Este libro está muy bien documentado. A lo largo de sus páginas el autor nos sumerge no sólo en una historia del PCC (Partido Comunista de Colombia) sino en la historia de Colombia de los últimos 90 años: la rivalidad entre comunistas y gaitanistas, el Frente Nacional, la conformación de la Unión Nacional de Oposición (UNO) de obediencia comunista, los “diálogos” o “procesos de paz” fallidos entre el expresidente Belisario Betancur Cuartas (1982-1986) y los diversos grupos marxistas, hasta llegar a los “diálogos” del Caguán durante la presidencia de Andrés Pastrana Arango (1998-2002).

Eduardo Mackenzie

Las FARC

El fracaso de un terrorismo

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Titivillus 26.06.2023

Título original: Les Farc ou l’échec d’un communisme de combat

Eduardo Mackenzie, 2005

Traducción: Eduardo Mackenzie

Editor digital: Titivillus

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A Sophie

A Anne-Claire

No es mi culpa. ¿Por qué obligarnos a elegir entre la palabra que es un peligro y el silencio que sería una vergüenza?

Léon Blum

La destrucción del régimen soviético, y del modelo que había representado para decenas de millones de hombres en el mundo, no nos dispensa de observar que los cimientos de todas las sociedades fueron resquebrajados, que la humanidad no sale indemne de esa aventura, que un umbral de lo posible fue violado.

Claude Lefort

Hay que escribir únicamente para que todo esto no sea olvidado, para que un día nuestros descendientes lo sepan.

Alexandre Soljénitsyne

AGRADECIMIENTOS

Este libro me ha tomado más de cinco años de trabajo. Escribir una obra sobre los orígenes de la violencia subversiva en Colombia sin dejar la ciudad de París es un proyecto temerario. Sin embargo, no tenía otra alternativa: o lo escribía en esas condiciones difíciles, utilizando mis archivos, mis trabajos anteriores, el teléfono, el correo electrónico y los innumerables tesoros de las bibliotecas colombianas y francesas, o no escribía nada al respecto. La lista es pues larga de los amigos que, en París, en Bogotá y en otras ciudades colombianas, me aportaron su ayuda. Querría decir en primer lugar cuán agradecido estoy con la Biblioteca Nacional de Francia, sede François Mitterrand, donde pude consultar numerosos libros, folletos y periódicos de y sobre Colombia y sobre el movimiento comunista internacional. Gracias doy también a la Biblioteca Histórica de París; a la Biblioteca Cujas de Derecho y Ciencias Económicas, a los Archivos Nacionales de Francia; a la Biblioteca del Museo del Hombre; a la Biblioteca de la Universidad París XII; a Pascal Carreau y Obey Ament, responsables de los archivos del PCF en la sede de la plaza Colonel Fabien.

Consulté también numerosas carpetas y expedientes de los archivos del ministerio francés de Asuntos Exteriores. En realidad, pude leer casi todos los telegramas y despachos enviados por los ministros, embajadores y cónsules de Francia en Colombia, entre 1926 y 1970. Mis agradecimientos sinceros van a los documentalistas y empleados de los Archivos del Quai d’Orsay que me ayudaron con amabilidad y paciencia durante los meses que tornaron mis largas investigaciones. También debo mencionar a la Biblioteca de Documentación Internacional Contemporánea de Nanterre y, sobre todo, a la rica e insustituible Biblioteca Souvarine, de Nanterre y, esos dos lugares de saber y de memoria encontré gran cantida de libros, revistas, periódicos y recortes de prensa, que me permitieron verificar una montaña de detalles. Fabiola Rodríguez, encargada de la sección América Latina de la BDIC y Virginia Hébrad, de “la Souvarine”, me ayudaron en las consultas de sus colecciones y catálogos respectivos. Un saludo especial a Pierre Rigoulot, director del Instituto de Historia Social, quien me acogió gentilmente en la Biblioteca Souvarine y me dio inestimables consejos.

Mis agradecimientos van también al historiador venezolano Manuel Caballero, al politólogo colombiano Eduardo Pizarro Leongómez, al general Álvaro Valencia Tovar, al coronel Luis Alberto Villamarín Pulido; a Carlos Efrén Agudelo, al profesor Florín Aftalion. Deseo expresar mi gratitud a mis fieles amigos que me apoyaron con su confianza a lo largo de este trabajo difícil: Camille y Gilles Dupont, Isabel Burgos, Jeannine Verdés-Leroux, Alain Abellard, Alain Delpirou, Raoul Zamora y Jean-Pierre Tailleur. Unas gracias calurosas a Claude Finet quien aceptó leer el manuscrito y me dio sus inteligentes opiniones.

Entre las personas que no ahorraron ni su tiempo ni su ayuda en la obtención de libros, testimonios, relatos y viejos recortes de prensa y grabaciones de noticieros de la radio colombiana, quiero mencionar a Miguel Posada Samper, César Augusto Castaño, María Cristina Iriarte, así como a MJM, JA, CAM, ÁPS, MCI y FG. Sin ellos mi investigación habría quedado trunca.

Finalmente, tengo una deuda particular frente a Sophie, mi esposa, ya que la escritura de este libro habría sido imposible sin su ayuda permanente. Gracias a su apoyo afectivo e intelectual diario, a su infinita constancia, esta obra pudo ser realizada. Ella leyó, revisó y pulió cada uno de los capítulos, aceptó hacer la relectura y la revisión del manuscrito. Es más, durante estos años de búsqueda y abrumado por las dudas, sobre todo, ante las dificultades técnicas, ella me exhortó a continuar mi trabajo. A mi hija Anne-Claire, a quien esta obra robó tantos momentos de escucha y de ayuda para hacer sus tareas de colegiala, mi tierno reconocimiento por su gran paciencia.

PREÁMBULO

El libro que tiene usted en sus manos, lector querido, es por muchas razones apasionante. Porque se refiere a uno de los temas más sorprendentes y complejos de los que se han desenvuelto en América; porque nadie lo maneja mejor que su autor; y finalmente, porque son inmensos los interrogantes que plantea en el presente y que no sólo comprometen el porvenir de Colombia sino de muchos países de América Latina. Convendrá que nos expliquemos.

Las FARC son la más antigua guerrilla de este Continente. Sus raíces más hondas se hunden en la dolorosa época de la violencia política partidista que vivió Colombia a partir del 9 de abril de 1948, aquél día trágico en que el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán partió brutalmente nuestra historia del siglo XX. Y surge aquí la primera gran cuestión de esta historia pavorosa. Porque esa fecha y ese asesinato están indisolublemente ligados al nombre y a la obra de Fidel Castro, cuando siendo un joven militante del partido comunista cubano vino a Bogotá para sabotear la Conferencia Panamericana. Y a fe que lo consiguió.

Ese llamado Bogotazo nos costó a los colombianos 300.000 muertos, calculados dentro de esas estadísticas que a veces se salen de la matemática para penetrar en el mito. Puede ser que el número de nuestros muertos se parezca al millón de la guerra civil española, pero al menos aquí no vale la pena el debate. Lo que si corresponde es que en medio de esa locura nacional que siguió al 9 de abril, no sólo tuvieron cabida todos los odios y espacio para todas las pasiones, sino que al amparo de ese incendio nacieron los primeros grupos guerrilleros del Continente. La guerrilla liberal, especialmente la de los Llanos Orientales y la del Tolima, dejó copiosas estelas de sangre y la constancia de infinitas crueldades. En esa dura y mala escuela hizo sus primeras armas un muchacho o campesino venido del hoy Departamento de Quindío, que a su turno fue escenario de los crímenes horrendos y de violencias pavorosas. Las guerrillas de los Llanos, donde este Manuel Marulanda se estrenó en el delito, entregaron sus armas después del golpe de cuartel de 1953 y volvieron formalmente a la vida civil. Y quedaron cesantes unos matones de oficio que necesitaban de muy poco para volver a lo suyo, que era el asalto, la extorsión y el asesinato. Y dentro de ese territorio de arenas movedizas de nuestra política compleja, esos pretextos no habrían de faltar.

Así nacieron las FARC. Unos cuantos combatientes antiguos de la guerra partidista, un discurso elemental y tortuoso sobre la defensa de unas tierras campesinas contra la codicia de terratenientes enemigos y lo demás vendría por añadidura.

Otra vez en la historia se cruza la sombra siniestra de Fidel Castro. Ya en el poder en Cuba, quiere abrirle camino al viejo cuento del destino universal del comunismo, y le parece Colombia el país más a propósito para empezar esa conquista. Así que con la ayuda eficaz de Moscú arma grupos guerrilleros que deberían desestabilizar la República, lanzarla otra vez por los despeñaderos de la violencia y finalmente, siguiendo una vieja técnica marxista, aprovecharla indefensa para someterla a una nueva versión de la dictadura del proletariado. Todos esos grupos de bandoleros, compuestos por los mismos que habían aprendido a matar en la época de la violencia política que siguió al 9 de abril, fueron vencidos y reducidos a la nada por la acción del Presidente Guillermo León Valencia y de un ejército cuyos hombres más brillantes habían sido entrenados en la guerra de Corea. Todos esos grupos perecieron, decimos, pero sólo logró escapar el más hirsuto, el más feroz, el mejor acoplado con cierta población que lo protegía, el de quien ya se llamaba Tirofijo. Valga contar que ese nombre tan sonoro lo obtuvo por un balazo que le propinó en la mitad de los ojos, a mucha distancia, a un alcalde indefenso con cuya muerte se proponía aterrorizar una población entera. Esa triste hazaña vino acompañada de otra, que habremos de recordar con harta vergüenza de colombianos y de miembros del género humano. En un pueblecito llamado Inzá, Tirofijo quiso demostrar su irrevocable vocación anticlerical, y no habiendo cura a la mano asesinó nueve santas monjitas que le servían a Dios y a los hombres en el único centro de beneficencia de esa población humilde. Una buena manera de probar que la Religión es opio del pueblo, en la comprensión que un asesino iletrado alcanza de El Capital.

Fidel Castro, después del fracaso inicial con los bandoleros, armó nuevas guerrillas, con las que prometía viejas equivocaciones. Y en lugar de bárbaros asesinos, preparó una milicia de ilustrados o semi ilustrados estudiantes de convicciones marxistas. Así nacieron el ELN y el EPL, que por su muy endeble estructura militar quedaron reducidos a cenizas, aunque salvadas sus últimas reliquias por uno de aquellos errores monumentales que se han cometido tantas veces con estos grupos armados. El doctor Alfonso López Michelsen, Presidente de Colombia en aquel lejano año de 1974, ordenó al ejército que se replegara de la Serranía de San Lucas para que saliera lo que de aquellas guerrillas quedaba y ganar con ellas la gloria de una paz concertada. Por supuesto que los guerrilleros aprovecharon la ropa nueva que el Gobierno les mandaba, y tomaron fusiles y municiones para seguir su camino sanguinario por los campos de Colombia. Al ex Presidente López le quedaría, hasta su muerte, el consuelo de no ser el único engañado. Los idiotas útiles han sido numerosos.

Todos estos grupos guerrilleros tenían su credo marxistoide y todos pudieron practicar, más o menos a sus anchas, aquello de la combinación de las formas de lucha. Es decir, algo de retórica y algo de bala, distribuido lo uno y lo otro en las proporciones que indicara el momento.

Las FARC, que siempre se dijeron de vocación comunista, se mantuvieron ligadas a ese partido y con él intentó llegar al poder a través de unos cuadros de dura militancia política, que se llamaron de la Unión Patriótica. La reacción fue violenta, los miembros de la Unión Patriótica exterminados, y las FARC volvieron a concentrar en el monte su poder de fuego y su discurso comunista.

El Presidente Juño César Turbay Ayala lanzó una resuelta ofensiva contra las guerrillas de su tiempo, con tan buen éxito que al terminar su mandato todos los grupos guerrilleros habían desaparecido y sus restos estaban concentrados en las cárceles colombianas. Pero vino el doctor Belisario Betancur, un hombre de gran corazón y de muy erradas ideas respecto al manejo que a los guerrilleros podía dárseles. Y les declaró la paz, les abrió las puertas de las cárceles y le dio un nuevo aire al doloroso vía crucis de este pueblo atormentado. Después fueron desapareciendo muchos de esos grupos, o celebrando acuerdos de paz por los que se perdonaron sus delitos atroces, en manifiesta violación de la Constitución Política de Colombia y de lo que hoy se llama con tanta pompa el Derecho Internacional Humanitario, o incorporándose a guerrillas más poderosas.

Pero otra vez quedaron las FARC, que en los cuatro años de Belisario pasaron de siete frentes a más de cuarenta y que desde entonces, hasta la posesión de Álvaro Uribe Vélez como Presidente de la República, el 7 de agosto de 2002, no pararon de crecer y fortalecerse. Pero ahora lo sorprendente era que ya no se trataba de la guerrilla más antigua de América, sino de la única que le sobrevivía a la muerte del comunismo internacional, a la caída del muro de Berlín y la desmembración de la Unión Soviética. Todas las guerrillas latinoamericanas entregaron sus armas, y con un procedimiento o con otro, con este o con aquel tratamiento político, hubieron de reconocer que sin el apoyo soviético su pervivencia era un imposible. Y eso pasó, insistimos, con todas las guerrillas de este Continente, menos con las FARC. ¿Por qué?

Sólo algunos pudieron comprender el motivo de esa extraña capacidad de adaptación a un fenómeno tan decisivo. Pero pasados algunos años, las cosas quedaron perfectamente claras. Las FARC vivían porque habían encontrado una fuente más segura y amplia de financiación que la que podía llegarles desde Moscú y de Cuba. Era el narcotráfico y estábamos en presencia de una forma de terrorismo, que todavía en muchas partes del mundo no llega a comprenderse. Porque estos productores y exportadores de cocaína mantienen su viejo discurso comunista y se dicen protectores de un pueblo al que de tanta maneras ofenden. Y el problema va siendo de alcance continental. El narco terrorismo se extiende por doquier y penetra las frágiles estructuras políticas de varios países. México, el puerto de llegada de la cocaína colombiana, antes de hacer trasbordo a los Estados Unidos, ya no sabe qué hacer con la mafia; Brasil es escenario de la inaudita violencia que la cocaína genera, y de contera es el mayor consumidor de cocaína del mundo; Ecuador está de mafia hasta los tuétanos y Bolivia y el Perú vuelven a ser grandes productores de coca en la medida en que Colombia gana su guerra; mientras tanto, Centroamérica hierve en este incendio y Venezuela, acaso con plena conciencia de su sátrapa, está convertida en el camino de salida de la cocaína colombiana. Las FARC sólo existen en Colombia. En el resto de América se llaman distinto y sus ramificaciones se extienden por el mundo, con Europa y Estados Unidos a la cabeza. Estamos estrenando una nueva forma de terrorismo internacional, que nadie quiere descubrir y menos enfrentar.

Las FARC tienen en sus filas miles de niños; siembran minas antipersona en parajes campesinos en los que con inaudita frecuencia quedan destrozados hombres, niños, mujeres y ancianos; las FARC son los capitanes del delito de secuestro, el más miserable de cuantos se ingenió la maldad humana; las FARC vuelan oleoductos y torres de energía, impiden la construcción de acueductos y asaltan sin piedad iglesias, colegios y ambulancias; cuando tenían fuerza militar suficiente, volvían pedazos humildes poblaciones en las que dejaban constancia de su crueldad infinita las FARC, han destruido centenares de miles de hectáreas de bosques primitivos, envenenado los ríos, cometido crímenes contra el ecosistema que no tienen parangón en la historia de la depredación del ambiente; las FARC ejecutan las más horrendas masacres, asesinan a mansalva ciudadanos indefensos y extorsionan sin piedad a humildes campesinos y a pueblos enteros. Uno se pregunta cómo puede una persona con algún sentido moral y con mediana inteligencia apoyar estos ataques desalmados. Y la respuesta es elemental y casi obvia. Los amigos o simpatizantes de las FARC ignoran su historia sangrienta y su despreciable presente. Eso es todo.

Pues en estas circunstancias aparece esta inapreciable contribución de Eduardo Mackenzie a la claridad de un debate tan confuso como mal planteado. Después de repasar estas páginas y de seguir una historia contada con tan perfecto conocimiento de causa y manejada con una destreza dialéctica admirable, al lector no le queda más remedio que rendirse ante la evidencia y tomar el único partido posible políticamente y sostenible en el terreno de la ética. Esta obra era indispensable en Colombia y en todos los países de habla hispana. El impacto que produjo su versión en francés no podía quedar limitado a los lectores de Europa. Bienvenida a Colombia y a la América Latina esta obra que Random House Mondadori presenta a sus lectores innumerables. Lo que de nuestra parte podemos asegurar es que iniciada la lectura será imposible abandonarla. Porque la historia de las FARC es motivo para un ensayo luminoso, pero también tiene unos rasgos de novela trágica que envuelven al lector y lo comprometen desde la primera página de una narración tan intensa como brillante. Mackenzie tiene una ventaja inmensa sobre todos los escritores y analistas políticos de Colombia. Su lejanía física, que nunca espiritual, le ha permitido ser objetivo, porque lo ha vacunado la distancia contra las pasiones que enturbian el alma y complican la conciencia crítica. Y si a esa circunstancia feliz se le suma el que trata de un estudioso consagrado, de un escritor brillante y de un dialéctico implacable, el resultado no podía ser otro que el de este libro extraordinario, el mejor que nunca se escribió sobre la tragedia colombiana, que muy pronto será la del mundo entero, bautizada como se quiera, la de las FARC. Fracasadas en Colombia, como el amor lo demuestra, ensayan nuevos horizontes. Y van a encontrarlos porque el dinero, que lo tendrán mientras la cocaína exista, sigue siendo poderoso caballero.

Fernando Londoño Hoyos

Bogotá, octubre de 2007

PRÓLOGO

Colombia es el teatro de una guerra sin cuartel, donde la iniciativa militar y política Ha venido casi siempre de las FARC, la guerrilla más poderosa del hemisferio occidental. De inspiración comunista, esta organización, que cuenta con 25.000 hombres y con un extraordinario flujo de dinero gracias al tráfico de drogas y a los cientos de secuestros que ella comete cada año, trata de adueñarse del poder combinando, como dicen sus dirigentes, “todos los medios de lucha”, es decir los más bárbaros, como los más legales. El comunismo de las FARC es una supervivencia tardía y anacrónica de la ex Unión Soviética la cual, desde los años cuarenta del siglo pasado, había inspirado, financiado y controlado la creación de esa maquinaria de muerte. Sin embargo, la injerencia soviética en Colombia es muy anterior a las FARC pues ella se remonta a la década de 1920.

Colombia también debe hacerle frente a las bandas armadas de extrema derecha, muy estructuradas, que luchan contra las FARC y sus aliados y se financian igualmente con el tráfico de drogas. Los carteles de la droga son, en fin, el tercer ingrediente de ese coctel explosivo en el que se mezclan las violentas luchas entre un comunismo armado, agresivo y desesperado, que sabe que su proyecto no tiene futuro, y las organizaciones antiguerrilla y los carteles que realizan el tráfico de drogas. Esto es lo que hace del conflicto colombiano una de las fuentes más graves de desestabilización de Latinoamérica.

El 11 de abril de 2002 Henry Hyde, presidente del Comité de las Relaciones Exteriores de la Casa Blanca, decía de Colombia: “A tres horas de avión de Miami tenemos un nicho potencial de terrorismo internacional quizás igual al de Afganistán[1]”. Un mes antes George Tenet, director de la CIA, declaraba: “La situación en Colombia continúa siendo peligrosa pues el proceso de paz debe hacerle frente a mucho obstáculos y hay en perspectiva un posible aumento importante de la violencia por parte de las FARC”, antes de concluir: “La amenaza del terrorismo [en Colombia] supera la de los extremistas islámicos y del mundo musulmán”.

El análisis de Washington sobre Colombia está lejos de ser exagerado. La mitad de los ataques terroristas realizados en el mundo, salvo Medio Oriente, durante estos últimos años, han sido cometidos en Colombia[2]. Veamos esta sola cifra: de los 346 ataques de ese género en el mundo en 2001, 191 fueron en Colombia, o sea el 55,2%. Las cifras para 2002 y para 2003 no fueron menos preocupantes. Sin embargo, la opinión europea, bastante bien informada sobre los conflictos internacionales, está lejos de captar la importancia y la gravedad de lo que está en juego en Colombia. Ella desconoce, por ejemplo, por qué las llamadas “discusiones de paz” con las FARC y el ELN, que Colombia ha venido realizando durante más de 23 años, han fracasado siempre. Ella no entiende por qué Ingrid Betancourt y otros dos mil secuestrados siguen en poder de las FARC a pesar de las exhortaciones del pueblo colombiano y de la comunidad internacional para que sean liberados.

Pero eso no debe sorprender a nadie. Los comunistas colombianos siempre intentaron ocultar sus objetivos y los elementos centrales de su propia historia. Han falsificado deliberadamente episodios y períodos enteros de su implantación. Se han comprometido en hábiles manipulaciones para hacer creer a sus militantes de base y a sus compañeros de ruta que su acción siempre fue “legítima”, “patriótica”, “progresista”, “heroica”. Siempre se describieron ellos mismos como “campeones de la paz”, al mismo tiempo que sus milicias mataban civiles inocentes y saqueaban modestas aldeas, mientras que sus políticos y sus espías se esforzaban por resquebrajar la democracia.

Los comunistas hacen todo lo que esté a su alcance para disfrazar la verdad acerca de por qué y cómo montaron, en fin, su maquinaria de muerte en el sur del Tolima en los años 1948, y cómo hicieron después, en otras regiones agrarias del país, para instalar sus bastiones de guerra y de “trabajo político”. Los secretos y las deformaciones más tenaces conciernen sobre todo a la historia de los orígenes de su guerrilla, las FARC. En manos de hábiles propagandistas, ésta fue convertida en una verdadera pieza teatral, con falsos héroes, sus numerosos trucajes y sus indispensables penumbras. Lo hicieron con relativo éxito pues muchos historiadores, sociólogos, académicos y periodistas tomaron esas leyendas como plata blanca, contribuyendo así a su difusión y a la glorificación de algunos mitos.

Sin embargo, los falsificadores no pudieron controlar todos los elementos de esa historia. No pudieron esconder todos los hechos. A pesar de esos esfuerzos, quedan algunos libros, algunas memorias, algunos testimonios, algunos artículos de prensa, ricos en hechos pero olvidados generalmente, desconocidos o censurados, incluso expurgados y retirados de las bibliotecas, que aclaran numerosos episodios importantes. Existen también los preciosos testimonios de los diplomáticos europeos quienes, mejor armados para resistir a las mentiras y a los hechizos estalinistas, observaron con gran precisión y perspicacia la realidad y nos han dejado páginas magníficas sobre la historia colombiana.

En fin, subsisten también los relatos de algunos viejos comunistas, relegados al olvido por los propagandistas oficiales de hoy. Examinados con atención y, sobre todo, con un espíritu independiente y libre, esos testimonios nos entregan, a pesar de todo, informaciones interesantes y nos permiten sacar nuevas conclusiones, más cercanas y más respetuosas de lo que podríamos llamar la verdad histórica.

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Un partido importado y artificial

La historia del Partido Comunista Colombiano (PCC) amerita una lectura independiente por varias razones. En primer lugar, porque las pocas obras dedicadas a ese tema son antes que nada hagiografías oficiales dotadas de una visión parcial y militante. También porque la trayectoria de esa formación política, original incluso respecto de los otros partidos comunistas de Latinoamérica, no es aclarada verdaderamente por los textos oficiales. Demasiadas lagunas hacen que esos textos sean casi ilegibles. Nuestro objetivo no es hacer aquí una historia exhaustiva del PCC. Se trata simplemente de echar una mirada sobre los momentos más notables de la vida de esa organización, examinar su evolución a la luz de los acontecimientos mayores de la realidad colombiana y de los eventos internacionales, sobre todo aquellos relacionados con el movimiento comunista internacional y con el régimen de la Rusia soviética. Sin tal aproximación todo estudio de los partidos comunistas carece de interés pues éstos no son partidos ordinarios. Su relación estrecha con la URSS y el estricto control ejercido sobre ellos por la burocracia del Kremlin dieron a esas organizaciones, incluso a las más modestas, una especificidad que no se encuentra en las otras formaciones políticas, incluidas aquellas afiliadas a movimientos internacionales, como los partidos socialistas.

El Partido Comunista Colombiano es el único partido latinoamericano enfeudado a Moscú que ha tenido el control, durante cerca de medio siglo, hasta el comienzo de los años 2000, de un poderoso brazo armado dedicado al terrorismo y a la guerra de guerrillas, sin que ello le haya impedido adelantar un trabajo político “legal” en las grandes ciudades y en el campo. A pesar de esa doble condición aberrante de partido legal y banda armada, el PCC aprovechó todas las garantías concedidas por el sistema político colombiano a las formaciones de oposición —cosa inimaginable en las otras democracias del mundo—, y ha podido hacer elegir regularmente diputados al Parlamento, así como senadores. Ello tampoco le impidió al PCC adquirir una influencia importante en el medio obrero sindical. El PCC hizo todo eso sin dejar de acusar sin interrupción al régimen colombiano de ser una “falsa democracia” y de constituir, incluso, en ciertas épocas, ¡un “régimen fascista”!

Las relaciones que unían el PCC con el Partido Comunista de la Unión Soviética fueron de gran durabilidad. Ellas no conocieron nunca rupturas, ni siquiera transitorias, ni disputas. El PCC aprobó sin falla los peores crímenes de la dirección soviética y del movimiento comunista internacional. En agosto de 1943, durante un debate en la Cámara de Representantes, Gilberto Vieira, el sempiterno secretario general del PCC[3], explicará que los procesos de Moscú y los otros crímenes de Stalin contra los antiguos dirigentes bolcheviques “no fueron otra cosa que la eliminación indispensable de la quinta columna dentro de la URSS”. Hubo una época en la cual el Partido Comunista Colombiano, bajo la influencia de la línea de “clase contra clase”, se oponía violentamente a la reforma agraria y a la aprobación de las leyes en favor de los sindicatos obreros. Y otra época donde, después de un ucase del Komintern, se transformaba en campeón de la reforma agraria y de la aprobación de las leyes sindicales, sin conseguir nunca desempeñar un papel en la aprobación de las tales leyes y sin ayudar verdaderamente a las masas populares a aprovechar esas ventajas y a crecer con las reformas que creaba autónomamente la democracia colombiana.

A diferencia de ciertos partidos comunistas, como el Partido Comunista Francés (PCF) y el Partido Comunista Italiano (PCI), el Partido Comunista Colombiano no ha rechazado nunca la noción de dictadura del proletariado, ni solicitado la democratizacion de todas las esferas de sociedad socialista, como lo hizo, por lo menos en los textos, el PCF en 1979. Es más, el PCC apoyo los ataques de la revista soviética Tiempos Nuevos contra las tesis de Santiago Carrillo en favor del eurocomunismo[4].

Como todos los partidos comunistas, el PCC se muestra indiferente ante los sufrimientos del pueblo colombiano y de los pueblos sometidos al yugo de las llamadas “democracias populares”: el PCC condenó la rebelión de los obreros poloneses de Poznan, en junio de 1956, y el levantamiento de los estudiantes húngaros de octubre de 1956. El PCC calificó de “actividad contrarrevolutionaria” la primavera de Praga y la política de Alexander Dubcek. Sostuvo igualmente el derrocamiento del gobierno de Imre Nagy por el Ejército soviético en Hungría, en noviembre de 1956, y la intervención soviética en Checoslovaquia en 1968. Igual hizo respecto de Polonia y de la represión de Solidarnosc, en diciembre de 1981. Para el Partido Comunista Colombiano la realidad del goulag soviético y del laogaï chino-maoísta es sólo artificio de la “propaganda del imperialismo”. Sería difícil encontrar un PC más sumiso a las órdenes del Kremlin que el PCC. Éste aprobó la invasión soviética en Afganistán en 1979. En un congreso de noviembre de 1980, Gilberto Vieira calificó la invasión rusa de “ayuda fraternal” al pueblo y al gobierno de Afganistán[5]. En cambio, la intervención norteamericana en Afganistán para destruir el régimen talibán será condenada violentamente por el PCC que aplaudirá igualmente la expansión de la influencia soviética en el sureste asiático y en África negra, lo mismo que las aventuras sangrientas de Cuba en Angola, en el Congo y en Latinoamérica, operaciones en las cuales Colombia ha sido un blanco privilegiado.

Nunca la dirección del Partido Comunista Colombiano se atrevió a repudiar las directivas escandalosas del Kremlin destinadas a quebrar los sistemas de defensa del país, como sí lo hizo, la verdad sea dicha, el PCF en 1977 cuando rechazó la orden de hacer campaña por el desmantelamiento de la fuerza nuclear francesa, considerada por el PCUS como una “realidad negativa[6]”. Todo lo contrario. Militantes comunistas, cobijados bajo olías filiaciones políticas e infiltrados en el poder judicial y en el Congreso, hicieron todo lo necesario para aniquilar la legislación de defensa nacional y arruinar toda tentativa de modernización de las Fuerzas Armadas colombianas.

Nunca responsable alguno del PCC, ni un grupo de su dirección nacional, se atrevió a develar ante la opinión pública los escándalos internos de ese partido, como sí lo hizo el grupo Jean Fabien del PCF, que publicó en la revista “burguesa” L’Express, el 17 de febrero de 1985, un resumen analítico de la carta del Kremlin de marzo de 1977, la cual había sido mantenida en secreto hasta ese momento y que tenía por meta la destitución del indócil Georges Marchais, partidario del eurocomunismo[7], y la división del Partido Comunista Francés, como lo había hecho ya la dirección soviética con los PC finlandés y sueco y como lo hará más tarde con el PC español.

LA MADRE DE TODAS LAS GUERRILLAS

La otra particularidad del curioso Partido Comunista Colombiano es que se encuentra vinculado al nacimiento de casi todas las guerrillas “revolucionarias” que Colombia ha debido combatir. El PCC no sólo fundó las FARC sino que intervino en la creación del ELN. Varios de sus cuadros de dirección habían sido formados por el PCC. Unos habían roto con el PCC antes de ingresar al ELN, otros simplemente infiltraron el ELN durante su formación. Respecto del EPL, sus fundadores eran miembros de la dirección nacional del PCC antes de la ruptura chino-soviética. En cuanto al M-19, varios de sus jefes “históricos” habían sido, aparentemente, expulsados del PCC y de las FARC puesto que querían, según la leyenda, “llevar la guerra a las ciudades”.

El Partido Comunista de Colombia tiene, pues, sangre en sus manos. Ese partido es el responsable de los inmensos sufrimientos del pueblo colombiano, de los dramas vividos durante varias décadas por miles de familias obreras, campesinas, indígenas, desplazadas de sus tierras y masacradas en algunos casos por las necesidades de la “guerrarevolucionaria”. Ese partido es el responsable de miles de dramas familiares en los que civiles inocentes (funcionarios, empleados, religiosos, comerciantes, estudiantes, intelectuales) perdieron la vida a causa de atentados terroristas ciegos en las ciudades y en el campo. Sin hablar del alto número de militares y de policías que perdieron la vida en cobardes emboscadas e innobles matanzas, de los numerosos estudiantes y obreros que murieron en violentos motines urbanos donde fueron utilizados como carne de cañón y simple arma arrojadiza contra las fuerzas del orden; sin hablar de los secuestros y de los atentados individuales perpetrados contra líderes “de la burguesía” pero también contra líderes sindicales y contra ciudadanos corrientes por haberse éstos erigido en obstáculo contra los designios de un totalitarismo extranjero. El PCC es responsable del sufrimiento de miles de familias y de personas secuestradas y tenidas en infame cautiverio durante meses, incluso años, por los frentes de las FARC y de las otras guerrillas satélites.

Sin acertar ni lograr darle una durabilidad, el PCC intentó varias veces erigir una “coordinadora nacional de guerrillas” para ejercer mejor su hegemonía sobre los movimientos armados colombianos. En el terreno político, ese partido creó la Unión Nacional de Oposición (UNO) en 1973 y el Consejo Nacional Sindical (CNS) en 1977, para reunir bajo su batuta los partidos de izquierda, los grupos de activistas radicales y las federaciones sindicales de la clase obrera y para servirse, en realidad, de todos ellos transformándolos en poderosa palanca de apoyo electoral y social para alcanzar sus fines egoístas. Desde su fundación en 1928, y a costa de esfuerzos considerables, el PCC intentó penetrar y poner bajo su influencia los partidos tradicionales, sobre todo el Partido Liberal, lo mismo que las pequeñas formaciones de la izquierda extraparlamentaria como, por ejemplo, más recientemente, el Partido Socialista Revolucionario (sección colombiana de la Cuarta Internacional) o el Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario (MOIR), formación maoísta violentamente anti-PCC que viró, en 1972, hacia posiciones de colaboración con el PCC. Dentro del Partido Liberal, éste ha sabido animar, desde los años 1930, numerosas corrientes “progresistas” o “avanzadas” que han hecho discretamente el juego de Moscú y de La Habana. La Iglesia católica sufrió también las ofensivas del PCC: el “Grupo de Golconda”, constituido por sacerdotes que invitaban a los cristianos a sumarse “a la acción revolucionaria contra el imperialismo y la burguesía neocolonial”, fue creado bajo los auspicios del Partido Comunista Colombiano: su reunión fundacional se realizó en agosto de 1968 en Viotá, localidad bajo el control político del PCC en esa época.

Pese a todo ello, el PCC no ha sido nunca un partido de masas ni tampoco una formación con una base electoral importante. Siempre funcionó, por el contrario, como una secta muy organizada, aislada, extremista, empecinada, peligrosa y dogmática. Sin embargo, la mediocridad de muchos de sus cuadros de dirección llevó ese partido a crisis profundas. Gracias a los subsidios y a las ayudas directas e indirectas, intelectuales y materiales, que recibía de Moscú, gracias igualmente a los desvíos de fondos que sus agentes perpetraban en los sindicatos y en los presupuestos de algunos departamentos y municipios del país, la maquinaria burocrática del PCC no ha carecido de abundantes elementos. En cuanto a su prensa y otros medios de propaganda, éstos no han guardado proporción respecto del número real de activistas y adherentes. La propaganda del PCC, un bastión bien guardado de su buró político, siempre estuvo al servicio de la “movilización de las masas”, es decir de una estrategia de tensión y de hostigamiento permanente, de una acción política brutal sin matices y sin pensamiento. Sus dictados y mentiras, unas veces hábiles, otras veces vergonzosas, sobre la realidad política, económica y social del país, machacados sin interrupción en los ámbitos político, sindical y universitario, han contribuido a la devaluación del pensamiento político colombiano y a la creación de dogmas ideológicos y de tabús políticos, algunos de los cuales siguen aún hoy intactos[8].

Su clientela electoral, siempre bastante modesta, lo fue a pesar de sus constantes alianzas contradictorias con el Partido Liberal e incluso hasta con fracciones del Partido Conservador. En cuanto a su papel en el movimiento comunista internacional, el PCC no ha sido uno de los partidos más activos. Su trayectoria en el Komintern, en primer lugar, y luego en el Komintern, fue discreta o poco significativa.

Como se verá más adelante, el PCC asumió siempre una postura de complot permanente contra la República de Colombia, contra sus libertades y su democracia. Desde la década de 1920, el PCC vive para una sola cosa: para preparar la guerra civil en Colombia, disfrazando tal objetivo con un discurso democrático y social. Las convocatorias a la huelga general, lanzadas repetidas veces por la CSTC, central sindical dirigida por el PCC, fueron muchas veces verdaderos llamados a la insurrección contra un gobierno elegido por el pueblo en los que comandos de las FARC llegaron a intervenir de manera directa y violenta. Pero el PCC ha buscado también, cuando la lucha armada mostraba sus límites o sus dificultades específicas, ganar votos e influencia a través de la conocida línea del “frente popular” o de sus variantes. Esa vía no ha sido, sin embargo, la dominante a lo largo de ese largo período. Lejos de eso. ¿Cuáles son las razones de esa trayectoria específica? ¿Por qué el comunismo colombiano presenta una predisposición tan marcada por la violencia y la lucha armada?

Del prebolchevismo silvestre al estalinismo

Los primeros elementos de respuesta nos son suministrados por la fecha y las condiciones políticas y psicológicas particulares que rodearon la creación del PCC. Este partido es fundado en 1928, es decir, relativamente tarde respecto de la revolución rusa. Para los propagandistas, la fecha de su fundación es 1930. Empero, el objetivo de esa fecha errónea es mantener bajo la sombra los preparativos y detalles de ese acto. El PCC fue creado en medio de una vasta ofensiva de la Internacional Comunista (IC)[9] la cual buscaba meter en cintura las formaciones políticas latinoamericanas nacientes que se reclamaban del comunismo. Un poco por todas partes, las ilusiones suscitadas por el golpe de Estado bolchevique de 1917 no habían encontrado todavía una expresión orgánica disciplinada. Esa simpatía era más bien disparatada, desigual y, de vez en cuando, confusa.

El PCC fue fundado durante un período marcado por el viraje ultraizquierdista de la IC. Bajo la dirección aparente de Nikolai Ivanovich Bujarin, pero en realidad bajo la influencia creciente de Joseph Stalin[10], ese viraje se traducirá en una linea política de conquista de la calle de “clase contra clase” y de “lucha directa por la toma del poder” en varios países. Se trata, en efecto, del famoso “tercer período” del Komintern, edificado bajo la creencia de que los poderes occidentales iban a destruir la Unión Soviética. El primer período había sido el de la revolución (1917-1921) y el segundo había sido el de la estabilización (1922-1929). La orientación del tercer período llevará al fracaso a numerosos partidos comunistas, tanto en la propia URSS como en el extranjero[11]. Ella marcará para siempre al partido colombiano.

La fundación en Colombia de un partido comunista por los agentes de Moscú enviados a Bogotá fue uno de los primeros pasos políticos dados por el Komintern (IC) en América Latina[12]. El modo autoritario como actuó Moscú y la línea política tan particular impuesta a la nueva formación dejarán rastros duraderos en esta formación. Este partido nace así como un cuerpo extraño, como una maquinaria trasplantada desde el extranjero. No es el resultado de la evolución del marxismo en Colombia, ni la consecuencia de un levantamiento popular, ni el producto de una deliberación dentro del movimiento obrero colombiano, como fue el caso, por ejemplo, del PCF, fundado tras el congreso de Tours. La fundación del Partido Comunista fue decretada por un grupo esquelético de individuos aislados y el enfeudados a Moscú. No fue la expresión de la voluntad del movimiento obrero colombiano, ni de ninguna otra categoría de la sociedad colombiana.

En el seno de ese partido, que adopta desde el comienzo la línea extremista del VI congreso del Komintern, se formarán los cuadros “revolucionarios” que constituirán más tarde las FARC, la primera guerrilla moderna del país, la mejor armada y la más tenaz. Este partido servirá también de caldo de cultivo donde se entrenarán los cuadros de por lo menos otras tres organizaciones armadas colombianas. El extremismo doctrinario de los primeros días no impedirá al PCC ser luego (sin abandonar la violencia), oportunista y derechista, hipócritamente proliberal, y siempre dócil ante las órdenes cambiantes de la dirección soviética.

Savitski, un veterano del Ejército Rojo

Las ideas socialistas llegan a Latinoamérica después de la derrota de la Comuna de París, con los emigrados de 1848. Habiendo recibido muy pocos inmigrantes a lo largo del siglo XIX, Colombia no conocerá un gran desarrollo de las ideas socialistas y no verá florecer sino hasta 1860 algunos clubes socialistas[13]. Es hacia 1910 que se registran los primeros balbuceos de un movimiento socialista de masa en Colombia, con las huelgas industriales de 1913, donde se asiste a la constitución del primer sindicato obrero. En 1919, un sector del Partido Liberal funda un partido socialista, comunizante y de extrema izquierda. Francisco de Heredia Márquez, que había hecho estudios en Italia y viajado a México y Panamá, será uno de sus primeros secretarios generales. El lanza un manifiesto pero su grupo es reabsorbido rápidamente por el ala más radical del partido Liberal. En Bogotá, uno de los animadores de los medios de izquierda, Luis Tejada, cronista del periódico El Espectador, escribe en julio de 1922 la “Oración para que no muera Lenin”. Invita, sin éxito, a la fundación de un “verdadero” partido comunista[14]. Hacia 1923, pequeños grupos de activistas se proclaman comunistas, especialmente en Medellín, Cali y Girardot. Al año siguiente es fundada la Confederación Obrera Nacional (CON), cuyo primer congreso es inaugurado en Bogota por el presidente de la República en persona, el conservador progresista Pedro Nel Ospina. En ese primer congreso obrero se expresarán cuatro tendencias: una anarquista (dirigida por Juan de Dios Romero), una liberalsocialista (Ramón Bernal Azula y Guillermo Hernández Rodríguez), una socialista (De Heredia) y una comunista (los amigos de Luis Tejada). El Partido Liberal, en la oposición, reprobaba la idea de la lucha de clases pero adoptaba a su manera ciertas proposiciones de los socialistas locales[15]. El segundo congreso de la CON se reunirá en 1925, bajo la égida de un anarco-sindicalista, Carlos F. León. La publicación La Humanidad, de Cali, sostenía que los problemas de los trabajadores no podían ser resueltos sino por las federaciones sindicales. En 1926, durante el congreso de todas las organizaciones obreras y sindicales del país, es fundado el Partido Socialista Revolucionario (PSR)[16], la primera formación política colombiana que tendrá contactos formales, desde 1928, con el Komintern. La CON por su parte había dado pasos, desde 1925, para afiliarse a la Internacional Sindical Roja[17]. Uno de los fundadores y organizadores del PSR, Ignacio Torres Giraldo, hará de agente viajero entre Moscú y Bogotá entre 1920 y finales de los años 1930. En cuanto a Tomás Uribe Márquez, él viajaba entre Colombia, México y Centroamérica. Asistirá también a la reunión latinoamericana de la Internacional Sindical Roja, realizada en Montevideo en 1929. No menos desdeñable es el trabajo político realizado en la Universidad Libre de Bogotá, fundada en 1912 por el general liberal Benjamín Herrera, pero controlada más tarde por elementos comunizantes para abrirse avenidas hacia el poder judicial y las corporaciones públicas.

Los estudiantes de esta universidad serán precisamente los protagonistas de la ruidosa manifestación del 19 de septiembre de 1926, en la que participó un “sindicato central de los obreros de Colombia” y embajador mejicano, Juan Urquidi. Su objectivo: expresar su “solidaridad” con régimen del general mejicano Plutarco Elías Calles, quien acababa de ser criticado en el Parlamento colombiano por las brutales medidas tomadas contra la Iglesia (privación de derechos civiles a los católicos, expulsión de los obispos no mejicanos, cierre de 20.000 lugares de culto, etc.). Después de una marcha dirigida por Jorge Zawadsky, Camilo Muñoz Obando, Demetrio García Vásquez, Aníbal Badel, Ramón Bernal Azula y Guillermo Hernández Rodríguez, la manifestación en Bogotá culmina con un mitin en el Parque de Santander donde el diputado liberal Aníbal Badel pronuncia un discurso incendiario contra “el régimen capitalista opresor y tiránico” colombiano y contra las “concupiscencias del dólar” un elogio de la revolución de Calles “la cual mañana […] desplegará triunfante sus banderas rojas sobre el territorio colombiano”. Badel predijo igualmente que la revolución “se impondrá con sangre en todas las ciudadades[18]”. Lo que es curioso es que esa manifestación, la primera del género en Colombia, ocurrió dos meses después de la llegada a Bogotá de una extraña misión “científica” soviética que había hecho, antes, una escala en México.

Dirigida por el profesor Georges Voronoff e integrada por otras siete personas[19], la misión “botánica” rusa había desembarcado en Barranquilla en abril de 1926. En México, ésta había “adoptado” dos individuos, supuestos miembros de un club deportivo de Leningrado, que habían decidido hacer, según la explicación de Voronoff, la vuelta al mundo en bicicleta. El grupo así constituido había penetrado en tierras colombianas hasta Girardot a bordo de un navío que remontaba el río Magdalena. Aprovechando cada parada del paquebote, los “científicos” habían recogido, durante un mes, muestras botánicas, entomológicas mineralógicas gracias a breves incursiones en la selva tropical. Los rusos acarreaban más de cien cajas de madera que contenían, según ellos, sus instrumentos científicos y sus muestras. Instalados en un modesto hotel de Bogotá, donde pasarán cinco meses, los rusos recogen muestras adicionales ofrecidas por el Ministerio de la Industria y otros organismos oficiales. La misión visitará otras tres ciudades: Neiva, Ibagué y Pasto, y Voronoff hará, él solo, una incursión a Venezuela. Si los rusos se abstuvieron de hacer en público propaganda pro bolchevique, se mostraron, en cambio, muy interesados por la apertura de un consulado de los soviets en Bogotá y otro de Colombia en Leningrado[20].

Agudizadas por una fuerte alza de precios de los alimentos, en un contexto más vasto de prosperidad macroeconómica, la agitación revolucionaria y las luchas obreras se habían intensificado en Colombia desde 1925. Pero en enero de 1927 son las huelgas duras en los centros petrolíferos y en el ferrocarril del Pacífico las que amenazan con tomar una forma insurreccional. Para el ministro de Guerra, el general Ignacio Rengifo, es claro que los promotores del desorden, “sostenidos bajo cuerda por los restos de la misión supuestamente científica rusa”, buscan ocasiones para provocar nuevas agitaciones[21]. En abril de 1927, los desórdenes callejeros, donde la actividad de los militantes del PSR es visible, son, en efecto, tales que el gobierno adopta medidas de excepción y hace votar, a finales de 1928, una ley contra “el bolchevismo y el comunismo[22]”. La campaña internacional en defensa de Sacco y Vanzetti[23] toma la forma, en Bogotá, de manifestaciones ilegales en las fábricas y en los barrios obreros. A pesar de la pobreza de la gente, el dinero corría a mares en la tesorería de los socialistas revolucionarios quienes empleaban sofisticadas técnicas de propaganda (periódicos, carteles, octavillas, colecciones de canciones revolucionarias), contra el régimen “fascista” del presidente Miguel Abadía Méndez. La agitación alcanzaba niveles nunca vistos y trataban sobre todo de infiltrarse en los cuarteles[24]. “La ciudad estaba cubierta literalmente de carteles socialistas pegados sobre los muros y sobre las puertas de las casas, según las instrucciones impartidas”, escribe María Tila Uribe[25]. Un diplomático, Albéric Neton, ministro de Francia en Colombia constata que a pesar de una aparente tranquilidad “el orden público es severamente amenazado por la propaganda sistemática de las doctrinas subversivas, hecha más peligrosa por la complicidad soterrada que encuentra en la prensa de oposición[26]”. Un fuerte sentimiento “internacionalista” y “antiimperialista” reinaba entre los activistas colombianos. El primer contingente extranjero que ayudará a Augusto César Sandino en la lucha contra los Estados Unidos en Nicaragua, es colombiano[27]. Gracias a los esfuerzos del PSR, se registraba en todas partes el nacimiento de “comités obreros” y de “ligas campesinas” que tienen una sola perspectiva: la insurrección. Para el gobierno, la situación era delicada pues el estado no había conocido, hasta ese momento, desafíos de tal carácter y de tal amplitud y carecía de medios jurídicos para manejarlos. Según el general Rengifo, la aprobación de una ley de defensa social o “heroica” era necesaria para “encarar el más grande peligro que la República haya jamás encontrado”. Invitando al Congreso a votar las medidas preventivas, especialmente las referentes a la responsabilidad de la prensa, el presidente Abadía Méndez, un excelente profesor de Derecho, había hecho suya la famosa frase del constituyente Sieyès: “Mi entusiasmo no me lleva a creer que la libertad de la prensa es un arca sagrada que no puede ser tocada incluso al precio del orden público[28]”.

Hasta entonces, el marxismo era algo así como una planta exótica en Colombia, una doctrina rara estudiada de modo fragmentario por algunos intelectuales liberales y socialistas. Eso cambiará muy pronto pues el estudio del marxismo, en su versión bolchevique, se hará bajo la influencia menos bonachona de un misterioso “emigrado ruso”. Silvestre Savitski, descrito por la historiografía marxista colombiana como alguien de carácter “cándido”, llega a Colombia hacia 1922, “después de algunas peripecias políticas”. Este hombre, de formación política “débil”, según esas fuentes, desempeñará sin embargo un papel de recio animador de un círculo de estudios leninistas. ¿Savitski era el diletante “desinteresado” que describen los propagandistas del PCC? Nada es más incierto.

Medófilo Medina, en su muy oficial Historia del Partido Comunista de Colombia[29], no explica nada a propósito de las “peripecias políticas” vividas por Savitski antes de su llegada a Colombia. Según Medina, Savitski instala en Bogotá una tintorería donde recibe a sus amigos para contarles las anécdotas “de la revolución de Octubre” y para hablarles de Lenin. En realidad, la casa de Savitski no era un tertuliadero: muy rápido su grupo hace imprimir 30.000 copias de un manifiesto donde el tema es la Internacional Comunista y sus “21 condiciones[30]”. Medina no explica quién financió esa operación de propaganda nada desdeñable para la Bogotá de la época[31]. Y por una buena razón: las autoridades descubrirán más tarde que Savitski era, en efecto, un ex oficial del Ejército Rojo que había sido enviado a China y a Japón por Moscú antes de su misterioso desembarco en Colombia. Medina admite que Savitski era un militar soviético, pero no se interroga lo más mínimo sobre las razones que habían conducido a un hombre con semejante pedigrí a establecerse en Bogotá y a entregarse a la actividad política bolchevique. En la primera versión de la historia del PCC, redactada por su comité central, intitulda Treinta años de lucha del partido Comunista en Colombia, la actividad de Savitski es evocada un vez, es decir es casi borrada. Los autores afirman que él “no tenía un formación marxista”. En cuanto a su relación con el Ejército Rojo dato capital es ocultado. Igual respecto de su expulsión de Colombia, a pesar de que Savitski había sido objeto de un decreto de expulsión deI país, (del 27 de julio de 1925, tras un proceso judicial que desencadenó protestas en los círculos comunistas[32]. El agente de Moscú parte así, precipitadamente, a México donde las redes soviéticas ya eran numerosas bien implantadas, y trabajará con el PC mexicano hasta su muerte.

¿Quién era verdaderamente este personaje? Aparentemente no tenía e perfil de un cuadro político de la Internacional Comunista. ¿Era entonces un simple agente de comercio sin una misión política? Difícil de creer. ¿Era un agente del GRU[33]? ¿O un agente del INO[34]? Hoy se sabe que desde 1917 espías y agentes de influencia de la revolución bolchevique habían ido enviados al extranjero, simultáneamente con militantes del Komintern, bajo las coberturas más diversas, y que los intercambios comerciales y humanos ofrecían un disfraz eficaz a las redes del GRU y del INO.

LA ESCUELA DE NUORTEVA

En Norteamérica este tipo de actividad tenía viento en popa. La prueba: cierto Ludwig Martens, alemán nacido en Rusia, dirige de 1919 a 1921, en el 110 West 40th Street de Nueva York, el “primer apeadero del espionaje soviético en los Estados Unidos”, según el historiador A. C Sutton[35]. ¡Bajó la cobertura de una oscura oficina de negocios, este despacho no tendrá menos de 600 personas a su servicio! El hábil Martens, que era el vicepresidente de una importante firma de equipos industriales de Nueva York antes de esta aventura, se evaporará en la naturaleza a finales de 1920 para escapar a su detención. Reaparecerá un año más tarde en la URSS bajo los hábitos de un alto dirigente de la industria metalúrgica del gobierno soviético[36]. Entre los colaboradores de Martens había otro personaje alto en color: Santeri Nuorteva. De origen finlandés, Alexandre Nyberg (su verdadero nombre), actuaba desde 1918 como portavoz oficioso de la revolución bolchevique en Nueva York.

Si evocamos aquí el caso del señor Nuorteva es porque la aparición de éste en Nueva York recuerda ciertos aspectos del paso de Savitski por Bogotá. Nuorteva se había introducido poco a poco en los medios universitarios de Harvard, en los despachos de la prensa Hearst y en varios circuitos de negocios. Con su amigo Martens, preparaba secretamente el terreno para la futura fundación del Partido Comunista norteamericano (CPUSA)[37]. Como Savitski, quien se rodeó también de intelectuales, de miembros de la prensa y de la clase política, como Luis Vidales, Luis Tejada, Roberto García-Peña, Abel Botero, Moisés Prieto, Gabriel Turbay, Alberto Lleras Camargo, Manuel Antonio Arboleda y Josué Nieto, entre otros, para facilitar la futura fundación del Partido Comunista Colombiano.

¿Tuvo algo que ver la actividad de Savitski con la oficina de Martens? ¿Controlaba también la gente de Nueva York las misiones en América del Sur? De ello no se sabe nada. Sin embargo, parece que una organización clandestina de la IC, destinada a vigilar la actividad de los comunistas en la región del Caribe, conocida bajo el nombre de “Buró del Caribe”, o “Red Caribe”, cuya sede estaba en Nueva York, había sido creada en 1928. Pues México, la primera sede designada para hacer ese trabajo, había sido descartado a causa “de los errores del Partido Comunista mexicano”. Ése “Buró del Caribe”, desmantelado probablemente entre 1930 y 1938, disponía de un subcomité encargado de los asuntos de Colombia y Venezuela y debía coordinar la actividad comunista con el Partido Comunista norteamericano[38].

Según la versión oficial, Silvestre Savitski había sido enviado a China (dice Medófilo Medina) “para adquirir trigo para la revolución”. Debía regresar pasando por el Japón pero allí tuvo “dificultades” con las autoridades. Huyó entonces hacia Panamá, para luego entrar a Colombia. ¿Pasó primero por Nueva York? Este curioso recorrido recuerda, er todo caso, el de ciertos agentes del GRU en la misma época. El del alemán Wilhelm Zaisser, por ejemplo, un oficial del GRU enviado a China en 1925 para espiar bajo la apariencia de un hombre de negocios. Ese mismo Zaisser reaparecerá más tarde en España, en plena Guerra Civil, bajo otra identidad: la del llamado “general Gómez”, jefe de la brigada roja número 13.

¿Se sabrá un día quién era verdaderamente el misterioso “emigrado ruso” Savitski? En cuanto a sus ardientes discípulos, algunos de ellos[39] desempeñarán un papel importante en la fundación del Partido Comunista Colombiano, después de haber participado en la liquidación del PSR. Hay que saber que las cabezas de proa del PSR —Tomás Uribe Márquez, María Cano, Ignacio Torres Giraldo, José Garibaldi Russo y José Vicente Gaitán— no fueron nunca marxistas a carta cabal. Y aún menos cuadros sectarios y disciplinados de un comunismo a la salsa moscovita. El partido que ellos fundaron en 1926 será, en realidad, una mezcla de socialistas de izquierda, de anarquistas, de comunistas, de liberales populistas y de precursoras del feminismo. Entre ellos hubo también una docena de generales jubilados, nacionalistas y virulentos antiamericanos, que no olvidaban la “pérdida” de Panamá de 1903[40]. María Tila Uribe, hija de Tomas Uribe Márquez, escribe en su importante obra, Los años nos escondidos, que el PSR había hecho una “alianza” con una franja de generales jubilados, los denominados “Panchos”, de tradición liberal radical, “Nadie podrá negar —dice María Tila Uribe— que en el grupo de los generales había unos que querían servirse del PSR, que otros habían actuado de modo precipitado y que otros no comprendieron nunca lo que era el socialismo[41]”. Pero no hay que equivocarse ante tal heterogeneidad. El PSR dará verdaderamente un viraje mayor en el panorama político colombiano. El PSR preconiza el derrocamiento del sistema liberal democrático, la ruptura con toda idea de participación parlamentaria y no recusa la utilización de la lucha armada para alcanzar esos fines. El PSR implantará la tesis de que el interés social colectivo de las clases populares se halla disociado de las soluciones y de las realizaciones de la “burguesía”. A pesar de su pequeña talla, de su confusión doctrinaria aparente y de su base heteróclita, el PSR será un bolchevismo, un bolchevismo preleninista quizás, pero un bolchevismo a pesar de todo, es decir, una corriente de radicalidad extrema y una intransigencia sin antecedentes en Colombia, una nueva ideología política que buscaba polarizar todo el sistema colombiano, alejar la gente de los partidos tradicionales y quien tenía, además, vínculos y aliados en el extranjero. Es eso lo que María Cano llamará la “desliberalización” de las masas[42]. El modelo propuesto por Lenin, quien había anunciado profundos cambios inmediatos y, sobre todo, que aparecía victorioso, seduce y enloquece en la Colombia de esa época. El PSR cae así, objetivamente, sin saberlo quizás, al servicio de un poder extranjero, la Rusia revolucionaria. Los líderes del PSR creían estar al servicio de ciertas ideas políticas. Ellos serán, en realidad, como se verá, los esclavos de un imperialismo. A partir de esa ruptura capital, de esa dislocación que concreta el trabajo de Savitski, las alas izquierdas de lo partidos políticos colombianos no serán jamás como antes.

Muy motivado, el PSR se lanza a la organización de huelgas violentas como aquella contra la Tropical Oil Company de enero-febrero de 1927 en Barrancabermeja, la cual estuvo a punto de cortar las comunicaciones y el comercio entre Bogotá y la ciudad portuaria de Barranquilla, sobre la costa atlántica. Otras maniobras y sabotajes son realizados de manera concertada y simultánea, como los incendios de los depósitos de petróleo de la Tropical Oil Company en Girardot, en el centro del país, y la huelga violenta del Ferrocarril del Pacífico, al sur. Detrás de esas vastas accione actuaba la mano de Moscú. Los militantes del PSR dirigen, igualmente la huelga contra la United Fruit Company de 1928, grave episodio que pasará a la historia de Colombia bajo el nombre de la “masacre de la bananeras[43]”.

UNA HUELGA ESPECIAL

La huelga de las bananeras será provocada no tanto por una cuestión de salarios sino por una interpretación de los derechos de los obreros a estar asegurados[44]. El papel de delegado sindical y negociador de la huelga será dado a un militante del PSR, Erasmo Coronel, quien cumple instrucciones de Raúl Eduardo Mahecha, uno de los activistas del Komintern en Colombia y miembro del PSR[45]. Alberto Castrillón, otro agitador y orador virulento, había llegado de Moscú hacia poco tiempo. La huelga de las bananeras movilizara sólo a una minoría de los 32.000 obreros de la zona. Pero ellos serán, de todas formas, varios miles y estarán bien guiados y armados con machetes y armas de fuego. De hecho, Erasmo Coronel perderá la vida durante el ataque de un grupo de huelguistas contra un grupo de policías sitiados en la estación de Sevilla. Horas después, un serio contraataque del Ejército se desata en Ciénaga, a algunos kilómetros del puerto de Santa Marta, y el conjunto de dirigentes del PSR que actúa en la zona es dislocado. Unos serán capturados, otros pasan a la clandestinidad o se refugian en Venezuela.

La huelga durará un mes, del 11 de noviembre al 10 de diciembre de 1928. Ella es descrita frecuentemente por los historiadores de izquierda como un movimiento espontáneo y pacífico de los obreros de la región de Santa Marta, exasperados por los abusos de una empresa sin piedad. Tal descripción tiene poco asidero en la realidad. La huelga de las bananeras fue una operación más vasta, más violenta y complicada que eso. Y, en todo caso, una huelga muy poco espontánea.

No es falso que la United Fruit Company era dura con sus obreros. La empresa se negaba a pagar las prestaciones sociales previstas por la ley colombiana, so pretexto de que ella no era el empleador directo. Los trabajadores colombianos de la UFC vivían en condiciones de vida inferiores a las de los trabajadores extranjeros. La jornada de trabajo era de 18 horas. Algunos obreros llevaban sus hijos a las plantaciones para que les ayudaran a trabajar, pero los niños no recibían pago alguno. Los accidentes de trabajo eran frecuentes y mal tratados. El sistema de pago era absurdo: la UFC pagaba 5,50 pesos por día y por obrero al empresario, el cual pagaba 3,50 pesos al subcontratante. El obrero recibía, finalmente, 2 pesos. Superiores a los de otros sectores de la agricultura del país, esos salarios eran pagados con bonos que obligaban a los obreros a comprar sus provisiones en las cooperativas de la empresa[46].

Es evidente que las motivaciones de los huelguistas eran legítimas. Sin embargo, sus reivindicaciones fueron manipuladas a sus espaldas por el PSR y por la oposición liberal al gobierno de Miguel Abadía Méndez, para intentar hacer de esa huelga una tentativa de “revolución” en Colombia y Venezuela. Peor aún, en su impaciencia por golpear al “imperialismo norteamericano”, Moscú perjudicará, en realidad, a los trabajadores. Un aspecto mal conocido —o deliberadamente ocultado por los publicistas marxisantes reside en el papel desempeñado por los agentes de Moscú en esa “batalla antiimperialista”. Hay que saber que Raúl Eduardo Mahecha y los otros conductores de la huelga no estaban solos. Al lado de Mahecha se encontraba Augusto Duran[47], una de las cabezas pensantes del grupo y quien en los meses siguientes hará parte del bloque fundador del Partido Comunista Colombiano. Con él está el francés Octave Rabaté, alias Austin, y el americano Joseph Kornfeder, alias John Sacks, dos agentes puro jugo del Komintern, quienes actuaban como “asesores” de Durán. Según las autoridades de Santa Marta, otros dos operadores extranjeros trabajaban con Mahecha: Girón, un mexicano, y Lacambra, un español[48]. Un tercer hombre, cuya nacionalidad no será determinada, es Christian Vengal, quien será detenido durante unas horas en Ciénaga, antes de ser liberado bajo la presión de la calle.

Ricardo Sánchez, un autor colombiano de izquierda, estima que la huelga contra la United Fruit Company, una acción de vastas proporciones, fue algo más que un simple combate sindical contra una empresa agrícola. En su obra Historia política de la clase obrera colombiana, Sánchez afirma, sin ir más lejos, que el coronel Carlos Cortés Vargas, jefe de las tropas despachadas a la zona bananera por el gobierno, “hablaba de [la existencia] de un soviet en la región y [que] el gobierno decía que no había una huelga sino una insurrección[49]”.

¿Insurrección? Ciertamente. ¿Soviet? Eso es menos claro pues no se encontrarán jamás rastros de democracia de masas, de asambleas o de verdaderos consejos obreros en los plantíos. La acción será decidida en secreto, por pequeños cenáculos de conspiradores. A pesar de la versión habitual que describe el origen de esta peripecia como una huelga “pacífica y local, reprimida brutalmente por el Ejército”, los rastros de una verdadera insurrección popular, con ramificaciones armadas en otras regiones de Colombia, son visibles incluso en las obras que hacen la apología de esta sangrienta aventura. María Tila Urib[50] admite, por ejemplo, que hubo, antes y después de la matanza, “enfrentamientos y combates”, que los huelguistas habían preparado “acciones armadas y de fuerza”, que disponían de bombas y de armas, que había por lo menos “diez mil hombres armados de machetes” y que algunos grupos de huelguistas disponían de fusiles. Esa autora explica que una “buena parte de la població[51] estaba alineada en el campo del levantamiento armado” y que ciertos activistas realizaron “operaciones de sabotaje contra los trenes que transportaban las tropas y los trabajadores enganchados para romper la huelga”. Que ésta tenía una “dirección secreta” la cual había dividido la zona bananera en “63 secciones para mejorar las operaciones”.

En efecto, a lo largo de los 30 días que duró la insurrección, los hombres de Mahecha se dedicaron a hacer destrucciones y atrocidades. La negociación con el gobernador del departamento y la UFC, en la que participa Erasmo Coronel, llega a un principio de acuerdo que es rechazado inmediatamente por Mahecha. Las tentativas ulteriores de conciliación fracasan. A partir de ese momento, los huelguistas se desbocan: atacan a los empleados colombianos y a los norteamericanos y a sus familias, y amenazan con quemarlos vivos en sus casas. Golpean y encarcelan a cultivadores y comerciantes. Matan a tiros a Margarita Corzo, de 25 años, la esposa de Anselmo Corzo, un contramaestre de la hacienda Normandía, en Orihueca (Sevilla), y luego asesinan a su hermano, Luis Corzo. La casa de la familia Corzo es saqueada y Anselmo Corzo es obligado a huir (él será declarado desaparecido más tarde). Saquean e incendian otras casas, los despachos, los almacenes, los talleres, las bodegas, los establos y los campamentos de la UFC. En total, 39 edificios son demolidos. La mayoría de las líneas telegráficas y telefónicas de la región son cortadas y varios trozos del ferrocarril son destruidos. Las primeras estimaciones de las perdidas materiales serán de 1.250.000 dólares, cifra que se descompone así: pérdidas sufridas por la United Fruit Company: 800.000 dólares; pérdidas sufridas por el ferrocarril: 150.000 dólares; pérdidas causadas a los particulares: 300.000 dólares[52].

El plan de acción de los agitadores parecía no tener falla. Grupos armados y bien coordinados atacan las patrullas del Ejército y logran desarmarlas, antes de adueñarse de las locomotoras y de sus cargamentos. Al mismo tiempo, los agitadores empujan la muchedumbre a fraternizar con los soldados, para incitar a éstos a cambiar de bando. Alberto Castrillón, uno de los más ardientes agitadores “antiimperialistas” de la insurrección, llegado de Moscú meses antes, habla en los mítines sobre la constitución de “soviets” en la región. Él difunde el rumor de que el Ejército no disparará contra los manifestantes pues “él está con los huelguistas”. La otra impostura clave de Mahecha y Castrillón, imaginada para cegar a las gentes, era que el Japón y Rusia habían prometido “respaldarlos[53]”.

“¡LE REGALAMOS EL MINUTO QUE FALTA!”

El primer objetivo de los rebeldes es paralizar la producción de las bananeras. Empiezan por echarse sobre los obreros ele base. Organizados en pequeños grupos, los activistas fuerzan a los obreros a parar el trabajo y a seguirlos bajo la amenaza de ser golpeados con garrotes y machetes. Otros grupos más numerosos se adueñan de las locomotoras y del ferrocarril. Otros distribuyen octavillas y sobre todo una hoja destinada a los soldados, impresa por Mahecha en una tipografía portátil. Queriendo proteger los trenes que llevaban los racimos de banano hasta el puerto de Santa Marta, el coronel Carlos Cortés Vargas, enviado de Bogotá, fracciona sus tropas en pequeños grupos, lo que facilita al comienzo la labor de los asaltantes, superiores en número. El 5 de noviembre, un grupo de 12 agentes de Policía que había sido despachado a Sevilla para proteger a una docena de norteamericanos y a dos colombianos hostigados pollos rebeldes, es cercado en la estación por una muchedumbre de 800 huelguistas. Algunos están armados de fusiles. Frente a la negativa de los policías de entregar armas y uniformes, los sitiadores disparan. Es el comienzo de un combate que durará 10 horas en el que el teniente Quintero morirá[54]. Igual suerte corre el jefe huelguista Erasmo Coronel. Enseguida, los agresores son a su vez atacados por una patrulla del Ejército la cual dejará, durante la persecución de los fugitivos, 29 muertos. Alertado por sus servicios, el ministro de Guerra, el general Ignacio Rengifo, critica la idea del coronel Cortés Vargas de fraccionar las tropas y le ordena cambiar de táctica. El militar reagrupa a sus soldados y policías y vuelve a enviar escuadrones reforzados a los lugares más amenazados. Estos hombres impedirán otras matanzas, liberarán a los civiles y a los soldados cercados o encarcelados y retomarán el control de los trenes.

Acorralados, los huelguistas reagrupan sus tropas y conforman una muchedumbre de 3.000 hombres armados que marcha sobre Ciénaga, pueblo de 27.000 habitantes, donde ya 2.500 huelguistas que portan machetes se han adueñado de la estación. La orden de Mahecha, que se ve ya convertido en “conductor de pueblos”, como lo dice en una de sus arengas[55], es desarmar a los militares que protegen las locomotoras, incendiar los depósitos y “cortar las cabezas de los productores y de los contramaestres[56]”. Nada menos. Mahecha pensaba que después de saquear Ciénaga podría marchar sobre Santa Marta[57], puerto mal protegido sobre el océano Atlántico. Frente a tal desafío y ante la llegada inminente de la nueva legión de rebeldes, el pánico se apodera de Ciénaga. El día de los hechos, el diplomático francés Albéric Neton escribe que “los periódicos de oposición, al mismo tiempo que critican, por espíritu partidista, la actitud del gobierno, apelan a la sabiduría de los obreros para que renuncien a las ideas de rebelión que parecen visiblemente dominarlos”. Pero esos llamados serán vanos. El gobernador del departamento, quien había desempeñado un papel ambiguo, dimite. En Bogotá, el gobierno nacional declara el estado de sitio en la zona bananera y ordena a Cortes Vargas hacer cesar rápidamente los desórdenes. Cortes Vargas reacciona. A los huelguistas amontonados en la estación de Ciénaga el militar intima la orden de dispersarse. En vano. Es la una y treinta de la madrugada del 6 de diciembre. El capitán Julio Garavito Ice entonces al gentío los dos decretos que declaran el estado de sitio y ordena la liberación de los lugares. El capitán anuncia: “Tienen cinco minutos para retirarse”. Injurias llueven del campo contrario. Garavito grita: “Un minuto más y se romperá el fuego”. “¡Le regalamos el minuto que falta!”, replica, desafiante, uno de los huelguistas. La masa, envalentonada, insulta copiosamente a los militares. Cortés Vargas repite tres veces la misma intimación. Nadie se mueve. “La muchedumbre parecía como clavada al suelo”, dirá uno de los testigos más tarde. “¡Fuego!”, grita finalmente Cortés Vargas. “¡Tenderse!”, replica una voz en la plaza. Los militares disparan. Una sola ráfaga. La multitud se derrumba como un solo hombre. “¡Alto el fuego!”, ordena de nuevo el coronel. Disciplinada, la tropa obedece. Los huelguistas escapan a toda prisa, dejando el suelo alfombrado de machetes, sombreros y atuendos. En la plaza yacen los cuerpos de 20 personas. Todos son hombres. De ellos, nueve ya están muertos. Dos heridos fallecen en el hospital horas después. Los nueve restantes serán dados de alta en los días que siguen.

En desbandada y aterrorizada, la muchedumbre tropieza con la vanguardia de los otros amotinados que marchaban sobre Ciénaga. Pero nadie osa frenar la multitud ni organizar un contraataque. Durante la fuga, Mahecha deja escapar la orden de atacar a machete a los administradores de la UFC. La consigna es “golpear a todos los que tengan polainas”, pues las polainas eran el símbolo de pertenencia a la clase de los propietarios y de los contramaestres. Viendo caer las primeras víctimas, los empleados de la firma huyen por los riachuelos y por la Ciénaga Grande. Unas escaramuzas se siguen aquí y allá entre huelguistas y militares pero la insurrección está ya vencida. “Diez minutos de retraso y habrían habido cientos de víctimas inocentes”, escribirá Carlos Cortés Vargas meses después. “Un combate en las calles de Ciénaga habría sido algo espantoso, nuestros proyectiles habrían atravesado las delgadas paredes de bahareque o tabla y habrían ido a buscar las mujeres y los niños inermes[58]”, concluye. Ningún jefe de la insurrección será capturado. La leyenda dice que Raul Eduardo Mahecha y su brazo derecho, José Garibaldi Russo, encontraron refugio en las montanas de la Sierra Nevada. Añade que Mahecha había sido herido. Lo que no le impidió a éste ganar Barranquilla, a 90 kilómetros de Ciénaga. Diez días después, Mahecha llega a Cartagena, a 200 kilómetros de Barranquilla, de donde pasa a Panamá. Allí toma un barco que lo lleva a México[59], sede probable de los más altos jefes de la insurrección.

Cincuenta y cuatro personas serán juzgadas en los consejos de guerra que siguen. Veintidós serán absueltas y 31 condenadas, de las cuales nueve a penas de prisión superiores a los diez años.

Colombia vive en esos momentos los últimos días del gobierno de Abadía Méndez[60], último presidente conservador de un largo período regido por los jefes de esta formación política. El crash financiero internacional había golpeado las finanzas públicas y privadas de Colombia. La suspensión de varias grandes obras públicas había hecho estallar olas de descontento. Profesor de derecho constitucional y de economía política antes de ser elegido[61], el presidente Abadía Méndez era un humanista liberal en el sentido más cabal de la palabra. El 20 de julio de 1928, él se había dirigido a la nación para hacer una clara condena del régimen fascista en Italia y de los otros totalitarismos. Abadía Méndez hará un análisis exacto de los peligros del cesarismo mussoliniano, por un lado, y del comunismo, por el otro, precisando que los dos fenómenos son “fuerzas destructoras y teorías disolventes que intentan aniquilar a corto plazo la obra civilizadora de tantos siglos”. Abadía lanza igualmente una advertencia indirecta a los políticos colombianos que, en la oposición y en el Partido Conservador, se sentían atraídos por la gesta de Mussolini. En agosto de 1928, cinco meses antes del desencadenamiento de la insurrección de las bananeras, Abadía Méndez estaba inquieto. Albéric Neton había comprobado igualmente que la agitación sin freno de doctrinas subversivas y los excesos que seguían “quedaban impunes por el hecho de que ninguna sanción legal estaba prevista[62]”, Y que la oposición liberal y las organizaciones socialistas habían constituido “un frente único de combate y realizaban en todo el país y más particularmente en la costa norte, donde el elemento obrero es más fuerte, una campaña de agitación, larga y sistemática”. Para remediar eso, el jefe de Estado había pedido a las dos Cámaras “el voto rápido de un proyecto de ley llamado de defensa social, destinado a dar al gobierno las armas jurídicas necesarias para luchar más eficazmente contra la propaganda comunista”.

Como se ha visto, las preocupaciones del presidente Abadía Méndez estaban lejos de ser infundadas. Si se cree al diplomáticio francés, la necesidad de orden y de calma estaba plenamente justificada pues la economía y la posición exterior de Colombia eran “delicadas”, sin contar con “las pasiones que levantaban, por un lado, el negocio de las concesiones petroleras y la agitación que se observaba, por otra parte, en la costa norte, región vecina de Venezuela, cuyos límites mal definidos son tan propicios a los malos golpes[63]”.

Así fue como fracasaron los planes revolucionarios de Tomás Uribe Márquez, el secretario general del PSR. Según María Tila Uribe, él había enviado un mensaje algunos días antes, donde daba la orden a los huelguistas de hacer esfuerzos para “generalizar el movimiento de solidaridad”, “organizar el asalto de las prisiones” y “dar a la huelga el carácter de un movimiento antiimperialista”. Según Uribe Márquez, “esto cambiará las cosas y obligará al gobierno a desacreditarse ante la opinión pública[64]”. Firmado con su nombre, el mensaje contenía una curiosa expresión: “Vuestro general”. ¿Uribe Márquez, violentamente antiamericano, se tomaba por un Sandino bis? Con esas órdenes, Uribe Márquez develaba, en todo caso, las instrucciones dadas por el Komintern de explotarlos sentimientos nacionalistas “en los países coloniales” para “hacer de ello una palanca que permitirá debilitar al imperialismo[65]”. Esa línea de acción había sido lanzada por los comunistas rusos en 1924 y ratificada por ellos en 1928.

EL KOMINTERN SE IMPLICA A FONDO

Al mismo tiempo, y en coordinación con la huelga contra la United Fruit Company, la gente del PSR prepara otra insurrección en el corazón mismo de Colombia, en el departamento del Tolima. Allí había más de 300 campesinos bien armados, algunos con fusiles Mauser y Grass modernos robados a un cuartel del Ejército por un grupo de rebeldes venidos de Neiva, Gigante y Campoalegre y dirigidos por César Guerrero y José Álvarez. Armas era lo que había. En el departamento vecino del Valle, más al oeste, los rebeldes tenían tacos de dinamita. Las autoridades de Bogotá y de Girardot habían decomisado “granadas y bombas[66]”.

La idea de la insurrección general había sido adoptada por el PSR durante su reunión de La Dorada, en septiembre de 1927. En julio, Francisco de Heredia, otro de los dirigentes del PSR, había encontrado la muerte en condiciones misteriosas en un incendio en San José de Costa Rica, donde se encontraba para establecer contactos con agentes extranjeros. Las bases organizativas de la insurrección serán fijadas en julio de 1928, por la Conferencia Nacional del Socialismo Revolucionario, realizada en la clandestinidad. Durante otra reunión secreta en Chocontá, no lejos de Bogotá, probablemente en septiembre de 1928, Tomás Uribe Márquez se reúne con Emilio Arévalo Cedeño, un general rebelde venezolano en lucha contra la dictadura de Juan Vicente Gómez. Ellos firman un acuerdo militar de dos puntos: 1. La insurrección en Colombia deberá hacerse en coordinación con la rebelión de Venezuela; 2. Un número indeterminado de armas, financiadas por los venezolanos, deberá ser fabricado, adquirido y ocultarlo en Colombia[67].Pero como las fuerzas de Arévalo Cedeño habían sufrido una ruda derrota el 23 de agosto, la víspera de la toma rebelde de Cumaná, esa coordinación no tendrá, durante la huelga de las bananeras, el impacto previsto.

El sociólogo francés Daniel Pécaut estima que el PSR no fue la fuerza dirigente de esas tentativas insurreccionales pues ésta fue ejercida por el Partido Liberal, determinado como estaba a derribar la llamada Hegemonía Conservadora[68]. Esa explicación no es totalmente falsa pues en verdad había sectores liberales que querían echarle bala al gobierno conservador de Abadía Méndez. Sin embargo, ese análisis desconoce el vertiginoso deslizamiento de cientos, si no de miles, de militantes del Partido Liberal hacia el PSR, fenómeno que será comprobado, no sin inquietud, por un líder liberal, Alfonso López Pumarejo, en su carta del 26 de abril de 1928, publicada por el periódico El Tiempo. Curiosamente, esa carta deja de lado el comportamiento muy activo y parcialmente visible de los agitadores profesionales del PSR y el papel no menos capital de los agentes del Komintern, quienes actuaban con su propia perspectiva e intentaban sacar partido de la confusión reinante en favor de los designios del Kremlin. Es muy claro que la crisis del mundo capitalista de los años 1929-1930 tomaba en Colombia formas bastante particulares. Y que laIChabía decidido no privarse de explotarlas aplicando las orientaciones de “lucha por el poder” puestas ya en marcha, sin gran éxito, en varios países.

La escasa información suministrada en esa época por el Komintern permite saber que éste había sido alertado sobre la situación en Colombia por sus propios analistas y sobre todo por los informes bastante exagerados dados por los activistas colombianos enviados en 1927 a Moscú para la celebración de los diez años de la Revolución de Octubre[69]. Queriendo ponerse al unísono con el clima enrabiarlo de la línea del Komintern[70], ellos querían acreditar la idea de que en Colombia reinaba una situación “prerrevolucionaria”. Según ellos, Colombia estaba en vísperas de un “levantamiento popular” que tenía por blanco no sólo el régimen de Abadía Méndez sino también las importantes inversiones locales del “imperialismo norteamericano”. Con tales pronósticos, los camaradas de Colombia, encuadrados por instructores de la IC[71]., habían puesto manos a la obra. Según ellos, un golpe de fuerza era realizable y podría hasta tener efectos sobre el bastante próximo canal de Panamá, controlado por los norteamericanos, e incluso sobre la dictadura de Juan Vicente Gómez en Venezuela. Eso explica por qué los agitadores del PSR actuaban de concierto con los venezolanos armado[72] quienes querían tumbar la dictadura de Gómez quien tenía una relación “mutuamente satisfactoria” con las compañías petroleras internacionales, según la fórmula del historiador David Bushnell[73].

La huelga contra la United fruit Company era, pues, el árbol que escondía el bosque: una huelga como pretexto para desencadenar una insurrección obrera y campesina en la parte norte de Colombia. Una insurrección que tenía otro ingrediente: el probable levantamiento de regiones enteras en el centro del país. Esos levantamientos, que tenían por meta la toma del poder en Colombia por una coalición tácita entre liberales, anarquistas y socialistas revolucionarios, todos infiltrados más o menos por los agentes del Komintern, era también la señal para despertar otros puntos de agitación, cuyas olas sísmicas podían extenderse hacia el norte de Venezuela e incluso hasta Panamá.

La amplitud y el raro radicalismo de esa operación no pasarán desapercibidos para los observadores ulteriores de esas aventuras. “No se encontrará, antes de mucho tiempo, parecido estado de movilización política”, constata Daniel Pécaut. “La protesta antiimperialista ha revestido un carácter concreto y una amplitud que no será siempre así de perceptible”, añade. Pero la explicación de Daniel Pécaut acerca de este encadenamiento inédito y violento de luchas —una tentativa, según él, de “recuperación de la identidad cultural de la que las masas habían sido privadas en el siglo XIX”— es abstracta y un poco corta. Todo el aspecto de la infiltración oculta del Komintern en la explotación y en la manipulación de una huelga dura y de la situación social de Colombia en los años 1928 y 1929, y de sus perspectivas insurreccionales a nivel regional e internacional, es omitido o dejado de lado.

UNA VOLUNTAD DE OCULTACIÓN

Por razones aún no muy aclaradas, casi toda la historiografía colombiana trata los acontecimientos de 1928-1929 con una rara miopía. Para aquélla, la huelga de las bananeras no es más que una huelga local cobardemente reprimida. Punto. Ninguna intervención sensible del exterior llamará la atención de los autores de esos relatos. Así fue como se emprendió, con relativo éxito, un amplio trabajo de mistificación de la realidad política de esos años y de ocultación de los esfuerzos exógenos en la “lucha de clases colombiana”. La consecuencia directa de esa voluntad de ocultación es que aún hoy siguen bajo la sombra períodos completos de esa parte de la historia colombiana. Por ejemplo: ¿quién en verdad dirigió la insurrección de las bananeras? ¿Cuántos muertos hubo el 5 y el 6 de diciembre de 1928? ¿Cuántos obreros? ¿Cuántos soldados? ¿En qué tipo de combates? ¿En qué lugares? María Tila Uribe afirma que los relatos populares hablan de “800 a 3.000 muertos”, que la versión oficial admite “entre 15 y 20 muertos[74] y que los investigadores (no nombrados) consideran que hubo “1.200 muertos en la plaza de Ciénaga” así como “800 muertos en las plantaciones durante la ofensiva de 15 días del Ejército”. Por último, y según los propios cálculos de María Tila Uribe, hubo 2.000 muertos y “700 sobrevivientes”, mientras que, siempre según ella, 5.000 personas habrían llegado a esa plaza antes de la masacre. ¿Qué pasó, entonces, con los 2.300 restantes? Otro enigma: en julio de 1935, en Moscú, durante el VII Congreso Mundial de la IC, un misterioso “camarada René” (o Renke), afirma, en nombre de la sección colombiana, que “1.200 obreros fueron matados por el gobierno clerical-conservador” durante la huelga de las bananeras. ¡Sin embargo, no hay el menor rastro de esa matanza en la Correspondencia Internacional de 1929! ¡El silencio del órgano central del Komintern sobre ese grave hecho, donde la sección colombiana había desempeñado el papel de víctima, es abrumador, cuando se sabe que la IC no dejaba pasar la menor ocasión para denunciar los “crímenes del imperialismo” y de sus aliados en el llamado mundo “semicolonial[75]”!

Se encuentra la misma imprecisión en la obra de Jorge Eliécer Gaitán, un joven y poco conocido diputado liberal que hará, en septiembre de 1929, una ruidosa intervención de cuatro días en la Cámara de Representantes colombiana para denunciar la masacre de las bananeras. Durante su exposición, Gaitán evoca la cifra abstracta de “más de mil muertos” en la plaza de Ciénaga y en otros lugares. Esta vaguedad en torno de las cifras y de los acontecimientos probablemente se debió a la ausencia de una recapitulación rigurosa de los hechos. Gaitán, sin embargo, durante la preparación de su intervención, había visitado la región de Santa María. A causa de eso, su imprecisión acerca de lo ocurrido es conmovedora.

Durante su requisitorio, Gaitán presenta como prueba de sus afirmaciones nueve cartas dirigidas a él por particulares. También 12 declaraciones recibidas por varios jueces de la región de Santa Marta. Pero el contenido de esos documentos no es concluyente. Una sola carta, la de Antonio Fontalvo, es autenticada. Una sola declaración emerge: la de Rafael Rivadeneira quien dice que vio “más de 20 personas asesinadas”. Pero otro testigo, Luisa Roy, dice haber visto sólo una persona muerta. Samuel Restrepo reitera que vio un muerto únicamente. En cambio, Alberto Castilla dice haber visto que los cadáveres eran “enterrados en una zanja profunda[76]”. Manuel Campo añade otra precisión pero diferente: que los muertos fueron “lanzados al mar”. En cuanto a Benjamín Restrepo, hace un relato sobre la base de las declaraciones de un tercero cuyo nombre oculta.

Por otra parte, el relato del gobernador de Santa Marta es mencionado por Gaitán pero su contenido no es transcrito en el volumen publicado más tarde por el Centro Gaitán, dirigido por la propia hija de Gaitán. El documento publicado por ese instituto, presentado como la transcripción completa de la intervención de Jorge Eliécer Gaitán en la Cámara de Representantes, contiene cortes inexplicables e inexplicados de algunos momentos claves del debate, precisamente donde Gaitán parece abordar puntos importantes, como los antecedentes de la huelga (página 68), la inculpación de Santiago Peinado, uno de los huelguistas (página 78), el relato del gobernador de Santa Marta (página 79), el relato del jefe militar Carlos Cortés Vargas (página 79), el relato del jefe de la Policía del departamento del Magdalena (página 79), un relato sobre el sabotaje de las líneas telefónicas (página 80), los telegramas de Cortés Vargas (página 84) y las hojas de pago de los obreros de la United Fruit Company (página 93). Las lagunas sobre los episodios de la huelga y sobre la represión de ésta, evidentes para quien hace una lectura atenta de los documentos presentados por el orador Gaitán, merecían la apertura de una investigación parlamentaria. No obstante, Gaitán se abstiene de pedir tal investigación al final del debate. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Gaitán justifica su denegación con dos argumentos expeditivos: “No creo en las comisiones de investigación” y “no creo en la justicia mientras exista un régimen vergonzoso como éste[77]”.

GAITÁN NO QUIERE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

¿Pero hasta dónde se pueden tomar los argumentos de Gaitán al pie de la letra? El Partido Liberal tenía un buen número de escaños en el Parlamento. Sus diputados habrían podido participar en tal comisión. Abogado dotado de vibrante elocuencia, Gaitán litigaba todos los días y con éxito en los tribunales y hará eso hasta el final de su vida. Gaitán creía pues, inevitablemente, en la justicia de su país. Sabía muy bien que el gobierno conservador no era una dictadura. ¿Entonces por qué elude todo esfuerzo para ir más lejos en la búsqueda de la verdad sobre la huelga de las bananeras? Ese conflicto había producido una voluminosa documentación que una comisión de investigación parlamentaria habría podido reunir y examinar: las comunicaciones entre el gobierno de Bogotá y el general Cortés Vargas, los telegramas entre éste y sus superiores en Bogotá, con el gobernador del Magdalena y con los alcaldes de los cuatro pueblos afectados por la huelga, las comunicaciones entre Cortés Vargas y sus oficiales; los numerosos artículos de la prensa nacional y regional; los numerosos testimonios de los militares y de los huelguistas que habían protagonizado los hechos; los testimonios de las víctimas de los atropellos y crímenes de los huelguistas; los testimonios de los sindicalistas detenidos, de las personas heridas en el tiroteo del 6 de diciembre, etc. Sin embargo, nada de eso fue señalado por Gaitán en su injusta catilinaria contra Cortés Vargas y el gobierno conservador. ¿Quién quería impedir que toda la luz fuera hecha[78] sobre ese episodio? ¿Gaitán? ¿Los liberales? ¿El PSR? ¿El gobierno? ¿El Ejército? ¿Los agentes extranjeros menos visibles del Komintern?

Comision de investigación o no, la verdad es que la argumentación de Gaitán era discutible. Apenas comenzó su “debate” (no contradictorio), una avalancha de rectificaciones y desmentidos llega al presidente de la Cámara. Personalidades civiles y militares, ciudadanos de diferentes sectores, de Santa Marta y de sus alrededores, denuncian las “fabulaciones” del joven diputado. Entre ellos, el obispo de Santa Marta, quien no sin discernimiento se pregunta: “¿Cómo es posible que los crímenes horribles de que se habla en el Congreso hayan podido cometerse sin que nadie haya sido informado hasta hoy? Y si alguien lo supo ¿por qué esa persona no emitió la menor protesta?”.

Al adoptar la idea de la “huelga pacífica”, Gaitán no tendrá una sola palabra de piedad por las víctimas de los asaltantes y se abstendrá de denunciar las atrocidades cometidas por éstos, pues Gaitán sólo tiene un único objetivo: demostrar que la United Fruit Company y el coronel Cortés Vargas “asesinaron a un pueblo inocente”. Gaitán descarta toda participación del comunismo en la insurrección. A su modo de ver, eso es una “invención de Rengifo”, el ministro de Guerra. Niega sin más que haya habido el peligro de una intervención de los marines norteamericanos, punto que había preocupado a Bogotá ya que Thomas Bradshaw, gerente de la UFC, había mencionado esa posibilidad en caso de desbordamiento del Ejército.

El Partido Liberal, por su parte, sólo aspiraba a reinstalarse en el poder al precio que fuera. Y pagó por eso un precio muy alto. Ayudó a montar en detalle, con sus aliados del PSR, el episodio de la “masacre” de las bananeras, para desestabilizar el gobierno conservador. Peor, creó un precedente de disculpación y de banalización de las violencias de ciertos actores políticos, el cual se volverá más tarde un modelo que tendrá efectos desastrosos para la democracia colombiana. A partir de 1935, y también bajo la influencia del New Deal de Franklin Delano Roosevelt, algunos jefes liberales, como Alfonso López Pumarejo y Eduardo Santos, van a hacer el mal cálculo de que el comunismo en Colombia es sólo una corriente política complementaria del liberalismo, y un aliado raro pero útil, a veces incómodo, a veces vergonzoso, pero una carta que es necesario tener a mano en algunas circunstancias. Sobre todo durante los combates políticos contra el adversario conservador acerca del modelo de sociedad que debe construirse, y cuando la agitación social amenaza desbordar ciertos límites. Por otra parte, Stalin pedía a los partidos comunistas latinoamericanos aliarse e incluso incrustarse en los partidos “burgueses”, sobre todo en los partidos liberales, para aumentar las posibilidades de los comunistas de infiltrar la dirección de esos partidos y de las instituciones claves del país. La instigación de los agentes de Moscú había sido tan evidente en la huelga de las bananeras, y en las violencias desencadenadas posteriormente en los departamentos de Santander y Tolima, que Albéric Neton, el ministro de Francia en Bogotá, escribe: “Parece que los dirigentes de Moscú han incluido a Colombia en su campo de acción. Explotan la extrema carestía de la vida, la insuficiencia de los salarios, una bastante mala organización del trabajo. […] El Gobierno es, a esta hora, perfectamente consciente del peligro y no menos perfectamente resuelto a enfrentarlo por todos los medios[79]”.

En este contexto, y con la crisis financiera nacional como tela de fondo, los que habían perdido el combate en Ciénaga podían aspirar a ganar la opinión por carriles desviados, por la subversión de los espíritus, por el trabajo de los compañeros de ruta. El “debate” de Jorge Eliécer Gaitán fue el punto culminante de esa estrategia. En la Cámara de Representantes, la acusación de Gaitán sonará excesiva, sin matices y sin verdaderas pruebas. No obstante, y por el contrario, tendrá un gran eco en la prensa liberal. La promesa de Gaitán de hacer “graves revelaciones” había atraído un público ávido de sensacionalismo. En una semana, el desconocido diputado liberal se forjará un nombre.

Su discurso choca a los diputados de derecha, así como a una parte de los diputados liberales, quienes abandonan el hemiciclo durante la sesión del 5 de septiembre. Pero el verbo incendiario de Gaitán termina por imponerse en un paisaje político polarizado y el recuento completo del episodio de las bananeras será olvidado. La leyenda de la “masacre de las bananeras” nace de esa manera. Gaitán obtiene del Congreso, además, la aprobación de una ley que permite la revisión, ante la Corte Suprema de Justicia, de todos los consejos de guerra, así como la puesta en libertad condicional de todos los condenados. La mayoría de ellos se beneficiará de reducciones de penas y saldrán de prisión nueve meses más tarde.

El caso más elocuente es el de Alberto Castrillón, quien había sido condenado a 24 años de prisión. Él verá reducida su pena a 10 años y será amnistiado algunos meses más tarde. Ignacio Torres Giraldo, miembro de la dirección nacional del PSR, no será objeto de pleito alguno. Liberado al cabo de seis meses ele detención, se embarca para Hamburgo. Llega a Moscu a finales de 1929 donde trabajará para el Profintern, la Internacional Sindical Roja[80]. En cuanto a Tomas Uribe Márquez, la eminencia gris de la rebelión armada, él arriesgaba mucho. Empero, gracias a la intervención de su abogado, Jorge Eliécer Gaitán, sale con una condena teórica de dos años de prisión ya que será puesto en libertad diez meses más tarde. Gaitán había intentado demostrar que Uribe Márquez era inocente ya que en la zona bananera, según él, “no había habido rebelión, ni conspiración comunista ni revolución[81]”. Esta demostración de indulgencia de la justicia colombiana y el tránsito, en seguida, de una hegemonía conservadora a una hegemonía liberal, sin que el Ejército hiciera el menor comentario, constituyen contraejemplos de lo que la propaganda del PSR calificaba de “régimen conservador fascista”. Estos hechos históricos nunca han podido ser explicados por los ideólogos de la ultraizquierda colombiana.

Pese a ello, los liberales extremistas fallaron en su tentativa de matar moralmente al ministro Ignacio Rengifo y al general Cortés Varga[82]. La coalición de hecho que ellos habían constituido en la Cámara con conservadores ultras consigue, a principios de octubre, acusar ante el Senado, transformándolo en Tribunal de Justicia, al antiguo ministro de Guerra. Empero, un mes después, el Senado dirá no a la baja maniobra. Furiosa, la coalición multiplica sus gestos de intimidación y obstrucción contra el gobierno. “Es así que ella se esfuerza desde hace varias semanas en impedir la aprobación del presupuesto nacional, a pesar de las llamadas desesperadas del ministro de Hacienda quien no ha ocultado nada acerca de la gravedad de la hora”, constata el ministro francés[83].

El 6 de diciembre de 1929, el héroe Alberto Castrillon será públicamente proclamado en Bogotá candidato presidencial del PSR. El Partido Comunista, no fundado aún pero ya en actividad, hace parte de la fiesta. Esta candidatura no será más que una mascarada: algunos días después, el PCC abandona a Castrillón y se apresura a apoyar a Enrique Olaya Herrera, el candidato de la burguesía liberal, quien gana la elección presidencial el 9 de febrero de 1930.

El episodio de la “masacre de las bananeras” es para la izquierda colombiana lo que es la Comuna de París para la izquierda francesa: un episodio capital, un mito fundador, una enorme apuesta política. “Cualquiera que sea el resultado, obtuvimos un nuevo comienzo de una importancia histórica universal”, escribe Karl Marx a su amigo Kugelmann el 17 de abril de 1871, poco antes de la Semana Sangrienta. En Colombia, la izquierda extremista podrá también justificar sus peores excesos futuros. Cualquiera sea la salida de la huelga, en adelante, ella dirá que fueron “los otros”, sus adversarios ideológicos, quienes “desencadenaron la violencia”, “la opresión”, “la masacre”. Hoy aún Colombia sigue pagando el precio de esa impostura. En 1978, después del fracaso de la huelga general de septiembre de 1977, la CSTC publicó un libro de propaganda intitulado Bananeras 1928-1978. El coordinador editorial, Álvaro Delgado, un responsable del PCC, había logrado reunir en un único texto toda la panoplia de tópicos y encantamientos sobre ese episodio. El ataca no sólo la versión de Cortés Vargas, lo que no asombrará a nadie, sino también arremeterá contra los detalles del expediente y contra la información más o menos objetiva de la prensa colombiana de esa época. Desgraciadamente, nadie impugnó hasta hoy esa operación de desinformación.

NEVARES, EL AGENTE DE MOSCÚ

Después de la derrota de la insurrección de las bananeras, los agentes de laICseguirán actuando sin pausa en Colombia. A mediados del año 1930, después del triunfo electoral del Partido Liberal, una delegación de la Internacional Comunista llega a Bogotá[84], dirigida por un norteamericano conocido por sus camaradas bajo el seudónimo de James Hartfeld (o Harfield), y también como Jaime Nevares[85]. Viene de Buenos Aires donde una reunión de la IC con delegados de quince pc latinoamericanos decide, entre el 1 y el 12 de junio de 1929, disolver varias organizaciones y partidos populares del continente para erigir en su lugar partidos comunistas. Su misión en Colombia es liquidar el PSR y fundar, con una fracción de éste, un partido comunista[86]. Después de negociaciones con un sector del PSR, dirigido por Moisés Prieto y Heraclio Matallana, quienes habáin obtenido de Moscú en 1929 la aceptación del PSR como sección de la IC, Nevare[87] declara fundado el Partido Comunista Colombiano, el 5 de julio de 1930. La noticia será anunciada públicamente el 17 de julio durante una violenta manifestación en las calles de Bogotá.

Muy rápidamente, María Cano y los otros dirigentes históricos del PSR, en particular Uribe Márquez y Raúl Eduardo Mahecha, son descartados de la dirección del nuevo partido. Se les difama y acusa de ser “liberales” y “putschistas”. Después de haber empujado con todo la insurrección de las bananeras, Moscú transfiere la culpa a sus ejecutantes, los jefes del PSR. Las refutaciones que formulará Tomás Uribe Márquez, presente en la reunión del 5 de julio, donde las condenas caen, no son escuchadas. Las cartas enviadas por María Cano a la dirección del PCC y a la IC, en las que cuestiona la acusación de “putschista”, no reciben la menor respuesta. Se expulsa a Raúl Eduardo Mahecha, aunque él nunca había adherido al Partido Comunista.

Debido a su participación en la huelga de las bananeras, algunos de los expulsados estaban en la clandestinidad, o en prisión, en el momento de este proceso de brujería. Los nuevos “dirigentes” del Partido Comunista, Guillermo Hernández Rodríguez[88] y Ramón Bernal Azula, son hombres sin vínculos probados con la lucha social. Con todo, ellos habían sido enviados a Moscú. De regreso a Colombia, serán revestidos, por los nuevos miembros, de un falso halo de autoridad que no habían conquistado en la lucha, mientras que María Cano y sus camaradas expulsados, eran verdaderos héroes del pueblo de izquierda y de la “lucha antiimperialista”. Marginada por los comunistas, María Cano no volverá a subir a una tribuna pública. Ignacio Torres Giraldo, su compañero en la vida, no podrá hacer mucho por ella, cuando regresa de Moscú. La adscribe a un círculo de estudios marxistas donde ella se aburre. En la miseria y en la soledad, María Cano trabajará como obrera durante 14 años en la tipografía departamental de Antioquia. Tras su muerte, el 26 de abril de 1967, el PCC se negará a rehabilitarla. Esta actitud sectaria persiste aún hoy[89].

Ese proceso de usurpación no dejará de tener consecuencias. Señalará el principio de la transformación del comunismo colombiano en una secta estalinista de pensamiento único. La conducción de las luchas en Colombia será de ahora en adelante artificial e inauténtica. Un aparato aislado, pero con dinero e instrucciones de Moscú, se creará así, sustituyendo a los líderes naturales de la lucha social y política y decidiendo sobre todo y contra todos. El hecho de sentirse al servicio de una potencia internacional, daba a este grupo minoritario e intransigente pretensiones desproporcionadas. Sus jefes, verdaderos enanos políticos, apparatchiks sin más, se creían autorizados para dar directivas y lanzar amenazas apenas disimuladas a los jefes de los partidos burgueses, sobre todo a los liberales y a sus compañeros de ruta de las otras formaciones políticas.

Moscú, por su parte, no quería saber nada del PSR ya que sus dirigentes evolucionaban hacia otra visión y podían incluso prestar oído atento a las otras fracciones que en Moscú cuestionaban, en ese momento, la línea del bloque dirigido por Stalin[90]. Victorio Codovilla[91], Nevares y consortes querían un partido tallado en la más estricta tradición de la URSS eslalinista, aunque esa primera purga implicara la pérdida, para el nuevo PCC, de los verdaderos y únicos combatientes populares que había en esas filas. El pecado de esos militantes fue no ser la copia perfecta del comunista modelo inventado por los dirigentes moscovitas. María Cano y sus camaradas distaban mucho de responder a tal definición estandarizada. Los nuevos jefes, por el contrario, eran gente formada a la carrera en Moscú. Entre ellos, Guillermo Hernández Rodríguez y su esposa venezolana Carmen Fortoul. Hernández Rodríguez será secretario general del PCC en 1930. Descartado a su vez en 1932, pasará sin inmutarse al Partido Liberal, donde animará una corriente marxisante. Será nombrado, algunos años más tarde, presidente del Consejo de Estado[92]. El nuevo secretario general, Ignacio Torres Giraldo, quien dirige en 1933 el primer pleno del PCC, con Pedro Abella y Filiberto Barrero, será descartado en 1939. Los otros jefes que siguen, Luis Vidales y Rafael Itaquero, tendrán el mismo destino.

EL FALSO DOCUMENTO DE LOS EPÍGONOS

El golpe de fuerza de la IC en Colombia se hizo utilizando los métodos que Stalin desarrollará a fondo en las terribles purgas de 1938. Un ejemplo de lo que Léon Trotski llamaba “la escuela estalinista de la falsificación” se encuentra en el episodio vivido por Raúl Eduardo Mahecha en Buenos Aires.

Luego de su fuga a México, Mahecha llega a la conferencia de la IC de junio de 1929 en Buenos Aires. Él acababa de participar en la reunión de la Internacional Sindical Roja, reunida en Montevideo días antes. En las dos reuniones, él hace un informe sobre la huelga en la que había desempeñado un papel dirigente. Pero Codovilla y sus acólitos, siguiendo instrucciones, adulteran su relato. Ellos quieren mostrar a Mahecha como un simple agitador exaltado y poco serio. El texto, publicado por ellos en Correspondencia Internacional es una falsificación. El 2 de abril de 1930, un diario liberal de Bogotá lo publica. Ese medio, que dice haberlo tomado de una publicación de la IC, no oculta sus intenciones: restarle credibilidad a Mahecha, el enemigo público número uno de Colombia, con ayuda de los comunistas. Esa falsificación tendrá larga vida: 50 años después, la misma impostura reaparece en la Historia del Partido Comunista de Colombia, de Medófilo Medina, donde se lee: “La intervención [de Mahecha en Buenos Aires] fue deplorable […], constituye un conjunto de reflexiones deshilvanadas y contradictorias sobre la batalla de las Bananeras dentro de un lenguaje tremendista”. La verdad aparecerá en 1994, cuando María Tila Uribe, en su obra Los años escondidos[93], impugna la afirmación de Medófilo Medina y de la IC. Destaca que Mahecha, antiguo colaborador de la hoja revolucionaria Vanguardia Obrera, tenía un muy buen estilo. Y añade: “Los escritos de Mahecha, sus discursos, son piezas coherentes, estructuradas, serias; corresponden a un hombre formado, observador”. Mejor, María Tila Uribe cita la entrevista concedida por Mahecha al diario El Espectador, el 22 de julio de 1929, donde el jefe revolucionario menciona el conflicto de las bananeras. “Ese relato naturalmente sobrecogedor no tiene el tremendismo, ni las contradicciones, ni el descuadernamiento que un año después apareciera en el libro de la IC con el título Movimiento Revolucionario Latinoamericano”. María Tila Uribe se pregunta: “¿Quién y con qué fidelidad transcribió ese discurso? ¿Quién hizo las actas de ese día?”. Y añade: ¿algunos “quisieron presentar al único representante del socialismo revolucionario como alocado, putchista y mentiroso? ¿A quién (o a quiénes) le convendría esa imagen con la que cobijaron a todo el PSR?”.

¿María Tila Uribe comprende que lo que Mahecha había sufrido en junio de 1929 no era más que una práctica ordinaria en la IC y en los partidos dirigidos por los epígonos? En realidad, Mahecha había hecho en Montevideo y en Buenos Aires un brillante relato de la huelga de las bananeras. Es el suizo Jules Humbert-Droz, amigo y aliado de Bujarin en el PC ruso y enviado oficial de la IC a las dos reuniones antes citadas, quien lo dice. En una carta del 31 de mayo de 1929, Humbert-Droz habla del “relato apasióname” de esa huelga “organizada por Maetcha (sic) quien fue el jefe[94]”. Mahecha, pues, había impresionado a Jules Humbert-Droz. Esto explica la miserable adulteración del discurso de Mahecha por los Codovila y compañía. Jules Humbert-Droz, a causa de su amistad política con Bujarin, era visto por Moscú (luego por Codovilla) como un “oportunista”, como un “cobarde e hipócrita”, desde la reunión en Moscú donde él había sido insultado por Stalin. Con la caída en desgracia de Bujarin, Humbert-Droz será apartado de los asuntos de la IC en América Latina. Por esta razón el relato de Mahecha, “apasionante” para Humbert-Droz, no podía ser sino retocado y falsificado por los peones de Stalin.

LAS OVEJAS NEGRAS DE LA IC

La destrucción del PSR no fue la única intervención de los emisarios de Stalin en América Latina. Otras direcciones revolucionarias del continente sufrieron la misma suerte. Es el caso, en el mismo período, de Julio Antonio Mella, de Cuba, y de los amigos de Mariátegui, en Perú, quienes serán también descartados. Todos eran gente de carácter, poco dóciles desde el punto de vista del pensamiento, y tenían reservas frente a las orientaciones autoritarias y suicidas del “tercer período” del Komintern. Según los trotskistas mexicanos, Mella habría sido asesinado en México en 1929 por Vittorio Vidali, alias Enea Sormenti, y no por la Policía cubana. Instructor del Komintern, Vidali arrastra una reputación de asesino. Mella en ese momento estaba excluido del PC cubano[95]. La huelga de las bananeras no fue el único levantamiento organizado bajo los consejos extremistas del Komintern en América Latina. Fue también el caso, por ejemplo, de la insurrección salvadoreña del 19 de enero de 1932, aplastada sangrientamente. Como ocurrió en México y Chile. En Europa, sobre todo en Italia, Yugoslavia, Polonia y Grecia, hubo también aventuras desastrosas[96].

La falsificación hecha en Buenos Aires para hundir a Mahecha hacía parte de los esfuerzos de los estalinistas para preparar la purga que iban a perpetrar brutalmente algunos meses más tarde en Bogotá contra los dirigentes del PSR. María Cano, Tomás Uribe Márquez y los oíros, a pesar de su dedicación revolucionaria, eran asimilados por Moscú a los “odiosos” social-demócratas, a los “social-traidores”, “social-fascistas”, de los cuales se debían “limpiar” las secciones de la Internacional Comunista, según la línea impuesta en el VI Congreso Mundial del Komintern. Durante ese congreso, Wolfe (un delegado norteamericano del PC mexicano) había criticado violentamente a los “radicales de América Latina”, encarnados sobre todo por el peruano Víctor Haya de la Torre[97]. No sorprende pues que María Cano y sus camaradas hayan sido asimilados a esa corriente, verdadera oveja negra de los teóricos del “tercer período”.

En realidad, la destrucción del PSR y la fundación precipitada y sin debate del PC[98] no harán más que generar un profundo traumatismo entre los actores radicales de la lucha anticapitalista en Colombia. María Tila Uribe dice en su obra: “Los nuevos criterios políticos eran verdades absolutas. La IC quería partidos monolíticos, sencillamente obreros, marxistas-leninistas y el PSR no tenía esas características; se componía de obreros, campesinos, indígenas, artesanos e intelectuales relacionados con la realidad social de su tiempo. Algunos cuadros socialistas apenas comenzaban a asimilar el marxismo. En algunas ocasiones habían hablado en público de Lenin ya que admiraban la revolución rusa”.

El viaje de Jules Humbert-Droz por América Latina, luego del VI congreso de la IC, le permite a Stalin colocar a la cabeza del buró moscovita para América Latina a Williams, un ruso especialista del Komintern en la cuestión hindú. Williams era conocido por su política ultraizquierdista, hasta el punto de que Kuusine[99] tuvo que alejarlo de su secretariado. Al enterarse de esa decisión, Humbert-Droz protesta desde Berlín. Él ve en eso una “voluntad de cambiar de política en América Latina” para conducirla hacia una “política sectaria y escisionista”. No se equivocó.

En su VI congreso, el Komintern había anunciado dos nuevos partidos: el partido Socialista de Ecuador y el PSR colombiano. “En ese momento, esos dos partidos teman una verdadera conexión con la vida política real de sus países, y el propio partido colombiano podía presentarse como un verdadero partido de masas, al menos en comparación con el magro puñado de militantes que en la mayor parte de América Latina se hacían llamar partido comunista” escribe el historiador Manuel Caballero en su obra Latin American and the Comintern[100]. Empero, esos dos partidos tenían características que no correspondían, desde el punto de vista organizativo, con la ortodoxia bolchevique. Caballero explica que esas formaciones “eran el resultado (sobre todo en Colombia) de una decisión de los sindicatos de fundar un partido obrero y obviamente eran de tipo laborista. Se organizaban según el lugar donde los militantes vivían (como lo hacen los partidos socialistas) y no según el lugar donde trabajaban, como hacen los partidos comunistas”.

El otro defecto del PSR eran sus lagunas con relación al “leninismo”. En su resolución, el VI Congreso de laICindica que el Partido Socialista de Ecuador y el PSR de Colombia, aceptados como secciones de la III Internacional, van a recibir próximamente “la ayuda y los consejos necesarios para que sean auténticos partidos leninistas[101]”. En realidad, el pretendido “leninismo” no existía aún en ningún partido revolucionario latinoamericano. El “leninismo” era una invención dogmática lanzada por Stalin solamente en 1924, después de la muerte del jefe bolchevique, para imponer sus propias concepciones de organización. Sin embargo, en 1925, el Komintern seguía hablando de “bolchevismo” y de “bolchevización” de los partidos comunistas[102]. En 1926, Stalin insiste y escribe su folleto Cuestiones de leninismo para reforzar el monolitismo del partido soviético. En Colombia esta pretendida “ignorancia” del “leninismo” generó un complejo de inferioridad en los primeros comunistas.

Es lo que llevará más tarde a Ignacio Torres Giraldo a criticar injustamente el “nivel político e ideológico muy bajo” de los participantes al III Congreso Obrero Nacional de 1926 que funda el PSR, cuando se sabe que el “leninismo” se impuso a los partidos comunistas europeos apenas en 1927. El Komintern quería hacer bailar a los colombianos más rápido que la música. No hay que olvidar tampoco que en 1929 las bajas maniobras de la fracción estalinista contemplaban la decapitación de la casi totalidad de las direcciones de las secciones de la IC. Es precisamente eso lo que Jay Lovestone, líder del Partido Comunista de los Estados Unidos, denuncia de la manera más ruidosa posible, en una reunión del Comité Ejecutivo de la IC, reunido en Moscú. El acusa, en efecto, a este organismo de “eliminar las direcciones de los partidos comunistas y sobre todo del partido norteamericano para dirigir esos partidos por medio de secretariados y no a través de sus burós políticos”. Esa valiente posición le valdrá a Lovestone ser atacado y expulsado más tarde (él y su grupo con Pepper, Wolf, entre otros) bajo la acusación de querer “combatir el leninismo en la IC”.

La forma de organización celular será la otra acusación dirigida contra el PSR. En una carta antes de la reunión de Buenos Aires, el comité ejecutivo del Komintern recomienda al PSR adoptar esa forma de organización. Sin embargo, el incumplimiento de tal consigna no era un motivo válido para el desencadenamiento del golpe de fuerza de los Codovilla. El investigador Manuel Caballero recuerda que en agosto de 1928 Humbert-Droz había escrito, en el órgano teórico del Komintern, que “la depuración de todos los elementos de confusión y de insuficiencia debe hacerse utilizando medios pacientes de educación provenientes de la Internacional, de modo que todos los partidos puedan guardar el carácter de movimiento de masas y no procediendo a exclusiones mecánicas ni a escisiones”. El consejo de ese agente del Komintern —quien actúa bajo el alias de Luis en la primera conferencia de los partidos comunistas de América Latina de Buenos Aires— pasa rápidamente a la basura. En los años siguientes, a medida que Stalin cobra más importancia en el partido ruso y en la Internacional, emergen las purgas masivas y sangrientas. En 1930, concluye Manuel Caballero, con la activa participación del comité ejecutivo de la IC, se transformó el PSR de Colombia “en Partido Comunista y desde ahí comenzó a perder importancia en la política de su país[103]”.

Es evidente que Jules Humbert-Droz, quien dentro de laICestaba fuertemente en favor de Bujarin, como Angelo Tasca, un dirigente del PC italiano, conocía bien la cuestión colombiana. ¿Hizo él una estadía en Colombia? Nadie lo sabe. Al menos, él había estudiado de cerca el caso colombiano. En un informe dirigido a la IC, indica: “En Colombia, aún hoy, no hay separación orgánica entre los partidos y los sindicatos. Es naturalmente una fase primaria[104]”. En sus Mémoires, Humbert-Droz no dice que haya pasado un solo día en Colombia, aunque evoca varias veces ese país. ¿Visitó el de manera ilegal Colombia? Él era, en realidad, un experto en la materia. Él mismo lo dice: “Yo estaba encargado del trabajo en los países latinos: Bélgica, Francia, Italia, España, Portugal y América Latina. […] Hice numerosos viajes por esos países y pasé mucho tiempo allí con falsos pasaportes casi siempre y obligado a vivir en la ilegalidad[105]”.

UN CIERTO KORNFEDER

En cuanto a Octave Rabaté, otro peso pesado del trabajo latinoamericano del Komintern, él pudo también haber viajado discretamente a Colombia. La Internacional Sindical Roja le había asignado misiones en el continente, en Colombia en particular[106]. Ex miembro de los servicios especiales del PC francés, Rabaté se había visto ligado varias veces a asuntos de espionaje[107]. Pierre Broué afirma que Rabaté y el norteamericano Joseph Kornfeder, “estuvieron presentes” durante la huelga contra la United Fruit Company[108].

¿Quién era Joseph Kornfeder? Resulta que no es otro que el famoso Jaime Nevares, presentado por los historiadores oficiales del PCC como “el camarada James Hartfeld, un alto símbolo del internacionalismo proletario”.

En realidad, Kornfeder (alias John Sacks) viajaba secretamente entre Colombia y Venezuela, antes de 1930, bajo las órdenes del Komintern para supervisar la creación de los grupos comunistas en esos dos países. Después de haber participado en la fundación del PCC vuelve a salir para Venezuela. Es arrestado el 29 de mayo de 1931 en Caracas por la Policía de Juan Vicente Gómez. Saldrá de la prisión de la Rotunda, a mediados de junio, gracias a la mediación del embajador… de Estados Unidos. Años más tarde, sus antiguos camaradas revelarán una parte del misterio de esa liberación incongruente. Juan Bautista Fuenmayor, uno de los fundadores del Partido Comunista Venezolano, dice que Kornfeder, de vuelta a los Estados Unidos a finales de 1931, es nombrado secretario del Consejo de la Unidad Sindical, un organismo de inspiración comunista, un centro paralelo y rival de la American Federation of Labour (AFL). En 1933-1934, fue funcionario sindical en Ohio, antes de abandonar el PC norteamericano, descontento, según dijo, por sus numerosos “cambios de línea”. Trabaja entonces en fábricas de automóviles de Detroit y se enrola en el Ejército tras el ataque japonés a Pearl Harbor (7 de diciembre de 1941).

La historia de Kornfeder no se detiene allí. El Diccionario de Historia de Venezuela[109] indica que Kornfeder, en la época del “macarthismo” (1950-1954), testimonió en varias ocasiones ante el comité del Congreso que investigaba las actividades comunistas antiamericanas. Lo mejor de la historia correrá por cuenta de Manuel Caballero quien explica, en su obra sobre el Partido Comunista Venezolano[110], que Kornfeder, después de haber renunciado al comunismo, reveló ante una comisión del Congreso americano que había trabajado “dentro del PC norteamericano por cuenta del FBI desde el año 1934”.

A partir de esa revelación, Caballero plantea varias preguntas: “¿No es legítimo pensar que desde 1931 él no era otra cosa que un agente provocador? ¿No hay una muy grande coincidencia entre su detención en Venezuela, su liberación y la destrucción de la naciente organización comunista? ¿No es posible que, como ocurre tantas veces, Kornfeder haya comprado en ese instante su libertad al precio de la traición, volviéndose un informador de la Policía? ¿Quién es el autor de los informes en inglés publicados en el Libro Rojo donde se habla de las actividades de la Rué Feydeau, cuartel general de los Fortoul[111] en París? ¿No sería (Aurelio) Fortoul uno de los primeros contactos del enviado de la IC a Venezuela? ¿Kornfeder traicionó en esa época o desempeñaba desde hace tiempo el papel de un agente doble? ¿Cómo es posible que una Internacional, donde la sospecha y la acusación contra el dirigente de ser un Policía comenzaban a ser tan frecuentes que se volvía una práctica, haya dejado infiltrar así de fácil a un provocador?”.

El papel preciso de Kornfeder en Colombia y el de otros personajes de la IC, cuyas funciones son todavía menos elucidadas, como la de Savitski, sigue siendo un misterio total, dado que los archivos del Komintern y de la KGB son difícilmente accesibles a los investigadores. Se sabe que incluso los partidos comunistas, deseosos de conocer su propia historia, no obtenían de Moscú, como lo había constatado Humbert-Droz[112] antes de morir, las autorizaciones para estudiarlos documentos confidenciales que les concernían. El hundimiento de la URSS no cambió eso gran cosa. Fuera del papel exacto de los “asesores” de la IC sobre el movimiento obrero colombiano, queda por descubrir sobre todo el comportamiento de las otras agencias de la Rusia soviética: el NKVD, el GPU, el GRU[113].

Harvey Klehr y John Earl Haynes son los autores de The Soviet World of American Communism. Respecto de Kornfeder, ellos nos contaron esto: “Joseph Zack Kornfeder es una figura conocida de la historia del CPUSA (Partido Comunista de los Estados Unidos), aunque sólo algunos detalles de su carrera nos son conocidos. Fue un miembro fundador del partido y asistió a la Escuela Lenin de la Internacional Comunista a finales de los años veinte o a comienzos de los años treinta. En medio de los años treinta, es expulsado del CPUSA y más tarde coopera con las autoridades norteamericanas. Kornfeder testimonia, en efecto, ante varias comisiones del Congreso de los Estados Unidos. Durante el año 1949, testimonia ante el comité sobre las actividades antiamericanas y la infiltración comunista en los sindicatos obreros. Esa declaración trató principalmente sobre cuestiones internas. Después, hacia 1958, habló sobre algunas actividades internacionales ante el comité judicial del Senado sobre todo respecto al uso y abuso de los comunistas de los pasaportes de los Estados Unidos. Pero no sabemos de qué habló exactamente”.

En cuanto a David P. Hornstein, autor de Arthur Ewert: Une vie pour le Comintern (University Press of America, Lanham, Md., 1993), menciona brevemente que Kornfeder desempeñó misiones del Komintern en Brasil y Colombia en los años 1930-1931. A su entender, es seguro que el FBI interrogó ampliamente a Kornfeder después de la Segunda Guerra Mundial. John Earl Haynes, por su parte, considera que el expediente de Kornfeder en el FBI, o una parte de éste, “es probablemente accesible gracias al Freedom of Information Act, pero hacer esa diligencia tarda a menudo muchos meses y exige paciencia”. Sobre los mensajes descifrados del proyecto Venona, no se sabe nada de específico sobre Colombia. Según Haynes, algunos fueron descifrados: “Parecen tratar de las actividades en Suramérica, incluso en Argentina y Chile, pero las otras actividades en Suramérica no quedan claras en cuanto a los países particulares implicados. Alguien que esté informado de los nombres mencionados en esa actividad debería poder identificar los países implicados”.

La destrucción del PSR y la formación de un partido comunista enfeudado a Moscú, impidió la aparición de un partido socialista en Colombia. Anidados en esa época en el Partido Liberal y en las filas del PSR, los socialistas volverán a entrar a partir de 1930 al Partido Liberal, o se replegarán, en algunos casos, sobre el PCC (y fugazmente sobre el gaitanismo[114], en los años 1933-1948). Por eso, en Colombia, una verdadera corriente socialista, según los criterios de la II Internacional, nunca tomó forma. En otras palabras, la aparición de un fuerte partido socialista, rival de las organizaciones estalinistas, como fue el caso en Ecuador y Chile hasta 1967 (pues el PS chileno se definió ese año como organización marxista-leninista), no ocurrió en Colombia. La injerencia comunista impidió también al Partido Liberal ser coherente con los principios del liberalismo. En el Partido Liberal siempre existió una fracción lista a alimentar las peores derivas comunistas presentándolas como extravíos juveniles del liberalismo. Hoy en día, la sección colombiana de la Internacional Socialista es el Partido Liberal. En plena crisis, este partido (que no tiene en verdad la contextura de los partidos socialistas) deja ver hasta qué punto sigue infiltrado por fracciones extremistas. En octubre de 1998, por ejemplo, la senadora Piedad Córdoba, ex directora del Partido Liberal, una de las responsables de la grave crisis de esa formación política, desencadenó una viva polémica después de haber revelado estar completamente de acuerdo con las orientaciones de las FARC. Algunos días antes ella había viajado a la zona “desmilitarizada” para visitar a Tirofijo y los principales tenientes de ésta, como el Mono Jojoy y Romaña, hombres de abultado pasado criminal. Ella no dudará en declarar que su encuentro con Tirofijo constituía un momento culminante de su vida. En cuanto a Jojoy, Romaña y los otros, Piedad Córdoba los definirá como hombres “de diálogo” dotados de sanos “principios” que ella “comparte enteramente[115]”.

LA INFILTRACIÓN DE LAS LUCHAS

Privado de un partido socialista[116] y de una evolución normal hacia un sistema político sensible a las reformas económicas y sociales y en consecuencia de un polo político capaz de llegar a compromisos democráticos, Colombia será el terreno de una neta radicalización. Peor, de una polarización calculada de sus luchas sociales, lo que servirá a determinados intereses exteriores. Tal espacio se volverá así un terreno ideal para las operaciones del Komintern, pues la amputación histórica de un partido de reformas favorecerá a los extremistas y a la radicalización ciega de las luchas, así como a la irrupción de un espíritu de intransigencia incluso en los partidos del arco democrático, del establecimiento y de la oposición. En esas condiciones, la desestabilización de un país puede ser fabricada de manera duradera. Será ése el caso de Colombia con la formación, a partir de los años 1938, de bandas armadas de extrema izquierda, de ideología variable, y con la aparición de una propaganda y de una agitación sistemáticas destinadas a popularizar la idea de que sólo la lucha armada y el terrorismo pueden abrir la vía a la justicia social y a las reformas. Esta infiltración de las luchas ha deformado hasta hoy la voluntad de cambio del pueblo colombiano.

En Colombia nunca hubo pues un verdadero partido social isla, como en Argentina, Chile, Uruguay y Ecuador, donde los primeros PC fueron el resultado de escisiones de los partidos socialistas[117]. En Argentina, una ruptura de izquierda del Partido Socialista funda en 1917 el Partido Socialista Internacional. Minoritario, ese grupo forma en 1918 un Partido Comunista y solicita la adhesión a la Internacional de Moscú. En 1921, el Partido Socialista decide adherir a la Internacional Socialista. El PC argentino, con el PC cubano serán los aliados y los instrumentos más seguros del Komintern en América Latina. Durante años, el PCA fue el capataz de los otros pe latinoamericanos, incluidos los mejor organizados y más influyentes desde el punto de vista político. Esa originalidad se debe a la absoluta sumisión de los caciques comunistas argentinos al Kremlin, sobre todo de Vittorio Codovilla (llamado “La voz de su amo”) y de Rodolfo Ghioldi, y a su continuidad en la conducción de ese partido. En Chile, el antiguo Partido Socialista Obrero, fundado en 1912, modifica su programa en 1919 para adaptarse a las exigencias de la IC. Solicita la adhesión al Komintern en 1921. Será el único partido de la IC en América Latina que tendrá una verdadera base de masas, heredada del período socialista. El PC chileno será, con mucho, más importante que el PC argentino en el mundo político, cultural y sindical. A pesar de su fidelidad irrestricta a Moscú, el PC chileno no tendrá jamás el peso que tenía en Moscú el PC argentino y el PC cubano. El Partido Socialista Chileno será reconstituido y será el partido obrero más influyente del país.

En Brasil, el Partido Comunista es fundado en marzo de 1922 por un pequeño grupo de ex anarquistas y solicita la adhesión a la IC. Durante un cierto tiempo, y bajo la tutela del PC argentino, cuyo sistema de organización es copiado en 1924, su vida es hecha de disputas y expulsiones. Envía cuatro delegados a la reunión de Buenos Aires, en junio de 1929, pero uno sólo figura en los archivos. Ese partido será uno de los PC más numerosos de América Latina. En Uruguay, el PS decide cambiar de nombre en 1920 para adherir a la IC. Pero la minoría socialista no tarda en reconstituir un nuevo Partido Socialista. El aprovecha los largos períodos de estabilidad política del país, hasta los años sesenta, para construir una fuerte organización, capaz de erigir un refugio para los comunistas perseguidos del continente. Acoge un tiempo la sede del secretariado suramericano del Komitern. Pero su influencia política no sera comparable con la del PC chileno. En Ecuador, Ricardo Paredes organiza el PS en 1925. Dos años más tarde, Paredes es invitado a Moscú donde asiste al VI congreso de la IC como representante del Partido Socialista y de un pequeño Partido Comunista de Ecuador en formación. En 1931, ese partido toma el nombre de Partido Comunista, un año después de la fundación del nuevo Partido Socialista Ecuatoriano que desempeñará ni papel principal en la vida política de ese país.

En Colombia, después del fracaso del primer PS, habrá un partido “socialista revolucionario”. ¿Por qué tal denominación precisa? ¿Por qué no “socialista”? El nombre “socialista revolucionario” no tiene nada de banal. Había en Rusia un partido “socialista revolucionario”, organización que practicaba el terrorismo y que era muy popular, mucho antes del golpe de Estado bolchevique, pero que rápidamente fue destruido por la dictadura leninista. El PSR ruso era una amenaza para la hegemonía de los bolcheviques: obtendrá en noviembre de 1917, “en las únicas elecciones libres que fueron organizadas en Rusia”, como dice el historiador Jacques Baynac, un 60% con los votos, mientras que los leninistas obtendrán solamente un 25%[118].

LA AVENTURA BROWDERISTA

¿La demolición del PSR colombiano, por el Komintern, tiene algo qué ver con la destrucción de los SR en Rusia? ¿Encontraron ellos rastros del pensamiento SR, de ese “socialismo ruso diferente[119]”, en las filas del PSR colombiano? El antiparlamentarismo y el radicalismo de los militantes del PSR colombiano, su visión de los problemas agrarios, recuerda en parte las actitudes de los SR rusos. Como explica Baynac, los SR rusos, “antes que los bolcheviques habían explorado todas las vías: la populista, la marxista, la terrorista”. “Querían construir una sociedad autoadministrada y se negaban a sustituir a las masas y a los soviets, y colocaban el individuo en el centro de su proyecto de sociedad descentralizada y federal”. Pero no hay pruebas de que Tomás Uribe Márquez, en sus largos viajes por el extranjero, haya tenido contactos con simpatizantes o militantes del PSR ruso.

Una vez fundado, el Partido Comunista colombiano organizará su prensa y, elemento nuevo, descentralizará su propaganda. Se destacan las hojas Bandera Roja de Barranquilla y El Bolchevique de Bogotá. Pero el progreso del PCC, implantado sobre todo en la costa norte (Barranquilla), en las zonas rurales y entre los intelectuales de Bogotá, será en seguida obstaculizado considerablemente por su posición neutral adoptada ante el conflicto de fronteras entre Colombia y Perú en 1932, lo que le valió la destrucción, por patriotas exaltados, de los locales donde se fabricaba su revista Tierra. Por esa razón, el PCC entra a la clandestinidad.

América Latina, que después de las derrotas de los años 1929-1932 había sido olvidada un poco por el Komintern, vuelve, en 1935, a llamar la atención de Moscú. Nuevos textos de propaganda sobre los “países coloniales” afirman que una ola revolucionaria “irrumpe” en América Latina. En realidad, lo que pasa es que el “padre de los pueblos”, Stalin, acaba de decidir que los Estados Unidos son el verdadero enemigo y que “hacer pie en Suramérica equivale para el comunismo a instalarse en la antecámara” de ese país. La prudencia ordenaba entonces garantizarse “bases operativas en la vecindad inmediata de los Estados Unidos”, según la fórmula de Margarete Buber-Neumann, antigua militante del Komintern y del PC alemán. Siguiendo la lógica de un pensamiento cada vez más orientado hacia los medios militares, Moscú prestará entonces una “fuerte atención al mundo latinoamericano[120]”.

Esa atención cristaliza en una insurrección en Brasil. En noviembre de 1935, después del aplastamiento de la aventura dirigida por Luis Carlos Prestes, Bogotá recibe una advertencia. Alfred Blanche, el nuevo embajador de Francia en Colombia, lo resume así para el Quai d’Orsay: “Según la información llegada de Río de Janeiro, los documentos encontrados en poder de los rebeldes revelarían que Prestes (…) había sido encargado por el Komintern de organizar movimientos convergentes en los distintos países de América Latina y, en especial, en Colombia[121]”.

Esa información es recibida con escepticismo por la prensa liberal de Bogotá: no hay, según ella, peligros serios de ese lado ya que los comunistas locales son simples blandengues. Curiosa actitud que muestra, en todo caso, el apresuramiento de los compañeros de rula al negar y ocultar, como lo habían hecho durante la huelga de las bananeras, la actividad de los famosos Apparats extranjeros en el territorio, para disuadir a las autoridades de organizar una respuesta coherente. Y si ellos tienen éxito ante la opinión, fallan ante el embajador francés quien no se deja engañar y escribe: “Lo que es inquietante en un país como éste, donde el propio poder central es débil y vacilante, pero donde los gobiernos departamentales están aún menos provistos de iniciativa y de medios, es la intervención siempre posible de elementos extranjeros quienes, animados de la voluntad necesaria y agrupando en torno de ellos a algunos auxiliares resueltos y listos a todo, podrían crear desórdenes serios, cortar las comunicaciones e imponerse por el terror sobre una población desprovista de toda facultad de resistencia”. Alfred Blanche sospecha incluso el desencadenamiento de varias “huelgas generales” que deberían “estallar a principios de diciembre en los principales centros obreros del país, como en la Tropical Oil Company de Barrancabermeja, el ferrocarril de La Dorada y en la zona bananera no lejos de Santa Marta”.

Un mes después, sus temores pasan a ser realidad. Una ola de agitación concertada se hace sentir en Barrancabermeja, en Medellín y en Bogotá donde los huelguistas se apoderan de una fábrica y hacen frente a las autoridades durante varios días. El centro petrolero cesa sus actividades y las tentativas de conciliación del Ministerio de Trabajo son inútiles: los agentes provocadores excitan a los obreros y les impiden aceptar las ofertas que les hacen. Una comisión de la Cámara de Representantes viaja a Barrancabermeja para dialogar con los líderes. El gobierno del presidente Alfonso López, elegido en febrero de 1934, se da cuenta de que la situación es peligrosa. Pero no hace nada. Excepto escribir. Alfred Blanche cuenta: “El 6 de diciembre, el doctor Lleras Camargo, ministro de Estado, hace una declaración en términos enérgicos en la cual denuncia los sofismas de los comunistas, quienes toman su inspiración del extranjero y que sólo pretenden engañar a los obreros y destruir la libertad del país. [Lleras] afirma que el gobierno, cuya preocupación por la mejora de la suerte de los trabajadores es conocida, no permitirá que el desorden venga a frenar sus esfuerzos y poner en peligro el futuro del liberalismo”.

Después de veinte días de esfuerzos combinados de la compañía americana, del gobierno y de una parte del clero, la huelga termina. El final es cómico. “Los representantes del orden actuaron tan bien sobre el espíritu de los obreros que éstos acaban por poner una denuncia y pedir una investigación sobre el empleo de los fondos del sindicato los cuales habrían sido dilapidados por los agitadores[122]”.

La administración de Alfonso López Pumarejo (1934-1938), bautizada por él mismo como la “Revolución en Marcha”, había pretendido recoger el apoyo de las clases populares y de los movimientos “no conformistas” a través de una serie de reformas ambiciosas en los sectores agrario, fiscal, judicial, universitario y de trabajo. López consideraba que esto impediría que las masas se lanzaran en cuerpo y alma al comunismo. Su planteamiento, contradictorio y deshilvanado, pero que los plumitivos marxisantes siempre han ensalzado, insultando la realidad, será dañino para el país. En realidad, hará la cama a los demagogos y a los agitadores, sembrará el desorden y aumentará la pobreza[123]. A pesar de las buenas intenciones de López, las semillas de la guerra civil que estallará en 1948 fueron sembradas seguramente en ese momento. En la versión lopista, en efecto, el intervencionismo “social del Estado” debía ser permanente. Un día, López grava brutalmente a los ricos por “exceso de utilidades” y otro día intenta (en vano) desalentar a los productores de café, quienes aportan la mayoría de las divisas que Colombia recogía difícilmente en el mercado internacional. Otro día, intenta, con su famosa ley 200 de 1936, romper el “monopolio de las tierras”, recibiendo críticas de los propietarios, quienes se dicen perjudicados, y también de los comunistas: no proponiendo ninguna redistribución de la tierra, esa ley no contemplaba, en efecto, como ellos querían, la eliminación de los grandes propietarios de tierras “como clase”. Más adelante López dicta un nuevo código del trabajo, concede la inmunidad sindical, patrocina la formación de grandes sindicatos y fuerza incluso a los patronos a firmar acuerdos (a veces ruinosos) con furiosos activistas. Todo eso en medio de la semiparálisis de la burocracia del Estado, de huelgas políticas y de marchas campesinas. Enseguida, hace saber que congelará los pagos de la deuda externa del país y, para mostrar su antiamericanismo y hacerse aplaudir de las “masas”, hace encarcelar al gerente de la United fruit Company, quien le hacia frente a una huelga política, y establece relaciones diplomáticas con la URSS, sugiriendo que quizá Rusia ofrecerá interesantes salidas al café colombiano. Esas brillantes iniciativas no son saludadas especialmente ni por Washington ni por los empresarios colombianos. Pese a ello, López indica, sin sonrojarse, que con esas ventoleras pretende, en realidad, “reforzar la burguesía nacional” y la “autonomía del Estado”.

Alarmada, la oposición conservadora, e incluso los liberales moderados acusan a López Pumarejo de haber abierto la Caja de Pandora con sus medidas “bolcheviques”. Exigen el final de los experimentos y un poco de estabilidad. López da entonces marcha atrás (lo que siembra a o vez la irritación entre los grupos más radicales) ya que comprende, por fin, que arriesga mucho en ese clima de alta “movilización” social[124]. I as palabras de su ministro Alberto Lleras Camargo, citadas más arriba, muestran la súbita toma de conciencia oficial y la amplitud de los daños. Aunque pequeño, el PCC llevaba a tambor batiente una política de “frente popular” la cual acababa de ser validada por Stalin en el VII Congreso del Komintern (25 de julio-20 de agosto de 1935). Con ella, Stalin abandona la línea previa de lucha de “clase contra clase”. La nueva orientación quiere lo contrario: una alianza de los partidos comunistas con “los partidos burgueses y pequeño burgueses” para “llevar al fracaso el fascismo”. He aquí el pretexto. La verdadera razón de la vuelta de cara son las nuevas necesidades diplomáticas de Moscú. Pero la innovación es de importancia y sus efectos en Colombia no tardan en hacerse sentir ya que una parte del liberalismo está bien controlada por las fuerzas que siembran el desorden.

Como en Colombia no hay fascistas, los comunistas intentan poner en su lugar a la llamada “reacción conservadora” y designarla como el peor enemigo del país. La colaboración del PCC con López debe pues ser profundizada para aislar “a los fascistas”. No obstante, las tropas encargadas del agit-prop hacen pasar las reformas lopistas como una conquista comunista. En 1936, con la ayuda liberal, un comunista es elegido para la Cámara de Representantes. La rivalidad liberalconservadora es empujada aún más lejos. Para los fanáticos de Stalin hay que transformar esa rivalidad en odio salvaje y en guerra civil. La explosión de 1948 y su cortejo de violencias serán la culminación de esa estrategia. Hombre de gran perspicacia, López Pumarejo llegó a entrever, a pesar de todo, el abismo que se abría bajo los pies de su país. Su alocución del 20 de julio de 1937, que anuncia el cese de sus políticas más criticadas, muestra a un hombre apremiado por desengañar a sus adversarios, que lo juzgan un peligroso marxista: “El criterio social de gobierno debe separarse de las utopías que comienzan a disputarse el terreno político en Colombia. Nuestra política es revolucionaria sin ser marxista. No pretende dividir la nación en clases ni tampoco de ninguna manera desconocer el orden social existente. No conspira contra el capital y no espera la ocasión para sacudir la propiedad privada o distribuir las fábricas a los obreros y las explotaciones agrícolas a los campesinos. No se propone tampoco engañar al capitalista durmiéndolo con la cándida ilusión de que le es posible evitar las luchas de los intereses económicos. Declarar el armisticio en la lucha de clases como un programa de gobierno sería una tarea simple y agradable si los conflictos del trabajo no tuvieran su origen en la obstinación de los dos partidos en ser beligerantes”.

Sin querer admitir que la experimentación lopista había producido un extenso sentimiento de rechazo en el seno del liberalismo, el PCC y sus amigos “progresistas” piensan que con la elección del liberal Eduardo Santos, en 1938, podrán seguir su obra de agitación social e infiltración de los sindicatos bajo el ala protectora del Estado, como si no hubiera pasado nada. Llaman, por lo tanto, a votar por Eduardo Santos y no por el candidato de la izquierda, Darío Echandía, lo que les hará perder buen número de los intelectuales que animaban, como Antonio García y Luis Vidales, las páginas de su prensa. Para el PCC, Eduardo Santos debía simplemente confirmar las desviaciones de López. Para el bloque mayoritario moderado y bipartidista, Santos debía, por el contrario, poner fin a los excesos de la “Revolución en Marcha”. Eduardo Santos va, en efecto, a hacer una pausa, por no decir un viraje en la orientación de los asuntos públicos. Esto no sólo porque la actitud de López ante el “frente popular” no iba con su temperamento, sino porque la coyuntura internacional se volvía cada vez más intrincada, con el desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial. Eduardo Santos, quien es, además, el propietario del principal diario del país, El Tiempo, rechaza toda demagogia y se concentra en un enérgico plan de modernización, como lo había hecho con gran éxito, en tiempos de la gran depresión internacional, el presidente Enrique Olaya Herrera (1930-1934)[125]: intervencionismo del Estado en la economía pero intervencionismo moderado y provisional; los jefes de empresa recuperan su autonomía una vez terminadas las dificultades; refuerzo del papel del Estado sobre la economía, las finanzas y la industria a través de la creación o el refuerzo de varios organismos: el Instituto de Fomento Industrial (IFI), el Banco Central Hipotecario (BCH), el Instituto de Crédito Territorial (ICT), el Fondo Nacional del Café y la Flota Mercante Gran colombiana. Santos reorganizará también la educación nacional y el Ministerio del Trabajo. Crea los tribunales de conciliación y arbitraje (para los litigios entre obreros y patronos) e instaura el descanso dominical y los días feriados remunerados. Eduardo Santos, a quien se le atribuían sentimientos antiamericanos, mejora las relaciones con los Estados Unidos y trae a Colombia las primeras misiones militares norteamericanas. Inaugura una serie de visitas oficiales entre los dos países y hacia el Canal de Panamá.

Eduardo Santos quiere también liberarlos sindicatos. No prohíbe el derecho de huelga pero considera que el crecimiento de la economía es frenado por la infiltración comunista en industrias y fábricas. Quiere que el sindicalismo liberal recupere su influencia. El ministro del Trabajo se pone entonces a la obra. Lanza una campaña de información sobre la necesidad de una determinada armonía entre el capital y el trabajo para el desarrollo del país. Algunos agitadores recalcitrantes son expulsados de los sindicatos. Todo eso es muy mal visto por los extremistas quienes se consideran escandalizados. La creación de los tribunales de conciliación y arbitraje, diseñados para regular pacíficamente los desacuerdos entre obreros y empresarios y para obstaculizar la acción de los extremistas, es mostrada por la propaganda comunista como un ejemplo de la política “regresiva” de Santos.

Todo eso va a desencadenar una batalla en la gran central obrera, la Confederación de Trabajadores de Colombia. Fundada por liberales en 1936, la CTC estaba bajo la influencia de los lopistas y del PCC, gracias al control que éstos ejercían, en Medellín y Bogotá, sobre los sindicatos de la industria textil (las empresas Rosellón, Coltejer y Paños Colombia). Para controlar los sindicatos industriales y colonizar la CTC, ellos no dudan en utilizar el viejo truco de enviar falsas delegaciones a los congresos, disfrazadas de “asociaciones” de artesanos, de campesinos, de sastres, de lustrabotas, etc[126]. Así, aprovechando la ausencia de control y en violación de la democracia sindical, la influencia leninista progresaba sobre varios frentes, sobre todo en el sector del petróleo (las empresas Tropical y Andian), así como en los transportes y en los servicios municipales de Barranquilla y Medellín. El pretexto de ese activismo es la obtención de la “unidad sindical” y la “defensa de la clase obrera”. Sin embargo, tal acción busca especialmente la captura psicológica de los activistas, la domesticación de la clase obrera y la creación de desórdenes para destruir las libertades. Las huelgas en el río Magdalena, la de los choferes de Manizales y de las industrias textiles Monserrate, en Bogotá, donde hubo muertos y heridos, fueron rudos ejemplos de eso[127].

Con el ascenso del nazismo y del fascismo en Europa y el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el imperialismo soviético va a cambiar de orientación y a perder, por añadidura, algunas plumas en Colombia. A partir de diciembre de 1943, el secretario general del Partido Comunista Norteamericano, Earl Russell Browder, muy influyente entre los comunistas colombianos, propone que la coalición antifascista que había permitido hacer frente al expansionismo de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, sea extendida a las fuerzas políticas de la posguerra, para ir hacia una futura coexistencia pacífica del mundo[128]. Eso implicaba la continuación de la colaboración entre la URSS, los Estados Unidos, la Gran Bretaña y Francia en la creación de una nueva vía, “verdaderamente democrática”. En sus discursos y libros, Browder sostenía que después de la conferencia de Teherán, del 28 de noviembre de 1943, donde Roosevelt, Churchill y Stalin encuentran los términos de su alianza, y después de las cumbres de Yalta y Potsdam, en 1945, los comunistas debían dejar de hacer todo lo que pudiera comprometer tal colaboración y tal unidad. Impulsar de manera agresiva el socialismo como alternativa al capitalismo sería, según Browder, un error. Decía que la tradicional hostilidad comunista contra el gran capital norteamericano en América Latina podía destruir esos acuerdos, Era necesario pues cambiar de política. Consecuente con sus propias teorías, Earl Browder propone, con éxito, en 1944, que el Partido Comunista de los Estados Unidos (CPUSA) cambie de nombre y adopte el de Asociación Política del Comunismo Norteamericano. Su idea era renunciar durante un largo período a su progreso orgánico fundiéndose en un extenso frente que incluiría a demócratas y otros partidos y grupos “progresistas”. Ese cambio pondrá fin, por decirlo así, al Partido Comunista de los Estados Unidos, el cual no volverá a ser lo que era en los años treinta: un partido muy influyente en los medios académico, intelectual y artístico del país y un partido que había desempeñado el papel de “orientador y guía” de los comunistas de Cuba, Colombia y la región del Caribe.

Al proponer esa clase de revisionismo en favor de la colaboración de clases, Browder no hacía más que seguir la lógica de la nueva situación internacional. La disolución del CPUSA era, en última instancia, la consecuencia de la disolución del Komintern (en mayo de 1943) ya que aquél era un partido mundial y no una federación de partidos. Por lo tanto, “disolver la IC era disolver también los partidos”, explicará más tarde el historiador Manuel Caballero[129]. Pero la lógica no logrará imponerse. Si Earl Browder hubiera ganado los favores de Moscú y del movimiento comunista internacional, sus tesis habrían quizá ahorrado al mundo la Guerra Fría. Pero ello no era posible, ya que la ambición de Stalin no era la construcción de una civilización mundial próspera y pacífica. Su objetivo era doblegar al mundo libre bajo la dictadura del Partido Comunista de la Unión Soviética.

AUGUSTO DURÁN CAE EN DESGRACIA

Las ideas de Browder tenían, por decirlo así, orígenes franceses. En 1937, el líder comunista Maurice Thorez propuso “la ampliación” del Frente Popular y la formación de un “frente francés” que podría incluir a políticos liberales y centristas moderados, así como otras corrientes que no habían apoyado el Frente Popular. Hasta pidió a los comunistas evitar el saludo del puño cerrado y todo acto que pudiera convertirse en un obstáculo a la “reconciliación de la nación francesa”. Algunos PC latinoamericanos adoptaron la doctrina Browder. Los más decididos serán los de Colombia, Cuba y Venezuela. Con la nueva línea, la cuestión obsesional de formar “verdaderos” partidos comunistas, con un sistema de organización casi militar, va a perder fuerza. “En la época de la influencia del browderismo —⁠recuerda Manuel Caballero— el Partido Comunista Colombiano se fue al otro extremo y cambió de nombre, en 1944, adoptando el tan detestado PDS, ‘partido demócrata-socialista’”[130]. La línea de Stalin de “lucha frontal” contra el imperialismo norteamericano sufrirá así algunas modificaciones.

Durante la Segunda Guerra Mundial, el PCC mantendrá pues las mejores relaciones con el gobierno liberal ya que éste representaba, según la nueva orientación, las “mejores tradiciones democráticas y progresistas de la burguesía colombiana”. Dirigido por Augusto Durán, el PCC acusa sin embargo al presidente Eduardo Santos, elegido en 1938, muy amigo de Francia y menos proamericano que su antecesor Olaya Herrera, de vacilar al momento de embarcar a Colombia en la guerra mundial al lado de los aliados. Eduardo Santos tendrá, en efecto, una política fluctuante: en primer lugar, declara en septiembre de 1939 la neutralidad de Colombia. Luego, el 18 de diciembre de 1941, rompe las relaciones diplomáticas con Alemania mucho antes de la cobarde destrucción de la goleta colombiana Resolute por un submarino alemán, el 23 de junio de 1942, en el archipiélago de San Andrés y Providencia, donde mueren seis civiles colombianos y otros tres son herido[131]. En realidad, Santos traerá a Colombia las primeras misiones militares americanas, obtendrá créditos importantes de la Export-Import Bank para el desarrollo del país y ayudará a la eliminación de la influencia alemana en la aviación civil colombiana. Colombia cooperara con Washington durante toda la guerra suministrándole material estratégico y apoyando sus propuestas en las reuniones panamericanas[132]. Pero la posición de neutralidad adoptada inicialmente por Eduardo Santos muestra en parte el peso ideológico que el PCC neutral en esa época, ejercía a pesar de su insignificante peso electoral sobre algunos sectores del Partido Liberal. El pacto entre Hitler y Stalin, firmado en Moscú el 23 de agosto de 1939, había hecho del PCC una fuerza neutral.

Neutral y contradictoria ya que un mes antes defendía otros principios. Según el Manifiesto aprobado por la conferencia de los partidos comunistas reunidos en Nueva York el 9 de julio de 1939[133], el enemigo principal ya no era el imperialismo sino “el fascismo”. Ese documento llama a “encontrar los mejores métodos para cooperar con todas las fuerzas democráticas del continente para luchar contra la agresión de los poderes fascistas y defender la paz y las libertades del pueblo”. La orientación “antifascista” del Manifiesto constituía un cambio de importancia para los comunistas ya que era necesario participar en la defensa de un antiguo enemigo, exaltaba “la unidad del pueblo latinoamericano con el pueblo norteamericano” y la cooperación con la administración de Roosevelt para la aplicación consecuente de la política democrática del “Buen Vecino[134]”. El neutralismo frente a Hitler constituirá un nuevo cambio de línea de los PC y sobre todo el repudio de ciertos principios.

El pacto entre Hitler y Stalin, que se había negociado mientras los delegados de Francia y Gran Bretaña discutían con Moscú un acuerdo antinazi, tendrá consecuencias gravísimas. Liberado del riesgo de tener que combatir sobre dos frentes, Hitler desencadena la Segunda Guerra Mundial. Enseguida, el Ejército Rojo ocupa las provincias orientales de Polonia, el 17 de septiembre de 1939. Antes del asalto alemán contra la URSS, el 22 de junio de 1941, la Alemania nazi no era, para Moscú, “el enemigo mortal del proletariado”, sino “un lisiado que desea llegar lo más rápidamente posible al restablecimiento de la paz”, mientras que Francia e Inglaterra, según el Kremlin, no luchaban contra Hitler por ideales de libertad sino porque querían “la continuación de la guerra”. El mejor resumen de esa traición de Stalin es el ministro Viatcheslav Molotov quien lo hará en noviembre de 1939 al declarar: “Hacer la guerra ‘para destruir el hitlerismo’, es no solamente absurdo, sino criminal…”[135]. El 18 de junio de 1940, Stalin envía a Hitler un mensaje caluroso para felicitarlo por su ocupación de Francia[136].

En Bogotá, el viraje de Moscú es duro de tragar para los comunistas, pero ellos se lo tragan de todas formas. Al defender vergonzosamente el pacto Hitler-Stalin, el PCC abandona su posición antifascista y recibe críticas de todos lados. Se aísla así de nuevo y es odiado por todo el mundo. Pero, testarudo, hace eco a la propaganda del Kremlin según la cual la URSS, al aliarse a la Alemania nazi, “frustraba la conspiración de Occidente” contra ella y ganaba “una tregua preciosa para prepararse mejor ante la posterior agresión nazi”. Los comunistas colombianos que se niegan a ver en ese pacto un crimen contra la paz mundial y la posición británica y francesa como una lucha legítima de la democracia contra el fascismo, no harán más que repetir como loros las instrucciones de Stalin. El PCC llama, en consecuencia, a mantener una posición de “neutralidad”. Insensible a la ola de indignación general en el mundo, el PCC apoya la invasión de la pequeña Finlandia por el Ejército Rojo y termina por pagar el precio de esa aberración: el órgano Tierra es cerrado y varios miembros de la dirección central son arrestados.

El ataque alemán contra la URSS toma por sorpresa a Stalin y hace cambiar brutalmente la línea de Moscú. Y, automáticamente, la del Partido Comunista Colombiano. Con subvenciones del Kremlin, el PCC, muy aislado, reúne su primer congreso, en agosto de 1941, y lanza en Bogotá un nuevo órgano, Diario Popular, que se presenta como una “tribuna antifascista”. Enseguida, se incorpora a la nueva campaña presidencial de Alfonso López Pumarejo. La propaganda comunista puede de nuevo pegar de lleno. Durante la segunda administración de López Pumarejo (1942-1945), rápidamente agrietada por la fuerte oposición que le hace el partido Conservador y por el apoyo vacilante de los liberales, el PCC se muestra partidario de las reformas preconizadas por el jefe del Estado mienta ejercer una influencia sobre éste. López decide, por ejemplo, establecer relaciones diplomáticas con la URSS y los comunistas progresan en el terreno electoral ya que, en 1943, llegan a elegir un senador, tres representantes y 10 diputados. En 1944, bajo la dirección de los duranistas, el PCC cambia de nombre (PDS) y se muestra favorable al acuerdo entre los Estados Unidos e Inglaterra. Pero en abril de 1945, el jefe comunista Jacques Duclos acusa a Earl Browder de ser un “oportunista” y un “liquidador”. Browder será expulsado de su partido en febrero de 1946 pero seguirá trabajando con Moscú como distribuidor de literatura científica soviética en los Estados Unidos.

Ese cambio radical respecto de Browder modifica las cosas en el PDS. En su quinto congreso, reunido en 1947 en Bucaramanga, estalla la división entre los socialistas democráticos y los comunistas. Bajo la instigación de Duclos y conducido con mano de hierro por Gilberto Vieira, el partido adopta de nuevo la apelación “PCC” y purga a los “elementos browderistas”. Minoritarios, éstos crean el órgano Clase Obrera y fundan la Unión Comunista Obrera. Los otros siguen con Diario Popular. La pelea entre vieiristas y duranistas es de importancia, ya que éstos últimos adoptan una línea completamente inédita entre los comunistas colombianos: su consigna es, según sus rivales, “la lucha pacífica en el marco de la democracia burguesa[137]”. Vieira excomulga entonces a los disidentes lanzándoles a la cara el epíteto de “revisionistas” que “siembran la confusión en el movimiento revolucionario”. Rencoroso tenaz, trece años más tarde Vieira escribirá que los duranistas “terminaron por convertirse en instrumentos directos de los grandes capitalistas y de las dictaduras reaccionarias en sus campañas anticomunistas[138]”. El grupo de Durán, que por una vez (quizá por las necesidades de su batalla contra Vieira) parecía querer adoptar una actitud racional y eficaz en la lucha de los trabajadores, habría podido abrir una brecha en la muralla del fanatismo doctrinal de los vieiristas y crear un partido socialdemócrata. Pero, aislado y abrumado por el peso de la máquina estalinista, no saldrá adelante. La fracción que preconiza la guerra civil es la que va a imponerse a largo plazo.

Demasiado debilitada por la escisión, por el chamboneo teórico de Moscú y por sus propias contradicciones, que la pone a remolque del gobierno liberal, la fracción vieirista no es capaz de desempeñar un papel importante en los asuntos internos del país, como en la huelga general del 13 de mayo de 1947, que los duranistas condenan como “antigubernamental” y marcada por el “espontaneísmo[139]”, ni en el sangriento putsch revolucionario del 9 de abril de 1948. Todo eso por una buena razón: el Partido Comunista, que había combatido de manera sectaria el movimiento gaitanista, no tenía ninguna posibilidad de dirigir “la insurrección popular”, como lo admitirá algunos años más tarde Diego Montaña Cuéllar, uno de los más importantes ex dirigentes del PCC[140].

1

EL “BOGOTAZO”

LA CONFRONTACIÓN ESTE-OESTE EN 1947-1948

El año 1947 marca el final de una época en las relaciones entre el Occidente capitalista y la Unión Soviética. Las ilusiones de Franklin Delano Roosevelt de construir un nuevo orden mundial con la URSS, su aliado durante la Segunda Guerra Mundial, ya no tenían sentido. Moscú se había mostrado intratable y decidido a consolidar y agrandar su imperio. Hasta ese momento, Roosevelt había observado con cierta indiferencia el extraordinario trabajo de penetración de Moscú en los Estados Unidos[141] y en el continente americano, de modo que en la VIII Conferencia Interamericana de Lima, de 1938, después de la firma de los acuerdos de Múnich, algunos miembros de las delegaciones latinoamericanas impulsan abiertamente algunas ideas prosoviéticas y se muestran partidarios, por ejemplo, del levantamiento casi total de los controles de entrada de los extranjeros al continente, sin que eso suscitara interrogantes en Washington.

Los graves errores cometidos por Franklin D. Roosevelt y Winston Churchill respecto de la Rusia soviética desde junio de 1941, explicadas no por afinidades ideológicas sino por sus temores, muy exagerados, de una fulminante victoria de Hitler al Este, en primer lugar, y de una paz separada entre Alemania y Rusia, mas larde, abrieron desgraciadamente la puerta no sólo a las enormes concesiones a Stalin en las conferencias de Teherán (noviembre de 1943) y de Yalta (febrero de 1945), sino también a la misma infiltración del gobierno de Estados Unidos por los comunistas y a la extensión de las actividades comunistas en el mundo ibero-americano.

El final del laxismo ciego (en 1941 Roosevelt consideraba que gracias a su influencia Stalin evolucionaba hacia la socialdemocracia), el cambio de política respecto de Moscú vendrá del presidente Harry S. Truman, después de la muerte de Roosevelt, el 12 de abril de 1945. Truman lanza su doctrina de contención del comunismo y propone el Plan Marshall a Europa. Anne de Tinguy, en su obra sobre las relaciones americano-soviéticas, dice: “Al final de 1946, la idea rooseveltiana de un orden mundial construido con la URSS gracias a negociaciones directas entró en crisis. Los Estados Unidos abandonan toda esperanza de solucionar los problemas con los soviéticos por la vía diplomática. En adelante, persuadidos de que Moscú tiene ambiciones expansionistas, definen en pocos meses un nuevo enfoque destinado a bloquear el avance de la URSS y del comunismo en el mundo. En un primer momento, utilizan para eso el poder que les da su poderío económico[142]”.

Testigo de excepción de ese tiempo, G. F. Kennan, ex embajador norteamericano en Berlín y Moscú, concluye: “Stalin quería realmente retirar toda la influencia norteamericana del continente de Eurasia y hacer reinar allí la Rusia soviética. Sus ambiciones fracasaron en Europa Occidental gracias al Plan Marshall y a las otras medidas adoptadas para reforzar la independencia de los pueblos al final de las hostilidades[143]”. Pero en Europa del Este el Kremlin consigue poner a todo el mundo bajo su bota. Nicolás Werth, en su Histoire de l’Union Soviétique, observa que el clima internacional seguía deteriorándose con la brutal satelización de los países de Europa del Este por la URSS: “Durante el año de 1947, la organización de regímenes de ‘democracia popular’ había entrado en su segunda fase: luego de la farsa de los ‘gobiernos de coalición’ (1945-1946), los comunistas accedían ahora por todas partes al poder[144]”.

Después de los acontecimientos de Rumania, Yugoslavia, Bulgaria, Polonia, Hungría, sólo Checoslovaquia parecía escapar a la influencia completa de los comunistas. Pero no podrá oponerse a las presiones de Stalin sobre la cuestión del Plan Marshall. Para combatir la doctrina Truman, Moscú crea a su vez el Kominform, que quiere decir, en ruso, oficina de información común. Nicolás Werth dice cómo fue hecho eso: “La constitución de bloques alcanzó una etapa suplementaria cuando a finales de septiembre de 1947 los representantes de seis partidos comunistas del Este europeo y los dos partidos comunistas más fuertes de Europa occidental (el PCF y el PCI) se reunieron, por iniciativa de los soviéticos, en el castillo de Szklarska Poreba, no lejos de Wroclaw, Polonia, para fundar el Kominform (cuya sede será establecida en Belgrado), encargado de ‘organizar el intercambio de experiencias y, en caso de necesidad, coordinar la actividad de los partidos comunistas, sobre la base de un libre consentimiento’”. Los occidentales interpretaron naturalmente el comunicado del 5 de octubre, que anuncia la constitución del Kominform, como la “resurrección del Komintern[145]”. A partir de ese momento, el movimiento comunista internacional, bajo las presiones y órdenes de Moscú, persuadida como está de que los Estados Unidos están a punto de desencadenar una guerra contra la URSS, va a realizar operaciones ofensivas en todos los continentes. Es una vuelta al “tercer período[146]”.

Batallas en las conferencias panamericanas

Siete meses después de la fundación del Kominform, la IX Conferencia Panamericana se realiza en Bogotá. Esta capital latinoamericana, que veía muy lejos los primeros avatares europeos de la Guerra Fría, va a darse cuenta dramáticamente de que tal confrontación planetaria podía también afectar, y hacer daños enormes en el corazón mismo de Colombia. La Guerra Fría no será una guerra diplomática. Será una verdadera guerra, con operaciones militares abiertas y sangrientos golpes secretos. “Que nadie se equivoque”, explican Genovefa Etienne y Claude Moniquet, “los rasgos de la Guerra Fría son claros: países ocupados y naciones oprimidas, operaciones militares (aunque éstas se desarrollen siempre lejos de Europa, continente que sigue siendo el principal campo de aparición de fuerzas y el objetivo crucial de la confrontación) y el conflicto entre dos doctrinas políticas que todo separa, el comunismo y la democracia representativa[147]”.

La IX Conferencia Panamericana, que incluso antes de su instalación ya era objeto de violentos ataques por parte de los comunistas colombianos y extranjeros, será el teatro elegido por Moscú para arreglar sus cuentas con Washington.

Para el Kremlin era necesario perturbar esa reunión ya que las conferencias panamericanas siempre habían contribuido a la estabilidad del continente. Gracias a los mecanismos jurídicos creados por ellas, las guerras en el continente habían sido de corta duración. “Si destruimos la solidaridad americana, el día vendrá en que la fuerza nos reduzca de nuevo a la servidumbre, porque este continente dividido en partículas no será capaz de oponerse a las grandes crisis futuras de la humanidad”, decía con gran lucidez el delegado de Chile, Nieto del Río, durante la VII Conferencia de Montevideo, en 1933, antes de lanzar su famosa fórmula: “El panamericanismo es una póliza de seguro para la integridad de América[148]”. En efecto, más de una treintena de litigios de fronteras e incidentes internacionales habían encontrado una solución pacífica, gracias a las producciones jurídicas del continente y, sobre todo, a una conciencia precisa sobre el arbitraje y la mediación, expresada en más de una docena de convenios y resoluciones interamericanas de diverso tipo. Colombia y Perú que, por ejemplo, habían estado al borde de la guerra, luego de las escaramuzas en Leticia, encontraron una solución a su conflicto luego del acuerdo firmado por los presidentes López (Colombia) y Benavides (Perú). Notables fueron también, entre otras cosas, los acuerdos de mayo de 1902 que pusieron fin a la querella entre Chile y Perú, gracias a la mediación de Argentina y Colombia. La lucha en los bosques del Chaco, entre Paraguay y Bolivia, encontró un desenlace satisfactorio para las partes en 1935.

UNA EXTRAÑA AGITACIÓN

Sin saberlo, a principios de 1948, Colombia se acercaba a una violenta confrontación entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. A finales marzo, el Departamento de Estado norteamericano había terminado los preparativos para la IX Conferencia Panamericana que debía reunir en Bogotá a los representantes de 22 Estados del continente, excepto Canadá, y los “territorios dependientes”, es decir, las posesiones inglesas, francesas y holandesas en América. Su objetivo era mejorar las bases institucionales de la cooperación interamericana y crear un consenso político de protección del orden latinoamericano ante la ofensiva comunista internacional[149]. El orden del día de la Conferencia era pesado: debates sobre el proyecto de carta de la Organización de Estados Americanos (OEA), un texto de 18 capítulos y 112 artículos; debates sobre el tratado americano para el arreglo pacífico de las diferencias o Pacto de Bogotá, un texto de ocho capítulos y 59 artículos y, en fin, un acuerdo económico, un texto de 13  capítulos y 43 artículos.

Esos textos permitirán la puesta en funcionamiento de la OEA y mejorarán el sistema de principios de derecho que permiten al continente tratar sus diferencias de manera diplomática[150]. Washington se muestra, además, dispuesto a abrir una fase de mayor cooperación económica mediante un Plan Marshall para América Latina, destinado a aumentar las inversiones del capital privado norteamericano. En su carta a la IX Conferencia Panamericana, el presidente Truman se muestra dispuesto a pedir al Congreso norteamericano aumentar en 500 millones de dólares la capacidad del Export-Import Bank para financiar proyectos de desarrollo económico en las repúblicas del continente, sin que eso impida a los planes ya existentes atraer inversiones privadas norteamericanas hacia estos países[151].

La doctrina Truman de containment del comunismo, que marca el comienzo de la Guerra Fría[152], inspiraba el planteamiento del secretario de Estado George Marshall. En Washington, la imagen del “golpe de Praga” del 23 de febrero de 1948, donde los comunistas logran penetrar el gobierno de Edvard Bénès y tomar el poder de manera duradera por medio de manifestaciones armadas, estaba aún viva en los espíritus.

Denunciada por Moscú como un nuevo acto de “política antisoviética”, la Conferencia Panamericana de Bogotá comienza sus trabajos en el Capitolio Nacional, sede del Parlamento colombiano, el 30 de marzo de 1948. El presidente de la República, Mariano Ospina Pérez, pronuncia el discurso de apertura, seguido de Joao Neves de Fontaura, jefe de la delegación de Brasil. Laureano Gómez, ministro colombiano de Relaciones Exteriores, es elegido presidente de la Conferencia. Sentado junto al representante de Honduras, el general George Marshall escucha atentamente. Muy activo, Marshall acababa de presidir en Estocolmo la conferencia de los Estados escandinavos donde se había aprobado el Plan Marshall. Su discurso tan esperado, sobrio y técnico, cae no obstante como una ducha de agua fría sobre los delegados. Lo que refuerza las reticencias de algunas delegaciones, entre ellas la de Colombia, que vacilan ante las propuestas de los norteamericanos. Ellas dudan, por ejemplo, ante la declaración XXXII según la cual “el comunismo internacional, debido a su naturaleza antidemocrática y su tendencia intervencionista, es incompatible con el concepto americano de libertad”. Este texto añadía que los países americanos debía resolverse a adoptar “las medidas de política interior necesarias para erradicar e impedir las actividades subversivas”. De manera un poco simplista, un delegado alega que el panamericanismo no tiene “nada que ver con la guerra de ideologías[153]”.

Esas actitudes ocultaban mal las preocupaciones de algunos delegados. Es posible que la actitud de George Marshall y de John Coy, director del Banco de Resconstrucción, consistente en excluir de entrada toda ayuda pública norteamericana (la idea de Washington era ayudar a las naciones latinoamericanas esencialmente por medio de inversiones de capital privado), haya desilusionado a los gobiernos que esperaban un plan similar al previsto para la reconstrucción europea. Pero había también, y sobre todo, el peso de la ideología y de la propaganda “antiimperialista”. Los dos partidos enfeudados a Moscú veían como un obstáculo a su extensión los ideales del panamericanismo, sobre todo la idea de que la seguridad y la solidaridad colectiva del continente suponía una organización política de los Estados basada en el funcionamiento efectivo de la democracia representativa. Ese gran principio, afirmado incluso por el Libertador Simón Bolívar, había sido relanzado con fuerza por los Estados Unidos en esta conferencia[154]. El 3 de abril, un diplomático francés escribe en sus Carnets: “Los delegados avanzan muy prudentemente en la declaración anticomunista y las alusiones hechas lo fueron de manera muy velada. Realmente, hasta ahora, no se ha hablado sino de cuestiones económicas. […]. El discurso de Marshall fue una gran desilusión[155]”. Los debates siguen, pues, en el Capitolio mientras que la agitación comunista contra la Conferencia aumenta en las calles de Bogotá.

Esa agitación no tenía nada de raro dada la gran tensión que reinaba entre los Estados Unidos y la URSS. Para la Rusia soviética, el Plan Marshall constituía un obstáculo a la proyección de su influencia, ya que ponía “fin a las esperanzas de la URSS de ver Europa abandonada por los norteamericanos[156]”. Pero fuera del Plan Marshall había otros contenciosos entre la URSS y los listados Unidos. La conferencia de Moscú, en marzo de 1947, donde los rusos intentaron imponer su doctrina sobre un nuevo estatuto para Alemania (un estado unitario), había fracasado gracias a la oposición de los Estados Unidos, la Gran Bretaña y Francia. La conferencia que siguió, en Londres, en diciembre, había terminado sin conseguir nada, confirmando las divergencias entre las tres potencias occidentales y la URSS. Ésta actuaba a su antojo en la parte que ocupaba de Alemania, captando indemnizaciones sin respetar los acuerdos de Potsdam y preparando un clima favorable a la proclamación de una república nacional comunista. En Londres, el general Marshall no había edulcorado sus palabras frente a Moscú, exigiéndole cesar el desmantelamiento de las empresas de la zona de ocupación soviética. La administración norteamericana, además, había concedido 400 millones de dólares a Grecia y Turquía, en marzo de 1947, para ayudarles a combatir las guerrillas comunistas. Harry Truman, en mayo, había invitado firmemente a los europeos a excluir a los comunistas de sus gobiernos, sobre todo en Italia y Francia, donde las actividades subversivas de los PC eran cada vez más agresivas.

Para Moscú, el general Marshall se había convertido en un blanco estratégico. Su presencia en Bogotá daba al Kremlin una ocasión única para alcanzarlo, o al menos para hacerle una demostración bestial de irritación por los bloqueos sufridos en las conferencias de Moscú y Londres. Es por eso que su llegada a Bogotá fue calificada como una “nueva provocación contra la Unión Soviética” y como la apertura de otro capítulo, esta vez latinoamericano, de la “política agresiva del imperialismo”. Para Moscú, ciertamente, lo que estaba en juego en la conferencia de Bogotá no era poco. Un éxito de ésta se traduciría en un nuevo riesgo de erosión de la influencia soviética en la región. El Kominform, creado poco antes, había definido una política de confrontación[157] que coincidía perfectamente con la necesidad de riposta de Moscú y que recordaba al mismo tiempo la linea aventurera de 1928 del Komintern. El golpe de Praga de febrero de 1948, que causó una viva emoción en Occidente (y por ende en Colombia), y la cuestión de Alemania, envenenaban cada vez más las relaciones entre la URSS y los Estados Unidos. Sin hablar de Grecia donde ejércitos comunistas sostenidos por Moscú pretendían tomar el poder. En las relaciones EE.UU-URSS, el Plan Marshall ocupaba el centro de las dificultades y asperezas más destacadas[158]. Era necesario sabotear la IX Conferencia Panamericana que quería profundizar los criterios anticomunistas del continente latinoamericano y dar, además, un golpe irreparable a la nueva OEA que iba a sustituir la antigua Unión Panamericana como el instrumento de las políticas colectivas del continente. En 1945, en la Conferencia de Río, el movimiento panamericanista había firmado un Tratado Internacional de Ayuda Mutua donde se consideraba que “el ataque armado contra todo Estado americano será visto como un ataque contra todos los Estados americanos”. Para Moscú, ese tratado era inquietante ya que era “la primera vez desde 1778 que los Estados Unidos entraban en una alianza militar con otros Estados[159]”. Era necesario, por lo tanto, detener de una vez por todas esa dinámica de protección mutua de los Estados del continente americano contra la subversión o los ejércitos extracontinentales.

La crispación entre Moscú y Washington era, por lo tanto, extrema en abril de 1948. Stalin pide el bloqueo de las vías de acceso a Berlín dos meses más tarde y los occidentales se preparan para crear la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Ese clima repercute naturalmente en Bogotá donde la tensión sube rápidamente. Las calles son el teatro de violentas manifestaciones antiamericanas en las que la gente grita: “Remember Panamá!” y “Heil Marshall!”[160]. La fracción avanzada del Partido Liberal, opuesta al gobierno de Ospina Pérez[161], hace eco a esas maquinaciones subversivas. Pero es el PCC el que lleva el tambor batiente. Concentra los ataques sobre la Conferencia, a la cual le atribuye intenciones “antidemocráticas y antinacionales”. A Bogotá, agitadores habían llegado de Cuba, México, Venezuela, Guatemala y Estados Unidos (el americano Francés McKinnon estaba presente). Pero había también agentes comunistas europeos llegados recientemente: el español Luis Fernández, el francés Eugène Kerbaul[162], el húngaro Brancov, los yugoslavos Mizo Rujitch y Zupan, los rusos Akilokoff y Anzoff[163]. El 8 de abril, en una reunión comunista, uno de los oradores anticipa (lo que era falso) que la declaración anticomunista “parece haber fracasado”. Al día siguiente, a la 1:05, es el drama: el jefe del Partido Liberal, Jorge Eliécer Gaitán, quien había autorizado, contra el dictamen de los opositores comunistas, la participación de delegados liberales a la Conferencia Panamericana, es abaleado a la salida de su oficina por un tal Juan Roa Sierra[164]. Sin perder tiempo, los agitadores gritan venganza y organizan una violenta manifestación. El saqueo y la destrucción del centro de la ciudad comienza. En pocas horas, los amotinados devastarán e incendiarán el centro histórico de Bogotá. Varios miles de personas perderán la vida. Es el Bogotazo.

Refugiado en una farmacia, después de haberse entregado a un Policía, el supuesto asesino de Jorge Eliécer Gaitán no tiene tiempo de dar declaraciones. Es linchado inmediatamente por energúmenos anónimos que salen de la muchedumbre. Ese segundo asesinato es seguido de una serie de acontecimientos que podrían difícilmente ser vistos como hechos casuales. Un rumor se extiende como rastro de pólvora: “¡Es el gobierno el que ordenó el asesinato de Gaitán!”. Bajo los gritos “¡A Palacio!”, un grupo arrastra el cadáver de Roa Sierra. Los tranvías del centro son incendiados. Las ferreterías son tomadas por asalto y robadas. Las cárceles son abiertas. Grupos comienzan a tomarse los edificios oficiales e improvisan el sitio del palacio presidencial. Peor, el cuartel de Policía más cercano de los incidentes, la Quinta División, se alza y abre sus puertas a los amotinados. Éstos se apoderan de los fusiles y organizan una columna armada que se dirige hacia el Palacio de Nariño, sede de la Presidencia de la República, protegida por sólo 29 soldados. Los asaltantes, que abandonan el cadáver de Roa Sierra en la calle del Palacio, disparan contra los soldados quienes responden como pueden. El populacho llega hasta la fachada del palacio e intenta derribar la puerta principal. Pero la llegada de los soldados de refuerzo los hace retroceder. Los atacantes cambian entonces de objetivo y atacan el Capitolio, donde trabaja la Conferencia Panamericana, la cual es evacuada de urgencia por el Ejército. Los archivos de las delegaciones son saqueados. La turba prende fuego a los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores, Educación Nacional, Comunicaciones, Justicia, así como a la Procuraduría y a la Gobernación de Cundinamarca. Eso no es todo. Un bloque de hombres armados ataca el Ministerio de Guerra, en el barrio San Diego. Varias veces rechazados por los militares, los asaltantes vuelven a la carga. Consiguen quebrar una gran puerta con un camión e invaden parcialmente el patio del Ministerio. Pero son rechazados de nuevo por los defensores del edificio. Numerosos muertos quedarán en ese lugar. Más al sur de la ciudad, el Palacio de San Carlos, residencia histórica de Simón Bolívar, también es atacado e incendiado. La sede del servicio nacional de seguridad, donde se encontraban los archivos de la entrada y salida de los extranjeros al país, es a su vez destruida por las llamas. Igual suerte corre el Ministerio de Hacienda. Dos sedes diplomáticas, las legaciones de Bélgica y de los Países Bajos, son saqueadas e incendiadas. Los tres colegios católicos más importantes de la capital (el Instituto de la Salle, el Colegio de San Bartolomé y el Colegio Antonio Nariño) son devastados completamente. Dos grandes hoteles (el Atlántico y el Regina) son atacados. Los alzados toman y destruyen completamente la residencia del nuncio papal y el Colegio Apostólico. Alguien intenta incendiar la Catedral de Bogotá. El orfelinato, edificio construido en 1610, es incendiado. Cientos de edificios privados y las sedes de empresas colombianas y norteamericanas (como Avianca, Sears, Singer, National Cash Register) son devastados[165].

