JAUME FONT GAROLERA

Nació en L’Esquirol (Cataluña), en el seno de una familia obrera. Pasó por las universidades laborales de Tarragona, A Coruña y Gijón, donde cursó Maestría Industrial. Trabajó en la Seat y fue profesor de Formación Profesional mientras cursaba Geografía en la Universidad de Barcelona, de la cual es profesor emérito. Como docente se especializó en geografía regional y como investigador en ordenación y planificación territorial. En 2001, el Institut d’Estudis Catalans le concedió el Premi Prat de la Riba de Ciències Socials por la obra titulada La formació de les xarxes de transport a Catalunya (1762-1935) (Oikos-Tau, 1997). Ha publicado numerosos libros y artículos sobre sus temas de investigación.

Jaume Font Garolera

Las Españas despobladas

Entre el lamento y la esperanza

Diseño de cubierta: Pablo Nanclares

© Jaume Font Garolera, 2023

© Los libros de la Catarata, 2023

Fuencarral, 70

28004 Madrid

Tel. 91 532 20 77

www.catarata.org

LAs ESPAÑAs DESPOBLADAs.
Entre el lamento y la esperanza

isbne: 978-84-152-710-9

ISBN: 978-84-1352-617-1

DEPÓSITO LEGAL: M-4392-2023

THEMA: JBSC/JHBD

impreso por artes gráficas coyve

este libro ha sido editado para ser distribuido. La intención de los editores es que sea utilizado lo más ampliamente posible, que sean adquiridos originales para permitir la edición de otros nuevos y que, de reproducir partes, se haga constar el título y la autoría.

A los 30.000 trabajadores y compañeros que
en los años setenta trabajaban en la Seat de Barcelona,
en un 85% procedentes de la España rural.
En especial, a Pablo Gómez Bon y Pilar García Yuste.

Agradecimientos

Un libro es siempre una obra colectiva, y mucho más cuando se habla del territorio, una palabra neutra detrás de la cual se esconden los espacios vividos, donde se desenvuelve la vida cotidiana de cada cual. Paisajes, pueblos, caminos nuevos y viejos, testigos de las inquietudes, los sueños y las emociones de cada persona y de cada generación. La España vacía, vaciada o simplemente poco poblada o como quiera que sea llamada, tiene muchas lecturas, pero en ningún caso aquel pasado supuestamente lleno fue un tiempo mejor que el actual. El salto ha sido enorme. No es lo mismo tumbarse sobre el arado para que este penetre un poco más en la tierra, que contemplar el mundo desde los dos metros de altura de un tractor de última generación.

Son muchas las personas que me han ayudado a construir este relato del que soy el único responsable de las opiniones que se vierten en él. Es obligatorio mencionar en primer lugar al maestro de geógrafos Horacio Capel, que me animó a aceptar un reto como este, en un tiempo en que todo está en cuestión. Agradezco también los sabios consejos de Juan Sisinio Pérez Garzón, sobre todo a la hora de afrontar temas espinosos como la imparable penetración de las grandes corporaciones en el espacio rural español. Agradezco a mi colega Dolores Sánchez Aguilera sus consejos a la hora de afrontar las cuestiones demográficas, de la que ella sabe mucho más que yo. Y también a Josep Coma, que a sus entusiastas clases de ordenación del territorio en la Universitat de Barcelona aúna su experiencia como alcalde de un pequeño municipio de la alta montaña catalana. Son muchos más los colegas con los que he podido contar: Lorenzo López Trigal, Rubén Lois, Valerià Paül, Jorge Olcina y Arlinda García, entre otros colegas con los que he tenido la ocasión de intercambiar opiniones. Desde aquí también mi reconocimiento a las personas que me dedicaron su tiempo y sus conocimientos: Alfredo Sánchez Garzón, desde Torrebaja, en Ademuz; Ángel Luis López Sanz, desde La Yunta; Jerónimo Lorente, desde Molina de Aragón; María Consuelo García García, alcaldesa de Calles; Miquel Vilella, agente de desarrollo rural; Jonathan Nieto-Aliseda, desde Extremadura; Pere Jordi Piella, desde el Ripollès, y a las muchas personas que me han relatado sus experiencias personales o familiares con respecto al viejo y el nuevo éxodo rural, como Silvestre Gilaberte, Pedro López Provencio, Isabel Braga, Domènec Benet y Pilar Gómez García. A todos ellos, muchas gracias.

Introducción

de qué habla este libro y quien lo escribe

La despoblación rural parecía algo caduco y pasado de moda, pero de pronto y casi por sorpresa volvió al primer plano de la actualidad. Y ahí sigue. El propósito de este libro es intervenir en la conversación pendiente que menciona Sergio del Molino, a propósito del apabullante éxito de su obra La España vacía. Viaje por un país que nunca fue (2016). Se trata de explicar: ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué procesos se han dado y se dan en España para que este concepto, convertido en un topónimo porque alude a una realidad geográfica tangible, haya surgido con tanta fuerza? ¿Dio una nueva visibilidad al problema endémico de la despoblación española y, muy en particular, de la España rural? ¿O puso sobre la mesa el problema semioculto —u ocultado del todo— de tantos territorios que fueron ricos hasta hace poco tiempo y que hoy decaen y se vacían irremisiblemente? En unos casos, por las reconversiones agrarias, industriales o mineras; en otros, por la deslocalización y el cierre de tantas empresas industriales que daban vida a comarcas enteras y trabajo a centenares de miles de personas. Puede que muchas de estas personas estén hoy felizmente jubiladas, pero residiendo en territorios carentes de futuro a causa del imparable proceso de globalización que concentra el talento, el capital y el poder en las grandes ciudades y las metrópolis globales.

En España decaen, puede que irremisiblemente, las viejas cabeceras comarcales y tantas ciudades históricas, antiguamente prósperas, como Talavera de la Reina, y antiguos emporios industriales o mineros como Mieres, Langreo, Alcoi, Béjar, Toro, Villablino, Reinosa o Barruelo de Santullán: ¿Se trata de un fenómeno genuinamente español o tiene semejanzas con otros procesos? ¿Qué ocurre en la douce Francia de los gilets jaunes? ¿Y en el medio rural de América Latina o el Medio Oeste norteamericano? ¿El fenómeno del vaciamiento rural o urbano-rural es irreversible? ¿O más tarde o más temprano se producirá, si es que no se está produciendo ya, un retorno al campo favorecido por el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), la revolución de las redes sociales y la aparición del teletrabajo tras la superación de la pandemia de la COVID-19? Y lo que es más importante, en qué condiciones se producirá este hipotético retorno: ¿será temporal, permanente o simplemente estacional o intermitente, tal como acontece en tantos pueblos de la España vacía?

De todo ello se habla en estas páginas, pero debo advertir al lector que no encontrará aquí recetas milagrosas para resolver un problema histórico como el del declive y la despoblación rural en España. El objetivo principal de estas páginas es poner sobre la mesa el carácter poliédrico y extraordinariamente complejo del problema; examinarlo desde distintos ángulos y puntos de vista (ambiental, territorial, económico y demográfico); aportar conocimiento sobre lo mucho de nuevo que está naciendo en el medio rural español tras décadas de declive, e intentar cambiar —e incluso subvertir— la hegemonía del discurso victimista imperante, en la línea de una tradición hispánica más que secular.

Breve apunte personal

Antes de empezar, he de advertir que el lector encontrará aquí el punto de vista de un geógrafo que durante tres décadas ha impartido clases de “Geografía de España” y de “Ordenación del territorio” en la Universidad de Barcelona. Conozco relativamente bien el país, tanto por mi condición de geógrafo como por mi trayectoria vital. De joven, durante los felices años sesenta, estudié formación profesional en las universidades laborales de Tarragona, A Coruña y Gijón. Estuve dos cursos en cada una de ellas, lo cual me permitió salir del pequeño rincón de la Cataluña interior donde nací: un entorno rural singular, situado a 80 km de distancia de Barcelona, mitad agrario y mitad industrial, como toda la cuenca de los ríos Ter y Llobregat. Industria rural difusa la llamaban los expertos, hoy en su mayor parte extinguida.

Lo pasé mal en Tarragona, por ser la primera vez que salía de casa, pero luego me sedujeron las brumas norteñas, el océano inmenso, la empanada y el caldo gallego o beber con los compañeros de promoción un culín de sidra ortodoxamente escanciada en un chigre de Somió. Me enamoré de las viejas rúas de Santiago y fui feliz en el próspero, bullicioso y contestario Gijón de finales de los años sesenta, donde vi en directo los primeros goles de Quini en El Molinón mientras intentaba triunfar con la música folk, tan de moda aquellos días. Estudié poco, lo justo para aprobar, condición sine qua non para conservar la beca que había ganado. Pero me interesaba más la música, lo cual no entendía mi padre: “La guitarra te perderá”, me decía. Le hacía ilusión que llegara a ser ingeniero y trabajase en una fábrica, como él mismo, pero de traje y corbata. No me perdí del todo: en 1970 entré en la Seat, donde trabajé diez años de verificador con la categoría de oficial de primera técnico, gracias a la excelente formación profesional que recibí en Gijón.

Una vez en la enorme factoría, considerada entonces la punta de lanza del movimiento obrero español, pude vivir en primera persona la enorme y profunda transformación que se estaba registrando en España durante las postrimerías del franquismo, en pleno desarrollismo. Éramos unos 30.000 empleados que proveníamos de todos los rincones de España, generalmente de los más pobres, alejados y marginales del país. La gran mayoría procedía del campo, siendo habitual llamar destripaterrones a los recién incorporados, de la misma forma que en las películas neorrealistas italianas llamaban terroni a los obreros de la FIAT que provenían del Mezzogiorno.

Allí conocí gente que procedía de toda España: sobre todo de Andalucía y Extremadura, pero también gallegos (casi todos lucenses), castellanos nuevos y viejos, murcianos, leoneses, asturianos, muchos aragoneses y algún valenciano, además de un escaso quince por ciento de catalanes de origen como yo mismo. Salí de la Seat en 1980, cuando aprobé en Madrid las oposiciones al cuerpo de Maestros de Taller de Formación Profesional, lo cual me permitió compaginar y terminar con éxito los estudios de Geografía, una vocación de vida que descubrí de niño en la rebotica de la farmacia de mi pueblo, llena de libros y regentada entonces por un ilustrado caballero madrileño, don Luis Civil. En 1987 gané un primer concurso para impartir clases de “Geografía regional de España” en la Universidad de Barcelona, y en 1995 obtuve la plaza de profesor titular. Me jubilé en septiembre de 2021 y hoy en día soy profesor emérito de la Universidad de Barcelona. Para concluir este ya largo exordio, en este libro me hago preguntas e intento dar respuesta a los interrogantes planteados a través de una mirada geográfica a la variopinta, por diversa, España rural vacía o vaciada.

Capítulo 1

Abriendo interrogantes: cuando decían que España iba bien…

Un par de décadas atrás, durante los años anteriores y posteriores al cambio de siglo y de milenio, para muchas personas hablar de la despoblación rural parecía algo caduco y pasado de moda. “¡España va bien!” fue el eslogan dominante durante los ocho años (1996-2004) que permaneció en el poder el Partido Popular, a través de los gobiernos presididos por José María Aznar. Un mantra subrayado insistentemente por la prensa afín. Sin embargo, no todo el país iba bien, hasta el punto de que un sordo malestar comenzaba a remover la plácida vida provincial de aquel entonces. Uno de los primeros síntomas de ello fue la creación de la plataforma ciudadana Teruel Existe a finales de 1999, hoy convertida en un partido político con una gran capacidad de convocatoria y notables éxitos electorales, junto con Soria ¡Ya!

No se le prestó mucha atención al principio, excepto en las numerosas comarcas y territorios donde la despoblación se había convertido en un problema acuciante, de tal forma que a Teruel Existe le salieron imitadores en todas partes. Poco tiempo después se creó la plataforma Soria ¡Ya! (2001), luego Talavera Existe y Resiste y La Otra Guadalajara (2005), hasta llegar al centenar largo de plataformas más o menos formalizadas que existen en la actualidad. Incluso en el Pirineo catalán se creó tempranamente la plataforma El Ripollès Existeix (2000), al socaire de la plataforma turolense, para reivindicar como en otras tantas comarcas de montaña la mejora de las comunicaciones por carretera y ferrocarril. El movimiento exhibió su fuerza por primera vez en la multitudinaria manifestación celebrada en Madrid el 31 de marzo del 2019, a la que asistieron decenas de miles de personas. El País, en su edición del 31 de marzo de 2019, llegó a titular: “La ‘España vaciada’ de las comarcas rurales toma Madrid con sus reivindicaciones”.

El común denominador de la mayor parte de estas plataformas surgidas en defensa de los territorios en decadencia es un fuerte sentimiento de agravio que ha acabado por transformarse en una verdadera autoafirmación: “¡Teruel existe!” fue el grito que anunciaba este cambio radical de paradigma. Es decir, se pasó del derrotismo y la autocompasión de los años cincuenta y sesenta, las dos décadas en las que todo cambió, a la toma de conciencia colectiva de la propia marginalidad en el contexto de la globalización. Del “aquí no hay vida”, de cuando todo el mundo se iba o decía que lo mejor era irse del pueblo, a la autoafirmación y a la lucha por el presente y el futuro de la España vacía o vaciada. Es decir, de las Españas que no contaban y que hoy revindican su lugar al sol. Jaén Merece Más es el significativo nombre de la plataforma jienense creada en 2017 para, según se dice en la presentación de su página web, “reclamar la dignidad que nuestra provincia merece y ante el continuo olvido y afrentas de las distintas administraciones a lo largo de los años”1.

Algo iba mal: la revuelta de los territorios
que decían que no contaban

La España con la que nadie contaba quiere tener por sí misma un puesto en la mesa del desarrollo social y territorial. Una batalla que trasciende lo estrictamente rural para reivindicar un nuevo y equilibrado modelo social y territorial, aspiración que de ninguna manera puede considerarse algo exclusivo de nuestro país. En octubre del año 2018 estalló por sorpresa en la Francia rural lo que la prensa bautizó como el movimiento o la revuelta de los chalecos amarillos (mouvement des gilets jaunes). Millares de ciudadanos, autoconvocados a través de las redes sociales, bloquearon durante cinco días seguidos y luego cada fin de semana durante más de un año las principales carreteras del país, por un motivo aparentemente fútil como el aumento del precio de los carburantes, sobre todo del gasoil, a consecuencia de un nuevo impuesto sobre el carbono.

Con el paso de los meses el abanico de reivindicaciones de la Francia rural se fue ampliando, a la par que tomaba fuerza en países como Bélgica, Alemania e Italia, entre otros. Se calcula que en Francia se movilizaron más de tres millones de personas. Los cortes de carreteras fueron reprimidos duramente por parte de la policía, con un balance final de 14 personas fallecidas por causas diversas (atropellos, sobre todo), además de centenares de heridos y contusionados por las balas de goma empleadas por la policía. La prensa (Le Monde, Libération) informó, además, que 17 personas perdieron un ojo y fijó en más de 2.000 el número de heridos tras un año de movilizaciones en toda la Francia rural.

El movimiento de los chalecos amarillos fue calificado displicentemente de reaccionario o de populista por una parte de la prensa francesa de izquierdas, mayoritariamente escrita desde un punto de vista urbano. Ahora bien, el continuo surgimiento de nuevas plataformas territoriales en España, e incluso el rechazo mayoritario a la Unión Europea de la Inglaterra rural, se inscriben dentro de esta misma problemática: el sentimiento de abandono y de progresiva marginación del mundo rural europeo, tanto de los pequeños pueblos como de las cabeceras comarcales y provinciales. Incluso en un país como Francia, que ha defendido con uñas y dientes la supervivencia de su agricultura ante la Unión Europea. Vivimos inmersos en un fin de ciclo acelerado por los efectos indeseables de la globalización, en gran parte no previstos por la actual clase política en el poder, e incluso sagazmente ocultados tras un alud de información banal, que da alas a los nuevos populismos de derechas y de izquierdas.

En cualquier caso, hoy en día queda muy lejana aquella antigua y plácida vida rural, basada en la explotación familiar del terruño y en un conjunto de valores sociales, religiosos y culturales que parecían inmutables al paso del tiempo. Es por ello por lo que la decadencia de lo rural no se circunscribe solamente a lo demográfico y al declive de los pequeños pueblos que viven —o que vivían— de la agricultura y la ganadería, sino que incluye también el declive económico y sociodemográfico de sus respetivas cabeceras comarcales y el de numerosas capitales de provincia. Pequeñas y medianas ciudades-mercado y cabeceras de partido judicial —hoy extinguido—, que en tiempos pasados fueron prósperas y que hoy ven impotentes como van cerrando sus viejos establecimientos comerciales, hartos de intentar competir desigualmente con el comercio online. Mercados semanales, antiguamente pujantes, hoy atraen preferentemente a visitantes y turistas de fin de semana, que ya es mucho.

En pocas palabras, las personas de mi generación (los baby boomers, más o menos maduros) hemos asistido a la extinción de un mundo y unos modos de vida que ya son pasado. En ningún tiempo como ahora se han celebrado en los pueblos tantas romerías, efemérides diversas, fiestas de segar y trillar, de la vendimia o de la trashumancia y ferias que suelen atraer más curiosos y turistas que cabezas de ganado. Todo eso está muy bien, de todo hay que guardar memoria, pero el mundo rural jamás volverá a ser como era, por más revivals que se programen y por más declaraciones patrimoniales que se hagan.

Hacia un cambio de paradigma: la rebelión del voto rural

Andrés Rodríguez-Pose (2019), profesor de la London School of Economics y uno de los expertos más solventes en materia de desarrollo local, habla de los lugares que no importan —places that don’t matter— en un ensayo de éxito donde contrapone el auge de las metrópolis globales —los lugares que de verdad importan en un contexto económico global— con la decadencia de los espacios periféricos en todo el mundo, incluidos los países desarrollados.

En nuestro país, los pequeños pueblos (o lo que la prensa suele llamar el rural profundo o remoto) tocaron fondo hace mucho tiempo y su evolución reciente no es especialmente negativa. Entre otros factores, porque todavía se mantiene vivo el vínculo afectivo, cultural e incluso económico de las personas y parte de los descendientes que un día se fueron del pueblo. Millares de casas se han reformado o se han construido de nueva planta a instancias de los oriundos que un día marcharon del pueblo y que ahora vuelven al mismo cada vez que tienen la oportunidad de pasar unos días en él. No sabemos por cuánto tiempo y por cuántas generaciones pervivirá este vínculo afectivo con un lugar de origen cada vez más lejano, pero lo que sí es seguro es que ha evitado la desaparición definitiva de millares de aldeas y de pequeños pueblos en toda la España rural.

En otros casos, sobre todo en los lugares más valorados por sus atractivos naturales, culturales o paisajísticos, ha sido el auge del turismo rural, activo y de naturaleza registrado en las últimas décadas lo que ha insuflado un plus de vida económica y social a millares de aldeas y pequeños pueblos del rural remoto, desde los altos valles pirenaicos a las serranías béticas e ibéricas. Tanto en uno como en otro caso, los pueblos se han acostumbrado a funcionar de una manera intermitente: casi vacíos de lunes a viernes y llenos a rebosar durante los fines de semana, puentes y vacaciones.

Es mucho más preocupante, por el contrario, el cambio de escala que se ha producido en las últimas décadas al compás de la globalización. La decadencia ya no se cierne solamente sobre el rural profundo, vinculado a lo agrario, sino que afecta también a territorios prósperos hasta hace muy poco tiempo, como las comarcas de antigua tradición industrial y los valles mineros.

Algo va mal (2010) es el título del libro póstumo del malogrado Tony Judt (1948-2010). Una obra en la que, al socaire de la desindustrialización europea y norteamericana, denunciaba el triunfo del neoliberalismo y la consiguiente pérdida progresiva de las conquistas sociales de la clase obrera europea, hoy reconvertida por los medios de comunicación en clase media. Es decir, empleo fijo y justamente remunerado, funcionamiento del ascensor social, sensación de estabilidad, seguridad ante la vejez y confianza en un futuro mejor para los descendientes. La izquierda europea, según Judt, ha renunciado a sus valores tradicionales (redistribución de la riqueza, igualdad de oportunidades y atención social) para adquirir los del neoliberalismo y el individualismo. El mismo Judt se ponía como ejemplo de las conquistas socialdemócratas: siendo hijo de una familia obrera, accedió a la universidad gracias al sistema británico de becas y ayudas sociales, llegando a ser profesor de la prestigiosa London School of Economics. “Ha llegado el momento de reconstruir una izquierda disgregada y sin discurso”, sostuvo en el libro que fue su testamento vital (Judt, 2010: 40).

Ante esta situación acontece lo que el profesor Rodríguez-Pose llama la venganza de los lugares que no importan, que es el título completo de su exitoso ensayo: “The revenge of the places that don’t matter (and what to do about it)”. Una venganza que los territorios que no cuentan pueden consumar a través de un instrumento tan poderoso en democracia como el voto, tanto en España como en Francia, Reino Unido o Italia. Y así fue y así será si no se produce un cambio político que vaya más allá de lo meramente coyuntural y de la gestión del día a día por parte de los que detentan el poder. La política social debería volver a lo tangible en vez de perderse por vericuetos cada vez más alejados de la vida cotidiana de las personas. La clase política no debería permanecer más tiempo encerrada en su torre de marfil.

El nuevo milenio no trajo el fin de la historia

De todo ello se habla en este libro, pero antes es preceptivo volver la mirada a los tiempos en los que se decía que España “iba bien”. Veinte años atrás, nuestro país y el mundo entero habían inaugurado el tercer milenio con optimismo. Francis Fukuyama, el politólogo norteamericano devenido en gurú del neocapitalismo, había preconizado el fin de la historia en un artículo publicado en 1992, tras la rápida y estrepitosa caída del imperio soviético. Sin embargo, la fiesta neocapitalista de los años noventa acabó abruptamente el 11 de septiembre de 2001, tras los pavorosos atentados provocados por el fundamentalismo islámico contra las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York, incluyendo otros objetivos militares tan significativos como el edificio del Pentágono, ni más ni menos que el cuartel general de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.

A pesar de la gravedad de los atentados, la recuperación fue rápida y sostenida, tanto a escala global como a escala española, hasta que en 2008 se produjo la hecatombe inmobiliaria que provocó una crisis global que duró diez años y que alguien equiparó al crac financiero del año 1929, la crisis que antaño favoreció la expansión del fascismo y el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando parecía que todo volvía a la normalidad de un crecimiento económico sostenido en el contexto de la globalización, surgió la pandemia provocada por el virus de la COVID-19, que puso de relieve, una vez más, que la historia nunca se detiene: los contagios y las defunciones se contaron por millones y los confinamientos casi paralizaron la economía mundial durante los años 2020 y 2021. Y cuando se atisbaba el fin de la pesadilla, el 22 de febrero del 2022, el neoimperialismo ruso, cuya cabeza visible es el presidente Vladímir Putin, invadía Ucrania y provocaba una nueva guerra cuyas consecuencias a corto, medio y largo plazo son imprevisibles, pero que ya se manifiestan en forma de encarecimiento brutal de los precios, tanto de los productos energéticos, caso del petróleo y el gas natural, como de las materias primas y los productos agroalimentarios de primera necesidad. Es decir, la vulgar cesta de la compra.

Pero un par de décadas atrás, a finales del siglo XX, la cuestión del declive rural, tan trillada durante los años setenta y ochenta, se había convertido en un lugar común y un tópico menor que cultivaban mayormente las universidades y los académicos procedentes de las ciudades y provincias que habían padecido y todavía seguían padeciendo las consecuencias de la despoblación. En aquellos tiempos, previos al estallido de la burbuja inmobiliaria y de la crisis global posterior, el futuro del mundo rural español se veía incluso con optimismo. La llegada de la democracia, junto con la consolidación de la España autonómica y la posterior incorporación del país a la Unión Europea (1986), habían dado un nuevo impulso a los territorios periféricos que, por fin, empezaban a disponer de las infraestructuras técnicas más elementales (energía, transporte, abastecimientos) y de los servicios considerados básicos en un incipiente estado de bienestar (educación, sanidad, asistencia social), de los que históricamente habían carecido. En ningún momento de la historia los pequeños pueblos habían gozado de tantos equipamientos materiales como durante los años previos al cambio de siglo. En casi todas partes se abrieron consultorios médicos, casas de la cultura, piscinas y polideportivos que, en muchos casos, solo se utilizaban durante las fiestas patronales. Las diputaciones provinciales, por su parte, subvencionaban pistas de petanca y auténticos gimnasios al aire libre, equipados con sofisticados aparatos para que los mayores del pueblo pudieran hacer ejercicio y mantenerse en forma. El bibliobús, la biblioteca ambulante, iba de pueblo en pueblo supliendo en parte la falta de infraestructura cultural.

Las políticas de desarrollo rural: las redes territoriales
salen a escena

Entretanto, las políticas europeas de desarrollo regional, de las que tanto se benefició España, junto con la Política Agraria Comunitaria (PAC), daban sus frutos en forma de ayudas directas e indirectas a la agricultura, al mismo tiempo que se aprobaban programas autonómicos, nacionales y europeos de desarrollo regional y rural. Con ello se fomentaron la innovación y el emprendimiento local y regional a través de un diversificado programa de incentivos, factores todos ellos que permitían vislumbrar un futuro optimista para el medio rural español, que por fin podría sacar provecho de su gran diversidad medioambiental y de su enorme potencial endógeno, contando, además, con el libre acceso al enorme mercado comunitario europeo.

Fueron los años en los que surgieron los programas comunitarios LEADER y PRODER, cuyas dotaciones económicas propiciaron la creación de más de doscientos Grupos de Acción Local (GAL) en toda España, todos ellos estrechamente vinculados con el territorio y comprometidos con su desarrollo, y ampliamente estudiados por la academia, por parte de expertos en desarrollo rural como Javier Esparcia Pérez, Lorenzo López Trigal o Fernando Molinero, entre otros. Las servidumbres políticas condicionaron y siguen condicionando en gran manera la composición interna, el funcionamiento, los objetivos y las inversiones prioritarias de estos grupos, pero no cabe duda de que sus acciones contribuyeron y contribuyen aún al desarrollo local y comarcal, a fijar actividad económica y población en los territorios rurales concernidos. Y, lo que es más importante, según Javier Esparcia Pérez, se han creado redes sociales y territoriales: las personas han salido del caparazón de su pueblo o comarca, se han conocido, han analizado los problemas comunes y han realizado propuestas de desarrollo. Todo ello ha propiciado la creación de algo intangible pero inédito hasta hace muy poco tiempo: la creación de vínculos afectivos entre sociedades y territorios que casi siempre han vivido de espaldas los unos de los otros.

A través de la acción de estos grupos se incentivó el turismo rural, se promovieron las producciones agropecuarias de calidad, se fomentó la creación de denominaciones de origen y de indicaciones geográficas protegidas de un sinfín de productos locales y comarcales, empezando por los tradicionales vinos y aceites, siguiendo con los espárragos trigueros o los melocotones de Calanda, la trufa de Soria o Teruel o el jamón de los Pedroches o de Guijuelo, para acabar con una gran variedad de quesos y embutidos artesanales, además del fomento de las artesanías locales, como el mimbre, el esparto, la palma o el palmito y el lino. Los reportajes de los dominicales de la prensa nacional, regional o local se encargaban de recomendar puntualmente el consumo de dichos productos o de visitar los lugares y los parajes más emblemáticos de cada provincia y de cada comunidad autónoma. Lo rural, por fin, empezaba a dotarse de valor y a ser contemplado por parte de la sociedad urbana como algo positivo, totalmente opuesto a la histriónica figura del paleto que llegaba a la gran ciudad durante los años del desarrollismo.

Cuando Labordeta llevaba el país en la mochila

A finales de los años noventa y durante la primera década de este siglo, los medios de comunicación incluso preconizaban una enésima vuelta al campo y a la vida en contacto con la naturaleza. En aquellos días no faltaban las entrevistas a los ejemplos más exitosos de un supuesto ejército de nuevos emprendedores rurales, mucho más proactivos y realistas que los viejos y ya decrépitos hippies que en los años sesenta y setenta habían redirigido su mirada hacia la naturaleza. Un repaso a los folletos turísticos de la época y a los suplementos dominicales de los periódicos nacionales, como El Viajero, dan idea de que lo rural se vendía incluso como algo cool, dicho sea, en la jerga posmoderna.

Un reflejo de este moderado optimismo, con respecto al futuro del mundo rural español, fue el programa de televisión Un país en la mochila, presentado por el incansable José Antonio Labordeta (1935-2010), que tanta repercusión tuvo durante el cambio de siglo y de milenio2. RTVE emitió 29 episodios de este programa, que habitualmente transcurrían por comarcas que eran estereotipos cuasi perfectos del medio rural español más profundo. Labordeta pudo mostrar en aquellos reportajes una visión amable y hasta cierto punto optimista de los lugares ignotos por los que transitaba. Y cuando departía con gentes de comarcas tan despobladas como el Maestrazgo turolense, el valle del Roncal en Navarra, Babia en León o el Priorat en Cataluña, se hablaba más de perspectivas de futuro que de soledad, resignación y abandono. No solían faltar en aquellos programas ejemplos de nuevos emprendedores que se habían atrevido a regresar al pueblo para recuperar un viñedo o un olivar perdido, abrir una quesería o regentar un negocio de restauración o de turismo rural. Lo rural vuelve a estar de actualidad. Los medios subrayan hoy mismo que el efecto COVID-19 ha provocado un movimiento de retorno al medio rural, a pesar de que los nuevos empadronamientos en los pequeños municipios son casi irrelevantes a escala general española y nadie sabe a día de hoy si serán estructurales o coyunturales.

Sin embargo, y a pesar de esta mirada optimista, algo se removía soterradamente en lo que eufemísticamente la prensa suele llamar la España profunda, y el síntoma más evidente de ello fue, tal como dije al principio de este ensayo, la creación de numerosas plataformas ciudadanas en defensa de los territorios que ya no cuentan e inspiradas en los ejemplos pioneros ya mencionados. Unas plataformas que ahora ya no solamente surgían en la España rural, sino que se creaban también en ciudades medias y cabeceras comarcales consideradas prósperas hasta hace poco tiempo. En ese grupo hay que incluir las comarcas sumidas en procesos de desindustrialización, cuyo declive económico y demográfico parece irreversible. En esta situación se encuentran desde las cuencas mineras asturianas, leonesas o turolenses, a las desindustrializadas comarcas de Linares o Béjar, además de los viejos centros industriales manchegos, como Almadén y Puertollano, y alcanzando también a las industrializadas cabeceras de los ríos Ter y Llobregat en Cataluña. Son las pequeñas y medianas ciudades, especialmente las más alejadas de los ejes de desarrollo y de los principales corredores de transporte, las que sufren en mayor medida un proceso de decadencia que puede que irreversible. Y esto es así no solo en España, desde el Bierzo leonés a la Asturias minera, sino que se deja sentir desde las Ardenas francesas, que han perdido casi toda su industria tradicional, a Saint-Étienne, la vieja capital industrial del Alto Loira, cuyo declive demográfico parece imparable3.

La creación de un cierto estado de bienestar en España y en los países de la Unión Europea ha mitigado, en parte, la decadencia de muchas ciudades y comarcas de vieja industrialización gracias, sobre todo, al colchón de los servicios públicos y las ayudas sociales vinculadas al estado de bienestar, como las jubilaciones anticipadas, la atención y la asistencia social y la concesión de subsidios diversos. No cabe duda de que hoy se puede vivir muy bien en estas ciudades industriales de provincias, pero no cabe duda de que sus expectativas de futuro son limitadas.

La sorpresiva irrupción de un catalizador:
‘La España vacía’

A pesar de la creación de Teruel Existe, Soria ¡Ya! y de otros ejemplos representativos de las plataformas territoriales surgidas posteriormente por doquier, nada hacía presagiar que veinte años después la despoblación y el declive de tantas ciudades, comarcas y provincias españolas se convertiría en el epicentro del debate político patrio, incluso por encima de la tópica contraposición derecha-izquierda o del clásico discurso identitario de corte regionalista, nacionalista o independentista. Y en último término, en una alternativa política con la suficiente capacidad de convocatoria como para configurar nuevas mayorías políticas a todas las escalas (nacional, autonómica y local), tal como sucedió con la obtención de representación por parte de Teruel Existe en el Congreso de los Diputados y en el Senado (noviembre de 2019) y el gran éxito de Soria ¡Ya! en las elecciones autonómicas anticipadas de Castilla y León del 13 de febrero de 2022.

Los datos hablan por sí solos: la agrupación de electores Teruel Existe, con 19.696 votos, fue la primera fuerza política de la citada provincia en las elecciones generales celebradas el 10 de noviembre de 2019 (XIV Legislatura); Tomás Guitarte, un viejo activista de la plataforma turolense obtuvo un escaño en el Congreso y Joaquín Vicente Egea Serrano otro en el Senado. Por su parte, Soria ¡Ya! se presentó a las elecciones anticipadas de Castilla y León a través de la nueva formación España Vaciada, cuyo objetivo principal es concurrir a las distintas convocatorias electorales y dar voz a las numerosas plataformas territoriales surgidas en los últimos años. Su denominador común es un fuerte sentimiento de agravio (de vacía a vaciada hay un salto conceptual más que significativo), la lucha contra la despoblación y la defensa de la mejora de las infraestructuras y los servicios públicos. La agrupación obtuvo 18.390 votos en la provincia de Soria, que suponen un porcentaje cercano al 43% del total provincial (42,6%) y les dio tres procuradores provinciales de un total de cinco. Aunque la formación política solo obtuvo representación en la provincia de Soria, su mera creación supone todo un desafío a la actual clase política en el poder, que puede llegar a consumar, tal como sugiere Rodríguez Pose, la auspiciada venganza de los lugares que no importan.

Para que un movimiento político de nuevo cuño adquiera carta de naturaleza y una cierta relevancia y representatividad (como han sido los casos citados), requiere de un catalizador y de un aglutinante. El revulsivo no llegó, en este caso, hasta finales del año 2016 y a través de algo tan imprevisto como la publicación del libro de Sergio del Molino titulado La España vacía. Viaje por un país que nunca fue. Hasta este momento, se habían publicado en España centenares de sesudos estudios sobre el declive del medio rural español. Todo el mundo había metido baza en este problema y tenía vela en la profetizada muerte anunciada y el posterior entierro del medio rural español. Geógrafos, sociólogos, antropólogos, demógrafos y toda una pléyade de científicos sociales nos habíamos pronunciado y nos seguimos pronunciando al respecto, pero casi siempre, y salvo excepciones, con muy poca repercusión mediática y social fuera del gremio académico, que en el mejor de los casos se limitaba a constatar el alcance del declive y a auscultar la cantidad ingente de programas de desarrollo local y rural que se llevaban a cabo a través de los fondos europeos.

Baste recordar, en este sentido, el abultado número de institutos universitarios y de proyectos de investigación dedicados a analizar dichas problemáticas, con unos resultados más bien exiguos en cuanto a proyección mediática fuera del círculo de iniciados y de las plataformas ciudadanas recién creadas. No obstante, todo cambió con la aparición de La España vacía de Sergio del Molino. Él mismo ha explicado en diversas ocasiones, como en la entrevista que Daniel Gascón publicó en Letras Libres, a propósito de la edición de un nuevo libro suyo titulado precisamente Contra la España vacía (2021), que le desconcertó el apabullante éxito de su obra, pero estimaba que había contribuido a crear un topónimo y a que los españoles empezaran a reflexionar colectivamente sobre un tema pendiente (Gascón, 2021).

No le falta razón a Del Molino, que realiza, a través de su exitoso ensayo, una sentida introspección personal sobre las causas, las consecuencias y las repercusiones socioculturales de la despoblación rural en la España interior de ayer mismo y en la de hoy. No se trata de un sesudo estudio académico, ni de un tratado de geografía o de antropología social, ni de un nuevo plan de desarrollo rural, sino que se trata de unas preguntas y de unas reflexiones elementales que nos conciernen a todos y que seguramente muchas personas nos hemos hecho a nosotros mismos, indagando sobre nuestro propio origen o el de nuestros padres y abuelos, y sobre la influencia que la emigración a la gran ciudad, o bien a cualquier pueblo industrial de Cataluña o del País Vasco, tuvo en el devenir de tantas vidas personales y familiares.

Del Molino lo llama el gran trauma, porque el país sufrió sin duda un trauma territorial y social durante los tres lustros que median entre el Plan de Estabilización de 1959 y la primera crisis del petróleo, que estalló en noviembre de 1973. Se calcula que más de dos millones de personas abandonaron bruscamente el campo español durante la década prodigiosa, la de los felices años sesenta del olvidado siglo XX, título de una de las obras señeras de Tony Judt (2008).

Según Ramón Tamames en su archiconocida Estructura económica de España (2022), fueron quince años durante los cuales el producto interior bruto (PIB) español creció a un ritmo medio anual acumulado del 6%, pero pagando el alto precio de una desarticulación sin precedentes de una estructura social y territorial más que secular. Mientras miles de familias abandonaban cada año los pueblos y aldeas de lo que hoy identificamos como la España vacía o vaciada, y los suburbios de las grandes ciudades se llenaban de personas y de familias enteras, desarraigadas y desconcertadas, que no siempre fueron bien recibidas en su nuevo destino, o que incluso fueron recibidas con hostilidad. Las dos caras del “gran trauma”, la rural expulsora y la urbana receptora, las describió magistralmente Paco Candel en su libro Viaje al Rincón de Ademuz (1968), que puso un necesario contrapunto a su obra señera Los otros catalanes (1964) (Font Garolera, 2021).

Puede que ahí radique el éxito del ensayo de Del Molino, puesto que sus reflexiones tratan de un mundo rural que se desmoronó irremisiblemente, no solamente en España. Ese mundo ya no existe, pero en el mismo todavía se pueden reconocer, y de hecho se reconocen, muchas experiencias individuales, familiares y colectivas de vida, de ahí que la repercusión del libro haya sido mucho mayor en las grandes ciudades y en las metrópolis receptoras que en la llamada España vacía. Es decir, entre las personas y los descendientes de los que un día se fueron del pueblo para asentar sus vidas en los suburbios de la gran ciudad, ávidos de reencontrarse con una identidad colectiva perdida, mucho tiempo atrás. Frente a los no lugares de la globalización (y toda aglomeración urbana de aluvión tiene un mucho de no lugar) tan bien descritos por Marc Augé (2009), el antropólogo francés que conceptualizó una antropología de la sobremodernidad, subrayando la soledad y sensación de desamparo de la condición humana contemporánea, Del Molino, en cambio, acude al rescate sentimental de los paisajes de la memoria personal y colectiva de los millones de españoles que en su día tuvieron que dejar atrás su ancestral modo de vida.

De vacía a vaciada: un cambio de enfoque del éxodo rural

Vine a Motos [aldea del municipio de Alustante, situado en la comarca de Molina de Aragón, Guadalajara] porque me dijeron que acá vivía un solo habitante, un tal Matías López. Vine a buscar la zona cero de la despoblación, el punto justo donde el tumor de la soledad se transmuta en metástasis extrema de la desolación. Vine un domingo a mediodía buscando a un pastor soltero llamado Matías. Pero no hallé más que silencio y soledad (Cerdá, 2017).

El apabullante éxito de La España vacía produjo una reacción inmediata en los medios de comunicación, en la política y en la academia, con lo cual el problema de la despoblación rural y el declive de la España interior se situó en el primer plano de la actualidad. Todo el mundo se pronunció sobre la oportunidad, veracidad y utilidad del controvertido concepto “España vacía” con el que Del Molino tituló su obra. El calificativo no gustó, especialmente en los territorios directamente concernidos y entre el mundo académico en general, probablemente porque no se interpretó desde el punto de vista introspectivo e incluso emocional que le dio su autor. En este sentido, y entre otros muchos pronunciamientos, Josefina Gómez Mendoza, ilustre geógrafa y académica, publicó el artículo titulado “Por favor, no la llamen España vacía” (El País, 11 de octubre de 2019), que calificaba de inexacto o poco apropiado el uso de este concepto ya que, según dicha académica, “hablamos de territorios poco poblados, pero de ninguna manera de territorios vacíos”. Me lo comentó casi con estas mismas palabras don Alfredo Sánchez Garzón, uno de mis interlocutores, médico jubilado residente en Torrebaja, en el Rincón de Ademuz, el enclave valenciano cercano a Teruel que, con sus exiguos 6 hab./km2, se sitúa en la zona cero del despoblamiento español, al preguntarle sobre este controvertido concepto:

¿España vacía? [pausa] ¡Oye!: esto no está vacío, hay gente, personas… Hay poca gente, sin duda, pero esto no está vacío ni vaciado… No me acaban de gustar esos términos… Hay poca gente, como te he dicho, y en el futuro habrá menos si no cambia la dinámica, pero esto no está vacío. Y mucho menos en agosto…

Sea como fuere, la entrada en juego de las plataformas ciudadanas encabezadas por los decanos Teruel Existe y Soria ¡Ya!, además de Serranía Celtibérica, entre muchas otras, acabó por imponer en los medios de comunicación y en las redes sociales la contundente expresión España vaciada, que contiene en sí misma una carga ideológica mucho mayor que un concepto neutro y simplemente descriptivo como el de España vacía. Y lo que es más, invierte la carga de la prueba. Es decir, la nueva formulación cambia el enfoque habitual del problema del despoblamiento rural, al conferirle un significado que alude, implícitamente, a unas causas externas y a unas responsabilidades directas del vaciamiento rural.

Poco importa que las migraciones del campo a la ciudad hayan sido, y sigan siendo, una consecuencia inevitable de las transformaciones territoriales provocadas por las sucesivas revoluciones industriales y, actualmente, por la globalización económica. Es decir, por unos procesos universales vinculados al funcionamiento de las economías de escala y de aglomeración, propios del capitalismo, que explican el crecimiento galopante de las grandes ciudades y de las megalópolis en todo el mundo, tal como lo explica Andrés Rodríguez-Pose (2019) en su brillante ensayo.

De esta manera, con la llegada del desarrollismo de los años sesenta, un campo español superpoblado y empobrecido a la vez por el latifundismo y el minifundismo imperantes —sin olvidar otros muchos “males de la patria”, como el caciquismo y el absentismo—, forzosamente tenía que ver drásticamente reducida su población en un contexto de crecimiento económico basado en la industrialización, las ventajas competitivas de las economías de aglomeración y ante el avance imparable de la mecanización del campo. A pesar de ello, incluso el mismo Del Molino se sintió obligado a intervenir en esta controversia para aclarar el significado del título de su obra a través del segundo ensayo, ya citado, titulado Contra la España vacía (2021).

En definitiva, al final el concepto España vacía fue sustituido por la fórmula España vaciada, que se ha convertido en el eslogan políticamente correcto que aglutina la revuelta de las provincias y los territorios que se consideran a sí mismos vaciados. Y, por lo tanto, excluidos de la modernización, cayendo en una progresiva marginalidad social y territorial, tal como acontece en otros tantos espacios rurales e interiores europeos (desde Francia a Italia o Portugal).

Es el caso ya mencionado, entre otros muchos, de las provincias y las comarcas que se pretenden aglutinar bajo el concepto “Serranía Celtibérica”, que alude al extenso territorio interior que coincide, grosso modo, con la cordillera Ibérica, una de las zonas más despobladas del occidente europeo. Su densidad de población es de solamente 8 hab./km2, motivo por el cual suele aparecer etiquetado como la Laponia española, una comparación que ha hecho fortuna en los medios de comunicación a pesar de las enormes diferencias geográficas que existen entre ambos territorios4. En resumen, la “España vaciada” es hoy una opción política más: cuenta con cargos electos y representación institucional y deviene el aglutinante o el paraguas bajo el cual se cobijan todo tipo de reivindicaciones territoriales, hasta el punto de que puede condicionar, y de hecho ya condiciona, como hemos visto, la política española a todas las escalas, desde el medio local, al autonómico y el nacional.

Ruralidades: no solo es una cuestión de cifras

Este libro trata aspectos demográficos, como no podría ser de otro modo, pero no es un estudio demográfico del medio rural español. Sobre este particular existen numerosos y excelentes tratados, empezando por el Atlas Nacional de España. Hoy, las cifras se conocen al dedillo, comarca por comarca y municipio por municipio, gracias a la disponibilidad de potentísimas bases de datos estadísticos a todos los niveles, desde la escala europea (Eurostat) al ámbito español (INE) y el autonómico (todas las regiones disponen de sus propios instrumentos estadísticos), e incluso a nivel provincial y local, gracias a las bases de datos de las diputaciones provinciales. No hay día en el que en la prensa no aparezca un mapa de España a escala municipal mostrando todo tipo de indicadores, desde el índice de dependencia a la edad media de la población residente en cada municipio. Nunca como hoy día se había dispuesto de tal arsenal de instrumentos de análisis, capaces de tratar millones de datos en segundos (big data), territorializarlos y cartografiarlos a escala municipal e incluso de registro censal, gracias al gran desarrollo de los sistemas de información geográfica (SIG).

Por otra parte, las investigaciones académicas e institucionales en este campo son exhaustivas. Hoy se conoce perfectamente la evolución y las características de las estructuras sociodemográficas españolas, como las pautas seguidas por la mortalidad, la natalidad y la fecundidad, el grado de envejecimiento de la población, su nivel de dependencia y el alcance social y territorial de los movimientos migratorios internos y externos.

Se han escrito, asimismo, voluminosos tratados sobre los efectos de la Política Agrícola Común (PAC) en la agricultura y la ganadería. También se han analizado exhaustivamente y a diversas escalas (del nivel nacional al comarcal y local) los resultados de las políticas y los planes de desarrollo impulsados por todo tipo de administraciones e instituciones, desde los Grupos de Acción Local (GAL) a los diagnósticos elaborados por una gran diversidad de entes públicos y privados. Ni que decir tiene que el contenido de este libro es deudor de este cuantioso bagaje, especialmente del voluminoso material gráfico y cartográfico elaborado por mis colegas del área de las ciencias sociales, sobre todo por los geógrafos.

A día de hoy, las estructuras y las dinámicas demográficas de la España rural son bien conocidas. Los indicadores básicos, como la esperanza de vida o el comportamiento ante la fecundidad, suelen ser muy similares entre el medio urbano y el medio rural de cualquier región española. Y los problemas vienen a ser los mismos en los entornos rurales vacíos o vaciados de toda España: un número de habitantes escaso —y mucho más escaso si el Padrón continuo incluyera solamente a los residentes permanentes de cada pequeño municipio o entidad de población—, poblaciones muy envejecidas, un elevado índice de masculinidad y de soltería definitiva en todas partes, y un predominio absoluto de la población mayor de 65 años con respecto a los menores de 15 años.

De todo ello hay que hablar, presentar evidencias, dar cifras y llegar a conclusiones. Pero no se trata de abrumar al lector con un aluvión de números sobre las Españas vacías. No voy por ese camino: para reflexionar sobre estas cuestiones es preciso aportar datos, por supuesto, pero deben ser los imprescindibles como para entender la naturaleza de los procesos de decadencia territorial y vislumbrar soluciones, si es que las hay. Entre otras cosas, porque sobre esta cuestión se ha dicho casi todo. Se han publicado centenares, por no decir miles, de sesudos estudios académicos que abarcan todas las disciplinas sociales. De un tiempo a esta parte y por razones diversas, sobre todo políticas, la cuestión de los territorios vaciados está constantemente presente en la sociedad y en los medios de comunicación de masas, de manera que el fondo de la cuestión va mucho más allá de los datos empíricos.

Acabo este epígrafe con algunas observaciones que me parecen especialmente pertinentes antes de adentrarnos en la materia. La primera: es necesario recordar que la mayoría de los procesos sociales, como el éxodo rural o la transición demográfica, tienen una dimensión universal. El éxodo rural no fue ni es algo exclusivamente español. Las formas de vida y de relación social son, hoy por hoy, necesariamente urbanas en todo el mundo desarrollado. Se necesita contar con una cierta masa crítica de población para que en el medio rural, y por lo menos a escala de una comarca, los residentes puedan disponer de unos servicios adecuados por lo que se refiere a sanidad, educación, asistencia social y acceso a los bienes y productos de primera necesidad. Ya no se trata, solamente, de que las personas puedan vivir con una mínima suficiencia económica, sino que tengan la posibilidad de gozar de un entorno social y cultural activo.

Teniendo en cuenta estas circunstancias, la despoblación rural española, entendida en un sentido amplio que integra a pequeños pueblos y a cabeceras comarcales, solo se puede atenuar, como así ha sido en Suiza o en Escandinavia, con políticas efectivas de ordenamiento y desarrollo territorial y, evidentemente, con incentivos y ayudas públicas a los escasos residentes permanentes. Por otra parte, estamos inmersos en la llamada segunda transición demográfica, de manera que todas las sociedades tienden a envejecer, y no solamente las de los países desarrollados, debido al doble efecto de la disminución casi universal y generalizada de la fecundidad, por una parte, y al incremento de la esperanza de vida, por la otra.

La indeseable pervivencia de los estereotipos

Finalmente, y a pesar de que todavía sigue siendo un lugar común, es preciso señalar que se han atenuado casi por completo las diferencias que antiguamente existían entre el medio rural y el medio urbano por lo que respecta a los valores sociales y culturales predominantes. Teniendo en cuenta, además, que cada vez resulta más difícil distinguir dónde termina lo urbano y dónde empieza lo rural, si es que todavía tiene sentido esta distinción. En materia de costumbres, los valores de un catolicismo integrista hace mucho tiempo que dejaron de ser predominantes en la sociedad española, incluso en los entornos rurales considerados apriorísticamente más atrasados.

Hace muchos años, por no decir décadas, que dejó de ser vigente el estereotipo que frente a la modernidad del medio urbano se oponía el atraso de un medio rural anclado en unos valores morales caducos y trasnochados. Las labores del campo están cada vez más tecnificadas y el trabajo ya no tiene, por lo general, las enormes servidumbres de antaño. Con la maquinaria agrícola de última generación, en parte acogida a subvenciones y planes renove, un tractor con aire acondicionado puede labrar una hectárea en una hora y una cosechadora de cereal recolectar 40 hectáreas al día dependiendo de su potencia y el tipo de terreno. Otra cosa es el precio que se paga al agricultor por sus productos.

Las redes sociales, las series de éxito y las últimas tendencias de la moda llegan hoy a casi todas partes. No es este precisamente el problema mayor del medio rural español, sino que se trata de una cuestión casi de Perogrullo: hay poca gente, y en muchos lugares no existe una masa crítica suficiente como para que las personas puedan tener una vida económica, social, emocional y culturalmente plena. No todo se ha perdido. Cualquier ermita, aldea o pedanía, por remota y poco accesible que sea, se llena de gente cuando llegan las fiestas patronales, lo cual significa que el vínculo emocional con la tierra se mantiene, aunque sea de manera intermitente, cuestión sobre la que habrá que volver en diversas ocasiones a lo largo de este ensayo.

Capítulo 2

La España de hoy: un país desarrollado a pesar de todo

                                                                                                                                                 Esa España inferior que ora y bosteza,
                                                                                                                                                 vieja y tahúr, zaragatera y triste;
                                                                                                                                                 esa España inferior que ora y embiste,
                                                                                                                                                 cuando se digna usar de la cabeza,

Los sobrecogedores versos que abren este capítulo pertenecen a “El mañana efímero”, uno de los poemas de denuncia más conocidos y citados de Antonio Machado (1875-1939). Por suerte, hoy queda muy lejana aquella España negra “de charanga y pandereta, cerrado y sacristía” descrita en los primeros versos de este poema incluido en la obra Campos de Castilla, publicada en Madrid el año 1912 por la editorial Renacimiento. Machado apela al final del poema a la España joven y redentora capaz de sacar al país de su atraso y ensimismamiento histórico.

Ha transcurrido poco más de un siglo desde que Machado publicó Campos de Castilla. A lo largo de este periodo el país ha soportado dos dictaduras y una cruenta guerra civil (1936-1939), pero la España actual es muy distinta de la del año 1912, tanto en lo material como en lo moral. El país de hoy es mucho más moderno, avanzado, solidario y democrático que el de aquellos días. Pero ya se sabe: los estereotipos nunca llegan a desaparecer del todo del imaginario colectivo, entre otras cosas porque siempre hay alguien interesado en hacerlos revivir. Y más cuando se trata de la España rural.

Antes de entrar en materia, me parece necesario realizar algunas aclaraciones metodológicas, ya que, para conocer la España actual, vacía o vaciada, es necesario hablar de población, y eso requiere manejar los conceptos con precisión, sobre todo, para evitar equívocos. No soy demógrafo, pero no tengo mayores problemas con el uso de los términos técnico-científicos usuales, como transición demográfica, tasas de natalidad y mortalidad, crecimiento y decrecimiento natural o saldo migratorio o vegetativo, entre otros indicadores, cuya definición es precisa e inequívoca. Ahora bien, existe una nueva jerga demográfica de uso común, tanto por la academia como por los medios de comunicación, sobre todo por los más sensacionalistas, que es mucho más imprecisa, tiene un trasfondo ideológico explícito o más o menos encubierto, trufado habitualmente de anglicismos como baby boom, baby boomers o baby crash, y otros términos al uso como invierno, suicidio o apocalipsis demográfico, casi todos relativos a la disminución de la fecundidad en Europa, en los países desarrollados y, evidentemente, en España.

Las fuentes: un aluvión de datos estadísticos
y estudios sociodemográficos

No pasa ningún día sin que no se publiquen multitud de estudios y artículos de opinión sobre el reto demográfico, la caída de la natalidad, el declive rural, la despoblación y las perspectivas de futuro de la España vacía o vaciada. La información disponible sobre estos temas es hoy tan abundante que se convierte en una espesa niebla que impide ver los detalles del paisaje general. O, dicho a la manera tradicional: los árboles situados en primer plano impiden ver el frondoso bosque del fondo. La cuestión es que la información estadística de que se dispone es diversificada temática y sectorialmente, puesta al día y fácilmente consultable y trasladable a todo tipo de recursos gráficos y cartográficos.

La mayor parte de los datos aportados en este ensayo procede de las publicaciones en línea y en formato papel del Instituto Nacional de Estadística (INE) de España y de Eurostat, el ente que homologa y publica las estadísticas oficiales de los 27 países que hoy forman parte de la Unión Europea (EU-27). De ahora en adelante, y siempre que no se indique lo contrario, utilizo los datos oficiales más recientes publicados por ambas instituciones, habitualmente referidos al año 2021; todos ellos accesibles por internet a través de las respectivas páginas web de estos organismos.

Además de estas fuentes oficiales, también utilizo la muy abundante bibliografía general sobre la geografía y la economía españolas, empezando por el volumen dedicado a la “Demografía” del Atlas Nacional de España publicado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), fácilmente consultable por internet a través de la publicación online interactiva titulada España en mapas. Una síntesis geográfica (2019). Como obras de consulta debo citar los manuales universitarios Geografía humana de España, coordinado por Juan Romero (2017), y la documentada Geografía de Europa, dirigida por Francesc López Palomeque y Juan Ignacio Plaza Gutiérrez (2019). He recurrido también a la última edición de la clásica Estructura económica de España, de Ramon Tamanes (2022), que ofrece una amplia perspectiva de la evolución económica del país.

Por otra parte, en los últimos años se ha publicado y se sigue publicando un verdadero aluvión de estudios específicos sobre la España vacía o vaciada, cada uno de ellos con su particular enfoque del problema, habitualmente tremendista, que citaré en el momento oportuno. Si fuera por el número de investigaciones que prestan atención a la desigual —o desequilibrada— distribución territorial de la población española, hace mucho tiempo que el problema estaría resuelto. Lo mismo puede decirse de la cantidad ingente de iniciativas y planes de desarrollo local y rural, o de propuestas que rozan el puro arbitrismo formuladas desde los años ochenta para acá. Para terminar, no se puede entender lo que en realidad ocurre en la España despoblada si no se aportan datos o si no se tienen en cuenta los estudios considerados más relevantes sobre este problema, pero tampoco se trata de abrumar al lector con un alud de referencias, a veces irrelevantes, sobre cualquier cuestión secundaria o localista en extremo.

Recuentos de población: de Floridablanca a los censos modernos

En España, el número de personas residentes viene recontándose desde el Antiguo Régimen, tanto en la corona de Castilla como en las de Aragón o Navarra, cada reino a su manera y casi siempre a efectos impositivos. Se contaban vecinos y almas de comunión en el reino de Castilla, y fuegos u hogares en Aragón, incluido el principado de Cataluña (fogatge). Por vecino debe entenderse el cabeza de familia y su prole, y por hogar o fuego una casa con todos sus residentes. Así fue hasta el largo reinado de Carlos III (de 1759 a 1788), el rey ilustrado y reformador que dio un sello de modernidad a la Administración pública española. El primer registro o recuento premoderno de población a escala general española fue el Censo de Floridablanca. Se publicó en 1787 en Madrid y sus datos pueden sorprender hoy en día: España tenía por aquel entonces algo más de diez millones de habitantes (10.280.110 según dicho censo), que representaban una densidad de población de 23 hab./km2, cifra que incluso supera la densidad actual de diez provincias españolas. De acuerdo con los datos del INE (2021), hoy se sitúan por debajo de aquellos 22,7 hab./km2 de densidad de población del referido Censo de Floridablanca las provincias de Cáceres, Guadalajara, Huesca, Cuenca, Zamora, Ávila, Palencia, Segovia, Soria y Teruel. He aquí, pues, un primer esbozo de la geografía de la despoblación.

También sorprende el cambio registrado en la jerarquía urbana de las primeras diez ciudades del país: Madrid, Valencia y Barcelona ocupaban, por este orden, las primeras posiciones, pero seis de las siete ciudades restantes eran andaluzas: Sevilla, Cádiz, Granada, Málaga, Jerez de la Frontera y Córdoba, además de Zaragoza, que ocupaba la décima posición. Entre otras curiosidades, a un lector actual seguramente le llamaría la atención el altísimo número de personas vinculadas a la Iglesia entre curas, curas párrocos, religiosos de órdenes mayores y menores (hombres y mujeres) y diversos beneficiados eclesiásticos de todo tipo que gozaban de múltiples privilegios, entre ellos la exención de impuestos.

Para una persona joven, nacida en el siglo XXI, puede resultar muy difícil entender la presencia y la influencia abrumadora de la Iglesia en el desarrollo de la vida cotidiana de las personas hasta hace muy poco tiempo, pero hoy casi reducida a lo folclórico o externo y al calendario festivo tradicional. En cambio, las romerías, procesiones y fiestas patronales están más vivas que nunca, desde las peregrinaciones masivas, como la del Rocío, en Almonte, la asistencia masiva a las procesiones de Semana Santa o la enorme popularidad de las fiestas sexenales de Morella y de otros pueblos de la provincia de Castellón, entre otros ejemplos significativos de revivals seudorreligiosos, incluso en pueblos prácticamente deshabitados. No dejan de ser un indicio de la necesidad humana de tener puntos de referencia colectivos y compartidos en el marco de una sociedad tan líquida como la actual.

El primer censo oficial realizado con técnicas estadísticas modernas y homologadas se publicó en 1857, al que siguió otro en 1860 que debía corregir los defectos del anterior, aunque a la postre sus resultados fueron muy parecidos: 15,5 millones de habitantes según el censo de 1857, por cerca de 15,7 millones de habitantes en el de 1860. Con posterioridad se publicaron cada diez años hasta 1981, en que empezó la nueva serie de censos referidos a los años acabados en uno; el último corresponde al año 2011. Se está a la espera del censo correspondiente al año 2021, que debe ser el último decenal, e incluye profundos cambios metodológicos. Se basa en el Padrón continuo municipal, en las numerosas bases de datos de que dispone la Administración pública y en encuestas complementarias. Si los censos antiguos se basaban en un auténtico ejército de encuestadores que iba a los domicilios, en la actualidad las potentes bases de datos de que disponen las Administraciones públicas pueden mantener el censo permanentemente actualizado, entre otras cosas, por las frecuentes convocatorias electorales. Basta recordar, en este sentido, que el Ministerio de Hacienda lo sabe casi todo sobre nosotros, lo mismo que Google.

El Padrón continuo de base municipal: la nueva herramienta censitaria

El Padrón continuo de base municipal se ha convertido en el principal instrumento censal del país y en la base documental de los estudios sobre la despoblación. Fue creado en 1986 a efectos de disponer de un censo electoral actualizado. Registra la población residente (o la que dice que reside) en cada municipio y se actualiza automáticamente. Entre sus particularidades cabe destacar que nadie puede estar empadronado en más de un municipio a la vez, de manera que, para registrar un cambio de residencia de un municipio a otro, se requiere el documento de baja del municipio de procedencia.

Otra particularidad es que no restringe el empadronamiento de las personas extranjeras, aunque carezcan de permiso de residencia. España es, de hecho, uno de los países de la Unión Europea donde el empadronamiento es más fácil y da acceso a prestaciones sociales como la educación, la sanidad y la asistencia social. No me corresponde realizar aquí una crítica al sistema actual de empadronamientos y registros de población. Sus carencias o imprecisiones afectan, sobre todo, a los pequeños municipios por lo que respecta a la España vacía o vaciada, pero sin descartar al resto de municipios e incluso a las grandes ciudades, debido a la gran movilidad de la población y a la dimensión adquirida por el fenómeno migratorio.

La prensa local y nacional se suele hacer eco de las numerosas incidencias que existen en relación con los empadronamientos y los falsos empadronamientos. La casuística es múltiple: muchos oriundos de los pueblos que residen de forma habitual en la ciudad o la cabecera comarcal más próxima, sobre todo las personas mayores, prefieren seguir empadronadas en su municipio de origen por razones diversas: preservación de sus derechos sobre los bienes comunales, como montes o pastos, casi siempre ligados a la residencia; minimizar el pago de impuestos, o, simplemente, por razones sentimentales.

Es por ello por lo que en los pequeños municipios el número de personas que reside efectivamente en los pueblos es casi siempre inferior al número de empadronados, sobre todo en invierno. En otros casos, suelen ser las personas que tienen una segunda residencia en los pueblos las que acaban por empadronarse, aunque no residan en ellos de forma permanente, frecuentemente para ahorrar algo en el pago del impuesto de circulación o acceder a algún servicio o equipamiento local. El penúltimo escándalo en relación con el Padrón continuo de población se produjo cuando el ayuntamiento de Salobreña (Málaga) negó el empadronamiento de Macarena Olona, condición sine qua non para que pudiera presentarse como candidata de Vox a las elecciones a la Junta de Andalucía celebradas en junio de 2022. Finalmente, la Junta Electoral otorgó validez a este discutido empadronamiento.

Tampoco hay que desdeñar el efecto de los incentivos y ayudas que muchos municipios de la España vacía o vaciada ponen actualmente a disposición de las personas y familias que fijen su residencia oficial en un pequeño pueblo. La prensa se hace eco diariamente de estas ayudas, a veces peculiares o anecdóticas, y sus múltiples finalidades: aumentar el número de residentes para no bajar de nivel o de grupo poblacional, evitar el cierre de la escuela o de algún comercio de primera necesidad, incentivar la reapertura del bar del pueblo o evitar el cierre de un equipamiento, una sucursal bancaria o una delegación oficial.

Y aún existen, finalmente, los municipios que hinchan sus censos de forma más o menos descarada, fraude del que también se suele hacer eco la prensa local. Esto sucede, principalmente, durante los meses previos a las convocatorias electorales, sobre todo en los comicios municipales. Es preciso recordar, en este sentido, que la mitad de los municipios españoles (el 49%, exactamente) tiene menos de 500 habitantes y una sexta parte del total (el 17%) menos de 100, por lo que unas pocas altas o bajas del padrón municipal pueden influir decisivamente en los resultados electorales y, lógicamente, en la composición del consistorio y las diputaciones provinciales.

Hay que reseñar también, con respecto a esta cuestión, que las competencias, atribuciones y la financiación de los municipios dependen de unos intervalos determinados de población, motivo por el cual muchos consistorios hacen todo lo posible para no bajar de rango. Hablaré más adelante del mapa municipal español que se caracteriza por su gran número de municipios (actualmente, 8.131) y por su heterogeneidad: mientras Lorca o Cáceres son igual de extensos que una provincia vasca y contienen en su propio espacio rural un gran número de aldeas o pedanías, predominan en España los pequeños municipios, tanto en extensión como en población. Heterogeneidad que dificulta en gran manera llegar a conclusiones generalizables a todo el territorio, sobre todo con respecto a la densidad de población.

La ciudad se apodera del campo: rururbanización y gentrificación

Las estadísticas socioeconómicas y demográficas corren siempre el peligro de quedar obsoletas en muy poco tiempo, y más en una coyuntura tan volátil como la actual: crisis económica global iniciada el 2008, repercusiones de la pandemia (COVID-19), guerra en Europa, crisis energética e inflación desbocada. Y por lo que respecta a este ensayo, el nacimiento, auge y consolidación del movimiento de la España vaciada, hoy convertido en una alternativa política cuya evolución es difícilmente previsible. Un conjunto de circunstancias de naturaleza diversa que impide tener una visión completa y sosegada de los numerosos procesos de cambio político, social, cultural y territorial que hay en marcha. Es el caso, por ejemplo, del significativo aumento de los empadronamientos en los municipios rurales situados a menos de una hora de distancia de las grandes ciudades y también en el rural remoto, pero con una incidencia mucho menor.

Como he dicho anteriormente, nadie sabe a ciencia cierta si estos empadronamientos en el medio rural son coyunturales o definitivos. Es decir, si responden a una decisión temporal derivada de la pandemia o bien a un cambio estructural de mentalidades, que pone en valor vivir en el entorno rural: la profetizada vuelta al campo que nunca ha dejado de ser un fenómeno minoritario. Lo más probable es que la pandemia haya intensificado el controvertido, pero creciente, proceso de suburbanización o periurbanización de las ciudades a todas las escalas, desde las pequeñas y medianas ciudades a las grandes metrópolis. Es decir, mientras la población de los centros urbanos se estanca o decrece, aumenta el número de residentes de los municipios periféricos, fenómeno que los urbanistas italianos como Francesco Indovina (1990) y Giuseppe Dematteis (1996), entre otros autores, llamaron expansión de la ciudad dispersa o difusa, que, según dichas posiciones, significa adoptar el modelo de vida anglosajón de ciudades extensas y dispersas basadas en viviendas adosadas o unifamiliares, en detrimento del modelo europeo y mediterráneo de ciudad densa y compacta.

Un modo de vida en auge en toda España y una aspiración de una gran parte de las nuevas clases medias urbanas, sobre todo de las más pudientes, denostado en general por parte de la academia y muy cuestionado desde posiciones progresistas, sobre todo por su coste social y su baja sostenibilidad social y medioambiental. Las críticas a ese modo de vida se centran en la transformación del suelo rural, en la degradación del paisaje, la suburbanización, la mayor dependencia de la movilidad privada (el automóvil a la puerta del chalé o del adosado) y el incremento del coste de los servicios públicos como el abastecimiento de agua y energía, el alcantarillado, la depuración de aguas residuales, la recogida de residuos y el transporte público, entre otros servicios.

Sea como sea, la rururbanización y el crecimiento de la ciudad difusa es un hecho. Casi todas las ciudades españolas, con independencia de su dimensión, se expanden hacia sus respectivos entornos rurales próximos, sobre todo hacia los lugares que están mejor conectados con el núcleo central. La ciudad dispersa es hoy una realidad tangible, tanto en las periferias metropolitanas de Barcelona, Madrid o Valencia como en las de Zaragoza, A Coruña o Valladolid, e incluso alrededor de pequeñas ciudades como Santiago de Compostela, Soria o Teruel.

Es ilustrativa y representativa, en este sentido, la evolución reciente de la población del municipio soriano de Golmayo, situado a solamente 4 km de distancia de la capital. En tan solo veinte años este municipio ha triplicado con creces su población al pasar de los 856 habitantes del año 2001 a los cerca de 3.000 residentes actuales (2.844 habitantes en 2021). Sucede algo parecido en la pedanía de Castralvo, perteneciente al municipio de Teruel y situada a 6,6 km del centro urbano turolense, que en ese mismo periodo ha pasado de los 113 habitantes del año 2000 a los 360 habitantes de 2021. Un crecimiento espectacular a esa escala, que tiene relación con la construcción de viviendas unifamiliares y de adosados, e incluso de pisos y apartamentos a precios mucho más económicos que en el núcleo urbano original.

Lo realmente cierto es que existe un entorno rural, llamado paradójicamente próximo, que crece en función de un centro urbano que cada vez se encuentra más alejado. En estos pueblos aumenta significativamente el número de habitantes, aunque dependen para casi todo (estudio, trabajo, compras, ocio o servicios) de la ciudad a la que están funcionalmente vinculados. La conclusión es clara: en los años sesenta, el campo se volcó sobre la ciudad; en el presente, por el contrario, es la ciudad la que ocupa progresivamente el campo, empezando por colonizar el más cercano, pero ampliando progresivamente el espacio urbanizado.

Además de la rururbanización hay que hablar también de la gentrificación, un proceso mayoritariamente urbano, pero que también afecta en gran manera al medio rural de distintas maneras y en distintos entornos e intensidades. La gentrificación alude al proceso mediante el cual se produce una progresiva sustitución de la población de un determinado espacio urbano o rural por nuevos residentes —o nuevas actividades— que pueden pagar precios más altos por la compra o el alquiler de una vivienda o un local comercial que los residentes habituales. Cuando se rehabilita un barrio histórico degradado, por ejemplo, aumenta su atracción residencial debido a su centralidad y monumentalidad, con lo cual atrae a nuevos residentes que tienen un mayor poder adquisitivo que la población local, que con el tiempo acaba siendo reemplazada por los nuevos vecinos, cambiando la composición sociológica del barrio, pueblo o ciudad. Lo contrario de la gentrificación es la progresiva pauperización de los barrios degradados.

Los procesos de gentrificación tienen causas diversas y se producen mayoritariamente en las ciudades, pero en el medio rural afectan especialmente a los destinos turísticos de playa o montaña, e incluso a destinos culturales o monumentales, y en pueblos cercanos a una gran metrópoli, como los del norte de la provincia de Madrid. Dos ejemplos relativamente conocidos ilustran lo dicho. En la isla de Ibiza, el precio de la vivienda, tanto de compra como de alquiler, alcanza precios estratosféricos, de manera que la población autóctona tiene muchas dificultades para encontrar una vivienda asequible y ya no digamos las personas que trabajan en el sector turístico, que pagan precios desmesurados por una simple habitación, situación que puede extenderse a una gran parte de los destinos turísticos de playa o montaña. Y en la comarca turística pirenaica de la Cerdanya, muchas parejas jóvenes optan por residir en Francia, al otro lado de la frontera, donde la compra o el alquilar de una vivienda es mucho más asequible que en el lado español, que es mucho más turístico y destino de montaña preferido por las clases acomodadas barcelonesas. Por su parte, el comercio de proximidad en muchos de estos destinos turísticos acaba siendo sustituido por establecimientos orientados hacia el turismo, que son mucho más rentables y pueden pagar un precio mayor por la compra o el alquiler de un local comercial.

Rupturas con el pasado rural:
desarrollismo e inmigración extranjera

A efectos de su repercusión en la España rural, en el transcurso del último siglo (de 1920 a 2020), pueden identificarse dos puntos de ruptura con respecto a la evolución, la estructura demográfica y la distribución territorial de la población española. El primero se produjo en los años sesenta, tras la aprobación del Plan de Estabilización de 1959, durante los llamados años del desarrollismo franquista; y el segundo, a la entrada del siglo XXI, con el aumento sin precedentes en la España contemporánea de la inmigración extranjera.

Quince años de desarrollismo franquista:
el gran vuelco territorial y social

El desarrollismo franquista cambió España para siempre, sobre todo un medio rural que parecía inamovible, como anclado en el tiempo, pero que se volcó sobre la ciudad. Hubo un éxodo rural anterior vinculado a las primeras etapas de la industrialización moderna, pero salvo casos puntuales (la crisis minera de Murcia y Almería al principio del siglo XX), nunca tuvo la dimensión de los años sesenta y setenta. En tan solo quince años (de 1960 a 1975), España dejó de ser un país eminentemente rural para convertirse en un país urbano. Se pagó un alto precio por ello, produciéndose una desarticulación sin precedentes de las estructuras sociales y territoriales del país, lo cual solo fue posible en un contexto de dictadura. Fueron los tres lustros del gran trauma que describe magistralmente Del Molino en su obra señera. Quince años que transformaron un país de campesinos, agricultores y jornaleros en una nación de clases medias urbanas con todas sus contradicciones. Mientras el campo se vaciaba al compás de la mecanización, los suburbios de las grandes ciudades se llenaban de multitud de personas y familias que mejoraron en gran manera su bienestar y sus condiciones materiales de vida, pero pagando por ello el alto precio de su desarraigo social y cultural.

Lo explicó Paco Candel (1925-2007) sin edulcoraciones en sus libros sobre la Barcelona suburbial, empezando por su temprana novela Donde la ciudad cambia su nombre (1957) y siguiendo con Los otros catalanes (1965), su obra más señera, que sigue generando muchas controversias en Cataluña, sobre todo desde la eclosión del independentismo. Para algunos, Candel defendía lo que por aquel entonces se llamaba integración, una postura que, según sus críticos, presuponía que las personas procedentes del resto de España aceptaran sin más los postulados del catalanismo, renunciando a sus orígenes y a su cultura.

No obstante, lo que defendía Candel desde su posición próxima al Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), el grupo político que lideraba en aquellos años la lucha contra la Dictadura, era una sociedad abierta y alejada de cualquier tipo de fractura por razón de origen regional, nacional o de lengua. Y lo que de ninguna manera puede discutirse es la verdad que encierran sus crónicas sobre la vida de la clase obrera en la periferia metropolitana de Barcelona y su despiadada visión de la burguesía catalana. Se le atribuye la frase “Yo me hundo con los míos” dirigida a un político nacionalista que le propuso formar parte de sus listas electorales cuando el PSUC, que se autodenominaba “partido de los comunistas catalanes”, acabó en la irrelevancia política.

Pero Paco Candel, además de ser un ácido cronista urbano, escribió la contracrónica de la España rural a través del libro Viaje al Rincón de Ademuz (1968). La obra describe el viaje que Candel realizó a su tierra natal en septiembre de 1964, época en la que el éxodo rural alcanzó un máximo. No se trata, por lo tanto, de un libro de viajes al uso, sino que Candel describe con su directa y descarnada prosa habitual la peripecia de sus paisanos, la de su familia y su misma experiencia personal como migrante. El libro pasó casi desapercibido en su momento hasta el punto de que fue considerado una obra menor dentro de su producción literaria, pero estimo que su valor documental es extraordinario. Personalmente, me sirvió de gran ayuda para conocer mejor estas tierras del interior valenciano, tan vacías como las serranías turolenses y conquenses, cuando por razones sentimentales me vinculé a las mismas. Incluso publiqué en la revista Biblio3W el artículo titulado “El Rincón de Ademuz revisitado. Una tierra que se vaciaba” (2021), en el que comparo las observaciones de Candel con la situación actual. He ahí una muestra: el miércoles 16 de septiembre de 1964, el viajero arriba andando al pueblo más remoto y apartado del Rincón de Ademuz, situado en plena sierra de Javalambre, y ya de noche en la posada discute con el cura y luego escribe lo siguiente:

Puebla de San Miguel tiene doscientos cincuenta habitantes. Se queda vacío a ojos vistas. A todo el mundo le ha cogido la fiebre de marchar hacia Barcelona y Valencia. Se lo venden todo y fuera. El cura no comprende esta fiebre. No la comprende y se entristece. “Aquí la gente come y tiene dinero”, dice. Hay trigo, insiste. Les atrae el espejuelo de las ciudades. Recogen un puñado de duros y se van a la ciudad a comprarse un piso o una portería [Candel le lleva la contraria al cura]: Uno piensa que también haría lo mismo. Estos pueblos están muertos. Las chicas, en invierno, se marchan a servir. Antes iban a hacer dinero y volvían. Ahora se quedan en la ciudad. En el pueblo hay unos cuarenta mozos de veinticinco a treinta años. El cura los llama solterones. Piensan irse de allí en cuanto puedan, pues no hay mujeres para casarse [El joven párroco insiste ante Candel]: “Hace ocho años, cuando llegué —dice el curilla—, aún salían a rondar a las mozas con guitarras y bandurrias. Ahora, ya, nada… Pensamos: claro, ¿a quién van a rondar? ¿a las estrellas? [Luego escribe] Los domingos —sigue el cura—, estos mozos se me sientan toda la tarde en la plaza, sin moverse para nada, y solo dándole a la cabeza… ¿En qué pensarán?”. ¿Y en qué quería el hombre que pensaran? Pues en las mozas, en esas mozas que se fueron del pueblo y que, al contrario de las golondrinas, ya no volverán jamás (Candel, 1968: 126-128).

He ahí una síntesis improvisada, pero con conocimiento de causa, de lo que aconteció en miles y miles de pueblos de la España rural, y de una punta a otra de la península ibérica. Incluida la sensación de debacle descrita por Candel, que piensa que lo mejor que pueden hacer sus antiguos paisanos es huir, alejarse de aquel entorno sin esperanza. Seguramente la misma sensación que sienten hoy millones de personas en todo el mundo cuando toman la decisión de emigrar. Todos se van o quieren irse, “las chicas primero”, escribió Candel con respecto a sus paisanos.

Todo ocurrió de forma tan rápida que incluso sus propios protagonistas tardaron muchos años en asumir los cambios. Mientras la España interior no industrializada se vaciaba irredimiblemente, el desarrollo industrial y la eclosión del turismo se expandían a pasos agigantados por todo el litoral y el prelitoral que circundan la península ibérica. Crecía la costa galaicoportuguesa, desde Lisboa y Oporto a Vigo y A Coruña; crecían también las ciudades de la cornisa cantábrica, como Gijón, Avilés y Oviedo en Asturias, Santander en Cantabria, y Bilbao y San Sebastián en el País Vasco, además de las ciudades y regiones próximas, como Burgos y Miranda de Ebro, Logroño en La Rioja y Pamplona en Navarra. La costa mediterránea bullía, desde Algeciras y Málaga a Cartagena, Murcia, Valencia, Barcelona y Girona; y, asimismo, la Andalucía interior que mira hacia el Atlántico, desde Córdoba y Sevilla a Cádiz y Huelva.

Un proceso de litoralización de la actividad económica y de la población española y portuguesa que ya en los años setenta describió el urbanista griego Konstantinos Apostolos Doxiadis en su obra Ecumenopolis (1974), recordada recientemente por el geógrafo Josep Vicent Boira (2011) en el artículo titulado “EE UU vio el eje Barcelona-Valencia”, publicado en la revista Nabarralde. Doxiadis describió lo que acontecía en España en aquellos años mediante una imagen sugerente: era como si todos los españoles dieran cada noche un paso colectivo hacia el litoral, que muy pronto acabó concentrando las tres cuartas partes de la población peninsular, invirtiendo por completo una distribución de la población más que secular. Todo ello contrarrestado únicamente por el contrapunto madrileño (y por Zaragoza y Valladolid, en menor medida), hinchado o dopado obsesivamente por la Administración central por razones geopolíticas y económicas hasta el día de hoy.

De país de emigrantes a tierra de acogida

La segunda gran transformación o punto de ruptura se produjo durante el cambio de siglo y de milenio, desde el año 1992 al 2008, pero sobre todo durante la primera década del siglo XXI, hasta el estallido de la crisis global el año 2008. A lo largo de esta etapa España acogió algo más de siete millones de personas procedentes de todo el mundo, que buscaban aquí unas mejores perspectivas de vida que en sus países de origen.

Un cambio de tendencia histórico, inimaginable pocas décadas atrás en un país como el nuestro, tradicionalmente emigratorio: hacia las Américas hasta la primera mitad del siglo XX (la figura del indiano que retorna rico de América es proverbial en todo el litoral peninsular), y hacia Europa occidental en los años cincuenta y sesenta del siglo XX, a Francia, Alemania, Bélgica o los Países Bajos (Vente a Alemania, Pepe fue el título de la película costumbrista estrenada en 1971 y protagonizada por un Alfredo Landa en estado de gracia). Y de las regiones agrarias hacia los focos urbanos industrializados (Barcelona, Madrid, Bilbao, Valencia, Vigo o Valladolid), además de los pujantes destinos turísticos insulares como los archipiélagos balear y canario y el litoral mediterráneo, desde la Costa Brava a Benidorm, la Costa Blanca y la Costa del Sol. Según datos del INE, en el año 2021 residían en España cerca de ocho millones de personas nacidas en el extranjero, lo cual supone cerca del 16% de la población residente en el país en 2021.

La inmigración extracomunitaria descendió durante los años más duros de la crisis: según los datos del INE, de las más de 300.000 personas que arribaron a España el año 2008, cuatro años después, en 2012, salieron del país más de 250.000 personas. Fue una salida efímera: una vez pasado lo más crudo de la crisis, la llegada de migrantes remontó de nuevo, incluso con más fuerza que durante la primera década del siglo. En 2019, el balance positivo se acercó al medio millón de personas (454.232 inmigrantes aquel año). Todas las provincias españolas sin excepción tuvieron un balance positivo en cuanto a inmigración extranjera, incluso en las más despobladas en términos absolutos y relativos: Segovia tuvo un saldo positivo de 957 nuevos migrantes; Soria, 863; Teruel, 792, y Zamora, 420. La pandemia ralentizó la llegada de nuevos migrantes los años 2020 y 2021, pero vista la experiencia anterior, y a tenor de los datos recientes, lo más probable es que las cifras remonten y vuelvan a situarse de nuevo en niveles prepandémicos.

Economías de aglomeración, nuevas tecnologías
y brecha urbano-rural

En materia de población vivimos una época en la que se desarrollan simultáneamente múltiples procesos de cambio social y territorial. Todos tienen relación, en mayor o menor medida, con la crisis sociodemográfica de la España vaciada o despoblada, y no solamente repercuten en ella. Empecemos con una cuestión positiva y otra negativa. Una de cal y otra de arena, según el dicho popular.

Lo más positivo para el medio rural es, sin duda, el gran desarrollo que han experimentado las TIC, que, junto con la progresiva mejora de la movilidad, especialmente de las infraestructuras de transporte, pero también de los vehículos y de la logística, han atenuado progresivamente la fricción de la distancia física. Hoy es posible teletrabajar e incluso dirigir una empresa desde lugares muy alejados del centro de trabajo habitual si se dispone de la tecnología adecuada. No es una cuestión de kilómetros, sino que es una cuestión de conectividad. De ahí que una de las principales reivindicaciones de las plataformas territoriales de la España despoblada sea el acceso a internet sin cortes ni interrupciones mediante la fibra óptica y la banda ancha.

La de arena: hoy más que nunca sigue siendo vigente la teoría que vincula el desarrollo económico con la aglomeración; “dinero llama dinero”, dice la sentencia popular. Y es en la aglomeración donde se maximizan las economías externas. Es decir, las relaciones económicas y sociales, la adopción de las innovaciones, el acceso a los servicios personales, a la cultura y a las oportunidades de realización y promoción personal y familiar. Lo que comúnmente se llaman economías de escala o de aglomeración. Se dice que esta es una cuestión propia del sistema capitalista, pero la tendencia natural a la concentración de la población y de las actividades económicas y la cultura en los lugares centrales se ha dado en todo tiempo y en todo lugar. Pintan bastos para los lugares más alejados o desconectados de los polos económicos y de los principales centros de decisión de cualquier país.

La única manera de contrarrestar, paliar o incluso invertir la tendencia a la aglomeración de las actividades económicas —y no solamente de esas— es mediante políticas y decisiones efectivas de fomento del equilibrio territorial, y aun así su éxito es dudoso. Basta recordar, en este sentido, el desigual resultado de casi medio siglo de vigencia de las políticas europeas de desarrollo regional. La consolidación del Estado autonómico abrió en su momento nuevas ventanas de oportunidad para incentivar la redistribución territorial de las instituciones y de los equipamientos públicos, como las universidades (actualmente, hay 84 universidades en España, 50 públicas y 34 privadas). Hubo también decisiones políticas relevantes, como situar las capitales autonómicas de Galicia en Santiago de Compostela, de Extremadura en Mérida o del País Vasco en Vitoria-Gasteiz, entre otras decisiones políticas de gran calado desde el punto de vista del equilibrio territorial. No obstante, siguen imperando en España las tendencias centralizadoras, no solo a nivel nacional, sino que también se reproducen a escala autonómica e incluso provincial.

¿Reto o apocalipsis demográfico?

Hay que mencionar también lo que se ha convenido en llamar, con tintes apocalípticos, el invierno demográfico, una formulación del filósofo y clérigo católico Michel Schooyans en la obra Le crash démographique (1999), que pone en cuestión o contradice la teoría de la transición demográfica. Según su formulación clásica, la transición culmina cuando se llega a una situación ideal de equilibrio entre las tasas de natalidad y de mortalidad (entre los nacimientos y las defunciones), con lo cual la población total de una determinada sociedad se mantiene relativamente estable, en ausencia de inmigración.

La conjetura del invierno demográfico sostiene, por el contrario, que la natalidad seguirá descendiendo muy por debajo del índice de reemplazo generacional (2,1 hijos por mujer), tal como acontece desde hace décadas en España, Italia, el resto de los países europeos e incluso en todo el mundo. La tasa de mortalidad, a su vez, continuará aumentando en vez de disminuir a causa del progresivo envejecimiento de la población. El resultado final del proceso es un descenso suicida de la población, a no ser que el declive pueda compensarse con la llegada de inmigrantes de otros países o territorios, tal como ocurre actualmente en España y en toda Europa.

Ahora bien, Schooyans sostiene que el invierno demográfico no solamente se circunscribirá a Europa y a los países menos natalistas (Rusia o China), sino que se convertirá en un problema global, sobre todo cuando todos los países del mundo hayan culminado su propia transición demográfica, con lo cual se producirá una disminución irreversible de la población mundial, que puede tener efectos catastróficos. Los políticos y la prensa conservadora suelen hablar del tema con tintes apocalípticos e incluso de una especie de crónica de una muerte anunciada de Europa y el mundo, parafraseando el título de la gran novela de Gabriel García Márquez.

Desde una óptica más técnica, en cambio, los demógrafos hablan de la segunda transición demográfica. En este sentido, la primera transición demográfica se produjo o se desarrolló en el contexto de una sociedad y de unas relaciones familiares tradicionales relativamente estables, con una escasa incidencia del divorcio y de las segundas y terceras nupcias. La segunda, por el contrario, se desarrolla en el contexto sociocultural propio de los países avanzados, que es completamente distinto al anterior. Han aumentado la calidad, las expectativas y la esperanza de vida, la población total es hoy mucho más envejecida y han cambiado radicalmente los patrones de vida personal y familiar, hoy día caracterizados por la primacía del individualismo y del empleo personal, la sustitución del matrimonio convencional por uniones de hecho, el aumento de los divorcios y el retraso del calendario de la maternidad, entre otros cambios sociales y personales relativos a la posmodernidad.

El resultado de todo ello tiene como consecuencias más destacables la caída de la fecundidad, el envejecimiento y la creciente dependencia de la población y de los costes de atención social, especialmente a las personas mayores, aunque todo ello puede quedar compensado, en parte, por la inmigración. Vistas las cosas desde esta perspectiva, España se encontraría en plena segunda transición demográfica: nuevos modelos de relación personal y familiar, caída —o hundimiento— de la fecundidad, envejecimiento progresivo de la población residente, incremento de los costes sociales de la dependencia y crecimiento natural negativo.

Un conjunto de problemas sociales que en España se agrupan bajo el concepto desafío o reto demográfico, que transcienden y van mucho más allá del vaciamiento del rural profundo, que tocó fondo hace mucho tiempo, y que hoy afectan a todo el país. Prueba de ello es la creación el 2018 de un Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dirigido por la vicepresidenta y ministra Teresa Ribera Rodríguez. Se trata, en todo caso, de un verdadero reto: España tiene desde hace años una de las tasas de fecundidad más bajas del mundo, 1,19 hijos por mujer de media en el año 2021, pero menos de un hijo por mujer en las provincias más despobladas.

Asimismo, el crecimiento natural o el balance entre los nacimientos y las defunciones es negativo, no solamente en el medio rural, sino que lo es también a escala nacional desde el año 2015 y en todos los niveles de la jerarquía urbana. Como veremos más adelante, solamente las provincias de Almería y Murcia, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, tienen actualmente un crecimiento natural positivo, pero limitado a unas míseras décimas en términos porcentuales. Todo ello da como resultado el progresivo envejecimiento de la población y el incremento del número de personas dependientes, especialmente en las áreas rurales y en las comarcas poco pobladas, pero con repercusiones en todo el país.

Por último, está la dimensión adquirida por la inmigración extranjera en los dos últimos decenios, de la que ya he descrito algunas pinceladas y sobre la que insistiré más adelante. La inmigración rejuvenece, como así ha sido, las estructuras demográficas del país, especialmente en las áreas más dinámicas y pobladas, pero también en el medio rural profundo, puesto que hoy todas las provincias reciben y acogen en mayor o menor medida una inmigración extracomunitaria.

El migrante es habitualmente una persona joven y emprendedora, que está en edad de formar una familia, tener hijos y labrarse el futuro que no encontró en su país de origen. En España, la llegada de inmigrantes extranjeros fue un fenómeno casi irrelevante durante el siglo XX, mientras que en lo que llevamos del siglo XXI, por el contrario, repercute en todo el país, desde los entornos urbano-metropolitanos a las ciudades pequeñas y medianas y en toda la España rural. Es necesario recordar, por ejemplo, que muchos cuidadores de las personas mayores, tanto en la España urbana como en la rural, son personas migrantes. Sin ellas sería muy difícil cubrir las demandas crecientes de atención social domiciliaria o residencial en un país tan envejecido como el nuestro.

Desequilibrios sociales y territoriales

La resultante de los procesos anteriormente descritos (desarrollo de las TIC, economías de aglomeración, reto demográfico e inmigración extranjera) se concreta en una profundización de los desequilibrios territoriales a todas las escalas. Quien perdió más en primera instancia fue el medio rural profundo, pero a continuación vinieron las cabeceras comarcales que prestaban servicios a ese entorno rural en gran parte despoblado, y ya en la fase actual pierden también las ciudades desconectadas o poco integradas física y económicamente con los centros neurálgicos del país. Y aquí hay que incluir a las capitales provinciales que pierden población, a pesar del colchón del empleo público, y teniendo en cuenta, no obstante, que una parte de estas pérdidas se debe a la rururbanización y a la expansión de la ciudad difusa.

Declives que, en todo caso, explican la creciente sensación de desamparo que condujo a la creación de las primeras plataformas en defensa de los territorios que no contaban. ¡Existimos!, dijeron. Hoy son multitud, hasta el punto de que bajo el concepto España vaciada se aglutina uno de los movimientos sociopolíticos más importantes desde la Transición política para acá. Su repercusión política ha sido y es relevante, y puede que lo sea más en el futuro, pero el grito de auxilio también ha repercutido en la academia: durante los años ochenta y noventa, la mayor parte de las investigaciones sociodemográficas y territoriales se centraban en los procesos de difusión urbano-metropolitanos y en la segregación espacial de la ciudad, con los temas estrella de la denostada ciudad difusa y la gentrificación de los centros históricos. Hoy, en cambio, y sobre todo desde la publicación de La España vacía en 2016 y la consolidación de las plataformas de la España vaciada, no hay día en el que no aparezcan noticias sobre la despoblación y el declive rural, entendido en un sentido amplio.

Capítulo 3

La población española: del apogeo al invierno demográfico

  ¡Y qué buena es la tierra de mi huerto!

hace un olor a madre que enamora,

mientras la azada mía el aire dora

y el regazo le deja pechiabierto.

Miguel Hernández,

El silbo vulnerado (1934).

Para hablar con algún conocimiento de causa de la despoblación en España, tanto del medio rural profundo como de la decadencia de las numerosas ciudades de la España interior, es necesario situar un punto de partida y un marco temporal de referencia. Para ampliar la perspectiva he considerado la evolución de la población durante el último siglo, desde el año 1920 hasta la actualidad (2022). A lo largo de este periodo, España ha doblado con creces su población, pasando de los 21,4 millones de habitantes de 1920 a los 47,4 millones de 2021, pero invirtiendo por completo su distribución territorial interna y su estructura sociológica, y, lo que es más importante, modernizando por completo sus características socioeconómicas y culturales básicas. O sea, de ser un país atrasado y predominantemente rural ha pasado a ser un país de clases medias urbanas. Se habla mucho del fracaso escolar, pero el porcentaje de la población adulta con estudios superiores pasó del 40% el año 2020, situación completamente opuesta al 40% de analfabetismo que existía en 1931, cuando la Segunda República inició, a trancas y barrancas, su proyecto educativo.

España en el contexto europeo y mundial

Empiezo este apartado situando la España de hoy en Europa y en el mundo. En este sentido, el nuestro es un país mediano en el contexto europeo y mundial, tanto por su extensión como por su población. El territorio español, incluidos los archipiélagos balear y canario, tiene una superficie de algo más de medio millón de km2 (504.642 km2), por lo que ocupa una posición intermedia (la cincuentaidosava del mundo) por este concepto, sobre un total de 194 países. Es, asimismo, el segundo país de la Unión Europea (EU-27) por su extensión, un poco por detrás de Francia (543.940 km2 de superficie), la nación más extensa, y por delante de Suecia (438.574 km2), el país de la EU-27 que le sigue por su extensión, aunque su población es cinco veces menor que la española (10,3 millones de habitantes).

El país se acerca rápidamente a los 50 millones de residentes: 47,4 millones de personas en 2021, que suponen cerca del 11% de la población de la EU-27, que, después del Brexit o salida del Reino Unido de la Unión Europea en febrero del 2020, acoge a cerca de 450 millones de personas (447 millones en 2021). De acuerdo con estas cifras, nuestro país ocupa el cuarto puesto de la EU-27 por su población, muy por detrás de Italia, con cerca de 60 millones de personas; Francia, que tiene 67 millones, y Alemania, que con 83 millones de habitantes es el país más poblado de la EU-27. Por detrás de España se encuentra Polonia, con 38 millones de habitantes, y, a mucha distancia, Rumanía, con 19 millones de habitantes.

