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SINOPSIS

La historia es bien sabida: la socialdemocracia está en decadencia. Al declive electoral en casi toda Europa se le suma una aparente falta de ideas ante la crisis económica y política que recorre el mundo. Con desenvoltura y un sutil sentido del humor, Borja Barragué hace un diagnóstico de la situación y aborda los conceptos básicos de la justicia social y de los pensadores que han marcado la deriva ideológica de la socialdemocracia. Pero el libro va mucho más allá: cargado de argumentos y datos recientes, y con valentía no exenta de autocrítica a la propia tradición socialdemócrata, el autor propone ideas que esquivan la retórica vacua y se aventura a esbozar innovadoras sugerencias para salir del atolladero.

Borja Barragué

Larga vida

a la socialdemocracia

Cómo evitar que el crecimiento

de la desigualdad acabe con la democracia

Introducción

El comunismo, la creencia en que se trascenderá el capitalismo mediante la colectivización de los medios de producción, ha muerto como proyecto político. En sus menos de dos siglos de vida, el comunismo ha sido el fantasma que recorría Europa en el siglo XIX, la ideología que ha gobernado la vida del mayor número de personas en la historia en el XX... y un cadáver político en el XXI.

La socialdemocracia, la creencia de que es posible reformar el capitalismo —a través de la intervención pública— para que su funcionamiento eleve las expectativas de vida de los trabajadores, está en caída libre en buena parte de Europa. Si a principios de este siglo se podía conducir desde Inverness (Escocia) hasta Vilnius (Lituania) sin atravesar un solo país gobernado por la derecha, como observaba el semanario económico The Economist, hoy la situación ha cambiado.¹

DOS FANTASMAS RECORREN EUROPA

La combinación de factores coyunturales —crisis económica y de refugiados, políticas de austeridad— y otros más estructurales —globalización, cambio tecnológico, inmigración, declive de la ﬁliación sindical— ha reducido la base electoral de la socialdemocracia a valores mínimos desconocidos en los últimos cien años.

El fantasma de la pasokización —que se inició en Grecia en 2009 y prosiguió en 2015 cuando, tras décadas en el poder, el partido socialista griego Pasok fue prácticamente reemplazado por la coalición radical de izquierdas Syriza— tuvo otros dos episodios en 2017, con la práctica desaparición del Partido Socialista francés, que perdió un 22,2 % de los votos respecto a las anteriores elecciones, y el Partido Laborista holandés, que cayó un 19,1 %.²

Junto al de la pasokización de la socialdemocracia, el otro fantasma que recorre Europa es el auge de la ultraderecha autoritaria. El porcentaje de voto a la ultraderecha ha pasado del 5,8 % en la década de 1970 al 12,4 % en la de 2010, el más alto de la serie histórica.³ En España, el partido ultraderechista Vox, que se ha referido a los inmigrantes que llegan al país como «manadas» de magrebíes «okupas y con sarna», obtuvo 395.978 votos (un 10,97 %) en las elecciones de Andalucía celebradas en diciembre de 2018. En los anteriores comicios andaluces de 2015, Vox obtuvo 18.017 votos (un 0,45 %), 13.000 menos que el Partido Animalista contra el Maltrato Animal (PACMA).

Contener el crecimiento de la ultraderecha requiere, en primer lugar, entender las causas de que millones de votantes en todo el mundo hayan abandonado el centro del tablero político en favor del autoritarismo de «hombres fuertes» como Vladímir Putin, Donald Trump, Matteo Salvini, Viktor Orbán, Jair Bolsonaro y Santiago Abascal. Aunque existe poco acuerdo en el diagnóstico, las explicaciones más solventes coinciden en que ese auge se debe a los cambios que ha traído la globalización, en concreto, a la reacción de sus víctimas culturales, económicas y geoespaciales.

La explicación de la reacción cultural subraya que, comenzando en las décadas de 1960 y 1970, la combinación del auge de los valores progresistas —movimiento LGTBI, matrimonio homosexual, paciﬁsmo, cosmopolitismo— y la aceleración de la globalización ha accionado el «botón de la intolerancia» en una parte del electorado, que percibe que el grupo étnico al que pertenece está amenazado.

Las explicaciones económica y geoespacial son complementarias. Aﬁrman que la globalización ha generado una serie de ganadores, pero también el declive de regiones enteras en los países ricos, porque hoy los barcos gaseros ya no se construyen en los astilleros vascos, sino en Hong Kong, y los iPhone no se ensamblan en Cupertino, sino en Beijing. Como resultado de la desindustrialización que ha acompañado a la globalización, muchas ciudades que a comienzos de la década de 1970 se ufanaban de pertenecer al mundo industrializado y fabricar miles de Ford Mustang al día, hoy se avergüenzan de sus tasas de pobreza y de haberse convertido en hipermercados de droga al aire libre.

La derecha de los «hombres fuertes» ha reaccionado a esos cambios azuzando el nacionalismo y agitando los fantasmas de la inseguridad económica y ciudadana. En el terreno político, quienes amenazan la seguridad del grupo cultural dominante son las mujeres, las minorías raciales y, en general, cualquier grupo que discuta la seguridad étnicocultural de la clase trabajadora blanca. Y la solución que ofrece esta política de machos alfa es el proteccionismo político por la vía de los muros, las expulsiones y la supresión de la legislación que protege a las mujeres frente a la violencia de género. En el ámbito económico, la amenaza proviene de los cambios que han aumentado la inseguridad económica —cadenas de valor globales, inmigración— y la solución que ofrece la ultraderecha autoritaria es el proteccionismo económico a través de aranceles, promesas de «traer los empleos [manufactureros] a casa» y cualquier medida económica destinada a ofrecer un trato de favor a los trabajadores «de casa», es decir, no inmigrantes.

A menudo, muchas de estas amenazas son imaginarias —uno de los pocos consensos entre los economistas es que la inmigración suele tener un saldo neto positivo para un país— y sus soluciones homeopáticas —otros de esos raros consensos es que el proteccionismo económico es una pésima idea—, pero es una estrategia. Y a juzgar por los resultados cada vez que se coloca una urna, parece estar funcionando. Mientras tanto, ¿qué ha estado haciendo la izquierda?

En el terreno de la política, y de acuerdo con Mark Lilla, profesor en la Universidad de Columbia, refugiarse en la política de la identidad. La tesis de Lilla es que, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, el motivo principal de la derrota de Hillary Clinton en 2016 fue la progresiva fragmentación del discurso del Partido Demócrata durante las últimas tres o cuatro décadas, con el objetivo de adaptarlo a las demandas de los múltiples grupos identitarios que conforman el pueblo estadounidense.⁴ El equipo de campaña de Clinton tenía un discurso y unas propuestas para los afroamericanos, otro para las mujeres, otro para los homosexuales, otro para los transgénero, y así sucesivamente. Lo que no tenía era un proyecto político que agregara las demandas de todos esos grupos, uniﬁcando a toda la sociedad. El Partido Demócrata carecía, en deﬁnitiva, de un proyecto que ofreciera una visión de la vida en común, que cosiera las demandas de todos los grupos sociales y se dirigiera a su diana electoral tradicional: la clase trabajadora.

Cuando te encierras en ti mismo y dedicas muchos seminarios universitarios a discutir las demandas de reparación que el mundo te debe a ti y a los que pertenecen a tu mismo grupo identitario por injusticias pasadas, terminas por perder de vista —aﬁrma Lilla— que hay muchos otros ciudadanos que no han visto el cine de Kurosawa ni saben quién es Judith Butler y que, además, seguramente no tienen una opinión demasiado positiva de la globalización. Si la izquierda quiere recuperar a quienes se sienten amenazados por el avance del cosmopolitismo, ha de proponer un proyecto político que incorpore las demandas de todos esos grupos (y que ofrezca, así, una especie de consenso superpuesto).

En el ámbito económico, antes de pasar a analizar qué hacía la izquierda mientras la derecha azuzaba el proteccionismo económico, es importante destacar que la agenda económica de la nueva derecha autoritaria constituye un reto mayor que el que suponía el neoliberalismo. Desde ﬁnales de la década de 1970, la derecha contra la que competían los partidos de izquierda —la derecha neoliberal inspirada por Ronald Reagan y Margaret Thatcher— venía defendiendo que los mercados se autorregulan y que lo mejor que pueden hacer los gobiernos en materia económica es no hacer nada. En las últimas cuatro o cinco décadas, el discurso económico de la izquierda se escribía por oposición al de la derecha neoliberal: regular en vez de desregular, subir en lugar de bajar los impuestos, aumentar el gasto social y no disminuirlo, fortalecer servicios públicos como la sanidad y la educación en lugar de privatizarlos.

La nueva derecha de los machos alfa es más intervencionista que libertaria. La división entre izquierda y derecha en el ámbito económico ya no es reducible a una dicotomía entre (más) Estado o (más) mercado. A diferencia de la vieja derecha neoliberal, la nueva derecha autoritaria es anticosmopolita. De ahí que esté de acuerdo en mejorar la protección social de los perdedores de la globalización —siempre que sean «de casa»—, incluso si esto signiﬁca poner trabas al comercio internacional.

Estos realineamientos dentro de la derecha han sorprendido a la izquierda sin una agenda económica clara que ofrecer a las víctimas de la economía global. La izquierda más despistada, representada en España por la Agrupación por la Tercera República, ha suscrito las recetas del nacionalismo económico en la creencia, cabe suponer, de que todo lo que debilita la globalización refuerza a la izquierda.⁵ Como si la globalización fuese algo más o menos opcional, a lo que uno se apunta y desapunta como en el gimnasio, en lugar de una realidad irreversible.

La izquierda menos despistada ha venido insistiendo, hasta el punto de convertirlo casi en un eslogan, en la necesidad de compensar a los perdedores de la globalización. Eso lo sabemos y está bien. El problema es que no sabemos nada además del eslogan.

Tácitamente, el argumento anterior —la socialdemocracia europea está en caída libre porque su agenda política (identity politics) es errónea y la agenda económica es... cómo decirlo, escueta— asume que a la socialdemocracia todos los problemas le vienen por el lado de la oferta. Aunque es una idea sugerente, lo cierto es que la socialdemocracia enfrenta también diﬁcultades por el lado de la demanda. El «consenso socialdemócrata» de posguerra, basado en una economía mixta, una nueva macroeconomía de demanda (o keynesiana) y un generoso Estado del bienestar, surgió en un momento en el que la globalización era un fenómeno incipiente. Pero en las últimas décadas han acontecido una serie de cambios que hacen poco probable que se vuelva al statu quo que posibilitó el éxito rotundo de la socialdemocracia en la segunda posguerra mundial:⁶

• El aumento de la heterogeneidad en los perﬁles de los trabajadores, que ha minado la base electoral de la socialdemocracia (el obrero sindicado de mono azul y soplete).

• La transición demográﬁca, que pone en riesgo la viabilidad de unos Estados del bienestar que están envejeciendo mal.

• El multiculturalismo, que hace difícil pensar en una vuelta a la época dorada de la socialdemocracia, porque esta fue concebida para sociedades étnica y culturalmente homogéneas.

En todos estos problemas por el lado de la demanda (dicho de forma resumida: la socialdemocracia se está quedando sin socialdemócratas) y en sus implicaciones, profundizaré en el capítulo 2. Pero también es verdad que ante esas restricciones cabe adoptar dos posiciones.

Una, la que durante muchos años han adoptado los partidos socialdemócratas tradicionales, consistente en culpar de todas esas diﬁcultades a la globalización y a otras fuerzas que escapan a nuestro control.

La otra, defendida por los partidos situados en los extremos derecho e izquierdo del espectro ideológico, parte del reconocimiento de que el sistema económico mundial es el producto de decisiones explícitas de los gobiernos, así como de cierto escepticismo acerca de que las cadenas de valor globales vayan a elevar los niveles de vida de todos los grupos de población. Frente a la impotencia típica de los partidos socialdemócratas tradicionales, el «populismo económico» es atractivo porque ofrece una explicación de las causas por las que los beneﬁcios de la globalización no han alcanzado a las clases medias y bajas de los países ricos, así como una serie de soluciones. El discurso del populismo resulta atractivo porque apela a las preocupaciones del votante cabreado.⁷

NO ESTABA MUERTA, ESTABA DE PARRANDA

Hay tres cosas que, al menos desde que yo tengo memoria, viven en un estado de crisis permanente: el Estado del bienestar, la socialdemocracia y el Real Madrid. El caso de la socialdemocracia, sin embargo, es en verdad singular, porque llegó al mundo ya en estado de crisis. Siendo aún un nasciturus en el terreno de las ideologías, Karl Marx (1818-1883) y Friedrich Engels (1820-1895) fueron muy críticos con los principios fundacionales del Partido Socialdemócrata Alemán (SPD, por sus siglas en alemán), nacido de la alianza entre la Unión General Alemana de Trabajadores de Ferdinand Lassalle y el Partido Socialdemócrata de Trabajadores fundado por August Bebel y Wilhelm Liebknecht. Hasta tal punto llegaba su rechazo, que Engels le dijo a Bebel que, en caso de aprobarse el Programa de Gotha, ni él ni Marx podrían declararse socialdemócratas nunca más.⁸

Existen muchas razones por las que Marx y Engels se oponían al Programa de Gotha, pero interesa destacar una. Marx pensaba que, al adoptar ese programa, el socialismo renunciaba a entrar en la sala de máquinas de la producción y se contentaba con corregir los resultados más injustamente desiguales en la fase de distribución. Es verdad que a Marx le molestaban muchas cosas de ese programa, seguramente porque intuía la inﬂuencia de Lassalle en cada párrafo. Pero le disgustaba sobre todo que el nuevo partido aspirase a corregir lo que para él no eran sino las consecuencias del modo de producción capitalista, en lugar de centrarse en sus causas.

Esa transición por la que la socialdemocracia ha pasado de ser un proyecto basado en la idea de corregir las causas estructurales de las desigualdades interviniendo en el mercado —es decir, un proyecto informado por una noción predistributiva o ex ante de la justicia social— a centrarse en corregir sus resultados más desiguales posteriormente —mediante la redistribución— se inició en Gotha y se completó en otros dos momentos. El primero es el Programa de Bad Godesberg, ratiﬁcado por el Partido Socialdemócrata Alemán en noviembre de 1959. En este documento, en el que el SPD plasmó su abandono del marxismo al tiempo que abogaba por la identiﬁcación entre socialismo y democracia, se proponía un modelo —basado en la libertad, la justicia y la solidaridad— compatible con la economía de mercado. El histórico eslogan que resumía el espíritu de Bad Godesberg —«Mercados cuando sea posible, Estado cuando sea necesario»— hacía explícito algo que en el Programa de Gotha solo se vislumbraba: la aceptación de la división del trabajo entre mercado y Estado, según la cual el primero se encarga de la producción y el segundo ha de contentarse con intervenir sobre sus resultados.

El tercer hito del giro redistributivo de la socialdemocracia llegó con la Tercera Vía. En la década de 1990, diversos movimientos socialdemócratas y socioliberales propulsaron este proyecto tendente a reconciliar la política económica de derecha con la política social de izquierda. En la versión elaborada por su padre intelectual, el sociólogo inglés Anthony Giddens, la Tercera Vía abogaba por una política que superara la vieja división entre izquierda y derecha, fundada en diferencias de clase social, que había quedado ya desfasada. Según Giddens, los gobiernos de izquierda reformista debían hacer campaña desde el centro y no desde la izquierda, sin temer ser considerados excesivamente conservadores por sus votantes tradicionales (o sea, por los votantes de clase trabajadora). ¿Qué repercusiones tuvo esto en el programa socioeconómico de la socialdemocracia?

Fijémonos, por ejemplo, en la agenda de la Tercera Vía respecto a los sistemas de protección social. Bill Clinton, el otro paladín de esta corriente junto a Tony Blair, basó su campaña presidencial de 1996 en esta promesa: «Acabar con la asistencia social tal y como la hemos conocido hasta ahora». Dicho de forma menos eufemística: era necesario reformar los programas asistenciales del Estado del bienestar estadounidense porque se habían convertido en una máquina de alimentar holgazanes. La Tercera Vía supuso un énfasis en la idea de que los individuos han de ser responsables y acarrear con las consecuencias de sus decisiones, porque lo contrario implica transferir el coste de nuestras elecciones (estar todo el día tumbado en el sofá viendo series en Netﬂix) a los demás, empleando para ello el Estado del bienestar (que me abona mensualmente una renta mínima porque estar todo el día en el sofá es incompatible con tener un empleo).

De acuerdo con su intención de acabar con la asistencia social tal y como se había conocido hasta entonces, Clinton reformó el programa de rentas mínimas para no trabajadores (AFDC, por sus siglas en inglés) con el ﬁn de endurecer los criterios de acceso, pero dejó intactos Medicare —el programa de Seguridad Social—, el complemento salarial (EITC, por sus siglas en inglés) y las pensiones contributivas. ¿A qué se debe esta decisión, a primera vista incomprensible o incluso arbitraria?⁹

La razón es que la parte contributiva de los sistemas de protección social obedece al principio de mérito —la pensión contributiva te la ganas con tu trabajo, igual que el complemento salarial para ingresos bajos—, pero la parte asistencial no. El énfasis en la responsabilidad legitima la parte contributiva de los sistemas de protección social, mientras que deslegitima la ayuda asistencial, promoviendo la meritocracia. El sociólogo británico Michael Young (1915-2002) acuñó este término en su libro El triunfo de la meritocracia (1958), una sátira destinada a alertarnos de la distopía casi orwelliana que supone un mundo dominado por la concepción meritocrática de la justicia social. De hecho, Young alertaba de una sublevación ﬁnal contra ese mundo distópico en el año 2033.¹⁰ Pero nadie, y menos aún el tándem Clinton-Blair, como observó el propio Young, advirtió el reverso tenebroso de la meritocracia.

Como argumenta de manera convincente el columnista y escritor británico Owen Jones —en su libro Chavs: la demonización de la clase obrera (2011; el término chav sería equivalente a poligonero)—, imbuidos del furor meritocrático alentado por el centro-izquierda de Blair, los medios de comunicación y la élite política inglesa han construido durante las tres últimas décadas un estereotipo del grupo social más vulnerable de la sociedad que lo dibuja como personas vagas, irresponsables y poco de ﬁar. Por sorprendente que sea, la socialdemocracia, un proyecto político articulado en torno a los valores de la igualdad y la solidaridad, pasó de considerar que la pobreza y el desempleo se deben a causas estructurales —y deben ser, por tanto, una prioridad para los decisores públicos— a considerar que quien no tiene un empleo pero recibe una prestación asistencial es un parásito social. Es decir, a asumir un discurso que traslada a los pobres la responsabilidad de serlo.

En el giro redistributivo, la noción socialdemócrata de la justicia social se ha vuelto enormemente antipática para mucha gente que es (que somos) de izquierdas, porque demoniza a los usuarios de la asistencia social; es decir, a las personas más desfavorecidas. Una teoría política igualitaria como la socialdemócrata tiene que expresar igual respeto y preocupación por todos los ciudadanos, en especial por el grupo social más vulnerable.

EL REGRESO AL FUTURO DE LA SOCIALDEMOCRACIA: EL GIRO PREDISTRIBUTIVO

La socialdemocracia ha estado de parranda con ideologías más o menos cercanas (en el espectro ideológico), pero más de derechas y obsesionadas con la responsabilidad individual. Si quiere evitar caer en la irrelevancia política que posee el comunismo en la mayoría de los países, la socialdemocracia debe abordar un programa de reformas basado en un giro predistributivo.

La socialdemocracia del siglo XXI debería entrar en la sala de máquinas de la producción para tratar de reducir, antes de que se produzcan, las desigualdades en rentas primarias que generan los mercados. Como dice Marx en la Crítica al Programa de Gotha (1875), reducir el igualitarismo socialdemócrata a una doctrina que gira únicamente en torno a la distribución es un error, porque «la desigualdad de ingresos es, en todo momento, un corolario de la desigualdad de las propias condiciones de producción».¹¹ El giro predistributivo propone abandonar la concepción à la Robin Hood de la justicia social típica de la socialdemocracia posterior a Bad Godesberg. Por tres razones.

En primer lugar, porque es un error pensar que el único agente responsable de combatir la pobreza y la desigualdad es el Estado.¹² La combinación del auge del neoliberalismo y el fracaso del socialismo real desembocó en algo muy parecido al fundamentalismo de mercado. No era solo que el mercado fuera un mecanismo razonablemente bueno de asignar recursos, es que era tan bueno que cualquier interferencia del Estado provocaría resultados subóptimos. Moraleja: lo mejor que podía hacer el Estado en materia económica era no hacer nada.

En esa visión estrecha de la justicia social, los agentes económicos y sociales que pueblan el mercado no rinden cuentas de que un país tenga, por ejemplo, una temporalidad del 26 % o una tasa de pobreza juvenil del 27,8 %. El giro predistributivo implica rechazar que las empresas pueden comportarse como les dé la gana porque, total, ya vendrá papá Estado y arreglará el desaguisado.

Pero incluso si los mercados funcionaran de forma perfecta, la dicotomía entre mercados y Estado que puso de moda el neoliberalismo es conceptualmente confusa. Los mercados y los Estados no son sustitutivos, sino complementarios. Para que haya mercados, tiene que haber reglas. Repasemos brevemente algunas de las cosas necesarias para que tenga lugar el intercambio comercial en que se condensa la esencia del mercado.¹³ Salvo que nos encontremos en una economía de trueque, debe existir alguna forma de intercambio ﬁable. Debe haber, además, alguna forma de comprobar que el vendedor es propietario legítimo y puede por tanto enajenar aquello que es objeto de intercambio. Debe existir asimismo alguna forma de hacer cumplir los derechos y obligaciones que nacen del contrato que ﬁrman ambas partes, y de resolver las disputas que eventualmente surjan. No es solo que el Estado pueda intervenir en el mercado, es que para que haya mercado, debe haber Estado.

En segundo lugar, porque, al basarse en transferencias de rentas entre los (más) ricos y los (más) pobres, la socialdemocracia à la Robin Hood es un blanco fácil para la crítica conservadora. En esa versión socialdemócrata, en la que los ganadores del mercado compensan a los perdedores, los impuestos son el combustible que alimenta la maquinaria de la justicia social que encarna el Estado del bienestar. Al ocupar un lugar tan destacado en este esquema de justicia, la oposición a los impuestos ha sido una de las banderas de la derecha antiigualitaria. La predistribución, que no es otra cosa que un conjunto de políticas que reducen la desigualdad antes de que surja, se convierte así en una estrategia políticamente más atractiva. Porque un asesor político preﬁere escribir en un discurso «hemos subido el SMI un 35 %» que «hemos subido el IRPF un 35 %».

Por último, al haber modiﬁcado su concepción de la justicia social, la caja de herramientas de la socialdemocracia à la Robin Hood no casa bien con el catálogo histórico de reclamaciones del igualitarismo. El socialismo obrero de primera ola se articulaba en torno a reclamaciones como la erradicación de la explotación laboral, el establecimiento de un salario mínimo y la extensión de la democracia al ámbito económico. La idea de que la justicia social se satisface esencialmente mediante redistribuciones de recursos, fruto del ﬂirteo del socioliberalismo con el fundamentalismo de mercado, es muy posterior.¹⁴ La propuesta de la predistribución es regresar a los orígenes del igualitarismo para tratar de garantizarle un futuro.

Este libro no se hubiera escrito sin la crisis de 2008. Comencé a investigar (en profundidad) sobre pobreza, desigualdad y Estado del bienestar hace poco más de diez años, cuando decidí que el tema de mi Diploma de Estudios Avanzados (DEA) sería la renta básica universal. Cuando un par de años después lo defendí ante un tribunal en la Universidad Autónoma de Madrid, había estallado una crisis de tales dimensiones que todo el mundo hablaba con soltura de derivados ﬁnancieros, expansión cuantitativa e hipotecas subprime. Las becas, que son la puerta de entrada a la carrera académica, hasta entonces mi plan A, no se concedían ya con tanta alegría, así que decidí sondear el mercado laboral.

Por aquella época, tenía dos carreras y chapurreaba el inglés que había aprendido a fuerza de necesidad durante mi año de Erasmus en Holanda. Eché varios currículos, pero un año y muchos «ya te llamaremos» después, nadie llamaba. Mi plan B tampoco iba demasiado bien, por lo que acudí a los servicios de empleo del País Vasco. Como estaba en paro y había leído algunas cosas sobre los salarios sociales de las Comunidades Autónomas, decidí informarme sobre la renta de inserción vasca. Pero allí, como en el mercado laboral, tampoco había nada para mí. Fue por aquella época cuando empecé a sospechar que, tanto en el mercado laboral como en su Estado del bienestar, algo olía a podrido en España.

Pero en aquel momento mis sospechas no tenían por base más que meras intuiciones. Aunque en las tertulias se habla mucho de política (politics) y muy poco de políticas (policies), de vez en cuando se debate sobre temas como las pensiones, la política educativa, la pobreza infantil o la sanidad. De lo que no se discute nunca es de los valores en que se asientan esas políticas: la educación, la sanidad y la erradicación de la pobreza, que son, todas ellas, demandas de justicia social. ¿Y quién está en contra de la justicia social? Visto así, parece que no existe ninguna discrepancia profunda en el nivel de los principios y que la política se reduce a una cuestión técnica, en la que los políticos buscan solucionar determinados problemas y el electorado recompensa con su voto al político que mejor solución (técnica) ha propuesto.

Pero el aparente consenso que proporcionan los grandes principios en el plano de la teoría política oculta grandes desacuerdos en la política práctica. Casi todos los partidos políticos comparten la opinión de que la justicia social importa, pero casi todos tienen ideas muy distintas sobre las exigencias que esta incorpora. Nuestra respuesta a la pregunta de qué políticas educativas, sanitarias, ﬁscales o sociales debemos adoptar como sociedad depende de qué pensemos que exige la justicia social en esos ámbitos. Pero... ¿existe una noción de la justicia social propiamente socialdemócrata?

1

Justicia social: un éxito de la socialdemocracia

El diseño de las instituciones económicas de los Estados importa no solo porque contribuye a explicar las divergencias en sus niveles de renta per cápita, sino porque además perﬁla la distribución de los derechos y deberes económicos entre los miembros de una sociedad. Existen muchas formas diferentes de distribuir esos derechos y esos deberes —no es lo mismo un sistema socialista que otro capitalista—, y además esas distribuciones cambian entre las distintas sociedades y dentro de cada una de ellas a lo largo del tiempo (en España, por ejemplo, la autarquía franquista era muy diferente de la economía de mercado actual). Es comprensible, por tanto, que los ciudadanos discrepen sobre la (in)equidad de los principios que rigen la distribución de derechos y deberes en una comunidad. Ese es, precisamente, el objeto de la justicia social (o distributiva).

¿QUÉ ES UNA SOCIEDAD JUSTA?

Aunque sea un fenómeno que pueda parecernos inseparable de cualquier sociedad humana, la justicia social es un concepto más bien reciente. Imaginemos a una persona, a la cual llamaremos Maider, que sufrió un accidente grave que le impide desarrollar casi cualquier trabajo remunerado. Maider lleva un año y medio a la espera de que la Administración le conceda algún tipo de pensión contributiva de invalidez y, en estos momentos, carece de recursos incluso para comprarse un bocadillo de mortadela. En nuestras sociedades contemporáneas, no hay que ser un marxista furibundo para pensar que la justicia social demanda que Maider tenga al menos lo suﬁciente para comprarse un bocadillo con el que satisfacer sus necesidades alimentarias diarias. Se podrían invocar diversos principios de justicia social para sostener que, como sociedad, a Maider le debemos ese bocadillo: la prioridad de la satisfacción de las necesidades más fundamentales, la apelación al derecho a un mínimo social que impida caer en situaciones de carencia material severa, el valor de la igualdad de oportunidades o incluso de resultados, etcétera. Pero, ¿por qué mucha gente piensa hoy que Maider tiene derecho a ese bocadillo?

Supongamos que uno de los ciudadanos a los que interpela Maider en la calle para pedir ayuda es cristiano y cree ﬁrmemente que ayudar a los más necesitados por caridad es algo moralmente deseable. Además, ese ciudadano es anarcocapitalista, de forma que no cree que esa ayuda a los pobres se tenga que organizar desde el Estado —al que considera poco más que una forma institucionalizada de organización criminal para saquear a los ciudadanos a través de los impuestos—, sino a través de la ayuda y las donaciones caritativas. Al ﬁn y al cabo, muchas personas piensan que es moralmente bueno por razones de caridad que desde el Norte rico se envíe arroz, mosquiteras y (un poco de) dinero a los países más pobres del Sur cuando se declaran hambrunas u otras catástrofes humanitarias, pero que, al mismo tiempo, la solidaridad ﬁscal no debería cruzar el Mediterráneo.

Sin embargo, esto no tiene nada que ver con la noción contemporánea de justicia social, que aﬁrma que Maider tiene un derecho a la asistencia social organizada, por ejemplo, a través de una pensión, un subsidio o una renta mínima de inserción. El concepto moderno de justicia social implica que los individuos tenemos el deber de ser solidarios con nuestros conciudadanos (pagando nuestros impuestos) y que el Estado ha de organizar institucionalmente la asistencia social (a través del gasto público). La noción contemporánea de la justicia social asume:

1. que los individuos tenemos ciertos derechos reconocidos para perseguir nuestros proyectos de vida;

2. que entre esos derechos se encuentra el de tener una base material garantizada sobre la que construir esos proyectos;

3. que esa redistribución de recursos es realizable en la práctica, es decir, no es como tratar de enseñarle las reglas del ajedrez a nuestro gato;

4. y que el Estado, y no una asociación privada de individuos, es el responsable de imponer la redistribución que se haya decidido.¹

Si existe ese vínculo entre justicia y derechos, identiﬁcar correctamente el alcance y los límites de aquella se convierte en una tarea particularmente importante. Mucha gente está de acuerdo con que las fuerzas de seguridad del Estado están legitimadas para impedir mediante la coacción —en Derecho, el poder legítimo para imponer el cumplimiento de la ley o impedir su infracción— que un tercero veje, trate con desprecio o incluso agreda físicamente a Maider por el mero hecho de pedir ayuda en la calle. Pero las demandas relativas a la justicia social son muy distintas. ¿Tiene Ricardo, un trabajador talentoso que gana mucho dinero trabajando muchas horas en un banco de inversión, la obligación de desprenderse de parte de su sueldo para ayudar a Maider? ¿Una obligación que, además, podríamos hacerle cumplir mediante la coacción del Estado? ¿O se trata más bien de una cuestión de caridad privada? Las diversas concepciones de la justicia social dan respuestas diferentes a estas preguntas.

LA VISIÓN POPULAR: A CADA CUAL SEGÚN SUS MÉRITOS

Seguramente la noción más popular o convencional de la justicia social es la que aﬁrma que las personas deben ganar lo que obtienen gracias a la explotación de sus talentos productivos en el mercado (laboral), sobre la base de que se lo merecen. Mucha gente piensa que es justo que Messi gane más dinero que nadie en el mercado del fútbol —y mucho más que Jessica, que trabaja limpiando excrementos y orines en una residencia de ancianos— porque llena más estadios y enciende más televisores en China que cualquier otro futbolista. La base de esta noción de la justicia social no tiene nada que ver con el esfuerzo. Seguramente Jessica se esforzará limpiando excrementos y orines tanto o más que Messi marcando goles. La enorme cantidad de dinero que gana Messi se debe a que ha nacido con el talento innato de marcar goles, es decir, de satisfacer las preferencias de millones de personas en el mundo. No es culpa de Messi haber nacido con esa habilidad, de modo que a la mayoría de las personas les parece razonable que explote al máximo ese talento cada vez que renegocia su contrato con el Barcelona.

Esta noción de la justicia distributiva puede rastrearse ya en la ﬁlosofía política griega. Para Aristóteles (siglo IV a. de C.), la justicia distributiva consiste en repartir los honores, los cargos políticos y los recursos económicos según los méritos de cada cual, mientras que la justicia correctiva apela a la idea de que la responsabilidad rectiﬁca la injusticia que un individuo haya podido inﬂigir a otro.² Muchos autores han tendido a asumir que la idea contemporánea de justicia social es una prolongación de la concepción de Aristóteles. A mí esto me parece un error.

Más allá de que a Aristóteles le hubiera sorprendido saber que la justicia distributiva demanda que el Estado redistribuya recursos entre los grupos más rico y más pobre de la sociedad, para el ﬁlósofo griego la satisfacción de las necesidades más básicas no era una demanda que formara parte de la justicia distributiva. Para Aristóteles, el único criterio relevante a la hora de considerar si una distribución es justa era el comportamiento de los individuos. Si Maider no puede comprar ni siquiera un bocadillo de mortadela pero no ha hecho nada por merecerlo, la concepción aristotélica de la justicia distributiva —dar a cada uno lo que se merece— no advierte ningún problema en ello.

LA REVOLUCIÓN RAWLSIANA: A CADA CUAL CON EQUIDAD

John Rawls (1921-2002), autor de la que a buen seguro es la teoría de la justicia más inﬂuyente del siglo XX, rechazaba sin embargo la idea de que la justicia social consiste en dar a cada uno lo que (moralmente) se merece.³ ¿Signiﬁca esto que la visión de la justicia social dominante en la ﬁlosofía política contemporánea aﬁrma que Messi no debería cobrar más que Jessica? Y si es así, ¿qué fumamos los ﬁlósofos, se preguntará más de uno, para aﬁrmar algo tan implausible?

John Rawls: igualdad y eficiencia

La teoría de Rawls sobre la justicia como equidad diseña una sociedad de ciudadanos libres e iguales que cooperan para el mantenimiento de un sistema económico igualitario. Rawls presentó por primera vez su noción de la justicia como equidad en su libro Una teoría de la justicia (1971), pero continuó reelaborándola a lo largo de toda su vida: primero en El liberalismo político (1993), después en El derecho de gentes (1999) y, por último, en La justicia como equidad (2001).

El objetivo de Rawls era elaborar una concepción moral alternativa al utilitarismo, la filosofía dominante cuando Rawls publicó su teoría en 1971. A diferencia de lo que pensaban los utilitaristas («maximiza la utilidad»), Rawls sostenía que los principios de la justicia más razonables eran aquellos que acordarían las personas en una «posición original» y tras un «velo de ignorancia» que les impide saber el lugar de la distribución que ocuparán en esa sociedad (si van a ser ricos o pobres, vaya). La justicia como equidad se basa en una concepción liberal de los derechos y libertades fundamentales (principio de libertades iguales) y en una distribución igualitaria de los ingresos y la riqueza, en la que las desigualdades existentes solo son «perfectamente justas» si maximizan las expectativas del grupo social más vulnerable (principio de diferencia).

A diferencia de la visión utilitarista de la justicia, donde no importa cómo se distribuya la suma de bienestar entre los individuos —la violación de los derechos de unos pocos, esclavizándolos, por ejemplo, puede justificarse si aumenta el bienestar de muchos—, la justicia como equidad prioriza el bienestar del grupo social más vulnerable.

En resumen, el rawlsianismo es una visión de la justicia social que combina elegantemente las ideas de igualdad (es prioritario sacar a flote los barcos más hundidos) y eficiencia (la desigualdad de resultados es justa cuando redunda en un mayor beneficio de los que están peor, porque la igualdad en la miseria es un ideal de justicia escasamente poco atractivo).

En pocas palabras, la respuesta es sí: la visión de la justicia social dominante entre los ﬁlósofos políticos rechaza la idea popular de que Messi merece ganar más que la auxiliar de una residencia porque este tiene un talento raro que hace felices a millones de personas. ¿Cómo se explica que la visión dominante entre los ﬁlósofos se aleje tanto de la del ciudadano medio en una cuestión tan importante? El argumento se desarrolla en dos fases:

1) Los ingresos de las personas dependen de sus talentos, sus habilidades sociales, su atractivo, su personalidad, su clase social, su país de origen y otros factores. ¿Cuál de todos ellos es elegido? Aproximadamente ninguno. Las papeletas que determinan nuestras expectativas en la vida dependen de la lotería genética (inteligencia, atractivo físico, carácter...) y de la lotería social (la calidad de nuestro entorno emocional y educativo, el patrimonio y la agenda de contactos heredados...). Dicho de otra forma, muchos de los factores determinantes de nuestras oportunidades en la vida son el resultado de la suerte que tengamos en esas dos loterías.

2) Desde la perspectiva moral, es más bien problemático que nuestras expectativas en la vida estén fuertemente determinadas por factores que escapan a nuestro control, como la habilidad innata que tengamos para marcar goles, el nivel educativo de nuestros padres o la renta per cápita media del país donde nos haya tocado nacer. Volvamos al ejemplo de Maider, quien sufrió un grave accidente y, mientras está a la espera de la pensión de invalidez que ha reclamado al Estado, no puede comprarse un bocadillo de mortadela. Consideremos dos escenarios: a) Maider tuvo un accidente de tráﬁco por conducir borracha, o bien b) mientras paseaba, se formó una tormenta repentina e inesperada y le cayó un rayo que le ha provocado lesiones muy serias. Intuitivamente, la reclamación de Maider parece más atendible en el segundo caso porque en el primero Maider decidió correr la suerte de coger el coche borracha, mientras que ser alcanzado por un rayo es algo que escapa a nuestro control.

No toda la mala suerte es igualmente incontrolable. Una persona puede hacer ciertas cosas (estudiar, ser atenta y cariñosa, esforzarse en su trabajo) para merecer otras (un sobresaliente, una buena relación de pareja, un mejor contrato laboral). Pero resulta mucho más difícil hacer algo para merecer aquello que depende del puro azar, como nacer con el talento de Messi o Ronaldo para marcar goles, nacer con los apellidos de la Casa de Alba o de la familia Thyssen, o ser alcanzado por un rayo mientras paseas.

La cuestión clave es que una buena parte de las habilidades productivas que tenemos como adultos reﬂejan factores que, como ocurre cuando nos cae un rayo inesperado, escapan a nuestro control. Algunas de nuestras habilidades son un mero reﬂejo de nuestros talentos innatos (por ejemplo, es fácil encontrar vídeos de Messi o Iniesta en los que demuestran unas habilidades extraordinarias desde muy pequeños). Otras no son innatas, sino que dependen del entorno sociocultural en el que nos hemos criado, como lo mucho (o poco) que nos hablaron nuestros padres cuando éramos niños o los muchos (o pocos) libros que tengamos en casa.

El mecanismo de mercado y la concepción popular de la justicia social como dar a cada uno lo que se merece son, sin embargo, completamente insensibles a estas distinciones entre factores por los que somos responsables y por los que no. Messi gana más que otros futbolistas y mucho más que Jessica porque tiene un talento innato que satisface las preferencias de más gente. Da igual que no haya hecho nada por merecer ese talento y que Jessica se esfuerce más que cualquiera en su trabajo. El mercado asigna en función de las preferencias ajenas que unos y otros son capaces de satisfacer, con independencia de que las capacidades para hacerlo se deban a la calidad de los genes (Messi, Ronaldo), al abolengo de nuestros apellidos (Alba, Thyssen) o a lo duro que se trabaja (Jessica). La noción de la justicia social más extendida no parece advertir nada de malo en ello. Pero la que se basa en dar a cada uno de acuerdo con ciertos criterios de equidad sí.

Imaginemos que Cuca siempre ha tenido una actitud muy contraria a la redistribución. Nunca le ha gustado pagar impuestos ni ha creído en la idea de que el Estado provea servicios carísimos como la sanidad y la educación de forma casi universal. Cuca, que heredó un patrimonio cuya administración le reporta unos 60.000 euros de renta mensual, preferiría que no hubiese impuestos y prestaciones del bienestar. Entre otras cosas, porque su servicio doméstico, su caballo —su gran pasión— y las universidades privadas de Estados Unidos donde estudian sus hijos ya le cuestan una fortuna. Cuca seguramente tiene razón: estaría mejor sin políticas redistributivas. Pero esto no tiene nada que ver, según los ﬁlósofos, con la justicia. ¿Qué piensa Cuca de Jennifer, que no heredó ningún patrimonio familiar y tuvo que dejar la universidad para ponerse a trabajar porque su padre se fue al paro a consecuencia de la crisis de 2008 y no entraba ningún sueldo en casa? ¿No piensa Cuca que ella ha tenido la suerte de heredar un patrimonio cuya mera administración le permite dedicarse (de forma completamente amateur) a la hípica, su verdadera vocación, pero que no todo el mundo hereda un patrimonio y que la justicia consiste precisamente en ver las cosas desde un punto de vista imparcial?

El mejor método a la hora de establecer unos principios de justicia para una sociedad democrática es tratar de imaginar qué principios acordarían una serie de personas que ignoran cómo van a resultar afectadas individualmente por ellos, porque desconocen sus talentos, su clase social de origen, sus creencias morales y religiosas, etcétera. Ese «velo de ignorancia» acerca de la ideología y de la suerte en las loterías genética y social es lo que permite discriminar entre razones que son aceptables y razones que no lo son a la hora de justiﬁcar desigualdades. A la mayoría de los ﬁlósofos les (nos) preocupa que cualquier persona, no solo las más favorecidas, pueda vivir la vida que ha escogido vivir. Y, siguiendo el ejemplo anterior, para que Jennifer sea tan libre como Cuca de perseguir sus proyectos de vida resulta necesaria alguna clase de redistribución. Pero redistribución ¿de qué?

Ignorancia e imparcialidad: la intuición rawlsiana

John Rawls elaboró su teoría de la justicia como equidad no solo como una alternativa sistemática al utilitarismo, sino también como una actualización de la teoría tradicional del contrato social, representada por filósofos como John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes e Immanuel Kant. Para responder a la pregunta de qué sociedad queremos —qué es una sociedad justa—, Rawls plantea un ejercicio mental cuya intuición central es el vínculo entre ignorancia y justicia. El mecanismo del velo pretende asegurar que una serie de individuos racionales y preocupados por sus propios intereses sean capaces de llegar a un acuerdo en un contexto de incertidumbre. Es decir, en una situación en la que desconocen cuáles podrían sus circunstancias personales (rico/pobre, enfermo/sano, creyente/ateo) bajo cualquiera de los escenarios particulares que se acordara. Difícilmente Cuca, a la que ya conocemos, apoyará una estructura de Estado anarcocapitalista que favorece los intereses de la población situada en el 1 % más rico de la distribución si ella misma desconoce que pertenece a ese pequeño grupo de afortunados.

La noción de la justicia social de Rawls se propone desarrollar un índice que contenga todo aquello que los ciudadanos de sociedades plurales necesitan para perseguir sus proyectos de vida. Este índice se articula en términos de «bienes primarios», que incluyen tanto los naturales como los sociales. Los bienes primarios naturales son, básicamente, los talentos innatos (en el caso de Messi, por ejemplo, jugar al fútbol). Los bienes primarios sociales se dividen en tres categorías: derechos y libertades fundamentales, oportunidades y, por último, riqueza e ingresos. Son estos bienes, oportunidades y recursos económicos los que va redistribuir la sociedad justa de Rawls, de acuerdo con dos principios: igualdad para las oportunidades y las libertades fundamentales, y prioridad para los recursos económicos (porque su redistribución ha de mejorar tanto como sea posible la situación del grupo social más vulnerable). La visión de la justicia social de Rawls justiﬁca así una fuerte redistribución, que exige no solo la mejora sino también la maximización de la posición de los más pobres.

El capitalismo de bienestar del liberalismo igualitario

El sociólogo británico Thomas H. Marshall (1893-1981), que escribió la mayoría de sus trabajos más conocidos en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, afirmó que el Estado del bienestar supone la institucionalización de «la filosofía del socialismo». Básicamente, un Estado del bienestar consiste en gravar los ingresos de los (más) ricos para aumentar directa o indirectamente los de los (más) pobres. Esto es, redistribuir ingresos desde un extremo de la distribución hasta el otro, para compensar a quienes carecen de ingresos o bien los tienen pero son insuficientes para cubrir algunas de sus necesidades básicas. La concepción de la justicia como equidad de Rawls ha sido la teoría invocada más frecuentemente en los últimos años por el centroizquierda para apoyar el igualitarismo del capitalismo del bienestar. El objetivo de la agenda institucional del igualitarismo socialdemócrata consiste en garantizar que el ascensor social está bien engrasado pero que, al mismo tiempo, los supermercados no estén vacíos. El capitalismo del bienestar extendido a partir de 1946 fue la materialización histórica de esta concepción igualitaria de la justicia, que funciona como una hibridación de las ideas de libertad, igualdad y eficiencia.

LA CONTRARREVOLUCIÓN ULTRALIBERAL: A CADA CUAL AQUELLO A LO QUE TIENE DERECHO

Sin embargo, los seguidores del contrato social tradicional no han sido los únicos en rechazar que la justicia social debe dar a cada uno lo que se merece. Desde el anarquismo de mercado (o anarcocapitalismo), el ﬁlósofo estadounidense Robert Nozick (1938-2002) también se opuso a esa idea. ¿Por qué?

Nozick y la justicia anarcocapitalista

Robert Nozick, autor de Anarquía, Estado y utopía (1974), se preguntó —desde el anarcocapitalismo— qué espacio hay para el Estado (si es que hay alguno) en una sociedad que se tome en serio los derechos de los individuos. Nozick no fue un anarcocapitalista convencido toda su vida, pues en sus años como estudiante en Princeton simpatizaba con el socialismo. Su conversión tuvo lugar cuando conoció al economista Murray Rothbard (1926-1995) —perteneciente a la corriente de pensamiento económico conocida como Escuela Austriaca—, para quien «lo más parecido al gobierno no es una empresa, sino el crimen organizado, y de hecho el Estado es la organización del robo sistematizado y con mayúsculas».⁴

A diferencia del libertarismo que caracteriza a los pensadores más representativos de la Escuela Austriaca —Friedrich Hayek (1899-1992), Milton Friedman (1912-2006) y Ludwig Von Misses (1881-1973)—, el de Nozick es un libertarismo deontológico. Mientras que Hayek rechazaba visceralmente los regímenes socialdemócratas como Francia, Suecia y Austria porque, «aunque con más lentitud y más indirecta e imperfectamente» que la planificación central, terminan conduciendo al totalitarismo, Nozick lo hace por razones de principio. Según el eslogan marxiano, una sociedad es justa si a cada cual se le recompensa de acuerdo con sus necesidades. Según el eslogan rawlsiano, si a cada cual se le recompensa de acuerdo con el principio de diferencia. Para Nozick esto es erróneo, porque la justicia no consiste en que el Estado asegure una distribución siguiendo un determinado patrón distributivo; la cuestión es si las instituciones (públicas y privadas) respetan los derechos y libertades fundamentales de los individuos.

Imaginemos que vivimos en una sociedad —por ejemplo, San Sebastián— que ha acordado vivir de acuerdo con ciertas reglas que regulan la (re)distribución, a las que llamaremos Distribución 1 (D1). En esta sociedad, LeBron James es un excelente jugador de baloncesto que termina el contrato con su equipo esta temporada, por lo que negocia con varios equipos que están interesados en ﬁcharle para el próximo año. LeBron se decide ﬁnalmente por el club local, el Donostia Basket, pero ﬁja una cláusula bastante curiosa en su nuevo contrato: en cada uno de los partidos que el Donostia Basket juegue en casa, el club deberá poner una hucha a la entrada del estadio en la que los espectadores introducirán dos euros si quieren ver el partido. Esa recaudación adicional completará el salario de LeBron.

Al cabo de seis meses, lo recaudado en las huchas suma aproximadamente un millón de euros, lo que sitúa a LeBron entre el 0,0001 % más rico de San Sebastián. El ﬁchaje del jugador ha alterado la D1 por una nueva Distribución 2 (D2), que contiene una mayor desigualdad. Supongamos, además, que la sociedad de San Sebastián cuenta con una serie de mecanismos redistributivos —impuestos y prestaciones sociales— que le permitirían convertir la D2 en la Distribución 3 (D3). Así, la D3 tendría un resultado distributivo mucho más acorde con las preferencias igualitaristas que los ciudadanos de San Sebastián mostraban antes de que el ﬁchaje de LeBron alterara la distribución de ingresos. ¿Qué problema podría haber en que San Sebastián activara esos mecanismos redistributivos?

Según la concepción de la justicia del anarcocapitalismo defendida por Nozick, el problema es que el Estado no es quién para alterar los resultados del mercado.⁵ En la medida en que los espectadores fueran legítimos propietarios de sus dos euros y las transacciones que tuvieron lugar para convertir D1 en D2 —el acto de depositar esos dos euros en la hucha, básicamente— fueran también justas, ¿dónde está la injusticia que autoriza a poner en marcha los mecanismos redistributivos para rectiﬁcar ese resultado? Si los donostiarras aﬁcionados al baloncesto están encantados de pagar esos dos euros extra por ver el show time de LeBron, ¿qué argumento podrían invocar terceros no involucrados en la transacción para quitarle una parte (considerable) del dinero que los aﬁcionados entregan con enorme gusto cada vez que acuden al pabellón? ¿Qué tienen que decir (qué tenemos que decir) los igualitarios frente al «argumento LeBron» de los libertarios anarcocapitalistas?

El Estado mínimo del anarcocapitalismo

Para Nozick, la primera pregunta de la filosofía política es si debería haber un Estado. ¿Por qué no vivir en la anarquía (de mercado)? En la primera parte de su libro Anarquía, Estado y utopía, trata de justificar la existencia de un Estado mínimo, limitado a las funciones de protección, como una situación preferible a aquella en la que incluso la protección y la seguridad son confiadas al mercado. Este Estado escuálido debe asegurar los principios que definen los contornos de la justicia anarcocapitalista:

1. La autopropiedad. Todo individuo tiene derecho al control de su cuerpo, su mente y su propia vida. Este compromiso hace que muchos libertarios apoyen la eutanasia o el consumo de drogas pero rechacen los impuestos.

2. La apropiación original. Una persona es propietaria legítima de una pertenencia si tiene derecho a ella por haberla adquirido de una manera legítima.

3. La transferencia legítima. Una persona es propietaria legítima de una pertenencia si la ha obtenido por una transferencia voluntaria de la persona que antes era su legítima propietaria.

Dicho muy brevemente, la respuesta es que los mercados no ﬂotan en el vacío (regulatorio). Por mucho que uno se haya atiborrado a vídeos de Juan Ramón Rallo —el Milton Friedman de Benicarló, para entendernos— y libros de Ayn Rand en su adolescencia, no hace falta ser doctor en Derecho Mercantil para saber que los mercados requieren, para su propia existencia, de la presencia de normas que regulen los derechos de propiedad de las partes, el instrumento de intercambio, los modos de cumplimiento, reclamación y restauración de los derechos en caso de incumplimiento, la protección frente a terceros que intenten ilegítimamente entorpecer o impedir el cumplimiento del intercambio, etcétera.⁶ La ley mercantil difícilmente puede invocarse en medio de la ley de la selva.

Libertarismo, de izquierdas y de derechas

El libertarismo contemporáneo —que aboga por los derechos de propiedad privada y defiende la distribución de los recursos económicos a través de la economía de mercado, basada en la relación entre la oferta y la demanda— se ha hecho prácticamente equivalente al libertarismo anarcocapitalista o de derechas. Sin embargo, esto puede inducir a confusión, no solo porque en el ámbito de la política social —aborto, matrimonio homosexual, legislación sobre creencias religiosas— el libertarismo tiende a ser liberal o «de izquierdas», sino porque junto al libertarismo anarcocapitalista a la Nozick existe otra versión progresista que difiere en un aspecto relevante de la anarcocapitalista.

Inspirado por el revolucionario estadounidense de origen inglés Thomas Paine (1737-1809) y su idea de que en el primitivo estado de naturaleza toda la tierra era de propiedad común, para el libertarismo de izquierdas el principio de la apropiación original no significa que el primero que reivindica la propiedad de algo se convierta en su legítimo propietario (first-come, first-served). Al contrario, una apropiación solo es legítima si el propietario paga una compensación al resto de los individuos de la comunidad equivalente al valor de mercado de aquellos recursos de los que se ha apropiado (en forma de una renta básica universal, por ejemplo).