Con sólo 860 soldados en la capital[166], el Ejército pide refuerzos y logra frenar la columna armada rebelde. Ésta se disloca pero se apodera de los edificios más elevados y de los campanarios de algunas iglesias del centro, donde instala francotiradores para disparar contra el palacio presidencial y contra los militares en las calles. Otro rumor es puesto en circulación: que los religiosos están “disparando contra el pueblo” desde las iglesias. El resultado no se hace esperar: la catedral, las iglesias y algunos conventos del centro de la ciudad son atacados por hordas enfurecidas. El precioso Museo de Historia Natural es quemado. Ese museo albergaba importantes piezas arqueológicas, como algunos esqueletos de mamuts y mastodontes descubiertos en los alrededores de Bogotá por el padre Apollinaire, un famoso paleontólogo[167]. El palacio del arzobispado es también destruido, así como la sede del nuncio apostólico quien debe huir para salvar su vida. La Radio Nacional y tres radios privadas son invadidas por agitadores y jefes gaitanistas improvisan discursos para incitar a la violencia contra los conservadores. Anuncian que un gobierno “revolucionario” se está formando. Presidido por el antiguo ministro Adán Arriaga Andrade, éste realizará una sesión de varias horas en un cuartel de la Policía rebelde.

El diario conservador El Siglo es dinamitado e incendiado. Idéntico tratamiento es reservado al domicilio de su director, Laureano Gómez, quien encuentra refugio en un edificio militar. Uno de los símbolos de Francia en Bogotá, la Alianza Francesa, situada en el centro de la ciudad, es incendiada. Grupos armados se apoderan de los edificios principales de la capital, en particular de la Alcaldía y de la estación del ferrocarril.

Ocupan también el único aeropuerto de la ciudad[168]. La Embajada de los Estados Unidos es atacada: sus empleados tienen que luchar durante largas horas contra los locos de incendio propiciados por los asaltantes. La sede de la delegación de Países Bajos es quemada totalmente[169].

Desde enero de 1948, Colombia vivía una extraña agitación. En Bogotá, Cali, Bucaramanga había huelgas, atentados contra los servicios públicos, incidentes raros e inexplicados. La huelga del sector petrolero seguía a la huelga de chóferes. En el departamento del Tolima, un grupo de campesinos toma las armas contra las autoridades. La inquietud ganaba los espíritus. Por todas partes se hablaba de un inminente golpe de Estado. En febrero, la prensa conservadora anunciaba que “los comunistas y los gaitanistas”, con motivo de la Conferencia Panamericana, iban a desencadenar “peligrosos incidentes[170]”. Daniel Pécaut menciona a este respecto dos artículos[171] muy interesantes: “La Patria, de Manizales, escribe el 13 de febrero de 1948 que Gaitán recibe dinero de la embajada soviética para organizar un levantamiento contra la Conferencia Panamericana. La víspera del asesinato de Gaitán, El Diario del Pacifico, conservador de Cali, profetiza que lo peor puede pasar si ‘el compromiso que hizo Gaitán con el comunismo impide al liberalismo hacer causa común con los que se esfuerzan en defender el sentimiento americano contra la influencia del Kremlin’”. El Departamento de Estado por su parte, alertado por Willard Beaulac, embajador de Estados Unidos en Colombia, sabía también, desde diciembre, que los comunistas se preparaban a sabotear la Conferencia Panamericana. Pero el secretario de Estado Marshall consideraba que sería “absolutamente ridículo que una veintena de repúblicas americanas sea intimidada por protestas o amenazas vengan de donde vengan[172]”. El contraalmirante R. H. Hillenkoeffer, jefe de la Central Intelligence Agency, que coordinaba la actividad de los agentes de inteligencia norteamericanos en el extranjero, había declarado ante una subcomisión de la Cámara de Representantes que sus servicios habían tenido confirmación de la intención de los comunistas de perturbar la conferencia en Bogotá[173].

Gaitán y la dictadura del proletariado

Abogado de gran reputación, excelente orador, Jorge Eliécer Gaitán era la figura ascendente del Partido Liberal. La noche del 7 de febrero de 1947, había dirigido en Bogotá una inmensa manifestación de antorchas de sabor mussoliniano que tenía por objeto lanzar una advertencia al gobierno: si sus esbirros no dejan de matar liberales en provincia, nuestro partido va a reaccionar “en legítima defensa”. El gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez era acusado por la oposición de conducir, por medio de la Policía, una ofensiva antiliberal en varias zonas rurales. Por el contrario, los conservadores veían en los liberales a los iniciadores de la violencia. Esas confrontaciones fratricidas, que causaron cientos de víctimas en 1948, durarán hasta 1953. Ese período se conocerá como “La violencia”.

Líder popular, si no populista[174], Gaitán pretendía desbordarlas direcciones de los partidos tradicionales liberal y conservador para apoderarse délas masas pauperizadas, víctimas, según él, del “sistema oligárquico[175]”. Durante la campaña para la elección presidencial de 1946, que él perderá debido a la división del Partido Liberal, y durante la campaña para las elecciones municipales de 1947, Gaitán había recorrido Colombia. Con sus vigorosos discursos contra “la oligarquía” liberal y conservadora, con una visión equivocada de la realidad que tenía como imposible la reconciliación entre el “país político” y el “país nacional”, se había transformado en un doctrinero de la lucha de clases. Él meterá fuego por todas partes y polarizará de manera aún más radical la opinión pública. Él y su rival que tanto odiaba, el líder conservador Laureano Gómez, hombre no menos vehemente y excesivo, son, en realidad, los más grandes responsables de la radicalización aguda de las clientelas políticas de esa época. En sus discursos, Gaitán utilizaba frecuentemente la amenaza de una “avalancha humana” contra el gobierno y contra las bases del sistema político. Los desbordamientos y las violencias que el país va a conocer antes y después del 9 de abril son probablemente, entre otros factores, consecuencia de ese endurecimiento ampliamente atizado por Gaitán.

Jorge Eliécer Gaitán no era un liberal desde el punto de vista filosófico. En una larga (y bastante confusa) conferencia pronunciada en Bogotá en 1942, titulada “Rusia y la democracia”, se había esforzado por demostrar que “en ciertos aspectos, Rusia es una democracia que ha superado el tipo de las democracias corrientes”, que la “dictadura del proletariado” instaurada en Rusia era “de pura esencia democrática”, que en Rusia hay “un órgano dictatorial que da resultados democráticos en algunos ámbitos[176]”. Gaitán, desgraciadamente, no dará un solo ejemplo concreto de cómo y dónde la “democracia soviética” toma cuerpo en “algunos ámbitos”. Él no rechazó jamás esa conferencia. No deseoso de hacer la distinción entre promesas y actos, entre propaganda y realidad, el demagogo liberal será uno de los primeros en caer en la trampa de una cierta persuasión destinada a hacer ver la Rusia soviética como el paraíso terrenal, como una parte integral del campo democrático internacional. Gaitán, quien nunca visitó Rusia y no era amigo de los comunistas colombianos, no estaba lejos de los que afirman que el comunismo es “la fase suprema de la democracia[177]”. Nada podrá disculpar la ceguera de Gaitán frente a la dictadura estalinista y frente a su política exterior. La exterminación de los liberales rusos, los procesos escandalosos contra los viejos jefes bolcheviques, los asesinatos de republicanos españoles no comunistas eran hechos que estaban al alcance de todo lector de los diarios colombianos.

Por lo que se refiere a la Revolución Francesa, Gaitán creía hacer el elogio diciendo que ésta “creyó asegurar las libertades con la simple declaración” [de derechos] y “creando conceptos”, pero que ella “fracasó” porque no conquistó la “seguridad económica” de los hombres. Cosa que, a su modo de ver, es una de las verdaderas “conquistas” de la revolución rusa, que creó “realidades vivas” y no inútiles “entelequias” como la libertad de palabra y la libertad de pensamiento[178]. Por lo tanto, para Gaitán, la Constitución soviética, un papel que no reflejaba la realidad totalitaria que ella disimulaba, era “superior” a la Constitución francesa. En esa extraña disertación, Gaitán se dice “emocionado” por las conquistas del Ejército Rojo, en lucha contra los ejércitos de Hitler, antes de concluir que “el comunismo repudia la guerra[179]”, y que en Colombia existe solamente una “simulación” de democracia[180], porque “un órgano democrático” como el sistema legislativo colombiano “tiene una función profundamente antidemocrática[181]”, mientras que el “órgano dictatorial ruso […] produce resultados democráticos”. En una perorata lírica, matizada con una hilacha de racismo, Gaitán asegura que los pueblos latinoamericanos son “simplemente emocionales” mientras que el pueblo ruso es de una “grandiosidad mística” que explica, según él, el fulminante progreso de la nación rusa[182].

Esa declaración de fe prosoviética, hecha en el momento mismo en que millones de personas eran deportadas hacia el Este de Siberia, y después de las matanzas y de la terrible hambruna causada en Ucrania (la cual dejó entre cinco y ocho millones de muertos), no arregló las cosas entre Gaitán y el Partido Comunista el cual siempre había tenido una actitud más que hostil respecto del jefe liberal. Éste no se privaba de declarar su antipatía por los comunistas locales. “Nosotros, los uniristas[183], somos enemigos del comunismo”, había dicho Gailán en un discurso del 16 de agosto de 1934. El PCC tenía pues en Gaitán a un verdadero enemigo. Ese partido constataba con inquietud cómo Gaitán atraía las masas populares urbanas, las que antes llenaban los mitines comunistas. Ese partido llegó hasta a acusar a Gaitán de ser un “fascista”, insulto supremo de los estalinistas pero injustificado en el caso de Gaitán y que algunos diarios liberales, como El Tiempo, retomaban a su vez para criticar las características autoritarias y caudillistas de Gaitán. Otros observadores, como Jacques Lecompte-Boinet, el embajador de Francia en Colombia, quien distaba mucho de ser un simpatizante comunista[184], veían en Gaitán a un discípulo de Mussolini. En un despacho para el Quai d’Orsay, que sorprende por su tono profético, este diplomático dirá, en abril de 1946, que Gaitán “no será elegido” pero que “sus ideas mussolinianas, xenófobas, antisemitas, antioligárquicas se abren camino en este país”. Y añade: “Por primera vez, las masas son profundamente sacudidas y especialmente las masas de las ciudades. Corremos el riesgo de ver los efectos de eso en la próxima consulta popular[185]”.

Directamente controlado por Moscú[186], el PCC pretendía adaptarse a las élites liberales para fabricar una versión colombiana del “frente popular” de Georges Dimítrov[187]. Es por eso que el PCC, para gran sorpresa de sus propios militantes, llamó a votar en la elección presidencial de 1946 por Gabriel Turbay, el candidato de la derecha liberal y no por el liberal de izquierda Jorge Eliécer Gaitán. Esa línea aisló aún más, y de nuevo, al PCC frente a la población[188]. La elección en favor de Gabriel Turbay fue impuesta sencillamente a la dirección del PCC por Grigori Rezanoff, el embajador soviético en Bogotá, un intrigante de primera que se jactaba de financiar una importante herramienta de propaganda, el Boletín de Información, donde algunos escritores liberales declaraban su admiración por el comunismo ruso. Gabriel Turbay, que tenía excelentes relaciones con ese diplomático, no era el único que frecuentaba la muy activa oficina denominada “Instituto Cultural Colombo-soviético”, patrocinada por distinguidos literatos y políticos liberales como Baldomero Sanín Cano, Gerardo Molina, Alfonso López Michelsen, Germán Arciniegas, Carlos H. Pareja, Eduardo Zuleta, Antonio García y Juan Francisco Mujica[189]. En 1936, algunos agentes soviéticos se acercaron a Gabriel Turbay en Roma, donde era, en esa época, embajador de Colombia. Sus lazos con los rusos se profundizarán en 1943, durante su estancia en Washington como embajador de Colombia.

Deprimido por el fracaso electoral de 1946 y por los violentos ataques racistas y xenófobos lanzados contra él por su rival Gaitán, Gabriel Turbay viaja a París donde morirá en condiciones misteriosas el 18 de noviembre de 1947[190]. Gabriel Turbay era colombiano, de padres sirio-libaneses.

En la campaña electoral, Gaitán había hecho pegar en los muros volantes que decían: “¡Liberal, sí. Turco, jamás!”. Por otra parte, en esa época, los puntos fuertes de la campaña de Gaitán habían sido la xenofobia, la independencia económica de Colombia respecto de los Estados Unidos y el antisemitismo. Turbay era mostrado como el candidato de los judíos de Colombia. Por lo tanto, inmediatamente después de las elecciones, manifestaciones violentas fueron lanzadas contra almacenes judíos de Bogotá y sus empleados. El embajador de Francia en Colombia escribirá esto a manera de reflexión sobre el triste espectáculo que contemplaba: “[…] esas masas [agitadas por Gaitán] se han salido de cauce y es poco probable que regresen ahora […]. Se trata de saber si esas masas seguirán siendo fieles al líder político que siguen actualmente o si, como algunos temen, serán lentamente encaminadas hacia el Partido Comunista que el ministro ruso parece querer sólidamente reorganizar, ya que sus jefes actuales no presentan las calidades ni el ardor que estamos habituados a reconocerles en ciertos países[191]”.

Curioso destino el de Jorge Eliécer Gaitán. Predicador de la paz, va a suscitar el odio. Cruzado de la justicia, va a encender la arbitrariedad. Enemigo de la violencia, va a extender los fuegos de la venganza y de la cólera en todo el territorio de su patria. Enemigo de los comunistas colombianos, su nombre será instrumentalizado tras su muerte por los hombres de Moscú para atizar aún más el odio y sembrar la división. En cuanto a su pensamiento político, se puede decir que es confuso: una mezcla de nacionalismo, de peronismo, de mussolinismo y, como él decía, de “liberalismo-socialista”. ¿Su concepción de la democracia? Opaca y autoritaria, con relentes de racismo antiricos e impregnada de un violento odio por todo lo que hace a la civilización norteamericana y anglosajona. Su obra escrita es sobre todo una serie de discursos políticos donde campa más una retórica de demolición que de construcción. ¿Su estilo como hombre político? Apasionado e intransigente: abre una vía al fanatismo colombiano. Varias veces ministro, Gaitán no brilló por su capacidad de invención ni de organización. Su gesta política y su sacrificio dejarán una terrible herencia a los colombianos. El retrato que hará de él Olivier Deleau, encargado de Negocios de Francia en Colombia en 1948, muestra los límites del personaje: “Tribuno más que estadista [Gaitán] no supo, cuando se convirtió en jefe del Partido Liberal, y por lo tanto en jefe de la mayoría en el Congreso, utilizar esa fuerza en favor de una política positiva, ni imponer al Gobierno la aprobación de leyes sociales o de medidas económicas eficaces. Al contrario, se confinó en una actividad desordenada de acoso, de oposición y, para ser sinceros, mezquina, al Gobierno, irritándolo e incitándolo a parapetarse tras una actitud cada vez más partidista —hasta romper la Unión Nacional la víspera de la Conferencia [Panamericana[192]]”.

Ante la violenta e inesperada rebelión que se extiende el 9 de abril en Bogotá, el presidente Mariano Ospina Pérez resiste dentro del palacio. El 10 de abril, a la 1:20 de la mañana, hace una declaración a la radio: “El asesinato del doctor Gaitán es imputable a los comunistas”. A las 2 el presidente reitera: “Los desórdenes son una maniobra comunista. Un acta detallada de los hechos va a darse dentro de poco para apoyar esta afirmación[193]”. Una delegación dirigida por Darío Echan día y Carlos Lleras Restrepo, jefes del Partido Liberal, es recibida por el presidente. Ellos le piden dimitir. Pero Ospina Pérez no sólo no cede, sino que rechaza vigorosamente la hipótesis de la conformación de una junta militar. Dice estar dispuesto a negociar la entrada de liberales al Gobierno pero no a dejarse defenestrar por los caciques liberales ni por una rebelión popular, incluso si es sangrienta, ya que, a su modo de ver, la caída del Gobierno corre el riesgo de empeorar aún más la crisis. “Para la democracia colombiana vale más un presidente muerto que un presidente fugitivo”, replica a sus urgidas interlocutores[194]. Los debates con los liberales se prolongan toda la noche. Y ello no está mal pues la presencia de los jefes de la oposición disuade a los rebeldes de atacar en masa el palacio. Al final, Ospina y los jefes liberales se ponen de acuerdo sobre la constitución de un gobierno de unión nacional[195]. Esta decisión marca el fin de la insurrección en Bogotá y de las “tomas de poder” perpetradas en otras ciudades por los gaitanistas y por el movimiento comunista. Aislados, los líderes rebeldes no serán capaces de fijar un objetivo claro a la insurrección ni tampoco a la huelga general lanzada por la CTC. Única central sindical del país, dirigida por liberales y comunistas, ésta prosigue su huelga y anuncia que la prolongará hasta la dimisión del jefe del Estado. Son vanas palabras ya que la CTC no logra poner todo su peso en la insurrección pues, como lo escribiera Ricardo Sánchez, “sus ojos estaban en la ‘solución’ negociada que propiciaban Lleras y Echandía” con el presidente Ospina[196]. El Ejército, que había recibido refuerzos de Tunja y Cali, restablece el orden después de cinco días y cinco noches de violentos combates contra amotinados y francotiradores.

Con todo, poco faltó para que esa calma no llegara. Los comunistas tenían la intención de utilizar la radio para pedir a los gaitanistas del resto del país “constituir en cada departamento grupos de 10.000 hombres para hacerlos venir a Bogotá”. Su objetivo: retomarse la capital. Formulado por uno de los jefes comunistas, Luis Vidales, el plan fracasa pues su autor y sus camaradas llegan a la radio después de que el Ejército la hubo recuperado de las manos de los gaitanistas[197]. El 13 de abril, los atacantes creían aún que la victoria estaba al alcance de la mano. Los tiroteos eran intensos en Bogotá, los terroristas trabajaban bien y rápidamente: un tren cargado de tropa había sido saboteado. Un avión norteamericano es obligado a devolverse “bajo el fuego de los insurrectos”, relata ese día en París el órgano comunista L’Humanité.

Los historiadores del PCC sostendrán después que su partido había sido “sorprendido” por la noticia del asesinato de Gaitán[198]. Con todo, ellos reaccionaron tan rápidamente que es legítimo pensar que esa afirmación es más bien una cortina de humo. Su consigna de huelga general fue adoptada sin demora por la CTC. En el espacio de pocas horas, fueron paralizados los transportes públicos, las estaciones, el aeropuerto, las fábricas, las minas, las refinerías de petróleo y azúcar. Uno de los dirigentes comunistas, Julio Posada, que se encontraba a algunos pasos del lugar donde Gaitán acababa de ser ultimado, gana la sede del PCC, a 100 metros de allí, y escribe, sin la menor comprobación de los hechos, un manifiesto donde acusa a “la reacción” de ser la autora del atentado. Lanza en seguida la consigna de “marchar contra el palacio presidencial”. Otros activistas instalan altavoces sobre un camión y van a hacer agitación y a atraer hacia el centro a la gente de los barrios pobres[199]. Otros dos militantes comunistas, Manuel Salazar y Marcos Bernal, se encuentran entre el grupo que pretende apoderarse del palacio presidencial. El asalto de la muchedumbre es frenado por un puñado de soldados que protegen la entrada del edificio. Bernal, un experto en sabotajes, tiene una idea: encontrar un camión cisterna, verter toda la gasolina sobre la calzada en declive que conduce al palacio presidencial y meterle fuego a los soldados y al palacio. Pero él y su cómplice no encuentran el camión y la operación es abandonada[200]. Para ser “sorprendidos” esos agentes comunistas estaban bien preparados para obrar de la manera más bárbara posible[201]. Curiosamente, tres semanas antes del asesinato de Gaitán, Gilberto Vieira había declarado a la prensa: “Mi partido considera que las nuevas condiciones creadas en el país exigen una plena batalla revolucionaria de la clase obrera y del pueblo para acelerar la acción beligerante de las masas y defender las libertades democráticas y poner en derrota los planes de los conservadores[202]”.

La investigación sobre el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán no terminaría jamás. La adelantada por la justicia colombiana durante varios años fracasa pues no llega a obtener conclusiones claras. Salvo sobre la personalidad del presumo asesino, Juan Roa Sierra, un desempleado que era, para algunos autores, un aparente miembro local de la secta norteamericana rosacruz Amorc[203], o un fanático religioso católico, para otros. La discreta investigación de Scotland Yard sobre el atentado del 9 de abril[204], nunca revelará sus conclusiones, ni a los colombianos, ni a nadie. Con todo, el envío a Bogotá de los agentes Beveridge y Tansel habría podido, como lo consideraba el Daily Mail de Londres, en un artículo de 17 de junio de 1948, estar vinculado a una investigación especial de las autoridades colombianas, en la que habrían participado también agentes norteamericanos de inteligencia y agentes canadienses, sobre la posible preparación de un segundo golpe de Estado comunista para el 20 de julio de 1948, fecha de apertura de las nuevas sesiones parlamentarias. El Daily Mail añade que “el Gobierno colombiano sabe muy bien que la URSS se interesa no sólo por el petróleo colombiano, sino también por sus importantes yacimientos de oro, platino, cobre, manganeso y plomo, prácticamente inexplotados[205]”. Para la Rusia soviética, que pensaba encontrarse en vísperas de una nueva guerra mundial, contra los Estados Unidos esta vez, apoderarse de Colombia se convierte en un objetivo estratégico prioritario.

En Francia, el PCF sigue con mucha atención lo que llama “la insurrección popular de Colombia”. El 10 de abril, en su primera página, L’Humanité resume así la situación: “El Congreso de Bogotá precipitadamente interrumpido. El Partido Liberal de Colombia toma por la fuerza el poder”. Añade que “se nombró a Darío Echandía presidente de la República y al doctor Eduardo Santos primer Ministro”. Todo es falso. Los días siguientes el diario de Maurice Thorez publica otros cuatro artículos, no muy largos pero con curiosas mentiras: “Varios traidores fueron ejecutados por la insurrección. Entre ellos el ministro de Relaciones Exteriores Laureano Gómez […], el ministro de justicia, Jose Amonio Montalvo, y el senador Guillermo León Valencia” L’Humanité informa también que “una gran parte de la Policía se pasó al lado del pueblo”, lo que es cierto, y que “el Ejército adoptó la misma actitud”, lo que es falso.

La intención de esos artículos es clara: hacer creer que la insurrección “hace fracasar la Conferencia Panamericana y los planes del gobierno imperialista de Washington”; que la “causa real” del Bogotazo es “la miseria y el odio patriótico contra el imperialismo de Washington” y, en fin, que las “historias acerca de la ‘mano de Moscú’, y de todos los ‘planes M’ fabricados por los agentes reaccionarios no cambiarán nada las realidades”. En cuanto a la detención en Buenaventura, puerto importante sobre el Océano Pacífico, de un emisario de Moscú, L’Humanité responde que se trata de un “emigrante polonés venido a hacer fortuna al país de El Dorado”. ¿Un polonés? ¿Para buscar fortuna? Si eso es cierto no se entiende por qué su brusca fuga y por qué por un puerto tan lejano de Bogotá y aparentemente sin vigilancia. Lo que es interesante es que ese incidente de alguien que huye a las carreras y tan discretamente por vía marítima después del Bogotazo no es el único de esos momentos. Otra peripecia, aún más oscura, pero muy poco evocada por los historiadores, es la citada por el diario colombiano El Siglo en su editorial del 20 de abril de 1950: “Hace exactamente dos años, un buque enarbolando bandera griega que había zarpado de Barranquilla desembarcó subrepticiamente, de noche, sobre las costas de La Habana, un individuo que no ha sido identificado hasta hoy, que viajaba de manera clandestina y que había subido a bordo en el puerto colombiano”. El Siglo fundamenta su afirmación revelando que “en este buque viajaba también el actual ministro de Colombia ante el Quirinal, el doctor Alfonso Uribe Misas, quien pudo darse cuenta de la maniobra”. Ese testimonio no fue jamás impugnado y el misterio del desembarco nocturno en La Habana sigue intacto.

Hoy aún se ignora quién ordenó el asesinato de Gaitán. El jefe populista había pronunciado, a principios de 1948, un discurso en el Senado colombiano donde critica con vehemencia la “política armamentista de los Estados Unidos”. Un grupo de diputados gaitanistas había lanzado también un manifiesto “contra el imperialismo norteamericano”. ¿Eso hacía de Gaitán un objetivo de los servicios secretos norteamericanos? Nada es menos seguro. Aunque radical populista, Gaitán no tenía nada de un comunista organizado. Mejor, era visto como un obstáculo para el Partido Comunista Colombiano ante la enorme influencia política que ejercía sobre las masas populares Peor, había decepcionado a los comunistas y a los liberales “avanzados” quienes querían que tomara la palabra en la Conferencia Panamericana para transformarla en una tribuna “antimperialista”, cosa que él se había negado a hacer. A pesar de esa negativa, el gobierno de Ospina Pérez había excluido a Gaitán de la lista de delegados colombianos a la Conferencia, después de haber concluido que el turbulento dirigente de la oposición podría montar un escándalo en la conferencia[206].

FIDEL CASTRO SE DISFRAZA DE POLICÍA COLOMBIANO

Algunos años después, la prensa de Bogotá revelará que un joven de 21 años, Fidel Castro Ruz, había sido efectivamente uno de los protagonistas del 9 de abril de 1948. Estudiante ávido de aventuras revolucionarias, Castro admitirá finalmente en 1981, en una larga entrevista para la radio colombiana[207], haber participado en la insurrección de Bogotá. Pero niega toda implicación en el asesinato de Gaitán. Afirma que estaba en Bogotá “para organizar un congreso universitario antiimperialista[208]”, destinado a hacerle sombra a la Conferencia Panamericana, y que iba a reunirse con el jefe liberal el día del atentado. Según Fidel Castro, esa cita explicaría por qué se encontró, como él mismo lo admite en la entrevista, tan cerca del lugar donde Gaitán fue abatido. Según Castro, Gaitán le había prometido, en un primer encuentro privado el 2 de abril, cerrar el “congreso universitario” con un “acto de masas” en un estadio de la ciudad. El “congreso universitario” no se realizará y Fidel Castro se dirá más tarde incapaz de revelar cuáles fueron sus actividades la víspera del atentado contra Gaitán[209]. Sin embargo, un biógrafo de Castro[210]garantiza que éste había estado ese día en un juzgado de Bogotá donde Gaitán había defendido a un teniente de la Policía que había matado a un político conservador[211].

Parece que el viaje a Bogotá de la delegación del PSP (el Partido Comunista Cubano de la época)[212], en la cual habían incluido a Fidel Castro por razones aún no aclaradas, ya que él no formaba parte, al menos públicamente, de este partido[213] había sido financiado por el gobierno del general Juan Domingo Perón, presidente de Argentina, en plena rivalidad en esos años con los Estados Unidos, pues Perón estaba interesado en el fracaso de la Conferencia Panamericana[214]. Ello no le impedirá a Buenos Aires utilizar la tribuna de la Conferencia de Bogotá para reclamar a Londres la devolución de las islas Malvinas, con el apoyo tácito de tres delegaciones (Venezuela, Guatemala y Chile), quienes piden a su vez la abolición del estatuto de la Guyana Británica, de Belice y de la Antártida. Según Fidel Castro, un tal Iglesias, delegado argentino a la Conferencia Panamericana, fue quien, el 11 de abril, antes del final de la rebelión, lo puso en un coche diplomático en el consulado de Cuba en Bogotá. Ello le permitirá a Fidel Castro y sus camaradas, buscados por la Policía, huir del país el 12 de abril en un avión cubano “que transportaba toros de lidia[215]”. Esta lecha, como la otra información dada por Fidel Castro sobre lo que hacía en Colombia, no es enteramente fiable. Que se juzgue: según el periodista norteamericano Tad Szule, Castro salió de Bogotá el 13 de abril. Con todo, Alberto Gordillo dice que los cubanos abandonaron el país la mañana del 10 de abril. Un informe de Scotland Yard sostiene que esta salida fue el 13. El periodista Jules Dubois, admirador biógrafo de Castro, indica que ellos se fueron en la tarde del 10. Otro periodista norteamericano, Herberto L. Matthews, asegura que Castro y Rafael del Pino permanecieron en el hotel Claridge “hasta el 13, cuando refugiaron en la embajada de Cuba[216]”.

¿Qué hizo Fidel Castro durante la noche del 9 de abril? Según un informe de sir Norman Smith, de Scotland Yard, el gerente del hotel Claridge declaró que Castro y Rafael del Pino entraron en la noche del 9 cargados de armas y permanecieron horas al teléfono hablando en inglés con varías personas. Al día siguiente, y antes de ganar la embajada, Enrique Ovares y Alfredo Guevara pasaron al Claridge. Pero Castro y Del Pino ya no estaban allí. El gerente les pidió llevarse a ese señor Castro quien había pasado toda la noche manipulando armas y molestando a la gente[217].

La verdad sobre las actividades de Fidel Castro y sus amigos durante esos días oscuros de abril de 1948 dista mucho de ser establecida. Castro había llegado a Bogotá el 31 de marzo, después de haber estado varios días en Panamá y Caracas. Él y Rafael del Pino se alojan en el Claridge, un hotel del centro de la ciudad. Los jefes del grupo cubano son alojados más discretamente en una casa que Castro evocará como la “casa de huéspedes”. El nombre del propietario de ésta es aún un misterio. El 3 de abril, Fidel Castro y Rafael del Pino son detenidos por la Policía en el Teatro Colón de Bogotá pues habían intentado sabotear la gala organizada por el Gobierno en homenaje a los delegados a la Conferencia Panamericana, a la cual asistían el presidente Mariano Ospina Pérez y el general George Marshall. Los cubanos son conducidos a su hotel, interrogados en una comisaría de Policía y dejados en libertad horas más tarde. Durante la pesquisa en el Claridge, la Policía descubre fotografías de Jorge Eliécer Gaitán, personaje que ellos aún no habían entrevistado[218], una carta de Rómulo Betancourt, el líder del partido venezolano Acción Democrática, y otra carta, cifrada, de Francisco Calderío, alias Blas Roca, secretario general del PSP, dirigida a Luis Cardoza y Aragón, un escritor comunizante que era embajador de Guatemala en Chile y fungía como jefe de la delegación de su país ante la Conferencia Panamericana. En su carta, Roca daba instrucciones a los comunistas colombianos sobre la línea a seguir ante la Conferencia. Fechada el 4 de abril de 1948, cinco días antes del Bogotazo, la carta tenía el sello de la “Federación de Estudiantes Universitarios” de La Habana, uno de los bastiones del comunismo cubano. Lo que contiene esa carta es un verdadero ucase: “Acabamos de entrar en el mes de la prueba, de acuerdo con nuestros planes; si tenemos suerte veremos flotar nuestra bandera en México, Venezuela, Chile, República Dominicana, Panamá, Ecuador, Perú, Brasil y en el resto de Centroamérica[219]”. Traducción: los comunistas de Costa Rica, dirigidos por Manuel Mora Valverde, se preparaban para apoderarse del gobierno.

Esto sería la señal para el derrocamiento de todos los gobiernos del istmo, los cuales serían unificados y puestos bajo la dirección del PC guatemalteco. La carta añadía: “No se debe tener piedad por Panamá; debemos deshacernos de Arias sin perder tiempo”. Por lo que hace a Venezuela, Blas Roca aseguraba: “Todo está listo para el lunes 12; todos los campos petroleros están bajo el control de los hombres del camarada Betancourt […] los campos de Oriente y de Maracaibo llaman al combate. Yo recibí una carta de Salvador Ocampo [un senador comunista chileno detenido por la Policía colombiana] en la que me dice que Rómulo [Betancourt] envió una ayuda considerable a Mora Valverde y que nuestra victoria es segura en Costa Rica”.

¿Y sobre Colombia qué decía la famosa carta? Ésta era aún más directiva: “Debemos ocuparnos rápidamente del gringo Marshall y del negro Gaitán[220] antes del verdadero comienzo de la llamada conferencia de Bogotá. Es necesario recordar que nuestros planes están listos para el lunes. Es importante no dejar en Bogotá una teja dónde pueda alojarse un canario”. Luego hay esta frase enigmática: “El camarada Betancourt ya envió hombres entrenados para hacer eso. Ospina Pérez no resistirá ni media hora. Pero de todas maneras Bogotá debe ser destruida para que sirva de ejemplo para los otros países”.

Ese episodio de la carta de Blas Roca, nunca refutado por los interesados, es verosímil. En esa época el PSP, ligado estrechamente a Moscú, desempeñaba un papel de “tutor” de los comunistas de Colombia y Venezuela. Basándose en fuentes próximas a los servicios secretos norteamericanos, la revista Semana de Bogotá publicará un artículo el 30 de abril de 1948 donde afirma que la mayoría de las armas y explosivos utilizados en el Bogotazo tenían por origen Venezuela, mientras que los dineros fueron facilitados por “fuentes rusas[221]” Esta aserción coincide con la de Salvador Díaz-Verson quien señala[222] que Frances Demont, tesorera de la “Federación Mundial de las Juventudes Democráticas”, había llegado a La Habana el 2 de febrero de 1948 con 70.000 dólares en sus equipajes para financiar las operaciones de propaganda contra la Conferencia Panamericana de Bogotá. Según esta fuente, los interlocutores de Demont, reunidos en casa de Gumer W. Bashirov, un agente soviético vinculado al trabajo en América Latina, eran Basili Bogarev, presidente de la “Federación Mundial de las Juventudes Democráticas”, Jarolov Boucet, un checoslovaco, Luis Fernández, el español citado más arriba, así como el francés Eugène Kerbaul, el ruso Ivon Mischine y Millorad Pecik, un militar yugoslavo.

Fidel Castro admite haber participado en los motines del Bogotazo. Dice que armado de un fusil y de un sable, y disfrazado de Policía colombiano, recorrió la ciudad a pesar de los riesgos y peligros, durante dos días “en busca de los organizadores de la rebelión”, sin encontrarlos. El problema es que este relato emotivo y autoditirámbico está lejos de ser claro. Castro pretende que los alzados tuvieron una actitud de espera ante el poder y que nunca intentaron atacar “al enemigo”, a pesar de las exhortaciones belicistas del cubano[223]. ¿Ignora u olvida que una columna armada intentó efectivamente avanzar hacia el Ministerio de Guerra, bajo la orden de un funcionario de la Policía, y que hubo una columna de tanques blindados que se hicieron pasar por rebeldes y que cruzaron el centro en dirección del palacio presidencial? ¿Por qué Castro no intentó sumarse a esa columna? Castro dice haber estado, durante esos dos días, “en busca” de un principio de organización de la rebelión, con el cual poder “salir para ir a atacar al enemigo[224]”. ¿Por qué entonces no intentó ir al menos a la sede del Partido Liberal? El dice haber buscado la sede de ese partido, en compañía del jefe de la V División de la Policía, pero que falló cada vez. En otras palabras, ¿Fidel Castro hizo verdaderamente lo que cuenta? Nadie hasta hoy ha sido capaz de confirmar esas declaraciones. Ni Arturo Alape, quien recibió las declaraciones más completas, ni Carlos Franqui, el primero en publicar trozos del relato en cuestión de Fidel Castro[225], ni ningún otro periodista. En realidad, ningún historiador ha podido comparar el relato de Fidel Castro con testigos o protagonistas del Bogotazo[226]. Idéntico misterio de parte de los otros cubanos que acompañaron a Castro en Bogotá, y que afirman, sgún Alape, haber pasado esos días “de revolución” prudentemente encerrados en sus hoteles. Según Enrique Ovares[227], Fidel Castro y Rafael del Pino estaban acompañados por “dos mexicanos” durante la mañana del 9 de abril. ¿Quiénes eran? ¿Por qué desaparecieron completamente del relato de Fidel Castro?

Con todo, según el testimonio del periodista Francisco Fandiño Silva[228], se vio a Rafael del Pino la mañana del 9 de abril en gran conversación, en el Café Colombia, a pocos pasos del lugar donde dispararán contra Gaitán, con un individuo cuya fisonomía coincidía con el retrato que la prensa va a publicar al día siguiente: el del asesino de Gaitán[229].Esta afirmación de Fandiño coincide con la de un detective de los servicios secretos colombianos que había participado en la detención de Rafael del Pino y Fidel Castro, y con la de otro detective, Diego Quiñones Olarte, que siguió a los cubanos hasta el Café Colombia. Ea agencia United Press, tomando una información publicada por El Tiempo, había informado, diez días después del Bogotazo, que Roa Sierra había sido visto días antes del atentado con personas de aspecto extranjero[230]. Tan grave como lo anterior: en la tarde del 9 de abril, se vio llegar a Castro y a Del Pino al hotel Claridge “armados hasta los dientes”. En cuanto a Enrique Ovares, él hizo una declaración que muestra la actitud violenta de Fidel Castro en las manifestaciones del 9 de abril: “A las cuatro de la tarde del 9 de abril volví a ver a Fidel Castro cuando pasó delante de la pensión donde Alfredo Guevara y yo estábamos alojados. Armado de un rifle, Castro formaba parte del grupo que gritaba: ‘¡A Palacio!’ Cuando nos vio intentó convencernos de que nos sumáramos a la rebelión diciéndonos: ‘La Policía está con nosotros y está dándonos armas [y] el Ejército va a unirse a nosotros de un momento a otro[231]’”. Francisco Fandiño Silva añade que Fidel Castro recibía mensajes secretos en la casa de Olympia Castro (calle 11 Sur No. 5-A-48 de Bogotá), y que él había intercambiado cartas antes del 9 de abril con Manuel Lorenzo Carrasco, un comunista de República Dominicana herido en la cara el día del asesinato de Gaitán[232]. Según ese autor, entre la documentación encontrada en la habitación de Castro figuraba un plano del Capitolio, sede de la Conferencia Panamericana, con marcas que mostraban el sitio de las oficinas de las delegaciones dominicana y chilena.

¿Para qué y por qué Fidel Castro, conocido en Cuba desde el verano de 1947 como uno de los opositores más visibles y violentos del régimen de Ramón Grau San Martín[233], fue enviado a Bogotá? ¿Para gesticular con un sable y un fusil en las calles de Bogotá? ¿Para distribuir volantes contra la Conferencia Panamericana? ¿Para cometer acciones violentas? ¿Para matar a un líder político? En diciembre de 1946, Fidel Castro había sido acusado de haber herido a tiros de revólver a Lionel Gómez, un estudiante. En febrero de 1948, Castro es de nuevo acusado, por sus adversarios de izquierda, de ser un asesino y de pertenecer a una banda de sicarios de la universidad y de haber estado mezclado en el asesinato de Manolo Castro, un líder estudiantil del MSR cubano[234] rival de la UIR, organización en la cual Fidel Castro había militado en 1946[235]. Estaba igualmente implicado en el asesinato de Caral, un sargento de la Policía universitaria[236]. En septiembre de 1947, Fidel Castro participará (con Enrique Ovares) en una expedición fracasada que pretendía invadir Santo Domingo y expulsar, por las armas, al dictador Rafael Leónidas Trujillo.

¿Fidel Castro tiene algo que ver con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitan? Para las autoridades norteamericanas él habría participado en el atentado contra Gaitán con el fin de desencadenar una revolución con la complicidad de los comunistas, en el marco de una acción subversiva internacional[237]. Antes de su viaje a Bogotá, Fidel Castro hizo esta curiosa declaración que es necesario tomar al pie de la letra: “Esperamos que este acto inicie un movimiento de gran amplitud que encuentre un apoyo en toda América Latina, especialmente entre los estudiantes universitarios unidos bajo la bandera de la lucha antiimperialista[238]”. ¿De qué hablaba exactamente Fidel Castro al referirse a “este acto”? ¿De organizar en Bogotá un congreso de estudiantes? ¿Sabía ya que en Bogotá se iba a cometer un grave atentado cuyas consecuencias serían desencadenar “un movimiento de grandes proporciones”, como un putsch contra un régimen democrático o un proceso a largo plazo de lucha armada y terrorismo en Colombia? Pretendiendo disipar de una vez por todas la sospecha que pesa sobre él desde el 9 de abril, Fidel Castro sacará, en 1962, una “prueba” de la participación “del imperialismo yanqui” en la muerte del jefe liberal. Castro pretende estar en posesión de la “confesión” de un “agente de la CIA” que habría dicho a la Policía castrista que él había participado en una conspiración norteamericana contra Gaitán. Muy mal armada, esta historia se hunde rápidamente. Cuando Gloria Gaitán, la hija del líder asesinado, pide una copia del video, ella obtiene una negativa. Igual respuesta para el escritor marxista Arturo Alape quien, como buen conocedor del expediente del 9 de abril, quería examinar más de cerca el documento. Los cubanos hunden la “prueba” al decirle a Alape que John Mepples Espirito, el supuesto espía, era un “agente bastante fantasioso” que había dado esa “información” para “obtener ventajas”. Por último, la pretendida “prueba” desaparece en las oficinas de los servicios secretos de La Habana[239].

¿Cuál fue el papel exacto de los otros “estudiantes” latinoamericanos venidos para hacer la contrapropaganda de la Conferencia Panamericana? Un suizo instalado en Bogotá fue testigo ocular de los primeros momentos del 9 de abril. En una carta publicada por el Journal de Genève, dice que después del atentado contra Gaitán los primeros incidentes fueron cometidos por un grupo de estudiantes que venían “en un automóvil de la universidad” gritando “como locos”. Paralizaron los tranvías, forzaron a los pasajeros a salir, antes de “subir a los mástiles y a los cables eléctricos para arrancar las banderas y los emblemas de la conferencia[240]”. ¿Estaba Fidel Castro entre esos jóvenes que, desde el principio, actuaban con determinación y siguiendo objetivos muy precisos?

LA SEGUNDA RED

Lo que es evidente es que el comunismo colombiano disponía, antes de los episodios del 9 de abril, de dos estructuras paralelas, con funciones diferentes, y que éstas van a participar en la acción según una cierta distribución del “trabajo”.

Por una parte, había el PCC legal, dirigido por Augusto Durán y Gilberto Vieira, y de la otra, un grupo que aparentaba navegar entre el gaitanismo y el socialismo. Este último estaba orientado por Gerardo Molina, rector de la Universidad Nacional[241], y por Antonio García, un economista marxista. Visiblemente ligada a la activa y pictórica embajada de la URSS en Bogotá, esta segunda red trabajaba en la penetración de la CTC a través de Luis Carlos Pérez, Diego Montaña Cuéllar y Jaime Rubio, este último el más discreto de la troika. En sus visitas a Colombia, algunos comunistas extranjeros observados por las autoridades[242], como Salvador Ocampo, jefe comunista chileno, Blas Roca, dirigente del PC cubano, Gustavo Machado, número uno del comunismo venezolano, el español Luis Fernández, jefe de las guerrillas comunistas del Levante, y de Millorad Pecik, militar yugoslavo, tuvieron contactos abiertos con los miembros del segundo grupo. Igual actitud de parte de otro sector de agentes extranjeros llegados a Bogotá antes del asesinato de Gaitán, como Eugène Kerbaul, Mc-Kinnon, Lazar Brankov y Mizo Rujitch. Otro testigo de la época, el colombiano José María Nieto Rojas[243] cita esos mismos nombres añadiendo otros dos: Alexandre Okilokoff y Ramón Anzokoff, supuestos ingenieros rusos. Estos dos autores, Francisco Fandiño Silva y José María Nieto Rojas, cuyas valientes obras son ignoradas sistemáticamente por los publicistas de izquierda, identifican a Fidel Castro y a Rafael del Pino como miembros de la “Federación Mundial de la Juventud Democrática”, un aparato comunista que tenía oficina en La Habana. Durante la estancia de Fidel Castro y Rafael del Pino en Bogotá, una reunión se desarrolla en la CTC. Alberto Niño Heredia, prefecto de la Seguridad colombiana de la época, dice que el 8 de abril los cubanos dictaron conferencias de carácter revolucionario e instrucciones sobre la técnica del golpe de Estado y sobre la organización de una huelga general. Terminada la reunión, se dan cita para el día siguiente. Alertada por sus agentes, la Policía quiere detener a los agitadores extranjeros el 9 de abril a la entrada de la central sindical, pero los cubanos no llegan. Niño Heredia explica: “Más tarde, ellos fueron vistos armados y dirigiendo los asaltos. Después del 9, la Policía los ubicó pero su detención fue imposible: el Ejército (en operaciones) impedía el trabajo de los detectives. Cuando obtuvieron la ayuda del Ejército ya era demasiado tarde: protegidos por agentes diplomáticos, los cubanos abandonaron la capital y el país”.

El precioso testimonio de Alberto Niño Heredia, publicado en 1949, mucho antes de que Fidel Castro fuera conocido por los colombianos, es escamoteado por los historiadores marxisantes y por los biógrafos de Fidel Castro. No obstante, su obra aporta información útil. Indica que los agentes de Moscú, venidos a Bogotá para la preparación del 9 de abril, “no estaban tan interesados por [Gilberto] Vieira ni por [Augusto] Durán sino sobre todo por Gerardo Molina, Antonio García, Luis Carlos Pérez, [Diego] Montaña Cuéllar y por el casi desconocido Jaime Rubio”. En cuanto a Fidel Castro y Rafael del Pino, Alberto Niño añade que ellos vinieron “para reemplazar a dos dirigentes rusos establecidos en Cuba, cuyo proyecto de venir a Colombia fue conocido a tiempo, razón por la cual eran esperados por los agentes de seguridad a la entrada del país. Entre los papeles de Rafael del Pino y Fidel Castro se encontró, antes del 9 de abril, un telegrama que anunciaba la llegada el sábado 10 [de abril] de uno de los comunistas rusos antes citados[244]”. En su obra Antecedentes desconocidos del nueve de abril, Ángel Aparicio Laurencio recuerda que entre los documentos que tenían los cubanos el 3 de abril se encontró una curiosa carta firmada por “Mirta”, fechada antes del 9. Es la carta de una mujer enamorada que se preocupaba por lo que podría ocurrir en Bogotá. Una frase llama la atención de las autoridades: “Recuerdo que me dijiste que ibas a Bogotá para provocar el estallido de una revolución[245]”. Por su parte, Alberto Niño Heredia añade que Castro y Del Pino, antes de entrar a Colombia, habían estado en Venezuela y que “llevaban calurosas cartas de recomendación de [Rómulo] Betancourt” y que el chileno Salvador Ocampo, quien había estado también en Caracas, “había aportado una fuerte suma de dinero para los huelguistas de Colombia”. La CTC, por su parte, había enviado, a mediados de febrero, dos delegados a Venezuela[246]. En cuanto a la embajada soviética en Bogotá, había sido prudente: sus archivos fueron enviados a Venezuela semanas antes del Bogotazo. En una casa alquilada en la capital, quemó igualmente otra parte de su documentación, algunos días antes de la explosión de violencia[247].

“LA MITAD DE BOGOTÁ ESTÁ DESTRUIDA”

Después de su agitada evacuación hacia las oficinas del Ministerio de Defensa y de una suspensión de cuatro días, la Conferencia Panamericana reanuda sus trabajos en las instalaciones de un colegio privado del norte de la capital. El general Marshall declara allí: “Los comunistas tienen toda la responsabilidad de los acontecimientos en Colombia, acontecimientos que no deben juzgarse sobre bases locales sino que se sitúan en el mismo plano que los de noviembre pasado en Francia e Italia, y de aquellos que vive actualmente este último país antes de las elecciones del 18 de abril[248]”. Y añade: “La decisión que vamos a tomar aquí deberá ser inspirada por el hecho de que se trata de un asunto mundial y no de un simple problema de Colombia o América Latina[249]”. Para Marshall, los trabajos de la Conferencia deben continuar en Bogotá, contra la idea de quienes proponen desplazarla a Lima. Luis Atilio Bramuglia, delegado argentino, propone que Washington envíela octogésima segunda división aerotransportada a Bogotá. El secretario de Estado norteamericano se niega ya que eso, dice, agravaría las cosas y violaría la soberanía de Colombia[250]. En cuanto al presidente colombiano Mariano Ospina Pérez, lanza una proclama a la nación en la noche del 11 de abril: “Estamos ante un movimiento de inspiración y prácticas comunistas en el cual vienen interviniendo indeseables sujetos extranjeros, algunos de los cuales han caído en manos de las fuerzas leales al Gobierno y serán juzgados por los Tribunales Militares. El sorpresivo golpe, que parecía premeditado en todos sus detalles, para implantar en el país la revolución social con sus consecuencias de destrucción y de barbarie, características de esta clase de movimientos, pudo consumar, durante las horas de su oscuro dominio, horrendos atentados en la capital de la República y en algunos lugares del país”. El jefe de Estado reiteró: “No fue el pueblo de Colombia, no fueron almas colombianas, no fueron brazos de patriotas quienes incendiaron los edificios históricos, los colegios, las iglesias, los almacenes, los hogares, los modestos talleres. Fue la obra de un espíritu exterior al nuestro, que vino en un momento abominable a oscurecer cobardemente el hilo de nuestro destino[251]”.

Varios dirigentes del Partido Comunista Colombiano son detenidos el 14 de abril durante una reunión en una casa privada. Serán liberados tres meses más tarde. En cuanto a las actividades durante el 9 de abril de los otros miembros del grupo comunista cubano se ignora todo. Tad Szulc afirma que Ovares y Alfredo Guevara “permanecieron encerrados en su hotel durante toda la rebelión”. En cambio, no dice una sola palabra sobre las actividades de Rafael del Pino.

Impresionados por lo que pasa en las calles, donde habrá francotiradores en posición hasta cinco días después de los primeros incidentes, los delegados abandonan sus reticencias y aprueban por unanimidad lo que pide el general Marshall: la carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas o “Pacto de Bogotá[252]”, la resolución sobre los regímenes de facto[253] y la declaración anticomunista. Esta última, a pesar de las modificaciones sufridas durante los debates, es bien explícita. Las delegaciones de Venezuela y Guatemala, hostiles a ese texto, se unieron finalmente a la mayoría de las delegaciones deslizando un matiz inofensivo: “Las medidas adoptadas […] deben aplicarse de acuerdo con las leyes nacionales”. La declaración firmada por los delegados de Panamá y Solivia muestra la imagen desastrosa de la URSS al final de los trabajos de la Conferencia: “Panamá y Solivia consideran que el peligro no es la doctrina comunista, contra la cual es fácil defenderse mediante una sana aplicación de los principios democráticos, sino el imperialismo soviético ya que está claro que Rusia pretende provocar la guerra civil en América antes de desencadenar una guerra mundial[254]”.

Así pues, a pesar de la violencia de los motines y de la interrupción de los trabajos, la Conferencia realizó la totalidad de su programa. La conspiración había fracasado. Pero el precio pagado por los colombianos fue enorme.

Apenas clausurada la Conferencia y dominado el Bogotazo siguen los efectos. Persuadido de que la URSS había instigado la tragedia del 9 de abril, el presidente Ospina Pérez rompe las relaciones diplomáticas con Moscú, a principios de mayo de 1948[255]. Si la motivación fue ésa, la formulación utilizada por el jefe del Protocolo de Bogotá en el acto de ruptura es más matizada. Uno de los pretextos alegados es la inutilidad de las relaciones entre los dos Estados, cuyos intereses comerciales bilaterales son nulos, y el tono, juzgado “violento”, de la nota soviética de protesta contra las “operaciones policiales efectuadas el 12 de abril en los alrededores de la legación soviética[256]”.

Las autoridades colombianas hacen saber que quince agentes extranjeros, dos de los cuales eran rusos, habían sido capturados[257]. La primera edición del diario El Tiempo publicada después del putch, anuncia que “la mitad de Bogotá ha sido destruida”, y que las constataciones que se pueden hacer al recorrer la ciudad “confirman la importancia de los daños causados por el levantamiento”. En realidad, cerca de 5.000 inmuebles fueron destruidos o dañados. El diario francés Le Monde confirma la amplitud de las destrucciones: “El aspecto de Bogotá recuerda el de las ciudades bombardeadas durante la guerra[258]”. No menos de mil quinientos muertos serán deplorados, en sólo la ciudad de Bogotá. Los actores de la revuelta habían tenido el cuidado de prender fuego, antes que a los otros edificios, a las oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores donde se archivan las fichas de los extranjeros entrados al país. Una parte de las listas con los nombres de los agitadores recientemente llegados a Colombia partieron así en humo. El corresponsal de Reuters indicará que una superficie de más seis kilómetros y medio de Bogotá estaba bloqueada por los incendios y las ruinas. Estimará los daños en más de diez millones de dólares[259]. Es una cifra provisional, ya que Vernon Lee Fluharty, citando el Foreign Commerce Weekly del 8 de mayo de 1948, explica que la embajada norteamericana consideraba que las pérdidas en Bogotá ascendían a 171 millones de dólares y a 570 millones de dólares para todo el país[260].

Los gobiernos de Chile y Brasil, que habían roto sus relaciones diplomáticas con la URSS en noviembre de 1947, expresan su solidaridad con Bogotá. El presidente de Chile, Gabriel González Videla, estaba en condiciones de comprender lo que ocultaba el golpe de Bogotá. Había destituido a los ministros comunistas de su gobierno y hecho arrestar a 200 miembros importantes del PC chileno, denunciando sus actividades como completamente “al servicio de la política y de los intereses militares de la Unión Soviética”. Hará abortar varias huelgas que éstos habían lanzado en represalia contra su gobierno. Perú no imita a (Colombia ya que ese país no había establecido relaciones con Moscú. El clima en el continente era extraño en esos días, ya que otros desórdenes “revolucionarios” estallan algunos días después del Bogotazo en Costa Rica y Paraguay. Las autoridades de Asunción detienen, en efecto, el 11 de abril, a los jefes y miembros de células “recientemente creadas” y decomisan armas y documentos, después del descubrimiento de una “extensa conspiración comunista[261]”. El 13 de abril, en Costa Rica, las ciudades de Limón y Cartago son tomadas por gente dirigida por el Partido Comunista Vanguardia Popular y por sus aliados, los liberales Rafael Calderón y José Figueres[262]. El diario uruguayo El Día indica que la táctica empleada por los amotinados de Bogotá recuerda la de la rebelión de Montevideo del 2 de mayo de 1945. Tras el Bogotazo, otros movimientos insurreccionales, de tendencias diferentes, estallan en Panamá, Perú, Bolivia y Chile. A tal punto que el 24 de diciembre de 1948, Le Monde publica un artículo confuso intitulado “Los movimientos revolucionarios en Suramérica son inspirados por el temor del comunismo”. El diario francés comenta así un análisis publicado la víspera por el Times de Londres donde éste constata que “el temor del comunismo en Suramérica, sobre todo desde los motines de Bogotá, tiende a acarrear la creación de numerosos regímenes totalitarios”. Pues ese temor contribuye “al hundimiento de los elementos moderados que siempre tuvieron dificultades para mantenerse en esa parte del mundo”. El Times informa también que en América Latina “la influencia del comunismo aumenta de manera inquietante, especialmente en las poblaciones indígenas, así como en las minorías eslavas”.

Instruido por esos incidentes, el continente latinoamericano inicia un giro en sus sistemas de seguridad y defensa. En 1954, la X Conferencia Panamericana, reunida en Caracas, vota la Resolución XCIII, una ratificación de la Declaración de Bogotá que condena toda intervención del comunismo en las naciones del continente. La declaración de Caracas ve en definitiva el activismo y la penetración comunista como una “amenaza a la soberanía e independencia política de los Estados americanos que pondría en peligro la paz de América[263]”. En respuesta a las amenazas de la Rusia soviética, los Estados latinoamericanos aceptan el paraguas militar de los Estados Unidos y reactivan la Junta Interamericana de defensa. Colombia, por su parte, reorganiza su Policía y aumenta y profesionaliza sus Fuerzas Armadas. La Fuerza Pública, que era de sólo 10.000 hombres en 1948, se duplica gracias a una llamada a los reservistas. De ahora en adelante, la oficialidad colombiana recibirá formación en las escuelas de guerra de los Estados Unidos. Lo que estaba en juego durante la IX Conferencia Panamericana era, por lo tanto, de carácter estratégico. Por eso Moscú intentó sabotearla.

CUATRO PUTSCHISTAS REUNIDOS EN BUDAPEST

Sólo unos años más tarde el Diario Gráfico publicará un largo relato muy detallado basado en el testimonio de Mizo Rujitch sobre los oscuros orígenes de la tragedia del 9 de abril, sobre el porqué y cómo de tal insurrección que se había preparado minuciosamente en el extranjero. Ese relato contiene la transcripción completa y exacta de un “informe de París”, elaborado por un grupo “de investigadores canadienses y colombianos”, cuyos nombres fueron omitidos “por razones de seguridad”, y que habían conseguido infiltrar, en 1950, una brigada trotskista (llamada “14 de julio”). Esa brigada iba a viajar a Yugoslavia para participar en los trabajos de construcción de la ciudad universitaria de Zagreb. El informe, salpicado de omisiones convenidas, pero también de detalles susceptibles de ser verificados[264], no es exento de interés. Algunos días después de haber entrado a Yugoslavia, los agentes canadienses y colombianos pueden fijar una cita clandestina con Mizo Rujitch, no sin haber burlado antes la vigilancia de la Policía de Tito “por medios que seguirán siendo secretos”. La entrevista se efectúa “en una casa de la rué Rokov Perivoj” de Zagreb. Rujitch, quien tenía en esa época 48 años, evoca en primer lugar su trayectoria política: militante comunista desde los veinte años, miembro de las brigadas internacionales en Barcelona en 1937, bajo órdenes del general Valentín González y del comandante Castro. Después de la victoria de Francisco Franco, encuentra refugio en Francia donde trabaja con el Socorro Rojo, bajo órdenes del jefe comunista André Marty. Enviado a Leningrado, Rujitch es destinado a la secciónliispánica de la universidad del Estado y a una división de infantería del Ejército Rojo con la que vuelve a entrar a Yugoslavia después del hundimiento de la ocupación alemana. Es condecorado en Belgrado y colabora en la instauración del régimen comunista en su país. “A finales de 1946, se me envió a Hungría donde conocí a Estanislao [Laszlo] Rajk, ministro de Interior de esa república y responsable directo ante el Kremlin de la organización del comunismo en América Latina[265]”.

Según las declaraciones de Rujitch, la rebelión del 9 de abril habría sido preparada desde agosto de 1947 en Budapest por el ministro comunista Laszlo Rajk, antiguo miembro del Komintern. El relato de Rujitch (publicado también por el diario colombiano La República el 9 de abril de 1954) indica que Rajk, en una reunión realizada el 8 de agosto de 1947, había encargado a tres agentes que hablaban español (los yugoslavos Mizo Rujitch y Zupan y el húngaro Lazar Brankov), de “organizar una revolución en Colombia” y constituir los grupos indispensables para tal tarea. Para ello, Rujitch, Zupan y Brankov viajan a París, donde reciben, en los locales de un instituto franco-soviético, falsos pasaportes. El jefe del equipo será Brankov. Rujitch es enviado a Cuba. Zupan y Brankov viajan a Guatemala. Rujitch permanece poco tiempo en Cuba pues recibe la orden de viajar a Barranquilla, donde se entrevista con los otros dos cómplices en el almacén de un simpatizante comunista extranjero. “Brankov me dijo que estableciera contactos discretos con los elementos progresistas del país. Viajé a Bogotá y permanecí varios días mientras realizaba mi misión. La impresión que saqué sobre la vitalidad del Partido Comunista fue deplorable. Sus jefes eran ineptos y las masas estaban subyugadas por el caudillo popular doctor Jorge Eliécer Gaitán quien era un furioso anticomunista”. En Bogotá, Rujitch comete un error que estuvo a punto de hacer fracasar todo el plan terrorista. “Intenté entrevistar al doctor Gaitán y lo logré con la ayuda de un poeta colombiano. Mi entrevista con Gaitán fue lamentable ya que descubrió rápidamente mis intenciones y me pidió firmemente abandonar el país. Dijo que en caso contrario él informaría a las autoridades sobre mis actividades”. Rujitch recibió una fuerte reprimenda de Brancov y tuvo que regresar a Guatemala. “En febrero se me llamó de nuevo a Colombia. Encontré otra vez a Brankov en Barranquilla quien me informó que tenían la orden de sabotear la Conferencia Panamericana que iba a reunirse en Bogotá. Esta vez, aprovechando la delicada situación política interna del país, pudimos trabajar en total libertad; logramos establecer excelentes contactos con las distintas organizaciones comunistas del continente, utilizando la ayuda de algunos elementos colombianos y algunos jóvenes centroamericanos y cubanos que habían sido convocados a Bogotá con el pretexto de un congreso de jóvenes. Con todo, en los primeros días de abril fuimos localizados por el servicio de contraespionaje norteamericano y nos vimos obligados a abandonar la ciudad. Volví a Barranquilla y Zupan se fue a Cali. Brankov permaneció en Bogotá ya que no había sido descubierto”.

Y he aquí el pasaje más acusador del relato de Rujitch: “En la noche del 8 de abril recibí una carta donde se me daba la orden de partir inmediatamente para Cuba. Además, Brankov me confirmó esas órdenes mediante una llamada telefónica. Me dijo textualmente estas palabras: ‘Creo que el asunto se hará; tomé medidas que auguran el éxito. No te necesito ya. Te pido irte’. Obedecí y me embarqué en un avión que tenía por destino Jamaica y Cuba, el 9 de abril por la mañana. Esa noche, al llegar al Hotel Nacional, se me informó lo que había ocurrido en Bogotá. Cinco días después viajé a Europa sin ninguna dificultad. En París se me pidió entrar a Yugoslavia ya que era peligroso tener el menor contacto con Brankov y Zupan, quienes debían entrar a Budapest”.

Este relato coincide de manera inquietante con lo revelado a Jerónimo Arnedo Álvarez, delegado del Kominform para América Latina, por Dionisio Encina, miembro del Partido Comunista Mexicano: “El Kominform nos había pedido sabotear la IX Conferencia Panamericana; la CTAL[266]y el Partido Comunista de México nos habían enviado técnicos y ayuda política y financiera. Por esa razón, habíamos invitado al líder Jorge Eliécer Gaitán a dirigir el movimiento sedicioso. Desgraciadamente, Gaitán no aceptó, eligiendo así su destino. La verdadera causa de la muerte de Gaitán ustedes la conocen: era necesario transformarlo en un mártir que lleva al pueblo colombiano a alzarse y a unirse[267]”.

Lo que ocurrió a continuación a los cómplices de Mizo Rujitch es más conocido del público. Acusado por la Policía soviética de ser un “agente de Tito”, Laszlo Rajk será detenido en Budapest el 18 de junio de 1949. Torturado y condenado a muerte, es ahorcado el 15 de octubre siguiente[268]. Durante el mismo proceso, Lazar Brankov será condenado a reclusión perpetua. En cuanto a Zupan, el informe dice que “se supone que fue probablemente deportado a Siberia” y que por esa razón fue imposible establecer el menor contacto con él.

Laszlo Rajk (su verdadero nombre era Laszlo Reich) había sido comisario político del batallón Rakosi de la XIII Brigada Internacional en España. Más tarde, fue el exterminador de los demócratas no comunistas húngaros y el hombre que dirigió los violentos interrogatorios del cardenal Mindszenty. Desgraciadamente, el testimonio muy breve de Laszlo Rajk sobre el episodio colombiano del Bogotazo, publicado por el diario París Presse-l’lntransigeant, el 28 de septiembre de 1949, nunca pudo ser desarrollado por su autor y el conjunto de la historia, desde su punto de vista, se irá con él a la tumba. Por orden de Stalin, el Kominform había desencadenado en esa época una violenta campaña pública contra el indócil Tito, calificado de “asesino” y de “espía al servicio del imperialismo mundial”. En una carta, producida la víspera de ser llevado al cadalso, y confiada a Ferenczi Bangyosz, su amigo y antiguo camarada de aventuras en España y en los campos de concentración de Gurs y Vernet (Francia), Laszlo Rajk declara que uno de los agentes del Komintern, que él había conocido durante la guerra civil en España, se llamaba Ilitch. Este hombre, según Rajk, “contribuyó en gran parte al putsch comunista de Bogotá[269]”. Alias Louis, el yugoslavo Ljubomir Ilitch (o Ili) era un duro entre los más duros: estaba relacionado con algunos comunistas latinoamericanos de gatillo rápido. Antes de la guerra, Ilitch había trabajado en París para los servicios secretos del Komintern y, durante la Ocupación, fue el jefe militar de la MOI (Mano de Obra Inmigrada), que agrupaba a resistentes comunistas extranjeros. Convertido en general del Ejército yugoslavo, Ilitch será nombrado agregado militar de la embajada de Yugoslavia en París. En 1946, el servicio de contraespionaje francés se entera de que ese agregado militar realiza actividades de inteligencia por cuenta de su país y de la URSS[270]. Entre otras cosas, Ilitch había sido uno de los jefes de Apolonio de Carvalho, un aventurero brasileño miembro de las Brigadas Internacionales en España que después de la llegada al poder de Francisco Franco había pasado a Francia donde participa en la resistencia (en el grupo FTP). Carvalho organizó en Toulouse el asesinato del magistrado Lespinasse[271].

La aparición, incluso desde lejos, de personajes como Laszlo Rajk y su camarada Ilitch, como el pistolero Carvalho y el provocador y espía comprobado Lazar Brankov, en el asunto del 9 de abril, amerita una reflexión. Pierre de Villemarest, en su obra sobre los servicios de espionaje militar de la URSS en el mundo[272], señala que antes de 1937 Laszlo Rajk había sido el jefe en Francia, para el Komintern, de los húngaros comunistas y que durante la Guerra Civil Española había sido el brazo derecho del austro-húngaro Moishe Stern, más conocido como el “general Kléber”. Este último, alias Zilbert, alias Herb, alias Herbert, era una celebridad de la internacional soviética: había participado en la desastrosa aventura de las insurrecciones del Ruhr y de Hamburgo en 1923, antes de ser enviado como espía a los Estados Unidos y de ser ejecutado en Moscú en 1937. En otras palabras, Stern era un especialista del sabotaje comunista, de la guerra insurreccional y de la guerrilla. En cuanto a Lazar Brankov, había organizado, por cuenta del Kominform, el asesinato de Miloch Moyitch, para comprometer la legación yugoslava en Hungría[273]. Cómplices espías del tamaño de Louis o de Brankov, y con un maestro comoo Stern, Laszlo Rajk pudo haber dado instrucciones precisas a sus enviados yugoslavos para hacer estallar en Bogotá una violenta rebelión “antiimperialista” ventajosa para los comunistas y sus aliados liberales “avanzados” los cuales habrían estado a punto de tomarse el poder. Pues Rajk ya había hecho prodigios en la materia: con menos de 6.000 comunistas, había conseguido la erección de un “frente popular democrático” con los liberales de su país, una verdadera farsa que le permitió tomarse el poder en Budapest en marzo de 1947, antes de llevar a cabo una razia contra sus antiguos aliados demócratas no comunistas. No obstante, en la primavera de 1949, Rajk es detenido por el NKVD y acusado de ser un “agente de Tito”, pues había estado en contacto, efectivamente, con el líder yugoslavo en 1945. Si Laszlo Rajk tuvo una participación como coordinador general y autor de la orden del asesinato de Gaitán, como lo afirma Rujitch en su testimonio, tenía perfectamente la capacidad y el cinismo necesarios para hacerlo desde Budapest, o desde una capital próxima a Bogotá, antes de ser arrestado en junio de 1949[274]. ¿No era él, Rajk, un experto en infiltraciones? ¿No fue él quien recibió la orden de Moscú de preparar la infiltración de la Policía y de la administración húngara por elementos comunistas para llegar a la rusificación completa de su país[275]? El papel desempeñado por la Policía colombiana durante los sangrientos días de abril de 1948, producto de una infiltración sabiamente orquestada, se asemeja demasiado a los métodos preferidos de Rajk para no pensar en ello.

Es necesario tener en cuenta que en los años 1945-1954, la inteligencia militar soviética se dividía en dos secciones: la inteligencia estratégica y la inteligencia táctica. El primero de esos servicios, explica Pierre de Villemarest[276], funcionaba de manera bastante flexible: las antenas estratégicas podían trabajar “en cualquier parte del mundo, más allá de su país de origen, con su propio personal y sobre objetivos llamados ‘sensibles’, es decir, ‘cruciales’”. Cada antena tenía una cobertura diferente y estaba bajo la autoridad de un jefe residente. Una antena basada en Viena, por ejemplo, podía ocuparse de Yugoslavia. Otra, basada en Budapest, podía ocuparse de operaciones precisas en Colombia. En cuanto al trabajo de inteligencia táctica, “actuaba en el país mismo, infiltrando el Ejército, las bases y las empresas militares, la Policía, los sectores tecnológicos y los mecanismos ministeriales que tenían que ver con la defensa”.

Tres meses antes del asesinato de Gaitán, una nueva reunión de los conjurados enviados por Rajk se efectúa en Detroit, Estados Unidos, para discutir las modalidades del asalto. El escritor Luis Cardoza y Aragón, ya citado, de origen guatemalteco y quien pasará buena parte de su vida en México, donde los servicios secretos soviéticos estaban bien implantados, fue nominado para desempeñar, aparentemente, un papel central en la ejecución del plan del 9 de abril. Es él, precisamente, quien hará saber antes de ir a Bogotá, que la Conferencia Panamericana “terminará en balaceras”. Habiendo sido informado acerca de la reunión de Detroit y de las insólitas frases de Cardoza y Aragón, el periodista Carlos Denegrí publica esa historia en el diario mexicano Excelsior, en un artículo intitulado Bogotá, al desnudo[277]. Personaje controvertido, Luis Cardoza y Aragón era el destinatario de una carta inquietante de Blas Roca, encontrada por la Policía de Bogotá en las maletas de Rafael del Pino y Fidel Castro, donde había la orden de “no dejar de Bogotá una teja donde alojarse un canario[278]”. La prensa de Bogotá (tanto El Tiempo como El Siglo) acusó a Cardoza y Aragón de haber desempeñado un papel importante en la promoción de la revuelta del 9 de abril. Enrique Santos Montejo, Calibán, el editorialista estrella de El Tiempo, afirmó incluso que el guatemalteco tenía por misión el asesinato del general George Marshall[279]. Cardoza y Aragón negó vagamente las acusaciones de la prensa colombiana sin presentar pruebas convincentes de su inocencia. Empero, ninguna de esas hipótesis debe descartarse dada la falta de seriedad de los relatos lenifiantes de las publicaciones comunistas. Las cuales, entre otras cosas, tratan de ocultar los violentos ataques lanzados en la época por Stalin contra los Estados Unidos y sus aliados, ataques en los cuales podían ser utilizados el asesinato individual y la insurrección armada, o combinar los dos, para hacer avanzar sus posiciones.

El análisis que el Partido Comunista Colombiano hará de los eventos del 9 de abril se consagrará obviamente a ocultar la realidad de lo que pasó y a adormecer a la opinión pública. El define esos hechos unas veces como un “motín espontáneo que tomó una forma anarquista[84]”, y otras como una “insurrección improvisada de las masas populares de Bogotá y de otras grandes ciudades”. Dice que esa “insurrección” rápidamente perdió sus características y “fracasó finalmente” porque los saqueos “para buscar armas inicialmente, degeneraron por la acción de delincuentes”. Tal explicación no resiste un análisis. O se trata de una “insurrección”, en cuyo caso, según la práctica leninista, no hay espacio para la “improvisación” ni para la “espontaneidad”, o se trata de una “explosión espontánea” de la furia popular, y en este caso no se puede hablar de “insurrección”, y aún menos de “fracaso”.

En Bogotá (y en otras ciudades) la “improvisación” señalada por los relatos comunistas (si improvisación hubo) fue de un tipo muy raro: hubo la rápida adhesión de gran parte de la Policía a la insurrección, así como violentos ataques contra los símbolos del poder, saqueos de ferreterías, la toma de varios medios de comunicación y llamados al crimen desde la radio. Hubo la apertura de las prisiones y el desencadenamiento de una huelga general que puso a Bogotá al borde de la hambruna. Otro hecho anormal: pocos minutos después del asesinato de Gaitán se distribuía un volante en pleno centro de la ciudad. Acusaba al Gobierno de haber ordenado la muerte del “líder democrático de Colombia” y rechazaba toda participación de los comunistas en el atentado. Llamaba al derrocamiento del presidente Ospina Pérez y a la unidad entre liberales y comunistas para tomarse el poder. Asombrado por la velocidad con la que el volante había aparecido, un diario describió en estos términos el estado de los papeles distribuidos: “No menos de seis tipos de caracteres habían sido utilizados en su composición; el papel utilizado estaba seco, los márgenes estaban limpios y no había manchas de tinta”. Antes de concluir: “Esas hojas fueron redactadas, impresas y preparadas con al menos 12 horas de anticipación[281]”. Hubo también algo que sorprendió a los observadores ya que no formaba parte de las características de la cólera popular colombiana: los ataques contra las iglesias y los conventos, los linchamientos de sacerdotes y de personalidades políticas. En realidad, cosa curiosa, esas formas de violencia fueron practicadas sólo durante el Bogotazo. Vernon Lee Fluharty dice que en Barranquilla hubo “sacerdotes que fueron sacados de los altares, golpeados y apedreados a muerte por los insurrectos[282]”. Los asesinos utilizaron el rumor para desencadenar acciones sangrientas contra el clero. En Bogotá, dijeron que los curas estaban “asesinando al pueblo” y disparando desde los campanarios. Resultado: la plebe quemó iglesias y destruyó el palacio arzobispal, donde se conservaban algunas reliquias sagradas e históricas de gran valor. Todo eso en menos de dos días, sin hablar de los otros desórdenes en provincia, ni de la formación de “juntas revolucionarias” en varias ciudades. En provincia, fueron establecidos con rara velocidad “juntas de vigilancia” y “juntas de finanzas”. Se dio también la sustitución de hecho de las autoridades locales. “Milicias populares”, “Policías cívicas” y grupos de macheteros[283], sustituyen las unidades de la Policía local. De fuentes serias[284] se sabe que fueron encontrados algunos dispositivos incendiarios, en forma de estilográficos, en los bolsillos de algunos heridos transportados a los hospitales durante la noche del 9 de abril, y que hallaron objetos idénticos en las minas del Ministerio del Interior. Por otra parte, un técnico pudo constatar que en el incendio del Palacio de San Carlos alguien utilizó productos químicos especiales para desencadenar temperaturas superiores a 1.600 grados, cosa imposible en un incendio normal. Todo eso revela que hubo preparación de los acontecimientos y que pocas cosas fueron improvisadas. En fin, ciertos aspectos del Bogotazo recuerdan los métodos utilizados por el estalinismo durante la Guerra Civil Española, así como en las capitales de Europa del Este. En mayo de 1937, los comunistas, con el apoyo de la Policía, atacaron los correos de Barcelona en el marco de una acción destinada a apoderarse de Cataluña. Un mes después la Policía de Madrid, infiltrada por el GPU, detiene al comité ejecutivo del Partido de Unificación Marxista (POUM) para establecer su soberanía en toda la zona republicana[285]. En el golpe de Praga, los comunistas se sirvieron de los sindicatos y de la Policía, fuertemente penetrada de antemano por el ministro del Interior Vaclav Nozek, para armar una milicia popular y los comités de acción que se tomaron las calles. Manipularon también las fracciones “avanzadas” de los partidos no comunistas y del partido socialdemócrata.

El encadenamiento de hechos y la rapidez con la cual Bogotá fue incendiada y devastada, al igual que la erección casi instantánea de “juntas revolucionarias” en otras ciudades, permite pensar que hubo, de nuevo, como en la huelga de las bananeras de 1928, elementos serios de estructuración de una rebelión popular que buscaba el hundimiento de un gobierno elegido. El fracaso de la maquinación subversiva obligó, por supuesto, a los conspiradores a disfrazar post facto los verdaderos objetivos que estaban en juego el 9 de abril y a intentar borrarlos de la memoria colectiva por medio de la propaganda sistemática.

ENCUBRIR LA ACCIÓN SUBVERSIVA

Siete meses después del Bogotazo, la dirección del PCC, al intentar “sacar las lecciones”, concluye que “si las masas populares no pudieron ir más lejos es porque no encontraron la orientación ni la organización necesaria, debido a la debilidad del Partido Comunista”. Hubo pues, según esas líneas, una empresa desestabilizadora en marcha el 9 de abril. Gilberto Vieira, en un informe de 1948, dirá que “los dirigentes y militantes trabajaron activamente en el cumplimiento de tareas que resultaron superiores a sus fuerzas”. ¿Cuáles eran, concretamente, esas pesadas “tareas”? Vieira no lo dirá. Al final de su discurso admite que los comunistas fueron “seguidistas” ya que “nos hacíamos ciertas ilusiones en la burguesía liberal[286]”. Es legítimo pensar que si el gobierno de Mariano Ospina Pérez hubiera aceptado dimitir bajo la presión de la violencia, los liberales, sostenidos por la calle e infiltrados por los comunistas, habrían tomado el poder en condiciones muy difíciles para ellos mismos. Dada la profunda desestabilización de la escena política, seis meses después los liberales habrían sido desbordados por las fracciones más radicalizadas (gaitanistas, comunistas), y habrían perdido el poder en favor de los agentes soviéticos, como lo habían hecho a la perfección durante la Guerra Civil en España. Juan Andrade, actor y testigo de ese período, destaca[287] que los hombres de Moscú, siguiendo tácticas astutas, crisis tras crisis, impusieron sus hombres y eliminaron a los otros. Así descartaron del poder al POUM trotskista en primer lugar, luego a la CNT anarquista y después a la TAI anarquista. Colocaron a Largo Caballero a la cabeza del gobierno, para luego sustituirlo por Indalecio Prieto ante la primera tentativa de independencia. Ellos actuaron de este modo más tarde, con el éxito que se sabe, en Hungría y Checoslovaquia.

Conviene recordar que uno de los primeros intentos por contradecir la tesis de una maquinación de la URSS en los acontecimientos del 9 de abril será realizada por un francés eminente, Paul Rivet, fundador del Museo del Hombre, quien había encontrado refugio en Colombia durante la ocupación nazi de su país[288]. En dos cartas que dirige al diario Le Monde, el 21 de abril y el 2 de junio de 1948, Rivet descarta, desde París, la hipótesis de una “acción comunista oculta” en el Bogotazo, arguyendo que el Partido Comunista “se reduce en Colombia a algunos intelectuales sin gran prestigio que no disponen de ningún apoyo en las masas populares”. No obstante, en su precipitación, Paul Rivet comete varios errores: atribuye el Bogotazo al “profundo sentimiento democrático que anima al pueblo colombiano” (!), al Partido Conservador y también al Partido Liberal que no toleraban, según él, “una reorientación brutal del país por el Partido Conservador[289]”.

Ante la acerba réplica de Fernando Londoño y Londoño, embajador de Colombia en Francia, quien reprocha al etnólogo sus observaciones desconsideradas contra el pueblo y los partidos colombianos, Paul Rivet corrige el tiro y en su segunda carta atribuye las violencias del 9 de abril, “al estado de miseria del pueblo”, como había dicho L’Humanité, sin privarse de lanzar, una vez más, ataques contra el gobierno de Ospina Pérez y contra… el Vaticano. Tratando de subvalorar el alcance de la insurrección, ese compañero de ruta del PCF reducirá el Bogotazo a la categoría de simples “desórdenes”, antes de presentar un balance inexacto de las destrucciones y de las muertes en la capital. Pero, sobre todo, Paul Rivet hace hincapié en el hecho de que el PCC es un enano político ya que sólo había reunido en las elecciones “8.000 votos y no había podido hacer elegir ningún representante al Congreso”.

Esa constatación es falsa[290]. Paul Rivet no olvida destacar que los dos rusos detenidos fueron soltados “por falta de pruebas[291]”. El etnólogo intenta también hacer creer a los lectores de Le Monde que la capacidad de perturbación de un partido comunista depende de su tamaño aparente, sofisma que oculta el hecho de que, además de las estructuras visibles de los partidos comunistas, hay generalmente (sobre todo en la época en que Stalin estaba obsesionado contra los Estados Unidos) organismos-pantalla y estructuras clandestinas (los famosos Apparat) dotados de matones peligrosos y de enormes recursos para hacer agitación y propaganda. ¿Por qué Paul Rivet, uno de los primeros elegidos del Frente Popular, asumió esa tarea de desdibujar la realidad del 9 de abril? Miembro de la SFIO (Sección Francesa de la Internacional Obrera), antiguo resistente, intelectual comunizante, Rivet había decepcionado a sus amigos socialistas, como lo recuerda Víctor Serge en sus Carnets de enero de 1944, por su contubernio con los estalinistas franceses[292]. ¿Quién pues había pedido a Paul Rivet deslizar esas frases en la polémica sobre del 9 de abril? No se sabe. De todas formas, su dudosa versión del putsch frustrado del 9 de abril contribuirá de manera decisiva, dado el prestigio del personaje[293], a instalar una cortina de humo sobre ese grave episodio que va a abrir de manera duradera una nueva fase de inestabilidad y de violencia en la vida política colombiana. La intervención de Paul Rivet pone de manifiesto que algunos europeos amigos de la URSS no dudaron en emplear en 1948 las palancas más variadas para disimular la acción subversiva del comunismo internacional en Colombia.

Fidel Castro se contradice también sobre su acción personal y sobre la intervención del comunismo internacional en los sangrientos episodios del 9 de abril. En los años 1981, hace énfasis en la no participación de los partidos comunistas cubano y colombiano en el Bogotazo. “Ellos no tuvieron nada que ver”, asegura. Decirlo equivale, según él, a cometer una “gran calumnia” y una “gran mentira[294]”. Sin embargo, Fidel Castro mismo había dado, a principios de los años sesenta, una versión diferente, cuando no había mejorado aun el relato sobre sus aventuras en Bogotá. En diciembre de 1960, la revista soviética Tiempos Nuevos publicó, en lento, un largo artículo del señor Kremniov. Según él, en la obra Habla Fidel Castro, que acababa de parecer, el cubano admite haber participado “en las acciones armadas de los bogotanos sublevados por aquel inicuo crimen”, pues Fidel Castro, según Kremniov, “es así, está siempre allí donde hay un combate contra la tiranía, contra la injusticia[295]”. Por otra parte, a finales de 1960, Castro concede una entrevista al periodista austríaco Kurt Singer, autor de los Espías del siglo. Publicado por el Ilustred Weekly of India, la entrevista fue retomada por El Tiempo. En efecto, Fidel Castro revela esto a Singer: “Mi vida de estudiante fue muy agitada. Me dediqué intensamente a la política y contaba apenas veinte años de edad cuando tomé parte en la realización de un plan encaminado a liberar a (Colombia, en América del Sur. Plan que fue frustrado por 400 policías bien armados de Bogotá. Pero aquella experiencia me reveló muchos aspectos de la táctica comunista”. Y añade: “Me di minuciosa cuenta de la manera como los comunistas trataron de tomar el poder mediante un levantamiento, y no me convenció ninguna de las promesas que entonces hicieron[296]”.

¿Quién ordenó el asesinato de Gaitán? Para algunos, nadie ordenó ese atentado pues las motivaciones eran puramente privadas, vinculadas, dicen, a un pleito por uxoricidio en el cual Gaitán había trabajado como abogado, o por rivalidades dentro de la propia familia del político. Otros creen que ese asesinato tuvo que ver más con la posición de Gaitán como candidato liberal que tenía todas las posibilidades de ganar la elección presidencial de 1950. Para el magistrado, de filiación liberal, Ricardo Jordán Jiménez, quien con la ayuda de los agentes de Scotland Yard venidos expresamente desde Londres habían realizado la investigación oficial durante 83días (del 19de abril al 12 de julio de 1948), se trata de un “crimen aislado sin otra participación que la de su ejecutor: Juan Roa Sierra”. Esa declaración de Jordán Jiménez, miembro de la Corte Suprema de Justicia, fue enviada al diario La República seis años después de los hechos. En esa época el proceso por el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán no estaba cerrado. Al final de su carta, Jordán Jiménez deplora que la investigación judicial no haya avanzado una pulgada (“ningún paso firme se dio desde entonces”) y, sin renunciar a su hipótesis, lanza una frase bastante inquietante donde parece querer recordar al lector que la opinión pública, a pesar de todo, tendría razón al no estar satisfecha con la explicación oficial, considerada como “impopular”. El dice: “Pero para la opinión pública hay otra lógica: ¡muy poco asesino para una muerte tan colosal! Y su teoría es curiosa: no hay homicidio sin comanditarios[297]”.¿Qué quería decir el magistrado? ¿Fue una forma de expresar, de manera velada, que en su opinión la investigación sobre el asesinato de Gaitán había sido saboteada?

Autores como el observador inglés W. O. Galbraith sostienen que Gaitán había formado parte de una conspiración internacional destinada a derribar el régimen conservador de Ospina Pérez. Según él, Gaitán había recibido una asistencia material del partido Acción Democrática, en el poder en Venezuela, para derrumbar al presidente Ospina Pérez en junio de 1948. ¿Por qué esa conspiración? W. O. Galbraith consideraba que el “plan de Barranquilla” era la clave de ese enigma pues estaba en marcha en 1948: “Los exiliados venezolanos de Barranquilla, de 1929 a 1936, que más tarde serán los jefes de Acción Democrática, eran todos abiertamente comunistas y habían concebido planes para liberar del ‘feudalismo’ a los países de la región del Caribe, incluyendo Perú y Ecuador. El ‘plan de Barranquilla’ había progresado de manera satisfactoria y todos estaban de acuerdo en que Colombia debía ser ayudada para derrocar a la minoría conservadora en el poder[298]”. Los jefes de AD habían recibido a Gaitán, ciertamente, en el primer aniversario de la caída de la dictadura de Juan Vicente Gómez. El 18 de octubre de 1946, en efecto, Gaitán participa en un mitin en Caracas donde improvisa un discurso. En esa época, AD era violentamente antiamericana, enfermedad infantil común a otras formaciones liberales y socialistas de la región, de la cual se curará años más tarde por la fuerza de las cosas al recibir no pocos golpes de sus antiguos amigos marxistas. El gobierno de Rómulo Betancourt, fundador de AD, será, en efecto, uno de los objetivos preferidos de la acción subversiva de Fidel Castro en los años sesenta. Pero el estado de espíritu de los líderes de AD en 1948 era otro: veían al gobierno de Mariano Ospina Pérez, un conservador moderado, como un enemigo mortal. En realidad, a finales de marzo, la delegación venezolana a la Conferencia Panamericana había llegado a Colombia por tierra acompañada de varios camiones misteriosos[299]. De ahí el rumor en Bogotá según el cual ellos transportaban armas para la “resistencia liberal”. Vernon Lee Fluharty, que no es un historiador de derecha, aporta otros detalles sobre el papel raro del presidente Betancourt: “Mientras los agentes extranjeros se reunían, armas y municiones llegaron en gran cantidad a Colombia. Sus números de serie indicaban su origen venezolano. Al verse descubierto, el gobierno venezolano sostuvo que las armas habían sido tomadas sin su conocimiento”. Ese autor destaca que Rómulo Betancourt hizo el viaje para asistir a la Conferencia de Bogotá por carretera “deteniéndose en todos los pueblos [colombianos] para ser aclamado por la plebe y cambiando su agenda oficial para entrevistarse con líderes populares[300]”.

Fidel Castro entró precisamente a Colombia con el equipo de Rómulo Betancourt y con un pasaporte venezolano[301]. Este detalle desaparecerá más tarde en la versión que Fidel Castro da a Arturo Alape a quien responde, a este respecto, muy sobriamente: “De Panamá tomé un vuelo para Bogotá[302]”.

Algunas semanas después de la muerte de Gaitán, el Gobierno colombiano declaró tener dos pruebas de la intervención venezolana: un cheque de Rómulo Betancourt entregado a Gaitán y la actividad de algunas radios venezolanas que aparentemente habían anunciado los acontecimientos de Colombia antes de que éstos ocurrieran. Durante los incidentes del 9 de abril, la radio y la prensa venezolana publicaron mucha información, dijeron que Colombia “se había levantado para destruir la tiranía”. En las calles de Bogotá corrió el rumor de que el Ejército venezolano había pasado la frontera “para ayudar” a los colombianos y que Rómulo Betancourt era el amigo del pueblo colombiano. El Popular, diario de Barquisimeto, informó en su edición de la tarde del 9 de abril que Rómulo Betancourt había desempeñado un papel activo en el asesinato de Gaitán. Tal “información”, recogida por El Gráfico, un diario de extrema derecha de Caracas, fue desmentida con energía por el interesado.

Ángel Aparicio Laurencio concluye: “La revueta de Bogotá, sin duda alguna, fue preparada y planificada cuidadosamente con anticipación, pues en el pequeño espacio que media entre la muerte de Gaitán y el comienzo de las atrocidades, los revoltosos no hubieran podido ejecutar los ataques tan bien estudiados y consumados que se llevaron a efecto. La redacción del periódico El Siglo comenzó a arder antes de la muerte de Gaitán. Los revoltosos se apoderaron inmediatamente de las estaciones de radio, ferrocarriles, telégrafos, correos, etc[303]”. W. O. Galbraith, por su parte, concluye: “La pequeña maquinaria bien engrasada, bien perceptible en el curso de los acontecimientos del 9 de abril, especialmente la toma inmediata de las estaciones de radio, comenzando por la Radio Nacional, y algunos de los mensajes y exhortaciones que se transmitieron antes del restablecimiento del orden, corresponden a la existencia de un plan preparado para la revolución de junio, que algunos partidarios de Gaitán, y algunos conspiradores, intentaron aplicar sin éxito después de su muerte[304]”. Vista desde el ángulo de Galbraith, la desaparición de Gaitán sería, por una especie de carambola, atribuible al gobierno de Mariano Ospina Pérez, quien se habría anticipado así a las intenciones de los conspiradores liberales. Sin embargo, esa teoría no resiste un análisis. Si el presidente Ospina Pérez, o sus seguidores, tuvieron algo que ver con ese atentado ¿por qué el jefe del Estado colombiano nombrará, el 10 de abril, un ministro de Justicia, Samuel Arango Reyes, salido de las filas del gaitanismo, con la orden de abrir una investigación sobre la muerte del jefe liberal y sobre los hechos sangrientos que siguieron[305]?Según la investigación judicial, el asesino, Juan Roa Sierra, era un católico y un conservador fanático. Él era incluso, según algunas fuentes, un hermanastro de Gaitán (del mismo padre[306]). ¿Por qué los hipotéticos conspiradores vinculados al poder habrían elegido como asesino a un conservador y tan cercano de la víctima? ¿Para facilitar la acusación de haber cometido ese crimen?

El saqueo del centro de Bogotá, la súbita revirada de la Policía y la aparición de organismos de doble poder en la capital y en las provincias no se explica exclusivamente por la colera que suscitó el asesinato de Gaitan. La respuesta violenta de los gaitanistas es también, ciertamente, el producto de la fase de desestabilización política que vivía el país desde meses atrás[307]. Con todo, los acontecimientos del 9 de abril no pueden verse como el resultado de una rebelión espontánea “de abajo”, ni como una conspiración “de arriba”, de la élite conservadora la cual no habría previsto, evidentemente, las terribles consecuencias de su acto. No puede verse tampoco como un motín “improvisado por el pueblo”, ya que ese levantamiento sigue de manera visible una lógica muy ofensiva y muy precisa. Está claro que en ese juego de manipulaciones bajo la sombra, “el pueblo” estaba llamado a realizar las tareas más rudas: la creación de un clima de caos y de desbordamiento de las fuerzas del orden. Pero los jefes de la conspiración, a pesar de sus enlaces firmes y determinados, no llegarán a realizar la última fase del plan: movilizar la masa gaitanista y tomar el poder. El pueblo no había querido seguirlos.

La literatura histórica marxista siempre ha designado vagamente al “imperialismo norteamericano” y a la “burguesía colombiana” como los comanditarios del asesinato de Gaitán. Gilberto Vieira, secretario general del PCC, no tiene una versión precisa ya que cambia de acusación según las circunstancias. Un día declara que el asesinato de Gaitán fue “organizado por agentes norteamericanos”, otro declara que Gaitán fue asesinado “por agentes del imperialismo norteamericano y de la reacción[308]”.Fidel Castro asigna ese atentado “al imperialismo norteamericano” y también “a la oligarquía colombiana[309]”. Este enfoque de los hechos, basado en el mecanismo conocido de la mentira desconcertante, es reduccionista e interesado y choca con la información exacta. ¿Por qué “el imperialismo” habría querido asesinar a Jorge Eliécer Gaitán y poner en peligro la IX Conferencia Panamericana y hacer correr riesgos al propio secretario de Estado Marshall, quien estaba en vísperas de abordar en Europa tareas de carácter estratégico como eran los acuerdos sobre las primeras aplicaciones del Plan Marshall? ¿No eran los comunistas los más interesados en sabotear la Conferencia? ¿Sus agentes enviados a Bogotá no mostraron una gran determinación antes y después del atentado? De hecho, los comunistas tenían tanto, si no más, interés en la desaparición de Gaitán que los otros actores, pues entre el gaitanismo y el comunismo colombiano había, en esa época, una verdadera guerra a muerte. Los publicistas del PCC ocultarán este factor después de la muerte del desdichado caudillo.

El PCC, que había adoptado el nombre de Partido Demócrata Socialista (PDS)[310] durante el período en que seguía las orientaciones de Earl Browder, dirigía una violenta campaña contra el “fascista” Gaitán. Hacía eso con el apoyo de los dirigentes de la CTC, dominada por liberales topistas y por una fracción comunista muy activa. Según la propaganda del PDS, Gaitán mostraba “su deseo y su determinación criminales de dividir las organizaciones sindicales” por el hecho de fundar, con el gaitanismo, una nueva central trabajadora, la CNT[311]. A su vez, Gaitán acusaba a los comunistas de ser las marionetas de López y los agentes “serviles de las oligarquías[312]”.

Los seguidores de Gaitán querían desmantelar la CTC, ya que ésta era un fortín lopista y comunista[313]. En realidad, entre el lepismo y los comunistas había una gran connivencia. El lepismo era la rama del Partido Liberal (pero no la única) más penetrada por Moscú. El gaitanismo había realizado una violenta lucha en las calles y en las plazas contra los comunistas y había conseguido expulsarlos de las vías públicas. Si él no había conseguido aún sacarlos de ciertos sindicatos, donde continuaban su trabajo, Gaitán no estaba lejos de sacarlos del juego político. En el momento de su asesinato, Gaitán era el jefe del Partido Liberal y la personalidad política que tenía la mayor posibilidad de ser elegida presidente de la República, en 1950. En marzo y octubre de 1947, el movimiento gaitanista había conquistado la mayoría del Partido Liberal en las elecciones municipales y legislativas. La desaparición de Gaitán dejó pues el campo abierto a la penetración comunista, pues el mayor obstáculo a ese trabajo de infiltración del sindicalismo liberal había sido suprimido. Gaitan en el poder habría puesto probablemente en peligro los planes para hacer del Partido Liberal Colombiano una especie de Kuomintang, discretamente manipulado y orientado por Moscú, como lo quería la línea de acción concebida por Stalin para la China y para los otros países “semicoloniales”.

Ante la brusca desaparición de Jorge Eliécer Gaitán es imposible no hacer un paralelo con la suerte reservada ajean Masaryk por el Kremlin, un mesantgsAle la desaparición del líder colombiano. Personalidad liberal y anticomunista, ministro de Relaciones Exteriores de Checoslovaquia, Masaryk se había opuesto al golpe de Estado de Praga, antes de ser misteriosamente “suicidado” el 10 de marzo de 1948[314]. La muerte de Jorge Eliécer Gaitán pudo haber sido otro golpe sangriento orquestado desde lejos y en la sombra por Lavrenti Pavlovich Beria, antiguo jefe del temible NKVD y número tres detrás de Stalin y Molotov[315]. Un golpe realizado probablemente por una de las redes clandestinas establecidas en América Latina que aprovecharon un contexto internacional turbio. Los móviles no faltaban: ese asesinato podía provocar un golpe de Estado contra un gobierno considerado como amigo de los Estados Unidos; podría, además, quitarle a los comunistas colombianos un obstáculo a su expansión; minar la reorganización del panamericanismo y, finalmente, lanzar el oprobio e incluso una violenta campaña de propaganda negra contra el general George Marshall quien después de la Conferencia Panamericana de Bogotá debía firmar, el 16 de abril de 1948, en París, la creación de la Organización de Cooperación Económica Europea (OECE), encargada de administrar la ayuda colectiva del Plan Marshall. ¿El incendio de la Alianza Francesa de Bogotá no fue una advertencia a París? ¿Una manera de hacer saber que no se estaba contento con el papel de Francia en las conferencias de Moscú y Londres y en la adopción del Plan Marshall?

En 1945, durante la huelga general lanzada por la CTC, los miembros gaitanistas del Parlamento, al declarar que ésta era “subversiva”, habían pedido sanciones. Idéntica actitud durante la huelga de la poderosa Fedenal (el sindicato de la CTC que controlaba la navegación por el río Magdalena) la cual fue reprimida por el gobierno del presidente Alberto Lleras Camargo, con el aval de los gaitanistas. Lleras había visto en esa huelga una tentativa de desestabilización: “En el país hay un solo gobierno, el mío. Si los trabajadores no regresan hoy a sus puestos de trabajo serán sancionados. No puedo admitir la existencia de dos gobiernos: uno en el río y otro en el resto del país”.

Gaitán también había demostrado que el proletariado urbano estaba dispuesto a seguirlo en el terreno electoral, lo que causaba gran perjuicio a los comunistas y a la CTC ya que, en la elección presidencial de 1946, Gaitán había obtenido más votos que su rival liberal Gabriel Turbay en las grandes ciudades, sobre todo en la costa atlántica. Daniel Pécaut resume la violenta diatriba contra el PCC desarrollada por el diario gaitanista Jornada, en marzo de 1947, en estos términos: “Los comunistas rompieron todo lazo con el ‘país real’ para inscribirse mejor en el ‘país político’. Convertidos desde hace años en ‘seguidores archilopistas’, se contentan, a manera de práctica revolucionaria, con defender a Vieira en la Cámara y a Durán en el Senado. Indefinidamente reelegidos, han tomado la costumbre cómoda de dormir con su bufanda de parlamentario[316]”.

El choque entre la CTC y el gaitanismo conducirá a la semidestrucción de la central sindical, ya que fracasa la gran ola de huelgas lanzada por la CTC entre 1945 y 1947[317]. Esa ola incluye, en octubre de 1946, la huelga contra la Tropical Oil Company y la de los transportes en Cali, la de los ferrocarriles de Antioquia y del sur del país, entre otras. Sin olvidarla huelga más audaz: la de Fedenal, destinada a paralizar el comercio entre el centro y el norte del país. Esa peligrosa ola reivindicativa obligará al gobierno a decretar la disolución de la CTC, en abril de 1947. Aunque un juez revoca el decreto, la central sale deteriorada y la UTC, creada por el Partido Conservador y la Iglesia en 1946, ocupará el terreno dejado por el hundimiento de la CTC.

LOS DICTÁMENES FRANCESES, BRITÁNICOS Y NORTEAMERICANOS

Con respecto al Bogotazo, el embajador de Francia en Colombia, [acques Lecompte-Boinet, escribe el 12 de abril de 1948: “Está permitido ver en estos acontecimientos una tentativa de sabotaje del programa Marshall de ayuda económica a la América Latina mediante préstamos privados, y cuando se evocan las huelgas francesas e italianas del último invierno con las jornadas revolucionarias de Bogotá no se puede dejar de pensar en la extraña acumulación de circunstancias que sirven singularmente a los intereses de las potencias hostiles a la política norteamericana[318]”. En el mismo telegrama, el embajador menciona el carácter singular de los acontecimientos que observa: “La organización técnica precisa que dirigió [la] revuelta y su orientación hacia la destrucción y el saqueo da a esta revolución un carácter claramente diferente del clásico golpe de Estado suramericano siempre dirigido esencialmente hacia la toma del poder”. Diez días después, en un telegrama “secreto”, el embajador descarta la hipótesis de una responsabilidad del Partido Conservador y del Partido Liberal en el asesinato de Gaitán: “No se ve claro cómo los grandes partidos nacionales aceptarían destruir deliberadamente la capital del país y varias grandes ciudades bajo los ojos de los representantes de 20 naciones para obtener tan flaco éxito en política interior”. En cambio, hace hincapié en la pista del comunismo internacional, en estos términos: “Se ve bien el interés que tenían agitadores internacionales en golpear la imaginación con las destrucciones masivas en pleno centro del continente americano. Se comprende que ellos no hayan pretendido tomar el poder, ya que sabían que, minoría insignificante, no habrían podido aspirar a eso. El método empleado era el bueno: es al jefe popular a quien era necesario asesinar para levantar las masas, ya que ni la muerte violenta del presidente de la República, ni la de Laureano Gómez, ni la del general Marshall habrían verdaderamente sacudido las masas populares como lo hizo la muerte de Gaitán[319]”.

Algunos días después del Bogotazo, ese embajador, en conversación con uno de sus colegas que dudaba de la participación comunista, responde esto: “No estoy de acuerdo con usted. Imagine que los Estados Unidos, durante la reunión del Kominform en Varsovia o en Belgrado, hubieran llegado a provocar un levantamiento burgués contra el gobierno comunista y hayan forzado al Kominform, que sesionaba en la Cámara de Diputados, a sesionar en un colegio, ¿qué habría dicho usted?”[320].

Después de consultar una parte de esa documentación diplomática, dos investigadores colombianos[321] descubren que la “mentalidad” de los embajadores franceses correspondía por supuesto a un “imaginario anticomunista”. Pretendiendo definir ese “imaginario”, afirman que los elementos más notables son, por una parte, una “paranoia permanente de explicar (sic) todas las acciones sociales por la influencia de los elementos comunistas” y una “sobrevaloración de las fuerzas de izquierda”, por la otra. Los dos investigadores reiteran sin sonrojarse que los diplomáticos franceses padecen de una “manía esquizofrénica” que les hace ver la mano de Moscú en todas partes. Esta curiosa manera de descartar los análisis fundamentados de Abel Verdier y Jacques Lecompte-Boinet tratándolos de “paranoia” y “esquizofrenia” recuerda los métodos brezhnevianos que consisten en recomendar el asilo siquiátrico para aquellos que no están dispuestos a hacer suyos los embuchados marxistas-leninistas. El jefe de ese equipo de investigadores afirma que “en suma, el episodio de los supuestos nexos entre la Unión Soviética y los eventos del 9 de abril no tiene ninguna importancia material hoy[322]”. Esta afirmación asombrosa, que pretende hacer tabla rasa de las verdaderas motivaciones y hechos destacados de una tragedia que rompió en dos la historia de Colombia, no es digna de hombres que buscan la verdad histórica. Se ve bien en esos textos un nuevo esfuerzo militante para ocultar la realidad y para disuadir a los futuros investigadores de consultar los archivos diplomáticos franceses.

En cuanto a Gilbert Mackereth, embajador británico en Colombia, puede decirse que era de aquellos que señalaron también, en ese momento, la responsabilidad del comunismo internacional en el asunto del 9 de abril. Después del general Marshall, él declara que la revuelta “tiene todos los elementos de una inspiración y una dirección comunista[323]”.

Edward Tómlinson, periodista del National Broadcasting Company (NBC), quien hará una cobertura completa de la Conferencia Panamericana, destaca que el Bogotazo fue el resultado de una larga y meticulosa operación de propaganda, de agitación sindical y de infiltración en las organizaciones políticas de la izquierda. En efecto, el agregado militar de la embajada norteamericana en Colombia, coronel John H. Weeks, había enviado el 30 de agosto de 1945 un informe secreto de 43 páginas sobre la “penetración del comunismo soviético en Colombia”. Indica, entre otras cosas, que los soviéticos dirigen gran parte las actividades de la CTC y que ésta “ejerce una influencia desproporcionada sobre el Estado colombiano” hasta el punto de que esa influencia “equivale a una participación comunista directa en el Gobierno[324]”. John H. Weeks destaca también que la CTC está en capacidad de sabotear los recursos estratégicos militares de Colombia, así como la industria petrolera, los transportes y las comunicaciones. El informe analiza igualmente el trabajo de zapa que realizan asociaciones particulares como la Cruz Roja Soviética, la Confederación de la Juventud Colombiana y las organizaciones femeninas de Bogotá y Medellín y se muestra inquieto ante la distribución masiva de literatura soviética en el sector de la educación nacional. El pasaje más interesante de su informe es sin duda el que se refiere a la infiltración soviética en el Ejército y en la Policía colombiana. Dice cómo “algunos oficiales de grado inferior son afectados” por esa infiltración y que algunos miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional “toman cursos de ruso en el Instituto Colombo Soviético” donde se cultiva convenientemente la admiración por el Ejército Rojo. El agregado militar precisa que es todavía imposible precisar el grado exacto de infiltración comunista en las Fuerzas Armadas dado que no ha habido aún “una crisis nacional” que permita ver eso más claramente. El 9 de abril de 1948 develó de sobra ese enigma, al menos por lo que se refiere a la Policía de la época.

La Embajada de Estados Unidos en Bogotá producirá más tarde el informe confidencial más completo de todos los redactados por las legaciones extranjeras en la capital colombiana sobre lo que pasó durante los días “revolucionarios” del 9 de abril. El agregado naval de la embajada redacta ese documento confidencial de 45 páginas el 24 de mayo de 1948. Recientemente desclasificado, ese texto puede ser consultado. Allí se encuentra la cronología más exacta de los acontecimientos de Bogotá y de las otras ciudades del país. En efecto, su autor se había beneficiado de los informes locales redactados por los agentes consulares norteamericanos, de modo que a la descripción del putsch fallido de Bogotá se añade la descripción meticulosa de las violencias producidas en otras ciudades. Gracias a ese informe se sabe, por ejemplo, que en el puerto de Buenaventura, sobre la costa pacífica, los sindicatos de estibadores, infiltrados desde hacía mucho tiempo por los comunistas, bloquearon durante varios días las 50.000 toneladas de mercancías importadas que esperaban ser transportadas al interior del país y que impidieron la exportación de varias toneladas de café almacenadas en los hangares, pues la CTC había decretado la huelga general sobre todo el puerto y la carga ferroviaria.

Se podrá evaluar también en ese informe el papel muy importante desempeñado por la radio en la diseminación de verdaderas y de falsas noticias a nivel nacional y en la incitación a cometer las peores brutalidades. En efecto, fuera de las radios privadas tomadas por los amotinados aparecieron radios clandestinas en Bogotá y en otras ciudades. En Bogotá se pudieron contar al menos tres radios clandestinas, una de las cuales fue instalada en un camión de la Policía. “Somos la voz del pueblo desde su guarida secreta. Informamos al pueblo la verdad de la revolución. La revolución triunfó, el movimiento por la liberación nacional es gigantesco. El Ejército y la Policía están con nosotros. Sólo el coronel Barco y algunos de sus cómplices están disparando contra el pueblo indefenso, pero ellos serán muy pronto derrotados ya que el pueblo tiene armas”. Detrás de esas emisiones, donde la lógica cojea un poco, actuaba un misterioso “comandante”, llamado por esa radio “Capitán X”, quien, según el informe del agregado naval, era Joaquín Tiberio Galvis, un gaitanista comunizante. El informe explica que el único lugar donde no hubo confrontación alguna fue Corozal, un rico pueblo de ganaderos donde había un 50% de liberales y un 50% de conservadores. Los unos se pusieron de acuerdo con los otros para constituir una junta que se dio por tarea impedir todo tipo de violencia a la espera de los resultados de lo que ocurría en Bogotá. Fueron incluso capaces de impedir la llegada de una muchedumbre desencadenada que venía de la ciudad vecina de Sincelejo. En otras ciudades, como Barranquilla, Cartagena, El Carmen, Magangué, Medellín, Cúcuta, Pereira, Villavicencio, Cali e Ibagué, hubo destrucciones, incendios y asesinatos espantosos. Puerto Berrío, sobre el río Magdalena y vital para la ciudad de Medellín, fue paralizado por los revolucionarios durante una semana. Descarrilaron un tren que transportaba soldados que pretendían retomar el control de la ciudad e hicieron desviar un hidroavión que transportaba tropas y que intentaba posarse sobre las aguas del río. Por el contrario, en los campos petroleros de Barrancabermeja y de El Centro no hubo saqueos mayores ni graves desórdenes ya que la junta liberal que se había constituido decidió no incluir a los comunistas y puso en prisión a 17 de ellos por intentar desencadenar violencia y destrucción.

El informe del agregado naval concluye que el PCC no había organizado el asesinato de Gaitán pero sí había aprovechado el desorden para crear confusión e intentar tumbar al gobierno del presidente Ospina Pérez y hacer sacar de Colombia al general Marshall, no dudando en asignar ese asesinato a los gobiernos norteamericano y colombiano. El informe considera también que, respecto de la participación de la legación soviética en el putsch del 9 de abril, “no se descubrió ninguna prueba de esa complicidad”.

Esa actitud prudente del agregado naval sobre el papel de los soviéticos en los acontecimientos no es en verdad sorprendente. Es necesario saber que el Departamento de Estado norteamericano está, en ese momento, incrustado de agentes de influencia soviéticos y que los Estados Unidos, además, tenían en esa época una idea limitada de la agresividad del imperialismo ruso en el mundo, sobre todo en el ámbito latinoamericano y en Asia (hoy se sabe bien cuál fue el errado papel del Departamento de Estado en el seguimiento y desenlace de la guerra civil en China). Es después del discurso de Winston Churchill en Fulton que Washington entra en una dinámica de contención de la expansión comunista. El llamado de alerta de Churchill es pronunciado en mayo de 1946 y el famoso artículo de George F. Kennan en la revista Foreign Affairs, donde exhorta a los Estados Unidos a adoptar “una política de firmeza y de freno, destinada a oponer a los rusos una contrafuerza inquebrantable en todas partes donde éstos se muestren dispuestos a usurpar los intereses de un mundo pacífico y estable”, es del verano de 1947.

Se puede suponer que, en general, los operadores soviéticos no se divertían dejando rastros, y aún menos pruebas, de sus actos criminales, sobre todo de los relacionados con la guerra subversiva. Sin embargo, el informe del agregado naval pone de manifiesto, sin decirlo explícitamente, que en la construcción del 9 de abril hubo al menos dos equipos de operadores distintos e incluso separados. El primero, el que preparó y probablemente realizó el asesinato de Gaitán, y el segundo que actuó en el desencadenamiento de las violencias y que permitió la inserción de los comunistas locales (quienes, al parecer, no estaban informados de lo que se tejía), en esa revuelta de carácter nacional.

¿A QUIÉN BENEFICIÓ LA ELIMINACIÓN DE GAITAN?

La huelga de la Fedenal de diciembre de 1945, previa al Bogotazo, merece ser examinada en detalle ya que involucra curiosos aspectos que ponen de manifiesto que en el desencadenamiento de algunos movimientos “sociales” hubo directivas explícitas venidas del exterior de Colombia. Jacques Duclos, jefe del PCF clandestino durante la Ocupación, muy vinculado a los servicios secretos soviéticos[325], había enviado un brutal mensaje a todos los partidos culpables de browderismo en América Latina. Dirigido en esa época por Augusto Durán, el PDS era, con el PC cubano, una de las principales ovejas negras de Jacques Duelos ya que ambos habían aplicado a fondo la política de “colaboración de clases” lanzada por el secretario general del CPUSA en la época de la alianza norteamericano-soviética durante la Segunda Guerra Mundial. En la lógica de Durán, y ante las órdenes de Duelos, era indispensable provocar una acción espectacular susceptible de probar que los comunistas colombianos seguían siendo un partido de combate y no eran las marionetas de la burguesía, como decía, entre otros, Jorge Eliécer Gaitán. Para marcar ese viraje, reúnen su tercer congreso donde deciden impulsar una huelga general. Para cubrir sus planes, sacan un arma secreta: las huelgas “de solidaridad”, pues ellos tienen bajo control la huelga de textiles Monserrate, la cual servirá a la perfección para el juego de tontos de la “solidaridad”. Fríamente, eligen dos fuertes sindicatos bajo la influencia del PDS para expresar esa “solidaridad”: el del sector petrolero y el de Fedenal, que controlaba la actividad del río Magdalena, la principal arteria fluvial del país. Y se lanzan así, sin improvisación, a un desafío frontal contra el gobierno, con el apoyo verbal de la dirección de la CTC. En cuanto a la acusación de browderismo, Durán se la quita de encima redactando a la diabla un texto sobre los “errores más absurdos” de Browder (que él había aplaudido copiosamente tres años atrás) y su “reflejo en Colombia”. Durán exhuma las fórmulas tradicionales de antes de la guerra contra el imperialismo y sobre los “monopolios yanquis” que desean, según él, “instaurar un régimen dictatorial contra el pueblo”. Y eso es todo.

La huelga general estalla el 18 de diciembre teniendo como dispositivo de vanguardia la Fedenal. El Gobierno y las empresas del sector privado, afectados por la parálisis del río Magdalena, reaccionan sin demora. Denuncian la huelga como una operación subversiva que tiene como punto de mira el Estado y no las navieras. Daniel Pécaut dice: “Los dos partidos tradicionales se solidarizan con el Gobierno el cual acusa al comunismo. Inmediatamente, [el presidente] Alberto Lleras se niega a negociar con los huelguistas, pide la ‘colaboración de todos los ciudadanos para imponer el respeto de la ley’ y autoriza a las compañías a contratar nuevos trabajadores en lugar de los huelguistas”, ya que la Fedenal, con sus 8.000 afiliados, monopolizaba la contratación gracias a un acuerdo firmado en 1937. El presidente Lleras añade: “El problema que se le plantea no únicamente a los trabajadores sino al país consiste en saber si un partido político —en este caso el Partido Socialista Democrático Comunista— puede adquirir el control de los sindicatos, en cuyo caso prevalecerían la agitación revolucionaria constante y la acción contra el Estado”.

Esa huelga comienza mal y se desinfla rápidamente, ya que algunas ramas de la Fedenal, ante la firmeza del Gobierno, expresan una solidaridad puramente verbal y otras se niegan a seguir. Igual reacción de parte de varios jefes de la CTC, como José Raquel Mercado, el futuro dirigente de esa confederación, quien será expulsado del PDS a causa de eso. Los sindicatos bajo influencia gaitanista, como la federación de choferes, invitan a “formar un frente en torno del actual gobierno”. El 27 de diciembre, la ruptura entre liberales y comunistas es patente y la dirección de la CTC decide cesar la huelga. Dos días después, Sinbranave, uno de los principales sindicatos de la Fedenal, hace lo mismo. La aventura de Duran es así aislada y quebrada. El golpe fatal vendrá de la USO, el sindicato obrero del sector petrolero, que era el otro “argumento” de peso con el que contaba el PDS, ya que sus negociadores llegan a un acuerdo con la Tropical Oil Company, el 19 de diciembre. Orientado por Diego Montaña Cuéllar, uno de los críticos de Augusto Durán dentro del PDS, ese sindicato deserta así de la lucha[326]. Jornada, el diario gaitanista, escribe el 12 de enero de 1946 que la huelga de Fedenal había sido “la obra del Partido Comunista”.

Lo que le ocurrirá a Augusto Durán y a la Fedenal es mucho más grave que el fracaso de la huelga y la reprimenda del Gobierno. En verdad, lo que afecta a los comunistas colombianos en ese momento es el hundimiento total de su organización, el PDS, desde el punto de vista orgánico, electoral y sindical, y el triunfo del Gobierno y del jefe populista liberal, Jorge Eliécer Gaitán, quien atraerá definitivamente hacia él las “masas” populares y una parte considerable del movimiento obrero. Vencido en el último congreso de la CTC, Gaitán será, en efecto, el gran beneficiario de descrédito que cae ahora sobre ella y sobre el PDS. La implantación comunista en la CTC es así seriamente afectada. La prueba: el comité ejecutivo de la CTC publica un manifiesto el 23 de enero donde afirma que el PDS es culpable del “delito de alta traición respecto de la clase obrera colombiana”. La CTC culpa al PDS de “no haber arrancado a los patronos de río una sola concesión a pesar de haber convertido la Fedenal en masa de maniobra política”. Después, es la desbandada total. Los dirigentes de la CTC se niegan a participar en las reuniones del PDS, sobre todo los representantes de dos federaciones importantes, Ferrovías y Fenaltracar, la federación del sector de obras públicas. Los primeros van más lejos pues invitan a las organizaciones sindicales a “extirpar de sus filas el virus de las infiltraciones políticas y confesionales”. En las federaciones departamentales las rupturas con el PDS son también considerables. Los efectos políticos aparecen y son tremendos. En las elecciones legislativas de marzo de 1947, el PDS sólo recibe 13.000 votos, cuando esa misma formación había obtenido 27.600 votos en las legislativas de 1945. Y en las municipales de octubre de 1947 recibe apenas 7.000 votos. Daniel Pecaut concluye: “Las masas, que poco habían apreciado tener que volar por Turbay, tornaron definitivamente el camino del gaitanismo, no el del PDS”.

Así pues, por segunda vez desde 1928 las órdenes dadas por Moscú a los comunistas colombianos, recibidas por éstos con ceguera total, se traducen en grotescas aventuras que culminan en el deterioro de la economía del país y en la casi demolición de los sindicatos obreros.

Pero para los servidores del “ojo de Moscú” no todo es negativo ya que encuentran, al menos, la ocasión para desbancar de una vez por todas a Augusto Durán, un peligroso browderista. A pesar de su esfuerzo autocrítico, el “gran comisario” será, pues, acusado, en julio de 1947, durante el quinto congreso comunista llamado de Bucaramanga, de proseguir una orientación de “colaboración obrero-patronal” y de no haber renunciado verdaderamente a su política de “apoyo a un desarrollo industrial con participación del capital extranjero como condición del refuerzo del proletariado[327]”. Gilberto Vieira, quien había compartido hasta allí todas las revisiones propias de la aventura browderista[328], recita las palinodias antiBrowder de Jacques Duelos y toma la cabeza del PDS prometiendo rebautizarlo como Partido Comunista y realizar la “reconstrucción leninista”.

La llegada en solitario de Vieira a los mandos del PCC no arregla las cosas ya que ese movimiento se parte en tres pedazos. En uno está el grupo de Durán, en otro está el de Vieira y en la mitad el grupo de Diego Montaña Cuéllar, quien preconiza un acercamiento hacia el movimiento de Jorge Eliécer Gaitán. Durán, por su parte, persiste en su línea de seguir la política de colaboración con la burguesía “progresista” ya que el Gobierno de Unión Nacional de Ospina Pérez no es, a su modo de ver, ni puramente reaccionario ni simple instrumento del imperialismo. Su objetivo, según Durán, es “favorecer el aumento de la producción industrial y agrícola”. El hace públicas sus tesis y bautiza a su fracción disidente como “comunismo obrero”.

El grupo de Gilberto Vieira conseguirá la expulsión de la fracción de Durán, quien no comparte su línea política. Como buen extremista, Vieira quiere resultados a corto plazo. El caracteriza la administración de Ospina como un “régimen de clase” que es necesario atacar de frente, como quiere Moscú. Para Vieira, el nacionalismo económico de Ospina y la defensa de la industria nacional no valen un clavo ya que eso “no puede justificar los compromisos con la burguesía”. En cuanto hace a la cuestión Gaitán, Vieira coincide con Diego Montaña, ya que era indispensable contradecir a Augusto Durán quien había hecho del líder populista un problema casi personal. Anteriormente, el Partido Comunista había batallado contra la aceptación de las normas legales sobre el derecho de huelga y sobre el reconocimiento jurídico de los sindicatos (como la ley sindical de 1931 impulsada por el presidente Enrique Olaya Herrera) y contra la acción de abogados como Gaitán, quienes fungían como mediadores en algunos conflictos obreros negociando amistosamente y buscando soluciones. Para Durán y su banda, técnicos de la huelga política, esas leyes y esos abogados sólo querían “distraer y traicionar a las masas[329]”.

Los efectos de esa trifulca entre extremistas fueron claros: el PCC es expulsado de la CTC que pasa a ser una central de segunda fila ante el espectacular auge de la Unión de Trabajadores de Colombia (UTC), fundada en Medellín en 1946. Basada en el sector manufacturero, la UTC recibía los favores del Gobierno[330] y contaba en sus filas con algunos asesores jesuítas. Pero, contrariamente a lo que decía la propaganda liberal, no tenía conexiones formales ni con la Iglesia ni con el Partido Conservador[133]. La CTC, por su parte, opta por desafiliarse de la Federación Sindical Mundial, el instrumento creado en 1945 por la URSS para infiltrar los sindicatos y controlar la economía del mundo libre. La FSM perdía así, por un breve período, una importante implantación en América Latina. Una revista de Bogotá resumirá así la situación del PDS: “En sólo tres años perdió lo que había ganado en veinte años: perdió su diario, sus oficinas, sigue sin un solo senador, sin un representante y con apenas un diputado en una asamblea departamental. Hoy ese grupo está disuelto como partido y sus miembros se pasaron al lado de Gaitán[332]”.

Maltratados en la CTC, los comunistas optan por profundizar la división sindical inventando una nueva central, la CTC Unificada. En el comité ejecutivo de la nueva estructura, dominada por cuadros políticos del PDS, colocan a un liberal de izquierda, Lisandro Camacho, para poder decir que “acogen ¿odas las tendencias” y ser una central “al servicio de los intereses delos trabajadores”. La CTC responde con un manifiesto, el 23 de agosto de 1946, en donde dicen: “Estamos aquí, nosotros quienes tenemos oficios conocidos y hemos sentido en nuestra carne la persecución social y la desigualdad económica, sin tener necesidad de obtener en Moscú un título en ‘sensibilidad social’”. Al final del año, la CTCU desaparece sin pena ni gloria después de un acuerdo de fusión de las dos direcciones. En el nuevo comité ejecutivo de la CTC los dos tercios serán controlados por los liberales. Un cuadro sindical gaitanista, J. V. Silva, de Ferrovías, es nombrado presidente.

Todo eso ocurre menos de año y medio antes del 9 de abril, cuando Jorge Eliécer Gaitán será ultimado a bala en las circunstancias ya descritas. La pregunta, entonces, es: ¿Quién se benefició con la desaparición de Gaitán? Los comunistas son, de todas formas, los primeros ganadores ya que si bien el golpe de Estado falló, una nueva vía fue abierta para que ellos pudieran recolonizar sin obstáculos la CTC y las otras organizaciones obreras. Mejor, las masas urbanas y campesinas radicalizadas, repentinamente huérfanas de su líder liberal, serán presa más fácil de los hombres de Moscú. En efecto, la apertura de un frente armado comunista no tardará en irrumpir, como consecuencia lógica de la situación recientemente creada.

Para no perder los contactos con el comunismo francés ni con Moscú, el grupo de Augusto Durán lanza, el 5 de marzo de 1949, una atronante declaración de guerra contra los Estados Unidos siguiendo el ejemplo de Maurice Thorez en Francia[333]. Durán denuncia las llamadas “intrigas que desarrolla” el Departamento de Estado americano para “desencadenar una nueva guerra mundial contra la Unión Soviética”. “Cuando esa guerra estalle —⁠promete Durán—, los trabajadores colombianos serán los aliados del Ejército Rojo y de las nuevas democracias”. La diferencia con relación a la declaración de Thorez es que, en París, aquélla desemboca en la aprobación, por la Asamblea Nacional, de una moción que dice que los comunistas “minan la moral del Ejército y de la nación”. Enseguida toma forma en Francia una operación para aislar los oficiales comunistas en el Ejército. En Bogotá nada de esto ocurre. Nadie se pregunta si la línea de Durán tendrá repercusiones ocultas o visibles en materia de defensa nacional y sobre la suerte de las fuerzas de seguridad del país. El 30 de agosto, el Partido Comunista Obrero asombra de nuevo a la opinión afirmando su solidaridad con la política de restricciones a las importaciones del gobierno de Ospina Pérez. Pues esa política, según Augusto Durán, está destinada “a favorecer” la industria nacional contra aquellos que quieren, dentro del Gobierno, “entregar la industria colombiana al imperialismo americano”. En realidad, en el cálculo del POC no había nada que pudiera asemejarse a una preocupación legítima por la salud de la industria colombiana. “Al tomar partido por la política económica conservadora, el Partido Comunista pone de manifiesto que el enemigo mortal es, ante todo, la influencia económica norteamericana”, escribirá con lucidez en un informe interno el embajador Jacques Lecompte-Boinet[334]. En su opinión, Durán, con esa actitud, quería “favorecer al partido menos proamericano” y consideraba que Ospina Pérez y los conservadores tenían menos capacidad que los liberales para tratar con Washington. Los liberales eran, en efecto, partidarios de reducir las barreras arancelarias y buscar créditos norteamericanos para equipar el país y aliviar el costo de la vida. Al respaldar a los partidos más conservadores, en detrimento de los partidos moderados, el POC pretendía debilitar el país para fomentar la crisis y facilitar las maquinaciones subversivas. “Parece que en Colombia, quizá debido a su debilidad, el Partido Comunista ha dado a las consideraciones de táctica general la prioridad sobre sus intereses locales”, concluirá el diplomático francés.

3.

El “golpe de Estado” de Ospina Pérez

CÓMO DEFENESTRAR A UN PRESIDENTE

Los leninistas colombianos siempre presentaron los acontecimientos del 9 de noviembre de 1949 como un “golpe de Estado” fomentado por el presidente Mariano Ospina Pérez para instaurar una “dictadura reaccionaria y terrorista”. Por otra parte, el gobierno de Ospina Pérez es, para ellos, la primera de las tres “dictaduras conservadoras” que siguieron tras los graves episodios del 9 de abril. Después de la “dictadura” de Ospina habría, según esa leyenda, la de Laureano Gómez y la de Roberto Urdaneta Arbeláez. Nada más falso.

Ante el fracaso del 9 de abril, la dirección comunista comienza un breve movimiento de repliegue. Según sus análisis, la coyuntura “revolucionaria” no estaba agotada del todo. Quedaba aún una posibilidad de demoler la administración de Ospina Pérez. Ellos deciden explorar otras vías y utilizar medios más desviados para abrirse un camino hacia el poder. La fracción mayoritaria, dirigida por el frío calculador que es Gilberto Vieira, lanza nuevas consignas para “preparar las condiciones” de una nueva tentativa de golpe, pero más disfrazada que la del 9 de abril. Esta vez, las probabilidades de ganar son mayores ya que el Partido Liberal, y no sólo la fracción gaitanista, parece listo a desempeñar el papel de idiota útil. Después de todo, el golpe de Praga había demostrado que una minoría comunista audaz (el PC checoslovaco tenía únicamente un 38 % de los votos) podía usurpar el poder a una democracia timorata. ¿Entonces, por qué no explorar esa vía?

En mayo de 1949,20 días antes de la elección para la renovación de la Cámara de Representantes y de las asambleas departamentales, el arzobispo de Bogotá, monseñor Perdomo, pide a todos los católicos abstenerse de votar por los candidatos comunistas y por los que tomaron parte de alguna manera en los acontecimientos del 9 de abril. “El peligro para la Iglesia no se encuentra en el Partido Comunista, muy poco numeroso en Colombia, sino en la inmensa masa que todavía se dice liberal y que realmente está influenciada por las ideas de los jefes comunistas”, reiteran los obispos de Santander en una carta del 26 de abril. Pero monseñor Concha, obispo de Manizales, contesta: “Nadie tiene el derecho a privar a otro de la facultad de elegir a los políticos que él cree más aptos para obtener el bien común”. Y citando las palabras del cardenal Rampolle a los canadienses, el obispo añade: “La Iglesia al condenar el liberalismo no tuvo la intención de condenar a todos y cada uno de los partidos que por casualidad se llaman liberales”.

A pesar de las presiones, en parte justificadas del clero, la elección del 5 de junio confirma la mayoría liberal sobre los conservadores, pero reduciéndola de 15 escaños a 8. El presidente Ospina Pérez nombra pues un gabinete ministerial de Unión Nacional, con ministros de los dos partidos, de conformidad con la nueva situación política. Ospina da, en efecto, tres carteras a militares moderados y políticamente neutros. El general Miguel Sanjuan se convierte en ministro de Justicia, el coronel Régulo Gaitán en ministro del Interior y el general Rafael Sánchez Amaya en ministro de Guerra. El PCC va a explotar ese hecho matracando en todas sus publicaciones acerca de la “dictadura terrorista que llega”.

La violenta campaña afirma que el gobierno de Ospina está preparando un “golpe de Estado reaccionario” contra los liberales. Para el PCC la instalación de tres generales en el gabinete significa haber dado “un paso decisivo hacia una dictadura terrorista de acuerdo con los planes del imperialismo”. Al mismo tiempo, los sectores “progresistas” del Ejército y la Policía son objeto de todas las atenciones de los agitadores del PCC pues la tropa, en esa coyuntura, era dos tercios de tendencia liberal.

Los resultados de esas operaciones no tardan en hacerse sentir: las tensiones entre liberales y conservadores se exacerban y las tendencias sectarias en el liberalismo toman la delantera. Ese cambio será desastroso para los liberales y para todo el país. La primera tarea de la nueva aventura es el desmantelamiento del gobierno de Unión Nacional. Pretextando que Ospina Pérez no juega limpio, los liberales se retiran del Gobierno, en mayo de 1949. Dicen querer tener las manos libres para llevar a cabo la campaña para las elecciones legislativas y para las presidenciales. Después viene lo de la alteración del calendario electoral: gracias a su mayoría en la Cámara de Representantes, y sin consultar a nadie, los liberales anuncian que van a modificar la Constitución para avanzar la fecha de la elección presidencial, prevista para junio de 1950. Ellos quieren realizarlas en noviembre de 1949. Los comunistas, en su congreso de agosto, habían “represión terrorista” del Gobierno no impedirá a los comunistas realizar, en Bogotá, en agosto de 1949, su sexto congreso, en toda legalidad. No impide tampoco a los liberales obtener satisfacción sobre la anticipación de las elecciones. El presidente Ospina promulga la nueva fecha de las elecciones, el 27 de noviembre de 1949, a pesar de su deseo de mantener intangible la ley constitucional. La convención liberal proclama incluso a Darío Echandía como candidato. El Partido Conservador, después de haber vacilado, designa a Laureano Gómez. Pero la paz no regresa. La estrategia de tensión estaba aún bien viva. Una prueba: los liberales vuelven a la carga con una nueva acusación contra el presidente Ospina. Dicen que él sigue ocupándose, como era absolutamente su deber, de apartar del Ejército y de la Policía los elementos dudosos. El jefe de Estado, quien había sacado las lecciones del 9 de abril, quería desembarazarse de todos los oficiales liberales o conservadores susceptibles de ser manipulados por quienes actuaban para organizar un golpe de Estado militar.

El 8 de septiembre de 1949 estallan violentos desórdenes en la Cámara de Representantes. Un diputado conservador hiere mortalmente a un diputado liberal y otro liberal, Jorge Soto del Corral, antiguo ministro de Relaciones Exteriores, es gravemente herido. El Partido Liberal hace llamados a la calma e impide que los sindicatos desencadenen una huelga general. Darío Echandía, en nombre de los liberales, se entrevista con Laureano Gómez para restablecer la paz. Pero todo ello ocurre pocas semanas antes de las elecciones y tales esfuerzos son inútiles. Los incidentes entre liberales y conservadores se multiplican de manera inquietante en varias ciudades. A finales de octubre, en el departamento del Cauca, un pueblo es dinamitado e incendiado. Ciento treinta personas mueren. La Policía responde y abate a 37 campesinos. El Partido Liberal anuncia que no participará en las elecciones y retira la candidatura de Echandía. Retira también a sus miembros del tribunal electoral. Alarmado, el gobierno norteamericano ejerce presión en favor de una solución de conciliación. En vano. Las violencias continúan.

El 9 de noviembre, empujado por las circunstancias y decidido a poner término a la ola de desestabilización, el presidente Ospina Pérez decreta el estado de sitio en toda Colombia. Los gobernadores de los departamentos reciben poderes casi discrecionales, las dos Cámaras son disueltas y evacuadas a pesar de la resistencia del presidente del Senado. En cuanto a la Corte Suprema de Justicia, su acción es levemente modificada: no podrá de ahora en adelante censurar las decisiones del Gobierno sino por una mayoría de tres cuartos. Después de haber firmado el decreto, Bogotá es ocupada por tropas transportadas en camiones y por una treintena de coches-ametralladoras. Todo eso en veinte minutos y con una precisión inhabitual. A las 19 horas, la circulación vuelve a ser normal y numerosos almacenes abren de nuevo sus puertas.

Aparte de algunos incidentes con motivo del cierre de los periódicos liberales, el orden reina de nuevo en Bogotá donde los servicios públicos permanecen bien protegidos. El general Rafael Sánchez Amaya regresa de Washington y firma todas las medidas gubernamentales. Las depuraciones de los últimos meses, contra los oficiales liberales (fueron transferidos más de 60 de ellos), parecen haber producido efectos. Hasta una agencia de prensa norteamericana recibe un tirón de orejas por haber difundido noticias inexactas. En cuanto al embajador norteamericano en Bogotá, el señor Beaulac, apoya discretamente a Ospina Pérez, por el deseo de orden y por temor al comunismo.

La consigna de huelga general lanzada por los liberales no encontrará ningún eco. Algunos días después, Darío Echandía, visiblemente molesto, revela que un jefe de su partido abandonó precipitadamente el país llevándose consigo el dinero que le habían confiado para ambientar la huelga general. El plan consistía en esparcir clavos en las calles de Bogotá para impedir la salida de vehículos. El individuo encargado de comprar 40.000 pesos de clavos había comprado sólo 40 pesos y se había escapado con el resto. En el Partido Liberal el clima es de desmoralización y desbandada.

La decisión de decretar el estado de sitio había sido tomada por una buena razón: los liberales, autoexcluidos del juego electoral, habían concebido un plan para poner al presidente de la República de rodillas. Su plan consistía en acusarlo ante el Congreso de la República para destituirlo y nombrar en su lugar a un liberal: al ex presidente Eduardo Santos quien era, a pesar de todas esas fricciones, el vicepresidente. Ese plan no fue mantenido mucho tiempo en secreto e incluso fue objeto de una edición especial del diario El Espectador. Si las Cámaras hubieran tenido el tiempo para deliberar en ese sentido, el ex presidente Eduardo Santos habría sido investido sin duda con el apoyo de una parte del Ejército[335].

Las medidas extraordinarias adoptadas por el presidente Ospina frustraron el nuevo golpe de Estado y restablecieron la calma, a pesar de los rumores que anunciaban que los liberales estaban importando gran cantidad de armas por la frontera con Venezuela. En caída libre, los liberales intentaron llevar las maniobras conservadoras a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Alberto Lleras Camargo publicó una nota en la prensa norteamericana en la que denuncia la política de Ospina. Pero Washington no movió un dedo. Henri Quioc, encargado de negocios de la Embajada de Francia en Colombia, interrogó a ese respecto a su colega norteamericano en Bogotá. La respuesta de éste fue neta: los Estados Unidos no pueden hacer nada y no harán nada[336].

El 15 de noviembre, según un despacho de la AFP-Bogotá, que pide a la Embajada de Francia, “por razones bien comprensibles”, hacerlo publicar “indicando otro origen, por ejemplo Nueva York”, el toque de queda fue fijado a las 20 horas ya que los desórdenes habían estallado de nuevo entre liberales y el Ejército en Armenia y en Ansermanuevo, así como en Cali y Medellín. Los parlamentarios liberales se reúnen clandestinamente cerca de Bogotá[337].

Otros detalles de la conspiración aparecen más tarde en la prensa. Ésta dice que el 8 de noviembre, al mediodía, un rumor llegó a los cafés del centro de Bogotá frecuentados por los periodistas: que el presidente Ospina Pérez iba a ser acusado, que diputados liberales iban a depositar en las manos del ministro de Guerra una nota mediante la cual pedían garantías sobre las libertades públicas y prerrogativas parlamentarias. Sin embargo, no estando de acuerdo con el principio de acusar al presidente de la República, algunos jefes liberales se trasladan a Palacio al día siguiente para alertar al jefe de Estado de lo que se tramaba y pedirle que actuara a fin de suscitar un acuerdo entre los partidos. Testigo de excepción de esas animadas jornadas, Henri Quioc atribuirá el fracaso de la operación a la ingenuidad de los liberales: “Una vez más, los liberales fueron víctimas de un espíritu jurídico exagerado. El procedimiento de acusación del presidente de la República es muy largo e implica un triple voto, en comisión, en la Cámara y en el Senado. Un ex ministro liberal me dijo que nadie creía en el éxito de eso, ya que si una votación se hubiera efectuado por sorpresa, habría habido una verdadera masacre, pero esto último no me parece demostrado. En todo caso, si ese voto se hubiera producido, el presidente Santos habría sido investido y muy probablemente habría entregado el poder a un militar, al general Ocampo[338]”.

A la luz de estos hechos, los alegatos de liberales y comunistas sobre el pretendido “golpe de Estado de Ospina Pérez” no eran más que una cortina de humo destinada a ocultar el verdadero impulso putschista que venía de parte de ellos y de protagonistas que se preocupaban muy poco de la legalidad. En cuanto al gobierno de Ospina Pérez, gracias a quien por segunda vez el país no cayó en la anarquía, seguirá siendo irreprochable desde el punto de vista jurídico. Él había maniobrado ante una situación de crisis sin salirse del marco previsto por la Constitución.

A los conspiradores les quedó, finalmente, la acción internacional, la diseminación de falsas noticias y rumores patéticos. Como aquel que asegura que el presidente Ospina estaba “preparando” la instauración de una “verdadera dictadura estilo Francisco Franco”, para impedir “definitivamente” la vuelta al poder de los “elementos progresistas”. Incluso la prensa norteamericana cae en la trampa de los desinformadores y deplora la amenaza de una “extensión del fascismo” en el continente latinoamericano. El ex presidente Eduardo Santos, quien se había instalado primero en los Estados Unidos y más tarde en Francia, hace agitación en ese sentido. Lanza en París una hoja bilingüe, Colombia Libre, para alimentar a la prensa internacional de noticias picantes sobre el “fascismo” del presidente Ospina. El administrador de esa publicación es Marcel Baiche, un funcionario francés que durante los tres años de su estancia en Bogotá había aceptado ser remunerado por el Gobierno colombiano, al que vilipendia ahora. La Embajada de Colombia en Francia protesta ante el Quai d’Orsay por el papel de Baiche en la aventura de Colombia Libre y éste se compromete, después de haber sido amonestado por sus superiores, a cesar esa ayuda. La Embajada de Colombia no renueva sus solicitudes de prohibición de la hoja.

La embajada soviética y sus secretos

Antes del final del mandato de Ospina Pérez, un curioso incidente va a permitir, por una vez y de manera excepcional, lanzar un vistazo dentro de la suntuosa embajada soviética en Bogotá, o más bien dentro de lo que era esa legación en sus horas de esplendor, antes de la ruptura de relaciones diplomáticas entre los dos países, en mayo de 1948. Resulta que en esa embajada, donde trabajaban no menos de 60 funcionarios rusos, pasaban cosas muy extrañas. En primer lugar, la enorme representación que los soviéticos tenían en Colombia era explicada por éstos por el hecho de que Bogotá había sido elegida como lugar “de aprendizaje del español” para los diplomáticos destinados a los otros países de Suramérica[339]. Después es el embajador Jacques Lecompte-Boinet quien, poco antes de su regreso a París, obtendrá informaciones acerca de las condiciones rocambolescas en las cuales la imponente mansión de la legación soviética, con su jardín y su cancha de tenis, había estado a punto de ser objeto de una monumental estafa por parte del funcionario ruso que representaba los intereses de su país, al momento de recibir la orden de salir de Colombia en 48 horas[340]. Pero más sorprendente aún es el descubrimiento que hizo el potencial comprador del inmueble, el embajador de Argentina en Bogotá, cuando quiso tomar posesión del lugar. Encontró en las numerosas piezas del edificio trece cajas fuertes. Tres de ellas estaban en la parte blindada del edificio, a la que se llegaba después de haber abierto tres puertas con cerraduras monumentales. Era la famosa Referentura, el corazón de cada embajada soviética donde, alejados de los ojos y de las orejas indiscretas, los agentes organizan las operaciones clandestinas de la KGB. Una fuente del embajador francés confirmará que dentro de esa pieza una puerta “conducía a una habitación amoblada con sólo dos inmensos frigoríficos de por lo menos dos metros de altura sin compartimentos ni cajones” y que una última pieza “sólo estaba decorada con un horno cuyas dimensiones (dos metros también) no dejaban dudas en cuanto a su utilización[341]”.

Perturbado por ese descubrimiento, el embajador de Argentina renuncia a instalarse allí y deja, dos días después, el edificio cerrado pero sin protección, lo que permitió a algunas personas deslizarse adentro y hacer una inspección del lugar. Tenido al corriente de este asunto, Jacques Lecompte-Boinet creyó tener una sospecha sobre el porqué de la presencia de los siniestros objetos en el corazón de esa embajada: “¿Se puede encontrar allí la explicación a las desapariciones que parecieron, en su tiempo, misteriosas? En primer lugar, la de una mujer rusa que vivía en Bogotá y, más tarde, la de un funcionario soviético de quien se dijo había sido llevado por la fuerza a la costa y embarcado en un buque clandestino[342]”. Algunos días después, la Policía colombiana efectuó un registro en esos locales. Descubrió un cuaderno “olvidado” donde figuraba la lista de todos los colombianos que habían visitado la embajada en 1948. Muy bien informado, el embajador francés dice: “Fuera de una serie de personalidades bastante conocidas, la Policía encontró en esa lista los nombres de otras personas de quienes ciertamente nunca se habría esperado verlas figurar allí[343]”.

El primer embajador soviético en Colombia, Gregori Rezanoff, había salido de Bogotá en junio de 1947, quizá a petición del Gobierno colombiano que habría tenido que acusarlo de actividades de carácter poco diplomáticas[344]. El día de la salida de Rezanoff, el embajador de Checoslovaquia dejó también, y definitivamente, su puesto: aborda el mismo avión de su colega ruso. Desde entonces, la legación soviética será confiada al señor Fedine, el encargado de negocios soviético cuya actividad aparente era cada vez más reducida. Como el diplomático ruso se encontraba en Bogotá desde hacía tres años y el checo (antiguo agente de Skoda) desde hacía ocho años, su salida no generó mayores comentarios. Con todo, algún tiempo después, los medios diplomáticos de Bogotá supieron que las autoridades colombianas habían exigido al embajador checo regresar rápidamente a su país tras un incidente develado por el II Buró norteamericano: éste había comprobado, en efecto, que el checoslovaco, actuando bajo órdenes directas de Rezanoff, había constituido una red de espionaje dirigida contra los Estados Unidos. La subordinación del checoslovaco al ruso se habría establecido claramente y habría justificado la salida precipitada de los dos funcionarios. La investigación que hará discretamente el embajador francés confirmará claramente esos rumores[345]. A manera de conclusión, él indica que “los recientes acontecimientos de Santiago y la expulsión del encargado de negocios de Yugoslavia por las autoridades chilenas permiten hacer una aproximación curiosa: las mismas causas habrían podido producir los mismos efectos en dos países de América Latina”.

Desde que las relaciones diplomáticas entre Colombia y la URSS fueron establecidas en 1943, Grigori Rezanoff había actuado de manera irregular respecto de su estatuto mezclándose de manera visible en los asuntos colombianos. Los comunistas colombianos estaban en esa época en plena crisis. No poseían un periódico y su revista era de mala calidad, con tirajes muy limitados. Parece que la legación soviética empleaba una parte de sus fondos en la financiación de las actividades de esa organización. Sin embargo, la atención central de Rezanoff no iba hacia el pequeño partido de Augusto Durán, devastado por su sectarismo y por la acción política irresistible del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán. Lo que más le interesaba a Rezanoff era la infiltración de los círculos “avanzados” del Partido Liberal, donde había una verdadera masa popular por dirigir, a condición de poder alejarla de la influencia creciente del caudillo.

Las intrigas del embajador soviético eran tan visibles (había incluso sindicatos que aceptaban reunirse en los locales de la legación) que él será objeto de artículos de la prensa colombiana. La protesta de Rezanoff contra una de esas críticas encontró una respuesta tan violenta de parte de Enrique Santos Montejo, Caliban, el gran editorialista de El Tiempo, hermano del presidente Eduardo Santos, que el diplomático ruso prefirió callarse y hacerse el discreto, antes de regresar a Moscú. Calibán, quien no tenía la lengua en el bolsillo, reaccionó más tarde, después del Bogotazo y de la ruptura de relaciones entre Bogotá y Moscú, escribiendo: “Por todas partes la confianza reaparece […]. La sensación de terror que produce la siniestra legación soviética donde, erróneamente o con razón, se suponía que todas las conspiraciones tomaban su origen, se acabó. Pero en la lucha contra el comunismo, la ruptura de relaciones diplomáticas es apenas el comienzo […] es necesario también liberar los sindicatos y las universidades de la tutela comunista […]”.

El activismo de Gregori Rezanoff no era un fantasma de los dirigentes colombianos. En carta del 12 de mayo de 1948, Olivier Deleau, encargado de negocios de la Embajada de Francia en Colombia, justifica con palabras veladas la decisión colombiana de romper con Moscú por la “inquietud profunda e innegable producida por la realidad y [por] la posibilidad de actividades que, si no entran en el código de la vida diplomática tradicional, corresponden a los planes de un imperialismo político y social al cual la creación del Kominform da una actualidad y un alcance que sería absurdo no tener en cuenta”. El embajador francés, Lecompte-Boinet, comenta por su parte y a tal efecto: “El aspecto de la independencia nacional es muy fuerte entre los colombianos, quienes reaccionan con la misma severidad, sea la que sea su raza o su color, cuando los liberales o los conservadores, hablando de los comunistas, dicen que ese partido está ‘a sueldo de Moscú[346]’”.

Durante la campaña presidencial de 1946, el hábil embajador soviético no había ocultado sus preferencias por uno de los candidatos: el liberal Gabriel Turbay. Rezanoff había prometido a Turbay aportarle los diez a quince mil votos de los comunistas. La prioridad para Rezanoff, en plena batalla subterránea contra su colega norteamericano, era bloquear la campaña del candidato conservador Mariano Ospina Pérez, quien era, según él, el hombre de los Estados Unidos y de la oligarquía colombiana. En cuanto al otro candidato liberal, Gaitán, el diplomático ruso no disimulaba su hostilidad. Para Rezanoff, Gaitán no tenía “ninguna posibilidad” de ganar.

Gaitán, ciertamente, no tenía ninguna posibilidad de ganar si el Partido Liberal jugaba con dos cartas a la vez. Con Turbay en el ruedo la táctica de Rezanoff no estaba exenta de coherencia, ya que lo que le interesaba era apoderarse de las masas providencialmente agitadas por Gaitán. Un importante trabajo subterráneo era, pues, desplegado en algunos sectores populares por los hombres dirigidos por el diplomático soviético. Hasta el punto de que un día uno de los diplomáticos occidentales descubrió un aspecto de esas disimuladas maniobras. Lo que captó Jacques Lecompte-Boinet está lejos, por lo menos, de ser sin importancia. En un despacho al Quai d’Orsay explica: “Ya me había enterado de que encontrándose en tierra caliente, uno de mis colegas habló con unos campesinos colombianos quienes le preguntaron ‘cuándo llegaba el trigo ruso’, antes de añadir: ‘Sabemos por el señor que vino por aquí que el Gobierno nos miente y que son los rusos quienes nos proporcionan el trigo, ya que Stalin se interesa especialmente por Colombia y quiere hacer la felicidad de nuestro país a pesar de la incapacidad de nuestros dirigentes actuales’”.

La kgb contra la afp

El otro episodio que muestra la agresividad de los servicios secretos soviéticos en Colombia es el de Anna Kipper. Periodista europea, ella se esforzaba por establecer contactos entre los medios de comunicación colombianos y la Agence France Presse en la perspectiva de instalar una oficina de esa agencia en Bogotá. Sin embargo, Anna Kipper tenía un problema: era mal vista por los soviéticos ya que no era comunista. Un día de agosto de 1946, el embajador de Polonia en México, punto estratégico de la KGB para su trabajo en América Latina, contacta a su homólogo francés en Bogotá, durante uno de sus viajes de inspección por Suramérica. El polonés le explica al francés que Anna Kipper, su compatriota, es vista por el gobierno de Varsovia como persona non grata ya que ella era “un agente” del gobierno polonés exiliado en Londres. Añade que Varsovia vería muy mal la instalación definitiva de la señora Kipper en Colombia y que, por lo tanto, él se veía en la obligación de sugerirle que pidiera al gobierno francés “obtener la repatriación de esa polonesa que tiene ideas políticas hostiles a su gobierno”. La propuesta del polonés era más que inusual ya que, como el embajador francés le explica, la AFP es un organismo sin ningún control por parte del Quai d’Orsay. Sin embargo, Lecompte-Boinet promete a su interlocutor hacer una investigación antes de escribir a París. La investigación en cuestión concluye rápidamente en la certeza de que la Kipper, según las palabras del diplomático galo, “no es comunista (lo que no parece ser un motivo de acusación admitido por el gobierno francés)” y que ella “se mantiene al margen de toda acción política y observa respecto de los problemas poloneses una actitud completamente neutral”.

El embajador francés constata además que el trabajo que ella hace en los medios periodísticos de Bogotá es irreprochable y que había obtenido, en poco tiempo, y a pesar de los escasos recursos de que disponía, resultados “bastante notables”. Ella mantenía, en efecto, relaciones seguidas con la dirección y la redacción de los diarios más importantes de Colombia, como El Tiempo y El Siglo, donde la AFP hasta tendía a suplantar a sus competidores anglosajones, la Associated Press y la UPI. Otro diario, La Razón, tomaba a la AFP sus artículos latinoamericanos y ésta había podido celebrar un acuerdo con la revista Cromos. Anna Kipper había inaugurado también un servicio fotográfico para El Tiempo, que comprará después un número creciente de fotografías. En cuanto a El Siglo, Lecompte-Boinet dirá que ese matutino, “antes abiertamente falangista y de tendencia antifrancesa”, acepta servicios gratuitos de la AFP “lo que resulta muy eficaz, puesto que el número de artículos que veo pasar en ese diario aumenta cada día”.

La intriga del embajador polonés fracasa. Sin embargo, la maquinación contra la periodista seguirá bajo otra forma. Georges Sachs, agregado de información de la Embajada de Francia en Colombia, había hecho la Resistencia contra la ocupación hitleriana de Francia en Bogotá. Ese curioso personaje conducía por su cuenta otra pérfida campaña contra Anna Kipper. En una carta enviada al Quai d’Orsay, Sachs escribe que esa “periodista de encuentro”, que “se dice encargada de misión por la AFP”, es “más o menos polonesa, vagamente etnógrafa y ex empleada de la Agencia Havas de París, y periodista de moralidad más que dudosa”. Sachs acusa incluso a Kipper de ser la autora “de una obra que contiene pasajes relativos a Francia claramente escandalosos”. Para resumir, el agregado quería a toda costa sabotear la posible designación de Anna Kipper como directora de la AFP en Bogotá.

Ante la violenta carga de Sachs, el embajador Lecompte-Boinet hace una nueva investigación. Lee el libro en cuestión, titulado Pausa exótica (edición colombiana de 1943), y envía a París un informe en estos términos: “De mi lectura de los pasajes nada hay de escandaloso. Ella critica la actitud de cierta población francesa ante la llegada de las fuerzas nazis de ocupación. Ejemplo: ‘Los nazis fueron acogidos de manera desesperada por la población local, la cual les expresa más admiración que hostilidad’”. (…) “El país entero, este país que fue un día el más bello y el más amado de todos, cayó en un furor de autoflagelación pública”. Lecompte-Boinet reitera que Anna Kipper hace un “excelente trabajo como representante de la AFP en Bogotá” y que “nada autoriza a pensar que debe ser el objeto de una sanción o de una destitución”. Finalmente, los intrigantes pierden la partida. Anna Kipper recibe el apoyo del señor Teslenko, director de la AFP para Suramérica, y es nombrada directora de la oficina de la AFP en Bogotá. En cuanto a Sachs, será destituido en abril de 1947. La KGB y el embajador de Polonia en México habían perdido así, por una vez, su combate contra una periodista independiente y contra los intereses culturales de Francia[347]. No era la primera vez que Moscú combatía abiertamente a la Agence France Presse. Es bien sabido que en 1949, Pravda, furioso por el juicio a Kravtchenko que se desarrollaba en París, a pesar de las bajas maniobras intentadas por los abogados de los difamadores del autor de Yo escogí la libertad, insultó al ministro de Interior Jules Moch, llamándolo “lacayo del dólar americano”, y lanzó torrentes de basura contra la AFP y la prensa francesa en general[348].

4.

La gestación de las farc

Laureano Gómez, al poder

Elegido en 1950 sin rivales liberales (los liberales Alfonso López Pumarejo y Eduardo Santos habían sido elegidos sin competencia conservadora en 1934 y 1938, respectivamente), el conservador Laureano Gómez declara que desea la participación de los liberales en su gobierno. Pero ese partido estaba dividido. El ex presidente López Pumarejo, quien en las columnas de El Liberal se había pronunciado en favor de una posible colaboración con el gobierno de Gómez “a condición de que restablezca las garantías constitucionales”, es acusado de “traición” por los amigos de Eduardo Santos. Igual suerte corre el diario gaitanista Jornada, que de vez en cuando describe a Eduardo Santos y a Carlos Lleras Restrepo como “los oligarcas del Partido Liberal”. Acusados (erróneamente) de emprender negociaciones secretas con Laureano Gómez para entrar al Gobierno, los directivos de ese diario son excluidos del Partido Liberal.

Las declaraciones apaciguantes de Laureano Gómez habían sido bien acogidas por la opinión. El 7 de agosto de 1950, y sin ningún incidente, Laureano Gómez toma posesión de la Presidencia. Pero el diario El Tiempo se niega a publicar la noticia. Algunos días después, Abel Verdier, nuevo embajador de Francia en Colombia, escribe: “El país parece cansado de las luchas políticas y no aspira sino a trabajar en paz. El bizantinismo en el cual se regodean algunos liberales, las disensiones internas del partido, incitan a todos los elementos flotantes a alinearse poco a poco a un gobierno cuyo buen comienzo destaqué recientemente[349]”. Al año siguiente, los liberales se niegan a participar en las elecciones legislativas. A pesar de ello, el Gobierno reserva para ellos un tercio de los escaños del Congreso los cuales seguirán vacíos. Mal aconsejado, el liberalismo estaba embarcado en otra cosa: en la organización de guerrillas contra el Gobierno. Sin embargo, el gobierno de Laureano Gómez no dura mucho tiempo. El 31 de octubre de 1951, por graves problemas de salud, Laureano Gómez se retira de la Presidencia. El Congreso elige para el cargo al ex ministro de Relaciones Exteriores Roberto Urdaneta Arbeláez[350], quien intentará llegar a un acuerdo de paz con las facciones empeñadas en combates fratricidas. Con todo, la violencia ganará la partida. Ella golpeará de nuevo el 6 de abril de 1952. Ese día, durante una emboscada tendida por un grupo armado contra una misión gubernamental que venía de la región del Líbano, donde los guerrilleros causaban estragos, 18 personas serán asesinadas. Enrique Urdaneta, el hijo menor del nuevo presidente de la República, y Francisco González, gobernador del departamento del Tolima, formaban parte de la comitiva. Enrique Urdaneta estaba persuadido de que era posible llegar a un acuerdo entre las bandas rivales (conservadoras y liberales) que mantenían la región en un estado de terror continuo. Entre las víctimas figuran dos abogados, un conservador y un liberal, cinco soldados de la escolta militar y un chofer. El hijo del presidente Urdaneta sale milagrosamente indemne y podrá llegar a Ibagué. Los destacamentos de policías y soldados trasladados a la región se lanzan contra los bandidos y diez de éstos perecen[351]. El ataque había sido muy bien preparado. Los guerrilleros cortaron las líneas telefónicas y telegráficas y arrojaron dos granadas sobre los coches oficiales. Luego lanzaron un nutrido fuego sobre los viajeros. Querían matar, sobre todo, al hijo del jefe de Estado. Una mujer y dos niños figuran entre las víctimas. ¿Quién había ordenado esa emboscada? ¿Quién la realizó? Eso no se sabrá nunca.

En ese contexto, las vivas tensiones entre liberales y conservadores se amplían y estallan en la capital misma del país. El 6 de septiembre, una guerrilla liberal del occidente de Cundinamarca tiende una emboscada a una patrulla de la Policía y mata a 27 agentes. En Bogotá, durante el entierro de las víctimas, policías incontrolados atacan y tratan de incendiar los diarios El Tiempo y El Espectador. Atacan también los domicilios del ex presidente López y del líder liberal Carlos Lleras Restrepo, quienes se verán obligados a huir del país. El Gobierno promete sanciones contra los autores de esos actos pero eso no calma los espíritus. El odio entre liberales y conservadores persiste. El 31 de diciembre, nueva pelea: guerrilleros atacan la base aérea de Palanquero, a orillas del río Magdalena, cerca de Puerto Salgar. Pero el asalto es un fracaso completo. Los atacantes dejan más de 50 muertos en el lugar y un centenar de heridos. Los militares pierden siete de ellos. Alrededor de la base, las autoridades detienen a 124 sospechosos. La prensa conservadora se desencadena. Para ella, quienes habían ordenado esa operación lamentable no eran otros que los jefes liberales en exilio. Un rumor se extiende: los guerrilleros querían apoderarse de algunos aviones para bombardear a Bogotá. Las provocaciones continúan. En febrero de 1953 estalla una grave serie de incendios de origen criminal, que ocurren sucesivamente en Medellín, Armenia, Montería, Florencia, Cartagena y Bogotá. Por último, la tentativa de Laureano Gómez de regresar al poder, el 12 de junio de 1953, termina en el golpe militar del general Gustavo Rojas Pinilla.

¿Y los comunistas? ¿Qué hacían ellos durante ese tiempo de tristes brutalidades? Un artículo del historiador Víctor Alba, publicado en Le Populaire, de París, el 22 de junio de 1953, critica la violencia de conservadores y liberales y acusa también a los comunistas en estos términos: “Cuando levantaron de nuevo la cabeza durante la Segunda Guerra Mundial, lo hicieron bajo el nombre sospechoso de Partido Socialista Popular, que conservan aún. Ellos han observado una total neutralidad frente al gobierno conservador y sus excesos, con la esperanza de que caería bajo la esfera del peronismo y se volvería, por esa vía, antiamericano”.

Pero Víctor Alba no estaba en condición de ver todo lo que se tramaba de ese lado del ajedrez. Él está lejos de saber que los comunistas no habían adoptado una actitud de neutralidad frente al régimen de Laureano Gómez. Desde los acontecimientos de abril de 1948 ellos habían decidido, con las fracciones más revanchistas del Partido Liberal, replegarse a ciertas regiones rurales para crear núcleos de resistencia armada de base campesina y crear zonas “liberadas”. En Bogotá, los dirigentes liberales, para quienes esas guerrillas eran sólo una fuerza complementaria, van a abandonarlas a su suerte cuatro años más tarde. Qué importa. Los comunistas perseveran y el hecho es que al final de un período de diez años de violencias bipartidistas, Colombia descubre con asombro que en una extensa porción de su territorio se han constituido, tras confrontaciones sangrientas, enclaves controlados por fuerzas rebeldes, conducidas por elementos comunistas o por liberales comunizantes. Así, nuevas hegemonías políticas y militares, totalmente ilegales y peligrosas para la unidad del país, habían sido creadas en varias regiones. Ese asunto será revelado por el Chicago Tribune el 20 de noviembre de 1961 y presentado como el caso de las “repúblicas independientes”, donde fuerzas rebeldes se habían implantado en una decena de enormes zonas, algunas de ellas bastante próximas al Canal de Panamá.

LA GUERRA DE COREA Y SUS SECUELAS EN COLOMBIA

Algunos años antes, en 1950, al comienzo de la Guerra Fría, nada de esto podía ser previsto. El gobierno de Laureano Gómez, quien era mal visto por Washington debido a sus simpatías por el régimen de Franco, manifiesta su solidaridad con los Estados Unidos enviando, en septiembre de 1950, tropas colombianas al conflicto coreano. Guerra con alta dosis ideológica, Corea anunciaba, para los dirigentes colombianos, un nuevo conflicto mundial. Bogotá así lo piensa y las hazañas de los comunistas locales confirman, sobre todo a los ojos de Gómez, un viejo militante anticomunista, que la solidaridad internacional contra el imperialismo soviético debe reforzarse con un apoyo solidario contra eventuales guerras civiles. Guiado por esas convicciones, Colombia será el único país latinoamericano que envía tropas a Corea[352]. Se puede pensar que Colombia obró así para honrar igualmente la vieja amistad que siempre existió entre Bogotá y Washington y para garantizarse un flujo de ayuda militar y económica en los años venideros. Bogotá, por otra parte, no despacha a Corea un contingente simbólico, sino un buque de guerra, la fragata Almirante Padilla, de 2.000 toneladas, y un batallón de infantería[353]. Un Batallón Colombia fue formado y hará parte de las tropas de las Naciones Unidas. En total, 4.314 militares colombianos lucharán en Corea del Sur. Entre ellos se encuentran los héroes de la batalla de Toung-ni-Sonbyok (Old Baldy o Monte Calvo), lugar conquistado por un grupo de 400 soldados colombianos el 24 de marzo de 1953, bajo el nutrido fuego de los soldados chinos. Desencadenada el 12 de marzo y terminada el 3 de abril, esa acción de guerra costará la vida a 97 soldados colombianos. Otros 33 militares colombianos serán heridos, 92 declarados desaparecidos y 28 caerán presos. En total, 163 soldados morirán en Corea, otros 448 resultarán heridos y dos serán declarados desaparecidos. Los 28 soldados hechos prisioneros por los coreanos en el Monte Calvo serán canjeados al final del conflicto[354]. Tales acciones le valieron verdaderos elogios a Colombia por parte de los Estados Unidos y de la ONU. Por el contrario, como se verá más adelante, la acción de Colombia en Corea no será olvidada ni por Moscú ni por Pekín, y las consecuencias políticas no tardarán en hacerse sentir.

El PCC había sido el primero en reaccionar con virulencia contra el envío de esas tropas. La agresión de Corea del Norte contra Corea del Sur y la intervención masiva del Ejército de la China Popular contra las fuerzas de la ONU será desfigurada por la prensa del PCC la cual se lanza a una nueva campaña contra “el imperialismo norteamericano”. La falsa noticia de un supuesto empleo de armas biológicas por parte de los norteamericanos en Corea, emitida por el periodista Wilfrid Burchett, desinformador profesional al servicio de Moscú, ocupará también las primerias páginas de la prensa comunista en Colombia.

Otras medidas de política exterior de Bogotá pesarán igualmente en el violento ajuste de cuentas de los países comunistas contra Colombia. Uno de esos casos es Guatemala. Preocupados por la degradación de la situación en ese país, donde el coronel Jacobo Arbenz había tomado el poder y nombrado un gobierno con personalidades comunistas abriendo una fase de inestabilidad con represión policial de los opositores, reducción de las libertades individuales, expropiaciones de tierras sin indemnización y una ola de huelgas en el país y en los países vecinos, los gobiernos de Estados Unidos, Colombia y Brasil piden en 1954 la intervención de la OEA. Respaldado también por los gobiernos de Honduras y Nicaragua, ese planteamiento es desafiado por Arbenz. La invasión de Guatemala por comandos anticomunistas termina con la caída de éste ante la defección del Ejército.

Más tarde, Bogotá toma sus distancias con el régimen de Fidel Castro. Y el 13 de septiembre de 1960, el comité especial de la OEA (excepto Cuba) adopta el Acta de Bogotá, una declaración que abre las puertas a la Alianza para el Progreso, un programa de Washington para fomentar la cooperación interamericana[355] que pretende frustrar, con nuevos planes de desarrollo, la propaganda agresiva de La Habana.

¿Para Moscú, Pekín, La Habana y el Pacto de Varsovia (formado en mayo de 1955) la política exterior de Bogotá justificaba represalias militares y políticas? Las redes subversivas internas ya existentes, y la implantación de guerrillas comunistas de acoso, al final de los años cincuenta, contarán en todo caso con la ayuda material y política de ese poderoso bloque para reforzarse. El Kremlin no había abandonado en absoluto su idea de alejar la América Latina (y en consecuencia Colombia) de la influencia norteamericana. Colombia era un objetivo privilegiado ya que, además de su entusiasta relación con Washington[356], era un país limítrofe de Panamá donde los Estados Unidos controlaban el canal. Las amenazas de Moscú sobre un posible ataque al Canal de Panamá eran apenas veladas durante esos años. Después de los incidentes de los estrechos del Mar Negro, donde los Estados Unidos se opusieron a los objetivos expansionistas de la URSS, la prensa del Kremlin hacía de vez en cuando un paralelo con el Canal de Panamá y lanzaba retos al control de ese ámbito por los Estados Unidos. Los temores del general Marshall expresados en 1948 eran, pues, fundamentados. Tal es, en todo caso, el contexto político y global en el que las guerrillas comunistas colombianas serán creadas.

EL ASUNTO DE LAS REPÚBLICAS INDEPENDIENTES

Habiéndose agravado las rivalidades entre liberales y conservadores, los liberales crean sus propias milicias para hacer frente a los ataques de la Policía y de las bandas de extrema derecha. Ellos presentarán esas guerrillas como grupos de autodefensa. Es el comienzo del período conocido bajo el nombre de “la primera Violencia”. Los jefes locales de las milicias liberales son, en general, pequeños propietarios de tierras y campesinos. Su característica común: el odio a los conservadores. La mayoría de esas bandas armadas está aislada. Otras, sobre todo en los Llanos Orientales, gozan de un cierto apoyo popular. Pero con el golpe militar del general Gustavo Rojas Pinilla, en 1953, que obtiene el apoyo público del Partido Liberal y de la mayoría de los jefes del Partido Conservador, excepto la fracción dirigida por Laureano Gómez[357], llegan las tentativas de pacificación por la vía de la amnistía o de la acción militar. Enseguida, los jefes liberales de Bogotá pactan con los jefes conservadores. A partir de ese momento, la guerra de las guerrillas no tendrá vigencia.

Con la reconciliación de los dos grandes partidos finaliza la actividad de la mayoría de las guerrillas. Las que siguen en pie degeneran en bandas de derecho común. Es la aparición de los jefes bandoleros, verdaderos sicópatas criminales, como Sangrenegra, Tarzán, Chispas, Mariachi y Desquite. Este último tiene una particularidad: es miembro del Partido Comunista. Sin sentir aversión por las masacres cometidas por esos apaches endurecidos, los comunistas intentan reorientar la mano criminal de algunos de ellos contra el Estado. Esa tentativa de investir a esos bandidos irrecuperables de una legitimidad política, dándoles de hecho un mayor poder sobre las poblaciones indefensas, fue una jugada coherente. ¿Acaso eso no era permitido y hasta recomendado por los manuales soviéticos que explicaban cómo utilizar el lumpenproletariat en la construcción del comunismo? Pero ese sueño de constituir a bajo precio un Ejército revolucionario con esa gentuza se hunde ya que los gobiernos de Alberto Lleras Camargo (1958-1962) y Guillermo León Valencia (1962-1966) reaccionan y liberan poco a poco el país de los bandoleros más detestables. Con todo, uno de éstos consigue pasar entre las mallas del Ejército. La guerrilla de Tirofijo, aunque reducida, sobrevivirá.

La prensa norteamericana fue la primera que llamó la atención sobre lo que los comunistas estaban construyendo en Colombia. Jules Dubois, un reportero del Chicago Tribune, firma el 20 de noviembre de 1961 un artículo intitulado “Armed guerrilla force: a threat to Colombians”. Revela la existencia de organizaciones armadas que están apoderándose de varias regiones del centro del país para construir un Estado dentro del Estado. Tres días después, el periódico conservador El Siglo trata el mismo tema y publica un mapa con información precisa sobre las llamadas repúblicas independientes, once en total.

A partir de ese momento las cosas se aceleran. El 30 de noviembre, el senador Álvaro Gómez Hurtado, hijo del ex presidente Laureano Gómez, denuncia ante el Senado la existencia de esas “repúblicas independientes” y destaca el peligro que esos enclaves representan para la supervivencia de la democracia y para la unidad del país, ya que en esas extensas zonas el Ejército y la Policía son impotentes ante la actividad de las bandas armadas que habían logrado erigirse más o menos en contrapoder ante el Gobierno central. Ese debate es seguido con atención por los diplomáticos extranjeros. Uno de ellos, el embajador de Francia en Colombia, Bertrand de la Sablière, hace su propia investigación. Reúne elementos de información y escribe finalmente un despacho a su ministro donde indica con mucha claridad esto: “Allí no sólo se ridiculiza la autoridad del Estado sino que esas bandas, perfectamente organizadas, administran los distritos que dominan, imparten justicia y perciben impuestos naturalmente. Es probable que el gusto por el saqueo y el asesinato los anima esencialmente pero también que numerosos agitadores se incorporan a ellos con la esperanza de utilizarlos en el momento oportuno[358]”. El diplomático añade una información importante que la prensa colombiana no desea destacar especialmente: “Se puede divagar sobre la naturaleza de esas organizaciones, bandas armadas de ladrones, organizaciones comunistas o filocomunistas; sin embargo, el Gobierno central tolera su existencia en tanto que comunidades separadas”.

En efecto, esas “repúblicas” habían comenzado a formarse tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, tragedia que había atizado la lucha sectaria entre esos bandos y desencadenado, en algunas regiones, una verdadera guerra a muerte entre bandas armadas. La llegada al poder de Laureano Gómez, el heraldo negro de los liberales, no hizo más que intensificar ese fenómeno. Es pues en regiones poco habitadas y poco accesibles que los jefes rebeldes van a construir sus bastiones, a partir de los cuales extienden progresivamente su soberanía. Desde las primeras apariciones de zonas con vocación autónoma, los comunistas viajan para hacer contactos e incluso para establecerse y tomar el control. La construcción de las zonas “liberadas” se hace discretamente durante cuatro gobiernos: los de Laureano Gómez, Roberto Urdaneta Arbeláez, Gustavo Rojas Pinilla y, finalmente, Alberto Lleras Camargo. Durante la administración de este último se intenta reincorporar esos guerrilleros a la vida de la nación a través de una amnistía y ello abre un comienzo de pacificación. Los comunistas, sin embargo, encuentran pretextos para que las bandas vuelvan a ponerse en pie de guerra, a tal punto que la gente armada llega a imponer su ley en algunos pueblos.

Álvaro Gómez, durante su intervención en el Senado, lee una carta que dice mucho sobre lo que pasa en esos lugares. Dirigida por un jefe de la Policía a los bandoleros, ésta dice: “Nosotros somos gente valiente aunque pertenecíamos al Ejército Colombiano. No tenemos de ninguna manera la intención, como ustedes pretenden, de hacerles mal. Ustedes desarmaron a un grupo. Aunque se trata de hechos graves no tenemos la intención de ejercer represalias”. El miedo que se nota en esas líneas era justificado. Los policías que intentaban cumplir con su deber eran pasados por las armas. El mismo día de la exposición de Gómez, los diarios informan que tres oficiales y dos agentes de la Policía secreta habían sido emboscados a 150 kilómetros de Bogotá y masacrados[359].

Las “repúblicas independientes” repertoriadas por la prensa colombiana en 1961 son once: Viotá (o Tequendama), Sumapaz, Planadas (la futura Marquetalia), Rionegro, Miradores, Ariari, Vichada, Herrera, San Juan de la China, Cimitarra y Urrao. El enclave más antiguo es Tequendama, cuyo epicentro es Viotá, en el departamento de Cundinamarca. Es en Viotá donde el PCC abre un gran centro de formación de cuadros y de milicias, que se diseminará progresivamente hacia otras regiones de Colombia. El jefe del enclave de Viotá es Víctor J. Merchán, miembro del comité central del PCC. Es secundado por Domingo Monroe, encargado de los asuntos “militares”. En otro pueblo de montaña, Brasil, instalan una escuela de guerrillas. Los otros pueblos que completan la red, con una población de cerca de 20.000 personas, son Silvania, Nilo y Tibaquí.

El territorio del Sumapaz (el principal macizo de la cordillera Oriental) está bajo la influencia de Juan de la Cruz Varela, otro miembro del comité central del PCC[360]. La orientación de esa “república” es abiertamente comunista y disfruta de la complicidad de las autoridades legítimas de los municipios que aún no han sido expulsadas. Varela, quien había comenzado su carrera en 1934 como concejal de Icononzo (Sumapaz), crea este enclave expulsando a los notables conservadores y ocupando por la fuerza sus haciendas. Establece allí un miniestado estilo soviético con sus normas y su arbitrariedad indispensables. Sus milicias (2.000 hombres armados) exigen una especie de pasaporte a toda persona que desea entrar o salir de la zona. Sus “jueces” pronuncian fallos sin apelación. Su código penal es rudimentario: los únicos castigos son los trabajos forzados y el fusilamiento. La propiedad privada es abolida y los bienes de las personas son declarados “del municipio”. Los campesinos deben pagar un impuesto revolucionario. Muy rápidamente, Varela se convierte en un déspota que hace temblar a todo el mundo. En mayo de 1960, Juan de la Cruz Varela forma parte de una delegación comunista que viaja a La Habana. En una reunión con Fidel Castro y Ernesto Guevara, son informados de que Cuba está dispuesta a ayudarlos con armas, dinero y entrenamiento. El 15 de septiembre, en el pueblo de Mesetas, Varela hace asesinar a sus cuatro hermanos: Silvino, Ismael, Marcelino y Jesús. Menos de un año después, las fuerzas del orden colombianas detienen a tres instructores militares cubanos: Antonio Prisco Porto, Blanca Díaz Collazo y Máximo Grever, vinculados todos a la actividad terrorista de Sumapaz y de Antioquia[361]. Los jueces colombianos abrirán varios expedientes contra Varela. Según ellos y los servicios centrales de la Policía, Juan de la Cruz Varela era responsable, a finales de 1963, de al menos 44 asesinatos perpetrados por él mismo, o mediante ataques ordenados por él. Sus víctimas, asesinadas o desaparecidas por sus hombres, son más de un centenar. Esto respecto de los casos puestos en conocimiento de las autoridades pues el sentimiento de éstas era que había otros casos cuyas pruebas eran difíciles de encontrar. Para no ser capturado, Varela tenía un truco: huir disfrazado de vieja campesina[362].