Considerados los datos a escala planetaria, España ocupa la trigésima posición mundial por volumen de población, situándose inmediatamente por detrás de Colombia (51 millones de habitantes), y por delante de Uganda (46 millones), Argentina, (45 millones) y Ucrania (44 millones)5. En cambio, los dos países vecinos del Magreb registran un crecimiento poblacional muy por encima de cualquier país europeo: Marruecos tiene 37 millones de habitantes y Argelia 44 millones (datos del año 2021), a pesar de que viven en plena transición demográfica (disminuyen sus tasas de natalidad y de mortalidad y aumenta la esperanza de vida).

Evolución de la población en España con respecto
a sus países vecinos entre 1920 y 2000

Veamos ahora los rasgos básicos de la evolución demográfica de España durante el último siglo en comparación con Portugal, Francia e Italia, nuestros vecinos europeos más próximos, de acuerdo con los datos de la tabla 1, que también incluye Marruecos por su cercanía e interés geopolítico.

De acuerdo con las cifras de la tabla, España es el único país, salvo Marruecos, que durante este periodo ha doblado con creces su población al pasar de los 18 millones de habitantes de 1920 a los más de 47 millones del año 2020, con un incremento absoluto cercano a los 26 millones de habitantes (25.944.063 habitantes). Si se considera un índice en base 100 para el año 1920, España es el país europeo de la tabla que más ha crecido en términos relativos: el índice español es 221, seguido de Francia (172), Portugal (171) e Italia (163), nación que ha ralentizado en gran manera su crecimiento demográfico, perdiendo cerca de dos millones de habitantes en la última década. Las cifras reflejan, en todo caso, el estancamiento demográfico europeo de las dos últimas décadas, atenuado en parte en España a causa de la inmigración extracomunitaria a partir del cambio de siglo.

Tabla 1

Evolución de la población en España, Portugal,
Francia, Italia y Marruecos (1920-2020)

País

Hab. 1920

Hab. 1940

Hab. 1960

Hab. 1980

Hab. 2000

Hab. 2020

España

Hab./km2

1920 = 100

Sup.: 505.957 km2

21.388.551

42

100

26.014.278

51

121

30.582.936

60

143

37.698.200

75

176

40.824.744

81

191

47.398.695

94

222

Portugal

Hab./km2

1920 = 100

Sup.: 92.226 km2

6.032.991

65

100

7.709.000

84

128

8.829.414

96

146

9.706.104

105

161

10.275.925

111

170

10.298.252

113

171

Francia

Hab./km2

1920 = 100

Sup.: 549.087 km2

39.209.518

72

100

41.907.000

76

107

46.621.669

85

119

55.456.457

101

141

60.187.285

110

154

67.656.682

123

172

Italia

Hab./km2

1920 = 100

Sup.: 302.070 km2

36.400.000

120

100

44.500.000

138

122

49.699.946

164

137

56.556.911

187

155

56.995.744

189

157

59.236.213

196

163

Marruecos

Hab./km2

1920 = 100

Sup.: 446.550 km2*

5.100.000

12

100

7.000.000

16

137

12.328.532

28

242

19.432.000

43

381

28.283.000

63

554

36.910.558

84

723

*La superficie de Marruecos no incluye el Sáhara Occidental.

Fuente: Eurostat e INE; para los datos de Marruecos, CIA (2021).

Las cifras de los cuatro países europeos de la tabla contrastan con el incremento exponencial de la población marroquí, cuyo índice es 723 sobre la base 100 del año 1920. Dicho de otra forma, Marruecos ha multiplicado por siete su población en el transcurso del último siglo. Un incremento atenuado en los últimos años a causa de la rápida transición demográfica del país vecino. El índice sintético de fecundidad (ISF) de las mujeres marroquíes ha bajado desde los 5,7 hijos por mujer del año 1980 a los 2,8 hijos por mujer del año 2000, para llegar a los 2,35 hijos por mujer en 2020, un guarismo prácticamente idéntico al que tenían las mujeres españolas en 1980, que fue de 2,2 hijos por mujer. La tasa bruta de natalidad marroquí ha descendido desde los 38 nacimientos por cada 1.000 habitantes de 1980 a los 18 nacimientos del año 2020. No obstante, el país seguirá creciendo durante unos años a causa de la llegada a la edad adulta de las generaciones llenas, nacidas cuando las tasas de fecundidad estaban en máximos.

El desierto demográfico español: del ‘baby boom’
al ‘baby crash’

El gran aumento de la población española y europea a partir de los años cincuenta y hasta los años setenta del siglo XX, se debe al espectacular incremento de los nacimientos tras la Guerra Civil (1936-1939) y la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Fueron las décadas del baby boom, siendo llamados baby boomers los nacidos en aquellos tiempos de bonanza económica en toda Europa occidental, España incluida, a pesar de la falta de libertades políticas y el relativo retraso del país. Eran tiempos de pleno empleo y de alto crecimiento del PIB en toda Europa occidental. Lo llamaron milagro europeo, debido en gran parte a la convergencia entre los postulados redistributivos de la socialdemocracia europea y los de la democracia cristiana, inspirados en la doctrina social de la Iglesia. La guerra fría entre el bloque occidental, integrado en la OTAN, y el bloque comunista, en el Pacto de Varsovia, podía pasar fácilmente a caliente y en estas circunstancias ningún país occidental podía permitirse el lujo de agravar la inestabilidad social. En toda Europa occidental mejoró la educación pública, la sanidad y la asistencia social, al mismo tiempo que se universalizaron las pensiones de jubilación, consolidando el llamado estado de bienestar (welfare state). Durante los años sesenta, las vacaciones pagadas de la clase obrera europea empezaron a llenar de turistas la costa mediterránea española, minando de paso las bases sociológicas del franquismo y la moralina nacionalcatólica imperante.

Pero todo tiene su fin: el baby boom español de los años sesenta y setenta cedió el paso, poco a poco y de manera casi imperceptible, al llamado invierno demográfico. Según los datos de Eurostat, el crecimiento natural de la población (diferencia entre nacimientos y defunciones) ha pasado a ser próximo a cero e incluso negativo en la última década, tanto en España como en la mayor parte de los países de la EU-27, de manera que el aumento de población se debe casi exclusivamente a la inmigración extracomunitaria. Hubo un ligero repunte al alza durante las alegrías económicas de la primera década del siglo (un saldo positivo del 0,8% el año 2008), pero la crisis económica primero y el estallido de la pandemia pocos años después explican que el crecimiento natural sea negativo desde el año 2012. Se ha pasado de una disminución o decremento del 0,1% en 2012 al funesto descenso del 2,5% en 2020, el año en el que la pandemia de la COVID-19 causó sus mayores estragos en toda Europa y el resto del mundo. En España, el crecimiento natural de la población es negativo desde el año 2015; en el aciago 2020, el saldo negativo fue del 3,2%.

En España, durante el desarrollismo y hasta el final de los años setenta, las personas se casaban cada vez más jóvenes, probablemente por sus ansias de emanciparse del corsé familiar tradicional, en un país anclado en el nacionalcatolicismo más rancio y en un conservadurismo recalcitrante, por lo que respecta a la sexualidad y el papel de la mujer en la sociedad. Pero nada, ni la Iglesia ni la Dictadura, pudieron parar la revolución cultural de la juventud que no había vivido la Guerra Civil. La Chica ye ye que popularizó Concha Velasco en 1965 fue algo más que un icono pop en un tiempo en que empezaba a descubrirse algo que al cabo de una década acabó siendo tan transcendental como la píldora anticonceptiva. En 1975 todavía se tenían bastantes hijos: el ISF fue de 2,8 hijos por mujer, que en tan solo cinco años se redujo 2,2 hijos por mujer, cifra que hemos visto que es prácticamente idéntica a la de Marruecos en la actualidad (2,3 hijos en 2021). Pero la caída de la fecundidad, acompasada con el cambio social español, fue tan rápida que acabó en el estancamiento demográfico de los años ochenta y noventa y en el invierno demográfico actual, salvado por la inmigración extranjera.

Cosas veredes, dice la locución cervantina que expresa sorpresa. Causa auténtica sorpresa que países de tradición católica tan natalistas como España, Italia e incluso Portugal, ostenten actualmente los indicadores de natalidad y fecundidad más bajos del mundo, a pesar de haber iniciado con algunas décadas de retraso su transición demográfica con respecto a los países centroeuropeos y nórdicos. Según datos del INE, el máximo número de nacimientos se alcanzó en España en 1975, con cerca de 700.000 recién nacidos (669.378), cifra que veinte años después se había reducido prácticamente a la mitad: 362.626 nacimientos en 1996, manteniéndose dicha cifra estancada a la baja desde entonces (336.811 nacimientos en 2021).

Son peores incluso las cifras italianas: en 1964 hubo más de un millón de nacimientos en el país transalpino, el máximo histórico (1.016.120 nacimientos, exactamente), que en los años ochenta bajaron a medio millón y hasta el mínimo de menos de 400.000 nacimientos en 2021. Los índices de fecundidad de ambos países reflejan perfectamente la situación: en Italia fue de 1,24 hijos por mujer el año 2021, y en España de 1,19, cuando la tasa de reposición mínima es de 2,1 hijos por mujer, datos que reflejan perfectamente la profundidad del llamado baby crash en ambos países. Italia incluso pierde población: en el año 2013 superó los 60 millones de habitantes, pero su población total ha disminuido en cerca de dos millones de personas desde entonces, a pesar de la continua llegada de inmigrantes.

El declive demográfico: algo más que
un problema de la España despoblada

Teniendo en cuenta que el conjunto del país se halla en pleno invierno demográfico (cada vez nacen menos bebés, tanto en el medio urbano como en el rural), veamos ahora cómo han evolucionado los indicadores demográficos más relevantes a escala interna española, y cuáles han sido sus efectos por lo que respecta a la geografía de la despoblación. Para ello he confeccionado cinco tablas que reflejan la evolución cada diez años, entre 1975 y 2021, de las cinco provincias que presentan los mejores y los peores indicadores demográficos en la más reciente de estas fechas, comparados con la media nacional. Se trata de los parámetros siguientes: la tasa bruta de natalidad (tabla 2); el índice sintético de fecundidad (tabla 3); el crecimiento natural o balance entre nacimientos y defunciones (tabla 4), y el porcentaje de personas mayores de 65 años (tabla 5) de cada demarcación.

He considerado más adecuado presentar los datos a escala provincial que a escala autonómica o municipal, porque pienso que permiten detectar mejor donde están los problemas sin perder la necesaria visión de conjunto, cosa que también puede ocurrir a escala municipal, debido a la fragmentación y heterogeneidad de los municipios españoles. Se puede avanzar, de entrada, que Almería y Murcia presentan siempre los registros más positivos (son de las pocas provincias que todavía crecen) y que Orense y Zamora se sitúan en el extremo opuesto (las que tienen los peores saldos en todos los ítems analizados). Se podrían añadir otros indicadores, pero estimo que son suficientes para hacer comprensible el alcance del invierno demográfico español y su incidencia en el territorio, no solamente en el medio rural.

La brusca caída de la tasa bruta de natalidad

La tabla 2 refleja la evolución de la tasa bruta de natalidad o número de nacimientos por cada 1.000 habitantes. Se trata de una tasa bruta, porque relaciona los nacidos con respecto a toda la población residente (hombres y mujeres de todas las edades), pero ilustra perfectamente el descenso generalizado de la natalidad en España, que ya de por sí era relativamente baja en 1975. El país ya había iniciado su transición demográfica, sobre todo las regiones y provincias más industrializadas, como Cataluña, País Vasco, Madrid y Asturias.

Los datos se explican por sí mismos: la tasa global de natalidad pasó de los 19 nacimientos por cada 1.000 habitantes de 1975, a los exiguos siete nacimientos por cada 1.000 habitantes del año 2021. Hubo un repunte coyuntural al alza durante los años de bonanza económica de la primera década del siglo (hasta el año 2008), pero fue efímero. Ni Zamora ni Orense lograron detener o atenuar en esos años de crecimiento económico la caída de la natalidad. Cabe destacar, por otra parte, que estas provincias ya partían de cifras inferiores a la media española en los años setenta. El medio rural minifundista, propio de Galicia y de una gran parte de Castilla y León, no ha sido ni es muy proclive a tener muchos hijos, incluso en la sociedad tradicional. El norte de España siempre ha sido menos natalista que el sur.

Tabla 2

Las cinco provincias con las tasas brutas de natalidad más alta y más baja en 2021,
y los datos de los años 1975, 1985, 1995, 2005 y 2015 (nacidos por cada 1.000 habitantes)

Provincia

Nat. ‰ 2021

Nat. ‰ 2015

Nat. ‰ 2005

Nat. ‰ 1995

Nat. ‰ 1985

Nat. ‰ 1975

Zamora

4,2

5,3

5,9

6,5

9,4

11,2

Orense

4,6

5,8

5,7

5,9

8,0

10,9

Asturias

4,7

6,2

7,1

6,1

9,5

16,0

Lugo

5,0

6,5

5,9

5,8

9,0

11,4

León

5,1

6,3

6,8

6,5

10,4

12,9

España

7,1

9,0

10,7

9,2

11,9

18,7

Almería

9,5

11,4

12,7

11,6

15,2

19,8

Murcia

9,1

10,9

13,0

11,4

14,5

20,8

Huelva

8,0

9,6

11,3

10,7

14,2

19,3

Sevilla

8,0

10,1

12,3

11,2

14,5

21,7

Girona

7,8

10,2

11,6

9,3

11,0

18,1

Fuente: Tasa bruta de natalidad por provincia (https://bit.ly/3WH7U1s).

Abundando en lo dicho anteriormente, el hecho más destacable es que las cinco provincias menos natalistas se localizan invariablemente en el cuadrante noroeste peninsular. Es decir, en Castilla y León, Asturias y el interior de Galicia, lo cual refleja tanto su tradición menos natalista como las repercusiones de un éxodo rural histórico. Las cinco provincias más natalistas, por el contrario, se localizan en el arco mediterráneo y en Andalucía. Asturias bate récords en cuanto al descenso de la natalidad, lo cual refleja la profundidad de la crisis industrial y minera que padeció la región durante el último tercio del siglo XX —personalmente, todavía tengo en la memoria la pujante Asturias de los años setenta: Gijón era, en aquellos días, una de las ciudades más importantes de España—. Es destacable, por último, que siendo muchísimo peores los datos de las provincias del cuadrante noroccidental peninsular que los de Soria (6,0‰) y Teruel (6,7‰), el declive de estas últimas provincias está mucho más presente en el imaginario colectivo que el de las primeras. No hay duda de que la labor de las plataformas Teruel Existe y Soria ¡Ya! ha sido decisiva de cara a una mayor proyección mediática y política de su despoblación.

Desplome y repunte episódico del índice sintético de fecundidad

La tabla 3 refleja la evolución decenal 1975-2021 del índice sintético de fecundidad (ISF) de las cinco provincias que se encuentran en mejor y peor posición en el año 2021 por lo que respecta a este indicador. El índice de fecundidad es mucho más preciso que la tasa bruta de natalidad, porque únicamente tiene en cuenta el número hipotético de hijos que tendrían las mujeres en edad fértil (de 15 a 49 años) de una determinada cohorte y año de referencia.

No he incluido en el cómputo los archipiélagos balear y canario, entre otras cosas porque la despoblación es una cuestión básicamente peninsular y, por lo que respecta a la densidad de población, las tres provincias insulares superan ampliamente la media española, aunque los indicadores de las dos provincias canarias se sitúan entre los más bajos de España, incluso por debajo de un hijo por mujer en ambos casos. Según datos del INE (2021), la provincia de Santa Cruz de Tenerife ocupa el puesto de cola por lo que respeta a este indicador, con un índice de 0,84 hijos por mujer; la provincia de Las Palmas, por su parte, se mantiene en cifras similares, con un índice de 0,9 hijos por mujer. En cambio, la densidad de población de las islas Canarias (302 hab./km2) es tres veces superior a la media española, siendo también relativamente elevada en las islas menos pobladas, como Fuerteventura (64 hab./km2) y El Hierro (42 hab./km2), cifras muy superiores a las de la España vaciada.

Los datos no engañan: la caída de la fecundidad en España casi puede calificarse de brutal desde el punto de vista cuantitativo, y ha sido muy rápida en el tiempo. En menos de 50 años se ha pasado de los 2,8 hijos por mujer de 1975 a una media de 1,19 hijos por mujer en 2021, dato que refleja perfectamente la profundidad del invierno demográfico español. La caída fue drástica y generalizada entre los años 1975 y 1985, prolongándose hasta el año 1995. A partir de esta última fecha se produce un repunte general al alza que debe relacionarse con la etapa de bonanza de la primera década del siglo, hasta que estalló la crisis económica el año 2008. Dicha recuperación del ISF fue mayor y en parte se mantiene relativamente estable, pero a la baja, en las provincias de Murcia, Almería, Navarra, Huesca y Gipuzkoa, muy dinámicas desde el punto de vista económico. En cambio, el índice registró muy pocas variaciones en las cinco provincias que ya de por sí eran poco natalistas. O sea, en Zamora, Orense, Asturias, Lugo y León, donde el indicador es inferior a un hijo por mujer y sigue bajando. De igual manera que en la tabla 2, llama particularmente la atención el desplome del indicador de Asturias, que baja desde los 2,33 hijos por mujer de 1975 a menos de un hijo por mujer en 2021, con un ISF de 0,95, el más bajo de España junto con Orense y Zamora. La calidad de vida es alta en Asturias, pero la región ha perdido parte del empuje económico que tuvo en la época de pleno auge de la industria y la minería.

Tabla 3

Las cinco provincias que tienen el índice sintético de fecundidad (ISF)
más bajo y más alto en 2021, y los datos de los años 1975, 1985,
1995, 2005 y 2015

2021

2015

2005

1995

1985

1975

Provincia

ISF

ISF

ISF

ISF

ISF

ISF

Zamora

0,89

0,99

0,95

1,00

1,52

1,87

Orense

0,93

1,03

0,88

0,93

1,26

1,59

Asturias

0,95

1,01

0,96

0,83

1,31

2,33

Lugo

0,98

1,10

0,89

0,90

1,48

1,88

León

1,00

1,07

0,99

0,89

1,51

2,03

España

1,19

1,33

1,33

1,16

1,64

2,77

Murcia

1,48

1,57

1,58

1,39

2,03

3,21

Almería

1,54

1,62

1,56

1,43

2,08

2,98

Navarra

1,38

1,45

1,33

1,11

1,42

2,63

Huesca

1,33

1,41

1,21

1,08

1,42

2,18

Gipuzkoa

1,33

1,47

1,27

0,99

1,23

2,67

Fuente: Tasa bruta de natalidad por provincia (https://bit.ly/3WH7U1s) e indicador coyuntural de fecundidad por provincia,
según orden del nacimiento (https://bit.ly/3XCbyeo), INE.

A escala general, la bajísima fecundidad del país explica, por otra parte, que el crecimiento natural o la diferencia entre los nacimientos y las defunciones a lo largo de un año sea negativa en España desde el año 2015, excepto en las cuatro provincias de Almería, Illes Balears, Madrid y Murcia, además de Ceuta y Melilla, según los indicadores de crecimiento de la población publicados por el INE (2021). Sigue siendo el cuadrante noroeste peninsular donde se detectan los índices más bajos, con Zamora y Orense a la cabeza, seguidas de Asturias, León y Lugo. Llama la atención este orden porque contradice la creencia popular que es en el medio rural más profundo donde se tienen más hijos, cuestión desmentida desde hace años por los estudios demográficos más solventes (Javier Recaño, Dolores Sánchez Aguilera, Arlinda Garcia Coll o Pedro Reques, entre otros expertos en población). La influencia de la religión reflejada por la frase “los hijos que nos dé Dios” hace mucho tiempo que dejó de ser vigente en la España rural.

La disminución de la fecundidad en estas provincias tiene algo que ver con su tradición ya de por si poco natalista, pero se debe fundamentalmente a su declive económico estructural, su elevado índice de masculinidad (algo habitual en la España rural, por la tendencia secular de que los hombres se queden al cargo de las tierras), el peso creciente de las personas mayores de 65 años y la progresiva disminución del porcentaje de jóvenes con respecto a la población total, todo lo cual redunda en una falta de expectativas de tener una vida social plena y oportunidad de promoción personal o familiar. Es precisamente aquí, en los “lugares que no cuentan” de que habla Rodríguez-Pose, donde se tienen menos hijos y donde los jóvenes acaban yéndose.

Tampoco en este caso, ni Soria, Teruel o Cuenca se encuentran entre las provincias peor situadas: en 2021, el ISF de Soria fue de 1,17 por mujer, algo por debajo de la media española, que fue de 1,19, y el de Teruel de 1,3 hijos por mujer, por encima de la media nacional. Por el contrario, todas las provincias de Castilla y León, excepto Segovia, muy vinculada con Madrid, tienen un ISF inferior a la media española, junto con las cuatro provincias de Galicia, además de Asturias y Cantabria, datos que confirman la crudeza del invierno demográfico en el cuadrante noroeste peninsular.

Aquí casi todos decrecen, especialmente en el medio rural pero también en los entornos urbanos de estas provincias. Como viene siendo habitual, Almería y Murcia detentan las cifras más positivas, siendo significativamente las dos provincias, junto con Huelva, donde la agricultura bajo invernadero y los cultivos forzados han conocido un desarrollo espectacular. La aparición de Navarra y Gipuzkoa en los primeros puestos tiene mucho que ver con el nivel de desarrollo alcanzado por estas provincias en los últimos años. También destaca Huesca, una provincia que por su densidad de población (14,4 hab./km2), se inscribe de lleno en la España vaciada, pero eso no impide que registre un desarrollo notable, doblemente vinculado a la producción agraria y a las industrias agroalimentarias, por una aparte, y al desarrollo turístico pirenaico, por la otra. Hay que mencionar, por último, la incidencia de la inmigración en los repuntes al alza de los indicadores de fecundidad.

El invierno demográfico: un país que decrece

El saldo vegetativo indica el balance o la diferencia positiva o negativa entre las personas que nacen y las que mueren a lo largo del año en un espacio concreto. La tabla 4 muestra la evolución 1975-2021 de las cinco provincias que tuvieron un menor y un mayor índice de crecimiento natural en el año 2021. Por razones de coherencia geográfica (no es lo mismo una provincia que una ciudad), he excluido de la tabla las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que hace años que tienen un crecimiento natural positivo, especialmente Melilla, con un incremento de 4,3 por cada 1.000 habitantes en 2021, mientras Ceuta se quedó en un 0,5 de incremento el mismo año. Para depurar la posible sobremortalidad del año 2021 debida al efecto COVID-19, he incluido en la tabla el balance del año 2019, previo a la eclosión de la pandemia.

La primera cuestión por constatar a partir de la observación de la tabla es que el crecimiento natural es negativo en España desde el año 2015. Es decir, hace más de un lustro que mueren más personas de las que nacen, a pesar de que la población total sigue creciendo gracias a un saldo migratorio positivo y también a la mayor tasa de fecundidad de las mujeres migrantes. A escala nacional se observa la caída brutal del crecimiento natural entre 1975 y 1995, aunque siguió siendo ligeramente positivo hasta el estallido de la crisis financiera del año 2008, tras la cual el crecimiento natural empezó a ser negativo, acentuándose el decrecimiento en 2021 por efecto de la pandemia (en ese año la caída fue de 2,4 por cada 1.000 habitantes).

Tabla 4

Las provincias que presentan el peor y el mejor saldo vegetativo por cada
1.000 habitantes en el año 2021, y los datos de los años 1975, 1985, 1995, 2005 y 2015

Provincia

Saldo 2021

Saldo 2019

Saldo 2015

Saldo 2005

Saldo 1995

Saldo 1985

Saldo 1975

Zamora

–11,2

–10,6

–9,7

–7,4

–5,4

+3,7

+1,2

Orense

–10,8

–10,6

–9,0

–8,3

–7,2

–2,5

+0,4

Lugo

–10,4

–9,5

–8,8

–7,8

–7,6

–3,3

–0,5

Palencia

–9.1

–7,4

–6,0

–4,8

–3,1

+1,2

+2,9

León

–8,6

–7,9

–6,7

–5,0

–3,4

+1,0

+4,2

Asturias

–8,5

–7,3

–6,8

–4,9

–5,0

–0,3

+7,1

España

–2,4

–1,2

–0,1

+1,9

+0,5

+3,7

+10,4

Almería

+0,9

+2,3

+3,8

+5,3

+4,1

+7,8

+11,2

Murcia

+0,8

+2,3

+3,2

+5,5

+3,8

+6,6

+12,2

Illes Balears

+0,6

+1,8

+2,0

+3,7

+1,1

+3,6

+9,0

Madrid

+0,2

+1,7

+2,8

+4,8

+2,1

+5,2

+15,2

Navarra

–1,0

–07

+0,5

+1,6

+0,1

+2,1

+8,9

Fuente: Tasa bruta de natalidad por provincia (https://bit.ly/3WH7U1s), INE.

Tal como vimos anteriormente, se perfila un mínimo de dos realidades territoriales: el habitual cuadrante noroccidental peninsular decreciente y los territorios que todavía mantienen un ligero crecimiento natural positivo, con Almería y Murcia a la cabeza, además de Illes Balears y Madrid, las únicas provincias, además de las dos ciudades autónomas, que tienen un crecimiento natural positivo.

Si se considera la evolución histórica se observan perfectamente las distintas realidades. En 1975, todas las provincias de la tabla, excepto Lugo, tenían un crecimiento natural positivo, siendo la media española relativamente elevada (10,4 por cada 1.000 habitantes). Solamente diez años después, en 1985, el declive empieza a ser muy acusado, con decrecimientos ya significativos en las provincias de Lugo y Orense. En 1995 el crecimiento es ya muy débil a escala general (0,5‰) y absolutamente negativo en las provincias noroccidentales de la tabla. Corrían tiempos de estancamiento demográfico en unos años en los que todavía no había eclosionado la gran oleada inmigratoria del cambio de siglo y de milenio. A partir de esta última fecha, el balance es crecientemente negativo en las provincias noroccidentales, con el habitual repunte al alza de la primera década del siglo XXI durante los años de bonanza del boom inmobiliario. Las provincias de Soria y Teruel, por su parte, también decrecen, pero a un ritmo algo más lento que las provincias noroccidentales (–7,3‰ en Soria y –5,8‰ en Teruel en 2021). Hay que insistir, de nuevo, en la poca repercusión mediática del declive de las provincias del noroeste peninsular, en comparación con la abrumadora presencia en los medios nacionales de las provincias de Soria y Teruel

Una España desigualmente envejecida

Para terminar el repaso de los indicadores demográficos que he considerado más relevantes para esbozar una geografía de la despoblación española, en la tabla 5 se muestran las diez provincias que tienen los porcentajes más altos y bajos de personas mayores de 65 años en el año 2021 y su evolución, cada diez años, desde 1975. Se trata de un dato a tener en cuenta, puesto que refleja el porcentaje de personas teóricamente dependientes con respecto a la población total. A nivel general destaca en primer lugar el aumento del porcentaje de personas mayores de 65 años, lo cual no debe verse como una cuestión negativa, sino que corrobora la espectacular mejora de la calidad de vida de la sociedad española a partir de los años setenta. En esa época, el porcentaje de personas mayores se situaba en un 10% del total. Todavía éramos un país muy joven con unas tasas de natalidad muy altas, lo cual aseguraba el relevo generacional.

A mediados de los años noventa, el porcentaje de personas mayores había aumentado al 15%, alcanzando el 20% en 2019, anterior al estallido de la pandemia provocada por la COVID-19. Se trata de un porcentaje de personas mayores algo por debajo de la media comunitaria, que era del 20,3% el año 2019 (EU-27), por un 19,8% en España en ese mismo año. El gran y progresivo incremento de la esperanza de vida en España, actualmente una de las más altas del mundo, corrobora la información anterior. Según datos del INE, en el año 1995 la esperanza de vida al nacer de los españoles era de 74,4 años para los hombres y de 81,7 años para las mujeres. Un cuarto de siglo después, en el año 2019, se había situado en los 80,9 años para los hombres y en 85,1 años para las mujeres (cinco años de diferencia entre ambos sexos), siendo la esperanza media de 84 años, unos tres años por encima de la esperanza de vida en la EU-27, que según Eurostat era de 81,3 años en 2019, previo al estallido de la pandemia.

Tabla 5

Las diez provincias que tienen los mayores y menores porcentajes
de población de 65 AÑOS Y MÁS por cada 1.000 habitantes en el año 2021,
y los datos de los años 1975, 1985, 1995, 2005 y 2015

Provincia

2021

% pobl. > 65

2015

% pobl. > 65

2005

% pobl. > 65

1995

% pobl. > 65

1985

% pobl. > 65

1975

% pobl. > 65

Orense

31,6

30,4

29,1

24,0

18,0

13,9

Zamora

30,9

29,5

28,2

24,0

18,6

15,4

Lugo

29,4

28,6

27,5

23,9

19,2

15,6

León

27,4

25,7

24,6

20,1

14,5

11,4

Salamanca

26,8

25,3

23,3

20,1

16,2

13,1

Asturias

26,5

24,0

21,9

18,7

13,8

10,9

Palencia

26,0

23,9

22,5

19,9

14,9

12,5

Ávila

25,7

24,9

25,1

22,5

17,1

13,1

Soria

25,2

25,2

26,0

24,5

19,2

15,4

A Coruña

25,2

23,3

20,1

16,5

13,3

11,4

España

19,8

18,5

17,6

15,0

11,8

10,2

Almería

15,7

14,3

12,7

12,3

10,5

9,9

Las Palmas

15,9

13,8

19,9

9,2

7,6

6,0

Murcia

16,1

15,2

13,8

12,7

10,3

9,8

Guadalajara

16,1

15,5

17,7

19,7

16,9

15,1

Illes Balears

16,3

15,2

13,8

14,3

13,1

11,8

Sevilla

16,9

15,4

13,7

12,0

9,7

8,6

Huelva

17,1

15,7

14,7

13,6

11,9

11,0

Cádiz

17,2

15,1

12,5

10,3

8,2

7,3

Málaga

18,0

16,6

14,0

12,1

9,9

8,7

Madrid

18,1

17,0

14,1

12,9

10,0

8,2

Fuente: Proporción de personas mayores de 65 años y más sobre la población total (https://bit.ly/3HaGZFH), INE.

Desde un punto de vista territorial, los datos provinciales referidos a este indicador no difieren substancialmente de los vistos en los indicadores anteriores. Las diez provincias con un mayor porcentaje de personas mayores siguen siendo invariablemente las del cuadrante noroeste peninsular, todas ellas pertenecientes a Galicia, Castilla y León y Asturias. El ranking del envejecimiento está encabezado por la provincia de Orense, seguida, y por este orden, por las de Zamora, Lugo, León, Salamanca, Asturias, Ávila, Soria y A Coruña. Esta última provincia, junto con la de Lugo, son las únicas provincias litorales que tienen una población mayor de 65 años superior a la media nacional. De todas formas, el litoral lucense supone solamente una pequeña parte del territorio provincial. Todas ellas se han situado siempre por encina de la media nacional por lo que respecta al envejecimiento de la población residente.

Por su parte, las provincias más jóvenes, situadas por debajo de la media nacional, se mantienen relativamente estables a lo largo del tiempo. Únicamente se detecta un ligero cambio de posiciones del ranking: Las Palmas, Cádiz, Madrid, Málaga, Almería y Murcia siempre se han situado por debajo de la media nacional con respecto al grupo de mayores de 65 años. En cambio, Guadalajara, Illes Balears y Huelva, provincias comparativamente envejecidas en los años setenta, hoy se sitúan por debajo de la media nacional en cuanto al porcentaje de mayores de 65. En todos los casos a causa de la incidencia de la mayor pujanza económica y el consiguiente incremento poblacional. Es destacable el caso de Guadalajara, la cuarta provincia más envejecida en los años setenta y la novena en los noventa, pero situada en el grupo de provincias más jóvenes actualmente. Comenzó a invertir la tendencia al envejecimiento en los años noventa, a partir de la expansión de Madrid hacia el corredor del Henares y a lo largo del eje de transporte paralelo a la autovía A-2. Circunstancia que confirma el enorme contraste existente entre una Guadalajara dinámica y la otra Guadalajara, esta última en proceso de cierre por disminución progresiva de sus efectivos de población.

Una visión de síntesis de los indicadores:
lo mejor y lo peor

Para terminar de completar el panorama general y su relación con la despoblación española, en la tabla 6 he resumido los indicadores de las cinco provincias que presentan los peores y mejores registros de los indicadores comentados anteriormente, completados con la densidad de población. Un parámetro, este último, considerado fundamental en la Unión Europea y en España para determinar los vacíos y los llenos demográficos y el acceso a los incentivos comunitarios, a pesar de su cuestionamiento por una parte importante de la academia.

Tabla 6

Indicadores demográficos: provincias con mejores y peores registros en 2021

Natalidad (‰)

Índice sintético de fecundidad

Saldo
vegetativo (‰)

Población de
65 AÑOS Y MÁS

Hab./KM2

Zamora: 4.2

Zamora: 0,89

Zamora: –11,2

Orense: 31,6

Soria: 9

Orense: 4,6

Orense: 0,93

Orense: –10,8

Zamora: 30,9

Teruel: 9

Asturias: 4,7

Asturias: 0,95

Lugo: –10,4

Lugo: 29,4

Cuenca: 12

Lugo: 5,0

Lugo: 0,98

Palencia: –7,4

León: 27,4

Huesca: 16

León: 5,1

León: 1,00

León: –8,6

Salamanca: 26,8

Zamora: 16

España: 7,1

España: 1,19

España: –1,2

España: 19,8

España: 94

Murcia: 9,5

Murcia: 1,48

Almería: +0,9

Almería: 15,7

Madrid: 843

Almería: 9,1

Almería: 1,54

Murcia: +0,8

Las Palmas: 15,9

Barcelona: 730

Huelva: 8,0

Navarra: 1,38

Illes Balears: +0,6

Murcia: 16,1

Vizcaya: 511

Sevilla; 8,0

Huesca: 1,33

Madrid: + 0,2

Guadalajara: 16,1

Gipuzkoa: 360

Girona: 7,8

Gipuzkoa: 1,33

Navarra: –1,0

Illes Balears: 15,3

Alicante: 327

Fuente: INE.

En conclusión, son las provincias del cuadrante noroeste peninsular las que presentan los peores registros con respecto a los indicadores analizados, encabezadas invariablemente por Zamora, seguida de Orense, Asturias y Lugo, juntamente con León, Salamanca y Palencia. Se podría decir que el declive poblacional se cierne mayormente sobre el viejo reino de León, además de Asturias y el interior de Galicia. León Ruge es significativamente el nombre de una de las plataformas más reconocidas de defensa del viejo reino; un león que se nos aparece como cansado y exhausto desde el punto de vista demográfico.

Considerados en conjunto, estos registros ponen sobre la mesa la validez del parámetro densidad de población como principal indicador de desarrollo o de declive. Las provincias de Soria, Teruel, Cuenca y Huesca tienen una densidad de población mucho más baja que las provincias del cuadrante noroccidental peninsular, pero sus indicadores sociodemográficos son, en general, mucho mejores con respecto a los de las provincias anteriores. Como todo en la vida, este es un concepto relativo: la baja densidad de población no siempre equivale, necesariamente, a pobreza, subdesarrollo y falta de oportunidades.

En cuanto a los mejores registros, Almería y Murcia o Murcia y Almería —el orden de los factores no altera o altera muy poco el producto en este caso— presentan siempre los datos más positivos, siempre acompañadas de un abanico provincial mucho más amplio y diversificado, donde aparecen Illes Balears, Huelva, Las Palmas, Sevilla, Girona, Navarra, Huesca, Alicante, Madrid y, sorpresivamente, Guadalajara entre las cinco provincias que cuentan con un menor porcentaje de población igual o mayor de 65 años. Si estos datos no son erróneos, se trata de una de las cinco provincias más jóvenes de España, lo cual no deja de ser paradójico en un espacio que integra la zona cero de la despoblación española.

Resumiendo: sobre las estructuras y los indicadores demográficos se podrían elaborar infinidad de mapas, tablas, gráficos y pirámides de población, pero pienso que el panorama queda suficientemente perfilado. Este libro no es ni pretende ser un tratado de demografía, para eso están los y las especialistas, sino que su objetivo principal es poner sobre la mesa los rasgos generales de la geografía de la despoblación española y reflexionar sobre sus consecuencias.

El comportamiento ante la fecundidad, por ejemplo, es similar en toda España, salvo casos puntuales como Ceuta y Melilla, donde es muy alta. Lo mismo puede decirse de otros indicadores no reflejados anteriormente como el llamado calendario de la maternidad, que tiende a retrasarse en toda España. Según datos del INE, en 1980 la edad promedio en la que las madres tenían el primer hijo era de 25 años. Actualmente, el primer hijo se tiene a una edad promedio de 32,6 años (2021), que se sitúa entre la edad media máxima de Madrid (33,4 años) y la mínima de Almería (31,1 años). Es decir, el calendario de la maternidad ha registrado un retraso de 7,6 años en cuarenta años, sin que existan grandes diferencias entre la edad máxima de Madrid y la mínima de Almería (dos años y cuatro meses). Lo más probable es que la edad en la que se tiene el primer hijo siga aumentando en un futuro próximo, pero a escala provincial todo depende de la mayor o menor influencia de la nueva inmigración.

Pueden echarse en falta otros indicadores importantes, como la ratio de masculinidad del medio rural, hoy algo atenuada, pero que fue brutal durante los años ochenta en el medio rural más remoto y despoblado, especialmente donde predominaba la pequeña propiedad de la tierra, que solía quedar mayoritariamente al cuidado de los hombres. “Las chicas se van a servir y ya no vuelven”, escribió Paco Candel en la crónica de su viaje al Rincón de Ademuz, mencionada anteriormente. Las mozas se fueron del pueblo para siempre y los mozos, ya solterones, se quedaron para apañar las tierras y quedar al cuidado de los mayores, sobre todo en los lugares donde imperaba el mayorazgo. En 1985, y a rebufo del pase por la televisión, casi única aquellos días, de la película Caravana de mujeres (1951) —que relata la epopeya de una caravana de mujeres que cruzó el país de este a oeste, atravesando las Montañas Rocosas para llegar a un valle californiano habitado mayormente por hombres solteros que buscan esposa—, se organizó la primera caravana de mujeres en el pueblo de Plan, en el Pirineo oscense. Tuvo un éxito rotundo y a la ocurrencia le salieron imitadores en toda la España despoblada, desde Huesca a Segovia, Asturias e incluso en la Comunidad Valenciana. Todavía se siguen convocando en la actualidad, e incluso pueden contar con apoyo público, a pesar de que remiten a una visión anacrónica, por no decir machista, del papel de la mujer en la sociedad. Su extinción parece irreversible, pues las pocas que todavía se siguen convocando reciben fuertes críticas por parte del movimiento feminista.

Veamos cuál es la situación en el presente: según datos del INE referidos al año 2021, la ratio media de España es de 96 mujeres por cada 100 hombres, relación que se invierte (hay más hombres que mujeres) en 14 provincias y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, donde hay 102 y 101 hombres, respectivamente, por cada 100 mujeres. Lleida, Soria, Guadalajara y Teruel, con 103 hombres por cada 100 mujeres, tienen la ratio de masculinidad más alta, seguidas por Huesca, Burgos, Cuenca, Albacete, Segovia, Ávila, Toledo, Almería, Murcia e Illes Balears. En algunas de estas provincias la sobremasculinidad no solo se debe a la soltería de los varones, sino que se debe también al gran número de temporeros y jornaleros agrícolas, que generalmente son hombres. La situación inversa más destacable se da en Asturias, con 92 hombres por cada 100 mujeres, seguida de Bizkaia, A Coruña y Orense, con 93 hombres por cada 100 mujeres, y Madrid, con una ratio de 92 hombres por cada 100 mujeres.

Por último, y a efectos de precisar la geografía de la despoblación, es también muy significativa la ratio o la proporción de personas de 65 años y más con respecto a la población infantil de hasta 15 años. Comenté anteriormente el problema del envejecimiento, pero no está de más reportar algunas cifras significativas con respecto a esta ratio que refleja la existencia de un abrumador desequilibrio territorial también por este concepto: en las provincias de Zamora y Orense, las más envejecidas de España, hay, respectivamente, 318 y 310 personas de más de 65 años por cada 100 niños menores de 16 años. Dicho en plata, la ratio es de tres abuelos o abuelas por cada niño, situación que contrasta con la de las provincias más jóvenes, como Almería y Murcia, donde hay 89 y 93 personas mayores de 65 años, respectivamente, por cada 100 niños; o sea, apenas se llega a un abuelo o abuela por niño. La media española es de 133 personas mayores de 65 años por cada 100 niños menores de 16 años. No cabe duda de que este es un país envejecido, pero en esta cuestión, como en tantas otras, la cosa va por barrios, según dice la locución popular.

Un país desarrollado, a pesar de todo

Comento en este epígrafe diversos indicadores económicos y de calidad de vida que pienso que ayudan a perfilar la situación del país por lo que respecta a sus niveles de bienestar general, en el contexto europeo y global. España no es la primera de la clase, evidentemente, pero tampoco queda en un mal lugar. En 2021, un año todavía pandémico, el producto interior bruto (PIB) español superó el billón de euros (1.205.063 billones de euros el año 2021, según cálculos de Eurostat), cifra que sitúa al país en la posición decimoquinta del mundo en cantidades absolutas y en el trigésimo cuarto puesto mundial en términos relativos, con una media de 25.460 euros per cápita en este mismo año. Si se considera el contexto europeo, España ocupa una posición intermedia en lo que respecta al ranking de este indicador: si la media de la EU-27 es igual a 100, España se sitúa en el nivel 84, por debajo de la media. Subsisten en el país graves desequilibrios regionales, sin duda, pero son mucho más atenuados, en términos absolutos y relativos, en comparación con la profundidad del abismo existente entre el norte y el sur de Italia.

La economía española, por otra parte, se basa en el sector de los servicios, que aportan el 74% al PIB nacional, seguido del 22,5% aportado por la industria (incluida la construcción) y por un exiguo 3,4% aportado por el sector primario, donde se incluye la agricultura, la ganadería, la pesca y el sector forestal. Hay que subrayar, en este caso del sector primario, que, aunque la cifra del 3,4% parezca muy baja, hay que tener en cuenta que no incluye la aportación de la industria agroalimentaria española, una de las más desarrolladas de Europa, además de que incide en la ocupación de los numerosos subsectores complementarios implicados en la producción, distribución, promoción y comercialización de los productos agropecuarios. Para tener una ligera idea personal de la potencia del sector hortofrutícola español, basta con situarse en cualquier punto de la autopista AP-7 cercano a La Jonquera y observar el paso de los miles de camiones que cruzan diariamente la frontera transportando frutas, verduras y hortalizas procedentes de Almería, Murcia o Valencia en dirección a Centroeuropa.

La tasa de desempleo del país es del 13,2% ese mismo año, siendo dos puntos más elevada entre las mujeres (15,1%) que para los hombres (13,5%), pero situada muy por encima de la media de la EU-27 que en esa fecha era del 6,2%. Como es sabido, el desempleo afecta fundamentalmente a los jóvenes, cuya tasa de paro llega al 31% de la población de esa edad que busca empleo. Puede que este sea uno de los mayores hándicaps del país, sobre todo en el medio urbano. En los entornos rurales, en cambio, y sobre todo en los pequeños pueblos, no suele faltar trabajo para los jóvenes, pero este suele ser poco cualificado, casi siempre precario y mal pagado.

Según datos del INE reflejados en la tabla 7 y referidos al año 2019, la renta media disponible per cápita de los hogares españoles es de 16.233 euros por habitante. Por comunidades autónomas encabeza el ranking el País Vasco, con 20.958 euros per cápita; seguido por la Comunidad de Madrid, con 20.274 euros per cápita; la Comunidad Foral de Navarra (18.788 euros) y Cataluña (18.362 euros). Los registros más bajos, por el contrario, corresponden a la ciudad autónoma de Melilla (12.641 euros per cápita), Extremadura (12.750 euros), Andalucía (12.947 euros) y Región de Murcia (13.441 euros).

En términos cuantitativos la diferencia entre la renta disponible más alta y la más baja es de 8.317 euros por habitante; dicho de otra manera, la renta de un hogar extremeño supone el 80% de la renta media de un hogar español y el 60% de la de un hogar vasco. Se trata de un desequilibrio regional todavía muy alto (la renta del País Vasco es 1,65 veces superior a la de un hogar extremeño), pero no difiere substancialmente de la diferencia que existe ente Italia y Dinamarca (la renta del segundo es 1,5 veces mayor que la del primero) o entre la de España y Alemania, cuya diferencia es también de 1,5 a favor del país germánico.

Tabla 7

Renta disponible bruta de los hogares (per cápita) en 2019

CC. AA.

Euros/hab.

Esp. = 100

CC. AA.

Euros/hab.

Esp. = 100

España

16.233

100,0

Cantabria

16.225

100,0

País Vasco

20.958

129,1

Galicia

15.301

94,3

Comunidad de Madrid

20.274

124,9

Comunitat Valenciana

14.551

89,6

Com. Foral de Navarra

18.788

115,7

Ceuta

14.068

86,7

Catalunya

18.362

113,1

Castilla-La Mancha

13.661

84,2

Aragón

17.326

106,7

Canarias

13.500

83,2

Illes Balears

16.918

104,2

Región de Murcia

13.441

82,8

La Rioja

16.820

103,6

Andalucía

12.947

79,8

Principado de Asturias

16.644

102,5

Extremadura

12.750

78,5

Castilla y León

16.258

100,2

Melilla

12.641

77,9

Fuente: Contabilidad Regional de España. Revisión Estadística 2019, INE (2020)

Las diferencias son mucho mayores si se atiende solamente al PIB per cápita, parámetro que únicamente mide lo que produce realmente un país o región en términos monetarios, sin entrar en consideraciones sobre la redistribución interna de esa riqueza. Cabe destacar, finalmente, que Extremadura ocupa la penúltima posición en el ranking de la despoblación, por delante de Castilla y León y seguida de Castilla-La Mancha y Aragón, las cuatro comunidades autónomas cuya densidad de población es inferior a los 30 hab./km2. Sus posiciones en la tabla no parecen indicar que exista una relación significativa entre densidad de población y renta, salvo, quizás, en Extremadura. En resumen, crear, mantener y consolidar un estado de bienestar es caro. Muy caro. Uno de los puntos débiles de España, desde el punto de vista económico, es su elevada deuda pública, situada en el 119% del PIB en 2021.

El índice de desarrollo humano (IDH): España en el grupo de cabeza

El futuro es incierto e imprevisible, sin duda, pero España tiene, hoy por hoy, unos indicadores más que aceptables de calidad de vida según el índice de desarrollo humano (IDH), el indicador utilizado desde el año 1990 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se trata de un índice sintético que intenta superar las habituales mediciones del desarrollo a partir únicamente del PIB o la renta per cápita, que no tienen en cuenta la redistribución interna de la riqueza y el nivel de bienestar real de un país. El IDH, por el contrario, se elabora a partir de una batería de indicadores relativos a la esperanza de vida, la educación, la sanidad, la atención social, la riqueza y los niveles de renta de un país, con el objetivo de medir el desarrollo desde un punto de vista cualitativo.

Partiendo de la calificación máxima de 1, el PNUD ha fijado un baremo que contempla cuatro niveles de desarrollo humano: el primer nivel incluye los países cuyo índice es igual o superior a 0,80, calificados como de un nivel de desarrollo humano muy alto (Very high human development); el segundo nivel incluye los países que tienen un índice situado entre 0,70 y 0,80, considerados de un nivel de desarrollo alto (High human development); el tercer nivel corresponde a los países cuyo índice se sitúa entre 0,56 y 0,70, considerados de un nivel de desarrollo humano medio (Medium human development); finalmente, en cuarto y último lugar están los países con un índice inferior a 0,55, cuyo nivel de desarrollo humano es calificado de bajo (Low human development).

De acuerdo con los resultados del IDH del año 2020, España ocupa el puesto 25 del mundo por este concepto, con un IDH de 0,904 puntos sobre el máximo de uno, cifra que sitúa a nuestro país en el grupo de cabeza con un nivel de “Desarrollo humano muy alto” (High human development). Noruega, con un índice de 0,957, ocupa tradicionalmente la primera posición mundial, mientras Níger, en África, se posiciona habitualmente en el último lugar. No se trata de echar las campanas al vuelo por ello, pero es de justicia reconocer que este indicador sitúa a España entre los países que gozan de una mayor calidad de vida del mundo. Dato que también corroboran otros indicadores más simples como la esperanza de vida al nacer, también situada, como he referido, entre las más altas del mundo. En el año 2021 fue de 83,1 años, siendo de 80,3 años para los hombres y de 85,8 años para las mujeres, después de remontar la caída del año 2020 debida a la sobremortalidad causada por la pandemia de la COVID-19, que redujo 1,6 años la esperanza de vida del año 2020 con respecto al año anterior.

En resumen, si se consideran los indicadores referidos a la calidad de vida a escala mundial, el país se sitúa en una situación relativamente confortable y en la banda alta por lo que se refiere al nivel de bienestar, a pesar de los altos y los bajos asociados a una coyuntura nacional e internacional incierta y extraordinariamente variable. De otra manera, no se entendería la continua llegada de inmigrantes a España en lo que llevamos del siglo XXI. Ya hemos visto antes que solamente en el año 2018 el país acogió legalmente a medio millón de personas.

Las incertidumbres del presente:
crisis, enfermedad y guerra

Como he dicho en otras ocasiones, este es un país que tiende al pesimismo y a ver la botella medio vacía en casi todos los aspectos relacionados con la historia nacional, la economía y el bienestar de la población. Habría que decirles de cuando en cuando a los agoreros de una y otra tendencia la conocida frase: “¡Al loro, que no estamos tan mal!”, que alguien gritó en una famosa arenga futbolística. En los últimos años, la sociedad española ha sido capaz de crear un sistema impositivo eficiente y redistributivo construido sobre el principio de que paga más quien tiene más, lo cual ha hecho posible la consolidación de un estado de bienestar relativamente avanzado, caracterizado por la universalización de las pensiones y de los servicios públicos básicos como la educación, la sanidad, la protección y la asistencia social. Puede que este sea un punto de vista conservador, pero nada de ello está asegurado en el futuro, empezando por un ascensor social que funcionó relativamente bien hasta finales del siglo XX.

Tony Judt advirtió que Algo va mal a través del título de su libro póstumo. Nada está asegurado para siempre. En el transcurso de las dos últimas décadas se han sucedido un mínimo de cuatro episodios de crisis económica y social, cuya superación ha requerido de cambios estructurales profundos que han tenido un coste social enorme, tanto en la España urbana como en la rural. Me parece oportuno realizar aquí una breve reflexión sobre estos episodios y sus impactos.

Los diez años de crisis provocada por el estallido
de la burbuja inmobiliaria

Tras la etapa de crecimiento económico de la segunda mitad de los años noventa, el atentado del 11 de septiembre del 2001 contra las Torre Gemelas de Nueva York (World Trade Center) ralentizó el crecimiento económico global, pero la recuperación fue rápida, apoyada en un crédito fácil y barato que empujó el sector de la construcción, tanto en España como en todo el mundo, hasta unos límites desconocidos hasta entonces, absolutamente desproporcionados. Entre los años 2001 y 2008 se visaban en España más de medio millón de viviendas al año, llegando al máximo de 800.000 viviendas en 2006, cuando la burbuja inmobiliaria estaba a punto de estallar.

En aquellos días de auténtica fiebre constructiva se visaban en España más viviendas que en toda la Unión Europea. Lo llamaban el milagro español, pero aquí y allá surgían voces de alerta que decían que el país estaba viviendo por encima de sus posibilidades. No se les hizo caso hasta que la burbuja estalló, primero en Estados Unidos y luego en España y el resto del mundo. La fiesta se acabó. Punto final.

La caída empezó en agosto del año 2007 a causa de la crisis de las hipotecas llamadas subprime, término que en la jerga económica significa, literalmente, ‘hipotecas basura’. Se otorgaban sin ninguna caución o garantía a personas de escasa solvencia económica para que pudieran adquirir una vivienda que, a causa del aumento de una demanda en gran parte especulativa, alcanzó precios astronómicos, muy por encima de su valor real, con lo cual empezaron a generalizarse los impagos.

La crisis global posterior provocó la ruina de miles de empresas vinculadas al sector de la construcción, tanto por los impagos como por la existencia de un stock de viviendas en construcción o ya terminadas que habían perdido casi todo su valor monetario. En todo el país el paisaje aparecía salpicado acá y acullá por filas de adosados a medio construir y bloques de edificios abandonados a medio terminar, dejando tiradas a las muchas personas que habían comprado un piso o una casa sobre plano y que debían seguir pagando aunque nadie les podía garantizar que algún día podrían habitarla. En aquellos años de euforia desbocada, incluso en los pueblos más remotos y aislados se confiaba en el agente inmobiliario que había pactado con el consistorio la construcción de un magnífico campo de golf y un centenar o más de lujosos chalets que sacarían al pueblo del declive y el estancamiento en el que sobrevivía desde hacía muchos años.

Al remate, la Administración pública tuvo que acudir al rescate de las entidades bancarias mediante el endeudamiento público, aunque en el ínterin sucumbieron decenas de pequeñas y medianas cajas de ahorros regionales y provinciales que jugaban un papel casi determinante en la dinamización de sus respectivos territorios y áreas de influencia. El austericidio impuesto posteriormente por las autoridades monetarias europeas a instancias de los países centroeuropeos limitó el endeudamiento público, hasta el punto de que hubo que modificar la Constitución para priorizar la devolución de la deuda.

La crisis social fue durísima. Centenares de miles de familias acabaron perdiendo por impago la vivienda que habían adquirido a unos precios especulativos hinchados al máximo. Según la plataforma en defensa de los derechos humanos Observatori DESC, durante el periodo 2008-2019 se produjeron en España cerca de 700.000 desalojos (exactamente 684.385, con un máximo de 70.257 desahucios el año 2012 y 54.006 en 2019). Por otra parte, la tasa de desempleo pasó del mínimo del 8% de la población activa del año 2007, previo al estallido de la burbuja inmobiliaria, a la cifra récord del 27% de paro el primer trimestre de 2013.

Un millón de dramas personales y familiares se esconden detrás de la frialdad de las cifras anteriores. Dejémoslo. En junio del año 2015 estallaron las grandes movilizaciones de los indignados que, a la larga, cambiaron por completo y de arriba abajo el mapa político español. Empezaron con ocupaciones y acampadas en las plazas más simbólicas y conocidas del país, como la Puerta del Sol de Madrid y la plaza de Cataluña en Barcelona, pero entrar en ello significaría alejarse de los objetivos de este ensayo.

Y en esas llegó la epidemia a España. A finales del año 2019, en un contexto de crecimiento y recuperación económica, una vez superado lo más duro de la crisis, apareció de sopetón un fantasma que nadie esperaba: el virus bautizado como COVID-19, que provocó miles de contagios, la mayor parte muy graves e incluso mortales, que colapsaron el sistema sanitario mundial. Nadie ha olvidado esta fecha: el 13 de marzo del año 2020 el país entró en cuarentena. El Gobierno decretó el confinamiento de la población en sus domicilios, reduciéndose la actividad económica y social al mínimo imprescindible. La mortalidad del virus alcanzó un máximo durante todo el año 2020, extendiéndose hasta la primera mitad del año 2021.

Los confinamientos domiciliarios trajeron consigo y generalizaron un nuevo concepto: el teletrabajo. Es decir, el poder trabajar desde cualquier lugar en red, pudiendo desde cumplimentar documentos a asistir u organizar reuniones virtuales a través de las redes. No cabe duda de que el descubrimiento del teletrabajo abrió todo un mundo de oportunidades para el medio rural y la España vaciada. Por poco que se disponga de una conexión eficiente a la red, uno puede teletrabajar en cualquier lugar del país, por apartado que sea, o puede combinarse trabajando unos días en la oficina y otros desde el domicilio. El teletrabajo abre todo un mundo de nuevas posibilidades de desarrollo de la España vacía o vaciada, pero todavía ha transcurrido poco tiempo como para saber si se trata de un fenómeno coyuntural o permanente y cuáles serán sus repercusiones.

Finalmente, cuando parecía que la crisis sanitaria se había superado gracias a la eficacia de unas vacunas desarrolladas y administradas a toda la población en un tiempo récord, durante la primavera del año 2022 estalló una enésima guerra en Europa, con la invasión de Ucrania por parte de una Rusia presidida por Vladímir Putin. Una guerra de pronóstico incierto hoy, que introduce un nuevo factor de incertidumbre a escala europea y global. Sus primeras consecuencias, además de las propias y directas de toda guerra (destrucción, muerte, hambre y frío, vejaciones, huida de millares de refugiados), son las indirectas (daños o efectos colaterales suele decirse eufemísticamente), entre ellas el encarecimiento de los productos energéticos (petróleo y gas natural, que en gran parte procedía de Rusia), de los alimentos y un aumento incontrolado de la inflación. Hasta el precio de la leña aumentó desmesuradamente en el medio rural durante el otoño de 2022.

Una mirada en positivo para concluir

Muchas cosas van mal, pero, examinada la cuestión con una cierta perspectiva, España es hoy y desde hace unos decenios un país plenamente desarrollado, lo cual no obsta para que todavía subsistan muchas diferencias sociales y territoriales y grandes bolsas de pobreza y marginalidad, que afectan, principalmente, a las grandes aglomeraciones urbanas. Es en el medio urbano donde hoy sobreviven, como pueden, la pobreza y la marginalidad.

No sucede lo mismo en el campo y en el medio rural, que tiene, por norma general, una estructura social y una cobertura de servicios públicos que tiene muy poco que ver con la miserable España negra descrita por Miguel Delibes (1920-2019) en Los santos inocentes (1981). Delibes publicó esta obra cuando ya tenía tras de sí una brillante carrera como escritor y académico. Novela de denuncia, es uno de los mejores retratos de la España negra latifundista, un texto durísimo que contrasta con las numerosas obras que dedicó a la caza y a describir magistralmente el paisaje y el paisanaje del país (valgan en este caso las redundancias) a través de sus novelas y libros de viajes.

No estimo necesario trillar una y otra vez el camino seguido por un considerable número de escritores y cineastas empecinados en recrear año tras año la miseria y el atraso del campo español. Debe haber algo de cierto en la creencia popular de que los españoles acaban siendo las personas más críticas con su propia patria e historia. Hay problemas: sin duda, la España interior está hoy más envejecida que nunca. En los pueblos no hay niños y en las pequeñas cabeceras comarcales se atiende a más personas en las residencias de ancianos y los centros de día que a niños y adolescentes en las escuelas y los institutos. Ahora bien, a pesar del envejecimiento y la despoblación, el nivel de bienestar del que gozan la mayor parte de los pueblos del campo español no tiene precedentes históricos y desmiente por completo los pesimistas vaticinios que hicieron en el pasado —y a veces también en el presente— tantos y tantos intelectuales a los que les dolía España. No debería ocurrir lo mismo con la España vaciada. Una cuestión sobre la que habrá que volver diversas veces a lo largo de este ensayo.

Tabla 8

Cuatro indicadores demográficos provinciales: población de 65 AÑOS Y MÁS;
índice sintético de fecundidad (ISF); saldo vegetativo por cada 1.000 habitantes,
y esperanza de vida al nacer

% POBL. > 64 AÑOS

2021

ISF

2021

Saldo vegetativo

2021

Esperanza de vida

2019

Ourense

31,6

S. C. de Tenerife

0,82

Zamora

–11,22

Ceuta

80,6

Zamora

30,9

Zamora

0,89

Ourense

–10,84

Melilla

80,7

Lugo

29,4

Las Palmas

0,90

Lugo

–10,44

Cádiz

81,8

León

27,4

Orense

0,93

Palencia

–9,08

Huelva

81,9

Salamanca

26,8

Asturias

0,95

León

–8,64

Almería

82,0

Asturias

26,5

Lugo

0,98

Asturias

–8,51

Sevilla

82,0

Palencia

26,0

León

1,00

Ávila

–7,55

Jaén

82,3

Ávila

25,7

A Coruña

1,03

Soria

–7,28

Badajoz

82,4

A Coruña

25,2

Pontevedra

1,03

Salamanca

–6,85

Granada

82,5

Soria

25,2

Cantabria

1,04

Cáceres

–6,47

Las Palmas

82,5

Burgos

24,2

Palencia

1,05

A Coruña

–6,22

Málaga

82,6

Teruel

24,1

Salamanca

1,05

Teruel

–5,80

Murcia

82,6

Bizkaia

23,6

Ávila

1,08

Cuenca

–5,71

Córdoba

82,7

Valladolid

23,6

Valladolid

1,12

Burgos

–5,28

Castelló

82,8

Cáceres

23,2

Illes Balears

1,13

Bizkaia

–4,87

Asturias

82,8

Pontevedra

23,2

Cáceres

1,15

Cantabria

–4,74

València

82,9

Gipuzkoa

23,0

Burgos

1,16

Pontevedra

–4,67

Ciudad Real

83,0

Cantabria

22,7

Madrid

1,16

Segovia

–4,64

S. C. de Tenerife

83,1

Huesca

22,7

Bizkaia

1,16

Valladolid

–4,46

Girona

83,2

Segovia

22,5

Cuenca

1,17

Huesca

–4,26

Alacant

83,2

Cuenca

22,5

Soria

1,17

Ciudad Real

–3,96

Palencia

83,3

Araba

21,8

Cádiz

1,18

Jaén

–3,92

Albacete

83,3

La Rioja

21,4

Guadalajara

1,19

Badajoz

–3,88

A Coruña

83,4

Zaragoza

21,3

Málaga

1,19

La Rioja

–3,87

Tarragona

83,4

Alacant

20,5

ESPAÑA

1,19

Gipuzkoa

–3,77

Cáceres

83,4

Ciudad Real

20,3

Barcelona

1,20

Zaragoza

–3,46

Zamora

83,4

Navarra

20,2

Segovia

1,20

Castelló

–3,30

Lleida

83,6

Castelló

19,9

València

1,20

Córdoba

–3,30

Ourense

83,6

ESPAÑA

19,8

Badajoz

1,21

Lleida

–3,08

Pontevedra

83,6

Badajoz

19,8

Alacant

1,22

València

–2,76

Cantabria

83,6

Lleida

19,7

Ciudad Real

1,23

Alacant

–2,68

Bizkaia

83,6

Córdoba

19,7

Jaén

1,23

Albacete

–2,58

Cuenca

83,6

València

19,6

Toledo

1,23

S. C. de Tenerife

–2,48

León

83,6

Jaén

19,6

Albacete

1,24

ESPAÑA

–2,39

Lugo

83,7

Tarragona

19,5

La Rioja

1,24

Toledo

–2,27

Illes Balears

83,7

Barcelona

19,4

Castelló

1,26

Cádiz

–2,26

Zaragoza

83,8

Albacete

19,3

Córdoba

1,26

Granada

–1,84

Toledo

83,8

Girona

18,7

Granada

1,26

Araba

–1,82

ESPAÑA

83,8

Granada

18,3

Huelva

1,28

Tarragona

–1,78

La Rioja

83,8

S. C. de Tenerife

18,2

Zaragoza

1,28

Las Palmas

–1,53

Ávila

83,9

Madrid

18,1

Sevilla

1,30

Barcelona

–1,45

Barcelona

84,0

Toledo

18,1

Tarragona

1,30

Huelva

–1,39

Huesca

84,1

Málaga

18,0

Teruel

1,30

Málaga

–1,30

Gipuzkoa

84,2

Huelva

17,1

Araba

1,31

Sevilla

–1,09

Teruel

84,2

Cádiz

17,1

Girona

1,32

Girona

–1,06

Burgos

84,5

Sevilla

16,9

Lleida

1,32

Navarra

–0,99

Soria

84,5

Illes Balears

16,3

Ceuta

1,32

Guadalajara

–0,92

Navarra

84,6

Murcia

16,1

Gipuzkoa

1,33

Madrid

+0,21

Valladolid

84,6

Guadalajara

16,1

Huesca

1,33

Ceuta

+0,46

Salamanca

84,7

Las Palmas

15,9

Navarra

1,38

Illes Balears

+0,56

Segovia

84,7

Almería

15,7

Murcia

1,48

Murcia

+0,83

Guadalajara

84,7

Ceuta

12,8

Almería

1,54

Almería

+0,84

Araba

84,8

Melilla

11,3

Melilla

1,68

Melilla

+4,26

Madrid

85,0

Fuente: INE.

Capítulo 4

Declive rural, despoblación y políticas de desarrollo

Pintada, no vacía:

pintada está mi casa

del color de las grandes

pasiones y desgracias.

Miguel Hernández,
“Canción última”,
El hombre acecha (1938-1939).

Los problemas asociados al reto demográfico constituyen una de las primeras preocupaciones de España y de los envejecidos países europeos, y entre ellos la despoblación rural es uno de los más acuciantes a corto plazo, sobre todo en nuestro país. La despoblación rural, por otra parte, se añade a la endémica crisis del campo y el medio rural español, sobre todo de la agricultura y la ganadería tradicional, que sobreviven como pueden ante el avance imparable del nuevo capitalismo agrario, aunque sea con la respiración asistida de las políticas comunitarias.

Es hora de definir, por lo tanto, el alcance de la despoblación rural, conocer sus causas y sus patrones territoriales (cómo se distribuyen los vacíos y los llenos), y comparar el vacío español con el de los países europeos más próximos. El capítulo empieza con una breve reflexión sobre la densidad de población, el indicador más utilizado para medir la despoblación y determinar las zonas elegibles beneficiarias de los fondos europeos de cohesión a través de los planes específicos de desarrollo local y rural implementados por la Unión Europea. Es decir, desde las zonas de montaña, a los espacios fronterizos o los espacios rurales inmersos en procesos irreversibles de declive social y territorial.

Consideraciones preliminares
sobre la densidad de población

La posibilidad de que los espacios rurales puedan participar de los fondos europeos de cohesión gira alrededor de dos conceptos: la densidad de población, el indicador más determinante, y la distancia, medida en tiempo de desplazamiento desde un municipio rural al centro urbano más próximo que disponga de los servicios básicos a los que tiene derecho todo ciudadano, resida donde resida.

Casi todo gira, por lo tanto, alrededor de la densidad de población, el indicador más utilizado por las Administraciones públicas a todos los niveles, tanto para evaluar la profundidad de la despoblación rural como para determinar las zonas elegibles susceptibles de recibir los fondos de cohesión comunitarios. La densidad poblacional es también el parámetro más utilizado por las plataformas en defensa de la España vaciada a la hora de defender sus argumentos. Ocurre lo mismo con los estudios e informes destinados a evaluar el potencial demográfico de un determinado territorio, puesto que constituye por sí mismo un primer indicio de auge o declive territorial. Todo lo dicho está muy bien; sin embargo, creo conveniente realizar algunas consideraciones preliminares con respecto al uso de este indicador.

Primera: la mayor virtud de esta relación entre el territorio y la población es su simplicidad. No obstante, se trata de un dato que debe manejarse con cautela, sobre todo en España, un país que tiene unas demarcaciones territoriales político-administrativas heterogéneas, absolutamente desiguales en extensión; heterogeneidad que se extiende a todos los niveles: comunidades autónomas, provincias y municipios, sobre todo en estos últimos, absolutamente desiguales, tanto por su extensión como por su configuración y la estructura interna del poblamiento. Existe un abismo entre un pequeño pueblo de Castilla y León y un municipio gallego o asturiano. El primero se reduce, por norma general, a un pequeño pueblo y su término municipal, en general reducido. Un municipio gallego o un concejo asturiano, por el contrario, está conformado por una cabecera municipal, generalmente una villa, y la constelación de aldeas y parroquias diseminadas por su término municipal, habitualmente muy extenso. Diferencias que también se dan con respecto a un pueblo grande de Ciudad Real y los extensos municipios murcianos, que suelen tener una cabecera y un conjunto de pedanías diseminadas por todo el territorio municipal. La Administración comunitaria, como veremos más adelante, tuvo que recurrir a la ingeniería procedimental para intentar homologar unas demarcaciones administrativas tan heterogéneas a la hora de determinar con equidad y justicia las zonas elegibles en todo el inmenso territorio de la Unión Europea de los 27 países.

Segunda: en ningún lugar del mundo la población se distribuye de manera uniforme en el territorio, como si se tratara de una viña o de un olivar. Lo más habitual es que existan diferencias que pueden llegar a ser abismales dentro de un mismo país, región, provincia o comarca, tal como acontece en España y en el resto del mundo, por lo que se hace necesario conocer las condiciones particulares de cada caso ante de emitir juicios de valor basados sin más en la densidad de población.

Tercera: no se puede ni se debe establecer una correlación directa entre densidad de población y nivel de desarrollo. La aglomeración otorga, evidentemente, ventajas competitivas a cualquier territorio, pero nadie en su sano juicio considera poco desarrollados los países escandinavos, a pesar de que contienen vastos territorios casi despoblados. La región sueca de Norrbottens, con capital en Haparanda, tiene una extensión de 98.911 km2 (mayor que la de Castilla y León) y una población de solamente 250.000 habitantes, que suponen una exigua densidad de población de 2,5 hab./km2.

Cuarta, profundizando en el cuestionamiento anterior: resulta aventurado comparar cualquier lugar de la España vacía con cualquier territorio ártico. Con la Laponia finlandesa, pongamos por caso, cuya capital es Rovaniemi (63.128 habitantes), la pequeña ciudad del círculo polar ártico donde reside el Papá Noel. Laponia tiene cerca de 100.000 km2 (exactamente 98.946), un territorio mayor que el de Castilla y León, pero su población no llega a los 200.000 habitantes (183.775 en 2018), lo cual supone una densidad de 2,0 hab./km2. Ahora bien, allí las distancias a cualquier ciudad importante son enormes, siderales en comparación con las zonas más remotas y despobladas de España. Desde Oslo a Tromsø (65.000 habitantes), la capital ártica de Noruega, hay más de 1.700 km, que se recorren a través de unas carreteras espectaculares desde el punto de vista paisajístico, pero que transcurren por territorios casi vacíos y sin pueblos a la vista, y que, por añadidura, permanecen bloqueadas unos cuantos meses al año. Se trata de un medio natural y humano que tiene muy poco que ver con las condiciones climáticas y las distancias ibéricas. Comparaciones de este tipo son habituales en la prensa, los medios audiovisuales y las redes sociales, pero no resisten un análisis geográfico regional riguroso.

Quinta: las migraciones son consubstanciales a la propia existencia y a la experiencia humanas, especialmente en las sociedades que conviven con entornos hostiles, sea por sus condiciones orográficas o bioclimáticas, o bien por razones económicas, sociales y culturales. Es muy difícil resistir y permanecer anclado en el terruño cuando sabes que, tras la frontera y al otro lado de la valla, podrás construir un proyecto de vida mejor. De otra manera no se explica la irresistible atracción que a lo largo de la historia han ejercido las grandes ciudades, desde la Córdoba romana o islámica a las metrópolis actuales de Madrid, Barcelona, Londres, París o Nueva York. Nadie debe rasgarse las vestiduras por ello. Ningún país relativamente extenso y diverso desde el punto de vista geográfico como España tiene o ha tenido una distribución absolutamente regular y equilibrada de su población.

Sexta: la distribución regular y equilibrada de la población sobre el territorio es una quimera, no existe. La isotropía solo se ha dado históricamente en las regiones geográficas, generalmente llanas y homogéneas desde el punto de vista socioambiental. Es el caso de las llanuras del sur de Alemania, que inspiraron al geógrafo Walter Christaller (1893-1969) para formalizar su conocida teoría de los lugares centrales, que expuso en el año 1933 en un congreso. Su formulación parte del supuesto que, en un espacio isotrópico, es decir, llano y con una distribución regular de la población rural, los centros de mercado y de servicios, llamados lugares centrales, se distribuirán regularmente en el territorio en función de una jerarquía que es función de la distancia física. Cuanto mayor es un lugar central, más extensa será su área de influencia, hasta llegar a un punto en el que entra en competencia con el área de influencia de otro lugar central. De esta manera, el territorio se configura en redes de lugares centrales de distintos niveles jerárquicos, empezando por el área de influencia de una pequeña cabecera comarcal y llegando hasta el área de influencia de una ciudad mediana o grande, que englobaría la primera.

La noción de lugar central tuvo mucha repercusión en la geografía española, sobre todo por el cuestionamiento de la división provincial, en el sentido de que no se adaptaba a la jerarquía urbana preexistente. Las provincias son muy extensas, sus capitales se encuentran muy distantes entre sí y en relación con su propio territorio, siendo poco accesibles desde las periferias de su respectiva demarcación. Sin ir más lejos, hay 150 km de distancia de Alcañiz a Teruel, 140 km de Molina de Aragón a Guadalajara y más de 200 km desde Herrera del Duque a Badajoz, unas distancias interprovinciales enormes para un marco geográfico como el español, incluso en la actualidad.

Por este motivo, la geografía académica anterior y posterior a la Guerra Civil defendía la vigencia de la comarca como demarcación administrativa. Ilustres geógrafos como Manuel de Terán, José Manuel Casas Torres, Pau Vila y Lluís Solé Sabarís prestaron mucha atención al estudio de los centros de mercado en los que basar los proyectos de comarcalización. Así fue en el caso de la división comarcal catalana aprobada por la Generalitat en 1936, restablecida en 1987 y vigente en la actualidad con algunas modificaciones (se pasó de las 38 comarcas republicanas a las 42 comarcas actuales). La división comarcal también se implementó en Aragón, mediante una ley de comarcalización aprobada el año 2006 que creó las 33 comarcas vigentes. Una decisión coherente a la vista de la enorme extensión del territorio aragonés, la de sus tres provincias y su escasa población, exceptuando la ciudad de Zaragoza. Las comarcas se conciben en este caso como un ente local de ámbito supramunicipal destinado a la prestación de servicios a la población y a reforzar la solidaridad y el equilibrio territorial de Aragón.

La política regional comunitaria: fondos de cohesión para las áreas desfavorecidas

Además de las zonas poco pobladas, la política regional comunitaria contempla cinco tipos de regiones susceptibles de recibir fondos comunitarios a causa de sus déficits estructurales. Se trata de los espacios rurales, las áreas o comarcas de montaña y las regiones fronterizas. También se consideran territorios elegibles las regiones insulares y las ultraperiféricas. La condición de insularidad se aplica a los archipiélagos balear y canario, cuyos residentes gozan del consabido descuento en el precio del transporte, entre otros beneficios. Y la condición de región ultraperiférica únicamente afecta a las islas Canarias, de la misma forma que a las islas atlánticas de Portugal (Azores y Madeira), que entre otros beneficios gozan de la exención del pago del IVA. A estos territorios desfavorecidos hay que añadirles otros espacios en declive como las comarcas industriales y mineras, muy numerosas en España, que han perdido sus fuentes tradicionales de actividad económica y de empleo.

La política comunitaria: la procelosa delimitación
de los territorios elegibles

Definir la despoblación es fácil: a priori, basta con conocer la densidad de población, un dato fácil de obtener. Se divide el número de habitantes por la superficie del territorio en cuestión, se anota el resultado y se verifica si se trata de una comarca muy poblada o poco poblada en función de los umbrales predeterminados a este efecto. Ahora bien, no es lo mismo calcular la densidad de los espacios poco poblados a escala municipal que hacerlo a escala provincial o autonómica. A medida que aumenta la extensión del territorio de cálculo de la densidad de población, aumentan también las posibles distorsiones, de manera que lo primero que hay que determinar es la escala ¿Qué escala es la más adecuada para abordar la despoblación?

Me parece oportuno empezar con una pregunta: ¿qué se entiende realmente por España vacía, vaciada o poco poblada, y dónde se localizan los vacíos? Las Administraciones públicas, en este caso la comunitaria, tienen la obligación de fijar los parámetros que servirán para delimitar los territorios beneficiarios de las políticas de desarrollo regional, entre ellos los espacios rurales y las áreas despobladas, con criterios de equidad, lo cual no es fácil. Como dije al principio, las demarcaciones político-administrativas de los veintisiete estados miembros son muy distintas de un país a otro, tanto en lo que refiere al continente (el espacio geográfico abarcado) como al contenido (las competencias y atribuciones de cada nivel administrativo). Existe una distancia sideral entre los 30.000 municipios de Francia, los 8.000 de España y los 290 municipios de Suecia o los 309 de Finlandia. La extensión media de las 50 provincias españolas es de 10.119 km2, una superficie que dobla la extensión media de los 101 departamento franceses (5.462 km2) y que multiplica por cuatro los 2.738 km2 de las 110 provincias italianas.

Ante esta heterogeneidad, y con el fin de homogeneizar las políticas a escala comunitaria, la Unión Europea creó a efectos internos sus propias demarcaciones territoriales, que designa con el nombre de NUTS, acrónimo de Nomenclature des unités territoriales statistiques. La Administración comunitaria clasifica dichas unidades territoriales estadísticas en tres categorías o niveles: NUTS-1, que se aplica a los países o Estados miembros y sus agrupaciones; NUTS-2, que se aplica a las agrupaciones regionales de los estados miembros (una categoría que hasta ahora no rige en España porque debería integrar a más de una comunidad autónoma), y, finalmente, corresponden al nivel NUTS-3 las provincias, las islas y las ciudades autónomas, al igual que las 110 provincias italianas y los 101 departamentos franceses. En la jerga comunitaria, los niveles administrativos inferiores, como los municipios y sus agrupaciones, caso de las comarcas donde estén reconocidas, constituyen una unidad administrativa local (LAU, por sus siglas en inglés).

La mayor parte de las políticas de desarrollo regional y rural de la Unión Europea se aplican a partir de estas unidades territoriales estadísticas (NUTS) y a escala local y comarcal a través de las unidades administrativas locales (LAU), que permiten homogeneizar el variopinto mapa europeo de la Administración local. La creación de las NUTS puede parecer, a priori, un salto más en la burocratización de la Administración comunitaria, ya de por sí compleja y frecuentemente denostada por este motivo. Tanto los partidarios del Brexit, en el Reino Unido, como los euroescépticos de toda condición y tendencia política centran precisamente sus criticas en la burocratización de las instituciones europeas, y puede que no les falte razón en determinados casos.

Ocurre prácticamente lo mismo con la Política Agraria Comunitaria (PAC). Las quejas por el excesivo papeleo requerido para obtener y luego justificar las subvenciones o incentivos recibidos son también uno de los primeros motivos de queja de las personas beneficiarias, hasta el punto de que hay quien renuncia a ellos. No obstante, la creación de las NUTS tiene sentido, dada la enorme heterogeneidad de las divisiones territoriales de los Estados miembros, por lo que se hacía absolutamente necesario disponer de unidades territoriales homologables y comparables a escala de la Unión Europea, tanto para determinar y delimitar las zonas elegibles susceptibles de recibir ayudas, como de cara a la materialización practica y la ejecución de las actuaciones previstas en los planes de desarrollo de los territorios concernidos.

Ruralidades: la complejidad del espacio rural

Las áreas de montaña pueden delimitarse fácilmente a través de parámetros inequívocos y precisos como la altitud y la pendiente media, lo mismo que las regiones fronterizas, delimitadas por una línea imaginaria, pero inconfundible. Ahora bien, no ocurre lo mismo con el espacio rural, concepto que engloba realidades territoriales muy distintas e incluso contrapuestas. Por una parte, están las comarcas de la España vaciada, casi todas inmersas en un proceso de declive más o menos acelerado, a no ser que cuenten con el paraguas de algún sector económico pujante como el turismo. En el otro extremo están las comarcas rurales hiperproductivas desde el punto de vista agrario, como las huertas valencianas, la hortofruticultura murciana, almeriense y onubense o el potente sector agropecuario leridano, junto con los territorios de las denominaciones de origen más acreditadas, especialmente las vinícolas o de cualquier otro orden.

Empecemos por definir lo rural, en la medida que los problemas de los que se ocupa este ensayo afectan exclusivamente a estos espacios, incluidas las ciudades y las cabeceras comarcales (de Peñaranda de Bracamonte a Sangüesa) que históricamente prestan servicios a los espacios rurales próximos. Primera consideración: no se puede confundir el medio rural con un entorno exclusivamente agrario. El espacio rural también contiene industria y es al mismo tiempo un espacio turístico e incluso un espacio urbano, se trate de un pueblo grande o de una cabecera comarcal. Es por ello por lo que resulta difícil medir la ruralidad, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. En el primer caso es fácil: la legislación española considera municipios rurales aquellos que tienen 2.000 o menos habitantes; por lo tanto, asunto resuelto.

Otra cosa es definir la ruralidad, cuestión que suscita disputadas controversias entre los estudiosos del tema. Por una parte, hay quien defiende que en el contexto de una sociedad global como la actual ya no tiene sentido la distinción rural-urbana. Hoy, cualquier persona, resida donde resida, recibe los mismos inputs y está igualmente sometida a las mismas lógicas del capitalismo global. Las posiciones tradicionales sostienen, en cambio, que todavía pervive la fractura rural-urbana, tanto desde el punto de vista físico (la fricción de la distancia, la lejanía y la soledad) como desde una óptica cultural y mental (la clásica oposición campo ciudad). En el trasfondo de esta última posición late probablemente la nostalgia por un mundo que se extingue, si es que no se ha extinguido ya. Un paraíso casi perdido que se materializaba a través de unas formas de vida y unos paisajes, costumbres y tradiciones profundamente incrustados en el imaginario colectivo, que incluso definen los principales rasgos identitarios del país. Uno asocia Jaén con el olivar, a la Rioja y la Ribera del Duero con los viñedos, a Cantabria con la ganadería y a Valencia o Murcia con la huerta, independientemente de su aportación a la economía y al empleo local o regional.

El futuro del espacio rural es hoy más incierto que nunca. Por una parte, existe el acelerado e imparable proceso de concentración y capitalización de las explotaciones agrícolas y ganaderas, desde las macrogranjas a las enormes plantaciones de frutales, viñedos u hortalizas, incluyendo en este proceso la creciente ocupación del suelo rural por parte de las plantas fotovoltaicas (recordemos las controversias sobre las energías eólica y solar). Es muy difícil que las explotaciones agrarias convencionales y las cooperativas locales y comarcales puedan afrontar sin apoyos la competencia de las grandes corporaciones agroalimentarias, con lo cual se asiste a la puede que irremediable extinción de las pequeñas y medianas explotaciones agrarias, tal como refleja el filme Alcarràs. La agricultura de toda la vida que está a punto de perecer, puede decirse. Y por la otra parte, están las previsibles consecuencias del cambio climático y los cambios productivos que pueda provocar, tanto de las especies cultivadas como en la ganadería. Lo que resulta evidente es que la eficacia de la lucha contra el calentamiento global se dirime también en el campo y en el medio rural.

Para concluir. La agricultura de toda la vida e incluso la ganadería están amenazadas de extinción, si es que no se han extinguido ya en muchas comarcas. No obstante, el espacio rural entendido en sentido amplio está cada vez más revalorizado a causa de sus nuevas funcionalidades, en una gran parte vinculadas, paradójicamente, con cuestiones relacionadas con lo urbano: reserva de suelo, auge de los espacios de ocio, turismo y recreación, importancia creciente del turismo de naturaleza y el turismo rural o cultural, entre otras funciones todavía por descubrir.

Midiendo la despoblación: lo que los indicadores
comunitarios ocultan

La densidad de población (junto con la accesibilidad a los servicios públicos) es el indicador prioritario utilizado por la Unión Europea para delimitar las regiones despobladas o poco pobladas. Estas regiones se adscriben al objetivo 6 de la política regional comunitaria, destinada a fomentar el desarrollo y el ajuste estructural de las regiones con muy escasa densidad de población. La EU-27 fija dos umbrales para definir los espacios poco poblados: aquellos que tienen una densidad inferior a los 8 hab./km2, delimitados a escala de NUTS-2, que no rige en España; y las demarcaciones cuya densidad se sitúa por debajo de los 12,5 hab./km2, delimitados a escala de NUTS-3, es decir, a escala provincial en España, Italia y Portugal y departamental en Francia.

Según las directrices de la política regional europea, los problemas más acuciantes de las regiones despobladas —llamadas sparsely populated regions (SPR) en la jerga comunitaria— son su escasa población, una estructura demográfica progresivamente envejecida, la falta de personas jóvenes, un mercado de trabajo limitado y una estructura económica débil y poco diversificada, basada tradicionalmente en el sector agropecuario, pero progresivamente orientada hacia el ocio y el turismo. La política regional europea otorga también una especial relevancia a la accesibilidad de las zonas despobladas, que mide en términos de tiempo de desplazamiento a una ciudad de más de 50.000 habitantes en menos de 45 minutos en vehículo.

De acuerdo con los criterios comunitarios, en nuestro país únicamente las provincias de Soria, Teruel y Cuenca tienen una densidad de población situada por debajo de los 12,5 hab./km2 y pueden beneficiarse, por lo tanto, de las políticas de desarrollo relativas a la despoblación. Ni que decir tiene que la elección de la escala provincial (NUTS-3) excluye a la mayor parte de la España vacía o vaciada de los posibles beneficios de las políticas contra la despoblación. Dicha exclusión deriva en gran parte de la falta de idoneidad de la provincia para delimitar áreas despobladas. La razón salta a la vista, por poco que se conozca la geografía española: las provincias son muy extensas, por término medio son el doble de extensas que los departamentos franceses y cuadruplican las provincias italianas, por lo que suelen coexistir realidades muy distintas dentro del territorio provincial, tal y como efectivamente acontece.

Las provincias de Guadalajara y Zaragoza ejemplifican perfectamente esta cuestión. Las tres cuartas partes del territorio de la primera forma parte de lo que se ha convenido en llamar, no sin cierta exageración, la Laponia española, pero esta realidad se oculta detrás de la alta densidad de población de la pequeña parte de la provincia cercana a la región metropolitana de Madrid. En la muy extensa provincia de Zaragoza, por su parte, el volumen demográfico de la capital (la quinta ciudad española por su número de habitantes) y de su entorno metropolitano esconde la grave despoblación de la mayor parte de la provincia, tanto hacia el Somontano pirenaico como hacia el ibérico, al pie del Moncayo.

Se podrían explicar otros ejemplos, como las provincias de Valladolid o de Burgos, pero la cuestión queda perfectamente explicada. A la vista de ello, la conclusión es obvia: la elección de la escala provincial (NUTS-3) para delimitar los territorios despoblados se adecua muy poco a la realidad territorial española, puesto que deja fuera de las posibles ayudas a una gran parte de la España vacía. Una situación denunciada reiteradamente por las plataformas territoriales como Serranía Celtibérica, que incluso ha elaborado su propia alternativa de delimitación, que explico más adelante.

La montaña: del monocultivo turístico a la amenaza
del cambio climático

Las áreas de montaña, que en muchos casos son también territorios vacíos y fronterizos, como los Pirineos y la Raya de Portugal, se caracterizan por sus condiciones geográficas adversas, especialmente climáticas, por sus déficits de accesibilidad difícilmente soslayables a causa del sobrecoste de las infraestructuras y, habitualmente, por su débil estructura social y su declive demográfico. El mercado de trabajo es limitado, sobre todo para las personas cualificadas, y la juventud más preparada acaba emigrando, excepto, quizás, en la montaña turística, gracias al auge de los deportes de invierno y del turismo activo y de aventura, convertidos en un auténtico monocultivo en numerosas comarcas de montaña.

La implementación de políticas específicas de desarrollo para las áreas de montaña viene aplicándose en España desde los años ochenta, sobre todo desde la constitución y posterior consolidación de los gobiernos y parlamentos autonómicos, que enseguida vieron con preocupación el abandono en el que permanecía la montaña y su galopante proceso de despoblación. Casi todas las comunidades autónomas aprobaron en aquellos años políticas específicas de montaña, que recibieron un nuevo y definitivo impulso a partir de la entrada del país en la Unión Europea en 1986, de igual manera que las comarcas con problemas de despoblación, el conjunto del espacio rural y otras áreas con problemas estructurales de declive, como las cuencas mineras o las comarcas de antigua industrialización.

Hay excepciones históricas que contrastan con el declive histórico y el progresivo abandono de la montaña. La mayor parte tiene relación con la valoración de los paisajes de alta montaña alpina por parte de una sociedad urbana cada vez más desarrollada, que necesita poner un contrapunto a la ajetreada vida de la ciudad mediante el contacto con la naturaleza. No se trata de algo nuevo. La montaña cercana a Madrid (sierra de Guadarrama) o a Barcelona (Montseny y Pirineo Oriental) y la de otras tantas ciudades españolas desde principios del siglo XX, sobre todo a partir de la llegada del ferrocarril, se convirtió primero en lugar de veraneo de las clases pudientes, luego en destino preferente del excursionismo tradicional y, finalmente, en destino masivo de las clases medias urbanas. Sucedió algo parecido con los primeros parques nacionales, como el de Ordesa-Monte Perdido y el de los Picos de Europa, convertidos en el primer elemento dinamizador de la economía y el empleo directo e indirecto de las localidades y las comarcas situadas en sus inmediaciones gracias al progresivo desarrollo del turismo.

A pesar del surgimiento en los últimos años de nuevos y variados segmentos de turismo activo y de naturaleza (deportivo, naturalista, micológico, patrimonial y cultural), la montaña “que no tiene nieve” sigue languideciendo, sobre todo la que no responde a los cánones estéticos dominantes. Tanto las infraestructuras como los servicios han mejorado notablemente en las áreas de montaña durante las últimas décadas, pero los segundos tienden a concentrarse en los escasos núcleos urbanos de una cierta entidad e incluso pende sobre muchos de ellos la amenaza de cierre, tal como ocurre con las sucursales bancarias y los comercios de primera necesidad. Se suprime primero lo de los pequeños pueblos y detrás vienen las pequeñas ciudades.

Por otra parte, además de los problemas estructurales conocidos, la montaña afronta nuevos y preocupantes retos. En primer lugar, la creciente presión turística, que aumentó exponencialmente durante la pandemia y la pospandemia en los destinos de montaña situados a menos de una hora y media de las grandes ciudades, sobre todo los visitantes de día (excursionistas) y los turistas de fin de semana. Y, en segundo lugar, las posibles consecuencias del cambio climático y el calentamiento global, tanto lo que se refiere a la evolución de los cultivos y de la ganadería, como por el efecto del calentamiento global en el turismo de invierno. Es el caso, por ejemplo, de la discutida supervivencia a medio plazo de las estaciones de esquí españolas, sobre todo de las que están situadas en cotas altitudinales inferiores a los 2.000 m, como las de Gúdar y de Javalambre en Teruel, entre otras estaciones distribuidas por toda la geografía peninsular, desde los montes de León y la cordillera Cantábrica hasta el sistema Ibérico y el sistema Central, incluida Sierra Nevada.

La nieve peligra: del esquí al resort y la estación de montaña

El turismo y las actividades a él vinculadas tienden a convertirse en un monocultivo en la alta montaña española, no solamente en los destinos que gozan del beneficio de la nieve, sino en toda la montaña, quedando progresivamente relegadas las actividades agropecuarias tradicionales. Con la motorización de la clase media-alta llegó el auge del esquí, que tuvo en la estación de Baqueira Beret, en el Valle de Arán, abierta en 1968, su buque insignia. Cada fin de año se congrega en el valle lo más granado y variopinto de la jet set española.

Todo empezó con la fiebre del esquí de los años sesenta y setenta, durante la fase terminal del franquismo, un tiempo en el que la clase media-alta urbana salida del desarrollismo estimaba que quedaba chic o cool imitar los gustos de los países alpinos. A principios de los años sesenta había solamente unas pocas estaciones de esquí en España, como las de Navacerrada y Valcotos, muy próximas a Madrid, las estaciones históricas del Pirineo aragonés, como Candanchú, y las estaciones de Vall de Núria y La Molina en el Pirineo Oriental, accesibles por ferrocarril desde Barcelona. También existía algún campo de nieve en la cordillera Cantábrica, como en el puerto de Pajares. La situación había cambiado radicalmente a finales de los años sesenta, una década en la que parecía que cada valle que reuniera unas mínimas condiciones de innivación tendría su propia estación de esquí. El nuevo maná de la alta montaña.

Entre la segunda mitad de los años sesenta y los primeros setenta se promovieron estaciones de esquí en casi todas las cordilleras españolas. Casi todas ubicaron su base en cotas bajas (en torno a los 1.500 m de altitud) debido a que se ahorraban costes de construcción y mantenimiento de las instalaciones y, sobre todo, porque fueron unos años anormalmente lluviosos y fríos en España y en toda Europa, de tal modo que la innivación parecía garantizada.

Sin embargo, con el paso del tiempo y a medida que se notaban los efectos del calentamiento global, pronto se vio que el esquí sería inviable a corto plazo si las estaciones no aumentaban de cota, tanto la base como la superficie esquiable. Ante la continua falta de nieve muchas estaciones cerraron, unas once en toda España, generalmente las más pequeñas e inviables (Rasos de Peguera, Tuca de Betrén o Llesuí, solamente en Cataluña), y las que disponían de capital y margen para crecer en altitud situaron la base en torno a los 2.000 m y sus pistas a la mayor altitud posible, en cotas superiores a los 2.500 m en el Pirineo (2.751 m en Boí-Taüll) y hasta los 3.300 m en Sierra Nevada.

Ocurrió lo mismo en toda Europa occidental, excepto en los países nórdicos. La apertura de estaciones de esquí a baja altitud se generalizó en el macizo Central, el macizo del Jura y los Vosgos en Francia; en los Apeninos en Italia, y en la Selva Negra en Alemania, entre otras cordilleras de mediana altitud. Unas pocas todavía subsisten gracias a la innivación artificial, pero la mayoría cerraron o se reconvirtieron en resorts de montaña y parques de actividades de aventura y de turismo de naturaleza, solución sugerida para las estaciones invernales españolas situadas a baja altitud. La demanda de este tipo de actividades en la naturaleza es creciente, de manera que es plausible que sean una fuente de puestos de trabajo en las áreas de montaña que cuentan con mayores atractivos.

