La ultima trinchera

UN RETRATO INEDITO DE LOS JUECES QUE PROTAGONIZAN LA ACTUALIDAD DE NUESTRO PAIS

JAVIER ALVAREZ | LUIS FERNANDO RODRIGUEZ

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Biografia del autor

Javier Álvarez (Madrid, 1960) estudió periodismo en la Universidad Complutense de Madrid e inició sus primeras colaboraciones en Diario 16. Trabajó en la primera plantilla de los servicios informativos de la radio autonómica Onda Madrid hasta 1990 cuando le fichó la Cadena SER. Desde entonces se especializó en la información del ámbito jurídico, siendo en la actualidad redactor jefe de Tribunales e Interior de la cadena. En 2004 fue premio Ondas al trabajo colectivo de radio por el tratamiento informativo de los atentados islamistas del 11 de marzo de ese año.

Luis Fernando Rodríguez (Madrid, 1963) es licenciado en Periodismo por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid y diplomado en gestión de redes sociales por el Instituto de Formación Empresarial de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid. Fue redactor en la revista Derechos Humanos,editada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDH); después en la agencia de noticias Servimedia, propiedad de la Fundación ONCE, y en la agencia de noticias Colpisa, del Grupo Vocento, donde llegó a ser redactor jefe y subdirector. En 2011 trabajó para el Consejo General del Poder Judicial como asesor de comunicación. Actualmente compagina la colaboración periodística en distintos medios sobre temas judiciales con labores de consultor de comunicación para diferentes instituciones públicas, bufetes jurídicos y empresas.

A Pepa, Carlos y Marta

Para Arantza

CUESTIONES PREVIAS

Sapere aude.

I

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a expresión juez estrella nació como un insulto. A finales de los años ochenta del pasado siglo, algunos magistrados alcanzaron fama, pero no por su rutilante labor instructora ni por la publicidad alcanzada por los mediáticos asuntos investigados. Ciertos poderes políticos y económicos, y sus medios de comunicación afines, endosaron ese apelativo a determinados instructores a los que quisieron presentar ante la opinión pública como ansiosos por obtener fama y notoriedad, para lo que según esa versión recurrían a agigantar el contenido de sumarios que, en opinión de los investigados, carecían de materia penal que investigar. Fueron procesos que, pasados los años, acabaron en sonadas condenas.

Baltasar Garzón fue el primero en ser etiquetado con ese sambenito. El juez guarda un recuerdo desigual. No olvida el periódico que se lo dedicó por primera vez, «uno de los de la caverna mediática», pero dice ser incapaz de precisar «si fue en la época del caso GAL o antes, cuando la investigación del caso Nécora». Y no duda que fue un insulto: «Por su propio contenido debería ser un término amable, pero fue lo contrario, tuvo desde el principio un carácter intencionadamente peyorativo manejado por quienes se sentían incómodos por las investigaciones que se hacían en el Audiencia Nacional; y no tanto por mí, que es al primero que se le aplica, sino en general. No es un término que surja de un interés por potenciar el trabajo que se estaba haciendo, sino por la preocupación ante ese trabajo y por eso se inicia una línea que busca el desprestigio, queriendo significar que los jueces pretenden más la presencia mediática que cumplir con su trabajo».

El método es de sobra conocido. Primero se siembran dos o tres sospechas sobre los supuestos motivos ocultos del juez molesto. Las declaraciones críticas debidamente amplificadas de algunos de los personajes investigados son un buen abono. Luego conviene regarlo todo con un par de editoriales contundentes e incluso con algún artículo en el que un conocido experto en la materia demuestre la escasa capacitación jurídica del magistrado de turno.

La estrategia no era original, fue copiada de Italia, donde surgió esa invectiva dirigida a los jueces que impulsaron las primeras investigaciones contra la Mafia y que se vio redoblada contra los integrantes del colectivo Manos Limpias, con el indisimulado objetivo de intimidarlos. Es cierto que algunos magistrados, acá y allí, ralentizaron sus investigaciones al verse reflejados en los medios de comunicación, señalados con ese tipo de epítetos, porque, señala Garzón, «a veces la mejor forma de presionar sobre una investigación es poner en la portada de los periódicos la foto del juez que instruye el sumario».

En realidad, en todas partes del mundo donde se han acometido investigaciones contra cualquier tipo de crimen organizado se han producido presiones de los poderes políticos y económicos para intentar acabar con ellas mediante el método indirecto de desprestigiar al juez que las dirige. Hay una lectura fácil ya hecha: el objetivo era frenar determinadas investigaciones como la de los GAL, el caso Ucifa, el asesinato de Lasa y Zabala o investigaciones sobre redes de narcotráfico en las que estaban implicados determinados intereses políticos o económicos. Pero la perspectiva que da el paso del tiempo conduce a Garzón a otras conclusiones: «Había una clara intención de torpedear un nuevo sistema de investigación que nacía, porque desde luego hacía daño; el modelo de juez pasivo que existía hasta entonces había cambiado y en la audiencia Nacional, con Carlos Bueren y conmigo, comienza otra forma de ejercitar la profesión».

Es una verdad a medias, porque a finales de los ochenta y comienzos de los noventa son varios los jueces que llegan a sus despachos y, motu proprio, deciden cambiar los criterios de actuación comunes entonces en la judicatura. Fueron aquellos magistrados recién llegados a los juzgados del País Vasco quienes, ante las peticiones de colaboración de la Audiencia Nacional, decidieron no ponerse de lado y asumieron la dirección de las labores encomendadas: desde registros hasta redadas contra sospechosos de integrar equipos de infraestructura de ETA.

Hubo muchos más. En Andalucía o las Islas Baleares ciertos instructores asumieron el protagonismo de investigaciones que desvelaban los primeros casos de corrupción política y económica. Veinte jueces de Menores se amotinaron y forzaron una reforma legal que por fin incardinó esa jurisdicción en la arquitectura constitucional. Jueces jóvenes de las jurisdicciones Civil y Social se rebelaron contra la aplicación automática de las leyes y comenzaron a interpretarlas para defender mejor al más débil.

En Sevilla, el magistrado Ángel Márquez, instructor del caso Juan Guerra, sufrió ataques de todo tipo y condición. En Cataluña, los fiscales José María Mena y Carlos Jiménez Villarejo tuvieron que sortear duras campañas de descrédito que buscaron frenar su cruzada contra la corrupción, incluida la del pujolismo. Su impulso obligó a ponerse a trabajar a la acomodada judicatura catalana. Pero salvo esos y otros casos excepcionales, fueron los jueces de la Audiencia Nacional los más perjudicados por aquel clima hostil a su trabajo, al ser sus sumarios los que más difusión mediática tenían.

Baltasar Garzón Real (Torres, Jaén, 1955) quería ser psicólogo. Pero en las charlas de orientación universitaria que recibió en el seminario de Baeza, donde estudió el bachillerato, tuvo la ocasión de escuchar a uno de los jueces de distrito del municipio jienense de Jódar, que, además, era padre de Lorenzo del Río González, entonces su compañero de clase y hoy presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Garzón tenía diecisiete años y, tras oírle, cambió de criterio y se matriculó en la Facultad de Derecho de Sevilla. Lo hizo «para ser juez, y nunca contemplé ninguna otra opción salvo ser juez». Aprobó las oposiciones a la carrera judicial a la primera, en 1980, y desde entonces su historia es harto conocida.

Aquella promoción (Garzón fue el número once de cincuenta y un aprobados) accedió a sus primeros destinos en febrero de 1981. «Ni en ese momento ni después nadie nos dijo qué teníamos que hacer para luchar contra la corrupción. No había normas, no había ninguna dirección, pero surgió la necesidad y los avances se dieron gracias a los impulsos judiciales», recuerda. Sin preparación específica, tomaron posesión de juzgados acostumbrados a titulares pasivos, a la espera del impulso procesal que correspondía al Ministerio Fiscal, algo que casi nunca llegaba.

Garzón, Bueren y otros mucho menos conocidos decidieron actuar de otro modo, liderar los sumarios que instruían. Hoy ya no son dos o tres los jueces que impulsan de manera activa los sumarios bajo su jurisdicción, son muchísimos más, y la expresión juez estrella, disparada como un insulto, ha caído en desuso. En cambio, aparece el concepto de juez de trinchera, el que se sitúa en esa primera línea de la persecución del delito de cualquier clase.

II

L

a crisis económica que estalló en septiembre de 2008 con la caída del gigante estadounidense Lehman Brothers provocó una pavorosa recesión en todo el planeta. También en España, donde se vio agravada por el estallido de la burbuja inmobiliaria y los problemas del sector financiero, lastrado por una estructura antediluviana y la lamentable y en muchos casos delictiva gestión de las cajas de ahorro.

El terremoto económico empobreció a amplias capas de la población española, que vio su situación empeorada cuando, a partir de 2012, las políticas denominadas austericidas pusieron en marcha una implacable estrategia para desmontar el Estado de bienestar. Asediados por el paro de larga duración, la reducción de las prestaciones sociales, los copagos sanitarios, el desistimiento en la política de becas escolares, los desahucios, el abandono del apoyo a la dependencia y la reducción presupuestaria para las políticas de igualdad, los españoles descubrieron que el gobierno solicitaba el rescate europeo para salvar a los bancos mientras los escándalos de corrupción brotaban como champiñones tras la tormenta.

El fenómeno de la corrupción no era una novedad. Lo novedoso fue el descubrimiento de que los jueces, muchos de ellos al menos, comenzaron a perseguirla con más ahínco que en el pasado, sin esperar el impulso procesal de un Ministerio Fiscal que llega maniatado a este tipo de procesos. Algunos políticos implicados —nunca los suficientes, para la opinión pública— conocieron la realidad del sistema penitenciario. Incluso los banqueros comenzaron a desfilar por los juzgados a la par que inversores arruinados por la compra de productos financieros de dudosa legalidad recibían del juzgado de turno cierta satisfacción a sus demandas.

Mientras eso ocurría, jueces de lo Mercantil revisaban los criterios para ordenar el lanzamiento que debía poner colofón a un proceso de desahucio e incluso forzaban resoluciones internacionales que obligaban a cambiar una legislación que desprotegía en demasía al desahuciado. En la jurisdicción social, la dura reforma laboral se veía tamizada por el criterio de magistrados convencidos de que, diga lo que diga la ley, para que no se rompa el equilibrio constitucional el trabajador no puede enfrentarse desarmado a un proceso de regulación de empleo.

Poco a poco, la opinión pública comenzó a ver a esos jueces como a sus paladines; se convirtieron en la última trinchera que defiende sus derechos y sus libertades. Y los barómetros mensuales del Centro de Investigaciones Sociológicas empezaron a mostrar que el tradicional varapalo que la administración de Justicia recibía en sus encuestas coincidía con una imagen cada vez más positiva de los jueces y magistrados. Es la consecuencia de una sociedad que evoluciona y se vuelve mucho más sensible, más consciente de la necesidad de que jueces y fiscales hagan su trabajo en defensa del interés común, que no es otro que el común interés de los ciudadanos.

Por distintos motivos, Fernando Andreu, Mercedes Alaya, José María Fernández Seijo, Pablo Ruz, José Castro o Santiago Pedraz, entre otros, se hicieron dueños y señores de las portadas de los periódicos. Pero ya no eran jueces estrella, sino funcionarios públicos que, como cualquier otro, llegan cada día a su despacho y hacen su trabajo, convencidos de que eso es lo que tienen que hacer y no otra cosa.

Por eso están en este libro, en el que por primera vez se autorretratan y explican a sus conciudadanos quiénes son, de dónde vienen, qué hacen, cómo lo hacen y, sobre todo, por qué lo hacen. No es una rendición de cuentas, sino algo más sencillo: cada juez ha sido invitado a exponer ante la opinión pública al ser humano y al profesional que está detrás de las imágenes que de ellos difunde la prensa o los medios audiovisuales, donde no son más que personajes.

Todos los magistrados que protagonizan esta obra han aceptado dicha invitación a mostrarse desnudos ante la ciudadanía. Algunos incluso se han sometido al método de la entrevista periodística; otros se han limitado a compartir con los autores largas horas de conversación, pero sin que hubiese una grabadora encima de la mesa. La diferencia queda reflejada en cada capítulo. Solo la magistrada Mercedes Alaya declinó colaborar con los autores para la elaboración de esta obra, y por eso el capítulo a ella dedicado pivota desde un punto de vista distinto a los demás.

Ninguno de los magistrados que protagonizan este libro se parece a los demás, pero todos ellos guardan un sinfín de puntos en común. Casi ninguno eligió ser juez por vocación, pero el trabajo diario los ha llevado a la convicción de que, como jueces, están comprometidos con una determinada función social, y así actúan sin complejos. Críticos con el actual modelo judicial español, defienden la necesidad de entregar la investigación penal al Ministerio Fiscal; eso sí, después de reformarlo en profundidad para eliminar los anclajes que hacen a esta institución tan dependiente del gobierno de turno.

Mientras ese cambio de modelo se produce, defienden que son los jueces los encargados de provocar un cambio radical en los modos de hacer justicia. Y ellos no solo lo hacen, sino que su ejemplo está generando un efecto contagio entre el resto de miembros de la judicatura que ya parece difícil de contener. Y pese a la ancestral desconfianza de la sociedad española hacia su administración de Justicia, en amplias capas se ha instalado la sensación de que, aun con muchos problemas y dificultades, esa última trinchera en defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos funciona, se puede confiar en ella.

Todos los miembros de la judicatura que pueblan estas páginas rechazan la leyenda urbana que asegura que los jueces viven maniatados por enormes presiones que les impiden ejercer su trabajo con independencia. De hecho, ninguno de ellos ha acudido jamás al único mecanismo legal previsto para verse libre de los intentos de frenar su labor, que no es otro que solicitar el amparo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Pero el panorama no es tan idílico como ellos lo presentan. Todos han sido presionados en algún momento, de una forma u otra. Al final, así lo reconocen los magistrados Andreu o Castro. Y si bien es cierto que todos ellos han demostrado disponer de la suficiente fortaleza y/o gallardía para superar esos intentos manipuladores sin necesidad de ayuda de terceros, no lo es menos que todos han sufrido maniobras para frenar sus investigaciones, desde las más sutiles y peligrosas hasta las más burdas y brutales.

Es un fenómeno más extendido de lo que pudiera parecer. Pilar de Lara Cifuentes (Cartagena, Murcia, 1971) dirige desde 2007 el Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo, donde instruye el caso Carioca, que persigue una amplia trama corrupta con un centenar de imputados entre los que figuran agentes de la Guardia Civil, miembros del Cuerpo Nacional de Policía y clientes de la red, entre ellos un antiguo subdelegado del Gobierno en Lugo. También el sumario de la Operación Pokémon, el mayor de los abiertos por corrupción en Galicia —y que se extiende ya por otras comunidades como Asturias y Cataluña—, contra una verdadera mafia empresarial que afecta a un centenar de imputados, entre ellos anteriores gobiernos municipales del PSOE en Lugo y Orense y del PP en Santiago y La Coruña.

De Lara vive aislada, sometida a un acoso implacable. Tanto ella como su hija han recibido amenazas directas. Su único apoyo, para investigar y como protección, son agentes de la Guardia Civil ajenos a Galicia; con la Policía no solo no puede contar, sino que es su principal problema, al extremo de que hasta la Confederación Española de Policía ha denunciado los manejos para presionarla y boicotear el caso Carioca.

Una investigación derivada del anterior sumario fructificó en el caso Campeón, en el que llegó a estar imputado el que fuera secretario de Organización del PSOE José Blanco. El asunto le correspondió a la juez de Instrucción Número 3 de Lugo, Estela San José, a quien el nivel de presión y acoso de la clase política lucense le ha costado un feo divorcio.

Los ejemplos se suceden por toda España. Desde 2008 el juez de Instrucción Número 2 de Nules (Castellón) es Jacobo Pin (Burriana, Castellón, 1981), por quien nadie daba un céntimo cuando llegó recién salido de la Escuela Judicial, con apenas veintisiete años, a bordo de un despampanante deportivo de alto cubicaje y llamativa carrocería rojo pasión. Nadie esperaba nada de él en un juzgado en el que, desde 2002, otros ocho magistrados habían salido corriendo para librarse del caso Fabra. Hoy, el que fuera presidente provincial del PP, de la Diputación y dueño y señor de la comarca cumple cuatro años de condena por otros tantos fraudes fiscales.

Para ello, el magistrado Pin tuvo que lidiar con una prensa regional hostil. Y en la primavera de 2012 adoptar una iniciativa inédita hasta entonces: pidió amparo al Consejo General del Poder Judicial frente a la propia Audiencia Provincial de Castellón, presidida por el magistrado Carlos Domínguez, miembro del círculo de amigos del líder del PP en la provincia. El juez entendió que, con sus resoluciones, el tribunal trataba de «imponer indirectamente el sobreseimiento del presunto delito de cohecho» del que también quería acusar a Fabra. El órgano de gobierno de los jueces no tuvo valor y se escudó en un legalismo para no resolver su petición. El 14 de febrero de 2013 el Supremo le dio la razón.

Hay más. La memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente a 2014 recoge un informe del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Murcia, Manuel López Bernal, en el que denuncia la «presión» que ejercen algunos cargos políticos o sus propias formaciones cuando se enfrentan a un procedimiento judicial a través de querellas con fines dilatorios o descalificaciones directas contra los jueces y fiscales, mientras estos se sienten «indefensos y abandonados a su suerte» ante estos ataques.

Es un esquema válido también para los magistrados que protagonizan este libro: jueces desconocidos, en la mayoría de los casos con escasa experiencia, que un buen día llegan a un juzgado y escarban donde nadie había escarbado nada porque creen que esa es su obligación. Jueces que ven cómo se abre frente a ellos la caja de los truenos y no cejan en su empeño porque están convencidos de que esa es su obligación. Jueces sin una especial vocación que un día se hacen famosos y pese a ello declinan o desprecian ofertas para pasar a la política o para enriquecerse en poderosos bufetes, porque su compromiso vital, con el paso del tiempo, ha resultado ser otro muy distinto.

Son jueces de trinchera que se atreven porque ese es su deber y porque los tiempos de Garzón han pasado y, ahora, los jueces que impulsan investigaciones complejas o delicadas ya no son sospechosos de nada más que de dar recto cumplimiento al artículo 9 de la Constitución. Al contrario, son aquellos magistrados que prefieren una plácida estancia sentaditos en sus despachos lejos de tumultos y sobresaltos a quienes la sociedad pone en tela de juicio.

Quien otrora fue el más famoso juez estrella del firmamento mima ahora la fundación que lleva su nombre (Fibgar) y que defiende los derechos humanos y la jurisdicción universal.

—Cuando cumpla la condena de inhabilitación que le impuso el Supremo, ¿volverá a la judicatura?

—Por supuesto, el día que cumpla mi sentencia pediré mi reingreso y me reincorporaré. Soy juez y me moriré siendo juez.

JOSE CASTRO ARAGON

EL PODER DEL JUEZ

... que ser valiente no salga tan caro,

que ser cobarde no valga la pena...

JOAQUÍN SABINA

El juez más veterano de Palma de Mallorca pertenece a ese nutrido grupo de juristas que llegó a la judicatura por avatares de la vida, no por vocación. Es más, la parafernalia que rodea a la figura del juez le disgustaba. Nacido en Córdoba en 1945, de su infancia y adolescencia no hay demasiados datos, porque José Castro guarda con celo su vida privada y porque rehúye las confidencias con los medios de comunicación. Lo que no es obstáculo para que siempre haya facilitado la labor del departamento de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Baleares y para que, cuando ha tenido que enfrentarse a micrófonos y cámaras, lo haya hecho con educación y mesura.

Fan de Joan Manuel Serrat, idolatra a Joaquín Sabina por sus iconoclastas letras. Y, sobre todo, le encanta ser anfitrión, recibir en casa a familiares y amigos —categoría que incluye a algunos de los funcionarios de su juzgado— y agasajarles como corresponde, aunque su pericia en la cocina sea bastante deficiente. A menudo confiesa a sus visitas que durante mucho tiempo acarició la idea de abrir un bar, algo que no descarta hacer en el futuro para ocupar los tiempos muertos de la jubilación. Dato que desconcierta a quienes le escuchan, pues saben que José Castro no suele frecuentar las cafeterías o restaurantes de Palma. Cuando la fecha del retiro asomaba ya por el borde del calendario, una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial elevó a los setenta y dos años el límite de ejercicio en activo de los jueces, por lo que su proyecto hostelero tendrá que esperar.

I

E

studió la enseñanza primaria y secundaria en el Colegio Cervantes de los hermanos Maristas de su ciudad natal y, tras concluir la licenciatura de Derecho, pronto se sintió más inclinado por asegurarse una nómina que por el ejercicio libre de la abogacía, por lo que no dudó en opositar al cuerpo de funcionarios de prisiones. Aprobó y realizó las prácticas en la cárcel de Carabanchel.

Su primer destino como titular de la plaza fue en el penal de máxima seguridad de Córdoba, desde donde fue trasladado a la prisión Modelo de Barcelona. No falta quien muestra extrañeza al conocer esta parte de su currículo, pero el juez Castro siempre replica en estos casos que esa etapa debería ser de obligado cumplimiento para todos los miembros de la judicatura «y así saber a dónde se manda a la gente, porque a menudo cuando dictamos una orden de prisión, en realidad no sabemos a dónde mandamos al detenido».

En la capital catalana dejó de encontrarle un sentido a su trabajo en las prisiones y decidió cambiar. Pidió la excedencia y preparó de nuevo oposiciones, las primeras que se convocaron, a secretario de juzgado. Así llegó por fin a un juzgado y así fue como descubrió que un juez es gente normal que lleva una vida normal, que no está obligado a impartir justicia todos los días a todas horas y que su trabajo no consiste en encarcelar a la gente, sino en ayudar a los más indefensos y «bajarles los humos» —como le gusta decir cuando le preguntan— a quienes exhiben prepotencia. Es este uno de los defectos que más le exasperan.

Opositó a juez e ingresó en la carrera en julio de 1976. Tras el habitual peregrinaje por los antiguos juzgados comarcales y de distrito, así como por varios juzgados mixtos de primera instancia e instrucción, llegó a Palma de Mallorca en enero de 1989. La elección de la capital balear fue casual. Su primera mujer vio un folleto turístico en una agencia de viajes y decidió que parecía un buen sitio para vivir.

Su primer destino en la isla fue el Juzgado de lo Social Número 2, donde permaneció un lapso breve pero suficiente para labrarse una reputación de juez minucioso. Cuenta la leyenda que, antes de resolver asuntos como reclamaciones de indemnización o solicitudes de pensiones de incapacidad, trataba siempre de comprobar de manera sibilina si el demandante, en efecto, padecía las lesiones que decía sufrir. Cuando es interrogado sobre ello, el magistrado ni confirma ni desmiente y se limita a exhibir una sonrisa socarrona.

Procedentes de Lanzarote, el proceso de adaptación de la familia al nuevo emplazamiento no fue traumático. Para que sus tres hijos no sintieran el traslado como una ruptura incluso localizó un gimnasio en el que pudiesen continuar sus prácticas de kárate, aunque el dueño del local pronto los animó a probar una disciplina nueva, el kendo, moderno arte marcial japonés centrado en el manejo del sable de bambú o shinai.

El cambio fue para bien, porque los tres destacaron pronto en esa especialidad y atesoran diversos campeonatos de España y Europa, a los que acudían acompañados de su padre, que ejerció de «madre de la Pantoja», ríe ahora al recordarlo. El hijo mayor, David, es seleccionador del equipo nacional de la disciplina y dirige varios centros de adiestramiento en las Islas Baleares. Los otros dos ejercen el Derecho como abogado y procurador.

En noviembre de 1990 llegó al Juzgado de Instrucción Número 3 de Palma. Cuando lo abandone, en diciembre de 2017, le habrá dedicado veintisiete años de manera continuada. Por antigüedad —ocupa el puesto 216 en el escalafón oficial de la carrera—, hace mucho tiempo que podría haber ascendido a la Audiencia Provincial, o al Tribunal Superior, pero nunca lo ha intentado. «No me gusta equivocarme en compañía de otros, me equivoco solo», explica a sus allegados, a los que reconoce que «nunca me ha gustado la Audiencia, nunca».

Tampoco se planteó volver a su ciudad natal. José Castro siempre ha defendido que no es bueno que los jueces ejerzan la jurisdicción en su tierra, porque eso siempre genera vinculaciones por la familia o de amistad. No reniega de sus orígenes; al contrario, le encantan el flamenco y el salmorejo y el rabo de toro, pero su vida ya ha arraigado en Palma, donde viven sus tres hijos, sus cuatro nietos y María, su actual pareja.

Siempre se sintió cómodo en la isla y se esforzó por ser uno más. Por ello no dudó en sumarse a las quejas ciudadanas contra la gigante ampliación del puerto de pescadores del Molinar, próximo a su anterior domicilio. Eso sí, limitó su activismo a colgar carteles de protesta en el balcón de la casa, porque su condición de juez le inhibió a la hora de participar en otro tipo de protestas callejeras. Nunca ha hecho gala de activismo político alguno, ni siquiera gremial, porque no milita en ninguna de las asociaciones profesionales existentes en la judicatura. En varias ocasiones ha sido sondeado sobre su disponibilidad para integrar una lista electoral u ocupar un cargo público, y en todas dejó clara desde el principio su rotunda negativa, lo que abortó cualquier intento de presentarle una propuesta en firme.

Apasionado de las motos, tuvo varias, algunas de alta cilindrada. Aunque presume de no haber infringido nunca las normas de circulación, algún amigo suyo desvela que a veces, cuando las condiciones de la carretera lo permitían, apretaba con alegría el puño del acelerador. Empero, muestra de cordura fue su decisión de pasarse a un modesto scooter incapaz de alcanzar altas velocidades cuando fue consciente de que, cosas de la edad, las facultades físicas ya no le permitían exprimir como a él le gustaba el alto cubicaje de las máquinas que conducía.

Además, por prescripción facultativa tuvo que aficionarse a la bicicleta, y los mallorquines se han acostumbrado ya a verle pedalear los cinco kilómetros que separan la sede de los juzgados de su más reciente casa al borde del mar. Y si bien es cierto que tuvo un percance serio que le envió unos días al hospital con varias costillas afectadas, el ejercicio consiguió hacerle perder peso y estilizar su figura, aunque ya cuando la instrucción del caso Nóos concluía y su presencia en los medios de comunicación comenzaba a ralear.

Y conserva como un capricho personal un BMW ZE comprado de segunda mano y que, hoy, tras tres lustros de uso, se acerca a la condición de antigualla.

II

J

osé Castro Aragón había decidido que, cuando concluyese el interrogatorio de la infanta Cristina Federica de Borbón y Grecia, hija de rey, hermana de rey, sexta en la línea de sucesión a la Corona, no se iría a casa a darle vueltas y más vueltas a lo sucedido durante la declaración. Era consciente de haber dado un paso nunca antes ni siquiera intentado por otro juez español y no quería someterse a la inevitable tortura de reflexionar sobre los posibles errores cometidos o evaluar si de la declaración cabría extraer nuevos datos válidos para la investigación en marcha.

Fue el 8 de febrero de 2014, sábado. Nóos era un instituto sin ánimo de lucro creado en 1999, aunque no empezó a tener actividad hasta que en 2003 Iñaki Urdangarin fue nombrado presidente. A partir de ese momento, logró contratos millonarios de los Gobiernos de Baleares y la Comunidad Valenciana, ambos en manos del PP, así como del Ayuntamiento de Madrid, adjudicados a dedo y sin que nadie controlase el dinero público adjudicado. Gran parte de los casi seis millones de euros que Nóos consiguió de las administraciones públicas entre 2004 y 2006 acabó en las empresas privadas de Urdangarin y de su socio, Diego Torres.

Dirigir el proceso contra el marido de la infanta Cristina concitó tal atención mediática que el juez Castro se cuidó siempre de que su investigación no alterase en exceso el normal desarrollo de las actividades del resto de los juzgados con los que comparte sede en el centro de Palma de Mallorca, por lo que ese tipo de diligencias se reservaban para el fin de semana.

Solventado el error de cálculo que provocó que el interrogatorio de Urdangarin se prolongase durante dos interminables días, el de su esposa pudo quedar resuelto en solo seis horas, a tiempo de organizar una cita con su círculo más íntimo de amigos con los que compartir unos gin-tonics, algunos antojitos y una charla evasora en un local de ambiente mexicano de la capital mallorquina.

Los convocados a la reunión habían cerrado un pacto previo para evitar que el interrogatorio de la infanta monopolizase la conversación, y lo cumplieron..., aunque el juez Castro tuvo que soportar alguna que otra mordaz indirecta, amén de jocosas digresiones al hilo de las distintas conversaciones en curso durante la reunión.

Pero, cuando el grupo se disponía a abandonar el local, el mariachi que amenizaba la velada a la clientela se arrancó con un clásico de la música popular mexicana, El rey, de José Alfredo Jiménez. Los acompañantes del juez Castro no pudieron evitar la carcajada mientras el magistrado se dejaba invadir por la molesta sospecha de que aquello no era una coincidencia, que él era el objetivo de la tonada.

Avatares del destino, las figuras del juez Castro y de la infanta Cristina ya están indisolublemente soldadas en la memoria colectiva de la democracia española, que siempre había barruntado que ningún órgano judicial se atrevería jamás a emprender acciones penales contra un miembro de la Casa Real. Por eso, en cuanto el nombre de la hija del rey apareció mezclado en una causa judicial abierta por un supuesto de corrupción, una ola de indignación recorrió amplios sectores sociales, sobre todo los más castigados por la crisis, que exigieron la condena de la duquesa de Palma sin atender a pruebas o argumentaciones jurídicas, como una muestra de justicia divina.

En ese clima convulso, el episodio procesal protagonizado por la infanta Cristina fue toda una demostración de cuál es el verdadero poder de un juez: cuando un miembro del poder judicial quiere, puede. No es un problema de valentía, sino de voluntad. Y desde los primeros andares de la investigación el juez Castro dio muestras de que quería imputarla para tomarle declaración con todas las garantías.

Ahí nace el principal argumento de los detractores —que son muchos— del juez Castro: la imputación de la infanta fue un empeño personal que no responde a elementos del proceso; no es una demostración de valentía, sino un empecinamiento personal en el que jugaría un papel más importante la idiosincrasia del instructor que la investigación judicial por él conducida.

Es cierto que en cuanto estalló el caso Nóos se supo que uno de los principales instrumentos de Urdangarin para ocultar a la Hacienda pública los beneficios obtenidos por sospechosos métodos fue Aizoon, sociedad patrimonial cuya propiedad compartía a partes iguales con su esposa. Pero en los primeros pasos de esa pesquisa, pieza separada número 26 del macrosumario del caso Palma Arena, apenas había rastro de actividad alguna a cargo de la infanta.

La hermana del actual monarca era vocal del Instituto Nóos, entidad sin ánimo de lucro que facturó a diversas administraciones públicas decenas de servicios nunca prestados o realizados a sobreprecios delictivos, pero su papel nunca fue relevante. Empleados de ese organismo declararon a los investigadores policiales o al propio juez que jamás intervino en su gestión ni en la toma de decisiones estratégicas.

Respecto a Aizoon, esta sociedad dispuso de hasta ocho cuentas corrientes distintas en tres entidades bancarias diferentes, y en ninguna de ellas figuró como titular o autorizada la infanta Cristina. Los depósitos solo estuvieron a disposición de Urdangarin y del apoderado de la firma, Mario Sorribas Fierro.

Con esos antecedentes, en marzo de 2012, con el apoyo de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, el juez Castro rechazó por vez primera la imputación de la infanta Cristina, solicitada en solitario por una de las acusaciones populares personada en las actuaciones, un seudosindicato ultraderechista llamado Manos Limpias. El instructor defendió que el interrogatorio de imputados no tiene un objetivo finalista («buscar hipotéticos y eventuales indicios de criminalidad»), sino dar al afectado la posibilidad de defenderse frente a indicios «que han de existir previamente» y que «no puedan estar desvirtuados por la sola negación de la persona a la que incriminan».

Por eso rechazó imputar a la infanta, porque hacerlo sin indicios suficientes «solo conduciría a estigmatizar gratuitamente a una persona, lo que no es de recibo». Pero ya entonces el juez Castro consideró oportuno advertir de que esa decisión «solo tiene vigencia en este momento, con los datos con los que ahora se cuenta». No era la primera vez: durante el interrogatorio de Urdangarin le avisó de la posibilidad de citar a su esposa ante sus constantes respuestas evasivas, pero en aquel momento todos los asistentes lo entendieron como una estratagema —incluso una presión— para cambiar la actitud del duque de Palma y forzarle a adoptar una posición más colaboradora con la investigación.

La no imputación de la infanta, en todo caso, puso el trabajo del juez Castro bajo sospecha de concederle un trato de favor frente a otros acusados. Junto a Urdangarin también había sido imputado su socio, Diego Torres, así como la esposa de este, Ana María Tejeiro, que compartía con la duquesa de Palma su condición de vocal del Instituto Nóos y socia de la empresa que gestionaba parte de su patrimonio familiar, lo que las colocaba a ambas en una situación muy similar en el proceso.

Por eso el abogado de Tejeiro, Manuel González Peters, corrió a pedir su exclusión del proceso apoyado en los mismos argumentos con los que el juez Castro rechazó la imputación de la infanta. Sin éxito, porque un dato diferenciaba el papel de una y otra en la trama: la mujer de Torres aparece no solo en la estructura organizativa del Instituto Nóos, sino también en su comité de dirección, lo que en opinión del fiscal Pedro Horrach y del propio instructor le confería un papel muy distinto, activo, al desempeñado por la esposa de Urdangarin en la trama.

La Audiencia Provincial de Palma vino a introducir un momento de calma en el proceso —no de cara a la opinión pública— en julio, al rechazar la pretensión de Manos Limpias y respaldar la posición del juez tras constatar que esa acusación popular era incapaz de recoger «ninguna figura de delito ni hecho» imputable a la infanta, ni circunstancias que justificasen un hipotético interrogatorio. Además, «ningún testigo de los muchos que han declarado y ningún imputado involucran de algún modo a doña Cristina Federica de Borbón en la toma de decisiones de ninguna de las entidades que giran alrededor de su esposo o de don Diego Torres», por lo que el tribunal vio imposible imputarla.

Los magistrados Eduardo Calderón, Mónica de la Serna y Juan Jiménez, conscientes del problema de opinión pública que estaba generándose, apoyaron de manera unánime las tesis del juez Castro y endurecieron su argumentación: la presencia del nombre de la infanta Cristina o de Carlos García Revenga, asesor de la Casa del Rey, en un folleto publicitario del Instituto Nóos no puede equipararse a conocimiento de sus actuaciones delictivas, solo supuso que Urdangarin y Torres «pretendieron adornarse de un prestigio y área de influencia añadida».

Tras el parón estival de aquel 2012, Manos Limpias volvió a la carga, mientras que Torres redoblaba la estrategia, puesta en marcha en abril, de inundar el proceso, de manera dosificada, de correos electrónicos con los que trató de demostrar que el rey Juan Carlos I estaba al tanto de todos los negocios del Instituto Nóos, en cuyas andanzas habría estado involucrada la infanta Cristina. Como ejemplo, un mensaje que el yerno del rey dirigió a su esposa el 20 de febrero de 2003: «Aprovecho que estás conectada para enviarte una comunicación de Nóos que tengo pensado enviar. Hay dos versiones. Clientes, colaboradores y amigos. Léelo y dime qué piensas, please... Ciao».

Algunas alarmas comenzaron a sonar en ciertos estamentos, sobre todo en el entorno del rey Juan Carlos I. Desde el primer momento, la Casa Real desplegó toda su capacidad de maniobra para limitar las consecuencias del proceso instruido por el juez Castro. El propio monarca mantuvo frecuentes contactos con los fiscales generales Cándido Conde-Pumpido y Eduardo Torres Dulce, y conversaba casi a diario con el entonces presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar. Pero el paso del tiempo dejaba claro que todo el empeño puesto para frenar la instrucción del caso Nóos fracasaba mientras que la estrategia de defensa de Torres podía cobrarse una pieza de lujo, la infanta Cristina.

La alerta general se dio en marzo de 2013, cuando todo el mundo esperaba que la instrucción entrase en la recta final. El juez Castro decidió entonces explorar vías colaterales, como las abiertas por los correos electrónicos aportados al proceso por Torres, que sugieren que la infanta Cristina pudo ayudar a su marido a «crear un área de influencias» a favor del Instituto Nóos.

Reclamó también las actas, firmas y documentación de las juntas generales ordinarias y extraordinarias celebradas por esa entidad en 2003, 2004 y 2006, así como una copia de la hoja registral de Aizoon. Y dictó hasta treinta y tres citaciones, dos en calidad de imputados, entre ellos José Manuel Romero, conde de Fontao, asesor jurídico externo de la Casa del Rey encargado de poner fin a la peligrosa aventura empresarial de Urdangarin. Nadie dudó que la caza de la hija menor del rey acabara de empezar.

Los temores se confirmaron el 3 de abril de 2013, día en el que el juez Castro citó a la infanta a declarar como imputada porque, en su opinión, «surgen una serie de indicios que hacen dudar» de que desconociera que su esposo la utilizaba como vocal en el ámbito de influencia de Nóos y «conviene despejar en cualquiera de los sentidos, antes de finalizar la instrucción de esta pieza, la incógnita». El objetivo, agregó en su resolución, era disipar la sospecha de un cierre en falso de la investigación y, sobre todo, «evitar el descrédito de la máxima de que la justicia es igual para todos».