A pesar de esa tremenda trayectoria, Juan de la Cruz Varela, alias Ruperto Montalbán, alias Cornelio García, era un intocable ya que sus protectores del PCC le habían conseguido una inmunidad parlamentaria: con la ayuda del ala izquierda del Partido Liberal, Varela se hacía elegir regularmente. El día de la eliminación de sus hermanos, por ejemplo, Varela era miembro de la Cámara de Representantes y diputado por el departamento de Cundinamarca. Los liberales “avanzados” eran sus obligados ya que él tenía, a sus ojos, un gran mérito: el de haberse alzado en armas contra el gobierno de Mariano Ospina Pérez en 1948. El interesado ponía gran cuidado en disipar los rumores “malévolos” sobre su carrera. En agosto de 1958, envía una rectificación a la revista Semana donde, empleando la tercera persona, dice: “Es completamente inexacto que Juan de la Cruz Varela tiene seis mil hombres en armas y que ése sea el movimiento más peligroso para la paz y el orden público. Juan de la Cruz Varela fue siempre un ciudadano honrado y pacífico. Los campesinos que lucharon por defender sus vidas y sus derechos regresaron en buena parte a sus tierras, para seguir su labor agrícola, pero en ningún caso con un espíritu subversivo”. En octubre de 1961 El Tiempo publica un reportaje donde explica cómo opera el “jefe del comité comunista regional del Tolima y de la provincia del Alto Sumapaz”.

En ese texto, los testigos de la invasión de la hacienda La Florida cuentan que 60 asaltantes bien armados llegaron allí el 16 de noviembre de 1958. En los días siguientes serán cerca de un centenar. Matan a sus enemigos, instalan un cuartel, izan su propia bandera y construyen puestos de observación. El esquema que siguen es el aplicado, más o menos de la misma forma, en las otras “repúblicas independientes”: llegar a una zona, expulsar a la población local y llenar el pueblo con los hombres en armas y con los habitantes que se someten. Entre los dirigentes de la ocupación de La Florida se encuentran varios jefes comunistas, como Víctor Merchán y Gilberto Vieira[363]. Cinco meses antes, el órgano del PCC había afirmado que el grupo de Varela nunca había cometido delitos y que, por el contrario, su “resistencia heroica” tenía por objetivo la defensa de la “dignidad humana[364]”. En 1964 Varela disfrutaba aún de la inmunidad parlamentaria ya que había sido elegido diputado a la Cámara de Representantes por el MRL (bajo influencia comunista). Es el despiadado Varela quien había presentado, en 1960, un proyecto de ley de reforma agraria que limitaba la propiedad de la tierra a 400 hectáreas y que preveía la expropiación sin indemnización de las propiedades más grandes. Allí preconizaba la creación de un “consejo nacional de reforma agraria” autónomo que dependería solamente del Congreso, “en el seno del cual estarían representados directamente los campesinos y los obreros”. En otras palabras, Varela intentaba establecer un organismo de dirección de la reforma agraria controlado únicamente por el PCC. Su proyecto fue archivado por la Cámara. Las regiones donde las milicias de Juan de la Cruz Varela hacían reinar el terror más brutalmente eran Usme (apenas 15 kilómetros al suroeste de Bogotá), Cabrera, Pasca, Tierranegra, Fusagasugá y San Juan de Arama. Pero la valiente actividad de los padres jesuitas había conseguido hacer retroceder a Varela y sus milicias de Pasca y Cabrera, forzándolos a tener que retirarse más al sur, al valle del río Duda.

Las otras “repúblicas independientes” importantes son Ariari, El Pato y Guayabero. La primera es poblada sobre todo por colonos venidos de Antioquia, donde reina Plinio Murillo y su brazo derecho El Tuerto Giraldo, jefe de 500 a 1.000 guerrilleros y de mil familias de agricultores. La república del Ariari se había fundado en 1959, a la caída de la dictadura del general Rojas Pinilla. Según El Siglo, es de la república del Ariari que sale un grupo de guerrilleros que querían reforzar el grupo armado del médico Tulio Bayer, un castrista colombiano que intenta, en 1961, crear su propia “república del Vichada[365]”.

Construido en el macizo inexpugnable de Los Picachos, la república de Miradores (que más tarde adopta el nombre de El Pato) había sido fundada también en 1959 por Oscar Reyes, jefe de una banda liberal, único superviviente, a la edad de 12 años, de una familia liberal diezmada por los conservadores. Reyes, quien se había convertido más tarde en comunista durante sus peregrinaciones por el territorio colombiano, se alía al bandolero Alfonso Castañeda, alias Richard[366]. El cuadro comunista Martín Camargo, alias Diamante, ayudará a Óscar Reyes a transformar la región de El Pato, con sus 15.000 habitantes, en una especie de republiqueta soviética sin libertades. Más al sur, la situación es casi idéntica en la zona del Guayabero, con su pueblo Colombia como capital. Es aquí donde Richard realiza hazañas a la cabeza de una milicia de mil hombres armados, para desdicha de los 20.000 habitantes de la región.

Los violentos prevalecen también en otros territorios: en la región de Urrao, creada en 1952, en el noroeste del departamento de Antioquia, donde había 1.200 hombres en armas. Sus jefes se dicen miembros del MRL. La confederación de Sanjuan de la China, entre el sur del departamento de Caldas y el departamento del Tolima, donde había mil hombres en armas que pertenecían a distintas agrupaciones. Entre ellos Chispas, el más sanguinario, detenido y soltado varias veces. La “república” de La Herrera, donde el jefe comunista General Peligro, con 2.500 hombres, impide la entrada de las autoridades. Al sur de La Herrera, entre los límites del Cauca y del Huila, se encuentra la “república” de Rionegro, cuyo epicentro es Riochiquito. Este lugar conocerá en 1964 un notable despegue como guarida de violentos. Por el momento, en 1961, es un territorio enclavado con hombres que pelean contra las bandas de las “repúblicas independientes” vecinas y contra los grupos ilegales conservadores de Teruel e Iquira quienes les bloquean el acceso al valle del río Magdalena.

Los enclaves de Cimitarra y del Carare, en el departamento de Santander, con solamente 350 guerrilleros y varios jefes que simpatizan con el MRL, serán el hogar del futuro Ejército de Liberación Nacional (ELN). Y, en fin, está la república de Planadas, al oeste de Chaparral, donde reinan Mariachi, simpatizante del MRL, y sus 6.000 hombres. Las autoridades son allí toleradas a condición de tener el aval de Mariachi. Este foco es el que más tarde se convertirá en el famoso territorio rebelde de Marquetalia, bajo dirección comunista.

De hecho, la “república de Marquetalia” será el resultado de una lenta convergencia entre los destacamentos comunistas de Rionegro, La Herrera y Planadas, con el refuerzo de la gente armada de Miradores. Pero el catalizador que, en última instancia, definirá, más que los hombres, cuál será el punto de reunión de esas organizaciones subversivas, es la geografía, ya que el centro de este territorio de la cordillera Central es bastante particular: se trata de una inmensa montaña, o más bien de un volcán, que se eleva hasta los 5.750 metros, coronado con nieves perpetuas, más conocido bajo el nombre de Nevado del Huila. En esa cumbre nacen numerosos cursos de agua que van a regar los ricos valles del Magdalena y del Cauca. Tres ciudades importantes, Neiva, Popayán y Cali, rodean, de lejos, el volcán. En esas alturas, los comunistas escogen un perímetro rectangular de 190 kilómetros de largo que se extiende sobre una franja de 68 kilómetros al sur y de 60 kilómetros al oriente donde las maniobras de un Ejército regular serán muy difíciles. En la vertiente que se abre sobre el departamento del Valle fundan la transitoria república independiente de Aures, que tiene como centro el municipio de Caicedonia. Un poco más hacia el oriente se encuentra la “república” del río Simbola, La Estrella y La Aurora, bajo la influencia de Laurentino Perdomo, alias Tenerife, quien opera con una banda de cien hombres bien armados. El territorio más importante es, obviamente, Marquetalia, bautizado Gaitania después de la muerte del líder liberal. Pero como en esos parajes Pedro Antonio Marín y su amigo indígena Isauro Yosa, alias Mayor Lister, se habían dado a conocer, ese enclave será rebautizado Marquetalia, culto de la personalidad obliga.

“EL IMPERIALISMO PREPARA LA TERCERA GUERRA MUNDIAL”

“La primera Violencia” y su cortejo de masacres fratricidas, expropiaciones salvajes y éxodos de campesinos, había casi cesado al final de 1963. Pero una segunda guerra aún más complicada se prepara. Ciertamente, la lucha del Ejército contra las bandas que aterrorizaban los departamentos del Tolima y del Huila está a punto de concluir. Mariachi, Chispas, Desquite y los otros jefes bandoleros habían sido abatidos. Pero sigue en pie el grupo de Pedro Antonio Marín, un pequeño finquero, que trabaja también como empleado municipal en Génova, su pueblo natal. Será el fundador de otra banda armada que conocerá un desarrollo inaudito.

Pedro Antonio Marín, quien para darse una respetabilidad se hará llamar más tarde Manuel Marulanda Vélez, tomando prestado el nombre de un antiguo sindicalista comunista muerto, es un caso particular: su grupo es un residuo de la época del bandolerismo pero él se da, al mismo tiempo, aires de político manejando la fraseología de los cuadros leninistas que llegaban de Bogotá. De ellos él recibe la orden de organizar la “resistencia agraria” local contra el gobierno del líder conservador Guillermo León Valencia. En realidad, Marín no formaba parte de ningún movimiento agrario. No representaba a nadie, excepto a algunos primos y amigos. Su decisión “de tomar las armas” no tiene nada que ver con la lucha social. Según el investigador Fernando Franco Ceballos, Pedro Antonio Marín, alias Tirofijo, ya había constituido en 1950 una banda con la cual robaba armas en el pueblo de Génova. Entra en la clandestinidad después de haber asesinado a Miguel Hincapié, un funcionario de la Alcaldía. Luego, para intimidar a quienes investigaban ese asesinato, Marín ataca a Génova. Balance: siete muertos[367]. Así comienza su carrera el famoso Pedro Antonio Marín. Su guerrilla ulterior será un proyecto político forzado sin base popular, una mezcla de odio anticonservador y mesianismo estalinista. Su “comisario político” será algunos años más tarde Luis Alberto Morantes Jaimes, alias Jacobo Arenas. Este líder sindical recalcitrante, miembro de la dirección del PCC, muere en la guerrilla, de muerte natural, el 10 de agosto de 1990, a los 65 años de edad.

Por el momento, en mayo de 1949, la decisión de lanzar la lucha armada ofensiva se precisa tras la ruptura del régimen de unión nacional y sobre todo de la emergencia de la candidatura presidencial de Laureano Gómez. Las órdenes de Moscú a este respecto son muy claras: es necesario que una fracción del Partido Comunista pase a la clandestinidad y constituya grupos armados de combate pues “el imperialismo prepara la tercera guerra mundial”. Todo ello bajo la apariencia de una supuesta guerra civil entre liberales y conservadores. La justificación de esa directiva es dada incluso públicamente por el diario moscovita Proud que el 2 de noviembre de 1949, bajo la pluma de V. Volski, declara: “Con la candidatura del conservador Gómez asistimos al desarrollo de la política de Washington, iniciada en agosto de 1948 en Colombia, y conforme al plan general de instauración de dictaduras pronorteamericanas en toda la América del Sur”. Troud da cuenta también de una entrevista concedida al diario cubano Noticias de Hoy donde el secretario general del PC colombiano precisa que “el objetivo inmediato del imperialismo norteamericano en Colombia [es] destruir los últimos vestigios de libertades democráticas y eliminar a sus defensores con el fin de impedir la nacionalización de las compañías de petróleo y obtener concesiones que permitan a los Estados Unidos cavar un nuevo canal interoceánico que seguiría el curso del río Atrato”. Pero quien había dictado la línea a los comunistas colombianos era Pravda. El 27 de septiembre, un artículo de A. Bobrovski garantiza que los liberales y los conservadores [colombianos] son “marionetas en las manos de los norteamericanos” y que sus miembros “compiten para controlar al pueblo colombiano en favor de los monopolios yanquis”. La violenta campaña de propaganda se precisa el 1 de diciembre de 1949 con un despacho de la agencia Pass fechada en Nueva York. Ésta se dice “escandalizada” al saber que Laureano Gómez es candidato en las elecciones presidenciales. Para Pass, Gómez es un “fascisante” que se prepara para “derogar una disposición de la Constitución que permite la confiscación de la propiedad privada sin compensación”. Seis meses después, el órgano comunista cubano Hoy escribirá que Laureano Gómez es “un agente de Francia y de Wall Street”, al mismo tiempo que un “falangista” y “un fascista detestable[368]”.

Laureano Gómez no era nada de lo que decían los plumitivos moscovitas. Era un católico ferviente que odiaba el fascismo[369] y el germanismo, un demócrata de derechas a la manera de G. K. Chesterton, quien criticaba tanto el capitalismo como el socialismo. Como católico, Laureano Gómez detestaba Alemania ya que ésta había sido la cuna de Martín Lutero y de la Reforma. Anticomunista exaltado, parlamentario desde la edad de 22 años, frondista e intransigente, incluso con los miembros de su propio partido, Laureano Gómez era también un orador de verbo acerado, un polemista temible, un periodista sin complacencia que suscitaba la cólera y la admiración de sus contemporáneos. El historiador norteamericano David Bushnell hizo un fino análisis de las ideas políticas de este político controvertido: “A pesar de todo lo que se escribió contra él, Laureano Gómez no era un adepto del totalitarismo absoluto, aunque propusiera el refuerzo de los poderes del Ejecutivo y el debilitamiento del Congreso. Admitía que el presidente debía ser elegido por sufragio universal, a pesar de sus viejas críticas sobre el principio de la mayoría. Aceptaba también la elección popular de la Cámara de Representantes pero pedía que el Senado fuese elegido por las corporaciones organizadas, como el patronato, los sindicatos e incluso la Iglesia, la cual debía designar un senador para representarla exclusivamente. Ésa fue su propuesta más asombrosa, lo que podía reflejar la influencia del llamado ‘Estado corporatista’ del fascismo europeo. Otro cambio propuesto por él: que en las elecciones municipales sólo pudieran votar los jefes de familia, una cláusula que recordaba las instituciones de la dictadura de Franco en España, donde Gómez había residido algunos meses en exilio semivoluntario después del 9 de abril[370]”. Las propuestas de Laureano Gómez no fueron adoptadas nunca en Colombia ya que suscitaban resistencia en los medios liberales e incluso en el Partido Conservador. El mismo Gómez, después de haber sido elegido presidente de la República, no intentó imponerlas.

La campaña leninista contra Colombia será retransmitida por artículos de propaganda en ciertos diarios latinoamericanos bajo influencia. El 7 de noviembre de 1949, la revista cubana Bohemia, controlada por el liberal de izquierda Carlos Prío Socarrás (quien financiará más tarde las actividades de Fidel Castro en México), insulta violentamente al presidente Mariano Ospina Pérez calificándolo, a él también, de “neofalangista”, “amigo de Francisco Franco” y “admirador de Hitler cuya victoria celebró”. Las juntas militares de Caracas y Lima, así como el gobierno del general Perón, sostienen, según Bohemia, a los conservadores colombianos “con el fin de instaurar un régimen militar similar al de ellos”. La histeria de Bohemia se explica: Bogotá había expulsado en esos días a un activista cubano-dominicano refugiado desde hace cinco años en Colombia. Por otra parte, las fuerzas gubernamentales colombianas habían interceptado un barco que transportaba armas y municiones de La Habana hacia Colombia.

Otras dos publicaciones cubanas infiltradas, El Mundo y El País, participan también en la campaña contra el Gobierno colombiano. El 12 de noviembre El País se dice inquieto ante la “nueva amenaza que se precisa contra un régimen constitucional de América Latina”. En realidad, la verdadera “amenaza” contra la democracia del continente estaba efectivamente en plena gestación, pero en Cuba, sin que eso rozara la imaginación de los ciegos epígonos. En cuanto al diario comunista cubano Hoy, dictará de manera más directa las “tareas de los comunistas” colombianos: “Tomar la cabeza de la lucha contra el imperialismo que prepara una tercera guerra mundial, desenmascarar a la alta burguesía liberal que vacila o abdica ante los reaccionarios, reunir al pueblo, a los obreros y a las masas liberales radicalizadas en un único frente para la defensa de las conquistas sociales y de la democracia”.

La adopción de las órdenes de Moscú de lanzar una ofensiva armada tomará naturalmente la forma, en la propaganda comunista, de una acción “defensiva”. La dirección del PCC lanza, en efecto, en noviembre de 1949, la consigna de la “autodefensa de masas” bajo el pretexto, como lo explica Gilberto Vieira, “de responder por la violencia organizada” a las tentativas del gobierno de Mariano Ospina Pérez de pacificar las zonas agrarias[371]. Con esa línea, ese partido llega así a desencadenar una guerra de guerrillas “en una serie de regiones campesinas muy distantes las unas de las otras en general, en diversas etapas[372]”. En un folleto en francés, sin fecha pero probablemente de 1965, Vieira retoma casi palabra por palabra las instrucciones formuladas por sus camaradas cubanos: “En este período, el Partido Comunista participa en las luchas populares armadas y toma la cabeza de algunas de ellas; pero la mayor parte de esas guerrillas seguía siendo de origen liberal. Los comunistas en algunas regiones practicaron en general una política de frente único e hicieron progresar la coordinación de las guerrillas[373]”.

OLIMPO Y EL MAYOR LISTER

Las guerrillas más fuertes eran, ciertamente, las de los liberales de los Llanos Orientales y las del sur del departamento del Meta. Dirigidas por Guadalupe Salcedo y Dumar Aljure, un desertor del Ejército, las guerrillas de los Llanos serán las protagonistas de una de las acciones más mortíferas de ese período: el combate del Turpial, en 1951, donde matan a 96 soldados[374]. Paralelamente a la acción de “frente único” con las bandas liberales, los comunistas realizaban también una actividad armada autónoma que había comenzado en 1949 en Chicalá, pequeña aldea de la periferia de Chaparral, al sur del Tolima. Ellos organizan allá la sede del Comité Comunista de Chaparral y fundan “el primer comando de autodefensa”, según Olimpo[375], un cuadro del PCC enviado a la región para organizar esa estructura clandestina. En algunos meses, otros “comandos” son creados en los pueblos de Buenos Aires, Ambeima, Irco, La Marina y Horizonte, todos en los alrededores de Chaparral. En Chicalá, Olimpo imprime Frente Rojo, una hoja mimeografiada. Descubierto por la Policía, el grupo es atacado en Horizonte y debe huir hacia su bastión de Chicalá donde son también acosados por las autoridades. Olimpo ordena un movimiento de repliegue que será, para él, su “primera victoria sobre el enemigo”, y afirma, no sin cierta exageración, que los guerrilleros eran siete mientras que sus adversarios eran 400. Huyen en dirección de Irco y forman allí la famosa “columna de marcha” antes de tomar camino hacia Ambeima, donde tendrán, un mes después, los primeros contactos amistosos con la guerrilla liberal de los hermanos Loayza.

Algunos días después, en un cañón del río Cambrín, Olimpo y Gerardo Loayza, un guerrillero liberal, deciden unir sus fuerzas. Crean el “estado mayor conjunto”. Poco después llega Isauro Yosa, quien más tarde adopta el alias de Mayor Lister en recuerdo de Enrique Lister, un estalinista fanático, jefe brutal durante la Guerra Civil Española[376]. Agitador, organizador de huelgas agrarias en la zona cafetera durante los años cuarenta, Isauro Yosa se integra rápidamente al “estado mayor conjunto”. Ayudado por su brazo derecho Jorge Peñuela, Olimpo impone fácilmente su autoridad sobre el grupo al cual expone la política del “frente democrático”, consistente en poner a todas las categorías de la población bajo su férula, y desarrolla sus “postulados esenciales sobre la guerra de guerrillas”.

¿Quién era el hombre que se hacía llamar Olimpo? A ese respecto los historiadores comunistas guardan un silencio completo. A diferencia de los otros jefes guerrilleros comunistas de la primera hora, cuyos nombres y orígenes sociales no son muy ocultados, el de Olimpo es una rara excepción. Cuarenta años después, la literatura disponible sobre él da pocas pistas acerca de su verdadero nombre, su edad, su domicilio. Incluso las fotografías publicadas son cuidadosamente escogidas: el rostro de Olimpo es siempre ocultado. ¿Por qué? Olimpo, de todas formas, no es un guerrillero ordinario, formado en la acción y a las carreras. Cuando llega a Chicalá tiene ya una sólida formación marxista-leninista y, sobre todo, conocimientos militares que ninguno de sus camaradas poseía ni podía tener en ese momento. Sabe, por ejemplo, organizar una guerrilla, encuadrar la población civil, fabricar pólvora, bombas y granadas, colocar minas, organizar un servicio de inteligencia, preparar trampas y emboscadas, organizar un repliegue, hacer frente a un cerco militar y romperlo, transformando una situación defensiva (o de grupo cercado) en una situación ofensiva (o de grupo que ataca)[377], etc. ¿Dónde y cuándo adquirió esa dura ciencia? ¿En una escuela de cuadros del GPU?

Olimpo se ufana de haber enviado a la muerte a dos combatientes de su propio grupo, cuando dirigía la base del Cañón de las Hermosas. Dos jóvenes que se habían unido a esa guerrilla por su propia voluntad, Jaramillo y Echeverri, son separados y confiados a dos cuerpos de guerrilla que parten a hacer una “observación de terreno”. Pues Olimpo estima que son “agentes infiltrados de la Policía”. Según Olimpo, “el enemigo” ataca a los grupos y, mala suerte, los únicos muertos en la acción son, precisamente, los sospechosos. De regreso al campamento, nuevo hecho extraño: los guerrilleros aportan las ropas (no los cuerpos) de los jóvenes muertos. Hacen eso ya que quieren obtener pruebas contra ellos. En vano. Sin embargo, siempre según Olimpo las encontrarán más tarde, ya que Olimpo dice haber tenido una idea brillante: deshacer las costuras de las botas de los muertos. Y allí Olimpo encuentra la prueba tan buscada: dos “placas metálicas” donde estaban grabadas tres letras: sic. Lo que quiere decir “Servicio de Inteligencia Colombiano”. Contento de haber conseguido deshacerse de los “policías” ese verdugo dirá: “Esta noche pude por fin dormir tranquilo[378]”.

Olimpo es presentado por los hagiógrafos como el “primer jefe político del movimiento guerrillero [comunista]”. Pero, cosa extraña, él fue durante años el único jefe vivo de las FARC citado oficialmente bajo la denominación de “ex comandante”. ¿Fue degradado un día? Arturo Alape, quien da el pedigrí de cada guerrillero de la época de Chicalá, ofrece algunas pizcas de información sobre Olimpo[379] sin nunca revelar su nombre. El misterio creado en torno de Olimpo permite deducir que se trataba de un cuadro comunista colombiano que después de varios años en la guerrilla y en la clandestinidad regresó discretamente a la vida ordinaria. Puede tratarse también de un cuadro extranjero enviado a Colombia para organizar los famosos Apparat perfeccionados por la GPU en los años cincuenta o, como el mismo Olimpo dijo, enseñar a los focos rebeldes los “postulados esenciales de la guerra de guerrillas”. En fin, es interesante constatar que el papel de Olimpo (que Manuel Marulanda Vélez elude sistemáticamente en sus escritos de los años sesenta) demuestra que, mucho antes de 1948, los comunistas habían decidido formar clandestinamente cuadros especializados, probablemente fuera de Colombia, para suscitar incidentes militares en varias regiones del país y sabotear todo esfuerzo de pacificación del Gobierno, disfrazando al mismo tiempo su línea de subversión permanente en una postura pacifista y defensiva.

Según fuentes comunistas, que siguen guardando a este respecto una gran discreción, Olimpo sería un profesor colombiano, cuyo verdadero nombre sería Eutiquio Leal, nacido en 1928 en Chaparral (Tolima)[380]. Este curioso personaje, después de sus sangrientas “proezas” en las guerrillas, se habría reciclado sin obstáculo como periodista y escritor[381]. Logrará incluso encontrar un puesto como “profesor de literatura” en la muy oficial (pero muy penetrada) Universidad Pedagógica de Bogotá. En octubre de 1973, su nombre apareció en una lista de “artistas e intelectuales democráticos” al servicio de la UNO, una coalición política dominada por los comunistas. Él habría fallecido de muerte natural en mayo de 1977 en Bogotá[382] sin que nadie se haya atrevido a denunciar su pasado terrorista[383].

En cuanto a Isauro Yosa, organiza los grupos armados de Rioblanco, Planadas y Praga, donde los comunistas se mezclan con los liberales de la familia Loayza y con los hermanos García. En 1951, el cuartel general de esas fuerzas se instala en El Davis, un pueblo dominado por los Loayza, no lejos del río El Cambrín. Las bandas de Jacobo Prías Alape y de Ciro Trujillo, especializadas en el asesinato individual de conservadores y que operaban en la región de El Támaro[384], son invitadas a El Davis. Los jefes de esta zona intentan imponer su ley a los campesinos y a las autoridades de la región. Quieren construir una “ciudadela” con una “organización social, política, económica y cultural” particular, según las afirmaciones de Olimpo[385]. “Habíamos organizado El Davis en comités de frente democrático, en comités de la juventud y de la mujer y en células comunistas”, añade. Al mismo tiempo, los jefes de la guerrilla envían bandas para acosar a los colonos, a los alcaldes y a los párrocos que no colaboran con ellos y para arreglar cuentas con los más recalcitrantes. Según Olimpo, no menos de 22 pueblos y pequeñas aldeas de la región fueron objeto de ese tratamiento. Ninguna de esas bandas trabajaba con el sistema de la “autodefensa”. Eran “hombres en armas en busca de combates”, como explicó Ricardo Rojas, un ex guerrillero[386].

Ante las incursiones de las autoridades que buscan poner fin a esa situación, la táctica de Olimpo es simple: cortos ataques, devastación de las aldeas y fuga hacia la selva. Él mismo dice: “A pesar de nuestro acoso, el Ejército llegaba hasta nuestro campamento. Cuando el enemigo estaba a cinco o diez minutos de tomar nuestra base, la abandonábamos dejándola incendiada. Nos replegábamos para tomar otras trincheras[387]”.

Esa estrategia que, evidentemente, no tiene futuro, será cambiada por el PCC que intenta pasar a velocidad superior. A principios de 1952, la dirección comunista reúne una conferencia nacional de guerrillas para hacer aprobar una moción que preconiza “la lucha por el poder” y la formación de “consejos populares de gobierno en las zonas dominadas por las guerrillas”. Pero en El Davis la discordia entre la fracción comunista, por una parte, y los hermanos Loayza, por la otra, estalla rápidamente, ya que los liberales no comparten los métodos autoritarios de Isauro Yosa y Olimpo. Había también un problema de celos entre los dos sectores debido a las armas. Según los relatos de los comunistas, la gente de los Loayza tenía fusiles modernos mientras que los de Yosa tenían sobre todo escopetas de caza. Para los liberales, las armas eran propiedad de cada guerrillero, mientras que para los comunistas las armas pertenecían “al movimiento”. Pero existía también el conflicto ideológico. Gerardo Loayza había recibido instrucciones de la dirección liberal de Ibagué de desconfiar de Yosa: “Ustedes son liberales, ‘limpios’, combatientes políticos; los otros son bandidos, comunes, comunistas, que, además, están en contra de la propiedad privada que nosotros defendemos”.

La descripción que hace Arturo Alape de El Davis permite entrever que los comunistas, bajo la mirada perpleja de los liberales de Gerardo Loayza, estaban construyendo un pequeño Gulag en Colombia: cada mañana, toda la población, civil y armada, debía ponerse en fila ante el cuartel de la guerrilla para ser inspeccionada y recibir consignas. El espacio privado de las personas es abolido. Las mujeres de un lado, los hombres, armados o no, del otro. El papel de las mujeres es claro: cocinar, lavar y reconfortar a los hombres. Ellas no tenían el derecho a salir de la zona, ni a llevar un arma, ni a hacer parte de las unidades de combate. Otra característica de El Davis: la violencia y la delación se erigen en medio para controlar y gobernar la población. Los “consejos populares” sólo son estructuras concebidas para llevar a cabo la domesticación psicológica de los infelices campesinos de la región, para romper toda oposición, real o inexistente. La agricultura local, el cultivo de los campos, todo se organizaba a la manera soviética: ninguna libertad individual para trabajar. Para recoger las semillas y preparar las cosechas se debía esperar la orden del comisario político. Incluso para hacer la distribución de las cosechas y de las provisiones acumuladas. En todo prima el criterio de clase. Los primeros servidos son los jefes comunistas y los hombres armados. Todo eso es lo que Olimpo llama, en buen leninista, medidas de “comunismo de guerra”.

Sin embargo, los liberales se negaban a organizarse de esa forma. “Así comenzó la colectivización de la agricultura en Rusia”, se quejaban los hermanos Rada y los hermanos Ospina. “Todo está sometido a planes sin que los hombres puedan individualmente tomar riesgos ni iniciativas”. “Nosotros vivimos y actuamos en el sur del Tolima, la tierra de nuestros ancestros, en nuestra propia geografía. No vamos a dejarnos amarrar a una tierra tan alejada como Rusia[388]”. A partir de ese momento los dos grupos se distancian, uniéndose sólo para defenderse de las incursiones enemigas. Después de un violento conflicto por un fusil robado por un comunista, el grupo de Gerardo Loayza parte y se atrinchera en El Cambrín. Pedro Antonio Marín, el futuro Tirofijo, que formaba parte de la familia de los Loayza, traicionará a su grupo. Él consideraba que los métodos de los comunistas eran mejores. En cuanto a Jacobo Prías Alape, alias Charro Negro, y Ciro Trujillo, ellos hacen lo mismo.

Durante algunos meses, Marín y sus hombres permanecen en el comando de los Loayza, a pesar de sus diferencias. A veces Marín es atacado por escuadrones comunistas. Un día, después de haber capturado a algunos individuos del grupo de Yosa, Marín discute con ellos y toma una decisión: abandonar con su grupo el campo de su primo Gerardo. Consecuencia: las hostilidades estallan peor que antes entre los “limpios” y los otros. Después de varios meses de enfrentamientos, el balance será, según Olimpo, de 47 muertos del lado de los Loayza y 25 de su lado. El Davis será destruido algunas semanas más tarde por un ataque de los Loayza donde perecen casi todos los hombres de Yosa. Marín y Charro Negro huyen y salvan sus pellejos. Según un relato posterior de Marín, ellos deben “vagabundear durante dos años en las montañas sin ponerse en contacto con el partido”. Olimpo, por su parte, afirma que Martín Camargo, enviado a El Davis por la dirección comunista de Bogotá, había desmontado el régimen de “comunismo de guerra” y eso había minado el bastión, hasta el punto de no poder hacerle frente al ataque de los liberales. Sin pruebas, Olimpo afirma que Camargo había hecho eso “bajo la dirección del Ejército[389]”. Ese clima de odio violento de unos contra otros va a durar hasta el golpe militar del general Gustavo Rojas Pinilla, el 13 de junio de 1953.

EL FRACASO DE EL DAVIS

La aparición de zonas rurales aisladas, ciertamente, pero bajo control de guerrilleros dirigidos por comunistas, es decir, por Moscú[390], había alarmado al Partido Liberal, que conservaba hasta ese momento una influencia política en la mayoría de las zonas de guerrilla. De Bogotá parten entonces instrucciones para exigir a los activistas abandonar esas bandas armadas. Este vuelco de los liberales tendrá un impacto evidente ya que la propaganda comunista no será capaz por sí sola de convencer a los campesinos de continuar unas acciones cuya legitimidad era tan discutible. Es el mismo Gilberto Vieira quien va a admitir la realidad de esa situación diciendo, en la lengua cifrada de su movimiento, que “el movimiento guerrillero […] no llegaba a unirse alrededor del programa revolucionario, y la solidaridad de las ciudades con la lucha armada era muy escasa[391]”.

Queda claro que el fracaso de El Davis tendrá un gran impacto negativo inmediato y a largo plazo para los comunistas, pues con el hundimiento de ese proyecto, el PCC había perdido toda posibilidad de realizar su política de “frente democrático”, es decir, de penetración y manipulación del Partido Liberal y de sus guerrillas. Es necesario saber que en esa época las guerrillas liberales, las más grandes del país, estaban en los Llanos Orientales. La incapacidad de los comunistas para hacerles tragar a los liberales de El Davis la píldora soviética y sus métodos brutales pondrá fin a toda tentativa de infiltrar las otras guerrillas liberales, sobre todo las de los Llanos Orientales que tenían la ventaja de estar implantadas en regiones limítrofes con Venezuela, lo que facilitaba, entre otras cosas, el contrabando de armas. A mediados de 1952, el congreso de las guerrillas realizado en Viotá, bajo la dirección de Gilberto Vieira, y con la presencia de dos representantes del Partido Liberal, es un fracaso: Guadalupe Salcedo, el jefe central de las guerrillas liberales del Llano, no se hace presente. Alarmados por el discurso de “liberación nacional” de los comunistas, los dirigentes liberales regresan a Bogotá decididos a poner fin a esa colaboración[392]. Las operaciones del Ejército contra los insurrectos ganan terreno pero van a detenerse en junio de 1953, después del golpe de Estado del general Gustavo Rojas Pinilla.

Solucionar el problema de la violencia mediante una amnistía total para los actores armados es la primera gran decisión que toma el general Gustavo Rojas Pinilla. Ofrece una ayuda material a los guerrilleros que acepten rendirse al Ejército. El primero en hacerlo es el “Comandante Franco”, un jefe de banda de Antioquia, el único de su especie que respeta el derecho de gentes. Las guerrillas liberales se muestran interesadas también por esa salida que, de hecho, aísla aún más a los comunistas. El proceso de paz hace su camino rápidamente y al final las potentes guerrillas del Llano, confortadas por sus jefes en Bogotá, aceptan, todas, desmovilizarse. Así pues, en 1953, más de 6.000 hombres de Guadalupe Salcedo, Dumar Aljure y otros jefes de la guerrilla liberal entregan sus armas al Ejército a cambio de la amnistía. La famosa guerrilla del Llano desaparece así en su totalidad. Este acontecimiento crea un nuevo clima de confianza en el país y da prestigio al gobierno militar. Los dos partidos, el Liberal y el Conservador, deciden entonces prolongar el mandato del general Rojas Pinilla hasta 1958.

El nuevo régimen militar comienza pues bajo los auspicios de un vasto movimiento de apoyo popular. Pero insensibles a los deseos de paz de la población, las guerrillas comunistas reiteran su línea de “lucha por el poder”. Lo que hará decir al general Rojas Pinilla que “el Partido Comunista es el único obstáculo a la pacificación del país”. Él va incluso a prohibir la actividad comunista en Colombia mediante el acto legislativo número 6 de 1954, y a decretar en seguida la disolución del PCC.

Puesto fuera de la ley, el PCC refuerza la actividad de sus guerrillas. Los ataques van a reanudarse sobre todo en las regiones de Chaparral, Rioblanco y La Herrera, en el departamento del Tolima. Ante la respuesta del Ejército, esas guerrillas se ven obligadas “a retirarse hacia el sur, por la Cordillera de los Andes”, como lo admitirá más tarde Gilberto Vieira, hasta la región ya conocida del Támaro donde establecen una nueva fortaleza. Pero ellos no tienen los medios para continuar su ofensiva. El PCC cambia entonces de línea y decide “transformar las guerrillas en un movimiento de autodefensa campesina, sin desmovilizarse y sin entregar las armas al Gobierno”. En otras palabras, le pide a la guerrilla ocultarse, evitar el combate y hacer pasar a sus combatientes como agricultores que sólo responden a las agresiones de otras bandas[393].

Dentro del movimiento comunista se instala en ese momento un fenómeno de vacilación. Por primera vez, ante el nuevo panorama político, jefes de guerrilla dudan de la pertinencia de la línea política y dejan incluso de combatir. Isauro Yosa explica que en la muy agitada “conferencia de Coyaima”, donde él y sus camaradas son duramente criticados “por los errores” (que ellos) “habían cometido en la lucha”, deciden “abandonar los combates ya que Rojas Pinilla había decretado la paz”. El mismo Yosa es enviado a Villarrica (con armas y equipajes) para hacer la comedia de trabajar la tierra “pacíficamente”. Antes de partir, debe buscar a Richard, jefe de banda recalcitrante que no quería dejar de echar tiros. Richard rechaza la misión de Yosa y continúa sus ataques contra las fuerzas del orden, a pesar del clima de desmovilización general. Jaime Guaraca, un jefe guerrillero de las FARC, cuenta lo que pasó en el campamento de Montalvo, donde se concentraban 230 guerrilleros con sus jefes, Jacobo Prías Alape, Isauro Yosa, Tirofijo, Melco, Ave Negra y Timochenko. Prías Alape, el jefe de todos ellos, hace el discurso siguiente a un grupo de 80 hombres: “El gobierno del general Rojas Pinilla decretó un indulto para toda la gente en armas. Los planes de la dirección [de nuestro] movimiento son continuar. […] Los que quieran proseguir la lucha pueden hacerlo pero eso se hará de manera voluntaria, pues mañana nadie podrá arrepentirse. Los que quieran seguir con nosotros den un paso adelante”. Solamente nueve responden al llamado, precisó Guaraca. Dirigiéndose a ellos, Charro Negro añade: “Vamos a continuar ya que este gobierno no es el que necesitamos. […] La amnistía o el indulto no son más que un engaño”.

Como las guerrillas comunistas están todavía armadas y en actividad, la ofensiva militar continúa sobre todo en Villarrica. Isauro Yosa es arrestado allí en noviembre de 1954 y encarcelado más tarde en una prisión en Bogotá[394]. Las “autodefensas” se retiran entonces a la meseta inhospitalaria de Sumapaz y a los bosques vírgenes del Guayabero y El Pato. En esas comarcas aisladas las guerrillas pierden terreno. Para confortar a sus camaradas, Gilberto Vieira escribirá que “ganan terreno pero sin encontrar la extensión del período 1949-1953”. En las grandes ciudades, el PCC utiliza entonces a los estudiantes como espolón contra la dictadura, con un resultado desastroso. El 9 de junio de 1954 violentas manifestaciones universitarias son reprimidas por el Ejército. El balance es sangriento: 12 estudiantes muertos. La víspera, un estudiante no manifestante, Uriel Gutiérrez, que pasaba por allí, es herido mortalmente por un policía que había disparado contra un grupo de agitadores. La manifestación, organizada al día siguiente para protestar por el atropello, avanza hacia el palacio presidencial. Un grupo de soldados se interpone. Uno de ellos, bajo la enorme tensión del momento, deja escapar un tiro que hiere a uno de los suboficiales. La tropa abre fuego. Entre los muertos, alcanzados por las balas o aplastados por la gente, se encuentra Helmo Gómez, un agitador comunista de nacionalidad peruana. Si las autoridades son responsables de esa matanza, los comunistas no lo son menos. Ellos sabían perfectamente que los militares, entrenados para hacer frente a feroces bandas armadas, no conocían las técnicas para controlar una manifestación urbana sin apelar a los tiros. Al organizar esas manifestaciones el PCC había previsto que terminarían en sangre.

Como era previsible, esa matanza tendrá consecuencias negativas para el régimen militar. A eso se añade el giro autoritario que éste toma cada vez más. La dictadura pretende, por otra parte, aumentar los impuestos de las grandes sociedades. Finalmente, ocurre el incidente del 5 de febrero de 1955[395]. Todo eso va a levantar a la opinión pública y a los partidos Liberal y Conservador contra ella. La dictadura había perdido mucho apoyo después del cierre de los diarios liberales El Tiempo y El Espectador y del conservador El Siglo. La misteriosa y terrible explosión en Cali, el 7 de agosto de 1956, de un convoy militar de siete camiones que transportaba explosivos hacia el interior del país, y que causa inmensa mortandad en un barrio popular, será explotada por la prensa de oposición que ve en ese incidente una prueba más de la irresponsabilidad del régimen. Los allegados de Rojas Pinilla acusan al Partido Comunista (en la clandestinidad) de ese acto bárbaro de “sabotaje” ciego. Pero la opinión es insensible a ese argumento y la investigación prometida no tiene éxito[396]. Por último, la reelección del general Rojas, votada por la Asamblea Nacional Constituyente, es la gota que hace desbordar el vaso: un extenso movimiento cívico de oposición, dirigido por el patronato, la Iglesia y los dos grandes partidos, es lanzado en Bogotá. El general Rojas Pinilla abandona el poder pacíficamente el 10 de mayo de 1957.

LOS ACUERDOS ENTRE LOS PARTIDOS VUELVEN A DAR LA PAZ A COLOMBIA

La Junta Militar que ocupa el lugar dejado por la dictadura recibe el apoyo de los ciudadanos. Los Estados Unidos la reconocen como el “gobierno provisional” de Colombia, el 17 de mayo de 1957. Francia lo hará tres días más tarde. La Junta Militar restablece las libertades, toma medidas para reactivar la economía y organiza elecciones. El Pacto de Benidorm del 24 de julio de 1956, firmado por el jefe conservador Laureano Gómez y el jefe liberal Alberto Lleras Camargo, y el Acuerdo de Sitges, de julio de 1957, rubricado también por ellos en representación de los partidos Liberal y Conservador, cambian completamente el panorama político colombiano. La reconciliación entre los dos partidos históricos se convierte así en una realidad, después de tantos años de odios y querellas fratricidas. El Partido Comunista vuelve a la superficie. En cuanto a las guerrillas, cuyas actividades habían decaído considerablemente durante el último período de Rojas Pinilla, son ahora el objeto de todas las atenciones de parte de ciertos líderes liberales. Hay incluso ministros de la Junta Militar que se desplazan para ir a estudiar la situación y entrevistarse con los jefes de las bandas, sin que eso calme los ardores homicidas de éstos. La Junta Militar decide incluso suspender todas las operaciones contra las guerrillas. Algunas de ellas cesan los combates pero no entregan las armas. En el Tolima, en los Llanos y, sobre todo, en el Valle del Cauca, nuevas bandas matan civiles casi todos los días[397]. El PCC, por su parte, prosigue su reorganización en las ciudades y en el campo. Él marchará, de nuevo, contra la historia y contra el país, al decidir “transformar los destacamentos de guerrilla bajo su influencia en bases de autodefensa de masas y en núcleos de activistas encargados de organizar los sectores campesinos importantes[398]”. En resumen: ese partido aprovecha el repliegue momentáneo de las fuerzas del orden para aumentar sus bases ofensivas. La Junta Militar y los partidos organizan un plebiscito nacional para reformar la Constitución, pacificar el país y dar a la vida política una nueva fisonomía. El 1 de diciembre de 1957 los electores ratifican ampliamente los cambios propuestos: del total de la votación (4.194.796), 3.732.023 son por el “sí”, y 201.755 son por el “no”. Las papeletas en blanco y nulas son 261.018. El PCC había invitado a votar en blanco.

La reforma aprobada es importante: ella establece la igualdad de derechos políticos entre el hombre y la mujer e instaura la paridad: en todos los órganos de elección popular (Senado, Cámara de Representantes, Asambleas Departamentales y Concejos Municipales) los dos partidos tendrán un número igual de escaños; lo mismo en los organismos del Estado (Consejo de Ministros, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, gobernadores y alcaldes). La reforma instaura la carrera administrativa para los funcionarios del Estado. Una parte del presupuesto nacional, el 10 %, será dedicada a la educación nacional. También se establece que las reformas a la Constitución se harán mediante el voto de los dos tercios del cuerpo legislativo. Igual ocurrirá ante las decisiones de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. Una reforma adicional establece la alternancia, es decir, que el Partido Liberal y el Partido Conservador aceptan de ahora en adelante tomar alternativamente la dirección del Estado, a través de elecciones libres, durante un período de 12 años (el cual será ampliado posteriormente a 16 años). Ese pacto histórico toma el nombre de Frente Nacional. Su objetivo: pacificar la vida política, favorecer el desarrollo económico mediante la estabilidad política y la concordia de los partidos. La inexistencia de verdaderas diferencias entre los dos partidos sobre las consecuencias de la dictadura y sobre la crisis económica y política que cruza el país hizo posible tal convergencia.

A pesar de su gran popularidad política y de los resultados positivos que obtiene en favor de la reconciliación nacional y la paz, ese sistema es forzosamente criticado por el Partido Comunista y por el sector izquierdista del Partido Liberal quien crea, tras la caída de la dictadura, la revista La Calle. Para este último grupo, cuyas simpatías por la revolución cubana y el maoísmo se harán rápidamente evidentes, el Frente Nacional prepara la construcción de una “democracia restringida”, que pretende marginalizar las formaciones políticas menores. Uno de sus editorialistas, Alfonso López Michelsen, hijo del ex presidente López Pumarejo, se convertirá en el campeón de esas ideas.

Verdaderos sobre el papel, menos verdaderos en la vida real, los defectos del sistema basado en el bipartidismo obligatorio, suscitarán numerosas polémicas. Sin embargo, esas limitaciones no hacían del Frente Nacional una “democracia restringida”. Lejos de eso. Si el Partido Liberal tenía más votos que el Partido Conservador, la diferencia de sufragios entre ellos no era enorme, de modo que la igualdad impuesta a los liberales frente a los conservadores no ponía fin a la competencia electoral, sobre todo en provincia. El reproche sobre la supuesta “exclusión” de los terceros partidos (casi inexistentes en la época) era pura demagogia, pues el Frente Nacional nunca fue un régimen de partido único en sentido estricto[399]. El historiador David Bushnell explica: “Aparte de la insignificancia general de tales grupos en la política colombiana, no había ningún reglamento que determinara los requisitos para pertenecer a los partidos. De esta manera, cualquier persona, hombre o mujer, podía hacerse llamar liberal o conservador el día de las elecciones y competir por un lugar en la cuota de tal o cual partido[400]”.

Es eso lo que va a hacer precisamente uno de los grupos más críticos del Frente Nacional. David Bushnell cuenta que “los comunistas, por ejemplo, presentaron candidatos como miembros de una facción disidente del Partido Liberal, improvisada para este propósito, y los resultados que obtuvieron fueron tan pobres como habrían sido si se hubieran presentado con sus propios colores”. El Frente Liberal del Pueblo (FLP), grupo comunista de fachada liberal, fue constituido, en efecto, el 25 de enero de 1958, con motivo de las elecciones de marzo de ese año. Entre sus candidatos figuraban Juan de la Cruz Varela (PCC) y Juan Lozano y Lozano (liberal de “avanzada”). Su objetivo: ganar el apoyo de los campesinos en Cundinamarca, Tolima, Santander, Valle del Cauca y Antioquia. Ese grupo tuvo contactos con las guerrillas de las FARC (aún no conocidas bajo ese nombre) dirigidas en ese momento por Dumar Aljure, muy activo en los Llanos Orientales. Efraín Tovar Medina, el brazo derecho de Aljure, se reunió con los líderes del FLP en Bogotá el 10 de febrero de 1958[401].

De todas formas, una nueva reforma constitucional en 1968 restablecerá la plena competencia electoral a partir de 1974 y la paridad en los ministerios a partir de 1978. La reforma decidió que el partido que perdía una elección presidencial debía recibir del nuevo gobierno una cuota “equitativa” de poder. Este sistema se aplicará hasta 1986.

El sistema del Frente Nacional, sobre todo después del plebiscito de 1957, permitirá la reinstalación aparente en la vida civil de una serie de combatientes de las guerrillas comunistas. Por ejemplo, el temible Pedro Antonio Marín es nombrado inspector de carreteras en el sur del Tolima. Durante dos años simula trabajar en la construcción de una carretera entre El Carmen (Huila) y Gaitania (Tolima). Esa escogencia de trabajo era hábil: los jefes de Marín estaban interesados sobre todo en la dinamita que él podía hurtar en las obras. En cuanto a Charro Negro, él instala una sala de cine en Gaitania. Isauro Yosa, Isaías Pardo y otros abren fincas en la región de Marquetalia. Todos son conocidos del Ejército y de la Policía por sus pasadas actividades violentas pero están en libertad. Yosa y sus camaradas llevan una vida tranquila, sólo en apariencia. Discretamente están construyendo nuevas redes en la zona. Las autoridades no lo ignoran. Como disponen de un servicio de información en los pueblos, saben que la gente de Charro Negro no es sincera, que siguen reuniéndose en secreto, que se arman y que están organizándose “para pasar muy rápidamente a operar como una guerrilla profesional”, como lo admitirá algunos años más tarde Jaime Guaraca, en caso de un cambio brusco de la situación política. Pero, por el momento, la situación es favorable. El 7 de diciembre de 1958 el PCC realiza su séptimo congreso en Bogotá. A pesar del estado de sitio, las autoridades autorizan la reunión, la cual durará una semana. Entre los 118 delegados se deslizan algunos jefes de la guerrilla[402]. En los pasillos del congreso se puede ver una exposición de carteles y de la prensa clandestina y legal del PCC. La resolución política pone énfasis en la reconstrucción “legal” del partido, la diabolización del sistema “antidemocrático” del Frente Nacional, la necesidad de una reforma agraria (supresión total del latifundio) y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la URSS. En privado, los jefes pretenden restaurar los métodos de trabajo legal y de trabajo clandestino para explotar el inmovilismo del Gobierno y penetrar mejor el movimiento sindical, así como el sector universitario (son creadas las “juventudes comunistas” y los grupos de “mujeres demócratas”). Al mismo tiempo, las violencias rurales y el bandolerismo[403], las huelgas frecuentes, la agitación entre los estudiantes, el descontento de los asalariados y la ausencia de un sistema administrativo estable inquietan al público y a los políticos. En noviembre de 1959 un pleno del comité central da instrucciones para el trabajo con el “movimiento campesino”, es decir con las bandas armadas de las zonas autónomas. Las consecuencias no se harán esperar.

Los campesinos liberales de la región limítrofe entre los departamentos del Tolima y del Huila se inquietan ante las idas y venidas de los comunistas. Éstos son acusados de apoderarse abusivamente de algunas parcelas. Las provocaciones de los dos bandos se reinician. Los relatos comunistas de ese período atribuyen los incidentes a los grupos liberales. Éstos afirman que los atropellos venían de parte de los hombres de Charro Negro. El 11 de enero de 1960 los jefes del “movimiento agrario de Marquetalia”, que no representa en realidad sino a los hombres armados y a sus familias, se citan en Gaitania para una nueva reunión.

Empeñado en asistir a pesar de las amenazas de muerte que había recibido, Charro Negro sale de su casa. En la calle, es abatido por un hombre de la banda de Jesús María Oviedo, alias Mariachi, un guerrillero liberal. Los comunistas dirán que ese asesinato había abierto “una nueva etapa de violencia por parte de la reacción y del Gobierno”. Nada es menos cierto, pues el brazo derecho de Charro Negro, Pedro Antonio Marín, podrá seguir viajando sin problema, después de eso, a Neiva e Ibagué. Él va incluso al comando del Batallón Tenerife para exigir ayuda ante las acciones de la banda de Mariachi quien cerca a las fuerzas comunistas en un valle de Gaitania[404]. Va también a Bogotá para entrevistarse con las autoridades civiles y militares y encontrar con ellas una reducción de las tensiones. Según Jaime Guaraca, el mensaje que el gobernador del Tolima le pasa a Marín es claro: “La única manera de evitar confrontaciones sangrientas es dejar la región (Marquetalia, Gaitania y Planadas) en manos de las Fuerzas Militares”. Marín y los otros, que pedían a las autoridades desmantelar las bandas liberales (para quedar como los únicos amos de la región) rechazan la idea del gobernador como si esa parte del territorio colombiano se hubiera transformado en propiedad privada del “movimiento agrario” comunista por el solo hecho de “haber aceptado los resultados del plebiscito”. La actitud absurda de los guerrilleros revela bien cuáles eran sus planes a largo plazo. La idea de obtener por todos los medios, mediante la astucia y la violencia, un territorio “libre”, para construir una entidad social diferente con reglas soviéticas, como un bastión a partir del cual podrán acumular fuerzas y aumentar su influencia, como ya lo habían experimentado en El Davis, es ahora evidente.

A pesar de esa dinámica claramente subversiva, el Ejército intenta hacer razonar a esos señores. Así pues, el coronel Charry, comandante de la base de Gaitania, llama a Marín para aconsejarle suspender las reuniones de su movimiento, pues en caso contrario el Ejército se verá en la obligación de detenerlo. Isauro Yosa es objeto también de una aclaración pacífica por parte del comandante Torres, en los mismos términos: cesar la actividad conspiradora y llevar una vida normal. Ni Marín ni Yosa son arrestados después de esas conversaciones y se apresuran a pasar a la clandestinidad. “Optamos pues por poner en actividad nuestra autodefensa regular”, explica Guaraca, un “discípulo” de Marín. Preparados como estaban, y salvados por la intervención militar que se interpuso entre los grupos rivales, Marín no tuvo dificultad alguna para constituir rápidamente, en Gaitania, un escuadrón de 30 hombres “dotados de armas y equipo de campaña” y pagados a razón de “cinco pesos mensuales[405]”. El equipo de asesinos así creado comienza a ser enviado para hacer “comisiones”, es decir, efectuar incursiones punitivas contra los campesinos de la región. Los atacados, liberales en general, responden y la violencia (asesinatos, masacres, incendios) aumenta dramáticamente. El Ejército debe intervenir de nuevo en la región y hacer frente a varios tipos de bandas armadas, y no sólo a los rebeldes comunistas cuyas estructuras se ampliaban cada vez más. El PCC alcanzaba así su objetivo: romper el frágil proceso de paz buscado por el gobierno de Alberto Lleras y lanzar la violencia en las zonas agrarias. Con ello los comunistas no hacían más que aplicar a rajatabla la ortodoxia soviética, pues la paz sólo era para ellos un corto entreacto antes de una nueva guerra. Ése era el lenguaje de Lenin, de Stalin y del Komintern. Colombia, como parte del llamado mundo “semicolonial”, no podía ser una excepción. El país debía “avanzar” hacia un cambio total, para hacer parte un día de la república socialista soviética universal[406].

La grave fractura política de 1948, creada por el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y los aciagos días del 9 de abril y por la ruptura subsiguiente entre liberales y conservadores, fue subsanada por la nación colombiana en 1953 a través de la amnistía general, en primer lugar, y por los acuerdos bipartidistas, las reformas constitucionales y el plebiscito de diciembre de 1957, después. Para los enemigos de Colombia y su Apparat dentro del país, esta nueva era de reconciliación política y paz doméstica, esa nueva perspectiva de sociedad democrática, constituía un obstáculo a sus designios de dominación. Era necesario, pues, minar y demoler todo ello. Ante el plebiscito, el PCC adoptará obviamente una línea de sabotaje: llama a votar en blanco o nulo (utilizando un boletín de nueve puntos que pedía el desmantelamiento de las recientes reformas constitucionales). La nueva fase de confrontaciones, llamada por algunos la “segunda violencia”, forma parte de esos esfuerzos para destruir la paz. La coyuntura internacional era, además, muy propicia, ya que Fidel Castro acababa de apoderarse del gobierno en Cuba. Los ideólogos de la acción revolucionaria armada en Colombia no tendrán pues dificultad para lanzar su refrán preferido: “Somos víctimas inocentes y no hacemos otra cosa que defendernos”, para cubrir sus operaciones ofensivas. Ese “argumento”, desgraciadamente, será servido sin cesar por la propaganda comunista y logrará incrustarse en los círculos universitarios. Hasta el punto de que buen número de sociólogos, intelectuales, periodistas, compañeros de ruta y plumitivos bajo sueldo presentarán de ahora en adelante los esfuerzos de pacificación de las autoridades como “agresiones” contra las “regiones agrarias”. Ellos diseminarán explicaciones absurdas sobre el carácter “pacífico” délas implantaciones comunistas.

En ese contexto complicado, las primeras organizaciones rebeldes de inspiración castrista entran en escena. Entre 1959 y 1960, un sector extremista que considera (pero sin pregonarlo) que las guerrillas comunistas no son “consecuentes” con la revolución, crea el MOEC (Movimiento Obrero Estudiantil y Campesino), en el departamento del Cauca, con la ayuda de intelectuales y de antiguos ex guerrilleros liberales convertidos ahora en bandoleros, como el terrible Pedro Brincos. Ese grupo, donde se encuentran miembros de las juventudes comunistas y del PCC, como Pedro Abella, organiza células con jóvenes obreros, estudiantes y campesinos. Antonio Larrotta, su jefe, es un hombre de 23 años, que había luchado en Cuba con la gente de Castro. En efecto, la estructura del MOEC recuerda la de los grupos ultra cubanos de antes de 1960. Larrotta pretende unificar las bandas armadas del Tolima y Valle del Cauca. Organiza huelgas e intenta penetrar los sindicatos del sector bancario. En sus panfletos llama a la revolución armada para derrocar el Gobierno y pide no participar en las elecciones. En mayo, varias bombas son descubiertas en lugares públicos de Bogotá y en las residencias de algunos políticos. Una manifestación callejera en favor de Fidel Castro reúne algunos cientos de personas, las cuales son dispersadas cuando intentan atacar la Embajada de los Estados Unidos. Más tarde, Larrotta será asesinado por bandoleros después de haber entrado clandestinamente a Colombia, luego de una estancia de seis meses en Cuba. Las disensiones internas del MOEC y la acción de las autoridades van a poner fin a esa organización.

Entre los otros grupos castristas autóctonos que desaparecerán rápidamente se destaca el de Federico Arango Fonnegra, en el Magdalena Medio, y el grupo de Rosendo Colmenares, del Vichada, donde milita el médico Tulio Bayer. En cuanto a la guerrilla puramente prosoviética, muy criticada en esos meses, trabajará mejor a largo plazo que las anteriores. Tirofijo y sus asesores adoptan un modus vivendi que les permitirá sobrevivir a las ofensivas del Ejército gracias a un duro liderazgo interno sobre reclutas y guerrilleros, una línea táctica general de largos períodos de repliegue sin combatir en las montañas, y de ayudas en dinero y armas, discretas pero constantes, de Moscú y de los partidos “hermanos”.

LA FABRICACIÓN DE UN MITO

Desde 1960 la revolución cubana se había dedicado a la creación de guerrillas en América Latina. Tal operación fue intensificada tras el fracaso de la invasión de la bahía de Cochinos, en abril de 1961. La idea era exportar un método de lucha y un programa: el socialismo sin aplazamientos. La “brigada José Antonio Galán”, integrada por algunos colombianos, parte de Cuba hacia Colombia después de un período de entrenamiento militar. Fracasan y se fusionan con la juventud del Movimiento Revolucionario Liberal (MRL) del muy burgués Alfonso López Michelsen. Otra banda armada fugaz, el FUAR, es creada en 1962 bajo la inspiración lejana de Gloria Gaitán, la hija del difunto Jorge Eliécer Gaitán. La infiltración castrista en Colombia es ya tan evidente que el Senado colombiano es el teatro de vivos debates sobre el tema. Un líder conservador declara que, según sus propias fuentes, el Partido Comunista Colombiano recibe, cada mes, cerca de 25.000 dólares de La Habana para reforzar su actividad. La fracción laureanista del Partido Conservador reclama en seguida la ruptura de las relaciones diplomáticas con el gobierno cubano. Pero el presidente de turno, Alberto Lleras Camargo, se obstina en decir que la solución a los problemas planteados por Castro “debe encontrarse en la Organización de los Estados Americanos (OEA)”. La actitud floja del presidente Lleras Camargo contribuirá a arrastrar a Colombia hacia enormes sacrificios.

Al mismo tiempo, las cosas más serias se están preparando tras bambalinas por el lado de los comunistas. Rodeado de bosques y escarpadas montañas, El Támaro, una pequeña meseta rebautizada más tarde como Marquetalia, es de difícil acceso. Esa región hace parte de la extensa zona Gaitán, o Gaitania, de casi 800 kilómetros cuadrados, donde se encuentra no lejos el Nevado del Huila, uno de los principales del país. Gaitania tiene límites con cuatro departamentos (Huila, Tolima, Valle del Cauca y Cauca) y tiene corredores hacia el departamento del Caquetá y la región del Sumapaz (sur del departamento de Cundinamarca), la cual toca la periferia de Bogotá. Es en ese lugar estratégico donde las guerrillas comunistas se parapetan de nuevo durante tres años, después de haber sido derrotadas en el Tolima. Los grupos de combate de Isauro Yosa, Jacobo Prías Alape y Ciro Trujillo ya habían penetrado esa región inhospitalaria para ocultarse en 1959. Ellos conocían bastante bien esa región, ya que Fermín Charry Rincón, un líder campesino miembro del comité central del PCC, había hecho allí su feudo provisional en 1949 después de haber bautizado la región “república de Gaitania”. Ahora, en 1960, erigen allí su cuartel general, minan las carreteras de acceso, construyen túneles y casamatas y atacan puntualmente, en los alrededores, las patrullas de policía para apoderarse de sus armas e intimidar a la población. Moscú y sus portadores de maletas son detrás de esas operaciones. Pero los jefes del Kremlin no están contentos con las medidas que adopta Bogotá para frenar la consolidación de las “repúblicas independientes”. Ello es evidente el 12 de octubre de 1960 cuando Nikita Khrushchev en persona insulta violentamente a la delegación colombiana ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Khrushchev afirma que el representante colombiano “no es el portavoz del pueblo colombiano” en esa asamblea y que él está convencido “de que llegará un día en que el representante colombiano hablará en nombre del pueblo colombiano”. Ello obliga al ministro colombiano de Relaciones Exteriores, Julio César Turbay Ayala, a responder: “No corresponde al jefe del comunismo internacional sino al gobierno que representa al pueblo colombiano dirigir y calificar a sus voceros en las conferencias internacionales. Colombia rechaza la impersonificación inadmisible que el jefe del gobierno de Moscú pretendió hacer y entiende la actitud del señor Khrushchev como una nueva demostración de la insistencia de Rusia en su intervención abusiva en los asuntos internos de los países americanos[407]”.

A principios de 1962 el Ejército colombiano llega con refuerzos a la región de Gaitania para desalojar a los guerrilleros. Los oficiales y los 5.000 soldados enviados deben hacer frente, varias veces, a nuevas técnicas de combate de los guerrilleros quienes explotan al máximo el terreno. La ofensiva del Ejército fracasa. Según un relato comunista, “la autodefensa campesina infligió 50 muertes al Ejército y le tomó considerable armamento[408]”. Escaldado, el Ejército acepta revisar su esquema y reanuda la ofensiva de otra manera, pero el gobierno de Bogotá, sorprendido por la amplitud de la “campaña de solidaridad” desplegada por los comunistas, ordena la retirada inmediata.

El plan de Pedro Antonio Marín y de su comisario político, Jacobo Arenas, un marxista dogmático fosilizado, admirador de Lenin, cuya imagen decoraba siempre el revés de su chaquetón, es consolidar una “zona liberada”. Era eso, ni más ni menos, lo que estaba ocurriendo. En Bogotá, el dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado denuncia ante el Senado los acontecimientos de Marquetalia y la situación de las otras “repúblicas independientes”. Pero no es escuchado por la vacilante administración de Alberto Lleras Camargo. Con todo, la situación en Viotá debía preocupar a más de uno. A sólo 85 kilómetros de Bogotá, ese pueblo y sus alrededores habían sido transformados progresivamente en un baluarte comunista donde las autoridades de la República habían sido barridas. En su lugar, una suerte de “soviet” había tomado el poder sin que la población fuera consultada. La primera escuela de cuadros militares del PCC es allí establecida bajo la dirección de Olimpo. La experiencia de El Davis era la referencia obligada. Antoine Acquaviva, un enviado especial de L’Humanité, cuenta en un reportaje[409] que “desde hacía lustros” ningún extranjero “había violado ese santuario”. Entusiasmado por la hazaña de los “campesinos soldados”, ese cronista comunista va a realizar un ejercicio de pura propaganda haciendo la descripción de la situación de esa parte del territorio colombiano y de la actitud de los nuevos dueños del pueblo: “Emisarios americanos de la ONU pidieron visitar [a Viotá] pero el comité central del Partido Comunista de Colombia no les entregó los salvoconductos”. En abril de 1964, el enviado especial de L’Humanité y un periodista de Izvestia llegan a Viotá con Gilberto Vieira, el jefe supremo del PCC, quien había aceptado hacer de guía. El francés publicará algunas semanas más tarde su texto sobre “Viotá la Roja” donde dice, sin atragantarse, que esa “parcela” de Colombia ha sido “liberada de la violencia”.

Como las atrocidades guerrilleras continúan, el nuevo gobierno del conservador Guillermo León Valencia da luz verde al Ejército para marchar contra las “repúblicas independientes”. La primera tarea será aislar a Marquetalia y desmontar el enclave de Riochiquito, bajo la bota de Ciro Trujillo Castaño, otro gran capataz de las guerrillas comunistas que había impuesto su autoridad sobre el pueblo de Belalcázar y el territorio indígena de Araújo, en el Cauca. Bajo la conducción del coronel Álvaro Valencia Tovar, el Ejército penetra la región, restablece el orden, vuelve a dar el poder a los indígenas, construye una escuela, caminos y puentes. Luego, las Fuerzas Militares reciben la orden de organizar la incursión a la zona de Marquetalia, donde la amenaza era más grande porque estaba infestada de guerrillas que atacaban abiertamente alas Fuerzas Armadas. Es la operación “Soberanía”. En Bogotá, el Partido Comunista hace cubrir las paredes con la consigna “Defendamos a Marquetalia”. El general Alberto Ruiz Novoa, ministro de Guerra, en una entrevista concedida a El Tiempo, declara: “El objetivo principal [de la operación] no es la detención de Tirofijo. Lo que importa es restablecer la autoridad legítima en la región”. Después de varios meses de trabajo de inteligencia y de acción psicológica sobre la zona, los militares llegan a los alrededores de la meseta de Marquetalia el 17 de mayo de 1964[410]. La asamblea general del movimiento rebelde que había comenzado allí ese día es interrumpida. Inspirados por el modelo chino-vietnamita, ellos adoptan la táctica de la “guerra de guerrilla móvil, total y absoluta[411]” y transforman la dirección del movimiento en estado mayor guerrillero. El 27 de mayo de 1964, sobre un barranco del río Ata, la guerrilla ataca al Ejército[412], el cual responde. Pero esta vez el Ejército ve más claramente. Al evitar la única carretera de acceso al bastión comunista y sobre todo eludiendo las zonas descubiertas, minadas por los guerrilleros, el Ejército toma finalmente las tres colinas principales y la cubeta. En 20 días, y con sólo 250 hombres, el Ejército desmonta la “república independiente de Marquetalia”. Los combates se prolongan dos o tres días más en los alrededores, pero son menos nutridos ya que Tirofijo, su estado mayor y sus 300 guerrilleros deciden prematuramente escaparse con armas y logística por una senda abierta por ellos, cubierta y no localizable por los aviones, que los conducirá a los alrededores de Riochiquito[413]. Acosados por las autoridades, regresan a El Pato y más tarde escapan hacia los llanos del Yarí. El primero en huir de Marquetalia es Tirofijo quien confía a Jacobo Arenas el comando de los hombres en fuga antes de irse discretamente, con buena escolta, hacia otro lugar más seguro y más alejado: la “república independiente” del alto Pato-Guayabero, donde espera constituir un “frente único” contra las fuerzas del orden. Ése es el comienzo de la impostura de los “48 hombres que escaparon a 16.000 soldados[414]”. En verdad, el Ejército colombiano no había enviado 16.000 soldados sobre Marquetalia, como pretende la propaganda de las FARC. Esas tropas fueron desplegadas en el inmenso territorio de los tres departamentos que rodean a Marquetalia. En cuanto a los “48 hombres” de la leyenda, éstos sólo eran la guardia personal de Marulanda, ya que en Marquetalia hubo otros combatientes, indicados de manera elíptica por el relato hagiográfico de Arturo Alape, como “la gente de las autodefensas[415]”. Para el general José Joaquín Matallana, jefe de la operación Marquetalia, esa fuga, que salva la vida de los líderes, “determina el nacimiento de las FARC[416]”.

UN DIÊN BIÊN PHU AL REVÉS

Marquetalia fue realmente la primera derrota seria de las FARC. Ese fortín había sido establecido por los guerrilleros y sus consejeros extranjeros para que durara, para atascar la ofensiva del Ejército durante meses. Marquetalia había sido concebido, sobre todo, como un Diên Biên Phu al revés, como una gigantesca emboscada para el Ejército colombiano. Marquetalia recuerda, en efecto, por numerosos aspectos, la cubeta donde las tropas del general Christian de Castries fueron entrampadas entre marzo y mayo de 1954. Diez años después, los guerrilleros colombianos, explotando la experiencia de sus émulos vietnamitas, van a construir pasajes cubiertos, túneles y trincheras en las colinas que dominan la planicie para hacer pasar armas y suministros y para hacer circular a sus combatientes. Pero la disposición de la batalla de Marquetalia será diferente de la de 1954 en Indochina, ya que detrás del Ejército del general Vô Nguyên Giap se encontraba el enorme potencial del comunismo chino. Y ése no era el caso, afortunadamente, de las guerrillas de Marulanda.

En Diên Biên Phu el Ejército francés había ocupado la cubeta de 19 kilómetros de largo por 9 kilómetros de ancho. Disponía de un campo atrincherado, de una base aeroterrestre y de medios de fuego potentes para rechazar los ataques[417]. Los franceses fueron cercados por el Ejército del Vietminh que había tomado los alrededores y las montañas. Giap y los generales chinos que actuaban detrás de él habían ordenado cavar túneles y sendas invisibles. Cuando las potentes baterías antiaéreas vietnamitas fueron desmontadas, subidas y rearmadas en las montañas, consiguen inutilizar el aeropuerto, lo que impide a los franceses recibir víveres y refuerzos. Giap ordena entonces bombardear profusamente el lugar y lanza sus tropas de asalto hasta que los hombres de Castries agotan sus municiones. Fue así como los Vietminh ganaron esa batalla histórica.

En Marquetalia, la estrategia de las FARC es casi la misma pero con algunas variantes: su objetivo es acosar al Ejército para atraerlo hacia el interior de la cubeta y hacia un terraplén que parecía sin peligro, donde los militares creerían que iban a poder protegerse estableciendo un campo atrincherado. Una vez instalados allí, según los planes rebeldes, ellos serían golpeados fácilmente desde las alturas donde había pasajes ocultos e inexpugnables. Manuel Marulanda e Isauro Yosa sabían que el Ejército, una vez dentro de la trampa, no podría salir sino por los aires, y con gran dificultad, ya que la aviación colombiana no disponía en esa época sino de seis helicópteros de combate, la única herramienta capaz de actuar sobre un terreno plano pero en pendiente. El plan era temible pero falló a pesar de todo, pues José Joaquín Matallana, quien era coronel en esa época y tenía no poca experiencia en combates de ese tipo[418], adivinó que detrás de las escaramuzas en la región, que lo atraían hacia la cubeta, había una trampa.

Y por buenas razones. Marquetalia es un lugar bastante particular, una selva hostil de tierra fría, virgen, milenaria y generalmente cubierta de niebla. Un extenso sector es bloqueado por bejucos y árboles caídos y enmarañados que bloquean el paso. El único lugar para acceder a la cubeta es el cañón del río Ata, peligrosamente escarpado. Los raros colonos que habían llegado a ese paraje en los años 1950 (la mayoría huían de la justicia) habían construido un camino de mulas. Esa vía había sido mejorada y minada más tarde por los guerrilleros.

Penetrar la zona por el lado opuesto, el del inmenso bosque, era el dispositivo inicial, ya que el Ejército colombiano, en realidad, no operaba en ese momento según un esquema de lucha irregular y antiguerrilla. Con ese plan, sin guías y con mapas inexactos, los soldados habrían tomado meses para llegar al centro de Marquetalia. El coronel Matallana había sido llamado de urgencia por el general Currea Cubides. Éste intentaba sin gran éxito movilizar por tierra a sus hombres desde hace algunos días, sufriendo emboscadas fatales. Matallana logra la colaboración de guías indígenas y decide descargar sus comandos del Batallón Colombia por helicóptero, no en la cubeta sino en las montañas circundantes. Ese detalle será la clave de la victoria del Ejército. Las fotografías aéreas de la zona eran mediocres[419], ya que los aviones del Ejército no podían tomarlas sino a dos mil metros de altura para evitar los tiros de las armas de largo alcance de los guerrilleros. Los clisés ponían de manifiesto que en la cubeta había bonitos potreros verdes y desérticos, al parecer horizontales, donde los helicópteros podrían fácilmente aterrizar. El problema es que tres imponentes montañas dominaban la cubeta. El coronel Matallana, contra el dictamen de sus adjuntos, decide evitar el llano. Huele el peligro. No estaba mal inspirado pues la gente de Marulanda había montado una gigantesca emboscada: numerosos puntos de la planicie estaban minados con canecas de 15 galones llenos de gasolina y explosivos y la fortificación de los subversivos dominaba el escenario. “Si hubiéramos tenido la debilidad de caer sobre esas tierras, que por otra parte no eran horizontales, habríamos sufrido una verdadera carnicería y la operación habría terminado en un fracaso total y absoluto. Ellos habrían podido destruir todos nuestros helicópteros y liquidar fácilmente nuestras tropas”, concluirá más tarde el coronel Matallana.

Una sangría del Ejército de esas dimensiones habría tenido consecuencias a vasto nivel, por no decir que habría tenido efectos de orden estratégico. Ello habría consolidado las posiciones rebeldes en las otras “repúblicas independientes”. En ausencia de un territorio extranjero vecino dónde encontrar refugio y apoyo (la fuerza Vietminh podía contar con los inagotables recursos de la China del sur[420]), los insurrectos colombianos habían construido su dispositivo imitando una telaraña: una red de bastiones conectados los unos a los otros por sendas de evacuación, penetración y suministros, visibles o no, con un epicentro: Marquetalia. Era una idea hábil que pretendía reducir las dificultades de carácter estratégico, pero que tenía inconvenientes ya que si el éxito de un eslabón consolidaba toda la red, contrariamente, un eslabón roto comprometía la estabilidad del conjunto. Creadas en la parte central del país, las principales “repúblicas independientes” eran verdaderamente entidades interdependientes, separadas en algunos lugares por cortas distancias. Por ello el fracaso de Marquetalia va a abrir una brecha en la coraza comunista.

Después de dos pasadas de aviones T-33 que disparan contra los insurrectos[421], Matallana se lanza con sus hombres a bordo de los seis helicópteros. Pero al llegar sobre el objetivo constata que los árboles, de 20 a 30 metros de altura, impiden todo aterrizaje. Creyendo todo perdido, opta por descender por cuerdas con tres de sus hombres y ordena el retiro de los helicópteros. Abajo, los cuatro oficiales cortan velozmente varios árboles para hacer un claro. Una hora después, los helicópteros pueden comenzar sus rotaciones para depositar el resto de la tropa. Los comandos repiten la operación en las otras dos colinas. En total desembarcan 250 militares. Conocedores del terreno, los insurrectos disparan de lejos contra ellos pero no frenan su avance ya que la selva los protege. Una mina estalla. Un suboficial es gravemente herido. El terreno es tan difícil que su sola evacuación ocupará a 18 soldados durante varias horas. Dos días después, los militares están a menos de un kilómetro del cuartel general de Marulanda y Yosa. Los intercambios de tiros de morteros son intensos pero Marulanda, realista, se repliega con su estado mayor hacia el alto de Trilleras, a un kilómetro de los combates, un punto desde donde puede distinguir toda la región. Los insurrectos prenden fuego a sus chozas y construcciones y retroceden hacia otras guaridas y trincheras. Por último, son forzados a evacuar la zona durante la noche del 15 de junio por una senda cubierta, dejando a algunos francotiradores bajo el mando de Isaías Pardo, un duro de duros, en los linderos de la selva. Marquetalia cae entonces y los soldados izan el pabellón colombiano. Antes de partir, Marulanda había hecho enterrar una enorme bomba de 150 kilos de dinamita y otras materias explosivas en el terreno, que mata a cinco soldados. Los militares evitan otras emboscadas instaladas en los corredores y caen sobre los guerrilleros. Es el final de los combates. En el bosque, los militares encuentran dos pesadas maletas llenas de importante documentación que la guerrilla había abandonado en su fuga precipitada. Eso permitirá probar el compromiso de Marulanda con el movimiento comunista, cosa que no era más que un rumor insistente hasta antes del desencadenamiento de la operación[422]. En otro documento, los militares descubren que Yosa y Marulanda habían previsto secuestrar al coronel Valencia Tovar para utilizarlo como rehén y paralizar las operaciones sobre Riochiquito[423].

Matallana descubre también el famoso sendero construido en la selva desde hacía tres años por los rebeldes. “La trocha era pequeñita, escondida, secreta, […] salía no propiamente de Marquetalia sino un poco más lejos, entre la selva”, recuerda el militar. El sendero no podía ser visto por los aviones y permitía a los hombres de Marulanda hacer la marcha entre Marquetalia y Riochiquito en una semana. Antes de la batalla, Jacobo Arenas había ordenado a los guerrilleros capturar soldados para interrogarlos. No obtendrá ni uno solo. Al final de los combates ellos pierden, entre otros, a Isaías Pardo, su mejor combatiente, y a una joven guerrillera, Georgina de Ortiz. “Cansada de las exacciones de los bandidos y de su régimen de austeridad, la población acogió las fuerzas del orden con alivio”, anota en su correspondencia privada Bertrand de la Sablière, el embajador de Francia en Colombia y perspicaz observador de la realidad política del país[424]. Durante la operación “Soberanía”, el Ejército captura a 54 bandidos y pone fuera de combate a otros 35 miembros del grupo de Tirofijo. En Bogotá y en las principales ciudades del país, la actividad terrorista conocerá un neto reflujo. Hasta julio, casi cada noche estallaban bombas y granadas causando daños considerables pero pocas víctimas. Pero, como lo dirá un diplomático francés, “tras la explosión accidental de la central que fabricaba esos explosivos [al norte de Bogotá], la Policía pudo detener a los responsables de la organización terrorista y esas acciones prácticamente cesaron[425]”.

En Francia, precisamente, la derrota de las guerrillas de Marquetalia no desencadena ninguna ola de indignación. Lejos de eso, la noticia no es siquiera dada por la prensa. A lo sumo, una breve en L’Humanité, el 20 de junio de 1964, menciona rápidamente el episodio. Sin embargo, el filósofo Jean Paul Sartre y el dirigente comunista Jacques Duelos se descomponen de indignación y firman una violenta carta contra el Gobierno colombiano[426]. Para atraerse fácilmente la simpatía de las bellas almas extranjeras, los comunistas colombianos lanzan el rumor, completamente falso, según el cual los militares habían recurrido “a los medios más desesperados y más criminales contra los guerrilleros”: la “guerra bacteriológica”. Dado el impacto (momentáneo) de la notable campaña de desinformación lanzada en 1951 por el agente de influencia Wilfrid Burchett contra los Estados Unidos, sobre la pretendida “guerra bacteriológica” en Corea, los patronos de las FARC no dudan en servir de nuevo ese mismo plato. Impresionado y confiando en las declaraciones de los comunistas, un diputado liberal, sin dotarse de pruebas, hace eco a la falsa noticia en un debate en la Cámara. Pero ante la falta de realidad material, el asunto se desinfla. Lo que no impide a algunos politólogos seguir evocando esa falsedad, sin sonrojarse, treinta años después, como por inercia[427].

La otra consecuencia de la ofensiva de las fuerzas del orden contra los fuera de la ley en el sur del país es la dimisión del rector de la Universidad Libre de Bogotá, Gerardo Molina, después de sus sorprendentes declaraciones del mes de mayo de 1964 en calidad de portavoz oficioso de los “progresistas”. Durante una ceremonia fúnebre, mientras pronunciaba el elogio de Diego Luis Córdoba, político liberal que acababa de morir, Molina critica las medidas adoptadas por el Gobierno para liquidar las bandas que aterrorizaban el país. Para Gerardo Molina, eso era sólo una “campaña anticomunista” que servía “para suprimir las libertades”. En su opinión, era necesario más bien ir “al fondo de las causas” de ese fenómeno: “la miseria y el sentimiento de frustración y venganza que ésta despierta en el pueblo”. El presidente Guillermo León Valencia no tarda en responder. Pocos días después, durante una ceremonia en la misma universidad, el jefe de Estado toma la palabra para defender su gobierno “que no había fusilado a nadie” y para defender a las Fuerzas Armadas cuya tarea era “difícil y no hacía ninguna caza al hombre”, como el rector había afirmado, sino que luchaba “para reducir a la impotencia a los más grandes criminales de la patria, que desencadenaron la desolación y la muerte sobre el suelo de la República”. El jefe de Estado añade que era necesario “extirpar de la sociedad esos órganos cancerosos” y que esa acción era “valiente y patriótica”. “Las Fuerzas Armadas, añade, no cometieron ningún delito y los bandidos fueron eliminados durante los combates”. Dos días después, Gerardo Molina declara a El Espectador que si él había hablado efectivamente de “caza humana” era porque juzgaba insoportables los relatos publicados por los diarios “que hablaban de hombres asediados como animales salvajes en sus guaridas”. Después de eso, el doctor Gerardo Molina, quien nunca había elevado la voz para protestar contra las masacres de civiles degollados por los bandoleros, o para indicar que desde 1958 el bandolerismo había asesinado a más de 23.000 personas, pidió que éstos “fueran tratados de acuerdo con las leyes”. Hablando a continuación de la violencia, sus causas y tratamiento, Molina niega, contra toda evidencia, que ésta se deba a la propaganda castrista y comunista y que el problema procede “de las causas económicas y sociales” para las cuales el tratamiento debe ser “preventivo y no represivo”. La disfrazada alabanza de los terroristas pronunciada por el rector liberal-socialista causa por supuesto una viva querella entre comunistas y liberales en la Universidad Libre. Tras un arbitraje del antiguo presidente de la República Darío Echandía, Gerardo Molina presenta su dimisión[428].

Un poco más tarde, el 20 de julio de 1964, los jefes de las bandas rebeldes se reúnen y firman un texto[429] que bautizan “Programa agrario de los guerrilleros”. Ellos se presentan como “víctimas” de la “oligarquía que detenta el poder”. Esa reunión, donde algunos formulan críticas a la línea defensiva del PCC, es considerada como el “acto precursor” de las FARC. Pero el llamado en favor de una “reforma agraria revolucionaria” no será seguido por el desencadenamiento de la gran movilización política esperada por Jacobo Arenas, los comunistas y sus aliados del MRL. Aprovechando el hecho de que las tropas habían sido enviadas a otros lugares, antes de haber consolidado la región[430], los guerrilleros logran reunir, a finales de septiembre de 1964, en Riochiquito, las cabezas de los grupos supervivientes. Hay gente de Marquetalia, Riochiquito, El Pato y Guayabero. En esa reunión, bautizada como la “conferencia de bloque sur”, es donde el PCC aísla las voces críticas y llega a tomar el control “de la dirección política y militar del movimiento guerrillero”, el cual deberá actuar de manera unificada y a escala nacional[431]. Para el Gobierno la situación era difícil ya que en ese momento había más o menos cien bandas armadas activas en el territorio nacional. Años más tarde, el historiador marxista inglés Eric Hobsbawn admitirá que en esa coyuntura había en Colombia “la mayor movilización armada de campesinos (bajo la forma de bandoleros, grupos de autodefensa y guerrillas) de la historia reciente del hemisferio occidental[432]”. Eso motiva la decisión del Gobierno colombiano de dar el asalto contra el bastión de Riochiquito. Como en Marquetalia, la resistencia allí no dura mucho. Los rebeldes no tenían la capacidad para hacerlo, ya que no habían previsto la desbandada tan rápida de Marquetalia. En Riochiquito, como lo admitirá más tarde Jacobo Arenas, carecían incluso de comida para los recién llegados. El estado mayor rebelde concibe entonces un nuevo plan de fuga. Fracciona sus tropas y las envía hacia las comarcas más distantes de su famosa telaraña.

En los departamentos de Valle y Quindío otros bandidos siguen aterrorizando a la población. Es el caso de Julio Conrado Salazar, Jorge Beltrán, alias Bonche, José de Jesús Sepúlveda, alias Gata, José Gregorio Baca y José Osorio Ramírez. En el Tolima, la banda de Marco Guaraca, alias Chucho, prosigue la violencia. Se observa la misma actitud con Nacianceno Hernández, alias Punto Roja, Wilson Rubiano, alias Champurro; Jesús Rubiano, alias Picardías; Telmo Ávila, alias Tijeras; José Leal, alias Diamante y el famoso Richard, jefe de la “república independiente” del Pato. Este Richard expulsará, en noviembre de 1964, a 146 familias que rechazaban la disciplina de ese gulag comunista donde reinaba el terror. En el departamento de Boyacá estaban las bandas de Efraín González[433] y de Ignacio Sánchez. Esos bandidos, todos, son elementos peligrosos, pero las consideraciones de carácter presupuestario del Ejército obligan al Gobierno a limitar los esfuerzos de pacificación. Además, hay el cinismo y la irresponsabilidad de algunas formaciones políticas que envían de vez en cuando señales de apoyo a las “repúblicas independientes”. Es el caso de la nueva alianza entre los miembros del partido del ex dictador Rojas Pinilla, la Anapo, y los de la “línea dura” del MRL. Miembros de esos dos grupos intentaron, en efecto, hacer aprobar, durante un debate a la Asamblea departamental del Huila, una “moción de aplauso” para los jefes de la banda de Tirofijo[434].

Lo que pasa es, ciertamente, dialéctico. Los guerrilleros comunistas están en fuga pero no son acosados sin descanso. Están en plena desbandada pero son portadores de un nuevo concepto de guerra, la “guerra popular”, inventada por Mao Tse-toung y pasada por la criba de la experiencia vietnamita. Ese tipo de guerra es, en esa época, un enigma para el Ejército y para la clase política colombiana. El comunismo colombiano hacía creer que había abandonado el modelo subversivo ruso, centrado en el sabotaje a escala amplia, con sus falsos sindicatos y sus huelgas para paralizar la industria, los puertos y las ciudades, con Aputsch insurreccional, la guerra política, la propaganda, el discurso de odio y homicida, con sus Apparats clandestinos, sus falsos demócratas, etc. Comenzaba en realidad a utilizar otro enfoque, el asiático, más hipócrita pero no menos destructivo. En realidad, el PCC no abandona nada definitivamente. Intenta combinar lo nuevo y lo viejo, “combinar todas las formas de lucha”, todas las recetas y todas las modalidades revolucionarias. La guerra popular es, de todas maneras, sinónimo de algo nuevo: la población, voluntariamente o por la fuerza, debe participar toda entera, constantemente y bajo todas las formas, en las hostilidades[435]. Y con un único objetivo: la toma del poder. No hay pues negociaciones. O sí las hay, pero por la forma, para confundir al enemigo, para ganar tiempo, para hacer propaganda. Para movilizar a la masa es necesario sacudirla, socavarla, intimidarla. La tortura moral y física no está lejos. Ella debe extenderse a la vez al conjunto del pueblo y a cada individuo. Esa guerra es también la vigilancia del pensamiento, la domesticación colectiva de los activistas, de los cuadros, de las comunidades aisladas. Es el castigo severo de los tibios y de los enemigos. Desde el punto de vista del combate, es el abandono de las leyes clásicas. La guerrilla no debe tener instalaciones muy pesadas. Para tener depósitos puede servirse de las montañas y también de las ciudades. Es una guerra de sorpresas y golpes rápidos, de devastaciones violentas, de emboscadas sangrientas, de día, de noche, en la selva, en el páramo. Y de repliegues bien estudiados.

TIROFIJO EN ACCIÓN: LA MASACRE DE INZÁ

La guerra popular se instala, pues, en Colombia. El nuevo impulso revolucionario prometido por la reunión de Riochiquito se traduce en la aplicación de una nueva táctica, además de las matanzas habituales: los secuestros extorsivos. El 20 de marzo de 1965, los rebeldes se apoderan de Harold Eder, uno de los principales industriales del país. La operación es sangrienta ya que matan a sus tres guardaespaldas. Como el Ejército, en plena guerra contra el bandolerismo, había pedido a la familia no pagar rescate, Eder es asesinado algunos días después. Eso desencadena una ola de emoción en todo el país. Hombre generoso y dinámico, Harold Eder era un personaje respetado de Cali, donde sus empresas daban trabajo a cientos de personas. Había sido secuestrado pues había seguido el consejo de las autoridades de cesar el pago forzado de una suma mensual a los bandoleros.

Ese crimen es acompañado de otro aún más grave. Tres días antes Tirofijo sale de una de las “repúblicas independientes” y se introduce en el departamento del Cauca, a la cabeza de una tropa de cerca de 140 hombres. Necesita un bus y hace detener uno. Los pasajeros, incluidas dos religiosas, son robados y masacrados inmediatamente. Poco después Tirofijo llega al pueblo de Inzá, 3.000 habitantes, donde matará al alcalde, al tesorero municipal, al encargado de la Caja de Crédito Agrario. Durante las cinco largas horas en que ese bárbaro fanatizado permanece en la localidad, roba al resto de los campesinos. Antes de irse, desde un balcón del ayuntamiento, arenga a la población aterrorizada. Se reclama de Fidel Castro y presenta a su banda como un “Ejército de liberación”. Y anuncia el triunfo de su revolución para el final del año.

Esos dos episodios violentos dejan a la población colombiana en el desasosiego más absoluto ya que el gobierno del presidente Guillermo León Valencia y las Fuerzas Armadas habían demostrado algunos días antes que sus esfuerzos contra los violentos eran exitosos. Se jactaban, en efecto, de haber ocupado El Pato, de donde habían salido los asesinos de Inzá. Por otra parte, un buen número de bandidos había sido dado de baja y los militares también habían logrado liberar a varias personas secuestradas. Desquite, autor, entre otras cosas, del asesinato de 40 viajeros de un autobús, hombres, mujeres y niños, que él había hecho fríamente asesinar a principios de 1963, es muerto durante un combate con el Ejército en marzo de 1964. Sangrenegra, a quien se le atribuían por lo menos 120 asesinatos y numerosas violaciones y secuestros, había sido abatido el 28 de abril siguiente. Tarzán, otro peligroso jefe de banda, será eliminado por las fuerzas del orden el 17 de mayo. A pesar de todo ello, Tirofijo, un individuo no menos sanguinario, había podido escapar a las operaciones de cerco de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque después de la liquidación de los otros jefes bandoleros, los créditos a disposición del Ejército habían sido reducidos y se habían operado algunos cambios importantes en la conducción de los batallones encargados de la represión: el Batallón Colombia es retirado del Tolima y el coronel Matallana, conocido por sus brillantes hazañas contra las “repúblicas independientes”, es nombrado jefe del Estado Mayor de la Brigada de Institutos Militares de Bogotá. Sin embargo, era quien comandaba las fuerzas especiales que habían comenzado operaciones contra las nuevas bandas fuera de la ley. Después de protestas de los senadores y diputados del Tolima, quienes calificaron de “prematura” la retirada del Batallón Colombia, el coronel Matallana volverá de nuevo al teatro de operaciones[436].

Bertrand de la Sablière, en un relato que merece ser citado, pues es visionario en alto grado, hasta el punto de que puede ser visto como una explicación profética de algunos fenómenos posteriores de miopía y confusión de las clases dirigentes colombianas frente a la violencia comunista, escribirá esto el 22 de marzo de 1965: “Me interesó constatar que mis interlocutores desde hace algunos días, ex ministros y notables de los dos partidos se niegan a considerar seriamente el peligro nacional del bandolerismo, incluso después de tales acciones [la masacre de Inzá y el asesinato de Harold Eder], y a compadecerse por la suerte de las víctimas. Ellos no ven en eso más que una ocasión para lanzar picas a sus adversarios habituales. Un liberal dirá que los conservadores protegen a tal bandido y un conservador hará una observación similar en sentido opuesto. Ambos se complacerán en estigmatizar al senador del MRL y al magistrado del mismo grupo encontrados recientemente por el Ejército en un campamento de bandidos sin ser detenidos”. El diplomático se refiere al hecho de que el guerrillero Juan de la Cruz Varela, jefe de la “república independiente” de Sumapaz, convertido en senador gracias al MRL, había sido sorprendido por el Ejército en las circunstancias descritas.

El embajador añade: “Aunque fue especialista en el tema, en condiciones por lo demás bastante particulares, pues el señor Lleras Camargo creyó que tenía que llegar a compromisos con los peores criminales del país antes de la caída del dictador Rojas Pinilla, de ahí el intento de reintegración. El señor Gómez Pinzón no llega durante nuestra conversación a abordar el problema de manera constructiva, pues la política deforma mucho sus opiniones. Como sea, con esos dirigentes parciales, superficiales o indiferentes, no me parece excluido que la opinión profunda de la nación se avive. Ella comienza a estar impregnada de horror y de inquietud. ¿Por cuánto tiempo? ¿Se acostumbrará ella a eso? De todas formas, es a ella y sólo a ella que el presidente Valencia, muy cercano del espíritu y del corazón, como se sabe, de las masas populares y de las clases medias, dirigió una vibrante alocución para pedirle al pueblo colombiano apoyar sin desmayo sus esfuerzos, los del Gobierno y los del Ejército, para poner fin a esa plaga que corroe la nación”.

Pero la prueba de que la incuria contra el bandolerismo seguía campeando reaparece en Bogotá. En abril, el PCC reúne tranquilamente el plénum de su comité central y rechaza las afirmaciones gubernamentales sobre la participación comunista en los secuestros y en el bandolerismo. Al mismo tiempo, lanza un violento ataque contra “la intervención yanqui” en Colombia y afirma su entera solidaridad con el llamado “movimiento guerrillero”. La política del PCC en esa materia se expresa en seis puntos: 1. El movimiento guerrillero debe recibir todo el apoyo posible, tanto desde el punto de vista nacional como internacional; 2. Es contrario al interés del movimiento limitarlo a ciertas regiones, incluso si eso aumenta la agresividad del Gobierno; 3. Es necesario perfeccionar la preparación de las zonas de autodefensa y ponerlas en condiciones de ayudarse mutuamente; 4. Esta actitud implicará obviamente una lucha larga y dolorosa. Cuadros y militantes deberán demostrar abnegación, pero la acción del movimiento guerrillero, no siendo más que un elemento del conjunto de la situación política y de la acción de masas, debe seguir siendo en función de esta situación; 5. En efecto, la lucha armada no es aún en Colombia la forma principal de la lucha del pueblo; 6. No obstante, en las zonas donde existe esa lucha armada ésta se vuelve prioritaria, debido a la acción de las Fuerzas Armadas oficiales. Por consiguiente, esa guerra puede servir de base al desarrollo de la lucha de clases, a su extensión y refuerzo.

El manifiesto añade un curioso capítulo intitulado “Nuestra política ante el Ejército”, cuyo objetivo es hacer creer que el PCC realiza actualmente un “trabajo político” en ese sector. Se trata de un resumen de los habituales métodos bolcheviques para penetrar los ejércitos. Comienza con el muy conocido “análisis de clase” de los ejércitos donde se garantiza que hay “fracturas internas” por capitalizar. Por un lado, dice el texto, hay el alto mando que estaría “en manos del imperialismo norteamericano” y, del otro, la mayor parte de los oficiales “salidos de la pequeña burguesía nacionalista”, así como los suboficiales y los soldados que vendrían “de la franja media de la clase obrera y principalmente del campesinado”. Estos “aspiran a la libertad y al bienestar y conocen las necesidades y los problemas de todos los trabajadores”. Él no olvida indicar que hay corrientes ideológicas progresistas “que atraviesan las paredes de los cuarteles, a pesar del aislamiento en que tienen a los soldados” y del constante “lavado de cerebro al cual los someten” por una propaganda intensa y una “enseñanza anticomunista efectuada por las misiones militares norteamericanas”.

¿Para qué esas contorsiones dialécticas? Para preparar la base comunista para votar por el próximo candidato burgués, el liberal Carlos Lleras Restrepo, contra una hipotética candidatura del ex ministro de Guerra, general Alberto Ruiz Novoa, mostrado como un “fascista” y un secuaz del imperialismo norteamericano. Y para disuadir a Carlos Lleras de continuar, una vez elegido, la campaña represiva de su antecesor contra las “repúblicas independientes”.

Para vengarse de la ruptura de relaciones diplomáticas, La Habana infiltra varios operadores en Colombia, introduce clandestinamente armas y realiza sabotajes en los departamentos de Cauca, Santander, Caldas y Tolima. En Bogotá, el Capitolio y otros edificios públicos son atacados con dinamita durante el mes de julio y agosto de 1963, al mismo tiempo que una huelga en el puerto petrolero de Barrancabermeja degenera en sabotaje. En efecto, más de un centenar de pozos son afectados. Unas veces los agitadores rompen las correas de transmisión, otras dañan los mecanismos más delicados. También sabotean las instalaciones eléctricas y dinamitan varios conductos de gas y petróleo, causando pérdidas por un valor de 20 millones de pesos de la época, según el ministro de Trabajo. Paralelamente, una ola de agitación se apodera de las universidades Nacional y Libre de Bogotá. El 16 de agosto de 1963 el Gobierno decide poner la región petrolera bajo estado de sitio y detiene a 16 activistas. El presidente se dirige por la radio a la nación y demuestra que las exigencias de los huelguistas y su líder, Diego Montaña Cuéllar —la nacionalización de la industria petrolera y la reducción de los precios de los combustibles a los costos nacionales— son absurdas. El presidente asegura, en fin, que “el Gobierno está decidido a hacer frente a la revolución y mantener el imperio de las instituciones democráticas”.

Los servicios secretos desmontan otra célula terrorista, que se había instalado en el puerto de Barranquilla, después de haber capturado al cubano Fabio Fermín Fernández. Una tentativa de complot es descubierta en la Base Naval de Cartagena donde las autoridades militares detienen a 42 suboficiales, miembros de una célula subversiva que preparaba una rebelión, y se apoderan de una importante documentación que prueba la participación de Cuba en esas aventuras[437]. Laureano Gómez, quien se había opuesto a la elección de Guillermo León Valencia, pronuncia entonces una muy vigorosa alocución en favor del Gobierno y exige que todos los colombianos rodeen al presidente para hacer frente a la anarquía. La huelga de Ecopetrol finaliza el 30 de agosto gracias a la ayuda de una comisión parlamentaria que hace vagas promesas de nacionalización de las empresas petroleras. Pero las bombas siguen estallando en Bogotá y en provincia y una huelga ilegal “de solidaridad” estalla en la Texas causando la muerte de un hombre.

¿CONTRADICE EL ANTICOMUNISMO EL ESPÍRITU DEMOCRÁTICO?

El 13 de agosto de 1963 el jefe de Estado, Guillermo León Valencia, declara que las autoridades descubrieron un programa subversivo de acciones armadas en Colombia y Venezuela que debería culminar con la “tentativa de un doble asesinato de los presidentes de los dos países”. Dice haber recibido esa información de una fuente “que merece toda confianza” y precisa que la información “venía directamente de Cuba”. En seguida se organiza un encuentro de los dos presidentes, en alguna parte de la frontera entre Colombia y Venezuela, para ponerse de acuerdo sobre una política conjunta contra Fidel Castro. Pero el presidente Valencia se niega a seguir el dictamen de su ministro de Relaciones Exteriores quien abogaba por la prohibición del Partido Comunista. Valencia consideraba que esa formación sería más temible en la clandestinidad. Sin embargo, el presidente colombiano considera que “el principal problema no reside en los militantes activos del Partido Comunista sino en los que se camuflan y se incrustan en otros partidos, en el Poder Judicial e incluso en la Iglesia Católica”. Bertrand de la Sablière comentará: “Es la primera vez que se cuestionan oficialmente algunas simpatías que se desarrollan en ese sentido en la Iglesia, y el presidente no insistió. En cambio, se extendió sobre las infiltraciones comunistas entre los magistrados[438]”. Tres días después Valencia abre la sesión extraordinaria del Congreso con un discurso donde se pronuncia con vehemencia contra la violencia, los secuestros y la conjura internacional comunista anticolombiana, con un pasaje consagrado a la declaración de Jean Paul Sartre y Simone de Beauvoir. El jefe de Estado pide a los partidos olvidar sus divisiones en interés del país y recomienda a las dos Cámaras votar los 42 proyectos de ley presentados por el Gobierno. Un conocido ganadero del departamento de Caquetá, Oliverio Lara, cuya fortuna rural y empresas anexas era considerable, había sido secuestrado y será asesinado poco después. Ese rapto, que vino tras la muerte de Harold Eder, desencadenó viva emoción en el país y contribuyó incluso a la caída del peso, el cual se cambiará a 15 pesos por dólar.

El presidente Guillermo León Valencia era de quienes pensaban, erróneamente, que la ilegalización del PCC tendría las peores consecuencias ya que redoblaría la acción clandestina. Consideraba que el anticomunismo contradecía el espíritu democrático, el cual debe “respetar todas las opiniones”. Esa tesis, alegada muchas veces por los dirigentes colombianos (inspirados probablemente por agentes de influencia infiltrados en el aparato de Estado), descarta la idea de que el Partido Comunista es mucho más que una organización que expresa “opiniones[439]” pues dispone, cualquiera sea la situación, de un aparato clandestino eficaz y peligroso que puede ocultarse detrás del aparato legal. El enfoque del presidente Valencia, que consiste en no querer ver que hay anomalía cuando un partido de oposición, que se dice “legal”, utiliza al mismo tiempo los sangrientos servicios de una guerrilla, como es el caso del PCC, hará desafortunadamente jurisprudencia: ninguno de los jefes de Estado que sucederán a Valencia osará superar esa ceguera. Veintisiete años después, por ejemplo, un presidente liberal, César Gaviria, luego de la masacre de Orito, perpetrada por las FARC, declara el estado de conmoción interior pero rechaza toda idea de prohibir la propaganda comunista. Según él, ello equivaldría a “afectar el derecho a la información[440]”. César Gaviria constata, es verdad, que el PCC, que sobresale por sus críticas al Gobierno, “no tiene energía alguna para condenar la barbarie de la guerrilla”. Empero, para César Gaviria, ese partido es intocable pues hace parte de la “izquierda democrática[441]”.

En cuanto a los secuestros y asesinatos cometidos en la época del presidente Guillermo León Valencia, ellos aumentan la presión psicológica y moral sobre las fuerzas del orden. Parlamentarios piden cuentas al ministro de Guerra sobre la conducción de las operaciones. El Ejército tiene verdaderas dificultades: carece de recursos y resulta incapaz de poner en línea de combate a las fuerzas indispensables para encarar todas sus tareas. Para un país con dos veces la superficie de Francia, el Ejército de 1965 sólo cuenta con 30.000 hombres, con una buena parte de ellos adscritos a la administración militar. Lo que le hace falta al Ejército no es material liviano sino dinero para poder reclutar suficientes hombres para hacer un “cuadriculado” eficaz del territorio nacional. Ello obliga al Ejército a responder caso por caso a las ofensivas de los grupos armados, como a la matanza de Simacota y, a continuación, la de Inzá. Peor, la situación financiera del país no es buena. Y eso se ve en la insuficiencia del presupuesto asignado al Ejército, que absorbe, con la Policía, cerca del 47 % del magro presupuesto total del país[442]. Las condiciones son especialmente difíciles en los Llanos, donde el Ejército debe supervisar vastos territorios con puestos militares (o de policía) restringidos, sin hablar de las regiones tropicales y selváticas que no permiten la utilización de helicópteros. ¿Cómo hacer? Un paliativo es armar a los campesinos o formar grupos de autodefensa. Pero todos los responsables ven que esa solución conlleva riesgos: el desarrollo de abusos de parte de ciertos exaltados o la transferencia de armas a los bandoleros.

Los militares constatan también que los recientes secuestros desempeñaron un papel distinto a la simple extorsión de fondos: con los raptos los guerrilleros intentan distraer al Ejército de las operaciones que prosigue. Es el caso, por ejemplo, del secuestro de Harold Éder: la persecución de Tirofijo debió ser abandonada para poder dedicar suficiente personal a la búsqueda de la víctima. En el caso de Oliverio Lara no fueron abandonadas las operaciones en El Pato ya que el departamento del Caquetá, donde ocurrió el secuestro, no permite utilizar unidades importantes. El terreno, muy montañoso, cubierto con bosques vírgenes, con ríos y ciénagas, es impracticable, salvo para las tropas livianas, a pie o a caballo.

Un día el general Rubiano Groot, secretario general del Ministerio de Guerra, en una reunión privada con Jacques Thomas, encargado de negocios de Francia en Colombia, indica, con amargura, que las poblaciones locales, atemorizadas por los bandidos, proporcionan poca información a los militares. “Él admitió también que esas poblaciones son indoctrinadas seriamente por las formaciones políticas progresistas y que, incluso, son organizadas en numerosas regiones bajo la forma de una especie de milicia la cual dispone de armas, aunque no las utiliza sino en el momento elegido por sus dirigentes”, indica el diplomático. Escribe igualmente que “toda esa organización tendría complicidades entre los políticos” y que hay parlamentarios que no dudan “en acosar al ministro de Guerra, quien debe perder su tiempo yendo a debates en la Cámara de Representantes, mientras que a menudo ésta no llega a reunir el quorum, mientras que, en verdad, el general Gabriel Revéiz Pizarro tiene asuntos mucho más serios que atender”.

De esa conversación Jacques Thomas saca conclusiones bastante pesimistas sobre la situación en Colombia. “Si los jefes militares tienen la impresión de estar desbordados, acosados y no poder enfrentar con eficacia al movimiento subversivo que amenaza al régimen, es que realmente la situación debe ser bastante grave. Es cierto que las luchas políticas, incluso entre partidos del Frente Nacional, oscurecen el panorama colombiano e inquietan a los jefes del Ejército los cuales, preocupados por esas cuestiones, son quizá impedidos para proseguir con vigor la represión del bandolerismo, sea cual sea su origen[443]”.

En ese contexto difícil, los representantes de las fuerzas económicas y sociales de la nación piden ser recibidos por el presidente Valencia. La reunión se realiza el 11 de mayo de 1965. Ellos se pronuncian contra las intrigas políticas susceptibles de destruir el Frente Nacional y las instituciones democráticas. Suplican al jefe de Estado “agotar los recursos de su inteligencia y de su patriotismo para reunir las buenas voluntades y salvar con ellas el país”. Una semana después, la agitación contra la acción norteamericana en Santo Domingo estalla violentamente en Colombia. Los estudiantes de Bogotá, Medellin y Cartagena se rebelan. En Bogotá, bloquean las vías de acceso al aeropuerto y ocupan las cadenas de radio. Apedrean teatros, cines, almacenes y casas. Una camioneta de la Policía es incendiada. Hay una veintena de heridos en los dos bandos. Un estudiante muere. Activistas hacen estallar dos bombas en una central de Telecom, lo que paraliza las comunicaciones con el extranjero durante algunas horas. El Gobierno decreta el estado de sitio. La situación económica sigue siendo confusa. El peso sigue debilitándose. El desempleo y la inflación de precios se aceleran. Algunas sociedades importantes, vinculadas a casos de especulación, son multadas. El 3 de agosto de 1965 un atentado dinamitero dentro del Ministerio de Guerra deja un muerto y varios heridos. Dos individuos son detenidos. El país está perplejo. Cinco días después, los círculos diplomáticos se enteran de que una tentativa de revolución comunista en el Tolima había sido frustrada y que se habían adoptado importantes medidas de seguridad. La prensa guarda silencio al respecto, pero el presidente Valencia no se priva de ser locuaz a ese respecto en sus entrevistas con las personalidades colombianas y extranjeras que él había visto la víspera[444].

El Gobierno crea una comisión de alto nivel que debe viajar a Washington para discutir sobre las dificultades colombianas, pues entre Bogotá y la Casa Blanca hay también tensiones. A finales de septiembre de 1965, durante la inauguración del primer “tren de suministros baratos”, lanzado por las autoridades[445], el presidente Valencia lanza un grito de alarma. Atribuye al gobierno norteamericano la responsabilidad de las dificultades económicas del país. “Se nos paga el café a muy bajo precio, mientras que compramos muy caro los productos manufacturados de los Estados Unidos, que es precisamente nuestro principal comprador de café. Y como si eso no bastara, este año, violando el Tratado de Punta del Este, Washington nos suspendió repentinamente, sin motivos y completamente, la ayuda extranjera, lo que originó precisamente el desequilibrio de nuestra balanza comercial”. Poco tiempo después, el apaciguamiento entre los dos países llega por fin, o casi, pues tras el anuncio de Bogotá en el sentido de que la ayuda en cuestión será restablecida, el Congreso colombiano, durante una movida sesión, donde los representantes del MRL desempeñan un papel principal, condena por unanimidad la resolución de la Cámara de Representantes norteamericana que declara el derecho de intervención unilateral en América Latina. El texto de la moción expresaba “el asombro del Parlamento colombiano ante el regreso de los abusos del imperialismo yanqui y de la política del gran garrote”. Después de haber reafirmado su adhesión al principio de la no intervención, ese papel pedía la convocatoria de una reunión extraordinaria del Parlamento Latinoamericano con el fin de definir conjuntamente la posición del continente ante esa doctrina. Durante el debate, un senador ataca a Thomas Mann, el secretario de Estado para los Asuntos Interamericanos, diciendo que éste último había declarado hacía tres meses que “ante el peligro de una revolución en Colombia, los Estados Unidos enviarían 200.000 marines a los cuatro puntos cardinales del país”. Según el senador, es el Ejército colombiano que debería llevar a cabo la lucha antiguerrilla. Todos esos sobresaltos no impedirán el derrumbe paulatino de las otras “repúblicas independientes” —⁠Riochiquito, Sumapaz, El Davis II, Viotá y Guayabero—, bajo el impulso del Plan Lazo, concebido y dirigido por el general Alberto Ruiz Novoa (quien deberá dimitir a finales de enero de 1965 bajo la acusación de tener ambiciones políticas). Todos los enclaves rojos caen, sucesivamente, hasta septiembre de 1965. En un Viotá sin guerrillas, los campesinos forman “ligas campesinas”, bajo el control del PCC. Gracias a la ayuda de Washington, el Plan Lazo es reforzado con seis nuevos helicópteros, cuatro aviones militares y un programa de entrenamiento de comandos antiguerrilla. Para desacreditar la acción del Gobierno, la propaganda opositora cambia la denominación “lazo” por el nombre falaz de “laso” para dar a entender que el plan del general Ruiz Novoa había sido inventado por otros bajo el nombre de “Latin American security operation”. Pese a todo, el Ejército desarrolla también una amplia labor “cívico-militar”, en esos territorios con la ayuda de varios ministerios (Agricultura, Salud, Obras Públicas y Educación Nacional), y crea una compañía de aviación, Satena, para unir los puntos lejanos del país con la capital[446].

En todo caso, la participación de instructores extranjeros será real pero de parte de los responsables de la guerra subversiva. En efecto, el Ejército abate en diciembre a uno de los guías de los cineastas franceses Jean-Pierre Sergent y Bruno Muel, venidos a Colombia a hacer un reportaje sobre Riochiquito, donde operaba el Comandante Ciro. El muerto es un hombre de 24 años, originario de Alemania del Este que había tomado, según la declaración de su padre, cursos de formación política y militar[447]. Sargent y Muel habían llegado a Bogotá el 9 de agosto para filmar, según dijeron, “a las tribus indígenas”. Era una mentira. Orientados por Nelson Robles y Nicolás Buenaventura, dos comunistas notables, penetran en una zona de guerrilla en medio de combates, sin la autorización de los militares. En septiembre, sus amigos de París gritan que ellos habían sido “detenidos” por el Ejército. Falso. El 18 de octubre de 1965, los franceses reaparecen en Bogotá, sanos y salvos. Interrogados en presencia de un diplomático francés, dicen haber “perdido” su equipo y su material cinematográfico durante una marcha de 25 días a través de la selva virgen. Los servicios de inteligencia examinan dos de las películas que habían sido decomisadas antes de devolvérselas. El 23 de octubre regresan a París[448].

A pesar de los esfuerzos del Ejército, la guerrilla comunista prosigue su organización. El Partido Comunista de la URSS saluda el X Congreso del PCC, celebrado en enero de 1966, en un artículo publicado por Pravda ese 2 de febrero. En seguida, entre el 25 de abril y el 5 de mayo, 350 personas, según la propaganda de los interesados, asisten a la segunda conferencia nacional guerrillera, la cual decide la formación de un Ejército: ése será el acto constitutivo oficial de las FARC. Esa organización, que en adelante será puesta bajo las órdenes de Tirofijo, miembro del comité central del PCC[449], había sido fundada, realmente, mucho antes: en mayo de 1964, pero en secreto, según las prácticas soviéticas. El X Congreso del PCC no había hecho más que ratificar esa línea declarando que la guerrilla bajo su control se propone como objetivo superior “la toma del poder por las fuerzas populares y patrióticas” y que “la lucha armada popular será la forma principal y el factor decisivo para la toma del poder por el pueblo[450]”, Para subrayar que esas palabras son seguidas de efecto, y para calmar las críticas de La Habana, los hombres de Tirofijo y Ciro Trujillo Castaño tienden una emboscada a una patrulla del Ejército el 21 de agosto de 1966. Durante ese combate matan a 15 militares, incluidos un capitán y un teniente. El liberal Carlos Lleras Restrepo, elegido en mayo y entronizado como nuevo presidente de la República quince días atrás, firma el 26 de agosto tres decretos de orden público destinados a “frustrar las disposiciones de la Conferencia Tricontinental de La Habana[451]”. Según un comunicado de la VI Brigada de Neiva, esa emboscada se había perpetrado en el departamento del Huila, en la cordillera Oriental y al límite de los Llanos, en el territorio de El Pato, que se consideraba como pacificado desde comienzos del año. Tirofijo y Ciro Trujillo Castaño habían sufrido un cerco del Ejército en septiembre de 1965 y no habían podido realizar acciones de envergadura desde su fracaso en la región de Marquetalia.

ATENTADO CONTRA EL CENTRO COLOMBO AMERICANO

La acción revolucionaria de los jefes de Tirofijo no eximía a las grandes ciudades. El 4 de agosto de 1966, una bomba de gran potencia estalla en el edificio del Centro Colombo Americano de Bogotá. Mata cuatro personas y deja numerosos heridos, incluidos cuatro estudiantes quienes son hospitalizados en estado grave. Un ciudadano norteamericano, Robert Emerty, profesor de inglés, figura entre los muertos. Otra víctima es Fernando Sáenz, un colombiano, conocido autor dramático, que preparaba con alumnos del Centro una obra teatral. La bomba había sido dejada en un baño. En el momento de la explosión, tres mil estudiantes asistían a los cursos. Varias salas fueron destruidas completamente[452]. El Centro Cultural Colombo-Americano es una institución oficial norteamericana. El edificio era de reciente construcción y muy moderno. A pocos metros, en la misma avenida, el nuevo edificio de la Alianza Colombo-Francesa estaba en construcción, pero no sufrió daños. En sucesivas ocasiones, el Centro Colombo Americano había sido blanco de los extremistas. El corolario de cada manifestación “antiimperialista” que se producía en Bogotá era la rotura de los cristales del antiguo edificio del CCA. La investigación policial revelará que algunos miembros del Partido Comunista habían perpetrado el atentado, para vengarse, parece, de una reciente acción militar en la cual habían perecido cuatro guerrilleros en el departamento del Tolima. Numerosas armas, municiones, así como equipos de radio y material de propaganda habían sido decomisados. Sin demora, las autoridades capturan a siete dirigentes comunistas en Bogotá. Entre ellos se encuentran Jesús Villegas, secretario del comité central del PCC, y Carlos Romero, secretario general de las “juventudes comunistas”, así como Celmira Cruz, líder de las “mujeres demócratas”, y un militante de base, Alfredo Quintero Chica. El 8, 9 y 12 de agosto de 1966, L’Humanité publica los despachos de la agencia soviética Tass donde se habla de “detenciones arbitrarias” y de la protesta “indignada” del PCC que exige la “liberación inmediata de los dirigentes detenidos”. Inútil sería buscar en esas páginas una sola explicación del porqué de esas detenciones y aún menos una sola palabra sobre el atentado terrorista que había costado la vida a cuatro personas en Bogotá. No engañados respecto de lo que ocurre, Le Monde y la AFP harán evidentemente la conexión entre los dos hechos[453].

Para contrarrestar la ofensiva en el sur del país, el Ejército organiza una operación de envergadura. La VI Brigada es movilizada en su totalidad. Rodea la región de El Pato y bombardea violentamente los campamentos rebeldes. Los documentos encontrados en un escondrijo de los rebeldes revelan que una reunión de bandoleros “al más alto nivel” se había realizado en una finca denominada La Francia, cerca de Bogotá[454]. Según esos papeles, Tirofijo, Ciro Trujillo, Jacobo Arenas y Vicente Páez habían sido designados como integrantes del estado mayor de la nueva organización. Un comunicado publicado al final de la reunión concluye en estos términos: “El grupo de guerrilla del bloque sur se constituyó en una unidad denominada Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la cual emprenderá una nueva etapa en la lucha por la unificación de todos los revolucionarios de nuestro país, dirigidos por un solo estado mayor, para seguir la lucha como fuerzas unificadas a nivel nacional[455]”. Un análisis sumario de ese texto permite entrever dos cosas. Primero: que los términos empleados recuerdan extrañamente el mensaje del Partido Comunista de la URSS publicado por Pravda donde se vaticina el “refuerzo de la lucha”, “la unión de todas las fuerzas” y la apertura de una “nueva etapa”. Los cipayos de Moscú, en efecto, ejecutaban así, a la letra, las instrucciones del Kremlin. En segundo lugar, que las FARC surgen con una misión y una ambición de hegemonía: ellas quieren “unificar a todos los revolucionarios” y constituirse en su “solo estado mayor”. Ella nunca alcanzará ese objetivo, lo que constituye su segundo gran fracaso después del contratiempo de Marquetalia.

La guerrilla colombiana, su prensa y la prensa moscovita, toda esa gente, hacen eso abiertamente, sin preocuparse en lo más mínimo de las consecuencias que ello pueda tener sobre el estatuto jurídico del PCC. La prueba: Manlio Lafont, miembro del comité central del PCC y director del semanario Voz Proletaria, expone en Radio Habana el nuevo plan de la guerrilla en Colombia[456]. Sus declaraciones son interesantes ya que muestran de manera transparente la amplitud y la agresividad de las ambiciones de Leonid Brezhnev y de Fidel Castro frente a Colombia. Según Lafont, quien toma las aspiraciones de su partido como realidades patentes, las FARC ganarán cada día una mayor influencia y vigor, después de haber reunido en su seno a “todos” los movimientos dispersos. Esa cohesión y la unidad de mando de los grupos que operan en las cordilleras Central y Occidental no dejarán de tener una repercusión sobre las operaciones que se llevan a cabo allí. Lafont añade que seis grupos de guerrilla, que corresponden a las antiguas tropas dispersas de las FARC, del ELN y otras tendencias políticas, estarían ahora bajo una única dirección. Por supuesto, la lucha sería aún “larga”, pero gracias al apoyo de los campesinos, esas Fuerzas Armadas, que no serán ya de bandoleros, sino, según el jefe comunista, un “verdadero Ejército de patriotas”, va hacia el éxito. Lafont concluye calificando al Ejército colombiano de, “mercenario de los norteamericanos”, antes de precisar que una vez obtenida su liquidación, “será necesario que las FARC se opongan a las fuerzas de ocupación de los Estados Unidos”. En ese momento, “la solidaridad cubana será necesaria para Colombia”. Para resumir, Lafont había ya previsto hasta la futura invasión de tropas cubanas en territorio colombiano.

Durante una segunda emisión de Radio Habana, Manlio Lafont hace el elogio del “trabajo político” efectuado por las FARC en las zonas rurales, en las ciudades y universidades. Indica que los estudiantes son los principales aliados de los revolucionarios y constituyen incluso su punta de lanza. Dice que ellos no se limitan a hacer huelgas y agitación urbana con el fin de distraer al Ejército de las operaciones antiguerrilla, sino que se lanzan también durante verdaderos períodos a refriegas con disciplina combatiente. El agitador comunista se queja a continuación de que los obreros colombianos no habían logrado todavía cooperar suficientemente con las fuerzas revolucionarias. Pero, concluye, se está haciendo todo para que la clase obrera ayude a los campesinos en su “obra de emancipación”.

Comentando las revelaciones de Lafont, el embajador francés Robert Valeur escribe: “El señor Lafont toma obviamente sus deseos por realidades ya que toda nuestra información indica que la violencia sólo es esporádica y que en cualquier caso el campesino colombiano está muy poco politizado. No se puede excluir por otra parte que las Fuerzas Armadas colombianas explotarán la masacre del 21 de agosto para hacerse dar los créditos necesarios para una acción militar importante, o para permitir al presidente Lleras, quien no desearía mantener el estado de sitio actual, obtener poderes extraordinarios[457]”.

En cuanto a la idea de la toma del poder por los “revolucionarios”, ésta será relegada transitoriamente para dos años más tarde, pues Colombia va a restablecer en 1968 las relaciones diplomáticas con la URSS y las FARC reciben instrucciones de Moscú de disminuir sus actividades. Sin embargo, para evitar la acusación de los castristas de ser un reformista, Gilberto Vieira rechaza, el 30 de noviembre de 1966, en una entrevista concedida a la agencia soviética Novosti, las alegaciones publicadas por la prensa francesa según las cuales el PCC podría modificar su actitud frente a las guerrillas si el nuevo gobierno colombiano establece relaciones comerciales con los regímenes de Europa del Este. Lo que no le había impedido a Vieira decir, en mayo, en Radio Balmaceda de Chile, que el PCC no tenía vínculo alguno con la acción de las guerrillas y que las guerrillas de Colombia no seguían las directivas de la conferencia Tricontinental de La Habana[458].

El nuevo presidente de la República, Carlos Lleras Restrepo[459], a pesar de la ofensiva terrorista, era partidario de restablecer las relaciones diplomáticas con la URSS. Creía poder encontrar allí nuevos mercados para las empresas colombianas. Sabía probablemente que con ello corría el riesgo de dar nuevas oportunidades a la subversión[460], pero para él el criterio económico primaba sobre todo lo demás. En una entrevista concedida a Novosti antes de los comicios, había dicho que comprendía perfectamente que “la ausencia de relaciones con los países socialistas no impide que haya comunismo en Colombia”. Obsesionado por el riesgo de un fracaso electoral ante el candidato rival del movimiento populista Anapo, Lleras hará una campaña de centro-izquierda con acentos nacionalistas: “No podemos ver con buenos ojos el paso de empresas colombianas a manos de propietarios extranjeros”, dice un día. Al día siguiente, acusa a los inversionistas norteamericanos de comprar las empresas colombianas aprovechando las devaluaciones, ya que una determinada acción “que valía 4,70 dólares en 1957 no vale ahora sino 70 centavos de dólar”. Lamenta también que la industria alimentaria colombiana esté en manos de norteamericanos. “¿Es necesario que tengamos que llegar al punto donde no tendríamos que elegir sino entre el colonialismo económico del capitalismo occidental o, lo que sería mucho peor, una influencia total de los países del Este, como en Cuba[461]?”.

Con todo, él no desespera. Lleras sigue persuadido de que Colombia, país potencialmente rico y con un capital humano que se mejora rápidamente, puede desarrollarse con la ayuda material norteamericana pero que esa ayuda debe permanecer dentro de los “límites razonables”. Lleras es un excelente economista que va a reformar y a redinamizar la economía colombiana y a modernizar el aparato del Estado. Pero ante Moscú y sus países satélites él tiene, como gran cantidad de liberales, una visión ingenua. No ve el carácter perverso de ese sistema, ni el peligro que sus agentes le hacen correr a Colombia. Para Lleras Restrepo, los países socialistas “tienen el derecho de dar a conocer sus realizaciones y de afirmar que su sistema es el mejor, exactamente como hacen los Estados Unidos de América”. Las veleidades de Carlos Lleras preocupaban a los norteamericanos, pero ellos sabían que él estaba lejos de ser un aventurero y aún menos de ser un populista[462].

5.

Adaptarse a la línea Khrushchev

Para examinar las vicisitudes de la reconstrucción del comunismo colombiano bajo la tenaz presión del castrismo triunfante en Cuba es necesario regresar al año 1956. En ese momento, como hemos visto, varios núcleos guerrilleros estaban en plena descomposición política y viraban hacia el bandolerismo. Pese a ello, el PCC había logrado mantener cierta influencia política sobre los de Sumapaz y Tolima y organiza con ellos guerrillas comunistas. La coyuntura internacional era propicia a operaciones de ese alcance: la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la URSS se intensificaba y la línea soviética para América Latina, según las instrucciones del Kominform, era ahora la del “frente común antiimperialista, dirigido contra los gobiernos nacionales de América Latina y los Estados Unidos[463]”. Es precisamente en 1954 que el régimen dictatorial del general Gustavo Rojas Pinilla declara ilegal al PCC.

El XX congreso del PC soviético, en 1956, el primero después de la muerte de Stalin, va a desencadenar un doble sismo en las filas del PC colombiano. El informe “secreto” de Nikita Khrushchev sobre el régimen abominable y los crímenes de Stalin hunde en la estupefacción a los delegados. De regreso a Bogotá, el invitado colombiano Gilberto Vieira tendrá dificultades para hacer tragar a sus camaradas todo lo que había aprendido en Moscú. En el folleto de propaganda que el comité central del PCC publica más tarde[464], la dirección del PCC pretende restarle importancia a las convulsiones generadas en Moscú por el informe de Khrushchev acusando a “la prensa capitalista del mundo” de haber hecho una “escandalosa publicidad tergiversada” del mismo. Para Vieira, las fechorías descritas por el nuevo líder del Kremlin eran únicamente “errores” del camarada Stalin “en la última parte de su vida”. Para los cipayos colombianos, el informe Khrushchev no era la demostración de la quiebra total de un sistema criminal. Nada de eso. Era precisamente su contrario: la “prueba indudable de que la democracia socialista ha llegado a su pleno florecimiento en la Unión Soviética”. El Informe Khrushchev no será conocido ni por los militantes comunistas ni por la opinión pública colombiana. Ninguna traducción será tolerada en las librerías del PCC[465] En cuanto al culto de la personalidad en sus propias filas, ningún problema, ya que en el PCC hay “largos antecedentes positivos” de lucha contra el “caudillismo heredado del socialismo revolucionario” y el PCC supo “poner en su puesto a los fracasados aspirantes al papel de caudillos”. En eso, la dirección del PCC no hacía otra cosa que copiar a Maurice Thorez para quien el culto de la personalidad tampoco había existido jamás en su partido[466].

La otra papa caliente será la nueva línea política enunciada por Khrushchev. Según éste, de ahora en adelante era posible “realizar la revolución socialista por la vía pacífica”. Esta orientación siembra el desorden en el PCC, ya que esa formación estaba en plena clandestinidad y seguía una línea de oposición violenta y de lucha armada contra el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla quien veía como una grave amenaza la proliferación de las zonas ilegales bajo control de los comunistas.

Hacia la reconstrucción legal del partido

Para adaptarse a la nueva línea del Kremlin, la nomenklatura dirigida por Gilberto Vieira da al parecer un nuevo giro y decreta una “lucha contra la psicología guerrillerista”. En realidad, esa orientación pretende únicamente aumentar el control político comunista sobre las guerrillas de Sumapaz y sur del Tolima. Y como se podía esperar, el choque entre la nueva directiva moscovita y la realidad colombiana es grande y poco faltó para que el PCC rompiera la disciplina exigida por el Kremlin. En una resolución, el PCC declara que la “revolución colombiana no tendrá ni el camino chino ni el camino ruso ni el camino de otra revolución específica cualquiera”. Pero no hay que equivocarse. Esa perorata autonomista es rápidamente edulcorada pues en el PCC nadie tiene el temple de un Josip Broz Tito. El comité central hace enfriar los ardores extremistas y se inclina diciendo finalmente, en el más perfecto lenguaje estereotipado estalinista, que “el movimiento revolucionario mundial” y “el marxismo leninismo” son “el único derrotero capaz de guiarnos a la victoria[467]”. La lucha armada puede pues seguir en vigencia en Colombia y con el aval de Moscú.

Esa situación de docilidad frente a Moscú los lleva a hacer nuevas contorsiones. En 1958, el PCC apoya la candidatura de Alberto Lleras Camargo, líder del Partido Liberal, el mismo que había reprimido las maniobras subversivas de los comunistas en Viotá, donde sesiona de vez en cuando el estado mayor de las guerrillas[468]. Tal giro sólo era aparente, ya que sus esfuerzos para desarrollar la lucha armada continúan. Ese engaño continúa, así como las tentativas para explotar las posibilidades de la actividad legal. Entre el 7 y el 15 de diciembre de 1958, el PCC realiza en Bogotá su octavo congreso donde hace aprobar la declaración de los 12 partidos del “campo socialista”, texto difundido un año atrás, y que es presentado como el “nuevo programa” para “todo el movimiento comunista mundial”. Aprueba varias resoluciones. Entre ellas, la resolución política cuyo punto principal es la “reconstrucción legal del PCC en todo el país”. Otro punto, hecho rarísimo, concierne a la “defensa de los precios del café, mediante relaciones normales con la Unión Soviética y demás países dispuestos a pagar nuestro grano a base de trueque equitativo por equipos industriales, maquinaria, vehículos automotores, etc”. Es la primera vez que un congreso del PCC lanza consignas así de precisas para desestabilizar y poner en peligro las exportaciones de café, espina dorsal de la economía colombiana. ¿Por qué?

La explicación es que una vez disuelto el Kominform, en abril de 1956, Nikita Khrushchev se daba a la tarea de ejercer presión sobre los países del Tercer Mundo a través de una línea específica diseñada para los llamados “Estados de democracia nacional”: la coexistencia pacífica y la competencia económica a partir de los niveles alcanzados por la URSS. La propuesta del PCC, de utilizar el café colombiano como moneda de intercambio con Moscú y de desviar el grano colombiano de los mercados americano y europeo, era la traducción que el PCC hacía de la nueva política de la URSS. Ésta tenía que encontrar realmente mercados en América Latina no para hacer en verdad comercio multilateral sino para encontrar brechas e incluso puertas para completar la penetración del continente. Y para eso nada era más útil que las relaciones y los intercambios comerciales y culturales. El PCC, por su parte, ponía de manifiesto, una vez más, que su prioridad no era la defensa de los intereses de los trabajadores colombianos sino los de la nomenklatura del Kremlin. Esa línea sobre el café no tuvo más que un efecto indicativo ya que los comunistas distaban mucho de poder ejercer una influencia sobre la federación de los productores de café colombiano. Pero sí sirvió, a pesar de todo, para hacer de Colombia un mercado relativo para algunas exportaciones soviéticas. Camperos y trolleys-buses rusos, trocados por toneladas de café, llegarán a Colombia. Pero esos robustos vehículos devendrán rápidamente vetustos a causa del mediocre servicio posventa soviético y de una falta crónica de repuestos. Lo que no impedirá a un grupo de apparatchiks colombianos extraer sustanciales beneficios. El verdadero ganador será, al final, Moscú, como se verá más tarde.

En noviembre de 1957, nuevo acontecimiento: una conferencia de partidos comunistas se reúne en Moscú. El jefe de la delegación china, Mao Tse-tung, crea la sorpresa al interpretar el avance soviético en el ámbito balístico como una superioridad general del “campo socialista” sobre “el imperialismo”. Él saca la conclusión de que ahora “el viento del este triunfa sobre el viento de oeste”. Más precisamente, que es necesario estrechar las filas alrededor de la URSS e imponer un retroceso “al imperialismo”. Esa idea va a convertirse en el fundamento teórico de la oposición china a la política soviética de coexistencia pacífica y de la ruptura posterior entre Pekín y Moscú. En consecuencia, las relaciones chino-soviéticas se deterioran en 1959 cuando se hace palpable que Khrushchev busca en realidad un modus vivendi con “el imperialismo”. A los ojos de los dirigentes de Pekín, la distensión soviético-norteamericana no podía hacerse sino “contra los intereses de la China[469]” Ello producirá a su vez una grave ruptura en la cúspide del PC colombiano. En 1964, un frente maoísta cristaliza, bajo la dirección de dos cuadros del PCC: Pedro Vásquez Rendón y Pedro León Arboleda. En el espacio de algunos meses ellos crean un nuevo grupo armado, el Ejército Popular de Liberación. (Ver el capítulo sobre el EPL).

El triunfo de los rebeldes cubanos en 1959 toma igualmente por sorpresa a la dirección de Vieira y va a reforzar las ilusiones de los militantes del PCC en la posibilidad de una victoria de la guerrilla sobre el Ejército colombiano. Seducidos por la propaganda castrista, cientos de jóvenes toman las armas y se hacen matar en confrontaciones contra el Ejército y la Policía. El PCC, que conduce una política de doble filo, pues sostiene a veces las guerrillas al mismo tiempo que parece dedicado al trabajo del “frente democrático” con algunas fracciones liberales, no logra superar sus dificultades internas ni responder eficazmente al reto castrista. Tiene dificultad sobre todo para ubicarse ante la sociedad civil. La Habana, por su parte, hace todo lo que está a su alcance para exportar su modelo, lo que implica, entre otras cosas, desencadenar vivas diatribas contra los partidos comunistas latinoamericanos, considerados por ella como “reformistas” y “conciliadores”.

Grupos a la izquierda del PCC surgen en algunas localidades. Uno de ellos es el FUAR (Frente Unido de Acción Revolucionaria), fundado en 1962. “Todo hace creer que hay importantes disensiones dentro (del PCC), que sus actividades son más bien locales y con escasa coordinación; al mismo tiempo está bajo los ataques de los castristas, quienes fundan el FUAR en oposición a los comunistas”, constata W. O. Galbraith[470]. El analista británico añade que el FUAR “está formado enteramente por intelectuales y que aunque no sea importante a nivel nacional, contribuye a exacerbar la polémica dentro del Partido Comunista”.

El otro grupo “castrista” del mismo período es el dirigido por dos intelectuales poco inclinados al uso de las armas, y a las aventuras selváticas. Estanislao Zuleta y Mario Arrubla bautizan su organización como Partido Socialista Revolucionario (PSR) en homenaje a María Cano. Estanislao Zuleta, un profesor de la Universidad Libre de Bogotá, y sus amigos, se lanzan a la elaboración de un trabajo teórico de cuestionamiento de los viejos esquemas del PCC sobre la formación social colombiana y sobre el “carácter de la revolución” (socialista según ellos, democrática según los estalinistas). Redactados bajo los lejanos auspicios del marxista belga Ernest Mandel, dirigente de la IV Internacional, esos trabajos serán retomados algunos años más tarde por los primeros grupos trotskistas colombianos. Sin embargo, después de la publicación de algunos textos[471], el “PSR de Zuleta” se disuelve sin pena ni gloria.

Los proyectos insurreccionales de Fidel Castro en Venezuela, después de la ruptura de las relaciones diplomáticas entre los dos países, en noviembre de 1961, y la ola terrorista que afecta a Venezuela, van a tener también un impacto en Colombia, sobre todo a partir de 1962, ya que la fundación de un “frente de liberación nacional” en Venezuela y la ola de atentados que éste desencadena contaminan a Colombia. Una nota confidencial, elaborada por un experto (anónimo) de la Embajada de Francia en Bogotá, fechada el 7 de agosto de 1963, describe una situación bastante preocupante: “Hay intercambios frecuentes, sobre la frontera, entre terroristas de los dos países. Se constató recientemente un éxodo de comunistas colombianos hacia las ciudades fronterizas próximas a Venezuela, para facilitar los contactos. Han hecho explotar recientemente oleoductos, para hacer como en Venezuela. Confeccionan las mismas bombas. Se creó [en Colombia] un frente de liberación nacional como en Venezuela. El Gobierno colombiano tiene pruebas de la colusión entre terroristas de los dos países. […] El castrismo es fuerte en Colombia. Castro se interesa mucho por Colombia ya que espera que gracias a la antigüedad de las guerrillas pueda ser posible vencer. Muchos comunistas colombianos van a Cuba y vuelven después de ser adoctrinados. Muchos de ellos son puestos en seguida a la cabeza de los grupos terroristas. La Policía tiene numerosas pruebas a este respecto y en cada ciudad de Colombia existe un comité de solidaridad con el pueblo venezolano (desde hace tres meses)”.

La “solidaridad” practicada con “el pueblo” del país vecino es francamente sucia: es la matanza de colombianos, la manipulación de los peores psicópatas para masacrar inocentes y sembrar el terror por todas partes y forzar a la población a unirse a los violentos. Sólo en 1962 los guerrilleros cometerán 2.270 asesinatos[472]. En 1963, la barbarie continúa. El 5 de agosto, por ejemplo, una banda comunista, bajo la dirección de su jefe, Desquite, mata a 42 personas en Marquetalia. Para cumplir las órdenes venidas del extranjero, los comunistas emplean a menudo dos métodos: azuzan a los bandidos bajo su influencia directa, como a Desquite, para que perpetren masacres, o disfrazan a sus hombres para hacer acusar a otros. La nota confidencial francesa describe este segundo método así: “El PC sabe muy hábilmente hacer recaer la responsabilidad de las violencias sobre los conservadores y los liberales, quienes crearon efectivamente la violencia hace 15 años en sus arreglos de cuentas, pero ellos están actualmente fuera de eso. El PC disfraza a los terroristas con uniformes del Ejército y la población del campo atribuye a menudo los males que sufre a los militares”.

Para tener éxito en operaciones de diversión semejantes es necesario disponer de un aparato de propaganda hábil. Es el caso del PCC, que cuenta con sus órganos y con el periódico Voz de la Democracia, entre otras. En cuanto a la organización clandestina del PC ésta se desarrolla bien. “Es quizá más perfecta que la de Caracas. Numerosas organizaciones paralelas, las más militarizadas, [son] para proteger el partido en caso de represión”, constata la nota confidencial francesa citada, la cual añade otros detalles de las actividades “de solidaridad” con el “pueblo” venezolano: “Las armas vienen de Checoslovaquia, incluso de los Estados Unidos. Es muy difícil impedir la entrada de esas armas. Colombia está rodeada por el mar, por la selva, la alta montaña imposible de supervisar. Gran contrabando sobre la costa pacífica. Llegadas de avionetas cargadas de armas procedentes de Panamá. Fronteras de Venezuela y Brasil difíciles de supervisar. El puerto amazónico de Leticia, en la frontera con Brasil, hace un contrabando activo, así como la península de la Guajira sobre la costa atlántica. La frontera con Ecuador es muy permeable y tan montañosa que la vigilancia es imposible. Importante contrabando de armas en todos los aeropuertos: la Policía decomisa a menudo los cargamentos. Además, los comunistas fabrican armas individuales, bombas, etc. […] y los repuestos para las armas de guerra que vienen del extranjero”.

Lo que está ocurriendo es nada menos que la reorganización radical de los organismos de penetración castrista en Colombia. Esa actividad frenética seguirá a lo largo de los meses siguientes hasta la culminación de esa fase con un nuevo hecho de armas que pondrá en conocimiento del público la existencia de la nueva guerrilla dirigida por La Habana: el asalto de Simacota, el 7 de febrero de 1965. En cuanto al reacomodo de los aparatos de penetración castrista, ello se hará incluso con la participación inesperada de técnicos de la lucha armada revolucionaria procedentes de las estructuras del Frente de Liberación Nacional (FLN) argelino. Bertrand de la Sablière obtuvo ecos de eso gracias a fuentes colombianas oficiosas. En uno de sus informes enviados a París, indica que “los dirigentes comunistas colombianos, estrechando su afianza con numerosas cuadrillas de bandidos, han creado un vasto plan que comprende todo un sector de suministro de armas y hombres con campos de entrenamiento que van desde La Guajira, en el norte del país, donde se encontraban playas de desembarque, hasta el sur, pasando por los departamentos del Magdalena, Santander, Bogotá y el Tolima”. El diplomático francés añade que “campos de tránsito, montados sobre el modelo de los que había instalado el FLN argelino en Marruecos y Túnez, habrían sido diseminados al pie de la Sierra Nevada de Santa Marta, en la región petrolera de Barrancabermeja y en la de La Dorada, estableciendo así la conexión con los puntos neurálgicos habituales del Tolima y del Huila”, sin que las autoridades colombianas hayan podido impedir el paso de importantes elementos y la implantación de una red activa de contrabando de armas. Bertrand de la Sablière concluye su carta así: “Se hizo mención también, pero lo añado bajo toda reserva, que la ayuda sería dada por las autoridades nasserianas para la aplicación de este plan de acción comunista[473]”.

En la nota confidencial de uno de los servicios de la embajada francesa en Bogotá, fechada el 7 de agosto de 1963, se puede leer un excelente resumen de gran exactitud sobre el estado de las fuerzas del orden, un año antes del asalto rebelde contra Simacota. Esa nota describe las potencialidades de las Fuerzas Armadas pero también constata sus límites y el avance del trabajo de zapa de los comunistas destinado a paralizar la acción gubernamental. El informe se divide en cinco grandes temas: 1. la crisis económica y monetaria reciente que “afecta a las clases pobres y facilita la propaganda comunista”; 2. la multiplicación de los atentados; 3. el terrorismo castrista en Venezuela que “contamina a Colombia”; 4. el castrismo en Colombia: “Castro se interesa mucho ya que espera que gracias a la antigüedad de las guerrillas pueda ser posible vencer”; y 5. el Gobierno.

Se ve que la nota, muy precisa, había sido redactada bajo el impacto de la masacre del 5 de agosto de 1963 en Marquetalia, donde 42 personas fueron ultimadas por una banda comunista. El informe dice sin rodeos quién es el responsable: “Su jefe es un comunista conocido: Desquite”. Con respecto al Gobierno de Colombia, la nota indica que éste “no está malintencionado pero actúa poco: a) la Policía es eficaz, b) El Ejército comenzó un servicio cívicomilitar que ayuda a las poblaciones y hace la guerra política. Los resultados son alentadores, c) La justicia está infiltrada por el PC. Pide siempre pruebas para encausar. En consecuencia, la represión es casi imposible. La experiencia probó que el terrorismo retrocede cuando los jefes terroristas están en prisión, d) Cuando los comunistas son muy audaces el Gobierno se desorienta. Los comunistas atacaron al Ejército en Barrancabermeja, centro petrolero cerca de la frontera venezolana, eso bajo la influencia de los sindicatos controlados por el PC (sindicatos del petróleo). Reacción gubernamental muy escasa. Eso anima a los terroristas y debilita el prestigio del Ejército”.

La nota describe la amplitud de la infiltración castro-comunista en los sectores más variados: a) mayor penetración y cada vez más profunda en todos los medios intelectuales. La Universidad del Estado [sic] está en gran medida afectada, la radio, la televisión, ampliamente controladas. Gran infiltración en la prensa especialmente en el gran diario liberal El Espectador, b) Gran trabajo en los sindicatos, los partidos, donde los ‘compañeros de ruta’ son muy numerosos, c) Infiltración en progreso en varios ministerios; en particular, Educación Nacional, Guerra e incluso Justicia”. Al final, la nota preconiza que los gobiernos de Colombia y Venezuela hagan esfuerzos conjuntos contraía agresión extranjera: “Encontré aquí a todo el mundo muy ocupado por Venezuela. Se comprende que los rusos quieren intentar internacionalizar el asunto. De ahí los comités de solidaridad con el pueblo venezolano, los intercambios de país a país, la orquestación en distintos países. Se comprende también que si los dos gobiernos (Venezuela y Colombia) no se unen para una lucha severa contra el terrorismo, tendrán ambos graves desengaños”. Desgraciadamente, ni Caracas ni Bogotá prestarán oído a estos sabios consejos.

En los demás países latinoamericanos la violencia castrista, la cual aumentaba sus incursiones armadas, sobre todo después del asunto de los misiles nucleares rusos en Cuba, obtenía resultados desiguales e incluso negativos. En Argentina, República Dominicana, Ecuador, Guatemala y Venezuela, los partidos comunistas fueron ilegalizados. Invocando la amenaza revolucionaria cubana, los militares toman el poder. Primero en El Salvador, en 1961, después en Argentina, en 1962. Al año siguiente, es la cascada de putschs en República Dominicana, Ecuador, Guatemala y Honduras. En 1964 es el turno del Brasil. Finalmente, en 1965, una fuerza interamericana de paz, con el aval de la OEA, pone fin a la revuelta militar en la República Dominicana y obtiene la formación de un gobierno provisional que goza del apoyo de los partidos, lo que hace fracasar el intento castrista del coronel Francisco Caamaño Deñó, quien quería reinstalar en el poder a Juan Bosch.

Una fracción bien incómoda

En el X Congreso del PCC, reunido en enero de 1966 en el mayor aislamiento (162 delegados solamente[474]), una minoría que tenía por dirigente a Diego Montaña Cuéllar, subyugada por las sirenas castristas, expresa fuertemente sus diferencias. Montaña propone un cambio brutal en la política de alianzas: el PCC debe renunciar a su alianza con el MRL de Alfonso López Michelsen, y construir, en cambio, un frente “de clase contra clase” al lado de las guerrillas FARC y ELN. Esfuerzo perdido: Gilberto Vieira impone su línea y pide a todos los miembros y adherentes votar por el MRL. El objetivo es llegar, un día, a la formación de un gobierno “patriótico de liberación nacional[475]”, El congreso comunista envía también un “mensaje a los guerrilleros”, donde manifiesta su “admiración y respeto” por ellos e invita al pueblo a redoblar los esfuerzos contra el Gobierno. En Cali y Pereira los comunistas se presentan bajo la etiqueta “MRL del Pueblo”, así como en los departamentos de Vichada y Vaupés. En el Meta, Jesús Arango, hermano del ministro de Educación Nacional, estará en la lista del MRL. Dos semanas más tarde el Diario del Caribe, de Barranquilla, informa que la asociación internacional de “abogados demócratas”, organización comunista, había protestado contra el Gobierno colombiano por la supuesta detención de Diego Montaña Cuéllar, a su regreso de La Habana. Era una mentira. Montaña no había sido detenido. El Gobierno explica que él concede “a todos los ciudadanos el pleno ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución” y que el doctor Montaña “pudo entrar libremente a Colombia a pesar de que el Gobierno sabía que había participado en una conferencia [la Tricontinental] donde fueron impartidas instrucciones revolucionarias”.

El clima deletéreo vivido dentro de la dirección del PCC empeora. Las elecciones del 20 de marzo de 1966 son un fracaso para ella: ese grupo sólo obtiene 20.000 votos. Fracaso también para el MRL: ocho de sus candidatos más extremistas son vencidos. Los más moderados, los amigos de López Michelsen, son los elegidos. La alianza con los comunistas se había transformado en un peso muerto para el MRL que sólo obtiene 28 escaños en el Parlamento, frente a los 51 obtenidos por su rival, la Anapo (de los 294 escaños en total). Ello permitirá decir al antiguo manitú del PCC, Augusto Durán, expulsado en 1950, que el “mal llamado Partido Comunista Colombiano obtuvo menos votos que los conseguidos por él en los últimos 30 años”. Durán añade que el PCC “es despreciado por la clase obrera colombiana la cual comprendió que el PCC no es un partido obrero y que sus líderes trabajan contra los intereses del pueblo[476]”.

En cuanto a Diego Montaña Cuéllar, habría que decir que era el puro producto de un cierto intelectualismo de izquierda caído en la pasión marxistaleninista de los años treinta. Cultivado, abogado, gentlemanoide, espíritu independiente, Montaña se había fabricado un nombre como consejero político y jurídico de la USO, el sindicato de los trabajadores petroleros de Barrancabermeja, un bastión comunista desde los años veinte. Frente a Montaña, Gilberto Vieira se sentía a menudo incómodo, a la defensiva, ya que tenía en él un adversario de importancia. Diego Montaña Cuéllar (1910-1991) había comenzado su carrera política como joven activista del ala izquierda del Partido Liberal. En 1934, después del retorno de los liberales al poder, se hace elegir miembro del concejo de Bogotá. Anticlerical fogoso, el nuevo concejal quiere ese año hacer cerrar la Universidad Javeriana, una de las más prestigiosas de Colombia, con el pretexto de que algunos de sus profesores criticaban al gobierno liberal.

Diego Montaña Cuéllar impulsa entonces un debate sobre “las actividades de la Compañía de Jesús y su relación con los problemas de la cultura nacional”. Su tesis central: “La moral de la cristiandad es inaceptable desde el punto de vista científico”. La agitación marxista así desencadenada contra la libertad religiosa y contra la libertad académica en Colombia toma amplitud y acaba en un grotesco proyecto de resolución municipal contra la Universidad Javeriana y en favor de la expulsión de los jesuitas de la capital. El contragolpe no se hace esperar. Protestas se elevan por todos lados, sobre todo en la prensa liberal, entre los estudiantes liberales de la Universidad Javeriana, los concejales del Partido Conservador e incluso de los ministros liberales. Diego Montaña Cuéllar y sus amigos son derrotados. Pero como el ridículo no mata, Montaña Cuéllar será, en seguida, el protagonista de otra aventura leninista (disfrazada de liberal) que causará peores y más furiosos rechazos y mostrará las ambiciones de su grupo y su lamentable propensión a la arbitrariedad. Nombrado secretario de la Alcaldía de Bogotá, Diego Montaña Cuéllar aprovecha un corto viaje del alcalde a Lima para destituir rápidamente a los cuatro funcionarios más importantes del ayuntamiento y para nombrar en su lugar elementos de extrema izquierda. La idea de Montaña Cuéllar era (con el nuevo gabinete) “municipalizar todas las empresas de la ciudad, liquidar la concesión del servicio telefónico, planificar los servicios municipales y decretar la gratuidad de la salud y de la educación”. Ese intento de putsch municipal fallará lamentablemente ya que incluso el presidente de la República, Alfonso López Pumarejo, se negará a aprobar tales objetivos y tales métodos. El gobernador de Cundinamarca destituye a Diego Montaña Cuéllar[477].

Pero regresemos a 1966. Al lanzar su línea extremista, Diego Montaña no había hecho más que poner de relieve los compromisos que él mismo había hecho en La Habana. Realmente, lo que quería Fidel Castro para Colombia era hacer estallar la influencia del PCC sobre las FARC y convencer a los jefes del ELN de fundirse con los hombres de Tirofijo en un único “frente revolucionario de liberación”, bajo la dirección de los cubanos. En ese plan no se descartaba la posibilidad de sacar del PCC a su sector más extremista y atraerlo a dicho frente así como a una fracción no maoísta del EPL. La Habana estaba informada del descontento de Manuel Marulanda Vélez, expresado en privado, ante el escaso compromiso del partido en la lucha armada. Esa valoración de Tirofijo era fuente en la época de continua irritación en las relaciones FARC-PCC. Miembro del comité central del partido, Marulanda aspiraba a ver una buena parte de los miembros de ese organismo establecida en las montañas, mientras que aquél le había enviado solamente a uno de sus miembros, Jacobo Arenas, en calidad de comisario político. A eso se añadía esporádicamente un jefe de conexión entre el PCC y las FARC, cargo que será ocupado por un hombre de confianza, bien visto por La Habana, Manuel Cepeda. Para el jefe de las FARC eso es insuficiente ya que las FARC cuentan con cuatro frentes dispersos en cuatro departamentos y su estado mayor está sometido al acoso ideológico de los castristas. Esas tensiones se expresan dentro de la dirección de las FARC, puesto que una lucha por el poder estalla entre Manuel Marulanda y Januario Valero, alias Óscar Reyes[478].

En realidad, la dirección del PCC vive uno de los momentos más difíciles de su existencia, pues a las intrigas de Cuba y a la pérdida de centenares de adeptos se añade el reto chino (una corriente maoísta “divisionista” se perfila en el comité central) y la exacerbación de la acción de las guerrillas, sobre todo del ELN, a la cual las autoridades colombianas responden con una serie de detenciones. A finales de febrero de 1967, en efecto, entre 200 y 300 extremistas son detenidos, entre ellos 150 dirigentes comunistas de Bogotá, Neiva, Ibagué, Cali, Barranquilla, Barrancabermeja y de otras ciudades importantes. Las detenciones ocurren precisamente durante la visita de una delegación comercial soviética a Bogotá. El Gobierno acusa a toda esa gente de ser “auxiliares de las guerrillas”. Entre los presos se encuentra Gilberto Vieira y otros jefes del PCC: Juan Viana, Manlio Lafont, Gustavo Castro, Manuel Romero, Juan Francisco Mujica, Teodosio Varela, Augusto Lara, Julio Posada, Julio Ernesto Pérez, Roberto Pérez y Celmira Cruz[479]. En su comunicado, las autoridades mencionan “los recientes incidentes contra el orden público” que resultan de una “extensa acción subversiva vinculada a movimientos de naturaleza similar en países vecinos y fomentada desde el extranjero a través del entrenamiento de líderes y la entrega de armas y dinero[480]”. Pero las detenciones en la administración Lleras Restrepo se hacen más para mostrar una cierta determinación que para desmontar efectivamente las redes o desorganizar durablemente el PCC. Así pues, la mayoría de esa gente permanece bajo cerrojo un mes y medio. Ninguna inculpación seria (traición, terrorismo) será formulada. Los efectos negativos de esa falta de coherencia en el esfuerzo antiterrorista de las autoridades serán pronto visibles. El Gobierno, en todo caso, hace saber que la reunión clandestina que las guerrillas preparaban en la zona de Altamizal para coordinar sus acciones, había sido impedida por las detenciones. A su salida, Gilberto Vieira finge haber comprendido la lección. Declara tener las mejores intenciones pues su partido está dispuesto “a luchar por su legalización” y a actuar “más abiertamente que antes de las detenciones”. Vaticina que “el país se dirige hacia una gran crisis política” de la cual saldrá un “cambio de naturaleza democrática”.

Vieira y sus amigos habían comprendido desde hacía tiempo que se estaban jugando su futuro. Para los jefes del PCC, la prioridad era conservar el control político de las FARC y aislar a Diego Montaña Cuéllar, sin atascarse en una lucha abierta contra La Habana y sin perder a sus aliados en Moscú. Para alcanzar esa meta van a explotar la situación internacional. Moscú deseaba sobre todo mantener sus posiciones en América Latina, en un momento en que Ernesto Guevara comenzaba su aventura boliviana planteando un reto a las tesis de la Coexistencia Pacífica. Vieira juega, pues, la carta de la lealtad a Moscú. El dinero y el apoyo político de ese bloque no le faltarán. Guevara se instala en Bolivia en octubre de 1966. La Habana deja planear la duda sobre el destino real de su antiguo ministro. Los castristas colombianos, e incluso los cómplices de Tirofijo, se preguntan si el Che abriría un frente de lucha en Colombia. Si no es así ¿por qué la presión tan extrema de La Habana sobre la necesidad de conformar un frente único guerrillero? La propaganda de Guevara sobre la urgencia de desarrollar la revolución latinoamericana con el fin de disminuir el peso de la “maquinaria imperialista sobre el Vietnam” era coherente con todo eso. En 1967, el clima entre Moscú y La Habana no era de ruptura pero sí había como una tensión, un malestar (las frases antisoviéticas de Guevara, que Castro no digiere, eran bien explícitas) y existía una brecha abierta en la confianza mutua.

Con la conferencia de la OLAS (Organización Latinoamericana de Solidaridad), reunida en La Habana del 31 de julio al 10 de agosto de 1967, Fidel Castro se fabrica una tribuna para lanzar una violenta declaración de guerra contra el conjunto de las democracias latinoamericanas, a las cuales acusa de ser “regímenes burgueses” y, sobre todo, abados “del imperialismo yanqui”, principal objetivo utópico de Castro quien, entre otras cosas, no cuenta para esa empresa con el apoyo claro de Moscú. Quizás por eso, los gobiernos latinoamericanos no toman en serio las resoluciones belicosas de la OLAS. Colombia no será la excepción. Castro, en verdad, no inspiraba mucho miedo ya que sus primeras incursiones armadas (en Santo Domingo, Venezuela, etc.) habían sido caóticas y terminaron mal. Y porque, al mismo tiempo, la URSS se movilizaba con todo para retomar pie en el continente por la vía diplomática. Con la OLAS, donde Castro acusa a Moscú de ayudar a algunos gobiernos “reaccionarios” de América Latina (como Colombia), es otra estrategia la que se dibuja. La delegación colombiana que se presenta en esos días a La Habana, y que incluye a dos miembros del comité central del PCC, Manuel Cepeda e Isaías Suárez, ingresa a Colombia sin obstáculos. Pero en Cuba la confrontación entre las tesis del PCC (es decir, del PCUS) y las de Castro había estallado: Cepeda había condenado “el aventurerismo” de algunos delegados (un directo a la mandíbula de Diego Montaña Cuéllar) y le había negado a la OLAS el derecho de ser el único polo dirigente de la lucha popular revolucionaria en el continente. Para él, la OLAS debía limitarse a ejercer un papel de “promoción de la solidaridad” en América Latina[481], apoyada por el PC venezolano, reitera esa orientación: ellos no van a someter su acción a las directivas de la OLAS (es decir, a Fidel Castro) ya que a sus ojos la dirección de la lucha popular es la responsabilidad “de la vanguardia revolucionaria” de cada país, la cual debe tener toda su autonomía ya que ella asimila la experiencia internacional del movimiento comunista. El PCC hace saber que no pretende imponer a los otros su línea política y que no desea tampoco “la imposición de otras líneas” que podrían implicar la “renuncia a las tesis aprobadas por sus congresos y plenos[482]”. De manera directa, el PCC critica así las pretensiones de los cubanos de imponer sus estrategias a los otros movimientos comunistas de América Latina. En La Habana; Cepeda habla también de la necesidad de la unidad en la lucha revolucionaria y transmite los saludos del PCC y de las FARC, pero no da el brazo a torcer ante el jefe del ELN, Fabio Vásquez Castaño, quien en un mensaje grabado había exigido la formación de una única organización en Colombia para hacer avanzar la lucha armada. A principios de agosto, la banda de Vásquez Castaño había distribuido volantes donde lanzaba terribles amenazas contra los comunistas: “La hora vendrá donde aplicaremos la justicia revolucionaria a los traidores revisionistas burgueses que se dicen comunistas”.

Una vez soltado por las autoridades colombianas, Gilberto Vieira huye a la URSS. Va a buscar la ayuda política y financiera de Europa del Este para hacerle frente a los retos que le plantean la dirección castrista y el Gobierno colombiano. Y hace una verdadera gira: Berlín, Praga, Belgrado y Bucarest. El 27 de agosto de 1967 el diario yugoslavo Politika publica un artículo lleno de elogios para el PC colombiano y las FARC y pleno de reproches para el ELN, el cual es calificado de “ultraizquierdista”. En octubre, Vieira está en Moscú “para la celebración de los 50 años de la revolución de Octubre”. Para protegerse de las furias de Fidel Castro, Vieira declara: “Los comunistas colombianos consideran la revolución cubana como la guardia avanzada y el principio de nuestra propia revolución. La revolución cubana mostró que vencer al imperialismo en los ámbitos político, militar y económico es posible. La revolución cubana también mostró que el pueblo de América Latina, al unir sus fuerzas contra la dominación de las oligarquías y del imperialismo, puede contar con la ayuda efectiva de los países socialistas, especialmente de la Unión Soviética[483]”.

El 20 de febrero de 1968, un mes después de la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Colombia y la URSS (rotas desde 1948), Moscú envía a Bogotá al poeta Ievgeni Evtouchenko para que muestre la gran “libertad” de que disponían los intelectuales soviéticos. Para el PCC esa visita es una buena oportunidad para hacerse un poco de propaganda[484]. Pero la operación naufraga rápidamente. Invitado a una de las universidades de Bogotá, donde es interrogado por los periodistas, el autor de Babi Yar admite que nunca había oído hablar de escritores colombianos como Gabriel García Márquez, ya internacionalmente conocido gracias a la publicación de Cien años de soledad (él será Premio Nobel de Literatura 1982) y ni siquiera de Jorge Zalamea, poeta muy conocido y viejo compañero de ruta, Premio Lenin de la Paz[485]. Peor afrenta: Evtouchenko ignoraba quién era el sacerdote guerrillero Camilo Torres. La decepción de los jóvenes es evidente. El diario El Tiempo no se abstendrá de pullar al poeta reprochándole su ignorancia y “no haber tenido una sola palabra (de solidaridad) con sus colegas deportados en Siberia”.

Es en diciembre de 1968, tres meses después de la muerte de Ernesto Guevara en Bolivia, que Gilberto Vieira y su brazo derecho Álvaro Vásquez impugnan las tesis guerrilleristas de Diego Montaña. Pero ellos no se embarcan en una batalla de ideas. Acusan simplemente al disidente de “falta de honradez” y “de violar los estatutos del partido”. En su texto no hay nada de consistente sobre la influencia de los análisis de Regis Debray, autor de Revolución en la revolución, sobre el pensamiento de Montaña. Los jefes del PCC se protegen detrás de las orientaciones lanzadas por las conferencias de los partidos comunistas de 1957 y 1960. Afirman que Montaña “niega el papel de la clase obrera en las luchas revolucionarias de Colombia”. Desde la capital soviética, Gilberto Vieira repudia la visión de Montaña sobre la coyuntura política afirmando que en Colombia no hay, por el momento, una situación revolucionaria[486]. Los otros jefes del PCC oponen a Montaña su inevitable esquema de la “combinación de todas las formas de lucha”, en la cual “la lucha armada está pasando a ser cada día un poco más la forma principal de lucha”. Vieira concluye preconizando “la autodefensa armada como concepción activa de la lucha armada”. Si esa polémica no tuvo gran alcance fuera de Colombia, su contenido expresaba bien las fracturas que serán la base de la fundación de las guerrillas del ELN y, más parcialmente, del EPL. En noviembre de 1967, Diego Montaña Cuéllar es expulsado del PCC[487]. Después, es Fidel Castro quien está furioso por el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Bogotá y Moscú. Considera que la URSS no debe mantener relaciones diplomáticas con los países “reaccionarios” del continente latinoamericano “cuyos gobiernos no deberían ser reforzados sino, por el contrario, derrocados por la fuerza[488]”.

Convencido de que una apertura diplomática al Este sería ventajosa para las exportaciones colombianas (como trataba de hacerlo también Washington bajo la dirección de Lyndon B. Johnson), el presidente Carlos Lleras Restrepo había restablecido, en efecto, las relaciones diplomáticas con Moscú[489]. El 10 de marzo de 1968 Bogotá acepta las credenciales de Nikolai Andrievitch Belous, un diplomático soviético que era, en verdad, un agitador profesional con pasado bastante cargado: en abril de 1959, como agregado político de la embajada de la URSS en Argentina, había sido declarado persona non grata y expulsado por orden del gobierno Frondizi, por injerencia en los asuntos internos del país[490]. La aceptación de Belous como embajador en Colombia desencadena por supuesto protestas en la prensa de Bogotá. Los diarios conservadores El Siglo y La República, y también los liberales El Tiempo y El Espectador, reviven las aventuras de Belous en Argentina y Checoslovaquia donde el agente soviético había estado vinculado al golpe de Estado comunista de 1948. Todo ello fue vano, pues el ministro de Relaciones Exteriores, Germán Zea Hernández, cierra el debate de manera sorprendente diciendo que “ya no es posible rechazar” el nombramiento del embajador ruso[491]. Un peligroso engranaje estaba en marcha y Colombia no podía escapar[492]. Incluso la prensa venezolana se muestra inquieta con la presencia de Belous en Colombia ya que sospecha que ese hombre tiene por misión “constituir un triángulo subversivo y de espionaje cuyas cumbres serían Venezuela, Colombia y Guyana[493]”.

Pero Carlos Lleras no pierde el sueño por esas cosas. En una entrevista concedida a la agencia de prensa Novosti, en mayo de 1966, dice comprender “perfectamente” que la ausencia de relaciones con los países socialistas “no impide que haya comunismo en Colombia”. La ausencia de relaciones no impide nada, claro está, pero la existencia de relaciones diplomáticas es otro asunto. Lleras lo constatará muy bien en marzo de 1967, cuando su gobierno se ve obligado a arrestar al líder comunista Vieira y a otros 150 militantes del PCC quienes habían expresado ruidosamente su solidaridad con “los campesinos”, es decir, con la banda criminal de Pedro Antonio Marín, lo que suscitó protestas muy sentidas de parte de los liberales “progresistas” del MRL. Pese a ello, las operaciones contra los escuadrones armados comunistas continúan. El 5 de agosto de 1968 Bernardo Ferreira Grandet, uno de los jefes de la guerrilla maoísta recientemente creada, muere durante un combate entre sus hombres y las fuerzas del orden en el Alto Sinú (Córdoba[494]). El 7 de octubre los militares dan muerte, durante un combate cerca de Aquitania (Boyacá), al tristemente célebre Capitán Ciro (Ciro Trujillo Castaño), responsable de numerosos ataques a pueblos y patrullas militares, así como del rapto de latifundistas que extorsionaba para financiar su banda. Apenas una semana antes, los servicios secretos del Ejército habían sofocado un plan subversivo que pretendía establecer guerrillas urbanas en las principales ciudades del país. Todo ello mezclado con una serie de huelgas en Barrancabermeja, en las azucareras del Valle del Cauca y desórdenes en las universidades de Bogotá, Cali, Bucaramanga y Barranquilla[495]. Eso sí, la mano de hierro de Carlos Lleras no priva al jefe de Estado liberal de tener excelentes relaciones con los diplomáticos bolcheviques. En mayo de 1969 François Lavasseur, embajador de Francia en Colombia, nota, en efecto, que “el presidente Lleras responde [a] los coqueteos [de Nikolai Belous] con una perfecta cortesía: no hay recepción durante la cual el jefe de Estado no se entreviste con él y más detenidamente que con cualquier otro jefe de misión diplomática[496]”.

Las grandes maniobras de los marionetistas

La llegada al poder del nuevo presidente de la República, el conservador Misael Pastrana Borrero (1970-1974), coincide con un período particular de la Guerra Fría y de la diplomacia soviética. El deshielo que Khrushchev había emprendido con Occidente, que la crisis de los misiles en Cuba, en octubre de 1962, había perturbado, fue seguido por la política de agresividad solapada de Leonid Brezhnev y su doctrina de la soberanía limitada respecto de Europa del Este. Después de la victoria del “socialismo” en Vietnam, el brezhnevismo se traducía en empresas de subversión bastante astutas e innegables en África y América Latina. En Colombia es el reinicio de la diplomacia moscovita con sus inconvenientes y sus malas sorpresas y con las esperanzas que suscitaba en algunos círculos. A través de sus epígonos del medio intelectual, la URSS había conseguido hacer olvidar en Colombia lo que sus agentes habían hecho al final de los años cuarenta (sobre todo respecto del Bogotazo), y por supuesto lo que habían hecho en épocas aún más antiguas como durante la huelga insurreccional de las bananeras de 1928.

Respecto de esas maniobras, la Colombia de 1968 nadaba en la amnesia más feliz. Si no ¿por qué la administración de Carlos Lleras Restrepo había aceptado restablecer las relaciones con la Unión Soviética? Las motivaciones profundas de esa decisión siguen siendo aún hoy un misterio. Es difícil creer que un político eminente, técnico además de la cuestión económica, como era Carlos Lleras Restrepo, hombre talentoso que estaba empapado de las realidades de la economía internacional, haya aceptado la impostura de que el comercio con la Unión Soviética y Europa del Este iba a reequilibrar la balanza de pagos colombiana. No fueron necesarios muchos años de reflexión para constatar que Colombia no había obtenido beneficio alguno de esas relaciones. La explicación de la decisión de Bogotá podría más bien encontrarse en la esfera política.

Con la crisis de octubre, los Estados Unidos habían hecho retroceder, por supuesto, la pretensión soviética de instalar misiles de largo alcance en Cuba, los cuales podían pulverizar las ciudades y los centros industriales de los Estados Unidos y del continente latinoamericano. Pero, al mismo tiempo, Washington aceptó, como contrapartida, y dio garantías a Moscú, que no pretendería invadir Cuba una vez más ni intentaría suprimir el régimen castrista. Fortalecido con ese compromiso, el régimen de La Habana descubre de la noche a la mañana que la primera potencia capitalista mundial estaba impedida para hacer esfuerzos serios para derribarlo. Para América Latina, y para Colombia en particular, esa comprobación tendrá graves consecuencias. Puesto que en el hemisferio americano se había instalado firmemente “una cabeza de puente comunista cuyos dirigentes no ocultaban su intención de propagar la revolución en América Latina[497]”.

Por supuesto, la crisis de los misiles fue seguida de un período de calma aparente en las relaciones Washington-Moscú en los cinco continentes. Pero para los países latinoamericanos la lección a aprender era clara: la nueva configuración geopolítica mundial hacía que la confrontación entre las dos superpotencias se trasladara a los países del Tercer Mundo, del cual América Latina hace parte, ya que Brezhnev había decidido evitar el choque directo con Washington sin renunciar, sin embargo, a impulsar sus peones por todas partes, donde ello fuera posible. A partir de ese momento, América Latina conocerá un recrudecimiento de la ya larga serie de agresiones de La Habana, respaldada esta vez por su protector soviético. Las democracias del continente deberán arreglárselas ellas mismas y hacer frente a ese desafío con quizás una ayuda técnica limitada de los Estados Unidos. Si Carlos Lleras Restrepo restablece las relaciones diplomáticas con la URSS en enero de 1968 lo hace no sólo para contrariar a Fidel Castro, cuyas vociferaciones contra eso eran bien conocidas, sino para intentar hacer jugar a Moscú un papel moderador frente a las guerrillas comunistas y dividir el campo “revolucionario” en Colombia. Los años que siguen probarán que, efectivamente, entre la guerrilla disciplinada de Moscú y la guerrilla disciplinada de La Habana, sin hablar por supuesto de la guerrilla alineada a Pekín, habrá siempre diferencias que les impedirán transformarse en un único organismo de subversión. Todos los esfuerzos del comunismo internacional para desarrollar un proyecto unitario y centralizado en Colombia fracasarán. Dicho esto, es necesario admitir que, por el contrario, el cálculo de Carlos Lleras Restrepo se basaba en una comprensión imperfecta de la acción comunista. Obviamente, en su razonamiento no tenía en cuenta el apetito insaciable de conquista del imperialismo soviético, ni su voluntad de incrustar a sus agentes en el centro de cada nación, ni la ciega sumisión de sus cipayos colombianos. En cuanto al Partido Comunista Colombiano, la línea de calma relativa que va asignar a su brazo armado únicamente será de corto alcance para precipitarse luego en la violencia.

Según ese esquema, los esfuerzos políticos y militares de los comunistas deben redoblar en intensidad. A una estrategia de refuerzo de los aparatos militares clandestinos se añade una estrategia de penetración en los sindicatos. Tulio Cuevas, el presidente nacional de la central Unión de Trabajadores de Colombia (UTC), la principal del país y de espíritu cristiano y conservador, será objeto de diversas maniobras de seducción del Kremlin en 1969, al final del mandato de Lleras Restrepo. Una de esas maniobras es un viaje ala URSS para asistir al desfile del 1 de mayo en la tribuna oficial. En Bogotá a Cuevas le habían hecho creer que tendría la posibilidad de dirigirse a los trabajadores de Moscú. Una vez en la capital rusa la promesa es olvidada. Curiosamente, en los días anteriores al viaje, Tulio Cuevas había anunciado el lanzamiento de dos iniciativas en desfase evidente con las tradiciones de su central: la fundación de un partido laborista y la creación de “comités intersindicales para la defensa de los trabajadores”. Las veleidades de Cuevas generan un comunicado del comité ejecutivo de la UTC donde éste invita a los afiliados a ser vigilantes a fin de evitar “la infiltración de elementos que no serían ni demócratas ni cristianos”. El texto condena también el comunismo en nombre de los “millares de trabajadores hermanos asesinados en Cuba, Checoslovaquia y Hungría[498]”. Pero Cuevas no será el único sindicalista colombiano invitado a Moscú. Los dirigentes de la Asociación de Marinos de Colombia (Asomar) también lo fueron, a la fiesta del 1 de mayo y a un “seminario internacional” en Leningrado sóbrelos problemas portuarios, organizado por la Unión Internacional de los Trabajadores Portuarios y Pesqueros con sede en Praga[499]. Empero, por razones desconocidas, los de Asomar renunciaron al viaje a última hora. En el mes de julio, la central sindical comunista CSTC, la segunda del país por el número de adherentes, realiza su tercer “pleno” bajo la dirección de su jefe, Pastor Pérez, y de su secretario general, Roso Osorio. Entre las decisiones que se toman están las de realizar una campaña de calumnias contra Belisario Betancur, uno de los candidatos presidenciales, hacer una manifestación contra la visita a Colombia de Nelson Rockefeller y realizar un “homenaje a Lenin” con motivo del centenario de su nacimiento.

Durante las cuatro administraciones colombianas siguientes, esta doble estrategia de penetración de la sociedad civil y de refuerzo de las guerrillas será aplicada adaptándola hábilmente a las características de cada gobierno, del perfil psicológico y político de cada presidente y sacando partido de la principal debilidad de cada uno de ellos.

A su llegada a la Presidencia de la República, Misael Pastrana Borrero encuentra una situación de orden público delicada. Las guerrillas (FARC, ELN y EPL) son aún de pequeño tamaño pero muy activas, bien armadas y firmemente apoyadas desde el extranjero, sobre todo el ELN. La ola de secuestros se había ampliado[500], en particular en el Valle del Cauca y en Antioquia. La guerrilla más disciplinada son las FARC, ubicada principalmente en el sur del país. Ellos se limitan por el momento a hacer agitación armada, con combates y asesinatos esporádicos, pues los jefes del Partido Comunista habían decretado una especie de receso de las acciones más violentas después de la reanudación de las relaciones diplomáticas de Colombia con la URSS y con otros países de Europa del Este, lo que no le impide a Moscú proseguir la financiación del PCC y de las FARC. Una prueba: en abril de 1968 la Policía colombiana, alertada por las autoridades mexicanas, captura dos correos comunistas con la suma de 100.000 dólares que habían recibido en México de un funcionario de la KGB, Nicolai Sergueievitch Leonov. Los dos correos, Feliciano Pachón Chocontá y Librada Moreno Leal, reconocieron que esa suma estaba destinaba a las FARC[501]. El jefe de éstas, Pedro Antonio Marín, vive oculto en la región de Balsillas y no participa en los combates. Un rumor captado por algunos diplomáticos extranjeros[502], indica que Marín, a principios de 1969, había salido clandestinamente del país para recibir cuidados médicos en Moscú pues tenía un brazo afectado de gangrena.