Ahora bien, sea en la versión que sea, el libertarismo implica comprometerse con un capitalismo de laissez faire, es decir, de «dejar pasar» libremente, sin que el Estado intervenga en asuntos económicos. El principio de autopropiedad que asumen por igual los libertarios de izquierdas y de derechas significa que todos somos dueños de nuestros propios talentos, así como de los frutos que obtenemos cuando los ponemos a trabajar. Es decir, significa que gravar las rentas del trabajo con impuestos es ilegítimo. De ahí que la única política redistributiva al alcance de los libertarios de izquierdas sea la implantación de una renta básica universal financiada con cargo a la explotación de recursos naturales que son propiedad de todo el mundo, pero no con cargo a los ingresos salariales (porque, como acabamos de decir, el Estado no está autorizado a gravar rentas que son el resultado de poner nuestros talentos a trabajar).

EL REFORMISMO DE TERCERA VÍA: A CADA CUAL SEGÚN SUS DECISIONES

Desde mediados del siglo XX, la forma típica de enfrentar las diferencias entre los más ricos y los más pobres ha sido el igualitarismo de impuestos y prestaciones sociales. La industrialización posterior a la Segunda Guerra Mundial, los cambios asociados a la aprobación de los Acuerdos de Bretton Woods (1944) y la universalización de la educación permitieron un crecimiento económico basado en la igualdad, porque los incrementos de productividad se transmitieron a prácticamente todos los grupos de la producción. Fue también en la segunda posguerra mundial cuando se extendió el universalismo como eje de la política social, por el que todos los ciudadanos son beneﬁciarios de las prestaciones sociales como derecho subjetivo.⁷ Los Estados del bienestar asumieron, durante su fase de construcción, el objetivo de no dejar a nadie fuera de su protección. De ahí que las décadas inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial sean llamadas «la edad de oro del capitalismo de bienestar». Pero la idea de que la justicia social consiste en redistribuir las rentas de mercado es mucho más moderna de lo que podría parecer. Incluso para la tradición socialdemócrata.

La socialdemocracia nació a ﬁnales del siglo XIX en países como Alemania, Francia y Reino Unido, y en ciudades que habían sido muy rápidamente industrializadas. En sus orígenes, la socialdemocracia surgió de elementos politizados de la clase trabajadora agrupados en torno a partidos y sindicatos fuertes, con el objetivo de aumentar el poder de negociación de los trabajadores y mejorar así las condiciones laborales (salario mínimo y jornada máxima, descansos, etcétera). Esto es, con el objetivo de suavizar lo que algunos de los primeros líderes y teóricos del movimiento socialdemócrata veían como las consecuencias inevitables de la industrialización.⁸

Entre esos teóricos destacó el político alemán Eduard Bernstein (1850-1932), que recogió sus ideas principales en Las precondiciones del socialismo (1899). En este libro, Bernstein rechaza la teoría materialista de la historia de Karl Marx, que ve en el desarrollo de los modos de producción la fuerza que determina la vida social y provoca la transición de un régimen social a otro. Bernstein pensaba que no había ninguna razón por la cual el capitalismo estuviera condenado a derrumbarse inevitablemente debido a sus crisis cíclicas y al empobrecimiento extremo de una parte de la población. De hecho, sostenía que el capitalismo había demostrado ser un sistema económico ﬂexible, capaz de sostenerse a sí mismo al menos en el futuro inmediato.

Bernstein rechazó también la doctrina marxista de la lucha de clases y su corolario de que la clase trabajadora debía monopolizar el poder político cuando lo alcanzara. Al contrario, subrayaba la importancia de las alianzas entre miembros de distintos grupos o clases sociales para lograr los objetivos de la socialdemocracia. Más aún, presentó la socialdemocracia como la heredera legítima del liberalismo, aunque con la diferencia de que mientras para este el objetivo era el desarrollo y la protección de la libre personalidad, la socialdemocracia aspira a completar la lucha emprendida por el liberalismo desatando a las personas «de cualquier coacción de tipo económico en sus acciones y elecciones profesionales».⁹

Sin embargo, Bernstein no fue demasiado preciso en cuanto a la agenda institucional que podría materializar esta revisión socialdemócrata del socialismo marxista. En 1939, cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, la pregunta sobre cuáles eran las políticas que podrían concretar de forma más efectiva la concepción socialdemócrata de la sociedad justa no tenía respuesta.

Una vez acabada la contienda, y de la mano del keynesianismo —la corriente económica elaborada por el economista británico John Maynard Keynes que proponía dotar a los Estados del poder necesario para estabilizar la economía en caso de recesión o crisis mediante la política ﬁscal—, se estableció un cierto consenso en los países industriales en torno a que las medidas necesarias para el buen funcionamiento de la economía debían asegurar el pleno empleo, unas condiciones dignas de trabajo y la erradicación de la pobreza. Es decir, se estableció un cierto consenso acerca de que los objetivos de la política económica y los de la socialdemocracia eran esencialmente los mismos. Eran días de vino y rosas para la socialdemocracia europea.

Pero la década de 1970 marcó un punto de inﬂexión. Estados Unidos, primero, y el Reino Unido, después, comenzaron a comprobar cómo la reducción de la desigualdad podía ser simplemente un bonito pero efímero sueño de posguerra. El historiador Ben Jackson, de la Universidad de Oxford, aﬁrma que los logros distributivos que ha logrado históricamente la socialdemocracia —el Estado del bienestar, los sindicatos y los impuestos progresivos— no son solo el resultado del apoyo popular a propuestas más o menos complejas elaboradas por lóbregos consejos de sabios, sino también el producto de un discurso político dirigido a persuadir al electorado de los beneﬁcios de las políticas redistributivas. A partir de esos años, sin embargo, una de las críticas más habituales a los Estados del bienestar es que sus políticas promueven una concepción muy débil de la responsabilidad individual, promoviendo así el gorroneo. El Estado del bienestar es tan generoso —continúa la crítica conservadora— que en muchas ciudades hay barrios donde familias enteras de supuestos «pobres» se pasan el día en el sofá viendo series en televisiones de plasma y tomando alimentos y refrescos hipercalóricos... todo ello pagado con cargo al contribuyente, claro.

En las últimas dos o tres décadas, una parte del electorado socialdemócrata ha pasado de pensar que cuestiones sociales como la pobreza o el desempleo responden en muchos casos a causas estructurales y deben ser una prioridad para los decisores públicos a considerar que, en muchos casos, se deben a un comportamiento más bien negligente favorecido por las políticas absurdamente paternalistas del Estado del bienestar, de modo que el individuo ha de asumir toda la responsabilidad. ¿Cómo se explica un giro tan grande en la visión socialdemócrata de la justicia social?

Si continuamos rastreando por la senda de ﬁlosofía política contemporánea, tras Rawls y Nozick ahora le toca entrar en escena a Ronald Dworkin (1931-2013). Dworkin era un ﬁlósofo del Derecho y de la política estadounidense, famoso por su agilidad mental y su capacidad para armar un discurso de más de una hora con absoluto orden y sin la ayuda de ningún papel ni Powerpoint, que elaboró su teoría de la justicia como una tercera vía entre la vieja izquierda y la vieja derecha. La vieja izquierda, aﬁrmaba, había insistido correctamente en que la comunidad tiene la obligación de mostrar una igual preocupación y respeto por todos los ciudadanos, pero deﬁnieron esa igual consideración y respeto de una forma que difuminaba la responsabilidad individual. Los conservadores, tanto los antiguos como los modernos, habían insistido correctamente en el valor de la responsabilidad individual, pero la deﬁnieron de una forma que ignoraba la responsabilidad colectiva. Tener que escoger entre dos visiones erróneas no es solo un plan escasamente atractivo, pensaba Dworkin, sino que además es innecesario, porque tenemos la oportunidad de construir una tercera vía que supere esos errores.¹⁰

Ronald Dworkin y la mala suerte

Elaborada diez años después de la de Rawls y siete después de la Nozick, la visión de la justicia social de Dworkin dibuja un liberalismo más o menos igualitario y muy sensible a la responsabilidad individual. Supongamos que María y Elena han tenido exactamente las mismas oportunidades en la vida, pero María decidió correr el riesgo de pedir un préstamo para estudiar en la universidad mientras que Elena se decidió por la más conservadora opción de continuar el negocio familiar (un bar de tapas en un barrio del extrarradio). Algunos años después, María ha conseguido devolver íntegramente el préstamo gracias al fantástico sueldo que le pagan como analista de riesgos en un gran banco, mientras que a Elena le ha ido francamente peor porque, después de tener que cerrar el bar por la crisis y agotar la prestación de desempleo, lleva casi dos años sin ingresar un solo euro. O sea, María ha ingresado unos 200.000 euros en los dos últimos años, mientras que Elena ha ingresado 0 euros. ¿Estas desigualdades son compatibles con una visión igualitaria de la justicia o deberían ser neutralizadas mediante alguna compensación para Elena, la más adversa al riesgo?

Dworkin cree que esta desigualdad es justa y que las personas que no se arriesgan, como Elena, no deberían ser compensadas, ya que «la gente debería pagar el precio de la vida que ha decidido vivir». El precio de una vida más segura a priori, en la que la obtención de ingresos proviene de heredar el negocio emprendido por un familiar, es precisamente renunciar a toda oportunidad de obtener una parte de los ingresos cuya expectativa anima a otros a correr el riesgo. A esto Dworkin lo llama «suerte elegida» (o merecida), por oposición a la «suerte bruta» (o inmerecida) proveniente de circunstancias azarosas tales como ser alcanzado por un rayo o nacer con una ceguera o una discapacidad.

Imaginemos ahora que Cristina ha nacido con una parálisis en ambas piernas, de manera que es justo que una parte del sueldo que el banco paga a María termine financiando, a través del Estado del bienestar, una silla de ruedas para ella. Elena prefirió la comodidad de los ingresos heredados al riesgo de endeudarse para aumentar su capital humano y sería injusto que María, a través del Estado del bienestar, sea quien termine financiando la elección de Elena. Por mucho que María tenga un buen salario anual y Elena no ingresa nada. Como se ve, el igualitarismo de la responsabilidad individual es compatible con grandes desigualdades.

Dworkin pensaba que la idea de la vieja izquierda igualitarista de que una sociedad justa es aquella que maximiza las oportunidades y el bienestar de los más pobres es errónea, porque en ella se esfuma la responsabilidad individual. Para Rawls, la sociedad tiene la obligación de maximizar el bienestar del individuo que menos bienestar tiene, y ello con independencia de si se trata de un trabajador pobre que reparte pizzas con su bicicleta o de un tipo que no encuentra trabajo porque abandonó de forma temprana el colegio para tunear su scooter con lo que sacaba del menudeo de hachís. Es decir, con independencia del proceso que les ha llevado a ser pobres. El reto al que se enfrenta el igualitarismo socialdemócrata à la Rawls es, por tanto, según el igualitarismo socioliberal de Dworkin, actualizar su agenda socioeconómica y la estructura institucional que la encarna; esto es, el Estado del bienestar.¹¹ Porque es injusto que el Estado exija, por la vía impositiva, que la gente que trabaja duro mantenga a una parte de la población cuyo único oﬁcio conocido es obtener una prestación tras otra en los servicios sociales mientras se atiborra a ganchitos, bebidas hipercalóricas y series de Netﬂix en el salón de su casa.

El Estado como empresa de seguros con tanques

En un artículo publicado en 2013 en su blog de The New York Times, el economista estadounidense Paul Krugman resumía el papel del Estado en nuestras sociedades con la imagen de la empresa de seguros (con tanques). Básicamente, una empresa de seguros vende protección contra el riesgo de una pérdida improbable, pero cuya materialización supondría un desastre. Como es probable que no tengamos recursos suficientes para afrontar las consecuencias de un incendio en nuestra casa, por ejemplo, transferimos ese riesgo a la empresa aseguradora a cambio del pago de una prima.

El modelo de Estado de la socialdemocracia de Tercera Vía se construye sobre la idea del Estado como complemento al mercado (cuando este falla). Desde esta visión, la intervención pública solo debe producirse para hacer frente a los fallos del mercado debidos a monopolios, externalidades, bienes públicos... En definitiva, la competencia es la regla por defecto y la intervención pública solo se justifica en dos casos: cuando el mercado falla y cuando la justicia demanda compensar las desigualdades por circunstancias que escapan a nuestro control, como nacer con una discapacidad o ser alcanzados por un rayo, por ejemplo.

Casi cuarenta años después del Programa de Bad Godesberg, Bill Clinton basó su campaña presidencial de 1996 en la promesa de «acabar con la asistencia social tal y como la hemos conocido hasta ahora», porque el sistema entonces vigente había fracasado: el Estado gastaba demasiado en prestaciones porque se había convertido en una máquina de alimentar gorrones. El igualitarismo de la Tercera Vía pone el énfasis en que los individuos deben cargar con las consecuencias de sus decisiones. Es razonable que una persona elija dedicarse a surfear todo el día en Tarifa. Pero entonces no puede pretender acceder al sistema de prestaciones del bienestar, porque eso sería tanto como transferir el coste de sus decisiones a terceros. Un Estado como empresa de seguros con tanques está para intervenir en casos de catástrofe (huracanes, terremotos) o en aquellos ámbitos donde el mercado produce resultados ineficientes, no para alimentar surfistas ni gorrones del bienestar.

El intento de reforma más importante fue la Tercera Vía. Asumiendo que existe un trade-off entre igualdad y eﬁciencia, la noción de la justicia social de la Tercera Vía se construyó sobre la idea de que la mejor forma de asegurar que los supermercados estén abastecidos no es interferir en el funcionamiento de los mercados —como querrían los socialistas— ni dejarlos ﬂotar en el vacío regulatorio —como querrían los anarcocapitalistas—, sino una tercera vía intermedia consistente en dejar funcionar los mercados libremente, primero, y compensar a los perdedores de la economía de mercado, después. La Tercera Vía asume así una división del trabajo entre mercado y Estado. Mientras que el primero se encarga de la producción, aplicando el principio de eﬁciencia, el Estado asume la redistribución basándose en el principio de igualdad. El mercado, aseguraba Dworkin, no solo es un mecanismo razonablemente eﬁciente de asignación de recursos —o, como mínimo, bastante más eﬁciente que el planiﬁcador omnisciente—, sino que debería ser una pieza central en toda teoría de la justicia igualitaria. Y ello por razones prácticas, pero también normativas. En Justicia para erizos (2011), su último libro, Dworkin expresó así esta convicción:

Una economía de planiﬁcación centralizada o socialista en la que los precios, los salarios y la producción sean ﬁjados colectivamente por funcionarios públicos sería una realización muy imperfecta de nuestros valores. Las decisiones de una economía de planiﬁcación central son colectivas: reﬂejan una decisión colectiva acerca de qué metas personales, y por consiguiente qué recursos, son más adecuados para una vida buena. Un mercado libre no es enemigo de la igualdad, como a menudo se suele presumir, sino indispensable para una verdadera igualdad. Una economía igualitaria es una economía básicamente capitalista.¹²

El capitalismo de Tercera Vía: ni de laissez-faire, ni de bienestar

El sociólogo británico Anthony Giddens —director de la London School of Economics entre 1997 y 2003 y autor de La Tercera Vía: La renovación de la socialdemocracia (2000)— y Tony Blair —primer ministro del Reino Unido entre 1997 y 2007— son dos de los representantes más icónicos de la Tercera Vía. Giddens fue asesor de Blair y, de hecho, la idea de la Tercera Vía que inspiró buena parte del proyecto de Blair para refundar la socialdemocracia fue idea suya.

La Tercera Vía podría definirse, en pocas palabras, como una forma de reconciliar la política económica de derecha con la política social de izquierda. En el terreno económico, la Tercera Vía significó dos cosas. Primero, y por si a algún socialdemócrata no le había quedado claro el eslogan de Bad Godesberg, olvídense de la planificación central. Segundo, ningún proyecto político razonable, tampoco la socialdemocracia, puede prescindir del mercado como institución coordinadora de la actividad económica.

A partir de estos dos presupuestos innegociables, la Tercera Vía se presentó como un proyecto político de reformulación de la socialdemocracia frente a los retos de la modernidad —no es por casualidad que Giddens sea también el autor de Consecuencias de la modernidad (1990) y Modernidad y autoidentidad (1991)—, la globalización y el auge del liberalismo económico y de la nueva derecha (o neoliberalismo).

Así pues, la justicia social del igualitarismo de la Tercera Vía consiste básicamente en compensar, no por cualquier cosa, sino solo por circunstancias que escapan a nuestro control. Porque no es lo mismo no tener ingresos por una discapacidad grave que carecer de ellos debido a una preferencia muy intensa por las noches de marihuana y Playstation. Que el Estado intervenga, concediendo una prestación por discapacidad, en el primer caso es lo correcto. Que intervenga en el segundo resulta injusto porque es alimentar a gorrones del bienestar; o sea, un disparate. Y es el disparate que ha cometido, aﬁrma la Tercera Vía, el viejo igualitarismo socialdemócrata.

Vista así, la noción de la sociedad justa de la Tercera Vía no solo se antoja correcta, sino que parece incluso de sentido común. ¿Quién puede estar a favor de pagarle una prestación a un tipo que no tiene empleo porque se pasa doce horas al día fumando marihuana y jugando a la Playstation? Pero las cosas son algo más complicadas, porque el igualitarismo de la Tercera Vía hace depender un juicio moral (es justo o equitativo que la gente asuma las consecuencias de los riesgos que ha decidido correr, pero no las derivadas de hechos azarosos) de una cuestión práctica (la posibilidad de trazar una línea roja entre la suerte que «me he buscado», por decirlo así, y la que «me ha tocado»). Hasta ahora he puesto ejemplos de casos fáciles, claros. Nacer ciego o que te caiga un rayo son casos sencillos de mala suerte inmerecida, y una sociedad decente debería prestar algún tipo de ayuda, de compensación, para sobrellevar los daños de esa mala suerte. Que te echen del trabajo y te quedes sin ingresos por tu aﬁción a la marihuana y los videojuegos es un caso claro, sencillo, de mala suerte que te has buscado, y no se ve por qué ningún Estado del bienestar debería compensar tu indolencia.

Sin embargo, no todos los casos son tan evidentes. Pensemos en Kepa, un chaval de 20 años, que ha decidido entrar al agua para surfear a pesar de que había bandera roja en la playa. Ahora mismo está inconsciente en la arena porque una ola lo ha arrojado de cabeza contra el fondo. Kepa conocía perfectamente el peligro que había, así que podría decirse que él se ha «buscado» su mala suerte, porque pudo (y debió) haber previsto las malas consecuencias de su decisión.

Cambiemos el ejemplo. Gorka, un soldador de 42 años que decidió abandonar tempranamente los estudios a ﬁnales de la década de 1980 para empezar a ganar dinero en la construcción, está ahora mismo en el paro y sin ningún tipo de ingreso. Para empeorarlo aún más, las perspectivas de trabajo para alguien sin formación como Gorka son bastante tenebrosas. Gorka era consciente de los efectos del abandono escolar sobre su carrera laboral, así que podría decirse que él se ha «buscado» su mala suerte, porque pudo (y debió) haber previsto las malas consecuencias de su decisión.

¿Qué consecuencias se asocian a los comportamientos de Kepa y Gorka? La idea central del igualitarismo responsabilista de la Tercera Vía aﬁrma que, si tienen su origen en la libre elección de los individuos, todos los resultados —y por tanto cualquier desigualdad en ellos— son moralmente admisibles. Da igual que Gorka esté en la ruina como resultado de una decisión tomada hace veinte años. El Estado del bienestar defendido por el socioliberalismo de Tercera Vía no tiene como función redistribuir desde los (más) ricos hacia los (más) pobres. Ni tampoco tiene la misión de rescatar a las víctimas negligentes de accidentes, como Kepa. El Estado no compensa por la mala suerte (elegida) que nos hemos buscado, sino por la mala suerte que nos ha tocado (el azar puro y duro). Kepa se buscó su mala suerte, así que podría decirse que se merece (moralmente) su discapacidad. No hay nada de injusto en que el Estado no le preste ninguna ayuda por su negligencia, porque de hacerlo estaría (re)compensando los comportamientos imprudentes.

No hace falta ser un maoísta colectivista ni un socialista utópico para pensar que la visión de la sociedad justa de la Tercera Vía resulta muy insuﬁciente para alguien preocupado por la (des)igualdad.

Primero, porque es una visión inmisericorde, incluso cruel, con aquellos que tomaron una decisión mala o imprudente. Al contrario de lo que recomendaría el socioliberalismo llevado hasta sus últimas consecuencias,¹³ muchos igualitarios creen (creemos) que la justicia contiene un componente de humanitarismo que requiere la neutralización de las consecuencias de la mala suerte «que nos hemos buscado» cuando las consecuencias de esa elección son catastróﬁcas.¹⁴ El ejemplo de Kepa, el surﬁsta negligente, es un ejemplo de situación en la que el Estado debería intervenir por razones humanitarias. Una sociedad en la que merezca la pena vivir no abandona a la muerte a un chaval de 20 años que está inconsciente en una playa por una mala decisión. El caso de Gorka es más difícil, pertenece a una zona más gris. Pero si me preguntáis a mí, Borja, creo que una sociedad decente no puede permitir que una persona pase hambre por una mala decisión tomada hace dos décadas. Las sociedades decentes deben garantizar una segunda oportunidad a las personas que las forman.

Segundo, por la importancia que concede al esfuerzo. La justicia social impulsada por el socioliberalismo es una noción esencialmente meritocrática, que transmite el mensaje de que el mundo es para los valientes y que, más tarde o más temprano, el esfuerzo tiene su recompensa. En las sociedades occidentales, si uno trabaja duro puede vivir el sueño americano, pero también el inglés, el francés e incluso el español. El que no triunfa es porque no quiere, o porque padece alguna debilidad de carácter. ¿Hay algún problema con esto?

El problema es la ponderación que, tácitamente, se hace de dos principios igualitarios: la justicia como asumir los resultados de nuestras decisiones y el tratar con igual respeto a todo el mundo. La noción de la justicia social del socioliberalismo es profundamente antipática para un socialdemócrata porque, al hacer un énfasis tan grande en la responsabilidad individual, termina por fracasar en la exigencia de tratar con igual respeto a todos los ciudadanos. Dicho de otra forma: la noción de la justicia social del socioliberalismo es incómoda para alguien a quien le preocupa la (des)igualdad porque termina haciendo responsables a los pobres de serlo. O sea, al grupo más vulnerable de la sociedad. Llegados a este punto del argumento, es escasamente sorprendente que un igualitario encuentre profundamente antipático el socioliberalismo, un enfoque del igualitarismo que incorpora una idea de la justicia distributiva tan poco caritativa con el grupo de la población que siempre ha constituido una prioridad en el diseño de las políticas públicas para los socialdemócratas.

RESUMEN EN 4 TUITS (UN POCO LARGOS)...

1. La caridad privada no tiene nada que ver con la noción contemporánea de la justicia social que, a diferencia de aquella, se articula como un auténtico derecho.

2. La concepción de la justicia social de Rawls rechaza la noción popular de que una sociedad justa es aquella que da a cada uno lo que se merece. Para Rawls, nuestros resultados en la vida están tan inﬂuidos por circunstancias que no hemos elegido —nuestros apellidos, nuestros genes— que dar a cada uno lo que se merece no es solo inviable, sino también injusto.

3. La visión de la sociedad justa del neoliberalismo de mercado se construye como una reacción a la concepción socialdemócrata de Rawls. Para Nozick, hablar de justicia distributiva es un error porque la pregunta sobre las exigencias de la justicia social no se responde con un patrón distributivo (de cada cual según X y a cada cual según Y), sino rastreando la historia de los títulos de propiedad de los individuos.

4. El modelo de sociedad justa de la Tercera Vía socioliberal es una síntesis de las concepciones de Rawls (igualitaria/progresista) y Nozick (libertaria/antiigualitaria). Es un ideal profundamente antipático para el igualitarismo socialdemócrata porque, al hacer un énfasis tan grande en la responsabilidad individual, termina estigmatizando (como vagos, como irresponsables) a los grupos sociales más vulnerables.

... Y ENLACE A LO QUE VIENE

La idea socialdemócrata de la sociedad justa que surge después de las dos guerras mundiales —y la estructura institucional que la encarna: el Estado del bienestar—, disfrutó de una salud excelente hasta mediados de la década de 1970. Pero, aunque la crisis de 2008, con sus tramas y subtramas de banqueros avariciosos, tráﬁco de inﬂuencias, rescates multimillonarios y salidas a bolsa temerarias, parecía diseñada para que el centroizquierda disfrutara de un periodo de feliz hegemonía como el que siguió a la segunda posguerra mundial, lo cierto es que la década de 2010 ha sido la peor de la historia para los partidos socialdemócratas, solo por detrás del periodo 1900-1910.¹⁵ Los días de vino y rosas de la socialdemocracia parecen haber quedado deﬁnitivamente atrás y estos suelen ser los sospechosos habituales de su declive:

• A pesar de que tener un trabajo continúa siendo la pócima mágica contra la pobreza en la mayoría de los países, los mercados laborales ya no son ese sitio que provee de estabilidad laboral e inclusión social como ocurría en las décadas posteriores al ﬁnal de la Segunda Guerra Mundial. Aunque la robotización y la automatización seguramente no provoquen un apocalipsis laboral, sí han traído cambios profundos en las ocupaciones y han polarizado los mercados laborales. El reto para la socialdemocracia del siglo XXI no es tanto asegurar la cantidad como la calidad de los empleos futuros.

• A pesar de que los principales programas de protección social siguen siendo muy populares, el Estado del bienestar sigue recibiendo críticas tanto desde la derecha como desde la izquierda. Mientras la derecha insiste en que es un dinosaurio diseñado para otro mundo (fordista, preglobalización) y que, además, se ha convertido en una máquina de promover planes de vida muy intensivos en ocio y poco en trabajo, la True Left («la verdadera izquierda») opina que es un arreglo institucional demasiado rácano y que la única vía de combatir el incremento de la desigualdad es aumentando también el tamaño del Estado. Pero, como veremos, el problema no radica en que el Estado del bienestar no se haya reformado (lo ha hecho), ni en que sea tan rácano que ha perdido toda capacidad de protección frente a la inseguridad económica (la tiene). El reto para la socialdemocracia del siglo XXI consiste en asegurar que el Estado del bienestar ofrezca protección a quienes más la necesitan, y no solo a aquellos que han tenido la suerte de tener carreras laborales largas y estables.

• La noción socialdemócrata de la justicia social es muy exigente porque institucionaliza la solidaridad entre los ciudadanos mediante los mecanismos redistributivos típicos del Estado del bienestar. Pero estar dispuesto a pagar una cuarta parte de los ingresos individuales en impuestos exige un sentimiento de comunidad que solo conﬁeren, por ejemplo, los hechos dramáticos como las grandes guerras. El reto para la socialdemocracia del siglo XXI radica en ser capaz de mantener los lazos de solidaridad que subyacen a su noción de la justicia social en ausencia de conﬂictos bélicos o catástrofes similares.

2

El paraíso perdido: en busca de los sospechosos habituales

El «consenso socialdemócrata» que se extiende tras el ﬁnal de la Segunda Guerra Mundial pone en marcha una estructura (el Estado del bienestar) que aterriza institucionalmente la idea de sociedad justa de la socialdemocracia. En ese modelo, los impuestos que pagan los ciudadanos son la gasolina que alimenta el motor de la justicia social. Es una noción, por tanto, muy exigente. Tanto que, a mediados de la década de 1990, la Tercera Vía decidió que era demasiado exigente. En la versión «tuneada» que se extiende a partir de la década de 1990, la socialdemocracia se convierte en un proyecto que trata de conciliar la política económica de la derecha con la social de la izquierda. En las tres últimas décadas, el modelo de sociedad justa de la socialdemocracia se ha reducido a la redistribución ﬁscal; es decir, a corregir a través de los impuestos y las prestaciones sociales las desigualdades ya generadas por el mercado. ¿Qué explica que la socialdemocracia haya pasado de aspirar a igualar el capital (medios de producción, stock) a contentarse con igualar las rentas (ﬂujos)? En otras palabras, ¿qué explica la transformación de la socialdemocracia en una teoría política sobre la distribución y no sobre la producción?

La respuesta se encuentra, en primer lugar, en los cambios económicos. A pesar de que la globalización no llegó a la agenda política hasta ﬁnales de la década de 1980, los datos indican que la apertura económica comenzó mucho antes. En el caso de España, por ejemplo, la apertura de los mercados —obtenida dividiendo la suma de exportaciones e importaciones entre el producto interior bruto (PIB)— era del 8 % en 1950, del 15 % en 1960 y del 26 % en 1970.¹ Y, en segundo lugar, en las transformaciones de carácter político. «Adelgazar» el proyecto socialdemócrata para transformarlo en una teoría política que se ocupa únicamente de la (re)distribución de las rentas de mercado encajaba bien con algunos de los acontecimientos más importantes del siglo XX.

Durante la Guerra Fría, el enfrentamiento entre el bloque occidental (capitalista) y el bloque del Este (comunista), marcó la agenda global. En este periodo histórico casi todo existía por duplicado, porque había una versión comunista (soviética, del Este) y otra capitalista (estadounidense, occidental) de ello. Había dos pactos para la cooperación militar (el Pacto de Varsovia y la OTAN) o económica (Comecon y la OCDE), dos declaraciones de derechos (la de Derechos Sociales, Económicos y Culturales y la de Derechos Civiles y Políticos), dos botones rojos que activaban el inﬁerno nuclear y, claro, dos concepciones de la justicia social: la igualdad de resultados y la de oportunidades.

La primera jugaba en el bando soviético, porque se entendió que el eslogan marxista de que cada uno ha de aportar al PIB de acuerdo con sus habilidades productivas y recibir de acuerdo a sus necesidades exigía igualar al ﬁnal de la carrera, no en la salida. Todos debían llegar a la meta juntos, sin diferencias. No debía haber ganadores y perdedores.

La noción del bando occidental busca algo muy distinto, porque exige igualar en el punto de salida, no en el de llegada. De hecho, implica la asunción de que los corredores no llegarán juntos a la meta, sino que unos lo harán antes y otros después. Se presume que habrá diferencias, pero se aceptan. ¿Por qué? Porque uno de los pocos consensos que existen en la teoría económica moderna es que igualar resultados genera malos incentivos en los agentes. Haciendo un balance sumarísimo de la Guerra Fría, la Unión Soviética se impuso a Estados Unidos en alguna partida de ajedrez, algún campeonato de gimnasia artística y algunos accidentes nucleares de consecuencias desastrosas. No es muy sorprendente, por tanto, que la noción de la justicia social que acabara imponiéndose como la más correcta fuera la del bando occidental. Y es que salvo que queramos tener gimnastas y ajedrecistas buenísimos pero los supermercados vacíos, no podemos prescindir de las señales que nos envían los mercados.

El fracaso del socialismo real provocó que el mercado pasara a ocupar un lugar central en la teoría política socialdemócrata, hasta el punto de que buena parte del igualitarismo terminó asumiendo la división del trabajo entre mercado y Estado como algo inevitable o, incluso, deseable. Con el giro socioliberal, la socialdemocracia había pasado de querer derrocar el capitalismo a no ver nada de malo en él.

Sin embargo, siempre conviene recelar de la fe del converso. Algunos cambios que tienen una incidencia directa en las relaciones laborales —polarización de los mercados de trabajo, pérdida de centralidad de los sindicatos— han provocado que la desigualdad en las rentas de mercado haya aumentado en muchos países de la OCDE. ¿Estamos seguros de que la teoría política socialdemócrata debería ceñirse a regular los principios que rigen la actividad redistributiva? ¿O debería atreverse a remover los pilares de la producción?

No hagamos spoilers. Dejo las propuestas de renovación de la agenda socialdemócrata para el tercer capítulo del libro. En los tres apartados siguientes, y como si esto fuera un thriller, iremos tras la pista de los tres sospechosos más habituales de las diﬁcultades electorales que atraviesa la socialdemocracia. El primero supone un problema para el valor o principio moral en torno al que se articula el proyecto socialdemócrata: la igualdad. El segundo ha puesto en aprietos al Estado del bienestar. El tercero es un reto para una de sus condiciones de posibilidad: la comunidad.

DESIGUALDAD Y DUALIDAD EN LOS MERCADOS DE TRABAJO

Dos pequeñas advertencias antes de comenzar la investigación de este sospechoso. La primera: en esta sección se emplean gráﬁcos y tablas, así como datos cuya explicación se centra en la evolución de la desigualdad en los países de la OCDE. Pero los datos están al servicio del argumento, no al revés. Además, se presentan de forma que el lector puede prescindir de ellos si lo desea, porque el texto recoge la información que ilustran. La segunda: aunque se le preste una atención especial a la desigualdad en España, los cambios en la distribución de los ingresos no son un fenómeno exclusivo de nuestro país, por lo que se incluyen datos relativos a otros países pertenecientes al club de las democracias ricas de la OCDE.

La evolución de la desigualdad de ingresos en las tres o cuatro últimas décadas es un fenómeno ampliamente estudiado. El interés político por la desigualdad, ejempliﬁcado en la Declaración de Davos de 2017 —que la situaba como uno de los retos principales de la economía mundial—, se fundamenta principalmente en dos trabajos: un artículo publicado en 2003 por dos economistas franceses, Thomas Piketty y Emmanuel Saez, en el que describían la evolución de la desigualdad en Estados Unidos durante prácticamente todo el siglo XX,² y un informe de la Oﬁcina de Presupuestos del Congreso estadounidense sobre la distribución de las rentas entre 1979 y 2007, cuya conclusión fue que el principal motivo del incremento de la desigualdad en las rentas después de impuestos y prestaciones fue el aumento de la concentración en las rentas antes de impuestos y prestaciones.³

Fases principales de la distribucion personal de la renta

Para entender la evolución de la desigualdad, es importante distinguir dos momentos. En primer lugar, la distribución factorial de la renta indica el reparto del valor añadido bruto entre los factores productivos típicos (trabajo, capital, recursos naturales). La distribución personal de la renta reﬂeja cómo se distribuye la renta entre los hogares y la evolución de la desigualdad. Se reﬁere a dos tipos de rentas: las primarias, que comprenden las rentas salariales y las de la propiedad (dividendos, intereses e ingresos por alquiler, básicamente), y las secundarias, que se dividen a su vez en la renta disponible de los hogares (después de pagados los impuestos directos y las cuotas a la Seguridad Social y contabilizadas las prestaciones sociales en metálico) y la renta disponible ajustada, que resulta de añadirle a la anterior las prestaciones en especie (educación y sanidad).

Así pues, el Estado interviene en el proceso de distribución transformando las rentas primarias en secundarias mediante tres instrumentos principales: impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio; transferencias o prestaciones sociales en efectivo y en especie; y las cotizaciones sociales.

Un informe de la OCDE publicado en 2017 concluía que, pese a la débil recuperación, la desigualdad de rentas continúa en niveles de récord y lo achacaba a dos razones: el incremento de la desigualdad en las rentas de mercado y el debilitamiento de la capacidad redistributiva del Estado del bienestar.⁴

La tabla 1 recoge la evolución de la desigualdad en las rentas de mercado y la de la potencia redistributiva de los Estados del bienestar de varios países de la OCDE desde el inicio de la crisis. La desigualdad se presenta según el índice sintético de Gini, donde el valor 0 expresa la igualdad total (todos los individuos u hogares del país tienen exactamente la misma renta) y 1 la desigualdad total (un solo individuo u hogar del país concentran el 100 % del PIB). La redistribución que se muestra en la tabla 1 solo recoge las transferencias monetarias, es decir, prestaciones como el seguro de paro, las pensiones, las rentas mínimas de inserción, etcétera, pero no incluye la reducción de la desigualdad debida a prestaciones en especie (servicios públicos) como la educación o la sanidad.

En el caso de España, lo primero que llama la atención es el crecimiento de la desigualdad en las rentas de mercado. El valor de 0,46 que presentaba España en 2008 signiﬁca que, si escogemos a dos individuos españoles al azar, la diferencia esperada de sus ingresos será dos veces el valor del Gini de la renta media (es decir, una diferencia del 92 % de la renta media, porque 0,46 × 2 = 0,92). El valor de 0,525 de 2015 indica que, en esos seis años, la diferencia esperada (en rentas del mercado) pasó del 92 al 105 %. Antes de la crisis, España presentaba una desigualdad en ingresos antes de impuestos y transferencias ligeramente inferior a la media de la OCDE. Países como Alemania o Francia partían de desigualdades de mercado signiﬁcativamente más altas que la española, pero sus Estados del bienestar conseguían que la desigualdad de las rentas de los hogares franceses y alemanes se redujera.

TABLA: 1. Evolución de la desigualdad y capacidad redistributiva de los Estados del bienestar (2008-2015)

FUENTE: OCDE Income Distribution Database (IDD), 2018.

Pero la crisis ha hecho que el mercado laboral español asigne las rentas de mercado de forma mucho más desigual. Más que la media de la OCDE y más incluso que mercados que tradicionalmente habían venido siendo más desiguales como el británico, el alemán o el estadounidense. Este es, junto con el peculiar funcionamiento del Estado del bienestar español (que se analiza más adelante), el principal determinante del aumento de la desigualdad en España y en varios otros países de la OCDE. Ahora bien, la desigualdad total de un país puede aumentar debido a que esta crece en la parte alta de la distribución —un incremento en la desigualdad entre el 10 % más rico y el ciudadano medio— o a consecuencia de que las clases bajas se desenganchan de las clases medias.

El gráﬁco 1 muestra qué tal le ha ido al 10 % más rico de la población en un conjunto de países desde la proclamación de la Segunda República en España. Se observan dos pautas distintas. Una para China, Estados Unidos, Suecia, Reino Unido e incluso Alemania, donde la fracción de la renta total que va a parar al extremo superior de la distribución aumenta de forma consistente desde comienzos de la década de 1980. En España y Francia, sin embargo, el porcentaje se mantiene entre el 30-35 % durante ese mismo periodo. Si la desigualdad de ingresos en España es alta —y ha aumentado últimamente—, esto no se debe a un proceso de extraordinaria acumulación en la parte superior de la distribución.

GRÁFICO: 1. Fracción de la renta total en manos del 10 % más rico (en %)

FUENTE: Alvaredo, Facundo et al., World Inequality Report, París, World Inequality Lab, 2018.

La explicación más invocada para entender el comportamiento de la desigualdad en las últimas décadas es que el cambio tecnológico ha favorecido a los trabajadores más cualiﬁcados. Es una explicación basada en el modelo económico estándar, donde los salarios son proporcionales a la productividad. En un mercado laboral conviven dos grupos de trabajadores: los cualiﬁcados y los no cualiﬁcados. Los cambios tecnológicos —la electricidad, el motor de explosión, internet, los ordenadores, etcétera— tienden a aumentar la demanda de trabajadores cualiﬁcados, por lo que la única forma de mantener la desigualdad a raya es a través de un aumento equivalente de trabajadores cualiﬁcados promovido por una expansión educativa. En los periodos en que esta «carrera» entre la tecnología y la educación la gana la primera, la desigualdad aumenta, mientras que tiende a disminuir cuando se impone la segunda.⁵

Ese modelo donde la evolución de la desigualdad reﬂeja lo ocurrido con la productividad de los trabajadores aporta una perspectiva histórica excelente de los orígenes del sistema educativo estadounidense y de cómo este logró aumentar sustancialmente la oferta de trabajadores cualiﬁcados. Esto provocó que, hasta hace solo cuatro décadas, los niveles de desigualdad en Estados Unidos fueran similares a los de Francia. En la década de 1970, sin embargo, Estados Unidos comenzó a desconverger porque la desigualdad empezó a despegar. Una de las razones es que el mayor número de graduados en secundaria y de titulados universitarios se alcanzó en la década anterior, la de 1960, y desde entonces esa tasa ha seguido disminuyendo. El resultado es que, mientras que en las tres décadas posteriores al ﬁnal de la Segunda Guerra Mundial la carrera entre la educación y la tecnología la ganó la primera —por lo que Estados Unidos consiguió frenar la desigualdad—, a partir de entonces todo apunta a que está ganando la tecnología.⁶ Malos tiempos para la igualdad.

La historia reciente de la desigualdad en España es diferente y se puede dividir en cuatro etapas: la preconstitucional (1900-1978), los años de la construcción del Estado del bienestar (1978-1995), los años dorados del boom inmobiliario (1995-2008) y los años de la resaca de la crisis, que se extiende hasta hoy.⁷ En la etapa preconstitucional, la concentración de la propiedad —entre 1900 y 1950 el 1 % más rico poseía el 60 % del patrimonio—⁸ y la ausencia de un impuesto verdaderamente progresivo sobre las rentas salariales dibujaban una España muy desigual. Con el restablecimiento de la democracia en 1978, se produjo una disminución signiﬁcativa de la desigualdad de los ingresos como resultado de la introducción del principio de progresividad en el sistema tributario y del aumento del gasto social tras la puesta en marcha del Estado del bienestar español (mientras tanto, la desigualdad aumentaba en la mayoría de los países de la OCDE).⁹

A mediados de la década de 1990, la economía española comenzó a experimentar un crecimiento muy superior al de la media de los países europeos. Esto se tradujo en un descenso notable del desempleo, que en los años inmediatamente anteriores al estallido de la crisis llegó a situarse en torno al 8 %. Sin embargo, esto no provocó una disminución equivalente de la desigualdad y la pobreza. La característica más destacable de las tasas de desigualdad y pobreza durante el periodo 1995-2006 fue su estabilidad. A ello contribuyeron dos factores: por un lado, el tipo de empleo creado al calor del boom inmobiliario y alimentado por la dualidad del mercado de trabajo español; por el otro, el tipo de protección provista por el Estado del bienestar español, que tiende a reﬂejar de forma especular las desigualdades generadas por ese mercado dual (daremos más datos sobre este sospechoso en el apartado «La joya de la corona socialdemócrata encanece»).

En la última etapa, el aumento de la desigualdad provocado por la crisis y la recesión posterior ha colocado a España en el grupo de países europeos con mayores niveles de desigualdad, junto a Rumanía, Letonia, Lituania y Bulgaria. Ya sabemos que, a diferencia de lo ocurrido en Estados Unidos o el Reino Unido, en España este incremento de la desigualdad no es una pauta que se remonte hasta la década de 1980 ni se debe a un proceso de concentración de las rentas en el 10 % más rico de la población. ¿A qué se debe entonces?

Una explicación que ha hecho mucha fortuna entre los líderes políticos españoles destaca el (supuesto) calvario sufrido por la clase media española. Los cuatro grandes partidos nacionales se han lanzado a una competición por ver quién mima más a las clases medias porque, según dicen, han sido las más perjudicadas por la crisis. Una forma de comprobar si ese discurso se ajusta a los datos disponibles o no es más que mercancía electoralista (averiada) es acudir a la Muestra Continua de Vidas Laborales.¹⁰ El gráﬁco 2 muestra la evolución de los salarios de los trabajadores de entre 18 y 65 años en el decenio 2005-2015, ordenados en función del percentil (cada uno de los 99 grupos que se obtienen al dividir entre 100 una distribución), de forma que a menor percentil, menores ingresos, y viceversa.

El gráﬁco 2 demuestra que no, que las clases medias españolas, deﬁnidas como aquellas que se sitúan en torno al percentil 50, no han sido las grandes paganas de la crisis, salvo que ahora tener un trabajo cuyos ingresos apenas superan el umbral de la pobreza implique ser clase media. Los grandes perjudicados han sido los trabajadores con rentas más bajas, donde el 10 % más pobre ha experimentado una caída de alrededor del 20 % de sus ingresos durante el periodo, y por eso los índices de desigualdad que se ﬁjan en lo ocurrido en los extremos de la distribución han crecido más que el índice de Gini.¹¹

Como explica el economista Daniel Fernández Kranz, hay dos factores que explican este desplome.¹² Primero, el aumento del empleo a tiempo parcial, que conlleva una penalización salarial. Y segundo, la dualidad del mercado laboral español, que sigue siendo una fuente de desigualdades que la reforma laboral y la recuperación económica no parecen haber revertido. Tras una disminución en los primeros años de la crisis, en 2015 la tasa de temporalidad regresó a la misma tasa de 2008: un 25 %. La clave no está, pues, en este repunte de la temporalidad, sino en que los jóvenes acceden hoy al mercado laboral en una situación notablemente peor que la de quienes lo hicieron antes de la crisis. Cuando uno entra al mercado de trabajo hoy, a igualdad de todos los demás elementos, sus ingresos esperados son un 33 % más bajos (el menor número de días trabajados explica el 13 % de esa reducción, la moderación salarial resta un 10,6 % y el trabajo a tiempo parcial se lleva el 5 %).

GRÁFICO: 2. Evolución de los salarios por percentil de ingresos (2005-2015)

FUENTE: Gonzalo López Molina, 2018.

Hasta ahora el argumento había asumido, implícitamente, que hay algo de malo en que la desigualdad aumente en una sociedad. Pero esto dista de ser obvio. Que la desigualdad haya aumentado constituye (o no) un reto en función de la parte del espectro ideológico que ocupemos. Para la derecha no supone gran cosa, porque nunca ha hecho de la igualdad una bandera. Para la izquierda sí lo es, porque la (des)igualdad conforma, junto con la erradicación de la pobreza y la provisión de cierta seguridad económica, la trinidad socialdemócrata. Pero que lo haya sido en el pasado no signiﬁca que tengamos buenas razones para que lo siga siendo hoy. A ﬁn de cuentas, en algunos pueblos de España también solía lanzarse una cabra desde la torre del campanario y no creo que nadie piense que esa es una buena razón para seguir haciéndolo. Así pues, ¿tenemos buenas razones para seguir anclando el proyecto socialdemócrata a la igualdad o deberíamos hacer como con el salto de la cabra y meterla en el cajón de los recuerdos?

¿Sigue teniendo sentido reducir la desigualdad en las sociedades del siglo XXI?

En el debate acerca de la (des)igualdad, como en el de la pena de muerte, el impuesto de sucesiones o cualquier otra cuestión con implicaciones morales, se pueden emplear argumentos de dos tipos: normativos y prácticos. Los primeros responden a la pregunta de si algo es deseable por motivos morales (porque X nos parece justo), mientras que los segundos atienden a si algo es deseable por sus consecuencias (porque X aumentaría/reduciría el PIB del Estado). La pena de muerte, por volver a este ejemplo, podría tener buenas consecuencias —disminuir un 25 % la delincuencia de un país, por ejemplo— y aun así ser indeseable en términos morales porque nos parece incompatible con los derechos humanos más fundamentales.

Desde la publicación de la Teoría de la justicia de John Rawls en 1971, la defensa de la igualdad había adoptado la perspectiva normativa o moral. Los argumentos más invocados solían ser dos. El primero, típicamente contractualista, decía que si nos sentáramos alrededor de una pizza y un par de cervezas para decidir los grandes principios constitucionales que han de regir (ex novo) una sociedad, estableceríamos un criterio que haría que la distribución de ingresos no fuera demasiado desigual. Las personas somos adversas al riesgo, continúa el argumento, y no querríamos exponernos al riesgo de ser pobres en una sociedad donde los ricos son muy ricos y los pobres muy pobres. El segundo argumento viene a decir que hay dos tipos de desigualdad: la buena, consecuencia de nuestro esfuerzo y trabajo duro, y la mala, debida a factores ajenos a nuestro control. Si buena parte de nuestros ingresos en la vida adulta se debe a cuestiones de las que no somos responsables, entonces la teoría de Rawls aﬁrma que tendríamos buenas razones para corregir esas desigualdades. Esa es la teoría, pero ¿qué dicen los datos?

En el libro Los que tienen y los que no tienen, cuya edición original se publicó en 2010, el economista serbio-estadounidense Branko Milanović muestra que nacer en una familia realmente pobre de Estados Unidos (el 1-2 % de los hogares más pobres) te sitúa alrededor de la mediana de la distribución global de ingresos.¹³ En otras palabras, ser muy pobre en Estados Unidos es pertenecer a la clase media mundial. Pero si en lugar de nacer en una familia del 1 % más pobre de Detroit lo haces en una familia del 1 % más pobre de Río de Janeiro o de Beijing, el sitio que te corresponde en la distribución global de ingresos es aproximadamente el mismo que ocupas en la nacional. Es decir, mientras que ser muy pobre en Dinamarca o en Estados Unidos te convierte en clase media mundial, ser muy pobre en Brasil o China es ser muy pobre en la sociedad global.

De hecho, aﬁrma Milanović, alrededor del 50-60 % de las diferencias de ingresos entre los individuos que poblamos el planeta se deben a nuestro país de residencia (por lo general, el país de nacimiento) y otro 20 % a los ingresos de nuestros padres. De forma que en torno al 70-80 % de nuestros ingresos se deben a circunstancias que no son atribuibles a nuestro esfuerzo o a nuestras elecciones, salvo que pensemos que nacer en Estocolmo tiene muchísimo mérito o es producto de alguna clase de decisión voluntaria. Si las desigualdades injustas, en tanto que debidas a factores que escapan a nuestro control, explican alrededor del 70-80 % de la desigualdad global entre los individuos, parece que tenemos buenas razones morales o normativas para corregirlas.

A diferencia de la época en que Rawls escribió su Teoría de la justicia, la desigualdad es hoy un tema de actualidad en la agenda política y de moda en la agenda académica, hasta el punto de que te puede abrir las puertas de las mejores universidades del mundo anglosajón. Pero ahora la cuestión ya no es tanto si la desigualdad es (o no) injusta —como se preguntaba Rawls—, sino si tiene (o no) malas consecuencias. La investigación sobre la desigualdad tiende a mostrar ahora una orientación más práctica que normativa.

Una conclusión ampliamente aceptada de la bibliografía empírica sobre la desigualdad es que el nivel de ingresos está positivamente relacionado con la salud, la participación política, el rendimiento escolar, el bienestar, etcétera. De forma que, si la desigualdad económica de una sociedad aumenta, lo esperable es un aumento de la desigualdad en todos esos ámbitos. En realidad, es el mismo argumento esgrimido por Friedman, Thatcher y Reagan, pero a la inversa. Para la Nueva Derecha de los años ochenta existía una frontera a partir de la cual un euro más de gasto social acarreaba todo tipo de efectos perjudiciales, porque cuando se cruza la «frontera de la igualdad» los agentes dejan de tener incentivos para esforzarse y trabajar duro. Lo que sostiene el actual discurso de la-desigualdad-importa-porque-tienemalas-consecuencias es que existe una frontera a partir de la cual un punto más en el índice de Gini acarrea efectos perjudiciales (porque para el ascensor social, por ejemplo) y que los cambios ocurridos en las últimas cuatro décadas han hecho que algunos países de la OCDE hayan cruzado la «frontera de la desigualdad».

Hasta aquí, las hipótesis. ¿Pero qué nos dicen los datos? ¿Tiene sentido reducir las desigualdades en el siglo XXI? Para responder, repasaré brevemente lo que sabemos sobre los efectos de la desigualdad en tres grandes ámbitos: el económico, el social y el político.

Vayamos primero con los efectos de la desigualdad sobre la economía. Hasta hace poco, para medir las consecuencias de la desigualdad sobre el funcionamiento de la economía solían emplearse el índice de Gini y el PIB per cápita referidos a un conjunto de países. Los resultados iban desde relaciones positivas —donde un aumento de la desigualdad conlleva un aumento del PIB per cápita—, hasta relaciones negativas, muy débiles o nulas. En fechas recientes, este análisis se ha soﬁsticado: ya no se toma como referencia únicamente el crecimiento del ciudadano medio, sino que se observa el crecimiento experimentado en distintos puntos de la distribución, típicamente los (muy) pobres y los (muy) ricos, y también cómo ha evolucionado la desigualdad entre ricos y los pobres. Seguramente la conclusión más destacable es que, en Estados Unidos y durante el periodo 1960-2000, la desigualdad era mala si uno era pobre (estaba negativamente correlacionada con el crecimiento del PIB en la parte baja de la distribución) y era buena si se era rico (esa correlación pasaba a ser positiva). El aumento de la desigualdad en el extremo superior de la distribución no solo no favorece al extremo inferior —no hay un «goteo hacia abajo» (trickle-down) de los beneﬁcios económicos—, sino que lo perjudica.¹⁴ Si el proyecto socialdemócrata se deﬁne, sobre todo, por su compromiso con los grupos más vulnerables de la sociedad, entonces parece que existen buenas razones económicas para mantener la igualdad como uno de los objetivos de la socialdemocracia en el siglo XXI.

En la esfera social, existe una amplia bibliografía sobre las consecuencias de la desigualdad en variables como las tasas de obesidad, la drogadicción, la conﬁanza social, la mortalidad infantil, la población penitenciaria, los embarazos juveniles, la salud física y la movilidad social. Para no hacerlo muy largo, me ceñiré a estos dos últimos ámbitos.