Algunos de los funcionarios de su juzgado, aquellos con los que el juez Castro mantiene una relación de estrecha confianza, trataron de alertarle de la compleja tesitura en la que se adentraba la causa. Pero el instructor les transmitió firmeza en sus posiciones: si cuatro de los cinco vocales del Instituto Nóos habían sido interrogados como imputados porque no cabía su citación como testigos, la infanta debía correr la misma suerte. El ciudadano nunca habría entendido que se cerrase la causa sin cumplir ese trámite, les insistió.

La cita debió producirse el 27 de abril siguiente, pero nadie dijo que fuese a ser fácil y no pudo ser. La Fiscalía, la Abogacía del Estado, la defensa de Urdangarin y la representación legal del Gobierno de Baleares —personado en la causa— recurrieron de inmediato. Y aunque en un primer momento el juez Castro tuvo la tentación de mantener la citación contra viento y marea, al final optó por aplazarla hasta que la audiencia mallorquina se pronunciase.

Sabia decisión, porque, el 7 de mayo, la Sala de Apelaciones de la Audiencia dejó en suspenso la imputación de la hija menor del rey. Fue una resolución salomónica. De un lado, arruinó cualquier posibilidad de considerar a la infanta Cristina cómplice de su marido, al concluir que nada en la causa permitía demostrar que conocía la ilicitud de sus negocios. Los catorce indicios recogidos por el juez Castro en su auto de imputación fueron considerados débiles, inconsistentes y equívocos, inútiles para formular una acusación penal contra ella como cooperadora necesaria en el «plan criminal» urdido por su marido.

Pero, de otro lado, abrió una vía a explorar: su implicación en el delito fiscal cometido con Aizoon, «sociedad pantalla con finalidad defraudatoria» de la que era propietaria al 50 por ciento con Urdangarin: «La infanta debería saber o conocer que (...) Aizoon era una sociedad pantalla y que su marido la utilizaba para defraudar a Hacienda». Los magistrados consideraron que la infanta Cristina «podría estar en condiciones de impedir la defraudación a la hora de presentar las declaraciones del impuesto de sociedades de los años 2006, 2007 y 2008». Así que «la imputación queda de momento en suspenso, lo cual no quita que pueda verificarse posteriormente».

Era la primera vez que la Audiencia de Mallorca no respaldaba al juez Castro, algo que no esperaba ni el fiscal Horrach. La decisión fue adoptada gracias al voto mayoritario del presidente y ponente Diego Gómez-Reino, progresista, y la magistrada Mónica de la Serna, moderada. El magistrado Juan Jiménez Vidal, progresista, defendió la autonomía del instructor para dirigir el proceso y dio el visto bueno a la mayoría de los indicios que en opinión del juez Castro permitían imputar a la infanta.

Tiempo después, repasando lo sucedido, el juez Castro regala una sugerente reflexión: de haber aceptado prestar declaración como imputada en aquel momento, acaso la infanta Cristina no hubiera acabado en el banquillo de los acusados. La audiencia tenía razón y los indicios contra ella eran muy débiles. Pero ese mismo tribunal le mostró al juez Castro el camino a seguir y él lo recorrió hasta sentarla en el banquillo de los acusados junto a otros quince imputados. El destino, retorcido siempre, juega estas malas pasadas.

El juez se puso de inmediato a ello. De entrada, pidió a la Agencia Tributaria un exhaustivo informe sobre las actividades de la infanta y la posible comisión de algún delito de índole fiscal. No sin sobresaltos ni contrariedades, las pesquisas empiezan a arrojar algunos frutos, como la localización de una cuenta de Aizoon con un saldo de unos 150.000 euros que fue utilizada por la duquesa de Palma, que afrontó además diversos gastos con una Visa Oro de la sociedad patrimonial. A finales de año, esa vía exploratoria quedó concluida.

La segunda imputación se produjo el 7 de enero de 2014. Aprendida la lección, nadie recurrió para evitar que la Audiencia diese un respaldo aumentado a la iniciativa del juez Castro y el interrogatorio se celebró el sábado 8 de febrero siguiente. Abrió fuego el propio instructor, que planteó a la duquesa de Palma... más de 700 cuestiones; en más de 180 ocasiones la respuesta que obtuvo fue «no lo sé», mientras que en otras 55 fue «no lo recuerdo». Este pequeño fragmento muestra el cariz de la declaración de la infanta:

JUEZ: Perdone que sea pesado, pero, claro, esto no me da a mí una explicación de por qué interviene usted, porque su marido puede facturar como persona física, puede facturar como una sociedad unipersonal, es decir, usted no hacía falta, perdone, con eso no quiero darle un trato peyorativo, no hacía falta usted en Aizoon.

INFANTA CRISTINA: No, pero yo no tenía ninguna intervención en Aizoon.

J: Por eso, si no tenía ninguna intervención, ¿por qué Aizoon?

IC: Porque confiaba en él, él me lo sugirió y así lo acepté.

J: Ya, pero sigo sin saberlo. ¿Desembolsó usted efectivamente su aportación de mil quinientos y algo euros?

IC: Para su constitución, creo recordar.

J: Sí, era un capital de 3.005 euros, ¿usted aportó realmente la mitad?

IC: Sí, no lo recuerdo ahora, pero sí, claro.

J: Cuando digo aportar no es que la pusiera su marido, ¿quién la puso, usted efectivamente o su marido y ya haremos cuentas?

IC: No sé exactamente cómo se hizo, pero sí, yo debí aportar esa cantidad.

J: Vamos a pasar a otra pregunta, ¿fue consultada usted por su marido sobre cómo comunicar al público, a los demás, a terceros, la creación de Aizoon?

IC: No.

J: ¿No le envió un correo con un borrador de comunicación para que usted lo revisara?

IC: No lo recuerdo, no.

Durante los días siguientes, fueron muchos quienes pidieron al juez Castro una valoración de aquellas seis horas de interrogatorio, pero él siempre rehusó todo comentario que pudiera resultar trascendente. A sus más íntimos les insistió en que en todo momento intentó mantener una actitud de respeto hacia la hija menor del rey, aunque la apeó de todo tratamiento protocolario y siempre se dirigió a ella con un simple «señora». Y agradece la actitud «amable y respetuosa» que atribuyó a la declarante, «instruida para no saber y no recordar nada».

Algunos de los letrados presentes en el interrogatorio confirman estas palabras y recuerdan que el juez Castro se mostró con la infanta menos incisivo que con otros imputados, como García Revenga o el conde de Fontao. Uno de los abogados defensores no tiene reparos en señalar que «fue extremadamente educado, hizo las preguntas que él consideraba que tenía que hacer con toda corrección, lo que no quiere decir que no fuesen incisivas. Por utilizar la frase típica, se manejó con puño de hierro en guante de seda, pero fue muy correcto en todo momento y en todas circunstancias».

La imputada se mostró esquiva, rehuyó cuanto pudo la mirada del juez y buscó constante apoyo en sus abogados. Las más de mil preguntas que tuvo que contestar le pasaron factura en la garganta, lo que la obligó a consumir abundante agua y una buena dosis de caramelos. Por momentos, el bullicio exterior se sobrepuso a su volumen de voz, por lo que en varias ocasiones la secretaria judicial se vio obligada a pedirle que elevase el tono.

Conforme pasa el tiempo, el magistrado se muestra seguro de la decisión tomada, y asegura que cualquier juez de Palma, o de Soria, hubiera hecho lo mismo. Siempre rechazó todo matiz heroico en su iniciativa seguro de que, en circunstancias parecidas, alguien llamado Juana Rodríguez Pérez hubiese sido igualmente interrogada sin tanto obstáculo. Pero el nombre de Cristina de Borbón pesa, aunque un vínculo con los hechos justificase su interrogatorio. «Lo anormal no ha sido llamarla, lo anormal ha sido la resistencia a algo tan simple como es venir a responder, si quiere, a lo que había que preguntarle», se defendió días después del interrogatorio ante un comentario crítico con su iniciativa.

Las respuestas de la infanta Cristina no aportaron novedad alguna a la causa; todo su testimonio puede resumirse en un lacónico «no sé, no me consta, no recuerdo». Respondió a la cuidada táctica diseñada por sus defensores, que no sirvió empero para obstaculizar la vía expedita al banquillo que abrió la Audiencia mallorquina y que el juez Castro recorrió con paso firme.

Para hacerlo, tuvo que vencer la dura oposición de la Fiscalía, de la Abogacía del Estado, de la representación procesal del Gobierno balear, de la defensa de Iñaki Urdangarin... Y tuvo que hacer algo más: analizar, matizar, criticar y esquivar la doctrina Botín del Tribunal Supremo que, en opinión de muchos, le impedía llevar a juicio a la infanta Cristina. Pocos magistrados, tal vez ninguno, se habían atrevido antes a tanto, y eso sí es toda una demostración de poder.

La doctrina Botín impidió sentar en el banquillo al fallecido presidente del Banco Santander y a otros tres altos directivos de la entidad por un delito fiscal, porque ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado (representante de la Agencia Tributaria) formularon acusaciones contra ellos, por lo que no cabía abrir juicio oral solo con los cargos formulados por una acusación popular. Una situación similar a la de la infanta Cristina. Pero el juez Castro reinterpretó la Ley de Enjuiciamiento Criminal, retorció los argumentos del Supremo y argumentó con solvencia la decisión de juzgar a la duquesa de Palma. De nuevo, para evitar nuevos revolcones, sus principales detractores prefirieron no recurrir y esperar al inicio de la vista oral. Allí, ante un tribunal distinto, volvieron a intentarlo, y cosecharon un rotundo fracaso. El respaldo al juez Castro, contrario a la aplicación de la doctrina Botín en este supuesto, fue unánime, y la silla 18 del banquillo de los acusados del caso Nóos conservó su regia ocupante.

III

E

n 1990 Palma era un destino judicial tranquilo, pero Castro nunca quiso acomodarse y pronto ejerció de líder de sus colaboradores en el juzgado, a los que obligaba a dirigirse a él como Pepe y cuyo trabajo supervisa con celo «para ayudarnos más que para controlarnos». También se ganó el respeto de los miembros de las fuerzas de seguridad porque fue de los primeros en ponerse al frente de actuaciones como los registros judiciales o de las redadas antidroga, hasta entonces delegadas en los secretarios de los juzgados.

Meticuloso, riguroso, comprometido con la defensa de los derechos de los afectados por las causas judiciales por él conducidas, supo ganarse pronto el respeto entre los suyos, que acabaron por aceptar de buen grado las maratonianas jornadas de trabajo a las que los obligaba la forma de entender su trabajo de titular del juzgado. Uno de los más veteranos fiscales de la isla, Ladislao Roig, dibuja un retrato del juez Castro un tanto superlativo: «Es un juez justiciero en el buen sentido de la palabra: busca la verdad a fondo y hace respetar la ley con severidad». Un exmagistrado testigo de sus primeros lustros en los juzgados mallorquines recuerda que «desde que llegó como magistrado de Trabajo [antigua denominación de los jueces de lo Social] siempre ha sido un juez muy cercano a la gente».

Un perfil tan personal como el suyo parece tenerle predestinado. Hoy a nadie sorprende que la primera causa por corrupción abierta en Palma fuese a caer en su juzgado. En enero de 1992, un edil socialista de Calviá denunció que dos miembros del PP le ofrecieron cien millones de pesetas de la época a cambio de favorecer que la alcaldía pasase a manos del partido conservador.

Nada extraño hoy en día, una operación más diseñada para romper el resultado que habían ofrecido las urnas y favorecer un cambio de signo político en el ayuntamiento que impulsase nuevos negocios inmobiliarios generadores de pingües beneficios privados. Pero en su momento la denuncia causó sorpresa y expectación.

Fue una causa fácil de instruir, pero ardua de fundamentar desde el punto de vista jurídico, porque la principal —si no la única— prueba de cargo aportada fueron las grabaciones magnetofónicas realizadas por el propio denunciante. Algo ya habitual hoy —en su origen, así nació el caso Gürtel—, en aquel momento provocó una situación inédita que carecía de precedentes jurisprudenciales.

El juez Castro fue capaz de sacarlo adelante. Su argumentación para dar valor probatorio a las grabaciones realizadas por el concejal socialista denunciante fue asumida por la Audiencia Provincial de Mallorca, que en 1993 condenó a dos militantes del PP —que fueron expulsados del partido— y a un comisionista por un delito de cohecho impropio a penas de cuatro y seis meses de arresto, respectivamente, y multa de cien millones de pesetas. El fallo dejó al partido conservador al margen de la actuación delictiva, y un año después fue ratificado por el Tribunal Supremo.

Hoy, cuando echa la vista atrás, el juez Castro tiene la sensación de que nada ha cambiado desde entonces. «Los medios siguen siendo los mismos: escasos», se queja a sus colaboradores. Y tampoco ha evolucionado el perfil del corrupto: «Entonces y ahora lo niegan todo, no hay forma de que alguno reconozca un delito de esa naturaleza; en este sentido los políticos, algunos al menos, siguen reaccionando de la misma manera».

El caso Calviá, como un mal cartero, volvió a llamar a las puertas del juez Castro en 1996. Andrés Bordoy, vicepresidente del PP de esa localidad y uno de los condenados por el intento de soborno, arrepentido, entregó al magistrado un documento comprometedor para el partido que implicaba en la trama a Eduardo Vellibre, que habría sido alcalde de la localidad si hubiese tenido éxito la trama urdida desde su despacho oficial por Francisco Gilet, exdiputado en el Congreso y durante un decenio mano derecha del expresidente balear Gabriel Cañellas.

El fuero de estos dos últimos se llevó la causa al Tribunal Superior de Justicia de Baleares, donde el magistrado Javier Muñoz indagó cuanto pudo durante dos años, pero en 1999 tuvo que rendirse ante la reducida pena prevista para delitos de ese calado, lo que provocaba que la prescripción se echase encima de los investigadores con inusitada rapidez.

Si el tropezón con el caso Calviá fue intenso, no lo fue menos la primera inmersión del juez Castro en el pillaje económico de altos vuelos. También en 1992 llegó a su juzgado una denuncia de la familia real de Kuwait, que acusó al agente de la propiedad mallorquín Martín Ferriol Font de estafarle unos 2.000 millones de pesetas. Este empresario administraba desde 1970 los intereses inmobiliarios kuwaitíes en Santa Margalida, Llucmajor, Calviá y Capdepera.

El aval de la banca de Kuwait, controlada por sus mentores, permitió a Ferriol Font desplegar durante dos décadas una intensa actividad como mediador, conseguidor, marrullero, embaucador y aprendiz de potentado, con exhibiciones de mal gusto como la que protagonizó cuando condujo a su hija hasta el altar de boda... en un helicóptero.

Lanzado de lleno a la especulación inmobiliaria, rompió la cesta de los huevos de oro cuando la familia real de Kuwait descubrió que había perdido el control sobre sus propiedades porque Ferriol Font las había utilizado como aval de préstamos bancarios para urbanizables negocios que no cuajaron. Detenido por orden del juez Castro, quedó en libertad tras pagar una fianza de doce millones de pesetas. De inmediato, huyó. Al año fue localizado en una sucursal bancaria de Londres, donde movía dos millones de pesetas que transportaba en una bolsa. Tras un trámite de extradición que entonces era complejo y tedioso, volvió a Mallorca, aunque el diagnóstico de un trastorno bipolar le ahorró tiempo de prisión preventiva.

Fiscales que en aquellos años compartieron afanes con el juez Castro recuerdan que soñó con que Ferriol Font ayudase a desentrañar algunos de los más oscuros negocios urdidos al hilo de la explosión inmobiliaria en la isla y que incluyeron incluso una turbia muerte. Pero no pudo ser. El sospechoso apareció asesinado un domingo de julio de 1997 en un polígono industrial próximo a Palma. Para extrañeza de los investigadores policiales, el cadáver estaba indocumentado, pero su cartera conservaba intactas más de 650.000 pesetas en efectivo.

En sus años al frente del Juzgado de Instrucción Número 3 de Palma, el juez Castro ha aprendido cómo se las gastan el poder político y el económico cuando se sienten amenazados por la actividad judicial. Ha sufrido duras campañas de desprestigio promovidas tanto por el PP como por el Gobierno balear mientras estuvo controlado por este partido. Ha soportado varias denuncias ante el CGPJ por asuntos tan dispares como filtrar sumarios o desplazarse a la península para interrogar a testigos. Ha sido espiado por detectives privados pagados por turbios intereses económicos y ha sido víctima de seguimientos fotográficos oportunamente filtrados a la prensa. Sus teléfonos han sido auscultados con ansia; sus declaraciones de la renta han pasado de mano en mano; ha visto selladas con silicona las cerraduras de su domicilio...

¿Estresante? No lo ve así el juez Castro. Interrogado hasta la saciedad en los últimos años al respecto, su respuesta es casi siempre la misma: «Yo digo que no me ha presionado nadie, pero a lo mejor otro magistrado opinaría en mi misma situación lo contrario, porque hay quien se siente muy presionado por cualquier cosa, jueces cuya independencia guardan cuidadosamente en una especie de eucaristía».

El estallido del caso Nóos aumentó las sospechas entre sus más íntimos colaboradores de que podría ser víctima de maniobras para influir en su trabajo, pero él también lo ha rechazado siempre: «A mí no me ha llamado nadie, ningún ministro ni nadie para decirme lo que tenía que hacer o lo que no. Y si me han investigado por varias causas, uno se cuida las espaldas. Pero presión, nunca; puedo decir sin temor a equivocarme que no me he sentido presionado nunca ni atacado en mi independencia», tranquiliza a menudo al personal de su juzgado. «Ahora, si alguien ha hecho algo con la idea de presionarme, eso ya no lo sé...», matiza a continuación.

A fuerza de repetir esta tesis, el juez Castro parece sincero cuando la expresa. Y acaso fue sincero cuando explicó a los funcionarios de su juzgado que asumía él el control absoluto del caso Palma Arena para no cargarles con más trabajo. Es el proceso que nació en 2008 a raíz de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por una factura poco clara. «Al principio, siempre piensas que esto se resuelve en tres meses», recuerda ahora, pero el proceso es ahora una macrocausa con veintisiete piezas separadas que inundó su despacho hasta la saturación, y de las que en solo tres ha podido ordenar ya la apertura de juicio oral.

Control absoluto quiere decir que él en persona folió una a una decenas de miles de páginas de cada una de las piezas separadas, que escaneó y digitalizó para facilitar su manejo. Almacenó los vídeos y grabaciones que recogen los interminables interrogatorios. Interconectó su ordenador personal con el del despacho para poder trabajar sin solución de continuidad a cualquier hora en el sumario, que viaja sin cesar del juzgado al domicilio custodiado en potentes discos duros externos. Nadie, salvo él mismo, tuvo acceso a los legajos durante la instrucción del sumario.

Ha sido un esfuerzo titánico. Todos los escritos de cualquier tipo —incluidos miles de recursos— presentados por cualquiera de las partes personadas en el caso Palma Arena han sido tramitados en un máximo de cuarenta y ocho horas. Los periodistas mallorquines temen los lunes, día en el que ven la luz las tres o cuatro resoluciones preparadas por el magistrado durante el fin de semana. Peor era el primer lunes de septiembre: en algún caso llegaron a notificarse hasta cuarenta escritos fruto del febril ritmo de trabajo adoptado por el juez Castro durante las vacaciones del mes de agosto. «No he descansado un segundo, yo he trabajado como una auténtica mula», explica.

El problema, en su opinión, es el hipergarantista modelo procesal, que en una causa como el caso Palma Arena, con decenas de letrados personados dedicados a maquinar cómo alargar el procedimiento para que no llegue a juicio nunca, provoca situaciones kafkianas. Una de las pesadillas del juez Castro ha sido el abogado Antonio Alberca, defensor de Jaume Matas. «A mí me ha maltratado, he dedicado meses y meses solo a responder los escritos de este señor», protesta a menudo.

Con ser todo esto cierto, el juez Castro ha contado en los últimos años con una ayuda inestimable, la del fiscal anticorrupción Pedro Horrach. Juntos formaron un tándem demoledor en la lucha contra las prácticas corruptas protagonizadas por el expresidente balear Matas. Fue el fiscal quien impulsó la causa mediante una completa, compleja y certera solicitud de diligencias de investigación; fue el magistrado quien supo mantenerla a flote al construir la arquitectura jurídica que puso esas indagaciones a salvo de los proyectiles disparados por los defensores.

Juntos diseccionaron el mandato de Matas entre 2003 y 2007 hasta ofrecer a la sociedad una pavorosa radiografía de una forma de entender la gestión pública solo como un mecanismo de enriquecimiento personal y favorecimiento de los más allegados. Juntos sortearon las primeras maniobras del expresidente para frenar la investigación judicial. En marzo de 2010, tras tomarle declaración, el fiscal Horrach pidió medidas cautelares contra Matas y el juez ordenó su ingreso en prisión eludible mediante el pago de una fianza de tres millones de euros, la más alta nunca antes impuesta a un político en Baleares, que el expresidente abonó.

La prepotencia de Matas le molestó sobremanera. «El político no se rige por criterios legales, sino por criterios de oportunidad política que maneja como le da la gana». Y recurre en ocasiones al mismo ejemplo: «A Matas se le ocurrió el Palacio de la Ópera porque le pareció oportuno tener un Calatrava por encima de la ley de contratación pública, de las mesas de contratación, de las normas de adjudicación... Lo decidió en una cena porque era el presidente y no admite que hay ciertas cosas que no puede hacer aunque sea el presidente de la comunidad».

Matas, a quien en alguna ocasión el líder del PP Mariano Rajoy señaló como ejemplo de gestión pública a seguir por su partido, es hoy un cadáver político contra el que ya pesa una condena firme por el caso Palma Arena, a falta de que se sustancien numerosos juicios pendientes. Aunque el abogado del exdirigente del PP no lo ve así. «Al final en el caso Palma Arena, ¿qué hay? Solo ha quedado lo del Instituto Nóos. Hasta veintiséis piezas separadas y, al final, dos cositas contra Matas, y para todo eso ha montado mucho lío y ha maltratado a mucha gente», protesta el letrado Alberca.

Lo cierto es que el trabajo combinado del tándem Castro-Horrach adquirió tintes casi legendarios en Mallorca, y la pareja puso durante años rostro a la lucha judicial contra la corrupción político-económica. Las largas jornadas de trabajo dentro y fuera del juzgado les hicieron amigos. Ambos recuerdan hoy que, en determinadas fases de la investigación, llegaron a pasar más tiempo juntos que con sus respectivas esposas. Decenas de registros e interrogatorios en Barcelona, Valencia y Madrid los obligaron a compartir viajes de trabajo y noches de copas y reflexión sobre las diligencias practicadas. Los dos acumulan numerosos fines de semana sin librar, que ya quedan a beneficio del inventario.

Horrach (Sa Pobla, Mallorca, 1966) nació en el seno de una familia acomodada gracias al negocio hotelero en la isla, y si quisiera podría disfrutar de una plácida existencia lejos del tráfago de la Fiscalía. Pero nunca quiso. Es de esos fiscales que no tiene reparos en aguar la fiesta de Nochevieja a su mujer para acudir al despacho a preparar un escrito que debe ser remitido con urgencia al juzgado de guardia. También en eso se parece al juez Castro. Y en su extremo celo en proteger su vida privada ante los medios de comunicación. Y en su afición a las motos potentes y los coches deportivos. Es uno de los miembros de la Fiscalía más apreciados y respetados por los jueces mallorquines.

Castro y Horrach eran la pareja perfecta, hasta que en su vida se les cruzó una mujer, la infanta Cristina. Y la culpa fue del fiscal, que como de costumbre dedicó un fin de semana de julio de 2010 a expurgar entre una montaña de documentos relacionados con alguna de las tropelías del gobierno de Matas bajo investigación. Allí apareció una carpeta con los millonarios contratos firmados con el Instituto Nóos, y su olfato de perro viejo se puso alerta.

De nuevo, el tándem se puso en marcha con quirúrgica precisión. En dos años, los oscuros negocios del yerno del rey quedaron diseccionados y analizados. Pronto ambos confirman que en las relaciones entre el Gobierno balear y el Instituto Nóos se manejaron precios muy por encima de los del mercado, sujetos a contratos con enunciados muy genéricos que impedían acreditar si el servicio abonado había sido en efecto realizado.

En un primer cálculo, concluyeron que Urdangarin y su socio Torres obtuvieron un beneficio de un 170 por ciento sobre el coste de los servicios prestados (o no) a las instituciones con las que contrataron; es decir, de los 2,3 millones que percibieron de la administración de Matas, más de 1,5 se quedaron limpios en las arcas de Nóos. Desde allí fueron derivados a sus respectivas empresas patrimoniales, desde las cuales medio millón de euros viajó a paraísos fiscales.

En septiembre de 2010, Torres es llamado a declarar como testigo, circunstancia que aprovecha para entregar 384 documentos relacionados con los contratos que el Instituto Nóos suscribió con el Gobierno balear. Tras analizarlos, el juez no dudó en imputarle a petición del fiscal. El análisis de toda esa documentación empantana la investigación hasta que en noviembre de 2011 Castro desata la Operación Babel, que supone los registros de una miríada de empresas ligadas al Instituto Nóos en Barcelona y Valencia.

En esos momentos, el fiscal ya tiene al duque de Palma en su punto de mira y reclama su imputación por los delitos de falsedad documental, prevaricación, fraude a la Administración y malversación de caudales públicos. El 29 de diciembre, Castro le imputa. Cinco días antes, en su discurso de Nochebuena, el rey Juan Carlos acaba de recordar que «la Justicia es igual para todos».

El inevitable interrogatorio de Urdangarin comenzó el sábado 25 de febrero de 2012, precedido de una fuerte polémica porque el juez ordenó que, en contra de lo ocurrido hasta entonces, no se grabase la declaración. Muchos medios de comunicación entendieron la decisión como un trato de favor hacia el imputado. La explicación que da el instructor ahora es sencilla: «No se grabó a petición de la defensa del declarante; antes nadie lo había pedido».

Recurrir al método tradicional convirtió la diligencia en un infierno. Cada respuesta de Urdangarin era resumida por el juez para su reflejo en el acta, lo que provocaba cada vez encendidas discusiones sobre el contenido exacto que debía ser recogido por el secretario judicial. Fueron unas quinientas preguntas, pero el interrogatorio se prolongó también durante el domingo 26 de febrero, en sesiones de mañana y tarde.

Dos años después, la declaración de la duquesa de Palma se grabó en formato audio, lo que evitó reproducir una situación similar. En este caso, para el doble de preguntas formuladas, fue suficiente la sesión del sábado por la mañana para concluir el interrogatorio.

Castro siempre reconoce que la instrucción del caso Nóos ha sido cosa de dos: «Él ha hecho el trabajo propio de un fiscal, que creo que ha sido impecable, y yo el trabajo de un juez, y cada uno ha hecho lo que por ley tiene que hacer de la mejor manera posible». El abogado Alberca, defensor de Matas, no lo ve así: «El juez tenía una visión de todo predeterminada, buscaba demostrar lo que tenía en mente, demostrar que los acusados habían cometido una serie de delitos que solo él veía; va por ahí como si fuera el genio y yo creo que se ha magnificado a Castro y quien realmente ha hecho la investigación sobre todo ha sido el fiscal Horrach».

En cambio, uno de los abogados defensores de otros imputados no tiene reparos en reconocer que «al juez Castro nadie le puede echar en cara que no sea trabajador y meticuloso; es poco técnico en cuanto a ciencia jurídica, pero en la instrucción es esencial la meticulosidad, el recoger todos los datos, ser paciente y ordenado, y en eso nadie le gana». Puestos a señalar un defecto, este letrado dice que «le ha sobrado al final el enfrentamiento público y notorio con el fiscal; eso se lo podían haber ahorrado porque una cosa es la pérdida de su relación personal y otra cosa es que se traslade a los papeles del juzgado».

Virginia López Negrete, que dirige la acusación popular que ejerce Manos Limpias, ofrece una visión casi calcada. «Ha realizado una buena instrucción. Fue meticuloso y ordenado, a lo mejor poco técnico, y ha dejado escapar a algún que otro imputado que se le ha quedado en el cajón». Y también coincide con el anterior en que «lo que le ha sobrado podría ser el enfrentamiento con el fiscal Horrach, ahí se equivocaron los dos porque no deberían haber trasladado al plano jurídico sus enfrentamientos personales».

Vienen estas dos opiniones a cuento porque la pareja se rompió cuando el juez cambió de criterio y decidió imputar a la duquesa de Palma en el arranque de 2013. El fiscal Horrach replicó con un duro escrito que en el momento procesal oportuno recibió una desabrida respuesta del instructor. Fue la primera herida, la que nunca se cerró.

Castro rechaza cualquier responsabilidad en la ruptura. «Las riñas no son culpa de dos, siempre hay uno que provoca y otro que se defiende», explica. Y añade: «Yo no inicié ningún ataque, a mí se me recurre un auto de una manera innecesariamente agresiva, por eso, cuando tuve la oportunidad procesal de replicar, lo hice y di mi opinión». En todo momento, el juez apoya su versión con una cascada de elogios hacia Horrach: «Es un fiscal excepcional, de los mejores que yo he conocido en mi vida, que interroga de una manera ejemplar, que sabe analizar cualquier documento, que en los registros es muy sagaz... Yo solo puedo decir cosas buenas de él».

La primera anulación de la imputación de la infanta no cerró el conflicto, que se extendió a otros ámbitos del proceso. En septiembre de aquel año, el instructor puso en marcha el mecanismo para imputar al expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps y a la alcaldesa de Valencia Rita Barberá. Ambas instituciones firmaron también sospechosos contratos con el Instituto Nóos. Lo hizo sin previo aviso al fiscal, al que pilló desprevenido. Pero Horrach maniobró de inmediato y abrió la vía para que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana asumiese toda la causa, dado el fuero de Camps.

El juez reculó para no perder el control del sumario. Cuando en enero de 2014 se produce la segunda imputación de la infanta, Horrach le acusa de dar pábulo a una «teoría conspirativa» que se convierte en único sustento de una acusación que adolece de «déficit interpretativo». Castro no tuvo oportunidad de réplica, así que cuando se vieron las caras de nuevo durante el interrogatorio de la duquesa de Palma, Horrach, en su turno de preguntas, intentó ironizar sobre el extenso cuestionario judicial, pero el instructor le cortó de plano: «No me interprete, haga preguntas», le conminó.

Abierto en junio el juicio oral contra los imputados en el caso Nóos, de nuevo la réplica fiscal fue hosca. En su opinión, el juez «desprecia indicios de notable fuerza exculpatoria» para la infanta, a la que presenta como víctima de «una espiral inquisitiva sin neutralidad, falta de imparcialidad y objetividad, mera especulación y pura ficción», dirigida en realidad por la presión de los medios de comunicación y la opinión pública. Por primera y única vez, Castro busca a la prensa para contestarle: se queja por las «expresiones de descrédito y falta de respeto» que le dirige en el escrito y le reta, «Si cree lo que escribe, que me denuncie por prevaricación».

La pregunta sobre si lo sucedido estos cinco últimos años ha servido para algo persigue al juez Castro como una maldición. Ofrece una respuesta ambivalente. Está convencido de que excluir a la infanta Cristina del proceso habría provocado que «esa imagen de que no somos todos iguales ante la ley se hubiera perpetuado». Pero no reprime un gesto de amargura cuando echa la vista atrás: «Se ha trabajado mucho innecesariamente, ha sido necesario el sacrificio de mucha gente para hacer algo que debiera ser normal, y ha habido enfrentamientos con personas que no debiera haber habido porque son personas tan válidas como yo». Varios compañeros en los juzgados de Palma le creen sincero cuando protesta porque «se ha provocado un desprestigio inmerecido hacia ciertas personas, porque a Pedro Horrach se le ha tachado de traidor y no se merece ese trato». Y a todos les regala una última reflexión: «Lamento lo pasado, pero si se repitiera y no hubiera más remedio, yo haría lo mismo».

El 20 de mayo de 2015 un camión de mudanzas aparcó en la parte trasera de la sede de los juzgados de Palma, al final de la cuesta y frente a la puerta que hicieran famosa Matas, Urdangarin y Cristina de Borbón. Casi una hora tardaron los operarios en cargar los cien tomos —unos 76.000 folios— y varios discos duros externos que recogen el caso Nóos para trasladarlo hasta la Audiencia Provincial de Baleares. «Yo ya he hecho mi trabajo, no sé si bien o mal, pero está hecho. Ahora toca que sean otros los protagonistas», sentenció Castro con aires de despedida.

Liberado ya de los cien tomos del caso Nóos, el despacho del juez ofrece un aspecto desolado, aunque por fin hay espacio para atender a las visitas. Castro lo observa ahora con la pesarosa convicción de que los juzgados son el único campo de batalla en el que se lucha contra la corrupción, aunque sea con las manos desnudas. En las estanterías le esperan decenas y decenas de tomos sobre otras corruptelas de la Administración Matas y la financiación irregular del PP balear, que protagonizarán sus dos últimos años de servicio en la judicatura. Después, el temido «tiempo tedioso de la jubilación» y la esperanza de que, cuando llegue el retiro, alguien le reconozca que, como juez, José Castro Aragón se ganó el sueldo.

EMILIO CALATAYUD PEREZ

CONDENAS EJEMPLARES

La única ley es la que guía a la libertad.

RICHARD BACH

Con la tranquilidad que otorga la convicción en las ideas propias, el juez Calatayud atesora una demostrada capacidad de invención a la hora de dictar sentencias, muchas de las cuales han alcanzado fama por imponer condenas peculiares. En algún caso, decidió el internamiento en un centro de menores sin otro límite que el tiempo que tardase el condenado en aprender a leer. Varios condenados por una riña callejera fueron penalizados con limpiar los restos del botellón callejero en el que se pelearon. Un joven émulo de Hamilton, sorprendido al volante de un vehículo sin carnet de conducir por no tener edad para ello, tuvo que dedicar quinientas horas de trabajo comunitario a cuidar a víctimas de accidentes de tráfico. Y jóvenes juzgados por agredir a muchachos de su misma edad han sido condenados a ayudar a los inmigrantes que llegan a las costas granadinas en pateras: cien horas contabilizadas por monitores que empiezan a descontar en el momento en el que la embarcación aparece en la orilla.

La lista de sentencias ejemplares del juez Calatayud es inagotable: cien horas de servicio de patrulla junto a un policía local por conducir sin licencia; cincuenta horas dibujando un cómic de quince páginas para plasmar el delito por el que el autor fue condenado; quinientas horas en un centro de rehabilitación por haber acosado a una anciana; doscientas horas como dependiente en una tienda de juguetes por robar ropa en un centro comercial...

I

A

l entrar en la sala de vistas, lo primero que sintió fue miedo. Solo y esposado, acababa de cumplir catorce años. El juez, un hombre de mediana edad curtido por el sol y con la cara llena de arrugas, le miró a los ojos:

—¿Sabes por qué estás aquí? Ya te hemos dado bastantes oportunidades y no las has querido aprovechar, así que te vamos a tener que internar.

La voz de Emilio Calatayud tronó en la sala de vistas del Juzgado de Menores de Granada. Frente a él, Adrián Villanueva, un chaval granadino con delicado historial conflictivo de robos, peleas callejeras y mal comportamiento social que ya había pasado por el despacho del magistrado en varias ocasiones.

—Eres un chorizo y los chorizos se curan a base de tiempo, y como tú necesitas tiempo, pues cuatro años de reclusión cerrada en un centro de menores, para que te cures.

Adrián no entendía lo que pasaba a su alrededor y tampoco mostraba mucho interés. Desde muy pequeño fue un chico muy movido que se lio con los porros y otro tipo de drogas para ir escalando de delito menor en delito menor. Pero ese día, al asumir que acabaría encerrado, sintió más miedo y soledad que nunca. «A mí me daba igual todo porque era un cabeza loca y no pensaba las circunstancias de las cosas o de lo que me iba pasar y me daba un poco igual todo, ¿sabes?», reconoce ahora, después de veinte años de normalidad en su vida.

Cuando el juez dictó la sentencia, recuerda Adrián, «me advirtió de que me había dado muchas oportunidades que yo no quise aprovechar, por eso el internamiento fue un paso de gigante para darme cuenta de la realidad, de que mis aventuras podían terminar muy mal, y me mostró las consecuencias reales de aquella vida juvenil sin freno».

Ahora ve la vida de otra manera. Cada vez que se encuentra con «don Emilio» por la calle, le abraza y le vuelve a dar las gracias por todo lo que hizo por él; el encierro le permitió recapacitar y concluir que su ritmo de vida le impedía disfrutar y descubrir las buenas cosas de la vida, de la calle, de la familia... Gracias a aquella experiencia cuasi carcelaria, descubrió valores como el compañerismo, el respeto a los demás, la vida en libertad... «En fin, aproveché aquel tiempo todo lo que pude».

La historia de Adrián es similar a la de Jesús López, otro joven condenado a diez años de internamiento por dos intentos de homicidio que asegura que el juez que le condenó dejó una marca imborrable en su vida. Y ambos devuelven a la sociedad lo que le deben al juez Calatayud ayudando a otros jóvenes internados por sentencias suyas.