Las FARC conservan sus armas, refuerzan sus equipos y mejoran la capacidad política y militar de sus cuadros, mientras que el ELN emprende en lo esencial (pero no exclusivamente) la ofensiva terrorista. Según un observador francés[503], durante los combates de 1969 habían muerto 84 guerrilleros y otros 183 fueron encarcelados. En el mismo período, las fuerzas del orden pierden 51 combatientes (20 militares y 31 policías). Para cerrar su informe el funcionario galo escribe: “Conviene mencionar […], bajo todas las reservas, los esfuerzos de un cierto personaje conocido bajo el nombre de ‘comandante Pompilio Figueredo’, experto en guerra subversiva y quien, según algunos, sería un coronel del Ejército soviético [enviado] para unificar los movimientos armados del norte de América del Sur y de Centroamérica. Esa unificación parece bien utópica cuando se conocen los particularismos de cada país y de cada banda. No se excluye, por el contrario, que agentes soviéticos pagando fuertes sumas intentan atraer a su órbita a los grupos castristas, trotskistas, maoístas y otros que la sola ideología no alcanza a nutrir o que la generosidad cada vez más calculada de Castro ya no logra sostener”.

En ese momento las FARC están divididas en cuatro grupos: 1. El llamado “frente Ciro Trujillo”, dirigido por Noel Motta. Compuesto de 30 a 40 hombres, opera en la región de Balsillas. 2. El grupo “Ché Guevara” comandado por Hernando Reyes, alias Maravilla, y por Januario Valero, alias Muerterroja. Compuesto de 20 a 30 hombres, opera en las regiones de El Pato y Guayabero, en los límites de los departamentos de Caquetá y Huila. 3. El grupo “Lenin”, bajo órdenes de Miguel Pascuas, alias Muertenegra. Está formado por 20 a 30 hombres que operan entre Gaitania y Palermo (departamento del Huila). 4. El más reciente parece ser el grupo “Camilo Torres”, dirigido por Rogelio Díaz, alias Tormento, miembro del comando central del PCC y quien arrastra una reputación merecida de sanguinario. Su banda cuenta con 50 miembros y opera en la región del Líbano (Tolima[504]).

Las otras guerrillas están repartidas también en grupos o “frentes”. El ELN, la guerrilla más agresiva y mejor armada en ese momento, dispone igualmente de cuatro frentes: 1. El controlado por Fabio Vásquez Castaño, con 40 hombres que operan en la región de San Vicente de Chucurí. 2. El grupo dirigido por Manuel Vásquez Castaño, hermano del anterior, con 25 hombres que se incrustan en la región de Cimitarra. 3. El grupo de Ricardo Lara Parada tiene 15 hombres y actúa en la región de San Pablo. Lara Parada, quien denomina su banda “Frente Camilo Torres”, estaría en dificultades con Fabio Vásquez. 4. El grupo comandado por Juan de Dios Aguilera, un ex líder sindical del sector petrolero, tiene 15 hombres y se mueve por la periferia de Segovia (Antioquia). También está en dificultades con Fabio Vásquez. Finalmente, está el EPL, una guerrilla de formación más reciente que cuenta con seis grupos: 1. El controlado por Libardo Mora, con 40 hombres, tiene su sede en Montelíbano (Antioquia). 2. El encomendado a Miguel Ángel Vega tiene 20 hombres y opera en Tierralta. 3. El grupo de Francisco Caraballo, con 20 hombres, actúa en los Llanos del Tigre. 4. El grupo bajo los órdenes de Gonzalo González con 20 hombres, merodea en la región de Cáceres. 5. El grupo bajo el mando de Daniel González Borrás, alias Gordana, opera en Chigorodó. 6. El grupo colocado bajo las órdenes de Otoniel Lineros Uribe, alias Veneno, se mueve no lejos de Candelaria. En sucesivas ocasiones, el Partido Comunista Colombiano intentó atraer y controlar a esos distintos grupos maoístas otorgándoles una ayuda financiera.

Ayudado por la presencia de diplomáticos soviéticos, el PC colombiano logra su legalización, y refuerza su dispositivo de infiltración sindical. Igual en los partidos políticos, el medio universitario y religioso, bajo el ojo casi complaciente del Gobierno que deja hacer todo ello sin preocuparse de las consecuencias a largo plazo, ya que el PCC dice querer ser un partido “como los otros” para poder beneficiarse, por supuesto, de las ventajas que ofrece una sociedad abierta como la colombiana: garantías para la distribución de su prensa, garantías en cuanto al acceso a los medios de información, libertad para penetrar el sector educativo, garantías para realizar maniobras parlamentarias y ejercer incluso, a veces, el papel de árbitro entre las distintas facciones. Pero el PCC distaba mucho de ser un partido “como los otros”. Contaba con ayudas extranjeras bien particulares, como las andanzas, por ejemplo, de Nikolaï Urtmintsev, un agente ruso que se presentaba como periodista y corresponsal de la agencia de prensa soviética Tass, y que fue detenido por las autoridades colombianas tras haber causado desórdenes en las ciudades de Bogotá, Cali, Bucaramanga y Cartagena en las primeras semanas de marzo de 1971[505].

A pesar de eso, todo va muy bien para el PCC. Si el X Congreso de esa formación se había hecho en la más estricta clandestinidad, en enero de 1966, el congreso siguiente se realiza en la mayor legalidad entre el 6 y el 10 de diciembre de 1971, en Bogotá, en presencia de los delegados de catorce “partidos hermanos” internacionales, entre quienes se encuentra Etienne Fajon, miembro del buró político del PCF y director de L’Humanité, y Georges Fournial, colaborador del comité central del PCF. Ese congreso, al menos en los discursos, señala un giro del PC colombiano hacia el abandono de la “vía cubana” y la adopción de la “vía chilena hacia el socialismo[506]”, más en fase con las nuevas posiciones de Moscú. Empero, el movimiento de Vieira no abandona el uso de la verborrea sobre la “combinación de todas las formas de lucha”. El primer día del congreso, Pravda dice que el PCC avanza “hacia la conformación de un frente popular”. Y no cualquier frente popular: en el lenguaje estereotipado más rígido que haya, Pravda indica que el PC colombiano va hacia un “frente popular amplio”, basado en la alianza de “obreros y campesinos con la participación activa de las capas medias, de los estudiantes, de los intelectuales y de militares orientados democráticamente”. La curiosa fórmula sobre los “militares orientados democráticamente” no era una metida de pata. Como en Colombia no existe un partido socialista, ni una izquierda demócrata-cristiana de importancia con la cual pactar alianzas para vencer a “la burguesía y al imperialismo”, el PCC miraba con ojos golosos a la derecha, representada por la Alianza Nacional Popular (Anapo), del general Gustavo Rojas Pinilla. Ese partido, que distaba mucho de compartir las opiniones del PCC, e incluso del Partido Liberal, tenía a pesar de todo un mérito a los ojos de Moscú: había devenido un movimiento de masas y era el más resuelto adversario, en el terreno electoral, del sistema del Frente Nacional. Hábil, el artículo de Pravda no mencionaba el nombre del ex dictador. Sin embargo, L’Humanité, menos sutil, lo dirá sin rodeos: “El PC de Colombia se preocupa por hacer avanzar la alianza de los comunistas y de las masas populares bajo la influencia de la Alianza Nacional Popular[507]”. Y puesto que tal revolcón debía ser preparado con antelación, algunos partidos “hermanos” ya habían anunciado la primicia. Por ejemplo, una delegación del PC italiano, dirigida por Giuliano Pajetta, había detectado desde 1968 algunas señales de “cansancio” en la acción insurreccional en Colombia. De vuelta a Roma, Pajetta declara que las FARC “estaban agotadas” y que, de todas formas, ellas no representaban un factor importante en Colombia. Manuel Marulanda había sido incluso dado por muerto[508].

Un Yakovlev-40 en Barranquilla

El año de 1971 había sido precisamente (¿por casualidad?) un año de gran actividad diplomática en Colombia por parte de los “países socialistas”. Por ejemplo, el 12 de junio de 1971, se vio la llegada a Bogotá de una misión comercial búlgara, conducida por Mako Dakov, ministro de Industria y Bosques, cuyo objetivo era la celebración de tres acuerdos en los ámbitos económico, técnico y financiero. El 2 de septiembre llega a Bogotá Vladimir Ivanovich Andreiev, el nuevo embajador de la URSS en Colombia[47] quien declara estar especialmente interesado en el “desarrollo del comercio” entre Colombia y la URSS. El 14 de noviembre es la visita de otra misión comercial presidida por el ministro polonés de Comercio Exterior quien firma con Bogotá, el 17, un acuerdo de cooperación económica y técnica. El desfile no termina allí. El 11 de mayo de 1972 el Gobierno colombiano recibirá al ministro rumano de Comercio Exterior quien es acompañado por una numerosa delegación.

Gracias a tal concordia entre Colombia y Europa del Este, había llegado la hora de abordar los grandes expedientes. Es decir, los planes de Moscú para instalar en Colombia una ensambladora de aviones rusos. En efecto, a principios de 1972, los soviéticos hacen atracar en el puerto de Barranquilla un buque que transportaba un avión Yakovlev-40 desarmado. Ese avión, una copia, en realidad, del avion Caravelle francés y del Boeing 727 norteamericano, era la pieza maestra con la cual los rusos querían conquistar, gracias a la inmejorable “coexistencia pacífica”, el mercado latinoamericano de aviones de transporte civil. Todo ello desde Barranquilla. Remontado en un hangar de esa ciudad por técnicos rusos y colombianos, el Yakovlev-40 comienza, el 27 de enero de 1972, sus vuelos de demostración en Colombia, Venezuela, Perú, Brasil y Argentina. Sin embargo, el Gobierno colombiano no parece estar muy dispuesto a conceder el visto bueno para la construcción de la ensambladora. Las razones de la frialdad de Bogotá eran más que todo de orden político. Misael Pastrana no estaba contento con la ayuda que prestaba La Habana a la guerrilla colombiana ni con la agitación anti-reforma agraria organizada por los comunistas, sobre todo en los sindicatos de pequeños campesinos, como lo hizo saber el portavoz del Gobierno el 8 de febrero. Por último, sobre todo después del episodio de los espías de julio y agosto de 1972, las autoridades colombianas no dan el visto bueno para acoger ese proyecto, prefiriendo las empresas Boeing y McDonald Douglas para desarrollar su aviación civil, y poniéndose de acuerdo con Francia sobre la adquisición de aviones de combate para la Fuerza Aérea, de modo que el 25 de marzo de 1972 los primeros tres Mirages V comprados por Colombia a París, y piloteados por oficiales colombianos, hacen su presentación de vuelo.

La modernización de la Fuerza Aérea estaba plenamente justificada pues por el lado de la guerra las cosas iban mal. El 22 de mayo de 1972 elementos del ELN masacran a una familia de siete personas en la Sierra Nevada de Santa Marta. Pastrana replica pidiendo al Estado Mayor de las Fuerzas Armadas elaborar un plan antiguerrilla. El 25, Carlos Mucha, uno de los jefes del EPL, muere en combate en el departamento de Córdoba. Algunos días después, en la residencia del embajador de Francia en Bogotá, se realiza la ceremonia de entrega de insignias de piloto del Ejército del Aire francés a los cinco primeros oficiales colombianos que habían recibido en Francia la formación de piloto de Mirage. Ello suscita una airada diatriba por parte de los adversarios de la modernización de la Fuerza Aérea. El diario El Periódico publica un violento editorial contra la compra “inútil” de los Mirages y criticando al embajador de Francia. Para desmontar la odiosa campaña, la FAC invita a cincuenta periodistas a visitar la base de Palanquero. La presentación de siete aparatos en tierra y en vuelo es un éxito. Exceptuando El Periódico, la prensa publica reportajes favorables.

Creyendo que la hora es propicia para sacar provecho de la nueva coyuntura de amistad colombo-soviética, el PCC se dedica a construir el frente popular anunciado por Pravda, el cual va a cristalizar en 1974 bajo la forma de la llamada Unión Nacional de Oposición (UNO), coalición que se presenta, con éxito parcial, como el polo de atracción de todos los partidos y grupos de la oposición, que van de la extrema derecha a la extrema izquierda. Por el momento, en 1972, el Gobierno no reacciona y se limita a denunciar la infiltración comunista en los sindicatos, al mismo tiempo que el M-19, un nuevo grupo terrorista, es creado (¡uno más!) en condiciones oscuras y dándose aires de ser una organización que no tiene nada que ver con la izquierda tradicional, cuando en realidad sus fundadores vienen casi todos de las FARC y del PCC.

Si el ELN se revela como el mayor factor de inseguridad nacional durante la administración de Misael Pastrana Borrero (quien al menos conseguirá en 1973 descabezarlo con la operación Anorí), durante la administración siguiente, presidida por Alfonso López Michelsen (1974-1978), quien se apresura a conferir personalidad jurídica a la central sindical comunista CSTC, la desestabilización vendrá, en particular, de la combinación de una oposición sindical de extrema izquierda y de un terrorismo aparentemente no prosoviético, pues los comunistas van a conseguir desencadenar, en efecto, la huelga general del 14 de septiembre de 1977 luego de que la maquinaria sindical comunista logra atraer momentáneamente el polo sindical democrático (la CTC liberal, la UTC conservadora y la CGT social cristiana). La tenaza guerrillera y sindical, una vez constituida, desempeñará igualmente un papel importante durante la administración siguiente, donde el terror urbano, combinado a la guerra rural, será esta vez el atributo del M-19, mientras que la CSTC articula en las ciudades (e incluso en el extranjero) violentas campañas de agitación contra el gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978-1982), injustamente denigrado como “fascista”. He aquí pues la verdadera naturaleza de la supuesta “vía chilena hacia el socialismo” en Colombia: una combinación de cortinas de humo sobre las “vías pacíficas” de la revolución, más una ofensiva global bien real, con aparatos terroristas al parecer no controlados por Moscú. En otras palabras, una operación de mistificación a gran escala, difícil de descifrar para los actores políticos del momento.

El resultado es que la administración entrante del conservador Belisario Betancur (1982-1986), seducido por los hechizos popular-izquierdistas, intenta jugar la ambigua política del no alineamiento internacional y del neutralismo más cobarde frente al conflicto en Centroamérica (donde los esfuerzos de La Habana para exportar su revolución a Nicaragua y a El Salvador estuvieron a punto de triunfar), lo que va a concluir en la formación, inspirada por Bogotá, del Grupo de Contadora (con los gobiernos de Colombia, México, Venezuela y Panamá), el cual intenta ponerle zancadilla a las iniciativas anticomunistas de la administración de Ronald Reagan en la región. Efectivamente, el dudoso planteamiento “de paz” del Grupo de Contadora (que Nicaragua agradece inventándole a Colombia un pleito absurdo sobre la soberanía del archipiélago de San Andrés y Providencia) va a enfriar las relaciones entre los Estados Unidos y Colombia y será por ende el preámbulo de otras calamidades, pues las pretensiones de tipo “tercera vía” que entusiasman a Belisario Betancur desembocan en nuevas concesiones al movimiento guerrillero (los acuerdos de la Uribe con las FARC y las negociaciones políticas con el M-19) las cuales serán retribuidas por sus beneficiarios con una explosión inaudita de violencia en los sectores rurales y en las ciudades[510] cuyo punto culminante será el sangriento asalto terrorista al Palacio de Justicia de Bogotá, en noviembre de 1985. (Ver el capítulo sobre el M-19).

Hoy es evidente que durante ese largo período Moscú estuvo a la búsqueda de un nuevo Joao Goulart (1961-1964) en Colombia. Esa estrategia, que consiste en penetrar e influir la cumbre misma del Estado por medio de un jefe de gobierno que acepta debilitar e incluso demoler las defensas del Estado y hacerse el ciego ante los esfuerzos de infiltración subversiva de las Fuerzas Militares, se aplicó en Colombia durante ese período. Los marionetistas creyeron encontrarlo en los años 1962-1968 en la persona del brillante Alfonso López Michelsen, jefe de la oposición, quien se dará cuenta rápidamente de cómo los leninistas criollos y los castristas habían infiltrado su movimiento, el MRL. Es en el congreso del MRL de noviembre de 1962 donde se consuma la ruptura entre López Michelsen y los comunistas. Hubo allí, en efecto, un violento ataque contra la fracción llamada de la “línea dura”, que sólo representaba un 5 % de los adherentes. Incluso el líder liberal emplea duras palabras respecto de la revolución castrista: “Vista con simpatía por todos los sectores de la opinión democrática, la revolución cubana perdió poco a poco la adhesión de la mayor parte de las tendencias de izquierda del continente, cuando apareció como la punta de lanza de un partido internacional”. Chester Bowles, el embajador norteamericano en Colombia que seguía de cerca la evolución política del líder del MRL, constató en ese momento que en el pensamiento de López Michelsen había como una inflexión hacia el centro. Poco después, algunos artículos en los diarios norteamericanos consagrados a Colombia adoptan un tono más moderado frente al jefe del MRL[511]. Con todo, la división del MRL había comenzado de una manera no muy clara. En efecto, a principios de octubre, en plena crisis de los misiles en Cuba, ocho senadores del MRL fueron criticados por López Michelsen por haber hecho una declaración favorable a los Estados Unidos con motivo del ultimátum del presidente John Kennedy. Acusados de traición, los ocho respondieron que ellos no habían jurado fidelidad ni a la URSS ni a Fidel Castro. Poco después, un grupo de senadores del MRL, encabezados por Ignacio Vives, pide a López tomar una actitud claramente anticomunista. ¿Qué pasó en esos días? ¿Cómo explicar la espectacular vuelta de cara de López Michelsen? Nadie lo sabe. La cuestión de los misiles soviéticos había sido, de todas maneras, el detonador de la ruptura. Iván López Botero, uno de los senadores más brillantes del MRL, después de haber sido acusado por la fracción extremista de ser un “traidor”, reiterará su posición en un discurso ante el Senado el 30 de octubre de 1962. López Botero denuncia públicamente la infiltración comunista en el MRL y presenta la instalación de los misiles nucleares en Cuba como una “invasión por parte de una potencia extracontinental”, y como un acto que “hiere la soberanía nacional” de ese país y que lo transforma “en una simple base estratégica” soviética. Con lógica imparable, Iván López Botero destaca que la instalación de las bases nucleares “retira al pueblo cubano el derecho a conducir su propio destino[512]”.

Tras el retorno de López Michelsen al redil liberal y de la ruptura con los infiltrados, el proyecto de encontrar un Joao Goulart a la colombiana es parcialmente abandonado. De hecho, el partido de López Michelsen se muestra bien dispuesto, en octubre de 1966, a “apoyar las iniciativas del presidente Carlos Lleras” ya que éstas “concuerdan con nuestros programas”, como dirá en esa época el parlamentario del MRL Luis Villar Borda[513]. López, en consecuencia, es nombrado gobernador y más tarde ministro de Relaciones Exteriores (del sistema del Frente Nacional que él tanto había difamado). López se hace elegir más tarde presidente de la República. Llegado a la función suprema, el nuevo mandatario hará concesiones al grupo sindical comunista, restablecerá las relaciones diplomáticas con La Habana, pero no irá más lejos, ya que la subversión “revolucionaria” toma amplitud y el hábil presidente alcanza a ver que en la configuración que se está preparando él deberá desempeñar el papel ingrato de un Kerenski tropical. No obstante, quienes jalan los hilos de la subversión intentarán revivir la estratagema del Goulart colombiano, durante la segunda candidatura de López Michelsen en 1981, en la cual éste promete abiertamente el socialismo para Colombia. En su nuevo programa, hace figurar, en efecto, un curioso plan que hacía pensar en otro del derrocado presidente brasileño: grandes trabajos hidroeléctricos de 1.600 mw (una enorme represa de 100 kilómetros junto a la ciudad de Honda y que remontaría hasta la ciudad de Girardot), con capitales, planos y técnicos rusos[514]. En esa ocasión, La Habana también ejerce presión para imponer la reelección de López y pide, entre otras cosas, a Gabriel García Márquez hacer el elogio de esa candidatura. El escritor vacila, ya que no había olvidado las incursiones de la Policía contra su revista, Alternativa, durante la primera administración de López Michelsen. Pero como los cubanos insisten[515], García Márquez desencadena una polémica redactando un artículo confuso[516] donde confunde gatos y liebres: critica a López (“su nombramiento fue hecho por pura politiquería de provincia y, en última instancia, por interés y compañerismo”) antes de cantar sus alabanzas: López puede “encontrar una solución política a la guerra civil crónica que sufrimos los colombianos”. En realidad, Fidel Castro pretende con esas maniobras poder meter su nariz en la política oficial colombiana por medio de un López reelegido. ¿Para hacer qué? Para obtener el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba, rotas por el presidente Turbay Ayala, y llegar, sobre todo, a una política de laxismo ante los grupos terroristas y, en particular, conseguir una “amnistía general y completa para el M-19[517]”.

Pero López, para su desgracia, perderá la elección ante el conservador Belisario Betancur. Para recuperarse de sus fracasos, los marionetistas volverán, sencillamente, durante los gobiernos de Belisario Betancur (1982-1986) y de Virgilio Barco Vargas (1986-1990), a los métodos más bestiales: al terrorismo urbano, a los secuestros y a la insurrección armada, ya que la aparición del tráfico de drogas y la conformación de carteles criminales y sus formidables facilidades financieras permitirán a la subversión armada enriquecerse y aumentar su logística de manera considerable.

Gritos inútiles en La Habana

A comienzos de los años setenta, al mismo tiempo que La Habana clamaba contra el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia y la URSS[518], los amigos de la “revolución” cubana en Colombia intentaban por todos los medios convencer al Gobierno colombiano de restablecer también las relaciones diplomáticas con Cuba ya que ese país, decían, donde la “libertad” y la “justicia social” reinan por todas partes, se había vuelto un “modelo que debe seguirse” en el resto del continente. Pero esa palabrería y otras engañifas, que dejaban sistemáticamente de lado la realidad de la miseria del pueblo cubano y los crímenes de sangre que La Habana estaba cometiendo en Cuba, en Colombia y en otros países, serán inútiles. Y por una buena razón: la “revolución”, como se verá, estaba en plena ofensiva. El 7 de junio de 1972, el delegado colombiano ante la OEA denuncia la campaña de agresión y subversión interna que prosigue Cuba contra Colombia y anuncia que Bogotá sigue estando contra el restablecimiento de vínculos diplomáticos con La Habana. Un mes después, las autoridades revelan que, tras una larga investigación, los servicios de seguridad habían desmontado una red de terrorismo urbano vinculada al ELN. La Policía había conducido una operación en todo el país que había culminado en numerosas detenciones. Una red castrista se habría propuesto asesinar generales, altos funcionarios y diplomáticos extranjeros. Bajo el título “la KGB en Colombia”, la prensa de Bogotá comentará especialmente la detención del periodista comunista sueco Karl Staaf (o Staf), “viejo rutero del espionaje soviético”, quien estaba encargado de coordinar acciones guerrilleras en América Latina. Staaf será expulsado de Colombia el 18 de julio[519]. Los días que siguen traen nuevas detenciones incluida la de una cineasta, Gabriela Samper. El 25 se sabe que 220 personas serán juzgadas en un consejo de guerra. Gabriela Samper es puesta en libertad el 11 de noviembre de 1972.

En seguida, tres espías soviéticos son los que van a ocupar los titulares de la prensa. Guennadi Karpov, Sergei Khourbatov y Boris Mantiovkov, funcionarios de la embajada de la URSS en Bogotá, reciben la orden de abandonar el territorio colombiano en compañía de sus esposas e hijos. El 3 de agosto de 1972, y rodeados por quince policías colombianos, los tres agentes y sus esposas[520], llegan al aeropuerto Eldorado para tomar un avión de Air France, con destino a París. Aprovechando el silencio que impone a ese respecto el ministro colombiano de Relaciones Exteriores, Guennadi Karpenko, primer secretario de la embajada en cuestión, intenta negar que los tres “diplomáticos” hayan sido expulsados. Molesto por el cinismo del ruso, el canciller difunde un comunicado en el que confirma lo que la prensa había dicho: que los rusos habían sido declarados persona non grata por haberse mezclado en asuntos internos del país “poniendo en peligro la seguridad del Estado colombiano[521]”. Mantiovkov había entrado a Colombia en agosto de 1970, Khourbatov en febrero de 1971 y Karpov en junio de 1971.

Bogotá había descubierto que los tres expulsados estuvieron en contacto con el espía Karl Staaf, expulsado semanas antes, y que éste se había entrevistado con Tirofijo, a quien había dado 70.000 dólares para las actividades de las FARC[522]. Staaf había entrado clandestinamente a Colombia cruzando la frontera con Ecuador. Las autoridades le habían decomisado varios documentos escritos en svank, un dialecto ruso.

Hecho curioso pero no explicado, la expulsión de los tres rusos se produce simultáneamente con la salida de dos “correos” diplomáticos soviéticos cuya presencia en el aeropuerto Eldorado había llamado la atención de los periodistas. Esos dos “correos” tomaron un avión de Aerolíneas Argentinas que tenía por destino México, algunos minutos antes de que el avión de los expulsados decolara en dirección a Francia[523]. No era todo. Otros dos individuos, con pasaportes panameños, también habían sido expulsados de Colombia algunas semanas atrás. Y Vladimir Obrouvov, segundo secretario de la misma embajada, también había tenido que dejar el país cuatro meses antes[524]. Él estaba encargado de enrolar a jóvenes colombianos con el pretexto de concederles becas de estudios en la URSS. Esa actividad le había permitido entrar en contacto con elementos que las autoridades veían como operadores de las FARC. Obrouvov era objeto de una estrecha vigilancia de las autoridades.

Como para confirmar que el trabajo soviético de penetración de los medios políticos colombianos era cierto, un grupo de parlamentarios de la Anapo emitirá una declaración en favor de las relaciones diplomáticas con la URSS, después de la expulsión de los rusos. Lo cual hará decir al diario conservador El Siglo, en un editorial, que la expulsión de los funcionarios soviéticos y la extraña actitud del grupo anapista ponía de manifiesto que las relaciones diplomáticas con la URSS son “inconvenientes[525]”.

En cuanto a la agitación en favor de Fidel Castro, ésta continúa hasta el punto de que el 10 de julio de 1972 el ministro colombiano de Relaciones Exteriores, Alfredo Vázquez Carrizosa, se ve obligado a repetir que Colombia no tiene la intención de restablecer relaciones diplomáticas con Cuba. A principios de agosto, los servicios secretos y el Ejército descubren una importante red de distribución de armas, propaganda y explosivos en las ciudades de Bucaramanga, Tunja, Bogotá y Fusagasugá. Catorce personas son detenidas, entre ellas algunos miembros del PCC. Un grupo de juristas de extrema izquierda se dice “alarmado” por la suerte corrida por los detenidos. Afirman que esas detenciones son “abusivas”. En la Cámara Baja, el representante Néstor Niño Cruz propone la creación de una comisión de investigación de tres representantes[526]. Pero esa “comisión” era más bien una bufonada: el jefe de aquélla iba a ser Humberto Oviedo, miembro del PCC. No obstante, nadie se preocupa por la torpeza de los partidos “burgueses” que dejan pasar esas incongruencias ante temas que tienen que ver con la seguridad nacional. El 24 de agosto, el director de las Fuerzas Armadas denuncia otro plan subversivo del ELN. Otros quince sospechosos son detenidos en Bogotá, entre los que se encuentran varios empleados de Planeación Nacional y del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. La prensa ve en esos hechos una tentativa de “infiltración comunista en los organismos del Estado”. Las fuerzas del orden siguen sus trabajos y descubren, el 5 de septiembre, otra casa del ELN en un barrio del sur de Bogotá. Una decena de personas son detenidas. Siete serán inculpadas.

Por el lado del PCC, que se creía más moderado, las cosas no son menos turbias. El 19 de septiembre la CTC acusa a la embajada de la URSS de financiar la subversión en los sindicatos. Además, Humberto Oviedo, representante comunista acusado por la justicia de estar vinculado a un secuestro, se oculta. Los hechos se remontaban a septiembre de 1972 en Chaparral, Tolima. Un juez militar lo había citado a comparecer en noviembre pero él había tomado las de Villadiego. Otros activistas serán detenidos: Jaime Caicedo, jefe de las “juventudes comunistas”, y Alejandro Gómez, secretario de un “movimiento de la paz”. En octubre, el ministro de Defensa, general Hernando Correa Cubides, denuncia la existencia de una conspiración internacional que tenía por objeto “alterar la paz y conducir a Colombia a la bancarrota económica”. Expresándose en una sesión plenaria de la Cámara Baja, el general revela que el actual debate en ese recinto había sido decidido “en el extranjero” y que la lista de preguntas hechas a los ministros de Defensa e Interior “había sido redactada y enviada desde Praga”. Informa que 96 personas, acusadas de pertenecer a la guerrilla, habían sido detenidas y que algunas de ellas habían infiltrado organismos del Estado, bancos, la universidad y la prensa para llevar a cabo misiones subversivas. Apoyándose en documentos, el general indica que el ELN, el EPL y las FARC han asesinado a campesinos inocentes y a 23 militares “sólo en lo que va corrido de este año”.

Algún tiempo después, un centenar de estudiantes son detenidos durante violentas manifestaciones en las universidades Nacional y Libre de Bogotá, donde 15 policías y 50 estudiantes resultan heridos. Los policías habían sido atacados con cocteles molotov y botellas que contenían ácido[527]. En Curumaní (Cesar), cuatro guerrilleros del ELN mueren en combate. Entre ellos se encuentra un vasco, Pedro Boigorrir Apestiquia. El 29 de noviembre hay una nueva ola de detenciones: en Bogotá, 14 personas sospechosas de pertenecer a una red del ELN son detenidas al mismo tiempo que, en la región de Cartagena, son detenidos tres sacerdotes españoles quienes serán expulsados de Colombia por haber incitado a los campesinos a ocupar tierras cuya propiedad impugnaban. El 15 de diciembre fracasa el intento de fusión de las principales centrales sindicales del país, la UTC y la CTC.

El año 1973 comienza con otro episodio de subversión: otros tres sacerdotes españoles, acusados de trabajar para el ELN en Bucaramanga, son detenidos por el DAS. Su expulsión suscita una huelga entre los 40 sacerdotes españoles en misión en Colombia, quienes amenazan con dejar el país el 1 de febrero. En la región de Bucaramanga muere José Solano, brazo derecho del jefe del ELN, durante un choque con el Ejército.

En cuanto a la Unión Nacional de Oposición (UNO), cuyas premisas estaban bajo estudio del PCC desde el año anterior, ese plan comienza a tomar forma. Su objetivo declarado es atraer las fracciones de izquierda del Partido Liberal y las capas populares aún no organizadas, y aislar los grupos de extrema izquierda, como el M-19 así como los grupos maoístas y trotskistas. En realidad, el objetivo principal de la UNO es reforzar y redimensionar el Partido Comunista, ponerlo en el centro de lo que deberá ser un día (como en las elecciones presidenciales de 1974) el segundo partido de masas de Colombia. Pero para eso es necesario, según el PCC, remover algunos obstáculos: el MOIR, por ejemplo. Francisco Mosquera Sánchez, un marxista seducido por las tesis de Mao Tsetung, había creado ese partido en 1968. Mosquera se proponía implantar en Colombia una “revolución de nueva democracia”. El saluda la “vocación revolucionaria” no sólo de los obreros y campesinos sino también de la burguesía nacional como clase. Aunque fiel seguidor del líder comunista chino, Mosquera se aleja sin embargo de las otras formaciones maoístas colombianas del momento al rechazar la idea de hacer la “guerra popular” y de utilizar el terrorismo. En los años setenta, el MOIR se pronuncia contra la participación en las elecciones y al mismo tiempo contra toda “aplicación mecánica de la experiencia cubana”. Funda la Juventud Patriótica (Jupa) y más tarde, en julio de 1971, el periódico mensual Tribuna Roja, desde el cual lanza constantemente críticas al “partido revisionista” de Gilberto Vieira y a “los bonzos de Moscú”. Pero en 1973, Mosquera da un giro inesperado contra el abstencionismo electoral y cede ante los llamados de la UNO. Francisco Mosquera morirá el 1 de agosto de 1994, a la edad de 53 años.

El proyecto de crear la UNO ocupa pues las energías del partido de Moscú. Al final del tercer congreso de la “juventud comunista”, abierto el 23 de enero de 1973, él aprueba la creación de un “frente de oposición democrático” y propone la designación de un candidato único para las elecciones de 1974. La coalición que erige no tendrá, realmente, nada de “democrático”. Se trataba en verdad de adoptar la vieja táctica maoísta de los “círculos concéntricos”, una variante de la inventada por Dimitrov en la época del Komintern donde los partidos comunistas admitían ponerse a remolque de uno o de varios partidos de la burguesía, en nombre de la teoría de la revolución por etapas. En el modelo maoísta del frente unido, sólo el Partido Comunista ocupa el centro del dispositivo. Después de éste vienen los círculos ocupados por las “masas populares”: los sindicatos bajo influencia o bajo control comunista, las organizaciones campesinas, los grupos de jóvenes, las brigadas de artistas, etc. A continuación viene el círculo de los partidos aliados y de izquierda. Por último, el sector más excéntrico, el de los partidos y personalidades “burguesas” que aceptan integrarse en posición subordinada. Por supuesto, la línea política del frente es elaborada por el centro, es decir, por el Partido Comunista. Otro detalle importante: el PC no se somete a la disciplina del frente. Como es el que debe dar la “orientación revolucionaria” del frente, guarda toda su libertad de acción e iniciativa. Por el contrario, los otros partidos, y sobre todo las personalidades “burguesas”, deben respetar una férrea disciplina. El sectarismo y la rigidez que se deriva de esa concepción del frente unido produce generalmente fracasos. La UNO no será la excepción a la regla.

Sobre todo teniendo en cuenta que los comicios que se acercan no serán un lecho de rosas, ya que el tráfico de drogas comienza a levantar cabeza, a utilizar la violencia y a preocupar a las autoridades. En marzo de 1973, por ejemplo, la Policía descubre en Medellín un depósito de cocaína por un valor superior a 180.000 dólares. El 6 de marzo, un avión privado que transportaba hacia los Estados Unidos una carga de marihuana, se estrella en el departamento del Atlántico.

En el mismo período emergen nuevas señales de recrudecimiento de la actividad guerrillera, a pesar (o más bien a causa) de la nueva ley de reforma agraria impulsada por el Gobierno. El vespertino francés Le Monde informa que “el PCC envía sus cuadros a ‘trabajar las masas rurales’ [y] las invasiones de tierras se multiplican, sobre todo en la costa atlántica”. Charles Vanhecke, el enviado especial del citado diario, retomando una frase del ex presidente Carlos Lleras Restrepo, añade: “Al querer hacer la revolución, [los comunistas] retrasaron la reforma agraria[528]”. Ante las violentas ocupaciones de tierras y las marchas campesinas de septiembre de 1973, los terratenientes reaccionan constituyendo grupos de autodefensa. Las “marchas campesinas” y las invasiones de las propiedades agrícolas son entonces reprimidas por la Policía. En realidad, la gran ola de ocupaciones de tierra había comenzado en 1971, año en que no hubo menos de 2.000 invasiones de propiedades agrícolas en todo el país, bajo la dirección de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), un organismo creado por el propio Gobierno para facilitar la aplicación de la reforma agraria pero cuyo control había caído en manos de maoístas. Así pues, miles de hectáreas de tierra son tomadas por campesinos pobres después de numerosos altercados con la Policía[529]. La respuesta del Estado será el Pacto de Chicoral, destinado a frenar, en 1972, la utilización de las vías de hecho para regular la cuestión agraria y poner fin a las expropiaciones de latifundios. En realidad, la concentración de la tierra era un verdadero problema: un 70 % de los explotadores poseían solamente un 5,6% de la superficie agrícola, según un estudio de Planeación Nacional. Pero, según los resultados de un censo agrícola, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) había indicado que en 1970 las explotaciones agrarias de más de 2.500 hectáreas (latifundio) ocupaban 621.408 hectáreas y que las explotaciones de 5 a 10 hectáreas (minifundio) ocupaban 1.067.229 hectáreas[530]. Lo que quiere decir que menos del 19,7 % de las superficies cultivables estaba ocupado por las grandes explotaciones (latifundio) y que las pequeñas explotaciones (minifundio) ocupaban un 80,3 % de las superficies cultivables. Lo que no es, en verdad, escandaloso.

Sin preocuparse de esa realidad social, excepto para explotarla con fines egoístas y sectarios, el PCC prosigue la construcción de la UNO. María Eugenia Rojas de Moreno, dirigente central de la Anapo, el partido del ex dictador Gustavo Rojas Pinilla, es cortejada por el partido de Vieira quien le propone sencillamente ser la candidata de la UNO para las elecciones presidenciales. Pero convencida de que se trata de una manipulación (muy probablemente ella había estudiado la espinosa cuestión de la “orientación democrática” que el comunismo promoscovita pensaba darle a su partido), María Eugenia rompe toda negociación. Su intuición no la traicionará. Decidido a fundar la UNO a cualquier precio, el PCC busca entonces otro peón, otro candidato servil. Lo encuentra en la persona de Hernando Echeverri Mejía, miembro de la Anapo Socialista, el ala izquierdista de la Anapo. Integrada por el PCC, la Anapo Socialista, el MAC (Movimiento Amplio Colombiano) y el MOIR, la UNO lanza finalmente la candidatura de Echeverri Mejía para la elección presidencial de 1974. El acto fundador de la coalición extremista se realiza en el salón principal del Capitolio Nacional, sede del Congreso de la República. Para los jefes de la UNO, adversarios resueltos de la democracia y de las libertades, que siempre habían gritado ser las “víctimas” de una oligarquía que quiere “excluirlos” de toda posibilidad de juego político, las facilidades concedidas a la fundación de la UNO no significan nada. Son, seguramente, la demostración del “cinismo” y de la “mentira” de la burguesía. En cuanto a Echeverri Mejía, en la aceptación oficial de su candidatura se ve obligado a tragar su primera culebra: debe “rendir homenaje a la lucha de las FARC[531]”. A la luz de esos hechos se comprende mejor el porqué del rechazo de María Eugenia Rojas a querer entrar al juego de los círculos concéntricos.

Los otros candidatos a la nueva elección presidencial que se prepara son los de los grandes partidos: el liberal Alfonso López Michelsen, el liberal Carlos Lleras Restrepo, el conservador Álvaro Gómez Hurtado y María Eugenia Rojas de Moreno de la Anapo. Otro candidato, pero menor, es Hermes Duarte, de la Democracia Cristiana.

La UNO intenta lanzar en seguida puentes hacia las facciones que no están aún en su escarcela: la Anapo, el Frente Unido, el Movimiento Amplio, la ANUC y, sobre todo, las centrales obreras. Los dirigentes de la CSTC hacen el papel de mediadores. La primera reunión de ese conjunto se efectúa en el recinto mismo del Parlamento. Los trabajos se clausuran el 25 de marzo de 1973 en un gran estadio de Bogotá. El momento es glorioso para los hombres de Moscú. El 20 de marzo, y por primera vez, los parlamentarios colombianos reciben a un grupo de diputados soviéticos. Es también la llegada a Bogotá de una misión de la república de China encargada de estudiar la posibilidad de un aumento en los intercambios comerciales entre Colombia y Taiwán. El 22 de marzo Colombia y la RDA establecen relaciones diplomáticas. El 29 de mayo, la Cancillería colombiana anuncia el establecimiento de relaciones diplomáticas con Hungría. A principios de junio de 1973, Fernando Lleras, un funcionario de la Federación Nacional de Cafeteros, regresa de Rusia y declara que ese país promete construir diez nuevas tostadoras de café ya que “está muy interesado en la producción colombiana”. Walter Weber, el nuevo embajador de la RDA, llega a Bogotá el 22 de junio.

¿El comunismo colombiano avanza pues hacia una estrategia de “coexistencia pacífica” en Colombia? Nada de eso. Con esos fingimientos políticos, con esos esfuerzos electoralistas, el PCC no hace más que ocultar su noria pues sigue aplicando a sabiendas su violenta estrategia de la “combinación de todas las formas de lucha”. Mientras el aparato legal construye la UNO, los Apparats ilegales velan por el refuerzo de la guerrilla (y por la constitución, como se verá, de un “Ejército revolucionario del pueblo” con la absorción de las otras guerrillas por parte de las FARC), y por el desarrollo de un nuevo medio de financiación: los secuestros. En efecto, las guerrillas reanudan acciones y el 23 de septiembre siete irregulares pierden la vida y otros diez son capturados por el Ejército. Entre ellos se encuentra el sacerdote Luis Herrera Zabala. Según las estadísticas oficiales, desde 1952 habría habido 512 secuestros en Colombia. Bogotá, con 148 casos, sería la ciudad más afectada.

A pesar de las visitas y de los discursos oficiales, el comercio entre Colombia y los países “socialistas” decae. Pasa de 66,2 millones de dólares en 1970 a 51,6 millones en 1972 (disminución del 22%, aproximadamente), según un estudio realizado en octubre de 1973. La reducción de las exportaciones colombianas hacia esa región del mundo es del orden de un 34%. Las ventas de café disminuyen un 55 %. El señor Gómez Jaramillo, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, atribuye la reducción de esas exportaciones a la existencia de mayores disponibilidades en divisas, lo que ha permitido aumentar el volumen de las transacciones en monedas convertibles.

Tras el golpe de Estado del general Augusto Pinochet contra el régimen de Salvador Allende llegan a Bogotá, el 25 de octubre de 1973, 53 refugiados chilenos y extranjeros que habían pedido asilo a la embajada de Colombia en Santiago de Chile. Entre ellos está el ex ministro del Interior de Allende, Hernán del Canto, así como periodistas de extrema izquierda y activistas brasileños, bolivianos y uruguayos. Al día siguiente, los jefes de la CTC, invitados a debatir sobre “la unidad sindical”, se niegan a afiliarse a una “única central de trabajadores” controlada por los comunistas. El 5 de noviembre, la prensa publica la nueva cifra sobre el azote de los secuestros: desde febrero de 1971, 518 personas habían sido condenadas por la Justicia Penal Militar por secuestro. El 27 de octubre, varios miembros del ELN que operaban en Medellin son capturados. El 2 de febrero de 1974 hay un sangriento encuentro entre las fuerzas del orden y el ELN al norte del país. El 9 de febrero, José Manuel Martínez Quiroz, que pasa por ser uno de los fundadores del ELN, ingresa a la IV Brigada del Ejército. El 20 de febrero es incautada en Bogotá la primera edición de la revista izquierdista Alternativa, cuyo director es el escritor Gabriel García Márquez[532], por la información confidencial que parecía tener sobre las guerrillas. El 1 de marzo, 21 miembros del EPL se entregan a las tropas regulares. El 10, el Ejército evalúa las pérdidas sufridas por los distintos movimientos de guerrilla en 51 muertos o prisioneros, desde el 1 de enero de 1974. El 23 y 24 de marzo, la prensa anuncia la muerte en combate con el Ejército, el 20 de febrero, del sacerdote español Domingo Lain, uno de los hombres de Fabio Vásquez Castaño, jefe del ELN. Por último, la UNO obtiene un buen resultado relativo al ganar, en las elecciones legislativas de 1974, 12 escaños de la Cámara de Representantes y 179 concejales.

EL GRAN BALÓN DE LA UNO SE DESINFLA

La elección de Alfonso López Michelsen como presidente de la República, por tres millones de votos, en mayo de 1974, despierta grandes esperanzas populares. López Michelsen es el ex jefe del Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), donde las facciones más radicalizadas del liberalismo (e incluso del Partido Comunista) habían encontrado refugio desde 1958, a comienzos del período bipartidista del Frente Nacional. Antes de alinearse al bloque mayoritario del Partido Liberal, este profesor de Derecho Constitucional y escritor en sus horas libres jamás había ocultado su antiamericanismo, su admiración por la revolución china y por la aventura castrista. El 7 de agosto de 1974, cuando comienza su presidencia, que él mismo bautiza como “Mandato claro”, el PCC y los antiguos cripto-marxistas de la “línea dura” del MRL, ven que otro período favorable a la acumulación de fuerzas revolucionarias se abre ante ellos. No porque López Michelsen sea uno de ellos sino porque él es un liberal progresista que ve el socialismo como la consecuencia lógica del liberalismo (herencia gaitanista obliga) y porque ve las guerrillas como una expresión de la “lucha social[533]”. Nadie se sorprende en verdad cuando López Michelsen nombra un rector marxista para la Universidad Nacional, la principal del país, en la persona de Luis Carlos Pérez, ni cuando anuncia que el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba está en estudio. Nadie se asombra tampoco ante el hecho de que la federación sindical controlada por los prosoviéticos, la CSTC, ilegal hasta ese momento, será reconocida por el Ministerio de Trabajo. Para mostrarse equitativo, López concede el mismo privilegio a la central demócrata-cristiana CGT y pone en marcha una política de concertación social.

Para el PCC y las guerrillas era claro que con la llegada de López al poder ellos podrían disfrutar de un cierto tipo de indiferencia o laxismo del Estado respecto de las actividades subversivas disfrazadas en “lucha social”. El recuerdo entusiasta que la izquierda revolucionaria tenía del primer gobierno de Alfonso López Pumarejo, padre del nuevo presidente, permitía hacer tales cálculos. Sin embargo, López Michelsen, después de un año de laisser-faire, va a frenar un poco ya que los riesgos de desbordamiento sindical eran visibles incluso desde el comienzo de su mandato y la violencia de las guerrillas aumentaba en el sector rural. Pero el episodio de La Esperanza, en el sur de Bolívar, en octubre de 1974, donde un grupo de 93 guerrilleros derrotados del ELN había aprovechado la orden dada precipitadamente por el presidente López de retirar momentáneamente las tropas de una zona para escapar al asedio militar, introducirá la discordia entre el jefe de Estado y el general Álvaro Valencia Tovar, comandante en jefe del Ejército. Todo indica que López fue engañado por el emisario de la guerrilla quien, entre otras cosas, había conseguido hacer abastecer a los fugitivos de uniformes, provisiones y medicamentos, antes de que éstos le pusieran conejo a las autoridades civiles y militares del departamento. Esa aventura, generada por la ambición de López de mostrar un primer acto de rendición de la guerrilla, conducirá a la destitución, el 28 de mayo de 1975, del general Valencia Tovar, quien nunca ocultó su desacuerdo con la decisión del presidente[534].

Sin embargo, López había subrayado sus diferencias desde hacía tiempo con los comunistas. En un discurso en 1966, había propuesto salir de la monotonía y “encontrar un nuevo tema”, distinto del exclusivo de la lucha contra el bipartidismo y por la defensa de la revolución cubana[535]. En 1974, estaba aún más lejos de los días en que las juventudes del MRL eran un semillero de reclutas para el ELN, y lejos de su candidatura presidencial disidente de 1962, que había sido apoyada por el castro-comunismo, y de su fracaso estruendoso ante el candidato del bipartidismo, Guillermo León Valencia. Lejos estaba también de los días en que Hernando Garavito Muñoz, una personalidad del MRL, afirmaba ante el Congreso colombiano que Tirofijo, quien acababa de ser condenado como reo ausente a 24 años de prisión, “no es un bandido sino un rebelde” y que “los rebeldes de hoy son los gobernantes de mañana[536]”.

Así, la concordia con los extremistas será de corta duración, pues tan pronto la CSTC es legalizada el PCC presenta a López Michelsen como un enemigo que debe ser abatido, reprochándole las medidas que tomaba para luchar contra los secuestros y las guerrillas. Esa actitud excesiva del PCC no le hará perder a éste ni una onza de los privilegios que el gobierno liberal le había concedido. La prueba es que, en diciembre de 1975, la apertura del XII  congreso del PCC se efectúa en un teatro de Bogotá ante 3.500 personas. La línea allí es ofensiva: la UNO, declara el “teórico” Teodosio Varela, es “el embrión de un frente patriótico de liberación nacional”. Otro dirigente dirá que se trata de construir “una nueva estructura de gobierno, una alianza democrática y antiimperialista […] contra las diques oligárquicas tradicionales[537]”. Transformado en foro de las “fuerzas democráticas y patrióticas”, el congreso comunista “condena la represión contra la clase obrera, el campesinado, los estudiantes, los intelectuales, los periodistas de izquierda y la población autóctona del país”. Los hombres de Vieira acusan a López Michelsen, a “su Policía y a su Ejército”, de “matar y encarcelar a los militantes comunistas” y “multiplicar los atentados” contra Voz Proletaria, órgano del PCC, y contra la revista Alternativa.

Durante ese congreso será reactivada la consigna de impulsar a fondo los famosos paros cívicos, nuevo hallazgo de la “lucha social”. Esa arma consiste en un nuevo tipo de huelga general destinada a afectar a una sola ciudad o a una sola región, a la cual todas las categorías de la población (y no sólo los trabajadores) son invitadas a “movilizarse”. Esa táctica es, en general, el preámbulo, si las condiciones son propicias, de una huelga general propiamente dicha. En realidad, entre 1958 y mayo de 1978 habrá en Colombia 138 paros cívicos especialmente duros. Pero el período de la mayor ofensiva, con 51 huelgas, irá de septiembre de 1977 a mayo de 1978. Las huelgas “cívicas” más violentas serán las de Florencia, en 1976 y 1977; Yumbo, en 1977; Ipiales, en 1978; Tunja, en 1965, 1974 y 1978; Barbosa, en 1975; Bucaramanga, en 1975 y Barrancabermeja, en 1963, 1975, y 1977[538].

Con todo, las medidas económicas adoptadas por López Michelsen eran las indicadas: la producción industrial aumenta un 2,8% en 1975 y asciende incluso al 10,6% en 1976. El talón de Aquiles de esa administración será la inflación de precios. Si ésta había disminuido en 1975 (18 %), remontará al 26 % en 1976 y al 30 % en 1977. Por el momento, en las elecciones legislativas de abril de 1976, ensangrentadas por el M-19 con el asesinato del líder sindical liberal José Raquel Mercado, se colmarán las esperanzas de la coalición liberal-conservadora ya que ésta obtiene un 77,4% de los votos, contra un 16% de votos obtenidos por los independientes. La izquierda, por su parte, sin distinción de grupos, obtienen sólo un 6,6% (3,5 % para la Anapo y 3,1 % para los grupos comunistas de todas las obediencias[539]). Más concretamente, la UNO retrocede de manera neta ya que obtiene únicamente 9 representantes a la Cámara, mientras que en 1974 había obtenido 12, y 120 concejales mientras que en 1974 había obtenido 179. Así pues, el gran balón de la UNO se desinfla y, para empeorar las cosas, en agosto de 1976 el senador Hernando Echeverri Mejía rompe ruidosamente con esa coalición y parte con su grupo de la Anapo Socialista antes de negarse a participar, según su expresión, en un “escenario socialista internacional”.

En otras palabras, el PCC quería que el ex candidato de la UNO participara en la conferencia de los partidos comunistas de América Latina y el Caribe, la cual se reúne en La Habana en diciembre de 1975[540].

Entre López Michelsen y el Partido Comunista las relaciones no cesan de deteriorarse. A principios de mayo de 1976, en un discurso en favor de su gobierno, el presidente declara: “Debemos defender el socialismo contra el estalinismo burocrático[541]”. A lo que Teodosio Varela responde: “Eso no oculta de ningún modo la tendencia reaccionaria de López”. El período es turbio ya que, por una parte, las guerrillas (FARC, EPL y ELN) intentan unirse para golpear mejor y para formar un “Ejército revolucionario del pueblo”. Del otro lado, estaba la CSTC y sus esfuerzos considerables para constituir, paralelamente, un frente unido de todas las federaciones sindicales para desencadenar una huelga general en 1977[542]. Ante esa peligrosa perspectiva el Gobierno reacciona apenas, ya que no ve claramente el golpe que se prepara. Abandona una vez más las centrales democráticas a los encantos de la CSTC y la agitación contra el Gobierno gana en amplitud. El 14 de enero de 1977, José Cavanzo y Tobías Lamuz, dos líderes de la UNO en provincia, son asesinados. El 10 de marzo, los funcionarios hacen huelga en todo el país. El 23 de abril, los estibadores de Buenaventura, dirigidos por la CSTC, se lanzan a su vez a otra huelga.

LOS QUE MUEVEN LOS HILOS NECESITAN CADÁVERES:
NUEVA HUELGA GENERAL

Animado por el relativo éxito de la manifestación del 1 de mayo en Bogotá, Pastor Pérez, cacique del sindicalismo comunista, revela que la CSTC trabaja para desencadenar, en los próximos meses y con las otras centrales trabajadoras, una huelga general “contra la política social” del gobierno de López Michelsen. Ante tal amenaza, éste responde que “no se dejará desbordar por una huelga de carácter político”, pues los hombres de Pastor Pérez ocultan a duras penas el carácter político de esa huelga. Incluso en París se discute al respecto. El 22 de agosto, en efecto, I^üumanité anuncia que la huelga general en Colombia ya tiene fecha, el 14 de septiembre, y que las negociaciones entre las cuatro centrales trabajadoras (UTC, CTC, CSTC, CGT) van por buen camino: los jefes acaban de ponerse de acuerdo sobre un plan de lucha “por el levantamiento del estado de sitio, la reforma agraria, un aumento general de salarios del 30%, contra las alzas del costo de vida y contra el imperialismo”. Por lo tanto, el 30 de agosto estalla una huelga en el centro petrolero de Barrancabermeja y en Ecopetrol. Nada más normal ya que en Colombia, cada vez que el PCC fomenta la aparición de motines políticos, los enclaves petroleros son los primeros en ser puestos en ebullición. Asombrado ante la amplitud de la agitación, el Gobierno reafirma su posición y anuncia que podría imponer sanciones penales que van de 30 a 80 días de detención contra “todos aquellos que participen en los esfuerzos para hacer cesar el trabajo[543]”.

Eso no les impide a los comunistas proseguir sus maniobras y conseguir la creación de un “consejo nacional sindical”, integrado por las cuatro centrales obreras del país[544]. Esa coalición atrae incluso al sindicato campesino de extrema izquierda ANUC y, a último minuto, a la formación MAOísta MOIR. Los grupos trotskistas, en general muy anti PCC, aceptan también participar en la “construcción” de la huelga general. La CSTC está pues en plena gloria. Por primera vez en veinte años ella se halla en condiciones de “guiar” a todas las organizaciones sindicales y a la extrema izquierda hacia una confrontación general contra el Estado. Comités de agitación, propaganda y acción son erigidos en cada ciudad y en cada pueblo. Tres semanas antes del 14 de septiembre de 1977 equipos de agitadores, controlados por la CSTC, recorren los barrios más pobres de las ciudades. Improvisan rápidas reuniones donde entregan toneladas de volantes a los transeúntes. Durante la noche, las paredes son inundadas de pintadas y de lemas en favor del “paro cívico nacional”.

Como estaba previsto, el 14 de septiembre estallan desórdenes en Bogotá y en otras ciudades. Provocadores toman la iniciativa y se dedican a la violencia y al sabotaje, en particular contra el transporte público y las comisarías. Las calles están llenas de clavos. Algunos buses son atacados y quemados en Bogotá por elementos incontrolados. Algunos tramos del ferrocarril que sale de la capital son destruidos. Almacenes y oficinas sin protección son saqueados. Cuando la Policía intenta impedir los abusos es atacada a piedra y bala. La Policía responde. Siete personas mueren en las refriegas de la capital. Los que jalaban los hilos de la subversión tenían necesidad de cadáveres para mostrar la fuerza de su acción. Para ellos era necesario verter, de nuevo, la sangre de los colombianos. En todo el país habrá 23 muertos, también cientos de heridos y más o menos 400 detenidos[545].

Al día siguiente, la CSTC afirma que “cinco millones de trabajadores participaron en la huelga”. Para el Gobierno, el balance es diferente: según sus cálculos, en Bogotá sólo el 50% de los trabajadores salió a las calles y la huelga no paralizó la industria. Tampoco fue afectado el sistema bancario[546]. En algunas ciudades, la parálisis del transporte público contribuyó a algunos ceses de trabajo, pero la producción en general no fue verdaderamente afectada. Las negociaciones entre Gobierno y sindicatos continuaron aunque las partes distaban mucho de llegar a un acuerdo.

La huelga general del 14 de septiembre de 1977 había sido, en realidad, bastante dura. Tuvo todas las apariencias de una huelga subversiva, con asambleas oficiales y reuniones secretas. El PCC dirá que esa huelga había marcado “el comienzo de una nueva etapa en la lucha del proletariado colombiano”. Esa huelga, en verdad, será un fracaso para los trabajadores, quienes no verán aumentados sus salarios. En cuanto al PCC, será sólo parcialmente exitoso pues en Europa, al menos, una determinada prensa hablará de él. Por ejemplo, el 16 de septiembre, L’Humanité hace la apología de la “movilización popular” y da, como balance de la “brillante” jornada, la cifra de 6.000 detenciones, 400 heridos y 12 muertos. Un día después, el diario comunista francés reduce la cifra de las personas detenidas a 4.000. Pero el 20 de septiembre ese mismo diario vuelve a la carga y habla de “5.000 huelguistas encarcelados”. El diario socialista Le Matin dirá el 7 de octubre que “un centenar de personas” habría encontrado la muerte en la huelga general “solamente en Bogotá”. Su fuente: un responsable de la ANUC. Le Figaro se lanza también al juego de la escalada verbal: el 28 de diciembre, sirve de nuevo la cifra de Le Matin. En La Habana, Granma habla, el 25 de septiembre, de “6.000 detenciones y de 14 muertos” y de un “número indeterminado” de heridos.

Ante la campaña mediática internacional sobre las brutalidades de la Policía (esa prensa no mencionará jamás las brutalidades de los amotinados ni de quienes disparaban en la sombra), y ante las severas críticas lanzadas por la oposición contra la manera como la huelga había sido reprimida, el ministro de Gobierno, Rafael Pardo Buelvas, es invitado a dimitir. Lo hace a principios de octubre sin que ello reduzca la tensión que reina en el país, ya que debido a la intransigencia de las centrales obreras, las negociaciones sobre el aumento de salarios son rotas el 13 de octubre. El Gobierno proponía un aumento del 12 % pero los líderes de los sindicatos, amenazando con reactivar la huelga general, pedían, esta vez, un aumento del 50 %. La inflación, decían, había ascendido al 48 % en los seis últimos meses. El Gobierno decide entonces conceder unilateralmente un aumento del salario mínimo legal del 26 %, igual a la inflación en 1976[547]. Tomada por sorpresa, la CSTC es aislada por la medida y clama haber sido traicionada por el Gobierno. A manera de represalia, el 17 de octubre, estalla una bomba dentro de un bus en Bucaramanga, región afectada por la huelga de Ecopetrol, que mata a tres personas[548].

A partir de ese momento la línea brutal de la CSTC pierde fuerza ya que la nueva gran manifestación convocada por las cuatro centrales, para exigir un aumento salarial del 50 % y el control de precios, se hará a la manera de la UTC, es decir sin violencia. Así pues, el 18 de noviembre de 1977, en una Bogotá militarizada, 40.000 personas manifiestan pacíficamente[549].

Para luchar contra el auge de los secuestros, López Michelsen anuncia que el personal de la Policía será reforzado con 5.000 hombres más. La semana anterior, en carta firmada por 33 generales y almirantes en Bogotá, y aprobada por el conjunto de los altos mandos del país, los militares piden al presidente “tomar medidas urgentemente para luchar contra el aumento de la criminalidad y para preservar el honor de las Fuerzas Armadas[550]”, pues la prensa comunista, en efecto, para hacer diversión ante los actos terroristas de las guerrillas y empujar la destitución del comandante del Ejército (como ella lo había hecho con éxito años atrás)[551] agita el espantajo de un “golpe de Estado militar fascista en preparación” sin decir una palabra sobre la ola de secuestros la cual era, en verdad, la más fuerte desde 1975: en 1977, 93 personas habían sido secuestradas. ¡En el solo mes de diciembre de ese año, 12 personas habían sido secuestradas en Bogotá! Para la prensa de la extrema izquierda, en cambio, la violencia y la inseguridad no eran fenómenos vinculados a la ofensiva terrorista, ni a la propaganda agresiva contra las fuerzas del orden, sino, por el contrario, un dato rutinario y la consecuencia de la pobreza y el desempleo.

La técnica que consiste en agitar contra un supuesto “golpe de Estado fascista que preparan los militares” tomó casi un año en dar frutos pero resultó, al final, perfecta pues el jefe del estado mayor de las Fuerzas Armadas, el general José Joaquín Matallana, héroe de Marquetalia, quien no tenía nada de “fascista” y aun menos de golpista, fue jubilado de oficio el 2 de diciembre de 1978. Esa destitución suscitó no pocas polémicas. Algunos dirán que entre él y el presidente López Michelsen había “divergencias personales” así como entre él y el ministro de Defensa, el general Abraham Varón Valencia, oficial cercano al jefe de Estado[552]. Realmente, lo que había generado el malestar en las Fuerzas Militares era más la larga operación de propaganda sobre el “golpe de Estado militar fascista en preparación”, que la salida forzada del general Matallana. El general Luis Carlos Camacho Leyva, comandante en jefe, y los principales dirigentes militares, habían publicado el 19 de diciembre de 1977 un comunicado donde denunciaban una “campaña de difamación contra las Fuerzas Armadas, destinada a minar la autoridad en el seno de la institución[553]”.

En todo caso, la aventura del 14 de septiembre contribuirá a hundir el movimiento comunista, pues en las elecciones legislativas del 26 de febrero de 1978 la opinión pública favorecerá, de nuevo, a los partidos democráticos, a pesar de los esfuerzos de la extrema izquierda abstencionista por alejar a los electores de las urnas. De los 12,3 millones de electores inscritos, apenas 5 millones irán a votar. La abstención será del 67 %. Pero el Partido Liberal, dirigido por Julio César Turbay Ayala, próximo candidato presidencial de esa formación, toma la delantera con 2 millones de votos, es decir con 350.000 votos más que su adversario tradicional, el Partido Conservador, quien obtiene 1.600.000 votos. En la Cámara de Representantes, los liberales controlarán 109 escaños y los conservadores 86. En cuanto a la extrema izquierda, fracasa a pesar de la unidad de fachada que había presentado. La UNO (el frente electoral comunista), que incluye al PCC, al MIL (Movimiento de Izquierda Liberal) y a la Anapo Socialista de Julio César Pernía, sólo obtendrá 4 escaños (contra los 19 de antes), y un solo senador. La otra izquierda (la coalición maoísta MOIR más la formación trotskista PST) obtiene un margen aún más reducido.

Sin querer acusar el golpe de semejante bofetada de los electores, y sin hacer su habitual autocrítica, el movimiento comunista se consuela con las perspectivas de la lucha armada. Para calentar a sus masas luego de la derrota vuelve a utilizar el argumento de la amenaza fascista. Alberto Rojas Puyo, una de sus cabezas pensantes, escribe en France Nouvelle: “Las FARC son una garantía ante la amenaza persistente de un golpe de Estado militar de derecha: ellas protegen también contra el terror reaccionario a las organizaciones democráticas en el campo[554]”.

El problema es que en lugar de un “golpe de Estado militar de derecha” y del “terror reaccionario” agitado por los comunistas, lo que llega es, de nuevo, una elección, ya que después de las legislativas de febrero de 1978 viene la presidencial del 4 de junio. Así pues, sin pena ni gloria y sin “terror reaccionario”, el mandato de Alfonso López Michelsen llega a su fin. Para sus detractores conservadores, esa administración pasará a la posteridad como “uno de los gobiernos más desconcertantes de los cincuenta últimos años de la historia nacional[555]”.

TURBAY AYALA Y LAS RAZONES DE UNA CONJURA

Descontentos de ese desenlace pacífico, los sindicatos desencadenan una nueva huelga general, el 30 de mayo de 1978, cinco días antes de la elección presidencial. Las cuatro centrales obreras piden un aumento de salarios del 50 % y la congelación de precios de los productos de la canasta familiar. Es también una huelga dura pero los daños son menos graves. Como habían hecho ocho meses antes, minorías muy móviles atacan algunos ejes de Bogotá. Decenas de buses son incendiados y 40 trolebuses (importados de la URSS) son reducidos a cenizas. La Universidad Nacional es también objeto de violencia. La Policía detiene a mil personas. La mayoría de ellas son soltadas rápidamente. Algunos provocadores serán condenados a tres años de prisión.

La elección presidencial transcurre en un ambiente amenazante. En Medellin lanzan dos bombas incendiarias contra una residencia particular. Otros dos explosivos, colocados en la sede del Partido Liberal, y otro, colocado en un edificio militar, son desactivados. En Santa Marta, activistas incendian un camión. Un civil es ultimado en Ibagué. Un dirigente regional del Partido Liberal, Ricardo Ovalle, es asesinado en Villanueva, así como un policía y un civil en Bucaramanga. El director para Colombia de la Texas Petroleum Company es secuestrado. Ésa era, concretamente, la forma que adoptaba el “terror reaccionario” que había sido anunciado por la propaganda estalinista.

Finalmente, el candidato liberal, Julio César Turbay Ayala, gana la elección al obtener 2.303.034 votos. Su rival conservador, Belisario Betancur, obtiene 2.216.673 votos. La abstención es del 68 %. La izquierda es aplastada de nuevo por los electores. Sus tres candidatos son Julio César Pernía, de la Anapo, que había aceptado ser la cabeza de la coalición comunista UNO. El MOIR había presentado la candidatura de Jaime Piedrahíta Cardona. Los trotskistas habían creado la coalición UNIOS y lanzado la candidatura de Socorro Ramírez, una maestra de escuela y activista del sindicato Fecode[556]. Toda la izquierda obtiene en total 128.146 votos. Pernía recibe 95.637 votos; Piedrahíta 25.804 votos y Ramírez 6.705 votos. Lo que da, en términos de escaños, cinco representantes, 12 diputados y 194 concejales. En comparación con las elecciones legislativas de febrero, la UNO había obtenido un 28 % de sufragios menos. El número de votos otorgados al MOIR y a los trotskistas había disminuido, respectivamente, en un 54 % y un 45 %. El 26 de febrero, la izquierda había obtenido 200.000 votos, es decir, un 4 % de la totalidad de los votos depositados. Esta vez esas fuerzas habían obtenido solamente un 2,5% de la totalidad de los votos[557].

Los observadores se preguntan cuáles son las razones de tal paradoja: por qué, en un clima de “luchas sociales” que había alcanzado en esos últimos meses, una rara amplitud, la oposición extremista, que es la base misma de esa agitación, se hunde electoralmente de ese modo. Sólo hay una explicación: los ciudadanos habían comprendido que la “lucha social”, al menos en las formas que había adoptado durante esos meses, sólo era una agitación política artificial, dirigida por grupos armados y aislados y no una auténtica ola radical de descontento obrero y popular.

El 7 de agosto de 1978, día de la transferencia del poder, el presidente Turbay Ayala anuncia una “gran cruzada contra la inseguridad”. Recuerda que la declaratoria del estado de sitio en Colombia “no significa una supresión de las garantías constitucionales […], que es simplemente un instrumento para acelerar la persecución de los delincuentes”. Turbay Ayala nombra como ministro de Defensa al general Luis Carlos Camacho Leyva. Una semana después, El Tiempo, el principal diario del país, revela que las FARC estarían siendo financiadas por la embajada de la URSS en Bogotá[558]. Ese matutino publica otra información interesante: el jefe de las FARC, Manuel Marulanda Vélez, “habría enviado guerrilleros para proteger a los ingenieros y a los técnicos soviéticos que trabajan en la represa de Urrá”. Para frenar las exacciones de los grupos armados y el flagelo de los secuestros y descubrir las infames “prisiones del pueblo” (donde, por ejemplo, el director de la Texas Petroleum Company había sido asesinado), el Gobierno, utilizando las prerrogativas del estado de sitio, dicta el decreto 1923 que será conocido más tarde como el Estatuto de Seguridad. Eso desencadena inmediatamente un coro de voces indignadas y un proceso de intención que será, con mucho, el más virulento de todos esos años.

La denuncia del estado de sitio como un “abuso” que “suprime toda posibilidad legal de oposición” era (y lo será en los años que siguen) la principal palanca de la agitación comunista. Esta vez las gesticulaciones contra el estado de sitio se harán ensordecedoras. No obstante, esa disposición constitucional no fue jamás utilizada por el poder para obstruir la oposición legal, ni impedir las manifestaciones de descontento de la población. Su proclamación siempre tuvo que ver con violencias materiales. El estado de sitio era la respuesta legítima del Estado de Derecho ante la barbarie y ante las campañas armadas de desestabilización. Si durante años el estado de sitio estuvo vigente, ello no fue por capricho o por vocación “dictatorial” de los gobiernos civiles, sino porque las amenazas de guerra, los actos de terrorismo y la propia guerra en sí estaban al orden del día, incrustadas en la realidad diaria del país. El argumento “de fondo” de quienes sostenían la tesis contra el estado de sitio era que la “acción” (bello eufemismo) de las guerrillas no tenía un carácter permanente e iba a desaparecer si el régimen “cambiaba las estructuras” ya que la violencia “campesina” tenía “razones sociales”. Falso. Las reformas (y Colombia ha efectuado muchas) nunca disuadieron a los violentos de proseguir su trabajo. Por el contrario, el país debía hacer frente a una guerra en la que los campesinos, los estudiantes y los obreros no eran sino una masa de choque, apta para ser sacrificada.

Los traficantes de droga, por su parte, consiguen aumentar sus cultivos ilícitos en 1979 aprovechando la crítica situación de orden público que obligaba al Estado a concentrar sus Fuerzas Militares y de Policía en la represión de la guerrilla y de la violencia urbana. Según un informe de Jaime Serrano, procurador general de la Nación, 70.000 hectáreas estaban dedicadas en ese momento al cultivo de la marihuana[559]. Ese fenómeno será explotado por la oposición para reforzar la campaña de diabolización del gobierno de Turbay Ayala, en Colombia y en el extranjero. Uno de los primeros diarios franceses en entrar en la ronda de la agit-prop es Libération que publica, el 29 de septiembre de 1978, un largo artículo: “Colombia, la fiebre de la marihuana”. Acompañado de una fotografía del general Abraham Varón Valencia con una leyenda donde se pregunta (¡qué habilidad!) si él no es “un padrino de la filial colombiana”. El autor, Dominique Labbé, acusa al general (sin la menor prueba) de ser “amigo” de un antiguo funcionario de la aduana de Barranquilla que se habría enriquecido ilegalmente. Ante la imposibilidad de probar lo que dice, Dominique Labbé vuelve a la carga un mes más tarde con un texto odioso donde describe a Bogotá como una “ciudad leprosa y miserable[560]”.

El 12 de septiembre, Bogotá se convierte en escenario de una nueva atrocidad terrorista: a las siete de la mañana, un comando se introduce al domicilio de Rafael Pardo Buelvas, el ex ministro de Gobierno, y lo asesina ante los ojos de su esposa. El grupo Auto Defensa Obrera (ADO) reivindica el atentado y esgrime el pretexto de que con ese acto había querido “vengar la muerte” de los huelguistas en las jornadas del 14 de septiembre de 1977. El Estatuto de Seguridad, en vigor desde hacía algunos días, no había inmovilizado la mano de los bárbaros. Unas semanas antes, la ADO se había inscrito en la senda de las acciones armadas de las FARC y del M-19. Sobre todo de este último que acababa de “declarar la guerra” al nuevo gobierno de Julio César Turbay Ayala[561].

En París, una publicación del PCF que había ignorado la noticia del asesinato del ministro colombiano, publica un artículo de su corresponsal en Bogotá, Alberto Rojas Puyo, quien se muestra escandalizado por una razón bien diferente: el presidente Turbay no se había dignado decir, en su discurso del 7 de agosto, “una sola palabra sobre el mundo socialista ni sobre Cuba”. Y eso no es todo. Según Rojas, dos ministros, el de Justicia y el de Defensa, serían “de extrema derecha[562]”. Poco después, Le Nouvel Observateur publica una carta firmada por un tal Solano Gutiérrez intitulada: “Colombia: una dictadura sin militares”. El autor afirma que el presidente Turbay está “vinculado a los medios de la droga[563]”. Así comenzaba la nueva campaña de hostigamiento contra la administración Turbay y contra Colombia en general. L’Humanité, por su parte, indica el 30 de diciembre “la aparición” de un misterioso grupo de extrema derecha, la “triple A”, que habría enviado amenazas contra personalidades de la oposición, como el senador comunizante Apolinar Díaz Callejas, miembro de un “comité de solidaridad con el pueblo chileno”, contra el jurista Luis Carlos Pérez y contra los magistrados que se negaron a votar el Estatuto de Seguridad.

A principios de enero de 1979, apenas cinco meses después del inicio del gobierno Turbay, y a raíz de la nueva provocación del M-19 (el robo de armas en el Cantón Norte al Ejército el día de San Silvestre), el PCC lanza una ruidosa campaña intitulada “unir las fuerzas contra la amenaza fascista”. Se trata de un esfuerzo para crear una unidad entre las tres principales guerrillas las cuales seguían estando divididas[564]. Para los rebeldes, la hora era crucial ya que, según su propio diagnóstico, “el Estado está debilitado y la revuelta armada y popular está en ascenso[565]”. Ellos pretenden también hacer agitación para ensuciar tanto el Estatuto de Seguridad como la ofensiva del Ejército y la Policía contra las redes urbanas de los movimientos armados. “Con el pretexto de quitarle las armas al M-19 se aplica el artículo 28 de la Constitución que permite a las autoridades aprehender, sin trámites judiciales, a todo ciudadano sospechoso y efectuar el traslado a la isla prisión de Gorgona de los que han sido condenados”, sostiene Voz Proletaria, el 18 de enero de 1979.

Lo que el órgano comunista no dice es que el Ejército estaba recuperando los fusiles robados y descubriendo al mismo tiempo los depósitos, las oficinas de falsificación y las prisiones clandestinas del M-19, administradas por antiguos terroristas tupamaros. Más de 600 activistas de extrema izquierda serán capturados en todo el país. Entre ellos seis alemanes y cinco latinoamericanos cuyas nacionalidades podrían ser argentinas o uruguayas. Los verdaderos jefes del M-19 no son localizados y huyen del país. Desde Panamá intentan frenar la eficacia de los militares. Éstos, quienes forzosamente no realizaban sus investigaciones con guantes de seda, son acusados de “torturar sistemáticamente” a los detenidos. Una campaña de prensa en ese sentido ve el día. Olga López, una médica simpatizante del M-19, hija del abogado y senador del MRL Iván López Botero, es detenida el 3 de enero de 1979. Los investigadores encuentran en su casa propaganda del M-19. Al partir del lugar con ella, se llevan también a la hija de ésta, Olga Helena, una niña de cinco años, la cual será entregada a su abuelo seis horas más tarde. La oposición acusa a los militares de haber torturado a la joven doctora. El ministro de Defensa refuta esas alegaciones. En vano. Sin embargo, dos meses después, el padre de Olga López envía una carta abierta a su amigo el presidente Julio César Turbay Ayala donde exige el respeto de la presunción de inocencia y un proceso equitativo para su hija. Pero, cosa curiosa, en su largo requisitorio jurídico el senador no afirma que su hija haya sido torturada[566]. ¿Por qué? El silencio del propio padre de Olga López sobre ese punto cardinal llama la atención. ¿A quién creerle entonces? Empero, todo lleva a pensar que Olga López fue objeto de malos tratos durante los primeros días de su detención. Ella afirma haber sido llevada por militares a un lugar clandestino, alrededor de Facatativá, donde sería interrogada en una bodega y golpeada[567]. Desesperada, ella intenta suicidarse cortándose las venas. Luego de ser atendida en el Hospital Militar de Bogotá, comparece ante un juez militar a quien presenta denuncia por torturas. Enviada a la cárcel de mujeres de Bogotá, Olga López será dejada en libertad dos años después, al final de la instrucción. El tribunal no formula acusación alguna contra ella[568]. Con todo, Olga López estuvo a punto de ser detenida de nuevo: algunos días después de su salida de prisión, el M-19 intercepta en Bogotá una emisión de televisión e incrusta algunos textos de propaganda. La transmisión ilegal evoca el caso “de la compañera Olga López”. Estupefacción. Nadie había prevenido a Olga López de ese golpe mediático. ¿Qué buscaba el M-19? ¿Provocar una nueva detención de Olga López? ¿Para acusar al Gobierno? Olga tuvo que ocultarse algunos días y no será detenida. Sin embargo, deberá dejar definitivamente el país a principios de octubre de 1982. Oscuro, este incidente recuerda otro, más grave, que costará aún más caro a numerosos simpatizantes y militantes del M-19. Después del robo de armas del Cantón Norte, es el propio M-19 el que revela el delito al distribuir una hoja que había sido impresa antes de la realización del robo. Los organizadores estaban convencidos de que los militares “descubrirían la desaparición de las armas dos meses después” del hecho. Y que los miembros del M-19 tendrían tiempo para ponerse a salvo. Calcularon mal. El rápido desmantelamiento de las redes y la detención de centenares de personas, vinculadas o no al M-19, generará críticas entre los que fueron llevados a prisión ante la indiferencia de los jefes de la organización terrorista respecto a la suerte de los activistas[569]. Ese episodio nunca fue explicado por los jefes del M-19. En cuanto a Jaime Bateman, el jefe supremo de la banda, huye a Quito y a La Habana[570] donde pasará confortablemente esos meses con sus amigas camaradas mientras sus infortunados soldados languidecen en los cuarteles militares colombianos.

Por su parte, la agencia norteamericana Associated Press, que cae a su vez en el juego de las informaciones inexactas, sufrirá una reprimenda del Gobierno. El 9 de enero de 1979, en efecto, es acusada de haber enviado información tendenciosa y, por ende, de trabajar ilegalmente. Su labor será prohibida temporalmente en todo el territorio nacional.

Sin ver que la democracia colombiana está siendo atacada por todos lados y por terroristas pagados, respaldados y dirigidos desde el extranjero, la prensa francesa acuerda sus violines con los propagandistas: La Croix, el 22 de febrero de 1979, publica un artículo intitulado: “Colombia: hacia un régimen fuerte”. L’Humanité, el 5 de marzo, se yergue “contra la represión en Colombia”. Le Monde informa, el 5 de marzo, que el escritor Gabriel García Márquez “reclama una investigación sobre la tortura”. Álvaro Vásquez, miembro del buró político del PCC, y Lucio Lara, periodista de Voz Proletaria, son detenidos el 23 de marzo por los servicios de seguridad del Ejército. El PCC se hace el candoroso y asegura que ellos fueron detenidos “para impedir una nueva huelga general como la de septiembre de 1977”. Una semana antes, 84 activistas políticos y sindicales habían sido arrestados[571]. El domicilio de Luis Vidales, un escritor comunista de 75 años, es allanado.

En seguida, dos organizaciones guerrilleras, el ELN y el M-19, declaran estar dispuestas a unirse con el fin de “tomar el poder para el pueblo”. Pero no con los hombres de Tirofijo ya que para ellos (por el momento) las FARC están “ligadas al imperialismo soviético[572]”. Después es Rouge, el órgano de la LCR (un grupo trotskista francés), quien publica el 13 de abril un texto de la ex candidata Socorro Ramírez, donde denuncia la detención en Bogotá de Libardo González Flórez, miembro de la dirección del PSR, sección colombiana de la IV Internacional. González había sido detenido el 29 de marzo por el DAS y mantenido en un cuartel. Las autoridades sospechaban que él pertenecía a la ADO, la organización terrorista que había asesinado a Rafael Pardo Buelvas. Una semana más tarde, Libardo González es soltado sin haber sido torturado[573]. Las autoridades capturan, el 15 de abril de 1979, en Bogotá, a otro individuo, Alfredo Camelo, un sospechoso de haber participado en el asesinato del ex ministro Rafael Pardo Buelvas.

Muy pocos son los diarios franceses que esos días tienen la cabeza fría frente a la actualidad colombiana. Entre ellos Le Fígaro, que a pesar del festival de incoherencias destinadas a encubrir la ofensiva terrorista acepta hacerse las buenas preguntas. En un artículo del 18 de abril de 1979 dice: “Es curioso que en uno de los países más democráticos del continente latinoamericano, Colombia, la guerrilla resurja ahora con tanta fuerza. De fuente militar colombiana se calcula que cerca de 4.000 guerrilleros militan en las distintas organizaciones subversivas. Desde hace varios meses no hay una semana en que no se hable de operaciones sangrientas de las FARC (procomunistas), de atentados del ELN (procastrista), o de descubrimientos de ‘prisiones del pueblo’ construidas por las guerrillas urbanas del M-19 según el modelo de los tupamaros uruguayos”. ¿Por qué esos esfuerzos de destrucción tan consistentes y concertados? La explicación no es difícil de encontrar: el miedo a que la “exangüe” democracia colombiana alcanzara un mejor desarrollo económico que la “dinámica” revolución cubana acrecentaba las obsesiones del hombre fuerte de La Habana, quien contaba con sus cipayos colombianos para impedir el desarrollo económico de un país amigo de los Estados Unidos mediante la devastación y la masacre. El otro relato de prensa de esos momentos, donde el autor intenta hacer un panorama equilibrado del momento político, es el artículo de Sarita Kendall, en el financial Taimes del 1 de mayo de 1978, intitulado “Colombian’s two battles. The dual fight against drugs and guerrillas”.

Las actitudes ejemplares de esos dos bastiones de la prensa libre no harán, desgraciadamente, émulos. En efecto, el 19 de abril L’Humanité pregunta: “¿Quién quiere ilegalizar al Partido Comunista?”. El diario del PCF protesta contra la detención de Álvaro Vásquez y contra el hecho de que Roso Osorio, secretario general de la CSTC, esté bajo orden de detención. Según la Brigada de Institutos Militares (BIM) “el PCC sería el instrumento de la subversión terrorista”. Para el órgano del PCF se trata de una absurda calumnia. Reforzado con ese apoyo, la dirección del PCC lanza, a comienzos de mayo, una carta abierta “a todas las fuerzas democráticas del país y a la opinión progresista de América Latina” donde critica las “provocaciones y persecuciones de los comunistas” y se declara a favor de la “defensa de las libertades democráticas”. La carta desafía las acusaciones formuladas por las Fuerzas Armadas contra Gilberto Vieira de ser el organizador de la lucha armada campesina en Colombia y presenta al ministro de Defensa, general Camacho Leyva, como un “putschista en el seno de las Fuerzas Armadas[574]”, para intentar desviar las pesquisas del Ejército, hace saber el 18 de abril, durante la breve toma de un periódico de Cali, que “una gran parte de las armas robadas fue enviada a los sandinistas de Nicaragua”.

FALLAS EN EL FRENTE DE LA PROPAGANDA

La tormenta de información parece calmarse un poco. Le Monde publica, el 29 de mayo, un reportaje del enviado especial Marcel Niedergang donde el presidente Julio César Turbay aborda los puntos más candentes de la coyuntura. Destaca que gracias a la acción de las Fuerzas Militares “todos [los movimientos armados] redujeron su actividad” y que “ahora es posible volver a casa después del trabajo sin temor”. Por lo que se refiere a la ola de raptos y secuestros que sigue en auge, el jefe de Estado precisa: “Hemos aumentado las penas [contra los secuestros] con un objetivo de disuasión. Ninguna libertad fundamental es afectada por el Estatuto [de Seguridad]: ningún sindicato ha perdido su personería jurídica, ningún diario ha sido cerrado, ninguna de las personas detenidas desde hace seis meses lo ha sido en el marco del Estatuto de Seguridad. Nosotros sólo hemos aplicado el artículo 28 de la Constitución Nacional que prevé un lapso de detención preventiva de diez días. No hay detenciones masivas. En cuanto a los intelectuales uruguayos, ellos fueron detenidos por haber secuestrado al ex embajador de Colombia en París, el señor Miguel de Germán Ribón. No tienen ningún deseo de ser extraditados al Uruguay donde asesinaron a militares y saben lo que arriesgan allá, donde el régimen es más severo que el de aquí. […] Los presos no son torturados […] Tenemos casos de detenidos que se mutilaron ellos mismos para afirmar a continuación que habían sido torturados[575]”. Pocos días después, Le Monde publica otro largo artículo intitulado “Colombia, democracia en estado de sitio[576]”, donde Marcel Niedergang interroga al general Camacho Leyva. Éste dirá: “Hemos propinado golpes muy duros al M-19. Y hemos recuperado todas las armas [robadas] e incluso más”. Con relación a la campaña antimilitarista, Niedergang constata que el diario liberal El Espectador y la revista izquierdista Alternativa “lanzan bolas rojas sobre el Estatuto de Seguridad”. El 13 de junio, Le Monde publica la segunda parte del reportaje de Niedergang donde el presidente Turbay rechaza la afirmación abusiva según la cual “la tortura se institucionalizó ya en Colombia[577]”.

La calma será de corta duración ya que el viaje oficial del presidente colombiano a Europa despierta la furia de sus detractores. Témoignage Chrétien, a través de la pluma de Roger Tréfeu, abre tímidamente el fuego: “Colombia: la miseria de ser rico”. En seguida, en un largo texto de Bernard Cassen y Pierre de Charentenay, Le Monde Diplomatique comenta: “En Colombia los civiles reinan, los militares gobiernan”. Ellos peroran acerca de la “uruguayización” del país, y sobre las “240 personas detenidas en enero, muchas de ellas torturadas”, según misteriosas “fuentes eclesiásticas”. A continuación la antorcha es retomada (¡y de qué manera!) por el Canard Enchaîné que publica un artículo[578] tan ridículo y aberrante que se puede ver en él la garra antivaticana de la KGB. En “Julio César a la colombiana”, Colombia es mostrada como una dictadura narcofascista donde el Estatuto de Seguridad “permite eliminar sistemáticamente a todos los parásitos: intelectuales, sindicalistas o indígenas”. Para el semanario falsamente satírico, Colombia es un país donde todo el mundo vive de la droga. El secreto del 6,5 % de crecimiento anual de ese país sería, según esa publicación, “el café más el narcotráfico (marihuana y cocaína) que aportaron, en 1978, mil millones 4.000 mil dólares al país”. A lo cual es necesario, por supuesto, restar 110 millones de dólares “tomados [para corromper] los jueces, los militares, los policías y otros funcionarios”. Pero sobre los jueces, militares, policías y otros funcionarios asesinados por los terroristas y los traficantes de droga, el Canard Enchaîné no dice una sola palabra. Sobre el presidente Turbay, el Canard Enchaîné afirma que es peor que Nerón ya que “dio el poder a los militares los cuales inmediatamente liquidaron a los dirigentes políticos e hicieron la selección de los diarios y radios y dejaron que se desarrollaran los movimientos de extrema derecha, Triple A y Escuadrón de la Muerte, como en Brasil”. Ese mar de mala fe es seguido de otros desatinos: “Él tomó como guía intelectual al general-cardenal Muñoz Duque, gran especialista de la bendición de metralletas y por añadidura elector de Wojtyla, papa de los derechos humanos [a cambio de lo cual los obispos colombianos son escogidos por Roma sobre proposición del ‘Concordato’ archiconservador]”. Y para concluir: “¡Qué sueño es esta Colombia! ¡Además, ese tipo tiene al parecer uranio para ofrecernos! Deberíamos consagrarlo emperador[579]” Y se debería dar el Premio Lenin al Canard Enchaîné dado que su excelencia periodística es irrefutable.

Tras los delirios del Canard Enchaîné, la prensa normal, por la voz de Le Monde, hace un duro recordatorio de lo que está pasando verdaderamente en Colombia: “El cuerpo de Luis Eduardo González, rico agricultor secuestrado hace un mes, fue encontrado en el departamento de Caldas. El señor Marcelo Uribe, hermano del arzobispo de Cali, secuestrado el mismo día que el señor González, fue liberado por el Ejército el viernes 15 de junio[580]”. Esta vez, el Canard Enchainé no se dignará prestar la menor atención a esos hechos, ni a los otros crímenes cometidos en Colombia en nombre de un futuro socialista.

La cuarta cumbre de jefes de Estado del Grupo Andino (Turbay Ayala por Colombia, Morales Bermúdez por el Perú, Alfredo Poveda por el Ecuador y David Padilla por Bolivia), reunido en Cartagena el 26 de mayo de 1979, da la ocasión a la revista francesa Afrique-Asie para publicar otro artículo vitriólico sobre Colombia cuyo título lo dice todo: “La traición colombiana”. ¿Traición de qué? ¿De quién? El artículo no lo dice.

El 5 de julio, los sacerdotes jesuitas Luis Alberto Restrepo y Jorge Arango, detenidos hacía un mes tras el asesinato de Rafael Pardo Buelvas, son puestos en libertad. Ninguno de ellos se queja de haber sido torturado. En cambio, Alfredo Camelo, miembro del grupo ADO, es finalmente inculpado (mediante pruebas irrefutables), juzgado y condenado por haber organizado el asesinato del ex ministro de Gobierno. Curiosamente, cuando el gobierno de Turbay Ayala publica el decreto 1469 de 19 de julio de 1979, que crea una protección adicional contra los despidos arbitrarios y refuerza la libertad sindical y el derecho de asociación sindical, nadie en la prensa francesa habla de eso. Nadie habla ya de que el PCC ha hecho saber en Europa que Colombia está al borde de una “dictadura fascista” y que es necesario luchar por todos los medios “para impedir la implantación del fascismo militarista[581]”. En una reunión celebrada en julio, los jefes del PCC gritan de nuevo que viene el lobo: “La amenaza real de una dictadura fascista planea sobre nuestro país. Para hacer fracasar la militarización profascista del país, el PCC llama a la constitución de un amplio frente democrático que reagrupe a todas las fuerzas progresistas[582]”.

El PCC intenta así alejar de sí la imagen de un partido de doble moral, que apoya el terrorismo al mismo tiempo que se dice legalista y campeón de la democracia. Pero para protegerse del efecto nefasto que le pueden atraer los secuestros y las otras acciones bestiales de los guerrilleros, hace saber, en la misma declaración, que “condena todos los actos de terrorismo y bandolerismo” (leer sobre todo los atentados cometidos por el M-19), así como la práctica de los secuestros, métodos, según él, “contrarios a los principios comunistas y que hacen el juego al enemigo”. Pero un nuevo incidente va a mostrar rápidamente el cinismo del PCC. Carlos Toledo Plata, uno de los jefes del M-19, hace saber que su organización está en relaciones con las FARC, el ELN, el EPL y el MAO y que esas “conexiones” deberían desembocar en “la creación de un frente unido de acción”. Toledo admite que el M-19 “tenía el apoyo de los tupamaros uruguayos así como el de algunos gobiernos latinoamericanos”, Cuba, obviamente[583].

La cortina de humo destinada a ocultar la estrategia violenta del PCC y de los grupos armados y a desacreditar la acción defensiva de las fuerzas del orden, continúa. En septiembre, la Nouvelle Revue Internationale, editada en Praga, publica otro texto del PCC “contra las persecuciones y la represión”, contra “los excesos de la camarilla militar”, contra el general Camacho Leyva, “gran admirador de Pinochet”. Ese texto asegura que Turbay quiere “poner el PCC fuera de la ley” afirmando que Gilberto Vieira es el “iniciador y jefe del movimiento subversivo de los guerrilleros en las regiones campesinas del país”. Poco importa que la acusación sea archiverdadera. Los bonzos de Moscú dicen lo contrario y ésa es la única verdad que cuenta. L’Humanité del 15 de septiembre hace, en efecto, una crónica sobre el día de protesta en Colombia contra “las provocaciones anticomunistas del presidente socialdemócrata Turbay”. Sorpresa: Turbay no es ya un “fascista” sino un “socialdemócrata”. Pero, atención, bien se sabe que en el lenguaje acartonado del estalinismo el término “socialdemócrata” puede ser aún peor que el de “fascista”. El autor del artículo pide la liberación de Álvaro Vásquez, encarcelado desde el 23 de marzo por subversión. Pero es de subversión que precisamente se trata, como lo constata Rafael Poveda Alfonso, un brillante abogado de izquierda, antiguo compañero de ruta del PCC, que asqueado por los excesos de las guerrillas había aceptado la oferta del presidente Turbay Ayala de dirigir el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Es en esa calidad que explica, en una entrevista concedida a una periodista de izquierda liberal[584], por qué el Estado colombiano no puede prescindir, en ese momento, de la Justicia Penal Militar: “Si la subversión se levanta en armas, si se pone a matar, como lo constatamos todos, si los subversivos dicen que los medios de la lucha armada son los únicos válidos, un juez civil que sólo tiene su código bajo el brazo ¿puede frenar esa forma de delito? ¡Eso es imposible!”. Y reitera: “Si se trata de un robo, de un homicidio, de un delito de derecho común, de acuerdo, es la justicia civil la que debe actuar […], pero cuando los delitos forman parte de un esquema militar o paramilitar inevitablemente ellos deben ser juzgados por los militares. Ésa es mi posición”. El antiguo profesor de Derecho se subleva también contra la acusación de los extremistas según la cual los militares practican la tortura. “Yo insisto: eso no se probó. Es posible que un oficial poco calificado haya golpeado a un individuo para que confesara. Pero que eso sea sistemático, que eso se haya adoptado como un método de investigación, eso no lo creo y lo rechazo completamente[585]”.

De hecho, el momento político era importante: las guerrillas estaban embarcadas en una fase de expansión militar que el manto de propaganda anti-Turbay pretendía volver invisible, por lo menos en Europa. Aunque dispersadas por la multitud de frentes de guerra, las Fuerzas Armadas colombianas combatían con relativo éxito. Para los directores de la acción subversiva era entonces indispensable construir las bases políticas de un apoyo en el extranjero. El golpeteo sistemático acerca del “autoritarismo” de Turbay y sobre el Estatuto de Seguridad proporcionará los elementos esenciales de esa operación.

El 4 de octubre, La Croix descubre que en Colombia “hay un despertar de la guerrilla”. Las FARC, en efecto, acababan de matar a siete soldados y de dejar heridos a otros cuatro, en la región de Urabá. Por su parte, el Ejército había capturado trece miembros del EPL. Las autoridades afirman que grupos de combate de las FARC, después de haber sido entrenados en la URSS, habrían entrado al país recientemente y se habían “dirigido inmediatamente a los teatros de operaciones habituales”. Empero, casi nadie le presta atención a esa información. La eclosión, además, de los “paros cívicos” y de otros movimientos raros, como el asesinato en Bogotá de Eduardo García, embajador de República Dominicana, hecho del cual no se conocerán ni los autores ni los móviles, son mejor acogidos por los diarios extranjeros donde la confusión de papeles está en su clímax. Por ejemplo, en noviembre, 350 miembros del M-19, capturados después del robo de armas al Ejército, comparecen ante un tribunal militar en Bogotá. Ésa es la ocasión escogida por Pierre Benoît, de Libération, para hablar, sin ningún respeto por la exactitud periodística, de la existencia en Colombia de “aproximadamente 500 presos políticos[586]”. ¿Presos políticos? ¿Gente comprometida en acciones armadas podía ser calificada de ese modo?

Las FARC no se quedan quietas. El 5 de febrero de 1980 matan en Bogotá a Joaquín Motta, un parlamentario conservador. Una semana más tarde liberan a Richard Starr, un biólogo norteamericano secuestrado desde hacía tres años, después de haber recibido un rescate de 250.000 dólares. El 22 de febrero, las autoridades anuncian la detención de Juan Manuel González, el hombre que había disparado a quemarropa contra el ministro Pardo Buelvas. Pero la hora no es para el triunfalismo puesto que el 27 de febrero, un comando del M-19 se apodera de la Embajada de la República Dominicana en Bogotá, durante una recepción que había congregado a un gran número de embajadores. Los asaltantes matan a un soldado y dos personas resultan heridas. (Sobre el desenlace pacífico que el Gobierno dará a esa toma de rehenes ver el capítulo sobre el M-19).

ABOGADOS ROJOS CONTRA LA AMNISTÍA

La audaz ofensiva del M-19 deja perplejos a los colombianos. El escepticismo político aumenta. En las elecciones municipales y departamentales del 9 de marzo, la abstención electoral triunfa: cuatro millones de votantes contra diez millones de abstencionistas. Pero esa reacción de los ciudadanos afecta también a la izquierda. El “frente democrático” del PCC sólo obtiene 100.000 votos, lo que significa disponer únicamente de 13 escaños en las asambleas departamentales y un centenar de concejales. Su único éxito se da en el departamento del Caquetá donde ese frente obtiene un 30% de los votos.

Después de la magra votación del “frente democrático” es el momento de hacer hablar las bombas: el 31 de marzo, un paquete estalla en el consulado de Costa Rica sin dejar víctimas. Otra bomba es desactivada ante el consulado del Uruguay. Las FARC atacan durante dos horas el pueblo de Fortúl, no lejos de la frontera con Venezuela, y matan a dos policías. Los insurrectos asedian una central eléctrica y un periódico al este del país. En otra acción, dos terroristas se matan con la bomba que iban a lanzar contra la casa de un industrial al noreste de Colombia. Y después de las bombas estalla un rumor: el 18 de junio, el Ejército es alertado ante una hipotética reunión de una “cumbre” de todas las tendencias de la guerrilla (FARC, ELN y EPL), en los departamentos de Antioquia y Córdoba. Según el rumor (falso), Fabio Vásquez Castaño, ex jefe del ELN, había regresado al país “después de una estancia de varios años en el extranjero”. Menos fantástico es el consejo de guerra que juzga en esos días a unas cincuenta personas acusadas de estar en relación con las FARC: los abogados defensores piden, por supuesto, la absolución. La cual no obtienen. La hora del perdón y el olvido vendrá, ciertamente, pero más tarde. Por el momento, son las armas las que hablan. Las fuerzas del orden, en efecto, están recuperando la iniciativa. ¿Pero, a esas alturas, se podría preguntar qué había pasado con el “golpe de Estado fascista” que los comunistas aseguraban que vendría? Nada, no hubo ni “militares fascistas” ni “golpe de Estado”. No hubo sino la rutina colombiana de siempre: elecciones y más elecciones. Y, además, como se verá, amnistías e indultos.

No pudiendo negar que habían recibido fuertes derrotas en su ofensiva contra el Ejército, las FARC cambian de tono y se hacen pequeñitas. Es su táctica habitual. Dicen tener “sólo” 12 frentes de lucha y adoptan una posición que parece conciliante pues hacen saber que quieren negociar una “paz honorable”. Así, el 14 de julio de 1980, en una carta enviada al Parlamento colombiano, Pedro Antonio Marín declara estar listo a llegar incluso a una posible rendición de sus “comandos armados”. La sorpresa es general ya que un mes antes, las FARC habían dicho lo contrario y rechazado, altivas, la oferta de amnistía formulada por el presidente Turbay Ayala. Tomando en serio las palabras de Tirofijo, el jefe de Estado presenta a la Cámara de Representantes y al Senado, el 23 de julio, un proyecto de ley de amnistía para todos los que habrían cometido los “delitos de rebelión, sedición o asonada y los delitos conexos”. Excluye los delitos de “secuestro, extorsión, homicidio cometido fuera de combate, incendio, envenenamiento de fuentes o depósitos de agua y, en general, los actos de ferocidad o barbarie”.

El 25 de agosto, cinco mil hombres del Ejército se apoderan del cuartel general de las FARC. Encuentran un arsenal bien aprovisionado en fusiles, municiones, uniformes, medicamentos y propaganda. Descubren también un aeropuerto clandestino con una pista de 800 metros de largo por 40 metros de ancho[587]. Pero Tirofijo y sus ayudantes habían escapado ante la llegada de las tropas. Sin demora, el congresista comunista Gilberto Vieira presenta un proyecto de ley alternativo que excluía toda limitación a los delitos amnistiables. Ese texto es eclipsado por un tercero, de dos parlamentarios liberales, Simón Bossa López y Darío Ortiz Vidales, que pretende mejorar el proyecto del presidente Turbay. El 1 de septiembre de 1980, la guerrilla rechaza la amnistía propuesta por el Gobierno[588]. Así comienza un largo debate parlamentario que culminará con la aprobación de la ley 37 de 1981, promulgada el 26 de marzo de 1981, la cual inmediatamente es rechazada por el PCC y por las FARC.

Incluso antes de la promulgación de esa ley, dos abogados comunistas, Humberto Críales de la Rosa y Hernán Suárez Sanz, piden a la Corte Suprema de Justicia derogarla[589]. ¿Por qué? Porque si ella beneficiaba tanto a los rebeldes en libertad como a los que estaban en prisión, y a aquéllos ya condenados por los delitos de rebelión, sedición o asonada y por los delitos conexos (excepto los actos de barbarie), ella exigía a los justiciables (colmo de la crueldad) solicitar formalmente la amnistía. Para esos abogados, la amnistía debería “declararse de oficio y aplicarse a todo el mundo[590]”. Por supuesto, magistrados de gran renombre, como Ricardo Medina Moyano y Luis Carlos Sáchica, estimaron que ese argumento era excesivo y absurdo[591] ya que tal amnistía sería utilizada solamente por los rebeldes encarcelados y no por los rebeldes en la clandestinidad. Los demandantes no obtendrán satisfacción.

Esa decisión molesta a los extremistas. En verdad, los motivos de su rechazo de la ley de amnistía no eran de ninguna manera jurídicos: las FARC y el ELN rechazan, en general, todo tipo de amnistía. Para ellos la lucha revolucionaria aspira “a la toma de la totalidad del poder y al cambio radical de estructuras del país para la construcción de un nuevo Estado socialista[592]”. Y a nada menos. Según el profesor Eduardo Umaña Luna, uno de los abogados que mejor conocía el tema, “la amnistía para ellos sólo es traición y abandono de la lucha[593]”. La orientación de fondo para esta denegación arbitraria fue impuesta a las guerrillas por el PCC que sacará de nuevo, contra la iniciativa del Gobierno, su cantinela sobre la “guerrilla invencible”. En efecto, en septiembre de 1980, en el II “Foro por los Derechos Humanos”, operación dirigida integralmente por el PCC, Gilberto Vieira da el tono: “Si el Gobierno quiere de verdad la paz no tiene por qué esperar que las guerrillas, invencibles durante un cuarto de siglo, vayan a rendirse como mansos corderos mientras que se sigue condenando y torturando, que se pone una camisa de fuerza a un pueblo arruinado y empobrecido y se mantiene en vigor el estado de sitio[594]”.

FORZAR LA MANO DE BELISARIO BETANCUR

Pero el extremismo del PCC, de las FARC y del ELN no genera la unanimidad. El M-19, que estaba sufriendo duras derrotas ante el Ejército, declara su intención “de convertirse en un movimiento político de masas cuya acción será legal para disputarse abiertamente el favor de la opinión” a condición de que una ley de amnistía “general y sin restricciones” sea aprobada[595]. Interpelado por ese cambio de tono, el Gobierno aprovecha la ocasión y acepta que su proyecto de amnistía sea modificado, para evitar la deserción del M-19 de un proceso que parecía prometedor para el restablecimiento de la paz. En noviembre de 1980, Jaime Bateman Cayón, cabecilla del M-19, se muestra de acuerdo con el proyecto que había sido rechazado por el PCC. Para no quedar aislada, la guerrilla “invencible” de las FARC recula.

El XIII Congreso del PCC (en noviembre de 1980) había hecho hincapié en la “constitución de un movimiento político” que agrupara “todas las fuerzas democráticas de la oposición”. Habla ahora de la posibilidad de llegar a un cese el fuego entre las guerrillas y el Gobierno. Empero, el verdadero esfuerzo del partido de Gilberto Vieira se hará en dirección de la preparación de una nueva huelga general, como la de 1977, o peor si es posible, para desestabilizar al presidente Turbay Ayala que estaba al final de su mandato. Una violenta campaña de agit-prop es pues desencadenada en los sindicatos. En primer lugar, en los de la CSTC, en seguida en los de la UTC, CGT y CTC. La consigna es hacer aprobar por asambleas más o menos manipuladas las mociones en favor de una nueva huelga general (bajo la forma de un paro cívico). Pero la mayonesa no cuaja, pues las direcciones del sindicalismo libre se niegan a ser enroladas. Para ellas está claro que la nueva aventura es de carácter político. En las reivindicaciones de la huelga, los agitadores invocan, en efecto, todo y su contrario: echan pestes contra el acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos, contra la participación del capital norteamericano en la explotación de la mina de carbón de El Cerrejón, exigen la nacionalización del petróleo y de otras empresas, declaran la “solidaridad” con las huelgas en tres empresas y con “el pueblo” de El Salvador y se pronuncian incluso contra el envío de cascos azules colombianos al Sinaí[596].

La convergencia se hace pues con los sectores más extremistas: la CSTC y los sindicatos de la esfera de influencia maoísta. Para excitar los espíritus, organizan desórdenes el 13 de mayo de 1981, en las cinco principales ciudades del país, con la técnica habitual: estudiantes y profesores radicalizados ocupan algunas calles, los jóvenes de los barrios más pobres son lanzados contra la Policía, el transporte público es atacado y paralizado, sobre todo en Bogotá. Balance: dos muertos, varios heridos y un centenar de detenidos. Para la CSTC, el objetivo había sido alcanzado ya que ella puede montar en Bogotá, el 29 de agosto, un “foro nacional sindical” abigarrado y dispar. Los organizadores dirán que hubo “1.623 delegados que representaban a 533 organizaciones”, incluidas 57 no sindicales, es decir, partidos políticos, organizaciones de abogados, de estudiantes, de mujeres, seudocomités de barrio y comités “campesinos[597]”. Está claro que esa reunión no fue representativa y que había delegaciones dudosas. Qué importa. La CSTC decreta que ellos son la “vanguardia de la clase obrera” y decide lanzar una huelga general (otro paro cívico), para el 21 de octubre. Respaldado por las centrales obreras CTC, UTC y CGT, que llaman a la desmovilización, el Gobierno denuncia la huelga como “subversiva” y manipulada por la extrema izquierda. Sólo la CSTC y el Partido Comunista llegan a movilizar a sus conmilitones. La producción no es perturbada pero son paralizadas las universidades y la enseñanza primaria y secundaria. Realmente, el 21 de octubre, más que una huelga general, lo que hubo fue más bien una serie de motines callejeros en una veintena de ciudades, pero muy poco en Bogotá y Cali, donde las fuerzas del orden contuvieron a los exaltados. Por todas partes la agitación siguió un mismo modelo: grupos aislados y móviles lanzan tachuelas en las calles y tiran piedras y cócteles molotov contra los buses. En Neiva, los agitadores asaltan un bus que se precipita a un barranco: el conductor perece y varios pasajeros resultan heridos. En Barranquilla, dos buses son incendiados con sus pasajeros adentro: los dos conductores y cinco pasajeros son gravemente quemados. Casi en todas partes estallan bombas artesanales que causan pérdidas materiales. La Policía evita la peor tragedia en Bucaramanga al desactivar un potente artefacto explosivo que había sido colocado en un sanitario del Palacio de Gobierno. En Bogotá, cuatro bombas colocadas sobre la vía del ferrocarril son desactivadas. Exaltados atacan una buseta y queman con ácido al conductor. Otro delito idéntico es cometido en Montería. En Bogotá, Bosa y Pasto las autoridades desmantelan una fábrica de bombas. En Medellin, dos buses son incendiados y dos estudiantes son heridos (uno de ellos morirá poco después) durante un intercambio de tiros entre una patrulla de la Policía y civiles armados. Las detenciones se cuentan por centenas. Al día siguiente, la CSTC y la prensa comunista hacen una declaración que muestra bien la idea que esa gente tiene de la verdad: dicen que la huelga fue un “éxito” y que “se realizó en orden y en paz y sin ofender la democracia[598]”. Con todo, incluso del lado de los ardientes partidarios de la huelga, la constatación es amarga: la huelga no había conseguido cambiar la situación “de reflujo de la ola reivindicativa[599]”. El ministro de Gobierno dirá que la huelga había fracasado ya que “sólo el 2% de los efectivos de la CSTC participó”.

El nuevo gobierno elegido de Belisario Betancur, indiferente a todos esos alborotos desestabilizadores, avanza alegremente sobre la vía del perdón y de la reconciliación nacional. En noviembre de 1982, antes incluso de llegar a un acuerdo de desmovilización de la guerrilla, hace aprobar la ley de amnistía modificada por la administración entrante (ley 35 del 19 de noviembre de 1982). Esa ley beneficiará a casi todos los guerrilleros encarcelados (de todas las guerrillas). Exactamente[600], lo que propina un golpe a la moral de la Fuerza Pública. Nuevas negociaciones se abren y el alto el fuego tan buscado por el Gobierno se hace realidad respecto de las FARC, a partir del 28 de mayo de 1984, dos meses después de la firma de un texto conocido bajo el nombre de “Acuerdos de la Uribe[601]”.

El 30 de agosto, el Gobierno firma un acuerdo similar con el M-19 y otro con el EPL. Se trataba, en los tres acuerdos, de un tipo particular de alto el fuego: ninguna de las fuerzas rebeldes se ve obligada a entregar las armas, ni de manera real ni de manera simbólica. Simplemente, las guerrillas y el Ejército suspenden sus operaciones. El alto el fuego era, por lo tanto, provisional, sin más. “No vamos a entregar las armas pues no estamos vencidos”, resume así la situación Jaime Bateman[602]. “Si hay paz, las armas no serán un problema ya que ellas no se disparan solas”, simplifica Alfonso Cano, miembro del estado mayor de las FARC.

El 23 de febrero de 1985 Belisario Betancur escapa a un atentado: una potente bomba había sido descubierta y desactivada por la Policía sobre el ferrocarril que conecta la enorme mina de carbón de El Cerrejón con Puerto Bolívar (La Guajira), por donde debía pasar el jefe de Estado. ¿Quién quería matar al presidente? ¿Los traficantes de droga que luchaban contra la ley de extradición de los nacionales? ¿Los guerrilleros que estaban también en contra de la extradición? ¿Los rebeldes del ELN refractarios a todo acuerdo de paz? No se sabe. En todo caso, la tregua con el M-19 era bien curiosa, ya que había tregua pero había también tiros por todas partes. En un comunicado conjunto, el M-19 y el EPL declaran:

“No entregaremos las armas mientras no haya reformas y una apertura democrática, ya que las armas constituyen la única garantía política que tenemos[603]”. Pocos días después, las FARC matan a siete policías en dos emboscadas en Belalcázar y Toribio (Cauca). En el departamento del Huila, cinco combatientes del M-19 mueren en confrontaciones con soldados.

Al firmar los acuerdos de la Uribe las FARC dan a entender que tienen la intención de abandonar poco a poco la acción armada y los secuestros para ir hacia una participación en elecciones y en otras actividades políticas legales. Los acuerdos son mostrados por ellas como una especie de “período de prueba” de un año durante el cual el Gobierno “deberá realizar reformas sociales”. Pero esa idea de una suerte de antecámara a un acuerdo definitivo de paz, después de la realización de las “reformas sociales”, no es más que una interpretación unilateral. Ninguna línea en los acuerdos de la Uribe prueba tal exigencia. Lanzada en esa dirección, y viendo que Belisario Betancur no impugna sus interpretaciones abusivas, las FARC exigen al Estado una línea de neutralidad frente a su proselitismo político y electoral[604]. Pero eso no es todo. Las FARC quieren más. Según los famosos acuerdos de la Uribe, ellas podrán fácilmente “organizarse política, económica y socialmente, según su libre decisión”. ¿Y militarmente también? ¡Por supuesto, es lo que se puede deducir lógicamente ya que las FARC, a cambio de ese espléndido acuerdo, ni siquiera se veían obligadas a devolver un solo fusil! Por lo demás, es decir, lo que tiene que ver con “organizarse política, económica y socialmente, según su libre decisión”, las FARC podrán obtener todo eso gracias a órdenes precisas de Belisario Betancur puesto que el acuerdo estipula, entre otras cosas, que “el Gobierno les concederá las garantías y los estímulos pertinentes, de acuerdo con la Constitución y las leyes”. Convencido, con razón, de su superioridad en materia de argucias sobre el crédulo presidente colombiano, Tirofijo menciona incluso la posibilidad de presentar su candidatura a las próximas elecciones presidenciales y exige garantías suplementarias para poder hacerlo sin ser detenido.

Tirofijo atiza, en realidad, la confianza y el temor, según su conocido hábito. Sin importarle los acuerdos con Betancur, revelará su verdadera visión estratégica de conquista del poder en una entrevista que concede el 6 de abril de 1985 a la cadena de televisión francesa France 2, que El Tiempo, alarmado, reproducirá el 1 de mayo. Pedro Antonio Marín dice: “Tenemos actualmente 20 frentes y algunas compañías en varias regiones del país. En ciertas circunstancias estas últimas se convertirán en nuevos frentes, siguiendo nuestra estrategia de cubrir todo el país. Podemos pues decir que la guerrilla se reforzó y que está mejor preparada. Considero que en una primera fase podríamos reunir a casi 40.000 hombres para apoderarnos de una parte del territorio nacional y formar un gobierno provisional. Ésa sería la primera ofensiva, según nuestros planes. La segunda ofensiva incluirá la participación de 100.000 hombres que saldrán de una amplia base de apoyo política constituida por la mayoría de la clase obrera colombiana y por los conservadores y liberales que quieren el cambio. Debemos contar con todos para poder realizar esta ofensiva y destruir el sistema de una vez por todas”. Desconcertado, el periodista pregunta si la tregua de mayo de 1984 no había cambiado esos objetivos. La respuesta es enigmática y huidiza: “Estamos embarcados en ejercicios militares para demostrar el grado de entrenamiento que podemos alcanzar y para probar que somos capaces de llegar muy cerca de los puestos enemigos”.

Las FARC explotarán ese contexto de amenazas y de confusión creada sobre el sentido y el alcance de los acuerdos de la Uribe para intentar forzarle la mano al Gobierno. Las FARC prosiguen sus exacciones contra la población civil bajo la forma de secuestros y extorsiones, así como sus provocaciones contra el Ejército pretextando que están en “maniobras de entrenamiento”. En cambio, si el Ejército se pone en movimiento para ir a destruir cultivos ilícitos o laboratorios de cocaína, inmediatamente es acusado por las FARC de violar los acuerdos de la Uribe. Ese asunto de los acuerdos imprecisos e incompletos de la Uribe es, en realidad, una fuente de problemas desde el principio. Un observador podría destacar que los acuerdos de la Uribe incluían probablemente algunas cláusulas secretas pues eran muy grandes las garantías y prerrogativas que las FARC alegaban o parecían haber obtenido.

La otra etapa de la estrategia de las FARC, a saber, la creación de su propio partido, la Unión Patriótica, no arreglará las cosas. La UP es creada el 5 de mayo de 1985, como fruto de un acuerdo entre el estado mayor de las FARC y la dirección del Partido Comunista, el mismo día en que el senador Hernando Hurtado, miembro del comité central del PCC, justifica cínicamente las belicosas declaraciones de Tirofijo[605]. Algunos dirigentes de las FARC dejan entonces las montañas para “abrir una actividad política” en las ciudades, como Braulio Herrera, vicepresidente de la UP, quien más tarde hará incluso una gira por Europa pagada con dineros del Parlamento colombiano[606]. Pero ese panorama prometedor en apariencia para las FARC está sembrado de obstáculos, pues había que contar con la sanguinaria esquizofrenia dejóse Fédor Rey, alias Javier Delgado, jefe del grupo terrorista Ricardo Franco, una escisión de las FARC. El 6 de junio, Delgado declara a la televisión que “las FARC controlan el Partido Comunista”. Acusa también al PCC de “haber ordenado el asesinato de varios miembros” del grupo Ricardo Franco, razón por la cual esa organización decide entrar “en confrontación directa con la dirección del PCC, la cual es directamente responsable del asesinato de revolucionarios en Colombia”. Para probar que hace lo que dice, Delgado admite más tarde que el atentado del 4 de junio de 1985, donde Hernando Hurtado es gravemente herido, es la obra de su organización.

A partir de esa fecha las ilusiones de paz del presidente Belisario Betancur se derrumban lentamente. Nadie ve cómo tal proceso puede conseguir algo. Sólo Betancur sigue creyendo. En el departamento del Cauca la tregua está tan muerta que las FARC, el M-19 y el EPL abren ocho frentes militares. Los choques con el Ejército son casi diarios y las muertes se cuentan por decenas. En Cali, el M-19 monta operaciones de reclutamiento en los barrios más pobres. En Bogotá, la CSTC prepara otra huelga general. Las FARC amenazan con “apoyar” esa “movilización”. Como última carta, el presidente Betancur pide al escritor Gabriel García Márquez servir de mediador entre él y los jefes del M-19. García Márquez, quien reside en México, le responde secamente que él debería más bien abandonar todas esas comisiones y subcomisiones de diálogo y “asumir personalmente la coordinación del proceso de paz[607]”. El Senado adopta, por su parte, el 14 de mayo, otro proyecto de ley que permite al Ejecutivo indultar a los autores de delitos políticos[608]. Esa aprobación permite a Betancur respirar un poco antes del desencadenamiento de la huelga general, proyectada para el mes de junio. Pero para mantener la presión, los comunistas lanzan huelgas en varias regiones del país. Su pretexto: la inflación del 30 %. El Gobierno, sin embargo, había decretado un aumento del 10 % del salario mínimo legal en el sector público y del 7,3% en el sector privado. Observadores independientes se inquietan igualmente ante la agravación de la crisis política y los planes de la oposición comunista: “El PCC está organizando un aparato legal (la UP) que permitirá a su rama guerrillera, las FARC, participar en las elecciones generales del año próximo”, concluye la revista Informe Latinoamericano[609].

El primer congreso de la UP, el 28 de noviembre de 1985, reúne en Bogotá a cerca de 1.500 delegados. Ellos pretenden tener el apoyo de varios grupos de la izquierda no armada, como A Luchar[610]. Realmente, ese apoyo es vacilante. Carlos Efrén Agudelo, antiguo vicepresidente de la UP, explica que la idea de hacer de la UP un “gran frente pluripartidista” nunca se concretó. “En primer lugar, porque el resto de la izquierda veía siempre con desconfianza toda propuesta de unidad que viniera de los comunistas pues éstos eran considerados como hegemonistas y antidemocráticos. Más tarde, la propia dinámica trágica en la cual la UP se instaló constituyó un factor de bloqueo para que los grupos distintos de los comunistas entraran e hicieran parte[611]”.

La UP participa en seguida en las elecciones presidenciales y legislativas de 1986. En algunas regiones, los grupos paramilitares intentan disuadir a la población de ir hacia la UP. Este grupo obtiene, a pesar de todo, un 3,7 % de los votos, 5 escaños en el Senado y 9 en la Cámara de Representantes, gracias a alianzas con ramas de los partidos “burgueses”. Al mismo tiempo, la UP comienza a ser objeto de un acoso constante. Las atrocidades de las FARC contribuyen en gran parte a eso. Sobre todo en la región del Magdalena Medio, donde uno de los frentes de las FARC intensifica su política de terror: brutaliza a la población civil y le extorca un “impuesto de guerra” arbitrario. Aumenta también los secuestros de agricultores. La respuesta de los latifundistas no se hace esperar: lanzan una gran ofensiva contra el PCC y consiguen sacarlo con el apoyo de la población. Según Carlos Efrén Agudelo, “varios grupos paramilitares comienzan a acosar las zonas vecinas y los asesinatos y desapariciones de los miembros de la UP y del PCC no faltan, así como de miembros de organizaciones agrarias cívicas, consideradas como ‘fachadas’ del comunismo y de las FARC[612]”.

El otro frente donde los comunistas trabajan de tiempo completo (y con más éxito) es el de la nueva central obrera. Es el viejo proyecto de la central “única” de trabajadores (CUT), la cual será creada, finalmente, en 1986 con la colaboración de un ministro de Trabajo, Jorge Carrillo, durante la administración “progresista” de Belisario Betancur. El principal beneficiario de la operación será, por supuesto, el aparato sindical comunista, la CSTC, ya que con la fundación de la CUT, la antigua gran central obrera, vinculada al sindicalismo fibre, la UTC, bajo la influencia esta vez de los amigos belisaristas de Jorge Carrillo, va a quedar bajo las órdenes de los cuadros comunistas de la antigua CSTC. El MOIR, el partido maoísta rival del PCC, desencadena entonces una viva polémica. Denuncia la extraña colusión entre Jorge Carrillo y la CSTC la cual siempre había rechazado pronunciarse contra la destrucción terrorista de los oleoductos, la intimidación de los activistas sindicales no comunistas, los secuestros y los asesinatos de civiles como medio para financiar organizaciones subversivas. Esa crítica tendrá resultados alentadores ya que en 1988 los sindicatos bajo la influencia del MOIR, más otros sindicatos de la UTC y de la CTC, fundan la Confederación de Trabajadores Democráticos efe Colombia (CTDC), la cual se yergue como alternativa a la CUT. La nueva central aumentará sus bases aún más en 1992 con la creación de la Confederación General de Trabajadores Democráticos (CGTD), resultado efe la fusión entre la CTDC y la CGT social-cristiana[613].

LA HECATOMBE DE LA UNIÓN PATRIÓTICA

En los meses posteriores a las elecciones de 1986 varios dirigentes y cuadros electos de la UP son asesinados por bandas de extrema derecha y por sus ex camaradas del grupo de Javier Delgado. Sin poder probar que ella es una fuerza independiente, sobre todo respecto de las FARC, la UP es acosada, pues ante cada crimen de las FARC la respuesta es el asesinato de una cabeza visible de la UP. Al final del año, la UP había perdido, por la acción de los grupos paramilitares y por los sicarios del cartel de Medellin, 33 miembros, entre los cuales se encuentran un senador, un diputado, 5 concejales y 25 activistas. En un artículo para la prensa comunista, Manuel Cepeda Vargas, miembro de la dirección nacional del PCC, atribuye exclusivamente esos hechos al Gobierno: “El actual sistema de gobierno es una caricatura de democracia representativa burguesa”. Según él, “los elementos profascistas se dedican a realizar represiones sangrientas”. Admite, a pesar de todo, que el ataque al Palacio de Justicia, perpetrado por la guerrilla del M-19 un año atrás, había sido “un error fatal”.

El 16 de junio de 1987, las FARC rompen definitivamente el supuesto alto el fuego atacando, en la periferia de San Vicente del Caguán (Caquetá), una unidad aislada del Ejército. Balance: 26 soldados y un civil muertos y 42 heridos. Cuatro días después, artefactos explosivos destruyen parcialmente dos locales del Partido Comunista y de la Unión Patriótica en Bogotá, sin causar pérdidas humanas. La emboscada del Caquetá será el primero de una serie de actos de guerra. No obstante, la reacción del presidente Belisario Betancour será abúlica: declara suspendidos los acuerdos de la Uribe solamente en el Caquetá. Durante el mes de julio el general Galvin, jefe del comando sur del Ejército norteamericano en Panamá, visita Colombia y critica la política laxa de Belisario Betancur. Galvin considera que la tregua con los grupos guerrilleros “sólo es beneficiosa para las FARC”. Poco después, la prensa de Bogotá anuncia la aparición de un oscuro plan terrorista de extrema derecha llamado “operación exterminio”.

A principios de 1988, el PCC y la UP afirman que 450 de sus militantes habían sido asesinados. A pesar de esa hecatombe, el PCC se niega a pasar a la clandestinidad o a cambiar de orientación frente a la lucha armada. El secretario general Gilberto Vieira y su buró político rechazan también la idea de varios dirigentes y militantes de su movimiento de que se tomaran verdaderas medidas de defensa de su integridad física. Incluso la propuesta de Jaime Pardo Leal, candidato de la UP en las elecciones presidenciales de 1986, de ir a la sede del Gobierno y permanecer allí hasta que éste se haya comprometido a respetar la vida de los activistas de la UP es rechazada como una “loca propuesta de camaradas indisciplinados[614]”. Y los asesinatos siguen sin parar.

El mismo Jaime Pardo Leal es asesinado el 11 de octubre de 1987. Ex juez, Pardo había proporcionado al procurador general documentos que aportaban la prueba de la participación de traficantes de droga y de miembros de las Fuerzas Armadas en el asesinato de 25 activistas de la UP. Un mes después de la muerte de Pardo Leal, el ministro de Justicia afirma que habida cuenta de los elementos reunidos hasta ese momento por la investigación, “no hubo móvil político” ya que ese atentado “estaba ligado sin duda alguna al tráfico de drogas”. La UP rechazó esas conclusiones y acusó al ministro de ser “cómplice”, o responsable por omisión, de ese crimen. Sin embargo, el ministro había dicho la verdad. Quien había ordenado el asesinato de Pardo Leal era precisamente un jefe del cartel de Medellin, Gonzalo Rodríguez Gacha, en represalia por un robo de armas y dinero que las FARC le habían hecho al capo, un anticomunista visceral que, sin embargo, había firmado desde 1982 acuerdos con un frente de las FARC para que le vigilaran sus terrenos y sus laboratorios clandestinos[615].

Ése fue el momento escogido por las FARC y las otras bandas armadas, como el M-19, el ELN, el EPL y la guerrilla indígena Quintín Lame, para anunciar la formación de la “Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar” (CGSB). Las hostilidades contra el Ejército redoblan en intensidad. Al final del año, la prensa hace el balance de la ofensiva guerrillera: 408 actos terroristas, 27 pueblos asaltados, 229 choques con el Ejército y la Policía y 186 civiles secuestrados[616]. La violencia anti UP había aumentado y se oía hablar más y más de escuadrones de la muerte. El balance de muertes de la UP al final de 1987 será terrible: dos senadores, tres representantes, seis diputados, decenas de concejales y 200 miembros de base.

A pesar de esa situación, la UP hace elegir varios de sus miembros en las elecciones municipales de 1988. En julio, ese partido, reunido en sesión plenaria, descubre que Colombia atraviesa una profunda crisis sociopolitical Sin ningún sentido de las proporciones, atribuye toda la responsabilidad de los atentados al Gobierno. De los atentados contra la UP, por supuesto, ya que las otras víctimas, las víctimas del terror rojo, no son tenidas en cuenta, como si no existieran. La UP afirma que el Gobierno es prácticamente “impotente para detener la ola de terrorismo y violencia”. La única idea que sale de esa discusión sobre la protección de los militantes de la UP es “formar un frente único con todas las organizaciones políticas y sociales del país favorables a los cambios progresistas y democráticos”. Y organizan sin tardar en Bogotá un extraño “seminario internacional” sobre “las libertades en América Latina”. Algunos delegados vienen de Bolivia, Argentina, Brasil y de otros dos países donde las libertades brillan de manera deslumbrante: la URSS y Cuba[617].

En el mes de abril de 1989 la macabra contabilidad de la UP asciende a más de 750 muertes. Antes de la elección presidencial del 27 de mayo de 1990, el nuevo candidato del PCC y de la UP, Bernardo Jaramillo Ossa, antiguo sindicalista de la región de Urabá, también es abatido, el 22 de marzo, en el aeropuerto de Bogotá por un sicario de 21 años pagado por paramilitares. Jaramillo será, de hecho, el tercer candidato presidencial asesinado durante esa trágica campaña electoral, ya que antes de él Luis Carlos Galán, el líder del Partido Liberal, y Carlos Pizarro, el ex jefe del M-19, también habían sido mortalmente acribillados. Se sabrá algunos meses más tarde que el atentado contra Luis Carlos Galán había sido ordenado y perpetrado por el cartel de Medellin. Carlos Pizarro será ultimado por un sicario al servicio del jefe paramilitar Carlos Castaño.

¿QUIÉN TENÍA MIEDO A BERNARDO JARAMILLO?

Incansable cuando se trataba de condenar el paramilitarismo de extrema derecha, acusado por él de financiarse con dinero del narcotráfico, Bernardo Jaramillo era visto por sus camaradas como la única posibilidad de renovación política del PCC. Él ambicionaba la reconstrucción de una izquierda “moderna e independiente” y, sobre todo, sin lazos con las guerrillas. Bernardo Jaramillo criticaba también la tesis, tan propia del PCC, de la “combinación de todas las formas de lucha”, destacando que no se podía hablar de paz y hacer la guerra al mismo tiempo. Esos enunciados sensatos eran, en realidad, muy mal vistos por los dirigentes más ortodoxos de su partido y las FARC porque podían conducir, según ellos y a mediano plazo, a la ruptura de la larga tradición que hacía del PCC el brazo político de las FARC. Jaramillo incluso había ido muy lejos atreviéndose a condenar públicamente los métodos de “persuasión” utilizados por la guerrilla contra la población civil[618].

Llorada por la base de la UP, la desaparición de Bernardo Jaramillo convenía, a pesar de todo, a los sectores más duros del PCC y de las FARC que no querían que sus tesis ganaran terreno. L’Humanité, por su parte, al informar sobre esa muerte, oculta ese hecho capital y se desencadena contra el Gobierno colombiano. El título de su artículo lo dice todo: “Un crimen decidido en la cumbre del Estado[619]”. Es más, afirma que Carlos Lemos Simmonds, ministro de Gobierno, es el “responsable de todo atentado que pudiere cometerse contra los dirigentes de la UP y del PCC”. Esa violenta e injusta diatriba terminaba con una afirmación por lo menos sorprendente: que el ministro Lemos había mostrado a la UP como “el brazo político de las FARC” y que eso constituía una “declaración de guerra abierta y casi una invitación a los sicarios, disculpados por adelantado”. ¿Pero la UP era qué entonces? ¿Un partido como los demás? No. La UP era una creación pura y simple de las FARC, su brazo político, como el Sinn Fein lo era de IRA, como Batasuna lo era de la ETA.

Después de la muerte de Jaramillo, la UP se retira de la competencia electoral. Antonio Navarro Wolf, candidato del M-19, será el único candidato de izquierda. El 9 de diciembre de 1990, Alfredo Vázquez Carrizosa, de 70 años, antiguo ministro conservador y presidente del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, figura en la cabeza de lista de los candidatos de la UP para las elecciones de la Asamblea Constituyente. El resultado es decepcionante: sólo dos escaños entre los 70 delegados a esa asamblea. Por el contrario, el Partido Liberal obtiene 24 delegados, el Partido Conservador 20 y el M-19, 19.

Estoica y ciega, la dirección del PCC no cambia una coma a su línea política ni a sus métodos casi suicidas. El resultado es catastrófico: sólo durante el año 1991 el número de muertos del PCC-UP asciende a 110. Asqueados de esa orientación y de la falta de democracia interna, varios cuadros comunistas abandonan el partido[620]. Entre ellos, el historiador Nicolás Buenaventura, la actriz de teatro Patricia Ariza y el economista Julio Silva Colmenares. Algunos responsables de provincia, como Ariel Arteta y Nelson Campos, son expulsados después de haber participado en una manifestación que denunciaba las acciones bárbaras de la guerrilla. Sin embargo, eso no aparta al Partido Comunista de la vida política legal, ya que la amnesia política sigue desempeñando un papel importante en la banalización de la acción criminal de esa organización: todo el mundo parece ignorar que sólo en la década de 1980 a 1990, las guerrillas que ese partido había promovido habían tenido el honor dudoso de conducir a la muerte a 42.000 colombianos[621].

En agosto de 1991, en un ambiente psicológico y político de derrota, el PCC celebra sus 71 años de existencia y organiza en Bogotá su XVI congreso. Manuel Marulanda Vélez y Raúl Reyes[622], miembros del secretariado de las FARC y de la dirección del PCC, participan por medio de un vídeo que envían a los dirigentes del partido[623]. De 80 años, Gilberto Vieira no renueva su candidatura al puesto de secretario general. Es sustituido sin problemas por Álvaro Vásquez, otro antiguo miembro del aparato. Pero el partido, debilitado por los asesinatos de sus cuadros y activistas, desalentado por la caída del comunismo en Europa del Este y minado por el hundimiento de la URSS[624], pierde una parte importante de sus miembros. Algunos de éstos estaban desilusionados por la forma como Gilberto Vieira había rechazado desde 1988, discretamente, la perestroika y las ideas de Mijail Gorbachov. Tres mil opositores de la línea oficial crean entonces los “círculos Bernardo Jaramillo” y adhieren al programa de la Alianza Democrática M-19. Carlos Romero, concejal de Bogotá en ese momento y ex jefe de las juventudes comunistas, es sacado de la dirección central por sus posiciones “flojas” y “civilistas”. En consecuencia, el PCC obtiene de nuevo muy malos resultados en las elecciones legislativas de octubre de 1991: sólo alcanza a elegir un senador (de los 99 que integran el Senado). Peor, obtiene un único representante entre los 157 miembros de la Cámara de Representantes. En las elecciones municipales y legislativas del 8 de marzo de 1992, la situación de la UP y del PCC no evoluciona y sólo obtienen el control de 24 concejos municipales de pequeños pueblos, sobre todo en zonas remotas y bajo la influencia de las FARC. En 1996, según la UP, el balance es más dramático: 1.163 militantes muertos. Para las autoridades de Bogotá, previa investigación, la cifra sería de 420 víctimas[625].

¿Quién había abatido a esos activistas? La propaganda comunista siempre ha presentado esas muertes como un crimen exclusivo “del Estado capitalista”, es decir, de los militares y de “sus aliados los paramilitares”. Nada es menos seguro, ya que contra los agitadores de la UP van a erigirse, desde el principio, varios grupos: los jefes de los carteles de la droga, las autodefensas de extrema derecha y los individuos aislados que quieren vengarse y arreglar cuentas con las FARC. En varios atentados contra militantes de la UP se puede detectar la mano de otras dos entidades criminales, y eso no es poco escandaloso: las disidencias de las FARC (como el grupo de José Fédor Rey) o las mismas FARC. Éstas mataron a activistas de la UP (imputando eso a sus enemigos), en represalia contra los recién llegados o contra antiguos guerrilleros que no querían seguir más en la lucha armada. Sin olvidar los militantes asesinados por Braulio Herrera. Por otra parte, otros fueron ultimados por no obedecer rápidamente las órdenes de los rebeldes que exigían el saqueo de las cajas de los ayuntamientos. Fue esto precisamente lo que le ocurrió al alcalde de Arauquita (Arauca), miembro de la UP, y a sus colaboradores, amenazados de muerte desde junio de 2002 por las FARC. En los años noventa, la UP era la segunda fuerza de ese departamento, con dos alcaldes, cuatro diputados y 22 concejales. Desde 1999, seis concejales de la UP fueron abatidos. Arauquita es el último lugar donde la UP existía en 2002.

Los numerosos asesinatos de activistas de la UP fueron explotados por los propagandistas, quienes encontraron allí una excelente herramienta para diabolizar al Estado, el Ejército, las autoridades y los partidos políticos colombianos, los cuales son presentados, todos sin distinción, como los “autores” o los “cómplices” de un “plan sistemático de asesinatos políticos” y de “liquidación de las instituciones democráticas”. Para mejor embolatar los hechos, en algunos relatos[626] se mezcla todo: crímenes cometidos por las guerrillas contra periodistas y religiosos, los atentados perpetrados por paramilitares de extrema derecha, y los asesinatos ordenados por Pablo Escobar contra jueces y periodistas (como el de Guillermo Cano, director de El Espectador), y contra militantes de los derechos humanos (como el de Héctor Abad Gómez). Los mezclan también con crímenes cometidos por fanáticos o por vengadores aislados. Se ocultan igualmente los crímenes cometidos por las FARC[627] y por sus disidencias. En esas narraciones se presenta la UP como un simple “partido de oposición”, como un partido como los otros, sin ningún vínculo con una estructura armada activa. El contexto turbio en el que nació (al mismo tiempo que era conformada la coordinación de las guerrillas) se olvida, se borra. Se oculta, por otra parte, el hecho de que buen número de asesinos de miembros de la UP fueron detenidos, encarcelados y juzgados y que los policías o los militares vinculados, por acción o por omisión, a hechos similares fueron objeto de la acción de la justicia colombiana.

El objetivo de la maniobra es político: el PCC pretende configurar un expediente por “genocidio” con el fin de obtener algún día la condena del Estado colombiano en un tribunal internacional, para hacer que Colombia sea vista como la Turquía del genocidio armenio, o como la Alemania de Hitler. No obstante, como el caso de la UP no entra, a pesar de su gravedad, en la definición de genocidio de la Convención de las Naciones Unidas de 1968[628], se intenta mediatizar una nueva serie de distorsiones y mentiras. Difunden la idea de que había un plan de “masacre” contra colectividades “determinadas por sus ideas políticas”. Todo es bueno para fabricar la creencia de que las muertes de la UP son el fruto de un “esquema de exterminación dirigida de manera concertada” por las “altas esferas del Estado[629]”. Se elude el hecho, sin embargo capital, de que las matanzas anti UP se redujeron notablemente después de la muerte de Pablo Escobar y del desmantelamiento del cartel de Medellin, entidades criminales que el Estado colombiano había combatido pagando por ello un alto precio en sangre. Lo que es extraño es que los impulsores de esa campaña lanzan, al mismo tiempo, una curiosa propuesta: llegar a una “solución amistosa” entre ellos y el Gobierno colombiano. ¿Puede un “genocidio” ser borrado, archivado, por una “solución amistosa”? No. por supuesto. Qué importa. Los jefes de la operación, que explotan el dolor legítimo de las víctimas de la UP con el pretexto de propinar un golpe mediático al Estado colombiano, amenazan: si no hay “acuerdo” habrá una “continuación del proceso” [sic] para obtener la condena del Estado[630]. Pero esa condena se hace esperar. Depositada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo de la OEA, la denuncia fue admitida en marzo de 1997. Pero no por “genocidio” sino bajo la etiqueta indeterminada y muy poco jurídica de “caso colectivo”. Sin llegar a nada, el expediente dormía en un cajón. Pero en abril de 2005, con la llegada del chileno José Miguel Insulza a la cabeza de la OEA, los activistas de la UP parecen, sin embargo, haber encontrado la ocasión para revivirlo: Insulza, quien contaba con el apoyo de Hugo Chávez, parece interesarse por la reactivación del asunto. Si ése es el caso, el CIDH podría verse obligado a decidir también respecto de una nueva denuncia, esta vez del Estado colombiano, contra las FARC y sus aliados por sus innumerables crímenes y sus violaciones del Derecho Internacional Humanitario.

De todas maneras, la pérdida de terreno en las grandes ciudades, había colocado al PCC, desde 1993, en una dinámica difícil de “ruralización”, sobre todo después del fracaso de la fórmula PCC-Unión Patriótica. Según el politólogo Eduardo Pizarro, el PCC vive entonces una reducción de su presencia en las grandes ciudades como Cali, Medellin, Barranquilla y Bucaramanga. “Incluso en Bogotá el número de militantes cayó de 3.000 a 2.000, y su influencia en el movimiento popular disminuyó considerablemente[631]”. Este desafecto urbano respecto de los comunistas es sobre todo el resultado del auge de las actividades terroristas de las FARC y de la cólera ciudadana ante los actos criminales de esa organización. Es el hecho también de la aplicación reiterada de la táctica de las FARC de comprometerse en “negociaciones de paz” para hacer mejor la guerra. En cuanto a Gilberto Vieira, él muere el 25 de febrero de 2000, en Bogotá, a la edad de 88 años. Así desaparecía el célebre jefe comunista que había luchado durante más de 60 años por intentar destruir la democracia y entregar su patria a la Unión Soviética. Todo ello con la mejor buena fe, ya que la utopía leninista era, para él, el ideal más elevado posible. A lo largo de esos años, él no parece haber visto las consecuencias de lo que hacía ni de lo que decía. Con todo, era evidente que miles de hombres y de mujeres fueron muertos, heridos, secuestrados o extorsionados por las fuerzas que él había ayudado a erigir. Gilberto Vieira no fue únicamente el promotor de las FARC. Durante su período en la dirección del PCC, se aplicaron en Colombia todas las técnicas de manipulación del conflicto social preconizadas por Moscú. Con “su” teoría de la “combinación de todas las formas de lucha”, Vieira había entronizado la violencia rutinaria en la agitación política y sindical. “La guerrilla no es la principal forma de lucha actualmente”, resumía él en 1966. […] “Ella está, en cambio, asociada a las grandes luchas políticas o reivindicativas: huelgas, manifestaciones, ocupaciones de tierras en los alrededores de las ciudades para erigir viviendas improvisadas. Todas esas luchas […] no son siempre pacíficas y a menudo generan choques violentos y sangrientos con las fuerzas de represión[632]”. Ésa era su religión.

Uno de los últimos intelectuales que romperán con las FARC es Arturo Alape, historiador comunista autor de varios trabajos importantes basados en la teoría absurda según la cual la violencia de Marquetalia, y a partir de Marquetalia, no fue más que una reacción “de autodefensa”. En efecto, él escribirá en febrero de 2004 que “las últimas acciones de las FARC destinadas a destruir la infraestructura económica [de Colombia], la demolición de las torres de transmisión de electricidad, los atentados contra los acueductos y el acoso bélico de la población civil, terminaron por desvirtuar los ideales de Jacobo Arenas y del documento fundador de las FARC[633]”. Es difícil distinguir en esa declaración la parte de amargura y la parte de ceguera ideológica, ya que nunca hubo, ni en los “ideales de Jacobo Arenas” ni en los “documentos fundadores” de las FARC, una sola frase que prohibiera las violencias señaladas por Arturo Alape.

Setenta y cuatro años después de su fundación, el Partido Comunista de Colombia sigue ocultando a todos (y sobre todo a sí mismo) la verdad de su historia, persiste en no respetar el deber de verdad que tiene respecto de la clase obrera y de los campesinos colombianos que pretendía defender.

6.

“La combinación de todas las formas de lucha”

La fórmula de “la combinación de todas las formas de lucha”, mediante la cual los dirigentes del PCC siempre encubrieron su estrategia, consistente en hacer avanzar su causa mediante las armas y la subversión, mediante la acción política clandestina y la acción abierta, mediante la propaganda y el espionaje, mediante la acción parlamentaria y el terrorismo, mediante la desinformación y “la información dirigida”, no es una invención del comunismo colombiano. Sin embargo, esa fórmula, donde no hay la palabra violencia, ni la palabra armada, ni la palabra intimidación, resume bien por sí sola todos los aspectos de la doble guerra (ideológica y militar) realizada durante más de setenta años contra la democracia en Colombia por el Partido Comunista y su guerrilla, FARC.

Contra la leyenda fabricada por algunos historiadores colombianos que pretenden saber que esa fórmula fue una “brillante creación de la dirección del Partido Comunista Colombiano”, la cual había aparecido por primera vez en una resolución de 1949, con motivo de la formación de las primeras guerrillas comunistas colombianas, esa fórmula había sido tallada realmente por José Stalin en 1925, en sus discursos pronunciados en la universidad Sverdlov, después de la muerte de Lenin[634]. Esa tesis fue desarrollada después por Andrei Jdanov, uno de los más cínicos delfines del amo del Kremlin, autor, en 1947, de la teoría de los dos campos. Jdanov no había hecho otra cosa que desarrollar uno de los temas de las 21 condiciones de la Internacional Comunista que exigía la combinación de la actividad legal e ilegal. Mao Tse-tung hará también su frase al respecto, pero de manera poética: “Es necesario saber tocar piano”, es decir, utilizar varias teclas a la vez. Por supuesto, Vladimir I. Lenin fue quien lanzó ese concepto en uno de sus escritos sobre la organización del partido bolchevique. En efecto, en julio de 1916, antes de la toma del poder en Rusia, Lenin escribe una frase que puede considerarse como el verdadero inicio de la teoría de la combinación de todas las formas de lucha: “Seríamos muy malos revolucionarios si en la gran guerra emancipadora del proletariado por el socialismo no supiéramos aprovecharnos de todo movimiento popular contra las calamidades particulares del imperialismo, en favor de la agravación y amplificación de la crisis[635]”. En septiembre de 1906, Lenin había abordado la cuestión de las formas de lucha en el artículo intitulado “La guerra de guerrillas”, donde dice entre otras cosas: “En ningún caso el marxismo se limita a las formas de lucha posibles y existentes en un momento dado. El reconoce la inevitabilidad de nuevas formas de lucha aún desconocidas del período dado, como consecuencia de otra coyuntura social. Desde ese ángulo, se puede decir que el marxismo aprende de la práctica de las masas[636]”.

Con todo, para algunos epígonos colombianos, poco curiosos de la historia del comunismo, la fórmula de la “combinación de todas las formas de lucha”, habría sido lanzada, por primera vez, en un congreso de 1961, donde Gilberto Vieira desempeñó un papel determinante. Lo que es paradójico es que, precisamente, en ese año la lucha armada estaba casi extinguida en Colombia. La guerra entre liberales y conservadores había cesado definitivamente y el sistema paritario y bipartidista había aportado la concordia y la paz. El Gobierno había lanzado una reforma agraria que contemplaba el fraccionamiento del latifundio, mejorado la legislación laboral y reforzado la democracia sindical. De suerte que el PCC se veía en la obligación de mostrarse como el campeón de las “soluciones pacíficas”. Sin ir, claro está, más allá de las palabras. Para impedir que su partido se convirtiera en una fuerza de oposición pacífica, Gilberto Vieira inventa el pretexto del peligro de una “dictadura terrorista” que viene (y que, realmente, no vendrá nunca). Vieira pronunciará entonces numerosos discursos amenazantes, completamente paranoicos, de doble sentido y basados en una visión irreal, donde usa y abusa del condicional “si”: “Si el proceso de democratización del país es interrumpido”, “si las clases dirigentes recurren de nuevo al estado de sitio”, “si tales circunstancias se producen”, etc., el pueblo deberá elegir, grita él, no la solución pacífica sino “las vías no pacíficas”. Y como, según él, el momento de paz que vive Colombia sólo es el preludio de una “dictadura terrorista”, concluye: “El Partido Comunista advirtió expresamente que una nueva dictadura terrorista no puede dejar de hacer reaparecer una nueva resistencia activa del pueblo, el cual empleará todas las formas de lucha, incluida la lucha armada[637]”. ¿Por qué esa insistencia de Vieira en la amenaza de la lucha armada? Sólo hay una explicación: porque él sabe que la estrategia comunista de creación de “zonas liberadas” está bien avanzada y que la opinión pública no tardará en descubrir ese problema. Sabe que esa tentativa de fraccionar la república no podrá continuar sin hacer uso de la lucha armada. La predicción de Vieira era pues que la lucha contra las “repúblicas independientes” empujaría necesariamente al Estado colombiano a un cambio drástico: a pasar de una democracia representativa a una “dictadura terrorista”. La realidad no confirmará ese pronóstico.

¿ANTÍDOTO CONTRA LA “DESVIACIÓN OPORTUNISTA”?

En una obra sobre las FARC, el politólogo Eduardo Pizarro Leongómez dice: “La tesis de la necesidad de combinar todas las formas de lucha incluyendo la lucha armada, se había aprobado en el IX congreso del Partido Comunista de Colombia, el cual había previsto que ‘la vía revolucionaria en Colombia puede llegar a ser una combinación de todas las formas de lucha[638]’”. Sin preguntarse por qué esa tesis había sido lanzada precisamente en 1961, Eduardo Pizarro añade que esa orientación será ratificada en junio de 1964 por el pleno del comité central del PCC y que más tarde “se codificó de manera sistemática” en las “tesis sobre el movimiento armado”, aprobadas en la reunión posterior del comité central del PCC, y que incluso fueron desarrolladas aún más por el X Congreso del PCC, en enero de 1966, realizado en la clandestinidad.

En efecto, Manilo Lafont, miembro de la dirección nacional del PCC, dedica todo un capítulo a la explicación de “la combinación de todas las formas de lucha popular” en una obra destinada a la formación de cuadros[639]. Para él, el corazón de esa teoría es saber “dominar” todas las formas de lucha y de organización y “saber pasar” de una forma a otra y, en fin, poder “aplicarlas de manera combinada” de acuerdo con las circunstancias. Lafont dice que esta hábil política podría facilitar “la conversión rápida de las luchas políticas en luchas armadas” y “acelerar la crisis del sistema colombiano[640]”. Manlio Lafont, quien será expulsado del PCC años más tarde, hace también de esa teoría una especie de antídoto contra la “desviación oportunista” que corroía, según él, al PCC en esa época y que preconizaba que la acción política era la única válida y también un antídoto contra la desviación contraria “de extrema izquierda”, consubstancial a los grupos castristas de los años sesenta, que no veían otra salida que la lucha armada.

Sin embargo, para el escritor Ricardo Sánchez, la tesis de la combinación de todas las formas de lucha es previa a la fecha indicada por Eduardo Pizarro ya que ésta se habría elaborado “a principios de los años cincuenta” por la dirección comunista colombiana[641]. Esa tesis (que habría adquirido su plena maduración 40 años después, en el XV congreso del PCC), estaría siendo adoptada, en 1995, según Sánchez, por dos otras guerrillas, el EPL y el ELN. Carlos Efrén Agudelo, ex militante comunista, estima por su parte que la fórmula en cuestión siempre fue “el eje central de la estrategia comunista en Colombia” y que ella sería entre otras cosas “la vía hacia el triunfo revolucionario”. En una memoria universitaria inédita[642], Carlos Efrén Agudelo indica que el PCC había enunciado esa estrategia “a partir de 1949”, cuando llamaba a la conformación de las “autodefensas campesinas para resistir la agresión del Gobierno”.

En cuanto al contenido concreto de la ideología sobre la combinación de todas las formas de lucha, Ricardo Sánchez distingue cuatro elementos retóricos importantes que serían, a su modo de ver, bastante cuestionables:

1. Que la lucha armada surge en Colombia como una “respuesta” a la “política de sangre y fuego de los gobiernos contra el pueblo” desde 1949. Lo que, según Sánchez, “elude y minimiza el problema de la creación consciente de las guerrillas”.

2. Que la idea de combinar todas las formas de lucha “fue inventada” por “las grandes masas colombianas” y no por el Partido Comunista Colombiano, el cual sólo “la habría tomado del pueblo”.

3. Que el único mérito del PCC es “haber sintetizado” esa teoría.

4. Que el objetivo de esa consigna, “a la vez táctica y estratégica”, no es, según Gilberto Vieira, “la guerra sino la paz democrática que desea el pueblo colombiano”.

Esas afirmaciones de los jefes del PCC, son en realidad groseras imposturas, ya que la lucha armada en Colombia (y las teorías que la justifican) no surge como una “solución” espontánea de las masas populares sino derivan de un acto voluntarista, agresivo y unilateral de algunas formaciones políticas minoritarias: de las fracciones más radicales del Partido Liberal, ayudadas de manera determinante por el Partido Socialista Revolucionario, enfeudado al Komintern al principio y, después, sobre todo durante la huelga de las bananeras de 1928. La violencia subversiva continuó en seguida por la acción de las organizaciones, redes y guerrillas guiadas por el Komintern. Por lo que se refiere a la llamada “paz democrática”, evocada tantas veces por el secretario general del PCC, es necesario entender que no se trataba de ninguna manera de una verdadera paz democrática, sino de la “paz” que sería establecida solamente por un régimen de “democracia popular”, de partido único, liberticida, es decir, por una dictadura del proletariado.

En 1975, Álvaro Mosquera, un alto dirigente del PCC, publicó un artículo donde el mito de la invención colombiana de la táctica sobre la combinación de todas las formas de lucha fue dado como forraje a los militantes. Con una cierta altanería, dice que esa tesis deriva de las “enseñanzas de Lenin” (por supuesto) y de las “tradiciones de la lucha revolucionaria en Colombia[643]”. El pretende que esa “conclusión” colombiana “puede ser útil” a los otros revolucionarios del planeta “que actúan en condiciones similares”. Para parecer plausible, Mosquera saca uno de los argumentos preferidos (pero falsos) de los extremistas colombianos: que la historia de Colombia no está hecha sino de guerras civiles. Pero lo que es muy interesante en el texto de Mosquera es que él confirma, entre líneas, que el comunismo colombiano había recurrido a las armas, bajo la forma de una guerrilla campesina, antes de que eso se justificara, es decir, “antes de que una situación revolucionaria hubiera aparecido”. Mosquera va más lejos en sus revelaciones al declarar que, incluso en un período en que el gobierno liberal efectuaba una política reformista, el PCC no renunció a la lucha armada y que, sencillamente, “la guerrilla se transformó en autodefensa (armada) bajo la influencia de factores políticos que imponían la renuncia al recurso de las armas”.

Ricardo Sánchez no se equivoca cuando dice que la política de la combinación de todas las formas de lucha no es otra cosa que una política de lucha armada a ultranza, una orientación “de mil rostros, pragmática”, que confunde la espontaneidad real con el voluntarismo político. Esa política obviamente llevó la izquierda colombiana hacia un callejón sin salida: “Los comunistas colombianos atrapados en lo fantasioso de tal formulación han terminado adoptando una política muerta, de suicidio y por ende han contribuido al autobloqueo de las izquierdas[644]”.

La teoría de la combinación puede ser examinada desde otro ángulo: el de la moral, como encarnación del precepto según el cual el fin justifica los medios. De acuerdo con esa teoría, la obtención de un objetivo encomiable, como la liberación del hombre de la “explotación capitalista”, justificaría la utilización de todos los medios de lucha, desde los legales y pacíficos hasta los más criminales y abyectos. El problema de esa postura ética, que constituye el corazón de la moral comunista, es que incluso el objetivo más loable puede convertirse en el más pervertido a causa de los medios empleados para alcanzarlo. En otras palabras, el significante principal de la teoría de la combinación de todas las formas de luchas es que todas las formas de lucha son legítimas ya que la lucha del proletariado lo quiere así. Para decirlo en el lenguaje de Lenin: en la “gran guerra emancipadora del proletariado”, todas las formas de lucha son buenas. Para los leninistas, por lo tanto, depositar un voto en una urna en elecciones tiene la misma legitimidad que degollar a un rehén.

En cualquier caso, la adaptación a las condiciones colombianas de la curiosa tesis será el pretexto para acalorados debates entre los comunistas colombianos en 1988, con motivo del XV congreso del PCC. Ése será el centro de interés del informe central y de los dos discursos pronunciados por el secretario general Gilberto Vieira.

VIOLENTA TRIFULCA EN LA HABANA

En la historia del PCC pocas tesis políticas han suscitado tanto interés y tantas ratificaciones. Esa tesis fue incluso objeto de ásperos debates en un congreso revolucionario en Cuba. La tesis de la “combinación de todas las formas de lucha” fue presentada en enero de 1966, con poco éxito, a los delegados de 82 países reunidos en La Habana en la primera “conferencia de solidaridad de los pueblos de Asia, África y América Latina”. En esa época los partidos comunistas eran el blanco de ruidosos ataques por parte de los castristas, quienes consideraban que esas formaciones eran “reformistas”. Los castristas no exceptuarán de eso a la delegación del Partido Comunista de Colombia[645], en la cual se encontraban dos jefes de las FARC, Jaime Guaraca y el “comandante Baltazar”. Por eso ellos se verán obligados a desenvainar la teoría de la combinación para demostrar que también ellos eran “verdaderos revolucionarios”. Pero su tentativa fue tan poco convincente que el “comandante Baltazar” se vio mezclado en una dura trifulca verbal con Fidel Castro en persona con respecto a esa concepción y la delegación colombiana estuvo a dos dedos de ser expulsada de Cuba.

Las precisiones aportadas por Eduardo Pizarro y Ricardo Sánchez sobre las primeras formulaciones de la tesis son muy interesantes porque ponen de manifiesto que la intención del PCC de utilizar la lucha armada es explícita desde principio de 1950 o desde 1961, según uno u otro autor, es decir, mucho antes de la primera conferencia de la guerrilla en Riochiquito, a finales de septiembre de 1964. Ello quiere decir que antes de la fundación de las FARC, el Partido Comunista ya había tomado la decisión de comprometerse en la lucha armada prolongada por la toma del poder, disfrazando esa perspectiva en una lucha legal, o incluso electoral.

El párrafo exacto de la resolución aprobada en el IX congreso del PCC decía esencialmente: “Las luchas de las guerrillas podrán ser objeto de una extensión a medida que ésta sea suscitada por la política de violencia oficial. Esto es una lucha de carácter prolongado cuyo triunfo final dependerá de su coordinación con todas las formas de lucha de masas, con la acción combinada de todos los sectores oprimidos de la sociedad colombiana”.

Si se mira de cerca, esa formulación contradictoria no está exenta de interés. Ella dice que “las luchas de las guerrillas podrán ser objeto de una extensión a medida que ésta sea suscitada por la política de violencia oficial”. Como para los discípulos de Vieira la política del Gobierno es siempre “violenta” él hace saber así que aunque la violencia oficial cese, la lucha armada deberá ser objeto de una “extensión” continua. ¿Por qué? Porque “esto es una lucha de carácter prolongado”, una lucha que persigue “el triunfo final”. Y para no dejar duda alguna, los autores de la frase concluyen que ese triunfo final “dependerá de su coordinación con todas las formas de lucha de masas, con la acción combinada de todos los sectores oprimidos de la sociedad colombiana”.

Estamos pues ante una auténtica confesión de parte sobre la línea que va a seguir el PCC y sus brazos armados durante numerosos años, sea cual sea la actitud de la democracia colombiana. Al mismo tiempo, estamos ante un ejemplo brillante del tipo de engañifa dialéctica (lo que es igualmente una revelación apenas encubierta) que constituye en última instancia el abc de la propaganda marxista. Ese párrafo muestra que toda eventual negociación política futura entre la guerrilla y el Estado capitalista, y todo “diálogo de paz”, no será para el PCC y sus aliados sino otro medio de lucha para avanzar sus peones. Es decir, que nada podra frenar la acción de las guerrillas pues su lucha es de carácter “prolongado” y hasta la conquista del poder. Y nada menos.

Ciertamente, la lucha armada había sido evocada antes de 1961 por los jefes del PCC. Desde 1948, ese partido tomará iniciativas concretas para explotar el “potencial revolucionario” del conflicto armado entre liberales y conservadores y prevé la conformación de un nuevo tipo de guerrilla susceptible de tomar el relevo una vez el conflicto fratricida y bipartidista colombiano cese. Para alcanzar esa meta, en noviembre de 1949 lanza la consigna de organizar operaciones militares ofensivas, disfrazadas en operaciones “de autodefensa”. Ese gambito lingüístico no es de difícil lectura para quien sabe que la subversión del lenguaje es la primera condición del planteamiento totalitario. El PCC tomará como pretexto la necesidad discutible “de responder a la violencia reaccionará por la violencia organizada de las masas[646]”. Una violencia que, además, había cesado gracias a los acuerdos de paz entre liberales y conservadores, lo que había conducido a la desmovilización de más de 6.000 guerrilleros liberales, o sea la mayoría de los guerrilleros del país.

La táctica de la “autodefensa de masas” había tenido un precedente, aunque más limitado, en los años 1930, cuando el PCC la utilizó para ocultar su política reaccionaria de sabotaje armado de la reforma agraria que el gobierno de Enrique Olaya Herrera intentaba realizar. Un dirigente del PCC se vanaglorió de eso en Moscú, en una reunión del Komintern en 1935, al decir: “En Viotá los campesinos, desde hace cinco años, no pagan los arrendamientos agrícolas; ellos organizaron bajo la dirección del PC destacamentos de autodefensa, que hacen retroceder a las fuerzas policiales enviadas para reprimir el movimiento. En Sumapaz, Chacho [sic] [Chaparral?], Ibagué y en muchas otras regiones donde el Gobierno dividió la tierra en pequeñas parcelas para venderlas a los campesinos, estos últimos se niegan a pagar, se niegan también a saldar las deudas y se organizan para impedir las expulsiones[647]”.

Pero para hacer creer que la violencia social “del Estado” seguía sin interrupción, el PCC mantiene, en los años cincuenta, la construcción de bastiones autónomos de guerrillas ofensivas en dos departamentos del país, por lo menos. Y obviamente la lucha armada revive dos años después, a través de la acción legítima del Estado: la disolución de las “repúblicas independientes”. Así pues, la estrategia comunista había consistido en provocar una reacción defensiva del Estado para probar la supuesta continuidad de la “violencia oficial”. La propaganda comunista explotará ese hecho para intentar demostrar que nada había cambiado en Colombia y que la lucha armada guardaba toda su actualidad. La paz en Colombia, incluso una paz transitoria, no convenía a la burocracia del Kremlin.

Si la primera Violencia había sido un fenómeno político y social interno colombiano, debido a los conflictos, artificiales o no, entre liberales y conservadores, la segunda Violencia será el resultado de una voluntad venida del exterior que aspira a dar curso a una confrontación armada de nuevo tipo bajo pretextos falaciosos. La fórmula de la combinación de todas las formas de lucha puso de manifiesto que la guerra política y subversiva exigía la infiltración y la instrumentalización de la actividad política legal de la izquierda colombiana. En una entrevista realizada en agosto de 1983[648], Manuel Marulanda Vélez, jefe de las FARC, destaca que la combinación de todas las formas de lucha implica, para las FARC el desarrollo de una lucha “no solamente a nivel militar sino también a nivel político”. “Vamos a intervenir, en la medida en que las condiciones lo permitan, en la lucha política”. Es decir, en las elecciones, en la actividad de los sindicatos, en el movimiento estudiantil, en los movimientos religiosos, etc. La infiltración en los sindicatos y en una determinada cantidad de círculos políticos, universitarios, sociales y religiosos se deriva de esa estrategia.

Ricardo Sánchez constata[649] que la tesis de la combinación “es presentada con orgullo y hasta presuntuosamente por la dirección comunista” colombiana, y que es “esgrimida” como un “mérito histórico”, como un “aporte sustancial a la teoría y a la práctica de las izquierdas revolucionarias”. Sin embargo, concluye Sánchez, tal teoría “ha resultado ser una política suicida, de mil rostros y ninguna credibilidad”.

Sin credibilidad, ciertamente, pues sirve finalmente “para hacer de todo”: para indicar, según sean las circunstancias y el interlocutor, que la lucha armada es el medio principal de lucha y para decir, si el interlocutor es menos radical, lo contrario: que la lucha política electoral es el tipo principal de lucha, ante la cual la lucha armada se supedita, etc. Un ejemplo de esa curiosa manipulación: al dirigirse de manera cifrada a una fracción ultrarradical de las FARC, Gilberto Vieira destaca en el discurso de clausura del XV congreso del PCC que, a veces, la lucha política prima sobre la lucha armada: “La experiencia indica que todo movimiento rebelde debe actuar teniendo en cuenta la situación política, buscando reforzar el proceso de la lucha democrática en su conjunto, jugando el papel de aglutinante de las movilizaciones populares”. Vieira advierte a continuación que “cuando las posiciones militaristas [de la izquierda, triunfan sobre los objetivos políticos y sobre los intereses permanentes de los trabajadores, la guerrilla se aísla y pierde el apoyo popular tan necesario para desarrollarse y avanzar”. Aquí, Vieira dice claramente que la política es el factor principal de la revolución. Pero ante un interlocutor extranjero, la lucha armada puede pasar a ser para él el factor dominante. Al dirigirse a la marxista cubano-chilena Martha Harnecker, Vieira dirá: “Bueno, en determinados momentos hemos llegado a formular que la lucha armada es la forma principal en determinadas regiones y en otras no[650]”.

LA FÓRMULA DE JDANOV

En otro texto de propaganda de las FARC (no fechado pero probablemente de 1998)[651], intitulado “Reglamento, recomendaciones y normas con la población civil”, el autor anónimo destaca la “táctica” de la “combinación de todas las formas de lucha de masas por el poder para el pueblo”, la cual es, a su modo de ver, el marco ideológico que rodearía la “acción ideológica, política, organizativa, propagandística y armada de guerrillas” de las FARC.

Se podría creer que la redacción de 1961 de la fórmula sobre la combinación era la culminación teórica de un proceso de lucha armada en Colombia. Nada de eso. La famosa fórmula había sido lanzada en 1920 por los dirigentes del partido bolchevique y por Lenin mismo. Las “21 condiciones” de la Internacional Comunista eran, en efecto, el resumen más completo de esa doctrina. Estas condiciones exigían a los partidos combinar la acción legal e ilegal, penetrar los ejércitos, centralizar los partidos, crear células clandestinas, subordinar las fracciones parlamentarias a la dirección del partido, apoyar los movimientos nacionalistas y anticolonialistas, denunciar el “social-patriotismo” y, sobre todo, apoyar incondicionalmente la Rusia soviética.

Para los dirigentes rusos, las “21 condiciones” eran el filtro que impediría la entrada a la nueva Internacional de los partidos y dirigentes que ellos consideraban reformistas y centristas. Lenin, Trotski y Zinoviev declaraban querer integrar a la IC solamente los partidos dispuestos a “emprender el combate por la conquista revolucionaria del poder”. Para resumir, las “21 condiciones” fueron diseñadas para dotar a la Rusia soviética de una maquinaria política y militar disciplinada dedicada a la penetración y a la desestabilización de todos los países rivales e incluso de los países amigos. El carácter dirigista de las “21 condiciones” era tan explícito que los grandes partidos europeos más atraídos por la experiencia bolchevique en Rusia, como el USPD de Alemania, con un millón de miembros, el partido socialista francés (SFIO) y el partido socialista italiano, ya miembro de la IC, se niegan a adoptarlas[652]. Léon Blum, en Francia, denuncia el concepto de partido centralizado, el rechazo de la defensa nacional y la necesidad de organizaciones clandestinas.

Al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Rusia soviética se organizaba para extender su hegemonía sobre Europa Occidental, la doctrina de la combinación fue relanzada, en una versión más mundialista y más brutal, por Andrei Jdanov[653]. Durante una reunión del consejo de Defensa, a principios de 1946, el delfín de Stalin dirá: “En Francia, Italia, Bélgica, nuestra gente hace parte de los gobiernos. Al combinar la vía parlamentaria y la agitación social, gracias a la instauración de nuestro aparato ilegal, bastará dar un empujón, en un momento de crisis agravada por las huelgas generales, para que nuestros partidos comunistas aumenten su influencia en gran número y su implantación en los puestos cruciales, para obtener la misma situación en Occidente que al Este. Los norteamericanos sólo piensan en regresar a su país. Ellos no reaccionarán. La OSS[654] ha sido disuelta. Sus representaciones en Europa Occidental y hasta en Berlín están penetradas por agentes nuestros. En las zonas alemana y austríaca de ocupación inglesa, norteamericana y francesa, ningún servicio de seguridad se atreve a obstaculizar la libre circulación de nuestras misiones[655]…”.

Esa política, aplicada con el éxito que se sabe en Hungría, Checoslovaquia, Polonia y Rumania, se utilizó también, aunque no alcanzó sus objetivos, en Italia y en Francia en los años 1945-1948, tiempo en que Stalin se veía instalado ya en París por la fuerza de la guerra subversiva. De 1948 a 1952, una variante particular de la combinación de todas las formas de lucha fue aplicada en Afganistán: Serguei Chtemenko, uno de los grandes geopolíticos de la URSS, inventó la absorción lenta de ese país por la penetración económica continua, por una parte, y por la subversión violenta, por otra. Los resultados de ello son bien conocidos.

Ése fue el contexto, el origen y la matriz teórica de la fórmula sobre “la combinación de todas las formas de lucha” en Colombia, sobre la cual descansa la estrategia de lucha armada prolongada, dirigida y apoyada por el PCC. En la Colombia no muy bien informada de 1946[656] e incluso de 1961, los objetivos agresivos del Kremlin no eran evidentes para las élites y pocos se preocupaban de ello. Por el contrario, desde 1946, en las capitales de Europa Occidental, la actitud de los dirigentes políticos había sido más lúcida. No es una coincidencia si el 5 de marzo de 1946 Winston Churchill pronuncia su famoso discurso en el Westminster College, de Fulton, Estados Unidos, sobre la “cortina de hierro”. El líder británico pone en guardia al presidente Harry Truman ese día contra el expansionismo soviético: “Una cortina de hierro cayó sobre el continente europeo, desde Stettin, sobre el Mar Báltico, hasta Trieste, sobre el Adriático. Las capitales qué éste oculta, las de la antigua Europa Central, como Varsovia, Viena, Budapest, Berlín, Praga, Belgrado, Bucarest y Sofía, todas esas famosas ciudades y sus poblaciones, se encuentran en lo que yo llamo la esfera soviética. No sólo están destinadas a quedar bajo la influencia de la URSS, sino que, tarde o temprano, serán controladas por Moscú. Sólo Atenas, con la gloria inmortal de los griegos, estará en condiciones de decidir su futuro, por elecciones democráticas que se desarrollarán bajo la vigilancia de los Estados Unidos, Inglaterra y Francia”. Churchill expresó también su preocupación ante el éxito de los partidos comunistas de Francia e Italia: “Esos partidos y el comunismo son una quinta columna que amenaza la civilización cristiana”. En Colombia, ese concepto de la “quinta columna” se utilizó muy poco contra los comunistas. Para los dirigentes colombianos la “quinta columna” fue sobre todo un concepto aplicable a los agentes de la Alemania nazi en los años cuarenta. Para ellos, los conceptos de infiltración y de sabotaje soviético en Colombia no eran de actualidad.

7.

LA APARICIÓN DE LAS NUEVAS FUERZAS SUBVERSIVAS

El Ejército de Liberación Nacional (ELN)

Exasperados por la estrategia “lenta” de las FARC, la cual respondía en realidad a los imperativos cambiantes de la Coexistencia Pacífica preconizada por el Kremlin y al oportunismo electoral del Partido Comunista Colombiano, un grupo de exaltados simpatizantes de la revolución cubana, dirigidos por los hermanos Vásquez Castaño, fundan el ELN, en julio de 1964, “para liberar a Colombia del dominio oligárquico”.

De Simacota a Camilo Torres

La experiencia de Fidel Castro en la Sierra Maestra, teorizada por Ernesto Guevara en 1960, hace creer a esos extremistas que la teoría del “foco” —que pretende que la acción armada es la que crea las “condiciones revolucionarias” sin necesitar forzosamente de una movilización de masas— los conducirá al poder. Para formarse militarmente, un grupo de activistas de la rama más radicalizada del MRL hace el viaje a La Habana, donde constituyen la “brigada José Antonio Galán para la liberación de Colombia”. Entre ellos se encuentra Víctor Medina Morón, un miembro de la JUCO (Juventudes Comunistas de Colombia) que había dirigido el trabajo de infiltración de las juventudes del MRL, así como los hermanos Vásquez Castaño y Ricardo Lara Parada. Después de un año de discretos preparativos en los alrededores de San Vicente de Chucurí, en el departamento de Santander, el grupo ataca el pueblo de Simacota, el 7 de enero de 1965. Esa acción, designada más tarde por la propaganda de la guerrilla como un acto de gran audacia, es más bien un golpe de poker de asesinos cobardes: dos hombres vestidos de civil entran al pueblo y matan a quemarropa a los cuatro únicos policías del lugar. Los otros 23 guerrilleros llegan a continuación y ponen cargas explosivas a la entrada del pueblo. Saquean los depósitos de Bavaria y la Caja Agraria, donde roban 124.000 pesos. Arengan a la población y distribuyen una declaración. Dos horas después, el Ejército llega. Las cargas estallan y matan a dos soldados. En un intercambio de tiros, Pedro Gordillo, uno de los guerrilleros que protegen la fuga de los otros hacia el bosque, muere. Sus camaradas abandonan su cuerpo. Otros dos guerrilleros desertan. Uno de los combatientes de ese día escribirá años más tarde: “Fue en Simacota donde se produjo la primera deserción en las filas del ELN: la de Samuel Martínez, miembro del Partido Comunista y antiguo dirigente de la USO. Martínez había visitado algunos países socialistas y se había infiltrado en la guerrilla por cuenta del partido, quien lo protegió tras su deserción. Pero algunos meses más tarde, encontrado por una red urbana del ELN es asesinado en los alrededores de Barrancabermeja[657]”. Éste fue pues el “acto fundador” de esa guerrilla.

Otras “acciones” siguen, como el asalto a un tren pagador, perpetrado expresamente el 9 de marzo de 1967 para que un periodista mexicano. Renato Menéndez Rodríguez, invitado para la ocasión, pudiera desencadenar una campaña de propaganda internacional en favor del castrismo. Los guerrilleros (alrededor de 80 hombres en uniforme) destruyen una parte de la vía con dinamita y abren fuego sobre el convoy, matando a cinco soldados y a cuatro empleados del ferrocarril. Otras seis personas son heridas. Luego se apoderan del dinero que iba a bordo: los sueldos de los obreros de la red del ferrocarril. Ese crimen desencadena en Colombia una ola de indignación[658]. Sobre todo porque cinco días antes, en el sur del país, la banda de Tirofijo había atacado una patrulla del Ejército y dejado 17 muertos y heridos entre las fuerzas del orden. El 28 de febrero, otro grupo del ELN de 50 hombres toma por asalto Vijagual, una localidad sobre el río Magdalena, y mata a cuatro policías hiriendo a otros dos. Esa serie de crímenes no tenía nada de fortuito. Entre el ELN y las FARC existía una especie de emulación del terror, único medio para definir cuál de los dos iba a convertirse en la organización hegemónica del “proceso revolucionario” en Colombia. Desde Cuba, Fidel Castro observa esa evolución al mismo tiempo que financia y suministra armas a los hermanos Vásquez Castaño[603] sin tomarlos muy en serio. En esa época, Castro apostaba sobre todo a las guerrillas de Venezuela en lucha contra el gobierno socialdemócrata del antiguo comunista Rómulo Betancourt[660], quien había decidido, en noviembre de 1961, romper las relaciones diplomáticas con Cuba, cosa que Colombia no se había atrevido a hacer todavía. En abril de 1962, una guerrilla de la provincia de Lara, dirigida por Argemiro Gabaldón, un militante del Partido Comunista Venezolano, había atacado una escuela naval y robado armas. La revista cubana Bohemia, transformada por los plumitivos castristas en herramienta de propaganda violenta y descosida contra Washington y los gobiernos “fascistas” de América Latina, saluda la hazaña.

En cuanto a Colombia, Fidel Castro se muestra circunspecto frente al ELN, hasta el punto de que esa guerrilla no es invitada a la Conferencia Tricontinental, realizada por La Habana en enero de 1966. Pero la llegada al ELN del sacerdote Camilo Torres Restrepo, el carismático fundador del Frente Unido[661], quien había ganado la adhesión de las capas pobres de las ciudades y del campo colombianos, y su muerte en combate cinco semanas más tarde, el 15 de febrero de 1966[662], en Patio Cemento (Santander), hace cambiar de actitud a Cuba: el ELN será representado en la conferencia de la OLAS en agosto de 1967[663].