En 2008, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó un informe centrado en lo que más tarde se ha conocido como el «efecto Glasgow».¹⁵ Según la OMS, la esperanza de vida de una persona de Glasgow variaba hasta 28 años en función de si había nacido en un barrio rico o en uno pobre: un individuo del barrio pobre de Calton tenía una esperanza de vida al nacer de 54 años —en la India, es de 62 años—, mientras que para alguien del barrio rico de Lenzie ascendía a 82 años. Entre Lenzie y Calton hay 28 años de esperanza de vida de diferencia según la OMS, y 12 kilómetros de distancia según Google Maps.

El de Glasgow quizá sea el caso más extremo, pero no es el único. En la ciudad estadounidense de Baltimore, un individuo que nace en el barrio de Roland Park tiene una esperanza de vida de 84 años, cinco más que la media del país. Pero si lo hace en el barrio de Seton Hill, esa cifra se reduce a 65 años.¹⁶ Entre Seton Hill y Roland Park hay casi 20 años de esperanza de vida de diferencia y 5 kilómetros de distancia. ¿A qué se deben estas diferencias?

La hipótesis de epidemiólogos como Michael Marmot —presidente de la comisión de la OMS que publicó el informe en el que se alertaba del «efecto Glasgow»— es que las diferencias en las condiciones de salud de la población son un reﬂejo de la brecha económica. Según Marmot, «la gente con una posición socioeconómica más alta en la sociedad tiene un conjunto mayor de posibilidades en la vida y más oportunidades de vivir una vida exitosa. Este mismo grupo de gente también tiene una salud mejor. Ambas cosas están vinculadas: cuanto más favorecida es la gente, económica y socialmente, mejor es su salud».¹⁷ Parafraseando al sociólogo Pau Marí-Klose, la desigualdad no solo afecta nuestras vidas, sino también nuestras muertes.

En cuanto a la movilidad social, en España está muy extendida la idea de que, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, todo el mundo puede ir a la universidad. Dado que los títulos universitarios son la llave que abre las puertas de las oportunidades laborales, solemos pensar que cualquiera puede terminar presidiendo una empresa de biotecnología o siendo socio de un prestigioso bufete de abogados si estudia y trabaja duro. ¿Seguro?

En España, de acuerdo con un estudio del sociólogo Miguel Requena publicado en 2016, los títulos educativos conceden una gran ventaja para la movilidad ascendente y además protegen contra el descenso social.¹⁸ Es decir, son un instrumento eﬁcaz para mejorar las expectativas de vida y «engrasan» el ascensor que permite subir en la escala social. Pero esto no signiﬁca, como suele pensarse, que sea igual de sencillo para todo el mundo obtener un título universitario. Lo que para los hijos de las clases profesionales y directivas es más bien la norma (el 63 % de ellos logra un título universitario), para los hijos de la clase trabajadora es la excepción (solo el 26 % lo consigue). Además, tampoco es cierto que todos tengamos las mismas probabilidades de terminar siendo presidentes de Telefónica si trabajamos y estudiamos duro. De acuerdo con Requena, los hijos de profesionales y directivos tienen casi el triple de probabilidades de llegar a ser profesionales y directivos que los hijos de trabajadores. De la misma forma que nadie elige nacer en São Paulo o en San Francisco, tampoco nadie elige nacer en una familia de médicos o de trabajadores. Si el proyecto socialdemócrata se deﬁne, sobre todo, por su compromiso con los grupos más vulnerables de la sociedad, entonces parece que tenemos buenas razones de carácter social para mantener la igualdad como uno de los objetivos de la socialdemocracia, también en el siglo XXI.

El impacto de la desigualdad en el proceso democrático

Desde el inicio de la crisis en 2008, los politólogos han intervenido en el debate público casi tanto como los economistas, aunque por distintas razones. Mientras que la economía se preocupa por cuánta desigualdad puede absorber un mercado, la ciencia política analiza cuánta desigualdad puede tolerar una democracia. En teoría, en una democracia todos los ciudadanos deberían tener una inﬂuencia igual en las decisiones del gobierno, con independencia de su nivel de renta. En la práctica, todos asumimos que esto no es así y que la capacidad de inﬂuencia política está positivamente relacionada con la económica, de forma que a más recursos, más inﬂuencia. Esta es, al menos, la intuición de mucha gente.

Si la participación del 10 % más rico en la renta total ha aumentado en las últimas tres o cuatro décadas en Estados Unidos, uno esperaría que, de ser correcta la intuición, también lo hubiera hecho su inﬂuencia en el procedimiento democrático. Algunos trabajos han mostrado que sí, que esta intuición es correcta y que, en Estados Unidos, el sentido del voto de los representantes políticos se corresponde mucho mejor con las preferencias políticas de los más ricos que con las de los más pobres.¹⁹ Esto no sería demasiado problemático si las preferencias políticas de unos y otros no fueran muy distintas. La mala noticia para las clases obreras estadounidenses es que las preferencias de la gente verdaderamente rica del país diﬁeren de las del resto de sus compatriotas en ámbitos relevantes como la presión ﬁscal o las políticas sociales. Pero quizás estos resultados viajen mal fuera de Estados Unidos porque en ninguna democracia europea el 10 % más rico acapara el 50 % de la renta total y el 1 % el 25 %, aproximadamente.

Las causas por las que la desigualdad aumenta desde hace cuatro décadas en Estados Unidos y se ha disparado en España desde que estalló la crisis parecen ser distintas. En el caso estadounidense, los protagonistas de la historia son tipos con traje de raya diplomática y mucha gomina en el pelo que no usan el metro porque les parece algo muy vulgar. En el español, los protagonistas de la historia son personas como tú y como yo, pero con un trabajo peor. Si la historia de la desigualdad en Estados Unidos es la del despegue de las clases más ricas, quizás España se parezca más al ideal teórico según el cual todos los ciudadanos tienen la misma capacidad de inﬂuir en el proceso democrático, con independencia de cuánto abulte su cartera. ¿Seguro?

Los politólogos Braulio Gómez y Manuel Trujillo han estudiado si las desigualdades económicas en España terminan por transmitirse al proceso democrático.²⁰ La principal conclusión de sus trabajos es que existen auténticos «puntos negros» de la democracia, que se corresponden milimétricamente con barrios marginales de grandes núcleos urbanos —por ejemplo, Madrid (la Cañada Real), Barcelona (Torre Baró), Bilbao (Otxarkoaga), Málaga (Asperones) o Sevilla (Polígono Sur)—, barrios en los que la abstención se mueve entre el 65 y el 90 %. Sea por los motivos que sea, y seguramente son muchos, una parte de la sociedad española nunca incluye el sistema democrático en sus preferencias.

Antes de cerrar esta sección, hagamos un pequeño juego. Represéntate mentalmente la siguiente situación: «exclusión social». Párate 5 segundos. ¿Ya? Seguramente te ha venido a la cabeza una imagen dominada por la escasez o la carencia material. Es decir, por la pobreza. Sin embargo, la exclusión social es un fenómeno múltiple en el que a la exclusión económica se añade la exclusión política. En la España actual, la participación de los más pobres es escasa no solo en la renta total, sino también en las urnas. Este problema es grave, porque la participación electoral, además de ser un derecho individual reconocido en toda constitución democrática, puede contribuir también a hacer visibles situaciones que de otra forma no alcanzarían la agenda pública. Lo digo ya por última vez: si el proyecto socialdemócrata se deﬁne, sobre todo, por su compromiso con los grupos más vulnerables de la sociedad, entonces parece que tenemos razones para mantener la igualdad como uno de los objetivos de la socialdemocracia, también desde el punto de vista político-democrático.

La desigualdad en España

1) España es hoy un país más desigual que en 2007...

2) ... y más desigual que la media de los países de la OCDE.

3) El aumento de la desigualdad...

a) no se debe a que la crisis haya sido un enorme negocio para la gente rica, sino a que las clases obreras se han desacoplado de la clase media;

b) es un problema para los partidos socialdemócratas, que hicieron de la igualdad política y socioeconómica uno de sus grandes objetivos.

4) Hay buenas razones, tanto morales como prácticas, para mantener la igualdad como uno de los fundamentos del proyecto socialdemócrata.

LA JOYA DE LA CORONA SOCIALDEMÓCRATA ENCANECE

Aunque, como decía en la introducción, el Estado del bienestar es como el Real Madrid, una institución en situación permanente de crisis, la naturaleza de su crisis es como el Guadiana: tiende a desaparecer en las épocas de bonanza, pero reaparece con cada crac económico por ser el blanco preferido de la crítica conservadora, que la considera una institución ineﬁcaz e imposible de adaptar a las nuevas realidades. ¿Qué justiﬁca, en esta ocasión, el debate sobre la enésima crisis del Estado del bienestar?

Según el politólogo Peter Taylor-Gooby, el paso de una sociedad industrial a una posindustrial.²¹ Los orígenes del Estado del bienestar suelen situarse a ﬁnales del siglo XIX, cuando el canciller alemán Otto von Bismarck (1815-1898) aprobó una serie de regulaciones que tuvieron como resultado el primer sistema de lo que hoy se conoce como Seguridad Social. En aquel momento, los países desarrollados estaban experimentando las consecuencias sociales de la Revolución Industrial. Friedrich Engels recogió en su primer libro, La situación de la clase obrera en Inglaterra (1845), un testimonio de primera mano sobre las condiciones de vida en las fábricas de la Inglaterra del siglo XIX.²² Engels viajó de Berlín a Mánchester en 1842, donde residió hasta 1844. La tesis que deﬁende Engels en ese libro es que la vida de los trabajadores había empeorado notablemente a causa de la Revolución Industrial. Los comunismos obreros francés y alemán serían, según Engels, la expresión política del malestar social causado por el desarrollo tecnológico que desencadenó la revolución tecnológica. De hecho, en el campo de la economía suele hablarse de la «pausa de Engels», que tuvo lugar entre 1770 y 1840, aproximadamente, porque en ese periodo los salarios se desacoplaron de los incrementos de productividad, lo que explicaría las pésimas condiciones de vida de los trabajadores fabriles en el Mánchester que visitó Engels.²³

El Estado del bienestar bismarckiano nació, así, como una respuesta a los «viejos» riesgos sociales asociados a la Revolución Industrial. Hoy, los «nuevos» riesgos sociales son los generados por la transición de una sociedad industrial a una posindustrial y globalizada. Los generados por lo que el economista Robert Gordon ha denominado la «cuarta Revolución Industrial» —la de internet y los ordenadores—, pero no solo por ella. Están además los cambios en la demografía (el envejecimiento de las sociedades) y en los modelos de familia. La combinación de todo ello ha dado lugar a una serie de riesgos «nuevos» como la conciliación de la vida laboral y familiar, el desempleo estructural, el estrechamiento de la pirámide poblacional y la desprotección social de ciertos grupos, entre ellos los jóvenes y los inmigrantes. El modelo de Estado del bienestar bismarckiano no está preparado para responder a estos riesgos sociales porque se concibió para sociedades que aún no habían dado el salto de la industria a los servicios y, como se explica a continuación, porque su funcionamiento responde a una lógica esencialmente aseguradora.

Qué es un Estado del bienestar

La forma más gráﬁca de deﬁnir el Estado del bienestar moderno es como una máquina gigantesca de impuestos y transferencias. En la parte de los impuestos, los indirectos están regidos por el principio de proporcionalidad y los directos por el de progresividad. En la parte de las transferencias la cosa es un poco más complicada, porque conviven dos sistemas.

Uno, el formado por las prestaciones contributivas (Seguridad Social), funciona como una empresa de seguros, con la única salvedad de que es una empresa pública, porque un producto como el seguro de desempleo, por ejemplo funcionaría bastante mal en los mercados convencionales debido a problemas de selección adversa. Todos estamos expuestos a accidentes (rompernos una pierna, que cierre la empresa) y circunstancias (cumplir la edad de jubilación) que nos impidan obtener rentas en el mercado de trabajo. La Seguridad Social, como parte del Estado del bienestar, nos asegura una fuente de ingresos durante estos periodos. El principio de contributividad en el que reposa signiﬁca que el montante de esos ingresos depende de nuestras cotizaciones previas, de forma que a mayor cotización, mayor prestación, y viceversa.

El otro sistema es el que los anglosajones llaman welfare y nosotros solemos llamar asistencia social. Aquí la lógica no es la del seguro, sino la de proveer de un mínimo bienestar a aquellos que por llevar demasiado tiempo desempleados —el paro contributivo en España dura un máximo de 24 meses—, o ser muy jóvenes y no haber cotizado lo suﬁciente, no son elegibles para el sistema contributivo. Esta parte sí tiene, a diferencia de la otra, un «espíritu de Robin Hood», porque incorpora el elemento redistributivo en forma, por ejemplo, de rentas mínimas de inserción o pensiones no contributivas.

Te propongo de nuevo un pequeño juego. Supongamos que te pregunto en qué Estado del bienestar te gustaría vivir. Si no tienes empleo, o es más bien precario, podrías googlear en tu móvil «gasto social como porcentaje del PIB» y me dirías que en Francia, Finlandia o Bélgica. Al clasiﬁcar los Estados del bienestar en función de esa variable, estamos asumiendo que todo el gasto social cumple más o menos los mismos objetivos. Sin embargo, hay una serie de Estados del bienestar que dedican una parte importante del gasto a mimar a las personas que, por haber tenido buenos trabajos que procuran buenas trayectorias de cotización, menos lo necesitan (insiders). Que Francia tenga un gasto social como porcentaje del PIB muy elevado no signiﬁca que sea la mejor opción si eres un joven de 27 años que lleva 3 años enlazando empleo precario tras empleo precario, porque no todo el gasto social es igual. ¿Cómo gastan los Estados del bienestar?

Existen dos grandes modelos: el «original» de Bismarck —que surgió como respuesta a la Revolución Industrial— y otro más moderno, nacido tras las dos guerras mundiales, que tiene su origen en un informe presentado por el economista y político William Beveridge (1879-1963) al Parlamento británico en 1942.

Los Estados del bienestar inspirados en la Seguridad Social bismarckiana se caracterizan por ﬁnanciarse con cargo a cotizaciones sociales que, a su vez, toman como referencia los salarios de los trabajadores. El nivel de protección que ofrece este sistema cuando se dejan de obtener rentas primarias en el mercado laboral se ajusta en función del nivel de gasto que procuraba el sueldo percibido anteriormente. Al funcionar según una lógica de seguro, los puntos fuerte y débil de este modelo son la cara y la cruz de una moneda. La ventaja de los Estados del bienestar bismarckianos es que ofrecen una protección muy generosa a quienes han tenido trayectorias largas y estables de cotización. La desventaja es que tienden a ser muy rácanos con quienes presentan trayectorias de contribución más frágiles.

Por su parte, los sistemas à la Beveridge se caracterizan por ﬁnanciarse con cargo a impuestos, no a contribuciones, por lo que típicamente cubren a (casi) toda la población. El objetivo no es garantizar un nivel de vida acorde al que procuraba el salario previo, sino asegurar un mínimo vital —y si es posible incluso algo más— a todo el mundo. La ventaja de este modelo es que, al no funcionar con una lógica contributiva, no reproduce en el sistema público de protección social las desigualdades del mercado laboral. El inconveniente, en cambio, es que en sus versiones menos generosas —como la estadounidense, por ejemplo— suele tener problemas para generar coaliciones electorales en torno a los programas del bienestar. Los votantes no suelen ser muy entusiastas de sufragar con sus impuestos programas de los que ni ellos ni sus familias se beneﬁciarán nunca (por ser demasiado ricos, por ejemplo).

Hoy en día, ninguna democracia de la OCDE responde a los modelos puros de Beveridge o Bismarck. Todas mezclan elementos de ambos, en distinto grado. Pero muchos análisis coinciden en señalar que, mientras que países como Alemania, Italia, Francia y los tres países del Benelux (Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo) —es decir, los seis Estados que pusieron en marcha lo que hoy es la Unión Europea— responden al modelo bismarckiano, otros como Reino Unido e Irlanda encajan mejor en el de Beveridge.

La tabla 2 resume cómo se ﬁnanciaban en 2015 los sistemas de protección social de los principales países europeos. Es posible distinguir tres grupos: los países donde las aportaciones del gobierno a través de los impuestos suponían más del 50 % (Suecia, Dinamarca, Irlanda y Reino Unido); aquellos donde esa contribución se situaba entre el 40 y el 50 % (Portugal, Italia y España); y el de los países donde esa aportación rondaba un tercio del total (Francia, Alemania, Bélgica y Países Bajos). Se pueden extraer dos conclusiones de esa estructura de gasto. Una es que, incluso a simple vista, sigue siendo posible distinguir entre los Estados del bienestar inspirados por el modelo bismarckiano de seguro (insurance) y los que se basan en el objetivo de Beveridge de asegurar un mínimo vital a todo el mundo (assistance). En los primeros, las contribuciones sociales ﬁnancian dos tercios del gasto social, mientras que, en los segundos, el gobierno se hace cargo de más de la mitad de esas partidas. La otra conclusión es que existe una pauta de convergencia: los Estados del bienestar bismarckianos de la Europa continental y del Sur —en los casos de Italia y España es particularmente claro— siguen basando la ﬁnanciación de las políticas sociales en las contribuciones, pero cada vez lo hacen más a través de impuestos.

TABLA: 2. Fuentes de financiación de los sistemas de protección social en Europa (en % del total)

FUENTE: Eurostat, Living Conditions in Europe: 2018 Edition, Luxemburgo, Eurostat, 2018.

Aunque haya cierta convergencia entre ambos modelos, algunos cambios sociales producidos desde mediados de la década de 1970 llevan a pensar que los Estados del bienestar no están bien diseñados para responder a los nuevos riesgos a los que se enfrentan.

Nuevos riesgos sociales: Desempleo, bicicletas y pirámides de población

La forma más rápida de juzgar la lozanía de los Estados del bienestar es comprobar la salud de los mercados de trabajo. Esto es así en ambos modelos, porque las transferencias en efectivo y los servicios públicos se pagan con los impuestos y las contribuciones de quienes están en el mercado laboral. Cuanta más gente cotice y pague impuestos derivados de la obtención de rentas del trabajo, mayor será la base ﬁscal sobre la que construir los programas del bienestar. Todo cambio que implique una reducción del empleo es, por tanto, una mala noticia para el Estado del bienestar. Y desde comienzos de la década de 1970 podemos dar cuenta de tres malas noticias en el ámbito laboral.

El primer acontecimiento que cortocircuitó el avance de los Estados del bienestar tras la Segunda Guerra Mundial fue la crisis del petróleo de 1973. A consecuencia del aumento de la inﬂación propiciado por los precios de la energía y el crash posterior de las Bolsas, la mayoría de los países de la OCDE experimentó un incremento brusco del desempleo. Como describe el sociólogo danés Gøsta Esping-Andersen, la respuesta de los Estados del bienestar —sobre todo los del modelo bismarckiano— a esta crisis fue tratar de mantener bajo el desempleo conteniendo la oferta de trabajo.²⁴ En una estrategia que se conoció como «bienestar sin trabajar» (welfare without work), entre 1980 y 1995 los gobiernos promovieron jubilaciones anticipadas, pensiones por discapacidad y reducciones de jornada. ¿Resultado? Una disminución de la población activa y un aumento del gasto de la Seguridad Social, que había de sufragarse con los impuestos y las cotizaciones provenientes de un mercado de trabajo menguante.

El segundo, también en la década de 1980, fue que los mercados laborales comenzaron a padecer las consecuencias del cambio tecnológico. Aunque sea un argumento de moda y que algunos gurús de la True Left han aprovechado para justiﬁcar la adopción de políticas sociales universalistas como la renta básica de ciudadanía (que discutiré al ﬁnal del capítulo 3), este libro no anuncia el advenimiento del apocalipsis robot. Los titulares y tribunas de opinión que alertan de que, en un futuro más bien próximo, un robot nos robará nuestro puesto de trabajo adolecen todos del mismo error: sobrestiman el efecto de sustitución que puede tener la tecnología e infravaloran el efecto de complementariedad.²⁵ En términos menos técnicos: los robots no van a desplazar a los humanos (en todos los casos), sino que el trabajo de unos y otros convivirá y se complementará. Lo que sí sostengo, aunque no suene tan espectacular, es que el cambio tecnológico ha producido una alteración en las habilidades que demandan los mercados laborales a los trabajadores, y que ese cambio ha provocado a su vez la polarización de dichos mercados.

Un mercado laboral se polariza cuando crece la demanda de empleos situados en los extremos y se vacía por el centro. Esto se traduce en un incremento de los empleos con sueldos tanto muy bajos como muy altos, así como en una disminución de las ocupaciones con sueldos medios. Las ocupaciones que crecen son las de directivos y profesionales con alta cualiﬁcación, en el extremo superior, y las del sector servicios, que por lo general requieren poca cualiﬁcación, en el inferior. Las que disminuyen son las relacionadas con trabajos manuales, tanto si requieren cualiﬁcación como si no, y los puestos administrativos. Que probablemente no vayamos a encontrar un robot poniendo cañas en nuestro bar favorito en un futuro próximo no signiﬁca que los desarrollos tecnológicos como la computarización y la inteligencia artiﬁcial no tengan ningún efecto. Pero no será expulsar a la mitad de la población del mercado laboral, sino alterar la demanda y disminuir la participación de los salarios en la renta nacional. Es decir, disminuir la importancia del factor trabajo frente al factor capital.

La tercera mala noticia, la más reciente, tiene que ver con la importancia que ha adquirido en los últimos años la economía de las plataformas digitales. Empresas como Uber, Deliveroo o Amazon están alterando el paisaje de nuestras economías. Su idea es aprovechar el desarrollo de la tecnología para sacar el máximo rendimiento de recursos infrautilizados y facilitar la colaboración entre iguales, por lo que es habitual referirse a este sector como economía colaborativa o peer to peer (p2p). En teoría, la empresa o plataforma se limita a poner en contacto a alguien que demanda algo (una persona que quiere una hamburguesa o un libro, viajar de un lugar a otro o pasar unos días de vacaciones) con alguien que lo oferta (un restaurante o un librero, el conductor de un vehículo o alguien que tiene un piso vacío). Los oferentes estipulan un precio en la plataforma, los clientes lo pagan.

El negocio de la plataforma consiste en que quienes prestan el servicio pagan un precio o un porcentaje a esta por aparecer en ella. La razón es sencilla: si mi objetivo es alquilar el antiguo piso de mis padres el máximo número de días al máximo precio posible, cuanta más gente vea el anuncio, mejor. Si hay una plataforma como Airbnb, por ejemplo, donde millones de personas de todo el mundo alquilan sus pisos y que millones de personas de todo el mundo visitan para ver cuál es la mejor opción disponible, los arrendadores tendrán un gran interés en que su piso esté bien visible en la app o la web de la plataforma. La economía de las plataformas como negocio basado en poner en contacto la oferta y la demanda, solo que a escala mundial y a través de una app. Hasta aquí, todo correcto.

Pero hay un problema. El deseo de estar en la plaza (virtual) donde se reúne todo el mundo —Uber y Amazon, pero también Tinder, Twitter o Instagram— es perfectamente razonable porque aumenta nuestra escala de mercado: para ligar, la gente no suele elegir una discoteca vacía. El problema es que al mismo tiempo otorga un poder enorme a esas empresas. Escudándose en los orígenes de la economía colaborativa, muchas de estas plataformas no tienen empleados, sino que funcionan con personas que trabajan como autónomos. Este es el estatus laboral que tienen quienes llevan una pizza para Glovo o un pasajero para Cabify. Sin embargo, muchas veces estos falsos autónomos no trabajan de forma puntual, sino estable, y además es la plataforma la que ﬁja los precios. El poder de mercado de estas plataformas no solo ha precarizado las condiciones de trabajo de sus empleados —obligándoles a estar disponibles (on demand) las 24 horas del día, haciendo que tengan que comprarse y repararse ellos mismos la bicicleta o el coche, etcétera—, sino también los salarios.²⁶

Hasta la década de 1980, trabajar en una empresa grande llevaba aparejada una prima salarial. Pero de acuerdo con un artículo presentado en enero de 2018 en la reunión anual de la Asociación Americana de Economía, esta prima no ha parado de caer en los últimos cuarenta años en Estados Unidos, debido, en parte, a los cambios en la composición industrial de su economía.²⁷ Mientras que las grandes empresas manufactureras pagaban esa prima, las grandes empresas del sector servicios no lo hacen, y ocurre que las primeras cada vez son menos en el país. Es especulativo, pero el poder de mercado de las grandes empresas del sector servicios podría ser uno de los determinantes de la desaparición de esa prima (en el capítulo 3 volveré a hablar del poder de mercado de las grandes empresas cuando discuta la propuesta de democratizar la economía).

Sin embargo, es posible que se haya exagerado la incidencia de los cambios descritos sobre la sostenibilidad del Estado del bienestar porque, a ﬁn de cuentas, quizá todo se reduzca a una cuestión demográﬁca. Bismarck puso las bases del Estado del bienestar continental en la década de 1870, cuando la tasa de crecimiento demográﬁco en Europa rondaba el 0,8 %.²⁸ Desde entonces ha aumentado la esperanza de vida —prolongando el número de años que pasamos fuera del mercado laboral y, por tanto, de dependencia— y sobre todo han cambiado las tasas de fertilidad. Según el escenario base previsto por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la tasa de fecundidad para Europa hasta 2050 —en realidad también para el periodo 2050-2100— va a ser negativa. Muere más gente que nace. Así, la población debería estancarse o incluso disminuir, lo que nos sitúa en un escenario nunca visto antes en un periodo libre de guerras. La tasa de fecundidad en España lleva tiempo situada por debajo de 1,5 hijos por mujer, lo que signiﬁca que solo gracias a la inmigración se ha evitado una caída drástica de la población.

Estos cambios demográﬁcos tienen consecuencias importantes. No hay que olvidar que el crecimiento demográﬁco tiene efectos benignos sobre la estructura de la desigualdad de una sociedad, porque reduce la importancia de la riqueza heredada, y actúa como un igualador del terreno de juego al promover que cada generación se fabrique a sí misma, en lugar de construir sobre (des)ventajas heredadas.

Sacando brillo a la joya de la corona: reformas (tímidas) en los Estados del bienestar

La crítica conservadora aﬁrma que la socialdemocracia y el Estado del bienestar han sido incapaces de reaccionar y responder a todos esos retos porque se concibieron para sociedades y formas de vida que hoy han desaparecido. Algo de cierto hay, pero tanto si se atiende a los principios normativos que lo inspiran, como a las instituciones que lo han aterrizado en la realidad, es inevitable aﬁrmar que el proyecto socialdemócrata sí ha experimentado transformaciones, algunas importantes, para responder a tales desafíos. El problema no es que no se hayan hecho reformas —la socialdemocracia es el elogio de la reforma permanente, como suele aﬁrmar Ignacio Urquizu—, sino que estas unas veces han generado efectos colaterales indeseados y otras han sido insuﬁcientes.

Reformar para potenciar la dualidad del mercado de trabajo (aunque no fuera tu intención)

En las tres décadas posteriores al ﬁnal de la Segunda Guerra Mundial, las democracias industriales disfrutaron de una situación muy sui generis de pleno empleo, posible solo gracias a lo que Carole Pateman denominó el «contrato sexual». Según Pateman, la división del trabajo por sexos delimita dos esferas: la pública, la de los ciudadanos y trabajadores, y la privada, de invisibilización de las mujeres.²⁹ La incorporación progresiva de las mujeres al mercado laboral y la crisis de 1973 dinamitaron esa ilusión. España pasó de tener un paro inferior al 5 % cuando Adolfo Suárez tomó posesión del gobierno en 1976 a alcanzar el 18 % tras la victoria electoral de Felipe González en 1982.

Como otros países, España puso en marcha algunos programas de «bienestar sin trabajar» para hacer frente a la crisis, a través fundamentalmente de jubilaciones anticipadas en sectores obsoletos y poco competitivos que fueron el objeto de la reconversión industrial de los años ochenta. Pero hizo algo más. A comienzos de la década de 1980, el país tenía una tasa de trabajadores indeﬁnidos del 90 %, porque la joven democracia había sido incapaz de desmantelar el sistema de relaciones industriales imperante durante la dictadura franquista.³⁰ Con un paro ya por encima del 20 %, en 1984 el gobierno de Felipe González consideró que había llegado el momento de ﬂexibilizar el mercado de trabajo para favorecer la transición de los trabajadores desde los sectores más obsoletos hacia los más modernos y productivos.

Con un porcentaje de indeﬁnidos del 90 % y los sindicatos defendiendo los intereses de su clientela, la única reforma posible fue introducir ﬂexibilidad en el margen. La reforma del mercado laboral de 1984 se propuso reducir el desempleo impulsando la contratación temporal de trabajadores que ahora podían desempeñar empleos regulares. Se modiﬁcó el mercado de trabajo dejando intacto el núcleo y creando una masa de trabajadores en el margen cuya protección era muy inferior.

La reforma funcionó. El paro disminuyó alrededor del 5 % en los años inmediatamente posteriores a la reforma, con una explosión de los contratos temporales. A comienzos de la década de 1990, la temporalidad en España superaba ya el 30 %. Esto provocó una altísima rotación en el mercado laboral español, alimentada al comienzo por la facilidad en el acceso a las prestaciones por desempleo. Las empresas se acostumbraron a contratar y despedir masivamente para ajustar sus plantillas a las necesidades de producción, lo que se tradujo en una caída de las conversiones de trabajadores temporales en ﬁjos.³¹

Desde entonces España es, junto a Polonia y Portugal, uno de los países con mayores porcentajes de empleo temporal, con una tasa que se ha mantenido estable en torno al 30 %. Pero alguien podría pensar: «España ha llegado a tener una tasa de paro que podríamos caliﬁcar de europea (alrededor del 8 %) cuando la burbuja estaba más hinchada, así que seguro que la temporalidad ha sufrido vaivenes similares». Pues no. La tasa de temporalidad estaba tan hinchada como la burbuja: en 2006 y 2007 había alrededor de 5,5 millones de trabajadores temporales, o lo que es lo mismo, una tasa cercana al 35 %. La temporalidad solo se desinﬂó con la crisis, porque el primer ajuste se hizo a través de una destrucción masiva de contratos temporales. Y con la recuperación ha llegado de nuevo la temporalidad. ¿Cómo se explica que no se reduzca incluso cuando mejora el ciclo económico?

Todas las decisiones de política pública generan ganadores y perdedores. En un mercado laboral dual, donde la brecha de costes entre indeﬁnidos (insiders) y precarios (outsiders) alimenta la temporalidad, los ganadores son los que ocupan rígidamente el núcleo del sistema y los perdedores los que se emplean ﬂexiblemente en sus márgenes. Una intuición muy básica nos dice que, si los perdedores son más que los ganadores, existirá alguna posibilidad de alterar el statu quo, a pesar de que quienes ocupan el núcleo tengan más capacidad de inﬂuencia sobre los decisores públicos. Por el contrario, si además de tener menos inﬂuencia constituyen un porcentaje menor de la fuerza de trabajo, las posibilidades de alterar el statu quo en perjuicio de los insiders parecen más remotas.

GRÁFICO: 3. Ventanas de oportunidad para una reforma laboral que altere el statu quo

FUENTE: INE (EPA).

El eje vertical del gráﬁco 3 representa el porcentaje de trabajadores indeﬁnidos sobre la suma de empleados totales (indeﬁnidos y temporales) y desempleados. Como dicen Samuel Bentolila, Juan José Dolado y Juan Francisco Jimeno en «Two-tier employment protection reforms: The Spanish experience», un valor superior al 50 % implica que los indeﬁnidos son el votante medio, por cuyos intereses es de esperar que velen los sindicatos.³² Un porcentaje inferior al 50 %, en cambio, signiﬁca que los desempleados y los temporales son ese votante medio que los representantes de los trabajadores podrían tratar de atraerse. El Partido Popular (PP) aprovechó la ventana de oportunidad que se le abrió en 2012 para reformar el mercado laboral rebajando la rigidez de la legislación que protegía el empleo. Sin embargo, los valores del eje vertical, situados siempre por encima del 50 % en la última década, explican por qué el gobierno renunció a ir más allá e implantar, por ejemplo, un modelo de contrato único que eliminase por completo el muro de costes que separa a temporales e indeﬁnidos.

Los partidos socialdemócratas se enfrentan con un dilema. En el Mánchester posindustrial por el que se paseaba Friedrich Engels a mediados del siglo XIX, el grupo social más vulnerable era la clase trabajadora.³³ Mientras esta presentó unas características más bien homogéneas, los partidos socialdemócratas funcionaron como una máquina que, de una parte, se articulaba en torno a la defensa de los intereses de esa clase y, de la otra, recolectaba sus votos por los servicios prestados. Era una situación en la que ambas partes salían ganando (win-win, como dicen los politólogos).

Los cambios en el mundo del trabajo supusieron en muchos casos la división de los mercados laborales en los dos grupos de trabajadores ya mencionados: los que ocupan el núcleo y los que pululan por los márgenes. Hoy en día, los partidos socialdemócratas ya no pueden defender los intereses de los trabajadores como clase porque esta se ha fracturado: los que ocupan el núcleo no están muy interesados en alterar la situación del mercado laboral, los precarios que residen en los márgenes sí. Optar por defender los intereses de unos implica alejarse de los de los otros. Los días de vino y rosas en que todos ganaban se acabaron. Ahora los partidos socialdemócratas han de decidir hacia dónde orientan la máquina de recolectar votos, pero hagan lo que hagan se dejarán pelos en la gatera.

Hasta aquí el argumento ha dado por supuesto que un mercado de trabajo dual es algo más bien indeseable. Pero esto seguramente requiere una justiﬁcación. ¿Qué sabemos sobre las consecuencias de tener un mercado laboral dual? De la experiencia del mercado de trabajo español, que es un caso extremo de dualidad, podemos extraer las siguientes conclusiones:

• Los mercados duales aumentan la volatilidad laboral, al incrementarse las tasas de contrataciones y despidos.

• La alta rotación laboral tiende a implicar una baja inversión en la formación de capital humano en la empresa, lo que puede conducir a una baja productividad total de los factores, sobre todo cuando el nivel de conversión de temporales a indeﬁnidos es bajo (en España, suele rondar el 5 %).

• Los elevados niveles de temporalidad y rotación tienden a reﬂejar una alta inseguridad en el empleo. De ahí que exista evidencia de que la temporalidad está relacionada con bajas tasas de fertilidad, emancipación juvenil y movilidad geográﬁca en el empleo.

• Los mercados duales suelen conducir a niveles elevados de sobrecualiﬁcación para los trabajadores más formados.³⁴

En deﬁnitiva, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) aprobó a comienzos de la década de 1980 una reforma laboral para ﬂexibilizar un mercado extremadamente rígido heredado de la dictadura franquista. En un momento en el que el 90 % de los trabajadores eran indeﬁnidos, razones obvias de economía política determinaron que esa reforma dejara intactos los privilegios de los trabajadores ﬁjos, lo que condujo a un mercado laboral dual. Tras varias reformas desde 1984, la temporalidad ha permanecido inmune a las reformas, seguramente porque los insiders siempre han sido mayoría. Ahora bien, este equilibrio no es gratis, sino que lleva aparejado una serie de costes para la sociedad española en su conjunto tales como la escasa inversión en formación, la elevada sobrecualiﬁcación y la inseguridad económica, que se traduce a su vez en bajas tasas de fertilidad y emancipación juvenil.

En el contexto actual, a esto hay que añadirle el riesgo de fuga de los votantes outsiders a otras opciones políticas —a la izquierda y a la derecha de los partidos socialdemócratas—, atraídos por cantos de sirena (o de chamán) que ofrecen soluciones mágicamente sencillas a problemas realmente complejos. Ha llegado el momento de que la socialdemocracia española proponga una reforma del mercado de trabajo que se plantee como objetivo principal acabar con la dualidad. Una reforma que busque proteger a los trabajadores, no los trabajos, como sugiere el economista francés Jean Tirole.³⁵ Incluso si eso signiﬁca proponer algo esencialmente igual a lo que proponen los partidos de centroderecha. Diferenciarte para ofrecer algo mejor está bien. Diferenciarte por diferenciarte, para terminar ofreciendo algo (mucho) peor, no tanto.

Reformar para potenciar la dualidad del contrato intergeneracional (aunque no fuera tu intención)

A ﬁnales de febrero de 2018, miles de pensionistas de toda España se manifestaron para defender el sistema público de pensiones y denunciar como insuﬁciente la subida del 0,25 % prevista para ese año. Estas manifestaciones coincidieron con la publicación de un informe de la OCDE que analizaba los efectos conjuntos del envejecimiento y el incremento de la desigualdad, las dos «megatendencias» de nuestro tiempo.³⁶

En cuanto a la demografía, señala el informe, el porcentaje de mayores de 65 años en la OCDE es hoy del 30 % aproximadamente, una cifra que alcanzará el 50 % en 2050. Por el lado del bienestar económico, el informe señala que las generaciones jóvenes están viviendo en un mundo muy diferente al de sus padres. Los baby boomers —los nacidos entre el ﬁnal de la Segunda Guerra Mundial y comienzos de la década de 1960— se beneﬁciaron de un periodo de crecimiento sostenido, mejoras sustanciales en los sistemas de salud y protección social y tasas de empleo crecientes. Como resultado, sus ingresos son mayores que los de generaciones pasadas a esa misma edad. «Sin embargo», concluye la OCDE, «esto ya no es así para aquellos que nacieron a partir de 1960 si se compara con la generación de los nacidos una década antes».³⁷

En la nota dedicada a España, el informe de la OCDE destaca que la tasa de dependencia de los mayores se va a multiplicar por 2,5 en los próximos treinta y cinco años. En 2050, el país tendrá 76 mayores de 65 años por cada cien personas entre los 20 y los 64 —frente a los 30 mayores de hoy en día—, lo que va a convertir a España en el segundo país más envejecido de la OCDE después de Japón. Además, respecto a la evolución de la desigualdad, la OCDE aﬁrma que los «jóvenes españoles han ido perdiendo terreno respecto a las generaciones anteriores a lo largo de las tres últimas décadas; más y más gente joven tiene un empleo no regular y encuentra diﬁcultades para estabilizarse en el mercado de trabajo».³⁸ Durante el periodo 2000-2016 la tasa de empleo juvenil cayó un 16 %, mientras que para los trabajadores de entre 55 y 64 años aumentó un 12 %. A pesar de la recuperación económica, la tasa de desempleo de los jóvenes sigue doblando la tasa de la población adulta. Además, en cuanto a la tasa de pobreza relativa, el riesgo de pobreza ha virado desde los mayores hacia los jóvenes no solo en España, sino en casi todos los países de la OCDE.

En el gráﬁco de la página 99, las cuatro líneas representan cómo se ha repartido, para una muestra seleccionada de 18 países de la OCDE, el riesgo de pobreza entre los diversos grupos de edad a lo largo de las últimas tres décadas. El hecho de que las cuatro líneas tengan aproximadamente forma de U signiﬁca que el riesgo de pobreza es mayor en los momentos en que, bien porque somos muy jóvenes, bien porque somos demasiado mayores, no podemos obtener rentas primarias en los mercados de trabajo. El gráﬁco conﬁrma eso que tantas veces hemos escuchado de que el empleo es la protección más eﬁcaz contra la pobreza.

Lo que indica la tendencia de las líneas es lo que anuncia el título del gráﬁco: que el riesgo de pobreza ha virado en los últimos 30 años desde los más mayores hacia los jóvenes. Fijémonos primero en la línea negra oscura con marcadores en forma de triángulo, que representa la distribución del riesgo de pobreza a lo largo del ciclo vital a mediados de la década de 1980. Lo que signiﬁca que la forma de U que dibuja la línea esté escorada hacia la derecha, con un pico muy alto en su extremo derecho, es que en los ochenta el riesgo de pobreza era particularmente elevado al ﬁnal del ciclo vital, cuando éramos ya muy mayores. La línea gris clara con marcadores en forma de triángulo muestra cómo se reparte el riesgo de pobreza durante el ciclo vital en 2013-2014. En este caso la U está escorada hacia la izquierda, lo que signiﬁca que el riesgo de pobreza hoy es particularmente elevado al comienzo de nuestro ciclo vital, cuando somos muy jóvenes.

Volviendo a España, resulta sorprendente que las manifestaciones a favor de unas «pensiones dignas» hayan cobrado especial fuerza desde 2018. Si más allá de la historia y las batallitas personales de un familiar lejano del pueblo recurrimos a las estadísticas, se comprueba que, desde el comienzo de la crisis, España es el país de la eurozona donde más ha aumentado el riesgo de pobreza para el grupo de 18 a 24 años (un 80 %) y el segundo donde más ha disminuido para los mayores de 65 (un 50 %).³⁹ De acuerdo con los últimos datos de Eurostat, en España la tasa de pobreza después de transferencias para los jóvenes de 18-24 años es del 28,2 %, mientras que para los mayores de 65 es del 14,8 %.

GRÁFICO: 4. El riesgo de pobreza ha virado desde los mayores hacia los jóvenes

FUENTE: OCDE, In It Together. Why Less Inequality Benefi ts All, París, OECD Publishing, 2015.

En España, durante las partes del ciclo vital en las que no obtenemos rentas por nosotros mismos —porque estamos jubilados o estudiando—, el Estado del bienestar nos protege mejor al ﬁnal del ciclo que al comienzo. ¿Por qué?

Una explicación muy extendida es que el Estado del bienestar español está subdesarrollado y redistribuye poco.⁴⁰ De acuerdo con esta tesis, España estaría entre los países más rácanos a la hora de destinar fondos públicos al Estado del bienestar para pagar pensiones, hospitales o escuelas de infancia. La razón de esa infradotación no sería, continúa la explicación, la pobreza relativa de España, pues el nivel de ingresos per cápita es ya bastante próximo al del promedio de las democracias desarrolladas. Las razones son sobre todo de carácter histórico y hunden sus raíces en la insensibilidad social de las clases conservadoras en cuyo apoyo se sostuvo la dictadura franquista.

Pero los datos no ofrecen demasiado apoyo a la tesis del subdesarrollo que apela a la herencia franquista. Si se observa cuál es la situación de España en cuanto a gasto social, dentro del club de los 35 países ricos de la OCDE, se comprueba que está por encima de la media. Si, en cambio, nos comparamos con el club de la Unión Europea, es cierto que España queda por debajo de la media, pero también lo es que ocupa el lugar que aproximadamente le corresponde por nivel de riqueza per cápita. Y conviene insistir en que ese gasto le permite tener una de las tasas de pobreza para mayores de 65 años más bajas de la OCDE, inferior, por ejemplo, a la de Suecia.

Otra explicación podría ser, sencillamente, la transición a la vida adulta. Os voy a contar una anécdota personal. Os prometo que viene al caso y, sobre todo, que no me extiendo mucho. A ﬁnales de 2017 participé en un seminario de un grupo de investigación internacional sobre justicia intergeneracional que se celebró en Estocolmo.⁴¹ Mi presentación era sobre edad, preferencias en el voto y actitudes hacia el Estado del bienestar. En un momento de la presentación puse una diapositiva que mostraba las tasas de riesgo de pobreza para una serie de países de la OCDE, con especial atención a los países nórdicos y distinguiendo por tres grupos etarios: niños (menores de 18), jóvenes (18-25) y mayores de 65. Dado que iba a hablar en un grupo cuyo objeto de investigación es la justicia intergeneracional, me pareció normal la distinción por grupos. Teniendo en cuenta que iba a hablar sobre actitudes hacia el Estado del bienestar en Estocolmo, me pareció normal incluir a los países nórdicos.

El problema fue que en esa diapositiva los países estaban ordenados de menor a mayor nivel de pobreza juvenil, y los nórdicos eran... los peores alumnos de la clase. Según los datos de la OCDE, Finlandia, Dinamarca y Noruega presentan porcentajes de pobreza juvenil elevadísimos, superiores incluso a los de España. Esto es lo que puede ver cualquiera que se moleste en entrar en la web de la OCDE y esto es por tanto lo que mostraba la diapositiva. Pues bien, nunca he tenido una reacción tan hostil durante una presentación. Creo que hubo dos motivos. El primero es que, cuando se habla de Estado del bienestar y protección social, los nórdicos no están acostumbrados a ocupar el furgón de cola, por detrás de un país del Sur de Europa como España. El segundo fue, y en esto llevaban más razón, que presenté los datos y punto. Es decir, no me molesté mucho —más bien nada— en explicar el porqué de esas altísimas tasas de pobreza juvenil en los países escandinavos. Hacer una presentación basada en datos está bien. Hacer una presentación donde además analizas esos datos está mejor.

El quid de que los jóvenes de los países nórdicos presenten tasas elevadísimas de pobreza relativa es que abandonan de forma muy temprana el hogar familiar.⁴² Aproximadamente el 60 % de los jóvenes daneses y ﬁnlandeses se han independizado entre los 20 y los 24 años, coincidiendo con la edad en que la tasa de pobreza juvenil se dispara.⁴³ Los estudiantes suelen recibir una ayuda económica, pero el umbral de pobreza de los países nórdicos es tan alto que los jóvenes universitarios que se han independizado suelen quedar por debajo de él. Cuando se incorporan al mercado laboral —en el periodo 25-29 años, que podríamos llamar de «juventud tardía»—, esas tasas de pobreza caen de nuevo drásticamente.

No es esto, sin embargo, lo que ocurre en los países del sur de Europa. Según los últimos datos de Eurostat, mientras que los países donde antes se emancipan los jóvenes son Suecia (19,7 años), Dinamarca (21,1) y Finlandia (21,9), la edad media para abandonar el hogar paterno en España —que ocupa la quinta posición por la cola— es de 29 años. No parece que las ansias por echar a volar estén detrás de los altos niveles de pobreza juvenil en España. Si la incidencia de la pobreza en los jóvenes españoles es alta, y lo es, tiene que obedecer a otras razones.

Lo que explica la desprotección social de los jóvenes no es la escasa sensibilidad social de las clases conservadoras que sustentaron la dictadura de Franco, ni Maastricht, ni que los españoles pongamos nuestras alas a volar a la primera de cambio. Y tampoco es que el Estado del bienestar español no redistribuya, sino que lo hace siguiendo una lógica esencialmente contributiva. Un dato que conviene tener presente es que, en promedio, los países de la OCDE dedican dos terceras partes de su gasto social a educación y pensiones.⁴⁴ La primera está informada por el principio de universalidad y la segunda por la idea del seguro. Como regla general, cuanto mayor sea la importancia relativa de las pensiones dentro del gasto social de un Estado del bienestar, más funcionará este con una lógica de seguro (insurance) y menos redistributivo será el gasto. Los tres países que mayor porcentaje del gasto social dedican a pensiones son Grecia, Italia y Portugal, con más del 50 %. Francia y España se sitúan también por encima de la media de la OCDE, con un 43 %. Además, España tiene uno de las mayores tasas de reemplazo de las pensiones —el porcentaje que supone la pensión de jubilación sobre el último sueldo percibido—, solo por detrás de Luxemburgo y Francia. El gráﬁco 5 muestra cómo las desigualdades salariales se transforman en desigualdades en las pensiones.

En España, a diferencia de lo que pasa en el Reino Unido o Irlanda, un aumento de un punto en la desigualdad de las rentas salariales se reﬂeja de forma casi perfecta en el sistema de pensiones. Dicho de otra forma: actualmente, el sistema de pensiones español actúa como un espejo, reproduciendo las desigualdades que se generan en los mercados laborales. Si tenemos en cuenta que en los Presupuestos Generales del Estado de 2019, que ﬁnalmente no fueron aprobados, las pensiones (153.864 millones de euros) supusieron alrededor del 75 % del gasto social total, no es difícil entender por qué el Estado del bienestar español tiene una potencia redistributiva más bien modesta.

EL ECLIPSE DE LA COMUNIDAD SOCIALDEMÓCRATA

En el terreno de la teoría, la idea central del modelo del votante mediano popularizado por Anthony Downs es que un aumento de la desigualdad conduce al votante mediano a exigir una mayor redistribución a través del apoyo a los sistemas de impuestos y transferencias.⁴⁵ La democracia, al extender el poder político a los pobres, favorecería las políticas redistributivas que beneﬁcian a los grupos más vulnerables y disminuyen la desigualdad. En la práctica, sin embargo, en los años posteriores a la crisis los gobiernos de muchos países han recortado impuestos y programas del Estado del bienestar —y, por tanto, también el nivel de la redistribución— al tiempo que aumentaba la desigualdad. ¿Por qué hay ciudadanos de clase media y baja que, en un periodo de incremento de la desigualdad, no solo han retirado su apoyo a la socialdemocracia, sino que están votando opciones de (extrema) derecha que en algunos casos, como el de Trump, incluyen un recorte masivo de impuestos en sus programas? Dicho de otra forma, ¿por qué el cabreo de mucha gente con las consecuencias sociales de la globalización no se ha convertido en una demanda a favor de políticas redistributivas, como predice el modelo de Downs, sino en un repunte de discursos nativistas basados en la identidad?

GRÁFICO: 5. Transmisión de la desigualdad salarial a las pensiones (en puntos de Gini)

FUENTE: OCDE, Preventing Ageing Unequally, París, OECD Publishing, 2017.

El romance roto entre capitalismo y solidaridad (de clase)

En Pomperipossa en Monismania (1976) —un cuento poco conocido de Astrid Lindgren, la creadora de Pippi Långstrump—, la escritora sueca cuenta la historia de una autora de libros infantiles que está planteándose dejar de escribir porque, a causa de una reciente reforma ﬁscal, el gobierno de Monismania grava sus ganancias con un tipo del 102 %: «Pero qué ocurrencia han tenido», dice Pomperipossa en un momento del relato, y continúa: «mi joven y ardiente socialdemocracia de mi juventud, ¿qué han hecho de ti?».

El cuento es, a partes iguales, un relato de la situación (ﬁscal) surrealista en que se encontraba la propia Lindgren en ese momento y un ataque a la socialdemocracia sueca, de la que llegaba a decir que se había convertido en un partido burocrático al servicio de sus propios intereses. «Bueno, no sé de qué nos extrañamos, es Suecia», podríamos pensar, «el arquetipo de país igualitario».

Una cosa que no mucha gente sabe, o de la que no se habla demasiado al menos, es que los sistemas tributarios más progresivos del siglo XX han sido los de Estados Unidos y Reino Unido, que entre 1940 y 1960 mantuvieron el tipo marginal superior de sus impuestos sobre la renta en torno al 90 %. Además, esta progresividad se extendió al impuesto de sucesiones: mientras que en Estados Unidos el tipo superior fue del 70-80 % entre 1930 y 1980, en Francia y Alemania casi nunca superó el 40 %.⁴⁶ Si entendemos los impuestos como uno de los instrumentos principales, si no el más importante, para reducir la desigualdad y aterrizar institucionalmente el principio de la solidaridad, ¿qué provocó esta explosión de solidaridad en países tan distintos como Suecia y Estados Unidos?

Una respuesta habitual es la guerra. La bibliografía sobre la evolución de la desigualdad en el largo plazo ha venido destacando la importancia de los conﬂictos armados como disolventes de la desigualdad.⁴⁷ Según esta bibliografía, las guerras son un elemento igualador debido a dos factores: la destrucción del capital físico (se destruyen viviendas, pero también fábricas, y estas últimas suelen ser propiedad de personas situadas en la parte alta de la distribución) y el incremento de la carga tributaria al que conducen (que se suele vincular a la necesidad de sufragar el esfuerzo bélico).

Pero es posible que, junto a la necesidad de ﬁnanciar regimientos y tanques, existan otras razones por las que las guerras provocan un refuerzo de la solidaridad en forma de subidas de impuestos: la reciprocidad. Si el gobierno de un país puede disponer de las vidas de una parte de sus ciudadanos para mandarlos a la guerra, con mayor motivo debería poder disponer de los ingresos de la parte que ha tenido la suerte de que su solidaridad se limite a ﬁnanciar con sus impuestos la comida de los soldados enviados al frente. Obviamente, la recaudación no se destina íntegramente a raciones de comida militar, sino que se emplea también para cubrir otras necesidades derivadas de la guerra, como reclutar soldados. ¿Qué factores determinan que una persona se aliste para luchar por su país?

