervenido Victoria Prego. “Considero pernicioso que organismos como la Guardia Civil o la Policía puedan no ser controlados en su funcionamiento poco favorable para la higiene democrática de España”, dijo la profesional del periodismo, para quien seguramente es más higiénico escribir mentiras y contradecir lo que consta en un libro que tu mismo has prologado. Pocos organismos o entidades están tan controlados en su quehacer diario como estas dos instituciones. Lo están judicial y administrativamente, también por otros colectivos y, por supuesto, por los medios de comunicación. En eso se basa además la confianza que el ciudadano tiene de ellas. Y no es posible una seguridad eficiente sin la confianza de sus destinatarios.

Querer justificar las payasadas publicadas con motivo del 11-M mediante un pretendido control a ambas instituciones resulta un escarnio a la opinión pública. Las actividades de Policía y Guardia Civil deben ser escrutadas por el sano ejercicio de la crítica de los medios, pero de manera seria, a partir de hechos contrastados y noticias ciertas, no con especulaciones o datos sin confirmar. Me sorprendió cómo Victoria Prego, que se introdujo en un lodazal de teorías absurdas para apuntalar intereses abyectos y ruines, puso en juego su larga y abultada trayectoria, por otra parte admirada por mí mismo hasta ese momento.

El juicio se celebró en 57 sesiones, lo que supuso 450 horas. Declararon 300 testigos y se realizaron 60 pruebas periciales. Un trabajo amplio y completo que, consecuentemente, hizo que José Luis Albácar Rodríguez, abogado del Estado ante la Audiencia Nacional, en una entrevista,[64] contestara a la pregunta sobre la teoría de la conspiración de este modo:

“Mi percepción es esa, y no lo digo sólo como Abogado del Estado que ha tenido que intervenir en él, sino como mero espectador. Todas las dudas que pudieran haber surgido sobre los atentados han quedado más que resueltas. Todas las dudas posibles, claro, porque nadie puede esperar que un delito como éste, tan complejo, y más siendo un delito de terrorismo, quede absolutamente resuelto. En la Audiencia Nacional tenemos una larga experiencia en juzgar atentados parcialmente, en sentar en el banquillo de los acusados a uno de los presuntos autores,  pero no a los demás porque no aparecen. Y luego, al cabo de los años, poder juzgarlos a estos si las fuerzas de seguridad del Estado han logrado localizarlos y detenerlos para ponerlos a disposición de la Justicia. No tiene nada de extraño. Y en cuanto a las dudas acerca de la supuesta autoría o de la posible implicación de otros grupos terroristas como ETA, pues oiga, cada uno es libre de pensar lo que quiera. Pero ha quedado clarísimo que esto no ha sido así. [...] Todo se ha desarrollado con exquisita transparencia. Para mí, no hay lugar para teorías conspiratorias ni nada de eso. Ahora bien, lo que no podemos evitar es que a pesar de todas las evidencias y pruebas todavía haya alguien empeñado en buscar culpabilidades donde no existen, incluso intervenciones de servicios secretos. Para ello tienen que echar mano de la imaginación”.

El entrevistador incidió más para dejar clara la visión que sobre la teoría de la conspiración tenía el abogado del Estado, que contestó así: “Sí, sí. La teoría de la conspiración desde luego que es falsa. Lo puedo decir totalmente, porque nosotros hemos apoyado la calificación del fiscal. De todas maneras, puede no terminar nunca la teoría de la conspiración, sobre todo porque hay algún medio de comunicación interesado en alimentarla para seguir vendiendo ejemplares”.

En esa misma entrevista, Albácar Rodríguez opinaba acerca de la responsabilidad que tiene la prensa respecto al juicio paralelo, que se inició aquellos días y duró años, en estos términos: “Claro que la prensa es responsable, pero es totalmente lógico. Normalmente, nunca se facilita tanta información a los medios como se ha facilitado en este caso. Y no porque en los otros juicios se oculten cosas, que no, sino porque en este juicio ha habido multitud de periodistas y de medios de comunicación, se han televisado las vistas y éstas se han celebrado con las puertas abiertas, con asistencia de público. Y todavía hay quien piensa que ha habido un voluntario oscurantismo. Pero la imaginación es libre. En cualquier caso, toda la documentación del juicio está a disposición de quien la pida”.

Las actuaciones de la especialidad y mi comportamiento en el 11-M, en todos los aspectos, están muy por encima de las que han llevado a cabo los promotores de las teorías de la conspiración. No creo que se sientan orgullosos de lo que publicaron. A diferencia de nuestro trabajo, que sí ofreció un gran servicio a la sociedad, el suyo, por el contrario, solo perjudicó a los ciudadanos y a su confianza en las instituciones.

Respecto a mi comparecencia y a mi actitud en el juicio del 11-M, me siento satisfecho, aunque fuera mejorable. A pesar de lo que pensaron y publicaron algunos, era el momento de dominar el silencio, de evitar ir más allá del cumplimiento de mis estrictas obligaciones como testigo. Otra postura hubiera sido una temeridad, ejemplos hubo de ello. Preferí sacrificar el lucimiento, pero sin dejar ningún resquicio para el fallo del principal objetivo. Dejarme llevar por el sentimiento hubiera servido para ayudar a quienes sostuvieron, con manipulaciones y mentiras, el juicio paralelo. La crítica agria y destructiva se tornó en reconocimiento del trabajo bien hecho y en autoestima personal.

7. Recogida, análisis y custodia de los restos

7.1. Lo que hicimos los Tedax

En las actuaciones enumeradas en este capítulo, al igual que en el resto de las llevadas a cabo en el 11-M, los Tedax procedieron de la misma forma que en otros atentados. No se modificó detalle alguno en la aplicación de los procedimientos técnico-operativos. En cuanto tuvimos conocimiento de las explosiones, di instrucciones a la cadena de mando de la Unidad Central para que cada departamento adoptara las medidas habituales en estos casos, aunque teniendo en cuenta la magnitud del ataque terrorista. En este atentado, desde el primer momento, era de enorme importancia organizar las actuaciones de la investigación. Una de las medidas que tomamos, como he explicado antes, fue establecer tres niveles de selección para recibir de forma ordenada los objetos que llegaban de los barridos de los escenarios, preseleccionarlos y, posteriormente, realizar una búsqueda selectiva.

7.1.1. Cuántos restos se seleccionaron

En el lugar de la explosión los Tedax, mediante barridos, recogen todo para que la búsqueda y selección de restos sea minuciosa. Por eso, su estudio se realiza en las instalaciones de la sede de la unidad y no en el lugar de los atentados. Esta tarea, llevada a cabo por los técnicos, implicaba suprimir aquello que no tuviera ninguna relación con los artefactos ni con el explosivo. Lo descartado siempre se destruye, salvo que sea o contenga algún indicio de otra naturaleza que sirva para la investigación a otros departamentos de la Policía.

Hasta el día 25 de marzo de 2004, en los talleres centrales de reparación de Renfe, los Tedax de la Unidad Central buscaron elementos relacionados con los artefactos y analizaron los efectos que provocaron las explosiones. Los resultados de estas actuaciones constan en el acta incorporada al sumario, mediante oficio de 26 de marzo de 2004. En las búsquedas, no se encontró nada perteneciente a los artefactos, solo documentación de víctimas y parte de sus efectos personales.

Con el fin de conocer la naturaleza del explosivo utilizado, los agentes recogieron objetos hasta el día 17, según se refleja en los oficios del Grupo de Tedax de la Jefatura Superior de Policía de Madrid remitidos a la Unidad Central. Después del 17, continuaron unos días más inspeccionando los vagones, pero ya no se encontró nada relevante. Fueron los policías de este grupo de Madrid los que, principalmente, efectuaron la recogida y el traslado a la Unidad Central, donde ellos mismos referenciaron y documentaron el material con el protocolo de siempre, igual que lo hubieran hecho en su sede.

En el juicio y en los medios de comunicación se habló de la recogida de 23 muestras de los 12 focos del atentado. Un error. En realidad, el 23 se corresponde con el número de bolsas etiquetadas tras esa búsqueda. Cada una contaba con varias muestras en su interior. En total, 81. Estos restos, todos ellos referenciados, se remitieron el 26 de marzo de 2006 a la Audiencia Nacional.

La búsqueda, localización y recogida de muestras es una labor muy técnica. Los conocimientos y habilidades en estas tareas no se enseñan en las universidades, solo se adquieren con prácticas en los cursos de formación específicos. Estos seminarios especializados se nutren asimismo de contenidos elaborados a raíz de la experiencia de otros policías en el escenario de los atentados. Esa es la auténtica fuente de conocimientos para este trabajo.

Me sorprendió que hubiera quien, en los medios e incluso en la vista oral, se permitiera afirmar que en otros objetos que no se recogieron o analizaron –como en los trenes, que se desguazaron– había impregnaciones del explosivo que estalló y que, además, si no se hubieran destruido los vagones, se habría averiguado la marca del explosivo utilizado en las bombas del atentado. ¡Qué osadía! Los Tedax que participaron en la búsqueda, recogida, selección y análisis de restos, la mayoría con más de 20 años de experiencia en atentados, debieron quedar atónitos y sentir una fuerte frustración, ya que, al parecer, bastante gente, que jamás había realizado ese trabajo, sabía más que ellos. 

7.1.2. Quién y cuándo se hacen los análisis

El laboratorio de la Unidad Central de Desactivación de Explosivos y NRBQ estaba bajo la responsabilidad de una inspectora licenciada en Ciencias Químicas, jefe del Grupo de Investigación de Explosivos, de la que ya hemos hablado. Ella no es Tedax, sino especialista química de explosivos con una larga trayectoria. En 2004, llevaba más de 20 años investigando exclusivamente restos de explosiones y los materiales utilizados por los terroristas en decenas de atentados cometidos en España. No creo que haya nadie en nuestro país que disponga de tanta experiencia en estas funciones. La confianza en ella era absoluta por parte de todos.

Desde principios de los 80, se han cometido cientos de atentados en la demarcación competencia del Cuerpo Nacional de Policía. La inspectora que examinó los del 11-M, salvo en los momentos en que le cogió de baja o de vacaciones, analizó, informó y defendió ante los tribunales la investigación de todos ellos. Nunca se cuestionó su trabajo. Hasta el 11-M. Pero lo más llamativo es que quienes lo pusieron en duda eran los mismos que en otras ocasiones se han apoyado en sus informes periciales para conseguir la condena de terroristas de otras bandas criminales.

El laboratorio, uno de los lugares de trabajo del grupo de investigación de explosivos, dispone de los medios necesarios para cumplir con la finalidad que tiene asignada: averiguar el tipo de explosivo en los restos de un atentado donde no se encuentre sustancia entera. Según el resultado, esta clase de análisis puede considerarse de carácter investigativo, porque no identifica completamente la marca concreta de la sustancia explosionada, sino que hay que seguir indagando y contrastando con otros vestigios para poder averiguarla. En el 11-M, los indicios para contrastar fueron numerosos.

A las 12.30 horas del fatídico día, la inspectora licenciada en Química hizo los primeros análisis de restos. Obtuvo resultado negativo de presencia de las mezclas inorgánicas habituales, por lo que reorientó su búsqueda hacia sustancias orgánicas. A las 14.00 horas aproximadamente, la inspectora obtuvo el primer resultado fiable. Seguidamente, se lo comunicó al Santiago Cuadro y a mí. Había componentes de dinamita. De inmediato, el comisario general salió al pasillo e hizo algunas llamadas telefónicas. La primera, según pude oír, al subdirector general operativo, Pedro Díaz Pintado. El resto, lo desconozco. Tras esto, la inspectora continuó analizando las muestras que le iban llegando. El 26 de marzo de 2004, ella elaboró el informe pericial[65], en el que señalaba que “es técnicamente imposible asignar nombre comercial a dinamitas que han sufrido una reacción explosiva”. Inmediatamente, informamos a Santiago Cuadro sobre esa cuestión, comunicación que consta en la Memoria de las Actuaciones de la Especialidad en el 11-M, cuya remisión a la Subdirección General Operativa está registrada el 21 de junio de 2004.

7.1.3. ¿Por qué no se enviaron a Policía Científica?

El párrafo cuarto del apartado 2.2. de la Circular 50 del 4 de octubre de 1989 del Plan de Actuación ante Atentados Terroristas (ya no está en vigor) decía, en referencia a los Tedax, que “su actuación se ajustará a las normas propias de sus servicios y concretamente a las impartidas por la JUDE[66]”. Sobre la Policía Científica, el apartado 2.3 de la segunda ampliación de esta Circular, del 23 agosto de 1993, afirma que a los especialistas en desactivación de explosivos “les corresponde con carácter exclusivo el examen, estudio, recogida de cualquier tipo de vestigios, restos, muestras de explosivos [es decir, sustancia entera, sin explosionar] hallados en el lugar de los hechos”.

El 27 de septiembre de 1993, el entonces comisario general de Policía Científica, Ángel Luis Fernández Cobos, y el que fuera comisario jefe de los Tedax, Julián Marín, habilitados por el subdirector general operativo, Miguel Ángel Alonso, firmaron unas instrucciones técnicas para coordinar las actuaciones de los dos servicios en una tercera ampliación de la Circular (tampoco está vigente). El apartado E de esas instrucciones rezaba así: “Tras ello [recepción conjunta], los representantes de uno y otro servicio se harán cargo de los restos o vestigios, de interés dentro del ámbito de sus funciones reglamentarias”. Estas las determinaba una norma de rango superior, la Resolución del director general de la Policía del 19 de mayo de 1989, que dentro de su apartado Primero establece como funciones de la Unidad Central de Desactivación de Explosivos las siguientes: “La realización de exámenes, análisis, investigaciones y estudios técnicos sobre artefactos explosivos o incendiarios, desactivados o neutralizados; así como sobre los restos de las explosiones, emitiendo los oportunos informes técnico periciales”. El contenido de estas normas, aquí aludido, lo leí y expliqué en la vista oral.

No dice sustancias explosivas o muestras de explosivos (sustancia entera), ya que éstas se envían a Policía Científica. Así lo establecía la normativa. Los restos de explosiones (como impregnaciones, en los que no hay sustancia entera o pesable) los investiga la Unidad Central de Tedax.  Habitualmente se ha hecho de esta forma. Los tribunales siempre han aceptado y validado los análisis realizados por esta unidad, ni siquiera los abogados de los terroristas de ETA los han cuestionado. Por este motivo, en el 11-M no nos planteamos aplicar protocolos o pautas de actuación distintas a otros atentados terroristas. Así, repetidamente, lo explicaron miembros de la especialidad ante el juez instructor en julio de 2004: “Manifiesta que en el caso del 11-M se siguieron los protocolos habituales de trabajo de la unidad, recogiendo los Tedax muestras que podrían resultar más selectivas”.

En la forma de actuar, este atentado no debía ser diferente a los demás para los Tedax, aunque tuviera una condición especial, 191 muertos y 1.841 personas heridas, muchas de ellas con secuelas físicas y psíquicas irreversibles. De ahí que, en cuanto se produjo el atentado, aplicamos nuestros procedimientos de trabajo, que solo pusimos a disposición del poder judicial. Los restos y otros elementos relacionados con los artefactos, sobre los que se practicaron las investigaciones correspondientes, quedaron en la Unidad Central de Desactivación de Explosivos y NRBQ por si el juez los requería. Lo demás era secundario para los objetivos de los Tedax.

Por otra parte, la experiencia nos dice que el resultado de la investigación no hubiera variado modificando las pautas de actuación protocolarias. Cuando la perito de la unidad estaba de vacaciones o de baja, y había un atentado en cualquier parte de España, los restos de explosión se enviaban a la Policía Científica y el resultado de los análisis, cuando no había sustancia explosiva entera, era siempre el mismo. Además, el juez Del Olmo, en oficio de 24 de marzo de 2004, pidió la pericia de los focos a la Unidad Central Tedax, no a la Policía Científica.

7.1.4. El informe del resultado de los análisis

Como he expuesto anteriormente, hasta el 17 de marzo la Unidad Central continuó recibiendo restos que recogían los Tedax en los distintos escenarios. En la comparecencia, del mismo 11 de marzo, ante la instrucción de las diligencias 1.030, los Tedax hicieron constar lo siguiente: “Se procedió a la recogida de restos y vestigios, siendo éstos trasladados a la Unidad Central para su estudio y posterior informe, que será remitido a V.I.[67] si es solicitado”. El juez no lo había pedido hasta entonces. Lo demandó directamente a la unidad en el oficio del 24 de marzo, 13 días después de los atentados. El informe lo realizó la perito química el 26 de marzo. Posteriormente, junto a otras tres pericias solicitadas, yo lo remití al juzgado el 27 de abril mediante oficio, citado y referenciado antes. En otros atentados menos complejos, se tarda mucho más tiempo en llevar a cabo estos trámites.

De todas formas, no se hubiera podido elaborar antes por la secuencia de los acontecimientos, ya que apareció la Kangoo el mismo 11 de marzo, después tuvo lugar la desactivación de la bomba en Puente de Vallecas y se efectuaron seguidamente registros domiciliarios y otras diligencias de investigación urgentes. Además, tampoco hubiera tenido sentido realizarlo antes de finalizar la búsqueda de los restos en los talleres de Renfe, actuación que se dio por culminada en estas mismas fechas.

En esos momentos, lo primero era trabajar en aquellas muestras o indicios que pudieran aportar líneas de investigación para la identificación y localización de los autores. La prioridad en este esfuerzo dio su fruto cuando, el 3 de abril, se consiguió localizar a los terroristas, con lo que evitamos otros posibles atentados. Este, y no otro, era el objetivo fundamental de la Policía en esos instantes. Por esa razón, prioricé las tareas en función de nuestro propósito. No era necesaria la premura en la comunicación por escrito del resultado de los análisis a la instrucción del sumario. La urgencia en esto último era quizá para otras autoridades o intereses de distinta naturaleza a la judicial. Para mí, no era relevante y por tanto me resultaba indiferente. Vuelvo a subrayar que tanto los Tedax como yo solo estábamos al servicio de la justicia, no de la política. Nuestras actuaciones eran como policía judicial.

En el informe remitido al juez, la perito estimó conveniente no especificar los dos componentes genéricos hallados en los análisis: nitroglicol y nitrato amónico. El hecho de que los componentes de una sustancia explosiva no se especificaran en los informes, tenía la finalidad de impedir que esos datos, tan sensibles, pudieran llegar a manos de los terroristas. De hecho, existen normas internas que los consideran información clasificada. Estas no son aplicables cuando se conoce la marca, ya que entonces se tiene la certeza de que el explosivo utilizado es comercial y se adjuntaría su correspondiente ficha técnica.

Sin embargo, por aquel entonces, no se tenía esa evidencia. Por esta razón, era habitual no especificar en los informes los componentes de los explosivos, salvo que lo solicitara la autoridad judicial u otra autoridad con competencia en la materia, lo que además en el 11-M tampoco sucedió. El juez solo pidió determinar el tipo de explosivo. En cumplimiento de esta petición, se adjuntó el informe de los análisis a las pericias remitidas al juzgado el 27 de abril de 2004, un documento que según algunos periodistas no existía. Estaba en el sumario desde esa fecha, pero no lo quisieron ver. Por otro lado, ¿qué hubiera aportado reflejar en el informe los dos elementos detectados? Nada, solo que era una dinamita y que, como son dos sustancias genéricas, no se excluye ninguna marca.

7.1.5. Firma de un solo perito y el visto bueno del comisario jefe

El informe solo lo firmó un perito, porque no había más en la Unidad Central Tedax. Además, era lo que se venía haciendo desde hacía muchos años, un procedimiento plenamente aceptado por la jurisprudencia. La validez del informe la sustentaban los tribunales en el carácter oficial del laboratorio de dicha Unidad Central y la condición de funcionario del autor que lo realizaba, al cual se le presumía imparcialidad debido a su posición de independencia respecto a las partes procesales. Según la jurisprudencia, por lo tanto, el laboratorio estaba homologado judicialmente. Sus informes tenían plena validez, aunque lo firmara un solo perito.

Mi firma consta en este documento, como en todos los informes periciales, bajo las abreviaturas del visto bueno. Ese visto bueno, que encabeza la firma del jefe de la dependencia, no implica asumir su contenido, lo que resultaría improcedente, salvo que reuniera las condiciones de perito y hubiera participado en la práctica de la pericia. Se trata de una expresión obligatoria, porque al inicio del informe figura la designación del perito, lo que implica una orden de servicio. El alcance de esa firma es la constatación de que el informe –no el análisis– se ha realizado con las formalidades establecidas y explica lo solicitado por los tribunales; es decir, que se ha cumplido la orden dada.

No podemos olvidar que cualquier perito, desde que recibe las muestras y la misión de analizarlas, tiene total autonomía en su trabajo, sin interferencias, y es su responsabilidad establecer los criterios sobre la forma de realizar sus análisis y el contenido de los informes. Esta autonomía e independencia está circunscrita a lo que es objeto de su pericia, no a interpretaciones u observaciones que son ajenas a las atribuciones del perito, como veremos después cuando analicemos el caso del ácido bórico.

Al comisario jefe únicamente le corresponde proporcionarle los medios necesarios. Si el superior jerárquico condicionara su trabajo o modificara el contenido pericial de sus informes, estaría atentando contra la independencia del perito. De sus funciones solo responde ante la autoridad judicial, que es la destinataria del resultado de sus estudios o análisis.

7.1.6. La custodia de restos relacionados con artefactos explosivos

La Resolución del director general de la Policía del 19 de mayo de 1989, que regula el funcionamiento de los Tedax, en su primera disposición establece que la Unidad Central de Desactivación de Explosivos y NRBQ tiene como una de sus funciones “la custodia y depósito a disposición de las autoridades judiciales o administrativas de los elementos no explosivos  de los artefactos explosivos o incendiarios; así como los restos de las explosiones”. La misma responsabilidad se le asigna cuando se enumeran las actuaciones de los Tédax, en el Plan de Actuación ante Atentados Terroristas (Circular 50). Esta fue otra de las cuestiones que expliqué en la vista oral.

Cuando se documentan las actuaciones policiales en un atentado, a la autoridad judicial que instruye el sumario se le informa del lugar donde quedan depositados los efectos incautados. En las diligencias instruidas por la Brigada Provincial de Información de Madrid, el 11 de marzo de 2004, con motivo de los atentados del 11-M, constaba que quedaban depositados en la Unidad Central Tedax. Este departamento divide la custodia de los restos tras un atentado según la naturaleza de éstos. En primer lugar, las sustancias explosivas o vestigios de una detonación, que quedan bajo la responsabilidad del Grupo de Investigación de Explosivos y así ocurrió también tras los atentados y hasta marzo de 2006, cuando una de las defensas solicitó otra pericia –que la sala autorizó–, para la cual designaron a ocho peritos, cuatro de ellos a instancia de las partes (defensas y acusaciones). En segundo lugar, el resto de los componentes del artefacto, no explosivos, que quedan bajo la custodia del Grupo de Informes.

En ambos grupos había un área habilitada para esa tarea, donde se depositaban los restos perfectamente envasados y referenciados. En estas dependencias se conservaban miles de vestigios de numerosos atentados. El jefe de grupo o el jefe de sección eran los únicos que tenían las llaves de acceso a esa zona.

7.1.7. La contaminación de las muestras

A falta de pruebas concluyentes sobre la forma en la que se contaminaron las muestras, solo cabe admitir que fue fortuita, bien durante su manipulación en los laboratorios bien en el almacén. Ambas posibilidades parecían remotas, ya que los Tedax las envasaron en varias bolsas, lo que hacía imposible el contacto entre las distintas muestras almacenadas. Sin embargo, el tipo de envase que utilizaron fue determinante. Las que estaban en tubo de cristal no se contaminaron. Otras, sin embargo, se envasaron en bolsas de plástico, que después se comprobó que eran porosas.

Los peritos nombrados por el tribunal descartaron la posibilidad de una contaminación por acción humana negligente o fraudulenta, así lo establece la sentencia en su fundamento jurídico III.5. En este mismo fundamento, la resolución admite un posible fallo en el protocolo de custodia o conservación, lo que evidentemente pone de manifiesto una revisión necesaria del procedimiento que se llevó a cabo con los restos y el material utilizado para envasarlos, aunque estaba perfectamente homologado. Las experiencias adquiridas en el laboratorio de los Tedax a lo largo de sus 20 años de funcionamiento demuestran que la contaminación de explosivos o restos de explosión, al igual que en otro tipo de sustancia, puede producirse en cualquiera de los momentos del proceso de manipulación o depósito. En estos procedimientos, dada la volatilidad de los elementos que componen los explosivos, resulta probable la contaminación en el laboratorio.

7.2. Imposible identificación concreta del explosivo detonado

Cuando la Unidad Tedax dispone de sustancia entera, puede identificar todos los componentes del explosivo y, también, las otras sustancias que suelen llevar, como estabilizantes, conservantes, etc. Con estos datos, al compararlos con un patrón, no solo se identifica el nombre genérico del explosivo, sino también su marca comercial. Sin embargo, si después de una explosión no queda sustancia entera, algunos de sus componentes desaparecen, con lo que es posible identificar el tipo de explosivo, pero no su marca. En ciertos casos, cuando la reacción del explosivo es óptima y los componentes tienen alta labilidad frente a la reacción explosiva, ni siquiera se puede averiguar el tipo genérico de explosivo, porque desaparecen todos los elementos que lo forman. En otras detonaciones, cuando la reacción no es óptima, es posible que quede resto de sustancia explosiva no explosionada, la cual sirve para la identificación completa del explosivo utilizado en el atentado. En estos supuestos los Tedax remiten los restos a la Policía Científica.

Cuando se habla de artefactos explosivos, hay que tener en cuenta muchas variables que influyen en su comportamiento. Yo, que presencié muchas prácticas de los Tedax, lo pude comprobar tras observar reiteradas explosiones. No hay reglas fijas, por eso la investigación se debe realizar con rigor y considerar el rango más alto de condicionantes y probabilidades existentes. Solo así se consigue un resultado eficaz.

Los efectos de la explosión, humos u olores no permiten hacer valoraciones objetivas, ni trazar unas líneas de búsqueda y recogida concretas, ni descartar otras por presunciones basadas en observaciones subjetivas. Con las muestras, objetos o soportes recogidos en el lugar de un atentado, la unidad realiza un análisis que consiste en rastrear en esos restos trazas de explosivos, para tratar de encontrar positivos en ciertas sustancias que permitirían determinar un patrón que se corresponda con un determinado tipo. Esto no requiere equipos muy sofisticados, porque después de una explosión de estas características la muestra es insuficiente para trabajar con otros medios y decretar su marca comercial, que –insisto– solo se puede conseguir con un análisis cuantitativo de sustancia explosiva pesable (entera). Si no es así, no hay nada que cuantificar. El resultado obtenido de las impregnaciones de una detonación no tiene ninguna fiabilidad científica en la determinación de la marca comercial, sencillamente porque esas impregnaciones ya no son sustancias explosivas.

En el informe elaborado el 26 de marzo de 2004 por la perito química de la Unidad Central sobre los restos de las explosiones en los trenes se ponía de manifiesto que “es técnicamente imposible asignar el nombre comercial a dinamitas que han sufrido reacción explosiva, ya que en ella desaparecen determinados componentes que son los que hacen posible tal designación”. Evidentemente, esta explicación resultaba completamente certera en el ámbito policial. Y la misma consideración tuvo el juez instructor, que no solicitó su ampliación o repetición.

En la vista oral, esta inspectora reforzó sus explicaciones “En mi experiencia, lo que sale en las primeras horas es lo que se va a mantener siempre”, añadió. Refiriéndose al 11-M, señaló que “los primeros días se reproducían sistemáticamente los resultados iniciales”. Tres años después de los atentados, en 2007, ocho peritos nombrados por el tribunal, a instancias de la defensa de uno de los acusados, llegaron a la misma conclusión. En la vista oral, a una pregunta de Gómez Bermúdez, todos estuvieron de acuerdo: no se podía saber la marca comercial de la dinamita explosionada en los trenes al no disponer de sustancia entera.

El abogado de una acusación, con la intención de demostrar lo contrario, puso como ejemplo el atentado de la T-4 del aeropuerto de Barajas. Expuso que la Policía Científica realizó los análisis de los restos detonados y averiguó los explosivos que los terroristas habían utilizado: amonal o amosal y algún tipo de hexógeno. No es correcto. No se averiguó la marca concreta. Consiguieron lo mismo que se hubiera averiguado en el laboratorio de los Tedax, conocer los componentes, pero no discriminar la sustancia explosiva específica que se había utilizado. Es lo que sucedió el 11-M. Decir amonal o amosal o algún tipo de hexógeno resulta tan indeterminado e inconcreto como decir dinamita.

Teniendo en cuenta el conocimiento y experiencia de los Tedax, no era muy prudente, aquel día del 11-M o los siguientes, aventurar interpretaciones de los resultados de los análisis, aunque conociéramos uno o dos componentes comunes a cualquier dinamita (nitroglicol y nitrato amónico). Además, el hecho de que hubieran constado esos dos elementos en el informe no tenía ninguna relevancia procesal. El resultado hubiera sido el mismo que el día que se publicó la sentencia. Otra cuestión es que existieran otros intereses de naturaleza distinta a los judiciales, lo que a los profesionales de la unidad nos tenía sin cuidado.

A pesar de los numerosos indicios que obran en el sumario  sobre el tipo de explosivos, alguno de los peritos de parte que estaban en la sala llegó a proponer la exhumación de cadáveres para determinar la composición del explosivo, soslayando el más mínimo respeto al sufrimiento de las víctimas. Pero lo todavía más chocante en esta historia es el contenido de la siguiente noticia publicada en ABC[68]: “El portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, apadrinó ayer una iniciativa, la de exhumar cadáveres para determinar la composición del explosivo del 11-M. Zaplana declaró que ve bien que el tribunal que juzga los atentados del 11 de marzo pueda autorizar una medida de ese tipo si estima que hay razones para practicar esta prueba. Me parece que todo lo que sea acercarse a la verdad y al conocimiento de la verdad es siempre bueno, aseguró”.

7.3. Tedax y Policía Científica. El ejemplo del ácido bórico

Sobre la cuestión de que no se enviaran los restos de explosiones a la Policía Científica, hubo un testimonio opuesto a lo manifestado por los miembros de los Tedax. Fue el del comisario general de la Policía Científica, Carlos Corrales, quien el 23 de abril 2007, en la sesión 27ª, a la pregunta formulada por el representante legal de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, José María de Pablo, sobre si no había exigido en algún momento que le mandaran todas las muestras, declaró: “Mire usted, señor letrado, cuando hay un documento escrito que es el Manual de Normas de Procedimiento que ya el director general de la Policía indica cómo se debe actuar y además había un protocolo de la Subdirección General Operativa no recuerdo de qué fecha en que decía en el caso de atentados debían de intervenir conjuntamente un equipo Tedax o, vamos, un funcionario Tedax, uno de Policía Científica y otro de la Brigada de Información, yo creo que cualquier profesional de cualquier área debe de saber cuál es su actuación sin que se le tenga que recordar nada a nadie; bastante tenía yo”.

Cuando habla del director general, se refería una orden del 9 de julio de 2001, en la que se publicó una comunicación para dar a conocer la elaboración de la cuarta edición de dicho Manual de Normas de Procedimiento. Esa notificación encomendaba a la Comisaría General de Policía Científica su distribución, con originales numerados, para cada uno de los responsables de las brigadas de unidades de la Policía Científica y para conocimiento y cumplimiento estricto de todo su personal. Es decir, el jefe de la Brigada de Policía Científica debía firmar la orden que le remitiera el comisario general.

La comunicación no llevaba firma del director general. Ni el contenido ni la forma reunían las condiciones para ser considerada resolución o circular. Era una simple nota de carácter informativo, que indicaba por quién y cómo se debía hacer la difusión para que adquiriera carácter obligatorio en el área de la Policía Científica. Solo en este departamento tenía consideración vinculante. El carácter interno –dentro de la Policía Científica– de dicho manual queda evidenciado en su capítulo uno. La Presentación está firmada por el subdirector operativo de la Policía, lo que le atribuye, como propiedad principal, la de coordinar servicios centrales con periféricos de esa área policial. Es decir, este manual no se aplicaba a los Tedax, que estaban ubicados en otra área distinta a la Policía Científica.

Cuando en su declaración, el ex comisario general mencionaba la forma de actuación a través de un equipo conjunto, se refería a unas instrucciones dadas por la Subdirección General Operativa de 1 de octubre de 1997, como ampliación de la Circular 50. En ellas, solo se contemplaba quién y cómo se debía activar ese equipo conjunto. Nada decía sobre el tratamiento que se tenía dar a los restos de las explosiones.

En el 11-M, la Policía Científica estuvo en todos los escenarios, simultáneamente con los Tedax, por lo tanto pudieron recoger las muestras que consideraran oportunas. En otros momentos de su declaración, el comisario general de la Policía Científica, Carlos Corrales, manifestó que los Tedax le solicitaron análisis de restos sin especificar dónde ni cómo habían sido recogidos ni en qué consistían. Y añadió: “Nosotros hacemos constar dónde, cómo, por qué y en qué circunstancias; porque es uno de los principales principios, precisamente para poder garantizar la cadena de custodia”.

Cuando los restos o indicios eran competencia de los Tedax, la Policía Científica solamente debía limitarse a dar cumplimiento a lo que esta especialidad le requiera, sin que los Tedax tengan que proporcionarle más datos. Esto es así por los siguientes motivos:

La cadena de custodia, en relación con los indicios o restos de explosivos, la garantiza la especialidad Tedax, que es en la que se constituye el depósito judicial, según la normativa.

Cuando los Tedax entregan muestras numeradas, no facilitan la totalidad de la sustancia o vestigio, sino solo unos gramos.

Con la numeración de la muestra, queda perfectamente garantizada su identificación; y con los recibos de entrega y recepción, también su cadena de custodia. Para cumplir con el trabajo que se le pidió a la Policía Científica, ésta no necesitaba conocer más.

Los Tedax son quienes efectúan el informe pericial completo y adjuntan el informe de la Policía Científica, para remitir todo a la autoridad judicial.

Una vez conocida la naturaleza de la sustancia, mediante el análisis y el informe de la Policía Científica, la Unidad Central Tedax exclusivamente es la que debe interpretar y comunicar los resultados a la autoridad judicial o policial correspondiente.

La Unidad Central Tedax es el Centro Nacional de Datos de Bombas, lo que supone que toda la información policial disponible –nacional e internacional– sobre explosivos y bombas está localizada en ella. Por lo tanto, es la única con capacidad suficiente para analizar adecuadamente los datos. Además, cualquier sustancia que se considere componente o precursor de explosivos debe estar depositada en la Unidad Central. Así lo establece la normativa. Cuestión de la que fue informada la fiscal de sala y también se debatió en la vista oral.

Lo expuesto anteriormente se comprende mejor con un ejemplo, como el del tristemente famoso caso del ácido bórico. La Policía encontró esta sustancia en un piso de la organización terrorista ETA en Salamanca y, tras el 11-M, en otro registro de un piso ocupado por islamistas. En ambos casos, lo hallado quedó en el depósito de la sede de la Policía Científica. Hasta aquí, y siempre que no se crea relacionado con explosivos, el procedimiento sería el adecuado.

En 2005, la Comisaría General de Información, dirigida por Telesforo Rubio, solicitó directamente a la Comisaría General de la Policía Científica un análisis e informe[69] sobre el ácido bórico incautado en el piso de los islamistas. Si se pensaba que tenía algo que ver con explosivos, se debería haber pedido a la Unidad Central Tedax, aunque inadecuadamente la sustancia la tuviera la Policía Científica.

La Comisaría General de Policía Científica, cuyo máximo responsable, en esas fechas, era Miguel Ángel Santano, realizó un informe en el que consideraba que el ácido bórico tenía alguna función como componente estabilizante o conservante al mezclarse con explosivos. En primer lugar, si establecía que tenía que ver con explosivos, el ácido bórico incautado debió haber quedado depositado en la Unidad Central Tedax, a disposición de la autoridad judicial; como hemos visto, así lo establece la normativa. En segundo lugar, la Unidad Central posee bases documentales, datos y fuentes específicas como legítima titular. Era la única que estaba capacitada y facultada para emitir informes sobre la naturaleza explosiva de esta materia.

Así lo dice su normativa específica. Le corresponde el intercambio de información técnica y científica con organismos nacionales o extranjeros especializados en explosivos. Además, también especifica que es su función la recepción, análisis, evaluación y archivo de información sobre explosivos y su utilización por grupos terroristas, así como su difusión entre los distintos Servicios nacionales o extranjeros.

El resultado de esa actuación desacertada fue que tres miembros de la Policía Científica, sin disponer de datos objetivos con los que contrastar, relacionaron las dos incidencias (ETA e islamistas), lo que estaba fuera de la finalidad de su pericia. Además, añadieron en su informe otras consideraciones que solo pueden y deben, reglamentariamente, emitir los Tedax. Posteriormente, a requerimiento del juez instructor, la Unidad Central de Desactivación de Explosivos y NRBQ emitió otro informe, el 26 de septiembre de 2006, que daba explicación a las cuestiones que se plantearon. Con la aplicación correcta del procedimiento, y si desde el principio los Tedax hubieran emitido el informe, nos habríamos ahorrado errores y valoraciones equivocadas sobre el caso ácido bórico.

7.4. Informe de los peritos del tribunal

En un estado democrático y de derecho, la contradicción en los procesos acusatorios es la base fundamental de la sentencia judicial. Esto implica que se permitan pericias de parte, aunque la formulación de sus planteamientos y  conclusiones no goce de mucha estima. Hay una creencia muy extendida sobre que las conclusiones periciales son absolutas, infalibles y seguras. Pues no es así. Las pericias, tanto las de parte como las de la instrucción sumarial, son valorables e interpretables. En un amplio número de casos no son decisivas, ni siquiera importantes, a la hora de dictar sentencia. 

La poca credibilidad que supone a veces el trabajo realizado por los peritos privados en un proceso judicial se suele fundamentar en que la parte procesal paga al perito que lo propone. Sin embargo, esa suposición es injusta y tampoco concuerda con la realidad. No es sistemático que un profesional, que domina una serie de conocimientos y habilidades sobre una materia, permita que el resultado de sus análisis sea mediatizado por dinero y, menos aún, en una función de peritaje ante un tribunal de justicia. Cuestión distinta y también frecuente es que, en determinados sectores de medicina forense o de criminalística, no sea fácil encontrar personas en el ámbito privado con conocimientos suficientes para realizar con solvencia una pericia. Una titulación académica no es bastante. Debería exigirse el ejercicio de una especialidad, en la que el estudio y la práctica fueran permanentes. En todo caso, hay que tener en cuenta que una cosa es realizar unos análisis de forma adecuada y otra, interpretar los resultados obtenidos.

En el caso del 11-M, una vez acabada la instrucción del sumario, el presidente de la sala que juzgó los atentados, Gómez Bermúdez, ante las peticiones de las partes, autorizó la práctica de nuevos análisis sobre las sustancias explosivas y muestras de los focos de los atentados. Aunque el escepticismo sobre estas pruebas es generalizado, el tribunal acertó en la decisión y en la metodología de la presentación de la pericia en la vista oral, pues lo que se buscaba era garantizar, en su grado máximo, el derecho de defensa. Las partes del proceso que lo solicitaron –algunas acusaciones y defensas– propusieron cuatro peritos que, sin entrar a valorar su cualificación, nunca habían realizado análisis e informes como los que requería esta pericia. Por su parte, el tribunal designó a dos de la Guardia Civil y a otros dos del Cuerpo Nacional de Policía.

En la sede de la Comisaría General de Policía Científica, sita en el Complejo Policial de Canillas, los ocho peritos iniciaron los análisis a primeros de febrero de 2007 y los concluyeron el 22 de mayo de ese mismo año con la entrega del informe al tribunal[70]. La pericia terminó con sus testimonios en la vista oral, que tuvieron lugar tras el de la inspectora química de la unidad, que también había sido perito en la fase de instrucción. Esta forma de presentar la pericia permitió analizar cada paso con una minuciosidad y transparencia sin precedentes en la historia judicial de España; pero también suponía una dificultad extraordinaria para alcanzar puntos compartidos por todos los peritos.

A pesar de ello, se puso de manifiesto el acuerdo en algunas de las pocas conclusiones a las que llegaron. Después de que la perito de nuestra unidad explicara las técnicas empleadas en el análisis de los restos de los focos, nadie las cuestionó. Se admitieron como correctas, incluida la utilización de agua y acetona. Estas técnicas habían sido cuestionadas en los medios que ampararon las teorías, a pesar de que son habituales en la extracción de impregnaciones de los restos de explosión.

Algunas hipótesis e incógnitas no tuvieron respuesta técnica en la prueba pericial, como sucede en otros casos. Por ello, el sentir general de víctimas, abogados y prensa seria fue que esta pericia solicitada por las partes no había añadido nada nuevo. La escasa eficacia de sus resultados se limitó a confirmar lo que ya se sabía. Además, según la prensa, hubo valoraciones muy negativas en la fase de conclusiones. Un abogado alegó que algunos de los peritos de parte “hicieron esa prueba con malos humos” y que tuvieron “criterios demenciales o interesados”.

La pericia realizada en la Unidad Central Tedax el 11-M, científicamente, descartaba otro resultado. Ya lo decía la perito en su propio informe y lo reiteró en la vista oral: “Es imposible técnicamente averiguar la marca comercial de la dinamita explosionada”. ¿Para qué otra pericia entonces? ¿Para doblar la pericia en la sustancia entera? ¿Para encontrar contaminantes y así introducir elementos de confusión?

El final de esta película de los explosivos se conocía desde el primer momento, pero los artífices del juicio paralelo no querían darlo por bueno hasta que se escribieran los argumentos más pintorescos. Había que dar opción al principio procesal de la contradicción, aunque no existía nada que contrariar, solo las teorías conspiracionistas que pretendían introducir a ETA al precio que fuera. Lo que consiguieron fue someter a un sobreesfuerzo a los órganos judiciales.

Lo ininteligible y lamentable de todo esto es que quienes pidieron insistentemente tal cosa fueron los abogados de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M. Aún, en la actualidad, después de tanto tiempo transcurrido, no encuentro la conexión de esta iniciativa con los intereses y/o derechos de las víctimas. Resulta todavía menos comprensible si consideramos que representantes legales de la AVT, personada en numerosos procesos sobre atentados en los que no se ha averiguado la marca comercial de dinamita, nunca había solicitado la práctica de otras pericias distintas a la realizada por los Tedax hasta entonces. La actitud de cuestionar estas pericias o solicitar otras ni siquiera la han tenido los abogados de ETA. La utilización de Titadyne en los atentados fue una variable introducida por los peritos de parte en los análisis, en los informes y en la vista oral. Sin embargo, esta hipótesis únicamente la secundaron la representación legal de las asociaciones citadas y una sola defensa.

7.5. Las sentencias

La Audiencia Nacional, en el Fundamento Jurídico III. 5. Origen de los explosivos y detonadores. Suministro (Hecho probado 5), entre otros argumentos, expone lo que sigue:

1)     El explosivo utilizado por los terroristas fue, en todos los casos, dinamita plástica, tipo goma.

2)    No se sabe con absoluta certeza la marca de dinamita que explotó en los trenes, pero todo o gran parte de ella procedía de mina Conchita.

El tribunal, siguiendo un razonamiento lógico, concluye que está probada la presencia de Goma 2 ECO en todos los trenes donde explosionaron artilugios, pues un componente exclusivo de este tipo de dinamita plástica en un porcentaje relevante (más del 1%), el dibutilftalato, está en todos ellos; y otro, el nitroglicol (también en porcentaje superior al 1%), aparece también en todos los focos, aunque éste no sea exclusivo de la Goma 2 ECO y forme parte de algunas variantes de Titadyne que no llevan nitroglicerina. Por el contrario, la presencia irregular y en porcentajes menores de nitroglicerina y dinitrotolueno impide descartar la presencia de pequeñas cantidades de otras marcas o clases de dinamitas”.

En este último párrafo, el tribunal no excluye el Titadyne y acepta lo que defendieron los peritos: el dinitrotolueno y la nitroglicerina, que no están presentes en la Goma 2 ECO, sí lo están en la Goma 2 EC. Asimismo, en ese sentido, estima las facturas que mina Conchita había extendido por la adquisición de Goma 2 EC en el año 2004, por lo que admite que los facilitadores de explosivos de Asturias podían haber vendido también Goma 2 EC, que sí tenía nitroglicerina y dinitrotolueno.

En definitiva, que la sentencia ratifica lo que dijeron los Tedax en un primer momento: dinamita. Además, ratifica lo que averigüé y comuniqué a los tres días de los atentados: que los detonadores procedían de mina Conchita, donde se consumía dinamita tipo goma (Goma 2 ECO y Goma 2 EC). En el mismo fundamento jurídico, la sentencia reconocía los medios de prueba que tuvieron origen en las investigaciones de los Tedax y volvía a ratificar la importancia de su trabajo: “Sin embargo este dato, en relación con las declaraciones de los procesados y testigos que acreditan la existencia de tráfico y transporte de explosivo desde mina Conchita y las periciales sobre los restos hallados en el vehículo Volkswagen Golf 0500 CHB, detonadores y restos de explosivo de la Renault Kangoo 0576 BRX y sobre el que componía el artilugio desactivado en Vallecas, lleva al tribunal a afirmar, más allá de toda duda razonable, que la procedencia de todo o gran parte del explosivo utilizado proviene de la explotación minera conocida como mina Conchita”.

Por su parte, el Tribunal Supremo, en el Fundamento de Derecho Preliminar, punto 2 del apartado 9º, con el apoyo de los hechos probados de la anterior sentencia de la Audiencia Nacional, deja establecido, de forma clara y contundente, el explosivo utilizado en los atentados: “Por lo tanto, aunque el tribunal no descarte la utilización de otra clase de dinamita, afirma que se ha utilizado Goma 2 ECO, lo cual vincula al recurrente con los hechos, y de los informes periciales, tal como son recogidos en la sentencia sin que en el motivo se haya alegado error por la vía del artículo 849.2º de la LECrim, unidos a la inspección ocular, también resulta que esa otra dinamita podría haber sido Goma 2 EC, igualmente procedente de mina Conchita”.

Fue mucha la literatura sobre los explosivos, alguna con una agresividad e intencionalidad insólita. En este contexto, con motivo de un acto oficial celebrado en La Moncloa el 6 de octubre de 2006, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al reconocerme, me saludó e intercambió unas breves palabras conmigo. Me dijo que no me preocupara por lo que pasaba porque no iban contra mí, sino contra él y me pidió disculpas por ello. Yo le respondí que era consciente de eso. Pedro J. Ramírez, a colación del citado encuentro, en la carta del director del 26 de noviembre de 2006 titulada Nixon o la obstrucción a la Justicia reproducía lo que me había dicho Zapatero –porque hubo más gente presente en esa conversación que luego se lo contaría a Ramírez– y añadía lo siguiente: “Lo máximo que cabría reprocharle a día de hoy a Zapatero es su condescendencia con alguien que, como mínimo, ha demostrado ser un inepto en el ejercicio de muy altas responsabilidades. Pero ya que el ministro del Interior parece haber decidido mantenerle en el cargo pese a todos sus engaños, chapuzas y manipulaciones bajo la investigación del 11-M, lo que más me extraña es que el presidente no aprovechara la ocasión para plantearle las tres sencillas cuestiones que un domingo más, en su calidad de máximo responsable del poder ejecutivo, yo vuelvo a preguntarle a él:

¿Dónde están los análisis de los restos (…)?

¿Por qué razón esos restos no fueron enviados, (…) al (…) laboratorio de la Policía Científica?

¿Por qué en el informe resumen remitido al juez (…) no se especifican cuáles son los componentes genéricos de las dinamitas (…)?”

Este artículo, como tantos otros, pone de manifiesto que su autor tiene serias dificultades para comprender una realidad que, en esos momentos (finales del 2006), estaba constatada en el sumario y en autos del juez instructor publicados en diversos medios. Quizá su obsesión por la conspiración de la Policía en el 11-M pudo haber alterado sus facultades de percepción. Son sus engaños, chapuzas y manipulaciones las que han quedado al descubierto, no las del entonces jefe de los Tedax. Sus publicaciones compulsivas solo pueden tener explicación desde una moral ausente o una ética atrofiada. Pero la verdad es tozuda y sus publicaciones, se empotraron con la ineludible realidad reflejada en las sentencias.

7.6. ETA en el atentado

Aunque volveré sobre esto más adelante, los hechos ponen de manifiesto que determinadas instancias forzaron o filtraron la política en la investigación policial y en el proceso judicial del 11-M. Esto sucede porque las elecciones estaban convocadas para los tres días posteriores a los atentados. De otra forma, todo habría transcurrido en medio de la normalidad social, política y mediática. El ambiente hubiera sido más de concordia y unión que de enfrentamiento. No se hubieran planteado en el sumario y en la vista oral cosas tan peregrinas e irracionales.

El artículo Pecado de soberbia de Casimiro García-Abadillo, publicado en El Mundo el 29 de marzo de 2004, lleva incorporada una fotografía del ex presidente del Gobierno, José María Aznar, rodeada de dedos acusadores, fue divulgado pasados 18 días del atentado, cuando el ambiente mediático y político aún no se había contaminado de las aberrantes teorías conspiratorias. De ahí que reflejase la opinión dominante en aquellos momentos: “La guinda amarga de ese viernes gélido en la capital europea la puso la portada del Financial Times, el periódico que en otro tiempo le dedicó tantos elogios [Aznar]. Cinco columnas y un largo artículo en el que el diario económico asume la tesis de la mentira. […] Alguien en Moncloa dejó a un lado el drama que estaba viviendo el país y se dedicó a cuantificar la catástrofe en forma de escaños. Si es Al Qaeda, perdemos las elecciones. ¡Dios nos libre de los que en situaciones así son capaces de llegar a tales conclusiones! Por eso, se tomó la determinación no de mentir, sino de mantener la duda hasta el final. Aguantar la tesis de ETA hasta el 14-M. […] No se dio la orden de mentir. De hecho, no se mintió. Tan sólo se decidió dar la información mezclada con el wish full thinking de que la tesis de ETA seguía siendo la más probable. Nadie puede protegerse contra la verdad. Y en esos momentos nadie tuvo la cabeza lo suficientemente fría como para pensar en lo realmente importante […]”.

Este periodista continuó diciendo: “Inconscientemente, al mantener la tesis de la responsabilidad de ETA hasta el 14-M, los estrategas de Moncloa pusieron en manos de los enemigos del Gobierno el mejor instrumento para derribarlo. Lo que hizo el Grupo Prisa fue magnificar las contradicciones entre lo que mantenía el Gobierno y lo que se filtraba desde la Policía y los servicios secretos. Utilizaron incluso información falsa (como la existencia de terroristas suicidas o el intento de proclamar un estado de excepción) para convencer a la opinión pública de que el Gobierno mentía. […] Si Rajoy no consigue que su partido haga autocrítica y reconozca los errores que se han cometido, limitándose a culpar a Prisa de todos sus males, será difícil que consiga mantener la confianza de esos 9,7 millones de personas que, pese a todo, votaron al PP el 14-M”.