Adrián y Jesús recuerdan sus respectivas condenas como un punto de inflexión que enderezó sus vidas. «Mire, una vez estando yo preso mi chiquitilla se puso muy malita con una neumonía y el juez me dio permiso, y me pegué allí junto a ella una semana, y me dijo que si me hacían falta más días me daba más. ¿Entiende? Esas cosas son las que te llegan porque sí, y ya está, y como yo soy una persona de bien se lo agradeceré toda la vida, y ya está», explica Jesús.

«No son dos casos raros, ni exagerados», reconoce la secretaria del Juzgado de Menores de Granada, toda una vida profesional al lado del juez Calatayud. Un auxiliar recién llegado al órgano lo confirma y muestra su sorpresa al detectar que «aquí a los jóvenes que resultan absueltos no les volvemos a ver el pelo, pero muchos de los condenados vienen de vez en cuando y se empeñan en ver al juez para contarle cómo les va la vida».

Emilio Calatayud, tras veintisiete años de impartir justicia a menores, es fiel a un estilo personal e iconoclasta que no siempre se atiene a las previsiones de la ley. «Yo me siento en estrados cuando en la sala ya están la secretaria judicial, el fiscal, el equipo técnico, el representante de la administración autonómica y la policía. Entonces pasa primero el abogado, que me cuenta las circunstancias del menor. Pasa el chaval, le llamo de tú y le leo con claridad el escrito de acusación para que lo entienda perfectamente. Le digo lo que pide el fiscal y le pregunto si está o no conforme. Yo soy muy espontáneo y le suelto lo que se me ocurre en cada momento, a veces barbaridades, pero como saben que las digo con cariño y con respeto no hay problema. Me llevo muy bien con ellos».

Es un modelo que sobrepasa lo previsto en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal del Menor. En esencia, la norma evita que los menores de edad sean sometidos al mismo proceso penal que un adulto, pero los mantiene protegidos por los mismos derechos que asisten a cualquier imputado o procesado. Es incluso una protección reforzada, que resguarda con celo aspectos como la imagen del menor. Por eso, el concepto de vista pública es ajeno a la justicia de menores, excepto en el territorio cuya jurisdicción corresponde al juez Calatayud.

«Mis juicios, salvo casos concretos, siempre son públicos. Traemos colegios de toda Granada para que los chavales vean las consecuencias de ciertos comportamientos. También me ha gustado siempre que padres que tienen problemas con sus hijos los traigan a ver un juicio. Después charlo con ellos para conocer el problema y tratar de solucionarlo en conjunto», dice con calma. «Una de las garantías de la Justicia es la transparencia, aunque por supuesto hay que salvar la intimidad de los menores y cuando hay algún caso delicado, o los abogados me dicen que no quieren público, se celebra a puerta cerrada, pero para mí la mejor garantía es la transparencia, así todo el mundo ve lo que hacemos y los padres también aprenden».

El juez Calatayud afirma que el 80 por ciento de los menores que pasan por su juzgado aprovechan la oportunidad y dejan el camino del delito. En la justicia que él imparte no cabe la venganza. Tampoco la condescendencia sin más. «El que la hace la paga, está claro, pero ahí no nos podemos quedar. Yo estudio mucho qué es lo que ha llevado a un chaval a ser delincuente y busco en la sentencia elementos que puedan corregirlo».

Su sensación personal es la de haber salvado a muchos jóvenes que parecían carne de presidio. Según los datos que maneja, el 90 por ciento de los chavales a los que ha condenado a sacarse el graduado escolar lo han aprobado. Muchos de aquellos menores obligados a prestar servicios a la comunidad han seguido realizando las mismas labores de manera voluntaria. Solo el 10 por ciento de los que caen bajo su jurisdicción son irrecuperables, «y no siempre es fácil percibir la línea fronteriza entre unos y otros».

«Es duro, pero aplica la ley de menores bien y se arriesga», dice uno de sus colaboradores extrajudiciales, una de las personas que integran el equipo de medio abierto (sociólogos, educadores, etcétera) encargado desde 1993 del seguimiento de los sentenciados a servicios en beneficio de la comunidad. Integrantes de este equipo aseguran que, cada vez que el juez Calatayud dicta una sentencia novedosa, la noticia vuela entre los jóvenes problemáticos de Granada y alrededores porque le han convertido en un ídolo y, llegado el momento, prefieren que sea él quien juzgue su caso. «No es porque sea blando —explica un exconvicto—, sino porque la sanción siempre va acompañada de algo bueno para nosotros».

«Todo el mundo puede equivocarse, y más en el proceso de aprendizaje de la juventud», explica el juez. Por eso sus decisiones siempre tratan de buscar algún aspecto de la reeducación y sacar lo mejor de cada joven. Eso es lo que él se plantea antes de juzgar y hacer cumplir lo juzgado, convencido de que la ley no incluye todas las soluciones para los problemas de niños y jóvenes, «que son el futuro de la sociedad». Desde que llegó al Juzgado de Menores de Granada, el 2 de diciembre de 1988, Calatayud siempre ha buscado alternativas al encierro en un centro de reeducación, convencido de que lo mejor para el menor es que entienda las consecuencias de sus actos, única forma viable de conseguir una reflexión que le lleve a modificar su actitud.

Esa es la razón por la que obliga a todos los jóvenes cuyos propios padres los denuncian por maltrato a leer el artículo 155 del Código Civil y a que expliquen su contenido en la sala de vistas. Además, les entrega una fotocopia de él para que nunca olviden «que el respeto a los padres es necesario, que los hijos tienen obligaciones que los padres no se las hacen ver». En este punto, el juez mantiene una posición ambivalente: ante un hijo problemático siempre hay un progenitor culpable, pero a menudo es el entorno el responsable último de la situación conflictiva: «Antes era más fácil ser padre, pero llegó la Transición, luego la Constitución y con ella ciertas manifestaciones y corrientes psicológicas que han hecho muy difícil la encomienda de educar a un hijo. Como en este país no hay punto intermedio, hemos pasado del padre autoritario al colega de nuestros hijos, pero los padres no deben ser amigos de sus hijos, deben ser sus padres».

A pesar de la fama que ha adquirido el ingenio que despliega en sus sentencias, el juez no es de los que se plantea una reflexión metódica y profunda sobre el fallo que va a dictar. Su método es mucho más espontáneo, no se hace planteamientos profundos, aplica la ley como cree que debe hacerlo sin mayores miramientos. Nunca olvida que él mismo fue un mal estudiante, pero está donde está porque su padre le forzó a estudiar. Por eso, «¿cómo puedo permitir que un chaval de quince años no sepa juntar las letras? Tiene que aprender a leer sí o sí, estudian por lo civil o por lo criminal».

Una anécdota ocurrida al poco de llegar al juzgado le marcó, y todavía la recuerda de manera vívida: un adolescente de dieciséis años que estaba a punto de entrar en prisión se le acercó y le pidió que le condenase a aprender a leer, «porque así tengo mucho ganado allí dentro». Es uno de los episodios que más le han hecho reflexionar: «Me impresionó; incluso escribí un articulillo que titulé Leer, ventana de la libertad. Ese chaval sí me hizo pensar. Siempre he sido muy práctico y he tenido suerte, pero no soy de reflexiones profundas, no».

El juez Calatayud está convencido de su apuesta por la reinserción y educación a la hora de aplicar la ley del menor. Por eso su obsesión consiste en que en todas y cada una de las sentencias que dicte conjuguen la sanción con iniciativas que buscan la reinserción, siempre con un objetivo finalista, educativo. Incluso en las condenas de internamiento en régimen cerrado (con una media de cincuenta casos al año, frente a ochocientas medidas en régimen abierto) siempre incluye propuestas para que en el futuro el joven pueda reintegrarse a la sociedad. O quizá integrarse, porque puede que nunca haya tenido esa oportunidad. Y presume de que tiene «la sensación de no haberle negado esa segunda oportunidad a nadie, porque puede cambiar la vida a gente abocada a ser carne de presidio». En Granada «llevamos ya tres años seguidos bajando la delincuencia juvenil».

Manuel Madrid es el director del centro Tierra de Oria, en Almería, uno de los que recibe a menores internados por el juez granadino. Allí, bajo supervisión judicial, los jóvenes recluidos pueden empezar una posible nueva vida. Por ejemplo, tienen permiso para salir cada día a trabajar el mármol en alguna de las minas próximas. Eso sí, esa buena disposición siempre tiene que ser correspondida, el joven habrá de reconocer su responsabilidad, asumir los hechos y mostrar deseos de enmienda.

A Madrid se le agotan los elogios a la hora de alabar la labor del juez. «Los menores delincuentes han tenido suerte de que una persona como él haya elegido dedicar su vida a crear un modelo de legalidad para ellos, porque podría no haber sido así. Ojalá tuviéramos muchos jueces con la ilusión que tiene don Emilio, porque esa es la clave del éxito que ha tenido la jurisdicción de Menores y del que en el futuro pueda tener».

La asociación Ímeris (Intervención con Menores en Riesgo Social) es fiel aliada del juez Calatayud en la aplicación y seguimiento tanto de tareas educativas como de servicios en beneficio de la comunidad. La memoria anual de actividades refleja cada año recogidas de juguetes y alimentos, animación hospitalaria con jóvenes que hacen de payasos para los enfermos, limpieza de zonas de botellón, repoblación forestal, rehabilitación y pintado de parroquias, acompañamientos a personas disminuidas físicas y un largo etcétera como señales de victoria y reinserción de los jóvenes. Cada tarde, su sede se convierte en la trastienda del Juzgado de Menores de Granada. Los chicos acuden al local para rendir cuentas de sus evoluciones. Jóvenes como Rafael, en libertad vigilada por un tirón a una turista francesa perpetrado desde una moto.

El juez Calatayud sabe que no siempre es fácil, pero se trata del prólogo inexcusable a toda redención. Por eso supervisa una intensa labor de seguimiento de todos los internos bajo su jurisdicción. E interviene cada vez que lo cree necesario. Ante los informes que destacaban la favorable evolución de un adolescente internado por una violación, cambió la estrategia de rehabilitación y le obligó a confesarles a su novia y a sus padres que, en efecto, había agredido sexualmente a su víctima. El joven, tiempo después, se casó con su prometida en el propio centro de internamiento, algo que parece tan imposible como que alguien condenado por homicidio en grado de tentativa termine como educador en el centro donde está recluido, en este caso en Torremolinos. El buen comportamiento y la evolución del joven, de diecinueve años, ha propiciado la oferta de trabajo. De delincuente pasará a educador.

Ajeno a las leyes de la física y la química, Emilio Calatayud maneja una alquimia particular en la que la mezcla de «justicia y sentido común» a menudo le acerca a la piedra filosofal. Su abanico de soluciones ingeniosas es inagotable, y algunas de sus condenas ejemplares son prueba fehaciente de su capacidad creativa para manejar ambos conceptos a su manera, sin dejar resquicio a que instancias judiciales superiores le impongan otro criterio. El porcentaje de resoluciones revocadas es insignificante.

Así que, sin freno, ejerce la jurisdicción como estima conveniente día a día, sin desmayo: si alguien maltrata a un sin techo, repartirá comida entre indigentes; si un chico agrede a otro porque le miró mal, limpiará cristaleras de edificios públicos para que descubra de verdad lo que es ser mal mirado. Si a un adolescente le gusta jugar con fuego, irá de turno en un retén de bomberos. Y para esos cerebritos que hacen virguerías con los ordenadores desde el otro lado de la ley la condena puede ser impartir cien horas de clases de informática. El juez Calatayud llegó a condenar a un joven a pintar toda la estación de tren de Granada por haber causado destrozos en vagones y vías de Renfe.

Cada una de sus sentencias provoca la reflexión del condenado, porque le abre una puerta para que la cruce y repare el daño. Y siempre desde el convencimiento de que puede hacerse sin necesidad de privar de libertad a un menor de edad. «Se puede y se debe hacer —defiende—; lo que más temen los menores delincuentes es que les quiten la libertad, creen que ese momento no llegará nunca y por eso debe llegarles, pero no todas las personas que cometen un delito son delincuentes». En resumidas cuentas, ¿quién no ha cometido un delito en su vida? Porque delito es conducir con una copa de más, comprar falsificaciones de ropa, descargar de Internet música o películas de forma ilegal, defraudar a Hacienda...

El 80 por ciento de los chavales que cometen delitos, según la visión de Calatayud, no son delincuentes, solo merecen uno o dos escarmientos. El juez entiende a quienes, víctimas de alguno de esos sucesos que de vez en cuando ponen los pelos de punta y el corazón en un puño a la opinión pública, reclaman en cada ocasión un endurecimiento del trato penal a los menores infractores. Pero él observa el panorama desde otra perspectiva: «Si encierras a un menor de dieciséis años que se cree muy duro, responsable incluso de un delito más propio de un adulto, cuando llega la noche, en su celda, solo y sin nadie de su grupo cerca, apenas se oye el llanto de un niño. Y ese llanto no sirve de nada si no va acompañado de una solución práctica que le haga ver el fondo del problema». Y, con la cara iluminada por media sonrisa vanidosa, añade: «Tengo la suerte de que hasta los que condeno se van contentos».

II

E

milio Calatayud Pérez nació en Ciudad Real el 22 de diciembre de 1955, en el seno de una familia numerosa de siete hermanos; ocho en realidad, pero una de las niñas murió con apenas tres días de vida. El patriarca era juez, aunque pidió pronto la excedencia porque no ganaba suficiente dinero para atender a tan extensa prole y se dedicó al ejercicio libre de la abogacía.

El juez de Menores Número 1 de Granada se recuerda a sí mismo como un niño normal. Mal estudiante, practicó con fruición el fútbol, el baloncesto y, sobre todo, la natación, disciplina en la que llegó a destacar en competiciones sindicales. Una leyenda negra le describe como conflictivo, pero él lo rechaza con un punto de indignación: «¿Quién no ha hecho tonterías con diez, doce o catorce años? He hecho trastadas como hacíamos todos, me he escapado de casa, me iba a los futbolines, fumaba... Yo era un niño normal, pero lo que sí es verdad es que era mal estudiante».

Y tanto. En 1968 suspendió ocho asignaturas de cuarto de bachiller y la reválida, por lo que su padre decidió internarle en el centro San José de Campillo (Málaga), un lugar con fama de estricto correccional. Allí pasó todo el verano y aparentemente aprendió la lección, porque en septiembre recuperó los ocho suspensos y los dos grupos de reválida. Pero no escarmentó del todo y en quinto curso volvió a suspender cuatro asignaturas. Su padre cambió de estrategia y logró colocarle como aprendiz de mecánico en un taller próximo al colegio; en esta ocasión la estratagema dio mejores resultados. Entre trabajar y estudiar eligió estudiar, «pero tampoco me maté en sexto ni en COU, nunca he sido un empollón, era más bien práctico».

Llegado el momento de la verdad, optó por la carrera de Derecho «porque mi padre era abogado; en mi casa había que estudiar Medicina o Derecho, y yo elegí el Icade por tener algo más de estudios de empresa, pero no por vocación, sino porque había que estudiar». Muchos años después, aún no se explica cómo logró superar el examen de acceso a tan exclusiva universidad. Pero sí su estrategia para obtener la licenciatura: «Siempre me junté con un grupo de buenos estudiantes en el que yo era el del aprobadillo raspado, pero ya no suspendí casi ninguna asignatura». Incluso obtuvo un diez en una materia, pero «porque pegué el cambiazo en un examen».

Mientras fue estudiante en Madrid formó pandilla con compañeros de la facultad y, para él, la diversión fue casi tan prioritaria como la carrera. No olvida, de aquella época, «las cervecillas, los cubatillas de Rosales...». Vivía en el barrio de La Estrella, al lado de Felipe Isidoro González y de Alfonso Guerra, pero nunca tuvo la tentación de meterse en política. «Vivía de puta madre como un crío de provincias en Madrid dedicado a pasárselo bien, no iba a manifestaciones y si me tocó correr delante de los grises fue porque al salir de la facultad me encontraba con la manifestación en la puerta», reconoce sin rubor.

Hizo toda la carrera sin mayores sobresaltos y en junio de 1979 se licenció en Derecho. Volvió a casa para hacerse cargo del despacho familiar porque su padre se metió en política como independiente en las filas de la desaparecida Unión de Centro Democrático, primero como gobernador civil y después como senador. Pero el bufete «se me quedaba corto». En realidad, lo que se le quedaba pequeño era Ciudad Real —«empezaba a agobiarme»—, y por eso volvió a Madrid como vendedor para una empresa de distribución de papel para ordenadores.

Aquel fue un mero paréntesis antes de intentar otros objetivos. Primero probó a opositar para inspector de Hacienda, pero en pleno proceso fue convocado para concluir el periodo de prácticas de las milicias universitarias que sustituían al servicio militar obligatorio en el caso de los jóvenes que realizaban estudios superiores. Allí coincidió con otro licenciado que, tras fracasar en su intento de hacerse inspector tributario, acababa de aprobar las oposiciones a secretario judicial.

«Me contó su experiencia y pensé en hacer eso de los jueces», explica ahora, pero en su momento no debió de tomárselo demasiado en serio porque si llegó a tiempo de presentar la instancia fue gracias a que su entonces novia Azucena lo hizo por él en el último día de plazo. Preparó las oposiciones junto a su compañero y amigo Miguel Ángel Lombardía, quien diez años después tuvo su momento de gloria como integrante del tribunal de la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Provincial de Madrid que absolvió a Lola Flores del delito fiscal del que había sido acusada por Hacienda.

Ni que decir tiene que ambos aprobaron las oposiciones, y a la primera. «Pero vamos, que soy juez como pude haber sido inspector de Trabajo u oficial de juzgado. Yo lo que quería era un sueldo fijo y ya está. Y aquí estoy».

—¿Ni siquiera el hecho de que su padre fuese juez le hizo pensar en ello de joven?

—Las vocaciones son para los frailes. Yo nunca he tenido afán ni de justicia ni de puñetas. Soy una persona muy normal, muy práctica. Por ejemplo, si pedí acceder al proceso de formación de jueces de menores fue porque estaba hasta las narices de papeleo, de burocracia, de resolver expedientes sin saber quiénes son las personas afectadas. Era un oficinista de lujo, y no me gustaba.

Emilio Calatayud es juez desde el 4 de septiembre de 1980; hoy ocupa el número 545 en el escalafón oficial de la carrera judicial, el 487 si se descuentan aquellos magistrados en situación de servicios especiales en puestos ajenos a la judicatura. Eligió como primer destino un juzgado de distrito de la tranquila población de Güímar (Tenerife), porque allí su novia podía continuar los estudios de Farmacia. El juez recuerda aquella primera etapa de su andadura judicial sin un solo rasgo épico: «Con apenas veinticuatro años vivía muy bien, casi como un estudiante, pero con sueldo de juez; además daba clases como profesor adjunto de Derecho Penal en la Universidad de La Laguna, por lo que salía con mis propios alumnos y con los compañeros de Azucena».

Eliminar la vocación, la pasión o el compromiso del catálogo de razones por las que Emilio Calatayud accedió a la carrera judicial ayuda a comprender su actitud como integrante del Poder Judicial. Cuando llegó a su juzgado encontró una sala destartalada, con apenas una mesa y cuatro estanterías. Un hotel cercano se había declarado en quiebra, así que removió Roma con Santiago hasta conseguir quedarse con parte del mobiliario del establecimiento cerrado y equipar así su órgano judicial. Tampoco había bombillas, por lo que recibió a los primeros inspectores del Consejo General del Poder Judicial que le visitaron a oscuras.

El contacto humano comenzó entonces a jugar un papel básico en la forma de entender la Justicia de Calatayud, y eso le llevó a apostar siempre que pudo por soluciones imaginativas: «Comencé a hacer algunas cosas que ahora parecen extrañas, usaba mucho el arresto municipal de fin de semana, por ejemplo, para meter en el mismo calabozo del ayuntamiento a las parejas que se sacudían, y las consecuencias fueron buenas, porque o se mataban o se arreglaban», rememora iluminado por una pícara sonrisa.

En 1984 volvió a la península. Eligió Granada porque en esa ciudad andaluza vivía uno de sus hermanos, su ya mujer Azucena podía continuar sus estudios de Farmacia y le permitía además continuar su experiencia docente como profesor asociado al Departamento de Procesal de la Facultad de Derecho, ocupación que mantuvo hasta 1994. De nuevo, un juzgado de distrito y de nuevo su apuesta por las soluciones imaginativas que le dieron a él fama y a muchos otros serios dolores de cabeza.

Si en la localidad tinerfeña se encontró un juzgado ruinoso, en la capital granadina se topó con un equipo humano en descomposición e indomable. Una secretaria judicial de trato insufrible había provocado una deserción general del personal adscrito, y su decisión de expedientarla para incapacitarla no solucionó el problema. Con apenas dos funcionarios a su disposición, era imposible asumir la carga de trabajo, por lo que cerró mediante edicto la Sección Civil del juzgado. La escandalera fue considerable, pero se mantuvo firme. «Tenía veintiocho o veintinueve años. Dos meses tardó el presidente de la Audiencia Territorial en ordenarme por escrito que lo reabriese, así que dos meses estuvo cerrado el juzgado».

No es posible concebir Granada sin la Alhambra. Es el alma de la ciudad, y el tráfico turístico que genera, su motor económico. Esta ciudadela andalusí recibió en 2011 a 2.310.764 visitantes, cifra récord todavía hoy no superada por otro monumento español. En Granada, la Alhambra es un tótem intocable. O al menos lo era hasta que llegó el juez Calatayud. En torno a 1986 —la memoria del juez flaquea al tratar de precisar la fecha—, un turista estadounidense falleció al caer desde una ventana mal señalizada del Peinador de la Reina.

En principio, un desafortunado accidente. Pero el juez descubrió que, algunos meses antes, un chaval zaragozano se había caído desde el mismo punto, aunque en su caso el percance se saldó con un brazo roto y una escayola para pintarrajear. Pero en la Alhambra nadie había adoptado medidas preventivas para que tal suceso no volviese a producirse, y el estadounidense falleció. «La cerré durante dos meses, con el consiguiente escándalo en Granada. Al final, la solución llegó casi sin aliento, porque tuvieron a los obreros haciendo turnos dobles achuchados por el consistorio granadino para conseguir la reapertura».

Narrado así, el episodio tiene un punto divertido, pero Calatayud no guarda un buen recuerdo de su paso por aquel juzgado de distrito. El traslado desde la justicia rural (Güímar) a la urbana (Granada) le decepcionó. «En aquella época, los juzgados de distrito manejaban muchísimo papel porque llevaban civil, arrendamientos, faltas..., mucho papel, tanto que ya no ves a las personas. Los días que más disfrutaba eran los de juicio, pero el resto del trabajo no me acabó de convencer. Nunca pensé en dejarlo porque no sabía hacer otra cosa y además me di cuenta de que para abogado no valía, pero me empecé a desilusionar».

En el peor momento, la fortuna le hizo un guiño. No era la primera vez. Emilio Calatayud nació un 22 de diciembre, y ese mismo día a su madre le tocó la lotería. No es una alegoría, fueron seiscientas pesetas de la época. La mujer nunca volvió a verse agraciada en ese juego. Y justo cuando más pesaba la decepción que le provocaba el ejercicio de la función jurisdiccional en juzgado distrital, el Consejo General del Poder Judicial se tomó en serio la puesta en marcha de la Jurisdicción de Menores y convocó el primer curso de especialización. «Yo estaba saturado de la función de juez-burócrata, me animé a probar y mandé la solicitud», resume lacónico.

—¿Tenía inquietudes previas por el mundo de la infancia y la adolescencia?

—Ninguna.

—Pues no lo parece, vista su trayectoria en este juzgado.

—Mirad, yo nunca he tenido afán ni de justicia ni de pollas (oye, los tacos los quitáis). Soy una persona muy normal, muy práctica. Pido acceder al proceso de formación de jueces de menores porque estaba hasta las narices de papeleo, de burocracia, de resolver expedientes sin saber quiénes eran las personas afectadas. Era un oficinista de lujo y no me gustaba. Estaba dispuesto a seguir así toda mi vida, pero no me gustaba.

El Juzgado de Menores le cambió. Pronto se ganó el respeto de todos sus compañeros de judicatura granadina, que entre 1993 y 2001 le mantuvieron de manera ininterrumpida como juez decano del partido. Una de sus obsesiones en el cargo fue abrir vías de contacto con la prensa, y se designó a sí mismo como oficina de comunicación. En realidad, a quien le cayó la responsabilidad fue a Charo, la secretaria judicial que le acompaña desde hace más de dos décadas. El problema es que la actividad judicial en Granada no todos los días genera noticias y los periodistas son ávidos, así que Charo, un día cualquiera, para calmar su hambre, los informó de que lo único que podía ofrecerles es que Calatayud había condenado a un chaval a aprender a leer. «Y empezó la bola».

Pese al entusiasmo que el juez pone en su trabajo, confiesa que nunca ha sacrificado a su familia en beneficio de la carrera profesional. «También es verdad que eso de la realización profesional lo entiendo a mi manera, porque para mí no es lo más importante ser juez, lo más importante es ser persona y mis objetivos vitales los fijé con Azucena. Los dos montamos nuestra vida familiar, ella pensando en mí y yo pensando en ella. Ser juez es un trabajo muy serio y muy digno, pero es el medio económico que me permitió mantener mi vida con Azucena, nada más».

La mujer de Emilio Calatayud falleció hace unos años víctima del cáncer. Fue el peor trance en la vida del juez, que habla de ella con auténtica devoción. «Lo que más me satisface es que he hecho lo que quería, lo que debía y lo que podía junto a mi mujer. Le he dedicado mi vida y he cumplido con mi deber como marido porque debía, quería y podía. Soy un privilegiado porque, si no hubiese estado casado con Azucena, no sé lo que hubiese sido de mí. Le debo todo». Incluso el presente: «La vida es una sucesión de etapas, y cada una depende de la anterior. La vida sigue, cada uno tiene que vivir la suya, y ahora soy muy feliz con mi actual pareja porque he sido muy feliz con mi mujer».

III

E

l Código Penal de 1822 fijó la edad de siete años como límite a la imputabilidad de los menores. Los mayores de esa edad y menores de doce quedaban al albur del juez de turno, que debía determinar si tenían discernimiento suficiente para ser o no imputados en vía penal. Las reformas posteriores de 1848 y 1870 modificaron ambos límites de edad, que quedaron fijados en los nueve y los quince años.

La Ley Montero-Villegas de noviembre de 1918 elevó la mayoría de edad penal a los quince años. Y creó los tribunales tutelares de menores, que se harían cargo de los delincuentes que no superasen ese límite siempre que en su jurisdicción existiese un reformatorio de menores. Este embrión de una jurisdicción especializada en menores nació en España, al igual que en la mayoría de los países europeos, a imagen y semejanza del modelo implantado en Estados Unidos a partir de 1889, impulsado por una ideología positivista que entendía la delincuencia juvenil como una consecuencia de la vida urbana propia de las nacientes sociedades industriales, que generaron modelos de miseria y marginación diferentes a los conocidos antes. Ese planteamiento excluyó a los niños del sistema penal para poner su destino en manos de muy variados modelos de protección y reeducación.

En esa línea, el Código Penal de 1928 elevó la mayoría de edad penal a los dieciséis años, y la reforma introducida en 1932 acabó con el sistema discrecional que dejaba en manos del juez la decisión del trato penal para dar a un menor en función de su mayor o menor consciencia de la ilicitud de sus actos, lo que de facto dio carta de naturaleza a la jurisdicción de menores especializada. La vía penal quedó abierta solo para los jóvenes entre dieciséis y dieciocho años, en los que la edad opera como circunstancia atenuante de la responsabilidad criminal.

La dictadura franquista mantuvo incólume este modelo incluso tras la reforma del Código Penal operada en 1973. La Ley de Tribunales Tutelares de Menores de 1948 entiende al menor como un ser irresponsable de sus actos, por lo que al ser juzgados estos no cabe aplicar las garantías de otras jurisdicciones, en concreto de la Penal, porque el objetivo del proceso no es imponerle medidas de carácter represivo que puedan ser asimiladas a penas o sanciones.

Por ello, diseñó un procedimiento sui generis que prescindió de las formas procesales: el juez iniciaba la causa, investigaba lo sucedido y, sin intervención del Ministerio Fiscal ni del abogado defensor, decidía las medidas que imponer al infractor. La ausencia de acusador público o letrado de la defensa otorgaba al juez toda la responsabilidad en la toma de decisiones respecto de los pequeños delincuentes sometidos a su jurisdicción, en la que asumía el papel de acusador, defensor y juzgador. Sin sujeción a garantía jurídica de cualquier tipo, el juez del tribunal tutelar no solo juzgaba los actos ilícitos cometidos por el menor, sino que expandía su actuación también a sus actitudes o modos de ser, que pasaron a ser motivo suficiente para la imposición de medidas reeducativas.

Sin protección por un mínimo sistema de derechos y garantías recogido en la legislación vigente, en la práctica los menores de edad penal estaban sometidos a un régimen de arbitrariedad institucional. Como ejemplo, el juez del tribunal tutelar tenía la facultad de internar a un menor en un centro reformatorio sine die, a la espera de que alguien hiciese una evaluación positiva sobre su evolución. Los periodos de encierro de hasta diez o más años fueron más que habituales.

La transición de la justicia de menores franquista al modelo judicial emanado de la Constitución de 1978 está poco y mal narrada. Pudiera parecer que fue un proceso fácil, que tan solo fue necesario que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) de 1985 sustituyese la red de tribunales tutelares por la moderna Jurisdicción de Menores, que el Código Penal de 1996 elevase la mayoría de edad penal hasta los actuales dieciocho años y que la Ley Orgánica 4/92, de 5 de junio, sobre la reforma de la Ley Reguladora de la Competencia y el Procedimiento de los Juzgados de Menores regulase un proceso judicial muy similar al en vigor hoy en día.

Pero todo ese proceso fue mucho más tumultuoso y complejo de lo que pudiera parecer visto desde la lejanía del tiempo. A principios de 1987, el Consejo General del Poder Judicial convocó un concurso de formación y especialización para preparar a los futuros titulares de los juzgados de menores llamados a sustituir a la red de tribunales tutelares. El órgano de gobierno de los jueces carecía de un organismo propio encargado de la formación de los jueces, por lo que el curso fue impartido por el Centro de Estudios Jurídicos, dependiente del Ministerio de Justicia.

Algunos de aquellos veinte elegidos fueron Pío Aguirre Zamorano, exvocal del CGPJ; Prudencio Aparicio Blanco, que aguantó más de dos décadas en su Juzgado de Menores Número 1 de Valladolid; Rosario Cardenal Gómez, hoy en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía; Manuela Fernández Prado, magistrada de la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional; José Antonio Mora Alarcón, también durante muchos años juez de menores en Valencia, Rosario Ornosa Fernández, Petra Pereda Espinosa, hoy feliz jubilada, y Emilio Calatayud.

«Sí, me seleccionaron», recuerda sorprendido Calatayud. Mientras hacía el curso de especialización «me planteé que era una jurisdicción que nacía en esos momentos, que en la Justicia que yo conocía, de mayores, está todo inventado y pertenecer a la primera promoción de jueces de menores nos debía permitir aportar algo a eso que estaba naciendo, en algo podríamos contribuir a crear esa justicia nueva. Era una aventura nueva, en la que podíamos contribuir a hacer algo honesto. Ese fue mi planteamiento, y es ahí cuando empiezo a estudiar y a profundizar en el tema de menores».

No estuvo solo. Los veinte díscolos alumnos dinamitaron los planes de estudio porque se negaron a aceptar el statu quo de la jurisdicción de menores. Las primeras sesiones les permitieron descubrir el modelo heredado del franquismo, en el que chavales de cinco años pasaban ingresados en centros hasta una década sin que nadie les hubiese explicado los motivos. Los responsables del curso de especialización colaboraron con ellos, sobre todo el fiscal Félix Pantoja. Fueron seis meses de debates, discusiones, estudios y análisis de Derecho comparado tras los que los responsables del proceso desistieron de someter a los educandos a los previstos exámenes finales. A cambio, los veinte jueces firmaron una memoria común de fin de curso en la que sentaron las bases de la moderna regulación de la jurisdicción de menores. Todos aprobaron y se convirtieron en los veinte primeros jueces de menores dignos de ese nombre de la democracia española.

La elaboración de la memoria los llevó a conjurarse contra la posibilidad de someterse al procedimiento fijado en 1948 una vez al frente de sus respectivos juzgados. «Nos planteamos que no podíamos juzgar a un menor con esa norma, pensada para que los jueces fuesen los presidentes de los tribunales tutelares de menores», resume Calatayud. Algunos de ellos defendieron la elaboración conjunta de un recurso de inconstitucionalidad, vía imposible porque la cercena la ley que regula el funcionamiento del Tribunal Constitucional.

La única posibilidad para ellos era la cuestión de inconstitucionalidad. Así lo hicieron los jueces de Menores Número 2 de Barcelona, 3 y 4 de Madrid, el de Tarragona y el de Oviedo, que en cascada las elevaron entre 1988 y 1990. Cada una abordó distintos aspectos de la problemática, pero las cinco coincidieron en discutir la legalidad del artículo 15 de la Ley del Tribunal Tutelar de Menores de 1948, el que determinaba que los menores sometidos a la Justicia eran juzgados sin sometimiento a ningún proceso reglado.

Su argumentación fue contundente. Para estos jueces, ese artículo vulneraba los artículos 10.2 —que incorpora al ordenamiento español los convenios internacionales firmados por el Estado— y 39.4 de la Carta Magna, que precisa que «los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos». Y un proceso de menores sin normas ni reglas se oponía, en su opinión, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de Roma de 1950, al Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York de 1966, a las Reglas de Beijing de Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores de 1985, a la recomendación 20/1987 del Comité de Ministros del Consejo de Europa y a la Convención de las Naciones Unidas relativa a los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989, que establece una serie de garantías en procedimientos en materia de menores.

Más: la ley de 1948 infringía el artículo 9.3 de la Constitución al no disponer de un procedimiento específico adaptado a la situación del menor; el 14, en cuanto los privaba de las garantías reconocidas a los adultos, y sobre todo el artículo 24, porque negaba a niños y adolescentes el derecho a la tutela judicial efectiva.

Los argumentos de los jueces obtuvieron de inmediato el apoyo de la Fiscalía General del Estado, entonces dirigida por Leopoldo Torres, que se sumó a la petición de derogación del artículo 15 de la Ley del Tribunal Tutelar de Menores. El Constitucional incluso recabó un informe del CGPJ anterior a una consulta colectiva de los veinte jueces de menores, con los que había coincidido en «la necesidad de reformar la actual legislación de menores, ya que la actual situación de la jurisdicción de menores es de gran inseguridad jurídica», criterio que hizo llegar en su momento al Ministerio de Justicia.

Tras un prolijo análisis de los planteamientos defendidos por los jueces de menores recurrentes y de la legislación internacional aplicable al caso, el Constitucional les dio la razón. En palabras del magistrado Francisco Rubio Llorente, ponente de la sentencia 36/1991: «Cabe afirmar, como conclusión de cuanto antecede, que, interpretados de acuerdo con el Tratado Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y la Convención de los Derechos del Niño, los derechos fundamentales que consagra el artículo 24 de la Constitución española han de ser respetados también en el proceso seguido contra menores a efectos penales y que, en consecuencia, en cuanto que tales derechos se aseguran mediante el cumplimiento de las reglas procesales que los desarrollan, el artículo 15 de la Ley del Tribunal Tutelar de Menores, al excluir la aplicación de las reglas procesales vigentes de las demás jurisdicciones, ha de ser declarado inconstitucional y nulo».

La sentencia fue aprobada de manera unánime por el pleno del Constitucional. Algo extraño porque la anulación del artículo de marras provocaba una situación inédita: por un lado, el fallo precisó que el proceso de menores diseñado en 1948 seguía en vigor en cuanto a la «función protectora» atribuida a la jurisdicción de menores; por otro, no todos los principios y garantías del proceso penal eran aplicables al de menores, como el de publicidad de las actuaciones, que debía ser restringido.

«Este tribunal es bien consciente de que la declaración de inconstitucionalidad del artículo 15 de la LTTM, en lo que se refiere solo al procedimiento corrector, crea una situación normativa oscura e incluso un vacío normativo que únicamente la actividad del legislador puede llenar de manera definitiva», escribió Rubio Llorente. Así que el Constitucional optó por una de las decisiones más arriesgadas y valientes nunca adoptadas por esa corte: mientras llegaba la ansiada reforma de la legislación tutelar de menores, «serán los propios jueces quienes habrán de llenar el vacío producido».

En apenas once palabras, Rubio Llorente revolucionó los principios básicos de la ciencia jurídica y convirtió a aquellos veinte jueces de menores en fuente de Derecho. En su ayuda, la Convención de Derechos del Niño y la propia doctrina generada por el Constitucional al perfilar el derecho básico a un juez imparcial. Con el paso de los años, Calatayud hace un resumen distinto de aquel episodio: «Lo que hicimos fue poner abogado defensor a los menores, limitar la edad de enjuiciamiento, jugar con la Ley de Enjuiciamiento Criminal y pringar al fiscal. Y cuando vives eso tienes la sensación de estar haciendo algo bueno».