Una primera intuición podría ser el patriotismo. El problema, claro, es cómo testar esa intuición. Afortunadamente los economistas son gente bastante imaginativa. En un estudio realizado en 2018, un equipo de tres economistas intentó comprobar empíricamente si el vínculo que establecemos con nuestros conciudadanos —o sea, el patriotismo— es uno de los motivos de que la población se aliste.⁴⁸ Para ello, midieron el impacto en el Medio Oeste estadounidense de algunas de las políticas desarrolladas por el New Deal, el conjunto de medidas que el gobierno presidido por Franklin D. Roosevelt puso en marcha entre 1933 y 1936 para luchar contra los efectos de la Gran Depresión tras el crash bursátil de 1929. La principal conclusión del estudio es que los ciudadanos de las zonas regadas con dinero público proveniente del New Deal fueron más proclives a alistarse que los de otras zonas, controlando por disparidades en la capacidad económica de los jóvenes alistados (o sea que no, la variable explicativa no es la (menor) renta de los jóvenes provenientes de esas zonas regadas con dinero público). Los resultados del trabajo parecen apoyar, pues, que los vínculos de solidaridad que se establecen entre los ciudadanos determinan nuestra visión sobre lo que nos debemos los unos (las generaciones mayores que contribuyen a planes de estímulo público con sus impuestos) a los otros (las generaciones jóvenes que hacen la guerra). ¿Tiene esto algo que ver con la socialdemocracia? Mucho, creedme.

Uno de los diagnósticos más inﬂuyentes sobre el fracaso electoral de Hillary Clinton es obra del intelectual estadounidense Mark Lilla. Diez días después de la victoria de Donald Trump, Lilla publicó un artículo en The New York Times titulado «The End of Identity Politics», cuyo argumento central desarrolló luego en un libro.⁴⁹ En la historia reciente de Estados Unidos, según Lilla, han existido dos grandes momentos en los que la mayoría de la ciudadanía del país ha compartido una cosmovisión, es decir, una visión política de su destino. El primero se extendió desde la época del New Deal hasta la década de 1970. Durante esta etapa, los ciudadanos estaban comprometidos con una empresa colectiva donde los unos —los que gozaban de buena salud y tenían un buen empleo— protegían a los otros frente a las discapacidades, el desempleo y la miseria. Eran los años de la solidaridad, las oportunidades para todos y la reciprocidad. Los años, en deﬁnitiva, donde la noción de sociedad justa que subyacía a esa empresa colectiva aspiraba a garantizar la seguridad económica, reducir las desigualdades y proteger contra la pobreza. En otras palabras, los años en que se vivió según el modelo socialdemócrata de lo que es una sociedad justa.

A partir de la década de 1970, y más aún en la siguiente —con la llegada del republicano Ronald Reagan a la Casa Blanca—, todo cambió. Lilla lo atribuye a cambios de carácter exclusivamente político. A partir de los años setenta, la noción de la justicia social que sobrevolaba en el imaginario colectivo de los estadounidenses pasó de ser la socialdemócrata —basada en la solidaridad y la protección mutua frente a las desgracias— a la anarcocapitalista. La visión de la vida en sociedad que se impone a partir de la década de 1970, cuando ya hay una generación de electores que no vivieron en primera persona los horrores de las guerras mundiales, presenta un Estados Unidos mucho más individualista.

El proyecto común compartido por los ciudadanos estadounidenses a partir de ese momento ya no pasa por cuidarse los unos a los otros en una sociedad basada en el valor de la solidaridad, sino en que cada persona cuide de sí misma. Lilla incluso menciona el «escándalo» provocado por la publicación en 1974 del libro de Robert Nozick Anarquía, Estado y utopía. Recordemos que la primera frase de ese libro aﬁrma que «[l]os individuos tienen derechos y hay cosas que ninguna persona o grupo puede hacerles (sin violarlos)». La mera noción del nosotros, dice Lilla, se torna sospechosa. Aunque quizá Reagan nunca leyera el best-seller de Nozick, tampoco le hizo falta. Ambos respiraban el mismo clima y terminaron predicando un catecismo político que se asentaba en los mismos principios. En lo económico, lo (único) que cuenta es hacer la tarta lo más grande posible y la forma de lograrlo es desregulando al máximo los mercados. En lo político, el gobierno «es el problema», por decirlo con las palabras de Reagan. Y en lo ético-político, la noción de la vida buena asume una perspectiva hiperindividualista que gloriﬁca al huraño thoreauniano que se retira a su cabaña de Montana con su riﬂe y su Jeep 4 × 4 y desconfía de la acción del gobierno.

Esta doctrina político-moral es de derechas en algún sentido, pero no conservadora. Su visión de la vida buena no descansa en ninguna noción del bien común. Su gran tema es la propiedad privada y su concepción de la justicia se agota en la justicia correctiva (la justicia social es, como reza el título de un libro de Hayek, un «espejismo»).⁵⁰ La sociedad es la mera agregación de átomos que no se deben nada los unos a los otros. El proyecto común que comparten los ciudadanos estadounidenses a partir de la década de 1970 no pasa por cuidarse los unos a los otros en una sociedad basada en el valor de la solidaridad, sino por que cada uno cuide de sí mismo. Lo único que ha de hacer el gobierno es respetar el derecho de los individuos a portar todas las armas que crean necesarias para su autodefensa, porque el recelo con que se mira al Estado —una parte de los republicanos solo menciona la palabra «state» si es para ponerle un «deep» delante— se extiende hasta su función protectora y de policía. El gobierno (mínimo) ejerce impecablemente su tarea cuando no se inmiscuye en las vidas de los ciudadanos. La libertad pasa a tener una dimensión exclusivamente negativa.

El relato de Lilla es sugerente, pero tiene al menos dos ángulos muertos. Además de la «irrupción del neoliberalismo», que junto al liberalismo de la identidad es el otro villano del ensayo de Lilla, existen dos grandes tendencias que han erosionado el consenso socialdemócrata de posguerra y que no aparecen en su relato ni siquiera como personajes secundarios.

La primera es la globalización, un término que puede signiﬁcar cosas muy distintas en función de quién lo utilice. En ocasiones, ha sido descrita como la formación de una cultura única en casi todo el mundo, de tal manera que en cualquier país al que viajemos habrá un Starbucks o un McDonald’s muy parecido al que encontramos en la plaza más concurrida de nuestra ciudad, o incluso un aeropuerto cuyo diseño se parece sospechosamente al de la Terminal 1 de Barajas.⁵¹

Afortunadamente, en los últimos años se han desarrollado deﬁniciones más precisas, que describen la globalización como el proceso de crear redes que conectan a los individuos a través de los continentes mediante diversos ﬂujos, incluidos los de personas, información, bienes y capital. Uno de esos índices, el índice KOF, distingue tres dimensiones de la globalización: la económica, caracterizada por ﬂujos a larga distancia de los bienes, capitales e información que acompañan a los intercambios comerciales; la política, referida a la difusión de las políticas que adoptan los gobiernos; y la social, deﬁnida como la expansión de ideas, información y personas.⁵²

Respecto a la dimensión económica de la globalización, se ha observado que, en los países que se abren al comercio internacional, el crecimiento y los estándares de vida de la población tienden a aumentar. El argumento económico mainstream asume que los beneﬁcios de este crecimiento se ﬁltran a través de los diversos estratos sociales hasta alcanzar a los más pobres (trickle-down).

En realidad, no es nada sencillo demostrar que la globalización es la causa y la reducción de la pobreza su consecuencia, entre otras cosas porque tenemos cambios en otras variables, como las condiciones macroeconómicas o el cambio tecnológico. Sin embargo, es innegable que ha tenido importantes beneﬁcios. En las economías de los países ricos, por ejemplo, las clases profesionales y directivas han ganado mucho. También ha beneﬁciado a millones de personas pobres que (sobre)vivían con infraempleos en India, China y otros países del este asiático. Pero, si la globalización ha sacado de la pobreza a millones de personas, ¿por qué es uno de los sospechosos principales de haber debilitado el consenso socialdemócrata, que tiene entre sus objetivos principales la erradicación de la pobreza? ¿No es esto paradójico?

La cuestión es que la globalización ha generado también perdedores. El libro Hillbilly Elegy, que se convirtió en un auténtico best-seller en 2016 a pesar de tratar, en el fondo, sobre pobreza, comienza así: «Nací siendo pobre, en el cinturón industrial, en una de esas “ciudades del acero” de Ohio que se han estado desangrando por la hemorragia de empleos y de esperanza desde que tengo uso de razón».⁵³ Como aclara el subtítulo del libro, Hillbilly Elegy está escrito en primera persona porque es una autobiografía, a pesar de que su autor, J. D. Vance, apenas tiene treinta años. Durante cerca de un siglo, dice Vance, la historia de la región de los Apalaches donde se estableció su familia de origen escocésirlandés se contaba como una historia de éxito económico y movilidad social ascendente. A mediados de la década de 1950, en un Middletown donde la empresa Armco Steel había construido parques y escuelas, los abuelos de J. D. llevaban una vida de típica clase media americana. Pero en algún momento de los años setenta, esto empezó a cambiar. Y comenzó la «hemorragia» de empleos y de esperanza que Vance nos relata en su libro. Hoy en día, la calle mayor de Middletown es básicamente un hipermercado de la droga al aire libre. La madre del propio Vance estuvo enganchada a la heroína, después de haberlo estado a los analgésicos.

En el balance general de la globalización, no todo lo que encontramos es positivo. La globalización ha generado crecimiento económico y muchos ganadores, sobre todo entre las clases ricas de los países ricos y las clases medias asiáticas. Pero también ha generado perdedores, sobre todo entre los trabajadores manuales de las ciudades que crecieron al calor de un (alto) horno en los países de la OCDE.

El segundo factor económico que ha contribuido a erosionar el consenso socialdemócrata de posguerra es el declive del fordismo. Existe cierto consenso acerca de que el modelo de producción fordista contribuyó a los años dorados del capitalismo del bienestar y de la hegemonía socialdemócrata. El fordismo se caracterizaba por la producción en masa de productos homogéneos, fabricados de forma rutinaria e intensiva por una mano de obra igualmente homogénea. Esto dio lugar a la ﬁgura del trabajador de cadena de montaje, pieza central tanto de los sindicatos como de los partidos socialdemócratas, férreamente organizados en torno a los intereses de clase.

El desarrollo tecnológico del último cuarto del siglo XX trajo consigo la crisis del fordismo. El modelo de producción posfordista transformó la fuerza de trabajo, convirtiéndola en más ﬂexible y fácilmente adaptable a los cambios en la demanda. Dado que el perﬁl del trabajador posfordista es más heterogéneo, el modelo de sindicato monolítico y cuasi burocrático típico del anterior modelo comenzó a resquebrajarse. La crisis del modelo de producción fordista se trasladó así a los sindicatos, erosionando la base electoral de los partidos socialdemócratas.

La combinación del auge del anarquismo de mercado, la globalización y el derrumbe del fordismo desgastó progresivamente el consenso socialdemócrata de la posguerra. En paralelo, la Nueva Izquierda surgida en la década de 1960 al calor del movimiento de los derechos civiles, primero, y de los de las mujeres y los homosexuales, después, fue inoculando de manera paulatina en la izquierda lo que hoy se conoce como política de la identidad (identity politics). En esta nueva forma de política, el conﬂicto distributivo, o sea, el eje izquierda-derecha, quedó postergado a favor de las nuevas causas de la identidad. O como dice Iris Marion Young en la introducción a su Justice and the Politics of Difference, «las cuestiones distributivas son importantes, qué duda cabe, pero el ámbito de la justicia se extiende más allá de ellas para incluir las [cuestiones] políticas como tal [...]. La opresión y la dominación [...] deberían ser las categorías primarias para caracterizar la injusticia».⁵⁴ Suena razonable. La pregunta entonces es por qué algo que suena tan razonable ha generado tanto debate.

Para intelectuales de izquierda como Eric Hobsbawm, Owen Jones o Mark Lilla, el problema de la política de la identidad es que termina sepultando el debate sobre las diversas nociones de «la sociedad justa» que aﬁrman la derecha y la izquierda. Con el auge de la política de la identidad, la discusión no gira en torno a grandes ideas movilizadoras como la solidaridad (de clase), la igualdad o la libertad, sino que pasa a organizarse en torno a las injusticias y reparaciones debidas a los grupos identitarios. En opinión de Lilla, el resultado es que «en la competición por [el imaginario] estadounidense, la izquierda liberal ha abdicado».

Más allá de alguna discrepancia —el argumento parece sugerir que la política de la identidad y la de la distribución son alternativas, cuando en realidad no es fácil ver por qué no podrían ser complementarias—, el diagnóstico de Lilla captura el que seguramente es el principal problema de los partidos socialdemócratas hoy: lo poco atractivos que resultan para buena parte de la clase trabajadora, que en los últimos años los han ido abandonando a favor de partidos situados a su izquierda o muy a su derecha. Mientras que Lilla carga todas las tintas contra la política de la identidad, otros cientíﬁcos sociales han hecho un diagnóstico distinto de la incapacidad de los partidos progresistas a la hora de elaborar un discurso ilusionante para la mayoría de la ciudadanía.

La (insoportable) levedad del liberalismo político

En nuestras sociedades contemporáneas, el proyecto socialdemócrata se articula en torno a dos principios: la igualdad y la libertad. Por eso muchos han visto en el liberalismo igualitario de John Rawls la justiﬁcación más elaborada de la teoría política socialdemócrata. Pero la política es un terreno resbaladizo, donde el signiﬁcado de los conceptos depende de quién los invoque. ¿Qué signiﬁca «liberalismo» en la expresión liberalismo igualitario? El trabajo del ﬁlósofo político puede ser descrito como el de alguien que limpia, ﬁja y da esplendor a conceptos nucleares a la reﬂexión política pero de signiﬁcado brumoso como libertad, comunidad o solidaridad. Voy a ganarme el sueldo.

En los años que siguieron a su publicación, la Teoría de la justicia de Rawls recibió tanta atención (y tantas críticas) que podría decirse que la ﬁlosofía política contemporánea es un sistema donde la teoría rawlsiana ocupa el centro y las restantes corrientes —elaboradas además, de forma más o menos explícita, como una crítica a ella— gravitan a su alrededor. Rawls respondió y en ocasiones incluso moduló su posición a medida que se publicaban nuevas críticas a su teoría. Así, en 1985 escribió un artículo que tituló, de forma un tanto críptica, «Justice as Fairness: Political, not Metaphysical», cuyo argumento amplió en 1995 con la publicación de Political Liberalism. ¿Qué quería decir Rawls cuando aﬁrmaba que tanto su noción de la justicia como su liberalismo eran «políticos» (y no metafísicos)?

Lo que el ﬁlósofo estadounidense quería decir era que, en sociedades plurales como las nuestras, donde conviven opiniones muy distintas sobre cómo deberíamos organizar la vida en sociedad —el «hecho del pluralismo razonable», lo llama Rawls—, lo esperable es la discrepancia, no el acuerdo. Por tanto, si queremos que nuestra visión de la sociedad consiga algún consenso entre personas con visiones muy dispares de la vida deseable, esa visión debe ser más magra (política) que densa (metafísica, comprensiva). Como lo realista es pensar que la gente no se va a poner de acuerdo en casi nada, nuestra idea de la justicia tiene que asumir un terreno común angosto, donde a duras penas si caben los principios nucleares de la libertad y la igualdad. Por muy diversas que sean las cosmovisiones individuales, aﬁrma Rawls, sí podemos asumir que la mayoría de la sociedad valora esos dos principios. En sociedades multiculturales como las contemporáneas, este magro acuerdo es todo a lo que se puede aspirar.

Esta (insoportable) levedad del liberalismo ha sido el blanco preferido de las críticas comunitaristas a las teorías políticas que, como la de Rawls, aﬁrman no solo que el Estado no debe asumir como propia ninguna forma particular de entender la vida en sociedad —no debe decantarse por ninguna cosmovisión de las múltiples que sostienen los ciudadanos de las sociedades plurales—, sino que aﬁrman además que, cuando los ciudadanos intervienen en el debate público, deben hacerlo sin apelar a sus convicciones morales o religiosas, porque de hacerlo estarían imponiendo al resto sus propias doctrinas particulares. Esta crítica comunitarista ha adoptado dos formas: una más teórica y otra más política.

En el plano teórico, el comunitarismo ha insistido en que el liberalismo es una teoría errónea por varias razones, entre las que destacan que: 1) ignora la forma en que los individuos nos desarrollamos socialmente, y 2) es una doctrina individualista, incluso egoísta, que termina aﬁrmando la necesidad de un Estado mínimo.⁵⁵ Responder a las críticas teóricas del comunitarismo me servirá, además, para dibujar mejor los contornos del liberalismo político.

La primera crítica comunitarista arranca en la concepción del individuo que subyace, supuestamente, al proyecto liberal. Recordemos que Rawls diseña el momento constituyente (posición original) en el que se escogen los principios de la justicia de forma que los representantes de la ciudadanía desconocen su sexo, raza, origen familiar e incluso su ideología; es decir, escogen tras un «velo de ignorancia». Pues bien, los comunitaristas creen que esa es una forma equivocada de representar a los individuos porque los presenta como átomos asociales, perdiendo de vista que la idea que se conforman los individuos de la vida buena es inseparable de la sociedad en la que nacen y se hacen. Es, por tanto, una visión excesivamente individualista del ser humano.

Por ser claros: lo cierto es que el hecho de que los individuos conﬁguren socialmente su visión de la vida buena plantea problemas a una teoría como el liberalismo, cuya preocupación central consiste en que los individuos puedan elegir libremente sus proyectos de vida. Pensemos, por ejemplo, en los casos de comunidades muy religiosas como los amish o los judíos jasídicos. En estas comunidades, que suelen hacer todo lo posible por conservar incluso el idioma de la comunidad original, el contacto de sus miembros con el exterior y con formas de vida alternativas se restringe extraordinariamente en aras de la conservación de la comunidad. Como dice uno de los protagonistas de One of Us, el documental de Netﬂix sobre la comunidad jasídica de Nueva York estrenado en 2018: «[Cuando abandoné la comunidad] yo no sabía nada: tuve que aprender a vivir». Quienes deciden ejercer la exit option no saben qué es Google, desconocen los conceptos básicos de aritmética y algunos tienen un nivel muy pobre de inglés. Los jasídicos han diseñado la vida en esa comunidad, dice otro de los protagonistas, de forma que si uno la abandona «termina en prisión o en rehabilitación: nadie consigue que le vaya bien en el mundo exterior». ¿Debería un Estado moderno permitir esto?

La respuesta para un liberal, que tiene como prioridad respetar la capacidad de los individuos de decidir con autonomía, no es sencilla. Para unos basta con que los individuos de esas comunidades tengan formalmente la posibilidad de abandonar la comunidad. Para otros esto no es suﬁciente, sino que el poder público ha de garantizar la posibilidad real de hacerlo, lo que exige que sean expuestos a otras formas de vida, les enseñen los derechos que les asisten y, en el caso de los menores, se respete su derecho a la educación y socialización (la educación no se agota en la mera transferencia de conocimiento, sino que tiene una dimensión social). Pero tanto para los unos como para los otros, ser expuesto a otros valores y a otras visiones de la vida importa porque la socialización de los individuos importa. También para los liberales.

La segunda crítica aﬁrma que el liberalismo es una teoría política individualista que termina proponiendo, por eso mismo, un Estado mínimo cuya función se limita a garantizar los derechos negativos de los individuos. Tomemos por ejemplo el liberalismo político de Rawls, que es la diana preferida de la crítica comunitarista. En el esquema de la justicia de Rawls, todos los individuos tienen, en primer lugar, derecho a un esquema completo de libertades básicas, cuya frontera se encuentra en los esquemas de libertad de los demás. De este primer haz de derechos surgen obligaciones respecto a terceros que el Estado tiene el deber de hacer cumplir —la prohibición de asesinar a mi vecino, por ejemplo—, para lo que el Estado cuenta con una serie de medios como la policía, los tribunales, etcétera. Esas libertades básicas se completan con un esquema de derechos sociales y económicos, en el que las desigualdades solo son admisibles si a) resultan de empleos y posiciones de responsabilidad que satisfacen el principio de igualdad de oportunidades y b) terminan beneﬁciando al grupo social más vulnerable. El Estado tiene la obligación de asegurar que la distribución de los recursos económicos —ingresos y riqueza, básicamente— observa estas restricciones, para lo cual cuenta con una serie de herramientas como los impuestos y las transferencias.

El liberalismo rawlsiano incorpora así un sistema de derechos, obligaciones y oportunidades dirigido a delimitar el egoísmo, de forma que yo solo podré perseguir mis planes de vida en la medida en que eso sea compatible con que el resto de los miembros de la comunidad puedan perseguir los suyos. En el esquema de Rawls esta restricción es enormemente exigente, porque bloquea toda desigualdad que no beneﬁcie al grupo social más vulnerable. Para el liberalismo progresista de Rawls, tratar con igual respeto a todos los ciudadanos signiﬁca que el Estado debe asegurarse de que todos tienen la oportunidad de perseguir sus planes de vida, incluso si ello requiere una fuerte redistribución que asegure el principio de que las desigualdades solo son admisibles cuando elevan las expectativas de quienes menos expectativas tienen. No parece que este liberalismo, que es el que origina toda la crítica comunitarista, sea muy egoísta ni aboque irremediablemente a un Estado diminuto.

En busca de la hegemonía perdida

Vayamos ahora con la vertiente política de la crítica comunitarista al liberalismo político, que, como decía, me parece que tiene más fuerza. En una sociedad liberal igualitaria como la concebida por Rawls, todos los miembros de la comunidad son conscientes de que, si existe alguna desigualdad, esta se debe a que mejora la posición de quienes están en la parte más baja de la distribución. En una sociedad así, Yonathan sabe que sí, que Cayetano tiene más dinero que él, pero también que la única razón de que eso se tolere es que, con el transcurso del tiempo, sus propios hijos vivirán mejor de lo que lo harían si obligáramos a Cayetano a deshacerse de, digamos, el 70 % de sus ingresos porque se instaurase una renta máxima destinada a limitar las desigualdades. Y como los principios de justicia que ordenan las instituciones han sido adoptados en la posición original (momento constituyente), esto signiﬁca que nadie desea ser más rico que los demás salvo que esa desigualdad beneﬁcie a los miembros más desaventajados. Si Cayetano no es mucho más rico de lo que es —es decir, si acepta pagar en torno a un 35 % de sus ingresos anuales en impuestos—, se debe, en el fondo, a su solidaridad.

Pongámonos en los zapatos de Cayetano. Este tiene un muy buen sueldo gracias, entre otras cosas, a sus habilidades productivas. Sus padres le inculcaron desde pequeño el placer de la lectura, lo llevaron a clases particulares de inglés y francés y le pagaron un MBA en la Harvard Business School. Además, ha leído a Rawls y piensa que las desigualdades debidas a la lotería social son injustas, por lo que está de acuerdo con una tributación más bien generosa con la que ﬁnanciar oportunidades a quienes tuvieron menos suerte con los apellidos. Ahora bien, al mismo tiempo, está convencido de que merece el sueldo que gana en la empresa de banca de inversión para la que trabaja, aunque solo sea porque muchos días desayuna un café frío a las 6.25 y llega tan tarde a casa que ni siquiera puede darles un beso de buenas noches a sus niños.

Por separado, todo lo que piensa Cayetano es razonable. El problema es que, si juntamos todas las piezas, el resultado es algo incoherente, porque o la motivación para ganar más dinero es de origen endógeno (fraternidad) o se produce exógenamente (incentivos de mercado), pero no resulta sencillo aﬁrmar ambas cosas a la vez sin incurrir en (cierta) contradicción.⁵⁶ Más allá de esto, lo que reﬂeja la contradicción de Cayetano es la brecha que separa la forma de argumentar propia de un ﬁlósofo de la de los políticos y la ciudadanía en general. Los políticos y los ciudadanos suelen reclamar ideas prácticas que funcionen. Los ﬁlósofos suelen querer elaborar teorías que capten bien nuestras intuiciones (compartidas) y les aporten coherencia porque, como Cayetano, casi todos tenemos creencias que funcionan bien por separado, pero mal cuando las integramos en un mismo sistema de ideas. No sería de extrañar, pues, que una teoría que funciona bien en el plano de la ﬁlosofía política pueda tener unas consecuencias prácticas desastrosas —algunos estaréis pensando en el socialismo o el comunismo—, o simplemente sea ignorada en el terreno de la política práctica. Este ha sido el caso de la ﬁlosofía liberal igualitaria de Rawls: una teoría extremadamente soﬁsticada que constituye la defensa más sistemática y completa del igualitarismo del Estado del bienestar, y que sin embargo ha pasado notablemente desapercibida fuera de los muros de las facultades de Filosofía.

Tal y como se imparte en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, la asignatura de Filosofía del Derecho es en realidad un curso de ﬁlosofía política contemporánea. Aunque depende un poco del profesor, el temario suele incluir el liberalismo igualitario de Rawls, el comunitarismo de Michael Sandel, el libertarismo anarcocapitalista de Robert Nozick, el feminismo liberal de Susan Moller Okin, el utilitarismo de Peter Singer y el marxismo analítico de Gerald A. Cohen. Lo normal es que a los estudiantes no les suenen ni remotamente los nombres de esos autores, pero conozcan o incluso hayan leído acerca de dos de esos «ismos»: el feminismo y el marxismo. Teniendo en cuenta de dónde venimos y que la brecha salarial, por poner solo un ejemplo, es todavía hoy una realidad en todas las democracias desarrolladas —alrededor de un 15 % en España—, lo primero es escasamente sorprendente. Lo segundo quizá lo sea un poco más, sobre todo después del fracaso del socialismo real. ¿O no?

Muchos pensaréis que no. Al ﬁn y al cabo, ningún intelectual ha ejercido sobre la vida de tantas personas la inﬂuencia que tuvo Marx durante los cuarenta años que van desde que en 1949 Mao se hizo con el poder en China hasta la caída del Muro en 1989. En esas cuatro décadas, aproximadamente el 40 % de la población mundial vivía bajo un régimen que se consideraba a sí mismo marxista y en muchos otros países el marxismo era la ideología dominante en la izquierda. Doscientos años después de su nacimiento el 5 de mayo de 1818, no es una exageración decir que Marx ha sido el mayor inﬂuencer de la historia.⁵⁷ ¿Qué factores explican que sus ideas llegaran a ejercer semejante inﬂujo?

Más allá de razones contingentes —como que Engels se pasara diez años de su vida ordenando los papeles de Marx, gracias a lo cual se pudieron publicar muchos de sus trabajos—,⁵⁸ destacan tres factores.

El primero tiene que ver con la importancia que Marx concedía a la práctica frente a la teoría y queda perfectamente resumido en su undécima tesis sobre Feuerbach: «Los ﬁlósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo». Marx era lo contrario de un intelectual aislado en su torre de marﬁl; era un hombre de acción (nota: el hecho de que escribiera en un lenguaje no académico y la garra panﬂetaria con la que lo hacía seguramente contribuyeron también a la difusión de su pensamiento entre el público general).

El segundo factor es el «producto» que ofrecía Marx. Aunque seguramente el mejor producto que nadie ofrece siga siendo propiedad de las religiones —ofrecer el paraíso o la reencarnación no es algo al alcance de cualquier pyme—, el de Marx tampoco estaba mal: la liberación del espíritu humano. En una interpretación un poco libre de Hegel, Marx pensaba que el motor de la historia es la satisfacción de las necesidades materiales y que esa liberación se alcanzará después de una lucha de clases protagonizada por el proletariado. Una vez que los trabajadores se adueñen de los medios de producción, los manantiales de la propiedad colectiva ﬂuirán más abundantemente de lo que lo hace la propiedad privada. Tan abundantemente que en el paraíso comunista no habrá necesidad de discutir sobre cuestiones de justicia distributiva.

El tercero, relacionado con los dos precedentes, tiene que ver con la vía que proponía el marxismo para alcanzar su «producto». Como el hombre de acción que era, Marx proponía demoler el orden burgués y construir la sociedad proletaria sobre sus cenizas. El último párrafo de El maniﬁesto comunista dice así:

Los comunistas rechazan esconder sus ideas y objetivos. Declaran abiertamente que sus objetivos solo pueden lograrse derribando por la fuerza todo el orden social preexistente. Que las clases dominantes tiemblen ante la revolución comunista. Los proletarios no tienen nada que perder salvo sus cadenas. Tienen un mundo entero que ganar.

Esta formulación ya clásica contiene dos aﬁrmaciones: que el orden social y político existente ha de ser cambiado mediante una revolución y que esta se identiﬁca con el derribo —mediante la violencia— del orden social preexistente. La llamada a la unión de los proletarios de todos los países tiene un sentido muy deﬁnido: la unión para romper con el pasado y empezar de cero mediante una revolución violenta. Como mínimo, el marxismo es una teoría política que no invita a quedarse en el sofá de casa.

Frente a eso, ¿qué ofrece la teoría política de Rawls, en la que se encuentra la (para muchos) defensa más elaborada del igualitarismo socialdemócrata? En contraste con todo lo anterior, el liberalismo igualitario de Rawls se caracteriza por su alto grado de abstracción, su ahistoricidad —una elección que seguramente viene impuesta por el grado de abstracción en el que se mueve su teoría— y su total despreocupación por las consecuencias institucionales que se desprenden de la teoría.⁵⁹ Rawls consideraba que el papel del ﬁlósofo político es bosquejar utopías realizables sin descender al nivel de la prescripción o diseño de políticas, que es el terreno de los cientíﬁcos sociales.

Además, se trata de una teoría mucho más humilde tanto en los objetivos —el «paraíso» rawlsiano es un consenso (superpuesto) entre personas que sostienen ideas muy diversas sobre la vida buena, que en el mercado de paraísos debe de ser el equivalente al bono griego en los mercados de deuda— como en los medios. Si el marxismo es el elogio permanente de la vía revolucionaria como forma de romper con el pasado, el rawlsianismo es el elogio permanente de la reforma consensuada. El plan de domingo por la tarde que nos ofrecía Marx era salir a la calle a hacer la revolución para liberarnos de las cadenas que nos atan al patrón capitalista. El plan que nos ofrece Rawls es... bueno, digamos que un poco más sobrio.

Pero además de con esta (insoportable) sobriedad, el igualitarismo socialdemócrata ha tenido que enfrentarse con el brío del anarcocapitalismo. En un libro titulado The Path to Power, Margaret Thatcher escribió que «[l]a crítica más poderosa a la planiﬁcación y al Estado socialistas que leí [a ﬁnales de la década de 1940], y a la que he vuelto muy a menudo desde entonces, es Camino de servidumbre de F. A. Hayek».⁶⁰ Desde mediados de la década de 1970, Thatcher estuvo profundamente inﬂuida por intelectuales libertarios como Hayek, Milton Friedman o Ayn Rand, que compartían más cosas de las que pudiera parecer a simple vista con su némesis, Marx. Por una parte, porque erigieron un proyecto político para la Nueva Derecha que tenía una visión propia y enormemente ambiciosa del mundo, para la que se atrevieron a pensar lo impensable (think the unthinkable). Por otra, porque la forma de realizar ese proyecto coincidía milimétricamente con la propuesta marxista: destruir el Estado. Ahora bien, a diferencia del imaginado por Marx, al paraíso de la Nueva Derecha no se accedía mediante la supresión de la propiedad privada, sino de la pública. El éxito radical de la ﬁlosofía política de Marx provocó una contrarrevolución libertariana cuyo programa era aproximadamente igual de maximalista.

El maximalismo anarcocapitalista no se hundió de forma tan abrupta como lo hizo el socialismo real, pero tampoco terminó demasiado bien. Lo que comenzó a mediados de 2007 como la explosión de una burbuja inmobiliaria en Estados Unidos se convirtió pronto en la peor recesión que ha sufrido la economía global en sesenta años. El inﬁerno está lleno de grandes teorías... maximalistas.

Pensar lo pensable, pero con ambición

Cuando el sueño de la Nueva Derecha se convirtió en pesadilla, se abrió una ventana de oportunidad para la izquierda. ¿Qué pasó? Nada, porque la izquierda no tenía una visión alternativa que ofrecer. La Tercera Vía había privatizado, había liberalizado y había bajado los impuestos (nota para millennials: hubo un momento de la historia reciente en que bajar impuestos era de izquierdas, o eso decían líderes como el socialista José Luis Rodríguez Zapatero).⁶¹ La izquierda había aceptado grosso modo la idea de que la justicia social consiste en cierta igualdad en la línea de salida y laissez-faire a partir de entonces, porque si ocurre que Cayetano termina llegando media hora antes que Yonathan a la meta, la razón será que se ha esforzado más. Por eso el igualitarismo socialdemócrata no tenía nada que ofrecer cuando quebró el proyecto de la Nueva Derecha: porque llevaba treinta años jugando a su juego, en su campo y con su balón.

En el plano del discurso político (politics), la izquierda necesita una visión de la sociedad, del mundo, que ilusione. En eso casi todo el mundo coincide. El problema es que el acuerdo a duras penas pasa de ahí. Mark Lilla sostiene que la izquierda hoy tiene una visión de la sociedad atractiva para cada grupo identitario, pero le falta una cosmovisión atractiva para el conjunto de la sociedad. Uno puede estar o no de acuerdo con el diagnóstico de Lilla (nota: yo tiendo a pensar que la política de la identidad puede y debe ser compatible con la política social y de clase, y que dar batalla en el campo del conﬂicto identitario es compatible con darla en el distributivo). Es más difícil, sin embargo, estar o no de acuerdo con su propuesta, porque apenas sabemos nada de ella más allá de que hay que fabricar «ciudadanos», «patriotas» y «demócratas». Seguramente es cierto. El problema está en que es trivialmente cierto. ¿Qué recetas encontramos, más allá de retejer los lazos del comunitarismo rooseveltiano, para proyectar una visión del mundo atractiva y capaz de amalgamar a todos los grupos identitarios en torno al valor nuclear de la igualdad? ¿Cuál podría ser esa visión política que funcione como «consenso superpuesto», al menos en el centro-izquierda? ¿Cómo puede la socialdemocracia recuperar a los desencantados que se han ido a opciones populistas? Se han propuesto básicamente dos vías.

La primera vía es la que Ignacio Urquizu llama «la vuelta a las esencias».⁶² Ante la huida de los votantes, la tentación de los partidos es volver a aquello que les funcionó bien en algún momento. Si a la socialdemocracia le fue bien en la década de 1950 enarbolando los derechos de los trabajadores industriales de mono azul y soplete, defendamos ahora, casi setenta años después, la conservación de los astilleros o la minería del carbón, incluso si la única manera de hacerlo es regándolos con abundante dinero público.

Una segunda vía, mucho más prometedora que sembrar de chimeneas la madrileña plaza del Callao, es proteger a los perdedores de la globalización. Incluso sus fans más incondicionales, convencidos de que habría que acelerarla para que llegue a los 10.225.518 pueblos indígenas de la Amazonia donde aún no ha generado sus beneﬁcios, admiten que en algunos sitios como Flint, Detroit o Santurce, la globalización ha dejado algunos perdedores, a los que conviene proteger adecuadamente. ¿Cómo se hace esto?

En primer lugar, no insultando a los votantes de izquierda que no han visto ninguna película de Kurosawa ni leído ningún libro de Faulkner. En 2016 el escritor y columnista estadounidense James Traub tituló así una tribuna en Foreign Policy: «Es hora de que las élites se alcen contra las masas ignorantes».⁶³ Resumiéndolo mucho, el argumento de Traub era que el resultado del brexit —aún no había ocurrido lo de Trump— había puesto de maniﬁesto la principal fractura política de nuestro tiempo. Según Traub, ya no se trata de la izquierda contra la derecha, sino de la gente cabal contra la gente cabreada que toma decisiones estúpidas. Los ciudadanos en general —al menos los ciudadanos que no tienen un empleo en Google, una cátedra en Stanford o un bufete en la calle de Velázquez de Madrid— carecen de la información y la expertise suﬁcientes para tomar decisiones cabales. Apelar, por tanto, a las preferencias de la ciudadanía tiene poco de política y mucho de demagogia. Es hora de que los tecnócratas progresistas digan basta.

El problema del argumento de Traub es que asume algo muy discutible: que quienes han estado a los mandos de la nave han hecho un trabajo solvente que ha beneﬁciado a todo el mundo. Es cierto que los pilotos profesionales rara vez estrellan el avión, pero también que la implantación de tratados de libre comercio como NAFTA (por sus siglas en inglés) —ﬁrmado por Canadá, Estados Unidos y México— hizo que los salarios de los trabajadores manuales empleados en las ciudades más afectadas por este acuerdo crecieran a una tasa inferior a la de los empleados de similares características en zonas no (tan) afectadas.⁶⁴ No es raro que los votantes de los barrios o regiones más pobres de los países más ricos se rebelen ante un discurso político que es una media verdad en el mejor de los casos («los beneﬁcios de la globalización económica son innegables») y una mentira en el peor («la globalización ha sido buena para todo el mundo»).⁶⁵

Los partidos socialdemócratas pueden adoptar dos posturas frente a los retos analizados en este capítulo. Una es denunciar toda propuesta de reforma del Estado del bienestar como un «recorte neoliberal» y pregonar la llegada del Armagedón como consecuencia del desarrollo tecnológico y la economía global. Aunque una parte de la izquierda la ha defendido, esta visión es escasamente progresista (defender el statu quo es cualquier cosa menos progresista, sobre todo cuando este beneﬁcia desproporcionadamente a los insiders), escasamente moderna (en el discurso del apocalipsis robot resuenan ecos del ludismo que en el siglo XIX llamaba a destruir las máquinas para que no reemplazaran a los humanos) y escasamente cosmopolita (el repliegue nacionalista y euroescéptico es más bien provinciano).

La otra postura no promete soluciones mágicas a problemas complejos, ni tampoco demoler todo para construir el futuro sobre los rescoldos del pasado. No apela, en deﬁnitiva, a la épica marxista-revolucionaria. En ese sentido es más aburrida, más gris. Frente a las travesías del desierto que siguen a las demoliciones, la socialdemocracia propone salvar todo lo que podamos del ediﬁcio, porque siempre suele haber algún mueble que merece la pena. Hay muchas personas que han perdido con la economía global y un proyecto político como el socialdemócrata no puede olvidarse de ellas. Si la socialdemocracia no quiere que los ciudadanos se vayan a la tienda de enfrente a comprar las pócimas que los chamanes del populismo despachan como respuesta a todos los problemas, hay que elaborar una agenda reformista que resulte atractiva para quienes, a consecuencia de la crisis y de los recientes cambios en nuestro mundo, se han acostumbrado a vivir en la inseguridad económica permanente.

RESUMEN EN 4 TUITS (UN POCO LARGOS)...

1. El proyecto socialdemócrata se enfrenta hoy a tres grandes retos: el aumento de la desigualdad, el encanecimiento del Estado del bienestar y la ausencia de una visión política capaz de competir tanto en el campo del conﬂicto identitario como en el distributivo.

2. Una crítica frecuente a la socialdemocracia es que se ha agotado por no renovarla. Sin embargo, tanto los principios en que se basa como la estructura institucional que la encarna, el Estado del bienestar, han sufrido importantes reformas, aunque no siempre han tenido los efectos deseados.

3. Frente al riesgo de fuga de sus votantes hacia los partidos situados a su izquierda (los más jóvenes) y a su derecha (los más mayores), las propuestas para revitalizar la socialdemocracia insisten en dos estrategias: la vuelta a las esencias, porque en momentos de crisis conviene conﬁar en aquello que se ha demostrado que funciona, y los cantos chamánicos de romper con todo y empezar desde cero.

4. Los socialdemócratas deberían rechazar esas dos vías y apostar por la estrategia que se encuentra en la base de su proyecto político: el reformismo progresista.

... Y ENLACE A LO QUE VIENE

Ya sabemos cuál es la visión de sociedad justa que deﬁende la socialdemocracia (capítulo 1) y los riesgos a los que se enfrenta en el siglo XXI (capítulo 2), si no la actualizamos. Así que abramos ya la caja de herramientas. En el próximo apartado se presenta una agenda para renovar la propuesta de sociedad justa de la socialdemocracia que se articula en torno a tres ejes: renovar el pacto intergeneracional, porque no podemos seguir dedicando el 75 % del gasto social a proteger del riesgo de hacernos mayores; renovar el pacto entre capital y trabajo, porque la economía «colaborativa» de las plataformas no es tan cool como pensábamos y en realidad está precarizando a millones de trabajadores «atípicos»; y reforzar el pacto por la seguridad económica, porque la pata asistencial de los sistemas de protección social está infradesarrollada en la mayoría de los países (y en España en particular tiene más agujeros que un queso gruyer).

3

La caja de herramientas socialdemócrata

Como dice Branko Milanović, Europa está sufriendo la maldición de los países ricos. Ninguna sociedad en la historia de la humanidad ha disfrutado de niveles de bienestar tan altos como los nuestros y sin embargo existe un descontento creciente con el funcionamiento de la política en Europa, que está provocando el auge de la política del cabreo y los hombres fuertes en sociedades que nunca había sido tan ricas como España o Italia.¹

Pero es que, además, en países como Austria, Polonia, Italia, Alemania, Holanda o España desde la aparición de Vox, la reacción política a la crisis y el incremento de las desigualdades sociales y económicas se han traducido en un aumento del apoyo a partidos más o menos abiertamente xenófobos. Tradicionalmente, las diferencias de ingresos, a diferencia de las de raza, siempre habían beneﬁciado a la izquierda. ¿Por qué esta vez no está siendo así?

¿POR QUÉ LO LLAMAN POPULISMO ECONÓMICO CUANDO QUIEREN DECIR SOCIALDEMOCRACIA?

En la respuesta se mezclan dos factores. El primero es que, en los últimos años, la inmigración ha venido ocupando un espacio cada vez mayor en las noticias. En Estados Unidos, Trump hizo de la construcción del muro fronterizo con México una de las propuestas estrella de su campaña. En Europa se ven casi todos los días imágenes de inmigrantes apilados en barcazas, mientras los políticos de la UE discuten en Bruselas qué país debería hacerse cargo de ellos. En un artículo en el que se preguntaban por qué Estados Unidos no tiene un Estado del bienestar como el de los países europeos, Alberto Alesina y sus coautores aﬁrmaban que esa «excepcionalidad americana» se explica en buena medida por la heterogeneidad racial del país.² A diferencia de los homogéneos Estados que componen Europa, en Estados Unidos las minorías raciales están muy sobrerrepresentadas entre la población pobre, por lo que cualquier medida redistributiva las beneﬁcia desproporcionadamente. En otro artículo, publicado en julio de 2018, Alesina conﬁrma que, en países como Suecia, Francia, Alemania e Italia, esa percepción determina una caída del apoyo a la redistribución.³ Aunque una buena parte de esa percepción está basada en prejuicios y opiniones equivocadas, parece que corren tiempos difíciles para el igualitarismo del bienestar.

El segundo es la ausencia de una agenda económica propia en la izquierda porque, como decíamos, la moda socioliberal provocó que, cuando estalló la crisis en 2008, la socialdemocracia llevara ya mucho tiempo bailándole el agua a la hiperglobalización y el fundamentalismo de mercado. Sin embargo, en opinión del economista Dani Rodrik, en los últimos años ese vacío en la izquierda se ha ido llenando con «un populismo económico deseable».⁴ Según Rodrik, el populismo económico, como el político, se basa en la idea de eliminar las restricciones en materia económica que instituciones como la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el Banco Central Europeo o los diferentes tratados de libre comercio imponen sobre el gobierno del «pueblo». Los economistas han tendido a favorecer este tipo de agencias porque los intereses a largo plazo de los ciudadanos pueden no coincidir o incluso ser contradictorios con sus preferencias a corto plazo. El ejemplo paradigmático son los bancos centrales. En ausencia de las restricciones impuestas por un banco central, un gobierno podría tener la tentación de darle a la máquina de imprimir billetes para estimular el consumo y reducir el desempleo, sobre todo a medida que se acerca el periodo electoral. Sin embargo esto puede terminar muy mal, como hemos visto con frecuencia en algunos países latinoamericanos.

Pero junto a estos organismos que tratan de evitar que los gobiernos se disparen en los pies existen otros, aﬁrma Rodrik, cuyas restricciones sobre la política económica que podría querer adoptar un gobierno no son tan beneﬁciosas para el ciudadano medio. Estos organismos han estado imponiendo límites a la acción económica de los gobiernos en aras no del interés de todos los ciudadanos, sino del de unos pocos. Son casos en los que, como ocurrió con el Banco de Inglaterra y su manipulación del tipo de interés interbancario Libor durante la década de 2000, el regulador o supervisor son capturados y terminan sirviendo a los intereses de una élite de insiders.

En materia económica, el discurso populista es atractivo para mucha gente porque los casos en los que estas agencias independientes han terminado capturadas no son una mera anécdota en la gobernanza económica de las últimas tres o cuatro décadas. En la UE, la distancia entre las instituciones nacionales regidas por el principio democrático y los organismos que toman las decisiones en materia de política económica ha contribuido seguramente al ascenso de la política del cabreo. En países como Grecia, Italia y España, mucha gente considera que los organismos europeos no ponderan de la misma forma los intereses de todos los Estados miembros. Francia y Alemania incumplieron los objetivos de déﬁcit y deuda que establece el Tratado de Maastricht catorce veces entre 2000 y 2010. Sin embargo, el canciller alemán Gerhard Schröder y el presidente francés Jacques Chirac presionaron y lograron en 2003 que el Consejo Europeo desatendiera las recomendaciones de la Comisión, que reclamaba una senda ﬁscal más exigente a ambos países. Curiosamente, el BCE bajó los tipos de interés del 4,75 % al 2 % en el periodo 2000-2002, manteniéndolos en torno al 2 % prácticamente hasta el inicio de la crisis. Estos tipos son los adecuados si tu economía atraviesa un mal momento, que era lo que ocurría en Alemania y Francia a comienzos de 2000 —conviene no olvidar que Alemania tuvo un paro más elevado que España en 2005 y 2006—, pero excesivamente bajos para una economía recalentada en esos años como la española.⁵ Dicho de otra forma: los organismos europeos aportaron los ingredientes ideales para la recuperación económica en Alemania y Francia y para la formación de una burbuja en España.

¿Cómo es ese populismo económico deseable? El populismo «bueno» en economía, según Rodrik, es aquel que busca reducir las desigualdades, incrementar la progresividad del sistema tributario, disminuir la inﬂuencia del sector ﬁnanciero y dar mayor protagonismo a la intervención del Estado.⁶ Pero ¿por qué llamar «populismo bueno» o deseable a lo que no es otra cosa que una agenda económica típicamente socialdemócrata?

Rodrik adopta esta expresión por razones históricas, porque el New Deal de Roosevelt no es otra cosa que el clímax de la reacción populista (buena) al malestar causado por la globalización de ﬁnales del siglo XIX. Aunque seguramente existen sólidas razones históricas para ello, defender —como hace Rodrik— que la agenda económica de la izquierda pasa por recuperar la esencia populista del New Deal presenta dos problemas. Por un lado, el término «populismo» denota una serie de cosas —señalizar un enemigo fácilmente identiﬁcable, erigirse en la voluntad del «pueblo», ofrecer soluciones fáciles a problemas complejos— que en el terreno de la política económica pierden casi todo su sentido. Por el otro, porque parece que lo que se está defendiendo es, con los retoques que sean necesarios obviamente, coger el Delorean de Marty McFly y «regresar al futuro» del consenso socialdemócrata de la década de 1950. Pero como hemos visto en el capítulo 2, las sociedades han sufrido tantos cambios (políticos, demográﬁcos, económicos) que es dudoso que las soluciones que fueron válidas en la segunda posguerra mundial lo sigan siendo, aun con parches, casi setenta años después. Conocer la historia está bien, pero suelen decir que para no repetirla.

Los tres apartados que siguen esbozan una agenda económica para el igualitarismo socialdemócrata del siglo XXI: recalibrar el pacto generacional para promover la equidad y la eﬁciencia del Estado del bienestar; restablecer el equilibrio entre capital y trabajo para evitar el regreso del capitalismo de rentistas y mejorar con ello el funcionamiento de la economía; y, por último, ofrecer una mínima seguridad económica a todo el mundo para frenar el auge de la ultraderecha autoritaria y defender así el funcionamiento de la democracia.

EL PACTO ENTRE GENERACIONES

El Estado del bienestar no ha envejecido bien (véase capítulo 2) porque algunas de las instituciones más importantes de las sociedades a las que ha de servir han cambiado. Como sabemos, la mejor protección frente a la pobreza sigue siendo tener un empleo. Pero en los mercados laborales duales, la protección laboral a prueba de bombas de los catedráticos de universidad convive con la superprecariedad de los jóvenes, que registran tasas altísimas de rotación y temporalidad. Algunos Estados del bienestar, sobre todo aquellos más basados en el principio contributivo, no protegen adecuadamente frente al riesgo social de ser joven porque no están diseñados para ello. El caso de España en particular es paradigmático de esta transformación: en la década posterior al estallido de la crisis, el riesgo de pobreza para los jóvenes de entre 18 y 24 años aumentó un 80 %, mientras que la de los mayores se redujo a la mitad.⁷ Y respecto a los menores de 16 años, España es el quinto país europeo con mayor tasa de pobreza infantil (31 %), por delante de Estados como Lituania y Letonia, que dedican 10 puntos menos del PIB al gasto en protección social.

Pero, ¿qué hay de malo en la pobreza? ¿No podría ser que, después de todo, cierto nivel de pobreza no sea una mala cosa porque obliga a la población a esforzarse y trabajar duro, actuando a modo de incentivo productivo? Hasta ahora hemos asumido que hay algo de objetable en que el Estado del bienestar no proteja adecuadamente frente a la pobreza, sobre todo en las etapas más tempranas del ciclo vital. Ha llegado el momento de hacer expresas esas razones. Voy a tratar de mostrar que la pobreza debería preocuparte, incluso si te desayunas a diario con tres párrafos de Nozick.

La pobreza te importa (incluso si eres de derechas)

La pobreza debería preocuparte por dos tipos de consideraciones: razones de carácter normativo (o de principio) y razones pragmáticas (o de consecuencias). Comenzando por las primeras, un argumento muy repetido —y que tiene claros ecos rawlsianos que te sonarán de nuestra explicación en el capítulo 1— es que la pobreza importa porque, en buena medida, es el resultado de dos loterías: la de la nacionalidad y la de los apellidos. La pobreza deja cicatrices, por lo que ser pobre de niño es uno de los factores que incrementan el riesgo de serlo en nuestra vida adulta. Dado que no es justo acarrear con las consecuencias de una lotería, un gobierno tendría razones morales para erradicar la pobreza. Esto es, efectivamente, lo que yo creo. El problema de este tipo de justiﬁcación es que es altamente improbable que alguien que aﬁrma una concepción anarcocapitalista del mundo convenga con la visión rawlsiana de que la justicia requiere erradicar la pobreza. ¿Cómo convencemos, pues, a nuestro lector de Nozick?

Afortunadamente, existen también razones de eﬁciencia para erradicar o al menos aliviar la pobreza. Desde el punto de vista económico, en el discurso político está instalada la idea de que en muchos países de la OCDE los Estados del bienestar son tan generosos que desincentivan el esfuerzo y el trabajo duro. Donald Trump, por ejemplo, quiere impulsar una serie de «reformas de sentido común» con el objetivo de endurecer los requisitos para acceder a prestaciones como los vales de comida.⁸ A este discurso se le ha sumado un argumentario académico que advierte del peligro de que una duración excesiva de las prestaciones atrape a sus beneﬁciarios, como si fuera una tela de araña, en la pegajosa red del bienestar, diﬁcultando así su reintegración al mercado de trabajo.⁹

Como ocurre tantas veces, sin embargo, los datos ofrecen una imagen algo distinta. La pregunta sobre la que, desde un punto de vista económico, nos gustaría poder arrojar algo de luz es sencilla: ¿cuánto nos cuesta la pobreza? Aunque desgraciadamente no hay datos referidos a España, en Estados Unidos Michael McLaughlin y Mark R. Rank estiman que la pobreza infantil tuvo un coste del 5,4 % del PIB del país en 2015.¹⁰ ¿Por qué? Porque los niños que nacen en familias pobres no llegan a explotar todos sus talentos naturales. Cristiano Ronaldo o Neymar tuvieron la suerte de que para explotar su talento innato hace falta poco más que un balón. Pero hay niños que nacen en entornos empobrecidos con talentos que necesitan una infraestructura algo más compleja. A este coste medido como todas las contribuciones que estos niños dejan de realizar hay que añadir los costes directos, como los derivados de su mayor propensión a incurrir en conductas delictivas y a tener una peor salud. Los perjudicados directos son los propios niños, por supuesto, pero el conjunto de la sociedad lo padece de forma indirecta.