Este último párrafo resulta chocante. Esas recomendaciones eran acertadas y el entonces líder de la oposición debió haberlas seguido. ¿Quién se lo impidió? Pues aquellos que abanderaron las teorías de la conspiración, entre ellos, y en primera línea, el propio Casimiro García-Abadillo, quien, olvidando los dolorosos efectos que podía causar a las víctimas, en el mismo artículo, describía maniobras electoreras en la trastienda del poder: “Se mantuvo la tesis de ETA hasta el 14-M. Alguien hizo la cuenta del 11-M en escaños”. Más tarde, este periodista iniciaba una larga campaña de afrentas públicas que derivaron en el juicio paralelo del 11-M. Otros se le unieron y juntos montaron una escuela de magos dedicados a sacar conejos de la chistera para sostener el negocio e inventar una verdad alternativa.

Lo más triste es que las mentiras folletinescas fueron secundadas e institucionalizadas mediante preguntas parlamentarias, que el Grupo Popular presentó en el Congreso de los Diputados. Lo que se denominó El frente político. En la instrucción del sumario y en la vista oral, estas interpretaciones falseadas se introdujeron y mantuvieron de la mano de acusaciones particulares que representaban a la Asociación Víctimas del Terrorismo, la Asociación de Ayudas a Víctimas del 11-M, y de alguna defensa. A efectos procesales, las controversias se diluyeron en la vista oral y desaparecieron con la sentencia; aunque algunos, ficticiamente, siguieron interesados en mantenerlas. El frente procesal era la tercera pata que faltaba en la estrategia.

En los tres frentes prendió y se desarrolló esta gangrena de la conspiración. No creo que sus integrantes puedan sentirse orgullosos de lo que hicieron, de los valores y principios que utilizaron como estandarte, incluso a pesar de los aplausos que sigan recibiendo de sus palmeros.

El 11-M –reitero– comuniqué que en los trenes lo que explosionó fue dinamita, sin especificar marca comercial. No dijimos que fuera Titadyne, pero tampoco lo descartamos. Todas las líneas de investigación sobre la autoría del atentado, por lo tanto, quedaban abiertas, incluida la de ETA. Después, en días sucesivos, en otros lugares relacionados con los autores, se incautaron sustancias explosivas enteras (Kangoo, bolsa-bomba desactivada, Ave y Leganés), y sí comunicamos, en tiempo y forma, que en estos casos era Goma 2 ECO. No podíamos inventar otro resultado y decir que esa materia entera era Titadyne, como hubieran querido ellos.

7.6.1. De los explosivos a ETA

La explicación a esta polémica la encontramos en la trayectoria que sigue el grupo de personas que defienden primero la participación de ETA, luego la teoría de la conspiración y después la cuarta trama. Aunque son los mismos, su táctica evolucionó en función de las circunstancias de cada momento. Y digo la táctica, porque la estrategia resultó siempre la misma, colocar a la organización terrorista ETA de cualquier forma y a cualquier coste o, al menos, sembrar la duda.

En lo relacionado con los Tedax, de forma paulatina y para incrementar la incertidumbre, fueron distorsionando el contenido del sumario sobre la Kangoo y los efectos hallados en su interior, la bolsa desactivada en el Puente de Vallecas, la metenamina, la radiografía de la bomba, la manipulación del teléfono móvil del artefacto, la recogida y custodia de restos o los móviles de ETA. Todas estas cuestiones, en unos casos a medida que avanzaba la instrucción y, en otros, en la vista oral, se vinieron abajo. Tampoco podían seguir planteándose como preguntas parlamentarias en el Congreso de los Diputados, porque habían perdido consistencia. Ante esa situación, se centraron en los análisis de los restos de las explosiones en los trenes que, según entenderían ellos, era lo único que les quedaba.

La falta de resultados científicos no impedía una convicción judicial sobre el hecho juzgado, puesto que existía un conjunto de pruebas que sustentaba una versión verosímil. Por eso, la obsesión por determinar científicamente el explosivo concreto de las bombas de los trenes carecía de sentido. Claro que es importante determinarlo, pero no imprescindible. De hecho, hay numerosas sentencias a terroristas de ETA, confirmadas por el Tribunal Supremo, en las cuales no se ha determinado la marca, ni siquiera el tipo de explosivo utilizado.

Pero para este grupo de personas, que suscitaban la conspiración mediática, resultaba inaceptable que no se determinara el arma del crimen, el explosivo utilizado en los trenes. Sin embargo, no tenían razón, ya que había suficientes indicios para que el tribunal se convenciera de que era principalmente Goma 2 ECO, como refleja la sentencia. Existen numerosas resoluciones sobre atentados en los que no se ha averiguado el explosivo empleado, por lo que inevitablemente queda reflejado que sus divulgaciones no están basadas en la buena intención.

La descarada defensa de intereses ajenos al proceso y a las víctimas, se dejó entrever cuando algunos medios, insistentemente, criticaron al juez de instrucción, al ministerio fiscal y al comisario jefe de los Tedax con noticias estrambóticas, falsas y, en algunos casos, cómicas. Aunque esto era lamentable, más lo fue que algunos miembros del Grupo Popular del Congreso avalaran o tomaran en consideración esas noticias y formularan, valiéndose de ellas, preguntas parlamentarias.

Amparar la exigencia de averiguar los explosivos en la vista oral, desde la posición de defensa, parecía lógico; pero era muy grave, y no tenía justificación, que lo mantuvieran representantes legales de la AVT o de Ayuda a las Víctimas del 11-M. Grave, porque con ello pretendían destruir las pruebas que imputaban a los autores. No se entiende este comportamiento cuando, en los atentados de ETA en los que se desconoce el tipo de explosivo, esos representantes legales de la AVT ha basado su estrategia jurídica apoyándose en análisis e informes de los Tedax elaborados por esta perito química. En el juicio del 11-M, sin embargo, pidieron que se dedujera testimonio a esta perito y a mí.

En definitiva, para situar a ETA en los atentados, los partidarios de estas teorías centraron sus esfuerzos en mantener, aunque fuera de forma virtual, la aparición de Titadyne en el lugar donde no se sabía la marca de la dinamita [en los trenes]. Les interesaba que los ciudadanos mantuvieran las dudas sobre la autoría de ETA; de ahí la insalubre opinión publicada para que quedara esa percepción. García-Abadillo, en El Mundo de 25 de julio de 2006, sin ningún pudor escribía: “Parecía claro que la intención del jefe de los Tedax era demostrar que el explosivo utilizado no era Titadyne, sino Goma 2 ECO, lo cual era fundamental para determinar la autoría del atentado y, por tanto, para condicionar el resultado electoral de los comicios que se celebraban el día 14 de marzo”.

Aún después de las sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, el 22 de febrero de 2010, y en el mismo medio, este periodista se preguntaba “por qué es tan importante la determinación del explosivo que utilizaron los terroristas del 11-M”. “Lo que hace especialmente relevante esa cuestión en el mayor atentado cometido en la historia de España es que, en ese caso, el tipo de explosivo determinaba la autoría del mismo”.

En la misma línea, Jaime Ignacio del Burgo (ex diputado del PP y miembro de la Comisión de Investigación del 11-M) con motivo de la publicación del libro Titadyn, en El Mundo de 20 de septiembre de 2009, en un artículo titulado ¿Y si nos hubieran dicho que fue Titadyn?, este diario se preguntaba “qué hubiera pasado si entre el 11 y el 14 de marzo nadie hubiera tenido duda alguna de que el explosivo utilizado por los terroristas era Titadyn?”. La respuesta, continuó Del Burgo, “está al alcance de cualquiera, incluso para Rodríguez Zapatero”.

La campaña de acoso quería presentarme como el culpable de haber confundido al Gobierno en esos primeros momentos. En otras palabras, el objetivo principal en toda esta historia era disculpar, con trascendencia para el futuro, la equivocación del Ejecutivo esos días. ¿Cómo se consigue esto? Con una insistente y machacona opinión publicada en algunos medios de comunicación que ignoró la realidad y la verdad judicial, para así, dejar la duda en la sociedad sobre la participación directa o indirecta de ETA en el atentado y la visualización de ciertos mandos policiales como culpables de alguna negligencia o una manipulación deliberada.

En un mundo aparte, Ramírez, otros agujerólogos y sus mariachis (incluidos algunos leguleyos) han ido más allá de la conspiración sobre el análisis de los explosivos, han llegado hasta extremos impredecibles cuando han defendido e insinuado, fuera y dentro de la sala, que las estructuras de seguridad del Estado (la cuarta trama) estaban involucrados en los atentados[71].

A pesar de la imposibilidad técnica de determinar la marca del explosivo detonado, asumida por científicos y técnicos en la materia, quien redactara la sentencia que desestimaba la demanda que interpuse contra periodistas de El Mundo (Juzgado de 1ª Instancia nº 56, de 11 de septiembre de 2009, https://bit.ly/documentoslasbombasdel11M) obvió tal circunstancia y asumió como presupuesto fáctico constatado (página 34) las publicaciones descabelladas de estos periodistas, a los que otorgó gratuitamente el carácter de veraces. Fueron falsas, había una imposibilidad técnica que nada tenía que ver con mi comportamiento profesional. No impedí averiguar la marca del explosivo para ocultar la participación de ETA, como publicaron. En segunda instancia judicial, como no se revisa la práctica de la prueba, la sentencia no entró en las mentiras difundidas.  

8.- Causas y consecuencias de una estrategia errónea

8.1.- Reuniones de coordinación o gabinete de crisis

Desde el primer momento, tanto en el ámbito político como en el profesional de la Policía, se celebraron reuniones para la gestión inmediata de la crisis provocada por el dramático atentado.

8.1.1. En el ámbito político. Aznar relegó a la Comisión Permanente

Los datos incompletos o inexactos que, por el motivo que fuera, recibieron y manejaron los políticos en los primeros momentos pudieron ser la causa del enfoque inadecuado de las reuniones iniciales. Esa información, como se vio posteriormente, se convirtió en el origen del error y, consecuentemente, del mal causado a las instituciones y a los profesionales que trabajaron en la investigación de los atentados durante un largo periodo. Los estados mayores de los partidos políticos descartaron reunir la Mesa de Partidos o convocar la comisión permanente del Pacto Antiterrorista, solicitada por algún dirigente. Según García-Abadillo[72], Zapatero planteó esta posibilidad a Mariano Rajoy la misma mañana del 11-M. Ambos eran candidatos a la presidencia del Gobierno en las elecciones del 14-M. Este periodista afirmó que Rajoy no le dio respuesta, pues fue Aznar, aún presiente del Gobierno, junto a sus asesores, quien tomó la decisión de no convocar la comisión. Decisión  valorada negativamente por la Comisión Parlamentaria (página 73): La Comisión de Investigación valora negativamente que el máximo órgano de coordinación y dirección de que dispone el Gobierno de España para afrontar una situación de crisis no fuera convocado tras la masacre del 11 de marzo.

Con esta opción se perdió la oportunidad de gestionar conjuntamente la misma información por parte de todos los partidos políticos, lo que hubiera permitido sobrellevar mejor el clima emocional en que se sumieron el Gobierno, la clase política y la opinión pública. Quizá lo más nefasto resultó la ausencia de liderazgo social por parte de los dirigentes políticos. Éstos, perdidos en disputas e intrigas, dejaron a los ciudadanos sin un referente claro de fortaleza para hacer frente a la crisis.

Tres años después del atentado, se volvió sobre la polémica actuación política de aquellos días. En una entrevista publicada en el diario digital Público.es, el 17 de noviembre de 2007, Duran y Lleida, líder de Unión Democrática de Cataluña, afirmaba: “El PP no ha sabido asumir una responsabilidad y no se ha dado cuenta de que las elecciones no las ganó el PSOE, sino que las perdió el PP. No asume que la razón por la que el PSOE movilizó a la gente y el PP perdió las elecciones es porque el Gobierno de entonces mintió respecto a la autoría de los atentados”.

El País[73], por su parte, publicó que el sociólogo Pedro Arriola, asesor de Aznar, horas después del atentado, comentó: "Si ha sido ETA, barremos; si han sido los islamistas, gana el PSOE". Estos comentarios, posiblemente, estaban inspirados en lo que ya escribió García-Abadillo en el 2004[74], a los que además el periodista añadió: “Esa reflexión caló profundamente en los hombres que tenían la responsabilidad de llevar el timón del país en un momento difícil y doloroso. Y probablemente fue la causa de muchos de los errores que se cometieron en las horas siguientes”. Lo del periodista de El Mundo resultaba paradójico cuanto menos, ya que, tras escribir esto, sin solución de continuidad, comenzó a ser uno de los estandartes de los agujerólogos.

En 2008, los medios de comunicación continuaron haciendo las mismas valoraciones sobre el papel que jugó la clase política[75]: “Rajoy tiene una extraña manera de ejercer la oposición. Gastó los dos primeros tercios de la pasada legislatura en tratar de explicar, sin conseguirlo, los errores que le hicieron perder las legislativas de 2004 y las torpezas con que el Gobierno del PP gestionó el mazazo del 11-M”, dijo Manuel Martín Ferrand en ABC.

La posición adoptada por algunos miembros del Gobierno o próximos a él durante los primeros días derivó en circunstancias que iban en sentido opuesto a las opciones apuntadas, y esto les lastró para siempre. Luego pretendieron dar explicaciones y justificarse. Para ello apoyaron la hipótesis de la autoría de ETA y una extraña teoría de conspiración que desviaba la responsabilidad hacia los profesionales de la Policía, que ejecutaron bien su trabajo, como quedó demostrado con la localización de los terroristas el 3 de abril de 2004 y, después, con la contundente ratificación de las sentencias de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.

El camino que iniciaron con estas decisiones equivocadas, a las que se unieron otras conductas inadecuadas de todos los signos políticos, fue en dirección contraria al sentido de Estado. Al ejercicio de la política se le imprimió una tendencia excesiva hacia la movilización emocional de la sociedad. Esto provocó condiciones graves e irreversibles a nivel social y político que cambiaron el curso de los acontecimientos. A lo que sumo los perjuicios soportados por aquellos profesionales (entre otros, yo) a los que pusieron en el punto de mira con la finalidad de justificar o encubrir responsabilidades de quienes debieron adoptar otras medidas.

Desde el principio, mi percepción de lo acontecido y de la impericia política expuesta me ayudó a comprender, asimilar y soportar lo que vendría después. Dada la incesante propagación de teorías absurdas, hasta que no se publicó la sentencia, no hubo un convencimiento claro y generalizado sobre la realidad de lo sucedido en la gestión de la información y de otras actuaciones políticas.

Decía Sófocles que las mentiras no suelen durar tanto como para  hacerse viejas. Sin embargo, las del 11-M siguieron cumpliendo años con buena salud, gracias al esfuerzo y dedicación de algunas personas que, a base de excrecencias mediáticas, alargaron la vida de las aberrantes teorías de la conspiración. De ahí que mi condena al descrédito, a la infamia y al sufrimiento fuera larga. Más de nueve años. Al fin y al cabo, como escribió Kafka en El Proceso, “la condena no es un golpe fulminante, es el procedimiento el que pasa, poco a poco, a ser la auténtica condena”.

8.1.2. En el ámbito policial

En los distintos niveles de responsabilidad, desde los primeros momentos, nos reunimos los cuadros de mando para compartir información, efectuar las evaluaciones desde el punto de vista operativo y técnico y adoptar las líneas de acción más adecuadas. Estas líneas de acción, a medida que las distintas unidades policiales las ejecutaban, se revelaron acertadas por su eficacia, con unos resultados finales óptimos que quedaron evidenciados en el juicio y en la sentencia. Ese primer gran esfuerzo por someter a la justicia a individuos relacionados con una compleja federación de franquicias, como es Al Qaeda, fue destacada por la prensa internacional. Periódicos y televisiones de todo el mundo consideraron que, después de los atentados del 11-S, no se había producido nada similar en la dimensión de las investigaciones policiales y de este juicio llevado a cabo en España. Las actuaciones de los profesionales del cuerpo fueron calificadas como un paso moral muy importante en la lucha contra el terrorismo y en la defensa de la democracia.

En contraste con la deficiente actuación política en esos primeros momentos, la policial fue un éxito profesional que el Gobierno no quiso apuntárselo como propio. ¿Por qué lo hizo e incluso intentó transformarlo en todo lo contrario? Resulta increíble que algunos políticos, con responsabilidades en el Gobierno durante los atentados, jaleados por El Mundo y la Cope, optaran, mediante preguntas parlamentarias, por presentar los resultados como una gestión profesional nefasta, envuelta en una conspiración.

Según apareció publicado en El País del 16 de marzo de 2007, el origen de la equivocada deriva de los acontecimientos se encontraba en unos políticos en concreto que, ante las dudas, dieron recomendaciones a determinados profesionales de la Policía para mantener la autoría de ETA en los atentados y alegaron que posteriormente se darían las explicaciones correspondientes. Este mismo periódico contó que algunos de esos policías, ante la sucesiva aparición de indicios, se mostraron renuentes a estas recomendaciones. Es lógico, a un profesional le repugna entrar a valorar hipótesis de naturaleza política, y más en esa situación.

8.2. Primera causa: Fallos en las políticas de seguridad preventiva

8.2.1. Escasez de recursos contra el terrorismo islámico.

Desde los años 80, España había sido objeto de varios atentados terroristas protagonizados por grupos islamistas, bien en territorio nacional o contra nuestros intereses en el extranjero. Sin embargo, en la década de los noventa, al bajar las incidencias de esta naturaleza, la concentración de esfuerzos se dirigió hacia ETA, por lo que perdimos la perspectiva respecto a la amenaza del terrorismo internacional. A finales de los noventa, la actividad de esos grupos se incrementó en otros países y España volvió a percibir ese terrorismo como una posible amenaza, pero la potenciación de los efectivos policiales que se le dedicó fue lenta y tímida.

En la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre el 11-M, se puso de manifiesto la escasez de medios destinados a la lucha contra el terrorismo internacional cuando ocurrieron los atentados. Pocos policías especializados, falta de traductores o deficiente control y vigilancia de explosivos eran algunas de las carencias, que por otra parte también se habían detectado en otras modalidades de delincuencia organizada.

No obstante, ya antes de los fatídicos atentados, algunos habíamos señalado la importancia de incrementar recursos ante las nuevas amenazas. En año 2000, se puso en marcha el programa Policía 2000, un proyecto que pretendía reducir la delincuencia poniendo especial atención en seis puntos geográficos estratégicos (Alicante, Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla y Valencia), donde se cometían un número mayor de delitos o con una determinada relevancia. El objetivo era mejorar el servicio al ciudadano con previsiones que pretendían reducir la criminalidad.

Los aspectos positivos que tuvo el programa Policía 2000 no se pueden negar. Se incrementaron las patrullas con motocicleta para prestar más atención al ciudadano y prevenir la pequeña delincuencia, por ejemplo. Sin embargo, también conllevó aspectos negativos, como la descapitalización de recursos humanos y materiales de las brigadas de Información e investigación y de otros servicios policiales especializados. En conclusión, se disminuyó en gran medida el carácter represivo de la Policía –que en definitiva era aplicar la ley, algo consustancial a las auténticas y eficaces funciones policiales– en beneficio de otras actuaciones de carácter asistencial.

En mi libro Seguridad Privada. Apuntes y Reflexiones[76], en el capítulo VII, Estrategias en seguridad: perspectivas, explicaba cuáles eran los caminos que consideraba más adecuados para afrontar las nuevas amenazas para la seguridad en la sociedad actual. Estos planteamientos eran inversos a lo que implicaban algunos aspectos del programa Policía 2000. En aquellos años, mis opiniones no cayeron bien en las altas esferas, pero sí gozaron de simpatía de una buena parte de los profesionales. En este libro también anuncié el efecto previsible que tendría el Programa Policía 2000. Los recursos humanos y materiales de la Policía Nacional son los que son; si los dedicas a unas funciones, los tienes que detraer de otras. En el desarrollo e implantación de este programa se potenció la seguridad del ciudadano –riesgo individual– en detrimento de la seguridad del Estado y de la sociedad –riesgo colectivo, del sistema–, donde la prevención, intervención e investigación se centran en el terrorismo y en otras formas de delincuencia organizada. Por todo esto, ya entonces afirmaba lo siguiente: “Hoy, en la sociedad occidental, tiene más relevancia el concepto de seguridad que el de defensa. Los riesgos de materialización más probable son los delitos (terrorismo, estrangulamiento económico o financiero...), no los conflictos bélicos. La evolución de las Fuerzas Armadas y la de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deben tener presente esta tendencia. La organización policial es la experta en el diseño de estrategias en seguridad. Analizando la información de la que dispone, puede determinar las necesidades del futuro. Una organización que se debilita en lo que son sus principales activos, a largo plazo, deja de servir para satisfacer los intereses generales que justificaron su creación. Esta perspectiva no puede ser ignorada”.

              La visión estratégica en la Guardia Civil, en gran parte y desde su idiosincrasia, era coincidente con lo expuesto en mi libro. Casi un año después, el Centro Superior de Estudios de la Defensa divulgó una monografía sobre la Revisión de la Defensa Nacional[77], que era resultado de la labor de un grupo de trabajo formado por seis vocales y presidido por el entonces jefe del gabinete del director general de la Guardia Civil, Ignacio Cosidó Gutiérrez. A pesar de que han transcurrido más de 11 años de su publicación, su contenido no ha perdido vigencia:

“Todos estos acontecimientos, desde la caída del muro de Berlín hasta los ataques del 11 de septiembre, confirman una transformación radical de nuestro entorno estratégico. Estos cambios requieren una revisión en profundidad tanto de los medios como de las estrategias de nuestra defensa e incluso transforman el propio concepto de seguridad (pág.11)”.

“Otra gran consecuencia de la globalización y del progreso tecnológico es el incremento de las amenazas transnacionales protagonizadas por agentes no estatales, como el terrorismo y la delincuencia organizada. El informe del National Intelligence Council [Global trends 2015. 2000] destaca que no sólo los estados descontentos, sino también los terroristas, los traficantes de armamento, los narcotraficantes y otros delincuentes organizados se beneficiarán de las nuevas tecnologías de la información y de otros avances tecnológicos para promover sus actividades en el ámbito internacional. (pág.25)”.

“Aunque los analistas internacionales reconocen un nuevo papel de las Fuerzas Armadas ante las nuevas amenazas, es en el alcance de estas atribuciones donde estaría centrado el debate,; no obstante es mayoritariamente aceptado que, en lo referente a la posible actuación contra el crimen organizado, el terrorismo o el control de los flujos migratorios, la responsabilidad primera deba mantenerse en las FCSE y que las Fuerzas Armadas puedan actuar en apoyo de las anteriores (pág.189)”.

A pesar de las críticas recibidas entonces, siempre pensé que estaba en lo cierto. El otro cuerpo de seguridad estatal daba pasos en la dirección que yo apuntaba. En la Policía Nacional, el programa Policía 2000 descapitalizó los recursos humanos en las especialidades que debían dar respuesta a las amenazas, que varios ya veíamos asomar en el horizonte.

8.2.2. Insuficiente coordinación de la información disponible

Antes de los atentados del 11 marzo de 2004, como se puede comprobar en las conclusiones de la Comisión Parlamentaria de Investigación del 11-M, en el sumario y en la vista oral, existían varios informes elaborados por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, así como por el CNI, en los que se alertaba del progresivo riesgo de que España se convirtiera en objetivo del terrorismo islamista. Hubo diversos indicadores que advertían del riesgo de un ataque. Un aviso serio fue el atentado en Casablanca (Marruecos) contra la Casa de España el 16 de mayo de 2003, en el que estuvieron implicados individuos relacionados con algunos autores del 11-M. Tampoco se debió soslayar que parte de la preparación del atentado del 11-S, en EEUU, tuvo lugar en España[78].

Varios de los condenados por el 11-M fueron investigados con anterioridad a los atentados, incluidos los miembros de la trama asturiana de explosivos. Algunas de estas investigaciones estuvieron solapadas por diferentes unidades policiales a causa de insuficiente o inadecuada coordinación, que también conllevó que no surtieran efecto las confidencias proporcionadas al CNI y a las fuerzas de seguridad por parte de algunos condenados o de individuos estrechamente relacionados con ellos.

En las conclusiones de la Comisión Parlamentaria (https://bit.ly/documentoslasbombasdel11M) aprobadas por el Pleno[79], en su página 49, es bastante explícita en este sentido:

De haber existido una coordinación en las investigaciones y una correcta comunicación y puesta en común de las informaciones existentes, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrían haber dispuesto de mayores certezas y de información global suficiente para ampliar e intensificar las investigaciones que se estaban llevando a cabo en el entorno de diversas personas relacionadas con el terrorismo islamista que finalmente resultaron ser los autores de los atentados del 11-M.

Las informaciones y pesquisas anteriores no fueron suficientes para evitar la tragedia del 11-M, como ha sucedido en otros ataques terroristas. Por lo tanto, no cabe hacer reproche alguno. Sin embargo, después de observar lo que consta en el sumario y se manifestó en la vista oral, esos indicadores anteriores sí que deberían haber bastado para que, en el mismo momento en que se cometió, las diferentes instancias de seguridad y servicios de inteligencia hubieran proporcionado al Gobierno no opiniones, sino evidencias sobre la auténtica y más que anunciada autoría islamista del atentado.

Asimismo, la convocatoria de la celebración de elecciones a los tres días siguientes tendría que haber servido como un motivo más para realizar una valoración diligente de los datos que existían con anterioridad y evitar así la sucesión de errores y actuaciones equivocadas que actores políticos y mediáticos cometieron. Quizá la inmediatez de los comicios produjo una ansiedad que tuvo un efecto contrario al deseado; es decir, no se apreciaron objetivamente las informaciones que ya existían. Unos y otros perdieron el tiempo en buscar explicaciones al por qué ha ocurrido y cómo no se ha podido evitar en lugar de llevar a cabo lo prioritario en esos momentos, explicar al Gobierno la más que probable autoría islamista. Estos servicios, como quedó demostrado, tenían en su poder indicios suficientes para informar de lo que ya se revelaba como la posibilidad más probable: habían sido los islamistas radicales.

8.3. Segunda causa: inadecuada gestión de la comunicación

8.3.1. Titadyne

Como ya he mencionado, nada más ocurrir los atentados, los políticos presentes en los lugares de las explosiones demandaron con insistencia información sobre la posible autoría. Sin embargo, los especialistas Tedax no proporcionaron ningún apunte de esta naturaleza. Alguien ajeno a la especialidad habló de la utilización de Titadyne –explosivo que utilizaba habitualmente ETA– y los órganos directivos de la Policía decidieron facilitar ese dato al entonces ministro del Interior, Ángel Acebes. A este respecto, en la Comisión Parlamentaria (página 64) se concluyó: La rotundidad de las respuestas de Santiago Cuadro, Ex Comisario General de Seguridad Ciudadana [mi jefe inmediato], convencido al cien por cien de que nunca dijo Titadyne contrastan con las afirmaciones en la misma Comisión de Investigación del entonces Subdirector General Operativo de la Policía, Díaz Pintado, que afirmó expresamente que el Sr. Cuadro le había dicho Titadyne y que por este motivo lo transmitió así a sus superiores, siendo uno de los orígenes de la divulgación en todos los medios de comunicación y en las distintas Embajadas a través de telegramas de un dato, que, finalmente, resultó falso, pero que fue muy relevante a la hora de poder afirmar en las primeras horas tras los atentados del 11-M que la autoría apuntaba a ETA.

En idéntico sentido, en su comparecencia ante la Comisión del 11-M, el Jefe de los TEDAX, Sánchez Manzano, afirmó: «Ni yo ni nadie de mi Unidad dijo nunca que la dinamita fuera Titadyne…».

Yo no podía declarar otra cosa, ni mi jefe inmediato, al que tenía debidamente informado,  tampoco. A las 8.30 horas del 11 de marzo, los Tedax ya habían descartado esta marca de dinamita. Así lo declararon en la vista oral. Basaron su exclusión en el color del humo y en los efectos dejados en los vagones donde se produjeron las explosiones. A lo que hay que añadir que los desactivadores, que examinaron las bolsas con las bombas neutralizadas en El Pozo y en Atocha, observaron que la masa explosiva era de color blanco marfil, lo que se reflejó en la nota informativa del 12 de marzo de 2004. El Titadyne es de color naranja o rojizo.

Posteriormente, en la Comisión de Investigación Baltasar Garzón alegó que no pudo identificar al Tedax que, según había dicho el propio juez, le había comunicado, en la estación de Atocha, que era Titadyne. Por otro lado, las declaraciones en la Comisión Parlamentaria y los testimonios de la vista oral reflejaron dos sucesos incomprensibles. El primero, que miembros de la Junta de Gobierno de la Policía declararon que al ministro del Interior no le habían desmentido inmediatamente que los terroristas hubieran utilizado Titadyne en los atentados. Y el segundo, que tampoco le facilitaron los datos obtenidos con lo hallado en la furgoneta Kangoo hasta las 18.00 horas, cuando se inició una reunión en el Ministerio para coordinar la información disponible hasta ese momento. ¿Por qué todo esto no se comunicó antes, si se trataba de indagaciones relevantes y ecuánimes en esos momentos?

Sin embargo, en la Comisión Parlamentaria se llega a una conclusión contundente (página 58): Ni un solo dato de la investigación policial —que era conocida en tiempo real por los responsables políticos de seguridad— indicó en ningún momento que esta organización terrorista [ETA] tuviera nada que ver con los atentados,…

8.3.2. ETA y los comunicados internacionales

El 11 de marzo fue una jornada en la que la Unidad Central Tedax obtuvo una considerable cantidad de información. Durante las primeras horas, ya disponíamos de datos, que se notificaban a los órganos superiores cuando los considerábamos debidamente contrastados. A las 8.00 horas de ese día, el 091 me confirmó que no existía ninguna llamada que anunciara la colocación de las bombas en los trenes, como sí había sucedido en otros atentados terroristas. Tan solo media hora más tarde, los Tedax localizaron una mochila bomba en la estación de El Pozo. En el artefacto había un teléfono sobre una masa blanquecina. A las 9.00 horas, hallaron otra bomba, de las mismas características en la estación de Atocha. En ambas, los especialistas aplicaron técnicas de desactivación, en las que descartaron que se tratara de explosivo Titadyne. El jefe de grupo de Madrid, durante la desactivación en Atocha, nos comunicó estas valoraciones y apreciaciones técnicas a Santiago Cuadro y a mí.

Alrededor de las 14.00 horas, ante la imposibilidad de averiguar la marca comercial, solo se había podido determinar la utilización de dinamita en los focos de las explosiones. Una hora después, la Policía Científica nos entregó un resto de un cartucho de dinamita y siete detonadores encontrados en la furgoneta Kangoo descubierta en Alcalá de Henares. Fue en este momento cuando obtuvimos los primeros indicios racionales sobre el tipo concreto de dinamita, Goma 2 ECO, y los detonadores empleados en el 11-M. Simultáneamente a este último hallazgo, el laboratorio de los Tedax analizaba los datos que disponían. Los resultados permitieron descartar antecedentes similares con materiales empleados en otros atentados cometidos en España. Además, otro punto clave en relación con la interpretación de esos indicios fue la cinta de casete con versículos del Corán que los policías de Información descubrieron, entre otros objetos, en la furgoneta.

A pesar de todo lo anterior, a las 17.30 horas del 11 de marzo, el Ministerio de Asuntos Exteriores transmitió un telegrama a todos los embajadores de España en otros países, que declaraba: “El ministro del Interior ha confirmado la autoría de ETA. Así lo confirma el explosivo utilizado y el patrón utilizado en los mismos, que es el habitual de ETA (…) Deberá VE aprovechar todas las ocasiones que se le presenten para confirmar la autoría de ETA en estos brutales atentados, ayudando así a disipar cualquier tipo de duda que ciertas partes interesadas puedan querer hacer surgir”[80]. El telegrama llevaba la firma de la ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio. Con las informaciones proporcionadas desde España, a las 18.00 horas de ese mismo día, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó una resolución de condena del atentado, que mencionaba específicamente a la organización terrorista ETA como su autora.

¿Cómo es posible que hasta esa hora el ministro del Interior no tuviera conocimiento de todas las novedades aquí citadas, comunicadas puntualmente por los Tedax y observadas directamente por miembros de la Junta de Gobierno (dos comisarios generales)? ¿Cómo es posible que el Gobierno no dispusiera de los datos facilitados por los confidentes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado antes de los atentados y que, una vez cometidos éstos, no adquirieran inminentemente carácter de verosimilitud?

Tras el 11-M, tanto en el proceso judicial[81], en la Comisión Parlamentaria como en el juicio se verificó que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el Centro Nacional de Inteligencia disponían de confidentes en los grupos islamistas radicales y en los que traficaron directamente con los explosivos. La sentencia reconoce que estos confidentes, algunos condenados como colaboradores, no proporcionaron apuntes suficientes para impedir la comisión de los atentados. Si bien es cierto que, una vez producidos, esos indicios facilitados se tendrían que haber tenido muy en cuenta, cuanto menos, para indicar que nada apuntaba a la banda terrorista ETA. Dada su relevancia, el Gobierno debería de haber dispuesto de esa información de inmediato.

La suma de los datos obtenidos aquel día de los atentados, más otros que se derivaban de amenazas, informes[82], confidencias e investigaciones practicadas sobre la yihad con anterioridad a los atentados, resultaban suficientes para haber evitado la precipitación y la equivocación de los comunicados citados, así como sus secuelas nefastas sobre la credibilidad del Estado a nivel internacional.

Estoy convencido de que el buen sentido del Gobierno hubiera impedido la valoración de un suceso antes de comprenderlo en toda su amplitud. Por eso, solo entiendo estos hechos si, en alguno de sus aledaños, alguien interpretó una realidad sin haberla descrito antes. Valorar antes de conocer la totalidad de un episodio, y más de tal envergadura, suele conllevar consecuencias muy negativas. Es muy probable que algún consejero palaciego, ajeno al Gobierno, propusiera la línea de actuación que se ejecutó ante la opinión pública. Pensaría que era fácil mantener el mensaje a pesar de los datos que iban apareciendo. Se equivocó. Tratar de reconstruir esa realidad ficticia una vez conocida la verdad, para justificar o adaptar las decisiones que se adoptaron en su día, es muy difícil, aunque las invenciones sean tan osadas e ingeniosas para repartir culpas.

8.3.3. Pretendida solución al problema del Titadyne

Recordemos la frase publicada en El Mundo el día antes de mi comparecencia ante la Comisión Parlamentaria, el 6 de julio de 2004: “Sánchez Manzano, jefe de los Tedax, deberá aclarar por qué su unidad afirmó que el explosivo utilizado era Titadyne, el usado por ETA, y no Goma 2 ECO. Un error que permitió al Gobierno pensar que tras la masacre estaba la organización vasca”. Aquí se atribuye la equivocación a los Tedax. Este fallo, que nada tenía que ver con mi unidad, fue considerado por los paladines de la conspiración como la causa de que el Gobierno tramitara comunicados internacionales con un contenido incorrecto. Como en la Comisión no asumí que el error lo cometieran los miembros de la especialidad, montaron ese circo basado en improperios mediáticos para que, al final, quedara la duda. Esta es la causa principal. Se podrían añadir motivos o intereses de negocio que también avivaron esta situación pero, en mi opinión, eran objetivos secundarios.

En fechas posteriores a los atentados, a finales de mayo y principios de junio, antes de que iniciara su andadura la Comisión Parlamentaria, me convocaron varias instancias del Ministerio del Interior para solucionar el problema o el error del Titadyne. La hipótesis que se me planteó era sencilla. Si el error partió de los Tedax, como son los técnicos, la equivocación de esferas superiores quedaba debidamente justificada. Esta salida sería incuestionable y fácilmente disculpable para todos los actores sociales y políticos. También, en general, sería aceptada por el ciudadano.

La cuestión quedaría para la historia en que unos negligentes, los Tedax, eran los culpables de haber confundido a todo el mundo, tanto al Gobierno y, consiguientemente, a los organismos internacionales, como a la sociedad española. Sin embargo, no se puede considerar válido que un Tedax operativo hubiera comunicado directamente a la superioridad un aspecto de esas características sin pasar por la cadena de mando, como está establecido. Quien le diera validez a un comentario ajeno a los canales oficiales habría sido un inconsciente. Lo apuntado por Garzón nunca fue demostrado. Ni siquiera se hallaron indicios de que se produjera. En cualquier caso, para descartarlo, la unidad llevó a cabo la investigación interna citada.

En las sucesivas ocasiones que me convocaron para asumir lo del Titadyne, mi contestación siempre fue la misma: “Sabéis que en nosotros no está el error. A mí nadie me habló de Titadyne. A las 14.00 horas del mismo 11 de marzo se os comunicó lo único que teníamos, que solo se podía saber que era dinamita”. En todo momento, añadí: “No puedo admitir algo que no se corresponde con la realidad y dejar para siempre manchada la historia de la especialidad. No consentiré que se diga que los Tedax confundieron al Gobierno de la nación”. Mi negativa entonces fue rotunda, como después lo fue en la Comisión Parlamentaria.

En esos momentos, ya era consciente de lo que me iba a costar personalmente defender la especialidad. De todas formas, era mi obligación y nunca me he arrepentido de ello, más bien lo contrario, a pesar de la soledad y, en algunos casos, la ingratitud que he recibido como recompensa. En realidad, el tema del Titadyne tuvo poca o nula relevancia en las equivocaciones del Gobierno, ya que, al margen de toda la información acumulada ese día y el error de afirmar la utilización del Titadyne, se siguió con la obsesión de la autoría de ETA en los días posteriores. El mismo García-Abadillo manifiesta en su libro 11-M La Venganza (página 57) que el entonces director del CNI, Jorge Dezcallar, a altas horas de la madrugada, confesó a la ministra de Asuntos Exteriores su inseguridad: “Tenemos dudas porque hay cosas que no cuadran, pero nos seguimos inclinando por ETA”. Otro que no se había enterado de lo que habían averiguado los Tedax, comunicado a la cadena de mando y observado personalmente por Jesús de la Morena, Comisario General de Información.

8.3.4. Mantener la autoría de ETA

A las 5.30 horas del día 12, los Tedax consiguieron desactivar la bomba encontrada entre las pertenencias de las víctimas de la estación del Pozo, en la Comisaría de Puente de Vallecas. Gracias a ello, obtuvimos información precisa sobre la composición y funcionamiento del artefacto, así como que las características de varios de sus elementos coincidían con las neutralizadas en las estaciones de El Pozo y Atocha y con el material de naturaleza explosiva hallado en la furgoneta.

Con los datos disponibles del día anterior (vestigios, detonadores, resto cartucho de dinamita) y con los obtenidos en esta desactivación, establecimos de inmediato que el detonador de esa bomba era igual a los hallados en la Kangoo. También comprobamos que se trataba de Goma 2 ECO, como la del resto del cartucho descubierto en la furgoneta. En la especialidad, con estos indicios, volvimos a cotejar antecedentes sobre atentados cometidos en España hasta el momento y no había ninguna similitud. Habitualmente, si encontramos cualquier coincidencia, la comunicamos a los órganos superiores y a la unidad que lleve la investigación.

Todo lo anterior lo remitimos mediante la citada nota informativa la mañana del ese día 12. Esta nota tiene una importancia vital, porque en menos de 24 horas después del atentado y con datos fiables pudimos establecer hipótesis claves en la investigación que, progresivamente, se fueron confirmando. Vuelvo a reiterar, en esos momentos, con todos los indicios que teníamos acerca de los explosivos, nada apuntaba a ETA, como declaré en la comisión y en la Vista Oral. La unidad comunicó los resultados de sus investigaciones de forma aséptica, sin emitir juicios de valor ni apreciaciones sobre la autoría u otras cuestiones que no estuvieran debidamente contrastadas, como ha hecho habitualmente. Es un departamento policial de carácter instrumental, con unas competencias muy específicas, y le corresponde únicamente aportar los datos técnicos relacionados con los artefactos explosivos a la instrucción de las diligencias policiales, en la que se centraliza toda la investigación.

El mismo día en el que remitimos nuestra nota informativa, a las 18.00 horas, hubo un comunicado oficial del Gobierno en el que anunciaba la desactivación de la bolsa-bomba en Puente de Vallecas. El mensaje también continuaba manteniendo la autoría de ETA como la hipótesis más verosímil apoyándose en las campañas de esta organización terrorista en Baqueira en Nochevieja de 2002 y en Nochebuena de 2003 –estación de Renfe, Chamartín (Madrid)–. Yo ignoraba qué averiguaciones tenían otras unidades policiales, pero a mí me sorprendió, porque en la Unidad Central de Desactivación de Explosivos y NRBQ disponíamos de la información completa de estas incidencias. Además, se trataba de unos datos que ya habíamos analizado y contrastado con los obtenidos en los atentados del 11-M, sin encontrar similitud alguna desde el punto de vista Tedax, ni en el material utilizado, ni en el modus operandi de montaje y activación de los artefactos. 

El día 13, a las 14.30 horas, el Gobierno dio un comunicado oficial y, en las preguntas de la rueda de prensa, volvió a reafirmar como prioritaria la autoría de ETA, aunque señaló que había otra línea de investigación abierta a partir de la cinta en árabe hallada en la furgoneta Kangoo. Con buen criterio, no informaron de la tarjeta del teléfono que componía el sistema de activación de la bomba, elemento fundamental en la investigación abierta. Por la tarde, a las 18.00 horas, cuando la banda terrorista ETA ya había desmentido su autoría en los atentados, el ministro del Interior siguió reiterando que la hipótesis principal apuntaba hacia ella. Si bien es cierto que, después de las elecciones, una vez admitida la autoría de grupos terroristas islamistas, todavía se siguió insistiendo en la colaboración de esa banda criminal. A tal punto llegó esta conjetura falsa que determinadas acusaciones, las que representaban las asociaciones de víctimas afines al partido del Gobierno de entonces, consiguieron llevar como testigos a la vista oral a tres miembros de ETA, que declararon el 22 de abril de 2007.

8.4. Necesidad de inventar una conspiración

Durante los primeros días, las certezas obtenidas de la actuación policial, debidamente comunicadas, naufragaron en los circuitos de las instancias a las que correspondía interpretarlas. Unas instancias que quizá asumieron el papel de damnificado tras haber creado una realidad virtual, eso sí, bajo la influencia de mentores o consejeros poco recomendables. La explicación sobre la fallida gestión de información tras el atentado, a tenor de lo publicado en medios de comunicación, se dio principalmente por tres circunstancias. La primera es que existió una precipitación de comunicados nacionales e internacionales que atribuían la autoría a ETA, difícilmente justificables. El Gobierno pudo haber esperado a realizar este tipo de comunicaciones, que por otra parte no eran ni necesarias ni convenientes, hasta obtener los resultados de las investigaciones sobre lo hallado en la furgoneta y en los componentes de la bolsa-bomba desactivada 12 horas después.

Por otro lado, el ministro de Interior, al parecer, no disponía de la información sobre el análisis del explosivo y el contenido de la furgoneta (detonadores, resto de cartucho, cinta en Corán…) cuando el Gobierno emitió esos comunicados internacionales. Los resultados los obtuvieron los responsables policiales tres horas antes de emitir dichos comunicados, por lo que no parece comprensible que, en esos momentos, no fueran conscientes de que ETA nada tenía que ver. Y, por último, los servicios de información y los responsables políticos no tuvieron en cuenta los datos facilitados por confidentes ni las amenazas e informes sobre el terrorismo internacional que había con anterioridad al 11-M, indicios que adquirían carácter de veracidad una vez cometido el atentado. Como he dicho antes, estos documentos e informaciones, aireados por la prensa, estaban incluidos en el procedimiento judicial, por lo que es patente la relevancia que deberían haber adquirido.

Las tres circunstancias expuestas generaron una situación complicada que ha sido y es difícil de explicar y de justificar. No es ningún secreto. Muchos medios de comunicación[83] se encargaron de difundir y, en algunos casos, de magnificar esa gestión; al igual que también criticaron el comportamiento de la entonces oposición en los primeros momentos. Aun obviando estos errores iniciales, ese episodio tan difícilmente explicable se hubiera superado una vez que se consiguió el éxito logrado en la identificación, localización y detención de los terroristas a los pocos días de haber perpetrado la matanza. Éxito insólito a nivel internacional que, por algunos, no se supo valorar positivamente en España.

No me corresponde a mí como profesional calificar la actuación comunicativa del Gobierno tras los atentados. No obstante, tras poner en duda el trabajo y la imagen de los Tedax, sí me corresponde, e incluso es mi deber, revelar a la sociedad cómo y cuándo obtuvimos y transmitimos todo lo que descubría nuestra unidad durante la investigación. Una información verificada y contrastada que constituía el mayor porcentaje de datos disponibles en esos primeros días. Siempre comunicamos nuestros hallazgos con rapidez y lealtad íntegra a las instancias superiores de ministerio del Interior.

8.4.1. El primer pilar: el sumario paralelo

No se puso en valor el éxito del Estado en la lucha contra el terrorismo. Sucedió todo lo contrario. Ante los criterios sensatos de varios profesionales, se impusieron los de otras instancias con competencias políticas y los de tres medios de difusión (El Mundo, Cope y Libertad Digital). Optaron, respectivamente, por algo tan irracional como criticar el trabajo de la Policía, realizado bajo el mandato de la marca política que identifica a estos medios. Instruyeron un sumario paralelo y virtual, cuya finalidad radicaba en justificar las comunicaciones erróneas.

En esa línea, Federico Jiménez Losantos, director por aquel entonces del programa matutino de la Cope, disculpó la inadecuada política informativa sobre el atentado y anticipó cuál era el objetivo de esta campaña cuando escribió[84] lo que sigue: “No dudo de que Acebes desconociera los últimos datos sobre el 11-M revelados por El Mundo. Tampoco dudo de que con los diversos ministros del Interior en los Gobiernos del PP hayan sobrevivido células durmientes del felipismo policial, incluida la banda de Interior, que se hayan activado antes, durante o después de la masacre del 11-M (…). Pocas semanas después de aquella carnicería y del vuelco político que logró en España, varios aspectos empiezan a dibujarse con suficiente claridad en la investigación, nada policial y totalmente periodística. El primero es que, tal como muchos sospecharon pensando en los partidos y países favorecidos por el resultado de la masacre, hay en la trama terrorista elementos obvios de conspiración interior, sea por complacencia sea por negligencia en los organismos de seguridad (Policía, Guardia Civil, CNI), que debían seguir y de hecho seguían las andanzas de varios terroristas que han resultado ser confidentes suyos pero que ni informaron a sus superiores, al menos a todos ellos, respetando la cadena de mando, ni actuaron en consecuencia”.

No quiero entrar en intenciones, un terreno muy resbaladizo. Que cada lector conjeture lo que quiera. Sin embargo, sí me atrevo a decir que la tergiversación y la manipulación para esconder fallos y acciones innobles, a través de negar la evidencia y confundir a los demás, es un comportamiento generalizado en personas de poca consistencia personal o profesional. De éstas, en aquellos días, hubo a raudales. La revista Capçalera, en su número de diciembre de 2007, publicó un artículo titulado Crónica de una conspiración mediática[85], en la que desgranó cómo, de la forma más artera, se construyeron las teorías alternativas. Su título es certero, no hubo una conspiración de los aparatos del estado, como dice Pedro J. Ramírez. Lo que en realidad tuvo lugar fue una conspiración de unos medios contra toda la sociedad y, especialmente, contra las víctimas, a las que embaucaron en peripecias judiciales y mediáticas. La introducción a este artículo alude a unos intereses bastardos: “La teoría de la conspiración del 11-M, que defiende una versión alternativa a la oficial, ha sido elaborada desde algunos medios de comunicación de Madrid con importantes intereses políticos, pero sobre todo económicos, de trasfondo”.

Esta línea de acción, mediante embustes zurcidos durante más de ocho años, ha tenido unas consecuencias negativas perdurables, aunque sean menos perceptibles. Los criterios o intereses que condujeron este tipo de acciones, tan ilógicas, fueron desconocidos o inalcanzables para el común de los mortales. En aquel periodo, un sector de la sociedad, con más peso emocional que racional, solo veía lo que se le presentaba de forma sensacionalista: conjuras, conspiraciones y policías y guardias civiles negligentes o torpes. No hace falta inteligencia y perspicacia para que la manipulación surta un efecto efímero en un pueblo tan herido como el español en esos momentos.

No considero acertado el dicho la mentira es la primera de todas las fuerzas que dirigen el mundo. A corto plazo, puede ser; a largo, no. El que practica este tipo de propaganda, de espaldas a los intereses nacionales, sabe que puede tener una ventaja inicial, pero de limitado recorrido, porque la verdad, aunque tenga menos medios, acaba por brillar. Eso es lo que ha pasado con el 11-M. La zozobra y ansiedad de los primeros momentos no ha impedido que la sociedad, en general, haya situado la realidad en sus concretos y precisos términos, dejando al descubierto a la nutrida tramoya de farsantes.

Los autores del sumario paralelo, desde el inicio, concentraron su atención en el durante, en cómo se intervino inmediatamente después del atentado; y en el después, en cómo se investigó el 11-M. Montar el circo mediático sobre el durante y el después tuvo como finalidad, entre otras cosas, el desviar la atención sobre el análisis del antes, es decir en la prevención de causas, circunstancias o condiciones por las que se produjo el atentado. Sobre esta fase anterior, en la que había amenazas, informes y confidencias, se dieron tímidas pinceladas para dejar el camino libre a la búsqueda de la conexión con ETA. En ningún momento, El Mundo, la COPE y representaciones legales de asociaciones de víctimas afines afrontaron un juicio de autocrítica sobre la prevención del atentado, que hubiera sido lo más lógico.

En los atentados de Londres, del 7 de julio de 2005, la situación tornó diferente. Los familiares de los 52 muertos y los supervivientes solicitaron una investigación independiente sobre la vinculación de terroristas conocidos por las fuerzas de seguridad, con los autores de los atentados, y advirtieron de que llevarían el caso a la justicia. La prioridad en investigar el antes de los atentados parece la actitud más racional en la actividad política y en su análisis por los medios de comunicación. En España fue al contrario. Determinadas asociaciones de víctimas y ciertos miembros de partidos políticos y de medios de comunicación centraron su atención, casi en exclusiva, en la gestión e investigación de los atentados una vez producidos el día 11 de marzo.

La puesta en marcha de la estrategia de fijar la atención en el después no tardó mucho en llevarse a cabo. El 18 de junio de 2004, antes de que se iniciara la Comisión de Investigación, García-Abadillo escribió en su periódico: “¿Alguien ha tendido una trampa para fomentar la idea de que en torno al 11-M existe una trama policial con ramificaciones en la cúpula del cuerpo? Esa es una sensación que flota en el ambiente”. No olvidemos que estamos hablando de junio de 2004, tres meses después de los atentados y mes y medio más tarde de haber escrito Pecado de soberbia. La investigación estaba en sus inicios y apenas había trascendido el contenido del sumario. Sin embargo, este periodista, con argumentos ficticios y un interrogante fraudulento, ya anunciaba un posible objetivo sobre el qué informar: una trama policial con ramificaciones en la cúpula del cuerpo. Marcado el objetivo, qué importaba ya cómo se estaba actuando a nivel policial y judicial. Había que cuadrar las publicaciones de acuerdo con uno de los objetivos.