Por otra parte, los efectos crecientes del calentamiento global en las últimas décadas habrían hecho inviable una gran parte de las estaciones de esquí activas si no hubieran recurrido a la innivación artificial, lo cual tiene, evidentemente, unos costes medioambientales muy altos. Sin embargo, la economía, el empleo y la propia supervivencia de muchas comarcas de alta montaña, en gran parte muy poco pobladas, depende en gran manera del esquí, con lo cual todas las administraciones autonómicas y provinciales destinan recursos de manera directa o indirecta a las estaciones de montaña.

La mayor parte de ellas funcionan a pérdidas, pero se mantienen abiertas por las razones de sostenibilidad socioeconómica y territorial ya comentadas. Las ayudas públicas se concretan a través de fórmulas diversas más o menos encubiertas, como la construcción de infraestructuras complementarias, la conservación, apertura o limpieza de los accesos viarios y las convocatorias de subvenciones en aspectos como la mejora de la eficiencia energética, entre otras mejoras. En otros casos, la Administración pública se hace cargo de las instalaciones a través de empresas públicas, sociedades anónimas o entes consorciados público-privados. La sociedad anónima Aramón, por ejemplo, gestiona cuatro estaciones aragonesas (Cerler, Formigal-Panticosa, Javalambre y Valdelinares); la empresa Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) se ha hecho cargo de seis estaciones deficitarias del Pirineo catalán (La Molina, Port Ainé, Vall de Núria, Vallter, Espot y Boí Taül), y la Junta de Andalucía de Sierra Nevada a través de Cetursa.

Las autoridades autonómicas creen que de la supervivencia de las estaciones de esquí, reconvertidas en estaciones de montaña, depende en gran manera la supervivencia de las comarcas de montaña, sobre todo por su efecto arrastre de inversiones en los sectores vinculados al turismo (transporte, alojamiento, restauración, comercio, servicios y, evidentemente, el inmobiliario), de tal modo que su apertura se considera estratégica y prioritaria. Basta recordar, en este sentido, la pugna reciente entre las Administraciones catalana y aragonesa sobre el reparto de las competiciones más mediáticas de unos juegos olímpicos de invierno que, teóricamente, debían celebrarse en el Pirineo en el año 2030. Ante la falta de acuerdo, fracasó la presentación de la candidatura pirenaica ante el Comité Olímpico Internacional.

Las fronteras: espacios históricamente fracturados
que hay que soldar

Las regiones fronterizas, delimitadas a escala de NUTS-3, es decir, provincias fronterizas y zonas contiguas definidas a través de las LAU, pueden acogerse al programa europeo INTERREG destinado a reforzar la cohesión de los territorios situados a uno y otro lado de las antiguas fronteras entre los veintisiete países de la Unión Europea. Excepto en las llanuras o en las inmediaciones de los caminos históricos y los modernos corredores de transporte (Irún, Bayona o Badajoz), los espacios fronterizos suelen ser espacios poco poblados, pero mucho más permeables de lo que pueda parecer a simple vista, sobre todo a escalas local y comarcal. Basta traer a colación, en este sentido, una actividad tan ancestral y singular como el contrabando, hasta el punto de que siempre se ha considerado un oficio honorable entre las gentes que viven a uno y otro lado de las fronteras.

Así ha sido, tanto en la Raya de Portugal como en la frontera pirenaica, sobre todo en Galicia, País Vasco y Cataluña, donde se habla la misma lengua a uno y otro lado de la frontera administrativa. El mismo Tratado de los Pirineos, firmado entre España y Francia en 1659, que puso fin a siglos de guerra entre ambos países, no pudo eliminar la prolija relación de servidumbres de paso y de derechos de uso de los recursos naturales (aguas, pastos de altura, riqueza forestal) que regulan la vida de las comunidades locales a uno y al otro lado de la frontera, cuyo problema mayor era frecuentemente la mera supervivencia. En todas las fronteras existen anomalías locales que trascienden las cuestiones administrativas entre los países fronterizos.

Así es y así ha sido a escala local o comarcal, pero las fronteras separan. Basta recordar que casi todas las viejas fronteras europeas, incluidas las ibéricas, están erizadas de fortalezas, que hoy constituyen un patrimonio cultural inmenso convertido en reclamo turístico, pero que antiguamente tenía una función exclusivamente militar. Esto es así tanto en la Raya de Portugal como en la frontera pirenaica, donde se cuentan por decenas las fortificaciones existentes a uno y otro lado de la frontera. Y no siempre remiten a un pasado remoto, como la línea de fortificaciones (búnkeres) construida durante la posguerra en los Pirineos para contener una hipotética invasión aliada al final de la Segunda Guerra Mundial.

El programa INTERREG destinado a reforzar la cohesión de los territorios fronterizos fue creado en 1990 con el objetivo de fomentar la cooperación transfronteriza y se adscribe a las políticas comunitarias de cohesión. Durante el periodo 2014-2020, el programa gestionó un presupuesto de 10.100 millones de euros, aportados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Hay que tener en cuenta en este sentido que las antiguas fronteras terrestres entre los veintisiete países de la Unión Europea se extienden a lo largo de miles de kilómetros, y una gran parte de ellas permanecieron cerradas durante décadas siendo casi impermeables hasta la caída del Muro de Berlín y el Telón de Acero, a partir de 1990. De ahí que la comunidad europea ponga un gran empeño en la cicatrización de estas heridas.

Una de las acciones de cooperación transfronteriza más destacadas entre Francia y España, a través de la Generalitat de Catalunya, ha sido la construcción y puesta en funcionamiento del Hospital de Cerdanya (Hôpital de Cerdagne), situado en Puigcerdà, justo al lado de la frontera. El hospital cuenta con 60 camas y fue construido con fondos europeos a través del programa POCTEFA, destinado específicamente a la cooperación transfronteriza entre España, Francia y Andorra. Entró en funcionamiento en septiembre de 2014 y atiende y presta atención sanitaria a la población de uno y otro lado de la frontera de las comarcas de Baixa Cerdanya, Alta Cerdanya y Capcir. Tanto su construcción como su funcionamiento requieren la cooperación y la coordinación de dos sistemas de salud completamente distintos. Los costes de funcionamiento se cubren en un 60% por el servicio de salud de la Generalitat de Catalunya y en un 40% por parte del Gobierno francés. Hasta el momento es la única iniciativa de este tipo que se ha llevado a término en Europa. Ha recibido diversos premios, entre ellos el que concede el Comité Europeo de las Regiones a la cooperación transfronteriza (en la edición de 2016).

Ruralidad y vacíos demográficos:
la procelosa clasificación del espacio rural

Parece obvio que los territorios poco poblados suelen ser, a su vez, zonas rurales casi siempre remotas, lo que los medios y las redes acostumbran a llamar rural profundo. Ahora bien, ya he advertido que es erróneo identificar miméticamente lo rural con la decadencia y la despoblación. Hay zonas rurales en España que compiten con las más avanzadas del mundo en su especialidad, sin ir más lejos las comarcas vinícolas punteras como la Rioja, Ribera del Duero, Penedès, Jerez o la Mancha, entre muchas otras, que crean empleo rural y exportan productos de alta calidad a todo el mundo. Definir lo rural es complejo, y más hoy que la ruralidad entendida a la manera tradicional se ha diluido como un azucarillo en una taza de café.

En un trayecto en coche y sobre el terreno no siempre es fácil distinguir lo urbano de lo rural. Entre uno y otro mundo existe una tierra de nadie que los teóricos llaman espacio periurbano. Una frontera difusa en la que los usos del suelo se mezclan de manera caótica. Edificios industriales activos o abandonados, polígonos industriales, bloques de apartamentos y filas de adosados se alternan con los estacionamientos de camiones o los desguaces de automóviles. Pero al final casi siempre se llega a un punto en el que el paisaje se torna inequívocamente rural y la vista puede al fin descansar mirando un horizonte libre de estorbos y elementos disonantes, descontando, por supuesto, los omnipresentes molinos de viento.

Todo vuelve al caos periurbano cuando se entra en el área de influencia de otra ciudad que, por pequeña que sea, extiende sus tentáculos hacia el espacio rural circundante. Una secuencia que en la costa mediterránea e incluso en una gran parte de las restantes costas peninsulares puede que no tenga solución de continuidad, puesto que un núcleo turístico sucede a otro y solo de vez en cuando surgen retazos de cultivos que prosperan heroicamente entre descampados, calles inconclusas, bloques de apartamentos, líneas eléctricas, autopistas y vías de ferrocarril.

El paisaje formal todavía permite formarse una idea, ni que sea aproximada, de las diferencias existentes entre lo rural y lo urbano (entre lo lleno y lo vacío), pero no sucede lo mismo cuando nos referimos a las mentalidades y a las formas de vida que, como dije al principio de este capítulo, son eminentemente urbanas, independientemente de que se resida en una gran ciudad o en un pequeño pueblo. O que cada vez más se estilen modos de vida intermitentes, a caballo entre el pequeño pueblo y la gran ciudad. No existen prácticamente distinciones entre la juventud urbana y la rural, en lo que se refiere a gustos, costumbres y formas de disfrute del ocio y el tiempo libre. La movilidad generalizada facilita, por otra parte, que los puntos de encuentro puedan ser múltiples, tal como ocurre con las discotecas de moda, que pueden estar situadas en pleno campo, o los bulliciosos festivales musicales veraniegos que también se celebran en entornos rurales, a veces remotos o profundos.

La prensa comenta frecuentemente el crecimiento de los botellones urbanos y playeros a partir de los confinamientos pandémicos, pero si hay algo que atraiga y que mezcle lo urbano con lo rural son las fiestas de los pueblos. Todos se llenan estos días. Acude todo el mundo, sobre todo la juventud, tanto la que es natural del lugar como la sobrevenida durante los fines de semana, que en su mayor parte suele tener ancestros en el pueblo, seguramente alguno a ambos padres, abuelos e incluso bisabuelos. En tiempos pasados se distinguía fácilmente a los que vivían en el pueblo de los que residían en la ciudad. Hoy es prácticamente imposible. Unos y otros hablan de la misma manera y de las mismas cosas, tienen gustos parecidos, miran las mismas series y están permanentemente conectados a través de las redes sociales. Subsisten todavía las distancias físicas, pero las mentales hace tiempo que van dejando de existir, sobre todo entre las generaciones más jóvenes.

La clasificación municipal del INE: lo rural visto
desde la estadística

La distinción ente lo urbano y lo rural desde un punto de vista administrativo no tiene ninguna complicación: el INE clasifica los municipios españoles en función de su número de habitantes. Son municipios rurales los que tienen hasta 2.000 habitantes; se califican de intermedios o semiurbanos los que tienen una población situada entre 2.001 y 10.000 habitantes, y son municipios urbanos los que superan esta última cifra (tabla 9). De acuerdo con esta clasificación, una abrumadora mayoría, el 72% de los municipios españoles, son rurales; el 19% se califican como semiurbanos, y solamente un 9% son municipios urbanos.

En cuanto al número de habitantes, la media aritmética pura da una población residente de 5.827 habitantes por municipio, pero si se considera la mediana, que dice dónde se encuentra estadísticamente situada la mayoría, el municipio español típico tiene una población de 523 habitantes, lo cual da idea de la gran fragmentación del mapa municipal. El nuestro es un país de pequeños pueblos. Millares de pequeños pueblos convertidos en referentes identitarios. La icónica película de culto Amanece, que no es poco, de José Luis Cuerda (1989), mostró de manera surrealista, sugerente y divertida el pueblo de Riópar, situado en la albaceteña sierra de Alcaraz. Fue una bocanada de aire fresco y puso un necesario contrapunto a la trágica visión del mundo rural que ha sido predominante entre la intelectualidad española.

Tabla 9

Clasificación urbano-rural de los municipios ESPAÑOLES (2021)

Habitantes

Municipios

% sobre el total

Rurales: 1-2.000

5.871

72,0

Semiurbanos: 2.001-10.000

1.500

19,5

Urbanos > 10.001

760

9,5

Total

8.131

100,0

Fuente: INE.

Ruralidades cercanas y remotas según el Programa Nacional
de Desarrollo Rural 2014-2020

El texto de la Ley para el desarrollo sostenible del medio rural del año 2007, defendida por las plataformas territoriales —aunque el Programa de Desarrollo Rural Sostenible 2010-2014 que la desarrollaba no terminó de aplicarse—, estima que el espacio rural español acoge el 20% de la población y cubre el 90% del territorio. Un vasto espacio que atesora una gran parte de los recursos naturales y un enorme patrimonio cultural. Las nuevas tendencias de localización de la actividad económica y residencial confieren al espacio rural una importancia creciente, que contrasta con su acelerado y puede que irreversible declive demográfico.

La citada ley definía como municipio rural de pequeño tamaño al que tuviera una población residente inferior a los 5.000 habitantes y se encontrara integrado en el medio rural.

La ley define al espacio rural como el conformado por la agregación de municipios o entidades locales menores con una población de 30.000 habitantes y una densidad de población inferior a 100 hab./km2. Prevé, a su vez, situaciones diversas que define a partir de su mayor proximidad o lejanía a un entorno urbano poblado, lo cual permite distinguir entre los espacios rurales situados cerca e incluso inmersos en un entorno predominantemente urbano y los espacios rurales remotos, perfilándose un abanico de situaciones intermedias entre lo cercano y lo alejado.

De acuerdo con estos principios de partida, reúnen la condición de zonas rurales y remotas las comarcas en las que más del 50% de los residentes tarden más de 45 minutos en llegar al centro de una ciudad de más de 50.000 habitantes, condición que cumplen Cuenca (con respecto al territorio circundante) y Teruel (si se suma la población de los municipios próximos). Dicha clasificación se concreta sobre la base de una cartografía especifica en el Programa de Desarrollo Rural Sostenible (2010-2014), que pretendía desplegar la citada ley homónima del año 2007. Ni la ley citada ni el programa que la despliega terminaron aplicándose, a pesar de que contaban con la aquiescencia de buena parte de las plataformas territoriales. A pesar de ello, fijó un punto de referencia y unos marcos de trabajo plausibles aplicados a escala autonómica.

La tabla 10 resume la clasificación realizada por el citado programa de desarrollo, que identifica 220 zonas rurales en España que cubren el 84,3% de la superficie del país y acogen al 22,6% de la población. El 16,7% de la superficie restante se corresponde con los espacios urbanos y periurbanos, propiamente dichos. Los datos desmenuzados hablan por sí mismos: 30 zonas rurales se consideran periurbanas y cubren solamente un 7% de la superficie nacional, pero acogen más de dos millones de habitantes (el 5% de la población española). Las 84 zonas rurales intermedias acogen a 5,4 millones de personas y cubren el 11,6% de la superficie nacional. Finalmente, existen 106 zonas rurales a revitalizar que cubren la mitad del territorio nacional (el 50,2%) pero solamente acogen tres millones de habitantes, el 6,4% de la población del país. De hecho, el medio rural a revitalizar coincide con el medio rural remoto (situado a más de 45 minutos de una ciudad de 50.000 habitantes) y, al mismo tiempo, y casi punto por punto, con las zonas rurales poco pobladas. En otras palabras, el medio rural remoto coincide casi exactamente con la España vacía o vaciada delimitada en los mapas.

Tabla 10

Las zonas rurales de España según el Programa de Desarrollo
Rural Sostenible (2010-2014)

Zonas

Población

Superficie

Rurales

Habitantes

% España

km2

% España

Zonas rurales a revitalizar

106

3.001.840

6,4

253.828

50,2

Zonas rurales intermedias

84

5.411.589

11,6

136.883

27,1

Zonas rurales periurbanas

30

2.165.552

4,6

35.360

7,0

Total zonas rurales

220

10.578.981

22,6

426.071

84,3

ESPAÑA

—

46.815.916

100,0

505.370

100,0

Fuente: MAPA (2010).

La Unión Europea también divide el espacio rural en tres niveles o categorías: las áreas o comarcas esencialmente rurales, las áreas intermedias y las áreas esencialmente urbanas con finalidades de planificación y ordenación territorial, coincidiendo con las recomendaciones de Naciones Unidas, pero situando la densidad de población en 100 hab./km2.

Finalmente está lo que dice la academia al respecto. En este sentido, la definición y el alcance de lo rural ha suscitado numerosos estudios en los últimos años, un poco al compás del surgimiento de las plataformas territoriales y, también, por la gran repercusión mediática del problema de la despoblación. Demógrafos como Dolores Sánchez Aguilera (2022) y Javier Recaño (2017) cuestionan la sostenibilidad demográfica de la España vacía, sobre todo del medio rural remoto, llamado, eufemísticamente, a revitalizar. Para Sánchez Aguilera, y a pesar del arraigo del símil del enraizamiento (valga la redundancia), las personas no son como las plantas, que tienen raíces, y pueden emigrar, así ha sido en todo tiempo y en todo lugar, y no necesaria ni exclusivamente por razones económicas, Se huía de la pobreza y la marginación, pero también de la soledad y, sobre todo, de la falta de perspectivas de desarrollo personal y familiar. Recaño, por su parte, clasifica el espacio rural en tres categorías sociodemográficas: espacios de resiliencia demográfica, espacios de emigración, se entiende que estructural, y espacios en riesgo de despoblación irreversible. Una clasificación que coincide en parte con la de Fernando Molinero (2019), mucho más prolija, pero detectando situaciones parecidas.

Las redes de desarrollo rural: los Grupos de Acción Local

La Unión Europea dedica desde hace décadas cuantiosos fondos estructurales a fomentar el desarrollo rural, hasta el punto de que la política rural constituye una parte significativa de las Políticas de Cohesión y de la Política Agrícola Común (PAC). De estos fondos depende en gran parte la financiación, continuidad y ejecución de los proyectos europeos desarrollados a través de las iniciativas comunitarias desplegadas a través de programas específicos para cada caso: los programas LEADER y PRODER de desarrollo rural; el programa MINER, vinculado a la reconversión minera; el programa LIFE, dedicado a temas medioambientales; el programa URBAN, de regeneración urbana, y el programa INTERREG, dedicado a la cooperación transfronteriza, entre otras iniciativas comunitarias. A lo largo de más de tres décadas, en España se han desplegado centenares de proyectos de desarrollo rural a través de estas iniciativas, la más importante de las cuales a través de los programas LEADER, de desarrollo rural, y PRODER, centrado en el fomento del desarrollo local endógeno.

La propuesta de planes específicos y su gestión y ejecución corre a cargo de los llamados Grupos de Acción Local (GAL), constituidos o integrados por personas físicas y jurídicas del propio territorio, cuya composición debe ajustarse a la normativa de las distintas convocatorias. Existen actualmente en España cerca de trescientos Grupos de Acción Local. Su función principal es fomentar y presentar a la Comisión Europea propuestas de desarrollo rural hechas desde el propio territorio y basadas en el aprovechamiento de sus propias recursos y potencialidades endógenas. Los programas de actuación deben orientarse hacia la creación de empleo y contribuir a paliar los numerosos déficits estructurales de las zonas rurales en aspectos diversos, tanto en materia de infraestructuras técnicas (abastecimiento, transportes, comunicaciones, fibra óptica) como de desarrollo socioeconómico y cultural: creación de equipamientos sociales, fomento del asociacionismo, creación de empresas, desarrollo de industrias agroalimentarias, fomento de la artesanía y del turismo, creación de infraestructuras turísticas (alojamiento y restauración), comercialización de productos agrarios y una larga e interminable lista de iniciativas y propuestas diversas.

Sin embargo, a veces las propuestas de las acciones concretas previstas en los programas de actuación suelen recibir muchas críticas, sobre todo por parte de las personas y entidades que no dependen directamente del entramado político institucional. Muchas plataformas territoriales surgieron como alternativa a los Grupos de Acción Local, siendo hipercríticas con el destino final de los fondos recibidos, entre otras razones porque se considera que sus propuestas son innecesarias, suntuarias o clientelares o que no inciden en la creación de empleo. Es el caso de la construcción de costosas instalaciones que frecuentemente han acabado en desuso, o bien con unos usos privados distintos a los previstos una vez se ha cumplido el periodo de cinco años de carencia. De todas formas, la creación de los Grupos de Acción Local ha representado un salto cualitativo en positivo para los territorios despoblados. Como dice el experto en desarrollo rural Javier Esparcia, su creación ha hecho posible poner en marcha redes de información, definir y compartir visiones estratégicas sobre el territorio en cuestión y alcanzar un mayor conocimiento de este. Y, en segundo lugar, una cuestión no menor, como es el fomento de la propia autoestima de la población rural. Lo rural ya no es sinónimo de atraso o conservadurismo, sino que se convierte en signo de modernidad.

Mirando a los vecinos: la densidad de población
en España frente a Francia, Italia y Portugal

La densidad de población de España es de 94 hab./km2 (2021), cifra quince puntos más baja que la media de la Unión Europea, que es de 109 hab./km2. Según los datos aportados por Eurostat, España ocupa una posición intermedia por este concepto, aunque sus cifras tienen muy poco que ver con las de Países Bajos, cuya densidad de población supera los 500 hab./km2; Bélgica, con 377 hab./km2, o Italia, con 202 hab./km2. Son cifras que, por el contrario, superan con creces los 18 hab./km2 de Finlandia (la más baja de la EU-27 a escala nacional) y los 25 hab./km2de Suecia, que, junto con los países bálticos (Lituania, Letonia y Estonia), son los menos poblados de la Unión Europea en términos relativos.

En Noruega, la densidad de población es de 17 hab./km2, pero con diferencias abismales entre el norte y el sur del país: la provincia de Finnmark, que tiene una extensión de 48.618 km2, muy parecida a la de Aragón (47.700 km2), cuenta con unos exiguos 75.000 residentes, siendo su densidad poblacional de apenas 1 hab./km2. En Rusia la densidad media es de 9 hab./km2, cifra idéntica —salvando las distancias medioambientales y los problemas de escala— a la de las provincias de Soria y Teruel (8,6 y 9 hab./km2, respectivamente).

Para tener un punto de referencia válido con lo que ocurre en los países de nuestro entorno, la tabla 11 refleja las densidades de población de las cinco provincias menos pobladas en términos relativos de España, Portugal, Francia e Italia. No incluyo en esta tabla a los países escandinavos, porque ya he mencionado de manera reiterada que se trata de unos territorios geográficamente muy distintos al español, tanto si se consideran las condiciones medioambientales como la cercanía y la accesibilidad a los centros urbanos y de servicios. Repito lo dicho: la España despoblada no es como Laponia o Finnmark, aunque esta comparación sea habitual en los medios, incluso en la prensa considerada seria.

Tabla 11

Las cinco demarcaciones menos pobladas (hab./km2) de España,
Portugal, Francia e Italia (2020)

España

HAB./KM2

PORTUGAL

HAB./KM2

FRANCIA

HAB./KM2

ITALIA

HAB./KM2

Soria

8,7

Beja

13,7

Lozère

15,0

Crotona

27,0

Teruel

9,0

Portalegre

17,0

Creuse

21,0

Nuoro

37,0

Cuenca

11,6

Bragança

18,6

Alpes-de-Haute-Provence

24,0

Aosta

39,0

Huesca

14,2

Évora

20,4

Cantal

25,0

Grosseto

50,0

Zamora

15,9

Guarda

25,9

Hautes-Alpes

25,0

Oristano

54,0

Fuente: Eurostat (EU-27), INE (España) e INSEE (Francia).

Los cuatro países presentan grandes contrastes internos, tanto en lo que se refiere al medio natural (situación, configuración, relieve y clima), como por lo que respecta a la formación, evolución y distribución territorial de los asentamientos humanos, algo común en los países mediterráneos. No es lo mismo el norte que el sur de cada país, no solamente en cuanto a las estructuras sociales y el nivel de desarrollo, sino también en todo lo que se refiere a la evolución reciente de la montaña y el medio rural. La gran llanura Padana, en Italia, tiende a convertirse en una sola ciudad difusa extendida a lo largo de los antiguos ejes de circulación, lo mismo que el valle del Ródano en Francia o las periferias metropolitanas españolas. En todos ellos el medio rural tradicional pierde sus funciones, incluso en Francia. En todas partes las antiguas construcciones rurales diseminadas por el espacio rural (aldeas, cortijos, caseríos o masías) pierden su primitiva función agraria original para convertirse en segundas residencias o complejos turísticos, desde una hacienda en la Toscana a un lloc en Menorca, un caserío vasco o una masía ampurdanesa.

Cien años atrás, en los felices años veinte del pasado siglo, los cuatro países de la tabla mantenían todavía un cierto equilibrio urbano-rural. No era un equilibrio absoluto, evidentemente, porque la superpoblación rural y la revolución industrial ya hacía tiempo que provocaban emigraciones masivas, tanto hacia las Américas, la tierra de promisión por antonomasia de los campesinos europeos, como hacia los centros urbanos e industriales.

A pesar de ello, en los años veinte el campo español era todavía un espacio poblado, lo mismo que el Mezzogiorno italiano o el campo portugués. La transición demográfica llevaba retraso con respecto a las zonas urbanas, de manera que las tasas de natalidad seguían siendo altas, lo cual, combinado con la disminución de la mortalidad infantil y el alargamiento de la esperanza de vida, daba como resultado un continuo aumento de la población rural. Posteriormente, y a medida que progresaba la mecanización, empezaron a sobrar brazos en todas partes. El éxodo rural se hizo imparable.

La despoblación rural española bate récords

Primera afirmación: la despoblación rural de las provincias españolas reflejadas en la tabla 11 bate récords, situándose su densidad muy por debajo del resto de provincias extranjeras de la tabla. Ya vimos que en nuestro país hay tres provincias (Soria, Teruel y Cuenca) cuya densidad de población se sitúa por debajo de los 12,5 hab./km2 que la Unión Europea fija como umbral de despoblación a escala de NUTS-3 y que, por lo tanto, pueden ser beneficiarias de los fondos estructurales comunitarios destinados a combatir la despoblación. Un requisito que no cumple ninguna otra demarcación de las reflejadas en la tabla (se quedan en puertas Huesca y Zamora). En el contexto europeo solamente caen por debajo de ese umbral las consabidas regiones del norte de Escandinavia, las Tierras Altas o Highland de Escocia, la provincia croata de Lika-Senj y la pequeña región griega de Euritania.

En España caen por debajo de los 20 hab./km2 ocho provincias, además de las tres ya citadas; se trata de Huesca (14,2 hab./km2), Zamora (15,9 hab./km2), Cáceres (19,4 hab./km2), Palencia (19,6 hab./km2) y Ávila (9,8 hab./km2). En Portugal solamente las demarcaciones de Beja, Porto Alegre y Bragança bajan de los 20 hab./km2; en Francia únicamente un departamento se sitúa por debajo, Lozère, situado al sur del macizo Central, la región más despoblada de Francia exceptuando la alta montaña alpina; y en Italia ninguna provincia cae por debajo. La paradoja española sigue siendo la provincia de Guadalajara, con su acusada dualidad poblacional que también podría extenderse a la provincia de Zaragoza, cuya densidad de población es de solamente 17 hab./km2 si se excluye la población de la capital.

Lo que la densidad provincial encubre: la provincia de Guadalajara

La provincia de Guadalajara ilustra muy bien las grandes diferencias que pueden coexistir dentro de una misma demarcación territorial, en cuanto a la densidad de población y, por ende, la inadecuación del nivel NUTS-3 a las circunstancias españolas. La provincia tiene algo más de un cuarto de millón de residentes (261.995 habitantes en 2021) y una densidad de población de 21,5 hab./km2, situada muy por debajo de la media española e incluso cinco puntos por debajo de la de Castilla-La Mancha, su región de pertenencia, que es de 26 hab./km2. A pesar de ello, las cifras globales esconden la existencia de dos mundos absolutamente contrapuestos dentro de la misma provincia. Por una parte, la propia capital provincial y su entorno periurbano se sitúa a unos 60 km de distancia de Madrid y está perfectamente integrada, junto con el corredor del Henares, dentro del área de influencia y de expansión metropolitana de la capital madrileña. Aquí el crecimiento económico y demográfico es espectacular: entre Guadalajara capital, Azuqueca de Henares y los municipios aledaños concentran las tres cuartas partes de la población provincial, en un contexto de continuo crecimiento económico y demográfico. Un área de expansión urbana que se prolonga hacia el este a través de la autovía A-2, la línea del AVE y el ferrocarril convencional de Madrid a Zaragoza y Barcelona.

En cambio, las tres cuartas partes restantes de la provincia se sitúan entre los territorios más despoblados de la península ibérica. El vacío poblacional es abrumador tanto al norte de la autovía A-2, en dirección a Sigüenza y la sierra Ministra, como hacia el sur de este corredor de transporte, incluyendo la Alcarria histórica y la comarca de Molina de Aragón (llamada oficialmente Señorío de Molina-Alto Tajo). El paisaje del páramo es espectacular: ofrece a la vista unos horizontes abiertos, infinitos e inabarcables, pero aquí se encuentra la región más despoblada de España, con una densidad de población situada en unos bajísimos 2,3 hab./km2, circunstancia que le valió ser declarada, según Guadalajara Diario (https://www.guadalajaradiario.es), la “zona cero de la despoblación de España” por parte de la plataforma Serranía Celtibérica.

Un vasto e inmenso altiplano, en su mayor parte llano u ondulado, de horizontes abiertos hacia los cuatro puntos cardinales y salpicado de pequeños pueblos distantes entre sí y en gran parte alejados de cualquier centro urbano medianamente importante, la comarca de Molina-Alto Tajo tiene cerca de 8.000 habitantes (7.944 habitantes en 2021) que residen en un área de 3.466 km2, por lo que su densidad de población es de tan solo 2,3 hab./km2. La comarca tenía 41.525 habitantes en 1900, lo cual supone una pérdida del 80,9% de la población. Molina de Aragón se halla a 140 km de distancia de Guadalajara, la capital provincial, a 103 km de Teruel y a 127 km de Cuenca. Es decir, a más de 45 minutos de cualquier ciudad de 50.000 habitantes; la más próxima es Teruel (36.000 habitantes), situada a 91 minutos en coche desde Molina. En conclusión, se trata de un área que cumple con todos los requisitos para tener la triple condición de área de montaña, territorio en proceso de despoblación y zona rural remota.

Italia: un medio rural tradicionalmente superpoblado

Vayamos con Italia, el país mediterráneo más poblado en términos absolutos y relativos, incluso en el medio rural, a pesar de que su territorio es en su mayor parte quebrado y montañoso, excepto en la gran llanura Padana (valle del Po) y en algunas llanuras y plataformas litorales. Las diferencias entre el norte y el sur del país en lo que se refiere al relieve, clima y paisaje son enormes, y abrumadoras por lo que se refiere al poblamiento y las estructuras sociales. Transcurrido un siglo y medio desde la unificación (1871), el país transalpino no ha logrado cicatrizar todavía las enormes diferencias que separan el norte y el sur, tanto en lo económico como en lo social.

País de emigrantes, del Mezzogiorno italiano han salido millones de personas cuyo destino preferente fueron desde el principio del siglo XX las Américas, de Nueva York a Buenos Aires, y ya en los años sesenta la emigración masiva hacia el norte industrializado, donde a los migrantes se les llamaba despectivamente terroni, mote que tiene un significado parecido al destripaterrones español. A pesar de un éxodo masivo, el espacio rural italiano sigue estando relativamente poblado. Nada que ver con la despoblación rural española, aunque los problemas asociados al reto demográfico son los mismos o muy parecidos. Ya vimos que las tasas de fecundidad son en Italia tan bajas como en España.

De acuerdo con los datos de la tabla 11, la provincia italiana menos poblada es Crotona (27 hab./km2), situada en la región de Calabria, que se extiende por la punta de la bota, en el Mezzogiorno o sur profundo del país. Las diferencias con España son cuantitativamente importantes: la densidad de población de la provincia menos poblada de Italia multiplica por tres los exiguos 9 hab./km2 de Soria, la menos poblada de España. Le siguen en este ranking de la despoblación italiana las provincias sardas de Nuoro (37 hab./km2) y Oristano (54 hab./km2), y el pequeño valle alpino de Aosta (38 hab./km2), que se abre al pie del Mont Blanc junto a la frontera con Francia y el túnel transfronterizo homónimo. La provincia de Grosseto (50 hab./km2), situada en plenos Apeninos, en la Toscana, completa el ranking de la despoblación italiana, que ya vimos que se sitúa muy por encima de las densidades provinciales españolas.

La despoblada Oristano, en Cerdeña, por ejemplo, supera la densidad de 22 provincias españolas, incluidas Huelva, Toledo y Jaén. Las cifras de las restantes provincias despobladas se sitúan siempre por encima de los 50 hab./km2. En Italia hay ocho provincias más cuyas densidades de población se sitúan ente 50 y 60 hab./km2: Grosseto, Potenza, Cerdeña del Sur, Sondrio, Belluno, Isernia, Matera y Rieti. El despoblamiento afecta sobre todo al Mezzogiorno y a la Italia central, pero también el área alpina (Belluno).

Si se consideran las cifras regionales, excluyendo el valle de Aosta, la región menos poblada de Italia es Basilicata, situada en la planta de la bota italiana (su densidad de población es de 54 hab./km2, cifra que dobla la densidad poblacional de Castilla y León). Le sigue la pequeña región adriática de Molise (66 hab./km2), con capital en Campobasso, además de la gran isla de Cerdeña, con 66 hab./km2. Cifras todas ellas, que como mínimo duplican las de las cuatro regiones españolas menos pobladas: Aragón (28 hab./km2), Castilla-La Mancha (26 hab./km2), Castilla y León (26 hab./km2) y Extremadura (25 hab./km2).

A pesar de que las cifras italianas superan con mucho a las de la España vacía, la despoblación rural también es un tema de debate en Italia, especialmente a escala regional y provincial. Tal como ocurre en nuestro país, son frecuentes las noticias sobre la concesión de incentivos diversos a las personas y familias que fijen su residencia en el medio rural, particularmente en los pequeños pueblos. Es el caso del programa de incentivos llamado Reddito di residenzia attiva (Renta por residencia activa), iniciado en la región de Molise pero que posteriormente fue adoptado por regiones como Liguria, Lacio, Calabria, Umbría, Sicilia y Cerdeña. El programa incentiva la repoblación de los pequeños municipios (de menos de 2.000 habitantes) mediante ayudas diversas: acceso a la vivienda e incluso ayuda monetaria a las personas y sobre todo a las familias que fijen su residencia en las regiones en proceso de despoblación.

Francia: una nación de agricultores

Vayamos con Francia, país de pequeños y medianos agricultores relativamente acomodados, cuyo paisaje rural, según Josep Pla, transmite al observador una agradable sensación de confortabilidad rural. Durante las retransmisiones televisivas del Tour de Francia, los comentarios de los televidentes suelen bascular entre la envidia y la admiración cuando ven discurrir la carrera a través de una campiña primorosamente cultivada y verdeante a mitad de julio. No obstante, el campo francés esconde territorios que viven inmersos en acelerados procesos de despoblación, en unos casos vinculados a la endémica crisis de la agricultura familiar tradicional sometida, como en España, a intensos procesos de reconversión y de hipercapitalización en todo el mundo; y en otros, a causa del cierre o el declive de las industrias tradicionales situadas en entornos rurales y a la reconversión minera.

Un conjunto de circunstancias que contribuyen a explicar la revuelta de la Francia rural en el otoño de 2018, que mantuvo en vilo durante meses al país vecino, que incluso llegó a declarar el estado de emergencia ante el bloqueo continuado de las carreteras galas cada fin de semana por parte de los gilets jaunes (literalmente, ‘chalecos amarillos’). La protesta estalló a causa del aumento del precio de los carburantes, especialmente del gasoil, pero incluyó rápidamente nuevas reivindicaciones, como la protesta por la rápida y progresiva pérdida del poder adquisitivo. Se calcula que las protestas movilizaron a unos tres millones de personas, con frecuentes enfrentamientos entre los manifestantes y la policía: hubo miles de detenciones, centenares de heridos, algunos graves, y once muertos por causas diversas, sobre todo atropellos. Todo un síntoma del sordo malestar que hace tiempo que se extiende por el campo francés, donde el agricultor medio ve como cada día que pasa pierde poder adquisitivo ante la imposibilidad de competir en precios con las grandes explotaciones, contando incluso con las ayudas de la PAC.

A pesar de su enorme cultura rural, la Francia interior vive también inmersa en un proceso de despoblación que, si bien no alcanza los niveles de las provincias interiores de la España rural, preocupa a la Administración por su aceleración en lo que va de siglo. Tres de los cinco departamentos franceses menos poblados se localizan en el macizo Central, un territorio que tiene muchas semejanzas con las altas serranías y parameras de la cordillera Ibérica que se extienden por las provincias de Soria, Teruel, Cuenca y Guadalajara y sus ramificaciones mediterráneas hacia Cataluña y la Comunidad Valenciana. Salvando las distancias, sería un territorio equiparable a la reivindicada Serranía Celtibérica española.

El departamento francés más despoblado es Lozère, con capital en la pequeña ciudad de Mende, situada en pleno macizo Central, seguido de Creuse, que debe su nombre al río homónimo, además del departamento de Cantal, en la región de Auvernia, también en el macizo Central. Los dos departamentos alpinos menos poblados son Hautes-Alpes, con capital en Gap, y Alpes-de-Haute-Provence, con capital en Digne-les-Bains, territorios donde domina absolutamente la alta montaña y orientados casi exclusivamente hacia el turismo por sus excepcionales paisajes alpinos, como el parque nacional de los Écrins. La región francesa más despoblada en términos relativos es la isla de Córcega, que tiene una densidad poblacional de 38 hab./km2, dato que supera con mucho a las regiones españolas más despobladas.

A escala general, el mapa de densidades de población dibuja en Francia la llamada Diagonale du vide (Diagonal del vacío), que se extiende de noreste a sudoeste, desde el río Mosa, en el departamento homónimo, hasta el departamento de las Landas en el Atlántico, cruzando en diagonal el interior del país, y alargándose hacia el sur a través de España y Portugal. Los vacíos afectan especialmente a los departamentos del macizo Central y, al igual que en España, el calificativo vacío fue rechazado por los geógrafos franceses, que prefieren utilizar la denominación Diagonale des faibles densités (Diagonal de bajas densidades). Circular cualquier día de invierno por las carreteras del macizo Central produce la misma sensación que ir de Soria a Burgos por carreteras secundarias. En el trayecto de Saint-Étienne a Mende, uno va cruzando pueblos solitarios en los que apenas se ve gente ni comercios mientras observa que la mayor parte de las casas están cerradas. En verano es distinto. Los pueblos rebosan de parisinos en busca de autenticidad.

En los años noventa, la Diagonal del vacío se transformó en la Diagonal continental a través del programa Europe 2000+: Coopération pour l’aménagement du territoire européen, impulsado por la Comisión Europea (1994), que identificaba ocho macrorregiones que debían servir de marco de planificación del territorio comunitario. La Diagonal continental arranca en la frontera franco-belga, a orillas del río Mosa, y cruza en diagonal Francia y España, finalizando en el Alentejo portugués. Incluye seis regiones francesas, cuatro españolas y tres portuguesas, todas poco pobladas, excepto Madrid. Se formalizó definitivamente en mayo de 1997 a través de la Conferencia de las regiones europeas de la Diagonal continental.

Entre los problemas más acuciantes de la Diagonal continental, el documento cita las bajas densidades de población, el peso relevante del sector primario, la carencia de industrias punteras (excepto en la isla urbana de Madrid) y su desconexión con respecto a los principales ejes de desarrollo de Europa occidental. No se ha avanzado mucho desde los años noventa. Prueba de ello es el retraso de las conexiones ferroviarias de España con Portugal (Lisboa y Oporto), especialmente de la alta velocidad, y el retraso igualmente importante que sufren las conexiones con Francia, sobre todo por la lentitud del avance hacia el sur de la alta velocidad en Francia, además de otros impedimentos, como la reciente (otoño de 2021) oposición de Francia al proyecto de gasoducto que debía unir la península ibérica con Centroeuropa pasando por Francia, entre otras carencias.

El campo francés, un icono nacional

A pesar de todo lo dicho, el éxodo rural francés ha sido mucho más gradual y prolongado en el tiempo que el rapidísimo vaciado del campo español durante los años cincuenta y sesenta del pasado siglo. Unas condiciones naturales favorables a la agricultura y a la ganadería, sobre todo en materia de clima y suelos, una estructura social de pequeños y medianos propietarios que cultivan directamente la tierra (herencia de una desamortización más temprana y exitosa que la española) y una política agraria tradicionalmente proteccionista, mantuvieron el campo francés muchísimo más poblado que el español. Solamente las ubérrimas y excelentemente cultivadas huertas levantinas admiten la comparación con la campiña francesa.

Además de lo dicho, un conjunto de circunstancias favorables influyó de manera decisiva en el mantenimiento de la proverbial prosperidad del agro francés, hoy en cuestión. En primer lugar, el proteccionismo de la agricultura por parte del Estado que posteriormente se trasladó miméticamente a la Política Agraria Comunitaria (PAC), llevándose durante décadas la parte del león de los fondos europeos. En segundo lugar, la proverbial organización y capacidad de movilización de los agricultores franceses en defensa de sus intereses, puesta de relieve una vez más por la revuelta de los gilets jaunes. Solo hace falta recordar, en este sentido, los escollos que tuvo que superar España en materia agrícola cuando se negoció su adhesión a la Unión Europea. El corte de carreteras y el vuelco de camiones que transportaban frutas y verduras españolas hacia Centroeuropa, por parte de los agricultores galos, fue una constante durante estos años.

Cabe hablar también de un factor cultural no menor, pero tan o más determinante que los anteriores, que radica en el conocimiento y la autoestima que el francés medio tiene por su territorio, su paisaje rural y por los productos de la tierra (le terroir). Mientras el campesino español fue visto durante décadas de manera displicente como un paleto iletrado (y las películas costumbristas o el casposo humor del franquismo dan fe de ello), el paysan francés y los productos fermières tenían y tienen la más alta consideración en el país vecino. La alta cocina francesa se nutrió durante décadas de la excelente consideración gastronómica de las producciones agropecuarias y las especialidades locales francesas, desde los vinos a las carnes y los quesos.

Con el precedente de los vinos de Oporto, regulados desde el siglo XVIII, Francia es asimismo la nación que primero valoró y protegió sus numerosas producciones y especialidades regionales, empezando por el queso de Roquefort, que allá por el siglo XVII ya gozaba de protección. Luego vinieron los vinos, con las denominaciones de Burdeos y Borgoña a la cabeza; el champagne, protegido desde 1919, o el cognac, cuya área geográfica de producción se delimitó en una fecha tan temprana como 1909. Francia cuenta hoy con más de 500 productos agroalimentarios que gozan de protección. Es proverbial, en este sentido, la frase atribuida al general De Gaulle de que era muy difícil gobernar un país que produce más de 300 variedades de quesos.

Hay que destacar, por último, que el fenómeno neorrural tiene una gran relevancia en toda Francia. Una vuelta al campo preconizada por el movimiento hippy en los primeros años setenta, al compás de las movilizaciones contra la construcción de centrales nucleares. “Nuclear no, gracias” fue el lema que aglutinaba aquellos días al incipiente movimiento ecologista y neorrural. Otro de los aglutinantes del movimiento fueron las movilizaciones que bajo el lema “Sauvons le Larzac” impidieron que el ejército francés ubicara un polígono de tiro en esta desolada altiplanicie dedicada a la ganadería ovina, que nutre de materia prima a la cercana Rochefort. Allí se dio a conocer el líder rural José Bové, presente en todas las movilizaciones rurales y altermundistas, exparlamentario europeo y candidato a la presidencia de la República en 2007, y gran defensor de la soberanía alimentaria (fue condenado a prisión por sabotear el McDonald’s de Millau).

Portugal: el país de los contrastes norte-sur y litoral-interior

Las cinco provincias más despobladas de Portugal se encuentran indefectiblemente en la zona fronteriza con España, llamada en ambos países la Raya, sin que existan grandes diferencias entre el norte y el sur del país por lo que respecta a esta larga divisoria fronteriza, que es un territorio muy poco poblado, en general, excepto el corredor que desde Badajoz conduce a Lisboa y el bajo Miño. Tres provincias portuguesas se sitúan por debajo del umbral de los 20 hab./km2, aunque ninguna de ellas cae por debajo de los citados 12,5 hab./km2 fijados por la Unión Europea como indicador de despoblación.

Tres de ellas (Beja, Portalegre y Guarda) se sitúan en el sur del país y dos en el norte (Bragança y Évora). De la misma forma que en España, en el norte de Portugal predomina un modelo de poblamiento rural en gran parte diseminado en feligresías, término equivalente a la parroquia gallega y formalmente muy semejante a la estructura del poblamiento de Galicia. En el sur del país, por el contrario, predomina el poblamiento rural agrupado en grandes pueblos, de forma similar al de las comunidades autónomas vecinas de Extremadura y Andalucía.

La provincia menos poblada es Beja, situada al este de Lisboa, en la región del Bajo Alentejo, con una densidad de 13,7 hab./km2, cifra muy cercana al citado umbral europeo de la despoblación; le sigue Portalegre (17 hab./km2), capital del Alto Alentejo, y Guarda, con una densidad sensiblemente superior (25,9 hab./km2). En el norte del país la provincia menos poblada es Bragança (18,6 hab./km2), seguida de Évora (20,4 hab./km2), la primera situada en la región de Trás-os-Montes, en la zona de contacto con las provincias de Orense y Zamora, una de las áreas más despobladas y envejecidas de la península ibérica, junto con las provincias de la cordillera Ibérica.

Los largos y espectaculares desfiladeros de los Arribes del Duero, hoy ocupados por los grandes embalses dedicados a la producción de energía eléctrica y convertidos en recurso turístico, delimitan por más de 100 km la frontera entre España y Portugal. Se trata de un ejemplo casi perfecto de una frontera trazada en un espacio ya de por sí casi vacío. En toda la Raya fronteriza hispano-portuguesa son relevantes los programas y las acciones vinculadas a la iniciativa INTERREG, cuyo objetivo principal es incentivar la cooperación entre las provincias y las comarcas situadas a uno y otro lado de la Raya, y de esta manera atenuar los efectos de una separación administrativa más que secular. Es preciso subrayar, por último, que la despoblación de las provincias interiores de Portugal, con todo y ser muy relevante, no llega a alcanzar las proporciones del lado español.

Una cuestión de mapas: tres aproximaciones
a la España despoblada

Tal como subrayan los expertos en el estudio del medio rural, como Fernando Molinero y Milagros Alario (2022), entre otros estudiosos, la bibliografía sobre el medio rural y la despoblación es ingente y casi inabordable. En este apartado, y para precisar un poco más qué puede y qué no debe ser considerado vacío o vaciado en el contexto español, comento tres mapas que cartografían el fenómeno a escala española e ibérica. En primer lugar, el conocido mapa de Sergio del Molino, que sirvió de base para avanzar en la redacción de su famoso ensayo. En segundo lugar, el mapa de distribución de la población en España y Europa (2018) elaborado por Eurostat, que indica los puntos habitados de la Península. El tercer mapa corresponde a la Serranía Celtibérica, y fue elaborado y divulgado por la asociación homónima, junto con un mapa que cartografía las diez zonas más despobladas de España. Aporto, al final, una breve reflexión sobre la idoneidad de las comarcas agrarias como marco de aplicación de las políticas contra la despoblación.

La España vacía según Sergio del Molino

El ensayo de Del Molino parte de la existencia de dos realidades territoriales contrapuestas en España: un vasto interior peninsular vacío, descontando los islotes urbanos de Madrid, Valladolid y Zaragoza, que se contrapone a un litoral lleno y esencialmente urbano. El autor se apoya en un mapa esquemático de lo que él considera la España vacía y sus zonas aledañas semivacías, que reproduzco en la figura 1. El mapa es poco más que un croquis, pero ofrece una perspectiva general de la despoblación, lo cual explica su éxito, a pesar de las posibles lagunas que el propio autor reconoce.

Figura 1

El mapa de la España vacía, según Sergio del Molino

Fuente: Sergio del Molino, La España vacía (2016).

La España vacía delimitada en el mapa ocupa el 53% del territorio español y acoge al 16% de la población, poco más de 7 millones de habitantes sobre el total de 46,5 millones del año 2015. Cifras que coinciden con el Programa de Desarrollo Rural Sostenible (2010-2014) en cuanto a la extensión del vacío (el 50% del territorio), pero no así en cuanto a las personas afectadas: siete millones del mapa referido contra los tres millones de residentes según el citado programa de desarrollo. Nuestro autor fue incluso optimista en cuanto al alcance de la despoblación.

Los vacíos incluyen el vasto interior peninsular sin alcanzar las costas, excluyendo la provincia de Madrid. Es decir, la Meseta entendida en sentido extenso, incluidas ambas vertientes de las cordilleras que la rodean, que son los espacios más despoblados del país, especialmente la cordillera Ibérica y la Raya portuguesa. Los territorios aledaños semivacíos, tramados con líneas oblicuas, coinciden en gran parte con las vertientes extrameseteñas de estas cordilleras. Los vacíos propiamente dichos abarcan cinco comunidades autónomas y veinte provincias: las nueve provincias de Castilla y León, las cinco de Castilla-La Mancha, las tres aragonesas, las dos extremeñas y La Rioja. A ese inmenso interior vacío se contraponen las tres islas urbano-metropolitanas interiores y sus respectivas áreas de influencia: Madrid, con más de tres millones de habitantes; Valladolid, con 300.000 habitantes, y Zaragoza, con cerca de 700.000 habitantes.

Las zonas semivacías incluyen los territorios siguientes, mencionados de norte a sur y de oeste a este: en Galicia, las provincias de Orense y Lugo (excluido el litoral de esta última), que ya vimos que son las provincias más envejecidas de España; la Asturias interior, región muy afectada por el cierre de las minas y la crisis industrial (a la que dedico un capítulo específico), y el interior montañoso de Cantabria, que registra una doble crisis industrial y agroganadera. Se excluye el País Vasco de las zonas aledañas semivacías, pero no así el nordeste de Navarra limítrofe con Aragón.

En el arco mediterráneo, los espacios semivacíos coinciden con los rebordes orientales de la cordillera Ibérica que discurren paralelos a la costa. Abarcan las vertientes que dan al valle del Ebro y el interior de las provincias de Castellón y de Valencia, cuya despoblación es equiparable a la de Teruel; no obstante, aquí se deja sentir la proximidad al pobladísimo litoral valenciano en aspectos como el desarrollo del turismo de proximidad (turismo rural y de aventura, excursionismo y senderismo) y el progresivo avance tierra adentro de las instalaciones industriales y logísticas, cuya implantación requiere de muchas hectáreas de un suelo que ya no se encuentra en el área metropolitana valenciana a precios competitivos.

El mapa de Del Molino no incluye entre los semivacíos al abrupto interior montañoso de la provincia de Alicante. Es razonable, ya que se trata de un territorio relativamente poblado, que contradice la creencia general de que la despoblación coincide con la inhóspita y a veces árida montaña mediterránea. La supervivencia de una industria tradicional muy diversificada en las poblaciones y las pequeñas ciudades del interior alicantino desmienten muchas teorías locacionales que contradicen esta realidad. La provincia puede ser considerada una de estas excepciones geográficas, que justifican por sí mismas la necesidad de abordar el estudio de cualquier espacio geográfico desde un enfoque y un punto de vista más holístico que positivista.

El mapa sitúa entre las zonas poco pobladas el interior de la Región de Murcia, a pesar de que la comarca más despoblada de la región, el Altiplano (Jumilla y Yecla), tiene una densidad poblacional de 38 hab./km2, cifra que supera con creces la densidad media de la vecina provincia de Albacete (26 hab./km2). En Andalucía se consideran zonas semivacías toda la provincia de Jaén, el interior montañoso de Almería y Granada y el flanco meridional de Sierra Morena, al norte de las provincias de Córdoba, Sevilla y Huelva, y limítrofe con las provincias de Badajoz y Ciudad Real. No se incluyen en el mapa los archipiélagos balear y canario y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

En resumen, los mapas temáticos son siempre discutibles y mucho más si se trata, como en este caso, de poco más que de un esquema, pero su principal virtud es que visualiza el problema y aporta un marco de referencia. Luego vienen los matices: al declive de las provincias de Zamora y Salamanca se contrapone la situación algo más optimista de Valladolid y Burgos. Ni tienen las mismas perspectivas de futuro la montaña leonesa o palentina que el sistema Central segoviano o abulense, bien conectado con Madrid y sometido a su creciente área de influencia. También se echan en falta diversas zonas semivacías como el norte y el sur de la provincia de Lérida (la más despoblada de Cataluña), el interior de la de Tarragona limítrofe con Teruel y las comarcas interiores de las provincias de Granada, Cádiz y Málaga. Personalmente, y como geógrafo, pienso que el mapa aporta una visión de síntesis más que aceptable de la despoblación española.

Una mirada desde Europa: los mapas de densidad
de población de Eurostat

Eurostat, la institución encargada de homologar y publicar las estadísticas de la Unión Europea, elabora, entre muchísimos productos cartográficos, unos mapas de localización territorial de la población que tienen interés, sobre todo por su visibilidad, que los asemeja a los conocidos mapas lumínicos derivados de imágenes de satélite. Son mapas que reflejan, mediante una escala de color o de grises, los residentes en cada kilómetro cuadrado, lo cual permite detectar dónde se localiza realmente la población. Una correcta interpretación de estos requiere tener en cuenta que reflejan el número de residentes en cada km2, lo cual determina que resalten los territorios donde predomina el hábitat diseminado. Es el caso de Galicia y el norte de Portugal, donde en un solo km2 pueden existir diversas aldeas. En cambio, donde domina la población concentrada en grandes núcleos los vacíos se hacen más evidentes. Hecha esta salvedad, estos mapas aportan una imagen bastante fidedigna de la localización de la población. Comento dos mapas de este tipo: el primero, de Europa occidental (figura 2), y el segundo, de la península ibérica (figura 3).

Lo primero que destaca en el mapa a escala europea (figura 2) es el contraste entre vacíos y llenos de población. Los primeros se localizan mayormente en los extremos norte y sur del continente. En cuanto a los llenos, se observa claramente que Europa occidental es, en general, un territorio densamente poblado, sobre todo la llanura europea que se extiende desde Aquitania, en el suroeste de Francia, hasta Polonia, incluyendo el Benelux, Alemania, Dinamarca y el sur de Escandinavia. En el centro de este espacio se identifica perfectamente el territorio todavía más densamente poblado llamado la banana azul europea, denominación sugerida por el geógrafo Roger Brunet, director del grupo RECLUS de la Universidad de Montpellier, especializado en la elaboración de cartografía temática e interpretativa, y cuyos mapas fueron profusamente difundidos por las instituciones europeas.

Figura 2

Distribución territorial de la población en Europa (2018)

Fuente: Eurostat.

La denominación blue banana (‘banana azul’) alude a la forma que adopta en el mapa el área más rica y densamente poblada de Europa. La punta se localiza al sureste de Irlanda y se prolonga en forma de arco por Inglaterra, el Benelux, Alemania occidental, Suiza y el norte de Italia, tras salvar la discontinuidad alpina. Puede decirse, simplificando, que se extiende desde Mánchester y Dublín hasta Milán y Turín, excluyendo la región de París, que está situada mucho más hacia al oeste. Se trata, sin duda, del corazón económico de Europa, tanto por su población (unos 100 millones de habitantes) como por sus índices de producción y renta per cápita, situados entre los más altos de la Unión Europea.

Los vacíos europeos, por su parte, se localizan al norte y al sur del continente. Los del extremo norte se extienden desde el norte de Inglaterra y Escocia hasta el interior de Suecia y Noruega. En estas regiones la población residente tiende a concentrarse en el litoral. En el sur de Europa destacan el vacío de la alta montaña alpina y el interior de la península ibérica, junto con el abrupto interior montañoso de Italia (sobre todo la espina dorsal de los Apeninos) y las grandes islas del mediterráneo occidental (Córcega, Cerdeña y Sicilia), cuya población también se concentra en el litoral. Al este del continente destacan los espacios relativamente vacíos del interior de los Balcanes y de Grecia. En todo caso, ninguno de estos vacíos europeos es equiparable al del interior de la península ibérica, donde lo vacío gana por goleada a lo lleno, excepto en el norte de Portugal y Galicia, por el predominio ya comentado de los asentamientos rurales diseminados.

Lo dicho hasta ahora se observa con un mayor detalle en el mapa de la península ibérica (figura 3). Vayamos en primer lugar con los llenos ibéricos teniendo en cuenta lo dicho sobre Galicia y Portugal. Destaca, en primer lugar, la aureola que circunda el litoral peninsular, donde apenas se detectan vacíos, exceptuando quizás algunas áreas del árido sureste peninsular, en las provincias de Murcia y Almería, y las marismas del Guadalquivir (costa de Doñana).

Descartando lo dicho sobre Galicia y el norte de Portugal, la distribución de los llenos permite reconocer dos tipos de situaciones. En primer lugar, las aglomeraciones en forma de nebulosa que se forman alrededor de las grandes ciudades y su prolongación lineal a través de los corredores de transporte, que se hacen mucho más visibles alrededor de las grandes ciudades (Madrid, Barcelona, Sevilla o Valencia, entre otras), pero que también se perciben en el entorno de ciudades medianas como León, Valladolid, Burgos, Granada o Pamplona.

Lo más destacable en el resto del territorio es el vacío del interior peninsular, atenuado por la atracción poblacional de los citados corredores de transporte. Una lectura atenta del mapa permite reconocer un gran número de ellos. Los más destacado coinciden casi exactamente con la trama radial de las carreteras históricas que parten de Madrid, hoy convertidas en autovías y autopistas. A un segundo nivel destacan diversos ejes de poblamiento, como el corredor que comunica Alicante con Murcia y se prolonga hasta Lorca; también se reconoce el poblamiento vinculado a los ejes viarios que interconectan las mayores ciudades de Castilla y León.

Figura 3

Distribución territorial de la población en la península Ibérica (2018)

Fuente: Eurostat.

Hay que mencionar, por último, la gran excepción ibérica por lo que se refiere a la geografía histórica de la circulación y el transporte y también con respecto al poblamiento. Únicamente en el valle del Guadalquivir y en el valle medio del Ebro los principales corredores de transporte discurren paralelos a los grandes ríos ibéricos. La distribución periférica de las cordilleras motiva que los ríos se encajen profundamente en la plataforma ibérica, formando largos cañones refractarios al poblamiento, hoy cubiertos en gran medida por las aguas de los grandes embalses. Una anomalía que, según se dice, desbarató la estrategia de los generales franceses durante la Guerra de la Independencia, acostumbrados como estaban a transportar tropas y vituallas utilizando los ríos europeos, que son en sí mismos grandes corredores de circulación, al contrario de los ríos ibéricos.

Las alternativas: la despoblación según Serranía Celtibérica

En el año 2013 se presentó en sociedad el manifiesto titulado Serranía Celtibérica: un proyecto de desarrollo rural para la Laponia del Mediterráneo, bajo el lema “Serranía Celtibérica, diez provincias, cinco comunidades autónomas”. Según sus promotores, ni la división autonómica ni la provincial sirven para delimitar áreas escasamente pobladas susceptibles de recibir fondos europeos, ya que excluyen la parte menos poblada de las provincias. El motivo es que las densidades se calculan a escala provincial, con lo cual las cifras superan casi siempre los umbrales fijados por la Unión Europea para delimitar la despoblación.

El caso más flagrante es el ya citado de la provincia de Guadalajara, cuya densidad es de 21,5 hab./km2, muy alejada de los 12,5 hab./km2 del citado umbral de la despoblación. Un daño colateral grave “ya señalado” producido por el cálculo de la densidad a escala provincial, puesto que las dos terceras partes de la provincia constituyen uno de los territorios más vacíos de España, con el añadido que el 78% de los municipios de la provincia (224 sobre un total de 288) tiene menos de 200 habitantes. Tal como vimos, con la metodología europea vigente solamente las provincias de Teruel, Cuenca y Soria quedan por debajo de los 12,5 hab./km2, umbral que otorga a una provincia la condición de zona elegible para recibir fondos estructurales para luchar contra la despoblación.

La plataforma Serranía Celtibérica propone, por el contrario, que se considere zona elegible a escala de NUTS-2 (agrupaciones regionales) el área interprovincial e interautonómica delimitada por los 1.263 municipios despoblados incluidos en su propuesta. Abarcan una superficie de 63.103 km2, mayor que la de Aragón, y poblada por 503.566 residentes (2011), lo cual da como resultado una densidad de 7,98 hab./km2, situada por debajo del umbral de los 8 hab./km2, con lo cual sería susceptible de recibir un mayor soporte institucional y gozar de exenciones fiscales e incentivos diversos. Según sus promotores, el 77% del territorio de la Serranía Celtibérica cumple los criterios para ser considerada zona de montaña, al mismo tiempo que área despoblada y zona rural. En los mapas representados en la figura 4 se muestra el alcance de la citada delimitación.

Los promotores de la Serranía Celtibérica proponen, por último, que el territorio delimitado con su metodología pueda acogerse al mecanismo de cooperación llamado Inversión Territorial Integrada (ITI), que posibilita la gobernanza multinivel de los fondos europeos de cohesión destinados a las áreas despobladas, al mismo tiempo que posibilita un trato fiscal diferenciado. Esta última es una de las principales reivindicaciones de las plataformas de defensa de las comarcas despobladas, encabezadas por Teruel Existe y Soria ¡Ya! En cualquier caso, y a pesar de la detallada cartografía aportada, el proyecto implica la ruptura del marco territorial autonómico, hoy absolutamente consolidado.

Figura 4

La Serranía Celtibérica, propuesta de delimitación

Fuente: Burillo-Cuadrado et al. (2013: 12).

Finalmente, la figura 5 reproduce el interesante mapa elaborado por el grupo de investigación promotor de la Serranía Celtibérica, que delimita diez áreas despobladas en España a partir del cálculo de la densidad de población a escala municipal. Destacan por encima de las demás zonas despobladas los dos grandes ámbitos ya visualizados en este capítulo: la Serranía Celtibérica (1), por una parte, y en el noroeste, junto a la Raya de Portugal, la que llaman Franja Céltica (2), que integra 614 municipios de las provincias de Orense, Zamora, Salamanca, Cáceres y Badajoz, cuyo umbral de despoblación calculado a escala municipal se sitúa también por debajo de los 8 hab./km2. Las ocho zonas restantes se sitúan por debajo de los 12,5 hab./km2. Se trata de Serranía Bética (3), Serranía Central (4), Tierras del Ebro (5), Cordillera Cantábrica (6), Tierra del Duero (7), Pirineos (8), Serranía Levantina (9) y Sierra Morena y Submeseta Sur (10).

Figura 5

Las diez áreas de la despoblación española, según Serranía Celtibérica

Fuente: Burillo-Cuadrado et al. (2019).

Las comarcas agrarias: un marco para combatir la despoblación

En los epígrafes anteriores he señalado de forma reiterada la escasa idoneidad de la provincia como marco de referencia para delimitar las zonas despobladas. Las provincias españolas son muy heterogéneas en cuanto a extensión, que oscila entre los 21.175 km2 de la provincia de Badajoz, una superficie prácticamente idéntica a la de la Comunidad Valenciana (23.255 km2), y los 2.000 km2 por término medio de las tres provincias vascas. Unas diferencias abismales (de diez a uno) que derivan de su delimitación, puesto que los legisladores consideraron que para ahorrar costes debían crearse pocas demarcaciones y que estas fueran equilibradas en cuanto a población, lo cual dio como resultado unas provincias muy desiguales y mucho más extensas en los territorios poco poblados, como en el caso de Extremadura (Burgueño, 1996). En el caso español, la división provincial registró modificaciones sensibles, casi todas de naturaleza política, con respecto a lo previsto por los legisladores, entre ellos el marino y acreditado cartógrafo José Bauzá. Es el caso de la pequeña extensión de las provincias vascas, inicialmente agrupadas en una sola provincia, derivada de los acuerdos del Pacto de Vergara entre carlistas y liberales, que pusieron fin a siete años de guerra civil (1833-1840), y con lo cual se respetaban los derechos de los tres territorios históricos vascos y de Navarra, los primeros reconvertidos a provincias.

Para un país de una superficie similar, la Francia revolucionaria delimitó 100 departamentos a partir del criterio que desde la capital se pudiera llegar al municipio más alejado del departamento en un día a caballo, lo cual dio como resultado la existencia de unas demarcaciones relativamente pequeñas en extensión y muy semejantes entre sí.

En cualquier caso, la gran extensión de algunas provincias españolas, generalmente las más despobladas, esconde o encubre grandes diferencias intraprovinciales en cuanto a la densidad de población. Lo vimos en el caso reiteradamente citado de la provincia de Guadalajara, cuya densidad poblacional (22 hab./km2) queda muy lejos del umbral de los 12,5 hab./km2 fijados por la Unión Europea para delimitar la despoblación. Una anomalía que encubre el hecho de que las tres cuartas partes del territorio provincial se sitúen entre las zonas más despobladas de España. Puede decirse lo mismo de la provincia de Zaragoza, donde el gran volumen demográfico de la capital, una de las grandes ciudades españolas, encubre la despoblación del resto de la provincia, haciendo realidad el grito de denuncia “¡Zaragoza y el desierto aragonés!” coreado en las manifestaciones contra la despoblación de los años setenta y ochenta.

Diversos grupos de investigación proponen que se considere la despoblación a escala municipal, pero dadas las enormes diferencias de extensión entre los municipios españoles, la resultante acabaría en una hiperfragmentación territorial difícilmente manejable. En cambio, son muchas las ventajas que avalan la comarca como marco idóneo tanto para definir la despoblación como para implementar políticas de desarrollo rural. Las comarcas están oficialmente reconocidas en Cataluña y Aragón, además de las comunidades autónomas que han realizado sus propias comarcalizaciones para territorializar determinados servicios, pero sin personalidad ni reconocimiento político.

A escala del territorio español existe la comarcalización agraria, que puede constituir un marco adecuado para tratar la despoblación rural con criterios geográficamente homogéneos. La comarcalización agraria de España fue implementada durante las postrimerías del franquismo y se materializó por parte del Ministerio de Agricultura en 1976. También en este caso, y en la medida que las provincias son muy extensas y diversas internamente desde el punto de vista agronómico, se buscó un marco territorial homogéneo a nivel agrario situado entre la provincia y el inoperable municipio.

Figura 6

Las comarcas agrarias de España (326 demarcaciones)

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

La comarca agraria nunca tuvo personalidad política, pero constituye una base territorial adecuada para la planificación agronómica. Cada comarca agraria dispuso de su respectiva oficina de extensión agraria, hoy dependiente de la Administración autonómica. Tras la incorporación de España a la Unión Europea, la comarcalización agraria se adaptó a la nueva realidad administrativa y a las directrices de la Política Agraria Comunitaria (PAC). En 1996, la Secretaría General Técnica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) publicó la nueva comarcalización agraria, que fija 326 comarcas agrarias para todo el territorio español y que es la división vigente (figura 6). Unos territorios homogéneos en cuanto a extensión media, que parece particularmente adecuada para enfrentar los problemas derivados de la despoblación, además de sus funciones estrictamente agrarias.

Vacíos: entre la fricción de la distancia física
y el desierto demográfico

Para concluir, además de la despoblación considerada en sí misma, el problema mayor sigue siendo la fricción de las distancias físicas. No es lo mismo el entorno rural situado a menos de 50 km de una gran ciudad o al paso de un gran corredor de transporte, que una ubicación periférica. En España hay seis ciudades que superan el medio millón de habitantes (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza y Málaga, además de Murcia, con más de 460.000 habitantes) y todas extienden de diversas maneras su área de influencia hacia el entorno rural circundante, tanto el próximo como el relativamente alejado, habitualmente a través de los accesos viarios y los corredores de transporte. Estos últimos constituyen, por muchos conceptos, los principales ejes de desarrollo del país, toda vez que las áreas centrales empiezan a pagar el coste de la saturación, en forma de deseconomías externas, y tienden a alejar de las mismas las instalaciones con grandes necesidades de suelo.

Grandes ciudades y ejes de desarrollo como el corredor Mediterráneo, el corredor Galicia-Norte de Portugal, el corredor del Ebro (de Zaragoza a Bilbao), el corredor del Henares (a escala del Madrid metropolitano), la Y vasca y otros tantos corredores secundarios que sería prolijo enumerar. Dicho en la terminología de Andrés Rodríguez-Pose (2019), estos son los lugares conectados al mundo global y los que de verdad importan. Y en ese epígrafe deben incluirse, pero a su respectiva escala, los corredores que conectan las pequeñas y medianas ciudades españolas entre sí y con los centros económicos y de poder. El geógrafo y ruralista Fernando Molinero describe en pocas palabras los cambios registrados por el medio rural en una entrevista reciente6, realizada a propósito de la publicación de un nuevo libro escrito en colaboración con Milagros Alario. Después de rechazar el concepto España vacía por considerarlo incorrecto, Molinero comenta:

Cada vez más vemos un movimiento pendular de trabajadores del medio rural que viven en las ciudades y se desplazan a trabajar al campo, bien se trate de agricultores o de funcionarios, en contra de lo que sucedía hace décadas, cuando la gente del campo se desplazaba a trabajar a las ciudades. Y es que el abandono del campo, más allá de la creación o no de empleo, está en lo que los ingleses llaman el push rural o rechazo a lo rural, producido por la pérdida de servicios, no solo de sanidad, educación o bancarios, sino también de la oferta de ocio y cultura.

El resto se diluye en un medio rural remoto, que probablemente ya no responde a las necesidades y a las formas de vida de las sociedades contemporáneas. La despoblación es irreversible en estos espacios remotos, según Joaquín Recaño (2020) y otros analistas de la despoblación. En mi opinión, no habría que desgarrarse las vestiduras por ello, El espacio rural lejano o remoto sobrevivirá, seguramente de una manera intermitente muy distinta a la actual, pero subsistirá. Cuestión sobre la que volveré en un capítulo posterior.

Capítulo 5

El microcosmos ibérico: el complejo espacio geográfico peninsular

Diversos són els homes i diverses les parles, i han convingut molts noms a un sol amor.

Salvador Espriu, “Poema XXX”, en La pell de brau (1960).

Diversos son los hombres y diversas las hablas, y han convenido muchos nombres a un solo amor.

Salvador Espriu, “Poema XXX”, en La piel de toro (1960)
(traducción de José Agustín Goytisolo).

Para entender las causas de la despoblación del interior peninsular es preciso conocer mínimamente los rasgos básicos de la geografía ibérica. No se trata de memorizar los nombres de las montañas y los ríos, sino de comprender mínimamente qué hay detrás de cada topónimo. Es decir, cómo es el territorio y el paisaje, cómo son sus gentes y con qué recursos contaban para vivir. Toda estructura social y territorial, como la de la España contemporánea, es el resultado de una continuada interacción entre el territorio, la sociedad que lo habita y el transcurso del tiempo, es decir, la historia. Vayamos a ello.

El complejo espacio geográfico peninsular

La península ibérica es diversa e integra regiones que durante siglos han sostenido unas elevadas cifras de población, junto a espacios en los que siempre ha vivido poca gente. Frente a las pobladas campiñas del valle del Guadalquivir, la huerta y la vega y las llanuras litorales, se oponen los páramos meseteños, la poca gente que históricamente ha residido en la dura España semiárida o en las abruptas y casi siempre inhóspitas comarcas de alta montaña, territorios que siempre expulsaron sus mal llamados excedentes demográficos. “Solo debes subir a la montaña cuando oigas esquilas”, me dijo un viejo pastor hace años, cuando hacia mis primeras ascensiones pirenaicas. Hoy se sube a la montaña en todo tiempo e incluso puede que nadie preste atención a las esquilas.

Es por ello por lo que resulta inexacto o equívoco hablar de la España vacía en singular. Existen muchos vacíos en el país y no todos se deben a una hipotética conjura de la ciudad contra el campo, de la industria contra la agricultura o de la modernidad contra la tradición. Hay paisajes hermosísimos en España, únicos en Europa, pero eso no significa que sean lugares propicios para que en ellos vivan grandes contingentes de población, tanto en el pasado como en la actualidad. La conclusión es obvia: no se puede entender la despoblación rural si se desconocen los rasgos básicos de la geografía peninsular, y no solamente los aspectos medioambientales, sino cuestiones sociales básicas como la propiedad de la tierra o la incidencia del código civil en aspectos como la transmisión de la herencia o el impacto que tuvieron las desamortizaciones en cada región.

Los avances socioeconómicos, el progreso técnico y las modernas infraestructuras, desde los regadíos a las redes de transportes, han hecho mucho más habitables y, en consecuencia, mucho más pobladas, extensas zonas del país, incluso en el medio rural; pero solo a base de cuantiosas inversiones públicas y privadas, y siempre a partir de un esfuerzo humano enorme. Es el caso de los cerca de cuatro millones de hectáreas de regadío que hoy existen en España (3.831.181 hectáreas en 2020, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación), una superficie regada que equivale al 7,6% de la extensión del país, que supera con mucho a la superficie total de Cataluña (32.113 km2) y que es algo menor que la de Extremadura (41.634 km2). Un logro colectivo histórico que a los viejos regeneracionistas, como Joaquín Costa y Lucas Mallada, les hubiera parecido imposible de alcanzar.

Espacios, gentes y condiciones medioambientales diversas

Para entender la España vacía —o por qué se ha llegado a esta situación— creo necesario situar un punto de partida en las condiciones medioambientales de la geografía peninsular, y la mayor o menor aptitud de cada territorio para la habitabilidad humana. No creo que eso signifique caer en un caduco determinismo geográfico, puesto que ni son ni significan lo mismo en términos socioeconómicos y demográficos las pobladas llanuras litorales que los páramos meseteños o las vastas penillanuras extremeñas. En el solar ibérico existen regiones que, históricamente, y por una o por otra razón (altitud, aridez, aislamiento, efecto frontera o condiciones de salubridad), siempre han permanecido poco pobladas o casi despobladas hasta nuestros días.

El territorio ibérico es un microcosmos y España un país de contrastes, entendiendo el término país en su sentido primigenio; es decir, el que alude a tierra, entendida en un sentido lato. Concepto que proviene del latín pagus, que ha dado origen a los substantivos paisaje, paisano, payés, malpaís y hasta no hace tanto tiempo a lo que llamábamos jamón del país o vino del país. Para comprender la diversidad basta con hacer un pequeño ejercicio de memoria y recordar la gran variedad de productos de la tierra, tradiciones culinarias, gustos y tendencias gastronómicas que existen en España, la mayor parte de ellas vinculadas con los productos propios de cada lugar. Los embutidos y los quesos, el jamón, la empanada gallega, el pescado, las frituras andaluzas, el pan con tomate, el marmitaco, las migas o las gachas y la paella —sea ortodoxa o heterodoxa— compendian la diversidad ibérica. Lo sintetizó el escritor Josep Pla al decir que la auténtica gastronomía es aquella que es capaz de condensar el olor y el color del paisaje en un plato.

El país es diverso, tanto desde el punto de vista de la geografía física —lo que comúnmente llamamos condiciones ecológicas o naturales— como desde la perspectiva social, con la coexistencia de diversas lenguas, géneros de vida, legado cultural, costumbres y tradiciones propias, incluso en materias como el código civil y su repercusión en aspectos sociales y territoriales tan relevantes como la transmisión de la herencia y de la tierra a los descendientes.

En Galicia y en la Comunidad Valenciana, entre otras comunidades, los bienes se reparten entre todos los hijos e hijas, lo cual dio pie a la fragmentación creciente de la tierra y a un acusado minifundismo. En el País Vasco y en Cataluña, por el contrario, las tierras del caserío o de la masía pasaban a manos de un solo heredero (habitualmente, el primogénito masculino) para hacer viable la heredad y asegurar su continuidad (el caserío o la masía estaba en el centro de todo), pero en detrimento del resto de descendientes. Los llamados segundones en el País Vasco o cabalers en Cataluña debían abandonar su casa y buscarse la vida, puesto que solo tenían derecho a la legítima, que en Cataluña supone la cuarta parte de los bienes, que deben ser repartidos entre todos los herederos, incluido el hereu o primogénito.

Tanto uno como otro sistema de herencia han condicionado en gran manera la evolución del campo español, con la salvedad de que en ambos casos se acababa expulsando a una parte significativa de la población rural. Donde imperaba el minifundismo a causa de la progresiva división de la tierra, se hacía económicamente inviable la explotación de unas tierras divididas en una multitud de pequeñas parcelas, casi siempre muy separadas las unas de las otras. Y en el caso del mayorazgo, por la expulsión de los hijos e hijas que no tenían derecho a la tierra y debían buscarse la vida de distintas maneras: los hidalgos dedicándose a la milicia, la Administración o la Iglesia y los menos pudientes entrando en un convento o en un seminario para hacerse curas párrocos o bien dedicándose a un oficio manual, dando pie a la creación de una menestralía urbana.

El resto deriva de la geografía física y de las condiciones naturales del territorio, en su mayor parte adaptadas y transformadas por una ocupación humana más que milenaria. No es lo mismo el sistema Ibérico septentrional (Burgos o La Rioja) que el meridional (Cuenca o Teruel), ni son comparables los verdeantes paisajes de los montes de León con las cárcavas de la Hoya de Guadix-Baza, o el altiplano murciano en Jumilla y Yecla con la Siberia extremeña o las comarcas del Prepirineo navarro o catalán. Ni se dan las mismas condiciones a lo largo de la semivacía Raya de Portugal, donde la multitud de parroquias y pequeñas aldeas diseminadas de la provincia de Orense contrasta con los pueblos grandes de la provincia de Badajoz, tan distantes entre sí.

Iberia: un pequeño gran continente del suroeste de Europa

La península ibérica es un espacio geográfico relativamente pequeño en extensión, pero extraordinariamente diverso. Un escenario geográfico compartido con Portugal y Andorra que los griegos llamaron Iberia, los romanos Hispania y los reinos medievales emergentes España o las Españas. Un finis terrae situado entre Europa y África, delimitado por el mar Mediterráneo y el océano Atlántico y habitado por el ser humano desde el Pleistoceno. Prueba de ello es el descubrimiento del Homo antecesor en el yacimiento paleontológico de Atapuerca (que tiene una antigüedad de 800.000 años), las pinturas y grabados de las cuevas cántabro-asturianas, como las de Altamira y Tito Bustillo (datadas entre los 35.000 y los 12.000 años a. C.), y las estilizadas imágenes de danza y de caza del arte rupestre levantino, que cuenta con 750 yacimientos distribuidos a lo largo de la vertiente mediterránea peninsular. Antiguos testimonios de la presencia humana en la Península y en Europa, declarados Patrimonio Mundial por la Unesco: la cueva de Altamira en 1985, el arte rupestre levantino en 1998 y Atapuerca en el año 2000.

Es por ello por lo que la Península puede ser comparada con un palimpsesto, aquel viejo pergamino en el que cada pueblo y cada generación ha dejado escrita su impronta. Un espacio geográfico de poco más de medio millón de km2 de extensión, pero que alberga una enorme diversidad. Un marco territorial de grandes contrastes en cuanto a altitudes, formas de relieve, climas, paisajes y géneros de vida. No se trata de algo original: la diversidad paisajística es algo que Iberia comparte con las otras penínsulas mediterráneas (la itálica, la balcánica y la helénica), pero que aquí adquiere unas proporciones inusuales.

Hay más diferencias ambientales, paisajísticas y de géneros tradicionales de vida en los poco más de 100 km de distancia que separan la Meseta septentrional del litoral cantábrico, que en los 1.100 km de distancia que separan Hendaya de Ámsterdam. Un tren puede cruzar la inmensa planicie europea desde Burdeos a Varsovia, e incluso llegar a Moscú, sin encontrar ningún obstáculo geográfico relevante, exceptuando el paso de los grandes ríos europeos. En la península ibérica, por el contrario, el relieve marca la diferencia: de Zaragoza a Madrid hay 272 km, un trayecto en el que la autovía A-2 o la línea del AVE deben salvar los 1.000 m de desnivel que existen entre los 199 m de altitud de Zaragoza y los 1.203 m de Alcolea del Pinar (Guadalajara). Sucede prácticamente lo mismo cuando el AVE cruza Sierra Morena y por Brazatortas desciende desde los 700 m de altitud de Puertollano a los 106 m de Córdoba. Y ya nos digamos la disimetría altitudinal que existe entre el alto páramo leonés y los profundos valles asturianos, sin olvidar las complejas, accidentadas y difíciles comunicaciones entre la Meseta y Galicia. Por algo la lejana Galicia fue considerada el fin del mundo conocido en la Edad Media, y Santiago de Compostela el destino por excelencia de las peregrinaciones europeas en aquellos siglos.

Iberia, Hispania, Sefarad: esbozo geográfico de la piel de toro

Salvador Espriu (1913-1985), en el segundo verso del poema que encabeza este capítulo, dice de la Península “que han convenido muchos nombres a un solo amor”: los griegos la llamaron Iberia; los romanos, Hispania, nombre que según se cree tomaron de sus rivales cartagineses, y que significa ‘tierra de conejos’, por su extraordinaria proliferación en aquellos días. El geógrafo Estrabón comparó la Península con una piel de toro extendida con la cabeza situada en los Pirineos, que para los judíos fue la mítica Sefarad.

La silueta de la península ibérica, a vista de satélite, se caracteriza por su compacidad y robustez. Sobre el mapa, su figura se asemeja a la de un pentágono irregular e invertido: el lado septentrional va desde el cabo de Creus, en Cataluña, al de Fisterra (Finisterre), en Galicia; el flanco oriental mediterráneo se extiende desde el citado cabo de Creus hasta el de Gata, en Almería; la costa occidental atlántica empieza en Galicia y termina en el Algarve portugués; finalmente, los dos lados meridionales son mucho más cortos y están delimitados por la punta de Tarifa, junto al estrecho de Gibraltar y enfrente de la costa africana; el lado oriental llega hasta el cabo de Gata y el occidental hasta el de San Vicente, la proa peninsular proyectada hacia el océano Atlántico. Aquí se encuentra el mítico cabo de Sagres, que constituye el confín sudoccidental de Europa. Otro finis terrae continental, lugar de visita obligada para cualquier viajero empedernido, como el cabo Norte en Noruega o el cabo de Sunion en Grecia.

Por su posición en el extremo suroccidental de Europa, la península ibérica constituye un punto de unión del continente con África, situación que ha condicionado la historia peninsular pasada y reciente. Basta recordar que el estrecho de Gibraltar tiene solamente 14 km de anchura. De norte a sur, la Península mide 800 km desde el cabo de Estaca de Bares, en Asturias, a la punta de Tarifa, en Andalucía, siendo la distancia media de 750 km. En la dirección este-oeste, mide algo más de 1.000 km en el tercio norte por los 760 km que separan Valencia de Lisboa (880 km por carretera). Existe una diferencia de casi una hora (55 minutos) entre la salida del sol en el extremo oriental peninsular (el cap de Begur, en Girona) y el extremo occidental (O Grove, en Pontevedra), circunstancia que explica que en Galicia exista un notable desfase entre la hora solar y la hora oficial; de hecho, le correspondería estar en el uso horario de Portugal y las islas Canarias.

Por su situación a una latitud media del hemisferio norte (desde los 43° a los 35° N), la Península se encuentra dentro del dominio de los climas templados del hemisferio norte, caracterizados por el tránsito de las estaciones a lo largo del año, aunque sometida localmente a la cuádruple influencia del océano Atlántico, el frente polar, la presencia del mar Mediterráneo y la cercanía del desierto del Sáhara. El predominio de una u otra masa de aire sobre la Península determina el tipo de tiempo dominante en cada época del año y en cada lugar concreto. Siempre a expensas, no obstante, de las posibles variaciones de la circulación general atmosférica que puedan provocar el calentamiento global y sus efectos en los climas locales, extraordinariamente diversos en España.

La compacidad, la mayor o menor proximidad al mar, la composición del roquedo, la altitud y la orientación de las cordilleras interiores y periféricas, motiva que cada parte del territorio ibérico tenga unas condiciones medioambientales propias. La diferencia climática más remarcable es la que distingue entre una Iberia húmeda o lluviosa, circunscrita al tercio norte peninsular y a los sistemas montañosos más elevados, y una Iberia seca que ocupa las dos terceras partes del solar ibérico, incluido el árido extremo sureste peninsular, que abarca parte de las provincias de Alicante, Murcia, Almería y Granada. Es por ello por lo que los contrastes paisajísticos son enormes, considerados a todas las escalas: de un valle a otro valle, de una comarca a otra y de una región a otra. Y son distintos, asimismo, los modos tradicionales de vida, desde los cultivos predominantes a la forma y distribución interna de las casas de pueblo, las masías y caseríos y los cortijos. Hay todo un mundo de diferencias entre los negros techos de pizarra del Bierzo leonés y la rojiza teja árabe de las serranías de Cuenca y Teruel.

De hecho, en el espacio peninsular coexisten muestras de casi todos los biomas presentes en Europa y el norte de África. Los prados alpinos de los Pirineos y de la cordillera Cantábrica, aprovechados cada verano por millares de cabezas de ganado vacuno o lanar, se oponen a los desiertos almerienses, y los hayedos atlánticos a las estepas meseteñas y a los encinares mediterráneos. La ubérrima huerta y los regadíos contrastan con los secanos cerealistas o el olivar jienense, y el olor a heno del norte se opone al perfume del azahar que domina en el Mediterráneo y en el sur.

El cabo de Gata es el lugar más árido de Europa, lo cual no impide que sus parajes tengan una belleza sobrecogedora. En la cinematográfica Almería se han recreado casi todos los desiertos del mundo, desde el Far West norteamericano a los desiertos de Arabia, e incluso los imaginarios paisajes de planetas ignotos. Y las Mariñas gallegas pueden pasar perfectamente por un paisaje irlandés o bretón, incluido el orballo hibernal, el verde oceánico, las tradiciones celtas y el inconfundible sonido de la gaita gallega o asturiana. A su vez, los paisajes mediterráneos del levante ibérico se asemejan a los de cualquier lugar del sur de Italia o de Grecia.

Desde el punto de vista agrario y rural hay muchas Españas: el tercio norte forrajero y ganadero; la España interior del trigo, la vid y el olivo (la trilogía mediterránea cuyos frutos, el pan, el vino y el aceite, sacralizó la religión); la de las ubérrimas huertas regadas, y la de los espartizales de los dominios semiáridos, y cada una de ellas creó su propio modo tradicional de vida. Esta diversidad geográfica ibérica dificulta en gran manera la formulación de conclusiones generalizables, incluso cuando se analizan fenómenos que tienen una dimensión universal, como las transformaciones inducidas por la revolución industrial y su relación con el imparable proceso de urbanización y el éxodo rural.

En el microcosmos hispánico cada región y cada comarca tiene su propia idiosincrasia y personalidad, de tal manera que los procesos de cambio social y territorial han seguido evoluciones y ritmos diferenciados según los territorios. Cada terra fa sa guerra (cada tierra hace su guerra) sostiene un refrán catalán que subraya las distintas formas de pensar y actuar de cada sociedad. No se puede entender la historia de la despoblación rural si se prescinde de esta extraordinaria diversidad, tanto en lo que se refiere a las condiciones naturales como en lo que concierne a las estructuras socioeconómicas y culturales. Cada comarca y cada región constituyen en sí mismas un pequeño universo local.

La controvertida interpretación del relieve:
la Meseta en el centro de todo

Como vengo señalando, la península ibérica es como un pequeño continente. Un espacio geográfico singular que alberga en su interior una biodiversidad inigualada en el contexto europeo, que llamó la atención de los naturalistas de todas las épocas, desde los geógrafos griegos y latinos, de Posidonio a Plinio el Viejo y Estrabón, a científicos eminentes como Alexander von Humboldt (1769-1859), el primero que trazó el perfil topográfico peninsular y descubrió el gran altiplano central, la Meseta, a partir de sus observaciones de campo. Cruzó la Península de parte a parte, desde Barcelona hasta Valencia, Alicante, Madrid y A Coruña, donde zarpó para las islas Canarias y la América hispana, marco geográfico de sus innumerables aportaciones científicas. Como buen geógrafo y naturalista, publicó sus notas de viaje en la revista alemana Hertha, hoy traducidas al español (Josefina Gómez Mendoza, 2022).

Para entender la geografía de la despoblación es necesario tener una mínima noción de las condiciones naturales del solar ibérico, que, simplificando, dependen de dos cuestiones generales: la situación y el emplazamiento a escala global, ya vista en el apartado anterior, y la configuración interna, determinada en gran parte por el relieve. Es decir, la altitud, compacidad y disposición de las cordilleras, la extensión de las altiplanicies y las llanuras, el mayor o menor caudal de los ríos y el juego de obstáculos, pasadizos y corredores naturales de circulación.

Iberia: una placa tectónica encajada entre África y Europa

A pesar de su aparente complejidad, el relieve peninsular es fácil de interpretar, puesto que ha evolucionado a partir de la deriva de la placa tectónica ibérica (el antiguo macizo hespérico de los geólogos), insertada y comprimida entre la placa europea y la placa africana. De su evolución a la largo de una historia geológica de millones de años han derivado las actuales formas de relieve. La colisión con la placa europea se hace a través de los Pirineos y con la placa africana, mucho más activa, a través de las cordilleras Béticas y Penibéticas. La actividad sísmica es más intensa en el sur, con frecuentes temblores, habitualmente de poca intensidad, pero que episódicamente pueden ser catastróficos, como el de Lorca del 11 de mayo del 2011, que tuvo una magnitud de 5,1 y el epicentro situado a tan solo 1 km de profundidad, lo cual explica que provocara grandes daños materiales.

De acuerdo con esta visión, la Meseta constituye el zócalo peninsular. Tiene una altitud media de 650 m y su extensión depende del marco territorial considerado en cada caso: si se parte del antiguo macizo hespérico (la placa tectónica ibérica), supera los 400.000 km2 de extensión (el 80% de la superficie peninsular) e incluye Galicia y el norte de Portugal. Si su extensión se circunscribe al gran altiplano central, ocupa sobre el 60% del solar ibérico (unos 300.000 km2). En superficie predominan las rocas de la era primaria o paleozoica, principalmente el granito y las pizarras, que afloran desde Galicia hasta Extremadura, incluido Portugal. En las llanuras del fondo de la Meseta, por el contrario, predominan las rocas sedimentarias mucho más jóvenes, como las arcillas que recubren los valles y las rocas calcáreas más duras que coronan los páramos y los cerros testigo, formando los típicos relieves en cuesta que rompen la monotonía del paisaje castellano (lomas, cerros, muelas, cabezos y oteros) y perfilan las llanuras meseteñas.

Figura 7

Esquema básico del relieve peninsular

Fuente: Elaboración propia a partir de Wikipedia Commons.

La forma más simple de explicar el relieve peninsular es el clásico pero controvertido esquema meseteño que divulgó el geólogo Lluís Solé Sabarís (1908-1985) en la obra Geografía física de España. El relieve, publicada en 1952 por la editorial barcelonesa Montaner y Simón, y que constituye el primer tomo de la Geografía de España y de Portugal, dirigida por Manuel de Terán (1904-1984), obra de referencia muy presente en las bibliotecas de las familias cultas. Manuel de Terán, fue un ilustre geógrafo y profesor formado en la tradición de la Institución Libre de Enseñanza, gran renovador de la geografía española a partir de los postulados posibilistas de la geografía regional francesa. Represaliado durante el primer franquismo, en 1956 obtuvo la cátedra de Geografía de la Universidad de Madrid, desarrollando durante décadas una labor docente e investigadora, objeto de muchos reconocimientos académicos (Martínez de Pisón y Ortega Cantero, 2007; Gómez Mendoza, 2018: 7). Terán y Solé, junto con una pléyade de discípulos, contribuyeron decisivamente al conocimiento geográfico de España.

En tiempos de Terán y Solé todavía no se interpretaba el relieve peninsular a partir de la tectónica de placas, pero su descripción tuvo el valor de una intuitiva visión de síntesis, todavía vigente. Diversas generaciones de geógrafos e historiadores se formaron a partir del esquema meseteño, que fue hegemónico durante décadas. En clase incluso se bromeaba con ello, comparando la interpretación de la geografía ibérica en clave meseteña con las distintas partes del cuerpo humano, y no siempre con las más nobles.

De acuerdo con este esquema, la Meseta constituye el zócalo ibérico, basculado o inclinado hacia el Atlántico y dividido internamente por la cordillera Central, que delimita las altiplanicies septentrional y meridional. La primera, drenada casi en su totalidad por el río Duero y sus afluentes; y la segunda, dividida internamente por los montes de Toledo, que separan la cuenca del río Tajo de la del Guadiana. Alrededor de la vasta altiplanicie central se disponen en semicírculo las cordilleras periféricas, que constituyen, sin duda, los espacios más despoblados del país.

Veamos su disposición: en el extremo noroeste se yerguen los montes de León, puerta de entrada a Galicia desde la Meseta, con cimas que superan los 2.000 m de altitud, tierras altas, muy frías, en gran parte aisladas del resto del territorio y hoy casi despobladas. En el flanco norte peninsular se despliega la cordillera Cantábrica, la España verde por excelencia, gran reserva de pastos de verano, tanto para el ovino trashumante como para el vacuno pasiego y vasco cantábrico. En el flanco levantino meseteño se levanta la robusta cordillera Ibérica, con cumbres que superan los 2.000 m de altitud que se alternan con vastas y solitarias parameras, casi siempre refractarias al poblamiento, como el desolado Páramo de Masa, en Burgos, y el umbral de Alcolea del Pinar, en Guadalajara, donde se dividen las aguas que se dirigen al Ebro, a través del Jalón, de las que vierten al Tajo. Sierra Morena, finalmente, cierra la Meseta por el sur, territorio despoblado durante siglos, refugio de toda clase de perseguidos por la justicia, como el mismo don Quijote después del episodio de los galeotes. Un territorio tan vacío que fue objeto de las repoblaciones impulsadas por los ilustrados en tiempos de Carlos III.