Supongamos que el coste de la pobreza infantil en España fuera similar al de Estados Unidos. Esos 5,4 puntos del PIB equivaldrían, en el caso español, a unos 50.000 millones de euros. ¿Qué se podría hacer con ese dinero? De acuerdo con el último dato de Eurostat disponible, España dedica un 4,82 % del PIB a educación. Es decir, erradicar la pobreza infantil permitiría sufragar todo el gasto que realizan las Administraciones en educación —y que incluye no solo las inversiones directas, sino también las becas o préstamos públicos—, y aún sobraría para reforzar, por ejemplo, la sanidad o los derechos de propiedad, como seguramente preferiría nuestro lector de Nozick. Seamos más de Rawls o más de Nozick, erradicar la pobreza no parece mal negocio. De hecho, existe una razón adicional (y escasamente romántica) para combatir la pobreza, sobre todo al inicio del ciclo vital: su elevadísima rentabilidad.

Predistribuir el capital humano es rentable

En el campo de la bibliografía económica, existe abundante evidencia de que invertir en capital humano en las etapas más tempranas de la infancia tiene un alto retorno para la sociedad, mayor incluso que las inversiones en capital físico.¹¹ Como dice el economista estadounidense James Heckman, todos los niños necesitan una gran cantidad de apoyo y estímulo. La diferencia está en que los provenientes de entornos desaventajados es más improbable que lo reciban, lo que aumenta los riesgos de que abandonen tempranamente la escuela, desarrollen comportamientos incívicos o incluso delictivos y tengan una salud quebradiza. Todo esto tiene enormes costes sociales y económicos, pero afortunadamente no todo está perdido porque invertir en las etapas más tempranas de nuestra vida es enormemente eﬁcaz.

En un trabajo ya clásico publicado en 2006, Heckman resume los resultados de dos intervenciones precoces cuasiexperimentales: el Programa Perry y el Programa Abecedario.¹² Se trata en ambos casos de ensayos controlados aleatorios en los que se recogieron datos durante periodos largos de tiempo, lo que permitió observar las diferencias —en términos de resultados académicos, salariales y de conducta antisocial— entre niños que habían seguido esos programas y otros que no lo hicieron. En el Programa Perry, los participantes fueron 58 niños afroamericanos pobres de Michigan y la intervención se extendió durante treinta semanas al año, entre 1962 y 1967. En el programa Abecedario, desarrollado en Carolina del Norte entre 1972 y 1985, participaron 111 niños procedentes de familias muy desfavorecidas, que recibieron un tratamiento muy intensivo a una edad muy temprana (la edad media de entrada en el programa fue de 4,4 meses).

¿Los resultados? En el Programa Perry, el porcentaje de alumnos por encima del percentil 10 en rendimiento académico pasó del 15 al 49 % y el de alumnos que necesitó refuerzo adicional se redujo a la mitad (del 34 al 15 %). Fuera del ámbito educativo, esto se tradujo en mejores resultados en el mercado de trabajo (el porcentaje que logró un sueldo superior a 2.000 dólares pasó del 7 al 28 %) y una reducción del riesgo social (el porcentaje de propietarios de vivienda se triplicó y el de quienes fueron detenidos o, sin llegar a serlo, necesitaron asistencia social, se redujo a la mitad en ambos casos).

Heckman estima la rentabilidad del Programa Perry, medida como la extensión de los años de escolarización, el aumento de los ingresos salariales y la reducción de los costes sociales asociados a la mala salud y los comportamientos incívicos, en el entorno del 10 %, pero un artículo publicado por el Banco de la Reserva Federal de Minneapolis elevó esta cifra al 16 %.¹³ Es decir, por cada dólar invertido en un programa de intervención educativa temprana como el descrito, la sociedad en su conjunto recibe entre 10 y 16 dólares. No me digáis que luchar contra la pobreza, sobre todo si se hace cuando esta aún no ha tenido tiempo de dejar muchas cicatrices, no es un chollo.

La viabilidad política de luchar contra la pobreza infantil: dos promesas

Pero una cosa es que tengamos buenas razones de justicia y de eﬁciencia en favor de erradicar la pobreza infanto-juvenil, y otra que tengamos razones para pensar que una política orientada a ese objetivo puede generar una coalición electoral suﬁciente en torno a ella. ¿Qué sabemos sobre la viabilidad política de la lucha contra la pobreza infanto-juvenil? Esta pregunta podría parecer ociosa después de todo lo que acaba de decirse: ¿cómo no va a apoyar la gente una política que trata de reparar la injusticia que implica la lotería de la pobreza y que además nos ahorra mucho dinero a todos? Pues bien, hay buenas y malas noticias al respecto.

Comenzando por las malas, un primer obstáculo que surge cuando hablamos de propuestas para erradicar o al menos mitigar la pobreza infantil es que los niños ni votan ni se maniﬁestan en las plazas del Ayuntamiento de Bilbao, a diferencia de lo que ocurre con los pensionistas. Es más, en sociedades crecientemente envejecidas como las europeas, los mayores cada vez representan una fracción mayor del total de electores. Además, su participación electoral tiende a ser alta —superior a la de los jóvenes— y sus intereses políticos están muy concentrados en torno a una política: las pensiones. Si se tiene en cuenta que la hipótesis tradicional de la economía política ha sido que las personas solo consideran sus intereses personales a la hora de apoyar una política redistributiva, es obvio que la erradicación de la pobreza infantil y juvenil tiene un problema.

La otra mala noticia, que en este caso afecta a cualquier política redistributiva en general y no solo a la lucha contra la pobreza infantil, es que el cambio tecnológico ha aumentado el número de trabajadores muy cualiﬁcados en el sector servicios y reducido el de empleados con grados medios de formación y perﬁles laborales homogéneos. Hasta comienzos de la década de 1970, los trabajadores más cualiﬁcados se empleaban en ocupaciones «protegidas» como la medicina, el derecho o los altos puestos de la Administración pública. Un efecto del incremento del número de trabajadores de alto perﬁl en el sector servicios es el aumento de los trabajadores cualiﬁcados que están expuestos a la competencia global en los mercados ﬁnancieros, de seguros, de videojuegos, etcétera. La cuestión es que, de acuerdo con la investigación de Anne Wren y Philipp Rehm, estos trabajadores apoyan menos el gasto público, los impuestos y la redistribución que los empleados en sectores más «protegidos».¹⁴ El incremento del número de empleados altamente cualiﬁcados con ocupaciones sometidas a la competencia internacional constituye por tanto una mala noticia para la formación de una coalición electoral transversal y estable en pro de cualquier política redistributiva, sobre todo si la transferencia de recursos que implica es elevada.

Pasemos ahora a las buenas nuevas, que como las malas vienen también por pares. La primera es la que podríamos llamar «la promesa de las mujeres» y se relaciona con el aumento de la participación laboral de estas. La terciarización de la economía ha estado estrechamente vinculada al incremento de la participación de las mujeres en los mercados de trabajo de todo el mundo, y la evidencia apunta a que la causalidad opera en ambas direcciones.¹⁵ El sector servicios se basa menos en la experiencia y las habilidades adquiridas en una misma empresa y más en capacidades generales que se obtienen en el sistema educativo y que, por tanto, son más fácilmente transferibles entre sectores. Esto hace que las mujeres, cuyas trayectorias laborales son más propensas a verse interrumpidas por la maternidad, tengan una ventaja comparativa en los servicios. Además, el aumento de la participación laboral femenina provoca el incremento de la demanda de servicios que, de otra forma, se prestarían en el hogar.

Lo anterior es importante en términos de construir coaliciones políticas favorables a las intervenciones educativas tempranas porque, como muestran Torben Iversen y Frances Rosenbluth, las mujeres trabajadoras apoyan signiﬁcativamente más que los varones trabajadores y que las mujeres no trabajadoras los impuestos, la redistribución y el gasto social en general.¹⁶ ¿Por qué? Aunque la razón no está del todo clara, se han sugerido dos hipótesis. Una es que, al tener algunas de las cargas familiares cubiertas por el Estado, una mujer puede invertir más en habilidades remuneradas por el mercado laboral. La otra, que las mujeres que se quedan en casa no quieren pagar más impuestos porque perciben que pagan dos veces por el cuidado. Las que trabajan fuera, en cambio, ven las ventajas de ese gasto y, además, suelen presentar mayores niveles de educación, una de las variables individuales que inﬂuye positivamente en el apoyo al gasto social.¹⁷

La segunda buena noticia es la que llamaremos «la promesa de la predistribución». La fuente más inmediata cuando se habla de predistribución es el politólogo estadounidense Jacob Hacker.¹⁸ El punto de partida de Hacker es «el gran giro» que provocó que el crecimiento económico, inclusivo en las tres décadas posteriores a la segunda posguerra mundial, pasara a beneﬁciar muy desproporcionadamente al extremo superior de la distribución a partir de la década de 1970.¹⁹ La tentación, según Hacker, es pensar que este giro se produjo como consecuencia de procesos puramente económicos como el cambio tecnológico, cuando lo que en realidad lo provocó fue «la forma en que han cambiado las “reglas del juego” de la economía y la política».²⁰

Ahora bien, existen muchas políticas que un gobierno preocupado por el aumento de la desigualdad que ha caracterizado a ese «gran giro» podría adoptar. En la década de 1990, la hegemonía de la cosmovisión de la Nueva Derecha era tal que en La reinvención del gobierno —el libro que se convirtió en la biblia de la nueva socialdemocracia estadounidense liderada por Bill Clinton— se aﬁrmaba que la misión de los gobiernos no es generar riqueza (mediante inversiones directas), sino simplemente asegurarse de que quienes realmente la generan (los emprendedores privados) orientan sus esfuerzos en la dirección correcta.²¹

El problema de esta idea típicamente socioliberal es que ignora dos cosas.

Por una parte, Mariana Mazzucato ha mostrado que el Estado ha estado en la sala de máquinas de la innovación y la generación de crecimiento económico desde los albores de la modernidad.²² El ejemplo que mejor lo ilustra es el del iPhone. De acuerdo con el consenso ideológico de la década de 1990, tanto la izquierda como la derecha han venido atribuyendo los méritos de una pieza de tecnología tan deslumbrante al talento creativo de un genio como Steve Jobs. Pero lo que resulta incontrovertible es que las partes que hacen del iPhone un teléfono tan icónico —el GPS, la pantalla táctil, la conexión a internet y, más recientemente, el asistente de voz Siri— se hicieron realidad gracias a la investigación básica ﬁnanciada por organismos públicos. Sin salir del ámbito de la tecnología, lo mismo ocurre con las baterías y los paneles solares de Tesla (posibles gracias a una subvención del Departamento de Energía de Estados Unidos) y con el algoritmo que está detrás del motor de búsqueda de Google (impulsado por un proyecto de la Fundación Nacional de Ciencia estadounidense). Otro tanto ocurre en el ámbito de la medicina y la salud pública, donde muchas de las vacunas, medicamentos y aparatos que han revolucionado nuestras vidas se las debemos a la inversión pública. De acuerdo con un informe elaborado para el Senado de Estados Unidos, el 70 % de los medicamentos más importantes introducidos en ese país entre 1965 y 1992 fueron desarrollados gracias a conocimientos y técnicas ﬁnanciados con fondos federales.²³

Por la otra parte, la idea de que la riqueza se genera solo en el sector privado oculta otro tipo de inversión que promueve que ese crecimiento sea, además, sostenible: la inversión social. En aras de hacer compatibles los objetivos del crecimiento y la cohesión social, el Estado invierte en la formación de los talentos de los ciudadanos, sobre todo de los más jóvenes. Todos entendemos que la inversión pública en infraestructuras —un aeropuerto, una línea de alta velocidad, una biblioteca— tiene como objetivo poner las bases de un futuro más próspero para esa comunidad. En sociedades intensivas en el empleo del conocimiento, lo mismo ocurre con la inversión en capital humano.

¿Pero qué tiene que ver la «promesa de la predistribución» con todo esto? ¿No sería mejor decir que la inversión social es un eslogan perfecto para la renovación de la agenda económica de la socialdemocracia, porque supone una combinación feliz de los valores del crecimiento (eﬁciencia) y la cohesión social (justicia)? Aunque es verdad que ambos enfoques, el de la inversión social y el de la predistribución, se resumen en que si queremos hacer posible de nuevo el objetivo del crecimiento inclusivo no basta con intervenir ex post sobre los efectos de la desigualdad, sino que debemos actuar ex ante sobre sus causas, la «promesa de la predistribución» tiene dos ventajas.²⁴

La primera es que nos permite idear una agenda más amplia. Mientras el enfoque de la inversión social se centra en el objeto de la distribución —tiene mucho sentido gastar en intervenciones educativas tempranas porque el retorno social de esa inversión es enorme—, el enfoque de la predistribución apela también a los medios empleados para realizarla. Así, mientras que la inversión social implica necesariamente recaudar unos impuestos con los que ﬁnanciar la inversión, predistribuir es algo que se puede hacer sin necesidad de recaudar un solo céntimo estableciendo suelos y techos salariales, regulando la economía de las plataformas o reequilibrando las relaciones entre el trabajo y el capital. Las medidas que reclama el enfoque de la inversión social para actualizar la agenda progresista requieren, como indica su nombre, gasto público. Las medidas que comprende el igualitarismo predistributivo pueden demandarlo, o no. Dado que los votantes no suelen ser muy entusiastas de las subidas de impuestos, esto juega a favor del discurso de la predistribución.

La segunda: el enfoque de la predistribución permite entender mejor algunas de las causas de la crisis de 2008. Desde comienzos de la década de 1970 y hasta el estallido de esa crisis global, la visión del mundo de la derecha ultraliberal sostenía que los mercados eran un mecanismo tan eﬁciente que todo lo que debía hacer el Estado era limitarse a dirigir el tráﬁco de la generación de riqueza. El enfoque de la inversión social no discute esta idea de que el Estado no debe inmiscuirse en la sala de máquinas de la producción, sino que la complementa, encargándole únicamente la provisión de un bien (casi) público como es la educación. La inversión social sigue operando en el marco de una teoría de la justicia recelosa de la acción del Estado, en la que este interviene solo de forma subsidiaria para impulsar la eﬁciencia de los mercados allí donde fallan.

Por tanto, en la medida en que busca atajar las causas de la pobreza, el desempleo y la desigualdad, la inversión temprana en capital humano es una estrategia predistributiva (véase tabla 3). Y al limitarse a proponer que se mejoren las habilidades productivas de la fuerza laboral que se enviará al mercado —sin entrar en cómo funciona este, porque la idea es que el Estado lo complemente interﬁriendo lo menos posible en su funcionamiento—, es un enfoque liberal. Dentro del enfoque predistributivo, pues, la inversión social en capital humano es una estrategia de predistribución liberal. El cuadro siguiente clasiﬁca las estrategias predistributivas en función del agente y los medios empleados.²⁵

La versión liberal de la predistribución tiene una ventaja y un inconveniente. La ventaja es que, desde el punto de vista de la viabilidad política, apela a una «moral del trabajo» muy extendida en nuestras sociedades: a saber, que ofrecer la caña es preferible a dar directamente el pescado. En nuestras sociedades, muchos parecen parece pensar que (la voluntad de) tener un empleo es la única forma de demostrar que se es un ciudadano responsable, porque el empleo no es solo una fuente de ingresos, sino también la forma de ajustar el comportamiento individual a la noción de la justicia social como reciprocidad. Esta visión meritocrática de la justicia social es la que subyace a las políticas sociales que han restringido el ámbito de sus destinatarios a quienes participan en el mercado laboral.

El inconveniente, por su parte, puede resumirse en una pregunta: ¿hasta qué punto es deseable una sociedad «empleocéntrica»? Aunque todavía no está claro si los procesos de automatización y robotización vendrán acompañados de una reducción en el número de empleos, sí hay indicios de que, desde comienzos de la década de 1970 y debido a la pérdida de inﬂuencia de los sindicatos y al aumento del poder de monopsonio —que es lo que ocurre cuando unos pocos empleadores controlan un mercado, lo que les permite seguir contratando trabajadores aunque sea cada vez con peores sueldos—, provocarán una precarización de las condiciones de trabajo.²⁶ Sin duda, existen empleos autotélicos, que procuran un sentimiento de bienestar y autorrealización a quienes los realizan. Por ejemplo, el profesor universitario que disfruta dando clase o el probador de videojuegos que pasaba horas con su videoconsola en la infancia y tenía un póster de Street Fighter en su habitación. Pero, junto a ellos, también está Yonathan, que reparte pizzas durante 46 horas a la semana y rara vez gana más de 800 euros mensuales. Es muy probable que el profesor de universidad y nuestro probador de videojuegos disfruten con su trabajo y obtengan recompensas intrínsecas a su desarrollo. Es mucho menos probable que Yonathan también lo haga.

TABLA 3. Tipos de predistribución

Intervención (predistribución) | Agente distribuidor | Estrategias
Del capital humano | Estado | Inversión social Ejemplo: Guarderías públicas
Del poder de negociación y de mercado | Mercado | Regulación Ejemplo: Salarios mínimo y máximo
De los ingresos y la riqueza | Estado/Mercado | Dividendo social Ejemplo: «Renta básica» de Alaska

FUENTE: Elaboración propia.

La primera pata de la agenda reformista de la socialdemocracia: recalibrar el Estado del bienestar

Los Estados del bienestar dedican cada vez más recursos a proteger contra la pobreza al final del ciclo vital. Sin embargo, existen razones de justicia y de eficiencia para luchar contra la pobreza antes de que esta deje cicatrices que, muchas veces, son permanentes. Pero las reformas no pueden consistir exclusivamente en promover el capital humano en las primeras etapas de la infancia. Los mercados no se crean solos, no se regulan solos, no se estabilizan solos, no se legitiman solos. Los mercados, como las sociedades, no flotan en el vacío. Y tenemos razones para pensar que una parte de las desigualdades actuales obedecen a cambios en el funcionamiento del capitalismo moderno —como la creciente importancia del capital— que harán que, salvo que los gobiernos adopten medidas, estas continúen aumentando.

EL PACTO ENTRE CAPITAL Y TRABAJO

En junio de 2016 Pablo Iglesias —el secretario general de Podemos— revolucionó el panorama político español (y, de paso, la historia de las ideas políticas) al aﬁrmar que «Marx y Engels eran socialdemócratas». La provocación formaba parte de una estrategia por la que Iglesias se presentaba como líder de una alternativa (la «cuarta socialdemocracia») para hacer frente al PP, con la intención de integrar en ella tanto al Partido Comunista como al PSOE. Esta estrategia recordaba mucho a la de la «casa común de la izquierda» emprendida a principios de 1990 por los socialistas para atraer a Izquierda Unida, con la diferencia de que esa «casa común» ya no era «el viejo PSOE», sino la nueva «cuarta socialdemocracia» de Podemos. Una casa donde, a juicio de Iglesias, cabían desde Tony Blair hasta Marx y Engels.

Si el objetivo de Pablo Iglesias era generar cierto revuelo mediático, lo consiguió. ¿Por qué? Porque, como se sabe, Marx y Engels fueron muy críticos con los principios fundacionales del Partido Socialdemócrata Alemán (SPD), recogidos en el Programa de Gotha. Me interesa destacar dos razones por las que Marx y Engels fueron tan críticos con ese programa. La primera es que a Marx le parecía que, con su adopción, el movimiento obrero renunciaba a entrar en la sala de máquinas de la producción y se contentaba con demandas acerca de la distribución:

[...] es equivocado, en general, tomar como esencial la llamada distribución y poner en ella el acento principal. La distribución de los medios de consumo es, en todo momento, un corolario de la distribución de las propias condiciones de producción. Y esta es una característica del modo mismo de producción. [...] Si las condiciones materiales de producción fuesen propiedad colectiva de los propios obreros, esto determinaría, por sí solo, una distribución de los medios de consumo distinta de la actual. El socialismo vulgar (y por intermedio suyo, una parte de la democracia) ha aprendido de los economistas burgueses a considerar y tratar la distribución como algo independiente del modo de producción, y, por tanto, a exponer el socialismo como una doctrina que gira principalmente en torno a la distribución. Una vez que está dilucidada, desde hace ya mucho tiempo, la verdadera relación de las cosas, ¿por qué volver a marchar hacia atrás?²⁷

A Marx le disgustaba casi todo del Programa de Gotha, porque veía la inﬂuencia de Lassalle en cada página. Pero le molestaba particularmente que el nuevo partido ﬁjara su atención en lo que para él no eran sino los síntomas del sistema capitalista, en lugar de centrarse en las causas. Marx vislumbró, hace ya casi 150 años, el mismo argumento que, actualizado al siglo XXI, se ha presentado en este libro: desde hace mucho tiempo, el liberalismo progresista y la socialdemocracia han circunscrito sus agendas a la optimización de la redistribución ﬁscal. Como Robin Hood, han estado transﬁriendo el dinero desde los ricos hacia los pobres, sin preguntarse demasiado por qué unos son ricos y otros pobres en primer lugar. Han ceñido sus agendas a la redistribución, olvidándose de la predistribución.

La otra razón tiene que ver con la idea de la sociedad buena que aﬁrmaba Marx y su relación con el capitalismo. La crítica de Marx al programa de Gotha procede glosando críticamente los aspectos del programa que le parecen insatisfactorios. Una de esas partes, donde Marx percibe y critica, cómo no, la inﬂuencia de Lassalle, dice así: «La emancipación del trabajo exige que los medios de trabajo se eleven a patrimonio común de la sociedad y que todo el trabajo sea regulado colectivamente, con un reparto equitativo del fruto del trabajo».²⁸ Por sorprendente que pueda resultar a los ojos de un lector contemporáneo, una de las cosas que más molestaron a Marx de esta frase fue la expresión «reparto equitativo». Daré un pequeño rodeo con el ﬁn de explicarla, antes de volver a conectar con la agenda de la socialdemocracia para el siglo XXI.

El socialismo como expresión de cabreo

El ﬁlósofo alemán Axel Honneth sostiene que «la idea del socialismo es un producto intelectual de la industrialización capitalista».²⁹ Como el anarquismo de Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) —con sus famosos lemas acerca de que «toda propiedad es un robo» y «anarquía es orden»—, el socialismo es el producto de un descontento. A ﬁnales del siglo XVIII, los revolucionarios franceses habían derrocado el absolutismo enarbolando los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Pero cuarenta años después, esas promesas permanecían incumplidas para buena parte de la sociedad. Debido a la «pausa de Engels» (véase capítulo 2), en 1840 muchos obreros industriales veían cómo sus sueldos reales se habían desenganchado completamente de los incrementos de la productividad, haciendo que los frutos del crecimiento fueran a parar desproporcionadamente a los propietarios del capital.³⁰

Entre los economistas clásicos del siglo XIX, David Ricardo, Thomas Malthus y Marx pensaban que los salarios reales no iban a crecer jamás en una economía capitalista. ¿Por qué? En el caso de Marx, porque opinaba que el desarrollo tecnológico contenía un sesgo que favorecía el ahorro progresivo de fuerza de trabajo, lo que mantendría a raya toda demanda de subida de salarios por mucho que la productividad continuara creciendo. Como sabemos, Marx estaba equivocado: en la segunda mitad del siglo XIX los salarios crecieron a un ritmo desconocido hasta entonces y en línea con la productividad.³¹

Pero equivocado o no, la cuestión que me importa destacar es que Marx consideraba que el capitalismo era intrínsecamente degradante e inmoral, porque en él el trabajador sufre un martirio en el trabajo, trabaja hasta la extenuación y, al ﬁnal del día, sigue siendo pobre. En la visión marxista del capitalismo, las vidas de los trabajadores y sus familias quedan al arbitrio de los dueños de las tierras y las fábricas que, preocupados únicamente por maximizar sus beneﬁcios, condenan al resto a una vida misérrima bajo la amenaza constante de una pobreza aún más aguda.

Como se aprecia en sus Manuscritos de economía y ﬁlosofía (1844), Marx opinaba que el capitalismo altera la forma de vernos los unos a los otros en sociedad, ya que el intercambio reemplaza la satisfacción de las necesidades mutuas.³² En el mercado, cuando se repara en las cualidades de alguno de sus participantes suele ser por su olfato para el negocio, su picardía o su talento para hacer dinero, no por sus necesidades concretas o el interés que nos suscita como ser humano. En un pasaje de los Manuscritos y en irónica alusión a Adam Smith, Marx observa que «[en el capitalismo] la existencia del obrero está reducida, pues, a la condición de existencia de cualquier otra mercancía. El obrero se ha convertido en una mercancía y para él es una suerte poder llegar hasta el comprador». Dado que los individuos que participan en el mercado interactúan animados únicamente por sus intereses egoístas —pensaba Marx—, son incapaces de sentir simpatía por los demás y ofrecerse apoyo mutuo en nombre de la solidaridad o la fraternidad.

De acuerdo con Marx, las cosas serían muy diferentes si los bienes no fueran objeto de intercambio en el mercado a través del dinero. En este otro escenario, los individuos que participan en el proceso de producción se enfrentarían con las necesidades del resto, de forma que cada uno de ellos experimentaría su dependencia de la comunidad a diario. Para Marx, hay dos modos básicos de relaciones de producción: el capitalista, donde los participantes se relacionan entre sí a través del intercambio anónimo de sus objetivos privados, y el de la asociación de productores libres, en el que los individuos se relacionan entre sí a partir de la preocupación común por la satisfacción de las necesidades ajenas:

[...] la relación de comunidad en que entran los individuos de una clase, relación condicionada por sus intereses comunes frente a un tercero, era siempre una comunidad a la que pertenecían estos individuos [...] en cuanto vivían dentro de las condiciones de existencia de su clase; es decir, una relación que no los unía en cuanto tales individuos, sino en cuanto miembros de una clase. En cambio con la comunidad de los proletarios revolucionarios, que toman bajo su control sus condiciones de existencia y las de todos los miembros de la sociedad, sucede cabalmente lo contrario: en ella toman parte los individuos en cuanto tales individuos. [...] El comunismo se distingue de todos los movimientos anteriores en que echa por tierra la base de todas las relaciones de producción y de trato que hasta ahora han existido [...]. Su institución es, por tanto, esencialmente económica, la de las condiciones materiales de esta asociación; hace de las condiciones existentes condiciones para la asociación.³³

De acuerdo en esto con socialistas de primera ola como los franceses Henri de Saint-Simon (1760-1825) y Charles Fourier (1772-1837) o el británico Robert Owen (1771-1858), Marx pensaba que el modo de producción capitalista era incompatible con una sociedad justa porque la libertad del capitalismo implica tomar a los individuos meramente como medios, conculcando así el principio de fraternidad o solidaridad que anunciaron las revoluciones burguesas.³⁴ Aunque a la hora de describir sus características principales se mueve en la niebla de la indeﬁnición, Marx concibe el comunismo por contraposición al capitalismo precisamente en este punto; es decir, como un modelo socioeconómico donde los individuos son ﬁnes en sí mismos y no meramente medios porque solo pueden cumplir sus objetivos a través de la cooperación con los demás. La solidaridad es un elemento que contribuye a conﬁgurar los propios objetivos, no solo a cumplirlos. En este punto precisamente se halla también una de las principales divisiones entre la izquierda y la derecha: mientras que para liberales y conservadores la noción de libertad mercantilista-negativa del capitalismo es parte nuclear del conjunto de derechos fundamentales que aﬁrman las democracias liberales, para Marx —y, desde entonces, para socialistas/socialdemócratas y comunistas— es incompatible con la noción de libertad cooperativa-positiva en la que descansa su visión de la sociedad justa.

La socialdemocracia supone una ruptura con todo esto. Mientras que socialistas y comunistas pretenden sustituir el capitalismo por un nuevo orden social, los socialdemócratas proponen su transformación mediante la introducción de mecanismos de impuestos y prestaciones que corrijan sus resultados más desiguales. Las décadas de fortísimo crecimiento económico de la segunda posguerra mundial permitieron retribuir a los dueños del capital al tiempo que aumentaban los salarios. Los años de oro del capitalismo de bienestar fueron los años de oro del pacto entre capital y trabajo; es decir, las años dorados de la socialdemocracia.

A ﬁnales de la década de 1970, sin embargo, el idilio que el capitalismo y la socialdemocracia mantuvieron al calor del crecimiento inclusivo de posguerra se interrumpió. Algunos lo achacan al auge del neoliberalismo. El motor del crecimiento inclusivo se «gripó» como consecuencia de las recetas neoliberales despachadas por los gobiernos de Reagan, Thatcher y la agenda libertaria que se desplegó en los años ochenta, basada en desregular, bajar impuestos, privatizar las empresas y servicios públicos y recortar el gasto. A esto hay que sumarle que, en estos mismos años, el colapso del bloque soviético convirtió al liberalismo en el ganador absoluto en la guerra (fría) de las ideologías políticas. Los pocos partidos socialistas que aún no se habían desprendido del marxismo como ideología oﬁcial lo hicieron entonces (el PSOE, por ejemplo, en 1979). En los años ochenta el socialismo se rinde, acepta el mercado y se transforma en socialdemocracia. Dicho de otra forma: son los años en los que el compromiso de destruir el capitalismo se convierte en un compromiso de transformarlo.

Sin embargo, ante la evidencia de que el gasto social no disminuyó sustancialmente en las democracias liberales como resultado de la extensión del recetario neoliberal, algunos autores atribuyen ese cambio a factores de carácter económico como el cambio tecnológico, las cadenas de valor globales o el retorno del capitalismo de rentistas.

El regreso del rentista te importa (incluso si eres de derechas)

Cuando el economista ruso-estadounidense Simon Kuznets (1901-1985) publicó en 1955 su famoso artículo sobre el crecimiento económico y la desigualdad económica en los países ricos, Estados Unidos y el Reino Unido se encontraban en medio de la mayor reducción de la desigualdad de ingresos jamás registrada en la historia, que además era compatible con un fortísimo crecimiento económico.³⁵ Parecía lógico, por tanto, preguntarse cuáles eran las causas de esa disminución de la desigualdad. Kuznets las encontró en la demografía, las presiones políticas en favor de medidas redistributivas y la caída de la tasa de retorno (rendimiento) del capital. Kuznets sugería en su artículo que «la reducción de la desigualdad de ingresos en los países desarrollados es [un fenómeno] relativamente reciente y [que] probablemente no caracteriza las fases tempranas del crecimiento económico».³⁶ Más bien al contrario, dice Kuznets, los datos parecen apuntar que la desigualdad aumentó hasta alcanzar su máximo a comienzos del siglo XX, para estabilizarse luego brevemente y comenzar su descenso a medida que los países alcanzaban su madurez económica. Es la llamada «curva de Kuznets».

Esta curva ha sido durante medio siglo la principal herramienta para estudiar las relaciones entre crecimiento económico y desigualdad. Sin embargo, hoy son muchos los economistas que creen que no tiene demasiada capacidad explicativa, a la vista del incremento en la desigualdad de ingresos que muchas democracias ricas comenzaron a experimentar a partir de la década de 1980. Uno de los que rechazan la hipótesis de Kuznets es Thomas Piketty. Este economista francés cree que los altos niveles de desigualdad son el estado natural —salvo que el poder público intervenga— del capitalismo y que los periodos en los que la desigualdad se reduce o suaviza son la excepción a esa regla. Así pues, ¿qué provoca esos raros periodos «igualitarios»?

Según Branko Milanović, es posible distinguir dos tipos de factores que tienden a funcionar como mecanismos reductores de la desigualdad.³⁷ Por un lado, estarían las fuerzas «malignas»: guerras, catástrofes naturales y epidemias. Por el otro, las fuerzas «benignas»: la expansión de la educación, los sistemas tributarios progresivos y las prestaciones sociales características del Estado del bienestar. Muchos análisis coinciden en señalar que el detonante del periodo de la llamada Gran Igualación (1910-1970) fue la Primera Guerra Mundial, porque la destrucción de capital que acompaña a los conﬂictos bélicos tiene enormes efectos niveladores. Pero, entonces, ¿qué ha ocurrido desde entonces?

El gráﬁco 6 muestra la evolución de la riqueza privada neta por adulto en varios de los principales países de la OCDE, expresada como porcentaje del PIB.

En los libros de texto de economía, por inﬂuencia de los «hechos estilizados de Kaldor»,³⁸ se suele asumir que tanto la ratio riqueza privada-PIB como las fracciones de la renta nacional que retribuyen el factor trabajo y el capital se mantienen constantes. El problema de los hechos de Kaldor es que están basados en escasa evidencia histórica. En cuanto a la primera asunción, la riqueza privada ha pasado de duplicar o triplicar el PIB en 1970 a suponer la producción nacional de entre cuatro y siete años en 2013-2014. En Italia, por ejemplo, la riqueza privada ha pasado de suponer en torno al 250 % del PIB en 1970 a superar el 600 % en 2014. En cuanto a la segunda, ocurre que desde la década de 1980 ha habido un declive sostenido del factor trabajo en favor del capital.³⁹ Dado que la riqueza está distribuida de manera (mucho) más desigual que los ingresos, si al aumento de la importancia de la riqueza privada se le suma la caída de la remuneración del trabajo, el resultado que se obtiene es que el capital será más importante en el futuro próximo de lo que lo fue en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. ¿Existe alguna razón por la que esto nos debería importar?

GRÁFICO: 6. Ratio riqueza privada-PIB en algunos países de la OCDE

FUENTE: Alvaredo, Facundo et al., World Inequality Report, París, World Inequality Lab, 2018.

Desigualdad de riqueza e igualdad de oportunidades

Una de las cosas más destacables de la explicación que sostiene Piketty en su El capital en el siglo XXI es que diﬁere notablemente del relato según el cual el progreso económico que surge con la Ilustración es el secreto del bienestar de los trabajadores de las sociedades modernas. Para economistas como Gregory Clark y Angus Deaton, así como para rockstars de la divulgación cientíﬁca como Steven Pinker, la Revolución Industrial sacó al mundo de la trampa malthusiana del estancamiento económico y, una vez descubierta la pócima del crecimiento —sea la inversión en capital humano, las instituciones inclusivas, la medicina occidental o una mezcla de todo lo anterior—, ya no hay marcha atrás.⁴⁰ Piketty, en cambio, piensa que es cierto que la mecha del crecimiento económico se encendió con la Revolución Industrial, pero que la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores no son irrevocables y que el capital, cuya destrucción motivó el periodo de la Gran Igualación durante buena parte del siglo XX, se está recuperando.

¿Cuáles son las implicaciones de esta recuperación?

La primera es que puede haber grandes concentraciones de riqueza en pocas manos o bien sociedades que satisfagan razonablemente el principio de igualdad de oportunidades, pero es imposible tener ambas cosas a la vez. Pensemos en una de las nociones de la justicia social más populares: el Sueño Americano. El Sueño Americano es una receta para la justicia social que surge de la mezcla de dos ingredientes: el esfuerzo y la movilidad social. De hecho, cuando son preguntados en encuesta, la mayoría de los estadounidenses coincide en que las claves del éxito en la vida son dos factores que quedan bajo nuestro control: «trabajar duro» y «tener una buena educación». La siguiente tabla resume la importancia que los encuestados de una selección de países atribuyen, en una escala creciente del 0 al 10, a los diversos factores que determinan cómo les va en la vida.

TABLA: 4. Factores determinantes del éxito en la vida

FUENTE: Pew Research Center, Emerging and Developing Economies Much More Optimistic than Rich Countries about the Future, 2014.

Aunque en la Europa continental los valores son algo diferentes —los anglosajones parecen conﬁar más en el trabajo duro, los europeos en la inversión en capital humano—, la mayoría de los ciudadanos de los países ricos coincide en que los dos determinantes que más incidencia tienen en que a uno le vaya bien en la vida son factores que dependen grosso modo de nuestro esfuerzo, ya sea en el aula o en la oﬁcina. Los factores que escapan a nuestro control, como nacer en una familia rica, tener suerte o tener un cromosoma X y un cromosoma Y, son comparativamente menos importantes.

Si esto realmente fuera así, es decir, si los ciudadanos europeos y estadounidenses tuviesen razón, entonces las desigualdades resultantes no serían demasiado problemáticas desde el punto de vista moral. Ojo, esto no quiere decir que fueran menores (no tendrían por qué serlo), pero sí que serían compatibles con la idea de que, en la medida que responden a nuestro esfuerzo, no son injustas. Pero, ¿es correcta esa percepción?

En su novela El gran Gatsby (1925), el escritor estadounidense F. Scott Fitzgerald narra la historia del joven contrabandista Jay Gatsby, quien, tras enriquecerse gracias a negocios más bien turbios, pasa a relacionarse con la alta sociedad. Aunque la novela apenas vendió 20.000 copias y Fitzgerald murió convencido de haber sido un fracasado, hoy es considerada una de las grandes novelas americanas, donde se exploran la decadencia y los excesos y excentricidades de los «felices años veinte». Pues bien, en 2012 el economista estadounidense Alan B. Krueger bautizó como «la curva del gran Gatsby» el gráﬁco que representa la relación entre desigualdad y movilidad social intergeneracional.

El gráﬁco traza la relación entre la elasticidad intergeneracional de los ingresos en el eje de ordenadas (vertical) —donde unos valores más bajos indican que los ingresos de los hijos están menos relacionados con los de sus padres y que, por tanto, hay una menor transmisión intergeneracional de las (des)ventajas socioeconómicas— y la desigualdad en ese mismo país (eje de abscisas, horizontal). En el caso de España, el valor en el eje de las ordenadas es de 0,72 (se calcula como 1 menos el valor de la elasticidad intergeneracional de los ingresos de los padres con los hijos). Esto signiﬁca que, a partir del único dato de los ingresos de los progenitores, se puede predecir el 28 % de los ingresos de sus hijos. Unos valores más bajos en el eje de abscisas implican una menor desigualdad en los recursos disponibles de las familias en las que se crían los niños. Y unos valores más altos en el eje de ordenadas signiﬁcan una mayor movilidad social entre generaciones. Los países se distribuyen alrededor de una recta descendente, lo que signiﬁca que aquellos donde hay menos desigualdades de recursos entre los hogares son también los que promueven una mayor movilidad social.

GRÁFICO: 7. Curva del Gran Gatsby

FUENTE: Elaboración propia a partir de OCDE, A Broken Social Elevator? How to Promote Social Moblity, París, OECD Publishing, 2018.

Como aﬁrma el economista Miles Corak, uno de los mayores expertos mundiales en justicia intergeneracional, si hay un número que pueda resumir, de forma sintética, la transmisión intergeneracional de (des)ventajas socioeconómicas, ese es el de la movilidad intergeneracional de los ingresos.⁴¹ Pero dicho esto, la curva del gran Gatsby tiene una limitación importante, porque de la posición que ocupan los países en esa recta no se pueden extraer conclusiones sobre el grado de (des)igualdad de oportunidades que disfrutan sus ciudadanos. A partir de la curva de Gatsby sería incorrecto concluir que en Dinamarca disfrutan de una mayor justicia social —entendida como igualdad de oportunidades— que en Alemania. Porque, como ya se ha dicho más arriba, las desigualdades que obedecen a decisiones propias no requieren ser corregidas, ya que no plantean problemas morales.

Para poder decir sin miedo a equivocarnos que si uno quiere mudarse a la Tierra de las Oportunidades haría bien en trasladarse a algún país escandinavo, necesitamos poder discriminar entre circunstancias y elecciones. Esto es lo que se muestra en el siguiente gráﬁco.

GRÁFICO: 8. Desigualdad de oportunidades y movilidad social

FUENTE: Fuente: Elaboración propia a partir de OCDE, A Broken Social Elevator? How to Promote Social Moblity, París, OECD Publishing, 2018, y Hufe, Paul y Andreas Peichl, «Inequality and Unfairness in Europe», CESifo Forum, vol. 19 (2018), n.o 2, pp. 26-34.

El gráﬁco 8 expone, para una muestra de países europeos, la relación entre la movilidad intergeneracional de los ingresos y la fracción de la desigualdad económica total debida a circunstancias que escapan al control de los individuos (sexo, raza, educación y ocupación de los progenitores, etcétera). El grado de movilidad social de un país está relacionado con la capacidad de sus instituciones para eliminar las desigualdades debidas a las loterías social y genética. Y a la vista de los datos reﬂejados en el gráﬁco, ahora sí estamos en condiciones de decir que la tierra de las oportunidades se pisa en los países nórdicos.

¿Qué tiene esto que ver con el regreso del capitalismo de rentistas? Muy sencillo: el capital genera rentas. Como muestran los economistas Emmanuel Saez y Gabriel Zucman en un trabajo en el que analizan la evolución de la distribución de la riqueza en Estados Unidos desde 1913, mientras que el 90 % más pobre apenas tiene ninguna capacidad de ahorrar, el 1 % más rico ahorra hasta un 40 %.⁴² Imaginemos, por ejemplo, que Kevin y Cayetano viven en un país donde el rendimiento del capital (r = 3 %) es mayor que el de los ingresos (g = 2 %).⁴³ Kevin trabaja como cajero en un supermercado y gana unos 1.000 euros al mes, mientras que a Cayetano su padre le ingresa todos los meses 3.000 euros en su cuenta. Ambos gastan unos 1.000 euros cada mes (Kevin paga el alquiler de su piso, mientras que Cayetano, que vive en un apartamento que le regaló su familia, gasta un tercio de sus ingresos en costear su caprichosa vida). Cayetano guarda 1.000 € en casa «por si acaso» e invierte los 1.000 € restantes. De un periodo al siguiente, los ingresos de Kevin aumentarán 20 € (el 2 % de 1.000 €), mientras que los de Cayetano lo harán en 30 € (el 3 % de 1.000 €). En una sociedad donde el capital rinde más que el trabajo, casarse con un Cayetano (o una Cayetana) sale más a cuenta que trabajar duro. Si crees en la igualdad de oportunidades, por muy magra que sea esa noción de la igualdad de oportunidades en la que crees, la acumulación de capital en unas pocas manos debería preocuparte.

Vivir de (extraer) rentas

El capitalismo de rentistas genera incentivos para la extracción de rentas, no para su generación. En una sección de El capital en el siglo XXI que titula «La lección de Vautrin» —leer a Piketty es como cenar con alguien muy erudito y que además disfruta contando historias—, el economista francés ilustra el problema de los incentivos derivado de la concentración de riqueza en unas pocas manos con una historia extraída de la novela de Honoré de Balzac Le Père Goriot, publicada solo trece años antes que El maniﬁesto comunista; es decir, en plena «pausa de Engels». Goriot se había enriquecido con la fabricación de pasta para espaguetis durante la Revolución francesa y la era de Napoleón. Al enviudar, decide emplear todo su patrimonio en buscar marido a sus dos hijas entre lo más granado de la sociedad francesa de la década de 1810. Al dedicar toda su fortuna a esa empresa, Goriot termina en una pensión destartalada, donde conoce a Eugène de Rastignac, un joven provinciano de familia noble pero pobre, recién mudado a París para estudiar Derecho. Rastignac se queda sorprendido por el cinismo de la élite social parisina, representado en las dos hijas de Goriot, las cuales abandonan a su padre avergonzadas por su humilde origen social. Goriot muere solo, y a su funeral acude únicamente Rastignac.

Cuando Rastignac atraviesa su momento más bajo, conoce a Vautrin, un exconvicto bastante retorcido y de intenciones poco claras que reside en la misma pensión que Rastignac y Goriot. En esos momentos de extrema desilusión y pesimismo, Vautrin le ofrece un consejo acerca de cuáles son las vías que conducen al éxito a un joven como Rastignac en el París de 1810. En esencia, lo que le explica a Rastignac es que, aunque se licencie con un expediente brillante y acceda a una de las profesiones mejor pagadas en su gremio —juez, ﬁscal, abogado de éxito—, sus ingresos serán más bien medianos y, lo que es más importante, tendrá que renunciar a ser realmente rico. La vía más prometedora para él, le dice Vautrin, es cortejar a Mademoiselle Victorine, una joven triste y sin demasiado encanto, pero con un patrimonio valorado en un millón de francos. Casarse con Victorine le permitiría acceder inmediatamente a unos ingresos de 50.000 francos —el 5 % de la fortuna—, una cantidad que a un ﬁscal o a los mejores abogados de París les costaría toda una vida de esfuerzo llegar a reunir. La lección de Vautrin es clara: a comienzos del siglo XIX, estudiar o trabajar duro ya no salía a cuenta.

Pero Balzac escribía sin datos y puede que sus impresiones no se correspondieran bien con la realidad de la economía parisina de comienzos del XIX. ¿Cómo de precisos eran los cálculos que Vautrin presenta a Rastignac? Según Piketty, bastante. De acuerdo con los cálculos del economista francés, a lo largo del siglo XIX los recursos del 1 % más rico de los herederos —es decir, los individuos que heredaban las fortunas más grandes de su generación— eran 25 o 30 veces mayores que los de las clases bajas, lo que les permitía tener un servicio compuesto por unas 25 o 30 personas a lo largo de toda su vida. En esa misma época, los recursos que iban a disfrutar a lo largo de su vida las personas situadas en el top 1 % de las rentas salariales —jueces, ﬁscales, abogados de prestigio— eran unas 10 veces superiores a los de la clase baja. Esto no es algo desdeñable, pero suponía un nivel de vida muy inferior al de los herederos más ricos, sobre todo si, como observaba Vautrin, esos empleos no eran fáciles de obtener. En una sociedad así, la mejor inversión desde el punto de vista individual era unirse con alguien que iba a heredar una gran fortuna. Es decir, extraer rentas y no generarlas. Porque en una sociedad de rentistas invertir tiempo en estudiar y trabajar duro no paga. En una sociedad de rentistas el mérito se hereda, no se logra con esfuerzo.

Las burbujas del Dom Pérignon

Otra problema relacionado con la desigualdad de riqueza es que tiende a generar burbujas. Burbujas que, al estallar, derivan en crisis económicas. Imaginemos que Cayetano tiene mucho dinero y, gracias a que el rendimiento de su capital en los últimos años ha crecido, acumula más y más patrimonio.⁴⁴ Habrá un momento en el que ese aumento patrimonial no se traduzca en incrementos del consumo porque, como dice Milanović, hay un límite en el número de botellas de Dom Pérignon y de trajes de Armani que Cayetano puede consumir.⁴⁵ Una parte de ese incremento patrimonial se encaminará, por tanto, en busca de oportunidades de inversión en el sector ﬁnanciero, que irá creciendo, y creciendo, y creciendo en tamaño. Esto es lo que pasó en los «felices años veinte» inmediatamente anteriores a la crisis de 1929... y lo que volvió a ocurrir en los años inmediatamente anteriores a la crisis de 2008.

Y es que parece que en los periodos de Dom Pérignon y exuberancia (irracional), abrumado con la llegada de tantísimo dinero nuevo, el sector ﬁnanciero se vuelve descuidado en el uso que hace de él. Supongamos que Kevin no tiene tanto dinero como Cayetano, porque tuvo más bien poca suerte en la lotería de los apellidos y además le gustaban más los porros que los libros. Kevin fue cumpliendo años, se casó y, como muchos españoles, quiso cumplir uno de sus objetivos: tener una casa en propiedad. Así, en 2005, Kevin fue a su oﬁcina de la Caja de Ahorros de la comunidad autónoma en que residía y, para su asombro, no tuvo demasiados problemas en obtener una hipoteca que cubría el 100 % de la compra de su nuevo hogar. Te suena, ¿verdad?

La deuda de los hogares españoles pasó del 20 % a comienzos de 1999 al 86,04 % solo una década después, en 2008. En Estados Unidos llegó al 97,45 %, en Reino Unido al 102 % y en Irlanda al 113 %.⁴⁶ Pero como los mercados ﬁnancieros son globales, el estallido de la burbuja también lo fue. La llegada de una crisis económica tiene consecuencias mucho más devastadoras cuando el stock total de riqueza en manos privadas equivale a siete u ocho veces el PIB del país —en lugar de al doble o el triple—, sobre todo cuando los hogares tuvieron que endeudarse mucho para acceder a ese patrimonio. Sobre la base de algunos presupuestos fuertes —el modelo asume que el 95 % de los trabajadores no tienen capacidad de ahorro y por tanto se endeudan para poder acceder a todo consumo que supere sus ingresos—, el economista del Banco de Inglaterra Michael Kumhof aﬁrma que existe una relación entre desigualdad, incremento de la deuda de los hogares y crisis ﬁnancieras, que sigue la siguiente secuencia: aumento de la desigualdad → incremento de la deuda de los hogares, donde el 5 % más rico y que sí ahorra presta, a través del sistema ﬁnanciero, al 95 % que no se puede permitir un consumo que supere sus ingresos salariales → inestabilidad del sistema económico → crisis.⁴⁷

Mientras que Piketty interpreta la parte descendente de la curva de Kuznets como una excepción histórica (véase «El regreso del rentista te importa, incluso si eres de derechas»), Milanović propone una interpretación distinta.⁴⁸ Su tesis es que el aumento actual de la desigualdad obedece a una segunda curva de Kuznets motivada, igual que la primera, por una revolución tecnológica. Mientras que en la primera curva el incremento de la desigualdad fue motivado por el paso del campo a la fábrica, en esta segunda se debe al ﬁn del modelo fordista de producción —la economía demanda ahora perﬁles más heterogéneos de habilidades— y a la globalización. Si eso es así, ¿cuánto tiempo durará la fase ascendente de la curva y cuándo, cómo y por qué comenzará el ciclo descendente?

Según Milanović, muchos observadores y expertos no han prestado suﬁciente atención al hecho de que en la mayoría de los países de la OCDE en los que la desigualdad de los ingresos disponibles de los hogares ha aumentado, también lo ha hecho la desigualdad en las rentas primarias. Este aumento de la desigualdad en las rentas antes de impuestos y transferencias podría deberse a que algunos de los factores «benignos» que contribuyeron al descenso de la desigualdad de ingresos en la primera curva de Kuznets han perdido potencia igualitaria —el socialismo, los sindicatos, la tributación progresiva— y han sido sustituidos por otros que tienden a incrementar la desigualdad, como la globalización, el cambio tecnológico sesgado hacia los perﬁles más cualiﬁcados y la elevada movilidad del capital (pero no de los trabajadores). A la vista de ello, Milanović concluye que, para acortar la fase ascendente de la segunda curva de Kuznets, «las intervenciones que llegan antes de que actúen los impuestos y las transferencias son un enfoque mucho más prometedor para el siglo XXI».⁴⁹

Predistribuir el poder de negociación

En esa agenda predistributiva que apunta pero no desarrolla en la última parte de su Global Inequality, Milanović apunta la conveniencia de predistribuir o igualar ex ante dos tipos de dotaciones o recursos: la educación y el capital productivo. Sin embargo, no hace referencia al papel de los sindicatos, por ejemplo, en la (des)igualdad de los ingresos primarios, porque no tiene en cuenta todos los factores que intervienen en el proceso de conformación de los ingresos antes de impuestos y transferencias.

Supongamos que dos niños, Yonathan y Cayetano, tienen un talento similar y que ambos quieren dedicarse a la abogacía. El padre de Yonathan ha tenido suerte porque, a pesar del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, ha conservado su empleo en la construcción. El padre de Cayetano es socio en un prestigioso bufete de abogados. Como sabemos (véase capítulo 2), al contrario de la que seguramente es una intuición muy extendida en España, las probabilidades de ambos de acceder a un título universitario no son ni mucho menos las mismas para ambos, sino que están sesgadas en favor de Cayetano.

Imaginemos que pasan unos años y que Yonathan y Cayetano cumplen la estadística, porque Yonathan se pone a trabajar como camarero en un bar por el salario mínimo y Cayetano se gradúa en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Si Yonathan y Cayetano tenían una inteligencia y una ambición similares, de forma que, con un ambiente y apoyo familiares adecuados, Yonathan también podría haber obtenido un título de graduado en Derecho, ¿qué podemos hacer para corregir estas desigualdades? ¿Qué es lo que determina las oportunidades en la vida de la gente como Yonathan y Cayetano? Básicamente, un conjunto de factores que podemos dividir en tres grandes grupos:⁵⁰

1) Los recursos (dotaciones) internos. Incluyen los talentos productivos, las habilidades cognitivas (inteligencia) y no cognitivas (carácter), la belleza, la salud y las habilidades sociales —la lista no es, lógicamente, exhaustiva—, así como la correspondiente ausencia de todo ello. Todas las personas tenemos un «lote», por así decirlo, de recursos internos que inﬂuye en nuestra capacidad para obtener rentas en los mercados.