Lo de pringar al fiscal tuvo su historia. Los acusadores públicos eran ajenos por ley al proceso de menores y no tenían mayor interés por modificar ese estatus, por lo que los titulares de la jurisdicción optaron por la presión indirecta. «Resolvimos el problema de una forma práctica y sutil: como para celebrar un juicio es necesaria la presencia del fiscal, decidimos que de toda denuncia o diligencia se le daba traslado oficial, y así conseguimos introducirlo en el procedimiento a todos los efectos jurídicos. De esta manera, su presencia fue cada vez mayor y su intervención más precisa».

De aquellos jueces fueron también los esfuerzos para comprometer a la abogacía en la defensa de los menores, para lo que tuvieron que implicar a todos los colegios de abogados de sus respectivas jurisdicciones a base de reuniones, encuentros y amplias dosis de persuasión. A golpe de teléfono, los veinte jueces acordaron elevar la edad de imputación a un menor a los doce años, y decidieron que, en el caso de tener que imponer al infractor medidas que implicasen la pérdida de libertad, la sentencia debía recoger el lapso exacto de duración.

Cuando por fin la Ley 4/92 reguló la materia, aquella memoria de los veinte primeros jueces especializados fue uno de los pilares, como reconoce el fiscal Pantoja, uno de los padres de la norma. Aquel proyecto atribuyó a la Fiscalía la instrucción de los procesos a menores, impuso que el infractor estuviese asistido por un defensor, aceptó el límite de imputabilidad y fijó la duración de las medidas a imponer. La designación de los fiscales como promotores de la acusación, por si alguno de ellos no quería sopa, resultó una medida que el tiempo ha demostrado afortunada, pero restó protagonismo al juez, rememora ahora Calatayud con un deje de pesar, porque sus compañeros de aventura empezaron a emigrar a otras jurisdicciones; hoy, de aquel grupo de pioneros, él es el único que sigue en su puesto.

Hoy, «el juez de menores sigue siendo el menor de entre los jueces, por eso es normal que, tras cinco o siete años en el juzgado, quiera ascender, y para ello hay que abandonar la jurisdicción; por eso ya no pelean como lo hicimos entonces, para no perjudicar, con toda la lógica del mundo, sus aspiraciones de ascenso profesional». Y si bien es cierto que «hay jueces que acceden a ese destino por casualidad, los hay a los que les gusta la jurisdicción. Parece que el único juez de menores que hay en España soy yo, pero hay muchos compañeros que dictan sentencias similares a las mías o mejores; lo que pasa es que no las venden, les da miedo hablar».

Calatayud sonríe al echar la vista atrás. El nacimiento de una justicia digna de ese nombre para los menores «fue una época muy bonita, con una de cal y otra de arena constantes, en la que conseguimos reconducir la justicia de menores para darle una base de legalidad». Época bonita, y borrascosa, habría que añadir. Cuando agonizaba la década de los ochenta del pasado siglo, el centro San Miguel de Granada no funcionaba. Heredero del viejo concepto de reformatorio, su personal era impermeable a toda iniciativa reeducadora y consideraba al juez como un intruso empecinado en supervisar su trabajo.

Entre las opciones de Calatayud para sortear el gélido clima de sus relaciones con los gestores del centro, él descartó cualquier enfrentamiento. Optó por una maniobra más sutil, entendida la sutileza en su sentido más amplio e irónico: uno por uno, puso en libertad vigilada a todos los menores internados, vació el centro de inquilinos. Al principio no pasó nada, pero tras varios meses de abonar sueldos a funcionarios sin niños a los que atender, la administración autonómica comenzó a inquietarse. «El entonces fiscal jefe de Granada, Luis Portero, casi me incoa unas diligencias, pero al final se dio cuenta de que yo tenía razón».

Las relaciones de Calatayud con la Junta de Andalucía nunca han sido plácidas. En aquellos años de estreno de aventura autonómica, los recursos eran todavía escasos y era habitual que, al dictar una orden de internamiento, el juez se topase frente a la carencia de plazas para darle cumplimiento. «Ningún problema —explica ahora—; en esos casos ordenaba a la policía que condujese al menor al despacho del correspondiente delegado de la Junta en Granada; a los diez minutos, había plaza».

Aquellos veinte jueces de menores trabajaron durante años en el alambre sin red, conscientes de que cualquier error podría invalidar todo su trabajo; sus sentencias eran todas alegales «porque nos estábamos inventando el procedimiento», pero ninguna fue cuestionada por sus instancias superiores.

—Fue una época bonita —insiste Calatayud.

—¿Y todo eso sin previa vocación de juez ni preocupación especial por la problemática de la juventud?

—Al iniciar el curso de especialización me planteé que era una jurisdicción que nacía en esos momentos, mientras que en la justicia que yo conocía, la de mayores, estaba todo inventado. Pertenecer a la primera promoción de jueces de menores me iba a permitir aportar algo a eso que estaba naciendo, en algo podría contribuir a crear una justicia nueva. Era una aventura en la que podíamos contribuir a hacer algo honesto. Ese fue mi planteamiento y es ahí cuando empiezo a estudiar y a profundizar en el tema de menores. Y es entonces cuando me empieza a entusiasmar la idea de ser juez, es cuando puede hablarse de cierta vocación de juez. Hasta entonces, mi vocación era el sueldo fijo.

Empeñado en desmitificar toda su carrera judicial, Calatayud es sin embargo incapaz de reprimir el tono apasionado que pone a sus palabras. Nunca olvidará su primer caso al inaugurar el Juzgado de Menores de Granada, dos hermanos acusados de asesinar a su propio padre, cuyo cadáver emparedaron. «Menos mal que soy buena persona...; podría haber hecho barbaridades con ellos, porque llegaban al juzgado sin garantías ni derechos». Por suerte para los dos parricidas, lo que el juez vio en ellos fue a dos víctimas. El internamiento al que los condenó les sirvió para rehacer una vida normalizada.

Las veintinueve causas abiertas contra menores por delito de asesinato que ha sentenciado el juez Calatayud son las que más le acongojan. Al confesarlo dirige la vista hacia una mesita baja de cristal adosada a una de las paredes de su despacho. Debajo descansa una piedra esculpida del tamaño de un ladrillo, probablemente fruto del expolio de algún yacimiento arqueológico menor, aunque la Guardia Civil le confirmó que la pieza no está catalogada, por lo que no estaba reclamada. Es el regalo de un gitanillo de dieciséis años que le pegó cinco tiros a su suegro. Un catedrático de Arte de la Universidad de Granada la dató en el siglo IV antes de Cristo.

Residente en un pueblo de Murcia, el chaval viajaba todos los fines de semana con su mujer, de catorce años, a Málaga para visitar a su familia política, hasta que un buen día se enteró de que su esposa estaba siendo violada por su propio padre desde que tenía tres años, y reaccionó por la tremenda. Le impuso ocho años de internamiento, y al oír la sentencia el joven no se inmutó: «Don Emilio, yo voy a hacer lo que usted me diga, pero me vuelve a pasar y lo vuelvo a hacer».

Calatayud no deja de darle vueltas a aquel caso. «¿Es un delincuente?», se pregunta, y él mismo se contesta: «Durante el internamiento mantuvo un comportamiento ejemplar; ahora, en libertad, sigue con su gitanilla, con la que ya tiene tres hijos. No es un delincuente, pero que Dios no te mande lo que no puedas soportar».

Desde que ocupa su juzgado, Calatayud ha resuelto decenas de miles de expedientes de mis niños, como les llama con cariño. Es un observador privilegiado de la implantación y desarrollo práctico de la ley del menor, que evalúa con un escueto «bien» porque sigue creyendo que todo puede y debe mejorarse. «Dependemos todavía mucho de la sensibilidad de los jueces, de los fiscales, de los operadores jurídicos y de los políticos de turno», protesta. Pero no es partidario de cambios radicales en la norma, «no vayamos a fastidiarla».

Lo que sí cambiaría el juez Calatayud es el actual modelo de justicia penal para adultos, en el que daría un mayor protagonismo a la Fiscalía, pero no antes de que se modifique el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para diseñar un fiscal sometido solo al imperio de la ley, protegido frente a injerencias políticas.

—Sin embargo, parece que desde que estalló la crisis económica los ciudadanos han depositado su confianza en los jueces.

—Sí, pero tiene que ver con los conflictos políticos. Parece que somos modernos Robin Hood que luchamos contra corriente..., y es verdad, somos muchísimos jueces que dictamos todos los días muchísimas resoluciones que resuelven muchísimos problemas, pero que no son noticia. Uno de los problemas del CGPJ, de la Justicia en general, es que no vende lo que hace bien, solo lo que se hace mal, y eso es un error porque vivimos un momento en el que los ciudadanos necesitan confiar en sus jueces.

—¿Se le ha pasado por la cabeza tratar de solucionar este tipo de problemas desde la política?

—Yo no valgo para político. La virtud que he tenido es que conozco mis limitaciones y sé para lo que valgo, y después de muchos años creo que he encontrado mi destino. Por antigüedad yo podría estar en la audiencia o en el tribunal superior, pero ¿qué coño pinto yo allí, si no me va ni me gusta ni me da la gana? Yo he encontrado mi sitio, que es ser juez de menores, y no quiero más.

En la vigencia de la ley del menor influye también, y mucho, el contexto social en el que debe aplicarse esa norma. En los últimos tiempos, el objetivo de sus dardos son las administraciones permisivas con el fenómeno del botellón, uno de los factores que están detrás de muchas de las infracciones que son denunciadas ante su juzgado. Claro que, cuando quien tira los dardos es un juez, pueden convertirse en una peligrosa arma. Es habitual la implicación en altercados surgidos en esas quedadas alcohólicas de adolescentes que están bajo custodia de la comunidad, que en esos casos resulta condenada como responsable civil subsidiaria. Pero la administración autonómica siempre incumplía su obligación de pagar hasta que Calatayud dio con la tecla apropiada: «Fue muy fácil: tres coches de la Junta embargados». Desde entonces, la situación ha mejorado, pero el magistrado dispone, por si acaso, de una detallada relación de todos los coches oficiales del parque móvil autonómico en Granada, «sobre todo los Toyota Prius de los delegados».

Respecto al clima social en el que desarrolla su trabajo, al juez no le preocupan los cíclicos debates sobre una posible rebaja de la edad penal. «Yo no soy partidario de la rebaja, pero entiendo que hay gente que la apoye; lo que no puede hacerse es poner el tema sobre la mesa en caliente, justo después de que un chaval de trece años mate a su maestro, hay que hacerlo en frío».

Sí le inquieta la dejación de responsabilidades que observa en los padres de hoy en día y la carencia de una estrategia de los poderes públicos para enderezar la situación. Por eso critica con dureza al gobierno que presidió José Luis Rodríguez Zapatero, porque una reforma del Código Civil impulsada bajo su mandato se llevó por delante el artículo 154, el que establecía el derecho de los progenitores a corregir a sus vástagos. Y por eso critica al ejecutivo de Mariano Rajoy, porque no ha recuperado ese precepto.

En este punto, el juez acelera y cuesta seguir el hilo de sus reflexiones. La protección del menor es un factor transversal que debería impregnar toda la producción legislativa de cada legislatura, pero no ocurre así. Por ejemplo, ciertas normas son estrictas a la hora de vetar el acceso de los adolescentes a drogas como el tabaco o el alcohol, y sin embargo otras regulaciones son permisivas con fenómenos como el del botellón, una de las puertas de acceso de cualquier joven al alcoholismo. «Son complejos de joven democracia, que no sabe decir que no», como les pasa a muchos padres a la hora de imponer su autoridad a los hijos.

La autoridad emana de la familia, y si un menor no respeta a sus padres, mucho menos lo hará con sus maestros, y si no respeta a sus maestros, mucho menos lo hará con el resto de la sociedad. «Si mi padre viviese en la época actual, posiblemente ya estaría condenado a cadena perpetua. Yo cobraba todos los días y para nada estoy traumatizado. Más de una bofetada que me ha dado mi padre estaba bien dada», reconoce.

Lo que el juez defiende es un pacto de Estado por el menor. Pero lo hace con pesimismo, si ha sido imposible en campos como la Justicia o la educación, mucho menos en lo que a infancia y juventud se refiere. Mientras tanto, una niña de doce años puede comprar la pastilla del día después, pero no puede consentir relaciones sexuales. Con dieciséis años, un joven no puede comprar tabaco, pero sí puede adoptar sin conocimiento ni consentimiento de sus padres. El nuevo Código Penal fija que esa es la edad mínima para consentir matrimonio, para consentir relaciones sexuales, como si los parlamentarios del Partido Popular no supiesen que los chavales de catorce y quince años están «harticos» de mantener relaciones sexuales.

«Esto nos va a volver a nosotros locos, en cuanto una parejilla de esas edades tenga una pelea y ella diga que ha sido violada... Por ley, cualquier niña de quince años embarazada habrá sido violada. No hay sentido común». Mientras enciende un cigarrillo, otro más, prolonga su reflexión: «Somos el país más tonto y bruto de Europa. Y lo grave es que a los políticos les interesa que sea así para poder manejarlo mejor. No hay una ley de educación que dure una generación, pero mientras, todos los años condeno a una media de veinte chavales a aprender a leer».

Filosofías aparte, Calatayud se muestra muy preocupado por la irrupción de las nuevas tecnologías y el acceso de los jóvenes al teléfono móvil, que entraña dos riesgos. Por un lado, «es una droga, el chaval que se levanta y lo primero que hace es comprobar si tiene mensajes de WhatsApp nuevos tiene un problema. Y el chaval que está más de dos horas jugando con el móvil o el ordenador tiene un problema». Y, además de la adicción, es un peligroso instrumento porque facilita la comisión de ciertos delitos como el acoso, las injurias, los atentados contra la intimidad... «Así están las cosas».

Diga lo que diga, a Emilio Calatayud le apasiona su trabajo. Eso es tan cierto como que cada día, cuando cruza la puerta de salida del juzgado, lo que le gusta es descansar y no hacer nada. Es un hombre sencillo, con un perfil más bien solitario, casero, al que no le gustan los actos públicos y procura ir solo a los imprescindibles. «Mira, a mí me acaban de conceder dos o tres premios y es un martirio. A los actos institucionales voy cuando no me queda más remedio, pero yo prefiero pasear por mi barrio y ver el fútbol en el bar con mis amigos».

Pero la fama tiene un precio, así que vive obligado a sacar tiempo de donde no le apetece y otros no pueden para compaginar su agenda del juzgado con una colaboración en Canal Sur Radio, donde todos los jueves ofrece consejos jurídicos a los oyentes. Comparte un blog (www.granadablogs.com/juez calatayud) con el periodista Carlos Morán, del diario Ideal de Granada, con quien también ha escrito varios libros.

En 1995 publicó Legislación básica sobre menores infractores y en 2007 Reflexiones de un juez de menores, que incluye su famoso decálogo para convertir a un hijo en delincuente. En 2008 vio la luz Mis sentencias ejemplares, que ya ha alcanzado las nueve ediciones. Su obra más reciente, de 2014, recoge sus vivencias después de centenares de charlas y conferencias en toda España: Buenas, soy Emilio Calatayud y voy a hablarles de...

Férreo defensor del tuteo, en Granada es don Emilio, como le saludan sus vecinos cerca del juzgado al que acude cada día desde el Albaicín, barrio granadino donde tiene casa en una urbanización de protección oficial, levantada en la década de los ochenta junto a la vieja muralla árabe de la ciudad. Cuando no camina, se desplaza en un viejo Seat Panda azul.

En el juzgado nadie conoce el estrés, pese a que siempre hay mucha labor por delante. La secretaria judicial destaca el gran compañerismo que reina entre los cuatro funcionarios adscritos, que sacan adelante el trabajo con constancia y empeño. El juez Calatayud ha conseguido formar un equipo cuyos resultados y eficacia están avalados por los datos estadísticos: casi tres veces más casos resueltos que el resto de los juzgados de menores.

Dentro de su despacho se fuma. Sí, él sabe que está prohibido, pero el cigarrillo le ayuda a concentrarse y le calma los nervios. Las cosas del tópico de la nicotina que lleva muchos años corriendo por sus venas. Detrás de él, destaca la pared vacía. Antes lucía el retrato del rey Juan Carlos, pero tuvo que quitarlo durante la grabación de un documental que requería un fondo blanco y no lo ha vuelto a colocar. «Estoy esperando que manden el de Felipe VI», se justifica con picardía.

En el único mueble de su despacho atesora numerosos cumplidos de padres agradecidos. Por ejemplo, una botella de Courvoisier, exquisito coñac francés que le trajo la madre de un adolescente que acababa de ser condenado a seis meses de internamiento y a un tratamiento psicológico paralelo. Su delito: maltratar a sus progenitores. Pero la niña de sus ojos es la piedra que le trajo el gitanillo que asesinó a su suegro.

A Emilio Calatayud le gustaría que la música de Juan Salvador Gaviota fuese la banda sonora de su vida. «Fue la primera película que vi con mi novia Azucena y siempre me ha gustado Neil Diamond. Cuando cumplimos las bodas de plata nos volvimos a casar y fue también la banda sonora. Me encanta la música, las imágenes de la película me fascinan y el libro de Richard Bach narra la historia de una gaviota diferente, de su aprendizaje sobre la vida y cómo afrontar nuevos retos en una homilía sobre el camino personal de superación».

Calatayud se siente ya un granaíno más y Granada, su ciudad adoptiva, le quiere. En las fiestas del Corpus, unas letrillas populares (carocas) le retrataron ya hace años así: «Calatayud, juez prudente/ hombre cabal y complejo/ que redime al delincuente/ e instruye al analfabeto/ vaya un ejemplo excelente». Para llegar a su juzgado en taxi no hay que facilitar dato alguno, basta con pedir ser conducido al Juzgado de Menores y cualquier taxista sabe de inmediato que debe dirigirse al insulso edificio de la vetusta calle Arabial (los árabes la llamaron Al-Abyar, que significa «caserío de los pozos»). Y, al llegar, explicará ufano: «Bueno, aquí estamos en el juzgado de don Emilio. Saben quién es, ¿no?».

ANA MARIA FERRER GARCIA

DAMA DE HIERRO Y DE SEDA

No tuve suerte. ¡Me lo merecía!

MARGARET THATCHER

El trabajo en el juzgado madrileño era intenso «y apasionante», hasta que, en la Navidad de 1993, llegó un regalo envenenado y nada inocente que alteró su vida. Una querella contra el entonces director de la Guardia Civil, Luis Roldán, aguardaba agazapada el sorteo. «Anda que al pobre que le caiga esto...», había comentado su marido mientras desayunaban la mañana del 28 de diciembre. Cuando llegó al despacho, el reparto del decanato la había enviado a su juzgado. «Pues nada, me tocó». Y además, embarazada. Como Marge Gunderson, el personaje que interpretó Frances McDormand en la película Fargo, investigó de forma serena y minuciosa mientras gestaba.

Ana María Ferrer García (Madrid, 1959) es jueza, hija de juez y esposa de juez. Cabría pensar que, por eso, para ella el tránsito por la carrera judicial ha sido plácido y acomodado. En absoluto. Como tantas otras mujeres, ha tenido que soportar y superar las miradas displicentes y altivas de sus compañeros de carrera, de magistrados más veteranos que dudaban de su capacidad para desempeñar un trabajo tan masculino, de fiscales desconfiados por su condición de mujer. A diferencia de muchas, se apoyó en su carácter práctico y su acusada personalidad para superar esos obstáculos. Hoy, puede presumir de ser la primera en muchas cosas. Por ejemplo, de ser la primera mujer en llegar a la Sala de lo Penal del Supremo. Pero no lo hace.

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odavía recuerda su primer encontronazo con la realidad machista. Tenía veinte años y comenzaba a trabajar como delegada técnica en el Tribunal Tutelar de Menores de Madrid (1979-1982). Hacía un trabajo de campo sobre todo social cuyos resultados ayudaban a evaluar la situación de los menores que vivían en la pobreza extrema y en familias desestructuradas. Allí se dio cuenta de que las mujeres tenían que hacer un esfuerzo suplementario para imponer su autoridad y ganarse el respeto día a día, «porque con veinte años parece que impones un poco menos y eso, unido al factor género, hacía que estuviéramos permanentemente cuestionadas».

Fue en esa etapa cuando Ana Ferrer empezó a procesar esas experiencias como argamasa con la que estar cada día más segura de sí misma, lo que más tarde le permitiría superar la prepotencia del macho alfa asentado en la judicatura y despreciar sus comentarios de la manera más elegante posible. Sarcástica, responde siempre, pero sin herir demasiado la sensibilidad de su detractor.

Esa forja de una personalidad endurecida con el tiempo, rigurosa y a veces impenetrable, llevó a muchos a calificarla como la dama de hierro de la judicatura española. Ana Thatcher la llamaban, en un tono que a menudo no ocultaba un cierto deje despectivo. A ella le molesta la comparación porque «soy muy sensible, incluso bastante llorona». Pero no desmiente al interlocutor que le recuerda que su imagen es la de magistrada, más que responsable, estricta, casi inflexible. «Cuando he tenido que serlo», apostilla.

Obligada a hacer las cosas no solo bien, sino incluso mejor para superar el obstáculo de género, su aparente fragilidad esconde un carácter de acero y una capacidad de trabajo que desborda a sus colaboradores. Así ha sido desde su primer destino, un juzgado de distrito de Valdepeñas (Ciudad Real) en el que tuvo que hacerse valer entre los funcionarios, conscientes de su escasa experiencia, y ante los propios ciudadanos, poco acostumbrados a ver a una mujer vestir la toga. Al poco de llegar, un vecino irrumpió en su despacho sorprendido porque quería ver al titular del juzgado y le habían comunicado que, allí, en vez de juez, había una chica. «Así que le dije que sí, “yo soy la chica, y si a usted no le importa me cuenta lo mismo que a un chico”. Y la verdad es que me lo contó con toda naturalidad», narra con tono jovial.

La jueza Ferrer sabe que por ser mujer lo ha tenido más difícil que sus compañeros varones, pero esa circunstancia tampoco ha significado para ella trauma alguno, si acaso un acicate para mejorar y superarse. No es que rehúya la imagen de heroína, es que en realidad es una circunstancia que tampoco le ha importado demasiado. Ni siquiera cuando en su siguiente destino, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Linares (Jaén, 1984-1987), los problemas a los que tuvo que enfrentarse crecieron y pasaron a otra dimensión.

Apenas llevaba unos meses en el juzgado linarense cuando pegaron fuego a su coche. Una bola de tela impregnada en gasolina bajo el motor afectó incluso al depósito, aunque el automóvil no llegó a arder por completo. Nunca se averiguó la autoría, ni quedó claro el motivo del ataque o con cuál de las diligencias a su cargo podría estar relacionado. A Ana Ferrer le sorprendió el incidente mientras comía en un restaurante de la localidad y de inmediato se desplazó hasta la comisaría para presentar la correspondiente denuncia. Nada más entrar en las dependencias policiales, se identificó como jueza y trató de explicar lo ocurrido, pero no pudo. «Me recibió un señor con un cubalibre en la mano: “Chica, tú es que estás muy nerviosa”, me dijo». Pese a su sorpresa, insistió en explicar lo ocurrido, pero no hubo manera. «Me insistía en “que sí, guapa, que sí, ¿a quién habrás disgustado tanto?”, y mientras, daba pequeños tragos a su bebida. Ahí sí que me sentí humillada como mujer, a pesar de que ejercía una autoridad, por el trato de desprecio que me dio un hombre».

Pero lo que a Ana Ferrer le indignó más, asegura ahora, es que si esa era la actitud del agente con toda una juez de instrucción, cuál no sería la que adoptase con una ciudadana cualquiera. Así que volvió a su juzgado y dirigió un oficio contra el policía a sus superiores, que le sancionaron.

En todo caso, Ferrer siempre ha tratado de discernir lo que hay tras la reacción que una juez mujer provoca en el género masculino y distingue a quienes buscan ofender de aquellos a los que, sencillamente, no les cabe en la cabeza que una fémina ejerza la función jurisdiccional. Y recuerda como ejemplo una ocasión en la que tuvo que acudir a la inauguración de unas nuevas dependencias policiales en la localidad. En la puerta, un agente de guardia recibía con el saludo protocolario, alzando la mano derecha hacia la gorra, a todas las autoridades masculinas que llegaban al acto. Cuando le tocó a ella, la mano del policía se quedó en su sitio. La juez, con tono conciliador pero enérgico, se dirigió a él: «A mí me da igual que usted me salude o no, pero me parece una falta de respeto que usted no me salude y a los hombres sí. Así que, si se cuadra delante de este señor, a mí me trata igual». A partir de ese momento, y en adelante, los policías con los que se cruzó en el pueblo no solo se cuadraron y saludaron conforme a las ordenanzas, sino que además incluyeron el reglamentario taconazo que ya estaba en desuso.

El tiempo no pasa en balde, y a medida que la jueza Ferrer fue cambiando de juzgado y ascendiendo en la carrera judicial los episodios machistas fueron desapareciendo; los juzgados y tribunales y el sector masculino que mayoritariamente los poblaba se habían ido acostumbrando a la presencia de la mujer en las carreras judicial y fiscal. Un reciente congreso de mujeres juristas destacó que el proceso no ha concluido todavía, que en la administración de Justicia la mujer, para acceder a puestos de responsabilidad, necesita mayor esfuerzo, compromiso y dedicación que los hombres a pesar de los avances conseguidos. Y en el ascenso a puestos de mayor responsabilidad se enfrenta todavía a un proceso discriminatorio: los hombres son valorados por su potencial mientras que las mujeres son juzgadas según los resultados que han conseguido.

Cuando Ana Ferrer llega a la Audiencia Provincial de Madrid en 1996 se encuentra un tribunal moderno en nada sospechoso de machista. Presidido por una mujer, María Luisa Aparicio, la presencia femenina en aquella audiencia era ya equilibrada: mayoría en Penal, solo en las secciones de lo Civil seguía en minoría.

A pesar de esta evolución, la mujer siempre ha sufrido «cierta retracción» en la carrera judicial por factores sociales que tienen que ver con el todavía desigual reparto de tareas familiares. Un estudio elaborado por el Consejo del Poder Judicial en 2012 analizó el comportamiento de parejas mixtas de jueces y descubrió que, por ejemplo, ningún hombre había pedido la excedencia para la atención de hijos recién nacidos. Es un dato significativo, defiende Ana Ferrer, porque «aunque las cosas han ido cambiando y ya comparten cada vez más las tareas de atención a los hijos, todo el proceso de conciliación familiar lo ha sujetado sobre todo la mujer y le ha impedido promocionarse y aspirar a puestos de mayor responsabilidad en la administración de Justicia».

Los dos embarazos de la jueza Ferrer no fueron un obstáculo para su trabajo. Curiosamente coincidieron con el principio y el final de la investigación del caso Roldán, el asunto más peliagudo que ha tenido que instruir en su trayectoria y por el que la recuerda con éxito toda la profesión. «El primer embarazo no me dio ninguna guerra», recuerda la juez, que no olvida un artículo de Sol Alameda en El País en el que teorizaba sobre la posibilidad de que la gestación le hubiese dado la tranquilidad imprescindible para afrontar un sumario de esa trascendencia y que en otra circunstancia hubiese sido imposible. Es cierto que la gravidez «te obliga a priorizar y te da un equilibrio especial», confirma ahora.

Es una vivencia común de centenares de juezas y ha sido también una constante en la carrera de Ana Ferrer, porque las tareas de responsabilidad en la administración judicial le han obligado a sacrificar en parte la vida familiar, aunque ella se ha esforzado siempre para que sus hijos no lo notaran «a base de ir como loca de un lado a otro». En su opinión, romper una tendencia de ese tipo debería comenzar por la educación, por estimular en su valía a las propias aspirantes, porque «esas mujeres que piden la excedencia por cuidado de hijos son jóvenes con las que hay que hacer trabajo de campo. Es una cuestión cultural, hay que empezar desde abajo y enseñar que la mujer es igual de profesional y tiene que compartir la familia en igualdad de oportunidades con el hombre».

Para entender en su integridad toda la digresión de la jueza Ferrer, conviene recordar que hasta el 29 de diciembre de 1966, fecha no tan lejana, la mujer tenía prohibido el acceso a la judicatura y al Ministerio Fiscal. La Ley sobre Derechos Políticos, Profesionales y de Trabajo de la Mujer de 1961 recordaba que si una fémina accedía a la Administración de Justicia como juez o fiscal «pondría en peligro ciertos atributos a los que no debe renunciar, como son la ternura, la delicadeza y la sensibilidad».

La derogación de tan disparatada norma permitió a Belén del Valle convertirse en 1973 en la primera fiscal de España tras superar las oposiciones. Y el 23 de enero de 1978 tomó posesión de su plaza en el Juzgado de Navalmoral de la Mata (Badajoz) Josefina Triguero, la primera mujer juez de la historia. Hace solo treinta y ocho años.

Aquellas normas condicionan aún la estructura de la carrera judicial. Hoy, 2.781 de los 5.352 jueces y magistrados en activo son mujeres, el 52 por ciento del total, según el Informe sobre la Estructura de la Carrera Judicial a 1 de enero de 2015. Las mujeres suponen el 62,5 por ciento de los miembros de la judicatura de menos de cincuenta y un años; en cambio, entre los cincuenta y uno y los setenta años el porcentaje es casi exactamente el contrario: los hombres suponen el 63,6 por ciento.

El Tribunal Supremo nació en abril de 1812. Doscientos dos años ha tardado una mujer en llegar a su Sala Segunda de lo Penal. Fue Ana Ferrer, convertida así en evidencia de la evolución del papel de la mujer en la carrera judicial. «La realidad está cambiando el panorama —reconoce con orgullo—, porque ya hace años que somos muchas las que tenemos el bagaje necesario para cambiarlo».

II

La infancia de Ana Ferrer es una historia feliz a caballo entre Valencia y Madrid. Su madre decidió dar a luz en la capital, pero vivió al borde del Mediterráneo hasta que, con siete años, su padre, magistrado, fue destinado a los juzgados madrileños de la plaza de Castilla. La pasión por el Derecho es herencia paterna, pero la fuerza vital la heredó de su madre, una cordobesa con estudios elementales que, empero, tuvo claro desde el principio que sus cuatro hijos, dos chicas y dos chicos, debían estudiar en igualdad de condiciones. Su tercera hija no reniega hoy de la deuda de agradecimiento con una generación de madres «que tomaron la decisión de que las mujeres nos incorporáramos al mundo laboral».

Además de la formación universitaria de su padre, su abuela fue maestra, lo que configuró un ambiente familiar que despertó temprano el interés de Ana Ferrer por el estudio. Nunca fue empollona, aunque sí responsable, de esas niñas que hacen los deberes todos los días. Primero en el centro de las Hermanas Ursulinas en la calle Príncipe de Vergara y luego en el de la Divina Pastora de la calle Santa Engracia, fue una estudiante feliz y obediente que nunca destacó por sus buenas notas.

En todo su expediente académico solo figura una matrícula de honor, ya en la facultad, en la asignatura de Derecho Canónico, lo que hubiese sorprendido a su progenitor. Daniel Ferrer Martín fue durante muchos años decano de los juzgados de Madrid. Quienes le trataron destacan su facilidad natural para atrapar el cariño de los que le rodeaban. Fue él en persona quien dirigió los decisivos primeros pasos en la carrera de su tercera hija. Ninguno de los otros tres hermanos siguió su estela, y los tres se inclinaron por carreras técnicas.

«Yo tenía muy claro que quería ir a la universidad y que quería hacer Derecho, y tenía claro que quería ser juez, ese era mi objetivo», reconoce, transparente, Ana Ferrer, que duda al precisar si se trató de vocación temprana o del simple reflejo de seguir el ejemplo paterno. Por la razón que fuese, hizo el Curso de Orientación Universitaria en el Centro de Estudios Universitarios San Pablo, lo que le aseguraba el acceso a una Universidad Complutense que le dio vértigo, «porque a lo mejor luego no me gustaba y podía perder el tiempo y le daba vueltas a si la influencia paterna me había hecho decidir una cosa que quizás podía no gustarme».

El primer curso en la Facultad de Derecho no ayuda a despejar las dudas. Derecho Romano, Derecho Natural... Pero a Ana Ferrer le entró el gusanillo, que el Derecho Penal convirtió en pasión un año después, a pesar de que «mi padre era más civilista y siempre decía que el Penal es muy duro para las mujeres, pero ya ves», sonríe. Fue una época interesante, alejada ya del bullicio de la Transición, lo que le ahorró algunas carreras delante de los grises, aunque no algún susto por las correrías de ciertos grupúsculos de extrema derecha, muy activos en su facultad.

El alejamiento de la efervescente actividad política no impidió que el ambiente reinante obligase a los alumnos a tomar posición ante los acontecimientos en curso, y Ana Ferrer descubrió que analizaba cuanto sucedía a su alrededor con mirada progresista. Una evolución natural, concluye, «porque nunca he sido conservadora ni en mis maneras de pensar ni en mi forma de comportarme».

Mientras realizaba el segundo curso, su padre falleció con solo cincuenta y ocho años, episodio que marcó a Ana Ferrer por la quiebra sentimental y, de manera accesoria, porque se vio en la necesidad de ayudar al sostenimiento familiar. Un conocido de la familia la avisó de que había trabajo en el Tribunal Tutelar de Menores y la convenció de que, dada la situación económica familiar, debía aceptar el empleo. Y así lo hizo. «Vivíamos del sueldo de mi padre, no teníamos otra fuente de ingresos, empecé a trabajar en Menores y me vino muy bien, porque me abrió los ojos».

El trabajo como delegada técnica en el tutelar y la carrera universitaria delinearon su vocación por el Derecho, porque a los estudios académicos sumó el contacto con la calle, con una sociedad desestructurada que empujaba a las personas a delinquir porque no tenían nada, tampoco nada que perder. Son enseñanzas que no figuran en los libros de texto, que ignoran a «esos chavales que tenían pocos recursos para salir adelante, a los que la marginalidad abocaba a la delincuencia, realidad que me impactó de una forma total». Por eso su vocación se torció de forma orientada e inapelable hacia el Derecho Penal. «A mí siempre me ha gustado el crimen», dice ahora, y termina la frase con una carcajada, como si estuviera cometiendo una travesura por desvelarlo.

Como delegada técnica del Tribunal Tutelar de Madrid, Ana Ferrer tenía que visitar a los menores bajo control de aquel en sus barrios, en sus casas, detectar sus carencias y necesidades y rebuscar recursos entonces casi inexistentes para asegurarles desde una ocupación hasta un medio de disfrutar de unas vacaciones similares a las de cualquier otro niño o joven de la época. Y eso deja huella. «No es que yo viviera en una burbuja, pero sí muy cómoda en una familia de clase media en la que no me ha faltado de nada, con mayores o menores estrecheces, pero con unos padres que se ocupaban de todo y unos hermanos que nos llevamos fenomenal y con una existencia feliz».

No fue una opción libremente escogida. Sin haber alcanzado el ecuador de sus estudios universitarios, no entraba todavía en sus planes inmediatos la búsqueda de un trabajo remunerado, pero el fallecimiento de su padre precipitó su llegada al mundo laboral para ayudar a la economía familiar. Y fue ese factor, más que la universidad, el que la empujó a hacer del Derecho, sobre todo del Derecho Penal, un objetivo profesional.

Tras una licenciatura sin complicaciones, las oposiciones tampoco fueron obstáculo para el acceso a la carrera judicial, aunque tras aprobar los dos primeros ejercicios, allá por junio de 1983, solicitó en el tutelar un permiso especial sin sueldo para centrarse en la preparación del último examen. Como tantos otros opositores, fueron meses de hasta dieciséis horas diarias de estudio, en los que el cansancio hace flaquear el ánimo en jóvenes que dudan si merece la pena el esfuerzo, si hay recompensa. «La vida luego te permite recuperarlo todo, pero son años en los que te aíslas del mundo».

Superada con éxito en octubre la dura prueba de la oposición, la Escuela Judicial es un buen sitio para despresurizarse, aliviar toda la tensión de los meses anteriores. El sempiterno problema de las vacantes en la carrera judicial obliga a que los alumnos accedan de inmediato a los juzgados, y a Ana Ferrer, piruetas del destino, le tocó el de Instrucción Número 16 de Madrid. Aquella Navidad ardió la discoteca Alcalá 20, siniestro en el que perecieron ciento once personas. La aspirante a jueza se libró por la mínima: el suceso le correspondió al Juzgado de Instrucción Número 15, cuyo titular era Jacobo López Barja de Quiroga, hoy en la Sala Quinta, de lo Militar, del Supremo.

No solo sorteó aquel dramático incendio, sino que tuvo la fortuna de acabar las prácticas en el juzgado sin tener que levantar un solo cadáver, una de las pruebas de fuego para cualquier juez novato. Llegó al Juzgado de Distrito de Valdepeñas con veinticinco años, y apenas tres meses después fue destinada a un juzgado mixto de Linares, una plaza con mucho movimiento, tanto de procesos civiles como penales, y que sufría un cierto colapso provocado por la constante llegada de titulares que apenas permanecían escasos meses en el juzgado.

El paso del tiempo convierte lo vivido en una sucesión de anécdotas amables, pero fueron tiempos duros que incluyeron el chocar de bruces con un caso de corrupción judicial anidado entre el personal de su propio juzgado. En realidad, nada del otro mundo en aquella época: el secretario judicial agilizaba o frenaba determinados procesos en función de la mordida que percibiese a cambio. «Todo el mundo lo sabía, pero nadie hacía nada», recuerda la jueza, que acabó con esa práctica a base de paciencia y con cierta dosis de suerte.