Esto demostró que la línea editorial de determinados medios estaba predeterminada por unos intereses carentes del más mínimo compromiso con la verdad. Y lo peor, algunos responsables políticos, sin darse cuenta de la maniobra, participaron en el juego durante más de tres años, hasta las elecciones generales del 2008. La publicación de muchos comentarios, con tan simple y terrorífica teoría, tendría que haber sido suficiente para que esos políticos hubieran huido de estos informadores como de la peste. Esta teoría, que se introdujo en la vista oral como luego veremos, también la reprodujeron en los medios durante el juicio. En la tertulia de la Cope del 29 de marzo de 2007 (minuto 38), Pedro J. Ramírez señalaba: “Pero, Federico, (…) esas pruebas falsas, como bien has dicho esta mañana, se referirían a todos aquellos soportes en los que aparece la Goma 2 ECO: desde luego, la mochila de Vallecas, desde luego, la furgoneta Kangoo y, tal vez, y tal vez, el propio piso en el que tiene lugar la muerte de los islamistas en Leganés (…). Y la dinamita, el resto de Goma 2 ECO en la Kangoo, se coloca, o bien en Alcalá, o bien en Canillas, probablemente en Canillas (…). Por lo tanto, estamos hablando de que queda por investigar una trama policial de fabricación de pruebas falsas que, como mínimo, como mínimo, conocía que se iba a producir el atentado”.

Después de todo lo visto, leído y oído, en el desarrollo del sumario paralelo, resultaba evidente que quienes se empeñaron en involucrar a la banda terrorista ETA seguían tres objetivos para gestionar la información. El primero, y más innegable, fue la invención de indicios sobre la autoría y participación de esta organización en los atentados. Después, volcaron sus esfuerzos en la teoría de la conspiración; es decir, trataron de crear realidades ficticias sobre las actuaciones desarrolladas por los cuerpos de seguridad, servicios secretos y PSOE para sustentar una teoría de conspiración. Por último, trataron de imputar negligencias o faltas administrativas a mandos policiales a partir de la tergiversación de sus intervenciones.

Esta última pretensión llegó muy lejos en el caso del ácido bórico, cuando el periódico El Mundo denunció a cuatro mandos policiales de la Policía Científica por alterar un informe policial que hacía improcedentes e incomprensibles menciones a la organización terrorista ETA. Las acusaciones se basaban en el hallazgo de ácido bórico en sendos registros domiciliarios a un miembro de ETA y a un islamista radical. Después del proceso judicial y de la exposición mediática a la que sometieron a estos mandos policiales, sus actuaciones se consideraron ajustadas a la ley por estar dentro de sus competencias (los peritos se habían extralimitado en el contenido de su pericia).

En relación con mis actuaciones y las de los Tedax, el frente mediático exigía la actuación de la justicia, como necesaria e ineludible, para intentar incesantemente inculparme de alguna negligencia. Sustentaron sus proclamas en descripciones artificiosas sobre comportamientos profesionales que, con las debidas tergiversaciones, les dieron apariencia de delictivos o, al menos, de irregularidades.

Las actuaciones del conjunto de los Tedax estaban incorporadas a la instrucción del sumario, con su validación, ya que se ajustaban a las normas, procedimientos y protocolos de actuación. Si no hubiera sido así, la autoridad judicial y el ministerio fiscal habrían intervenido para corregir cualquier desafuero. Es obvio, si verdaderamente hubieran existido irregularidades o conductas delictivas como publicaron, estos mismos medios de comunicación, al igual que imprudente e injustamente hicieron en el caso del ácido bórico, lo hubieran denunciado en el juzgado. Como no encontraron infracción alguna de la norma, se quedaron con las ganas y tuvieron que inventarlas. Cinco años después, utilizando a una asociación de víctimas, sí lo consiguieron, con el resultado que posteriormente veremos.

En realidad, fue tal el entramado de ideas que crearon con las teorías lanzadas a la opinión pública que consiguieron fijarlas en la mente de un buen número de ciudadanos. Por eso, muchos escribieron sobre la pretendida conspiración[86]: “Los atentados cometidos en Madrid en marzo de 2004, además de 191 muertos y 12.84 heridos, han supuesto un cambio importante en la trayectoria reciente del periodismo español. Desde nuestro punto de vista marcan la emergencia de un nuevo tipo de periodismo que ha sustituido su función primordial, esto es el relato comprensivo de acontecimientos noticiosos, por el ejercicio de influencias políticas en la sombra. Este proceso guarda relación con el ascenso de una retórica política novedosa, llamada neopopulismo, en la que juegan un papel determinante los medios de comunicación y cuya mancha crece en el espacio público (particularmente en el político) de las democracias avanzadas. […] Sin duda, la historia juzgará con dureza las actitudes de los principales dirigentes del Partido Popular entre 2004 y 2008, primero en el Gobierno y después en la oposición, apoyando sin recato las teorías conspiratorias y menoscabando la legitimidad de las instituciones democráticas, las fuerzas del orden, la imagen de España en el extranjero y el poder judicial. Es probable que también sea severa con el Partido Socialista Obrero Español, inesperadamente lanzado al Gobierno por un movimiento social de rechazo hacia la gestión política de la tragedia realizada por el ejecutivo de José María Aznar. Los socialistas –y la Monarquía– pudieron hacer más por defender las instituciones públicas de este ataque intempestivo, pero se limitaron a dejar que los populares se equivocaran en su búsqueda de la gran conspiración, tal vez en la creencia de que su absurdo empeño tendría castigo en las urnas”.

8.4.2. El segundo pilar: las preguntas parlamentarias

Durante los años 2005 y 2006, algunos miembros del Partido Popular formularon varios centenares de preguntas parlamentarias sobre el 11-M en el Congreso de los Diputados. Entre ellas, 71 estaban relacionadas con los Tedax y casi todas coincidían con las teorías difundidas por el periodismo sensacionalista. Entiendo que la actividad política conlleve cierta agresividad retórica, sobre todo cuando en sus legítimas tareas predomina la finalidad de vender el producto para ganarse la voluntad del elector. Me resulta lógico que este objetivo se persiga en la rueda de prensa, en el comunicado o en la entrevista. Sin embargo, no me parece razonable buscarla en la intervención parlamentaria a base de cuestionar sin fundamento y con futilidad la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Es la sede de la soberanía popular. 

              Personalmente, considero que, en relación con el 11-M, el legítimo ejercicio democrático de control al Gobierno que deben realizar los medios de comunicación, por influencia de algunos periodistas de El Mundo y la Cope, conllevó a un retorcimiento y a una retórica agresiva desprovista de rigor, de fundamentos y de una clara y lícita finalidad. Para alentar a los entusiastas de la conspiración, hubieran sido más propicios ámbitos mitineros de la política. Menos comprensible fue que situaciones y hechos como los del 11-M, sometidos a la justicia desde el principio y con víctimas de por medio, no quedaran exentos del debate político o al menos silenciados hasta el final del proceso judicial. De esta forma, no se correría el riesgo de comprometer la autonomía e independencia de la función policial y judicial y, a la vez, se hubiera respetado a la parte más importante, las víctimas del atentado.

En las preguntas parlamentarias aludidas, en las que incluían mi cargo y apellidos, se solicitaban explicaciones sobre las medidas disciplinarias adoptadas contra mi persona o el cese en mi puesto de trabajo. En su formulación, me atribuyeron actuaciones irregulares que daban como probadas sin tener en cuenta el contenido del sumario. Por ejemplo, Eduardo Zaplana, portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, en Sesión Plenaria número 182, de 13 de septiembre de 2006, (página 9.982) afirmaba: “Cuesta creer que sea una práctica habitual de la policía conservar en el domicilio particular del jefe de los Tedax la prueba clave que ha guiado toda la investigación. Reconocerán que cuesta creerlo, pero puede ser”.

Si no fuera por lo serio y triste del tema, es para reírse de semejante payasada protagonizada por un representante del pueblo español. ¿De verdad pretendía dar por hecho que en mi domicilio custodiara tal cosa? Se trataba de unas acciones parlamentarias que apoyaban unas teorías que, en cierto modo, pretendían desviar la responsabilidad personal de los autores de algunos de los errores cometidos en los días del atentado y siguientes. Así lo vieron varios periodistas que escribieron sobre el 11-M[87]: “Recordemos que, por estar en contra, Zaplana y los suyos lo estuvieron también, terminando el asunto con un ridículo histórico, incluso de la investigación policial y judicial de los atentados del 11-M pretendiendo poner patas arriba, para justificar su propio pasado, instituciones fundamentales del Estado de Derecho”, dijo Germán Yanke.

Con actuaciones parlamentarias así, no me extraña que los leones del Congreso de los Diputados quisieran trasladarse al circo por considerarlo un lugar más serio, como reflejaba una viñeta publicada en el País[88], que escenificaba con dibujo y texto el pensamiento de los felinos.

8.4.3. El tercer pilar: actuación de algunas acusaciones en el juicio

El tercer pilar en el mantenimiento de las teorías de la conspiración, y como último cartucho, lo ostentaban las representaciones legales de la Asociación Víctimas del Terrorismo y de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M que en el juicio aparentaron ser acusadores de testigos y, por lo tanto e indirectamente, defensores de presuntos terroristas y no de sus víctimas. Tras el interrogatorio al que fuimos sometidos en la vista oral algunos testigos, estas representaciones legales, en sus escritos de conclusiones, solicitaron la deducción de testimonio para buscar responsabilidades en algunos mandos de la Guardia Civil y de la Policía, entre ellos yo.

Además de desviar la atención sobre las actuaciones fallidas para la prevención del atentado, con estas maniobras, los tres frentes pretendían difuminar un determinado tipo de irregularidades de los momentos inmediatos a los atentados. Para ello, sustentaban y difundían una actuación profesional inadecuada por parte de los Cuerpos de Seguridad del Estado en aquellos días. En último extremo, lo que buscaron era una excusa. Si era procesado algún mando policial, éste sería el culpable de todos los males, es decir justificarían algo así como que por su conducta se confundió el Gobierno. Considero que uno de los grandes pecados que puede perpetrar cualquier ser humano es tratar de transferir su responsabilidad moral, o de otro tipo, a terceras persona o colectivos.

9. Unidad de acción de los partidarios de la conspiración.

“Toda mentira debe engendrar otras siete si aspira a resultar verosímil y a envolverse en el aura de la verdad” (Martín Lutero). Los promotores de la quimera sobre la participación de ETA o de la llamada teoría de la conspiración, para ejecutar su estrategia y conseguir su objetivo antes comentado, llevaron a cabo una serie de acciones que, con más o menos sincronía, escenificaron ante la opinión pública. Para poder sostener sus hipótesis debían tener el apoyo de, al menos, un grupo de políticos. De otra forma no hubieran tenido eco en la sociedad. Algunos miembros del Grupo Popular plantearon la teoría de la conspiración como preguntas parlamentarias en el Congreso de Diputados. También los abogados de las asociaciones citadas las introdujeron en el juicio del 11-M como preguntas a peritos y testigos. Hubo una obvia e inexplicable unidad de acción. La verdad es que, entre unos y otros, se cruzaron créditos y favores recíprocos en aras de una táctica de dudosa naturaleza y eficacia.

En este capítulo solamente me referiré a las divulgaciones relacionadas con la especialidad y dejaré al margen lo publicado sobre otros departamentos policiales. Obviaré algunos libros y parte de lo difundido en Internet por su maledicente utilización de fuentes y análisis de datos, producto de elucubraciones mentales a las que no merece la pena dedicar ningún esfuerzo. He seleccionado las noticias más significativas referidas a la actuación de la especialidad Tedax y a la mía en particular, que representan un mínimo porcentaje de lo publicado por el diario El Mundo y comentado en la Cope durante los nueve años siguientes a los atentados. Todas ellas, junto con un inevitable rosario de citas y transcripciones, aparecen en este libro, agrupadas por temas y, dentro de ellos, por el orden cronológico en que fueron publicadas.

La finalidad de esta compilación es recordar la unidad de acción mediático-política que hubo tras los atentados. La desmemoria agravaría las consecuencias personales, institucionales y sociales que en su día produjeron en los ciudadanos españoles. Este tratamiento mediático del 11-M fue una de las causas de la división entre las víctimas y la crispación de la sociedad durante dos legislaturas (siete años), lo que contribuyó a que se borrara del quehacer político el espíritu de consenso que se instaló en la época de la transición democrática.

Si bien es cierto, en las teorías publicadas hubo mucho arte para crear confusión entre lo auténtico y lo falso. En cualquier caso, esa gran creatividad no es óbice para poner blanco sobre negro en aquellas campañas sensacionalistas más insistentes, con independencia de que los tribunales las consideraran amparadas por los elásticos derechos de información y de libertad de expresión.

9.1. Carmen Toro

El 14 de junio de 2004, la Guardia Civil puso a disposición del Juzgado Central de Instrucción número seis a varias personas detenidas en Asturias y relacionadas con tráfico de explosivos; también hizo entrega de varios efectos incautados en los diferentes registros. Entre esos objetos, había una agenda de Carmen Toro, entonces esposa de José Emilio Suárez Trashorras –condenado por facilitar explosivos a los autores del atentado–, con la inscripción 582 20 53 Manzano. En su declaración, Toro explicó que el teléfono lo apuntó de su móvil, en el que quedó grabado después de recibir una llamada de su esposo desde Canillas (Madrid), donde permanecía detenido.

Es de conocimiento general –y la Guardia Civil lo sabe mejor que nadie– que entre los cometidos de los Tedax no está efectuar diligencias o actuaciones con personas detenidas en dependencias policiales. Esto conllevaba descartar ese número de teléfono como perteneciente a los Tedax. Además, en caso de duda, con una simple llamada hubiera bastado para obtener esa certeza. Sin embargo, con los precedentes mencionados en apartados anteriores, El Mundo aprovechó deslealtades de determinadas personas que trabajaban en distintas instituciones para conocer la existencia de dicha agenda de forma inmediata. Sin cerciorarse de la certeza de los hechos, cuatro días después, el 18 de junio de 2004, publicó como titular principal de portada lo siguiente: Carmen Toro tenía un teléfono con un nombre igual al del jefe de los Tedax. En la página 8 de esa edición, Casimiro García-Abadillo desgranaba la falsa noticia y titulaba de esta forma su artículo: La Guardia Civil informó al juez de que a la esposa del minero confidente se le encontró una anotación con la referencia “Sánchez Manzano (Canillas)”. En esa misma página, Victoria Prego escribió: “Es increíble, o directamente inverosímil, que una sujeta dedicada al trapicheo tenga en su poder un teléfono con un nombre que coincide precisamente con el del jefe de los Tedax (…). Mucho más inverosímil es que el propio mando le haya proporcionado a la sujeta su auténtica identidad y un teléfono con la dirección de la sede policial en Madrid”. En la página 3, sección de opinión, el apartado titulado Los mandos deben de comparecer ante la Comisión decía: “Y es que es imposible no echarse las manos a la cabeza al conocer que Carmen Toro –la esposa del minero Suárez Trashorras, quien además de proveer de explosivos era confidente de la Policía– tenía en su poder un papel en el que, junto a un número de teléfono, estaban anotados los apellidos coincidentes con dos del jefe de la unidad encargada precisamente de la desactivación de explosivos”.

Estas informaciones se propagaron días antes de iniciar su andadura la Comisión de Investigación Parlamentaria en la que yo iba a comparecer, sin realizar ningún tipo de comprobación. Todas se las podían haber ahorrado si hubieran sido verificadas por procedimientos simples, como llamar directamente a ese número de teléfono para ver a quién correspondía. Esto habría servido para que ellos descubrieran que quien estaba detrás del número era el inspector de la Unidad Central de Información Exterior Parrilla. Pero no lo hicieron así.

9.1.1. La trama policial inventada por García-Abadillo

No había voluntad de saber la verdad. El objetivo mediático de los fabuladores ya estaba establecido. La noche previa a la publicación del artículo de García-Abadillo en el que insinuaba la existencia de una trama policial, yo me había trasladado a La Haya para participar en un foro sobre lucha antiterrorista en la sede de la Oficina Europea de Policía (Europol). Mi conferencia, titulada La integración de recursos ajenos en la lucha antiterrorista, tenía por objeto explicar cómo utilizábamos en España recursos públicos y privados ajenos a la Policía para la prevención, intervención e investigación de los atentados terroristas.

A las 7.00 horas del 18 de junio, el recién nombrado comisario general de Seguridad Ciudadana, José Marín Manzanera, me informó de la noticia que se había publicado en El Mundo y que se estaba difundiendo en la COPE. Desde allí, envié un correo electrónico en el que advertía sobre la falsedad de la noticia y di las explicaciones sobre a quién correspondía dicho número de teléfono.

From:         Lean, Luis

Sent:         18 June 2004 09:56

To:             'jmarin@dgp.mir.es'

En relación con las referencias efectuadas en él periódico "El Mundo" y con las alusiones efectuadas en la emisora "COPE", de las cuales no tiene conocimiento completo, por encontrarse fuera de España, este Comisario informa lo siguiente:

El pasado martes, día 15, cuando, personalmente, efectúa la entrega de algunos informes periciales elaborados por la Unidad Central de Desactivación de Explosivos y NBQ, al titular del Juzgado Central de Instrucción nr. 6, éste le muestra una fotocopia de una hoja de agenda, en la que sólo consta la siguiente inscripción literal: "582 20 53 Manzano"; escrito a mano.

Preguntado por el Juez si es mi teléfono, le respondo que no, explicándome que ha sido encontrado en un registro efectuado a la mujer de un detenido por los explosivos en Asturias. En esos momentos, el mismo Juez, delante del Comisario que suscribe, marca el número de teléfono que figura en la nota, preguntando por Manzano, y al otro lado se pone un funcionario de la Unidad Central de Información Exterior que informa al Juez.

El Juez comunica a este Comisario, en esos momentos, que era el Inspector Moreno y que "Manzano" es un seudónimo que se utiliza en el Grupo. El Juez escribe UCIE, a mano, en un "posit amarillo", y lo deja sobre la misma fotocopia de la nota de agenda.

El Comisario que suscribe no concedió mayor importancia a este hecho, considerándolo irrelevante, una vez aclarado por el Juez.

Posteriormente, preguntado por el Comisario General de Seguridad Ciudadana, le informa de lo expuesto.

En el día de hoy, ha recibido la llamada del Inspector PARRILLA, miembro del Grupo del Inspector Moreno, comunicando que este seudónimo lo utiliza desde que entró en Información, hace unos ocho años. Que la llamada la efectuó a la mujer del detenido para preguntarle por las medicinas que estaba tomando el mismo y poder proporcionarle las dosis adecuadas, identificándose el funcionario por el mencionado seudónimo.

Comisario Sánchez Manzano

Jefe de la Unidad Central de Desactivación de Explosivos y NBQ

Al día siguiente, el mismo periódico publicó un artículo de Manuel Cerdán con el título La Policía cuestiona el proceder de la Guardia Civil ante el juez y el subtítulo Opina que nunca debió entregar al magistrado Del Olmo la información sobre el alias Manzano del agente de la UCIE –Unidad Central de Información Exterior– sin verificarla previamente. Una explicación correcta de lo ocurrido y con la verdad sobre los hechos que habían sido manipulados el día anterior.

En la misma página, Casimiro García-Abadillo suscribió otro artículo denominado Manzano, no Sánchez Manzano, en el que desmentía la publicación de la jornada anterior y aceptaba que ha habido una equivocación, con párrafos del siguiente tenor: “Ayer, por error, en la información que aparecía en la portada de El Mundo bajo el título (…) De todas formas, cuando uno se equivoca tiene que pedir disculpas (...)”. Veremos después cómo volvieron a defender lo contrario y se contradecían a ellos mismos, lo que fue una constante en estos autores de la teoría de la conspiración.

En cualquier caso, la polémica situación la creó innecesariamente el coronel de la Guardia Civil de Información, el mismo que, durante el día del atentado y siguientes, había hablado conmigo por el teléfono fijo y el móvil  en numerosas ocasiones. Antes de remitir al juzgado la agenda con el número de teléfono, tenía dos alternativas. Una, efectuar una diligencia de comprobación sobre la titularidad de dicho teléfono, y dos, realizar una simple llamada a mi móvil o al fijo del despacho. Sin embargo, lo remitió al juzgado sin contrastarlo y así se filtró a la prensa dos días después. En definitiva, esto fue lo que Manuel Cerdán explicó.

              Desde el principio, a esta campaña desarrollada en la prensa escrita únicamente por El Mundo, se unió la emisora Cope, con el locutor Federico Jiménez Losantos a la cabeza. Sobre la cuestión del teléfono de Carmen Toro, el comunicador, cuando hablaba del jefe de los Tedax, de mí, hacía referencias despectivas, tales como “sí, Manzano, ese que Carmen Toro tenía en su agenda de baile” o “Manzano el de las noches de Avilés con Carmencita Toro”. Aún, el 26 de junio de 2006, mientras hablaban en su espacio radiofónico de teléfonos móviles de ETA, volvía al tema: “Manzano, el jefe de los Tedax, es el amigo de la señorita de Avilés, de la Carmencita Toro, que según un informe de la Guardia Civil es esencial en la trama de venta de explosivos y de colaboración con la ETA”. 

9.1.2. La incoherencia

Esta cuestión la utilizó el ex diputado popular Jaime Ignacio del Burgo durante mi comparecencia ante la Comisión[89]. El 8 de julio del 2004, un día después de la comparecencia, en la página 10 El Mundo publicaba el titular Zaplana [ex ministro portavoz del Gobierno del PP durante el 11-M] dice que la versión sobre el alias de Manzano es muy rara. “El portavoz del grupo popular en el Congreso –rezaba ese artículo– puso en cuestión la versión del comisario Sánchez Manzano sobre la aparición de su segundo apellido en la agenda de Carmen Toro, la esposa de Emilio Suarez Trashorras, imputado por vender el explosivo a los terroristas”. Según El Mundo, Zaplana contestó a preguntas del diario con afirmaciones como “lo importante es que la información facilitada por el medio es cierta”. Además el medio señaló que Zaplana recalcaba que “es evidente que el hecho de que un inferior utilice el nombre de su superior como alias para una persona de la calle es una versión tremendamente rara y difícil de entender”.

Nuevamente se produjo una falta de rigor y de respeto a la verdad, porque reiteraron, otra vez, la dudosa relación, con lo que el periódico vuelve a demostrar que no le importa ser coherente con lo escrito dos días antes. Un ejemplo más de esa incongruencia se dio cuando García-Abadillo, que fue el encargado de desmentir la información vertida sobre la famosa agenda días antes, publicó, el 21 de junio de 2004, un artículo titulado Los Enigmas del auto del juez Del Olmo. Un apartado de este escrito lo denominó El inaudito episodio de la anotación sobre Manzano y manifestaba así: “El hecho de que la Guardia Civil supuestamente no verificara a quién correspondía el número –un agente policial asignado al caso– no ha pasado inadvertido. Pero la explicación proporcionada al magistrado es sencillamente inverosímil, pues ningún inferior mantendría como apodo el apellido más singular de un superior que, además de trabajar en las mismas dependencias, ha tenido –como es el caso del comisario jefe de los Tedax Sánchez Manzano– una participación decisiva en la investigación del sumario en curso”.

Lo realmente inaudito, además de descarado, es divulgar cosas contradictorias en tan sólo tres días. Ya su compañero Cerdán había dejado constancia de la verdad en su mismo diario. El episodio, desde luego, es una clara demostración de que no leen su propio periódico, de que no les importa la credibilidad y de que no respetan a sus lectores. Para observar hasta dónde llegaron las contradicciones y la falta de competencia, como inciso en este apartado, transcribo lo que García-Abadillo escribió en su libro[90]: “Del Olmo, encargado de dirigir el levantamiento, es bien conocido por su meticulosidad. Gracias a la diligencia en su actuación en un proceso que tenía evidentes complicaciones, a las dos de la tarde ya se habían levantado todos los cadáveres a excepción de los de la calle Téllez”. Estas alabanzas las dedicó al juez en el 2004. Durante los tres años siguientes, el comunicador sólo tuvo descalificaciones e improperios para Del Olmo, lo cual puede consultarse fácilmente en las hemerotecas.

La periodista Cayetana Álvarez de Toledo, asidua a las tertulias de la Cope que dirigía Jiménez Losantos, también brindó muchas opiniones en El Mundo para interpretar los resultados de la Comisión. Así, el 11 de julio del 2004, en un apartado sobre La agenda de Carmen Toro, apuntaba: “Lo que no hizo fue ofrecer a la comisión una explicación convincente de este hecho. Sánchez Manzano insistió en que alguien de la UCIE utiliza su segundo apellido como alias. La relación entre la confidente Carmen Toro y el comisario Sánchez Manzano también queda, pues, pendiente de ser aclarada”. Siete días después, la misma comunicadora volvió con una columna titulada Entre las filtraciones ilegales y la negligencia policial a tratar el asunto en términos similares: "Eso es fundamental para determinar si Sánchez Manzano –cuya explicación de por qué su nombre figuraba en la agenda del confidente Carmen Toro, resultó poco verosímil- engañó o no a la Comisión”. Esta periodista contribuyó a las teorías falseadas que el medio en el que trabajaba publicó. Sin embargo, se fraguó bien su futuro, puesto que en 2006 Acebes la fichó como asesora y jefa de su gabinete.

El 14 de noviembre de 2004, uno de los urdidores de esta campaña, Pedro J. Ramírez, entró en escena con un artículo en su periódico titulado La microcasete en su laberinto, que cuestionaba lo siguiente: “¿Cómo es posible que el juez Del Olmo se haya creído el cuento chino de que si tenía en su agenda el teléfono del jefe de los Tedax era porque un policía de los que la visitaron utilizaba como alias el segundo apellido del comisario Sánchez Manzano y que la Comisión Parlamentaria haya ni siquiera tratado de aclarar el enredo?”. En mayo del año siguiente, con motivo de la publicación de otras noticias, volvieron sobre el tema, al insinuar mi relación con dicha señora. Ante tal insistencia, remití una nota a instancias superiores para desmentirlo. Pero Interior tampoco me dejó defenderme.

9.1.3. El inicio del linchamiento

El 12 de junio de 2004 prestó declaración Carmen Toro y explicó que el número de teléfono con la inscripción de Manzano lo consiguió después de que quedara grabado en su móvil tras una llamada recibida de su esposo cuando permanecía detenido en Canillas. Le añadió la palabra Manzano porque era el nombre que le dio un inspector de la Unidad Central de Información Exterior de la Policía. Esta declaración, que figuraba en el sumario desde el inicio, debía ser suficiente para cerrar la polémica. Sin embargo, los medios citados siguieron adjudicándome una relación sospechosa con esta mujer, que además atentaba contra mi honestidad.

Los opinantes que escribieron sobre estos temas y los que realizaron preguntas parlamentarias sabían, como la mayoría de los ciudadanos, que los Tedax no realizan diligencias y actuaciones con personas que permanecen detenidas en centros policiales. La insistencia en este asunto –que obviaba la rectificación que García-Abadillo sobre la primera noticia, las explicaciones de Cerdán, el testimonio de Toro o mis exhaustivas declaraciones en el Congreso de los Diputados– permitió entrever, ya en esas fechas, la puesta en marcha de una estrategia dirigida a inventar una trama policial, ya anunciada en el artículo mencionado del mismo periodista en junio de 2004. A partir de ese momento, determinados medios de comunicación comenzaron a cuestionar mi profesionalidad y, progresiva e indirectamente, a desprestigiar la labor efectuada por los Tedax en el 11-M. Advertí a mi familia de que estuviera preparada para aguantar una larga campaña contra mí, lo cual se preveía duro para todos. Les pedí fortaleza para que no afectara al desarrollo de la vida personal de cada uno ni a la armonía familiar. Era imprescindible para aguantar lo que se avecinaba, porque preveía que sería vituperado durante un dilatado periodo de tiempo. Lo que vino después, ese escarnio, posiblemente lo habría evitado si hubiera accedido al ofrecimiento de dar una salida con la que justificar algunos errores ajenos, como el del Titadyne, por ejemplo. Sin embargo, decidí cargar con la injusticia y abrazar la única verdad que conocía. Si el origen de esos errores era ajeno a la especialidad de desactivación de explosivos, ésta no tenía por qué asumirlos. Esta posición era la única que mantenía mi conciencia tranquila. A pesar de la mediocridad, indignidad y malas artes de algunos políticos, periodistas y locutores, el mensaje caló en buena parte de la sociedad española. Me tocaba soportarlo.

9.2. La radiografía

En la madrugada del 12 de marzo de 2004, los operadores Tedax números uno y dos del Grupo de la Jefatura de Madrid, a los que correspondía llevar a cabo la desactivación de la bolsa-bomba, efectuaron una radiografía de ella. Según sus posteriores manifestaciones en sede judicial, al analizarla, la consideraron carente de valor operativo. Con los medios de protección y técnicas correspondientes, consiguieron desactivarla y recuperar todos sus elementos. Ese mismo día, los Tedax que intervinieron en la incidencia elaboraron el informe y lo remitieron a la Unidad Central. En ese escrito, que fue analizado durante la vista oral, no adjuntaron la radiografía. Tampoco mencionaron su existencia en las diligencias que instruía la Brigada de Información, ni en la hoja de incidencias obligatoria en cualquier intervención de los Tedax. Por esta razón, en la Unidad Central desconocíamos que esa radiografía existía.

9.2.1. Las mentiras en El Mundo

A raíz de esa actuación, determinados medios y periodistas interpretaron y adulteraron los hechos para contar la información de una forma totalmente falseada. Éste fue uno de los puntos que constaron en la demanda que interpuse contra El Mundo por el derecho al honor y que se puede localizar íntegra en Internet y en https://bit.ly/documentoslasbombasdel11M. El 16 de mayo de 2005, El Mundo contaba en su editorial Mochila nº 13 o piedra del cuento de pulgarcito lo siguiente: “Lo más extraño es que la existencia de este cable suelto se lo ocultara al juez durante meses. Antes de abrir la mochila, los Tedax hicieron una radiografía para ver lo que había en su interior y comprobaron que el cable estaba suelto. Sin embargo, el responsable de los Tedax Juan Jesús López [Sánchez] Manzano proporcionó informes ambiguos al juez Del Olmo sobre el motivo por el que no había explosionado. Fue gracias a la Policía Científica como el juez se enteró meses más tarde del 11-M de la existencia de la radiografía. Manzano debería explicar por qué evitó decir que sabía desde muy pronto que la mochila, tal y como se la encontró, no podía estallar”.

En esa misma edición del diario, Fernando Múgica, con su artículo Los agujeros negros del 11-M (XVII), añadía: “El sumario del juez Juan Del Olmo revela que el comisario de los Tedax, Juan Jesús Sánchez Manzano, le ocultó durante más de tres meses una radiografía que dejaba claro, desde el primer momento, que la bomba no explotó porque uno de los cables estaba suelto… Los informes del responsable de los Tedax, el comisario Juan Jesús Sánchez Manzano, eran deliberadamente ambiguos y enmascaraban una verdad simple y meridiana. (…) En definitiva, el informe de Manzano emplea miles de palabras para explicar al juez algo que tenía que ser tan simple como: en la radiografía que hicimos en la madrugada del 12 de marzo”.

El periódico conocía la verdad. Una verdad que constaba en el sumario y que ellos tenían en su poder desde abril de ese año, pero decidieron omitirla. Una prueba de que lo sabían es que ya el 13 de junio de 2005, Casimiro García-Abadillo señalaba en El Mundo: “Según parece, José María Cáceres Vadillo, inspector jefe de grupo de Desactivación de Explosivos de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, mantuvo la radiografía en su poder, sin que hubiera motivo aparente para ello, y “olvidó” remitirla al juzgado de la Audiencia Nacional”. Ese mismo día, el periódico también incluía una información, sin firma, que titulaba La historia de la última mochila y que decía: “A pesar del valor documental de la radiografía, ésta no le fue entregada a Del Olmo hasta finales del mes de julio de 2004. Sin justificación alguna, el inspector jefe Cáceres Vadillo la retuvo en su despacho”.

Estos artículos, por lo tanto, informaban certeramente de quién y cómo ocurrió todo lo referente a la radiografía. Sin embargo, posteriormente, el diario prefirió continuar con la mentira e imputarme la autoría de una ocultación a la autoridad judicial. Manuel Marraco, en su artículo Los otros episodios de Manzano, radiografía secreta, publicado en El Mundo el 2 de octubre de 2005, escribía: “Hasta cuatro meses después del 11-M, los Tedax no informaron al juez de que existía una radiografía de la mochila desactivada en Vallecas y que ésta demostraba que el artefacto nunca podía haber estallado, al tener uno de los cables desconectados. Nada parecido constaba en el informe enviado por Sánchez Manzano a Del Olmo el 27 de abril de 2004. El escrito, tras dedicar cuatro folios al artefacto, concluía: En definitiva, contaba con todos y cada uno de los elementos necesarios para su correcto funcionamiento”.

Y una cita más. Pedro J. Ramírez, el 19 de marzo 2006, en Carta del director, publicaba: “A base de seguir enlazando circunstancias y rimando una fichas con otras es imposible soslayar, además, que el mismo comisario Sánchez Manzano, a la sazón jefe de los Tedax, (…) es también el responsable de que casi durante el mismo intervalo se le ocultara al juez la radiografía que mostraba la situación de los cables”. En la Unidad Central Tedax tuvimos conocimiento de la radiografía cuando nos lo comunicó el juez Del Olmo, después de la declaración del jefe de Grupo de la Jefatura de Madrid en comparecencia judicial el 12 de julio de 2004. ¿Cómo puede ser responsable de su ocultamiento alguien de la Unidad Central, o su jefe, si ignorábamos su existencia? Ni siquiera había una responsabilidad indirecta, al no constar en los documentos oficiales en los que debió de ser reflejada. Sin embargo, en El Mundo y en la COPE, aun sabiendo la verdad, relataron otra versión.

9.2.2. Preguntas parlamentarias sobre la radiografía

En abril de 2006, cuando públicamente se conocía todo lo expuesto sobre la radiografía, el Grupo Popular formuló en el Congreso la siguiente pregunta: “¿Ha investigado el Ministerio del Interior por qué Sánchez Manzano, jefe de los Tedax, ocultó al juez Del Olmo durante más de tres meses una radiografía hecha en la noche del 12 de marzo de 2004, que entregó a finales de julio del citado año al juez, y que evidenciaba que la mochila de Vallecas no pudo explotar porque uno de los cables estaba suelto?” (nº reg. 123.093). A lo que el Ministerio del Interior respondió: “En contestación a su Señoría, se informa que no existió ocultación”.[91]

En nada se parecía ésta a la respuesta propuesta por la Unidad Central Tedax en abril de 2006 ya citada. Como era de esperar, una explicación tan escueta motivó que, en septiembre de 2006, el Grupo Popular volviera a plantear la cuestión: “Según respuesta a la pregunta formulada por esta diputada (número de registro 123093), se afirma que no existió dicha ocultación en relación a que el jefe de los Tedax, señor Sánchez Manzano, ocultó durante más de tres meses la radiografía de la mochila de Vallecas al juez Del Olmo. Si no fue ocultación, ¿qué consideración le merece al señor ministro este hecho y qué medidas ha tomado o va a tomar para que no se siga obstaculizando la acción de la justicia?” (nº reg. 150.996).

Otra vez, la réplica no fue mucho más amplia: “El Ministerio del Interior en modo alguno obstaculiza la acción de la justicia. Al contrario, colabora plenamente, como se demuestra en el voluminoso y amplio sumario 20/2004[92]”. Tampoco, en esta segunda pregunta tuvieron en cuenta lo que desde la Unidad Central propusimos como aclaración a la primera cuestión, que era una explicación similar a lo que aparecía en el sumario desde julio de 2004[93]

En el planteamiento de ambas preguntas había una clara imputación de un comportamiento irregular a una persona concreta. Sin embargo, en las respuestas del Ministerio del Interior omitieron la explicación sobre el hecho imputado y su auténtica autoría. Con unas respuestas tan breves, las dudas planteadas sobre mi comportamiento profesional quedaron vigentes, incluso se incrementaron, lo que favoreció especulaciones y descalificaciones posteriores. ¿Por qué no contestaron como consta en documento adjunto que elaboramos en la Unidad Tedax? ¿Por qué en el Ministerio del Interior no dedicaron ningún esfuerzo para que la polémica cesara? Tiempo después, los hechos han demostrado que los políticos seducidos por las teorías de la conspiración, incautos ellos, se dejaron embaucar, a no ser que persiguieran los mismos fines que sus adversarios políticos.

9.2.3. Lo que hicieron con la radiografía:

La radiografía no tenía relevancia ni a efectos policiales ni judiciales. Ante el juez, los cuatro Tedax del Grupo de Madrid alegaron su mala calidad y explicaron que entre la maraña de cables se observaba uno suelto, lo que operativamente no le aportaba nada. En el informe pericial de la Unidad Central de 27 de julio de 2004 y en otro conjunto con los Tedax de la Guardia Civil, se llegó a la misma conclusión: el hecho de que uno de los cables carecía de conexión con otros elementos, pudo ser uno de los motivos por los que el sistema de iniciación falló. La sentencia, en el fundamento jurídico III. 3.4, cuando analizó y valoró la bolsa desactivada en Vallecas, contemplaba los detalles sobre cómo se realizaron dos radiografías, una velada y otra con escaso contraste, así como la nula utilidad de ésta en la desactivación. En cuanto al cable suelto, al especificar el resultado de la pericia, la resolución judicial lo consideró como la causa más probable del fallo en la activación de la bomba. No la única.

Otra película hubiéramos visto si los Tedax que desactivaron la bomba, miembros del Grupo de la Jefatura Superior de Madrid, en el informe hubiesen adjuntado la radiografía y reflejado su existencia en alguno de los tres documentos que elaboraron: informe de desactivación, comparecencia en diligencias y hoja de incidencias. Entonces yo no habría tenido excusa.

Ante las primeras noticias que aparecieron el 19 mayo del 2005, solicitamos a instancias superiores aquellas actuaciones que se consideraran pertinentes para desmentir dicha información:

En relación con el contenido del artículo en “El Mundo” del día 16 de los corrientes, firmado por Fernando Múgica en las páginas 16, 17 y 18, la información contenida en el mismo, relacionada con la especialidad y con el que Comisario que suscribe, no se ajusta a la realidad, pero hay dos hechos de especial trascendencia, reiterados hoy en la tertulia de la emisora COPE por Pedro J. Ramirez (“Al Juez los TEDAX  le han engañado en dos ocasiones....”), sobre los que se informa lo siguiente: […]

“Ocultaron al Juez más de tres meses una radiografía” esta frase figura como “subtitular”, en la página 16.

a)    En la madrugada (2,00 hrs) del día 12, los operadores nrs. 1 y 2, del Grupo de Madrid, a los que correspondía llevar a cabo la desactivación de la bolsa-bomba, siguiendo los procedimientos establecidos, efectúan una radiografía de la misma, la estudian y no comentan nada sobre desconexión de cables, procediendo a desactivarla, con medios de protección y aplicando las técnicas adecuadas.

b)    El día 12 de ese mismo mes, los TEDAX que intervienen en la incidencia, elaboran un informe sobre la desactivación del mencionado artefacto, remitido a esta Unidad Central, en el que no se adjunta radiografía ni consta mención alguna a la misma. Se ADJUNTA copia del citado informe.

c)    El 12 de julio del 2004 presta declaración en Juzgado que instruye la causa el Jefe de Grupo de Madrid, en el que hace constar la existencia de la desconexión de un cable, según habían apreciado en una radiografía.

d)    El 26 de julio del 2004 el mismo Juzgado, a la vista de lo declarado por Jefe de Grupo, toma declaración al resto de los TEDAX del Grupo de Madrid que intervinieron en la incidencia, sobre la radiografía y otros aspectos de la intervención. Se ADJUNTAN dichas declaraciones.

e)    El 15 de julio, después de la declaración del Jefe de Grupo, el Juzgado remite oficio a esta Unidad, adjuntando fotografías de Brigada Provincial de Policía Científica de Madrid, para que se proceda a ampliar y, en su caso, precisar el informe emitido del artefacto explosivo desactivado, lo que llevan a efecto dos funcionarios diplomados TEDAX.

f)    Hasta esa fecha, el Comisario Jefe de esta Unidad y el resto de los miembros de la misma que intervinieron de una u otra forma en los atentados del “11 M”, desconocían la existencia de la desconexión de un cable en el artefacto desactivado en el Parque Azorín del distrito de Vallecas.

Teniendo en cuenta que dichas publicaciones o manifestaciones en la prensa afectan a la especialidad, …. 

Madrid, 19 de mayo del 2005.

No atendieron nuestras peticiones, a las que adjuntamos los documentos que las sustentaban. Tampoco tuvieron en cuenta esto en la contestación parlamentaria. Mi actuación a este respecto siempre fue defender a todos los Tedax como su comisario jefe. Después de la declaración del jefe de grupo de Madrid, el juez me comunicó la existencia de la radiografía. Para evitar posibles actuaciones judiciales contra quienes no adjuntaron la radiografía ni notificaron su existencia, di explicaciones de tipo operativo, en las que resalté la intrascendencia del error en las investigaciones e informes periciales. Para reforzar mis argumentos aludí a la situación estresante de los Tedax después de desactivar una bomba, con la consiguiente falta de concentración. Circunstancias que llevaron a las deficiencias indeseadas en la posterior actuación y documentación de la desactivación de la bomba.

La cuestión quedó así, sin que se tomaran medidas procesales al respecto. La disfunción la consideré un error y los Tedax, después del trabajo realizado, tampoco se merecían reproche disciplinario alguno. Varios mandos de la Unidad Central, tras conocer esta irregularidad, me aconsejaron que no me comiera el marrón, ya que la acción de haber guardado la radiografía, sin reflejarla en los preceptivos documentos, no era mi responsabilidad, ni de la Unidad. Como comisario jefe de la especialidad, sin embargo, me sentí en la obligación de no iniciar o estimular ninguna actuación disciplinaria o judicial contra un miembro de la especialidad, aunque fuera un Tedax que no dependiera directamente de la Unidad Central, como era el caso. Esto no significaba que no fuera a dar explicaciones amplias, claras y transparentes a la autoridad judicial y a mis superiores.

En aquellos momentos, no podía mostrarme como un inquisidor sobre la actuación de los Tedax. Al contrario, salvo una ilegalidad manifiesta, como comisario jefe, estaba obligado a dar protección y apoyo a la especialidad. En general, consideraba que la actuación de los Tedax fue correcta y eficaz. Había que evitar que un tratamiento inadecuado de cualquier fallo o error diera opción a magnificar sus efectos innecesariamente y restara credibilidad y solvencia a todo el trabajo de los Tedax. Creí conveniente no abrir investigación sobre lo sucedido y hoy creo que fue una decisión acertada. Añadir una iniciativa de este tipo hubiera alimentado la campaña mediática y ampliado sus efectos negativos en las intervenciones del conjunto de la especialidad. Además, y sobre todo, los Tedax no se lo merecían.

9.3. La bolsa de Vallecas

A principios de marzo de 2006, en sede judicial, se llevó a cabo una diligencia de reconocimiento de la bolsa (que no mochila, como luego se publicó) que contenía la bomba desactivada. Al inspector responsable de la custodia de los efectos recogidos en la estación de El Pozo le mostraron una bolsa similar a la que contenía esa bomba. No la reconoció como una de las vistas por él en El Pozo. Otra unidad de la Comisaría General de Información había enviado esta bolsa al juzgado, junto a otros efectos, y con un oficio en el que se daba cuenta de varias investigaciones sobre la hallada en Vallecas. Para estas indagaciones no emplearon la auténtica, que estaba en la Unidad Central Tedax, a disposición de la autoridad judicial. La bolsa que enviaron al juzgado, similar a la original, la compró la Unidad Central de Información Exterior para hacer gestiones sobre el lugar donde los autores podían haber adquirido todas las utilizadas en el atentado. Así lo hicieron constar en oficio: informando sobre entrega al juzgado de la bolsa “comprada”, de 14 de marzo de 2006.

El día 15 de ese mes, en la portada de El Mundo, el primer titular fue: Del Olmo investiga por qué la Policía le envió la falsa mochila de Vallecas. Y prosiguieron la información con: “El comisario Manzano, jefe de los Tedax, telefoneó anteayer al juez para decirle que la bolsa que contenía la dinamita y el móvil seguía en su poder dos años después del 11-M”.

Este subtítulo resultaba perfectamente prescindible en los términos expuestos, pero no era inocente. Obedecía a una clara intencionalidad, como veremos más adelante. Era necesario para alcanzar la finalidad pretendida en publicaciones posteriores. Había que seguir criminalizando la actuación del comisario jefe de los Tedax. Sin embargo, no todas las publicaciones estuvieron siempre manipuladas. Hay ejemplos en los que la información que divulgó El Mundo fue certera. Incoherente con otras de sus noticias, pero certera. En la última portada citada, un artículo suscrito por María Peral afirmaba: “El magistrado de la Audiencia Nacional Juan Del Olmo, que investiga los atentados del 11-M, ha reclamado a la UCIE (Unidad Central de Información Exterior) que le explique por qué le identificó con la denominación bolsa Vallecas una maleta que esa unidad policial adquirió en un comercio de Lavapiés para compararla con la mochila bomba que se desactivó en la Comisaría de Vallecas y a partir de la cual la investigación se centró en el terrorismo islamista”.

El editorial del diario de ese mismo 15 de marzo añadía: “La Audiencia Nacional reconoció que la mochila falsa fue enviada al juzgado por la Comisaría General de Información como si fuera la verdadera en febrero pasado. ¿Y la auténtica? Estaba en las dependencias de los Tedax desde abril de 2004”. Como se puede comprobar, el primer día que surgió la noticia, conocían con detalle lo sucedido. Incluso la unidad a la que pertenecían los policías que habían comprado y enviado otra bolsa al juzgado, la Unidad Central de Información Exterior. No obstante, el día 16 de marzo de 2006 ya hubo quien empezó a adaptar la historia a sus teorías. Federico Jiménez Losantos escribió en El Mundo: “Por ejemplo, la bolsa del Puente de Vallecas. Durante dos años, el jefe de los Tedax se la ha quedado en su casa, hurtándosela al juez Del Olmo. Y si ha sido capaz de quedarse con la prueba principal que permitió poner en marcha toda la tragicomedia del 11-M al 14-M, más los esperpentos parlamentario y policial de estos dos años infames, ¿qué no habrán hecho Manzanos y Perales, Encinas y Alcornoques, con otras pruebas menores y las declaraciones de unos y otros? ¿Qué diligencias habrán sido realizadas y qué minuciosidades rematadas en 10 segundos? Si tanta desvergüenza y tanto desprecio al juez han demostrado en la piedra angular del sumario, ¿qué no habrán trampeado, inventado, escondido, disimulado o falsificado mientras el juez lloraba en público (…)?”

A pesar de que el periódico sabía perfectamente quién había mandado la bolsa que no formaba parte de la bomba, Pedro J. Ramírez, obviando esa realidad, el 19 de este mes, sin haber leído –u olvidado- lo publicado en su propio periódico, en Carta del Director manifestó: “A base de seguir enlazando circunstancias y rimando una fichas con otras, es imposible soslayar, además, que el mismo comisario Sánchez Manzano, a la sazón jefe de los Tedax, que ahora se ha descubierto que llevaba dos años guardando en su poder la mochila de Vallecas mientras ésta criaba y se reproducía”.

El Mundo volvió a reiterar estas informaciones en el mismo sentido el 2 de mayo de 2006, en la sección de opinión: “Y la propia bolsa permaneció en poder del inspector [comisario] de los Tedax Sánchez Manzano hasta que el juez se percató de que le habían dado gato por liebre”. El 13 de julio de 2006, Casimiro García-Abadillo, que al parecer tampoco había leído su propio periódico, escribía la Carta abierta a Olga Sánchez, la fiscal: “Las cosas, y tú eres consciente, no se han hecho bien. En el curso de la instrucción, el jefe de los Tedax se ha destacado por sus ocultaciones y obstrucciones a la justicia (…). Es decir, que Sánchez Manzano se había quedado con la buena y al juzgado sólo había enviado una bolsa recién comprada y parecida a la original”.

El 16 de diciembre de 2006, El Mundo nuevamente recurrió a la manipulación para publicar un editorial titulado Una destitución que deja en el aire todo el sumario del 11-M: “Han sido nuestras investigaciones las que han revelado la actuación inquietante, confusa y negligente del ya ex jefe de los Tedax (…) Entre todos los episodios en los que Manzano ha tratado de condicionar la actuación del juez (…), el más chusco es el de la bolsa falsa que facilitó al instructor haciéndola pasar por la mochila de Vallecas, prueba  clave del 11-M, que tenía guardada en su despacho (…). Todas las actuaciones de Sánchez Manzano sólo pueden tener dos explicaciones: o bien estamos ante un jefe policial de una torpeza contumaz y de una insolvencia preocupante o bien su conducta forma parte de una manipulación intencionada para establecer una interpretación del 11-M a toda costa”.

De nuevo, a sabiendas de que yo no tenía nada que ver con esa cuestión, El Mundo inventa que había mandado la bolsa falsa al juez. Sigo preguntándome cómo se le pudo hacer caso a tanta torpeza contumaz e insolvencia preocupante de estos escribidores y locutores. Hablando de estos últimos, Federico Jiménez Losantos, otro de los que encabezó la teoría conspiratoria en los medios, el 15 de marzo de 2006, afirmaba: “La auténtica mochila está en manos del jefe de los Tedax desde hace dos años y supongo que ya le habrá borrado las huellas y todo lo que quiera (…) Todo es un montaje (...) ¿Quién nos garantiza que Manzano va a dar una bolsa que sea verdadera? Ni la señora de Manzano, si es que la tiene (…) En EEUU, con una prueba tan falseada, Al Capone estaría en la cárcel (…). Estamos hablando de gente que está ocultando las pruebas para averiguar quién asesino a 192 personas, por tanto de gentuza de peor de lo peor, de lo peor, de lo peor (…) La policía ha dirigido al juez (…)”.

Tan solo 5 días después, volvió a reiterar frases en términos similares: “Por qué el jefe de los Tedax se guardó la mochila de Vallecas en la cocina de su casa, para qué (…)”. Nuevamente, el 23 de enero de 2007, continuaba incidiendo en esta ridícula teoría: “Este tío, que ha tenido un año una mochila en su poder, una prueba del 11-M, que se la guardó. ¿Y por la noche qué hacía? ¿Cómo los asesinos en serie, le ponía un altarcito o qué? O sea, lo que ha hecho este tío, el Sánchez Manzano, que no es más que una pieza de la trama dedicada a crear tramas falsas (…) Vamos a ver, farsante, que tendrías que estar en Soto del Real, en una cárcel de alta seguridad, tú has ocultado la prueba fundamental del crimen de la masacre del 11-M y me asombra que un sindicato te dé cobertura”.

La sentencia de 11 de septiembre del Juzgado de Primera Instancia número 56 de Madrid desestimó la demanda que interpuse contra varios periodistas del periódico El Mundo utilizando argumentos ontológicos. No admitió una realidad incontestable: que utilizaron conjeturas en la determinación de los hechos. En su página 26, decía: “La información contenida en los artículos enjuiciados es veraz en lo sustancial y no está basada en rumores ni en meras conjeturas. En esencia, ha quedado probada la sustancial conformidad con la realidad de los hechos expuestos o divulgados en ellos”. Es decir, esta sentencia daba por probado que la mochila me la llevé a la cocina de mi casa. Pues no. Se depositó en la Unidad Central Tedax, como establecen las normas. Por lo tanto, ninguna disfunción o anomalía.