2) Los recursos externos. Aquí se incluyen todas las fuentes de ingresos y el patrimonio de una persona, así como la correspondiente ausencia de todo ello. Conviene tener en cuenta que nuestro lote de recursos externos puede ser cero o incluso negativo, debido a hipotecas, deudas o créditos no satisfechos, por ejemplo. En algunos planteamientos, se incluye también la riqueza común o heredada de generaciones anteriores, como las infraestructuras públicas, el estado de la tecnología, las playas o la calidad del aire que respiramos (véase capítulo 3).

3) Los recursos institucionales. Lo que podamos hacer con nuestros recursos internos y externos depende de la estructura social o institucional en la que nos desarrollemos. Aquí se incluyen las leyes, las costumbres, las tradiciones, la cultura, etcétera, así como, de nuevo, la completa ausencia de toda estructura institucional o legal. A igualdad de todo lo demás, el uso que podré hacer de mi lote de recursos internos en Oslo no es el mismo, por ejemplo, que el que me permitirá desarrollar la estructura institucional de Mogadiscio. A Michael Jordan le ayudó a triunfar su gran talento para saltar y tirar, pero también nacer en Estados Unidos y no en Ruanda.

Volvamos al ejemplo de Yonathan y Cayetano. Muchos pensarán que algo no funciona correctamente en el sistema cuando la clase social hace que lo relativamente frecuente para las personas como Cayetano sea casi imposible para alguien como Yonathan. Puesto que nadie elige la familia en la que nace, como sociedad deberíamos adoptar alguna medida que permita neutralizar las consecuencias adversas de esa lotería.

La medida estrella que se ha venido planteando desde el igualitarismo predistributivo es la inversión temprana en capital humano. Si queremos evitar que Yonathan acabe trabajando muchas horas al día por muy poco dinero, lo que deberíamos hacer es construir muchas guarderías públicas. ¿Pero realmente esto es todo lo que podemos hacer? Afortunadamente no.

Suelos y techos salariales

Una forma obvia de mejorar la situación de Yonathan es aumentando el salario mínimo.

Esta política se encuentra en la caja de herramientas del igualitarismo predistributivo porque elevar el salario mínimo comprime, por debajo, la dispersión de la distribución salarial. Algunos cientíﬁcos sociales, como Jacob Hacker y Lane Kenworthy,⁵¹ han estudiado esta y otras medidas predistributivas como respuesta a un problema concreto: el estancamiento salarial en Estados Unidos desde comienzos de la década de 1970. Sin embargo, cada vez se tiene más evidencia de que encontramos esta tendencia también cuando miramos más allá de los Estados Unidos. Según el informe Perspectivas de la economía mundial publicado en 2017 por el Fondo Monetario Internacional (FMI), la fracción de la renta nacional que perciben los trabajadores no ha hecho más que disminuir desde los años ochenta.⁵² Es decir, las porciones del producto nacional que remuneran los factores capital y trabajo se mantuvieron estables desde el ﬁnal de la segunda posguerra mundial hasta la década de 1980, pero, a partir de entonces, el capital ha recibido una parte cada vez mayor de la tarta. ¿Por qué?

Hay dos respuestas.

Para el igualitarismo más perezoso, en la época dorada del capitalismo de bienestar los dos «adversarios» ﬁrmaron un pacto por el que los salarios evolucionarían de acuerdo con las ganancias de productividad. En los años ochenta, este pacto social se quebró como consecuencia del embate neoliberal iniciado en 1979 en el Reino Unido por Margaret Thatcher y en 1980 en Estados Unidos por Ronald Reagan. Según esta visión, la clave en la ruptura del pacto fue el desempleo, utilizado como herramienta de disciplinamiento del mundo del trabajo.

Pero el igualitarismo que se toma la molestia de leer e investigar ha descubierto que la productividad muestra un comportamiento muy débil desde mediados del siglo XX, con la excepción de un pequeño repunte en los años noventa. Como dice el economista Manuel Hidalgo, hay varias explicaciones. Una muy sugerente es que los cambios tecnológicos tienen su propio tempo y quizás al actual le esté costando impulsar la productividad.⁵³ Pensemos, por ejemplo, en el Apple I (1976), el primer ordenador de sobremesa, que fue concebido y fabricado a mano por Steve Wozniak. Si se observa la evolución de la productividad en Estados Unidos, parece que las mejoras impulsadas por la revolución de los ordenadores no elevaron la productividad de los trabajadores hasta la década de 1990. Otra explicación, la sugerida por el economista Robert Gordon, es que los cambios introducidos por la cuarta revolución industrial no son tan disruptivos como la prensa tecnológica y los medios en general sugieren un día sí y otro también.⁵⁴ Cuando se echa la vista atrás, aﬁrma Gordon, se aprecia que el crecimiento económico desde 1870 hasta 1970 ha estado impulsado por cinco grandes invenciones: la electricidad, el saneamiento urbano, los productos químicos y farmacéuticos, el motor de explosión y el desarrollo de las formas modernas de comunicación. La Game Boy y el Tamagotchi, productos ambos de la cuarta revolución industrial, nos han proporcionado muchas horas de diversión, pero es dudoso —viene a decir Gordon— que hayan hecho por impulsar la productividad tanto como hizo la electricidad.

Todo lo anterior no quita que puedan existir factores de carácter institucional detrás de la caída de la fracción del producto nacional que remunera el factor trabajo. Uno de ellos es la pérdida de centralidad de los sindicatos. Históricamente, la existencia de unos sindicatos fuertes ha sido uno de los factores determinantes del pacto que estructuró las relaciones entre el capital y el trabajo tras la conclusión de la Segunda Guerra Mundial. Además, los sindicatos fundaron y ﬁnanciaron formaciones políticas, como el Partido Laborista británico y los partidos socialdemócratas de los países escandinavos, que han desempeñado un papel fundamental en la construcción de los Estados del bienestar.

La bibliografía cientíﬁca ha venido conﬁrmando los efectos igualadores de la negociación colectiva.⁵⁵ Un trabajo de dos economistas del Fondo Monetario Internacional ha mostrado un patrón claro en las economías más ricas, por el que un descenso en la aﬁliación sindical conduce a un aumento en la fracción de la renta nacional que va a parar a manos del 10 % más rico de la distribución de ingresos, así como a políticas menos redistributivas.⁵⁶ Este efecto adverso parece conﬁrmar que los sindicatos aumentan el poder de negociación de los trabajadores. Pero ¿cómo?

Una herramienta ha sido el salario mínimo, entendido como un suelo de ingresos que garantiza la cobertura de ciertas necesidades fundamentales a quien participa en el mercado de trabajo. Aunque hoy casi todos los países tienen alguna versión de salario mínimo, hasta hace relativamente poco tiempo este tipo de legislación solo cubría a mujeres y niños. Desde que se extendió a toda la población trabajadora después de 1945, y como cualquiera esperaría, la introducción del salario mínimo ha sido una medida efectiva para aumentar los ingresos de los trabajadores, sobre todo en la parte baja de la distribución.⁵⁷ En efecto, la extensión del salario mínimo a partir de 1945 ha sido una medida predistributiva eﬁcaz, donde la legislación ha provocado que el mercado produzca unos resultados menos desiguales antes de impuestos y transferencias. El agente al que se le encarga la reducción de la desigualdad no es el Estado, sino el mercado, y la herramienta empleada no son los impuestos y las transferencias, sino el Boletín Oﬁcial del Estado (BOE).

Si quisiéramos profundizar por esta vía predistributiva «a golpe de BOE», otra medida para reequilibrar las desigualdades de poder que subyacen a las sociedades donde el ganador se lo lleva todo es el salario máximo. Este puede adoptar dos formas. Una es un tipo marginal del IRPF por encima por encima del 80 %, como sugieren algunos trabajos recientes sobre tributación óptima, justiﬁcado sobre el argumento de que los tipos marginales (muy) altos desincentivan las actividades de extracción de rentas, pues, por ejemplo, un consejero delegado de una empresa cotizada tendría muchos más incentivos para involucrarse en actividades de rent seeking si pagase el 35 % de tipo marginal superior que si tuviera que pagar el 80 %.⁵⁸ La otra consiste en establecer una ratio entre el salario máximo y el mínimo dentro de una empresa. Aunque pueda parecer una idea imbatible en el mercado de las propuestas político, en noviembre de 2013 los ciudadanos suizos rechazaron en referéndum la aprobación de la regla 1:12, una iniciativa para impedir que los altos ejecutivos de empresas cotizadas pudiesen cobrar más de doce veces el salario del empleado peor pagado. ¿Qué pudo llevar a los suizos a rechazar una iniciativa cuya motivación original era prohibir las indemnizaciones obscenas (golden parachutes)?

Quizás el hecho de que limitar salarios provoca problemas de incentivos, porque, en cierto sentido, puede limitar también la generación de riqueza. Imaginemos que Ricardo monta un bar y el primer año gana 190.000 euros. Imaginemos además que gana las elecciones el Partido Limitarista que, entre otras medidas, establece un tipo marginal cuasi conﬁscatorio para todos los ingresos superiores a 200.000 euros. ¿Qué incentivos tiene Ricardo para seguir invirtiendo su tiempo y su dinero en aumentar el tamaño de la empresa, y pagar así más sueldos a más camareros, si saldrá perdiendo cuando pague sus impuestos? Incluso si se comparte la preocupación central de quienes, bienintencionadamente, proponen repensar no solo los umbrales de pobreza sino también los de la riqueza, limitar la generación de riqueza no es una buena herramienta, porque el bienestar social depende directamente del nivel de producción total.

Gravar la riqueza oculta de las grandes fortunas y multinacionales

Cada vez existe un interés mayor por estudiar la evolución de la riqueza, hasta el punto de que podría decirse que parte del interés en la investigación sobre la desigualdad se ha desplazado de los ingresos a la riqueza. Como la riqueza está muy desigualmente distribuida, este fenómeno tiene especial incidencia entre los más ricos de los ricos. Entre nosotros, según el Banco de España, el 10 % de los españoles más ricos acumulaban un 53 % de la riqueza neta total del país en 2014, frente al 44 % de 2008.⁵⁹ Esta importancia creciente de la riqueza, al combinarse con la movilidad de capitales favorecida por la globalización, ha alimentado el interés por un asunto que tiene poco de novedoso: la evasión de impuestos. Pero a diferencia de lo que ocurría hasta hace poco, en los últimos años y gracias a los trabajos del economista Gabriel Zucman y a ﬁltraciones masivas como las provenientes de Hervé Falciani, los Papeles de Panamá o los Paradise Papers, hoy es un poco más fácil saber cuánto nos cuesta la evasión de impuestos a todos, quién suele incurrir en ella y cuál es la mecánica más habitual de la evasión.

Respecto a lo primero, casi el 40 % de los beneﬁcios de las multinacionales termina todos los años en un país de muy baja tributación. A veces «muy baja» signiﬁca realmente muy baja: en 2016 Google Alphabet, por ejemplo, facturó 19,2 millones de dólares en las Bermudas, un archipiélago de 150 islas diminutas en el Atlántico donde la empresa no emplea a nadie y apenas tiene nada, pero en el que el impuesto sobre sociedades es (redoble de tambores...) del cero por cien. Las multinacionales desplazan a estas jurisdicciones ﬁscalmente ultramagnánimas más de 600.000 millones de dólares todos los años, siendo Irlanda el destino preferido. Otros campeones de la benevolencia ﬁscal son Singapur, los Países Bajos y Suiza. Pues bien, la generosidad de Irlanda y los Países Bajos tiene como consecuencia que Europa recaude por el impuesto de sociedades un 20 % menos y Estados Unidos alrededor de un 15 %.⁶⁰ Es el coste de la superlaxitud ﬁscal con las grandes empresas.

Pero no solo las grandes empresas incurren en este tipo de actividades. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo comparten muchas cosas: meten muchos goles, tienen millones de seguidores, ganan muchísimo dinero... y han sido sancionados por la Hacienda española por emplear empresas pantalla para evadir impuestos. ¿Pero cómo de representativos son los casos de Messi y Ronaldo entre la gente que, como ellos, gana muchísimo dinero? Es decir, ¿quién evade impuestos?

En los países escandinavos, por ejemplo, la evasión parece estar extremadamente concentrada en el extremo superior de la distribución de riqueza: el 50 % de los activos ﬁnancieros no declarados —fondos de inversión, acciones, depósitos y seguros— pertenece al 0,01 % más rico de los hogares, y alrededor del 80 % al 0,1 %.⁶¹ Cuando estos datos se trasladan a la distribución de la riqueza ﬁnanciera oculta en jurisdicciones ﬁscalmente generosísimas, esto signiﬁca que el 0,01 % de los hogares más ricos evade alrededor del 25 % de sus impuestos. Para el conjunto de toda la población escandinava, la tasa media de evasión ronda el 3 %. ¿Pero qué sabemos de España?

De acuerdo con la economista Clara Martínez-Toledano, en 2015 los hogares españoles ocultaron 147.000 millones, lo que equivale al 8,6 % de la riqueza ﬁnanciera.⁶² Pero este dato aún no es demasiado informativo, porque no sabemos si esto es mucho o poco en comparación con otros países. En La riqueza oculta de las naciones, Zucman estima que alrededor del 8 % de la riqueza ﬁnanciera total permanece oculta, lo que quiere decir que España se encuentra por encima de la media.⁶³

¿Qué implicaciones tiene la evasión de impuestos?

Primero, afecta a la distribución de derechos y obligaciones en una sociedad: a priori, la progresividad de los sistemas ﬁscales signiﬁca que quienes más tienen, más contribuyen. La evasión altera ese principio. Segundo, la evasión —basada en acciones contrarias a la ley— y la elusión —cualquier acción, en principio legal, que busca evitar o minimizar el pago de impuestos— afectan los cálculos sobre la desigualdad. Si los muy ricos tienden a evadir mucho más que el resto de la población, los cálculos basados en las declaraciones de renta de los ciudadanos infraestimarán la desigualdad y la concentración de recursos en el extremo superior de la distribución. Tercero, diﬁculta la ﬁnanciación del Estado del bienestar, que hoy en día se sostiene básicamente con cargo a impuestos sobre las rentas salariales y, en menor medida, el consumo. Si la elusión y la evasión se detectaran, sería posible reintroducir cierto equilibrio en la forma en que capital y trabajo contribuyen a ﬁnanciarlo. Pero, ¿no provocaría una fuga de capitales?

Existe un discurso muy extendido que podríamos resumir como «No hay nada que hacer». No hay nada que hacer porque en un mundo globalizado, si les subimos los impuestos, las grandes fortunas y las multinacionales desplazarán sus beneﬁcios a países que miman ﬁscalmente a los ricos. Siempre habrá países que ofrezcan impuestos más bajos que el vecino. Se puede tener un capitalismo globalizado o un capitalismo sin paraísos ﬁscales donde quien más tiene más paga, pero no se puede tener ambos. O se da marcha atrás a la globalización o, efectivamente, «no hay nada que hacer».

Gabriel Zucman ofrece dos respuestas a este discurso derrotista.

Si realmente no hay nada que hacer, «si la globalización signiﬁca impuestos cada vez más bajos para los ricos y para las empresas multinacionales, e impuestos cada vez más altos para quienes actualmente no se beneﬁcian de la globalización [...], entonces es una estafa».⁶⁴ Un escenario así no es sostenible —opina Zucman— y constituye uno de los mayores retos de nuestro tiempo, porque si los ciudadanos que no se han beneﬁciado de la globalización creen que esta no solo no funciona, sino que sus reglas están amañadas en favor de los más ricos, tenemos el terreno abonado para el auge del populismo proteccionista/nativista.

Pero afortunadamente existen soluciones, asegura Zucman. La primera es de carácter jurídico. En 1791, la Asamblea Constituyente revolucionaria creó el catastro francés para censar las propiedades y así abolir los privilegios del Antiguo Régimen, consistentes en la exención de impuestos al clero y la nobleza. De esta forma, hace doscientos años, la mayoría de la riqueza de la mayoría de los franceses pasó a quedar registrada. Hoy la riqueza no es solo inmobiliaria, sino también ﬁnanciera. Pero, de manera sorprendente, no existen registros de ella, con la excepción de Suecia y, solo parcialmente, Luxemburgo. La primera propuesta de Zucman es crear un «catastro mundial» de la riqueza ﬁnanciera —friendly reminder: vivimos en un mundo donde la movilidad del capital es casi total—, en el que se indique quién posee cada acción y cada obligación, gestionado por el FMI. Hacerlo es una opción política, no hacerlo también.⁶⁵

Es improbable que los paraísos ﬁscales, y quienes se beneﬁcian de su existencia, acojan esta medida con gran entusiasmo. Por eso, la segunda medida que propone Zucman es de carácter político y se plasmaría en sanciones comerciales a los paraísos ﬁscales que se opongan a renunciar al secreto bancario. Estas sanciones podrían adoptar la forma de aranceles, embargos ﬁnancieros o, incluso, la expulsión del país de la UE. En la amplísima mayoría de los casos, los paraísos ﬁscales son un Goliat económico pero un David político y, además, dependen críticamente del comercio con otros países para su supervivencia.

Las dos últimas propuestas de Zucman son de carácter eminentemente económico. Por un lado, en la línea de lo propuesto por Piketty en El capital en el siglo XXI, sugiere aprobar un impuesto global sobre la riqueza del 2 %. Esto signiﬁca que, cada año, el FMI deduciría ese porcentaje del valor de las carteras en manos, por ejemplo, de ciudadanos españoles. Si quieren recuperar lo que les ha sido retenido, deberían declarar su patrimonio al hacer la declaración de la renta. Por otro, Zucman propone una reforma radical del impuesto de sociedades para adaptarlo al capitalismo global: ya no debería gravar los beneﬁcios de las empresas multinacionales país por país, sino a escala mundial. En cálculos de Zucman, un impuesto así diseñado aumentaría la recaudación un 30 %, en beneﬁcio fundamentalmente de los grandes países europeos y Estados Unidos, que es donde las multinacionales de la economía digital tienen (casi) todo su capital humano y productivo, pero donde no pagan (casi) ningún impuesto.

La vuelta del municipalismo

El creciente tamaño de las grandes multinacionales preocupa por las consecuencias que pueden derivarse de concentrar tanto poder de mercado en las manos de tan pocos actores económicos. En las economías más desarrolladas, esta concentración ha sido señalada como la culpable de provocar bajas tasas de inversión empresarial, frenar el dinamismo económico, mantener baja la productividad e inducir la caída de la fracción de la renta nacional dedicada a remunerar a los trabajadores. El auge de los gigantes empresariales ha suscitado un debate interesante sobre si esta tendencia a una cada vez mayor concentración de poder es imparable y, en ese caso, qué políticas pueden adoptarse para garantizar el dinamismo y la competencia en la era de la economía digital. Pero ¿realmente han acumulado tanto poder? ¿No estaremos escuchando el discurso económico de la True Left más catastroﬁsta?

El poder de mercado de las empresas es difícil de medir. En un documento de trabajo publicado por el FMI en 2018, se estima la evolución del poder de mercado de las empresas cotizadas en 74 economías para el periodo 1980-2016.⁶⁶ El indicador utilizado mide la evolución del precio de sus productos en comparación con la del coste que tiene para la empresa fabricar una unidad adicional de producto. Medido así, el poder de mercado de las empresas ha aumentado un 39 % a lo largo de ese tiempo en las economías más desarrolladas. Esto debería preocuparnos porque, a largo plazo, un mayor poder de mercado está relacionado con una menor inversión e innovación y una caída en la fracción de los ingresos que termina en manos de los trabajadores. ¿Qué consecuencias se derivan de todo ello para la renovación de la agenda socialdemócrata? Daré un pequeño rodeo por tierras británicas antes de responder esta pregunta.

En el Reino Unido, el Partido Laborista —liderado por Jeremy Corbyn— publicó en 2017 el maniﬁesto For the Many Not the Few («Para la mayoría, no para unos pocos»), completado más tarde por otro llamado Alternative Models of Ownership («Modelos alternativos de propiedad»), donde se esbozan las grandes propuestas programáticas en materia de política económica (llamadas, popularmente, corbynomics). La agenda económica del laborismo de Corbyn se plantea en ambos documentos como una respuesta a los retos de la economía británica: el estancamiento de los salarios, la baja productividad, el aumento de las desigualdades de ingresos y de riqueza, la falta de inversión empresarial y los efectos del cambio climático, entre otros. Estos retos se derivan, a su vez, de la «estructura institucional» en la que reposa el capitalismo británico, caracterizada por una creciente concentración de la propiedad privada, un mayor poder empresarial de mercado y el predominio del capitalismo ﬁnanciero con base en la City londinense. En deﬁnitiva, el sistema está diseñado no para repartir los frutos del crecimiento entre la mayoría, sino con el objeto de concentrar las ganancias en el extremo superior de la distribución. Para abordar en serio los retos de la economía, concluyen esos documentos, es necesario un diseño institucional distinto, orientado a generar resultados más igualitarios, más democráticos y más sostenibles.

Uno de los valores axiales de las corbynomics es la democracia. Hace más de cuarenta años, Margaret Thatcher prometió un mundo «donde poseer acciones sea tan común como tener un coche». A mediados de la década de 1970, uno de los objetivos principales del Partido Conservador británico era instaurar una «democracia de propietarios» (property-owning democracy), al tiempo que aprobaba una serie de reformas cuyo objetivo era reducir el tamaño del Estado (privatizaciones de sectores estratégicos de la economía, recorte en el número de empleados públicos, etcétera). La agenda thatcheriana consistía en adelgazar al máximo el volumen del Estado y convertir a todos los británicos en pequeños propietarios, de modo que se ofrecieron facilidades para la compra de vivienda y la obtención de créditos que fomentaran la iniciativa empresarial. Lo que Thatcher consiguió en realidad fue algo muy parecido a una aristocracia de propietarios y, hoy en día, el 1 % más rico de los británicos acapara el 20 % de la riqueza del país.

Una de las líneas programáticas del laborismo de Corbyn consiste en elaborar una visión igualitaria de la democracia de propietarios. La cuestión de quién controla el capital, obvio es decirlo, centra la política económica. Históricamente han prevalecido dos posturas: para el socialismo de Estado, la propiedad y el capital debía controlarlos el Estado; para la socialdemocracia, debían quedar en manos privadas y el Estado se encargaría de redistribuir parcialmente sus rendimientos a través de los impuestos y las transferencias. Pero existe una tercera tradición, eclipsada por los proyectos socialistas del siglo XX, que subraya el compromiso histórico del socialismo con la democracia económica.⁶⁷

Como recuerda Axel Honneth, todos los protagonistas del primer socialismo, desde Robert Owen y Proudhon hasta Marx, convinieron en que la clave para crear relaciones sociales de solidaridad estribaba en la reforma —o la sustitución por la vía de la revolución— del régimen de propiedad del capitalismo, porque esa institución era la responsable de que el concepto de libertad predominante en los albores de la Revolución de 1848 fuese esencialmente negativo.⁶⁸ Si el socialismo aspira a trascender esa estrecha comprensión de la libertad, debe comenzar —eso pensaban los primeros socialistas— por impulsar formas alternativas y cooperativas de economía. Pero ¿en qué podrían consistir estas demandas para introducir mayor democracia en el funcionamiento de las economías actuales? ¿Qué propuestas harían realidad una democracia de propietarios para el siglo XXI? Analizaré dos de ellas: promover las organizaciones y empresas igualitarias y descentralizar el poder económico (en lo que algunos han llamado el modelo Preston).⁶⁹

Una forma obvia de aumentar el poder de negociación de los trabajadores y, al mismo tiempo, reducir la desigualdad antes de impuestos y transferencias —o sea, una forma de predistribución— es promover la democracia en el lugar de trabajo. Si los Estados del bienestar contemporáneos se han mostrado impotentes a la hora de frenar el incremento de la desigualdad en las rentas antes de impuestos y transferencias, una forma de atajar el problema sería promover desde el mismo Estado las organizaciones donde los derechos de control y sobre los beneﬁcios que genera la empresa estén distribuidos de forma más o menos igualitaria. La promoción de lugares de trabajo más igualitarios desde el poder público —como, por ejemplo, las cooperativas de trabajadores— generaría menos desigualdad en las rentas que los individuos obtienen del mercado, haciendo por tanto menos necesario compensar las desigualdades económicas derivadas de las existentes en el poder de negociación.⁷⁰

La otra vía de avanzar hacia un sistema económico donde el valor de la democracia esté más presente requiere impulsar las políticas igualitarias desde el ámbito municipal. Detroit —la que fuera capital de la industria del automóvil— alcanzó su pico máximo de población en 1950, con 1,8 millones de habitantes. Desde entonces, ha perdido población cada año, hasta registrar poco más de 670.000 habitantes en 2016 (lo que supone una pérdida acumulada de más del 60 %). A pesar del declive asociado a su desindustrialización, Detroit no es una ciudad barata. Pocas cosas se pueden hacer en Detroit con 100 dólares, pero una de ellas es comprar una parcela de terreno, porque lo que nadie quiere no acostumbra a ser demasiado caro y, además, el Ayuntamiento está deseando que alguien pague los impuestos correspondientes y se haga cargo de su mantenimiento.⁷¹

Otra ciudad norteamericana que suele ﬁgurar entre las más castigadas por la desindustrialización es Cleveland. Situada también, como Detroit, en el cinturón industrial de Estados Unidos, ha pasado de 900.000 habitantes a comienzos de la década de 1950 a unos 385.000 en 2018 (una pérdida total de casi el 60 %). Como en Detroit, esto se ha traducido en el empobrecimiento de algunos barrios céntricos y muchas diﬁcultades para el sostenimiento de los servicios públicos.

En este contexto, varias localidades estadounidenses y británicas han puesto en marcha iniciativas de cooperativas cuyo objetivo es generar riqueza que permanezca en la propia comunidad (community wealth building). En Estados Unidos la iniciativa de este tipo más conocida es Evergreen Cooperatives, surgida en Cleveland. A pesar del proceso del empobrecimiento causado por la desindustrialización, esta ciudad conservó varias instituciones sin ánimo de lucro y casi públicas (sanitarias y de enseñanza, básicamente). Estas organizaciones, a las que llamaron «instituciones ancla» (anchor institutions) porque, al estar muy arraigadas en el territorio, la probabilidad de que deslocalicen su producción es baja, tenían contratados algunos de sus servicios —el servicio de lavandería del hospital, por ejemplo— con multinacionales que solo invertían una pequeña parte de los beneﬁcios que obtenían en la ciudad. El proyecto Evergreen Cooperatives supuso la puesta en marcha de cooperativas locales destinadas a prestar esos servicios, pero con la diferencia de que la mayor parte de sus beneﬁcios no termina muy lejos de Cleveland.

En 2012 el proyecto de las cooperativas de Cleveland captó la atención de Matthew Brown, entonces concejal por el Partido Laborista en la ciudad de Preston, situada al norte de Inglaterra y próxima a Mánchester y Liverpool. Según el perﬁl que el columnista del diario The Guardian Aditya Chakrabortty escribió de él a principios de 2018, Brown es un tipo tímido e inseguro, ubicado ideológicamente a la izquierda del 99 % de los políticos ingleses.⁷² Pues bien, Brown permanecía atento a cualquier idea (progresista) que pudiera servir para impulsar la economía de Preston, porque estaba convencido de que los grandes proyectos encargados a las grandes multinacionales no eran el camino que seguir. Hablaba por experiencia propia. Durante la primera década de 2000, el Ayuntamiento de Preston conﬁó el futuro económico de la ciudad a un megaproyecto: la construcción de un enorme centro comercial en pleno centro urbano, que costaría 700 millones de libras y sería ejecutado por dos de las mayores constructoras del mundo. Con este megacentro comercial les había tocado la lotería, según dijo el alcalde. Luego llegó la crisis y el proyecto se quedó en eso: proyecto.

A partir de ahí, el Ayuntamiento comenzó a desarrollar lo que ya se conoce como «modelo (de desarrollo local) Preston». La idea que lo anima es esencialmente la misma que en Cleveland: la riqueza que genera la ciudad debe quedarse lo más cerca posible de la comunidad. ¿Por qué? Fundamentalmente porque, por cada libra invertida en una empresa pequeña y mediana, 63 céntimos (es decir, el 63 %) son reinvertidos localmente, mientras que esta cifra cae hasta los 40 céntimos (el 40 %) cuando se trata de una multinacional.⁷³

Más cerca de nosotros, el Ayuntamiento de Barcelona canceló en junio de 2018 su contrato con la multinacional Endesa para, en su lugar, conectarse a su propia empresa eléctrica pública. El objetivo no es solo el ahorro (unos 700.000 euros al año), sino también un cambio de modelo: Barcelona Energia pasará a distribuir únicamente energía limpia y producida localmente. De hecho, en una segunda fase, el gobierno de Ada Colau prevé que esta empresa pública ofrezca suministro eléctrico no solo al Ayuntamiento, sino también a las familias. El objetivo es, según la alcaldesa, deshacer el camino emprendido por las privatizaciones de los años noventa, de forma que la provisión de energía vuelva a ser un servicio público garantizado.

En deﬁnitiva, los modelos de Cleveland, Preston y Barcelona representan la vuelta a una larga tradición política de la izquierda que tuvo un papel importante en la formación de los partidos socialistas de masas en Europa y Norteamérica.⁷⁴ La izquierda siempre ha preferido que las decisiones se tomen lo más cerca posible de los administrados. Ahora bien, en la medida en que esto puede ocasionar cierta tensión en el tejido empresarial con empresas grandes o multinacionales, conviene hacer una advertencia.

Entre muchas personas, y principalmente en las de izquierda, la pequeña y mediana empresa goza de un aura de bondad o respetabilidad. Desde un punto de vista social no sorprende, porque las grandes retailers suelen expulsar a los pequeños comerciantes del mercado, las grandes tecnológicas tienden a pagar facturas ﬁscales microscópicas y los grandes bancos se arriesgan en exceso porque saben que, por ser lo suﬁcientemente grandes, el contribuyente acudirá a su rescate. En el discurso político, con independencia de que provenga de un líder de Podemos o de uno de Ciudadanos, el héroe siempre es un emprendedor que va con el agua al cuello para pagar las nóminas de sus dos empleados y conduce una furgoneta.

Pero cuidado con idolatrar a las pymes, porque la evidencia disponible sugiere que las empresas más grandes son más productivas y pagan mejores sueldos que las microempresas.⁷⁵ De hecho, uno de los problemas de las economías del sur de Europa es el reducido tamaño medio de sus empresas: mientras que en Alemania el tamaño medio es de 12,1 empleados, en España es de 4,5 y en Italia de 3,8.⁷⁶ Si se trabaja en una multinacional del automóvil, lo normal es que el trabajo esté altamente especializado. Si se trabaja en un taller de coches con 3 empleados, quizás un día la tarea no sea muy diferente de la del empleado de un gigante de la automoción, pero otro puede tocarle lavar el coche del jefe. En una economía global, es fundamental que las empresas sean capaces de vender productos en el exterior. Y la capacidad de exportar de una economía está directamente relacionada con lo grandes (o pequeñas) que sean sus empresas. Al contrario de lo que sugería el economista E. F. Schumacher (1911-1977, en ocasiones lo pequeño no es bonito.⁷⁷ Pero lo local, si grande, dos veces bueno.

La segunda pata de la agenda reformista de la socialdemocracia: «recalibrar el pacto entre capital y trabajo»

Es necesario reintroducir cierto equilibrio entre capital y trabajo. A los lomos del igualitarismo magro de la Tercera Vía, la socialdemocracia se convirtió en una teoría política acerca de la distribución, olvidándose de lo que ocurría en la sala de máquinas de la producción. A medida que el efecto igualador de las guerras mundiales ha ido quedando atrás y que el capital se ha recuperado, también lo ha hecho la desigualdad. Para que el crecimiento vuelva a ser inclusivo, el igualitarismo socialdemócrata debe reintroducir la redistribución de la riqueza en su agenda. No solo porque la riqueza está mucho más desigualmente distribuida que los ingresos, sino porque, al encontrarse muy concentrada, el pasado de los bisabuelos condiciona el futuro de los nietos, haciendo que el ascensor social no funcione. Para devolver cierto equilibrio a las relaciones entre capital y trabajo, el igualitarismo socialdemócrata debería predistribuir el poder de negociación de los agentes económicos mediante: 1) el establecimiento de suelos salariales dignos, 2) la detección e imposición de la riqueza deslocalizada de las grandes fortunas y empresas multinacionales, y 3) la descentralización del poder económico.

EL PACTO POR LA SEGURIDAD ECONÓMICA

Hasta ahora, para facilitar la lectura, se ha asumido que todas las teorías políticas igualitarias son casi idénticas. Pero esto obviamente no es así y ha llegado el momento de abandonar esa simpliﬁcación. El igualitarismo es una corriente de la ﬁlosofía política que aﬁrma como deseable algún tipo de igualdad: en un reparto, de trato, en dignidad y respeto, etcétera.⁷⁸ En las últimas décadas, la corriente mayoritaria del igualitarismo académico ha asumido que la justicia social consiste esencialmente en corregir repartos que contienen desigualdades injustas, aplicando la igualdad como criterio distributivo para guiar esos ajustes.

Pero si nos paramos un segundo a pensarlo, descubrimos que esa es una forma bastante extraña de entender el igualitarismo político. Por lo general, los movimientos históricos que han hecho de la igualdad una reclamación política no han pedido transferencias de recursos desde los que han tenido buena suerte inmerecida hacia quienes han tenido mala suerte inmerecida.⁷⁹ Al igualitarismo político realmente existente le ha preocupado combatir las desigualdades injustas no solo en sus efectos, sino también en sus causas, las más habituales de las cuales suelen ser las desigualdades de poder y estatus. Centrar el igualitarismo político casi exclusivamente en la distribución de bienes divisibles y susceptibles de apropiación privada implica marginar las agendas, mucho más extensas, del igualitarismo político del mundo real, como las de los movimientos LGTBI, ecologistas o feministas.

Además, es cualquier cosa menos obvio que la igualdad deba ser siempre el patrón distributivo empleado por el Estado del bienestar para corregir esas desigualdades injustas. Se podría pensar, por ejemplo, que la igualdad es el patrón distributivo adecuado cuando el Estado del bienestar provee de recursos educativos (todos los alumnos deberían recibir de sus profesores la misma cantidad de educación), pero que al hablar de recursos médicos el criterio adecuado es la suﬁciencia (resulta absurdo que un paciente con cáncer reciba los mismos recursos que otro con una afonía), mientras que cuando desde el poder público se proporcionan recursos económicos el patrón más adecuado es la prioridad (no tiene sentido que Ana Patricia Botín reciba el mismo apoyo económico que un parado de larga duración).

De hecho, eso es aproximadamente lo que ocurre. A pesar de que es habitual escuchar que el Estado del bienestar se comporta como Robin Hood o bien como una empresa pública de seguros, en realidad es algo más complejo. El Estado del bienestar reparte diversas cosas (recursos) según distintos patrones distributivos.

Como muestra la tabla 5, en unas ocasiones el Estado se comporta al modo de Robin Hood, empleando parte de la recaudación ﬁscal para asegurar que todo el mundo pueda satisfacer sus necesidades básicas; en otras, en cambio, se comporta como una empresa pública de seguros, protegiéndonos contra eventualidades que nos impiden obtener rentas en los mercados laborales por nosotros mismos, pero en función siempre del nivel de nuestras cotizaciones previas; y, en ﬁn, otras veces provee de servicios tan esenciales —hasta el punto de que algunos de ellos los considera una obligación, como ocurre con la educación básica— que ningún ciudadano debería quedar excluido de ellos por no tener recursos suﬁcientes para pagarlos.

Fijémonos ahora solo en la parte inferior del cuadro, la relativa a las transferencias monetarias destinadas a garantizar un suelo de ingresos mínimos. Ahí se encuentran los orígenes del Estado del bienestar contemporáneo. La política social tal y como se conoce hoy (Seguridad Social y asistencia social) tiene su origen más reconocible en las Leyes de Pobres de 1597-1601 aprobadas bajo el reinado de Isabel I de Inglaterra. Las causas más inmediatas de esta legislación fueron dos. La primera, la decisión adoptada durante la Reforma anglicana por el rey Enrique VIII de suprimir los monasterios, que hasta entonces habían constituido el lugar de asistencia primaria para los más pobres. La segunda, las malas cosechas del periodo 1595-1598. Con la introducción de esas leyes isabelinas, la asistencia pasaba de estar basada en un principio de caridad privada y dispensarse en los monasterios a ﬁnanciarse mediante impuestos y prestarse en unos hospicios o asilos de pobres, en los que la ayuda se condicionaba a la prestación de alguna tarea que veriﬁcara su merecimiento (de ahí el nombre de estas «casas de trabajo», workhouses).

TABLA: 5. Qué hace el Estado del bienestar, cómo y por qué

FUENTE: Elaboración propia.

En 1795 otra crisis social, en este caso provocada por el aumento de los precios del trigo, provocó que un grupo de magistrados del distrito de Speenhamland, en el sur de Inglaterra, tuviera que adoptar una resolución ante el aumento de la pobreza, incluso entre la gente que tenía un empleo. Las leyes de pobres isabelinas distinguían tres grupos de perceptores de la asistencia: los que podían trabajar, los que no podían y los que, pudiendo, parecían no querer hacerlo (the idle poor, los pobres ociosos). El aumento del precio del trigo llenó los hospicios de gente que, incluso trabajando, no alcanzaba a cubrir sus necesidades básicas. Los magistrados de Speenhamland idearon un sistema que permitía a las familias completar los ingresos provenientes del trabajo hasta el umbral de las necesidades fundamentales. La medida, que a partir de entonces se conoció como «sistema de Speenhamland», concedía a cada hogar unos ingresos mínimos tanto si alguno(s) de sus miembro(s) trabajaba(n) a cambio de un sueldo insuﬁciente, como si no había ingresos laborales en absoluto (aunque la resolución de los magistrados insistía en que los individuos tenían el deber de «ocuparse de sí mismos»).⁸⁰

De forma escasamente sorprendente, el sistema de Speenhamland se encontró con una fuerte oposición. No solo desde las posiciones más conservadoras —cuando el primer ministro británico William Pitt pretendió generalizar el sistema a toda Inglaterra, el ﬁlósofo y político Edmund Burke le remitió un memorando en el que aﬁrmaba: «No es competencia del gobierno ayudarnos a satisfacer nuestras necesidades»—,⁸¹ sino incluso dentro del liberalismo clásico. En su Ensayo sobre el principio de la población, una de las críticas más tempranas y sistemáticas a lo que hoy llamamos «sistemas de garantía de ingresos», Thomas Malthus (1766-1834) describía así los objetivos y el tipo de comportamientos que debe perseguir la política social:

Cuando los ingresos laborales apenas alcanzan para mantener a dos hijos, un hombre se casa y tiene cinco o seis; lógicamente se siente angustiado. Culpa de su angustia a la insuﬁciencia del precio al que se paga su trabajo para mantener a la familia. Culpa de su angustia a la avaricia del rico [...]. Culpa a las injustas instituciones de la sociedad, que le conceden una porción inadecuada del producto de la tierra. Culpa quizás a la Providencia [...]. En su búsqueda de culpables, nunca termina de dar con el sitio de donde proviene su desgracia. La última persona a la que cargaría las culpas es a sí mismo, que de hecho es el culpable.⁸²

Como ocurrió en las de 1597 y 1795, en la actual crisis la asistencia pública está siendo objeto de un intenso debate. Desde el centroderecha, en la línea de lo que Malthus sostenía hace más de doscientos años, la idea sigue siendo diseñar la asistencia social de forma que se recompense el merecimiento y se castigue la holgazanería. En la práctica, en el ámbito de la UE el principio de inclusión activa signiﬁca que las personas que tengan entre 16 y 64 años de edad y no posean un certiﬁcado de incapacidad tienen la obligación de sostenerse económicamente a sí mismas. La asistencia social se merece si —y solo si— el receptor es capaz de probar que es pobre y no hay un empleo disponible.

Desde una parte de la izquierda igualitaria y desde otra de la derecha anarcocapitalista, en cambio, una de las ideas que más circula es la de reformar la asistencia social introduciendo una renta básica universal (RBU). Ignacio Sánchez-Cuenca aﬁrma que si la socialdemocracia quiere recuperar el vigor electoral perdido haría bien en abrazar propuestas ambiciosas, como la RBU.⁸³ La idea no es nueva, sino que ha sido discutida por numerosos ﬁlósofos políticos al menos desde ﬁnales del siglo XVIII.⁸⁴

Pero el éxito de la RBU no se ha limitado al terreno de las propuestas. En los últimos años han proliferado experiencias de programas piloto de RBU o propuestas similares en Finlandia, Namibia, India, Kenia, Ontario (Canadá), varios municipios de los Países Bajos, Estados Unidos y Barcelona. Solo en California, por ejemplo, se desarrollan programas piloto en Oakland (ﬁnanciado por una empresa emergente o startup) y Stockton (ﬁnanciado por el Ayuntamiento), mientras que la Universidad de Stanford ha puesto en marcha el Basic Income Lab («Laboratorio de la Renta Básica») para el desarrollo de investigación básica en torno a esta propuesta.

Discutiremos los pros y los contras de la RBU y otras políticas de garantía de ingresos un poco más abajo. Pero primero intentaré convencerte de que adoptar políticas que promuevan la seguridad económica es una buena idea (incluso para los partidos que no sitúan la igualdad en el centro de sus agendas).

La inseguridad económica te importa (incluso si eres de derechas)

Como sabemos, el efecto Glasgow (véase, en el capítulo 2, «Desigualdad y dualidad en los mercados de trabajo») alude a las enormes diferencias en expectativa de vida entre los barrios ricos y pobres de una ciudad. Pero ¿sabemos cuáles son las causas de tales divergencias? Según un estudio publicado en 2010, pueden deberse, en parte, a que tres y hasta cuatro generaciones han permanecido desempleadas en algunos barrios de Glasgow desde que comenzó la desindustrialización de la ciudad a mediados de la década de 1970.⁸⁵ Esta situación habría tenido consecuencias sobre la autoestima de esas personas, lo que habría terminado derivando en peores condiciones de salud y una menor esperanza de vida.

Pues bien, la tesis central del politólogo José FernándezAlbertos en su libro Anti-sistema (2018) es que una parte de la población de nuestras sociedades, afectada por las transformaciones que están alterando nuestras economías, tiene la percepción de que sus vidas no son lo suﬁcientemente reconocidas. Los mecanismos por los que las personas que no se ven reconocidas socialmente muestran preferencias políticas antisistema son complejos, pero tendrían una base fundamentalmente política.⁸⁶

La idea de Fernández-Albertos es que los gobiernos no han respondido con mayor determinación a las demandas del precariado económico —la población que ocupa los márgenes del mercado laboral y desconoce la sensación de tener cierta seguridad económica— porque no fueron pedidas con suﬁciente claridad.⁸⁷ No es que las personas provenientes de entornos desfavorecidos desconozcan o confundan sus intereses. No es eso. El argumento de Fernández-Albertos es que la población en la parte baja de la distribución y que se beneﬁciaría de un aumento del esfuerzo redistributivo tendente a paliar las consecuencias negativas de la globalización y el cambio tecnológico está más dividida que hace cincuenta o sesenta años, mientras que los que están en la parte de arriba y deberían sufragar esas políticas con sus impuestos tienen hoy (mucha) más inﬂuencia en el proceso político.

Debido a que la voz de los más ricos cada vez tiene mayor inﬂuencia en los resultados del proceso político, el precariado económico está optando por opciones políticas radicales porque percibe, con razón, que sus intereses cada vez «pesan» menos en el proceso democrático. Pero podría pensarse que el hecho de que una parte de la ciudadanía esté comenzando a abrazar preferencias radicales no es un motivo de preocupación per se. A diferencia de la dictadura, la democracia es una forma de gobierno especialmente sensible a las demandas ciudadanas —también a las más radicales— porque los políticos tienen el incentivo de las elecciones para escuchar a los votantes. Así, si el precariado llegara a ser lo suﬁcientemente numeroso, el sistema se reajustaría automáticamente para dar satisfacción a esas nuevas preferencias.⁸⁸ Bajo esta visión «ideal» de la democracia, una persona de derechas a la que las preferencias del precariado político no le quitan el sueño podría no advertir ningún problema en el aumento del radicalismo político, porque el descontento con las políticas es una cosa y el descontento con el sistema democrático otra muy distinta. La satisfacción con los resultados de las políticas no tendría por qué estar vinculada a la que se siente con el sistema. ¿Pero cómo de «real» es esta visión «ideal»?

Hemos mostrado (véase gráﬁco 4) que existe un patrón común en todas las economías desarrolladas por el que el riesgo de pobreza se ha trasladado desde los mayores hacia los jóvenes. Si la visión ideal fuese cierta, esto no tendría por qué afectar al apoyo a la democracia que expresen los diferentes grupos de edad en las democracias ricas. Si, por el contrario, esa visión no funcionara tan bien en la realidad y el apoyo a la democracia estuviera relacionado con sus resultados, cabe esperar un apoyo más tibio entre los más jóvenes.

Pues bien, los cientíﬁcos políticos Roberto S. Foa y Yascha Mounk han conﬁrmado que, «a lo largo de las tres últimas décadas, la conﬁanza en las instituciones políticas como los parlamentos o los tribunales ha disminuido drásticamente en las democracias consolidadas de Norteamérica y Europa Occidental».⁸⁹ Esta caída tiene, además, un marcado sesgo generacional: mientras que alrededor del 60 % de los nacidos en Europa y Estados Unidos en la década de 1950 consideran «esencial» vivir en una democracia, para los nacidos en la de 1980 ese porcentaje roza el 45 % en el Viejo Continente y apenas supera el 30 % en el caso estadounidense.⁹⁰ «Hace tres décadas —aﬁrman Foa y Mounk—, la mayoría de los expertos simplemente asumían que la Unión Soviética permanecería estable. Esta presunción de pronto se probó errónea. Hoy tenemos una conﬁanza incluso mayor en la estabilidad de las democracias ricas y consolidadas del mundo. ¿Pero tenemos buenas razones en las que basar esa conﬁanza?»⁹¹

En deﬁnitiva, parece que existen razones por las que la seguridad económica debería preocuparnos, incluso si somos de derechas. Al menos en la medida en que consideremos importante o valioso vivir en un país gobernado democráticamente.

Predistribuir la herencia natural

La erradicación de la pobreza y la reducción de la desigualdad han sido siempre dos de los objetivos principales del igualitarismo socialdemócrata. Pero existen muchas formas de aspirar a esos objetivos. En un contexto de restricciones presupuestarias, la idea de focalizar los recursos en el grupo social más vulnerable ha recibido un apoyo creciente. En los últimos años, el principio de selectividad —por el cual se restringe el ámbito de los destinatarios de los programas a quienes cumplen una serie de requisitos— ha ganado terreno frente al de universalismo —la idea de que los programas sociales se prestan como derecho de ciudadanía—, que animó la primera etapa de construcción del Estado del bienestar.

Pero los cambios en el mercado laboral, con el crecimiento de las formas atípicas de empleo, hacen hoy muy complicado saber si alguien está trabajando o no, y en el caso de que lo esté haciendo, cuál es el tipo de relación laboral establecida. Esto debilita la posición de quienes siguen insistiendo en la lógica (contributiva) que liga el derecho a la protección social al estatus laboral. Como aﬁrma la OCDE en una nota breve que discute la RBU como opción de política social para el siglo XXI, «si las políticas selectivas existentes no ofrecen una cobertura adecuada para todos aquellos que la necesitan, avanzar hacia un mayor universalismo es una opción para que la protección social siga siendo accesible. Una renta básica [universal] se presenta como una hipótesis interesante en este debate».⁹² Ahora bien, se esté a favor o en contra de la RBU, es innegable que reemplazar buena parte del sistema de protección social actual por esta medida implicaría una reforma a gran escala. ¿En qué se distingue exactamente una RBU de las transferencias monetarias actualmente en vigor en casi todos los países de la OCDE?

La renta básica universal: un suelo de ingresos sin condiciones y para todos

A diferencia de las prestaciones selectivas que conforman los sistemas de protección social existentes en la mayoría de los países de la OCDE, la RBU es una prestación que se cobra con independencia de dos cosas: nuestra voluntad de aceptar una oferta de trabajo y nuestros niveles de ingresos y riqueza (se suprimiría el examen de recursos o means-test). Esas dos características han dado pie a que se hable, respectivamente, de la incondicionalidad de la RBU —aunque sería más correcto decir que es una prestación que exige únicamente la ciudadanía o una residencia legal continuada— y de su universalidad.

Mientras la incondicionalidad ha motivado la oposición del centroderecha a la propuesta de establecer una RBU («¿por qué tenemos que ﬁnanciar con nuestros impuestos el modo de vida ocioso de un tipo que se quiere dedicar a hacer surf o ver series de televisión 40 horas a la semana? ¿Nos hemos vuelto locos o qué?», dirán), la universalidad ha solido desatar los recelos en la izquierda («¿por qué tenemos que pagarle otro sueldo a Borja Thyssen, que solo con la venta de un cuadro de su colección puede obtener una cantidad de dinero a la que yo no llegaría ni trabajando cuatro vidas? ¿Nos hemos vuelto locos o qué?», podrían decir).

La respuesta de Philippe van Parijs, el gran defensor contemporáneo de la RBU, a la crítica del surﬁsta ocioso dice más o menos así. El liberalismo político (igualitario), tal y como lo formula John Rawls, constituye la forma más deseable de ﬁjar los términos (derechos y deberes) de la vida en sociedad. Uno de los principios más queridos por el liberalismo establece la neutralidad del Estado ante los planes de vida de sus ciudadanos. De la misma forma que no es función del Estado decirme si he de escuchar a Metallica o a Luis Fonsi, tampoco lo es decirme si debo dedicar mi vida a vender seguros para una multinacional o a surfear todo el día. Más aún, aﬁrma Van Parijs, un Estado que crea de verdad en la libertad que se encuentra en el núcleo del proyecto liberal igualitario debería garantizar a todo el mundo las condiciones materiales que le permitan ejercerla. Es decir, debe ser «interpretada como “libertad real”, no solo como “libertad formal”, esto es, comprendiendo no solo el simple derecho, sino también la capacidad verdadera de hacer lo que uno podría querer hacer».⁹³

La respuesta de Van Parijs a la crítica proveniente de la izquierda («¿por qué demonios tendríamos que pagarle una RBU a Borja Thyssen?») requiere que retomemos un argumento que hemos expuesto un poco más arriba y que decía que las oportunidades que disfrutamos en la vida resultan de la combinación de recursos internos, institucionales y externos. Estos últimos comprenden los ingresos y la riqueza, pero también recursos naturales como las playas, el espacio electromagnético o el petróleo. Pero ¿realmente esto agota todos los recursos externos que podrían predistribuirse para maximizar las oportunidades de las personas que menos oportunidades tienen?

Van Parijs opina que no. Para él, el lote de recursos externos aptos para la predistribución viene dado por el conjunto de recursos externos que inﬂuyen en la capacidad de la gente para perseguir sus planes de vida, pero «con independencia de que sean naturales o producidos. Los recursos externos, en otras palabras, incluyen cualesquiera objetos externos, en el sentido más amplio de la palabra, a los que los individuos tienen autorizado el acceso».⁹⁴ Incluyen desde recursos materiales, como fábricas, colecciones de sellos, inmuebles particulares, carreteras y puentes públicos, al estado de la tecnología de un país. Así, el lote de recursos externos coincide con la herencia común, la riqueza que recibimos de las generaciones anteriores.