La muerte de Camilo Torres será sentida como un drama por los estudiantes de extrema izquierda y por la población más pobre de Colombia. Para ellos, Camilo era una alternativa política providencial, inesperada, casi milagrosa, ante la dureza de la vida política colombiana, ante los partidos tradicionales, insensibles, a su modo de ver, frente a la miseria social, y ante los comunistas y sus desviaciones extremistas. Para ellos. Camilo abría otra vía a la acción política radical, pues Camilo Torres era un místico exaltado, admirador del padre Lebret, y no un político timador y endurecido. Si se excluye el final de su período de activismo en la legalidad, nunca había tenido una posición agresiva sobre el tema de la violencia revolucionaria. Su tesis central, la que cruzaba sus escritos y discursos, era “la opción prioritaria por los pobres”. En Frente Unido, el órgano de su movimiento, lanzado en junio de 1965, escribía: “Lo principal en el catolicismo es el amor del prójimo. […]. Para que ese amor sea verdadero, es necesario buscar la eficacia […] La llamada caridad no basta para dar de comer a todos los hambrientos, ni para vestir a la mayoría de los que están desnudos. Debemos buscar los medios eficaces para el bienestar de las masas”.

Camilo no era marxista. En mayo de 1965 había hecho saber que pan él “el comunismo tiene un sistema filosófico incompatible con el cristianismo”. Cuatro meses más tarde, después de haber pedido la expropiación de los bienes de la Iglesia, reitera: “Los comunistas deben saber muy bien que yo no entraré a sus filas, que no soy ni seré nunca comunista, ni como colombiano, ni como cristiano, ni como sacerdote[664]”. Es probablemente por eso que Camilo Torres, después de haber decidido que arriesgaba su vida si no entraba en la clandestinidad, no quiso ingresar a las FARC, a pesar de las solicitudes en ese sentido formuladas por sus agentes en Bogotá. Sin embargo, la presión intelectual que ejercía sobre Camilo la propaganda marxista era enorme. Y ello lo condujo finalmente a forjarse ilusiones sobre el comunismo, a tragar sus supercherías, sobre todo la del “milagro económico soviético”. Adoptará también una visión fatalista sobre la pretendida “inevitabilidad” de la lucha armada. En mayo de 1965, había declarado que “en cuanto a sus aspiraciones socioeconómicas, la mayoría de los postulados del comunismo no se oponen a la fe cristiana”. En su famoso Mensaje a los comunistas, de septiembre de 1965, subrayó: “No soy anticomunista como sociólogo ya que en las tesis comunistas para combatir la pobreza se encuentran soluciones eficaces y científicas contra el hambre, el analfabetismo, la falta de vivienda, la falta de servicios públicos”.

La muerte de Camilo Torres será, en todo caso, explotada útilmente por el PCC, en sus esfuerzos por impedirle al ELN llegar a una alianza o incluso a una fusión con el MOEC, en el momento en que los comunistas intentaban por su parte crear el “bloque sur”, es decir, la unificación de varias bandas armadas dispares para transformarlas en guerrilla bajo el control del PCC. Todo comenzó con una declaración de Gilberto Vieira quien hace saber que Camilo Torres no había “consultado” a los comunistas antes de tomar la decisión de ingresar al ELN y que, de todas formas, esa decisión había sido “prematura[665]”. Una semana después, Diego Montaña reitera ese reproche, en el órgano del PCC. Poco después, un violento panfleto firmado por los líderes del ELN Fabio Vásquez Castaño y Víctor Medina Morón es puesto en circulación. En él se acusa a los comunistas de haber “traicionado” a Camilo Torres por el hecho de haber denunciado a las autoridades su salida hacia la guerrilla. El 3 de marzo, Voz Proletaria se declara escandalizada. Afirma que se trata de una burda calumnia anticomunista y que sus autores son “renegados” expulsados que están bajo la protección del maoísmo. Una semana después, Voz Proletaria publica un mensaje de Fabio Vásquez y Víctor Medina donde dicen no ser los autores de tal acusación. Dos semanas después, Voz Proletaria indica que el MOEC había fabricado el misterioso panfleto. La operación para sembrar el desorden entre el ELN y el MOEC será exitosa ya que los dos grupos rebeldes no se juntarán jamás, mientras que la constitución del “bloque sur” va a convertirse, en mayo, en las FARC.

La vía finalmente escogida por Camilo Torres, la de la insurrección “revolucionaria”, cerrará un capítulo relacionado con las posibilidades eventuales de una tercera vía no violenta en la lucha social colombiana Con todo, su triste ejemplo hará pocos émulos entre los activistas cristianos radicalizados. En realidad, una buena parte de los jóvenes sacerdotes que seguían a Camilo Torres se desolidarizan tras su alianza con los marxistas. Como lo constató Roger Tréfeu, “el modo de acción seguido por Camilo Torres […] fue relativamente poco seguido: los sacerdotes que se unirán a la guerrilla serán una ínfima minoría. No será lo mismo respecto de la escogencia de un compromiso político que arriesgaba la ruptura con la institución-iglesia”[666]. Pero esa “ínfima minoría” de sacerdotes fanatizados que tomarán las armas para matar a su prójimo dejara una marca indeleble en Colombia. Entre ellos se encuentra el español Domingo Lain Sáenz, un sacerdote del grupo Golconda[667], que había recibido entrenamiento militar en Cuba en 1966[668], y cuyo nombre sera utilizado, después de su muerte en combate en 1973, para bautizar uno de los frentes más sanguinarios del ELN. El otro, más tarde, será Manuel Pérez, otro cura español en ruptura con la Iglesia que transformará ¿ELN en una formidable máquina para matar y secuestrar campesinos y civiles inocentes[669].

El planteamiento de Camilo Torres contribuirá, entre otras cosas, a la aparición en América Latina de una corriente de grupos de sacerdotes radicalizados que van a comprometerse en algunas luchas populares y “antiimperialistas”, bajo la bandera de la “teología de la liberación”, cuyas bases ideológicas (un coctel de preceptos cristianos y elucubraciones de autores marxistas como Althusser, Marcuse, Lukács, Gramsci, Lefevre, Goldman y Mandel)[670] serán lanzadas por el jesuita peruano Gustavo Gutiérrez, otro antiguo alumno de las universidades católicas de Lovaina y Lyon. Gutiérrez había conocido a Camilo Torres en Lovaina, donde discutían abundantemente. Sus desacuerdos no eran políticos sino religiosos ya que para Camilo, por ejemplo, “la eucaristía excluía al opresor”. Ingrato, Gutiérrez no será nunca capaz de mencionar ni de admitir la influencia que ejerció Camilo Torres en sus doctrinas. Él hizo eso “como si él nunca lo hubiera conocido”, se quejaba Guitemie Oliveri, la antigua colaboradora del sacerdote colombiano[671].

El ELN sufrirá otras derrotas. En septiembre de 1966, el Batallón Galán destruye el frente comandado por José Ayala. Aunque logran dar el golpe contra el tren pagador y atacan Vijagual, los castristas no pueden ir más allá de algunas regiones de Santander y Antioquia, pues las divergencias internas se habían empeorado. Inflexible ante las críticas y ante las diferencias políticas, Fabio Vásquez había hecho fusilar los cuadros fundadores del ELN, como Víctor Medina Morón, Julio César Cortés, Heliodoro Ochoa y, más tarde, Jaime Arenas Reyes[672]. Desde el principio de su aventura, la rivalidad entre Fabio Vásquez y Víctor Medina Morón fue evidente. Medina Morón consideraba que antes de dar el primer golpe armado, la guerrilla debía realizar un trabajo político previo y “consolidar amplios territorios”. Fabio Vásquez no quería saber nada que no fuera la acción militar[673]. Esas matanzas internas no eran purgas aisladas sino que formaban parte de un sistema. Los fusilados eran los cerebros de la organización. Antes de su entrada al ELN, Medina Morón había sido el dirigente de las juventudes comunistas de Santander. Era el cuadro político más formado de todos los jefes del ELN. Cortés era médico, escritor, ex periodista y sobre todo uno de los principales dirigentes del Frente Unido, el movimiento de Camilo Torres. Otro teniente de Fabio Vásquez, Juan de Dios Aguilera, acusado de ser el responsable de la muerte de José Ayala, es asesinado el 29 de mayo de 1971 por sus propios compañeros de aventuras. Otros trece militantes también son fusilados por orden de Fabio Vásquez. Otros 23 desertan. Las ejecuciones sumarias de los militantes del ELN habían sido impuestas desde el principio por Fabio Vásquez como el mejor medio para imponer un brutal liderazgo, como sus jefes cubanos le habían enseñado. Esteban Ríos, Florencio Amaya[674] y Ana, una ex estudiante de filosofía, son tres de los numerosos desertores de la banda, asesinados más tarde por sus antiguos camaradas. Los mínimos incumplimientos a la disciplina eran sancionados con la muerte. Los jóvenes campesinos que se negaban a entrar a la banda eran asesinados sin piedad. Un desertor o un combatiente que comía sin el permiso de su jefe podía ser fusilado ipso facto[675].

ANORÍ

Esos métodos criminales y los golpes infligidos por el Ejército siembran la confusión y la desmoralización entre los castristas colombianos. Según testigos, Fabio Vásquez no era un buen combatiente y se había concedido privilegios como, por ejemplo, disfrutar de “vacaciones” en la ciudad, etc. Jaime Arenas escribirá: “En casi seis años de vida en la guerrilla, Fabio Vásquez participó solamente en tres acciones armadas: en la toma de Simacota, en la emboscada de Patio Cemento y en el asalto al tren pagador”. Y en esas acciones no había brillado especialmente por su valentía. En la primera, entró a Simacota después del asesinato de los policías. En la segunda, se había colocado en el lado opuesto del camino por donde los soldados entraron. En la tercera, estuvo en todo momento al lado del periodista mexicano mientras que los guerrilleros le hacían frente a los policías[676]. En junio de 1972, toda la organización clandestina urbana del ELN (más de 400 personas) fue desmantelada por el Ejército tras la captura de uno de sus miembros. Pero hay también el decomiso de las mochilas de 20 combatientes incluyendo la de Fabio Vásquez, después del combate de Los Canelos, donde los militares encuentran las claves criptográficas de la banda y los nombres de todos sus apoyos logísticos. La investigación de los servicios de seguridad pondrá de manifiesto que una de las redes terroristas vinculada al ELN se proponía asesinar a varios generales, a altos funcionarios y a diplomáticos extranjeros. A partir del 7 de agosto de 1973, los hombres del comando operativo número 10 del Magdalena Medio se ponen en marcha en la cordillera de Algarrobo, pues los servicios de inteligencia del Ejército, después de un hábil trabajo de penetración de la zona, habían detectado la presencia de tres destacamentos del ELN, con un centenar de combatientes, en los territorios de Amalfi y al norte de Anorí (Santander). Algunas semanas más tarde, después de varios duros contactos donde los guerrilleros se repliegan en desorden, caen en combate o se rinden a los militares, el dispositivo rebelde se derrumba. Al final, el 18 de octubre, Antonio y Manuel Vásquez, los hermanos del número uno del ELN, los únicos cuadros en quien él confiaba sin reservas, son rodeados por el Ejército y mueren en combate, con la casi totalidad de los miembros de su columna, 72 individuos en total, cerca del pueblo de Anorí[677]. El 2 de noviembre, Ricardo Lara Parada, afias Marcolino, otro importante jefe de esa guerrilla, autor del ataque a Vijagual, es localizado y arrestado por un soldado[678]. A raíz de la derrota de Anorí, dos otros jefes de guerrilla del ELN caen en emboscadas tendidas por el Ejército: José Solano Sepúlveda, alias Tirapavas, un cuadro militar muy respetado y ex combatiente de la guerrilla de Rafael Rangel, el 24 de enero de 1974, y más tarde el sacerdote español Domingo Lain. Para impedir el derrumbe total de sus estructuras, Fabio Vásquez reúne entonces lo que queda de sus hombres en Anacoreto, no lejos de Remedios. La asamblea termina en un baño de sangre: el jefe del ELN, incapaz de admitir que había cometido errores en la conducción de su guerrilla, desliza la responsabilidad sobre otros. En la mejor tradición estalinista, hace fusilar inmediatamente a cinco militantes, culpables según él de la debacle. Esos hombres son Carlos Uribe Gaviria, obrero petrolero de Barrancabermeja, Orlando Romero, estudiante de filosofía, y Armando Montaño, estudiante de medicina. Ellos eran los jefes de las redes urbanas del ELN. Los otros son René y su suplente Antonio. Poco tiempo después, el Ejército tiene conocimiento de la matanza, gracias a las revelaciones de un guerrillero detenido que indica el lugar donde los cadáveres habían sido enterrados. Encontrados los cuerpos, la V Brigada hace una rueda de prensa sobre el terrorismo interno que reina en las filas del ELN. Algunos años más tarde, los dos nuevos jefes del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, y el cura Manuel Pérez, reconocerán la masacre de Anacoreto. Anorí marcará el final de lo que el Ejército colombiano llama “el primer ELN”, es decir, el ELN de los fundadores, el de los hermanos Vásquez Castaño.

La batalla de Anorí fue, en realidad, el punto culminante de una extensa operación realizada por la V Brigada del Ejército con la ayuda de algunas unidades de la aviación y de la Armada colombiana. Comenzada en septiembre de 1965, la operación global tendrá cuatro fases diferentes[679]. La fase final, Anorí, dirigida en el terreno por el coronel Hernán Hurtado Vallejo, durará 72 días y se desarrollará en una zona montañosa de 700 kilómetros cuadrados. La atención especial que el Gobierno le presta a la represión del ELN se explica por la peligrosidad estratégica de esa banda. En ese momento, el ELN era la organización guerrillera más agresiva del país, aun más que las FARC. Ello era evidente para los militares y no sólo por la ayuda directa que el ELN recibía de La Habana. En efecto, la zona geográfica que Fabio Vásquez había escogido como teatro de operaciones no era banal: tenía como epicentro Barrancabermeja, el puerto sobre el río Magdalena donde se encuentran las refinerías de petróleo más importantes del país. Además, por el departamento de Santander pasaban las principales autopistas que conectaban a Bogotá con la costa norte del país.

La idea de controlar a largo plazo ese rico y extenso territorio, que además no está lejos de la frontera con Venezuela, era un muy buen cálculo. Desde la Sierra de San Lucas, dos veces más grande que la Sierra Maestra de los barbudos de Fidel Castro, hecho geográfico tenido muy en cuenta por los rebeldes, ellos podrían echar mano a una buena parte de la producción minera y maderera del noreste del departamento de Antioquia y al comercio que transitaba por el río Magdalena. Era pues urgente impedir la consolidación de ese grupo, sobre todo teniendo en cuenta que la gente de la región tenía un pasado de desconfianza y rebeldía frente a las autoridades del país, desde las campañas sucesivas de adoctrinamiento de los comunistas de 1929. En los años cincuenta, después de la muerte de Jorge Eliécer Gaitán, esa zona había acogido la guerrilla liberal de Rafael Rangel. Para los castristas, esa región era ideal para hacer prosperar su proyecto. Pero los episodios de octubre de 1973 pondrán fin a esas ambiciones y si el ELN se reorganizará años más tarde no conocerá jamás el desarrollo inicialmente previsto por La Habana.

En las semanas que siguen al hecho de armas de Anorí, las autoridades descubren otra porción de las ramificaciones internacionales del ELN en un episodio de espionaje soviético digno de una novela de John Lee Carré. Todo indica que el ELN había estado en relación, varios meses atrás, con agentes de la KGB que operaban en Colombia bajo cobertura diplomática. En efecto, el 18 de julio de 1972, el seudoperiodista Karl Staaf es expulsado de Colombia y ese hecho es seguido de varias detenciones de colombianos. Entre ellas, la de Gabriela Samper. Por último, en la noche del 3 de agosto, tres funcionarios de la embajada soviética en Bogotá regresan, a Moscú, a petición del Gobierno colombiano. Según El Siglo, esa gente “se habría ocupado demasiado” de la política interior colombiana. Entre las quejas invocadas por Bogotá contra esos agentes estaba el cargo de haber sostenido relaciones con el ELN. Una semana después, El Tiempo añade que realmente los diplomáticos soviéticos expulsados eran ocho y no tres y que uno ellos, Boris Mantiovkov, quien se ocultaba tras el puesto de “cocinero” de la embajada, era realmente el jefe del espionaje soviético en Colombia y un miembro de nivel alto de la KGB. Veinte días después, las Fuerzas Armadas colombianas detienen a otros quince sospechosos en Bogotá, varios de los cuales eran empleados del Departamento de Planeación Nacional y del Instituto Geográfico Agustín Códazzi. La prensa denuncia entonces una “infiltración comunista” en los organismos del Estado. Todos esos episodios y algunos otros un poco olvidados[680] se producían apenas cuatro años después de la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Colombia y la URSS, suspendidas desde 1948.

EL PETROTERRORISMO Y LA EXTORSIÓN DE LAS EMPRESAS

Nunca en verdad destruido, pero desorganizado por los golpes que le había dado el Ejército, el ELN cometerá atrocidades esporádicas. Fabio Vásquez Castaño había huido del país en 1976[681]. En noviembre de 1977, el ELN publica un boletín donde reivindica el secuestro y reciente asesinato de varios industriales. Lanza, además, el rumor según el cual está en conflicto con el M-19. En fin, admite que hay una crisis interna pero añade que está analizando todo eso y que va a corregir los errores y que “volverá más fuerte que nunca para tomar el poder”. En realidad, los jefes del ELN hacen un análisis bastante rudimentario: es necesario inspirarse, dice uno de ellos, en la táctica del movimiento rebelde salvadoreño FMLN. El ELN comienza así su guerra infame contra las instalaciones económicas y vitales del país. Destruye varios tramos del oleoducto que transporta el crudo desde los campos de Arauca hacia la costa atlántica y envía mensajes de chantaje a las empresas extranjeras que trabajan en el sector petrolero. Esa nueva táctica resultará lucrativa.

En febrero de 1978, dos pérdidas importantes para el ELN son la detención de Segundo Galeano López, jefe de las operaciones urbanas de esa guerrilla en Bucaramanga, y la muerte, en octubre, en condiciones oscuras, de José Manuel Martínez Quiroz, uno de los fundadores del ELN. Algunos campesinos habían encontrado el cuerpo de Martínez en los alrededores de Fusagasugá. Sólo a partir de 1983, bajo el gobierno de Belisario Betancur, el ELN logrará propinar golpes consistentes a las Fuerzas Militares. El ELN está ya bajo la dirección de Manuel Pérez, quien se instala en Colombia en 1968 después de haber residido en Santo Domingo y Francia. Expulsado de Colombia por el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, el ex cura entra clandestinamente al país para integrarse al ELN en 1979. Pérez se dedica a reunir pacientemente los pedazos remanentes del ELN que sobrevivían apenas bajo la dirección de Gabino. Para financiar su proyecto, el nuevo jefe propone la técnica de aumentar los secuestros y extorsionar a la industria extranjera que trabaja en el sector petrolero. Pérez será jefe del ELN hasta su muerte el 14 de febrero de 1998, a causa de una hepatitis. En 1983, tras cinco horas de combate contra el Ejército venezolano, el ELN se apropia de un importante arsenal del cuartel de Cutufí. A partir de esa fecha, esa guerrilla se volcará sobre las firmas extranjeras ligadas al sector petrolero colombiano. Pero en 1986, dos frentes urbanos del ELN, desmoralizados por la intransigencia de su dirección y por su empecinamiento en destruir la infraestructura económica del país, declaran estar dispuestos a llegar a un acuerdo de paz con el Gobierno.

Para aumentar su personal y su base social, el ELN cambia de nombre en 1987 y se hace llamar “Unión Camilista-ELN”, luego de una fusión con el movimiento MIR-Patria Libre. Pero las “masas populares” nunca irán a las filas del ELN. Al contrario. Esa guerrilla se granjea más y más el odio de la población ya que numerosos inocentes pagarán con su vida las operaciones de terrorismo ciego de esa organización. El 21 de septiembre de 1988, por ejemplo, el ELN ataca una guarnición en el centro de Bucaramanga. Los asaltantes se equivocan de objetivo y son civiles inocentes quienes mueren. El 15 de febrero de 1989, abrumados por la respuesta del Ejército, los castristas colombianos envían una carta al ex presidente Alfonso López Michelsen proponiéndole “humanizar la guerra” y “eliminar la guerra sucia”. Siete meses después, el ELN demuestra su vocación “humanista” asesinando a Jesús Emilio Jaramillo, de 73 años, un sacerdote de Arauca. Más tarde, la dirección del ELN deplora públicamente ese nuevo “error” pero sigue matando civiles. Implantado en la región de Saravena desde hacía 15 años, el ELN aterroriza a la población que no se doblega ante sus órdenes. El frente más despiadado de todos es el Domingo Lain, acusado, entre otros crímenes, de la matanza de 15 niñas y tres mujeres en 1994, acusadas por ellos de haber dicho simplemente buenos días a soldados del Ejército.

Ante la falta de recursos financieros para remunerar a sus combatientes, el ELN se especializa en los secuestros contra rescate. En 2001, el ELN contaba apenas con cerca de 3.700 combatientes mientras que en 1998 tenía 4.200, ya que su capacidad militar había sufrido severos golpes a manos de las fuerzas del orden y de los grupos ilegales de autodefensa. Todo permite pensar que a principios de los años 1990, el ELN era la guerrilla que mejor pagaba a sus integrantes: cerca de 150.000 pesos al mes, contra los 120.000 pesos que pagaban las FARC. El ELN disponía, en julio de 1990 de catorce frentes, lo que lo convertía en la segunda guerrilla colombiana (con 4.000 hombres y mujeres en armas), después de las FARC. En esa época, el ELN no estaba dispuesto a negociar una tregua con el gobierno de César Gaviria ya que éste “no había realizado aún las profundas reformas económicas y sociales que necesitaba el país”. Con todo, el 19 de octubre de 1990, menos de dos semanas después de las nuevas propuestas de paz del presidente Gaviria, el ELN acepta, con las FARC, una suspensión de las acciones armadas y pide como contrapartida el aplazamiento de la elección de Asamblea Constituyente, prevista para el 9 de diciembre de 1990. El Gobierno negó tal aplazamiento. El diálogo que había comenzado en Caracas, en junio de 1990, entre los representantes del Gobierno y los representantes de la Coordinadora Nacional Guerrillera Simón Bolivar (CNGSB) de la que formaba parte el ELN, no había dado nada. Las conversaciones se reanudan en septiembre de 1991 pero el Gobierno abandona la mesa de negociaciones tras un nuevo atentado sangriento atribuido al ELN.

Es cuando ocurre una nueva escisión en el ELN: un sector que se hace llamar Corriente de Renovación Socialista exige, sin éxito, una nueva orientación para el ELN y una presencia en las negociaciones de Caracas. La reanudación de los debates no conduce tampoco a un alto el fuego. El diálogo “de paz” continúa en marzo de 1992 en Tlaxcala, México, pero otro drama empuja de nuevo al Gobierno a interrumpirlo: esta vez es el ex ministro Argelino Durán Quintero quien muere de agotamiento después de haber sido secuestrado por una fracción del EPL (Ejército Popular de Liberación) que se oponía a los diálogos de paz. El organizador de ese plagio, Francisco Caraballo, es detenido el 22 de junio de 1994. Será juzgado y condenado a 38 años de prisión, en septiembre de 2004[682].

Sin llegar a ablandar a las autoridades a través de los pretendidos “diálogos”, y sin perspectiva política clara, el ELN se hunde cada vez más en el terrorismo puro, único medio que le queda para tener una existencia a nivel regional. El ELN mata así a líderes de provincia que se niegan a colaborar. El 12 de enero de 1992, un comando asesina a Jerónimo Pérez Sánchez, candidato a la Alcaldía de San Jerónimo, un pueblo del sur del departamento del Cesar. Luego, otros cuatro alcaldes elegidos por voto popular, Miriam Orejarena, Pedro Solano, Edgar Quintero y Manuel Osorio, son obligados a renunciar a sus mandatos, víctimas de amenazas de muerte o de secuestro de miembros de sus familias, simplemente porque el ELN no estaba de acuerdo con sus decisiones administrativas. José Holger Quintero, alcalde de otro pueblo de la región, ex militante de la antigua guerrilla EPL, es amenazado también de muerte por el ELN. El 23 de julio, el ELN ataca los depósitos de gasolina del aeropuerto de Cúcuta, quemando así 22.000 galones de combustible en pocos minutos. El pretendido “diálogo de paz” con el Gobierno está de nuevo en un callejón sin salida. Algunos líderes políticos acusan con razón a la guerrilla de no ser más que una “enorme empresa económica criminal”. De los 1.580 secuestros extorsivos denunciadas en Colombia en 1991, 210 son atribuidos al ELN. Para financiar sus actividades, esa organización, y las otras bandas de la CNGSB, abren nuevos frentes en las regiones más susceptibles de pagar los más elevados “impuestos revolucionarios”, es decir en las regiones donde abunda el petróleo, el oro, la coca y la amapola. Una revista de Bogotá asegura que en 1992 el mantenimiento de un guerrillero del ELN costaba 1.100 euros al año. Solamente en el año 2000 la prensa cifra el número de personas secuestradas en 3.706. De ellos, 961 (es decir el 25,9%) son atribuidos al ELN; 894 (24,1%) a las FARC; 280 (7,5%) a los paramilitares y 197 (5,3%) al EPL. En 945 casos no pudieron ser identificados los autores. En enero y febrero de 2001, los casos de secuestro sumaban 235, 89 de los cuales eran asignados al ELN, 49 a las FARC, 18 a la delincuencia común y 10 a los paramilitares.

A finales de 1992, el ELN conoce una derrota importante. El 3 de diciembre, en Bucaramanga, tropas de élite del Ejército detienen a Mario Pieschacón Negrini, 45 años, alias Francisco Galán, considerado el número cuatro de esa organización[683]. Algunos días después, Galán, conocido también bajo el nombre de Gerardo Bermúdez Sánchez, afirma haber sido torturado por militares para hacerle confesar dónde se ocultaban sus compañeros de armas, en especial el español Manuel Pérez. Galán dijo también que había sido “violado” por uno de los soldados luego de ser forzarlo a tragar un polvo[684]. Un examen médico habría revelado la presencia de cocaína en el organismo de Galán. Según el Ejército, el jefe guerrillero estaba bajo la influencia de un narcótico (escopolamina) en el momento de la detención y no había opuesto ninguna resistencia. Según el general Hernán José Guzmán, comandante del Ejército en Bucaramanga. Galán había sido víctima de una denuncia anónima cuyo autor obtendrá una recompensa. Considerado como un “duro”, Galán se encargaba de las finanzas del ELN y había participado en los diálogos de Caracas. Pero el descubrimiento de planos detallados de las instalaciones petroleras del país hizo pensar a las autoridades qué había venido a coordinar nuevos atentados contra los oleoductos. Durante la operación de captura, las autoridades descubrieron instrucciones de la jefatura del ELN pidiendo a sus tres mil combatientes realizar operaciones terroristas para realizar un “diciembre negro”.

En represalia por la captura de Francisco Galán, y en respuesta a las consignas sobre el “diciembre negro”, el ELN cruza un nuevo estadio de la escalada de violencias cada vez más innobles: en la noche del 9 de diciembre sus comandos atacan, por primera vez, cuatro grandes hoteles de Bogotá, frecuentados por turistas extranjeros. En el hotel Orquídea Real (ex Hilton), una bomba colocada en el corazón mismo de una fiesta organizada por Ecopetrol hiere gravemente a cuatro personas. En el hotel Santa Bárbara, una explosión deja cinco heridos[685]. La Policía desactiva cargas en otros dos hoteles.

Según el Ejército colombiano, el campamento central del ELN se encontraba en esa época en alguna parte en la cadena montañosa de San Lucas (al sur del departamento de Bolívar). Allí el ELN, hasta mayo de 1995, tuvo 14 campamentos, cada uno rodeado de campos minados. El más importante, Campo Pichú, a doce minutos de vuelo en helicóptero desde el pueblo de Santa Rosa, era un agujero perdido en medio de la selva. Construido para alojar a mil guerrilleros, albergaba también una fábrica de minas antipersonales artesanales y de improvisados vehículos blindados. Fuera de fusiles AK-47, los soldados decomisaron un lote de 1.500 minas antipersonales de fabricación local. Una parte estaba destinada a las FARC[686]. Desde un punto de vista geográfico, la dirección central del ELN se oculta sobre todo en las regiones del sur del Cesar, en Norte de Santander (cuya capital es Cúcuta), pero actúa también en Antioquia y en Sucre. Hoy puede también montar operaciones en el sur del país (Caquetá y Putumayo sobre todo), en algunas regiones de la costa norte (Atlántico), en el Magdalena y en el norte y el centro del departamento del Chocó. El ELN controla también grupos mafiosos dedicados al robo de gasolina, “negocio” muy lucrativo en el país. En los departamentos de Santander y Cesar los ladrones perforan el poliducto Caño Limón-Coveñas y pueden robar, en una sola noche, 24.000 galones de combustible, para venderlos al día siguiente y obtener 21 millones de pesos en las estaciones de servicio.

De sus amistades en Europa, el ELN saca un provecho no desdeñable. En 1996, el ELN aceptó hacer pública la relación “diplomática” que tenía desde hacía algún tiempo con el gobierno de Helmut Kohl y con el obispado alemán, quienes veían a los hombres de esa organización terrorista como paladines de la libertad. En efecto, el 21 de septiembre de ese año, Bonn aceptó desempeñar el papel de intermediario discreto entre los líderes del ELN y el Gobierno colombiano para establecer contactos en Alemania en la perspectiva de una nueva “negociación de paz”. En efecto, después de haber recibido de Bonn algunos mensajes, el ministro colombiano del Interior de esa época, Horacio Serpa, parte en misión secreta hacia Alemania. Serpa visita a su homólogo alemán el 13 de julio de 1996 y deposita una carta del presidente Ernesto Samper para el canciller Kohl. Así comenzó la “operación paraguas”. Enseguida, Serpa se entrevista a solas con Klaus Moller, alias Werner Mauss, una especie de James Bond teutón de 55 años, y con su esposa Michaella (o Ida), y constata que los Mauss tenían verdaderos contactos con el ELN en Alemania. Algunas semanas después, el presidente Samper, en visita a la ONU en Nueva York, acepta entrevistarse, sobre el mismo tema, con el ministro Bernard Schmidbauer, brazo derecho del canciller Kohl y encargado de la seguridad y de la información. Con todo, Mauss y su mujer serán detenidos por la Policía colombiana el 17 de noviembre de 1996 en el aeropuerto de Rionegro (de Medellin) cuando intentaban salude Colombia en compañía de una alemana, Brigitte Schöne, que acababa de ser soltada por sus raptores. Álvaro Uribe Vélez, gobernador de Antioquia en esa época, y futuro presidente de la República, acusa a los Mauss de ser cómplices del ELN e incluso de estar vinculados a ese secuestro. Caídos en desgracia ante Bonn, los Mauss pasarán varios meses en prisión en Colombia. Ellos serán acusados también de estar implicados en la adjudicación de contratos con el Estado colombiano a empresas alemanas como la Siemens. El espía alemán estaba, de hecho, llenándose los bolsillos de manera no muy digna. Klaus Moller había hecho liberar, pero después de pagar rescates, para él como para los raptores, a dos italianos, un danés, un austríaco y dos alemanes. El caso Mauss puso de manifiesto que algunos servicios extranjeros y algunas multinacionales no dudaban en incurrir en actos ilegales en la financiación de las guerrillas colombianas.

También Mauss había servido de intermediario, en 1986, entre el ELN y la empresa alemana Mannesman, durante la construcción del poliducto Caño Limón-Coveñas. Había entregado a esa guerrilla, que amenazaba con sabotear los trabajos, un rescate de cuatro millones de dólares, suma colosal para el ELN de ese momento, lo que le permitió a Manuel Pérez reconstruir su organización moribunda. A pesar de esa trayectoria, que habría debido hacer de Mauss a una persona non grata en Colombia, volverá a aparecer como intermediario entre el ELN y el gobierno de Andrés Pastrana durante el caso de un secuestro de 80 civiles de Cali, en septiembre de 2000.

La otra originalidad del ELN es la invención de los “paros armados”, es decir de huelgas lanzadas y encuadradas por la guerrilla con su cortejo de intimidaciones y acciones violentas. El objetivo de los “paros armados” es doble: dar la impresión de que la guerrilla ejerce un control territorial y domesticar a la población mediante la fuerza[687]. Después de haber declarado “objetivo militar” las elecciones de gobernadores y de alcaldes, en octubre de 1997, el ELN secuestra a varios candidatos y ataca algunas oficinas electorales. Con todo, hace firmar, apresuradamente, al gobierno de Ernesto Samper, el 9 de febrero de 1998 en Madrid, un asombroso “preacuerdo de paz”. Ése será el primer documento de ese género firmado por el ELN en toda su historia. ¿Por qué ese vuelco? Parece (según los rumores que llegaron a los diarios) que Manuel Pérez, seriamente enfermo, quería llegar a hacer la paz con el Estado colombiano antes de morir. Para eso había dado la orden a Milton, su brazo derecho, de organizar un encuentro en España. Pero el 31 de marzo siguiente, Gabino, su sucesor, cancela unilateralmente el llamado “preacuerdo de Viana” con el pretexto de que el presidente Ernesto Samper quería “explotarlo electoralmente”. Poco antes del final del mandato de Ernesto Samper, el ELN se muestra de nuevo dispuesto, a través de un mensaje confiado a los esposos Mauss, a realizar, en Maguncia (Alemania), contactos de paz. En verdad, se trataba de otro golpe de espada en el agua. El “encuentro”, dirá el ELN, será únicamente entre ellos y representantes de la sociedad civil (magistrados, religiosos, periodistas). El Gobierno acepta la idea y sólo obtiene para él un humillante cupo de “observador”. El 15 de julio de 1998 se firma un documento en Maguncia, que es rápidamente olvidado por el nuevo presidente electo, Andrés Pastrana, quien parece apremiado por celebrar un acuerdo de paz con las FARC. Esta guerrilla le había hablado de su “voluntad” para llegar a una mesa de negociación “en los primeros 90 días” de su gobierno. Pastrana deja entonces en el aire lo de Maguncia pues, según él, no era conveniente trabajar sobre una obra abierta por su rival Samper.

PRIVADOS DE ZONA DESMILITARIZADA

Sin embargo, ante las violentas críticas formuladas por los aliados del ELN, el presidente Andrés Pastrana cambia de posición y cede ante los llamados de los terroristas. Declara estar listo a cederle al ELN, en enero de 2001, un territorio de 4.727 kilómetros cuadrados (algo así como dos veces el territorio de Luxemburgo), es decir dos municipios, Cantagallo y San Pablo, ricos en oro y en plantaciones de coca, para empezar allí las “conversaciones de paz”. Ahora bien, esa zona estaba a dos horas en barco de Barrancabermeja, sede de la principal refinería de petróleo del país, donde insurrectos y milicias antiguerrilla se disputaban el control. Andrés Pastrana quería repetir la experimentación hecha con las FARC de una zona desmilitarizada, a pesar del catastrófico balance de ese experimento. Estaba convencido de que esa otra aventura valía la pena. Contaba, además, con el discreto apoyo del Departamento de Estado norteamericano y de los embajadores de los cinco países “amigos y facilitadores del proceso de paz” (España, Francia, Suiza, Noruega y… Cuba). Empero, el 3 de febrero, 15.000 campesinos de la región, con sus alcaldes a la cabeza, hacen una manifestación pacífica contra esa nueva desmilitarización[688]. Ellos temen que esa zona sirva al ELN para reforzar su política criminal sobre la población y para construir otro bastión militar[689]. Pastrana intenta reprimir esa resistencia popular mediante el Ejército, pero éste se niega. El general Fernando Tapias, comandante de las Fuerzas Militares, hace saber a Pastrana que sus hombres “se liberarán de toda responsabilidad de lo que podría pasar en la región”. Camilo Gómez, encargado por el jefe de Estado de llevar a cabo el diálogo con la guerrilla, se opone a los campesinos. Jorge Ramírez, ministro de Economía y partidario entusiasta de las concesiones a la guerrilla, acusa a los paramilitares y a los narco-traficantes de intentar “interferir” en la apertura de una segunda zona “desmilitarizada[690]”.

Finalmente, los retrasos engendrados por las protestas de los campesinos[691] y sobre todo una incursión militar del Ejército contra los frentes del ELN y de las FARC en las montañas de San Lucas, en marzo de 2001, acompañada de una operación de dispersión de herbicidas sobre cultivos de coca del departamento de Bolívar, donde el ELN quería disponer de “su” zona desmilitarizada, hacen fracasar la operación de “desmilitarización”. Furioso, Gabino declara suspendidos los contactos con Pastrana el 9 de marzo de 2001[692]. Aberrante para numerosos colombianos, el plan de Andrés Pastrana se hunde y las fuerzas del Estado permanecen en los dos municipios. En realidad, el ELN no tenía ninguna disposición para llegar a un acuerdo de paz. Se decía apto para firmar sólo un acuerdo sobre la “humanización de la guerra”, y no sobre el desmantelamiento de sus estructuras armadas. Así, el ELN volvía, una vez más, a sus posiciones tradicionales. Y a su política habitual: esperando la firma de un acuerdo sobre la “humanización de la guerra”, hará del secuestro económico un trabajo diario y una verdadera industria sin chimeneas. En cuanto al tráfico de drogas, el ELN no escapa a la norma: extorsiona a los productores de droga, exigiéndoles un “impuesto revolucionario” y participa igualmente en la transformación de las sustancias ilícitas, en conexión con los carteles dedicados a la exportación. El 7 de mayo de 2000, por ejemplo, la Policía antidroga destruye 44 laboratorios, detiene a 30 personas, destruye 100 kilos de cocaína y decomisa 30 toneladas de precursores químicos, en la región del Catatumbo, cerca de la frontera con Venezuela, uno de los bastiones “históricos” del ELN.

La otra carta maestra del ELN es su conexión, en ese momento, con algunas fracciones izquierdistas del Ejército venezolano. Todo indica que el ELN, según los servicios de inteligencia colombianos, contaba con las simpatías del hoy presidente venezolano, el teniente coronel Hugo Chávez. Y eso desde 1992 cuando Chávez no era más que un simple militar “golpista”. En efecto, los jefes de la insurrección cívico-militar del 4 de febrero se habían puesto en contacto con los jefes de las guerrillas colombianas (FARC y ELN) para procurarse su apoyo en caso de victoria del golpe de Estado[693]. Desde esa época, esas relaciones no hicieron más que consolidarse. Tanto que el jefe militar del ELN, Antonio García, declaró en Caracas, el 6 de septiembre de 2000, que su organización iba a buscar una “infraestructura de guerra” para “hacerle frente a la intervención norteamericana[694]”. Tres meses antes Pablo Beltrán, otro gran calibre del ELN, había admitido desde Caracas que “anteriormente” el ELN había recibo armas “que pertenecían al Ejército venezolano”.

Esa connivencia fue probada aún más por el asunto José María Ballestas. En efecto, ese guerrillero del ELN que había secuestrado un avión colombiano en 1999 fue dejado en libertad por las autoridades venezolanas. Detenido el 13 de febrero de 2001 en Caracas por la PTJ (Policía secreta venezolana), a raíz de una orden de detención emitida por la administración colombiana, Ballestas y su compañera, Patricia Delgado, fueron puestos en libertad tres días más tarde. El gobierno de Chávez negó en principio ese incidente el cual había sido muy mal percibido por Bogotá. Pero Luis Ramírez, el ministro colombiano de Defensa, mostró el video que los servicios secretos colombianos habían hecho en el momento de la detención del secuestrador del avión. Por último, Luis Miquelena, el ministro venezolano del Interior, tuvo que admitir el hecho de la detención añadiendo que Ballestas había pedido asilo político. Alfonso Gómez, el fiscal general colombiano, lanzó entonces una solicitud de extradición contra el guerrillero. El diario bogotano El Tiempo había calificado la liberación de Ballestas de “acto hostil y casi de agresión hacia Colombia”.

La tendencia del “proceso de paz” bajo el impulso del presidente Pastrana, que iba de concesión en concesión sin contrapartida de ninguna especie, estuvo a punto de conceder al ELN una zona geográfica “liberada” donde éste habría podido reorganizar sus unidades de combate. Los objetivos de las guerrillas (sobre todo de las FARC y ELN) respecto del complejo petrolero de Barrancabermeja estaba precisándose en esa época. Esa ciudad, cuyo peso económico es primordial para el país, estaba a punto de convertirse en un Sarajevo colombiano, desgarrada entre las presiones de los comandos guerrilleros y de los comandos paramilitares. Durante años, los grupos armados intentaron profundizar su brutal influencia sobre la población y sobre las empresas de la ciudad. Esa “batalla de Barrancabermeja” no fue dada sin una extrema violencia y sin suscitar el principio de una polarización radical en el seno de la población. La aparición de movilizaciones regionales antagónicas, las unas pro-paramilitares y las otras pro-guerrillas, podrían complicar a largo plazo el trabajo de los agentes del Estado y de las fuerzas del orden.

EL EJÉRCITO POPULAR DE LIBERACIÓN (EPL)

El EPL nació en diciembre de 1967 en las zonas rurales de Antioquia, de Santander y en el sur de Bolívar, tras una escisión dos años atrás en el PCC[695]. Esta nueva estructura será la traducción, local y relativamente tardía[696], de la ruptura chino-soviética que había comenzado en Pekín en 1960.

UN MAOÍSMO REGENTADO POR ALBANESES

En 1964, Pedro Vásquez Rendón, miembro del comité central del PCC, envía una carta abierta a Gilberto Vieira y a los otros miembros del buró político, en la que critica el “Khrouchovismo” de ellos y sus concepciones “evolucionistas, es decir burguesas” sobre los problemas nacionales. Vásquez reitera que la línea adoptada por el PCC respecto de la lucha armada, aquella de la llamada “autodefensa” (línea que él antes compartía), es “equivocada” y que el PCC sólo es un “partido para esperar la revolución[697]”. Pedro Vásquez había sido enviado ese año a Marquetalia, junto con Jacobo Arenas, para trabajar en el refuerzo de la guerrilla local, poco antes de que el Ejército colombiano atacara ese enclave. La derrota de los guerrilleros de Marquetalia desató una viva polémica interna en el PCC. En ese contexto, Pedro Vásquez redacta su carta abierta. ¿Ésa era la prueba que necesitaba Pekín para comenzar a financiar una operación de ruptura en el seno del comunismo colombiano promoscovita? Pocas dudas hay al respecto. Pocos meses después, el 4 de enero de 1965, en una carta del comité central del Partido Comunista Albanés (prochino), que contiene un sello que dice “secreto”, es enviada a Kristaq Misha, embajador de Albania en París[698]. Esa carta contiene una lista de cinco grupos maoístas europeos (de Bélgica, Francia, España, Holanda y Portugal) y dos latinoamericanos (de Colombia y Perú), a los cuales el diplomático debe entregar determinadas sumas de dinero “sin pedir recibo” a los interesados. La carta ordena a Kristaq Misha dar “5.000 dólares al colombiano Juan Martínez”. Esa ayuda financiera del maoísmo albanés continuará y será aumentada. En febrero de 1967, en efecto, el grupo de Pedro Vásquez Rendón recibirá 15.000 dólares. Esta vez, en la carta al embajador albanés en París, figura el nombre del colombiano, así: “3/15.000 dólares para el PC de Colombia. El secretario del partido, el camarada Pedro Vásquez, está al corriente y no conviene iniciar nada. Si otro representante del partido viene a París y le pide dinero, usted debe enviarnos un mensaje por radio diciendo que el representante del PC de Colombia pide tantos ‘folletos’. Después, espere instrucciones. En el futuro si tiene necesidades urgentes, en las transmisiones por radio, en lo que hace a las ayudas financieras, las sumas en dólares deben ser reemplazadas por la palabra ‘folletos’”[699].

Así pues, con la ayuda de maoístas españoles y del dinero de Pekín y de Albania, los expulsados del PCC fundan, en julio de 1965, el Partido Comunista Marxista-Leninista Colombiano (PCC M-L), que más tarde creará un brazo armado, el EPL. El programa del PCC M-L es aplicar a Colombia “el pensamiento Mao Tse-tung”, hacer la “guerra popular prolongada” y cercar las ciudades desde el campo, para ir hacia una “revolución de nueva democracia”. Los teóricos del nuevo partido, que a su vez habían sido impresionados por las teorías foquistas venidas de La Habana, definen la sociedad colombiana como “semifeudal”, lo que quiere decir que el capitalismo no es el sistema dominante en Colombia. Después de esas elucubraciones edificantes, el PCC M-L se da como primera tarea la creación de “zonas liberadas” utilizando el método “de la exterminación del enemigo”. Y pasan a la acción: en las regiones del Alto Sinú y del Alto San Jorge asesinan a varios propietarios de tierras. El caso más conocido es el de Orlando Marchena, un rico agricultor de Ure, pequeño pueblo de Córdoba, ultimado el 6 de enero de 1968. Para sus asesinos, era culpable de haberse apropiado de las tierras que pertenecían “al pueblo”. Otras seis personas serán abatidas por ellos en las regiones citadas. El EPL llama cínicamente a esas matanzas “levantamientos campesinos”.

Poco tiempo después de su fundación, el PCC (M-L) llama la atención de varios ex guerrilleros liberales de la región, los cuales habían sido amnistiados en 1953 por el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla. Entre ellos se encontraba Julio Guerra, un veterano cuadro militar que soñaba con lanzarse, como antes, a nuevas aventuras. Reclutado después de conversaciones con Pedro Vásquez Rendón y Francisco Caraballo, los jefes del nuevo partido, ex miembros del PCC vieirista y pasados al maoísmo, Julio Guerra acepta que su nombre sea citado públicamente en un folleto que será distribuido por correo en Bogotá en enero de 1968 y donde se garantiza que él es “el comandante” del EPL. En febrero, cerca de doscientos guerrilleros atacan y saquean el pueblo de El Perro, en Córdoba. Incendian un campamento de funcionarios gubernamentales y matan a cierto número de ellos[700].

El terror desencadenado por la nueva banda tenía un objetivo preciso: facilitar el “trabajo político” destinado a constituir las bases del “poder popular” en un territorio mal protegido denominado por ellos la “zona x”. Disfrazados de profesores, los maoístas abren “escuelas gratuitas” para las familias pobres y dispensarios improvisados. Y cooperativas. Después inundan a la gente con propaganda escrita y con amenazas veladas. Unas seudo “juntas patrióticas” y “milicias populares” son estructuradas rápidamente en cada aldea. Todos esos organismos tienen un único objetivo: vigilar y orientar la población. Bajo la bota de los cuadros maoístas, las “juntas patrióticas” lo deciden todo: la producción y la comercialización agrícola, la ganadería, los precios de la alimentación básica y de los animales, así como los asuntos familiares (matrimonios y divorcios). Los guerrilleros intentan, además, destruir el sistema capitalista fijando a la baja los precios de las mercancías. Dictan una “ley” que pretende que todos los animales vendidos al EPL deben serlo “a precios razonables”. Esa forma de extorsión a los campesinos tendrá resultados catastróficos: los campesinos abandonan sus cultivos, la producción cae en picada y el hambre amenaza, no sólo a la población de la zona sino también a los guerrilleros. En un libro de propaganda de esa organización[701], se encuentra esta constatación que dice mucho: “La época de 1968 hasta 1973 fue bastante difícil para los combatientes del EPL en lo relacionado con la alimentación porque en aquellos días tenían prohibida la retención de personas y debían sostenerse sólo con el apoyo de las masas”. Antes de pasar a la solución de los secuestros, los maoístas, para abastecer a sus tropas, crean sus “propias brigadas de producción y ganadería”, asaltan haciendas y atacan los camiones que transportan mercancías. Alarmado, el Gobierno organiza la respuesta con un plan militar contra la banda maoísta y con ayuda social para la población. Pero antes de pasar al acto, el presidente de la República, Carlos Lleras Restrepo, intenta una salida negociada. Envía un emisario, María Elena de Crovo, una personalidad del MRL. Ella propone a los maoístas abandonar la violencia a cambio de créditos para los campesinos y la realización de trabajos de infraestructura. El EPL rechaza todo. A principios de 1968, el Ejército cerca las zonas y, en las semanas que siguen, los 300 hombres del EPL sufren graves pérdidas y la muerte de dos de sus jefes principales, Pedro Vásquez Rendón y David Borrás, ex cuadros expulsados del PCC. Borrás había sido entrenado en Cuba en la época de la formación del ELN. El maoísmo armado colombiano empieza, así, con pesados reveses ante el Ejército. Pero también con sangrientas traiciones por parte del PC prosoviético. El caso de Aldemar Londoño, un líder del PC M-L enviado al Tolima para pedir la solidaridad de las FARC, es un ejemplo. Luego de haber llegado al campamento comunista y durante la discusión, Londoño es detenido y fusilado ipso facto, así como la guerrillera que lo había guiado. “Allí perdimos no sólo a un gran dirigente sino la posibilidad de la unidad”, concluirá uno de los fundadores del EPL[702]. Pero la operación de destrucción del maoísmo no hacía más que comenzar. La vacante dejada por Londoño en la dirección del EPL es llenada por Uriel Barrera, otro dirigente del PC M-L. Éste, por razones indeterminadas, organiza una fracción y hace fusilar a cinco importantes líderes campesinos. Se proponía asesinar también a Pedro Vásquez Rendón, a Francisco Caraballo y a otros militantes del PC M-L. Horrorizados, sus hombres lo abandonan y van a ofrecer sus servicios al ELN[703].

El maoísmo colombiano leal a la burocracia pequinesa fue orientado de manera continua por el Partido Obrero de Albania. Jorge Restrepo, delegado del PC M-L colombiano al V congreso del POA, en julio de 1965, declaró a Radio Tirana que su partido había decidido en ese congreso “trasladar la dirección nacional de su partido y sus mejores cuadros a las montañas con el fin de que ellos mismos dirijan la lucha armada[704]”. Por su parte, el POA había decidido durante su V congreso que en Colombia la vía pacífica era un fraude revisionista y oportunista y que, por lo tanto, “la vía de la revolución colombiana era la lucha armada”. Sin embargo, otros partidos maoístas no estuvieron de acuerdo con esa visión de las cosas. Nouva Unita, el órgano del PC prochino italiano, publica el 14 de enero de 1967 una condena inequívoca de esa orientación diciendo que la decisión votada en el segundo pleno (sin fecha) del PC M-L colombiano “instala claramente una desviación izquierdista” en ese partido manifestada en el “deseo de hacer de la guerra popular una cosa artificial, aislada de las masas” y que ella “desprecia la lucha ilegal, semilegal o legal” del pueblo en las ciudades y en el campo, “aceptando el principio de que un puñado de ‘héroes’ es capaz de impulsar el proceso revolucionario desde el punto de vista puramente militar”. El artículo añade: “Esa desviación ya causó daños serios a la construcción del Partido Comunista M-L y a la organización armada de la revolución en Colombia. Al mismo tiempo, facilitó el refuerzo de un grupo antipartido que calumnia a los camaradas y mina de varias maneras a los organismos oficiales”. Menos de un mes después, La Voix du Peuple, el órgano del PC prochino belga, indica que el X Congreso del PC M-L belga “niega las posiciones peligrosas del revisionismo en Colombia”, favorables a la “revolución pacífica”. Para cerrar el debate, el PC M-L colombiano confirma su línea de hacer un llamado al pueblo colombiano en favor de la “intensificación decisiva de la lucha armada[705]”.

La nueva tendencia extremista dará vida, a pesar de todo, y casi al mismo tiempo, a otras formaciones muy minoritarias y sectarias, que no tendrán larga existencia: la Liga Marxista-Leninista, cuyo secretario político será Arturo Acero, según la prensa china de septiembre de 1977; el Partido Comunista Marxista-Leninista-línea proletaria; los grupos “Pueblo”, “Siete” y “Jornada Camilista”. Todos son partidarios de la lucha armada y de la abstención electoral, y muy violentamente anti PCC. Ellos retoman más o menos el discurso de Pekín sobre las “dos super-potencias”, sobre los PC como “reservas del imperialismo”, etc. Otro grupo, el Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario (MOIR), el cual renuncia a dotarse de un brazo armado, sobrevivirá hasta hoy no sin hacer varios cambios de orientación política. En 1972, pone sordina a sus violentas críticas contra el PCC y acepta participar en las elecciones “haciendo bloque con los reformistas”, como lo confirma Álvaro Mosquera, UNO de los líderes del PCC[706]. Como vimos, el MOIR adhiere en 1973 a la Unión Nacional de Oposición (uno), controlada por el PCC, pero dos años después, en marzo de 1975, cambia de actitud y acusa al PCC de “querer derrocar el régimen colombiano con la ayuda del comunismo internacional”. En su ruptura, el MOIR logra sacar de la CSTC, controlada por el PCC, la potente federación de profesores. En esa fase impetuosa, el MOIR hace listas separadas para las elecciones municipales de 1976, y logra que 26 de sus activistas sean elegidos concejales. Pero esa táctica no tiene éxito en las elecciones presidenciales de 1978, donde su candidato Jaime Piedrahíta Cardona, ex senador de la Anapo, obtiene menos de un 1 % de los votos. En cuanto a concejales, el MOIR sólo obtiene quince. Cuatro meses después, una nueva crisis se declara. Carlos Bula Camacho y César Pardo Villalba, dos importantes miembros de la dirección, se van, molestos por el sectarismo del MOIR. Y las relaciones con el PCC se degradan de manera dramática. El 30 de junio de 1985, un dirigente del MOIR en Santander, Eduardo Rolón, es asesinado. La dirección del MOIR declara responsables de eso a las FARC e indirectamente a los jefes del PCC. Otros crímenes de militantes serán atribuidos por el MOIR a ese mismo sector: el de Raúl Ramírez, el 12 de noviembre de 1986, y el de la enfermera y líder sindical Aidée Osorio Gómez, el 7 de marzo de 1987. Ni las FARC, ni la justicia ordinaria, desmentirán jamás esas acusaciones. Al final de los años ochenta, el MOIR era una de las organizaciones maoístas más activas de América Latina. Su secretario general era Francisco Mosquera Sánchez. Tras su muerte el 1 de agosto de 1994 fue reemplazado por Héctor Valencia.

En cuanto al Ejército Popular de Liberación (EPL), entre 1972 y 1975, pierde otros dos de sus fundadores: Libardo Mora Toro (el asesino de Marchena) y Pedro León Arboleda, su primer secretario político y ex cuadro del PCC. Ex periodista, Arboleda había recibido instrucción militar y política en la Unión Soviética, en Cuba, Checoslovaquia y Rumania. Poco antes de su muerte, acababa de regresar de un viaje por China y Europa[707]. La Policía encuentra su rastro en Cali, el 28 de julio de 1975. Cercado, no pudo escapar. Antes de caer durante el intercambio de tiros con la Policía, quema sus archivos y el dinero que había recibido de Pekín. En represalia por su muerte, Hugo Patiño, un miembro del EPL, crea un comando terrorista que coloca bombas en cines y dispara contra policías aislados. De la “guerra popular”, el EPL pasará así, en 1975, al terrorismo ciego. Esas prácticas sangrientas y su repugnancia por todo lo que se refiere a una posible actividad política legal aíslan más y más al PC M-L colombiano. Para hacerse ver, mata y secuestra. El 16 de diciembre de 1977, un comando del EPL asesina a Jairo Ochoa Franco, empleado de una importante empresa textil que había sido acusado de ser un “perseguidor de trabajadores”. Un año más tarde, el EPL invita a las “organizaciones de masas” a abstenerse de participar en las elecciones de febrero de 1978[708]. Para ser más convincente, los matones del “comando Pedro León Arboleda” golpean en Bogotá y Medellin. En julio, el EPL ataca y ocupa durante algunas horas dos pequeños pueblos, Puerto Libertador y Callejas, en el departamento del Córdoba[709].

A pesar de tales incursiones, la crisis interna del EPL se amplía. Las deserciones se multiplican, así como la lucha fraccional. Y los servicios del Ejército se aprovechan. Una treintena de cuadros maoístas enviados a las ciudades son detenidos. Juzgados en consejo de guerra, 13 son condenados a prisión. Un joven abogado, Carlos Gaviria Díaz, moviliza ayuda para los guerrilleros maoístas encarcelados[710]. Es respaldado por el escritor Gabriel García Márquez, quien es vicepresidente en esa época de un organismo llamado “Tribunal Russell”. Todos esos esfuerzos dan resultados ya que dos años más tarde el proceso es declarado nulo y los presos salen libres. Todos regresan a la guerrilla. En abril de 1980, con motivo del XI congreso del PC M-L, Oscar William Calvo, el nuevo líder del EPL, descubre que la ideología maoísta desempeñó un papel “dañino” en el “trabajo revolucionario” realizado por su organización. Explica a los delegados que “la obra teórica y práctica de Mao Tse-tung es una variante del revisionismo[711]”, pero que el “revisionismo khruschovista prosoviético” sigue siendo “el peligro principal para el movimiento obrero internacional”. El EPL rompe pues con la doctrina maoísta (pero no con sus amistades de Tirana), y forma una nueva organización de carácter semilegal, la Juventud Revolucionaria Colombiana. El EPL dice disponer entonces de mil hombres en armas, distribuidos en 17 frentes. Estos actúan en la región cafetera (departamento del Quindío), en la región de Urabá (Antioquia), en los departamentos de Santander y Putumayo y en la Amazonia. Pero la moral decae. Tres años más tarde, durante el “proceso de paz” abierto por el presidente Belisario Betancur (1982-1986) con todas las organizaciones armadas, una fracción mayoritaria del EPL decide ir hacia un diálogo con el Gobierno “para llegar a acuerdos necesarios para el país[712]”. Ella firma finalmente un acuerdo de alto el fuego, el 23 de agosto de 1984. No obstante, la tregua será de corta duración a raíz de las ofensivas del Ejército y del asesinato por la Policía de Oscar William Calvo, el 20 de noviembre de 1985. Su hermano, Jesús Calvo, es abatido a su vez el 16 de febrero de 1987.

DESMOVILIZACIÓN Y NUEVAS DIVERGENCIAS

Los combates continúan, pero después de la llegada al poder del liberal Virgilio Barco Vargas (1986-1990), el EPL se muestra dispuesto a entregar las armas y a “reincorporarse a la vida civil”. El 2 de mayo de 1989 reitera sus planteamientos y anuncia incluso un alto el fuego unilateral. Un año más tarde, el principal dirigente de la mayoría del EPL, Bernardo Gutiérrez, concentra cuatro de sus 18 frentes de guerra en Necocli (Antioquia), para facilitar el diálogo con el gobierno de César Gaviria (1990-1994) que acababa de ser instalado. Furioso, Francisco Caraballo, secretario general del PC M-L, antiguo militante de las juventudes comunistas, rechaza la paz pero no es seguido por los otros dirigentes del EPL. El órgano Revolución, controlado por Caraballo, “publica editoriales y declaraciones que sólo representan a una fracción del partido”, insiste Bernardo Gutiérrez. “No podemos seguir apoyando los viejos principios izquierdistas. Debemos llegar a un acuerdo nacional”, concluye[713]. La fracción de la dirección del PC M-L que sostenía las tesis de Gutiérrez estaba animada por Aníbal Palacio, José Miguel Restrepo, Jairo Moral, Octavio Hernández, Omar Caicedo y Marcos Jara. Así, el 1 de septiembre de 1990, después de negociaciones con el Gobierno, Gutiérrez firma un acuerdo de desmovilización general y su formación participa en los trabajos de la Asamblea Nacional Constituyente la cual redacta una nueva Constitución para el país. Expulsado del partido y del EPL, Caraballo se traslada, con un pequeño grupo, al campamento central de las FARC. Antes de la instauración de los acuerdos de desmovilización, Bernardo Gutiérrez había aceptado la exigencia del gobierno de César Gaviria de concentrar todos sus guerrilleros en nueve campos localizados en los departamentos de Córdoba, Antioquia, Caldas, Santander y Bolívar. Esa concentración de combatientes había comenzado parcialmente en junio y julio. El general Nelson Mejia, comandante del Ejército, declara que los militares están dispuestos a trabajar para evitar que los rebeldes organicen desde esos campos otras ofensivas y para impedir que los campos sean atacados por las guerrillas aún no desmovilizadas.

El acuerdo de paz es firmado el 29 de febrero de 1991 y el EPL depone definitivamente las armas el 1 de marzo. Es sólo entonces cuando dos antiguos militantes del EPL, Jaime Fajardo y Darío Antonio Mejía, son admitidos en las deliberaciones de la Asamblea Constituyente. En diciembre, Aníbal Palacio había declarado, en una entrevista con el presidente Gaviria, que para el EPL la Asamblea Constituyente era la mejor estructura para realizar “un gran pacto político y social de paz[714]”.

MILICIAS “POPULARES” Y GUERRAS FRATRICIDAS

Inadaptados para la vida civil, una buena parte de los guerrilleros desmovilizados del EPL volverá a caer en manos de estructuras criminales. Esta vez, no actuarán en la montaña sino en los barrios más pobres de algunas ciudades, sobre todo de Medellin. Otros militantes desmovilizados del M-19 harán exactamente lo mismo. Pobres y sin verdaderas perspectivas de reinserción, los unos y los otros se instalan en barrios populares. Eso suscita la aparición de nuevas bandas criminales que se darán por nombre, erróneamente, “milicias populares”, y que serán un verdadero azote para los habitantes de esos barrios de Medellin y Cali. Los sicarios y asesinos al servicio de los traficantes de droga que no habían sido encarcelados o abatidos por las autoridades durante la lucha contra Pablo Escobar y el cartel de Medellin estaban relativamente replegados en los barrios periféricos donde reinaban a través de la violencia. Esa gente pasa rápidamente bajo la influencia de los antiguos guerrilleros quienes, a pesar de la amnistía, no habían en verdad abandonado sus ambiciones de conquista del poder. Los ex combatientes de la guerrilla impondrán sus condiciones a los sicarios diciéndoles: “Ustedes pueden escoger entre irse del barrio, unirse a nosotros o morir”. En cuanto a las guerrillas no desmovilizadas, las FARC y el ELN, ellas se interesan también en el establecimiento de “milicias” urbanas como un medio para compensar sus fracasos en el campo mediante implantaciones “políticas” en las ciudades. Discretamente, envían asesinos a los barrios pobres con la misión de imponerse. Los ex guerrilleros del EPL construyen sus milicias “obreras”. Los del M-19 fundan las milicias “populares”, los pistoleros de las FARC erigen las milicias “bolivarianas”. El pretexto alegado por todos para establecer su disciplina de perros sobre la población es la inseguridad y la presencia de traficantes de droga entre la población. Augusto Bahamón Dussán, un coronel retirado y ex jefe de la Cuarta Brigada del Ejército de Medellin, recuerda que las “milicias” se atacaban unas a otras y que ellas, por separado, aterrorizaban a la población: “Vinieron entonces las matanzas colectivas y las ‘limpiezas’ como un medio para la búsqueda del poder. Familias enteras serán asesinadas por no obedecer a los nuevos amos. En el crimen no hubo excepción para ancianos, mujeres y niños. El decir ‘fueron muertos por basuqueros’ se hizo costumbre y la gente se habituó a aceptar las peores atrocidades[715]”. Al principio, las autoridades no sabían quién estaba detrás de esas matanzas. Pero el 15 de marzo de 1991, una patrulla de la Policía penetró en la comuna del noreste de Medellin. Entre los individuos detenidos figuraba Luis Pérez, alias El Enano, un antiguo del EPL amnistiado, enviado al barrio para hacer “trabajo político”. Desenmascarado, Pérez decide colaborar con las autoridades y cuenta la historia de las milicias de Medellin. El Ejército realiza en seguida operaciones contra esas bandas y dos meses después logra restablecer el orden en una docena de barrios pobres de la ciudad. Descubre que los jefes guerrilleros utilizaban a los niños de los barrios para colocar y hacer estallar cargas explosivas contra las torres de transmisión de electricidad y para cometer otros atentados. Constata igualmente que los planes del Gobierno para reintegrar a la vida civil a los antiguos combatientes del EPL y del M-19 habían sido un verdadero fracaso. La ayuda del Estado para el amnistiado en términos financieros, de salud y de educación, no había funcionado. “Los guerrilleros volvieron a sus andanzas porque, según ellos, su accionar político lo exigía”, concluirá el coronel Bahamón[716].

A finales de 1992, el Ejército captura a Humberto Callejas Ruiz, el número dos de la banda de Francisco Caraballo. Según las autoridades, Callejas era el jefe de un comando encargado de secuestrar industriales y propietarios de bienes inmuebles. El 29 de enero de 1993, miembros de esa banda matan a Jesús Alirio Guevara, ex miembro del EPL y jefe sindical de los trabajadores agrícolas de Urabá. En cuanto a las FARC, ellas van también a castigar a los antiguos guerrilleros maoístas por su reconversión a la vida civil, intentado así impedir que tal ejemplo se extienda. Unidades de las FARC atacan entonces, en sucesivas ocasiones, los pueblos donde trabajan los antiguos guerrilleros reunidos ahora en la asociación “Esperanza, Paz y Libertad” (EPL). La fracción Caraballo, a pesar de lo debilitada que estaba, es Capaz de secuestrar a 14 músicos en noviembre de 2001. Esa fracción guerrillera estaba aún en actividad en 2004, dedicada sobre todo al rapto contra rescate.

LA COORDINADORA GUERRILLERA SIMÓN BOLÍVAR

El primer paso concreto hacia la constitución de una coordinación nacional de la guerrilla colombiana fue dado por las FARC a comienzos de 1983[717]. En una entrevista de Manuel Marulanda Vélez, el 14 de agosto de ese año, el jefe de las FARC revela que “hubo algunas conversaciones con el M-19, con el ELN” y con “algunos sectores del EPL”, pero que están lejos de llegar a un acuerdo porque hay aún “desacuerdos” entre ellos[718]. Después de algunas vagas discusiones, los jefes de las FARC y del EPL firman un documento que los compromete a “continuar los intercambios políticos y militares y a cooperar frente a los camaradas del M-19, del ELN y de la ADO, reforzando la unidad y permitiendo más tarde la coordinación general del movimiento guerrillero”.

Ciertamente, ese planteamiento no constituye la primera tentativa de las FARC de extender su hegemonía sobre las otras organizaciones guerrilleras en Colombia, para mejorar su dispositivo hacia la conquista del poder por la violencia. En marzo de 1967, la ofensiva de las Fuerzas Armadas contra varias redes clandestinas culmina con la detención de cerca de 300 extremistas en seis grandes ciudades del país y pone fin a los preparativos de una conferencia “de alto nivel” entre los jefes de las FARC, del ELN y del EPL cuyo objeto era afinar los violines sobre un plan de acción basado en las decisiones de la conferencia de la OLAS (del 31 de julio al 10 de agosto de 1967). Pero como buena parte de su dirección estaba encarcelada, el PCC será incapaz de poner a punto una estrategia de unificación de las guerrillas. En noviembre, las FARC habían intentado una vez más, pero sin éxito, llegar a un acuerdo con el ELN y con el EPL a pesar de su maoísmo.

Esta vez, en 1983, el objetivo de la operación es más claro: la absorción pura y simple de las otras guerrillas. En una entrevista concedida a un periodista[719], Marulanda dirá que su objetivo consiste en “agrupar en primer lugar esas guerrillas para llegar luego a un proceso de unificación que permitirá a esas organizaciones compartir el nombre de las FARC”, Esa ambición fracasará. La única coordinación de las bandas armadas no será verdaderamente operativa ya que los métodos brutales de los hombres de Marulanda serán insoportables para los otros jefes de guerrilla. En realidad, desde mucho antes de la existencia de una coordinadora guerrillera, las FARC intentaban imponerles a las otras guerrillas, mediante asesinatos, golpes puntuales y chantajes, una actitud de sumisión. Esas guerrillas, para poner fin a esas agresiones, para reequilibrar la relación de fuerzas con las FARC y alcanzar su meta de acumular fuerzas en la lucha contra el Estado colombiano, crean la primera estructura de coordinación de las guerrillas, de la cual serán excluidas las FARC.

Por ello, el 28 de mayo de 1985 nace la Coordinadora Nacional Guerrillera Simón Bolívar (CNGSB), que congrega al ELN, al EPL, al M-19, al Movimiento Quintín Lame, a una fracción del Movimiento de Auto Defensa Obrera (ADO), al movimiento Patria Libre y al grupo Ricardo Franco (que se había escindido en 1982 de las FARC). Las FARC, que entre tanto habían firmado separadamente, el 28 de mayo de 1984, una tregua con el gobierno de Belisario Betancur[720] no hacen parte de ese cónclave. Todo lo contrario, la gente de Marín espera que el Ejército explote esa tregua para debilitar las otras guerrillas, lo que le dejaría el terreno libre a las FARC. La CNGSB redacta entonces una plataforma política, en la que acusan a las FARC del asesinato de varios militantes de los grupos de la CNGSB y donde proponen de paso un “diálogo” con las FARC para poner fin a las hostilidades. Pero en el terreno las dificultades se agravan hasta el punto de que observadores independientes comienzan a hablar de una “guerra entre las guerrillas en el sur de Colombia[721]”. Contentas con el proselitismo político que la Unión Patriótica está haciendo sin problemas en las ciudades, al mismo tiempo que el Ejército debe responder a la ofensiva del M-19 y del Grupo Ricardo Franco en el Valle, las FARC le proponen al Gobierno ampliar la tregua hasta septiembre de 1986.

Después de la masacre de Tacueyó, perpetrada a finales de 1985 por Javier Delgado, jefe del Grupo Ricardo Franco, contra 164 de sus propios combatientes, a quienes acusa de ser “espías del Ejército[722]”. Delgado y su grupo son expulsados de la CNGSB. De ahora en adelante, todas las agresiones interguerrilla le serán atribuidas al GRF y, de hecho, las puertas quedan abiertas a las FARC. Pero el acuerdo provisional entre las FARC y el Gobierno, conocido bajo el nombre de “Acuerdos de la Uribe”, opone un obstáculo a la entrada de las FARC a la coordinadora. Así pues, la “cumbre” de la coordinadora guerrillera, realizada bajo los auspicios de Fidel Castro en La Habana, en diciembre de 1986, se hará sin las FARC. La situación se repite en abril de 1987, en la reunión de la coordinadora en un campamento del ELN. A la defensiva y bajo el fuego del Ejército, el M-19 parece sin embargo acorralado. Las FARC no están descontentas. Fuentes dentro del PCC admiten en esa época que ellas “no irán a vertir una sola lágrima por la desaparición del M-19[723]”.

Las FARC intentarán por segunda vez controlar la CNGSB. Para liberarse de los compromisos de alto el fuego firmados con el Gobierno, las FARC rompen la llamada “tregua” el 16 de junio de 1987, en el Caquetá, mediante un sangriento ataque contra un convoy del Ejército. Veintiséis militares y un civil mueren. Otros 42 son heridos. Cuatro días después, artefactos explosivos destruyen parcialmente dos oficinas del PCC y de la Unión Patriótica en Bogotá. Dos meses más tarde, en el cuartel general de las FARC, representantes de las FARC y de la CNGSB se reúnen y firman un pacto de coordinación militar y político. Para frenar la consolidación del frente guerrillero, el presidente Virgilio Barco anuncia, el 1 de septiembre de 1988, un plan de paz en cinco puntos. Propone, entre otras cosas, el “diálogo directo con los jefes de los grupos rebeldes”. La CNGSB rechaza inmediatamente ese plan bajo pretextos confusos y pide al Gobierno un “encuentro de los jefes de la guerrilla con el Gobierno”, es decir, la misma cosa, y desencadena en seguida una ofensiva terrorista durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 1988.

El 3 de noviembre, el ministro de Defensa, general Rafael Samudio Molina, denuncia públicamente el doble juego de la CNGSB. Paradójicamente, esa declaración del ministro desagrada al Gobierno y algunos días después éste le pide dimitir. El 18 de noviembre, un discreto agente de influencia de las FARC, el senador conservador Álvaro Leyva Durán[724], hace un llamado para acercar las posiciones entre el Gobierno y la CNGSB. El Gobierno y varios jefes del Partido Liberal y del Partido Conservador responden positivamente. Pero el 22 de noviembre el nuevo ministro de Defensa, general Manuel Jaime Guerrero Paz, es víctima de un atentado en Bogotá, del que sale indemne. Además, los secuestros aumentan en el campo. Las posibilidades de paz se alejan una vez más. El 3 de diciembre, nuevo canto de sirenas: la coordinadora guerrillera anuncia un alto el fuego unilateral, “para que el pueblo colombiano pueda celebrar la Navidad y el año nuevo en paz”. Ese noble gesto ocultaba, en realidad, un objetivo bien diferente: el 5 de enero de 1989 el Ejército colombiano descubre en la isla de Jamaica un enorme cargamento de armas (1.000 fusiles G3 y A3, 3.250 metralletas HK-21, 10 obuses de 60 mm modelo comando y 600 granadas para obús de 60 mm), comprados por la CNGSB en territorio portugués. Los investigadores descubren que la operación de compra había comenzado desde hacía un año y que las armas debían ser introducidas a Colombia por avión a principios de enero de 1989, aprovechando precisamente “la tregua de Navidad”.

El juego de máscaras continúa, sin embargo, bajo el pretexto de los “diálogos de paz”. El 10 de enero, en una entrevista separada con Rafael Pardo Rueda, consejero del presidente de la República, el líder del M-19, Carlos Pizarro, evoca por primera vez la posibilidad de una “desmovilización” y su “incorporación a la vida civil”. Las FARC envían a su vez varias cartas al Parlamento, a los partidos políticos y al patronato diciendo que ellas son “partidarias también y siempre del diálogo y de la paz”. No obstante, esa organización, las FARC, califica el diálogo Pizarro-Pardo como una maniobra “para fraccionar el proceso de paz”. Lo que los jefes de las FARC no estaban aún en condiciones de ver es que Carlos Pizarro estaba escapando, si no rompiendo, con algunos esquemas usuales de los partidarios de la lucha armada en Colombia. Sociólogo de renombre y gran experto del fenómeno de la violencia en Colombia, Eduardo Pizarro Leongómez acababa de publicar sus más recientes reflexiones sobre el futuro de la lucha armada en Colombia. Hermano mayor de Carlos Pizarro, Eduardo Pizarro había lanzado, en efecto, una hipótesis audaz: que las Fuerzas Armadas colombianas, parte integral de las instituciones “que determinan la viabilidad o el fracaso de un proceso de paz”, habían adoptado últimamente una “nueva actitud” ante la cuestión de la guerrilla. Esta “nueva actitud” abría de hecho una posibilidad para llegar, en su opinión, a una paz negociada a condición de que la guerrilla hiciera un “gesto unilateral” y “abandonara completamente la lucha armada”. El propone, por lo tanto, que el M-19 tome esa iniciativa que facilitaría “la apertura de una brecha histórica en Colombia”, de la que dependía la “consolidación de una sociedad más pluralista”. En su importante análisis, el cual será confirmado en parte por los hechos dos años más tarde, el sociólogo se muestra escéptico sobre la disponibilidad de las FARC de dar un paso histórico en ese sentido. Recuerda, en efecto, que la única contribución hecha por las FARC durante los tres años anteriores era “haber retirado toda credibilidad al proceso de paz”. Por lo que se refiere al Partido Comunista, Eduardo Pizarro indica de manera no menos severa que “el drama” de esa organización es que ahora, “no hace la guerra, pero tampoco hace la lucha democrática”. Deplora también el hecho de que todas las organizaciones de la izquierda colombiana “mantengan relaciones con los movimientos rebeldes”. Es bien probable que el ascendiente intelectual jugado desde siempre por Eduardo, el sociólogo, sobre Carlos, el guerrillero, explique en parte las últimas declaraciones de este último.

En junio de 1989 la cuarta “cumbre” de la CNGSB, a la cual están invitados algunos jefes del patronato industrial, reanuda el mismo estribillo y reitera su “disposición a dialogar con el Gobierno para llegar a la paz y a la justicia social”. Seducido por tan bellas palabras, el Gobierno acoge positivamente, el 5 de agosto, ese anuncio y reactiva el Consejo para la Reconciliación, la Normalización y la Rehabilitación como “instancia responsable” del diálogo con los grupos rebeldes, pero rechaza la idea hipócrita, impulsada especialmente por las FARC, de constituir una “comisión” integrada por los ministros del Interior, de Defensa y de Minas e Hidrocarburos, con los “comandantes” de las cinco guerrillas, “para estudiar” los problemas “básicos del país”. La iniciativa era hábil pero tramposa. En efecto, las FARC pretendían con esa maniobra hacer saltar su estatuto de banda criminal para disfrazarse en organización beligerante capaz de negociar el futuro del país, en igualdad de condiciones, con el Estado colombiano.

Ante la negativa del Gobierno, las FARC replican que el diálogo se hará solamente entre la CNGSB en su conjunto y los ministros del gobierno, y no con el consejo propuesto por Bogotá. Intentan prohibir además al Gobierno todo diálogo separado con los otros grupos rebeldes. Esa línea contradictoria terminará por romper finalmente la unidad de fachada de la coordinación de la guerrilla ya que el EPL se declara listo a participar en un diálogo directo y separado con el Gobierno, siguiendo el ejemplo del M-19.

Aprovechando la libertad de movimiento que les dejaba el Ejército, que estaba casi en su totalidad ocupado en la persecución de los narcotraficantes del cartel de Medellin, en lucha “total” contra el Estado, las FARC se alían momentáneamente al ELN para realizar, el 10 de noviembre de 1990, en Antioquia, una acción especial masiva contra una unidad del Ejército. Sobre una de las montañas que rodean el pueblo de Tarazá se yergue un cuartel del batallón de infantería Girardot, atacado anteriormente por la guerrilla. Más de 700 guerrilleros se concentraron esta vez en los alrededores para tomar por asalto la construcción donde había solamente dos unidades militares con 80 soldados. Los irregulares, que pretendían mostrarse al país como una única fuerza coordinada capaz de concentrarse y de infligir golpes terribles a las fuerzas del orden, comienzan a las tres de la mañana una maniobra de diversión, atacando los puestos de Policía aledaños de Cáceres y Tarazá, para precipitarse, una hora después, con todo su peso, contra el cuartel del Ejército. Uno de los obuses guerrilleros incendia un depósito de combustible para helicópteros y el combate continúa bajo la luz de las enormes llamas, como si fuera de día[725]. Los comandantes de las dos unidades presentes mueren en los intercambios de tiros. Pero a las siete de la mañana, a pesar de la superioridad numérica de los guerrilleros, los soldados sobrevivientes lanzan un contraataque apoyados por la llegada de algunos helicópteros de la Fuerza Aérea. Dos horas después, los guerrilleros tienen que abandonar el campo de batalla y dispersarse en las montañas, perdiendo 102 hombres, entre muertos y heridos. Las instalaciones de la base militar quedaron destruidas totalmente por la acción de los insurrectos. Las trincheras estaban llenas de cadáveres de militares y de irregulares. La operación de respuesta del Ejército terminará solamente el 9 de diciembre con una derrota contundente de las FARC.

Ese día precisamente, que era también el de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, el Ejército realiza la operación “Centauro 90”, ordenada por el nuevo presidente de la República, César Gaviria. Los helicópteros de la Fuerza Aérea llegan hasta Casa Verde, sede del estado mayor de las FARC en el departamento del Meta, y la bombardean y destruyen. Los soldados se apoderan también de Casa Cuña, un pueblo construido en el bosque, a algunos minutos de camino de Casa Verde. Encuentran allí 51 cabañas, un centro de radio, un campo de tiro, una biblioteca, cocinas, depósitos y dormitorios. Casa Cuña era el verdadero domicilio clandestino de Tirofijo. Desde allí dirigía las actividades de los 16 frentes de las FARC en los Llanos Orientales. Sorprendidos por el ataque, Tirofijo y los otros jefes de las FARC se ven obligados a salir corriendo. Gracias a una inexplicable tolerancia del Estado, los jefes de las FARC ocupaban de manera esporádica ese lugar desde hacía 26 años. Casa Verde había sido refaccionado y agrandado durante los diez últimos años, luego de que el presidente Betancur firmara con ellos los “Acuerdos de la Uribe”. Pretextando que ese lugar era la sede de las “negociaciones”, Casa Verde se había vuelto intocable. Humillados, ya que Tirofijo y los otros jefes deberán enterrarse de nuevo en la selva[726], las FARC replican en los días siguientes con una serie de atentados ciegos contra civiles, contra unidades del Ejército y puestos de Policía, contra oleoductos, carreteras y torres eléctricas. Algunos frentes de la CNGSB participan. Un mes y medio después el balance será de 86 atentados que habían provocado la muerte de 22 civiles y 64 miembros de las Fuerzas Armadas. Las guerrillas habían perdido por su parte un centenar de combatientes. Pierden también, y sobre todo, el apoyo de la población civil, la cual descubre que para los insurrectos ella no es nada más que, un nuevo objetivo fácil. La masacre de Algeciras, donde el frente 2 de las FARC asesina a seis niños, el 12 de noviembre de 1990, horroriza a Colombia. Los matones sabían de antemano que iban a asesinar niños[727]. Golpeada cobardemente en sus intereses más básicos, como el derecho a la vida y a la paz, la población colombiana comienza entonces a ver en las guerrillas a su principal enemigo. Al mismo momento y mientras mataban civiles sin el menor remordimiento, los insurrectos creen tener el derecho a ser representados en los trabajos de la Asamblea Constituyente. Según Tirofijo, se deberían abrir bien las puertas de ese organismo elegido por el pueblo para permitir a ocho miembros de las FARC, a ocho del ELN y a cuatro de la fracción de Caraballo, discutir el contenido de la nueva Constitución[728]. Tirofijo, además, hace saber a uno de los jefes del M-19 que quiere ir a la Asamblea Constituyente “para hacer un discurso”. ¿A cambio de qué?, pregunta Antonio Navarro Wolf. “No se sabe nada” es la respuesta de los interesados. El repudio a las exigencias absurdas de las FARC será unánime.

A finales de diciembre de 1990 sobreviene otra mala noticia para Tirofijo: la guerrilla del PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores), que había hecho parte de la coordinadora guerrillera, firma un acuerdo de paz con el Gobierno, lo que significa el indulto de los crímenes cometidos y la creación de las condiciones para la transformación del PRT en partido político. Esa organización[729] obtiene también el nombramiento de una comisión de derechos humanos para proteger una región de la costa atlántica y programas de ayuda social para las zonas bajo su influencia. El 26 de enero de 1991, los militantes del PRT lanzan sus fusiles al mar Caribe, en aguas de la bahía de Cartagena. Uno de sus miembros irá incluso (con voz pero sin derecho al voto), a las deliberaciones de la Asamblea Constituyente. El PRT declara que la lucha por la democracia es el objetivo de la revolución que quería realizar. Sin embargo, la ola de atentados cometidos por la guerrilla y por los narcotraficantes persiste. Bajo la presión de esa infame convergencia el Gobierno lanza, el 11 de febrero de 1991, una nueva propuesta de diálogo a la guerrilla y nombra otra comisión de diálogo. El 13 de junio, los delegados del Gobierno, el portavoz de las FARC y del ELN entablan negociaciones de paz en Caracas. Pero después de tres reuniones infructuosas los rebeldes piden, como condición para un alto el fuego, que las Fuerzas Armadas, entre otras cosas, “renuncien a su doctrina militar” y acepten la “revisión de los mecanismos de la seguridad del Estado”. Como las Fuerzas Armadas no están dispuestas a autodecapitarse, y como un comando guerrillero comete una nueva atrocidad, el Gobierno suspende la farsa de los “diálogos” el 10 de noviembre de 1991.

Empero, las conversaciones se reanudan en Tlaxcala (México), cuatro meses más tarde, sin que importe la nueva serie de atentados de la guerrilla contra las instalaciones petroleras. Según los servicios de información del Ejército, las FARC y el ELN disponían en ese momento de 9.000 hombres armados, los cuales se hallaban distribuidos en 80 frentes. En principio, las negociaciones habrían debido ser reanudadas a comienzos de febrero en Caracas, pero el 4 de febrero el presidente venezolano Carlos Andrés Pérez debe hacer frente a una tentativa de golpe de Estado. Por ello, finalmente, es elegida México como nueva sede de las negociaciones. Pero la muerte del ex ministro de Obras Públicas, Argelino Durán Quintero, fallecido después de haber sido secuestrado por disidentes del EPL, presentes en Tlaxcala, clausura una vez más, el 12 de marzo, las negociaciones. Ante esa suspensión justificada de los diálogos, el Partido Comunista grita y se siente escandalizado por el “sabotaje” de la negociación. La CNGSB, por su parte, condena el secuestro del antiguo ministro Durán. Sin embargo, uno de los jefes de las FARC, alias Alfonso Cano, y Álvaro Vásquez, alto líder del PCC, declaran que hay un cierto “paralelismo” entre el secuestro del ministro y la desaparición forzada de Daniel García, un miembro importante de la CNGSB.

Con una curiosa concepción del diálogo político, Bogotá anuncia que las negociaciones se reanudarán a condición de que la CNGSB se comprometa a renunciar al terrorismo. En Tlaxcala, los representantes de ésta habían afirmado que no aceptarían cambios en el orden del día de los debates sino en la mesa de negociaciones. El Gobierno pide a su vez incluir el tema de los secuestros, lo que será rechazado por los guerrilleros. Éstos sacan, por el contrario, un proyecto de programa de gobierno en 12 puntos. Quieren que el debate vaya más allá de las condiciones de un simple alto el fuego. Piden sencillamente el desmantelamiento de los grupos paramilitares, el diseño de una nueva política económica para el país y la redacción conjunta de una nueva Constitución. César Gaviria replica explicando su política de modernización económica, basada en esquemas neoliberales. Lo que hace decir a los rebeldes que el Estado colombiano “es el primer generador de la violencia”. El 4 de mayo las dos partes deciden la suspensión de los diálogos hasta el 31 de octubre de 1992.

Al actuar de ese modo los hombres de Tirofijo no hacen más que aplicar la estrategia bien conocida que consiste en demoler las posiciones del adversario a través de un “diálogo de paz” seguido de una ofensiva terrorista. El objetivo a largo plazo es empujar al Estado a una situación de rendición gradual. Esa estrategia tenía, por otra parte, algunas posibilidades de tener éxito ya que se realizaba en medio de una violenta ofensiva rebelde que se aprovechaba de la campaña dinamitera de los narcotraficantes luego de la fuga de Pablo Escobar, jefe del cartel de Medellin, el 22 de julio. Consecuentes con ese esquema, la víspera del 31 de octubre, la CNGSB lanza una nueva serie de ataques, operación bautizada “Vuelo de águila”, pues ella no quiere negociar sino desde una “posición de fuerza”. Un portavoz de las FARC garantiza que ellos habían reclutado “más de mil hombres desde el principio de las negociaciones” y que sus “15.000 guerrilleros”, desplegados en “170 frentes”, están dispuestos a “generalizar la confrontación”. Esta ofensiva armada coincide extrañamente con una ola de atentados lanzados por los traficantes de droga. El balance es terrible: en tres semanas, más de 500 civiles mueren. El 7 de noviembre, los terroristas matan a 26 policías en el departamento del Putumayo y hacen volar varios tramos del oleoducto. En la noche del 24 de noviembre, ocho bombas de escasa potencia estallan en Bogotá, hiriendo a dos personas y causando importantes daños materiales. Al día siguiente, comandos del frente 32 de las FARC destruyen dos cuarteles de Policía en Fusagasugá, a 80 kilómetros al suroeste de Bogotá.

Plenamente consciente de que la situación es casi idéntica a la de 1990, el momento más fuerte de la guerra librada en ese entonces por el presidente Virgilio Barco contra los barones de la droga, el gobierno de César Gaviria decreta el estado de urgencia. Pide a la prensa supervisar de cerca la información sobre la lucha antiterrorista, para evitar fugas dañinas, y destituye a los oficiales del Ejército responsables de negligencias en la vigilancia de Pablo Escobar[730]. Las autoridades se declaran listas a “realizar una lucha sin cuartel contra los delincuentes”. Primas de tres millones de dólares son ofrecidas por la captura de los jefes de la CNGSB y de los carteles de la droga. Como se vio, el 3 de diciembre, Francisco Galán, número cuatro del ELN, es arrestado por el Ejército. El combate contra el narcoterrorismo continúa de manera implacable. Y por fin, el 2 de diciembre de 1993, Pablo Escobar es dado de baja en Medellin durante una balacera con la Policía. En los meses anteriores, la mayoría de los traficantes y asesinos al servicio de Escobar habían sido encarcelados o abatidos. El cartel de Medellin había sido destruido.

Tras la acción de las fuerzas del orden, Tirofijo no puede sino constatar, en tono defensivo, en abril de 1993, en la octava conferencia nacional de las FARC, que su intento de “tomar el poder por otros medios[731]”. ha fracasado. La acción del presidente César Gaviria, que había escogido, según Tirofijo, “declarar la guerra al pueblo colombiano[732]”, es la causa de su fracaso. En realidad, la aventura de la CNGSB hacía agua desde 1990 ya que el M-19, en primer lugar, y el EPL a continuación, habían entrado en un verdadero proceso de negociaciones con el gobierno de Virgilio Barco y con su sucesor, César Gaviria. Decididos a pasar realmente a la vida civil, el movimiento Quintín Lame, así como el grupo Patria Libre y el PRT, siguen un camino idéntico. En marzo de 1991 todos ellos ya han firmado acuerdos e ingresado a la vida civil. La mayoría de los miembros del Movimiento Autodefensa Obrera (ADO) habían firmado por su parte un acuerdo de paz a partir de agosto de 1984.

La sangrienta incursión del ELN en Cararabo, Venezuela, confirmará una vez más, y de cierta manera, la desaparición de la CNGSB, pues las FARC, decididas a conservar sus santuarios en Venezuela, critican a su aliado de ayer por la matanza perpetrada allí y lo hacen saber mediante un comunicado el 18 de marzo de 1995[733]. De hecho, la disolución de la coordinadora guerrillera será un evidente golpe político y militar para las FARC. Éstas querían imponer su conducta intransigente a los otros movimientos de guerrilla pero fallaron. Las FARC estaban determinadas a establecer por lo menos, con los otros componentes de esa coordinadora, un frente político y militar operativo. Ése será otro fracaso. El único punto “positivo” marcado por la galaxia rebelde con motivo de esa aventura es puramente secundario. Según la fórmula de Eduardo Pizarro, la coordinación de las guerrillas había probado que “los lineamentos internacionales habían dejado de ser (para ellas) un factor de divergencia irreconciliable[734]”. Por lo demás, el balance es negativo. En discurso pronunciado en mayo de 1994, con motivo de la celebración de los “30 años de las FARC”, Manuel Marulanda Vélez no menciona ni una sola vez las aventuras sangrientas de la CNGSB, lo que no le impide criticar por detrás su disolución acusando a los dirigentes del M-19, del EPL, del PRT y del Quintín Lame, de haber “causado graves daños a la revolución” y de “traicionar los intereses del pueblo[735]”. Bien es sabido que cuando Marulanda habla de “revolución” y de “intereses del pueblo” está lejos de los conceptos que esas palabras suscitan en la inteligencia de un ciudadano ordinario.

EL MOVIMIENTO 19 DE ABRIL (M-19)

Algunos meses después de la elección presidencial del 19 de abril de 1970, que el candidato populista, el general Gustavo Rojas Pinilla, pierde por 63.557 votos solamente ante el candidato conservador Misael Pastrana Borrero[736], sostenido por los partidos Liberal y Conservador, algunos militantes de la Anapo, el movimiento político del ex dictador, deciden crear un grupo armado clandestino. Considerando, sin pruebas, que la elección había sido “fraudulenta”, ellos proponen armarse “para impedir un nuevo robo de las elecciones en 1974”. En realidad, el llamado fraude electoral de 1970 no será jamás confirmado. Pero el rumor irresponsable lanzado la noche de las elecciones por María Eugenia Rojas, la hija del ex dictador, desencadena una agitación popular que estuvo a punto de degenerar en baño de sangre. La elección se había desarrollado el domingo de manera tranquila. Los primeros resultados conocidos, los de Bogotá, dan un ligero margen en favor de Rojas Pinilla. Durante la noche, una radio lanza la idea de que el general es el vencedor. Irritado, el ministro de Gobierno denuncia las declaraciones “caprichosas”. Da los resultados parciales del organismo oficial encargado del escrutinio de los votos, que conceden una ventaja, a nivel nacional, al candidato Pastrana. El lunes Alerta, el órgano rojista, publica sus estadísticas, bajo el título “Rojas elegido”. Un ruido se extiende: los rojistas preparan un golpe de Estado “para hacer respetar” su victoria. Una muchedumbre amenazante se reúne en la Plaza de Bolívar. Un diario liberal es atacado. Las Fuerzas Armadas toman posiciones. El presidente de la República, Carlos Lleras Restrepo, se dirige a la nación. Rechaza las alegaciones de Rojas y propone un segundo conteo de los votos bajo el control de cuatro personalidades políticas incuestionables. El general Rojas acepta pero la agitación continúa. Los activistas del PCC intentan ganar el control de la muchedumbre. Lleras decreta el estado de sitio y hace detener a los jefes de la Anapo. Finalmente, el 14 de mayo, el toque de queda es levantado. El balance de los 25 días de agitación es de 8.500 personas detenidas y calma total en todo el país. El presidente Lleras recibe millares de felicitaciones por el buen manejo de la crisis. El recuento manual de votos durará varias semanas y al final confirmará la victoria de Misael Pastrana. El ex general Rojas Pinilla acepta su derrota. A pesar de los esfuerzos ulteriores de los jefes de la Anapo para hacer respetar esa elección[737], la acusación infundada de “fraude electoral” será el pretexto para la creación de una nueva organización terrorista, el M-19, la cual escapará rápidamente al control de la Anapo y segará la vida de millares de colombianos.

¿LA REVOLUCIÓN ES UNA FIESTA?

En enero de 1974, en su primera acción declarada, el M-19 roba en Bogotá, en un museo insuficientemente protegido, una de las espadas del Libertador Simón Bolívar. Presentado por los terroristas como un acto “patriótico”, y saludado discretamente como un golpe “audaz” por los círculos de izquierda, los cuales se muestran ciegos ante el extraño símbolo que ese robo encarna, ese acto, en todo caso, no inquieta enormemente a la opinión pública. Para ciertos observadores, el nuevo grupo no es sino una expresión más del romanticismo tradicional de la juventud estudiantil. Eso y la hábil propaganda de los ladrones, basada en la frase “Bolívar, tu espada regresa a la lucha”, había anestesiado los espíritus. Con todo, el mensaje de los asaltantes era claro. Ellos robaban, de manera metafórica, la libertad de los colombianos. ¿Para hacer qué? ¿Para convertirla en el estandarte de una lucha? No, para ponerla entre paréntesis, para aboliría, ya que la espada de Bolívar, unos meses más tarde, será puesta en manos de una dictadura. En efecto, Jaime Bateman, el jefe del M-19, entrega la espada en el mayor secreto al embajador cubano en Panamá. Por ese acto, cuyo contenido profundo debería interesar, entre otras cosas, a los psicoanalistas, los jefes del M-19 revelaban, realmente, su odio a la patria y a los valores fundadores de la República. En fin, mostraban su cipayismo frente a una tiranía extranjera apoyada por la URSS. Ese acto mostraba obviamente los vínculos ocultos de la nueva organización terrorista con la esfera soviética. Ocultando celosamente esos detalles, muchos de los cuales siguen aún hoy en la oscuridad, Bateman se esforzaba por no despertar sospechas sobre el origen y el objetivo de su organización.

Como él quiere ser “diferente”, el M-19 no exhibe una ideología oficial. Se da el calificativo de “guerrilla nacionalista” para dar sobre todo buena impresión en el Ejército y para ganar su simpatía. Sin embargo, el grupo principal de los jefes fundadores del M-19, como Jaime Bateman, Carlos Pizarro, Iván Marino Ospina, Elvencio Ruiz, Luis Otero, Rosemberg Pabón y Álvaro Fayad[738], viene de las FARC o del PCC. Antonio Navarro Wolf, otro jefe importante de esa guerrilla, había estado bajo la influencia de los comunistas en sus comienzos como agitador universitario[739]. Vera Grabe, otra activista que llegará más tarde a la dirección central del M-19, era una antigua alumna del Centro Colombo-Soviético de Bogotá. La trayectoria más interesante es sin duda la de Bateman, el jefe del grupo, quien admitió haber hecho una parte de su aprendizaje militar en el Oriente Medio, al lado de los fedayines. Él estaba también en contacto con antiguos agentes de la DINA, un servicio secreto chileno infiltrado por el PC chileno en la época del gobierno de Salvador Allende. Bateman y los otros, todos, se declaraban ulcerados por la rigidez ideológica y la estrategia lenta de las FARC. Embarcados en la nueva aventura, ninguno de ellos se reclamará del marxismo. En realidad, no hay que asombrarse de ello: esa verdad no podía ser ventilada. Ellos se las arreglaron pues para abusar de la buena fe pública. Luis Otero había sido militante de la Juco. Jaime Bateman e Iván Marino Ospina habían viajado a la Unión Soviética en 1961, en la época en que eran activistas de las Juventudes Comunistas. Iván Marino Ospina revelará más tarde que ellos habían vuelto de Moscú “decididos a entrar a la guerrilla”, cosa que harán sin demora. Bateman es nombrado secretario de Jacobo Arenas. Ospina dirá que él “había sido expulsado” de las FARC en 1968. Bateman dice haber sufrido el mismo tratamiento en junio de 1972. Él dice haber sido acusado de enviar a las FARC activistas sin consultar a la dirección del PCC. Otra leyenda dice que Bateman irritaba a sus jefes. Que él quería que las FARC “llevaran la guerra a las ciudades”, orientación rechazada por los jefes del Partido Comunista quienes estimaban que eso “causaría perjuicios al trabajo legal[740]”. Los mejor informados en los medios izquierdistas construirán la fábula según la cual Bateman “rechazaba” el modelo de las FARC que consistía en montar combates esporádicos y que él estaba “decepcionado” de las FARC pues “con tantos años de actividad aún no llegaban al nivel militar que alcanzaron las guerrillas de El Salvador[741]”, Realmente, el M-19 personificará un esfuerzo suplementario (y más “modernista” si se quiere), de La Habana y Moscú, para crear una guerrilla de nuevo tipo, urbana y más difícil de descifrar por las autoridades y el pueblo, ya que esa organización será más hábil que las otras en la ocultación de sus cartas de navegación, de sus métodos de lucha, de su ideología, de sus apoyos. Ella intenta, sobre todo, demoler una certeza: que la revolución violenta es un asunto de agentes extranjeros, o de Moscú, Pekín o La Habana. El M-19 se presenta, pues, como una respuesta necesaria, local, terrígena, casi folclórica, a las dificultades de un país. El M-19 entra en escena después del completo desmantelamiento de la guerrilla tupamara del Uruguay (1962-1972) y sus jefes parecen disfrutar de la experiencia operativa acumulada por el grupo que había sido dirigido por Raúl Sendic. En 1974, Jaime Bateman decide también registrar el M-19 en la oscura multinacional del crimen terrorista que, con la participación de La Habana, estaba naciendo en América Latina: la JCR (Junta de Coordinación Revolucionaria). Según John Dinges, Jaime Bateman envió un representante a Buenos Aires (posiblemente Álvaro Fayad), “para planear una estrategia regional y discutir sobre la posibilidad de adherir oficialmente a la JCR[742]”. Todo eso en el mayor secreto, ya que era necesario hacer creer que el M-19 no era instrumento de nadie. Desde ese punto de vista, la operación M-19 será todo un éxito pues durante más de una década los colombianos tendrán dificultades para comprender la verdadera naturaleza de esa nueva máquina de muerte. Incluso en 2004, uno de los ex jefes del M-19 seguirá mintiendo sobre la orientación ideológica inicial de la banda: “Ellos eran nacionalistas, modernos, urbanos, universitarios. No eran comunistas, ni maoístas, ni campesinos”. Ante las preguntas insistentes de un periodista decidido a hacerle decir la verdad[743], el autor de esas palabras admitirá que Cuba había ayudado “mucho” al M-19 y que dos de sus grupos habían recibido instrucción militar allí. Pero no quiso decir más. Obviamente, el balance completo de los esfuerzos subversivos cubanos a través del M-19 queda por hacer.

Una vez fundado, el M-19 y sus jefes marxistas se hacen pasar por una organización “simpática”, que quiere hacer de la revolución “una fiesta”. Ese romanticismo de fachada no les impide atascarse muy rápidamente en un charco de sangre: en 1975 secuestran a Donald Cooper, gerente de los almacenes Sears, quien será soltado después del pago de un rescate de un millón de dólares. El 15 de febrero de 1976 tienden una trampa y secuestran a José Raquel Mercado, el número uno de la CTC, la segunda central sindical del país por el número de afiliados y con reputación de ser de inspiración liberal. Durante años, José Raquel Mercado había sido víctima de una campaña de intrigas e insultos por parte del Partido Comunista que lo acusaba de ser un “sindicalista al servicio de los patronos”. Mercado era realmente un jefe del sindicalismo libre, enérgico y hábil. Ese antiguo estibador de alejada ascendencia africana recibía críticas de parte de los comunistas donde la injuria racista era apenas velada. En realidad, constituía un obstáculo a las ambiciones de los comunistas en el frente sindical. Tras su secuestro, los raptores pretenden disfrazar su futuro crimen en acto de “justicia” revolucionaria. Acusan sin pruebas a Mercado de ser un “agente de la CIA”. Piden “al pueblo” pronunciarse a favor o en contra de la sentencia de muerte pronunciada contra el rehén. Era necesario escribir sobre las paredes de las ciudades un “sí” o un “no” para salvar o no la vida de Mercado. Esa grotesca farsa, que recuerda los asesinatos precedidos de los llamados “procesos del pueblo” que las Brigadas Rojas italianas habían inaugurado tres años atrás, concluirá el 19 de abril con el vil asesinato del sindicalista. Hasta hoy no se han aclarado los verdaderos móviles de ese crimen. ¿Quién dio la orden de matar a José Raquel Mercado? ¿Quién lo mató? ¿Por qué? ¿Cuál era el verdadero objetivo de ese asesinato? Cuando se sabe que en esa época el M-19 no tenía intereses sindicales particulares (y no los tendrá nunca en verdad), pues no había conseguido desarrollar una penetración seria en el medio sindical, contrariamente a los comunistas cuya acción se orientaba claramente hacia la infiltración de todas las centrales sindicales, esa cuestión se impone. Otras dos informaciones dejan perplejo al observador: el 19 de septiembre de 1972, la CTC, dirigida por José Raquel Mercado, había acusado a la embajada de la URSS en Colombia de financiar y fomentar la subversión en los sindicatos. El 26 de octubre de 1973, los sindicalistas de la CTC habían rechazado la idea de afiliarse a una “única central de trabajadores” controlada por los comunistas. ¿Mercado había pagado con su vida esa intransigencia? ¿Fue él objeto de una venganza a largo plazo y por intermedio de un grupo terrorista dirigido? Todo es posible. Sin el menor remordimiento, Jaime Bateman dirá más tarde que con la eliminación del líder sindical su grupo “había decolado mil veces[744]”. En buen leninista, Bateman gesticulaba que el asunto Mercado no era un crimen sino un “acto de protesta”. Consideraba que ese asesinato había sido “un triunfo muy grande” porque “nos abrió las puertas de la clase obrera[745]”. Después del asesinato de Mercado, en efecto, los responsables del sindicalismo libre supieron que una amenaza indeterminada planeaba de ahora en adelante sobre la cabeza de cada uno de ellos. Tulio Cuevas, dirigente de la UTC, la otra gran central obrera libre, curvará la espina frente a la CSTC comunista en 1977.

Un engranaje suplementario de presiones clandestinas estaba pues en marcha. Y es la escalada. El Ejército reacciona ante el asesinato de José Raquel Mercado y hace las primeras detenciones en la esfera de influencia del M-19. Pero éste ya se hallaba embarcado en una nueva provocación. El 31 de diciembre de 1978, aprovechando las fiestas de fin de año, un comando del M-19 roba 4.303 fusiles al Ejército en Bogotá, gracias a la construcción de un túnel de 80 metros de largo que desemboca en un depósito de armas. Los militares reaccionan de nuevo y detienen durante los días siguientes a 2.400 activistas, entre los cuales se encuentran casi todos los jefes del M-19, excepto Bateman. Los militares recuperan en pocas semanas la totalidad del arsenal robado[746]. Entre las personas detenidas se encuentran cinco uruguayos, incluidos tres (Alba González Souza, Sergio Betarte y Juan Víctor Vivanco) que eran antiguos militantes del movimiento tupamaro, venidos a Colombia para entrenar a los miembros del M-19. El Ejército descubre también, en esa ofensiva, un plan de acción de las FARC: la compra de armas por un valor de 1.500.000 dólares para la implantación de diez nuevos frentes de guerrilla[747]. La detención de los agitadores extranjeros suscita por su parte vivas protestas… en París. El 4 de marzo de 1979, una manifestación en la Plaza de la Concordia, que reúne a un centenar de personas, exige la liberación “inmediata” de esos “inocentes” y su no extradición al Uruguay, donde todos ellos tenían cuentas pendientes con la justicia.

VEINTE EMBAJADORES REHENES

En Bogotá, los chistes no son menos buenos. En octubre de 1979, el juicio de 186 personas comprometidas en el asunto de las armas del Cantón Norte se abre ante un tribunal militar, instalado en un local de la famosa prisión de la Picota. Antes incluso de la primera audiencia, los jueces dejan en libertad a 107 presos, por falta de pruebas. Pero cinco nuevos acusados hacen su aparición. En el proceso participan 84 abogados civiles y 35 defensores militares de oficio para los acusados ausentes. El expediente de la instrucción tiene más de 60.000 folios. Las audiencias, con sus 84 alegatos orales de defensa, durarán hasta julio de 1980. Entre los presos se encuentran Gerardo Ardila, dirigente de la Federación de Educadores, Carlos Pizarro, 32 años, miembro del “comando nacional” del M-19, así como su hermana Margot y su hermano Hernando. Como las autoridades no están dispuestas a dejar morir el proceso ni a soltar a todo ese curioso personal, los que habían escapado a la ola de detenciones optan por preparar un nuevo golpe con el fin de ejercer presión sobre las autoridades. El 27 de febrero de 1980 asaltan la embajada de la República Dominicana en Bogotá. Dirigido por Rosemberg Pabón, un ex maestro de escuela, el comando toma como rehenes a 60 personas, incluidos 20 diplomáticos, entre los cuales se halla el embajador de los Estados Unidos y el nuncio apostólico. Durante la balacera, que dura tres horas, los atacantes pierden a uno de sus hombres, matan a un soldado y hieren a un policía de civil y a un transeúnte. La noticia de la toma de la embajada da la vuelta al mundo. El comando pide la liberación de sus camaradas encarcelados y varios miembros de otras guerrillas, y 50 millones de dólares[748].

El gobierno de Julio César Turbay Ayala, instalado el 7 de agosto de 1978 y diabolizado como “fascista” desde el comienzo por la propaganda comunista colombiana e internacional, porque se había atrevido a reforzar la legislación antiterrorista después del robo de armas al Ejército, adopta una estrategia de solución pacífica de la toma de rehenes y acepta el principio de negociar con el comando. Los diálogos comienzan después de que éste libera los heridos, las mujeres y un adolescente. Los terroristas, que no son privados de la palabra, ya que la prensa puede entrar a la embajada a entrevistarlos, piden a los países extranjeros interesados “ejercer presión sobre el Gobierno colombiano” para que ceda ante los asaltantes[749]. El 18 de marzo, mientras las negociaciones parecen entrar en un callejón sin salida, La Habana sale de su silencio y hace saber que estaría dispuesta a conceder “el asilo político” a los miembros del comando y a los “presos políticos” pedidos por el M-19. Bogotá rechaza la iniciativa de “buena voluntad” de Fidel Castro. Los cubanos insisten, en vano, ya que en la lista de gente que ellos piden figuran los responsables de los cinco principales movimientos de la guerrilla colombiana. La posición del presidente Turbay Ayala es firme: “Esa gente son criminales que no pueden ser liberados sin infringir la Constitución y la ley colombiana[750]”. Un mes después, acorralados ante una perspectiva de negociaciones sin fin, los terroristas ceden: no obtienen la liberación de ninguno de sus camaradas, pero reciben un millón de dólares y salvoconductos para huir a Cuba en un avión. Ellos parten pues hacia La Habana el 27 de abril de 1980[751]. Los 311 presos “políticos”, quienes estaban convencidos de que iban a ser liberados de un momento a otro, no comprenden nada. Se sienten traicionados[752]. Una parte de los asaltantes regresará de Cuba a bordo del Karina, un barco lleno de armas que un navío de la marina de guerra colombiana, el ARC Sebastián de Belalcázar, después de un duro combate en el Océano Pacífico, hunde en la noche del 14 de noviembre de 1981[753]. Con ese episodio, las Fuerzas Militares habían arruinado una de las operaciones más audaces y más peligrosas de toda la historia de la guerrilla en Colombia. En efecto, desde Panamá, y con la ayuda de los cubanos y de traficantes de droga, Jaime Bateman había comprado mil fusiles FAL y FAP belgas, un millón de cartuchos de 7,62 mm, un número indeterminado de minas antipersonales, equipos de radio y un barco para transportar todo eso (o casi) desde la Alemania occidental. Se ignora dónde fue cargado ese arsenal, sobre todo los fusiles. Las fuentes consultadas por Germán Castro Caycedo para la redacción de su obra El Karina no quisieron dar precisiones. Con todo, un dibujo publicado en la edición colombiana del libro permite pensar que el Karina había tocado un puerto de Libia, antes de dirigirse hacia el mar Caribe.

Consciente del riesgo de poner todos los huevos en la misma cesta, Bateman ordena dividir el arsenal para hacerlo entrar a Colombia por dos vías: una mitad será descargada sobre una playa desierta y enviada por avión al Caquetá, utilizando un Curtis D-46 robado a la compañía Aeropesca y la participación forzada de su piloto. La otra mitad será depositada en un escondrijo de la costa pacífica. El Karina hace pues, en alta mar, una transferencia de armas al Zar, el barco de un traficante de drogas, el cual deposita las armas en Dibulla, pequeña aldea de la península de la Guajira, junto a una pista de aterrizaje clandestina. De ese arsenal, Bateman quería ceder una parte a las FARC y a las otras guerrillas colombianas. Pero la organización de Tirofijo, la única que quiso aceptar recibir 200 fusiles, cancela a última hora la recepción de las armas. La operación global concebida por Bateman va a terminar en un fracaso estrepitoso. El Karina tendrá la suerte ya mencionada y el avión de Aeropesca, ante la ausencia de una pista de aterrizaje, y después de haber agotado su combustible, debe posarse con no poco estrépito sobre el enorme río Orteguaza. Decenas de cajas se pierden cuando el agua inunda la cabina, pero el avión flota algunas horas, gracias a los neumáticos que, sacados a tiempo por el piloto, hacen las veces de flotadores. El 10 de noviembre, el Ejército decomisa 230 fusiles, o sea la mitad de los que habían sido embarcados en la Guajira, en un depósito clandestino, después de combates con los hombres de Bateman. Es gracias a la habilidad del piloto de Aeropesca, Juan Manuel Bejarano, que el Curtis no estalló al hacer contacto con las aguas del río. El plan de los terroristas era asesinar al piloto y al copiloto y pilotear, ellos mismos, el avión hasta el lugar donde los esperaban[754]. Bogotá rompe entonces las relaciones diplomáticas con La Habana. El coordinador de esa operación internacional, Jaime Bateman, era un puro producto de la escuela soviética. Ignoraba todo del sistema democrático, conocía mal la historia de su país, la vida de los partidos y la sociedad civil. En cambio, manejaba un puñado de “verdades” aprendidas en Moscú que nunca él se había atrevido a poner en entredicho. Su “estado mayor”, constituido por activistas fanatizados por una cierta propaganda, estaban fascinados por su verborrea brutal y grosera, cuyo mejor resumen es la entrevista concedida al periodista Ramón Jimeno y publicada bajo el título de Oiga, hermano.

Antes del desenlace de la toma de los rehenes en Bogotá, un comité por la “defensa de los presos políticos” es fundado en París, a principios de marzo de 1980. Su líder: un juez de instrucción francés del tribunal de París, que en una entrevista publicada por el diario Libération justifica sin sonrojarse el acto terrorista cometido contra la Embajada de la República Dominicana. Para ese extraño magistrado, tal acción había sido sólo “una respuesta a la violencia del Estado”. Furioso porque las autoridades colombianas hacen comparecer a los presos ante un consejo de guerra que respeta todas las garantías que prevé el derecho occidental a la defensa, lanza esta frase: “En Colombia ya no está vigente la democracia formal”. Según ese juez francés, animado por fuertes pasiones ideológicas, todos los golpes estaban, por lo tanto, permitidos contra el gobierno elegido de Julio César Turbay Ayala. El 20 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un organismo que depende de la OEA, decide abrir una investigación “para determinar si la tortura se utiliza en Colombia”. Realmente, se trataba de una diligencia unilateral para abrumar al Gobierno, ya que nadie en dicha comisión levantará la voz para decir que los 18 embajadores, por el solo hecho de haber sido transformados en rehenes, son también el objeto de torturas por parte del M-19. Todo lo contrario, la comisión visita el comando terrorista en la embajada y sale con uno de los rehenes sin emitir una clara condena de la operación criminal.

Con tales estímulos venidos del extranjero, los rebeldes colombianos se envalentonan. En noviembre, Jaime Bateman se declara “candidato” a la elección presidencial prevista para el 30 de mayo de 1982. La cruzada internacional contra el gobierno de Turbay Ayala está en pleno apogeo. En París, una revista tercermundista publica un artículo donde garantiza que “la tortura de los presos políticos” “se institucionalizó” y que Colombia se convirtió en “el Uruguay del Caribe[755]”, El general Luis Carlos Camacho Leyva, ministro de Defensa, indica por su parte que en Colombia hay 1812 guerrilleros encuadrados por cinco organizaciones diferentes (FARC, M-19, ELN, EPL y MAO)[756]. El 15 de diciembre de 1980, un avión con 62 pasajeros a bordo es secuestrado en Colombia y conducido a México por activistas “para llamar la atención” sobre los presos del M-19.

En cuanto a Jaime Bateman, quien intentaba sin éxito ubicarse como “candidato” desde la clandestinidad, pierde la vida en un accidente de avión sobre la selva de Panamá, el 28 de abril de 1982. Bateman regresaba de un viaje clandestino a Santa Marta, su ciudad natal, en compañía de Nelly Vivas y Conrado Marín, dos jefes de su movimiento. No se sabrá nunca la razón exacta de ese accidente. Bateman tenía 43 años. Gobernada por el general Ornar Torrijos y, después de la muerte de éste, por el coronel Manuel Antonio Noriega[757], Panamá era la base de repliegue de Bateman, desde donde viajaba frecuentemente a La Habana; allí un centenar de miembros del M-19 recibía entrenamiento militar e ideológico para crear un grupo de “fuerzas especiales”. Desde allá, Bateman preparaba, al mismo tiempo, y sobre todo a partir de abril de 1980, sus falsas propuestas “de paz” y de “diálogo nacional” que hacía llegar sobre todo al candidato conservador Belisario Betancur. Éste, para distinguirse de su rival liberal Alfonso López Michelsen, no decía no a las invitaciones sobre posibles “diálogos de paz”. Al contrario, Belisario Betancur había prometido a los colombianos hacer todos los esfuerzos necesarios, si era elegido, para llegar a un alto el fuego y, más tarde, a una paz “definitiva” con las guerrillas[758].

“¡PÓNGASE EL CASCO DE SALVADOR ALLENDE!”

Tras la desaparición de Bateman y de la elección de Belisario Betancur, las extrañas gestiones de paz serán proseguidas en medio de la guerra por el nuevo jefe del M-19, Álvaro Fayad, quien acababa de salir de prisión, en compañía de más de trescientos de sus camaradas embastillados, el 27 de febrero de 1983, gracias a una amnistía que el nuevo presidente de la República había hecho votar por el Parlamento, en gesto de apaciguamiento. Así pues, después de un contacto en La Habana con el escritor Gabriel García Márquez, enviado por Belisario Betancur, Fayad dialoga en privado con Bernardo Ramírez, ministro de Comunicaciones de Betancur, en un hotel de México. El objeto de las conversaciones es preparar un encuentro con el presidente en persona. En noviembre de 1983, Álvaro Fayad e Iván Marino Ospina viajan a Madrid donde tendrán una primera entrevista con Belisario Betancur, gracias a la complicidad del gobierno socialista de Felipe González. Era la primera vez que un presidente colombiano aceptaba reunirse con dos jefes guerrilleros. Sin embargo, de esa experiencia, que Betancur no querrá renovar, no sale nada consistente. En realidad, Betancur se da rápidamente cuenta de que Fayad, un hablador iluminado que oscila entre la audacia calculada y la temeridad suicida, no está muy dispuesto a oír razones, ya que lo que él quiere es hacer la “revolución” y no la paz entre bravos. Fayad, además, se había mostrado sencillamente obtuso en Madrid: había llegado a la cita visiblemente ebrio y convencido de que iba a hablar con otro exaltado. Resultado: le propone al jefe de Estado colombiano “ir más lejos”, tomado de la mano del M-19 y crear un movimiento “para destruir el Estado oligárquico”. En su entrevista privada, Fayad comete otro error: no ve en Betancur un líder conservador listo a llegar a compromisos, sino cree estar frente a un caudillo socialista latinoamericano disfrazado. Al final de la entrevista, Fayad le lanza: “¡Póngase el casco de Salvador Allende y estaremos dispuestos a llevarlo en hombros[759]!”.

De regreso a Bogotá, Belisario Betancur es criticado por su aventura española ya que la cita “secreta” había sido revelada enteramente por la radio colombiana. Busca entonces otros interlocutores más aterrizados, y en Colombia, para hacer avanzar el expediente de la paz. Sus emisarios se ponen entonces en contacto con jefes de las FARC, quienes están felices de poder robarle pantalla al M-19 que había violado, según ellos, con su cita de Madrid, un vago acuerdo que preconizaba la negociación “conjunta” de las dos organizaciones subversivas con el Gobierno sobre las posibles condiciones de una tregua.

Analizando mal la situación, Fayad cree tener derecho a nuevos encuentros con el jefe de Estado. Está persuadido de que Betancur regresó de España convencido por sus argumentos. Fayad habla incluso de los “acuerdos de Madrid”. Pero los círculos cercanos al presidente guardan silencio. Betancur sabe que los militares y los sectores financieros no quieren un segundo encuentro de ese tipo. Por el contrario, las reuniones de la Comisión de Paz[760] con las FARC progresan, mientras que se descarta todo contacto con Fayad y sus hombres. Un día, la única respuesta que obtienen es que deberían discutir con el secretario de la Comisión de Paz[761]. Fayad se siente traicionado por Betancur y desbancado por Tirofijo. El acuerdo de tregua llamado “de la Uribe”, del 28 de marzo de 1984, entre Bogotá y las FARC, es entonces violentamente criticado por el M-19 que, en represalia, lanza un sangriento ataque contra el cuartel del Ejército en Florencia, capital del departamento del Caquetá. Los militares reanudan la ofensiva contra la banda rebelde pero, al mismo tiempo, Bernardo Ramírez renueva el contacto con Álvaro Fayad para reanimar las “conversaciones”. Poco después, el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia que luchaba contra los traficantes de droga, ultimado en Bogotá por sicarios del cartel de Medellin[762], el 30 de abril de 1984, pone fin al clima de benevolencia frente a los diálogos de paz con el M-19 que reinaba hasta entonces a pesar de los choques entre éstos y las Fuerzas Armadas. El Gobierno decreta el estado de sitio.

El malestar que se había instalado entre Betancur y Fayad tenía un componente adicional: la idea que el M-19 se hacía de su tan anunciado “diálogo nacional” era confusa y difícil de realizar, ya que Fayad quería establecer un diálogo nacional “con el pueblo”, en directo, en las plazas públicas, en inmensas manifestaciones. El Gobierno veía ese “diálogo” de otra manera, a través de las instituciones del país, del Parlamento, de las asambleas departamentales, etc. Desafiado por los traficantes de droga y por las guerrillas, el Estado no quería echarse encima, además, la tarea de organizar manifestaciones populares en todas las ciudades para que el M-19 vertiera sobre las masas su violenta propaganda y aprovechara tal coyuntura para cometer otros atentados.

Belisario Betancur envía pues a su ministro Ramírez para que le proponga a Fayad un plan bastante impreciso y vago sobre la puesta en marcha de unas “comisiones de diálogo”, entre la guerrilla y el Gobierno, las cuales se reunirán en pueblos aislados para negociar un alto el fuego. La primera reunión se efectúa en San Francisco, al sur del país. La segunda se hará en Corinto, entre el 24 y el 31 de agosto de 1984, sin que las hostilidades cesen. Los trabajos comienzan y a veces se acercan a un acuerdo de alto el fuego. En las ciudades, hay como un impulso de optimismo. La gente dibuja palomas blancas en las ventanas de sus casas. En Bogotá, el premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez juega al dazibao escribiendo sobre la Plaza de Bolívar: “Viva la paz con los ojos abiertos”. “Es el final de 40 años de violencia”, replican, optimistas, algunos diarios. Pero la clase política sigue siendo escéptica sobre la posibilidad de una consolidación de la paz. En realidad, el gran “diálogo nacional” en Bogotá, entre el Gobierno y los portavoces del M-19, del EPL y de la °, avanza apenas. O más bien avanza pero de una curiosa manera. Instalada a finales de 1984, la Comisión de Diálogo trabaja durante seis meses, después de haberse subdividido en 10 “mesas de trabajo”. Los guerrilleros piensan haber encontrado allí un medio para hacer pasar bajo cuerda las llamadas “reformas para aumentar la democracia local”. En realidad, se trataba de una suerte de frenético desmantelamiento del sistema en vigor. Pues ese “diálogo nacional”, que transcurría, por otra parte, por fuera del Congreso (como consolación se admite que los diputados envíen uno o dos representantes), propone cambios drásticos que afectan una amplia gama de sectores: reforma agraria, reforma urbana, reforma del Congreso, reforma de la justicia, reforma del Ejército, reforma de la educación, reforma del trabajo, reforma del régimen municipal[763]. Este último, por ejemplo, consistía en crear “juntas administradoras” y “juntas de servicios públicos”, que corrían el riesgo de facilitar el deslizamiento del dinero de los municipios a manos de las minorías activas. La reforma agraria propuesta pretendía la desaparición de los latifundistas como clase; la reforma del Ejército buscaba reducir el presupuesto de Defensa y trasladar las brigadas y los batallones a las fronteras, así como retirar a los militares la tarea de la represión de las bandas armadas. Esas adorables reformas estaban discutiéndose en el espíritu de las democracias populares de Europa del Este, es decir ¡entre una docena de personas no elegidas! Sin contar con el aval de los partidos “burgueses”, esos conciliábulos, finalmente, caen en desgracia. Las guerrillas, que ya habían anunciado el “carácter obligatorio” de las conclusiones de tal “diálogo nacional”, ya que el Congreso era para ellas “el bastión de la oligarquía”, están furiosas. Pero sus gesticulaciones son inútiles. “El foro natural establecido por nuestro sistema democrático para decidir acerca del ordenamiento jurídico que nos guía es el Congreso de la República y por lo tanto toda participación institucional que pondría en duda la suprema atribución de las cámaras no puede ni debe ser aceptada”, declara por fin el Parlamento colombiano[764].

Sin darse por vencidos, y para redinamizar el proceso, los jefes terroristas organizan otros “diálogos” (monólogos para ser más exactos) en las ciudades de Cali, Medellin, Barranquilla y Bucaramanga, con ruidosas manifestaciones, y proponen, en febrero de 1985, un “congreso de la democracia” en la aldea de Los Robles. Se trataba, en realidad, de una reunión ilegal del M-19 pero abierto a sus amigos y simpatizantes, para atraer de hecho a civiles que más tarde servirán de escudos humanos para frenar la ofensiva del Ejército. Por el momento, Belisario Betancur no ve esas maniobras con buenos ojos y el frío se instala de nuevo entre las dos partes. Sobre todo luego de la torpe declaración formulada por el nuevo “comandante” del M-19, Iván Marino Ospina. Éste, hombre formado por las FARC que arrastraba la mala reputación de ser uno de los amigos de Pablo Escobar, condena las extradiciones de los traficantes de droga hacia los Estados Unidos y saluda las amenazas de los traficantes de droga “de asesinar a diplomáticos norteamericanos”. Y añade: “Ojalá que puedan lanzar una bomba atómica contra [el embajador] Lewis Tambs pues él interfiere en los asuntos colombianos”. El país entero está escandalizado. Criticado incluso por miembros de la dirección del M-19, Iván Marino Ospina reconoce haber cometido un “error” y acepta ser sustituido a la cabeza del M-19 por una dirección colegiada. Recriminaciones salen de todos lados. Visiblemente, los “diálogos de paz” están en agonía. Por último, en junio, los dirigentes del M-19 y del EPL rompen la tregua y reanudan las hostilidades. El 17 de febrero, los jefes del M-19 lanzan una “proclama” donde anuncian su nueva idea, una de las líneas políticas más enigmáticas y más difíciles de descifrar: el M-19 quiere “sencillamente ser gobierno”. “Basta ya de protestas, basta ya de denuncias […] el M-19 convoca a todos los patriotas, a las mayorías, para convertirse en gobierno[765]”. ¿Pero cómo “ser gobierno”? Fácil: “La propia nación colombiana debe autogobemarse”, explican los jefes del M-19, y cada “organización popular” debe transformarse en un “bastión del nuevo gobierno”. Por supuesto, nada de eso se realiza. Las masas populares, más curiosas que convencidas por las cabriolas ideológicas del M-19, se niegan a “autogobemarse”.

Iván Marino Ospina morirá más tarde, el 28 de agosto de 1985, durante una incursión del Ejército en un apartamento de Cali. Es el golpe más severo sufrido por esa guerrilla desde hacía varios años. En la época de Iván Marino Ospina el M-19 había inventado un nuevo artilugio revolucionario: la contratación de niños. En efecto, por una suma de dinero mensual, esa guerrilla reclutaba niños de 12 a 17 años para comprometerlos, sin el menor escrúpulo, en acciones armadas. Daniel Priolet, corresponsal de la Agence France Presse-Bogotá, dice: “Se trata de los tristemente famosos gamines de Bogotá, esos niños sin padres que yerran en harapos por las calles de Bogotá. Algunos [de ellos] bajaron de las montañas cerca de Cali donde la guerrilla del M-19 es la más activa. Combates sangrientos se desarrollan desde hace varias semanas. Dos niños desertores dijeron cómo habían sido reclutados. Uno ellos, Jesús María, de 14 años, vio morir junto él a su amigo de 13 años, mientras intentaba apoderarse de la metralleta de un soldado muerto por la guerrilla[766]”. El 13 de julio de 1985, la columna de Gustavo Arias, alias Boris, integrada sobre todo por mujeres y niños, ataca el pueblo de Riofrío. Hacen lo mismo en Genova y La Herrera, al sur del país. Un mes después, el M-19 ataca con cohetes las instalaciones de la Policía de Bogotá e intenta tomar por asalto Corabastos, mercado central de la ciudad. Esa operación fracasa. El 2 de septiembre otros militantes mueren durante una confrontación con el Ejército, a 120 kilómetros de Cali.

Es que los tiempos son duros para el M-19 ya que las FARC “en tregua” le permiten al Ejército concentrarse en los frentes de lucha contra las otras guerrillas. Para la gente de Marulanda la prioridad es proteger el proselitismo político que hace su partido, la Unión Patriótica, en los centros urbanos sin ser molestada. Las autoridades descubren a finales de septiembre dos escuelas de entrenamiento del M-19 en Puerto Boyacá (Boyacá) y otra en Moniquirá (Boyacá), lo que hace decir al ministro de Defensa, general Miguel Vega Uribe, que las propuestas de paz del M-19 son hipócritas ya que éste no hace más que prepararse para la guerra[767]. El Ejército puede, pues, responder con más personal a la ofensiva lanzada en el Valle por Carlos Pizarro y sus aliados. Sin embargo, esa ofensiva hace dudar a algunos. Judith Sierra, una dirigente detenida del M-19, declara: “Abrir de nuevo las hostilidades en junio fue un grave error político. Ya no creo que la lucha [armada] se justifique ya que no sirve para nada y sólo causa muertes[768]”.

HOLOCAUSTO EN EL PALACIO DE JUSTICIA

La operación que señalará el principio del fin del M-19 es la sangrienta toma del Palacio de Justicia, en Bogotá. El 6 de noviembre de 1985, 70 combatientes de esa organización entran al Palacio. Están armados hasta los dientes, con pistolas, fusiles de asalto, granadas, bombas Cleymor y TNT. Matan fríamente a los seis vigilantes tomados al desprovisto y se apoderan del enorme edificio, con 400 personas adentro. Eso ocurre a apenas 200 metros del palacio presidencial. El pretexto para cometer esa nueva acción terrorista es confuso. Dirigidos por Luis Otero, Alfonso Jacquín, Guillermo Elvencio Ruiz y Andrés Almarales, los atacantes declaran que quieren hacer públicos “los documentos secretos que expresan la verdad sobre la ruptura del proceso de paz en Colombia”. Pero añaden más tarde que quieren también “juzgar al presidente de lamRepública” por haber “traicionado el proceso de paz”. En realidad, el objetivo de los terroristas es doble: apoderarse del Palacio de Justicia y, al mismo momento, invadir el palacio presidencial para arreglarle sus cuentas al jefe de Estado[769]. Pero, desbordados por la rápida reacción de los militares que envían sus tanques de asalto al centro de la ciudad, y constatando que el Palacio de Nariño estaba bien protegido, los terroristas abandonan ese capítulo del plan[770]. La Cruz Roja intenta una mediación pero su enviado es recibido a tiros de fusil por los atacantes. Belisario Betancur, que hasta ese día había hecho todo lo posible para llegar a una paz negociada con el M-19 (sin olvidar los 380 guerrilleros amnistiados al comienzo de su mandato), rechaza todo diálogo y exige a los terroristas una capitulación incondicional. La política de firmeza del jefe de Estado recibe el apoyo de todos sus ministros, de los ex presidentes de la República, de los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes. Con el aval del jefe de Estado, los militares responden inmediatamente a la agresión. Los tanques de asalto destrozan las puertas de bronce del Palacio y liberan a una veintena de rehenes. Entre ellos se encuentra Jaime Betancur Cuartas, magistrado del Consejo de Estado y hermano del jefe de Estado[771]. Con esa acción, los militares quiebran un objetivo clave de la primera fase de la toma del Palacio de Justicia: los atacantes querían apoderarse no sólo de Jaime Betancur sino también de una magistrada, Clara Forero de Castro, la esposa del ministro del Interior, Jaime Castro. Con esos dos rehenes de importancia, los terroristas estaban convencidos de que el jefe de Estado se vería en la obligación de abrir una larga negociación[772], como le había ocurrido al presidente Turbay ante la toma de la embajada dominicana. Más concretamente: ellos preveían que la toma del Palacio de Justicia duraría dos meses y terminaría en una brillante victoria revolucionaria.

No son más que sueños pues Belisario Betancur adopta una línea dura. Propone un único acuerdo a los guerrilleros: su rendición inmediata a cambio de un proceso imparcial “con todas las modalidades del derecho colombiano y universal”. Los atacantes no aceptan rendirse. Mientras los guerrilleros y las fuerzas del orden se engarzan en un duro combate ininterrumpido en los primeros pisos del Palacio, otro grupo de asaltantes prende fuego a los archivos de la Corte Suprema de Justicia. Un violento incendio se propaga rápidamente en los pisos superiores del edificio. Desde el interior del Palacio, bajo la presión de los jefes del comando terrorista, el presidente de la Corte, Alfonso Reyes Echandía, implora al presidente Betancur, en directo, por la radio y por teléfono, ordenar un alto el fuego. Betancur no cede. Explicará más tarde el porqué de su difícil decisión: para él “hay veces en que no se puede negociar lo que no es negociable”. Al final del día, el Ejército da el asalto definitivo y da muerte a la mayoría de los miembros del comando, el cual, algunos minutos antes del desenlace final, asesina a sus últimos rehenes. Entre ellos se encuentra Alfonso Reyes Echandía y la magistrada María Inés Ramos[773]. El 8 de noviembre, los colombianos se despiertan, se enteran de la horrible noticia y ven la imagen terrible del Palacio de Justicia incendiado y devastado. La recuperación del Palacio había costado la vida a 150 personas: todos los atacantes más a una serie de empleados de la administración y de la cafetería del Palacio, los visitantes, así como una parte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. Entre los militares y policías se cuentan seis muertos y 16 heridos. Dos de los asaltantes que habían salido del Palacio escoltados por la Policía son declarados más tarde como “desaparecidos[774]”. Esa operación defensiva empañará por siempre la imagen de Belisario Betancur. Pero también, y sobre todo, la del M-19. El Gobierno acreditará la tesis de la complicidad entre el M-19 y los traficantes de droga. La organización terrorista, según Betancur, habría tomado el Palacio de Justicia “para destruir los expedientes relativos a los narcotraficantes”. El asalto se había perpetrado precisamente el día en que los magistrados de la Sala Constitucional iban a decidir si el tratado de extradición con los Estados Unidos violaba o no la Constitución Nacional. Algunas semanas antes del asalto, los magistrados habían recibido amenazas de muerte de los traficantes de droga, los adversarios más decididos de ese tratado. Otro detalle: en el manifiesto que el comando del M-19 quería leer durante la toma del Palacio, la oposición a la extradición era explícita. A pesar de esos índices, las dos investigaciones oficiales sobre el asalto al Palacio de Justicia (bastante superficiales y realizadas muy rápidamente) concluirán en la imposibilidad de establecer una relación de causa y efecto entre los barones de la droga y el ataque del M-19.

El “tribunal especial” creado por el gobierno Betancur, que incluía a dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entregó sus conclusiones el 17 de junio de 1986. Las de la investigación realizada por el procurador general, Carlos Jiménez Gómez, se conocerán cinco días más tarde. Ambas son formales: no hay la menor prueba que permita decir que la toma del Palacio de Justicia “fue promovida, financiada o ayudada por alguna persona, grupo, entidad o movimiento, nacional o extranjero, distinto del propio M-19”. La investigación realizada por el juez 30 de Instrucción Criminal es rica en inconsistencias y en inverosimilitudes[775]. Sin embargo, varias personas cercanas a los magistrados muertos ese día están persuadidas de que la participación de los narcotraficantes en la preparación del asalto al Palacio de Justicia es “innegable[776]”. Otras víctimas creen saber que ciertos asaltantes mataron a varios rehenes antes del final de la operación. El testimonio del magistrado superviviente Hernando Tapias Rocha, quien explicó que los guerrilleros lo habían obligado a ponerse de rodillas y que le habían disparado por la espalda, es sobrecogedor. ¡Sin embargo, ese testimonio será rechazado por el juez 30! Otro hecho asombroso: la Sala Constitucional debía deliberar el 6 de noviembre sobre la extradición de los nacionales. Uno de los magistrados, Alfonso Patiño Roselli, había redactado un proyecto de sentencia en la que negaba las pretensiones de Julio Uribe Restrepo, un agente de la familia Ochoa, ligada al cartel de Medellin y partidaria encarnizada de la no extradición. Desgraciadamente, el asalto contra el Palacio de Justicia impidió a la Corte expresarse en ese sentido: todos los miembros de esta sala murieron: Alfonso Patiño Roselli, Manuel Gaona Cruz, Ricardo Medina Moyano y Carlos Medellin Forero. La misma suerte le estaba reservada a Alfonso Reyes Echandía quien, como corredactor del nuevo Código Penal, había introducido la posibilidad de obtener la extradición de nacionales.

La prensa internacional dará el 9 de noviembre titulares sin equívocos: para el diario socialista Le Matin, de París, esa acción fue “el suicidio del M-19”. Para El País, de Madrid, esa toma constituye “un golpe mortal para el M-19”. En su editorial el matutino español dirá: “La toma del Palacio de Justicia planteaba un reto directo al poder. Realizar un acto de ese carácter para pedir la publicidad de la radio y de la prensa escrita —tales fueron las exigencias presentadas— demuestra un grado de irresponsabilidad, quizá de desesperación, que desborda todo lo imaginable”. A principios de enero de 1986, el Gobierno colombiano revela que entre las armas utilizadas por los atacantes del Palacio había fusiles y pistolas-ametralladoras de origen nicaragüense. La explicación “pronta y satisfactoria” sobre el porqué de ese hecho grave, pedida por Augusto Ramírez Ocampo, ministro colombiano de Relaciones Exteriores, a su homólogo nicaragüense, Miguel d’Escoto, no será seguida de efectos. La nota de Ramírez decía que el Gobierno colombiano “no comprendería que actos de apoyo al terrorismo puedan ser hechos por un gobierno amigo”. Fue mediante esa traición, en efecto, que el régimen marxista de Managua agradeció a Bogotá el haber puesto siempre obstáculo, con el Grupo de Contadora, a la actividad de Washington contra la intervención de Cuba en los asuntos de Nicaragua.

Algún tiempo después, el Consejo de Estado y el procurador general de la Nación, considerándose víctimas de la acción de los militares (y no de la acción de los terroristas), condenarán al Estado colombiano por los hechos del Palacio de Justicia. En sus documentos, concentran el fuego de su crítica contra el Poder Ejecutivo alegando que las autoridades no habían adoptado medidas preventivas especiales para la protección del Palacio, ya que, a su modo de ver, algunos días antes de la tragedia, Policía había detenido a guerrilleros que tenían en su posesión los planos del Palacio. En efecto, el 6 de noviembre, la vigilancia del edificio parecía descuidada. De hecho, desde agosto de 1985 los traficantes de droga habían aumentado sus amenazas contra el Palacio de Justicia. Pero las medidas de seguridad instauradas por la Policía (controles de identidad, presencia de vigilantes, etc.) molestaban a los magistrados y a los abogados y las medidas habían sido reducidas. El Consejo de Estado criticará también la forma como los rehenes fueron salvados y los medios utilizados, considerados como “excesivos”, por los militares en la operación. No es todo. Dos de los oficiales que dirigieron las operaciones, el general Jesús Armando Arias Cabrales, comandante de la Brigada de Institutos Militares de Bogotá, y el coronel Edilberto Sánchez Rubiano, jefe del B2, serán destituidos por el procurador general de la Nación, Carlos Jiménez Gómez, “por haber extralimitado sus funciones”, sin que el presidente Betancur dijera nada. El coronel Luis Alfonso Plazas Vega, quien había participado también en la batalla del Palacio de Justicia, es retirado del servicio activo[777]. Tal incongruencia por parte de la oficina del procurador y del presidente de la República, irritó a las Fuerzas Armadas y asombró a muchos observadores. En dos ocasiones, parlamentarios de izquierda, respaldados por el procurador, intentaron abrir ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes un proceso contra el presidente Belisario Betancur y contra el ministro de Defensa, general Miguel Vega Uribe. Nueve meses después de la tragedia, el procurador Jiménez Gómez volvió a la carga: firmó el prólogo de un libro-recopilación de artículos de prensa sobre los hechos del Palacio de Justicia[778]. De 25 páginas, ese prólogo es poco más o menos surrealista. Ataca violentamente al Ejército, al presidente Betancur y a la “clase política”, y exceptúa de toda crítica a los autores del ataque sangriento al Palacio de Justicia. Es evidente que para Jiménez Gómez el crimen no fue el asalto al Palacio sino la réplica del Estado. Según él, el Gobierno debía haber dejado de lado la legislación ordinaria y adoptar, en cambio, el “derecho de gentes”, es decir suspender la acción militar y negociar la liberación de los rehenes. En la otras palabras, plegarse ante lo que los terroristas exigían. Jiménez Gómez reconoce que el país vive una guerra y que los militares liberaron a 215 rehenes, 70 de los cuales salieron una vez terminada la labor de rescate del edificio. Ello no le impide decir que “no hubo una política de rescate de rehenes”. No le impide tampoco mostrar a los terroristas como gente inofensiva: como “malandrines”, “revoltosos” y “simples insurrectos”. La acción de éstos es descrita como una simple “refriega”, rehusando admitir que se trataba, en realidad, de un acto terrorista particularmente grave y masivo que requería una respuesta firme[779].

Hasta hoy, gran número de misterios se tejen aún sobre el sangriento episodio del Palacio de Justicia, ya que el Estado colombiano se abstuvo de convocar una verdadera comisión de investigación. Ciertamente, el M-19 pidió años después perdón por ese crimen pero sus representantes distan mucho de querer decir todo lo que saben sobre ese doloroso tema.

¿HACIA UNA FASE DE EXPANSIÓN?

Herido, desacreditado, el M-19 se repliega como puede al sur del país. A mediados de enero de 1986, Augusto Lara, uno de los fundadores de esa organización, es asesinado en Bogotá[780]. En el Cauca, el M-19 llega a construir un campamento para 300 combatientes de la coordinadora guerrillera. Atacan una patrulla del Ejército, matan a ocho soldados y toman otros tres rehenes. Pero cometen un error: los llevan al campamento, que ellos creían inexpugnable. El Ejército acepta el reto y envía tres batallones con tanques y helicópteros. El ataque es brutal. El campamento es destruido y los guerrilleros pierden 19 hombres. Nueva desbandada de los insurrectos. Los militares detienen a tres periodistas franceses en el lugar de los hechos. Los soldados liberados dicen que los rebeldes están construyendo una nueva unidad llamada “batallón América”.

Ese “batallón América”, que está ya en actividad, es dirigido por Otty Patino. Sus reclutas son militantes de extrema izquierda venidos de Cuba, Ecuador, Perú, Panamá, Venezuela e incluso de los Estados Unidos. A pesar de esa innovación, el M-19 atraviesa realmente una verdadera crisis, ya que la ofensiva del Ejército contra esa columna mercenaria es fuerte. Durante nuevos combates, cerca de 200 guerrilleros del M-19 son abatidos, a pesar de la existencia de la famosa coordinadora guerrillera y de su batallón de aventureros, el cual es prácticamente pulverizado a finales de febrero de 1986, tras la muerte de 80 de sus miembros[781]. Peor, uno de los pilares “históricos” del M-19, Álvaro Fayad, el instigador del asalto al Palacio de Justicia, es abatido por la Policía el 11 de marzo de 1986, en un allanamiento en Bogotá. El nuevo jefe del M-19 será de ahora en adelante Carlos Pizarro. Pero no logrará frenar la serie de fracasos. Y por una razón: confunde sus deseos con la realidad. Contra el dictamen de los otros líderes del M-19, Pizarro considera que su organización está en una fase de expansión, y que debe buscar choques frontales con el Ejército[782]. Un poco bajo la inspiración de las tesis de Jaime Bateman, había llegado a la conclusión de que los rebeldes colombianos debían “abandonar la táctica tradicional de la guerra de guerrillas” y disputar al Ejército, en condiciones iguales, el terreno. Pizarro ordena entonces la construcción de campamentos atrincherados rodeados de puestos avanzados, como en Yarumales. La ofensiva de los combatientes de Pizarro es fuerte ya que habían recibido armas modernas, enviadas por La Habana, donde se encontraba Antonio Navarro Wolf, quien se recuperaba de las heridas sufridas en un atentado en Cali[783]. Los rebeldes cuentan pues con un armamento semi-pesado, equivalente al del Ejército: morteros, cohetes, granadas rpg, granadas de fusil G3, así como equipos de radio ultramodernos[784]. A pesar de ese armamento y de la audacia de algunos de sus comandos, el M-19 será dispersado y expulsado de esa localidad.

El baluarte de Yarumales, desde donde los jefes del M-19 envían un comando para atacar a los militares en San Pablo, infligiéndoles pérdidas (se le había dicho a esa unidad que había una tregua vigente con esos guerrilleros), es finalmente cercado en diciembre por el Ejército. Antes de la ofensiva final de éstos, a principios de enero de 1985, la Comisión de Paz llega urgentemente al lugar en helicóptero y arranca a los militares una nueva orden de cese el fuego alegando un nuevo acuerdo de tregua. Los generales Miguel Vega Uribe, ministro de Defensa, y Hernando Díaz Sanmiguel, comandante de la m División del Ejército, obedecen. De hecho, ellos no están sorprendidos por esa contraorden del poder civil. El general Vega Uribe explicará más tarde que la orden de destrucción del campamento se había cancelado a último minuto ya que los insurrectos estaban utilizando como escudos humanos no sólo a la Comisión de Paz sino también a niños y a una parte de la población civil local. Así, las huestes del M-19 logran escapar con sus civiles, sus ancianos y sus niños[785] hacia el pico de Los Robles. Un mes después, el 7 de febrero, Jaime Castro, el ministro del Interior, confirmará a un periodista que el ataque al búnker de Yarumales había sido anulado pues la acción prevista por el Ejército, con bombardeos aéreos, habría pulverizado la colina y realizado una verdadera “masacre”. Ante ese riesgo, el general Vega Uribe había pedido autorizaciones explícitas al jefe de Estado ya que él mismo y sus hombres se hacían preguntas de ética y moral[786].

Decepcionado por el curso que toman las cosas, pero después de haber garantizado la firma del segundo acuerdo “de paz” con las FARC (el 2 de marzo de 1986), John Agudelo Ríos, el miembro más activo de la Comisión de Paz, dimite el 21 de julio de 1986. La periodista Laura Restrepo, también miembro de esa comisión, se había autoexcluido de hecho de la misma al faltar a la neutralidad y a la reserva que obligaba a todos los miembros de esa comisión (la cual debía determinar, entre otras cosas, quién de los protagonistas armados, la guerrilla o el Ejército, violaba la tregua) convirtiéndose desde agosto de 1984 en la novia de uno de los jefes del M-19, Antonio Navarro Wolf[787]. En cuanto a Alberto Rojas Puyo, la cuota comunista dentro de la Comisión de Paz, será mejor recompensado por sus extenuantes esfuerzos que John Agudelo Ríos: en efecto, Belisario Betancur lo envía a Praga en calidad de embajador de Colombia. En otras palabras, el jefe de Estado nombraba embajador de Colombia a un militante del partido extremista que controlaba las FARC, el adversario más resuelto del Estado y de la democracia colombiana. En realidad, la hazaña burocrática de Alberto Rojas Puyo, admirador de Tiro-fijo, abanderado de la teoría “de la exclusión sectaria de los comunistas” en los asuntos del Estado colombiano, y colaborador de L’Humanité, es un episodio que a los jefes del PCC no les gusta evocar en presencia de los militantes de base.

Para llevar a la práctica el nuevo capricho de Pizarro de los “choques frontales”, el M-19y lo que quedaba del “batallón América” deciden acercarse a Cali, ciudad de un millón de habitantes, para desencadenar una “insurrección”. El 19 de enero de 1986 lanzan el ataque con escaramuzas en Totoró, Paniquita y Morales. La población entra en pánico. El 12 de marzo llegan a Pance, un barrio periférico de Cali, pero son parados en seco por el Ejército. Éstos los atacan también en Villacarmelo. Después de cinco días de combates, los militares triunfan. Los rebeldes, que cuentan con por lo menos 30 muertos y decenas de heridos, huyen hacia las montañas. Son atacados de nuevo en las aldeas de Felidia y Yanaconas. La ofensiva militar contra el M-19, dirigida por el general Pedro Nel Molano, comandante de la III División del Ejército, es un éxito. A causa de sus delirios, Pizarro había hecho morder el polvo al M-19.

Tras esa serie de fracasos, Fidel Castro, impaciente, quiere ayudar aún a sus pupilos con una receta mágica: la unidad de acción de todas las organizaciones armadas. Para lograrla organiza en La Habana, en diciembre de 1986, una reunión de la coordinadora guerrillera colombiana. Los jefes de cinco bandas importantes llegan: el cura Pérez del ELN; Ernesto Rojas del EPL; Gabriel Borja del MIR-Patria Libre; Valentín González del PRT y Antonio Navarro Wolf. La reunión fracasa. La propuesta de Navarro de llegar a un “pacto nacional para un nuevo gobierno” no convence a nadie. Los “comandantes” regresan a casa sin nada en las manos. Antes de esa reunión, Antonio Navarro, con la complicidad de Fidel Castro, había hecho una discreta gira por varios países (Irán, Siria, Argelia, Alemania Oriental, Libia, Sri Lanka) donde esperaba poder comprar misiles tierra-aire para hacer la “guerra total” en Colombia. Otro fracaso. Sólo los libios se muestran dispuestos a suministrarle ese tipo de armas, a condición de que el M-19 se encargue del transporte aéreo directo de esa carga hasta Colombia. Para Navarro eso resulta imposible[788].

En abril de 1987, en un campamento del ELN, se reúne la segunda asamblea de la coordinación de las guerrillas en presencia de un nuevo miembro: el Movimiento Quintín Lame, creado en 1984[789]. El debate se atasca. Los únicos acuerdos que surgen son mejorar los mecanismos de infiltración del movimiento sindical y del movimiento social[790], y trabajar en favor de una “amplia convergencia nacional” de las guerrillas, incluso hasta con los ingratos de las FARC que los dejaban solos ante los empujones de las fuerzas del orden. Para el M-19 es, evidentemente, el tiempo de la amargura, del arrepentimiento y de la división interna. Y eso va a beneficiar a algunas de sus víctimas. Camila Michelsen, hija de una rica familia de Bogotá, había sido secuestrada por el M-19 para castigar a su padre, un conocido banquero, por haber huido del país después de la quiebra de su grupo. Cobardemente, el M-19 nunca había reivindicado ese secuestro. Después del desastre del Palacio de Justicia, la fracción más “política” del M-19 intuye que no pueden seguir más en eso. Su primera iniciativa es renunciar a la práctica innoble de los secuestros extorsivos. Contra el dictamen de los sectores más endurecidos, liberan a Camila. Encarcelada desde hacía dos años, ella será entregada finalmente a un equipo de periodistas de la televisión.

Pero los más cabezadura piensan convencer a sus camaradas más desmoralizados a golpes de fusil. En junio de 1988, después de haber secuestrado al ex candidato presidencial del Partido Conservador, Álvaro Gómez Hurtado (y de haber tamizado de balas el cuerpo de su guardaespaldas), y sin indicar, de nuevo, que ellos son los raptores de Gómez y los asesinos del guardaespaldas, el M-19 pide a Virgilio Barco, a través de la prensa, reanudar el diálogo con ellos. El jefe de Estado vacila. El secuestro de Álvaro Gómez había sido en realidad el resultado de una extravagante teoría enunciada por Carlos Pizarro. Imaginando que su organización se había convertido en el “representante” de las “mayorías nacionales” —⁠sin haber recibido en realidad ningún mandato de nadie— y considerando que esas mayorías estaban pidiéndole al M-19 “gobernar”, Pizarro reúne a su estado mayor para notificarles su decisión: de ahora en adelante el M-19 no combatirá ya a “las Fuerzas Armadas al servicio de la oligarquía” sino a la propia oligarquía, ya que ésta, puesta contra la pared mediante actos terroristas, terminará, según él, por entregar el poder y el M-19 se fusionará en seguida “con las Fuerzas Armadas”. El secuestro de Álvaro Gómez se situaba en esa perspectiva y constituía el primero de esos actos de fuerza[791]. Megalomaníaco que se tomaba por un Simón Bolívar vivo, Carlos Pizarro escribe a su rehén. Intenta convencer a Gómez de sumarse a su “combate” para “salvar a Colombia”. Valerosamente, Álvaro Gómez se niega a desempeñar ese curioso papel y a servir de coartada a los secuestradores. Durante semanas, los amigos del político entran en contacto con jefes del M-19, ocultos en Costa Rica, México y Panamá. En las conversaciones, el M-19 formula una condición para liberar al líder conservador: tener un “diálogo con la nación”. Las negociaciones continúan y finalmente el utopismo de Pizarro es derrotado, ya que los guerrilleros se satisfacen con una reunión en la Nunciatura de Panamá, sin ningún verdadero alcance político, entre algunos representantes del M-19 y 12 protagonistas políticos colombianos de segundo orden, el 14 de julio de 1988. Seis días después, Álvaro Gómez Hurtado es dejado en libertad.

Esa “liberación” abre a pesar de todo la vía para una rendición posterior del M-19, la cual tomará la forma, propaganda obliga, de un “acuerdo de paz” con el Gobierno. En realidad, a esas alturas, los jefes del grupo terrorista, desestabilizados por la ofensiva de las Fuerzas Armadas, ya se habían puesto de acuerdo: es necesario transformarse en movimiento legal sin más retrasos. Esos hombres habían llegado, por fin, por senderos tortuosos y diversos, a una misma certeza: ellos perdieron la guerra. Incluso posibles victorias minúsculas contra el Ejército no cambiarán las cosas. Ellos saben, por otra parte, que están solos ante una derrota futura aún más explícita, ya que ni las FARC ni el ELN vendrán a socorrerlos. El descrédito producido por la terrible acción del Palacio de Justicia había destruido su imagen de guerrilla “simpática”. La verdadera naturaleza criminal de sus acciones había sido plenamente develada y eso comenzaba a pesar enormemente sobre ellos. En octubre de 1988, la coordinación de guerrillas (CNGSB) se reúne y propone un nuevo “diálogo de paz”. Pero para el Gobierno ese llamado no es más que otra mascarada y hace saber que está dispuesto a discutir de paz con los que él elija y no con la CNGSB. Carlos Pizarro salta sobre la ocasión y se pone en contacto (de manera indirecta) con el Gobierno, a pesar de las críticas de las FARC que ven cómo Virgilio Barco estaba así rompiendo la unidad de los grupos armados[792]. Carlos Pizarro hace como si exigiera que el diálogo fuera abierto a la CNGSB, pero él ya no está en condición de imponer nada. La única salida es entregar las armas, abandonar la lucha violenta y obtener una especie de amnistía. Ese brusco cambio de orientación no es fácil de presentar a los militantes. En desacuerdo con el viraje de la organización, la columna Jorge Eliécer Gaitán, del Tolima, se niega a acatar la orden de Pizarro de ir hacia el bastión de Santo Domingo. En cuanto a La Habana, la decisión del M-19 cae muy mal. Carlos Pizarro ni siquiera se atreve a ir personalmente a rendir cuentas. No obstante, envía a Cuba a una de las dirigentes, Vera Grabe Loewenherz. Ella se reúne, en noviembre de 1989, con los hombres claves: varios altos militares, el equipo del departamento América y su jefe, el tenebroso Manuel Piñeiro Losada, alias Barbarroja, muy estrechamente vinculado a las operaciones de inteligencia y terrorismo de los servicios cubanos en el extranjero. Los cubanos están consternados. Piñeiro intenta hacer cambiar de idea al M-19. Vera Grabe constata que la decisión del M-19 “era, para ellos, una herejía llena de incertidumbres[793]”. Pero ella resiste. Y, además, los tiempos habían cambiado: en Berlín el muro iba a caer pronto y Fidel Castro mismo, sin la protección de la Unión Soviética, no estaba ya en posición de hacer la lluvia y el buen tiempo a su antojo. Después de ese encuentro, Vera Grabe hará una misteriosa visita a Berlín Este (dirá después que quería ver a su madre). Algunos de los jefes del M-19 confirman a continuación que la lucha armada no es ya de actualidad, que la lucha contra “el sistema oligárquico” era legítima pero que es necesario hacerla cambiando de métodos.

Esas explicaciones no eran más que un señuelo, pues el análisis de los jefes más lúcidos del M-19 será otro, profundo y definitivo. Aunque guerrilla con bases logísticas en el campo, el M-19 era la organización rebelde más urbana de todas. Era, por lo tanto, el grupo armado que tenía el contacto más directo con la realidad social y política del país.

En eso, la diferencia con las FARC era flagrante: los jefes “históricos” de las FARC, cuya palabra era omnipotente e incuestionable dentro de sus filas, son individuos que permanecieron sencillamente aislados en selvas y montañas durante más de cuatro décadas, con una visión de la realidad nacional e internacional bastante deformada. Las FARC, además, son una organización armada con autonomía política muy relativa a fuerza de haber vivido durante más de treinta años bajo el control de un poder exterior a ella, soviético. Lo que no era (al menos aparentemente) el caso del M-19, a pesar de sus compromisos con el régimen de Fidel Castro y con los sandinistas de Nicaragua. Para resumir, los jefes más lúcidos del M-19 habían descubierto, por fin, que muchas de sus evaluaciones y de sus ideas políticas básicas eran erróneas y que la solución a los problemas de Colombia no pasaba inevitablemente por las angustias y tormentos de una guerra civil. Las consecuencias de esa toma de conciencia serán pronto visibles. En realidad, la fascinación que Jaime Bateman había podido ejercer durante su vida sobre los cuadros y la base del M-19 se apagaba. Bateman había ejercido sobre ese grupo una influencia emocional más que una autoridad política e intelectual sobre bases fiables. En cuestión de programa, por ejemplo, el M-19 nunca había tenido la menor idea[794]. El programa verdadero del M-19 era la praxis, la acción y sus resplandores embriagantes. Por ejemplo, el hecho de apoderarse de la espada de Bolívar, una “operación” de escaso riesgo, había sido, para ellos, portador de certezas: ese acto “heroico” habría confirmado que ellos llegarían tarde o temprano a desbaratar la democracia liberal colombiana.

Una vez liberado Álvaro Gómez, el M-19 vuelve a entablar discretas negociaciones con el Gobierno y llega a un acuerdo de paz definitivo con el jefe de Estado. El 8 de marzo de 1990, en presencia de delegados de la Internacional Socialista[795], y sin avisar a las otras guerrillas, el M-19 destruye públicamente sus fusiles, como lo exige el Gobierno, y se da un nuevo nombre: la Alianza Democrática. Al día siguiente, las dos partes firman, en el pueblo de Santo Domingo, el armisticio que abre al M-19 la vía a la integración legal en la vida política del país. El 10, Pizarro y Navarro firman en el Palacio de Nariño de Bogotá un acuerdo político con el presidente Virgilio Barco, quien decreta inmediatamente la amnistía para el M-19. La política de “perdón y olvido” del presidente cubrirá todos los crímenes y delitos cometidos por esa organización, incluidos aquellos relacionados con la horrible toma del Palacio de Justicia[796]. Las FARC, por su parte, condenan violentamente ese acuerdo de paz calificándolo de “traición”.

Durante quince años, el M-19 se había dedicado a empujar al Estado democrático colombiano a autodestruirse tomando medidas represivas para combatir el terror. Al entregar las armas, los jefes de la guerrilla falsamente “nacionalista” reconocían el fracaso de esa estrategia y el fracaso a largo plazo de la lucha armada en Colombia. Antes de su hundimiento, el M-19 había sido también la herramienta con la cual los marionetistas, ante el fracaso de las teorías del “foco”, de la autodefensa, del terrorismo urbano, de la guerra campesina, ensayaban una nueva teoría sobre la toma “revolucionaria” del poder en América Latina. Según ellos, la conquista del poder podía hacerse, ahora, por vías disimuladas, escamoteadas, mediante la construcción de frentes políticos, mediante la penetración del aparato del Estado, realizando acuerdos secretos con los militares “progresistas”, e incluso a través de la participación en el Gobierno. La cosa se presentaba más o menos así: es necesario establecer las más amplias alianzas, incluso con los partidos del Establecimiento, y no solamente con los grupos de izquierda, para constituir un gobierno dedicado, no a la destrucción del capitalismo, sino a la “liberación nacional”, es decir a aislar el país de la influencia norteamericana, y para avanzar no hacia la democracia (objetivo prometido) sino hacia una “democracia popular” (objetivo ocultado). Es precisamente de eso que Navarro Wolf había tratado de discutir en La Habana, en diciembre de 1986, con los otros jefes de la guerrilla colombiana, a quienes él había exhortado a trabajar duro en la constitución de un “pacto nacional por un nuevo gobierno”. Es de eso también que, más tarde, en junio de 1988, Carlos Pizarro hablará, de manera bastante confusa, afirmando que el M-19 debía “ser gobierno”.

EL POLO DEMOCRÁTICO

Tras su disolución, el M-19 se organiza rápidamente bajo el nombre de Afianza Democrática, para participar en las elecciones legislativas del 11 de marzo. Fuera de los ex guerrilleros, en sus filas hay liberales de izquierda y conservadores “de vanguardia”, comunistas, ex comunistas y socialistas. Durante la noche del escrutinio, el nuevo movimiento se entera de que había obtenido 31.147 votos. Vera Grabe es elegida miembro de la Cámara de Representantes. El nuevo partido está feliz. Obtiene también algunos escaños en los concejos municipales de Bogotá y de otras ciudades. Pero de repente, la desgracia vuelve a golpearlos. Carlos Pizarro, el número uno del M-19, candidato a la elección presidencial de mayo, es mortalmente herido el 26 de abril de 1990, en la cabina de un avión de línea en pleno vuelo, por un joven sicario bajo órdenes del jefe paramilitar Carlos Castaño. Ese asesinato desencadena una viva emoción en el país pero no afecta la voluntad de los dirigentes del M-19 de seguir en la legalidad. Por otra parte, el asesinato de Bernardo Jaramillo, candidato de la Unión Patriótica, obliga a esa fuerza vinculada al Partido Comunista a retirarse de la competencia electoral. Nombrado candidato de la ad, Antonio Navarro Wolf canalizará así el electorado de izquierda y obtendrá un 12,5% del total nacional de votos, cifra nunca antes alcanzada por ningún otro candidato de ese sector de la opinión.

La espada de Bolívar, robada en un museo de Bogotá el 17 de enero de 1974, reaparecerá en febrero de 1991, durante la apertura de los debates de la Asamblea Constituyente, donde el M-19, con un 27% de los votos, desempeña un papel importante. Tras el robo, la espada había sido ocultada en la casa del poeta Luis Vidales, ex dirigente del Partido Comunista Colombiano. Enseguida, fue emdada, en el más grande secreto, a la embajada de Cuba en Panamá. De allí caerá en manos de Manuel Piñeiros, alias Barbarroja, un jefe de espías de Fidel Castro y “gran amigo” del M-19, según el propio Navarro Wolf[797]. La Alianza Democrática se transformará en los meses que siguen en un partido moderado cercano de la socialdemocracia internacional. La AD quería ser admitida como miembro de la Internacional Socialista, pero su candidatura fue rechazada (la masacre del Palacio de Justicia no había sido aún olvidada en los salones de la izquierda parisina) y el Partido Liberal colombiano ocupará ese lugar. En las elecciones legislativas de octubre de 1991, la AD obtiene un 9% de los votos. Las alianzas politiqueras de los amigos de Navarro Wolf con algunos caciques liberales y conservadores había decepcionado a los electores. Navarro y los otros no salen contentos. Sin embargo, tendrán derecho a ocupar nueve escaños en el Senado y trece en la Cámara de Representantes. Algunos politólogos[798] habían acusado a la AD de no querer construir un verdadero movimiento político sino estar interesados en tener cargos en el Poder Ejecutivo. El 24 de noviembre de 1992, la AD sale del Gobierno para protestar contra la política social del presidente César Gaviria: Gustavo de Roux, ministro de Salud, dimite, así como varios altos funcionarios de ese ministerio que pertenecían al antiguo M-19. La AD admite que las medidas de excepción adoptadas por el Gobierno son necesarias para combatir a las FARC y a los otros insurgentes del país (una serie de atentados contra los oleoductos habían sido cometidos en esos días por el ELN, al mismo tiempo que el Ejército realizaba una fuerte ofensiva contra varios frentes de las FARC después de la masacre de Orito), pero considera que es necesario dejar la “puerta abierta” para encontrar una “solución negociada” con las guerrillas[799]. Sin embargo, Antonio Navarro Wolf, ex ministro de Salud y miembro del Consejo Nacional de la Paz, subraya una vez más que la guerrilla no tiene futuro en Colombia. Estima que esas organizaciones están “aisladas y petrificadas en su propia verdad irreal”. Él les pide “ser al menos conscientes de los efectos negativos de sus actos sobre la sociedad[800]”. Al mismo momento, la AD intenta tejer vínculos con las Fuerzas Armadas. ¿Para qué? Para impulsar su doctrina y ganar adeptos. A finales de 1992, responsables de la AD se entrevistan con un grupo de altos mandos. Entre ellos se encuentra el general Ramón Emilio Gil Bermúdez, comandante de las Fuerzas Armadas. La AD afirma: “El Ejército es una rama del Estado, ciertamente, pero no lo es del Gobierno. Luego los grupos de la oposición deberían poder expresarse también dentro del Ejército”. Los militares toman esa tesis como no recibida[801].

En agosto de 2002, Navarro Wolf, convertido al neokeynesianismo, sigue su carrera política como senador de un nuevo grupo de extrema izquierda, muy activo, denominado Polo Democrático. Admirador de Hugo Chávez y de Fidel Castro, el PD tiene un programa social que preconiza la creación por el Estado de un sistema de subsidios que garantice a la población más pobre soluciones en materia de alimentación, salud y educación. El PD aspira a construir un movimiento político similar al de Ignacio Lula da Silva, en Brasil. Sin embargo, al negarse a abrir sus archivos a los historiadores y a los investigadores, el grupo constituido por los antiguos militantes del M-19 se aísla de la opinión pública la cual pide que toda la luz sea hecha sobre el pasado de esa organización, en especial sobre sus anteriores conexiones con los traficantes de droga y con el régimen de La Habana y sobre otros aspectos del período en que practicaba la violencia extrema.

Sobre las excelentes finanzas del M-19, que permitían, por ejemplo, a sus líderes y a sus combatientes tener un buen standing, incluso en la selva, el investigador Mauricio Rubio considera[802] que hay “contradicción” entre ese fenómeno y la alegación según la cual el tesoro del M-19 venía “del rescate obtenido al final de la toma de la Embajada de la República Dominicana en Bogotá”. Otra alegación, desestimada por Mauricio Rubio, es que las finanzas del grupo terrorista procedían de los secuestros. Eso no es probable, dice el investigador, ya que el M-19 “no recurrió a ellos de manera masiva”. Por el contrario, la pista de una financiación venida del narcotráfico parece ser la más plausible. Mauricio Rubio menciona el testimonio de un antiguo miembro del M-19 que, a principios de los años ochenta, fue enviado a Nueva York para “montar operaciones de robo a distribuidores de cocaína”. Según ese testimonio, “simpatizantes del M-19 tenían la capacidad de distribuir cocaína en el mercado norteamericano pero, por razones políticas, el resto de la organización no conocía esos esquemas”. En su obra, Vera Grabe hace algunas sutiles alusiones a una relación “amistosa” con el cartel de Medellin, basada en una “solidaridad de clase[803]”. Rubio añade que Álvaro Jiménez, otro líder del M-19, “menos ingenuo y quizá más cínico”, habla de relaciones “funcionales y utilitarias” con los traficantes de droga y proporciona detalles que ponen de manifiesto que éstas “fueron estrechas y ello durante un largo período”. Hasta el punto de que la calamitosa invasión del Palacio de Justicia habría sido el resultado de una especie de contrato realizado entre el mismo Pablo Escobar y dos jefes del M-19. Según John Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye, el brazo derecho de Pablo Escobar en los años ochenta, Álvaro Fayad e Iván Marino Ospina se entrevistaron con Escobar para pedirle que les financiara esa operación. “Voy a darles dos millones de dólares pero habrá otros cinco que les espera al final de la operación”, habría anunciado el jefe mafioso, quien según Velásquez les habría ordenado matar a los magistrados porque ellos habían “aprobado la extradición[804]”. Por otra parte, los ex activistas del M-19 nunca han aceptado retirar el velo de misterio que rodea aún hoy el asesinato de José Raquel Mercado. ¿Quién disparó contra el líder sindical? ¿Por qué[805]?

Mientras las numerosas preguntas sobre el pasado del M-19 permanezcan sin respuesta, Navarro y sus amigos no podrán aspirar a las más altas responsabilidades políticas. Sobre todo teniendo en cuenta que otro oscuro asunto estalló entre antiguos combatientes del M-19 y sus ex “comandantes”, hoy miembros del Parlamento. Resulta, en efecto, que algunos desmovilizados “de base” descubrieron por casualidad que Otty Patiño estaba concluyendo un protocolo definitivo de acuerdo con el Estado colombiano sobre las sumas que éste había pagado anteriormente por ayudas a la desmovilización de los guerrilleros después de su rendición de 1990. Dado que los militantes ordinarios no habían recibido un solo peso de tales sumas (35.000 millones de pesos), pidieron a sus antiguos jefes explicarse públicamente al respecto y pagarles el dinero al que tenían derecho. En total, son 400 individuos que ignoraban todo acerca de la maniobra de Otty Patiño. Entre ellos hay algunos que participaron en el asesinato del dirigente sindical José Raquel Mercado y en los combates de Yarumales. Muchos de ellos no habían recibido ayuda alguna y otros, especialmente los campesinos, están hoy más necesitados que antes de la rendición. El 24 de octubre de 2003, los desmovilizados del M-19 enviaron una carta a Antonio Navarro Wolf, Otty Patino, Vera Grabe, Gustavo Petro y Rosemberg Pabón, quejándose de la “falta de equidad” en la distribución de esas ayudas. Otty Patino contestó que el M-19 no existía ya, que ahora él no era el portavoz de los desmovilizados y que “el Gobierno es el que debe rendir cuentas”. Gustavo Petro y Everth Bustamante respondieron generalidades. Por lo que se refiere a Antonio Navarro y a Rosemberg Pabón, la prensa no pudo obtener sus posiciones: ellos estaban de viaje en el extranjero[806]….

El último avatar del Polo Democrático es la inclusión en sus filas del Partido Comunista Colombiano. En pleno retroceso, éste se incrusta en la organización de Navarro Wolf e intenta incluso tomar la dirección. El PCC avanza encubierto con su nueva estrella, Luis Eduardo Garzón, 53 años, antiguo militante del PCC y de la Unión Patriótica, ex presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), pues “Lucho” Garzón tiene viento en popa. Colocándose “bajo el signo del charme”, como dirá el diario francés Libératión[807], él se hace elegir candidato de la izquierda para las elecciones presidenciales de mayo de 2002. Vencido de lejos por el candidato liberal disidente Álvaro Uribe Vélez, Luis Garzón realiza una verdadera proeza al ser elegido, algunos meses más tarde, en 2003, alcalde mayor de Bogotá. Garzón, quien se hace llamar “el Lula colombiano”, es un hombre de ambiciones. Sin embargo, su trayectoria política es diferente de la del jefe de Estado brasileño. Garzón, en efecto, nunca rompió con su pasado político marxista-leninista. Se declara contrario al modelo económico capitalista y cree saber que el Estado colombiano es “bárbaro”. “Fui militante del Partido Comunista. No reniego nada”, reitera. Del pasado de su partido él está orgulloso: “Le reconozco al PC una herencia histórica en la defensa de los derechos humanos y su lucha permanente en favor de la democracia”. En otras palabras, a pesar de sus aires de izquierdista posgorbacheviano, “simpático y disponible”, Lucho Garzón evolucionó poco ideológicamente. Su incapacidad para pensar la democracia, y para entender lo que es el comunismo, permite entrever que interpreta mal el planteamiento político del presidente Lula[808].

8.

LA IRRUPCIÓN DEL CRISTIANISMO EN LA REVOLUCIÓN

UNA CURIOSA REUNIÓN EN VIOTÁ

La Iglesia católica colombiana sufrió también los asaltos del marxismo y de las redes cristianas más radicales. El caso más notorio en Colombia (pero no el único) es el del “grupo de Golconda”, un movimiento que proclama, después de la muerte del sacerdote Camilo Torres, que la Iglesia debía dar al mundo un testimonio de pobreza. Bajo esa bandera, va a invitar a los cristianos, sobre todo en los años 1968, 1970 y 1980, a comprometerse “en las distintas formas de acción revolucionaria contra el imperialismo y la burguesía neocolonial”. En realidad, el grupo de Golconda se forma bajo los auspicios del Partido Comunista Colombiano, al menos en su fase inicial. La primera reunión (semiclandestina) de ese grupo es entre el 5 y el 9 de agosto de 1968, algunos días antes del Congreso Eucarístico Internacional de Bogotá, en la hacienda Golconda de Viotá, pueblo tradicionalmente tenido bajo el control político (y militar durante varios años) del PCC. La seguridad y la orientación ideológica de esa reunión estuvieron garantizadas por cuadros de este partido. Esa primera reunión, a la que asistirá una cincuentena de sacerdotes, será presidida por monseñor Raúl Zambrano, obispo de Facatativá, uno de los pueblos claves del PCC desde la época de las “repúblicas independientes”. En realidad, la reunión de Viotá formaba parte de una serie de actividades subterráneas internacionales destinadas a instrumentalizar una parte del clero latinoamericano en vísperas de la visita del papa Pablo VI a Colombia y de la apertura de la Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM) en Medellín. Cuatro meses antes del cónclave de Viotá, L’Humanité publica un artículo intitulado “Comunistas y cristianos”, donde Antoine Casanova destaca la importancia que el PCF concede a la convergencia entre ateos y cristianos. En cuanto a los comunistas italianos, ellos estaban también en plena efervescencia ideológica sobre el tema de los grandes méritos del diálogo con los católicos hasta el punto de que el Osservatore Romano, órgano del Vaticano, se apresuró a responder qué los cristianos “no tienen la intención de confiar la dirección de sus conciencias a los comunistas o a un Estado controlado por ellos y que la unidad política de los católicos italianos sigue siendo necesaria hoy como ayer[809]”.

Para dar una impresión de autenticidad, el encuentro de Viotá es mostrado como la iniciativa de dos eclesiásticos norteamericanos radicados en Lima, que habían obtenido el apoyo de la Confederación Latinoamericana de Sindicatos Cristianos (CLASC). El objetivo declarado era suscitar la creación de “grupos de trabajo” en el ámbito religioso, similar a los que ya existían en Chile, Perú y Argentina[810]. Era una época en que la propaganda castrista, que juraba haber encontrado la solución a la miseria del pueblo subdesarrollado, proponía el violento modelo cubano como alternativa al capitalismo. Si se añade a eso las interpretaciones aventureras que algunos marxistas hacían del Evangelio y de las conclusiones del Concilio Vaticano II, se puede tener una idea del coctel explosivo que estaba siendo preparado y que va a causar la pérdida de centenares, si no de miles, de espíritus jóvenes sedientos de justicia social. Algunos de ellos ingresarán más tarde a las guerrillas, otros se lanzarán a confusas y duras luchas “anticapitalistas” que sólo desembocarán en tragedias y nuevas miserias.