Una vez acreditados los hechos de aquella manera, la misma sentencia admite formular conjeturas e hipótesis. En la página 36, refleja: [Las expresiones de los demandados] su razón de ser tiene su antecedente en los hechos y datos […] reputados como veraces y, sobre la base de los mismos, los demandados aportan sus opiniones, exponen hipótesis, conjeturas y juicios de valor, los cuales dentro del contexto explicitado […] son […] fruto de una crítica periodística admisible ante una serie concatenada de hechos que revelaban anomalías y disfunciones de diverso signo y que ineludiblemente alcanzaban al demandante por el protagonismo que ostentó en su desarrollo”. Ya sabíamos por Marcel Proust cómo hay convicciones que crean evidencias.

Además, la sentencia expresa que los demandados no imputan categóricamente delitos, sino que los plantean de manera hipotética y potencial. En la página 38, afirma: “De otro lado, ninguno de los artículos atribuye categóricamente al actor una manipulación intencionada de las pruebas o la comisión de hechos susceptibles de constituir delito, pues no se afirma ello como un hecho cierto, sino con potencialidad, como posibilidad presumible o presunta”. Dejo a criterio del lector si en las publicaciones no se me imputan categóricamente delitos.

Por ejemplo, en relación con la bolsa de Vallecas, en la página 28 de la sentencia se afirma lo siguiente: “El que en el artículo de D. Casimiro García-Abadillo de 13 de Julio de 2006 […] se dé a entender que fue el demandante el que envió la mochila comprada […] cuando quien la remitió fue la UCIE […] no es un error sustancial y relevante en cuanto que no afecta a la esencia y veracidad de la información, no siendo esta otra que el hecho de que dos años después del atentado, y sin razón o causa conocida, la auténtica mochila aún no estaba en poder del juzgado”. Que la bolsa no estuviera en poder del juez no es el hecho esencial. Estaba en su debido lugar según la legislación, en la Unidad Central. El hecho que se enjuicia es la mentira difundida sobre quién la envió. No se puede considerar veraz lo que dice García-Abadillo, cuando me imputa que yo envié la mochila comprada. Eso es falso.

Como podemos observar, la elasticidad del derecho a la libertad de expresión y la sutileza del lenguaje dan mucho de sí. Sin embargo, no se pueden considerar veraces las publicaciones aquí reproducidas, cuando a una hipótesis sobre la existencia de un acto que presuntamente constituye una anomalía, sin comprobarla, se añade una conjetura sobre las razones presuntamente delictivas de dicho acto conjeturado. Así no hay veracidad que valga, aunque al periodista le ampare la interpretación de las maleables leyes en esta materia.

9.3.1. Preguntas parlamentarias sobre la bolsa de Vallecas

Como quedó expuesto, Zaplana, portavoz del PP en el Congreso, en la Sesión Plenaria número 182, de 13 de septiembre de 2006, (página 9.982), afirmaba: “Cuesta creer que sea una práctica habitual de la Policía conservar en el domicilio particular del jefe de los Tedax la prueba clave que ha guiado toda la investigación. Reconocerán que cuesta creerlo, pero puede ser”. También Del Burgo, el que fuera representante del Grupo Popular en la Comisión del 11-M y portavoz del PP en la Diputación Permanente del Congreso, el 8 de Agosto de 2006, según el Diario de Sesiones número 193, página 9.764, dijo: “El señor Sánchez Manzano nos dejó a todos estupefactos cuando se descubrió que la mochila de Vallecas; no estaba en el juzgado de la Audiencia Nacional, sino en la cocina de su casa”.

Ambos, significados parlamentarios de la época, al hacer fiel seguidismo de los promotores de las teorías, mostraron una significativa estupidez. El Grupo Popular, entonces, continuó demandando información sobre varias cuestiones relacionadas con este tema, entre las que se destacaron las siguientes:

Razones por las que la Unidad Central de Información Exterior (UCIE) envió al juez Del Olmo una mochila distinta a la de Vallecas (131021)[94].

Razones alegadas por Sánchez Manzano, si es que se le pidieron, para que la mochila de Vallecas no se haya enviado a la Audiencia Nacional hasta dos años después de los atentados del 11-M.

¿Considera el señor ministro que puede mantener como jefe de los Tedax a una persona que comete tan serias equivocaciones [error de la nitroglicerina] y que, además, trató de engañar al juez de Instrucción del 11-M con la metenamina y entregándole una mochila falsa en lugar de la famosa mochila de Vallecas? (143524)[95]”.

En esta última pregunta me imputaron la entrega de una mochila falsa, cuando en la primera cuestión sabían perfectamente quién la entregó. Por lo tanto, ¿hasta dónde llegaba la falta de coherencia y rigor en la formulación de las preguntas parlamentarias? Además, alguien así –el diputado que las formulara–, con esta deplorable demostración de inteligencia u honradez, ¿puede ostentar la representación popular? Una de las contestaciones propuestas por la Unidad Central Tedax fue el contenido del informe remitido al Juzgado Central de Instrucción número 6 el 15 de marzo de 2006.

El 22 de septiembre de 2006, elaboramos una respuesta a una pregunta sobre la bolsa falsa tan repetida, ya que, anteriormente, había informado la Unidad Central de Inteligencia sin especificar claramente que el fallo del envío al Juzgado correspondía a la Unidad de Información Exterior, y no a los Tedax. Otra indeterminación, intencionada o no, que dejaba abierta la polémica sobre quién remitió al juzgado la bolsa equivocada.   

A pesar de todas estas elucubraciones, tanto mediáticas como políticas, la bolsa auténtica, la que contenía la bomba desactivada en Vallecas, estaba en la Unidad Central Tedax, en depósito, como establece la normativa. Al juez le constaba por escrito esta circunstancia desde el principio y así lo reflejaba el sumario. La confusión la propició la Unidad Central de Información Exterior al remitir una bolsa similar, junto a otros efectos, sin especificar su verdadera naturaleza y origen. El oficio de la citada unidad, que se incorporó al procedimiento judicial y ha sido citado anteriormente, lo deja meridianamente claro.

En escrito del 16 de marzo de 2006, propuse iniciar diligencias de oficio y rectificación a los medios de comunicación que publicaron las mentiras de mi actuación con la bolsa-bomba desactivada en Puente de Vallecas. En dicha solicitud, especifiqué que “si hubiera alguna irregularidad, asumo, como es mi obligación, la responsabilidad que corresponda por dichas imputaciones, si se demuestran que son ciertas”.

En el día de hoy, en la página 4 del periódico “El Mundo”, en la columna “Comentarios liberales”, Federico Jiménez Losantos, escribe sobre el “11M” y en algunos de sus párrafos alude directamente al Comisario que suscribe y de forma genérica a la especialidad.

“Por ejemplo, la bolsa del Puente de Vallecas. Durante dos años, el jefe de los Tedax se la ha quedado en su casa, hurtándosela al juez Del Olmo. Y si ha sido capaz de quedarse con la prueba principal que permitió poner en marcha toda la tragicomedia del 11-M al 14-M, más los esperpentos parlamentario y policial de estos dos años infames, ¿qué no habrán hecho Manzanos y Perales, encinas y Alcornoques, con otras pruebas menores y las declaraciones de unos y otros?¿Qué diligencias habrán sido realizadas y qué minuciosidades rematadas en 10 segundos?.

Si tanta desvergüenza y tanto desprecio al juez han demostrado en la piedra angular del sumario, ¿qué no habrán trampeado, inventado, escondido, disimulado o falsificado mientras el juez lloraba en público mientras las víctimas?. Esto último prueba que el juez Del Olmo es persona de buen corazón y que su señora ha hecho una buena boda, pero para lidiar estos marrajos (tiburón?) resabiados lo que hace falta es una técnica depurada y una mala leche peor que la del animalario aculado en tablas, que finge una mansedumbre inerme hasta que se descuida el diestro y, zas, en una décima de segundo le mete el cuerno por la mochila.

En lo que se parecen a los terroristas clásicos estos trileros desvergonzados del 11 M, estos vendedores de humo y engañabobos al por mayor, es en la importancia que le dan al lenguaje, que el terrorismo del XIX, las guerras del XX y los golpes de Estado del XXI es donde se gana o se pierde.....”.

Esta misma persona, en la emisora COPE, en la mañana del día de ayer, pronunció frases similares, según comentarios de varios TEDAX-NRBQ que llamaron a este Comisario para comunicárselo. Del contenido de dichas frases no tiene conocimiento exacto.

En otras ocasiones, a lo largo de estos dos años, esta persona en la misma emisora y programa de la mañana, ha hecho alusiones despectivas al que suscribe y lo ha vinculado con una mujer de Avilés que ni conoce ni la ha visto nunca.

En relación la actuación de la especialidad de desactivación de explosivos y NRBQ con la bolsa que contenía la bomba desactivada en Vallecas la madrugada del 12 de marzo del 2004, origen del artículo comentado, se precisa lo siguiente:

La normativa que regula el funcionamiento de esta especialidad (Resolución del Director General de la Policía de 19 de mayo de 1989) en su primera disposición, en su apartado l) establece que la Unidad Central de Desactivación de Explosivos y NRBQ, tiene como una de sus funciones: “La custodia y depósito a disposición de las Autoridades Judiciales o Administrativas de los elementos no explosivos  de los artefactos explosivos o incendiarios; así como los restos de las explosiones”. La misma función se le asigna, cuando se enumeran las actuaciones de los TEDAX-NRBQ, en el Plan de Actuación ante Atentados Terroristas (“Circular 50” del Subdirector General Operativo de 14 de diciembre del 2005, punto 3, apartado 3.1.2).

La Autoridad Judicial que instruye el sumario de los atentados del “11 M” conocía, desde el primer momento que la bolsa, así como los otros elementos que componían el artefacto, están custodiados y depositados en dicha Unidad Central, según consta en diligencias instruidas por la Brigada Provincial de Información de Madrid, nº 1304, de 12 de marzo.

Desde la creación de los TEDAX, se han desactivado numerosos artefactos colocados por diversas organizaciones terroristas, los elementos o restos de los mismos están depositados en esta Unidad, a disposición de la Autoridad Judicial, salvo aquellos que han sido solicitados por la misma.

El Comisario Jefe de esta Unidad, propone al Centro Directivo, si lo considera procedente, llevar a cabo las siguientes actuaciones:

       Instar de la Autoridad Judicial la apertura de diligencias (de oficio) por las imputaciones hechas a la especialidad y a su responsable con motivo de la actuaciones llevada a cabo con la bolsa.

       Proceder a la difusión correspondiente en los medios de comunicación de la nota elaborada y tramitada el día de ayer a la Comisaría General de Información, al objeto de evitar en la opinión pública la desconfianza hacia la especialidad.

Se considera más adecuado que ambas actuaciones sean iniciadas y desarrollas institucionalmente, dado el interés afectado, antes que proceder a nivel personal.

En cualquiera de las dos opciones, este Comisario Jefe, como es su obligación, asume la responsabilidad que corresponda por la actuación de la especialidad y derivada de estas imputaciones si se demuestran que son ciertas. De lo contrario, considera conveniente exigir responsabilidades a la mencionada persona y a los medios que lo difunden o publican, todo ello para conservar la credibilidad y confianza que deben acompañar a toda actuación policial.

Madrid, 15 de marzo 2006

Pues bien, la Secretaría de Estado de Seguridad denegó esa propuesta y adjuntó un informe no vinculante de la Abogacía del Estado en el que la desaconseja por existir “actuaciones judiciales vigentes”. Como veremos después, cuando finalizaron los autos judiciales, volví a solicitar actuaciones de oficio contra los difamadores o, en su caso, apoyo jurídico para demandarles. También me lo denegaron.

9.4. La metenamina

Los promotores de las estrafalarias teorías trataron la cuestión de la metenamina[96] con amplitud, al manosear y tergiversar los mensajes hasta la saciedad, con lo que crearon confusión en el ciudadano. Resultó ser el tema paradigma de sus falacias. En este asunto es en el que mejor se observa la ausencia de seriedad, rigor y credibilidad de este tipo de periodismo sensacionalista. Como luego veremos, cuando empezaron con el agujero negro o enigma, ya constaba en diligencias judiciales el informe pericial de la Guardia Civil 1.735-Q-05, de 28 de junio de 2005, sobre el origen y la nula importancia de los rastros ínfimos de metenamina encontrados en la Goma 2 ECO del artefacto del AVE. También consta en dicho informe que la metenamina “se genera in situ en el propio cromatógrafo de gases”. En otras palabras, para que no se pierda el lector, en esa fecha, antes de que iniciaran la publicación de noticias falsas, en diligencias judiciales figuraba que, al analizar la dinamita del artefacto colocado en las vías del AVE, en el cromatógrafo de gases, se había generado metenamina.

9.4.1. Lo que El Mundo y la Cope divulgaron

Sobre este fondo, los medios de comunicación habituales también decidieron opinar y lanzar informaciones bastante alejadas de la realidad. Una vez más, los ejemplos que a continuación se muestran están recogidos igualmente en la demanda que interpuse contra periodistas del diario líder en la difusión de las teorías de la conspiración, El Mundo. Fernando Múgica firmó el artículo Los agujeros negros del 11-M. Las mentiras de la metenamina, publicado en El Mundo el 12 de agosto de 2005, cuando ya se había incorporado a las actuaciones judiciales el citado informe de la Guardia Civil. Estaba subtitulado La policía dio datos falsos al juez sobre la composición de los explosivos, y su autor afirmaba: “Con su tergiversación inicial no corregida a lo largo de todo un año, se potenció un hecho falso que, sin embargo, ha quedado impreso a fuego en los ciudadanos: los explosivos de la furgoneta y de la mochila de Vallecas eran idénticos. Así, ha intentado explicar Manzano esa falsedad en su contestación al juez, fechada el 20 de abril de 2005”.

“En informe policial [es pericial, no policial, elaborado por dos Tedax][97]- de la Unidad Central de Desactivación de Explosivos de 26 de abril de 2004, en su página 8 –continuaba Fernando Múgica– por error de trascripción se nombra metenamina como sustancia presente en el explosivo recuperado tras la desactivación de la bolsa bomba de la comisaría de Vallecas. Pero, lo más chocante es que el comisario acepta ahora con naturalidad que la Goma 2 Eco no lleva metenamina en su composición. Justo lo contrario de lo que aseveró en su primer informe sobre los explosivos del 11-M”.

Pedro J. Ramírez, tan solo dos días después, en la Carta del Director titulada Primera exposición razonada a favor de la reapertura de la Comisión del 11-M, señalaba: “Cualquiera diría que una de las más contumaces aficiones del juez instructor es la de ser engañado por el comisario Manzano. Todo sugiere que eso ya ha ocurrido en al menos tres ocasiones y que Su Señoría se ha tragado (…) y ahora parece comulgar con la rueda de molino de que si Manzano le informó falsamente de que en la mochila en cuestión había metenamina –explosivo militar hallado en la furgoneta de Alcalá– y de que éste es un componente específico de la Goma 2 –cosa que, atención, no es así–, fue por un error de transcripción”.

El jefe de los Tedax rechaza reproducir las explosiones del 11-M[98]. Así titulaba Manuel Marraco un artículo publicado en este diario el 2 de octubre de 2005 cuyo apartado Un componente fantasma, decía así: “Al episodio de la radiografía le siguió el de la metenamina, un elemento que no forma parte de la Goma 2 eco, aunque sí de explosivos más potentes. Una petición de la Guardia Civil puso al magistrado sobre la pista de graves errores [como veremos después, fue todo lo contrario]. El propio Sánchez Manzano tuvo que reconocer que era falso, como había informado, que los análisis de los componentes químicos de los explosivos encontrados en la furgoneta de Alcalá y los de la mochila de Vallecas indicasen que eran los mismos. En realidad, decían que la mochila contenía Goma 2 eco pura, mientras que en la furgoneta había aparecido la metenamina. Al final, Manzano borró del mapa la metenamina”.

Nuevamente, Pedro J. Ramírez, en Carta del Director del 19 de marzo 2006, manifestaba: “A base de seguir enlazando circunstancias y rimando una fichas con otras, es imposible soslayar, además, que el mismo comisario Sánchez Manzano, a la sazón jefe de los Tedax, (…) es también el responsable de suministrar al instructor información falsa sobre la composición del explosivo, para hacerla coincidir –vía metenamina– con la de los cartuchos de la furgoneta de Alcalá”.

Fernando Múgica, el 25 de abril de ese año, suscribía un artículo titulado Los agujeros negros del 11-M (XXIX), cuyo apartado Mentira flagrante aseveraba: “No perderemos ni un minuto en recordar algo obvio. El informe sobre la coincidencia entre esa dinamita de la Kangoo y la encontrada en la mochila número 13 (la que se halló y desactivó en la comisaría de Vallecas en la madrugada del 11 al 12 de marzo) estaba amañado”.

Pedro J. Ramírez volvía a reafirmarse en estos argumentos el 23 de julio de 2006, en una nueva Carta del Director: “No existen pruebas (…) ni existirán (…). ¿Quién podría objetar a que, correlativamente, tomáramos por mentirosos a Manzano y su ayudante en relación a la nitroglicerina, después de haberles pillado en una doble falsedad flagrante en relación a la metenamina? Que nadie se me pierda, porque lo de la metenamina es capital para demostrar el dolo, la intencionalidad aviesa con que, a juzgar por todos los indicios, el jefe de los Tedax trató de predeterminar el resultado de los análisis de los explosivos (...) El que el ministro del Interior no se haya desembarazado aún de un presunto sinvergüenza y probado incompetente como Manzano”.

¿Había o no metenamina en la Kangoo? Es la pregunta con la que titulaba un artículo en la sección de opinión del periódico el 24 de junio de 2006. El texto proseguía de este modo: “El jefe de los Tedax, Sánchez Manzano, despachó la mención a la metenamina como consecuencia de la contaminación de la muestra examinada. Sin embargo, existe la sospecha de que no hubo tal error, y que el explosivo utilizado en los trenes o al menos el localizado en la furgoneta no era el mismo que la Goma 2 hallada en Vallecas. Lo más grave, en todo caso, es que esta duda clave no va a ser despejada”.

Desde hacía un año –el 28 de junio de 2005–, sin embargo, esta duda clave estaba despejada por la Guardia Civil en el informe pericial 1.735-Q-05, de 28 de junio de 2005, según pone de manifiesto la Fiscal en su escrito de Calificaciones Provisionales (pág.170 y ss), publicado en diversos medios[99].

Y El Mundo lo sabía, porque constaba en diligencias judiciales que tenían en su poder[100]. El artículo El sumario incluye los componentes de todos los explosivos menos los de los hallados en los trenes, de Casimiro García-Abadillo, aparecía en portada el 25 de julio de 2006. El escrito llevaba por subtítulo Todo lo que usted quiso saber sobre la dinamita y Sánchez Manzano se encargó de disfrazar. Y continuaba así: “A esa hora, parecía claro que la intención del jefe de los Tedax era demostrar que el explosivo utilizado no era Titadyne, sino Goma 2 Eco, lo cual era fundamental para determinar la autoría del atentado y, por tanto, para condicionar el resultado electoral de los comicios que se celebraban el 14 de marzo”.

En todos los informes de los focos se mencionaba el término dinamita, con lo cual los Tedax no descartaron ningún tipo o marca de este material, tampoco el Titadyne. No obstante, García-Abadillo insistía: “¿Es que acaso todas las muestras patrón que tienen en el laboratorio de los Tedax están contaminadas con metenamina? ¿Por qué Sánchez Manzano, en lugar de tomar nota de lo que le dijo la Policía Científica y ordenar nuevos análisis sobre los restos de la Kangoo, lo que hizo fue falsear el informe y afirmar que también había metenamina en el explosivo de la bolsa de Vallecas?”

En el apartado sobre el Atentado del AVE ahondaba en sus críticas: “La Guardia Civil, que investiga el atentado del AVE cerca de Mocejón (que, a su vez, instruye el Juzgado número 3), detectó la contradicción entre los distintos informes[101]. Para empezar, en los análisis que realizó el laboratorio del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil no detectó metenamina en el explosivo que los terroristas habían situado en la vía del tren”. García- Abadillo defendió todo lo expuesto más de un año después de que constara en diligencias judiciales el repetido informe de la Guardia Civil, que en su apartado IV.1 exponía todo lo contrario: “Dada la presencia del compuesto denominado metenamina tras los análisis efectuados con la dinamita utilizada para intentar atentar contra la vía férrea del AVE Madrid-Sevilla”.

Cuarto engaño policial al juez sobre el explosivo de la Kangoo daba por título El Mundo el 31 de julio de 2006 a un apartado de la sección de opinión. El artículo aparecía, reitero, después de que el citado informe de la Guardia Civil, que explicaba la presencia de metenamina, llevara un año incorporado a diligencias judiciales. Tras inventar datos sobre los explosivos, en el diario de Unidad Editorial seguían defendiendo: “Si volviera a salir metenamina, quedaría en evidencia que la prueba no salió de la furgoneta, sino del propio laboratorio de los Tedax”.

Pero no fue El Mundo el que en exclusividad falseó, a sabiendas, informaciones y datos. También Federico Jiménez Losantos en La Cope desvariaba sobre asuntos muy serios como para hablar sobre ellos en los términos que lo hizo el 24 de enero de 2007: “Eso es una banda que ha sembrado de pruebas falsa el sumario, la mochila de Vallecas, la Goma 2 ECO, casualmente contaminada con la metenamina (…). La cuestión de fondo es que Manzano ha estado tres años custodiando esto, este tío, es que ha tenido en su casa o en su oficina la prueba primera, la famosa mochila de Vallecas se ha guardado él, en lugar de dársela al juez, es que ha hecho una detrás de otra”.

9.4.2. El Mundo se desmiente a sí mismo. Esta vez en el mismo texto

En un impulso de superación, El Mundo divulgó en un único artículo la mentira y luego la verdad sobre el mismo asunto. En concreto fue el 11 de febrero de 2007, en la página 18, cuando, a modo de informe, el diario publicó un extenso texto sin firma titulado 11-M: Los enigmas llegan a juicio. Un párrafo del texto me acusaba de manipulación: “Resulta altamente sospechosa la contaminación con metenamina detectada tanto en la Goma 2 ECO de la Kangoo como en la muestra patrón, significativamente remitida al laboratorio de la Policía Científica para su cotejo. Esa coincidencia podría explicarse porque ambas muestras procedieron del mismo explosivo aportado por la Policía (…). La deliberada manipulación policial quedó patente cuando Sánchez Manzano –tratando de que todo le cuadrara- también incluyó la metenamina entre los componentes de la Goma 2 ECO de la mochila de Vallecas (…). Más recientemente aún, Sánchez Manzano entregó al juez la analítica de la Goma 2 ECO hallada en el piso de Leganés, haciéndola pasar por la de los gramos de la Kangoo, probablemente para que Del Olmo no volviera a reparar en que el misterio de la metenamina sigue estando pendiente de aclaración”.

Sin embargo, más adelante, el artículo relataba lo que realmente había sucedido: “La Guardia Civil informó meses después del intento de atentado contra el AVE de que a ella también le había aparecido metenamina en la Goma 2 ECO hallada junto a las vías. Elaboró un informe en el que concluyó que no hubo contaminación, sino que la metenamina se había generado en el propio laboratorio al someter la Goma 2 ECO a ciertas pruebas. El tribunal ha pedido a los peritos que comprueben esa versión”. Como se puede observar, el autor del artículo conocía la causa de la presencia de metenamina; también sabía que la Guardia Civil la halló en sus análisis y no lo había reflejado en el primer informe. La verdad estaba patente en el sumario, cuyo contenido presumían dominar perfectamente[102] los informadores del El Mundo constantemente. Y así era, pero no tenían ningún reparo en contradecirse a ellos mismos. ¿Por qué El Mundo mantuvo esas incongruencias durante dos años más?

9.4.3. El seguidismo de algunos miembros del PP

La Guardia Civil tramitó el repetido informe pericial, en el que explicaba la contaminación en el cromatógrafo de gases al juez, al fiscal y al Ministerio del Interior. Un año después, en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 4 de Mayo de 2006, serie D, número 379, se publicaron las preguntas que formuló el Grupo Popular, que parecían desconocer el citado informe:

              La 184/071191, en la página 158, cuestionaba lo siguiente: “¿Ha logrado el Ministerio saber por qué el jefe de los Tedax, Sánchez Manzano, emitió un informe el 12 de marzo de 2004 en el que aseguraba que los explosivos de la furgoneta Renault Kangoo, y de la mochila de Vallecas, eran idénticos, Goma 2 Eco, y año y medio después se pudo saber que esta información era falsa y que los informes de la Policía Científica habían sido supuestamente manipulados por el propio Sánchez Manzano, puesto que la mochila sólo contenía Goma 2 Eco y en la furgoneta se encontró metenamina, además de los componentes normales de la Goma 2 Eco?”

A tan extensa pregunta, sin embargo, el Ministerio del Interior dio esta respuesta[103]: “En contestación a la pregunta de su Señoría, se informa que, en el auto de procesamiento de fecha 10 de abril de 2006, queda claro que no hubo manipulación”. Vamos, que el Gobierno no dejaba que me defendiera ni lo hacía él. Había muchos argumentos para contestar la pregunta y dejar sentenciada la polémica

La pregunta 184/071255, en la página 170, planteaba esto: “¿Le consta al señor ministro que en los restos de explosivo de la furgoneta Renault Kangoo de Alcalá de Henares apareció un producto químico que, entre otros usos, se utiliza para fabricar el explosivo militar RDX, tal y como consta en los informes de la Policía Científica, efectuados el 11 de marzo de 2004 y entregados al juez Del Olmo?” Y la siguiente, la 184/071256, en la página 170, decía lo siguiente: “¿Tiene constancia el señor ministro de que el análisis de ese resto explosivo no coincide con el análisis efectuado el 12 de marzo al explosivo hallado en la mochila de Vallecas, hecho éste que se ocultó no sólo a la opinión pública, sino también al juez?”

Ambas cuestiones fueron contestadas con una sola respuesta[104]: “En contestación a la cuestión que interesa Su Señoría, se señala que en el auto de procesamiento de 10 de abril de 2006 se contienen distintos informes policiales que recogen de modo concluyente que el explosivo hallado y utilizado en los atentados es Goma 2 eco”.

Unos meses más tarde, en septiembre de 2006, (BOCG número 433, de 21 de septiembre de 2006) volvieron a formular dos preguntas en términos similares: La 184/083950, en la página 265, cuestionaba: “Epígrafe y folio del auto de procesamiento en el que, a juicio del ministro del Interior, queda claro que no hubo manipulación, en relación con la manipulación de informes que se llevó a cabo sobre los explosivos aparecidos en la furgoneta Renault Kangoo y la mochila de Vallecas (nº reg. 141430)”. La contestación volvió a ser la misma[105]: “En relación con el dato que interesa a Su Señoría, el Ministerio del Interior se reitera en la respuesta dada a la pregunta señalada”. Asimismo, la pregunta 184/084070, en la página 275, solicitaba: “Coincidencia de la dinamita encontrada en la mochila número 13 de Vallecas y la que apareció en la furgoneta Renault Kangoo (nº reg. 141550)”. La respuesta del Ministerio fue esta[106]: “En relación con la información solicitada por Su Señoría, se señala que el explosivo hallado en la furgoneta era Goma 2 Eco, en la que se detecta una contaminación de metenamina, y la de la mochila número 13 era Goma 2 Eco, sin contaminación de la referida sustancia, tal y como consta en el auto de procesamiento de 10 de abril de 2006”.

En atención a lo que constaba en el sumario, la propuesta de contestación elaborada por la Unidad Central Tedax difería considerablemente de lo que se respondió en el Congreso. Además, la diputada que formulaba estas preguntas formaba parte del partido que estaba en el Gobierno en el momento del atentado. Gobierno al que se remitió toda la información sobre los análisis, en los que figuraba la presencia de la metenamina, tanto por parte de los Tedax como por Policía Científica, el 11 y el 12 de marzo de 2004; igualmente, en primeras diligencias se envió al juez de instrucción[107].

Las citadas preguntas se contestaron en junio y noviembre del 2006, un año después de que el Ministerio del Interior y el juzgado de instrucción recibieran el informe de la Guardia Civil que indicaba que también había metenamina en la dinamita del AVE y que “al ser una sustancia ajena a la misma, no lo habían hecho constar en el informe que hicieron en su día”. Asimismo, constaba que ésta se generaba en el cromatógrafo.

¿Si ese informe ya estaba en el Ministerio del Interior (entonces del PSOE), por qué no lo desmintieron? Podían negarlo contundentemente. Los que preguntaban daban toda la credibilidad a lo publicado por El Mundo y cuestionaron las actuaciones de los Tedax y mi comportamiento profesional sin ni siquiera comprobarlo. Lo peor es que las preguntas parlamentarias se hicieron en octubre de 2006[108], un año y medio después de que todo eso constara en las públicas actuaciones judiciales.

¿Cómo los representantes de la soberanía popular pudieron dar credibilidad sin pruebas a quienes defendían y propagaban la presunción de que las instituciones del Estado habían montado una conspiración para engendrar los atentados del 11-M (Pedro J. y García-Abadillo dixerunt)? Más le hubiera valido alejarse y preservarse de tales individuos y confiar más en las instituciones y en los profesionales que las integraban, que por cierto estaban bajo su dirección y mando cuando se produjeron los atentados.

9.4.4. ¿En qué argucia sustentaban la tergiversación periodística?

La misma noche del 11 de marzo de 2004, la Unidad Central recibió, procedente de Policía Científica, el informe 173-Q1-04 con los resultados analíticos provisionales del explosivo hallado en la furgoneta Kangoo y de la muestra patrón. En el documento, figuraban los componentes de ambas sustancias, que se corresponden con los de la dinamita Goma 2 ECO. Con el objetivo de tener informado al Gobierno (entonces del PP), a las 22.30 horas de ese día, enviamos este informe pericial a la Subdirección Operativa en fax número 44. También lo envió la Policía Científica por su conducto reglamentario.

Después de la desactivación del artefacto de Vallecas en la madrugada del día 12, la Unidad Central Tedax elaboró una nota informativa que enviamos a la Subdirección General Operativa –no al juzgado– sobre las 9.00 horas. Además de las similitudes entre los indicios recogidos por los Tedax en los distintos escenarios, el apartado sobre sustancia explosiva de la bolsa de Vallecas afirmaba que en las pruebas analíticas, aún no finalizadas, los resultados obtenidos hasta el momento confirman que se trata de la misma sustancia que la hallada en la furgoneta Renault, ya mencionada, que a su vez se corresponde con la muestra patrón de dinamita Goma 2 ECO. La antedicha nota informativa lo que comunicaba es que, a partir de la muestra patrón, en los análisis quedó establecido que ambas sustancias, la de la Kangoo y la de Vallecas, eran dinamita Goma 2 ECO. No se especificaron componentes, ni se habló de metenamina. Al menos en las notas que yo firmé esos tres días.

Posteriormente, ese mismo 12 de marzo, recibimos el informe pericial 173-Q2-04 sobre estos análisis que, como el anterior, lo remitimos por fax a la Subdirección General Operativa y adjuntamos a las Diligencias 1.304, ya referenciadas. En este informe constaba que “coinciden en todo menos en lo de metenamina”.

La Comisaría General de Policía Científica realizó los análisis y los informes periciales citados. También fue la encargada de elevar dichos informes, por su propia cadena de mando, hasta los órganos superiores del Ministerio. El Gobierno de entonces (PP), durante esos dos días y los dos meses posteriores, en los que permanecía provisionalmente en labores ejecutivas, estuvo perfectamente informado por dos canales (Tedax y Policía Científica). Sin embargo, posteriormente, como hemos visto, miembros del mismo partido, estando ya en la oposición, dos años después, preguntaron por qué no fue informado el Gobierno.

La inspectora responsable del laboratorio, el 12 de marzo de 2004, nada más recibir los resultados de los análisis, tras hablar con la Policía Científica, determinó inmediatamente que la metenamina era un contaminante o una sustancia extraña a la dinamita Goma 2 ECO. Razón por la que no volvimos a darle importancia alguna a la presencia de estos mínimos restos de metenamina. Su nivel o porcentaje de presencia en lo analizado era tan bajo que se debía desestimar, como se hace con otros muchos rastros o vestigios que no entraban dentro del rango de componentes.

¿Qué sucedió? Policía Científica de Policía Nacional, a diferencia de criminalística de Guardia Civil, la incluyó en su informe como componente hallado en una de las muestras de Goma 2 ECO examinada. Una actuación de la Policía Científica correcta y normal, por otro lado. La acción de valorar e interpretar los resultados obtenidos en los análisis sobre explosivos correspondía a los Tedax. La Policía Científica carecía de la experiencia y de los datos completos sobre el explosivo comercial.

Ambas aptitudes profesionales las reunía la inspectora licenciada química y especializada en explosivos destinada en los Tedax, quien el 11-M, como había hecho habitualmente durante los 20 años anteriores, valoró e interpretó los análisis y la presencia de la metenamina. Como experta en explosivos, consideró la metenamina desestimable e irrelevante para la investigación del explosivo, al igual que hizo la Guardia Civil con los exámenes al explosivo del AVE, en los que también apareció este material, que tampoco incluyeron en su informe. En ambos casos, los analistas sabían que no formaba parte de ningún explosivo y que el hallazgo era en rangos científicamente inapreciables.

Posteriormente, dos peritos Tedax, que no son químicos ni expertos en explosivos, elaboraron y firmaron el informe pericial Sobre diversas cuestiones relacionadas con el atentado del día 11 de marzo de 2004 en Madrid, remitido el 26 de abril de 2004 al Juzgado Central de Instrucción número 6. El texto reflejaba la pericia sobre diversas cuestiones relacionadas con el atentado. En uno de sus apartados, referido a la sustancia explosiva identificada como dinamita Goma 2 ECO, transcribieron (la trampa del corta y pega) todos los componentes de la dinamita que figuraban en el primer informe de Policía Científica (173-Q1-04), mencionando  que en el Servicio Central de Análisis Científicos de la Comisaría General de Policía Científica, se detectó la presencia de Nitrocelulosa, Nitroglicol, Nitrato Amónico, Ftalato de Dibutilo, Metenamina y Carbonato Cálcico, y añadieron “componentes estos habituales de las dinamitas”.

El contenido de este apartado no era objeto de su pericia, ya que los Tedax no son especialistas en explosivos –lo son en desactivación–. Por eso, y para que el juez tenga un conocimiento completo, siempre se adjuntan los  informes periciales de Policía Científica o del laboratorio con el que trabajan (los Tedax), como de hecho hicimos. Cuando remitimos el informe de los Tedax, incluimos los dos de Científica, que se incorporaron al sumario. En este fragmento, como hemos visto, se limitaron a transcribir los primeros resultados remitidos por la Policía Científica, sin añadir la aclaración que constaba en el segundo informe (173-Q2-04), que coincidían en todo menos en la metenamina.

En dicho informe pericial de los Tedax, que yo sólo di el visto bueno, se incluyeron, como anexos, las dos periciales de la Comisaría General de Policía Científica: 173-Q1-04 (Kangoo y muestra patrón) y 173-Q2-04 (bomba desactivada en Vallecas). Todo el paquete se envió al juez, que lo incorporó al sumario. Por lo tanto, no tiene sentido hablar de manipulación ni de ocultamiento de información.

En cualquier caso, para nosotros, desde el primer momento, la presencia de metenamina carecía de importancia. Al igual que para el juez de instrucción, que, tras tener conocimiento de la presencia de esa sustancia, no solicitó nuevos estudios. Solo lo hizo un año después, a raíz de la polémica mediática. Sin embargo, los nuevos análisis demostraron que la naturaleza de este componente coincidía con lo apreciado por la química de los Tedax y que, por lo tanto, tenía nula relevancia en el proceso judicial.

9.4.5. Metenamina por contaminación

El 20 de abril de 2005, a petición del juez instructor, la inspectora química elaboró el Informe pericial sobre sustancias químicas y explosivos, donde detallaba el porqué de la presencia de metenamina en la dinamita del resto de cartucho de la Kangoo y en el patrón. La inspectora especificaba que la metenamina, desde un principio, fue considerada un contaminante, por lo que carecía de trascendencia en la investigación del explosivo. De ahí que, a pesar de la insistencia de algunos opinadores, los Tedax continuábamos sin darle importancia a esta cuestión.

En junio de ese año, el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil informó al Juzgado de Instrucción número 6, y a mí personalmente, de que en los primeros análisis realizados a la dinamita del artefacto colocado en la vía del AVE, el 2 de abril de 2004, también habían encontrado metenamina. Así, de hecho, figura en el informe pericial de la Guardia Civil 1735/Q/05 de 28 de junio de 2005, ampliatorio al 1526/Q/04 de 4 de agosto de 2004, sobre el explosivo del AVE especificaba que tras efectuar en su día los análisis necesarios, se concluyó que los únicos componentes explosivos encontrados son los pertenecientes a la composición de la dinamita. Además, decía que se detectaron metenamina y estearato de metilo, los cuales no fueron incluidos entre los resultados obtenidos por no ser inherentes a la composición Goma 2 ECO, careciendo de carácter explosivo.

El contenido de ambos informes fue examinado en la Vista Oral, donde se explicó la contaminación de la metenamina: “Los estudios realizados determinaron que dichos compuestos son el nitrato amónico y el nitroglicol. Una vez mezclados, siendo el metanol el medio de reacción y bajo las condiciones de trabajo del cromatógrafo de gases, se produce metenamina. La metenamina se genera in situ en el cromatógrafo de gases, descartando contaminación de los precursores en la planta de producción, o de la propia dinamita como consecuencia del almacenaje”. La misma valoración hicieron los ocho peritos nombrados por el tribunal y así figura en su informe definitivo (folios 215 y 224), de 15 de mayo de 2007[109], aunque algunos peritos propuestos por las partes mostraron reticencias en sus conclusiones particulares.

9.4.6. La odontología periodística

Los promotores y voceros de la autoría de ETA y de la teoría de la conspiración, durante la campaña de la metenamina, me acusaron de ocultar datos y engañar al juez durante dos años, hasta el inicio del juicio, en marzo de 2007. Lo mismo hicieron determinados políticos a través las preguntas parlamentarias formuladas en el segundo semestre de 2006. En agosto de 2005, cuando decidieron escribir sobre ello o, un año después, cuando se formularon las preguntas parlamentarias, necesariamente debían saber ya que en el sumario del que tenían copia[110] constaba lo siguiente:

1)      En oficio de 5 de abril de 2005, el Juzgado Central de Instrucción número 6[111] solicitó el informe pericial sobre diversas cuestiones relacionadas con la metenamina.

2)     El 20 de abril de 2005, la Unidad Central Tedax presentó ese informe, donde dejaba claro lo expuesto anteriormente: irrelevancia de la presencia de metenamina en la investigación de los explosivos. Lo que corroboró la Guardia Civil un mes después (junio de 2005).

3)     El 24 de junio de 2005, ya obraba en el sumario el informe pericial conjunto del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, que volvía a explicar la presencia de la metenamina como irrelevante para la identificación de sustancias explosivas y que se debía a una contaminación.

4)     El 28 de junio de 2005, la Guardia Civil remitió al juez y a instancias superiores del Ministerio del Interior el resultado de las investigaciones científicas realizadas para averiguar las causas de la presencia de metenamina, referenciadas y explicadas en párrafos anteriores.

¿Cuál era entonces la finalidad de los que pretendían denominar enigma o agujero negro al asunto de la metenamina? Utilizando los mismos términos que Casimiro García-Abadillo, a él y a sus compañeros de fatigas conspirativas les resulta difícil “protegerse de la verdad”. Para alcanzar esa protección contra la verdad que les persigue, con todas sus fuerzas y recursos, intentaron que me procesaran a mí.

La declaración judicial de secreto para determinadas partes del sumario, junto a mi obligación normativa de guardar reserva, no me permitieron responder por escrito a algunos aspectos que transcendían a la opinión pública sobre la actuación de los Tedax. Aun así, ante la insistencia de las mentiras publicadas, en varias ocasiones acudí personalmente a despachos de instancias superiores a explicar que en el análisis de la Goma 2 ECO del AVE apareció metenamina y que esta sustancia se generaba en el cromatógrafo de gases.

A pesar de mis peticiones reiteradas para que se emitieran desmentidos oficiales, éstos nunca llegaron. ¿Por qué no se hicieron cuando, desde junio de 2005, todos los datos expuestos a través de la Guardia Civil estaban a disposición del Ministerio del Interior, de la autoridad judicial y del Ministerio Fiscal?[112] Desconozco la explicación, pero la realidad es que no se advirtió a los parlamentarios del error que estaban cometiendo. A nadie le importó que a los Tedax y a mí nos estuvieran difamando. Salvo que existieran razones políticas o de interés general, para mí desconocidas, en una situación como ésta, con ataques tan graves al crédito de las instituciones y al honor de los policías, se debió haber intervenido de oficio, bien por la autoridad política, la administrativa, la judicial o el Ministerio Fiscal. Una diligencia elemental así lo exigía. Más aún cuando yo había ido a dar explicaciones y había solicitado esos desmentidos que nunca llegaron.

La actuación seguidista por parte de algunos políticos hacia lo que apuntaban unos pocos medios no solo hacía más y más grande una bola de fantasías que no llevaba a nada, sino que incluso pudo tener coste electoral para estos dirigentes. Varios análisis de los resultados de los comicios del 9 de marzo de 2008, publicados posteriormente, los resaltaron como una de las causas principales de la derrota electoral. Entre otros[113] destaca el siguiente: “Como saben y repudian la permanente intromisión –que ha derivado en insultos– en la vida del partido y en su estrategia política de El Mundo y la Cope, coautores de la derrota electoral del PP como agitadores de la crispación y la conspiración del 11-M. El ruido milagroso al que se agarró Zapatero para tapar sus errores y movilizar su electorado agitando el fantasma de una derecha integrista y catastrófica para, finalmente, ganar las elecciones”.

9.5. Sustitución de fotografía del explosivo por la Policía Científica en su informe pericial

En el informe de la Policía Científica sobre la inspección a la Kangoo[114], por error, sus autores colocaron una fotografía del explosivo de la bomba desactivada en Vallecas junto a otra con los detonadores hallados allí, en lugar del resto del cartucho encontrado en la furgoneta. El Mundo sabía la verdad, el 31 de julio de 2006, y de hecho así apareció en una información firmada por Manuel Marraco (La Policía envía por cuarta vez al juez datos falsos sobre el explosivo de la furgoneta). El texto de la noticia decía lo siguiente: “La confusión se incluye en un informe de la Comisaría General de Policía Científica del pasado 4 de mayo, que a su vez intentaba aclarar otro error anterior”.

Un mes después, el periódico volvía a contradecirse. El 1 de septiembre de 2006, en la página 12, en el artículo El 11-M: el estado de la cuestión, el apartado referido a la composición del explosivo afirmaba: “Más recientemente aún, Sánchez Manzano entregó al juez la analítica de la Goma 2 Eco hallada en el piso de Leganés, haciéndola pasar por la de los gramos de la Kangoo, probablemente para que Del Olmo no volviera a reparar en que el misterio de la metenamina sigue estando pendiente de aclaración”. Es decir, el diario sabía lo que había pasado, porque lo había contado 30 días antes, pero decidió hacerse el tonto y acusarme de algo que no había hecho.

El 11 de febrero de 2007, en la página 18, en el apartado 2 del artículo 11-M: los enigmas llegan a juicio, El Mundo repitió el texto anterior, lo que ponía de manifiesto que, a falta de imaginación, tenía que recurrir al corta-pega para continuar su línea de acción.

Por su parte, y obviando que el informe de la Policía Científica con la explicación sobre la confusión ya estaba en el sumario, algunos diputados decidieron seguir el camino marcado por El Mundo formulando preguntas parlamentarias de este tipo: “¿Se entregó al juez Del Olmo idéntica fotografía de los explosivos de la mochila de Vallecas y de la furgoneta Renault Kangoo? En caso afirmativo, ¿qué objetivo se pretendía alcanzar con este hecho? ¿Quién dio la orden de que se entregase la misma fotografía?”

9.6. El teléfono TRIUM

En relación con el teléfono TRIUM y su programación como sistema de activación de la bomba neutralizada en Vallecas, el día 5 de marzo de 2007, en El Mundo aparecía como primer titular de portada el siguiente: La Policía obtuvo datos del 11-M sin orden judicial. El subtítulo, por su parte, señalaba: “Manzano engañó al juez diciéndole por escrito que la hora del teléfono de Vallecas coincidía con la real, cuando la habían puesto los propios Tedax después de que esa información se perdiera al encender el Trium con la tarjeta del móvil de un agente”. La acusación encabezaba un artículo suscrito por Casimiro García-Abadillo, que en la página 8 de ese diario decía: “Sobre las 4.00 horas (…) fue llevado a las dependencias de dicha Unidad, en el Complejo de Canillas. Su jefe, Juan Jesús Sánchez Manzano, la trasladó allí personalmente (…). Para sorpresa de la Policía, el teléfono conectado al detonador estaba apagado (…). El juez Del Olmo tuvo mucho interés (…). Tal es así que el 20 de octubre de 2005 (…) ordenó a los Tedax un informe pericial sobre el asunto. El 7 de noviembre de dicho año, Sánchez Manzano le remitió al juez su informe pericial, (…). El comisario jefe de los Tedax no dijo la verdad al juez. Una vez que se quita la batería (…) si, como relataron el propio Sánchez Manzano y el comisario general de Policía Científica Miguel Ángel Santano, ante la Comisión de Investigación del 11-M, el teléfono se desmontó para extraer la tarjeta”.

En el mismo medio, el 16 de julio de 2007, ya finalizado el juicio, el editorial afirmaba lo siguiente: “Los indicios de manipulación policial surgen por doquier también en esta investigación de las tarjetas. Por ejemplo, Sánchez Manzano no dijo la verdad cuando declaró que la hora del reloj del teléfono de la mochila de Vallecas “coincidía con la real”, por la sencilla razón de que uno de sus hombres tuvo que programarlo al encenderlo tras la extracción de la tarjeta”.

García-Abadillo invitaba en otros artículos al ciudadano a leer el sumario[115], mientras en este parecía ignorarlo.

En primer lugar, en el Informe Pericial sobre diversas cuestiones relacionadas con el atentado del día 11 de marzo de 2004 en Madrid, de 27 de abril de 2004, firmado por dos peritos –uno de ellos el que lo examinó–, y no por mí, figuraba que respecto al estudio en pantalla de las funciones que tenía programadas el teléfono, se observó que su reloj marcaba la hora correcta, y que estaban activadas las de vibración y alarma-despertador a las 07.40 horas.

En segundo lugar, el informe pericial elaborado conjuntamente por el Cuerpo Nacional de Policía y por la Guardia Civil, de 24 de junio de 2005, también explicaba la programación del teléfono móvil utilizado como sistema de activación. “El teléfono móvil se encontraba inicialmente apagado. Al encenderlo, se pudo apreciar que en la pantalla, tenía programadas las funciones de alarma-despertador y vibración. La hora que marcaba el reloj era la correcta y la alarma estaba programada para las 07.40 horas”. Esto fue lo que yo expliqué en la Vista Oral, lo mismo que reflejaba el informe que firmaron cuatro peritos de los Tedax: dos de la Guardia Civil y dos de la Policía. Yo no di el visto bueno, porque los designó directamente el juez.

Por último, también en el informe pericial elaborado por dos Tedax en noviembre de 2005[116], los peritos señalaban que, cuando se procedió al estudio del teléfono, su hora coincidía con la real, y tenía activadas las siguientes funciones: Alarma recordatorio diaria a las 7.40 horas.

Además de estos documentos, en el juicio, a la pregunta planteada por una acusación (Ayuda a las Víctimas del 11-M), yo aclaré lo siguiente: “Estaba presente, pero no observé cómo los Tedax examinaron el teléfono, informándome, inmediatamente, de que tenía la hora real y estaba programado para activar la función vibrador-despertador, donde estaba conectado el detonador, a las 7.40 horas”.

Posteriormente, el Tedax que declaró en el juicio como perito experto en sistemas de activación de artefactos explicó detalladamente que ese modelo de teléfono admitía encenderlo y observar todas las funciones programadas sin necesidad de cambiar de tarjeta o quitarle la fuente de energía. El teléfono, como lo dejaron los terroristas, antes de desmontarlo, fue encendido por los Tedax, que observaron la hora y su programación.

Según lo expuesto, cabe interpretar que García-Abadillo no concedió credibilidad alguna a los Tedax que estudiaron el artefacto y elaboraron los informes de carácter pericial. En su contenido, el comisario jefe no tuvo arte ni parte. Tampoco dije en la comisión de investigación que el teléfono fuera desmontado antes de observar la hora y su programación. Ahí está el Diario del Congreso de Diputados[117].

El fundamento jurídico III.4. de la sentencia, teniendo en cuenta los informes periciales citados, manifiesta que “el contenido de la bolsa desactivada fue entregado, sucesivamente, a la Unidad Central de Desactivación de Explosivos y NRBQ para su estudio y posterior análisis, a la unidad correspondiente de Policía Científica (…)”.

Efectivamente, primero se recibió en la Unidad Central para su estudio. Antes de entregárselo a la Policía Científica, los peritos de los Tedax encendieron el móvil e inmediatamente averiguaron que la alarma estaba programada para las 7.40. Después lo desmontaron para comprobar conexiones de los cables y finalmente se lo entregaron a la Policía Científica.

En el hecho probado 3.4 de la sentencia de la Audiencia Nacional se relatan los efectos incautados en la desactivación de la bomba en el parque Azorín: “El teléfono móvil llevaba dentro una tarjeta de la compañía Amena-Auna con el número 652 28 29 63 y tenía programado el despertador a las 7.40 horas”.

9.7. ETA y los teléfonos móviles del 11-M

El último comando Madrid de ETA tenía un móvil preparado como los del 11-M. Así titulaba El Mundo en su portada un artículo firmado por Casimiro García-Abadillo, el 26 de junio de 2006. El texto proseguía así: “En opinión de Sánchez Manzano, los etarras siempre han usado el móvil para hacer estallar la carga mediante llamadas, lo cual es sólo parcialmente cierto. El responsable de los Tedax omitió en su escrito al juez que ETA hizo pruebas para usarlo como temporizadores, como hizo el comando Txirrita (…). Es sorprendente que ni el responsable de los Tedax ni el ministro informasen al juez de que ETA no sólo sabía que los móviles podían emplearse como temporizadores, sino que de hecho había realizado pruebas para usarlos en sus acciones terroristas en Madrid”.

Por supuesto, con motivo de la anterior noticia, ese mismo día, Federico Jiménez Losantos se pronunció en la Cope: “Hubo un momento que fueron las tramas negras de Interior, éstas que nunca quiso desmontar, son los del GAL, es lo mismo (…), pero alguien cree que gente que empezó robando para matar y termina matando para robar, como son estas tramas negras de Interior, de esos se puede esperar algo bueno (…) pues no echaron a nadie; tres Ministros: Mayor Oreja, Rajoy y Acebes no hicieron nada (…). Una y otra vez ocultan pruebas al juez, no todo el PSOE evidentemente, no va a ser Rosa Díez, pero sí la parte oscura, el lado oscuro, Rubalcaba, pero de todo esto hace 15 días, pero es que Manzano, los Tedax, la parte oscura de la Policía, también, una y otra vez, una y otra vez (…)”.