Completan el relieve ibérico las unidades exteriores al bloque meseteño, en gran parte formadas por la colisión de la placa ibérica con las placas tectónicas vecinas: en el flanco nordeste y orientada hacia el mar Mediterráneo se abre la depresión del Ebro, cerrada al norte por los Pirineos, la aparente barrera natural que separa España de Francia, aunque no siempre a través de la divisoria de aguas; en el extremo nordeste peninsular discurren paralelas a la costa las cordilleras catalanas (Catalánides), que enlazan con el sistema Ibérico a través de los puertos o ports de Tortosa y Beceite, donde el río Ebro se abre paso a través de largos desfiladeros que dificultaron su navegabilidad, antes de desembocar en el Mediterráneo. Queda por último el flanco ibérico meridional, integrado por la depresión del Guadalquivir, uno de los graneros históricos de España; configura un valle muy amplio y abierto al océano Atlántico, perfectamente encuadrado entre los intricados relieves meridionales de Sierra Morena y las complejas pero discontinuas cordilleras Béticas y Penibéticas, donde se yergue la máxima elevación peninsular: el pico Mulhacén, que culmina a 3.480 m de altitud.

Diversos manuales universitarios de geografía de España utilizaron posteriormente este esquema del relieve peninsular, llamémosle meseteño. Uno de los más reconocidos fue La península ibérica (1968), obra del profesor Joan Vilà Valentí (1925-2020), publicada inicialmente en Francia como La péninsule ibérique por la editorial Magellan (1968), pero traducida poco después al español por la editorial Ariel (Gómez Mendoza, 2018: 9). Un libro de éxito, tratándose de un manual universitario, ya que desde su publicación fue utilizado durante décadas como obra de referencia de la asignatura de “Geografía de España” en diversas universidades españolas.

Centro vs. periferias: la geopolítica peninsular en clave meseteña

La descripción del relieve ibérico a partir de la Meseta ha sido predominante hasta nuestros días, sin que por el momento hayan triunfado las explicaciones alternativas, mucho más complejas. No obstante, desde siempre ha sido cuestionada porque facilita la interpretación en clave geopolítica del espacio peninsular. Es decir, la Meseta y, por extensión, el viejo reino de Castilla devienen en el núcleo vertebrador a partir del cual se habrían configurado históricamente las Españas.

Sea como fuere, la misma posición y forma de la Península se presta fácilmente a las interpretaciones geopolíticas, casi todas emparentadas con el determinismo geográfico. El geógrafo Ángel Cabo (1922-2016), profesor de la Universidad de Salamanca, marcó un hito con la obra titulada Condicionamientos geográficos. Edad Antigua, primer tomo de la Historia de España publicada por la editorial Alfaguara en 1973. Su visión se convirtió en clásica: la Península viene a ser como una especie de isla, apenas soldada al continente por los Pirineos, que tanto pueden ejercer el papel de barrera como de punto de unión, aunque la historia demuestra que, en realidad, es mucho más permeable de lo que comúnmente se cree, particularmente sus extremos oriental y occidental. Tanto el euskera como el catalán se extienden por ambas vertientes de los extremos occidental y oriental de los Pirineos, por donde han cruzado tanto en el pasado como en el presente las principales rutas de conexión de la Península con el resto del continente.

También compara la Península con una balsa o almadía que los avatares históricos hacen que unas veces se ancle al continente europeo y que en otras ocasiones se aislé completamente del mismo, ajena a su evolución general, tal como aconteció en las dos últimas guerras mundiales o con la tardía incorporación de España primero a la OTAN, en 1982, y cuatro años más tarde, en 1986, a la Unión Europea. Para muchos de los autores citados (Joan Vilà Valentí y Ángel Cabo, entre otros), la morfología peninsular en forma de proa avanzada hacia el Atlántico contribuye también a explicar la proyección atlántica e iberoamericana de España y Portugal.

Por otra parte, la Meseta, además de ser vista como el núcleo vertebrador peninsular, se presta fácilmente a ser contemplada como un altivo e inexpugnable castillo amurallado, defendido por los rebordes montañosos que lo circundan por todas partes. No hubo, históricamente, accesos fáciles desde la periferia litoral a la espaciosa altiplanicie peninsular, limitados a los pocos pasos por donde han discurrido las vías históricas de circulación. Entre ellos, puertos míticos como Manzanal, Pajares y El Escudo; grandes desfiladeros como Pancorbo, en Burgos (la puerta norteña de la Meseta), o el famoso Despeñaperros (la puerta de Andalucía), sin olvidar el puerto de Almansa, vía de entrada a los antiguos reinos de Valencia y de Murcia.

Rutas fijas e invariables, salpicadas de ventas antiguas, como las descritas en el Quijote, y hoy por hoteles y estaciones de servicio que las modernas autovías convierten fácilmente en fantasmas por poco que se modifiquen los trazados de las antiguas vías de comunicación. Itinerarios históricos por los que transcurrían las carreras de postas creadas por el ilustrado Pedro Rodríguez de Campomanes, las carreteras radiales del tiempo de Carlos III y luego los ferrocarriles y los ejes viarios modernos. Corredores de circulación salpicados de pueblos-camino crecidos al compás del aumento del tráfico viario y el transporte por carretera, que actualmente constituyen los pocos lugares que mantienen su población en el contexto de la España interior poco poblada.

El reino de Castilla fue en el pasado el territorio más poblado de España y de toda la Península, pero hoy por hoy, y si se excluye la Comunidad de Madrid, la población total de ambas mesetas apenas supone el 10% del total español (el 23% incluyendo la Comunidad de Madrid). La Meseta, considerada en sentido extenso (vegas, llanuras, páramos, cordilleras interiores y periféricas), es hoy el auténtico epicentro de la España despoblada. A pesar del contrapunto madrileño, la periferia y el litoral peninsular es otro mundo, el que hoy tiende a concentrar la actividad económica, las innovaciones, las inversiones productivas y la población, mal que les pese a las posiciones centralistas más recalcitrantes. Tanto en este como en otros tantos casos, el determinismo geográfico nunca fue determinante, valga la redundancia.

Un espacio geográfico habitado y explotado desde hace milenios

No hay regiones vírgenes en la Península. Este es un espacio completamente humanizado. Aquí, cualquier territorio ha sido pisado, habitado y aprovechado en mayor o menor medida por el ser humano desde los tiempos prehistóricos. La sensación de principio del mundo que se respira en parajes como la Selva de Oza, en Huesca, o en el robledal de Muniellos, en el occidente asturiano, es solo aparente. Llegados a este punto, no puedo resistir la tentación de transcribir el párrafo de presentación en la página web oficial del bosque de Muniellos, que puede tener un gran valor promocional pero poco que ver con la historia del lugar:

Muniellos alberga en su seno el primitivo bosque astur, su más densa idiosincrasia. Visitar Muniellos supone retroceder en el tiempo para redescubrir cómo eran los bosques de la cordillera cantábrica hace muchos siglos. Una vez dentro de sus límites hay que dejarse llevar por un mundo en el que la presencia del hombre no existe, donde las reglas y los engranajes del ecosistema son los únicos que mandan (https://asturias.com/el-bosque-de-muniellos/).

Tremendo. Lo menos plausible es que un bosque tenga idiosincrasia. Ocurre algo similar con los parques nacionales. Incluso los más señeros distan mucho de cumplir a rajatabla la normativa sobre el predominio de las condiciones de naturalidad o de una escasa intervención humana, o que no existan núcleos habitados en su interior, tal como reza el documento titulado Características de los Parques Nacionales, publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Antes del éxodo rural masivo —y de eso hace poco tiempo en términos históricos—, en un campo español superpoblado se aprovechaba todo lo que ofrecía el medio natural: el esparto en las regiones más áridas de la Península; la sal de las lagunas endorreicas de los Monegros; los prados de alta montaña hasta donde crecía la hierba; los ralos pastizales de los desiertos almerienses, e incluso el ramaje del olmo y el fresno se utilizaba para comida y cama de los animales. Y la nieve: en todas las montañas ibéricas sin excepción hay vestigios de modélicas construcciones donde en invierno se almacenaba la nieve y el hielo para consumirlos en verano, básicamente para usos medicinales, pero también como producto de lujo.

La madera, la leña y el carbón vegetal fueron bienes escasos durante siglos, por no decir milenios, en la medida que eran los únicos combustibles disponibles. Escaseaban en todas partes, incluso en lugares impensables para las actuales generaciones, como los Pirineos. Publiqué hace tiempo un artículo sobre las notas de viaje del magistrado ilustrado Francisco de Zamora (1757-1812), que recorrió Cataluña durante los años 1785 a 1790, dejando constancia de sus observaciones en un diario que tiene un gran valor documental (Font Garolera, 2005). Además de dar cuenta de la economía y la alta densidad de población rural, Zamora explica que la leña escaseaba en todas partes, sobre todo en Barcelona, donde incluso entraba de contrabando, y en los Pirineos (de Camprodon a Andorra y el Valle de Arán), a causa del carboneo y el desorbitado consumo de las por aquel entonces abundantes fraguas (fargas).

Para comprender hasta qué punto el entorno natural español fue explotado y profundamente transformado en el pasado, basta con releer las entradas territoriales del Diccionario de Madoz (1845-50). La biomasa que se ha desarrollado en gran parte de la España rural tras el cese del carboneo y el abandono de los cultivos marginales no era más que un ralo matorral pocas décadas atrás. Una rápida consulta a las primeras fotografías aéreas, e incluso a las ediciones del mapa topográfico español a escala 1:50.000, publicadas en los años cincuenta, permite ver la preponderancia de los cultivos y el monte bajo en gran parte del territorio. El éxodo rural y el abandono de los cultivos, por una parte, y el uso generalizado del gas butano, a partir de los años sesenta, por la otra, explican la recuperación del arbolado y de la biomasa en extensas zonas del país, especialmente en las comarcas que vivían del carboneo, desde Les Guilleries en Cataluña a los bosques navarros.

El poblamiento: de las aldeas norteñas
a los poblachones meridionales

Los avatares históricos han condicionado en gran medida la evolución y las distintas formas de asentamiento de la población en el territorio. Lo más normal es que las personas ocuparan primero aquellos lugares que ofrecían unas condiciones propicias para la vida humana: disponer de agua, tierra para el cultivo, maderas, leñas y pastos para el ganado. Asimismo, las personas también buscaban instalarse en los puntos de confluencia de los caminos naturales, donde crecieron el comercio y, con el paso del tiempo, las primeras ciudades.

De esa manera empezaron a surgir las primeras ciudades-mercado, origen de las villas medievales, junto con su alfoz, y también de las cabeceras comarcales contemporáneas. Algunas de esas ciudades ya fueron importantes en época ibérica, romana e islámica, y lo siguen siendo actualmente, desde pequeñas ciudades como Calatayud, Llíria o Calahorra, a las medianas y grandes ciudades como León, Córdoba, Málaga, Valencia o Barcelona. La mayor parte de las ciudades históricas de la Península ya fueron importantes en época romana. No sucede lo mismo con el poblamiento rural, un sistema de asentamientos humanos sometido a la doble influencia de la disponibilidad de recursos naturales (agua y tierra cultivable, fundamentalmente) y a los siempre imprevisibles avatares y vaivenes de la historia.

Asentamientos humanos: aldeas, parroquias, pueblos y ciudades

A grandes rasgos, y simplificando mucho, el poblamiento rural español responde a dos modelos de base y a un gran número de situaciones intermedias. En la montaña del tercio norte peninsular, desde los Pirineos hasta los montes de León y Galicia, el poblamiento rural tiene un origen ancestral, incluso prehistórico, y ha sido relativamente estable durante siglos e incluso milenios. En cambio, durante la alta Edad Media, las inmensas llanuras meseteñas y otros espacios interiores quedaron prácticamente vacíos debido a las frecuentes razias de las partidas armadas de uno u otro bando, que iban y venían exigiendo tributos y, en su defecto, saqueando a diestro y siniestro, como el Cid Campeador, Almanzor y otros señores de la guerra menos conocidos, como Aisso en la Marca Hispánica.

Tierras de nadie o de frontera, llamadas extremaduras en Castilla y León y marcas en los condados catalanes y los reinos de Aragón y Navarra (cabe recordar aquí que el sustantivo marqués designaba originariamente al señor feudal que defendía una marca). Territorios que fueron repoblados al compás del avance de la Reconquista, en unos casos por el sistema de presura o aprisión, mediante el cual se cedía el usufructo de la tierra a los campesinos que poblaran la inestable y peligrosa frontera, lo cual dio pie a un poblamiento diseminado, organizado en pequeñas aldeas y parroquias, que todavía predomina en una gran parte de la mitad norte de España. Y, en otros casos, cediendo las tierras recién conquistadas a los nobles y a las órdenes militares y religiosas que participaban en la contienda, sobre todo, pero no exclusivamente, en la mitad sur de la Península.

Tanto los nobles como las órdenes militares y religiosas tenían potestad para reorganizar y repoblar las tierras recién conquistadas mediante la concesión de cartas puebla, donde constaban las obligaciones y los derechos de las personas que se instalaran en estos dominios. Entre las órdenes militares cabe citar los templarios y los hospitalarios (estos últimos se quedaron con los bienes del Temple al suprimirse esta orden), además de las grandes órdenes castellanas de Santiago, Calatrava y Alcántara, junto con la orden aragonesa de Montesa. Entre las órdenes religiosas hay que citar a benedictinos, cistercienses y cartujos. Unos y otros dominaron territorios extensísimos en toda España (del Campo de Calatrava al Maestrazgo o el Priorat) hasta las desamortizaciones del siglo XIX, en que el Estado expropió sus tierras y forzó el cierre de monasterios y conventos. Sus posesiones se subastaron y pasaron, en la mayor parte de los casos, a manos de la nobleza y la nueva burguesía industrial y comercial, en detrimento del campesinado que las venía cultivando, sobre todo en el sur de España.

En otros lugares apenas hubo repoblación, ya que se respetó el estatus de las ciudades y de la población autóctona mediante fórmulas diversas. Esto dio pie a la pervivencia de contingentes importantes de población morisca, que conservó su lengua, usos y costumbres hasta su expulsión, entre finales del siglo XVI y principios del XVII. Así fue en la taifa de Tortosa, en diversos territorios del reino de Valencia y en el reino de Granada. En las Alpujarras, por ejemplo, se mantuvo el sistema ancestral de asentamientos humanos basado en el aprovechamiento de las aguas de Sierra Nevada mediante una densa red de acequias que todavía es funcional. El vacío dejado por los moriscos fue ocupado posteriormente por nuevas repoblaciones.

De acuerdo con lo visto, y simplificando mucho, los asentamientos humanos diseminados predominan en el norte peninsular: es el caso de los millares de aldeas organizadas en parroquias de Galicia o Asturias; de la constelación de caseríos vascos y de los pequeños núcleos urbanos pirenaicos, para acabar con el poblamiento rural diseminado en masías de la Catalunya Vella. Más que la jurisdicción señorial o civil, fue la Iglesia, a través de las parroquias, quien dio coherencia social a estas tierras. La parroquia fue hasta hace muy poco tiempo el centro de la vida social del medio rural español, desde el bautizo hasta el sepelio de cualquier persona, al mismo tiempo que constituyó el cañamazo en base al cual se formaron muchos municipios modernos.

Asimismo, en la alta montaña subsistieron, hasta la configuración territorial del Estado liberal moderno en el siglo XIX, múltiples formas ancestrales de organización y participación política. Casi siempre se trataba de instituciones locales destinadas a gestionar la explotación comunal de los recursos naturales, como la madera o los pastos de verano frecuentados por el ganado local y trashumante. Es el caso, entre otros muchos, de los valles pirenaicos de Arán, Roncal y Baztán, o el de las comunidades aragonesas de Albarracín o Daroca, la mayor parte disueltas tras el establecimiento de la división provincial en 1833. De todos ellos el caso más excepcional es el del valle de Andorra, que ha conservado sus instituciones, independencia y soberanía hasta el día de hoy. Tiene interés mencionar, en este caso, que las seis parroquias andorranas son la base de la organización territorial del pequeño país.

En el sur de España, en Castilla-La Mancha, Murcia, Extremadura y Andalucía, sobre todo la occidental, predomina, por el contrario, el poblamiento rural concentrado en grandes núcleos de población que incluso pueden superar los 10.000 habitantes, el límite convencional establecido en las estadísticas oficiales para que un municipio pase a ser considerado urbano. En los antiguos manuales de geografía de España se llamaba agrovillas a esos pueblos grandes, de términos municipales extensísimos y generalmente muy distantes entre sí, tal como sucede en la Mancha y en el valle del Guadalquivir.

Entre estos dos extremos contrapuestos existe una gran variedad de situaciones intermedias que se deben tanto a los avatares históricos como a las transformaciones contemporáneas. Es el caso del denso poblamiento rural diseminado de las huertas levantinas, como las pedanías murcianas y las alquerías valencianas; de la implantación a partir de la segunda mitad del siglo XIX de fábricas e instalaciones industriales en el medio rural, como las colonias textiles en Cataluña o la metalurgia (ferrerías) en el País Vasco; y, modernamente, la creación de los grandes regadíos y de los nuevos pueblos de colonización.

Una política de repoblación de los vacíos que viene de lejos. Empezó con las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena a finales del siglo XVIII (como La Carolina, La Carlota, Guarromán, Santa Elena y Almuradiel) y terminaron en tiempos recientes con los centenares de pueblos de colonización del franquismo, sobre todo en la cuenca del Guadiana (el Plan Badajoz) y en otros puntos de España (el delta del Ebro y las marismas del Guadalquivir, por ejemplo). Hay que contar, por último, con los procesos actuales de progresiva expansión de los tentáculos urbano-metropolitanos hacia sus entornos rurales próximos, habitualmente a través de los ejes de circulación, lo que los urbanistas italianos denominaron ciudad difusa, que afecta al entorno inmediato de todas las ciudades españolas sin excepción.

El paisaje, referente identitario e icono nacional: Francia vs. España

Cada país crea sus propios referentes culturales, señas de identidad y estereotipos que se convierten en imágenes icónicas que todo el mundo identifica como representativas de un determinado lugar. Así sucedió en Francia, donde lo rural, la douce France rural, se convirtió en el icono nacional por excelencia, sobre todo de puertas adentro. Ningún país ha valorado tanto sus paisajes rurales y sus productos agrarios como Francia, el lugar de Europa donde el turismo interior ha tenido un mayor desarrollo desde el mismo momento en que apareció el automóvil. La primera edición de la Guía Michelín se publicó en el hoy muy lejano año 1900. Desde hace más de un siglo, la guía loa las excelencias del campo, los productos locales, la cultura y la gastronomía francesa. Ningún turista viajaba por Francia sin ella. El campo convertido en tarro de las esencias patrias, por oposición a la modernidad y el cosmopolitismo de la ciudad. Frente a la fealdad del suburbio urbano industrial se oponía el armónico y hasta cierto punto opulento paisaje rural francés, que parecía inmune al paso del tiempo y constituía un símbolo de identidad regional y nacional.

A principios del siglo XX corrían tiempos de entreguerras y de patrioterismos exacerbados en toda Europa, y el conocimiento de la geografía nacional se convirtió en una cuestión de Estado en países tradicionalmente enfrentados como Francia y Alemania. Desde un primer momento, el Estado francés dio una gran importancia a la enseñanza de la geografía y la historia nacional que, junto con la lectura, la escritura y la aritmética, fueron los pilares sobre los que la República francesa asentó la educación primaria de sus ciudadanos desde la niñez.

El geógrafo Paul Vidal de la Blache (1845-1918) sintetizó en el Tableau de la géographie de la France (1903), su obra magna, los objetivos que debía perseguir el conocimiento no memorístico de la geografía nacional. Según el Tableau, Francia no es más que un conjunto armónico de petits pays —término equivalente a comarca—, cada uno con su propia identidad y personalidad geográfica, materializada a partir de unos paisajes y unos géneros de vida acordes con el entorno natural. Cada sociedad rural establece —o establecía— una relación casi simbiótica con el territorio que habita y que se materializa a través de un genre de vie (género de vida) y un paisaje cultural propio, único e irrepetible.

El gran escenario de la naturaleza, los cultivos adecuados a cada clima y a cada lugar y su evolución estacional, la arquitectura popular, los usos y las costumbres otorgan a cada petit pays (a cada comarca) una personalidad geográfica propia e inconfundible. Se trata de una visión posibilista de la relación sociedad-territorio que se opone al determinismo geográfico. Es decir, la falsa creencia que sostiene que las personas que viven en climas cálidos son indolentes o que los montañeses son rudos y cerrados. Un determinismo que incluso ha creado sus propios estereotipos en España, como el que opone el orondo y dicharachero huertano al sobrio y enjuto labrador de secano, sin entrar en otras consideraciones sobre los trillados estereotipos regionales.

Los postulados y el enfoque holístico de la geografía regional francesa tuvieron mucha repercusión en España, tanto desde el punto de vista científico como político. Llegaron al país de la mano de la Institución Libre de Enseñanza y se divulgaron a través de la obra de geógrafos como el citado Manuel de Terán y sus discípulos, como José Manuel Casas Torres (1916-2010), que llevaron a término numerosos estudios comarcales, publicados con posterioridad a la Guerra Civil, además de numerosas obras de geografía regional.

En Cataluña los postulados de la geografía regional francesa tuvieron una amplia repercusión durante el primer tercio del siglo XX, puesto que otorgaban una base teórica para defender las comarcas como algo natural, consustancial a Cataluña, que debía constituir la base de la nueva organización territorial catalana, en detrimento de la provincia, considerada artificiosa. El geógrafo Pau Vila (1881-1980) fue el principal artífice de la propuesta de comarcalización realizada durante el periodo republicano, que se hizo efectiva mediante un decreto de la Generalitat publicado en septiembre de 1936, al comienzo de la Guerra Civil. En 1939, el régimen franquista suprimió la división comarcal, reinstaurándose de nuevo en 1987 con la adición de tres nuevas comarcas sobre las 38 republicanas, siendo todavía vigente.

Todo pasa y todo queda: no se puede ni se debe fosilizar el paisaje rural

Lo más probable es que el paso del tiempo y la transformación radical registrada por el medio rural español y europeo hayan pasado por encima de las comarcas geográficas, tanto en lo que se refiere a los cultivos como a las formas de vida, e incluso los paisajes culturales. La misma academia acabó siendo muy crítica con la geografía regional, al constatar que, en vez de explicar el territorio a través de leyes con un valor universal, analizaba cada comarca como si fuera una excepción, algo único e irrepetible como he dicho anteriormente. Un artículo del profesor Fred. K. Schaefer, titulado, precisamente, “Exceptionalism in geography”, publicado en la revista Annals of the Association of American Geographers en una fecha tan lejana como el año 1953, puso en cuestión la metodología regional criticando, además, que se contemplaran las regiones geográficas como algo estático e inmutable (Horacio Capel, 1972a).

Hasta hace muy poco tiempo la personalidad de cada comarca geográfica podía reconocerse a través de un paisaje rural en forma de mosaico, propio de cada lugar y acorde con su evolución histórica, en el que los cultivos se alternaban armónicamente con los espacios abiertos, los bosques, los pastizales y las construcciones humanas. Y estas, a su vez, estaban en plena armonía con el entorno. Las casas se edificaban con los materiales propios de cada lugar (piedra, ladrillo o madera) y su morfología estaba adaptada al clima local, desde la distribución externa e interna de las viviendas, corrales y cobertizos a la forma de los tejados y ventanales, lo cual daba como resultado un paisaje rural en plena armonía con su entorno medioambiental.

En Francia todavía puede reconocerse el paisaje rural propio de cada comarca o petit pays, por lo menos externamente y a nivel formal, debido a dos factores concomitantes. Por una parte, a través de la eficacia de las ordenanzas municipales y de una severa legislación y disciplina urbanística en materia de usos del suelo, respeto a las formas arquitectónicas propias de cada región e, incluso, legislando sobre la forma, dimensiones y materiales con los que se debe construir un simple cobertizo. Y por la otra parte, la cultura geográfica del francés medio, derivada de la importancia que la enseñanza pública dio al conocimiento de la diversidad nacional según los postulados del Tableau de Vidal de la Blache, que respondían a un tipo de formación muy alejado de la denostada geografía memorística.

En España, al contrario que en Francia, las cosas fueron bien distintas, entre otras razones porque lo rural se ha asociado hasta hace muy poco tiempo, y puede que incluso en la actualidad, con la incultura, el atraso y la sordidez. Esta percepción va cambiando, evidentemente, pero solo hace falta recurrir a la literatura, el cine y el teatro, incluso al que se hace hoy mismo, para verificar esta afirmación. Ejemplos de ello no faltan. Habría que desterrar de una vez por todas esta falsa asociación entre lo rural, lo cutre y lo mezquino, todavía vigente. Como he dicho al principio de este ensayo, lo hizo Labordeta en su momento poniéndose el país en la mochila, hablando con naturalidad y sin displicencia ni afectación con las personas con las que se encontraba en cada lugar.

Hoy, cuando se cruza la frontera y se entra en el país vecino, los pueblos son ordenados y pulcros. No suelen existir estridencias arquitectónicas que rompan la armonía del conjunto, como no se cansan de recordar —y puede que envidiar— intelectuales reconocidos del pasado y el presente, como el mismo Sergio del Molino en La España vacía. En cambio, tanto Michel Houellebecq, el enfant terrible de la actual literatura francesa, en su obra El mapa y el territorio (2010), como Tony Judt en la publicación recopilatoria de sus escritos titulada Sobre el olvidado siglo XX (2008), califican de fosilizados los paisajes rurales franceses. Reminiscencias de otros tiempos que van camino de convertirse, si es que ya no lo son, en verdaderos parques temáticos. No se puede fosilizar el paisaje rural. Los extensos campos de colza que pintan de un amarillo rutilante los campos españoles cada primavera, apenas existían pocos años atrás. La Francia rural de hoy, la de la revuelta de los chalecos amarillos, en la que el litro de leche o el kilo de patatas se pagan al paysan a unos pocos céntimos de euro, tiene poco que ver con la Francia del pasado: la douce France rural de los almanaques y calendarios con fotos antiguas que hoy se venden a los turistas, o la Francia que describió Paul Vidal de la Blache en el Tableau de la géographie de la France hace más de un siglo.

Capítulo 6

La ‘vaciada’ España interior: de Castilla a Extremadura,
vía Madrid

“Ojos que no ven, corazón que no siente”, sentencia este popular refrán aplicable a circunstancias muy diversas, entre ellas y casi punto por punto a la situación de la España rural poco poblada (vacía o vaciada). La mayor parte de ese 80% de ciudadanos que reside en los entornos urbanos lo desconoce casi todo de la vida en el medio rural de la España de hoy, a pesar de que el problema lleva años en el primer plano de la actualidad; pero tal y como dice el refrán, no se empatiza con aquello que se desconoce o solamente se conoce de manera superficial, casi anecdótica. Una salida al campo, un viaje, una excursión, una comida en un restaurante de moda, el amigo que te invita a las fiestas del pueblo… Y al remate solo falta que elogies ante la familia del amigo o amiga lo bien que se vive en el pueblo sin los agobios urbanos. El problema no es de falta de información. Investigaciones no faltan: la prensa publica cada día auténticas montañas de datos, pero las cifras son frías y dicen muy poco sobre la vida cotidiana de las personas. Las que se levantan cada madrugada en cualquier aldea de la España vacía para aviar el ganado y a veces ni siquiera tienen a quien darle los buenos días, sea porque no se encuentran con nadie en casi toda la jornada, o porque se lleva mal con los escasos vecinos del pueblo, o quizás porque alguien le movió un mojón o labró un palmo más para acá de lo que le tocaba. La mayor parte de las personas bastante trabajo tenemos con resolver nuestro día a día, de manera que los problemas del medio rural es algo que suele quedar muy en segundo término. El viejo mundo rural se extingue de manera inexorable y puede que eso sea lo más natural.

El corazón de la España despoblada
(con permiso de Madrid)

A la luz de las consideraciones anteriores, el propósito de este capítulo es realizar un recorrido imaginario por la geografía de la despoblación, centrado en el caso de la Meseta, el espacio más extenso y vacío de España (excluyendo Madrid). El territorio a recorrer virtualmente incluye la gran altiplanicie central, entendida en un sentido lato, que abarca las mesetas septentrional y meridional, las cordilleras periféricas y la Raya de Portugal. Desde un punto de vista administrativo, analizo la situación particular de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y la Comunidad de Madrid, haciendo algunas incursiones a los despoblados espacios fronterizos limítrofes con las comunidades autónomas circunvecinas. La despoblación no entiende de límites administrativos, motivo por el cual prefiero basarme en regiones naturales. Queda para otra ocasión analizar en profundidad otras comunidades poco pobladas, como Aragón y Andalucía, principalmente, pero estimo que el territorio analizado es suficientemente amplio y representativo para formarse una idea general de los procesos de despoblación en nuestro país.

Me sirven de punto de apoyo dos muletas: por una parte, la base geográfica, es decir, las características socioambientales de los territorios concernidos, y por la otra parte, las zonas rurales delimitadas en el Programa de Desarrollo Rural Sostenible (2010-2014), comentado en el capítulo cuarto, sobre todo para detectar donde se localizan los vacíos. Como anteriormente vimos el Programa delimita 220 zonas rurales que cubren el 84% de la superficie española, pero en ellas reside únicamente el 17% de la población. El documento establece tres categorías o niveles de ruralidad: el ámbito periurbano, que comprende 30 zonas o comarcas rurales, integradas o cercanas a espacios relativamente poblados; la ruralidad intermedia, que comprende 84 zonas en toda España, que por lo general se corresponden con las grandes llanuras relativamente pobladas como la Mancha y el valle del Guadalquivir; y, finalmente, el medio rural llamado, eufemísticamente, a revitalizar, que abarca 106 zonas que cubren la mitad del territorio español (el 50,2%), pero que solamente suman el 6% de los habitantes del país. Estas zonas a revitalizar constituyen, sin duda, el corazón de la España vacía, hasta el punto de que se extienden por las tres cuartas partes del territorio de tres comunidades autónomas.

El ranking de los espacios vacíos lo encabeza Castilla y León, con 28 zonas a revitalizar que ocupan el 77% de la superficie regional; el segundo puesto lo ocupa Aragón, con 23 zonas que abarcan el 73% de la superficie regional; y Extremadura, finalmente, ocupa el tercer puesto, con 8 zonas de este tipo que representan el 72% de la superficie autonómica. El resto de las comunidades queda como sigue, de acuerdo con la respectiva extensión de la superficie a revitalizar: Asturias y Cantabria (67%), La Rioja (54%), Castilla-La Mancha (43%), Andalucía (40%) Galicia (36%), Comunidad Valenciana (33%), Navarra (28%), Murcia (27%) y Cataluña (25%). El documento no contempla zonas de este tipo en Euskadi, Madrid, Illes Balears y Canarias.

Llenos y vacíos: la contraposición litoral-interior
en el espacio ibérico

En cuanto a lo geográfico, la despoblación afecta casi exclusivamente al interior peninsular (excepto sus islas urbanas). Dentro de este vasto espacio interior los vacíos afectan mayormente a la montaña, que casi siempre es un espacio poco poblado o en proceso de despoblación. El paisaje rural no miente. En las montañas hay pueblos vivos, evidentemente, pero por poco que uno se aleje de los núcleos urbanos enseguida se pueden ver aquí y allá las ruinas de caseríos, masadas y rentos abandonados que hace mucho tiempo que perdieron su primitiva función, al igual que millares de chozos, cobertizos, parideras y barracas de piedra seca de los que casi nadie recuerda su primitiva función. Construcciones obsoletas que acaban siendo protegidas de la misma forma que los territorios semivacíos que la Administración suele declarar parque natural.

La disposición periférica de las cordilleras peninsulares motiva que lo que llamamos interior empiece casi siempre a muy poca distancia de la costa. En una gran parte del litoral ibérico basta con alejarse unos pocos kilómetros tierra adentro como para que nada recuerde la proximidad del mar, excepto, quizás, en las recortadas costas gallegas. Las cumbres se vuelcan sobre la costa en toda la cornisa Cantábrica (nombre que por sí mismo ya define el entorno geográfico) y por todo el litoral mediterráneo. La excepción mayor es el valle del Guadalquivir, abierto hacia el Atlántico, incluidas diversas llanuras litorales de poca extensión como la ribera del Júcar, la vega del Segura, la plana de Castelló o los deltas del Llobregat y del Ebro. Llanuras casi siempre muy jóvenes a escala geológica, formadas por los aportes de los ríos que descienden de las cordilleras paralelas a la costa, pero que albergan las grandes ciudades mediterráneas, como Málaga, Valencia y Barcelona. En la escasa franja litoral y prelitoral española residen actualmente las tres cuartas partes de la población del país (sin contar su elevada población flotante o circunstancial). Una exigua extensión superficial densamente poblada que constituye el reverso de la España vacía. La despoblación es un fenómeno desconocido en el litoral y el prelitoral.

Una de las primeras lecciones que recibí en la facultad aludía a la contraposición hidrofilia-orofobia, la regla que permite entender la lógica de la localización de los asentamientos humanos en el territorio. La humanidad es hidrofílica por naturaleza, de tal modo que los asentamientos de población considerados a todas las escalas se ubican y se consolidan donde hay agua, sea cerca del mar, donde todas las rutas son posibles, o bien en las riberas de los ríos. Así ha sido históricamente, desde las civilizaciones de Extremo Oriente vinculadas al cultivo del arroz a la antigua Mesopotamia o la ribera del mítico Nilo. Lo contrario es la orofobia, en el sentido de que las montañas han sido históricamente expulsoras de población, salvo cuando se convierten en refugio ante cualquier invasión o persecución, pero con la llegada de la paz las oportunidades están en el llano y en la ciudad. Así fue durante la Pax Romana. Los íberos construían sus ciudades en los altos, en posiciones defensivas, pero cuando cundió la paz abandonaron los antiguos emplazamientos en beneficio del llano. La resistencia numantina fue heroica, pero en tiempos de la Pax Augusta hacía más de dos siglos que habían sido sometidos por Escipión.

Figura 8

Zonas rurales delimitadas en el Programa de Desarrollo Rural Sostenible (2010-2014)

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

Dándole vueltas a los contrastes: la despoblada montaña ibérica

La España vacía o vaciada coincide casi punto por punto con el esquema meseteño del relieve descrito en el capítulo anterior. Excluida la Comunidad de Madrid, aquí se encuentra la España despoblada por antonomasia que, como vimos, integra dos territorios mucho más vacíos. Por una parte, el inmenso cuadrante noroccidental peninsular, excepto sus islas urbanas, que se extiende por toda la Meseta septentrional, parte de la meridional y por sus respectivas periferias montañosas (la Serranía Céltica, tal como la denominan los promotores de la Serranía Celtibérica). Y, por la otra parte, la cordillera Ibérica entendida en sentido amplio, que coincide en gran parte con la reivindicada Serranía Celtibérica. Un extenso espacio vaciado que se extiende desde la cabecera del Ebro en tierras burgalesas hasta las estribaciones de Sierra Morena y las cordilleras Béticas (sierra de Alcaraz) y que incluye, además, sus abruptas vertientes levantinas, desde la desembocadura del Ebro hasta el río Segura. Los espacios vacíos restantes se corresponden con los Pirineos y las cordilleras Béticas (sobre todo la provincia de Jaén), además de algunos sectores del interior del valle del Ebro y del Guadalquivir, pero su extensión es mucho menor. Hay que mencionar también la escasa población del semiárido sureste peninsular, en sectores del interior de Murcia, Almería (el corredor Guadix-Baza) y parte de Granada.

La montaña peninsular es diversa y esconde todo un mundo de contrastes. Hay un abismo entre el paisaje adehesado de los montes de Toledo, los olivares que recubren los cerros de Úbeda y la alta montaña cantábrica o pirenaica. Lo más probable es que su única característica común sea su escasa población, exceptuando unos pocos enclaves turísticos. Desde la perspectiva medioambiental y social, y simplificando mucho, pueden identificarse dos tipologías básicas de paisajes de montaña: por una parte, la alta montaña septentrional, de características alpinas o afines, con cumbres que alcanzan o superan los 2.000 m; y, por la otra parte, está la media y alta montaña meridional o mediterránea (también llamada ibérica).

La primera es más rica en recursos naturales que la segunda y, en general, siempre ha sido mucho más poblada. Cuenta con pastos de altura aprovechados tanto por la población local como por los rebaños trashumantes y con una gran riqueza forestal; basta recordar, en este sentido, las maderadas que descendían por cualquier corriente capaz de arrastrar troncos (palos en el argot maderero), tanto los ríos pirenaicos como los del sistema Ibérico. Las maderadas del sistema Ibérico (troncos sueltos pastoreados río abajo por los gancheros) y las grandes almadias o rais que descendían por los ríos pirenaicos y el Ebro, daban trabajo temporal a cuadrillas de madereros o gancheros que casi siempre procedían de poblaciones donde este oficio tenía tradición (Chelva en el sistema Ibérico o Pont de Claverol en los Pirineos, por ejemplo). La novela de José Luis Sampedro El río que nos lleva (1961), trasladada al cine por Antonio del Real en 1989, inmortalizó esta actividad. En el presente, la alta montaña de características alpinas tiene la ventaja de su mayor atractivo turístico, tanto por sus paisajes como por el esquí y los deportes de aventura, a pesar de la cuestionada viabilidad futura de estas prácticas a causa del calentamiento global. Se estima que una estación de esquí es viable si puede abrir un mínimo de 100 días por temporada, guarismo que no todas las estaciones pueden garantizar, incluso con nieve artificial, debido al aumento de las temperaturas.

Por su parte, la montaña media mediterránea es más árida e históricamente más pobre en recursos naturales, y en verano suele ser pasto de pavorosos incendios forestales motivados en buena parte por el abandono del medio rural. Son paisajes en general menos valorados por las clases medias urbanas que hoy día nutren el turismo rural, excepto cuando se trata de parajes excepcionales como el Caminito del Rey, las lagunas de Ruidera o los Arribes del Duero, que atraen a millares de personas a causa del efecto difusión de las redes sociales. Aunque se defina como tal, un paraje deja de ser secreto desde el mismo momento en que alguien lo publicita en la red. En todo caso, la media montaña (como los somontanos ibérico y pirenaico) es menos valorada por los turistas que la alta montaña alpina. Hay una tendencia secular en España que tiende a asociar lo bello con los verdeantes paisajes centroeuropeos. Las tendencias van cambiando, pero en el imaginario colectivo todavía se valoran mucho más los idílicos paisajes alpinos de calendario que los dilatados horizontes de un páramo ibérico, un olivar jienense o una dehesa extremeña.

Es preciso recordar, por último, que la despoblación es más un problema de periferias que del centro de las regiones. El centro es siempre reconocible; la periferia, en cambio, se va diluyendo hasta convertirse en un espacio vacío que casi siempre deviene una frontera. Excluyendo la Raya de Portugal, existen muchas fronteras internas en España que no son más que vacíos. Cuando uno cruza por carretera las parameras de Molina de Aragón en dirección a Daroca, la frontera entre Castilla-La Mancha y Aragón se reduce a una mera señal informativa. A un lado y otro del cartel el mismo paisaje, los mismos pueblos empequeñecidos por la grandiosidad del páramo, las mismas gentes y la misma sensación de soledad. Ocurre prácticamente lo mismo en Sierra Morena o en Puerto Lumbreras, en el límite entre Murcia y Almería, una de las zonas más despobladas del país. Los Monegros fueron históricamente el gran espacio semivacío que delimitaba una frontera casi natural entre Cataluña y Aragón. En España, cualquier política de desarrollo rural que no tenga en cuenta el efecto de estas fronteras internas y se quede encerrada dentro de cada provincia o de cada comunidad autónoma está condenada al fracaso.

Vacíos en el cuadrante noroeste peninsular:
Castilla y León y sus despobladas periferias

Sin embargo, cuando a tales alturas los páramos se extienden y prolongan, como ocurre con la Hoja en la provincia de León, la Lora en la de Palencia, la Brújula en la de Burgos, la Tierra de Sayago en la de Zamora, dan ocasión a las comarcas más desdichadas y míseras de toda la Península, donde hasta los brezos arraigan con trabajo, donde cuesta muchas fatigas hacer producir a los asperones y cantos pelados ralos centenos, donde el cierzo sopla con siniestras ráfagas casi todo el año, donde hasta la caza menuda y los pájaros escasean: localidades en suma casi inhabitables (Macías Picavea, 1899: 72).

Habría que matizar este tremendo escrito de Picavea. Seguramente lo redactó para llamar la atención sobre el abandono del campo, aunque puede que hoy día se escriban textos más desmedidos que el suyo. Cerrada totalmente por las montañas periféricas, la Meseta septentrional, drenada casi en su totalidad por el río Duero y sus afluentes, engloba las nueve provincias de la comunidad autónoma de Castilla y León, la más extensa de España (94.226 km2), una superficie algo mayor que la de países europeos medianos como Portugal (92.212 km2) o Hungría (93.025 km2). Comentaré sucintamente las condiciones naturales para centrarme después en el gran declive demográfico castellanoleonés, en términos absolutos y relativos, con respecto a la evolución general española, incluyendo además las comarcas aledañas de las comunidades autónomas limítrofes.

Territorio en gran parte llano, excepto los piedemontes de las cordilleras periféricas (Arribes del Duero, montes de León, cordillera Cantábrica, sistema Ibérico y sistema Central), las tierras de Castilla y León destacan por su elevada altitud media, de algo más de 800 m sobre el nivel del mar. El Duero sirve de indicador: Soria, en su cabecera, se emplaza a 1.065 m de altitud, y Zamora, cerca de la entrada del río en Portugal, a 652 m; es decir, hay 400 m de desnivel en los algo menos de 300 km de distancia que separan ambas capitales. Aguas abajo de Zamora, el río forma un largo cañón o desfiladero, los Arribes, donde se ubica el complejo hidroeléctrico más importante de la Península, compartido con Portugal. León, en el piedemonte norteño, se sitúa a 837 m y Salamanca, en el sur, a 802 m, altitudes considerables en el contexto europeo.

Al norte de la Meseta se alza el reborde montañoso de la cordillera Cantábrica, que tiene unos 450 km de longitud por un centenar de kilómetros de anchura y se resuelve en una continua línea de cumbres que se mantiene por encima de los 2.000 m (Torre de Cerredo, 2.650 m), que separa nítidamente la Meseta de la costa cantábrica. En el flanco levantino, en la robusta cordillera Ibérica, los picos de Urbión (2.228 m) y el Moncayo (2.314 m) aíslan la Meseta, tanto con respecto al valle del Ebro como en relación con el litoral mediterráneo.

El relieve interno de la altiplanicie se resuelve en una alternancia de altos páramos, frecuentemente desolados, con las tierras llanas del fondo de los valles, donde las vegas se riegan con las aguas de los afluentes del Duero, casi todos regulados por grandes embalses. El occidente leonés (el Bierzo) vierte sus aguas al Sil, afluente del Miño; y una pequeña parte del norte de la provincia de Palencia (Campoo) y de la de Burgos, al curso alto del Ebro, en el hoy Geoparque de las Loras, donde se abren los espectaculares cañones del Ebro, en los que se rodó la icónica película El disputado voto del señor Cayo (1986), basada en la novela homónima de Miguel Delibes, un retrato inmisericorde del éxodo rural español. El sureste de la provincia de Soria vierte las aguas al Ebro, a través del río Jalón, puerta oriental de la Meseta desde Aragón.

Además de su altitud media, es proverbial la dureza de un clima extremado, con temperaturas muy contrastadas, tanto diurnas como estacionales, y lluvias invernales, más escasas cuanto más hacia al interior de la altiplanicie. Las cumbres retienen la nubosidad, por lo que llueve mucho más en la periferia montañosa que en el centro del altiplano. La temperatura media anual de Valladolid es de 12,5 °C y las lluvias se acercan a los 500 mm, pero con una prolongada sequía estival, que se extiende de junio a septiembre. Son los “nueve meses de invierno y tres de infierno” que reza el refrán popular. Un clima propicio, como el de gran parte del interior peninsular, al ciclo de los cereales de invierno (trigo y cebada), el cultivo principal junto con el viñedo (hay 14 denominaciones de origen protegidas en Castilla y León, algunas tan acreditadas como Ribera del Duero, Rueda y Toro). En las sierras tiene tradición la explotación forestal (en las provincias de Segovia, Burgos y Soria) y la industria de la madera. Los cereales de invierno se cultivaban según la técnica de año y vez (rotación bienal): se dividía la tierra en dos partes, una se sembraba y la otra se mantenía en barbecho, que podía ser pastoreado.

Es proverbial, por su sentido geográfico, el uso del sustantivo “tierra” acompañado de una característica especifica de cada comarca natural castellanoleonesas: Tierra de Pinares, Tierra de Campos, Tierra del Pan o Tierra del Vino, entre otras denominaciones parecidas. Según Nicolás Ortega Cantero (2009), los paisajes de Castilla la Vieja, austeros como pocos y descritos magistralmente por literatos como Antonio Machado, Miguel de Unamuno y Miguel Delibes, han sido considerados un signo de identidad nacional, aunque cabe matizar esta afirmación que reduce lo nacional a las llanuras y páramos meseteños. A pesar de las descripciones cervantinas, no creo que estos paisajes coincidan con las imágenes que se tienen de España en el mundo, un país que recibe 80 millones de turistas al año.

El secano cerealista de la inmensa altiplanicie empezó a transformarse en regadío con posterioridad a la Guerra Civil, probablemente cuando el campo ya había perdido el tren de la modernización. Fue necesario regular las aguas del Duero y de sus numerosos afluentes mediante grandes embalses, transformar los secanos en regadíos y redistribuir las tierras impulsando las concentraciones parcelarias a través del Instituto Nacional de Colonización y, posteriormente, el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA). Actualmente hay cerca de medio millón de hectáreas de regadío en la comunidad castellanoleonesa (448.485 ha), pero las inversiones llegaron tarde, cuando el campo se estaba vaciando por falta de capitales y al compás de la mecanización.

El minifundismo imperante en el campo y la falta de trabajo en la industria trajo consigo el éxodo rural. La gente emigró al extranjero y a los focos industriales del País Vasco, Madrid y Cataluña. El controvertido pantano de Riaño, en la montaña leonesa (de 650 hm3 de capacidad), que lleva el agua del río Esla a la Tierra de Campos, no cerró compuertas hasta el año 1987 y todavía no se ha completado el plan de regadíos previsto. Infraestructuras que nunca pudo contemplar Macías Picavea (1847-1899). La cita inicial del capítulo pertenece a su obra El problema nacional (1899), en la que defiende los regadíos como solución a la pobreza campesina mientras critica furibundamente el caciquismo imperante. En La Tierra de Campos (1897), su novela más conocida, el protagonista —alter ego del escritor vallisoletano— lucha con denuedo contra la desidia administrativa, pero sobre todo contra la oposición caciquil a traer el agua a los campos sedientos. Hoy, el cultivo del cereal está altamente tecnificado, lo mismo que la vid, de manera que el agro castellanoleonés tiene muy poco que ver con las estereotipadas imágenes del atraso secular que todavía subsisten en el imaginario colectivo de muchos españoles.

El minifundismo y el microcrofundismo municipal castellanoleonés

El sistema tradicional del poblamiento rural castellanoleonés lo resumió el geógrafo y profesor salmantino Ángel Cabo:

En el territorio de la actual comunidad de Castilla y León, que desborda algo la cuenca duriense, la gran colonización fue la de los reconquistadores medievales: las posteriores se han limitado a mejorar o modificar los aprovechamientos y soólo en contados casos a repoblar núcleos que se habían abandonado o a construir otros (Cabo Alonso, 1997: 6).

Y añadía que la repoblación tras la conquista de las llanuras castellanas se caracterizó por la creación de una multitud de pequeñas aldeas, de “corto vecindario y próximas entre sí”, completadas por las villas o ciudades históricas junto con su alfoz o territorio circundante. Actualmente, si algo destaca en la estructura territorial castellanoleonesa es su elevado número de municipios, en contraposición con Castilla-La Mancha: 2.248 municipios en la primera, por 919 en la segunda. Según datos del INE (2021), la extensión media de un municipio castellanoleonés es de 42 km2, por casi el doble de extensión de uno de Castilla-La Mancha (81 km2), siendo 62 km2 la extensión media de los municipios españoles. El minifundismo y el microfundismo municipal es aquí abrumador, tal como puede observarse en la tabla 12, donde constan los municipios según su tamaño demográfico. El 80% de los municipios de la comunidad autónoma castellanoleonesa no llega a los 500 habitantes y una tercera parte de ellos, nada menos que 719 municipios, tiene menos de 100 habitantes empadronados, una cifra que es casi siempre superior al número de personas que reside efectivamente en ellos de forma permanente.

Tabla 12

Castilla y León: número de municipios por tamaño poblacional (2021)

Total munic.

<101

101-500

501-1.000

1.001-2.000

2.001-5.000

5.001-10.000

10.001-20.000

20.000-50.000

50.001-100.000

>100.001

Total Castilla y León

2.248

719

1.081

207

114

67

37

7

7

5

4

% del total

100

32,0

48,1

9,2

5,1

3,0

1,6

0,3

0,3

0,2

0,2

Fuente: Población por provincias y tamaño de los municipios, INE.

La densidad de población de la comunidad es de 27 hab./km2, tres veces inferior a la media española, y lo sería mucho más si se descontara la población censada en las cinco ciudades que superan o se aproximan a los 100.000 habitantes (Valladolid, Burgos, Salamanca, León y Ponferrada). Las dos terceras partes de los municipios castellanoleoneses tiene una densidad de población inferior a los 9 hab./km2. Como vimos en el tercer capítulo, Soria encabeza el ranking de la despoblación española, con una población cercana a los 90.000 habitantes y una densidad de 8,6 hab./km2, muy por debajo de los citados umbrales fijados por la Unión Europea como indicador de despoblación. Por detrás de Soria se encuentran Zamora (16 hab./km2) y Ávila (20 hab./km2). Ninguna provincia castellanoleonesa alcanza, ni de lejos, la media española de 94 hab./km2. La más poblada es Valladolid, con una densidad de 64 hab./km2.

En la comunidad castellanoleonesa residen actualmente cerca de dos millones y medio de personas (2.376.739 en 2021), cifra prácticamente idéntica a la de cien años atrás (también 2,3 millones en 1900), lo cual da idea de su estancamiento. Mientras España ha triplicado su población en el último siglo, Castilla y León, salvo sus ciudades, ha seguido una trayectoria regresiva en términos absolutos y relativos. Mucho se ha escrito y dicho sobre ello por parte de los expertos. Como en toda España, hubo un repunte al alza durante la primera década de este siglo, pero el estancamiento se cierne sobre la mayor parte del territorio rural. Todas las provincias castellanoleonesas (excepto Valladolid y Burgos) pierden habitantes, incluidas casi todas las capitales.

Los datos son elocuentes: a principios del siglo XX, Castilla y León representaba cerca del 13% de la población española; hoy apenas supone un 5%. Además de ello se ha producido una inversión interna del poblamiento, ya que mientras se vaciaba la multitud de pueblos y aldeas diseminados por la llanura y las montañas periféricas (desde la Sanabria zamorana a las Loras burgalesas o los páramos sorianos), la población se concentraba cada vez más en las grandes ciudades y sus respectivas periferias (Salamanca, León, Valladolid, Burgos y Ponferrada) y en las cabeceras comarcales más dinámicas, como Miranda de Ebro y Aranda de Duero.

Todas las capitales registraron un ligero repunte poblacional durante la primera década del siglo XXI, que fue general en toda España, gracias a la inmigración extranjera, pero actualmente pierden población. Valladolid la que más y Burgos en menor medida, pero se trata más del fenómeno de expansión periurbana ya comentado en forma de ciudad difusa, general en toda España, que a un proceso de decadencia urbana. Una gran parte de las pérdidas de población de los centros urbanos revierte en ganancias de los pueblos situados en la periferia, sobre todo de aquellos que están mejor comunicados con el centro urbano respectivo, donde las familias pueden adquirir una vivienda mayor, más espaciosa, más soleada y a un precio más asequible que en la ciudad central. Estas periferias urbanas en constante expansión formarían parte de las zonas rurales periurbanas descritas en el Programa de Desarrollo Rural Sostenible.

La despoblación, en cualquier caso, dibuja un panorama desalentador en gran parte del territorio castellanoleonés, sobre todo en la orla montañosa periférica. El declive no solo es perceptible en Castilla y León, sino que abarca el extenso cuadrante noroeste peninsular, con la única exclusión de las provincias litorales de A Coruña y Pontevedra. El vacío se cierne sobre la Raya de Portugal, a través de las provincias de Orense, Zamora y Salamanca, y también afecta en gran manera al interior asturiano, como las cuencas mineras del Nalón y del Caudal (que analizo más adelante en un capítulo específico), incluyendo el interior cántabro y la montaña riojana, junto con el caso particular de Soria, de amplia repercusión política y mediática en toda España. La cordillera o sistema Central y la orla montañosa meridional, por el contrario, y que comento de una manera específica, tiene unas perspectivas algo mejores. Es mucho más cercana a Madrid, se beneficia de su progresiva expansión y registra un cierto desarrollo turístico, sobre todo Segovia, una ciudad y una provincia muy vinculada a la capital.

En resumen, todo el cuadrante noroeste peninsular, con especial incidencia en la Raya de Portugal, la orla montañosa meseteña y sus prolongaciones hacia todas las comunidades autónomas vecinas, deviene un espacio geográfico en el que son negativos todos los indicadores demográficos sin excepción: baja natalidad o fertilidad, incremento de la mortalidad por envejecimiento de la población, predominio de las personas mayores de 65 años en detrimento de los menores de 15, crecimiento natural o vegetativo negativo desde hace muchas décadas y, lo que todavía me parece más preocupante, un saldo migratorio negativo. Frente a ello resisten Valladolid y los ejes de desarrollo vinculados a las grandes infraestructuras, como el corredor de transporte Valladolid-Burgos, a través de la autovía A-62 que se prolonga hacia Miranda de Ebro, Vitoria y Francia.

No creo que la preconizada vuelta al campo, gracias al auge del teletrabajo y a la revalorización del mundo rural, consiga invertir la situación. Puede haber algún crecimiento, pero serán cifras modestas, como me recuerdan las personas con las que he tenido oportunidad de comentar el declive castellanoleonés, gallego o asturiano. Es muy difícil que el declive pueda ser reversible en los Arribes del Duero y en toda la Raya portuguesa, la Sanabria, los Ancares, la Cabrera, la Babia o la Laciana. Para la supervivencia del espacio rural castellanoleonés y la de otros territorios semejantes, la única estrategia política viable y con unas ciertas garantías de éxito consiste en reforzar el sistema de ciudades pequeñas y medianas, muchas de ellas en peligro, tanto por la concentración de los servicios públicos (desde los juzgados a las notarías y despachos de abogados) como por el cierre del comercio o las sucursales bancarias. La telemática tiene una doble cara para el medio rural. Mientras el teletrabajo puede facilitar la llegada de nuevos residentes, la gestión online puede hacer inevitable el cierre de multitud de pequeños negocios y comercios que todavía dan algo de vida urbana a las cabeceras comarcales pequeñas y medianas.

Soria, sus pueblos y la ineficiente estructura municipal del país

Veamos qué ocurre con la estructura municipal de Soria, la provincia que ostenta todos los récords referidos a la despoblación. En la provincia residen actualmente 88.747 habitantes (2021), siendo su densidad de población de tan solo 9,25 hab./km2, la más baja de España a escala provincial. En la provincia hay actualmente 183 municipios, de los que 119, las dos terceras partes del total, no llegan a los 100 habitantes empadronados, que, como sabemos, no siempre se corresponden con el número efectivo de residentes permanentes.

Examinada la cuestión con algo más de detalle, únicamente tres municipios sorianos superan los 5.000 habitantes; se trata de la propia capital, Soria, que con 39.695 habitantes agrupa el 45% de la población provincial (somos pocos y tendemos a concentrarnos en la capital, podríamos concluir), Almazán (5.489 hab.) y El Burgo de Osma (5.034 hab.); por encima de los 3.000 habitantes solamente se hallan dos municipios: Ágreda y Ólvega, y tres más superan los 2.000 habitantes: San Esteban de Gormaz, Golmayo y San Leonardo de Yagüe; finalmente, alcanzan los 1.000 habitantes solamente tres municipios: Covaleda, Arcos de Jalón y Duruelo de la Sierra. Excluida la capital, que básicamente vive del sector público y de los servicios (personales, comerciales, logísticos), solamente unas pocas poblaciones han podido desarrollar algún sector económico local, al margen del agropecuario, como la industria de la madera en San Leonardo de Yagüe o el turismo en El Burgo de Osma.

Algo habría que hacer con semejante estructura municipal, no solamente por lo que se refiere a la provincia de Soria, sino por lo que respecta a todo el país. La existencia de más de 2.000 municipios en Castilla y León por 45 de la Región de Murcia no tiene ninguna lógica. Se entienden las diferencias en cuanto al número de habitantes, que suelen ser enormes (no es lo mismo una ciudad que un pueblo o una pedanía), pero lo que no es de recibo es que existan diferencias tan descomunales en cuanto a la extensión de los municipios. Existe un abismo entre los macromunicipios de las provincias de Murcia y Albacete y el minifundismo municipal castellanoleonés. A mi entender, la estructura territorial más equilibrada es la de los concejos asturianos, en la medida que una cabecera municipal aglutina a una pequeña constelación de aldeas, parroquias y pedanías. En casos como el de Soria, la diputación provincial resuelve muchos problemas a los pequeños municipios, dado que su función es darles soporte técnico, económico e infraestructural, pero no cabe duda de que el mapa municipal español necesita repensarse, lo cual requiere amplios consensos y acuerdos de Estado que no siempre son posibles, pero alguien debería decirlo.

Por otra parte, hay que insistir en el papel determinante de las Administraciones Públicas en cuanto a la supervivencia de las pequeñas ciudades. En la provincia de Soria hay tres partidos judiciales: Almazán, El Burgo de Osma y Soria ciudad. En su momento hubo cinco, puesto que se suprimieron los de Ágreda y Medinaceli. Tampoco es de recibo que el Estado tienda a concentrar su Administración periférica (de Hacienda a los juzgados e incluso los destacamentos de la Guardia Civil) en las poblaciones importantes, sobre todo en territorios tan despoblados como Soria y otras provincias de Castilla y León.

El Burgo de Osma (oficialmente, El Burgo de Osma-Ciudad de Osma), capital también de partido judicial (que todavía retiene), es una ciudad que ha logrado mantener en los últimos años unas cifras de población relativamente estables alrededor de los 5.000 habitantes, e incluso con una tendencia a un ligero aumento, que esconde el declive de la quincena de núcleos de población y antiguos municipios que fueron incorporados a su término municipal en 1970. Como otras tantas pequeñas ciudades que fueron sede episcopal, cuenta con un patrimonio monumental de primer orden, encabezado por la Catedral de la Asunción de El Burgo de Osma, declarada monumento nacional en 1931. El conjunto del núcleo urbano histórico fue declarado también conjunto histórico en 1993. Situada a unas dos horas de Madrid (174 km por la A-1 y la N-110), y gracias a su cuantioso patrimonio monumental, la población se ha convertido en un popular destino del turismo madrileño de fin de semana. En la ciudad hay 16 establecimientos hoteleros (dos de ellos de cuatro estrellas) y un buen número de restaurantes. En las elecciones municipales ha dominado hasta ahora el Partido Popular, hasta que en los comicios de 2019 ganó la Plataforma del Pueblo Soriano (PPSO). Por su parte, ¡Soria Ya! obtuvo el 40% de los votos en las elecciones autonómicas de febrero de 2022, seguido del PP (29%), Vox (15%) y PSOE (14%). La formación política soriana obtuvo un porcentaje algo superior en el conjunto de la provincia (42,3%) y muy especialmente en la capital (50,4%). Fue el PSOE quien pagó los platos rotos del agravio, al pasar del 40,7% del voto obtenido en 2019 al 18,05% de 2022, más de veinte puntos porcentuales de pérdida. El consistorio impulsa actualmente la campaña titulada “Empadronate en El Burgo y disfruta de sus ventajas”, que incluye desde ayudas por el nacimiento de hijos al alquiler de la vivienda y todo tipo de descuentos en los establecimientos locales.

En el extremo oeste de la provincia de Zaragoza se encuentra la localidad aragonesa de Ariza, que linda con la provincia de Soria y que actualmente tiene poco más de 1.000 habitantes (1.139 en 2021). Hace mucho tiempo, a mediados de octubre de finales los años sesenta, pasé allí unas pocas horas, que se me hicieron eternas, debido a una parada obligada del famoso “Shanghái” que nos llevaba de Barcelona a A Coruña (más de un día y medio en tren). Formaba parte de un pequeño grupo de adolescentes catalanes que nos dirigíamos a la recién creada Universidad Laboral de A Coruña, a donde nos habían destinado, acompañados de un profesor que hacía las veces de guía. En aquellos días, Ariza era una activa población de más de 2.500 habitantes (en los años treinta superaba los 3.000) gracias a su importancia como nudo ferroviario, pues allí confluían la línea de Zaragoza a Madrid con la nueva línea de Ariza a Valladolid, inaugurada en 1895 y cerrada completamente cien años después, en 1995. Hace muchos años que Ariza dejó de ser un nudo ferroviario, pero a pesar de tener solamente unos 1.000 habitantes sigue siendo una población importante en el contexto de la muy despoblada comarca de la Comunidad de Calatayud. Cuenta todavía con una estación ferroviaria y por su término pasa la autovía del Nordeste (A-2), pero vive principalmente de las pensiones y de los servicios públicos, además de una resiliente vida comercial. De la resiliencia de poblaciones como Ariza depende en gran manera la supervivencia del espacio rural.

La montaña se impone: el despoblado macizo Galaico-Leonés

Hacia el noroeste de la región castellanoleonesa, cerrando por completo el extremo occidental de la Meseta, se yergue el robusto macizo Galaico-Leonés, limítrofe con Galicia y perteneciente en parte a las provincias de Lugo y Orense, junto con Zamora y León. Montañas altas, de clima durísimo e históricamente refractarias al poblamiento. El relieve se resuelve aquí en una sucesión de altas sierras orientadas de norte a sur (Cabrera, Culebra, Segundera y Trevinca), cuya línea de cumbres se mantiene por encima de los 2.000 m, que culminan en el Teleno (2.188 m) y aíslan por completo a Galicia de Castilla y León. El puerto de Piedrafita do Cebreiro (1.099 m), en Lugo, es la puerta de entrada a la Galicia del Camino de Santiago.

El sustrato está conformado por un roquedo durísimo, en el que predominan los granitos y las pizarras, intensamente explotadas en la comarca de Valdeorras (Orense), de la misma forma que el carbón en el Bierzo hasta hace pocos años. Entre sus muchos valores medioambientales destaca en especial la presencia del lobo ibérico (Canis lupus), que tiene aquí, en los aislados montes del borde noroccidental de la Meseta, su área de distribución máxima, desde Galicia y Asturias al noroeste de Castilla y León. La sierra de la Culebra, en Zamora, está considerada como el área de Europa occidental que cuenta con una mayor densidad de lobos. Aunque compite con la ganadería extensiva tradicional, el lobo se ha convertido en los últimos años en un reclamo del turismo de naturaleza que, por poco que se haga una buena gestión, puede coadyuvar a la creación de una incipiente actividad turística. Nunca será un turismo de masas, pero puede incentivar la apertura de pequeños negocios (alojamiento, restauración, servicio de guías, transporte) que den algo de vida y contribuyan a evitar la despoblación total de este apartado territorio.

A poniente de esta abrupta línea de cumbres se abre la comarca leonesa del Bierzo, drenada por el río Sil y fronteriza con Galicia, de gran personalidad geográfica y que durante el Trienio Liberal (1820-1823) llegó a constituirse en una provincia más (el Vierzo), con capital en Ponferrada. La densidad de población del Bierzo es relativamente elevada (cerca de 40 hab./km2), aunque hay que tener en cuenta la primacía de Ponferrada, la quinta ciudad de Castilla y León, con 64.000 habitantes, que representan más de la mitad de la población berciana. Tras el cese de la actividad minera, su declive y el de toda la cuenca parece irreversible si no se encuentran alternativas. Mucho peor es la situación de Villablino, cabecera de Laciana, comarca fronteriza con Asturias; la pequeña ciudad llegó a superar los 16.000 habitantes en los años noventa. Hoy, transcurridas un par de décadas desde el cierre de las minas, tiene menos de la mitad (6.226 habitantes en 2021).

Astorga y su comarca (la Maragatería) viven también una situación parecida de declive, aunque no tan acentuada como en el caso anterior. El medio rural está configurado en estas montañas por una constelación de pequeñas parroquias y aldeas, herederas de un sistema de poblamiento diseminado muy parecido al de Galicia y Asturias. Ocurre lo mismo con el habla local, considerada una variante del gallego, pero revindicada también como una lengua especifica. Se trata, en general, de un medio aislado como en ningún otro lugar de España, sometido a largos y durísimos inviernos, tanto en la vertiente leonesa como en la gallega y la asturiana, que se cuentan entre los territorios de montaña más despoblados del país.

Tras el cierre de las minas de carbón, y a pesar de sus numerosos valores naturales y culturales, no se ha llegado a desarrollar en estas comarcas de montaña un sector turístico potente. El ayuntamiento de Ponferrada impulsó la estación del esquí de El Morredero, que cerró definitivamente sus instalaciones en 2008. Si acaso el popular Camino de Santiago, junto con las industrias agroalimentarias vinculadas a las producciones de calidad, como los vinos, los embutidos y los quesos, son actualmente los principales activos de la región, además de las numerosas explotaciones de pizarra de la zona de Valdeorras, en Orense. El todavía minoritario turismo ecológico vinculado a la observación de la fauna (urogallos, lobos y osos) se halla todavía en un estadio muy incipiente de desarrollo en nuestro país.

Toro, una cabecera comarcal que todavía respira

Acabo este epígrafe con una impresión personal. En el momento de afrontar la redacción de este ensayo recorrí un par de veces el interior de Galicia y las provincias de León, Zamora y Salamanca, el reivindicado e irredento reino de León. Me alojé en el parador de Zamora en pleno diciembre. Me moví siempre entre las nieblas del fondo del valle del Duero y los soleados páramos elevados. Frío glacial en todas partes. Me impresionó especialmente Toro, la tercera ciudad de la provincia de Zamora por detrás de la capital y de Benavente, con 8.500 habitantes en 2021. Son pocos, pero suficientes como para mantener una cierta vitalidad urbana en un entorno despoblado. Ya vimos en el capítulo correspondiente que los indicadores demográficos de la provincia de Zamora se sitúan entre los más alarmantes de España en lo que se refiere a fecundidad, envejecimiento de la población, crecimiento natural negativo y saldo migratorio también negativo.

Mi recuerdo de Toro era el de una activa y próspera cabecera comarcal, como otras tantas de las que hasta hace poco tiempo cohesionaban humanamente el espacio rural peninsular y hoy decaen, puede que irremisiblemente. Pequeños centros de mercado y de servicios que actualmente acogen también a la gente mayor que ya no quiere ni puede residir sola en los pueblos pequeños, sobre todo durante el invierno. Quise visitar su famosa Colegiata, pero estaba cerrada. No caí en que era lunes. De todas formas, a eso del mediodía se abrió la bruma y pude gozar de la magnífica perspectiva sobre el río Duero. Bajaba crecido, un gozo para la vista en un país como el nuestro donde los ríos suelen quedar reducidos a paupérrimos regatos. Antes de comer recorrí el ameno trayecto que va de la Colegiata a la plaza Mayor y acaba en la Torre del Reloj. La discreta monumentalidad del recorrido y su cuidada peatonalización atemperaba la visión de los numerosos comercios cerrados, en venta o en liquidación (conté unos treinta anuncios de este tipo en un trayecto de unos centenares de metros). La epidemia ha causado estragos, pensé. Pero no todo se debe a la pandemia. La vida urbana y comercial de las pequeñas ciudades del interior peninsular decae, y lo hace al mismo ritmo con el que aumentan las compras online y la enorme expansión de los grandes centros comerciales urbanos.

Toro incluso aumentó ligeramente su población durante la bonanza económica de la primera década de este siglo, luego vino la crisis y tras ella la pandemia de la COVID-19, retornando el declive. Hoy tiene prácticamente los mismos habitantes que hace más de un siglo: 8.187 en 1900 por 8.532 en 2021. Existe una constelación de pequeñas ciudades como Toro, tanto en Castilla y León como en toda la España interior despoblada, y de ellas depende en gran manera el mantenimiento de un territorio vivo.

Para completar mi visión le pedí una entrevista a mi colega Lorenzo López Trigal, que reside en León y ha escrito mucho sobre este tema. Fui hasta allí en tren desde Santiago. Un viaje de más de cinco horas a través del valle del río Sil, encerrado entre unos paisajes nevados bellísimos, pero que se volvió interminable, retornándome a los lentos viajes en tren de los primeros años setenta. Lorenzo insistió en que la clave radica en la sostenibilidad de las cabeceras comarcales y las ciudades pequeñas y medianas. Aquellas viejas ciudades mercado y cabeceras de partido judicial, que hoy puede que su subsistencia dependa más del colchón de los servicios públicos que de su propio dinamismo. No debería ser de recibo suprimir partidos judiciales o concentrar los servicios autonómicos o estatales en las capitales provinciales. La supervivencia de lo que eufemísticamente llamaron espacio rural a revitalizar —por no llamarle vacío o vaciado— depende en gran manera de que las pequeñas ciudades puedan mantener algo de vitalidad. Si ellas resisten, nada puede darse por perdido en la España rural.

La espaciosa Meseta meridional:
Madrid se impone

Considerada en un sentido amplio, la Meseta meridional ocupa una superficie que supera los 100.000 km2 de extensión (una quinta parte de España) y abarca las cinco provincias de Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid y se prolonga hacia Extremadura, el umbral por donde corren en busca de Portugal y el océano Atlántico los ríos Tajo y Guadiana. Me ocupo someramente de cada uno de estos territorios, empezando por decir que el empuje de Madrid contrasta con el declive del resto del territorio, especialmente de sus periferias montañosas. Se impone, por lo tanto, hablar primero de Madrid, empezando por la franja montañosa del sistema Central, una autentica bisagra entre el norte y el sur peninsular. Sergio del Molino, a la vista de la aglomeración madrileña en una imagen lumínica de satélite, le vino a la memoria el agujero de un donut abierto en el centro de la Península. Personalmente, el gran empuje económico y demográfico de Madrid puede compararse al efecto gravitatorio de los agujeros negros que absorben todo lo que hay a su alrededor. Madrid, como cualquier metrópolis que aspira a ser una capital global, atrae a las personas, el talento y las ideas y, en consecuencia, a la innovación, los capitales y las inversiones, y con ellos, el desarrollo económico y social.

Una bisagra entre el norte y el sur:
la cordillera Central

Los altos macizos de la cordillera Central delimitan nítidamente las mesetas septentrional y meridional, es decir, Castilla la Vieja de Castilla la Nueva y Extremadura. Durante el invierno, sus cumbres nevadas destacan nítidamente en el horizonte de las dos mesetas, mientras que en verano constituyen un oasis de verdor frente al agostado paisaje de los páramos castellanos. El cordal montañoso se orienta de oeste a este a lo largo de 600 km, desde Serra da Estrela, en Portugal (1.993 m), hasta la sierra de Ayllón (2.269 m), en la provincia de Guadalajara, donde se imbrica con la cordillera Ibérica, que culmina en los 2.592 m del pico Almanzor, situado en la sierra de Gredos.

Mas que de una cordillera continua se trata de una alternancia de bloques elevados (sierras de Guadarrama, Gredos, Francia y Gata) que se alternan con las hendiduras por donde transcurren los pasos o puertos de montaña que comunican ambas mesetas, por los que discurrían los caminos históricos y hoy las modernas infraestructuras de transporte que se dirigen o provienen del norte y el noroeste peninsular. Por el puerto de Somosierra (1.440 m) cruzan la carretera N-I y la actual autovía A-1, en dirección a Burgos y Francia; por el de Guadarrama (1.511 m) pasan la antigua carretera de A Coruña (N-VI) y la autopista AP-VI, además de la línea del AVE, que atraviesa la sierra mediante el túnel del Guadarrama, de 28 km de longitud, uno de los más largos de Europa, inaugurado en diciembre del 2007; el puerto de Navacerrada (1.858 m), por su parte, comunica Madrid con el Real Sitio de La Granja de San Ildefonso y la ciudad de Segovia; finalmente, hacia poniente se encuentra el puerto de Tornavacas (1.275 m), en la cabecera del río Jerte, por el que en tiempos pasaban los rebaños de la Mesta que se desplazaban desde los pastos invernales de Extremadura a los puertos de la cordillera Cantábrica. Más hacia el oeste, por el puerto de Béjar, discurre la mítica Vía de la Plata (de Astorga a Mérida), hoy convertida en la autovía A-66, el eje norte-sur (de Gijón a Sevilla), que transcurre íntegramente por una de las zonas más despobladas de España: la Raya de Portugal y sus territorios aledaños, que rompe la estructura radial de los ejes viarios del oeste de España.

La ocupación humana de la cordillera presenta grandes contrastes: las estribaciones meridionales de las sierras más cercanas a Madrid y su creciente área de influencia registran un crecimiento urbano imparable. En cambio, sus flancos occidental y oriental son espacios rurales regresivos, tanto en la vertiente septentrional (provincias de Salamanca y Ávila) como en la meridional (provincias de Cáceres, Toledo y norte de Guadalajara). Una regresión más o menos perceptible, en función de circunstancias diversas: por la proximidad a Madrid o por la importancia creciente del turismo de proximidad, en gran parte vinculado a la demanda generada por la conurbación madrileña. Son destacables en este sentido sus numerosos atractivos naturales, paisajísticos (la sierra de Gredos o el hoy famoso valle cacereño del Jerte) y culturales, en particular el patrimonio cultural acumulado en las ciudades de Sigüenza, Segovia y Ávila, entre otras cabeceras comarcales. Más que a las actividades agrarias tradicionales, la vitalidad de buena parte de estos territorios depende del turismo, sobre todo rural, cultural y deportivo (cicloturismo).

El área más cercana a Madrid de la sierra del Guadarrama —y también de la algo más lejana sierra de Gredos— es, desde hace siglos, el gran pulmón verde y el área natural de recreo de Madrid por excelencia. Aquí buscó su refugio climático la corte de los Austrias desde los tiempos de Felipe II para huir del crudo verano meseteño, con El Escorial y La Granja de San Ildefonso como puntos de referencia; y aquí la Institución Libre de Enseñanza de Giner de los Ríos (1839-1915), fundada en 1876, encontró su aula abierta de la naturaleza. Con la llegada del ferrocarril, los pueblos serranos se convirtieron en lugares de veraneo de las clases ilustradas madrileñas, como Cercedilla, donde veranearon personalidades ilustres como Joaquín Sorolla y Santiago Ramón y Cajal.

A partir de los años sesenta, con la apertura de las estaciones de esquí de Navacerrada (todavía activa) y Valcotos (cerrada definitivamente en 1999), la sierra se convirtió en el principal enclave del turismo de masas madrileño. El reciente desmantelamiento de la estación de esquí de Valcotos, gracias a la presión popular —uno de los pocos casos de reversibilidad de un equipamiento de este tipo—, permitió que la sierra de Guadarrama fuera declarada parque nacional en 2013. Una aspiración popular a la que contribuyeron numerosos intelectuales y científicos, encabezados por los geógrafos madrileños (Martínez de Pisón, 2009: 55-92).

Por sus magníficas condiciones medioambientales y por su cercanía al corazón metropolitano madrileño, el piedemonte de la sierra de Guadarrama se ha convertido en el área residencial por excelencia de las clases pudientes capitalinas: políticos, deportistas, profesionales y artistas han fijado su residencia en los pueblos serranos. Durante la primera década del siglo XXI, en tiempos de la burbuja inmobiliaria, su crecimiento fue espectacular. Una expansión que acaba en el límite provincial y que puede observarse perfectamente a través de las imágenes de satélite y los mapas de densidad de población.

Años atrás predominaban en este ámbito las segundas residencias de una clase media venida a más, que José Luis Garci retrató inmisericordemente en la película Las verdes praderas (1979), protagonizada por un desatado Alfredo Landa. Hoy, en cambio, predominan las residencias principales en pueblos cada vez más alejadas de Madrid. En menos de veinte años una gran parte de los municipios serranos ha duplicado con creces su población. Incluso la Sierra Pobre, situada en el valle del Lozoya, en el lejano nordeste de la provincia de Madrid, que hasta hace poco tiempo era la única área regresiva de la comunidad madrileña, conoce una cierta expansión vinculada en parte al efecto COVID-19 (incremento del turismo de proximidad y repunte de los empadronamientos). No es precisamente aquí, en las sierras madrileñas, donde hay que buscar la España vacía.

Hablemos, pues, de Madrid… distrito federal

Allá donde se cruzan los caminos
donde el mar no se puede concebir
donde regresa siempre el fugitivo,
pongamos que hablo de Madrid.

Joaquín Sabina (1980)

El proceso de creación de la comunidad autónoma castellanomanchega fue complejo e incluso discutido: ¿cómo se pudo convertir Madrid en una especie de distrito federal segregado de las provincias vecinas sometidas a su fortísima influencia en todos los sentidos? Y la respuesta es seguramente por miedo, miedo de la incipiente clase política de las provincias limítrofes de Castilla la Nueva —y también de las de Castilla la Vieja— a quedar fagocitadas por el empuje de la capital madrileña. No obstante, la realidad geográfica es tozuda. Todo el territorio castellano manchego y parte de Extremadura (sobre todo Cáceres) bascula y gravita económicamente sobre Madrid, cuya área de influencia llega, gracias a su inmejorable accesibilidad, a una gran parte de la Meseta meridional y también de la septentrional.

Todos los corredores de transporte que convergen hacia la capital madrileña (las antiguas carreteras radiales N-II, N-III y N-IV, hoy convertidas en autopistas y autovías, además de las líneas de AVE) se han convertido en ejes de desarrollo económico y demográfico, gracias a la creciente saturación de la región metropolitana madrileña. Los nuevos equipamientos y los centros logísticos necesitan mucho espacio y suelo libre, y en la Mancha lo hay de sobra, y también al norte de la cordillera Central, en Castilla y León. Las ciudades de Guadalajara y Toledo, a menos de una hora de la capital por carretera, sienten cada vez más la proximidad de Madrid, lo mismo que las más distantes Cuenca, Ciudad Real y Albacete. Una situación que contrasta con los grandes vacíos humanos de los espacios intersticiales y de las periferias montañosas castellanomanchegas. Un contraste abrumador por lo que se refiere a la densidad de población, como el que se da entre los dos mundos que existen en la provincia de Guadalajara, ya comentados, pero también en las restantes provincias de la comunidad castellanomanchega.

La Comunidad de Madrid tiene algo más de 6,5 millones de habitantes (2021), siendo actualmente la provincia española más poblada, por delante de la de Barcelona (5,7 millones). Su crecimiento ha sido espectacular en lo que llevamos del siglo XXI, incluso tras la crisis inmobiliaria del final de la primera década. De explosión demográfica se ha llegado a calificar el crecimiento de la primera década del siglo, basado en gran parte en la inmigración extranjera, pero también en la atracción que ofrece Madrid como lugar de oportunidades en el contexto español. La ciudad central tiene actualmente 3,3 millones de habitantes (2021) y su área metropolitana estricta 4,8 millones, con su constelación de ciudades periféricas, encabezada por Móstoles, que supera los 200.000 habitantes, y cinco poblaciones más que superan los 100.000 (Alcobendas, Alcorcón, Getafe, Leganés y Torrejón de Ardoz). Alcalá de Henares, a 50 km de la capital, supera los 200.000 habitantes.

Tabla 13

Comunidad de Madrid: número de municipios por tamaño poblacional (2021)

Total munic.

<101

101-500

501-1.000

1.001-2.000

2.001-5.000

5.001-10.000

10.001-20.000

20.000-50.000

50.001-100.000

>100.001

Total Comunidad
de Madrid

179

8

19

17

21

33

30

16

12

13

10

% del total

100

4,5

10,6

9,5

11,7

18,4

16,8

8,9

6,7

7,3

5,6

Fuente: Población por provincias y tamaño de los municipios, INE.

Veinte años atrás, Pascual Maragall escribió en El País (27 de febrero de 2001) el artículo titulado “Madrid se va”, que empezaba de la manera siguiente: “Se tiene desde la periferia la sensación de que Madrid se va de España. Que juega otra liga, la liga mundial de ciudades”, para continuar diciendo: “Tenemos la impresión de que Madrid se mide con Miami, con Buenos Aires, con São Paulo. Que ya no le interesamos. […] Antes Madrid era la capital política, y Barcelona y Bilbao, y luego Valencia, las capitales industriales y económicas. Ahora figura que es al revés. Ahora Madrid es ante todo la capital económica, la capital de la innovación y de la nueva economía”.

Y “Madrid se ha ido” fue el título de un nuevo artículo, más político que técnico, que Pascual Maragall escribió dos años después (El País, 7 julio de 2003). Y Madrid se fue, efectivamente. A finales del año 2020, La Vanguardia (17 de diciembre) publicó el titular “Madrid supera a Cataluña como comunidad con mayor PIB por tercer año seguido”, añadiendo en el contenido que, según el INE, Madrid aportaba el 19,3% del PIB nacional, por delante de Cataluña, que se quedaba en el 19%, una diferencia escasa pero muy significativa. Es un lugar común decir que ese empuje madrileño es una consecuencia directa de las políticas centralistas y centralizadoras aplicadas durante siglos de capitalidad. Eso es evidente, pero… “Son las economías de aglomeración ¡estúpido!”, me contradijo hace poco un viejo profesor de economía.

La cuestión es que por razones diversas —y no todas estrictamente políticas—, en España se ha registrado un cambio de escala del sistema de ciudades y de las jerarquías urbanas que nos ha llevado a un modelo territorial polarizado e incluso macrocefálico, más parecido al francés e incluso el británico, que al modelo policéntrico italiano o alemán. En el hoy muy lejano año 1947, el geógrafo Jean-François Gravier dio la voz de alarma con la obra Paris et le désert français (París y el desierto francés). Un toque de atención que desembocó en los planes de desarrollo de los años sesenta y setenta, que intentaron contrarrestar la macrocefalia parisina, pero sin demasiado éxito, por cierto, aunque probablemente todo hubiera ido a peor en ausencia de estos planes, tal como ha ocurrido en las macrociudades iberoamericanas, que se han convertido en verdaderos monstruos urbanos: São Paulo tiene 22,5 millones de habitantes; Ciudad de México, 22,1 millones, y Buenos Aires, 14,4 millones. Las ciudades asiáticas tienen también dimensiones colosales: en Tokio residen 14 millones de personas en la ciudad estricta y 37 millones en su área metropolitana, y Shanghái supera los 25 millones de habitantes. Solamente los países que han incentivado el policentrismo, el funcionamiento en red de su sistema de ciudades y el equilibrio entre sus distintos centros de decisión, han logrado tener un crecimiento equilibrado, como Suiza o Alemania. Y aun así, las economías de escala y de aglomeración tienden siempre a favorecer los crecimientos polarizados.

En España esta polémica se trasladó a escala regional durante los años setenta: se denunció la macrocefalia de Zaragoza, con respecto a Aragón, y la de Barcelona con respecto a Cataluña, donde la obsesión por contrarrestar el peso de Barcelona y volver a un supuesto equilibrio territorial perdido fue una constante de las leyes autonómicas de política territorial de los años ochenta y noventa. Madrid, París y Londres: cabezas desmesuradas con respecto a cuerpos que tienden al raquitismo. Pero aquí todo admite matices, puesto que el país conserva todavía una estructura urbana relativamente equilibrada, de acuerdo con la regla rango-tamaño (rank-size) que tanto dio que hablar unas décadas atrás (Horacio Capel, 1972b). Actualmente, pero no así en el pasado inmediato. La primera ciudad (Madrid) duplica en población a la segunda (Barcelona), triplica a la tercera (Valencia) y así sucesivamente (Zaragoza, Sevilla, Málaga, Bilbao). No obstante, harán falta muchos contrapesos en forma de política territorial para reequilibrar el sistema urbano español a todos los niveles de la jerarquía urbana, y no solamente por lo que respecta a los primeros puestos. Es en las jerarquías urbanas inferiores donde se juega el futuro equilibrio territorial del país.

Castila-La Mancha: algo más que una gran llanura

Miguel de Cervantes, en la obra que convirtió en universal al hidalgo manchego, inmortalizó también a su comarca, la Mancha, a la que llamó espaciosa llanura. Comento en primer lugar sus principales rasgos medioambientales. La altiplanicie tiene una altitud media de 700 m, siendo algo más elevada, sobre los 850 m, en su engarce con Sierra Morena (Campo de Montiel) y en el extremo oriental (la Manchuela) que en el sector occidental, que desciende gradualmente hacia el océano Atlántico a través de las penillanuras extremeñas. Los montes de Toledo dividen internamente la altiplanicie entre las cuencas de los ríos Tajo y Guadiana, que cruzan el territorio de este a oeste. Hacia levante, en cambio, una gran parte de las provincias de Cuenca y de Albacete vierten sus aguas al Mediterráneo a través de los ríos Júcar y Segura. La Mancha estricta, o la espaciosa llanura por donde discurren las primeras andanzas de don Quijote, tiene una extensión de unos 30.000 km2, equivalente a la superficie de Galicia o de Cataluña, extendiéndose por las provincias de Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Albacete.

Aunque predominan los llanos, excepto en las periferias montañosas, el paisaje es mucho más complejo y variado de lo que ha trascendido en el imaginario popular: una inacabable, inmensa y polvorienta llanura, con los altozanos coronados por viejos molinos de viento como los de Consuegra. Esa imagen es real, pero las mismas andanzas de don Quijote permiten descubrir la enorme variedad paisajística del territorio castellanomanchego, a pesar de su aparente homogeneidad. Cada comarca es un mundo: el Campo de Montiel contrasta con el paisaje adehesado de los montes de Toledo, que culminan en la cumbre de las Villuercas, a 1.601 m de altitud; las lagunas de Ruidera y las Tablas de Daimiel configuran un paisaje lacustre muy alejado de los estereotipados paisajes de secano; la Manchuela y la Alcarria contrastan con el paisaje volcánico del Campo de Calatrava. Hacia el oeste, en dirección a Portugal, la altiplanicie desciende gradualmente a través de las penillanuras extremeñas y las vegas del Guadiana para enlazar, sin solución de continuidad, con el poco poblado Alentejo portugués. Aquí las dehesas alcanzan su mayor extensión.

Hacia el sur, el reborde asimétrico de Sierra Morena (Sierra Madrona, 1.332 m), apenas es perceptible desde la Meseta meridional, pero es extraordinariamente abrupto visto desde el valle del Guadalquivir y delimita perfectamente el espacio andaluz. Finalmente, el flanco occidental es algo más complejo que los anteriores: aquí la Meseta meridional enlaza gradualmente con la depresión del Tajo-Sado —donde se encuentra Lisboa— a través de la vasta penillanura extremeña;

Como es propio del interior peninsular, el clima es de tipo mediterráneo continental, pero mucho más extremado que el de la Meseta septentrional. Los inviernos son más duros cuanto más hacia el interior y hacia el este de la altiplanicie, lejos de las influencias atlánticas; y los veranos algo más largos que en la Meseta septentrional, con temperaturas extremas tanto en invierno como en verano, con máximas cercanas o superiores a los 40 °C en plena canícula. El paisaje acaba completamente agostado. Exhausto. La amplitud térmica es enorme. En Albacete, con una temperatura media anual de 14,6 °C, hay más de 20 °C de diferencia entre la temperatura media del mes más cálido (julio) y la de mes más frío (diciembre). Las lluvias son escasas (sobre los 400-500 mm anuales) a causa del efecto barrera del relieve, que retiene la nubosidad en las cumbres circundantes, que son mucho más lluviosas. Solo los vientos del suroeste provenientes del Atlántico (llamados ábregos o llovedores) suelen traer precipitaciones relativamente copiosas en primavera y en otoño, que reverdecen las dehesas extremeñas y posibilitan el pastoreo y los cultivos de secano, principalmente el trigo, la vid y el olivo, la mítica y sacralizada trilogía mediterránea.

La vid es el cultivo dominante en Castilla-La Mancha. Ocupa cerca de medio millón de hectáreas (458.952 ha), más de la mitad de la superficie cultivada regional, hasta el punto de que está considerada una de las primeras regiones vitivinícolas del mundo. Hay nueve denominaciones de origen vinícolas en la región, algunas de larga y acreditada trayectoria como La Mancha y Valdepeñas. El queso manchego de oveja es otra de las denominaciones de origen que dan fama y riqueza a la Mancha, un alimento que nunca faltó en las alforjas del rucio de Sancho Panza y que apagó el hambre de don Quijote en más de una ocasión. Su fama es proverbial, de manera que surgen imitaciones en todas partes, lo cual lleva de cabeza al consejo regulador de la denominación de origen Queso Manchego, la única que puede usar esta marca según sentencias judiciales.

Las guerras del agua: un recurso natural disputado

Si algún conflicto tiene enjundia en la región es la llamada guerra del agua, que se libra en varios frentes. Por una parte, está la oposición al trasvase Tajo-Segura, lo cual provoca fuertes tensiones con la Región de Murcia, su principal beneficiaria, y también con la Comunidad Valenciana. El trasvase, en principio, estaba previsto que fuera de 1.000 hm3 anuales, en función de las reservas existentes en los embalses alcarreños de Entrepeñas y Buendía, situados en el curso medio-alto del Tajo, en la provincia de Guadalajara, que como vimos es una de las zonas más despobladas del territorio español, a pesar de su proximidad a Madrid. La ley garantiza la prioridad de la cuenca cedente, pero el cálculo de los posibles sobrantes fue muy optimista. Las demandas del litoral murciano y alicantino aumentan continuamente, tanto para usos agrarios como urbanos y turísticos, con lo cual el déficit hídrico también se incrementa año a año debido a efectos múltiples. Además del calentamiento global hay que contar con el incremento de la masa forestal de la montaña periférica, que también consume agua por transpiración. En 2013 se aprobó una nueva ley que fija el agua trasvasada en un máximo de 650 hm3/año (equivalen, aproximadamente, al consumo anual del área metropolitana de Barcelona) y las condiciones en las que puede hacerse la cesión, pero la guerra del agua sigue sin apaciguarse.

Otro conflicto latente deriva de la expansión de los regadíos en las llanuras manchegas (Albacete y Ciudad Real) mediante la extracción incontrolada de las aguas subterráneas existentes debajo de la inmensa plataforma calcárea. El conocido Acuífero 23, que se extiende mayormente por la provincia de Ciudad Real y que alimenta —o alimentaba— las surgencias del Guadiana (Tablas de Daimiel y Ojos del Guadiana) y, en parte, al río Júcar, que transcurre encajado por el sector oriental de la plataforma manchega. Antiguamente, el agua se alumbraba mediante norias debido a la poca profundidad a la que se hallaba la capa freática, pero actualmente la sobreexplotación mediante pozos (unos 20.000) ha llevado al acuífero no solo al agotamiento, sino que se han contaminado sus aguas por el uso de pesticidas en superficie. Una segunda guerra del agua, que tiene tintes ambientales (la preservación del Acuífero 23 y del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel) y geopolíticos: los recursos hídricos de Castilla-La Mancha benefician mayormente a las comunidades autónomas vecinas (Comunidad Valenciana y Región de Murcia). La prensa se ocupa frecuentemente de este problema, que se resucita cada vez que hay sequía, cosa harto frecuente en España.

El modelo meridional de asentamientos humanos: los pueblos grandes

Aquí empieza lo que los geógrafos denominamos modelo meridional de ocupación del territorio, explicado someramente en capítulos anteriores, característico de Castilla-La Mancha, Extremadura, Región de Murcia y el valle del Guadalquivir, donde predominan los términos municipales muy extensos y los pueblos grandes, sobre todo en los llanos. No así en las serranías periféricas, en las provincias de Cuenca y Guadalajara y en Andalucía oriental (antiguo reino de Granada), donde predomina el pequeño municipio, derivado en este último caso de las repoblaciones acaecidas tras la expulsión de los moriscos. Una estructura histórica del poblamiento rural muy distinta a la de la Meseta septentrional, que es una herencia directa de las repoblaciones de la primera fase de la Reconquista. En las grandes llanuras, principalmente, el territorio fue adjudicado tras la conquista a las órdenes militares (Calatrava, Santiago, Alcántara y Hospital de San Juan de Jerusalén), que lo organizaron en encomiendas que estuvieron vigentes hasta las desamortizaciones del siglo XIX.

Según datos del INE (2021), en la comunidad castellanomanchega hay actualmente 919 municipios, menos de la mitad de los que existen en Castilla y León. En el llano manchego y en Extremadura son por norma general muy extensos y los pueblos grandes (el clásico poblachón manchego del lenguaje popular), bastante alejados los unos de los otros, sobre todo en las provincias de Albacete y Ciudad Real, que son las que cuentan con los municipios más extensos. En las serranías, en cambio, los municipios son mucho más pequeños, tanto en extensión como en población.

La extensión media de los 87 municipios de la provincia de Albacete es de 170 km2, cifra que casi multiplica por tres la superficie media de los municipios españoles. El término municipal de la capital tiene 1.126 km2, superficie comparable a la de las mayores comarcas catalanas; le siguen Villarrobledo y Hellín, que superan los 700 km2, y Chinchilla de Montearagón —que fue capital provincial durante el Trienio Liberal— Almansa, Yeste y El Bonillo, que superan los 500 km2. Los términos de los municipios de Ciudad Real también son muy extensos, encabezados por Almodóvar del Campo que tiene 1.208 km2, seguido de Alcázar de San Juan y Retuerta del Bullaque, que superan los 600 km2; tres municipios superan los 500 km2 (Alhambra, Piedrabuena y Viso del Marqués) y seis sobrepasan los 400 km2, entre ellos las ciudades de Valdepeñas y Manzanares. En la provincia de Toledo sobresalen Los Yébenes (677 km2) y cuatro municipios que superan los 300 km2 de extensión: Consuegra, Corral de Almaguer, Los Navalucillos y Oropesa).