El activismo de la CLASC había sido vacilante, si no contradictorio, en los primeros años de esa agitación específica. En septiembre de 1965, ese organismo había patrocinado una reunión en Medellín donde la CSTC, central sindical de obediencia comunista, vota una huelga general[811]. En esa ocasión, el padre Camilo Torres, ayudado por el PCC, participa en reuniones en Medellín hasta el punto de que el grupo demócrata-cristiano cambia de parecer y retira su apoyo a la plataforma política del Frente Unido, lanzada por Camilo Torres, indicando que su acción es “demasiado marxista y de tipo chino”. Algunos días más tarde, la cl asc alerta también a sus miembros contra el peligro comunista: “La presencia del sindicalismo cristiano en la primera reunión nacional del MOEC, realizada en Medellin del 17 al 20 de septiembre, permite, con pleno conocimiento de causa, invitar a los colombianos a reflexionar sobre el inminente peligro que amenaza a Colombia y que el comunismo intenta aprovechar. El país no será salvado sometiéndose a la economía imperialista y capitalista de los Estados Unidos, pero tampoco convirtiéndose en el lacayo del imperialismo comunista, ya sea de Moscú o de Pekín. Colombia necesita una revolución nacionalista inspirada en la civilización cristiana[812]”.

La influencia de las ideas del padre Lebret, de la orden dominica y sociólogo buen conocedor de los problemas de América Latina, era patente entre algunos activistas de la cl asc, pues en enero había declarado esto en Bogotá: “Colombia no podrá evitar graves desórdenes si no realiza un cambio radical en la mentalidad de sus clases dirigentes. Si éstos no son capaces de realizar, con el pueblo y sobre la base de un programa constructivo, una revolución pacífica, otra revolución terrible y sanguinaria será inevitable. […] Los males que aquejan a este país son muy profundos y los partidos tradicionales son clientelistas. Ellos se han mostrado hasta ahora impotentes para realizar las grandes reformas que se imponen. No se puede triunfar sobre el comunismo si no se trabaja mejor que él. Es indispensable propagar la esperanza mediante una serie de medidas coherentes que anulen las acusaciones de los comunistas contra el régimen capitalista[814]”.

LABORATORIOS DEDICADOS A LA TEOLOGÍA

Pero más fácil era decir que hacer, respecto de eso de “trabajar mejor que el comunismo”. Sobre todo en una época en que nadie o casi nadie era capaz de adivinar que las campañas de penetración de esa ideología totalitaria contaban con las más altas complicidades internacionales. La prueba es lo que pasó incluso en el Congreso Eucarístico Internacional de agosto de 1968, cuando el legado del papa Pablo VI, el cardenal Lercaro, de Bolonia, más conocido como “el arzobispo de los pobres” y ardiente partidario del diálogo con los comunistas, llega a Bogotá y hace sensación con sus discursos incendiarios contra la explotación capitalista. Después de él (pero antes de la llegada de Pablo VI), es un grupo de religiosos venido de Europa el que pronuncia conferencias muy “avanzadas” delante de un conjunto estupefacto de 500 a 600 seminaristas y licenciados en teología. Entre los brillantes oradores se encuentra el padre Thierry Maertens, de Brujas, el padre Bigo, de París, y el hermano Max Thurian, vice prior de Taizé. En esos mismos días, los activistas de la CLASC se consagran a la distribución de 50.000 fascículos en los que se preconiza una “revolución total que llevará al poder a los delegados elegidos directamente por el pueblo trabajador”, según el relato hecho por Henri Pesquet, enviado especial del diario Le Monde[814]. Ese diario publica en esa ocasión una “carta de los presos colombianos que denuncian las torturas de sus camaradas”. En otras palabras, un botafuego contra el Ejército colombiano inspirado obviamente por los guerrilleros detenidos en los meses anteriores y transmitido a Le Monde por un “sacerdote especialista en América Latina”.

En las librerías se vende Plataforma conciliar, obra explosiva de Manuel Alzate, sacerdote de Cali, que contiene un violento requisitorio contra la Iglesia colombiana y los “privilegios del alto clero”, culpables, según Alzate, de “incomprensión del mundo moderno”. Ante el alegre festival de incoherencias de la minoría de activistas religiosos, el enviado especial de Le Monde se pregunta si, al fin y al cabo, esa gente no exagera un poco. El periodista termina por concluir en uno de sus artículos que “Colombia de todas formas no es el país de América Latina donde la situación es la más dramática”. Durante los tres días de su permanencia en Colombia, el Papa critica en varias ocasiones a los “ultras” de la Iglesia. Ante una pregunta que le hacen sobre si las condiciones de América Latina justifican el empleo de la violencia, responde que la violencia no es una solución en ningún caso para los problemas del continente. Dará la misma respuesta más de cinco veces. “Pablo VI tomó claramente sus distancias respecto de los cristianos, teólogos, sacerdotes o laicos que consideran que el recurso a la violencia y a la revolución puede ser en última instancia el medio más apropiado para responder a las violencias de hecho del orden establecido”, resumirá Le Monde[815]. En esos días, las tropas de la URSS y del Pacto de Varsovia habían ocupado Checoslovaquia. El dirigente Alexandre Dubcek había sido arrestado y llevado por la fuerza a la URSS. En las calles de Praga había combates. Una ola de indignación recorría el mundo. Pese a ello, los sacerdotes rebeldes latinoamericanos harán como si eso no tuviera nada que ver con ellos. Todo lo contrario, el 6 de septiembre la Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM), presidida por el cardenal colombiano Alfonso López Trujillo, aprueba (bajo algunas condiciones) el recurso a la violencia en la lucha contra las dictaduras… capitalistas. Varios años después, en julio de 1986, durante su viaje de siete días a Colombia, el Papa Juan Pablo II emitirá de nuevo condenas contra la teología de la liberación. Tirofijo, quien había aprovechado la visita del Papa para hacer propaganda y pedirle al romano pontífice que “se trasladara” a su campamento “en las montañas de la Uribe”, se quedará esperándolo en su guarida. A bordo del avión de Alitalia que lo llevaba a Colombia, Juan Pablo II dirá a los periodistas: “No atendí el llamado [de las FARC] porque pensé que no los encontraría y no podría alcanzar a dialogar con ellos[816]”.

Uno de los primeros en descubrir el potencial subversivo del hecho religioso y de la religiosidad popular en América Latina, después de la muerte de Camilo Torres, es Fidel Castro, quien a partir de 1971, durante un viaje a Chile, lanza la consigna de establecer las modalidades “de una alianza estratégica entre los marxistas, la izquierda en general y los cristianos[817]”. El 22 de noviembre, en una universidad de Santiago, precisa: “La alianza no es táctica; no se trata aquí de la teoría de los compañeros de ruta, sino simplemente de una alianza estratégica. Es necesario unir esas fuerzas, es necesario unir esos elementos, ya que el imperialismo no es débil; el imperialismo es potente[818]”. Esa “alianza” va dar a luz un pequeño monstruo: una teología “de la liberación” que servirá, en realidad, y contra toda expectativa, para reforzar la opresión y atizar el odio entre los hombres.

El núcleo conceptual de la impostura fabricada por los teóricos estalinistas para orientar el “trabajo con los católicos”, y para aprovecharse de la “renovación de la Iglesia”, será más o menos éste: “Con la encíclica Pacem en Terris, Juan XXIII había demostrado que el enemigo de la religión no es el comunismo; con las tesis de Pablo VI se ve que el enemigo de la religión es, más bien, el capitalismo desenfrenado[819]”. Ello es falso. Ninguno de los dos Papas citados había modificado la doctrina de la Iglesia católica. Inútil sería buscar en las páginas de las encíclicas Mater et Magistra y Pacem in Terris, de Juan XXIII, o en las páginas de Populorum Progressio, de Pablo VI, una sola concesión teórica al marxismo. Con relación a la cuestión de la propiedad privada de los medios de producción, ni Juan XXIII ni Pablo VI revocaron las tesis de Rerum Novarum, de León XIII, ni de Cuadragésimo Anno, de Pío XI. En ningún caso rechazaron la Divini Redemptoris de Pío XI, que condenó “el comunismo ateo[820]”. Pese a ello, toda una generación de activistas crédulos será “educada” con mentiras teológico-ideológicas de ese alcance y con clichés que identifican sin matiz alguno a la Iglesia con la “tiranía de los ricos”. En los laboratorios europeos donde se preparaba el nuevo ungüento ideológico para movilizar al clero latinoamericano se utilizaba como pretexto las innovaciones diplomáticas del pontificado de Juan XXIII, quien había aceptado recibir en audiencia, el 7 de marzo de 1963, como un gesto simbólico de paz, a un comunista, Alexei Adjoubei, redactor en jefe de Izvestia. Orquestada por Moscú para aumentar la influencia comunista entre las masas rusas e italianas, esa entrevista tendrá efectos electorales no desdeñables en favor del Partido Comunista Italiano. A partir de ese momento, el “diálogo” entre cristianos y marxistas podía comenzar, sobre todo en América Latina donde la propaganda comunista garantizaba que “su santidad Juan XXIII siempre había mostrado afecto por el pueblo soviético”. De ese “diálogo” saldrá la teología de la liberación, codificada finalmente en 1974 por el jesuita peruano Gustavo Gutiérrez[821] y renovada por el franciscano brasileño Leonardo Boff, lector asiduo de Althusser. En última instancia, la invención de esa teología y de su cortejo de convicciones dogmáticas duras muestra hasta qué punto las tesis brillantemente expuestas por Raymond Aron y Leszek Kolakovski sobre el marxismo como religión secular son exactas. Martin Mafia, el célebre sovietólogo norteamericano, sintetizará perfectamente el paralelismo que puede existir entre el determinismo histórico del marxismo y la escatología cristiana: “El marxismo no es una simple teoría social: es un drama de la redención, donde el proletariado es la clase salvadora, papel que la hace ver como la clase más miserable de la sociedad. Y con todo, ese salvador no es consciente directamente de su misión: los obreros deben ser orientados por profetas particulares, es decir, por la inteligencia socialista[822]”. Lo que no impide, claro está, la aparición de violentas tensiones entre los “dos mesías” una vez que los marxistas se apoderan del poder.

EL ENCUENTRO DE MEDELLÍN

Pero en 1968, al comienzo de ese proceso, las aplicaciones prácticas de conceptos de ese alcance estaban en la fase de los balbuceos en América Latina. Con motivo de la conferencia del CELAM, reunida en Medellín después de la visita del Papa a Bogotá, los primeros elementos explícitos de esa teología son formulados. ¡Y de qué manera! Un documento[823] redactado por el padre José Comblin, colaborador belga de monseñor Helder Cámara, obispo de Recife y cabeza visible de la Iglesia progresista del Brasil, proponía simplemente un programa de acción revolucionaria para “la conquista del poder” donde era fácil encontrar perlas, como, por ejemplo, sobre el carácter no condenable, ni por la moral ni por la Iglesia, de la utilización de la fuerza durante el proceso revolucionario, y sobre la necesidad de crear tribunales excepcionales (ya que los ordinarios eran demasiado lentos) para juzgar a todos aquellos que se opondrían a la instauración del socialismo[824]. Según él, “la fuerza del Estado es necesaria para demoler los privilegios e instalar las nuevas estructuras”, y “no es suficiente dictar leyes, es necesario imponerlas por la fuerza. Al comienzo, el poder será autoritario y dictatorial”. El buen padre belga añadirá que “el poder debe neutralizar las fuerzas de resistencia: neutralización de las Fuerzas Armadas si son conservadoras; control de la prensa, de la televisión, de la radio…”[825]. Para responder a quienes impugnaban tales locuras liberticidas, el padre Comblin dirá, sin reír, que todo eso venía del pensamiento de un padre de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino. Al final, los obispos latinoamericanos abandonan las resoluciones I y II de Medellín, lo que hace montar en cólera a los curas más radicales que habían trabajado duro en los pasillos de esa conferencia del CELAM.

Es necesario saber que la fabricación de los conceptos lanzados en Medellin había pasado sus primeras pruebas en Porto Alegre (Brasil), en febrero de 1968, en el segundo encuentro de una pequeña organización, Pastoral Obrera del Sur, donde las engañifas marxistas habían sido tomadas como plata blanca: sobre el capitalismo como “enemigo irreconciliable de la cristiandad”, sobre el “carácter intrínsecamente bueno del socialismo y del comunismo”, sobre el deber de todo cristiano de “intervenir en la lucha social en favor de los oprimidos y de los obreros”, sobre la elección de las “formas de lucha (agitación pública, elecciones, guerrilla)” como “una cuestión simplemente de táctica”, sabiendo que la “transformación de las sociedades” será realizable únicamente “a través de la lucha violenta”. Por otra parte, esas edificantes conclusiones serán expuestas durante el encuentro de la misma organización en Monlevade (Minas Gerais), entre el 13 y el 15 de marzo de 1968. Tales principios fueron también discutidos durante la XIV consulta nacional de la Juventud Obrera y Católica de Brasil, reunida en Olinda, el 15 julio del mismo año.

En cuanto al documento redactado en Viotá, otro primer esfuerzo en la promoción de los conceptos necesarios para el alistamiento revolucionario de una parte de los jóvenes sacerdotes preveía una nueva reunión para finales de ese año, después de la conferencia del CELAM. Esa segunda reunión del grupo Golconda se realiza, en efecto, del 9 al 13 de diciembre de 1968, en Buenaventura, bajo la presidencia del obispo de esa ciudad, monseñor Gerardo Valencia Cano, y con la participación de 47 religiosos, entre los cuales habrá un ecuatoriano y dos argentinos que trabajaban en Colombia, y un francés, Benoit Lay, capellán del Liceo Francés de Bogotá[826]. El documento validado en ese encuentro será difundido bajo el título de Manifiesto de Golconda. Lejos de constituir un análisis original del panorama religioso y político de Colombia, ese texto es, realmente, una compilación de los clichés más utilizados en ese momento por los servicios de agit-prop del PCC. Destaca la urgencia “de comprometerse […] en las distintas formas de la acción revolucionaria contra el imperialismo y la burguesía neocolonial”. Declara que es obligatorio “oponerse al enorme presupuesto de guerra” de las Fuerzas Armadas, denunciar el “capitalismo neocolonial”, hacer hincapié en la necesidad de hacer una “verdadera reforma agraria”, etc. Los signatarios llaman también a la destrucción de los partidos políticos tradicionales del país “quienes acorralan al pueblo en dos grandes grupos dirigidos cada uno por sectores explotadores” y a la realización de una “verdadera revolución que provoque el derrocamiento de las clases dirigentes de nuestro país”. En el más perfecto lenguaje estereotipado comunista, ese texto indica que para conseguir esa revolución es necesario constituir un “frente revolucionario capaz de romper las cadenas”. Esas buenas y sensibles almas dispuestas a denunciar las injusticias del capitalismo no dirán ni media palabra cuando en julio de 1968 el ELN envía una carta con amenazas contra Pablo VI, la víspera de su viaje a Colombia. Los terroristas indican, en efecto, en una carta entregada a la prensa y a las embajadas en Bogotá, que la visita del Papa “facilitará la consolidación de la autocracia y de la explotación” en Colombia. “El ELN respeta la persona de Su Santidad, pero no le garantiza una feliz estancia en Colombia, dadas las circunstancias que nos obligan a organizar un movimiento general de nuestras fuerzas. En consecuencia, habrá actos de lucha contra el gobierno de Transformación Nacional y no seremos responsables de lo que ocurra en esos actos. El responsable será el clero colombiano.”[827] ¿Un bluf del ELN? En cualquier caso, las medidas adoptadas por las autoridades impedirán a los castristas actuar y ningún incidente perturbará la visita de Pablo VI.

En cuanto al Manifiesto firmado por monseñor Valencia Cano y 32 sacerdotes —⁠los otros nombres no serán dados al público “por discreción”—, causará no poco revuelo en la prensa. El arzobispo de Manizales, monseñor Arturo Duque Villegas, cree ver en ello una “infiltración comunista de una parte del clero”. El obispo de Pereira destaca por su parte que “la carta de Buenaventura prueba que algunos sacerdotes tienen ideas y aplican métodos perjudiciales a la Iglesia, a la sociedad y al país”. El Siglo, La Patria y El Espacio, diarios conservadores de tres grandes ciudades, publican editoriales donde la aparición de ese nuevo grupo, “con sacerdotes que se lanzan claramente a la política de tipo revolucionario”, es vista como un hecho de una “extrema gravedad”. En Bogotá, La República concluye que las interpretaciones del Concilio Vaticano II habían causado, en Colombia y en todos los continentes, “una mezcla confusa de todas las teorías que deja perplejos a los católicos de base”.

Pero nadie o casi nadie presta atención a esos llamados ya que mucha gente simpatiza con el planteamiento impregnado de generosidad de los sacerdotes de Golconda. El administrador apostólico, monseñor Muñoz Duque, que no tenía nada de izquierdista, no acepta que se califique de “comunistas” a esos sacerdotes. Para él, conviene más bien “evitar echar aceite sobre el fuego”. Para el jefe conservador progresista Belisario Betancur “ni el obispo de Buenaventura ni los otros signatarios hicieron muestra de socialismo o de comunismo”. Igual actitud adopta El Espectador. Para su rival El Tiempo, que admite que “el comunismo es una verdadera perversión” y “el mal absoluto”, el culpable de la radicalización de los sacerdotes de Golconda es más bien la encíclica Populorum Progressio, y el Concilio Vaticano II, que formuló críticas hacia el capitalismo. La propaganda de ciertos cenáculos había alcanzado muy bien sus objetivos.

Deslumbrados por el renombre alcanzado por su primer manifiesto, los jóvenes sacerdotes niegan estar en rebelión contra la jerarquía. Sin embargo, acusan a sus obispos de no querer “entablar el diálogo” con ellos. Aseguran que sólo quieren “estar en contacto directo con la realidad social, cultural, política y religiosa” y testimoniar por las “injusticias que pesan sobre el pueblo”. En fin y sobre todo, destacan que si bien ellos admiran a Camilo Torres, no tienen, sin embargo, la intención de unirse a la guerrilla. Esa agitación ingenua es el preludio natural de algunos desórdenes. En Cali, una muchedumbre de feligreses en cólera protege, en su iglesia, al cura Manuel Alzate, quien acababa de ser destituido por su obispo, junto con tres otros signatarios del Manifiesto de Golconda. En Medellín, los curas Gabriel Díaz y Vicente Mejía son trasladados por el arzobispo. En represalia, la gente apedrea la curia. Otro sacerdote se apodera de la central eléctrica del barrio y corta el servicio a todos los organismos públicos. Dieciséis religiosas de un convento de Medellín que pedían modificaciones a su comunidad son sancionadas. Todo eso suscita una carta al episcopado, donde nueve sacerdotes de Golconda critican “el absolutismo de ciertos prelados”.

DEL COLEGIO MARYMOUNT A RENE GARCÍA

La radicalización de Golconda, o más bien de algunas de sus figuras más activas, continúa. Rene García, el cura de Florencia, un barrio pobre de Bogotá, va a convertirse, en efecto, en el activista más carismático y más controvertido de ese movimiento[828]. Rene García participa en varias ocupaciones de terrenos destinadas a abrir nuevos barrios “de invasión” y hace trabajo social en el barrio Meissen de Bogotá y en barrios pobres de Cartagena, entre 1961 y 1969, donde se codea con otro religioso, Domingo Lain Sáenz, que se incorporará más tarde al ELN. Rene García había llegado a la conclusión sectaria de que “el cristianismo y el capitalismo son incompatibles”. A quienes le hacían ver la inconsistencia de tal afirmación, él contestaba que, en realidad, había “muy pocos cristianos hoy”. Un día, durante un encuentro con estudiantes en la Universidad Nacional de Bogotá, lanza la idea de que “la rebelión es la línea auténtica de la Iglesia”. A la salida, los jóvenes proclaman que René García y su colega Luis Urrea son “comandantes” de la revolución y una parte de ellos declara que quieren ir a vivir con ellos en los barrios más modestos de la capital. Dándose cuenta de los riesgos de descontrol que eso podía implicar, 20 miembros de Golconda hacen marcha atrás y lanzan un documento donde explican que aunque critican el orden establecido reconocen, al mismo tiempo, “el gigantesco esfuerzo del gobierno de Carlos Lleras Restrepo para promover el desarrollo nacional[829]”.

En abril estalla el escándalo del colegio Marymount, uno de los más católicos de Bogotá. Un sacerdote español y una profesora norteamericana, vinculados a Golconda, son acusados de hacer “infiltración marxista” y son expulsados. Ellos habían puesto en marcha un método de enseñanza que tenía más de propaganda revolucionaria que de enseñanza corriente. Empero, las relaciones entre Golconda y el arzobispo de Medellín se mejoran y hasta el jefe de Estado, Carlos Lleras Restrepo, en una alocución televisiva, se muestra “comprensivo” ante los planteamientos de Golconda. Advierte, sin embargo, que no permitirá que los sacerdotes den apoyo moral a movimientos que van contra la ley, como la ocupación de tierras o la resistencia a la evacuación de los tugurios.

Sin querer oír el consejo de prudencia que el poder acaba de lanzarles, los tres sacerdotes más mediatizados, René García, Manuel Alzate y Vicente Mejía, intentan hacer, en octubre de 1969, una “toma simbólica” de la Universidad de Antioquia. Detenidos por la Policía, son condenados a pagar una multa de 500 pesos. Como deciden no pagar, son condenados, no a la prisión, sino a pasar tranquilamente 30 días de “detención” en tres conventos. Esa aventura, cuya importancia es muy relativa, fue sin embargo la gota que desbordó el vaso. En diciembre, el administrador apostólico de Bogotá anuncia que los sacerdotes García y Urrea habían sido sancionados. Habiendo propasado, según él, “ciertos límites, como organizar misas de protesta, abandonar a su feligresía sin autorización, acompañar invasiones de tierras, organizar tomas simbólicas de universidades, dictar conferencias demagógicas, participar con marxistas en la redacción del periódico Frente Unido, fundado por Camilo Torres, mantener equívocos sobre la lucha de clases, ser detenidos varias veces por las autoridades públicas, generar controversias en la prensa, la radio y la televisión”, los sacerdotes fueron “eximidos de sus deberes pastorales”. Inmediatamente, los habitantes de los barrios de los sancionados organizan una reunión de protesta. Pero García y Urrea, agradeciéndoles ese gesto de solidaridad, les hacen saber que obedecerán a su jerarquía y les piden no utilizar la violencia.

En febrero de 1970, después de haber recomendado al pueblo abstenerse de votar en las elecciones presidenciales previstas para abril del mismo año, monseñor Gerardo Valencia Cano se declara “revolucionario y socialista[830]”. Esa posición marcará la ruptura entre Valencia Cano, animador principal del grupo Golconda, y René García, ya que éste había decidido entrar en colaboración con la Anapo, el partido del ex dictador Rojas Pinilla, y participar en su campaña electoral. El análisis de García, quien no se inmuta ante el carácter reaccionario de la Anapo, era: “El pueblo es la Anapo, la Anapo es el pueblo”. Sólo dos de los cuatro líderes restantes de Golconda, Luis Currea y Alfonso Vanegas, respaldan la orientación de René García.

En septiembre de 1970, el asunto de los guahíbos, promovido por un sacerdote católico, ocupará las primeras páginas de los periódicos y mostrará los límites de ciertas campañas “humanitarias”. Todo comienza el 25 de agosto, en Bruselas, con una declaración de la Conferencia Mundial del Trabajo donde se habla de “la suerte espantosa de los indígenas de Colombia”. Tres semanas después, el cura Ignacio González, de Villavicencio, se cree obligado a alertar a la opinión sobre el tema. El semanario comunista Voz Proletaria y la Anapo, donde militaba René García, se apoderan del tema y acusan inmediatamente al Gobierno de “cubrir las torturas infligidas a los indígenas por los militares”. Alarmado, el presidente Carlos Lleras Restrepo despacha rápidamente una comisión de investigación la cual constata, en efecto, que un grupo de guahíbos está perdido en la selva y en una situación sanitaria deplorable, con casos de desnutrición, tuberculosis y enfermedades venéreas. Descubre también la otra cara de la moneda: ese grupo era el mismo que siete meses atrás, en febrero, había atacado a colonos aislados, instalados en baldíos por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. Dirigidos por un ex policía, Rafael Jaramillo Ulloa, esos indígenas habían incendiado 22 explotaciones agrícolas y matado y herido a 14 colonos, sin que ello causara la menor alarma entre las bellas almas de Bruselas. Bajo la coacción de Jaramillo Ulloa, esas familias semisedentarias habían tenido que huir hacia la selva con las consecuencias descritas. El Ejército, en lugar de “torturar” a los indígenas, lo que hizo fue prodigar los cuidados médicos y alimentarios urgentes a las familias. En cuanto al Gobierno, éste concibió un programa de acción de solidaridad en favor de las poblaciones indígenas de los Llanos Orientales. La prensa terminó por admitir que había habido una manipulación de la información y rindió homenaje “a la tarea extraordinaria de ayuda y cooperación realizada por el Ejército colombiano”.

En cuanto a René García, él mismo rompe con el grupo de Golconda para embarcarse en otras empresas políticas más arriesgadas, después de haber sido abandonado por su familia y, más tarde, por una parte de sus camaradas de lucha, e ignorado por muchos de sus ex compañeros ordenados. Esa nueva actitud le trae a René García otros problemas, nuevas detenciones y hasta amenazas de muerte. En 1970, viaja a Cuba para representar al Frente Unido en una reunión castrista. Luego hace una visita a Chile, en 1973, antes de la caída de Allende. En 1983, en Barrancabermeja, se incorpora al Frente Amplio del Magdalena Medio, fundado por Ricardo Lara Parada, ex líder de la guerrilla del ELN. Ese Frente Amplio constituía, para el Ejército, un aparato político importante del ELN. Más tarde, René García se separa de ese movimiento y regresa a Bogotá. Allí vive de pequeños trabajos y, entre otras cosas, como consejero de algunos sindicatos y grupos de derechos humanos. García coopera sobre todo con los que quieren la realización de una Asamblea Nacional Constituyente. Ese movimiento, donde René García desempeña un papel importante, logra sus objetivos en 1991 con las discusiones de la ANC y la redacción de una nueva Constitución para el país. Durante las deliberaciones de esa asamblea cuatro sacerdotes, Pedro Nel Torres. Eduardo Toro, Mario Sierra y Eliseo Tobón, distribuyen una carta difamatoria contra el cardenal colombiano Alfonso López Trujillo, quien ocupaba un cargo en el Vaticano. Es acusado de ser uno de los más ardientes adversarios de la teología de la liberación. En la carta, los cuatro afirman (sin aportar la menor prueba) que López Trujillo es nada menos que “corresponsable de la muerte de un sacerdote colombiano”, del “saqueo” de varias parroquias y de otros “atropellos” en el arzobispado de Medellín. Juzgadas sin fundamento, esas acusaciones serán rechazadas por el Vaticano. El cardenal López Trujillo es hoy el presidente del Consejo Pontifical para la familia.

René García tendrá la posibilidad de hacer otros viajes por América Latina: en Venezuela se reúne con obreros petroleros de Cabimas y con estudiantes de Carabobo. En Ecuador visita a monseñor Proaño. Se desplaza a Perú, Argentina y Uruguay e irá a México para ver al obispo Sergio Méndez, de Cuernavaca. René García había entrado al seminario de Bogotá a la edad de 12 años. Pertenecía a una importante familia de tradición católica. Uno de sus ancestros, monseñor García Benítez, había sido obispo de Medellín. Su tío, Joaquín García Ordóñez, era obispo de Santa Rosa de Osos (Antioquia). Durante su vida de militante político, René García escribirá artículos y editoriales para las publicaciones Frente Unido y Camilo, así como algunos libros y opúsculos[831]. Por último, después de siete años de sufrimientos ocasionados por un grave accidente de automóvil que lo deja inválido, René García muere en Bogotá el 29 de mayo de 1994, solo y miserable. Hasta el final, será consecuente con el postulado moral que él había evocado, en 1969, en una entrevista: “En ningún momento llamé a cometer actos de violencia, sino a vivir dentro del amor cristiano. Considero que mi papel consiste en ayudar a la gente pobre a salir de la miseria, en reclamar para que sean escuchados. Comulgar con sus angustias y sus problemas, ése es mi objetivo[832]”.

En cuanto a monseñor Valencia Cano, obispo de Buenaventura, pronuncia un discurso en mayo de 1971 en la Universidad de Caldas, que toma por sorpresa a quienes veían en él al sucesor lógico de Camilo Torres. Ante una asamblea de activistas de izquierda, Valencia Cano condena sin rodeos a las guerrillas, acusándolas de “antipatriotismo”, y califica los desórdenes estudiantiles de “suicidas”. Pide igualmente a los sacerdotes no intentar unirse jamás a las guerrillas[833]. Poco tiempo después, monseñor Valencia Cano perece en un accidente de aviación.

En 2004, por sobradas razones, la teología de la liberación se había convertido en una especie en vía de extinción, en Colombia y en América Latina. La crisis del marxismo después del hundimiento de la URSS y del mundo soviético, no explica todo. Como tampoco los esfuerzos del Vaticano para hacer avanzar las correcciones doctrinarias indispensables[834]. El final calamitoso de la “revolución sandinista” en Nicaragua, en 1990, los acuerdos de paz en El Salvador y el fracaso del levantamiento de Chiapas, donde muchos de los combatientes Zapatistas habían salido de las comunidades de base cristianas[835], fueron golpes terribles propinados a la aventura del revolucionarismo cristiano. Pero también hubo otros factores de fracaso no menos importantes. El más reciente es la caída del régimen vergonzoso, narcotraficante y sangriento dirigido en Haití por Jean-Bertrand Aristide, ex cura[836] partidario encarnizado de las doctrinas de Leonardo Boff[837]. Hubo también y sobre todo, a pesar de la conspiración de silencio organizada alrededor, el caso de Luis Eduardo Pellecer Faena. Este jesuita, después de haber militado más de ocho años en movimientos religiosos especiales inspirados en la teología de la liberación en El Salvador, Nicaragua y Guatemala, reveló, en una larga rueda de prensa, el 30 de septiembre de 1981, que él había sido miembro de una guerrilla, el “Ejército de los pobres”, y que había decidido romper con su pasado de agitador y manipulador del “pueblo simple”. En ese emocionante acto de arrepentimiento, el sacerdote efectuó una dura autocrítica. Explicó cuál había sido su trayectoria política y religiosa y pidió, finalmente, perdón al pueblo guatemalteco por el mal que había hecho. Ese notable testimonio[838], el más completo y el más aterrador de toda la historia de la teología de la liberación en América Latina, pasó, sin embargo, bajo silencio por los apólogos de la “nueva evangelización”. Sin embargo, el caso Pellecer dejó rastros indelebles en la memoria del pueblo de este continente. En cuanto al teólogo Leonardo Boff, hizo una demostración final de su insondable fanatismo el 11 de septiembre de 2001 cuando declaró al diario brasileño O Globo que era lamentable que sólo un avión se hubiera estrellado contra el Pentágono: a él le habría gustado ver estrellados veinticinco[839].

9.

Las guerrillas, al asalto del planeta dinero

PACTAR CON LOS TRAFICANTES DE COCAÍNA

En 1982, las FARC contaban con sólo 2.000 combatientes repartidos en 15 frentes. Cuando el cartel de Medellín instala sus cultivos ilegales y sus laboratorios en regiones bajo la influencia de la guerrilla, los jefes rebeldes aceptan que sus frentes pacten con los traficantes para extraerles dinero. Esa alianza tácita permitirá a las guerrillas obtener enormes beneficios. El caso más destacado es el de las FARC. Éstas se enriquecen tanto que llegan a elaborar toda una estrategia (ratificada en 1993) para, según ellas, tomar el poder a medio plazo. Para ello, las FARC deciden conformar un Ejército de 15.000 hombres para poder controlar la cordillera Oriental que domina Bogotá. El dinero debe pues entrar rápidamente y en grandes cantidades. En 1984, la práctica del “impuesto revolucionario”, que representaba entre el 10 y el 20% de las ventas de los traficantes, se generaliza[840]. A partir de 1990 comienza la extensión de los cultivos de coca. La alianza entre los narco-cultivadores y las FARC es desde entonces permanente y las guerrillas se convierten, de hecho, en el aparato militar y policíaco de ese tipo de agricultores. Éstos, así como los sectores que intervienen en el tráfico de drogas, comienzan a constituir la “base social” de las FARC. El investigador Hernán Quintero concluye: “Mientras los cultivos de coca produzcan beneficios sustanciales, los agricultores necesitarán un brazo armado para frenar las tentativas de erradicación del Establecimiento[841]”.

Ese cambio de costumbres de las FARC, que ahora se hallan lejos de los discursos incendiarios marxista-leninistas de antaño, se explica también por las convulsiones políticas que sufre esa formación. Jacobo Arenas, el eterno comisario político de las FARC, muere el 10 de agosto de 1990[842]. Ese mismo año, Gilberto Vieira deja la dirección del Partido Comunista. Todo eso contribuye a poner fin a la hegemonía del PCC sobre las FARC. La relajación política de éstas y el brutal liderazgo de Tirofijo y de sus secuaces, quienes están decididos a construir un verdadero Ejército de devastación, prosigue. Todo parece confortar esa actitud. Con el derrumbe de la URSS, a finales de 1991, caen también los últimos escrúpulos. El carácter político de los militantes cambia igualmente ya que los cuadros marxistas importados de las ciudades son desbordados por la masa de campesinos reclutados por la fuerza o con el anzuelo de recibir un salario.

Para aceitar el aparato militar y responder a las promesas financieras hechas a las familias de los combatientes, el dinero de la droga (y de los secuestros) no alcanza. Es necesario entonces parasitar los demás recursos del país. En un documento de 1993, la dirección de las FARC revela que su ambición es tomar posesión y controlar los sectores económicos estratégicos del país. José Luis Barbería, reportero del diario español El País, tras una visita por los lugares donde las FARC operan, escribe que ahora existe “un auténtico cartel de la guerrilla”. Descubre que “según un pacto de autosuficiencia económica, cada uno de los 66 frentes de las FARC recibe una cuota de semillas para el cultivo de la coca”. Añade: “Los frentes que transforman la cocaína son tres: el del Arauca y el de Norte de Santander […] y el que engloba los Llanos Orientales y el Guaviare. La droga de todos ellos se exporta a través de las organizaciones de los narcos, quienes pagan con dólares o con armas. La Policía incluso encontró hace un mes un contenedor lleno de dólares destinados a la guerrilla. ¿Cuántos dólares caben en un contenedor[843]?”. En diez años, los rebeldes habían pues logrado cercar los territorios de cultivos ilegales para extorsionar a los agricultores y a los narcotraficantes. Al generalizar esa práctica ellos se convierten en el brazo armado de ese sector. Según Hernán Quintero, hay una correlación entre la cantidad de gente que trabaja en la coca y el personal de la guerrilla. El aumento de los unos favorece a los otros: en 1991 había 23.100 narcoagricultores de coca por 7.400 guerrilleros; en 1995 había 46.446 narcoagricultores por 10.711 guerrilleros y en 1998 había 50.000 narcoagricultores por 21.000 guerrilleros. El investigador concluye: “La autonomía financiera de los frentes permite suponer que entre ellos aumentarán las rivalidades. Cuando las órdenes vienen de la cumbre pero el dinero sale de abajo, es normal que las fricciones aumenten[844]”.

LA OPERACIÓN GATO NEGRO

¿Las FARC son un cartel de la droga? Ese interrogante existe sin tapujos desde 1996 y sin encontrar una respuesta definitiva. Los rebeldes admiten que ellos cobran “solamente” un “impuesto” a los cultivadores de coca y de amapola. ¿Pero ellos también trafican? ¿Controlan laboratorios dónde se fabrica la cocaína? ¿La exportan? Las pruebas reunidas por las autoridades colombianas durante los diez últimos años dejan pocas dudas al respecto. Sí, las FARC son plenamente traficantes de droga. ¿Cómo hicieron para llegar a eso? Todo comienza en 1982, cuando las FARC firman acuerdos con un jefe del cartel de Medellín para proteger los laboratorios clandestinos del Magdalena Medio, La operación Gato Negro del Ejército colombiano, realizado a principios de 2001, confirma que las FARC habían pasado de una forma primitiva de narcotráfico a una forma más sofisticada de tráfico de drogas y que se hallaban implicadas verdaderamente en varias fases de ese proceso: de la producción de coca al refinado de ésta y a la exportación de cocaína.

En la noche del 5 de febrero de 2001, 3.000 soldados del Ejército colombiano son helitransportados a Barrancominas, pueblo de 600 habitantes en la selva amazónica, no lejos de Brasil. Es la operación Gato Negro. Ellos encuentran allí 60 laboratorios clandestinos que trabajaban día y noche, 22 pistas de aterrizaje y 16 campamentos, un avión, dos lanchas de motor y 13.000 hectáreas de plantas de coca. Todo ello controlado directamente por las FARC. Las autoridades detienen a 39 personas, de las cuales siete son guerrilleros y siete traficantes brasileños. Habida cuenta del tamaño de las raíces de las matas, los funcionarios concluyen que las plantaciones existían desde hacía cinco años. Tomás Medina, uno de los jefes locales de las FARC, pagaba salarios a los obreros de Barrancominas. El pueblo tenía más de 20 bares, billares y casas de prostitución, un recinto para pelea de gallos y una prisión rodeada por siete empalizadas de madera. Con la operación de Barrancominas, las autoridades destruyeron una importante fuente de divisas de las FARC, las cuales ascendían a mil millones y medio de dólares al año. Pero otras fuentes permanecieron en actividad.

Barrancominas es un puerto sobre el río Guaviare, ubicado hacia el sur de la llamada zona “desmilitarizada” cedida en esa época a las FARC por el Gobierno. “Allí no había ninguna autoridad”, declaró el general Arcesio Barrero, comandante de la operación. Los habitantes describirán una dictadura dirigida por Tomás Medina, alias Negro Acacio, el jefe del frente 16 de las FARC. Los militares incautan 44 cuadernos a los rebeldes donde éstos anotaban sus cuentas, sus envíos, los vuelos y las ventas de lotes de pasta básica y de cocaína, firmados con el sello especial de la unidad local de las FARC. En otros ocho cuadernos, los militares descubren la lista de 58 fincas que pertenecían a las FARC, de 102 laboratorios activos y 38 campamentos. En una conversación de radio, registrada por el Ejército, Jorge Briceño —alias Mono Jojoy, miembro de la dirección militar de las FARC— da la orden al frente 16 de proteger a Luiz Fernando da Costa, un pez gordo del narcotráfico brasileño. Ese criminal, Mono Jojoy, regordete y falsamente bonachón, es un puro producto bestial de las FARC (se dice que nació en un campamento de esa guerrilla). Él es de los que aterrorizan a los rehenes, por ejemplo, lanzándoles amenazas de ejecuciones inminentes si sus familias no pagan los rescates, durante sus visitas de inspección a los campos de concentración de las FARC. Su hermano, Germán Briceño, alias Grannobles, es otro verdugo digno de Tirofijo: fue él quien dio fríamente la orden de matar a Ingrid Washinawatok (41 años), Laheenae Gay (39 años) y Terence Freitas (24 años), indigenistas norteamericanos que trabajaban para mejorar las condiciones de vida de la tribu U’wa en Colombia. Secuestrados el 25 de febrero de 1999, los americanos fueron ametrallados por los guerrilleros. Sus cuerpos serán hallados algunos días más tarde, el 4 de marzo, abandonados sobre un camino no lejos de la frontera con Venezuela[845].

Al final de una intensa persecución, el 19 de abril de 2001, la aviación militar colombiana captura a Luiz Fernando da Costa quien niega tener conexiones con las FARC y se presenta como un agricultor. En realidad, él suministraba a Tomás Medina cargamentos de armas procedentes de Surinam, a cambio de cocaína. El general Carlos Fracica sostiene que el verdadero jefe de Barrancominas era el Mono Jojoy. Él mostró a la prensa las etiquetas que las FARC pegan sobre los paquetes de cocaína destinada a la exportación. El 19 de junio de 2002, nueva confirmación: la DEA detiene, en Surinam, a Eugenio Vargas Perdomo, alias Carlos Bolas, un mando medio de las FARC, miembro del frente 16. Acusado de controlar el transporte de la cocaína producida en Barrancominas, a través de Venezuela y de la colonia holandesa, fue extraditado a los Estados Unidos y encarcelado. El Departamento de Estado declaró, en febrero de 2002, que “una parte de cocaína que entra a Surinam se hace mediante avionetas que sobrevuelan la selva, y que una buena parte de la droga es intercambiada por armas[846]”.

La destrucción de los carteles de Cali y Medellín en la década de los noventa había desordenado el tráfico de drogas. Empero, ello va a ser aprovechado por las FARC pues esa actividad había comenzado a caer en manos de los rebeldes marxistas. Según un documento revelado por la Universidad de Georgetown, la CIA había predicho desde 1992 que las FARC aumentarían su participación en el tráfico de drogas.

En mayo de 2002, el Ejército y un grupo de magistrados de la Fiscalía allanan una base de las FARC en Arauquita, en el departamento de Arauca. Encuentran allí una cantidad de libros, cuadernos y agendas donde se llevaba la contabilidad detallada de los frentes 10 y 14 de la organización rebelde. Ese descubrimiento conduce al allanamiento de una casa en Bogotá donde las autoridades encuentran documentos contables complementarios. Todo ello mostraba, con pruebas irrefutables, que cada uno de los frentes debía dar informes detallados de sus operaciones de tráfico de drogas al “secretariado”, la dirección nacional de las FARC. Los archivos incautados, más los testimonios de los combatientes detenidos, y algunas conversaciones por radio interceptadas, ponen de manifiesto que los miembros de ese organismo estaban personalmente vinculados al tráfico de drogas. Los jueces abrieron en consecuencia un proceso penal contra Pedro Antonio Marín, Jorge Briceño (alias Mono Jojoy), Luis Devia (alias Raúl Reyes) y Milton Toncel (alias Joaquín Gómez)[847]. Por primera vez, las autoridades judiciales colombianas iniciaban, por fin, un pleito judicial por tráfico de drogas contra los jefes de la guerrilla FARC.

En marzo de 2004, los técnicos que analizaban el disco duro de un computador decomisado un mes antes, durante la captura de Omaira Rojas Cabrera, alias Nayibe Rojas, alias Comandante Sonia, una guerrillera de las FARC que se ocultaba en Cartagena del Chairá en el Caquetá, descubren que esa mujer era uno de los cuadros más importantes de la organización. La información almacenada en su computador personal permitirá la detención de toda una red internacional de traficantes de droga. En efecto, veinte días después de la detención de la “comandante”, las autoridades colombianas echan mano a 18 traficantes que operaban en cinco ciudades de Colombia y Panamá. En los archivos informáticos de Nayibe se encontrarán también cifras sobre una producción de cocaína. Parece que los frentes 3, 14, 15, 48, 49 y la columna móvil Teófilo Forero de las FARC, integrada por comandos especiales[848], recibían, por término medio, 30.000 dólares por kilo comercializado en el mercado internacional: un botín no desdeñable. “Calculamos que estaban sacando entre cinco y siete toneladas de droga al mes únicamente de la región del Caquetá, con beneficios de más o menos 1.200 millones de dólares”, dirá un funcionario de la inteligencia militar a un diario colombiano[849]. La otra información interesante descubierta en el disco duro se refería a la compra de ciertas armas, como visores telescópicos, fusiles r-15 y municiones para fusiles AK-47. Pero lo que atrajo más la atención de los investigadores es la ficha técnica de un helicóptero MI ruso, fabricado en 1988, que Sonia estaba en vías de adquirir para utilizarlo posteriormente en “el transporte de armas y de droga en la selva”. La guerrillera, que las FARC intentaron matar en prisión a finales de 2004, será extraditada a los Estados Unidos el 9 de marzo de 2005. Está considerada como una mina de información sobre las operaciones de tráfico de drogas de las FARC, organización donde ella había militado durante unos veinte años. Su jefe directo era José Benito Cabrera Cuevas, alias Fabián Ramírez, miembro de la dirección central de las FARC.

DROGAS Y SECUESTROS: UN COCTEL LUCRATIVO

Según Klaus Nyholm, director en 2000 de la oficina en Bogotá del Programa de la ONU para la vigilancia internacional de las drogas (undcp), las FARC extraen del narcotráfico entre 300 y 500 millones de dólares anuales[850]. Más concretamente, y según US News & World Report[851], las FARC obtienen cerca de 600 millones de dólares al año en total, gracias al narcotráfico, al secuestro y a la extorsión de fondos. Nyholm considera que Colombia se convirtió en el principal productor de hoja de coca del mundo durante los años noventa y que eso “se debe principalmente al conflicto armado”. Según las autoridades colombianas y la ONU, había en Colombia, a finales de 2001, 144.807 hectáreas de coca (122.500 hectáreas en 1999). La mitad de la producción de hoja de coca se encuentra en el departamento del Putumayo, donde las FARC tienen tradicionalmente una fuerte actividad armada.

En San José del Guaviare, un campesino vende a la guerrilla un kilo de coca (pasta base) a razón de 700 dólares. Ésta lo revende a los laboratorios clandestinos a 950 dólares. Para dejar salir de la zona esa droga, la guerrilla exige al traficante un 40% del precio, es decir, 380 dólares por kilo. Según la Alcaldía de San José del Guaviare, los que comercializan la pasta básica y los derechos de salida son “los guerrilleros a veces, a veces los paramilitares. Son ellos quienes fijan los precios[852]”. A finales de octubre de 2001, las autoridades colombianas, con la ayuda de la DEA norteamericana, pusieron la mano sobre uno de los cerebros financieros de las FARC. Juan Pablo Rubio, 35 años, dirigía una oficina en Bogotá desde donde realizaba operaciones financieras en Colombia, México y Panamá. Según la documentación encontrada, Rubio había comprado recientemente en Panamá títulos por un valor de 50 millones de dólares con dinero que recibía de las FARC. Los títulos eran colocados al 2,5% hasta 2005[853]. La investigación judicial constató que Rubio había visitado más de 100 veces la zona desmilitarizada donde él presentaba sus cuentas a los jefes de las FARC y recibía de ellos cantidades de dólares para hacerlos blanquear en el extranjero. “La cantidad de dinero que manejan los jefes de las FARC es tan desproporcionada que se dan el lujo de colocar millones de dólares sobre títulos a largo plazo, y en varios países, ya que no tienen necesidad de ese dinero”, explica uno de los técnicos de la Policía. Los archivos encontrados en la oficina de Rubio prueban que numerosas cargas de cocaína, algunas de las cuales superaban las 40 toneladas, habían sido exportadas bajo la vigilancia y la responsabilidad de miembros de la dirección de las FARC. Algunas cargas eran enviadas a México y otras a Paraguay. Sobre los documentos bancarios se encontraron rastros de pagos a gente que trabaja, según las autoridades norteamericanas y colombianas, con el cartel de Tijuana. Abrumado por la cantidad y la calidad de las pruebas producidas contra él, Rubio decidió colaborar con los norteamericanos ya que, como él mismo dirá a los investigadores, “los gringos son los más interesados en conocer todo lo que yo sé y lo que yo tengo sobre las FARC[854]”. El cerebro financiero de la organización terrorista está, ahora, en alguna parte en los Estados Unidos (con nueve miembros de su familia) bajo un programa de protección de testigos. Algunos días después de la detención de Rubio, el gobierno norteamericano anunció que iba a embargar las cuentas bancadas de las FARC y de los grupos que los ayudaban o que los favorecían económicamente. Fue cerrado incluso, de la noche a la mañana, un portal Internet desde el cual los amigos de las FARC, incrustados en una universidad, difundían su propaganda.

En cambio, Juan Antonio Rojas, el representante bien establecido de las FARC en Suiza, no será inquietado. Todo lo contrario. Él se mueve allá como pez en el agua. En sus declaraciones a la Tribune de Ginebra[855], justifica esas operaciones: “Nosotros controlamos efectivamente regiones de producción de coca. Al principio, estábamos en contra, pero ante la reacción negativa de los campesinos comprendimos que atacábamos su medio de subsistencia. Ellos no reciben ningún subsidio del Estado. Por lo tanto, dejamos de erradicarla droga. […] Al principio cobrábamos un impuesto a todo el mundo pero después perfeccionamos la maquinaria y el impuesto es cobrado a las empresas y a las fortunas superiores al millón de dólares”.

BLANQUEAR DINERO CLONANDO CUENTAS

A principios de marzo de 2002, el Departamento de Estado norteamericano indicó que las FARC, sin dejar de extorsionar el impuesto “revolucionario”, se dedicaron a “proporcionar directamente la coca a los carteles internacionales[856]”. En efecto, desde finales de 2000 las FARC y el cartel de Tijuana establecen vínculos entre ellos. Las autoridades mexicanas acusan a Carlos Charry, un médico colombiano, detenido en agosto de 2000, de tener vínculos con ese cartel. Mariano Herrán, el zar antidrogas de México, reveló que Charry trabajaba para Briceño, el jefe militar de las FARC, y que era “el coordinador de cargamentos y el receptor del dinero de la droga” entre las FARC y el cartel de los hermanos Félix Arellano. Para blanquear el dinero, las FARC utilizan los circuitos bancarios de Colombia, Europa e incluso de los Estados Unidos. Su audacia no tiene límites. Con la complicidad de un funcionario en Bogotá, clonaron una cuenta bancaria del Ministerio colombiano de Relaciones Exteriores y blanquearon por esa vía 1,5 mil millones de dólares, durante seis meses. Otras ochocientas cuentas fueron descubiertas por los investigadores, las cuales ocultaban 10.000 millones de pesos. Todas esas cuentas fueron bloqueadas en agosto de 2002 por la Fiscalía tras el decomiso de un computador en Bogotá que contenía esa información. Las FARC tenían otro plan para infiltrar las cuentas de otro ministerio y de dos organismos públicos[857].

Según Anne Patterson, la embajadora de Estados Unidos en Colombia en esa época, los grupos armados blanquean dinero, abren cuentas y realizan inversiones mediante Internet. Tienen incluso cuentas en los Estados Unidos. A pesar de la subida de los precios de los productos químicos indispensables para transformar la pasta base en cocaína, los precios de la pasta base, fijados por las guerrillas y los paramilitares, son estables, aunque los campesinos siguen siendo pobres. Darío y César Charry, hermanos de Carlos Charry, son detenidos cuando intentaban entrar en la zona desmilitarizada con 250 millones de pesos. Según la Fiscalía, ese dinero pertenecía a las FARC y procedía de la venta de cocaína en México. Los mexicanos por su parte detienen también a Rigoberto Yáñez, un miembro del cartel de Tijuana que había servido de vínculo con las FARC, y a Ismael Higuera, el primer contacto mexicano de las FARC. Otra manera inventada por la guerrilla para financiar sus actividades es la instalación de peajes ilegales en las carreteras donde no hay mucha vigilancia de las Fuerzas Armadas. Los automóviles y camiones que pasan por allí son robados u obligados a pagar un rescate. En noviembre de 2002, el Ejército revela que, según sus cálculos, la guerrilla obtiene en esos peajes ilegales más de mil millones de pesos al mes[858].

MACHUCA: UNA TRAGEDIA OLVIDADA

El sabotaje de las instalaciones petroleras es la punta de lanza de las guerrillas contra la economía y la ecología colombianas. Invocando como pretexto una “lucha contra el imperialismo y las multinacionales” las guerrillas atacan la infraestructura petrolera con notable determinación, desencadenando así los peores desastres humanos y ecológicos del país. El ELN controla también a delincuentes dedicados al robo de gasolina. En los departamentos de Santander y de Cesar, luego de perforar un poliducto, llegan a robar, en una noche, 24.000 galones de combustible, para luego venderlos por 21 millones de pesos a estaciones de servicio.

Colombia no es una potencia petrolera (en 2001 producía 600.000 barriles de crudo al día). El país ocupa el décimo puesto en la lista de los proveedores de petróleo de los Estados Unidos. A causa de la inseguridad, las inversiones en exploración petrolera cayeron de 2.600 millones de dólares en 1996 a 700 millones de dólares en 2000. Si los atentados contra esa industria continúan, Colombia podría convertirse en 2009 en un país importador de hidrocarburos[859]. En 2001, durante el período glorioso en que el gobierno del presidente Pastrana creía firmemente que iba a tener éxito en sus conversaciones de paz con las FARC, las guerrillas atacaron e inutilizaron durante 266 días el poliducto Caño Limón, gracias al cual Colombia se había convertido en país exportador de hidrocarburos. Normalmente, esa línea transporta 123.000 barriles de bruto cada día, entre el departamento de Arauca y el puerto de Coveñas, sobre el mar Caribe. Esos cierres privaron a la economía colombiana de 40 millones de dólares al mes. Para proteger ese oleoducto y los otros puntos claves del sector petrolero del país, el Ejército utiliza un 12% de sus hombres. Lo que es insuficiente para la protección de los 774 kilómetros de esa obra la cual puede ser cortada en minutos con pocos explosivos.

La base de Caño Limón produce 110.000 barriles de 159 litros al día. Sus beneficios son distribuidos entre Ecopetrol (85%) y Occidental de Colombia, una filial de la multinacional norteamericana Occidental Petroleum (15%). Caño Limón es el principal punto petrolero después de Cusiana, el cual produce casi 550.000 barriles al día. Los ataques contra la infraestructura petrolera comenzaron en 1986, durante la construcción del oleoducto Caño Limón-Coveñas. El ELN fue el primero que dinamitó esa infraestructura causando graves desastres ecológicos, enormes pérdidas para la economía y tragedias humanas. En octubre de 1998 dinamitaron un tramo del oleoducto que pasaba cerca de la aldea de Machuca (Antioquia). ¡Las llamas rápidamente llegaron hasta las humildes viviendas y carbonizaron a 60 personas, 30 de las cuales eran niños! El 19 de noviembre de 1992, en el pueblo de Mariana, en un ataque similar contra el oleoducto Colombia, diez campesinos perdieron la vida. Desde 1986, Caño Limón fue dinamitado más de 900 veces. Colombia perdió así más de 2,5 millones de barriles de bruto, los cuales fueron vertidos en los campos de cultivos y en los ríos. Lo que equivale a seis veces más de lo ocurrido en la bahía del Príncipe William, en Alaska, en 1989, donde el tanquero Exxon Valdés derramó durante un accidente 40.000 toneladas de crudo. La empresa Exxon fue condenada a pagar 286,8 millones de dólares a los 10.000 pescadores de Alaska. En cambio, el ELN no ha pagado hasta hoy ni un solo peso a un solo colombiano por sus numerosos crímenes.

ZAMBULLIDA EN LO INHUMANO: EL AZOTE DE LOS SECUESTROS

En Colombia nadie está a salvo de los secuestradores. Cada año más de 3.000 personas son secuestradas, la mayoría por la guerrilla la cual lanza verdaderos ataques para capturar a sus víctimas. En los años 1983 y 1984, Colombia ya había conquistado el dudoso privilegio de ser el primer país del mundo por el número de personas secuestradas, yendo más lejos que Italia, donde las Brigadas Rojas y la delincuencia común habían secuestrado a 70 personas en 1983[860]. En Colombia, la práctica del secuestro había sido adoptada en los años setenta como una práctica “legítima” de las guerrilla. De hecho, es gracias a los secuestros contra rescate que la guerrilla hará su primera verdadera experiencia de acumulación de capital para financiar sus operaciones y su extensión militar. Siguiendo el ejemplo de los grupos subversivos, la delincuencia común se lanzó también a cuerpo perdido en esa práctica. Con el dramático aumento de los secuestros, otra industria se desarrolló: la de las firmas especializadas en la venta de seguridad.

Los secuestros se convirtieron en todo caso en el principal obstáculo a las negociaciones de paz entre el Gobierno y la guerrilla. Decididas a arrancarle al presidente Belisario Betancur una política de inmovilización del Ejército, bajo la forma de un acuerdo bilateral de alto el fuego, las FARC, antes de firmar los llamados “acuerdos de la Uribe”, de enero de 1983, difundieron una declaración donde condenaban los secuestros como un “método no revolucionario” y pidieron a sus frentes liberar a todos sus rehenes. Sin embargo, esa “orden” no era más que un despiste. Con el secuestro de Álvaro Mosquera Chaux, descendiente de una vieja familia del Cauca, varios meses después del compromiso de la Uribe, la opinión comprendió que las FARC nunca habían dejado de secuestrar[861]. Durante los cuatro años de gobierno de Andrés Pastrana, la cifra de secuestros llegó a ser de 12.948, algo jamás visto en el país. Hasta 1997, había cuatro secuestros al día. Entre agosto y diciembre de 1977 se llegó a los 1.131 secuestros. En 1999, la cifra subió a 3.334, hasta que en 2000 llegó a los 3.708 casos. Un triste récord mundial. Al final de la administración Pastrana, el 7 de agosto de 2002, la cifra era de 1.734 casos[862].

En realidad, el triste mérito de ser el inventor del secuestro como método de financiación y mecanismo de intimidación sobre las autoridades y sobre la población es del ELN. Y ello desde 1969. El ex sacerdote español Manuel Pérez, jefe en ese entonces del ELN, fue el primero en “teorizar”, en el “manual de finanzas” del ELN, sobre una “prioridad”: el secuestro de técnicos extranjeros. Su sucesor, Nicolás Rodríguez Bautista, revela eso sin el menor escrúpulo, en una entrevista concedida a María López Vigil, autora de Camilo camina en Colombia. Desde los años ochenta, el ELN desarrolló ese “medio de lucha” de manera sistemática, sobre todo contra los alcaldes, los funcionarios públicos, los diputados y los periodistas. Muy rápidamente, las FARC siguieron ese ejemplo y el alumno superó a su maestro.

Los hombres de negocios y los niños son las presas más frecuentes de las guerrillas marxistas. Entre 1999 y 2002, los terroristas secuestraron a 1.657 hombres de negocios y a 1.162 niños. Víctimas también fueron empleados, funcionarios, ingenieros, ganaderos, choferes, agricultores, policías, estudiantes, militares, e incluso amas de casa. Los técnicos extranjeros son una prioridad de las guerrillas. Un ejemplo entre otros: Claude Steinmetz, un geólogo francés que trabajaba en el sector petrolero con la empresa Geoservices, fue secuestrado por el ELN en enero de 1999. Antes de que las negociaciones entre los raptores y los mediadores de la empresa y la Cruz Roja Internacional hubieran concluido[863], el rehén murió. Los guerrilleros abandonaron su cuerpo, el cual será encontrado a principios de marzo de 1999. En agosto de 2002, 3.958 personas seguían en cautividad, 552 habían fallecido, 5.543 fueron liberadas luego del pago de fuertes sumas de dinero y 183 lograron escapar. Los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula), una creación de la Policía Nacional, liberaron a 2.335 víctimas, evitando el pago de más de 271.000 millones de pesos en rescates. Ellos detuvieron a 2.280 secuestradores y a 3.940 extorsionistas, evitando también el pago de 580.000 millones de pesos.

LAS ALIANZAS CON EL HAMPA

La guerrilla secuestra directamente pero a veces también firma “contratos” con delincuentes comunes. En Bogotá, la banda de Los Calvos, constituida por ex guerrilleros y policías retirados y en actividad, vendía sus víctimas (más de 50) al frente 22 de las FARC. El rapto más estrepitoso de esa banda fue el del industrial japonés Chikao Muramatsu, en 2001, asesinado posteriormente por sus captores. Algunos militares se vieron involucrados en esas redes criminales. A finales de 1998, dos oficiales, el teniente coronel Jorge Eliécer Plazas Acevedo, ex jefe de inteligencia de la XIII Brigada del Ejército, y su cómplice, el sargento Juan José Mosquera Romaño, secuestraron y asesinaron a Benjamín Khoudari. Los dos bandidos conseguirán escapar a la justicia después de haber sido capturados y condenados. En efecto, Mosquera emprendió la fuga en febrero de 1999 y Plazas se escapó en julio de 2003[864]. La impunidad judicial es un aliado objetivo de los secuestradores. Entre 1998 y 2001, el trabajo de los jueces fue especialmente ineficaz, por falta de medios o por simple negligencia. En 2001, de las miles de detenciones hechas por el Gaula, sólo 633 inculpaciones y 26 sentencias fueron pronunciadas por los magistrados. La ley antisecuestro de 2002, que suprimió el artículo que prohibía la compra de pólizas de seguros antisecuestro, fomentó de hecho ese crimen. En mayo de 2006, y luego de tres años de investigaciones, el Gaula desmanteló otra red de secuestradores que, como la anterior, trabajaba para las FARC. Entre los 18 arrestados figuran un oficial, un suboficial, tres patrulleros y dos agentes expulsados de la Policía. El jefe de la banda era Yesid Díaz, brazo derecho de José Manuel Sierra Sabogal, jefe del frente 53 de las FARC. Según un diario bogotano, otro de los sindicados era Miguel Ángel Bobadilla, un “líder sindical que gozaba de protección por parte del Ministerio del Interior y de cuyo teléfono se hicieron al menos 100 llamadas al [citado] jefe guerrillero[865]”.

Algunas familias son el blanco particular de comandos encargados de secuestrar por cuenta de las guerrillas. Es el caso de la familia de Consuelo Araújo-Noguera, 61 años, ex ministra de la Cultura. En agosto de 1993, las FARC secuestraron a su hijo Rodolfo Molina Araújo, en la periferia de Valledupar. El 24 de septiembre de 2001, ella misma fue secuestrada por la guerrilla en la carretera que conduce a esa ciudad. Sólo que esta vez, ella fue asesinada de cinco disparos en la cabeza cinco días más tarde por los secuestradores. Su cuerpo fue abandonado en un lugar de la Sierra Nevada de Santa Marta. Esa nueva atrocidad desencadenó un vivo rechazo en todo el país ya que Consuelo Araújo-Noguera era considerada como una de las más ardientes defensoras de la música y de la cultura popular colombiana[866]. Liberal, Consuelo Araújo-Noguera era una de las fundadoras, en 1978, del Comité Colombiano de los Derechos Humanos (CCDH), un organismo controlado por el Partido Comunista, y había participado en los esfuerzos de paz durante la administración de Belisario Betancur. Su esposo, Edgardo Maya, es el procurador general de la Nación. Con motivo del rapto de su hijo, y ante el silencio del CCDH, ella había criticado la inquietante parcialidad de las ONG de derechos humanos y la inaceptable costumbre de éstas de silenciar los crímenes de la guerrilla: “Estoy todavía a la espera de que mi amigo Alfredo Vázquez Carrizosa (presidente del CCDH), así como Amnistía Internacional, Pax Christi y las otras organizaciones que hacen tanto ruido por la violación de los derechos humanos en Colombia, se pronuncien también sobre este caso y condenen los secuestros de todos los que no tienen nada que ver con la guerra actual. Espero igualmente que expliquen por qué no investigan acerca de lo que está pasando con la población civil que no está vinculada a la confrontación armada, y por qué ellos tragan entero todo lo que les dice una de las partes[867]”.

El asesinato de la exministra (y el asesinato en esa misma época de Manuel Ruiz, el dirigente del Frente Social y Político, un grupo de izquierda) fue considerado por el Gobierno como una nueva “provocación de las FARC” contra el “proceso de paz”. No obstante, el presidente Andrés Pastrana, después de haber denunciado el “vil y cobarde asesinato” de Consuelo Araújo-Noguera, continuó, para sorpresa de todo el mundo, su política de “diálogo” con las FARC en la zona desmilitarizada[868]. La consecuencia no se hizo esperar. El 9 de noviembre de 2001, las FARC secuestraron a la sobrina de Consuelo Araújo-Noguera, Mireya Mejía, 42 años, en el departamento del Cesar. Mireya Mejía era consejera de paz de ese departamento. En el momento del rapto participaba oficialmente en una misión humanitaria[869]. El 5 de junio de 2003, en una operación antirebelde en Sanjuan del César (Guajira), la Policía detuvo a Hermes Enrique Guerra Martínez, el número tres del frente 59 de las FARC, el presunto asesino de Consuelo Araújo-Noguera[870].

Después del fracaso de las conversaciones de paz con Pastrana, las FARC anuncian una nueva prioridad: secuestrar el mayor número de personalidades políticas para ejercer presión sobre el Congreso colombiano para que apruebe una ley que permita intercambiar rehenes con guerrilleros encarcelados. Consecuente con eso, un escuadrón de las FARC secuestra a Ingrid Betancourt, la ex candidata presidencial de un pequeño partido verde, el 23 de febrero de 2002. Otro comando logra apoderarse del ex ministro de Defensa, Gilberto Echeverry Mejía, 69 años, y del gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa, 40 años, el 21 de abril de 2002, durante una marcha pacífica en solidaridad con la población de un pueblo que había declarado su oposición a los grupos armados. Las FARC secuestrarán a otros cinco miembros del Congreso. Desgraciadamente, el 5 de mayo de 2003, durante un intento del Ejército para liberarlos, Gilberto Echeverry, Guillermo Gaviria y otros ocho rehenes (todos militares) son abatidos a sangre fría por sus secuestradores, en una zona forestal no lejos del pueblo de Urrao. Antenor Biellar, uno de los tres sobrevivientes de la masacre, dijo que cuando los guerrilleros vieron que el helicóptero militar se acercaba, su jefe dio la orden de matar a todos los rehenes “sin dejar un solo sobreviviente”. Los rehenes recibieron ráfagas de fusil y después tiros de gracia en la cabeza[871]. Ese acto ignominioso desencadenó una nueva ola de indignación en Colombia. Esa matanza de rehenes ocurrió justo en el momento en que el país discutía sobre la conveniencia de ceder ante la propuesta de las FARC de realizar un intercambio “humanitario” entre el Gobierno y las FARC. Ese intercambio, que el Gobierno y la opinión pública rechazaban, consistía en poner en libertad a la totalidad de los miembros de las FARC en prisión (más o menos 900 en ese momento), a cambio de la liberación de unos cuantos rehenes. Las FARC, sin embargo, podrían tener en sus manos a más de mil personas. Entre ellas había una veintena de políticos, 50 militares y policías y tres ciudadanos norteamericanos secuestrados en febrero de 2003.

El ELN, que había asesinado cobardemente el 26 de abril de 2003 a Ana Cecilia Duque, una maestra de 25 años, secuestrada cinco día atrás, pues su padre se había negado a dar muerte a una persona, declaró cínicamente que la masacre del 5 de mayo era “la culpa del presidente Uribe quien no tiene un gramo de sensibilidad humana[872]”.

El investigador colombiano Gonzalo Sánchez admite, no sin una cierta ambigüedad, que “ninguna guerrilla del mundo empujó tan lejos la práctica del secuestro como la guerrilla colombiana. Y ese componente de la lucha armada […] no puede abrigarse detrás de la no menos verdadera degradación de los sectores vinculados a los aparatos armados del Estado[873]”. Las guerrillas hacen del secuestro un instrumento de terror que les permite acumular un capital, paralizar a la población civil y penetrar el hampa urbana. Al mismo tiempo que participaban en “los diálogos de paz” en la zona desmilitarizada, las FARC ocultaban y retenían en esa zona a más de 250 víctimas de secuestros y negociaban allí su liberación, según la Fiscalía General de la Nación. Los paramilitares y la delincuencia común realizan también secuestros pero la guerrilla es la que domina ese siniestro panorama. Según la ONG Pax Christi Holanda, que recibió amenazas anónimas por haber lanzado en 2002 una campaña internacional para denunciar el azote social de los plagios, “el ELN y las FARC son los autores del 70% de los secuestros realizados en Colombia en el primer semestre de 2001[874]”. Lidwine Zumpolle, responsable de Pax Christi Holanda, considera “inaudito” que países del Viejo Continente desempeñen el papel de “facilitadores” del proceso de paz con grupos que practican a tal escala los secuestros. “Si no dejan de secuestrar, la UE debería congelarles sus cuentas[875]”, propone Lidwine Zumpolle. La actitud de Pax Christi Holanda molesta a más de uno. La rueda de prensa que esa ONG realizó en Madrid fue saboteada por energúmenos que estaban decididos a hacer fracasar esa campaña.

LOS ATAQUES CONTRA LA INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA

No contentos con hacer la guerra contra los recursos naturales y contra los territorios, las guerrillas intentan destruir todo lo que no pueden apropiarse, para minar la potencia del Estado y aterrorizar a los civiles. Al atacar el sistema hidráulico del país (represas y acueductos, sobre todo), los rebeldes violan las normas internacionales sobre la guerra y ponen en peligro la vida de millones de personas.

La industria petrolera y de hidrocarburos y las redes de transmisión de energía eléctrica son su objetivo favorito. En diciembre de 2000, Ecopetrol, la empresa nacional de hidrocarburos, así como las empresas subcontratistas del sector, revelaron ser el objeto de amenazas por parte del ELN porque todas ellas se negaban a ser chantajeadas. A causa de tales amenazas, tres locales de la empresa Perenco y otra de Ecopetrol tuvieron que ser cerrados en Casanare. Pero el celo devastador de los terroristas apunta también contra otros conjuntos. La empresa norteamericana Drummond, que explota una importante mina de carbón al norte del país, es igualmente objeto de extorsiones y amenazas. Desencadenada por las FARC y el ELN, la ola de atentados, entre agosto de 1999 y marzo de 2001, destruyó 6.000 torres de alta tensión, lo que representa el 40% del sistema de transmisión de energía del país. Sólo en 2001, las FARC y el ELN destruyeron 254 torres de alta tensión. Los daños para la economía del país fueron enormes y afectaron no sólo a la industria: los cortes de electricidad y la destrucción de las estructuras de telecomunicación perjudicaron sobre todo a las localidades más pobres del país. En la noche del 16 de marzo 2002, por ejemplo, 60% del país permaneció sin electricidad durante cuatro horas, a causa, según los técnicos de Bogotá, de la “saturación de la central de Chivor, causada por los 200 atentados contra las torres de transmisión de electricidad[876]”.

¿Destruir a Bogotá inundándola?

El 22 de enero de 2002, tres días después de la firma de un acuerdo entre el Gobierno y las FARC, acuerdo elogiado por el presidente Pastrana y presentado como un “cronograma que nos permitirá llegar el 7 de abril próximo a una tregua con cese el fuego y suspensión de hostilidades en todo el país”, Raúl Reyes, uno de los jefes de las FARC y uno de los signatarios del acuerdo, hizo saber sin rodeos, en una entrevista a la radio, que ese documento era, simplemente, caduco: “No es posible que un proceso tan importante como la firma de la paz con justicia social sea sometido a una fecha fijada por razones electorales. Los objetivos de la paz no pueden estar supeditados a una elección o a una fecha. No quiero saber nada de esa fecha”, eructó el hombre de Tirofijo.

El acuerdo había sido firmado en el pueblo de Los Pozos, después de varias semanas de vivas tensiones entre el Gobierno y los insurrectos. El presidente Pastrana, cansado de las dilaciones de los rebeldes, les había lanzado un ultimátum y los había amenazado con pedir al Ejército recuperar la enorme zona desmilitarizada, cedida a las FARC en noviembre de 1998 a cambio de una apertura de negociaciones. Para conservar el control de esa zona, los insurrectos se habían comprometido a ajustarse a un plan detallado de debates los cuales debían conducir a la firma, a principios de abril, de un cese el fuego que pondría fin a 40 años de sangrientas confrontaciones. Ese acuerdo había sido también el fruto de los esfuerzos diplomáticos de la comunidad internacional, representada por el enviado de la ONU, James Lemoyne, y los embajadores del grupo de los “países amigos”, los cuales habían convencido a los jefes de las FARC, a último minuto, de regresar a la mesa de negociaciones. Sin embargo, Raúl Reyes se rebeló contra eso. El súbito cambio de Reyes, una verdadera afrenta para el presidente colombiano, fue acompañado de una nueva ofensiva terrorista. En Bogotá varias explosiones mataron a seis personas, incluida una niña de cinco años. Sin olvidar, sobre todo, una operación destinada a hacer saltar la represa de Golillas, la cual hace parte del sistema que abastece de agua a Bogotá y sus siete millones de habitantes.

Un comando terrorista recibió, en efecto, la orden de inundar a Bogotá. Para lograrlo esa gente trató de destruir la enorme represa de Golillas. Afortunadamente, no lograron hacerlo aunque pudieron dinamitar el mecanismo central de la gran válvula, enterrada a 120 metros de profundidad, que regula la afluencia de agua que llena los embalses de Chuza y Chingaza, los más grandes del país. A pesar de su importancia estratégica, esa válvula no disponía de ninguna vigilancia en el momento del ataque. Si la destrucción de la presa se hubiera realizado, las aguas habrían inundado las ciudades de Bogotá y Villavicencio, matando a decenas de miles de personas, según la evaluación hecha posteriormente por la Sociedad Colombiana de Ingenieros.

Ante la enormidad del riesgo para la capital, el alcalde Antanas Mockus declaró que “ese ataque contra la alimentación de agua de las ciudades podría convertirse, a largo plazo, en un reto al suministro de agua del país”. En una manifestación contra el atentado, Mockus añadió: “Bogotá está indignada. […] Al atacar el agua ellos atacaron la vida de siete millones de bogotanos. En todas las guerras hay límites y la guerrilla acaba de violarlos”. ¿Por qué esa nueva tentativa de agresión contra toda una ciudad? ¿Porque las negociaciones de paz habían estado a punto de desembocar en un acuerdo verdadero? Eso es posible. Pero eso no explica todo. La respuesta de fondo la encontramos, quizás, no en las FARC, sino en Hannah Arendt, la célebre filósofa norteamericana que estudió las raíces de los sistemas totalitarios: “El medio más eficaz para fijar a los humanos es el terror continuo: no sólo el terror necesario para la instalación del sistema, ni el terror en favor de una voluntad tiránica sino el terror sin objetivo, sin fin, que paraliza todo pensamiento, que impide todo intercambio y que llega así a la destrucción de todo grupo[877]”.

¿Los terroristas pretendían causar una catástrofe? Todo parece acreditar esa versión. El plan inicial había sido concebido, según los servicios de inteligencia, como la respuesta de los insurrectos en caso de una ruptura del “proceso de paz”. Al destruir la represa, las FARC pensaban también obligar al Ejército a desplazar una parte de sus tropas hacia esa región, lo que reduciría la presión sobre la zona desmilitarizada. Sin embargo, a pesar del acuerdo concluido el 19 de enero, las FARC no cancelaron su plan dinamitero. Invocando como pretexto el tener que “reforzar (su) posición en las negociaciones de paz”, ellas decidieron pasar al acto.

El otro aspecto importante que resulta del asunto de Golillas es que las FARC, en su lucha total contra la sociedad colombiana, habían adoptado una línea de destrucción de masa y de hiperterrorismo[878]. Aunque ese grave atentado no tuvo éxito, los jefes de las FARC demostraron así que habían hecho un notable cambio en sus métodos y en sus objetivos de lucha. La evolución de la amenaza terrorista ese día subió de grado. Que esa tentativa de destrucción de una ciudad entera haya sido puesta parcialmente en ejecución después de los atentados del 11 septiembre de 2001 en Nueva York y Washington no es una casualidad y prueba la gravedad de la nueva orientación tomada por los jefes de las FARC. No obstante, esa demostración clara de una voluntad de hacer evolucionar el terrorismo hacia actos de destrucción masiva no fue registrada como tal, ni por las autoridades, ni por la sociedad civil colombiana. Ningún análisis en este sentido se ha producido, que sepamos, hasta hoy. Peor, en lugar de denunciar el atentado de Golillas como un verdadero casus belli, los partidarios de la “negociación” a ultranza con las FARC se limitaron a declarar que se trataba simplemente de una nueva “violación del Derecho Internacional Humanitario”, sin admitir lo que todo el mundo en Colombia se había dicho: ese atentado significa el abandono de hecho de todo tipo de negociación por parte de los terroristas.

La impotencia demostrada por el presidente Andrés Pastrana ante el terrorismo no es algo nuevo. Ello corresponde a un modelo de conducta impuesta al Gobierno por las bandas armadas desde que las “negociaciones de paz” fueron inventadas en este país en los años ochenta: cada vez que las partes llegaban a la firma de un documento, aunque éste sólo aportara una esperanza insignificante de llegar a la paz, los insurrectos se consideraban autorizados a desencadenar violencias de extrema gravedad, convencidos como estaban de que el Gobierno no aportaría la respuesta adecuada, ni a nivel militar, ni a nivel político, para no correr el riesgo de destruir el improbable “proceso de paz”. Es gracias a esa lógica suicida que las Fuerzas Armadas sufrieron golpes muy duros, mientras que las FARC hacían progresos considerables desde el punto de vista estratégico, aunque sin que nunca, por el contrario, llegaran a ganar el apoyo de los colombianos.

Sin verdaderas razones de existir (Colombia no es un país ocupado por una potencia extranjera, no hay dictadura y no existe irredentismo religioso), las guerrillas leninistas colombianas se perennizaron gracias a la geografía y a la debilidad e inercia del Estado colombiano. La zona desmilitarizada, el dinero de la droga y los secuestros masivos contra rescate no hicieron más que reforzar la logística de los rebeldes. Consecuencia: los paramilitares de extrema derecha —⁠que practican los mismos métodos bárbaros de las guerrillas comunistas, masacran, cometen atentados ciegos y específicos, practican el tráfico de drogas— conocieron una extensión rápida. Así, la espiral de la violencia no hizo más que ampliarse, entrampando las auténticas voluntades de paz.

Hoy millones de colombianos se plantean esta cuestión: ¿Para qué sirve un “proceso de paz” en esas condiciones? ¿No sería necesario cambiar de modelo e imponer a los autores de violencias otra estrategia? ¿Como el refuerzo del Estado y negociación cero si no hay pruebas tangibles de una voluntad de paz, como ha hecho España frente a la ETA? En dos ocasiones, Andrés Pastrana intentó modificar el esquema de “diálogos en medio de la guerra”: en febrero de 2001 y en enero de 2002. Pero los jefes de las FARC se salieron cada vez con la suya. La ayuda proporcionada a Colombia por los Estados Unidos (2.000 millones de dólares sobretodo en helicópteros de combate y en entrenamiento de tropas especiales) mejoró las oportunidades teóricas de victoria del Ejército sobre los rebeldes, pero la incuria y la confusión de algunos dirigentes políticos y el trabajo de zapa de los comunistas, sobre todo de quienes han infiltrado los organismos del Estado, podrían hacer naufragar toda posibilidad de liberar el país de las fuerzas totalitarias que lo corroen.

Signo de ese desasosiego, el diario El País, de Cali, la tercera ciudad del país, publicaba estas líneas amargas: “Nunca hubo proceso de paz. Todas esas comisiones, esas mesas redondas y esos comunicados no hicieron más que agravar la confusión. Nunca se previo seriamente el final de las hostilidades. Sin embargo, ése era el curso de toda negociación. La guerrilla constantemente hizo prueba de duplicidad, una duplicidad criminal que sobrecargó el balance de las violencias y de las destrucciones. Nunca las FARC han querido la paz. Su estrategia era clara: estirar las discusiones, mantener sus prebendas, obtener siempre más concesiones. La estúpida arrogancia de los jefes rebeldes prevaleció sobre la paciencia gubernamental”.

Sin embargo, el mérito del presidente Andrés Pastrana es haber arrancado a las FARC, por primera vez, una promesa de tregua y a una fecha precisa para ello. Por supuesto, las FARC retrocedieron rápidamente pero ello creó un precedente. ¿Esa presión psicológica hizo más peligrosa que nunca la organización de Tirofijo? Ciertamente. ¿Cuáles son las otras “sorpresas” que las FARC lanzarán contra el país la próxima vez que se reabra el llamado “proceso de paz”? En vista de lo que intentaron hacer contra el sistema hidrológico de Bogotá se puede deducir que no serán amabilidades. Los militares colombianos ven las cosas de ese modo. “Si no hubiéramos entrado en acción, Colombia ya estaría paralizada. Nosotros protegemos 2.000 puntos estratégicos del país, y solamente en los 15 últimos días evitamos 57 acciones de la guerrilla contra pueblos”, declaró el 26 de enero de 2002 el general Fernando Tapias, comandante de las Fuerzas Militares. Según él, las FARC “entraron en una especie de esquizofrenia que los lleva a cometer las mayores devastaciones posibles, sin preocuparse ni por su objetivo ni si sus ataques afectan a los civiles. Su plan es eminentemente terrorista, destinado a suspender los servicios públicos, sobre todo la energía, los acueductos, el transporte de combustibles y el sistema de carreteras del país”.

¿Colombia tiene el derecho a defenderse? ¿Colombia tiene el derecho a ser ayudado por la Unión Europea? Ciertamente. Sin embargo, a pesar de que ella sigue muy de cerca el caso colombiano, la UE no se ha dotado de una política clara frente a Colombia. Con todo, en 2001, 2.280 personas (entre las cuales 41 extranjeras) fueron secuestradas y los terroristas demolieron 254 torres de energía eléctrica. Éstos realizaron también 170 ataques contra los oleoductos. Para proteger las infraestructuras del país, Andrés Pastrana había pedido a los Estados Unidos, en noviembre de 2001, permitir que la ayuda militar del Plan Colombia fuera utilizada también en la lucha contra los grupos armados ilegales y para financiar el entrenamiento de un batallón de despliegue rápido de mil hombres. Washington respondió positivamente.

Menos de un mes después, el ELN destruyó el acueducto de Pailitas (Cesar) dejando a sus 20.000 habitantes sin agua potable durante meses. Las pérdidas fueron de 15 millones de dólares. El 20 de marzo de 2002, las FARC atacaron el acueducto de Pasto, ciudad de medio millón de habitantes. Las destrucciones de puentes implican el empobrecimiento de las regiones agrícolas y empeoran las dificultades de las poblaciones más desamparadas. La guerrilla destruyó 12 puentes en 2000, 21 en 2001 y 65 en los cinco primeros meses de 2002. Las pérdidas fueron de 390 millones de dólares[879]. Durante el gobierno de Andrés Pastrana, las FARC realizaron 907 ataques armados. La guerra le hizo perder al país, sólo en el año 2002, 5,8 puntos del PIB (4,6 mil millones de dólares). Según la ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, las pérdidas industriales (no petroleras), entre 1998 y 2002, fueron del 38,1%. Las inversiones extranjeras cayeron un 25,3 % y las destrucciones en el sector petrolero fueron del orden de un 10,5 %[880].

Para responder a esa avalancha vigorosa, la presión de Washington contra los rebeldes colombianos aumentó. Las FARC, que justificaron los ataques del 11 de septiembre de 2001 diciendo que éstos eran “la consecuencia de las políticas imperialistas (de los Estados Unidos) de estilo terrorista”, figuran ahora en la lista negra del Departamento de Estado de organizaciones terroristas que deben ser combatidas a nivel internacional. El ELN y los paramilitares de las AUC figuran también en esa lista negra. Todos ellos merecen estar en esa lista. Sin embargo, la Unión Europea juega al angelismo con esas organizaciones criminales sin medir las consecuencias de ello. Ella clasifica a las FARC y al ELN como organizaciones “sin alcance internacional”, sin preocuparse acerca de los contactos probados que hay entre las FARC y el IRA e ignorando el asunto de los videos de Ben Laden encontrados recientemente por la Policía en un apartamento de un jefe del ELN.

10.

ANTE LA GUERRILLA: MILITARES, AUTODEFENSAS

Y CIUDADANOS

TRES MILITARES Y MEDIO POR CADA MIL HABITANTES

En 1948, al principio de la primera ola sostenida de violencias, Colombia sólo contaba con 14.000 soldados para proteger un territorio de más de un millón de kilómetros cuadrados. A finales de 2002, las Fuerzas Militares contaban con 140.000 hombres y mujeres (contra 80.000 en 1998), para defender más de 2.000 puntos estratégicos. El presupuesto de las Fuerzas Armadas representaba apenas un 4% del PIB. De los 140.000 militares, sólo 60.000 estaban comprometidos en la lucha contra 39.000 actores ilegales en armas (30.000 guerrilleros y 9.000 paramilitares). El resto de las fuerzas era utilizado en la protección de las ciudades, de los oleoductos y demás lugares sensibles. En 2003, el personal de la Policía Nacional era de 120.000. Al año siguiente, el Gobierno decidió modernizar las Fuerzas Armadas y hacer que su personal ascendiera a 160.000. Hacia 2005 los gastos militares equivalían al 5% del PIB[881]. Esta cifra no es excesiva. Según la norma internacional, que aconseja tener una proporción de 11 soldados por un atacante fuera de la ley, el Estado colombiano debería tener más de 330.000 soldados. Pero la ausencia de medios financieros del Estado impone límites. Durante los últimos 50 años, el Estado colombiano gastó sólo un 2 % de su PIB anual en las Fuerzas Militares.

El Ejército colombiano mantiene estrechas relaciones con los Estados Unidos, sobre todo desde el Tratado de Río de 1947. En 1949, Washington instaló su primera misión militar permanente en Bogotá. La Colombia contemporánea sólo conoció un golpe de Estado, el del general Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957).

Según Phil McLean, ex diplomático norteamericano, el Ejército colombiano fue “un modelo para el resto del hemisferio, pero declina radicalmente desde hace 15 años[882]”. El Ejército sufrió golpes muy duros, en efecto, por parte de la guerrilla entre 1991 y 1998. La principal derrota ocurrió entre el 1 y el 3 de marzo de 1998, en El Billar, donde después de un combate de tres días, los 400 asaltantes derrotaron a un batallón de élite de la III Brigada móvil: los rebeldes mataron 67 soldados y secuestraron a otros 43. Los guerrilleros tuvieron una veintena de muertos. El Billar es una localidad próxima a la base militar de Tres Esquinas, sobre el río Caguán (Caquetá). “La ofensiva rebelde de esa semana demuestra que las FARC han mejorado claramente su capacidad militar”, consideró Eduardo Pizarro Leongómez, un politólogo y analista militar de la Universidad Nacional. Una mejora que se explica por una ayuda venida del extranjero. Páralos especialistas norteamericanos, ex guerrilleros marxistas venidos de Argentina, Chile y El Salvador habían llegado a Colombia en ese período para colaborar con las FARC[883]. Eduardo Pizarro, por su parte, emitió el mismo dictamen, o casi: “Probablemente con la ayuda de antiguos guerrilleros salvadoreños, las FARC pasaron por una renovación, sustituyendo las pequeñas unidades que podían sólo atraer al Ejército a emboscadas, por unidades mayores de 300 a 400 hombres. Esto les da la superioridad táctica sobre el Ejército[884]”. Algunos meses después, uno de los jefes de las FARC, alias Marco Aurelio Buendía, se vanaglorió de ello ante Karl Penhaul, un periodista de Reuters: “Tenemos un plan estratégico muy detallado para lanzar una ofensiva nacional. Sabemos de cuántos hombres tenemos necesidad y cuántos millones de dólares eso va a costamos[885]”.

Hubo también la matanza de Orito (Putumayo), el 7 de noviembre de 1992, donde perecieron 26 jóvenes policías mal equipados e inexpertos que protegían un oleoducto. Tomados por sorpresa por tiros de mortero, granadas y ametralladoras, los agentes combatieron durante tres horas, a pesar de que sólo tenían fusiles y de que estaban protegidos únicamente por las paredes de una construcción improvisada. Algunos se asustaron y dispararon ráfagas continuas desde el comienzo y derrocharon sus municiones. Muy rápidamente fueron desbordados. “¡No dejen vivo ni a uno solo de esos perros del Gobierno! ¡Mátenlos a todos!” gritaba el jefe de los guerrilleros, una vez la base fue tomada. El único sobreviviente, el sargento Fabio Benavides Marcillo, herido y dado por muerto, dirá que varios de sus compañeros fueron asesinados fuera de combate. Algunos de ellos pidieron clemencia: “¡Por piedad, no me maten! ¡Me rindo!”. Los tiros a quemarropa fue la respuesta. Una hora y media después, a las siete de la mañana, los refuerzos llegaron. Demasiado tarde. Los guerrilleros habían matado a todo el mundo, o casi, y habían abandonado el lugar, no sin haber robado todo lo que se podían llevar: los fusiles, el poco dinero de los policías, sus papeles de identidad, sus uniformes e incluso sus prendas civiles de vestir. Algunas horas después, la prensa recibirá relatos raros y anónimos sobre el sangriento episodio, versiones que la prensa se apresuró a publicar de manera irresponsable sin haber comprobado la veracidad de los mismos. Amargado, el sargento Fabio Benavides Marcillo dirá más tarde: “Todo lo que los medios de comunicación dijeron sobre esa tragedia era falso y destinado a desacreditar a nuestra unidad. Dijeron que la noche del ataque habíamos hecho una fiesta y habíamos llevado mujeres a la base. Eso no es cierto[886]” […] “Los guerrilleros nos tomaron ventaja porque las municiones se nos acabaron. Nadie fue degollado. Además, ningún periodista me contactó para comprobar lo que iban a escribir[887]”. La táctica de “matar una segunda vez” a los policías y a los soldados mediante la calumnia será empleada después en otros ataques. La contraofensiva del Ejército se extendió a todo el país y sobre todo a las zonas donde opera la guerrilla. Hacia el 16 de noviembre, 90 guerrilleros habían muerto en 36 horas de combate[888].

En esa época, las Fuerzas Armadas estaban en plena crisis de identidad. Se les acusaba de nadar en la corrupción, de cometer abusos contra los civiles, de estar dirigidas por generales ineptos que no salían nunca de Bogotá. Ese clima donde la propaganda subversiva desempeñaba un papel determinante fue utilizado con destreza por las fracciones “ avanzadas” del liberalismo y por las redes marxistas para lanzar (dentro y fuera del país) campañas de deslegitimación de las Fuerzas Armadas. Humillado y desconcertado, el Ejército, en realidad, no tenía ni los medios ni la claridad estratégica para hacer frente a las nuevas maniobras de la subversión. Una parte de su debilidad venía del hecho de que Washington no había querido apoyarlo durante la presidencia controvertida[889] de Ernesto Samper Pizano (1994-1998). En ese contexto bien particular, una grave alteración en la tradicional correlación de fuerzas entre militares y guerrilla había comenzado a operar. No obstante, en 1999, el Ejército destituyó a 400 de sus oficiales y desató una campaña interna masiva de educación política en materia de derechos civiles. Desde entonces, el porcentaje de violaciones de derechos humanos se redujo drásticamente y la capacidad militar de las Fuerzas Armadas se mejoró. Realmente, una parte de las acusaciones lanzadas contra el Ejército por algunos grupos de influencia europeos, basados sobre todo en Bélgica, no era más que pura intoxicación. Y los tribunales colombianos pudieron probarlo.

El caso de intoxicación más ruidoso fue el que involucró al coronel Germán Pataquiva (40 años). Acusado en 1992 de haber matado y “de haber hecho desaparecer” a un campesino de la región de San Vicente de Chucurí, después de “haberlo torturado”, el coronel será detenido por agentes del DAS[890]. Durante la investigación de la Fiscalía, los 17 campesinos que habían rendido testimonio contra el oficial reconocieron que habían actuado bajo la instigación del ELN, el cual los había amenazado de muerte si se negaban a acusar al capitán. Resulta que Germán Pataquiva, capitán en esa época, lejos de ser un “asesino de campesinos”, se había ganado la confianza de éstos ayudándolos a reparar sus casas y sus caminos. Gracias a los testimonios que había podido recoger, él se percató de que a los campesinos no les gustaba el ELN pues éste los obligaba a dar gratuitamente un día de su semana de trabajo a los llamados “colectivos de producción”. Los guerrilleros, además, se llevaban a sus hijos e hijas lejos, a sus campamentos, para reclutarlos por la fuerza. Las muchachas eran violadas y quedaban embarazadas con frecuencia. Peor, para tratar de crear el vacío más absoluto alrededor de los militares, habían asesinado a varias adolescentes por haber sido novias de algunos soldados. Sobre la base de esas comprobaciones, y al cabo de varios meses de actividad en la zona, el capitán Pataquiva logra romper la cadena de sumisión que los guerrilleros habían lanzado sobre los campesinos. Un día, la guerrilla mató al alcalde por el solo hecho de haber tejido lazos de amistad con el capitán Pataquiva. Ese crimen desbordó el vaso y Pataquiva no tuvo ninguna dificultad para convencer a los 2.000 campesinos de ir hasta el campamento del “capitán Parmenio”, quien aterrorizaba la región, con el fin de pedirle que los dejara trabajar libremente en sus campos, sin tener que someterse a los trabajos forzados y a las otras prohibiciones que les había impuesto. “La respuesta de la guerrilla fue brutal”, dirá Pataquiva más tarde a la prensa. El acueducto de Carmen de Chucurí fue dinamitado así como los puentes que se encuentran en las carreteras que conectan a ese municipio con la capital del departamento. Los camiones que sacaban el cacao de la zona eran incendiados. En cuanto a los campos y a los cercados, fueron sembrados de minas antipersonales[891]. El Carmen es el pueblo colombiano donde hay más niños y mujeres víctimas de esas minas.

En cuanto al joven campesino “asesinado” por el militar, reaparecerá sano y salvo. Al realizar una investigación para saber cuáles eran los campesinos más pobres de la región con el fin de darles víveres y comprarles provisiones, el capitán Pataquiva descubrió que uno de ellos era una mujer cuyo hijo único había sido reclutado por el ELN. El capitán le hizo saber a la madre del guerrillero que éste había puesto su propia vida en peligro pues la rigidez de la disciplina interna del ELN era tal que, por ejemplo, si él se dormía durante un turno de guardia, o si era sorprendido con alimentos que no hacían parte de su ración, él podía ser fusilado. “Dígale a su hijo, cuando entre en contacto con él, que yo puedo ocuparme de su protección si llega a encontrarse en dificultad”. Y eso fue lo que ocurrió. En efecto, en la primera ocasión, el joven se hizo detener por el Ejército. Luego, una vez conducido ante el capitán, éste cumplió su promesa y lo envió discretamente a Bucaramanga donde prestó servicios como informador de la inteligencia militar. Cuando el capitán fue detenido, su hermana encontró por casualidad la dirección y el número de teléfono del joven que decían torturado y desaparecido. Aunque los jueces de instrucción pensaron que se trataba de un subterfugio, el ex guerrillero se presentó a la Fiscalía, se identificó y contó la verdad de los hechos, lo que tuvo por consecuencia la puesta en libertad del capitán. Tras eso, Pataquiva presentó denuncia por calumnia contra los campesinos que lo habían acusado falsamente[892]. Convocados por la Fiscalía, éstos terminaron por reconocer que habían firmado esa declaración bajo la amenaza de la guerrilla, so pena de ser “liquidados”. Human Rights Watch, una de las ONG que más habían explotado esa historia para desacreditar al Ejército colombiano, y que había incluido el nombre del capitán Germán Pataquiva en una lista de “militares asesinos en Colombia”, oculta a los lectores de su página web el epílogo de este caso.

Human Rights Watch también guarda silencio sobre las actividades del coronel Pataquiva. Y por una buena razón: porque ese militar hace un trabajo innegable en defensa de los derechos humanos que las facciones que se pretenden defensoras de los derechos humanos nunca han hecho en Colombia, a saber: ayudar a los niños a salir de las guerrillas. Pataquiva, en cambio, se moviliza para hacer llegar información a los niños en las zonas de guerrilla y para erigir un centro médico y psicológico dedicado a la reconstrucción moral y social de esos menores que han vivido el horror absoluto en todas sus formas: la separación (a veces por la fuerza, a veces por engaños) de sus hogares, la brutalidad disciplinaria dentro de las guerrillas, los combates espantosos donde los niños son utilizados como fuerza de choque para proteger a los jefes veteranos[893], los abyectos “consejos de guerra”, los asesinatos y otras ejecuciones cometidas por ellos mismos, por la fuerza y bajo las amenazas de sus superiores[894]. Pues en Colombia los desertores de la guerrilla, sobre todo si son menores de edad, tienen el derecho a ser protegidos por el Estado, gracias al decreto 1385 de 1994. Pero los beneficiarios de ese programa ignoran todo al respecto. Para hacerles llegar esa información, el coronel Germán Pataquiva hace todo lo que está a su alcance, como programas de radio o lanzar boletines al respecto utilizando un avión prestado.

En febrero de 2002, un sondeo de opinión revelará que las fuerzas de seguridad (militares y Policía Nacional) eran la segunda institución más respetada en la nación detrás de la Iglesia católica[895]. En 2003, las Fuerzas Militares ocuparon el primer lugar en el índice de aprecio que la opinión pública concede a las instituciones colombianas. Según los sondeos, superarían a la Iglesia y al Poder Judicial, dos instituciones tradicionalmente bien calificadas en los últimos años[896].

EL DESPEGUE

La falta de oficiales (sobre todo de suboficiales), la falta de recursos técnicos, así como los errores de orientación (ausencia, por ejemplo, de verdaderas brigadas móviles) y una mediocre labor de inteligencia, explican el bajón militar de los años 1991-1998. La propaganda antimilitarista, los procesos contra algunos oficiales (fenómeno conocido bajo el nombre del “síndrome del fiscal”) y los graves errores en la compra de material de guerra tuvieron también un impacto negativo sobre la moral de las tropas. En esa época, para ahorrar dinero, Bogotá adquiría cartuchos iraníes de mala calidad, granadas yugoslavas que sólo estallaban si se las lanzaban desde un cierto ángulo, granadas surafricanas que estallaban ante el calor del cuerpo del soldado[897]. En 1990 y 1991 el Ejército acumulaba un déficit de 28.000 millones de pesos. Por otra parte, debido a la insuficiencia escandalosa de helicópteros de combate y de embarcaciones fluviales, la velocidad de progresión de las tropas en las zonas de guerra en selva era de tres kilómetros al día, según el general Henry Medina, director de la Escuela Superior de Guerra de Colombia[898]. Los errores cometidos por oficiales en el transporte de tropas (meter todos los soldados en camiones sin escolta y sin recorrer a pie las sendas o la selva) no ayudarán a evitar emboscadas sangrientas, como la de Usme (28 de agosto de 1993), y la de Santa Rosa de Osos (2 de septiembre de 1993), donde un total de 27 soldados y policías fueron abatidos. Pero el refuerzo de la Fuerza Aérea gracias al Plan Colombia y a las medidas adoptadas a partir de agosto de 2002 por el presidente de la República Álvaro Uribe Vélez dieron un nuevo impulso a las Fuerzas Armadas. Entre 1999 y 2002, Colombia recibirá 1.723 millones de dólares de ayuda militar y 264 millones de ayuda social, de los Estados Unidos. Más de mil millones de dólares fueron invertidos en 79 helicópteros: 65 para el Ejército (33 Huey uh-ih, 14 Black Hawk, 18 Super Huey) y 14 para la Policía (12 Super Huey y 2 Black Hawk). El Ejército entró entonces en un período de éxitos específicos contra la guerrilla y los paramilitares y llegó incluso, en 2002, a abrir una fase de contención de los irregulares (guerrillas y paramilitares).

LAS AUTODEFENSAS ILEGALES

El escritor francés Romain Rolland, admirador de la revolución bolchevique, escribía en 1924, de regreso de un viaje por Rusia, esto: “El bolchevismo […] generó el fascismo, el cual es un bolchevismo al revés[899]”. En el marco colombiano, una afirmación idéntica podría hacerse con relación a los paramilitares de extrema derecha: éstos fueron engendrados por la guerrilla comunista, pues los grupos de justicia privada, que se convertirán más tarde en grupos de autodefensa o en paramilitares ilegales, incluso en sus primeras manifestaciones más rudimentarias, aparecidas en los años sesenta, surgen como una respuesta desesperada ante las violencias, los abusos y los secuestros repetidos cometidos por la guerrilla prosoviética, en primer lugar, y por la guerrilla castrista más tarde. Y también como una reacción ante la impotencia de las fuerzas del orden para reprimirlas.

Los primeros paramilitares organizados sucintamente habían sido creados en la clandestinidad, en 1975, por campesinos ricos con la ayuda de algunos militares, para defenderse de las acciones destructivas de cinco frentes de las FARC. Fuera del robo de ganado, de los asaltos bancarios, de las extorsiones de toda clase, los hombres de las FARC se financiaban sobre todo mediante el secuestro de ganaderos y de propietarios de tierra. Sin ningún medio de defensa en esa época y a la merced de los terroristas, los campesinos ricos podían ser secuestrados una, dos o hasta tres veces. Incluso los que pagaban el “impuesto revolucionario” podían ser secuestrados[900]. Los organismos de autodefensa de los agricultores comienzan pues a surgir de manera espontánea. Pero con la fuerte irrupción del narcotráfico, hacia los años 1978, y las tentativas de la guerrilla para expoliar a los nuevos ricos, la respuesta de éstos será sin miramientos: fundan el grupo “Muerte a Secuestradores”, secuestran y asesinan a ciertos elementos de la guerrilla, sobre todo del M-19, e imponen una relación de fuerzas que los rebeldes se ven obligados a respetar. Pero como las guerrillas optan por una estrategia de doble sentido (hacer negocios con algunos jefes narcos y pillar a los jefes narcos menos organizados), las autodefensas financiadas con el dinero del tráfico de cocaína se transforman en despiadadas máquinas de muerte. Al principio, las FARC dejaron entrar en los territorios bajo su influencia a algunos traficantes de droga. Estos siembran plantas de coca y los guerrilleros se hacen pagar un “impuesto”. Eso explica por qué la extensión de los cultivos ilícitos se hará, en realidad, bajo la protección de las FARC, de modo que en 1980, un 80% de la producción de coca se recoge en las zonas bajo ese control[901]. Después, cuando las guerrillas son demasiado codiciosas, esa alianza se rompe. En esos años, el narcotraficante Fidel Castaño Gil, alias Rambo, hermano mayor de Carlos Castaño, había formado verdaderos escuadrones de la muerte, que serán los autores de decenas de matanzas de campesinos y de activistas de izquierda. Rambo había jurado vengar a su padre, muerto después de haber sido secuestrado por una guerrilla maoísta. Su obsesión era “erradicar a los comunistas”.

El investigador universitario Mauricio Rubio resumirá así la situación: “La no represión militar de la guerrilla; la reacción previsible de los sectores afectados por los secuestros hacia la adopción de esquemas paramilitares en menor proporción pero similares a los de los narcotraficantes, las alianzas inestables entre la subversión y los narcotraficantes, así como la progresiva cooptación de miembros de los organismos de seguridad por el narcotráfico, abrieron el camino a la ‘guerra sucia’. En esa situación compleja se consolida la noción, tenaz incluso hoy en día, según la cual para sobrevivir en el conflicto no se debe estar menos financiado que el adversario[902]”.

Los grupos de autodefensa ilegal, que en 1987 constituían más o menos 150 bandas, las cuales encuadraban cerca de 5.000 hombres armados (el equivalente de los guerrilleros de la época), perpetraron numerosas exacciones, secuestros, crímenes sobre individuos aislados (periodistas, jueces, agentes de la Fiscalía, activistas de ONG, militantes de izquierda), y masacres de campesinos sospechosos de ser miembros o simpatizantes de la guerrilla. Con tales métodos, esos grupos hicieron retroceder a la guerrilla en varias regiones, como el Urabá. Su política de alianzas era confusa. En algunos lugares disponían de apoyo militar o de la Policía. En otros lugares eran reprimidos por ellos. Decidido a poner freno al fenómeno paramilitar, el gobierno de Virgilio Barco Vargas, en plena guerra contra el cartel de Medellín, denuncia ante el Congreso la actividad de los paramilitares y dicta varios decretos que derogan las disposiciones de ley de los años sesenta sobre las primeras autodefensas campesinas que los paramilitares invocaban como precedente legitimante.

Desconcertado por el aumento de las extorsiones y secuestros, sobre todo en el Urabá, donde se encuentran las tierras más aptas para la producción de banano, un producto de exportación, el presidente de la República, César Gaviria, y el gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, crean las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada (Convivir). La guerrilla vivía una fase de expansión. El politólogo Alfredo Rangel considera que ésta “estaba, por primera vez en su historia, en condiciones de alcanzar objetivos estratégicos y pasar a una guerra de posiciones[903]”. La idea del Gobierno es pues constituir, con la aprobación del Ministerio de Defensa, servicios especiales de autodefensa en las zonas de riesgo elevado y crear redes de información para ayudar a las autoridades a intervenir más rápidamente antes o después de los crímenes. La otra idea era reglamentar y vigilar estrechamente las 300 empresas de seguridad privada y los 1.300 servicios de seguridad de las empresas. Muy rápidamente, 307 unidades tipo Convivir son creadas y sus miembros adquieren armas ligeras de defensa. El autor del proyecto, el superintendente Hernán Arias Gaviria, explicará tres años después que se trataba de un “esfuerzo importante que mostró su razón de ser”, pues había zonas del país “que escapaban a las manos de los criminales sólo gracias al trabajo de inteligencia y donde las personas recuperaban la capacidad de trabajar sobre sus tierras. A la gente le alivia saber que nadie vendrá ya a extorsionarlas ni a matarlas[904]”. Desde el principio, las guerrillas vieron en las Convivir un obstáculo a sus planes. Por eso las designaron como “objetivos militares”. Una campaña de propaganda contra ellas es rápidamente lanzada para diabolizar sobre todo la idea de la posible colaboración entre los civiles y las autoridades en materia de seguridad. Un grupo de ONG extranjeras “protectoras de los derechos humanos” comparte esa opinión y participa en la cruzada acusando a las Convivir de todos los males. Predican la pasividad y el fatalismo ante las exacciones y crímenes de las guerrillas y vituperan todo tipo de cooperación de las víctimas con las autoridades legítimas. “¿Por qué informar a las autoridades?”. “¿Por qué enseñarle a la población civil el uso de las armas?”. “¿Por qué vender fusiles a los ciudadanos?”. Ellas acusan a las Convivir de dotar a las cooperativas “con armas ofensivas” y constituir “un Ejército al servicio del Estado[905]”. Las Convivir fueron entonces desmanteladas.

En junio de 1996, las autodefensas de Córdoba y Urabá anuncian que han adoptado nuevas medidas contra la guerrilla. Lanzan esta consigna: “No hagas a los otros lo que no quieres que te hagan a ti”. El 24 de julio, Ricardo Sáenz, un hermano de Guillermo Léon Sáenz Vargas, alias Alfonso Cano, miembro del secretariado de las FARC, es secuestrado por un comando de las ACCU, que reivindica el hecho y acusa a la víctima de ser un “reclutador de jóvenes para las FARC”. El 31 de julio, Janeth Torres, la hermana de Hernando Torres Victoria, alias Pablo Catatumbo, otro jefe de las FARC, es secuestrada en Cali. Un mes después, es el turno de Leonor Palmera, la hermana de Ricardo Palmera, alias Simón Prinidad, jefe del frente 19 de las FARC. El 23 de octubre, la línea de “ojo por ojo” de las autodefensas se agrava: Beatriz Rodríguez, hermana de Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, número uno del ELN, es asesinada en Cúcuta[906]. En junio de 2000, las AUC golpean de nuevo. Esta vez se llevan a Guillermo León Valencia, 44 años, hermano del político conservador, Fabio Valencia Cossio, partidario y colaborador del presidente Andrés Pastrana. El móvil del crimen: “el señor Valencia Cossio, dicen los raptores, es excesivamente generoso con las FARC” y “defensor de sus intereses[907]”. Esos actos odiosos desencadenan viva reacción en el país.

Financiados por potentes agricultores, la versión más moderna de esos grupos ilegales serán las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una confederación anticomunista dirigida por Carlos Castaño Gil, una de las más grandes fortunas mañosas del departamento de Córdoba. Las AUC integran las autodefensas de Puerto Boyacá, de Ramón Isaza, las de los Llanos Orientales, del Cesar, de Córdoba y del Urabá (ACCU). Este último agrupa un 80 % de los hombres de las AUC. En varias ciudades, donde la guerrilla infiltró hombres, las AUC disponen también de personal, especialmente en Medellín, Barrancabermeja, Santa Marta, Cúcuta, Bucaramanga, Arauca, Villavicencio y Manizales. La velocidad de crecimiento de las AUC fue considerable, sobre todo durante el período de concesiones extremas hechas a las FARC por el gobierno de Andrés Pastrana. Las AUC disponían, en 2002, de 12.100 combatientes (contra 6.400 en 1998)[908]. Pero después de un breve desarrollo, esas estructuras, mal orientadas políticamente y bajo la presión de las autoridades colombianas y norteamericanas, comenzaron a declinar. Entraron sobre todo en una fase de división y de reorganización interna en el momento en que el nuevo presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, diseña una estrategia para restaurar la autoridad del Estado. “Cuando la guerrilla ya no exista, nosotros nos desmovilizaremos”, había prometido Carlos Castaño en marzo de 2001 a Scott Wilson, un reportero del Washington Post. El número dos de las AUC es arrestado en enero de 2001 y el mismo Carlos Castaño es asesinado en una emboscada tendida por otros paramilitares el 16 de abril de 2004, en la región de Urabá[909].

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La desaparición de Carlos Castaño había sido precedida de una serie de maniobras complicadas. Ante las amenazas de extradición de Washington, que lo acusan de tráfico internacional de cocaína, Carlos Castaño intenta rehacerse una virginidad limitando los excesos de las AUC (se le atribuyen a ese grupo más de mil “ejecuciones” en 2001). Castaño acusa también a algunos grupos de las AUC de “haber sido infiltrados por el narcotráfico y por los sicarios”. Después, renuncia, el 12 de julio de 2002, a la dirección política de las AUC. Su idea es “rehacer una organización nacional que esté a la altura de los colombianos honestos” pues la imagen arrastrada por las AUC es detestable. Castaño conserva la dirección de las ACCU, con otros jefes, como Salvatore Mancuso. A principios de septiembre, después de cinco días de deliberaciones, las AUC firman un documento de “reunificación”. Los 18 bloques renuncian al terrorismo y a financiarse con la droga. Dicen estar dispuestos a cesar sus “actividades ofensivas” en el momento en que el Gobierno “reemplace nuestra tarea de contención de las guerrillas”. Los analistas creen ver en el viraje de Carlos Castaño (quien dimite tres semanas antes de la investidura del presidente Álvaro Uribe) una tentativa para colocarse como el interlocutor privilegiado de las AUC ante posibles negociaciones de paz con el Gobierno, pero sobre todo para preparar su defensa ante las solicitudes de extradición, pues los Estados Unidos y la UE habían incluido las AUC en sus listas de organizaciones terroristas. Carlos Castaño había recibido el apoyo de las autodefensas campesinas del Casanare (ACC) que decían coincidir con él en su rechazo a los excesos. Según el analista Fernando Giraldo, Castaño era “un fuerte dirigente en esa época entre los paramilitares [que] pretenden, sin perder su autoridad, distanciarse de las brutalidades de las AUC para dirigir una negociación política”. En consecuencia, los paramilitares que no se inscriban en ese planteamiento “serán aislados y combatidos por el Gobierno[910]”. La política de firmeza del gobierno Uribe dará resultados ya que el 1 de diciembre de 2002, las AUC de Carlos Castaño (13.000 hombres) anuncian un alto el fuego unilateral para permitir la apertura de la negociación con el Gobierno. A continuación, otros bloques de autodefensa ilegales, más o menos disidentes de las AUC, hacen lo mismo, o casi: el bloque Metro cesa sus acciones pero no acepta el principio de la desmovilización; el grupo Central Bolívar (5.500 hombres) y el bloque Arauca aceptan el alto el fuego unilateral. El 21 de enero de 2003, el bloque Pedro Alfonso Márquez, de Norte de Santander, se suma a las negociaciones de paz. Por último, el bloque Tayrona, que reúne los grupos de Magdalena, Cesar y Guajira, adopta la misma posición[911]. Poco después, el acuerdo de Santafé de Ralito, entre el Gobierno y algunos jefes de las autodefensas, prevé su desmovilización total antes del 31 de diciembre de 2005. El otro paso positivo es dado antes, en noviembre de 2003, cuando 870 miembros del bloque Nutibara se desmovilizan. El 18 de diciembre de 2004, 553 hombres del bloque Calima de las AUC entregan sus armas en la localidad de Galicia (Valle) y en presencia de Sergio Caramaña, delegado de la OEA. Para facilitar las cosas, el gobierno Uribe autoriza la creación, en Tierralta (Córdoba), de una “zona de ubicación” de 368 kilómetros cuadrados, donde los diálogos con los paras tendrán lugar con participación de la OEA. A comienzos de agosto de 2005, más de 7.780 paramilitares habían entregado sus armas y aceptado su desmovilización definitiva[912]. Sin detenerse, dicho proceso llegará a su punto culminante en abril de 2006 cuando Luis Carlos Restrepo, alto comisionado para la paz, constata que el balance de la desmovilización es de 30.431 paramilitares desmovilizados. Los paras habían entregado 17.000 armas, 117 vehículos, tres helicópteros, 59 propiedades urbanas y 24.000 hectáreas de tierra. La prensa colombiana concluye, con razón, que se trata del “desarme más importante en la historia del país[913]”.

La reacción más virulenta contra la voluntad del Gobierno de abrir negociaciones con los paramilitares vino de las FARC, también de la extrema izquierda colombiana y de algunas facciones europeas disfrazadas en ONG “de derechos humanos”. El argumento de todos ellos es que los paramilitares son “delincuentes” que no deben nunca ser tratados como “interlocutores del Estado”. Esa tesis es indefendible. Las bellas almas que echan pestes contra las negociaciones de paz con los paramilitares son los más ardientes partidarios de los diálogos y de toda clase de concesiones a las guerrillas (aparentemente) de izquierda. Para ellas, los crímenes, incluso los más abominables de los terroristas “de izquierda” son perdonables y amnistiables mientras que los crímenes de naturaleza idéntica de sus adversarios no lo son. La moral de esos predicadores es, por lo tanto, ambigua y acomodaticia. En ellos, la noción de impunidad reaparece sin cesar ante cada episodio de las negociaciones con los paras, mientras que esa misma noción nunca perturbó sus conciencias durante las “negociaciones” con las FARC. ¿Al fin y al cabo, no fue Leonid Brezhnev quien declaró un día que “en nuestra sociedad es moral todo lo que sirve los intereses del comunismo”?

Si se sabe que las AUC y las FARC son idénticas por sus métodos, ¿por qué la negociación política con los paramilitares sería chocante y no la que concierne a las guerrillas? Por sus objetivos esas dos entidades podrían, ciertamente, ser diferentes. ¿Las AUC pretenden (como lo pretenden sin equívoco alguno las FARC) destruir la democracia liberal? Aparentemente no. Los enemigos de la negociación con las AUC destacan que la rebelión paramilitar “no era política” ya que no luchaban contra el Estado sino contra “colombianos”. De nuevo, ese razonamiento cojea, pues ese conflicto fue siempre político: los paras se rebelaron contra las guerrillas comunistas (consideradas en Colombia como actores políticos). Difícilmente se podría, pues, admitir tal argumento. Por el momento, los politólogos colombianos no avanzan una pulgada en el tema de la identidad criminal entre los terroristas de extrema izquierda y los de extrema derecha, comprobación que debería llevarlos a prever para todos ellos un tratamiento político idéntico: negociaciones sobre la base de un alto el fuego unilateral y efectivo, y una política de firmeza contra los recalcitrantes. Los enemigos de la negociación con las AUC se confinan, por el contrario, en una denegación neurótica del paramilitarismo como el mal absoluto, mientras que ante la guerrilla preconizan el regreso a una “actitud de transacción”, es decir, a una política de comprensión y de concesiones (léase “negociaciones de paz”), que no conduce a nada, excepto a reforzar los aparatos de la violencia totalitaria. Respondiendo a dos periodistas franceses[914], el presidente Uribe rechazó la argumentación de quienes temen que las negociaciones con los paramilitares beneficien a los autores de crímenes atroces: “La filosofía de nuestro proyecto ‘Justicia y Paz’ excluye eso absolutamente. En cada caso, nosotros estudiaremos escrupulosamente los antecedentes del individuo concernido. Si su única falta es haber pertenecido a la guerrilla o al movimiento paramilitar, entonces el proceso de desmovilización puede continuar. Si, por el contrario, el sujeto ha cometido crímenes atroces o se ha dedicado al tráfico de drogas, lo que se le aplicará es la clemencia cero”. Ese proceso de desarme, un logro enorme de la política de paz del gobierno Uribe, ha sido cuestionada, sin embargo, en Colombia y en el exterior. El argumento de sus adversarios es que, supuestamente, ese proceso “abre puertas a la impunidad”. Eduardo Pizarro, presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, no está de acuerdo con eso. “El que se ha cumplido con las autodefensas es uno de los pocos procesos de paz, en todo el mundo, en el que habrá cárcel para los responsables de delitos atroces”, subrayó el politólogo[915]. Juan David Angel, director del Programa de Reinserción, abunda en ese mismo sentido al decir que ese proceso “le deja un activo muy importante a la justicia: la plena identificación de personas que antes estaban en la ilegalidad y de las que no existía dato alguno[916]”.

LA RESISTENCIA CIVIL A LA GUERRILLA

Ante la impotencia de las autoridades, y hastiadas de los secuestros y brutalidades cometidos por los grupos fuera de la ley, las poblaciones de numerosos pueblos colombianos, armadas solamente de valor civil y temeridad, decidieron tomar iniciativas pacifistas. Así pues, los habitantes de algunos pueblos osaron incluso interponerse entre los asaltantes guerrilleros y los cuarteles atacados. Y lograron, a veces, hacer retroceder a los agresores. En otros casos, pagaron con su vida tal osadía. Los habitantes de los pueblos del Cauca, del Caquetá y de Nariño son los primeros en movilizarse de esa forma. Los resultados son desiguales. A veces buenos, a veces trágicos. En 1999, el Consejo Regional Indígena del Cauca lanza un manifiesto en Jambaló. Declara que ninguna acción de ningún grupo armado será tolerada en sus territorios. En julio de 2000 aplica esa doctrina destruyendo, con un grupo armado solamente de palos, varios laboratorios de cocaína controlados por las FARC. En noviembre de 2001, los indígenas paeces de Caldono (Cauca) y el cura del pueblo, Jesús Ossa, movilizan a los habitantes e impiden que las FARC destruyan el pueblo. Su ejemplo es imitado por los habitantes del pueblo de Bolívar quienes logran impedir, en tres ocasiones, la toma del lugar por las FARC. El 31 de diciembre de 2001, las FARC atacan la aldea indígena de Puracé (Cauca) de 1.200 almas, a 36 kilómetros de Popayán, y disparan contra el cuartel de Policía. Los habitantes, armados de tambores y banderas blancas, salen e intentan interponerse. Gritan: “¡Queremos la paz! ¡No destruyan el pueblo!”. Los asaltantes no vacilan esta vez y matan a un estudiante, Alberto Guauña, así como a dos policías y a ocho militares. Hieren también a tres civiles, destruyen la casa cural y otras 30 viviendas, la Caja Agraria y el cuartel de Policía. Sin embargo, entre el 12 y el 17 de noviembre de 2001, las poblaciones indígenas habían conseguido rechazar otros ataques con los mismos métodos, en Caldono, Bolívar y Coconuco donde la guerrilla tuvo que retroceder.

Toribio y Jambaló forman parte de una serie de pequeños pueblos indígenas del Cauca (con Totoró, Timbío y Mondomo) atacados por las FARC en julio de 2002 en represalia contra la resistencia de esas poblaciones que se habían movilizado para proteger a sus alcaldes, amenazados de muerte por las FARC. El 11 de julio, esa guerrilla lanza su ataque más violento contra Toribio, bombardeando el pueblo con morteros. Matan a un niño de diez años, y tres civiles resultan heridos. Destruyen una treintena de casas, el Banco Ganadero y el cuartel de Policía. Con todo, los catorce policías de la localidad resisten durante veinte horas al asalto de 500 guerrilleros, hasta el agotamiento de sus municiones. La guerrilla intenta entonces quemarlos vivos lanzándoles bombas incendiarias. Los asediados se rinden, pero la matanza que se prepara contra ellos no puede comenzar pues los campesinos y el cura párroco italiano se oponen. Por último, la guerrilla deja en libertad a los policías antes de salir corriendo: dos helicópteros y dos aviones del Ejército habían comenzado a dispararles. Los subversivos, antes de la llegada de las tropas de infantería, minan la carretera que conduce a Totoró, Timbío y Mondomo. El 25 de julio de 2002, la asamblea del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), que agrupa a 700.000 indígenas, decide “tomar medidas para resistir a las presiones de las FARC” en respuesta a los ataques que sufren esos pueblos.

MANIFESTACIONES EN LAS CIUDADES

Ese acto heroico de los campesinos y de los indígenas del Cauca despierta la admiración de todo el país. El 20 de julio, respondiendo a la llamada de Antanas Mockus, alcalde de Bogotá, miles de personas, vestidas con camisetas con la palabra “Resistencia”, salen en manifestación por las calles de Cali, Medellín, Barranquilla, Villavicencio y Bogotá, para organizar la resistencia civil contra la violencia de los grupos fuera de la ley, ya que según, un informe del Ejército, 5.800 personas habían sido asesinadas en Colombia entre principios de 1999 y finales de noviembre de 2001: 3.030 por la guerrilla y 2.770 por los paramilitares. El número de asesinatos en 1999 había sido de 1.653, y de 2.087 en 2000[917]. En las grandes ciudades, la población expresa su rechazo a la violencia a través de manifestaciones. Convocados por País Libre, una asociación presidida por el periodista Francisco Santos, actual vicepresidente de Colombia, 12 millones de personas salen a las calles el 24 de octubre de 1999 para protestar contra la violencia. En septiembre de 2004, cinco líderes indígenas, entre ellos Arquimedes Vitonás, alcalde de Toribio, cuna del CRIC, son secuestrados por guerrilleros de las FARC. Pero gracias a la reacción de la guardia indígena, que opera armada únicamente de palos, son soltados días más tarde. El pueblo Nasa (paez) es laureado en 2000 con el Premio Nacional de Paz y el alcalde Vitonás recibe, en nombre de los suyos, el Premio Ecuatorial, en competencia con otras 400 candidaturas del mundo entero. Su secuestro suscitó una protesta del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD[918]).

11.

El conflicto y su contexto internacional

LAS CONEXIONES DE LA GUERRILLA: EL IRA, LA ETA Y EL HEZBOLLA

Durante años, las FARC mantuvieron contactos con el IRA irlandés para ensayar y calibrar en Colombia armamentos ilegales. Pero también lo hicieron con los separatistas de ETA los cuales prestaron ayuda a las guerrillas colombianas, sobre todo en el noreste del país. A cambio, claro está, de una remuneración. Las FARC ordenaron a traficantes de droga europeos entregar un cargamento de 300 kilos de cocaína del cartel de Medellín al representante de ETA en la ciudad francesa de Perpignan, en la primavera de 1991[919]. Siempre muy discretos, los contactos de las FARC con los grupos terroristas extranjeros se hicieron más visibles durante el período de la llamada “desmilitarización” del Caguán. Las FARC, en efecto, acogieron en esa zona a varios terroristas internacionales para que entrenaran, a cambio de fuertes sumas de dinero, a sus tropas y para que probaran algunas armas mortíferas.

Como la mayoría de los “visitantes” extranjeros de las FARC se veían obligados a entrar a Colombia por los aeropuertos, para ganar después, por las líneas interiores, el aeródromo de San Vicente del Caguán, Bogotá pudo seguir en detalle el vaivén de algunos de esos singulares personajes. Al final de la experiencia de la zona desmilitarizada, las autoridades afirmaron tener la prueba del paso de una treintena de cubanos, nicaragüenses y ex militares venezolanos por esa zona, así como de algunos “activistas” italianos, croatas, yugoslavos, paquistaníes, rusos, turcos, norteamericanos, holandeses, camboyanos, israelíes, alemanes e irlandeses. Jeremy Parks, un hombre de 28 años que morirá durante un combate entre un grupo del ELN y una patrulla del Ejército en el departamento de Chocó, el 28 de octubre de 2001, era de nacionalidad británica. El Ejército reconoció haber dado muerte a ese individuo durante un intercambio de tiros, pero sin poder precisar si él combatía en las filas del ELN. La guerrilla dirá más tarde que lo había secuestrado y soltado después, horas antes de su muerte. El general Fernando Tapias, jefe de las Fuerzas Armadas, declaró que “el solo hecho de que la guerrilla haya reconocido haberlo secuestrado confirma la responsabilidad del ELN. […] Parks fue retenido contra su voluntad y si cayó en una confrontación con la tropa, es porque [los rebeldes] lo expusieron en ese combate”. Parks había entrado a Colombia por la frontera con Ecuador, en septiembre, después de haber residido en Cuba[920].

El asunto más notable de ese período se refiere al IRA pues se comprobó que tres de sus agentes habían ingresado a la zona entregada a las FARC. El 11 de agosto de 2001, James Monaghan, Martin McCauley y Niall Connoly, quienes portaban falsos pasaportes británicos, son capturados por la Policía en el aeropuerto de Bogotá. Encarcelados, son acusados de haber entrenado a las FARC en la fabricación de explosivos y en el uso de armas no convencionales. Después de haber residido durante cinco semanas en la zona desmilitarizada, los irlandeses habían intentado huir del país. Una evaluación de seguridad, publicada en junio de 2002 por la BBC, sugiere que las armas ensayadas en Colombia por esos individuos incluyeron cohetes artesanales, es decir, los infames tubos de gas propano rellenos de explosivos y clavos, utilizados por las FARC desde hace años contra edificios del Ejército y de la Policía y contra los civiles. En 2001, 55 comisarías y 1.091 viviendas fueron destruidas por esos cohetes.

La misión en Colombia de los irlandeses había sido aprobada por jefes del IRA, como Thomas Murphy, Brian Keenan y Evelyn Glenholmes. Esta última vive en la clandestinidad desde 1981. “El IRA utilizó a Colombia como terreno de experimentación para probar aparatos que ellos no podían utilizar en la república irlandesa” después del alto el fuego firmado con Londres[921]. En realidad, los vínculos FARC-IRA datan de 1997. Según los servicios de seguridad británicos, miembros del IRA habrían pasado cinco años en Colombia para probar armas[922]. Más grave aún, según las fuerzas de seguridad británicas, consultadas en agosto de 2001 por el Sunday Telegraph, los irlandeses se encontraban en Colombia para experimentar una “superbomba” cuyo poder sería igual al de una “pequeña explosión nuclear capaz de matar a cientos de personas y de destruir un búnker”.

A pesar de las pruebas obtenidas sobre sus prendas de vestir (mediante un sofisticado escáner de la embajada norteamericana en Bogotá), donde fueron encontrados rastros de varios tipos de explosivos, los irlandeses logran hacerse declarar inocentes por un juez de primera instancia el 26 de abril de 2004. Los tres admiten haber estado en contacto con las FARC pero alegan que se encontraban en la zona desmilitarizada “para hacer turismo”. Soltados el 15 de junio, simulan respetar la orden del juez de permanecer en Bogotá hasta la audiencia de la apelación, mientras organizaban la fuga. Tras su desaparición, Caitriona Ruane, diputada del Sinn Fein, la rama política del IRA, directora de la campaña “Bring them home”, se negará a dar el menor detalle sobre el destino de los activistas, antes de declarar: “Ellos están en Colombia sin la protección de las autoridades”. Lo que no dirá es que los abogados de los irlandeses habían rechazado el programa de protección ofrecido por el Gobierno colombiano[925].

De modo que el 16 de diciembre de 2004, cuando las tres personas son reconocidas como culpables de haber ayudado a los terroristas colombianos, su nueva detención no pudo ser hecha efectiva. Estimando que la presencia de rastros de pólvora en los vestidos de los acusados, su veteranía en la manipulación de explosivos y el hecho de portar falsos pasaportes constituían sólidas pruebas contra ellos, la sala penal del Tribunal de Bogotá los condena en segunda instancia a 17 años de prisión. Una orden de detención internacional es inmediatamente producida por la Fiscalía colombiana. Pero ya es demasiado tarde. Durante la instrucción del expediente, la Fiscalía había presentado los testimonios muy completos de dos ex miembros de las FARC (uno de ellos era el chofer del jefe subversivo Fabián Ramírez), quienes sostienen que los irlandeses habían entrenado efectivamente a los guerrilleros en la utilización de explosivos. En cuanto a la posible captura de los fugitivos, el fiscal general, Luis Camilo Osorio, se consolará diciendo que ello era “posible” dado que la comunidad internacional estaba en la “obligación” de colaborar con Bogotá[924].

CURIOSA COINCIDENCIA EL II DE SEPTIEMBRE DE 2001

La visita del secretario de Estado Colin Powell a Bogotá, destinada a reforzar el Plan Colombia, había sido violentamente criticada por las FARC. La fecha de la visita era el 11 de septiembre de 2001. Los ataques islamistas contra Nueva York y Washington ese día impidieron ese encuentro capital. Colín Powell tuvo que acortar su viaje por América Latina y regresar a Washington dejando de lado su cita en Bogotá. Poco después, las FARC justificaron los acontecimientos trágicos del 11 de septiembre diciendo, como se ha visto, que eran “el resultado de las políticas imperialistas de estilo terrorista”. Con el ataque de los terroristas islámicos en Estados Unidos, las FARC se vieron extrañamente beneficiadas, pues su campaña internacional contra el Plan Colombia pudo continuar con gran fuerza. ¿Fue ese episodio sólo una coincidencia? Hasta finales de 2004 no se habían hallado pruebas de la menor conexión entre las FARC y Al Qaeda. Sin embargo, índices de contactos éntrelas guerrillas colombianas y otros grupos armados islamistas existen. En diciembre de 2001, el DAS investigó acerca de las conexiones probables entre un grupo de personas de origen árabe que vivían en Maicao (Guajira) y los integristas. El DAS estima que se trata de un grupo que simpatiza con el Hezbollá libanes y que practica el blanqueo de dinero, el tráfico de armas y de droga, entre el Oriente Medio y América Latina. En 1977, la Policía ya había desmontado allá una estación de radio, Radio Park, que difundía diariamente desde hacía dos años proclamas belicosas en árabe y que comenzaba sus emisiones con el himno del Hezbollá[925]. La Policía colombiana encontró videos de Ben Laden en el domicilio de uno de los jefes del ELN de la misma región. En consecuencia, el Foreign Office decide, el 16 de noviembre de 2001, “limitar los visados a los delegados de la guerrilla” colombiana, en el marco de su política antiterrorista, añadiendo que podría congelar sus cuentas bancadas así como las cuentas de los paramilitares colombianos[926].

Las FARC habrían tenido también contactos con el Rengo Sekigun, un grupo terrorista japonés fundado en 1969, conocido en Occidente bajo el nombre de Ejército Rojo Japonés[927]. Su principal dirigente, Fusako Shigenobu, alias Señorita Nieve o La Viuda Negra, y una docena de sus camaradas, habrían encontrado refugio clandestino en las FARC en los años noventa. Escapados de una trampa tendida contra ellos en Beirut por los servicios secretos israelíes y japoneses, habrían conseguido ganar las montañas colombianas con la ayuda de las FARC. En su obra Naisho, enquète au coeur des Services secrets japonais[928], el periodista francés Roger Faligot afirma que el general Luis Enrique Montenegro, director del DAS, habría alertado al Japón sobre la presencia de Fusako Shigenobu en campos de las FARC, poco después del sangriento desenlace, el 22 de abril de 1997, de la toma de la embajada del Japón en Lima, por el Movimiento Revolucionario Tupac Amara (MRTA[929]). No se sabe muy bien cómo y por qué Fusako y sus camaradas entraron a Colombia. Roger Faligot explica[930] 1996, convencida de que las negociaciones de paz israelí-sirias avanzaban, una fracción del Ejército Rojo Japonés eligió el exilio en América Latina. La toma de rehenes en la embajada del Japón en Lima, el 17 de diciembre de 1996, que durará 127 días, sería, según Faligot, un índice serio de tal presencia.

EL PLAN COLOMBIA Y LOS TRABAJOS DE HÉRCULES

Decidida a cortar el cordón umbilical que existe entre el tráfico de drogas y las guerrillas, la administración de Andrés Pastrana concibió el Plan Colombia. Su objetivo: reducir un 50% los cultivos ilícitos en tres años y conseguir la pacificación del país. Ese plan suponía modernizar el Ejército, reforzar la justicia y ayudar a la población desplazada por la guerra. Bogotá vota entonces un presupuesto consecuente de 7.558 millones de dólares y solicita la colaboración de los Estados Unidos y de Europa. A pesar de tener a veces dificultades para comprender la política colombiana, Washington es la primera en reconocer que esa democracia se hallaba realmente en peligro y que debía ser ayudada. La Casa Blanca se comprometió pues a concederle a Colombia 1.319 millones de dólares, la mayor parte en material para mejorar la movilidad aérea de las tropas antidroga colombianas. Dieciséis helicópteros Black Hawk y 63 Huey fueron suministrados en tres años. Colombia financiaría el resto del Plan, con su propio presupuesto. El 30 de agosto de 2000, los presidentes de Colombia y Estados Unidos, Andrés Pastrana y Bill Clinton, anuncian el Plan en Cartagena.

Muy rápidamente, las FARC se oponen al Plan Colombia. Dicen ver en él “una intervención del imperialismo norteamericano”. Denuncian las fumigaciones de herbicidas sobre los cultivos ilegales y amenazan con desencadenar un “caos regional” con el éxodo de miles de campesinos hacia Ecuador. En realidad, lo que querían las FARC era conservar el control de las zonas de los cultivos ilícitos. Sobre todo las zonas del Putumayo, donde se concentra la mitad de la producción de coca del país, y mantener un dominio sobre los ríos que son vías muy importantes para el transporte de la cocaína, pues las carreteras y las vías aéreas están más o menos controladas. En ese contexto, José Bové, líder de un minúsculo sindicato agrícola francés bajo la influencia de la extrema izquierda, desembarca en Colombia, en julio. Tras una visita de seis días, regresa a París y anuncia que va a conducir una campaña para hacer que “la comunidad internacional aísle a Colombia” por los crímenes “contra la humanidad” que ella comete[931]. Para Bové, Colombia es comparable a “Suráfrica en la época del apartheid”, pues el Estado colombiano es culpable, según él, de “40.000 muertes violentas en los 40 últimos años”. José Bové, quien no dijo dónde había encontrado esa cifra, da a entender que está dispuesto, en cambio, a absolver a los grupos subversivos colombianos más violentos, pues declara que los culpables de esas muertes no son “ni las FARC ni el ELN, ni los narcotraficantes”, sino “el Estado”. De hecho, Bové busca todo lo que se asemeje a un argumento, incluso los más excéntricos[932], para enlodar el Plan Colombia, un plan, según él, “militar sin ningún objetivo de paz ni de desarrollo”. El destructor del restaurante McDonald’s de Millau (acto por el cual Bové pasa 44 días de detención en una cárcel y arrastra el calificativo de “vándalo” por parte del New York Times[933]) garantiza, además, que las fumigaciones de los cultivos de coca “harán de Colombia un nuevo Vietnam bajo el control completo de los Estados Unidos”. Pese a ello, ni las amenazas de las FARC ni las furias de un José Bové hacen retroceder a Bogotá. Trescientos asesores norteamericanos (militares y miembros de empresas privadas) llegan a Colombia para entrenar los nuevos batallones antidrogas. El resultado final es satisfactorio. En 2005, la presencia norteamericana en Colombia será de 800 soldados y de 600 civiles que trabajan en sociedades privadas. En total, 7.000 soldados norteamericanos habrían circulado en Colombia durante los tres últimos años. Por otra parte, miles de hectáreas de coca fueron devastadas por defoliación y el precio de la pasta base (40% de cocaína pura) aumentó: de 750 dólares el kilo en 2000, subió a 1.050 dólares en febrero de 2001. Pero en junio de 2001 bajó a 999 dólares el kilo[934]. El 24 de julio de 2002, el Congreso norteamericano suprimió las restricciones que le impedían a Colombia utilizar el material de guerra suministrado al Plan Colombia para combatir las guerrillas.

Criticado por sus detractores por su aparente “falta de resultados”, el Plan Colombia reforzará, en realidad, el sistema judicial[935] y erradicará, por defoliación aérea, más de 84.000 hectáreas de plantas de coca en 2001, contra 58.000 hectáreas en 2000, en el Putumayo, donde se concentra la mitad de los cultivos ilícitos del país. Esos esfuerzos antidrogas empujan a los mañosos y a las guerrillas a desencadenar movimientos de protesta. Organizan manifestaciones con cientos de cultivadores de coca y atacan a las fuerzas del orden. A pesar de eso, las destrucciones de las cosechas ilegales siguen aunque sin ser tan masivas como la propaganda de los terroristas intenta hacerlo creer en Europa. No habrá tampoco desplazamientos de pobladores hacia Ecuador. La amenaza de las FARC de “internacionalizar el conflicto” si las fumigaciones continúan, resultó falsa. Y otros éxitos del Plan Colombia no se hicieron esperar: 3.000 campesinos aceptaron el programa de erradicación manual de la coca a cambio de mil dólares por familia, en ganado y alimentos. Sin embargo, el acoso y el raqueteo de los guerrilleros impide a los agricultores obtener beneficios estables de esos subsidios.

EL RECHAZO DE BRUSELAS

Después del derrumbe de la URSS, Europa Occidental se convirtió en el principal campo de acción diplomático y logístico de las guerrillas colombianas. Ese terreno les será favorable hasta el 11 de septiembre de 2001, período en el que las autoridades se ven en la obligación de establecer una cierta distancia entre ellas y los terroristas colombianos, considerados hasta ese día como simpáticos retoños de Robin Hood. Durante años, la UE había jugado, en efecto, al angelismo con esos bárbaros. Invocando sus “diálogos de paz” con Bogotá, las FARC habían llegado a hacerse admitir en los salones europeos como audaces actores políticos.

Tal actitud tendrá efectos hirientes para Colombia. Invitada por el gobierno de Andrés Pastrana a dar una ayuda financiera de mil millones de dólares para mejorar la lucha antidroga, la Unión Europea, bajo la presidencia de Francia, rechaza sin rodeos el Plan Colombia, el 24 de octubre de 2000. En Bogotá, donde participaba en una conferencia de donantes europeos en favor de Colombia, Renaud Vignal, director del departamento “Américas y Caribe” del ministerio francés de Relaciones Exteriores y portavoz de la Unión Europea en ese cónclave, declara que el Plan Colombia “es asunto de los colombianos[936]”. Peor, el 15 de diciembre siguiente, Adriana Marín Cano, alias Olga Marín, y alias Arturo Campos, dos dirigentes de las FARC (Adriana Marín Cano parece ser la hija de Pedro Antonio Marín, alias Tirofijo), son recibidos en París por una delegación de la UE. Bernard Valero, viceportavoz del Quai d’Orsay, afirma que esa entrevista había recibido “el aval del Gobierno colombiano[937]”. Los enviados de Marulanda harán saber durante su visita parisiense que el Plan Colombia era para ellos una “declaración de guerra” y que él podría aumentar en los países vecinos de Colombia los riesgos de “extensión del conflicto”. A su vez, el Parlamento Europeo, donde los activistas de las FARC tienen sus entradas, rechaza también el Plan Colombia el 1 de febrero de 2001. En ese momento, Bruselas y Estrasburgo sólo veían erróneamente, en el Plan Colombia, un “plan norteamericano”. En mayo de 2001, Alain Veyret, diputado socialista y presidente de la delegación del grupo de amistad Francia-Colombia de la Asamblea Nacional, declara en Bogotá que el Plan Colombia “constituye un error táctico principal del Gobierno [colombiano] pues aparece como un plan norteamericano con un aspecto militar”, lo que constituye, según él, “una desventaja para la UE en sus gestiones de acompañamiento a la resolución del conflicto[938]”. Deseosa de diferenciarse de Washington, la UE seguirá siendo errática frente a la guerra en Colombia.

El trabajo de las ONG francesas contra el Plan Colombia había comenzado meses atrás y de manera exitosa. En junio de 2000, el Quai d’Orsay recibe a los representantes de diez grupos de defensa de los derechos humanos pues quiere conocer sus opiniones sobre el Plan Colombia. El comunicado producido al final del encuentro dirá que Francia adopta “una posición de rechazo” del Plan Colombia y que “no está dispuesta a discutir ese plan” ya que “su base está viciada al dar prioridad a la acción militar contra el tráfico de drogas”. Para verificar si esas extravagantes formulaciones reflejaban ciertamente la posición oficial de Francia, el autor se entrevistó con el portavoz del Quai d’Orsay, François Rivasseau, quien dirá: “Ése no es el vocabulario del gobierno francés[939]”. Pero al explicar que París “está completamente de acuerdo con el principio de ayudar a Colombia”, añade una frase que sembrará de nuevo la consternación en Bogotá: “Cualquier acción destinada a ayudar a Colombia debe ser aceptada por todos los componentes de la sociedad colombiana”. Otro funcionario, Jean-Marie Roignan, que acompaña a François Rivasseau en la entrevista, confirma eso y va incluso más lejos. Señala que el Plan Colombia “debe recibir el apoyo más amplio posible de la sociedad civil colombiana y de las partes en conflicto”. ¿De las partes en conflicto? ¿Eso quiere decir que, para París, la guerrilla debe hacer también parte del Plan Colombia? “Obviamente”, responde Roignan. “Deseamos que haya un debate con el conjunto de los protagonistas de la escena colombiana y que el Plan Colombia no sea decidido sólo por el Gobierno”. Así se sellaba pues la suerte de Colombia frente a la UE. Las otras reuniones, en Bruselas y Estrasburgo, no harán más que confirmar esa orientación política. Colombia está, pues, sola. Para hacer frente a la terrible batalla que va a tener que librar en los años que siguen contra la subversión comunista ella no podrá contar sino con la ayuda de los Estados Unidos. Los agentes de las FARC en Europa habían ganado esa batalla. No obstante, en abril de 2001, había todavía responsables de la UE, como Chris Patten, comisario europeo de Relaciones Exteriores, que se mostraban sinceramente dispuestos a ayudar a Colombia. El problema era que tenían un análisis muy poco claro de la cosa. Ellos querían aportar un fuerte apoyo político “al proceso de paz” y no a las autoridades legítimas de Colombia. Ese enfoque binario que por torpeza el Gobierno colombiano validaba, bajo la presión de la izquierda marxista, fue el origen de una confusión paralizante. Era necesario, más bien, sostener a las autoridades legítimas, llevar en hombros su proyecto de paz, sus tentativas de diálogo, sin poner a esas autoridades en un mismo pie de igualdad con la subversión. A fuerza de seguirla teoría de los “protagonistas armados”, donde el Estado y las bandas terroristas son iguales desde el punto de vista político y moral, la UE se dejó meter en un pantano. Ese esquema, creador de errores, daba a la guerrilla una fuerza geopolítica que nunca había tenido. “Nosotros hemos previsto grandes proyectos de desarrollo en regiones controladas por el ELN y las FARC”, clamaba Chris Patten. La fórmula era torpe: ni el ELN ni las FARC han controlado jamás una sola región de manera duradera. La zona desmilitarizada fue una cesión provisional ordenada por el Estado, y nada más. El apoyo político de la UE debía haber sido proporcionado al Estado colombiano, a los defensores de una democracia en peligro, sin ponerlos en igualdad de condiciones con quienes intentan dinamitar esa democracia.

Lo que siguió es más conocido. La Unión Europea, que había prometido seis meses antes una ayuda de 321 millones de dólares, se arrepintió y sólo concedió 105 millones de euros “para apoyar el proceso de paz”. Además, el dinero se hizo esperar. La UE, que dice comprender que el problema de la droga es transnacional y que acepta el principio de la “corresponsabilidad de los países consumidores”, parece poco dispuesta a ayudar a Colombia en la lucha contra ese flagelo. El capítulo social del Plan Colombia (200 millones de dólares para construir servicios de salud, ayudas a la creación de las pyme) debió, en consecuencia, esperar. En cambio, los Estados Unidos desembolsaron para el Plan Colombia 2.000 millones de dólares en tres años[940].

En noviembre de 2001, a pesar del aumento de las atrocidades de las FARC, París se niega a seguir el ejemplo británico de restringir los visados a los agentes de las FARC y del ELN y congelar sus cuentas bancadas, alegando que Francia forma parte del grupo de los países “facilitadores del diálogo”. Además, París cree saber que las FARC “no están vinculadas a Al Qaeda[941]”. Con todo, tales certidumbres se resquebrajan en marzo de 2004 cuando los servicios secretos colombianos (DAS) capturan a un colombiano de 43 años que se hace llamar Luis Hipólito Ospina Guzmán, más conocido en las FARC como “el musulmán”. Ese individuo había garantizado el entrenamiento de una veintena de jóvenes indigentes (entre los 12 y 19 años) en el departamento del Caquetá durante cuatro meses. Su objetivo, según las revelaciones de uno de ellos, arrestado semanas atrás, era hacerlos aceptar llevar chalecos rellenos de explosivos para cometer atentados suicidas contra objetivos militares en Bogotá y, sobre todo, contra la persona del presidente de la República[942]. El director del DAS, Aurelio Noguera Cotes, indicará a la prensa que “el musulmán”, un experto en explosivos que hablaba el inglés, el árabe y el alemán, utilizaba el Corán para adoctrinar a sus jóvenes reclutas. A aquellos que no llegaban a un grado suficientemente elevado de exaltación mística los amenazaba con matarlos a ellos y a sus familias, o en caso de que rechazaran una misión. La inquietante noticia no hizo, sin embargo, mucho efecto, ya que el general Martín Carreño, comandante del Ejército, se mostró escéptico: “No creo que las FARC llegan a tal extremo. Aquí [en Colombia] no somos fanáticos religiosos”. Que un general colombiano crea que las FARC tienen límites morales insuperables en la realización de sus objetivos terroristas dejó perplejo a más de uno. La réplica violenta no tardó. El director del DAS reveló que desde hacía varios meses el general Freddy Padilla, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, había alertado a varios servicios del Estado sobre la existencia de un programa secreto de atentados suicidas de las FARC. Aurelio Noguera Cotes concluirá que las declaraciones del general Carreño eran, probablemente, el reflejo de un cierto “resentimiento” ya que él había indicado anteriormente que “algunos comandantes carecían de voluntad para ir a la ofensiva”.

LA LISTA DE LAS ORGANIZACIONES TERRORISTAS

Después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 y de la resolución votada por el Consejo de Seguridad de la ONU contra todo tipo de apoyo a las entidades terroristas, los quince países europeos declararon que no expedirán más visados a la gente de las FARC y del ELN “hasta el día en que ellos liberen a todos los secuestrados europeos[943]”. Por último, después de las solicitudes reiteradas de Bogotá y luego de la masacre de Bojayá, la UE aceptó, el 13 de junio de 2002, incluir a las FARC en su lista negra de organizaciones terroristas, pero no hizo lo mismo respecto del ELN. El 3 de mayo, la UE había incluido a las AUC pero no a las FARC, lo que había suscitado una ola de indignación en Colombia. Para las FARC, tal inclusión de su nombre en la lista de las organizaciones terroristas, significa la pérdida de ciertas prerrogativas: visados y refugios para sus agentes, relaciones con los organismos estatales y paraestatales. Y, sobre todo, dificultades para abastecer sus haberes financieros.

La ayuda financiera europea para la paz en Colombia siempre ha sido modesta. A veces promete una ayuda de 105 millones de euros en cinco años, para un programa controlado por las ong. Otras veces apuesta todo al diálogo con el ELN, banda armada secundaria. Después, pone en igualdad de condiciones a los terroristas, a los narcotraficantes y al Gobierno (exigiendo que el problema del tráfico de drogas sea resuelto a través de “conversaciones”). Al día siguiente reitera que su ayuda “será condicionada a la continuación de los diálogos de paz”. El resultado de todo eso es que Bogotá tiene el sentimiento de que la UE esquiva el conflicto real. El “no” brutal dado por la Unión Europea al Plan Colombia, y su posición de conceder ayudas a dosis homeopáticas y a cuentagotas (esencialmente para proyectos privados y para las ong, y no para el Estado), negándose a dar, al mismo tiempo, un apoyo material y diplomático tangible al gobierno legítimo de los colombianos, constituye un formidable error que nunca contribuyó a la obtención de la paz en Colombia.

Todo lo contrario, ya que las organizaciones subversivas interpretan las vacilaciones de la UE como un estímulo indirecto a sus planes. Y eso sin que éstas le hagan la menor concesión a los europeos. En una declaración del 7 de diciembre de 2001, por ejemplo, la UE pidió a los grupos armados colombianos “liberar a todos los rehenes, tanto a los extranjeros como a los colombianos, y renunciar inmediatamente a tales prácticas”. La respuesta fue: nada de eso. Por el contrario, en febrero de 2004, el acuerdo entre Madrid y Bogotá sobre la venta de 40 tanques blindados AMX-30 y piezas de artillería españolas, durante el gobierno de José María Aznar (el primer contrato de ese tipo realizado por un país miembro de la UE con Colombia), desencadenó vivas protestas por parte de la subversión colombiana. Uno de los jefes de las FARC no dudó en lanzar amenazas a Madrid diciendo que tal venta equivalía a la “participación de España en el conflicto colombiano[944]”. Un mes después, a raíz de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid y de las elecciones legislativas españolas, los jefes del ELN pidieron a José Luis Rodríguez Zapatero, el nuevo jefe de gobierno español, cancelar el acuerdo sobre la venta de los tanques y encontrar una “salida política al conflicto colombiano[945]”. Rodríguez Zapatero les obedeció y el contrato de los tanques blindados fue cancelado.

Todo lleva a creer que la UE, así como los responsables de Bruselas y una buena parte del Parlamento Europeo, adoptó desgraciadamente, respecto de Colombia, la muy cómoda y paseísta teoría de los “actores armados”, teoría según la cual las guerrillas, los narcotraficantes, los paramilitares, las Fuerzas Armadas, el Gobierno, los partidos políticos, y todos los que luchan contra los fuera de la ley, tienen el mismo estatuto: todos son “actores armados”, lo que quiere decir que todos son actores criminales. En consecuencia, para los europeos no existe ninguna razón válida para elegir uno de esos campos, ninguna para sostener un campo contra el otro. El resultado de ese aparente neutralismo es que los que luchan para evitar la destrucción de una democracia representativa emanada de la soberanía popular se ven tratados como los enemigos de ésta. Esa teoría sorprendente, moneda corriente en algunos cenáculos universitarios y en las direcciones de ciertas ONG que se presentan como campeonas de la defensa de los derechos humanos en el Tercer Mundo, hace el más grande mal más allá del universo confortable (y alejado de la realidad) de ciertos institutos de “altos estudios” al ser utilizada como el sustrato ideológico de quienes militan en el Viejo Continente para vedar a Colombia de todo apoyo legítimo europeo.

INGRID BETANCOURT, SECUESTRADA

Por lo que hace a la liberación de Ingrid Betancourt, la UE tampoco obtuvo éxito alguno frente a los raptores. A pesar de los insistentes pedidos de la UE, las FARC siguen rechazando la entrega de la ciudadana colombo-francesa, secuestrada el 23 de febrero de 2002 cerca de Florencia, a 600 kilómetros de Bogotá. Algunas semanas antes de su secuestro, la ex candidata presidencial por el partido Oxígeno Verde (que obtuvo solamente un 0,6% de los votos[946]), había sido recibida por algunos jefes de las FARC en el Caguán, zona cedida en esa época a la guerrilla por el Gobierno. El planteamiento que hace Ingrid Betancourt a las FARC, formulado de la manera más directa, es: “Ustedes, las FARC, deben hacer un gesto unilateral, cesar los secuestros”, antes de añadir que no había otra salida para avanzar hacia una verdadera reconciliación nacional. Poco después, Ingrid Betancourt quiso regresar a San Vicente del Caguán para ver cómo ocurría la reconquista de la zona desmilitarizada por el Gobierno. Antes de partir, los militares le dicen que su proyecto de tomar la carretera es altamente aventurado ya que hay guerrilleros más lejos en el camino. Pero ella deseaba ir y así cayó en las garras de los criminales. Ahora, la familia de Ingrid Betancourt ruega al Gobierno no intentar liberarla militarmente por temor a que resulte herida o abatida en el asalto. Eso no impide de ninguna manera a la familia Betancourt acusar al gobierno de Álvaro Uribe de “no hacer nada” para liberarla. En cuanto a Clara Rojas, jefe de la campaña de Ingrid Betancourt, también secuestrada, el silencio es aún peor. Heroína olvidada, Clara Rojas, abogada de 39 años, habría podido regresar a Bogotá ese 23 de febrero ya que los guerrilleros querían secuestrar únicamente a Ingrid Betancourt. Pero Clara se niega a dejar sola a su amiga en esas circunstancias y prefiere ser secuestrada. Los plagiarios dejan en libertad a las otras personas de la comitiva de Betancourt (dos periodistas y el conductor) y huyen con las dos mujeres. Jacques Thomet, periodistas de la Agence France Presse, escribió: “La amistad de las dos rehenes se había tejido a principios de los años noventa cuando trabajaron juntas en el Ministerio de Comercio Exterior. Clara acababa de obtener su título de abogada. ‘Ella misma había deseado pagar sus estudios’, insiste su madre[947]”.

El secuestro de Ingrid Betancourt fue, en verdad, un magnífico regalo inesperado para los jefes de las FARC[948] quienes se esforzaban, desde hacía varias semanas, por secuestrar el mayor número de personalidades políticas para ejercer presión sobre el gobierno de Pastrana, quien rechazaba el “intercambio de presos” que la organización terrorista le proponía. Las FARC, en efecto, exigían la liberación de aproximadamente 300 guerrilleros encarcelados, a cambio de la libertad de los rehenes políticos. Lo que dejaba fuera de todo posible acuerdo a las otras personas que habían sido secuestradas con fines extorsivos. Al final de 2004, las FARC tenían en su poder a 23 personalidades políticas. Entre otras, al liberal Jorge Eduardo Gechen, presidente de la Comisión de Paz del Senado, y a los parlamentarios Consuelo González, Orlando Beltrán, Luis Eladio Pérez y Óscar Lizcano. El senador Gechen había sido secuestrado en febrero de 2002, después de que un comando de las FARC consiguiera apoderarse del avión en que éste viajaba. Antes del rapto de Ingrid Betancourt, las FARC habían secuestrado a 15 diputados de departamento, a un gobernador, a 47 oficiales y suboficiales del Ejército y de la Policía y a tres instructores civiles norteamericanos. Armando Estrada Villa, el ministro del Interior de ese momento, había rechazado el intercambio al declarar que “la exigencia de los guerrilleros suponía crear un signo de igualdad entre los servidores públicos y los dirigentes políticos que trabajan por el bien de la democracia, con personas que están en prisión porque violaron la ley[949]”.

Con el secuestro de Ingrid Betancourt las FARC quemaron sus puentes con varias entidades internacionales de importancia. El 24 de febrero de 2002, la ONU condenó el rapto de íngrid Betancourt y de Clara Rojas y exigió la liberación inmediata de todos los secuestrados en Colombia. La oficina colombiana del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos declaró que “con acciones de ese tipo [las FARC] violan seriamente las normas humanitarias”. Varios jefes de Estado, entre los cuales se encuentra el presidente francés Jacques Chirac, el primer ministro italiano Silvio Berlusconi, y el ministro ruso de Asuntos Extranjeros Igor Ivanov, pidieron la liberación de Ingrid Betancourt y de Clara Rojas. Una veintena de ciudades francesas creó grupos de solidaridad y piden la liberación de Ingrid y de los otros rehenes.

Insensibles y obstinadas, las FARC no quieren hacer nada para responder al clamor nacional e internacional. Su sola consigna es la amenaza constante de matar a los rehenes a la menor tentativa del Ejército de rescatarlos. Las FARC rechazan incluso todo contacto directo, telefónico o epistolar, entre los rehenes y sus familias. Peor, se niegan a aprobar la iniciativa de la Cruz Roja Internacional y de la Iglesia católica de visitar los campos de concentración de las FARC y comprobar en qué condiciones mantienen a los rehenes. Con todo, el arzobispo de Popayán, monseñor Luis Augusto Castro, quien está de acuerdo con la idea de los raptores de realizar un “intercambio humanitario”, se había propuesto como mediador en un posible proceso de esa naturaleza. Juan Carlos Lecompte, esposo de Ingrid Betancourt, siempre dispuesto a echar la culpa al presidente Álvaro Uribe del bloqueo de la situación, había comenzado a acusar, en agosto de 2004, a los verdaderos culpables de todo eso diciendo: “Las FARC están utilizando a nuestros parientes como escudos humanos para protegerse de la acción del Ejército. Eso constituye un atropello, una ofensa, es muy arbitrario[950]”. En cuanto a Yolanda Pulecio, la madre de Ingrid, ella no sopesa sus palabras cuando habla del jefe de Estado: “El presidente [Uribe] tiene una política de guerra y es inflexible. Parece no comprender que el intercambio humanitario es la única solución”. El despliegue del Plan Patriota de las Fuerzas Armadas, destinado a cercar las zonas de atrincheramiento de los jefes de las FARC, es visto por la familia Betancourt como un “nuevo riesgo” que el Gobierno “hace correr” a los rehenes, razón por la cual esa operación debería ser, según ellos, suspendida hasta la liberación de todos los rehenes[951].

LA DESESTABILIZACIÓN DE LAS FRONTERAS

Aunque interno, el conflicto colombiano arruinó la tranquilidad de las fronteras con los países vecinos. Sobre todo respecto del lado de Venezuela, que cuenta con 2.200 kilómetros de frontera común, y con la del Ecuador, que tiene 560 kilómetros. Para los rebeldes, la prioridad es construir santuarios en los países vecinos, ya que de eso dependen sus suministros en armas y sus otros tráficos. Por ejemplo, el gobernador del estado venezolano de Amazonas, Liborio Guarulla, denunció en septiembre de 2001 que los subversivos colombianos ocultaban rehenes y hacían transitar droga por los estados de Bolívar, Amazonas y Apure. Caracas refutó por supuesto esas alegaciones, pero el 22 de noviembre, seis guerrilleros que transportaban 340.000 dólares fueron detenidos en Cúcuta, ciudad no lejos de la frontera con Venezuela. Ellos dijeron ser miembros de un nuevo grupo: el Ejército Popular Latinoamericano (EPLA). Acusados de cometer secuestros en Venezuela, ellos serían elementos salidos (bajo la forma de una disidencia) de las FARC y del ELN.

La multiplicación de incidentes a lo largo de las fronteras con Panamá, Perú y Brasil preocupa también a las autoridades de Bogotá. Desde hace más de una década, las guerrillas colombianas penetran regularmente esos territorios para escapar al Ejército colombiano o para realizar operaciones de contrabando de armas y drogas. Desde 1999, los paramilitares colombianos están también muy presentes en esas regiones.

El esfuerzo más consistente de la guerrilla colombiana para exhibir su fuerza en una zona fronteriza tuvo lugar el 26 de febrero de 1995 sobre un puerto fluvial donde algunos guerrilleros del ELN mataron a ocho militares venezolanos. Es el “golpe de Cararabo”. Su objetivo: causar una crisis entre Colombia y Venezuela. Según Fernando Botero Zea, el ministro colombiano de Defensa en esa época, una comunicación de radio del ELN, interceptada por el Ejército, revelaba que esa organización quería hacer, además, un golpe similar en la frontera con Ecuador para crear una “fuerte desestabilización de las relaciones internacionales” del país[952]. Según el ministro, el teniente venezolano Francisco León Paolini había desertado de la Guardia Nacional venezolana para participar en el golpe de Cararabo y proporcionar información al ELN. A principios de marzo, las autoridades habían atrapado, en la localidad de Ituango, un lote de armas de fabricación venezolana destinado a la guerrilla. El golpe de Cararabo estuvo a punto de alcanzar sus objetivos. Tras el atentado, aviones militares de Venezuela violaron el espacio aéreo colombiano en sucesivas ocasiones y tropas de la Guardia Nacional maltrataron a campesinos colombianos y les mataron su ganado en la región colombiana de Cubará[953]. Dos exaltados diputados venezolanos, Humberto Celli y Haydée Castillo de López, propusieron perseguir en Colombia a los autores del ataque. El antiguo líder comunista, Pompeyo Márquez, ministro venezolano de Fronteras, agravó las cosas al calificar de “hostil” la actitud del Congreso colombiano que acusó al gobierno venezolano de haber maltratado a los campesinos.

Detrás de la acción de Cararabo los servicios colombianos creyeron ver la mano del Movimiento Revolucionario Bolivariano (mrb-200), dirigido por un personaje que comenzaba en esa época a crearle problemas a las autoridades venezolanas: el coronel golpista Hugo Chávez Frías. En un documento confidencial, enviado por los servicios secretos colombianos al presidente Ernesto Samper, se puede leer: “15 de febrero [de 1993]: entrada clandestina en territorio colombiano del coronel Hugo Chávez Frías, por la carretera San Cristobal-Guasdualito-Arauca-Tame donde se entrevistó con cabecillas del frente Domingo Lain del ELN con el fin de coordinar ataques contra las autoridades colombo-venezolanas de esa zona de frontera. 20 de febrero: ingresó a territorio venezolano instalándose en la región de Barinas. Inteligencia indica posible reunión para la primera quincena de marzo […] El encargado de coordinar las actividades terroristas por parte del ELN es Carlos Emilio Ramírez Montoya, alias Adriano, miembro de la dirección nacional del ELN, localizado en el territorio venezolano en límites con el departamento [colombiano] de Arauca[954]”. Los jefes de las FARC condenaron la incursión del ELN en Cararabo. Para ellos ese tipo de acción ponía en peligro el statu quo entre las guerrillas colombianas y el gobierno de Venezuela. “Las FARC están siempre agradecidas ante el gobierno venezolano quien, en 1991, nos abrió sus puertas para contribuir a la paz de los colombianos[955]”.

Las cosas empeoraron con las fumigaciones del Plan Colombia. En 2001, campesinos ecuatorianos se quejan de que sus cultivos son afectados por los defoliantes. Los atropellos de la guerrilla aumentan. Entre diciembre de 2000 y enero de 2001, tres explosiones destruyen secciones del oleoducto ecuatoriano y varios técnicos son secuestrados. El 10 de septiembre de 2002, un nuevo grupo, el FARE (Fuerzas Armadas Revolucionarias del Ecuador), reivindica la autoría de dos recientes explosiones en Ecuador y amenaza con asesinar a los “políticos corrompidos”. Revela también que sus miembros son entrenados por las FARC[956]. Todo ello desencadena la militarización de las provincias del norte ecuatoriano. Washington, que teme la presencia de representantes de Al Qaeda en Ecuador, envía 27 millones de dólares a. Quito para sostener la guerra contra el terrorismo. Esa situación propicia un enfrentamiento por error (y sin heridos) entre tropas ecuatorianas y colombianas: el 27 de junio de 2002, a 35 kilómetros de Tulcán, una patrulla del Ejército colombiano que perseguía a guerrilleros que habían cruzado la frontera, es atacada por soldados ecuatorianos.

CENTROAMÉRICA: UN MERCADO COMPLICADO DE ARMAS

Las relaciones entre los países de Centroamérica conocieron dificultades debido a los actores armados colombianos. El escándalo más conocido es el affaire Otterlo donde Panamá acusó a Nicaragua de cerrar los ojos ante el tráfico de armas hacia Colombia. El episodio tiene que ver con un lote de 3.000 fusiles AK-47 y 5 millones de balas vendido por la Policía de Nicaragua a la de Panamá, en noviembre de 2001, y que terminó en manos de paramilitares colombianos. Por intermedio de cuatro israelíes, ese arsenal había sido transportado en un buque panameño, el Otterlo, hasta el puerto colombiano de Turbo[957]. Es necesario saber que Centroamérica es un mercado de armas (en Nicaragua hay 30.000 AK-47 ilegales y El Salvador posee 450.000 armas no registradas) que genera una guerra subterránea en la región entre los paramilitares y las FARC[958]. La frontera venezolana también fue afectada por éstas. En 1999 hicieron su aparición en la región de Río de Oro, después de que las autodefensas colombianas llegaron a La Gabarra obligando a los subversivos a replegarse hacia el norte. El Perú fue igualmente afectado. El 23 de marzo de 2002, en Lima, estalló una carga de 40 kilos de dinamita, en un centro comercial a 50 metros de la embajada de los Estados Unidos, y mató a nueve personas e hirió a otras 30. Las autoridades de Lima, Bogotá y Washington piensan que las FARC están reconstituyendo la guerrilla de Sendero Luminoso y que financiaron ese atentado.

VENEZUELA: ¿UN PROTECTORADO PARA LAS FARC?

Colombia y Venezuela son dos países hermanos unidos por la historia y no sólo por una vecindad geográfica. Con todo, Colombia y Venezuela no tuvieron siempre las mejores relaciones en razón de un viejo diferendo sobre la demarcación de las aguas marinas y submarinas del Golfo de Coquibacóa o de Venezuela[959]. Aunque la delimitación de las fronteras terrestres fue firmada por Bogotá y Caracas en 1941, el litigio acerca de los derechos de Colombia sobre el golfo de Coquibacoa no ha sido superado. En noviembre de 1980, las tensiones aumentaron. En Caracas, la prensa informó que unidades antiaéreas en el estado del Táchira, no lejos de la frontera colombiana, habían tomado posiciones y que Colombia había reunido tropas en la Guajira, información que Bogotá calificó de “inexacta”. ¿Propaganda? Nadie lo sabe. Con todo, durante esos días Bogotá aceptó la propuesta venezolana de “aplazar las negociaciones” sobre el diferendo fronterizo, las cuales estaban previstas para el 10 de noviembre de 1980. El incidente más grave se desarrollará entre el 9 y el 12 de agosto de 1987, cuando una fragata de la Armada colombiana, la ARC Caldas, encuentra una corbeta venezolana en una zona del golfo que Colombia reivindica. Los dos buques estuvieron a punto de abrir fuego el uno contra el otro, lo que fue seguido de declaraciones agresivas de Caracas y de un vivo intercambio de palabras entre los cancilleres de los dos países en la OEA.

Las viejas negociaciones, sin efectos hasta hoy, tienen por objeto delimitar las zonas marítimas y submarinas de los dos países en el citado golfo, rico en petróleo. Las bases de un acuerdo habían emergido en 1980 cuando los grupos negociadores llegaron a ponerse de acuerdo sobre la posibilidad de declarar “mar interior” a ese golfo. Como la explotación de las riquezas marítimas está reservada a los países limítrofes, ese proyecto suscitó viva oposición en una fracción de la opinión pública venezolana. Por prudencia, o por incapacidad para llegar a un consenso, las dos partes optaron por dilatar al infinito las negociaciones. La situación en 2007 no ha cambiado al respecto.

Por el contrario, las relaciones entre los dos países se deterioraron aún más desde que Bogotá tuvo indicios de que el régimen de Hugo Chávez estaba dando apoyo clandestino a las FARC. Ese asunto comenzó exactamente el 1 de septiembre de 2001. Fernando Serna, un combatiente de las FARC, se rindió a las autoridades colombianas y dijo que había estado a punto de asesinar al presidente Andrés Pastrana durante la visita de Chávez a Bogotá, el 4 de mayo. Los policías constataron que el rebelde era, en efecto, de la comitiva de los dos presidentes, pues hacía parte del servicio de seguridad del venezolano. Estallado el escándalo, Chávez negó saber cómo ese hombre había podido “penetrar” su equipo de seguridad y acusó a la televisión colombiana de haber inventado todo eso. Sin embargo, la revista colombiana Cambio insistió: un día antes de la visita de Chávez, Serna y tres otros matones se habían encontrado en Bogotá para planear el asesinato del presidente Pastrana. Serna explicó a los fiscales que él debía disparar contra Pastrana durante la visita de Chávez al Museo Nacional de Bogotá. Sus cómplices harían estallar una bomba en la calle para crear confusión. Pero el proyecto fue cancelado pues los dos presidentes no se separaron en el Museo. Desconcertado por esas revelaciones, Chávez terminará por admitir, el 29 de octubre, haber tenido a un miembro de las FARC como guardaespaldas durante su visita a Bogotá. “Ignoraba que los rebeldes planeaban un asesinato”, aseguró. Según la investigación, Serna ingresó al servicio de seguridad de Chávez gracias a Alfonso Cano, un dirigente de las FARC que tiene buenos amigos en Caracas. Las FARC querían también matar a Álvaro Uribe, entonces candidato presidencial, con explosivos ocultados en dos biblias.

El 30 de enero de 2002 cuatro periodistas difundieron en Caracas un video hecho el 6 de julio de 2000 por oficiales venezolanos descontentos. Se ve en él a alias Rubén Zamora, jefe del frente 33 de las FARC, en conversación con oficiales de inteligencia venezolanos. Discuten sobre “un proceso de acercamiento” entre Caracas y las FARC. Abrumado, el gobierno venezolano replica: “Esa reunión era para discutir sobre la liberación de un venezolano secuestrado”. Algunos días más tarde una bomba estalla en el diario Así es la Noticia, cuya directora había hecho parte del grupo que reveló el video. En la misma semana, una avioneta Cessna que iba de Venezuela a Colombia fue interceptada. A bordo fueron encontradas 15.000 balas para fusiles AK-47, el arma preferida de las FARC. El diario El Universal, de Caracas, reveló entonces la existencia de una nota firmada el 10 de agosto de 1999 por el ministro venezolano de Interior, capitán Ramón Rodríguez Chacín. Asunto: un pacto entre Caracas y las FARC “para disminuir los secuestros en la zona de frontera”. Para el periodista Roberto Giusti, ese texto es la “prueba de los vínculos orgánicos y de la cooperación mutua entre el gobierno venezolano y la guerrilla colombiana”. El pacto preveía la entrega a las FARC de petróleo, medicamentos especiales, así como el asilo político y permisos de residencia a sus combatientes y facilidades para crear empresas en el ámbito bancario, agrícola, alojamiento y salud. Rodríguez Chacín, ex jefe de la Policía política, reconocerá más tarde haber escrito esa nota. Para él tal pacto era “legítimo” pues las FARC se habían comprometido a “no implicar a venezolanos ni a realizar operaciones” en el territorio venezolano. Más tarde, la opinión se enterará de que Rodríguez Chacín había visitado a los jefes de las FARC a principios de 1999, en la zona desmilitarizada del Caguán. Las simpatías de Hugo Chávez por las FARC son la razón del deterioro de las relaciones diplomáticas entre Bogotá y Caracas. A pesar de las revelaciones de los medios de información de Caracas y Bogotá, Chávez sigue negando su ayuda a las FARC. Pero la verdad surgirá de nuevo, gracias, como siempre, a la prensa.

LOS DESCUBRIMIENTOS DE RÍO DE ORO

Tres periodistas colombianos, Jineth Bedoya, Ismael Medina y Diego Suárez, parten en expedición por las montañas del Catatumbo y pasan la frontera con Venezuela. El 5 de abril de 2002, en Río de Oro, encuentran lo que buscaban: guerrilleros colombianos de las FARC bien armados y bien instalados en territorio venezolano[960]. Sus campamentos están vigilados por helicópteros del Ejército venezolano. Lo que Bogotá denunciaba desde hacía meses, relevado por las declaraciones de comerciantes y agricultores venezolanos exasperados por las extorsiones de los subversivos colombianos, es constatado de esa forma. Los periodistas encuentran tres campamentos con 50 hombres de las FARC y del ELN. Darío, el jefe del grupo, admite que están en Venezuela desde hacía meses, “porque el Ejército y los paramilitares colombianos [los habían] empujado hasta allí”. Astuto, el hombre prohíbe a los periodistas tomar fotografías y utilizar sus grabadoras. Lo que no les impide a éstos constatar que el campamento tiene todo lo indispensable. Incluida una manada de vacas. Ellos dicen que el Mono Jojoy, el jefe militar de las FARC, vive en la región y que intenta poner en marcha el “bloque del Catatumbo” para atacar la ciudad de Cúcuta[961]. En cuanto a los pueblos Río de Oro, Caño Blanco y Tres Bocas, ayer prósperos, hoy están sin habitantes: la población había huido tras la llegada de los terroristas colombianos. Algunos campesinos que viven en el estado de Zulia declaran, en abril de 2002, haber descubierto en Camellón-Raúl Rade las guaridas de los guerrilleros que huyen de los asaltos de los paramilitares y del Ejército colombiano. Otros testimonios son producidos en los estados de Táchira y Barinas, según los cuales ciertas carreteras serían utilizadas por las FARC y ELN para pasar a personas secuestradas y para operaciones de tráfico de armas, drogas y vehículos robados[962].

La actividad de las FARC en Venezuela se torna sangrienta el 20 de marzo de 2002. Ese día, los combates en la frontera se saldan con la muerte de 24 soldados y 21 guerrilleros que habían recibido refuerzos de unidades de las FARC que venían de Venezuela. Bogotá considera, no sin razón, que desde hace años Chávez proporciona armas a los rebeldes. Entre enero de 1998 y julio de 2000, el Ejército colombiano decomisa a las FARC 470 fusiles Fal, 3 ametralladoras, 96 pistolas semiautomáticas, 18 revólveres, 58 ametralladoras livianas, 744 cargadores y más de 90.000 cintas de municiones que llevaban los sellos del Ejército venezolano o de Cavim, la industria militar de Venezuela. ¡Además, en 2000, Chávez permitió a dos jefes de las FARC echar discursos en un salón del Congreso de Venezuela! En señal de protesta, Colombia llamó a su embajador. En Bogotá la ira sube ante ese mar de abusos, pero nadie, en verdad, es tomado por sorpresa. Admirador de Fidel Castro y de Omar Kadhafi, el coronel Chávez siempre criticó violentamente el Plan Colombia. Asegura que no apoya a la guerrilla —⁠aunque se niega a calificarla de terrorista— y que, más bien, él “ayuda a buscar la paz[963]”. Tales declaraciones no convencen a nadie[964]. Y por buenas razones. Las propuestas hechas por Bogotá a Caracas de hacer “operaciones binacionales” contra la guerrilla en la frontera nunca dieron nada, a pesar de las alegaciones oficiales de Venezuela de estar dispuesta a colaborar con su vecino en ese sentido[965]. El 13 de abril de 2002, el presidente Álvaro Uribe le pidió a Chávez (más para la historia que para obtener resultados), “no albergar en su territorio” a los guerrilleros colombianos. Ante las frases de Chávez sobre sus pretendidos “esfuerzos de paz”, Uribe le advirtió: “No haga nada a la espalda del Gobierno colombiano”.

12.