Sobre esta cuestión, también hubo preguntas parlamentarias de algunos miembros del PP, como la siguiente: “¿Por qué motivos en el informe elaborado por la Unidad Central de Desactivación de Explosivos de la Policía, dirigida por el señor Sánchez Manzano, y remitido en abril de 2006 al juez Del Olmo se omite la circunstancia de que ETA hizo pruebas para usar teléfonos móviles como temporizadores?”

En el procedimiento judicial figuraban una nota informativa[118] y un informe pericial[119] elaborados por la Unidad Central de los Tedax que explicaban que ETA sólo había usado el teléfono móvil en tres ocasiones, y siempre con un sistema de activación a distancia, nunca con temporizador. En nuestros archivos, no constaba otro tipo de manipulación de teléfonos por parte de ETA.

Sin embargo, El Mundo insistía en el asunto, por lo que la Unidad Central no tuvo más remedio que solicitar al Ministerio del Interior que instara a su rectificación el mismo día de la publicación de este artículo. Nuestra demanda, por supuesto, no fue atendida por las altas instancias del Ministerio. Aun así, tuvimos que elaborar una nota aclaratoria a la pregunta parlamentaria, ya que en el Congreso seguían insistiendo en introducir a ETA en los atentados.

9.8. García-Abadillo y Jiménez Losantos, preparando ‘mi juicio’

A punto de iniciarse el juicio, los promotores de las teorías de la conspiración aún continuaban elucubrando en torno a la implicación de ETA y acusándome de todo tipo de delitos. Así, el 24 de enero de 2007, El Mundo, en un editorial, publicó Primer paso firme del Estado en pos de la verdad sobre el 11-M. ETA ya no es un tabú, que señalaba como sigue: “Sería ingenuo creer que todas estas decisiones garantizan per se el esclarecimiento completo de los hechos. Ni siquiera certifican que sabremos qué fue lo que explotó en los trenes. El hecho de que haya sido precisamente Manzano quien ha custodiado durante casi tres años los restos incrementa nuestra cautela ante los resultados de estos nuevos análisis”. El 14 de febrero 2007, en términos similares, el editorial titulado De lo que va del “vale ya” de la fiscal al dinitrotolueno defendía esto: “De ahí que insistamos en la responsabilidad tal vez criminal y desde luego administrativa de Sánchez Manzano al incumplir los protocolos, hurtar los restos de los trenes a la Policía Científica y lavarlos –como se supo ayer– con agua y acetona para hacer unos supuestos análisis que nadie ha visto jamás”.

El lunes 21 de mayo de 2007, volvían a editorializar sobre el tema con Sí había restos del 11-M, pero Manzano ni los analizó ni los aportó. Asimismo, en un artículo suscrito por García-Abadillo, éste manifestaba que se recogieron numerosos restos y que están guardados o fueron tirados a la basura. Por su parte, Jiménez Losantos también quiso pronunciarse en la Cope. El locutor, con su habitual estilo de brocha gorda, desbordó lo imaginable, tanto en extensión como en intensidad. Programas monográficos de griterío, barbaridades e insultos, con varias algarabías tertulianas. Sólo referiré una pequeña parte de lo que vociferó por las ondas. El 24 de enero de 2007 decía así: “Los análisis de los restos los hizo Manzano (…) y tiene que decir los que hay en 24 horas. Hoy tienen que decirle si se los han comido, si los han vendido en el rastro para chatarra, si los han repartido, los han sorteado, que es muy posible, porque las fechorías de Manzano son, bueno, ilimitadas, y no sólo de Manzano sino de sus jefes (…) Como hoy aparezca que Manzano ha vendido la chatarra en el rastro, yo espero que vaya a la cárcel ipso facto. El problema es quién interroga a Manzano, claro habría que interrogarlo. ¿Quién te dio la orden? ¿Por qué has tenido en tu casa un año la mochila, en lugar de dársela al juez? ¿Para quién trabajas? (…) Sólo por eso, en EEUU, no salía de Alcatraz (…). Esto está candente, sobre todo hasta que descubramos que Sánchez Manzano ha vendido la chatarra en el rastro (…)”.

El 13 de febrero de ese mismo año continuaba en los mismos términos: “Lo del juez se podrá discutir si es prevaricación, estupidez, incompetencia o lo que sea (…). No sabemos si la contaminación de que se habla fue que el manazas de Sánchez Manzano, que es lo que nos quieren hacer creer, además de lavarlos con agua y acetona, lo podía haber lavado con Fairy (…). Habéis mentido, habéis mentido a la opinión pública, os habéis burlado de los muertos y de los vivos, repito, y en la pruebecitas estas añadidas por Manzano y sus amiguitos, la furgoneta que entra vacía de Canillas y salía llena, la mochila de Vallecas, y que nunca estaba en Vallecas, pero de pronto plaf y desaparecía (…). Este Sánchez Manzano, que ya debería estar en el banquillo, o tal vez en prisión preventiva por si intenta escapar (...)”.

El 19 de febrero proseguía con sus difamaciones: “Lo que sí se contamina es lo que pasa por Manzano o por Santano, esto no es normal, es una estafa y son pruebas falsas (…). Detrás de la cortinilla están Manzano y Santano, la tocan y sale contaminada; es decir, aquí los únicos que han producido DNT o contaminan es Manzano o Santano (…), aunque hay datos suficientes para pensar que Manzano y Santano, el Tedax y compañía, sí sabían que había estallado DNT, que sí está en el Titadyne, que es lo primero que le dijeron a Aznar (...)”.

El 28 de febrero de 2007 manifestaba: “Este tío ha pasao por su mano toda la falsificación de pruebas del 11-M, toda. Lo que no ha hecho lo conoce. Pero toda ¡eh! Sí sé perfectamente lo que digo. Todo (…). Yo creo que lo mejor sería poner en Trabajo, en vez de a Caldera, a Sánchez Manzano, pues anda que no ha trabajado ése para borrar huellas y crear otras. ¿Trabajador? Vamos, para el mal, pero trabajador (…)”.

Y no terminan los ejemplos, pues el 5 de marzo de este año se expresaba de esta guisa: “Yo vengo diciendo hace tiempo, este tío tendría que estar bajo arresto, pero no tipo De Juana, o si quieren tipo De Juana, pero controlado, porque imaginan, imaginen este tío, donde se cruzan todos los hilos de la manipulación de las pruebas del 11-M, jefe de los Tedax. ¡Pero todos los hilos! De pronto, desaparece o huye o aparece víctima de un trágico accidente, y entonces qué van a decir los jueces, ¡uy!, quién iba a pensarlo, porque éste ha mentido en todo momento, éste es el as de la falsificación de pruebas, ya verán cuando hable (…)”.

El 20 de marzo, continuaba con declaraciones similares: “Pero es que hay más piezas que se cogieron de los trenes, y estoy convencido de que Sánchez Manzano sabe dónde están o las ha hecho desaparecer él (…). Engañaron al juez Del Olmo, que estaba encantado de que le engañaran, y a la fiscal que disfruta con la trola que le infligen”. El 26 del mismo mes, volvía a la carga: “Sánchez Manzano, gran embaucador, gran falsificador, gran mentiroso, gran embustero, gran perjuro en la comisión y en el juicio. Ha mentido por toda la boca, pues es el que ha comandado esta explicación, y es que no hay explicación (…). Pero como yo creo que Sánchez Manzano debe de tener en su casa una chabola, o una caseta del perro, con todos los pedazos de los trenes que faltan (…)”.

El 11 de abril de 2007, tras una acusación generalizada a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de ser los autores del atentado o encubridores, afirmó: “Y qué no ha podido destruir Sánchez Manzano que, por cierto, yo creo que el día menos pensado se escapa. Y el día que se escape, cosa que humanamente entendería, habrá que coger a todos los jueces, empezando por el señor Gómez Bermúdez, y decirles, ante las vehementes sospechas de que éste es una pieza clave en la creación de pruebas falsas, y en el borrado de las verdaderas, entonces, ¿por qué lo dejan libre? Y si tiene un accidente como los de Leganés y deja una carta (…) y si deja este valle de lágrimas, entonces qué; esto ante las narices de la justicia española (…). Éstos –se refiere a los islamistas detenidos– es la guardarropía, son los figurantes. Si no fue Goma 2 ECO lo que estalló en los trenes, y no lo fue, toda la Goma 2 ECO que han puesto en las pruebas de alrededor qué son, para engañar a la gente, para crear la inmensa patraña del 11 al 14 M y después, ¿por qué han seguido todos esos? Y los que han creado pruebas falsas están pasando por allí, entran, salen y se van a su casa, pero es la pura coreografía. Ahí ni autoría ni narices, y un policía tras otro (…)”.

Un último ejemplo para comprobar la fiabilidad que merece este personaje. El 12 de abril de 2007, defendía: “El gran cambiazo empieza entre las 2 y las 3, pero primero dejan a Acebes estrellarse con lo del Titadyne (…). Pero estaban preparando la coreografía de la estafa, del gran engaño. Estaban llenando la Kangoo, seguramente confeccionado la mochila de Vallecas; es decir, recreando alrededor una serie de señuelos de Goma 2 ECO para que no fuera Titadyne, para que no fuera ETA (…). Insisto, la comparecencia de ayer (De la Morena –comisario general de Información– y  Díaz-Pintado –subdirector general operativo–) es el momento más horrible que se ha vivido en este juicio (…). La línea, recuerden, Acebes, Astarloa, Díaz de Mera, Pintado, De la Morena, Cuadro Jaén, Sánchez Manzano, que es el de los Tedax, que es el que miente de la cruz a la raya, cambia, falsifica, manipula, trocea, esconde, en fin, que en un país normal estaría en la cárcel en espera de juicio”.

9.8.1. Preguntas parlamentarias sobre explosivos y ETA

Durante la investigación de los explosivos, quienes formulaban las preguntas parlamentarias pertenecían al partido que el 11 de marzo de 2004 aún conformaba el Gobierno (PP), por lo que resultaba cuanto menos curioso que alegaran deficiencias en la tarea desempeñada por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado cuando éstos realizaron las indagaciones estando aún bajo su responsabilidad.

Lo que realmente se vislumbraba bajo estas interpelaciones que ponían en duda la labor de su personal, sin embargo, era más bien la intención de sembrar la duda sobre el tipo de explosivo en introducir la variable de ETA. Los diputados conocían todos los detalles de la investigación, pero decidieron hacer estas preguntas una y otra vez, apoyándose en lo nuevo que cada cierto tiempo sacaba El Mundo. Se mostraron inasequibles al desaliento. Aquí sólo reflejo las cuestiones más significativas que estos parlamentarios lanzaron y respondo a algunas de ellas:

¿Estaba la dinamita que explotó en los trenes el 11-M reforzada con otros materiales, por ejemplo, con RDX?

¿La potencia explosiva de la furgoneta-bomba de Cañaveras hubiera sido suficiente como para volar un edificio como la Audiencia Nacional?

Procedencia geográfica de los misiles tierra-aire incautados a la banda terrorista ETA.

¿Conoce el señor ministro el informe de los Tedax, entregado al juez Del Olmo, en el que se dice que el 4 de marzo de 2002 la organización terrorista ETA utilizó un chaleco bomba para introducir en la Bolsa de Bilbao un artefacto explosivo que después desactivó la Ertzaintza y que en el mismo informe se menciona que ETA utiliza desde hace años pulsadores similares a los que sujetan en sus manos los encapuchados que aparecen en el vídeo de reivindicación de Leganés?

El informe pericial[120] que apunta la última pregunta recogía estudios que comparaban los explosivos del 11-M con otros utilizados a nivel nacional e internacional. En el caso de la Bolsa de Bilbao, ETA pretendía introducir en el edificio los distintos elementos que componen un artefacto explosivo por separado. Una vez introducidos, confeccionaría la bomba y la activaría mediante un temporizador.

                 Transcurridos dos años desde el atentado terrorista del 11-M, ¿está en condiciones el Gobierno de dar a conocer a la opinión pública el tipo de explosivo utilizado en las bombas?

La nota aclaratoria que elaboramos en la Unidad Central en abril del 2006 fue similar al informe que habíamos remitido al juez el 14 de junio de 2004, que reflejaba los indicios aportados por los Tedax a la instrucción sumarial:

                                         Donde se hallaron restos del tipo de explosivo, el resultado ha sido dinamita:

Todos los focos del 11-M, salvo en los focos nº 3 de la estación de El Pozo, y nº 2 de la C/ Téllez, (Informe Pericial de los TEDAX, remitido al Juzgado Central de Instrucción nº 6, el 27 de abril de 2004.

En la finca de Chinchón, en unos paneles de poliespan (Informe Pericial de la Comisaría General de Policía Científica 202-Q1-04, de fecha 29 de marzo de 2004).

En el vehículo Skoda Fabia, con matrícula 3093 CKF (Informe Pericial de la Comisaría General de Policía Científica 431-Q1-04, de fecha 29 de julio de 2004)

En el vehículo Volkswagen Golf TDI, con matrícula 0500 CHB (Informe Pericial de la Comisaría General de Policía Científica 234-Q1-04, de fecha 20 de agosto de 2004)

En todos los sitios, donde se encontró sustancia explosiva, el resultado de los análisis ha sido de dinamita con nombre comercial Goma 2 ECO:

Explosivo en resto de cartucho hallado en la furgoneta Renault Kangoo.

Explosivo del artefacto desactivado en el parque Azorín de Madrid.

Explosivo del artefacto de la vía del AVE Madrid-Sevilla.

Explosivos de la incidencia de la vivienda de Leganés.

Por lo tanto, científicamente se pudo constatar que en todos los escenarios de los atentados y en otros lugares investigados, no se encontraron restos de otra sustancia explosiva que no sea dinamita.

Estos indicios, junto a otros relacionados con componentes de los artefactos, los estimó el tribunal como prueba suficiente de que en los trenes se había utilizado Goma 2 ECO.

Cuando se  publicó la sentencia, los defensores de la teoría de la conspiración quedaron en evidencia. Se desveló como ficción todo lo que habían creado en torno a los explosivos. El tribunal, como en otras muchas sentencias sobre atentados de ETA, admitió que no se pudo determinar científicamente la marca comercial del explosivo utilizado en los trenes y dio por probado que, en su mayor parte, fue Goma 2 Eco dada la surtida existencia de pruebas e indicios racionales. Pero no les bastaba a los fabuladores con la sentencia judicial. Varios años después, el análisis y la custodia de los explosivos era lo único que les quedaba para mantener la hipótesis de la autoría de ETA, la teoría de la conspiración o la denominada cuarta trama, término utilizado por el abogado de la Asociación de Ayudas a Víctimas del 11-M, José María de Pablo, durante el juicio. A pesar de que los Tedax no habíamos dejado ni un solo resquicio de la investigación sin indagar, los periodistas de siempre siguieron escribiendo falacias que dañaban mi imagen y la de mi especialidad, la mayoría con claras pretensiones de convencer a la opinión pública de que ETA había participado en los atentados.

Sobre esta suposición hay una anécdota muy representativa. Cuando los Tedax registraron la vivienda de algunos procesados, situada en la calle Virgen del Coro de Madrid, el 25 de marzo de 2004, encontraron un temporizador de lavadora con las inscripciones ST17. El funcionario del juzgado lo reflejó en el acta y, al escribirlo a mano, unió el uno y el siete, con lo cual ambos números juntos parecían una A. Los investigadores de El Mundo leyeron STA y concluyeron, como expertos, que se trataba de un temporizador usado por la banda terrorista ETA. Los Tedax, además de remitir un informe al juzgado de instrucción que aclaraba la cuestión, elaboramos una nota para desmentir tan chapucera noticia. Sin embargo, el error, que pudo haber quedado en un chascarrillo mediático, se institucionalizó como muchos otros antes. El Grupo Parlamentario Popular, siguiendo la estela de los teóricos de la conspiración, en octubre de 2006, formuló la siguiente pregunta:

“Curiosamente, en el registro efectuado el 25 de marzo de 2004 en el local de la C/ Virgen del Coro, 11, de Madrid, que era utilizado como lugar de trabajo de Mohannad Almallah, se encontró un temporizador ST. Sin embargo, en el sumario de los atentados del 11-M, no se recoge que en el citado local se hubiese encontrado un temporizador de los utilizados habitualmente por la banda terrorista ETA. ¿Significa este hecho que tampoco se informó al juez Del Olmo de esta circunstancia, que vuelve a poner en conexión a los implicados en los atentados del 11-M, con la banda terrorista ETA?”.

Pero hay más. A pesar de que el informe obraba en el sumario, un abogado, guiado por las pautas marcadas por El Mundo, mencionó en el juicio del 11-M este temporizador como una prueba de la vinculación de ETA con los atentados. Además, las representaciones legales de algunas de las partes personadas en el juicio del 11-M (AVT, Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, una acusación particular y algunas defensas) solicitaron que se citara a declarar como testigos a etarras. En la misma línea, esos letrados preguntaron sobre la posible utilización del teléfono del jefe operativo del grupo terrorista del 11-M, Jamal Ahmidan, El Chino, por parte de un etarra llamado Oskar Pérez días antes de los atentados. La investigación de la Policía, que constaba en el sumario, había dejado meridianamente claro que quien lo había utilizado era Óscar García Pérez, un perito de la aseguradora Catalana Occidente que reside en Barcelona y no tiene nada que ver con ETA. Pero los letrados no se creían lo que hacía la Policía.

También fue sonado el empeño del entonces director general de la Policía, Agustín Díaz de Mera, por mantener abierta la tesis de la autoría de ETA ante el tribunal. Meses antes, ya lo había hecho en la Cope, cuando declaró que existía un informe policial que relacionaba a ETA con los atentados del 11-M. Un testimonio insólito en un máximo responsable del Cuerpo Nacional de Policía, cuyos miembros habían actuado de forma brillante tras el mayor atentado terrorista de Europa.

Y hubo un último intento de forzar la entrada de ETA en los atentados en el tratamiento mediático dado a la prueba pericial encargada por el tribunal, que no consiguió desbaratar el trabajo realizado por los Tedax. Lo científico es necesario, pero en muchas ocasiones existen otras investigaciones que aportan más a la verdad judicial. Lo aberrante fue que esto lo sabían perfectamente las asociaciones de víctimas y sus representantes legales, ya que habían trabajado codo con codo con los mismos Tedax en otros atentados terroristas de ETA. Sin embargo, esa vez prefirieron ignorarlo y dejarse embaucar por personas que propugnaban teorías sin fundamento sobre la autoría y la finalidad del atentado. Estas y otras invenciones que tenían el objetivo de implicar a ETA en los atentados resultaron inútiles ante la fuerza de las pruebas. 

El planteamiento de los amparadores de la conspiración era que, si había Titadyne, significaría que ETA había participado en el atentado. Para introducir este material por algún lado, utilizaron los argumentos más insólitos, como dar a entender que todos los análisis e informes periciales que habíamos realizado los Tedax estaban manipulados[121]. Sin reparo alguno, nos acusaron de amparar y encubrir a los terroristas y de ser, cuanto menos, cómplices del atentado perpetrado para cambiar el Gobierno. Con carácter general, mantuvieron la existencia de una trama policial. En la vista oral, al seguir lo anunciado por Pedro J. Ramírez en la Cope[122], la representación legal de la Asociación de Ayudas a las Víctimas del 11-M, en sus conclusiones, solicitó la investigación de esa cuarta trama.

Es evidente que, para llegar a difundir estas afirmaciones y utilizarlas en un juicio tan importante, se valieron de una interpretación laxa de los más elementales principios éticos y deontológicos. Las intoxicaciones intencionadas no admiten la justificación de que se llevan a cabo por transparencia, derecho a la información o crítica democrática. La certeza estaba en el sumario, pero la obviaron desde el principio. Visto el desenlace final que tuvieron todas las cuestiones planteadas por los fabuladores, estas perversiones mediáticas sólo contribuyeron a oscurecer la verdad ante la opinión pública y a dividir a las víctimas. Y así fue visto a nivel internacional.

10. Estupefacción internacional

Desde los atentados de Casablanca, en mayo de 2003, la ofensiva del terrorismo integrista al otro lado del Estrecho había sido constante. En España, después de reiteradas advertencias públicas de Al Qaeda de que pretendía recuperar Al-Andalus para el Islam, las fuerzas de seguridad detuvieron a varios radicales que estaban planificando atentados terroristas. El peligro no se había trasladado aún a la opinión pública, pero existía. En ese contexto, el Gobierno decidió participar en el conflicto de Irak y posteriormente, el 11 de marzo de 2004, se produjeron los atentados de Madrid, que confirmaban los peores augurios dibujados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españoles. Esa fue la concatenación de los hechos, que no implica una relación causa efecto entre la intervención en Irak y los atentados. Establecer la raíz de estos últimos en el apoyo de España a EEUU era un ejercicio de imaginación sin base alguna. Antes de decidir nuestra implicación en el conflicto, el Cuerpo Nacional de Policía ya había detenido terroristas que planificaban ataques contra nuestro país.

De hecho, mientras algunos en España propagaban la teoría de la conspiración, Europa sufría el azote del terrorismo islamista: atentados en Londres, el 7 de julio y el 21 de julio de 2005; acciones violentas en Dinamarca, Alemania y Reino Unido durante 2006; tentativas frustradas con coches bomba en Londres y Glasgow en 2007; atentado contra los soldados en Líbano y contra ciudadanos españoles en Yemen en 2007. Hubo más ejemplos y todos ponían de manifiesto la existencia de un hilo conductor que ya situaba a todo Occidente ante la evidente amenaza terrorista de Al Qaeda y sus franquicias.

No está de más recordar unas palabras del ex presidente José María Aznar, escritas en el epílogo de su libro Ocho años de Gobierno. Una visión personal de España (Planeta, 2004): “Debo reconocer, sin embargo, que tal vez la opinión pública española no era lo suficientemente consciente hasta el 11 de marzo del alcance del terrorismo islámico, o por lo menos no tanto como lo ha sido de la amenaza del terrorismo de ETA. Si es así, el Gobierno tiene sin duda una responsabilidad que asumir. Quizás los propios éxitos conseguidos en la lucha contra ETA en los últimos años nos han llevado a bajar la guardia ante la amenaza fundamentalista”. En el segundo volumen de sus memorias, revelaba que el director del CNI, Jorge Dezcallar, dos días después del atentado, le informó de que no estaban en condiciones de respaldar o rechazar ninguna de las dos grandes alternativas en presencia (ETA o terrorismo islámico).

El rosario de atentados descrito y la posterior visión personal de Aznar confirmaban a la ciudadanía española la certeza de esa ofensiva terrorista para doblegar a nuestras sociedades por la fuerza. La opinión pública lo fue percibiendo progresivamente. No tenía sentido, por lo tanto, la difusión de teorías relativas a una conspiración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, hipótesis que solo dividían a la población y desprestigiaban a las instituciones encargadas de combatir el terrorismo. Sin embargo, el empecinamiento de sus promotores no conoció límites, ni siquiera los que la realidad cotidiana ponía ante sus ojos. Por fortuna, la opinión pública, al confrontar las dos opciones que se le presentaban –radicales islamistas o teorías sobre conspiraciones–, iba descubriendo la falsa naturaleza de las publicaciones que apoyaban la segunda disyuntiva y poco a poco sus impulsores fueron quedando en ridículo y perdiendo credibilidad.

El terrorismo es la gran amenaza de nuestro tiempo. Es una extorsión a la que intentan someternos. Por ello, debe encontrar enfrente mensajes de unión. Es imprescindible hacer saber a los autores de esos ataques que estamos dispuestos a combatir, a cooperar con nuestros aliados y a resistir los embates que hagan falta. Resulta evidente que los años de infamias y falsedades informativas en torno al 11-M nada contribuyeron a renovar la confianza en esa lucha común. El periodismo sensacionalista propició un daño de dimensiones considerables a las víctimas, a toda la sociedad y a las instituciones.

10.1. La prensa internacional: malbaratar la marca España

En la prensa internacional, desde que comenzó la publicación de teorías alternativas, no daban crédito a lo que estaba sucediendo en la sociedad española. Para comprender el trato mediático que surgió tras los atentados, por ser ajenas a intereses políticos domésticos, es importante mencionar algunas referencias de lo publicado en el extranjero y reproducido en determinados medios de comunicación españoles. Nos permitirá comprobar fehacientemente cómo valoraron fuera de nuestro país los comportamientos y actitudes insólitas de determinados individuos en torno al 11-M.

La prensa internacional concedió nula seriedad y total desinterés a lo publicado en los tres medios que divulgaron las teorías conspirativas, El Mundo, la Cope y Telemadrid. Pronto advirtió también la equivocación en la que incurría un reducido número de miembros del Partido Popular, que parecía pretender suicidarse[123] desde el punto de vista político. Así lo reflejaba una crónica del periodista Juan Pedro Quiñonero en ABC: “Ningún medio europeo o norteamericano significativo ha concedido jamás ninguna importancia particular al largo rosario de informaciones y especulaciones del diario El Mundo en torno al 11-M. Por el contrario, la prensa de referencia católica y conservadora ha llegado a preguntarse si el PP habría decidido suicidarse, destruyéndose él solo, obstinándose en seguir una línea informativa calificada de lenguaje del odio.

En Francia, ni Le Figaro ni Liberation ni Le Monde han consagrado jamás ningún interés particular a unas exclusivas que, entre los colegas mejor informados, se han considerado compradas a un precio fuerte para fabricar testimonios de dudosa importancia informativa. En Alemania, Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Die Zeit y Süddeutsche Zeitung jamás entran en el vidrioso juego de las especulaciones y testimonios dudosos, limitándose a contar historias verificadas y verificables. En EEUU, es impensable que The New York Times o el The Washington Post den pábulo a testimonios pagados y presentados en términos periodísticos que violan normas básicas de comportamiento informativo. Las críticas morales y deontológicas contra los comportamientos informativos de El Mundo y la cadena Cope se han hecho públicas en órganos de expresión que reflejan las ideas de las más altas jerarquías religiosas europeas. La Agence de Presse Internationale Catholique, que ofrece sus servicios a la elite de la prensa católica europea, escribía en junio lo siguiente: Vuelve a hablarse de la cadena de radio católica Cope, de la Conferencia Episcopal Española, ya que su polemista estrella no vacila en utilizar el insulto y el lenguaje del odio. Y agregaba: El tono polémico y extremista, el lenguaje del odio que se utiliza en la radio de los obispos españoles molesta cada día más. La Cope da la impresión de ser un medio de expresión neofranquista.

El “proceso suicida” del PP. Las críticas más duras contra El Mundo y las facciones del PP partidarias de inspirarse en su línea informativa sobre el 11-M se han publicado en el periódico conservador de mayor tirada e influencia de Europa, el Daily Telegraph londinense, que el pasado marzo afirmaba: Las teorías y las dudas sobre la autoría del 11-M están hundiendo al PP en un proceso suicida, defendiendo unas posiciones que no resisten ninguna evidencia”. A juicio del Telegraph, el PP se está haciendo añicos él solo, siguiendo las teorías conspirativas de El Mundo y la Cope”.

Los medios internacionales también se hicieron eco de las fantasías de algunos por apuntar la autoría de las explosiones hacia ETA y tocaron el asunto del ácido bórico. El entonces corresponsal de Liberation en España, François Musseau[124], ya finalizada la instrucción del sumario, publicó un artículo titulado: ETA culpable ideal de los atentados del 11 de marzo. El texto decía lo siguiente:

“Para los partidarios españoles de la teoría de la conspiración, la campaña nunca ha terminado realmente, pero estos días arrecia: [a su juicio] ETA desempeñó efectivamente un papel en los atentados islamistas del 11 de marzo de 2004, los peores jamás perpetrados en España (191 muertos). Mientras que el juicio de los 29 presuntos autores –todos islamistas– se prevé para febrero, la hipótesis de la implicación de los separatistas armados vascos es de las más fantasiosas: ningún elemento permite afirmarla, a la vista de los resultados de la comisión de investigación parlamentaria (concluida el año pasado), de los informes policiales o del desarrollo de la instrucción (…). Y, sin embargo, dos años y medio después de la masacre de la estación de Atocha, la tesis aún se defiende en ciertos sectores conservadores: el Partido Popular (PP) –que ha hecho de este asunto una de las prioridades de su violenta oposición al Gobierno socialista de Zapatero–, pero también ciertos medios de comunicación como el diario El Mundo o la radio católica Cope, asociaciones de víctimas del terrorismo y una parte del Consejo General del Poder Judicial (el equivalente en España del Conseil de la magistratura). No llegan a afirmar que ETA haya encargado los atentados, pero albergan la duda sobre su posible participación, así como, de paso, la de los servicios secretos marroquíes. Proclamando insistentemente queremos saber la verdad, impiden que se cierre el sumario totalmente y alimentan la idea de una conspiración con misteriosos tentáculos. Al mismo tiempo, esto permite proyectar una sombra sobre la legitimidad de la elección de José Luis Zapatero, subraya Jesús Maraña, del semanario Tiempo. El presidente del Gobierno socialista fue elegido ante la sorpresa general el 14 de marzo de 2004, tres días después de los atentados.

Durante estos tres días, el Gobierno de José María Aznar (PP) intentó manipular a la opinión pública minimizando la pista islamista y dando crédito a la responsabilidad de los separatistas vascos. El PP todavía no ha digerido esta amarga derrota, considera el escritor Rafael Torres. Utilizando toda su influencia en los medios de comunicación y en la justicia, no cesa de obstaculizar la investigación desde entonces. Objetivo: intentar modificar su curso o, en cualquier caso, retrasar la celebración del juicio de los autores de los atentados, cuyo veredicto será difícilmente discutible. La última disputa del día se desarrolla en torno a (…) un ácido bórico. Según un informe pericial de la policía científica, misteriosamente desempolvado a finales de julio, un frasco de este antiséptico ligero fue encontrado en el domicilio de Hassan el-Haski, uno de los presuntos autores de la matanza de Atocha. El mismo tipo de ácido fue localizado hace cuatro años en un apartamento utilizado por miembros de ETA en Salamanca. A pesar de su endeblez, esta coincidencia ha servido desde entonces como piedra angular de los ataques del PP contra el Gobierno y una justicia acusada de estar a las órdenes del poder. Nada importa que el ácido bórico sea de venta libre, tenga normalmente un uso higiénico y nunca haya figurado en el arsenal de un terrorista. Para los partidarios de esta teoría conspiratoria, todo pretexto es bueno. Cuestionan la competencia y la seriedad de los pilares del Estado de Derecho, de los Tribunales, de la policía, de la fiscalía general del Estado… Corresponde a una megalomanía obsesiva, expresa con vehemencia el diario conservador ABC, pese a su cercanía ideológica con el PP. El juez Baltasar Garzón, a cargo de la investigación, por su parte, ha zanjado la polémica. El martes, el magistrado llegó a la conclusión de que el informe pericial sobre el ácido bórico forma parte de un montaje delirante con objeto de prefabricar el nexo entre ETA y los atentados del 11 de marzo”.

Igualmente, a los medios de comunicación internacionales les sorprendía el alcance que lograron las teorías de la conspiración y la división de España cuando comenzó el juicio del 11-M[125]. Así lo reflejaba El País: “En su edición de ayer, The Washington Post dedicaba a la teoría conspirativa una parte significativa de la larga crónica que sobre la primera sesión del juicio del 11-M escribieron John Ward Anderson y Pamela Rolfe. Se titulaba España, agriamente dividida al empezar el juicio del 11-M. Tras afirmar que las pruebas de la investigación señalaban a islamistas radicales como los autores de la masacre, inspirados por Al Qaeda y especialmente como represalia por la presencia de tropas españolas en Irak, explica el diario que el PP sigue otorgando a ETA un papel central en el atentado. Algunos expertos en terrorismo independientes acusan al PP de tejer teorías conspirativas para evitar ser culpados de los atentados y redimirse ante la gente. Explicaba también el papel que el diario de derechas El Mundo en especial ha tenido, con investigaciones agresivas para alentar acusaciones de encubrimientos y pruebas falsas que en su opinión demostrarían una voluntad de engaño por parte de los investigadores del Gobierno. Il Corriere Della Sera también habla del proceso de lo que El País ha definido como la mayor masacre islamista de Europa. Definición con la que no está de acuerdo su competidor El Mundo, que sigue alimentando dudas, junto a una parte del PP, sobre los autores. Agita el fantasma de ETA y afirma que el partido de Aznar fue víctima de un compló, aunque la instrucción no haya encontrado vínculo alguno entre ETA y los terroristas islamistas”.

La implicación absurda de policías, guardias civiles y servicios secretos, que determinados comunicadores españoles lanzaron, fue denominada en Le Monde como “una mala novela”. Trascurrido un mes de la vista oral, Cécile Chambraud, reputada analista y corresponsal del citado medio, publicaba[126]: “Durante los tres años que siguieron, una parte de la derecha alimentó una teoría de la conspiración, cuyo fin es implicar a ETA en la preparación de los atentados de 2004, en el marco de un vasto complot, en el cual estarían implicados, según las diferentes versiones de esta mala novela, policías, guardias civiles, miembros de los servicios secretos de diferentes países, socialistas y terroristas vascos, todo ello con el objetivo de expulsar a J. M. Aznar del poder. Día tras día, el ejemplar proceso de los islamistas acusados de haber preparado los atentados, que se celebra desde el 15 de febrero, demuestra lo ridículo de estas elucubraciones propagadas por varios medios de gran audiencia ligados a la derecha. Esto no ha impedido que la dirección del PP haya dejado circular, cuando no ha alimentado descaradamente, esta duda fabricada con toda clase de elementos”.

              ABC también encontró conveniente informar a la ciudadanía sobre cómo se veía en el exterior el tratamiento mediático que se le estaba dando al 11-M dentro de nuestro país y las consecuencias que las hipótesis de un complot conllevaron[127]: “En otro terreno, no menos conflictivo, The Washington Post (WP) titula: Madrid: el juicio del 11-M se ha convertido en un campo de minas políticas. WP insiste en una división política espectacular, pavorosa, de consecuencias harto imprevisibles, como consecuencia última de las teorías del complot. En París, Liberation evoca la misma tensión de fondo, avanzando su posible y gravoso coste electoral. El 26 de mayo de 2007, el Frankfurter Allgemeine Zeitung publicó un análisis de Leo Wieland afirmando “que, finalmente, Zapatero consigue en las encuestas mejores resultados que Rajoy, víctima el líder conservador de la grave rémora de las teorías conspirativas del 11-M”.

En un estado muy avanzado del juicio, el mismo diario señalaba la inminente caída de la conspiranoia[128]: “Todo el mundo estima que se han esfumado las teorías conspirativas sobre el 11-M, pero las amenazas etarras e islamistas se perciben bien inmediatas. En su balance del proceso del 11-M, Frankfurter Allgemeine Zeitung no percibe ningún rastro de relación entre ETA y los autores de los atentados. Por el contrario, FAZ insiste en los testimonios falsos, haciendo posibles algunas manipulaciones. En París, La Croix estima que las conspiraciones se han evaporado completamente. Por su parte, Le Nouvel Observateur tampoco descubre ninguna huella conspirativa”.

Casi concluido el juicio, los medios de comunicación internacionales mostraban una opinión generalizada[129], según describía ABC: “España se percibe caída en una siniestra tela de araña de inseguridades nacionales e internacionales. En Londres, el Times sí establece una relación cronológica bien real e inquietante entre los asesinatos del Líbano y el Yemen, y su coincidencia con el final del proceso del 11-M. En Buenos Aires, La Nación denuncia las teorías conspirativas sobre el 11-M y la relación entre estos atentados y la participación española en la guerra de Irak: A los españoles los siguen matando en atentados islamistas. Hace dos semanas, fueron seis soldados en el Líbano. Ayer, siete turistas en Yemen. Antes fueron agentes de inteligencia en Irak. Antes, habían volado la Casa de España en Casablanca. A juicio de Silvia Pisani, corresponsal de La Nación en Madrid, las viejas respuestas no valen. Queda en el aire una frágil seguridad nacional mientras las amenazas terroristas están a la orden del día. En París, Le Monde destaca en primera página el paralelismo entre las amenazas islamistas contra el Reino Unido de Brown y la España de Zapatero, hostiles ambos a la guerra de Irak. Liberation insiste: Los terroristas saben infiltrarse en las democracias occidentales para influir en los calendarios electorales. El mismo Liberation parisino comenta el daño cívico y político de las teorías conspirativas sobre el 11-M. Por su parte, el rotativo habla del carácter extravagante y chiflado de tales teorías, que enturbian la percepción de la inquietante realidad de una siniestra tela de araña de asesinos y delincuentes fanatizados”.

Una vez publicada la sentencia, en julio de 2007, Quiñonero volvía a recoger los comentarios divulgados en medios extranjeros[130]: “En Chile, El Mercurio (…). A continuación, una nueva víctima anunciada: la teoría de la conspiración, denunciada masivamente como una suerte de basura o polución que ha hecho un daño pavoroso a la convivencia. Financial Times recuerda la amarga brutalidad de los enfrentamientos y recriminaciones atizadas por los populares adictos a las teorías conspirativas. La Deutsche Welle (…) analiza el acontecimiento (…) con una larga entrevista a Martínez Gorriarán (…). A su juicio –el de Gorriarán–, la tesis de la conspiración es una opinión paranoica, semejante a las que aseguran que Elvis Presley no ha muerto”. Frankfurter Allgemeine Zeitung escribe: El sistema judicial español ha conseguido lo que no han sido capaces de hacer ni EEUU, tras el 11-S, ni Reino Unido, tras el 7-J. El Guardian londinense (...): Hay muchas diferencias entre nuestros países, pero Inglaterra debe aprender de la lección española. (…) En otro plano, medios tan diversos como Le Monde, Die Welt, Sueddeutsche Zeitung o el Independent insisten en el descrédito que mancha a los medios que han defendido o propagado las teorías conspirativas, salpicando en distinta medida a personalidades del PP que sostuvieron o alentaron más o menos abiertamente tales análisis”.

La percepción de los medios de comunicación extranjeros era más que evidente. Se hizo patente la contribución de los promotores de la conspiración al desprestigio internacional de España. La actuación de la Policía Nacional fue un gran éxito resaltado a nivel internacional. No tanto en su tierra.

10.2. Actitud de la Conferencia Episcopal

Mención especial merece la postura de la Conferencia Episcopal, desde la que se saltaron los límites del decoro y la decencia, al permitir a su emisora realizar un tratamiento del 11-M ajeno al rigor y a la prudencia. No es únicamente una valoración propia. Así lo pusieron de manifiesto varias voces facultadas que, abiertamente, mostraron su estupefacción. Según referencias de distintos medios de comunicación, monseñor Enrique Planas, observador permanente de la Santa Sede ante el Consejo de Cultura y Comunicación de Europa, el 18 de abril de 2007, en una ponencia sobre Seriedad, verdad y profesionalidad en la información de la Iglesia[131], en la Universidad CEU-San Pablo, y según publicó ABC, “pidió medidas contra algunos comportamientos informativos de la Cope que son suicidas y no tienen sentido, son intolerables, criticando al presentador del programa La Mañana, Federico Jiménez Losantos, de esta cadena. También afirmó que hay valores que están más allá de la posibilidad de perder audiencia y es un riesgo ofrecer para los resentimientos una tribuna, porque se vende”.

Una de las conclusiones de un informe elaborado por el Arzobispado de Oviedo, el 2 de abril de 2007, Participación política, calidad de la democracia y presencia pública de la iglesia[132], manifestaba: “Resulta paradójico que, cuando voces de diversas ideologías consideran prioritario recuperar el espíritu de la Transición, la Iglesia, a través de su cadena de emisoras de radio, aparezca ante la opinión pública como uno de los principales contribuyentes a este clima de crispación y que algunos de sus profesionales –por lo demás, no necesariamente católicos– muestren graves faltas de objetividad, prudencia e independencia política”.

El por qué se mantenía en su puesto a locutores que dividían a la Conferencia Espicopal se trató de explicar en la asamblea de delegados diocesanos de medios de comunicación social[133], narrada por Alfa y Omega: “Alfonso Coronel de Palma, presidente de la cadena Cope, reiteró que, al margen del debate suscitado por la forma de comunicar de algunos de los profesionales del medio, la línea editorial viene marcada por los espacios Línea Editorial Cope. En su intervención, explicó que la finalidad fundamental de un medio es transmitir la verdad de las cosas, y debe tener como únicos límites la dignidad de las personas y la búsqueda del bien común. En el encuentro, se dejó sentir el malestar de algunas personas por el tono que, en ocasiones, utilizan algunos comunicadores de la cadena. (...) Posteriormente, él mismo señaló la conveniencia de mantener a medio plazo, hoy, la estructura actual, porque hace falta cautela para garantizar la supervivencia del medio y que no caiga en manos no deseadas”.

Angelical justificación de las brutalidades proferidas por la emisora y los escarnios a los que la cadena sometió a varias personas, entre las que me incluyo. Sus contenidos estuvieron fuera de los límites de la moral cristiana, hicieron añicos lo que representa la religión católica, ignoraron la verdad, insultaron, incitaron al odio con saña y pisotearon la ética cristiana. La iglesia jerárquica se escudó en que estas actitudes eran aisladas y responsabilidad de sus locutores. Como eran pocos a los que apaleaban, pues no tenía importancia. Como se trataba de personas concretas, pues no era la cadena la que hablaba.

Pero no. Sin la emisora, sin la Cope, Jiménez Losantos –el locutor concreto– no hubiera tenido posibilidad de cometer tales tropelías. La emisora era, por lo tanto, un colaborador necesario, imprescindible, que –como Poncio Pilato– tuvo en sus manos solucionar el problema y optó por lavárselas. La Iglesia jerárquica no procedió a echar de su casa a quien practicaba las agresiones “para garantizar la supervivencia del medio”, como dijo el propio Coronel de Palma. La actitud de algunos locutores de la Cope y de sus titulares, los obispos, ignoraba o desprestigiaba lo que Juan Pablo II proclamó el 4 de junio del 2000[134]: “La cuestión ética es inseparable del periodismo. Éste no se puede guiar únicamente por las fuerzas económicas, por los beneficios y por los intereses particulares. Al contrario, hay que sentirlo como una tarea en cierto sentido sagrada, realizada con la conciencia de que se os confían los poderosos medios de comunicación para el bien de todos y, en particular, para el bien de los sectores más débiles de la sociedad. No se puede escribir o transmitir sólo en función del índice de audiencia, en detrimento de servicios verdaderamente formativos. Tampoco se puede recurrir indiscriminadamente al derecho a la información, sin tener en cuenta otros derechos de la persona. Ninguna libertad, ni siquiera la libertad de expresión, es absoluta, pues encuentra su límite en el deber de respetar la dignidad y la legítima libertad de los demás. Nada, por más fascinante que sea, puede escribirse, realizarse o transmitirse en perjuicio de la verdad. Aquí no sólo pienso en la verdad de los hechos que referís, sino también en la verdad del hombre, en la dignidad de la persona humana en todas sus dimensiones”.

La Cope, como emisora de la Iglesia, se inmiscuyó en terrenos que no le correspondían. Así lo escribía José Donís Catalá[135]: “El problema, por supuesto, es que unos y otros confunden religión y política. Fanatizan la política y banalizan la religión. Exactamente igual como hacen los islamistas (…)”. Esta postura impide que el mensaje de la Iglesia sea escuchado con respeto y seguido con devoción. En una sociedad moderna, formada e informada, ya no cabe la manipulación, la falta de empatía y divulgar sin tener en cuenta el conocimiento de la verdad por parte de sus seguidores.

La pasividad de la jerarquía eclesiástica con la emisora que situaban como voces autorizadas al locutor Federico Jiménez Losantos y al opinante César Vidal Manzanares, junto a otros excesivos y sobreactuados protagonistas, no tuvo sentido ni justificación. De alguna manera, estas actitudes suelen fomentar el laicismo y el enfrentamiento beligerante con la Iglesia. Este conflicto es innecesario y perjudicial, más aún cuando en nuestra sociedad tenemos perfectamente asentada una laicidad política y jurídica que garantiza la neutralidad en temas religiosos.

No le resultó fácil a la jerarquía de la Iglesia, con la actitud expuesta y su complacencia y permisividad con su emisora, infundir confianza en los ciudadanos, ganarse su voluntad para ampliar su base social y conseguir su contribución económica. El sentimiento lógico del ciudadano, al afrontar esta cuestión, transitará por el razonamiento expuesto por el periodista Luis del Olmo[136], que venía a decir que, si al dar una limosna a un pobre, le pedimos que no se lo gaste en vino, al darle la limosna a la Iglesia, le pediremos que no se lo gaste en copes.

Finalmente, la Conferencia Episcopal, cansada de querellas, de confrontaciones internas y con otros colectivos, comunicó al locutor Federico Jiménez Losantos que no le renovaría el contrato, por lo que éste tuvo que dejar la Cope en agosto de 2009. Cinco años después del 11-M.

11.  Evolución de las teorías conspiracionistas

“Yo ya no soy de la teoría de la conspiración; yo soy de la teoría de la alteración”. Esta frase, pronunciada por Pedro J. Ramírez en la tertulia de la Cope el 21 de mayo de 2007, es el final de una serie de argumentos que el director de El Mundo lanza al hablar del informe definitivo de ocho peritos nombrados por el Tribunal: “La Guardia Civil (…) habla siete veces de alteración y pone como ejemplo de lo que es una alteración el lavado con agua y acetona; es decir, un acto físico deliberado de mano humana. Yo por eso he dicho que ya no soy de la teoría de la conspiración”.

Una vez fallidos los primeros intentos de mantener a la banda terrorista ETA como autora del 11-M, se inició la senda de lo que popularmente se conoce como las teorías conspirativas[137], cuyos  promotores y diseñadores nunca olvidaron totalmente a ETA. Solo tres medios de comunicación propugnaron y defendieron estas teorías, pero lo hicieron con ahínco. Así lo explicaba el profesor Luis García Tojar[138]: “La teoría de la conspiración del 11-M fue defendida periodísticamente desde tres medios importantes: el diario El Mundo, la cadena Cope (emisora de radio propiedad de la Conferencia Episcopal española) y la televisión pública madrileña Telemadrid. El director del periódico, Pedro J. Ramírez, el locutor estrella de la Cope, Federico Jiménez Losantos, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre (PP), son los responsables últimos de este patio de monipodio dentro del cual, según parece, el diario lanzaba los bulos mientras la radio y la televisión –junto con el PP, en el frente parlamentario– hacían de caja de resonancia”.

Los argumentos de esas conjeturas sobre que existe alguien más delante o detrás de los atentados del 11-M también se pusieron de manifiesto el 30 de junio del 2005, cuando el Parlamento español cerró la Comisión de Investigación de los atentados. Los medios de comunicación informaron sobre el Dictamen Final de la comisión y resaltaron la parte que concluía que el Gobierno anterior, el del Partido Popular, había manipulado la información de la matanza y descuidado la seguridad ante el terrorismo islamista[139].

Todos los grupos con representación en el Congreso de los Diputados, salvo el PP, aprobaron el dictamen en ese sentido. En el debate, el portavoz de los populares en el Congreso, Eduardo Zaplana, ex ministro portavoz durante el 11-M, denunció que el PSOE había cerrado “en falso” la comisión sin saber quiénes fueron los verdaderos autores, las complicidades que lo rodearon y si ETA tuvo algún papel. Asimismo, garantizó que su partido “no desfallecerá” en la búsqueda de la verdad. Era el espaldarazo político a lo que publicó Casimiro García-Abadillo en El Mundo a los tres meses de los atentados (18 de junio de 2004): “¿Alguien ha tendido una trampa para fomentar la idea de que en torno al 11-M existe una trama policial con ramificaciones en la cúpula del Cuerpo? Esa es una sensación que flota en el ambiente”. ¿Recuerdan?

En agosto de 2005, comenzaron los planteamientos más inverosímiles sobre la conspiración. Sucedió a raíz de la postura adoptada por algunos diputados del PP, cuando después del Dictamen Final de la comisión, sin ningún reparo ni la más mínima prudencia, empezaron a acusar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de haber preparado o al menos consentido los atentados y encubierto a sus autores. Así, el 28 de ese mes, en la carta del director en El Mundo titulada ¿Y si lo hizo un policía?, Pedro J. Ramírez, refiriéndose al posible montaje de las bombas con móviles por el policía Kalaji, defendía: “Si eso hubiera sucedido, las migas de Pulgarcito podrían haberse trocado súbitamente en piezas de dominó y elementos como la personalidad y conducta del coronel Hernando, la personalidad y conducta del comisario Sánchez Manzano –el que por tres veces parece haber engañado al juez sin que éste pestañee–, la proliferación de confidentes por todos los rincones de la trama y el propio papel del CNI con Huarte –miembro del PSOE– y otros agentes merodeando por las inmediaciones habrían empezado a ser vistos de otra manera por la ciudadanía. Y mi diagnóstico de que el 11-M se engendró muy probablemente en el seno –o al menos en el regazo– de los aparatos del Estado adquiriría una creciente  virtualidad”.

¿Alguien duda de que ese estrafalario diagnóstico no era ajeno a lo que popularmente se conocía como teorías conspirativas? Aquí se ponía de manifiesto el auténtico liderazgo de todas las payasadas conspirativas. Posteriormente, a medida que el sumario tocaba a su fin y avanzaba el juicio, los autores y acólitos de estas teorías fueron descargando sus mensajes, sin abandonar totalmente sus tesis. De forma paulatina, dejaron de publicar aquellos artículos, con titulares grandilocuentes y espectaculares, en los que el contenido monográfico presentaba un agujero negro o una gran incógnita en la investigación policial de consecuencias incalculables para la instrucción sumarial.

Todo lo que había sido el fundamento de las numerosas publicaciones de los agujereólogos, audaces investigadores o sesudos analistas, se desvanecía. Solaparon progresivamente sus tesis, ya demostradas como erróneas, con informaciones sobre irregularidades de menor calado. Caía el modus vivendi que habían disfrutado determinados comunicadores a lo largo de casi ocho años. Ejemplo claro fue el abandono, antes de que empezara el juicio, de los grandes agujeros negros: Carmen Toro, la mochila, la radiografía, la metenamina, los móviles de ETA… Algunos de esos asuntos no sólo dejaron de conformar titulares, sino que no volvieron a ser mencionados, ni siquiera en noticias de segundo orden.

El explosivo utilizado en los trenes apareció como el último capítulo que cerró el rosario de los improperios sobre la actuación Tedax. El tema de los análisis sobre los restos de las explosiones, como hemos comprobado, lo presentaron persistentemente con una astucia insólita. Estos agujereólogos, con sus malas artes y una carencia intelectual acusada, contaron una trágica y grotesca historia. Mostraron una gran carga de retórica como antagonista del conocimiento. Se valieron de la persuasión para el engaño.

El 16 de mayo de 2007 se hizo público el informe definitivo de los peritos nombrados por la sala que juzgó a los acusados. Cuatro días después, Pedro J. Ramírez interpretaba a su manera esos informes, en la carta del director La suite del cascanueces, y anunciaba que dibujarían con orejas de burro al alcalde de Madrid (Alberto Ruiz-Gallardón) y a los dirigentes del PSOE que dijeran que la instrucción del sumario había sido minuciosa o ejemplar. El atrevimiento en lanzar estos mensajes no tuvo definición en el ámbito de la desvergüenza, cuando ya ni ellos eran capaces de sostener coherentemente lo que habían afirmado sobre la mochila de Vallecas, la radiografía, la metenamina o el Skoda Fabia.