No fue agradable el proceso, porque afectó a uno de los personajes más reconocidos del pueblo, donde gozaba de muy buena fama por su eficacia. Y tuvo que lidiar con otra práctica perezosa de los juzgados, la costumbre del resto de los funcionarios de mirar para otro lado ante situaciones similares. Pero si una jueza como ella estaba decidida a no tolerar o aceptar la injusticia que llegaba de fuera, mucho menos aún la que arraigaba en su propio juzgado.

Todo ello de manera simultánea a padecer una de las pesadillas de muchos de los jueces de aquella generación, el azote mortal que absorbió el alma de muchos jóvenes durante los primeros años de la década de los ochenta. El consumo de heroína disparaba las muertes por sobredosis y malgastaba a una juventud muy deteriorada. Ana Ferrer perdió la cuenta de los cadáveres que tuvo que levantar en Linares. Aunque lo de menos es la cifra, lo esencial es el hecho de que «cuando vives en un pueblo pequeño los ves a todos, ves cómo se van destruyendo, compruebas que esa generación de mi misma edad prácticamente ha quedado esquilmada».

Por eso cuando en 1984 ingresó en la carrera, eligió lo que eligió. Por expediente y escalafón tras el acceso, pudo haber escogido juzgado en una capital de provincia, incluso un juzgado de distrito de Madrid, pero prefirió un núcleo urbano más pequeño que le asegurase un contacto más cercano con los ciudadanos. Por eso la procesión por Valdepeñas o Linares hasta llegar en 1987 a Aranjuez (Madrid), donde la diosa Temis le tenía preparada una sorpresa: coincidió con el magistrado Javier Martínez-Lázaro, titular del otro juzgado de la localidad y hoy su marido.

«Ya le tenía echado el ojo», reconoce ahora con picardía. Le había visto en un debate televisivo en el que participó junto a otros tres jueces —Clara Bayarri, Ramón Rodríguez Arribas y Juan Alberto Belloch—. El tema a tratar giraba en torno a dos jóvenes que habían sido detenidos por darse un beso en la calle. Las opiniones de los tertulianos pasaron pronto de lo académico a lo banal, y algunos de los comentarios, observados hoy, no tienen desperdicio. El debate subió de tono y la juez Bayarri, que defendía la libertad para besar, reconoció sin pudor que ella se bañaba desnuda en el mar, confesión explosiva que provocó un respingo del veterano Rodríguez Arribas.

El primer encuentro de los jueces Ferrer y Martínez-Lázaro —Tito para todos— en los juzgados de Aranjuez fue más bien un tropezón. Él era el decano y aprovechó la llegada de la nueva jueza, más joven e inexperta, para intentar imponer un sistema de reparto de asuntos que le beneficiaba. Ella no discutió: «Le dije que de acuerdo, pero que a cambio no me quedaba con las guardias». Él captó el mensaje y acordaron un reparto equitativo de los nuevos casos que entraban a diario. Uno a cero.

Después la cosa fue más sencilla: «de tanto ir y venir, de tanto charlar y charlar, nos enamoramos». Con el paso de los años, mantienen una pauta de conducta que les funciona: hablar lo menos posible de los temas del juzgado, sobre todo los asuntos más complicados. Solventan así una espinosa situación: la magistrada ejerce en la Sala de lo Penal del Supremo, en la sección encargada de revisar, entre otras cosas y entre otras causas, las juzgadas por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, a la que pertenece su marido. Las normas que regulan la abstención de los magistrados en la Ley Orgánica del Poder Judicial evitan cualquier suspicacia jurisdiccional, pero en la intimidad del hogar determinadas resoluciones judiciales pueden resultar espinosas.

III

En el juzgado de Aranjuez apenas estuvo cuatro meses. Hoy lo recuerda como una escala en el camino hacia Madrid, que incluyó una nueva parada en Leganés, quince meses «de mucho trabajo duro, pero muy estimulante», hasta que su antiguo tutor de prácticas la puso sobre aviso de que estaba vacante el Juzgado de Instrucción Número 16 de Madrid, que ella ya conocía bien.

La jueza llegó al bullicioso edificio de la plaza de Castilla, el corazón de la justicia madrileña, en junio de 1989. Tenía treinta años y las mismas ganas. Aquella generación de jueces había adquirido ya cierta experiencia y estaba decidida a cambiar muchas cosas que no les gustaban de la administración de Justicia. El concepto de servicio público empapaba ya una forma de entender la jurisdicción que permitía desde afrontar el desafío de unas leyes penales incompletas y heredadas de la dictadura hasta abrir las puertas de los juzgados para que entrasen los ciudadanos. «Tenía muy claro entonces algo en lo que sigo creyendo hoy, que hay que atender a los que llaman a la puerta de nuestro despacho, porque si no la justicia deja de ser un servicio público».

Fueron decenas los jueces que compartían esa visión, pero la mayoría de ellos niegan haber sido conscientes de que estaban transformando la manera de impartir justicia. Ana Ferrer cree que «nos dábamos cuenta de que había que reformar la Justicia y teníamos claro que no íbamos a tolerar, por ejemplo, los casos de corrupción judicial o comportamientos que maltrataban los derechos de los imputados; éramos conscientes de que en aquellos años los justiciables procedían de unas capas sociales muy desestructuradas y de que, además de la pena, necesitaban otra cosa».

Aquel grupo de jueces de vanguardia también implantó una novedosa forma de trato con los detenidos. Para poder mirarlos a los ojos cuando los interrogaban y tomarles declaración en el lugar más apropiado, decidieron bajar a los calabozos para mantener la inmediación con el detenido. Algo hoy normal, entonces una revolución mal vista por sus mayores.

Todo se reducía a abrir las puertas y ventanas del hermético mundo de la Justicia y franquear el paso a los ciudadanos, «recibir a la gente y escucharla, y escribir resoluciones que se entiendan y sean comprensibles», defiende Ana Ferrer, aunque este último objetivo es otro cantar.

El caso Roldán fue el gran escándalo por corrupción que señaló el principio del fin del felipismo. La investigación judicial empezó como todas, sin medios suficientes. La jueza Ferrer tuvo que aguzar el ingenio para superar problemas como la falta de preparación de los funcionarios ante sumarios de esas características. Ella misma reconoce hoy su escasa pericia de entonces ante supuestos de corrupción económica. Por supuesto, de inicio tuvo que lidiar con la poca colaboración de la Guardia Civil, muy remisa a la hora de entregar al juzgado la documentación solicitada. Para solventar este extremo, tiró del genio curtido en anteriores batallas: un par de resoluciones de advertencia y las tiranteces con el instituto armado desaparecieron como por ensalmo; su colaboración fue satisfactoria, asegura hoy tajante.

La jueza Ferrer apenas se detuvo por la oposición frontal de algunos aparatos del felipismo y de las fuerzas de seguridad a sus pesquisas. Su verdadera preocupación, obsesión casi, era en cambio la falta de preparación técnica, suya y de sus colaboradores, para desentrañar el mecanismo del desfalco a las arcas públicas a través de la contratación de obras de construcción de cuarteles para la Guardia Civil.

«Tenía una cosa muy clara: para investigar este tipo de corrupción necesitaba un asesoramiento económico para determinar cómo se organizaban las empresas, por lo que pedí un perito especializado que estuviera presente en la incautación de documentos durante los registros y que los analizase». Ese apoyo fue clave. El Ministerio de Justicia designó dos técnicos de Hacienda, un inspector y una subinspectora, con dedicación exclusiva y con los que logró formar un equipo coordinado que desentrañó el mecanismo del fraude hasta el último céntimo. «Éramos implacables. Yo iba a los registros con los dos peritos, que sabían perfectamente cómo mirar la documentación y dónde poder encontrarla. Así descubrimos las facturas con las cuentas de las mordidas escritas a lápiz en el margen de los documentos, o los cheques de los fondos reservados del Ministerio de Interior».

Así explicado, parece fácil. Pero fueron largos meses de aplicado estudio hasta que el equipo logró desentrañar el método empleado por Roldán para amasar aquella inmoral fortuna. Los contratistas de las obras en las casas-cuartel de la Guardia Civil que pagaron las comisiones no colaboraron, y aunque una leyenda negra asegura que la juez contó con la ayuda de muchos de los enemigos que el ex director general del cuerpo se granjeó durante su mandato, esas supuestas confidencias no aparecen en el sumario.

Tampoco fue fácil desentrañar el mecanismo urdido por Roldán y su socio, Jorge Esparza, para ocultar el dinero conseguido por ese sistema. El Banco Bilbao Vizcaya (BBV) apenas colaboró, lo que no impidió a los investigadores certificar la activa colaboración de uno de sus empleados, Juan Jorge Prieto Paradina, en el proceso de lavado de los ilícitos fondos a través de la sociedad-pantalla Europe Capital.

Y nula colaboración obtuvo la jueza Ferrer del Ministerio del Interior a la hora de comprobar si parte del dinero robado por Roldán procedía de los fondos reservados, materia reservada donde las haya hasta que, años después, dejó de serlo. En una época en la que el juez Baltasar Garzón libraba con el gobierno una cruenta batalla para poder acceder a esa información, necesaria para desentrañar parte de la trama de los GAL, la instructora madrileña optó por la sutileza. Rehusó cualquier enfrentamiento, al menos público, y buscó junto a sus colaboradores vías alternativas para averiguar lo ocurrido.

Lo hizo. O al menos eso concluyeron tanto la Audiencia Provincial de Madrid como el Tribunal Supremo, que en sus respectivas sentencias sobre el caso Roldán aceptaron como probado que Roldán se apropió de diversas cantidades de dinero procedente de partidas de la Secretaría de Estado de Seguridad mediante cheques librados contra la cuenta 25-012128-6 del Banco de España: la de los fondos reservados. Al ex director general le cayeron veintiocho años de cárcel, que la sala a la que hoy pertenece Ferrer elevó a treinta y uno.

El éxito que nadie esperaba se debió, según la jueza, al «trabajo en equipo», pero también a su constante innovación en los modos de instruir y la adopción de algunas iniciativas entonces inusuales, como unificar en una sola representación letrada todas las acusaciones populares que se personaron contra Roldán y sus secuaces, cuyo excesivo número era un lastre para la velocidad de instrucción del proceso. Aquella decisión fue recurrida con saña por los afectados hasta el Tribunal Constitucional, que dio la razón a Ana Ferrer. Hoy es una práctica ya consolidada y muy habitual en los tribunales españoles.

El caso Roldán fue tan complicado como sencillo al mismo tiempo. Por una parte, la incautación de las facturas que demostraban los desvíos de dinero maquinados por el primer civil que fue director general del instituto armado allanó el camino procesal. Pero la relevancia institucional del sospechoso lo complicaba todo hasta la extenuación. Al menos, en ningún momento sintió la presión del poder político: «Nunca me llamó nadie ni me llegó ningún mensaje indirecto»; tan solo sintió la presión ambiental que generó el escándalo desatado.

Como todos los jueces que pueblan estas páginas, Ana Ferrer niega haber sido nunca presionada desde la Administración o desde cualquier otro ámbito. Y obligada a confesar algún episodio delicado, asegura recordar solo una anécdota de signo contrario. A ella le correspondió investigar el asesinato de la menor Susana Ruiz, un crimen en apariencia sencillo hasta que se vio enredado por rumores malintencionados y falsos que implicaban a personajes de la aristocracia y de la política en el suceso. Un día, sonó el teléfono de su despacho y al otro extremo del hilo estaba la entonces portavoz del Gobierno, Rosa Conde, que quería saber si aquellos bulos tenían algún viso de verosimilitud. Fue una breve conversación buscada por la ministra «sin un interés por presionar, solo para tener una información veraz y contrastada», explica ahora la magistrada.

Ana Ferrer sí tuvo que sufrir el acoso de la prensa. En esa nueva faceta también sentó cátedra porque era consciente de la importancia y repercusión social del asunto, y actuó con transparencia y claridad en todos los pasos que dio. En esa labor de brega su cuñado Julio Martínez-Lázaro, periodista y decano de los cronistas judiciales, jugó un papel impagable como guía espiritual. «Siempre me recordaba que los periodistas se portarían conmigo tal y como yo me portase con ellos, que si yo era leal con ellos, ellos lo serían conmigo». Y así fue.

En todo caso, ese maridaje temporal con la prensa no fue nada cómodo para la jueza: en absoluto acostumbrada a ser reconocida por la calle, le hubiera gustado tener más serenidad personal. Todavía retiene fresca en su memoria esa ácida sensación, porque «la verdad es que eso de ir a cualquier sitio y que la gente te pare y te conozca no es fácil de sobrellevar. Vas a hacer la compra y te reconocen: el primer día te hace gracia, pero luego ya se convierte en un estorbo que no tiene ningún sentido».

Ana Ferrer instruyó el caso Roldán durante su primer embarazo. Dictó el auto de procesamiento minutos antes de darse de baja para dar a luz a su primera hija. Actuó así para no perjudicar el desarrollo de la investigación, con la tranquilidad de saber que el equipo que dejaba en el juzgado durante su baja por maternidad había alcanzado ya un nivel de preparación suficiente para que la causa no sufriera ningún retraso. Dieciséis semanas después de ser madre volvió al despacho; a las setenta y dos horas, Roldán fue apresado —o se entregó, que ese trozo de la historia está aún por escribir— en el aeropuerto de Bangkok —o en París, eso tampoco está claro— tras meses de enloquecida y rocambolesca fuga.

El episodio de la huida del director de la Guardia Civil puso al país en alerta; la sensación de que la corrupción, cual virus infeccioso, lo anegaba todo se expandió sin contención. Como ahora. Y los juzgados apenas daban más de sí. Como ahora. El 29 de abril de 1994, mientras Roldán engañaba a sus propios escoltas y desaparecía, los juzgados de plaza de Castilla eran un hervidero de delincuentes famosos recorriendo sus pasillos. El exgobernador del Banco de España, Mariano Rubio, y el exagente de cambio y bolsa Manuel de la Concha comparecían como imputados, cada vez más cerca de la prisión.

Aquel día, rememora la jueza Ferrer, «estábamos de guardia los juzgados número 15 y 16. Cuando llegué temía que me pudiese tocar a mí también, recelosa de que una mano negra condujese todos esos asuntos a mi juzgado, pero no, en el reparto de asuntos le tocó al número 15». La memoria también atrapa los momentos más divertidos: el juez compañero de guardias, Eduardo Gutiérrez Gómez, era defensor de la vestimenta informal y aquella noche su mujer le perseguía intentando que se pusiera una corbata, preocupada porque los detenidos «eran señores muy importantes». «Eran unos días de locura, una canción que cada mañana escuchabas en la radio o leías y que te podía salpicar en cualquier momento», añade Ferrer.

Fueron aquellos años muy revueltos en los que cada mañana la prensa se desayunaba con un nuevo proceso judicial por corrupción, lo que por primera vez obligó a la clase política, la de entonces, a desfilar por los juzgados. La aparición de las televisiones privadas sobredimensionó además la proyección informativa de estos asuntos.

El tiempo de ser juez de instrucción, tras doce años, se agotaba. Ana Ferrer quería evolucionar y conocer otras facetas de la función jurisdiccional. «Todo tiene su momento en la vida, y con la edad las guardias se me hacían muy pesadas». Cierta rutina hacía mella en el ánimo de la jueza, que empezaba a obsesionarse con temas como los accidentes de tráfico. «He levantado tantos cadáveres en mi vida que eso desgasta y genera mucho sufrimiento». El sentido del deber le hizo aguantar en el juzgado hasta concluir el caso Roldán. Dictó la última resolución en enero de 1996, con la que elevó el sumario a la Audiencia Provincial de Madrid para celebrar el juicio. Su segundo hijo venía de camino.

A esa misma audiencia llegó en mayo de 1996, tras la baja maternal. En este tribunal «magnífico», presidido por María Luisa Aparicio, se le hizo muy llevadero «el cambio de chip». «Yo nunca había pasado por un juzgado de lo penal y la audiencia da otra visión del Derecho, allí es donde te das cuenta del efecto que tiene cómo has instruido los casos y cómo los preparas para la celebración de un juicio con éxito».

Frente a los adictos a la instrucción, hay magistrados que defienden que el trabajo de verdad apasionante es el que se realiza en un tribunal de audiencia, porque es un puesto clave donde se concentra todo el Derecho Penal y se resuelven jeroglíficos jurídicos muy complejos. Impartir justicia es igual de difícil tanto cuando se ordena la prisión provisional de un presunto delincuente como cuando se le condena, aunque Ana Ferrer reconoce que «el vértigo que sentí fue mayor cuando encerré a la primera persona que cuando dicté la primera sentencia condenatoria, porque el bagaje profesional te permite afrontarlo de otra manera».

Tras recorrer varias secciones de lo penal de la Audiencia Provincial de Madrid durante trece años, la juez Ferrer decidió dar el salto y optar a la presidencia. «Pensé que mi carrera profesional tenía que movilizarse y adquirir una experiencia de gestión que no tenía completada». La presidencia de una audiencia, o de un tribunal superior de justicia, es decisión del pleno del Consejo General del Poder Judicial, que elige entre los candidatos a cada puesto por razones no regladas y que escapan, a menudo, a todo razonamiento. Es un riesgo que muchos magistrados no corren en toda su carrera profesional. Ana Ferrer sí. Fue elegida para el cargo en enero de 2009.

Cinco años al frente de la audiencia madrileña satisficieron todas sus legítimas aspiraciones de ascenso en la carrera porque le permitieron completar un ciclo de instrucción y gestión de la administración judicial más que suficiente. Con una reputación sin tacha y sin opositores de peso dentro y fuera de la carrera judicial, acostumbrada a enfrentarse a los retos para superarlos, decidió dar un paso de gigante y dirigió la mirada a la más alta instancia judicial del país, el Tribunal Supremo.

Aquel era un velo ya rasgado. A la magistrada Milagros Calvo Ibarlucea le corresponde el título de ser la primera mujer en la historia en acceder a la instancia judicial española más elevada. Fue el 23 de enero de 2002 cuando el pleno del CGPJ acabó con dos siglos de tradición machista y le concedió una plaza en la Sala Cuarta, de lo Social, del alto tribunal. Su aval, veintidós años de carrera profesional —primero como fiscal— inmaculada, los quince últimos en esa misma jurisdicción, en la que acaparó reputación y prestigio. Y también su adscripción a la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, cuyo sesgo conservador coincidía con el que en aquel momento dirigía el órgano de gobierno de los jueces.

Su nombramiento, empero, nació emborronado por un serio desencuentro en el seno del consejo. Ese mismo pleno rechazó las candidaturas de Margarita Robles y la fiscal Soledad Cazorla para la Sala Segunda, de lo Penal, y de Alicia Camacho para la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, las tres apoyadas por el minoritario sector progresista del CGPJ. Las vacantes fueron cubiertas con candidatos masculinos.

La explicación oficial atribuyó lo ocurrido al factor ideológico, y por eso los vocales progresistas se abstuvieron en el caso de la magistrada Calvo Ibarlucea. Pero algún exvocal reconoce ahora que, acaso, también pesó el hecho de que en aquel momento era «inevitable» colocar por fin a una mujer en el Supremo, pero dos el mismo día hubiese sido «un exceso». Corría ya el siglo XXI.

Un goteo ha ido corrigiendo esa deuda histórica, pero con una lentitud exasperante. Hoy, en el Tribunal Supremo conviven once magistradas con sesenta y ocho magistrados, apenas un exiguo 13,6 por ciento. Ese parsimonioso lagrimeo había excluido a la Sala Segunda, convertida en un privée masculino habitado por doce magistrados erigidos en la élite de la jurisdicción penal, la que acumula el 75 por ciento de los procesos instruidos por los juzgados españoles.

Acceder a la Sala de lo Penal del Supremo no es fácil. El CGPJ escribe los nombres de sus miembros con trazos enrevesados que mezclan los hitos meritorios de los candidatos con pinceladas políticas. Y todo candidato necesita un padrino que ofrezca cierto aval parlamentario. Ana Ferrer no lo tenía. En su momento, algún medio de comunicación la presentó de manera aviesa como la ahijada de Alfredo Pérez Rubalcaba. Ahora, cuando recuerda aquel episodio, sonríe y coge aire con fuerza: «Me hace gracia que dijesen que venía de su mano, porque nunca le he estrechado la mano al señor Pérez Rubalcaba. No sé si me apoyó, y si lo hizo se lo agradezco, pues me parece muy bien, pero desde luego yo no hablé con él y no sé hasta qué punto pudo influir su intervención, porque a mí ni siquiera me consta que la tuviera».

Ana Ferrer no ha negado nunca su posición progresista, «desde las monjas», y asume con agrado la influencia del entorno de los amigos de las primeras etapas. Algunos consideran aquella generación de jueces como el motor de la transformación de la Justicia que ha convertido a los miembros de la carrera judicial en el último refugio para una ciudadanía aterrada ante las consecuencias de la crisis, porque suplen las carencias de un sistema político que les ha dejado en el mayor de los desamparos. «Estamos en un periodo delicado, en el que el ciudadano está desencantado; en estos momentos convulsos, con la clase política en un periodo de valoración delicado y precario, el ciudadano ve que el juez actúa y puede confiar en él».

Jueces en la última línea de defensa, la última trinchera que protege a las clases sociales más vulnerables contra el abuso. Ana Ferrer sabe que esta pelea diaria se gana en muchos escenarios diferentes, porque «la trinchera está en todos los sitios, hay que pelear por lo que se cree y es positivo en cada momento tratar de conseguir aquello que tienes que conseguir». Con esa actitud, era inevitable. En febrero de 2014, doscientos dos años después de la creación del Tribunal Supremo, Ana Ferrer fue la primera mujer en acceder a su Sala Penal, que por fin dejó de ser un reservado masculino.

Cuando era juez en Valdepeñas, Ana Ferrer tuvo que reinterpretar los pobres e incompletos códigos de la época para dar soporte jurídico a un trasplante de corazón que salvó una vida. Hoy, la dama de hierro de la judicatura se confiesa cómoda en su despacho de la cuarta planta del Supremo. «No quiero más que seguir donde estoy, trabajando, porque es una maravilla y me siento privilegiada». Pero en el armario guarda con orgullo la toga que usó su padre y que ahora utiliza ella. Algún compañero de sala que dice conocerla bien avisa: Ana Ferrer ha llegado al Supremo, pero no para quedarse quieta.

JOSE MARIA FERNANDEZ SEIJO

CUANDO LA RUINA NOS ALCANZA

Las leyes son siempre útiles para las personas que tienen bienes

y dañinas para los desposeídos.

JEAN-JACQUES ROUSSEAU

Dice un axioma apócrifo que la Historia la escriben los historiadores, pero la fabrican los pioneros. Si el aforismo está en lo cierto, la pequeña historia reciente de la Justicia española debe incluir al magistrado José María Fernández Seijo, que el 28 de enero de 2011 dictó una resolución sin precedentes, algo al alcance de muy pocos: dio por saldadas las deudas de un matrimonio de jubilados de Barcelona incapaces de hacer frente a sus obligaciones de pago pendientes. Y lo hizo sin otro apoyo legal que su propia visión jurídica del problema planteado por los afectados en el conflicto.

Para que un asunto como el protagonizado por esos pensionistas acabe como acabó es imprescindible el impulso de un juez atípico, y Fernández Seijo lo es. Para empezar accedió a la judicatura porque su padre, magistrado, decidió cortar de raíz ciertas tendencias diletantes que había detectado en su primogénito y decidió enderezar su futuro. «Me cogió por banda y me dijo “tú eres el mayor y te toca opositar”. Y la verdad es que estoy contento; vista la perspectiva, creo que fue una decisión acertada, pero nunca he tenido gran afición a esto de ser juez». La ausencia de vocación no es un problema. Al contrario, «creo que es bueno no tener vocación, porque tengo la teoría de que de grandes vocaciones vienen grandes frustraciones».

Pero sí es imprescindible tener vocación de servicio público, y de eso no le falta a Fernández Seijo, que viste la toga con la humildad de quien sabe que esa prenda no es en absoluto la capa de Superman.

I

L

a pareja de pensionistas había entrado en concurso de acreedores en 2007. Sus respectivas pensiones les reportaban, en conjunto, 2.371,46 euros mensuales, con los que les era imposible afrontar el pago de la hipoteca y los gastos corrientes de una familia de sus características, amén de la deuda acumulada. Ante la falta de acuerdo con sus acreedores, devolvieron su vivienda de protección oficial al Instituto Catalán de la Vivienda, lo que les permitió saldar la hipoteca y abonar la mitad de los 108.287,87 euros que debían, sobre todo a bancos por gastos contraídos con tarjetas de crédito y a grandes superficies comerciales que facilitan a sus clientes tarjetas de abono aplazado.

El Código Civil español, a diferencia de otras leyes europeas, obliga al deudor a cumplir con sus acreedores «con todos sus bienes, presentes y futuros», lo que permite perseguir no solo de por vida a los morosos, sino también a sus herederos una vez fallecidos estos. Fernández Seijo, titular del Juzgado de lo Mercantil Número 3 de Barcelona, echó cuentas: si condenase a los dos jubilados a la inanición y destinase todos sus ingresos a pagar los 58.692 euros pendientes de devolución, la deuda aún tardaría dos años en abonarse. Si les permitiese conservar el equivalente al salario mínimo interprofesional, como prescribe la ley, para al menos pagar el alquiler de la casa que ocupaban, el plazo para saldar la deuda sería de trece años.

Ante esa disyuntiva, el magistrado optó por la tremenda y dio por saldada la deuda «una vez que se han agotado todas las vías» que contempla la Ley Concursal para satisfacer a los acreedores, dado que se habían vendido todos los bienes del matrimonio. Los ancianos pensionistas «son deudores de buena fe, deudores accidentales que se han visto abocados a una situación no deseada de insolvencia definitiva que no puede ser penalizada con la conversión del concurso en un purgatorio», apostilló en su resolución.

Ningún otro juez español había resuelto antes de tal manera un caso similar. Para Fernández Seijo era una «salida razonable»: para los acreedores, porque la deuda era irrecuperable; para los deudores, porque les otorgaba una segunda oportunidad «que no les aboque a una situación de exclusión social». Una solución que «conecta además con las observaciones que la Unión Europea hace sobre los problemas de sobreendeudamiento de los consumidores, de acceso al crédito responsable y el derecho a que el deudor de buena fe pueda recomponer su vida económica». Nadie recurrió, y la resolución judicial adquirió firmeza sin necesidad de otros trámites.

Para quienes gustan de escribir la Historia a base de nombres propios, el de Fernández Seijo está asociado al de Mohamed Aziz, inmigrante de origen marroquí asentado en Martorell (Barcelona). Soldador de profesión, el trabajo estable del que disfrutaba desde diciembre de 1993, cotización a la Seguridad Social incluida, le permitió embarcarse, como a tantos otros, en la compra de un piso llamado a ser el hogar de su esposa y sus tres hijos. Su sueldo de 1.342 euros le dio acceso sin quebrantos ni reparo bancario alguno a un préstamo hipotecario de 138.000 euros, firmado el 19 de julio de 2007.

Pero en septiembre de 2008 se hundió Lehman Brothers. En 2009 perdió el trabajo. En 2010, en plena asfixia económica, dejó de pagar cuatro cuotas de la hipoteca y la Caixa d’Estalvis de Tarragona —hoy integrada en Caixa Catalunya— aplicó los mecanismos legales a su disposición: un año después, Aziz, su mujer y sus tres hijos se vieron en la calle. Sobre el crédito inicial de 138.000 euros para una vivienda de 50 metros cuadrados tasada en 190.000, Aziz había dejado de pagar solo 3.153 euros. Aun así, la familia perdió su hogar y mantuvo viva una deuda con la entidad bancaria por valor de 40.000 euros. La colonia marroquí de Martorell le arropó y le ayudó a sobrevivir en un piso municipal de alquiler social por el que abonaba 150 de los 450 euros mensuales que percibía como subsidio.

Aziz se sintió estafado por un sistema jurídico-legal que consideró injusto. La tensión generada por el proceso de desahucio le agravó la diabetes crónica que padecía y le provocó un grave problema médico. Al borde de la desesperación, decidió agarrarse al último clavo ardiendo que tenía a la vista y, mientras una comisión judicial le desposeía de su hogar, él acudió a otro juzgado para denunciar el contrato firmado con la entidad bancaria. En ese momento, tuvo dos golpes de suerte: topó con Dionisio Moreno, abogado tenaz y comprometido que aceptó defender su reclamación sin percibir honorario alguno por ello. Y su denuncia le tocó al Juzgado de lo Mercantil Número 3 de Barcelona.

«Era un tema muy limpio, un inmigrante que ya había perdido su casa y no utilizaba la Justicia para paralizar nada; vino al juzgado el mismo día que le estaban entrando en su vivienda de Martorell [para el lanzamiento judicial]. Pero en el hipotético caso de que yo le diera la razón al señor Aziz, mi sentencia no tendría ninguna utilidad para él. En esas situaciones algo quiebra el Derecho, algo no funciona bien si yo puedo dictar una sentencia en la que puedo darle la razón y no le va a servir de nada. Entonces pensé: algo hacemos mal». Fernández Seijo nunca olvidará aquel caso. No era la primera vez que se tropezaba con un asunto similar. Una de las características más destacadas de la crisis financiera desatada en 2008 es que provocó una recesión económica que destruyó millones de puestos de trabajo y afectó sobre todo a los cabezas de familia de la clase media, algo que no se había producido en trances similares vividos en las décadas de los setenta o de los noventa.

Ese factor, unido a la necesidad de los bancos de reducir su riesgo hipotecario, presionados por las autoridades comunitarias, provocó una oleada de desahucios de dimensiones y consecuencias todavía difíciles de evaluar. Las estadísticas oficiales no coinciden: el Consejo General del Poder Judicial, el Instituto Nacional de Estadística, el Banco de España e incluso la Asociación Española de la Banca (AEB) dan datos dispares. La cifra más aceptada es que desde 2008 se han realizado unos 600.000 desahucios; en algo más de la mitad de los casos, los afectados son familias que han perdido su hogar o el piso de alquiler en el que vivían.

Fernández Seijo ya había defendido en distintas ocasiones que el problema de los desahuciados debía ser abordado desde la perspectiva de la protección de los derechos de los consumidores. Pero hasta entonces ni él ni ningún otro juez habían explorado esa vía con todas sus consecuencias. La decisión más novedosa la había tomado la Audiencia Provincial de Navarra, primer tribunal en aceptar una dación en pago, pero el Supremo tumbó aquella resolución. Algunos aguerridos magistrados se habían atrevido a cuestionar ante el Tribunal Constitucional la difusa y dispersa legislación hipotecaria española, con nulo éxito. Unos meses antes de la denuncia de Aziz, otro magistrado de Barcelona había cuestionado ante la corte de garantías un caso similar, pero su escrito ni siquiera fue admitido a trámite y el tribunal le dedicó una resolución muy severa que, con cajas destempladas, incluyó calificativos poco elogiosos.

«Te surge la duda de si el artículo 24 de la Constitución sirve para algo; además, a ningún juez nos gusta que el Constitucional nos saque los colores, así que me arriesgué a bajar un escalón y en vez de abordar un caso de derechos fundamentales me planteé un problema de tutela de los consumidores, de derechos más difusos», lo que abría otras alternativas. Una de ellas era el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Fernández Seijo tenía experiencia. Juez estudioso y sensibilizado, su compromiso en la defensa de los derechos fundamentales le había llevado a buscar nuevas vías, más modernas, para asegurar su protección. Y frente a la anquilosada jerarquía judicial española, más preocupada en la conservación del statu quo que de avanzar en la construcción de sociedades más justas, la Corte Europea con sede en Luxemburgo se había convertido en estación de paso frecuente.

La primera cuestión prejudicial que Fernández Seijo presentó al Tribunal de la UE data de 1999. «Es una corte muy confortable, muy amable, donde todo es cortesía: en cuanto reciben tu escrito contactan contigo, ponen a tu disposición sus propios equipos técnicos, corrigen tu planteamiento si creen que ello ayuda a una mejor respuesta y valoran tu trabajo», comenta el magistrado, que aduce otra razón para su positiva valoración de esta corte, su rapidez: el plazo medio de resolución de las cuestiones que le llegan está en torno a los dieciséis meses.

El Tribunal de Luxemburgo casa a la perfección con la visión de la defensa de los derechos del ciudadano de Fernández Seijo: al tener jurisdicción sobre todos los Estados miembros de la Unión Europea, esta corte carece de visión sobre la concreta realidad española, extremo que no le preocupa porque su objetivo es generar un régimen estandarizado en el que cualquier ciudadano comunitario enfrentado a una situación similar obtenga la misma respuesta judicial sin importar en qué país se produce.

Uno de sus primeros éxitos mediáticos lo obtuvo en 2000, cuando la corte luxemburguesa anuló el contrato-tipo que la editorial Salvat obligaba a firmar a los clientes que compraban a plazos su producción, sobre todo las enciclopedias, por entender abusiva la cláusula que imponía que cualquier discrepancia se dilucidase ante los juzgados de Barcelona, fuese cual fuese la residencia del consumidor.

La demanda de Aziz enfrentó al magistrado Fernández Seijo con un laberinto legislativo en el que solo encontraban la salida los bancos acreedores, nunca los hipotecados que atravesaban problemas económicos. En su escrito, el inmigrante solicitaba la anulación del desahucio ejecutado por el Juzgado de Primera Instancia Número 5 de Martorell al entender que la hipoteca firmada con la Caixa d’Estalvis de Tarragona incluía cláusulas abusivas.

El marroquí desahuciado consideraba injusto que el impago de solo cuatro letras mensuales implicase la pérdida de una vivienda comprada mediante un crédito hipotecario cuyo vencimiento se produciría treinta y tres años después de la adquisición. Además, el retraso en el pago de esas cuatro letras suponía la obligación de asumir unos intereses de demora de un 18,75 por ciento, muy superiores a los fijados, por ejemplo, en los créditos al consumo y que hacían muy onerosa la devolución de la deuda.

Y, sobre todo, Aziz consideraba ilegal tener que llevar esta demanda a un juzgado distinto al que le expulsó de su casa. Para cuando el Juzgado de lo Mercantil Número 3 de Barcelona respondiese a su demanda, él ya habría perdido sin remedio su vivienda. Estos argumentos, formulados por el letrado Moreno, fueron aceptados por el magistrado Fernández Seijo. Todos, es decir, también la inutilidad de dar la razón al desahuciado porque la ley prohibía revisar el proceso de desahucio. La única posibilidad era cambiar la ley, y tal objetivo pasaba por el Tribunal de Justicia de la UE.

La cuestión prejudicial salió camino de Luxemburgo el 19 de junio de 2011. El escrito del magistrado incluía un exhaustivo informe elaborado por el defensor de Aziz, que recopiló hasta cincuenta pruebas en forma de documentos, estadísticas e informes sobre el desequilibrio a favor de los bancos del que adolecía la legislación hipotecaria española. Nadie supo nada de ello en aquel momento: «El afectado, el banco y las plataformas antidesahucio sabían que yo iba a plantear la cuestión prejudicial, pero decidimos que el tema no tuviera dimensión ni trascendencia pública para no utilizar los juzgados en una estrategia de agitación social».

El 14 de marzo de 2013, el Tribunal de Justicia de la UE le dio la razón a Aziz. Según aquel fallo:

La Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, que, al mismo tiempo que no prevé, en el marco del procedimiento de ejecución hipotecaria, la posibilidad de formular motivos de oposición basados en el carácter abusivo de una cláusula contractual que constituye el fundamento del título ejecutivo, no permite que el juez que conozca del proceso declarativo, competente para apreciar el carácter abusivo de esa cláusula, adopte medidas cautelares, entre ellas, en particular, la suspensión del procedimiento de ejecución hipotecaria, cuando acordar tales medidas sea necesario para garantizar la plena eficacia de su decisión final.

Traducido, la corte luxemburguesa consideró que la legislación española que permitió que cientos de miles de ciudadanos hayan sido expulsados de sus hogares era contraria a las normas comunitarias de protección de los consumidores porque impedía estudiar la existencia de cláusulas abusivas en el mismo proceso judicial que debía resolver sobre el desahucio e imposibilitaba al juez encargado de analizar la legalidad de esas disposiciones contractuales paralizar el desalojo hasta determinar la validez del contrato hipotecario.

El 2 de mayo de 2013 el magistrado Fernández Seijo anuló tres cláusulas de la hipoteca firmada por Aziz con la Caixa d’Estalvis de Tarragona: la que fijaba los intereses de demora en un 18,75 por ciento, la que permitía a la entidad bancaria poner en marcha el proceso de desahucio por el incumplimiento de un único pago mensual y la que le habilitaba para fijar de manera unilateral la deuda pendiente de pago.

¿Consecuencias reales de aquella sentencia? Ninguna. «La paradoja es que, aunque yo le di la razón, no encontré la manera de devolverle la casa. Luego el banco recurrió, mi decisión ha sido revocada por la Audiencia Provincial de Barcelona y está pendiente del Tribunal Supremo. El señor Aziz se ha convertido en un ejemplo de las consecuencias de la crisis y el drama de los desahucios, y sin embargo él no entiende que el final del proceso sea haberse quedado sin casa», explica Fernández Seijo.