En las serranías, en cambio, los municipios son mucho más pequeños, tanto en extensión como en población. La provincia de Guadalajara tiene 288 municipios, cuya extensión media es de 42 km2, y en la de Cuenca hay 238 municipios, con una extensión media 72 km2. Entre estas dos últimas provincias suman cerca del 60% de los municipios de la comunidad. Toledo, con 204 municipios, queda en un término medio, con un notable contraste entre los pequeños municipios del norte del Tajo y los grandes municipios del llano. En la provincia de Cuenca, la capital tiene un término municipal enorme (911 km2), con una extensión similar a la de una comarca catalana mediana, como el Ripollés (956 km2); le sigue Huete, con 378 km2, pero en la provincia, y muy especialmente en las serranías, predominan los municipios de menos de 100 km2 de extensión, en la mayor parte de los cuales no se llega al centenar de habitantes empadronados.

Tabla 14

Castilla-La Mancha: número de municipios por tamaño poblacional (2021)

Total munic.

<101

101-500

501-1.000

1.001-2.000

2.001-5.000

5.001-10.000

10.001-20.000

20.000-50.000

50.001-100.000

>100.001

Total Castilla-La Mancha

919

262

270

109

100

100

41

21

10

5

1

% del total

100

28,5

29,4

11,9

10,9

10,9

4,5

2,3

1,1

0,5

0,1

Fuente: Población por provincias y tamaño de los municipios, INE.

Aunque las cifras no son aquí tan extremas como en Castilla y León, donde una tercera parte de los municipios tiene menos de 100 habitantes, cabe hablar también de la existencia de un problema de minifundismo municipal que afecta sobre todo a las serranías periféricas. Una tercera parte de los municipios castellanomanchegos tiene menos de 100 habitantes y cerca del 60%, menos de 500. En los 650 municipios que tienen menos de 1.000 habitantes reside solamente en torno al 8% de la población. En cambio, en las 37 poblaciones que superan los 10.000 habitantes reside más de la mitad de los residentes de la región castellanomanchega.

La despoblación afecta en gran manera a todos los municipios serranos. Como dije, el ranking lo encabeza la provincia de Guadalajara, donde más de la mitad de los municipios (148 sobre un total de 288) no llega a los 100 habitantes y un 80% no llega a los 500. En la provincia de Cuenca los datos son algo más moderados, pero el 70% de los municipios tampoco llega a los 500 habitantes. En el resto de las provincias el porcentaje de municipios pequeños se reduce significativamente, debido a su mayor extensión media.

Estancados en los dos millones de habitantes desde hace un siglo

Castilla-La Mancha supera actualmente los dos millones de habitantes (2.049.562 en 2021), una cifra prácticamente idéntica a la de setenta años atrás (2.030.598 habitantes en 1950). La evolución demográfica de la región fue positiva hasta esta última fecha gracias a sus altas tasas de natalidad y a un crecimiento vegetativo positivo. Ya había comenzado el éxodo rural hacia Madrid, Valencia y Barcelona, pero todavía era moderado en aquella década. De la misma forma que en toda la España rural, el gran declive fue general durante los años sesenta y setenta, afectando mucho más a las periferias serranas que a las llanuras manchegas. En dos décadas la región perdió cerca de medio millón de personas, situándose en 1,6 millones de habitantes en 1981 (exactamente, 1.648.633 habitantes). Desde este mínimo demográfico de los años ochenta hasta la actualidad, la población castellanomanchega se ha incrementado en cerca de medio millón de personas. El repunte de la primera década del siglo XXI incluso se notó levemente en los espacios serranos (Pillet Capdepón, 2007). En la montaña y en las serranías el índice de masculinidad es muy alto, algo habitual en las comarcas que han registrado una fuerte emigración. La población masculina supera, aunque por poco, a la población femenina en el conjunto de la comunidad, algo poco habitual cuando se trata de territorios extensos.

Actualmente, las trayectorias económicas y demográficas difieren en función del contexto territorial. Las serranías periféricas y las comarcas agrícolas continúan decreciendo o vaciándose, según la terminología al uso. En este entorno envejecido las personas mayores tienden a fijar su residencia en las cabeceras comarcales, donde además de los comercios y los supermercados pueden recibir una mejor atención sanitaria y social, aunque ello no obsta para que continúen empadronadas en sus lugares de origen. Las comarcas próximas y bien comunicadas con Madrid se benefician en gran manera de la proximidad a la capital, lo mismo que las poblaciones situadas a lo largo de los corredores de transporte. El crecimiento es importante en términos absolutos y relativos en el corredor del Henares hasta Guadalajara, en la vega media del Tajo y algo más moderado a lo largo de los corredores de transporte (las autovías A-2, A-3, A-4 y A-5).

Las capitales provinciales tienen evoluciones distintas en función de los contextos territoriales, aunque en algunas de ellas se evidencia una cierta tendencia al estancamiento. Su crecimiento reciente se relaciona con la importancia adquirida por los servicios públicos a partir de los años ochenta, sobre todo en materia de sanidad, educación y asistencia social. Albacete, situada en una inmejorable posición geoestratégica que le permite ser puerta de comunicación del litoral levantino (Valencia, Alicante y Murcia) con Madrid, es la mayor ciudad de Castilla-La Mancha, con 172.722 habitantes en 2021, cifra que duplica la población de Toledo y la de Guadalajara que, junto con Talavera de la Reina, superan los 80.000 habitantes; Ciudad Real tiene 70.000 habitantes y Cuenca 50.000. Todas las capitales aumentaron su población durante la primera década del siglo, pero tras la crisis inmobiliaria y la eclosión de la pandemia entraron en la actual etapa de atonía y estancamiento que afecta, en mayor o menor medida, a una gran parte de las ciudades medias del interior peninsular. Al no existir una jerarquía urbana clara y consolidada, existe una fuerte competencia entre ellas por la ubicación de los servicios y los equipamientos públicos, lo cual obliga a su funcionamiento en red.

Un caso aparte es Talavera de la Reina, la cuarta ciudad de la región (83.477 habitantes en 2021), situada en el curso medio del Tajo y centro de una gran comarca natural. Registró un gran crecimiento durante el último tercio del siglo XX y la primera década del XXI, pero luego entró en un periodo de atonía y estancamiento. La reacción llegó, como en otros tantos lugares que se consideran marginados —o vaciados—, a través de la creación de la plataforma ciudadana Talavera Existe y Resiste, cuyo banderín de enganche en 2022 es el soterramiento de la línea del AVE a su paso por la ciudad. En concordancia con el auge de las plataformas ciudadanas relacionadas con la España vaciada y vinculada a Talavera Existe y Resiste, se creó la asociación SOS Talavera y Comarca, en espera de acontecimientos con respecto a la creación de un partido nacional vinculado a la España vaciada. Las antiguas poblaciones industriales y mineras de la región han resistido como han podido el cierre de la minería y la crisis industrial, como Puertollano (48.477 habitantes en 2021) o Manzanares (17.845 habitantes en 2021). En cambio, Almadén, la población minera por excelencia, conoció un declive imparable a partir del cierre de las minas de mercurio (en 2021 tenía poco más de 5.000 habitantes, la mitad de la población de los años noventa).

Extremadura en el confín occidental de la Meseta meridional

El sustantivo extremadura fue sinónimo de ‘tierras de frontera’ durante las primeras fases de la Reconquista, allá por los siglos XI y XII. Tenía el mismo significado que el término marca, que en aquellos tiempos identificaba los condados carolingios del sur de los Pirineos, sobre todo en Cataluña. La comunidad extremeña tiene una extensión de 41.635 km2, algo por debajo de la de Aragón, equivalente al 8,3% de la superficie del país. Es la quinta comunidad autónoma atendiendo a su extensión superficial y la decimotercera por su población. La región supera por muy poco el millón de habitantes (1.054.079 personas censadas en 2021), cifra prácticamente idéntica a la de cien años atrás, lo cual da idea de su estancamiento económico y demográfico, denunciado reiteradamente por los medios regionales y nacionales. La pobreza y la marginalidad es una especie de sambenito que la región extremeña viene arrastrando desde principios del siglo XX y que, probablemente, tiene poco que ver con la Extremadura actual. Volveré sobre ello al final del apartado.

Un vasto territorio rural: montes, dehesas y regadíos

El territorio extremeño no es más que la prolongación occidental de la Meseta meridional que decae gradualmente hacia Portugal y el océano Atlántico. El curso del Guadiana sirve de indicador: hay 300 m de desnivel entre los 496 m de altitud de la coronación del pantano de Cíjara, situado en el límite con Ciudad Real, y los 185 m de altitud de Badajoz, en el límite con Portugal. El espacio geográfico extremeño queda bien delimitado por tres cadenas de montañas, orientadas de este a oeste, entre las que se abren paso los ríos Tajo y Guadiana en busca de Portugal y el océano Atlántico. Al norte de la región se yergue el sistema Central, que culmina en los 2.405 m de altitud del pico Calvitero (en el término de Tornavacas) con las montuosas y aisladas comarcas cacereñas de las Hurdes y el valle del Jerte. Al sur de la cordillera se abre la vega y el valle medio del Tajo, y en el centro de la región se alzan los montes de Toledo, que separan las cuencas de los dos grandes ríos extremeños. Sus estribaciones se prolongan hasta la comarca de la Siberia, en el extremo nordeste de la provincia de Badajoz. La toponimia es clara en este sentido, puesto que diversos pueblos de la zona llevan el apelativo “de los Montes”, como Fuenlabrada y Helechosa. Finalmente, al sur del Guadiana se levanta el umbral de Sierra Morena, en el límite con las provincias de Córdoba, Sevilla y Huelva. De altitudes moderadas (cerro de Tentudía, 1.112 m), la sierra es mucha más abrupta en el flanco sur andaluz que en el extremeño. Comarcas estas últimas también poco pobladas, pero sobradamente conocidas a uno y al otro lado de la sierra por sus excelentes jamones de bellota, tanto los de la vertiente andaluza (Jabugo y los Pedroches) como la extremeña, cuyos jamones se acogen a la denominación Dehesa de Extremadura.

El paisaje del centro de la región se resuelve en una sucesión de ondulaciones y amplias vaguadas de horizontes abiertos y dilatados. Una vasta penillanura donde afloran el granito y las pizarras paleozoicas en los altozanos y las arcillas y otros materiales sedimentarios en las hondonadas. Se trata de un roquedo donde se forman unos suelos que tienen tendencia a la acidez (su pH es inferior a 6,2), muy propicios para el alcornoque, el árbol más representativo de las dehesas junto con la encina. A pesar de su cercanía al océano Atlántico, el clima extremeño es de tipo mediterráneo continental, con inviernos algo más cortos hacia el interior de la Meseta y veranos mucho más largos y tórridos, especialmente en la provincia de Badajoz.

Las lluvias, como en el resto de la Meseta meridional, llegan con los húmedos vientos del suroeste (llamados ábregos), procedentes del Atlántico, y son particularmente copiosas en la vertiente sur del sistema Central (en las Hurdes y el valle del Jerte). La lluvia otoñal reverdece las dehesas y posibilita el pastoreo hibernal de los rastrojos. Los pastos de invierno extremeños fueron controlados antiguamente por la Mesta, la poderosa organización ganadera abolida en 1836, que mantenía un litigio histórico con los agricultores a causa de su oposición a la roturación de la tierra para favorecer los pastos invernales, circunstancia que explica la enorme extensión de las dehesas, el paisaje más emblemático y representativo de Extremadura. Su extensión, dependiendo del método de cálculo, se cifra entre el medio millón y el millón de hectáreas, que representan aproximadamente entre el 30% y el 40% de la superficie regional. La escasa población, unida a la enorme extensión y riqueza cinegética de las dehesas, explica que la caza, tanto la mayor como la menor, constituyan un importante recurso económico de la región. El patrimonio natural de Extremadura es cuantioso y sobresale por su extraordinaria biodiversidad. Hay un contraste enorme entre los paisajes de alta montaña del sistema Central (en la Hurdes o en el valle del Jerte), las dehesas que recubren una gran parte del territorio y las verdeantes vegas del Tajo y del Guadiana.

El Plan Badajoz: pantanos y pueblos de colonización

En su descenso hacia Portugal, las aguas del Tajo y el Guadiana, junto con sus afluentes, fueron represadas por enormes embalses, entre los que destacan el de Alcántara, sobre el Tajo, y el de La Serena, sobre el Zújar, afluente del Guadiana, uno de los mayores de Europa por sus 4.000 hm3 de capacidad, inaugurado en 1990. Uno de los primeros que se construyeron fue el de Cíjara, inaugurado en 1956, con una capacidad de 1.505 hm3, un volumen de agua que podría cubrir el consumo de la Comunidad de Madrid durante tres años (unos 500 hm3 por año). Los enormes embalses extremeños detentan la mayor capacidad de almacenamiento de agua de la Península (14.000 hm3) y posibilitaron en su momento la puesta en marcha de los regadíos del Plan Badajoz entre 1952 y 1965, uno de los grandes proyectos con los que el primer franquismo intentaba redimirse. En ese periodo autárquico anterior al Plan de Estabilización de 1959, la política franquista se centraba en la construcción de grandes pantanos, la extensión del regadío y la creación de pueblos de colonización que surgieron por toda la geografía peninsular. A través del Plan Badajoz, en los años sesenta se transformaron unas 120.000 hectáreas en tierras de regadío que se distribuyeron por sorteo entre los posibles colonos, a razón de entre 4 y 6 hectáreas por familia, e implicaron la creación de cerca de setenta pueblos a través del Instituto Nacional de Colonización, que hoy configuran el paisaje agrario de las vegas del Guadiana, anteriormente muy poco poblado.

No se trata exactamente de un proyecto franquista, sino que deriva de la obsesión histórica de los intelectuales e ingenieros regeneracionista por los regadíos (caso de Joaquín Costa y Rafael Benjumea, conde de Guadalhorce) que a principios del siglo XX se concretaron con la creación de los primeros organismos de gestión integral de las cuencas hidrográficas (las actuales confederaciones hidrográficas) y la redacción de planes específicos para cada cuenca. Los regadíos de la vega del Guadiana se materializaron en algo tangible durante el régimen franquista, pero la propuesta ya aparece en el plan de obras hidráulicas de 1902, el llamado plan Gasset, que recoge la citada gran aspiración histórica del regeneracionismo decimonónico. Después de más de un siglo de aplicación, y teniendo en cuenta la tendencia habitual de los medios y de la intelectualidad a ver siempre el vaso medio vacío, la política hidráulica del país de ninguna manera puede calificarse de fracaso, sino todo lo contrario, lo cual no quiere decir que no tenga puntos negros.

Existe una muy abundante literatura científica sobre el Plan Badajoz y su repercusión socioeconómica en la región extremeña. Las críticas al mismo no se centran tanto en el plan propiamente dicho, sino que denuncian la falta de inversiones industriales coetáneas, que se concretaron casi exclusivamente al sector agroalimentario, principalmente el conservero, con una preeminencia del tomate. No obstante, José Ignacio Sánchez Sánchez-Mora (2015: 239), en un informe sobre el agro extremeño, ve más luces que sombras en la puesta en marcha del plan y su significación económica para el conjunto de la región. Dice lo siguiente: “hoy día, los regadíos de Extremadura, ocupando solamente el 6% de la superficie regional, aportan más del 30% del PIB de la agricultura y el 60% del PIB de la rama agrícola” extremeña. Sobran los comentarios.

De las pobladas vegas regadas a los vacíos serranos

La densidad de población de Extremadura se sitúa tres veces por debajo de la media española (25,3 hab./km2 en la región, por los 94 hab./km2 de España), cifra prácticamente idéntica a la de las comunidades vecinas de Castilla-La Mancha (25,8 hab./km2) y Castilla y León (25,3 hab./km2) e incluso que la de la vecina región portuguesa del Alentejo (24,1 hab./km2). Como apunté al principio de este capítulo, la trilogía formada por Extremadura, Aragón y Castilla y León encabeza el ranking de la despoblación española. Badajoz es la provincia más extensa de España (21.766 km2) y la más poblada de Extremadura, con 673.559 habitantes en 2021, que suponen casi las dos terceras partes de la población regional (el 64% exactamente), con una densidad de 31 hab./km2, bastante superior a la media regional. Cáceres es la segunda provincia española por su superficie (19.868 km2), pero está mucho menos poblada que Badajoz, con cerca de 400.000 habitantes (394.151 en 2021), que representan el 36% de la población regional, con una exigua densidad de población de 20 hab./km2, hecho que se debe, en parte, a que su territorio es mucho más montañoso y accidentado.

Las diferencias internas son enormes. No es lo mismo el poblado corredor Mérida-Badajoz y las vegas del Guadiana que comarcas de montaña como las Villuercas, la Siberia y las sierras de San Pedro o de Monfragüe, hoy convertida en parque nacional. En las sierras y en los montes adehesados la densidad de población cae por debajo de los 12,5 hab./km2, el reiteradamente citado umbral oficial de despoblación fijado por la Unión Europea a escala provincial (NUTS-3). Las cifras no mienten. La densidad de población de la provincia de Cáceres se sitúa por encima de la de las provincias de Soria, Teruel y Cuenca, consideradas oficialmente despobladas, pero su enorme extensión oculta la existencia de numerosas comarcas casi despobladas o vacías en su interior. Es por ello por lo que viene a propósito recordar, una vez más, que debería reconsiderarse la delimitación de la despoblación a escala provincial en demarcaciones tan extensas como las españolas. El cálculo a esta escala de la densidad oculta o esconde debajo de la alfombra los enormes vacíos en provincias tan extensas como Badajoz, Cáceres, Guadalajara o Zaragoza.

Extremadura superó el millón de habitantes en el censo del año 2020 (exactamente, 1.064.318 habitantes). Tras un largo periodo de crecimiento vinculado tanto al mantenimiento de unas elevadas tasas de natalidad como al incipiente desarrollo agrario generado por la puesta en marcha de los regadíos del Plan Badajoz, la región alcanzó su máximo poblacional en 1960, con cerca de 1,5 millones de habitantes (1.406.329 habitantes). No obstante, entre los años sesenta y setenta la región perdió más de 350.000 habitantes, siendo Cataluña el destino prioritario de la emigración extremeña, seguida de Madrid, el País Vasco y el extranjero. Se da la paradoja que Extremadura tiene hoy día poco más o menos los mismos habitantes que cuarenta años atrás y que hace un siglo. En 1981 la población superaba por poco el millón de habitantes (1.064.968 habitantes), por una cifra prácticamente idéntica en 2021 (1.063.987 habitantes) e igualmente idéntica cien años atrás, en 1920, con unas diferencias entre estos extremos que no llegan al millar de persona censadas. Un reflejo evidente del estancamiento de la región en términos absolutos y relativos.

La estructura municipal extremeña es muy semejante a la de Castilla-La Mancha. Entre las dos provincias suman 388 municipios, de los que 223 pertenecen a la provincia de Cáceres y 165 a la de Badajoz. Se trata de un número relativamente reducido atendiendo a la extensión del territorio y a la dimensión media de los municipios españoles. Al igual que en Castilla-La Mancha predominan los términos municipales relativamente extensos, sobre todo en Badajoz, situación que contrasta con las serranías del norte de la provincia de Cáceres, donde los municipios son mucho más pequeños tanto en extensión como por su número de habitantes, sobre todo en la orla montañosa septentrional. Como podemos ver en la tabla 15, más de la mitad de los municipios tiene menos de 1.000 habitantes (el 56% del total) y un 45% se sitúa entre los 1.001 y los 2.000 habitantes. Son cifras que contrastan con los micromunicipios de Castilla y León, pero aquí también predominan los pequeños municipios en términos de población residente. En contraste con lo anterior, la ciudad de Cáceres tiene el término municipal más extenso de España, con una superficie de 1.750 km2, que es muy semejante a la de la provincia de Gipuzkoa (1.997 km2). Cifras que dan una ligera idea de la desproporción existente entre las divisiones administrativas del Estado español.

La única ciudad que supera los 100.000 habitantes es Badajoz, seguida de Cáceres y Mérida, que superan los 60.000. Plasencia, Almendralejo y Don Benito superan los 30.000 habitantes y nueve poblaciones más los 10.000. Si se hiciera efectiva la unión de los municipios de Don Benito (37.284 hab.) y Villanueva de la Serena (25.752 hab.), aprobada en referéndum, se convertiría en la tercera ciudad extremeña, por delante incluso de Mérida, por número total de habitantes (más de 63.000). Caso único y a imitar en España por lo que se refiere a pequeñas ciudades de este tamaño poblacional, un país donde lo que impera son los expedientes de segregación municipal de innumerables pedanías que aspiran a constituirse en municipios independientes. Una tendencia probablemente atávica, no solamente a la escala local.

Tabla 15

Extremadura: número de municipios por tamaño poblacional (2021)

Total munic.

<101

101-500

501-1.000

1.001-2.000

2.001-5.000

5.001-10.000

10.001-20.000

20.000-50.000

50.001-100.000

>100.001

Total Extremadura

388

8

116

94

82

53

22

6

4

2

1

% del total

100

2

30

24

21

14

6

1,5

1,0

0,5

0,1

Fuente: Población por provincias y tamaño de los municipios, INE.

Desde la perspectiva económica, Extremadura pasa por ser, junto con Andalucía, la comunidad autónoma más empobrecida. Según los últimos datos publicados por el INE en diciembre de 2021, un año muy afectado por la pandemia, el PIB por habitante de la región fue de 18.301 euros, cuando la media nacional es de 23.693 euros. Dicho de otra forma: si la media española es igual a 100, Extremadura se queda en un exiguo 77, más de veinte puntos por debajo, cifra situada un poco por encima de Andalucía y de las islas Canarias, que ocupan las últimas posiciones en cuanto a PIB por habitante (74 sobre 100 en ambos casos). La Comunidad de Madrid, con un índice de 135 sobre 100, y el País Vasco, con 127 sobre 100, ocupan los primeros lugares del ranking español, siendo las únicas comunidades españolas que superan la media europea (si España es igual a 100, la media de la EU-27 es 126). El PIB por habitante mide estrictamente la producción, pero Extremadura se sitúa también en las posiciones de cola si se consideran otros indicadores: ocupa la última posición en renta mediana por persona, con 12.006 euros por habitante, siendo la media española de 16.043 euros en el año 2020. El primer lugar lo ocupa el País Vasco (21.701 euros), seguido de Navarra (21.174 euros), Cataluña (18.943 euros) y Madrid (18.154 euros).

Para concluir, el patrimonio cultural y monumental extremeño es ingente. Entre otros elementos patrimoniales sobresalen el casco histórico de Cáceres, el enorme legado romano de Mérida, la Augusta Emerita, y el monasterio de Guadalupe, todos ellos declarados patrimonio mundial por la Unesco. No obstante, en el imaginario colectivo del español medio que habla de oídas y desconoce la región sigue persistiendo la imagen de pobreza y atraso que transmitieron en su momento grandes éxitos literarios y cinematográficos. Sin ir más lejos, es el caso del conocido, multipremiado y elogiado seudoreportaje titulado Las Hurdes, tierra sin pan, dirigido por Luis Buñuel, que se estrenó en 1933 y provocó un escándalo sin precedentes en su momento, cuya polémica ha llegado hasta el presente. La pobreza y el atraso de las Hurdes eran evidentes cuando se rodó el documental, pero sus condiciones de vida no diferían substancialmente de las que existían en una buena parte de las comarcas de montaña españolas, sobre todo en las más aisladas. Las críticas al reportaje se ceban sobre todo en las libertades que se tomó Buñuel para acentuar el dramatismo de muchas de las escenas, que con el tiempo han devenido icónicas desde el punto de vista cinematográfico, aunque no reflejaran la realidad comarcal. Es muy difícil luchar contra un falso estereotipo cuando este adquiere carta de naturaleza y se convierte en un lugar común.

Tabla 16

Evolución de la jerarquía urbana de las ciudades españolas, 1920-2020

Ciudad

1920

1950

2000

2020

Nº hab.

R

Nº hab.

R

Nº hab.

R

Nº hab.

R

1920 = 100

Madrid

728.037

1

1.527.894

1

2.938.723

1

3.334.730

1

458

Barcelona

705.901

2

1.276.675

2

1.500.884

2

1.636.732

2

231

Valencia

251.258

3

509.075

3

750.476

3

800.215

4

318

Sevilla

205.529

4

376.627

4

700.716

4

691.395

4

336

Zaragoza

141.350

7

264.256

6

604.629

5

681.877

5

482

Málaga

150.584

6

276.222

5

531.565

6

578.460

6

384

Murcia

158.724

5

249.738

7

353.502

9

459.403

7

289

Palma de Mallorca

77.418

9

136.814

11

333.924

10

422.587

8

492

Las Palmas

65.059

11

153.856

10

364.777

7

381.223

9

585

Bilbao

112.819

8

229.334

8

354.270

8

350.184

10

310

Alicante

63.908

12

104.222

12

276.884

12

337.482

11

528

Córdoba

73.710

10

165.403

9

313.463

11

326.039

12

442

R = número de orden en función del nº de habitantes.

Fuente: INE.

Capítulo 7

Teoría y práctica: de la Política Agrícola Común
y la iniciativa LEADER al territorio rural

Con la firma del Tratado de Roma en 1957 por parte de los seis países fundadores (Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Alemania Occidental), iniciaba su andadura lo que tiempo a venir se convertiría en la actual Unión Europea. Un espacio de libre circulación de las personas y las mercancías que hoy integran 27 países que abarcan una superficie de 4 millones de km2 y acogen a 450 millones de personas, de las que 340 millones de 20 países distintos usamos una moneda común: el euro. Una obra de orfebrería política que constituye el mayor espacio de libertad del mundo, pero que los populismos y los nacionalismos irredentos pueden destruir fácilmente. Y el Brexit es una grave advertencia en este sentido. La Unión Europea es un encaje de bolillos. Algo impensable al terminar la Segunda Guerra Mundial, la más cruenta de las muchas guerras que hasta aquel momento habían arrasado una y otra vez el territorio europeo.

Desde su misma creación como Comunidad Económica Europea (CEE), convertida en Unión Europea en virtud de la ratificación del Tratado de Lisboa en 2009, las instituciones comunitarias han prestado una gran atención a la política agrícola y al desarrollo rural. La CEE empezó su andadura con la Comunidad del Carbón y el Acero (París, 1951), pero enseguida centró su atención en las políticas agrarias encaradas a la pervivencia de un mundo rural en retroceso en toda Europa. En 1962 nace la Política Agrícola Común (PAC), que desde aquella fecha hasta la actualidad ha sido uno de los pilares de la política territorial europea. En los años cincuenta y sesenta su objetivo principal era asegurar la suficiencia alimentaria de los países miembros, fijando unos precios de garantía de los productos agrícolas, y al mismo tiempo preservar la renta de los agricultores. Los precios garantizados comportaron un incremento sin mesura de determinados productos agropecuarios, muy por encima de la capacidad de consumo de los países de la CEE, con lo cual se acumularon cantidades ingentes de productos, como la leche y la mantequilla, que había que malvender, ceder a países en vías de desarrollo e incluso destruir. Durante décadas, los precios de garantía absorbieron el 60% del presupuesto europeo. Cuando se negoció la entrada de España a la Unión Europea, los precios de garantía fueron uno de los principales caballos de batalla del tratado de adhesión, con los conocidos límites a la producción de leche entre otras limitaciones fijadas en la letra pequeña del tratado firmado en 1986.

La PAC empezó a reformarse en los años noventa, tanto para atenuar la sangría provocada por los precios de garantía y limitar la superproducción de determinados bienes, como para asegurar la renta de los agricultores y evitar así que se acelerara todavía más el desmoronamiento del mundo rural. Las reformas posteriores de la PAC han ido siempre en estas dos direcciones: mejorar la renta de los agricultores, por una parte, y fomentar el desarrollo y la diversificación de la economía rural, por la otra. Es decir, ya no se trata solamente de incentivar la producción agropecuaria y asegurar la suficiencia alimentaria, sino de asegurar el desarrollo y la sustentabilidad medioambiental, social y cultural del medio rural, ante el avance imparable de los procesos de urbanización. La PAC supone todavía cerca del 40% del presupuesto comunitario.

La última reforma de la PAC entró en vigor el 1 de enero de 2023 y establece un conjunto de objetivos para el periodo 2023-2027. Su presupuesto es astronómico, mareante si a alguien se le ocurre hacer el cálculo en pesetas. Según la nota de prensa alojada en la página web de la Comisión Europea titulada “La nueva política agrícola común: 2023-2027”, el presupuesto asignado a la PAC asciende a 387.000 millones de euros para el periodo 2021-2027, distribuidos entre el Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (FEAGA), que acapara 291.100 millones de euros (a precios corrientes), y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), que asciende a 95.500 millones de euros.

No son estos los únicos fondos que tienen una incidencia territorial. España es el tercer país beneficiario de las políticas europeas de cohesión. En este sentido, la Comisión Europea aprobó un presupuesto de 36.682 millones de euros para el periodo 2021-2027 en virtud de la aplicación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado por el Gobierno español en abril de 2021. De este montante total, las dos terceras partes (23.497 millones de euros) se administran a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Y la tercera parte restante, por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), 11.296 millones; el Fondo de Transición Justa (FTJ), 869 millones, y el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA), 1.120 millones. Cantidades que solo dan una ligera idea del volumen del presupuesto comunitario destinado a fines territoriales y sociales.

En cuanto a los fondos que provienen de la PAC, las tres cuartas partes del presupuesto (el 75% exactamente) se destinan al FEAGA, cuyo objetivo es asegurar unos precios mínimos para determinados cultivos y producciones e incentivar, por otra parte, la adopción de métodos y prácticas de cultivo más sostenibles desde el punto de vista medioambiental. La PAC se vuelve cada vez más compleja debido a la introducción de numerosas cláusulas relativas a las prácticas de labranza, el uso de pesticidas, el bienestar animal y otros condicionantes que llevan de cabeza a los posibles beneficiarios. Los sindicatos agrarios se quejan frecuentemente de la burocracia europea, del enorme volumen de papeleo requerido para acogerse a las subvenciones de la PAC, que hoy benefician a unos 650.000 titulares de explotaciones agrarias en toda España.

El FEADER, por su parte, se dedica casi exclusivamente al fomento del desarrollo integral de las comarcas y los espacios rurales incentivando su diversificación productiva, más allá de lo considerado estrictamente agropecuario, que incluye también la mejora del bienestar social y la generación de puestos de trabajo alternativos en sectores complementarios. Es el caso de nuevas actividades como el turismo rural activo y de naturaleza, la puesta en valor del patrimonio cultural o mejorar las condiciones de vida y las oportunidades de promoción personal de la población residente en el espacio rural.

De acuerdo con lo expuesto hasta aquí, este capítulo se desarrolla en dos partes complementarias. En la primera, y a modo de una necesaria definición del terreno de juego, explico con un cierto detalle la incidencia de las políticas de desarrollo rural impulsadas a través de los fondos FEADER, que la Unión Europea destina a este fin a través de la iniciativa LEADER. Dicha iniciativa se puso en marcha a principios de los años noventa y ha financiado la creación y el funcionamiento de los cerca de trescientos Grupos de Acción Local (GAL) que existen en el Estado Español. Las propuestas de estos grupos complementan la PAC, y su objetivo principal, más allá de lo estrictamente agropecuario, es diseñar mediante un proceso participativo el plan estratégico de desarrollo rural de su respetiva demarcación. Una vez redactado, el plan se somete a la consideración de las autoridades europeas y, en caso de ser aprobado, cada grupo se responsabiliza de la ejecución de las acciones previstas y de su supervisión. La influencia de los GAL en el campo español ha sido y es realmente importante, y en muchos casos decisiva para el mantenimiento de una cierta vida social y económica en los espacios rurales más despoblados y marginales del país.

La segunda parte del capítulo se centra en el estudio de casos, entre otras cosas porque los ejemplos concretos, si son verdaderamente representativos, permiten ilustrar procesos globales. Analizo con un cierto nivel de detalle la evolución de cinco municipios rurales de distinto tamaño demográfico situados en distintos contextos territoriales (Comunitat Valenciana, Catalunya, Castilla-La Mancha, Extremadura y Asturias) y que se encuentran en situaciones muy distintas por lo que se refiere a sus perspectivas de desarrollo a medio plazo.

Por su interés actual y por la insistencia de los medios en que la pandemia podría impulsar un movimiento de retorno e incluso de repoblación del campo y de los espacios rurales, dedico un apartado específico del capítulo a verificar si se producen nuevos empadronamientos en los casos de estudio y en el medio rural en general. Por su interés, y porque tengo un mejor conocimiento personal del mismo, me extiendo algo más en la situación actual del municipio de Calles y la comarca valenciana de los Serranos, sobre todo por su situación geográfica en la frontera entre dos mundos: el dinámico y superpoblado litoral valenciano y los semivacíos espacios interiores de las serranías de Cuenca y Teruel, incluido el valenciano Rincón de Ademuz. Todavía no se tiene la suficiente perspectiva temporal como para establecer conclusiones categóricas respecto a los nuevos empadronamientos, pero sí que se detectan tendencias positivas en este sentido, pero muy selectivas. Resumiendo, los casos analizados son puntuales, pero constituyen una muestra representativa de la gran variedad de situaciones por las que atraviesan los municipios rurales, que completa lo visto en otros capítulos sobre el vaciado rural.

Iniciativa LEADER, Grupos de Acción Local
y sostenibilidad del espacio rural

En la medida que los casos de estudio que analizo en la segunda parte del capítulo se encuentran en zonas elegibles de la iniciativa LEADER de desarrollo rural, creo necesario explicar previamente en qué consiste esta iniciativa comunitaria complementaria de la Política Agrícola Común (PAC) y financiada a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). Según la página web de la Red Rural Nacional (RRN), alojada en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), el presupuesto del FEADER destinado al fomento y la financiación de proyectos y acciones específicas de desarrollo rural para el periodo 2023-2027 asciende a 5.403 millones de euros.

La iniciativa LEADER ha tenido y tiene una gran repercusión en el espacio rural español, puesto que desde hace tres décadas financia total o parcialmente millares de proyectos de desarrollo rural en todo el país a través de los llamados Grupos de Acción Local (GAL). El programa constituye un punto de apoyo fundamental para asegurar la sostenibilidad del campo español, que se añade a los 650.000 perceptores de la PAC, lo que, según las estimaciones del ministerio, puede suponer hasta el 25% de los ingresos de una explotación agraria convencional. En el país existen actualmente cerca de un millón de explotaciones agrarias (914.871), que incluyen desde una abrumadora mayoría de pequeñas explotaciones, muchas de ellas llevadas a tiempo parcial, a los latifundios tradicionales y las superproductivas y tecnificadas explotaciones ligadas a la irrupción de las corporaciones agroalimentarias (el llamado agrobusiness). En el país hay algo más de un millón de personas que cotizan en la rama agrícola, la mitad de ellas en Andalucía, según el censo agrario del 2020 publicado por el INE.

La denominación LEADER deriva de las siglas de la expresión en francés Liaisons Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale, que traducida literalmente significa ‘Vínculos Entre Acciones de Desarrollo de la Economía Rural’. El programa nació en 1991, de manera que acumula una experiencia de tres décadas dedicadas a la elaboración, gestión, ejecución y seguimiento de los planes de desarrollo rural financiados por el FEADER, juntamente con las comunidades autónomas y la Administración estatal. Como vimos, desde un punto de vista práctico los fondos del FEADER se suman al resto de inversiones comunitarias en territorio español, como las que derivan del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y del Fondo Social Europeo (FSE), financiadas a través de los fondos estructurales y los fondos de cohesión.

El programa LEADER tiene por objetivos principales contribuir a la sostenibilidad socioeconómica y medioambiental de los espacios rurales de la Unión Europea fomentando su diversificación económica y la creación de empleo rural. El programa funciona teóricamente de abajo arriba, es decir, las propuestas de actuación se formulan desde el propio territorio rural y se vehiculan hacia la Unión Europea a través de las preceptivas instancias autonómicas y estatales. El punto de partida son los citados Grupos de Acción Local (GAL) o Grupos de Desarrollo Rural (GDR), que deben constituirse en las comarcas y los territorios que se acogen a las ayudas procedentes del FEADER.

Los Grupos de Acción Local: ¿motor de desarrollo
o neocaciquismo político?

Los Grupos de Acción Local (GAL) son asociaciones público-privadas sin ánimo de lucro de ámbito local y comarcal y funcionamiento asambleario. Su función principal consiste en diseñar y aprobar, a través de un proceso de participación ciudadana, los planes estratégicos de desarrollo rural y local de su respectiva demarcación, que serán financiados por los fondos FEADER. Desde su creación en los años noventa, sus objetivos y sus estrategias han evolucionado desde la mera propuesta de proyectos concretos de desarrollo rural hasta la actualidad, en que el acento se pone en la participación ciudadana y en el llamado desarrollo local participativo, visto como un instrumento de dinamización y fomento del emprendimiento en el medio rural.

La denominación de cada grupo suele hacer referencia al topónimo o las características de su área territorial de actuación; es el caso, por ejemplo, del GDR del Bajo Nalón (Asturias), del CEDER La Siberia (Extremadura) o del GDR de Guadix (Granada), y así hasta llegar a los cerca de 300 grupos que funcionan actualmente en el país. Su composición interna y su funcionamiento debe estar de acuerdo con la metodología LEADER y se regula a través de los preceptivos estatutos que definen la composición del propio grupo y de sus órganos de gobierno. Como es lógico suponer, el funcionamiento de los grupos, la elaboración de los planes y la ejecución de estos implica a millares de personas en todo el territorio español.

Los grupos están constituidos en un 50% como máximo por representantes de los entes locales de su ámbito de actuación (ayuntamientos, mancomunidades y comarcas donde estén reconocidos), y el resto por interlocutores privados representativos de la sociedad civil organizada del territorio; es decir, cooperativas y sindicatos agrícolas, asociaciones empresariales o de consumidores, entidades cívicas y culturales y otros colectivos específicos como las asociaciones de jóvenes y de mujeres, entre otras entidades locales o comarcales con incidencia en el espacio rural. El objetivo principal de los grupos es fomentar la participación ciudadana y la dinamización del tejido socioeconómico, productivo y cultural de su marco de actuación, implicando a la población residente en su propio desarrollo local y rural. A efectos de que los grupos no se encierren en su propia burbuja comarcal o territorial, también pueden proponer, impulsar y llevar a cabo proyectos de cooperación interterritoriales o transnacionales.

El máximo órgano de decisión del grupo es la asamblea general, que está integrada por todos los socios de pleno derecho. La asamblea puede decidir sobre todos los asuntos que conciernen a la misma, con la salvedad de que el voto de los miembros del grupo cuya naturaleza jurídica sea pública o administrativa no podrá superar el 50% en los órganos de decisión. La asamblea nombra a su vez a la junta directiva encargada de ejecutar los acuerdos y al resto de órganos de gobierno, entre ellos el comité de seguimiento y la gerencia (frecuentemente ejercida por un agente de desarrollo local, una figura creada a este efecto), además del responsable financiero. Los costes de funcionamiento se cubren con las cuotas de los socios y las subvenciones y otras aportaciones que puedan garantizar la continuidad del grupo y la consecución de sus objetivos. Cada grupo es responsable de mantener al día su página web, el instrumento a través del cual se publicitan las convocatorias, el tipo de proyectos subvencionables y se formaliza la presentación de solicitudes.

La creación de los grupos debe contar con la aprobación de la respectiva comunidad autónoma para cada periodo de programación de los fondos FEADER. Como dije, actualmente están en curso de redacción y aprobación los planes de desarrollo local y rural de la convocatoria 2023-2027, una vez cerrada la de 2014-2022. Según la página web del programa LEADER, en el territorio de la Unión Europea funcionan actualmente 2.800 GAL, que llevan a cabo sus respectivos programas de desarrollo rural y abarcan hasta el 61% de la población rural comunitaria. En España, según la página web del FEADER alojada en el Ministerio de Hacienda, existen actualmente 283 GAL, lo cual supone una media de poco más de cinco grupos por provincia.

Existen grupos en todas las comunidades autónomas, e incluso una región tan urbanizada como la Comunidad de Madrid cuenta con tres GAL: el de la zona Norte (valle del Lozoya) y los de las zonas Sureste y Suroeste. En cuanto al número de grupos por cada comunidad autónoma, el ranking está encabezado por Andalucía, con 52 grupos, seguida de Castilla y León con 44, Castilla-La Mancha (29), Galicia (25), Extremadura (24), Aragón (20), Asturias (11), Cataluña (11), Comunidad Valenciana (11), Canarias (7), Cantabria (5), Murcia (4), Navarra (4), La Rioja (3), Illes Balears (3) y Euskadi con un solo grupo de desarrollo local, que integra el territorio rural de las tres provincias vascas. Los grupos funcionan en red, tanto a la escala autonómica como a escala nacional a través de la Red Española de Desarrollo Rural (REDR), asociación sin ánimo de lucro constituida en 1995, además de las correspondientes redes autonómicas.

Los grupos y los planes estratégicos
de desarrollo rural: un balance

Los planes estratégicos redactados y aprobados en primera instancia por cada GAL deben pasar por el filtro de tres administraciones distintas hasta su aprobación definitiva por parte de las autoridades comunitarias. Una vez la asamblea general del grupo aprueba el plan estratégico, el segundo paso consiste en su validación por parte de la Administración autonómica correspondiente. Hay que recordar, en este sentido, que el desarrollo rural es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Una vez aprobado el plan estratégico de desarrollo rural de la comunidad autónoma correspondiente, este se remite a las instancias del Estado que formalizarán el plan de desarrollo rural a escala nacional, que será trasladado a la institución comunitaria competente para su aprobación definitiva. La Comisión Europea tiene la última palabra en cuanto a la aprobación de los proyectos subvencionables y el control y fiscalización de su ejecución.

Actualmente, se ejecuta la convocatoria LEADER correspondiente al periodo 2023-2027. Como dije, cada GAL o GDR elabora y aprueba su propio plan estratégico de desarrollo rural de acuerdo con las directrices y prioridades de cada convocatoria que, en este caso, prioriza, al igual que la PAC, los proyectos medioambientales y la concesión de ayudas específicas a los jóvenes y a las mujeres que se pongan al frente de una explotación agraria.

En cuanto a las acciones a subvencionar, se formalizan dos tipos de propuestas: por una parte, los proyectos llamados productivos, cuyo objetivo principal es incentivar la creación de empresas y puestos de trabajo en el medio rural, independientemente del sector o subsector productivo, lo cual incluye desde proyectos agroforestales a proyectos turísticos, artesanales, tecnológicos o de prestación de servicios a las empresas y a las personas, como la creación de empresas de servicios de asistencia domiciliaria a las personas dependientes o discapacitadas residentes en un entorno rural.

Las propuestas llamadas no productivas, por su parte, incluyen mejoras infraestructurales, extensión de las redes de telecomunicaciones, fomento del uso de las TIC y otras acciones relacionadas con la adaptación al cambio climático, como puede ser la adopción de medidas de ahorro energético. La cuantía de las ayudas depende de lo establecido en cada convocatoria. Los proyectos empresariales requieren de una inversión mínima a efectos de asegurar su solvencia; las subvenciones pueden cubrir hasta el 75% de la inversión con un tope que generalmente se fija en los 200.000 euros por proyecto, distribuidos en las anualidades previstas para su ejecución.

Durante el periodo de vigencia de la convocatoria 2014-2020, el FEADER destinó nada menos que unos 100.000 millones de euros a la ejecución de las acciones previstas en los Planes de Desarrollo Rural (PDR) presentados por los Estados miembros. A modo de ejemplo, y según una nota de prensa emitida por el Gobierno de Aragón, el presupuesto previsto del Programa de Desarrollo Rural (PDR) aragonés correspondiente al periodo 2023-2027 asciende a 580 millones de euros; la previsión es que 304 millones sean aportados por los fondos FEADER, 120 millones por el Estado y los 157 millones restantes por el Gobierno de Aragón.

A lo largo de las últimas décadas, los grupos han impulsado miles de iniciativas y proyectos de desarrollo rural a través del programa LEADER, con lo cual el balance es positivo a pesar de que no todos los proyectos tienen continuidad o llegan a buen puerto. La lista de fracasos es enorme, pero la balanza se inclina del lado del platillo de los éxitos. Las críticas a la labor de los grupos responden a distintas motivaciones. Se cuestiona, en primer lugar, su composición interna debido a que se considera que están excesivamente controlados por los partidos políticos que gobiernan los entes locales socios del grupo. Aunque el voto de estos representantes institucionales no puede superar en ningún caso el 50% del total, se considera que la representación de la sociedad civil está conformada en gran parte por personas de confianza de los partidos políticos mayoritarios, lo cual favorece el clientelismo y la aparición de un neocaciquismo de naturaleza política. En otras palabras, suele decirse que únicamente prosperan los proyectos que son del interés de los políticos, independientemente de su mayor o menor potencialidad de cara al desarrollo del territorio del grupo.

En otros casos, las críticas se centran en la escasa viabilidad o solvencia de los proyectos financiados, por considerar que apenas inciden en la creación de puestos de trabajo fijos, como las obras de ajardinamiento, el repintado de edificios públicos, el acondicionamiento de un determinado paraje o la señalización de un sendero. También suele decirse que la selección de las obras subvencionables se debe a un espurio interés personal o familiar. De hecho, en lo que he podido conocer a través de las entrevistas realizadas a miembros de distintos grupos, muchas de estas discrepancias están en el origen de la creación de las numerosas plataformas territoriales que existen en el país, por considerar excesivo el control político de los grupos. De ahí que la mayor parte de las plataformas territoriales insistan en su carácter transversal e independiente con respecto a las ideologías y las tendencias políticas.

Resumiendo, es probable que muchas de las críticas tengan su razón de ser, atendiendo a la composición interna de los grupos y a la escasa relevancia, transcendencia o continuidad de muchos de los proyectos avalados. Pero eso solamente se sabe a posteriori. Nadie puede asegurar que un determinado equipamiento o un proyecto empresarial tengan éxito (una cooperativa de guías de montaña, una planta de fabricación de biocombustibles o un centro de interpretación de la vida rural de antaño), o que una empresa tenga que cerrar al poco tiempo de estar abierta. A pesar de ello, los GDR se han consolidado, en la mayor parte de los casos, como una institución territorial más que debe ser objeto de consideración. Entre sus puntos fuertes es obligado citar el fomento de la participación ciudadana en unos territorios dispersos y muy poco poblados y la creación de un espacio de reflexión común sobre el propio territorio rural. Por otra parte, la toma de decisiones y la selección de los proyectos subvencionables está perfectamente regulada y sometida al control de tres Administraciones públicas superiores distintas: la autonómica, la estatal y la europea. Para concluir este epígrafe, y dicho sea en palabras del experto en desarrollo rural Javier Esparcia (2017), el éxito más relevante de los grupos, independientemente de los proyectos materiales llevados a buen puerto, es un intangible: el fortalecimiento del capital social y la cohesión de los territorios rurales.

Declives históricos y auges recientes
en un espacio rural mutante

Se dice que los ejemplos contribuyen a comprender mejor y más rápidamente los procesos de cambio social y territorial que un denso tratado. La única condición es que sean verdaderamente representativos de los fenómenos que se quieren ilustrar. En este apartado explico con un cierto detalle la situación de cinco municipios rurales situados en distintas comunidades autónomas, diferentes contextos territoriales y contrastadas situaciones de declive demográfico. Los cinco casos de muestra son: Calles, en la Comunitat Valenciana; La Yunta, en Castilla-La Mancha; L’Esquirol, en Catalunya; Fuenlabrada de los Montes, en Extremadura, y Urbiés, una pedanía del concejo de Mieres, en Asturias.

Calles (Comunitat Valenciana) es un pequeño municipio (372 habitantes en 2022) situado en la comarca valenciana de los Serranos, un territorio que, según se mire, puede ser visto como una prolongación hacia el litoral de las vecinas serranías turolenses y conquenses o, por el contrario, como un área de montaña sometida a la creciente influencia de la región metropolitana de Valencia. El pueblo está situado a 65 km y a unos 45 minutos de distancia-tiempo de la capital valenciana. Su población actual se acerca a los 400 residentes, pero cien años atrás, en los felices años veinte del siglo pasado, superaba los 1.200 habitantes y los 1.000 habitantes hasta los años cincuenta. El pueblo, tradicionalmente de economía agrícola pero volcado cada vez más hacia los servicios, consta de un núcleo urbano compacto y de diversas masadas dispersas por el término municipal, la mayor parte en ruinas y deshabitadas desde hace décadas, excepto las casas de Alcotas, un enclave de Calles de corto vecindario situado en la montaña y dentro del término municipal de Chelva, que es la cabecera histórica de la Serranía valenciana. En la periferia del casco antiguo, principalmente en el margen izquierdo del río Tuéjar, se han construido en las últimas décadas un gran número de chalés y casas unifamiliares, en su mayor parte destinadas a segundas residencias. Por ser un caso representativo de los municipios que caen progresivamente bajo el área de influencia de una gran ciudad, como Valencia en este caso, más adelante dedico un apartado específico a analizarlo con una mayor profundidad, juntamente con la Serranía valenciana y el Rincón de Ademuz.

La Yunta (Castilla-La Mancha) es un pequeño municipio (90 habitantes en 2022) situado en la comarca de Molina de Aragón (Guadalajara), de base económica fundamentalmente agrícola y representativo de la situación de declive en la que se encuentra este extenso territorio, que pasa por ser la zona cero de la España vacía o vaciada por antonomasia. En tiempos pasados, La Yunta fue un pueblo vivo que llegó a superar los 600 habitantes. Actualmente, es un micromunicipio como otros tantos pequeños pueblos de la provincia de Guadalajara, representativo de los 1.379 municipios del país que tienen menos de 101 habitantes. Como vimos en capítulos anteriores, suponen el 17% del total de los 8.131 municipios españoles, pero entre todos no llegan a sumar los 80.000 residentes empadronados, un exiguo 0,2% de la población del país. Dicho de otra manera, los 80.000 habitantes que residen en estos micromunicipios equivalen al número de habitantes de una ciudad mediana como Palencia, Orihuela o Manresa. Haciendo un símil, viven más personas en un bloque mediano de pisos de alguna de estas ciudades que en La Yunta o en cualquier otro micromunicipio de su nivel. En la comarca tiene mucha fuerza y presencia la plataforma La Otra Guadalajara. Hablaré con algo más de detalle de La Yunta más adelante.

L’Esquirol (Catalunya) es un municipio (2.245 habitantes en 2022) situado a unos 90 km de distancia de Barcelona, en el extremo nororiental de la comarca de Osona y en un contexto de media montaña. La comarca de Osona, también conocida como la Plana de Vic, es un espacio rural en transformación. Configurado tradicionalmente por una multitud de masías diseminadas, su paisaje pierde a marchas forzadas su carácter rural para convertirse en un territorio cada vez más urbanizado, no sin la oposición de influentes entidades conservacionistas, como el Grup de Defensa del Ter. El Ter es el río que, según se dice, inspiró la canción de Joan Manuel Serrat que comienza con el conocido verso “Pare, digueu-me què li han fet al riu que ja no canta” (Padre, dime qué le han hecho al río que ya no canta), lanzada en 1973, cuando este río era casi una cloaca contaminada tanto por las deyecciones ganaderas (purines) como por los vertidos industriales, en un tiempo en el que el ecologismo empezaba a balbucear. La construcción de depuradoras ha contribuido a mejorar el aspecto de las aguas, pero la contaminación de los suelos y de las aguas causada por el vertido de purines sigue siendo muy alta en la comarca, que cuenta desde hace décadas con una voluminosa cabaña de ganado porcino (800 explotaciones y más de un millón de cabezas en 2020, según los datos de Idescat). De hecho, el Govern de la Generalitat decretó en 2019 una moratoria a la implantación y la ampliación de las granjas porcinas en 68 municipios con sobrecarga ganadera, entre ellos L’Esquirol. Desde que estalló la polémica sobre las macrogranjas, la necesidad de poner freno a la sobrecarga ganadera se ha convertido en un clamor. L’Esquirol es un municipio extenso teniendo en cuenta la dimensión de los municipios catalanes. En su término municipal hay dos núcleos urbanos: L’Esquirol, la cabecera municipal, y Cantonigròs, además de un rosario de masías diseminadas agrupadas en antiguas parroquias rurales, como Sant Martí Sescorts. Por su posición elevada con respecto a la Plana de Vic, se libra de las inversiones térmicas y de las nieblas invernales y goza de mayor confort climático, lo que le confiere un notable atractivo residencial, reflejado por el paulatino incremento de residentes que compensan su saldo vegetativo negativo. El municipio combina la industria —en declive, excepto la cárnica— con la agroganadería, las segundas residencias y el turismo de proximidad, que se siente atraído tanto por su notable patrimonio natural y paisajístico como por su cercanía al área metropolitana de Barcelona. Al igual que en Calles, durante los confinamientos aumentó de forma exponencial el número de visitantes de día, lo cual ha obligado a establecer medidas de control en los parajes más frecuentados. Las redes sociales contribuyen en gran manera a la divulgación de estos parajes desconocidos hasta hace muy poco tiempo, de tal forma que durante los fines de semana suelen estar absolutamente masificados.

El municipio extremeño de Fuenlabrada de los Montes (1.755 habitantes en 2022) está situado en la comarca de la Siberia, en la esquina oriental de la provincia de Badajoz, lindando con Ciudad Real. La actividad económica más importante del municipio es la apicultura, de la que vive la mayor parte de la población. Según el periódico económico Expansión (14 de febrero 2019), en 1978 se fundó la Sociedad Cooperativa Montemiel, que cuenta con unos 300 socios que producen unas 2.000 toneladas de miel de abeja al año, lo que supone una facturación de entre cinco y siete millones de euros. Se trata de un sistema de producción que requiere del trasiego constante de colmenas en función del calendario anual de floración de las especies melíferas, especialmente hacia las comarcas donde las abejas son requeridas para la polinización de los frutales. A pesar de esta especialización, el municipio suele ocupar los últimos puestos de los ránquines de PIB y renta por habitante que la prensa acostumbra a publicar cuando Hacienda hace públicos los datos de las declaraciones de renta (El Español, 27 de enero de 2019). Fuenlabrada de los Montes es un buen ejemplo de los extensos municipios de la mitad sur de España, configurados por pueblos grandes y urbanísticamente compactos.

La parroquia asturiana de Urbiés (225 habitantes en 2021) es una pedanía del concejo asturiano de Mieres (así se denominan los municipios en Asturias). El núcleo urbano principal se ubica en la cabecera del río Turón, y su acelerado declive a raíz del cese de la actividad minera refleja la hecatombe económica y demográfica que se cernió sobre las cuencas mineras asturianas y leonesas durante el último tercio del siglo XX (dedico más adelante un capítulo específico a esta cuestión). La evolución demográfica de Urbiés es pareja a la del concejo de Mieres, que ha perdido la mitad de su población desde el máximo de 70.000 habitante de los años sesenta. Hoy tiene menos de 38.000. Para buscar alternativas de desarrollo e invertir el declive socioeconómico de la cuenca minera del Caudal, en 1998 la Universidad de Oviedo, en colaboración con otras administraciones, impulsó el Centro de Cooperación y Desarrollo Territorial (CECODET). Hasta el año 2011 la entidad se ubicó en el simbólico edificio llamado chalet de los Figaredo, una de las familias más representativas del desarrollo industrial y minero asturiano.

Cinco contextos, cinco pautas de auge y declive rural

Los cinco casos de estudio se inscriben dentro de zonas consideradas oficialmente rurales desde el punto de vista autonómico, estatal y comunitario. Cada uno de estos municipios seleccionados pertenece, por lo tanto, a una zona considerada elegible como marco de aplicación de las políticas comunitarias de desarrollo rural. Dichas políticas se vehiculan, tal como vimos, a través del programa LEADER, que complementa las ayudas genéricas a las explotaciones agrarias canalizadas a través de la PAC. Los cinco municipios se adscriben a su respectivo grupo o asociación de desarrollo rural beneficiaria de los fondos FEADER que mediante procesos participativos deben proponer las acciones y estrategias de desarrollo rural que se deben llevar a cabo durante el periodo 2023-2027. L’Esquirol es considerado municipio de montaña por la legislación catalana y se integra dentro de la zona rural llamada ADRINOC, acrónimo del respectivo GAL que agrupa diversos municipios y parte de las comarcas del nordeste de Cataluña (Osona, la Garrotxa, el Pla de l’Estany y el Alt Empordà). Según consta en su página web, ADRINOC recibió 35 solicitudes de proyectos empresariales que suman una inversión total de cuatro millones de euros a desarrollar durante el periodo 2023-2027, que serían aportados por el FEADER y el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat.

Por otra parte, los cinco municipios fueron adscritos a una u otra zona rural del Programa de Desarrollo Rural Sostenible (2010-2014) comentado en capítulos anteriores. Todos los municipios, excepto L’Esquirol, pertenecen a zonas rurales a revitalizar y en un primer nivel de prioridad: Fuenlabrada de los Montes se adscribe a la zona rural de la Serena y Siberia, en Extremadura; Calles, a la zona rural número seis de la provincia de Valencia; La Yunta, a la zona rural de Molina de Aragón (Alto Tajo), y Urbiés, a la zona rural del Oriente asturiano (aunque no aparece en el listado como tal por su pertenencia al concejo de Mieres, considerado urbano). L’Esquirol se adscribe a la zona rural del nordeste de Cataluña, que abarca la parte montana de las comarcas de Osona, la Garrotxa, el Pla de l’Estany y el Alt Empordà, considerada como una zona rural intermedia en el segundo nivel de prioridad (el ámbito de esta zona rural coincide casi exactamente con el territorio del GDR de ADRINOC).

Veamos ahora qué ha ocurrido con la evolución demográfica de estos municipios. La tabla 17 incluye los datos de evolución de la población de los municipios referidos entre 1920 y 2020, con énfasis en el balance de las dos décadas correspondientes a este siglo. Cerré los datos de la tabla en el año 2020 porque la irrupción súbita de la pandemia ha introducido notables distorsiones en la evolución demográfica de estos municipios y a escala general. Dedico el apartado siguiente a valorar qué ha ocurrido desde el punto de vista demográfico en los tres últimos años pandémicos, con el objetivo de testear si se produce realmente un auge de empadronamientos y un incremento de la población de los municipios rurales y en qué contextos se produce.

De una lectura rápida de las cifras se infiere una primera conclusión: todos los municipios representados en la tabla tenían en el año 2020 menos habitantes de los que han tenido en algún momento de los últimos cien años. Todos perdieron habitantes, pero con intensidades y ritmos muy distintos dependiendo del contexto territorial. Una pérdida que por pequeña que sea, como en el caso de L’Esquirol, confirma el declive generalizado de los espacios rurales, independientemente de su contexto territorial, de su pertenencia a una u otra comunidad autónoma y de su situación actual de auge o de declive. Todos perdieron en algún momento, aunque no todos pierden actualmente, teniendo en cuenta los cambios inducidos por la pandemia que analizo más adelante.

Tabla 17

Evolución de la población de los cinco municipios ANALIZADOS (1920-2020)

Entidad / municipio

Prov./

Comarca

Hab.

1920

Hab.

1950

Hab.

1970

Hab.

2000

Hab.

2020

Saldo
2001-2020

Calles

Serranos (Valencia)

1920 = 100

1.184

(100)

1.045

(88)

483

(41)

434

(37)

355

(30)

–79 hab.

–18%

La Yunta

Molina (Guadalajara)

1920 = 100

564

(100)

591

(105)

344

(61)

168

(30)

90

(16)

–78 hab.

–47%

L’Esquirol

Osona (Barcelona)

1920 = 100

2.132

(100)

2.211

(104)

2.028

(95)

2.126

(100)

2.186

(103)

+60 hab.

+3%

Fuenlabrada

Siberia (Badajoz)

1920 = 100

2.342

(100)

3.176

(136)

2.526

(108)

2.078

(89)

1.811

(77)

–267 hab.

–13%

Urbiés

Mieres (Asturias)

1920 = 100

—

—

—

560

235

–325 hab.

–58%

Mieres

Concejo

40.560

58.310

64.552

49.507

37.537

–11.970 hab.

–24%

Fuente: INE y Foro-Ciudad (https://www.foro-ciudad.com/).

Segunda consideración: todos los municipios de la tabla alcanzaron su máximo demográfico entre 1950 y 1970, excepto Calles, que lo había alcanzado en 1920. La caída demográfica posterior es general, pero casi catastrófica en los municipios de Calles y La Yunta, que tenían su base económica principal en la agricultura de secano, exceptuando unas pocas hectáreas de huerta en Calles. Los datos son más explícitos si se sitúa en 1920 el índice en base 100. En este caso, la pérdida mayor corresponde al municipio castellano manchego de La Yunta, que en el año 2020 tenía solamente el 16% de la población que tuvo cien años atrás (dicho de otra manera, desde 1920 hasta hoy ha perdido el 84% de la población). Le sigue Calles, que se queda en 30 sobre el índice en base 100. Fuenlabrada de los Montes se muestra más estable, pero siempre a la baja, quedando en índice 77 sobre 100. L’Esquirol, finalmente, es el único municipio que se mantiene relativamente estable con cifras casi idénticas de población (103 sobre 100 en 1920), aunque el pueblo había acusado un cierto declive durante los años sesenta y setenta, en el punto más álgido del éxodo rural. Dicha estabilidad también refleja, por otra parte, el declive del medio rural, puesto que la población de Catalunya se ha triplicado con creces a lo largo del periodo analizado. No pude obtener datos concretos de Urbiés, pero la caída del concejo de Mieres es perfectamente ilustrativa de la debacle demográfica del territorio minero. En el año 2020 Mieres tenía menos habitantes que cien años atrás, después de haber llegado a un máximo poblacional cercano a los 65.000 habitantes en los años setenta. Hoy, en cambio, tiene menos de 40.000.

Tercera consideración: en lo que va del siglo actual, desde el año 2001 al 2020, todos los municipios pierden población, excepto L’Esquirol, que gana 70 habitantes, con un incremento del 3% en veinte años (dicha ganancia se debe a su creciente función residencial gracias a su proximidad a los núcleos más poblados de la Plana de Vic y a gozar de mejores condiciones climáticas que el fondo de la plana vicense, sometida a fortísimas inversiones térmicas). Hecha esta salvedad, Urbiés pierde en veinte años más de la mitad de su población, nada menos que el 58% del total. Esta progresiva desertificación humana se corresponde con la hecatombe demográfica de Mieres, el municipio matriz, que también pierde el 25% de su población en tan solo dos décadas. La pérdida de población del entorno rural de los concejos mineros no siempre queda bien reflejada en las estadísticas municipales. Las cabeceras de concejo aumentan casi siempre de población, pero no así las parroquias y los caseríos diseminados por el término municipal, lo cual es explicable ya que las personas mayores, sobre todo, suelen fijar su residencia en las cabeceras donde tienen a mano todos los servicios, con lo cual el núcleo urbano principal crece mientras se despuebla el resto del concejo, tal como sucede efectivamente en Mieres.

La segunda mayor pérdida de población se registra en La Yunta, que en esos veinte años ha reducido su número de habitantes casi a la mitad al pasar de los 168 habitantes del año 2000 a los 90 del año 2020 (un descenso del 47%), lo cual confirma la gran oleada de despoblación rural de la década anterior que comento más adelante. Fuenlabrada de los Montes se ha mantenido algo más estable en esos últimos veinte años, pero siempre a la baja, en la línea habitual de su lento declive histórico (pierde el 11% de la población en las dos últimas décadas).

Resumiendo: los datos se refieren a casos puntuales, pero salvando el pequeño crecimiento de L’Esquirol, que se explica por su situación en una comarca dinámica como Osona, la debacle demográfica del resto de los municipios confirma de manera fehaciente la debacle demográfica general durante la segunda década del siglo, motivada en gran parte por los efectos de la crisis económica. Para el caso que nos ocupa, el periodista Manuel Abad Liñán sintetizó la nueva situación a través de un titular de impacto: “España afronta la segunda oleada de despoblación”, que remata con un suelto demoledor: “Capitales de provincia y de comarca acusan desde 2008 la pérdida de habitantes que emigran a las grandes ciudades en busca de mejores condiciones de vida” (El País, 13 de febrero de 2019). Faltaba todavía un año para que estallara la pandemia y tres años para que Rusia invadiera Ucrania.

En todo caso —e independientemente de la pandemia que arribó después—, la segunda década del siglo XXI será recordada por una nueva intensificación del éxodo rural, una vuelta de tuerca más cuando parecía que se había tocado fondo y comenzaba la recuperación. Un declive que no solamente afecta a los pequeños pueblos, sino que se cierne sobre las cabeceras comarcales y las ciudades medias. No ha de extrañar, por lo tanto, que la cuestión de la despoblación rural acabara por situarse en un primer plano de la actualidad. Por todas partes surgieron plataformas territoriales que hoy reivindican un lugar en la mesa del desarrollo social y territorial. El mundo rural salió de su letargo. La súbita irrupción de la pandemia al principio de la tercera década del siglo interrumpió no sabemos si de manera puntual o estructural los procesos en marcha, pero si algo demuestran los datos de la tabla 17 es que no se ha interrumpido el declive demográfico del espacio rural a revitalizar, llamado así por el Programa de Desarrollo Rural Sostenible (2010-2014), y que tampoco se detectan aumentos significativos de población en el resto del territorio rural que vayan más allá de la ya comentada ampliación y proyección de los espacios urbano-metropolitanos hacia sus entornos rurales más próximos.

Efecto COVID-19 y repoblamiento rural: primera aproximación

Veamos ahora si se cumple, en los cinco casos anteriores y en otros ejemplos representativos, la hipótesis del aumento de la población rural a partir del estallido de la pandemia provocada por el virus de la COVID-19, un tiempo en el que parecía que se produciría una huida masiva de la población urbana hacia el campo. Vaticinio que nunca se acaba de concretar a pesar de que, como veremos, se detectan repuntes puntuales al alza en los padrones municipales de población durante los años pandémicos, principalmente en 2020 y 2021. En este sentido, desde que el 13 de marzo de 2020 se declaró oficialmente el estado de pandemia y la obligatoriedad de los confinamientos domiciliarios, la prensa y los medios de comunicación no se cansaron de repetir que esta crisis sanitaria global podría suponer un punto de inflexión del declive rural y que incluso podría comportar un cambio de tendencia histórico.

Sin embargo, a fecha de hoy nadie garantiza que este goteo de empadronamientos se convierta en estructural, más allá de casos puntuales, que siempre los ha habido y siempre los habrá. Se argumentó que en un entorno rural el riesgo de contagio se minimiza —lo cual es discutible con cifras en la mano—, que los confinamientos son mucho más llevaderos en el campo que en un pequeño apartamento de la ciudad —lo cual es cierto— y que el auge del teletrabajo, algo impensable pocos años atrás, abría una ventana de oportunidad para impulsar la recuperación económica y demográfica del medio rural español después del gran declive de la segunda década del siglo XXI, la década de los indignados en el medio urbano y la década del despertar del medio rural con el surgimiento del movimiento de la España vaciada.

Una década que trajo consigo la revuelta contra el neoliberalismo imperante, que mientras propugnaba el rescate de los bancos en quiebra dejaba en la estacada a los centenares de miles de personas que eran desalojadas de sus viviendas. La crisis global lo cambió todo. A finales del año 2008, y a lomos del potentísimo lema “Yes, we can!” (literalmente, ‘¡Sí, podemos!’), Barack Obama ganó la presidencia de los Estados Unidos. Su lema cruzó el Atlántico a velocidad de vértigo convertido en “Sí, podemos”. El 15 de mayo de 2011 estalló el movimiento de los indignados en toda España, que luego se convirtió en el movimiento 15M con la ocupación durante semanas de la Puerta del Sol en Madrid y numerosas plazas en toda España. Y un mes después, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y la presidenta del Parlament de Catalunya accedían al edificio en helicóptero a causa del bloqueo de los indignados manifestantes. Un punto de ruptura, sin duda, que abrió la puerta al independentismo catalán. Corrían tiempos de revueltas y más revueltas: contra la casta política dominante, contra el régimen de la Transición, contra el austericidio que nos impuso la Europa de los burócratas y, evidentemente, contra el abandono de la España rural. ¡También existimos!, gritaron.

Hoy, una vez ha quedado atrás la fase más dura de la pandemia gracias a las vacunaciones masivas, en los medios de información, especialmente los medios locales, se produce un goteo de noticias relativas a un supuesto repoblamiento rural. El notición suele ser que tal o cual familia ha dejado la ciudad para establecerse en un pueblo ignoto e incluso se publican titulares que transpiran optimismo: “La pandemia impulsa el atractivo del medio rural y hace crecer los empadronamientos”, tituló el Heraldo de Aragón el 13 de septiembre del año 2020, y añadía: “Pequeños municipios de las tres provincias aragonesas han ganado nuevos vecinos que buscan tranquilidad, espacios abiertos y menos riesgo de contagio”. El Diario de Castilla y León también apostó por el optimismo: “El COVID tira del empadronamiento. Los pueblos de Ávila, la provincia que más tarjetas de trasladados registra de la comunidad, observan un crecimiento paulatino del número de empadronados” (Diario de Castilla y León, 21 de agosto de 2020).

Estábamos por aquellas fechas en el periodo álgido de la pandemia. Dos años después, el 11 de septiembre de 2022, el periódico Heraldo de Aragón publica un primer balance de los empadronamientos titulado: “El mundo rural atrae a nuevos residentes con 13.700 empadronados más en 4 años”, que a priori es un dato significativo. Y añade: “En los últimos cuatro años los empadronamientos se han impuesto a las bajas en el censo del 62% de los municipios aragoneses de menos de 5.000 habitantes, muchos de ellos jóvenes que, tras hacer las maletas, han decidido probar fortuna lejos de las grandes ciudades”. Se trata sin duda, de algo positivo a priori, pero necesitaría de un análisis más desmenuzado, sobre todo para saber si se trata de la clásica huida de residentes de las ciudades hacia los pueblos de su periferia inmediata o de una verdadera repoblación rural.

Veamos qué ha sucedido en los cinco municipios estudiados en el apartado anterior de este capítulo. En la tabla 18 constan los datos de evolución de la población desde el año 2019, previo al estallido de la pandemia hasta el año 2022. Para conocer la incidencia real de los nuevos empadronamientos y, eventualmente, de la sobremortalidad pandémica, deberían conocerse también los saldos vegetativo y migratorio, pero las cifras de la tabla ya permiten realizar una primera aproximación a lo que realmente está sucediendo.

Tabla 18

Efecto pandemia (COVID-19) y evolución de la POBLACIÓN (2019-2022)

Municipio

2019

2020

2021

2022

2019-22

Calles (Com. Valenciana)

355

355

368

374

+19

+5,4%

L’Esquirol (Cataluña)

2.181

2.186

2.198

2.245

+64

+2,9%

La Yunta (Castilla-La Mancha)

89

90

91

91

+2

+2,2%

Fuenlabrada de los Montes (Extremadura)

1.845

1.811

1.793

1.755

–90

–4,9%

Urbiés (Mieres, Asturias)

252

235

225

225

–27

–11,0%

Concejo de Mieres

37.959

37.537

37.026

36.574

–1.365

–3,6%

Fuente: Padrón continuo (a 1 de enero de 2023), INE.

La muestra es corta y carece de la suficiente perspectiva temporal para establecer conclusiones categóricas, pero sí que permite detectar tendencias. Primera consideración: a partir del balance 2019-2022 se infiere que tres municipios aumentaron de población durante los años pandémicos, Calles en mayor medida, con un 5,4% de incremento, y L’Esquirol con cerca del 3%, cifras que certifican el goteo de nuevos empadronamientos, mientras que La Yunta registra pocas variaciones y Fuenlabrada de los Montes y Urbiés siguen decreciendo a marchas forzadas.

Como vemos crecen significativamente Calles y L’Esquirol, municipios situados dentro del área de influencia de entornos poblados y dinámicos como son la Plana de Vic y la región metropolitana de Barcelona, en el primer caso, y el Camp de Túria y la región metropolitana de Valencia en el segundo. Se trata de municipios que, por otra parte, tienen tradición como destinos turísticos de proximidad (Calles se encuentra a menos de una hora de Valencia y L’Esquirol a una hora y media de Barcelona) y cuentan con un elevado porcentaje de segundas residencias, de manera que eso facilita en gran manera los nuevos empadronamientos. La falta de viviendas de alquiler, como vimos, es un problema relevante en el medio rural. Ambos ayuntamientos me confirmaron, por otra parte, que se está registrando efectivamente un goteo de nuevos empadronamientos. Otra cosa es que tengan continuidad.

La Yunta, por su parte, también registró un pequeño aumento de dos habitantes, pero poco significativo. Se estima que hubieran sido muchos más si en el pueblo existiera oferta de vivienda de alquiler. Este es un problema general de los pequeños pueblos —y también de las ciudades, evidentemente— que deriva de las reticencias de los residentes permanentes y los propietarios de segundas residencias a poner sus viviendas en alquiler. Les resulta menos problemático y mucho más rentable dedicarlas al turismo rural.

Fuenlabrada de los Montes y la parroquia de Urbiés, por el contrario, incluso aceleran su declive poblacional; en tan solo tres años pierden, respectivamente, el 4,9% y el 11% de su población, incluido el concejo de Mieres, que pierde en ese corto lapso nada menos que 1.365 habitantes, el 3,6% de la población del concejo. Un declive que comento con un mayor detalle en el capítulo que dedico a la extinción de la minería y de la industria difusa en el medio rural, que tanta incidencia tienen en la pérdida de población rural. Por último, Fuenlabrada de los Montes sigue con su tendencia histórica a la baja. Su población ha decrecido un 5% en esos años sin que se detecte ningún aumento de los empadronamientos en este caso. El pueblo queda muy lejos de la influencia de cualquier ciudad importante, incluso de las de su propia comunidad: Badajoz queda a más de 200 km y Mérida a 135 km; la capital más próxima es Ciudad Real, situada a 117 km. Y, sin embargo, la población resiste, que ya es mucho. Concluyendo: a la vista de los datos se puede inferir que los nuevos empadronamientos se producen en mayor medida en las poblaciones relativamente cercanas a las aglomeraciones urbanas, pero que tienen una escasa o casi nula incidencia en los entornos rurales más aislados con respecto a las grandes capitales.

Dicen que la gente retorna a los pueblos: apuntes a vuelapluma

No está de más ampliar el campo de visión y ver qué ocurre con los empadronamientos en diversas poblaciones de Cataluña y Aragón, que cumplen la doble condición de ser destinos turísticos de montaña y estar relativamente alejados de la influencia de una gran ciudad o de un entorno poblado. Pongo la atención en los municipios turísticos porque suelen contar con un número relativamente importante de segundas residencias y de un parque de viviendas de alquiler, del que habitualmente carecen los pequeños pueblos y los núcleos rurales convencionales.

La evolución demográfica general del medio rural español durante las dos últimas décadas puede sintetizarse en tres etapas: aumento más o menos acentuado del número de habitantes durante los años de bonanza económica de principios de siglo; una segunda etapa de declive generalizado a partir del crac financiero y el estallido de la burbuja inmobiliaria, y finalmente, la etapa actual de leve repunte demográfico que debe relacionarse con la explosión pandémica en marzo de 2020. Hay que tener en cuenta, tal como dije, que en los municipios turísticos de montaña existe un porcentaje muy elevado de segundas residencias, con lo cual los empadronamientos circunstanciales resultan aquí mucho más factibles.

Después de los tiempos de bonanza de principios del siglo XXI, el impacto de la crisis fue brutal en la montaña turística, hasta el punto de que se paralizaron de golpe decenas de proyectos urbanísticos, casi todos vinculados a la fiebre de los campos de golf y las estaciones de esquí, una excusa detrás de la que se camuflaban jugosos proyectos inmobiliarios. Uno de los cracs más sonados y representativos de la crisis inmobiliaria de los destinos turísticos de montaña fue la brusca paralización de las obras de la estación de esquí de Vallfosca-Interllacs, en el Pirineo leridano, tras la quiebra de la empresa Martinsa-Fadesa. Ahí siguen, desde hace quince años, unos fantasmales bloques de apartamentos a medio terminar y las mastodónticas pilonas de la telecabina que debía transportar a los esquiadores hasta unas pistas inexistentes.

Llegados a este punto, abro un paréntesis para detenerme en este caso, que conocí de primera mano. Durante el otoño del año 2003 asistí a la presentación del proyecto Vallfosca-Interllacs en un pequeño hotel de la población pirenaica de La Torre de Cabdella. Por aquel entonces impartía la asignatura “Ordenación del territorio” y un grupo de alumnos me animó para que asistiéramos al evento que la prensa local anunciaba a bombo y platillo. Llenamos dos coches y para allá nos fuimos recorriendo los 212 km que separan Barcelona del lugar donde se hacía la presentación. Llegamos poco antes de que empezara el acto. La expectación era enorme y centenares de personas se agolpaban ante el hotel en espera de la presentación. Llegué a pensar que los 750 habitantes del valle habían acudido al evento. Se organizaron dos turnos. La presentación estuvo a cargo de un acreditado ingeniero especializado en el diseño de estaciones de montaña. Fue un éxito. El proyecto estaba siendo muy cuestionado por los colectivos conservacionistas, pero nadie formuló ninguna pregunta sobre esta cuestión. Mis alumnos tampoco. Se intuía que los paisanos estaban mayormente a favor del proyecto e incluso entusiasmados con él.

La Vall Fosca había vivido un periodo de prosperidad cien años atrás gracias a las obras hidroeléctricas, pero su declive era evidente. Hasta principios de los años noventa el mantenimiento de las centrales hidroeléctricas, una de ellas reversible, suponía algún puesto de trabajo, pero ahora ya nada. La apertura y cierre de compuertas es automática y se regula a distancia desde Barcelona o Zaragoza, y la vigilancia se hace con videocámaras. Si es preciso realizar alguna reparación en invierno, los operarios acuden al lugar en helicóptero. Mientras tanto, allí siguen viendo pasar inútilmente el tiempo las decrépitas ruinas de uno de tantos proyectos inmobiliarios que acabaron en fracaso. En una de las pilonas del teleférico alguien escribió un caustico “Us haveu lluït”; o sea, ‘¡Os habéis lucido!’. Cierro paréntesis.

El declive demográfico de los municipios turísticos de montaña terminó bruscamente con la pandemia, hasta el punto de que a partir del año 2020 se invierte la tendencia, de manera más o menos acusada según los casos, lo cual es un indicio fehaciente de que la pandemia ha incentivado el empadronamiento en estos pequeños destinos turísticos de montaña. Lo que no se sabe a estas alturas es si se trata de algo coyuntural o estructural.

En Cataluña es significativo el aumento de población de Camprodon, un acreditado destino turístico del Pirineo de Girona de algo más de 2.000 habitantes. Su evolución demográfica es típica: aumento de la población durante la primera década de este siglo, pero pierde 300 habitantes durante la segunda década, el 12% de la población. En cambio, entre los años 2019 y 2022 ha recuperado 178 habitantes, con un incremento del 8% respecto a los 2.281 habitantes de 2019. El caso de Vielha, la capital turística del Valle de Arán, es más singular. En el año 2009 tenía una población de 3.631 habitantes, pero perdió 300 durante la segunda década y empezó a recuperar durante los años pandémicos: entre 2019 y 2021 incrementó su población en 115 habitantes, pero dicho crecimiento se detuvo hasta el punto de que ha perdido 93 habitantes entre 2021 y 2022, lo cual puede ser un indicio de que los nuevos empadronamientos podrían ser circunstanciales. El Valle de Arán queda lejos de cualquier metrópoli, a más de 300 km de Barcelona.

Vayamos ahora con los municipios turísticos de la montaña aragonesa, que registran una evolución parecida, aunque con algunas diferencias entre los Pirineos y las serranías turolenses. El aumento de población ha sido significativo en Boltaña, localidad situada en el piedemonte pirenaico. Entre los años 2019 y 2022 ha registrado un aumento del 8% de la población total (pasó de los 1.016 habitantes a los 1.097, con un aumento absoluto de 81 residentes). También es relevante el incremento de Benasque, uno de los destinos turísticos más conocidos del Pirineo aragonés. Entre 2019 y 2022 incrementó su población en 127 habitantes, con un aumento del 6% con respecto a los 2.155 habitantes del año 2019. Sallent de Gállego, el núcleo turístico próximo a las estaciones de esquí de Panticosa y Formigal, ha incrementado su población en 79 habitantes, lo que supone un incremento porcentual del 5,3% con respecto a los 1.478 habitantes del año 2019.

Veamos ahora qué ha sucedido en diversas poblaciones representativas de las serranías turolenses. Empiezo por la comarca de Gúdar-Javalambre, una de las más vacías de Aragón y de España, con sus exiguos 3,2 hab./km2. Como revulsivos económicos cuenta con el cultivo de la trufa y las estaciones de esquí de Valdelinares y Javalambre, ambas de propiedad pública y gestionadas por Aramón, situadas a poco menos de dos horas de la ciudad de Valencia siguiendo la autovía Mudéjar (A-23).

La evolución demográfica previa a la pandemia de estos municipios es parecida a la de los anteriores, pero con cifras más exiguas dado su menor tamaño demográfico: incremento durante la primera década del siglo, declive durante la segunda década y repunte durante los años pandémicos. Los mayores aumentos se han producido en los municipios de Formiche Alto y Camarena de la Sierra. El primero ha incrementado en un 13% su población con respecto a los 141 habitantes del año 2019, con una ganancia neta de 18 residentes. Camarena de la Sierra, por su parte, ha registrado un incremento del 17%, con una ganancia de 18 residentes con respecto a los 105 habitantes de 2019. Es también significativo el aumento de población de Sarrión, la capital trufera turolense, que sumó 73 nuevos residentes a los 1.128 habitantes del año 2019, con un incremento del 6,5%. Rubielos de Mora ganó 11 residentes, que representan un incremento del 2% sobre los 621 habitantes de 2019. La cabecera comarcal, Mora de Rubielos, un acreditado destino turístico cercano a la estación de esquí de Valdelinares, únicamente suma 4 habitantes a los 1.548 del año 2019, al igual que Manzanera, población situada al pie de la sierra de Javalambre, que solo gana 4 residentes con respecto a los 531 habitantes de 2019. Son cifras exiguas, evidentemente, pero positivas, lo cual significa que se ha invertido, por lo menos circunstancialmente, la tendencia histórica de declive.

En cambio, no se detectan repuntes al alza en los municipios de la sierra de Albarracín, a pesar de su reputación como destino turístico de interior, especialmente en los segmentos del turismo de naturaleza, rural y cultural. Albarracín, con 1.008 habitantes, ha registrado una pérdida de 18 habitantes con respecto a la población de 2019. Ocurre algo parecido en Orihuela del Tremedal, que pierde 9 habitantes con respecto a los 463 del año 2019. La conclusión es obvia: el posible efecto de los nuevos empadronamientos se nota mucho más en la comarca de Gúdar-Javalambre, que cuenta con dos estaciones de esquí y está bien comunicada por autovía con Valencia, que en la mucho más lejana y aislada sierra de Albarracín.

Para concluir, los casos reportados permiten hacer dos tipos de consideraciones finales: la primera, la mayor parte de los municipios seleccionados han aumentado de población durante los tres años de pandemia, casi siempre por encima del 5%, contando incluso con que hubo una sobremortalidad pandémica más o menos acusada. A nivel territorial se detecta, por otra parte, que el repunte es mucho menor e incluso inexistente en los municipios más aislados, tanto en los municipios genuinamente rurales, como Fuenlabrada de los Montes, caso comentado en el epígrafe anterior, como en enclaves turísticos tan acreditados como Albarracín.

En segundo lugar, y teniendo en cuenta el leve incremento poblacional detectado en contextos geográficamente tan diversos como Sarrión (Teruel), Camprodon (Girona), Calles (Valencia) y Boltaña (Huesca), se puede inferir que tiende a invertirse, aunque sea de manera episódica, el proceso generalizado de declive rural que ha caracterizado la segunda década del siglo, la referida “segunda oleada de despoblación”. En otros casos, como Urbiés, el declive sigue siendo imparable y puede que irreversible.

Para concluir, es difícil establecer conclusiones taxativas, puesto que se trata de una perspectiva temporal muy corta y la muestra municipal ha sido seleccionada un poco a vuelapluma, a partir de mi conocimiento personal del territorio. De todas las formas, se puede inferir que existe, efectivamente, un cierto repunte de la población derivado del efecto COVID-19 en determinados municipios y así lo reconocen los técnicos municipales consultados, sobre todo en las poblaciones que gozan de una buena accesibilidad a los mayores centros urbanos. En cambio, el repunte ha sido inexistente en poblaciones como Fuenlabrada de los Montes y en los pequeños municipios alejados o mal conectados con los centros urbanos de su propia región y del conjunto del país.

Todavía no se puede saber si los citados repuntes al alza de la población tendrán continuidad en el tiempo o son meramente coyunturales. Ahora bien, existen unas nuevas circunstancias de naturaleza diversa que permiten mirar el futuro del medio rural con algo más de optimismo tras el declive de la segunda década del siglo que la pandemia cortó de raíz, pero solamente en determinados casos. Algunas razones son de orden técnico: el desarrollo de las telecomunicaciones, el papel de las redes telemáticas y el teletrabajo pueden incentivar la revitalización rural, pero más en forma de orballo o sirimiri que de lluvias generalizadas. Me parecen mucho más importantes, en cambio, las razones sociopolíticas que derivan del despertar de lo rural: la creciente autoestima de los residentes, su mayor organización, la complicidad de la sociedad urbana ante el problema de la despoblación, la concienciación de las instituciones y de los partidos políticos y, evidentemente, el empuje de las plataformas ciudadanas.

En las fronteras de la España vacía:
los Serranos, en el interior valenciano

Por su interés y por el conocimiento personal que tengo del municipio, en este apartado analizo con una mayor profundidad el caso de Calles y la comarca de los Serranos, en la Comunitat Valenciana. Entre otras razones, porque Calles y los pueblos vecinos de la Serranía constituyen un ejemplo de los cambios sociodemográficos registrados por los pequeños municipios de la España despoblada próximos al área de influencia de una gran ciudad, en este caso de Valencia. Es decir, de los municipios situados en torno a los 50-100 km y aproximadamente a una hora de distancia-tiempo del centro de una ciudad importante (Valencia, Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao o Zaragoza, entre otras ciudades).

Calles se localiza en la frontera entre dos mundos: hacia el este, a unos 25 km de distancia yendo hacia la capital valenciana, enseguida se llega a la autovía CV-35 y uno se adentra rápidamente en el abigarrado paisaje periurbano de la región metropolitana de Valencia, cuya área de influencia se expande rápidamente hacia el interior a través de esta y otras vías de comunicación. La frontera metropolitana acababa en los años setenta y ochenta en Burjassot (a 8 km de Valencia), hoy llega a Llíria (a 28 km de la capital) y se expande rápidamente hacia el interior, en dirección a Casinos (a 37 km de Valencia y a 26 km de Calles).

En dirección al oeste, por el contrario, uno se interna en el paisaje serrano del Alto Turia (declarado por la Unesco reserva de la biosfera), que enlaza, sin solución de continuidad, con las despobladas serranías de Cuenca y Teruel, en pleno sistema Ibérico. La plataforma Serranía Celtibérica también incluye estas comarcas interiores de la Comunidad Valenciana dentro de la España vaciada. El municipio forma parte del GAL denominado Turia-Sierra Calderona, que tiene su sede en la vecina población serrana de Tuéjar y abarca los municipios de la Serranía, el Rincón de Ademuz y diversos municipios de la Sierra Calderona, territorio mucho más cercano a la ciudad de Valencia. En el Programa de Desarrollo Rural Sostenible (2010-2014), Calles se ubica en la zona de la Serranía de Valencia, categorizada como a revitalizar en el primer nivel de prioridad.

De ser un pequeño, compacto y abigarrado núcleo urbano de vocación eminentemente agrícola, con el paso del tiempo se ha convertido en un pueblo donde dominan las segundas residencias. Un lugar de veraneo y de turismo de fin de semana, transformación que ilustra perfectamente las fases de auge o de declive por las que han pasado y pasan muchas poblaciones relativamente próximas a una gran ciudad desde los años setenta del pasado siglo y con una mayor rapidez en los que llevamos del siglo XXI.

El término municipal de Calles cuenta con un patrimonio natural y monumental muy remarcables. Destacan, en particular, los ríos Turia y Tuéjar, ambos de aguas limpias, además del archiconocido acueducto romano de Peña Cortada, que Alexandre de Laborde (1773-1842) incluyó en su colección de dibujos sobre las bellezas de España a principios del siglo XIX. Por su sus atractivos naturales y su proximidad a Valencia, el pueblo registra una creciente afluencia turística de fin de semana y de visitantes de día (excursionistas, según la terminología turística) procedentes de la cercana área metropolitana. Un fenómeno general en toda España a partir de los confinamientos decretados en marzo del 2020 para combatir la pandemia, que en los municipios de los Serranos llegó casi al colapso.

La población actual de Calles se acerca a los 400 residentes, pero cien años atrás, en los felices años veinte del siglo pasado, superó los 1.200 habitantes. Como el resto de los municipios de la zona, es pueblo de pequeños propietarios minifundistas, cuyas tierras se dividen en multitud de parcelas, la mayor parte de secano, dedicadas al olivo y el almendro y combinadas con algo de huerta. La población contaba en el pasado con varias almazaras, algún pequeño taller, algo de construcción, un pequeño comercio, la comunidad de regantes y la cooperativa agrícola local La Unión de Calles.

Antiguamente, para completar los ingresos familiares, muchas personas emigraban temporalmente, tanto hacia la Ribera, durante la temporada de siega del arroz, como hacia la vendimia de Cariñena, e incluso iban a la madera cuando los troncos todavía se transportaban aprovechando la corriente de los ríos que nacen en el sistema Ibérico (Turia, Júcar, Cabriel y Tajo), una tradición importante en la Serranía valenciana, sobre todo en la vecina Chelva. Hasta los años sesenta, las chicas jóvenes solteras solían pasar unos años sirviendo en la ciudad, pero lo normal era que regresaran al pueblo para casarse. Durante los años cuarenta y cincuenta muchas personas encontraron trabajo en las obras del pantano de Benagéber y en el canal que debía conducir las aguas a la comarca vecina del Camp de Túria.

La evolución demográfica de Calles ha seguido las mismas pautas que miles de pueblos de la España rural. Conoció un largo periodo de crecimiento demográfico, que se extendió desde mediados del siglo XIX hasta la primera mitad del XX, durante el cual el pueblo superó con creces los 1.000 habitantes (1950). A partir de los años cincuenta, como otros municipios serranos, inició un acelerado proceso de declive que se extendió hasta los años setenta, llegando a perder más de la mitad de su población, situándose en los 483 habitantes de 1970. Posteriormente, entraría en una fase de estancamiento a la baja que llega hasta el día de hoy, pero sin grandes oscilaciones.

Como en otras tantas poblaciones de su mismo perfil sociodemográfico, el estancamiento tiene su reflejo en la estructura envejecida de la población, que cuenta con pocas personas jóvenes y un número creciente de personas mayores de 65 años. En el transcurso de las dos últimas décadas (de 2001 a 2020) han nacido en Calles 43 personas, lo cual supone una media de dos nacimientos por año (2,15, estadísticamente hablando). Durante este mismo periodo fallecieron en el pueblo 161 personas, lo cual representa una media de 9 fallecidos por año (hubo 12 fallecidos en 2020, probablemente a causa de la sobremortalidad provocada por la pandemia de la COVID-19). En estos años (de 2019 a 2022) la población aumentó un 3,5%, pasando de 355 a 374 habitantes, como efecto del ya comentado aumento de los empadronamientos por parte de las personas que huyeron de la capital, según se decía en la prensa y los medios de comunicación.

Una bisagra entre los llenos metropolitanos y los vacíos interiores

Para entender el proceso seguido por Calles, hay que explicar primero el entorno geográfico del que forma parte el municipio. Hablamos de la comarca de los Serranos, que junto con el Rincón de Ademuz configuran el extremo noroccidental de la provincia de Valencia, en plena cordillera Ibérica, cuyas estribaciones orientales llegan hasta la misma costa (Sierra Calderona). Un territorio quebrado y abrupto caracterizado por un clima con tendencia a la aridez (las precipitaciones oscilan entre los 400 y los 500 mm de lluvia al año) y progresivamente continentalizado a medida que uno se adentra en la montaña. Los pueblos y las tierras de labor se localizan en el valle del pequeño río Tuéjar, afluente del Turia, río este último que transcurre encajado entre enormes barranqueras a través de un territorio absolutamente refractario al poblamiento, pero de gran interés medioambiental y un indudable atractivo paisajístico. La comarca constituye una frontera —a veces radical— entre el dinamismo del vecino Camp de Túria, con capital en Llíria, situado en plena área de influencia de la región metropolitana de Valencia, y las despobladas serranías de Cuenca y Teruel. Como señalé anteriormente, en menos de 25 o 30 km de distancia se pasa, abruptamente y sin solución de continuidad, desde el abigarrado continuo urbano de la periferia oeste de Valencia, donde se suceden los pueblos, las zonas residenciales, las áreas comerciales y los polígonos industriales, al paisaje plenamente rural de los Serranos y el Alto Turia. Por sus reconocidos valores medioambientales, una gran parte del territorio fue declarado reserva de la biosfera por la Unesco en junio del 2019. Asimismo, la Asociación para el Desarrollo de la Serranía Celtibérica, con sede en Teruel, incluye los Serranos y el Rincón de Ademuz en su mapa de la España vaciada, junto con las comarcas interiores de Castellón.