En algunos pasajes de esta carta, con cierto ingenio, Pedro J. expuso un relato sugerente de atracción sexual entre varios componentes de sustancias explosivas. Todo ocurría en una suite denominada el cascanueces. Podría ser una buena idea para un guion de dibujos animados para adultos. Dudo que lo fuera para tratar temas relacionados con el 11-M. En la misiva, aparentando conocimientos jurídicos y admitiendo ya cualquier sentencia, denominaba “intuiciones subjetivas y falta de base probatoria” a las numerosas pruebas e indicios racionales sobre el explosivo utilizado. Este opinante y tertuliano bullanguero no le dio ningún valor a las pruebas que figuraban en el sumario, puestas de manifiesto en la vista oral y validadas en la sentencia.

Continuó manteniendo algunos destellos de la teoría de la conspiración, pero ya sin mencionar acciones o actuaciones policiales dolosas que la justificaran. Sólo aludió a unas negligencias policiales que debían de ser castigadas, mediante “una investigación judicial, parlamentaria o administrativa” a los responsables policiales. Esta exigencia de “investigar a los investigadores”, expuesta por Pedro J. en tono dogmático y catastrofista, era tan importante que, si no se llevaba a efecto, “la democracia tendría una asignatura pendiente y la dignidad nacional no se lo puede permitir”.

¿Cómo podía trasladar tales exageraciones y extravagancias al lector sin el más mínimo pudor? La publicación de esos mensajes suponía una consideración negativa hacia la inteligencia y el buen sentido del lector. La democracia se pone en peligro cuando falta rigor en la información proporcionada a los ciudadanos, se miente, se falta al respeto de las víctimas y se crispa a la sociedad. La dignidad nacional se menoscaba con teorías conspirativas que ignoran el sentido común y son el hazmerreír de la prensa internacional. Eso sí pone en cuestión a la democracia, la dignidad nacional y la marca España.

Con estas mascaradas y reivindicaciones para exigir responsabilidades a mandos policiales en la investigación del 11-M, pudo haber pasado desapercibido para la opinión pública la principal y única finalidad de estas insistentes payasadas mediáticas: localizar a quién echar las culpas de sus aberrantes publicaciones. En mayo de 2007, con el juicio casi finalizado, el auténtico objetivo que les quedaba a los diseñadores de conjeturas era salvar la credibilidad del periódico y la de los actores políticos que le apoyaron. Estaban comprobando que, paulatinamente, todo el andamiaje en el que se basaron se venía abajo. La estrategia renovada tenía un único y simple propósito: si se condenaba judicialmente o sancionaba administrativamente al comisario jefe de los Tedax y a otros mandos policiales, aunque sólo fuera por negligencia, el origen y la justificación de sus teorías, salvarían su imagen. Querían un culpable a toda costa. El proceder policial inadecuado enmascararía la paternidad del Pecado de soberbia (García-Abadillo) y fundamentaría todas las especulaciones, por exageradas e irracionales que hubieran podido parecer. Además, la ausencia de explicaciones oficiales, en su momento, sería suficiente para mantener sus resortes.

Ese propósito prioritario de los defensores de la teoría de la participación de ETA se puso de manifiesto durante mi comparecencia en la vista oral. Algunas acusaciones que representaban a las víctimas buscaron denodadamente errores en mi actuación o fallos en mis declaraciones, al solicitar en el escrito de conclusiones, con resultado negativo, la deducción de testimonio o mi inculpación y procesamiento. Las pretensiones de los abogados de la Asociación Víctimas del Terrorismo y de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M casualmente eran coincidentes con las de Pedro J. Ramírez, hechas públicas unos días antes (carta del director La suite del cascanueces, de 16 de mayo de 2007). Su objetivo yacía en hacer prevalecer determinados intereses mediáticos o políticos sobre cuestiones más nobles: las exigencias del proceso, los intereses de la justicia, la satisfacción de las víctimas y la imagen de las instituciones.

Me sentí impotente al no poder cambiar el curso de los acontecimientos, sobre todo el ya irrefrenable descrédito de las instituciones y el mío propio. Como no atendieron mis peticiones de rectificación ante la opinión pública, había que soportarlas. Era cuestión de tiempo. Yo tengo plena confianza en la justicia, llevo cuarenta años trabajando para ella. Si ese intento de presión mediática hubiera surtido efecto y se hubiera dictado auto de imputación, aunque luego se archivara el procedimiento judicial, además de haberme frustrado, habría sido un éxito para esta prensa sensacionalista, que se hubiera sentido legitimada para iniciativas posteriores similares. Sin embargo, se impuso la razón, el sentido común y el derecho.

11.1. Manipulaciones y difamaciones tras el juicio

A pesar del  sumario y de la vista oral, los adalides de la conspiración no se desalentaron. Persistieron en su errático comportamiento profesional y renunciaron al mejor método para salir de la equivocación: aprender de los errores. Es obvio, para desarrollar y mantener la teoría de una conspiración digna de tal nombre, era imprescindible una persistente y patológica obsesión. Actitud incompatible con el aprendizaje. Otro ejemplo de calumnias infundadas se dio el 18 de junio de 2007, ya finalizado el juicio, cuando El Mundo publicó como primer titular que El jefe de la pericia insultó a Manzano convencido de que les engañó el 11-M, seguido de un artículo de Casimiro García-Abadillo que señalaba lo siguiente: “Cuando apareció el DNT, el policía Alfonso Vega profirió duros reproches contra el jefe de los Tedax, dando a entender que en los análisis que realizó el día de la masacre también tuvo que detectar este componente ajeno a la dinamita robada en Asturias (…) Es decir, que el comisario jefe de los Tedax, Juan Jesús Sánchez Manzano, ya estaba convencido o al meno, eso quería hacer creer, poco después de las 15.00 horas del 11 de marzo, de que los terroristas habían utilizado Goma 2 ECO y no ninguna otra cosa”.

  Volvemos al principio, éste era el tema clave. Claro que yo sabía lo que había aparecido en la Kangoo el mismo día de los atentados: Goma 2 ECO. También era algo que conocía el comisario general de Información, que estuvo conmigo observado lo que Policía Científica encontró en su interior y realizando las preguntas pertinentes a los Tedax. Esta información, que la notificamos a órganos superiores, no hubiera tenido mayor valor si, dos o tres horas después de ese hallazgo, el Gobierno no hubiera difundido comunicados oficiales, a nivel nacional e internacional, en los que condenaba a la organización terrorista ETA como autora.

              En el ejemplar de El Mundo de esa jornada, el titular del editorial, Un elocuente testimonio contra Manzano en el vídeo de la pericia, ya avanzaba parte de un contenido repleto de menciones al engaño y a las teorías: “¿Por qué razón (…) el policía Alfonso Vega rompió en imprecaciones, mentando a la madre de su colega el comisario Sánchez Manzano y dando inequívocamente a entender que les había engañado? Sólo cabe una explicación (…). Y, claro, si Manzano y su colaboradora la química de nombre Marian, hubieran revelado la presencia de DNT, la tesis de la Goma 2 ECO se habría desmoronado”.

También, en este mismo apartado, se reiteraba su obsesión por exigir responsabilidad. Buscaban influir o que surtieran efecto sus palabras en el tribunal, que estaba a punto de dictar sentencia. Así, el editorial proseguía: “Sólo si el tribunal accede a las peticiones que ha recibido en este sentido y deduce testimonio contra el jefe de los Tedax y su colaboradora –motivos tiene para ello, pues incumplieron todos los protocolos y no dijeron la verdad durante la prueba testifical– será posible que la investigación siga adelante en sede judicial”.

En estas publicaciones vertieron graves acusaciones sobre mi comportamiento profesional y el de otros Tedax. Eran especulaciones realizadas gratuitamente por medio de rumores. No disponían de pruebas –porque no existían–, ni siquiera de indicios de que las actuaciones hubieran transcurrido de la forma en que las relataban. Divulgar informaciones y opiniones así proporciona al lector un indicador elocuente sobre el rigor y la profesionalidad de estos periodistas. Por otra parte, ¿alguien duda de que si hubieran dispuesto de pruebas, nos hubieran denunciado en el juzgado? No tenían nada, por eso estos comunicadores no pudieron interponer directamente una denuncia contra nosotros, como erróneamente habían hecho en el caso del ácido bórico con miembros de Policía Científica.

No tuvieron ningún compromiso basado en la honestidad periodística. Especularon sin que ningún juez hubiese apreciado sospechas racionales. Se saltaron el dique de contención de la presunción de inocencia para criticar injustamente la labor de muchos profesionales y para que a mí se me aplicara la pena del telediario. Esta falsificación persistente del 11-M, con toda la osadía posible, se disfrazó de periodismo de investigación. Olvidaron que las opiniones son libres, pero los hechos son sagrados

Al margen de lo anterior, las páginas del diario El Mundo también dieron cabida a otra serie de especulaciones. Esta vez, relacionadas con unas muestras de ADN que el juez que llevaba la investigación del 11-M demandó. El 27 de junio de 2007, este periódico recogía en primera página el titular: Del Olmo pide ahora el ADN de Manzano por si es suya la huella de la mochila de Vallecas. La noticia, escrita por Manuel Marraco, proseguía diciendo que “el juez Juan del Olmo ha ordenado tomar muestras de ADN al ex responsable de los Tedax Juan Jesús Sánchez Manzano para comparar su perfil genético con el único encontrado en la mochila de Vallecas, que todavía permanece anónimo”.

En el mismo ejemplar, la sección de opinión se hacían eco de esa información de este modo: “Tardío y patético intento del juez Del Olmo: Si no fuera por las 192 víctimas que provocó la masacre del 11-M, podría resultar cómico el intento del juez Del Olmo de esclarecer ahora si los restos de ADN encontrados en la mochila de Vallecas pertenecen al comisario Sánchez Manzano, jefe de los Tedax (…). Estamos convencidos de que el intento será infructuoso, ya que, si Sánchez Manzano hubiera manipulado –en el buen o en mal sentido de la palabra– esa prueba, jamás habría sido tan necio o descuidado como para dejar sus propias huellas biológicas. Lo que sí ha quedado acreditado en el juicio es que nadie ha podido acreditar el origen de la mochila (…). Un informe policial de 2005 ya concluía que pudo ser colocada en el Ifema, donde se rompió la cadena de custodia. La mochila fue la prueba clave que condujo la investigación hacia la hipótesis del fanatismo islamista, por lo que resulta patético que Del Olmo busque ahora la relación con el jefe de los Tedax”.

De ambos textos, el lector obtenía la conclusión de que el juez estaba buscando alguna acción delictiva por mi parte en torno a la bolsa contenedora de la bomba desactivada en Vallecas. Para ellos, la bolsa era de procedencia dudosa y fue la prueba que condujo a certificar como autores a los islamistas. Vamos, que si no llega a ser por la bolsa habríamos estimado que ETA cometió los atentados. Lo peor de esta absurda teoría fue que se defendió ya finalizado el juicio.

El juez me explicó que había solicitado la prueba de ADN a nueve funcionarios de Policía y a otras personas civiles que pudieron haber tenido contacto con la bolsa. La finalidad era identificar al titular de un perfil genético obtenido tras analizar esta prueba. Si coincidía con alguna persona que llegó a tocar la bolsa durante las actuaciones policiales, el perfil dejaba de ser anónimo. Conocido el titular del ADN, el juez ya no tenía que practicar más investigaciones sobre el perfil genético, a nivel nacional e internacional, como se había estado realizando durante los tres años anteriores.

11.2. La desvinculación política llega tarde

Publicada la sentencia, se vio con claridad cómo las actuaciones parlamentarias, al incluir como indicios especulaciones periodísticas, afectaron a los sentimientos de las víctimas y a la dignidad de policías. La conmoción social, el dolor de las familias y el esfuerzo desplegado por los profesionales que intervinieron en tan dramáticas circunstancias, debieron ser respetados hasta el pronunciamiento judicial, que es donde está la verdad jurídica, y no en los medios de comunicación. Sin embargo, el manoseo político de las intervenciones policiales fue deplorable. No es saludable para la democracia instrumentalizar a policías con el fin de ajustar cuentas políticas. Menos aún cuando sus actuaciones están judicializadas.

              Esta actitud, llevada a cabo en el Parlamento, en un principio propició satisfacción a sus protagonistas, que se jactaban de ello. Pero a medida que transcurría el tiempo, a primeros de 2007, el sentimiento de orgullo por el trabajo realizado sobre el 11-M en el Congreso dio paso a declaraciones públicas de algunos de sus patrocinadores en las que buscaban justificaciones o rectificaciones. Comenzaban los intentos de desvincularse de aquella cobertura política que, por vía parlamentaria, se dio a las cambiantes teorías conspirativas.

Comprobar el cambio de rumbo por parte de determinada clase política es fácil. Ahí están las hemerotecas. El 16 de marzo de 2006, en una tertulia de la Cope, el propio Pedro J. Ramírez, en relación con las noticias publicadas sobre el reconocimiento en sede judicial de la bolsa de Vallecas, comentaba esto: “Zaplana dice que no va a aceptar el silencio que se quiere poner en el 11-M. Todo está relacionado. Ayer en la presentación del libro de Jaime Ignacio del Burgo, tanto Zaplana como Esperanza Aguirre estuvieron clarísimos. Además, Zaplana acompañó su firmeza de una reflexión de lógica aplastante. Dice, oiga, si los responsables de lo que ocurrió entonces fuimos nosotros, y aquí cualquier cosa que se descubra, nosotros, si hubo una operación para amañar pruebas, en definitiva el Gobierno éramos nosotros. Y si además, tal y como machaconamente se dice que nosotros insistamos en este sentido nos va a perjudicar, a qué viene tanta furia, a qué viene tanto crujir de dientes, a qué vienen tantas descalificaciones, pues déjennos que vayamos por el camino equivocado. Yo eso lo traslado también al ámbito periodístico. Pero lo que nadie va a conseguir es hacernos abdicar de nuestra capacidad de razonar y si el líder de la oposición dio un paso atrás antes de ayer, y ya pudo comprobar Mariano Rajoy cómo lo utilizó inmediatamente en su contra Rodríguez Zapatero. Dio un paso atrás diciendo: pedí que me lo aclararan [la entrega de la bolsa equivocada al juez] y ya me lo han aclarado (…)”.

Apenas un año después, el 20 de febrero de 2007, Zaplana dejó de sentirse tan orgulloso de lo hecho y dicho anteriormente. Varios medios de comunicación se hicieron eco de la rueda de prensa que el político dio en la cámara baja en esa fecha. ABC, con el titular Zaplana se descuelga con que jamás hizo oposición con el 11-M, informaba de lo que allí declaró[140]: “Insistió en que jamás desde el PP se ha puesto en tela de juicio la actuación de la Justicia y que, si ha discrepado, ha sido para pedir que se aclaren contradicciones entre altos mandos policiales y para exigir la máxima diligencia al Gobierno en la búsqueda de la verdad. ¿Qué miedo hay para acercarse a la verdad? (...) Conformarse con una versión que no hay por donde cogerla no tenía mucho sentido. Eso, en teoría, no tenía que haber perjudicado o beneficiado a nadie, sino que tenía que habernos unido a todos en el conocimiento de la verdad, pero se han empeñado en hacernos tragar lo que era intragable. Sólo unas horas antes de que Zaplana defendiera que ningún miembro del PP ha hecho oposición con el 11-M o ha puesto en tela de juicio las decisiones o investigaciones judiciales”.

Pocos meses más tarde, el 29 de octubre de 2007, un día antes de la lectura de la sentencia y con motivo de un rifirrafe en el Congreso de los Diputados, Zaplana defendía ante los medios acreditados lo que sigue: “El PP nunca ha sido responsable ni ha mantenido la llamada teoría de la conspiración (…). Nosotros sólo hemos buscado la verdad. Yo solamente conozco una teoría, la de la manipulación que quieren hacer el Gobierno y el PSOE (…). El 11-M nunca debió marcar ninguna agenda política. Desgraciadamente, la marcó siempre por el ejercicio de manipulación permanente del Gobierno y del PSOE”.

El 3 de marzo de 2008, cuando estaban próximas las elecciones generales, en una entrevista[141], Zaplana matizaba: “Yo de la autoría de ETA nada más que cuando nos tocó dar la información en las horas clave después del atentado que nos trasladaba la Policía, la Guardia Civil y el CNI. Dijimos en aquel momento la verdad. Podemos mantener lo que decíamos en las coyunturas y en los momentos en que lo expresamos”. El de las preguntas parlamentarias sobre ETA ya no quería saber nada. A menos de una semana para las elecciones generales del 9 de marzo de 2008, la negativa de Zaplana ya es total en respuesta a una pregunta sobre si quería hacer autocrítica sobre la teoría de la conspiración: “Pero es que yo no he hablado jamás de una teoría de la conspiración, ni nadie en mi partido en el sentido que algunos han querido darle. Ante situaciones difíciles de entender, hemos pedido explicaciones”.

Otra muestra del cambio de rumbo en las declaraciones políticas aparecía con Ángel Acebes, ex ministro del Interior. Al político dejaría de gustarle lo que había afirmado con anterioridad, puesto que los medios de comunicación recogían de esta forma sus declaraciones[142]: “El número dos del PP, Ángel Acebes, también defendió ayer que el primer partido de la oposición nunca ha hablado de la teoría conspirativa, sin hacer referencia, por ejemplo, a las cientos de preguntas que, vía parlamentaria, se le ha remitido al Gobierno en el Congreso para responder sobre el contenido de determinadas informaciones periodísticas”.

Existen más casos en los que podemos observar esos repentinos cambios de opinión en apenas unos meses. Por ejemplo, Alicia Castro, portavoz adjunta del PP en el Congreso de los Diputados y principal protagonista de las preguntas parlamentarias, en una entrevista que concedió a El Mundo en mayo de 2006[143], afirmaba: “A día de hoy, sabemos que tanto la furgoneta Kangoo como el Skoda Fabia y la famosa mochila número 13 pudieran ser pruebas no reales, que se habrían dejado como señuelos para dirigir la investigación policial”. Casi un año después, el 29 de marzo de 2007, esta portavoz, en otra entrevista realizada en la Cope, bajaba el tono: “Estamos comprobando todo lo que ha sucedido, todas esas pistas falsas o pruebas falsas, (…) miguitas detrás de las que íbamos corriendo, para llegar a la pista islamista, y, por lo tanto, nosotros no sabemos si hay conexiones entre ETA y los terroristas, no sabemos si ETA tiene participación o no la tiene”.

En junio de 2007[144], apenas tres meses después, a la pregunta sobre si el juicio del 11-M desmontaba las tesis del PP, Alicia Castro ya no recordaba lo que había manifestado antes: “La única tesis del PP es que queremos ver a los culpables en la cárcel. Para ello hay que saber toda la verdad y esa es la única tesis que mantuvimos, mantenemos y mantendremos. El PP jamás ha sostenido una tesis”. En esta respuesta, obviaba las preguntas parlamentarias que ella misma formuló y sus propias declaraciones públicas, en las que dejó en el aire suposiciones que mantuvo con diversos y extraños razonamientos. Evidentemente, algunos miembros del PP mantuvieron una tesis distinta a la de los resultados de la investigación judicial a la que denominaban, eufemísticamente, versión oficial. No existió ninguna otra versión oficial que no fuera la judicial.

Otro que también tenía cambio fácil de parecer fue Jaime Ignacio del Burgo, ex diputado del PP, que participó activamente con opiniones tajantes sobre el asunto. El 22 de junio de 2006 señalaba[145]: “Y aunque no haya prueba que demuestre su [ETA] implicación en el 11-M, mientras no se lleve a cabo una investigación rigurosa y a fondo de todos los datos que apuntan a una estrecha amistad entre etarras e islamistas, tejida dentro y fuera de las cárceles españolas, la idea de una colaboración operativa no puede ser descartada de raíz. La hipótesis del 11-M como un atentado de encargo no puede descartarse”. Una vez publicada la sentencia de la Audiencia Nacional, en una entrevista publicada por el periódico 20 Minutos, el 12 de noviembre de 2007, decía esto: “¿Pero qué conspiración? A mí me gustaría que me explicaran qué es eso (…) En cuanto a ETA, no afirmaba que hubiera tenido participación directa ni indirecta en el atentado, sino que había base para llevar a cabo una rigurosa investigación (…) ¿Pero yo he dicho alguna vez que ETA estaba allí?”. Meses después, el 8 de enero de 2008[146], Del Burgo expresó su confianza “en que un futuro Gobierno del PP abra una investigación interna que permita esclarecer los agujeros que aún no se han despejado sobre los atentados del 11-M”.

Pasada la euforia, ningún miembro de la clase política quería atribuirse el protagonismo que tuvo en la Comisión de Investigación y en las posteriores preguntas parlamentarias en las que se buscaba la implicación de ETA. Había que borrarlas del mapa y de la memoria de los españoles. Los propios políticos fueron conscientes de los traspiés cometidos. Ya en 2007, durante un curso de verano organizado por la Asociación de Periodistas Parlamentarios en El Escorial, según publicaron algunos medios[147], Mariano Rajoy, en relación con el 11-M, comentó que “hubo gran presión de la opinión pública para que el ministro del Interior ofreciera los datos; se vio obligado a actuar rápido; estas cosas hay que hacerlas con calma”. Quizá fuera la primera vez que se admitió, aunque indirectamente, la precipitación y los posibles errores en la gestión de la información en ese trágico día.

Entre paréntesis, para comparar las declaraciones políticas con las divulgaciones mediáticas, en carta del director, Pedro J. Ramírez, el 12 de agosto de 2007, todavía ponía en duda la investigación y tocaba un tema importante sin demasiada mesura: “Es cierto que el triunfo socialista no se habría producido sin el 11-M y que la magnitud de este misterio sin resolver eclipsa cualquier otra consideración. Pero incluso para aprovechar los garrafales errores del Gobierno Aznar en la gestión de la crisis (…)”.

Por su parte, en esa carrera de desmarques políticos, Rajoy, aunque dubitativo en sus primeras declaraciones, mantuvo la distancia respecto a los planteamientos que otros miembros de su partido hacían. Algunos analistas de prensa, de hecho, criticaron la incomprensible autonomía e independencia de la que gozaba el grupo parlamentario respecto a la dirección del partido. Lo cierto es que la teoría de la conspiración, a pesar de su contenido absurdo, marcó las agendas políticas y públicas durante toda una legislatura. Pasadas las elecciones de marzo de 2008, Rajoy puso de manifiesto el nulo compromiso que tenía con ciertas posturas conspiracionistas. De hecho, apartó de la dirección del partido a las personas asociadas con ellas, como Zaplana o Acebes. Es posible que en esta decisión algo tuviera que ver que, a mediados de febrero de ese año, en plena campaña electoral, el entonces presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Rodríguez Zapatero, pensando que los micrófonos estaban cerrados[148], finalizara una entrevista, realizada por el periodista Iñaki Gabilondo, con la frase “nos interesa que haya tensión”. Quizá fue ahí cuando Rajoy se dio cuenta de que, durante los cuatro años anteriores, a su grupo parlamentario le habían llevado al huerto. Posteriormente, en el Partido Popular se ha ido instalado la sensatez de la que careció entonces.

11.3. Preguntas no documentadas en fuentes judiciales ni policiales

Los autores de las preguntas parlamentarias planteadas sobre cuestiones de la investigación del 11-M se equivocaron al asumir como veraz lo publicado por los medios de comunicación que abrazaron la conspiración. Ninguno de esos diputados preguntó a los que intervinimos en las actuaciones policiales tras el atentado para informarse de primera mano. Tampoco tuvieron en cuenta el contenido del sumario. Para ellos bastaba con el exclusivo y fiel seguidismo del contenido publicado por El Mundo y difundido por la Cope. En las hemerotecas y en el boletín del Congreso queda patente que estas preguntas parlamentarias y los titulares periodísticos eran coincidentes.

Estos representantes de la soberanía popular no fueron demasiado autoexigentes con sus obligaciones. Basar las preguntas parlamentarias, que versaban sobre el trabajo de las instituciones del Estado, en publicaciones de periódico decía poco a favor de quienes las formulaban. Más aún cuando las respuestas a esas cuestiones figuraban en el sumario, que ya se había trasladado a las partes personadas en el sumario (fiscal, acusaciones y defensa) y en el auto de procesamiento del 10 de abril de 2006, ampliamente difundido en los medios de comunicación[149]. Su página 102 fundamentaba el procesamiento de los imputados en el informe pericial conjunto de los Tedax de la Policía y los de la Guardia Civil, además de en los periciales de Policía Científica, de esta manera: 

“En las siguientes actuaciones, en las que se recuperó sustancia entera de explosivo, la analítica efectuada a las muestras de dichas sustancias determinó que se trataba de dinamita Goma 2 ECO:

Registro de la furgoneta Renault Kangoo de Alcalá de Henares.

Artefacto desactivado en la Comisaría de Vallecas.

Artefacto Neutralizado en vías del Ave en Mocejón, Toledo.

Explosión en el piso de la C/ Carmen Martín Gaite n° 40, de Leganés.

En otras actuaciones, si bien no se llegó a recuperar sustancia entera, se recogieron muestras de superficies en las que se detectaron componentes de las dinamitas:

Paredes de poliespán del zulo encontrado en la finca de Chinchón.

Tapicería del maletero del vehículo Volkswagen GOLF TDI, 0500 CHB.

Tapicería del maletero del vehículo Skoda Fabia, 3093 CKF.

    Finalmente, en el análisis realizado a las muestras recogidas tras las explosiones en los trenes del día 11 de marzo, se detectaron componentes de las dinamitas, salvo en los focos de los vagones 4 y 5 de la C/ Téllez y estación de El Pozo, respectivamente, donde no se detectó ningún elemento digno de mención”.

Asimismo, en la página 119 del citado auto judicial, consta también lo ratificado por la inspectora perito de los Tedax en su informe pericial sobre los restos de los focos de explosión en los trenes: “Es técnicamente imposible asignar el nombre comercial a dinamitas que han sufrido reacción explosiva, ya que en ella desaparecen determinados componentes que son los que hacen posible tal designación”.

Junto a las demás actuaciones de los Tedax, figuraba en el sumario todo sobre los explosivos, lo que se hizo público a través del auto judicial difundido en los medios. Entonces, ¿para qué tantas preguntas sobre los explosivos y sobre la actuación de los Tedax? Después de las graves consecuencias institucionales y personales de estas aberrantes teorías, sostenidas por algunos medios y determinados políticos, tratar de descolgarse de todo lo mantenido durante varios años o hacerlo a medias, cuando las evidencias son tan abrumadoras, suponía quedarse atrapados en la equivocación o, en el peor de los casos, en la mentira. No reconocer estos errores y omitir dar una explicación y una disculpa pública a la sociedad constituyó un pésimo servicio a la democracia que debemos evitar que se olvide. No obstante, hay que ser realistas. En el mundo ideológico, la inflexibilidad, la ausencia de autocrítica y la tozudez para no cambiar de idea, por desgracia, se llama coherencia. Al encastillarse en sus trece, el coherente convierte sus errores y falacias en una prueba más de autenticidad. Hipocresía y maniqueísmo puro.

Quizá el arte de la política exija interpretar estos guiones, más aún, cuando la moral está de oferta. Sin embargo, a quien ha estado en el centro del huracán de las infamias, como yo, estas declaraciones y las posturas de mirar para otro lado y el yo no he sido duelen y dan rabia, porque implican falta de respeto y consideración a la persona y a lo que representa.

Con esta actitud se pusieron en duda a las instituciones del Estado como la Policía, la Justicia o el Parlamento. Estoy de acuerdo con el jurista Gaspar Ariño cuando defiende que “la experiencia histórica demuestra que la buena gobernación no depende de las cualidades de las personas, sino de la calidad de las instituciones”. En el caso de las teorías sobre el 11-M, hubo una conexión directa entre las cualidades deficientes de algunos políticos y comunicadores con el debilitamiento de las instituciones. Me temo que ahora estamos pagando las consecuencias de esa relación causa-efecto que, sin duda, tiene su origen en la situación ética y moral en la que nos encontramos. 

11.4. Otros posicionamientos políticos sobre el 11-M

Después de la sentencia, varias voces del PP, que habían sido escépticas respecto a las teorías de la conspiración y a las preguntas parlamentarias de su grupo, pidieron a su partido cerrar la puerta que les unía al pasado. Entre ellas, cabe destacar al diputado Jesús López-Medel y a la diputada en el Parlament de Cataluña Montserrat Negrera. Ante la opinión mayoritaria dentro del partido, en noviembre de 2007, finalizada la primera reunión de su Ejecutiva celebrada después de la sentencia, trataron de superar lo hecho y lo dicho afirmando que “lo importante es reconocer que la sentencia es un avance y un éxito del Estado de Derecho y, a partir de ahí, se debe mirar al futuro”.

Pero si alguien, desde el principio, adoptó una postura clara y de sentido común respecto al 11-M fue el entonces alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. A los seis días del atentado, en una reunión mantenida en el Ayuntamiento con los representantes de las distintas asociaciones islámicas de la ciudad, hizo un llamamiento inequívoco a la unidad de todos los ciudadanos ante el terrorismo: “Que no se hable de nacionalidad, de razas, de religiones. Los terroristas no tienen más que una patria que es la muerte y no tienen más que una religión que es el odio y aquí ninguno habitamos esa patria ni profesamos esa religión”.

Gallardón elogió el comportamiento de la comunidad musulmana tras el brutal atentado terrorista del 11 de marzo y resumió el espíritu de la reunión con la siguiente frase: “Ellos son nosotros y nosotros somos ellos”. Este político realizó varias declaraciones relacionadas con los atentados del 11-M, todas ellas ajustadas a la realidad y presididas por la coherencia. Nunca puso en duda las investigaciones policiales y judiciales. En plena vorágine del conspiracionismo, en una entrevista[150], se le preguntó qué consejos le hubiera dado a Mariano Rajoy sobre las polémicas declaraciones del 11-M, a lo que contestó: “Yo lo único que puedo decir es que lo que merecen el Ministerio Fiscal y el juez instructor del 11-M es el apoyo por parte de todos los poderes del Estado, también de la oposición”. En el Foro ABC-Deloitte, celebrado en junio de 2006[151], Gallardón invitó a su partido a obviar el 11-M y a huir de la radicalización. Tras esto, el locutor Federico Jiménez Losantos, en su programa La Mañana de la Cope, además de dirigir algunos descalificativos al alcalde, le acusó de no querer investigar “los atentados del 11-M”, de que le daba igual que hubiera “200 muertos, 1.500 heridos” con tal de dar “un golpe brutal para echar a su partido del Gobierno”. Estas y otras declaraciones conllevaron a la interposición de una querella por parte de Gallardón contra el locutor, con motivo de la cual se publicó en los medios[152] lo siguiente: “El juzgado, tras analizar la denuncia, apreció indicios de delito en las reiteradas intervenciones del locutor. Para su defensa, Losantos solicitó el pasado 3 de enero que se cite como testigos a una parte de la cúpula del PP: Ángel Acebes, secretario general, Eduardo Zaplana, portavoz parlamentario, Esperanza Aguirre, presidenta autonómica y del partido en Madrid, e Ignacio González, vicepresidente y responsable del Comité Electoral del PP en Madrid”.

Era evidente que esta solicitud de testigos, por parte del denunciado, situaba en una posición muy difícil a tan ilustres personajes, lo que suscitó cierta ansiedad en Pedro J. Ramírez, quien, a través de una de sus cartas dominicales[153], pidió la retirada de la querella: “Se lo he dicho en privado al menos en media docena de ocasiones y se lo digo ahora por primera vez en público: señor alcalde, si cree de verdad en la libertad de expresión, retire la querella”.

Este gesto no fue muy bien visto por parte de la prensa[154] que analizaba lo publicado de la siguiente forma: “Ayer, desde su diario, Pedro J. Ramírez protagonizó el hasta ahora último asalto contra Gallardón. Durante dos largas páginas, el director de El Mundo desgranó argumentos en favor de su amigo Losantos. Todo giraba en torno a un objetivo. La última línea de su Carta del director no dejaba lugar a dudas: Señor alcalde, si cree de verdad en la libertad de expresión, retire la querella. La división del trabajo que se traen estos dos coautores de la teoría de la conspiración del 11-M es evidente. Pedro J. dice sentirse en cierto modo corresponsable de la indignación de Losantos. Y tras fracasar sus gestiones discretas ante Gallardón para que retire su querella, Pedro J. quiere convertir el asunto en un caso de libertad de expresión”. No fue ésta la única petición de apoyos para defender a Losantos. En una cena celebrada el 11 de octubre de 2007, con motivo de la conmemoración de La Hispanidad, Esperanza Aguirre solicitó al Rey de España un trato humano para el locutor Jiménez Losantos. Según algunos medios[155], que calificaron como insólito este hecho, tal petición la realizó en virtud de la amistad que le unía con el comunicador.

Mi opinión hacia Gallardón ya era positiva antes de este posicionamiento, por una anécdota personal que viví con él en otro ataque terrorista. El 25 de junio de 2005, sobre las 19.00 horas, un coche bomba colocado por ETA explosionó, sin causar víctimas, en un aparcamiento exterior del estadio de La Peineta, en el barrio madrileño de San Blas. El atentado se dirigía contra uno de los símbolos de la candidatura madrileña a los Juegos Olímpicos de 2012. Se produjo once días antes de que el Comité Olímpico Internacional eligiera la futura sede de estos. Madrid fue descartada, y se eligió la ciudad de Londres. En esas fechas celebrábamos el 30 aniversario de la especialidad Tedax. Como el acto principal estaba programado en el parque de El Retiro de Madrid, esa tarde, vestido de uniforme, me encontraba dirigiendo su ensayo. Al tener conocimiento de la amenaza telefónica de ETA, me trasladé hasta La Peineta, donde ya se estaban estableciendo los cordones de seguridad. A los pocos minutos de llegar, se produjo la explosión.

En una de las vías de acceso al aparcamiento donde se había producido la deflagración, se encontraba un vehículo en el arcén, con la puerta del conductor abierta y sin nadie en su interior. Los Tedax, mediante el robot, utilizado habitualmente en sucesos de esta naturaleza, y a una distancia de 200 metros, iniciaron las labores de observación e inspección del citado vehículo. A los pocos minutos, observé que dos coches, con lanzadestellos, traspasaban los cordones de seguridad y se dirigían al lugar en el que nos encontrábamos los Tedax. Me situé en el centro de la calzada y les obligué a detener su marcha. Desde el interior de uno de ellos, a gritos, me ordenaban que me retirara para permitir el paso al alcalde de Madrid. Me negué a ello. Entonces, de uno de los coches se bajaron dos escoltas y el alcalde. Me reiteraron que me apartase, pero les volví a negar el paso.

Gallardón, visiblemente contrariado, me interpeló: “¿Quién es el responsable aquí? Si es usted, sepa que yo voy a pasar hasta el lugar de la explosión”. A lo que le contesté que no podía pasar en ese momento, que yo era el responsable y que, pese a que comprendía su indignación, debía esperar fuera de los cordones de seguridad hasta que la zona hubiera sido inspeccionada por los Tedax. Él, tras intercambiar unas palabras con sus escoltas, atendió mis indicaciones.

Una vez inspeccionado el vehículo, me dirigí hacia donde se encontraba Gallardón, le expuse las novedades y le expliqué que mi actuación se había ajustado a los protocolos. No me permitió terminar. Inmediatamente me pidió disculpas y me mostró su disgusto por las repercusiones que el atentado pudiera tener en la elección de Madrid como sede de los Juegos Olímpicos. Después de una breve conversación, cortés y amablemente, se despidió de los Tedax y de mí, reiterando sus disculpas.

La actitud de Gallardón entonces, desde el principio hasta el final, me pareció noble y sincera. Su indignación y el consiguiente comportamiento descrito entraban dentro de la lógica. El atentado podía restar eficacia al esfuerzo realizado por él y su equipo para conseguir la elección de Madrid como sede de los Juegos. Superado ese primer momento descrito, su actitud fue inteligente, correcta y respetuosa con los profesionales que allí trabajábamos y con la situación. Del mismo modo, también lo fue tras los atentados del 11-M.

12. Infamias en los tribunales

Algunas acusaciones y defensas llevaron al juicio los planteamientos conspirativos, que la sentencia 65/2007 de la Audiencia Nacional contestó de forma contundente. Las artimañas utilizadas en la vista tenían como fin engañar a la opinión pública, y así fueron descritas en el fundamento jurídico I.2.1: “Como en muchas otras ocasiones a lo largo de este proceso, se aísla un dato –se descontextualiza– y se pretende dar la falsa impresión de que cualquier conclusión pende exclusivamente de él, obviando así la obligación de la valoración conjunta de los datos –prueba– que permita, mediante el razonamiento, llegar a una conclusión según las reglas de la lógica y la experiencia”. El fundamento jurídico III. 3 también recogía que “los tribunales no pueden atender a especulaciones, insinuaciones, elucubraciones o hipótesis basadas en hechos negativos que no han sido explícitamente planteadas y de las que no aportan el más mínimo indicio”.

Con estas descripciones y calificaciones, que tras la instrucción del sumario y la celebración del juicio se plasmaron en la sentencia del 11-M, el ciudadano podrá comprender y ser consciente del respeto que los autores de las teorías alternativas tuvieron hacia la opinión pública y la sociedad española. Así lo recogía la sentencia, que un catedrático de Derecho Penal analizó y alabó[156] como sigue: “En definitiva, y salvo algunas pequeñas discrepancias como la que acabo de señalar, la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el 11-M ha de ser considerada una antológica lección de cómo llegar a enervar la presunción de inocencia de tres acusados mediante la coherente valoración de la prueba practicada en el juicio oral y de cómo aplicar el principio in dubio pro reo cuando, a pesar de todos los indicios y probabilidades respecto de algunos de los restantes acusados, esa presunción no ha podido ser destruida”.

12.1. Mi contundente desmentido: las demandas por calumnias[157]

La sentencia de la Audiencia Nacional, que condenaba a los autores de los atentados, no apuntó ninguna irregularidad en la actuación de los Tedax, ampliamente examinada en la vista oral. Sin embargo, los fabuladores de las hipótesis alternativas ignoraron la sentencia y continuaron con su campaña mediática de mentiras e infamias contra instituciones del Estado y en particular, contra mí. Para ellos, el contenido de la sentencia era irrelevante. Además, con una osadía bien entrenada desde años atrás, se jactaban de que lo que divulgaban sobre la actuación de la Policía y de la justicia sería cierto si nadie les había demandado. De este modo, sin ningún indicio ni fundamento, continuaron atribuyendo directamente a los Tedax el haber llevado a cabo actuaciones para encubrir a los autores de los atentados, una acusación que para cualquier policía resulta de extrema gravedad.

En el circo que montaron estos tramoyistas de la farsa, a medida que avanzaba la instrucción del sumario y la vista oral, las posibilidades de crear o mantener intrigas y enredos se agotaban. De la chistera ya no salían más conejos. Entre todas las mentiras que crearon y difundieron, el tema del explosivo les siguió ofreciendo alguna posibilidad para continuar con el espectáculo y la farfolla. Con sus chapuzas informativas sostenían que había que conocer el arma del crimen. Para ellos, la utilización de dinamita Goma 2 ECO, junto a otras dinamitas, reconocida por las sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, era mentira. No la consideraban el arma del crimen.

Yo comprendo que para un embarullador, acostumbrado a enmarañar realidades, no le resulte fácil asimilar y comprender las certezas establecidas objetivamente mediante evidencias. Aparte de muy difícil, por su idiosincrasia personal, para los promotores de las teorías conspirativas y sus monaguillos sería muy duro aceptar que la dinamita era el arma del crimen. No podían admitirlo. Se le venía abajo la carpa que daba acogida a su espectáculo circense. Para ellos, obligatoriamente, tenía que ser Titadyne. Era tal su obcecación que no llegaron a entender que el Titadyne era una marca de dinamita que no fue excluida por las sentencias, ni tampoco por los Tedax. Nosotros nunca afirmamos que en los trenes hubiera explosionado Goma 2 ECO, sólo dijimos dinamita (incluida la marca Titadyne).

Como no pararon las infamias, después de una meditada y prudente espera, transcurridos seis meses desde la sentencia de la Audiencia Nacional, el 28 de enero de 2008, interpuse una demanda civil por vulneración de mi derecho al honor contra Pedro J. Ramírez Codina, Casimiro García-Abadillo, Federico Jiménez Losantos y Fernando Múgica de las Heras por sus artículos en El Mundo. En la misma fecha, formulé una querella criminal, por delitos de calumnias e injurias, contra Jiménez Losantos a causa de sus alocuciones en la cadena COPE. 

Era y soy consciente de que, dada la condición inherente a los demandados y a las circunstancias que los rodean, las sentencias no ampararían mis derechos vulnerados. Y así sucedió. Las resoluciones consideraron que los demandados no habían cometido ningún ilícito. Pero yo tenía otros objetivos. En primer lugar, quería poner de manifiesto el inexistente sentimiento de culpabilidad en la actuación policial y en la comunicación de datos, leal y trasparente, que se desarrolló desde la Unidad Central de los Tedax tras el atentado. El Boletín de las Cortes Generales y el sumario evidencian que estuvimos a plena disposición de las autoridades judiciales y policiales. Por lo tanto, nada tenía que ocultar ni que temer. Era mi mejor desmentido.

Asimismo, quería evitar reprocharme, en el futuro, no haber utilizado los cauces procesales legítimos. Expresa y formalmente había solicitado, en varias ocasiones, a los órganos superiores del Ministerio del Interior que actuaran de oficio contra los propagadores de estas teorías. Lo publicado, no sólo afectaba a mi honor y reputación, también a las instituciones del Estado. No lo hicieron. Tuve que hacerlo yo.

Por último, consideraba necesario recopilar, exponer y dejar constancia judicial de las auténticas aberraciones difundidas. También fundamentarlas procesalmente como claras imputaciones falsas e infamias, aun con el riesgo de que los tribunales las fueran a desestimar por considerarlas amparadas bajo los elásticos derechos a la información y a la libertad de expresión.

Actualmente, esa interpretación tan flexible del derecho a la información veraz y a la libertad de expresión termina aceptando el chismorreo en perjuicio del artículo 18 de la Constitución Española, en el que se reconoce el derecho al honor, a la intimidad familiar y a la propia imagen. Aunque lo publicado sea una mercancía fundada en la pura demagogia social o en un populismo carente de escrúpulos, si está revestida de impostada profesionalidad periodística, por desgracia, los tribunales lo acaban protegiendo. Desde hace algún tiempo, se han relajado las buenas maneras que imperaban en la sociedad. A este retroceso no son ajenos los tribunales, que progresivamente han elevado el nivel de tolerancia. Ahora se da por válido casi todo. Atrás queda el reconocimiento del derecho del ciudadano a obtener información certera, recogido en reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional, como la número 178 del año 1993: “El requisito de la veracidad no va dirigido tanto a la exigencia de una rigurosa y total exactitud en el contenido de la información cuanto a negar la protección constitucional a los que, defraudando el derecho de todos a recibir información veraz, actúan con menosprecio de la veracidad o falsedad de lo comunicado, comportándose de manera negligente e irresponsable por transmitir como hechos verdaderos bien simples rumores, carentes de toda constatación, bien meras invenciones o insinuaciones”.

La evolución de la jurisprudencia, en muchos casos, se ha dirigido hacia la mayor tolerancia. Aquí se han expuesto comportamientos prolongados y aberrantes de algunos periodistas, a los que, según los tribunales, les amparaba ese progreso basado en la flexibilidad de la ley. Sería comprensible –aunque no lo comparto– este amparo si los autores de tales infamias se movieran en la prensa del entretenimiento. Pero no es el caso. Estamos hablando de comunicadores que tenían que elaborar crónicas del mayor atentado de la historia de Europa. No era un espectáculo para escribir cuentos grotescos.

Los atentados, y todo lo que de ellos se derivaba, debieron ser tratados con rigor y seriedad suprema, como hicieron la mayoría de los medios de comunicación. No olvidemos que, al final, los autores de las publicaciones con contenidos conspirativos eran cinco o seis personas, frente a miles de periodistas que trataron con profesionalidad el 11-M. Había unas víctimas y unos ciudadanos muy afligidos que se merecían el máximo respeto. Los periodistas que no se lo concedieron, además, propiciaron la división de todos los afectados. Una fragmentación lamentable que aún perdura incluso en la celebración de los aniversarios.

              Por otra parte, el mayor nivel de tolerancia aplicado a los autores del juicio paralelo, desde el punto de vista de la justicia, mal casa con la dura restricción que tiene la otra parte, la víctima de los infundios, que no puede responder por ser miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Los policías no podemos desmentir ni dar explicaciones sobre las mentiras que se publican de nuestras actuaciones. Si, en atención a la naturaleza de la función que desempeñamos, se nos exige guardar silencio ante divulgaciones falsas sobre lo que estamos haciendo, es obvio que se produce una gran desventaja en relación con otros colectivos. Pero, lo que es más grave, el periodista sabe que no se va a encontrar con una réplica directa del afectado, con lo que tiene la opción de continuar con su juicio paralelo sin obstáculos. Aunque eran pocas las esperanzas, formulé las demandas contra los autores de las ignominias, porque, como dijo Franklin Delano Roosevelt, “en la vida hay algo peor que el fracaso, el no haber intentado el éxito”.

12.2. Un trabajo impoluto de los Tedax

La obsesión de los fabuladores y de sus seguidores por los explosivos propició una larga historia judicial. A pesar de las sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, continuaron insistiendo. Los representantes legales de asociaciones de víctimas que en el juicio del 11-M interrogaron inquisitivamente a policías, el 21 de mayo de 2007, el 8 de febrero de 2008 y el 29 de abril de 2008 presentaron en el Juzgado Central de Instrucción número 6 varios escritos en los que solicitaban diligencias de relacionadas con los explosivos utilizados en los atentados. El 25 de noviembre de 2008, el Juzgado dictó auto en el que denegaba estas cuestiones por considerarlas “cosa juzgada”.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en auto de 4 de febrero de 2009, también ratificó la resolución de 25 de noviembre de 2008, ya que asumía lo determinado por las sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo: “Las actuaciones previas que nos ocupan superan el análisis de los explosivos, y por tanto del arma del crimen (marca y procedencia del explosivo), máxime cuando en la página 19 del reporte (15 de mayo de 2007) [se refiere al informe de los ocho peritos nombrados por el tribunal], los técnicos convergen en que: los análisis efectuados sobre las evidencias o los restos procedentes de una explosión están encaminados a descubrir componentes del explosivo o mezcla explosiva utilizada, por lo que difícilmente se podrá concretar la marca o tipo del explosivo utilizado”.

El 19 de junio de 2009, el Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid dictó un auto de sobreseimiento libre con motivo de una denuncia contra varios mandos policiales (entre ellos la perito y yo), formulada por la asociación Alternativa Española, que había presentado como prueba un libro titulado Titadyne[158], que más adelante trataremos. En la sentencia de 14 de diciembre de 2009, la Sala Tercera de la Audiencia Nacional confirmó dicho auto al ratificar, de nuevo, que se trataba de una cosa juzgada material.

A pesar de todo lo anterior, en julio de 2009, la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, azuzada por los fabuladores de la conspiración, presentó una querella en el Juzgado número 43 de Madrid. Su titular, Coro Cillán –después profesionalmente cuestionada[159]–, admitió la querella, aunque no existían indicios ni datos contrastados para la imputación de delito alguno. Nunca los hubo, como confirmaban las sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo sobre el 11-M. La admisión de esta querella dio pie a los confabuladores para seguir, durante unos años más, inventando noticias y formulando hipótesis falsas. Durante más de tres años, la juez practicó numerosas diligencias sin conseguir aportar ninguna prueba sobre irregularidades en la actuación de los Tedax. En la vista oral, la instructora, el fiscal y los autores de la querella interrogaron a 47 miembros de los Tedax, que manifestaron que no habían observado ninguna actuación irregular en el 11-M y que se había trabajado como siempre, sin apartarse de los protocolos.

Con base en las resoluciones judiciales anteriores, solicitamos el sobreseimiento libre ante el Juzgado número 43, que dictó auto el 25 de mayo de 2011 desestimando nuestra petición. Recurrimos ante la Audiencia Provincial de Madrid, que, en auto de 7 de febrero de 2012, nos dio la razón y ratificó el sobreseimiento libre del Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid por inexistencia de irregularidades en nuestra actuación. A lo largo de los tres años que se estuvieron practicando diligencias en el Juzgado 43, se adhirieron a la causa la Asociación de Víctimas del Terrorismo y la Unión de Oficiales de la Guardia Civil. Las tres agrupaciones recurrieron ante el Tribunal Supremo el sobreseimiento dictado por la Audiencia Provincial en febrero de 2012.

Un año después, el 6 de febrero de 2013, el Tribunal Supremo dictó sentencia y confirmó en su integridad el auto dictado por la Audiencia Provincial, destacando la ausencia de tres requisitos esenciales: “Que en la resolución judicial de imputación se describa el hecho, se consigne el derecho aplicable y se indique el responsable”. Ninguno de los tres requisitos se daba en la causa seguida por la magistrada que juzgó la querella. En sus fundamentos, el Supremo reprochó a la instructora que, después de tres años de diligencias, no definiera ni concretara la existencia de alguna infracción penal. En su parte dispositiva, el alto tribunal impuso las costas de los recursos a las tres asociaciones querellantes.

En esos tres años y medio, desde julio de 2009 a marzo de 2013, los medios de comunicación que dieron cobertura a las teorías alternativas continuaron con las manipulaciones e infamias. Prolongaron un juicio paralelo que habían iniciado nueve años antes y del que muchos de los que trabajamos en la investigación fuimos víctimas inocentes. Sin embargo, y por fin, con esta sentencia del Tribunal Supremo la Justicia, una vez más, nos demostró la razón que nos asiste a quienes confiamos en ella.

12.3. La revancha

La interposición de la demanda civil y la querella criminal, al judicializar el proceder indigno de quienes divulgaron contenidos de escaso o nulo rigor informativo, suscitó en los demandados un afán de revancha reflejado en la indisimulada reacción que tuvieron en sus propios medios de comunicación. Para ellos, yo era culpable hasta que no demostrara mi inocencia. Con todas las posibilidades a su alcance, trataron de influir en las asociaciones de víctimas afines para conseguir mi imputación en alguna actividad delictiva. Sin abandonar su obcecación por mantenella y no enmendalla, publicaron el libro citado anteriormente, Titadyn. Era su obsesión, esta marca de dinamita nunca dejó de ser la salsa de todos sus guisos informativos. Los autores de la novela fueron Antonio Iglesias, perito de parte que intervino en el juicio del 11-M, y el vicedirector de El Mundo, Casimiro García-Abadillo, quien, a falta de algo nuevo que llevarse a la pluma, hizo un refrito de sus publicaciones anteriores.