Aziz, en efecto, sigue sin entender nada, y su abogado Dionisio Moreno guarda un recuerdo agridulce de la experiencia. Durante meses, su despacho se llenó de clientes de extracción social muy pobre necesitados de ayuda urgente y sin recursos para pagar sus servicios. «La gente que viene a mí es muy pobre, no puede pagar, ¿qué le vas a cobrar? Son muertos sociales», se lamenta.

Amargo final para ellos, pese a que fueron los protagonistas de un episodio que se vivió como un auténtico terremoto. Para Fernández Seijo, el caso Aziz fue «un fenómeno más simbólico que jurídico; el Tribunal de Justicia de Luxemburgo había dictado sentencias mucho más importantes en momentos anteriores, pero aquello fue una especie de catalizador del malestar social». Fue la propia corte europea la que dio relevancia al tema al difundir una nota de prensa oficial para informar de que la abogada general del tribunal proponía la condena de la legislación española.

Cuando Luxemburgo asumió este dictamen y concluyó que el desahucio sufrido por Aziz vulneró la legislación comunitaria sobre protección de consumidores, todo se desbordó. «Hasta la prensa europea solicitó información, y el propio Consejo General del Poder Judicial me pidió que atendiese a los medios de comunicación porque, en su opinión, decisiones como esta mejoran la imagen del juez y por tanto era bueno que explicase el alcance», recuerda el magistrado.

El caso Aziz se convirtió en un fenómeno social por causas ajenas al propio protagonista, porque fue catalizador de las ilusiones de muchos y un instrumento en manos de los promotores de presiones sociales para modificar la ley. «Y me sabe mal por el señor Aziz, porque no ha recuperado su casa ni su dinero», se queja Fernández Seijo, que sin embargo no oculta que, cuando lee en la exposición de motivos que su juzgado fue el culpable de la reforma legal con la que el gobierno respondió a la sentencia de Luxemburgo, «se me pone el culo como una mesa camilla». Aunque la vanagloria le dura poco, y pronto apostilla que «de qué me sirve todo esto si al final mi obligación era resolver el problema y no lo he conseguido».

II

N

ació en Madrid en 1965, en una familia de clase media con tradición de opositores; amén de la profesión de su padre, magistrado, su madre era funcionaria de Justicia. La respuesta de Fernández Seijo cuando alguien le pide que haga memoria de sus primeros años es reveladora: «Cuando se producen las primeras elecciones en 1977 yo tenía doce años y jugaba con mis hermanos a dar mítines». Es una generación que incorpora la transición democrática a sus juegos, a sus costumbres, a su proceso formativo, y eso deja huella: «No me importa reconocer que siempre he votado opciones de izquierda; no siempre al mismo partido, pero siempre me he sentido más confortable cuando votaba la izquierda, nunca he tenido la tentación o el deseo de votar a la derecha o al centro, y es bueno que la gente lo sepa».

Este magistrado se alinea con aquellos que defienden que el ciudadano tiene derecho a poner nombre y rostro al juez que decide sobre su libertad o su patrimonio, así que no tiene reparos en exponerse en público: de izquierdas, sufridor del Atlético de Madrid y lector apasionado de Flaubert. «Es bueno que la gente que viene al juzgado sepa que quien va a resolver su conflicto es alguien con las mismas pasiones o emociones que puede tener él». Así se explica la reproducción de un Matisse que alumbra la estancia o la música que suena en casi cualquier momento.

Aunque estudió algunas asignaturas de Filología con la intención de hacerse profesor universitario, sin desdeñar algún coqueteo con la posibilidad de concluir su formación en el extranjero más como aventura personal que para mejorar su formación académica, la reconvención de su padre le condujo a la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, donde enderezó el rumbo, acorde con los gustos paternos, entre 1982 y 1987.

Derecho, destino obligado, ofrecía distintas alternativas: abogado del Estado, diplomático... Pero la facultad tomó la decisión por él, aunque guarda un recuerdo ambivalente. Fernández Seijo no oculta la huella que en él dejaron profesores como Fernando Garrido Falla, Fernando Sánchez Calero o Eduardo García de Enterría. Pero en aulas masificadas con hasta doscientos cincuenta alumnos por clase, y en un ambiente politizado al máximo, la carrera no le dejó mayor rastro.

En su apuesta por la judicatura influyeron otros factores. A título de anécdota, Fernández Seijo recuerda la película Veredicto final, esa joya de Sidney Lumet protagonizada por Paul Newman. Pero no debió de tratarse de una epifanía, sino de un proceso paulatino. Algunos de los compañeros de aula con los que formó pandilla empezaron a preparar las oposiciones, mientras que él cada vez descartaba con mayor convicción la posibilidad de ejercer la abogacía. «En la carrera de Derecho nadie te explica cuál es el trabajo de un abogado, mientras que las oposiciones a juez parecían una salida más natural que permitía cierta estabilidad económica y profesional, y se generó una especie de inercia porque preparar las oposiciones requería las mismas rutinas de estudio de la facultad, llevar una vida más tranquila, salir menos».

Una especie de leyenda negra atribuye a su etapa universitaria y a su militancia en posiciones izquierdistas el apodo con el que Fernández Seijo es conocido dentro y fuera de la judicatura, Anatoli, en recuerdo de Anatoli Vasilievich Lunacharski, aquel bolchevique que condenó a muerte a Dios. No es cierto, el sobrenombre se lo puso su madre cuando descubrió que, todavía a muy temprana edad, su hijo era un apasionado del ajedrez. Anatoli Evguénevich Kárpov fue campeón del mundo entre 1975 y 1985.

En la decisión de opositar a juez influyeron otros factores externos. Acababa de aprobarse la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que diseñó el modelo judicial de la democracia; la transformación de los juzgados de instrucción abría muchas plazas a la oferta pública de empleo y era una apetitosa posibilidad para un joven de veinticuatro años. Aunque «siempre lo vi como una salida profesional, no como una vocación».

Aprobadas las oposiciones, Fernández Seijo ingresó en la carrera judicial el 19 de febrero de 1991, con apenas veinticinco años. Su primer destino fue el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Esplugues de Llobregat (Barcelona). Por qué un madrileño elige como destino Cataluña tiene una sencilla explicación: «Por amor». En Barcelona estaba destinada su novia, la que fue su primera mujer y madre de su primera hija, que hoy estudia Medicina en Italia gracias a una beca Erasmus.

En Barcelona se separó años después, en la Ciudad Condal volvió a enamorarse y allí se casó de nuevo con su actual esposa, Marta Cerveraella, juez de lo Mercantil Número 8 de la capital catalana y madre de otros dos de sus hijos. Cosas de la vida, ella es quien tiene merecida reputación de eminencia en el campo del Derecho Mercantil, pero es él quien carga con la fama. Este colchonero irredento es parte intrínseca del panorama judicial catalán, y él es feliz: «Mientras mis hijos y mi pareja estén bien en Barcelona, yo estoy bien donde esté bien mi familia».

Como tantos otros, Fernández Seijo llegó a su juzgado poco preparado para ejercer tan delicada labor, pero no tardó en descubrir la verdadera dimensión de su nuevo cometido y en enamorarse de su nueva responsabilidad. Todo se lo debe, como si estuviera predestinado a ello, a un desahucio. Apenas había ocupado hacía unos meses el despacho cuando el agente judicial integrado en la comisión encargada de practicar el lanzamiento le avisó de que la afectada, una joven madre con dos hijos, se había encaramado a la azotea del edificio y amenazaba con tirarse al vacío desde una altura de siete pisos.

El magistrado decidió personarse en el lugar de los hechos de inmediato. Avisó a la policía y una patrulla le trasladó hasta el domicilio en cuestión. Pese a las protestas de los agentes, subió hasta el tejado para hablar con ella. A finales de julio, el calor invitaba a prescindir de la corbata, prenda que nunca ha sido del gusto de Fernández Seijo. La joven mujer, encaramada a un voladizo del que podría caer al menor traspié, nunca creyó que aquel joven descamisado fuese un juez, pero este al menos logró convencerla de que no era un policía camuflado, tan solo alguien que pretendía ayudar.

Por suerte, la mujer no quería suicidarse de verdad, tan solo llamar la atención sobre su situación. Al final, accedió a volver al domicilio, donde los esperaban sus hijos, su abogado defensor y el procurador que representaba los intereses del banco acreedor, sobrepasados todos por la tensión del momento. El grupo se reunió en el salón de la vivienda para buscar una salida plausible a la situación creada.

«Fue un momento importante en mi vida no tanto por lo que hice, sino porque me di cuenta de que los abogados, los procuradores, la familia de la chica, la policía..., todos estaban pendientes de lo que yo tenía que decir, yo tenía la batuta en una situación que no estaba prevista en las leyes y en la que yo podía llevar a esta chica a la desgracia o la podía ayudar; creo que ese fue un punto de inflexión en mi vida como juez». Fernández Seijo resolvió aquella situación con una solución de compromiso, una prórroga de tres meses para buscar una alternativa al desahucio.

En aquellos primeros años noventa, los jueces no solían participar en este tipo de diligencias. La imagen de un togado inaccesible en su torre de marfil no era peyorativa, era descriptiva. Fernández Seijo fue uno más de aquellos magistrados que decidieron, sin más apoyo legal que su propia convicción, cambiar aquel estado de cosas. «Pronto pensé que había que ver de cara los problemas, que si no podía mirar a los ojos a alguien y decirle que tengo que echarle de su casa o meterle en la cárcel o ponerle una multa, que si no era capaz de comunicar esas decisiones severas mirando a los ojos a la gente, a lo mejor no servía para este trabajo».

Integrado en la última promoción de objetores de conciencia para evitar la mili obligatoria, a Fernández Seijo se le agotaron las prórrogas —«y las excusas»— cuando ya ejercía como juez en Esplugues de Llobregat. Todo lo más que pudo hacer fue solicitar como destino para su prestación social sustitutoria «un sitio útil», por lo que acabó pasando trece meses en la prisión de mujeres de Wad-Ras, en la Ciudad Condal, lo que le permitió conocer el haz y el envés del Derecho Penal, pero también coincidir con presas allí recluidas por orden suya.

Lo recuerda como «una experiencia muy interesante» porque le ayudó a comprender que quienes cometen delitos a menudo se ven condicionados por factores económicos y personales que deben ser valorados. Pero el episodio no dejó de ser un incordio, porque cuando volvió a su juzgado se percató de que, en muchos asuntos sometidos a su jurisdicción, tras su paso por la prisión él conocía a la detenida, y al marido de la detenida, y al abogado de la detenida, y con todos ellos tenía una relación más intensa que con el policía que la traía detenida. El entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Guillermo Vidal, le dio el único consejo posible en esa situación: «José Mari, olvídate de que has estado en prisiones y vuelve a ser juez». Pero la recomendación llegó tarde, en parte porque Fernández Seijo ya valoraba la idea de abandonar la instrucción penal y dedicarse a otras áreas del Derecho, como el Civil o el Mercantil.

No pudo ser de momento. Obligado a cambiar de destino en julio de 1992, pasó al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Arganda del Rey (Madrid), donde permaneció tres años. Allí ratificó su convicción no solo de que la jurisdicción penal no era lo suyo, sino de que otras jurisdicciones también estaban necesitadas de magistrados con un nuevo compromiso social.

En el juzgado de Arganda del Rey, Fernández Seijo tuvo que enfrentarse a un sinfín de suspensiones de pagos y quiebras de empresas radicadas en los polígonos industriales que circundan la populosa localidad madrileña. Entre otras, la quiebra de una concesionaria de la autovía de Leizarán, cuyo concurso se resolvió ocho años después. Incluso le salpicó una parte del escándalo de la cooperativa Promoción Social de la Vivienda (PSV), aquel gran fiasco impulsado por la Unión General de trabajadores (UGT), algunas de cuyas promociones naufragaron cerca de la vecina Rivas-Vaciamadrid. Eran sumarios ingobernables y sujetos a tales tecnicismos que los jueces quedaban siempre en manos de los administradores judiciales encargados de la liquidación. Por eso Fernández Seijo, impotente, decidió estudiar Derecho Concursal.

En febrero de 1995 pudo volver a Cataluña, al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Sant Feliú de Llobregat. Fue una breve etapa de transición, porque en mayo de 1996 por fin pidió destino en Barcelona, en el Juzgado de Primera Instancia Número 35, donde se liberó de una jurisdicción penal a la que nunca ha vuelto ni tiene la intención, de momento, de volver. Allí permaneció hasta septiembre de 2004, una larga etapa que le sirvió para madurar el ejercicio de la judicatura hasta alcanzar ciertas cotas de desencanto que pueden extrañar a cualquier desconocido.

Fernández Seijo siempre ha estado preocupado por la utilidad de su trabajo, por lo que le interesa saber si sus resoluciones son útiles, si sirven para mejorar o cambiar la vida de la gente. Y al cabo de los años ha llegado a conclusiones poco alentadoras, convencido de que el 90 por ciento del trabajo de un juez, salvo en la jurisdicción penal, no sirve para casi nada. Al final, todo se reduce a dar salida a trámites burocráticos —«pura gestión del papel»— que no resuelven problemas, son solo rutinas que alimentan el tiempo profesional de jueces, abogados, procuradores...

Ese desapego no debe ser confundido con el desánimo; tan solo es una reflexión autocrítica que ha impulsado a Fernández Seijo a buscar siempre otro camino para que su labor jurisdiccional tenga consecuencias, y que estas sean beneficiosas para el mayor número posible de ciudadanos, en particular aquellos más indefensos, más necesitados de protección. Por eso cuando en 2004 se crearon los nuevos juzgados de lo Mercantil no lo dudó.

Miembro activo de Jueces para la Democracia, Fernández Seijo siempre ha hecho gala de su talante progresista, un factor que inclinaba a los jueces a volcarse en las jurisdicciones Penal y Laboral. Una de las consecuencias es que en las jurisdicciones con más contenido económico, Civil y Contencioso-Administrativa, la judicatura es sobre todo conservadora. «Por entonces, a mí me parecía que donde se parte el bacalao es donde están los dineros y coincidí con compañeros como Edmundo Rodríguez Achútegui o Raquel Blázquez Martín en que no debíamos dejar que los espacios económicos estuviesen gestionados por jueces que no tuviesen esa sensibilidad, teníamos que implicarnos, entender e intentar dar una visión no rutinaria de lo que es el mundo de la economía. Ahí fue cuando empezamos a introducir la idea del consumidor como sujeto que contrata servicios financieros y a modificar la forma de afrontar los casos de patentes, marca, competencia desleal, insolvencias... Y hemos trasladado esa manera de trabajar más arriesgada o innovadora a otros compañeros que no hacían otras cosas porque no se atrevían».

Es el eterno debate sobre la ideología de los jueces. Fernández Seijo está convencido de que los jueces «deben tomar opciones personales éticas y morales» ante los conflictos que tienen que resolver, pero su ideología no debe contaminar las resoluciones. No es una posición buenista, es puro egoísmo: él limita la influencia de su posición política personal en su trabajo para así poder criticar a otros compañeros que no lo hacen, sobre todo si la ideología que dejan traslucir en sus sentencias es conservadora.

«Lo ideal es que un juez tenga una buena formación, asuma valores constitucionales y en particular el artículo 9, que nos obliga a remover los obstáculos y promover las condiciones para que los derechos se ejerciten de una manera efectiva. Ese activismo constitucional nos mete a todos en el mismo saco y no distingue entre progresistas o conservadores, sino entre jueces con talante constitucional y con compromisos constitucionales y los que no los tienen; por eso hay jueces progresistas que son desastrosos en su manera de trabajar y que tutelan poco a los ciudadanos y jueces que se califican como conservadores y que son un ejemplo a seguir», proclama seguro de sí mismo.

El Juzgado de lo Mercantil Número 3 de Barcelona, al que llegó en septiembre de 2004, ha sido el crisol en el que se han precipitado todos los elementos que conforman el Fernández Seijo respetado y famoso que es hoy en día. En 2009 fue nombrado miembro de la sección especial de la Comisión de Codificación para la reforma de la Ley Concursal. Después, ha acudido en calidad de experto a las comisiones de Justicia del Congreso y del Parlament de Cataluña para informar sobre las reformas legales en materia mercantil, civil y procesal. Ha intervenido en la elaboración de informes sobre la situación de la democracia y la justicia en España y en Cataluña, tanto para la Fundación Alternativas (próxima al PSOE) como para la Fundación Pi i Sunyer (en la órbita de Esquerra Republicana de Catalunya).

Tanta actividad no le impide dedicar a su familia todo el tiempo del mundo. Casi a diario, lleva a sus hijos al colegio y los recoge a la salida. «Pasamos mucho tiempo con ellos porque, si nos comparamos con otras profesiones como abogados o procuradores, no tenemos la severidad de sus horarios y terminamos siendo dueños de nuestro tiempo; es verdad que hay que poner sentencias los domingos, pero las pones mientras los críos juegan a tu alrededor».

Incluso dispone de tiempo suficiente para su gran pasión, la cocina. Fernández Seijo es el encargado de hacer la compra y de cocinar en su casa, sobre todo si hay amigos invitados, lo que no es infrecuente. Pertenece a un club gastronómico junto a amigos que en su mayoría son médicos y escribe su propio blog, www.undiletanteenlacocina.blogspot.com. Además, maneja un perfil pirata en Twitter, dispone de otro en LinkedIn, en el que no ofrece un solo dato personal o profesional, y maneja una página en Facebook restringida a la familia y unos pocos amigos.

—Juez, padre de familia, gastrónomo, interesado en redes sociales, conferenciante, reputado ajedrecista, deportista ocasional..., ¿cómo se compaginan tantos intereses tan dispares?

—Es muy fácil, se hace todo mal y ya está.

Bromas aparte, Fernández Seijo duerme poco y aprovecha las madrugadas para trabajar mucho. Y todo está relacionado: la preparación de un risotto puede ser un buen momento para encontrar la solución a un caso pendiente, mientras que una buena partida de ajedrez puede servir para ordenar las ideas que plasmar en la próxima conferencia.

Al final, todo se debe a ese carácter diletante del que no reniega. Reivindica el impulso ilustrado que empujó a Europa hacia el futuro gracias a intelectuales más preocupados por adquirir conocimientos enciclopédicos que por especializarse en profundidad en materias concretas. Y es también una apuesta por una cierta forma desordenada de trabajar que encubre su pasión por un abanico de materias imposibles de abordar en profundidad si no es a costa de sacrificar algunas en beneficio de otras.

Ese magma de inquietudes distintas define al juez de lo Mercantil Número 3 de Barcelona, responsable de concursos de acreedores tan señalados como el de la promotora Habitat, con 2.800 millones de euros de pasivo, junto a otros cientos de ciudadanos que no pueden hacer frente a gastos acometidos con sus tarjetas de crédito. En todos los casos, aplica el método que aprendió del catedrático Manuel Díez de Velasco: primero, conocer el conflicto; luego, buscar la solución más adecuada y razonable y, por último, localizar las normas que dan soporte legal al remedio escogido. «No es una mala regla de comportamiento», añade el magistrado, que nunca olvidará que aquel profesor le pronosticó que nunca llegaría a ser juez.

Pero llegó, y hoy es el más antiguo de los jueces mercantiles de Barcelona. En octubre de 2013, la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (Acijur) le concedió su premio Puñetas de Plata por su labor en el caso Aziz. En noviembre de aquel año, el Institut d’Estudis Financers (IEF) reconoció su labor ante el fenómeno de los desahucios, así como la transparencia, objetividad y claridad con la que compareció ante los medios de comunicación en un momento de gran presión mediática. Y en octubre de 2014 recibió en Bilbao el Premio Txema Fínez (magistrado fallecido en 2010, con el que coincidió en Jueces para la Democracia) a la promoción de la justicia por su compromiso ante el «drama de los desahucios y en la protección de los más desfavorecidos por la crisis».

III

E

l 8 de octubre de 2015, el Parlamento Europeo aprobó una resolución no vinculante en la que exhortó al Gobierno español a utilizar las herramientas a su alcance para reducir de manera drástica «el intolerable número de desahucios» que se han producido en el país desde 2007. La propuesta, presentada por la Comisión Parlamentaria de Peticiones, fue aprobada por 383 votos a favor, 266 en contra y 10 abstenciones. Su texto destacó que el Código de Buenas Prácticas para la reestructuración de deudas hipotecarias ha sido «mayoritariamente ignorado» por las entidades bancarias, dado su carácter voluntario. Sus resultados, según la resolución, han sido «muy limitados» a la hora de impedir desahucios o hacer efectiva la dación en pago debido a que los requisitos de admisibilidad descalifican a más del 80 por ciento de los afectados.

El acuerdo parlamentario pidió a la Comisión Europea que supervisase la aplicación de la sentencia del caso Aziz dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en marzo de 2013, que llegó cuando se cumplían cuatro años de fuerte movilización social contra los desahucios. Escraches aparte, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) había forzado al Congreso a estudiar una iniciativa legislativa popular que llegó a la cámara baja con el respaldo de 1.402.854 firmas y el apoyo de la mayoría de los grupos de la oposición.

El gobierno contraatacó con un descafeinado proyecto propio, la Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, que logró sacar adelante con el único sostén del Grupo Parlamentario Popular y la oposición en bloque del resto del hemiciclo. Entre otras cosas, la norma reguló la paralización de los procesos de desahucio en aquellos casos en que las hipotecas pudiesen incluir cláusulas abusivas, pero una disposición adicional prohibió su aplicación con carácter retroactivo, por lo que Aziz perdió cualquier posibilidad de recuperar su casa.

Poco tardó la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Castellón en detectar que el pomposo título de la nueva Ley 1/2013 no respondía a la realidad, porque impedía a los ciudadanos recurrir ante un tribunal superior (una audiencia provincial) la orden de desahucio, mientras que los bancos sí pueden hacerlo si ven su petición rechazada. Nueva cuestión prejudicial y nuevo varapalo del TJUE a la norma española, propinado en julio de 2014.

Fernández Seijo cree que al gobierno el fallo del caso Aziz le provocó un ataque de pánico. «La Ley 1/2013 es un engendro, una mala ley que ha motivado que se sigan elevando cuestiones prejudiciales. El problema es que en España no hay una buena ley de protección de los consumidores, ni para productos financieros ni para hipotecas, y a raíz del caso Aziz muchos jueces descubren que Luxemburgo no está tan lejos y sus magistrados evalúan las leyes de los países de una manera mucho más útil que nuestro Tribunal Supremo cuando cita las Partidas de Alfonso X el Sabio. Los ejercicios masturbatorios en el ámbito judicial dan muy pocas satisfacciones».

La respuesta del Ejecutivo a la condena europea recibida en julio de 2014 no fue mejor. La modificación se introdujo, en forma de disposición adicional, en el Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal, que abrió para los morosos la posibilidad de recurrir la orden de desahucio ante el tribunal superior, pero habilitó un mes de plazo improrrogable para que quienes estaban en ese momento en riesgo de perder su casa pudieran hacerlo. Ni la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ni la referencia informativa que recoge los acuerdos del día contaron que una norma referida a suspensiones de pago y quiebras incluía esa modificación. La reforma vio la luz en el BOE del sábado 6 y entró en vigor al día siguiente, domingo. Si alguno de los ciudadanos que estaban pendientes de ser desahuciados logró interponer el correspondiente recurso antes del 7 de octubre de 2014, cuando venció el plazo, fue por puro milagro.

La apuesta del gobierno del PP estos años por allanar el camino para que los bancos redujesen vía desahucios la morosidad hipotecaria ha sido una constante, porque la sostenibilidad de las entidades financieras exige que sus cuentas no asuman las pérdidas derivadas del estallido de la burbuja inmobiliaria. Y para ello es imprescindible que el banco compense los créditos impagados con la propiedad del bien hipotecado. El valor de mercado de las viviendas se ha desplomado, pero la banca ha logrado sortear ese quebranto de cabeza endosándoselo al Estado a través del Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB) y de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).

El Ejecutivo no ha estado solo en esta estrategia, en la que siempre contó con el respaldo de la Comisión Europea. Cuando la Junta de Andalucía promulgó la Ley 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, la reacción de la Moncloa fue colérica y contundente. Además del consabido recurso ante el Constitucional para frenar su aplicación, se desató una furibunda campaña mediática contra el Gobierno autonómico andaluz, que salpicó también a todos aquellos que, como la fiscal Gabriela Bravo, entonces portavoz del CGPJ, defendieron el derecho de la Junta a legislar en favor de los andaluces más desfavorecidos.

Y todo ello porque la iniciativa andaluza había disparado todas las alarmas en Bruselas. Los inspectores de la troika (la Comisión, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional) viajaron a España para analizar in situ cómo afectaba la medida al Memorándum de Entendimiento (MOU) que regula el rescate bancario y que obliga a España a consultar con las instituciones económicas europeas cualquier iniciativa que afecte al sector financiero. Tras aquella inspección, el gabinete del entonces comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, reprochó por carta al ministerio que dirigía Luis de Guindos la aprobación de una norma que preveía la expropiación del uso de inmuebles vacíos en manos de los bancos para familias desahuciadas sin hogar. Del peso del MOU sobre la política económica española da cuenta el hecho de que el Constitucional lo cita como aval en la sentencia que anuló la norma andaluza.

En todo caso, frente al número de desahucios, el de jueces o tribunales que han cuestionado la legislación en vigor ha sido ínfimo, y ello a pesar de que episodios como el protagonizado por Fernández Seijo generaron una imagen de compromiso con los más desfavorecidos que la judicatura nunca supo aprovechar a su favor como colectivo. La única operación seria para ello acabó en fiasco por culpa del ambiente de politiqueo mal entendido que a menudo contamina los pasillos del CGPJ.

En febrero de 2012, un grupo de trabajo compuesto por seis jueces dirigidos por el decano de Valencia, Pedro Luis Viguer Soler, y coordinados por el vocal Manuel Almenar, puso en marcha un estudio para buscar mecanismos para agilizar los procesos civiles, que como consecuencia de los efectos de la crisis económica inundaban las jurisdicciones Civil, Social, Mercantil y Contencioso-Administrativa, sin que ninguno de los programas de refuerzo planeados por el órgano de gobierno de los jueces sirviese de dique de contención de una realidad social que se desbordaba por todos los resquicios.

El informe estuvo concluido en octubre. El 24 de aquel mes debía ser sometido a debate en el Pleno del CGPJ, pero los vocales se desayunaron aquella mañana con una oportuna filtración al diario El País, que aseguraba que en aquella reunión se iba a aprobar una petición de reforma de la legislación hipotecaria de la que no habían sido informados. El documento entregado para su estudio no recogía ese extremo ni en su índice ni en ninguno de sus setenta y cinco folios. Solo algún avispado atisbó que, tras un último folio en blanco y sin previo aviso, aparecía un anexo de ocho folios con el título «Propuestas en materia de endeudamiento familiar y consecuencias de la ejecución hipotecaria», del que ninguno de ellos había tenido noticia previa. Molestos por la artimaña, los vocales se limitaron a tomar nota de su contenido y rechazaron que fuera sometido a votación. Cualquier posibilidad de respuesta colectiva de la judicatura al drama de los desahucios quedó sepultada en aquella reunión.

Así que todo quedó reducido a compromisos personales. Apenas dos semanas después, Juan Carlos Mediavilla, juez de guardia en Baracaldo (Bilbao), tuvo que levantar el cadáver de Amaia Egaña, que saltó por el balcón de su casa inmediatamente después de franquear el paso a la comisión judicial que se disponía a desahuciarla. El magistrado, afectado por lo sucedido, consultó al presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, y animado por él abordó a los periodistas que cubrían el suceso para reclamar «cambios legales» que impidan dramas como el vivido aquel viernes 9 de noviembre. Reformas que exigió «a quien es competente para ello, porque no es el Poder Judicial a quien corresponde la modificación de la legislación vigente». Días después, el propio Ibarra, que asistió al funeral, insistió en que «esto tiene que parar».

Según Fernández Seijo, no es fácil para un juez combatir ese drama. Cuando un juez se enfrenta a un desahucio maneja conceptos como fincas registrales sin distinguir si se trata de una segunda o una primera residencia, un local comercial o incluso bloques de pisos vacíos. «No se puede hacer mucho más con una ratio de jueces por habitante de las más bajas de Europa y luego un legislador históricamente malo, muy preocupado por los problemas a corto plazo, por los titulares de prensa, que genera una legislación llena de agujeros y de contradicciones».

Con esos mimbres, el aumento de la carga de trabajo provocado por la crisis económica impide hacer mejores cestos. Los jueces de lo Mercantil de Barcelona comenzaron a percibirlo en noviembre de 2007, cuando eran solo cinco. Ya entonces convocaron ruedas de prensa para alertar a la Generalitat y a la sociedad en general de que «percibíamos cosas muy raras en la economía» y que se avecinaba «una avalancha de procedimientos que íbamos a ser prácticamente incapaces de gestionar» ante la brutal carencia de medios. Su preocupación radicaba en que «esa debacle económica iba a afectar de inmediato a la gente».

Ocho años después, Fernández Seijo cree que «la crisis económica se ha llevado por delante muchas más cosas de las que pensábamos o presagiábamos. El país que dejamos en el año 2007 no tiene nada que ver con el país que nos podemos encontrar en el 2016; hay una brecha generacional entre los menores de veinticinco años y los de más de cincuenta y cinco, con espacio intermedio de una generación casi perdida, gente con treinta y cinco o cuarenta años que ha perdido su puesto de trabajo y que es incapaz de encontrar una salida profesional».

Es este análisis el que permite a Fernández Seijo cuestionar el relevante papel social que ha adquirido la judicatura durante la crisis: «Yo creo que durante la crisis los jueces nos hemos sentido más útiles no porque seamos más útiles, sino porque han desaparecido todos los servicios sociales. Hay ciudades en las que la única oficina pública que está abierta veinticuatro horas es el juzgado, porque se han cerrado los ayuntamientos, los hospitales y muchos servicios sociales asistenciales que por los recortes y por la falta de sensibilidad ya no existen».

Pese a ello, reconoce que ahora el grado de comprensión social de los jueces es bastante mayor que a principios de la crisis. «Primero, la presión de los movimientos sociales nos ha obligado a tener mayor sensibilidad, y creo que las decisiones un tanto osadas de algunos de nosotros también han permitido que otros compañeros se animen; hoy, la tutela de los consumidores frente a problemas complejos como las cláusulas-suelo es más uniforme, e incluso el Tribunal Supremo está dictando algunas sentencias en las que va más lejos de lo que resuelven los juzgados».

Fernández Seijo, sin embargo, no admite para sí el calificativo de juez de trinchera, que rechaza tras contemplar la espléndida panorámica que le ofrece el ventanal de su despacho en un juzgado de lo Mercantil situado en la planta 12 de la Ciudad de la Justicia de Barcelona. «Los jueces de trinchera son los de Penal, estás en una trinchera cuando cada día, cada hora, toca resolver un desahucio, una pelea de vecinos, una crisis matrimonial, una reyerta en la calle... Ahora mismo, las trincheras están en la lucha contra la violencia de género, o en los juzgados de lo Social, y sobre todo en los juzgados mixtos de pueblo. Cuando ves a un juez recién salido de la escuela que en la misma mañana tiene que dictar una orden de alejamiento, juzgar unos malos tratos psicológicos, condenar a alguien que no paga el alquiler..., eso sí que es una trinchera de verdad».

Lo suyo, su atalaya en el piso 12 de la Ciudad de la Justicia barcelonesa, es más parecido a un puesto de observación en el que el cazador, armado con el mejor rifle del mercado, aguarda paciente a que aparezca en el punto de mira una pieza mayor para cobrarse. Toca esperar semanas, meses, pero a menudo la paciencia se ve recompensada y en el punto de mira se dibuja un caso Aziz y Fernández Seijo hace diana.

Desde entonces, España acumula ya al menos cinco sentencias contrarias a las leyes hipotecarias, mientras el Tribunal de Justicia de la Unión Europea debe resolver como mínimo otras tres cuestiones de jueces españoles que no ven con claridad ciertos preceptos de la Ley 1/2013. Las carencias de la norma que debió adecuar la legislación hipotecaria a los cánones de la UE sobre protección al consumidor han provocado que la Comisión Europea haya preguntado a las autoridades españolas sobre sus planes para modificar la ley hipotecaria y adaptarla a la legislación de la UE. Es el trámite previo a la apertura de un procedimiento de infracción, según la comisaria de Justicia, Vera Jourová, que recuerda que son cientos de miles las personas afectadas por el fenómeno de los desahucios.

Pero no está todo perdido. El 2 de agosto de 2004, la hija y el yerno de M. A. G. C. firmaron con Bankia un préstamo por 100.000 euros a devolver en treinta años. La mujer, a su vez, hipotecó su casa de Gavà (Barcelona) como garantía del préstamo. No hubo problemas hasta febrero de 2011, cuando dejaron de pagar cinco cuotas que sumaban un total de 2.354 euros. Nueve meses más tarde, el banco inició el procedimiento para expulsarla de su casa, aval del préstamo. En junio de 2012, la subasta del inmueble quedó desierta y se adjudicó al banco por el 60 por ciento del valor de tasación: 75.942 euros. Por orden judicial, la mujer entregó las llaves del piso el 3 de abril de 2013, pese a lo que mantuvo una deuda pendiente con el banco de 13.644 euros.

Como en su día hiciera Aziz, M. A. G. C. interpuso una demanda en noviembre de 2013. El juez al que por reparto correspondió el caso valoró en junio de 2014 que los impagos supusieron incumplir el 1,38 por ciento del total de plazos pactados, un porcentaje muy reducido de los compromisos económicos adquiridos, por lo que no puede considerarse grave, dado que, además, «los impagos se producen en un contexto económico del país extremadamente grave». Por ello, de nuevo por primera vez en España, el juez ordenó a Bankia la devolución de la vivienda a la mujer desahuciada.

Otra vez fue Fernández Seijo quien abrió camino. Pero su avanzada resolución no supone que la beneficiada haya recuperado su casa. Bankia recurrió ante la Audiencia Provincial de Barcelona, que aún no ha resuelto, y todavía faltan años para que el Supremo cierre el proceso. Los ritmos de la Justicia española tienen este tipo de inarmónicos pizzicatos.

MERCEDES ALAYA RODRIGUEZ

LA INSTRUCTORA IMPASIBLE

La más estricta justicia no creo que sea siempre la mejor política.

ABRAHAM LINCOLN

El volumen de imágenes que alberga Google de la jueza Mercedes Alaya es inabarcable. Solo en una de ellas exhibe una franca sonrisa. Fue captada el sábado 15 de marzo de 2014, cuando abandonaba, bajo una lluvia de pétalos de rosas blancas, la iglesia de San Alberto, donde ella y su marido renovaron sus votos matrimoniales. Cogida de la mano de Jorge, se limitó a observar la expectación creada entre todos los que presenciaban la escena, incluidos medios de comunicación. Fiel a su costumbre, no dijo palabra. Pero sonrió.

El 12 de noviembre de 2015, el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid acogió un evento que había concitado una expectación sin precedentes en ese recinto en las últimas décadas. La magistrada recibía el premio Jurista del Año 2015, concedido por la Asociación de Antiguos Alumnos del centro universitario. No solo era su primera aparición pública tras perder el control de los procesos judiciales que la catapultaron a la fama, sino la primera que protagonizaba en toda su carrera judicial. La jueza no defraudó el interés suscitado.

I

M

ercedes Carmen Alaya Rodríguez nació en Sevilla en junio de 1963. Ese es uno de los escasos datos contrastados de su biografía y su vida íntima, que la jueza protege con el mismo celo con el que se enfrasca en sus complejas investigaciones. Al extremo de que quienes tienen sitio en su reducido círculo de íntimos se cuidan muy mucho de desvelar confidencia alguna para no ser expulsados de él. Y no hay muchas más fuentes a las que acudir, porque la popular magistrada ha reducido su vida social al máximo, no se deja ver en los ambientes sociales de la capital andaluza y apenas hay bares, cafeterías o restaurantes que puedan presumir de tenerla como clienta siquiera ocasional.

«La vida de mi marido y la mía están sometidas a examen», escribió una vez para oponerse a su recusación en el caso Mercasevilla, porque esta empresa había sido auditada por la firma KMPG, y su esposo, Jorge Castro García, también sevillano, formó parte del equipo de trabajo de la auditoría, aunque sin responsabilidad alguna, más allá de la firma sobre el resultado del trabajo. «Es legítimo que estas circunstancias de acoso personal provoquen cierta indignación, pues vivimos en un Estado de Derecho», protestó entonces.

Algunos jueces sevillanos recuerdan que aquella recusación, presentada en 2010 y que apoyó la Fiscalía, le afectó mucho. Pese a que entonces todavía era poco conocida, en sus alegaciones construyó todo un discurso en defensa de su intimidad. «Me genera pudor hablar de mi vida privada, situación en la que creo que pocos jueces se han visto», señaló. Y en tono de airada protesta añadió: «La intimidad familiar la dedico a otros menesteres distintos al trabajo. No hablamos de trabajo aunque pueda parecer extraño, prácticamente nunca lo hemos hecho, pues la parcela personal es necesario mantenerla. ¿Piensa que tras acabar mi marido y yo nuestras respectivas jornadas a las diez de la noche tenemos el más mínimo interés en resolver cuestiones de índole jurídica y económica?». La Audiencia Provincial de Sevilla rechazó la recusación.