EL FRACASO DE UN DIÁLOGO EN MEDIO DE LA GUERRA

LA ZONA DESMILITARIZADA

Cediendo a las exigencias de Tirofijo, el presidente Andrés Pastrana suministró a las FARC, a cambio de vagas promesas de diálogo, un territorio “desmilitarizado”. La superficie así afectada era tan grande como Suiza (42.000 kilómetros cuadrados, lo que representa 4% del territorio nacional). La población de ese inmenso territorio, 80.000 personas, no fue consultada. Cuando el presidente Pastrana decide, el 7 de noviembre de 1998, ceder esa zona sin presencia militar para llevar allí los “debates” de la paz, él está convencido de la buena voluntad de los jefes subversivos. Tras un corto encuentro en plena selva con Marín, Pastrana declara: “Yo creo en la palabra de Marulanda”. Las Fuerzas Armadas, sobresaltadas en su fuero interior, obedecen al jefe de Estado y salen de la zona. Esa concesión, la más desmesurada de todas las hechas por el poder central colombiano a los insurrectos, tenía por meta hacer entrar en razón a las FARC y conducirlas, al menos, a la firma de un alto el fuego. Pena perdida. Los apetitos belicosos de los rebeldes aumentaron.

Esa falsa desmilitarización (pues la zona fue remilitarizada inmediatamente por las FARC) había tenido dos precedentes: el 7 de julio de 1995, el presidente Ernesto Samper anunció y luego canceló, ante las protestas de los generales, la desmilitarización del pueblo de La Uribe, para dialogar con las FARC. Después, el 23 de mayo de 1997, fue desmilitarizada una zona de 13.161 kilómetros cuadrados de la región del Caguán, durante un mes y a cambio de la liberación de 70 soldados-rehenes. Esa maniobra dará a las FARC el control absoluto, aunque temporal, de una de las regiones más extensas de producción de cocaína de Colombia. Los terroristas hicieron de esa liberación de soldados un gran golpe mediático hasta el punto de que la revista británica The Economist concluyó: “Para el Ejército, la liberación de los soldados es la última de una serie de humillaciones que incita a la venganza[966]”.

La idea según la cual la violenta hostilidad de la guerrilla podía ser transformada en impulso negociador gracias a conversaciones privadas entre ellas y personalidades políticas del Establecimiento y las autoridades elegidas, no nació con Andrés Pastrana. A principios de 1990, durante la campaña presidencial, el candidato del Partido Conservador, Álvaro Gómez Hurtado, propuso a los jefes de las FARC un encuentro de “buena voluntad” para “abrir eventuales conversaciones” y establecer una “agenda de discusiones” de paz. Gómez Hurtado incluso se entrevistó por teléfono con el número dos de las FARC, Jacobo Arenas, el cual lo invitó a ir a la sede de las FARC. Confiado, Gómez envió a su propia hija María Mercedes y a otros dos delegados personales, para establecer un primer contacto. Pero el gobierno de Virgilio Barco, quien no veía con buenos ojos ese encuentro, lo vetó y la comisión no pudo pasar las líneas del Ejército[967].

Una vez bajo el control de los guerrilleros marxistas, la zona desmilitarizada, descrita por el Gobierno como un “laboratorio de paz”, se convirtió en un odioso campo atrincherado. El diálogo tan esperado empezó el 7 de enero de 1999 entre la delegación del Gobierno y la de los insurrectos. Sin embargo, iniciada sin normas claras, la negociación no obtendrá ningún resultado. Desde el comienzo todo fue, por el contrario, borroso y opaco. La guerrilla viola desde el primer día el único punto preciso impulsado por el Gobierno (a cambio de la desmilitarización de la zona, las FARC debían aceptar la intervención de veedores de la comunidad internacional y un grupo de inspectores). San Vicente del Caguán, epicentro de la zona, se llena de periodistas y visitantes extranjeros. La atmósfera llega a ser tóxica: los insurgentes reclutan jóvenes a la fuerza, entrenan sus tropas, almacenan armas, fusilan a los sospechosos, expulsan a algunos infelices enfermos de sida e instalan campos de prisioneros civiles y militares. Los cultivos de coca prosperan en 10.000 hectáreas. La guerrilla logra incluso obtener una cierta legitimidad en el exterior. La zona había sido entregada a las FARC sin ningún mecanismo de control. En consecuencia, la guerra, los secuestros, los atentados se intensifican, sobre todo las brutalidades contra la población civil. A Horacio Serpa, el candidato liberal, se le impide entrar al Caguán. Una ex ministra de la Cultura es asesinada. La impunidad reina, en un clima de confusión y desmovilización. En otras palabras, un Gulag había nacido en medio de los ardientes llanos orientales. Un Gulag de donde saldrán las órdenes más absurdas y más asesinas contra el pueblo. A principios de julio de 1999, una columna de 500 hombres de las FARC, comandados por alias Nelson Robles, parte del municipio de La Uribe, epicentro de la zona desmilitarizada, y avanza hacia Bogotá. Una semana después, la columna se encuentra a 50 kilómetros solamente de la capital. Sorprendido, el Ejército decide frenarla. El choque es brutal. Durante los combates en el sector de Gutiérrez (Cundinamarca) los insurrectos pierden 38 hombres. Una decena de militares cae a su vez. Los combates continúan. Luis Fernando Ramírez, ministro de Defensa, condena la acción de las FARC y califica la ofensiva de “acto de demencia”. Añade que esas acciones “se alejan mucho de una verdadera voluntad de paz”. El 15 de julio, el balance de los enfrentamientos indica un triunfo neto de las Fuerzas Militares. La ofensiva de Tirofijo había fracasado, su batallón había sido dispersado y diezmado: 300 de sus hombres habían sido dados de baja. Los defensores del orden perdieron en total 40  soldados y 31 policías. El general Fernando Tapias, comandante de las Fuerzas Armadas, denuncia que al menos 15 de los 40 cadáveres de guerrilleros recuperados por el Ejército al final de los combates eran menores, entre los 12 y los 18 años[968]. El general explica que los guerrilleros avanzaban efectivamente “hacia Bogotá” y que, según la información de los servicios secretos, las FARC pensaban “realizar acciones en la capital o en los alrededores de ésta[969]”. En otras palabras, aprovechando el clima de reconciliación abierto por la disponibilidad del Gobierno para realizar negociaciones de paz, y explotando la ventaja de tener una zona desmilitarizada para ellas solas, las FARC intentaron generalizar su ofensiva y realizar, por fin, su viejo sueño de invadir a Bogotá. Pero habían calculado mal. Los adeptos “del análisis concreto de la situación concreta”, según la jerigonza leninista, se habían metido un dedo en el ojo. Ese fracaso reducirá, en efecto, su impulso mortífero: de ahí en adelante las FARC atacarán a los más débiles que ellas: a los pequeños pueblos campesinos.

El 8 de agosto de 2000, por ejemplo, los colombianos descubren con horror lo que acababa de pasar en Arboleda. Trescientos hombres de las FARC habían cercado el pueblo y lanzado un diluvio de fuego y de metralla durante 18 horas. El balance es terrible: 12 policías y cuatro civiles muertos. Los cuerpos de varios de ellos habían sido quemados y terriblemente mutilados. Los asaltantes cortaron las cabezas de los muertos y jugaron fútbol con ellas. El pueblo quedó completamente destruido. Enseguida, los 2.000 habitantes son obligados a abandonar lo que les quedaba bajo las amenazas de muerte de Gregorio, uno de los bandidos. Las protestas se elevan por todas partes del país. Monseñor Isaías Duarte Cancino, arzobispo de Cali, publica un editorial en el diario El País: “El pueblo colombiano mira asombrado el atropello permanente de la guerrilla contra las poblaciones humildes de Colombia. Todavía la guerrilla tiene el descaro de afirmar que ella representa al pueblo de Colombia en las mesas de negociación [con el Gobierno], cuando sabemos que lo único que hace es ultrajarlo, humillarlo y destruirlo a través del secuestro, la violencia en todas sus formas, y la muerte”. El arzobispo añadió: “Un guerrillero que secuestra y asesina, que destruye pueblos enteros y se burla de los procesos de paz, carece de las virtudes que distinguen al ser humano y se convierte en el más miserable de los hombres”. Antes de preguntar: “¿Hasta cuándo en esta patria tendremos que aguantar grupos de vándalos que porque llevan tres o cuatro letras en el brazalete ELN, FARC, piensan que les está permitido sembrar pánico y terror por nuestra geografía, obrando como hordas sanguinarias fratricidas, cometiendo secuestros, crímenes, genocidios y ataques a poblaciones y policías indefensos, crímenes de lesa humanidad[970]?”.

Pedro Ospina, un profesor de Arboleda, testimonia: “Para matar a algunos policías sin defensa y robar el dinero del banco, las FARC destruyen pueblos enteros, aterrorizando a la población. Eso no es una revolución. Es algo criminal; si se condenan las masacres abominables cometidas por los paramilitares, es necesario también denunciar estos ataques que devastan todo”. Lo ocurrido en Arboleda no fue un hecho aislado. En la misma época, las FARC también arrasaron pueblos enteros, como Carmen de Atrato, Puerto Nuevo, Florencia, Puerto Venus, Alpujarra, Santa María, Vegalara, Timaná y Colombia. Según la Oficina de Consultoría para los Derechos Humanos, 134.799 colombianos habían sido obligados a huir de sus casas debido a esas violencias, durante los ocho primeros meses del año 2000. Durante ese mismo período, las FARC atacaron 51 pueblos, mataron 73 policías y destruyeron decenas de casas de gente pobre, así como escuelas, iglesias y hospitales, y causaron la muerte de 56 civiles, de los cuales ocho eran niños, y más de cien heridos, según la oficina del defensor del Pueblo. En 1999, 288.127 personas fueron incorporadas a la larga lista de los desplazados. Todo eso en medio de las “negociaciones de paz” con las FARC.

En mayo de 2001, un grupo de diputados de la Asamblea Nacional francesa, que doce meses antes habían recibido en París a una delegación de las FARC y del Gobierno colombiano[971], hicieron el viaje a San Vicente del Caguán para constatar los beneficios de las “negociaciones de paz”. Ellos serán insultados por Joaquín Gómez, un jefe militar de las FARC, quien les lanza a la figura una serie de frases sobre una pretendida “doble moral” de Francia ante el “turismo sexual”. El presidente de la delegación, el señor Veyret, reacciona explicando que la ley francesa sanciona penalmente a las personas que se dedicaban a esas prácticas. Enseguida, el grupo de diputados escucha la explicación absurda de Raúl Reyes, portavoz de las FARC, quien afirma que la “solución global” al problema de la droga es la “legalización del comercio” de ésta. Después, los diputados deben escuchar otros discursos incendiarios y Veyret termina por declararse “sorprendido por la radicalización de las observaciones de las FARC en el Caguán”. En París, el presidente de la delegación francesa explicará más tarde: “Su discurso [el de las FARC ] nos pareció contradictorio y autárquico. Por ejemplo, dicen querer democratizar la propiedad privatizando la tierra y distribuyéndola para poner así fin a la concentración; o también, afirman no estar contra la globalización sino contra la ‘neo-liberalización’ de la economía y piensan, al mismo tiempo, que Colombia podría ser autosuficiente. En fin, explican que es necesario reprimir a los traficantes de droga pero justifican el cobro de un impuesto revolucionario a los productores de coca en los territorios bajo su control. En resumen […] esa radicalización del discurso da razón al inmovilismo; ni Manuel Marulanda ni las FARC parecen tener un proyecto político, sólo un proyecto autárquico[972]”. La caracterización de “inmovilismo” y de “autarquía” no es exacta. Cuando otro diputado, Jean Besson, pregunta ingenuamente a las FARC cuál sería su posición acerca de “las inversiones económicas extranjeras y cómo darían garantías de seguridad a las empresas que quisieran invertir en Colombia”, alias Andrés París, miembro de la dirección de las FARC, lanza esta frase, una verdadera confesión de parte: que esas financiaciones “deberían ir dirigidas a la mesa de negociaciones para que las FARC y el Gobierno [colombiano] decidan conjuntamente los planes concretos de desarrollo económico y social”. En otras palabras: las FARC buscaban conducir a Andrés Pastrana, a través de la llamada “negociación de paz”, a una situación de cogobierno[973]. ¡A través de los “diálogos” de San Vicente del Caguán, los terroristas estaban transformando, en realidad, su guarida en un centro de decisión política con la beata colaboración de la administración!

La frustración de Los Pozos Para evitar la ruptura de los sorprendentes “diálogos” del Caguán, Andrés Pastrana encuentra de nuevo a Tirofijo el 17 de febrero de 2001. Después de una discusión de 15 horas en el pueblo de Los Pozos, emiten un documento de 13 puntos que abre la vía, según Pastrana, a un cese de hostilidades. En realidad, Tirofijo había conseguido imponer una vez más su esquema de “dialogar en medio del conflicto”, modalidad practicada desde 1982 y altamente ventajosa para las FARC. Para verificar la flexibilidad de Pastrana, Tirofijo ordena a sus hombres, en octubre, retirarse de las negociaciones. Para volver a éstas, el Ejército deberá, según Tirofijo, “cesar sus controles en la periferia de la zona desmilitarizada, dejar de identificar a los visitantes de los insurrectos y cesar los sobrevuelos de reconocimiento”. Es decir, el jefe de las FARC quería agrandar aún más la zona desmilitarizada. Enseguida, Tirofijo hace su conocido número de asustar a los colombianos con la palabra Vietnam. Advierte a Pastrana que sin proceso de paz Colombia “se volverá un Vietnam”. El presidente rechaza la ampliación pero cede y prorroga la vigencia de la zona desmilitarizada hasta el 20 de enero de 2002. A la opinión pública no le gustó esa nueva echada para atrás y las críticas contra Pastrana cobran fuerza. El 31 de enero, Pastrana lanza un ultimátum a Tirofijo: “O regresan a la mesa de negociaciones antes de cinco días o la experiencia de la zona desmilitarizada queda sin vigencia”. Saludada por la opinión, esa actitud no impedirá la ruptura.

Convencido de la imposibilidad de llegar a un acuerdo, y tras una serie de 22 asesinatos, Andrés Pastrana pone fin a las negociaciones el 20 de febrero y ordena al Ejército retomar la zona. Emprendido con gran superficialidad, ese proceso “de paz” ya no tenía el apoyo de los colombianos. La opinión comprende que, parada guerrilla, el proceso de paz es un medio para exacerbar la guerra, una herramienta de diversión para ganar tiempo y desorganizar al adversario. Washington decide entonces aumentar su ayuda militar a Bogotá.

UNA ESTRATEGIA CUESTIONABLE

Durante más de 22 años, el poder central y las guerrillas de Colombia realizaron negociaciones de paz para encontrar una salida política a la confrontación armada. El balance de tales esfuerzos es irrisorio: sólo hubo acuerdos con el M-19 y con grupos de menor importancia. En cuanto a las principales guerrillas, el ELN y las FARC, el fracaso de los diálogos es palpable. Eso se debe a tres razones principales: a las condiciones de los diálogos, a los objetivos de éstos y al carácter de la guerra. Los grupos armados, y no el Gobierno, fueron los que impusieron, a partir de 1981, un modelo de negociación. Los diálogos, según la guerrilla, debían efectuarse “en medio de la guerra”, sin alto el fuego como condición previa.

El inconveniente de esa modalidad es que cada vez que las partes llegan a un acuerdo, así sea menor, los insurrectos se consideran autorizados a intensificar las violencias, pues creen que deben, según sus cálculos, “llegar a las negociaciones en las mejores condiciones”. En consecuencia, la espiral de la violencia estalla, mina la confianza y reactiva el binomio terrorismo-represión. El diálogo es convertido así en un medio de guerra, en una astucia más para empantanar las voluntades auténticas de paz. En dos ocasiones Andrés Pastrana intentó modificar ese esquema: en febrero de 2001 y en enero de 2002. Pero Tirofijo siempre consiguió imponer su voluntad.

Otro problema: la finalidad de los diálogos no es clara. Las negociaciones, sobre todo desde 1999, se desarrollan en torno a un amplio abanico de temas. Para los negociadores, es como si la paz resultara de un consenso sobre la solución de los problemas políticos, sociales y económicos del país e incluso sobre el perfil del Estado que está por construirse. Resultado: el debate se atasca y se vuelve inextricable. Los críticos de este tipo de enfoque preconizan volver a un modelo más simple donde el objetivo es, según la excelente fórmula del ex presidente César Gaviria, “la reincorporación de la guerrilla al sistema democrático y el abandono de las armas por ésta”. Nada más. Nada menos. El modelo pesado de Andrés Pastrana (el famoso programa de 12 puntos) nunca tuvo éxito. Él tendrá la misma dificultad frente al ELN.

La concepción de la vasta negociación con los guerrilleros se origina en una visión ingenua que pretende que entre éstos y el Gobierno no hay, en verdad, desacuerdo sobre el modelo de sociedad. “Los rebeldes y nosotros compartimos los mismos ideales”, declaró en 1999 Luis Fernando Ramírez, ministro de Defensa. Esa visión hace caso omiso de la deriva mafiosa de la guerrilla, deriva que explica su poco interés por una salida política del conflicto y destruye las oportunidades del poder civil. Por supuesto, los delegados que van a una mesa de diálogo no comparten los mismos ideales, ni están de acuerdo sobre un modelo de sociedad. Las guerrillas colombianas, como sus documentos de propaganda lo prueban, aspiran a tomar el poder para instaurar la “dictadura del proletariado”. Es decir, luchan para demoler las libertades, desmontar el capitalismo, extender la miseria, amordazar a la sociedad civil e instaurar un régimen sangriento de control total. El sistema cubano siempre fue y es, aún hoy, el modelo de esa gente. Ningún gobierno colombiano preconiza tal absurdo. En una sociedad democrática y plural como la colombiana, las opiniones sobre la cuestión del modelo de sociedad son múltiples. Ninguna comparación es, pues, posible con las bandas armadas cuyo imaginario político es monolítico y archiconocido. Esa grave confusión obstaculizó obviamente la negociación. Por otra parte, ¿qué legitimidad tendría una negociación con terroristas sobre el futuro de la sociedad? “La negociación debe colocarse sobre un zócalo: la defensa del orden democrático. La ausencia de tal zócalo es la debilidad principal del proceso de paz actual”, estima, con razón, el politólogo Jorge Orlando Meló, en un folleto intitulado El proceso de negociación: ¿una estrategia contra la paz[974]? Otra dificultad: los negociadores del Gobierno colombiano parecen ignorar que toda guerra revolucionaria es total y prolongada, que ningún compromiso es aceptado, que el engaño y el secreto son la norma básica y que para la guerrilla estalinista los acuerdos de paz sólo son una capitulación. Entonces, los terroristas dan la impresión de dialogar y los representantes del Estado dan la impresión de creer.

¿De qué sirve un proceso de paz en esas condiciones? ¿Qué sentido tiene un proceso de paz que no llega a nada? Los colombianos plebiscitan desde 2001 un cambio de orientación de los diálogos y la adopción de una estrategia de refuerzo del Estado y de negociación cero mientras no haya pruebas reales de una voluntad de paz, tal como ocurrió en España con la ETA (hasta la aparición de Zapatero). Es eso lo que, precisamente, va a instaurar el presidente Álvaro Uribe una vez llegado al poder.

¿DIVIDIR EN DOS A COLOMBIA?

Pero antes de eso, en abril de 2002, y por primera vez en su historia, las FARC informan que quieren romper a Colombia en dos pedazos. Esa grave amenaza termina con un nuevo fracaso político de las FARC : el pueblo se moviliza contra ella en las urnas y elige un presidente de la República de mano firme. Menos de dos meses después de la recuperación por el Ejército de la zona “desmilitarizada”, los jefes de las FARC habían revelado sus verdaderas intenciones, ocultadas hasta ese momento: dividir a Colombia en dos fragmentos y quedarse con la parte sur. Tal amenaza no eran palabras al viento. Medidas para fraccionar el territorio nacional fueron tomadas por las FARC. Ellas exigieron, por ejemplo, la dimisión inmediata de los alcaldes y concejales del país. El primer amenazado fue el alcalde de Cali y los concejales de esa ciudad (la mayor capital de la parte que caería en manos de las FARC). Doce diputados de la región son secuestrados. El país queda asombrado. Ante el clamor de indignación desencadenado por esa actitud, las FARC cambian de tono. El 15 de mayo revisan a la baja sus “aspiraciones”. Alfonso Cano, gran manirá de las FARC y jefe del “movimiento bolivariano clandestino”, declara que la condición para la apertura de un nuevo diálogo “de paz” para encontrar una “solución política” al conflicto es la desmilitarización de dos departamentos del sur del país: el Putumayo y el Caquetá (una región de 115.755 km², mayor que Portugal).

El ministro del Interior, Armando Estrada, califica esa propuesta de “inaceptable” y exige a las FARC comprometerse más bien a hacer un alto el fuego y a poner fin a las hostilidades. La respuesta más firme a los insurrectos es dada, sin embargo, por los colombianos quienes eligen, en la primera vuelta, en mayo de 2002, a Álvaro Uribe Vélez, el candidato más resuelto a restaurar la autoridad del Estado. Como si nada hubiera ocurrido, las FARC reiteran sus exigencias en una carta abierta a Uribe, en agosto de 2002. Jamás obtendrán una respuesta. Los departamentos exigidos por las FARC hacen parte de las más importantes zonas de producción de coca y cocaína. Con fronteras con Ecuador y Perú, el Putumayo concentra la mitad de los cultivos ilícitos del país. Retirar al Ejército de esas vastas regiones facilitaría el incremento de toda clase de tráficos. La campaña de amenazas y asesinatos de jueces, fiscales, alcaldes y representantes del pueblo en Caquetá, Putumayo, Cauca y Huila busca la desintegración del Estado sobre todo en la parte meridional del país.

¿Estas exigencias eran puras provocaciones? Los analistas se interrogan. Para algunos, ellas reflejan las disensiones dentro de la dirección de las FARC sobre el futuro de su organización. El bloque oriental (el principal de las FARC) afirma que éstas deben recuperar las zonas del norte de Colombia, perdidas parcialmente por la acción de los militares y de los paramilitares, ya que el norte es la salida hacia el océano Atlántico. La ofensiva lanzada (y abortada) por las FARC en abril-mayo de 2002 para retomar el control del Golfo de Urabá, desplazando para ello a 1.500 insurrectos del Magdalena Medio, cuya consecuencia más dramática fue la masacre de Bojayá, muestra los objetivos de un sector de la dirección. Otro bloque (dirigido por Cano) prevé que el “desarrollo natural” de las FARC está en el sur del país, donde ellos comenzaron y donde podrán controlar un día la mayoría de los cultivos ilícitos, tener una salida hacia Ecuador, Perú, Brasil, y disponer de un pasillo hacia el océano Pacífico, a condición, claro está, de someter el departamento del Cauca. Esa fracción habría lanzado las exigencias en abril de 2002. Empero, en octubre siguiente, Bogotá desencadena la operación Onix 4. Su objetivo: erradicar 14.000 hectáreas de cultivos ilícitos en el Putumayo y restablecer allí la paz. La operación, que moviliza a 300 policías antinarcóticos, ocho helicópteros y catorce aviones de fumigación, fue exitosa.

LA PESADILLA DE LOS ALCALDES Y DE LOS REPRESENTANTES

DEL PUEBLO Cuando perdieron la zona desmilitarizada, los jefes de las FARC decidieron regresar a los atentados terroristas. La falta de “territorios liberados” dónde poder ejercer su control directo los pone furiosos. Ellos “ordenan” a un centenar de inermes alcaldes renunciar a sus cargos. Y una nueva matanza comienza: asesinan y amenazan de muerte a los alcaldes, a los diputados y a los concejales para crear un caos administrativo. Los subversivos creen poder así “profundizar la guerra”. Lanzan ataques terroristas ciegos en los que matan a civiles en Bogotá, Cali y Barranquilla. Intensifican las amenazas contra los alcaldes y demás representantes del pueblo los cuales deben abandonar sus puestos. Quieren hacer un “salto cualitativo” y efectuar un control de facto de extensas regiones del país. Para ello matan a siete alcaldes a partir del primer semestre de 2002. “Las FARC son los autores de la mayoría de los asesinatos”, concluye el 2 de junio de 2002, Gilberto Toro, presidente de la Asociación Colombiana de Municipalidades, que agrupa a los alcaldes de los 1.098 municipios del país.

El 21 de junio, el politólogo Alfredo Rangel recomienda al presidente Pastrana “saturar de policías y soldados los pueblos amenazados para protegerlos de manera permanente y movilizar a la población en torno a sus alcaldes”. En vano: Andrés Pastrana se niega a declarar el estado de conmoción interior y se limita a decir que no aceptará ninguna dimisión de los alcaldes, y que va a velar por su protección. Resultado: presos del pánico, cientos de alcaldes abandonan sus puestos. El 11 de julio las amenazas contra los alcaldes del Caquetá, Huila y Putumayo se extienden a otros cinco departamentos, Arauca, Cauca, Bolívar, Santander y Cundinamarca, así como a los miembros de la Cámara de Representantes, a los gobernadores y a más de 6.400 concejales. Floro Tunubalá, gobernador del Cauca, cuyos 18 alcaldes son declarados “objetivo militar” de los terroristas, exhorta a los alcaldes a resistir ya que “los pueblos no pueden permanecer sin autoridades”. En la costa atlántica las amenazas corren también por todas partes y con facilidad. En el Cesar, un guerrillero contacta una radio local para decir que los alcaldes de Manaure, La Paz, San Diego, Codazzi, Becerril y La Jagua de Ibirico “tienen 24 horas para dimitir”. Todo el mundo espera las medidas de Bogotá. En vano. Las autodefensas ilegales (AUC) amenazan a su vez a los alcaldes que se atrevan a renunciar, pero rápidamente cancelan esa amenaza. Y la estrategia de tensión continúa. Una niña de tres años es secuestrada para forzar a su padre, Libardo Erazo Rodríguez, alcalde de Colón (Putumayo), a retirarse. Gloria de Ortega, la esposa del alcalde de San Vicente del Caguán, es asesinada por la columna Teófilo Forero de las FARC, a pesar de que su marido ya había renunciado y huido del pueblo. Rubiela Mateuz, 47 años, herida durante un ataque en Cambao (Cundinamarca), es rematada de cinco tiros delante de sus niños por hombres del frente 22 de las FARC. El hijo del alcalde de Vistahermosa (Meta), José Leonel Castaño, 70 años, es secuestrado para forzar la dimisión.

“Es necesario que todos los frentes lleven a la práctica esta política. No hay que dejar trabajar a ningún funcionario del Estado en ningún departamento”, vociferan los jefes de las FARC a través de Anncol, su agencia Internet instalada en Suecia[975]. “La gobernabilidad no va a cesar. La presión de la guerrilla pasa por métodos terroristas ya que no tiene capacidad militar”, concluye, para confortarse, el general Jorge Mora, comandante del Ejército. Traduciendo el estado de ánimo de la población, El Tiempo publica un editorial intitulado “Una guerrilla enferma”, el 23 de julio de 2002, donde pasa revista a las más recientes atrocidades de las FARC y concluye: “En nombre de la ‘causa’, hoy reducida a dólares y pasta [cocaína], a estos hombres [Marulanda y Castaño] no les quita el sueño hundirse en el abismo de las peores ignominias y arrastrar consigo a todo el país”, antes de añadir: “¡Basta! Ustedes no son dignos de proclamarse políticos, ni, aun, de decirse seres humanos”. Humberto Vergara, profesor de la Universidad Nacional, hará el balance de esos episodios diciendo que la actitud del presidente Pastrana ante las amenazas contra los alcaldes “se asemeja más a la de un presidente de ONG que se limita a denunciar esos crímenes ante la comunidad internacional que a la del jefe de una nación democrática asediada por la violencia”.

La tragedia de Bojayá Durante los choques entre guerrillas y paramilitares, los habitantes de un pueblo se refugian en una iglesia y se convierten en el blanco de las FARC. Balance: 119 civiles muertos, 45 de los cuales eran niños. La mayor masacre de civiles de la guerra en Colombia fue así cometida. Es el 2 de mayo de 2002. Cerca de 600 paramilitares de las AUC y 1.200 guerrilleros de las FARC se diputan desde hace una semana la parte baja de Bojayá, un pueblo del Chocó, sobre un costado del río Atrato, a 162 kilómetros de Medellín, segunda ciudad del país. En ausencia de la Policía, que había abandonado la región desde 2000, la batalla está en su fase de apogeo. Las FARC quieren recuperar el control de una región estratégica. Sin recursos y aislada del mundo (el río Atrato es su única vía de acceso), Bojayá pagará un pesado tributo a la guerra subversiva. Su error: ser la puerta de entrada de una región donde se efectúan todos los tráficos. No lejos de la frontera de Panamá, esa región de jungla densa es objeto de una vieja lucha salvaje entre las FARC y las AUC: esa comarca constituye un pasillo hacia la zona de Urabá, paraje ideal para el contrabando de armas y cocaína, gracias a sus puertos naturales sobre el mar Caribe. Después de haber expulsado a las guerrillas, los paramilitares controlan la región. Las FARC lanzan de vez en cuando ofensivas para regresar a esas tierras y para castigar, de paso, a las poblaciones que ellos califican de “cómplices” de las autodefensas ilegales.

Desde la mañana, los guerrilleros atacan desde Vigía del Fuerte, pueblo al lado del río. Los paramilitares responden desde Bojayá, en la otra ribera. Aterrorizados por las detonaciones, los habitantes se encierran en sus casas. Después del mediodía, el cura párroco propone a los habitantes su iglesia, la única construcción en ladrillo del pueblo, como refugio. Testigos afirman que son los paras quienes dan “la orden” de refugiarse allí. Trescientas personas se instalan en el recinto. Repentinamente, un mortero artesanal lanzado por las FARC cae sobre el altar, donde se encuentra la mayoría de los refugiados. Los estragos son enormes. Ciento diecinueve mujeres, niños, ancianos, hombres son destrozados por la metralla. Los heridos son más de un centenar. El pánico cunde entre los sobrevivientes quienes huyen como pueden hacia la montaña. Muchos quedan bajo los escombros. La iglesia está en ruinas así como las cuatro casas aledañas. Otros campesinos se precipitan hacia el río Atrato agitando banderas blancas. Cruzan las aguas sobre canoas para llevar los heridos al hospital de Vigía del Fuerte. La noticia se difunde y horroriza al país entero.

Los días pasan. Las FARC se niegan a reconocer que son las responsables déla masacre. Según ellas, se trataría de un “error”. Falso, responde el padre Manuel García, del arzobispado de Chocó. “Fue un acto de barbarie y no un accidente. No había un solo paramilitar en la iglesia”, precisa el eclesiástico. Escaldado por esa nueva atrocidad, el presidente Pastrana acusa a las FARC de haber cometido un “genocidio” y envía 4.000 soldados para restablecer la seguridad en el Atrato Medio. Los militares tardan días en llegar debido al terreno difícil y a las emboscadas de la guerrilla. Ello muestra que, a pesar de sus esfuerzos, el Ejército sigue siendo incapaz de proteger todo el territorio. Pastrana es criticado por su inercia, pues el alcalde de Bojayá y la comisión Vida y Paz, de la Diócesis de Quibdó, afirman que antes de los combates ellos habían alertado al Gobierno sobre la presencia de paramilitares en la región y la inminencia de un choque y que Bogotá no había querido oírlos.

Anders Kompass, representante de la ONU en Bogotá, en vez de constatar los hechos de Bojayá y designar a las FARC como los autores de la matanza, lanza de nuevo una violenta diatriba contra el Estado colombiano. La injusta suputación del diplomático sueco no hará más que avivar la amargura de los ciudadanos. A su vez, el presidente Pastrana critica a la Unión Europea, que acababa de rechazar la inclusión de las FARC en la lista negra de las organizaciones terroristas. “Después de Bojayá ¿qué otras atrocidades son necesarias para que ella comprenda?”, pregunta el jefe de Estado. Quince días antes de la masacre, la ONG Human Rights Watch empleaba los términos más moderados y complacientes para “criticar” la lógica criminal de esa organización diciendo que las FARC “molestan el proceso político[976]”.

ARAUCA, UN DEPARTAMENTO EN PELIGRO

El departamento de Arauca es uno de los más devastados por la acción subversiva. Desde hace más de 20 años, el ELN, primero, y las FARC, después, ejercen una fuerte presión armada sobre la población. El ELN y las FARC emplean los peores métodos para romper la resistencia de las autoridades civiles ante esa penetración: amenazas de muerte, expulsiones, asesinatos, extorsiones de fondos, secuestros, atentados contra las infraestructuras industriales. Eso es lo que las guerrillas llaman “trabajo político”. Así pues, entre 1997 y noviembre de 2001, mataron a cerca de dos mil dirigentes políticos del departamento que se “opusieron a los dictámenes de los subversivos[977]”. De esa forma, las guerrillas lograron infiltrar el Gobierno local, la economía, los sindicatos, la vida del departamento. Pero las bandas armadas no consiguieron dar a su presencia física una traducción política: los ciudadanos de Arauca votaron en masa por Álvaro Uribe en las elecciones presidenciales de mayo de 2002.

El Arauca es un terreno de sabana de 23.818 kilómetros cuadrados con 92.000 habitantes, a 700 kilómetros al noreste de Bogotá. Fue sólo en 1991 que Arauca se convirtió en departamento. Antes era una intendencia. La principal ciudad del departamento es Arauca, la cual tiene 10.000 habitantes. Las otras ciudades son Saravena, Tarne, Arauquita, Puerto Rondón y Cravo Norte. La curiosidad de ese departamento es que está mal conectado al centro de Colombia y mejor a Venezuela. La conexión terrestre entre la ciudad de Arauca y las ciudades colombianas es mediocre mientras que su conexión con los centros venezolanos es fácil gracias a la magnífica autopista que va de Guasdualito a San Cristóbal. Es más fácil transportar mercancías entre Arauca y Cúcuta pasando por Venezuela que utilizar las carreteras colombianas. Ésa anomalía hace de esa frontera un lugar bastante singular donde el contrabando de petróleo, armas, cocaína se practica bajo el ojo fatigado de los aduaneros venezolanos. Las guerrillas utilizan esa frontera porosa (sobre todo los que tienen la doble nacionalidad colombo-venezolana) para ir, vestidos de civil, a pasar buenos ratos a Guasdualito y a El Amparo. Otro detalle: el Arauca alberga una de las más grandes plataformas productoras de petróleo de Colombia, Caño Limón. De ese lugar parte un poliducto que recorre 774 kilómetros hasta Coveñas.

La guerrilla evita el combate directo en Arauca. Su prioridad es aterrorizar a los recalcitrantes a punta de metralleta y empujar el departamento hacia una posición de subordinación, para apropiarse de la renta petrolera. Las autoridades calculan que el ELN robó 200 millones de dólares entre 1995 y 2005, gracias a los royalties desviados por la fuerza a empresas locales. Es bien conocida la historia de la empresa alemana Mannesman, que construyó el citado oleoducto y que, a su pesar, “resucitó” a un ELN moribundo, con sus pagos millonarios.

Con 528.000 barriles producidos al día en 2004, Colombia es un productor menor de petróleo pero sus ventas de hidrocarburos constituyen un cuarto de las exportaciones, las cuales fueron, en 2004, de 16,4 millardos de dólares. Colombia produjo también 620 millones de pies³ de gas natural por día en 2004[978]. Para defender Caño Limón, los Estados Unidos desembolsaron, en 2002, 98 millones de dólares, además de la ayuda concedida por Washington para luchar contra el terrorismo y proteger la democracia en Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Venezuela. La Iniciativa Regional Andina (IRA), lanzada por George W. Bush en 2002, es de 731 millones de dólares, de los cuales 439 millones se destinan a la asistencia militar y económica de Colombia, además de los 399 millones de dólares aprobados en 2001. La protección de Caño Limón implica el entrenamiento y equipamiento de 500 a 1.000 soldados colombianos y el suministro de helicópteros a las autoridades. En Arauca existen entre 8000 y 12.000 hectáreas de coca, lo que representa 8 millones de dólares de beneficio por semana a las guerrillas, casi los únicos amos de este tráfico en el departamento. La mayor parte de la ayuda militar norteamericana permite el entrenamiento de tres batallones antinarcóticos, lo que representa 2.300 hombres así como la compra de docenas de helicópteros de combate.

La ciudad de Arauca aumentó su vigilancia militar desde septiembre de 2002, cuando Álvaro Uribe, elegido en mayo de ese año, decidió crear tres “zonas de rehabilitación y consolidación”. Una de ellas involucra a tres municipios de Arauca: Arauca, Arauquita y Saravena. Por esta última pasa una ruta de acceso a Boyacá y Santander del Sur y oculta la más importante base del ELN. Entre 2001 y 2002 hubo 247 asesinatos atribuidos a las FARC, al ELN y a los paramilitares, presentes también en ese departamento desde 2001. De octubre de 2002 a enero de 2003, cinco carros-bomba mataron a 14 personas e hirieron a otras 18. Las otras fuerzas irregulares de la región son los paramilitares del tristemente célebre bloque Vencedores de Arauca es decir, 800 hombres, implantados en los alrededores de Tarne, Fortul y Cravo Norte. Las FARC tienen dos frentes, el 10 y el 45, con 2.000 hombres en total. El ELN tiene el tenebroso frente Domingo Laín, que cuenta con 1.000 individuos armados.

El 11 de noviembre de 2002 hubo una acción espectacular en Saravena: varios allanamientos de la Policía y el Ejército, con agentes de la Fiscalía. Balance: 80 detenidos (40 tenían ya orden de captura). Tras tres días de interrogatorios, 49 personas fueron acusadas de terrorismo. El efecto fue inmediato: el acoso a la población decayó. Pero después, el 2 de diciembre, la guerrilla atacó un autobús que transportaba obreros del oleoducto. Balance: dos muertos y once heridos. El 8 de enero de 2003, un carro bomba estalló en Arauquita y mató a dos soldados e hirió a una mujer. Tres días después, otro carro bomba estalló en Tame. El conductor del vehículo fue herido gravemente por la explosión. Éste no era un kamikaze sino alguien que ignoraba que su carro había sido minado. Los terroristas acababan de inventar una nueva táctica muy cobarde: instalar una carga explosiva en un carro particular, a espaldas de su propietario. La guerrilla erige un retén en una carretera, los automovilistas son obligados a detenerse, a alejarse de su vehículo. Durante ese tiempo, el coche es minado. Creyéndose liberado, el conductor reanuda la marcha. Algunos minutos después la carga estalla, activada a distancia por los terroristas en el momento en que la víctima pasa ante un lugar sensible: un cuartel del Ejército o de la Policía. Los atentados individuales también son frecuentes. El 13 de enero de 2003, José Emiro Palencia, gobernador de Arauca, amenazado por la guerrilla, tuvo que dimitir. Dos días después, el consejero del Ministerio del Interior para la Seguridad (de Arauca), Raúl Gross Rodríguez, fue asesinado. La guerrilla destruye lo que no puede controlar. El Alcaraván, un centro de tecnología agrónoma, que contaba con 40 técnicos, funciona hoy con cuatro únicamente: a finales de 2002, la guerrilla atacó el lugar, se robó los computadores y destruyó lo que no podía llevarse. Ese centro dirigía proyectos agrícolas que daban trabajo a 1.800 campesinos y administraba programas para las pyme de la región.

DESVÍOS DE DINEROS, MODO DE EMPLEo

A pesar de la ofensiva terrorista, el Ejército carece de medios: la XVIII Brigada, encargada de la seguridad del departamento, dispone de 6.500 soldados y sólo cuenta con un helicóptero, prestado, por añadidura, por la Occidental Petroleum, durante 55 horas al mes. Para ayudar a los militares, el 18 de enero de 2003 llegaron a Arauca 70 consejeros norteamericanos por tres meses. Su misión: entrenar a los soldados encargados de la protección del oleoducto Caño Limón-Coveñas (en Colombia hay entre 400 y 800 consejeros militares extranjeros). Eso no impidió a la guerrilla realizar, el 26 de enero, un nuevo atentado en Puerto Rondón. Balance: seis soldados muertos así como el conductor del carro. Al día siguiente, Fernando Londoño, ministro del Interior, declaró que las autoridades no habían perdido el control del departamento, pero que la situación era “muy difícil”.

Para robar el dinero público, las bandas armadas utilizan varias técnicas: creación de falsas cooperativas, extorsión de “impuestos de guerra” (lo que la gente llama vacunas), infiltración de las alcaldías, manipulación de las licitaciones departamentales y municipales, corrupción de los empresarios que quieren trabajar en obras públicas, etc. Para poner fin a esa criminalidad, el presidente Uribe decide retirar, el 28 de enero de 2003, la gestión de los royalties petroleros a las autoridades del departamento. Una investigación revela que, durante años, fuertes sumas de dinero habían caído en manos de las guerrillas. El 1 de febrero, la ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, declara: “Durante años el Arauca fue un territorio de la guerrilla. Los gobiernos se resignaban a que el dinero de los royalties fuera desviado a las guerrillas. Hoy estamos recuperando esos territorios”. La respuesta de los subversivos es destruir una torre de alta tensión que deja sin electricidad a toda la región. El director de la oficina de la ONU en Bogotá tiene entonces una brillante idea: pedirle al Gobierno abrir “negociaciones” con la guerrilla. Éste rechaza la iniciativa.

La corrupción devasta el departamento. El caso de Gustavo Carmelo Castellanos, ex gobernador destituido en julio de 2001 por corrupción agravada, es bien conocido. Una investigación descubrió que el hombre tenía 15 cuentas bancarias ilegales, repletas de dineros públicos. Liliana Barón Colmenares, ex alcaldesa de Arauquita, también fue condenada por un caso similar. El departamento de Arauca es, por lo tanto, uno de los mayores retos de la administración de Álvaro Uribe. Las recientes medidas adoptadas están ayudando a reinstalar la democracia en Saravena. Una sola cifra muestra la mejoría de la situación: si en 2001 hubo 170 explosiones contra el oleoducto, esa cifra pasó a 19 en 2002. Por supuesto, ante la firmeza del Gobierno, la respuesta de la guerrilla es la violencia. En sólo un mes, cuatro vehículos explotaron en ese departamento con un balance de 30 muertos, incluidos tres choferes.

Para respaldar el trabajo antiterrorista, las autoridades enviaron unidades especiales, como la FUDRA (Fuerza de Despliegue Rápido del Ejército), el GEOS (Grupo de Operaciones Sicológicas del Ejército) y la EDA (Estructura de Apoyo de la Fiscalía). Este último llegó en julio de 2001 para investigar los 170 atentados contra el oleoducto, perpetrados de enero a julio sin que se hubiera detenido a nadie. Desde la inauguración del oleoducto, a finales de 1985, hubo 912 atentados. La EDA descubrió que los expedientes por esos atentados habían sido dispersados en tres ciudades: Arauca, Cúcuta y Bucaramanga, y logró definir diez pistas de trabajo, lo que permitió la detención, el 11 de noviembre de 2002, de 80 personas. Entre ellos había enfermeros del hospital de Saravena y personalidades de la vida asociativa local. Tras esas detenciones, que algunas ONG criticaron violentamente, el asedio contra la población bajó de manera notable. Antes, las patrullas de la Policía podían ser blanco de francotiradores. En cuanto a la FUDRA, sus objetivos en Arauca son múltiples: cortar las vías de acceso de la guerrilla hacia Venezuela, destruir sus depósitos de armas, localizar y destruir los laboratorios clandestinos de droga y decomisar los productos químicos para la fabricación de cocaína.

13.

¿QUÉ FUTURO PARA COLOMBIA?

ÁLVARO URIBE: EN BUSCA DE LA SEGURIDAD PERDIDA

Enardecidos ante la amplitud de la crisis, los colombianos eligen como presidente, el 26 de mayo de 2002, a Álvaro Uribe Vélez, 48 años, el hombre más odiado de las guerrillas y de la izquierda extraparlamentaria. Varias veces blanco de tentativas de asesinato, incluida la del 7 de agosto, día de la transferencia de poderes, el presidente Uribe es elegido durante la primera vuelta de las elecciones con una mayoría del 53%, después de una campaña electoral muy dinámica en la cual los sondeos habían mostrado la neta progresión de su popularidad. El nuevo vicepresidente, Francisco Santos, es un reputado periodista que había sido secuestrado durante ocho meses, en 1990, por los hombres del ex barón de la droga Pablo Escobar. Su fundación, País Libre, lucha contra el flagelo de los secuestros.

Liberal disidente, ex gobernador del departamento de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez había lanzado como leitmotiv de su campaña esta frase: “Tenemos el derecho a vivir en un país en paz y la obligación de ayudar a conseguirlo”. Uribe, cuyo padre muere en 1983 durante un intento de secuestro realizado por las FARC, había lanzado también esta frase: “En la Presidencia seré el primer soldado de Colombia”. Convencido de que “los violentos no negocian salvo ante un gobierno fuerte, dispuesto a combatirlos[979]”, Uribe convocó la voluntad colectiva para resistir a los violentos y cambiar la situación. Instalado en el Palacio de Nariño, Uribe adopta rápidamente medidas contra la subversión: declara el estado de conmoción interior (que Andrés Pastrana no había utilizado). Los hechos que justifican tal viraje eran evidentes: los ataques de mortero contra el Capitolio el 7 de agosto[980] y la matanza y las amenazas generalizadas contra los alcaldes, representantes y concejales. Rafael Pardo, ex ministro de Defensa, no dudó en decir en esos días que “la democracia está amenazada a todos los niveles”. Uribe anunció a continuación que quería aumentar el personal de las fuerzas de combate a 100.000 hombres y los de la Policía a 200.000. Dijo que instauraría también una red de un millón de civiles que serán los ojos y los oídos de los militares y de la Policía. Aislados por la popularidad del presidente, los opositores de izquierda, que gesticulaban contra el principio de la “delación” y exigían la derogación de ese plan, no son escuchados. El plan de Uribe es adoptado con el amplio apoyo de los ciudadanos. Las autoridades delimitaron, por otra parte, dos “zonas especiales de rehabilitación” donde la guerrilla estaba especialmente presente y su represión se hacía indispensable para la conservación de la vida de las poblaciones y del orden republicano. En esas zonas especiales el Ejército tendría, por primera vez en muchos años, nuevas prerrogativas. De ahora en adelante, se dijo, el Ejército podrá proceder a detenciones, recoger pruebas, realizar investigaciones, capturar sospechosos, interceptar comunicaciones y allanar viviendas en el marco de su lucha contra la guerrilla, contra el tráfico de drogas y el terrorismo. Como esos actos eran mal vistos por los pretendidos defensores de los derechos humanos, toda operación militar era jurídicamente arriesgada para las fuerzas del orden. En ese clima, las normas legales eran creadoras de situaciones aberrantes. Había casos donde unidades del Ejército debían permanecer paralizadas ante una finca con terroristas hasta la llegada de un juez, la única persona habilitada para permitir al Ejército dar el asalto y recoger las pruebas, arrestar a los sospechosos, etc. En algunos casos, el tiempo así perdido había sido aprovechado por los sitiados para escapar[981]. Al declarar el estado de conmoción interior, Álvaro Uribe impuso también contribuciones especiales y parafiscales para reforzar el Poder Judicial y apoyar a la Fuerza Pública ante la crisis económica que acechaba al Estado.

UN REPLIEGUE APARENTE DE LOS REBELDES

Los efectos de esas medidas no tardan: la guerrilla es golpeada, sobre todo por la Fuerza Aérea. El 16 de abril de 2002, una concentración de guerrilleros que se disponía a atacar un pueblo, es baleada por la Fuerza Aérea, en la periferia de Aracataca (departamento del Magdalena). Balance: un centenar de guerrilleros muertos y una estación de radio clandestina destruida. Incapaz de concentrar sus tropas desde entonces, la guerrilla dispersa sus unidades y reanuda sus ataques dinamiteros puntuales. Protegida por el Ejército, la población encuentra alivio y recupera el derecho a viajar dentro del país y las FARC operan un repliegue aparente, ocultándose en la selva, o en los páramos, o en guaridas en altitudes de difícil acceso. Pero tal repliegue es sólo una pausa “para rediseñar su estrategia”, según el general Jorge Enrique Mora, comandante de las Fuerzas Militares. En todo caso, el número de pueblos atacados se reduce drásticamente: sólo cuatro en septiembre-octubre de 2002. Y el de bajas y detenciones en las filas de las FARC se duplica, con relación a 2001[982]. Pero el 26 de noviembre de 2002 los militares y el presidente Uribe son golpeados por una decisión de la Corte Constitucional que invalida las medidas relativas a las zonas de rehabilitación. Consternación en el Ejército. Si bien la Corte Constitucional había autorizado la declaratoria de conmoción interior de Uribe, optó más tarde por oponerse a su prórroga, a pesar de que la ofensiva terrorista continuaba. Fue cuando el Gobierno tramitó ante el Congreso la ley antiterrorista para dar facultades judiciales a los militares, la cual es echada a tierra, una vez más, por la Corte Constitucional. La opinión pública, en cuanto a ella, no comprende la actitud chocante de ciertos magistrados, pues esa Corte que años atrás había declarado “constitucional” la ley que creaba la zona desmilitarizada del Caguán, esta vez declaraba “inconstitucional” el decreto que creaba las zonas de rehabilitación. Ella destruía, además, las disposiciones que asignaban poderes de Policía judicial a la Fuerza Pública y que permitían vigilar a los extranjeros presentes en las zonas de violencia. Ese día los defensores de los derechos humanos en dirección única, protectores de filibusteros, celebraron una victoria infame sobre el pueblo. Las consecuencias de esa zancadilla a los servicios de seguridad del Estado no tardaron en hacerse sentir. ¡Y de qué manera! Los terroristas desencadenaron una nueva serie de atentados sangrientos contra la población en varias ciudades así como varios ataques contra el Ejército y la Policía. El primero de éstos será en Medellín, el 16 de enero de 2003, donde un carrobomba estalla y mata a cinco personas. Las oficinas de la Fiscalía y el centro comercial El Cid también son destruidos.

Luego, la barbarie golpea aún más fuerte: en la noche del 7 de febrero, las FARC hacen estallar una carga de 150 kilos en el parqueadero interior de El Nogal, un importante centro social y cultural de Bogotá, en pleno corazón del barrio financiero. El explosivo utilizado era una mezcla de c4 y de anfo (nitrato de amonio y gasolina), un coctel muy utilizado por el terrorismo internacional. Treinta y siete civiles mueren y otros 162 resultan heridos. La violenta explosión destruye una cincuentena de automóviles, lo que desencadena un incendio que devasta completamente el edificio de 12 pisos, donde se encontraban más de 600 personas. Entre ellas los invitados a una boda y numerosos niños. Seis de éstos perecen[983].

Después de visitar el lugar de la tragedia, el presidente Álvaro Uribe hace un llamado al mundo entero para que ayude a Colombia en su lucha contra el terrorismo. “Tenemos necesidad de la tecnología de los países democráticos, de sus medios técnicos, financieros, y de sus sistemas de transporte para ayudar a nuestra Fuerza Pública y a nuestro Poder Judicial a frenar el terrorismo. Éste es un momento de gran dolor. No queremos que la tragedia colombiana siga siendo sólo una fuente de noticias. Es necesario tomar decisiones para ayudar realmente a Colombia”. Y añadió: “La comunidad internacional debe sentirse afectada por lo que pasó esta noche. Algunos países han sido demasiado complacientes con el terrorismo colombiano, los reciben, les abren sus medios de comunicación, los tratan como verdaderos interlocutores, y no saben que con ello simplemente los alientan a cometer esos crímenes de lesa humanidad. ¡Hay que ponerle fin a esa indulgencia, a esa complicidad, a esa debilidad con el terrorismo! Lo que necesitamos es derrotarlo”. “Sé que deberíamos ser más eficaces, no sólo para evitar un carro bomba sino para evitarlos todos”. El domingo siguiente, miles de colombianos, jóvenes, viejos, ricos y pobres, todos juntos, participan en una marcha de protesta contra el terrorismo. Del extranjero llegan mensajes de solidaridad, incluidos los del presidente George W. Bush, del papa Juan Pablo II, del presidente Jacques Chirac, de Kofi Annan, de la UE y de varios presidentes latinoamericanos. Pocas horas antes de la explosión en El Nogal, la Policía había evitado otro atentado en Bogotá al descubrir cinco lanzamisiles que iban a ser utilizados contra la embajada de los Estados Unidos y contra la sede de la Fiscalía General. Un hombre y una mujer son detenidos. Según las autoridades, esa pareja se hallaba ligada a la explosión del 13 de diciembre de 2002 que hirió a 30 personas en el restaurante del Hotel Tequendama, en pleno centro de la capital colombiana[984].

Bajo la influencia de un grupo de magistrados extremistas[985], que consideran que el Estado de Derecho rima con Estado minado internamente e impotente, la Corte Constitucional era conocida por sus extravagancias. En enero de 2001, la Corte Constitucional había declarado “constitucional” la ley mediante la cual había sido creada la llamada zona desmilitarizada del Caguán, ante una demanda de inconstitucionalidad presentada por varios abogados quienes sostenían que el presidente Andrés Pastrana había violado la Carta Magna y puesto en peligro la integridad del territorio nacional al ordenar la salida de la Fuerza Pública de un área de 42.000 km²[986]. Bajo el impulso de Clara Inés Vargas, la Corte Constitucional desencadenó de nuevo un clamor de indignación y de protestas el 11 de febrero de 2004 cuando declaró que todo ciudadano podía pedir la revisión de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia utilizando un procedimiento extremadamente simple: la tutela. La respuesta vendrá sin demora ya que el presidente de la CSJ, y otros 23 magistrados, declararon en un comunicado que la Corte Constitucional aspiraba, en su opinión, a tener un “poder absoluto”, lo que constituye “una seria amenaza de ruptura del ordenamiento jurídico” y una falta “contra la democracia y contra la división de los poderes[987]”. Después, hubo otras fricciones entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Sin hablar de los desacuerdos entre ella y el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, el proyecto de ley antiterrorista redactado por la administración de Álvaro Uribe no encontró adversario más tenaz que un grupo de la Corte Constitucional, la cual había anulado también, en abril de 2002, la ley de defensa y seguridad nacional de la administración de Andrés Pastrana. Gustavo Bell Lemus, ministro de Defensa de la época, declaró que el Estado colombiano había sido privado así “de una herramienta de una importancia vital en la lucha contra el crimen[988]”. Esa ley, que había sido el fruto de un amplio consenso nacional, dotaba a la Fuerza Pública de instrumentos jurídicos para luchar contra el terrorismo y la delincuencia organizada. El proyecto de reforma de la justicia impulsado más tarde por el presidente Uribe para limitar las prerrogativas de la Corte Constitucional, siempre fue combatido por el PCC y sus aliados, sobre todo por el Polo Democrático, organización creada por ex miembros del M-19. Jorge Alberto Uribe, ministro de Defensa, resumió así el porqué del estatuto antiterrorista: “Se tiene necesidad del estatuto antiterrorista para que la Fuerza Pública tenga los medios de actuar. Es triste leer en el informe de un comandante que está en combate y que dio de baja a tres tipos y que sabe que en tal casa hay explosivos o gente oculta. Ese comandante que se encuentra en Lejanías [una aldea del Meta] se ve obligado a encontrar un teléfono para hacer venir un juez para que le autorice a entrar a ese lugar[989]”.

Otro problema y no el menor: el dinero para acompañar los esfuerzos de Álvaro Uribe no abunda. Desempleo, déficit fiscal, deuda externa son indicadores que estaban en alza al momento en que Uribe llega al poder. El mandatario cuenta, por supuesto, con la ayuda de la administración Bush, pero él no se hace demasiadas ilusiones al respecto. “Es necesario hacer lo que se puede con lo que se tiene”, le dice al país, sobre todo a los militares. En cuanto a los consejos del FMI, Uribe añade que ese organismo deberá esperar ya que él no está dispuesto a sacrificar sus medidas sociales. Pero, obligado a reducir el gasto público, Uribe propone disminuir el número de ministerios, y hasta cerrar una de las Cámaras del Congreso y “las embajadas inútiles”, pues el Estado colombiano debe, según él, evitar imperativamente una explosión social que le abriría avenidas a las bandas armadas. De acuerdo con ese análisis, la influyente revista Dinero concluyó en un editorial: “Si la hacienda pública se hunde, la democracia colombiana no tendrá ninguna oportunidad de salir adelante[990]”. Con el drástico cambio de orientación política preconizado por Álvaro Uribe, el Estado colombiano fue puesto en condiciones de poder recuperar el tiempo y la seguridad perdidos durante los dos gobiernos anteriores. Cuando los nuevos dirigentes llegaron a los mandos, encontraron un Estado en perdición. La oposición armada, con capacidades militares reforzadas gracias a la política ciega de los presidentes Samper y Pastrana, quienes veían todo desde el prisma del ambiguo “proceso de diálogo”, habían retomado la iniciativa y no estaban lejos de lograr imponer un modelo a largo plazo de desmantelamiento gradual de la democracia y de las instituciones liberales. Andrés Pastrana saldrá del Palacio de Nariño como uno de los presidentes más impopulares de la historia del país. Había dejado una Colombia arruinada, desmoralizada y a merced de los peores excesos de las guerrillas y de los paramilitares. Su plan antisubversivo (hacer concesiones para llegar a una paz negociada) quedó durablemente desacreditado.

En esa configuración fracasada, la pérdida de control del Ejército sobre el terreno se había agravado. Decididos desde 1993 a cambiar su táctica de combate y pasar de una fase de ataques de acoso con pequeños grupos a una de golpes espectaculares de varios días con unidades mejor armadas y más numerosas, las FARC golpean violentamente primero en 1996, en la localidad de Puerres, donde aplastan el cuartel de Policía. Lo que sigue serán las pesadillas de Las Delicias, Patascoy, Miradores, El Billar, San Juanito, Dabeiba-Mutatá y Mitú, donde destacamentos del Ejército son fuertemente castigados. En el bastión de El Billar, donde estaba atrincherado un batallón de élite, el combate dura tres días. Al final, los guerrilleros matan a 67 soldados y secuestran a otros 43. Ese episodio constituye, para algunos, “la victoria más importante de la guerrilla en Colombia”. Para el ex jefe guerrillero Antonio Navarro Wolf, ese hecho evidenció que las FARC “estaban rompiendo la columna vertebral del Ejército e iban por el camino de la victoria[991]”. En cuanto a las respuestas del Ejército, éstas no eran convincentes. La operación Destructor II, en los llanos del Yarí, en octubre de 1997, fracasa. Algunos meses después, el jefe del comando sur de Estados Unidos en Panamá indica: “Si la guerra en Colombia continúa como va, las FARC ganan la guerra en cinco años”.

El diálogo abierto a continuación por la administración Pastrana (1998-2002) no hará más que empeorar las cosas. Si es cierto que Andrés Pastrana consigue convencer a Washington de que lo ayude militarmente con el Plan Colombia, esa ayuda efectiva sólo llegará al final de ese gobierno el cual nunca había sido en verdad ni visionario ni prudente. En agosto de 2002, Colombia era, pues, el ejemplo de lo que algunos politólogos norteamericanos llaman un fail state, es decir, un Estado en situación de derrumbe, o que se encuentra sobre un declive peligroso que lo lleva a un abismo. “Hay un riesgo. Uno puede preguntarse si Colombia es un Estado en quiebra o si está en vía de reconstrucción”, ironizaba en diciembre de 1998 Alain Joxe[992]. El sociólogo francés, especialista en cuestiones militares, corregirá posteriormente su observación. Pero en ese momento, y a pesar de su caracterización del momento político colombiano, Joxe es un ardiente partidario de la política de “negociación” a ultranza con las bandas armadas de izquierda, pues estimaba que las FARC “no tenían la intención de apoderarse de toda Colombia”, y que ellas “son una guerrilla que tiene una definición sociológica precisa, con referencias a zonas agrarias pioneras que se crearon como autodefensas y que sólo pretenden reformar el régimen agrario”. Con esa visión simplista y caduca de las cosas, que será contrariada por los hechos, Joxe no brilló ciertamente por su lucidez.

14.

Las farc en la encrucijada

Después de una década de extensión rampante, las FARC llegaron, en el momento de la elección de Álvaro Uribe, a su fase de apogeo. ¿Podían ir más lejos? Para el analista Alfredo Rangel, las FARC estaban “construyendo un Ejército de 35.000 hombres y aumentando su capacidad militar para poder hacer la guerra abierta contra el Estado” en 2005. Sus esfuerzos para acercarse más a las grandes ciudades “correspondían a eso”. Desde su congreso de 1982, la jerarquía de las FARC está constituida por un estado mayor central de 25 miembros que nombra un secretariado de siete personas, el cual es, para los propagandistas, el “verdadero” órgano dirigente. En realidad, un solo hombre monopoliza esa dirección: Pedro Antonio Marín.

Con más de 40 años de existencia, las FARC cuentan con 17.000 guerrilleros distribuidos en 64 frentes y 14 columnas móviles. Todo ello dividido en seis grandes bloques[993]. Si se añaden sus milicias urbanas y su nebulosa clandestina, se llega a un total de 30.000 integrantes activos[994]. Esa sorprendente ampliación (en 1990 eran 5.000 en 43 frentes) fue la que les permitió pasar de una guerra de golpes aislados a batallas campales con destrucción de cuarteles del Ejército y de la Policía y con captura de rehenes, militares y civiles. Pero ello no fue sólo el resultado de la irrupción del dinero de la droga en las manos de los jefes rebeldes. Fue también la consecuencia de ocho años de actividad encarnizada, de 1994 a 2002, en el marco de dos gobiernos (Samper y Pastrana) que tuvieron una política calamitosa respecto de la lucha antiterrorista y antiguerrillera. “Colombia también fue debilitada por los Estados Unidos que no la certificaron en 1996 y 1997, rechazándole ayuda y consejo, al mismo tiempo que los insurrectos avanzaban para explotar las debilidades de organización, doctrina, y despliegue de seguridad”, constata Thomas Marks en un ensayo intitulado Colombian Army Adaptación to FARC Insurgency[995]. No menos grave es que los esfuerzos de los presidentes Samper, Pastrana y Uribe, para dotar al Estado de una legislación antiterrorista coherente, hayan chocado con la oposición militante de la Corte Constitucional que, a pesar del aumento de los retos contra la seguridad nacional, frustró esa aspiración legítima invocando argumentos jurídicos discutibles. Incluso la ley de defensa nacional, considerada por Andrés Pastrana como el “principal instrumento” para hacerle frente a la situación de orden público, fue declarada “inconstitucional”.

Si las FARC conservan una capacidad para hacer daño desde el punto de vista militar, su talón de Aquiles es político. Desde que el Kremlin dejó de prestarles apoyo, la dirección de las FARC perdió de manera acelerada sus últimas referencias políticas. Incluso la llegada al poder de Mijail Gorbachov, el 11 de marzo de 1985, y el lanzamiento de la línea política de la perestroika, ratificada por el  XXVII congreso del Partido Comunista de la URSS, marcan el principio del fin de esa ayuda. En su informe político, Gorbachov resumió la nueva doctrina del Kremlin así: “La política de confrontación total y de confrontación militar no tiene futuro[996]”. El capital de admiración que esos bárbaros habían suscitado en los años sesenta entre algunos artistas e intelectuales de izquierda se hunde a principios de los años noventa. La carta abierta dirigida a la coordinadora guerrillera, el 20 de noviembre de 1992, por quince nombres prestigiosos de la inteligencia colombiana, prueba el descrédito que afectaba desde entonces a la guerrilla comunista. Redactada y firmada por el escritor Gabriel García Márquez, la carta fue suscrita también por el pintor Fernando Botero y por eminentes sociólogos, economistas, periodistas e historiadores. Todos denuncian el fracaso de la estrategia de la lucha armada en Colombia y su carácter “desfasado” con relación a la realidad. La carta condena también los métodos terroristas de las guerrillas, sus negocios con los traficantes de droga y la utilización sistemática del secuestro de personas, actividades que los signatarios califican de “reaccionarios” y de “abominables violaciones de los derechos humanos[997]”. Insensible, la coordinadora guerrillera responde el 2 de diciembre. En su carta ella elude los cuestionamientos y dice cínicamente: “La CNGSB rechaza el tráfico de drogas”, “impulsamos doce propuestas para definir una estrategia de paz”, etc. En enero de 1993, otro grupo de intelectuales colombianos, domiciliados en París, suscribe la carta de García Márquez.

Desde la publicación de ese manifiesto, el sentimiento popular de aversión hacia las FARC no hará más que crecer. Un sondeo realizado en 2002 constata que el 95% de la población rechaza a las FARC, aún más que a los paramilitares. Daniel Pécaut, profesor de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, admite que “la polarización de la opinión contra las guerrillas se impone como un nuevo dato principal[998]”. Su colega británico Malcolm Deas, del Saint Antony College de Oxford, estima que las FARC “concibieron medios de extensión militar que ya no dependen del apoyo de la población[999]”. Indiferentes ante lo que los colombianos quieren hacer de su país, las FARC aumentan la brecha al anunciar que se preparan para “controlar” una parte del país. Pues, según Alfonso Cano, “es necesario compartir el poder[1000]”. En efecto, Cano pide una nueva desmilitarización de territorios. Esta vez quiere expulsar al Ejército de dos inmensos departamentos, que por sí solos representan una superficie mayor a la de Holanda y Bélgica reunidos. Como si fuera poco, Cano exige intercambiar sus rehenes contra los guerrilleros encarcelados por el Estado. Sin embargo, el presidente Álvaro Uribe, fuerte gracias al apoyo de la nación y a la ayuda de Washington, rechaza esas exigencias y ratifica su voluntad de luchar para poner fin a las perspectivas criminales de la organización de Marín. Gracias al Plan Patriota la pieza maestra del presidente Uribe entra en juego. Destinado a cercar y destruir los últimos bastiones donde se oculta el estado mayor de las FARC, y realizado por las Fuerzas Armadas colombianas con la ayuda del Pentágono, el Plan Patriota tiene una duración de cinco años (2002-2008). El prevé la construcción de dispositivos de penetración de tropas especiales en las regiones de bosque y selva, con el fin de expulsar y capturar a los jefes de las FARC y asegurar las fronteras. Dirigido por el general Carlos Alberto Fracica, quien sustituye al general Reinaldo Castellanos Trujillo, nuevo comandante del Ejército, el Plan Patriota despliega 15.000 hombres en una superficie de 20.000 km² que cubre sobre todo el departamento del Caquetá. Los éxitos son palpables. La presencia de la Policía es restablecida en 1.098 municipios del país. Tres años atrás, cerca de 200 municipios, sobre todo del sur del país, carecían de presencia formal del Estado. Con la operación Conquista, la V Brigada destruye, entre otras cosas, la más extensa red de secuestros que prevalecía en el centro del país. A finales de mayo de 2005, los militares descubren en la selva del Caquetá un subterráneo construido en hormigón, bien ocultado por la vegetación, donde las FARC almacenaban medio millón de balas y una tonelada de explosivos. Durante la operación Emperador, el Ejército y la Fuerza Aérea atacan el sector principal del “bloque oriental” de las FARC. Tras los combates en la región de Vista Hermosa, que duran 50 horas, 800 guerrilleros abandonan el lugar dejando detrás 161 muertos de sus filas. Con la instalación de un batallón de alta montaña en el páramo de Sumapaz, el Ejército rompe un viejo dispositivo que la guerrilla había construido con la intención de tender un cerco a Bogotá.

CUNDINAMARCA Y LA OPERACIÓN LIBERTAD UNO

La subversión comunista había establecido, con éxito, un plan bastante sofisticado destinado a infiltrar el departamento de Cundinamarca para abrir a sus tropas una ruta hacia Bogotá, el teatro inevitable del asalto final por la conquista del poder. Juanita León, una periodista colombiana experta en cuestiones militares, resume así los objetivos que los jefes subversivos se habían fijado desde 1992, es decir, diez años antes del desencadenamiento de los esfuerzos militares que pondrán fin a sus ambiciones. “El plan consistía en ubicarse de manera gradual en las diez subregiones de Cundinamarca y en la periferia de la capital [del país] con el objetivo de reclutar combatientes y ganar el mayor apoyo social para abrir corredores por donde pasar sus grupos de guerrilleros sin ser detectados. Las FARC aspiraban a bloquear la entrada de víveres a Bogotá con el fin de provocar una insurrección popular contra el Estado. Cuando esto sucediera —⁠soñaba Marulanda— los miles de combatientes sembrados alrededor de la ciudad entrarían victoriosos a Bogotá como Fidel Castro en 1959 a La Habana, a pelear su batalla definitiva contra un Ejército con escaso apoyo popular[1001]”. Esa estrategia, que había sido trazada en la séptima “conferencia” de las FARC en 1982, sólo comenzará a ser implementada diez años después, aprovechando las ilusiones que Marulanda había inoculado en la clase política al hacerle creer que podría obtener la paz mediante diálogos. La estrategia para invadir a Bogotá fue dividida en tres o cuatro fases intermedias. La primera consistía en incrustar en zonas preestablecidas, sobre todo donde había una presencia de movimientos de izquierda o del Partido Comunista, pequeños grupos de combatientes disfrazados de trabajadores agrícolas sin empleo que tenían la orden de recoger información, espiar a las autoridades y a los notables, verificar el terreno y reclutar jóvenes. Una vez constituido un “grupo de choque”, la fase siguiente comenzaba con el asesinato de ladrones para obtener “el respeto” de los campesinos, y con la eliminación de quienes se atrevían a alertar a las autoridades y/o se negaban a abrir sus casas a los guerrilleros. Endurecido por esas acciones sanguinarias, el grupo podía pasar entonces a la fase siguiente: el ataque y la destrucción de campamentos mal protegidos de la Policía. En realidad, ese “planteamiento” no era nuevo, pues recuerda, con leves variaciones, el modelo clásico utilizado por los inventores de las “repúblicas independientes” de los años cincuenta. En 2000, por ejemplo, después de las dos primeras etapas, lo que sigue es, de nuevo, la puesta “en condición” de localidades rurales enteras. El adoctrinamiento ideológico de la población, la extorsión de fondos municipales, el cobro de vacunas a los habitantes de pueblos y a los campesinos, la utilización del secuestro y del asesinato, son los medios más corrientes para consolidar la implantación de las FARC. En cuanto a la acción del Ejército, el método para evitarla es el tradicional: cuando los militares llegan al pueblo en busca de guerrilleros, éstos abandonan las calles, ocultan uniformes y fusiles para fundirse en la masa, a la espera de la salida de los soldados, los cuales, después de dos o tres días de patrullajes inútiles, vuelven a sus cuarteles con las manos vacías.

Esos métodos producen resultados. La prueba: a finales de 2002, las FARC disponen en Cundinamarca de casi mil combatientes bien infiltrados: el frente 22 está incrustado en las regiones de Rionegro, Guáliva, Tequendama, Bajo Magdalena y Sabana Occidental; el frente 42 en las periferias de Girardot, Pulí, Beltrán y Sanjuan de Rioseco, así como en los pueblos turísticos de Anolaima, La Mesa, El Colegio y, peor, en tres pueblos muy próximos de Bogotá: Madrid, Funza y Mosquera. Y eso no es todo. Los frentes 25, 52 y 55 actúan en el páramo de Sumapaz y en Fusagasugá, Cabrera, Pasca, San Bernardo y Arbeláez, así como en Usme y Ubaté a una hora apenas por carretera de Bogotá. El frente 51 amenaza las localidades de Cáqueza, Ubaque, Guayabetal, Gutiérrez e incluso La Calera, un suburbio conectado a Bogotá. En fin, los frentes 53 y 54 penetran otros nueve pueblos del departamento. En otras palabras, las FARC están infiltradas en la mitad de los pueblos de Cundinamarca. Todos esos frentes dependen de las órdenes de un hombre: el temible jefe del “comando conjunto occidental” de las FARC, Carlos A. Osorio Velásquez, alias Marco Aurelio Buendía.

Con el éxito de la operación Libertad Uno, a finales de 2003, los 15.000 soldados de la XIII Brigada, así como los de las Brigadas móviles 1, 2, 3 y 8 de la FUDRA, dirigidas por los generales Reynaldo Castellanos, Hernando Ortiz y Carlos Alberto Ospina, el plan de las FARC de estrangular el centro político y económico que es Bogotá, fue aplastado. Después de varios meses de combates, en que los militares no realizan menos de 197 acciones contra los irregulares, Marco Aurelio Buendía es dado de baja en combate el 30 de octubre de 2003. Con él caen también alias Javier Gutiérrez, un asesino de rehenes[1002] y el brazo derecho de Buendía, así como otros ocho guerrilleros. Buendía estaba protegido por una treintena de hombres y por un campo minado de 650 m². Durante los días y las semanas anteriores, los militares abaten también a los jefes del frente 22 así como a 225 guerrilleros; arrestan a otros 260 y aceptan a 80 como desertores. E incautan nueve toneladas de explosivos, 1.417 granadas, 227 fusiles, 5 kilómetros de cordón detonante y otros 650 artefactos explosivos[1003]. Para alcanzar sus objetivos, las Fuerzas Militares habían tenido que cambiar su doctrina que consistía en utilizar unidades tácticas pesadas en la lucha antisubversiva en favor de la creación de numerosas escuadras de nueve o diez soldados capaces de desplazarse sin ser detectados por el adversario y de infligirle, por sorpresa, golpes fulminantes. La FUDRA, con sus 4.000 soldados profesionales especialistas en operaciones de alto riesgo, había recibido la misión de moverse por todo el territorio nacional respaldando las tropas de soldados campesinos (militares regulares reclutados en las regiones y cuyas primeras unidades son creadas por la administración del presidente Uribe), multiplicando los asaltos contra los campamentos rebeldes y persiguiendo a los líderes. Acostumbrados a los despliegues de tropas numerosas por carreteras y caminos, que ellos frenaban generalmente, aprovechando la configuración del terreno, con algunos francotiradores, con explosivos y minas antipersonales, los hombres de las FARC no logran interpretar la nueva táctica del general Ospina de “búsqueda, cerco, anillo y aniquilación”. Incluso Buendía, un hombre astuto y fogueado, no pudo descifrar el nuevo reparto y comenzó a perder los pedales. Un día, acosado por la FUDRA, abandona una agenda con anotaciones importantes así como un computador que contenía las fotografías de todos los guerrilleros bajo sus órdenes. Más tarde, los soldados capturan en la ciudad a una muchacha de 17 años que resulta ser la compañera de Buendía. Ella admite ser la operadora de radio de alta frecuencia con la que Buendía dirige a sus hombres desde el pico de una montaña no lejos de Topaipí. Algunos días después, Buendía, disfrazado de civil, cae bajo las balas del Ejército.

¿UN CÁSCARÓN VACÍO?

En cuanto al Partido Comunista, la crisis en él no se hace menos evidente que la de las FARC. Desde sus inicios, el PCC había emprendido su marcha hacia el poder. Pero persuadido de que el apoyo de la “poderosa Unión Soviética” era infalible y suficiente, descuida la conquista de la sociedad. Aparte de una experiencia de participación aventurera en concejos municipales, los comunistas nunca obtuvieron la gestión de una sola ciudad, incluso de tamaño medio. Su línea extremista, su discurso siempre amenazante y brutal, los había alejado de los ciudadanos.

En 2004, la debacle del PCC se precisa. La implosión de la Unión Soviética deja a los comunistas colombianos huérfanos, perplejos, sin orientación y sin recursos. En 1999, el PCC había perdido incluso la apariencia mínima de un partido político. Parecía no ser más que un cascarón vacío: había sido abandonado por casi toda su clientela. Cuatro años más tarde, su aislamiento no puede ser más flagrante. Bajo la dirección de un nuevo secretario general, Jaime Caicedo Turriago, ex jefe de las juventudes comunistas, que se obstina en empezar un proceso de “reconstrucción”, el PCC está en fase de descomposición. La “conferencia ideológica”, reunida en septiembre de 2004, es un fracaso: sólo atrae a 200 personas entre las cuales se encuentran los delegados de otros cinco grupos de la extrema izquierda rival (la secta maoísta MOIR y una de sus fracciones públicas, el Partido del Trabajo, así como el trotskista Partido Socialista de los Trabajadores, el grupo Presentes por el Socialismo y otro grupúsculo, el Modep). En cuanto a los delegados internacionales no habrá ni uno. Sólo reciben dos mensajes “de solidaridad”: uno del inevitable PC cubano y otro del PC ecuatoriano. La conclusión principal de la reunión será más política que ideológica: construir un “frente social y político” y erigir la candidatura de Carlos Gaviria Díaz, antiguo abogado de la guerrilla EPL, para las elecciones presidenciales de 2006[1004]. La soledad del PCC se explica por el rechazo que se extiende entre los intelectuales y en la población en general por los estrechos vínculos que existen aún entre ese partido y las FARC. En efecto, el plato de resistencia de la “conferencia ideológica” será un mensaje dictado por uno de los jefes de las FARC, Guillermo León Saenz, alias Alfonso Cano. Éste se presenta como el jefe de un “movimiento bolivariano” cuyos integrantes no son más que el PCC y las FARC. Lanzado en 1996, ese “movimiento bolivariano” había sido acogido con escepticismo. “¿Cómo un movimiento clandestino podrá movilizar una fracción amplia de la población?”, pregunta una revista de izquierda[1005]. Respuesta de Alfonso Cano: “Eso no es fácil pero no tenemos alternativa. No vamos a reinventar un movimiento modelo UP […] pues en Colombia no puede haber oposición”. Después de haber asestado impunemente esta contraverdad, el jefe de las FARC dirá que el objetivo de la nueva organización clandestina es constituir un “gobierno amplio” que tendrá por tarea “ampliar la democracia” en Colombia. Sin embargo, Cano no pudo explicar, desgraciadamente, por qué todos los comunistas una vez llegan al poder, en lugar “ de ampliar la democracia”, no han hecho otra cosa que aboliría sin vergüenza, suprimiendo violentamente todas las libertades y todos los derechos de los trabajadores y de la sociedad civil[1006]. Cano no pudo explicar nada al respecto pues a la revista, complaciente, no se le ocurrió hacerle semejante pregunta.

Pero hay crisis y crisis. La del PCC, realmente profunda, no es inevitablemente sinónimo de evaporación definitiva. Ciega y obstinada, la dirección comunista rechaza toda reflexión sobre el porvenir del leninismo y cree aún en un futuro luminoso para esa ideología. Su hostilidad hacia la democracia sigue intacta. El PCC no prevé en ningún caso una salida a la manera del PC italiano, que evolucionó hacia la socialdemocracia. Tampoco apeló al harakiri como hizo el PC soviético, su patrón, ni tuvo la entereza de carácter del PC holandés que decidió autodisolverse en julio de 1991. El PC colombiano, por el contrario, prosigue su camino como si el sistema comunista no hubiera estallado en pleno vuelo. La nueva camarilla del PCC pretende, incluso, innovar, pero su acción es más formal que doctrinaria: decreta la discreción. Los miembros se deslizan así hacia una fase de semiclandestinidad nunca reconocida, aunque las FARC comienzan a hablar de un “partido comunista clandestino”. La consigna es pasar lo mejor posible “la tormenta”, es decir, el gobierno “fascista” de Álvaro Uribe, y preservar el partido y las FARC como una “alternativa” futura. Las FARC sobre todo, ya que éstas son el único factor estable en la configuración mental de los marxistas colombianos. Nostálgicos, retoman los reflejos del bolchevismo bajo el zarismo: permanecer como una minoría que esquiva la acción abierta, pero que sabe preservar sus aparatos, sus doctrinas y sus convicciones fanáticas para sacarlas en el momento oportuno.

Al mismo tiempo, el PCC intenta dirigir la convergencia de las fuerzas “antiimperialistas”. Pero esa convergencia es precaria ya que la popularidad de los Estados Unidos durante los últimos años está en claro aumento en Colombia. Le quedan, por lo menos, las asociaciones y las ONG “de derechos humanos”, que sus activistas penetran y copan sin gran dificultad, ya que la vigilancia de los partidos “burgueses” es casi inexistente. Esas estructuras son el enlace indispensable de algunas ONG extranjeras al servicio de movimientos marxistas que bajo la etiqueta de “altermundialismo”, “antimundialismo”, dirigen una tenaz guerra política, desde los Estados Unidos y el Viejo Continente, contra la democracia planetaria, en general, y contra el Estado colombiano, en particular.

La otra orientación de importancia del PCC para fabricarse una nueva piel es el “bolivarismo”. Algunos de sus grupos son presentados como “movimientos bolivarianos”, como, por ejemplo, las “juventudes bolivarianas”, un canal de reclutamiento urbano de las FARC. Reactivado por Hugo Chávez, el jefe de Estado de Venezuela, y retomado por las FARC, ese apelativo tiene sus ventajas: suena muy latinoamericano. ¿Pero qué puede haber de común entre la gesta libertadora de un Simón Bolívar, creador de cinco naciones soberanas de Suramérica, con la política leninista de la mentira y de la esclavitud de las naciones? Nada. Pese a ello, los comunistas colombianos (y venezolanos) se apoderan de la palabra cuya positiva connotación desvían para vender más fácilmente su basura ideológica. Es la vieja artimaña bolchevique, resucitada ahora: elegir un concepto positivo, vaciarlo de su sentido para mudarlo en propaganda. “Construyamos un proyecto de vida” proclama, por ejemplo, una de las páginas web de las FARC, al mismo instante que ésta siembra la muerte por todas partes. Así “la distinción entre la verdad y la mentira se esfuma en el espíritu de los ciudadanos”, explica el filósofo británico-polonés Leszek Kolakovski[1007].

Ultimo hallazgo del PCC : la creación de ONG “de víctimas”, es decir, de organismos al servicio de las familias de guerrilleros muertos o en prisión. Lo que excluye, por supuesto, a las miles de víctimas generadas por la acción terrorista. Por último, el PCC dicta una nueva prioridad a las células encargadas del “trabajo diplomático” en Europa: hacer condenar a Colombia por “genocidio”, utilizando el argumento falaz “de la exterminación” de la UP. Aunque bien disminuido, el PCC sigue siendo en 2006 un partido de guerra civil, retrógrado, anclado en los miasmas de la Guerra Fría. El conserva toda su hostilidad ideológica hacia la libertad y el mercado y su violento antiamericanismo de siempre. Y eso se paga. Según una encuesta publicada en julio de 2005, el candidato del “frente social y político” (PCC), Carlos Gaviria Díaz, recibe un 0,5% de las intenciones de voto, mientras que el presidente Álvaro Uribe obtiene un 54,2%.[1008]

Los maoístas por su parte están también en un callejón sin salida. En febrero de 2004 hay una escisión en el MOIR. Cinco militantes habían redactado, en octubre de 2003, un documento donde acusaban a la dirección de no haber lanzado la consigna de hacer la huelga contra la reforma de las empresas públicas como Telecom, Ecopetrol y el Seguro Social. Citando a Stalin, acusan en particular a Marcelo Torres y a Héctor Valencia Henao, miembros de la dirección que buscan de nuevo alianzas con el PCC, un partido “traidor de la clase obrera”. Los cinco serán expulsados. En 2004, el MOIR tenía un senador, Jorge Robledo, y un representante, Óscar Gutiérrez Reyes. El MOIR caracteriza a Álvaro Uribe como “fascista”. Ese mismo epíteto había sido utilizado contra el gobierno de Julio César Turbay Ayala, en los años 1978-1982.

En el extranjero, la ruptura de las negociaciones de paz con el gobierno de Pastrana tiene un efecto desastroso para las FARC. Su oficina en México es cerrada el 12 de abril de 2002 por orden del presidente Vicente Fox. Raúl Reyes, que representaba a las FARC en ese país, huye a Caracas. El jefe de Estado mexicano considera que la oficina de las FARC no tenía razón de ser si en Colombia esa gente no tenía la voluntad de negociar la paz con las autoridades legítimas. El gobierno británico, por su parte, anuncia su decisión de congelar las cuentas bancarias de la organización terrorista. La Unión Europea, que había concedido a los agentes de las FARC un estatuto semidiplomático, se enfría también. Incluso los medios religiosos amigos del ELN en Alemania y en los Países Bajos toman sus distancias. Y, signo menor pero simbólico, a las FARC le cierran oficialmente las puertas de la cumbre antimundialista de Porto Alegre[1009]. El 2 de enero de 2004, los jefes de las FARC reciben otra muy mala noticia: Ricardo Palmera, alias Simón Trinidad, miembro de la dirección nacional y uno de los tesoreros de la banda, es detenido en Quito y extraditado a Colombia inmediatamente. Doce agentes de los servicios secretos del Ejército colombiano y siete policías ecuatorianos habían intervenido en la operación. Palmera había sido filmado y seguido de cerca aunque discretamente durante varios días por los militares colombianos después de que Bogotá descubriera que ese pez gordo se encontraba en misión en Quito. Con esa detención, el gobierno de Álvaro Uribe rompe el extraño mito que pretende que los jefes de las FARC nunca son detenidos ni abatidos pues ellos fallecen de muerte natural.

Otro fanático de las FARC, Hernando Buitrago, alias Julián, es detenido en Gigante (Huila) por agentes de la Fiscalía, el 28 de julio de 2004. Ese individuo, responsable de sangrientos atentados y del secuestro de 15 personas, era el número dos de la tristemente célebre columna Teófilo Forero. Encerrado en una prisión militar, logra fugarse el 6 de noviembre del mismo año. Pero condenado a muerte por sus antiguos camaradas, Buitrago se da cuenta de que no podrá sobrevivir sin la ayuda del Estado. Una semana después de la fuga, decide entregarse a las autoridades, cooperar con ellas e inscribirse en un programa para arrepentidos. Gracias a sus informaciones las autoridades detienen a varios guerrilleros, descubren algunos depósitos de armas y frustran varios secuestros[1010].

El 9 de diciembre, la administración Uribe toma una nueva iniciativa destinada a perturbar los vínculos de sumisión existentes entre los de las FARC y sus hombres encarcelados. Luis Carlos Restrepo, alto comisionado para la Paz, revela que el Gobierno ha firmado 23 reducciones de pena a guerrilleros condenados y encarcelados por rebelión. Los beneficiarios habían firmado un acuerdo consistente en entrar en un programa de reinserción del Gobierno y no volver a la lucha armada. Según Restrepo, el Gobierno había hecho ese “gesto unilateral de paz y reconciliación” para “atender la petición de un grupo de parlamentarios” a la espera de que esa medida ayude a la liberación de “personas que sufren injustamente del secuestro”. La respuesta de los jefes terroristas es cínica: ningún rehén es liberado y los 23 ex guerrilleros son amenazados de muerte. Una vez más, la opinión pública colombiana e internacional pudo constatar que el peor obstáculo a todo gesto humanitario respecto de los rehenes son los jefes guerrilleros y no el Gobierno, y que la moral de combate de los guerrilleros encarcelados no es la mejor.

El 14 de diciembre siguiente, nuevo golpe duro para las FARC: en pleno territorio venezolano, la Policía colombiana le echa mano a otro cuadro de las FARC, Rodrigo Granda Escobar, alias Arturo Campos, alias Ricardo González. El hombre estaba encargado de los contactos internacionales en América Latina. Según el general Daniel Castro, director de la Policía colombiana, la detención de ese individuo es tan importante, si no más, que la de Simón Trinidad. “Desde hacía un año Rodrigo Granda viajaba frecuentemente entre Caracas y Cúcuta y estábamos siguiéndolo en los dos países” dice a la prensa[1011] una fuente de la Policía colombiana. Granda parece haber participado en acciones no muy “diplomáticas”: las autoridades de Bogotá lo acusan de estar mezclado con asuntos de tráfico de drogas con carteles mexicanos y un tráfico de armas y explosivos con peruanos. Es más, Granda sería el coordinador del secuestro, en Paraguay, el 21 de septiembre de 2004, de Cecilia Cubas, 32 años, hija del ex presidente de la República, Raúl Cubas. Osmar Martínez, el autor del rapto, es uno de los líderes de Patria Libre, partido paraguayo de extrema izquierda. Según Oscar Latorre, director del ministerio público de Asunción, el secuestrador estaba en contacto con Rodrigo Granda. Latorre explica también que su oficina confirmó que “las FARC asesoran a Patria Libre y entrenan cuadros en Colombia”. El cadáver de Cecilia Cubas será encontrado en un túnel en los alrededores, de Asunción en febrero de 2005.

Antes de la detención de Granda y por distintas razones, una media docena de miembros de la “comisión internacional” de las FARC había tenido que regresar a Colombia para integrarse a las estructuras clandestinas de esa organización. Entre ellos se encuentra Jairo Lesmes Bulla, alias Javier, quien había dejado Argentina pues el presidente Carlos Menem había dicho no a su actividad. El ex sacerdote Francisco Cadena, alias Camilo, tiene que huir de Brasil después de haber sido detenido algunas semanas. Ovidio Salinas, alias Juan Antonio Rojas, ex miembro del PCC y de la UP, debe dejar Panamá a principios de 2005. Israel Granda, el tío de Rodrigo, había residido legalmente en Ecuador hasta 1985. Luis Alberto Albán Burbano, alias Marcos Calarcá, debe cerrar la oficina de las FARC en México. En compañía de Liliana López Palacios, alias Olga Lucía Marín, la compañera de Raúl Reyes, Calarcá viaja a Venezuela en abril de 2002[1012]. A finales de marzo de 1998, Calarcá es expulsado de Bolivia. Ante la ausencia de una solicitud de extradición de Bogotá, él se refugia en México.

Furioso porque los colombianos habían logrado detener a Rodrigo Granda, a pesar de la protección de que disfrutaba de su régimen, el presidente Hugo Chávez se declara escandalizado y aumenta la tensión entre los dos países. Declara que hubo violación de la soberanía nacional de su país y ordena el cierre de la frontera con Colombia. Chávez pide al presidente Uribe presentar sus “excusas”, pero éste hace saber que está lejos de hacerlo. Responsables políticos dirán que Granda había sido capturado por militares y policías venezolanos, los cuales lo habían entregado a militares colombianos en Cúcuta. Desde hacía tiempo, Bogotá había prometido-sustanciales recompensas por la detención de los jefes de las FARC. Tras un encuentro en Caracas, el 15 de febrero de 2005, los presidentes Uribe y Chávez declaran “cerrado” el incidente Granda.

¿Esos fracasos harán cambiar la línea militarista de la dirección central de las FARC? ¿Los recientes progresos del Estado colombiano en la lucha antiterrorista pueden poner fin, a largo plazo, al horror inútil y bestial de las FARC? Ciertamente, no. Aunque obligadas a llevar una guerra defensiva, donde la acción terrorista puede revelarse como un medio devastador aunque contraproducente desde el punto de vista político, las FARC han podido resguardar, en el espacio rural, la mayor parte de sus fuerzas. Y en las ciudades, sus células clandestinas siguen sin freno su guerra política, para la cual Colombia está mal preparada. Casi desconocido en Colombia, el concepto de guerra subversiva moviliza poco a los responsables políticos y a las élites intelectuales. Las mayorías que sostienen al Gobierno (entre 70 y 80%, según los sondeos) no tienen suficientemente acceso ni a los media ni a los centros de fabricación de opinión, mientras que los compañeros de ruta de las FARC siguen teniendo allí sus entradas. Por otra parte, algunos analistas creen detectar en la excesiva rigidez política de las FARC los síntomas de un movimiento caudillista en crisis, anquilosado por varias décadas bajo la dirección de Pedro Antonio Marín, hoy de 76 años. Según esos observadores, las FARC podrían finalmente dislocarse ante la muerte de Marín, tal como ocurrió con la guerrilla angoleña UNITA, cuyo centro neurálgico reposaba en gran parte en la personalidad de su carismático jefe, Jonás Savimbi. También es cierto que, en una organización que practica el tráfico de drogas, la desaparición de un jefe central puede empeorar los antagonismos entre los distintos bloques y frentes, entre los más ricos y los que están más expuestos a la acción de las Fuerzas Militares. Quizás para impedir un movimiento de ese tipo todo lo que se refiere a la vida de Marín, desde hace años, es rodeado del mayor secreto. Por ejemplo, en junio de 2004, Jaime Dussán, un senador de izquierda, informa a la prensa que Alfonso Cano, la nueva cabeza pensante del secretariado de las FARC, un nostálgico del comunismo soviético, “había sustituido” a Tirofijo. Dussán, quien dice haber recibido la información “de los propios rebeldes”, no explica las razones de tal cambio en la dirección de esa organización. Al mismo tiempo, rumores hablan de la muerte de Marulanda en Caracas o en La Habana, víctima de un cáncer de la próstata. “Falso”, se apresura a responder Carlos Lozano, miembro de la dirección del PCC. Una fuente anónima de la inteligencia militar reitera que Marulanda “se encontraba en Colombia, vivo, hace un mes[1013]”.

La técnica de hacerse el muerto durante largos períodos forma parte del instrumental de Tirofijo para organizar su seguridad personal. En otras ocasiones sus hombres difundieron el rumor de que él había muerto, antes de reaparecer cuando ello le convenía. ¿Esta vez murió realmente? Difícil decirlo. En cualquier caso, si reaparece después de una ausencia de cinco años, eso cambiará bien poco la situación de las FARC, ya que su liderazgo ha sufrido el uso del tiempo. Su sistema mostró sus fallas y sus límites, sobre todo desde la llegada a la Presidencia de la República de Álvaro Uribe quien se niega a reconocerle el estatuto (decente pero inmerecido) de rebelde o de “guerrillero político”, del cual Tirofijo disfrutó durante años para beneficio de su banda. Gracias a ese estatuto abusivo pudo obligar a las autoridades a “negociar” con él, lo que quiere decir a mordisquear parcelas de la autoridad del Estado y no sólo a nivel regional. Hasta el punto de que las FARC vendieron la idea a una parte de la clase política de que ante la llegada de un nuevo gobierno éste debía necesariamente sentarse a discutir y negociar con Tirofijo y sus hombres. Y negociar no sólo una posible paz sino el perfil mismo de la democracia colombiana, aberración en la cual los antecesores del presidente Uribe cayeron sin pena ni gloria. Y a pesar de todos esos “diálogos” y “negociaciones” repetidos, Marín nunca llegó a aparecer como un auténtico líder político que combatía lealmente para impulsar un programa de reformas o para el bien de su país, como pudo hacerlo, por ejemplo, un Nelson Mandela, en los últimos años del apartheid. En ello radica la mayor debilidad de Pedro Antonio Marín: él sigue siendo un hombre del pasado, un jefe de guerra muy astuto y obstinado, ciertamente, pero un jefe sin otro horizonte que los dogmas estalinistas de los años cincuenta. Marín, además, no sabe nada de su país. Su visión es la de un hombre que ha vivido sus últimos 50 años en la ilegalidad, replegado en la guerrilla, habitando cavernas y construcciones rudimentarias en medio de la selva. Pertenece al tiempo pasado de los jefes campesinos, audaces, iletrados y listos. En vez de comportarse como un jefe revolucionario actuó siempre como un jefe de banda, brutal e hipócrita, desconfiado, alejado de las realidades del mundo e incapaz de analizar correctamente los problemas que la realidad le proponía. Tirofijo no vio nada de lo que venía. Durante todos esos años de lucha, los 20.000 hombres y mujeres en armas bajo sus órdenes no hicieron más que sembrar la muerte, el dolor y el odio en Colombia, pues los guerrilleros de las FARC se comportan como si estuvieran en país conquistado, secuestrando y asesinando no sólo a políticos, religiosos, diputados, comerciantes, industriales, alcaldes y periodistas, sino también a niños y mujeres de familias modestas. Ellos atacan cuarteles aislados de la Policía y toman por asalto con la misma barbarie las casas e iglesias donde los civiles desarmados se refugian. Violan las mujeres, maltratan a jóvenes reclutas, humillan a campesinos, indígenas, policías y soldados, expulsan a los habitantes, cobran impuestos ilegales e insultan la bandera colombiana convirtiéndola en brazalete para engañar al pueblo. Tirofijo nunca intentó disciplinar a sus hombres, ni aplicar sanciones contra los asesinos de rehenes y de presos heridos. Nunca quiso frenar la deriva hacia el tráfico de drogas. Sus cómplices erigen retenes en las carreteras, toman edificios por asalto, practican la extorsión, protegen a terroristas extranjeros y a criminales condenados por la justicia, requisan vehículos, roban a los ganaderos para abastecer mercados paralelos, trafican con gasolina robada a empresas nacionales, sacan dividendos de tráficos clandestinos, de salas de fiesta, de bares y burdeles. Sus hombres no son más que bribones y gángsters. A pesar de tantos años de adoctrinamiento constante, Marín olvidó la norma de oro de la guerrilla: tener el apoyo de la población.

Tirofijo era (o es) un mitómano que mintió durante 40 años sin el menor escrúpulo. Ciertamente, no fue él quien inició el terrorismo en Colombia: son sus superiores del PCC a quienes se deben las graves decisiones. Sin embargo, Marín fue un ejecutor de las órdenes venidas de Moscú. Cuando estaba en condición de imponer sus decisiones a los apparatchiks del PCC no lo hizo. Fue quien cerró la puerta abierta por el presidente Andrés Pastrana con la zona desmilitarizada, la mayor concesión que el Gobierno colombiano haya hecho jamás a la guerrilla (y que nadie más ha concedido a guerrilla alguna en Occidente). ¿Qué hizo Tirofijo de eso? Se burló de los acuerdos firmados en Los Pozos y en San Vicente del Caguán, pues tenía una visión de pequeño bandido y no de jefe revolucionario. Marín hizo eso sin causar el menor conflicto entre los cuadros de la dirección de las FARC, ya que él reinaba (o reina) como amo absoluto gracias al miedo. El resultado salta a la vista: las FARC personifican el poder de un solo hombre; nunca tuvieron una dirección colectiva, contrariamente a lo que sus agitadores aseguran.

En el semi-repliegue en que se encuentran actualmente, a causa de la política del presidente Uribe, de la acción de las Fuerzas Armadas y de la actitud de la población en general, ¿la dirección modificada de las FARC hará el mismo viaje epistemológico hacia el fundamentalismo islamista, como ocurre con otras organizaciones extranjeras, como las Nuevas Brigadas Rojas italianas y el Ejército Rojo japonés, que saludaron sin equívocos la acción de los talibanes y de Al Qaeda? ¿Es eso lo que están preparando en los dispensarios secretos del “movimiento bolivariano”, en nombre de su odio salvaje contra los Estados Unidos y contra la democracia occidental? El episodio ya mencionado de la célula de las FARC donde jóvenes reclutas estudiaban el Corán permite pensar que el riesgo de una desviación islamista no es imposible. Luego de haber estado al servicio del totalitarismo soviético, las FARC podrían ponerse al servicio de un tercer totalitarismo: el islamismo. Ello los acercaría a una cierta extrema derecha[1014] la cual desde hace años está virando de una posición atlantista y anticomunista a un antiamericanismo tenaz, a un antisionismo y antisemitismo primarios y a un apoyo al islamismo revolucionario[1015]. ¿Terminarán las FARC formando parte de la convergencia neototalitaria global roja-parda-verde como ya lo son los neocomunistas rusos de Guennadi Ziouganov? La evolución ideológica de las FARC debería ser seguida y analizada por el Estado y por la sociedad colombiana con tanto rigor como su evolución militar.

BIBLIOGRAFÍA

ABELLA, Arturo, Así fue el nueve de abril, Ediciones Aquí Bogotá, Bogotá, 1973.

AFTALION, Florin, La trahison des Rosenberg, Éditions JC Lattés, París, 2003.

ALAPE, Arturo, Las vidas de Pedro Antonio Marín, Manuel Marulanda Vélez, Tirofijo, Editorial Planeta, Bogotá, 1989.

ALAPE, Arturo, La paz, la violencia: testigos de excepción, Editorial Planeta, Bogotá, 1985.

ALAPE, Arturo, El Bogotazo. Memorias del olvido, Planeta Colombiana Editorial, Bogotá, 1987.

ALBA, Víctor, Historia del Comunismo en América Latina, Ediciones Occidentales, México, 1954.

ALEXANDER, Robert, Trotskyism in Latin America, Hoover Institution Press, Stanford, California, 1997.

ANDRADE, Juan, Notas sobre la guerra civil. Actuación del POUM, Ediciones Libertarias, Madrid, 1986.

APRILE-GNISET, Jacques, El caso de la colonia del Sumapaz y la guerra de Villarrica, ponencia presentada al III Congreso Nacional de Historia, Medellín, 1981.

ARANGO Z., Carlos, FARC, veinte años. De Marquetalia a la Uribe, Ediciones Aurora, Bogotá, Colombia, 1986.

ARENAS, Jacobo, Colombia, guérillas du peuple, Editions Sociales, París, 1969.

ARENAS, Jacobo, Vicisitudes del proceso de paz, Editorial La Abeja Negra, 1990.

ARENAS, Jaime, Dans la guérilla, Éditions Calman-Lévy, París, 1972.

ARIZMENDI POSADA, Ignacio, Gobernantes colombianos, de Bolívar a Belisario, Interprint/Italgraf, Bogotá, 1983.

ARON, Raymond, L’Opium des intellectuels, Editions Calmann-Lévy, París, 1955.

AZULA BARRERA, Rafael, De la revolución y el orden nuevo, Editorial Kelly, Bogotá, 1956.

BAHAMÓN DUSSÁN, Augusto, Mi guerra en Medellín, Intermedio Editores, Bogotá, 1992.

BAQUERO, Rafael, Treinta años de historia del Partido Comunista de Colombia, Bogotá, 1960.

BARK, Dennis L., The Red Orchestra Instruments of Soviet Policy in Latin America and the Caribbean, The Hoover Institutions Press, Stanford, 1986.

BARRON, John, Enquete sur le KGB, Éditions Fayard, París, 1984.

BARRON, John, KGB, Éditions Elsevier Sequoia, París, Bruxelles, 1975.

BATEMAN CAYON, Jaime, Oiga, hermano, Ediciones Macondo, Bogotá, 1984.

BAYNAC, Jacques, Les socialistes révolutionnaires, Éditions Robert Laffont, París, 1979.

BEHAR, Olga, Las guerras de la paz, Planeta Colombiana Editorial, Bogotá, 1985.

BEHAR, Olga, Noches de humo, Editorial Claves Latinoamericanas, México, 1988.

BENEMELIS, Juan E, Las guerras secretas de Fidel Castro, GAD, Miami, 2003.

BENIGNO (Dariel Alarcón Ramírez), Vie et mort de la révolution cubaine, Éditions Fayard, París, 1996.

BERGQUIST, Charles, PEÑARANDA Ricardo, SÁNCHEZ Gonzalo, Violence in Colombia, The Contemporary Crisis in Historical Perspective, SRBooks, Wilmington, Delaware, 1984.

BERSTEIN, Serge y BECKER, Jean-Jacques, Histoire de l’anticommunisme en France, Olivier Orban Éditions, París, 1987.

BLUMENSON, Martin, Le réseau du Musée de l’Homme, Éditions du Seuil, París, 1979.

BOUKOVSKY, Vladimir, lugement à Moscou, Un dissident dans les archives du Kremlin, Éditions Robert Laffont, París, 1995.

BRAUN, Herbert, The Assassination of Gaitan, University of Winsconsin Press, Madison, 1985.

BROUÉ, Pierre, Histoire de L’Internationale communiste, 1919-1943, Éditions Fayard, Paris, 1997.

BUBER-NEUMANN, Margarete, La révolution mondiale, L’histoire du Komintern (1919-1943) räcontée par l’un de ses principaux témoins, Casterman, Paris, 1971.

BUSHNELL, David, Colombia, una nación a pesar de sí misma, Planeta Colombiana Editorial, Bogotá, 1996.

BUTON, Philippe, Communisme: une Utopie en sursis?, Éditions Larousse, París, 2001.

CABALLERO, MANUEL, Catín American and the Comintern, 1919-1943, Cambridge University Press, Cambridge, 1986.

CABALLERO, MANUEL, La Internacional Comunista y la revolución latinoamericana, 1919-1943, Editorial Nueva Sociedad, Caracas, 1987.

CABALLERO, MANUEL, La Internacional Comunista y América Latina. La sección venezolana, Cuadernos de Pasado y Presente, México, 1978.

CALVO, Fabiola, EPL, diez hombres, un Ejército, una historia, Ediciones Ocoe, Bogotá, 1985.

CARRERE D’ENCAUSSE, Hélène, Le Grand Frère, Éditions Flammarion, París, 1983.

CASTRO CAYCEDO, Germán, Mille fusils à la mer, Seuil, París, 1991.

CASTRO DELGADO, Enrique, J’ai perdu la foi à Moscou, Éditions Gallimard, París, 1950.

CASTRO DELGADO, Enrique, La vida secreta de la Komintern, Ediciones y Publicaciones Españolas, 1950.

CASTRO, Fidel, Mes années dejeunesse, Éditions Stanké, Outremont, Québec, 2003.

CENTER FOR SOCIOPOLITICAL ANALYSIS, War Toys, The Recruitment of Children by Colombian Guerrillas, Bogotá, 1999.

CEPEDA ULLOA, Femando et al., Fortalezas de Colombia, Editorial Planeta Colombiana, Bogotá, 2004.

COMISIÓN INTERNACIONAL DE OBSERVADORES, Colombia, iepala Editorial, Madrid, 1987.

COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE COLOMBIA, Treinta años de lucha del Partido Comunista de Colombia, Ediciones Los Comuneros, Bogotá, 1960.

CONFEDERATION SYNDICALE DES TRAVAILLEURS DE COLOMBIE, Bananeras 1928-1978, Álvaro Delgado, coordinateur éditorial, Ediciones Alcaraván, Bogotá, 1978.

COURTOIS, Stéphane et al., Le livre noir du communisme, Éditions Robert Laffont, París, 1997.

CORREA DIAZGRANADOS, Ismael, Anotaciones para una historia de Ciénaga, Editorial Lealond, Medellín, 1966.

CORTES VARGAS, Carlos, Los sucesos de las Bananeras, Editorial Desarrollo, Bogotá, segunda edición, 1979.

CHALIAND, Gérard, Mythes révolutionnaires du tiers monde, Éditions du Seuil, 1979.

DE ROBIEN, Beata, Les passions d’une présidente, Eleanor Roosevelt, Editions Perrin, París, 2000.

DESANTI, Dominique, Les Staliniens (1944-1956). Une expérience politique, Éditions Fayard, París, 1975.

DESANTI, Dominique, L’Internationale Communiste, Éditions Payot, 1970.

DÍAZ CALLEJAS, Apolinar, El lema Réspice Polum y la subordinación de las relaciones con Estados Unidos, Academia Colombiana de Historia, Bogotá, 1996.

DIX, R. H., Colombia, the Political Dimensions of Change, Yale University Press, New Haven, 1967.

DOMÍNGUEZ REYES, Edmé, Soviet Relations with Central America, the Caribean, and Members of the Contadora Group, Annals, aapss, No. 481, September 1985.

EISENHOWER, Dwight, Batailles pour la paix, Éditions de Trévise, Paris, 1968.

ERRÁZURIZ, Maria C., Cafeteros y cafetales del Líbano, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1986.

FABIEN, Jean, La guerre des camarades, Éditions Olivier Orban, París, 1985.

FALIGOT, Roger, Naisho, enquète au coeur des Services secrets japonais, Éditions La Découverte, París, 1997.

FANDINO SILVA, Francisco, La penetración soviética en América y el 9 de abril, Colección Tiempos Nuevos, Bogotá, 1949.

FENOY, Gérard, L’armée en Colombie, Extrait des cahiers du Monde Hispanique et Luso-Brésilien, Caravelle 26,1976.

FLORES GALINDO, Alberto, La agonía de Mariátegui: la polémica con la Komintern, Deseo, Lima, 1980.

FLUHARTY, Vernon Lee, La danza de los millones, El Áncora Editores, Bogotá, 1981.

FOUGERE, Catherine, La Colombie, Éditions Karthala, París, 1992.

FRANCO ISAZA, Eduardo, Las guerrillas del Llano, Ediciones de la Librería Mundial, Bogotá, 1959.

FRANK, Pierre, Histoire de l’Internationale Communiste, 1919-1943, Éditions La Brèche, París, 1979.

FRANK, Pierre, Le stalinisme, Éditions François Maspero, París, 1977.

FUENMAYOR, Juan Bautista, Veinte años de política, 1928-1948, Talleres de Miguel Ángel García e hijo, Caracas, 1969.

FURET, François, Le passé d’une illusion, Editions Robert Laffont/Calmann-Lévy, París, 1995.

GAITÁN, Jorge Eliécer, El debate sobre las bananeras, Ediciones del Centro Jorge Eliécer Gaitán, Bogotá, 1987.

GAITÁN, Jorge Eliécer, Sus mejores escritos, Printer Colombiana/Círculo de Lectores, Bogotá, 1988.

GALBRAITH, W. O., Colombia, A General Survey, Oxford University Press, London, 1966.

GÓMEZ HURTADO, Álvaro, Soy libre, Ediciones Gama, Bogotá, 1989.

GOTOVITCH, José y WOLIKOW, Serge, Komintern, l’histoire et les hommes. Dictionnaire biographique de l’Internationale Communiste en France, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse et à Moscou, Éditions de l’Atelier, París, 2001.

GRAVE, Vera, Razones de vida, Planeta Colombiana Editorial, Bogotá, 2002.

GUZMÁN CAMPOS, Germán, FALS BORDA, Orlando y UMAÑA LUNA, Eduardo, La Violencia en Colombia, estudio de un proceso social, Ediciones Tercer Mundo, Bogotá, 1962.

HAYNES, John Earl y KLEHR, Harvey, Venona, Yale University Press, 1999.

HENDERSON, James D., When Colombia bled, The University of Alabama Press, Tuscalosa, 1985.

HOBSBAWM, E. J. Rebeldes y primitivos, Editorial Ariel, Bogotá, 1968.

HOLT, P. N., Colombia Today and Tomorrow, Praeger, New York, 1964.

HUMBERT-GROZ, Jules, L’origine de l’Internationale Communiste, 1968.

HUMBERT-GROZ, Jules, L’oeil de Moscou à París, 1964.

HUMBERT-GROZ, Jules, Mémoires, Editions la Baconnière, Neuchâtel, 1969.

IRAGORRI, Juan Carlos y NAVARRO WOLF, Antonio, Mi guerra es la paz, Editorial Planeta Colombiana, Bogotá, 2004.

JARRY, Irène, Antinarcoticos, Editions Michalon, Paris, 1998.

JUDT, Tony, Le marxisme et la gauche française, 1830-1981. Éditions Hachette, Paris, 1986.

KALMANOVITZ, Salomón, Economía y Nación, una breve historia de Colombia, Tercer Mundo Editores, Bogotá, 1988.

KAHAN, Vilém, Bibliography ofthe Communist International, 1919-1979, E. J. Brill, New York, 1990.

KENNAN, George E La Russie soviétique et l’Occident, Calmann-Lévy, París, 1962.

KLEHR, Harvey y HAYNES, John Earl, The American Communist Movement, Storming Heaven Itself, Twayne, 1992.

KLEHR, Harvey y RADOSH, Ronald, The Amerasia Spy Case, Prelude to McCarthhyism, Ghapel Hill (NC), London, The University of North Carolina Press, 1996.

KLINE, Harvey F.,State Building and Conflict Revolution in Colombia, 1986-1994, The University of Alabama Press, Tuscalosa, 1999.

KOESTLER, Arthur, Les militants, Éditions Mille et une Nuits, París, 1997.

KNIGHT, Amy, Berta, Éditions Aubier, París, 1993.

LABIN, Suzanne, Le drame de la démocratie, Editions Pierre Horay, París, 1954.

LAFONT, Manlio, La política y la táctica del Partido Comunista, Editorial Colombia Nueva, Bogotá, 1967.

LARA, Patricia, Siembra vientos y recogerás tempestades, Editorial Punto de Partida, Bogotá, 1982.

LAZAR, Marc, Le communisme une passion française, Éditions Perrin, París, 2002.

LAZITCH, Branko, Le rapport Khrouchtchev et son histoire, Éditions du Seuil, París, 1976.

LAZITCH, Branko, en colaboración con Drachkovitch, Milorad M., Biographical Dictionary of the Comintern, The Hoover Institution Press, Stanford University, Stanford, California, 1986.

LEAL BUITRAGO, Francisco y Zamosc, León, Al filo del caos, Crisis política en la Colombia de los años 80, Tercer Mundo Editores, Bogotá, 1990.

LEAL BUITRAGO, Francisco, Estado y política en Colombia, cerec/Siglo XXI Editores, Bogotá, 1984.

LEFORT, Claude, La complication, retour sur le communisme, Éditions Fayard, París, 1999.

LEVESQUE, Jacques, L’URSS et sapolitique internationale. De Lénine à Gorbatchev, Armand Colin, París, 1987.

LOPEZ BOTERO, Iván, Huellas de rebeldía, Ediciones de la Universidad del Quindío, Armenia, 1993.

LOPEZ VIGIL, María, Camilo camina en Colombia, Txalaparta Editorial, Tafalla (Navarra), 1990.

LÖWY, Michael, La guerre des dieux, religión etpolitique en Amérique Latine, Éditions du Félin, París, 1998.

MACKENZIE Eduardo y DELPIROU Alain, Les cartels criminéis, Presses Universitaires de France, París, 2000.

MACKENZIE, Comintern and World Revolution, 1928-1943, The Shaping of a Doctrine, Columbia University Press, New York, 1964.

MACKENZIE, Mauricio, Los ideales de Bolívar en el Derecho Internacional americano, Ediciones de la Biblioteca del Ministerio de Gobierno, Imprenta Nacional, Bogotá, 1955.

MANCIPE, Maribell, Beyond Combat, Center for Sociopolitical Analysis, Bogotá, 2000.

MARCOU, Lilly, Les pieds d’argile: le communisme mondial au présent, 1970-1986, Ramsay, París, 1986.

MAREE, Jean-Jacques, Staline 1879-1933, Éditions du Seuil, París, 1967.

MARTÍNEZ VERDUGO, Amoldo, Historia del Comunismo en México, México, 1985.

MARTZ, John, Colombia, un estudio de política contemporánea, Universidad Nacional, Bogotá, 1969.

MARTZ, John, Colombia, a Contemporary Survey, University oí North Carolina Press, 1962.

MARULANDA VÉLEZ, Manuel, Cuadernos de campaña, Editorial El Abejón Mono, Bogotá, 1973.

MAULLIN, R. L., Colombian Army and the Guerillas, Rand Corporation Press, Santa Monica, 1970.

MAZUY, Rachel, Croire, plutôt que voir?, Voy ages en Russie soviétique (1919-1939), Éditions Odile Jacob, París, 2002.

MCDERMOTT, Kevin y AGNEW, Jeremy, The Comintern, a History of International Communism from Lenin to Stalin, Macmillan Press, Hong Kong, 1996.

MEDINA, Medófilo, Historia del Partido Comunista de Colombia, CEIS, Bogotá, 1979.

MINAUDIER, Jean-Pierre, Histoire de la Colombie, Éditions L’Harmattan, París, 1992.

MONTANA Cuéllar, Diego, Memorias, Ediciones de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1996.

MOLINA, Gerardo, Breviario de ideas políticas, Tercer Mundo Editores, Bogotá, 1981.

MOLINA, Gerardo, Las ideas liberales en Colombia, 1849-1914, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1970.

MOLINA, Gerardo, Las ideas liberales en Colombia, 1915-1934, Tercer Mundo Editores, Bogotá, 1974.

MORA, Carlos Alberto y Peña, Margarita, Historia socioeconómica de Colombia, Grupo Editorial Norma, Bogotá, 1997.

MOSQUERA, Francisco, Resistencia civil, Editor Tribuna Roja, Bogotá, 1995.

NIEDERGANG, Marcel, Les 20 Amériques latines, tome 2, Éditions du Seuil, collection Points, París, 1962.

NIÑO HEREDIA, Alberto, Antecedentes y secretos del 9 de abril, Editorial Pax, Bogotá, 1949.

ORTIZ SARMIENTO, Carlos Miguel, Estado y subversión en Colombia, cerec, Bogotá, 1982.

OSTERLING, Jorge Pablo, Democracy in Colombia, Clientelist Politics & Guerrilla Warfare, Transaction Publishers, New Brunswick, Etats-Unis, 1998.

PATIÑO HORMAZA, Otty (Corporación Observatorio para la Paz), Las verdaderas intenciones de las FARC, Intermedio Editores, Bogotá, 1999.

PÉCAUT, Daniel, Crise, guerre et paix en Colombie, Revue Problèmes d’Amérique Latine, No. 84, 1987.

PECAUT, Daniel, L’Ordre et la Violence, Editions de l’École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, París, 1987.

PÉCAUT, Daniel, Réflexions sur la violence en Colombie, Séminaire de Françoise Héritier, De la violence, Éditions Odile Jacob, París, 1996.

PÉCAUT, Daniel, Midiendo fuerzas, Editorial Planeta Colombiana, Bogotá, 2003.

PIZARRO, Eduardo, Historia de la guerrilla en Colombia, Bogotá, 1990.

PIZARRO, Eduardo y Peñaranda Ricardo, Las FARC, 1949-1966, Tercer Mundo Editores, Bogotá, 1991.

PlZARRO, Eduardo, Insurgencia sin revolución, Bogotá, 1996.

RAFFY, Serge, Castro, l’infidèle, Éditions Fayard, París, 2003.

RAMA, Carlos M., Mouvements ouvriers et socialistes. L’Amérique Latine (1492-1936), Les Éditions Ouvriéres, París, 1959.

RAMSEY, Russell, Guerrilleros y soldados, Tercer Mundo Editores, Bogotá, 1981.

RAVINES, Eudocio, Estrategia y táctica comunista para América Latina, aedita Editores Ltda.

RAVINES, Eudocio, La gran estafa, la penetración del Kremlin en Iberoamérica, Buenos Aires, 1954.

RAVINES, Eudocio, The Yenan Way, Scribner, New York, 1951.

RESTREPO, Laura, Historia de una traición, Editores Plaza y Janes, Bogotá, 1986.

REVEL, Jean-François, La grande parade, Editions Pión, París, 2000.

ROMERO, Flor, López, polémico y polemista, Intermedio Editores, Bogotá, 1989.

SAMPER PIZANO, Ernesto, Aquí estoy y aquí me quedo. Testimonio de un gobierno, El Áncora Editores, Bogotá, 2000.

SÁNCHEZ, Gonzalo, Grandes potencias, el 9 de abril y la violencia, Planeta Editores, Bogotá, 2000.

SÁNCHEZ, Gonzalo, Guerre et politique en Colombie, Éditions L’Harmattan, París, 1998.

SÁNCHEZ, Gonzalo, Los días de la revolución, Gaitanismo y 9 de abril en provincia, Ediciones del Centro Cultural Jorge Eliécer Gaitán, Bogotá, 1984.

SÁNCHEZ, Gonzalo, Los bolcheviques del Líbano, El Mohán Editores, Bogotá, 1976.

SÁNCHEZ, Ricardo, Las izquierdas en Colombia, crítica y alternativa, Editorial La Rosa Roja, Bogotá, 2001.

SÁNCHEZ, Ricardo, Historia política de la clase obrera en Colombia, Editorial La Rosa Roja, Bogotá, 1982.

SÁNCHEZ, Ricardo, Perfiles ideológicos en Colombia, siglo XX, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1993.

SÁNCHEZ, Ricardo, Las izquierdas en Colombia, Ediciones de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1996.

SANTA, Eduardo, ¿Qué pasó el 9 de abril?, Ediciones Tercer Mundo, Bogotá, 1983.

SANTOS, Eduardo, Las etapas de la vida colombiana. Discursos y mensajes, Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, Bogotá, 1946.

SAVON, Hervé, La révolution mondiale: l’histoire du Komintern racontée par l’un de ses principaux témoins, Casterman, París, 1971.

SCHLESINGER JR., Arthur M., Editor General, The Dynamics of World Power, A Documentary History of United States Foreign Policy, 1945-1973, Vol III-Part 1, Latin America, Chelsea House, New York, 1983.

SOUDOPLATOV, Pavel y SOUDOPLATOV, Anatoli, Missions spéciales, mémoires du maître-espion soviétique Pavel Soudoplatov, Editions du Seuil, París, 1994.

SUTTON, A. C., Wallstreet and the Bolchevik Revolution, Arlington House, New York, 1974.

TINGUY de, Anne, Les relations soviéto-américaines, Que sais-je?, PUF, París, 1987.

TORRES, Camilo, Écrits et paroles, Editions Seuil, París, 1968.

TORRES GIRALDO, Ignacio, Los inconformes. Historia de las rebeldías de las masas en Colombia, Editorial Margen Izquierda, Bogotá, 1973.

TOURAINE, Alain, La parole et le sang, politique et société en Amérique Latine, Éditions Odile Jacob, París, 1988.

TREFEU, Roger, Les rebelles de l’Eglise, Les Editions Ouvrières, París, 1991.

TROTSKY, Léon, Le grand organisateur des défaites, puf, París, 1979.

URDANETA ARBELÁEZ, Roberto, El materialismo contra la dignidad del hombre: su impacto en la vida colombiana, Editorial Lucros, Bogotá, 1960.

URDANETA ARBELÁEZ, Roberto, Escritos y discursos, Ediciones de la Cámara de Representantes, Bogotá, 1985.

URIBE VARGAS, Diego, El derecho a la paz, Ediciones de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1996.

URIBE VARGAS, Diego, Le Groupe de Contadora et la paix en Amérique Centrale, Editions A. Pedone, París, 1985.

URIBE, María Tila, Los años escondidos, Ediciones Cestra/Cerec, Bogotá, 1994.

URIBE, María Victoria, Anthropologie de l’inhumanité, Essai sur la terreur en Colombie, Éditions Calmann-Lévy, París, 2004.

VALENCIA TOVAR, Álvaro, Inseguridad y violencia en Colombia, Universidad Sergio Arboleda, Bogotá, 1997.

VALENCIA TOVAR, Álvaro, Testimonio de una época, Editorial Planeta, Bogotá.

VAREILLES, Thierry, Encyclopédie du terrorisme international, L’Harmattan, París, 2001.

VERDES-LEROUX, Jeannine, Au Service du parti. Le parti communiste, les intellectuels et la culture (1944-1956), Editions Fallard/Minuit, París.

VERDES-LEROUX, Jeannine, La lune et le caudillo, Éditions Gallimard, París, 1989.

VIEIRA, Gilberto, La Colombie à l’heure de Marquetalia, SIPE, París, 1965.

VIEIRA, Gilberto, 9 de abril: experiencia del pueblo, Editorial Suramérica, Bogotá, 1973.

VILLAMARIN PULIDO, Luis Alberto, La silla vacía, Ediciones Luis Alberto Villamarín Pulido, Bogotá, 2002.

VILLAMARÍN PULIDO, Luis Alberto, Cóndor en el aire, Ediciones Luis Alberto Villamarín Pulido, Bogotá, 1999.

VILLAMARÍN PULIDO, Luis Alberto, La selva roja, Ediciones Luis Alberto Villamarín Pulido, Bogotá, 1997.

VAYSSIÈRE, Pierre, Les révolutions d’Amérique Latine, Éditions du Seuil, collection Points, París, 1991.

VILLEMAREST, Pierre de, La terreur en URSS. NKVD contre Internationale communiste, 1930-1940, Éditions Ferni, Genève, 1976.

VILLEMAREST, Pierre de, GRU, Le plus secret des Services soviétiques, Stock, París, 1988.

VOSLENSKY, Michaël, Les nouveaux secrets de la Nomenklatura, Editions Pión, París, 1995.

WERTH, Nicolas, Histoire de l’Union Soviétique, PUF-Thémis, París, 1990.

ZORGBIBE, Charles, L’avenir de la sécurité internationale, Presses de Sciences Po, París, 2003.

EDUARDO MACKENZIE (Bogotá, Colombia). Es periodista y escritor. Trabaja en París desde 1985, donde ha sido el corresponsal de medios colombianos como Semana, Cromos, Cambio 16-América, Cambio 16-Colombia, Revista Cambio, Doing Business, Radio Caracol y El Espectador. Hizo estudios de Derecho en la Universidad Libre de Bogotá y trabajo varios años como abogado de la oficina jurídica del ministerio de Trabajo. En 1977 viajó a Nueva York para consagrarse al periodismo político. De regreso a Colombia, colaboró con revistas como Alternativa, Nueva Frontera, Guión y Al Día. En Semana creó y dirigió durante varios años la rúbrica internacional hasta su viaje a Francia. En París ha comentado la realidad latinoamericana en publicaciones como Science & Vie, Afrique-Asie y La Croix, o intervenido en debates en la radio y la televisión. También ha colaborado con el semanario suizo Woz die Wochenzeitung, con el mensual austríaco SüdWind y con el mensual italiano l’Altrapagina. Actuando en defensa del honor de su país y tras realizar una complicada investigación. Eduardo Mackenzie denunció como una superchería un reportaje sensacional francés sobre un presunto tráfico de córneas en Colombia. Los autores del reportaje lograron hacer condenar a Mackenzie por difamación en 1996. Pero, dos años más tarde, luego de que científicos franceses constataron la exactitud de la denuncia, Mackenzie ganó el pleito en segunda instancia.

Notas

[1] Sergio Gómez Maseri, El Tiempo, Bogotá, 7 de marzo de 2002, y Tim Johnson, The Miami Herald, 6 de marzo de 2002. <<

[2] Informe anual del Departamento de Estado sobre la actividad global del terrorismo, 20 de mayo de 2002. Ver también El Tiempo, 21 de mayo de 2002. <<

[3] Nacido el 5 de abril de 1911 en Medellín, Gilberto Vieira White comienza a militar a los 17 años en el Partido Socialista Revolucionario. En 1930 hace parte de la fracción que funda el PCC. Más tarde es nombrado director del órgano comunista Diario Popular. Es elegido miembro del Concejo de Bogotá en 1934. Dos años más tarde, se muestra de acuerdo con las tesis del jefe comunista norteamericano Earl Browder. Pero en 1947, en el congreso de Bucaramanga, dirige la ruptura con el browderismo, exigida por Moscú, y toma las riendas del PCC. Durante la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla, es detenido en 1955. Soltado, pasa a la clandestinidad, antes de huir del país. Entre 1956 y 1961, viaja al extranjero. En Moscú asiste al XX congreso del PCUS. Un mes después es recibido por Mijail Suslov, responsable del movimiento comunista internacional. En 1967 Vieira regresa a Moscú para la celebración del quincuagésimo aniversario de la “revolución de octubre”. Gilberto Vieira será reelegido continuamente secretario general del PCC hasta 1991. Ese año, durante el XVI congreso del PCC, no presenta de nuevo su candidatura. Tenía 80 años. Se había casado con Cecilia Quijano Caballero, militante comunista. Fue elegido varias veces miembro de la Cámara de Representantes y del Senado colombiano. Muere en Bogotá el 25 de febrero de 2000. <<

[4] Le Monde Diplomatique, noviembre de 1977. <<

[5] Agencia Tass-Bogotá, 8 de noviembre <<

[6] Jean Fabien fue el nombre que se dio un grupo de miembros del PCF. En la obra firmada por ellos se lee: “La actividad del partido soviético contra el mantenimiento de la fuerza de choque (nuclear) francesa fue objeto de un análisis. Para el PCF, el mantenimiento de esa fuerza de choque constituía una cuestión vital para la independencia y la soberanía de Francia”. Durante la sesión del 11 de mayo de 1977, el comité central del PCF aceptó retirar del programa de la Unión de la Izquierda la frase sobre el abandono de la fuerza de choque atómica, pues para ellos “Francia no puede ser un país desarmado”. Ver Jean Fabien, La guerre des camarades, Editions Olivier Orban, París, 1985, p. 184. <<

[7] La violenta crítica enviada al PCF reflejaba el temor del PCUS por los efectos que podían tener las ideas eurocomunistas en la URSS y en los otros países “socialistas”. El PCF de la época se oponía al dogma del internacionalismo, según el cual los PC deben subordinar sus intereses nacionales a la “lucha mundial de los comunistas”, es decir a la defensa incondicional de la URSS. Fabien, op. cit., p. 185. <<

[8] Utilizamos la palabra “tabú” en el sentido definido por Marc Ferro: como “un fenómeno que los protagonistas, por razones diversas, ocultan o se ocultan a ellos mismos, razón por la cual carecen de conocimiento al respecto”. Ver Les tabous de l’ histoire , Nil Éditions-Pocket, París, 2002, p. 45. <<

[9] Fundada en marzo de 1919 por Lenin con las fracciones de los partidos socialistas que “se ubican en el terreno de la dictadura del proletariado”. Su objetivo (favorecer la revolución mundial) era explícitamente subversivo. Ver Pierre Broué, Trotsky, Éditions Fayard, París, 1988, p. 338. <<

[10] En los meses que precedieron el VI congreso de la IC, Stalin está en lucha en el seno del partido bolchevique contra Rykov y Bujarin, dos líderes estigmatizados como “de derecha”. Stalin controla la mayoría. Bujarin reprueba los métodos autoritarios e “izquierdistas” de Stalin respecto de los campesinos: abandono de la nueva política económica (NEP) y su política de “destrucción de los kulaks (campesinos ricos) como clase”. En esa época varios dirigentes bolcheviques están ya fuera del partido: Trotsky, Radek, Zinoviev, entre otros. Bujarin es obligado a defender en el VI congreso una orientación que no es la suya. Ese triunfo de Stalin se traduce por un cambio brutal de línea de la IC, basado en el postulado falso de que “el fin de la estabilización capitalista” exige una ofensiva (casi suicida) de las luchas obreras en todas partes, una política sectaria de “clase contra ciase” (rechazo de toda alianza con los partidos social-demócratas, calificados de “social-fascistas”), la creación de sindicatos rivales, la defensa incondicional de la URSS, “bastión del socialismo”, etc. En Alemania esa línea facilitará la llegada de Hitler al poder. <<

[11] León Trotsky llamaba “tercer período de errores de la IC” el período ultra-izquierdista desatado desde 1929, especialmente en Alemania donde la socialdemocracia fue calificada de “social-fascista” lo que hizo imposible todo frente único contra los nazis. Ver León Trotsky, Oeuvres, Vol. 5, Publications de l’Institut Léon Trotsky, París, 1979, p. 52. Para Kermit E. McKenzie, la ICcreía ver en el “tercer período” una época de debilidad profunda del sistema capitalista, manifestada por un aumento serio de la crisis económica y política, lo que culminaría en guerras y revoluciones. Ver su obra Comintern and World Revolution 1928-1943, The Shaping of Doctrine, Columbia University Press, London and New York, 1964, p. 11. <<

[12] Después de su V congreso, el Komintern lanzó la campaña llamada de “bolchevización” de las secciones de la IC, destinada a imponer la estructura y los métodos del PC ruso. <<

[13] Víctor Alba, Socialisme à El Dorado, Le Populaire, París, 22 de junio de 1953. <<

[14] Luis Tejada (1898-1924) es mostrado por sus hagiógrafos como un “maestro del periodismo”, “precursor del comunismo colombiano”. Tejada fue un rudo articulista con un cierto gusto por la provocación. Su admiración sin límites por Lenin “el único salvador del mundo”, lo convirtió en ídolo de los comunistas. Para Tejada, la economía colectivista de la URSS era “no sólo más equitable sino más científica y más eficaz” que <<

[15] La convención del Partido Liberal, reunida en Medellín a comienzos de julio de 1924, acoge ciertas reivindicaciones Socialistas como la adopción de un contrato colectivo de trabajo, la reglamentación del trabajo de las mujeres y de los niños, la nacionalización o al menos el control del Estado de los servicios públicos, la creación de un servicio de medicina y de abogados para los pobres, el control higiénico de los alimentos, la vivienda popular y el castigo de los acaparadores. Nota No. 62 de Charles F. Filippi, ministro de Francia en Colombia, 26 de julio de 1924, Archivos del Quai d’Orsay (ministerio francés de Relaciones Exteriores), París. <<

[16] Co-informe de Humbert-Droz sobre América Latina para el VI Congreso Mundial de la Internacional Comunista, 16 de agosto de 1928. La Correspondance internationale, No. 118, 9 de octubre de 1928, p. 1261. <<

[17] María Tila Uribe, Los años escondidos, Ediciones Cestra/Cerec, Bogotá, 1994, p. 123. <<

[18] Tiempo, 20 de septiembre de 1926. <<

[19] La misión “científica” rusa estaba integrada así: Georges Voronoff, botánico; Georges Bosse, profesor de biología del Instituto Timiriasoff; doctor Bokassoff, profesor de botánica aplicada; Sergio Yusepckuk, profesor de botánica; Baulio Givago, ingeniero agrónomo; Alex Kniaseff y Elias Freiberg. <<

[20] El Espectador, 1 de junio el 1926, El Nuevo Tiempo, 4 de junio de 1926. Ver también la nota del ministro plenipotenciario de Francia en Colombia, señor Clavery, del 4 de junio de 1926, No. 20, Archivos del Quai d’Orsay. <<

[21] Según una conversación del señor Clavery, ministro plenipotenciario de Francia en Colombia, con el general Rengifo. Nota No. 48 del 28 de marzo de 1927. Archivos del Quai d’Orsay. <<

[22] Daniel Pécaút, L’ordre et la violence, Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, París, 1978, p. 65. <<

[23] Nicolás Sacco y Bartolomeo Vanzetti, dos anarquistas italianos condenados a muerte en 1921, fueron ejecutados en Boston el 23 de agosto de 1927, a pesar de la intensa campaña internacional en su defensa. <<

[24] Una conspiración militar, organizada en Bogotá por jóvenes oficiales, había sido sofocada por el gobierno en abril de 1925. Dieciséis oficiales fueron juzgados y excluidos del Ejército. <<

[25] María Tila Uribe, op. cit., p. 238. <<

[26] Albéric Neton, ministro de Francia en Colombia, nota No. 108 del 28 de agosto de 1928. Archivos del Quai d’Orsay. <<

[27] El colombiano Alfonso Alexander, quien será después el secretario de Augusto César Sandino, llega a Nicaragua antes que el salvadoreño Farabundo Martí y el venezolano Machado. Uribe, op. cit., p. 208. <<

[28] Citado por Albéric Neton, ibíd. <<

[29] Medófilo Medina, Historia del Partido Comunista de Colombia, CEIS, Bogotá, 1979, p. 73. <<

[30] Estas 21 condiciones pretendían torpedear todo intento de reunir los partidos del movimiento obrero internacional, lo que significaba abandonar la visión de Karl Marx quien los había congregado en la Primera Internacional. Las 21 condiciones exigían a los partidos hacer propaganda y agitación comunista todos los días, combinar acción legal e ilegal, hacer trabajo en los ejércitos, sostener los movimientos en las colonias, llevar la lucha de clases al campo, trabajar en los sindicatos y en las organizaciones de masa, denunciar el socialpatriotismo y el socialfascismo, denunciar la Sociedad de Naciones, subordinar las fracciones parlamentarias a la dirección del partido, apoyar incondicionalmente la Rusia soviética, aplicar el centralismo democrático y las decisiones de la IC, aprobar el programa del partido por los órganos supremos de la IC. Pierre Frank, Histoire de l’Internationale Communiste, Éditions La Brèche, París, 1979, p. 110. <<

[31] Las 21 condiciones son la carta maestra del sometimiento de los partidos comunistas a los intereses de la URSS. La tercera condición exigía la construcción de una rama clandestina, paralela a la organización legal. Moscú financiaba y formaba en secreto los cuadros aptos para trabajar en la rama clandestina. <<

[32] El cónsul norteamericano en Bogotá, Alfred Theo Burri, envía el 19 de septiembre de 1925, al Departamento de Estado, un informe sobre la expulsión de Colombia de “agitador ruso”. <<

[33] El GRU es el servicio de espionaje militar de la URSS en el mundo. Creado mediante un decreto de Trotsky en octubre de 1918, le Glavnoie Razvedivatelnoie Upravelnie (dirección principal de inteligencia del estado mayor general del Ejército) es uno de los más secretos servicios especiales de la URSS, según Vladimir B. Rezoun, alias Viktoi Souvorov, oficial del GRU en exilio desde 1978. Cf. Pierre de Villemarest, GRU, Le plui secret des Services soviétiques, Stock, París, 1988, p. 100. <<

[34] El INO es un servicio soviético de seguridad y de espionaje en el exterior. Sección extranjera del GPU, en seguida OGPU y después NKVD. El INO toma el nombre de NKGE y después, en 1954, el de KGB. Pierre de Villemarest, op. cit., p. 330. <<

[35] A. C. Sutton, Wall Street and the Bolchevik Revolution, Arlington House, New York, 1974, citado por Pierre de Villemarest, op. cit., p. 107. <<

[36] Op. cit., p. 113. <<

[37] Según R. M. Whitney, autor de Reds in America, Becwith Press, 1924 por Pierre de Villemarest, Martens et Nyberg discutían con personajes como el doctor Julius Hammer (padre de Armand Hammer), Jay Lovestone (más tarde secretario ejecutivo del CPUSA), William Foster y una decena de marxistas. “Una gran cantidad de ellos aparecerán en los años treinta, cuarenta y cincuenta en las redes de espionaje descubiertas un poco más tarde en el seno de la administración norteamericana, del Ejército, de la OSS y de su hija la CIA”, subraya Pierre de Villemerest, op. cit., p. 107. <<

[38] Manuel Caballero, La Internacional Comunista y la revolución latinoamericana, 1919-1943, Editorial Nueva Sociedad, Caracas, 1987, p. 55. <<

[39] Otro agitador cuyos orígenes son oscuros fue alias Biófilo Panclasta. No se sabe gran cosa de él. Se vanagloriaba de ser “el único colombiano que conoció a Lenin personalmente”. Amigo del sindicalista Raúl Eduardo Mahecha, Panclasta estaba casado con Julia Ruiz, quien organizaba saraos esotéricos para hacer hablar a las señoras bien en Bogotá so pretexto de visiones extralúcidas. <<

[40] El departamento de Panamá se separa de Colombia el 3 de noviembre de 1903. La fronda de notables es respaldada por tropas norteamericanas que impiden a los colombianos reprimir la revuelta. Panamá había sido anexado a Colombia en 1821. La distancia que separaba esa región de Bogotá la aislaba del resto del país. Para impedir que los ingleses invadieran el istmo por la fuerza, como lo habían hecho en Centroamérica, Bogotá firma, desde 1846, varios tratados con Washington para hacer respetar la soberanía de Panamá. En 1848, Bogotá firma un contrato con una firma norteamericana para la construcción de un ferrocarril en el istmo. En 1878, Bogotá un contrato con un grupo francés para la construcción de un canal en Panamá. Pero Ferdinand de Lesseps fracasa. En 1901, esa concesión es transferida a los Estados Unido. El Tratado Herrán-Hay, que cede a los norteamericanos una banda de tierra a cada lado del canal, es firmado en 1903. Pero el Congreso colombiano no lo ratifica. Las tensiones aumentan. Un movimiento separatista es creado. La pérdida de Panamá será una de las consecuencias de la guerra civil colombiana de 1899 a 1903 la cual empobrecerá el país. Los Estados Unidos indemnizan a Colombia por la pérdida de Panamá durante la administración de Rafael Reyes (1904-1910). <<

[41] María Tila Uribe, op. cit., p. 183. <<

[42] ibíd., p. 325. Sobre el bolchevismo de Tomás Uribe ver en esa misma obra las páginas 166 y 167. <<

[43] La United Fruit Company, de Boston, Massachusetts, poseía 59.500 hectáreas de tierra en Colombia, la mitad cultivables, en el Magdalena. En 1928, la UFC pagaba a 25.000 trabajadores en Colombia. Ella controlaba el tren de Santa Marta y sus vías anexas, lo muelles bananeros del puerto y los barcos que transportaban los racimos. Administraba la distribución del agua utilizada en la zona bananera. En 1932, la producción del sector fue de 13 millones de racimos. Ver Historia socioeconómica de Colombia, de Carlos Alberto Mora y Margarita Peña, Grupo Editorial Norma, Bogotá, 1977, página 219. Según el historiador norteamericano David Bushnell, esa empresa, a finales de 1920, era un “modelo de integración horizontal y vertical” y producía el 6 % de la exportaciones colombianas. Ver Colombia, una nación a pesar de sí misma, Editoria Planeta Colombia, Bogotá, 1993, pp. 244 y 245. <<

[44] Este es el punto de vista, bastante exacto, de otro ministro de Francia en Colombia Albéric Neton. Ver su nota No. 141 del 6 de diciembre de 1928. Archivos del Quai d’Orsay, París. <<

[45] La Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena, que servirá de apoyo a esta huelga había sido fundada por un grupo de anarquistas españoles e italianos, respaldados por el PSR. Medófilo Medina, op. cit., p. 116. <<

[46] Carlos Alberto Mora y Margarita Peña, Op. Cit., página 219, y María Tila Uribe, Op. cit., página 248. <<

[47] Augusto Durán es nombrado, años más tarde, secretario general del PCC. Antes de eso había sido el líder de la Fedenal, el sindicato que conducirá violentas huelgas en el río Magdalena para controlar la navegación y monopolizar el enganche del personal del sector. Detalle éste muy útil para el transporte clandestino de hombres, armas y propaganda. Durán recibía órdenes de Hamburgo, donde el Komintern dirigía el trabajo de penetración de los barcos y de los puertos del mundo entero, a través de la Unión Internacional de Marinos. La consigna de ese organismo subversivo era convertir los puertos y los barcos en fortalezas del Partido Comunista, pues las flotas mercantes eran, según ellos, “la vena yugular” del capitalismo mundial. Ver a ese respecto el libro de Jean Valtin intitulado Sans patrie ni frontières (La noche quedó atrás, en la versión en español), Éditions Dominique Wappler, París, 1947, p. 50. <<

[48] Desde 1926, un grupo comunista libertario actuaba en la ciudad de Santa Marta sin ser molestado por las autoridades. Sus jefes: Elías Castellanos, Mariano Lacambra, Jenaro Toroni. Ellos realizaron, el 24 de diciembre de 1926, un primer congreso regional obrero. <<

[49] Ricardo Sánchez, Historia política de la clase obrera colombiana, Editorial La Rosa Roja, Bogotá, 1983, p 79. <<

[50] Ver su muy completo libro Los años escondidos, Ediciones cestra-cerec, Bogotá, 1994. <<

[51] En esos años, la población de la zona bananera era de 88.572 habitantes. <<

[52] Según Albéric Neton, ministro francés en Colombia, nota No. 146 del 15 de diciembre de 1928. Ver igualmente La Prensa, diario de Barranquilla, de la misma fecha. <<

[53] Según la declaración de Alberto Castrillón ante el tribunal de Ciénaga, del 16 de enero de 1929, y según las declaraciones de otros testigos como Rafael Quintero, José Martín Campo, José Dolores Gómez, Marceliano Rodríguez, José Gutiérrez y Milagros Duque, ante el tribunal de Ciénaga, en diciembre de 1928 y enero de 1929. Citado en Los sucesos de las bananeras, de Carlos Cortés Vargas, Editorial Desarrollo, Bogotá, segunda edición, 1979, pp. 94-111. <<

[54] Testimonio de Salvador Fuentes, agente de Policía de Santa Marta, citado por Carlos Cortés Vargas, op. cit., pp. 118-123. <<

[55] Testimonio de Rafael Quintero, un habitante de Aracataca, op. cit., p. 109. <<

[56] Testimonio de Milagros Duque, un productor de banana de Orihueca, op. cit., p. 100. <<

[57] Ibíd. <<

[58] Fue lo que le ocurrió precisamente a José González, ultimado por una bala perdida en su casa op. cit., p. 91. <<

[59] María Tila Uribe afirma esto sin citar fuente alguna. Para un herido (el Ejército, según ella, dispara balas prohibidas dum-dum) ese periplo es improbable. Es posible que Mahecha se haya refugiado simplemente en Venezuela. Mahecha viaja en seguida a Montevideo y a Buenos Aires donde asistirá a las reuniones del Komintern. <<

[60] Miguel Abadía Méndez gobernó de 1926 a 1930 sin ministros del Partido Liberal porque éste le rehusaba toda colaboración política. Su administración obtuvo créditos de Estados Unidos con los cuales desarrolló los servicios públicos, sobre todo los ferrocarriles, la navegación por el río Magdalena, la modernización de los puertos, de las carreteras, de la aeronáutica civil y de las telecomunicaciones sin hilos (teléfono y telégrafos). <<

[61] El ministro francés en Colombia, señor Clavery, cuenta: “Una de las particularidades originales del presidente Abadía Méndez consiste en que el ejercicio del alto mandato confiado a él por la Nación no le impide proseguir sus cursos de derecho constitucional y de economía política. Sus alumnos van tres veces por semana al Palacio de la Carrera (presidencia), entre una y dos horas y media, para escuchar sus clases”. Uno de los autores favoritos del presidente era, agrega Clavery, Paul Beauregard, “profesor hace más de treinta años de la venerable y siempre floreciente Escuela de la Plaza del Panteón”. Nota No. 60 del 31 de marzo de 1928. <<

[62] Albéric Neton, Nota N.º 108 del 28 de agosto de 1928. <<

[63] El presidente Abadía había encontrado la solución al conflicto territorial con Nicaragua (costa de Mosquitos y archipiélago de San Andrés y Providencia). Él había arreglado también el diferendo de límites con Brasil. Pero las relaciones diplomáticas con Ecuador estaban suspendidas. Albéric Neton, Nota No. 121 del 15 de octubre de 1928. <<

[64] María Tila Uribe, op. cit., pp. 262-274. <<

[65] Según la fórmula de Serge Berstein y de Jean-Jacques Becker, en su Histoire de l’anticommunisme en France, Olivier Orban Éditeurs, París, 1987, p. 188. <<

[66] Ver otros detalles de este episodio en la obra de Gonzalo Sánchez Los bolcheviques del Líbano, El Mohán Editores, Bogotá, 1976. <<

[67] María Tila Uribe, op. cit., p. 251. <<

[68] Daniel Pecaut, op. cit., p. 72. <<

[69] Ver la obra de Rachel Mazuy Croire plutôt que voir? Voyages en Russie soviétique (1919-1939), Éditions Edile Jacob, París, 2000. Ese libro describe las formas ritualizadas de viaje a Rusia después de la revolución bolchevique: los que hacen parte de los mecanismos de propaganda para los no militantes (que Hitler y Mussolini copiarán), así como los viajes clandestinos de aprendizaje militante, los viajes de los amigos de la URSS, las visitas de conversión (o de apostasías), los cruceros de finales de los años 1930, los viajes culturales controlados, los viajes de misiones políticas, etc. Ese libro revela la curiosa práctica del Komintern de robar los pasaportes de los militantes, sustituyéndolos por <<

[70] “La eliminación de Bujarin y de sus amigos políticos, tras el VI congreso mundial, permitió poner definitivamente la dirección de la Internacional bajo la conducción de Stalin quien ignoraba todo lo relacionado con el movimiento obrero occidental y daba crédito a los aduladores quienes esperaban de sus informes mentirosos y de su completa sumisión ascensos en la jerarquía de la Internacional”. Jules Humbert-Droz, Mémoires, volumen II, De Lénine a Staline, Éditions La Baconnière, Neuchâtel, 1969, p. XIII. <<

[71] Desde 1923 Moscú enviaba al extranjero, según fueran las necesidades del Estado soviético, no sólo a agitadores políticos. En la panoplia de “revolucionarios profesionales” cuyo control había sido confiado a Béla Kun, había también agentes dedicados a la acción internacional, a las revueltas coloniales, a la infiltración del Ejército, de la marina y de la Policía de los países extranjeros, e incluso al espionaje. Había los llamados “militantes-espías”, dedicados a la obtención de inteligencia militar y de defensa nacional, bajo la apariencia de una actividad política. Todo eso ocasionó en Francia, entre 1923 y 1929, numerosos procesos judiciales por delitos contra la seguridad del Estado, complot, inteligencia con la URSS, espionaje. Jean-Jacques Becker y Serge Berstein, profesores de historia y autores de un excelente libro que no tiene nada de propaganda anticomunista, admiten que los intentos de infiltración del Ejército por agentes de la IC, eran “en verdad realidades” pero tan mal ejecutadas que “tuvieron por único efecto desatar una fuerte represión de parte de las autoridades y de desacreditar aún más a los comunistas ante la opinión”. Op. cit., pp. 201 y 202. <<

[72] Para algunos, Erasmo Coronel era venezolano. Para otros, él había nacido en Santo Tomás (Atlántico). Carlos Cortés Vargas, op. cit., p. 129. <<

[73] David Bushnell, op. cit., p. 244. <<

[74] En su obra citada (p. 246), David Bushnell recuerda que la cifra oficial de los episodios de Ciénaga es de 13 muertos. <<

[75] La búsqueda de referencias sobre la masacre de las bananeras no dará ningún resultado en los documentos siguientes de la IC: “La situación en América Latina”, revista La Correspondance Internationale, No. 85, 26 de enero de 1929; Conférence des syndicats de l’Amérique Latine contre la guerre, por M. Ch. [sic], op. cit., No. 37, 4 de mayo de 1929; discurso de A. Lozovski intitulado “Le Congrès des syndicats en l’Amérique latine”, 8 de junio de 1929, op. cit., No. 48. Igual silencio en la intervención de Amérigo Ledo, quien aborda el tema de la América Latina durante el comité ejecutivo de la IC del 10 de julio de 1929, op. cit., N.º 91, 22 de septiembre de 1929. Lo mismo en el informe del mejicano Ramírez, quien habla de América Latina durante la X sesión del CE de la IC, op. cit., No. 97. <<

[76] Ningún osario fue encontrado jamás en la zona bananera. <<

[77] Jorge Eliécer Gaitán, El debate sobre las bananeras, Ediciones del Centro Jorge Eliécer Gaitán, Bogotá, 1987, página 94. Ver igualmente Jorge Eliécer Gaitán, Sus mejores escritos, Editorial Printer Colombiana/Círculo de Lectores, Bogotá, 1978, p. 60. <<

[78] Sin embargo, hubo una investigación. La exigida por Carlos Cortés Vargas para responder a las acusaciones de Carlos Acosta, médico de Ciénaga, quien afirmaba que el Ejército había utilizado balas dum-dum. Esa investigación fue hecha por el Tribunal de Ciénaga, en enero de 1929. Acosta desmentirá sus propias afirmaciones, dichas sin reflexionar, aseguró él a un periodista. Los tres expertos nombrados refutan igualmente la acusación. Gaitán no tendrá en cuenta esa investigación. <<

[79] Albéric Neton, ministro de Francia en Colombia, despacho N.º 57 del 1 de agosto de 1929. Archivos del Quai d’Orsay, París. <<

[80] Creado en 1920, el Profintern tenía por objeto ayudar al Komintern y garantizar la influencia comunista total sobre los sindicatos y la “desintegración” de los otros, los sindicatos libres. <<

[81] María Tila Uribe, op. cit., p. 287. <<

[82] El general Cortés Vargas es el autor de una importante obra en tres volúmenes sobre la campaña del Libertador Simón Bolívar en el Perú. <<

[83] Albéric Neton, ministro de Francia en Colombia, despacho No. 86 del 8 de noviembre de 1929. Archivos del Quai d’Orsay, París. En otro despacho, Neton dirá: “Parece que un viento de locura sopla sobre el Congreso. Las mociones más sorprendentes, las más insensatas a veces, son presentadas y discutidas. Oradores de verbo inflamado ocupan la tribuna durante horas enteras. Sin poder formular crítica alguna seria, ningún reproche sancionable respecto del presidente [Abadía Méndez], la oposición […] se dedica a hacer una campaña de calumnias personales que no evitan ni su hogar ni su familia”. Despacho No. 79 del 23 de octubre de 1929. <<

[84] Otros agentes de la IChabían llegado antes a Bogotá pero de manera clandestina. <<

[85] Ninguno de esos seudónimos existen en la lista establecida por el especialista Branko Lazitch en su obra Biographical Dictionary of the Comintern, The Hoover Institution Press, Stanford University, Stanford, California, 1986. Tampoco en el libro de identificación de seudónimos utilizados en la IC, muy completo, de Vilém Kahan intitulado Bibliography of the Communist International, 1919-1979, E. J. Brill, Nueva York, 1990. <<

[86] El agente norteamericano conocido con el alias de Jaime Nevares comenzó su actividad en Bogotá en 1925. Según María Tila Uribe, se casó con una colombiana, Eufrosina Forero. Ver Los años escondidos, p. 108. <<

[87] ¿Quién era Jaime Nevares? Nevares/Hartfeld no podía ser Manuel Gómez, miembro del PC norteamericano especialista en América Latina. Pues Gómez, quien había representado a la América Latina en el VI Congreso del Komintern en Moscú (1928), donde es elegido miembro del comité ejecutivo internacional, fue expulsado de su partido en 1929. Manuel Gómez, también conocido bajo el alias de Frank Seaman, era Charles Philips, un periodista. Participó en la fundación del PC mexicano en 1919, con Mikhaïl Borodine, un emisario ruso del Komintern. <<

[88] Este joven abogado había sido invitado a Moscú a la celebración del décimo aniversario de la revolución. El otro invitado fue Neftalí Arce. <<

[89] En octubre de 1991, un filme sobre la vida de María Cano, realizado por Camila Lobo-guerrero, fue lanzado en Bogotá. Pero la hostilidad del PCC y de la derecha en general impedirá que despegue en las salas de cine. <<

[90] Tomás Uribe Márquez era lector de Trotsky. Al salir de prisión, en diciembre de 1929, “tenía en la mano un libro de Trotsky”, cuenta el diario El Espectador en el obituario publicado el día de la muerte de Uribe Márquez. María Tila Uribe, op. cit., pp. 340-341. <<

[91] Victorio (o Vittorio) Codovilla era entonces el principal cuadro de la IC en la América Latina. Había nacido en Italia pero en la adolescencia emigra a la Argentina. En 1926 dirige el secretariado latinoamericano del Komintern. Tres años después trabaja con la IC en Moscú y en España durante la Guerra Civil. De regreso a la Argentina, es nombrado secretario general del PCA. Muere en Moscú en los años 1960. Manuel Caballero, Latin America and the Comintern, 1919-1943, Cambridge University Press, Cambridge, 1986, p. 156. <<

[92] Guillermo Hernández Rodríguez anima en 1982 una fracción del Partido Liberal que apoya la candidatura del conservador Belisario Betancur. <<

[93] En la página 301. <<

[94] Jules Humbert-Droz, op. cit., p. 393. <<

[95] Pierre Broué, op. cit., pp. 501-502. <<

[96] Ibíd., pp. 498, 510, 515-517. <<

[97] Víctor Raúl Haya de la Torre (1895-1979) fundó en México la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), el 7 de mayo de 1924. Es visto como el primer representante del nacionalismo latinoamericano. Fue cortejado por el Komintern antes de su viraje sectario. Participó en el congreso de fundación del Komintern. <<

[98] Pierre Frank dice que “desde la adopción de las 21 condiciones [de la IC] los debates retomaron gran intensidad y virulencia en la mayor parte de los partidos socialistas que se encontraban a mitad de camino entre la II Internacional y la IC, e incluso dentro de los partidos socialistas que adherían a la II Internacional”. Pierre Frank, op. cit., p. 121. Nada semejante ocurrió en Colombia. <<

[99] Kuusinen, O. W. (1881-1964). Dirigente del Komintern al servicio de Stalin. Fue ministro del gobierno revolucionario de Finlandia. <<

[100] Página 100. <<

[101] Citado por Ricardo Sánchez, op. cit., p. 71. <<

[102] Ver Cahiers du Bolchevisme, No. 12, 6 de febrero de 1925. <<

[103] Manuel Caballero, op. cit., p. 51. <<

[104] Cf. Correspondance Internationale, 1928, tomo 12, p. 1264, citado por Daniel Pécaut, op. cit., pp. 69 y 404. <<

[105] Jules Humberto-Droz, op. cit., pp. 7 y 414. <<

[106] Según Pierre Broué, op. cit., p. 1069. <<

[107] Sus seudónimos más conocidos eran Austin, Delval, Eduardo, Mario, Maurice y Edwin Mayer. <<

[108] Según Pierre Broué, op. cit., p. 516. Daniel Pécaut también evoca la presencia de Rabaté durante la huelga. Ver op. cit., p. 404. <<

[109] Editorial Ex Libris, Caracas, 1988, Vol. 2, pp. 624-625. <<

[110] Manuel Caballero, La Internacional Comunista y América Latina: la sección venezolana, Ediciones Pasado y Presente, Siglo XXI Editores, México, 1978. <<

[111] Aurelio Fortoul y su hermana Carmen constituyeron en París, hacia 1923, un grupo comunista. Carmen Fortoul será más tarde la mujer de Guillermo Hernández Rodríguez, uno de los primeros dirigentes del PCC. <<

[112] Ver los Archives de Jules Humbert-Droz, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht, Holland, 1970, Vol I, p. VII <<

[113] El GPU: Administración Política del Estado. Reemplazó a la Cheka de febrero a diciembre de 1922. El NKVD: Comisariato Interior del Pueblo, reemplazó al GPU en julio de 1934. El GRU es el servicio secreto del Ejército soviético. <<

[114] Corriente de izquierda del Partido Liberal dirigida por el carismático Jorge Eliécer Gaitán. En 1933, Gaitán funda su propio partido, el UNIR (Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria), el cual será disuelto por Gaitán en 1940 cuando regresa al Partido Liberal. Pero el gaitanismo continuó como una fracción del Partido Liberal. <<

[115] Leer las escandalosas declaraciones de Piedad Córdoba en Voz Proletaria, órgano del PCC (24-27 de octubre de 1998). En julio de 2005, Piedad Córdoba y otros dos parlamentarios “progresistas” pierden su mandato de senador por decisión judicial. Un proceso por fraude electoral (por suplantación de electores y de jurados de una mesa de votación y por desaparición ilegal devotos), que duró más de dos años, fue confirmado por el Consejo de Estado. Los condenados son Piedad Córdoba, Gabriel Acosta Bendeck y José Renán Trujillo. El Tiempo, 11 de julio de 2005. <<

[116] Un Partido Socialista fue fundado en 1919 en Bogotá. Él redactó una “plataforma socialista”, reunió una convención nacional, dos asambleas departamentales y oíros cónclaves. Uno de sus dirigentes, Juan C. Dávila, funda El Socialista en 1920. El PS desaparece tras haber llamado a votar por un candidato liberal, el general Benjamín Herrera, quien pierde las elecciones en 1922. <<

[117] Ver Víctor Alba, Historia del Comunismo en América Latina, Ediciones Occidentales, México, 1954, pp. 21-24. <<

[118] Jacques Baynac, Les socialistes révolutionnaires, Éditions Robert Laffont, París, 1979, pp. 293-296. <<

[119] Ver el contenido de esta noción en la obra citada de Jacques Baynac, p. 138. <<

[120] Margarete Buber-Neuman, La révolution mondiale, Éditions Casterman, París, 1971, p. 349. <<

[121] Alfred Blanche, ministro de Francia en Colombia, despacho No. 236 del 27 de noviembre de 1935, Archivos del Quai d’Orsay, París. <<

[122] Alfred Blanche, ministro de Francia en Colombia, despacho No. 257 del 24 de diciembre de 1935, Archivos del Quai d’Orsay, París. <<

[123] Durante la primera administración de López Pumarejo los salarios de los obreros de Bogotá y Medellín bajaron, las inversiones de capital también, mientras que la producción agrícola se estancó y las exportaciones de café decayeron (entre 1934 y 1935) para aumentar después. Los impuestos subieron. Ver Salomón Kalmanovitz, Economía y nación, una breve historia de Colombia, Tercer Mundo Editores, Bogotá, 1988, pp. 303-349. <<

[124] Durante su segunda administración, López Pumarejo promulga la ley 100 de 1944 la cual restablece los contratos de aparcería cuya abolición, en 1936, había reducido drásticamente el empleo y sembrado malestar en la zona cafetera. <<

[125] Enrique Olaya Herrera era visto como la alternativa lógica a la administración de López. Sin embargo, su muerte prematura en Roma impedirá su reelección. Es en ese contexto que surge la candidatura de Eduardo Santos. <<

[126] Ver Daniel Pécaut, op. cit., p. 161. <<

[127] Después de una larga huelga controlada por los comunistas, Textiles Monserrate quiebra en 1963. <<

[128] Browder publica, en abril de 1944, un panfleto intitulado Teherán donde resume sus ideas. Él será acusado de “oportunismo de derecha” por los estalinistas quienes le reprochan haber revisado la “teoría leninista sobre el imperialismo y sobre el capitalismo monopolista”. <<

[129] Op, cit., p. 142. <<

[130] Manuel Caballero, Latin American and the Comintern, Cambridge University Press, Cambridge, 1986, pp. 102 y 103. <<

[131] La goleta de 52 toneladas, matriculada en Cartagena, hacía un viaje regular de comercio entre Cartagena y el archipiélago de San Andrés y Providencia. A bordo de ella sólo había víveres y pasajeros. No transportaba material de guerra y no estaba armada. Cuando vio el submarino, la tripulación izó la bandera colombiana pero el submarino abrió fuego. Seis personas, todas colombianas, huyeron al lado opuesto del navío para protegerse. El submarino cambia de posición y ametralla a los pasajeros hasta que éstos mueren. Entre ellos se encontraba una mujer y un niño menor de dos años. Otros seis miembros de la tripulación y de los pasajeros que logran embarcar en un bote salvavidas son también atacados. Tres de ellos son heridos. En fin, el submarino hunde a tiros de cañón la goleta que estaba desprovista de todo medio de defensa. El Gobierno colombiano protestó enérgicamente por ese acto de agresión inicuo e injustificado. Demandó al gobierno del Reich las reparaciones morales y materiales adecuadas y confió a la Confederación Helvética la negociación de las indemnizaciones. <<

[132] La declaración de guerra de Colombia contra las potencias del Eje será hecha por Alfonso López Pumarejo durante su segunda administración. David Bushnell, op. cit., pp. 267 y 269. <<

[133] Convocada por el PC norteamericano, reunió a los secretarios generales de los PC de Estados Unidos, Canadá, Chile, Cuba, México y Venezuela. No se sabe por qué sólo esos partidos fueron invitados y no los otros. Por ejemplo, el PC argentino y el PC colombiano no asistieron. El PCC no era muy importante en Colombia pero era mucho más activo que el pequeño PC venezolano de la época. Manuel Caballero, op. cit., p. 62. <<

[134] ibíd, p. 62. <<

[135] De 1939 a 1941, 1.692.000 poloneses fueron deportados a la Unión Soviética. Moscú entregó a la Alemania nazi cerca de 500 comunistas alemanes y austríacos que habían huido de sus países. “Esta medida lleva indiscutiblemente la marca de Stalin”, escribió Margarete Buber-Neumann, op. cit., p. 396. <<

[136] En enero de 1948, el Departamento de Estado norteamericano publicó los archivos nazis que revelan las relaciones entre Hitler y Stalin entre 1939 y 1941. <<

[137] Ver el artículo de Gilberto Vieira publicado por la Nouvelle Revue Internationale, mayo de 1961. <<

[138] ibíd. <<

[139] Citado por Daniel Pécaut, op. cit., p. 305. <<

[140] Diego Montaña Cuéllar, Memorias, Ediciones de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1996, p. 244. <<

Capítulo 2

[141] La administración norteamericana estaba, en esa época, repleta de agentes de Stalin. Citemos sólo unos cuantos: Alger Hiss (nombre de código: Ales) en el Departamento de Estado; Lauchlin Currie en la Casa Blanca; Duncan C. Lee (Koch) en los servicios de inteligencia; John Abt (Morris) en el Departamento de Justicia; Michael Straight (Nigel, Nomad) en el Departamento de Estado; Donald MacLean (Homer, Lyric, Sirota, Waise) en la embajada británica en Washington; Harry Dexter White (Kassier, Jurist) brazo derecho de Henry Morgenthau Jr., secretario de Estado del Tesoro; Félix Frankfurter, juez de la Corte Suprema y profesor de Harvard; Harry Hopkins, director ejecutivo del Seguro Federal de Urgencia. Ver Christopher Andrew y Oleg Gordievsky, Le KGB dans le monde, Fayard, París, 1990; Dwight Tuttle, Harry Hopkins and Anglo-American-Soviet Relations, 1941-45, Nueva York, 1983. Ver también Beata de Robien, Les passions d’une presidente, Eleanor Roosevelt, Éditions Perrin, París, 2000. <<

[142] Anne de Tinguy, Les relations soviéto-américaines, PUF, París, 1987, p. 52. <<

[143] G. F. Kennan, La Russie soviétique et l’Occident, Calmann-Lévy, París, 1962, p. 348. <<

[144] Nicolás Werth, Histoire de l’Union Soviétique, PUF, París, 1990, p. 371. <<

[145] Nicolás Werth, op. cit., p. 372. El Kominform será disuelto el 17 de abril de 1956 a raíz del informe secreto de Khrushchev sobre Stalin. Para organizar el futuro movimiento comunista internacional, Khrushchev ordena la creación de una “revista teórica”, órgano de los PC con el cual todos los partidos deberán colaborar. En 1958, es creada en Praga la Nueva Revista Internacional. Editada desde el primer número en 16 lenguas, imprime en los años 1980, 60 ediciones nacionales en 37 lenguas. Esa revista será difundida en 145 países. La inútil revista de Praga desaparece sin pena ni gloria con el derrumbe de la URSS. Ver Lilly Marcou, Les pieds d’argile, Éditions Ramsay, París, 1986, pp. 270-277. <<

[146] Esta es la opinión de François Furet. Ver Le passé d’une Ilusión, Éditions Robert Laffont/ Calmann-Lévy, París, 1995, p. 463. <<

[147] Genovefa Etienne y Claude Moniquet, Histoire de l’espionnage mondial, Kiron-Éditions du Felin, París, 2002, tomo 2, p. 164. <<

[148] Mauricio Mackenzie, Los ideales de Bolivar en el Derecho Internacional Americano, Biblioteca del Ministerio de Gobierno, Bogotá, 1955, pp. 344 y 345. <<

[149] Corea del Norte se había proclamado República Popular Democrática el 16 de febrero de 1948. <<

[150] “Uno de los factores determinantes que permitieron inclinar la balanza del lado de los ‘integracionistas’ fue probablemente la hegemonía de los cinco grandes en las Naciones Unidas que hacían temer a los latinoamericanos su absorción en un sistema en cuyo seno su peso sería insignificante”, explica François Julien-Laferrière, en su obra L’Organisation des États Américains, PUF, París, 1972, pp. 11 y 12. <<

[151] Arthur M. Schlesinger Jr. editor general, The Dynamics of World Power, A Documentary History of United States Foreign Policy, 1945-1973, Vol III, part I, Latin America, Chelsea House, Nueva York, 1983, p. 49. <<

[152] La célebre fórmula “Guerra Fría” se debe al periodista norteamericano Walter Lippmann quien describirá en su obra The Cold War: A Study in US Foreign Police (Harpers, 1974) la creciente tensión armada entre la URSS y los Estados Unidos luego de la decisión del presidente Harry S. Truman de suministrar ayuda militar a Grecia y Turquía para resistir la ofensiva militar comunista, lo que fue denunciado por Moscú como una “provocación” antisoviética. Walter Lippmann siempre sirvió la causa del comunismo. Sus news analyse engañosos, sus conclusiones improbables, sus predicciones desmentidas repetidas veces por los hechos, pero siempre a favor del imperialismo soviético, lo ridiculizaron ante los lectores norteamericanos. Sin embargo, en la prensa francesa y latinoamericana él era objeto de una veneración más que sospechosa. Para más amplias informaciones sobre Lippmann, ver el artículo de William Henry Chamberlain, en la revista National Review (Nueva York), diciembre de 1958, y el artículo intitulado “Le coeur défaillant de Walter Lippmann” de la revista Este & Oeste, París, del 16-30 de junio de 1959. <<

[153] Iván López Botero, “El asesinato de Gaitán y la Operación X”, en su obra Huellas de rebeldía, Ediciones de la Universidad del Quindío, Armenia, Colombia, 1993, p. 66. <<

[154] François Julien-Laferrière, op. cit., p. 19. <<

[155] Ver los archivos personales de Jean-Jacques Lecompte-Boinet, Archivos de Francia, París, cota 450 AP, 4. <<

[156] Anne de Tinguy, op. cit., p. 56. <<

[157] La bipolarización del mundo era entendida de manera maniquea. Los socialistas que seguían participando en los gobiernos de los países de Europa occidental fueron considerados como aliados del imperialismo al igual que las otras formaciones políticas y atacados como tales. Los epítetos de ‘social-fascistas’ reaparecieron sin que los socialistas fueran, sin embargo, considerados como el enemigo principal. La burguesía nacional de los países coloniales fue de nuevo considerada como una clase reaccionaria. A los grandes partidos de Europa occidental se les exigió de alguna manera ‘montar la guardia’ de lo que iba a ser el campo socialista y velar por su consolidación, como se les había pedido, en 1928, a los partidos comunistas ‘montar la guardia’ del primer <<

[158] Los Estados Unidos e Inglaterra habían fusionado sus zonas de ocupación y pedían la constitución de un gobierno para el conjunto de Alemania sobre la base de elecciones libres, lo que Moscú rechazaba. Jacques Lévesque resume así el problema: “Era claro que el nuevo Estado alemán se beneficiaria del Plan Marshall. […] En ese contexto y tras las consignas lanzadas por el Kominform, hay que mirar el golpe de Praga de febrero de 1948 como una medida que debía permitirle a la URSS cerrar su estera de influencia. Sin apelar al Ejército Rojo, que no estaba presente en Checoslovaquia, el Partido Comunista se apoderó de la totalidad del poder,” op. cit., pp. 136-137. <<

[159] N. Iakoviev, Historia contemporánea de los Estados Unidos, Editorial Futuro, Buenos Aires, 1965, p. 208. <<

[160] Iván López Botero, op. cit., p. 71. Este autor agrega que “varios meses antes de la conferencia, agentes del FBI habían viajado a Bogotá para investigar acerca del clima político en el que se desarrollaría la IX Conferencia Panamericana pues ellos preveían un atentado eventual contra la vida del general Marshall”, op. cit., p. 67. <<

[161] Mariano Ospina Pérez era miembro de una rancia y rica familia de Antioquia. Había hecho estudios de ingeniería en la Louisiana State University. Era nieto de un ex presidente de la República y sobrino de otro ex presidente. <<

[162] Según Vernon Lee Fluharty, en su obra La danza de los millones, El Áncora Editores, Bogotá, 1981, p. 118. <<

[163] Memorias del ex ministro colombiano de Relaciones Exteriores Eduardo Zuleta Ángel, El Espectador, 11 de abril de 1976. Entre los nombres dados por Fluharty y Zuleta Ángel hay algunos que son probablemente seudónimos. Los agentes del Komintern en misión viajaban en general con pasaportes falsos. <<

[164] Juan Roa Sierra era un desequilibrado desconocido que creía ser la “reencarnación” del general Francisco de Paula Santander, héroe de la Independencia de Colombia, según Iván López Botero, op. cit., p. 78. <<

[165] Informe sobre el 9 de abril del agregado naval norteamericano en Colombia, en Grandes potencias, el 9 de abril y la violencia, de Gonzalo Sánchez, Planeta Colombiana Editorial, Bogotá, 2000, p. 330. <<

[166] Cifra dada por el capitán Rubén Piedrahíta, director general de la Armada Nacional, al agregado de aviación de la embajada británica en Bogotá. Citado por Pierre Gilhodes en su artículo “El 9 de abril y su contexto internacional”, en el libro de Gonzalo Sánchez citado, página 180. <<

[167] Curiosamente, este museo había sido visitado por la misión “científica” rusa de 1926. Despacho del ministro plenipotenciario de Francia en Colombia, Clavery, 4 de junio de 1926, No. 20. Archivos del Quai d’Orsay. <<

[168] L’Humanité, 11 de abril de 1948. <<

[169] Keesing’s Contemporary Archives, 17-24 de abril de 1948, p. 9236. <<

[170] Daniel Pécaut, L’ordre et la violence, Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, París, 1987, p. 323. <<

[171] Ibid., página 450. <<

[172] Le Monde, 17 de abril de 1948. <<

[173] ibíd. <<

[174] Jorge Eliécer Gaitán (1898-1948) había hecho estudios de Derecho en Bogotá, así como una especialización en Italia (de julio de 1926 a julio de 1928), como alumno de Enrico Ferri, jurista famoso y líder socialista (tendencia intransigente). En Roma, Gaitán había sido testigo de la consolidación de la dictadura fascista. En esa época, el anticomunismo de Benito Mussolini suscitaba la admiración de Occidente: un cierto Winston Churchill, ministro inglés de Finanzas, declaraba el 15 de enero de 1927: “Si yo fuera italiano habría apoyado a Mussolini desde el comienzo”. ¿Cayó Gaitán bajo el encanto del duce? Es posible, empero el abogado colombiano, quien vio las celebraciones del cuarto aniversario de la marcha sobre Roma, no será nunca un fascista, sino un liberal-socialista, portador de un discurso violentamente antiburgués. Una cierta fraseología de Gaitán recuerda la de Mussolini: “Si avanzo, seguidme; si me detengo, empujadme, si me matan, vengadme”. Más tarde, en Colombia, él dirá: “No soy un individuo, soy un pueblo”; o “Soy el capitán de la muchedumbre”; o a la manera de un Luis XIV: “Yo soy el orden social”. Para esta última frase ver el artículo de Antonio Caballero intitulado “Gaitán el hombre que inventó un pueblo”, El Espectador, 21 de diciembre de 1997. <<

[175] El concepto de Gaitán sobre “la oligarquía” es problemático. Gaitán atacaba con particular virulencia al “oligarca” Alfonso López Pumarejo, personalidad liberal que, como presidente de la República, dos veces elegido (1934-1938 y 1942-1945), impulsó reformas políticas y sociales. <<

[176] Jorge Eliécer Gaitán, Sus mejores escritos, Círculo de Lectores/Printer Colombiana, Bogotá, 1987, pp. 197 y 180. <<

[177] Sobre la fórmula “el comunismo es el estadio supremo de la democracia” ver el excelente ensayo de Jean-François Revel intitulado La grande parade, Editions Pión, París, 2000. <<

[178] Jorge Eliécer Gaitán, op. cit., pp. 200-205. <<

[179] ibíd., p. 177. <<

[180] ibíd., p. 182. <<

[181] ibíd., p. 181 y 183. <<

[182] ibíd., p. 188. <<

[183] Gaitán habla del Unir, una rama disidente del Partido Liberal fundada por él en 1933, la cual será disuelta por Gaitán en 1940 cuando regresa al Partido Liberal. <<

[184] En agosto de 1944, durante el gobierno provisional de la república francesa, Jacques Lecompte-Boinet había sido nombrado secretario del gabinete del general Charles de Gaulle. Ver Martin Blumenson, Le réseau du Musée de l’Homme, Éditions du Seuil, París, 1979, p. 269. <<

[185] Despacho de Jacques Lecompte-Boinet fechado en Bogotá el 29 de abril de 1946, folio 25, serie B, Amerique, 1944-1952, Colombie, Vol. 1, Vol. 2, Vol. 3, Vol. 4. Archivos del Quai d’Orsay, Paris. <<