Tras varios intentos fallidos, cinco años después de los atentados, dos años después de la sentencia de la Audiencia Nacional, y pasado un año del fallo del Tribunal Supremo, basándose en el contenido del libro Titadyn, consiguieron que la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M interpusiera la citada querella contra mí y la inspectora química de Tedax, que casualmente  presentaron en el Juzgado de Instrucción 43 la misma semana que ciertos periodistas tenían señalada la vista previa de mi demanda por el derecho al honor. El interés e implicación de los conspiracionistas en la interposición de esta querella quedó de manifiesto cuando Pedro J. Ramírez, al presentar el libro el 2 de junio de 2009, en su conocida intervención titulada Yo acuso[160] afirmó que “Más que un prólogo [lo de su vicedirector García-Abadillo] es una auténtica hoja de ruta del estado de la cuestión (…) son los sólidos indicios de la manipulación policial de la investigación (…)”.

Una semana antes de que la Asociación de Ayuda a Víctimas del 11-M interpusiera la querella, Pedro J., que conocía su contenido antes de ser presentada en el juzgado, en su vídeoblog el 6 de julio de 2009,[161] se mostraba exultante y manifestaba: “La gran noticia del día, de la semana, es esa querella que ultima la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M contra el comisario Manzano por ocultación de pruebas y falso testimonio. […] A juzgar por el borrador, va a ser una querella muy consistente. Me alegro de haber contribuido a ello con mi Yo acuso en la presentación del libro Titadyn”.

Efectivamente, Titadyn fue la hoja de ruta para formular la querella. Tal es así que algunos de sus argumentos estaban expuestos con las mismas frases del libro, con términos idénticos e, incluso en varios casos, con los mismos errores gramaticales. Toda la campaña que desplegaron para convencer a la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M la justificaron ante la opinión pública basándose, según ellos, en que no se conocía la verdad y las víctimas tenían derecho a saberla. Pero no. En realidad, se fundaba en su imperiosa necesidad de respaldar varios años de manipulaciones informativas sobre las investigaciones policiales y la instrucción del sumario. Especialmente las tergiversaciones en la campaña mediática sobre los explosivos.

El propio subdirector de El Mundo, Antonio Rubio, en unas declaraciones efectuadas en 2007[162], explicó el poco valor dado a la información, frente a la especulación en este tema de los explosivos: “Rubio también admite que en algunos temas relacionados con el 11-M la información no ha sido el origen de ciertas noticias. El tema de los explosivos –asegura– ha dado pie a los análisis y a la interpretación, en detrimento de la información. A partir de ahí, cada cual ha elaborado su teoría”.

Con sus pifias mediáticas, habían embaucado a un buen número de ciudadanos sin ninguna consideración a su inteligencia. Fue tal su osadía que, en el circo que montaron, y en varias ocasiones, se desmintieron a ellos mismos sin ningún pudor. Según Antonio Rubio, cada cual había elaborado su propia teoría. Sus contradicciones también menoscabaron su credibilidad. Por eso, y para amortiguar la pérdida de verosimilitud de los contenidos publicados por el diario de Pedro J., era imprescindible la interposición de una querella contra miembros de la Policía.

En lugar de acusar a los Tedax, Pedro J. Ramírez y Casimiro García-Abadillo pudieron haber buscado su verdad sobre la autoría de ETA y sobre una conspiración de los aparatos del Estado en las acciones policiales previas del atentado. En coherencia intrínseca con su hipótesis de la conspiración, la investigación periodística la tendrían que haber centrado en las actuaciones de prevención o en las tareas de información o inteligencia antiterrorista. Los Tedax no tenían ninguna responsabilidad en esas áreas policiales de prevención para evitar el atentado. Sólo actúan después, una vez que se ha producido. En Inglaterra, como he apuntado antes, con motivo de los atentados del 7-J del 2005, las demandas de las víctimas, al igual que las investigaciones judiciales y de la prensa, se centraron en las unidades que tenían la responsabilidad de la prevención. No en las que intervinieron después.

Desde que se crearon los Tedax (1975), jamás se había cuestionado su trabajo. En el 11-M, se aplicaron los mismos procedimientos de siempre y se nos cuestionó y acusó de encubridores de terroristas. Fueron ocho las ocasiones en las que jueces y tribunales distintos nos consideraron inocentes. Esa reiterada insistencia judicial, sin embargo, no fue obstáculo para que, publicada la última sentencia de 6 de febrero de 2013, continuáramos siendo víctimas del fanatismo, mercadeo e insidia de los fabuladores. Como escribió Manel Gozalbo, “no es periodismo, es algo personal[163]”.

En estos periodistas la desfachatez no tuvo límites. Para informar de la noticia sobre la sentencia del Tribunal Supremo, El Mundo sacó en portada, el 15 de marzo de 2013, el titular El TS cierra la vía para saber qué explosivo estalló el 11-M, lo cual daba cobijo a una de las mayores mentiras que han inventado y mantenido los fabuladores de la conspiración durante estos diez años. Tiempo atrás, en este mismo diario, el 1 de junio de 2009, el prologuista del libro Titadyn Casimiro García- Abadillo escribió Una verdad inconveniente, artículo en el que paradójicamente señalaba que “la verdad, como decía Marx, es testaruda; y no se puede enterrar; nadie está protegido contra la verdad”. García-Abadillo, además, alababa a quien suscribió el libro Titadyn, por su constancia en averiguar si había DNT (dinitrotolueno) y nitroglicerina, porque según defiende él “eran incompatibles con la Goma 2 ECO”. Para el vicedirector de El Mundo, esa era la verdad inconveniente, cuando la auténtica realidad contra la que no podían protegerse ni él ni sus acólitos era las sentencias del Tribunal Supremo de 6 de febrero de 2013 y todas las que le precedieron. Ahora bien, dado su empecinamiento no es descartable que vuelvan a azuzar con otro libro Titadyn, un Yo acuso,  o algo similar, para que se continúen con demandas o recursos judiciales contra los Tedax u otros mandos policiales.

Era tal la ignorancia de lo que aparecía en el sumario que hasta el abogado de la Asociación de Ayuda a las Víctimas de 11-M, De Pablo, en la querella citada que él presentó en el juzgado número 43, fundamentaba la acusación de falso testimonio en una pregunta que me formuló en el juicio del 11-M. Me interrogó sobre el envío de las muestras de las explosiones a la Policía Científica “para determinar la marca comercial de la dinamita”. Él debía saber que para “determinar la marca” nunca nos podíamos plantear mandar las muestras a la Policía Científica, porque era una finalidad imposible. Por eso le contesté en el juicio del 11-M “nunca”. Era lamentable que en julio del 2009, cuando presentó la querella, este abogado todavía desconociera que con el análisis de muestras de explosivo explosionado no se podía averiguar la marca de la dinamita.

Con el titular del 15 de marzo de 2013, se quebró mi esperanza de que lo entendieran Pedro J. Ramírez, Casimiro García-Abadillo, Federico Jiménez Losantos y su entorno conspiranoico. Jamás admitirían que sí se sabía qué explosivo estalló el 11-M. Se trataba –y lo repito por enésima vez– de dinamita. De la marca que fuera, incluso Titadyn, nadie iba a debatir eso, ni siquiera las sentencias.

Por último, y para decretar la falta de fundamento a ese argumento de no saber el arma del crimen de los creadores de las teorías, conocer el tipo y marca de explosivo no determina la autoría del atentado. Adjudicar la autoría apoyándose en la marca del explosivo es una temeridad. Por ello, hablar de marcas concretas, sin tener todos los componentes, hubiera sido una especulación. Algo incompatible con la rigurosidad con la que trabajan los Tedax.

Llegados a este punto, es preciso concluir que cualquier iniciativa judicial de las víctimas, ha sido y será siempre respetada. No así el juicio paralelo al que hemos sido sometidos por estos periodistas y locutores, a cuyas falacias y manipulaciones trata de dar respuesta este libro.

13.- Sensacionalismo contra respeto a la opinión pública

“El honor es el principio básico sobre el que se asienta la dignidad, la nobleza entera de la vida humana” (Ramón Menéndez Pidal). Tras examinar concienzudamente la prensa de los últimos años sobre el 11-M y sufrir en mis propias carnes las consecuencias del linchamiento mediático, me considero con la capacidad de valorar escrupulosamente determinados aspectos sobre el comportamiento profesional de sus autores.

13.1. Las elecciones, a la vuelta de la esquina

Una primera apreciación, señalada en múltiples ocasiones, sobre el origen y las causas de la aparición de las teorías, insistentes y cambiantes sobre el 11-M, tiene su raíz en que a los tres días de los atentados se celebraban las elecciones generales. Sin la inmediatez de los comicios, la actuación policial en general, y la de los Tedax en particular, habría sido valorada de manera totalmente distinta. Y, por supuesto, las críticas y ataques contra mi comportamiento profesional tampoco habrían tenido lugar.

En este sentido es esclarecedor lo que escribió para El Mundo Casimiro García-Abadillo a los 18 días de los atentados, en el artículo Pecado de soberbia: “Si el 11 de marzo no hubiera estado tan cerca de las elecciones, probablemente Aznar se hubiera comportado de otra manera. Hubiera actuado como un profesional, es decir, como un presidente que sólo tiene un objetivo prioritario: ayudar a las víctimas, descubrir a los culpables y ponerlos a disposición de la justicia. Pero no. Las elecciones estaban a la vuelta de la esquina”.

Es cierto que los terroristas con el atentado pretendieron cambiar el resultado de las urnas, sin embargo, no se puede afirmar que fueran los únicos que ayudaron a modificarlo. Las consecuencias del 11-M, exclusivamente las que respectan al cambio político en las elecciones generales, se pudieron haber neutralizado. Es decir, coincido con las opiniones ya citadas en cuanto a que hubo una gestión en la comunicación de datos incorrecta. Se lanzaron mensajes inadecuados a la población. Con independencia de quién o quiénes fueran responsables de esos errores, está claro que tuvieron un efecto negativo en el ámbito social y político. Los días 2 y 3 de noviembre de 2013, con motivo de la prepublicación del segundo volumen de las memorias de José María Aznar, varios medios se hicieron eco de lo que desvelaba el expresidente: que Jorge Dezcallar, entonces director del CNI, le había enviado un informe personal en el que afirmaba que ni los servicios secretos de EEUU ni siquiera los del mundo árabe habían detectado nada que pudiera llevar a atribuir los atentados al terrorismo islamista o a ETA. Esta revelación, sin embargo, no fue una primicia, pues cinco años antes, el 26 de junio de 2008, El Mundo titulaba así: “El Gobierno del PSOE premia con la embajada de Washington al hombre que indujo al Gobierno del PP al mayor patinazo de la historia de nuestra diplomacia”.

Volvemos sobre el artículo mencionado de García-Abadillo en el que, a los pocos días de los atentados, apuntaba unas recomendaciones sensatas que más tarde preferiría no seguir: “Si Rajoy no consigue que su partido haga autocrítica y reconozca los errores que se han cometido, limitándose a culpar a Prisa de todos sus males, será difícil que consiga mantener la confianza de esos 9,7 millones de personas que, pese a todo, votaron al PP el 14-M”. La osadía, sin embargo, no tiene conoce límites cuando se tiene alergia a la coherencia. El mismo periodista, tras su conversión e incorporación a la comunidad alternativa, dedicó varios años a que una parte del partido de Rajoy hiciera todo lo contrario a lo que él indicaba en ese artículo. Queda de manifiesto, por lo tanto, el nulo respeto que profesó a la opinión pública y a su propia profesión.

Por otro lado, la prensa posee un papel muy relevante en el funcionamiento de la democracia. Cumple una función social y política esencial como contrapoder. Su crítica hacia las instituciones es necesaria, pero sólo adquiere sentido cuando transmite a la sociedad información cierta, accesible e inteligible, sin pretensión de manipulación, siempre leal a la realidad. Como dicen los auténticos liberales, sin verdad no hay libertad. Los malos profesionales, sin embargo, utilizan la libertad para adulterar la verdad.

La Constitución en su artículo 20 consagra el derecho a comunicar y a recibir libremente información veraz. Pero la Carta Magna también pone límites muy claros: el honor, la intimidad y la propia imagen. El ejercicio del periodismo no cumple el mandato constitucional cuando mezcla opinión con noticia. Tras el 11-M, la información se presentó con aditivos de excitación patológica. Determinados periodistas adulteraron la noticia para hacer más creíble o razonable su opinión. Enredaron los datos con su interpretación y terminaron inmersos en el más puro sensacionalismo.

Los urdidores de las teorías conspirativas no suministraron al ciudadano información solvente. No fundamentaron las noticias en el testimonio de los protagonistas, ni contrastaron con fuentes documentales, abundantes y disponibles. El resultado fue la desinformación y la división de la opinión pública. La libertad de información y expresión tiene que ser amplia y el ejercicio de la crítica no conviene que sea restrictivo, pero tampoco ilimitado. Resulta positivo aceptar la crítica contundente, siempre que se abstenga de la mentira, la manipulación, el insulto, la denigración o la humillación. El periodismo malintencionado, en el que los principales ingredientes son las grandes dosis de ego, la baja catadura moral y la nula inteligencia, no merece el amparo ni la excusa de la libertad de expresión. De lo contrario, ese derecho se convierte en liberticida, porque la autonomía se basaría en la libertad de maniobra para adulterar la información.

Hablar en una emisora de radio o escribir para un periódico supone cierto prestigio para quienes lo hacen. Es lógico, su voz llega a un gran público. Sus ideas adquieren fuerza y, en ocasiones, hasta un tono persuasivo. Es por ello que el periodismo tiene una gran responsabilidad y debe basarse en el rigor y la seriedad. Cuando faltan estas condiciones, es la propia sociedad la que puede pasarle factura a los que incumplen su función mediante el rechazo o la indiferencia. Si los ciudadanos dan crédito al periodismo que no respeta la verdad, permitirán que predomine el morbo sobre la razón. ¿Qué progreso pretendemos conseguir creciendo sobre escalones de mentiras que pisan la cabeza de personas inocentes?

En consonancia con lo anterior, el filólogo Gregorio Salvador, miembro la Real Academia Española, en La tercera de ABC, el 19 de enero de 2008, explicaba lo siguiente: “El acto de fe no es ya creer lo que no vemos, sino creer que lo que estamos viendo es como nos lo cuentan (…). Sobre todo, si lo simplifican y reducen a un enunciado fácilmente repetible y recordable”. Ahí está el mérito de los trileros[164]. Lo estamos viendo y nos la cuelan. De esta forma le ocurrió a un sector minoritario de la población española con los fabuladores del 11-M. Creyeron las teorías, a pesar de que la mayoría de los medios de comunicación mostraron la investigación policial de forma pública y transparente, así como la instrucción sumarial y las sentencias judiciales. Salvo El Mundo, la COPE y sus monaguillos, nadie enredó mediáticamente con los atentados. La mayoría de las personas que trabajan en la prensa española desarrollan su labor con un alto nivel de rigor, coherencia y responsabilidad, e incluyo aquí a muchos de los que trabajan para El Mundo y la Cope. Por ejemplo, ya languideciendo la conspiranoia, el escritor Antonio Gala, en El Mundo del 19 de diciembre de 2007, en su Tronera titulada La mal ralea, escribió esto: “Hay voces, jaleadas por gentes estúpidas o resentidas, que se levantan haciendo acusaciones inventadas, levantando falsos testimonios o insultando sin la menor justificación a miembros y fuerzas del Estado. Son culpa, desde luego, del retorcido sistema digestivo del que brotan. Pero también de quienes, desde sus burladeros o sus púlpitos, les ríen las gracias con impunidad, los jalean, los pagan y esconden la mano mientras que los otros, engreídos e insolentes, arrojan sus miserables piedras. Siempre me ha producido asco esa jauría que se ampara en el ladrido de quien la encabeza. Más que quien da la fea cara, me repugnan los enmascarados, anónimos o no, que le acompañan. La radio y la televisión son sus inocuos protectores”.

La ausencia de ecuanimidad llevó a los defensores de estas hipótesis a comportarse como forofos de la causa, que difundían propaganda y que protagonizaban un lamentable espectáculo. Quebraron los principios éticos y las reglas del oficio más elementales. El papel de proporcionar conocimiento y criterio a los ciudadanos ayuda a que todos ellos comprendan mejor sus dudas y calmen sus desasosiegos. En el tratamiento mediático del 11-M, lo necesitaban, sobre todos los demás, las víctimas. No obstante, determinados individuos realizaron un ejercicio periodístico sobre el 11-M en el que convirtieron las palabras en armas arrojadizas en el debate público. No las utilizaron para expresar la realidad, sino para esconderla. No las usaron para dar a entender, sino para crispar e inducir al error.

Otra práctica periodística negativa, que también apareció en el tratamiento mediático del 11-M, se justificó por la necesidad de anonimato de las fuentes. Es irrebatible la discreción para con la fuentes y proteger al suministrador de información. Ahora bien, no se puede abusar de los términos fuente anónima, próxima, solvente, de la investigación, etc. Este tipo de fuentes no pueden constituir la base para descalificar o desacreditar a nadie, mucho menos a instituciones y profesionales a los que no se ha probado conducta irregular alguna. Durante los años posteriores al 11-M, los comunicadores ya mencionados abusaron de este tipo de fuentes inconcretas para difamar a personas e instituciones públicas. Difundieron noticias y opiniones sobre hechos de los que no estaba probada su veracidad. En algunos casos, una simple llamada telefónica hubiera sido suficiente. Además, disponían del sumario. Obviaron lo que en otros casos los periodistas reclaman con insistencia: la presunción de inocencia de los difamados por las noticias y opiniones publicadas.

Existe la creencia, instalada en parte de la sociedad, de que los periodistas gozan de inmunidad e impunidad. Muchos ciudadanos entienden que lo más recomendable es no tropezar con la prensa. Es una opinión que se basa en que el periodismo está protegido y amparado e integrado por personas que adoptan represalias contra quienes les incomodan o se rebelan. Personalmente, no participo de esta creencia. Sin embargo, algo de cierto debe haber en ella. En 2012, después de los procedimientos ilegítimos del diario inglés News of the World, que incluían escuchas ilegales, pagos a cambio de información, connivencia con la Policía y otras prácticas poco ortodoxas, se decidió la creación de la comisión Leveson. Sus conclusiones pusieron de manifiesto la ineficacia de los códigos deontológicos y los mecanismos de autorregulación, lo cual dejaba en situación de indefensión a las víctimas. Ante estas apreciaciones, el primer ministro del Reino Unido, David Cameron, exigió una propuesta de autorregulación creíble. De lo contrario, advirtió, promovería la regulación por ley de mecanismos de control. La sensación de impunidad no parece ser un problema solo de España.   

Comunicados contundentes o actuaciones judiciales rigurosas, que dejaran al descubierto mentiras o manipulaciones, desterrarían esa percepción de inmunidad e impunidad. En mi opinión, y por lo que me concierne, la Administración no debió consentir que, al abusar de un derecho ampliamente reconocido, se alimentara el resentimiento y la crispación en la sociedad y se desprestigiara a personas e instituciones del Estado. Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españoles, dada la naturaleza de la función que desempeñamos, no podemos replicar las informaciones inveraces o innecesariamente vejatorias ni realizar declaraciones sobre los asuntos en los que estemos interviniendo. Si las exigencias éticas y normativas nos exigen dicho comportamiento, esas divulgaciones debieron ser desmentidas o demandadas judicialmente por la instancia oficial correspondiente. En el 11-M, el Gobierno del PSOE no lo hizo.

13.2. La farsa como negocio y el populismo como política

Siempre ha existido el periodismo sensacionalista que practica la maledicencia[165] como hábito o costumbre para entretener. No obstante, el problema no está en su mera existencia, sino en confundirla con la que cumple la función de informar y formar, mediante el sano ejercicio de la crítica, respetando los límites de la libertad y el derecho a la información del ciudadano. Los que ejercen el periodismo sensacionalista multiplican por miles los mensajes, para que la tormenta mediática impida distinguir las voces de los ecos, maquillan sus afirmaciones para que tengan apariencia de verdad y olvidan la distancia propia que hay que mantener en una investigación periodística. Tristemente, estas fueron las técnicas que aplicaron en la creación y mantenimiento de la trágica y grotesca teoría de la conspiración insinuada sobre el 11-M. Una causa de la aceptación de muchas invenciones fue la ausencia de una demarcación clara entre la prensa sensacionalista y la prensa seria. Parte de la población no percibió esa diferencia y le dieron gato por liebre.

Este comportamiento periodístico, tan dañino, faltó a la neutralidad y ecuanimidad en la crónica de unos hechos dramáticos, sin reparar en que detrás de ellos había tragedias personales. Pero la cuestión se agravó cuando un reducido e influyente grupo de personas vinculado a una fuerza política, al Partido Popular, aceptó esas prácticas sensacionalistas, aplaudió sus manipulaciones y las impulsó mediante preguntas parlamentarias basadas en datos publicados sin contrastar. Esto fue inaudito, pero ya lo decía el político Francisco Silvela en tiempos de Alfonso XIII, “en España todo es posible y nada resulta probable”.

En virtud del sensacionalismo empleado y del populismo barato, además de sectores mediáticos y políticos, hubo otros apoyos de grupos cívicos y religiosos. Alentado por los autores de las fabulaciones, surgió un movimiento denominado Peones Negros que, desde la marginalidad, y debido a su creencia ciega en que había habido una conspiración policial, realizaban manifestaciones y concentraciones cada 11 de marzo. Este movimiento divulgó sus hipótesis e interpretaciones por Internet, con sus diversos y prolijos blogs, en los que se podían leer las conjeturas más disparatadas. Nunca les di importancia.

Las malas prácticas periodísticas también persuadieron a algunas víctimas del atentado, que estuvieron convencidas de que no se sabían o no se querían saber las causas y la verdadera autoría de la masacre que acabó con la vida de sus familiares. Esa fue una de las aportaciones más tristes que nos dejaron los creadores de la conspiración. Lo que se publicó en torno al 11-M por parte de algunos medios enfrentó a los ciudadanos con dos realidades diferentes de tal forma que la memoria no alcanza a recordar algo similar. Pudo ser una mala novela de ficción, pero lo fraudulento está en que no fue editada como tal. Se publicó como una crónica de la realidad en la que sus autores, conscientemente, sabían que era falsa. Llegaron a vivir y a hacer negocio de la más trágica de las mentiras: el sensacionalismo sobre un atentado terrorista.

Lo peor de esta difusión malintencionada, impregnada de miserias políticas e intereses repugnantes, es que la trataron de defender con las tácticas y acciones que el pensador chino Sunz Tzu exponía en su obra El arte de la guerra. En ella justificaba y ensalzaba la eficacia de las informaciones falsas, las mentiras necesarias y la manipulación a la cual él llamaba crueldad tranquila. La insolvencia en credibilidad tarda en descubrirse, porque la flexibilidad semántica da mucho de sí. No obstante, al final, la ficción sobre el 11-M acabó cuando, ante las pruebas judiciales, cayeron las mentiras con las que crearon el bulo de la participación de ETA y la conspiración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El ejercicio mediático fraudulento sobre el 11-M ha demostrado que nuestras instituciones y la independencia judicial pueden resistir las presiones que, directa o indirectamente, es capaz de ejercer un juicio paralelo, que dejó de serlo cuando algunas acusaciones introdujeron las extravagantes teorías en la vista oral para que formaran parte del auténtico juicio. Como decía Abraham Lincoln, “se puede engañar a algunos todo el tiempo y a todos algún tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo”. Sin embargo, todo aquello no salió gratis, tuvo su coste para la credibilidad y prestigio de las instituciones, Y también para el propio periodismo. Al menos, esperemos que haya supuesto la inoculación de una vacuna contra el engaño y la sociedad vaya marginando a los farsantes.

13.3. Respeto al periodismo y a las personas

Pedro José Ramírez, con su peculiar concepción del periodismo, en diciembre de 2007[166], sospechando que iba a ser objeto de una demanda judicial (la interpuse al mes siguiente), afirmaba en su periódico lo siguiente: “Salvo casos verdaderamente extremos de imputaciones criminales, debe ser en los foros públicos y no en los tribunales donde los hombres públicos diriman las diferencias de interpretación de los hechos y de valoración de las personas, por acres o desagradables que sean (…) Defender la libertad de expresión de quien piensa como nosotros es sencillo, pero vale muy poco. Hacerlo cuando sientes que las palabras, ideas o modales del otro se te clavan en la espalda del amor propio como banderillas negras, es lo que tiene mérito y nos enriquece a todos (…). Sólo conociendo el veneno podremos llegar hasta el antídoto. Sólo abriendo la mano de la discusión hasta donde den de sí nuestros tendones, sólo aceptando la incomodidad de la discrepancia más antipática o molesta, sólo asumiendo que todos debemos acostumbrarnos a desayunar con elegancia nuestra correspondiente ración de sapos, mejorarán nuestras posibilidades de darnos cuenta a tiempo de los peligros que corren nuestra Constitución y nuestra democracia”.

Curiosa idea la de Ramírez sobre los debates, las personas se valoran y los hechos se interpretan. Todo subjetividades para mover sentimientos, en lo que él es especialista. En torno al asunto, me nacen más dudas, ¿se incluyen los insultos, injurias y demás improperios como valoraciones personales a debatir? ¿De qué potestas, auctoritas o gracia divina revestimos a determinados periodistas para que, libremente y sin la prudencia del respeto, entren a enjuiciar, valorar, calificar y clasificar a sus semejantes?  Por último, al final de la cita, en las que en tono apocalíptico evoca al peligro que podrían correr nuestros pilares de libertad, ¿cuál sería la ración de sapos adecuada que personalmente debemos soportar para que no caigan la Constitución y la democracia?

La democracia no es un sistema basado exclusivamente en opinión pública. De lo contrario, lo único que importarían serían los líderes de opinión, y quedarían los dirigentes políticos a sus expensas. Son los líderes políticos y las instituciones regladas los que tienen que marcar la agenda. Pero los efectos de los juicios de valor publicados, como formadores de opinión pública, se multiplican cuando los asuntos mediáticos mueven los sentimientos de los ciudadanos en lugar de la razón, como sucedió con los atentados del 11-M. A los muñidores de fábulas les resultó fácil conseguir que algunos dirigentes, con responsabilidades de gobierno durante los atentados, se sintieran seducidos por determinados mensajes. Estos políticos le otorgaron el beneplácito a sus postulados para no contraponerse con la parte de la ciudadanía que aceptó y creyó lo divulgado por los sensacionalistas. En todos los ámbitos, hay dirigentes que se levantan por la mañana, leen la prensa y, por falta de valor o frivolidad de intereses, toman decisiones en función de ella para buscar titulares. Hay otros, sin embargo, que tienen una estrategia y están dispuestos a llevarla adelante, sin dejarse mediatizar, aunque les suponga oponerse a las ideas mayoritarias instaladas en la opinión pública. De estos últimos quedan pocos.

Tras el 11-M, surgieron riesgos que pudieron ser minimizados con habilidad pedagógica. Explicar para convencer. Esa era la responsabilidad de los dirigentes. Por el contrario, a la prensa sensacionalista se le concedió la posibilidad de derribar instituciones –no lo consiguieron–. Se le permitió ejercer la pretensión de arruinar fama y prestigio de algunas personas. No me resisto a transcribir el símil que José Antonio Zarzalejos[167] realizó en La Tercera de ABC, El gol de Messi, del día 22 de abril de 2007: “En el fútbol –como en la política– hay que tener mucho cuidado con los hooligans que aprovechan los partidos para dar rienda suelta a sus bajos instintos, agreden a la afición visitante, lanzan objetos al terreno de juego y se envuelven en los colores del club para defenderse de sus desmanes. Las directivas que se dejan secuestrar –para ganar elecciones o caldear el ambiente– de los fondosur, habituales en todos los públicos, terminan por ser víctimas, porque los que hoy aplauden mañana abroncan y, tarde o temprano, el Comité de Competición toma cartas en el asunto y el que paga la factura es el club y no los energúmenos de turno. Lo mismo que ocurre en la política: convencer a los convencidos, jalear a los gritones y enardecer a los sobresaltados es el ejercicio más estéril de todos los posibles”.

Estas prácticas detestables se emplearon en el tratamiento mediático del 11-M y, durante algún tiempo, les fueron útiles a quienes las utilizaron. No se valoró la dignidad humana, ni la decencia básica, ni se preocuparon por limpiar la imagen de las instituciones y los nombres mancillados injustamente. El derecho al honor incluye el bien jurídico de la dignidad de la persona, también contemplado el art. 10.1 de nuestra Constitución, como uno de los fundamentos del orden político y de la paz social. Faltó ese respeto a las personas y sobraron miserias. Como ejemplo entre tantos, y a título personal, tras lo expuesto en capítulos anteriores, ¿cabe alguna duda de que mi imagen pública, mi reputación, en definitiva, mi dignidad, fueron brutalmente pisoteados, pretendiendo la expulsión virtual de mi entorno personal y profesional? En la república romana, la dignitas era la base de la auctoritas. La consideraban como el poder nacido del propio prestigio y del respeto inspirado a los demás. En mi caso, con las ofensas recibidas, la crítica traspasó fronteras con el único fin de destruir el respeto a mi dignidad. Personalizaron en mí actuaciones en las que no participé, tergiversaron otras, trasmitieron mensajes manipulados, así como aspectos incoherentes y negativos sobre mi profesionalidad. El derecho a la presunción de inocencia no lo contemplaron, fue el linchamiento y ajusticiamiento mediático lo que cobró protagonismo, para fomentar una condena social y la afrenta a mi honor e imagen.

Hasta que empezó el linchamiento mediático, el 18 de junio de 2004, mi vida personal y profesional había transcurrido con discreción. A partir de ese momento, acabó. Me convirtieron en un personaje público al difundir, con nombre y apellidos, reiteradas fotografías vestido de paisano y de uniforme. En algunos casos, hasta publicaron detalles de mi vida privada que nada tenían que ver con mi trabajo, ni con el interés del ciudadano, aunque lo relacionaron grotescamente, como fue el hecho de relatar mis vacaciones en un crucero.

Actuar de escudo humano, poniendo la cara cada día para recibir las bofetadas dirigidas a la especialidad Tedax que entonces dirigía, resultó doloroso. Una experiencia difícil de imaginar por alguien que no se haya encontrado en una situación similar. Cuando empezó la campaña de difamación, al ser consciente de que el calvario sería largo, adopté y practiqué una serie de medidas con el objetivo de soportarlo y evitar que afectara a mi familia. En relación con los insultos, procuré tener presente que provenían de gente con probado déficit de virtuosismo y moralidad. En este caso, me acogí a lo que apuntaba el metafísico griego Diógenes, “el insulto deshonra a quien lo infiere, no a quien lo recibe”.

Mantener la seguridad de que las cosas se hicieron bien, me resultó fácil. Distinto hubiera sido si mi conciencia estuviera manchada por una conducta personal desordenada, un comportamiento profesional innoble o una negligencia culposa. Desde el primer momento acepté que el honor y la imagen se rompen y sus consecuencias se presentan ineludiblemente. Es una tontería computar como problema propio un infortunio inevitable. No tiene solución, en todo caso es una consecuencia a resistir. Tampoco sirve dar explicaciones a diestro y siniestro para cambiar la opinión de los demás. Los que te conocen bien, lo saben; los que te conocen superficialmente, no cambiarán de opinión, continuarán creyendo lo que le dicten sus deseos. El filósofo y ensayista Julián Marías[168] afirmaba esto: “Lo importante es no tener prisa, cuando una capa de falsedad y de mediocridad cubre el horizonte, lo único inteligente es hacer las cosas bien y no preocuparse de más. Dejar pasar todas las mascaradas –sin excluir las políticas–, no dimitir, no desanimarse, no ponerse en la cola de lo que parece tener éxito”.

Con los ataques, difamaciones e insultos mediáticos, los fabuladores buscaron a propósito mi aislamiento y soledad. En esta sociedad la miseria humana y la deslealtad son inevitables. Hoy, el honor, el mérito y el reconocimiento son palabras vacías. El esfuerzo, la honestidad y la valentía, que nunca he escatimado, quedaron olvidados de inmediato. Se ignoraron los logros profesionales que me habían hecho acreedor de felicitaciones y condecoraciones. En esta ocasión, los auténticos amigos y compañeros quedaron bien delimitados.

En el tránsito por esta situación de desamparo, provocado por el vacío que deja lo que te quitan y los que te abandonan, seguí los consejos de Ortega y Gasset[169]: “La soledad, hora tras hora goteando sobre el alma, hace faena de forjador sobre ella. La soledad tiene algo de herrero trascendente que hace a nuestra persona compacta y la repuja. Bajo su tratamiento, el hombre consolida su destino individual y puede salir impunemente a la calle, sin contaminarse por completo de lo público, mostrenco, endémico. En el aislamiento se produce de forma automática una criba y discriminación de nuestras ideas, afanes, fervores y aprendemos los que son de verdad nuestros y los que son anónimos, ambientes, caídos sobre nosotros como la polvareda del camino”.

Acepté la realidad al comprender que desgraciadamente me había tocado convivir con un determinado estilo verdugo de elaborar prensa que daña demasiado. Sin embargo, ante esto también llega un momento en el que uno tiene que ser capaz de darle la vuelta a las cosas. Empaquetar y archivar todos los agravios y emociones para salir de casa sin ese bagaje de resentimientos. Aprendí a pasar las páginas nada gratificantes que emborronaron algunos desaprensivos, sin pararme a rumiar las ofensas e infamias que me infligieron. A pesar de los daños irreparables, he vivido con plenitud este tiempo de la manera más gratificante que me ha sido posible. En ningún momento he permitido que estas vivencias, más o menos traumáticas, malograran y amargaran mi presente o condicionaran negativamente mi futuro más allá de lo inevitable. 

13.4. Lucha antiterrorista y medios de comunicación

”No me preocupa que me hayas mentido, sino que, de ahora en adelante, ya no podré creer en ti” (Friedrich Nietzsche). El coordinador de la política antiterrorista de la Unión Europea, Gijs de Vries, el 20 de febrero de 2007[170], al analizar las medidas de la Administración Bush para luchar contra el terrorismo, puso a España como ejemplo de legalidad. Así lo contó la Cadena SER: “Para De Vries, la celebración, tres años después, del juicio para condenar a los responsables de la masacre es un ejemplo de Estado de Derecho. Tal y como ha señalado, para hacer frente al terrorismo no hay que recurrir ni a cárceles secretas, ni a secuestros ilegales y envíos de sospechosos y presuntos, o incluso terroristas, a lugares donde puedan ser torturados. Para el responsable de política antiterrorista de la UE, el proceso del 11M es el reverso a esta mala medalla, en alusión a las malas prácticas estadounidenses, país con el que ha pedido, sin embargo, colaboración. El propio Departamento de Estado de Estados Unidos, en su Informe sobre Terrorismo por Países para 2007, subraya la profunda investigación llevada a cabo con los atentados del 11-M. También resalta las garantías y transparencia con las que se ha llevado el juicio, a pesar de las circunstancias emocionales provocadas por los ataques y las grandes controversias y tensiones políticas, así lo reconoce, explícitamente”.

El terrorismo es un fenómeno distinto a una guerra convencional. Su respuesta debe estar en el Código Penal, a pesar de sus implícitas limitaciones. Las medidas preventivas y reactivas tienen que ser contundentes, decididas, comedidas y proporcionadas, sin poner en peligro la democracia o dar alas a un sistema autoritario que ignore el respeto a la dignidad de las personas o a sus garantías jurídicas. Nosotros, la Policía y la justicia españolas, a pesar del tratamiento mediático infame y de las amenazas de procesar a los investigadores, actuamos aplicando las normas procesales.

Irene Lozano, escritora y premio Espasa de Ensayo 2005[171], declaró lo que sigue: “Otros países han celebrado juicios por terrorismo sin pasar al lado oscuro, pero en ninguno han tenido lugar después de la conmoción social de un atentado tan exterminador como el del 11-M. En ninguno la acción de la justicia ha tenido que mantener su escrupulosa actuación al tiempo que se defendía de la calumnia. La iniquidad de estos tres años ha sido esa atroz campaña mediática que, con el apoyo de ciertos dirigentes políticos, se ha desarrollado sin aportar pruebas, sólo despertando sospechas delirantes y extendiendo la mancha de la difamación a quien cuestionara esa actitud. Hemos llegado al final a pesar de las víboras, que con la sentencia terminan de ahogarse en la ciénaga de sus infundios”.

Los terroristas son conscientes de que sus atentados multiplican sus efectos cuando consiguen romper la unidad de los ciudadanos y suscitar la desconfianza en las instituciones. Los que hemos dedicado varios años a combatir esta lacra sabemos que la eficacia de los mecanismos de prevención requiere la permanente adaptación de las leyes. Sin un amplio apoyo popular a esas normas y a su aplicación, no se conseguiría el resultado deseado. Cuando existe desconfianza en las instituciones encargadas de aplicar las leyes, no hay éxito en la lucha antiterrorista. Solo los ingenuos y los irresponsables negarán esto. El respaldo ciudadano se debe ganar con la acción política y la colaboración de los medios de comunicación. Por todo esto, la opinión pública juega un papel fundamental en el combate frente al terrorismo.

La desinformación sobre el atentado del 11-M, a causa de la difusión deliberada e intencionada de noticias falsas y engañosas por determinados medios de comunicación, estaba en contra del objetivo social mencionado y del interés de España. Tampoco fue correcto que los partidos políticos recurrieran a cuestiones relacionadas con el terrorismo en su carrera por el poder; menos aún, liberar batallas internas en la plaza pública.

Tras el 11-S, la prensa norteamericana respetó las actuaciones de las instituciones. Los ciudadanos fueron solidarios y cohesionados con las víctimas. Sin discordias. Nadie se aventuró a establecer culpas sin indicios, nadie desconfió de la transparencia policial y judicial y nadie “hizo la cuenta de los atentados en escaños” (García-Abadillo dixit). Toda la nación comprendió y sintió la amenaza terrorista como un desafío democrático que superar.

14. La historia juzgará

14.1. Ausencia de desmentidos oficiales

“La mentira es como una bola de nieve; cuanto más se deja rodar, más grande se vuelve” (Martín Lutero). La teoría de la conspiración, además de ofrecer a la opinión pública una información falaz, evitaba trasladar a la opinión pública las explicaciones oficiales que yo, al igual que otros afectados, solicitamos cada vez que se difundía una noticia falsa. Ignoro las razones que tuvo el Ministerio del Interior y las demás instancias superiores para no desmentir lo publicado. Entiendo la dificultad de prever los efectos de unos desmentidos oficiales continuos, pero no pensaban en mi honor cuando pensaban así.

Un argumento que me dieron para abstenerse de rectificar me lo expresaron en términos similares a estos: “Lo publicado carece de sentido, es tan burdo que el ciudadano se da cuenta. Nadie puede asumir esas barbaridades como ciertas. Una rectificación sería reconocer alguna inteligencia al que lo escribe, al conceder apariencia de verdad a la noticia. Eso es lo que interesa a quien la ha publicado. Hay que ignorarlos. El ciudadano los pondrá en su sitio, se dará cuenta del fraude informativo al que ha sido sometido. Dejémosles que se cuezan en su misma salsa”.

Esta permisividad, que toleraba el abuso de la credulidad e ingenuidad de los ciudadanos y de las víctimas, desembocó en que una parte de los ciudadanos, nada despreciable, creyera las manipulaciones. En estos temas es fácil el engaño. Por nuestros propios mecanismos psicológicos tendemos a creer lo que preferimos. Al rechazar lo obvio y defender la posibilidad más rara o inverosímil, nos sentimos más listos y por encima de la realidad. 

Los ciudadanos y víctimas más proclives al convencimiento, para evitar ser seducidos por teóricos visionarios, hubieran tenido más fácil analizar la realidad de un modo más racional con una simple pregunta: ¿cuál fue la causa del atentado, la deficiente prevención o la investigación posterior? Las personas cautivadas por esos teóricos no pudieron concentrarse en la realidad mediante el contraste y la selección de las noticias. La abundancia de rumores y de información tendenciosa a la que fueron sometidos se lo impedía. Era abrumadora y superó la capacidad individual para analizar tanta basura.

En mi opinión, una parte de la sociedad, al recibir la seudoinformación y no tener con qué contrastarla, se la creía. Si se le hubiera proporcionado consecutivamente un desmentido oficial, no lo habrían dado por válido tan fácilmente. Para los que detectaran la mentira, el desmentido hubiera reforzado su posición en el lado de la certeza. La que fuera directora de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Elisa Beni[172], también consideraba conveniente más transparencia en la gestión de la comunicación a la ciudadanía tras el 11-M: “Otro tipo de problemas todavía los está sufriendo la sociedad española. La imposibilidad moral de conseguir que la población permaneciera ajena a los datos que se fueron acumulando en la investigación sobre el mayor trauma colectivo vivido por este país [atentado del 11-M], al menos desde la Guerra Civil, propició ese llenado informativo del que hablamos. En mi condición de comunicadora, no puedo por menos que considerar que una política comunicativa diferente, con mayor transparencia hasta donde lo jurídico lo hubiera soportado, y una menor patrimonialización del sumario por parte de las únicas personas que tenían acceso a él, hubiera producido condiciones menos proclives a la proliferación de teorías alternativas, dudas sobre las condiciones del procedimiento e, incluso, posteriores juicios paralelos. Máxime teniendo en cuenta que todos los finalmente procesados fueron detenidos en los primeros días tras los atentados. Eso dejando al lado otras consideraciones socio-políticas. Pero precisamente Del Olmo no es un hombre amante de la prensa. Ni de los periodistas”.

A quienes propiciaron las teorías conspirativas, quizá los comunicados oficiales no les habrían empujado a desistir de ese comportamiento patológico de publicar noticias manipuladas y opiniones perversas continuamente. Ahora bien, con desmentidos, sus mensajes no habrían alcanzado tanta eficacia. Existían posibilidades de respuestas contundentes con los que habrían perdido credibilidad.

He mencionado documentos y varias solicitudes en los apartados anteriores, incorporadas al sumario, que lo demuestran. Algunos adquieren una relevancia especial porque era factible contraponer un escrito oficial que hubiera dejado su mentira en la más absoluta desnudez. Citaré dos ejemplos. El primero relacionado con una mentira repetida, no existe informe de los análisis sobre el resto de los trenes. En realidad, existía el informe pericial de la química de los Tedax en el sumario, desde el 26 de marzo de 2004. Constaba en el sumario y en la Memoria de Actuaciones de los Tedax remitida a instancias superiores del Ministerio del Interior desde junio de 2004. El otro ejemplo tiene que ver con otra falacia, la que afirmaba que hay manipulación porque los explosivos son distintos al tener uno de ellos metenamina. Desde junio de 2005, antes de que se iniciara la farsante campaña mediática, ya había un informe de la Guardia Civil en el que constaba que la metenamina se generaba en el cromatógrafo, también en el Ministerio del Interior.

A pesar de lo fácil y eficaz que hubiera sido desmentirlo, sobre todo en estos dos casos, no se realizó. Se dejó que los acontecimientos discurrieran por inercia hacia la iniquidad. Como publicó Elisa Beni, se pudo ofrecer una “mayor transparencia hasta donde lo jurídico lo hubiera soportado”. No obstante, no fue lógico aceptar que todo valía en nombre de la libertad de información. Ningún principio sagrado justificaba el descrédito de la especialidad Tedax, de la Policía y de mis derechos individuales y los de tantos.

Consideraba, y sigo considerando, que se debió actuar judicialmente contra tanto despropósito, más aún cuando lo pedí formalmente como comisario jefe de los Tedax para defender la reputación de la especialidad. Como no se hizo, antes de formalizar las demandas que interpuse a título personal, mediante instancia, solicité que los gastos de asistencia jurídica los asumiera la Dirección General de la Policía. Como era de esperar, ante el temor a las inconveniencias de enfrentarse a los medios que difundían las teorías alternativas, Interior hizo caso omiso a mi solicitud, presentada el 22 de enero de 2008[173].    

Sirios y troyanos utilizaron inadecuadamente los días posteriores al 11-M. Tanto unos como otros, con sus medios de comunicación afines, no estuvieron a la altura de las circunstancias. Dejar que las aguas continuaran revueltas para ganancia de pescadores permitió la continuación del maniqueísmo con la consiguiente fractura social que vivimos. Situación nada propicia para una España con una historia de enfrentamientos a la que no le conviene volver a alzar barreras contra la convivencia. Decía el novelista y ensayista Albert Camus que “allí donde los embusten proliferan la tiranía acecha”. Así lo interpretaron también algunos analistas políticos, como recogía el diario El País[174]: “Los comunicólogos de José Luis Rodríguez Zapatero han estimado desde su llegada a La Moncloa que el tándem formado por Pedro José Ramírez y Federico Jiménez Losantos era funcional, que el miedo guarda la viña y que esos ayatolás arrastraban hacia posiciones extremas a los peperos y ampliaban así el espacio disponible para los socialistas”. Otros, en Estrella Digital, el 24 de abril de 2008, con el título Orden de silenciar el 11-M, señalaban así: “A no ser –dice mi espía– que la verdadera conspiración fuera la de Zapatero con Pedro J. para jalear el 11-M y meter al PP hasta el cuello en semejante fecha, de manera que el fantasma conspirativo pactado entre el presidente y el director de El Mundo anclaba al PP en el pasado y le servía de pantalla al Gobierno para ocultar las locuras de Zapatero”.

Sí hubo una instancia pública que sacó la cara. El Ministerio Fiscal, como institución más indicada, acometió esta tarea en su escrito de conclusiones del juicio del 11-M[175]. Entre otros puntos, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, dejó constancia de la vergonzosa actuación de la representación legal de determinadas asociaciones de víctimas que, al seguir las teorías publicadas e inculpar a policías, en algunos pasajes del juicio se convirtieron en defensores de los procesados y no de sus víctimas. Afirmó que “al haber intercambiado roles han provocado una situación de esquizofrenia procesal”. Sobre este asunto, del mismo modo, declaró que “no hay nada más indigno que buscar la mentira e intentar volverla verdad”. Al fin y al cabo, puso de manifiesto lo que todo el mundo vio, leyó, oyó y otros muchos denunciaron en algunos medios.

Era tal la desfachatez de estos fabuladores que, a pesar de su rosario de mentiras, se sorprendían y acusaban a los demás periódicos de no hacer caso a sus revelaciones. Inspirándome en Desiertos Lejanos[176], cabe suponer que estos teóricos que perseguían la verdad eran lentos y la verdad era más rápida que ellos. Los demás medios de comunicación fueron más veloces y alcanzaron inmediatamente la certeza. Ejercieron adecuadamente la responsabilidad y no se embarcaron, ni se dejaron embaucar, en historias falseadas. La mayoría de ellos, atendieron la exigencia colectiva de claridad intelectual y limpieza moral, sin aspavientos ni seguidismos a banderías políticas.

14.2. Contra la desmemoria

Me siento incapaz de escribir algo más veraz y clarividente que lo dicho por Irene Lozano en el ABC del 11 de noviembre de 2007[177], en un artículo titulado El respeto a la verdad: “Entonces, ¿esto va a quedar así? ¿Nadie es responsable de las mentiras de la investigación del 11-M? ¿Nadie en los medios? ¿Nadie en los partidos? ¿Absolutamente nadie y caso cerrado? No tan deprisa, que hay lista de agravios: el joyero acusado de estafa tras vender bisutería por oro macizo pregunta si recibe la misma consideración el caso de los periodistas que vendieron bulos por noticias. Y quienes castigamos a nuestros hijos cuando mienten querríamos estar seguros de que inculcarles el sentido de la verdad no les impedirá ser diputados algún día. ¿Nos damos cuenta de cómo envilece la vida pública el que la mentira no tenga consecuencias? Las urnas no bastan. Aceptar que el político mendaz expía sus culpas cuando pierde unas elecciones equivale a asumir que, si un montaje más eficaz le hubiera dado la victoria, ya no sería culpable de mentir, lo cual es perverso. En cuanto a las empresas periodísticas, si miran para otro lado –el de sus cuentas de resultados– entendemos que, en adelante, desisten de formar ciudadanos juiciosos y se dedican a otras actividades. Si esto queda así, cuando todo sea un brumoso recuerdo, los fabuladores exhibirán su impunidad como legitimación última de su insania. Podrán equiparar su recreación de la realidad, sin parangón en nuestra historia reciente, a esas exageraciones, ocultaciones y disimulos más o menos tolerados en la vida pública. Alguien dirá: todos mienten, y nos despeñaremos por el nihilismo ético. Si no hay media docena de dimisiones políticas y periodísticas, no se restituye el respeto a la verdad, ese frágil hilo sin el cual se desencuadernan los códigos éticos de una sociedad y se tritura la confianza en sus instituciones públicas y privadas. Esto no puede quedar así”.

Con el paso del tiempo y, sobre todo, después de las elecciones generales de 2008, fueron quedando apartadas del ámbito político aquellas personas que más se habían significado en la defensa o apoyo de las teorías conspirativas. El caso más importante fue el de Eduardo Zaplana, quien, en abril de ese año, anunció su retirada de la política. Él era el ministro portavoz del Gobierno durante los atentados y después portavoz parlamentario en la legislatura 2004-2008. Además de presentar más de 300 preguntas parlamentarias sobre el 11-M, se había prodigado a favor de las estrambóticas teorías en declaraciones públicas.

El analista político Pablo Sebastián resumió la actividad de Eduardo Zaplana de la siguiente forma[178]: “En algunas ocasiones, Zaplana actuaba en el Congreso de los Diputados más como el portavoz de otros intereses y activismo político y mediático –de la Cope y de El Mundo– que como representante de la dirección y de la política del PP. Se vio con claridad en los debates del 11-M, donde también él tenía intereses que justificar, como portavoz que fue del Gobierno de Aznar y del equipo de crisis en los días de los atentados, donde, mintiendo premeditadamente, pretendieron culpar a ETA de los crímenes para evitar así las consecuencias electorales –que las hubo– de la posible relación del terrorismo islámico con la presencia de España en la guerra de Iraq. Una de las causas fundamentales de la derrota del PP es el papel político y ante la opinión pública de Eduardo Zaplana al frente del grupo parlamentario: no ha dado con el tono (que le parecía, al tan liberal diputado, gritar más y más inconsistentemente) ni con el fondo, enmarañándose en el tópico y, sobre todo, en la conspiración del 11-M, que ha pretendido poner patas arriba el sentido común y las instituciones del Estado de Derecho. (…) Como portavoz parlamentario emprendió por su cuenta estrategias de riesgo y tensión que a Rajoy le provocaban sarpullidos en su flema y le obligaban a desayunarse sapos que cada mañana le servían envueltos en recortes de prensa. La izquierda lo abrasó convirtiéndole en un hombre-diana, la cara amarga del nasty party, la corbata negra del 11-M, y él colaboró empecinándose hasta transformarse en un chicharro; cada aparición suya tiraba un saco de votos al desagüe”. 

¿Pero qué pasó en esos medios de comunicación que apoyaron las teorías de la conspiración? Como decía Irene Lozano, “¿nadie es responsable de las mentiras de la investigación del 11-M? ¿Nadie en los medios?” No será fácil que asuman o se le exija la responsabilidad de forma proporcional al daño social y político que causaron. Estar instalados en la mentira cínica permitió la tranquilidad de conciencia de algunos. Además, evitó que se les estropearan sus pretensiones nada éticas y que mantuvieran fácilmente la condición de personas influyentes que no les corresponde.