El caso es que de su infancia y adolescencia apenas se sabe nada, más allá de lo por ella misma desvelado: que comenzó a soñar con ser juez cuando tenía siete u ocho años. «Me gustaba jugar con mi hermano a juegos de chicos, por supuesto que mandar me gustaba y mucho, me encantaba hacerme oír y que se escucharan mis opiniones, y luego eso fue evolucionando», descubrió el día en que recogió su premio en la facultad madrileña.

Con el paso de los años, esa infantil concepción de la Justicia como un ejercicio de mando quedó tamizada por «la idea de la solidaridad, de hacer el bien, de proteger a las personas más desfavorecidas». Surge entonces el concepto de honestidad, valor «que me inculcó a hierro mi padre y desde luego siempre he tenido muy presente y trato de transmitirlo a mis hijos, a mi familia y a todo el que me rodea».

Para Mercedes Alaya, la elección del Derecho como estudio universitario era «obvia», aunque «mentiría si dijera que me apasionó la carrera». Algunos compañeros de promoción todavía recuerdan su llegada al campus de la Facultad de Derecho de Sevilla, donde los veteranos del centro la eligieron borrega por ser la más guapa del primer curso, lo que la obligó a pasear por todo el edificio con unas enormes orejas de novata. Algunos compañeros en los juzgados sevillanos aseguran que, si esa anécdota es cierta, debió ser terrible para ella dada su timidez.

Terminó la carrera con un expediente brillante, lo que tiene su mérito porque, como ella misma confiesa, «había alguien que me interesaba más que el vasto desierto de lo jurídico», su entonces novio y pronto marido. Mercedes Alaya tuvo a su primer hijo muy joven, con apenas veinte años, lo que no le impidió licenciarse en 1986, aunque sí le hizo dudar si opositar a la judicatura. No porque vacilase sobre su vocación ni porque temiese no ser capaz de superarlas, sino por su condición de madre, dado que «yo me entrego con todo el interés, con toda la pasión, y esto significaba dieciocho horas de estudio al día». La convenció su marido. Aprobó a la primera, y el 14 de octubre de 1988 ingresó en la carrera judicial.

Quienes dicen conocer a Mercedes Alaya creen que esa etapa de su vida forjó su carácter. Afiló una tenacidad que luego ha servido de impronta en su labor instructora y aprendió a superar su timidez con una serie de recursos que son los que le confieren ese aire distante, a veces altivo, que transmite cuando se tropieza con las cámaras de televisión o afronta el interrogatorio de un imputado. En esa evolución jugaron también un importante papel sus primeros destinos, sobre todo el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Carmona (Sevilla), donde descubrió que el Derecho «me salía por los poros de la piel, estaba henchida de teoría, pero no sabía nada de ponerla en práctica». Aprendió, ¡qué remedio!, a fuerza de práctica, sobre todo en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Fuengirola (Málaga), a donde llegó en febrero de 1990, con apenas veintiséis años de edad. Su marido y los dos hijos pequeños que tenía entonces se quedaron en Sevilla.

Mercedes Alaya guarda un recuerdo un tanto peliculero de aquella etapa, compuesto por «alijos de droga, las mayores cantidades que yo he visto en mi vida escondidas en los lugares más recónditos; mafias de todos los colores, de todas las nacionalidades, rusas, árabes...; asesinatos una semana sí y otra también, y un fenómeno muy curioso: así como ahora los políticos huyen de los procesos judiciales, en aquel momento se producía el fenómeno inverso, los políticos utilizaban la justicia para vencer a sus adversarios». Y apostilla: «Fueron dos años intensos, intensísimos, que efectivamente me dejaron bien curtida».

En abril de 1992 regresó a Sevilla, al Juzgado de Primera Instancia Número 20. Volvió con su familia, que no la había acompañado en su aventura por la Costa del Sol. Y lo hizo a un órgano civil, lo que la obligó «a aprender a pensar, a reflexionar, a tener un contraste, un proceso intelectual para tener una visión global del problema porque la solución tenía que resolver todas las situaciones», una forma de ejercer la jurisdicción que no cabe en un horario de nueve de la mañana a cinco de la tarde, que impide parar «aunque estés haciendo la cena a tus hijos, o en la ducha, o en la cama; no pocas sentencias habré puesto yo con la almohada».

Un acontecimiento desgraciado marcó aquella época: su hermano falleció en un accidente de tráfico. Además, recuperar la vida en familia volvió a despertar su instinto maternal y decidió buscar un destino más tranquilo hasta que, por antigüedad, pudiera optar a una de las secciones civiles de la Audiencia hispalense. Así que en julio de 1998 concursó de nuevo con muy escaso tino: recaló en el Juzgado de Instrucción Número 6 de la capital sevillana.

Allí tuvo que olvidarse de los procesos intelectuales de reflexión y acostumbrarse a tomar con rapidez decisiones que afectaban a la libertad, a la seguridad y al patrimonio de las personas. «Y esas decisiones había que tomarlas con la máxima responsabilidad, con el plus de motivación que se nos exige a los jueces cuando tratamos este tipo de temas».

Dos nuevos retoños llegaron al hogar familiar, que se llenó de biberones y pañales. El más pequeño apenas gateaba cuando por reparto le tocó el caso Betis, de impactante repercusión en toda Sevilla, por lo que su nombre empezó a llenar titulares en los periódicos y la vida familiar se vio muy alterada. Poco después, la lotería del reparto le adjudicó el caso Mercasevilla. El resto de la historia es más o menos conocido.

Cuando Mercedes Alaya repasa los últimos años mantiene un tono serio, pero no oculta un gesto de orgullo: «Pueden imaginarse el enorme esfuerzo que hice, que hicimos, y la enorme dedicación; todas las noches la imagen era la misma, trabajar en mi despacho viendo a mi hijo pequeño que se había quedado dormido en la alfombra con el chupete porque no había manera de meterlo en la cuna, porque necesitaba estar junto a mí».

La jueza no oculta su malestar por las dificultades para conciliar la vida laboral con la familiar, que se torna «en el sentido de culpa con el que hemos luchado y con el que luchamos las mujeres que tenemos cargos de responsabilidad o trabajos de responsabilidad tanto en lo público como en lo privado y que tenemos que hacer piruetas para llegar a todos lados».

Todos esos condicionantes explican la dualidad de la imagen que proyecta la jueza Mercedes Alaya. El aspecto en parte frágil y vulnerable que transmitían las cámaras de televisión que captaban sus entradas o salidas del Palacio de San Sebastián, que alberga los juzgados sevillanos, contrasta con la descripción que hacen de ella quienes como fiscales, abogados, imputados o testigos intervienen en los sumarios que instruye: una magistrada firme, vehemente, poco flexible, déspota a ratos.

Ella lo explica por la necesidad de cualquier juez de construir una puesta en escena que le revista del «imperio de la auctoritas». Pero esa puesta en escena le ha generado un sinfín de críticas, sobre todo por sus modos y maneras de interrogar a los imputados en el caso ERE. Las protestas, las quejas ante el CGPJ y las denuncias ante la audiencia sevillana han sido numerosas, si bien es cierto que ninguna fructificó.

Uno de los momentos álgidos del sumario se produjo en la primavera de 2012, cuando interrogó durante cuatro extenuantes días al exconsejero de Empleo Antonio Fernández. La tensión estalló desde el primer momento y los periodistas que esperaban en los aledaños de la sala de interrogatorios pudieron oír las airadas voces de la instructora, molesta por el empeño del imputado en ejercer su derecho a negarlo todo, a mentir incluso, para no asumir ninguna responsabilidad en el fraude.

Las quejas y denuncias de los abogados defensores recogen numerosos excesos. No solo el tono de voz, sino las apostillas despectivas o conminatorias con las que la juez Alaya desprecia las respuestas de los imputados cuando no le convencen. Incluso gestos que consideran fuera de lugar, como la manía de golpear fuerte con un bolígrafo la mesa desde la que interroga para reforzar el carácter intimidatorio de sus reproches.

El personal del Juzgado de Instrucción Número 6, que en general le profesa tanto respeto como cariño, niega estos excesos. Aunque no pueden reprimir una sonrisa traviesa al reconocer que la jueza Alaya sabe apretar en sus interrogatorios y obtener así interesantes resultados para la instrucción. Y un veterano abogado madrileño, defensor de uno de los pesos pesados de la Junta de Andalucía en la primera década del siglo, ratifica las críticas a la instructora aunque reconoce que a lo largo de la instrucción del complejo caso ERE ha demostrado una inteligencia innata para sacar partido de cualquier oportunidad procesal.

Como ejemplo cita el interrogatorio del ex director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, considerado el principal responsable de la trama fraudulenta. Con los antecedentes acumulados, su interrogatorio aquel marzo de 2012 parecía condenado a ser un infierno. Durante tres días —unas veinte horas de declaración—, la jueza sin embargo se mostró amable, cercana y cariñosa. Le dejó hablar sin apostillas ni réplicas. Preguntó con dulzura, y en alguna ocasión dejó asomar un atisbo de sonrisa. En los recesos, llegó a compartir con el acusado alguna charla desenfadada. Este se confió, y en su declaración llena de falsedades dejó caer algunas medias verdades que la instructora supo aprovechar.

Concluido el interrogatorio, Guerrero y unos veinte defensores aguardaron en la antesala del despacho de la instructora su resolución. Cuando esta salió, vestida de un blanco impoluto, entregó el auto al secretario judicial, que a su vez se lo dio a Guerrero. Este, sin necesidad de leerlo, supo que su destino era la cárcel. Mercedes Alaya ni saludó ni se despidió de los letrados, ni pronunció palabra. Y al acusado no le dirigió ni una simple mirada. Esa noche arrancó la campaña para las elecciones autonómicas, en las que el PP partía como favorito.

Días después, el interrogado fue Juan Francisco Trujillo, chófer y hombre de confianza de Guerrero. Trató de negarlo todo, pero la jueza Alaya volvió a ser la instructora bronca y mal encarada que tanto denuestan los defensores. «Más le vale colaborar, yo se lo recomiendo, hágalo de una puñetera vez», llegó a espetarle. «Intolerable, sí, pero aquel mes de marzo apuntaló el sumario y ya no ha habido forma de pararla», reconoce el letrado madrileño.

II

C

uando Alaya habló en la Complutense, los medios de comunicación buscaban carnaza y la tuvieron. Durante la instrucción de los sumarios que han indagado lustros de posibles irregularidades cometidas por la Junta de Andalucía en la gestión del dinero público recibió «muchísimas presiones», dijo la jueza; en particular, del propio Gobierno autonómico, desde siempre en manos del PSOE andaluz, que puso «todas las trabas del mundo» a su trabajo al frente del Juzgado de Instrucción Número 6 de Sevilla. La «administración autonómica de turno», expresión elegida por la magistrada para referirse a la Junta de Andalucía, trató de frenar su investigación y para ello le negó los «medios necesarios» para acometer indagaciones tan complejas como las emprendidas por ella.

La prensa reflejó el mensaje de la jueza Alaya con profusión, pero muchas de sus diatribas pasaron más desapercibidas para la opinión pública. Solo en determinados despachos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) provocaron tanta preocupación como airado malestar.

Según la jueza, no solo el poder político maniobró para frenar sus pesquisas, a veces «las presiones te cortan la respiración cuando vienen del lado equivocado, y siempre es el lado equivocado cuando vienen de tu casa». No en vano, «lo peor de la corrupción viene después, con las secuelas». No dio más pistas porque «quizás razones más graves que la propia prudencia me lo exigen». ¿A qué se refería la popular magistrada? No hubo oportunidad de preguntárselo porque respeta contra viento y marea su máxima de no atender nunca a los medios de comunicación. Tampoco a los autores de este libro. Pero ciertos vocales del CGPJ y magistrados de la Sala de Gobierno del TSJA se dieron por aludidos.

Todo empezó, de manera casual, en diciembre de 2014. Un concurso de traslado convocado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) afectó a 364 plazas vacantes, de las cuales 41 estaban cubiertas por magistrados en comisión de servicios. Pronto todo el mundo entendió que se trataba de una maniobra para sacar al magistrado Pablo Ruz del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, del que era titular suplente y cuya labor en las distintas piezas del caso Gürtel había convertido el sumario en un pozo sin fondo de problemas para el PP y el gobierno de Mariano Rajoy.

La sorpresa saltó al conocerse que la entonces titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, había solicitado una de las cuatro plazas de nueva creación en la Audiencia Provincial de Sevilla incluidas en el concurso. Por antigüedad la obtuvo sin problemas. Los sumarios que asfixiaban a la Junta de Andalucía parecían a punto de quedar fuera de su control, pero nadie se inquietó. Los magistrados que cambiaron de destino en aquel concurso provocaron otras 190 plazas vacantes, incluido el Juzgado de Instrucción Número 6 de Sevilla, que fueron de inmediato ofertadas a la carrera judicial y todo el mundo dio por descontado que el juzgado de Alaya sería para el magistrado Álvaro Martín, allí destinado como refuerzo desde septiembre de 2013. Presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en Andalucía Occidental, es uno de los escasos magistrados que se ha entendido con ella.

Mientras se cerraba el proceso, y para evitar el vacío, la jueza pidió y obtuvo del CGPJ permiso para retrasar su salida hasta la incorporación del nuevo titular de su juzgado. De manera simultánea, el presidente de la audiencia hispalense, Damián Álvarez, invocaba el criterio de la antigüedad para adscribir a Alaya a la Sección Séptima, la encargada de resolver las apelaciones y recursos presentados en los sumarios instruidos por la propia magistrada.

La adscripción decidida por el presidente Álvarez respetó con celo los usos y costumbres en la audiencia hispalense, pero levantó ampollas. En primer lugar, la magistrada Alaya estaba obligada a abstenerse en todo proceso en el que hubiera intervenido como instructora. Inútil refuerzo, entonces, el que se daría a una sección a la que se dotó de una plaza más para que pudiera afrontar el volumen de trabajo generado desde el juzgado regido por la polémica jueza. La Sección Séptima ha resuelto más de un centenar de recursos en los últimos tres años solo en el caso ERE, y el esfuerzo deberá ser mayor a medida que la investigación se acerque al final. Además, numerosos magistrados de la audiencia expresaron por escrito su «profunda preocupación» porque la presencia de la jueza Alaya podría hacer dudar a la opinión pública de la imparcialidad de los jueces que con ella comparten despacho.

Fue una tormenta en un vaso de agua. En general, la Sección Séptima ha avalado la labor de la juez de Instrucción Número 6 de Sevilla, salvo en raras excepciones como el uso de la prisión preventiva para algunos imputados o las cuantías de ciertas fianzas millonarias. Pero el revuelo reflejó una característica de la figura de Mercedes Alaya, y es que para bien o para mal no deja indiferente a nadie.

Calmadas las aguas, cuando todo parecía resuelto, todo se envenenó de repente. A punto de vencer el plazo de presentación de solicitudes, ya sin tiempo de reacción, la juez de Primera Instancia Número 17 de Sevilla solicitó el traslado al juzgado de Alaya. En sus veintiún años de carrera judicial, María Ángeles Núñez Bolaños nunca había solicitado un destino en la jurisdicción penal. Hubiera podido pedir también el Juzgado de Instrucción Número 17, pero solo pidió el Número 6. Sectores judiciales y políticos conservadores creyeron ver tras la operación la mano del consejero andaluz de Justicia, Emilio Llera, para colocar a una instructora «menos hostil» al frente de los sumarios que afectan a la Junta de Andalucía.

Varios magistrados de la Sala de Gobierno del TSJA vieron venir el choque de trenes. El presidente Lorenzo del Río trató de evitarlo y el 8 de junio, un día antes de que la Comisión Permanente del CGPJ confirmase a Núñez Bolaños al frente del Juzgado de Instrucción Número 6, logró la aprobación de un plan de refuerzo para ese órgano, con dos jueces destinados en comisión de servicio (Alaya y Martín) y un tercero en adscripción territorial. Ese diseño dejaba el control de los sumarios que afectan a la Junta de Andalucía en manos de la nueva titular del juzgado.

La juez Alaya no lo aceptó y, por escrito, reprochó al alto tribunal andaluz la adopción de medidas de refuerzo para su anterior juzgado, «sin tener el menor conocimiento» de la situación, con lo que en vez de «ofrecer un mensaje de normalidad y eficacia, traslada una imagen perturbadora». Compañeros de la magistrada en la audiencia se alarmaron al detectar que incluso dirigió una dura puya a su compañero Martín, a quien, sin citarlo, acusó del retraso acumulado en las causas ordinarias desde que ella se había centrado en los macroprocesos.

Aunque para algunos parecía fuera de control, su maniobra puso al tribunal en un brete, porque solicitó permanecer en su juzgado en comisión de servicio solo para instruir tres sumarios concretos: el que investiga los ERE irregulares y dos que nacieron como investigaciones colaterales del anterior, el fraude en las ayudas a la formación de parados y los avales y subvenciones concedidos a empresas por la agencia Idea. Esos tres sumarios componen una completa investigación de toda la política de subvenciones a empresas y ayudas a la formación para el empleo de la Junta de Andalucía en la última década.

Esa propuesta era una declaración de guerra, y Alaya ganó aquella batalla: el 23 de junio, la Sala de Gobierno andaluza no se atrevió a contradecirla y aceptó su petición de que mantuviese, en comisión de servicio, el control de los apetitosos sumarios. Magistrados andaluces de distintos órganos reconocen que el episodio refleja el enorme poder que había acumulado la jueza, que gozaba del favor de la opinión pública y el férreo respaldo de los medios de comunicación andaluces. Dos días después, la Comisión Permanente del CGPJ ratificó la decisión de la justicia andaluza.

Lo que no esperaba casi nadie es que la jueza Núñez Bolaños, lejos de aquietarse, protestase por entender que se había invadido su competencia como titular del juzgado, ya que solo ella puede decidir qué sumarios delega en los jueces de refuerzo, tal y como fija la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) al regular los apoyos judiciales. Protestó a pesar de quienes le recordaron que Alaya ya había ganado otras peleas similares. En marzo de 2013, cuando retornó al juzgado tras una larga baja por enfermedad, mantuvo un desabrido enfrentamiento con los dos magistrados que habían gestionado el juzgado durante su ausencia, Ana Rosa Curra y Rogelio Reyes, pero la pelea duró poco y ambos salieron pronto por la puerta de atrás.

La crítica no se quedó en una pataleta escrita. La jueza Núñez Bolaños hizo gala de un carácter que sorprendió a propios y extraños y apartó a su oponente de la investigación sobre la gestión de las subvenciones de la Junta de Andalucía a los cursos de formación de trabajadores en paro por la que la anterior primavera había detenido a dieciséis ex altos cargos e imputado a cuatro exconsejeros del ejecutivo autonómico, pesquisa que trata de averiguar el destino real de 3.000 millones de euros manejados por la Consejería de Empleo. Alaya fue apartada también del proceso abierto por los avales concedidos a empresas en apuros, otro dolor de cabeza para el Gobierno andaluz.

Esa decisión, que dejó a Alaya solo al frente del caso ERE y el caso Mercasevilla, fue aprobada por unanimidad por la Sala de Gobierno del TSJA, que así se corrigió a sí misma y, en previsión de futuros vaivenes, advirtió de que ese reparto de asuntos podría ser de nuevo revisado si era necesario para la «tramitación de causas complejas y normalización del juzgado». Era una manera elegante, según algunos magistrados, de reconocer que la pelea no había acabado y sería necesario adoptar nuevas decisiones.

Fue una cautela acertada, porque la jueza Alaya no se conformó, cambió de estrategia y decidió disparar por elevación. En un escrito fechado el 25 de junio, defendió ante el CGPJ su petición de mantener la instrucción de los macroprocesos de la peor manera posible, tratando de desacreditar a su sucesora en el juzgado: «La nueva titular me genera una gran inquietud, pues al margen de sus escasos conocimientos de la jurisdicción penal por su veteranía como juez de familia, dicha ausencia de confianza deriva de datos objetivos de su actuación».

Sin contemplaciones, la juez Alaya insistía en que «las máximas de seriedad y rigor necesario no se dan en María Ángeles Núñez frente a la experiencia y los resultados que humildemente, pero también de manera innegable, avalan mi trayectoria». Y para rematar, una carga de profundidad: «Se da la circunstancia de que la prensa en general, cuestión que expongo como mero lector sin la menor certeza, pero que a la vez me inquieta, pone de manifiesto que la señora Núñez Bolaños mantiene una estrecha amistad con el consejero de Justicia, don Emilio de Llera, notorio detractor del trabajo de esta instructora». Así, ocho folios.

Se abrió la caja de pandora. Llegaba julio, las causas seguían paradas y se empezaban a perder muchas paciencias. También la del presidente del alto tribunal andaluz. El 7 de julio, el TSJA acuerda mantener su decisión y da traslado de las quejas cruzadas de ambas magistradas al CGPJ, a la espera de que este órgano superior resuelva. Pero en el gobierno del Poder Judicial nadie está dispuesto a meter la mano en ese avispero y el 21 de agosto pide un nuevo informe a la Sala de Gobierno andaluza.

El presidente Del Río hizo denodados esfuerzos por buscar una salida pacífica al tema. Mantuvo al menos una larga conversación en su despacho con la magistrada Alaya, de la que lo único que se conoce es el sonoro portazo con el que esta puso fin a la entrevista. La opinión de la jueza Núñez Bolaños le llegó por escrito: no necesitaba el apoyo de su contrincante para la instrucción de las macrocausas y por tanto convendría «prescindir» de su refuerzo en comisión de servicio.

Varios integrantes de la Sala de Gobierno del TSJA dijeron basta y transmitieron su apoyo al presidente, convencido desde hacía tiempo de que la juez Alaya era el problema. Por eso este organismo pidió al CGPJ en septiembre que tuviese en cuenta que las manifestaciones escritas de la polémica magistrada «denotan una evidente falta de voluntad de cumplir el objetivo de colaboración con la titular, aspecto que debiera ser convenientemente valorado» y anular su adscripción al juzgado en comisión de servicios.

De nuevo, el órgano de gobierno de los jueces optó por la inacción y delegó en el tribunal andaluz la decisión final. Algunos vocales lo justificaron por la conveniencia de no intervenir en asuntos que tienen un fuerte contenido jurisdiccional. Otros atribuyeron al sector conservador del consejo un fuerte reparo a adoptar una decisión que iba a contrariar al Partido Popular, defensor sin tapujos de que la jueza Alaya siguiese al frente de los sumarios que más incomodan al socialismo andaluz.

En cualquier caso, la sentencia estaba dictada. El 13 de octubre, la Sala de Gobierno del TSJA acordó por unanimidad que la juez Alaya quedase de manera definitiva apartada de la instrucción de cualquier sumario del Juzgado de Instrucción Número 6 de Sevilla, dada su «falta de colaboración y entendimiento» con su sucesora en el órgano judicial, de la que llegó a cuestionar «su idoneidad y su independencia». Dos días después, la Comisión Permanente del CGPJ, también por unanimidad, ratificó el acuerdo.

No hay precedentes de un conflicto de estas características en la reciente historia judicial española, que tiene que ver con la trascendencia de los sumarios que acumula el Juzgado de Instrucción Número 6 de Sevilla, pero también con la personalidad de la juez que lo ha ocupado entre julio de 1998 y el 11 de abril de 2015. El caso Mercasevilla, incoado en 2009, y el caso ERE, abierto en 2011, han sido afiladas armas políticas que el PP ha usado sin pudor contra el Gobierno andaluz porque analizan una forma más que discutible, probablemente ilegal, de gestionar los intereses públicos, pero también porque la forma de instruir de la jueza Alaya ha dado pie a ello y la ha convertido en protagonista absoluta de la actividad política andaluza. Nada de cuanto hizo quedó exento del correspondiente debate público, construido a base de encendidas polémicas y discusiones de tono subido.

Sus detractores no conocen freno a la hora de destacar sus errores: envió a la Guardia Civil al Congreso y al Senado a notificar a dos expresidentes de la Junta de Andalucía su preimputación —figura que le valió a la instructora severas críticas incluso de la Fiscalía Anticorrupción—, pese a que solo el presidente del Supremo puede dirigirse al resto de los poderes del Estado; indagó a los diputados de la Comisión de Hacienda del Parlamento andaluz sin tener en cuenta que son aforados; intentó impedir que ciertos abogados defendiesen a varios imputados a la vez; tardó más de un año en imponer una fianza de responsabilidad civil a una imputada por su colaboración con la investigación, pese a las sonoras protestas de los fiscales; ocultó a las partes pruebas, como la declaración ante la Guardia Civil de un interventor de la Administración andaluza; cambió de criterio de manera radical en numerosas fases del proceso; provocó un grave conflicto institucional al exigir las 492 actas de todos los consejos de gobierno andaluz celebrados durante una década cuyo contenido no ha aportado nada a la investigación...

Además de con sus propios errores, tanto la Junta de Andalucía como el PSOE andaluz han tratado de desacreditar el trabajo de la jueza Alaya con el argumento de que en realidad solo buscaba condicionar la agenda política desde el juzgado, de actuar en función del calendario electoral en beneficio del PP. Por ejemplo, recuerdan que la investigación sobre la agencia Idea llevaba un año dormida cuando la juez Alaya la reactivó con la imputación de cuatro ex altos cargos de la Consejería de Innovación..., apenas a un mes de las elecciones andaluzas de marzo de 2015.

Y cuarenta y ocho horas después de las votaciones, cuando se iniciaban los contactos para la sesión de investidura, desencadenó la Operación Barrado, en la que fueron arrestados dieciséis ex altos cargos de la Consejería de Trabajo y el Servicio Andaluz de Empleo por el fraude en los cursos de formación. Hasta el decano del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, calificó de «desproporcionadas» e «innecesarias» esas detenciones «masivas» y acompañadas «de difusión mediática».

En septiembre de 2015, mientras los miembros del nuevo Gobierno autonómico de Susana Díaz prometían o juraban sus cargos en el Salón de los Espejos del Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, la jueza Alaya anunció la preimputación de siete aforados, noticia que llegó a la cámara regional a través de un comunicado de prensa del PP andaluz.

En varias resoluciones, la jueza Alaya ha defendido que atribuirle la intención de interferir en los comicios es «una interpretación sesgada y alejada de la realidad». Desde su juzgado, algunos funcionarios apuntan que, al ser tantos y tan voluminosos los sumarios instruidos, es imposible evitar que algunas resoluciones coincidan con fechas señaladas en el calendario político. En realidad, solo ella sabe el motivo de sus decisiones, pero son episodios como los anteriores los que explican por qué la Junta andaluza y el PSOE querían a la jueza Alaya lo más lejos posible de esos sumarios y por qué el PP ha maniobrado cuanto ha podido para que mantuviese el control sobre ellos.

Las investigaciones de la jueza Alaya han envenenado de tal manera sus relaciones con la Junta de Andalucía que destacados dirigentes socialistas llegaron a insinuar intereses inconfesables que tenían que ver con presuntas vinculaciones de su marido con el PP. Se organizaron anónimas campañas de desprestigio que coincidieron con escraches convocados sin tapujos por la dirección de la UGT andaluza y que obligaron a dotarla de una discreta escolta. Cierta prensa del corazón se lanzó a un detallado y peyorativo análisis de sus estilismos, tendencia que acabó por impregnar al resto de los medios al extremo de que, por temporadas, era más noticia el vestido que la juez lucía cada día a la entrada de los juzgados sevillanos a los mandos de su famoso trolley de intrigante contenido que sus propias resoluciones.

¿Presiones? Lo parecerían si no fuera porque la juez nunca lo denunció así al CGPJ ni pidió su amparo, por lo que cabe entender que no las vivió como tales o sobrevivió con entereza a esas estratagemas por sus propios medios. Sin embargo, sucumbió a su propia idiosincrasia: su legítimo anhelo de ascender a una plaza en la Audiencia Provincial de Sevilla tropezó con su indisimulado afán por mantener el control sobre sus sumarios. No supo romper la contradictio in terminis de su posición y al final tuvo que hacerlo la Sala de Gobierno del TSJA, alarmada por la deriva esperpéntica que amenazaba al proceso.

Ciertos alayólogos —porque no hay personaje público de relieve que no genere parásitos a su alrededor— sostienen que este último lustro de conflictos ha dejado tocado, sobre todo, al socialismo andaluz, porque le ha dejado sin explicación para su pasado y sin proyecto para el futuro. Parece una exageración, pero es cierto que la polémica jueza ha fulminado uno de los pilares de la permanencia del PSOE en el poder andaluz en lo que va de siglo.

El proceso desindustrializador que sufrió Andalucía en la última década del siglo XX dejó a miles de trabajadores en la calle. En 2001, la Junta que presidía Manuel Chaves ideó un dispositivo que permitía a la Administración autonómica actuar con rapidez para atajar los conflictos laborales mediante subvenciones a empresas que atravesaban dificultades económicas. Fue una manera de garantizar la paz social en la comunidad y fidelizar un buen puñado de votos en las urnas. El mecanismo diseñado fue el de las transferencias de financiación, un método que permitía el traspaso de fondos desde la Consejería de Empleo mediante un procedimiento administrativo ágil pero también opaco y discrecional, al margen del control de la Intervención General de la Junta de Andalucía.

Aquella estrategia empezó a desmoronarse el 14 de abril de 2009, día en el que por reparto llegó al Juzgado de Instrucción Número 6 una denuncia presentada por Juan Ignacio Zoido, un exmagistrado reconvertido en portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, por un supuesto fraude en la gestión de la empresa pública Mercasevilla. Aunque en realidad el escándalo había estallado dos meses antes, cuando la propia Junta de Andalucía denunció ante la Fiscalía el intento de extorsión que sufrieron los dueños del grupo de restaurantes La Raza por parte de los directivos de la empresa pública a cambio de conseguirles una ayuda de la Consejería de Empleo.

La titular del juzgado empezó a tirar del ovillo. Su peculiar forma de instrucción provoca que, todavía hoy, no haya condenados en esta causa. Pero su investigación permitió detectar el fraude en las subvenciones de los ERE gracias a los intrusos, personas que cobraron una prejubilación por una empresa en la que nunca trabajaron. Después aparecieron las comisiones excesivas abonadas a intermediarios en la tramitación de los expedientes, las ayudas directas a empresas que no cumplían los requisitos, el cuestionamiento de la política presupuestaria de la Junta de Andalucía y las sospechas sobre el papel en la trama del Parlamento andaluz, de la Cámara de Cuentas, la Intervención General de la Junta de Andalucía, los servicios jurídicos de la Administración andaluza, el PSOE e IU, los sindicatos, decenas de ayuntamientos, bufetes de abogados, empresas y empresarios, la Universidad de Sevilla, varias entidades financieras, numerosas consultoras y aseguradoras...

Este proceso le permitió recabar material suficiente para, ya en 2014, abrir dos nuevas causas: una investiga las subvenciones a cursos de formación para desempleados organizados por las centrales sindicales; la segunda, un paquete de ayudas y avales a empresas andaluzas a través de la sociedad pública Idea. En resumen, toda la política social de la Junta de Andalucía de la primera década de siglo sometida a revisión judicial.

Tras mil quinientos días de pesquisas, la jueza Alaya es, para muchos, una heroína que ha desmontado una estructura corrupta de poder que ha sostenido al PSOE como fuerza predominante en la comunidad andaluza durante más de treinta años. Por supuesto, para los socialistas no es más que una inquisidora que, en beneficio del PP, abrió una ilegítima causa general contra la Junta de Andalucía y que adoptó iniciativas que rozaron la prevaricación.

Pero la tormentosa instrucción del caso ERE llegó al Tribunal Supremo en el verano de 2014 y allí obtuvo el más firme respaldo que un instructor puede conseguir. Tras una somera investigación, el magistrado de la Sala Segunda del alto tribunal Alberto Jorge Barreiro asumió en esencia la tesis de la jueza Alaya y concluyó que los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como otros exconsejeros y ex altos cargos imputados, no diseñaron el modelo de transferencias de financiación para cometer un fraude, ni lo hicieron porque se estuviera cometiendo, pero fue ese diseño lo que permitió que se cometiese el fraude.

El magistrado destacaba que la estructura piramidal de la Junta de Andalucía favoreció el uso ilegal del controvertido mecanismo, que por otra parte es una herramienta presupuestaria común en muchas administraciones autonómicas para conceder subvenciones. Su petición de suplicatorio cifró en 854,8 millones de euros la cantidad canalizada a través de las transferencias de financiación, pero aclaró que una parte fue destinada a fines legales y otra a objetivos ilegales, sin cuantificar ninguna de las dos.

Algunos de los abogados que mejor conocen el sumario han echado sus propias cuentas: entre 2001 y 2010 el fondo de los ERE estuvo dotado con 855 millones de euros, aunque con obligaciones contraídas por valor de 1.217 millones. De ellos, 50 millones se destinaron a sobrecomisiones ilegales a las entidades que mediaron en los expedientes de regulación de empleo; 73,7 millones se desviaron a empresas que no reunían las condiciones de acceso a las ayudas previstas en el fondo, y 12,3 acabaron en los bolsillos de intrusos, prejubilados que no pertenecían a las empresas ayudadas. En total, 136 millones malversados.

Pero amén del respaldo procesal proporcionado por el magistrado Jorge Barreiro, el caso ERE y el trabajo de la jueza Alaya había recibido poco antes un inesperado y potente aval. El 10 de abril de 2015, Griñán compareció ante el instructor del Supremo en calidad de imputado y defendió con énfasis la legalidad del sistema de ayudas a empresas en crisis, sin que hubiera plan alguno de la Junta de Andalucía para desviar fondos públicos a personas afines al PSOE. Al término del interrogatorio, cuando abandonó la sede del alto tribunal, el expresidente de Andalucía se topó con un muro de cámaras y micrófonos en la calle del Marqués de la Ensenada, y decidió darles su explicación de lo sucedido: «En los ERE no hubo un gran plan, pero sí un gran fraude».

Toda la estrategia de defensa del PSOE andaluz se desmoronó de repente. Todo el desmedido trajín agitado durante un lustro desde el Juzgado de Instrucción Número 6 de Sevilla cobraba sentido de golpe y dejaba de ser una «causa general» contra la Junta de Andalucía, ese argumento de exculpación tantas veces repetido, para convertirse en el reflejo de la generalizada sensación de que, durante una década, todos los controles internos de la Administración andaluza fallaron de manera estrepitosa. En una Andalucía regada con el dinero de los fondos europeos y mientras los ingresos fiscales procedentes del negocio inmobiliario mantenían las arcas públicas repletas, ningún sistema aplicaba un control eficaz del gasto. Y de ese descontrol se beneficiaron decenas de arteros desaprensivos que hicieron fortuna desde o a costa de la Administración autonómica.

III

L

a historia de Mercedes Alaya queda desdibujada como un juego de luces y sombras. El respaldo del Supremo a su trabajo en el caso ERE no es baladí, pero no salva numerosos elementos de la instrucción que son problemáticos. El sumario se dispersa por tantos meandros procesales que hasta a la Fiscalía le cuesta encontrar un hilo conductor.

La Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Sevilla ha alertado al menos en cinco ocasiones —la última en abril de 2015— de que el caso ERE está abocado al fracaso. Es una causa con al menos 272 imputados, aunque es imposible saber la cifra exacta, y muchos de ellos llevan años esperando ser citados a declarar para poder defenderse. Los legajos ocupan ya más de 300.000 folios repartidos en 80 tomos, y el conjunto es inmanejable. Por eso los fiscales dedicaron el primer trimestre de 2015 no tanto a investigar el caso en sí, sino a recabar todo tipo de pruebas periciales, declaraciones e informes para demostrar que es imprescindible disgregar el proceso en tres grandes bloques: uno sobre las ayudas concedidas, otro sobre las sobrecomisiones pagadas a los intermediarios y un último bloque sobre el procedimiento de pago de los ERE, que tendría a su vez más de doscientas piezas separadas.

La prolija instrucción ha permitido a la jueza Alaya abrir constantes y sucesivas líneas de investigación que han convertido el caso en «una macrocausa de extensión temporal, subjetiva y material prácticamente inabarcable», en opinión de los fiscales. La instructora siempre se negó a trocear las diligencias, convencida de que se trata de un sumario inescindible, pero ello supone que la instrucción no concluirá hasta que los expertos de la Guardia Civil analicen todas y cada una de las subvenciones concedidas por la Junta de Andalucía a lo largo de una década, un trabajo que requerirá todavía varios años. Por ejemplo, en el ERE de la minería onubense, que benefició a 1.169 trabajadores, la Guardia Civil ha detectado irregularidades en las pólizas de más de trescientas personas. Y aún no han podido empezar con los expedientes de Santana Motor o Delphi, por citar solo dos de ellos.

Una vez que la jueza Núñez Bolaños se hizo con el control absoluto del sumario, ha comenzado a trocearlo para garantizar la «agilidad procesal», y ya hay cuatro piezas separadas, cuya instrucción ha delegado en su juez de refuerzo. Decisión que ha alimentado las sospechas de quienes defendieron, desde el principio, que todo lo ocurrido en el Juzgado de Instrucción Número 6 de Sevilla a lo largo de 2015 no ha sido sino una compleja estratagema urdida para apartar a la juez Alaya de los polémicos sumarios. Ajena a estas diatribas, la actual titular del juzgado también ha troceado en nueve partes el sumario que investiga un supuesto fraude masivo en las ayudas de la Junta de Andalucía a la formación de trabajadores en paro.