[186] El dirigente comunista francés Jacques Duelos ejercía fuerte influencia sobre el PC colombiano desde 1945. Es Duelos quien presiona a Gilberto Vieira para que el partido abandone la “desviación” browderista. Detrás de Duelos era la mano de Moscú la que obraba. Por otra parte, el embajador soviético en Bogotá no era tierno con los dirigentes del PCC y les dictaba la línea política, según los testimonios de algunos embajadores europeos en Bogotá, en particular el embajador francés Jacques Lecompte-Boinet. Por lo demás, la Internacional Comunista no era una federación de partidos. Era un partido mundial. Enrique Castro Delgado, un dirigente del PC español enviado a la URSS para trabajar con la IC, escribió: “El Komintern es la autoridad suprema de los partidos comunistas extranjeros. El comité central del Partido Comunista de la URSS es la autoridad suprema del Komintern. Nosotros recibimos todo del comité central del partido bolchevique, el dinero y las órdenes. Los partidos comunistas extranjeros no tienen ni independencia económica, ni independencia política. Ésa es una verdad que sólo los imbéciles o los canallas pueden negar”. Ver J’ai perdu la foi à Moscou, Éditions Gallimard, París, 1950, p. 207. <<

[187] Dimitrov, un agente de Stalin, fue secretario general del Komintern hasta la disolución aparente de éste, en mayo de 1943. Fue también primer ministro de Bulgaria bajo dominación soviética. En 1936, el PCF hizo su frente popular “constituyendo un bloque político no sólo con el Partido Socialista —siempre más o menos sospechoso a los ojos de los comunistas— sino también con el Partido Radical […] el principal partido de la burguesía francesa”. Pierre Frank, Histoire de l’Internationale Communiste, Éditions La Brèche, París, 1981, p. 757. El FP ganó las elecciones legislativas de ese año. Pero se desintegró en noviembre de 1938, tras los acuerdos de Múnich. <<

[188] Ver otros detalles de la relación PCC-Gaitán en la obra de Gonzalo Sánchez, Gaitanismo y 9 de abril en provincia, Ediciones del Centro Jorge Eliécer Gaitán, Bogotá, 1984, pp. 12-20. <<

[189] Vernon Lee Fluharty, op. cit., p. 116. <<

[190] Es bueno recordar que el médico Gabriel Turbay había sido, durante su juventud, un “discípulo” de Savitski. En 1934, será el “vocero más brillante del Partido Liberal”, según Alfred Blanche, ministro francés en Colombia (Despacho 161 del 21 de julio de 1934). Como ministro, Gabriel Turbay realiza, en marzo de 1934, una gran innovación al organizar el Estado Civil que hacía tanta falta hasta entonces en Colombia. Enseguida, instaura la carta de elector. En 1937, Gabriel Turbay es nombrado ministro de Relaciones Exteriores. Otro diplomático francés, Jean du Boisberranger, encargado de negocios de Francia en Bogotá, dirá de él: “De 35 años, habiendo cumplido ya funciones de ministro plenipotenciario en Lima, Roma y Bruselas, ex delegado de Colombia ante la Sociedad de Naciones, ex presidente del Consejo y hasta hoy director del Partido Liberal, el doctor Gabriel Turbay es una de las personalidades más en boga en Colombia y todas sus simpatías van hacia nuestro país”. Telegrama del 17 de junio de 1937. Archivos del Quai d’Orsay. <<

[191] Carnets de Jacques Lecompte-Boinet, 5 de mayo de 1946, Archivos de Francia, expediente 450 ap/4. <<

[192] Olivier Deleau, encargado de Negocios de la Embajada de Francia en Colombia, despacho No. 202, 12 de mayo de 1948, archivos del Quai d’Orsay, sección Amérique, subsección Colombie. <<

[193] Le Monde, 11-12 de abril de 1948. <<

[194] Ignacio Arizmendi Posada, Gobernantes colombianos, Interprint Editores, Bogotá, 1983, p. 211. Ver también Arturo Alape, El Bogotazo, memorias del olvido, Planeta Colombiana Editorial, Bogotá, 1987, p. 475. <<

[195] Los liberales ponen como condición la no participación del jefe conservador Laureano Gómez en el gobierno de unión nacional. <<

[196] Ricardo Sánchez, Historia política de la clase obrera en Colombia, Editorial La Rosa Roja, Bogotá, 1982, p. 117. <<

[197] Arturo Alape, op. cit., p. 444. <<

[198] Treinta años de lucha del Partido Comunista de Colombia, Ediciones Los Comuneros, Bogotá, p. 82. <<

[199] Arturo Alape, op. cit., p. 247. <<

[200] Ibíd.,op. cit., p. 340. <<

[201] Después de los incidentes del 9 de abril en Colombia, el caso de Guatemala alertará de nuevo a los Estados americanos. Tras la caída del gobierno del coronel Arbenz en 1954, el gobierno del coronel Castillo Armas pone en evidencia la profunda intervención de los comunistas en su país y la ayuda directa recibida por Arbenz de la URSS en materia de armamento. A raíz de eso, la resolución XCIII de Caracas de 1954 es aprobada. Esta busca la “preservación de la integridad política de los Estados americanos contra la intervención del comunismo internacional”. <<

[202] Citado por Vernon Lee Fluharty, op. cit., p. 123. <<

[203] Iván López Botero, op. cit., p. 74. <<

[204] Iván López Botero (op. cit., p. 77) afirma sin aportar mayor precisión que la misión de Scotland Yard no había recibido un mandato de Bogotá. W. O. Galbraith tiene una opinión diferente. Dice que la visita de Scotland Yard hacía parte “de los esfuerzos casi desesperados del Gobierno para calmar la opinión popular los días que siguieron a la muerte de Gaitán”. Ver Colombia, A General Survey, Oxford University Press, London, 1966, p. 147. Otros observadores como Le Monde (19 de junio de 1948) estimaron que la misión británica no se había limitado a una simple “reorganización de la Policía local” sino que ella “participará” en la investigación de las autoridades locales sobre el asesinato de Gaitán. <<

[205] Le Monde, 19 de junio de 1948. <<

[206] Le Monde había estimado en esa época, por el contrario, que Ospina Pérez había pactado con Gaitán una “tregua” política durante la Conferencia Panamericana. <<

[207] Entrevista realizada por Arturo Alape y difundida por Radio Caracol, de Bogotá, el 9 de abril de 1981. Fidel Castro se jacta de haber recorrido la ciudad disfrazado de Policía con un fusil y 14 balas durante los tres días del Bogotazo. Pero su testimonio, bastante imaginario, no ha sido objeto de verificación alguna, ni de confrontación seria con los testigos del 9 de abril. Marcel Niedergang, de Le Monde, había escrito brevemente, el 12 de junio de 1979, sobre la presencia de Fidel Castro en Bogotá el 9 de abril. Si Fidel Castro hubiera dado su versión definitiva de los hechos diez años antes, los testigos sobrevivientes habrían podido confirmar o cuestionar esa versión. Cuando lo hizo muchos de éstos ya habían desaparecido. <<

[208] Esa cuestión del “congreso universitario” no es más que un despiste. Fidel Castro y los otros tres “delegados” cubanos no eran más que militantes comunistas enviados a Bogotá por el Partido Socialista Popular, muy vinculado a Moscú, para reforzar los operativos subversivos contra la Conferencia Panamericana y contra la presencia en Bogotá del general Marshall. Un buen número de comunistas de diversas nacionalidades llegaron a Bogotá a comienzos de abril de 1948 bajo el pretexto de asistir al “congreso universitario” evocado. El cual nunca se reunió. <<

[209] A pesar de los vivos recuerdos que conserva del 9 de abril, Fidel Castro dijo a su interlocutor, Arturo Alape, que había “olvidado” lo que pudo haber hecho ese día. <<

[210] Tad Szulc, autor de Fidel, un retrato crítico, Ediciones Grijalbo, Barcelona, 1987, p. 196. <<

[211] La víspera de su asesinato, Gaitán había convencido a un jurado popular acerca de la “inocencia” del teniente José María Cortés, quien había ultimado a tiros al periodista Eudoro Galarza Ossa. Para ganar popularidad en los cuarteles, Gaitán había utilizado el argumento bastante dudoso de que el asesino había obrado “en legítima defensa del honor del Ejército”. <<

[212] Esa delegación estaba presidida por Alfredo Guevara. Figuraban también Rafael del Pino y Enrique Ovares. Antes de llegar a Colombia, los cuatro habían pasado por Panamá y Venezuela. <<

[213] Tad Szulc se pregunta si la pertenencia de Fidel Castro al Partido Ortodoxo no era más que una “diversión” pues él apoyaba a Eddy Chibás, el candidato de los comunistas. Op. cit., p. 193. <<

[214] Calificado por el Komintern de “fascista” y de “reaccionario al servicio de los norteamericanos”, Perón comienza en 1948 a acercarse a la URSS. Ciertos expedientes secretos encontrados en Dresde permitirán a los soviéticos doblegar a Perón ante sus exigencias. La actitud de Perón durante la IX Conferencia Panamericana es congruente con ese cambio de orientación. Ver Pierre de Villemarest, op. cit., p. 240. <<

[215] Arturo Alape, op. cit. Tad Szulc, op. cit., p. 202. Juan Benemelis, en su libro Las guerras secretas de Fidel Castro (gad, Miami, 2003, p. 40), dice que fuera de Fidel Castro, Alfredo Guevara, Enrique Ovares y Rafael del Pino, la delegación cubana incluía a Aramis Taboada, Alfredo Esquivel y Rafael Rodríguez Cervera. <<

[216] Herbert L. Matthews, The Cuban Story, George Brazilier, Nueva York, 1961, p. 143. ¿Matthews es creíble? Sus simpatías por Fidel Castro son conocidas: él fue el periodista que dio a conocer al futuro dictador cubano a la opinión norteamericana, mediante un reportaje realizado en 1957 donde la guerrilla rebelde es mostrada como una poderosa organización militar que controlaba la Sierra Maestra, lo que era falso. Esa “revelación” tendrá un efecto devastador sobre el Ejército de Batista. El castrismo dirá siempre que Fidel, quien no tenía en realidad sino 18 hombres, había “engañado” a Matthews. Pero éste no era un ingenuo: tenía 57 años y había cubierto la Guerra Civil Española y la invasión italiana de Etiopía. Herbert L. Matthews, antes de ese episodio, desempeña un papel extraño en Colombia. El 20 y 23 de abril de 1951, publica tres artículos en el New York Times acreditando la tesis de que el Gobierno colombiano es una “dictadura” y que el bandolerismo que infestaba ciertas regiones colombianas es “político” pues tenía como origen “el asesinato de Gaitán”. Esos artículos estuvieron a punto de impedir la firma de un acuerdo de amistad, comercio y navegación entre Washington y Bogotá, el cual será firmado, a pesar de todo, el 26 de abril de 1951. <<

[217] Testimonios citados por Ángel Aparicio Laurencio en Antecedentes desconocidos del nueve de abril, Ediciones Universal, Madrid, 1973, p. 32. <<

[218] Francisco Fandiño Silva, La penetración soviética en América y el 9 de abril, Colección Nuevos Tiempos, Bogotá, 1949, p. 43. <<

[219] El Colombiano, Medellín, 29 de junio de 1948. <<

[220] Esta expresión racista era utilizada en esa época por los adversarios de Gaitán, es decir por una cierta élite política liberal y conservadora e, igualmente, por los comunistas. <<

[221] Citado por Vernon Lee Fluharty, op. cit., p. 127. <<

[222] Salvador Díaz-Verson, When Castro Became a Communist, Institute for US Cuba Relations, Occasional Paper Series, Vol. 1, No. 1, 3 de noviembre de 1997. <<

[223] En sus Memorias, Gabriel García Márquez intenta demostrar que Fidel Castro fue un apóstol de la paz durante el 9 de abril. Contra toda evidencia, y sobre todo contra el propio testimonio de Castro, García Márquez dice que Castro propuso a los jefes de la V División de la Policía “hacer salir los hombres para que ellos mismos restablecieran el orden […]”. Agrega que durante la noche pasada en el cuartel de la quinta división, Castro comprendió que “la mayoría de los rebeldes […] se libraban al pillaje en lugar de esforzarse por buscar un arreglo político”. Lo que es inexacto. Fidel Castro siempre dijo que durante el Bogotazo intentó encauzar los policías rebeldes hacia un enfrentamiento directo contra el Ejército y hacia la toma del palacio presidencial. Ver Gabriel García Marquez Vivre pour la raconter, Editions Bernard Grasset, París, 2003, p. 374. <<

[224] Tad Szulc, op. cit., p. 201. <<

[225] Ver Fidel Castro: el 9 de abril y yo, firmado por Carlos Franqui, El Tiempo, Bogotá, 14 de noviembre de 1976. <<

[226] Es muy raro que en la obra Grandes potencias, el 9 de abril y la violencia, que se pretende exhaustiva sobre el tema del Bogotazo, y donde se leen artículos de investigadores e historiadores como Gonzalo Sánchez, Eduardo Sáenz Rovner, Pierre Gilhodes, Douglas Osher, Renán Vega Cantor y Sara Jáuregui González, el papel de Fidel Castro el 9 de abril no sea siquiera evocado. <<

[227] Ángel Aparicio Laurencio, op. cit., p. 26. <<

[228] Francisco Fandiño Silva, op. cit., p. 43. <<

[229] Según los testimonios, dos hombres intervinieron en el asesinato del líder liberal: Juan Roa Sierra y otro individuo cuyo nombre no se conoce aún. Este último había examinado el lugar del crimen durante la semana que precedió al atentado y estaba con Roa Sierra algunos segundos antes de que éste disparara a la espalda de Gaitán. Él desapareció después del crimen. <<

[230] El primer detective es designado por el diario conservador La República (10 de abril de 1961) como el agente “No. 6” pues éste había pedido el anonimato. La República indica igualmente que el 19 de febrero de 1959, la agencia United Press, basada en declaraciones del abogado colombiano Daniel Valois Arce, había enviado un despacho que decía que “Fidel Castro y otro cubano, el denominado Rafael del Pino, habían sido vistos por un detective pocos días antes del asesinato en compañía de Juan Roa Sierra”. <<

[231] Citado por Ángel Aparicio Laurencio, op. cit., p. 30. <<

[232] Francisco Fandiño Silva, op. cit., p. 43. <<

[233] Tad Szulc, op. cit., p. 170. <<

[234] Fundado en 1945 por Rolando Masferrer, un tránsfuga del PC cubano, el MSR (Movimiento Socialista Revolucionario) se declaró partidario de un “socialismo revolucionario anticomunista”. A pesar de su “antiimperialismo”, el MSR era detestado por el PC cubano y por la UIR (Unión Insurreccional Revolucionaria), un grupo de orientación anarquista dirigido por Emilio Tro Rivera donde Fidel Castro milita en 1946. Tro será asesinado el 15 de septiembre de 1947 por sicarios del MSR, durante una ola de atentados y de bandolerismo fratricida en los medios revolucionarios de La Habana. Líder universitario en esa época, Fidel Castro estuvo ligado a esa ola de manera aún no bien determinada. De hecho, las relaciones de Fidel Castro con el MSR y la UIR eran confusas y cambiantes. Él fue acusado por el MSR de haber matado a Manolo Castro, el otro fundador del MSR, el 22 de febrero de 1948, pero fue también acusado de haber herido al activista de la UIR Lionel Gómez, en 1946. Ver Tad Szulc, op. cit., pp. 157 y 158. <<

[235] Tad Szulc, op. cit., p. 186. Pero, en favor de Fidel Castro, Tad Szulc cita a Enrique Ovares, exiliado en Miami. Éste habría dicho que “Fidel nunca tuvo nada que ver con el asunto de Manolo Castro”, p. 187. <<

[236] Juan Benemelis, op, cit., p. 41. <<

[237] Serge Raffy, Castro, l’infidèle, Éditions Fayard, París, 2003, p. 80. <<

[238] Tad Szulc, op. cit., p. 191. <<

[239] Eso no le impedirá a Gloria Gaitán, domiciliada ahora en Venezuela, seguir atribuyendo a los norteamericanos ese asesinato. Para sustentar su tesis, ella hace hablar hasta a los muertos: su madre y el padre Camilo Torres. Esas dos personas no habían escrito a ese respecto durante su vida. Ver los argumentos de Gloria Gaitán en la página web <colparticipar@sky.net.co> <<

[240] Le Monde, 4 de mayo de 1948. <<

[241] En su juventud, Gerardo Molina había sido el líder de la lucha por la autonomía universitaria. En 1944, fue nombrado rector de la Universidad Nacional de Bogotá. En 1947, los estudiantes de Medicina y de Ingeniería hicieron huelga contra su gestión autoritaria. Abandona su puesto luego del 9 de abril en el que había desempeñado un papel de agitador de radio y como miembro de la junta revolucionaria. Al terminar su exilio en París, es nombrado rector de la Universidad Libre de Bogotá, en 1956. Pero las protestas, que surgen de todas partes, lo obligan a renunciar. En 1960 es nombrado otra vez rector de la Universidad Libre. <<

[242] Ver Alberto Niño Heredia, op. cit., p. 28. <<

[243] Ex senador y diputado de la Asamblea Nacional Constituyente, José María Nieto Rojas publicó en 1956 La batalla contra el comunismo en Colombia, Empresa Nacional de Publicaciones, Bogotá. <<

[244] Alberto Niño Heredia, op. cit., p. 55. <<

[245] La República, Bogotá, 10 de abril de 1961, y Ángel Aparicio Laurencio, op. cit., p. 39. Se trata probablemente de Mirta Díaz Balart quien se casó con Fidel Castro el 12 de octubre de 1948. <<

[246] Alberto Niño Heredia, op. cit., p. 76. <<

[247] Vernon Lee Fluharty, op. cit., p. 122. <<

[248] El general Marshall alude a la ola de huelgas insurreccionales de Francia y al requisitorio del general Charles de Gaulle contra “el peligro comunista”. La URSS se oponía en esos años a la admisión de Italia en la ONU. En las elecciones legislativas del 18 de abril la rivalidad entre demócratas cristianos y comunistas había sido fuerte. Finalmente, la DC obtiene 48 % de los votos y el PCI sólo el 31%. <<

[249] Le Monde, 14 de abril de 1948. Según Iván López Botero, el almirante Hillenkoetter habría atribuido el asesinato de Gaitán a una “pura venganza personal”. Ver Iván López Botero, op. cit., p. 77. <<

[250] Vernon Walters, Misiones secretas, Editorial Planeta, Bogotá, 1978, pp. 92 y 97. <<

[251] La República, Bogotá, 9 de abril de 1954 y 9 de abril de 1961. <<

[252] Mauricio Mackenzie, en su obra Los ideales de Bolívar en el derecho internacional americano, página 140, escribe: “Las conclusiones de la IX Conferencia, reunida en Bogotá, cuyas conclusiones, no obstante los tremendos sucesos apocalípticos que allí se realizaron con la verdadera revolución que desató la infame muerte dada a un jefe político, están revestidas de una extraordinaria trascendencia. Fue en la capital de Colombia en donde se discutieron y aprobaron doctrinas y tratados medulares, plenos de lógica, esmeradamente detallados aunque conservan la elegancia de concreción de las grandes normas y sobre todo redactados con claridad inigualable”. <<

[253] Este texto no da, como la propaganda comunista arguye, carta blanca a las dictaduras del continente. Los dos principios que orientan la resolución son: 1. El reconocimiento no puede ser acordado para obtener ventajas juzgadas injustificadas; 2. En todo caso, el mantenimiento de relaciones diplomáticas es aconsejable, pero ese mantenimiento no implica una valoración favorable de la política interior del Gobierno. <<

[254] Ver los Carnets de Jacques Lecompte-Boinet, Archivos de Francia, París, expedientes 450 AP/9. <<

[255] Las relaciones diplomáticas entre Colombia y la URSS fueron establecidas por primera vez mediante un canje de notas el 3 y 4 de febrero de 1943 entre el embajador de la URSS (Litvinov era el canciller soviético) y la representación diplomática de Colombia en Washington. Colombia estará representada en Moscú por dos embajadores. El último, el general Domingo Espinel, quien se queja de obstrucciones soviéticas contra su misión, permanece sólo cuatro meses. Desde ese momento, ninguno de los ministros o encargados de negocios designados en esa época para ese puesto (como Leopoldo Borda Roldán, consejero en París) acepta instalarse en Moscú. La legación de Colombia es cerrada y los intereses colombianos —pocos o inexistentes— son confiados a la Embajada de la república de Argentina. <<

[256] Esas operaciones de Policía son transformadas por la propaganda de Radio Moscú en un “ataque a mano armada de la misión soviética en Colombia”. Le Monde, 4 y 5 de mayo de 1948. <<

[257] Los dos rusos fueron soltados poco después por “falta de pruebas”. <<

[258] Le Monde, 15 de abril de 1948. Durante tres días, del 11 al 14 de abril, el vespertino francés trata los “eventos de Bogotá” en su primera página, a tres columnas y al lado de un largo artículo de Ivo Duchcek intitulado Le coup de forcé de Prague. <<

[259] Keesing’s Contemporary Archives, abril 17-24 de 1948, p. 9236. <<

[260] Vernon Lee Fluharty, op. cit., p. 122. <<

[261] Le Monde, 13 de abril de 1948. <<

[262] Ibíd., 15 de abril de 1948. <<

[263] Mauricio Mackenzie, op. cit., p. 349. <<

[264] Desde julio de 1948, una fracción del movimiento trotskista, el Secretariado Internacional, bajo la dirección de Michel Pablo, veía con buenos ojos la evolución del PC yugoslavo, en plena pelea con Moscú. Para Pablo ello abría la posibilidad de “asistir en los años que vienen al derrumbe del stalinismo en una amplia escala”. (Revista Quatrième Internationale de octubre-noviembre de 1949). Esa línea fue confirmada en la primavera de 1950. La aventura de la brigada “14 de Julio” es completamente verosímil. Ella fue, de hecho, la réplica trotkista a la anulación de las caravanas hacia Yugoslavia enmarcadas por las juventudes comunistas. <<

[265] Roberto Urdaneta Arbeláez, ex presidente de la República de Colombia, retoma la misma versión en su obra El materialismo contra la dignidad del hombre, Editorial Lucros, Bogotá, 1960, p. 318 a 327. <<

[266] Confederación de Trabajadores de América Latina, organismo comunista con sede en México. <<

[267] Jules Dubois, Operación América, Santo Domingo, 1964, p. 244. Citado por Juan F. Benemelis, op. cit., p. 41. <<

[268] Ver Le livre communisme, Éditions Robert Laffont, París, 1997, p. 493. Ver igualmente La tragédie hongroise, François Fejtö, Pierre Horay Editeur, París, 1966, p. 21. <<

[269] En los extractos de la última confesión de Laszlo Rajk se encuentra la frase sobre “el putsch comunista de Bogotá”. Ellos fueron publicados en Francia por el diario París Presse-L’intransigeant, el 28 de septiembre de 1949. Según ese diario, el que dio a conocer ese comunicado fue la Agencia Parisina de Prensa. El autor encontró el artículo de París Presse-L’Intransigeant en la Biblioteca Nacional de Francia. <<

[270] Thierry Wolton, Le KGB en France, Éditions Grasset & Fasquelle, París, 1986, p. 48. <<

[271] El 10 de octubre de 1943. Carvalho participó en el asalto a mano armada a la prisión de Baumettes en Marsella y en el levantamiento de Toulouse. Condecorado por la Resistencia, cruz de guerra y legión de honor, regresa a Brasil para hacer parte de la dirección del PCB. En 1967, crea una guerrilla maoísta, el PCBR. Detenido, será liberado gracias a mediaciones francesas y se refugia en Argelia. Ver Roger Faligot y Remi Kauffer, Kang Shengy los servicios secretos chinos (1927-1987), Éditions Robert Laffont, París, 1987, p. 372. <<

[272] Pierre de Villemarest, GRU, Le plus secret des Services soviétiques, 1918-1988, Éditions Stock, París, 1988, p. 180. <<

[273] Las acusaciones contra Brankov fueron formuladas por Tito, después de la condena de Laszlo Rajk. Ver Ce que révèle le procés Rajk, Le Livre Yougoslave, París, 1949, p. 6. <<

[274] François Fejtö, un socialista marxisante de origen húngaro, autor de varias obras importantes sobre el comunismo húngaro, no cree en la participación de Rajk en los eventos de Bogotá. Interrogado por el autor el 15 de junio de 2004, Fejtö rehusó creer que Rajk haya coordinado la menor aventura comunista en América del Sur. Estima (sin tener pruebas) que el texto publicado por París Presse es un documento “falso”. Sin embargo, Fejtö, quien fue uno de los primeros, desde 1949, que criticaron el proceso Rajk, nunca denunció la validez del documento publicado por París Presse. En 1949, antes de su ruptura con la Hungría stalinista, François Fejtö era el agregado de prensa de la Legación de Hungría en París. <<

[275] François Fejtö, op. cit., p. 59. <<

[276] Pierre de Villemarest, op. cit., p. 248. <<

[277] El artículo de Carlos Denegrí fue reproducido por el diario conservador El Siglo, el 27 de abril de 1948. <<

[278] José María Nieto Rojas, op. cit., pp. 198 y 199. <<

[279] Gabriel García Márquez, op. cit., p. 372, evoca ese detalle con la intención de disculpar a Cardoza y Aragón de toda responsabilidad en la tragedia del 9 de abril. Afirma que el ex embajador (que García Márquez presenta como “ministro de Relaciones Exteriores”) era un “sobreviviente” del Bogotazo pues su coche había sido ametrallado por francotiradores y porque un borracho “disparó dos veces a bocajarro contra él con un revólver que se atasco dos veces”. Lo que no dice García Márquez es qué hacía Cardoza y Aragón en las calles de Bogotá en medio de la violenta revuelta hasta el punto de exponerse a tales peligros. <<

[280] Esta fórmula pertenece a Gilberto Vieira. Ver su artículo publicado en la Nouvelle Revue Internationale, Praga, mayo de 1961. <<

[281] La República, 10 de abril de 1961. <<

[282] Otros actos de barbarie cometidos contra religiosos ocurrieron en Armero, Rioviejo, Sincelejo, Alvarado y Puerto Tejada. José María Nieto Rojas op. cit., pp. 183-184. La República, 9 de abril de 1968. <<

[283] Gonzalo Sánchez, Los días de la revolución, gaitanismo y 9 de abril en provincia, pp. 156 y 157. <<

[284] Informe sobre el 9 de abril del agregado naval norteamericano en Colombia, 24 de mayo de 1948 en Grandes potencias, el 9 de abril y la violencia, Gonzalo Sánchez, editor, p. 331. <<

[285] Juan Andrade, Notas sobre la Guerra Civil, Ediciones Libertarias, Madrid, 1986, pp. 107-116. <<

[286] Citado por Ricardo Sánchez, op. cit., p. 117. <<

[287] Juan Andrade, op. cit., pp. 99-116. <<

[288] Por sus tomas de posición antipetanistas y su participación en la red de resistencia del Museo del Hombre, Paul Rivet es destituido en noviembre de 1940. Huye de Francia en febrero de 1941 y, radicado en Colombia, adonde había sido invitado por el presidente Eduardo Santos, prosigue sus actividades. Con científicos colombianos crea en Bogotá el Instituto Nacional de Etnología, el cual abre sus puertas el 1 de julio de 1941. Rivet permanece en Colombia hasta mayo de 1943, antes de ser nombrado por el general Charles de Gaulle consejero cultural en México. Tras la Liberación, Rivet regresa a París donde vuelve a ser director del Museo del Hombre, en octubre de 1944. <<

[289] Le Monde, 21 de abril de 1948. <<

[290] El PCC había obtenido 13.000 votos en las elecciones legislativas del 16 de marzo de 1947. En las elecciones municipales del 5 de octubre de 1947, obtiene sólo 7.000 votos. Pero en las elecciones de 1945 había obtenido 27.600 votos, así como 27.000 en las de 1946. Medófilo Medina, en su Historia del Partido Comunista de Colombia (CEIS, Bogotá, 1979, p. 489), da cifras inexactas. Es vago también respecto a la fecha de las elecciones. <<

[291] Le Monde, 2 de junio de 1948. <<

[292] Paul Rivet fue excluido de la SFIO por su comité director a comienzos de 1948. Fue el diario comunista L’Humanité el que publicó, el 15 de enero, su protesta por tal exclusión. En la revista Socialisme et Liberté, que no oculta su hostilidad al Plan Marshall (marzo de 1948), Rivet exige al gobierno francés, sobre la cuestión colonial, abandonar a Bao Dai y “pedirle al gobierno vietnamita el cese inmediato de hostilidades”. Admirador del régimen “soviético y patriota” de Ho Chi Minh, responsable de las masacres del 19 de diciembre de 1949 en Hanoi, Rivet decía que negociando con aquel Francia y los Vietminh podían “perdonarse mutuamente para reconciliarse”. Rivet denuncia el Pacto Atlántico como “inútil, ineficaz, ruinoso, peligroso e inmoral” pues, según él, “no es concebible que Rusia pueda aceptarlo jamás” (Le Combat Prolétarien, junio de 1951). <<

[293] Hacia diciembre de 1946, el profesor Paul Rivet, por intermedio del señor Recassens, director del Instituto de Etnología de Bogotá, pide al embajador de Francia en Colombia, Jacques Lecompte-Boinet, que le despache por la valija diplomática algunos objetos precolombinos, cuya exportación estaba estrictamente prohibida por la legislación colombiana. Como el embajador de Francia se niega a obedecer, Rivet se queja abiertamente de esa actitud. En junio de 1948, dice a sus amigos de París que logrará la “destitución” del embajador Lecompte-Boinet. Ver los Archivos del Quai d’Orsay, Serie B, Amérique, 1944-1952, Colombie, Vols. 1, 4. Ver igualmente los Carnets de Jacques Lecompte-Boinet, Archivos de Francia, 450 ap, folio 132. <<

[294] Arturo Alape, op. cit., p. 572. <<

[295] Citado por Ángel Aparicio Laurencio, op. cit., p. 35. <<

[296] Ibíd, p. 21. <<

[297] La República, 9 de abril de 1954. <<

[298] W. O. Galbraith, Colombia, A General Survey, Oxford University Press, Londres, 1966, p. 147. <<

[299] Pierre Gilhodes en Grandes potencias, el 9 de abril y la violencia, p. 51. <<

[300] Vernon Lee Fluharty, op. cit., p. 119. <<

[301] Pierre Gilhodes, op. cit., p. 51. <<

[302] Fidel Castro, Mes années de jeunesse, Editions Alain Stanké, Outremont (Québec), 2003, p. 149. <<

[303] Ángel Aparicio Laurencio, op. cit., p. 38. <<

[304] W. O. Galbraith, op. cit., p. 147. <<

[305] Ver la declaración de Ospina Pérez en la obra de Arturo Alape, op. cit., p. 483. <<

[306] Ver el informe secreto del agregado naval de la embajada norteamericana en Colombia, fechado el 24 de mayo de 1948, citado por Gonzalo Sánchez en Grandes potencias, el 9 de abril y la violencia, p. 354. <<

[307] La existencia de un gobierno conservador elegido por una minoría y enfrentado a una oposición liberal dividida pero mayoritaria creó una situación explosiva. <<

[308] Ver el panfleto La Colombie à l’heure de Marquetalia, SIPE, París, 1965, p. 7. Ver también el artículo de Gilberto Vieira de febrero de 1961 publicado por la Nouvelle Revue Internationale, Praga, mayo de 1961. En cuanto a Gloria Gaitán, ella acusa tanto a “la oligarquía” como a “la reacción colombiana” de ese asesinato. Ver sus declaraciones a Prensa Latina del 9 de abril de 1988. <<

[309] Arturo Alape, op. cit., p. 615. <<

[310] Augusto Durán era en ese momento el secretario general del PDS y Gilberto Vieira era el presidente. <<

[311] El Tiempo, 12 de diciembre de 1945, citado por Daniel Pécaut, op. cit., p. 275. <<

[312] Citado por Daniel Pécaut, op. cit., p. 270. <<

[313] Ricardo Sánchez, op. cit., p. 109. <<

[314] La muerte de Masaryk fue muy lamentada en Bogotá. Todos los diarios, liberales y conservadores, expresaron su tristeza y preocupación. El diario liberal La Razón escribió: “Esta muerte es una advertencia para los liberales del mundo entero quienes miran el comunismo con buenos ojos y con admiración. Incluso si ésta muerte es el resultado de un asesinato, deben darse cuenta de lo que vale la amistad que nos ofrece el comunismo”. El diario El Siglo editorializó: “Ya sea un suicidio o un asesinato, el comunismo tiene una nueva víctima sobre su conciencia. ¿Cuándo las potencias occidentales se decidirán a contener definitivamente el avance del oso moscovita? Pero ya es demasiado tarde […]” <<

[315] Según Kurt Singer, experto en cuestiones de espionaje, “desde 1946, Beria tenía la dirección completa de todas las operaciones de infiltración militar, naval, científica du Kominform hasta su asesinato durante el verano de 1953”. Ver Les espions du siècle, Gallimard, París, 1955, p. 62. <<

[316] Daniel Pécaut, op. cit., p. 270. <<

[317] Esta ola de agitación y de huelgas duras en Colombia recuerda aquella de 1947 y 1948 en Francia. El 2 de mayo de 1947, el presidente del Consejo, el socialista Paul Ramadier, destituye a los cinco ministros comunistas. En junio, la ola de huelgas es casi insurreccional. Ello desemboca en el nuevo estallido de la central obrera CGT y en la creación de Fuerza Obrera. León Jouhaux y otros jefes sindicales se niegan a someter los sindicatos a la voluntad del Partido Comunista. El fuerte ascenso del PCF había sido denunciado por el general Charles de Gaulle el 27 de julio. La creación del Kominform el 27 de septiembre de 1947, que va a obrar sobre todo contra el Plan Marshall y contra la doctrina Truenan, es concomitante con esos eventos en Francia y en Colombia ferrocarriles de Antioquia y del sur del país, entre otras. Sin olvidar la huelga más audaz: la de Fedenal, destinada a paralizar el comercio entre el centro y el norte del país. Esa peligrosa ola reivindicativa obligará al gobierno a decretar la disolución de la CTC, en abril de 1947. Aunque un juez revoca el decreto, la central sale deteriorada y la UTC, creada por el Partido Conservador y la Iglesia en 1946, ocupará el terreno dejado por el hundimiento de la CTC. <<

[318] Jacques Lecompte-Boinet, telegrama No. 136 del 12 de abril de 1948, Archivos del Quai d’Orsay, serie Amérique, bajo la serie Colombie. <<

[319] Jacques Lecompte-Boinet, telegrama No. 168 a 176 del 21 de abril de 1948, Archivos del Quai d’Orsay, serie Amérique, bajo la serie Colombie. <<

[320] Archivos personales de Jacques Lecompte-Boinet, 19 de abril de 1948, Archivos Nacionales de Francia, París, registro 450 ap, expediente 4. <<

[321] Renán Vega Cantor y Sara Jáuregui González, en Grandes potencias, el 9 de abril y la violencia, p. 234. <<

[322] Gonzalo Sánchez, ibid., p. 182. <<

[323] Keesing’s Contemporary Archives, Londres, 17-24 de abril de 1948, p. 9236. <<

[324] Gonzalo Sánchez, op. cit., pp. 93 a 95. <<

[325] En su obra, muy bien documentada, Le KGB en France, Tierry Wolton dice: “Habiendo trabajado para el Komintern desde 1928 o 1929, Jacques Duelos no cesó jamás de mantener, hasta su muerte en 1975, relaciones directas con Moscú, metiendo el dedo, por cuenta de los soviéticos, en todas las actividades ilegales del partido. Se percibe su papel en todos los episodios de espionaje en que estuvo metido el PCF después de la Segunda Guerra Mundial”. Op. cit., pp. 26 y 27. <<

[326] En sus Memorias, Diego Montaña Cuéllar dice que él había fundado el “movimiento por la restauración del comunismo”, una fracción interna del PDS para luchar contra el “browderismo”. Pero omite toda referencia a la huelga de la Fedenal y de su papel personal en la derrota de ésta. <<

[327] Daniel Pécaut, op. cit., p. 291. <<

[328] El 5 de agosto de 1944, en el Diario Popular, Vieira había escrito esto a propósito del cambio de nombre de esa formación: “Ese nombre [comunista], pese al hecho de que desde 1935 iniciamos un viraje completo en nuestra organización, está indisolublemente ligado a lo que podemos denominar nuestra ‘edad de piedra’ […]. En resumen, el nombre de ‘comunista’ es un obstáculo evidente para convertirnos en breve plazo en un partido de masas […]” Citado por Ricardo Sánchez, op. cit., p. 112. <<

[329] El Bolchevique, 8 de septiembre de 1934, citado por Daniel Pécaut, op. cit., p. 417. <<

[330] El gobierno de Ospina Pérez crea en 1949 los seguros sociales en Colombia (ICSS), pedido por los sindicatos. En 1951, el gobierno de Laureano Gómez aprueba el Código Sustantivo del Trabajo. <<

[331] David Bushnell, op. cit., p. 289. <<

[332] Revista Semana, febrero de 1948, citado por Diego Montaña Cuéllar, op. cit., p. 309. <<

[333] En febrero de 1948, Thorez pregunta: “Si Francia es llevada contra su voluntad a una guerra antisoviética [y si el Ejército soviético llega hasta aquí] los trabajadores, el pueblo de Francia ¿podrían comportarse de manera distinta ante el Ejército soviético como hicieron los pueblos de Polonia, Rumania y Yugoslavia?”. Después, responde: “No, el pueblo de Francia no hará, no hará jamás la guerra a la Unión Soviética”. Ver Dominique Desanti, Les stalinistes, une expérience politique, 1944-1956, Éditions Fayard, París, 1975, pp. 134-135. <<

[334] Despacho del 6 de septiembre de 1949 al ministro francés de Relaciones Exteriores. Archivos del Quai d’Orsay, serie B, Amérique, 1944-1952, Colombia, Vols. 1 y 4. <<

Capítulo 3

[335] Henri Quioc, encargado de negocios de la Embajada de Francia en Colombia. Telegrama del 11 de noviembre de 1949. Archivos del Quai d’Orsay. <<

[336] Henri Quioc, encargado de negocios de la Embajada de Francia en Colombia. Telegrama No. 237 del 16 de noviembre de 1949. Archivos del Quai d’Orsay. <<

[337] Ibíd. <<

[338] Henri Quioc, encargado de negocios de la Embajada de Francia en Colombia. Despacho del 18 de noviembre de 1949. Archivos del Quai d’Orsay. <<

[339] Esta fue la explicación dada al embajador francés Jacques Lecompte-Boinet por el señor Rossat, embajador suizo en Colombia. Archivos de Jacques Lecompte-Boinet en los Archivos Nacionales de Francia. <<

[340] Fedine, encargado de negocios soviéticos, quiso venderle por 150.000 dólares el inmueble a Vignale, embajador argentino en Bogotá. El dinero debía ser depositado en una cuenta privada de Fedine de Nueva York. Vignale no aceptó. Jacques Lecompte-Boinet, despacho del 31 de enero de 1950, folio 358/360. <<

[341] Jacques Lecompte-Boinet, ibid. Ver también los Carnets de Jacques Lecompte-Boinet en los Archivos de Francia. Ver igualmente El Tiempo del 22 de enero de 1950. <<

[342] Ibíd. <<

[343] Ibíd. <<

[344] Despacho No. 428/am del 12 de octubre de 1947 del embajador Lecompte-Boinet. Archivos del Quai d’Orsay, París. <<

[345] Ibíd. <<

[346] Jacques Lecompte-Boinet, despacho del 14 de abril de 1947. Archivos del Quai d’Orsay, París. <<

[347] Sobre el asunto Kipper ver los despachos de Jacques Lecompte-Boinet del 8 de mayo de 1946, del 29 de noviembre de 1946 y del 16 de enero de 1947. Ver también su telegrama del 18 de enero de 1947. Archivos del Quai d’Orsay, París. <<

[348] Ver el libro de Nina Berberova L’affaire Kravtchenko, Editions Actes Sur, Avignon, 1990, p. 162. <<

Capítulo 4

[349] Abel Verdier, embajador de Francia en Colombia, despachos del 7 de agosto de 1950 y del 27 de septiembre de 1950. Archivos del Quai d’Orsay, París. <<

[350] Breve retrato de Roberto Urdaneta Arbeláez, según Abel Verdier: “Diplomático experimentado, dúctil e incluso astuto” que no tenía “prejuicio desfavorable alguno a superar”. Verdier agrega: “Sus fuertes simpatías por España y por nuestro país debían, además, ser estimuladas por su ministro de Relaciones Exteriores, señor Uribe Holguin, nieto, por el lado materno, de una hermana de Gauguin y ex alumno de los Hermanos Cristianos, orgulloso de su ascendencia y de su cultura francesa”. Despacho No. 1034, del 20 de diciembre de 1952. <<

[351] Associated Press y Reuters del 6 de abril de 1952. <<

[352] En total, entre 1950 y 1953, quince naciones participaron en las operaciones, bajo el comando unificado de Naciones Unidas en Corea del Sur. <<

[353] David Bushnell, op. cit., p. 290. <<

[354] De acuerdo con el testimonio de Manuel Salgado, ex combatiente. El Tiempo, Bogotá, 28 de marzo de 2003. <<

[355] Ver Dwight D. Eisenhower, Batailles pour la paix, Editions de Trevise, París, 1968, p. 468. <<

[356] Teniendo como origen lejano las concepciones de Manuel Ancízar, ministro colombiano de Relaciones Exteriores en 1847, la divisa del Respice polum, que podría ser traducida como “miremos hacia el Norte”, es formulada en 1914 por el ministro de Relaciones Exteriores Marco Fidel Suárez (quien años después será presidente de la República), en estos términos: “Quienquiera que observe el poderío de la nación de Washington, su posición en la parte más privilegiada de este continente, sus influencias sobre los demás pueblos americanos —⁠de los cuales se ha llamado su hermano mayor—, lo atenuadas que en comparación de esas influencias van siendo las de las potencias europeas, y lo insignificantes que en nuestro tiempo tienen que ser las de los pueblos asiáticos, quienquiera que esto mire habrá de reconocer que ningún pueblo americano, débil o fuerte, puede desatender el cuidado de una constante amistad con los Estados Unidos”. Para Suárez, era esencial no perder de vista que “el norte de nuestra política exterior debe estar allá, en esa poderosa nación que más que ninguna otra ejerce decisiva atracción respecto de todos los pueblos de América”. Esta doctrina, que ayudó a Colombia a superar la amargura por la pérdida de Panamá, y “a no dejarnos roer las entrañas por un resentimiento perenne e inútil y sí de abrir el corazón y el entendimiento a ‘oráculos más altos que tu duelo’”, como escribiera don Luis López de Mesa, jamás le impidió a Colombia tener excelentes relaciones con los otros países del mundo. Por el contrario, le permitió a Colombia desempeñar un papel importante en la evolución jurídica y diplomática del panamericanismo, tener excelentes aliados en Europa occidental, asistir a la creación de la ONU y, más tarde, participar incluso en el movimiento de los Países No Alineados. La doctrina del Respice polum no es un artefacto de geoestrategia, es una visión política que tiene como motor los valores republicanos y democráticos. (Las frases de Marco Fidel Suárez y de Luis López de Mesa son citadas por Apolinar Díaz Callejas en su obra El lema del Respice Polum y la subordinación de las relaciones con Estados Unidos, Ediciones de la Academia Colombiana de Historia, Bogotá, 1996, pp. 66 y 67). <<

[357] El golpe militar del general Rojas Pinilla fue saludado por el Partido Liberal como un acto de “salvación nacional” pues Laureano Gómez, elegido presidente de la República en noviembre de 1949, acababa de redactar, semanas antes del golpe militar, un proyecto de reforma constitucional que era, según los comunistas, una “copia de las ideas del dictador portugués Oliveira Salazar”. Gómez, según esas fuentes, esperaba “abolir una parte de las instituciones democráticas”. Ver Diego Montaña Cuéllar, op. cit., p. 246. De hecho, Rojas no quería conservar el poder. Estaba dispuesto a ceder la Presidencia de la República a otro líder conservador. Pero nadie quiso aceptar esa fórmula. En ese marco, aceptó asumir la Presidencia de la República. Ver David Bushnell, op. cit., p. 293. <<

[358] Bertrand de la Sablière, embajador de Francia en Colombia, despacho No. 2618/am del 4 de diciembre de 1961. Archivos del Quai d’Orsay, París. <<

[359] ibíd. <<

[360] El trigésimo aniversario del Partido Comunista de Colombia, Nouvelle Revue Internationale, Praga, julio de 1960. <<

[361] Juan Benemelis, op. cit., p. 42. <<

[362] Revista Este & Oeste, Caracas, 1/15 de agosto de 1964. <<

[363] El Tiempo, 25 de octubre de 1961. <<

[364] La Voz de la Democracia, 15 de junio de 1958. <<

[365] En 1964, el territorio del Ariari es el baluarte de Angelino Godoy, alias Capitán Veneno. <<

[366] El seudónimo escogido por Alfonso Castañeda recuerda el de un comunista alemán, Richard Staimer, alias Coronel Richard, que había dirigido la II brigada internacional durante la Guerra Civil Española. Terminará como jefe de la Policía de Leipzig. Entre los comunistas de los años 1950 las historias de las brigadas internacionales eran bien conocidas. <<

[367] El Tiempo, Bogotá, 10 de septiembre de 2002. <<

[368] Hoy, 8 de agosto de 1950. <<

[369] En 1934, Laureano Gómez, luego de haber vivido en Alemania como embajador de Colombia, redacta un violento y perspicaz artículo contra Adolfo Hitler, cuyo ascenso al poder él había podido ver en enero de 1933. Ver El Cuadrilátero, en las Obras Completas de Laureano Gómez, Vol. 3, Instituto Caro y Cuervo, Editorial Presencia, Bogotá, 1989. <<

[370] David Bushnell, Colombia, una nación a pesar de sí misma, Editorial Planeta, Bogotá, 1996, pp. 292 y 293. <<

[371] Gilberto Vieira, La Colombie à l’heure de Marquetalia, SIPE, París, sin fecha (1965?), p. 7. <<

[372] ibíd., p. 8. <<

[373] ibíd. <<

[374] Según el testimonio del general José Joaquín Matallana, en el libro de Olga Behar, Las guerras de la paz, Editorial Planeta, Bogotá, 1985, p. 27. <<

[375] Ver la entrevista concedida por Olimpo a Carlos Arango Z., autor de FARC veinte años, de Marquetalia a la Uribe, Ediciones Aurora, Bogotá, 1986, pp. 167-202. <<

[376] Militante comunista, Enrique Lister se había refugiado en la URSS antes de la guerra en España. Sancionado por indisciplina, es enviado a trabajar en el metro de Moscú. Después toma cursos de formación militar. En 1936, en España, es uno de los fundadores del quinto regimiento. Elimina los comités anarquistas y las colectividades de Aragón. Tras la derrota de los republicanos, regresa a la URSS donde lo nombran general. Ver Pierre Broué, Histoire de l’Internationale Communiste, Editions Fayard, París, 1997, p. 1038. <<

[377] Carlos Arango Z., op. cit., p. 181. <<

[378] Ibid., p. 202. <<

[379] El primer alias de Olimpo en la guerrilla de Chicalá fue Tritón, una especie de salamandra. No se sabe por qué ni cómo cambió ese alias. Según Alape, Olimpo había sido un empleado de banco en Cali donde militaba con el Partido Comunista. De Cali tuvo que huir “ante la persecución de la Policía” (?) y recibió la orden de instalarse en Chaparral para “asesorar políticamente el nacimiento del grupo guerrillero” de ese pueblo. Eso es todo. Alape no aporta precisión alguna sobre las fechas ligadas a esos episodios. Arturo Alape, op. cit., pp. 147 y 148. <<

[380] Según Álvaro Angarita. Ver la página internet de Voz, órgano del PCC. <<

[381] Eutiquio Leal es autor de Mitin de alborada (poesías), Agua de fuego (cuentos), Después de la noche (novela), Cambio de luna (cuentos) Vietnam, ruta de libertadores (textos y poemas), Bomba de tiempo (cuentos), Ronda de hadas (poemas), Talleres de literatura (ensayo). El crítico literario Oscar Torres Duque estima: “La obra de Eutiquio Leal tendría valor en la medida en que su autor es un representante de luchas populares. La iluminación mutua falta de nuevo: ¿qué luchas y qué obra? La lucha y la obra deben ser una sola en la dimensión estricta que implica también lo humano. Aquí esa dimensión estética no es perceptible”. <<

[382] Carlos Orlando Pardo, revista Consigna, 30 de octubre de  1988. <<

[383] A pesar de sus diferencias, el caso Olimpo recuerda, por algunos aspectos, el caso de Georges Boudarel. El ex comisario político en los campos de muerte vietnamitas fue desenmascarado veinte años después por sus víctimas y acusado, en Francia, de crimen contra la humanidad. <<

[384] El Támaro recibirá en 1955, por orden de Charro Negro, el nombre de Marquetalia en homenaje a Manuel Marulanda Vélez, un jefe comunista y líder sindical de los años cuarenta. Tras la muerte de Charro Negro, en enero de 1960, Pedro Antonio Marín será jefe de guerrilla. Toma entonces el alias de Manuel Marulanda Vélez para desembarazarse, sin éxito, del alias de Tirofijo. <<

[385] Carlos Arango Z., op. cit., p. 182. <<

[386] Olga Behar, Op. cit., p. 16. <<

[387] Carlos Arango, op. cit., p. 184. <<

[388] Citado por Arturo Alape, op. cit., pp. 155 y 156. <<

[389] Olimpo no estaba en El Davis durante ese ataque. Él había sido enviado a Viotá para tomar la dirección de la guerrilla local. <<

[390] El XIX congreso del PC soviético se reúne en octubre de 1952. La URSS vive un período de estancamiento económico y político. Stalin prevé la realización de una nueva represión sangrienta, como la de finales de los años treinta, para librarse de los llamados “agentes imperialistas infiltrados en el partido”. En ese clima de terror es “descubierto” el “complot de los médicos”. Es el comienzo de una purga que será frenada por la muerte de Stalin, el 5 de marzo de 1953. Ese clima de terror tiene efectos en Francia. En junio de 1952, las casas de los comunistas que viven en los puertos son allanadas por la Policía. En la ONU, Moscú acusa a los Estados Unidos de llevar a cabo una guerra bacteriológica en Corea. En diciembre, Rudolf Slansky y Vladimir Clementis son ejecutados en Praga, junto con nueve dirigentes comunistas. <<

[391] Gilberto Vieira, La Colombie à l’heure de Marquetalia, SIPE, París, sin fecha (1965 ?), p. 8. <<

[392] Carlos Arango Z., op. cit., p. 196. <<

[393] Ver el testimonio del ex guerrillero Ricardo Rojas en Olga Behar, op. cit., p. 16 y 17. <<

[394] Luego de la caída de la dictadura, el 10 de mayo de 1957, Isauro Yosa sale de prisión y regresa inmediatamente a las FARC. En los años 1980, Yosa se retira de la lucha armada y lleva una vida tranquila en la semiclandestinidad. Muere en Bogotá de muerte natural (fecha no comunicada). <<

[395] En la plaza de toros de Santamaría, de Bogotá, unos policías disparan al aire pues la gente no quería saludar a la familia presidencial. <<

[396] La devastadora explosión de Cali nunca fue elucidada. <<

[397] Según el gobernador de ese departamento, 719 personas fueron asesinadas después de la caída del general Rojas Pinilla. <<

[398] Gilberto Vieira, Le mouvement pay san en Colombie et le Parti Communiste, NRI, mayo de 1961, pp. 46 y 47. <<

[399] Jean Pierre Minaudier, Histoire de la Colombie, Editions L’Harmattan, París, 1992, p. 283. <<

[400] David Bushnell, op. cit., p. 309. <<

[401] Lozano y Varela no se entendían con Aljure. La guerrilla de éste era minoritaria (representaba sólo el 15 % de las bandas armadas del país). Quizás por eso los contactos entre Lozano y Aljure no dieron mayor resultado. Los primeros pedían tener acceso a las zonas bajo la influencia de los segundos, a cambio de asesoría jurídica y política. La dirección del FLP estaba integrada así: Diego Montaña Cuéllar, Juan Lozano y Lozano, César Ordóñez Quintero, Juan de la Cruz Varela, Raúl Alameda Ospina, Hernando Garavito Muñoz, Jorge Regueros Peralta, Santiago Peña, Helí Ángel Villar, Santiago González y Hugo Parga. <<

[402] José Cardona Hoyos, miembro de la dirección del PCC, es quien lo dice. NRI, No. 6, febrero de 1959. <<

[403] En junio de 1958, el comité conservador del Tolima, en un mensaje a la Junta Militar, indica que en ese solo departamento, el bandolerismo había asesinado, en dos años, 30.000 personas, herido a 10.000 personas y que 40.000 familias se encontraban sin empleo. La prensa señala que en el Quindío 337 personas fueron víctimas de la violencia desde el comienzo del año. Jacques Suel, encargado de negocios de Francia en Colombia, despacho No. 436, del 27 de junio de 1958. Archivos del Quai d’Orsay. <<

[404] Álvaro Valencia Tovar, Inseguridad, y violencia en Colombia, Ediciones de la Universidad Sergio Arboleda, Bogotá, 1997, p. 88. <<

[405] Jaime Guaraca, op. cit., p. 152. <<

[406] Sobre este último concepto ver Víctor Suvorov, Le brise glace, Editions Olivier Orban, París, 1978, p. 20. <<

[407] Bertrand de la Sablière, embajador de Francia en Colombia, despacho No. 834 del 14 de octubre de 1960, Archivos del Quai d’Orsay. <<

[408] Gilberto Vieira, Le mouvement pay san en Colombie et le Parti Communiste, SIPE, París, sin fecha (1965?), p. 10. <<

[409] L’Humanité, París, 5 de junio de 1964. <<

[410] La fecha del comienzo de esa operación es confusa. Gilberto Vieira habla del “1 de mayo”. El llamado “programa agrario” de las FARC dice que la operación había comenzado “el 18 de mayo”. Jacobo Arenas habla del “27 de mayo” en su entrevista con Carlos Arango Z. Pero Arenas da también la del “17 de mayo” en su libro Colombie, guérillas du peuple, Editions Sociales, París, 1969, p. 34. Eduardo Pizarro da la del “27 de mayo” en su libro Las FARC (1949-1966), Tercer Mundo Editores, Bogotá, p. 187, como Manuel Marulanda en un texto del 27 de mayo de 1994. Nosotros adoptamos la del 17 de mayo, la más verosímil, pues es la que figura en el diario de marcha de Jacobo Arenas. <<

[411] No hay pruebas al respecto pero no se puede descartar la posibilidad de que la guerrilla comunista de Marquetalia se haya beneficiado de la ayuda de expertos rusos. Sin embargo, el modelo que Jacobo Arenas y Marulanda habían adoptado desde hacía poco era el vietnamita el cual podría ser resumido así: maniobras en plena selva, en silencio, utilizando al máximo el terreno, largas marchas, avances secretos, ataques relámpago e imprevisibles y desaparición súbita en caso de fracaso o de agotamiento. En los años 1955-1957 ellos utilizaban la “defensa de cortina” con trincheras en tierra bastante estáticas a lo largo de la línea (la cortina), en réplica al modelo del Ejército que utilizaba una especie de ofensiva “de cortina”. Ver Arturo Alape, Las vidas de Pedro Antonio Marín, Planeta Colombia, Bogotá, 1985, p. 318. <<

[412] Jacobo Arenas, Colombie, guéríllas du peuple, Editions Sociales, París, 1969, p. 37. <<

[413] Ver el testimonio del general José Joaquín Matallana, quien dirigió esas operaciones, en la obra de Olga Behar, Las guerras de la paz, Editorial Planeta, Bogotá, 1986, pp. 74 a 77. <<

[414] La leyenda de los “48 hombres que escaparon a 16.000 soldados” será una variante colombiana de la leyenda fabricada en 1945 por el Partido Comunista Francés sobre “el partido de los 75.000 fusilados”, tan apreciada por Maurice Thorez, el desertor de 1940 amnistiado tras la liberación por el general De Gaulle. <<

[415] El número de hombres bajo las órdenes de Marulanda en Marquetalia nunca fue revelado. Ellos hacían como Giap, quien construía sus ejércitos en el secreto más absoluto. <<

[416] Olga Behar, op. cit., pp. 74 a 77. <<

[417] El estado mayor francés había querido rehacer en Diên Biên Phu la operación que les había dado buenos resultados en Na-Sam en 1952, donde la infantería vietnamita sufrió duras pérdidas al atacar el bastión francés. Giap cambió la táctica en Diên Biên Phu. <<

[418] El coronel Matallana había participado con éxito en operaciones del Ejército contra las guerrillas de los Llanos Orientales y contra las bandas de derecho común del Tolima, entre 1962 y 1964. <<

[419] Algunos detalles de esa operación son tomados de las crónicas del general Matallana publicadas por los periodistas Olga Behar y Carlos Arango Z. (dos textos diferentes), y de las crónicas de Manuel Marulanda y Jaime Guaraca a Carlos Arango Z. y a Arturo Alape. <<

[420] Ver J. R. Tournoux, Secrets d’État, Éditions Pión, París, 1960, p. 39. <<

[421] Ese ataque aéreo fue muy difícil de realizar pues los aviadores sabían que en Marquetalia había familias campesinas que no habían obedecido las consignas de los jefes rebeldes de abandonar la zona antes de la llegada de las tropas del Gobierno. Según las crónicas (incluso de aquellas favorables a la guerrilla), ninguna familia fue afectada por la acción de los aviones. Éstos destruyeron únicamente las fortificaciones de los combatientes y los depósitos de armas y alimentos, pero evitando las casas. Es lo que le permite a Joselo, un jefe guerrillero, salir vivo de Marquetalia, según lo dicho por Marulanda más tarde. Ver Arturo Alape, Las vidas de Pedro Antonio Marín, Planeta Colombia, Bogotá, 1985, p. 347. <<

[422] “Últimamente ese bandido se hacía pasar por comunista, si se juzgan las frases escritas en los papeles dejados sobre los cadáveres de los soldados. Según esas frases, los asaltos y ataques contra las autoridades legítimas, contra la Fuerza Pública, eran una reacción contra la acción comunal, contra la Alianza para el Progreso, etc.”, declara el general Ruiz Novoa en una entrevista con El Tiempo, en junio de 1964. <<

[423] Álvaro Valencia Tovar, op. cit., p. 70. <<

[424] Despacho No. 602 del 3 de julio de 1964. Archivos del Quai d’Orsay. <<

[425] Jacques Thomas, encargado de negocios de Francia en Colombia, despacho No. 1202 del 28 de diciembre de 1964. Archivos del Quai d’Orsay. <<

[426] En agosto de 1948, Jean Paul Sartre fue recibido con el epíteto de “hiena dactilográfica” y “chacal armado de una pluma” por Fedaiev, un escritor estalinista, por instrucciones de Andrei Jdanov, dirigente soviético, en la tribuna del “congreso mundial de intelectuales por la paz”, reunido en Wroclaw, Polonia. <<

[427] En 1965, Gilberto Vieira afirmaba que los medios bacteriológicos habían sido lanzados “contra los guerrilleros”. En 1991, el politólogo Eduardo Pizarro afirmaba, sin pruebas, que las “armas bacteriológicas” habían sido lanzadas “contra los habitantes” de Marquetalia. Ver La Colombie à l’ heure de Marquetalia, p. 12, y Les FARC (1949-1966), por Eduardo Pizarro Leongómez, p. 188. <<

[428] Parlamentario, polemista, escritor, Gerardo Molina es autor, entre otras obras, de Las ideas liberales en Colombia y de Breviario de ideas políticas. En 1979, participa en la fundación del movimiento Firmes, un grupo de extrema izquierda. En 1982, Molina es el candidato presidencial del Frente Democrático, una coalición dirigida por el Partido Comunista. Sin lograrlo, Gerardo Molina siempre intentó hacer una síntesis entre Jean Jaurés y Karl Marx. Contribuyó a alimentar una corriente de extrema izquierda e incluso criptocomunista dentro del Partido Liberal. En 1987, Gerardo Molina criticó la perestroika de Mijail Gorbachev. “Los países donde la social-democracia ha gobernado no han construido la sociedad socialista; los países gobernados por los comunistas en Europa del Este no han construido tampoco un orden basado en la libertad”. Para Gerardo Molina, la alternativa era el “socialismo participativo”, un “socialismo de nosotros”. Ese concepto bastante confuso debía reunir ciertos ingredientes: “Modificar las estructuras económicas y sociales del país para evitar la concentración del capital, poner a disposición del pueblo los medios de comunicación, lograr la integración latinoamericana para defendernos del imperialismo [norteamericano], garantizar la supervivencia de los regímenes de izquierda que se constituyen [Cuba y Nicaragua] […] evitar la carrera armamentista”. (Citado por Orlando Fals Borda, revista Cromos, 8 de abril de 1991). Las tesis políticas de Gerardo Molina se inspiraban sobre todo en la propaganda de la ex Unión Soviética. Gerardo Molina muere en Bogotá el 29 de marzo de 1991. <<

[429] Los jefes de las FARC afirman que ese documento fue redactado en Marquetalia “ durante los combates”. Nada permite tomar en serio esa afirmación. El lugar de la reunión no es indicado en las narraciones de Vieira ni de Jacobo Arenas. Las fuentes comunistas sugieren vagamente que esa reunión fue realizada en Riochiquito (Cauca). Sin embargo, fue en el pueblo de Colombia, en la región del Guayabero, donde las cosas ocurrieron pues Marulanda había encontrado refugio en esa región y no en Riochiquito. <<

[430] El general Valencia Tovar estima que “la falta de persistencia en ese esfuerzo que caracteriza al Estado colombiano, ha resultado fatal en la pacificación del país”, op. cit., p. 71. <<

[431] Eduardo Pizarro, op. cit., p. 197. <<

[432] Eric Hobsbawn, Rebeldes y primitivos, Editorial Ariel, Bogotá, 1968, p. 264. <<

[433] A comienzos de agosto de 1965, Efraín González, guerrillero conservador, es abatido por el Ejército en un barrio del sur de Bogotá, tras un sitio de cinco horas. <<

[434] Jacques Thomas, encargado de negocios de la Embajada de Francia en Colombia, despacho No. 1086 del 24 de noviembre de 1964. Archivos del Quai d’Orsay. <<

[435] Lucien Bodard, La guerre d’Indochine, Editions Gallimard, París, 1965, p. 282. <<

[436] Las cifras de las víctimas de la violencia entre 1957 y 1964 son: 1957: 3.600 personas; 1958: 5.342; 1959: 3.243; 1960: 2.621; 1961: 2.838; 1962: 2.909; 1963: 1.984; 1964 (hasta el 1 de septiembre) 727. Para un total de 23.624 víctimas. Las Fuerzas Armadas habían eliminado durante 1964 a 436 bandidos peligrosos, entre ellos los famosos Desquite, Sangrenegra y Tarzán. También capturaron a 233 individuos. Las fuerzas del orden deploraron la pérdida, durante esas operaciones, de 60 civiles, de los cuales 25 eran voluntarios. Bertrand de la Sablière, despacho No. 787 del 1 de septiembre de 1964. Archivos del Quay d’Orsay. <<

[437] Bertrand de la Sablière, despacho del 2 de septiembre de 1963. Ver también Juan F. Benemelis, op. cit., p. 43. <<

[438] Despacho No. 392 del 27 de abril de 1965. <<

[439] El comunismo no es una opinión, es una praxis, una acción al servicio de un objetivo. Karl Marx hablaba de transformar el medio y la actividad humana, y el hombre mismo, mediante la “praxis revolucionaria” (versus Tesis sobre Feuerbach). <<

[440] Revista Cromos, 23 de noviembre de 1992. <<

[441] En esa época, un ex guerrillero del M-19, Antonio Navarro Wolf, hacía parte del gabinete ministerial del presidente César Gaviria. <<

[442] Estas apreciaciones fueron expresadas por el general Rubiano Groot, secretario general del Ministerio de Guerra, en conversación con Jacques Thomas, encargado de negocios de la embajada de Francia en Colombia. Despacho No. 433 del 7 de mayo de 1965. Archivos del Quai d’Orsay. <<

[443] Ibíd. <<

[444] Bertrand de la Sablière, embajador de Francia en Colombia, despacho No. 764 del 10 de agosto de 1965. Archivos del Quai d’Orsay. <<

[445] Guillermo León Valencia decía ser “el presidente de los pobres”. Durante su mandato fue adoptado el sistema de las “drogas genéricas” destinado a facilitar la venta de los medicamentos más comunes a precios bajos (hasta 60% menos del valor comercial), lo que le valió a Valencia críticas de algunas firmas industriales. En vivienda, durante su mandato se construyeron 60.000 casas, por el Instituto de Crédito Territorial. La educación nacional llegó a obtener el 20% del presupuesto nacional. <<

[446] La sola rama salud de ese plan realizó 239.000 consultas médicas y veterinarias y 77.000 dentales en 1964. Satena cubrió 9.520 kilómetros de rutas aéreas y transportó, en 1964, 45.000 personas y 2.900 toneladas de carga. Bertrand de la Sablière, despacho No. 717 del 6 de agosto de 1965. <<

[447] Robert Valeur, embajador de Francia en Colombia, despacho No. 1204 del 17 de diciembre de 1965. Archivos del Quai d’Orsay. <<

[448] Le Monde, 9, 12, 19, 21 y 24 de octubre de 1965. <<

[449] Prensa Latina, 28 de mayo de 1966. “El conjunto del movimiento guerrillero obedece a un comando unificado puesto bajo la dirección de un miembro del comité central del PC, el camarada Manuel Marulanda Vélez”, declara Gilberto Vieira a L’Humanité (3 de junio de 1966). <<

[450] Según Jacobo Arenas en Colombie, guérillas du peuple, libro que incluye un prefacio del militante comunista francés Henri Rol-Tanguy, Éditions Sociales, París, 1969, pp. 20 y 23. <<

[451] Esos decretos llevan los números 2686, 2687 y 2688. <<

[452] Reuters y Associated Press, 5 de agosto de 1966. <<

[453] Le Monde y AFP, 9 de agosto de 1966. <<

[454] Le Monde y AFP, 9 de agosto de 1966. <<

[455] Citado por Robert Valeur, embajador de Francia en Colombia, despacho No. 853 del 27 de agosto de 1966. Archivos del Quai d’Orsay. <<

[456] El Tiempo, 27 de agosto de 1966. <<

[457] Robert Valeur, despacho No. 853 del 27 de agosto de 1966. Archivos del Quai d’Orsay. <<

[458] Yearbook on International Communist Affairs, 1968, p. 125. <<

[459] Carlos Lleras Restrepo, 58 años, abogado de formación, era un político experimentado y un brillante economista. Había sido elegido miembro de la Cámara de Representantes a los 25 años y varias veces ministro de Hacienda. Es uno de los autores del Pacto Internacional del Café. <<

[460] Al comienzo de su mandato, Carlos Lleras Restrepo suspende una orden de expulsión del país lanzada contra Stefan Popov, representante comercial búlgaro, acusado de actividades subversivas por el ministro de Defensa. <<

[461] Carlos Lleras Restrepo obtendrá finalmente el 70% de los votos, es decir 1.750.000 votos contra 720.000 obtenidos por su rival Jaramillo Giraldo, de la Anapo. Pero Lleras no obtendrá el caudal de votos de su antecesor, Guillermo León Valencia: cerca de 2.500.000 votos. <<

[462] Ver el documento intitulado The New Colombian Administration of President Lleras, firmado por Thomas L. Hughes, especialista del Departamento de Estado, RAR-39, 3 de noviembre de 1966. <<

Capítulo 5

[463] Ese “frente común” será dirigido por Vittorio Codovilla, del PC argentino, por el mexicano Vicente Lombardo Toledano, de la Confederación de Trabajadores de América Latina (CTAL), por el comunista guatemalteco Manuel Fortuny y por el comunista brasileño Luis Carlos Prestes. <<

[464] Treinta años de lucha del Partido Comunista de Colombia, Ediciones Los Comuneros, Bogotá, p.  127. <<

[465] El Informe Khrushchev es, quizás, como dijera Bertram D. Wolfe, “el más importante documento jamás producido en el movimiento comunista […]. Es el requisitorio más revelador contra el comunismo jamás hecho por un comunista, la crítica más abrumadora del sistema soviético jamás hecho por un dirigente soviético”. Ver Kruschev and Stalin’s Ghost, Nueva York, 1957, p. 67. Ver también Branko Lazitch, Le Rapport Khrouchtchev et son histoire, Editions du Seuil, París, 1976, p. 33. <<

[466] Branko Lazitch, op. cit., p. 25. <<

[467] Treinta años de lucha del Partido Comunista de Colombia, p. 129. <<

[468] De hecho, el baluarte de Viotá había sido instalado desde 1928. Varías generaciones de cuadros del PCC harán allí sus trabajos prácticos. La colaboración del PCC con los liberales, especialmente entre 1930 y 1944, explica la estabilidad de la confiscación comunista de ese paraje a la vez alejado y próximo de Bogotá. Ver la nota de información No. 5486 del 11 de agosto de 1970 del capitán de navío Tallot, jefe p. i. del Centro de Explotación de Inteligencia. Archivos del Quai d’Orsay, expediente No. 51. <<

[469] Nicolas Werth, Histoire de l’Union Soviétique, PUF-Thémis, París, 1990, p. 441. <<

[470] W. O. Galbraith, op. cit., p. 166. <<

[471] Mario Arrubla, Estudios sobre el subdesarrollo colombiano, Editorial La Oveja Negra, Medellin (sin fecha). <<

[472] Revista Les Informations Politiques et Sociales, París, 10 de octubre de 1966. <<

[473] Bertrand de la Sablière, despacho No. 346 del 6 de abril de 1965. Archivos del Quai d’Orsay, París. <<

[474] Según La Voz de México, del 16 de febrero de 1966, esa reunión ocurre en Bogotá. Pero el órgano de los comunistas chilenos, El Siglo (del 22 de febrero), inventa la leyenda de un congreso reunido “en la selva y en la clandestinidad” pues era difícil explicar a sus lectores que las autoridades habían permitido esa concentración de subversivos en Bogotá, donde fueron lanzados llamados a cometer actos violentos. Casi todos los antiguos dirigentes fueron reelegidos: Gilberto Vieira, Álvaro Vásquez, Manlio Lafont, Jesús Villegas, Luis Morantes, Manuel Cepeda, Joaquín Moreno, Hernando Hurtado, José Cardona Hoyos, Alberto López y Víctor J. Merchán. Los dos últimos eran nuevos en el buró político. <<

[475] Voz Proletaria, 24 de febrero de 1966. <<

[476] La Palabra del Pueblo, abril de 1966. <<

[477] En 1936, Diego Montaña Cuéllar adhiere a la UNIR y es elegido representante a la Cámara. En 1938, es nombrado cónsul en Santiago de Chile. Su participación en las actividades de los grupos marxistas chilenos se termina con una protesta del gobierno del presidente Arturo Alessandri. De regreso a Colombia, Diego Montaña Cuéllar declara su adhesión al PCC (llamado en ese momento Partido Socialista Demócrata). Pero es excluido por su “desviación” gaitanista. De regreso al PCC, Montaña Cuéllar es enviado, en 1944, por el dirigente comunista Rafael Godoy, al puerto de Barrancabermeja donde la Tropical Oil Company poseía importantes instalaciones. Su misión es dirigir la célula comunista de la USO, el principal sindicato del sector petrolero, un bastión de la izquierda revolucionaria, en conexión incluso con las guerrillas que asolaban la región. Diego Montaña Cuéllar trabajará con la USO hasta 1970. <<

[478] En noviembre de 1970 la prensa colombiana hablará de nuevo de Óscar Reyes. Un guerrillero muerto en la región del Ariari fue identificado (erróneamente) como Manuel Marulanda Vélez. Se habló entonces de Óscar Reyes como su sucesor a la cabeza de las FARC. <<

[479] En ese momento los miembros oficiales del comité ejecutivo del PCC eran Gilberto Vieira, Álvaro Vásquez, Jesús Villegas, Joaquín Moreno, Hernando Hurtado, Manuel Cepeda, Manlio Lafont, Luis Morantes (alias Jacobo Arenas), Diego Montaña Cuéllar, José Cardona Hoyos, Victor J. Merchán y César Martínez. El comité central estaba compuesto de 45 miembros permanentes y 10 suplentes. En cuanto a la juco estaba dirigida por Carlos Romero, su secretario general, y Gilma Valencia, Avelino Castro y Miller Chacón. Ver Voz Proletaria, 20 de octubre de 1966. <<

[480] Yearbook on International Communist Affairs, 1968, p. 128. <<

[481] Voz Proletaria, 10 de agosto de 1967. <<

[482] 4Voz Proletaria, 13 y 20 de julio de 1967. <<

[483] Morning Star, Londres, 10 de agosto de 1967. <<

[484] Ievgeni Evtouchenko había publicado en octubre de 1962 un poema antiestalinista intitulado Los herederos de Stalin. Ese hecho será ocultado por los organizadores del acto en Bogotá. <<

[485] Jorge Zalamea murió en Bogotá el 10 de mayo de 1969. Durante años fue un alto funcionario del Estado: agregado comercial en Madrid (1932-1933); vicecónsul en Londres (1933-1935); secretario general de la Presidencia de la República (1937-1938); diputado (1938-1940); embajador en México (1947). Había sido nombrado también secretario del Ministerio de Educación Nacional y ministro por interim. Tras su muerte, y a pesar de sus preferencias políticas comunizantes, el Gobierno le rendirá un homenaje oficial bajo la forma de un “decreto de honores”. En 1968, Zalamea había recibido, de manos de un funcionario soviético, el señor Cholokov, en presencia del presidente de la República de Colombia, el Premio Lenin de la Paz. <<

[486] Ricardo Sánchez, op. cit., p. 180. <<

[487] Después de su expulsión del PCC, Diego Montaña Cuéllar participa en la fundación del grupo MOIR en 1968, donde los maoístas son minoría. Abandona rápidamente ese grupo para ir a militar fugazmente en el movimiento Firmes. Diego Montaña Cuéllar fue miembro del “movimiento por la paz” y participó en la conferencia “de la paz” de Montevideo. En octubre de 1952, en compañía de Jorge Zalamea, Jorge Gaitán Durán y otros intelectuales colombianos, asistió a la conferencia internacional organizada en Pekín por el PC chino. En los años de 1960, trabaja con el sacerdote Camilo Torres en la redacción de la publicación Frente Unido. Ejerciendo la profesión de abogado desde 1970, regresó a la vida política en 1987, luego del asesinato del candidato comunista Jaime Pardo Leal. Tras el asesinato de Bernardo Jaramillo, jefe de la Unión Patriótica, es nombrado presidente de la UP. Pero ésta se divide y una fracción, en la que militaba Montaña Cuéllar se une al M-19. La nueva organización se llamará Alianza Democrática. Montaña Cuéllar colabora con el grupo de su amigo Gerardo Molina y con la AD hasta su muerte el 27 de abril de 1991. Montaña Cuéllar es el autor de varios libros, entre los cuales se destacan Teoría general del Derecho (1948), Por los caminos de la paz. De Pekín a Viena (1953), Colombia, país formal y país real (1973) y Patriotismo burgués, nacionalismo petrolero (1976). <<

[488] Le Monde, 21-22 de enero de 1968. <<

[489] Un año después de haber llegado al solio de Bolívar, Carlos Lleras Restrepo había ya reanudado relaciones económicas y políticas con los países de Europa del Este. Había firmado acuerdos con Polonia, Yugoslavia y Bulgaria, a las que se agregaban las relaciones establecidas con Alemania Oriental y Checoslovaquia. Con la URSS un acuerdo comercial y de pagos es firmado el 25 de abril de 1967 que preveía el intercambio de misiones comerciales bilaterales y el trueque de café contra manufacturas soviéticas. <<

[490] Belous fue acusado de haber patrocinado huelgas y manifestaciones callejeras en las que hubo muertos. Entre 1961 y 1965 permanece en Cuba en calidad de asesor especial de Fidel Castro y de instructor de una escuela de guerrillas en La Habana. Revista Este & Oeste, París, No. 18, mayo de 1968. <<

[491] Ver El Siglo del 22, 23, 25, 26 y 29 de marzo de 1968; La República del 23 y 28 de marzo de 1968; El Tiempo del 24 y 27 de marzo de 1968; El Espectador del 27 de marzo de 1968. <<

[492] El primer globo de ensayo respecto de una hipotética reanudación de relaciones diplomáticas con los rusos es lanzado en 1958 mediante un sondeo de opinión. Después, ciertos individuos se dedican al comercio con los “países socialistas”. El balance es magro: sólo tres millones y medio de dólares en 1966. Al año siguiente, Bogotá firma en Moscú un acuerdo comercial que prevé el suministro de café colombiano a cambio de máquinas y equipos industriales soviéticos. Le Monde, 20 de enero de 1968. <<

[493] Revista Este ＆Oeste, París, No. 18, mayo de 1968. <<

[494] Bernardo Ferreira Grandet era un importante cuadro comunista. Había sido director de estudios de la Universidad Patricio Lumumba de Moscú. Le Monde, 6 de agosto de 1968. <<

[495] Le Monde, 8 de octubre de 1968. <<

[496] François Lavasseur, embajador de Francia en Colombia, despacho No. 645 del 8 de mayo de 1969. Archivos del Quai d’Orsay. <<

[497] Anne de Tinguy, Les relations soviéto-américaines , PUF, París, 1987, p. 93. <<

[498] François Lavasseur, despacho No. 645 del 8 de mayo de 1969. Archivos del Quai d’Orsay, París. <<

[499] Agencia Tass, 25 de abril de 1969. <<

[500] En 1968, 55 personas fueron secuestradas. Cincuenta y dos policías perdieron la vida en acciones contra las guerrillas. <<

[501] Ver el excelente libro de John Barron, KGB, The Reader’s Digest Association inc., p. 269. Y del mismo autor, Etiquete sur le KGB, Editions Fayard, París, 1984. <<

[502] El teniente coronel Noël Jacques, agregado de la Fuerza Aérea de la embajada de Francia en Colombia, carpeta de envío No. 75/afa del 5 de marzo de 1970. Archivos del Quai d’Orsay, París. <<

[503] Ibíd. <<

[504] Ibíd. <<

[505] Le Monde, 13 de marzo de 1971. <<

[506] En octubre de 1970, el marxista Salvador Allende fue elegido por el Congreso chileno (integrado por 150 diputados y 50 senadores), pues ninguno de los tres candidatos a la sucesión de Eduardo Frei había obtenido la mayoría absoluta. Allende no fue jamás elegido directamente por el pueblo. Él no había obtenido sino un 36 % de los votos. Su rival, el conservador Jorge Alessandri, había obtenido casi lo mismo. Nunca hubo una segunda vuelta en la elección presidencial. En 1964, Eduardo Frei había sido elegido por el 55,6% de los electores. <<

[507] L’Humanité, 14 de diciembre de 1971. <<

[508] El guerrillero muerto era Ciro Trujillo Castaño, de las FARC. Había sido ultimado durante un choque con el Ejército en Aquitania (Boyacá), el 7 de octubre de 1968. Había comenzado su carrera criminal en 1962, en la región del Quindío, en compañía de Tirofijo. <<

[509] No confundirlo con Ivan Ivanovich Andreiev, corresponsal de Isvestia y de Radio Moscú, expulsado del Brasil en abril de 1966 por espionaje. Conocido también bajo el nombre de Vitaly Kobish, era ducho en misiones especiales. Según la revista francesa Este ＆Oeste, julio de 1966, estaba vinculado a varios asesinatos políticos y al secuestro de dos sabios nucleares en Europa durante los años 1959-1960. Kobish trabajó como “periodista” en Brasilen 1962. En 1963, pasó a Chile como “comerciante importador”. En octubre de 1963, entró a Colombia con un pasaporte falso que lo acreditaba como “periodista chileno”. En Bogotá entró en contacto con miembros del PCC y después abandonó el país. <<

[510] Entre 1982 y 1984 la ola de secuestros políticos y crapulosos en Colombia superó la de Italia, el país más afectado en el mundo por ese fenómeno hasta ese momento. El secuestro más atroz será cometido en Bogotá contra la persona de Gloria Lara de Echeverri, 44 años, el 23 de junio de 1982. Gloria Lara era una activista social muy respetada. Al momento de ser secuestrada era directora de la Oficina de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno. Sus raptores, una misteriosa organización izquierdista autodenominada ORP, la dejaron morir a fuego lento durante largos meses de malos tratamientos, violaciones y hambre, para asesinarla finalmente de un balazo en la nuca, antes de tirarla a la entrada de una iglesia, el 28 de noviembre de 1982. Los 16 autores de ese crimen son descubiertos. Detenidos, confesaron su crimen pero después fueron dejados en libertad por un error de procedimiento. Huyeron del país y fueron , acogidos como refugiados políticos en varios países de Europa. Todos ellos recibieron protección y ayuda económica de algunas ONG defensoras de los derechos humanos. Ellos siguen en libertad. Ver el artículo publicado en la página web de Radio Cadena Nacional (RCN), el 4 de abril de 2006, y el libro La flor de la esperanza, de Luz María Echeverri Lara, Bogotá, 2006). <<

[511] Bertrand de la Sablière, embajador de Colombia en Francia, despacho del5 de diciembre de 1962. Archivos del Quai d’Orsay, París. <<

[512] Iván López Botero, Huellas de rebeldía, Publicaciones de la Universidad del Quindío, 1993, páginas 167-169. <<

[513] Revista Cromos, 24 de octubre de 1966, p. 29. <<

[514] Flor Romero, López polémico y polemista, Intermedio Editores, Bogotá, 1989, p. 135. <<

[515] Fuente privada del autor. <<

[516] El Espectador, 4 de octubre de 1981. <<

[517] América Latina Informe Político, 16 de octubre de 1981. <<

[518] AFP, 20 de enero de 1968; Le Monde, 21-22 de enero de 1968. <<

[519] El Tiempo, 19 de julio de 1972. Hecho misterioso y no realmente elucidado: el 17 de julio de 1972, Jell Haggloef, primer secretario de la embajada de Suecia en Colombia, es asesinado en su vehículo en pleno centro de Bogotá. La Policía captura a tres agresores pero no logra establecer sus verdaderos móviles. <<

[520] Valentina Mantiovkova y Valentina Khourbatova eran también empleadas de la embajada rusa en Bogotá. Ellas y sus esposos parten en compañía de otras cuatro personas, aparentemente miembros de sus familias. <<

[521] El Siglo, 4 de agosto de 1972. <<

[522] El Tiempo, 5 de agosto de 1972. <<

[523] El Espectador, 4 de agosto de 1972. <<

[524] Ibíd., 5 de agosto de 1972. <<

[525] El Siglo, 6 de agosto de 1972. <<

[526] El Espectador, 4 de agosto de 1972. <<

[527] Les informations politiques et sociales, París, 10 de noviembre de 1972 y L’Humanité, 13 de noviembre de 1972. <<

[528] Le Monde, 12 de abril de 1973. <<

[529] Salomón Kalmanovitz, Economía y nación, una breve historia de Colombia, Tercer Mundo Editores, Bogotá, 1988, p. 456. <<

[530] Citado por Pierre Gilhodes, en su artículo sobre la modernización de la agricultura de Colombia, en la revista Problèmes d’Amérique Latine, París, 9 de diciembre de 1974, p. 76. <<

[531] Alberto Rojas Puyo, L’Humanité, 30 de mayo de 1973.1 <<

[532] En agosto de 1972, Gabriel García Márquez había cedido al Movimiento al Socialismo (MAS) venezolano el dinero del Premio Rómulo Gallegos ganado por él. La revista soviética Literatournaya Gazeta (25 de agosto) acusa al escritor colombiano de hacerle el juego a los “reaccionarios” y aportar “su participación a la propaganda antisoviética”. Para Moscú, el MAS era “un pequeño grupo de renegados trotskistas”. <<

[533] Flor Romero, op. cit., p. 114. <<

[534] En declaraciones al autor, el general Valencia Tovar dijo: “En mi caso personal hay hechos que permiten concluir que el presidente López Michelsen tuvo interés especial en poner a salvo al ELN arrinconado con sus últimos combatientes en la Cordillera de San Lucas. El ala más radical del MRL tuvo una comprobada alianza con el ELN en Santander cuando yo comandaba la Quinta Brigada. En una operación cumplida en el sector oriental de la Serranía de Lebrija se evidenció que el grupo armado que asesinó al teniente Robledo Prada en el corregimiento de Marta había obtenido refugio en la finca del senador del MRL Ciro Ríos Nieto, detenido e investigado por esta razón, lo que produjo no pocos dolores de cabeza al comandante de la Brigada”. Para ver otros detalles de lo ocurrido en La Esperanza, según el general Valencia Tovar, leer Inseguridad y violencia en Colombia, pp. 103-106 y Testimonio de una época, Editorial Planeta, Bogotá, pp. 559-566. <<

[535] Alfonso López Michelsen, artículo en Lecturas Dominicales de El Espectador, 22 de julio de 1990. <<

[536] Le Monde, 17 de mayo de 1966. <<

[537] José Fort, L’Humanité, 11 de diciembre de 1975. <<

[538] Carlos Mora y Margarita Peña, Historia socioeconómica de Colombia, Editorial Norma, Bogotá, 1997, p. 256. <<

[539] Le Monde, 21 de abril de 1976. <<

[540] Nouvelle Revue Internationale, agosto de 1976, artículo de Teodosio Varela. <<

[541] El Tiempo, 3 de mayo de 1976. <<

[542] AFP, Bogotá, 12 de noviembre de 1976. <<

[543] El Siglo, Bogotá, 31 de agosto de 1977. <<

[544] En 1977, el número de afiliados o adherentes a las centrales obreras era así: UTC: 300.000; CTC: 70.000; CGT: 30.000; CSTC: 400.000. Esas cifras, dadas por el periódico La Croix (4 de enero de 1978) son muy favorables a la CSTC. Esta central tenía, en realidad, menos de 200.000 afiliados en esa época. <<

[545] Revista Alternativa, Bogotá, 17 de octubre de 1977. <<

[546] Agencia Latinoamericana de Información. Boletín No. 29 del 13 de octubre de 1977. <<

[547] Le Monde, 27 de octubre de 1977. <<

[548] L’Humanité, 18 de octubre de 1977. <<

[549] Le Monde, 21 de noviembre de 1977. <<

[550] Le Fígaro, 28 de diciembre de 1977. <<

[551] El presidente Guillermo León Valencia (1962-1966) destituye a su ministro de Guerra, el general Alberto Ruiz Novoa, luego del desmantelamiento de los enclaves militares comunistas. <<

[552] Le Monde, 22 de enero de 1978. <<

[553] Le Monde, 25 de febrero de 1978. <<

[554] France Nouvelle, 17 de abril de 1978. <<

[555] El Siglo, Bogotá, 7 de agosto de 1978. <<

[556] El PCC había declarado que la campaña de Socorro Ramírez era “muy nociva”. Bulletin International, 6 de abril de 1978. <<

[557] Voz Proletaria, 22 de junio de 1978. <<

[558] El Tiempo, 15 de agosto de 1978. <<

[559] Le Monde, 16 de agosto de 1978. <<

[560] Libération, 24 de octubre de 1978. <<

[561] The Times, 29 de agosto de 1978. <<

[562] France Nouvelle, 30 de octubre de 1978. <<

[563] El derecho de respuesta de la embajada de Colombia en Francia, firmado por la encargada de negocios, Yolanda Pulecio, es publicado el 4 de diciembre de 1978. Ella desmiente cada una de las afirmaciones de Solano. “Tal afirmación es a la vez una injuria y una calumnia pues no puede apoyarse sobre ningún hecho, ningún antecedente, ni ninguna prueba. La prensa norteamericana a la que se refiere Solano no ha hecho, en realidad, sino una alusión a un programa de televisión el cual fue inmediata y rigurosamente desmentido por el embajador de los Estados Unidos en Colombia. […] El Gobierno colombiano actual tomó medidas enérgicas para combatir el tráfico de drogas pues ese problema ocupa un lugar preponderante en su programa”. <<

[564] Mario Brulzi, Politique Hebdo, 25 de septiembre de 1977. <<

[565] Vera Grabe, Razones de vida, Planeta Colombiana Editorial, Bogotá, 2002, p. 92. <<

[566] Iván López Botero, op. cit., pp. 95-101. <<

[567] Entrevista con el autor. <<

[568] Iván López Botero, abogado de su hija, exige al Estado colombiano, en enero de 1982 reparación por los perjuicios sufridos. Ganará el pleito en julio de 1985, por decisión del Consejo de Estado. El Estado fue condenado a pagar mil gramos de oro (22 millones de pesos) a Olga y a su hija Olga Helena. <<

[569] Fuente privada del autor. <<

[570] Vera Grabe, op. cit., p. 101. <<

[571] L’Humanité, 28 de marzo de 1979. <<

[572] La Croix, 5 de abril de 1979. <<

[573] Entrevista con el autor. Libardo González negó haber sido torturado. Salvo por un detalle: dijo haber sido obligado a permanecer de pie durante las largas horas de su detención. <<

[574] Voz Proletaria, 10 de mayo de 1979. <<

[575] El presidente Turbay alude visiblemente al caso de Olga López quien había sido enviada al Hospital Militar de Bogotá después de haber intentado cortarse las venas de una mano. <<

[576] Le Monde, 12 de junio de 1979. <<

[577] Veinticinco años después, ciertos ex militantes del M-19 intentaron servir esas mismas supercherías. El 27 de octubre de 2004, el diputado Gustavo Petro, del Polo Democrático, afirmó durante un debate en la Cámara de Representantes, que “30.000 personas fueron detenidas y torturadas” durante el gobierno del presidente Turbay Ayala. Como Petro no logra explicar cómo tal fenómeno de torturas masivas no generó una cascada de procesos, saca una teoría sorprendente: según él, hubo efectivamente “1.200 expedientes” por tortura contra el ex ministro de Defensa pero esos expedientes habían sido “quemados” durante la toma del Palacio de Justicia de Bogotá, en noviembre de 1985. En otras palabras, si se comprende bien, el mismo M-19 habría contribuido a la desaparición de esos expedientes y a echar un manto de impunidad sobre esos crímenes! <<

[578] Le Canard Enchaîné, 13 de junio de 1979. <<

[579] Esos párrafos difamatorios incurrían en lo previsto por el artículo 36 de la ley del 29 de julio de 1881 (difamación respecto de un jefe de Estado extranjero). El presidente colombiano habría podido entablar una demanda ante el ministerio francés de Relaciones Exteriores que habría solicitado la intervención del ministro de Justicia. Pero esa diligencia nunca fue hecha. <<

[580] Le Monde, 19 de junio de 1979. <<

[581] Voz Proletaria, 12-18 de julio de 1979. <<

[582] Julio Silva Colmenares, NRI, noviembre de 1980. <<

[583] L’Aurore, 27 de julio de 1979. <<

[584] Es Consuelo Araújo Noguera (El Espectador, 17 de septiembre de 1979) quien será asesinada en 2001 por un comando de las FARC. <<

[585] El Espectador, 17 de septiembre de 1979. <<

[586] Libération, 22 de noviembre de 1979. <<

[587] Le Monde, 28 de agosto de 1980. <<

[588] Jean Laille, Revolution, 26 de septiembre de 1980. <<

[589] Eduardo Umaña Luna, ¿Hacia la paz?, Ediciones CSPP, Bogotá, 1985, p. 83. <<

[590] Ibíd., p. 103. <<

[591] Ibíd., p. 84. <<

[592] Ibíd., p. 76. <<

[593] Ibíd. <<

[594] Revolution, 26 de septiembre de 1980. <<

[595] El Tiempo, 13 y 14 de noviembre de 1980. Ver también el boletín No. 57 distribuido en esos días por el M-19. <<

[596] Ricardo Sánchez, Historia política de la clase obrera en Colombia, p. 223. <<

[597] Las cifras son de Ricardo Sánchez, ibid., p. 221. <<

[598] Ver el artículo intitulado “Rotundo fracaso del paro cívico”, El Tiempo, 22 de octubre de 1981. <<

[599] Ricardo Sánchez, op. cit., p. 226. <<

[600] Ricardo Santamaría Salamanca, “Los procesos de paz”, en Fortalezas de Colombia, de Fernando Cepeda Ulloa, Editorial Planeta Colombiana, Bogotá, 2004, p. 466. <<

[601] Jacobo Arenas, Vicisitudes del proceso de paz, Editorial La Abeja Negra, 1990, p. 21. <<

[602] Laura Restrepo, Historia de una traición, Ediciones Plaza y Janes, Bogotá, 1986, p. 123. <<

[603] Revista Cambio 16, 1 de abril de 1985. <<

[604] Según el punto 7 del acuerdo del 2 de marzo de 1986. Ver Jacobo Arenas, op. cit., p. 38. <<

[605] Noticiero de Radio Súper, Bogotá, 5 de mayo de 1985. <<

[606] Braulio Herrera creía en la radiestesia. No tomaba ninguna decisión sin consultar un péndulo. Un día, después de haberse reintegrado a las FARC, decide que los paramilitares han infiltrado su unidad. Asesinará a decenas de sus propios hombres, acusados por un péndulo de ser “traidores”. Una parte de sus guerrilleros logra huir. Las FARC pierden la región que estaba bajo las órdenes de Herrera. Los jefes de éste lo juzgan lo condenan a exiliarse en la URSS. <<

[607] Informe Latinoamericano, 14 de mayo de 1985. <<

[608] Libération, 15 de mayo de 1985. <<

[609] Ibíd., 31 de mayo de 1985. <<

[610] A Luchar aparece en 1984. Su primer congreso es en junio de 1986, en Bogotá. Su base militante está integrada por ex castristas, ex maoístas y trotskistas. En julio de 1988, su segundo congreso reúne a 450 delegados. Una escisión estalla: el Partido Socialista de los Trabajadores (PST-trotskista tendencia Nahuel Moreno), abandona la organización. Entre tanto, el Partido Socialista Revolucionario (trotskista, sección colombiana de la IV Internacional) se autodisuelve para participar en la construcción de A Luchar. Así como la UP, A Luchar no participa en la elección presidencial de 1990. Un diario liberal presenta entonces A Luchar como la “vitrina legal” del ELN. A finales de marzo de 1990, el abogado Daniel Libreros es detenido en Cali. Es liberado cuatro días más tarde. Otro militante, Alirio de Jesús Pedraza, secuestrado el 4 de julio de 1990 en Bogotá, desaparece. La represión más mortífera contra esa organización es perpetrada en abril de 1992: 15 de sus activistas son asesinados en Cali. <<

[611] Carlos Efrén Agudelo, “Legons d’une expérience politique”, Revista Pluralis, París, No. 6, junio-septiembre de 1993, p. 57. <<

[612] Ibid., p. 59. <<

[613] Ver Tribuna Roja, septiembre de 1973 y 10 de mayo de 1975 así como “MOIR Unida; y Combate”, Tribuna Roja, 1976. <<

[614] Carlos Efrén Agudelo, Ibid., p. 62. <<

[615] Alain Delpirou y Eduardo Mackenzie, Les cartels criminels, Presses Universitaires de France, París, 2001, p. 208. <<

[616] El Siglo, 7 de noviembre de 1987. <<

[617] NRI, julio de 1988. <<

[618] María Jimena Duzán, en su libro Crónicas que matan (Tercer Mundo Editores, Bogotá, 1992, p. 304), explica que tras la muerte de Gonzalo Rodríguez Gacha, jefe militar de cartel de Medellin, abatido por la Policía en diciembre de 1989, Bernardo Jaramillo estimó que los paramilitares del Magdalena Medio (quienes habían lanzado amenaza de muerte contra el candidato de la UP) iban a “calmarse” y a olvidarlo. Error. El jefe de los paramilitares, AUC, Carlos Castaño, fue quien dio la orden de liquidar a Bernardo Jaramillo. Castaño confesó ese crimen en un libro publicado en diciembre de 2001. <<

[619] L’Humanité, 24 de marzo de 1990. <<

[620] Carlos Efrén Agudelo dice: “De vez en cuando, la dirección de la UP, creyendo tener un espíritu independiente, tomaba decisiones, poco después revocadas por el PCC sin la menor vergüenza, alegando tener una mayor capacidad de reflexión y de análisis”, op. cit., p. 62. <<

[621] Según los cálculos de Este a Oeste, París, febrero de 1992. La revista Este a Oeste fue fundada por el sovietólogo francés Georges Albertini, bajo el título de Bulletin d’Études et d’Informations Politiques Internationales. Por consejo del historiador Boris Souvarine, el BEIPI adoptó el nombre de Este a Oeste y llegó a convertirse en una de las principales tribunas de la sovietología occidental. Tras la muerte de Souvarine, la revista fue dirigida por Branko Lazitch. <<

[622] Luis Edgar Devia Silva, alias Raúl Reyes, es el número dos de las FARC; En calidad de miembro de las juventudes comunistas es enviado a la RDA en 1970 para recibir, durante más de un año, una formación especial de marxismo-leninismo, lucha armada y espionaje. Tras su regreso entra al PCC. Infiltra el sindicato de Cicolac, filial colombiana de Nestlé. En 1978, se hace elegir miembro del concejo municipal de Florencia, capital del departamento del Caquetá. Enviado por el PCC a las FARC para vigilar a su dirección, Reyes se convierte en buen organizador de guerrillas. Será el arquitecto del “bloque sur” de las FARC. Es miembro del comité central del PCC desde el XIII congreso. <<

[623] Revista Cromos, Bogotá, 19 de agosto de 1991, p. 19. <<

[624] A comienzos de 1990, el PCC recibió 400.000 dólares de ayuda financiera del partido comunista de la URSS. Como es habitual en tales transferencias ilegales de fondos, esa operación fue realizada por la KGB. De hecho, el Partido Comunista Colombiano hacía parte de los 60 partidos y organizaciones extranjeras que el comité central del PCUS financió en 1990, según la resolución adoptada por el Politburó el 10 de enero de 1990 por un total de 12.815.000 dólares. Ver Michael Voslensky, Les nouveaux secrets de la Nomenklatura, Editions Pión, París, 1995, p. 126. <<

[625] Revista Semana, 30 de abril de 2001. <<

[626] Un ejemplo: el artículo intitulado “Un plan sistemático de asesinatos políticos”, en la revista France Amérique Magazine, París, diciembre de 1987. <<

[627] En los nueve primeros meses de 1995, las FARC asesinaron a 115 ex militantes desmovilizados del EPL, revista Cambio 16 Colombia, 11 de septiembre de 1995. <<

[628] Según esa Convención, “Por genocidio se entiende todo acto cometido con la intención de destruir totalmente o en parte un grupo nacional étnico, racial, religioso como tal: a asesinatos de miembros del grupo; b) atentado grave contra la integridad física o mental de los miembros de ese grupo; c) sometimiento intencional de ese grupo a condiciones de existencia que conllevan su destrucción física total o parcial; d) medidas destinadas a obstaculizar los nacimientos en el seno de ese grupo; e) transferencia forzada de niños del grupo a otro grupo”. <<

[629] Ver el artículo de propaganda de Le Monde Diplomatique, mayo de 2005. <<

[630] Ibid. <<

[631] El análisis de Eduardo Pizarro se encuentra en la obra de Francisco Leal Buitrago y León Zamosc, editores de Al filo del caos, Crisis política en la Colombia de los años 80, Tercer Mundo Editores, Bogotá, 1990, p. 438. <<

[632] Declaraciones recogidas por Antoine Acquaviva, para L’Humanité, 3 de junio de 1966. <<

[633] El Tiempo, 4 de febrero de 2002. <<

Capítulo 6

[634] El libro que reúne esos discursos se intitula Questions du léninisme. Ver Joseph Stalin, Textes, Editiones Sociales, París, 1983, p. 148. <<

[635] Vladimir I. Lenin, Obras completas, Editorial Cartago, México, tomo 22, p. 374. <<

[636] Lenin, tomo VI, p. 77 del texto en ruso. Citado por Salomón Abramovitch Lozovski durante la décima sesión del comité ejecutivo de la IC, La Correspondance Internationale. No. 97, p. 1336. <<

[637] Vieira se creía obligado a adoptar la nueva línea de Moscú resumida en la “declaración de la conferencia de los partidos comunistas y obreros” de noviembre de 1960. Para él, la realidad política colombiana contaba menos que las caracterizaciones de sus patronos del Kremlin. Para estudiar los “si” amenazantes de Gilberto Vieira, anunciadores de la utilización de la violencia, leer su artículo de febrero de 1961, publicado por la revista de Praga, NRI, en mayo de 1961. <<

[638] Eduardo Pizarro Leongómez, Las FARC (1949-1966). De la autodefensa a la combinación de todas las formas de lucha, Tercer Mundo Editores, Bogotá, páginas 194 y 195. <<

[639] Manlio Lafont, La política y la táctica del Partido Comunista, Editorial Colombia Nueva, Bogotá, 1967. <<

[640] Ibíd., pp. 168 y 169. <<

[641] Ricardo Sánchez, Las izquierdas en Colombia, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1996, página 130. <<

[642] Carlos Efrén Agudelo, La combinaison de toutes les formes de lutte, développement et crise de la stratégie du Parti Communiste Colombien, texto inédito, París, 2003, p. 7. <<

[643] NRI, No. 10, 1975. <<

[644] Ricardo Sánchez, op. cit., p. 132. <<

[645] Los delegados eran Diego Montaña Cuéllar, Álvaro Delgado, Teodosio Varela, Alberto Rojas Puyo, Jaime Guaraca y un misterioso “comandante Baltazar”. <<

[646] Gilberto Vieira en su folleto en francés intitulado La Colombie de l’heure de Marquetalia, sin fecha de publicación y sin mención de editor. Una copia de ese documento reposa en la Biblioteca Nacional de Francia. <<

[647] La Correspondance Internationale, órgano del Komintern, No. 103, 3 de noviembre de 1935, página 1506. <<

[648] Entrevista concedida a Carlos Arango. Ver su libro FARC veinte años, de Marquetalia a la Uribe, Ediciones Aurora, Bogotá, 1986, p. 111. <<

[649] Ricardo Sánchez, Las izquierdas en Colombia, p. 130. <<

[650] Ibíd., p. 132. <<

[651] Publicado por la Corporación Observatorio para la Paz, en su obra Las verdaderas intenciones de las FARC, Intermedio Editores, Bogotá, 1999, p. 167. <<

[652] Pierre Frank, Histoire de l’Internationale Communiste, Editions La Breche, París, 1979. tomo 1, p. 112. <<

[653] Andrei Alexandrovitch Jdanov fue secretario del comité central en 1939 y jefe del partido en Leningrado en 1940, donde hizo reinar el terror. Su ascensión en los años 1946-1947 lo llevó a ser el director de la política exterior en el seno del secretariado. Antes de su muerte, el 31 de agosto de 1948, ya no era el favorito de Stalin pero ocupaba un lugar importante en el Kominform. Jdanov hizo parte de quienes emprendieron la campaña por la “reorientación ideológica en el arte y la literatura” y en esa calidad puso bajo vigilancia a Anna Akhmatova, la más grande poetisa rusa. Él la insultaba calificándola de “medio-monja y medio-puta”. <<

[654] Se trata de la Oficina de Servicios Estratégicos, que funcionaba durante la Segunda Guerra Mundial y que será sucedida por la Central Intelligence Agency (CIA) a partir de 1947. <<

[655] Citado por Pierre de Villemarest en su obra GRU, Le plus secret des services soviétiques. Editions Stock, París, 1988, p. 222. <<

[656] Lo que ocurrirá el 9 de abril de 1948 muestra la falta de previsión de la clase política colombiana ante las turbulencias geopolíticas del comienzo de la Guerra Fría. <<

Capítulo 7

[657] Jaime Arenas, Dans la guérilla, Calman-Levy, París, 1972, p. 69. <<

[658] Luego de su regreso a Bogotá, dos días después de la publicación de su reportaje, Menéndez es acusado de ser cómplice del ataque al tren y es detenido. El Ejército dirá que las informaciones entregadas a ellos por Menéndez a cambio de su liberación habían facilitado la captura de numerosos guerrilleros. Ante el rechazo de esa afirmación por parte de Menéndez, el general Camacho Leyva revela que las declaraciones habían sido grabadas en una cinta. Poco después, el diario mexicano El Heraldo describe a Menéndez como un “vil delator y agente doble al servicio de la CIA” y afirma que luego de una estadía en Guatemala y Venezuela él ya había desempeñado “el papel de traidor de la causa que parecía defender”. <<

[659] De origen campesino, Fabio Vásquez Castaño era un exaltado pues su padre había sido asesinado en los años 1950. Había nacido en Calarcá (Quindío) en diciembre de 1937. Se rebela contra el intento inicial de Fidel Castro de darle la dirección del ELN a Eduardo Franco Isaza, jefe del MOEC y ex jefe de una guerrilla liberal de los Llanos. Activista de la Juventud Comunista, Fabio Vásquez era casi analfabeta. En cambio, sus hermanos Antonio y Manuel habían hecho estudios. Cuadro de la JUCO, Manuel había sido presidente de la Federación Universitaria Nacional (FUN), un virulento sindicato de estudiantes. <<

[660] El fundador de Acción Democrática era un ex marxista puro y duro. En una carta del 15 de septiembre de 1934, donde niega ser el “director intelectual” del comunismo en Costa Rica, Rómulo Betancourt declara: “Yo soy y yo seré comunista”. Él no lo será ' sino hasta finales de 1939 pues el pacto germano-soviético le repugna. Se aleja de los comunistas y hace de Acción Democrática un partido separado y opuesto a ellos. Es socialdemócrata. En diciembre de 1939 participa en el VI congreso del partido socialista de Chile. Su amigo y compañero de aventuras, Mariano Picón Salas, había roto con el marxismo desde 1933. Rómulo Betancourt será elegido presidente de Venezuela en diciembre de 1958. <<

[661] Nacido en Bogotá el 3 de febrero de 1929 y ordenado en 1954, el sacerdote Camilo Torres era un sociólogo formado en la universidad de Lovaina donde obtiene una licenciatura en ciencias sociales, en julio de 1958. Es excluido de la Iglesia por sus tomas de posición política muy radicales en 1965. Sale de Bogotá para unirse al ELN. Muere durante un choque con el Ejército cuando intentaba tomar el fusil de un soldado muerto. <<

[662] Esa muerte es un signo más de la debilidad del proyecto del ELN. Gérard Chaliand observa con razón que la pérdida de cuadros de primer plano en las guerrillas latinoamericanas (Guevara, Camilo Torres, Luis de la Puente, Guillermo Lobatón, Fabricio Ojeda, Carlos Marighela, Yon Sosa, Inti Peredo), porque ellas los exponen en combates que no deberían necesitar su presencia, “muestran la fragilidad de las guerrillas” mientras que “sólo uno de los 50 miembros del comité central del fnl sur-vietnamita cayó en manos del adversario”. Mythes révolutionnaires du tiers monde, Seuil-Points. París, 1976, p. 82. <<

[663] Según Guitemie Oliveri, ex secretaria y colaboradora de Camilo Torres, Ernesto Guevara pasó algunos días en Colombia “a finales de 1965” pero no pudo ver al cura rebelde pues éste “había ya partido para la guerrilla”. Ver el folleto intitulado Camilo Torres, la dimension chrétienne et sociale d’un engagement, CIREC, París, 1991, p. 26. <<

[664] Citado por Roger Tréfeu, Les rebelles de l’Église, Les Editions Ouvrières, París, 1991, p. 163. <<

[665] Voz Proletaria, 24 de febrero de 1966. <<

[666] Roger Tréfeu, op. cit., p. 165. <<

[667] AFP, 11 de febrero de 1970. Ver el capítulo sobre el grupo Golconda. <<

[668] Según el testimonio de alias Benigno (Dariel Alarcón Ramírez) su instructor cubano. Ver las memorias de Benigno: Vie et mort de la revolution cubaine, Editions Fayarc París, 1996, p. 113. El coronel Alarcón, ex director de las escuelas especiales de entrenamiento de extranjeros, fue uno de los cubanos que acompañaron a Ernesto Guevara en su aventura boliviana. <<

[669] Otros cuatro religiosos se embarcarán en las actividades del ELN: Carmelo Gracia, Diez; Cristóbal Uribe, Bernardo López Arroyave y Luis Guerrero Zavala. Por otra parte, los obispos Nel Beltrán, Juan Francisco Sarasty y Libardo Gómez fueron objeto de una investigación judicial, en 1993, por presuntos vínculos con el ELN. El obispo alemán Stehle, domiciliado en Ecuador, pero con intensa actividad en Colombia, fue también objeto de investigaciones judiciales luego de haber participado en negociaciones relacionadas con la liberación de varias personas secuestradas por el ELN. A propósito de la relación sacerdotes-ELN ver la obra de Fernando Antonio Vargas Quemba, Esta Iglesia no es la mía, Editorial Litoartes, Bogotá, 1999. <<

[670] Michael Lowy, La guerre des dieux, religion et politique en Amérique Latine, Editions du Felin, París, 1998, p. 107. <<

[671] Camilo Torres, la dimension chrétienne et sociale d’un engagement, CIREC, París, 1991, p. 34. <<

[672] Otro “disidente”, Hermidas Ruiz, médico y ex colaborador de Camilo Torres, es enviado al combate sin sus anteojos y termina por eso muerto. Jaime Arenas, ex estudiante de ciencias y líder de la lucha universitaria, será asesinado por sicarios de Fabio Vásquez, el 28 de marzo de 1971 en Bogotá, algunos días después de la publicación de su libro La guerrilla por dentro, donde describe la historia del ELN y su crisis interna. <<

[673] Alonso Ojeda Awad, “El ELN, Itinerario de una lucha”, en Olga Behar, op. cit., p. 56. <<

[674] Carlos Medina Gallego, ELN: una historia contada dos veces, Rodríguez Quito Editores. 1996, p. 69. <<

[675] Luis Alberto Villamarín Pulido, Cóndor en el aire, Ediciones Luis Alberto Villamarín Pulido, Bogotá, 1999, p. 33. <<

[676] Jaime Arenas, op. cit., p. 196. <<

[677] En 1976, el ELN está a punto de ser totalmente desmantelado y algunos de sus dirigentes, entre ellos Fabio Vásquez, huyen a Cuba. Otro sector crea una tendencia autocrítica, Replantamiento, e intenta reorganizar las cosas. <<

[678] Después de pasar varios años en prisión, Ricardo Lara Parada es puesto en libertad. Regresa a la política. Participa en un encuentro de organizaciones terroristas latinoamericanas en Trípoli, bajo los auspicios de Mouammar Kadhafi, como delegado de una rama no oficial del ELN. Enseguida, intenta acercarse a la guerrilla del M-19. Luego de la victoria de los sandinistas, Lara Parada vive algún tiempo en Nicaragua y en Panamá, donde organiza un nuevo “frente Camilo Torres”, con ayuda del M-19 y de los cubanos. Cuando regresa a Colombia no entra en la clandestinidad. Es invitado por el ELN a ingresar a sus filas a condición de hacer una severa autocrítica. Opta por militar en una nueva organización, el Frente Amplio. Es entonces asesinado por sus antiguos compañeros en el puerto de Barrancabermeja. <<

[679] Las cuatro fases son: Dardo (entre septiembre de 1965 y marzo de 1967); Cazado (entre marzo de 1967 y septiembre de 1968) y Constrictor (entre septiembre de 1968 y diciembre de 1969). Sobre los detalles de la operación Anorí ver la obra del coronel Luis Alberto Villamarín Pulido Cóndor en el aire, Ediciones Luis Alberto Villamarín Pulido, Bogotá, 1999. <<

[680] Se trata del asunto Operkimov. Ese agente soviético, presunto integrante de la KGB, había sido expulsado de Colombia después de haber entregado dos millones de pesos a un miembro del ELN. Reciclado en “dirigente sindical de los trabajadores soviéticos”, visita de nuevo a Colombia en 1969, en calidad de representante de una “misión sindical” de su país. Pocos días después, un alto dirigente del PCC es detenido en Montería mientras transportaba una fuerte suma de dinero para la guerrilla. Sin embargo, oficialmente, el PCC desautorizaba en esa época la lucha armada. El embajador de Francia en Colombia, François Levasseur, hará un resumen, con ciertas reservas, del episodio Operkimov, en su despacho No. 645 del 8 de mayo de 1969. En ese mismo despacho, Levasseur cuenta que el embajador de la URSS en Bogotá, Nikolai A. Belous, acusado por la prensa colombiana de dedicarse al espionaje, “no se aparta jamás de una serenidad un poco afectada”. Según el embajador Levasseur, Belous había sido expulsado de Argentina “por haberse visto envuelto en un asunto de subversión”. <<

[681] La militancia del ELN siempre dijo de Fabio Vásquez Castaño que había encontrado refugio en La Habana. Si eso es exacto, poca gente sabe a ciencia cierta qué suerte corrió ese guerrillero allá. Rumores dicen que fue fusilado por orden de Fidel Castro. Otros creen que Fabio Vásquez hizo estudios de derecho y que sigue vivo en Cuba. <<

[682] El Tiempo, 8 de septiembre de 2004. <<

[683] AFP-Bogotá, 4 de diciembre de 1992. <<

[684] Ibíd., 27 de diciembre de 1992. <<

[685] Ibíd., 10 de diciembre de 1992. <<

[686] Según un informe del Observatorio de los Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República (mayo de 2000), había 70.000 minas antipersonales diseminadas en 105 municipios colombianos. Las guerrillas (FARC, ELN y EPL) habrían enterrado 50.000 minas en zonas agrícolas y en caminos. Las Fuerzas Militares habrían enterrado 20.000 minas en instalaciones estratégicas. Según el ministro de Defensa, 2.205 adultos y 5.250 niños han sido heridos por esas minas durante los ocho últimos años. <<

[687] Balance del “paro armado” decretado por el ELN el 3 de abril de 2000 en los departamentos de Antioquia, Santander, Bolívar y Cesar: 21 civiles secuestrados y decenas de coches y camiones incendiados. Por su parte, los paramilitares amenazan a los campesinos que intenten “hacerle el juego a la subversión”. <<

[688] AFP-Bogotá, 5 de febrero de 2001. <<

[689] Ibíd. <<

[690] Ibíd. <<

[691] El 20 de mayo de 2000, en los pueblos de Arenal y Rioviejo, el ELN asesina a seis campesinos que habían participado en las protestas contra la desmilitarización prometida por Pastrana. <<

[692] Según el servicio de información del Ejército, en 2000 las guerrillas y los paramilitares asaltaron 83 pueblitos. Las FARC atacaron 70, el ELN 9 y los paramilitares 4. Balance: 84 civiles muertos (incluidos 12 niños) y 1.091 viviendas destruidas. El aumento de las destrucciones en 2000 se debió a la utilización de armas no convencionales por parte de las FARC, como los obuses impulsados por cilindros de gas. Durante los ataques de 1999, 55 cuarteles de la Policía, 56 establecimientos comerciales, 48 bancos, 5 escuelas y un hotel fueron destruidos. <<

[693] Alberto Garrido, De la guerrilla al militarismo, Ediciones Alberto Garrido, Mérida, Venezuela, p. 35. Ver también El Universal, Caracas, 31 de enero de 2005. <<

[694] Alusión al Plan Colombia contra el tráfico de drogas que los Estados Unidos financian en parte: mil millones 300 mil dólares para un presupuesto total de siete mil millones y medio de dólares. <<

[695] Según Ernesto Rojas, uno de los jefes del EPL, en Olga Behar, op cit., p. 45. <<

[696] En 1962, por primera vez en América del Sur, un partido comunista pro-Pekin es fundado en Brasil, después de una ruptura del PCB prosoviético. En enero de 1964, el PC peruano estalla. Eso permite el nacimiento del grupo pro-chino Bandera Roja, el cual funda el PCP M-L el año siguiente. Uno de sus dirigentes, Abimael Guzmán, funda en 1970 la guerrilla Sendero Luminoso. En Ecuador, ex militantes del PCE fundan un PC pro-chino y un grupo armado. Detrás de esas operaciones puede verse la mano de Kang Sheng, el legendario jefe de los servicios secretos del Partido Comunista Chino. No se puede descartar la intervención del Tewu, el servicio secreto de Kang Sheng, en el caso colombiano. Ver la obra de Roger Faligot y Remi Kauffer, Kang Sheng et les services secrets chinois, Éditions Robert Laffont, París, 1987, pp. 365-379. <<

[697] Fabiola Calvo Ocampo, EPL, diez hombres, un Ejército, una historia, Ecoe, Bogotá, 1985, p. 16. <<

[698] Nicolás Miletitch, Révélations des archives de Tirana, Les Cahiers d’Histoire Sociale. No. 6, Printemps/Été 1996, p. 83. <<

[699] Nicolás Miletitch explica que todas esas ayudas financieras eran fijadas cada año por un documento firmado por Enver Hoxha. En 1967, por ejemplo, el decreto firmado por Hoxha tiene como fecha el 21 de enero de 1967 y lleva la mención “muy secreto”. Ibíd., p. 84. Nicolás Miletitch, quien tuvo acceso a los archivos de la embajada de Albania en París, indica al final de su artículo que “[…] de 1964 a 1990, Albania (el país más pobre de Europa en esa época) gastará más de once millones de dólares para preparar cuadros extranjeros en lucha ideológica a favor de la revolución mundial e para la lucha armada”. Ibíd., p. 92. <<

[700] Le Monde, 23 de febrero de 1968. <<

[701] Fabiola Calvo Ocampo, op. cit., p. 47. <<

[702] Ernesto Rojas, en Olga Behar, op. cit., p. 45. <<

[703] Fabiola Calvo, op. cit., p. 31. <<

[704] Información difundida el 4 de noviembre de 1966. <<

[705] Yearbook of International Communist Affairs, año 1968. <<

[706] Álvaro Mosquera, en su artículo “La mano izquierda de la reacción”, revista Problema: de la Paz y del Socialismo, Praga, enero de 1976, pp. 115-123. <<

[707] Según el testimonio de Ernesto Rojas, en Olga Behar, op. cit., p. 109. <<

[708] Revista Alternativa, Bogotá, 23 de enero de 1978. <<

[709] El Espectador, 13 de julio de 1978. <<

[710] Los condenados son trasladados a la prisión de Gorgona, una isla del Océano Pacífico, donde había otros terroristas encarcelados, sobre todo de las FARC. Ninguno de ellos será privado de buenas lecturas pues todos tienen derecho a recibir literatura marxista y las publicaciones de sus organizaciones respectivas. Ver Fabiola Calvo, op. cit., p. 100. <<

[711] Ibíd., p. 125. <<

[712] Óscar William Calvo, en Olga Behar, op. cit., p. 367. <<

[713] El Tiempo, 15 de julio de 1990. <<

[714] Radio Cadena Nacional, Bogotá, 2 de diciembre de 1990. <<

[715] Augusto Bahamón Dussán, Mi guerra en Medellín, Intermedio Editores, Bogotá, 1991, p. 131. <<

[716] Ibíd., p 135. <<

[717] Antes de esa fecha hubo contactos entre las FARC y el ELN. En septiembre de 1980, por ejemplo, después de varias derrotas ante el Ejército, las FARC proponen hacer una “cumbre” entre ellos y los jefes del ELN para “preparar nuevas acciones”. <<

[718] Carlos Arango, op. cit., p. 100. <<

[719] Carlos Arango, op. cit., p. 99. <<

[720] Belisario Betancur es un jefe del Partido Conservador. Posesionado el 7 de agosto de 1982 y decidido a instaurar un “nuevo estilo de gobernar”, anuncia que la búsqueda de la paz será la línea directriz de su mandato. En diciembre de 1982, el Parlamento vota una ley de amnistía en favor de los guerrilleros que entreguen las armas. Es el preludio de la apertura de un diálogo de paz que tiene por mira la integración de los miembros de las bandas armadas a la vida política legal, lo que encontrará un comienzo de resultado en 1985 y en la disolución voluntaria de la guerrilla del M-19 en 1990. <<

[721] Informe Latinoamericano, Bogotá, 13 de septiembre de 1985. <<

[722] Entre los guerrilleros muertos por orden de Javier Delgado, alias José Fedor Rey, había algunas mujeres y niños, y algunos militantes del M-19. Hernando Pizarro, hermano de Carlos Pizarro, uno de los jefes del M-19, hacía parte de la dirección del GRF en el momento de la matanza de los militantes. Doce años después, Delgado será detenido en Cali por el Ejército. Juzgado, es condenado a 19 años de prisión en agosto de 1995. Fue encontrado muerto en la cárcel de Palmira a finales de junio de 2002. <<

[723] Informe Latinoamericano, Bogotá, 13 de septiembre de 1985. <<

[724] Álvaro Leyva Durán huye de Colombia en junio de 1998 pues es objeto de un proceso penal. La Fiscalía lo había acusado de haber recibido en 1994 un cheque de 80.000 dólares de una red dedicada al blanqueo del dinero de la droga. Por ese pleito una treintena de políticos fueron encarcelados. Sin negar haber recibido esa suma de dinero, sus abogados afirman que él es víctima de un “complot” para destruirlo. Aunque político conservador e hijo de un ex ministro conservador, Leyva es considerado en Colombia como un importante agente de influencia de las FARC. Carlos Lozano, director del semanario comunista Voz, admite que Leyva “es la persona del establecimiento que tiene la mayor credibilidad ante las FARC y la única que podría desempeñar un papel importante en un intercambio humanitario (entre la guerrilla y el Gobierno), o en un nuevo proceso de paz”. Durante el gobierno de Belisario Betancur, Leyva hace pública su amistad con Jacobo Arenas, en esa época número dos de las FARC. Leyva se gana también la confianza de Tirofijo. Leyva organizó, en 1998, el encuentro de Caquetania entre éste y el futuro presidente Andrés Pastrana, encuentro que abrió la vía hacia la entrega a las FARC de una zona desmilitarizada de 42.000 kilómetros cuadrados durante tres años. Exiliado en Costa Rica, Leyva organiza un encuentro en San José, entre Phil Chicola, enviado del presidente Bill Clinton, y Raúl Reyes, uno de los jefes de las FARC. Uno de los amigos de Leyva, el ex diputado Jairo Rojas, que hacía frecuentes viajes entre Bogotá y la zona desmilitarizada, es asesinado en Bogotá en 2001 por paramilitares. A pesar de la orden de captura que Bogotá había firmado contra él y entregado a Interpol, Leyva acepta hacer un viaje discreto a España para hacer pasar un mensaje al ex presidente Alfonso López Michelsen sobre la urgencia de realizar el “intercambio humanitario” pedido por las FARC. El 23 de octubre de 2002, Leyva es arrestado en Madrid por la Policía española. Pero será beneficiario de una absolución de cargos pronunciada por un juez de Cali, el 24 de junio de 2003. En la elección presidencial de 2006, Leyva presentó su candidatura y obtuvo solamente un 0,19% de los votos. <<

[725] Augusto Bahamón Dussán, op. cit., pp. 126-129. <<

[726] En abril de 1991 las autoridades encontraron no lejos de Casa Verde un terreno donde habían sido enterrados los cuerpos de 66 guerrilleros que habían sido asesinados por ser “traidores a las FARC”. Según el Instituto de Medicina Legal colombiano, la matanza había sido perpetrada entre octubre y noviembre de 1990. <<

[727] Revista Cromos, 26 de noviembre de 1990. <<

[728] Ibíd., 24 de diciembre de 1990. <<

[729] El PRT, la guerrilla más modesta por su número de combatientes (no más de 150), era una escisión del partido maoísta PC M-L. Había adoptado ese nombre en 1982. Sus jefes eran Lourdes Manjarrés y José Ortiz Sarmiento, alias Valentín González. <<

[730] Son destituidos el general Hernando Monsalve, comandante de la Fuerza Aérea, el general Gustavo Pardo, comandante de la IV Brigada, el coronel José Manuel Espitia, comandante de la Policía Militar de Antioquia, el coronel Hernando Navas, director de Prisiones, y el viceministro de Justicia, Eduardo Mendoza. El Tiempo, 26 de julio de 1992. <<

[731] Ese concepto es utilizado por Manuel Marulanda Vélez en un discurso pronunciado durante la celebración de los 30 años de las FARC Ver el libro Las verdaderas intenciones de las FARC, p. 50. <<

[732] Ibíd., p. 52. <<

[733] El Tiempo, 24 de marzo de 1995. <<

[734] Ver Francisco Leal Buitrago y León Zamosc, editores de Al filo del caos. Crisis política en la Colombia de los años 80, Tercer Mundo Editores, Bogotá, 1990, p. 439. <<

[735] Las verdaderas intenciones de las FARC, pp. 37-58. <<

[736] Misael Pastrana Borrero obtiene 1.625.025 votos contra 1.561.468 votos obtenidos por el general Rojas Pinilla. Carlos Alberto Mora y Margarita Peña, Historia socio-económica de Colombia, Grupo Editorial Norma, Bogotá, 1997, p. 251. <<

[737] Patricia Lara, Siembra vientos y recogerás tempestades, Editorial Punto de Partida, Bogotá, 1982, p. 35. <<

[738] Olga Behar, Noches de humo, Editorial Claves Latinoamericanas, México, 1988, p. 56. <<

[739] Antonio Navarro Wolf niega haber sido comunista en su juventud. Sin embargo, quien le ayuda a apoderarse de la presidencia del consejo estudiantil de la Universidad del Valle, en 1971, es el PCC. Él admite, al menos, que sus lecturas favoritas en esa época eran Marx, Engels, Lenin y Mao Tse-tung. <<

[740] Ver Patricia Lara, op. cit., pp. 71, 82, 89 y 104. <<

[741] Oiga, hermano, entrevista de Ramón Jimeno con Jaime Bateman, Ediciones Macondo, Bogotá, 1984, p. 31. <<

[742] La JCR es una emanación de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), creada en 1966 en La Habana y totalmente controlada por cubanos y soviéticos. La JCR fue fundada oficialmente, según la propaganda de esa organización, en agosto de 1973, en Chile, por los delegados de cuatro organizaciones terroristas: el MIR chileno, el PRT/ERP argentino, los tupamaros uruguayos y el ELN boliviano. La JCR tenía una oficina en París, dividida en dos secciones. Una “interna” que ayudaba a los grupos que operaban en América Latina. La “externa” tenía por misión implantar células terroristas en diferentes países y mantener los contactos con los otros movimientos. El terrorista Carlos, agente especial en esa época de la DGI, un organismo anexo de la KGB soviética, pudo haber tenido contactos con esa oficina de París. Los agentes de la DGI entrenaron a activistas vascos en Argelia, introdujeron equipos de transmisión en Inglaterra y organizaron rutas de evasión en Italia y Bélgica. Ver Thierry Vareilles, Encyclopédie du terrorisme international, L’Harmattan, París, 2001, p. 97. Ver igualmente John Dinges, LesAnnées Condor, La Découverte, París, 2004, pp. 62 y 99. Este último autor, quien omite toda referencia a la presencia de la JCR en París antes de 1973, admite que en octubre de 1972 el MIR y el ERP y los tupamaros tuvieron una “primera” reunión de concertación en octubre de 1972 en Chile. Con el tesoro de guerra de 20 millones de dólares, acumulado mediante secuestros, sobre todo por el secuestro de Victor Samuelson, director de la Exxon en Buenos Aires, por el cual los raptores recibieron 14,2 millones de dólares, el ERP y la JCR ayudaron al financiamiento de las organizaciones armadas latinoamericanas. <<

[743] Se trata de Juan Carlos Iragorri, autor de Mi guerra es la paz, Editorial Planeta, Colombia, Bogotá, 2004, p. 44. <<

[744] Juan Carlos Iragorri, op. cit., p. 25. <<

[745] Oiga hermano, pp. 84 y 85. <<

[746] En esa operación, las técnicas del M-19 recuerdan las de las Brigadas Rojas: la construcción de un túnel y la utilización de una pareja por fuera de toda sospecha para alquilar la casa donde será ocultado una parte de los fusiles robados. Las BR habían comprado en 1977, en el Latium, un terreno que servirá para la construcción de una escuela de cuadros-campo de tiro. Ver Marcela Padovani, Vivre avec le terrorisme. Le modèle italien. Calmann-Levy, París, 1982, p. 49. <<

[747] Le Monde, 22 de febrero de 1979. <<

[748] Le Matin de París, 29 de febrero de 1980. <<

[749] Le Monde, 9/10 de marzo de 1980. Ver también la revista Cromos, Bogotá, 16 de marzo de 1980. <<

[750] Ibíd., 28 de marzo de 1980. <<

[751] Refugiado en Cuba, Rosemberg Pabón regresa a Colombia antes de la rendición del M-19. Algunos años después, este hombre, que acusa el sistema político colombiano de ser “excluyente”, se hace elegir alcalde de Yumbo (Valle). En 2004 es senador por el Polo Democrático. Pabón estima que la toma de la embajada dominicana no había sido más que una “proposición de paz”. Revista Cambio, 18 de octubre de 2004. <<

[752] Vera Grabe, Razones de vida, Planeta Colombiana Editorial, Bogotá, 2002, p. 122. <<

[753] Sacados del agua por los marinos colombianos, los tres náufragos del Karina salvarán sus vidas y serán amnistiados más tarde. Ver su narración en el libro de Germán Castro Caycedo, Mille fusils à la mer, Récit/Seuil, París, 1991. <<

[754] Ver la crónica completa de esa peripecia en el texto de Germán Castro Caycedo. <<

[755] Afrique-Asie, 10 de noviembre de 1980. <<

[756] Revolution, 26 de septiembre de 1980. <<

[757] Acusado por Estados Unidos de ser cómplice del narcotraficante Pablo Escobar, jefe del cartel de Medellin, Noriega será arrestado por los marines norteamericanos el 3 de enero de 1990, luego de la violenta invasión de Panamá y de la destrucción de su régimen en diciembre de 1989. Noriega fue extraditado a los Estados Unidos. Juzgado por tráfico de drogas, fue condenado a 40 años de prisión el 19 de abril de 1992. <<

[758] Vera Grabe, op. cit., p. 172. <<

[759] Para los detalles de la entrevista de Madrid ver el artículo del mismo Álvaro Fayad intitulado “De México a Corinto (vía Madrid)”, en el folleto El M-19 y la paz, Ediciones Macondo, sin fecha, sin lugar de impresión, p. 14. <<

[760] La Comisión de Paz incluía al abogado conservador John Agudelo Ríos, el político liberal Otto Morales Benítez, el académico Rafael Rivas Posada y el miembro de la dirección del PCC y corresponsal de L’Humanité en Bogotá, Alberto Rojas Puyo. <<

[761] Entre los otros miembros de la Comisión de Paz figuraba el ministro de Comunicaciones, Bernardo Ramírez, un obispo, Darío Castrillón, un miembro de la Dirección Nacional Liberal, Horacio Serpa, y el abogado John Agudelo Ríos. <<

[762] Pero Rodrigo Lara Bonilla era mal visto también por otros. Según la revista francesa Valeurs Actuelles (7 de mayo de 1984), el ministro colombiano contrariaba a La Habana. “Cuba retiene un diezmo el cual, según ciertas estimaciones, llegaría hasta 500.000 dólares por entrega [de droga]. Una parte de ese dinero es utilizada para comprar armas que son transportadas por narcotraficantes hasta las guerrillas de América Latina”. <<

[763] Informe de la Comisión Internacional Permanente de Observadores para Colombia, Editorial Iepala, Madrid, 1987, p. 164. <<

[764] El País, Madrid, 14 de septiembre de 1984. <<

[765] Vera Grabe, op. cit., p. 236. <<

[766] AFP-Bogotá, 10 de julio de 1985. <<

[767] El Tiempo, 2 de octubre de 1985, El Siglo, 2 de octubre de 1985. <<

[768] Informe Latinoamericano, 18 de octubre de 1985. <<

[769] Testimonio del ex presidente Alfonso López Michelsen. Flor Romero, López, polémico y polemista, Intermedio Editores, Bogotá, 1989, p. 139. <<

[770] En todo caso, un segundo equipo de ocho atacantes llega tarde al Palacio de Justicia y no podrá entrar. Antes de llegar a la Plaza de Bolívar, donde se encuentra el Palacio de Justicia, ellos habían pasado a algunos metros del palacio presidencial. <<

[771] Jaime Betancur había sido secuestrado al comienzo del gobierno de su hermano por guerrilleros del ELN. Ello había desatado manifestaciones de protesta en todo el país. <<

[772] Olga Behar, NOCHES DE HUMO, Ediciones Claves Latinoamericanas, México, 1988, p. 76. <<

[773] Andrés Almarales, el jefe político del comando que toma el Palacio de Justicia, se sabía condenado a muerte por un cáncer de piel que los médicos le habían descubierto algunos meses antes de esa acción terrorista. La actitud suicida de los asaltantes se debió quizás a la admiración sin límites que él, ex parlamentario y hombre de gran carisma, había suscitado entre los miembros más jóvenes del comando. Ver Álvaro Valencia Tovar, op. cit., p. 117 y Olga Behar, Noches de humo, pp. 58 y 59. <<

[774] Según Olga Behar en Noches de humo, pp. 220 y 221, los dos guerrilleros que salen vivos del Palacio son Irma Franco Pineda, alias Mariana, y un alias Carlos. Clara Helena Enciso, alias Claudia, otra guerrillera, sale también escoltada. Ella simula haber sido un rehén y logra escapar. Es ella quien después, desde la clandestinidad, dará a Olga Behar su versión de los hechos del Palacio de Justicia para la redacción de Noches de humo. El coronel Edilberto Sánchez Rubiano fue inculpado por la desaparición de Irma Franco. Era la hermana de Jorge Franco, un abogado de presos políticos. <<

[775] Él afirma, por ejemplo, que los terroristas, con la toma del Palacio de Justicia, habían cometido el delito de “rebelión” pues ellos querían realizar un “acto político”: “entablar una demanda armada”. Pero “demanda armada” no es un delito reconocido por la ley colombiana, ni por ninguna otra legislación. Se trataba simplemente de una fórmula de propaganda destinada a abusar de los ingenuos. <<

[776] Fuente privada del autor. <<

[777] Para ripostar contra la campaña antimilitarista, el presidente Virgilio Barco Vargas (1986-1990) nombra al general Jesús Armando Arias Cabrales comandante del Ejército. En noviembre de 1990, el Senado reinstala en el servicio activo al coronel Luis Alfonso Plazas Vega. <<

[778] El Palacio de Justicia y el Derecho de Gentes, Procuraduría General de la Nación, Bogotá, 1986. <<

[779] En su denuncia contra el presidente de la República y el ministro de Defensa, del 20 de junio de 1986, el procurador Jiménez Gómez dirá que la toma del Palacio de Justicia constituyó “uno de los tantos combates” de la guerrilla y no un acto terrorista particularmente vil. Pretextando la protección de los rehenes, estima que la acción militar ha debido ser subordinada a lo que preconiza el Derecho Internacional Humanitario. <<

[780] Después de haber acusado al Ejército del asesinato de Augusto Lara, el M-19 descubre que el autor del mismo es el grupo Ricardo Franco, el cual había declarado que Lara era un “traidor”. El País, Madrid, 1 de marzo de 1986. <<

[781] El País, Madrid, 1 de marzo de 1986. <<

[782] En ese momento, hay disputas entre Pizarro y Gustavo Arias Londoño, el nuevo número dos del M-19. Boris estimaba que el M-19 no debía cambiar sus formas de lucha y debía continuar, por el contrario, en la via de la guerra de guerrillas. Boris fue abatido en agosto de 1986, en cercanías de Medellin, durante un intercambio de tiros con la Policía. <<

[783] Antonio Navarro Wolf es atacado con una granada por Antonio Espinosa, un ex militante del M-19, el 23 de mayo de 1985. Según los jefes de esa organización, Espinosa trabajaba para los servicios secretos del Ejército. <<

[784] El M-19 y la paz, p. 92. <<

[785] Laura Restrepo, Historia de una traición, Plaza & Janes Editores, Bogotá, 1986, p. 182. <<

[786] Ibíd., p. 186. <<

[787] Durante un viaje a Cuba y bajo la influencia de Antonio Navarro Wolf, Laura Restrepo comenzó a escribir Historia de una traición. Algunos años después, ella cambió el título del libro por Historia de un entusiasmo. <<

[788] Juan Carlos Iragorrí, op. cit., p. 105. <<

[789] Este grupo toma el nombre de un dirigente indígena, Manuel Quintín Lame, quien había encabezado la defensa de las comunidades indígenas del Cauca en 1930. <<

[790] Vera Grabe, op. cit., p. 311. <<

[791] Álvaro Gómez Hurtado, Soy libre, Ediciones Gamma, Bogotá, 1989, p.  17. <<

[792] Ver ¿Hacia dónde va el M-19? entrevista de Marta Harnecker con Antonio Navarro Wolf, marzo de 1989, Editorial Oriental del Uruguay, México, p. 9. <<

[793] Vera Grabe, op. cit., p. 358. <<

[794] Álvaro Fayad decía: “No hay un pensamiento del Eme”. Vera Grabe, Op. dt., p. 227. <<

[795] El M-19 criticará después la actitud de la Internacional Socialista la cual se negará a seguir los detalles ulteriores de ese proceso. Ver Vera Grabe, op. cit., p. 366 <<

[796] Revista Cambio 16-Colombia, 30 de octubre de 1995. <<

[797] Juan Carlos Iragorri, op. cit., p. 135. <<

[798] Artículo de Francisco Leal Buitrago intitulado “¿El poder para qué?”, El Espectador, 2 de junio de 1991. <<

[799] AFP-Bogotá, 24 de noviembre de 1992. <<

[800] Entrevista con el autor, 17 de diciembre de 1992. <<

[801] Revista Cromos, 21 de diciembre de 1992. <<

[802] Revista Cambio, 1-8 de noviembre de 2004, Ed. 592. <<

[803] En su libro Razones de vida, Vera Grabe escribe: “Cuando estábamos en dificultades, ellos [los narcotraficantes] nos ayudaban y nos protegían […], ellos nos prestaban sus casas y sus propiedades […] donde la dirección del M-19 hacía reuniones […], ellos nos ayudaron a transportar y a atender a nuestros camaradas heridos”. <<

[804] Las revelaciones de John Jairo Velásquez hacen parte de un libro escrito por él en prisión y publicado a mediados de agosto de 2005. Otty Patiño, ex miembro de la dirección del M-19, hizo saber que “Fayad nunca puso al M-19 al servicio de los narcos”. El Tiempo, 14 de agosto de 2005. <<

[805] Vera Grabe admite haber participado en la organización del secuestro de José Raquel Mercado. Sin repudiar ese acto criminal, agrega que el asesinato del sindicalista había “consagrado” al M-19 en “el corazón de mucha gente como los justicieros del pueblo” op. cit., pp. 76-78. En cuanto a Antonio Navarro Wolf estima que el “desenlace” de ese secuestro fue “cruel”. Se abstiene de decir toda la verdad sobre ese episodio. <<

[806] Vera Grabe admite haber participado en la organización del secuestro de José Raquel Mercado. Sin repudiar ese acto criminal, agrega que el asesinato del sindicalista había “consagrado” al M-19 en “el corazón de mucha gente como los justicieros del pueblo”. op. cit., pp. 76-78. En cuanto a Antonio Navarro Wolf estima que el “desenlace” de ese secuestro fue “cruel”. Se abstiene de decir toda la verdad sobre ese episodio. <<

[807] El M-19, así como otros grupos de desmovilizados, como el EPL, el PRT, el Quintín Lame, la Corriente de Renovación Socialista (CRS), el Movimiento Independiente y Revolucionario de Comandos Armados (MIR-COAR) y el Frente Francisco Garnica (FFG), aceptaron, en enero de 2003, la iniciativa del Gobierno de firmar un acuerdo de punto final para pagar las sumas que estaban suspendidas desde hacía varios años. Las negociaciones con cada uno de esos grupos fueron realizadas por los ministerios del Interior y de Justicia, los cuales pudieron concretar rápidamente seis de los siete proyectos de acuerdo. Los pagos fueron del orden de los nueve mil millones de pesos. El único grupo que no firmó fue el M-19. <<

[808] “Tres fracasos sucesivos en su carrera a la Presidencia, en 1989, 1994 y 1999, condujeron a Lula y al ala mayoritaria del PT a abandonar el marxismo y a prometer respetar los equilibrios presupuéstales tradicionales para tranquilizar a los medios financieros y a los electores de centro. La victoria fue a ese precio”, escribió latinreporters.com el 28 de octubre de 2002. Lula había “recentrado” la izquierda brasileña, después de haberla alejado del marxismo en los años noventa. Sin embargo, las izquierdas latinoamericanas siguen bajo la coyunda de la propaganda del dictador Fidel Castro y de un Hugo Chávez que divide a Venezuela en lugar de gobernarla. En cuanto a Colombia, Lula propuso, en octubre de 2002, su mediación para facilitar un acuerdo de paz e impedir la desestabilización de los países vecinos (Ecuador, Panamá, Perú, Venezuela y Brasil). Lula aconseja a las FARC “organizarse políticamente e intentar llegar al poder por la vía electoral, como el PT”. Él no fue escuchado. <<

Capítulo 8

[809] Le Monde, 14-15 de abril de 1968. <<

[810] En ese momento había ya grupos de religiosos radicalizados en Argentina, como “Sacerdotes por el Tercer Mundo” (1966), y en Perú donde existía la “Organización Nacional por la Integración Social” (1968). <<

[811] El Tiempo, 8 de septiembre de 1965. <<

[812] Citado por Robert Valeur, embajador de Francia en Colombia, despacho No. 975, del 12 de octubre de 1965. Archivos del Quai d’Orsay, París. <<

[813] Ibíd. <<

[814] Le Monde, 20 de agosto de 1968. <<

[815] Le Monde, 28 de agosto de 1968. <<

[816] El Tiempo, 2 de julio de 1986. <<

[817] Ver el artículo de Isabel Monal, socióloga y filósofa cubana, en el folleto Reflexions sur la théologie de la liberation, Cirec, Collection L’Homme et la Société, París, 1991, p. 51. <<

[818] Fidel Castro y los cristianos revolucionarios, folleto de Rutilio Grande, No. 6, Managua, sin fecha. <<

[819] Vladimir Zabala Archila, Palabras en memoria de René García, 31 de mayo de 1994, inédito. <<

[820] Pio XI había publicado igualmente, en marzo de 1937, la encíclica Mit Brennender Sorge, contra el hitlerismo y el paganismo del III Reich. <<

[821] Gustavo Gutiérrez propuso sin vacilar el uso de la violencia. Según él, “sólo la destrucción radical del presente estado de cosas, una transformación profunda del sistema de propiedad, el acceso al poder de la clase explotada, una revolución social, pondrán fin a esta dependencia” de América Latina. Ver Gustavo Gutiérrez, Théologie de la libération, perspectives, Editions Lumen Vitae, Bruselas, 1974, p. 39. <<

[822] Martin Malia, “Les archives du mal. Les études soviétiques après la fin de l’URSS”, revista Commentaire, No. 109, primavera de 2005, p. 159. <<

[823] Intitulado Notas sobre el documento básico para la II Conferencia general del CELAM. Ese texto fue distribuido a los obispos invitados al CELAM luego de que éstos modificaron y moderaron la primera versión, muy violenta, del documento de base. Ver el testimonio de monseñor Geraldo de Provensa Sigaud, arzobispo de Diamantina (Brasil) en la revista Este & Oeste, No. 178, junio-julio de 1974. <<

[824] Les Informations Politiques et Sociales, París, No. 79, 10 de septiembre de 1968, y Este & Oeste, junio-julio de 1974. <<

[825] Ibíd. <<

[826] Benoît Lay recibió una amonestación de Francis Levasseur, embajador de Francia en Colombia, contra toda injerencia en los asuntos internos de Colombia. Pero el capellán no le hizo caso. Ver el telegrama de Francis Levasseur No. 456 del 21 de diciembre de 1968. Archivos del Quai d’Orsay, París. <<

[827] Informe enviado el 22 de julio de 1968 por la Embajada de Francia en Colombia al Quai d’Orsay, dossier 48. <<

[828] Hay que saber que el compromiso de la Iglesia con los pobres de Colombia no comenzó con Golconda. Los jesuitas dejaron sentir su influencia en los medios sindicales desde los años cincuenta, sobre todo dentro de la mayor central del país, la UTC. Y a través de los curas obreros. Hubo también (para hablar únicamente de Bogotá) el caso del padre Posada, quien fundó, al sur de esa capital, el barrio obrero de San Javier, donde familias pobres podían adquirir vivienda a precios módicos. Enseguida el padre Rafael García Herreros funda el barrio Minuto de Dios, en Bogotá, con gran éxito. Todo eso con muy poco ruido mediático y sin el cortejo de violencias que acompañaron a veces las acciones “en favor” de los pobres de los curas rebeldes. <<

[829] La administración Lleras Restrepo (1966-1970) lanzó un vasto movimiento de reformas (incluida una reforma agraria) que modernizará el país y elevará el nivel de vida de los campesinos y de las masas urbanas. Lleras Restrepo no se equivocaba cuando estimaba que el objetivo de una reforma agraria en Colombia no era tanto hacer la distribución de tierras sino mejorar el nivel de vida de los campesinos pobres. <<

[830] AFP-Bogotá, 11 de febrero de 1970. <<

[831] Entre esos se destacan: Pueblo y Constituyente, Ediciones del Ismac, Bogotá, 1991; De la crítica de la Teología a la crítica de la Política, Ediciones Frente Unido, Bogotá, 1971; Semana Santa, opio o liberación y Para una ti una navidad popular. <<

[832] El Espectador, 21 de abril de 1969. <<

[833] La Religión, 18 de mayo de 1971. Citado por Este & Oeste, No. 157, abril de 1972. <<

[834] A finales de enero de 1979, el papa Juan Pablo II inaugura en Puebla (México) la conferencia general del CELAM. Denuncia allí la violación de los derechos humanos y pone en guardia a los obispos contra la teología de la liberación. La conferencia del CELAM reunida en Santo Domingo en 1992 confirma el retorno de las correcciones doctrinarias en la Iglesia latinoamericana. <<

[835] Experto en religión y política en América Latina y partidario del “cristianismo de la liberación”, Michael Löwy admite que en 1988 había realmente como una “pausa” en el impulso inicial de ese movimiento. Ver su libro La guerre des dieux, Editions du Felin, París, 1998, pp. 177-197. <<

[836] Jean-Bertrand Aristide fue expulsado de la orden de los salesianos en diciembre de 1988. <<

[837] Leonardo Boff se retiró de la orden de los franciscanos y de la Iglesia. Respecto del sistema de corrupción organizado por el ex presidente Aristide, leer el artículo de Jean-Michel Caroit publicado por Le Monde el 9 de agosto de 2005. <<

[838] Charles Antoine, sacerdote de la diócesis de Belfort, intentó desacreditar, en un libro intitulado Procès d’une propagande (Les Editions Ouvrières, París, 1988), el acto de arrepentimiento del padre Pellecer afirmando, sin presentar la menor prueba, que él había sido objeto de un “lavado de cerebro” por el Ejército de Guatemala. <<

[839] Citado por Jean-François Revel en su libro L’obsession anti-americaine, Plon-Pocket Éditions, París, 2002, p. 313. <<

Capítulo 9

[840] Alain Delpirou y Eduardo Mackenzie, Les cartels criminels, Presses Universitaires de France, París, 2000. <<

[841] “La coca en el centro del conflicto colombiano”, en Las verdaderas intenciones de las FARC, Intermedio Editores, Bogotá, 1999, pp. 150 y 151. <<

[842] Según el Ejército colombiano, Francisco Arenas, hijo de Jacobo Arenas, fue muerto durante un combate a comienzos de agosto de 2004. Francisco Arenas comandaba un escuadrón de 150 hombres de las FARC en el Cauca. Otro grupo de las FARC, bautizado con el nombre de Jacobo Arenas, fue desmantelado por el Ejército a mediados de noviembre de 2004, en Medellín, luego de la detención de su jefe, Rolando Albeiro Muñoz, alias Octavio, y otros cuatro guerrilleros. <<

[843] José Luis Barbería, El País, Madrid, 24 de junio de 2002. <<

[844] Ibíd. <<

[845] El 30 de abril de 2002, John Ashcroft, secretario de Justicia de los Estados Unidos, anunció que seis miembros de la dirección de las FARC habían sido inculpados por un tribunal federal norteamericano por el asesinato de los tres indigenistas. <<

[846] Tim Johnson, Miami Herald, 20 de junio de 2002. <<

[847] El Tiempo, 23 de octubre de 2002. <<

[848] Teófilo Forero había sido uno de los líderes del Partido Comunista Colombiano. Secretario nacional de la organización, él fue asesinado en Bogotá en 1989. La columna que lleva su nombre fue definida por la prensa bogotana como la “punta de lanza de las FARC” (Semana, 24 de febrero-3 de marzo de 2003). Creada en 1993, y entrenada por agentes extranjeros, la columna Teófilo Forero tenía por tarea principal la protección de la dirección nacional de las FARC y obtener dinero mediante secuestros. Sus metas en 2005 eran: asesinar al presidente Álvaro Uribe, asesinar o secuestrar personalidades políticas de primera importancia y cometer violentos atentados contra la población civil. Entre sus acciones más sangrientas se cuentan la explosión del Club El Nogal de Bogotá (35 muertos) y la explosión de una casa bomba el 14 de febrero de 2003 en Neiva (16 muertos). Ese grupo secuestró a tres ciudadanos norteamericanos. La identidad del jefe de la columna no se conoce. La prensa habla de un alias Óscar o alias El Paisa, como el número uno de esa columna, la cual dispondría de 600 hombres y mujeres armados (400 guerrilleros y 200 milicianos vestidos de civil). Durante las conversaciones de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana y las FARC, la columna Teófilo Forero se había infiltrado sin dificultad en Neiva. La administración de Álvaro Uribe le ha propinado fuertes golpes, sobre todo en 2004 y 2005. <<

[849] El Tiempo, 10 de marzo de 2004. <<

[850] AFP-Bogotá, 24 de enero de 2001. <<

[851] US News & World Report, 6 de febrero de 2001. <<

[852] AFP-Bogotá, 29 de agosto de 2001. <<

[853] El Tiempo, 4 de noviembre de 2001. <<

[854] AFP-Bogotá, 4 de noviembre de 2001. <<

[855] Tribune de Genève, 24 de agosto de 2002. <<

[856] El Tiempo, 2 de marzo de 2002. <<

[857] Ibíd., 29 de agosto de 2002. <<

[858] El Tiempo, 25 de noviembre de 2002. <<

[859] Ubifrance, dossier Colombia, octubre de 2005. <<

[860] Laura Restrepo, Historia de una traición, Editorial Plaza & Janes, Bogotá, 1986, p. 96. <<

[861] Ibíd., p. 86. <<

[862] Cifras de la Fundación País Libre, Bogotá y del diario El Tiempo, 23 de agosto de 2002. <<

[863] Entrevista del autor con Marie Steinmetz el 11 de marzo de 1999. <<

[864] Revista Semana, 8-15 de noviembre de 2004. <<

[865] El Tiempo, 9 de julio de 2006. <<

[866] Consuelo Araújo-Noguera había fundado en 1986 el Festival de la Leyenda Vallenata (músicas de Valledupar basadas en el acordeón, la guacharaca y el tamborín). Ella llevó en 2000 a un grupo de jóvenes músicos a la Casa Blanca, donde ofrecieron un concierto al presidente Bill Clinton. AFP-Bogotá, 1 de octubre de 2001. <<

[867] Revista Semana, 10 de agosto de 1993. <<

[868] Nohemí Sanín, candidata a la elección presidencial, y otros candidatos, pidieron en vano a Pastrana “suspender el proceso de paz” iniciado el 7 de enero de 1999. <<

[869] AFP-Bogotá, 9 de noviembre de 2001. <<

[870] El Tiempo, 9 de junio de 2003. <<

[871] Ibíd., 5 de mayo de 2003 y AFP-Bogotá, 5 de mayo de 2003. <<

[872] Los secuestradores querían forzar al padre de la profesora a asesinar a un paramilitar.

“Le cambiaremos la vida de su hija por la de Matute. Si usted liquida a Matute la soltamos sana y salva. Si no, nos veremos en la obligación de actuar contra ella”, escribieron en un mensaje dirigido a los padres de Ana Cecilia Duque. AFP-Bogotá, 29 de abril de 2003. <<

[873] Gonzalo Sánchez, Guerre et politique en Colombie, Éditions L’Harmattan, París, 1998, p. 47. <<

[874] La industria del secuestro en Colombia, Ediciones de Pax Christi Holanda, 2002. <<

[875] Marisol Gómez Giraldo, El Tiempo, 30 de abril de 2002. <<

[876] AFP, 17 de marzo de 2002. <<

[877] Hannah Arendt, La nature du totalitarisme, Payot, París, 1990, pp. 109-111. <<

[878] Para el concepto de hiperterrorismo ver la obra de François Heisbourg, Hyperterrorisme: la nouvelle guerre, Éditions Odile Jacob, París, 2001. <<

[879] El Tiempo, 5 de junio de 2002. <<

[880] Ibíd., 11 de octubre de 2002. <<

Capítulo 10

[881] El Espectador, 21 de marzo de 1999; AFP-Bogotá, 8 de diciembre de 2001. <<

[882] Who's Who in Colombia’s war, upi, 10 de septiembre de 2001. <<

[883] Tim Johnson, The Miami Herald, 7 de marzo de 1998. <<

[884] En esa época, el comandante de las Fuerzas Armadas era el general José Bonnet. El ministro de Defensa era Gilberto Echeverry, un civil. Después del desastre de El Billar varias personalidades, incluido Eduardo Pizarro Leongómez, pidieron la destitución de los dos funcionarios. <<

[885] Reuters, 14 de enero de 1999. <<

[886] El sargento Benavides explicó que la única mujer que se encontraba en la base la noche del ataque era Nancy Céspedes, la novia del agente Martín Torres. Ella había venido a recoger los documentos de su novio pues se iban a casar dos semanas más tarde en Mocoa. Tuvo que pasar la noche allí pues no había un bus que la llevara al pueblo. Durmió en el cuarto que hacía las veces de oficina de comunicaciones, el único lugar construido con ladrillos. El cuerpo de Torres fue encontrado en una trinchera. Nancy fue secuestrada por los guerrilleros pero logra escapar cuando llega el helicóptero del Ejército. Ver el testimonio del sargento Benavides grabado por la periodista Maribel Mancipe, in Beyond combat, Center for Sociopolitical Analysis, 2000, pp. 15 a 28. Ver también el valiente testimonio de Nancy Céspedes en la revista Cromos, 23 de noviembre de 1992, pp. 43-44. <<

[887] Maribel Mancipe, op, cit., p. 27. <<

[888] AFP-Bogotá, 16 de noviembre de 1992. <<

[889] La administración de Bill Clinton estaba convencida de que Ernesto Samper tenía contactos con el narcotráfico en la época en que era candidato presidencial. A pesar de las denegaciones de Ernesto Samper y de los éxitos de su gobierno contra el tráfico de drogas (desmantelamiento del cartel de Cali), Washington le hará la vida dura al presidente Samper. El 12 de junio de 1966, la Cámara de Representantes colombiana absolvió a Ernesto Samper por 111 votos contra 43, al decidir que no había motivo para abrir contra él un proceso penal ante el Senado. Ver el capítulo “Les années Samper” de la obra de Alain Delpirou y Eduardo Mackenzie intitulada Les cartels criminels. Presses Universitaires de France, París, 2000, pp. 66 a 86. <<

[890] El Tiempo, 18 de noviembre de 1992. <<

[891] Plinio Apuleyo Mendoza, revista Semana, 3 de octubre de 1997. <<

[892] Les droits de l’homme en Colombie. Vérités et mensonges, Verdad Colombia, Madrid, 2005, p. 70. <<

[893] Ver a este respecto el artículo de Juan Jesús Aznares, El País, Madrid, 15 de febrero de 2001. <<

[894] La historia de Johny, un niño ex miembro de las FARC, es ejemplar al respecto. Su terrible historia fue recogida por el coronel Luis Alberto Villamarín Pulido y publicada en el libro En el infierno, Arango y Asociados, Bogotá, quinta edición, abril de 1997. <<

[895] Miami Herald, 12 de febrero de 2001. <<

[896] Fernando Cepeda Ulloa, La pérdida de la investidura de los congresistas en Colombia, Documentos de Trabajo del bid, París, marzo de 2004, p. 51. <<

[897] Revista Cambio, 1 de marzo de 1999. <<

[898] Conferencia en París del general Henry Medina, el 14 de mayo de 2001, en el Institut des Hautes Études de l’Amérique Latine. <<

[899] Romain Rolland, Voyage à Moscou, Editions Albin Michel, París, 1992. Citado por Jean-François Revel, La grande parade, Editions Pión, París, 2000, pp. 100 y 101. <<

[900] María Jimena Duzán, Crónicas que matan, Tercer Mundo Editores, Bogotá, 1992, p. 76. <<

[901] Ibíd., p. 76. <<

[902] Revista Cambio, Bogotá, 12 de julio de 2004. <<

[903] Revista Alternativa, 15 de octubre de 1997. <<

[904] Ibíd., 15 de marzo-15 de abril de 1997. <<

[905] Ibíd. <<

[906] Revista Semana, 29 de octubre de 1996. <<

[907] Reuters-Bogotá, 21 de junio de 2000. <<

[908] El Tiempo, 4 de agosto de 2002. <<

[909] Tras los confusos hechos del 16 de abril surgieron versiones que indicaban que Carlos Castaño no había muerto, que la emboscada había sido un subterfugio para escapar a las autoridades. Rumores decían que él se ocultaba en Israel, que había negociado su entrega con Washington. La Fiscalía, en todo caso, inculpó a Carlos Castaño en junio de 2006 por el asesinato del antropólogo Hernán Henao Delgado, ocurrido en Medellín el 4 de mayo de 1999. Finalmente, el esqueleto de Carlos Castaño es encontrado por la Fiscalía, en septiembre de 2006: José Ignacio Roldán, alias Monoleche, ex guerrillero del EPL, pasado luego a los paras, confesó que él había asesinado a Castaño por órdenes de su hermano Vicente Castaño, hoy prófugo. <<

[910] AFP-Bogotá, julio de 2002. <<

[911] Ricardo Santamaría Salamanca, op. cit., p. 481. <<

[912] El Tiempo, 14 de julio de 2005. <<

[913] Ibíd., 19 de abril de 2006. Radio China Internacional, Pekín, 19 de abril de 2006. <<

[914] Pascal Drouhaud y Patrick Wajsman, en la revista Politique Internationale, No. 108, verano de 2005, París, p. 10. <<

[915] El Tiempo, 19 de abril de 2006. <<

[916] Ibíd. <<

[917] AFP-Bogotá, 11 de diciembre de 2001. <<

[918] Constanza Vieira, Inter Press Service, 15 de septiembre de 2004. <<

Capítulo 11

[919] Información revelada durante el proceso penal realizado en Aix-en-Province, sur de Francia, en junio de 2000, que juzgó y condenó a los traficantes Georges Bertoncini y Paulo Refe y seis cómplices más, incluidos Robert Matheron. Paolo Refe había sido detenido en Colombia en mayo de 1993 y extraditado un año después a Italia. Entrevista del autor con Francis Chevallier, abogado de Bertoncini, en junio de 2000. Ver también el artículo de Michel Henry, Libération, París, 20 de junio de 2000 y el cable de la AFP, de la misma fecha. <<

[920] Associated Press, 28 de octubre de 2001, Reuters, 29 de octubre de 2001 y AFP-Bogotá, 1 de noviembre de 2001. <<

[921] BBC News, 13 de junio de 2002. <<

[922] The Scotsman, 14 de junio de 2002. <<

[923] AFP-Bogotá, 16 de junio de 2004. <<

[924] The New York Times, 17 de diciembre de 2004. <<

[925] EFE News, 10 de diciembre de 2001. <<

[926] El Tiempo, Bogotá, 17 de noviembre de 2001. <<

[927] Fundado en 1969, el Ejército Rojo Japonés se ganó su triste renombre internacional tras la acción suicida en el aeropuerto Lod de Tel-Aviv, el 30 de mayo de 1972, donde 26 pasajeros fueron asesinados por los kamikazes de la Sekigun, los cuales hirieron también a 72 personas. De tendencia marxista-leninista, antimonarquista y antiimperialista, el ERJ había instalado en 1971 una base de operaciones en el Líbano, la cual estaba bajo la protección del Frente Popular de Liberación de Palestina (FPLP), rama Waddi Haddad, antes de quedar bajo las órdenes del terrorista Carlos. El ERJ ayudó también a grupos terroristas europeos como las Brigadas Rojas italianas y la banda Baader de Alemania. <<

[928] Roger Faligot, op. cit., p. 308. <<

[929] Thierry Vareilles, en su Encyclopédie du terrorisme international (L’Harmattan, París, 2001, p. 291), explica que el ERT se especializó en la ocupación de embajadas “como las de Francia en La Haya en 1974, de Estados Unidos y de Suecia en Kuala Lumpur (Malasia) en 1975, en el ataque con morteros a las embajadas de Japón y de Estados Unidos en Jakarta (Indonesia) en 1986 y el secuestro de aviones en 1973 y en 1977”. <<

[930] Entrevista con el autor. <<

[931] Revista Campagnes Solidaires, París, No. 144, septiembre de 2000; Revista Espaces Latinos, Lyon, No. 177, octubre de 2000. <<

[932] Leer el artículo de Eduardo Mackenzie intitulado “José Bové ne connait pas la Colombie”, en la revista Espaces Latinos, Lyon, No. 178, noviembre de 2000. <<

[933] The New York Times, 1 de julio de 2000. <<

[934] Monique Stauder, Christian Science Monitor, 13 de junio de 2001. <<

[935] Según Asa Hutchinson, director de la DEA. Associated Press, 14 de junio de 2002. <<

[936] Le Monde, 26 de octubre de 2000. <<

[937] Entrevista con el autor. <<

[938] Tomado del folleto intitulado Rapport d’Information présenté à la suite de la mission effectuée en Colombie du 10 au l8 mai 2001 par la délégation du groupe d’amitié France-Colombie de l’Assemblée Nationale. Esta delegación estaba compuesta por Alain Veyret, presidente del grupo, diputado socialista de Lot-et-Garonne; de Bernard Nayral, vice presidente, diputado socialista del Hérault; de Jean-Pierre Foucher, secretario, diputado UDF de Hauts-de-Seine, y de Jean Besson, diputado RPR del departamento de Rhône. <<

[939] Entrevista del autor del 30 de junio de 2000. <<

[940] The New York Times, 23 de febrero de 2003. <<

[941] Entrevista del autor del 23 de noviembre de 2001. <<

[942] El Tiempo, 18 y 19 de marzo de 2004. <<

[943] Ibíd., 19 de noviembre de 2001. <<

[944] Efe-Bogotá, 23 de marzo de 2004. <<

[945] AFP-Bogotá, 30 de marzo de 2004. <<

[946] Durante las elecciones legislativas de 1998, Ingrid Betancourt, quien se había inscrito en una lista del Partido Liberal, había sido elegida senadora por 150.000 votos. <<

[947] Jacques Thomet, AFP-Bogotá, 27 de febrero de 2003. <<

[948] Lejos de aprobar los métodos de lucha de las FARC, Ingrid Betancourt se había declarado favorable, antes de su secuestro, a los diálogos de paz entre esa banda y el Gobierno colombiano. Ella no veía en Tirofijo, jefe de las FARC, a un terrorista sino a un líder de una “vieja guerrilla campesina”. <<

[949] El Tiempo, 28 de febrero de 2002. <<

[950] AFP-Bogotá, 25 de agosto de 2004. <<

[951] Entrevista del autor con Astrid Betancourt en octubre de 2004. <<

[952] Revista Cambio 16 Colombia, 20 de marzo de 1995, p. 19. <<

[953] El Espectador, 24 de marzo de 1995. Amnistía Internacional denunció que el Ejército venezolano había capturado a 24 campesinos sospechosos de haber participado en el asalto del ELN y que los había torturado, antes de dejarlos en libertad el 15 de marzo de 1995. <<

[954] Revista Cambio 16 Colombia, 20 de marzo de 1995, p. 20. <<

[955] El Tiempo, 24 de marzo de 1995. <<

[956] Associated Press, 12 de septiembre de 2002. <<

[957] Colombian News, 22 de agosto de 2002. <<

[958] El Tiempo, 24 de junio de 2002. <<

[959] La otra preocupación diplomática de Colombia fue engendrada por Nicaragua. En 1980, el gobierno sandinista decide declarar nulo el tratado Esguerra-Bárcenas que reconoce la soberanía de Colombia sobre una zona marítima de 50.000 kilómetros cuadrados en el mar de las Antillas donde se encuentra el archipiélago de San Andrés y Providencia y el arrecife Quitasueño. Colombia rechazó inmediatamente la pretensión de Managua. En realidad, los títulos de Colombia sobre esas islas son muy antiguos, pues se desprenden de las órdenes reales del gobierno español y del ejercicio pacífico e ininterrumpido de la soberanía jurisdiccional colombiana desde la creación de la República. Ante el fracaso de su decisión, Managua volvió a la carga y entabló, en 2001, ante la Corte Internacional de Justicia, un libelo contra Colombia, sin lograr hasta hoy una decisión al respecto. <<

[960] El Tiempo, 7 de abril de 2002; Xinhuanet, 8 de abril de 2002. <<

[961] El Tiempo, 7 de abril de 2002. <<

[962] El Nacional, Caracas, 8 de septiembre de 2002. <<

[963] Conferencia de prensa del presidente Hugo Chávez en el Hotel Crillon de París, el 10 de octubre de 2001. <<

[964] Ver el editorial de El Tiempo del 8 de abril de 2002. <<

[965] AFP, 5 de abril de 2002. <<

Capítulo 12

[966] The Economist, Londres, 23 de junio de 1997. <<

[967] Revista Semana, 29 de octubre de 1996. El senador Álvaro Gómez Hurtado fue asesinado en Bogotá el 2 de noviembre de 1995, por desconocidos. La investigación penal no había concluido al momento de escribir este libro. Un sargento retirado del Ejército acusa al ex militar Jorge Eliécer Plazas de ser el autor intelectual de ese asesinato. El paradero de Plazas es desconocido. <<

[968] Le Monde, 15 de julio de 1999. <<

[969] The Associated Press, 9 de julio de 1999. <<

[970] El País, Cali, 9 de agosto de 2000. <<

[971] Se trata del periplo surrealista, por varios países europeos, organizado por el gobierno de Andrés Pastrana, y pagado por los contribuyentes colombianos, para mostrarles a los voceros de las FARC, quienes hacían la comedia de “negociar” en la zona desmilitarizada, cómo funcionan las democracias europeas. El viaje comenzó el 1 de febrero de 2000 en Bogotá, cuando seis jefes de las FARC tomaron en el aeropuerto Eldorado un avión de Iberia con destino a Oslo y Estocolmo, en compañía de Víctor Ricardo, alto comisionado para la Paz. Los hombres habían llegado ese mismo día a la base militar de Catam (aledaña a Eldorado) en una avioneta procedente de la zona desmilitarizada, en compañía de Ricardo. Las órdenes de captura que existían contra ellos habían sido suspendidas. Los guerrilleros eran Luis Edgar Devia (alias Raúl Reyes), José Benito Cabrera (Fabián Ramírez) Milton de Jesús Toncel (Joaquín Gómez), Luis Alberto Albán (Felipe Rincón), Ricardo Palmera (Simón Trinidad) e Iván Ríos. Los delegados del Gobierno viajaron en un avión de Luftansa. Olga Marín se suma al grupo durante su estada en París. <<

[972] Rapport d’Information, p. 13. <<

[973] Con el pretexto de “ejecutar un plan” de sustitución de narcocultivos, las FARC intentaron atraer personalidades de América Latina, Estados Unidos, Europa y Japón a un pseudo “encuentro internacional” sobre ese tema, en una zona cercana a la zona desmilitarizada. La cita era el 29 y 30 de mayo de 2000. El presidente Pastrana, quien había dado su visto bueno, prohibió el evento y no aceptó retirar el Ejército del selvático municipio de Cartagena del Chaira, como pedían las FARC. El presidente explicó la suspensión del encuentro como una reacción al asesinato de Elvia Cortés, el 14 de mayo, propietaria de una finca ganadera que soportó durante cinco horas un collar repleto de explosivos que las FARC le ataron al cuello por negarse a pagar una extorsión. Raúl Reyes insultó a Pastrana diciendo que no era “serio” pues había “incumplido su compromiso”. La brutal muerte de Elvia Cortés la atribuyó a la “inteligencia militar”. <<

[974] Medellín, 30 de julio de 2001. <<

[975] El Colombiano, Medellín, 19 de julio de 2002. <<

[976] Colombian News, 15 de abril de 2002. <<

[977] El Tiempo, 4 de noviembre de 2001. <<

[978] Ecopetrol, estadísticas de 2004, Bogotá. <<

Capítulo 13

[979] Phil Stewart, Reuters, 22 de marzo de 2002. <<

[980] Las FARC querían derribar el helicóptero en que se iba a transportar Uribe al acto de posesión. Seis terroristas fueron arrestados en Bogotá el 3 de agosto pero otros pudieron lanzar cohetes contra el Capitolio. Este atentado mató a cinco personas de un barrio pobre de Bogotá. La Fuerza Aérea bombardeó en seguida varios campamentos de las en Antioquia, Guaviare y Caquetá. <<

[981] El Tiempo, 28 de noviembre de 2002. <<

[982] El Tiempo, 22 de octubre de 2002. <<

[983] La investigación policial demostrará que Hermínsul Arellán, miembro de la columna Tulio Barón de las FARC, y su sobrino John Freddy Arellán, habían infiltrado el club El Nogal para poder introducir el carro-bomba. Todo parece indicar que al momento de la explosión, John Freddy Arellán y otro de sus tíos, Oswaldo Arellán, se encontraban dentro del parqueadero. Ellos murieron pues la explosión fue desatada por una tercera persona antes de que los dos hombres salieran del club. A finales de mayo de 2005, la Policía capturó a otro ejecutor del atentado: Víctor Julio Villalobos Velásquez, miembro de la columna Teófilo Forero de las FARC. Los otros miembros de la banda son Alipio Murillo y Fernando Arellán. Un segundo automóvil, minado por Villalobos y destinado al Hospital Militar de Bogotá, fue desactivado por la Policía. <<

[984] Sobre el atentado de El Nogal ver El Tiempo del 8, 9,10 y 12 de febrero de 2003 y del 12 de junio de 2005; La Vanguardia, Barcelona, del 8 de febrero de 2003; The New York Times del 9, 10 y 12 de febrero de 2003 y la AFP-Bogotá del 10 de febrero de 2003. <<

[985] La Corte Constitucional fue presidida por Carlos Gaviria Díaz, magistrado de extrema izquierda. Una vez salido de esa institución, Gaviria Díaz revela ser miembro del Frente Social y Político, dirigido por el PCC, y es elegido senador. En 2005, Gaviria es el candidato presidencial del PD, también dirigido por el PCC. <<

[986] AFP-Bogotá, 24 de enero de 2001. <<

[987] El Tiempo, 3 de marzo de 2004. <<

[988] Ibíd., 13 de abril de 2002. <<

[989] Ibíd., 18 de abril de 2004. El absurdo de prohibir a la Policía y al Ejército la recepción de pruebas durante una operación comenzó a hacer carrera 16 años atrás. El 3 de marzo de 1988, la Corte Suprema de Justicia declaró “inconstitucional” todo acto de esa naturaleza “incluso si hay un decreto destinado a luchar contra el terrorismo durante un período de estado de sitio”. <<

[990] Citado por Gerardo Reyes, El Nuevo Herald, Miami, 30 de agosto de 2002. <<

[991] Juan Carlos Iragorri, op. cit., p. 158. <<

[992] Entrevista con el autor. <<

Capítulo 14

[993] AFP-Bogotá, 13 de noviembre de 2002. <<

[994] El Tiempo, 4 de agosto de 2002. <<

[995] Strategie Studies Institute, US Army War College, 2001. <<

[996] Mijail Gorbachov, Mémoires, Editions du Rocher, París, 1995, p. 243. <<

[997] Ver el texto completo de esa carta en El Tiempo, 21 de noviembre de 1992. <<

[998] “Guerre, processus de paix, Polarisation politique”, Revue Problèmes d’Amérique Latine, París, No. 44, printemps 2002. <<

[999] Financial Times, Londres, 26 de febrero de 2001. <<

[1000] El Tiempo, 8 de junio de 2002. <<

[1001] “El cerco de Bogotá”, revista Semana, junio de 2005. <<

[1002] El 24 de julio de 2003, alias Javier Gutiérrez mató a sangre fría a los esposos Bickenbach, secuestrados el 26 de diciembre de 2002. Helmut Bickenbach era un industrial. Doris, su esposa, había sido reina nacional de belleza a la edad de 19 años. Cuando Gutiérrez dirigió su fusil contra Helmut, Doris se precipitó para proteger a su marido. Ella fue también asesinada. Ese crimen desató una ola de indignación en todo el país. <<

[1003] “El cerco de Bogotá”, Revista Semana, junio de 2005. <<

[1004] Voz, Bogotá, 24 de septiembre de 2004. <<

[1005] Alternativa, No. 2, septiembre de 1996. <<

[1006] Ver la grande parade, de Jean-François Revel, Plon-Pocket, París, 2000, p. 263. <<

[1007] Leszek Kolakovski, Petite philosophie de la vie quotidienne, Éditions du Rocher, París, 2001, p. 37. <<

[1008] Encuesta de opinión realizada por la firma Yanhaas, difundida el 26 de julio de 2005 por la radio rcn de Bogotá. <<

[1009] EFE, 2 de febrero de 2002. <<

[1010] Revista Cambio, 24 de noviembre de 2004. <<

[1011] El Tiempo, 16 de diciembre de 2004. <<

[1012] Bibiana Mercado Rivera, El Tiempo, 17 de enero de 2005. <<

[1013] AFP-Bogotá, 11 de junio de 2004 y El Nuevo Herald, Miami, 30 de mayo de 2004. <<

[1014] Nueva extrema derecha, ciertamente, pero extrema derecha tradicional también. No hay que olvidar que Hitler, al final de su vida, deploraba no haber firmado una alianza con el mundo musulmán para luchar contra el campo angloamericano. <<

[1015] Respecto de la convergencia entre extrema izquierda, neonazis e islamistas ver el artículo de Alexandre del Valle intitulado “Rouges-bruns-verts: l’étrange alliance”, revista Politique Internationale, No. 102, hiver 2003-2004, pp. 265-288. <<