La situación actual, como a principios del siglo pasado decía el siempre vigente Ortega, requiere “nuevos usos” para dejar atrás “viejos abusos” y desterrar de la vida española el caciquismo y la corrupción que utiliza el poder, o la confianza del ciudadano, en favor de intereses particulares y en detrimento del interés general. No sería recomendable que se le escamotearan a la sociedad estos comportamientos mediáticos sobre los atentados del 11-M. Por la cultura civil y política de España, la desmemoria tiene que quedar descartada.

14.3. Futuro tratamiento histórico del 11-M

Todavía es pronto para escribir la historia con objetividad. El escaso tiempo transcurrido, diez años, no proporciona la suficiente perspectiva. Asimismo, el ruido excesivo que aún dura en torno al 11-M no hace fácil la labor de los historiadores. Es necesario primar una selección de fuentes adecuada, un rigor exquisito y un respeto en el tratamiento del factor humano.

En el terreno político existieron conductas nobles y otras no tanto. Lo cierto es que se perpetró un suceso que dejó mucha sangre derramada, vidas rotas e ilusiones truncadas. Además, como daños colaterales, se produjeron sufrimientos personales, también fracasos políticos y profesionales. A la hora de escribir la historia, todo debe ser ponderado con equilibrio.

En el plano institucional, tampoco los historiadores y politólogos lo tienen fácil. Valorar las previsiones y actuaciones con anterioridad al 11-M precisa un análisis riguroso de los indicadores de riesgo de atentado que existían y de las medidas adoptadas previas a las explosiones. Una de las cuestiones más complicadas de describir será la coordinación de la información entre los distintos cuerpos de seguridad, así como establecer el nivel de certeza y validez de aquellos datos facilitados por los confidentes, las amenazas y los informes que realmente se tenían antes de los atentados y que constan en el sumario. Del mismo modo, no será fácil ponderar las razones que existieron para que estas informaciones y datos no adquirieran carácter de verosimilitud una vez cometido éste.

Los historiadores tendrán que dilucidar si el tratamiento conjunto de estos indicios anteriores, más los datos conseguidos con los primeros hallazgos una vez producidas las explosiones, debió de ser definitivo para determinar la autoría o, al menos, evitar la precipitación e imponer la discreción en los comunicados oficiales. Otra cuestión que merece atención es la peculiar forma de lanzar los comunicados sobre los atentados en nuestro Estado. En la mayor parte de los países occidentales, estas comunicaciones las emiten profesionales, casi siempre vestidos de uniforme. En España no es así, lo suele hacer el político de turno. La estrecha e infundada relación entre la seguridad y el orden público con la actividad política es una herencia negativa de épocas pasadas, desgraciadamente, no superada.  

La respuesta de las instituciones a la situación crítica provocada por el atentado, estudiando el plano asistencial, la seguridad, la gestión de la información, la recogida de indicios y la vuelta a la normalidad habrán de ser analizadas con perspectiva y teniendo presentes las circunstancias del momento. Por respeto a las víctimas, no describo las situaciones que, en los escenarios de los atentados, vivimos los bomberos, sanitarios, policía científica y Tedax.

La investigación policial y sumarial, el desarrollo del juicio y la sentencia quizá sea la fase más fácil de trasladar a la historia, porque todas las actuaciones y medios de prueba conseguidos están amplia y rigurosamente documentados.

Por otro lado, para analizar la actuación policial en un atentado, hay que tener en cuenta que los mandos se ven obligados a tomar decisiones sobre la marcha; por la escasez de datos y en un escenario de múltiples variables, muchas de ellas son totalmente imprevisibles. En el trabajo de campo, la operatividad del policía está plagada de condiciones adversas que tiene que ir sorteando con esfuerzo y sacrificio. Por este motivo, no sería lógico aplicar los mismos parámetros empleados en la evaluación de la institución policial que para analizar la actuación de un juez sobre el mismo asunto. Éstos disponen de información, toman decisiones sobre un escenario acotado, poseen tiempo suficiente para meditar, además de posibilidades para revisar sus decisiones. En la Policía, generalmente esto no ocurre. Un ejemplo es el trabajo que yo considero más difícil de esta institución: patrullar. El policía tiene que decidir, en segundos, si dispara, detiene, engrilleta... Después de la intervención policial, las demás instancias no actúan en esas circunstancias.

La función policial no se puede despachar con la ligereza que lo hizo Pedro J. Ramírez en la tertulia de la Cope, el 19 de abril de 2007. Hablaba del juicio del 11-M con motivo del testimonio del ex comisario general de Seguridad Ciudadana, Cuadro Jaén, y otros tres comisarios de la Junta de Gobierno de la Policía de entonces. Al referirse al informe de los restos de los trenes, entiende que Cuadro no había contestado claramente esta cuestión al tribunal. Aunque la existencia y el contenido de este informe pericial era de conocimiento público, los defensores de la teoría de la conspiración, intencionadamente, en sus diatribas habían omitido que, desde el 26 de abril de 2004, este documento[179] estaba incorporado en el sumario y su contenido ampliamente referenciado en el auto de 18 de junio de 2004 que se hizo público. A pesar de todo, Pedro J. Ramírez, con una osadía insólita y una generalización irreflexiva, descalificó a los directivos policiales de este modo: “Es verdad que lo que queda, después de ver a todos estos mandos policiales, es una sensación verdaderamente deprimente, del bajísimo nivel, de la mediocridad de cuáles son los criterios de selección que han regido en la Policía”.

Su observación, además de ofensiva para el colectivo policial, es errónea y denota falta de conocimiento en alguien que, dada su implicación en algunos temas, debería tener más idea sobre la cuestión. El trabajo del directivo policial es uno de los más difíciles y sacrificados de todos los existentes en el ámbito de la dirección de entidades públicas y privadas. Son muchas las razones en las que sustento esta afirmación, pero bastarán sólo tres para entender la complejidad de las tareas del comisario.

En primer término, diariamente, con urgencia y a remolque de las necesidades, este profesional tiene que resolver numerosas situaciones que afectan a cuestiones muy significativas, como el derecho a la libertad y seguridad de las personas. Asume la responsabilidad con un desgaste psíquico considerable. Del mismo modo, su trabajo, al igual que el del resto de los policías, es auditado administrativa y judicialmente a diario y, periódicamente, por el Defensor del Pueblo, comisiones internacionales de derechos humanos, colectivos ciudadanos y la prensa. Un control necesario, pero, en muchas ocasiones, también duro. Por último, su honradez, resistencia, constancia, prudencia y sentido de la justicia no pueden faltar ningún día en su comportamiento. Es el ejemplo necesario para mantener la motivación de servidores públicos que, continuamente, sienten la frustración por deficiencias o desfases legales, incomprensibles decisiones judiciales, o críticas injustas en los medios de comunicación. Nosotros no somos amorales, por ley se nos imponen unos Principios Básicos de Actuación[180], que interiorizamos y aplicamos con orgullo en nuestras actuaciones.

Posiblemente, crear confusión en torno al informe sobre el explosivo utilizado en los trenes del 11-M o manipular las noticias sobre la metenamina no sean estándares adecuados para calificar a un profesional de la actividad periodística. Esos ejemplos se podrían impartir en las facultades de periodismo como un supuesto práctico de lo que no hay que hacer. Éste es un tratamiento mediático de los atentados que conforma un perfil de directivo de medios de comunicación que carece de la moral y dignidad suficientes para calificar a los demás profesionales. No soporto la huida de las propias responsabilidades, ni la incoherencia entre lo que se practica y lo que se exige a los demás. No soporto cuando veo cómo un jefe, frente a ataques injustos, no protege a sus subordinados; o cuando dirigentes políticos, nada más oír tiros o explosiones, huyen y abandonan a sus acompañantes. No soporto los individuos que, sin capacidad para gestionar sus lujuriosas pasiones, se dedican a orientar las conductas ajenas.

El historiador tendrá que realizar su trabajo limpiando la prosa barata y tramposa, y censurando mensajes falsos e interesados. Es necesario impedir la victoria del olvido en este tema, aunque sólo sea por respeto a las víctimas. La memoria la necesitamos para dotarnos de las defensas imprescindibles y superar los efectos nefastos de las teorías conspirativas y su consiguiente crispación. Resulta indispensable para impedir el autoengaño y evitar el riesgo de su reproducción futura.

15. Conclusiones

15.1. Resumen de las actuaciones de los Tedax

1)        A lo largo de la mañana del 11 de marzo, alguien ajeno a los Tedax mencionó como explosivo utilizado el Titadyne (entonces empleado habitualmente por ETA). Consciente o inconscientemente, fue transmitido al Gobierno por quien no correspondía. Después se pretendió culpar a los Tedax de ese rumor infundado de Titadyne. A lo que me negué.

2)       Sobre las 14.00 horas del día de los atentados, en el laboratorio de los Tedax, determinamos el arma del crimen. El explosivo utilizado en los atentados fue dinamita. No pudimos averiguar la marca, porque en explosivo explosionado es científicamente imposible concretarla.

3)       Aproximadamente a las 15.30 horas de esa jornada, averiguamos que los detonadores y restos de dinamita de la marca Goma 2 ECO encontrados en la furgoneta Renault Kangoo –utilizada por los terroristas–, no coincidían con el material utilizado por ETA.

4)       A esa misma hora, en esa furgoneta, la Policía Científica halló una cinta de casete con versos o cánticos árabes.

5)       Todos los indicios anteriores los notifiqué inmediatamente a instancias superiores. Horas después, el Gobierno de España emitió comunicados oficiales, a nivel nacional e internacional, en los que condenaba a ETA como autora del atentado. Al parecer, José María Aznar desconocía o ignoró los datos que facilitamos los Tedax. Desconozco si le llegaron correctamente. Solo sé que en la prepublicación del segundo volumen de sus memorias el expresidente explica que Jorge Dezcallar, entonces director del CNI, le pasó un informe dos días después de los atentados que decía que los servicios secretos no podían determinar la autoría.

6)       Simultáneamente y en mi presencia, el comisario general de Información, Jesús de la Morena, y el de Seguridad Ciudadana, Santiago Cuadro, obtenían directa y personalmente estos datos que comunicaron urgentemente al subdirector general operativo, Pedro Díaz Pintado, y al secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Astarloa, respectivamente.

7)       Según dijo en la vista oral el subdirector general operativo, Pedro Díaz Pintado, el ministro del Interior, Ángel Acebes, no recibió dichas informaciones hasta la reunión de las 18.00 horas del día 11 de marzo. ¿Por qué?

8)       También en el juicio y en la Comisión Parlamentaria, se puso de manifiesto que, con anterioridad al atentado del 11-M, existían informes y confidencias sobre amenazas del terrorismo islámico.

9)       A las 5.30 horas del día siguiente, en la madrugada del 12 de marzo, finalizada la desactivación de la bomba localizada en la comisaría de Puente de Vallecas, averiguamos que sus elementos tampoco se correspondían con los utilizados por ETA. Sin embargo, sí coincidían con los hallados en la Kangoo y con las bombas neutralizadas en la estación de El Pozo y Atocha. De igual forma, lo comunicamos inmediatamente a nuestros superiores.

15.2. Actuaciones de los teóricos de la conspiración

Un reducido y definido grupo de personas del periódico El Mundo y de la Cope mantuvieron, durante algún tiempo, que la autora de los atentados era ETA.

Difundieron hipótesis y teorías sobre una conspiración policial que supuestamente pretendía cambiar el Gobierno de España, a pesar de las pruebas e indicios obtenidos en la investigación policial y judicial.

Publicaron diversas y múltiples fabulaciones sobre la actuación de los Tedax y su comisario jefe, con noticias manipuladas sobre el Titadyne, Carmen Toro, la radiografía, la bolsa de Vallecas, la metenamina, los móviles de ETA, etc.

Denigraron la investigación policial y judicial para desviar la culpa y poner a salvo su crédito y prestigio, menoscabado por el progresivo derrumbamiento de la farsa que montaron durante varios años.

Introdujeron el juicio paralelo en el auténtico proceso judicial del 11-M. La representación legal de la Asociación Víctimas del Terrorismo y de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M utilizó las mismas hipótesis y teorías publicadas para mantener la autoría de ETA, una conspiración o la cuarta trama, con el fin de desacreditar la investigación policial e instrucción sumarial.

Igualmente, cuestionaron el trabajo de los Tedax, el mismo que respaldaron en numerosos procesos contra miembros de ETA, en los que no habían puesto en duda la recogida y análisis de muestras, la cadena de custodia o la no determinación de la marca del explosivo.

El presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, en múltiples ocasiones tuvo que reconvenir la actitud de los representantes legales de estas asociaciones, por abandonar su legítimo objetivo y obligada función de acusación. La mayoría de los medios de comunicación también criticaron esta actitud. 

La respuesta de la sentencia al juicio paralelo, introducido en la vista oral por estos representantes legales, fue inevitable. En uno de sus fundamentos jurídicos, pone de manifiesto la burda maniobra de la descontextualización de los datos por parte de estas personas. En otro, descalifica y rechaza estas prácticas contundentemente: “Los tribunales no pueden atender a especulaciones, insinuaciones, elucubraciones o hipótesis basadas en hechos negativos que no han sido explícitamente planteadas y de las que no aportan el más mínimo indicio”.

Los datos inveraces o tergiversados publicados por los autores de estas teorías descarrilaron con el desarrollo del proceso judicial. La sentencia evidenció lo irracional e increíble de sus planteamientos.

Estas hipótesis y teorías alternativas inspiraron más de 300 preguntas parlamentarias del Grupo Popular, presentadas en el Congreso de los Diputados durante los años 2005 y 2006.

Cuando la opinión pública comenzó a dudar y a rechazar estas teorías ante la evidencia de los hechos, los fabuladores comenzaron a evolucionar. Pasaron de la autoría de ETA a la teoría de conspiración o de la cuarta trama.

Como las manipulaciones e infamias publicadas durante años eran insostenibles, denunciaron mediáticamente a varios mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por conductas intencionadas o culposas para montar una conspiración (Yo acuso de Pedro J. Ramírez[181]).

Publicaron un libro titulado Titadyn, suscrito por García-Abadillo y un perito de parte, cuyo contenido utilizaron para formular, en julio de 2009, una querella contra la inspectora (perito química durante la investigación del 11-M) y contra mí. El Tribunal Supremo, en sentencia 164/2013, dictó su sobreseimiento libre por constituir cosa juzgada material, al confirmar anteriores resoluciones judiciales en las que no se había apreciado irregularidad alguna en la actuación policial.

La no rectificación oficial a la publicación de estas conjeturas y calumnias, basadas en datos falsos o manipulados y repetidos hasta la saciedad, dividió a las víctimas y ayudó a que una parte de la sociedad empezara a dudar de las instituciones del Estado.

15.3. Reflexiones

Con diez años de margen para marcar distancia de los atentados, de toda la investigación, del proceso judicial y del tratamiento mediático del 11-M, al final la duda que me surge no ha variado en este tiempo. ¿Si las elecciones generales no hubieran estado programadas tres días después de las explosiones, se habría producido esa situación confusa que, posteriormente, hubo que justificar? La respuesta la conocemos con gran posibilidad de acierto. Por lo tanto, realmente, el origen y la naturaleza de esas teorías son ajenos a las actuaciones policiales y más cercanas a la confrontación política de esos días.

Cabe valorar el porqué no se asumió la realidad de aquel momento tal y como fue para así poder unir a la sociedad en lugar de dividirla. La falta de sensatez de unos pocos impidió mostrarnos ante el mundo como ejemplo de un estado de derecho en la respuesta a la yihad islámica. Con esta actitud, se desprestigió la rápida y eficaz investigación del atentado y la celeridad judicial, cuyos resultados paradójicamente fueron reconocidos internacionalmente. En España, sin embargo, se cuestionó insólitamente la actuación policial posterior al atentado, en lugar del funcionamiento del sistema preventivo, cuya finalidad era evitar su comisión. En relación a esas medidas de prevención, tampoco queda sobradamente claro por qué las amenazas, confidencias e informes existentes con anterioridad, unidos a los datos obtenidos en los primeros momentos, no resultaron suficientes para reflexionar y, consiguientemente, obviar precipitados pronunciamientos y comunicados sobre la autoría de ETA.

Dentro del tratamiento mediático que tuvo la investigación del 11-M, queda patente la credibilidad que merecieron, y merecen hoy, los autores de las falacias publicadas sobre los agujeros negros o los enigmas de la radiografía, la mochila, la metenamina, los móviles de ETA, los análisis de los explosivos, etc., aireados antes y después de la sentencia. Sin embargo, y ante esas maledicencias periodísticas, es vagamente justificable que no se atendieran en su día las solicitudes de rectificación de las noticias manipuladas así como de las opiniones ofensivas. Esa pasividad solo se explica si algún sector se beneficiaba con que la polémica continuara viva hasta las siguientes elecciones del 2008.

El Gobierno del PSOE y el resto de la clase política pudieron haber actuado. Por el contrario, desde las instancias oficiales se permitió el fraude informativo que se estaba lanzando a la opinión pública y que afectaba directamente a varias instituciones del Estado. Prefirieron, bajo intereses desconocidos, no tomar cartas en este asunto. Quizá, y lo pongo en tela de juicio, el espectáculo dado por los malabaristas de las teorías conspirativas servía a otros para desviar debates o contraponer mensajes respecto a algunas situaciones que, simultáneamente, se estaban produciendo en el mismo periodo, como la negociación con ETA, las llamadas a un colaborador de la banda en Irún o el estatuto catalán.

La lucha política por el poder, protagonizada por determinadas banderías, incluso dentro de un mismo partido, no justifica esta permisibilidad y tolerancia hacia la proliferación de mentiras lanzadas a la opinión pública. Como tampoco tiene cabida que esa lucha pase por encima del sufrimiento de las víctimas, de muchos profesionales y del desgaste propio de las instituciones.

Tras todo lo que escuchamos, vimos, leímos y hemos conocido después de los atentados, resulta evidente que la única conspiración que ha existido es la del juicio paralelo contra las certezas del 11-M que, progresivamente, iban constituyendo la verdad judicial. Ahora, quedaría valorar quiénes y para qué montaron esa conspiración contra la verdad basada en teorías imaginarias, en las que se cuestionaba el trabajo independiente y profesional de las instituciones del Estado, no del Gobierno.

Parece injustificable que todas las noticias y opiniones que ponían en duda la investigación, utilizando mentiras a sabiendas, permanezcan amparadas bajo el ejercicio legítimo y ético de la libertad de información o del derecho a la crítica. Cuando se traspasan los límites, cuando se atenta contra la imagen y el honor de las personas mediante mentiras, nada es justificable.

Sin embargo, lo más relevante eran y son las víctimas, que mantuvieron un comportamiento ejemplar y que, a cambio, recibieron planteamientos infinitos de dudas sobre lo ocurrido, lo que afectó a sus sentimientos, incrementó su sufrimiento y las dividió. Las actitudes y acciones conspirativas, la mayoría por intereses mediáticos, ignoraron que lo realmente importante de todo lo ocurrido eran las víctimas.

¿Acaso la sociedad española se puede permitir que este tratamiento mediático del 11-M, inspirado y sostenido por unas pocas personas, quede así, sin que nadie pague la factura del fraude informativo aquí contado y demostrado?

Epílogo

Un servidor público debe mantener la reserva de los asuntos que conoce en el ejercicio de su cargo, principio que he mantenido escrupulosamente a lo largo de mi carrera profesional. En este libro he evitado traspasar los límites de aquello que fue analizado durante la Comisión Parlamentaria, la Vista Oral pública o difundido en los medios de comunicación. Lo demás, permítanme que permanezca en la estricta confidencialidad profesional exigida.

Lo que aquí se dice está incorporado al procedimiento judicial y se expuso en la vista oral. Por lo tanto, ya era conocido. Sin embargo, su presentación torticera y calumniosa en algunos medios de comunicación condujo a una percepción falseada de la realidad. El linchamiento al que me han sometido me ha obligado a abandonar mi silencio. Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no tenemos opción a protegernos de lo publicado, en la medida que no se nos permite desmentir, de forma directa e inmediata, las informaciones inveraces o innecesariamente vejatorias relacionadas con las actuaciones que estamos llevando a cabo. Ahora, diez años después y en solidaridad con la verdad y la transparencia, como testigo directo, me siento con la obligación de intentar disipar aquellas confusiones deliberadamente creadas.

Un mando policial no puede quedar impasible ante las afrentas que volcaron sobre la institución a la que pertenece. Nada de lo que divulgaron determinados comunicadores tiene que ver con el ejercicio de la sana crítica. Por el bien de España, de la democracia y del respeto al derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz, es imprescindible evitar que estas zafias prácticas informativas se repitan en el futuro.

[1]  Técnico Especialista en Desactivación de Artefactos Explosivos y NRBQ de la Policía. Desde el año 2003, fusionadas las dos especialidades, el mismo técnico está capacitado para desactivar artefactos explosivos e intervenir con sustancias NRBQ (nuclear, radiológica, biológica y química).

[2]  El País de 16 de marzo de 2007.

http://elpais.com/diario/2007/03/16/espana/1173999616_850215.html

[3] Siete fragmentos de la memoria de Aznar, prepublicación del segundo volumen. El compromiso del poder.

http://www.abc.es/espana/20131102/abci-siete-fragmentos-memorias-aznar-201311021418.html

[4]  http://www.elmundo.es/elmundo/2008/06/26/espana/1214447615.html

[5] Permaneceremos unidos.

[6]  J. AVILÉS FARRÉ, Terrorismo y teorías de la conspiración: el caso del 11-M. Real Instituto Elcano, ARI Nº 75/2007 de  6 de julio de 2007.

[7]  ALBÁCAR RODRÍGUEZ, J. L. “El juicio del 11-M, ejemplar”. Revista de Abogados del Estado, nº 17, julio y septiembre 2007, páginas 6-11

[8] Indicativo del Equipo de Desactivación de Explosivos nombrados para el servicio de 24 horas.

[9]  Equipo de Desactivación de Explosivos.

[10]  Unidades de Intervención Policial.

[11] Operador nº 1 y operador nº 2 son los dos TEDAX que deben resolver la incidencia a la que son comisionado. Todos los días del año, en servicio de 24 horas y en todos los Grupos hay nombrados dos TEDAX-NRBQ para estas misiones.

[12]  ITE nº 57-IT-04 de Policía Científica (inspección de furgoneta), incorporado al procedimiento judicial (pág. 40 de Calificaciones Provisionales de Fiscal

http://estaticos.elmundo.es/documentos/2006/11/07/calificacion2.pdf

http://www.cadenaser.com/static/especiales/documentos/calificaciones11m.htm

[13]  Pruebas para determinar propiedades de sustancias orgánicas e inorgánicas.

[14]  Informe 173-Q1-04

[15]  Es un gas que se genera en las minas subterráneas de carbón y puede formar atmósferas explosivas.

[16] Informe pericial 173-Q2-04.

[17] Registro de entrada nº 20040008784. Resolución del Juez de instrucción en el que se piden cuatro pericias, una de ellas la composición del explosivo utilizado el 11-M.

[18] “INFORME PERICIAL SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON EL ATENTADO DEL DÍA 11 DE MARZO DE 2004 EN  MADRID” (26-4-04). En anexo dos titulado: Informes periciales analíticos sobre material explosivo en los artefacto del 11-M, se adjunta, el informe elaborado por la inspectora responsable del Grupo de Investigación de Explosivos (pág. 60 de Calificaciones Provisionales del Fiscal) 

[19]   http://estaticos.elmundo.es/documentos/2006/11/07/calificacion2.pdf

http://www.cadenaser.com/static/especiales/documentos/calificaciones11m.htm

http://www.peonesnegros.es/descargas/Auto_20040618.pdf

[20]  Incorporada al procedimiento judicial como nota informativa: material del artefacto en el AVE y sus similitudes con el de otras incidencias.

[21]  En el sumario como nota informativa “Informando sobre punto de destino detonadores de aluminio similares al del artefacto vía del AVE”.

[22] Los medios de comunicación e instancias oficiales comenzaron hablando de inmolación. Lo consideré inapropiado y ordené que en los documentos TEDAX-NRBQ se utilizara “acción kamikaze”, porque estos individuos habían llevado a cabo un acto terrorista contra el dispositivo policial. Si sola y simplemente se hubieran querido suicidar, no hubieran esperado a que los GEO entraran en la vivienda. Su objetivo era asesinar al mayor número posible de policías. 

[23]   Se remitió al juez como: Informe sobre la localización del piso de Leganés.

[24]  Grupo Especial de Operaciones del Cuerpo Nacional Policía.

[25] Informe: Descripción técnica del material explosivo recuperado en Leganés.

[26]  Acta de recogida de efectos piso Leganés.

[27] Nota informativa: Información provisional sobre procedencia de detonadores y dinamita Goma 2 ECO, hallada en  Leganés el día 3 de abril.

[28] Informe designando peritos. registro de salida 11.649.

[29]  Nuclear, radiológico, biológico y químico (NRBQ).

[30] C. ÁLVAREZ DE TOLEDO. 4 DÍAS DE MARZO. Ed. Planeta, 2004. Prólogo

[31]  Ibíd, páginas 66 , 95 y 96.

[32] Resolución del Director General de la Policía, de 19 de mayo de 1989, Normas de Actuación del Servicio de Desactivación de Explosivos (Unidad Central desde 2002).

[33] Ley de Enjuiciamiento Criminal Artículo 456: El Juez acordará el informe pericial cuando, para conocer o apreciar algún hecho o circunstancia importante en el sumario, fuesen necesarios o convenientes conocimientos científicos o artísticos.

[34]  Nos llegó como Resolución judicial autorizando entrega de imágenes a TVE.

[35]  ITE nº 57-IT-04 de Policía Científica

[36]  […] La Unidad Central de Información Exterior, en base a una nota de la Jefatura de T.E.D.A.X., en la que se informaba que los detonadores encontrados en la bolsa sin explosionar procedían de una explotación minera en Asturias, inició una línea de investigación para detectar dónde y cómo se pudieron obtener los mismos. Paralelamente a la investigación realizada sobre la empresa de donde pudiera haberse obtenido el explosivo y los detonadores que fueron utilizados en los atentados, se pudo averiguar, por el seguimiento del tráfico y movimiento de las tarjetas implicadas con las que saltaron en Morata y pudieran estar implicadas en los atentados, que los días 28 y 29 de febrero de 2004 dos de esas tarjetas, concretamente la 665040605 y la 651477575 habían realizado un viaje, desde Morata de Tajuña hasta Asturias, regresando a Madrid y terminando en el mismo pueblo madrileño….(http://www.peonesnegros.es/descargas/Auto_20040618.pdf )

[37]  Zona de cobertura telefónica (en este contexto).

[38]  Nota remitida al juez instructor: información provisional sobre procedencia de detonadores y dinamita Goma 2 ECO, hallada en piso Leganés el día 3 de abril.

[39] Informe pericial sobre relación de similitudes de los vestigios, elementos y sustancias, encontrados en varios escenarios relacionados con los atentados del 11 de marzo (14-6-04).

[40] Informe sobre similitudes de las sustancias encontradas en Chinchón, furgoneta Renault Kangoo, bolsa de la estación de El Pozo, vía del AVE y piso calle Carmen Martín Gaite nº 40.

[41]  Sobre resolución de 16 de marzo de 2005, del JCI nº SEIS . Procedimiento Sumario 20/2004. Registro salida 11649 de 20 de abril de 2005.

[42] Informe sobre grado de dificultad en la confección del artefacto y similitudes con otros (14-6-04).

[43] Sobre precedentes de utilización de teléfonos TRIUM en España o el extranjero. Sólo dos casos en Gaza (Israel).

[44] Informe pericial sobre semejanza del artefacto explosivo que se observa en el vídeo reivindicativo de Leganés el día 3 de abril de 2004, con otros a nivel nacional e internacional.

[45] Informe pericial comparando teléfonos móviles utilizados en artefactos explosivos por ETA y el desactivado el 11 de marzo de 2004.

[46] JIMÉNEZ LOSANTOS, “De la Noches a la Mañana. El milagro de la COPE” (2006, p. 191). También comentado en la emisora en julio de 2006.

[47]  Apartado 4 del oficio de 27 de mayo de 2004. 

[48] GARCÍA-ABADILLO, Pecado de soberbia,  El Mundo, 29  marzo  2004

http://www.peones-negros.com/docs/Hemeroteca/El_Mundo/29marzo2004_p16.pdf

[49] BOLETÍN DE LAS CORTES, nr. 242 de 14 de julio de 2005

   http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CONG/BOCG/D/D_242.PDF

[50]  Marca comercial del explosivo dinamita fabricada en Francia. ETA robó el 28-9-99, en Kervin-Plevin (Francia), 8.350 kgrs. y  20.000 detonadores. El 7-3-01, en Veurey-Voroize (Francia), 2.770 kgrs. 5.000 detonadores.

[51] http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CONG/DS/CI/CI_006.PDF

[52] http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CONG/DS/CI/CI_014.PDF

[53] http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CONG/DS/CI/CI_011.PDF

También en   https://bit.ly/documentoslasbombasdel11M

[54] http://www.abc.es/hemeroteca/historico-07-03-2005/abc/Nacional/hay-tres-personas-sin-identificar-cuyas-huellas-estan-en-dos-escenarios-clave-del-11-m_201048510840.html

[55] El Mundo, 17-12-06, Cartas del Director

[56]  Informe Técnico de policía científica, nº 57-IT-04, sobre inspección ocular a la furgoneta Renault Kangoo, con fecha 24 de marzo de 2004.

[57]  Sección protagonistas, El mundo.es, 11-M MASACRE EN MADRID.

[58] GERMAN YANKE, Paradoja particular, ABC de 15 de marzo de 2007.

[59]  PABLO ORGAZ, Tanta conspiración empieza a irritar al juez, El país de 6 de marzo de 2007.

http://elpais.com/diario/2007/03/06/espana/1173135614_850215.html

[60] JIMENEZ LOSANTOS, El Mundo de 16 de marzo de 2007, Comentarios liberales, Los conspiradores: … Justo el día que comprobamos que el jefe de los TEDAX mintió en la comisión del 11-M y ahora reconoce de hecho todas sus falsedades: la Goma 2 ECO (que “dedujo”, pero nunca analizó ni mandó analizar, dice), la mochila de Vallecas (que nunca estuvo en los trenes), las cien pruebas de la furgoneta Kangoo (provincialmente secuestrada y documentalmente falsificada en Canillas) y hasta el supuesto suicidio de los islamistas en Leganés dizque cercados por la policía tras un tiroteo. Todo falso. Ya no hay, pues, una “teoría de la conspiración”. Hay una conspiración nada teórica para impedir que se averigüe la verdad sobre el 11-M….

PEDRO J. RAMÍREZ tertulia de la COPE, de 29 de marzo de 2007 (minuto 38): Pero, Federico…, esas pruebas falsas, como bien has dicho esta mañana, se referirían a todos aquellos soportes en los que aparece la Goma 2 ECO: desde luego, la mochila de Vallecas, desde luego, la furgoneta Kangoo y, tal vez, y tal vez, el propio piso en el que tiene lugar la muerte de los islamistas en Leganés.… Y la dinamita,  el resto de Goma 2 ECO en la Kangoo, se coloca, o bien en Alcalá, o bien en Canillas, probablemente en Canillas… Por lo tanto, estamos hablando de que queda por investigar una trama policial de fabricación de pruebas falsas que, como mínimo, como mínimo, conocía que se iba a producir el atentado.

[61] Entrevista de Pedro J por Fernando Múgica, El Mundo, Crónica, de 13 de junio de 2010.

[62]  Consta en procedimiento judicial como Informe sobre la localización del piso de Leganés.

[63]  GARCÍA-ABADILLO, 11-M LA VENGANZA”, Ed. La Esfera de los Libros, septiembre 2004.

[64] ALBÁCAR RODRÍGUEZ, J. L., El juicio del 11-M, ejemplar, en Revista de la Asociación Abogados del Estado, nº 17, Julio-Septiembre de 2007. Páginas de 6 a 11

[65] “INFORME PERICIAL SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON EL ATENTADO DEL DÍA 11 DE MARZO DE 2004 EN  MADRID” (26-4-04). En anexo dos, titulado: Informes periciales analíticos sobre material explosivo en los artefactos del 11-M, también se incluye el informe elaborado por la inspectora responsable del Grupo de Investigación de Explosivos. Pág. 5, Auto de 18 junio 2004.

http://www.peonesnegros.es/descargas/Auto_20040618.pdf

[66]  Desde el año 2002, Jefatura de la Unidad Central de Desactivación de Explosivos y NRBQ.

[67]  Vuestra Ilustrísima, tratamiento del Magistrado Juez.

[68]  B. TORQUEMADA, Ninguna asociación de víctimas ha planteado que se exhumen cadáveres, en ABC 4 de mayo de 2007.

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/2007/05/04/022.html

[69]  Informe pericial  48-Q3-05 de 22 de marzo de 2005.

[70]  http://www.abc.es/gestordocumental/uploads/nacional/informe-pericial1.pdf

https://bit.ly/documentoslasbombasdel11M

[71] PEDRO J. RAMÍREZ, ¿Y si lo hizo un policía?, en El Mundo de 28 de agosto de 2005: … Y mi diagnóstico de que el 11-M se engendró muy probablemente en el seno –o al menos en el regazo- de los aparatos del Estado adquiriría una creciente  virtualidad…

[72] GARCÍA-BADILLO,  11-M  LA VENGANZA, pág. 52. Editorial Esfera de los Libros (2004)

[73] ANABEL DIEZ, El PSOE contrasta en un vídeo el bulo del PP con la sentencia del 11-M, El País de 8 de noviembre de 2007. http://elpais.com/diario/2007/11/08/espana/1194476403_850215.html

[74] GARCÍA-ABADILLO, “11-M LA VENGANZA”. Ed. Esfera de los Libros (2004), página 70, hablando del encuentro en Génova, a las 22.00 horas del mismo día 11, entre Zaplana y Arriola, escribe la contestación de éste último: “Pues mira: yo creo que si se confirma la autoría de ETA, el PP va a barrer, pero si al final los atentados los han cometido los terroristas islámicos, entonces gana el PSOE”.

[75]  MARTÍN FERRAND, Un náufrago llamado Rajoy. ABC, 11 de mayo de 2008.

[76] Sánchez Manzano Juan Jesús, Seguridad Privada. Apuntes y Reflexiones, páginas 133 a la 140, septiembre de 2001. Editorial Dilex S.L. Edición y Distribución de Libros y en https://bit.ly/documentoslasbombasdel11M

[77] http://www.portalcultura.mde.es/Galerias/publicaciones/fichero/00729.pdf

[78] FERNANDO REINARES, ¿Qué tuvieron en común el 11-S y el 11-M?”. El País, 10 de marzo de 2012

[79]   http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CONG/BOCG/D/D_242.PDF

[80] GARCÍA-ABADILLO, 11-M LA VENGANZA, pág. 46. Ed. Esfera de los Libros

[81] Resolución del Juez de Instrucción de 29 de abril de 2004, iniciando las investigaciones sobre la condición de confidentes de Rafa Zuhier y Suárez Trashorras

[82] Auto de recepción de documentos clasificados de CNI y de las Direcciones Generales de la Policía, cuya existencia fue aireada por algunos medios.

[83]  El País de 5 de mayo de 2004: La Policía siguió la pista islamista desde las primeras horas del 11-M. La del día siguiente: Acebes insistió en la tesis de ETA, cuando la Policía cercaba a los autores del 11-M

[84]  JIMENEZ LOSANTOS, 11-M: conspiración,  investigación, contraprogramación. Libertad digital, 19 de mayo de 2004

[85] JORDI ROVIRA, Crónica de una conspiración mediática. Capçalera, diciembre de 2007.

http://www.asociacion11m.org/contenidos/recortes/26.pdf

[86] GARCÍA TOJAR, 11-M, el triunfo del neopopulismo. Catedrático de la Universidad Complutense (2010)

www.ucm.es/info/socvi/gtsocvi/WP_2010_02.pdf

[87]  GERMAN YANKE, La primera despedida. ABC de 21 de marzo de 2008

[88] EL ROTO, El País del 10 de diciembre de 2007 http://elpais.com/diario/2007/12/10/vinetas/

[89]      https://bit.ly/documentoslasbombasdel11M

[90]  GARCÍA-ABADILLO. 11-M LA VENGANZA, página 33. Ed. Esfera de los Libros S.L. (2004)

[91] Boletín Oficial de las Cortes Generales, D-407, de 15 de septiembre de 2006, pag. 185, Ref. 184/071192

[92] Boletín Oficial de las Cortes Generales, nº 458, de 2 de noviembre de 2006, Página 263

[93] Comparecencia del jefe de grupo de Madrid, presentando radiografía del artefacto e informe de la desactivación, donde no consta referencia a la radiografía (13-7-04)

[94] Boletín Oficial de las Cortes Generales nº 379, de 4 de mayo de 2006, rfcia. 184/071188, pag. 39

[95] Boletín Oficial Cortes Generales nº 433, de 21 de septiembre de 2006, rfcia. 184/085412, pag. 1364

[96] Sustancia que tiene diversas aplicaciones y no es de naturaleza explosiva

[97]  INFORME PERICIAL SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON EL ATENTADO DEL DÍA 11 DE MARZO DE 2004 EN  MADRID” (27-4-04)

[98]  Resolución del juez de 16 de marzo de 2005. Se contestó que los resultados obtenidos en una reproducción o simulación, no aportarían datos objetivos, que permitan contestar con la adecuada precisión a las cuestiones planteadas. En el informe que se le remitió, también se explicaba que los efectos de una explosión dependen de diferentes factores como la compactación, confinamiento del explosivo, colocación del artefacto e iniciación de la carga, del medio que les rodea, del lugar donde se produce, etc. En el caso concreto de los trenes se fundamentó en que cada uno de ellos se encontraba situado en lugares con entorno de diferente configuración arquitectónica. Se concluyó en que no es necesario repetir explosiones en trenes.

[99]   http://estaticos.elmundo.es/documentos/2006/11/07/calificacion2.pdf

http://www.cadenaser.com/static/especiales/documentos/calificaciones11m.htm

[100] Ultimátum del Juez para que El Mundo entregue los papeles del 11-M, titular de El Mundo, 29 de julio de 2005

[101]   Oficio de 21-3-05 del Grupo de Información la Guardia Civil de Toledo en el que solicita pruebas en relación con la metenamina, para establecer la identidad entre explosivo del AVE y de Leganés. Ellos, no encontraron ninguna contradicción, como dice lo publicado, porque ellos no tenían los informes de Policía Científica de la Policía Nacional. A raíz de estas pruebas, el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil elabora el informe 1735/Q/05 de 28 de junio de 2005,  dando  explicación a la presencia de la metenamina (https://bit.ly/documentoslasbombasdel11M)   

[102] El director del diario EL MUNDO invoca el secreto profesional para no entregar el sumario del 11-M. El Mundo, 29 de julio de 2005. Se abre la polémica por la disposición del Sumario por El Mundo

[103] Boletín de las Cortes Generales, serie D, nº 407, 15 junio 2006, pag. 184.

[104] Boletín de las Cortes Generales, serie D, nº 407,  15  junio 2006, pag. 88

[105] Boletín de las Cortes Generales, serie D, nº 458, 2 noviembre 2006, pag. 255

[106] Boletín de las Cortes Generales, serie D, nº 458, 2  noviembre  2006, pag 277

[107] Diligencias 1304, remitidas el 18 de marzo de 2004, se adjuntaba informe 173-Q2-04 de Policía Científica, donde consta: coinciden en todo menos en los de metenamina.

[108] El Mundo 14 de septiembre de 2005. Noticia sobre apertura de diligencias por publicar el Sumario del 11-M.

[109]  http://www.abc.es/gestordocumental/uploads/nacional/informe-pericial1.pdf

   https://bit.ly/documentoslasbombasdel11M

[110] El director del diario EL MUNDO invoca el secreto profesional para no entregar el sumario del 11-M. El Mundo 29 de julio de 2005.  Noticia sobre el requerimiento del Juez Del Olmo al periódico para que entregue la copia del sumario.

[111]  Resolución del juez instructor en la que interesaba a la Unidad Central de Desactivación de Explosivos y NRBQ un informe pericial sobre: Si en todas o algunas de las muestras obtenidas ...  se ha localizado la presencia de la sustancia conocida como “metenamina”, en que sustancias o muestras se había constatado su presencia, si la aparición de dicha sustancia era un dato relevante para identificar o no sustancia explosiva, ... o si dicha sustancia (metenamina) es una sustancia “contaminante” ajena y extraña a la composición originaria de la sustancia explosiva Goma-2 EC...

[112] https://bit.ly/documentoslasbombasdel11M

[113] PABLO SEBASTIÁN.  La soledad de Esperanza Aguirre. Estrella Digital, 2 de junio de 2008

[114] Informe Técnico Policial 57-IT-04

[115] GARCÍA-ABADILLO, El engaño, El Mundo, 16 de octubre de 2006, pag. 8: A los que tantos elogios hacen a los mandos de la Policía, les recomiendo que se lean el sumario del 11-M  para que comprueben…”

[116] Informe Pericial sobre el teléfono TRIUM que incorporaba el artefacto explosivo desactivado en el parque Azorín de Madrid el 12 de marzo de 2004.

[117] Diario de Sesiones del Congreso, sesión nº 7,  7 de julio de 2004.

     http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CONG/DS/CI/CI_003.PDF

[118] Nota Informativa: Informando en relación con teléfonos móviles utilizados en artefactos explosivos por ETA y en el 11-M (10-4-2006).

[119] Informe Pericial: Sobre teléfonos móviles utilizados en artefactos explosivos por ETA y el desactivado el día 12 de marzo de 2004  (8-5-2006). 

[120]  Informe pericial sobre semejanzas del artefacto explosivo que se observa en el vídeo reivindicativo obtenido en Leganés el día 3 de abril de 2004, con otros a nivel nacional e internacional. En una de sus conclusiones, refiriéndose al de la Bolsa de Bilbao, se explica que en España se ha utilizado la disposición de explosivo alrededor del torso, para ocultar el explosivo sin tener montado el artefacto (11-11-04).

[121] EDITORIAL de El Mundo, de 28 de febrero de 2007: En el caso de que la contaminación haya sido deliberada, no es difícil encontrar un posible móvil. Sabedor de la presencia de DNT en los trenes por los análisis que llevó a cabo su unidad y cuyos resultados permanecen inéditos, el jefe de los Tedax, Sánchez Manzano, o alguien de sus dependencias pudo ordenar que se añadieran pequeñas cantidades de esta sustancia para que todo cuadrara.

[122] PEDRO J. RAMÍREZ, en tertulia de la COPE de 29 de marzo de 2007 (minuto 38): Pero, Federico…, esas pruebas falsas, como bien has dicho esta mañana, se referirían a todos aquellos soportes en los que aparece la Goma 2 ECO: desde luego, la mochila de Vallecas, desde luego, la furgoneta Kangoo y, tal vez, y tal vez, el propio piso en el que tiene lugar la muerte de los islamistas en Leganés.… Y la dinamita,  el resto de Goma 2 ECO en la Kangoo, se coloca, o bien en Alcalá, o bien en Canillas, probablemente en Canillas… Por lo tanto, estamos hablando de que queda por investigar una trama policial de fabricación de pruebas falsas que, como mínimo, como mínimo, conocía que se iba a producir el atentado.

[123]  JUAN PEDRO QUIÑONERO, en  ABC de  15 de septiembre de 2006,

[124]  Liberation de 13 de octubre de 2006.

[125] El País, 17 de febrero de 2007. Sin firma

[126] Le Monde del 30 de marzo de 2007.

[127] JUAN PEDRO QUIÑONERO ABC, 15 de abril de 2007, Revista de Prensa

[128] JUAN PEDRO QUIÑONERO, ABC, 3 de junio de 2007, Revista de Prensa

[129] JUAN PEDRO QUIÑONERO,  ABC del 3 de julio de 2007.

[130] JUAN PEDRO QUIÑONERO,  ABC, 1 y 2 de noviembre de 2007

[131]  ABC de 19 de abril de 2007

[132] http://www.abc.es/gestordocumental/uploads/Sociedad/politica_2007.pdf

[133] ALFA Y OMEGA nº 534.  Suplemento de ABC del 22 de febrero 2007.

[134] Alfa y Omega (ABC) de 8 de junio de 2000: Periodismo: la responsabilidad de la verdad.

[135] Por qué se equivocan.

http://blogs.periodistadigital.com/politicamenteacorrecto.php/2013/01/11/por-que-se-equivocan

[136]  Punto Radio. Protagonistas de 6 de noviembre de 2007.

[137] Definición comúnmente aceptada: Las teorías conspirativas se definen como la convicción de que fuerzas poderosas, malignas y ocultas manipulan en secreto el curso de la historia y  los acontecimientos mundiales.

[138]  GARCÍA TOJAR. Universidad Complutense de Madrid. 11-M, el triunfo del neopopulismo”. (página 8)

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/socvi/gtsocvi/documentos/WP_2010_02.pdf

[139]  Dictamen de la Comisión de Investigación sobre el 11-M, páginas 76 a 79 http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CONG/BOCG/D/D_242.PDF

[140]  ABC de 21 de febrero de 2007, firma J.L.L.

[141]  ABC de 3 de marzo de 2008.

[142]  ABC de 17 de abril de 2007.

[143] El Mundo de 16 de mayo de 2006.

[144] http://www.lne.es/asturias/1664/nadie-creerse-zapatero-negociase-cuestiones-politicas-esenciales-terroristas-eta/529339.html

[145] http://www.libertaddigital.com/opinion/jaime-ignacio-del-burgo/espana-tras-el-11-m-32090/

[146]  http://www.europapress.es/00066/20080108170623/11-burgo-confia-investigacion-interna-gobierno-pp-aclare-agujeros-atentados.html

[147]  C. DE LA HOZ,  Rajoy reconoce que la guerra de Irak pudo ser una “equivocación”. Diario ABC. 21 de julio de 2007.

[148]  http://www.youtube.com/watch?v=r8YCN2yF62g   http://www.elmundo.es/elmundo/2008/02/13/eleccionesgenerales/1202928653.html

[149] http://estaticos.elmundo.es/documentos/2006/04/11/auto11m/01.pdf

http://elpais.com/elpais/2006/04/11/actualidad/1144743426_850215.html

[150]  ABC.es 17 de marzo de 2006.

[151]  ABC de 8 de junio de 2006.

[152]  El País de 11 de febrero de 2008.

[153]  El Mundo 29 de marzo de 2008.

[154]  Publico.es,  30 de marzo de 2008.

[155]  El País, 21 de octubre de 2007.

[156] E. GIMBERNAT, La Sentencia del 11-M. El Mundo de 13 de noviembre de 2007. El autor es catedrático de Derecho Penal de la Universidad  Complutense de Madrid y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO

[157] La demanda contra periodistas de El Mundo y las querellas criminales contra Jiménez Losantos, el Boletín de las Cortes Generales con las Dictamen Final de la Comisión de Investigación del 11-M  y otros documentos  se pueden consultar en Dropbox  https://bit.ly/documentoslasbombasdel11M

[158] Sus autores son Casimiro García-Abadillo y un perito de parte en el juicio del 11-M, Antonio Iglesias. Dicho libro, según  Pedro J. Ramírez, que lo  presenta a bombo y platillo en mayo de 2009,  fundamenta las “teorías” que ellos habían difundido sobre el atentado.

[159] El País, 26 de marzo de 2013. La juez que quiso reabrir el 11-M será suspendida por prevaricación en otro caso.  http://politica.elpais.com/politica/2013/03/26/actualidad/1364306461_495298.html http://www.publico.es/espana/453073/el-cgpj-suspende-a-la-jueza-que-coloco-a-su-novio-como-administrador-judicial

[160] http://www.elmundo.es/elmundo/2009/06/02/espana/1243912183.html

[161] http://www.elmundo.es/elmundo/2009/07/06/opinion/1246874684.html

[162] JORDI  ROVIRA,  Crónica de una conspiración mediática.  CAPCALERA (página 5).  http://www.asociacion11m.org/contenidos/recortes/26.pdf

[163] http://www.hispalibertas.es/2012/03/30/titadyn-no-es-periodismo-es-algo-personal-5/

[164]  Estafa que consiste en que la víctima, observado el cubilete donde se introduce una bola pequeña y los rápidos movimientos que hace el estafador con  tres cubiletes, debe  adivinar  debajo de cuál de ellos fue introducida. Si no acierta pierde lo apostado.

[165] FERNÁNDEZ ACEITUNO, Mónica, ABC de 5 de octubre de 2007. La maledicencia

http://www.abc.es/hemeroteca/historico-05-10-2007/abc/Opinion/la-maledicencia_1641062693216.html

Cf. En síntesis, la maledicencia nada tiene que ver con la verdad o con la mentira, es su manera de escribirlas o decirlas la que consigue su finalidad de maldecir o denigrar. Es una depurada técnica en la utilización de rumores y de información tangencial y tendenciosa.

[166] RAMÍREZ P.J. carta del director Elogio de las banderillas negras. El Mundo, 2 de diciembre de 2007.

[167] ZARZALEJOS, J.A. es autor del libro La destitución. Historia de un periodismo imposible (2010). Lectura conveniente para comprender mejor la realidad  en la que tuvieron lugar los acontecimientos aquí tratados. http://www.planetadelibros.com/la-destitucion-libro-110504.html

[168] MARÍAS, Julián.  La tercera. SIN PRISA. ABC,  21 de septiembre de 1986.

[169] ORTA Y GASSET. El Espectador, cap.  Socialización del hombre,  (Edit. Edaf, S.L , Madrid 1998), pág. 151

[170]  http://www.cadenaser.com/espana/articulo/union-europea-aplaude-juicio-11-m-confrontarlo-guantanamo/csrcsrpor/20070220csrcsrnac_11/Tes

[171] LOZANO, Irene. Con una mano a la espalda. ABC, 3 de noviembre de 2007

[172] BENI UZABAL Elisa. LA SOLEDAD DEL JUZGADOR. Edt. Ediciones Temas de Hoy, S.A., 2007. Pág. 66.. La autora, entonces, directora de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de  Madrid y esposa del Magistrado Gómez Bermúdez, Presidente del Tribunal del 11-M.

[173] https://bit.ly/documentoslasbombasdel11M

[174] AGUILAR, Miguel Ángel. El País, 11 de marzo de 2008

[175] http://www.datadiar.tv/juicio11m/resumen110607.htm

[176] http://foro.desiertoslejanos.com/index.php  (Quetza. Firma: La Verdad persigue a los peones, pero ellos son mucho más rápidos).

[177] http://www.abc.es/hemeroteca/historico-11-11-2007/abc/Opinion/el-respeto-a-la-verdad_1641326861805.html

[178] PABLO SEBASTIÁN. Las razones de Zaplana. Valenciaconfidencial.blogspot.com.es  de 1 de mayo de 2008.

[179] INFORME PERICIAL SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON EL ATENTADO DEL DÍA 11 DE MARZO DE 2004 EN MADRID (26-4-04). En anexo dos titulado: Informes periciales analíticos sobre material explosivo en los artefacto del 11-M, se incluye el informe elaborado por la inspectora química, responsable del Grupo de Investigación de Explosivos

[180] Art. 5 de la Ley Orgánica 2/86, de 13 de Marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

[181]   http://www.elmundo.es/elmundo/2009/06/02/espana/1243912183.html