La comarca (els Serrans, en valenciano), tiene una extensión de 1.405 km2 y una población de 16.159 habitantes residentes en 19 municipios, lo cual supone una densidad de población de 11,9 hab./km2 (como vimos, la Unión Europea sitúa el umbral de la despoblación en los 12 hab./km2). La capital histórica de los Serranos es Chelva, cabeza del vizcondado de su nombre y antigua cabecera de partido judicial. Cien años atrás, en 1920, la villa superaba los 5.000 habitantes, para descender hasta los poco más de 3.000 de 1970 y bajar hasta los 1.500 habitantes actuales, por lo que ha registrado uno de los descensos demográficos más acentuados del interior valenciano. Su población estacional, no obstante, cuadruplica el número de residentes permanentes (6.000 personas según Foro-Ciudad) debido a su importancia como lugar de veraneo y por su atractivo natural y cultural. El municipio más poblado de la comarca es Villar del Arzobispo, con cerca de 3.600 habitantes en 2022, cifra que mantiene estable desde hace varios decenios gracias a la minería y el transporte del caolín hacia las industrias cerámicas de Castellón.

Durante los años cincuenta y sesenta se construyeron en la comarca dos grandes pantanos sobre el Turia, que anegaron las huertas de varios municipios y comportaron el desplazamiento de importantes núcleos de población. Se trata del pantano de Benagéber —inaugurado en 1955 y llamado entonces pantano del Generalísimo— y el pantano de Loriguilla, situado aguas abajo del primero junto al pueblo de este nombre e inaugurado en 1965. Aquí resulta obligado hacer un breve inciso para reconocer que los embalses del Turia fueron proyectados en el primer tercio del siglo XX. Inspirados en el llamado regeneracionismo hidráulico propugnado por Joaquín Costa a finales del siglo XIX, se concretan en el Plan de Obras Hidráulicas de 1911 (llamado plan Gasset), ratificado por la Dictadura de Primo de Rivera y asumido por la política hidráulica de la Segunda República. Según Juan Carlos Sánchez Illán (1997: 325 y 358), estos planes hidráulicos fueron “rateramente aprovechados” por las dos dictaduras, la de Primo de Rivera y la franquista. Franco llenó España de unos pantanos proyectados desde hacía tiempo. Las obras del embalse de Benagéber —que inicialmente debía llamarse de Blasco Ibáñez7—, empezaron en 1933 y fueron inauguradas por Niceto Alcalá Zamora, presidente de la República (1931-1936), Manuel Azaña, en aquel entonces presidente del Consejo de Ministros (1931-1933), e Indalecio Prieto, ministro de Fomento (1931-1933).

El llenado de los dos embalses comportaba la inundación y la consiguiente demolición de los antiguos pueblos de Benagéber, Loriguilla y Domeño. Una gran parte de los habitantes de estos municipios fueron indemnizados y realojados por el Instituto Nacional de Colonización en los nuevos pueblos de San Antonio de Benagéber, San Isidro de Benagéber, Loriguilla y Domeño, todos situados en terreno llano de regadío en la vecina comarca del Camp de Túria. Su evolución demográfica positiva contrasta con el declive registrado por todos los pueblos serranos sin excepción. Según los datos del padrón municipal referidos al final del año 2021, San Antonio de Benagéber tiene 9.500 habitantes, Loriguilla supera los 2.000 (2.027) y el nuevo Domeño cerca de 700 (670). Tanto Loriguilla como Domeño han podido conservar los derechos sobre su término municipal original (sobre el monte público o la caza) que, administrativamente, es considerado un enclave del Camp de Túria dentro de la comarca de los Serranos (en el término viejo de Domeño hay censados 11 residentes).

Los Serranos 2019-2022: un cambio de tendencia
que no debería ser efímero

Por su interés, y en relación con la profetizada revitalización del mundo rural tras la pandemia, he confeccionado dos tablas con la evolución reciente de la población de la Serranía y Rincón de Ademuz (tablas 19 y 20, respectivamente). Por lo que respecta a la Serranía, las cifras de globales indican que la población total de la comarca seguía su habitual tendencia decreciente. Entre los años 2017 y 2019 la pérdida fue de 133 habitantes. Un descenso poco importante en términos absolutos, pero significativo si se tiene en cuenta que a partir del año 2020 se invierte esta tendencia a la baja y la población total empieza a aumentar, un claro indicio del efecto de los empadronamientos que podríamos llamar pandémicos. En tan solo tres años, de 2019 a 2022, la población total de la comarca aumenta en 469 efectivos, que suponen un incremento del 3,2% muy significativo teniendo en cuenta que se trata de un periodo de tiempo muy corto.

Tabla 19

Evolución de la población de la comarca de Los Serranos e incremento 2019-2022

Municipio

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Incremento

2019-2022

% incremento

Pedralba

2.785

2.777

2.778

2.814

2.852

2.966

+188

+6,8

Chelva

1.556

1.498

1.489

1.531

1.583

1.597

+94

+6,3

Alpuente

644

637

633

635

659

670

+37

+5,8

Calles

345

342

355

355

368

374

+19

+5,4

Sot de Chera

370

352

369

362

387

384

+18

+4,9

Tuéjar

1.147

1.132

1.116

1.137

1.164

1.168

+52

+4,7

Chulilla

628

615

665

662

700

692

+27

+4,1

Losa del Obispo

510

504

507

505

531

527

+20

+4,0

Titaguas

450

459

453

454

470

485

+15

+3,3

Bugarra

711

715

727

739

728

747

+20

+2,8

Higueruelas

503

508

500

501

524

510

+10

+2,0

Villar del Arzobispo

3.542

3.579

3.554

3.536

3.578

3.581

+27

+0,8

Aras de los Olmos

375

374

381

359

374

380

–1

–0,3

La Yesa

234

227

229

221

230

227

–2

–0,9

Andilla

322

303

319

308

315

316

–3

–0.9

Gestalgar

596

554

556

548

541

547

–9

–1,6

Alcublas

678

654

628

611

610

607

–21

–3,3

Benagéber

192

190

192

180

184

170

–22

–11,5

Total

14.896

14.765

14.763

14.788

15.096

15.232

469

3,2

Casinos

2.759

2.773

2.777

2.780

2.881

2.994

+217

+7,8

Santa Cruz de Moya

236

227

218

207

232

230

+12

+5,5

Sinarcas

1.147

1.124

1.125

1105

1.109

1.135

+10

+0,9

Fuente: Padrón continuo (a 1 de enero de 2023), INE.

Veamos ahora, a escala interna de la comarca, dónde se han producido los mayores incrementos y dónde los decrementos. De los 18 municipio reflejados en la tabla 19, doce ganan población y seis la pierden. En términos porcentuales, encabeza las ganancias el municipio de Pedralba, con un 6,8% de incremento en tan solo tres años; se trata de uno de los municipios más poblados de la comarca y el más cercano a Valencia (43 km). El segundo mayor incremento corresponde al municipio de Chelva, la cabecera comarcal, con un incremento también muy significativo del 6,3%. Con incrementos superiores al 5% se sitúan Alpuente y Calles; cuatro municipios más, Sot de Chera, Tuéjar, Chulilla y Losa del Obispo, incrementan su población por encima del 4%, y Titaguas por encima del 3%. Por debajo quedan Bugarra, Higueruelas y Villar del Arzobispo, que a pesar de ser el municipio más poblado de la comarca incrementa su población en un exiguo 0,8%.

Benagéber y Alcublas encabezan las pérdidas de población, con un descenso del 3,3% en el segundo y un significativo descenso del 11,5% en el primero, circunstancia que se debe seguramente a su situación periférica y relativamente aislada dentro del contexto comarcal. También pierden población los municipios de La Yesa, Andilla y Aras de los Olmos (aunque la pérdida de este último es insignificante), situados en la parte alta de la comarca. Por último, y a pesar de su mayor cercanía a Valencia, también pierde población Gestalgar. Puestos a buscar una pauta común, los mayores incrementos se producen, sobre todo, en los municipios que tienen una cierta tradición turística, caso de Chelva, Alpuente, Calles, Sot de Chera y Chulilla, además de Pedralba. En conclusión, tomando todas las precauciones posibles y teniendo en cuenta el corto periodo temporal de análisis y la volatilidad propia de los tiempos pandémicos, se puede inferir que en la comarca de los Serranos se detecta claramente el efecto de los nuevos empadronamientos; otra cosa es que tengan continuidad y se conviertan en incrementos estructurales.

Por su interés, he añadido a la tabla tres municipios que no pertenecen estrictamente a la comarca de los Serranos, pero que se encuentran en una situación relativamente próxima. Se trata del pequeño municipio conquense de Santa Cruz de Moya, que también gana población (un 5,5%) a pesar de su situación periférica y de su baja accesibilidad (la carretera de Ademuz es muy deficiente a partir de Titaguas en dirección a Santa Cruz de Moya y Ademuz); Sinarcas, perteneciente a la comarca de Requena y Utiel, que también gana población, y Casinos, municipio de la comarca vecina del Camp de Túria hasta dónde llega la autovía y que, significativamente, es el que aumenta en mayor medida su población: un 7,8% en tan solo tres años.

El Rincón de Ademuz 2019-2022: a la espera de un cambio que tarda
en llegar

El Rincón de Ademuz es un conocido enclave valenciano encajado entre las provincias de Cuenca y Teruel, sin que exista continuidad territorial con su región de pertenencia, localización que le otorga una gran visibilidad en los mapas provinciales y autonómicos. Por su proximidad a Teruel (43 km) y su alejamiento de Valencia (132 km), en diversos momentos históricos se consideró su incorporación a la provincia de Teruel y a la comunidad aragonesa, posibilidad que no aceptaron sus habitantes. La comarca tiene una extensión de 370 km2, y una población de poco más de 2.000 habitantes (2.189 en 2022), distribuidos en siete municipios. Su densidad de población es de solamente 6 hab./km2, siendo una de las comarcas más despoblados de la Comunidad Valenciana, con cifras parecidas a las de las comarcas vecinas de las provincias de Teruel (Gúdar-Javalambre, 3,2 hab./km2) y Cuenca (Serranía Baja, 4,1 hab./km2).

Tabla 20

Evolución de la población en el Rincón de Ademuz e incremento 2019-2022

Municipio

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Incremento

2019-2022

% incremento

Ademuz

1.073

1.046

1.042

1.037

1.027

1.000

-42

–4,0

Casas Altas

139

136

131

131

132

132

+1

+0,8

Casas Bajas

172

172

164

163

164

171

+7

+4,3

Castielfabib

311

306

317

308

299

291

–26

–8,2

Torrebaja

412

397

411

402

403

408

–3

–0,7

Puebla de San Miguel

62

61

62

61

60

59

–3

–4,8

Vallanca

120

126

139

133

136

128

–11

–7,9

Total

2.289

2.244

2.266

2.235

2.221

2.189

–77

–3,4

Fuente: Padrón continuo (a 1 de enero de 2023), INE.

También en este caso he reflejado, en la tabla 20, la evolución de la población entre los años 2019 y 2022. En este caso, y al contrario de lo que ocurría en la comarca de los Serranos, el Rincón de Ademuz, considerado en conjunto, pierde población, concretamente un 3,4% en tan solo tres años. Tan solo dos municipios aumentan ligeramente su población: Casas Bajas, con un 3,4% de aumento, y Casas Altas, con un exiguo 0,8%. Los cinco municipios restantes pierden población, en algunos casos de manera muy acusada. De acuerdo con la tendencia general seguida por la comarca en lo que va del siglo XXI, a pesar de que porcentualmente algunos municipios pierden mucho más, como Vallanca y Puebla de San Miguel, es muy significativa la pérdida de población de Ademuz, la cabecera de la comarca, que en tan solo tres años ha perdido un 4% de sus efectivos. En conclusión, a la vista de los datos se infiere que el repunte de los empadronamientos prácticamente no tiene ninguna significación en el Rincón de Ademuz, una comarca mucho más aislada que los Serranos tanto con respecto a Valencia como en relación con Teruel. Puestos a hacer conjeturas, ocurre prácticamente lo mismo que había detectado al principio de este capítulo: los nuevos empadronamientos no tienen ninguna incidencia en los territorios aislados, como era el caso de Fuenlabrada de los Montes y de la sierra de Albarracín o, en este caso, del Rincón de Ademuz.

Calles como pretexto: de llenos, vacíos, atonías
y repuntes

Cierro este capítulo con una mirada personal a la evolución del municipio y pueblo de Calles, una de las puertas de entrada a la Serranía valenciana. Un municipio situado en la frontera entre el mundo urbano metropolitano de la ciudad de Valencia, que se proyecta cada vez más hacia el interior, y las despobladas serranías de la cordillera Ibérica, en este caso las estribaciones de la sierra de Javalambre que se avanzan hacia el Mediterráneo.

Esta explicación no tiene otro objetivo que intentar poner de relieve, a través de mi experiencia personal, los profundos cambios sociales y culturales que se han producido en los pueblos y en el espacio rural español en los últimos cuarenta o cincuenta años. Cambios a mejor, sin duda, a pesar de la despoblación rural, que pienso que, de una manera u otra, era inevitable. Tal como dije en un capítulo anterior, y ahora reitero, cualquier tiempo pasado fue peor.

Visité por primera vez el pueblo de Calles durante el verano de 1976. Era por vacaciones y llegué acompañado de mi novia para cumplir con el ritual —no escrito, pero de obligado cumplimiento— de presentarme ante su familia del pueblo. Nada más llegar hicimos un largo peregrinaje de casa en casa hasta cumplimentar a todo el mundo. Acostumbrado a unas relaciones más distantes y contenidas, quedé abrumado por el gran número de personas que me presentaron: abuelos y abuelas, y muchos tíos y primos de primera, segunda o tercera generación. La mayor parte de los familiares que visitamos ya residían en Barcelona o en Valencia, pero todo el mundo se reencontraba en el pueblo por vacaciones.

Las generaciones anteriores —los abuelos— todavía vivían en el pueblo, llevando como podían las pocas tierras de labor: algo de huerta, además del secano donde se cultivaban olivos, almendros y un poco de viña, distribuidos en multitud de parcelas a causa del minifundismo imperante. En aquellos días, los abuelos materno y paterno de mi novia ya habían repartido la herencia entre los hijos, pero ya barruntaban que las tierras acabarían perdidas, o vendidas en el mejor de los casos.

Algunos abuelos tuvieron la suerte de fallecer en el pueblo, pero los más tuvieron que irse a vivir con sus hijos a la ciudad, donde murieron puede que apesadumbrados por no haber podido ser enterrados en su pueblo natal. Siempre me llamó la atención el apego de la generación de mis suegros al pueblo. Todo lo comparaban con lo que habían visto y vivido de pequeños en Calles: las costumbres, la comida, los guisos e incluso el tiempo atmosférico.

Conocí a la que sería mi mujer, Pilar, cuando trabajaba en la Seat. Estábamos en plena Transición y la lucha sindical era el pan de cada día, por lo que acabamos siendo compañeros de militancia. Yo trabajaba de verificador en los talleres y ella de administrativa en el Planeta Azul, una oficina enorme en la que pululaban como hormigas centenares de personas. En la factoría de la Zona Franca todas las instalaciones se conocían por su sobrenombre, pero nunca supe de dónde había salido tal denominación. Imagino que fue durante el apogeo de la carrera espacial y la llegada del hombre a la Luna, que permitió visualizar la Tierra como una pequeña esfera azul flotando en el espacio infinito. Cada vez que transitaba por el Planeta Azul acudía a mi memoria la enorme oficina que aparece en la película El proceso, dirigida por Orson Welles, estrenada en 1962 e inspirada en la famosa novela de Franz Kafka, una verdadera obra maestra de la literatura contemporánea donde casi todo ocurre en la siniestra oficina en la que se tramita el proceso del protagonista.

El padre y los tíos de mi novia habían encontrado trabajo en la Seat gracias a las recomendaciones de un familiar que durante la posguerra se había instalado en Barcelona. Con el tiempo descubrí que en la empresa también trabajaban otras personas que procedían de la Serranía valenciana, el Rincón de Ademuz y las comarcas vecinas de Cuenca y Teruel. Algo lógico teniendo en cuenta que en aquellos días, y supongo que ahora también, lo más habitual es que las personas que emigran se dirijan, en primera instancia, al lugar donde ya ha abierto camino algún familiar o un paisano que les pueda acoger y ayudarles a dar sus primeros pasos en un entorno completamente desconocido.

Pilar arribó a Barcelona con su madre a la temprana edad de cuatro años. Su padre se había instalado en la ciudad con anterioridad, y gracias al sueldo de la Seat pudo adquirir a plazos un pequeño ático en L’Hospitalet de Llobregat. Con el tiempo se mudaron a un piso situado en la Zona Franca de Barcelona, construido por una cooperativa de trabajadores de la Seat. Un periplo nada excepcional aquellos días en los que miles de familias buscaban hacerse un lugar en la capital. Una historia más de la Barcelona subalterna que, por aquellas mismas fechas, describió el escritor y también migrante Paco Candel, paisano de mis suegros, en la obra Los otros catalanes (1964), que tanta repercusión tuvo en Cataluña. La familia de mi mujer sentía una gran admiración por su paisano, que también residía en el barrio de la Zona Franca. En una de las frecuentes excursiones vacacionales por el interior valenciano, mis suegros quisieron detenerse en Casas Altas, el pueblo de Candel, para ver si encontrábamos la casa natal del escritor. Tuvimos que preguntar. Hoy, en cambio, luce una vistosa placa conmemorativa en la fachada.

Calles se ubica a unos 65 km de Valencia en la citada comarca de los Serranos, también conocida como Alto Turia. En aquellos días estaba comunicado por la estrecha y sinuosa carretera de Valencia a Ademuz (CV-35), que empeoraba a medida que se adentraba en la Serranía. Hoy, en cambio, se llega a Valencia en menos de una hora y las tres cuartas partes del trayecto discurren por autovía. Los servicios eran muy precarios aquellos días, algo habitual en la España rural de aquel tiempo: el suministro eléctrico era inestable y se averiaba cada vez que había tormenta, y para llamar por teléfono existía una sola cabina, donde en verano había que pedir turno y guardar cola durante mucho tiempo, incluso horas. No estoy hablando de cien años atrás, sino de la España rural del final de los años setenta, con el dictador ya enterrado y cuando el país ya gozaba de una incipiente sociedad de consumo y el turismo de masas era una realidad tangible en el cercano litoral mediterráneo.

En aquellos años, el contraste entre las comodidades urbanas y la precariedad de la vida rural todavía era enorme, a pesar de que en los años sesenta todo empezó a cambiar. Las casas de pueblo se modernizaban y empezaban a disponer de unas mínimas comodidades (cocina, ducha y cuarto de baño, sala de estar). Pero todo esto sucedía cuando más de la mitad de sus habitantes ya había tenido que emigrar. Este fue el caso de Calles y el de todas las poblaciones serranas sin excepción. En aquellos años, cuando se abría una nueva carretera, se asfaltaba o mejoraba significativamente, solía decirse que la gente podría salir del pueblo más rápidamente. En otros casos oí decir que de esta manera los que se iban podrían trasladar los muebles más cómodamente.

El gran declive —el gran trauma, según Del Molino— se produjo aquí entre 1950 y 1970, tal como aconteció en el conjunto del medio rural español. En el transcurso de esos veinte años, Calles perdió más de la mitad de sus habitantes, pasando de las 1.045 personas censadas de 1950 a las 483 del año 1970. La gente emigró a Francia y a Suiza, sobre todo durante la posguerra, y luego a Barcelona y a Valencia. A mediados de los años setenta, Calles ya había culminado su proceso de vaciado demográfico y se estabilizó a la baja en torno a los 400 habitantes. Desde entonces hasta hoy ha mantenido sus cifras entre las 350 y las 400 personas empadronadas, aunque en la realidad son bastantes menos las que residen de forma permanente en el pueblo, sobre todo en invierno. Algo habitual en casi todos los pueblos de la Serranía y en la mayor parte de esos miles de pueblos de menos de 500 habitantes que existen en el país.

Calles vivía fundamentalmente de la agricultura: disponía de una zona de huerta, relativamente extensa, dedicada principalmente al cultivo de frutas y hortalizas de autoconsumo y una pequeña parte para la venta. Antes de la mecanización del campo, una extensión significativa de huerta debía dedicarse a la producción de forraje para las caballerías (asnos, mulos y caballos), que en el transcurso de los años setenta empezaron a ser sustituidas por las llamadas mulas mecánicas o por pequeños tractores. Los paisanos lo agradecían: “La mulica mecánica va de categoría —comentaban—, solo come cuando trabaja”.

Calles goza de una naturaleza espléndida gracias a los dos ríos que transcurren por el territorio municipal y a los montes del término, en su mayor parte de propiedad comunal. Antes se sacaba algún rendimiento de la subasta de los pinos (carrasco y rodeno), pero hoy ya nada. Aparte de que la madera no cubre los costes de extracción, una gran parte del término municipal todavía se recupera de los incendios forestales, que suelen ser pavorosos en la Comunitat Valenciana y motivados, en gran parte, por la falta de gestión de los montes y el abandono de las tierras marginales. El casco histórico se sitúa a la derecha del río Chelva (también llamado río Tuéjar e incluso río Calles), de caudal abundante y regular (1 m3/s aproximadamente), aprovechado desde antiguo para regar la huerta. A unos 4 km de distancia pasa abarrancado el Turia, llamado por los lugareños Río Blanco, en medio de unos parajes excepcionales.

El escritor Josep Pla escribió en alguna de sus guías de viajes que, a falta de mar, toda población con río tiene muchas ventajas con respecto a las que no cuentan con este recurso, a la vez que resueltos muchos de sus problemas estéticos. Por sus atractivos naturales y por su proximidad a la ciudad de Valencia, durante los años sesenta empezaron a llegar los primeros veraneantes a Calles, que primero se alojaban en casas particulares, y pocos años más tarde empezaron a surgir las urbanizaciones de segunda residencia (Las Colonias, El Mirador, La Loma), llegando a consolidarse una incipiente colonia de veraneantes. Algo común en los pueblos de montaña que cuentan con un cierto atractivo natural y están situados a una distancia prudencial de una ciudad importante, caso de Calles, Chelva y la vecina Chulilla. Ahora bien, excepto en estos casos, las típicas urbanizaciones y parcelaciones de los años sesenta y setenta apenas tuvieron incidencia en la parte alta de los Serranos, al oeste de Chelva, mucho más alejada de la ciudad de Valencia. La mayor parte de los pueblos de la Serranía ha crecido a partir del ensanche y la ampliación de su propio núcleo urbano, como los cercanos Chelva, Tuéjar y el resto de los pueblos serranos.

Calles cuenta hoy con 374 personas empadronadas (2022), lo cual significa que la población se mantiene estable, con tendencia a la baja hasta el repunte actual derivado del efecto COVID-19. Como vimos en los apartados anteriores, el balance entre los años 2019 y 2022 da como resultado un incremento neto de 19 residentes, una cifra exigua pero significativa ya que se invierte por primera vez en décadas la tendencia al declive demográfico. El balance entre las personas nacidas y las fallecidas a lo largo del año es negativo desde hace décadas, de igual manera que en casi todos los pueblos de la España vacía. Un declive que se debe tanto a la falta de nacimientos como a la defunción de las muchas personas mayores que residen en el pueblo (el ya citado y socorrido invierno demográfico).

De hecho, los pueblos como Calles sufren un doble envejecimiento: por una parte, están las personas que han residido toda la vida en el pueblo, cada vez más envejecidas, y por la otra, los oriundos que, tras su jubilación, regresan al pueblo para pasar aquí sus últimos años de vida. Circunstancia esta última que explica que el municipio tenga incluso un pequeño saldo migratorio positivo, al que también contribuye una pequeña inmigración extranjera. El llamado invierno demográfico no afecta únicamente a los pueblos vaciados, sino que alcanza, como es sabido, a casi todas las cabeceras comarcales de la España interior y a un buen número de capitales de provincia, sobre todo en los territorios menos poblados.

Sin necesidad de ir más lejos, las ciudades de Cuenca y Teruel, las dos capitales provinciales vecinas, tienen un saldo vegetativo negativo. Según datos del INE, la ciudad de Teruel registró 312 nacimientos y 355 defunciones el año 2021, con un balance negativo de 43 personas. Las cifras fueron mucho más desequilibradas en 2020, a causa de la sobremortalidad provocada por la COVID-19: se registraron en Teruel 297 nacimientos por 437 defunciones, con un balance negativo de 140 habitantes. En la ciudad de Cuenca se registraron este año 728 defunciones por 355 nacimientos; o sea, las defunciones doblaron el número de nacimientos.

En los años setenta, el pueblo tenía aún mucha vida social y económica: se cultivaba la mayor parte de la tierra arable, se subastaba la madera, había dos pequeñas empresas de la construcción, un moderno supermercado, varias tiendas de comestibles, dos carnicerías, panadería, pescadería, quiosco de prensa, posada, tres bares, alguna taberna, un merendero y hasta una discoteca llamada Sibiu en honor a una famosa serie de aventuras submarinas que daban por la televisión (Viaje al fondo del mar). Para las compras no cotidianas o para contratar servicios más especializados (talleres mecánicos, electricidad o fontanería), lo más habitual era desplazarse a Chelva, la cabecera comarcal, situada a poco más de 4 km de distancia, o bien a Tuéjar, a 11 km, un pueblo venido a más gracias a que fue base de operaciones de las obras de construcción del embalse de Benagéber y del acueducto que, salvando montañas enormes, abastece de agua de riego a la comarca del Camp de Túria y a la misma ciudad de Valencia. Muchas personas tuvieron que emigrar cuando terminaron estas obras que durante un par de décadas dieron trabajo a media comarca.

La situación actual es bien distinta en cuanto a la vida local, cada vez más apagada. Aunque Calles todavía no es un pueblo cerrado, tal como sucede en numerosos lugares de la España vacía que ya no cuentan con ningún espacio de socialización, como un bar, un local social e incluso una parroquia activa. El pueblo dispone de unos servicios mínimos: consultorio médico (la atención mayor se hace en el centro de salud de Chelva o en el hospital de Llíria), farmacia (que abre unas horas al día), “hogar del jubilado” con servicio de bar y casa de la cultura donde el ayuntamiento, en colaboración con la diputación, organiza actividades diversas. Existe una sociedad de cazadores, una peña taurina y una comisión de fiestas. En cuanto a lo religioso, hace muchos años que la parroquia no tiene un cura párroco residente, aunque las ceremonias se celebran regularmente, incluidas las fiestas patronales con banda de música y espectáculos pirotécnicos. La escuela se mantiene abierta precariamente, con cifras situadas alrededor de los diez alumnos que, al concluir la enseñanza primaria, deben finalizar sus estudios en el instituto de Chelva o bien en el de Villar del Arzobispo. El comercio subsiste a la baja: hay un supermercado que vende de todo y todavía horno y bar, a pesar de que cambian de manos frecuentemente; los martes se celebra un pequeño mercadillo, pero para casi todas las compras y servicios que no sean de uso diario se acude a Chelva o a Villar del Arzobispo.

Subsiste la comunidad de regantes y, a trancas y barrancas, la pequeña cooperativa agrícola local (La Unión de Calles), cuyo producto estrella es el aceite de oliva virgen. La producción es limitada y decreciente, debido a que se trata de una agricultura casi exclusivamente a tiempo parcial, con pocas posibilidades de futuro. Muchas tierras se han perdido y la mayor parte de las que se apañan pertenecen a los descendientes de las personas emigradas que, a cada generación que pasa, atenúan sus vínculos con el pueblo. La entidad padece los mismos problemas que las pequeñas cooperativas del país: el primero, de orden social (disminución y envejecimiento de los socios) y el segundo, de naturaleza económica: producción limitada, dificultades de comercialización y aumento de las derramas para sufragar la continua puesta al día de las instalaciones a causa de las exigencias legislativas. Como viene siendo de dominio común, la única forma de asegurar la viabilidad de estas pequeñas cooperativas locales sería su agrupación en cooperativas de segundo grado profesionalizadas que dispusieran de una mayor capacidad de gestión, pero hasta ahora han fracasado todos los intentos de unión con los municipios vecinos.

Como en tantos lugares de la España vacía, Calles no hizo en su momento la concentración parcelaria, lo cual hizo inviables la mayoría de las explotaciones agrícolas, distribuidas en multitud de pequeñas parcelas, casi siempre situadas en lugares muy distantes entre sí. Únicamente Titaguas, en los Serranos, y Torrebaja, en el Rincón de Ademuz, lograron culminar la concentración parcelaria. Actualmente, se da la paradoja de que una sola gran empresa está llevando a cabo, de facto, la concentración parcelaria. A lo largo de los últimos años ha ido comprando la mayor parte de las tierras de labor del municipio, las ha explanado y transformado en regadío por goteo, gracias a la concesión previamente existente, y las dedica al cultivo de la vid y el olivo mediante las técnicas más avanzadas. Su incidencia en el empleo local es escasa, ya que las tierras se trabajan con personal de la propia empresa, radicada en otro municipio, lo mismo que la cosecha, que se realiza con temporeros externos contratados por la propia empresa. En cambio, ha transformado de una forma radical el paisaje agrario del municipio, hoy dominado por la viña cultivada en espaldera. Este es un ejemplo más de la progresiva entrada de las grandes empresas en el campo español, sobre todo las agroalimentarias.

Por su proximidad a Valencia ciudad (menos de una hora en vehículo) y por sus numerosos atractivos naturales y culturales, divulgados constantemente por la prensa valenciana y las redes sociales (como el famoso acueducto romano de Peña Cortada), Calles es un pueblo muy frecuentado durante los fines de semana y los periodos vacacionales, de la misma manera que Chelva y el resto de los pueblos serranos. A la tradicional colonia de veraneantes de las segundas residencias se ha unido, en los últimos años, una legión de visitantes de día que realizan excursiones por el entorno. Situación que llegó prácticamente al colapso durante los confinamientos del periodo más duro de la pandemia (COVID-19) en los años 2020 y 2021, tiempo durante el que el llamado turismo de proximidad aumentó de forma exponencial en toda la España rural. Se da la paradoja, no obstante, que el incremento de estos visitantes de día (excursionistas) apenas tiene incidencia en la vida local. En la población les llaman andarines, criticando que pasan por el pueblo de largo sin apenas hacer ningún gasto: “Todo lo traen de Valencia —dicen—, hasta los bocadillos”. La población máxima estacional estimada se sitúa en los 2.000 habitantes, según los datos de Foro-Ciudad, lo cual significa que el número de residentes puede multiplicarse por cinco durante los periodos vacacionales. Calles luce el cartel de completo entre el 15 de julio y el 15 de agosto, de igual manera que una gran parte de los pueblos de la Serranía y las comarcas vecinas, e incluso de todo el país.

Para concluir, Calles es un ejemplo representativo de un municipio de la España despoblada, próximo a una gran ciudad como Valencia, situada a menos de una hora en vehículo. La agricultura tradicional tocó fondo hace mucho tiempo, no tiene apenas industria, excepto la gran empresa agroalimentaria ya citada productora de vinos y aceites, pero que tiene poca incidencia en cuanto a la creación de puestos de trabajo en el pueblo, además de una pequeña fábrica y una planta de tratamiento de residuos situada lejos del núcleo urbano. En el presente, la base económica más sólida del municipio son las pensiones de los jubilados, junto con algunos servicios. El número de habitantes se mantiene estable (374 residentes en 2022, con un incremento de 19 habitantes respecto a 2019, probablemente como efecto de la pandemia), pero sin que su proximidad a la región metropolitana de Valencia haya influido, por ahora, en un incremento de las actividades económicas, excepto la gran empresa agroalimentaria, ni en un aumento significativo de residentes, excepto el señalado repunte de los empadronamientos. Se puede decir lo mismo del resto de poblaciones de la Serranía y el Alto Turia, como Chelva, Tuéjar, Titaguas, Alpuente y Chulilla, entre otras.

A pesar de todo, Calles ha podido mantener unas mínimas constantes vitales: el ayuntamiento abre todos los días, se prestan los servicios básicos (atención médica y social, farmacia y escuela, pero no hay cajero), funciona la cooperativa, existe todavía una cierta actividad comercial y cuenta con diversas entidades sociales y espacios de socialización. Un lujo si dicha situación se compara con la de la mayor parte de los pueblos de la España vacía con un parecido volumen de población. Calles podría ser todavía un municipio viable y sostenible —como otros tantos municipios de la España vacía— por poco que el país invierta en la mejora de las condiciones de vida y el mantenimiento de los servicios básicos a corto, medio y largo plazo.

Capítulo 8

Dos miradas desde la España despoblada

No se puede hablar sobre la despoblación rural desde la distancia. Para los que nos dedicamos a la geografía, el terreno es lo primero, es decir, el campo de juego de las sociedades humanas. Es por ello por lo que considero necesario incluir dos entrevistas en profundidad a personas que han nacido, crecido y viven y trabajan en ese entorno rural llamado, eufemísticamente, a revitalizar. Gentes comprometidas con sus paisanos, buenos conocedores de su tierra y suficientemente preparadas para poder hablar con propiedad y conocimiento de causa de sus problemas y proponer posibles soluciones. Personas que en un momento u otro de su vida pudieron tomar otro camino pero que al final su opción de vida fue quedarse en el pueblo.

El primer entrevistado es Ángel Luis López Sanz, vecino de La Yunta, pueblo de la comarca de Molina de Aragón, en la provincia de Guadalajara, ampliamente referenciado en un capítulo anterior del libro. Ángel Luis es agricultor de oficio, emprendedor donde los haya, gran conocedor se su comarca y uno de los impulsores de la plataforma llamada significativamente La Otra Guadalajara, esa parte tan poco conocida de la provincia que pasa por ser la zona menos poblada de la península ibérica. La entrevista se realizó la mañana de un brumoso domingo de octubre de 2021, cuando la pandemia daba claros síntomas de remitir gracias a las vacunaciones.

La segunda persona entrevistada es Alfredo Sánchez Garzón, médico de profesión y nacido en Torrebaja, uno de los siete municipios del Rincón de Ademuz. Ese enclave valenciano, encajado entre las provincias de Cuenca y Teruel, pero físicamente separado del resto de la comunidad, lo cual hace que siempre aparezca destacado en los mapas. Un territorio situado entre la Serranía Baja de Cuenca y las comarcas aragonesas de Gúdar-Javalambre y de Comunidad de Teruel. Entrevisté a Alfredo un luminoso día de verano en el que los pueblos por los que pasé parecían otros: en todas partes la presencia de gente y el griterío de la chiquillada me hacían pensar en otros tiempos. Alfredo es, con toda seguridad, una de las personas que mejor conoce el Rincón de Ademuz, tanto por su vivencia personal como por los numerosos libros y artículos que ha publicado sobre su comarca. Desde hace años publica un blog que contiene centenares de artículos sobre los pueblos, monumentos, paisajes, fiestas y tradiciones de su comarca y las comarcas vecinas de Cuenca y Teruel. Ningún episodio de la historia comarcal le es ajeno, desde las guerras carlistas a la Guerra Civil, la batalla de Teruel y hasta el maquis que se ocultaba en la sierra en los años cuarenta.

Ambos entrevistados sacan a colación, en un momento u otro de sus respuestas, muchos de los problemas descritos en los capítulos de este libro. Los efectos de la despoblación, el cambio generacional, la falta de personas jóvenes, la extinción del pequeño comercio en los pueblos, las deficientes conexiones a internet a la espera de la fibra óptica, la carencia de servicios, la movilidad del personal sanitario y los funcionarios, los continuos desplazamientos y, evidentemente, la política y las políticas de desarrollo rural. Las ayudas de la iniciativa LEADER y el control de los Grupos de Desarrollo Rural por parte de los partidos políticos, el papel de las plataformas organizadas alrededor del movimiento de la España vaciada. Y también las ayudas de la PAC, que no logran detener el progresivo abandono del campo, la falta de renovación generacional, el imparable declive de la agricultura y la ganadería tradicional ante la irrupción de las grandes empresas agroalimentarias y de distribución en el campo, la lucha desigual de las pequeñas cooperativas contra las grandes corporaciones… Y así hasta una larguísima lista de problemas que en un momento u otro de las entrevistas salen a relucir. Pero cada uno de ellos también tiene su propia lista de soluciones. Proyectos ilusionantes como la destiladora de esencia de lavandín que espera llevar adelante Ángel Luis en La Yunta. Y sin duda, los conocimientos y la solvencia intelectual de Alfredo Sánchez Garzón. Antes de empezar quiero agradecerles desde aquí su predisposición y la dedicación de parte de su tiempo para responder a esta entrevista y reconocer la solvencia y la verdad que contienen sus respuestas.

Entrevista a Ángel Luis López Sanz, agricultor,
La Yunta (comarca de Molina de Aragón, Guadalajara)

Domingo, 3 de octubre de 2021. Quedé con Ángel Luis López Sanz a las doce del mediodía en la plaza Mayor de La Yunta, pueblo de 90 habitantes (2022) perteneciente a la comarca de Molina de Aragón, en la provincia de Guadalajara. El núcleo urbano está situado a una altitud de 1.104 m, a 20 km de distancia de Molina de Aragón y a 160 km de la capital provincial, Guadalajara. Su término municipal tiene una extensión de 56 km2, por lo que su densidad de población no llega a los dos habitantes por kilómetro cuadrado (1,75 hab./km2), dato que se repite en casi todos los municipios de la comarca de Molina de Aragón. La otra Guadalajara la llaman, la más despoblada y aislada. Otra zona cero de la España vaciada.

De camino hacia el corazón de la España despoblada

Tras pernoctar en Segorbe, a primera hora de la mañana tomé la autovía Mudéjar (A-23), que seguí hasta Monreal del Campo, población turolense de la comarca del Jiloca, situada a poco más de 140 km de Segorbe, para continuar después hacia La Yunta por carreteras convencionales. La radio anunciaba lluvias generalizadas, pero salí con un tiempo espléndido y un día radiante. Desde Barcelona me hubiera resultado más cómodo ir por Zaragoza, pero quería ver sobre el terreno el avance de las plantaciones truferas de Teruel. No quedé decepcionado en absoluto porque antes de llegar a Barracas las encinas truferas empiezan a ser un elemento destacado del paisaje, sobre todo a medida que se gana altitud. Por su porte y por su color verde oscuro, casi negro, se confunden fácilmente con olivos.

Al llegar a la altura de Sarrión salí de la autovía para tomar un café y fotografiar algún campo de trufa. Sarrión tiene poco más de 1.000 habitantes, pero en muy poco tiempo se ha convertido en la capital trufera de España, desbancando incluso a mercados tradicionales como el de Centelles, en Cataluña, que años atrás fijaba el precio de la trufa negra para todo el país. La trufa es hoy en día el producto estrella de Teruel, puede que incluso por encima del jamón. Todo un éxito que contribuye, sin duda, a desmentir el tradicional discurso apocalíptico sobre el futuro de esta provincia.

También lo desmienten las inversiones públicas que en los últimos años han comenzado a dar sus frutos. Me viene a la memoria el impacto del circuito de velocidad de Alcañiz (MotorLand), que además de dar un cierto relumbrón a la segunda ciudad de la provincia, gracias al campeonato de mundo de motociclismo, se ha convertido también en un banco de pruebas de la industria del motor, con una buena tasa de ocupación a lo largo del año. Desde el mismo Sarrión se perfilan a lo lejos y a ambos lados de la autovía las sierras de Gúdar (hacia el este) y Javalambre (al oeste), donde la empresa pública Aramón ha consolidado las estaciones esquí de su nombre, situadas a poco más de una hora y media de Valencia. El esquí ha impulsado el desarrollo turístico de estas comarcas e incluso el de la capital turolense. Más al sur, en Arcos de las Salinas se lleva a cabo el proyecto Galáctica, vinculado a la observación de las estrellas gracias a la obtención de la certificación Starlight (‘cielo limpio’). Y en la misma ciudad de Teruel, el parque temático Dinópolis, con sus más de 100.000 visitantes anuales, constituye también un motor de desarrollo turístico. Se diga lo que se diga, la expansión trufera y el éxito de estas iniciativas ha proyectado la provincia de Teruel de una forma notable, lo cual me hace suponer —obviando la despoblación—que sus residentes disfrutan de una calidad de vida encomiable con respecto a la de otras zonas de España consideradas más prósperas.

Las plantaciones truferas disminuyen tras pasar el puerto de Escandón (1.223 m) y descender hacia Teruel. La ciudad queda a la izquierda, divisándose en medio del páramo su famoso aeropuerto. A bote pronto estimo que en el mismo hay más de 100 aviones estacionados, lo cual confirma el inesperado éxito de este aeropuerto, especializado en el estacionamiento, revisión y desguace de aviones. Incluso pienso que el discurso de “¡Teruel Existe!” puede tener hoy en día más de victimismo que de otra cosa. Es cierto de que se trata de un éxito relativo en términos demográficos o poblacionales, pero se trata de un éxito, al fin y al cabo, sobre todo cuando se compara Teruel con las provincias limítrofes, incluidas las comarcas interiores valencianas y castellonenses.

Hacia las once llego a la salida de Monreal del Campo, la segunda población de la comarca del Jiloca tras Calamocha, su capital. La población se ubica en el amplio valle del Jiloca, afluente del Jalón y, en último término, del Ebro, cuyo curso se intuye a través de la nota de color que le otorgan las arboledas que crecen en sus riberas. Las hojas de los álamos y los chopos ya amarillean, lo cual es un indicador preciso de la llegada del otoño. La vega del Jiloca es muy estrecha; en algunos puntos no llega ni al kilómetro, lo cual acentúa el contraste entre el regadío y el secano. A ambos lados de la vega dominan los ocres y el color pardo oscuro del páramo, donde las rastrojeras se alternan con los campos recién labrados. Monreal del Campo tiene cerca de 2.500 habitantes y cuenta con un gran polígono industrial que se intuye muy activo. Me hubiera gustado visitar la población, pero el tiempo apremia y enseguida tomo la carretera N-211 en dirección a Molina de Aragón. La vía se resuelve en una serie interminable de largas rectas donde apenas hay tráfico, lo cual me obliga a prestar atención al exceso de velocidad.

La lluvia anunciada por la radio ha hecho acto de presencia, de manera que el luminoso paisaje levantino ha cedido el paso a un cielo bajo y grisáceo que tamiza y filtra los colores. Al fondo se divisa Sierra Menera, donde se sitúa la vieja frontera entre Castilla la Nueva y Aragón. La sierra fue muy famosa en tiempos por el mineral de hierro que se extraía en el cercano yacimiento de Ojos Negros y se transportaba por ferrocarril hasta Sagunto. En aquellos tiempos el pueblo superaba los 3.000 habitantes, pero hoy no llega a los 400. Mientras la carretera remonta la sierra observo que en cada recodo del camino donde hay pinares se ven coches estacionados. No cabe duda de que estamos en tiempo de setas y parece que en este otoño las hay un poco por todas partes, porque vengo observando lo mismo desde que salí de Segorbe. Donde aparece una umbría prometedora se ven también vehículos estacionados a la vera de la carretera, circunstancia que me hace pensar que la búsqueda de setas hace tiempo que ha dejado de ser una peculiaridad vasca o catalana para convertirse en un deporte nacional.

Chispea y el parabrisas barre lentamente la luneta delantera. Es una lluvia fina que tamiza y difumina los colores y otorga al paisaje una elegante y misteriosa prestancia. Una parte de la tierra está recién labrada y el resto en barbecho. Observo que todavía no han recolectado el girasol. Tras pasar Pozuel del Campo y el acceso a Ojos Negros se entra en la comarca de Molina de Aragón y la provincia de Guadalajara. Aquí el sistema Ibérico castellano se resuelve en un vasto paisaje ondulado de formas suaves casi llanas. Apenas hay tráfico. No se ve un alma en estas inmensas soledades de apariencia más meseteña que montañosa. Poco antes de llegar a Molina de Aragón tomo el desvío a la derecha que conduce a La Yunta después de pasar por Campillo de Dueñas. Ambos pueblos son conocidos por ser el centro de una importante reserva de aves esteparias. El paisaje es ahora más llano que ondulado, alternándose las tierras recién labradas con los barbechos y el cambronal que puebla las pequeñas lagunas y humedales temporales. Es país de vastos horizontes que la bruma contribuye a difuminar. Dominan los colores suaves y los tonos pastel o asalmonados, que dirían los cursis, y todo adquiere una apariencia irreal, incluido el difuminado telón de fondo de la sierra de Caldereros.

A las doce en punto arribo a La Yunta. La entrada del pueblo está presidida por un espléndido torreón medieval. El núcleo urbano se ve limpio y cuidado. Las casonas, de piedra de sillería, construidas en el típico estilo arquitectónico castellano, le otorgan una cierta prestancia dentro de la proverbial sobriedad general. A primera vista parece un pueblo acomodado. Al llegar a la plaza veo que Ángel Luis ya me está esperando. Nos reconocemos enseguida y como llueve y hace frío para la época (el termómetro del vehículo marca 12 °C), me invita a entrar en el bar donde tomamos un reconfortante café con leche. Me comenta que en la sierra había escarcha a primera hora de la mañana. Dentro del bar hay un par de mesas ocupadas por unas cuantas personas mayores. Me explica que este es el centro social y el principal punto de encuentro del pueblo, en la medida que ya no hay comercios y la iglesia hace tiempo que dejó de ser la primera referencia social. Lo gestiona una familia joven originaria de Madrid y el consistorio cubre los gastos fijos. Entre la televisión y las conversaciones de los vecinos resultaría imposible registrar la entrevista, de manera que Ángel Luis decide realizarla en un lugar más tranquilo. No vamos a su domicilio exactamente, sino que me lleva a una casona que tiene condicionada como establecimiento de turismo rural. Entramos y nos sentamos en una especie de recibidor donde iniciamos la conversación.

Ángel Luis es un hombre alto, de complexión fuerte y mirada franca, que frisa los cincuenta años; tiene a gala ser agricultor e hijo de agricultores y ha vivido toda la vida en el pueblo. Viste pantalones vaqueros y un jersey rojo porque ya hace algo de frío, y por su porte dirías que responde del todo al arquetipo del castellano viejo. Estudió formación profesional agraria en Calamocha y ha puesto en marcha diversas iniciativas locales, desde el cultivo de plantas aromáticas al turismo rural. Es también uno de los impulsores del movimiento La Otra Guadalajara. Habla con una dicción y una sintaxis perfecta y tiene una encomiable riqueza de vocabulario. A las doce y media nos sentamos frente a frente y arranco con la primera pregunta.

¿Podrías resumirme tu biografía, lo que creas más destacado a efectos de esta entrevista?

Me llamo Ángel Luis López Sanz, soy natural de aquí, de La Yunta, y vivo aquí. Mi familia se ha dedicado siempre a la agricultura y yo decidí seguir con esta actividad. Empecé a estudiar en el pueblo, pero cerraron la escuela y terminé la enseñanza primaria en Molina de Aragón; luego estudié formación profesional agraria en Calamocha, provincia de Teruel. Antes de la jubilación de mi padre me incorporé a la explotación familiar de la que luego me hice cargo. Llevo en la agricultura más de treinta años, desde los 18 hasta hoy, que tengo 53. He cultivado cereales, oleaginosas, proteaginosas y actualmente me dedico a las plantas aromáticas, sobre todo al lavandín. Soy también concejal del ayuntamiento, que solo tiene tres regidores al tener menos de 100 habitantes. Hace unos 18 años, aproximadamente, me interesé por las técnicas agrícolas conservacionistas del suelo y empecé con la siembra directa, en detrimento de las prácticas tradicionales. Eso requiere su técnica. No se trata simplemente de sembrar sobre el rastrojo, sino que se deben realizar diversos trabajos previos a esa siembra, que comienzan con la cosecha del año anterior. Se esparcen los restos vegetales como cubierta y esa misma cubierta protege el suelo, tanto del impacto del agua o del viento como de la erosión. El rendimiento agrícola no merma con esta práctica. En La Yunta soy el único que la realiza, pero en la provincia de Guadalajara cultivamos aproximadamente un 20% del suelo agrícola total. Actualmente soy el presidente de la Asociación de Siembra Directa de Guadalajara. Hace unos ocho años empecé con las plantas aromáticas y hará unos dos años que otros agricultores, al ver los buenos resultados míos, también decidieron incorporarse al cultivo del lavandín. Ahora estamos construyendo una planta de destilación del producto en un pueblo de aquí al lado, a 10 km, sobre todo para evitar pérdidas y mermas desde que lo cosechamos hasta que lo destilaban a 130 km. Si llegan las ayudas europeas esperamos ponerla en funcionamiento muy pronto.

Y el ganado… ¿no tienes nada de ganado?

Ahora no. Fui apicultor; tenía colmenas, pero a consecuencia de una alergia a las abejas tuve que abandonar la actividad.

¡Lástima! Debía tener su interés, pues las abejas y las plantas aromáticas se relacionan bien…

He empezado con el turismo rural. Desde el año 2007 gestiono la casa rural Villa de La Yunta, la primera que hubo en el pueblo, aunque solo como complemento de la actividad principal. También saqué el título de guía de la naturaleza. No creo que esta actividad genere grandes ingresos porque los grupos deben ser reducidos y tampoco se trata de cobrarles demasiado. Sin embargo, los costes son importantes. Verás: las empresas que se dedican al turismo activo deben sacar un seguro de responsabilidad civil de 601.000 euros, simplemente para ir a visitar la naturaleza, realizar observaciones ornitológicas o pasear entre campos de lavanda. Esta es una actividad que está creciendo últimamente aquí en Guadalajara, sobre todo por la parte de Brihuega. Con ello prestaré un servicio más al visitante de la casa rural o a las personas que vengan el fin de semana.

Siendo agricultor y viviendo de la tierra aquí en la comarca de Molina de Aragón,
la otra Guadalajara, ¿qué piensas de la despoblación rural? ¿Es irreversible o tendrá o tiene solución?

¿Solución, dices? Los municipios nunca volverán a tener la población que tuvieron en los años cuarenta y cincuenta. Eso no vuelve, seguro. Pero sí que podemos revertir el proceso y fijar algo de población. Últimamente, y como consecuencia de la pandemia, hemos detectado que personas prejubiladas y jubiladas retornan a sus lugares de origen, a las casas que heredaron de sus padres o a las que se han hecho ellos; si antes venían solamente en el verano, ahora viven en el pueblo unos meses…. mientras la climatología lo permite, porque en estas comarcas los inviernos son muy crudos y las casas que no están acondicionadas no son habitables en invierno. En verano no hay problema, pero en invierno sí. La gente se va cuando llegan los primeros fríos. Sí que se puede frenar y revertir en parte la despoblación, pero solo en parte y sin llegar a las cifras de antaño. Aquella era una sociedad agrícola y ganadera y hoy nadie quiere dedicarse a la ganadería, sobre todo a la extensiva, que es la que nos toca en estos terrenos y es la más respetuosa con el medio… La ganadería intensiva aquí no ha llegado y no creo que llegue. Hay que tener cuidado con la ganadería industrial…

Aquí no he visto granjas, pero por la parte de Monreal del Campo sí que las hay, creo que porcinas…

Sí, muchas… Dicen que en Calamocha se explanan terrenos para construir un gran matadero promovido por una empresa alemana. Dará trabajo a mil personas, pero para mí que no hay personal suficiente en las comarcas de Calamocha, Daroca y Molina de Aragón para cubrir estos puestos de trabajo. Tendrá que venir gente de Teruel o de Cariñena o de donde sea para cubrirlos. Ojalá que venga este matadero porque lo que se produce en nuestras comarcas debería poder transformarse en proximidad. Se debería legislar sobre ello. Se necesitan puestos de trabajo para fijar población.

Se habla mucho de la España vacía y de la España vaciada. ¿Qué opinas de este término?

Vaciada, debe ser España vaciada, sin duda, por una sencilla razón: porque en un momento dado estuvo poblada. En La Yunta vivían más de 700 personas, ahora estamos por debajo de las 100. Aquí había toda clase de servicios: barbero, herrero, carpinteros, tiendas y bares, tres panaderías y multitud de servicios a la población; la gente podía vivir de estos servicios. Todo acabó como consecuencia de la industrialización de otras zonas, por la falta de puestos de trabajo y sobre todo por la mecanización del campo. Creo que si el campo no se hubiese mecanizado la gente se habría ido igual, porque el trabajo era muy duro. No puedo ni imaginarme a mis abuelos o a mi padre detrás de un par de mulas arando un terreno árido, duro y de secano como este… Cuando iban a labrar, ¿qué labrarían? Aunque echaran su propio peso encima del arado, ¿cuánto penetraría el arado en la tierra? ¿Qué labrarían…? Luego llegó la mecanización y como consecuencia de ello emigró la gente. Un 80% por lo menos, y aquí se quedó ese 20% cultivando las tierras que de otra manera estarían yermas… Si se hubiesen generado puestos de trabajo en la industria transformadora de los productos agrícolas, la comarca no se hubiera despoblado tanto… No hablamos de grandes industrias, pero sí serían posibles pequeñas empresas de transformación de nuestros productos. La comarca de Molina de Aragón ha sido tradicionalmente maderera. Antes había aserradoras, pero todas han cerrado. Antiguamente había molinos harineros. Hoy, con la cantidad de oleaginosas que se cultivan, como las pipas de girasol, una empresa de extracción de aceites podría funcionar perfectamente. A veces son las leyes las que impiden la creación de pequeñas industrias porque la normativa suele ser la misma para una gran empresa que para una pequeña. Ocurre con los mataderos locales o comarcales que antes abastecían a la propia población, pero ahora deben cerrar por no poder adaptarse a unas normativas europeas, nacionales o regionales. Con eso lo que se consigue es que un producto local, como son los corderos o los cabritos, tengan que sacrificarse en una gran empresa cárnica y luego retornar al lugar de origen para su consumo. Esto no es consumo de proximidad… El consumo de proximidad es crianza, sacrificio y consumo en el lugar de origen.

A nivel socioeconómico, ¿cómo percibes la comarca: estancada, en crecimiento…?

La comarca decrece. Decrecemos sobre todo por la falta de infraestructuras que ahora ya no dependen del usuario o el ayuntamiento, sino que son responsabilidad de la Administración regional o nacional. Hay servicios imprescindibles vivas donde vivas. Hoy mismo he tenido que enviar telemáticamente unos documentos a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha —y solamente lo podía hacer telemáticamente porque así lo recoge el reglamento—, pero solo tengo dos megas de velocidad. Hoy he conseguido enviarlo, pero en otras ocasiones el documento no sale… Entonces, ¿cómo puedo cumplir la normativa o quién querrá venir a teletrabajar si no dispone de una velocidad adecuada?

Si la propia Administración exige que una determinada gestión se haga telemáticamente, lo prioritario es disponer de la infraestructura adecuada, además de una formación específica…

Así lo pedimos a los gobiernos. Ayer, como viene siendo habitual cada mes de octubre, el movimiento de la España vaciada hizo llegar al Gobierno nacional y al autonómico unas demandas concretas. Este año lo prioritario es el 100/30/30; o sea, que en cualquier lugar de España se pueda disponer de una velocidad mínima de conexión de 100 megas simétricos, única manera de poder teletrabajar con unas mínimas condiciones. No pedimos 600 o incluso 2.000 megas de velocidad, como en otros casos. Tan solo un mínimo de 100 megas, porque no se puede teletrabajar con solo 2 megas. También revindicamos tener una vía de alta capacidad a menos de 30 km (autovía o tren) y tener a 30 minutos de distancia-tiempo los servicios públicos más elementales, como los especialistas médicos y los centros educativos. Esto es el 100/30/30.

Ya lo comentaste, pero ¿cómo llega la señal de la red telefónica o de la televisión?

Solo vemos cuatro o cinco canales de televisión, pero la señal es débil y a veces se pierde. Incluso la señal de la televisión de Castilla-La Mancha o la de Antena 3 y Telecinco. Y si no se pierde del todo en pantalla aparece el mensaje “mala señal, mala señal, mala señal…”. Con la radio ocurre lo mismo, la señal es débil y oímos muy pocas emisoras. Tampoco tenemos televisión por cable. Pero arreglar eso es simplemente cuestión de voluntad política. Bastaría con declarar como básicos los servicios que deben cubrir todo el territorio nacional. Al igual que hoy nadie concibe que una casa no tenga agua corriente y electricidad, también debería legislarse para que las señales de televisión, telefonía e internet lleguen a todo el país con una determinada calidad. Deberían ser derechos universales porque tecnológicamente es posible garantizarlos, sea por satélite o por cable. No entiendo que todavía hablen de “zonas oscuras”. No entendemos que existan “zonas oscuras” en España.

Me comentaste que impulsáis una planta de destilación de lavandín. ¿Puedes citar otros ejemplos de iniciativas de desarrollo?

Sí que surgen iniciativas en la comarca y algunas podrían contribuir a fijar población. El problema es que las normas para acceder a las líneas de ayuda son tan dificultosas que mucha gente acaba desistiendo. Existen programas de desarrollo rural como el LEADER y el PRODER… El LEADER tiene líneas de ayuda muy interesantes, pero los órganos de gobierno y la gerencia de los grupos [Grupos de Acción Local] están constituidos por cargos políticos o amigos de esos cargos políticos. El programa LEADER de Molina de Aragón, al que pertenecemos nosotros, debe tener un máximo del 49% de cargos públicos, ya sean políticos o de otra índole, y el otro 51% deberían ser miembros de la sociedad civil; pero la cuestión es que los políticos cubren su máximo del 49% y para cubrir el 51% restante se buscan personas y asociaciones afines, de manera que al final casi el 100% son políticos o amigos de los políticos. En mi opinión, los grupos de desarrollo local deberían estar constituidos en un 90% por personas de la sociedad civil, que ven mejor los problemas del territorio, pero no los crean. Los políticos casi siempre caen en el amiguismo, en el caciquismo, en definitiva. Las ayudas incluso pueden ser graciables: “Esa línea la sacaré para que ese amigo mío pueda acogerse a ella y se aprobará porque yo mismo puedo hacerlo”. Y, sin embargo, al que no es afín… Además, un 30 o un 40% del presupuesto se lo llevan actividades no productivas, como, por ejemplo, la reparación de una fuente pública, el tejado de un ayuntamiento o una ermita o editar una publicación. El otro 25% se lo lleva la gerencia, el funcionariado, que suele dedicar una parte a charlas y asistir a ferias y reuniones. Con ello solamente queda un 30 o un 35% para actividades productivas. En otras ocasiones son tantas las trabas que se ponen a los que piden ayudas que estos desisten. Por ejemplo, se exigen unos avales que se devuelven a los cinco años, cuando un emprendedor lo que necesita es financiación desde el primer momento. Hay que buscar alguna fórmula, la que sea, para que ese emprendedor no tenga que dejar el aval cinco años en depósito cuando necesita esa cantidad para desarrollar la propia actividad. Hay que ayudar mucho más al emprendedor. Luego está la resolución de las solicitudes, que debería corresponder a la sociedad civil, que conoce las demandas locales. Para un pueblo, lo prioritario es que una tienda se mantenga abierta y dé un servicio, y no reparar un tejado. Reconozco que los ayuntamientos están mal financiados, pero esos gastos no deberían depender del LEADER, cuyo presupuesto debe dedicarse, precisamente, al desarrollo de actividades productivas que fijen población.

Iba a preguntar de dónde provienen las ayudas, pero lo has explicado con detalle, incluidas las limitaciones del LEADER. Ya que hablamos de ello, ¿conoces otras acciones de desarrollo local como incentivar productos con denominación de origen o promover el turismo?

Para nosotros la destilería es lo más importante. Hemos solicitado la ayuda dentro del programa LEADER y esperamos que nos sea aprobada, porque se trata de una actividad productiva que, además, incentivará el cultivo de la tierra y la mejora del paisaje rural. No nos referimos a una actuación local como puede ser la construcción de una piscina en determinado pueblo, sino de una industria de transformación en origen que prestará servicio a toda la comarca. Ahora bien, las exigencias son tantas que nosotros mismos tenemos que financiar el aval, que como te dije solo nos será devuelto cuando hayamos cumplido con el compromiso de cinco años de permanencia, cuando lo necesitaríamos ahora para impulsar el proyecto, envasar el producto, promocionarlo y comercializarlo…

Cambiando de tema: se dice que la pandemia ha provocado el retorno temporal al medio rural y que eso puede incentivar un retorno permanente gracias al “descubrimiento” del teletrabajo. ¿Qué opinas o qué se opina aquí sobre esa cuestión?

La pandemia nos asustó. Cuando alguien nos da un susto, momentáneamente nos aturdimos, pero luego retornamos a la vida normal. De entrada, la gente salió corriendo de la ciudad y se vino al campo, pero esa misma gente ahora ya piensa en volver a sus lugares de residencia habituales. En el pueblo teníamos la pandemia muy controlada porque somos pocos y la gente vive aislada, pero luego la cosa se descontroló. De golpe y porrazo, en un solo día llegaron veinte o treinta personas que provenían unas de Madrid, otras de Barcelona o Valencia y que no sabíamos en qué situación sanitaria se encontraban. Eso nos alarmó, porque los que vivimos aquí nos conocemos todos y tomábamos todas las precauciones habidas y por haber. Ahora la pandemia está más controlada y la mayoría de los que vinieron retornó a sus lugares de origen. Entre tanto, el ayuntamiento prestó servicios a esas personas, aunque no estaban empadronadas. En La Yunta ni teníamos medios ni contábamos con esos servicios sobrevenidos. No sabíamos, por ejemplo, si habría agua suficiente, pero solventamos el problema lo mejor que pudimos. Incluso proporcionamos conexión telemática y habilitamos un espacio en el ayuntamiento para que dos personas pudieran medio teletrabajar, aunque tuvimos que contratar más capacidad de la red. También ofrecimos este servicio a las personas que de forma esporádica debían mandar un documento o hacer cualquier gestión telemática.

A la vista de esta experiencia, ¿piensas que el teletrabajo puede incentivar retornos permanentes al medio rural?

Sí que puede incentivarlos, sobre todo de profesiones liberales que podrían trabajar aquí desde su domicilio, aunque luego tengan que desplazarse una o dos veces a la semana o al mes para entregar sus trabajos o reunirse con sus equipos. Claro que se podría teletrabajar desde el medio rural, pero hace falta que se den unas condiciones que ahora no tenemos. Hoy mismo desde Guadalajara se resuelven telemáticamente cuestiones que afectan a Granada o Málaga, e incluso cuando llamas por una avería telefónica te responden desde cualquier lugar de Sudamérica y lo resuelven. Qué paradoja: ¿nos comunicamos mejor con Sudamérica que dentro del propio territorio nacional e incluso provincial? O sea, se podrá teletrabajar en los pueblos cuando se den las condiciones, y con eso volvemos a la legislación. Falta una legislación específica y que esta se cumpla, porque los papeles pueden decir cualquier cosa. Se puede legislar y se legisla, pero si luego no se cumple lo que dice la ley, hemos acabado. En el año 2007 se redactó y se publicó la Ley de desarrollo rural, pero ni se ha desarrollado ni se ha aplicado. Si la ley dice que todo el territorio nacional debe disponer de 100 megas simétricas de velocidad, pero la fibra no llega, estamos, simplemente, ante una declaración de buenas voluntades. Si se dan las condiciones adecuadas, el profesional que ahora mismo esté trabajando desde su casa en Barcelona o Valencia, o incluso en nuestra capital de provincia, podrá plantearse residir en el medio rural, aunque sea de forma estacional. Si no lo hace es porque no se dan las condiciones.

Te preguntó ahora por la disponibilidad de los servicios públicos, uno de los problemas tradicionales del mundo rural. ¿Cuál es el estado del comercio, la educación, la salud, la asistencia social y la atención a la gente mayor? ¿Cómo lo valoras?

En educación, hace años que cerraron la escuela rural. Yo mismo tuve que acabar los estudios en Molina de Aragón. En atención primaria estamos bien. El médico de cabecera puede que lo tengamos mejor que cualquier ciudadano de lugares más poblados, pero esta cuestión está en riesgo. En La Yunta tenemos, por ahora, consulta médica tres días a la semana. El número de cartillas es muy reducido, con lo cual la atención prácticamente es inmediata: tú llegas a la consulta y puede que solo haya una o dos personas delante de ti, cosa que no ocurre en los centros de salud de la ciudad. Luego en atención primaria estamos bien atendidos, pero no ocurre lo mismo con la atención especializada o cuando un paciente requiere hospitalización.

Supongo que eso implica un desplazamiento, por lo menos a Molina de Aragón…

En Molina de Aragón no hay hospital. Nuestro hospital de referencia está a 160 km de distancia, en Guadalajara. No hay transporte público. Nos desplazamos primero por carreteras locales y nacionales y a partir de Alcolea del Pinar por autovía. Hace años se redujo la velocidad máxima de las carreteras convencionales a 90 km/h, lo cual nos ha distanciado de nuestro hospital de referencia. Está en el mismo sitio, sin duda, pero ahora tardamos dos horas en llegar; si las carreteras se convirtieran en autovías, el tiempo de desplazamiento se reduciría a una hora y cuarenta minutos y algo ganaríamos.

¿Qué solución propones?

Instaurar hospitales comarcales. En Guadalajara están construyendo ahora un nuevo hospital universitario justo al lado del actual, de forma que vamos a tener dos hospitales juntos, separados tan solo por una pared. Este nuevo hospital podría construirse perfectamente en Alcolea del Pinar, que está en mitad de la provincia, con lo cual los desplazamientos se reducirían de 160 km a 80 km y se daría servicio a muchas comarcas. También se podrían crear hospitales interprovinciales o interautonómicos. ¿Por qué no puede haber un hospital interprovincial que dé servicio a las comarcas de Molina de Aragón, Calamocha, Daroca, Monreal del Campo y, si me apuras, a la zona de Medinaceli en Soria? ¿Por qué se construyen esos macrohospitales en las ciudades y no se apuesta por un modelo de microhospitales comarcales?

Este modelo de hospitales comarcales se aplica en Cataluña, pero los problemas graves deben derivarse a los hospitales de referencia. Además, los especialistas suelen aguantar poco tiempo en los hospitales pequeños. En cuanto a las especialidades médicas ¿qué piensas?

Aquí no las hay. Casi siempre acabamos en Guadalajara. Vas a determinados especialistas y te puedes tropezar el mismo día y a la misma hora con cuatro o cinco personas de nuestra comarca en la misma consulta médica. Luego piensas: ¿por qué no puede desplazarse el especialista un día a la semana y atender a esas seis u ocho personas de la comarca que lo necesitan en el centro de salud de Molina de Aragón?

En cuanto a la atención a la gente mayor, ¿cuál es la situación?

Hay dos residencias de gente mayor en Molina de Aragón, que están a tope, casi siempre faltan plazas. Desde el municipio de La Yunta hemos solicitado la construcción de una casa tutelada, pero nos han dicho que ahora no se construyen este tipo de equipamientos, prefieren impulsar la ayuda a domicilio. Iría bien porque la gente prefiere quedarse en su pueblo a poco que pueda; en su mayoría son personas de 80 o 90 años muy arraigadas al pueblo y que casi nunca han salido de aquí. Un equipamiento de este tipo no solo permitiría que esas personas se quedaran en el pueblo, sino que crearían tres o cuatro puestos de trabajo que contribuirían a fijar población.

¿Qué opinas de la asistencia a domicilio?

Nos la proporcionan desde Molina de Aragón. Las trabajadoras sociales normalmente residen allí, que está a 20 km. Van y vienen a los pueblos de la comarca para atender a las personas que lo necesitan. Sus salarios no son muy boyantes —se fijan por decreto—, pero por falta de transporte público se desplazan con su propio vehículo asumiendo unos costes y empleando un tiempo que no cobran. Un asistente que venga de Molina de Aragón emplea media hora en ir y otra media en volver, un tiempo y un coste añadido que no cobra. Lo que ocurre es que no se encuentran personas dispuestas a trabajar en esas condiciones. Y en caso de que hubiera transporte público, perderían la mitad de la jornada yendo de un pueblo a otro.

En cuanto al comercio, ¿cómo os arregláis? ¿Dónde compráis los productos de primera necesidad, el pan, los comestibles, la ropa?

En este pueblo tenemos el bar, que hace un poco de centro de encuentro y de pequeña tienda. El pan lo traen cuatro días por semana, hay despacho de farmacia dos días a la semana y luego están los ambulantes (carne, fruta, comestibles en general), que poco a poco van a menos. Para las compras generales vamos a Molina de Aragón, Calamocha o Monreal del Campo, donde hay supermercados de grandes cadenas, e incluso a Teruel, que nos queda mucho más cerca que Guadalajara.

¿Qué más puedes decir con respecto a los servicios?

La seguridad. Tenemos un problema añadido de seguridad. La gente de estos pueblos se siente insegura. Antes había en la comarca como ocho o diez acuartelamientos o puestos de la Guardia Civil, pero actualmente solo hay guardias de forma permanente en Molina de Aragón. Hay cuarteles en Checa y en Maranchón, pero no tienen guardias. Esté el edificio, pero sin guardias permanentes casi da lo mismo que esté o no esté. Nos sentimos inseguros, y la seguridad es muy necesaria en una comarca tan extensa. No puede ser que exista solo un acuartelamiento en toda la comarca que, además, cierra a las 14:00 h de la tarde. Hasta hace poco tiempo daba servicio y tenía las puertas abiertas las veinticuatro horas, pero ahora cierra a mediodía. Los ayuntamientos no cesamos de demandar que la Administración se preocupe un poco más por el tema de la seguridad pública.

Pasemos a un tema como el de los retornos temporales al lugar de origen, del que habla el autor de La España vacía. Las personas que en su momento emigraron o sus descendientes, ¿siguen manteniendo vínculos con el pueblo, se sienten implicados o se implican en la vida del pueblo?

La vinculación con el pueblo hasta ahora —hasta ahora, repito— se mantiene. La gente que emigró hace sesenta años, y que hoy tiene 70 o 75 años o más, mantiene el vínculo con el municipio. Tienen aquí las casas que heredaron de sus padres y vienen, sobre todo en época estival y por fiestas. Sus hijos, la segunda generación, suelen venir también; sin embargo, el tiempo de estancia es corto, el mínimo imprescindible, una semana o diez días al año como máximo. Antiguamente, el 80% de las parejas se formaban en el pueblo, pero ahora no. Uno es originario de un sitio distinto del otro y las vacaciones se comparten. Pueden venir a pasar unos días aquí, pero otros días los pasan en el lugar de origen del otro miembro de la pareja. Y querrán también viajar o ir a la playa, donde pueden estar una semana o más días… El vínculo con el pueblo se mantiene, pero suelen ser estancias cortas que normalmente coinciden con las fiestas. En la semana de fiestas puede haber más de 500 personas residiendo en el pueblo. Resulta muy difícil prestar servicios a una población circunstancial de 500 personas durante la semana de fiestas, e incluso a las 200 personas que suelen residir aquí en verano, cuando el resto del año somos muy pocos. En fin, el vínculo con el pueblo se mantiene, prueba de ello es que nadie vende sus propiedades, pero cada vez es más débil.

El núcleo urbano está muy bien conservado. No se ven casas abandonadas o en estado de ruina, como en tantos pueblos de la España vaciada…

Nadie vende, y eso crea un problema de falta de vivienda social, aunque resulte paradójico. Incluso miramos si podemos construir vivienda social porque existe una demanda real. El bar del pueblo, por ejemplo, lo llevan dos hermanos que vinieron de Madrid hace unos tres años. La primera dificultad con la que se encontraron es que no tenían donde meterse. No había en oferta ninguna vivienda, ni en venta ni en alquiler, cosa que no sucedería si existiera una oferta mínima de vivienda pública. No se trata de construir un bloque de pisos, sino de disponer de una oferta que cubra casos como este o poder ofrecer vivienda a un profesional liberal que quiera instalarse en el pueblo, cosa que es posible si se dispusiera de las 100 megas simétricas que comentamos. El ayuntamiento podría alquilar estas viviendas durante un periodo de dos o tres años, hasta que esta persona pudiera construirse una casa o instalarse definitivamente en el pueblo. Creemos que eso ayudaría a fijar a los que vinieran.

Para ir acabando, y como concejal de un pequeño ayuntamiento, ¿qué opinas sobre la propuesta de supresión de los pequeños municipios que, como un Guadiana, aparece cada vez que alguien propone reorganizar y racionalizar la Administración local?

No estoy de acuerdo. Ni hablar de supresiones municipales. Se trata de la Administración más próxima al ciudadano, la que le resuelve más problemas cotidianos. Nosotros ofrecemos wifi gratis porque es una demanda de la población. Si dependiéramos de otro ayuntamiento, como podría ser el de Molina de Aragón, no creo que le preocuparan este y otros temas, como disponer de consultorio médico o despacho de farmacia. Lo más probable es que tuviéramos que desplazarnos a Molina de Aragón para todo. Nuestro ayuntamiento es pequeño y tiene pocos recursos, pero se preocupa cada día por el bienestar del pueblo. Compartimos, además, muchos servicios con otros pequeños ayuntamientos, como la secretaría. Facilitamos las gestiones a los ciudadanos, como enviar telemáticamente o por otra vía cualquier papel. Me pregunto: ¿qué gasto supone para los presupuestos generales del Estado el mantenimiento de estos pequeños ayuntamientos o de sus alcaldes y concejales? Ahora mismo, ni la alcaldesa ni los concejales de La Yunta cobramos nada. Cero. Es más, tenemos gastos: ponemos el teléfono y el vehículo, e incluso pagamos el combustible de nuestro bolsillo. ¿Por qué existe ese interés por suprimir esos ayuntamientos si se trata de una Administración que presta servicios casi a coste cero y que se abastece con sus propios recursos?

En todo caso, se habla mucho de ello. La Ley estatal de racionalización de la Administración local de 2013 va en este sentido: quita competencias a los pequeños municipios y fomenta las fusiones.

Algunos partidos, como Ciudadanos, proponen incluso la supresión de miles de municipios. Yo apoyo totalmente a los pequeños municipios, pero deberían tener una financiación adecuada y que, en todo caso, no tengan que depender de ayudas graciables. Muchas líneas de ayuda de la Comunidad de Castilla-La Mancha o de la diputación acaban dependiendo del color político de cada consistorio. Actualmente, el Gobierno de Castilla-La Mancha está demandando al Gobierno español una financiación adicional de los servicios, dada la extensión y el grado de despoblamiento de nuestro territorio. La pregunta es: ¿quién administrará y a dónde irán a parar estos recursos? ¿Serán finalistas y beneficiarán directamente a las pequeñas poblaciones, o bien irán a parar a los caladeros de votos de las capitales y las poblaciones grandes como Ciudad Real, Albacete, Puertollano, Talavera o Almansa?

¿Deberían incentivarse de alguna manera los residentes en territorios poco poblados o aislados?

No hemos hablado de eso, pero sería interesante ofrecer incentivos fiscales a las personas y a las empresas que se instalen en estos territorios. Sería a muy bajo coste, casi a coste cero, porque se trata de poblaciones y territorios muy poco poblados. Ahora mismo, tanto las personas como las empresas reciben menos servicios que en las áreas pobladas y estos servicios tienen que buscarlos allá donde los presten, estén donde estén. Y eso tiene un coste para los residentes, tanto para las personas físicas como para las empresas. Creo que cualquier empresa que se quiera instalar aquí debería ver reducida su carga fiscal, lo cual quizás haría más atractivo el territorio.

¿Quieres añadir algo más que se haya quedado en el tintero?

Muchas cosas. Necesitamos descentralización y distribuir de forma territorialmente equitativa las infraestructuras, los equipamientos y los servicios. El país y la región deben descentralizarse, porque eso ayudaría a descongestionar las áreas urbanas. Necesitamos servicios para que las personas que apuesten por vivir en el medio rural no tengan que ser héroes. En el medio urbano se siguen haciendo escuelas nuevas, pero resulta que están cerradas casi todas las de la España rural. Los institutos de enseñanza media y la formación profesional están bajo mínimos. Necesitamos industria y puestos de trabajo. ¿Por qué un equipamiento importante, como un museo o una facultad de ingenieros agrónomos o de veterinaria e incluso un centro de investigación, no puede ubicarse en Molina de Aragón? ¿Por qué no pueden ubicarse en el territorio rural determinadas delegaciones estatales o autonómicas e incluso determinadas consejerías? La pandemia ha descubierto el teletrabajo. ¿Por qué no se facilita que los funcionarios de cualquier Administración puedan teletrabajar y residir en sus pueblos de origen, aunque tengan que desplazarse un par de veces a la semana a sus oficinas de la capital provincial o regional? Aquí se vive con calidad de vida, no hay agobios ni problemas de estacionamiento, nos conocemos todos y nos saludamos, la vida social es sana, sentimos y vivimos el paso de las estaciones, pero somos muy pocos y estamos muy lejos unos de otros.

Podríamos hablar mucho tiempo de estos temas, pero en algún momento debemos poner punto final. Muchas gracias por tu tiempo y por tus observaciones que, sin duda, son ilustrativas y representativas de las inquietudes de la gente que reside en la España vaciada.

El regreso a Barcelona por Daroca y Zaragoza

A las dos del mediodía damos por terminada la entrevista. Ha sido larga y Ángel Luis se excusa por si se ha extendido demasiado en las respuestas, pero el tema le apasiona y no ha querido dejar nada en el tintero, aunque seguramente hemos olvidado muchas cosas importantes. Antes de despedirnos me ofrece un frasquito de esencia de lavandín, el producto estrella que piensan comercializar en caso de que obtengan financiación para la construir la destilería y en la que diversos pueblos de la zona tienen puestas sus esperanzas. No puedo resistir la tentación de abrir el frasco, por lo que el olor a lavanda acaba por impregnar todo el vehículo. Pensaba comer en Molina de Aragón y luego visitar a Jerónimo Lorente, un ilustre representante de La Otra Guadalajara y la lucha contra el despoblamiento rural, pero Ángel Luis me comenta que está mayor y muy delicado de salud y, siguiendo sus recomendaciones, me encamino a Daroca, buscando el itinerario más corto para regresar a Barcelona.

Ha sido una buena elección. Llovizna. El paisaje sigue siendo soberbio, inabarcable, inmenso. La sierra apenas se perfila en el horizonte. Los colores de la tierra parecen irreales, como filtrados o tamizados por un velo invisible. Me recuerdan aquellos cuadros de Sempere que reflejan el paso de las estaciones en las llanuras y los páramos castellanos. Verdes pálidos y delicados, casi amarillos, que contrastan con el ocre oscuro de la tierra recién labrada. No puedo resistir la tentación de detenerme a tomar fotografías y dejarme envolver por la soledad del páramo. No me canso de contemplar este paisaje austero como pocos, pero de una belleza sobrecogedora. A lo lejos se intuye el perfil de un pueblo. Nada más, ni coches ni personas. Solamente esas rectas larguísimas de una carretera sin tráfico y unos colores otoñales de una delicadeza indescriptible.

Enseguida se entra en Aragón, después se cruza el páramo donde se encuentra la conocida laguna endorreica de Gallocanta, famoso lugar de reposo de grullas y otras aves de paso. Luego se pasa el puerto de Santed (1.186 m) y se desciende rápidamente hacia el valle del Jiloca. Hay una fuerte disimetría entre las dos vertientes. La que mira hacia Gallocanta y Molina de Aragón es suave, casi imperceptible, mientras la caída hacia el valle del Jiloca es muy abrupta, de manera que el descenso del puerto es rápido. Al llegar de nuevo al llano, el paisaje es parecido al de Molina de Aragón, pero sea por la luz, la hora del día o por cualquier otra circunstancia, me parece que ya no tiene la misma delicadeza. Aproximadamente a las tres de la tarde arribo a Daroca y estaciono el vehículo cerca de la monumental fuente de los Veinte Caños que adorna la entrada a la ciudad. Sigue chispeando. Tras cruzar las puertas fortificadas que dan entrada al recinto amurallado, busco el restaurante que Ángel Luis me recomendó. Ha sido una buena elección. De menú, una gran ensalada y un excelente pollo guisado con setas de temporada, todo regado con una “copica” de Cariñena. Después de comer doy un breve paseo por Daroca y, una vez despejado, emprendo el regreso a Barcelona. A las diez de la noche ya estaba en casa.

Entrevista a Alfredo Sánchez Garzón, Torrebaja (Rincón de Ademuz, Comunitat Valenciana)

‘In itinere’

El viernes 20 de agosto del 2021, a las nueve de la mañana, salgo de Chelva, capital de los Serranos, en dirección a Torrebaja, en el Rincón de Ademuz. He concertada una entrevista con don Alfredo Sánchez Garzón, médico jubilado del Hospital General de Teruel, natural de Torrebaja y residente en este pueblo desde el año 1988, para hablar sobre el espacio rural y la despoblación. Por su trabajo en el hospital, Alfredo iba y volvía diariamente de Torrebaja a Teruel, situada a 36 km de distancia. Alfredo es un gran conocedor y divulgador de esta comarca de montaña que, con una densidad de 6 hab./km2, constituye una de las zonas más despobladas de la Comunidad Valenciana y del interior peninsular. Quiero recabar su opinión sobre el futuro del medio rural, no solo de este enclave valenciano sino del conjunto de lo que se viene llamando la España vacía o vaciada.

Estamos en pleno verano y hace un día espléndido. Salgo de Chelva con una temperatura de unos confortables 22 ºC. El cielo es de un radiante azul cobalto que justifica la proverbial luminosidad valenciana. Tras una semana en la que las altas temperaturas batieron récords, especialmente en el sur y en la fachada mediterránea, un breve episodio tormentoso ha abierto una tregua en la canícula peninsular. Me dirijo a Torrebaja siguiendo la ruta tradicional de Valencia a Ademuz (la carretera CV-35), que pasa por Chelva, entra en la Serranía Baja de Cuenca por Santa Cruz de Moya y arriba al Rincón de Ademuz por Casas Bajas, después de bajar la peligrosa “cuesta de las emes”, construida —según me comentó Alfredo— durante la posguerra, lo mismo que el atrevido puente de Santa Cruz de Moya, que algunos llaman, impropiamente, puente de los imposibles.

Las comunicaciones han sido siempre difíciles en esta montuosa región fronteriza valenciana, donde la comunidad confluye con Castilla-La Mancha y Aragón. Un territorio dominado por el carlismo en el siglo XIX, escenario de la cruenta batalla de Teruel durante el crudo invierno de 1937-1938, donde el frío causó tantas bajas como las balas, y convertido en refugio y campo de acción del maquis tras la Guerra Civil. Aquí tuvo su cuartel general en los años cuarenta del siglo XX la famosa Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón (AGLA), circunstancia que seguramente aceleró la obertura de esta sinuosa carretera de montaña, que con el tiempo se ha convertido en una referencia obligada para los motoristas de fin de semana.

Conduzco relajado. Nos hallamos en plenas vacaciones de agosto y apenas hay tráfico. De vez en cuando me cruzo con algún camión-bañera cargado de caolín —un mineral que se explota en toda la Serranía valenciana para proveer a las industrias cerámicas de Castellón— o algún esporádico vehículo de reparto, de manera que disfruto plenamente del paisaje serrano. Después de pasar por Titaguas, Aras de los Olmos y de admirar el puente de Santa Cruz de Moya, subo y bajo la peligrosa “cuesta de las emes” y arribo al Rincón de Ademuz. El valle del Turia (llamado por los viejos Río Blanco) es angosto en esa parte de la comarca; se reduce a una estrecha abertura por donde escapan las aguas que, a partir de este punto, se adentran en las famosas “caídas” del Turia, largos cañones que no abandonará hasta las puertas de Valencia. La misma entrada al Rincón de Ademuz se hace significativamente por los túneles de Casas Bajas. La vieja carretera discurre paralela al río, cuyas aguas bajan turbias o “tomadas” después de unos días tormentosos. El valle empieza a abrirse aguas arriba de Casas Bajas, pero casi toda la huerta se ve “perdida”, abandonada. Paso por Casas Bajas y Casas Altas (donde nació el escritor Paco Candel), pueblos que se ven muy animados a esas horas de la mañana. Esa será la tónica de toda la jornada. Hay gente por todas partes. Antes de llegar a los pueblos siempre se ven veraneantes que van o vienen de su paseo matinal.

Tenía intención de tomar un café en Casa Domingo, el establecimiento más emblemático de Ademuz, pero lo encontré cerrado. Luego supe que cerraron definitivamente, primero a causa de la pandemia y después porque los propietarios no encontraron quien se hiciera cargo del establecimiento. Todo un síntoma de la crisis, muy sentida en estos pueblos. Antes de llegar a Torrebaja, y para hacer algo de tiempo, subo a un alterón que domina el pueblo y el valle del Turia. La panorámica es espléndida. Aquí la exuberante vega contrasta con el agostado paisaje del secano; hacia poniente se divisa Castielfabib (llamado Castiel por los lugareños), situado en un altozano. Arribo a Torrebaja a las once y media. El pueblo tiene una apariencia limpia y ordenada; lustrosa, que dirían los antiguos. Aparco en la parte baja, junto a la huerta. Para hacer tiempo tomo un café en el Rincón de Francho; es media mañana y la terraza está llena a rebosar. Pago la consumición y me dirijo a la plaza del Ayuntamiento, donde reside Alfredo. Hay mercadillo, pero solo tiene una solitaria parada. Alfredo me comentó que el mercado decae a ojos vistos, al igual que en los pueblos vecinos. En Torrebaja había mercadillo dos días a la semana, ahora solo lo hay un día y cada vez vienen menos comerciantes. Cuando las campanas dan las doce del mediodía llamo a la puerta de la casa de mi interlocutor. Está situada en la esquina sur de la plaza del Ayuntamiento. Es un edificio de tres alturas presidido por dos balaustradas, con profusión de flores en el balcón del primer piso.

La entrevista

Alfredo baja a recibirme y enseguida se establece entre nosotros una gran cordialidad, a pesar de que no nos conocíamos personalmente. Me conduce a su despacho, situado en el segundo piso del edificio. Es un salón amplio y luminoso presidido por un balcón que da a la plaza Mayor; en la estancia hay una nutrida biblioteca y una exposición de pinturas realizadas por Alfredo y su mujer. La biblioteca contiene una colección de publicaciones sobre el Rincón de Ademuz y las comarcas vecinas, una buena parte de ellas escritas por el mismo Alfredo, gran conocedor y divulgador de la geografía y la historia comarcal. Nos sentamos frente a frente en una amplia mesa escritorio, y después de preparar la grabación iniciamos la entrevista.

Como al acordar la entrevista me dijiste que nos tuteáramos, así lo haré. Empecemos con una pequeña nota biográfica personal: a grandes rasgos, ¿qué destacarías de tu biografía?

Nací en Torrebaja en 1952 y aquí fui a la escuela, una escuela unitaria de los años cincuenta, de la que guardo un buen recuerdo. En aquellos días había una escuela de niñas y una de niños; entre todos éramos muchísimos, no como ahora… Mi familia tenía bastante tierra, pero mi padre me dijo: “Hijo, más vale una mala carrera que una buena tienda”. Y como teníamos posibilidades, me enviaron a estudiar el bachillerato en Barcelona, donde vivían unos familiares. Estudié seis años en el Colegio de la Sagrada Familia y San Ignacio, que está situado en la esquina de Córcega con Cerdeña. Allí terminé el bachillerato, pero continué mis estudios en la Universidad de Valencia. Primero me diplomé en Enfermería y luego me licencié en Medicina. Cuando acabé la carrera viví unos años en Ávila, donde mi mujer trabajaba de enfermera. Fui médico de El Tiemblo y Arenas de San Pedro; allí me casé y allí nació nuestro primer hijo. Luego residimos dos años en Elche, tres años más en Chelva, y finalmente recalamos en el Hospital General Obispo Polanco de Teruel y pudimos establecernos definitivamente en Torrebaja. Aquí nació nuestro segundo hijo y aquí hemos vivido hasta hoy. Llegamos al pueblo en 1988 y durante esos treinta y tantos años hemos estado yendo y volviendo diariamente de Teruel, situado a 36 km de distancia. ¿Qué más puedo decir? Pertenezco a este paisaje, vivo aquí y quiero morir aquí. Fui presidente de una cooperativa agrícola y también alcalde de Torrebaja como independiente entre 1991 y 1995. Ahora soy vocal de una comunidad de regantes. He escrito once libros sobre el Rincón de Ademuz y muchas más páginas en diarios provinciales, y desde el año 2011 mantengo un blog (https://www.desdeelrincondeademuz.com/), que incluye más de 340 artículos sobre estas comarcas. Soy cronista de la Mancomunidad de Municipios Rincón de Ademuz y académico correspondiente de la Real Academia de Cultura Valenciana.

Una vida plena, sin duda. Empecemos por el despoblamiento. A bote pronto te hago una pregunta directa: ¿lo que llaman España vacía o vaciada es irreversible o tiene solución?

Yo la veo irreversible a corto plazo. Ahora, la historia no está escrita y a largo plazo todo puede cambiar. Pero si miras las cifras de evolución de la población desde principios de siglo, vamos descendiendo, descendiendo, descendiendo… Dentro de diez años aquí en Torrebaja no creo que vivan más de 150 personas [en 2020 había censados 402 habitantes]. La historia no está escrita y todo puede cambiar, pero desde que nos instalamos en Torrebaja en 1988 hemos ido a menos, a menos, tanto en el Rincón de Ademuz como en los pueblos cercanos de Cuenca y Teruel. Allí sucede exactamente lo mismo, en Javalambre y en los montes Universales y la sierra de Albarracín. Siempre a menos…

Pero ¿qué opinas sobre el concepto España vacía o España vaciada?

No me gusta ninguno de los dos. ¿España vacía? [pausa] ¡Oye!, esto no está vacío, hay gente, personas… Hay poca gente, sin duda, pero esto no está vacío ni vaciado… No me gustan esos términos, aunque lo entiendo. Lo ves escrito en la prensa y en artículos científicos y se entiende, pero no son espacios vacíos. Hay poca gente y en el futuro habrá menos si no cambia la dinámica, pero esto no está vacío. Y mucho menos en agosto…

No sé si la conoces, pero tu opinión coincide con lo que defiende Josefina Gómez Mendoza, acreditada catedrática de Geografía, en un artículo publicado en El País. De todas formas, esta mañana he pasado por muchos pueblos y en todas partes se ve gente y mucha animación…

Este fin de semana será el último, después de las vacaciones de agosto la gente desaparece, se va. Los niños empiezan los colegios y solo se quedan los abuelos y jubilados que están —o estaban— hasta Todos los Santos y después se van hasta la primavera siguiente.

¿Cómo ves tu comarca: crece, está estancada o en regresión?

En regresión, en franca regresión, y te lo puedo demostrar… Desde el año 1988 hasta aquí han disminuido las empresas, las industrias, las tiendas… La gente que yo conocía ha ido desapareciendo o se ha muerto. La de mi generación ya está en primera fila. Llegué aquí con 30 años y ahora tengo 69. He visto dos días semanales de mercado y ahora solo hay uno, y a veces no viene nadie; eso te lo dice todo. Las industrias han ido a menos, a menos… Han cerrado muchas desde el año ochenta y ocho para acá. Tiendas, supermercados, bares… La crisis de 2007 y 2008 ha sido mortífera; aquí se retrasó un tiempo, pero ahora… ¿Y la pandemia? Restaurantes como Casa Domingo o el de Emilio, que eran señeros en la comarca, subsisten como pueden. El de Emilio se mantiene con pinzas y el otro cerró, y si lo quieren abrir de nuevo necesitan mucho capital para hacerlo factible: escaleras nuevas, ascensores, cocinas, etcétera. O sea, la comarca está estancada y va a menos, a menos…

He leído en tus publicaciones que hay iniciativas prometedoras de agricultores jóvenes, como una cooperativa de manzana esperiega. ¿Cómo ves el dinamismo comarcal?

¿El dinamismo? Pues mínimo. Ayer hablé con mi mujer de la cooperativa de manzana esperiega… Pues se ve que ha cerrado cuando era algo muy prometedor; te podría explicar el porqué del fracaso, pero… Un chico joven quiere estabular cuarenta reses en Libros, el pueblo de al lado, que es de Aragón, donde le dan más facilidades, pero quiere hacer parte de la producción de piensos en Torrebaja, donde ha alquilado fincas baldías. Ese es otro problema: hay mucha huerta “perdida”. Aquí en Torrebaja la agricultura se limita a la alfalfa, el maíz y nada más. Arbolado [manzanos] ya nada, porque los agricultores que quedan tienen 70 años por lo menos y lo hacen por gusto o porque todavía pueden. La cooperativa de manzanas era una cosa prometedora, pero ha cerrado. No pueden competir con la manzana que viene de Sudáfrica, de Chile o de Lérida, y falta la transformación y la comercialización. Hoy ya no se puede vender manzana en bruto, hay que vender el producto manufacturado, mermelada, zumos, manzanas congeladas o asadas, pero venderlas en bruto ya no es rentable. Y, además, producir manzanas lleva un trabajo enorme y mucho gasto… En Villarquemado, en Teruel, una empresa ha plantado 500.000 manzanos. Allí no hay una gota de agua y todo el riego es subterráneo. Alquilan la tierra por veinte años, que es la vida media de los manzanos. Allí están en unos invernaderos inmensos, como quien dice con calefacción, desde que les sale la flor. Luego exportan directamente las manzanas a Italia y a Centroeuropa. Nosotros no podemos competir con eso; los pequeños propietarios no pueden. No podemos competir con estas formas capitalistas de producción… La cooperativa de manzanas ha cerrado. Una pequeña empresa como esa no tiene capacidad, ni económica ni tecnológica, para competir… Tú no puedes dedicarte a la producción de manzana y después a la venta y la comercialización. No se puede porque hay que atender muchas cosas distintas: la producción, la promoción, la venta, la administración…

Eso me recuerda a lo que ocurre en las pequeñas cooperativas del Alto Turia valenciano, en Alpuente o Titaguas. Me explicaron que los agricultores, muchos de ellos ya mayores, arrancan las viñas y dedican la tierra al cereal. En cambio, una gran empresa de Llíria (Vegamar) está comprando tierras en Calles y Chelva para producir vino y aceite, pero su incidencia en la economía local es mínima… Pero vayamos al dinamismo del Rincón de Ademuz: ¿puedes citar otras iniciativas locales o comarcales que marquen tendencia?

Ha habido alguna, como la que hemos nombrado de manzanas esperiegas, entre otras industrias que pueden funcionar. En Torrebaja hay pequeñas industrias agroalimentarias [zumos de manzana, cárnicas, catering] y una herrería que ha cogido mucho vuelo. Hay también una empresa familiar de catering que vende por toda España. En el pueblo hay también una imprenta, una fábrica de muebles y una carpintería metálica. Y pocas iniciativas más…

¿Y el turismo y el turismo rural?