En este punto, Van Parijs converge con una tradición igualitaria que arranca en los albores del capitalismo industrial para limitar las desigualdades generadas por el capitalismo y que llamaremos «igualitarismo basado en activos» (asset-based egalitarianism). En el plano teórico, esta corriente del igualitarismo parte de la idea de que, en el estado de naturaleza, toda la tierra es de propiedad común. Y el hecho de que alguien la ocupe, incluso si es para trabajarla, no genera un título de propiedad sobre la tierra en sí, sino solo sobre los beneﬁcios que aporta ese trabajo. Dado que la tierra originalmente es un bien común (commons), la comunidad está legitimada para establecer un tributo o canon sobre el suelo, que deben satisfacer quienes lo ocupan o explotan. Con los ingresos así recaudados se crea un fondo nacional que paga un dividendo (anual, mensual, semanal) a todos los miembros de la comunidad, como «indemnización» por la desposesión original. En su Justicia agraria (1795), Thomas Paine lo explicó así:

Cuando una pareja joven comienza su camino en la vida, hay una diferencia enorme entre que lo hagan sin nada o que lo hagan con 15 libras cada uno. Con esta ayuda podrían comprar una res y aperos de labranza para trabajar un pedazo de tierra; y en lugar de convertirse en una carga para la sociedad [...] estarían en condiciones de convertirse en ciudadanos útiles y provechosos.⁹⁵

Desde esta concepción de la justicia distributiva resulta más fácil entender por qué Van Parijs piensa que incluso Borja Thyssen debería recibir su renta básica, porque lo que exige la justicia es que todo el mundo tenga un lote de activos o recursos externos (un equivalente moderno al «pedazo de tierra») de igual valor. Dada la complejidad burocrática de proveer de un activo de igual valor a toda la ciudadanía en nuestras sociedades contemporáneas, lo que se hace es recaudar un tributo de las personas, físicas y jurídicas, que explotan los recursos comunes (commons) y transferir lo recaudado mediante una RBU a todos sus copropietarios, es decir, al resto de la ciudadanía.

«Pero esto es ﬁlosofía política de ﬁnales del siglo XVIII, no herramientas para adaptar la socialdemocracia a los nuevos riesgos sociales», puede estar pensando más de un lector. Sí y no. La idea de la RBU se discute en la ﬁlosofía al menos desde ﬁnales de siglo XVIII, pero ocurre que existe un arreglo institucional que se asemeja mucho en su funcionamiento al ideado por Thomas Paine hace más de doscientos años.

Van Parijs suele decir que Alaska es el único ejemplo en el mundo de una renta básica genuina, es decir, absolutamente universal e incondicional. A mediados de la década de 1970, el senador republicano Jay Hammond se hizo con la propiedad de las reservas petrolíferas de la bahía de Prudhoe, la más grande de América del Norte. Hammond creía en la justicia intergeneracional: le preocupaba que solo una generación de ciudadanos de Alaska disfrutara la enorme riqueza generada por el yacimiento de petróleo.⁹⁶ De forma que propuso la creación de un fondo que asegurara a las generaciones futuras la posibilidad de gozar de esa riqueza petrolífera. En 1976, mediante una enmienda introducida en su Constitución, el estado creó un fondo soberano de inversión —el Alaska Permanent Fund—, que tiene la particularidad de ser el único fondo soberano del mundo que paga un dividendo anual: el Dividendo Permanente del Fondo (PFD, por sus siglas en inglés). A ﬁnales de 2018, el Alaska Permanent Fund era uno de los treinta mayores fondos soberanos del mundo y gestionaba una cartera de más de 65.000 millones de dólares.⁹⁷

Además del ejemplo real de Alaska, algunos países y municipios están desarrollando programas piloto para evaluar el impacto de la RBU en ciertos ámbitos concretos (fundamentalmente, el mercado de trabajo). El más avanzado es el de Finlandia, donde dos mil personas desempleadas que recibían prestaciones por desempleo pasaron a recibir una RBU de 560 euros mensuales desde enero de 2017.⁹⁸ Esos 560 euros no están sujetos a impuestos y se conservan durante la duración del experimento (dos años), incluso si el perceptor encuentra un trabajo. Aunque esto último pueda parecer extraño, uno de los tres objetivos principales del piloto es comprobar si la RBU puede ser la institución con la que modiﬁcar el diseño de la Seguridad Social ﬁnlandesa, de modo que promueva la participación activa y ofrezca mayores incentivos al trabajo.

Desde el punto de vista de los incentivos laborales, la incondicionalidad característica de la RBU hace que esta supere mejor que las prestaciones sociales tradicionales la llamada «trampa de la pobreza» o «trampa del desempleo». Imaginemos que a Lola, que lleva dos meses cobrando la prestación por desempleo, le llega una oferta de trabajo: un contrato de seis meses como dependienta, cuyo salario apenas mejora en 160 euros mensuales la prestación que estaba recibiendo. Con el diseño actual de las prestaciones, Lola perdería la ayuda si acepta el trabajo. Dado que los ingresos procedentes del trabajo no son acumulables a los provenientes de la protección social, Lola no tiene ningún incentivo para incorporarse al mercado laboral. Por eso, algunos expertos en el diseño de políticas públicas como el sociólogo José Antonio Noguera aﬁrman que el tipo impositivo marginal que la mayoría de los esquemas de garantía de ingresos aplica es del 100 %, ya que por cada euro procedente del mercado laboral se pierde un euro de prestación. La RBU, en cambio, al pagarse a todo el mundo, con independencia tanto de su nivel de ingresos como de su situación laboral, evitaría —aseguran sus defensores— esta trampa de la pobreza-desempleo. ¿Pero qué dicen las evidencias? ¿La RBU provocaría una estampida masiva del mercado laboral, como predicen sus detractores, o solo haría que la gente organizara su vida de otra forma?

En febrero de 2018, los economistas Damon Jones y Ioana Marinescu publicaron una evaluación del impacto sobre el mercado de trabajo que ha tenido el dividendo social de Alaska.⁹⁹ Aunque la teoría económica y algún análisis empírico previo venían sugiriendo que las prestaciones en efectivo reducen la oferta de trabajo, Jones y Marinescu no encuentran que el dividendo tenga ningún efecto en absoluto sobre el empleo, más allá de un incremento de 1,8 puntos porcentuales (un 17 %) en el empleo a tiempo parcial. ¿La explicación? Los efectos de equilibrio general que generan las transferencias incondicionales en efectivo como la RBU, que «podrían resultar en incrementos del consumo que estimulan la demanda de trabajo y mitigan las reducciones potenciales de empleo».¹⁰⁰ Si los datos nos dicen que el Armagedón laboral con que amenazaban sus detractores no parece tener demasiado sustento empírico, ¿a qué esperamos los ciudadanos para salir a la calle con pancartas reclamando la implantación de una RBU en nuestro país?

Además de su pago anual a ﬁnales de cada año, la otra característica del PFD es que su cuantía ﬂuctúa con el precio del petróleo. El dividendo ciudadano de Alaska se mantuvo alrededor de los 400 dólares anuales al comienzo y alcanzó su pico justo antes de la crisis, en 2008, cuando ascendió a 3.269 dólares (en 2018, podría haber sido de 2.700 dólares, pero se ﬁjó por ley en 1.600 dólares). Dicho de otra forma: en su punto máximo, el dividendo de Alaska apenas alcanzó el 20 % del umbral de la pobreza oﬁcial de Estados Unidos (lo que equivale al 4 % del PIB per cápita de Alaska).¹⁰¹ Esto signiﬁca que no podemos esgrimir los resultados de Jones y Marinescu como prueba de que una RBU no tendría ningún efecto apreciable sobre el empleo, por la sencilla razón de que quienes deﬁenden la implantación de esta renta básica universal proponen que esta se sitúe, al menos, en el umbral de la pobreza. Esto conduce al primer problema que presenta la RBU en cuanto a su aplicación práctica.

Van Parijs ha insistido siempre en que el término «básica» en la expresión «renta básica» no pretende signiﬁcar que hayamos de situarlo en el nivel de cobertura de las necesidades básicas. Para él, eso sí, la cuantía de la RBU tiene que ser suﬁciente para garantizar a todos los individuos la libertad real, y no meramente formal, para perseguir cualquier plan de vida que deseen. Por tanto, este objetivo no es compatible con percibir una prestación equivalente al 20 % del umbral de la pobreza. La RBU tiene que hacer una diferencia, de forma que nos conceda grados de libertad más o menos amplios. ¿Cuánto cuesta eso? En su importante trabajo conjunto sobre la renta básica, Van Parijs y Yannick Vanderborght se atreven a dar una cifra: «Sea cual sea el país del que hablemos, sugerimos una cantidad en torno al 25 % del PIB per cápita».¹⁰²

Así pues, por mucho petróleo que tenga un país, una RBU situada al nivel del umbral de la pobreza ha de apoyarse en el impuesto sobre la renta, que de hecho es el tributo en cuya reforma se basan la mayoría de las microsimulaciones de ﬁnanciación de una RBU. Aterrizando la discusión en el caso español, ¿cómo se conseguirían unos 250.000 millones de euros (el 25 % del PIB, más o menos) para ﬁnanciar una RBU? Por la parte del gasto, habría que integrar en la RBU todas las prestaciones de cuantía inferior, pero dejando intactos los servicios públicos como la sanidad y la educación (aunque haya versiones anarcocapitalistas, como las de Charles Murray y ﬁlósofo Matt Zwolinski, que proponen reemplazar el Estado del bienestar por una RBU).¹⁰³ Por el lado de los ingresos, se establecería un tipo nominal único en el IRPF que se ﬁjaría alrededor del 50 %. ¿Qué consecuencias tendría una reforma tributaria de esta índole?

Para unos, la consecuencia fundamental sería que el 80 % más pobre de la población española saldría ganando y el 20 % más rico perdería.¹⁰⁴ Según otros, el diablo está en los detalles.¹⁰⁵ Porque incluso si aceptamos los cálculos de sus defensores, resulta que en ese grupo de perdedores (ese 20 %) hay ciudadanos, solteros concretamente, que ganan apenas 20.000 euros anuales. Cuando se dice que no debemos preocuparnos mucho por las consecuencias de una determinada reforma porque los que pierden con ella son «los ricos», solemos evocar imágenes de un tipo con barriga, tirantes y bombín que sostiene un puro habano con los dedos, no la de alguien que viste una gorra y una camiseta corporativas y gana 20.000 euros sirviendo hamburguesas en una franquicia multinacional. Esto nos lleva a la segunda diﬁcultad de la RBU que es importante destacar.

Hasta hace muy poco tiempo, la discusión sobre la aplicación práctica se centraba en la viabilidad económica de la RBU. Pero últimamente sus defensores han tenido que enfrentarse a otra crítica. Aunque se acepte que la RBU es una institución compatible con los principios de justicia del liberalismo político igualitario y viable desde el punto de vista económico, ¿qué sabemos sobre su viabilidad política? ¿Qué dicen las encuestas de opinión sobre su grado de apoyo entre los electores?

Una primera intuición podría sugerir que no hay problema; al ﬁn y al cabo, una reforma con la que gana el 80 % de la población tiene que ser imbatible en el terreno de las propuestas electorales. Sin embargo, una RBU situada al nivel del umbral de la pobreza no se paga con maná caído del cielo, sino con dinero fruto de una enorme redistribución. Y la gente no suele pensar lo mismo cuando se reparte dinero que cae del cielo —o que sale de un fondo de inversión— que del que sale de su propio bolsillo.

La octava Encuesta Social Europea (2016) incluyó por primera vez una pregunta especíﬁcamente dirigida a evaluar el apoyo popular de una RBU.¹⁰⁶ Para el conjunto de los países europeos, parecen existir tres pautas:

1) los jóvenes son el grupo poblacional donde la RBU recibe más apoyo;

2) la propuesta es vista positivamente sobre todo por personas de izquierda, pero no solo;

3) el apoyo general es inversamente proporcional al grado de desarrollo del Estado del bienestar: cuanta más seguridad económica ofrece un Estado del bienestar, menos atractiva resulta la propuesta (y viceversa).

En el caso particular de España, aunque por un estrechísimo margen, hay una mayoría contraria a la RBU (50,5 % frente al 49,5 % favorable). Sin embargo, como dice José Noguera, debemos tomar con mucha cautela el porcentaje de los favorables, porque un 53 % de los que dicen estar a favor también se muestran de acuerdo con que «las prestaciones sociales solo deberían ser para quienes tengan pocos ingresos» (por cierto, esta inconsistencia es exactamente la misma que César Martínez y yo mismo encontramos al hurgar en los resultados de una encuesta online del Círculo de Renta Básica de Podemos)¹⁰⁷ o con que se retiren las prestaciones a los desempleados que rechazan una oferta de trabajo.

¿Pero cómo puede ser que los españoles, a los que solo tienen que ofrecernos un chocolate frío y unos churros duros para que hagamos colas kilométricas en las ﬁestas del pueblo, rechacemos luego dinero gratis? Precisamente porque no es gratis. Que la viabilidad política de una RBU es bastante más dudosa de lo que sus defensores estaban dispuestos a admitir hasta hace poco quedó de maniﬁesto cada vez que a Pablo Iglesias le preguntaron por la «propuesta estrella» del programa de Podemos para las elecciones europeas de 2014. Lo primero que los medios de comunicación quisieron saber era cuánto cuesta una RBU. Si la deformación profesional lo hubiera llevado a ponerse en modo profesoral, Pablo Iglesias debería haber contestado: «De acuerdo con las estimaciones realizadas por Luis Ayala y otros con EUROMOD, un microsimulador de impuestos y transferencias, unos 280.000 millones. Es decir, alrededor de un 28 % del PIB». Lo siguiente que quisieron saber los periodistas fue de dónde saldría el dinero. De persistir en esa actitud académica, Iglesias habría respondido: «De una reforma ﬁscal que, de acuerdo con Arcarons y sus coautores, nos conduce a un tipo impositivo único de alrededor del 50 %». En lugar de eso, el secretario general de Podemos preﬁrió responder de forma vaga e imprecisa. Quizá lo hizo porque, cuando creas un partido, tu intención es maximizar el número de votos y pensó que decir «tengo una propuesta genial que cuesta un 28 % del PIB» no era la mejor manera de alcanzar ese ﬁn.

Debido a su universalidad, los defensores de la RBU se enfrentan a un dilema: situar su cuantía en el nivel del umbral de la pobreza la convierte en una propuesta inﬁnanciable —o que solo podría estipularse sobre el papel—, mientras que hacerla ﬁnanciable obligaría a pagar una cantidad tan exigua que no cumpliría el objetivo normativo de sus defensores: garantizar grados más o menos relevantes de libertad. Si es así, ¿por qué un programa de garantía de ingresos debería ser universal? La universalidad tiene sentido cuando se reparte la herencia común, o sea, bienes o riqueza que pertenecen a todos los ciudadanos. Ese es, precisamente, el caso del Alaska Permanent Fund. El petróleo de la bahía de Prudhoe está ahí de la misma forma que lo está el coltán en el Congo, es decir, sin que nadie, ningún ser humano, haya hecho nada para que eso ocurra. En cambio, este libro no ha aparecido en mi ordenador de forma espontánea. Y sospecho que habrá muchos diseñadores, juezas o cocineros que pensarán lo mismo de sus diseños, sentencias y platos. Los empleos no aparecen como el coltán ni están ahí para su contemplación como los bosques o las playas. No son recursos externos aptos para su distribución universal, porque exigen un esfuerzo individual, singular, para su propia existencia. En deﬁnitiva, al margen de sus diﬁcultades prácticas, si la RBU aún no se ha implantado en ningún país tal y como la diseñan sus defensores, es decir, ﬁnanciada con cargo a los ingresos del trabajo, seguramente se debe a que una parte del electorado percibe, con razón, que su justiﬁcación normativa presenta problemas importantes.

Todo lo anterior no signiﬁca que el igualitarismo socialdemócrata deba conformarse con los dispositivos de protección social actualmente existentes. Lo repito de nuevo: la insistencia en la focalización ha hecho que esos programas pierdan capacidad protectora. Además, de acuerdo con el último informe de Eurostat sobre las condiciones de vida en la Unión Europea, España es el tercer país con la mayor tasa de pobreza después de impuestos y transferencias, solo por detrás de Rumanía y Bulgaria.¹⁰⁸ Una de las principales causas es la escasa potencia protectora de la última red de seguridad de España. De ahí que en esta última parte del libro se proponga una reforma del pacto social por unos ingresos mínimos, dividida en dos partes:

1) de dónde sale el dinero para reforzar la red de seguridad (donde discutiremos la necesidad de reformar los impuestos sobre la riqueza); y

2) cómo se emplea ese dinero (aquí analizaré dos propuestas: las dotaciones universales de capital y las rentas garantizadas).

Gravar la riqueza localizada de los (grandes) patrimonios

Una de las primeras medidas que anunció Pedro Sánchez al llegar al gobierno de España fue una reforma ﬁscal para mejorar la capacidad recaudatoria del país. España recauda un 38 % del PIB, frente al 46,1 % del área euro, y ese 38 % nos sitúa en el vagón de cola de Europa junto a Letonia, Bulgaria y Rumanía. Menores ingresos suelen signiﬁcar un menor gasto social, por lo que los socialdemócratas tenemos razones para apoyar el anuncio de Sánchez.

La estructura tributaria de un país suele combinar impuestos más bien regresivos (que no hacen más igualitaria la distribución, porque al ser insensibles al nivel de ingresos exigen un mayor esfuerzo ﬁscal de las rentas más bajas) como el IVA, con impuestos más progresivos como el IRPF (que sí tienen efectos redistributivos importantes porque sus tipos se ajustan en función de la capacidad económica de los agentes). Otro tipo de imposición muy progresiva que, sin embargo, suele tener un papel secundario en los sistemas tributarios de la mayoría de las democracias desarrolladas es el gravamen sobre la riqueza. Los sistemas tributarios de los países de la OCDE descansan en buena parte sobre los ﬂujos, no sobre la riqueza (stock). Pero es que, además, las rentas del capital también suelen gozar de un trato favorable. En España, por ejemplo, las rentas del capital tributan en el IRPF a un tipo máximo del 23 %, mientras que las del trabajo lo hacen al doble: el 45 % (en la regulación estatal). ¿A qué se debe esto? A una mezcla de razones económicas e históricas, relacionadas con la evolución de las ideas políticas.

En cuanto a estas últimas, el socialismo ha transformado uno de los principales objetivos de su agenda económica. En sus orígenes, aspiraba a socializar el capital a través de cambios regulatorios, pero, con el transcurso del tiempo, el objetivo se transforma y pasa a ser la socialización de las rentas salariales a través de los mecanismos de impuestos y transferencias. Esto se puede observar en el tratamiento de las herencias y sucesiones. La extraordinaria progresividad de los sistemas tributarios escandinavos es un mito —alimentado, quizá, por el elevado volumen de la recaudación (véase capítulo 2)—, pues los más progresivos del siglo XX fueron los de Estados Unidos y Reino Unido. Y no solo por la imposición de las rentas salariales, sino también por «la atracción anglosajona por la progresividad» manifestada en el impuesto sobre sucesiones. Mientras que en Estados Unidos el tipo superior permaneció entre el 70 y el 80 % desde la década de 1930 hasta la de 1980, en Francia y Alemania nunca superó el 30-40 %.¹⁰⁹ Hoy en día, el tipo marginal estadounidense es del 40 % pero la exención ha aumentado hasta los 11,2 millones de dólares, y en el Reino Unido ha caído también hasta el mismo porcentaje aunque con una exención de 325.000 libras.

Las razones económicas suelen apelar a la naturaleza compleja del capital. Así, se suele recordar que el capital es necesario para ﬁnanciar inversiones, que sirve para que los individuos transﬁeran recursos horizontalmente a lo largo del tiempo, o que se puede transmitir entre generaciones y a otras jurisdicciones. Fijémonos por ejemplo en Suecia. El caso sueco es interesante porque mezcla una de las mayores recaudaciones ﬁscales del mundo —como porcentaje del PIB— y una reducida imposición del capital —incluso si se la compara con Estados Unidos—, con el objetivo de crear un entorno amigable para los emprendedores.¹¹⁰ Desde la perspectiva del igualitarismo socialdemócrata, ¿hay razones para seguir concediendo un trato ﬁscalmente privilegiado al capital?

Desde el punto de vista normativo, no lo parece. Se puede estar a favor de la igualdad de oportunidades o de establecer una imposición muy reducida a la riqueza, pero es difícil conjugar ambas cosas. Primero, porque la riqueza está mucho más desigualmente distribuida que los ingresos. Y por el otro lado, porque salvo que pensemos que nacer en la familia Thyssen es producto de una elección, ¿en qué sentido podemos decir que uno «merece» recibir una (enorme) herencia? ¿Por qué Borja Thyssen tendría que soportar una imposición menor sobre el valor de su herencia que un camarero sobre los rendimientos de su trabajo? Si las desigualdades injustas nos importan, el trato ﬁscal privilegiado al capital no tiene una defensa normativa sencilla.

Desde el punto de vista económico, uno de los principales argumentos favorables a que se relaje el trato ﬁscal al capital es que este resulta fundamental para ﬁnanciar la inversión y, por tanto, para el crecimiento económico. Hace no demasiado tiempo, la bibliografía clásica sobre la imposición de la riqueza sostenía que un gravamen del 0 % sobre esta es la solución óptima en términos del trade-off entre justicia y eﬁciencia.111 Sin embargo, de acuerdo con la bibliografía más reciente, parece haber buenas razones económicas para aumentar la imposición de la riqueza porque:

1) gravar el capital distorsiona poco la inversión, incluso en el extremo superior de la distribución;

2) hoy en día no es fácil distinguir entre rentas del capital y del trabajo, por lo que no gravar el capital (o concederle un trato ﬁscal privilegiado) puede incentivar que los individuos más ricos incurran en comportamientos de evasión más o menos soﬁsticados;

3) la imposición de la riqueza es una de las formas más progresivas de tributación, lo que ha de contribuir a reducir la desigualdad.¹¹²

La propuesta del capital básico

Ahora ya sabemos cuáles son los activos (recursos externos) que debemos aspirar a predistribuir mejor para evitar que el pasado termine devorando al futuro, es decir, que sea la riqueza de antaño la que determine las oportunidades de las generaciones venideras. ¿Cómo emplear esa recaudación para maximizar las oportunidades de los ciudadanos, sobre todo las de aquellos que menos oportunidades tienen? Una propuesta interesante son las dotaciones universales de capital. Como ocurría con la RBU, la idea es que todas las generaciones recibimos una herencia de las anteriores, cuyo valor de mercado debe distribuirse igualitariamente entre todos los miembros de la comunidad. Esta idea de democratizar el acceso a la riqueza común puede hacerse operativa de diversas formas. La propuesta del capital básico, en lugar de pagar una prestación periódica como hace la RBU, otorga a cada ciudadano una suma de capital en un solo pago (lump-sum transfer) al inicio de la vida adulta o bien en el momento del nacimiento (baby bond), en cuyo caso se deposita en una cuenta indisponible hasta que el perceptor alcance la mayoría de edad. ¿Por qué hay expertos en políticas públicas que preﬁeren un pago único al comienzo de la vida adulta frente a la personiﬁcación de los pagos propuesta por la RBU?

Supongamos que el plan de vida de Lope es abandonar la empresa de distribución de material eléctrico para la que trabaja y abrir una discográﬁca con su hermano Mikel. O que Lola quiere estudiar un máster de Filosofía Política en Barcelona. O que Vera quiere costearse los estudios porque su sueño es dictar sentencias en un juzgado. En los tres casos, la realización de sus proyectos vitales pasa por la posibilidad de ﬁnanciarlos, y otorgar a las personas un capital básico —que, en cierta manera, no sería sino la capitalización de una RBU— es una buena forma de promoverlos. En el caso de Lope, se promovería el emprendimiento; en el de Lola, la inversión en capital humano; y en el Vera, la igualdad de oportunidades, porque —a falta de becas— los únicos que pueden opositar son aquellos que se pueden permitir permanecer varios años sin ingresos.

¿Existe o ha existido alguna política inspirada por este igualitarismo de las dotaciones (universales) de capital? El Child Trust Fund fue un programa implantado en 2005 por el gobierno laborista de Tony Blair, con el objetivo de garantizar que todos los niños británicos tuvieran algún ahorro al alcanzar la mayoría de edad. El programa compartía, así, las dos características fundamentales de la RBU: era universal, por cuanto a todos los niños nacidos después del 1 de septiembre de 2002 se les abría una cuenta, e incondicional, ya que no se imponían restricciones al uso que los jóvenes podían hacer del dinero ahorrado en esas cuentas al cumplir la mayoría de edad.

La propuesta de las dotaciones universales de capital presenta ventajas, pero también dos inconvenientes. El primero es su incondicionalidad, vista por muchos como un riesgo. Supongamos que Nayara cumple la mayoría de edad en un país donde el gobierno le ha ingresado dinero en una cuenta desde su nacimiento. A Nayara siempre le ha gustado más el gin-tonic que la geometría euclidiana, así que decide organizar una ﬁesta de cumpleaños para celebrar la mayoría de edad en compañía de sus amigos más amantes de la noche, el gin-tonic y la cocaína. Si este comportamiento se generalizara, pondría en riesgo no solo el objetivo fundamental de la propuesta —garantizar cierta igualdad de oportunidades a los adultos jóvenes a través de la provisión de un (pequeño) capital ﬁnanciero—, sino también la propia viabilidad política de esta.

El segundo inconveniente es su falta de progresividad. En 2007 el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero introdujo en España el llamado «cheque-bebé». Esta ayuda concedía 2.500 euros a todos los nacidos a partir del 1 de julio de 2007. A diferencia del baby bond implantado por Blair, el cheque-bebé no tenía como objetivo igualar las oportunidades de los adultos jóvenes, sino, más bien, fomentar la natalidad. A esos efectos, funcionó razonablemente bien: se observó un aumento de la natalidad entre 6 y 15 meses después de la adopción de la medida, motivado fundamentalmente por una reducción de los abortos inmediatamente posterior.¹¹³ Las críticas no vinieron por la inadecuación de emplear la política ﬁscal para fomentar la natalidad, sino por el hecho de emplear la política ﬁscal de forma universal. ¿Qué necesidad había de entregar 2.500 euros a Ana Patricia Botín por ser madre? ¿No es eso, continúa la crítica, un dispendio absurdo de unos recursos que no hace falta ser Premio Nobel de Economía para saber escasos?

A pesar de su aparente corrección, este argumento de «sentido común» tiene tres problemas importantes.

Además de su grado de focalización, el otro factor del que depende la potencia redistributiva de los impuestos y las transferencias es su tamaño. Según un argumento que tiene una larga tradición en la sociología económica y que se ha venido conociendo como «la paradoja de la redistribución», cuanto más se focaliza el gasto en los más pobres, menos se reduce la pobreza y la desigualdad.¹¹⁴ ¿Por qué? Porque como observaron los sociólogos suecos Walter Korpi y Joakim Palme en 1998, existe una relación negativa entre el grado de focalización del programa y su presupuesto, de forma que a mayor focalización, menor presupuesto. Si diseñamos nuestro Estado del bienestar de tal forma que las Macarenas (y sus hijos) que trabajan en banca de inversión quedan sistemáticamente excluidas de sus servicios, es improbable que muestren demasiado entusiasmo a la hora de ﬁnanciarlo con sus impuestos.

Sin embargo, ya han pasado veinte años (y muchas reformas) desde que Korpi y Palme se lanzaran a la búsqueda de los datos que conﬁrmaran esa expresión anglosajona según la cual «services for the poor are poor services». ¿Qué sabemos sobre la evolución más reciente de la paradoja?

A ﬁnales de 2017, los economistas de la OCDE Orsetta Causa y Mikkel Hermansen aﬁrmaban que, para entender el aumento de la desigualdad, es fundamental entender cómo afectan los impuestos y las transferencias a la distribución de los ingresos.¹¹⁵ Desde mediados de la década de 1990, la capacidad redistributiva de los mecanismos redistributivos del Estado del bienestar ha disminuido. ¿A qué se debe esta pérdida de eﬁcacia? Causa y Hermansen aﬁrman que la principal causa ha sido la notable y progresiva caída en el tamaño de las prestaciones monetarias debido al creciente grado de focalización de la asistencia social. Focalizar el gasto social en los más pobres de entre los pobres puede tener un considerable apoyo popular al comienzo, e incluso ser vista como una cuestión de «sentido común». Pero, a la larga, tiende a provocar que los contribuyentes vean la protección social como una división entre «nosotros» —la mayoría de la población que paga— y los «otros» —la minoría, «parasitaria» para algunos, que la recibe—, lo que termina traduciéndose en una disminución del apoyo y del presupuesto.

El segundo problema es la estigmatización. Aunque con diferentes niveles de generosidad, casi todas las democracias desarrolladas aseguran unos ingresos mínimos a los hogares más pobres. A la hora de juzgar la eﬁcacia de estas políticas que actúan como una última red de seguridad contra la pobreza y la exclusión, deben tenerse en cuenta dos cosas: la intensidad de la protección que ofrecen —lo generosa que es la prestación— y su extensión —cuántos de los hogares con pocos o ningún ingreso la reciben—, pues de nada sirve tener un programa de garantía de ingresos mínimos muy generoso, situado, por ejemplo, en el 150 % del umbral de pobreza relativa, si luego, por diversos motivos, no lo cobra ni el 10 % de los hogares que podrían beneﬁciarse de esta medida.

En efecto, la eﬁcacia redistributiva de un programa de garantía de ingresos queda comprometida por el porcentaje de hogares que lo reclama. El fenómeno de no reclamar una prestación a la que se tiene derecho (non take-up) ha sido poco estudiado por los expertos en política social. Una excepción es el estudio que Olivier Bargain y otros economistas elaboraron, a partir de registros administrativos, sobre Finlandia.¹¹⁶ En el país nórdico, el porcentaje de hogares que no solicitó una prestación a la que tenía derecho se hallaba entre el 40 y el 50 % y, además, la incidencia de este fenómeno aumentó a partir de la segunda mitad de la década de 1990 (cuando, como se vio más arriba, la capacidad redistributiva del Estado del bienestar comenzó a disminuir). Esto seguramente es una consecuencia, concluyen los autores, del «aumento del estigma asociado a depender [económicamente] de la asistencia social en períodos de recuperación económica». Ya sé lo que estaréis pensando: una tasa del 40-50 % es una locura. Pero como explican en el artículo, ese porcentaje está en consonancia con lo que encuentran otros trabajos.¹¹⁷

Por último, el «argumento Ana Patricia Botín» asume que universalismo y focalización son estrategias necesariamente excluyentes. Sin embargo, como deﬁende la socióloga y politóloga estadounidense Theda Skocpol, es posible «focalizar dentro de un programa universal». En efecto, es posible garantizar la educación de forma universal, pero focalizándola en los más desaventajados mediante programas de refuerzo para alumnos con necesidades especiales.¹¹⁸

La apuesta por las rentas garantizadas

Bajo la asunción de que la pobreza importa porque, entre otras cosas, inhabilita a los ciudadanos para el ejercicio de los derechos y libertades que les reconocen los ordenamientos jurídicos de las democracias desarrolladas, la socialdemocracia impulsó la implantación de programas tendentes a garantizar un mínimo de subsistencia a quienes estaban en situaciones de exclusión económica y social. ¿Qué cabe decir de estos programas?

De acuerdo con Eurostat, la tasa de riesgo de pobreza en España antes de transferencias monetarias —excluidas las pensiones— era del 29,5 % a comienzos de 2018. Las transferencias sociales reducían este porcentaje hasta el 22,3 %. Es decir, el Estado del bienestar español conseguía reducir la pobreza un 24,41 %. Quizá pueda parecer mucho, pero si se compara con la media de la Eurozona (32 %), se comprueba que es poco y que solo Grecia, Italia y Portugal reducen menos pobreza.

Y es que según la OCDE, «España carece de una red de seguridad densa que redistribuya los ingresos de las pensiones, a diferencia de lo que ocurre en muchos otros países de la OCDE donde esas últimas redes de seguridad complementan las pensiones contributivas».¹¹⁹ Aunque la cuantía de la protección varía enormemente, porque los programas de rentas mínimas en España son autonómicos, de forma que conviven programas que se sitúan en la media europea (la RGI vasca) con otros cuyo importe es muy inferior, la OCDE permite calcular hasta qué punto la red de seguridad española permite a sus beneﬁciarios escapar de la pobreza y su grado de generosidad en comparación con la malla de seguridad de otras democracias desarrolladas.

Como muestra el gráﬁco 9, la última red de seguridad en España protege muy poco. De hecho, a excepción de los casos vasco y asturiano, la incidencia de los programas autonómicos de rentas mínimas en la lucha contra la pobreza es marginal. Porque llegan a muy poca gente y, cuando logran hacerlo, la protección que ofrecen es exigua. Qué duda hay de que una parte de esta insuﬁciente protección se debe a cuestiones de voluntad política. Pero otra parte de la explicación se encuentra en el diseño de estos programas.

Los economistas insisten en que los ciudadanos debemos tener, como sociedad, el máximo compromiso por eliminar la pobreza, pero que el reto es diseñar programas que aseguren unos ingresos mínimos al grupo social más vulnerable sin mermar sus incentivos para trabajar.¹²⁰ En esta línea, en Europa se ha extendido la estrategia «lo primero es trabajar» (work ﬁrst). Un ejemplo reciente es la reforma del Crédito Universal británico (UC, por sus siglas en inglés). Básicamente, el UC es un complemento salarial que nació con el objetivo de incentivar el empleo en los hogares con pocos ingresos, al permitirles conservar las rentas provenientes de la prestación con las del mercado laboral para evitar así la trampa de la pobreza. Sin embargo, según un informe reciente del think-tank británico Resolution, la última reforma del programa prevista por el gobierno conservador va a poner en riesgo el objetivo con el que se creó el programa. De adoptarse la reforma prevista, las familias que hoy tienen derecho a la ayuda —alrededor de 1,2 millones— lo perderían, y con él los 41 millones de libras semanales que reciben.¹²¹ Este es el objetivo que anima esta ﬁlosofía: que el Estado del empleo (workfare) sustituya cuanto antes al Estado del bienestar (welfare).

GRÁFICO: 9. Adecuación de la última red de seguridad para una pareja con dos hijos

FUENTE: Elaboración propia a partir de OCDE, A Broken Social Elevator? How to Promote Social Moblity, París, OECD Publishing, 2018.

Para mejorar la insuﬁciente cobertura de las rentas mínimas en España, varias comunidades autónomas han puesto en marcha recientemente una serie de reformas que pretenden avanzar en dirección contraria a la que ha venido marcando Europa, es decir, hacia una mayor incondicionalidad de los dispositivos de garantía de ingresos. La Ley de Renta de Inclusión aprobada por la Comunidad Valenciana en 2017, por ejemplo, contempla ya una modalidad de la prestación incondicional tanto respecto a la aceptación de una oferta de empleo adecuada como a las medidas de inserción laboral.¹²² Es, por tanto, un sistema de renta garantizada: un dispositivo de garantía de ingresos mínimos que es casi incondicional respecto a los requisitos laborales y de activación (a diferencia de las prestaciones selectivas), pero focalizada en el grupo de población de menores ingresos (a diferencia de la RBU). Esta combinación de incondicionalidad y focalización es ideal por dos razones:

1) La focalización no dispara el presupuesto del programa (y, salvo que se piense que una propuesta que supone el 25 % del PIB tendrá diﬁcultades de viabilidad política, esto representa una ventaja).

2) La incondicionalidad evita que la ﬁlosofía del workfare termine culpando a los pobres por serlo.

Aunque encajaba bien en el igualitarismo punitivo de la Tercera Vía, el Estado del empleo es un principio orientador que no se compadece bien con el igualitarismo inclusivo que debe guiar la política social de la socialdemocracia del siglo XXI.

La tercera pata de la agenda reformista de la socialdemocracia: «reforzar el pacto por la seguridad económica»

La socialdemocracia del siglo XXI debe abogar por una seguridad económica mínima para toda la población. Si queremos evitar que los (magros) resultados de los sistemas democráticos empujen a las generaciones más jóvenes y a las clases trabajadoras a apoyar regímenes autoritarios, los partidos socialdemócratas deberían promover políticas tendentes a garantizar unas condiciones de vida dignas a toda la población. A tales efectos, el bienestar basado en las dotaciones de capital (asset-based welfare) es una corriente del igualitarismo que defiende que el stock de riqueza que deberíamos predistribuir no se limita a la riqueza presente, sino que alcanza también a la riqueza heredada de generaciones pasadas. La socialdemocracia podría reforzar el pacto por la seguridad económica con el impulso de dos medidas: las dotaciones de capital y las rentas garantizadas.

RESUMEN EN 4 TUITS (UN POCO LARGOS)...

1. Una parte de la población está abandonando el centro del tablero político en favor de opciones antisistema y de ultraderecha autoritaria. De acuerdo con algunos análisis, esto se debe a que tienen la percepción de que sus vidas no son lo suﬁcientemente reconocidas.

2. La pérdida de inﬂuencia política de los grupos más vulnerables de la población tiene que ver con la evolución reciente de la desigualdad. Cuando la desigualdad en un país crece como consecuencia de que lo hace la distancia entre las electoralmente poderosas clases medias y las mucho más débiles clases bajas, la conﬂuencia de intereses entre ambas se rompe. Y cuando eso ocurre, el precariado económico deviene en precariado político.

3. Un problema que presenta la extensión del precariado es que existe evidencia, al menos indiciaria, de que el apoyo a la democracia está relacionado con sus resultados. Cuando una democracia deja de funcionar para una parte de la población, esta empieza a escuchar los cantos de sirena del populismo autoritario.

4. Una propuesta para garantizar la seguridad económica a todo el mundo es la renta básica universal (RBU); es decir, la asignación. Sin embargo, la RBU adolece tanto de problemas teóricos —los empleos no son un recurso común (commons) más, como las playas o el aire— como prácticos —la enorme movilización de recursos que implica diﬁculta su viabilidad política—, que aconsejan reforzar la última red de protección de ingresos a través de otras dos medidas: las dotaciones de capital y las rentas garantizadas.

... Y ENLACE A LO QUE VIENE

Una de las críticas que siempre me toca escuchar cuando deﬁendo la necesidad del giro predistributivo en la agenda de la socialdemocracia es que mi pretensión es debilitar las políticas tradicionales (redistributivas) del bienestar. Es decir, que soy poco menos que un agente inﬁltrado de la derecha neoliberal. Lo curioso de esta crítica es que, en el fondo, incorpora la asunción (conservadora) de que la predistribución y la redistribución son estrategias incompatibles, cuando en realidad son complementarias. De hecho, hay muchas más políticas, como la educación por ejemplo, que son a la vez pre y redistributivas. Lo contrario de la predistribución es la posdistribución, no la redistribución.

4

La pausa de Trump

El viaje que hizo a Mánchester en 1842 para comprobar las condiciones de vida de los trabajadores en las fábricas dejó una huella profunda en Friedrich Engels. Allí, pudo observar en primera persona que la Revolución Industrial no solo no había aumentado la calidad de vida de la mayoría de la gente, sino que la había empeorado, motivando el auge de los socialismos obreros. Hoy sabemos que Karl Marx estaba equivocado y que sí terminaría mejorando las condiciones de vida de los trabajadores, pero solo a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Los cambios tecnológicos tienen su tempo y, en ocasiones, se producen desacoples temporales —que pueden durar años o incluso décadas— entre los salarios reales y las ganancias de productividad. Y el socialismo surgió del enfado provocado por el desajuste salarial durante la primera fase de esa nueva era.

El auge del populismo, mayoritariamente de derechas, es el acontecimiento político más destacado en la Europa del siglo XXI. Con su apoyo a los partidos tradicionales de centroderecha, ha dado el golpe de gracia a la socialdemocracia en muchos países. Los sistemas de partidos de la mayoría de los Estados europeos se han transformado, desplazándose hacia la derecha. ¿Por qué? Todo apunta a la crisis de 2008. Hasta ese año, el centroderecha y el centroizquierda habían dominado la política en un duopolio que se mantenía desde el ﬁnal de la Segunda Guerra Mundial.¹ Pero estalló la crisis, que arrastró con ella los sistemas de partidos en muchos países europeos.

Sin negar la inﬂuencia de la crisis, esta actuó simplemente como el detonante de una frustración latente que ya se encontraba ahí antes. No fue tanto la causa del creciente enfado de los votantes como su desencadenante. La causa profunda se encuentra en la frustración provocada por un cambio tecnológico que está tomándose su tiempo en llegar hasta los salarios, llenando los vagones del metro de jóvenes que cargan pizzas en su bicicleta para una plataforma pero pagan la cuota de autónomos al ﬁnal de cada mes. Así, el auge del populismo es un producto del desajuste entre la productividad y los salarios producida por la revolución industrial de la Game Boy y del iPhone. Un resultado del enfado provocado por ese desacople, para ser más precisos. Considerando que ha escorado muchos sistemas de partidos hacia la derecha (populista), podría hablarse de «la pausa de Trump».

Ese desplazamiento hacia la derecha y hacia el populismo ha dejado a muchos partidos socialdemócratas sin espacio. Hoy, en plena «pausa de Trump», la agenda política está dominada por un discurso antiinternacionalista, nativista, antiinmigración y, en algunos casos, xenófobo. Ese discurso populista apela a muchas de las preocupaciones del electorado tradicional de la socialdemocracia... pero sin ella. En este libro he defendido la necesidad de actualizar la agenda socialdemócrata mediante la adopción de políticas predistributivas. Esto no implica un rechazo ni una renuncia de las políticas basadas en la redistribución, algo que preocupa a muchos. En el fondo de esa inquietud late la sospecha de que la predistribución es un caballo de Troya para dinamitar el Estado del bienestar, aunque camuﬂado en un término muy cool y lo suﬁcientemente oscuro como para no suscitar un rechazo inmediato entre la gente de izquierdas.

Nada de eso. Defender las políticas predistributivas no implica abandonar la vía redistributiva porque no son estrategias alternativas, sino complementarias. Por ejemplo, la educación infantil pública es a la vez una estrategia predistributiva (iguala el capital humano que luego recompensa el mercado laboral) y redistributiva (en las primeras etapas de la educación, a diferencia de lo que ocurre en la universidad, se concentran estudiantes provenientes de todas las clases sociales). La predistribución no es una carga de profundidad para hundir el Estado del bienestar. Su enfoque impulsa el igualitarismo político en un contexto en el que, debido a los cambios demográﬁcos, políticos y económicos que acompañan a la cuarta revolución industrial, la socialdemocracia que aspira (únicamente) a corregir los resultados del mercado se enfrenta a fuertes restricciones. Es una forma, en deﬁnitiva, de actualizar la agenda socialdemócrata al siglo XXI.

EL SOCIALDEMOCRATÓMETRO

¿ERES SOCIALDEMÓCRATA?

¿ESTÁS SEGURO?

Responde a este sencillo cuestionario para descubrirlo. Indica las afirmaciones con las que estés de acuerdo, suma todas y comprueba, más abajo, cuál es tu perﬁl socialdemócrata.

1. La desigualdad de resultados es justa cuando responde a factores de los que los ciudadanos son responsables (esfuerzo), pero injusta cuando se debe a circunstancias que escapan a su control (azar).

2. En general, una buena o mala vida depende más de la suerte (el país y la familia en los que se nace, por ejemplo) que del propio esfuerzo, por lo que existen buenas razones morales para corregir la desigualdad.

3. Las desigualdades socioeconómicas provocan efectos negativos en términos económicos, sociales y políticos, por lo que existen buenas razones pragmáticas para corregirlas.

4. Durante muchos años se ha pensado que conviene crecer primero para distribuir después. Pero quizás ha llegado el momento de invertir probar al revés: distribuir primero para crecer después.

5. Si no existiera Olof Palme, habría que inventarlo.

6. La canción Avanti popolo (o Bandiera rossa) —«Avanti popolo, alla riscossa, bandiera rossa, bandiera rossa...»—, a pesar de su discutible valor musical, me levanta siempre el ánimo.

7. La idea de que la izquierda tiene que elegir entre la política de la identidad y la basada en la clase social es falaz: se puede redistribuir teniendo en cuenta la(s) diferencia(s).

8. Los sindicatos han desempeñado un papel clave en la reducción de las desigualdades salariales y en la mejora de los estándares de vida de los trabajadores.

9. Los derechos sociales y económicos deberían gozar del mismo nivel de protección que los civiles y políticos.

10. Los impuestos son el precio que debemos pagar por el ejercicio y la protección de nuestros derechos.

11. Se puede estar a favor de eliminar el impuesto de sucesiones o a favor de la meritocracia, pero no de ambas cosas a la vez.

12. El gasto es un mecanismo redistributivo más potente que los ingresos, pero no una razón suﬁciente para renunciar a la redistribución por la vía de los impuestos.

13. La mayoría de las boniﬁcaciones y reducciones ﬁscales son una transferencia (oculta) de bienestar hacia las clases medias y altas.

14. No es verdad que el dinero esté siempre mejor en el bolsillo de los ciudadanos.

15. El presupuesto público no tiene nada que ver con el familiar, entre otras cosas porque ninguna familia suele imprimir billetes de curso legal en el salón de su casa.

16. La importancia creciente de la riqueza en las economías industriales está provocando que, cada vez más, la posición socioeconómica de los abuelos determine la de sus nietos.

17. Poco a poco, debemos equiparar el tratamiento ﬁscal de la riqueza (stock) y de las rentas ( flow ).

18. La democracia es un principio que debería regir no solo en la esfera política, sino también en la económica.

19. La democracia económica no consiste únicamente en mantener cierto equilibrio entre salarios y beneﬁ cios: signiﬁ ca también que los trabajadores puedan participar en la toma de decisiones de las empresas.

20. Defendamos los derechos de los trabajadores, no los empleos.

21. La globalización tiene efectos distributivos, por lo que produce ganadores pero también perdedores.

22. La dicotomía entre Estado y mercado es falsa: el Estado es una condición necesaria para la existencia del mercado.

23. Se puede ser de izquierdas y conducir un Mercedes: el voto de pobreza lo hacen los integrantes de una orden o congregación religiosa y algunos ﬁeles, no las personas que son igualitarias.

24. Los impuestos ambientales son una herramienta necesaria para combatir el cambio climático.

25. Las feminazis son como los unicornios: no existen.

26. Hablar de justicia intergeneracional no signiﬁca iniciar una «guerra» entre generaciones, sino estar dispuesto a discutir reformas que repartan el bienestar institucional de forma equilibrada entre los distintos grupos de edad.

27. Deﬁnir el Estado del bienestar como una empresa de seguros con tanques es muy gráﬁ co, pero tiene el «pequeño» problema de que deja fuera a todos aquellos que no pueden pagar la prima, es decir, al grupo social más desfavorecido.

28. Los Estados del bienestar que más reposan en la lógica de las contribuciones previas son los que peor están envejeciendo: urge reformar el Estado del bienestar para rebajar su lógica contributiva, no para acentuarla.

29. Un Estado del bienestar debería predistribuir las oportunidades de los individuos (ex ante) y redistribuir los resultados más injustamente desiguales del mercado (ex post).

30. El mercado hace muy bien algunas cosas, pero bastante mal otras: privatizar la sanidad es una idea horrorosa.

31. El Estado hace muy bien algunas cosas, pero bastante mal otras: no hay ninguna necesidad de crear una banca pública gigantesca.

32. Convencerse de que la iniciativa privada aumenta siempre la eﬁciencia en la prestación de un servicio, una idea que impulsó la ola de privatizaciones en la década de 1990, es más un prejuicio ideológico que una realidad basada en datos empíricos.

33. Si a la creciente importancia de las ciudades se suma que la Administración local es la más cercana a la ciudadanía, el resultado es una excelente razón para que la izquierda impulse el municipalismo.

34. La remunicipalización de algunos servicios puede ser, en algunos casos, una buena idea política y económica.

35. España necesita más inmigración, no menos.

36. Existen diversos modelos de familia: no uno «natural», de primera, y otros «asimilados», de segunda.

37. Reformar siempre que sea posible, revolucionar solo cuando sea estrictamente necesario.

38. La política basada en la evidencia es progresista.

39. La izquierda necesita menos pureza ideológica, no más.

40. «Pacto de izquierdas» no es un oxímoron.

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Entre 1 y 10 círculos: Extremo centro

(Político más próximo: Albert Rivera)

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Si estás dentro de esa horquilla, eres un aprendiz de socialdemócrata. Esto no signiﬁca que la progresión vaya a ser ascendente, porque el político al que más te pareces, Albert Rivera, lleva algún tiempo caminando como los cangrejos: hacia atrás. Empezó siendo socialdemócrata, ahora es de centro y, mañana, quizá nos enteremos de que admira a Edmund Burke (1729-1791) en la intimidad.

Este libro está escrito en el espíritu de que el socialdemócrata no nace, sino que se hace. Todos los que ahora cantan la Internacional con el puño en alto, algún día se sintieron tentados por el cambio tranquilo del extremo centro. Pero si estás empezando a desesperar porque llevas algún tiempo intentando mejorar tus resultados en el socialdemocratómetro, te recomiendo algunos trucos para acelerar tu progresión:

1 Procura leer siempre las tribunas de opinión de Fernando Sánchez Dragó, Salvador Sostres, etc. Una tribuna de Federico Jiménez Losantos forja más socialdemócratas que seis libros de Owen Jones.

2 Cuando te apetezca ver una película, comprueba siempre si se proyecta o emite alguna de Ken Loach, Costas-Gavras o Michael Moore. Si es así, no te la pierdas, pues todos ellos hacen patente su compromiso político en cada película. Ya habrá ocasión de ver cine iraní cuando alcances el nivel de Caballero Jedi de la socialdemocracia.

3 Sé disciplinado en Twitter y sigue cuentas eminentemente socialdemócratas. Los emojis de la rosa roja en el perﬁl son un proxy casi infalible. Ya habrá ocasión de seguir a Juan Ramón Rallo cuando seas un socialdemócrata avezado y acumules la experiencia necesaria para detectar que sus artículos tienen más trampas que una prueba de Humor amarillo.

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De 11 a 30 círculos: Liberal igualitario

(Político más próximo: Franklin D. Roosevelt)

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Te convence el igualitarismo y estás muy cerca de abrazar una visión completamente socialdemócrata de la vida. La variación de la recaudación ﬁscal al modiﬁcar los tipos impositivos te parece un unicornio a la altura de las políticas económicas que apoyan a los más ricos (trickle-down economics). No hace falta que nadie te explique qué es el principio de diferencia de Rawls, porque su Teoría de la justicia ha sido el libro con el que te has educado teórico-políticamente. Cuando lees los programas de los partidos socialdemócratas europeos, sueles estar de acuerdo en general, pero tienes un cierto «síndrome de Marx»: de la misma forma que Marx advertía la inﬂuencia de Lassalle en cada párrafo del Programa de Gotha, tú no puedes evitar ver la alargada sombra de la Tercera Vía en algunos planteamientos de la socialdemocracia contemporánea. Si te dejaran hacer unos comentarios en esos programas, los cuatro más destacados serían:

1 La ﬂexiseguridad, ese principio tan querido por la Tercera Vía, está muy bien, siempre que la parte de la seguridad no se nos olvide. La ﬂexibilidad es como el sexo: practicada con (red de) seguridad está bien, pero sin ella se convierte en un deporte de riesgo.

2 La focalización de las prestaciones, ese principio tan querido por la Tercera Vía, está muy bien, siempre que se acompañe de políticas basadas en la universalidad. La gente suele ser reacia a pagar por servicios de los que no puede beneﬁ ciarse, de manera que, para no terminar con un Estado del bienestar supereﬁciente pero raquítico —es decir, si se quiere evitar la paradoja de la redistribución—, conviene ofrecer servicios públicos a los que puedan acceder todas las familias, incluidas las que los sufragan con sus impuestos.

3 La inversión social, ese modelo de bienestar tan querido por la Tercera Vía, está muy bien, siempre que se acompañe de políticas orientadas a asegurar cierto bienestar. El Estado del bienestar debe invertir en la formación de capital humano, pero tiene que ofrecer también cierta seguridad económica en los periodos vitales en los que no somos capaces de obtener rentas de mercado. Las políticas activas y las pasivas son complementarias, no sustitutivas.

4 Las bajadas de impuestos, esa política tan querida por la Tercera Vía, no están bien, nunca.

—

Entre 31 y 34 círculos: Maestro Yoda de la socialdemocracia

(Político más próximo: Rosa Luxemburgo)

—

Has tenido mucha paciencia conmigo, porque te sabes de memoria casi todo lo que se dice en este libro. En el colegio, eras el friki que apoyaba a la selección sueca en todas las competiciones, a pesar de que eso es una garantía de escasas satisfacciones, porque los suecos destacan más en lo del índice de Gini que en las pistas deportivas. Seguramente viste toda la ﬁ lmografía de Ingmar Bergman antes de los 13 años y te fuiste de Erasmus a Estocolmo. Quieres llamar Olof a tu hijo como homenaje al político socialdemócrata sueco Olof Palme, pero incluso algo tan bello como la socialdemocracia está sometido a restricciones: concretamente a la opinión de tu pareja.