El turismo es la gran baza que tiene el Rincón de Ademuz: tenemos naturaleza y medio ambiente, incluidos dos ríos, el Turia y el Ebrón. O sea, nuestro oro verde es la naturaleza y el medio ambiente, pero el paisaje por sí mismo, y por muy hermoso que sea, no te da de comer. Hay que dar servicios para que la gente pueda venir, ver, conocer, disfrutar, comer y dormir en la zona. Tenemos paisaje, pero hay que trabajarlo. Tenemos un gran potencial, se habla de caballos y equitación, del turismo rural y las casas rurales, pero en realidad hay pocas cosas consistentes…

¿El territorio dispone de equipamientos turísticos, como centros de interpretación, que pongan en valor el patrimonio natural o monumental?

Claro que los hay. En Puebla de San Miguel, por ejemplo, que es un pueblo precioso que se ha mantenido tal como era en los años cincuenta por su alejamiento y sus malas comunicaciones; se trata, además, de uno de los puntos de acceso al parque natural de la sierra de Javalambre. A propósito, si tu lees las descripciones de Lluch Garín [Viaje a la Puebla de San Miguel, 1980] verás que contradicen la visión negativa de Paco Candel: el primero vio belleza y tradición, y Candel, en cambio [Viaje al Rincón de Ademuz, 1968], vio miseria, pobreza y marginalidad… Pero ambos autores se complementan y su lectura ayuda a entender la evolución de nuestra comarca.

Esa cuestión es interesante, pero nos aleja del tema y requiere otra entrevista. Para mí Candel tiene el valor de ser un cronista casi único de las dos caras del éxodo rural español de los años sesenta: la cara urbana en sus escritos sobre la Barcelona obrera y el contrapunto rural en su Viaje al Rincón de Ademuz. Pero volvamos al tema de la entrevista: ¿encuentran apoyo institucional las iniciativas locales o comarcales existentes?

Existieron —y existen— los planes LEADER de la Unión Europea, que aportaron mucho dinero y aquí algunos aprovecharon la ocasión y sacaron algún rendimiento. El albergue y el restaurante de Los Centenares: sus dueños tienen mucho empuje, pero me parece la única cosa así importante que salió de los planes LEADER. Dinero sí que había, pero faltaban iniciativas, y no salieron porque no hay gente y si no hay gente, sobre todo gente joven, no busques. De cien personas, ¿cuántas pueden tener iniciativa, una? ¿Cuál es el porcentaje, una cada mil personas, una cada cien, una cada quinientas? No lo sé… Los Centenares constituyen un buen ejemplo, pero poca cosa más…

¿Está aquí, en Torrebaja?

No, en Castielfabib; es un excelente mirador sobre el valle del Ebrón. Un sitio muy bonito rehabilitado con mucho gusto; se trata de una pequeña iniciativa, pero exitosa… No es este el caso, pero mucha gente piensa que teniendo el equipamiento ya llegará el cliente, pero hay que trabajarlo… por internet, organizando fiestas de las gachas o del puchero, tal como hacía Casa Domingo cada fin de semana con el “Matacerdo”, que venían tres o cuatro autocares de Valencia, pero nadie ha querido continuar el negocio y cuando vino la pandemia, pues hubo que cerrar… Los dueños sacaron cuentas y vieron que había que cerrar, así de sencillo… No salen proyectos viables o salen muy pocos. Hace unos años hicieron un curso para elaborar quesos. Se apuntaron quince o veinte personas, les pagaron un sueldecico y les aseguraron. ¿Sabes cuantos han elaborado queso de esos veinte? Cero, ninguno. Iban por el sueldo. Eso no se ha aprovechado. No surgen iniciativas porque no hay gente o porque falta juventud emprendedora. En fin, con el LEADER hubo posibilidades, hubo dinero y hubo gente que lo aprovechó, pero faltaron iniciativas, proyectos solventes que se pudieran materializar. Además, la gente quería que las ayudas fueran al 100%, en vez de al 50 o al 75% ciento. Pero eso no puede ser. Tienes que poner algo de tu parte, a pesar de que resulte difícil que te presten ese tanto por ciento que te falta.

Los medios comentan que con la pandemia la gente de ciudad ha redescubierto el territorio y el medio rural. Durante los fines de semana los pueblos se llenan, lo mismo que en puentes y vacaciones. ¿Qué opinas sobre eso?

Sí, sí que viene gente, mucha gente, pero no gastan en el pueblo. Sobre eso te diré una cosa: aquí hay gente que conozco que se traen los alimentos de Barcelona, lo compran en los supermercados de allí y se lo traen al pueblo. Eso es triste; es muy triste que no puedas comprarte aquí una gaseosa, una docena de huevos, un bol de arroz o un kilo de garbanzos o unos botellines… A mí me da pena eso, ¿cuánto vas a ahorrar con ello?

El Gobierno de Aragón y la Diputación de Teruel han realizado fuertes inversiones, de millones de euros, en las comarcas vecinas. Hablo de Dinópolis, de las estaciones de esquí de Gúdar y Javalambre, del observatorio astronómico y el proyecto Galáctica en Arcos de las Salinas, de los incentivos a la trufa… ¿Qué opinas? ¿Os pueden beneficiar estas inversiones?

A nosotros nos pueden beneficiar, porque si hay pistas de esquí en Javalambre vendrá gente, pero si no hay nieve, pues tampoco habrá esquiadores. En Riodeva, que es donde han encontrado los dinosaurios, han abierto un museo que es una sucursal de Dinópolis. Bueno, pues a lo mejor el museo trae gente que luego se queda a comer y descubre lo bonito que es el paisaje y vuelve… Si Teruel creciera mucho, nosotros creceríamos, claro, pero Teruel tampoco crece… He trabajado más de treinta años como médico en Teruel y la gente se ha desplazado del centro al ensanche y a los pueblos de alrededor. San Blas se ha convertido en una ciudad dormitorio porque es más barata la vivienda, o en Villaespesa; la gente joven se compra un adosado y luego trabaja en Teruel, que está a un tiro de piedra. Pero la ciudad no crece.

Hace un tiempo estuvimos haciendo trabajo de campo por Mora de Rubielos, Rubielos de Mora y Manzanera, y me llamó la atención que casi todos los funcionarios municipales y los del consejo comarcal de Gúdar-Javalambre residieran en Teruel; en la misma sede del consejo comarcal trabajaban cuatro o cinco personas y a las tres de la tarde cerraban y se iban…

Aquí pasa igual, todos los funcionarios, los sanitarios y los de extensión agraria viven en Teruel. A mí me pasaba al revés, pero eso no es lo habitual. Antes el médico vivía aquí, y el cura… El cura atiende ahora una docena de pueblos y aldeas, y el médico tiene su puesto en el centro de salud de Ademuz, desde donde atiende Torrebaja y los pueblos de la comarca…

¿Cómo debería ser el apoyo institucional en materia de infraestructuras, servicios…?

Falta un apoyo real y voluntad por parte de los responsables políticos. Aquí ha venido el presidente de la Generalitat [Ximo Puig] y ha dejado en el libro de visitas unas frases muy bonitas, pero yo le pregunté en un artículo: ¿todo esto, en qué se traduce?

El presidente Puig es de Morella y fue alcalde de allí; se supone que debe conocer bien la problemática de las zonas de montaña poco pobladas como esta…

Sí, claro, lo conoce, pero sigue faltando la voluntad política. Además, el Rincón de Ademuz es un enclave rodeado de los unos y los otros y sin continuidad territorial con la provincia de Valencia. Hace falta la carretera de Torrebaja a Teruel y nos falta, sobre todo, la fibra óptica. ¿Cómo es posible que aquí, en Torrebaja y en todo el Rincón de Ademuz, todavía nos llegue internet por hilo de cobre cuando por la calle del Rosario y la calle de Zaragoza pasa una fibra óptica así de gorda? ¿Cómo permitieron los ayuntamientos que pasara la fibra óptica por el pueblo y que no se pudiera sacar de allí nuestra comunicación? Eso es básico para cualquier establecimiento turístico, fomentar el teletrabajo o lo que sea… Aquí habían venido hijos de amigos míos a teletrabajar, pero lo dejaron. Decían que se colgaba e iba muy lento ¡Claro, no hay fibra óptica! Palabras, pero en la práctica nada, y no es que no haya dinero, sí que lo hay y se hacen cosas, pero no cunde…

Hablemos de los servicios. En tus publicaciones valoras positivamente la disponibilidad de servicios públicos. No están seguramente al nivel de la ciudad porque eso es imposible, pero la situación actual del medio rural no tiene nada que ver con la de los años ochenta…

Claro. En servicios estamos bien atendidos, pero lo que falta son iniciativas, también comerciales. Un ejemplo: hay un supermercado en Ademuz que está situado en un lugar infame, con escaleras, sin aparcamiento, pero tiene éxito y a los dueños les va muy bien al decir de la gente. Antes hablábamos de las iniciativas: ¿Cómo no tiene alguien la iniciativa de crear un centro comercial en Torrebaja, que es llano y hay el aparcamiento que quieras…? El problema es que no hay gente… Me acuerdo de Francia. Allí sí que se ven iniciativas en el medio rural. Eso me da envidia. Esta gente ama su tierra y cuida sus pueblos, que son bellos, arreglados y, sobre todo, limpios.

Tienes razón, Francia ha prestado siempre mucha atención a su medio rural. Hace tiempo que protegen y valoran los productos locales, como los quesos de oveja de Roquefort o la miel de un determinado lugar. Además, estos productos y especialidades locales elaborados artesanalmente tienen facilidades para ser comercializados directamente por los paisanos y son muy populares en los mercadillos de grandes ciudades como Lyon…

Eso también es factible aquí. Mira si se pueden poner colmenas y transformar y comercializar la miel, el polen y el queso de oveja. Podemos aprovechar los baldíos. Luego hay incendios forestales; si un día se enciende el rodeno, eso no se apaga en un mes porque es un pino resinero… Y un día va a suceder. Resumiendo, en cuanto a mejoras necesarias e imprescindibles están la fibra óptica y la carretera de aquí a Teruel, que nos comunicaría con la autovía de Madrid a Valencia [A-3] y con la de Sagunto a Zaragoza [A-23] y Francia por el Somport [E-7], a través de la N-420 que viene de Cuenca y la N-330 que viene de Utiel.

¿Por qué no acabaron esta carretera? Hay un viaducto enorme que cruza el valle por Ademuz, pero la nueva carretera termina aquí en Torrebaja, ¿cuando llegará a Teruel?

Fue algo político. Hablaban de la nueva autovía de Cuenca a Teruel, pero vino la crisis, no había presupuesto y se pusieron impedimentos en el informe urbanístico y el medioambiental y se la cargaron, supongo que pensando en la autovía. Nosotros no necesitamos esta autovía. Lo que necesitamos es mejorar el trazado de la N-330 desde Torrebaja a Teruel, sobre todo el tramo de Torrebaja a Libros, que es el peor. Un empresario acreditado me dijo: “Alfredo, si hacen la autovía de Cuenca a Teruel ya se pueden cerrar estos pueblos, porque nos quedamos en el culo del mundo. Por aquí ya no pasará nadie”. En fin, comunicados estamos y de servicios estamos “servidos”, como te decía. Siempre se puede mejorar, pero aquí vas al centro de salud de Ademuz y te atienden perfectamente y más rápido que en Teruel. Eso no quita que te tengan que derivar si tienes que hacerte una placa o un análisis…

¿De quién o de donde dependéis en estos casos, teniendo en cuenta la situación de enclave del Rincón de Ademuz? ¿Vais a Teruel, a Utiel…?

Desde el punto de vista administrativo no hay problema. Aquí vas a Teruel y arreglas todos los papeles en una mañana, sean trámites de jubilación o un asunto de médicos. En estos casos nos atienden tanto en urgencias como en consultas externas, aunque nuestro hospital de referencia esté en Llíria y en el Arnau de Vilanova de Valencia; Teruel, sin embargo, está a media hora y te atienden en un periquete, a pesar de la mala carretera. La N-330 es de los tiempos de Primo de Rivera.

Según la prensa y los medios de comunicación, uno de los efectos de la pandemia será el aumento del teletrabajo y eso conllevará un cierto retorno al medio rural. ¿Cómo ves esta cuestión?

¡Ojalá! Pero, aunque venga gente a teletrabajar, esto será poco significativo de entrada y requiere disponer de fibra óptica. Ese es un requisito. Desde aquí se puede administrar una página web, dirigir una pequeña empresa o desempeñar cualquier otro trabajo por internet… Es una posibilidad, pequeña pero factible… Como médico quedé asombrado cuando me enteré de que te hacen un escáner aquí en España y después mandan la imagen a la India, de donde vuelve informada. ¿En la India?, dije. ¿Cómo es posible? Pues sí, me dijeron: pueden informar placas, escáneres y todo tipo de diagnosis por la imagen en menos de 24 horas. Y eso también podría pasar aquí. Un especialista en este tipo de lecturas de diagnóstico podría vivir aquí sin problemas. Tendría escuela para sus hijos e instituto de secundaria en Ademuz, pero el problema son los estudios de los hijos… Vivir aquí es ideal: puedes llevar una vida tranquila, tener una casa grande, sin problemas de aparcamiento, pero los hijos necesitan formación…

Me comentó algo similar la alcaldesa de un pueblo de la Cataluña interior, situado a 100 km de Barcelona. Había empresas relativamente importantes que ofrecían empleo a personas cualificadas, pero se encontraban con que muchas de ellas (ingenieros e informáticos) imponían muchas condiciones para aceptarlo si eso comportaba residir en el pueblo: querían trabajo para la pareja, formación y socialización de los hijos…

Los hijos fueron el problema que nosotros nos encontramos cuando vinimos aquí, sobre todo cuando fueron a la universidad; incluso hay gente que ya en el instituto los envía fuera. Los nuestros estudiaron primero en Torrebaja y luego en Ademuz. El mayor fue a La Salle de Teruel y el segundo hizo el bachiller en Ademuz, pero ambos estudiaron la carrera en la Universidad en Valencia. Eso es un problema, pero tampoco es la cuestión principal; la gente de Valencia también tiene que mandar sus hijos a Alicante porque allí hay una especialidad que le interesa. Ese no es el principal problema, aunque haya que alquilar un piso en la ciudad. Simplemente es un inconveniente, pero desde que son niños hasta que llegan al instituto pueden estar aquí y vivir aquí, con los amigos, en la calle y conocer un ambiente en contacto con la naturaleza muy distinto al de la ciudad…

Los emigrados de los pueblos han tenido hasta hace poco mucha incidencia en la vida y la economía local y rural: regresan por vacaciones, arreglan las viejas casas e incluso ayudan a mantener las tradiciones y a conservar el patrimonio… ¿Cómo ves la continuidad de la vinculación con el pueblo de los oriundos: se atenúa, se mantiene, desaparece?

¡Ah! Esa pregunta me pareció interesante cuando la vi en el cuestionario. Esta ha sido una tierra de migrantes ya desde principios del siglo pasado. Yo regresé al pueblo porque me siento vinculado a su cultura, sus tradiciones, su patrimonio. En cambio, mi hermano apenas viene y sus hijos menos… Hay mucha gente de mi generación que se ha desvinculado totalmente. Eso habría que estudiarlo, cada caso es particular y no se puede generalizar… Tú puedes vivir en la ciudad y volver al pueblo; a mí me llama el paisaje, nací aquí, pasé aquí mi primera infancia, los huesos de mis muertos están enterrados aquí en Torrebaja… Todo eso me llama, me atrae, pero otras personas se han desvinculado completamente y ya no vienen, y si vienen cada vez con menos frecuencia… Mira, fulano era de aquí y antes venía mucho por aquí, pero ahora ya no viene porque su mujer no es de aquí y ha arraigado en otro lugar. O sea, en una o dos generaciones desaparece la vinculación, y en el caso que te comentaba de mi hermano en una sola generación.

¿Esa tendencia se puede generalizar?

No tengo datos suficientes para confirmarlo, pero creo que esa es la tendencia general. Mucha gente de mi generación se ha desvinculado casi totalmente del pueblo y de la comarca. Antes, durante los años cincuenta y sesenta, todos los veranos venían muchas familias con sus hijos y cuando los mayores se jubilaban pasaban unos meses aquí: llegaban por Pascua y se iban por Todos los Santos… Pero cuando la gente de esta generación desapareció, la siguiente dejó de venir. Ya no vienen, y si lo hacen, cada vez menos… No sé si se han reducido a la mitad o al 75%, pero ya no vienen y la vinculación desaparece de forma ostensible. Y eso hace que perdamos tradiciones, costumbres e incluso patrimonio. Esa es una de las consecuencias graves de la emigración y la despoblación rural: la pérdida de tradiciones, de costumbres y de patrimonio, un patrimonio, por lo demás, espléndido. Es el caso de nuestras barracas de piedra seca, por ejemplo, barracas de viña las llamamos; hay muchas en la parte oriental de la comarca y es un patrimonio arquitectónico poco conocido que se está perdiendo. Eso me recuerda la pregunta que me hice a mí mismo después de ver un documental de Michael Portillo sobre los ferrocarriles británicos: ¿cómo es posible que haya voluntarios que restauren una máquina de tren?

En Gran Bretaña hay un gran apego por el patrimonio colectivo, tanto material como inmaterial. En Cataluña, un consejero de la Generalitat tenía en mente impulsar asociaciones ciudadanas de voluntarios parecidas al National Trust for Ingland o al National Trust for Scotland, que compran y recuperan desde un objeto histórico o las ruinas de un castillo a un campo de batalla y luego lo ponen en valor y a disposición de la sociedad.

Ojalá se hiciera esto aquí: esas barracas de piedra seca podrían censarse, restaurarse, incluso con voluntarios… Yo iría, a picar piedra, a arrancar hierbas, a lo que fuera… Ese es un patrimonio construido riquísimo que se está perdiendo, que podría promocionarse, ponerse en valor. Entonces, volvemos a lo mismo: a la despoblación; si no hay gente, no hay iniciativas…

Última pregunta: algunos geógrafos hablan de “territorios intermitentes” cuando se refieren al medio rural. Es decir, hay mucha vida durante el fin de semana o las vacaciones y silencio el resto de los días, y esto es a lo que hay que resignarse. ¿Qué opinas sobre ello?

Eso habrá que verlo. Ahora tenemos mucha vida en verano y poca vida en invierno. De momento eso es lo que hay. ¿Puede cambiar la dinámica? ¡Ojalá! Yo confiaría en la explotación de los recursos que tenemos. Podría venir gente de los que yo llamo alternativos, que le guste la vida rural, la vida tranquila, que tengan iniciativas en la pequeña agricultura ecológica, en el turismo rural y cultural, en el teletrabajo, en todas estas cosas… Aquí no necesitamos mucha gente, solo que se puedan mantener los servicios. En el último programa electoral le comentaba a la alcaldesa que no necesitamos grandes cosas: las infraestructuras y servicios que te he comentado, que el pueblo esté limpio, ordenado, bonito… como los pueblos franceses o italianos; pero eso requiere tener buenas ordenanzas sobre la vía pública, la limpieza, el control urbanístico, de los perros que van sueltos y defecan por todas partes… esas cosas son factibles de hacer y cuestan poco dinero.

Me parece una buena conclusión. ¿Quieres añadir algo que nos hayamos dejado en el tintero?

Pues que tenemos un territorio precioso con un gran potencial, y no porque sea mi tierra. Hay tierras mucho más bonitas en otros lugares. Esto no es Cancún ni la Riviera…, pero quiero que se mantenga como está y que se puedan explotar sus recursos de manera sostenible; los principales son la naturaleza y el medio ambiente, además de desarrollar la agricultura ecológica y los productos locales como los zumos de manzana esperiega que el mismo Arzak ha elogiado. Ese creo que sería el camino a seguir.

Muchas gracias por todo. En tu caso era obligado entrevistarte por el gran conocimiento que tienes de la comarca, para mí situada en la zona cero del despoblamiento ibérico a pesar de su pertenencia a la Comunidad Valenciana; y, además, porque tu conocimiento de lo que algunos llaman impropiamente la España vacía no es solo libresco, sino vivencial.

Ya lo sabes, he escrito una docena de libros, además de muchos artículos en periódicos provinciales, y mantengo un blog con más de 340 artículos sobre la comarca. Como persona de una generación determinada tengo la sensación de haber vivido un fin de ciclo que comenzó hace más de cincuenta años y que tiene mucho que ver con la crisis de la agricultura tradicional y la despoblación de las zonas rurales. Y aunque soy pesimista de cara al futuro, pienso que todo fin de ciclo es el comienzo de otro, que no sabemos exactamente cómo será. En fin, actualmente escribo poco, cada día menos… Ahora leo más y me gusta dedicar mi tiempo al huerto.

Sabia y horaciana decisión, pero no hay “rincón” del Rincón de Ademuz sobre el que tú no hayas escrito, valga la redundancia.

Epílogo: regreso a Chelva, siguiendo a Candel,
por Cubla, Camarena y Riodeva

Acabé la entrevista a la una y media del mediodía. Decidí aprovechar el tiempo y seguir los pasos de Paco Candel en 1964 a través del sector oriental de la comarca, que discurre por el flanco occidental de la sierra de Javalambre. La vega del Turia es ancha alrededor de Torrebaja y Ademuz, francamente vistosa; las parcelas son grandes y el maíz tiene un aspecto espléndido. Torrebaja es el único pueblo que en su momento hizo la concentración parcelaria y eso se nota en el paisaje agrario. Voy hasta Villel, subo a Cascante del Río y me acerco a Cubla, pueblos ya de Teruel.

En 1964, Paco Candel y sus acompañantes remontaron a pie la penosa cuesta que sube de Cubla a Camarena, llegando después a Riodeva, Mas del Olmo y Puebla de San Miguel. Los pueblos que Candel describe como muy pobres hoy son lugares de veraneo de oriundos y valencianos. Todos se ven muy concurridos. Se ve gente un poco por todas partes. Las cercanas pistas de esquí de Javalambre puede que les den algo más de vida, pero las carreteras siguen siendo difíciles y faltan equipamientos turísticos. Al llegar a Cubla tomo una fotografía de la vieja escuela de la que habló Candel señalando que la construyeron cuando ya no quedaban niños en el pueblo. A la entrada del pueblo, viniendo de Teruel, hay un curioso poste indicador de madera que señala la dirección y la distancia en kilómetros que hay desde Cubla al resto del mundo: a Nueva York, Nueva Delhi, Moscú, Sídney, Buenos Aires… Después de comer salgo para Camarena remontando la sierra, lo cual hace comprensibles los comentarios negativos de Candel cuando subió a pie esta larga y penosa cuesta. Al respecto, un dicho local dice: “Para saber de qué color es la pena, hay que subir sin almorzar las cuestas de Camarena”.

La mole de Javalambre se ve totalmente cubierta de bosque de sabinas y pinos de repoblación. Hacia poniente el paisaje es mucho más descarnado, pero salpicado aquí y allá por la silueta inconfundible de las sabinas de montaña centenarias y los enebros rastreros. La entrada a Camarena se hace por la parte baja del pueblo, que tiene un aspecto muy aseado que contrasta con la visión negativa que Candel dio del mismo cuando pasó por este lugar hace más de medio siglo. Todavía queda en pie la vieja escuela y en las afueras se conservan monumentalizados los restos del viejo y enorme tronco del olmo constitucional que en tiempos presidió la plaza Mayor. Desde Camarena voy a Riodeva, y a la salida del pueblo encuentro un nutrido grupo de motoristas. La sinuosa carretera sube primero a un amplio collado y luego desciende vertiginosamente hacia Riodeva, que se divisa al fondo del valle. El pueblo está totalmente rodeado de las cicatrices de las minas de caolín. El impacto es brutal. En Riodeva apenas se ve gente a esta hora de la tarde. Hace calor y todo el mundo debe estar haciendo la siesta. Dejo para otra ocasión subir hasta Puebla de San Miguel y emprendo la bajada hasta Ademuz siguiendo el curso del riachuelo que da nombre al pueblo; a la salida del mismo se encuentra la pequeña huerta, en gran parte perdida, que Candel visitó acompañado de don Tomás Arce, al que llamó el fabuloso cura de Riodeva. La bajada hasta la vega del Turia es rápida. Llego a la carretera general cerca de Torrebaja y emprendo el regreso a Chelva cruzando el Rincón de Ademuz en sentido descendente, subiendo y bajando primero la “cuesta de las emes” y cruzando después el atrevido puente de Santa Cruz de Moya. Aquí no puedo resistir la tentación de detenerme a contemplar el lecho del Turia, cuyas aguas discurren rápidas 100 m por debajo del pretil. Atardecía cuando llegué a Chelva.

Capítulo 9

El otro declive rural: las comarcas industriales y mineras

No todos los declives socioeconómicos y demográficos se circunscriben a lo genuinamente rural y a lo estrictamente agrario. La apabullante presencia en los medios de comunicación y en las redes sociales de los problemas asociados a la España vaciada, hoy reconvertida en plataforma política, oculta otros procesos de declive que seguramente afectan a un mayor número de personas que la decadencia del medio rural convencional. Entre ellos está la extinción de la minería y de la industria tradicional, que podemos llamar difusa, por su gran implantación en contextos o entornos eminentemente rurales.

La minería, por su propia naturaleza (los yacimientos son inamovibles), ha sido tradicionalmente una actividad que ha dado vida a territorios frecuentemente alejados de las aglomeraciones urbano-industriales, tanto en España como en Europa y en todo el mundo. Pasa algo parecido con las industrias que nacieron y se desarrollaron en espacios rurales periféricos, como el textil y la metalurgia, que evolucionaron a partir de tradiciones artesanales locales.

El textil, sobre todo, ha sido tradicionalmente una industria difusa, tanto en Cataluña, donde las fábricas se localizaban incluso en las cabeceras pirenaicas de los ríos Ter y Llobregat, como en otros focos de la España interior. Es el caso de Béjar, en la provincia de Salamanca, y de Alcoi, el viejo emporio textil situado en el abrupto interior de la provincia de Alicante. En Portugal, su resiliente sector textil se difunde aún por los distritos del norte del país, con centros tan destacados como Covilhã (Covillana), en Castelo Branco, población situada al pie de la Serra da Estrela.

La metalurgia preindustrial, por su parte, nació en los remotos valles donde existía hierro mineral, como las ferrerías vascas y las fraguas (fargas) catalanas. Con la implantación de los altos hornos en el siglo XIX, la metalurgia artesanal desapareció de los valles y lugares más aislados, excepto en el País Vasco, donde evolucionó in situ para convertirse en la actual industria mecánica de alta precisión. Hoy en día, la metalurgia vasca sigue siendo un sector difuso desde el punto de vista territorial, que ha sabido adaptar las nuevas tecnologías a los procesos productivos (informatización y automatización de la máquina-herramienta, mecanizado por electroerosión y tecnología láser), pudiendo mantener su competitividad en tiempos de globalización y auge del dumping social.

Una industria, en definitiva, que da vida a numerosas localidades del interior del País Vasco, como Mondragón, Llodio, Eibar, Ermua o Amorebieta, entre una pléyade de núcleos industriales crecidos en el medio rural que, considerados en conjunto, superan al gran foco bilbaíno. Una metalurgia que también subsiste testimonialmente en la comarca pirenaica del Ripollès, en Cataluña, y en otros enclaves dispersos, pero a mucha distancia de los pueblos vascos citados. Se trata, en cualquier caso, de un resiliente tejido industrial muy vinculado al territorio, al igual que el rosario de ciudades industriales del interior alicantino. No son esas, precisamente, las comarcas interiores que corren el peligro de quedar vacías.

De la prosperidad a la decadencia:
los territorios anestesiados

Frente a las comarcas industriales resilientes que han podido capear el avance imparable de la globalización existen, por el contrario, numerosas comarcas en las que la crisis industrial y minera ha provocado efectos sociales y territoriales demoledores, sin que hasta el presente existan visos de que puedan recuperar su antiguo esplendor. Se trata de nuevos vacíos o de vacíos ocultos, que afectan las cada vez más numerosas ciudades y comarcas que han perdido sus fuentes tradicionales de empleo. Su decadencia tiene poca repercusión mediática y política en comparación con la que tiene la despoblación rural típica.

La España vacía o vaciada está desde hace mucho tiempo en boca de todo el mundo mediático y político y también a nivel popular, pero no así las viejas comarcas y regiones industriales en declive, que poco a poco van cayendo en el olvido, a pesar de su decadencia, sobre todo desde el punto de vista socioeconómico, pero que también acabará siendo demográfico, algo inexorable a medio plazo si la fecundidad o la inmigración no repuntan al alza. Como es sabido, la defensa de las industrias locales en tiempo de reconversiones tuvo su momento de gloria mediática durante las impresionantes movilizaciones obreras de los años ochenta y noventa en defensa de los puestos de trabajo. Ahora bien, una vez resueltos los problemas sociales más acuciantes mediante indemnizaciones y jubilaciones anticipadas, la mayor parte de los territorios afectados entraron en una especie de lánguida modorra de la que cuesta despertar, a pesar de que desde hace décadas se presupuestan cuantiosos fondos destinados a incentivar la reconversión económica de estas comarcas. Territorios anestesiados o dormidos, podría decirse.

En definitiva, el mundo cambia más rápidamente de lo que solemos percibir. La cuestión es que comarcas enteras han visto cómo se extinguía de forma implacable su modo tradicional de vida. Hubo un tiempo anterior al declive de la industria tradicional y de la minería en el que la gente que vivía en estas comarcas tenía trabajo, se ganaba la vida y confiaba en que el futuro de sus hijos sería incluso mejor que el suyo propio. El comercio local era todavía muy dinámico y el asociacionismo extraordinariamente proactivo, con una multitud de asociaciones empresariales, culturales y deportivas que daban vida a las pequeñas ciudades y los pueblos industriales o mineros por pequeños que fueran.

Todo cambió con los primeros impactos de la globalización en las economías locales. Un proceso de decadencia social y territorial que tiene poco que ver con los problemas del medio rural tradicional, que vive o vivía del sector agropecuario y de los servicios vinculados al mismo. Hace ya muchas décadas que el medio rural profundo tocó fondo, por lo que difícilmente puede agravarse su declive. Lo más probable es que los pueblos que vivían fundamentalmente de la agricultura se mantengan en una especie de statu quo (estagnación o estancamiento), o que incluso recuperen población y algo de dinamismo, como resultado del desarrollo del agro español, pero a través de bases que ya no responden al modelo tradicional. El auge del turismo rural y el descubrimiento del teletrabajo a partir del primer año de la pandemia (2020), junto con la revaloración de la vida en contacto con la naturaleza en entornos menos congestionados que las grandes urbes, pueden contribuir a ello. Lo más probable es que la recuperación sea a tiempo parcial y de forma intermitente, tal como viene sucediendo en las poblaciones situadas a una prudencial distancia-tiempo de una ciudad grande o mediana. La pregunta sigue siendo obvia y se la hacen continuamente los demógrafos: ¿en qué día de la semana y en qué época del año hay que contar los habitantes de un pueblo o de una comarca: de lunes a viernes, en fin de semana, por vacaciones o durante los puentes?

El INE elabora desde hace tiempo los indicadores de población vinculada, incluyendo en ese epígrafe a los no residentes que pernoctan más de 14 noches al año en un determinado municipio. Lo más probable es que todo acabe en un nomadismo de nuevo cuño que hace muchos años que vienen practicando de manera habitual muchas de las personas y las familias que en su momento tuvieron que emigrar. La jubilación les dio toda la libertad para ello, pudiendo cambiar de residencia cuando y como querían. La expansión del teletrabajo otorga o puede otorgar esta libertad a las generaciones que hoy están en edad laboral. Además de los residentes permanentes, y parafraseando a un antiguo obispo catalán, la vida en las aldeas y los pequeños pueblos será intermitente o nómada o no será.

Cuando la clase obrera iba al paraíso: declives industriales y mineros

Empiezo con una alusión al título de una película italiana de éxito: La clase obrera va al paraíso (1971), dirigida por Elio Petri y escrita junto a Ugo Pirro, con música de Ennio Morricone. Cuenta la dura vida de las fábricas a través de las tribulaciones de un obrero italiano modelo reconvertido a sindicalista durante las gloriosas movilizaciones obreras de principios de los años setenta (obtuvo la Palma de Oro en el festival de Cannes del año 1972). Pienso que es aquí precisamente donde están los nuevos vacíos: en las fábricas y en las minas que ya no existen.

Vayamos a ello: entre los nuevos vacíos, vaciados o vacíos ocultos no estrictamente agrarios hay que mencionar, por un lado, la progresiva extinción de la minería, principalmente la del carbón. Y, por el otro, la extinción de la tradicional industria manufacturera, que hasta hace muy poco tiempo daba vida a muchas comarcas interiores en toda España, especialmente en los focos industriales y mineros de Asturias, Castilla y León, Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha, Andalucía e incluso el País Vasco. El declive de la minería y de su industria auxiliar ha tenido graves consecuencias socioeconómicas y demográficas en las ciudades, comarcas y regiones afectadas, casi todas situadas en territorios de montaña aislados y mal comunicados.

La minería, como dije, es una actividad dispersa como pocas, puesto que su localización depende de la ubicación de los yacimientos. Así ha sido en la agreste Asturias interior, en el Bierzo y en el resto de la montaña leonesa o palentina, además de las cuencas mineras turolenses y la minería castellanomanchega, de Almadén a Puertollano. Son tantas las comarcas que han perdido y siguen perdiendo población y dinamismo económico a causa del cese de su actividad productiva tradicional, que corren el peligro de echar el cierre si algo o alguien no acude a su rescate.

La crisis de la industria tradicional, por su parte, ha producido una verdadera hecatombe en ciudades y territorios interiores que, si bien no son rurales en sentido estricto, como Linares, La Carolina, Béjar o Reinosa, daban vida a comarcas muy alejadas de los grandes focos industriales urbano-metropolitanos del país. En Linares (Jaén) se fabricó entre 1958 y 1994 el mítico Land Rover Santana, basado en el modelo original británico, el popular vehículo todo terreno que circulaba y todavía circula por toda la España rural. La ciudad perdió su industria estrella y hoy capea como puede su lento declive, muy presente en los medios por las movilizaciones ciudadanas (tenía 61.642 habitantes en 1994 por 56.525 en 2021). Reinosa, en las montañas de Cantabria, superó los 13.000 habitantes a finales de los años ochenta, y hoy tiene menos de 9.000. Así podría seguir relatando casos y casos de problemáticas parecidas. Son territorios que ya no cuentan, como dije al principio del ensayo. No existen sustitutivos milagrosos, a corto plazo, que puedan detener el declive de las ciudades y comarcas que perdieron su medio tradicional de vida. Es preciso repetirlo hasta la saciedad: el problema del despoblamiento no solamente concierne a los espacios rurales, sino que afecta a unas ciudades y unas comarcas que estaban vivas hasta hace muy poco tiempo y que hoy declinan irremisiblemente, y así lo reflejan sus principales indicadores socioeconómicos y demográficos.

En los años ochenta y noventa fueron las políticas de reestructuración industrial las que llevaron al cierre de grandes empresas estatales, como las siderometalúrgicas vascas (Gran Bilbao), asturianas (Avilés y Gijón) y de la Comunidad Valenciana (Sagunto), además de la caída de la construcción naval en la bahía de Cádiz, Cartagena, Vigo, El Ferrol o Gijón, entre otros astilleros diseminados por la geografía española. Procesos de reestructuración que provocaron graves conflictos sociales y que, a la postre, marcaron el comienzo del declive de tantas ciudades y comarcas antiguamente prósperas e incluso de regiones enteras como Asturias. Las secuelas de estos procesos se reflejan con gran realismo en otra película, en este caso española: Los lunes al sol, dirigida por Fernando León de Aranoa, estrenada en el año 2002 y protagonizada por un selecto elenco de actores de primera fila. Relata la anodina vida cotidiana de los obreros despedidos de los astilleros de Vigo (y de Gijón) a raíz de la reconversión industrial. Son personas que se sienten fracasadas, condenadas a vivir del paro, que no conciben pasar “los lunes al sol”, pero sin perspectivas de encontrar un trabajo digno de su cualificación profesional como soldadores, ajustadores o jefes de equipo. Oficios casi extinguidos hoy día, pero que en su tiempo situaban a cualquier persona en la sociedad. Ser oficial de primera no era cualquier cosa aquellos días.

Auge, decadencia y cierre de la industria manufacturera tradicional

A mediados del siglo XIX existían en España, y un poco por todas partes, antiguas manufacturas artesanales que abastecían a los mercados de proximidad, fueran comarcales o regionales. Corrían tiempos de economías cerradas, en gran parte autosuficientes, de manera que en todas partes se fabricaba de todo un poco. En tiempos tuvieron fama las mantas morellanas, zamoranas o palentinas y la cestería, la cordelería y la alfarería de un determinado lugar. La industrialización moderna acabó con muchas de estas manufacturas tradicionales, pero aquí y allá quedan todavía unos pocos artesanos conocedores del oficio que elaboran mantas, arneses o botijos, entre otros productos típicos que los turistas domésticos o foráneos compramos con avidez. Son reminiscencias de un tiempo pasado que miramos casi siempre de una forma nostálgica o romántica que probablemente dista mucho de lo que fue aquella realidad.

Todo pasa y todo tiene su tiempo. Y también pasó el tiempo de la industria que hasta hace poco llamábamos moderna. El país se industrializó tarde y mal, según Jordi Nadal en su conocido libro El fracaso de la Revolución industrial en España, 1814-1913 (1975), exceptuando la industria vasca o catalana y otros centros distribuidos por todo el territorio, como Alcoi, Málaga o Béjar. Un fracaso que habría que matizar, puesto que en España ya se fabricaba de todo antes de la Guerra Civil, desde locomotoras y automóviles a barcos, trenes y aviones.

Pero el gran salto industrial español se produjo durante el desarrollismo. Duró poco tiempo, porque el estallido de la primera crisis del petróleo a finales de 1973 mandó parar. Y poco tiempo después empezaron las políticas de reestructuración industrial y minera que caracterizaron el último cuarto del siglo XX, coincidiendo con la Transición política y los primeros gobiernos democráticos. Primero fue por la falta de competitividad de las empresas españolas y el lastre de un sector público sobredimensionado a través del Instituto Nacional de Industria (INI), que iba absorbiendo las empresas con pérdidas; finalmente, por los compromisos adquiridos y las exigencias derivadas de la entrada de España en la Unión Europea en 1986.

El trauma para la clase obrera fue brutal. Antes he mencionado la película Los lunes al sol, que describe con crudeza y un tristón sentido del humor la sensación de desamparo de la clase obrera ante los estragos de la globalización. Hacía pocos años que se había estrenado Full Monty (1997), la película que mostraba los estragos causados por el cierre de las acerías de Leeds en tiempos de Margaret Thatcher y su repercusión en la vida cotidiana de las desconcertadas personas que vivían en una ciudad industrial en declive. Ni para aquellos obreros ni para nadie resulta fácil asumir que aquello ya es solamente pasado y que el oficio que aprendiste de joven se ha convertido en algo sin ningún valor de cambio, un mero objeto de estudio antropológico.

Hubo lugares en los que la caída de las industrias tradicionales se superó con rapidez, sobre todo en las regiones metropolitanas y en los clústeres industriales más diversificados, donde las economías de aglomeración lograron incentivar por sí mismas la renovación del tejido productivo. No hubo aquí declive económico o demográfico, porque los entornos poblados son mucho más resilientes y constituyen un entorno ideal para adoptar rápidamente las innovaciones y promover nuevas actividades productivas. Pero no sucede lo mismo en los lugares alejados de cualquier centro de decisión. Aquí el declive se convierte en estructural si se extingue la base económica principal. Pasa incluso con sectores poco relevantes estadísticamente a escala española pero muy significativos a escala local y comarcal, como la industria de las galletas en Aguilar de Campoo, básica para la supervivencia económica del norte de Palencia una vez desaparecida la minería. Entre otras cosas, por la extinción de la pequeña burguesía urbana vinculada al territorio e interesada en el desarrollo del mismo. No hay emprendedores, se dice actualmente, pero una cosa y la otra no significan exactamente lo mismo. Lo he mencionado en algún que otro momento: la proactiva burguesía industrial y comercial de numerosas pequeñas y medianas ciudades del país se ha extinguido. Y lo ha hecho prácticamente al mismo tiempo que la clase obrera.

De la globalización al cambio del terreno de juego europeo

La crisis de la industria manufacturera tradicional tiene en España dos causas fundamentales, además de los mencionados procesos de reestructuración industrial urbana y territorial. Por una parte, la globalización o mundialización de la economía (que afecta a todo el mundo por igual) y, por la otra, los cambios geopolíticos y económicos derivados de la incorporación de los países del Este y del antiguo bloque soviético a la Unión Europea hace una década. En muy poco tiempo se pasó de los once miembros del año en el que España y Portugal se incorporaron al selecto y exclusivo club (1986) a los veintiocho del año 2013 (uno menos a partir de febrero de 2020, fecha en la que el Reino Unido abandonó el club a iniciativa propia). El 1 de mayo del año 2013 fueron admitidos Malta, Chipre y diez países del antiguo bloque soviético de una tacada: Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Bulgaria, Rumanía y, un mes después, Croacia.

Nuestro país vivía cómodamente en el seno de una Unión Europea relativamente manejable, pero estos cambios estructurales, además de hacer mucho más compleja y enrevesada la gestión del mastodóntico portaaviones europeo, tuvieron dos consecuencias a escala interna española. La primera, por la incorporación al selecto y hasta entonces exclusivo club de unos países relativamente más pobres en términos de PIB y renta per cápita: nuestro país se convirtió de la noche a la mañana en un país rico en el seno de la Unión, con lo cual los cuantiosos fondos estructurales y de cohesión que hasta entonces recibía España, y que tanto habían contribuido al desarrollo regional y rural del país, tuvieron que repartirse equitativamente entre un mayor número de socios, casi todos más pobres que nosotros en aquellos días. Y, en segundo lugar, una consecuencia no menor: el desvío de inversiones productivas, sobre todo industriales, hacia estos países, siendo la industria del automóvil un ejemplo paradigmático de ello.

Vayamos ahora con algunas de las consecuencias indeseables de la globalización. En primer lugar está la progresiva apertura de los mercados en un contexto de mundialización galopante de la economía. Contribuyen a ello factores como la revolución de las TIC y la mejora de los transportes y las comunicaciones. En otras palabras: el sistema de transportes es hoy mucho más eficiente en términos de capacidad de carga, rapidez, consumo energético y gestión logística. Unos cambios que propician que un bien fabricado a bajo coste en un extremo del mundo (en el sureste asiático, pongamos por caso) se comercialice a precios competitivos en cualquier pequeño lugar de España o de Europa por apartado que se encuentre. Todos conocemos las consecuencias de estos cambios, tanto medioambientales y relativas a la sostenibilidad del planeta como de cara a la subsistencia de la industria y el pequeño comercio local. Lo vimos durante la pandemia, en la que el cierre de fronteras motivó que faltaran cosas imprescindibles en las que nadie había reparado, desde los guantes de látex a las inefables mascarillas quirúrgicas, por ejemplo, pasando por los chips. Todo ello no impide que sigamos comprando por internet o que casi cada día se abran bazares asiáticos en los pueblos y las cabeceras comarcales más remotas del país. El cambio ha sido brutal y ha repercutido en todos los subsectores industriales, desde los bienes de equipo y la industria pesada a la manufactura ligera. Y puede que en un próximo futuro repercuta también en una industria puntera como la agroalimentaria.

Pero no todo sucumbió. Siempre hay quien resiste y subsiste en este escenario global hipercompetitivo, donde el dumping social está a la orden del día. Son lo que ahora llaman espacios resilientes, la palabra de moda (pasó la época del clúster y el distrito industrial). Llama poderosamente la atención, en este sentido, la resiliencia y la capacidad de adaptación de la pequeña industria alicantina, en su mayor parte localizada en el interior de la provincia: Elda, Novelda, Villena, Alcoi, Ibi, Onil, Tibi o Biar, entre otras poblaciones alicantinas que resisten el avance de la globalización, algo digno de estudio puesto que siguen fabricando de todo. Alicante es hoy la quinta provincia más poblada de España, con cerca de dos millones de habitantes y lo que es más importante: sus abruptas comarcas interiores, hasta hace muy poco tiempo mal comunicadas, sigue encontrando nuevos nichos de producción industrial o agroalimentaria e incluso ganan población. El alicantino es un caso excepcional al que los medios no suelen prestar mucha atención, excepto para hablar del turismo del litoral. Cuando empecé a interesarme por las cuestiones geográficas, me llamaba poderosamente la atención que el turrón de Navidad, el chocolate, las muñecas de Famosa, el calzado de moda e incluso las uvas de fin de año provinieran de estas comarcas alicantinas. Habría que estudiar en profundidad este caso excepcional. Y que no vengan diciendo que se trata de industria de bajo valor añadido; la cuestión es que las personas se ganan la vida dignamente en un contexto sociocultural caracterizado por su cohesión (hay más de 200 bandas de música en la provincia de Alicante, con un alto sesgo intergeneracional de sus componentes).

En cambio, la mayor parte de las comarcas interiores de las provincias de Valencia y de Castellón viven inmersas desde hace años en un proceso de despoblación sin que logren salir de su atonía, a pesar de su proximidad al litoral. El clúster cerámico castellonense tiene un dinamismo espectacular, caracterizado por decenas de empresas punteras en su sector, con marcas que todo el mundo conoce, pero este dinamismo se circunscribe territorialmente a la Plana y apenas repercute en las despobladas comarcas interiores de la provincia limítrofes con las primeras, situadas a unas pocas decenas de kilómetros de distancia. La única repercusión tangible deriva de la extracción y el transporte de caolín, la arcilla refractaría utilizada como materia prima por las industrias cerámicas. La minería del caolín, con repercusiones que llegan hasta las comarcas meridionales de la provincia de Teruel, insufla un poco de vida económica a estas comarcas tan poco pobladas, en localidades como Villar del Arzobispo (en la Serranía de Valencia), cuyo recurso económico principal es la minería y el transporte de caolín hacia la Plana de Castelló, pero poco más.

Es proverbial, por otra parte, el espectacular desarrollo registrado en las últimas décadas por las industrias agroalimentarias, en una gran parte difusas territorialmente, frecuentemente localizadas en comarcas agrarias de interior y, lo que es más importante, en muchos casos son el resultado de iniciativas empresariales comarcales o locales, lo cual es esperanzador. La industria agroalimentaria española da vida a numerosas comarcas rurales y a pequeñas ciudades interiores de Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha, Navarra, La Rioja y Andalucía, entre otras regiones. En determinados enclaves, incluso ha suplido con creces el declive de la manufactura tradicional, como en las comarcas de la Cataluña interior y en otros casos como Alhama de Murcia, el Bajo Cinca o la comarca turolense del Jiloca.

Lo más habitual, por el contrario, es que los cambios se hayan llevado por delante la prosperidad de numerosas comarcas de vieja tradición industrial, no solamente en España, sino también en la vieja Europa, desde las Ardenas al macizo Central francés, pasando por la región de Mánchester, cuna de la revolución industrial británica, y el Rust Belt (literalmente, ‘cinturón de óxido’) en los Estado Unidos. Lo sintetizó perfectamente el malogrado Tony Judt en Algo va mal (2010). A pesar de ello, no se vive mal en las ciudades y comarcas declinantes: las jubilaciones anticipadas y los subsidios constituyen un colchón amortiguador de gran eficacia en una Europa opulenta que se lo puede permitir. El problema radica en la falta de expectativas de futuro, en la falta de oportunidades de promoción personal y social de la juventud que se queda a vivir en el terruño. Algo va mal, efectivamente: a la generación más preparada que ha existido en cualquier momento de la historia pasada y reciente, cada vez le quedan menos clavos a los que agarrarse para asegurar su futuro. No ha de extrañar, por lo tanto, que en la España de hoy sea muy difícil disponer de una vivienda, formar una familia, tener hijos y que estos, a su vez, confíen en el futuro de su tierra.

El declive de la industria textil (con permiso de Galicia)

Catalunya pasa por ser una de las regiones más desarrolladas de España. O por lo menos esta es la impresión que uno se lleva cuando lee determinada prensa. En cualquier caso, si lo fue en algún momento de la historia reciente, en el presente esta posición es discutible. La Cataluña de hoy no deja de ser, de hecho, un ejemplo más del declive industrial europeo, exceptuando, quizás, la poderosa industria alemana. En su momento Cataluña fue conocida como la fábrica de España, e incluso en los años noventa impulsó la eurorregión llamada los cuatro motores de Europa, junto con las regiones de Rhône-Alps (Francia), Lombardía (Italia) y Baden-Wutemberg (Alemania).

A mediados del siglo XX la aportación de la industria al PIB regional se situaba por encima del 50%, y hasta finales de los años setenta más de la mitad de la población ocupada vivía de ella. Con el paso del tiempo estas cifras no han cesado de disminuir. Actualmente, según datos del INE, el valor añadido bruto de la producción industrial catalana se sitúa en el 21% del PIB regional, cifra similar a la media de la EU-27, que es del 20%, y algo por encima de la media española, que se queda en un 18% del PIB. No es este el momento ni el lugar para analizar el declive industrial catalán y español, pero hay quien sostiene que en lo que va del siglo XXI se ha pasado de una economía productiva impulsada por una burguesía industrial emprendedora a una economía de corte rentista, cuando no de tipo especulativo. Y hay quien dijo, incluidos ministros y consejeros del ramo, que la mejor política industrial es la que no existe, dando la manufactura por extinguida, puesto que su valor añadido es escaso, y añadiendo que la fabricación es cosa de los países en vías de desarrollo.

El declive del sector textil es, sin duda, uno de los casos más estudiados, probablemente por su carácter de industria difusa, tanto en Cataluña y España como en Portugal, Italia o Francia. Su decadencia empezó pronto, en los años sesenta, sobre todo en Cataluña, pero no así en Galicia, donde la confección y la industria de la moda crecían al mismo tiempo que cerraban las fábricas catalanas (Lois Gonzalez, 2000). En sus inicios la industria moderna se localizó en Barcelona y en las ciudades industriales del Vallès, como Sabadell y Terrassa principalmente, pero luego se extendió hacia el curso medio y alto de los ríos Ter, Llobregat y sus principales afluentes, llegando hasta sus mismas cabeceras. Se aprovechó de la larga tradición manufacturera de las comarcas interiores, bien explicada por viajeros ilustrados como Francisco de Zamora y Antonio Ponz (1725-1792), que recorrieron el territorio catalán a finales del siglo XVIII y dejaron constancia de ello en sus escritos. Localidades tan alejadas del litoral y de Barcelona, como Berga y Olot, ya eran importantes focos de la manufactura textil a finales del siglo XVIII.

Las poblaciones pirenaicas de Ribes de Freser y Camprodon, situadas a unos 120 km de Barcelona, fueron destacados centros industriales modernos. Hoy se dedican casi en exclusiva al turismo. Ribes de Freser ha perdido la mitad de la población desde los años setenta para acá: de los 3.133 habitantes de 1970 ha bajado a los 1.760 del año 2021; las cifras de población de Camprodon, por su parte, prácticamente no han sufrido variación en más de cincuenta años: la villa tiene actualmente 2.435 habitantes, 52 menos que el máximo de 2.487 habitantes de 1970. Su principal medio de vida es el turismo de proximidad, basado en las segundas residencias, vacaciones y estancias de fin de semana, contando con el gran activo de la estación de esquí Vallter 2000, deficitaria como otras tantas, pero asistida por las Administraciones públicas.

Hasta 70 colonias industriales y “fábricas de río” se ubicaron en las riberas de los dos ríos citados en el transcurso del siglo XIX. Subsistieron hasta el último tercio del siglo XX. En su tiempo representaron una forma de vida segura para las familias obreras, pero al precio de vivir en el ambiente cerrado del recinto fabril. Había colonias que cerraban sus accesos por la noche, como si fuera un cuartel. En una colonia modelo todo se organizaba a partir de la fábrica: el azud en el río, el canal y la central eléctrica, las viviendas obreras (de una superficie acorde con cada categoría laboral), el economato, el teatro, el casino, la iglesia y la escuela (regentada habitualmente por instituciones religiosas). En ninguna colonia faltaba la torre del amo, el ostentoso edificio donde residía el propietario y su familia, ubicada como símbolo de poder en la parte más alta y visible del complejo fabril.

Muchos apellidos ilustres de la mitificada burguesía catalana fueron propietarios de colonias industriales: Güell, Rosal, Bertrand y Serra, Llaudet, Brutau, Estabanell o Burés, entre otros. También arribaron inversores extranjeros, como el suizo Edmund Bebié, que fundó la Farga de Bebié en la ribera del Ter, que llego a tener 500 obreros y se mantuvo activa hasta el año 2004. Y también el grupo británico J&P Coats Ltd, que a finales del siglo XIX se asoció con la familia Fabra para fundar la empresa Fabra y Coats, dedicada a la fabricación de hilo de coser, muy popular en su tiempo, sobre todo la marca Dalia. Funcionó como tal hasta finales de los años noventa. Hoy está pendiente de convertirse en un nuevo espacio industrial museizado, como otras tantas fábricas que han pasado a mejor vida.

Es el caso de Gironella y Puig-reig, en el Berguedà. Esta última población superó los 6.000 habitantes en los años setenta, cuando todavía estaban plenamente activas sus siete colonias industriales; desde entonces hasta hoy ha perdido una tercera parte de la población (tiene poco más de 4.000 habitantes). El textil localizado fuera de Cataluña ha registrado una evolución similar, salvo la pujante industria gallega de la confección y de la moda. Béjar, la capital textil salmantina, ha perdido cerca de 5.000 habitantes desde los años noventa, cuando pasaba largamente de los 17.000. Y Alcoi, el histórico centro textil valenciano, resiste, pero también pierde población: hoy no llega a los 60.000 habitantes cuando a finales de los años sesenta se acercó a los 70.000.

Hoy, en Cataluña, no queda ninguna colonia industrial en funcionamiento. Los municipios de las cuencas del Ter y el Llobregat, donde se localizaban la mayor parte de ellas, acusaron en gran medida la extinción de la actividad fabril. En algunos casos, las nuevas industrias agroalimentarias, sobre todo cárnicas, han cubierto los vacíos. En la mayoría de ellos, por el contrario, los residentes buscan y encuentran empleo en alguno de los teóricamente más prósperos núcleos urbanos de la región metropolitana de Barcelona o en la propia capital. La mayoría va y viene diariamente del trabajo en un proceso cada vez más evidente de proyección del espacio metropolitano hacia el interior, tal como sucede en la mayor parte de las áreas metropolitanas españolas. El cambio ha sido radical: las personas nacidas en los pueblos ya no cambian de residencia si trabajan en la ciudad, sino que se convierten en commuters, un fenómeno típico de las ciudades anglosajonas, sobre todo de Estados Unidos y Gran Bretaña. La mejora de las infraestructuras viarias, pero también del transporte público, ha acelerado en gran manera este proceso en ciudades como Barcelona y Madrid, donde ya es algo habitual que una persona resida a 100 km de su puesto de trabajo

El coste de la vivienda hace que también sean los residentes metropolitanos los que, cada vez más, fijen su residencia lejos de la ciudad, donde la vivienda es teóricamente más asequible, lo cual contribuye a atenuar el desempleo y el declive demográfico de las poblaciones antiguamente fabriles situadas a menos de 100 km de distancia de Barcelona. Lo he reiterado en diversas ocasiones: el mundo actual es esencialmente urbano. El resto es mero paisaje que puede ser contemplado, o bien como un espacio lúdico y un parque natural para uso y disfrute de los urbanitas, o bien como una gran reserva de suelo para instalar macrogranjas, aerogeneradores y huertos solares.

Cuencas mineras: apogeo, crisis, declive y vaciado

La península ibérica fue conocida en la antigüedad por su riqueza minera. Hasta aquí llegaron los fenicios en el siglo IX a. C., atraídos por unas riquezas del subsuelo que los romanos explotaron durante siglos. Los cronistas Polibio, Plinio el Joven y Estrabón dejaron constancia escrita de ello, y el impresionante yacimiento arqueológico de las Médulas, en el Bierzo leonés, donde se extraía oro, es una prueba fehaciente de su gran importancia histórica, hasta el punto de que en 1996 fue declarado patrimonio mundial por la Unesco en la categoría de monumento natural. La minería española moderna tomó carta de naturaleza a partir de la promulgación de la Ley de minas de 1869, que fijó el régimen de concesiones por un tiempo determinado (e incluso a perpetuidad) mediante el pago de un canon al Estado, al igual que el resto de los recursos del suelo y del subsuelo.

La minería se desarrolló, lógicamente, en aquellos lugares donde existían yacimientos minerales susceptibles de ser extraídos, transportados y comercializados. Por toda la geografía peninsular se desplazaron, desde los años veinte hasta las últimas décadas del siglo pasado, los trenes mineros. Los hubo y todavía los hay en toda la cornisa cantábrica, desde Bilbao a Santander, Asturias y Galicia. Hoy ya no transportan minerales, pero un tren de lujo, el Transcantábrico, cruza por este paisaje siempre verde, que contrasta con los abigarrados ocres y sienas que dominan en una gran parte de la península ibérica.

Hasta los años ochenta funcionó el ferrocarril que iba desde Ojos Negros (Teruel) a Sagunto (Valencia), en un trayecto de 170 km que transportaba el mineral de hierro hasta los altos hornos saguntinos. Los altos hornos y las minas cerraron hace tiempo, a mediados de los años ochenta, tras dos años de durísimas movilizaciones obreras. De todo ello ya no queda nada, apenas algunos museos que recuerdan el pasado industrial y algunos intentos más o menos exitosos de crear productos de turismo industrial, que tienen un cariz más sociológico, antropológico y didáctico que estrictamente turístico. La vieja línea del tren minero es hoy una vía verde más, como otras tantas vías férreas españolas clausuradas que insuflan un poco de vida a las poblaciones situadas a lo largo de su recorrido.

Sagunto goza de una localización geográfica excepcional en el centro del corredor Mediterráneo y en el arranque del eje Valencia-Teruel-Zaragoza, lo cual favorece en gran manera su reconversión económica, y ahí está el proyecto de la nueva fábrica de baterías de coche. Ojos Negros, situado en un confín de las despobladas serranías turolenses, por el contrario, se reduce a un renglón más de la lista de antiguas poblaciones mineras que decaen irremisiblemente. Su situación geográfica dentro del triángulo delimitado por Molina de Aragón, Calamocha y Daroca, uno de los vacíos más extremos de España, no ayuda precisamente a su recuperación.

El gran auge minero español empezó en la segunda mitad del siglo XIX. En esa época, la minería murciano-almeriense conoció décadas de esplendor, pero todo acabó bruscamente cuando cayó en picado la demanda de plomo al finalizar la Primera Guerra Mundial (1914-1918). La crisis afectó a todas las poblaciones mineras de la región, pero sobre todo a Mazarrón y La Unión y, en menor medida, a la ciudad de Cartagena, que por aquel entonces había alcanzado los 100.000 habitantes. El impacto fue de tal calibre que La Unión perdió dos tercios de población, cayendo desde los 30.000 habitantes de 1900 a los 10.000 del año 1930, al igual que Mazarrón, que pasó de 23.000 a 13.000 habitantes en ese mismo lapso. La opulenta Cartagena, por cuyo puerto salía mineral, perdió un 5% de la población, unos 5.000 habitantes en este periodo, al pasar de los 102.542 habitantes de 1910 a los 96.891 del año 1920.

La primera gran crisis minera de España abocó a miles de trabajadores a la emigración, hasta el punto de que este episodio supone el arranque de las migraciones masivas interregionales en España, cambiando el signo de la tradicional emigración hacia Hispanoamérica. Hasta un millón de personas calcula Javier Silvestre (2002: 227) que se desplazaron de una provincia a otra hace exactamente cien años (de 1920 a 1930). La mayor parte de los mineros en paro encontró trabajo en las obras del metro de Madrid y Barcelona y, especialmente, en las faraónicas obras hidroeléctricas que las empresas Barcelona Traction (la famosa La Canadiense) y Energía Eléctrica de Cataluña llevaron a cabo simultáneamente en el Pirineo de Lleida a partir de 1914. En aquellos años hubo una autentica burbuja hidroeléctrica que al final estalló al igual que la burbuja ferroviaria durante el último tercio del siglo XIX.

Tanto Barcelona como Madrid superaron el millón de habitantes en los años treinta, cifra debida en gran parte a la inmigración, sobre todo en Cataluña, cuyas tasas de natalidad eran las más bajas de España. La emigración murciano-almeriense provocó un gran impacto en Barcelona y en toda Cataluña, sobre todo porque se trataba de una inmigración muy diferente a la tradicional, que hasta aquel momento procedía de las provincias limítrofes, mayormente de habla catalana. En aquellos años los apelativos xarnego o murciano se usaban indistintamente para designar a las personas recién llegadas de habla castellana. Llegados a este punto, es obligado mencionar el opúsculo de Josep Vandellós titulado Catalunya, poble decadent (1935), que refleja perfectamente la intención del autor: advertir sobre la baja natalidad de la población autóctona, lo cual incentivaba en gran manera la inmigración debido a la persistente falta de mano de obra.

Por su parte, la minería del carbón registró su época de máximo esplendor tras la Guerra Civil, durante las dos décadas de la durísima posguerra en las que el régimen franquista apostaba por una inoperante autarquía económica. De esta manera, la explotación de los recursos mineros nacionales se convirtió en una cuestión vital para un Régimen que mantenía a España aislada del mundo. La refinería de Puertollano es un ejemplo significativo en este sentido. En 1942, y debido a la existencia de pizarras bituminosas de las que se podían obtener aceites lubricantes y otros destilados, el INI, a través de la Empresa Nacional Calvo Sotelo de Combustibles Líquidos y Lubricantes (ENCASO), empezó a construir una planta de destilación en el núcleo minero de Puertollano (Ciudad Real). El proyecto inicial no cuajó por inviable, pero está en el origen del complejo petroleoquímico de Puertollano inaugurado en 1965. La refinería registró diversas mejoras y ampliaciones posteriores, entre ellas un nuevo abastecimiento por oleoducto desde Cartagena. En 1987 se constituyó el grupo Repsol, que fue privatizado en 1989 a través de una operación de Estado que tuvo una gran repercusión mediática. Repsol es hoy la empresa petrolera más importante de España.

Crónica de una extinción anunciada

Volvamos a la minería: durante los años cuarenta y cincuenta trabajaban directamente más de 100.000 personas en la minería del carbón, localizadas en su mayor parte en las cuencas asturleonesas, pero con importantes focos mineros en Puertollano, las cuencas mineras de Teruel y las explotaciones del Prepirineo catalán (Berguedà) y del curso bajo del Ebro (Mequinenza), entre otros focos. Hay que contar, además, con la explotación de otros recursos mineros, como el cobre y el zinc en Riotinto (Huelva), el cinabrio (mercurio) en Almadén (Ciudad Real) y las sales sódicas y potásicas en Navarra y, especialmente, en Cataluña, donde estas minas siguen funcionando. El Plan de Estabilización de 1959 acabó con la autarquía y abrió los mercados, y la minería española, especialmente la del carbón, inició su lento e inexorable declive, que ha llegado hasta el día de hoy, a través de una serie interminable de planes de reestructuración minera.

La crisis del carbón empezó pronto, en los años sesenta, a causa de la baja competitividad del mineral español, tanto por sus costes de extracción como por la deficiente estructura empresarial e incluso por su escasa calidad, sobre todo del lignito aragonés o catalán, con respecto a la hulla asturiana, y ya no digamos con respecto al carbón de importación. A mediados de esa década, la mayor parte de las empresas mineras trabajaba a pérdidas, hasta el punto de que en 1967 el INI creó la empresa pública Hulleras del Norte S.A., la archiconocida Hunosa, con el objetivo de rescatar las empresas y salvaguardar los puestos de trabajo, tanto en la mina propiamente dicha como en la industria y los servicios auxiliares. Desde un primer momento, Hunosa arrastró unas pérdidas cuantiosas, lo cual obligó a poner en marcha los planes de reestructuración minera que han llegado hasta el presente. El primero se promulgó en 1990 y el último fue el llamado Marco de actuación para la minería del carbón y las comarcas mineras en el periodo 2013-2018, cuya vigencia terminó el 31 de diciembre del 2018.

La reconversión industrial y minera empezó a ser también uno de los retos sociales y territoriales más acuciantes de la Unión Europea, junto con las políticas de desarrollo regional y las políticas agrícolas y de desarrollo rural vistas en los capítulos anteriores. Se trata, por supuesto, de problemas comunes que afectaban a casi todos los países europeos. Un reto parecido al que afronta actualmente la Unión Europea con respecto a la descarbonización y la apuesta por las energías renovables y la electrificación. Pero en aquellos días, sobre todo a partir de la entrada de España en la Unión Europea y, en mayor medida, en los años noventa, se pusieron en marcha los planes de reestructuración que han llegado hasta hoy

No lo vieron de la misma forma los sindicatos obreros, que entendieron que tras la supuesta neutralidad del sustantivo “reestructuración” se escondía el objetivo real de cerrar las empresas menos rentables y aumentar la productividad de las más viables reduciendo la mano de obra. La respuesta obrera fue la continua movilización en defensa de los puestos de trabajo. Hubo encierros en los pozos, marchas a pie hasta Madrid, toma de las instalaciones y durísimos enfrentamientos físicos con las fuerzas del orden. Se movilizaron también, y solidariamente, las comarcas afectadas, sobre todo porque veían que su base económica principal se iba a pique y, con ella, toda la industria auxiliar y el tejido empresarial vinculado, además del comercio y los servicios de todas las regiones y comarcas afectadas. No obstante, el proceso continuó de forma implacable e imparable, eliminando miles de puestos de trabajo y contribuyendo, más tarde o más temprano, a la decadencia imparable de las comarcas afectadas.

La producción de electricidad en las centrales térmicas aseguró durante un par de décadas la continuidad de las explotaciones carboníferas, pero a expensas de un severo impacto ambiental. Este fue el caso, entre otros, de las centrales térmicas de Cercs, en el Prepirineo catalán (Berguedà), y de Andorra, en Teruel, cuya contaminación destruía literalmente los bosques y los cultivos situados incluso a 100 km de distancia de la central térmica. Estas centrales quemaban lignito, mineral que contiene un alto porcentaje de azufre que incrementa en gran manera la contaminación atmosférica y la lluvia ácida. Se tomaron medidas correctoras, como mezclar el lignito local con hullas de importación, instalar filtros más eficientes y proyectar mejoras estructurales. Es el caso de la imponente chimenea de 400 m de altura de la central térmica de Andorra (Teruel), construida para facilitar la dispersión de los contaminantes y que hoy día sigue siendo el edificio más alto de España, a la espera de su proyectada demolición.

El problema principal del empleo minero directo se resolvió negociando con los sindicatos indemnizaciones por despido y jubilaciones anticipadas (55 años en el caso de los trabajadores del interior de la mina), mientras que, paralelamente, fueron creados distintos programas de reconversión de las cuencas afectadas. De esta manera, se pasó de las cerca de 250 empresas mineras y 50.000 empleos de los años noventa, a unas 15 empresas y 3.200 empleos directos del año 2012, para llegar a los 1.677 empleos que todavía dependían de Hunosa en 2017. Según el último Acuerdo marco para una transición justa de la minería del carbón y desarrollo sostenible de las comarcas mineras para el periodo 2019-2027, unos 1.056 empleados dependían de Hunosa y 621 de otras empresas mineras privadas, subsistiendo 320 empleos en Castilla y León (en Villablino y Palencia) y 89 puestos de trabajo en las cuencas aragonesas, entre algunos otros de menor cuantía.

Además de los problemas de rentabilidad económica, la crisis del carbón deriva del progresivo cuestionamiento del uso de los combustibles fósiles, responsables en gran parte del calentamiento global y el cambio climático (metano y dióxido de carbono o CO2). A partir de la aprobación de los protocolos de Kioto (1997) sobre limitación del uso de los combustibles fósiles, la minería del carbón quedo sentenciada —a no ser que los vaivenes de una volátil coyuntura internacional la puedan devolver episódicamente a la vida—. Posteriormente se firmó el Acuerdo de París sobre el cambio climático (en 2016, ratificado en 2020). Fue suscrito por 196 países en la vigésimo primera sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21). El acuerdo fijó como objetivos prioritarios evitar que a mediados de siglo XXI el incremento de la temperatura media global del planeta supere los 2 °C, con respecto a los niveles medios de la época preindustrial, y a situar los aumentos por debajo de 1,5 °C. No obstante, voces acreditadas indican que en las circunstancias presentes, y teniendo en cuenta que algunos de los países más contaminantes no han suscrito el acuerdo, resulta prácticamente imposible conseguir ambos objetivos.

Paisajes tras la batalla

La crisis fue —y es— total en las comarcas mineras. Los fondos MINER creados por la Unión Europea en 1998 debían contribuir a impulsar la reconversión económica de las cuencas. El programa regó, y sigue regando, con miles de millones de euros (se estima que unos 25.000 millones) las cuencas mineras europeas. La última convocatoria de los fondos MINER está dotada con 27 millones de euros y fue aprobada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en 2021. Se pueden acoger a la misma los municipios y zonas afectadas por la restructuración del carbón de Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha y Castilla León. Las iniciativas empresariales destinadas a la creación de empleo que se acojan al programa MINER pueden recibir a fondo perdido entre el 10 y el 35% de su inversión.

Se incentivó la diversificación de las actividades productivas y la creación de empresas alternativas mediante sustanciosas subvenciones a fondo perdido, se construyeron o se rehabilitaron todo tipo de edificios para albergar viveros de empresas, institutos de desarrollo local, implementar museos o proyectos culturales y crear infraestructura turística. No obstante, pasadas casi tres décadas, una parte sustantiva de las cuencas mineras sigue languideciendo (de Asturias a León y de Teruel a Ciudad Real). Muchos de los nuevos proyectos empresariales acaban fracasando por motivos diversos y cierran al terminar el periodo legal de funcionamiento, que por lo general es de cinco años; por su parte, los proyectos culturales y turísticos no terminan de cuajar en unas comarcas que casi siempre carecen de tradición y vocación turística.

En el caso de los proyectos culturales o turísticos alternativos, conseguir financiación para construir y equipar un museo o un centro de interpretación de la vida minera, por ejemplo, resulta relativamente fácil vistas las líneas de financiación existentes (europeas, autonómicas e incluso de las diputaciones provinciales). Lo que ya no resulta tan fácil es que los proyectos tengan éxito, continuidad y sean sostenibles o viables económicamente a medio y a largo plazo. Lo cual significa poder cubrir mínimamente los costes de personal y de funcionamiento (nóminas, energía, agua, limpieza) sin depender de las aportaciones a fondo perdido de la Administración o las Administraciones responsables de unos equipamientos que pocas veces responden a las expectativas creadas.

España está llena de costosos equipamientos de este tipo que han debido cerrar, tanto por falta de público como por sus elevados costes de funcionamiento. Muchos de los llamados centros de interpretación, de la vida minera o de la vida rural, se basan en técnicas inmersivas e innovadoras y efectos audiovisuales que requieren de un costoso aparato tecnológico de difícil manejo y reparaciones costosas en el caso de avería, cosa que sucede a menudo por la obsesión de estar a la última en efectos inmersivos (el metaverso). La mayor parte de los audiovisuales tienen una vida útil muy corta porque sus contenidos quedan obsoletos y descontextualizados en muy poco tiempo.

En cambio, sobre el papel es mucho más plausible la reconversión de las comarcas que en tiempos contaron con grandes empresas siderúrgicas o navales que la de las comarcas mineras. Las industrias pesadas suelen estar localizadas cerca del litoral y de entornos urbanos que gozan de buenas infraestructuras técnicas, de manera que su reconversión es mucho más viable que la de una comarca minera de la montaña leonesa, asturiana o turolense. Es el caso, por ejemplo, de la exitosa recuperación de las rías de Bilbao y de Vigo o el caso ya citado de Sagunto, entre otros ejemplos de éxito.

Las cuencas mineras, por el contrario, se sitúan habitualmente en contextos montañosos, con déficits de accesibilidad y casi siempre alejados de los centros más dinámicos del país. Pero el declive no se circunscribe solamente a las cuencas asturleonesas o turolenses, sino que afecta también a otros yacimientos, como las históricas minas de mercurio de Almadén. Los viejos textos escolares decían que eran las minas más antiguas del mundo, siendo anteriores a la dominación romana, y en los manuales de geografía económica se subrayaba que España era el primer productor del mundo de mercurio del mundo gracias a los ricos yacimientos de cinabrio de Almadén, una pregunta habitual de los exámenes de geografía del franquismo. Las minas cerraron definitivamente el año 2003, a causa del bajo precio del mercurio debido a sus restricciones de uso a causa de su toxicidad. En 2012, el complejo minero fue declarado patrimonio mundial de la Unesco con la denominación “Patrimonio del mercurio (Almadén e Idria)”. Actualmente es un museo industrial más, el Parque Minero de Almadén, como otras tantas instalaciones y equipamientos similares. A pesar del museo, y como en otros tantos casos parecidos, Almadén y su entorno decaen irremisiblemente: la población superó los 13.000 habitantes en 1960, para descender hasta los poco más de 7.000 habitantes del año 2000 y decaer hasta los exiguos 5.000 habitantes de 2021.

Es obligatorio mencionar también el caso de Puertollano, en Ciudad Real. Durante la época de apogeo de la minería, en los años sesenta, la población de la ciudad superó los 50.000 habitantes en 1970, pero desde aquel entonces entró en un largo periodo de estancamiento, declive y atonía reflejado por la paulatina disminución de la población (en el año 2021 tenía 46.031 habitantes, 4.000 menos que en 1970, según datos del INE). La llegada de la alta velocidad en 1992 y la implantación de nuevas empresas relacionadas con las fabricación y montaje de placas solares no ha logrado suplir la importancia que tuvo en su tiempo la minería. El declive de Puertollano, con todo, no tiene comparación con el de otras ciudades y cabeceras comarcales del interior peninsular; la ciudad sigue ejerciendo el papel de capital y centro de servicios del suroeste de la provincia de Ciudad Real y el norte de la de Córdoba, hasta la comarca de los Pedroches.

En definitiva, la decadencia parece irreversible en las comarcas de Langreo o de Mieres; en las cuencas leonesas y palentinas (desde el Bierzo a Riaño y Barruelo de Santullán); en los núcleos mineros de Teruel (Utrillas, Andorra y Montalbán), y en la cuenca minera del Alto Berguedà, sin olvidar la comarca de Almadén e incluso Puertollano. Comarcas interiores que languidecen irremisiblemente cuando hace apenas medio siglo hervían de vida. Territorios montañosos, periféricos y mal comunicados con los entornos más dinámicos del país, por lo que resulta difícil que surjan nuevas alternativas de desarrollo, a pesar de los fondos nacionales o europeos. El resultado final ha sido un incremento exponencial del desempleo (sobre todo del paro juvenil) y un proceso galopante de despoblación de todas las cuencas mineras sin excepción.

A pesar de esa historia de un declive generalizado y anunciado, que ha tenido y tiene un impacto brutal sobre un gran número de comarcas interiores, ya de por si despobladas (como las comarcas mineras leonesas o turolenses), según Ramon Tamames (2022: 43):

Toda la minería española está sometida a revisión, sobre todo por las nuevas demandas de las industrias electrónicas relacionadas con el cambio tecnológico, la economía digital y el desarrollo de la inteligencia artificial. Es el caso del coltán, para los teléfonos inteligentes, de las tierras raras para dispositivos altamente sofisticados, del litio, a efectos de almacenar electricidad, o el cobre para un gran número de aplicaciones.

Colominas vacías, castilletes medio derruidos o carcomidos por la herrumbre, escombreras que la naturaleza no ha podido ocultar.

Una mirada al declive minero: de Cercs (Berguedà)
a Urbiés (Mieres)

Nada mejor que ilustrar con ejemplos conocidos los mencionados procesos de declive. En estos apartados explico brevemente dos casos: en primer lugar, las consecuencias del cierre de las minas de lignito de la cuenca del Berguedà a través de Cercs, antigua población minera situada al norte de la provincia de Barcelona, a unos 110 km de la capital; y, a continuación, el declive de una cuenca minera tan importante como la del Caudal, en Asturias, a través de la decadencia de la pedanía y parroquia de Urbiés, un viejo núcleo minero del concejo de Mieres, situado a unos 17 km de la cabecera municipal. Son dos casos distintos, tanto por su respectivo contexto territorial como por sus expectativas de futuro. Además del cierre minero, el único punto de unión entre ambos territorios es su situación geográfica en un contexto de media y alta montaña en proceso de despoblación.

Empecemos con una breve presentación del Berguedà, una comarca pirenaica de cerca de 1.200 km2 de extensión, poblada por 40.000 habitantes (el 42% residentes en la cabecera comarcal) y una densidad de población de 33 hab./km2. El territorio presenta dos zonas diferenciadas: el Alto Berguedà, donde se localizaban las minas, un territorio de alta montaña, extenso, abrupto y muy poco poblado (6 municipios tienen menos de 100 habitantes), con las poblaciones mayores situadas en el fondo del valle, todas con tradición minera e industrial; y el Bajo Berguedà, menos extenso, pero que concentra las tres cuartas partes de la población comarcal, caracterizado por su tradición textil (en esta parte baja de la comarca trabajaron a pleno rendimiento hasta 16 colonias industriales). La minería dio vida a las poblaciones más importante del Alto Berguedà, pero todas ellas, excepto Bagà, que se mantiene algo por encima de los 2.000 habitantes, han perdido más de las dos terceras partes de su población desde el máximo de los años sesenta. Cercs se lleva la palma, puesto que tenía más de 4.000 habitantes en esa década y hoy tiene poco más de 1.000 (una disminución del 70%). Esta es la evolución 1960-2021 del resto de los pueblos mineros cercanos: La Pobla de Lillet pierde las dos terceras partes de su población (pasa de 2.732 a 1.063 habitantes); Guardiola de Berguedà pierde algo más de la mitad (de 1.936 a 929 habitantes), y Saldes, donde funcionó la última mina a cielo abierto, baja de los 1.064 a los 283 habitantes.

A pesar del cierre de las minas (y de la caída total de la industria textil en toda la comarca), el declive demográfico del Berguedà no ha sido, ni es, tan brusco como el de las cuencas mineras leonesas o palentinas, puesto que se beneficia de su relativa proximidad a la región metropolitana de Barcelona (3,5 millones de habitantes en una provincia que supera los 5,5 millones). En Cataluña se dice que el urbanita medio se disemina por toda Cataluña cuando llega el fin de semana, llenándolo todo a rebosar, hasta el punto de que resulta difícil encontrar sitio en cualquier restaurante de montaña, sin esperar al segundo o el tercer turno de comidas. Y mucho más tras la pandemia, que ha incentivado en gran manera el turismo de proximidad que los expertos llaman excursionismo, puesto que se limita a salidas de un día sin incluir pernoctación.

En la Cataluña interior se mira con una cierta displicencia a los urbanitas, siendo de uso común términos como pixapins (literalmente, ‘meapinos’) y otras lindezas por el estilo. No obstante, comarcas de montaña como el Berguedà viven en gran parte del turismo de proximidad. En otoño, por ejemplo, la montaña catalana se llena de urbanitas recolectores de setas, hasta el punto de que el Berguedà, la comarca catalana más acreditada entre estos aficionados, tiene en esta actividad otoñal uno de sus principales recursos turísticos.

Por lo que se refiere a las cuencas mineras asturianas, Urbiés se emplaza en la cabecera del valle del río Turón, un afluente del Caudal y este, a su vez, lo es del Nalón, el gran río asturiano. Podríamos decir que es una localidad situada en el mismo centro geográfico de las cuencas mineras asturianas, por lo que se trata de un caso bien representativo. Estuve por última vez en Urbiés a finales del verano del año 2021, cuando la pandemia daba claros síntomas de remitir gracias al éxito de las campañas de vacunación. Como siempre, pasé unos días allí, invitado por una vieja amiga asturiana de nacimiento, pero barcelonesa de adopción.

El pueblo se emplaza a 540 m de altitud, en una ubicación perfectamente orientada hacia poniente, lo cual es de agradecer en un clima tan húmedo y lluvioso como el asturiano. El núcleo urbano ocupa la mitad de la ladera que cierra el valle por la parte de levante. Es un pueblo empinado, configurado por una agrupación irregular de casas aisladas, en general pequeñas (muchas con hórreo), y cuenta con varias colominas o bloques de pisos donde residían antiguamente los mineros, hoy casi todas vacías. Preside el pueblo la iglesia parroquial y muy cerca se hallan la vieja escuela (cerrada y convertida en casa de colonias) y un enorme local que hoy es un restaurante, pero que en los tiempos de esplendor del pueblo debió ser sala de cine, salón de baile y centro social. Apenas hay comercio en el pueblo, de manera que la gente debe bajar a Turón o bien a Mieres para casi todo.

En Urbiés nos instalamos en la pequeña casa familiar de mi amiga (en realidad media casa, porque la otra mitad fue vendida tiempo ha para cubrir alguna necesidad urgente), completamente remodelada y puesta al día: cocina, baño, puertas y ventanas, todo nuevo. La casa se ubica en lo más alto del pueblo y linda con el monte y las laderas del cordal que separa el valle del Turón de la cuenca del Nalón. Goza de unas vistas espléndidas, por lo que resulta gratificante sentarse a media tarde debajo del hórreo a contemplar el valle con el fondo de la peña Aramu, flanqueada al norte y al sur por los míticos puertos del Angliru y la Cobertoria, lugar de peregrinaje de los ciclistas de toda España y de media Europa.

Subiendo a la cuenca minera del Alto Berguedà

Las cuencas mineras del Alto Llobregat se extienden por las comarcas del Bages y el Berguedà, un territorio interior situado en el traspaís de Barcelona, no muy lejos de Manresa (80.000 habitantes), con centro en Berga, la cabecera comarcal, situada al pie de los Pirineos. En su tiempo la empresa minera más importante de la cuenca fue Carbones de Berga S.A., creada en 1911 y cerrada en 1991 tras 80 años de funcionamiento. En el momento de máximo esplendor, durante la posguerra y hasta los años sesenta, daba trabajo directo a 5.000 mineros. Como en otros tantos casos, las sucesivas reestructuraciones provocaron el paulatino descenso de las extracciones de lignito, tanto en galería como a cielo abierto.

El mineral extraído abasteció la central térmica de Cercs hasta el año 2005. La última mina a cielo abierto cerró en el 2006. La térmica cerró definitivamente el año 2011 al agotar las 20.000 horas de funcionamiento fijadas en el Plan Nacional de Reducción de Emisiones 2000-2015. En sus últimos tiempos de vida quemó exclusivamente carbón surafricano, que llegaba por carretera desde el puerto de Barcelona. Algo más al sur, en la vecina comarca del Bages, sigue todavía activa la extracción de sales potásicas en la extensa cuenca salina delimitada por las poblaciones de Sallent, Balsareny, Súria y Cardona. La potasa es explotada por la multinacional Iberpotash (ICL Iberia), a costa del altísimo impacto ambiental provocado por las escombreras de los residuos salinos. La extracción del mineral del subsuelo se hace mediante un proceso automatizado casi por completo. Esta es la única explotación minera que sigue activa en Cataluña.

En el Berguedà la crisis minera coincidió en el tiempo con la del sector textil, la otra gran industria comarcal que, como he explicado anteriormente, provocó el cierre de casi todas las fábricas y colonias industriales de la comarca. En los años sesenta, tiempos de máximo esplendor de la minería y el textil, el Berguedà rozó los 50.000 habitantes (47.923 habitantes en 1960); actualmente, ya hemos visto que solo tiene 40.000. Como toda cuenca minera que se precie, la de Berga tiene un largo historial de luchas y reivindicaciones obreras y un trágico balance en lo que se refiere a muertes por explosiones de grisú o derrumbes. Una explosión en la mina de Espà (en Saldes) provocó 36 muertos en abril 1843, siendo una de las mayores tragedias de la minería española; y otra explosión de grisú el 3 de noviembre de 1975 provocó 32 muertes, lo cual dio pie a uno de los movimientos de solidaridad obrera más impresionantes del tardofranquismo.

Al igual que Asturias, la cuenca minera del Berguedà tiene su propio episodio revolucionario, además de un sinfín de huelgas y movilizaciones obreras. La revolución estalló en enero de 1932, solamente nueve meses después de la proclamación de la República el 14 de abril del 1931. Fue instigada y dirigida por Francisco Ascaso (1901-1936) y Buenaventura Durruti (1896-1936), dirigentes de la Federación Anarquista Ibérica (FAI), la rama revolucionaria de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). Ascaso, aragonés de nacimiento, fue detenido y deportado a raíz de revolución del Alto Llobregat, y cayó abatido por un tiro el 20 de julio de 1936 mientras dirigía el asalto al cuartel de las Atarazanas de Barcelona. Durruti, leonés, fue uno de los dirigentes anarquistas más conocidos: en julio de 1936, tras el golpe militar y después de organizar las milicias antifascistas en Cataluña, acudió con su columna de milicianos a la defensa de Madrid, donde murió de un disparo en circunstancias poco aclaradas mientras reconocía el frente de la Ciudad Universitaria.

A principios de 1932 la República tenía solamente unos pocos meses de vida, pero la agitación obrera iba in crescendo por toda la cuenca minera del Alto Llobregat. La huelga general revolucionaria estalló el 18 de enero, al mismo tiempo que era proclamado el comunismo libertario. Durante cinco días (del 18 al 23 de enero) los huelguistas extendieron la revolución por toda la cuenca del Alto Llobregat. Ocuparon, además, las cercanas minas de potasa del Bages y los pueblos aledaños (Sallent, Balsareny, Cardona y Súria). Los mineros resistieron durante cinco días el asedio de la Guardia de Asalto, pero una vez sofocada la revolución la represión se cernió sobre toda la comarca, con numerosas detenciones y encarcelamientos, entre ellos Ascaso, que fue deportado.

Hoy, tras el declive minero e industrial, la comarca del Berguedà se ha convertido en una especie de lugar de memoria de lo que en tiempos fue la pujante industria catalana. El rosario de colonias industriales situadas a lo largo del río Llobregat hace tiempo que echaron el cierre. No queda ninguna que esté activa desde el punto de vista fabril. Las bulliciosas naves que en tiempos alojaron los telares hoy solo sirven de almacén en el mejor de los casos; las viviendas obreras o bien fueron adquiridas por los antiguos trabajadores, o han sido clausuradas en espera de su demolición. Como en otros tantos antiguos centros industriales, las instalaciones más emblemáticas han sido convertidas en museos. Es el caso de la llamada Torre del Amo, en la colonia de Viladomiu Nou (Gironella), o de la conversión en museo de la colonia Vidal (Puig-reig), donde incluso se recrea la antigua vida en ella.

En cuanto a la minería, tras el cierre de las minas y gracias a los fondos MINER se creó un vivero de empresas en las instalaciones de la central térmica de Cercs. Languideció, sin que apenas tuviera incidencia en la dinamización y el desarrollo comarcal. La decrépita central térmica se localiza en lo más profundo del angosto valle del Alto Llobregat, un lugar donde apenas entra el sol, sobre todo en noviembre, con lo cual se convierte en un escenario ideal para rodar películas de terror. En otoño de 2018, unos avispados jóvenes emprendedores aprovecharon las fantasmagóricas instalaciones de la central térmica para crear Horrorland Park, un remedo de parque temático que tuvo una grandísima aceptación, gracias al auge del fenómeno Halloween en Cataluña y en toda España. A pesar de su éxito inicial, tuvo que cerrar por razones de seguridad.

En la parte alta del municipio de Cercs (a 1200 m) se localiza la antigua colonia minera de Sant Corneli, hoy reconvertida en museo y centro de interpretación de la minería del carbón. La colonia fue construida al principio del siglo XX a expensas de José Enrique de Olano (1858-1934), propietario de la empresa Carbones de Berga, que en 1909 obtuvo del rey Alfonso XIII la concesión del título de conde de Fígols. Sus instalaciones tienen todos los atributos de una colonia industrial clásica: residencia de los obreros (en pisos de dos y tres habitaciones), cantina, economato, dispensario y escuela (la femenina regentada por monjas). En 1950 residían en la misma 1.106 personas; hoy no llegan a 100.

Carbones de Berga cesó su actividad en 1991 y cedió sus instalaciones al municipio de Cercs. Toda la colonia minera es hoy un espacio museizado. Su buque insignia es el Museu de les Mines de Cercs, que relata la historia de la minería del carbón y las condiciones de vida de los mineros (proyecta un emotivo audiovisual que explica la explosión y el derrumbe de la mina de la Consolación, que provocó 32 muertes). Su mayor atracción es un recorrido en vagoneta que se interna 500 m dentro de una mina real de varios kilómetros de longitud. Lo visitan habitualmente los escolares y numerosos grupos de la tercera edad, que suelen rematar la visita con una opípara comida minera y una sesión de baile en el viejo café o local social de la colonia, llamado significativamente Santa Bárbara. En lo alto de la sierra, en Fumanya, las últimas explotaciones mineras a cielo abierto dejaron al descubierto una inmensa losa calcáreo-margosa de 200 m de longitud y una inclinación de 60° a modo de pantalla en la que hay impresas centenares de huellas y rastros de pisadas de dinosaurios. Debido a su espectacularidad y a su gran valor paleontológico, el consorcio Ruta Minera, responsable del museo de Cercs, impulsó la construcción de un centro de interpretación que se inauguró en julio de 2017. No obstante, la erosión hace mella en el yacimiento a pesar de los esfuerzos realizados para protegerlo.

Desplomes sociodemográficos: Urbiés y el valle del Turón, en Mieres

Existen muchas diferencias entre la cuenca minera del Alto Berguedà y la cuenca asturiana del río Turón, afluente del Caudal, pero también muchas semejanzas. La primera de ellas es la presencia abrumadora de la montaña. El alto valle del Llobregat se resuelve en un largo cañón flanqueado a derecha e izquierda por cumbres que superan largamente los 2.000 m. Las minas se ubican en los valles secundarios a gran altitud, las más importantes en Saldes, al pie del Pedraforca (2.506 m), una de las cumbres más emblemáticas de Cataluña por su atrevida silueta en forma de yugo gigantesco. Si se sale de la arteria principal, la carretera C-16 (eje europeo E-09) que comunica con la Cerdaña y Francia a través del túnel del Cadí, las carreteras que remontan los valles secundarios se resuelven en una serie interminable de curvas y contracurvas que hacen las delicias de los moteros.

Por su parte, el pueblo de Urbiés pertenece al concejo de Mieres y se localiza en la cabecera del valle del río Turón, afluente del Caudal. El valle del Caudal constituye, a su vez, la vía principal de acceso a la Meseta desde Asturias, a través del mítico e histórico puerto de Pajares y de la línea férrea de Oviedo a León. La autopista AP-66 (Campomanes-León) constituye desde los años setenta el cordón umbilical que une Asturias con el resto del país.

El desplome demográfico de la cuenca del caudal y de Mieres ha sido abrumador. En los años sesenta el concejo de Mieres pasaba de los 70.000 habitantes; hoy no llega a los 40.000 (37.206 habitantes en 2021), cifra inferior a la población que tenía cien años atrás, en el año 1920. El derrumbe demográfico empezó en los años setenta y hoy no se atisba casi ningún síntoma de recuperación, a pesar de los esfuerzos realizados en materia de fomento del empleo industrial a través de los fondos MINER y de otros proyectos de desarrollo local, nacionales y regionales. El desplome afecta en mayor medida a la parte rural del concejo, como el valle del Turón, puesto que las personas mayores, si pueden permitírselo, prefieren residir en Mieres, la cabecera municipal, donde tienen a mano todos los servicios.

En todo el valle del Turón residen actualmente unas 4.000 personas (más de 10.000 en los tiempos de esplendor de la minería), la mayor parte en el núcleo urbano de Turón, la parroquia y la pedanía más importante del valle, situada a unos 10 km al este de Mieres. El pueblo de Turón ha perdido algo más de una tercera parte de sus habitantes en las dos décadas que llevamos del siglo XXI, al pasar de los 5.204 habitantes del año 2000 a los 3.436 de 2021. Un declive estremecedor, que de ninguna manera puede ser compensado por nuevas actividades como el turismo industrial, el turismo rural o una actividad como el cicloturismo, a pesar de su auge y creciente importancia en Asturias.

Por su parte, Urbiés es una típica parroquia asturiana que actualmente tiene 275 habitantes; la mitad de ellos reside en el núcleo urbano principal y el resto en los numerosos caseríos diseminados, en su mayor parte reducidos a unas pocas casas, que salpican las laderas del fondo del valle. La localidad se encuentra a 17 km de la cabecera del concejo y se accede a ella siguiendo la carretera AS-337, que remonta el valle hasta su cabecera para conectar después con la vertiente del Nalón, la otra gran cuenca minera asturiana, con las conocidas poblaciones de Sama-Langreo, San Martín del Rey Aurelio y El Entrego, donde se halla el Museo de la Minería y de la Industria de Asturias.

Los poco más de 17 km que separan el núcleo urbano de Mieres de la parroquia de Urbiés son un compendio de la historia de la minería asturiana, al mismo tiempo que un ejemplo perfecto de la otra España vacía, la que hoy permanece casi oculta pero que estuvo llena de vida hasta hace muy poco tiempo. La carretera (AS-337) parte de la autopista A-66, un par de kilómetros aguas arriba del centro histórico de Mieres. El paisaje, siempre verdeante, se resuelve en un rosario de caseríos diseminados y de pueblos, con sus omnipresentes colominas y los imponentes castilletes que señalan las antiguas bocas de mina, en este caso situadas en el fondo del valle. Todavía quedan rastros de las antiguas escombreras de carbón.