—

Entre 35 y 40 círculos: ¡Eres el heredero de Olof Palme!

(Político más próximo: Olof Palme)

—

A alguien como tú es difícil explicarle nada acerca de la socialdemocracia, porque este libro deberías haberlo escrito tú. Así que te daré sólo un consejo: si algún día (¡albricias!) el Partido Socialdemócrata de tu país puede formar gobierno, procura tener desocupado tu teléfono. Tienes una gran responsabilidad y no debes eludirla.

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Agradecimientos

Como mi propia vida, el libro está escrito entre Madrid y San Sebastián. En Madrid he pasado mañanas y tardes enteras escribiendo en Abonavida, la cafetería que este último año se ha convertido en el salón de mi casa gracias a la amabilidad y el cariño de José, María y Sara.

En Madrid también conocí a Lola. No ha conseguido que las cafeterías y los bares dejen de ser nuestro salón, pero sí que deje de huir de casa para evitar cruzarme con la ansiedad que provoca la soledad no elegida. Ya nos mudaremos algún día a un piso con salón.

Las diﬁcultades de mi padre para leer alguno de mis artículos académicos me llevaron a pensar en escribir un libro para un público ajeno a la Rawlsología. Aunque en realidad, como muchos de vosotros, siempre había querido escribir un libro para dedicárselo a una persona en particular. El mío es para el aita.

Glosario de términos

Anarcocapitalismo (o anarquismo de libre mercado). Corriente ﬁlosóﬁco-política que promueve la eliminación del Estado en favor de la soberanía del individuo (selfownership), el libre mercado y la propiedad privada.

Consenso socialdemócrata. Visión de la política económica dominante desde el ﬁnal de la Segunda Guerra Mundial hasta ﬁnales de la década de 1970, aproximadamente, basada en la aﬁrmación de un modelo de economía mixta, la macroeconomía keynesiana (o de demanda) y un Estado del bienestar robusto.

Distribución funcional (o factorial) de la renta. Reparto del valor añadido bruto entre los factores típicos de la producción: trabajo, capital y recursos naturales.

Distribución. Modo en que se asigna la renta (o la riqueza) entre una población.

Distribución personal de la renta. Reparto de la renta entre los hogares.

Keynesianismo. Corriente económica que deﬁende la intervención estatal en los mercados, en el entendimiento de que estos son incapaces, por sí solos, de resolver todos los problemas de la economía.

Predistribución. Conjunto de medidas que afectan la distribución primaria de los ingresos con el objetivo de que el Estado tenga que intervenir lo menos posible en la corrección posterior de los resultados más desiguales del mercado. Un ejemplo es el papel regulador del Estado, ya que modiﬁcar el marco regulatorio en que ocurren los intercambios del mercado suele alterar la distribución primaria de la renta (el precio de los bienes y factores que se intercambian en el mercado).

Progresividad tributaria. En el ámbito ﬁscal, un tributo es regresivo cuando el tipo impositivo aumenta en relación con la capacidad económica del contribuyente.

Redistribución. Toda modiﬁcación, típicamente a través de la intervención estatal mediante los mecanismos de impuestos y transferencias, en la distribución inicial o primaria de la renta.

Regresividad tributaria. En el ámbito ﬁscal, un tributo es regresivo cuando el tipo impositivo aumenta a medida que disminuyen los ingresos del contribuyente.

Rentas primarias (o de mercado). Comprenden las rentas salariales y las rentas de la propiedad (dividendos, intereses e ingresos por alquiler, fundamentalmente).

Rentas secundarias. Se dividen en dos tipos: renta disponible de los hogares (rentas primarias de un hogar + las transferencias en efectivo del Estado – los impuestos directos) y renta disponible extendida (renta disponible de los hogares + las transferencias en especie o servicios públicos).

Socioliberalismo. Corriente ﬁlosóﬁco-política que deﬁende la disminución de la intervención estatal en la regulación de los mercados (el Estado debe facilitar el libre funcionamiento del mercado, en tanto que fuente primaria del bienestar de los ciudadanos), pero aﬁrmando al mismo tiempo la necesidad de corregir (ex post) los resultados más desigualmente injustos del mercado.

Tipo impositivo. En un sistema tributario, tasa (normalmente expresada como un porcentaje) a la que se gravan las rentas empresariales o personales.

Transferencias sociales. Son de dos tipos: prestaciones monetarias o en efectivo (prestación por invalidez o desempleo, pensiones) y prestaciones en especie (educación y sanidad, por ejemplo).

Valor añadido bruto. Diferencia entre la producción de bienes y servicios de la economía y el total de los consumos intermedios utilizados en el conjunto de los procesos productivos.

Notas

INTRODUCCIÓN

1. «Rose Thou Art Sick», The Economist, 2 de abril de 2016. Disponible en: <https://www.economist.com/briefing/2016/04/02/rose-thou-art-sick>.

2. John Henley, «2017 and the Curious Demise of Europe’s Centre-Left», The Guardian, 29 de diciembre de 2017. Disponible en: <www.theguardian.com/politics/ng-interactive/2017/dec/29/2017-and-the-curious-demise-of-europes-centre-left>.

3. Véase Pippa Norris y Ronald Inglehart, Cultural Backlash: Trump, Brexit, and the Rise of Authoritarian-Populism, Nueva York, Cambridge University Press, 2018.

Si centramos el foco en Europa, y atendiendo a los resultados de las últimas elecciones nacionales, la ultraderecha autoritaria ha crecido un 12,6 % en Alemania (Alternativa para Alemania), un 13 % en Francia (Frente Nacional), un 17,4 % en Italia (Lega), un 17,6 % en Suecia (Demócratas Suecos), un 18 % en Finlandia (Verdaderos Finlandeses), un 19 % en Hungría (Jobbik), un 26 % en Austria (Partido de la Libertad) y un 29 % en Suiza (Partido Popular Suizo).

4. Mark Lilla, El regreso liberal. Más allá de la política de la identidad, trad. de Daniel Gascón, Barcelona, Debate, 2018.

5. Héctor Illueca, Manuel Monereo y Julio Anguita, «¿Fascismo en Italia? Decreto dignidad», Cuarto Poder, 5 de septiembre de 2018. Disponible en: <www.cuartopoder.es/ideas/2018/09/05/fascismo-en-italia-decreto-dignidad>.

6. Branko Milanović, «Will Social Democracy Return? A Review of Offer and Söderberg», Global Inequality, 31 de octubre de 2016. Disponible en: <glineq.blogspot.com/2016/10/will-social-democracy-return-review-of.html>.

7. Dani Rodrik, The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy, Nueva York, W. W. Norton & Company, 2011. (Hay ed. esp.: La paradoja de la globalización. La democracia y el futuro de la economía mundial, trad. de María Dolores Crispín Sanchís, Barcelona, Antoni Bosch, 2011.)

8. August Bebel, Aus meinem Leben, parte 2, Stuttgart, 1911. Consultado en su traducción al inglés, disponible en: <www.marxists.org/archive/marx/works/1875/letters/75_03_18.htm> (última consulta: 03/01/2019).

9. Agradezco a Manuel Aguilar Hendrickson sus observaciones en este punto, algunas de las cuales están incorporadas al texto de forma casi literal.

10. Michael Young, «Down with Meritocracy», The Guardian, 29 de junio de 2001; disponible en: <www.theguardian.com/politics/2001/jun/29/comment>. Véase también The Rise of Meritocracy 1870-2033, Londres, Thames & Hudson, 1958. (Hay ed. esp.: El triunfo de la meritocracia 1870-2033. Ensayo sobre la educación y la igualdad, Madrid, Tecnos, 1964).

11. Karl Marx, Crítica del Programa de Gotha, Moscú, Progreso, 2009.

12. José Antonio Noguera, «Predistribución: ¿De qué hablamos, y por qué?», El País, blog Alternativas, 22 de julio de 2015. Disponible en: <blogs.elpais.com/alternativas/2015/07/predistribución-de-qué-hablamos-y-por-qué.html>.

13. Rodrik, ob. cit.

14. José Fernández-Albertos, «Redistribución y predistribución (II)», eldiario.es, blog Agenda Pública, 31 de octubre de 2012. Disponible en: <www.eldiario.es/agendapublica/blog/Redistribucion-Predistribucion-Parte-II_6_64103592.html>.

1. JUSTICIA SOCIAL: UN ÉXITO SOCIALDEMÓCRATA

1. Samuel Fleischacker, A Short History of Distributive Justice, Cambridge, Harvard University Press, 2004, p. 7; cit. en Ben Jackson, «Social Democracy», p. 359, en M. Freeden, L. T. Sargent y M. Stears (eds.), The Oxford Handbook of Political Ideologies, Oxford, Oxford University Press, 2013, pp. 348-364.

2. Aristóteles, Ética a Nicómaco, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1989, p. 1280a.

3. «Existe una tendencia para el sentido común de suponer que las rentas y la riqueza, y las cosas buenas de la vida en general, deberían distribuirse de acuerdo con el mérito moral [...]. La justicia como equidad rechaza esta concepción» (John Rawls, A Theory of Justice. Revised Edition, Cambridge, Harvard University Press, 1999, p. 273; la traducción es mía).

4. Murray N. Rothbard, «The Myth of Neutral Taxation», en The Logic of Action Two: Applications and Criticism from the Austrian School, Cheltenham, Edward Elgar, 1997, p. 56.

5. En el anarcocapitalismo deontológico de Nozick no solo no hay hueco para las cuestiones de justicia distributiva, sino que tampoco lo hay para las consideraciones económicas. Nozick no muestra ningún interés, por ejemplo, en la preocupación utilitarista de que los recursos se asignen de forma paretianamente óptima.

6. Rodrik, op. cit.

7. Thandika Mkandawire, «Targeting and Universalism in Poverty Reduction», Social Policy and Development Programme Paper No. 23, United Nations Research Institute for Social Development, 2005.

8. Ben Jackson, «Social Democracy», en M. Freeden, ob. cit., pp. 348-364.

9. Eduard Bernstein, The Preconditions of Socialism, Cambridge, Cambridge University Press, 1993 (1899), p. 147. Cit. en B. Jackson, ob. cit.

10. Ronald Dworkin, Sovereign Virtue. The Theory and Practice of Equality, Cambridge, Harvard University Press, 2000, p. 7.

11. Sobre el papel de la suerte en las teorías de la justicia contemporáneas (y, en especial, en las teorías de Rawls, Dworkin y el marxista Jerry Cohen), véase el excelente libro de Jahel Queralt Igualdad, suerte y justicia (Madrid, Marcial Pons, 2014).

12. Ronald Dworkin, Justice for Hedgehogs, Cambridge, Harvard University Press, 2013.

13. Un buen ejemplo de este tipo de igualitarismo de la responsabilidad es el libro de Erik Rakowski Equal Justice (Oxford, Clarendon Press, 1991). En él Rakowski lleva su versión responsabilista del igualitarismo hasta sus últimas consecuencias y aﬁrma, por ejemplo, que 1) una ambulancia debería darse media vuelta y no socorrer a los heridos de un accidente si conducían sin seguro, 2) el Estado haría bien no asumiendo los costes del tratamiento médico derivado de lesiones de bomberos y policías durante el ejercicio de su profesión, porque ejercer como bombero o policía es un ejemplo claro de suerte elegida, y 3) el Estado haría bien no atendiendo las reclamaciones de daños de las víctimas de desastres naturales «previsibles», porque «si un ciudadano [...] construye su casa en una llanura aluvial, o cerca de la falla de San Andrés [...], entonces el riesgo de inundaciones, terremotos o vientos devastadores es un riesgo que él ha decidido correr, en la medida en que esos riesgos podrían ser prácticamente eliminados viviendo en otro sitio» (ib., p. 79). Porque, claro, ¿quién no es catedrático de universidad, como Rakowski cuando escribió su libro, y cobra un buen sueldo que le permite pagarse una casa en cualquier otro sitio? Los pobres son pobres porque (debía de pensar Rakowski) toman decisiones estúpidas, como vivir en un cerro. Y claro, así les va. Si se hubieran comprado una casa en una urbanización exclusiva, otro gallo les cantaría...

14. En el mismo sentido, Marc Fleurbaey, Fairness, Responsibility, and Welfare, Oxford, Oxford University Press, 2008.

15. Pippa Norris, tuit con datos de la plataforma ParlGov, 19 de marzo de 2018. Disponible en: <twitter.com/PippaN15/status/975713802376306688> (última consulta: 24/05/2018).

2. EL PARAÍSO PERDIDO: EN BUSCA DE LOS SOSPECHOSOS HABITUALES

1. University of Pennsylvania, Openness at Current Prices for Spain, en Reserva Federal de San Luis. Disponible en: <fred.stlouisfed.org/series/OPENCPESA156NUPN> (última consulta: 07/ 01/2019).

2. Thomas Piketty y Emmanuel Saez, «Income Inequality in the United States, 1913-1998», Quarterly Journal of Economics, 118, 1 (2003), pp. 1-41. Disponible en: <eml.berkeley.edu/~saez/pikettyqje.pdf> (última consulta: 07/09/2019).

3. Edward Harris y Frank Sammartino, Trends in the Distribution of Household Income between 1979 and 2007, Congressional Budget Ofﬁce, Washington DC, 2011.

4. OECD Centre for Opportunity and Equality, «Income inequality remains high in the face of weak recovery», Income Inequality Update, noviembre de 2016. Disponible en: <www.oecd.org/social/OECD2016-Income-Inequality-Update.pdf>.

5. Claudia Goldin y Lawrence Katz, The Race Betweeen Education and Technology, Cambridge, Harvard University Press, 2010.

6. Claudia Goldin y Lawrence Katz, «Decreasing (and then Increasing) Inequality in America», en Finish Welch (ed.), The Causes and Consequences of Increasing Inequality, Chicago, Chicago University Press, pp. 37-82.

7. Véase Luis Ayala Cañón y Mercedes Sastre García, «Políticas redistributivas y desigualdad», Información Comercial Española, 837 (2007), pp. 117-138.

8. Miguel Artola, Luis E. Bauluz y Clara Martínez-Toledano, «Wealth in Spain, 1900-2014: A Country of Two Lands», WID. World Working Paper Series, mayo de 2018.

9. Luis Ayala Cañón y Mercedes Sastre, «Políticas...», ob. cit.

10. La muestra continua de vidas laborales (2015) incluye los datos del 4 % de toda la población adulta, aproximadamente, seleccionada al azar de entre quienes fueron aﬁliados o tuvieron algún tipo de prestación de la Seguridad Social durante el último año.

11. En este sentido, la economista de la Universidad de Alcalá de Henares observa que «[en el periodo 2007-2014] el [índice] S80/S20, que compara los ingresos del 20 por ciento más rico con los del 20 por ciento más pobre, ha pasado [...] de un 4,8 a un 6,6, un incremento de más de un 35 por cien» (véase Olga Cantó, «El tamaño de las políticas públicas importa... y mucho», Agenda Pública, 30 de enero de 2018).

12. Véase Daniel Fernández Kranz, «Los salarios en la recuperación Española», Cuadernos de Información Económica, 260 (2017), pp. 1-11. Agradezco a Gonzalo López Molina que me pusiera sobre la pista de ese excelente artículo y las muchas conversaciones (virtuales y presenciales) que hemos tenido sobre el funcionamiento del mercado laboral español. No habría escrito esta sección sin su ayuda. O mejor dicho, podría haberlo hecho, pero sería inﬁnitamente más pobre.

13. Branko Milanović, The Haves and the Have-Nots, Nueva York, Basic Books, 2010. (Hay ed. esp.: Los que tienen y los que no tienen. Una breve y singular historia de la desigualdad global, Madrid, Alianza, 2012).

14. Roy van der Weide y Branko Milanović, «Inequality is Bad for Growth of the Poor (but not for that of the Rich», Policy Research Working Paper Series, 6963, Banco Mundial, 2014.

15. Organización Mundial de la Salud (OMS), Closing the Gap in a Generation: Health Equity through Action on the Social Determinants of Health, Ginebra, OMS, 2008.

16. Christopher Ingraham, «14 Baltimore Neighborhoods Have Lower Life Expectancies than North Korea», The Washington Post, 30 de abril de 2015.

17. Michael Marmot y Ruth Bell, «Fair Society, Healthy Lives», Public Health, 126, 1 (2012), pp. S4-S10.

18. Miguel Requena, «El ascensor social. ¿Hasta qué punto una mejor educación garantiza una mejor posición social?», Barcelona, Observatorio Social de la Caixa, septiembre de 2016. Disponible en: <observatoriosociallacaixa.org/-/el-ascensor-social-hasta-que-punto-una-mejor-educacion-garantiza-una-mejor-posicion-social> (última consulta: 07/03/2018).

19. Larry Bartels, Unequal Democracy: The Political Economy of the New Gilded Age, Princeton University Press, Princeton, 2005; Martin Gilens, Afﬂuence and Inﬂuence: Economic Inequality and Political Power in America, Princeton University Press, Princeton, 2012.

20. Braulio Gómez y Manuel Trujillo, «Urnas vacías en los suburbios de las ciudades», Barcelona, Observatorio Social de la Caixa, diciembre de 2016 (disponible en: <observatoriosociallacaixa.org/-/urnas-vacias-suburbios-ciudades> (última consulta: 07/ 01/2019); Braulio Gómez y Manuel Trujillo, Los excluidos también pueden votar: Abstención y exclusión social en España», Madrid, Fundación Alternativas, documento de trabajo 169, 2011.

21. Peter Taylor-Gooby, «New Risks and Social Change», en P. Taylor-Gooby (ed.), New Risks, New Welfare: The Transformation of the European Welfare State, Oxford, Oxford University Press, 2004, pp. 1-29.

22. Friedrich Engels, The Condition of the Working-Class in England in 1844, trad. de Florence Kelley Wischnewtzky, Londres, George Allen & Unwin, 1943 (1844). (Hay ed. esp., disponible en: <marxists.org/espanol/m-e/1840s/situacion/situacion.doc>).

23. Robert C. Allen, «Engels’ Pause: Technical Change, Capital Accumulation, and Inequality in the British Industrial Revolution», Explorations in Economic History, 46, 4 (2009), pp. 418-435.

24. Gøsta Esping-Andersen, «Welfare States without Work: the Impasse of Labour Shedding and Familialism in Continental European Social Policy», en G. Esping-Andersen (ed.), Welfare States in Transition; National Adaptations in Global Economies, Sage, Londres, 1996, pp. 66-87. Cit. en Anton Hemerijck y Werner Eichhorst, Whatever Happened to the Bismarckian Welfare State? From Labor Shedding to Employment-Friendly Reforms, IZA Discussion Paper, 4085 (2009).

25. Terry Gregory, Anna Salomons y Ulrich Zierahn, «Racing With or Against the Machine? Evidence from Europe», ZEWCentre for European Economic Research Discussion Paper, 16-053 (2016). Disponible en: <papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2815469>.

26. Nicholas Bloom, Fatih Guvenen, Benjamin S. Smith, Jae Song y Till von Wachter, «Inequality and the Disappearing Large Firm Wage Premium», American Economic Association Papers and Proceedings, 2018. Disponible en: <www.aeaweb.org/conference/2018/preliminary/paper/y2Ak58AF> (última consulta: 28/07/2018).

27. Nicholas Bloom et al., «Inequality and the disappearing large ﬁrm wage premium», American Economic Association Papers and Proceedings, 2018. Disponible en: <www.aeaweb.org/conference/2018/preliminary/paper/y2Ak58AF>.

28. Piketty, El capital..., ob. cit., tabla 2.3.

29. Carole Pateman, The Sexual Contract, Palo Alto, Stanford University Press, 1988.

30. Samuel Bentolila, Juan José Dolado y Juan Francisco Jimeno, «Two-Tier Employment Protection Reforms: The Spanish Experience», CESifo DICE Report, 4 (2008), p. 2.

31. Ib., p. 3.

32. Ib., p. 6.

33. Engels, The Condition..., ob. cit.

34. Bentolila, «Two-Tier...», ob. cit., pp. 7 y ss.

35. Jean Tirole, «France Must Protect Workers, not Jobs», The Washington Post, 30 de noviembre de 2017. Disponible en: <www.washingtonpost.com/news/theworldpost/wp/2017/11/30/france-jobs/?utm_term=.f78b1fbcf1b0>.

36. OCDE, Preventing Ageing Unequally, París, OECD Publishing, 2017. Disponible en: <www.oecd-ilibrary.org/employment/preventing-ageing-unequally_9789264279087-en> (última consulta: 26/03/2018).

37. OCDE, Preventing Ageing Unequally (Issues Notes), París, OECD Publishing, 2017, p. 10. Disponible en: <www.oecd.org/els/soc/equal-ageing-2018-Issues-Notes.pdf> (última consulta: 26/ 03/2018).

38. OCDE, Preventing Ageing Unequally. How does Spain Compare?, París, OECD Publishing, 2017. Disponible en: <www.oecd.org/spain/PAU2017-ESP-En.pdf> (última consulta: 26/03/2018).

39. Borja Barragué y Gonzalo López Molina, «Capacidad redistributiva: el tamaño importa, pero el modelo también», Agenda Pública, 5 de junio de 2018.

40. Vicenç Navarro, El subdesarrollo social de España. Causas y consecuencias, Barcelona, Anagrama, 2006.

41. El acrónimo del grupo es TADS, Taking Age Discrimination Seriously. Aquí puedes consultar su blog: <tadsproject.wordpress.com> (fecha de última consulta 27/03/2018).

42. De nuevo, tengo que agradecerle a Gonzalo López Molina que me sugiriera esta explicación y además me enlazara la evidencia empírica sobre la que se sostiene la hipótesis.

43. Arnstein Aassve, Maria Iacovou y Letizia Mencarini, «Youth poverty and transition to adulthood in Europe», Demographic Research, vol. 15, n.º 2, 2006, pp. 21-50.

44. OCDE, Society at a Glance 2016. Social Indicators, París, OECD Publishing, 2016. Disponible en: <read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/society-at-a-glance-2016_9789264261488-en> (última consulta: 08/01/2019).

45. Anthony Downs, «An Economic Theory of Political Action in a Democracy», Journal of Political Economy, 65, 2 (1957), pp. 135-150.

46. Piketty, El capital..., ob. cit., p. 563.

47. Walter Scheidel, The Great Leveler: Violence and the History of Inequality from the Stone Age to the Twenty-First Century, Nueva Jersey, Princeton University Press, 2017.

48. Bruno Caprettini, Fabio Schmidt-Fischbach y Hans-Joachim Voth, «From Welfare to Warfare: New Deal Spending and Patriotism During World War II», CEPR Discussion Paper, 12807, 2018.

49. Mark Lilla, The Once and Future Liberal: After Identity Politics, Nueva York, Harper, 2017. (Hay ed. esp.: El regreso liberal. Más allá de la política de la identidad, trad. de Daniel Gascón, Barcelona, Debate, 2018.)

50. Friedrich Hayek, El espejismo de la justicia social, Madrid, Unión Editorial, 1988.

51. Ulrich Beck, Was ist Globalisierung? Irrtümer des Globalismus - Antworten auf Globalisierung, Frankfurt, Suhrkamp, 1997. (Hay ed. esp.: ¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización, trad. de B. Moreno y M. R. Borrás, Barcelona, Paidós, 1998.

52. Axel Dreher, «Does Globalization Affect Growth? Evidence from a New Index of Globalization?», Journal of Applied Economics, 38, 10 (2006), pp. 1091-1110. La globalización económica se divide en los ﬂujos (exportaciones e importaciones, inversión extranjera directa) y las barreras (barreras ocultas a las importaciones, aranceles); la globalización social se concreta en los datos sobre las conexiones entre personas (tráﬁco telefónico, turismo internacional), los ﬂujos de información (número de usuarios de internet, televisión) y la proximidad cultural (número de McDonald’s o Ikea por habitante); y la globalización política se plasma en el número de embajadas en el país y la participación en organizaciones y tratados internacionales.

53. J. D. Vance, Hillbilly Elegy. A Memoir of a Family and Culture in Crisis, Nueva York, Harper, 2016. La traducción es mía.

54. Iris Marion Young, Justice and the Politics of Difference, Nueva Jersey, Princeton University Press, 1990, pp. 8-9.

55. Sigo aquí, con algunas diferencias, más bien pequeñas, a Adam Swift, Political Philosophy. A Beginner’s Guide for Students and Politicians, Cambridge (UK), Polity, 2006, pp. 139-155.

56. En una versión más elaborada, este argumento se encuentra en Adam Swift, Political Philosophy. A Beginner’s Guide for Students and Politicians, Cambridge, Polity, 2006, pp. 122-129.

57. Peter Singer, “Is Marx Still Relevant?”, Project Syndicate, 1 de mayo de 2018. Disponible en: <www.project-syndicate.org/commentary/karl-marx-200th-birthday-by-peter-singer2018-05>.

58. Branko Milanović, «The Inﬂuence of Karl Marx–a Counterfactual», Global Inequality, 2 de mayo de 2018. Disponible en: <glineq.blogspot.com/2018/05/the-influence-of-karl-marxa.html>.

59. María Julia Bertomeu y Antoni Domènech, «El republicanismo y la crisis del rawlsianismo metodológico (Nota sobre método y sustancia normativa en el debate republicano)», Isegoría, 33 (2005), pp. 51-75.

60. Margaret Thatcher, The Path to Power, Harper Collins, 1995, p. 50; cit. en Christopher Allsobrook, «A Conservative Response to Piketty’s “Unthinkable” Top Rate Income Tax», en Camilla Boisen y Matthew Murray (eds.), Distributive Justice Debates in Political and Social Thought, Nueva York, Routledge, p. 148.

61. Entrevista concedida al diario El País, 16 de mayo de 2003. Disponible en: <elpais.com/diario/2003/05/16/portada/1053036106_850215.html> (última consulta: 24/07/2018).

62. Ignacio Urquizu, La crisis de la socialdemocracia, ¿qué crisis?, Madrid, Catarata, 2012.

63. James Traub, «It’s Time for the Elites to Rise Up Against the Ignorant Masses», Foreign Policy, 28 de junio de 2016. Disponible en: <foreignpolicy.com/2016/06/28/its-time-for-the-elites-to-rise-up-against-ignorant-masses-trump-2016-brexit>.

64. Shushanik Hakobyan y John McLaren, «Looking for Local Labor Market Effects of NAFTA», Review of Economics and Statistics, 98, 4 (2016), pp. 728-741.

65. Simona Iammarino, Andrés Rodríguez-Pose y Michael Storper, «Regional Inequality in Europe: Evidence, Theory and Policy Implications», CEPR Discussion Papers, 12481, 2018.

3. LA CAJA DE HERRAMIENTAS SOCIALDEMÓCRATA

1. Branko Milanović, «Europe’s Curse of Wealth», Global Inequality Blogspot, 31 de mayo de 2018. Disponible en: <glineq.blogspot.com/2018/05/europes-curse-of-wealth.html>.

2. Alberto Alesina et al., «Why Doesn’t the United States Have a European-Style Welfare State?», Brookings Paper on Economic Activity, 2, 2001, pp. 187-277.

3. Alberto Alesina et al., «Inmigration and Redistribution», National Bureau of Economic Research Working Papers, 24733, 2018. Disponible en: <http://www.antoniocasella.eu/nume/Alesina_June2018.pdf>.

4. Dani Rodrik, «In Defense of Economic Populism», Project Syndicate, 9 de enero de 2018.

5. Cf. José Emilio Boscá et al., «Financial and Fiscal Shocks in the Great Recession and Recovery of the Spanish Economy», Documentos de Trabajo de BBVA Research, 18/08, 2018.

6. Dani Rodrik, «El populismo en la economía es deseable», La Vanguardia, 3 de junio de 2018. Disponible en: <www.lavanguardia.com/economia/20180603/444025945499/dani-rodrik-populismo-cercle-economia.html>.

7. Borja Barragué y Gonzalo López Molina, «Capacidad redistributiva: el tamaño importa, pero el modelo también», Agenda Pública, 5 de junio de 2018. Disponible en: <agendapublica.elpais.com/capacidad-redistributiva-el-tamano-importa-pero-el-modelo-tambien>.

8. En noviembre de 2017, Donald Trump declaró lo siguiente: «Conozco a personas que tienen tres empleos y que viven puerta a puerta con una persona que no trabaja en absoluto. Y la persona que no trabaja en absoluto y ni siquiera tiene la intención de hacerlo está ganando más y le va mejor que a la persona que se está dejando el alma en el trabajo». Véase Jim Tankersley, «A “Main Street” Tax Speech Becomes a Trump Riff on the Rich», The New York Times, 29 de noviembre de 2017; disponible en: <www.nytimes.com/2017/11/29/us/politics/a-main-street-tax-speech-becomes-a-trump-riff-on-the-rich.html>.

9. Willem Adema, «Social Assistance Policy Development and the Provision of a Decent Level of Income in Selected OECD Countries», OECD Social Employment and Migration Papers, París, OCDE, 2006; cit. en Pau Marí-Klose y Marga Marí-Klose, «¿Cómo se reduce la pobreza en los países ricos? Políticas de aseguramiento, redistribución y asistencia social en el Estado de bienestar», en Eloísa del Pino y María Josefa Rubio Lara (dirs.), Los Estados de bienestar en la encrucijada, Madrid, Tecnos, 2013, pp. 405-435.

10. Michael McLaughlin y Mark R. Rank, «Estimating the Economic Cost of Childhood Poverty in the United States», Social Work Research, 42, 2 (2018), pp. 73-83. En un estudio publicado en 2007, se estimó que el coste de la pobreza infantil en Estados Unidos era aproximadamente del 4 % del PIB, repartido de la siguiente forma: a) 1,3 puntos del PIB debidos a la merma de la productividad, b) 1,3 puntos del PIB debidos a los comportamientos incívicos o delictivos, y c) 1,2 puntos debidos a costes sanitarios (véase Harry J. Holzer et al., The Economic Costs of Poverty in the United States: Subsequent Effects of Children Growing Up Poor, Washington DC, Center for American Progress, 2007).

11. Eric A. Hanushek y Ludger Woessmann, «Do Better Schools Lead to More Growth? Cognitive Skills, Economic Outcomes, and Causation», Journal of Economic Growth, 17, 4 (2012), pp. 267-321.

12. James Heckman, «Skill Formation and the Economics of Investing in Disadvantaged Children», Science, 312, 5782 (2006), pp. 1900-1902.

13. Véanse Art Rolnick y Rob Grunewald, «Early Childhood Development: Economic Development with a High Public Return», The Region, 17, 4 (2003), pp. 6-12; y Clive Belﬁeld et al., «The High/Scope Perry Preschool Program: Cost-Beneﬁt Analysis Using Data from the Age-40 Follow-Up», Journal of Human Resources, 41, 1 (2006), pp. 162-190.

14. Philipp Rehm y Anne Wren, «Service Expansion, International Exposure, and Political Preferences», en Anne Wren (ed.), The Political Economy of the Service Transition, Oxford, Oxford University Press, pp. 248-282.

15. Anne Wren, «The Political Economy of the Service Transition. New Political Coalitions for the Predistributive Strategies», en Claudia Chwalisz y Patrick Diamond (eds.), The Predistribution Agenda: Tacking Inequality and Supporting Sustainable Growth, Londres, I. B. Tauris, 2015, pp. 223-235.

16. Torben Iversen y Frances Rosenbluth, Women, Work, and Politics: The Political Economy of Gender Inequality, New Haven, Yale University Press, 2010; y Torben Iversen y Frances Rosenbluth, «The Political Economy of Gender: Explaining Cross-National Variation in the Gender Division of Labor and the Gender Voting Gap», American Journal of Political Science, 50, 1 (2006), pp. 1-19.

17. Este argumento se lo debo a Eloísa del Pino, que me lo sugirió por comunicación personal.

18. Jacob S. Hacker, «The Institutional Foundation of Middle-Class Democracy», Policy Network, 6 de mayo de 2011 (disponible en: <www.policy-network.net/pno_detail.aspx?ID=3998&title=The+institutional+foundations+of+middle-class+democracy>); y del mismo autor, «The Promise of Predistribution», introducción a Chwalisz y Diamond, The Predistribution..., ob. cit.

19. Jacob Hacker y Paul Pierson, Winner-Take-All Politics: How Washington Made the Rich Richer -and Turned Its Back on the Middle Class, Nueva York, Simon & Schuster, 2010.

20. Jacob Hacker, «The Free Market Fantasy», Policy Network, 23 de abril de 2014. Disponible en: <www.cedro.orgwww.policy-network.net/pno_detail.aspx?ID=4628&title=The+free+market+fantasy>.

21. David Osborne y Ted Gaebler, Reinventing Government: How the Entrepeneurial Spirit is Transforming the Public Sector, Nueva York, Basic Books, 1992. (Hay ed. esp.: La reinvención del gobierno. La inﬂuencia del espíritu empresarial, trad. de M. A. Galmarini y F. Pardo, Barcelona, Paidós, 1994.)

22. Mariana Mazzucato, The Entrepreneurial State: Debunking Public Vs. Private Sector Myths, Londres, Anthem Press, 2013.

23. Federation of American Societies for Experimental Biology (FASEB), «The Beneﬁts of Medical Research and the Role of the NIH», US17 de mayo de 2000. Disponible en: <http://www.faseb.org/portals/2/pdfs/opa/2008/nih_research_benefits.pdf> (última consulta: 20/06/2018).

24. Estas ideas son desarrollo de Borja Barragué, «El igualitarismo predistributivo: teoría y práctica», en Joseba Zalakain y Borja Barragué (coords.), Repensar las políticas sociales: predistribución e inversión social, Madrid, Grupo 5, 2017, pp. 137-161.

25. Véase sobre la misma cuestión el excelente análisis de José Antonio Noguera («Predistribución...», ob. cit.).

26. Suresh Naidu et al., «More and More Companies Have Monopoly Power over Workers’ Wages. That’s Killing the Economy», Vox, 6 de abril de 2018. Disponible en: <https://www.vox.com/the-big-idea/2018/4/6/17204808/wages-employers-workersmonopsony-growth-stagnation-inequality>.

27. Karl Marx, Crítica del Programa de Gotha, Moscú, Progreso, 2009 (1875).

28. Ídem.

29. Axel Honneth, The Idea of Socialism, Cambridge, Polity Press, 2017, p. 6. (Primera edición en alemán, Die Idee des Sozialismus. Versuch einer Aktualisierung, Berlín, Suhrkamp, 2015; hay ed. esp.: La idea del socialismo. Una tentativa de actualización, trad. de Graciela Calderón, Madrid, Katz, 2017.)

30. Allen, «Engels’ pause...», ob. cit., p. 1.

31. La explicación que ofrece Allen es, de hecho, que esa desproporcionada concentración de los beneﬁcios en manos capitalistas fue lo que permitió la acumulación del capital necesaria para sostener la Revolución Industrial, la cual, a su vez, hizo posible esa mejora histórica de los salarios y, en consecuencia, del nivel de vida de los trabajadores.

32. Karl Marx, Manuscritos de economía y ﬁlosofía, Madrid, Alianza, 2013 (1844).

33. Karl Marx y Friedrich Engels, La ideología alemana, trad. de W. Roces, Montevideo, Pueblos Unidos, 1959 (1845-1846).

34. Honneth, ob. cit., pp. 18-22.

35. Simon Kuznets, «Economic Growth and Economic Inequality», American Economic Review, 45, 1 (1955), pp. 1-28.

36. Ídem, p. 18.

37. Branko Milanović, Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization, Cambridge, Harvard University Press, 2016, p. 53 y ss.

38. Nicholas Kaldor, «Capital Accumulation and Economic Growth», en F. A. Lutz y D. Hague (eds.), The Theory of Capital, Londres, Palgrave MacMillan, 1961, pp. 177-222.

39. Mai Chi Dao et al., «Why Is Labor Receiving a Smaller Share of Global Income? Theory and Empirical Evidence», IMF Working Papers, 17/169, 2017 (disponible en: <www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2017/07/24/Why-Is-Labor-Receiving-a-Smaller-Share-of-Global-Income-Theory-and-Empirical-Evidence-45102>); Francisco Rodríguez y Arjun Jayadev, «The Declining Labor Share of Income», Journal of Globalization and Development, 3, 2 (2012), pp. 1-18.

40. Gregory S. Clark, A Farewell to Alms: A Brief Economic History of the World, Nueva Jersey, Princeton University Press, 2007; Angus Deaton, The Great Scape: Health, Wealth, and the Origins of Inequality, Nueva Jersey, Princeton University Press, 2013; Steven Pinker, Enlightenment Now: The Case for Reason, Science, Humanism, and Progress, Nueva York, Penguin, 2018 (hay ed. esp.: En defensa de la Ilustración. Por la razón, la ciencia, el humanismo y el progreso, trad. de Pablo Hermida Lazcano, Barcelona, Paidós, 2018).

41. Miles Corak, «Income Inequality, Equality of Opportunity, and Intergenerational Mobility», Journal of Economic Perspectives, 27, 3 (2013), pp. 79-102.

42. Emmanuel Saez y Gabriel Zucman, «Wealth Inequality in the United States since 1913: Evidence from Capitalized Income Data», National Bureau of Economic Research Working Paper, 20625, 2014. Disponible en: <www.nber.org/papers/w20625.pdf>.

43. Lidia Brun, «Impuesto de sucesiones: una herramienta esencia para combatir la desigualdad», Agenda Pública, 4 de febrero de 2018. Disponible en: <agendapublica.elpais.com/impuesto-sucesiones-una-herramienta-esencial-combatir-la-desigualdad>.

44. Con algunas diferencias, esta es la explicación que ofrecen Raghu Rajan (Fault Lines: How Hidden Fractures Still Threaten the World Economy, Nueva Jersey, Princeton University Press, 2011) y Milanović (The Haves..., ob. cit.).

45. Milanović, The Haves..., ob. cit.

46. Anna Zabai, «Household Debt: Recent Developments and Challenges», BIS Quarterly Review, 2017, pp. 39-54.

47. Michael Kumhof et al., «Inequality, Leverage, and Crises», 105, 3 (2015), pp. 1217-1245.

48. Milanović, Global Inequality, ob. cit.

49. Branko Milanović, «Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization», presentación realizada el 1 de mayo de 2016. Disponible en: <piie.com/system/files/documents/milanovic20160509ppt.pdf> (última consulta: 24/07/2018).

50. Yonathan Wolff, «The Message of Redistribution: Disadvantage, Public Policy and the Human Good», Catalyst Working Paper, Londres, Catalyst, 2003.

51. Lane Kenworthy, «What’s Wrong with Predistribution», Juncture, 20, 2 (2013), pp. 111-117.

52. Dao et al., «Why Is Labor...», ob. cit.

53. Manuel Alejandro Hidalgo, «El tempo del cambio tecnológico», Voz Pópuli, 2 de julio de 2018. Disponible en: <www.vozpopuli.com/opinion/tempo-cambio-tecnologico_0_1150085045.html>.

54. Robert J. Gordon, The Rise and Fall of American Growth, Nueva Jersey, Princeton University Press, 2016.

55. Henry S. Farber et al., «Unions and Inequality Over the Twentieth Century: New Evidence from Survey Data», National Bureau of Economic Research Working Paper, 24587, 2018. Disponible en: <tuvalu.santafe.edu/~snaidu/papers/union_sub3.pdf>.

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59. Brindusa Anghel et al., «La desigualdad de la renta, el consumo y la riqueza en España», Documentos Ocasionales del Banco de España, 6 (2018), pp. 1-49.

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62. Clara Martínez-Toledano, «Wealth Inequality in Spain (1984-2013)», Quaderni Premio «Giorgio Rota», 5 (2017), pp. 81-120.

63. Gabriel Zucman, The Hidden Wealth of Nations. The Scourge of Tax Havens, Chicago, University of Chicago Press, 2013. (Hay ed. esp.: La riqueza oculta de las naciones. Investigación sobre los paraísos ﬁscales, trad. de Rosa Bertran Alcázar, Barcelona, Pasado & Presente, 2014.)

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65. Sobre los efectos indeseados de la eliminación de los paraísos ﬁscales, véase Juan Carlos Suárez Serrato, «Unintended Consequences of Eliminating Tax Havens», National Bureau of Economic Research Working Paper, 24850, 2018. Disponible en: <www.jcsuarez.com/Files/Suarez_Serrato_UCETH.pdf>.

66. Federico Díez et al., «Global Market Power and its Macroeconomic Implications», IMF Working Paper, 137, 2018. Disponible en: <www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2018/06/15/Global-Market-Power-and-its-Macroeconomic-Implications-45975>.

67. Joe Guinan y Martin O’Neill, «The Institutional Turn: Labour’s New Political Economy», Renewal, 26, 2 (2018). Disponible en: <renewal.org.uk/articles/the-institutional-turn-labours-new-political-economy>.

68. Honneth, ob. cit., pp. 6 y ss.

69. Hazel Shefﬁeld, «The Preston Model: UK Takes Lessons in Recovery from Rust-Belt Cleveland», The Guardian, 11 de abril de 2017 (disponible en: <www.theguardian.com/cities/2017/apr/11/preston-cleveland-model-lessons-recovery-rust-belt>); Julian Manley, «Local Democracy with Attitude: the Preston Model and How it Can Reduce Inequality», The London School of Economics and Political Science Blog, 23 de noviembre de 2017 (disponible en: <blogs.lse.ac.uk/politicsandpolicy/local-democracy-with-attitude-the-preston-model>).

70. Thomas Ferretti, «Predistribución y organizaciones igualitarias: ¿qué es una concepción predistributiva de la organización del trabajo?», en Zalakain y Barragué (eds.), Repensar..., ob. cit., pp. 185-207.

71. Amanda Mars, «Detroit, año cero», El País, 15 de marzo de 2015. Disponible en: <www.theguardian.com/commentisfree/2018/jan/31/preston-hit-rock-bottom-took-back-control>.

72. Aditya Chakrabortty, «In 2011 Preston Hit Rock Bottom. Then It Took Back Control», The Guardian, 31 de enero de 2018. Disponible en: <www.theguardian.com/commentisfree/2018/jan/31/preston-hit-rock-bottom-took-back-control>.

73. Centre for Local Economic Strategies, «Local Procurement: Making the Most of Small Business, One Year on: Scotland Report», 2013. Disponible en: <www.fsb.org.uk/docs/default-source/Publications/reports/publi_spec_scotprocure_july2013(1).pdf?sfvrsn=1> (última consulta: 24/07/2018).

74. Thomas M. Hanna et al., «The “Preston Model” and the Modern Politics Of Municipal Socialism», openDemocracy, 12 de junio de 2018. Disponible en: <www.opendemocracy.net/neweconomics/preston-model-modern-politics-municipal-socialism>.

75. José Carlos Fariñas y Elena Huergo, «Demografía empresarial en España: tendencias y regularidades», Estudios sobre la Economía Española de FEDEA, 24, 2015. Disponible en: <fedea.net/demografia-empresarial-en-espana-tendencias-y-regularidades/>.

76. Emilio Huertas Arribas y Vicente Salas Fumás, «Tamaño y productividad de la empresa española», europeG Policy Brief, 12, 2017. Disponible en: <www.europeg.com/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=1&Itemid=77&lang=es>.

77. E. F. Schumacher, Small Is Beautiful: A Study of Economics As If People Mattered, Harper Perennial, Nueva York, 2010.

78. Richard Arneson, «Egalitarianism», The Stanford Encyclopedia of Philosophy, verano de 2013. Disponible en: <plato.stanford.edu/entries/egalitarianism> (última consulta: 17/07/2018).

79. Anderson, «What Is...», ob. cit.

80. Philippe van Parijs y Yannick Vanderborght, Basic Income: A Radical Proposal for a Free Society and a Sane Economy, Cambridge, Harvard University Press, 2017, p. 57.

81. Ídem.

82. Thomas Malthus, An Essay on the Principle of Population, vol. 2, 1826 (6.ª ed.). Disponible en: <lf-oll.s3.amazonaws.com/titles/1945/Malthus_0093.02_EBk_v6.0.pdf> (última consulta: 18/ 07/2018; la traducción es mía).

83. Ignacio Sánchez-Cuenca, La superioridad moral de la izquierda, Madrid, Lengua de Trapo, 2018.

84. Van Parijs y Vanderborght, Basic..., ob. cit.

85. David Walsh et al., «It’s not “Just Deprivation”: Why Do Equally Deprived UK Cities Experience Different Health Outcomes?», Public Health, 124, 9 (2010), pp. 487-495.

86. José Fernández-Albertos, Anti-sistema. Desigualdad económica y precariado político, Madrid, Catarata, 2018.

87. Guy Standing, The Precariat: The New Dangerous Class, Nueva York, Bloomsbury, 2011.

88. Fernández-Albertos, Anti-sistema, ob. cit., pp. 54 -55.

89. Roberto S. Foan y Yascha Mounk, «The Danger of Deconsolidation: The Democratic Disconnect», Journal of Democracy, 27, 3 (2016), pp. 5-17. Disponible en: <http://www.journalofdemocracy.org/sites/default/files/Foa%26Mounk-27-3.pdf>.

90. Lo mismo parece ocurrir con las clases trabajadoras. La encuesta mundial permite distinguir por grupos ocupacionales lo «esencial» que es para la gente vivir en una democracia. Guillem Vidal argumenta, en un tuit publicado en julio de 2018, que las clases trabajadoras consideran la democracia menos esencial que otros grupos (disponible en: <twitter.com/guillemvidal_/status/1021652199422783488>; última consulta: 08/01/2019)

91. Ib., p. 6.

92. OCDE, «Basic income as a policy option: Can it add up?», Policy Brief on The Future of Work, París, OECD Publishing, 2017.

93. Van Parijs y Vanderborght, Basic..., ob. cit., p. 104.

94. Philippe van Parijs, Real Freedom for All: What (If Anything) Can Justify Capitalism?, Oxford, Oxford University Press, 1995, p. 101.

95. Thomas Paine, Rights of Man, Common Sense and other Political Writings, Oxford, Oxford University Press, 1995 [1797].

96. Van Parijs y Vanderborght, Basic..., ob. cit., pp. 93-95.

97. Sovereign Wealth Fund Institute, Fund Rankings. Disponible en: <www.swﬁnstitute.org/fund-rankings> (última consulta: 07/01/2019).

98. Antti Halmetoja et al., «A Policy Comet in Moominland? Basic Income in the Finnish Welfare State», Social Policy and Society, 2018, pp. 1-12 (1.ª versión). Disponible en: <www.cambridge.org/core/journals/social-policy-and-society/article/policy-comet-in-moominland-basic-income-in-the-ﬁnnish-welfare-state/570101C392B746594175C1DD88F85B35> (última consulta: 28/07/2018).

99. Damon Jones y Ioana Marinescu, «The Labor Market Impacts of Universal and Permanent Cash Transfers: Evidence from the Alaska Permanent Fund», National Bureau of Economic Research Working Paper, 24312, 2018. Disponible en: <home.uchicago.edu/~j1s/Jones_Alaska.pdf>.

100. Ib., p. 3.

101. Van Parijs y Vanderborght, Basic..., ob. cit., p. 105.

102. Ib., p. 11.

103. Charles Murray, In Our Hands: A Plan to Replace the Welfare State, Washington DC, American Enterprise Institute, 2006; Matt Zwolinski, «The Pragmatic Libertarian Case for a Basic Income Guarantee», Cato Unbound: A Journal of Debate, 2014 (disponible en: <www.cato-unbound.org/2014/08/04/matt-zwolinski/pragmatic-libertarian-case-basic-income-guarantee> (última consulta: 20/ 07/2017).

104. Jordi Arcarons, Daniel Raventós y Lluís Torrens, Renta básica incondicional. Una propuesta de ﬁnanciación racional y justa, Barcelona, Ediciones del Serbal, 2017.

105. Jaume Viñas, «Quién ganaría y quién perdería con una renta básica universal», Cinco Días, 22 de enero de 2018. Disponible en: <cincodias.elpais.com/cincodias/2018/01/19/midinero/1516383372_472902.html>.

106. Rory Fitzgerald, «Survey Reveals Young People More Likely to Support Universal Basic Income, but It’s not a Left-Right Thing», The Conversation, 17 de noviembre de 2017. Disponible en: <theconversation.com/survey-reveals-young-people-more-likely-to-support-universal-basic-income-but-its-not-a-left-right-thing-87554>.

107. Borja Barragué y César Martínez Sánchez, «La renta básica en la agenda de Podemos: ¿cuestión de viabilidad política o de viabilidad ﬁnanciera?», Icade: Revista de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, 99 (2016), pp. 159-183.

108. Eurostat, Living Conditions in Europe: 2018 Edition, Luxemburgo, Eurostat, 2018.

109. Piketty, El capital..., ob. cit., p. 507.

110. Spencer Bastani y Daniel Waldenström, «How Should Capital Be Taxed? Theory and Evidence from Sweden», IZA Discussion Paper Series, 11475, 2018. Disponible en: <http://www.uueconomics.se/danielw/Research_files/BastaniWaldenstrom_Capitaltaxation.pdf>.

111. Anthony Atkinson y Joseph Stiglitz, «The Design of Tax Structure: Direct Versus Indirect Taxation», Journal of Public Economics, 6, 1-2 (1976), pp. 55-75.

112. David Kamin, «Taxing Capital: Paths to a Fairer and Broader U.S. Tax System”», Equitable Growth, 2016 (disponible en: <equitablegrowth.org/wp-content/uploads/2016/08/081016-kamin-taxing-capital.pdf>; última consulta: 21/07/2018); Emmanuel Saez y Stefanie Stantcheva, «A Simpler Theory of Optimal Capital Taxation”», Journal of Public Economics, 162 (2018), pp. 120-142.

113. Libertad González, «The Effect of a Universal Child Beneﬁt on Conceptions, Abortions, and Early Maternal Labor Supply», American Economic Journal: Economic Policy, 5, 2 (2013), pp. 160-188.

114. Walter Korpi y Joakim Palme, «The Paradox of Redistribution and Strategies of Quality: Welfare State Institutions, Inequality, and Poverty in the Western Countries», America Sociological Review, 63, 5 (1998), pp. 661-687.

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116. Olivier Bargain, Herwig Immervoll y Heikki Viitamäki, «No Claim, No Pain: Measuring the Non-Take-Up of Social Assistance Using Register Data», IZA Discussion Paper, 5355, 2010. Disponible en: <ftp.iza.org/dp5355.pdf> (última consulta: 25/03/ 2018).

117. Cf. Björn Gustafsson, «Assessing Non-Use of Social Assistance», European Journal for Social Work, 5, 2 (2002), pp. 149-158 y R. Riphahn, «Rational Poverty or Poor Rationality? The Take-Up of Social Assistance Beneﬁts», Review of Income and Wealth, 47, 3 (2003), pp. 379-398; ambos citados en Bargain et al., ob. cit.

118. Theda Skocpol, «Targeting within Universalism: Politically Viable Policies to Combat Poverty in the United States», en C. Jencks y P. E. Peterson (eds.), The Urban Underclass, Washington DC, The Brookings Institution, 1991, pp. 437-459.

119. OCDE, Preventing Ageing Unequally. How does Spain Compare?, ob. cit.

120. Borja Barragué, «La garantía de ingresos en la agenda socialdemócrata», en Eloísa del Pino (ed.), Socialdemocracia y Estado del bienestar, Zarautz, Fundación Mario Onaindia, 2017, pp. 83-93.

121. Patrick Butler, «Universal Credit Reduced to Cost-Cutting Exercise by Treasury, Say Experts», The Guardian, 3 de mayo de 2016. Disponible en: <www.theguardian.com/society/2016/may/03/universal-credit-cost-cutting-treasury-beneﬁt-reform-resolution>.

122. José Antonio Noguera, «La nueva generación de rentas mínimas: ¿hacia una renta garantizada?», Agenda Pública, 29 de abril de 2018. Disponible en: <agendapublica.elpais.com/la-nueva-generacion-de-rentas-minimas-hacia-una-renta-garantizada>.

4. LA PAUSA DE TRUMP

1. William Galston, «The Rise of European Populism and the Collapse of the Center-Left», Brookings, 8 de marzo de 2018. Disponible en: <www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2018/03/08/the-rise-of-european-populism-and-the-collapse-of-the-center-left> (última consulta: 27/07/2018).

Larga vida a la socialdemocracia

Borja Barragué

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Primera edición en libro electrónico (epub): abril de 2019

ISBN: 978-84-344-3101-0 (epub)

Conversión a libro electrónico: Newcomlab, S. L. L.

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