Primero se cruza el poblado minero de Bustiello, con sus viviendas unifamiliares pareadas que disponen de un pequeño huerto, equipamiento que tampoco faltaba en las colonias industriales catalanas, pensando, quizás, que mientras el obrero se entretuviera cultivando patatas o berzas no se dedicaría a leer panfletos marxistas y a preparar la revolución. Al llegar a Cortina destaca en el paisaje el imponente castillete del pozo Figaredo, una de las minas más emblemáticas de Mieres y de toda Asturias por su largo historial de lucha en defensa de los puestos de trabajo, especialmente por las grandes movilizaciones obreras de la época de la Transición.

Estas comenzaron en enero de 1978, duraron un año y medio y terminaron implicando a todas las cuencas mineras asturianas. En aquellos días, la mina de Figaredo empleaba directamente a unas 1.600 personas, pero funcionaba a pérdidas, según la empresa, motivo por el cual solicitó un expediente de regulación de empleo que afectaba a toda la plantilla. No se trataba de una situación anormal, puesto que las pérdidas económicas en los años inmediatamente posteriores a la primera crisis del petróleo afectaban a casi toda la minería asturiana y española. Hasta aquel momento casi todas las empresas en pérdidas habían sido adquiridas por Hunosa, la empresa estatal creada en 1967 por el INI a este efecto. En los años setenta y en los primeros ochenta Hunosa llegó a tener en nómina a unos 30.000 trabajadores.

Las movilizaciones obreras comenzaron nada más conocerse la presentación del expediente de regulación de empleo, que conllevaba el cierre de la mina de Figaredo. Enseguida empezaron los paros, los encierros, las marchas, las manifestaciones y los actos de solidaridad en toda Asturias, pero no se llegó a ningún acuerdo con la empresa. A principios de 1978 el país estaba más pendiente de consolidar la recién estrenada democracia y del redactado de la Constitución que de un oscuro conflicto laboral en un remoto valle asturiano. Ante la situación de bloqueo, unos 300 mineros iniciaron una marcha hacia Madrid, presentándose ante el Congreso de los Diputados el 11 de marzo, siendo recibidos por algunos diputados socialistas y comunistas. La acción tuvo mucha repercusión en la prensa, pero no obtuvo ningún resultado plausible. Además de los medios asturianos, la acción fue ampliamente recogida por El País, La Vanguardia y las revistas Interviú y La Calle.

Pocos días después, el 27 de marzo, una veintena de trabajadores tomaron el emblemático chalet de la familia Figaredo, y al día siguiente boicotearon la Vuelta Ciclista a España. Las movilizaciones culminaron el 6 de abril con una gran manifestación en Mieres en solidaridad con los obreros de Figaredo, a la que asistieron unas 40.000 personas. El conflicto acabó con la vuelta al tajo. La mina siguió funcionando durante los años ochenta, iniciando un nuevo declive que terminó con su integración a Hunosa en el año 1997. Cerró definitivamente en 2007, diez años después, siendo una de las pocas hulleras asturianas que funcionaron hasta el siglo XXI. De todo ello solo quedan hoy los vestigios de un paisaje minero que ya es pasado. A Urbiés, en la cabecera del valle del Turón, ya no le queda casi nada. Solamente pasado y silencio.

Capítulo 10

Auges y declives del espacio rural:
hacia un cambio de paradigma

En los chopos lejanos del camino,

parecen humear las yertas ramas

como un glauco vapor las nuevas hojas

y en las quiebras de valles y barrancas

blanquean los zarzales florecidos,

y brotan las violetas perfumadas.

Antonio Machado, “Campos de Soria”,
Campos de Castilla (1912)

Este ensayo versa sobre lo que comúnmente llamamos España vacía, un calificativo meramente descriptivo que por diversas razones mutó en el participio España vaciada, expresión mucho más contundente que alude implícitamente a la existencia de unos oscuros intereses políticos o económicos que, por activa (necesidades de mano de obra) o por pasiva (suelo libre de servidumbres), estarían interesados en fomentar el vaciado rural. No creo en las teorías de la conspiración, tan en boga en tiempos tan inciertos como los actuales. Los movimientos surgidos a rebufo del éxito de la citada expresión España vaciada no deberían convertirse en una manifestación más del victimismo que en la última década se ha convertido en el banderín de enganche de cualquier movimiento social y de toda reivindicación política irredenta que se precie, y no solamente en España. La cosa trasciende fronteras. Vivimos un tiempo en el que los colectivos que se sienten agraviados o discriminados surgen por doquier y ante cualquier circunstancia. Mal vamos si pensamos que nuestros problemas se deben a que algo o alguien conspira contra nosotros, nos roba o nos trata injustamente, sea España, Cataluña, el País Vasco e incluso la Unión Europea nos roba, según el populismo más recalcitrante. Hay quien dice que la izquierda ha perdido de vista la lucha por unos objetivos globales, que incumben a toda la sociedad, para centrarse en la defensa de los derechos individuales, lo cual contradice su propia tradición histórica.

No creo en las teorías de la conspiración, y mucho menos en la existencia de un contubernio histórico contra el mundo rural cuyo objetivo principal sería suministrar mano de obra barata a las industrias vascas y catalanas, a la minería asturiana e incluso al ejército, la policía o la guardia civil y a la burocracia estatal radicada en Madrid y las capitales de provincia. Mas bien creo lo contrario: el esfuerzo público que históricamente se ha hecho y que todavía se hace para sostener el campo español ha sido y es enorme. Empieza a finales del siglo XVIII, con el Informe sobre la Ley agraria de Jovellanos, que pensaba que la solución llegaría por sí sola con las desamortizaciones, que conllevarían un gran aumento de la superficie cultivada y posibilitarían la creación de un campesinado relativamente acomodado y de buen pasar. Nada más lejos de la realidad. La mayor parte de las tierras que se desamortizaron en el siglo siguiente acabaron en manos de aristócratas y terratenientes que las dejaron incultas o las dedicaron a cotos de caza, apropiándose incluso de las tierras comunales. A finales del siglo XIX llegaron los regeneracionistas, auténticos apóstoles del regadío. Y a principios del siglo XX se redactaron los fabulosos planes hidráulicos que el franquismo hizo suyos. En España hay cuatro millones de hectáreas de regadíos, una quinta parte de la superficie agraria útil, que se amplía de año en año. Cifra que, a Joaquín Costa, el principal apóstol del regadío, le hubiera parecido imposible de conseguir. Se inundó literalmente el país con centenares de pantanos, miles de kilómetros de canales, centenares de pueblos de colonización y un sinnúmero de propuestas de concentración parcelaria que, en gran parte, fueron rechazadas por los propios paisanos.

Y como traca final llegó la guinda de la Política Agrícola Común (PAC) y los planes de desarrollo rural de la Unión Europea, que tienen más de treinta años de vigencia y se han llevado la parte del león de los fondos europeos. No han faltado inversiones, pero es muy difícil cambiar el sentido de las cosas e invertir unos procesos que como el éxodo rural tienen una dimensión universal. No es por este camino por donde hay que buscar explicaciones al éxodo rural español de los años sesenta y setenta del pasado siglo, y al nuevo e imparable declive de la España interior provocado por la crisis global iniciada el año 2008 y que llega hasta la actualidad. Un declive que se cierne, mucho más que en otras partes, sobre un gran número de pequeñas y medianas ciudades españolas y una porción nada desdeñable del espacio ibérico. Y sobre todos esos procesos van las reflexiones finales del libro.

Procesos socioespaciales y declive rural:
la eterna búsqueda de una vida mejor

Existen muchas Españas vacías o vaciadas (no tengo reparos en emplear cualquiera de estos dos términos en la medida que todo el mundo los entiende). Algunas de ellas están prácticamente vacías y apenas logran mantener algunas constantes vitales. Su extinción es irreversible, dicen los demógrafos, dado que ya no nacen niños y la poca gente que queda es mayor. Otras viven inmersas en su propio proceso de declive, que puede durar décadas gracias a los servicios públicos y a la respiración asistida de los fondos de desarrollo regional y local; luego alguien proveerá, el futuro es imprevisible, dicen. O dicho de manera más castiza: el que venga detrás, que arree. Existen, finalmente, otras Españas que ni se han dado cuenta de que están inmersas en un proceso de declive. Sus fuerzas vivas hacen como los popes de Constantinopla, que discutían sobre el sexo de los ángeles con el enemigo a las puertas de la ciudad.

De todo ello se ha hablado en este libro, con mayor o menor fortuna: de las causas del declive o vaciado rural, de sus consecuencias, de la mayor o menor resistencia al cambio y del engarce del caso español con unos fenómenos socioeconómicos y territoriales que tienen una dimensión global. Es por ello por lo que es preciso establecer un marco de referencia. El punto de partida de esta recapitulación es la coincidencia en el tiempo de diversos procesos sociales y territoriales englobados bajo los conceptos reto demográfico y reto territorial, que repercuten en gran manera sobre los espacios rurales, que nunca deben entenderse únicamente desde un punto de vista estrictamente agrario o agropecuario. El mundo rural trasciende el campo y abarca el comercio, los servicios, las entidades empresariales y culturales, el nuevo turismo interior y todo aquello que da vida a una multitud de aldeas, pueblos y pequeñas ciudades en todo el país, incluyendo la mayor o menor calidad de la gobernanza de sus instituciones a todos los niveles.

La atávica e irresistible atracción de la ciudad

La necesidad de huir del monte y del campo para ir en busca de una vida supuestamente mejor en la ciudad es algo atávico. Ancestral, diría. La irresistible atracción de la ciudad empezó en el Neolítico, cuando las primeras ciudades surgieron de la nada. A partir de este momento las cosas realmente importantes sucedían en la ciudad. Y tanto en la antigüedad remota como ahora mismo es en la ciudad donde se maximizan las oportunidades de relación social y de promoción personal. Hay quien dice que la contraposición campo-ciudad está ya superada y que las redes sociales y el metaverso eliminarán definitivamente la fricción de la distancia física. Hoy se puede hacer casi lo mismo, independientemente del lugar donde estés en cada momento: teletrabajar, convocar reuniones, escuchar una conferencia, asistir virtualmente a un concierto o seguir al influencer de moda sin necesidad de salir de casa. Todo eso es posible, pero todavía existen las ventajas comparativas derivadas de las economías de escala que ofrecen las aglomeraciones urbanas y no creo que desaparezcan a corto plazo. Se dijo —y se dice— que el ferrocarril, la electricidad, las modernas autopistas, el AVE o la fibra óptica traerían por sí mismos el desarrollo, independientemente del contexto territorial urbano o rural, pero nada más lejos de la realidad: el desarrollo en la mayor parte de los casos solo desarrolla a los desarrollados, valga en este caso la redundancia.

Debe haber algo ancestral o atávico, además del puro interés material, en esa atracción que el ser humano siente por las ciudades. Lo sabían bien los señores feudales, que ataban sus siervos a la gleba bajo pena de muerte si abandonaban sus tierras. Pero del campo la gente no solamente se iba en busca de fortuna, sino que ha sido tradicionalmente expulsor de población. La alta natalidad de las sociedades rurales trajo consigo la superpoblación del campo y con ella las hambrunas, las epidemias y las crisis de subsistencia, que acababan expulsando a los mal llamados excedentes demográficos. A finales del siglo XVIII el campo español ya daba síntomas de superpoblación, no tanto por el número de habitantes sino por el creciente desequilibrio entre la población y los recursos disponibles con los rendimientos agrícolas del momento. En contraste con lo dicho, los terrenos baldíos eran todavía enormes. Inconmensurables.

El campo nunca fue una Arcadia feliz… salvo para el terrateniente

A mediados del siglo XIX la industrialización es ya un hecho en ciudades como Barcelona y su periferia industrial, lo mismo que en Bilbao y en otras ciudades españolas. Empieza el éxodo rural moderno. Lo primero que se deja atrás son las tierras marginales que la superpoblación rural había empujado a roturar. En las áreas minifundistas se había roturado cualquier pequeño espacio donde pudiera prosperar una cepa, un olivo, una higuera o un algarrobo en un mísero bancal al que se llegaba casi siempre a través de malos caminos de herradura. En los grandes latifundios, por el contrario, seguían existiendo enormes espacios vacíos, y nunca mejor dicho en este caso.

Cualquier incendio forestal nos descubre hoy día los bancales que cubren laderas de pendientes inverosímiles. Paredes de piedra seca que en los climas mediterráneos evitaban el arrastre de la poca tierra fértil retenida en minúsculos bancales, y prados de siega en la España lluviosa, hoy en parte perdidos, en los que los segadores se aseguraban con una cuerda para evitar rodar pendiente abajo ante cualquier tropiezo. Agricultura heroica la llaman hoy en el Priorat y en la Ribeira Sacra. Viñas plantadas en laderas vertiginosas, prácticamente sobre la piedra viva. El rendimiento de estas cepas es irrisorio comparado con cualquier cepa de llanura, pero hoy se están recuperando después de décadas de abandono porque de esas pocas uvas se obtienen vinos de una calidad excepcional que compensan los bajos rendimientos por cepa. Era ciertamente una agricultura heroica, pero solo un resultado de la superpoblación. En España hubo un tiempo en el que el campo estaba lleno, efectivamente, pero eso no quiere decir que aquel fuera un campo equilibrado en el que las personas podían vivir con dignidad.

En Europa, en países como Francia y Suiza y en Escandinavia, intentaban paliar o atemperar su propio éxodo rural de diversas maneras, pero casi siempre a través de la respiración asistida de los incentivos y las subvenciones que podían adoptar diversas formas. Subvencionando directamente la producción agropecuaria (como la leche y los cereales), con descuentos en la compra de maquinaria (desde tractores y aperos diversos a máquinas de ordeño automatizado), incentivando la modernización de las explotaciones y la mejora de las tierras o abriendo canales de comercialización.

Sin ir más lejos, esto es lo que ha hecho y está haciendo desde hace décadas la Unión Europea para evitar el abandono del campo mediante sus potentes instrumentos políticos y financieros: la PAC, sobre todo, y las políticas de desarrollo regional y rural junto con los incentivos destinados a la reconversión agropecuaria, industrial, urbana, rural o minera, que han hecho posible la creación de cerca de trescientos Grupos de Acción Local (GAL) en el medio rural español. Su misión principal consiste en diseñar, a través de procesos participativos, estrategias de desarrollo rural y propuestas de acciones encaminadas a la mejora de la calidad de vida y la creación de empleo rural, financiadas en mayor o menor proporción, según los casos, por los fondos estructurales y de cohesión.

El doble vacío rural: la huida del campo desangra
las cabeceras comarcales

El éxodo rural masivo fue tardío en España, pero mucho más rápido y profundo que el de cualquier país de nuestro entorno, hasta el punto de que podía darse por concluido al comienzo de los años ochenta. Los demógrafos calculan que cerca de cinco millones de personas abandonaron el campo entre 1960 y 1980, en un país que tenía 34 millones de habitantes en 1970, lo cual supone el 15% de la población total. El éxodo rural terminó bruscamente a finales de los años setenta, tanto a causa del agotamiento biológico de la población rural (ya quedaban pocos brazos jóvenes en el campo) como por la repercusión de la crisis industrial de estos años, que llevó al cierre a una multitud de empresas, con el consiguiente incremento del desempleo en las ciudades y las regiones industriales que, circunstancialmente, perdieron su atractivo. No obstante, el vaciado del interior del país ya se había consumado, teniendo en cuenta que en la Península ese interior suele empezar casi siempre a pocos kilómetros del litoral, como en la abrupta costa asturiana o lucense o en la fachada mediterránea, desde las comarcas del bajo Ebro en Catalunya y el interior de Castellón, hasta Murcia y Almería, entre otros ejemplos. Basta con cruzar las montañas que se proyectan sobre las costas y avanzar unos pocos kilómetros tierra adentro para pasar del bullicioso litoral a la soledad y el silencio de los paisajes ibéricos del interior.

El abandono del campo no solo vació las aldeas y los pequeños pueblos, sino que enseguida repercutió en las capitales comarcales, sobre todo las de menor entidad. Pequeñas ciudades mercado que históricamente vertebraron el espacio rural circundante y cuya supervivencia dependía y todavía depende de la vitalidad de su entorno comarcal. Centros administrativos de tercer o cuarto nivel en los que hasta mediados los años sesenta radicaba la sede de un juzgado de primera instancia, el notariado y el registro de la propiedad y servicios complementarios como algún que otro bufete de abogados y las inevitables gestorías. Luego estaba un sector privado que vivía fundamentalmente de prestar servicios al entono rural próximo: un pequeño comercio donde se encontraba prácticamente de todo, alguna sucursal bancaria, corredurías de seguros, sastrerías, talleres de reparaciones, posadas, bares y restaurantes e incluso algún que otro hotel. No solía faltar el casino donde los terratenientes mostraban su poder ante el resto de las fuerzas vivas del lugar. Los días de mercado las plazas bullían de paisanos y tratantes de granos o de ganado que llenaban las posadas a rebosar. Todo eso es agua pasada. En muchas cabeceras comarcales el mercado semanal de hoy día es un atractivo más para ocasionales turistas urbanos en busca de tipismo que centro de la vida comarcal. Y eso ya es mucho, aunque no guste reconocerlo.

La supresión de los partidos judiciales y sus consecuencias
en la España vacía

El primer golpe de gracia para muchas cabeceras comarcales llegó con la despoblación de su entorno rural, y el segundo con la progresiva pérdida de sus funciones administrativas. De golpe y sin avisar, como es propio del ordeno y mando de las dictaduras, un Decreto del 11 de noviembre de 1965 suprimió 190 juzgados en toda España y otras tantas cabeceras de partido judicial perdieron dicha condición. Fue un golpe duro para estas pequeñas ciudades, precisamente en el momento en el que el éxodo rural alcanzaba proporciones nunca vistas. Y quizás por esta misma razón, los tecnócratas del franquismo que en aquel momento ocupaban el poder debieron considerar que no valía la pena mantener abierto un juzgado que atendía a cifras cada vez más bajas e irrisorias de población. Horacio Capel (1968) ya alertó en su momento sobre el efecto negativo que estaba causando la supresión de 190 juzgados en la red urbana española, que viene a ser la crónica anticipada del declive que llegaría después.

Para ratificar el aserto de Capel basta con seguir la trayectoria de las cabeceras de los partidos judiciales suprimidos, precisamente como consecuencia de la despoblación. En las provincias menos pobladas, e independientemente de su extensión, lo habitual es que solo quedaran tres o cuatro partidos judiciales para territorios extensísimos: en la provincia de Soria se suprimieron los de Ágreda y Medinaceli y hoy solo subsisten los de Almazán, El Burgo de Osma y el de la propia capital; en la extensa provincia de Teruel se suprimieron los de Albarracín, Híjar, Montalbán y Mora de Rubielos, quedando solamente tres cabeceras de partido en toda la provincia: la propia capital, Calamocha y Alcañiz; en la provincia de Cuenca solo quedaron cuatro partidos judiciales después de la supresión de los de Cañete, Huete y Priego; la cosa fue peor en la provincia de León donde se suprimieron cinco partidos judiciales: Riaño, La Vecilla, Murias de Paredes, Valencia de Don Juan y Villafranca del Bierzo; finalmente, en las históricamente poco pobladas serranías del interior de la provincia de Valencia se suprimieron hasta cinco partidos judiciales: Alberique, Ayora, Chelva, Chiva y Enguera.

Y así podría seguir provincia por provincia. Me viene a la memoria la situación actual de antiguas capitales de partido judicial como Cañete, Chelva y Mora de Rubielos, por citar lugares por mí conocidos desde hace años, entre otras cabeceras antiguamente prósperas que hoy día apenas superan los 1.000 habitantes, y algunas que ni siquiera llegan a los 500, como Murias de Paredes y La Vecilla. De su glorioso pasado da fe su patrimonio monumental, hoy convertido en reclamo turístico, una de las pocas actividades con perspectivas de futuro en muchas de esas antiguas cabeceras judiciales. Algún viejo palacio, casonas señoriales en parte cerradas, plazas monumentales e iglesias desmesuradas para tan poca población. Ciudades que sobreviven gracias a los servicios públicos vinculados al estado de bienestar (educación, sanidad y asistencia social, principalmente), de un pequeño comercio local en decadencia que resiste como puede la competencia de las grandes superficies y el comercio online, y de algunas funciones administrativas que todavía conservan, como la notaría y el registro de la propiedad. En muchas de estas poblaciones las fuentes principales de empleo suelen ser el propio ayuntamiento (de forma directa o indirecta), la residencia de gente mayor, el instituto de enseñanza secundaria y la atención sanitaria, incluido algún pequeño hospital.

En España hay actualmente 431 partidos judiciales, las tres cuartas partes de ellos radicados en zonas urbanas y periurbanas. Su función sigue siendo transcendente en las comarcas poco pobladas, tanto desde el punto de vista de mantener la presencia de la Administración de Justicia en el territorio rural, como por lo que respecta a otras atribuciones. Es el caso, por ejemplo, de su papel como circunscripción electoral a efectos de la elección de los diputados provinciales en función de los resultados electorales municipales. Lo cual es trascendente desde el punto de vista de la composición política de las diputaciones provinciales, cuya misión principal es apoyar técnica y financieramente a la multitud de pequeños municipios existentes en las provincias menos pobladas.

La ley vigente establece que un juzgado debería cubrir a un mínimo de 50.000 personas y abarcar un radio de 15 km, condiciones que de ninguna manera se cumplen en las referidas provincias menos pobladas, donde para llegar al mínimo de 50.000 habitantes se debería reducir todavía más el número de partidos judiciales, lo cual puede ser aconsejable desde el punto de vista de la eficiencia de los recursos públicos, pero de ninguna manera por lo que respecta al mantenimiento del equilibrio territorial y la sostenibilidad socioeconómica de la España despoblada. La tabla 21 muestra las cifras de población de los 30 partidos judiciales menos poblados del país, de acuerdo con las bases de datos publicadas en la página web del Consejo General del Poder Judicial. En función de estas cifras, ningún partido judicial de los 30 reflejados en la tabla llega a los 15.000 habitantes, con un mínimo situado en los algo más de 6.000 habitantes del de Fonsagrada, situado en la provincia de Lugo, con 6.295 habitantes en 2021, una cifra realmente exigua.

Desde el punto de vista territorial, las cifras de la tabla corroboran lo visto en los capítulos precedentes en cuanto la geografía de la despoblación. Los partidos judiciales que atienden a un menor volumen de población se localizan invariablemente, y como es lógico de suponer, en las dos zonas geográficas más despobladas del país. Es decir, por una parte, en las habituales provincias escasamente pobladas del cuadrante noroccidental peninsular y a lo largo de la Raya de Portugal; en este ámbito, las provincias de Orense, León y Asturias tienen hasta tres de sus respectivos juzgados situados entre los menos poblados del país; les siguen las provincias de Lugo, Zamora y Cáceres, con dos juzgados, y Badajoz con uno. Y por la otra parte, está la poco poblada cordillera Ibérica (o la llamada Serranía Celtibérica); en este ámbito, las provincias de Burgos, Soria y Guadalajara cuentan con dos juzgados incluidos en la lista de la tabla, por un partido judicial en la de Zaragoza (Daroca). El resto se distribuye por distintos puntos de la geografía peninsular: con un partido judicial están las provincias pirenaicas de Huesca (Boltaña) y Lleida (Viella); en Ávila aparece como poco poblado el partido judicial de Piedrahita; en Ciudad Real, el de Almadén; en Albacete, el de Alcaraz; en Almería, el de Vélez Rubio, y finalmente, el partido judicial de Valverde en la isla canaria de El Hierro. También en este epígrafe, y de igual manera que en los capítulos precedentes, se perfilan las dos áreas geográficas cuyo declive socioeconómico y demográfico es más acuciante: las provincias noroccidentales, con exclusión de Pontevedra y A Coruña, y las provincias del sistema Ibérico.

Tabla 21

Los 30 partidos judiciales menos poblados de España (2021)

Partido judicial

Nº
munic.

Pobl.

2021

Pobl.
cap.

Partido judicial

Nº munic.

Pobl.

2021

Pobl.
cap.

Fonsagrada (Lugo)

5

6.295

3.228

Tineo (Asturias)

2

10.716

9.096

Sahagún (León)

20

7.184

2.441

Villablino (León)

5

10.866

8.226

Villalpando (Zamora)

30

7.455

1.451

Piedrahita (Ávila)

64

10.988

1.750

Molina de Aragón (Guadalajara)

63

7.482

3.217

Vélez Rubio (Albacete)

4

11.203

6.251

Puebla de Sanabria (Zamora)

26

7.770

1.366

Valverde (Hierro)

3

11.298

5.084

Valencia de Alcántara (Cáceres)

8

8.147

1.366

Daroca (Zaragoza)

47

11.423

1.914

Alcaraz (Albacete)

17

8.419

1.310

Almazán (Soria)

47

11.547

5.411

Lerma (Burgos)

52

8.961

2.609

Almadén (Ciudad Real)

9

11.958

5.105

Becerreá (Lugo)

6

9.147

2.826

Logrosán (Cáceres)

12

12.158

1.944

Cistierna (León)

16

9.355

3.038

Boltaña (Huesca)

27

12.423

1.065

Bande (Orense)

8

9.760

1.490

Burgo de Osma (Soria)

33

13.059

5.034

Sigüenza (Guad.)

71

9.956

4.298

Piloña (Asturias)

3

13.296

6.921

Vielha (Lleida))

9

10.372

5.674

Fregenal de la Sierra (Badajoz)

7

13.684

4.911

Salas de los Infantes (Burgos)

30

10.414

1.980

Cangas de Narcea (Asturias)

3

14.000

1.490

Pobra de Trives (Orense)

11

10.626

2.015

Celanova (Orense)

7

14.050

5.652

Fuente: Consejo General del Poder Judicial (2022).

Hace tiempo que se habla de reformar la planta judicial, en el sentido de que hay partidos judiciales que cubren un volumen insignificante de población (como los 30 reflejados en la tabla) mientras los juzgados de los partidos judiciales más poblados están sobrecargados de trabajo. La última propuesta de reforma en profundidad de la planta judicial data del año 2012. En aquella ocasión, el Consejo General del Poder Judicial propuso que cada circunscripción atendiera un mínimo de 100.000 habitantes, lo cual suponía reducir el número de partidos judiciales a la mitad, con lo que la supresión afectaría, sobre todo, a las provincias menos pobladas. Algunas de ellas pasarían a tener un solo partido judicial y otras se quedarían con dos. La provincia de Zamora, por ejemplo, pasaría de cinco a dos partidos judiciales; la de León, de siete a dos partidos judiciales; la de Cáceres también pasaría de siete a dos partidos judiciales, y la provincia de Badajoz, por su parte, hubiera visto reducir su número de partidos judiciales de catorce a cinco. Ante estos supuestos, las críticas por parte de las provincias poco pobladas no se hicieron esperar. La mayor parte de ellas señalaba que la propuesta estaba pensada única y exclusivamente en función de las regiones urbanas más pobladas, dejando al margen las necesidades de territorios poco poblados como Extremadura y Aragón (El País, 18 de abril de 2012).

En resumen, una gran parte de las pequeñas ciudades del interior peninsular decae, sobre todo las más alejadas y peor conectadas con el país creciente, exceptuando quizás las que han podido desarrollar, casi siempre por sí mismas, un nicho de actividad que tire de la economía, como el moderno sector agroalimentario y el turismo. Luego están las pequeñas ciudades que juegan en ligas competitivas, cuyo futuro a medio plazo está asegurado. Caso de las cabeceras comarcales situadas en regiones agrarias dinámicas y superproductivas, como las llanuras leridanas y el Bajo Cinca, el valle medio del Ebro (la Rioja y las riberas navarra y zaragozana), las huertas mediterráneas litorales y prelitorales de Valencia y Murcia y la agricultura intensiva de Almería, convertida en un emporio habiendo sido una de las provincias más pobres del país en los años sesenta y setenta. También juegan la liga del desarrollo los núcleos turísticos costeros y las comarcas que caen bajo el área de influencia directa de las mayores ciudades del país.

Industria difusa, clústeres industriales e impacto
del método ‘just in time’

Dediqué un capítulo a la extinción de la minería y a las comarcas de antigua industrialización difusa (autóctona o alóctona). Una industria localizada en su mayor parte en comarcas que fueron prósperas hasta hace muy poco tiempo y que hoy decaen irremisiblemente, sentenciadas por la globalización de la economía, el dumping social y las secuelas de la deslocalización masiva de las empresas manufactureras. Hablé largamente de ello en el capítulo referido, de manera que no hace falta insistir en lo dicho. La industria tradicional desapareció de muchas comarcas relativamente alejadas de las áreas más pobladas, en parte por los procesos de reestructuración y las deslocalizaciones ya mencionadas y, en parte, por las exigencias de los nuevos procesos y sistemas de producción industrial.

Las industrias de antaño subsistían con éxito en espacios rurales relativamente aislados porque eran en gran parte autosuficientes desde el punto de vista de su funcionamiento. Solían ser establecimientos que se gestionaban de principio a fin en el seno de la propia empresa, desde la conservación y reparación de la maquinaria a la limpieza, la contabilidad y la gestión del personal; la dependencia del exterior se limitaba, por lo general a la entrada de la materia prima y a la salida del producto final, sin ningún tipo de intermediación.

Los nuevos procesos productivos, en cambio, son mucho más interdependientes y requieren de la existencia de las economías de escala y de aglomeración que ofrecen las regiones urbanas o industriales consolidadas. En primer lugar, por la fragmentación de los procesos de producción. Es decir, las empresas se especializan en aquellas partes del proceso productivo en las que son más competitivas, externalizando todo aquello que suponga un incremento de costes y que otra empresa puede hacer a un precio mejor, desde determinadas operaciones específicas ligadas a la producción a los servicios complementarios como mantenimiento, limpieza, informatización o captación de recursos humanos. Y, en segundo lugar, por la implementación del sistema productivo llamado just in time, que literalmente significa ‘justo a tiempo’, mediante el cual las empresas reducen al mínimo sus stocks y, en consecuencia, el capital inmovilizado.

Viví en primera persona los inicios de la implantación del sistema just in time en la gran factoría de la Seat de Barcelona a mediados de los años setenta, mientras compaginaba mi trabajo de verificador en la fábrica con los estudios de Geografía en la universidad. En aquellos días, y con el objetivo de cubrir cualquier falta de material que pudiera provocar el paro de las cadenas de montaje y dejar a centeneres de trabajadores de brazos cruzados, cada sección retenía un stock más o menos voluminoso de piezas de reserva que recibía el nombre de “pulmón”. Y así en toda la factoría. Había “pulmones” en cualquier rincón de los numerosos talleres de la inmensa factoría, tanto de piezas ya mecanizadas y elaboradas como de materias primas o componentes fabricados por proveedores externos: chapas, pinturas, tubos y barras de acero de todas las medidas y calidades, cojinetes, parachoques, ruedas, lunetas, volantes o cualquier componente que en algún momento pudiera faltar. Ni que decir tiene que los stocks eran inmensos, y supongo que sucedía lo mismo en las demás industrias, hasta que un día nos hablaron de un nuevo concepto que lo cambió todo: just in time. Es decir, justo a tiempo, de manera que había que reducir al mínimo el enorme capital inmovilizado en los “pulmones” y trabajar de acuerdo con las previsiones día a día.

En estas condiciones los procesos productivos son absolutamente interdependientes de otras empresas y, sobre todo, del transporte y la logística, lo cual no favorece precisamente la implantación de industrias en un entorno rural relativamente aislado. Todo debe entrar o salir de las factorías justo a tiempo, de manera que las grandes empresas como las automovilísticas tienden a concentrar los proveedores en sus proximidades, en los llamados parques de proveedores. Es el caso, por otra parte, de los llamados clústeres industriales, regiones más o menos extensas caracterizadas por la existencia de un tejido empresarial interdependiente que permite que las empresas establezcan sinergias entre ellas mejorando su competitividad global. Es el caso, entre otros, del llamado valle del juguete en Alicante (Ibi, Tibi, Onil, Biar y Castalla), del clúster de la moda en Galicia o del clúster agroalimentario de la comarca de Osona, en Cataluña.

Todo ello sin contar con las exigencias de mano de obra cualificada y especializada. De la misma manera que existen dificultades para cubrir las demandas de profesionales cualificados en la España rural (personal sanitario, sobre todo del más especializado, y funcionarios de nivel superior), también existen dificultades para cubrir determinadas plazas de técnicos especializados en la industria difusa. En ambos casos, lo que se acaba produciendo es una continua rotación de profesionales que a la que encuentran o consiguen una plaza o un puesto de trabajo en entornos menos aislados se acaban yendo, creando en las empresas y en las instituciones afectadas una permanente sensación de provisionalidad. Hay empresas, algunas de ellas punteras en su sector, que optaron por trasladar sus secciones más exigentes en personal cualificado desde las pequeñas ciudades del interior hacia los entornos urbanos metropolitanos más dinámicos. Y una apostilla antes de terminar este epígrafe: son precisamente las mencionadas exigencias de los nuevos procesos productivos lo que dificulta en gran manera la rápida reconversión y reindustrialización de las comarcas mineras.

Contra las inercias históricas:
cualquier tiempo pasado fue peor

Hasta aquí un recorrido por una parte —pero no por el todo, porque eso es prácticamente imposible — de la geografía de la España interior despoblada, con la mirada puesta en un proceso de despoblación rural que es a la vez histórico, territorial, antropológico, socioeconómico y demográfico. Vayamos ahora con unas consideraciones finales que desarrollo a través de cinco epígrafes o apartados que a mi entender proyectan algo de luz sobre el presente y el futuro del medio rural español y de los territorios de los que se dice que ya no cuentan.

No pretendo tocar a rebato para acudir al rescate de un mundo rural tradicional en vías de declive irreversible, por lo menos tal como lo habíamos conocido hasta hace muy poco tiempo. Ya hay quien lo hace. No soy pesimista con respecto al presente y el futuro inmediato del espacio rural, incluso del llamado a revitalizar. La vida sigue, y lo que sí se puede afirmar sin ningún género de dudas es que la calidad de vida de las personas que hoy residen en el medio rural está a años luz del sórdido mundo de cincuenta años atrás. Es por ello por lo que hay empezar: por combatir la inveterada tendencia a ver siempre el vaso medio vacío. Tanto en este como en otros tantos casos, tiempos pasados nunca fueron mejores.

Cincuenta o cien años atrás, los pueblos estaban llenos, pero las condiciones de vida eran pésimas en todas partes, excluida la casa solariega del señor, el cortijo del señorito y la alquería de un huertano de buen pasar. Lo relató Paco Candel con pelos y señales en el viaje al Rincón de Ademuz que hizo en 1964. Casas viejas, frías, muchas de ellas sin luz eléctrica ni agua corriente, por cama un jergón, un aguamanil en vez de lavabo y por retrete la cuadra. Unas condiciones de vida que hoy puede que subsistan en alguna aldea remota, pero no dejan de ser un residuo de un tiempo pasado que fue peor.

La película As Bestas (2022), dirigida por Rodrigo Sorogoyen, refleja con crudeza un mundo rural de la Galicia interior que solo es un residuo de unos géneros de vida que ya son pasado, a pesar de que relata unos hechos luctuosos acaecidos no precisamente durante el franquismo, sino que ocurrieron en una fecha tan cercana en el tiempo como el año 2010. El filme Alcarràs (2022), dirigido por Carla Simó, relata con sensibilidad la extinción de un modo tradicional de vida rural ante el avance imparable de la globalización. La familia de Alcarràs se gana honradamente la vida y parece feliz con su trabajo, lo mismo que los paisanos del pueblo que salen de refilón en el filme mientras protestan por el bajo precio de la fruta recolectada que les ofrece una poderosa empresa hortofrutícola de la región. El mundo les ha pasado por encima, al igual que al obrero industrial o al minero que le cerraron la fábrica o la mina, aunque estos últimos casos no tienen el aura nostálgica o romántica del anterior.

Retos demográficos vs. retos sociales y territoriales

Si algo preocupa hoy en España y en toda Europa es el llamado reto demográfico y sus consecuencias. Ya vimos que un ministerio lleva estas dos palabras en su denominación oficial, pero no es cuestión de nombres más o menos afortunados; lo realmente importante es que en el país nacen pocos niños y en el medio rural menos. En muchos pueblos es probable que no hayan visto nacer ningún niño o niña en años. Debe ser todo un acontecimiento, pero lo primero que se me ocurre pensar es si ese bebé tendrá con quien jugar a medida que se haga mayor. Esta respuesta queda en el aire, la única certeza es que los españoles somos cada vez más viejos y el llamado invierno, desierto o suicidio demográfico ya está aquí, afecta a todo el país y no hace muchos distingos entre el medio urbano y el rural.

Ya vimos que el país hace tiempo que ocupa la cola de Europa por lo que respecta a la fecundidad, que es de 1,23 hijos por mujer en 2020, pero cae por debajo de un hijo por mujer en provincias tan opuestas desde el punto de vista sociológico como Las Palmas y Lugo. Estos son los datos a nivel general, pero si solamente se tienen en cuenta los envejecidos municipios rurales (los de menos de 2.000 habitantes empadronados, que son mayoría en España), la cuestión es dramática. Parece un contrasentido, pero son los países de tradición católica los que registran las mayores caídas de la fecundidad: Italia, como vimos, está por debajo de 1,3 hijos por mujer, y Polonia y Portugal por debajo de 1,4. La media de los 27 países de la Unión Europea es de 1,5 hijos por mujer y el ranking lo encabeza Francia, con 1,8 hijos por mujer. Una fecundidad relativamente alta pero situada por debajo del índice de reemplazo generacional, que es de 2,1 hijos por mujer. La mayor natalidad de Francia se debe en parte a la inmigración, pero también a la política pronatalista que el Estado francés viene aplicando nada menos que desde hace más de un siglo. Francia fue uno de los primeros países europeos que culminó la primera transición demográfica y el primero que incentivó la natalidad, de manera que aquí se abre un camino a seguir.

La caída de la fecundidad es general en todo el país, pero es más acusada en las provincias ya de por sí poco pobladas de la España interior, como Lugo, por ejemplo, donde la inmigración apenas tiene incidencia. En estas provincias la tasa de fecundidad es mucho más alta en la ciudad que en el medio rural, lo cual tiene su razón de ser, debido a que las parejas jóvenes en edad de tener hijos suelen optar por fijar su residencia en las capitales, donde lo tienen todo a mano, aunque cada día tengan que recorrer más de 100 km entre ida y vuelta para subir al tractor, aviar el ganado o dar una clase. Lo he constatado personalmente a través de las muchas entrevistas realizadas a personas jóvenes que tienen su puesto de trabajo en pueblos no necesariamente pequeños e incluso en algunas cabeceras comarcales (profesorado, funcionarios, personal sanitario), pero que al contrario que en tiempos pasados ahora optan por residir en la ciudad y, si se lo pueden permitir, en un chalé o un adosado de la periferia inmediata.

Incluso puede decirse que hay una especie de huida de las parejas jóvenes hacia las cabeceras comarcales mayores y las capitales provinciales. Los municipios pequeños suelen tener cubiertos unos servicios mínimos como la escuela, el consultorio médico, la farmacia y, a veces, el comercio de proximidad, pero poca cosa más. Una oferta de servicios medianamente diversificada requiere de un cierto volumen de población para ser viable, y ya no digamos una mínima oferta cultural o deportiva, cuyo umbral los expertos sitúan en los 5.000 habitantes.

De acuerdo con estos guarismos serian viables las cabeceras comarcales situadas entre los 5.000 y los 10.000 habitantes, del tipo Tordesillas, Reinosa, El Burgo de Osma o Bembibre. No obstante, existen en el país un gran número de cabeceras que no alcanzan ni de lejos esta cifra, con lo cual su papel como vertebradores de un territorio comarcal es cada vez más débil; es el caso de Molina de Aragón, Villafranca del Bierzo, Gandesa, Graus, Boltaña o Herrera del Duque. No me saco esta cifra de la manga, sino que los expertos Lluís Casassas y Joaquim Clusa (1981) cifraron hace más de cuarenta años en 5.000 habitantes el umbral de viabilidad de un municipio en su propuesta de reforma de la organización territorial catalana, alternativa a la división comarcal de los tiempos de la República. Una cifra ratificada por la mayor parte de los estudios y propuestas posteriores.

En las circunstancias actuales, además de la caída de la fecundidad, el gran reto que debe afrontar la sociedad actual es el envejecimiento de la población. Un problema que concierne a todo el país, pero que afecta mucho más al medio rural y a los territorios y las provincias menos pobladas, que son las más envejecidas. El envejecimiento es irreversible, y no solamente en los municipios rurales, entre otras cosas porque la esperanza de vida al nacer aumenta de año en año. Ahora es de 83,3 años por 80,1 años en la Unión Europea (2021). También aumentan las expectativas de vida a una edad determinada. A los 70 años, un hombre tiene una expectativa de vida media de 14,5 años más y una mujer de 18 años más, según datos de Idescat, el ente estadístico de la Generalitat de Catalunya. Llegados a este punto es oportuno traer a colación la inevitable pregunta que se formulaba el cáustico Josep Pla ante cualquier dispendio o cálculo demasiado optimista: ¿y todo eso quién lo paga?, tarea en la que andan metidas las Administraciones española y europea desde hace años. Afrontar el envejecimiento de tal manera que las personas puedan vivir sus últimos años de vida teniendo cubiertas sus necesidades básicas y morir dignamente es uno de los mayores retos que debe superar la sociedad española.

No faltan, en este sentido, los vaticinios más catastrofistas, tanto con respecto a la caída de la fecundidad (del baby boom al baby crash) como por el progresivo envejecimiento de la población. Los augures del suicidio demográfico vaticinan o profetizan que la población española se habrá reducido en unos cuantos millones de habitantes el año 2050. Podría ser, pero solo a causa de una guerra, una pandemia mucho peor que la COVID-19 o una hecatombe cósmica. Puede que no guste hablar de ello, pero a las puertas hay millones de personas que tienen la esperanza de que algún día podrán entrar en España o en cualquier país de Europa. Puestos a hacer vaticinios, el mío es que en el año 2030 nos aproximaremos o llegaremos a los 50 millones de habitantes, y espero que así sea en beneficio de nuestro estado de bienestar. En estas circunstancias, el mayor reto social que afronta nuestro país no solamente es de tipo demográfico, sino que radica en saber gestionar de manera democrática y respetuosa una sociedad tan plural como la española.

Habría que dejar de hablar de una utópica repoblación del campo de la que determinados medios hablan con mucha frivolidad, desconociendo en absoluto lo que es pasar un mes de noviembre en soledad. El que tal o cual persona o familia se marche de la ciudad para ir a regentar el bar de los pensionistas de un determinado pueblo o un pequeño negocio rural es encomiable, pero no deja de ser una opción minoritaria. Como dice el refrán, una flor no hace verano. En lo que concierne a la sostenibilidad del espacio rural —vacío o vaciado—, el reto a superar es mucho más de naturaleza territorial que demográfico y consiste en tratar de evitar que las comarcas vacías o vaciadas, llamadas eufemísticamente a revitalizar, no acaben cerrando. Las políticas destinadas a incentivar la fecundidad ya tienen sus propios caminos.

Una estructura territorial del siglo XIX para un país del siglo XXI

A lo largo de estas páginas he puesto de relieve la inadecuación de las estructuras territoriales del país a una realidad cambiante, muy distinta de cuando estas fueron configuradas, sobre todo a escala municipal y provincial. Lo único constatable es que han fracasado hasta ahora todos los intentos de revisión de una organización territorial político-administrativa obsoleta. El mapa autonómico salió a trompicones y de forma improvisada, y aquí me viene a la memoria un famoso refrán que no quiero mencionar por frívolo. Pero ahí está, y parece inamovible una vez consolidadas las baronías —o los reinos de taifas, según el conservadurismo más recalcitrante—.

Ahora bien, la estructura municipal y provincial debería ser como mínimo repensada debido a sus enormes disfunciones con respecto a la estructura socioeconómica y territorial del país de hoy. La creación de una cincuentena de comarcas que respeten la identidad y la funcionalidad y racionalicen la organización territorial del país es una más de las 101 propuestas contenidas en el documento que las plataformas vinculadas al movimiento de la España Vaciada presentaron ante el Congreso de los Diputados en mayo del 2021 (Juan Navarro, El País, 25 de mayo de 2021).

En España existen actualmente 8.116 municipios, pero el problema no radica en su número, prácticamente idéntico al de Italia (7.904 municipios) y situado bastante por debajo del número de municipios de Alemania y Francia, sino que radica en sus abismales diferencias en cuanto a extensión, población y configuración interna. Su estructura absolutamente desequilibrada queda reflejada en la figura 9, que no necesita mayores comentarios puesto que se han hecho diversas alusiones a la misma en diversas ocasiones en estas páginas. Ya dije que los desequilibrios en cuanto al número de habitantes son lógicos, puesto que no es lo mismo un pueblo que una ciudad, pero sí que puede cuestionarse la viabilidad de los cerca de 4.000 micromunicipios de menos de 500 habitantes que existen en el país (3.834, exactamente) e incluso de los cerca de 6.000 municipios de menos de 2.000 habitantes considerados oficialmente rurales (5.808 municipios, el 70% del total).

Figura 9

Distribución de los municipios españoles, según tamaño poblacional (2022)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los desequilibrios entre ellos son abrumadores. Frente al minifundismo y el microfundismo de Castilla y León (más de 2.000 municipios) o de Catalunya (946), existen los macromunicipios que predominan en la mitad sur del país, que en muchos casos superan los 1.000 km2 de extensión, caso de Lorca, Cáceres, Jerez, Córdoba y Almodóvar del Campo, entre otros muchos cuya superficie es parecida o mayor que la de muchas comarcas de Cataluña o de Aragón. En el extenso territorio de la Región de Murcia hay solamente 45 municipios, y en la provincia de Albacete, 87, que contrastan con los 371 municipios de Burgos, los 362 de Salamanca o los 311 de Barcelona, las provincias que cuentan con un mayor número de municipios.

En contraste con uno y otro extremo, la estructura municipal de Galicia y Asturias es mucho más equilibrada. En ambos casos el número de municipios es reducido en comparación con el minifundismo imperante en otras comunidades (315 concellos en Galicia, por 78 concejos en Asturias) y los grandes municipios meridionales. Tanto en Galicia como en Asturias la extensión relativamente proporcionada de los términos municipales responde a la estructura histórica del poblamiento diseminado, propio de ambas comunidades. Lo habitual es que el concejo esté encabezado por una villa o un centro urbano preeminente que agrupa a una constelación de caseríos, aldeas y parroquias diseminadas por el término municipal.

Tal como dije en el apartado anterior, los expertos sitúan en los 5.000 habitantes el umbral a partir del cual un municipio es viable, puede tener solvencia financiera y disponer de unos equipos técnicos capaces de gestionar sus competencias y atribuciones y prestar de forma adecuada los servicios que le son encomendados. Resulta evidente en estas circunstancias que más de la mitad de los municipios españoles se ven incapaces de cumplir sus obligaciones si no cuentan con el respaldo de las Administraciones superiores, en este caso de las diputaciones provinciales, el ente local concebido exprofeso para prestar servicios a los municipios.

No cabe duda de que abordar cualquier reforma de la estructura local requiere contemplar también la provincia. En los capítulos anteriores he mencionado frecuentemente las disfuncionalidades del mapa provincial. Las provincias españolas son muy extensas en general y absolutamente descompensadas en cuanto a superficie. La extensión superficial de las provincias de Cáceres y Badajoz es similar a la de la Comunidad Valenciana, multiplica por cuatro la extensión de La Rioja y por diez la de las tres provincias vascas. Un desequilibrio que contrasta con la extensión más reducida y la proporcionalidad que mantienen entre ellos los 100 departamentos franceses o las 110 provincias italianas.

Abordar una reforma de este tipo no es fácil porque presupone retocarlo casi todo, desde la ley electoral basada en circunscripciones municipales y provinciales a la planta judicial. Cualquier reforma debería respetar, asimismo, las competencias propias de las comunidades autónomas fijadas en sus respectivos estatutos de autonomía. El particularismo vasco o navarro, por su parte, exige tener en cuenta sus demarcaciones históricas. No obstante, cualquier dificultad es soslayable si la reforma resuelve las disfunciones del modelo vigente y da respuesta a las necesidades de la sociedad actual, que son completamente distintas a las de 1833, el año en el que fue aprobada por decreto la división provincial de la que derivan todas las estructuras territoriales del país.

No se trata de hacer tabula rasa, entre otras cosas porque todas las propuestas de reforma municipal o provincial formuladas hasta el presente han acabado en fracaso debido a la oposición de los territorios concernidos, pero también por la falta de acuerdo entre los partidos políticos. Todo el mundo saca sus cuentas cuando se propone la reforma del mapa electoral. No obstante, hay dos maneras opuestas de abordar el problema: o bien drásticamente, a la escandinava, o mediante reformas graduales que contribuyan a mejorar el funcionamiento de la Administración pública a nivel local.

La estructura territorial de los países escandinavos se caracteriza por la existencia de pocos municipios (290 en Suecia, 309 en Finlandia y 98 en Dinamarca), que asumen un gran número de competencias y de responsabilidades con el fin de acercar la Administración pública a la ciudadanía y llevar a cabo una gestión eficiente y equitativa de los recursos públicos. En Dinamarca la ley fija un mínimo de 20.000 habitantes para que un municipio pueda constituirse como tal. Se considera que este es el umbral a partir del cual un municipio puede disponer de unos equipos técnicos y de unas infraestructuras y equipamientos que le permiten gestionar con solvencia el enorme volumen de competencias que le son atribuidas.

No creo que el modelo escandinavo pueda implantarse en España. Los intentos de reforma realizados hasta el momento presente se han quedado en nada. Incluso cuando la Comisión Europea aconsejó a los Estados miembros simplificar sus estructuras territoriales a causa de la crisis económica y la baja calificación de la deuda pública de países como España, Italia, Grecia y Portugal. Únicamente Francia redujo de 22 a 13 el número de regiones; en Italia incluso se aprobó reducir de 110 a 51 el número de provincias, pero la propuesta sigue sin materializarse.

En el año 2000, la Generalitat de Catalunya encargó a un selecto grupo de expertos nombrados por los partidos, encabezado por Miquel Roca Junyent, una propuesta de reforma de la organización territorial catalana. El proyecto fracasó, entre otras razones, porque propuso que los municipios de menos de 250 habitantes (273 municipios) se fusionaran obligatoriamente con otros o se integraran a uno mayor. La propuesta provocó la revuelta de los territorios concernidos, de igual manera que cuando se han formulado propuestas parecidas más o menos encubiertas a escala estatal. Reformas de este tipo son inviables sin consenso, y en su momento yo mismo critiqué la supresión de municipios en diversos artículos.

No es necesario hacer tabla rasa. Existen otros caminos. En Francia hay la friolera de 35.000 municipios, pero no se ha suprimido ninguno de manera obligatoria, aunque se incentiva la fusión voluntaria mediante mejoras presupuestarias del ente resultante o la dotación de equipamientos singulares. De esta manera, un municipio francés, por pequeño que sea, tiene reconocida su personalidad política de tal forma que las autoridades electas pueden llevar en los actos de representación la simbólica banda republicana tricolor (equivalente a la vara de mando en España). En cambio, las competencias y las atribuciones de carácter técnico (gestión de impuestos y tasas, urbanismo o prestación de servicios) se ejercen a través de entes supramunicipales con o sin personalidad política (distrito, arrondissement, cantón, subprefectura y prefectura departamental).

La pervivencia de los pequeños municipios tiene, sin duda, su lado positivo. En primer lugar está la cuestión identitaria, lo que comúnmente la gente suele concretar en aparecer o desaparecer del mapa. No obstante, para los pequeños municipios rurales es mucho más importante el reconocimiento de su personalidad política como ayuntamiento, que les garantiza la Constitución y la Carta Europea de Autonomía Local. Tiene el mismo rango ante la ley y protocolariamente el alcalde o alcaldesa de Castielfabib (306 habitantes) que el de una ciudad como Málaga, Zaragoza o Barcelona. Dicho reconocimiento es importante porque otorga a los pequeños municipios un instrumento que les permite defender sus legítimos intereses, que de otra manera quedan diluidos en el seno de una demarcación mayor. No es lo mismo que pida audiencia a un determinado consejero o un ministro el alcalde o la alcaldesa electa que un representante designado de una entidad local menor.

En las postrimerías del franquismo (1970), y a causa precisamente de la despoblación rural, la Dictadura suprimió por decreto centenares de municipios de montaña agregándolos en uno mayor, pero el resultado de ello después de cincuenta años es más bien desolador. A pesar de que estos municipios suprimidos pueden ver reconocida su personalidad como Entidad de ámbito territorial inferior al municipio (EATIM), tradicional en diversas comunidades autónomas (la pedanía en Murcia o la parroquia en Asturias y Galicia), la figura no satisface las aspiraciones de muchos de estos antiguos municipios, entre otras cosas porque hay en juego derechos históricos sobre pastos, montes y otros aprovechamientos, al margen de su reconocimiento político.

En cuanto a las provincias, lo primero a subrayar es que han creado un fuerte sentimiento de pertenencia después de más de doscientos años de vigencia, Es por ello por lo que cualquier reforma es difícil y mucho más teniendo en cuenta su repercusión electoral, que obligarían a reformar las leyes electorales (estatales y autonómicas) y la misma Constitución. En todo caso, las reformas pueden hacerse de muchas maneras sin necesidad de hacer tabula rasa como dije anteriormente o tocar el entramado constitucional. Una de ellas puede ser la subdivisión interna de las provincias de forma similar a las subprefecturas francesas, sobre todo de las más extensas y diversas internamente. Sería el caso, por ejemplo, de la provincia de León con respecto al Bierzo o de las extensísimas provincias extremeñas.

En definitiva, en algún momento se deberá abordar la necesaria reforma de la estructura territorial, sobre todo para adaptarla a las necesidades del presente, muy distintas a las de doscientos años atrás. En unos casos por la obsolescencia y heterogeneidad del mapa municipal. Y en otros por la inadecuación de un mapa provincial, que fue diseñado en una época en la que la estructura territorial del país, sobre todo en lo que se refiere al volumen y la distribución espacial de la población, era muy distinta, al igual que el país era también muy distinto en lo económico. Es una cuestión incomoda que requiere de políticas de Estado en vez de politiquería para consumo coyuntural, pero en algún momento debería abordarse. No les falta razón a las plataformas de la España vaciada cuando reivindican racionalizar la estructura territorial de la Administración pública.

Para terminar, cualquier reforma territorial a escala municipal pasa también por reconocer el hecho urbano metropolitano a todas las escalas, desde las grandes ciudades a las ciudades pequeñas y medianas. Todas ellas se expanden rápidamente hacia los municipios periféricos, transformando en urbanos espacios que hasta hace poco tiempo eran eminentemente rurales. Unos municipios que frecuentemente viven de espaldas los unos a los otros e incluso de espaldas a la propia ciudad de la que deriva su propia expansión. Se trata de la llamada ciudad difusa, fenómeno ya comentado, que en parte es también una consecuencia de la reforma de la Ley del suelo de 1998, bajo el Gobierno de José Maria Aznar, que acabó causando la burbuja inmobiliaria. En estos espacios en continuo proceso de metropolización, las disfunciones son enormes en cuanto a movilidad, abastecimientos, recogida de residuos y un sinfín de problemáticas no precisamente menores que afectan a un número de personas mucho mayor que a cualquier comarca de la España vaciada.

Los pequeños pueblos: un declive que ralentizan las políticas públicas

No hay que confundir lo agrario con lo rural. Como vimos en el epígrafe anterior, en el país hay cerca de 4.000 municipios que tienen menos de 500 habitantes (la mitad de un total de 8.000 municipios). No suelen carecer de algunos servicios elementales, pero su supervivencia y continuidad no está asegurada como pueblos vivos y con una mínima estructura social si no cuentan con apoyo institucional de las Administraciones públicas a todos los niveles. Y ello incumbe a las diputaciones provinciales, las comunidades autónomas, el Estado y las instituciones comunitarias. Únicamente a través de una decidida política de ordenamiento territorial que contribuya a mitigar el aislamiento material y los déficits acumulados se podrá invertir, aunque solamente sea en parte, la tendencia al despoblamiento y hacer que los territorios poco poblados no solamente mantengan unas mínimas constantes vitales, sino que surjan iniciativas realmente innovadoras y que estas encuentren apoyo social e institucional. Lo primero a implementar en todo el territorio, según las plataformas territoriales adscritas al movimiento de la España vaciada es el reivindicado Plan 100/30/30, que se concreta en garantizar un mínimo de 100 megas de conexión a internet en todo el territorio, no sobrepasar los 30 minutos de desplazamiento y los 30 km en el acceso a unos servicios básicos y a una vía de alta capacidad. En otros casos, y en línea con lo que prevé la Unión Europea para los territorios con menos de 8 km2, se propone la reducción de impuestos.

El municipio que la Ley para el desarrollo sostenible del medio rural define como a revitalizar, o el municipio situado en el medio rural profundo, dicho sea en un sentido más descriptivo que peyorativo, seguirá en declive, principalmente porque tiene muy pocas posibilidades de sostener un entorno socioeconómico y cultural activo. De hecho, es muy difícil que un pueblo de menos de 500 habitantes concentrados, y en esa situación, como dije, se encuentra el 50% de los municipios españoles, logre por sí mismo tener una vida social diversificada y proactiva que se corresponda con las necesidades sociales del presente. Su supervivencia depende en la mayor parte de los casos de la mayor o menor proximidad en términos de distancia-tiempo a una ciudad que cuente con todos los servicios y que disponga de un mínimo servicio de transporte público que pueda atender las demandas de las personas que por uno u otro motivo no pueden o no quieren conducir, generalmente personas mayores.

Además de las necesidades de los residentes, una gran parte de esos cerca de 4.000 municipios de menos de 500 habitantes y muchos de los que no llegan a 1.000 habitantes sobrevive con un secretario ambulante, un arquitecto ambulante, una profesora o un profesor ambulantes (de inglés, educación física, música o matemáticas), un médico o una enfermera ambulantes, una biblioteca ambulante, un panadero ambulante y el tradicional mercadillo semanal ambulante, que cada año que pasa es más raquítico. E incluso —porque todo hay que decirlo— tienen una alcaldesa o un alcalde ambulante que reside habitualmente en la ciudad y acude al pueblo un día a la semana para despachar los asuntos más urgentes, como he tenido ocasión de comprobar a través del trabajo de campo. Incluso he conocido municipios de montaña que, por su dispersión a causa de las agregaciones forzosas del franquismo, han ubicado la sede en un piso situado en la cabecera comarcal, desde donde despachan los asuntos cotidianos, atienden el teléfono y reúnen el consistorio. En casos como estos, los viejos edificios de los antiguos ayuntamientos solo se usan de forma ocasional.

Los residentes dependen del vehículo para todo. Siempre hay que tenerlo a mano, y en caso contrario acudir el vecino ante cualquier eventualidad. Eso no quiere decir que los pueblos acaben cerrados o abandonados. En España son muy pocos los pueblos realmente abandonados, puede que ninguno, a no ser que lleve más de medio siglo despoblado, y aun así lo más seguro es que no esté abandonado del todo. En el Nomenclátor geográfico aparecen muchas entidades de población que no tienen ningún residente debidamente censado, pero eso no significa que estén literalmente abandonadas. Actualmente incluso se repueblan los pueblos que por un motivo u otro fueron expropiados en su tiempo por la Administración, la mayor parte de las veces ocupados y extraoficialmente tolerados.

Otra cosa son las pequeñas ciudades y las cabeceras comarcales. No cerrarán, evidentemente, pero su futuro depende, en primer lugar, de las políticas de equilibrio territorial que se aplican desde hace años, pero también de la capacidad de iniciativa y emprendimiento de sus viejos residentes y sobre todo de los nuevos. Ninguna iniciativa empresarial solvente debería frustrarse por falta de apoyo social e institucional. No obstante, ningún territorio, pueblo o ciudad puede vivir ajeno ni quedar libre de las tensiones provocadas por los cambios y las transformaciones socioeconómicas que tienen una dimensión universal. Los filósofos griegos también soñaban con la utopía de una idílica Arcadia pastoril, pero esa Arcadia no existía ni existe. Ningún lugar queda totalmente al margen de los procesos globales que hay en marcha.

En resumen, el futuro de la España interior despoblada depende en gran manera de dos factores complementarios. En primer lugar, de la resiliencia y la capacidad creativa de sus pequeñas y medianas ciudades, desde las cabeceras comarcales más pequeñas a las capitales de provincia e incluso las capitales autonómicas. Y eso requiere, toda vez que se están extinguiendo las pequeñas burguesías urbanas, de la existencia de un capital humano formado y capaz de poner en valor las potencialidades endógenas del territorio, que siempre las hay. Si falla el potencial endógeno y faltan proyectos e iniciativas innovadoras, siempre queda el colchón amortiguador del sector público vehiculado a través de las políticas regionales a escala española o comunitaria. Unos programas e incentivos que pueden ralentizar el declive y mantener una especie de statu quo sin grandes altos ni bajos, lo cual acaba creando un efecto placebo que, lejos de suponer un elemento dinamizador, suele provocar la parálisis del territorio en cuestión. Y existen muchos ejemplos de territorios que permanecen adormecidos en el estancamiento.

Finalmente, está la cuestión recurrente del empleo, que afecta a casi todos los municipios rurales por igual. Ya lo he mencionado, pero se trata de una cuestión importante. Todos los días aparecen en la prensa local noticias sobre la dificultad que existe para cubrir cualquier plaza pública medianamente cualificada en los pueblos y en las pequeñas ciudades, sean funcionarios de todas las categorías, médicos, arquitectos municipales, ingenieros o profesores. La rotación de los profesionales es continua no solamente en los pequeños pueblos, sino que también lo es en las cabeceras comarcales de la España interior e incluso en las pequeñas ciudades cercanas a los entornos metropolitanos.

El gran capital ocupa un medio rural despoblado y descabezado

Lo he repetido a menudo en los distintos capítulos de este ensayo. El medio rural tradicional, el que tenía en la agricultura y la ganadería su base económica principal, hace ya mucho tiempo que fue condenado a la extinción, a pesar de las políticas públicas destinadas a asegurar su supervivencia. Empezó a tocar fondo hace tiempo, probablemente desde el mismo momento en el que los documentos oficiales dejaron de hablar de payeses, labradores y campesinos para pasar a utilizar un lenguaje empresarial puro y duro. Algo ancestral murió con este simple cambio de denominación, fuera el labrador castellano, el labrego gallego, el payés catalán o el llaurador valenciano. Todos dejaron de existir cuando a la agricultura familiar convencional se la llamó explotación agraria y el agricultor de toda la vida se convirtió en un moderno gerente empresarial. La agricultura y la ganadería familiar tradicional respondían y se adecuaban a unas formas de vida periclitadas hace mucho tiempo. Incluso las pequeñas industrias de transformación ubicadas en entornos rurales o de montaña aislados tienen muchas dificultades para subsistir, a pesar del coraje y la preparación de sus promotores. No faltan ejemplos de éxito, pero lo que impera es una agricultura y una ganadería cada vez más capitalizada.

La transformación y la progresiva capitalización del campo español avanza a pasos agigantados. Hoy existe en el país un potentísimo sector agroalimentario que probablemente es uno de los más desarrollados de Europa, pero que está en vías de acabar absolutamente controlado por las grandes empresas de producción, distribución y comercialización de los productos agropecuarios, tanto nacionales como multinacionales. Me parece oportuno utilizar aquí el término gran capital por sus connotaciones izquierdistas, a pesar de ser uno de los conceptos más sobados del marxismo. De hecho, el capital multinacional ha entrado en casi todos los sectores agropecuarios, desde los invernaderos almerienses a la horticultura onubense, murciana o valenciana e incluso en la viticultura; es ilustrativa, en este último caso, la adquisición por parte de sendas multinacionales de la alimentación de dos buques insignia de la viticultura catalana como son Codorníu y Freixenet.

Pero donde la transformación y la capitalización del sector agropecuario ha sido realmente impresionante es en la ganadería intensiva. El controvertido caso de las llamadas macrogranjas (de vacas, terneros, cerdos o avícolas), que saltó al primer plano de la actualidad durante la primavera del año 2021, ejemplifica perfectamente cuáles son las dinámicas capitalistas o, por mejor decir, neocapitalistas que desde las últimas décadas condicionan la evolución económica, social y territorial del medio rural español, incluso del más vacío.

La ganadería industrial se caracteriza por una creciente intensificación de la producción hasta llegar a la situación actual, en la que son habituales las explotaciones ganaderas que cuentan con millares de cabezas de ganado estabulado, llamadas popularmente macrogranjas. A efectos prácticos, según el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (RETC, o PRTR por sus siglas en inglés) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se consideran macrogranjas las instalaciones dedicadas a la cría y el cebo del ganado porcino que tienen capacidad para cebar más de 2.000 cerdos de engorde de más de 30 kg de peso o 750 cerdas madres reproductoras; para el caso de una granja avícola, el número de pollos de engorde o de gallinas ponedoras se sitúa en 40.000 cabezas, y en el vacuno se consideran macrogranjas las explotaciones de más de 500 vacas de leche o de terneros. En España existen entre 4.000 y 7.000 macrogranjas, dependiendo de donde se sitúe el listón en cuanto al número de cabezas (algunas explotaciones porcinas superan las 10.000). La mayor parte de las macrogranjas se localiza en las comarcas interiores de Cataluña, en Aragón, sobre todo en determinadas comarcas de Huesca y Teruel, y en Castilla y León, principalmente en la provincia de Soria, además de otros enclaves dispersos como el interior valenciano y la Región de Murcia.

Se trata de instalaciones que, por lo general, funcionan bajo el régimen llamado de integración ganadera. Es decir, las grandes empresas controlan toda la cadena de valor, desde el suministro de los animales de engorde hasta su sacrificio, comercialización y distribución de la carne procesada, incluidos los piensos y los tratamientos sanitarios. El granjero pone de su parte las instalaciones y el mantenimiento de la granja, que en muchos casos funciona de manera casi automatizada por lo que se refiere a la alimentación del ganado y la limpieza de las instalaciones. Todo lo demás depende de la empresa integradora, que cada vez más tiende a construir y gestionar sus propias macrogranjas. Ni que decir tiene que las eyecciones de los millones de cabezas de ganado de las macrogranjas constituyen en la actualidad uno de los mayores problemas de contaminación del campo español, junto con el empleo de pesticidas.

Este tipo de producción tiene muy poco que ver, lógicamente, con la ganadería extensiva tradicional, aunque esté más o menos tecnificada en cuanto al tipo de pastos, selección genética de los animales y número de cabezas por explotación. Suele tratarse de una ganadería convencional habitualmente llevada a cabo en explotaciones familiares. El bovino de leche y de carne predomina en Galicia, la cornisa cantábrica y la media y alta montaña húmeda (Pirineos), y el ovino en el resto del territorio. Lo mismo puede decirse de la cría y engorde del cerdo ibérico en libertad o semilibertad, predominante en la Meseta occidental, desde la provincia de Salamanca a las de Córdoba y Huelva, pasando por Cáceres y Badajoz.

La dura controversia sobre las macrogranjas surgió a raíz de la entrevista que el diario conservador británico The Guardian realizó a Alberto Garzón, por aquel entonces ministro de Consumo, publicada el 26 de diciembre de 2021, y cuyo titular rezaba “Spanish should eat less meat to limit climate crisis, says minister”, que traducido literalmente decía: “Los españoles deberían comer menos carne para limitar la crisis climática, sostiene el ministro”. En la citada entrevista, el ministro Garzón condenó doblemente y sin paliativos, por insostenibles y propiciadoras del calentamiento global, tanto las explotaciones ganaderas ultraintensivas como los hábitos alimenticios mayoritarios de la población española, basados en un incremento creciente del consumo de carne. Para más inri, el ministro también cuestionó la calidad de la carne producida en las llamadas macrogranjas, lo cual desencadenó la reacción unánime del sector, desde los fabricantes de piensos a las industrias cárnicas, una de las más desarrolladas del país.

Ni que decir tienen que las citadas declaraciones causaron perplejidad entre los socios del Gobierno de coalición de izquierdas (PSOE y Unidas Podemos), al que pertenecía el ministro, al mismo tiempo que suministraron una muy abundante munición dialéctica a la oposición de derechas. De esta manera, desde que se conocieron las explosivas declaraciones del ministro al periódico británico los titulares acusatorios acapararon la prensa nacional, hasta el punto de que condicionaron absolutamente la campaña electoral de las elecciones autonómicas anticipadas que la Junta de Castilla y León celebró el 13 de febrero del 2022. En un contexto de gran crispación, que tenía mucho más de postureo y de un farisaico rasgamiento de vestiduras que de apuesta por la ganadería extensiva, la campaña electoral castellanoleonesa se convirtió en un interminable y berlanguiano desfile de políticos de distinto pelaje por todo tipo de explotaciones ganaderas. Pisaron granjas de cerdos, dieron pienso a vacas y terneros, visitaron granjas de gallinas felices y pasearon por el campo entre rebaños de vacas, cabras y ovejas.

Independientemente de su mayor o menor incidencia en los resultados electorales en Castilla y León, la polémica terminó probablemente en tablas e incluso dándole la razón al ministro, ya que los políticos casi siempre fueron entrevistados en campo abierto, declarándose absoluta e inequívocamente partidarios de la ganadería extensiva y pasando de puntillas sobre la indiscutible problemática medioambiental de la ganadería ultraintensiva. En cualquier caso, la proliferación de grandes explotaciones ganaderas es una realidad tangible y seguramente inevitable en toda España y Europa, tal como acontece en los Estados Unidos, donde predomina la llamada big agriculture del Medio Oeste, propia de estados como Iowa, donde el vertido de purines de las macrogranjas porcinas ha provocado la contaminación generalizada de las aguas y los suelos, de igual forma que en países como Brasil o China.

Un proceso de capitalización que tiene mucho que ver con el progresivo control por parte de las grandes corporaciones multinacionales de los procesos de producción, distribución y consumo de los productos agroalimentarios, tanto de las carnes como de las frutas y hortalizas. No ha de extrañar, por lo tanto, que en todas partes surjan iniciativas de defensa y promoción de la agricultura y la ganadería ecológica y de los productos agropecuarios de proximidad, y opciones de consumo alternativas al consumo de carne y la llamada comida basura (fast food). He aquí un nicho productivo de futuro que, debidamente incentivado, puede contribuir a revitalizar el espacio rural, tal como está ocurriendo actualmente a pesar de que sigue siendo una opción minoritaria.

La cuestión es que, en un medio rural y un campo en gran parte despoblado y descapitalizado, los grandes grupos inversores, tanto del sector agroalimentario como del energético y el logístico, pueden penetrar masivamente y sin encontrar mucha oposición en un entorno rural casi vacío, cuyos residentes permanentes acostumbran a dar su apoyo a cualquier inversión productiva. Allí disponen de terreno y de suelo abundante y barato para construir sus enormes instalaciones, sea para plantar y explotar durante unos años medio millón de manzaneros, olivos o naranjos, instalar un gran parque fotovoltaico o un parque eólico y, evidentemente, para implantar macrogranjas avícolas, porcinas o bovinas y sus correspondientes industrias subsidiarias.

Es el caso, por ejemplo, de los impresionantes mataderos y plantas de transformación cárnica radicados en las comarcas interiores de Cataluña (de Lleida a Osona y Girona), en Aragón (desde el Bajo Cinca al valle del Jiloca), en Soria o en la Región de Murcia. El discurso políticamente correcto apuesta hoy por la sostenibilidad, el bienestar animal, la ganadería extensiva, la agricultura ecológica, los productos agropecuarios de proximidad y las actividades llamadas posproductivistas, como el turismo rural en todas sus variadas formas. Se trata de apuestas lógicas y defendibles, pero hoy en día siguen siendo sectores complementarios.

El PIB y el dinamismo de provincias como Lleida, Huesca, Teruel o Soria depende en gran manera tanto de las macrogranjas como de las industrias vinculadas, lo cual tiene muy poco ver con la imagen tradicional del campo que subsiste todavía en la memoria colectiva y que la publicidad en todas sus formas trata de recrear. En un campo vacío la mano de obra necesaria se puede importar siempre que haga falta, tal como ocurre en las potentes industrias cárnicas aragonesas y catalanas, como en el municipio de Guissona, en Lleida, entre otros muchos. En esta población de algo más de 7.000 habitantes (el 53% extranjeros) tiene su sede central la corporación bonÀrea, una antigua cooperativa local convertida en un emporio cárnico. Según su página web, cerró el ejercicio 2021 con 4.400 empleados directos, 4.000 agricultores vinculados, más de 400 puntos de venta y una facturación de 2.250 millones de euros.

Por lo que respecta al sector estrictamente agrícola, muchos municipios se han visto favorecidos por las inversiones de grandes corporaciones que han aprovechado los incentivos europeos al desarrollo rural. En muchos casos, sobre todo en los territorios donde impera el minifundismo, las nuevas inversiones han realizado la concentración parcelaria que en su momento no consideraron oportuna los paisanos. Es el caso, por ejemplo, de la empresa Vegamar, del grupo Disber, que en muy poco tiempo ha adquirido en Calles (Valencia) una gran parte de la superficie cultivable del término municipal y de las partidas aledañas para dedicarla a la vid y el olivo. La transformación en muy pocos años de este paisaje antiguamente de secano ha sido radical, habiendo desaparecido casi por completo los bancales perdidos. Hoy el campo callejano tiene una apariencia ubérrima, pero las inversiones de Vegamar tienen muy poca incidencia en la creación de puestos de trabajo en la localidad. Las labores más intensivas en mano de obra, como la poda y la vendimia, se hacen con temporeros que la misma empresa se encarga de contratar, tal como ocurre con la mayoría de las empresas del sector vinícola que gestionan grandes extensiones de vid, como Raimat en Lleída, que gestiona de manera casi automatizada una finca de cerca de 2.000 hectáreas de viña, la mayor de Europa según la página web de la empresa.

La ciudad difusa invade el campo

Hasta finales del siglo XX las migraciones internas se dirigían mayoritariamente del campo a la ciudad y de las regiones agrarias a las industriales. El éxodo rural tenía como contrapartida el crecimiento acelerado de las grandes áreas metropolitanas como Madrid, Barcelona, Bilbao o Valencia, pero también crecían, aunque en menor medida, las cabeceras comarcales y las pequeñas ciudades capitales provinciales como Teruel, Cuenca, Zamora o Soria. Desde finales del pasado siglo, por el contrario, empezó a incrementarse en gran manera el crecimiento de las periferias urbanas, a todas las escalas, con la consiguiente extensión de la llamada ciudad difusa hacia el entorno rural próximo, a través de polígonos industriales y promociones de viviendas unifamiliares o de adosados. Este es un fenómeno de difusión urbana general en toda España, pero como es lógico suponer no tiene nada que ver con un hipotético repoblamiento del medio rural. Los expertos llaman rural próximo o periurbano a esos entornos rurales que circundan las ciudades pequeñas y medianas, pero se trata sin duda de un modo de vida genuinamente urbano aunque se resida en pleno campo, sea en la periferia de Madrid, Valencia o Barcelona o en la de Cuenca, Soria o Zamora.

No soy especialmente crítico con esta forma de vida, muy denostada por los partidarios de la ciudad compacta, pero no hay duda de que está muy presente en el imaginario de las clases medias urbanas de toda España. Resulta ilustrativa, en este sentido, una escena de la película Barrio, dirigida por Fernando León de Aranoa, estrenada en 1998 (estuvo nominada a seis premios Goya y obtuvo tres: mejor dirección, guion y actriz revelación). El filme refleja la vida cotidiana de unos adolescentes en un vacío e inhóspito barrio de la periferia de una gran ciudad mientras todo el mundo se ha ido de vacaciones, la mayor parte de las familias a su pueblo de origen. Estos adolescentes podrían residir tanto en el barrio de San Blas, en Madrid, como en la Ciudad Meridiana de Barcelona, o en cualquier otro gran polígono de viviendas populares de una gran urbe. En un momento determinado sus protagonistas se preguntan sobre sus aspiraciones de futuro, que uno de ellos concreta en un chalé con piscina. No sabemos si los imaginarios protagonistas del filme viven hoy en un adosado con piscina o todavía residen en su barrio de origen, ¿quién sabe?, pero no cabe duda de que esta es una aspiración general entre las clases medias urbanas del país.

No se trata de algo nuevo. Francesc Macià, el que fuera presidente de la Generalitat por Esquerra Republicana en los tiempos de la Segunda República, ganaba por abrumadora mayoría las elecciones gracias al predicamento que había obtenido entre las clases populares catalanas mediante un eslogan bien preciso: “La caseta i l’hortet”. Es decir, cada trabajador debía aspirar a poseer una “casita con un huertecito”, dicho así, en diminutivo, para huir de cualquier grandilocuencia burguesa o veleidad de nuevo rico. En resumen, el esponjamiento de los entornos urbano-metropolitanos y la progresiva extensión de las periferias urbanas a lo largo de los ejes viarios es un hecho evidente, basta observar con un cierto detalle los mapas lumínicos de la Península, pero este proceso tiene muy poco que ver con un hipotético retorno al campo y a las Españas vacías.

Y sin embargo, algo se mueve en el campo

Desde sus inicios en los años noventa hasta el cierre de la última convocatoria LEADER (2014-2020), los cerca de 300 Grupos de Acción Local (GAL) que existen en el país han impulsado la ejecución y la materialización practica de más de 50.000 proyectos de desarrollo rural en toda Españas. Hoy, después de más de treinta años de aplicación de políticas de desarrollo rural y de la existencia de estos GAL, los resultados son más esperanzadores que deprimentes. A lo largo de tres décadas, los GAL han podido llevar a cabo centeneres de iniciativas y proyectos de desarrollo rural a través de los programas LEADER, PRODER o INTERREG, pero lo más importante, más allá de lo estrictamente económico o tangible —que es mucho—, y dicho en palabras de expertos como Javier Esparcia (2017), es la creación y el fortalecimiento del capital social y de la cohesión territorial del medio rural español. Treinta años de reflexión colectiva sobre el territorio y de puesta en marcha de incontables proyectos de desarrollo rural han posibilitado una progresiva toma de conciencia de las carencias, han creado redes, se han conocido y divulgado los problemas y sus posibles soluciones, lo cual ha redundado en un aumento creciente de la autoestima y de la capacidad de movilización en defensa de unos intereses comunes. Prueba de ello es el surgimiento de las plataformas de defensa territorial que hoy se articulan alrededor del concepto España vaciada, muchas de ellas sumamente críticas con las propuestas de los GAL, que piensan que están secuestrados por intereses políticos.

Sea como sea, el mundo rural se mueve; prueba de lo dicho es la eclosión de una renovada vida social y cultural, la preocupación por recuperar y poner en valor un patrimonio inmaterial que se creía perdido o, lo que era más deprimente hasta hace pocos años, indigno de ser recuperado por su atavismo. La situación actual es completamente distinta a la de hace unas décadas. Cada vez son más los pueblos en los que se recrean leyendas, historias y batallas o se recuperan tradiciones y costumbres perdidas hace tiempo. A pesar de la secularización de la sociedad española, ningún pueblo se queda sin sus fiestas patronales o sin su romería a la ermita o al santuario situado en el paraje más recóndito. Todos los veranos en la España rural más profunda se celebran centenares de certámenes culturales y festivales de todo tipo de música (jazz, pop, rock e incluso música llamada culta) que pocos años atrás eran una cosa exclusiva de las ciudades o de los destinos turísticos más acreditados.

Es el caso, entre otros muchos, del Festival de las Culturas Pirineos Sur, que todos los veranos se celebra en el pequeño pueblo recuperado y rehabilitado de Lanuza, en Sallent de Gállego (Huesca), que en 2023 celebra su XXX edición. Se trata de un caso bien conocido: el pueblo fue expropiado por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro y sus vecinos desalojados con motivo de la construcción de un embalse de regulación de la cabecera del río Gállego (el embalse de Lanuza, inaugurado en 1980). Se trata de uno de los primeros ejemplos de un pueblo expropiado y luego recuperado por sus antiguos moradores. Hoy constituye un conocido destino turístico-cultural del Pirineo aragonés.

En el libro titulado L’altre món rural. Reflexions i experiències de la nova ruralitat catalana, coordinado por Rosa Cererols y Joan Nogué (2022), se recogen muchas de estas nuevas experiencias y realizaciones llevadas a cabo en el medio rural catalán, muchas de ellas en el terreno artístico y cultural, algo que va más allá de lo estrictamente productivo. En resumen, la lista de las iniciativas empresariales y culturales surgidas en el medio rural es larguísima e integra campos muy diversos. A un lado están las iniciativas directamente productivas, entendidas en un sentido convencional, desde la apuesta de los jóvenes ganaderos por la producción de carnes, embutidos o quesos de calidad a la creación de productos innovadores de turismo activo y de naturaleza. Y por el otro, las numerosas iniciativas culturales de rescate, puesta en valor y difusión del patrimonio cultural o la nueva literatura rural. Un dinamismo cultural que se refleja a través del reconocimiento por parte de la Unesco en el año 2015 de las fallas (falles) que arden en numerosos pueblos de ambas vertientes del Pirineo para conmemorar el solsticio de verano; y el reconocimiento reciente, en 2022, del transporte fluvial de las maderadas, ambos en la categoría de patrimonio inmaterial de la humanidad.

Se podrá argumentar que no todas estas iniciativas son genuinamente rurales, pero esto es pensar en pasado o creer que las personas que hoy residen en los pueblos todavía se corresponden con los estereotipos cinematográficos berlanguianos. Poco importa si un proyecto surge de una iniciativa local o es neorrural, sobrevenida o foránea. La cuestión es que pueda implantarse y que tenga continuidad. Hace mucho tiempo que el fenómeno neorrural dejo de ser un hecho contracultural para convertirse en un impulsor de las innovaciones, lo cual demuestra que no faltan oportunidades, a poco que se incentive a los nuevos emprendedores. Crear tres nuevos puestos de trabajo en un pueblo de las Cinco Villas, las Batuecas o la Siberia extremeña tiene muchísima más importancia territorial que inaugurar una nueva franquicia o una pizzería en una calle comercial de cualquier gran ciudad. Lo que decae y se extingue, irredimiblemente, es una economía tradicional y unos ancestrales géneros de vida periclitados hace mucho tiempo. Nadie en su sano juicio puede defender volver a un tiempo pasado que nunca fue mejor: “agua pasada no mueve molino”, sostiene sabiamente el refrán popular.

El vaso está medio lleno: no al victimismo

Las plataformas defensoras de la España vaciada no deberían correr el riesgo de caer en la vana utilización del victimismo. Un recurso gastado, que solo produce frustración y que es más propio de causas irredentas que de proyectos viables y solventes, tal como demuestra el curso de la historia pasada y reciente. La reivindicación del Plan 100/30/30 es algo tangible y plausible, pero a tenor de lo visto, lo escrito y lo declarado por muchas veces en los medios, no resulta fácil cambiar el tono negativo y ver las cosas desde otros puntos de vista. Son muchos años de flagelo. Vivimos en un país donde a las plañideras nunca les faltó trabajo y a los augures del catastrofismo tampoco. La flagelación tiene una larga tradición. Lo dije antes y lo repito ahora: muchos intelectuales de relumbrón no solamente son derrotistas, sino que son incapaces de valorar lo que hay de positivo en la historia común. Este es un país donde tienen más crédito los críticos que los creadores. No es necesario dar nombres.

Con la España vacía o vaciada sucede algo parecido: determinada prensa de papel, la digital y los medios audiovisuales suelen prestar más atención a las visiones apocalípticas del medio rural que a las que admiten, por el contrario, que en el supuesto país vacío o vaciado de hoy ni faltan iniciativas, ni oportunidades de desarrollo y que tampoco se vive mal. En la España rural profunda reside poca gente, falta juventud, nacen pocos bebés y hay más abuelos y abuelas que niños, pero eso no obsta para que todos los días surjan proyectos innovadores que superan con creces los signos de decadencia. Hay miles de personas que se levantan cada mañana batallando por llevar a cabo sus proyectos, desde poner en marcha una fábrica de perfumes en los páramos de la comarca de Molina de Aragón a la producción de carne ecológica o la creación de productos de turismo activo y de naturaleza que complementen el simple alojamiento rural. Y siempre está lo más convencional, casi siempre basado en los productos agroalimentarios de calidad: los vinos cada vez más sofisticados, las nuevas variedades de aceite de oliva, las frutas, legumbres y hortalizas con denominación de origen y todo tipo de quesos, embutidos y jamón (sea ibérico de Guijuelo, en Salamanca; de los Pedroches, en Córdoba, o jamón de Teruel), todo ello complementado por la apuesta del sector hostelero por una gastronomía de calidad, renovada y vinculada al consumo de unos productos de proximidad cada vez más valorados.

Las archiconocidas estrellas Michelin, consideradas el no va más de la calidad y la innovación gastronómica, también llegan a la España rural, incluso a la más profunda. La Guía Michelin del año 2022 concede su apreciada distinción a 228 restaurantes españoles; la mayor parte de ellos se localiza en un entorno urbano, pero también incluye una nutrida representación de restaurantes ubicados en pequeños pueblos, incluso en situaciones periféricas. Entre otros ejemplos, hay restaurantes con estrella en Tramascastilla (106 habitantes), un minúsculo pueblo situado en plena sierra de Albarracín (Teruel); en los pueblos oscenses de Aínsa (2.151 habitantes) y Esquedas, una pedanía del municipio de La Sotonera; y en la montaña catalana hay que citar, entre otros casos, los pueblos pirenaicos de Gombrèn, Sagàs, Cercs y Sort, además de Ulldecona y Cornudella, en el interior de la provincia de Tarragona (Terres de l’Ebre). También hay restaurantes galardonados en Almansa (Albacete), Ezcaray (La Rioja), Sigüenza (Guadalajara), Benavente (Zamora), Zarza de Granadilla (Extremadura), Pereiro de Aguiar (Orense), Urdaitz (Navarra) y Elciego (en la Rioja alavesa), entre una larga lista de establecimientos de restauración situados en el medio rural, incluso en lugares relativamente aislados como algunos de los citados.

Hacia un cambio de discurso

Cuando empecé a redactar estas páginas, Europa apenas había empezado a superar la crisis de los diez años, luego vino la pandemia provocada por el virus de la COVID-19 y hoy el continente está en guerra. Las crisis son cíclicas según la teoría económica, las pandemias son imprevisibles y las guerras no son nada nuevo en Europa. Incluso hay quien sostiene que la historia del continente no es más que una inconclusa guerra civil que la creación de la Unión Europea todavía no ha podido cerrar. Más pronto que tarde todo eso será agua pasada, pero subsistirán, en cambio, las incertidumbres y los retos del presente y el futuro, como la gobernanza democrática de una sociedad multicultural y el control del calentamiento global cuyas consecuencias se manifiestan a todas las escalas. En este contexto, los escenarios de futuro son imprevisibles a escala global, pero mucho más esperanzados por lo que al futuro de la España vacía o vaciada, que ahora, después de haber tocado fondo, se encuentra en condiciones de iniciar un nuevo proceso de reconversión socioeconómica, territorial y cultural.

De hecho, estaríamos viviendo una nueva fase de transformación y de reconversión del medio rural que no tiene nada que ver con el declive y la marginación social y territorial de antaño. Los pueblos españoles, los millares de pequeños pueblos españoles, para ser más preciso, en ningún momento de la historia han gozado de unos equipamientos y de unas condiciones materiales de vida como las de ahora mismo. Las fiestas y las tradiciones nunca fueron tan espléndidas en lo material como las de ahora. Las calles y las casas de los pueblos lucen como nunca, y en casi todos ellos las personas disfrutan de unos servicios públicos impensables cuarenta años atrás. “De servicios estamos servidos”, me dijo un médico jubilado residente en un pequeño pueblo situado a 50 km de Teruel.

Pero nada será como antes. Las formas de vida ligadas para siempre al terruño se extinguieron hace mucho tiempo. La vida es hoy intermitente e incluso nómada por lo que se refiere al lugar de residencia de cada cual. Los pequeños pueblos de la España vacía o vaciada no desaparecerán. Incluso las aldeas más remotas, vaciadas hace mucho tiempo, reciben cada verano y por fiestas un soplo de vida, aunque esta sea episódica o intermitente. En el término municipal de Arcos de las Salinas (112 habitantes en 2021), situado en un confín de la provincia de Teruel y tan aislado del resto de la provincia que tiene prefijo telefónico de Valencia, hay una diminuta aldea llamada Hoya de la Carrasca, deshabitada tiempo ha, lo cual no significa exactamente que esté abandonada. Incluso aquí hay vida en verano, puesto que sus antiguos habitantes y los descendientes de sus descendientes siguen subiendo cada mes de mayo en romería a la ermita de Santerón para honrar a santa Quiteria y repartir panes benditos a los romeros.

Es por todos esos indicios de renovación rural por lo que es necesario poner en cuarentena los discursos apocalípticos sobre las Españas vacías o vaciadas. Evidentemente que existe un problema de despoblación rural y de falta de infraestructuras básicas, pero también hemos visto que el gran hándicap del país es más demográfico que territorial y afecta al conjunto del espacio nacional sin excepciones. Lo llaman reto demográfico y ni hace falta insistir en los datos. Solamente hay que recordar que hoy por hoy el reemplazo generacional de la población española depende casi exclusivamente de la inmigración, y que en el país hay muchos más abuelos que niños, de manera que de algún sitio tendrán que salir los presupuestos que aseguren el pago de las pensiones y la cobertura del estado de bienestar. Por otra parte, es probable que en el futuro siga disminuyendo el número real de residentes permanentes de las entidades de población (masadas, aldeas, pedanías) y de los pequeños municipios, sobre todo de los situados en contextos territoriales remotos, poco accesibles y ya de por sí menos poblados y carentes de servicios, empezando por los más elementales, como el comercio de primera necesidad. Como señala la experta en población Dolores Sánchez Aguilera (2022), las personas no son plantas ni tienen raíces, y pueden elegir. Y esta fue la decisión que en su momento tomaron millones de españoles: huir de la pobreza, pero también de la falta de perspectivas, del aislamiento social y cultural y, sobre todo, de la soledad. La triste soledad en la que vivieron y siguen viviendo los millares de hombres, sobre todo los hombres, puesto que son ellos los que se quedaron en el pueblo o la aldea defendiendo —no sabemos si de manera heroica o contumaz— la casa y el pedazo de tierra que un día heredaron de sus mayores.

Residir de forma permanente en un pequeño pueblo o aldea, y los hay a millares en España, es una opción de vida como otra cualquiera, pero al precio de renunciar a muchas cosas, incluso en el caso de que se disponga de suficientes medios económicos. Entre ellas, poder tener una vida individual, familiar y colectiva plenamente activa y acorde con las necesidades personales y sociales del presente, tanto en la infancia como en la adolescencia, la vida adulta y mucho más cuando uno es mayor. Un niño o una niña de una aldea remota de los Ancares necesita hablar y jugar con otros niños, hacer deporte o relacionarse, de igual forma que sus progenitores. Pero no hace falta llamar al sepulturero: la mayor parte de los espacios rurales españoles ni se vaciarán ni cerrarán por falta de efectivos demográficos. La vida de los pueblos de la España poco poblada es desde hace muchos años intermitente y la de las personas nómada, y así será probablemente en el futuro. Como he dicho repetidas veces, no es lo mismo de lunes a viernes que el fin de semana, ni el verano que el invierno, ni significan lo mismo para los pequeños pueblos la vieja línea telefónica que poder conectarse a internet todos los días del año y a todas horas. Y por mi parte, no tengo nada que objetar con respecto a esta nueva situación.

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NOTAS

1 . https://www.jaenmerecemas.es/.

2 . Listado (y fecha de emisión) de los episodios del programas de Labordeta: “El Maestrazgo de Teruel” (14/10/1995); “La Vera de Cáceres” (15/10/1995); “De Panes a Potes” (21/10/1995); “El Duratón” (28/10/1995); “La Ruta del Mármol” (29/10/1995); “Sierra Norte de Madrid” (4/11/1995); “La Rioja” (5/11/1995); “El Priorato” (11/11/1995); “El valle del Roncal” (18/11/1995); “De la Tramuntana al Pla” (19/11/1995); “Campo de Calatrava” (25/11/1995); “Sierras de Segura” (26/11/1995); “Al sur de Alicante” (2/12/1995); “El Reino de la Luz” (9/12/1995); “Encartados” (16/12/1995); “El Hierro” (17/12/1995), y “Lejos del mar” (23/12/1995). Segunda temporada: “Sierra de Aracena (8/10/2000); “Estar en Babia” (15/10/2000); “Valle de Ambroz” (22/10/2000); “Menorca (29/10/2000); “Alto Tajo y Señorío de Molina” (5/11/2000); “Baixo Miño (12/11/2000); “Aliste” (19/11/2000); “El Moncayo (26/11/2000); “Donde el Ebro se hace delta” (3/12/2000); “Valle de Andarax” (10/12/2000); “Por tierras de Cantabria” (17/12/2000), y “La Gomera” (24/12/2000).

3 . Saint-Étienne, la ciudad industrial y minera, capital del departamento de Loira, en Francia, superaba los 220.000 habitantes en los años setenta; hoy tiene 50.000 habitantes menos: 173.821 habitantes en 2019.

4 . Véanse, por ejemplo, Cerdá (2017) y el artículo de Pedro G. Cuartango “Laponia del sur” (El Mundo, 11 de febrero de 2017).

5 . Según ACNUR, tras la invasión rusa, más de cinco millones de personas se vieron obligadas a abandonar Ucrania y refugiarse en otro país. Se trataría de la enésima guerra civil en una Europa que parece empeñada en resucitar cada cierto tiempo su turbulento pasado y sus viejos fantasmas.

6 . “Fernando Molinero: ‘El problema del abandono del campo está en el push rural o rechazo a lo rural’”, Agronews Castilla y León, 19 de mayo de 2022.

7 . Aprovecho la ocasión para reivindicar que el pantano de Benagéber pueda recuperar el nombre original con el cual fue proyectado: embalse Blasco Ibáñez, o en su defecto, situar en un lugar visible junto a la presa una placa que recuerde el nombre que pudo haber tenido y no tiene a causa del golpe de Estado franquista.