La solución de la magistrada Núñez Bolaños puede salvar algunos de los obstáculos que afrontan esos complejos sumarios, pero abre otros escenarios de riesgo: una docena de imputados, los que estaban en la cúspide de la estructura piramidal de la Junta de Andalucía, deberían pasar por el banquillo de los más de doscientos juicios orales que propone la Fiscalía. «A muchos de ellos no les queda vida para tanto», sostiene un defensor que prefiere que el caso se mantenga como una macrocausa que a buen seguro nunca podrá ser juzgada. El precedente del caso Malaya, que con noventa y cinco procesados necesitó doscientas sesiones de juicio, permite atisbar la magnitud del problema.

En el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la Complutense, la jueza Alaya obvió todos los interrogantes y defendió su trabajo como bien hecho, como una demostración de que «se puede cuando uno quiere o cuando tiene la pasión, el interés necesario; aunque te pongan todas las trabas del mundo, aunque la administración autonómica de turno no dé los medios personales, no importa, el Poder Judicial siempre actúa, siempre de una manera u otra salimos a flote».

Para la jueza Alaya, no sirven las excusas, «hay que trabajar porque la sociedad se lo merece, hay que luchar por ello, por lo que uno cree [...]; si desde la Justicia no podíamos acabar con la crisis, sí podíamos acabar poco a poco con la corrupción, con ese cáncer de la democracia, eso lo teníamos que hacer poniendo nuestra pasión y a tiempo completo, y lo hicimos». Habló en plural porque incluyó al personal de su juzgado y a algunos estrechos colaboradores, un equipo al que tuvo que convencer de que el sobresfuerzo a realizar no iba a tener otra compensación que el impulso de «una nueva forma de impartir justicia que se extendió a través de las pantallas de la televisión o de la prensa, que se contagió, que era necesario contagiar».

Por eso es famosa, por eso «muchos ciudadanos se acercaban a mí y me comentaban que la Justicia estaba en valor, que empezaban a creer de nuevo en la Justicia, y esto para mí era muy importante porque ha trascendido a muchos compañeros que ya sin miedo a las presiones, sin miedo a los poderosos, se han atrevido a iniciar procedimientos que años atrás nos podrían parecer inimaginables [...]. Quizás entre todos hemos iniciado una nueva manera de impartir justicia».

Como los mejores jueces de trinchera, tiene la juez Alaya un club de fans que aplaude sus actuaciones y le atribuye el mérito de haber acabado desde su juzgado con un régimen de opacidad e impunidad que alimentó el poder socialista en Andalucía durante décadas. Disponen incluso de página propia en Facebook cuyo muro despliega un inusitado repertorio tanto de halagos a la juez como de reproches a la clase política.

La propia jueza repartió unas cuantas críticas a los políticos tras recibir el premio de los antiguos alumnos de Derecho. Y en su invectiva coincidió con quienes interpretan las reformas legales impulsadas por el ministro Rafael Catalá como una reacción defensiva frente a la actuación judicial: «A nivel general los políticos vieron que coexistían en el tiempo muchos procedimientos abiertos por corrupción, se vieron en peligro y, aunque se les llenaba la boca diciendo que hay que luchar contra la corrupción, los pactos que hubo en octubre de este año desembocaron en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que ha puesto de manifiesto que uno de los mecanismos para luchar contra la corrupción creado por los políticos es impedirnos a los jueces combatirla».

El auditorio se vino abajo en aplausos, y la jueza Alaya se vino arriba: «Esa reforma, ni más ni menos, ha mandado al abismo la independencia judicial, que ya no existe; es verdaderamente lamentable tener que decir esto, pero lo siento en mis propias carnes, porque el Poder Judicial no se lo merecía».

Pese al cariz de su discurso, la jueza Alaya no se permitió la desesperanza. En su opinión, «vivimos tiempos de cambio en los que quizá la política ha invadido la justicia para evitar que la justicia se meta en asuntos de política, pero vivimos tiempos de cambios que pueden ser históricos y por eso es necesario implicarnos decididamente en ellos para acometer una renovación de los valores democráticos y recobrar la esencia de los principios constitucionales que nos vinieron de esa época tan mágica que fue la transición democrática».

Tocaba despedirse: «Hemos abierto un camino, y aunque yo ya no estoy con vosotros desde junio de este año por mi ascenso a la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla y porque no llegó a buen puerto la comisión de servicios por decisión del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo General del Poder Judicial, hemos abierto un camino importante que otros tienen que confirmar». En el tribunal andaluz y en el consejo, ciertos responsables respiran ya más tranquilos.

SONIA CHIRINOS RIVERA

IGUALDAD SENTIDA, NO PENSADA

Ante las atrocidades tenemos que tomar partido.

El silencio estimula al verdugo.

ELIE WIESEL

La cara de la letrada refleja sincera preocupación: «Señoría, hay un grupo de rumanos amigos del novio de mi clienta que se han colado en el edificio y está asustada por lo que puedan hacer».

La jueza Sonia Chirinos, que acaba de conceder la orden de protección a la joven rumana, llama de inmediato a uno de los agentes judiciales. Mientras le expone la situación, ella misma se asoma desde la barandilla de la escalera en busca de los intrusos. Apenas dos minutos después, el agente judicial le susurra al oído que ya habían sido localizados los amigos del denunciado y han sido expulsados del edificio judicial. Aun así, la jueza ordena que se acompañe a la joven hasta la salida para que pueda coger un taxi sin contratiempos.

Cinco minutos después, la jueza vuelve a su puesto en el estrado para resolver el siguiente asunto: una mujer de treinta años denuncia agresiones y malos tratos verbales por parte de su pareja, incluso delante de sus hijos. El joven permanece esposado y custodiado por dos guardias civiles en el exterior de la sala de vistas. Sonia Chirinos hace pasar a la denunciante y le pide con dulzura que narre su situación. Escucha con atención un relato, escalofriante para los profanos, al que ella está acostumbrada. El delito más común que llega a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer es el de malos tratos con resultado lesivo leve.

I

C

ada caso es único, su descripción es importante y la jueza pregunta con insistencia para asegurar que consten en acta todos los detalles pertinentes. Entre balbuceos, la joven logra describir escenas de patadas en el parque, de peleas en casa. La magistrada trata de tranquilizarla y le explica con palabras llanas lo que va a ocurrir a continuación. La denunciante toma asiento y la agente judicial cambia el micrófono al otro lado de la sala para que responda el denunciado, que acaba de entrar en la sala de vistas. Un agente de la Guardia Civil le quita los grilletes mientras escucha el contenido de la denuncia y el enunciado de sus derechos.

El presunto agresor niega todos los hechos. Su relato incluye algunas imprecisiones y lagunas mentales sobre lo ocurrido y por qué su pareja ha tenido que ser atendida en un centro hospitalario. Sonia Chirinos le mira de frente, analiza sus gestos y su expresión corporal. Agita de manera impulsiva un bolígrafo y consulta el ordenador como si estuviera ausente. Pero su experiencia y olfato están alerta y lanza una última pregunta rápida, casi distraída, que interrumpe el relato del presunto agresor.

—Entonces, ¿su pareja se lo inventa todo?

—Todo no.

Estas vistas preliminares en los casos de violencia de género resuelven la adopción de medidas cautelares que tratan de impedir que continúe el maltrato a la mujer denunciante; en los casos más graves, pueden incluir el ingreso en prisión preventiva del presunto agresor. En un partido judicial como el madrileño, cada juez resuelve una media de veinticinco casos durante los tres días seguidos de guardia. En otros partidos más pequeños, estas guardias se prolongan una semana.

Concluida la vista, el hombre es conducido, esposado, hasta los calabozos del edificio de los juzgados de la plaza de Castilla, al norte de Madrid. Desde allí será puesto en libertad tras la entrega de una orden escrita que le impide acercarse a su pareja y a sus hijos hasta que sea juzgado por un delito de maltrato en el hogar y lesiones leves. En ocasiones, explica la propia juez, «es muy difícil ser justo, porque las dos versiones pueden ser muy creíbles, pero para eso está la inmediación, que permite mirar a la cara a los dos actores y distinguir cuál de las dos versiones es la que más se aproxima a la verdad». Y Sonia Chirinos reconoce que, en su particular modo de ejercer la jurisdicción, ella invierte el latinajo y aplica la ley in dubio pro víctima.

Cuando la juez Chirinos se dirige a la mujer o al agresor, lo hace de una forma entendible. Explica en términos sencillos cuál es la situación y su conclusión sobre lo ocurrido de manera clara. Y resuelve en consecuencia. Su decisión no siempre devuelve la tranquilidad a la víctima, pero no puede hacer más. Reconoce con frustración que a veces le gustaría dar un abrazo a las mujeres que tiene delante, y no son pocas las ocasiones en que ha tenido que contener las lágrimas cuando escucha el relato de las agresiones. «Esto es como una representación teatral, y aunque tengas ganas de llorar, aguantas el tipo y sigues para delante, porque después me podré implicar en mis resoluciones», se consuela.

Pese a todo, el trabajo le gusta porque tiene «la sensación de hacer un poquito de justicia, aunque sea con la letra superpequeña». Su agilidad, la capacidad de adoptar decisiones rápidas es fruto de los años de servicio, más de diez en su Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 2 de Madrid, desde el que ha sido pionera en la aplicación y desarrollo de la Ley Integral contra la Violencia de Género que aprobó el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en diciembre de 2004. Un buen texto, opina la jueza Chirinos, aunque «en el fondo nadie cree en ella; es una buena herramienta como medio para la lucha contra la violencia de género, pero hay que creérsela hasta el fondo y especializar a los jueces que la desarrollan, como se ha hecho con los de Mercantil o los jueces de lo Social».

Esta jueza se especializó en violencia de género a fuerza de compromiso y constancia en el trabajo, y el dominio de la materia le ha permitido aplicar medidas innovadoras para unas leyes incompletas. Un fenómeno de tal calado requiere soluciones arriesgadas. Por desgracia, ese nivel de responsabilidad no está tan arraigado en toda la judicatura. No faltan colegas de Sonia Chirinos que en este ámbito cambian el entusiasmo por la precaución. En los primeros balbuceos de esta jurisdicción, el ingreso en prisión provisional del presunto agresor era casi automático. «Protégete a ti misma», le aconsejaba algún colega ante el riesgo de que le pasara algo a la víctima sin que ella hubiese ordenado medidas cautelares contra su pareja. Pero ella decidió romper con esa mala praxis, porque «tengo la sensación de que así se hace más justicia, precisamente por no partir de arquetipos ya preestablecidos».

El compromiso de Sonia Chirinos con la lucha contra la violencia machista no es acrítico. Con los años ha desarrollado una especial sensibilidad contra el papel sumiso que todavía juega la mujer en la pareja y que es uno de los orígenes del problema. Por eso se le quedó grabada la película Still Alice, de los estadounidenses Richard Glatzer y Wash Westmoreland, en la que Julianne Moore borda el papel de una enferma de alzhéimer a quien ni su marido ni sus hijos ayudan en casa, lo que la obliga a seguir encargada de las tareas domésticas —sirviendo— mientras lucha por retrasar el deterioro de su salud mental.

Son patrones comunes en todas las partes del mundo. Una de las peculiaridades del macho español, sostiene la jueza, es que «dice lo que siente, tú eres mía y vas a hacer lo que yo quiera». Y buscando la raíz del problema, o intentando descifrar cuáles son las matrices comunes que dibujan el perfil del machista violento, Sonia Chirinos describe un proceso en exceso habitual: «Comienza con los insultos, al principio leves y luego más groseros, o las salidas de tono que hasta hace unos años en España se consideraban de poca importancia. Al principio es “no me gusta que te pongas esa ropa”, continúa con “solo serás mía” y, consecuentemente, el que se cree propietario de una vida puede, incluso, acabar con ella».

Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer nacieron en 2005 en un intento de dar respuesta a una problemática que requiere reacción especializada y, sobre todo, «inmediata, resolutiva e integral, porque trata de dar una respuesta global» a la violencia de género que, en consecuencia, debe incorporar y regular medidas de todo tipo: políticas, laborales, sociales, educativas y judiciales.

En España funcionan ciento seis juzgados especializados. Otros cuatrocientos compatibilizan esta función con otras investigaciones penales. Además, el Estado ha movilizado a miles de policías y guardias civiles, equipado las prisiones con terapeutas, creado oficinas de atención, desarrollado decenas de campañas publicitarias. Es un esfuerzo descomunal que parece baldío. Según el Instituto de la Mujer, entre 1999 y octubre de 2015 son 1.025 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. La violencia de género, en estos años, se ha cobrado más víctimas mortales que ETA en toda su historia.

El empeño diario de la jueza Chirinos por reducir y sancionar la violencia ejercida sobre la mujer sería inane sin un equipo de trabajo «brillante, en el que todo el mundo está más o menos sensibilizado». La jueza presume del personal de su juzgado, así como de los profesionales externos que colaboran con él. Es un equipo que vive bajo tensión, pero tan profesional como humano, y que puede resolver con la misma diligencia un trámite jurídico enrevesado como cuidar a los niños que acuden con sus madres a presentar la denuncia.

En el juzgado se trabaja «como una piña» y para ello es fundamental que quien dirija la oficina muestre tanta serenidad como autoridad. Funcionarios, abogados defensores o incluso la Fiscalía aseguran que esas son las características de Sonia Chirinos, una jueza de esas que no necesitan alzar la voz para que todo el mundo sepa quién manda en su territorio judicial.

Una de las leyendas urbanas que ensombrecen la lucha judicial contra la violencia machista es la del exceso de denuncias falsas, extremo que la jueza Chirinos rechaza. Y recuerda que los casos que llegan a los juzgados especializados «tienen que ser necesariamente leves porque, si la víctima resulta herida grave o muerta, se trata de un delito que se resuelve en otra jurisdicción». Los juzgados de violencia centran su labor, más que en la sanción, en la prevención y en la protección.

Las denuncias, en todo caso, no se resuelven solo con autoridad. Es necesario que la información que proporciona la víctima a los jueces sea lo más precisa posible. Su relato debe incluir datos «fundamentales», motivo por el que Sonia Chirinos ve con buenos ojos las campañas divulgativas que difunden los medios de comunicación, aun a riesgo de que creen «más frustraciones» en víctimas que pueden ver defraudadas sus expectativas. «Una mujer puede pensar que todo ocurre como dice la propaganda de la televisión, que si llama al 016 en veinticuatro horas estará todo solucionado con una orden de protección», pero puede que no, puede que la realidad sea otra y que el juez no sea capaz de verlo con tanta claridad, «y entonces llega una frustración inútil».

Interrogada sobre vías efectivas para combatir la violencia machista, Sonia Chirinos no lo duda y apuesta por campañas de concienciación, empezando por la escuela, «y le pediría a todo el mundo que se tomara el tema en serio, porque cada vez aumentan más los casos protagonizados por jóvenes». La educación de los adolescentes, tanto en los centros educativos como en casa, junto a la información que reciben a través de los medios de comunicación y de las redes sociales «debe ser íntegramente igualitaria».

Para ello, la experiencia le ha demostrado que las nuevas tecnologías deben asumir un papel protagonista en favor de la igualdad de género «para superar cierta ausencia de percepción real de la desigualdad y la violencia desde la concienciación y la denuncia».

II

S

onia Alicia Chirinos Rivera nació en Lima (Perú, 1959), pero solo muchos años después, tras varios viajes a su tierra natal, logró recuperar la sintonía con sus paisanos que dejó en suspenso cuando apenas tenía nueve años. Mientras en las calles de Lima se gestaba el golpe militar de 1968, su padre intentó que volviera a casa, pero se quedó en España junto a su madre, quien tras el divorcio cruzó el Atlántico para establecerse en principio solo dos años. «Lo curioso es que a mí no me gustaba», recuerda ahora, pero con el tiempo se fue acostumbrando. Hoy se siente española.

La madre de Sonia fue su referente de niña y su ejemplo ya de adulta, «por su coraje y tesón»; fue el ancla que le permitió asumir el cambio de país, de ciudad y de colegio y adaptarse a otras costumbres, a otros amigos de recreo. No se considera una estudiante modelo, pero sí sacaba buenas notas y era de las primeras en clase.

Sus dos progenitores son abogados, incluso es nieta del autor del primer Código Civil peruano. Pero el Derecho nunca impregnó el ambiente doméstico, ni en su Perú natal ni en España. Su apuesta por la judicatura, por tanto, no es consecuencia de la influencia familiar. Y ello a pesar de que en su caso sí puede hablarse de cierta vocación temprana, ya desde los primeros años en un colegio religioso se sentía «feliz impartiendo una justicia liviana de patio de recreo. Fue una época muy linda en la que me gustaba proteger al que lo necesitaba».

Entonces era una mera pulsión irracional: Sonia Chirinos quería ser arquitecta, «quizá porque muchas veces escuché a mi madre decir que lo que necesitaba era tener una casa». Pero con apenas trece años, un día mientras atravesaba el Parque de las Avenidas de vuelta a casa desde el colegio, tuvo una epifanía y descubrió que quería ser abogada. «Además, yo era pésima dibujando», ríe ahora.

Integrada en el país sin problemas, una adolescencia y juventud itinerante por el Levante español despertó en Sonia Chirinos la curiosidad por recuperar los territorios que la vieron nacer, la necesidad de completar su propia identidad. A punto estuvo de hacerlo al terminar los estudios preuniversitarios y llegó a tener en sus manos el billete de ida a Lima que le envió su padre, pero su madre le aconsejó que, antes de viajar, meditase primero despacio si no era preferible empezar los estudios de Derecho en España, dado que ya había conseguido el ingreso en la Universidad de Valencia.

«Mi madre siempre ha sido una mujer muy inteligente y práctica», dice ahora, antes de confesar que la convenció y comenzó la carrera con un empeño y dedicación especiales, no tanto por conseguir la licenciatura como «para que nada pudiera impedir que yo me fuera a Perú». Así lo hizo nada más acabar el primer curso: cruzó de vuelta el océano para pasar un año sabático en el país andino y descubrir de manera empírica que «yo era mucho más española que peruana», por lo que no tardaron en aparecer las prisas por volver y terminar la carrera de Derecho en España.

Pese a que su intención cuando viajó a Perú era concederse un año para sí misma, una vez allí decidió matricularse en la Universidad de Lima, en donde comenzó segundo curso de Derecho. Sin embargo, el ambiente de aquellos círculos universitarios no la terminó de convencer, dada su alta politización y porque el funcionamiento de la facultad era un desastre. Por eso, cuando concluyó aquel curso volvió a España, aunque no sería la última vez que viajaría a su país para completar su formación internacional.

Con las maletas otra vez en el aeropuerto de Valencia, la jueza pensó que el año de estudios en Perú no había sido provechoso y se convenció de que lo mejor era repetir esas asignaturas en la facultad valenciana para continuar con mejor pie la carrera. Esa decisión le permitió descubrir a profesores como Tomás S. Vives Antón —que dirigió su tesina— o Ernest Lluch, «tan increíbles que mi amor por el Derecho se consolidó». Aún no había terminado la carrera cuando, en 1981, empezó a colaborar con la Cátedra de Derecho Penal. Terminados los estudios, comenzó a preparar la tesis doctoral. Compañeros del departamento rememoran que nada en el horizonte parecía obstáculo que pudiera impedir que se convirtiese en la primera catedrática de Derecho Penal de España.

Pero el destino le hizo un regate y le puso en el camino la oportunidad de sustituir, durante un mes en verano, a una magistrada de la Audiencia Provincial de Valencia. Apenas tenía veinticuatro años y no lo dudó, sin saber entonces que emprendía un camino sin retorno. Ahora recuerda que en aquellos años los magistrados sustitutos no tenían otra misión que «rellenar huecos» en las salas para conseguir el quórum que permitía dictar sentencias. Pero el caso es que a ella le dejaron la ponencia de algunas resoluciones y le entró el gusanillo.

Todavía recuerda con intensidad aquellos balbuceos como jueza. La responsabilidad le hacía rebuscar en documentos antiguos o en jurisprudencia de todo tipo hasta estar convencida de la sentencia que iba a firmar. Y escudriñaba con tal pasión que llegó a ser noticia: en una ocasión, absolvió a un joven acusado de desórdenes públicos al aplicarle una ley de 1931, dictada durante la Segunda República, extremo que el diario El País reseñó en tono sorprendido. «Yo había ido a un armario donde se guardaba alguna jurisprudencia antigua y encontré una sentencia que me venía bien, de 1931, y decidí aplicarla como antecedente».

En pocos días se dio a conocer en la audiencia valenciana. Otros magistrados, mayores que ella y muy conservadores, la observaban con cierto desdén y comentaban de forma discreta —aunque a ella no le pasaba desapercibido— cómo iba vestida, el largo de su falda o su peinado. «Era un poco como la niña del juzgado», cuenta sin rencor, sobre todo porque lo que recuerda de aquella época es que «ahí nació mi verdadera vocación». Influyeron también los consejos de un magistrado «comunista de los de antes, culto, que igual tendría solo cincuenta años, pero que para mí era mayor», y que le hizo dudar sobre su futuro en la universidad porque era aquella una institución «totalmente feudal, medieval, donde sin padrino no eras nadie».

Sonia Chirinos tenía un padrino académico y de los buenos, Vives Antón, pero la mecha estaba encendida y, antes de concluir la sustitución en la Audiencia Provincial, se remangó para preparar las oposiciones a la judicatura. En menos de un año superó las pruebas y, corría 1984, consiguió un nuevo destino en un juzgado de distrito de Carcagente, un pueblo de la Ribera Alta valenciana que contaba con unos 22.000 habitantes.

Su aterrizaje no pudo ser más descorazonador. Encontró un juzgado «feo, viejo y destartalado», y ella era nueva en todo. Como les ha ocurrido a generaciones y generaciones de jueces, los alumnos llegaban a los juzgados desde la Escuela Judicial sin saber qué se esperaba de ellos. Así que cuando uno de los funcionarios le puso por vez primera sobre la mesa una serie de documentos para la firma, ella prefirió consultar por teléfono a un magistrado amigo. La respuesta no pudo ser más inquietante: «Tú firma, poco a poco ve controlando lo que tienes que autorizar, pero de momento te tienes que fiar del funcionario».

En septiembre de aquel año fue destinada al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Tremp (Lérida). Desde allí logró irse acercando poco a poco a la capital del Turia, donde había establecido su vida desde la etapa universitaria. Pero, cuando lo consiguió, decidió ampliar conocimientos. En 1989, por primera vez en la historia, el Consejo General del Poder Judicial integró a una mujer en su Inspección. Así arrancó una nueva etapa profesional en la que recorrió juzgados y tribunales por media España

Aquella experiencia le ayudó a aprender «las buenas y las malas formas de trabajar en un juzgado», pero sobre todo a conocer de cerca «la España profunda» y las dificultades de los juzgados en toda la geografía. Fue inspectora exclusiva para toda Andalucía, después Aragón, Extremadura, La Rioja y Navarra, y gracias a ello «aprendí una forma nueva y creativa de impartir justicia».

Inquieta por herencia genética, la experiencia como inspectora le despertó la remota idea de intentar cambiar las cosas desde la política y el 9 de diciembre de 1991 aceptó un puesto de nueva creación, directora general de Justicia de la Generalitat Valenciana. Fue para ella una experiencia valiosa pero decepcionante —«salí un poco quemada»— porque su ingenuidad la llevó a enfrentarse con los responsables de la Consellería de Administración Pública, a la que estaba adscrita, y «esas cosas se pagan».

Fue un baldío y breve paso por la política. El 31 de agosto de 1993 el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana publicó su cese. Regresó a la Inspección, pero su espíritu inquieto volvió a llamar a la puerta y aceptó un proyecto de cooperación jurídica internacional entre la Unión Europea y Perú. El objetivo era montar las bases para la futura Academia de la Magistratura, pero Sonia Chirinos no oculta que también le sirvió para recuperar raíces olvidadas que hoy recuerda con nostalgia: «Me sentía peruana y recuperé mi esencia en una tierra que comencé a reconocer mejor».

Entró en crisis —en el sentido que daban los griegos a la palabra— y peleó con el Consejo General del Poder Judicial por una excedencia de tres años, que dedicó a trabajar en Nicaragua en un proyecto también de la UE, vinculado con la independencia judicial. Cuando lo concluyó, viajó a la República Dominicana, donde dirigió otro proyecto europeo de iniciación al Derecho que le ocupó otros tres años.

Al mirar el calendario, Sonia Chirinos se percata de que pasó casi dos décadas fuera de los juzgados y de que todavía hoy ignora qué la empujó a regresar a España y retomar la carrera como juez. Posiblemente ayudó una oferta para asesorar al gabinete del secretario de Estado de Justicia. Lo de afrontar el reto de volver a pisar un juzgado era otro cantar. No podía obviar el criterio de sus mejores amigos, convencidos de que su perfil era más académico que práctico y de que diez años sin vestir la toga le habían hecho perder músculo para la judicatura.

Pero Sonia Chirinos tenía claro que la experiencia vivida podía enriquecer una nueva etapa togada. Y había una oportunidad que no estaba dispuesta a desperdiciar. Acababan de nacer los nuevos Juzgados de Violencia sobre la Mujer, y ella llevaba años compaginando sus ocupaciones con la impartición de charlas y seminarios sobre la materia por toda España, y también en Perú, Colombia, Marruecos, Austria e incluso en Tayikistán.

Así que en junio de 2005 se convirtió en titular del flamante Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 2 de Madrid. Pero llegó con cautela. Asustada por el desafío que tenía por delante, decidió incorporarse en septiembre y acudir antes a la sede madrileña como si fuera una observadora anónima. Ahora se asombra por la audacia de aquellos primeros días en los que llegó «de incógnito» y presenciaba las vistas orales en los otros dos juzgados para observar y aprender la dinámica que imprimían las otras dos juezas, Raimunda de Peñafort Lorente Martínez y María Gracia Parera de Cáceres: «Yo estaba ahí parada y los abogados me miraban como un bicho raro, nadie sabía que yo era la futura juez».

Fueron inicios duros, porque tres únicos órganos para una urbe de las dimensiones de la madrileña son insuficientes (hoy hay once) y porque «nadie se ocupaba de esos juzgados, estábamos solos». La jueza Chirinos, además, estaba decidida a no sacrificar a su familia por el trabajo y el empeño le resultó muy difícil: «Había que cuidar a los niños, cuidar la pareja, y tampoco podía cuidar a mis amigos», reconoce con cierta amargura.

Después de cada jornada maratoniana en el juzgado, le costaba desconectar, así que se hizo adicta, reconoce ahora con vergüenza, al programa prototipo de la telebasura, aquel Aquí hay tomate de infausto recuerdo. Hasta que se dio cuenta de que aquella medicina tampoco funcionaba. Mejor resultado dio la receta impuesta por su marido, que le prohibió comentar en casa los asuntos judiciales a su cargo. Poco a poco, aprendió a «no llevarme los problemas a casa, aunque me lleve trabajo».

Necesitada, pese a todo, de vías alternativas para aliviar la tensión y la carga emocional que arrastra el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, la cocina fue para Sonia Chirinos un verdadero bálsamo, un ungüento que incluso aplicó a sus funcionarios, a los que invitó a comer a su casa para fomentar un clima diferente. «Tuve que pedir un día libre para poder hacer la comida para todos», recuerda divertida.

No fue suficiente. Tampoco la lectura relajante de un buen libro, que gusta de compartir con los suyos. Y le encantaba participar en juegos de mesa con sus hijos. En realidad nada basta, ni siquiera la música, tras una guardia de setenta y dos horas que requiere un esfuerzo mental importante. También necesitaba un buen fondo físico, y quizá por eso desde hace algún tiempo asiste a clases de zumba, una suerte de baile para descoyuntarse a ritmos latinos variados que no dejan tiempo alguno para pensar.

Pero miles de procesos judiciales después, Sonia Chirinos piensa. Lo hace constantemente, y por eso defiende con vehemencia que «la igualdad debe sentirse, no pensarse». Aunque no olvida lo que la más cruda realidad enseña: «En el fondo nadie cree en la violencia de género, solo cuando hay una mujer o un niño muertos. En ese momento es cuando la sociedad se lo cree, pero la violencia es la explosión de una conducta que desgraciadamente padecemos todos. Y la admitimos, en el fondo la admitimos».

PABLO RUZ GUTIÉRREZ

HUMANISMO TOGADO

La disciplina es la parte más importante del éxito.

TRUMAN CAPOTE

Una firme convicción religiosa, un sólido compromiso con una Justicia de rostro humano y una escondida pasión por Extremoduro conforman una personalidad compleja, poliédrica. Para terminar de entender la trayectoria profesional del magistrado Pablo Ruz es necesario añadir un cuarto elemento, una apuesta por la independencia judicial como principio rector de su quehacer diario.

«Para los jueces, el valor de la independencia no debe quedar en una exigencia sin más que contempla la Constitución. Si entre todos no logramos que se promueva, si nos conformamos con hábitos de independencia débil, de bajo perfil, si fracasamos en conciliar justicia y libertad, habremos fracasado en todo», proclamaba vehemente el magistrado en una conferencia pronunciada en un encuentro entre fiscales y jueces.

Todo eso, los principios, las convicciones, los conocimientos y probablemente también la fe iban a serle más que necesarios cuando el destino le convirtiera en el instructor del sumario entre los sumarios: el del caso Gürtel.

I

R

ecorrer los puertos de Pineda, junto al río Carrión, y los prados donde pastan las reses que los paisanos de La Vega y Cabezón de Liébana suben en verano es una de las mayores satisfacciones de Pablo Ruz. Más de una noche ha pasado contemplando el cielo estrellado desde alguna de las numerosas cabañas que salpican el paisaje, y que para él son un tesoro, el lugar predilecto para pensar, escuchar y hablar sin prejuicios de todo y con todos. Hablar con cualquiera y de cualquier cosa, pero nunca de sí mismo.

Pablo Rafael Ruz Gutiérrez (Madrid, 1975) se siente más cántabro que madrileño. Siente pasión por la comarca de Liébana, en el corazón de los Picos de Europa, y por su capital Potes, a la que le unen eternos lazos familiares desde la niñez. Allí regresa los veranos con su familia, en busca de descanso y sosiego que también encuentra en las playas de San Vicente de la Barquera. Allí es donde, reconoce, «han transcurrido las mejores etapas y momentos de mi vida». Porque si a los valles y montañas de esa tierra cántabra le debe los recuerdos más tiernos de la infancia, es en sus costas y su mar, en los prados que caen sobre los acantilados hasta las playas de Gerra y Oyambre, donde se casó con Ana, donde ha encontrado el lugar más cercano al centro de su corazón.

Su peregrinaje anual está unido a los recuerdos de niño en el valle donde nació su madre, María Dolores. Es un paraje del que presume con cita del escritor y humorista José María Pérez Peridis, oriundo de Liébana: «Es un refugio, un lugar inaccesible en donde todo era esdrújulo y superlativo y lo más parecido al Paraíso Terrenal que nos contaban en la Biblia».

Pablo Ruz ha aprendido mucho de esa tierra y de sus paisanos y reconoce que en parte se ha forjado allí su prudencia y cierto pudor por compartir en voz alta reflexiones personales. Y esa penitencia silenciosa se ha gestado en gran medida gracias a los consejos de buenos amigos lebaniegos como Mariano, quien le enseñó que «el que habla no sabe, y el que sabe no habla». En su casa de Dobres, siempre con pocas palabras, le daba a menudo píldoras de ese otro tipo de sabiduría que se forja con la humildad y la sencillez, tan arraigada en esa tierra. La semilla de Mariano germinó en tierra fértil, y hoy el juez Ruz se confiesa «acostumbrado a callar», excusa para permanecer discreto y celoso de su intimidad.

Sus frecuentes viajes a Liébana nunca despertaron demasiado barullo entre los paisanos, que le consideran uno más de la familia. Ni siquiera cuando su trabajo en la Audiencia Nacional le hizo famoso: nadie en la comarca le recuerda comentarios o conversaciones sobre los asuntos sometidos a su jurisdicción. Ruz evita siempre hablar de esos temas, reconocen sus más íntimos, y se limita a agradecer de manera afable y cortés las ocasionales muestras de apoyo que le transmiten inevitables espontáneos.

Pero, le guste o no, Pablo Ruz nació en Madrid, en el seno de una familia de clase media con fuertes convicciones católicas, influencia religiosa que ha estado presente en toda su vida como jurista. Su madre, María Dolores Gutiérrez Fernández, originaria de Liébana, vive desde hace décadas afincada en Madrid. Su padre, José Antonio Ruz Núñez, es también lebaniego, pero de adopción. En Potes, sus tíos Ceto y Toño regentan desde hace décadas una ferretería abierta, casualidades de la vida, en la calle de Eduardo García de Enterría, jurista a quien Pablo Ruz tiene entre sus referentes.

La familia de Ruz es tradicional. Creció rodeado de los libros de Derecho procedentes de la biblioteca de su abuelo, inspector de tributos y vocal del Tribunal de Cuentas. En el recuerdo permanente, un bisabuelo que también fue juez. Su padre, abogado de empresa, supo inculcar al joven aprendiz el camino del Derecho, pero sin forzarle nunca a que lo eligiera como profesión. La vida ya se encargaría de ello.

Sus amigos de infancia no le recuerdan grandes trastadas y siempre fue buen estudiante. Mientras vivía en Madrid, estudió en el Colegio Veritas de la Institución Teresiana, muy cerca de Prado del Rey, cuyo ideario católico busca «la tarea común de construir una sociedad más justa, con la meta de favorecer el desarrollo de una fe personal y comunitaria».

Pablo Ruz siempre ha intentado mantenerse fiel a esos principios. Completó sus estudios superiores de Derecho en la Universidad Pontificia de Comillas y obtuvo en el Instituto Católico de Administración y Dirección de Empresa (Icade) un grado E-1 que combina las materias propias de la carrera con un diploma in Business Law. Idealista sin pudor, durante toda su etapa estudiantil persiguió el ideal de un mundo más justo, lo que en no pocas ocasiones le generó la frustración de sentir que era inalcanzable; nunca desistió, empero, y eligió para conseguirlo la plataforma de la judicatura.

Hoy recuerda con nostalgia a su abuela María, «que seguía con preocupación mis estudios universitarios y después como opositor a judicaturas, y no dejó de aconsejarme cuantas veces pudo que, ya puestos a opositar, lo hiciera a notarías, augurándome una vida más tranquila y desahogada... ¡Cuánto me he acordado de ella después!».

Pero Pablo Ruz nunca ha buscado el camino más fácil, y en su empeño ha conseguido hacer sentir a los que más de cerca le rodean que es una persona de confianza. Así lo reconoce Julián Ríos Martín, profesor entonces y ahora en el Icade, y con quien fundaría años más tarde la Plataforma Otro Derecho Penal es Posible, desde donde juristas de orientación progresista que abogan por la humanización del sistema penal intentan «aplicar el Derecho con rigor, pero sin olvidar que hay que hacerlo desde las garantías y con humanidad».

La otra faceta atractiva de Pablo Ruz en su etapa estudiantil era que sabía escuchar. «Era un cautivador nato», reconoce un compañero de la judicatura, juez con el que coincidió los primeros años de destino en los juzgados de Bilbao. «Siempre llegaba con una sonrisa y una forma de hablar muy pausada que invitaba a conversar sin estridencias, sin verborrea; y nunca hablaba de sí mismo porque sobre todo escuchaba».

Quizá esa fue una de las características que cautivó a una joven abogada cordobesa que coincidió con Pablo en la universidad y compartió con él una sensibilidad muy parecida, comprometida con la concepción más humanista del Derecho. Terminó casándose con él. Ana Cristina Gómez Aparicio trabaja como técnico superior de la Administración General de la Comunidad de Madrid y, durante muchos años, ha dedicado su tiempo a los programas de atención a la familia y a los menores.

Ambos comparten los mismos valores de una familia cristiana y, quizá por ello y pese a las responsabilidades de sus respectivos trabajos, consiguen sacar tiempo para dar testimonio de su fe. Hace unos años, el matrimonio participó en un encuentro de teología pastoral organizado por la Universidad Pontificia de Salamanca, donde compartieron diálogo y oración entre profesionales del Derecho y de las Humanidades. Un escenario que ya conocían desde los dieciocho años, cuando, mientras cursaban primero de carrera, participaron en un acto de solidaridad con Miguel Ángel Blanco durante su secuestro y posterior asesinato. Muchos años más tarde, ya como titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, Ruz tendría varias veces frente a él a Francisco Javier García Gaztelu, Txapote. Una de esas piruetas del destino.

La pareja ha conseguido ser todo un ejemplo de conciliación familiar. ¿De qué otra forma si no pueden compaginar el trabajo, la atención a la pareja y a sus cinco hijos?, se preguntan los íntimos del matrimonio. Hasta hace apenas unos meses los cuatro hijos varones (de diez, ocho, cinco y tres años) ocupaban el centro de atención en la casa, pero la llegada de Inés el mes de agosto de 2015 ha convertido la vida familiar en una especie de cuento en el que la pequeña es la princesa.

Pablo Ruz no logra reprimir una sonrisa, embaucado, cuando habla de sus hijos. «Son lo más importante, mi auténtico cable a tierra». Sus amigos le describen como un padre vocacional y entregado, tranquilo y casero, a quien le gusta llevar a los niños al colegio y ayudarles con sus deberes cada vez que puede. Es feliz cuando lleva a los muchachos a los entrenamientos de su equipo de fútbol, pero sobre todo cuando juega con ellos en casa, donde está atrincherado hasta que sucumbe a la desbordada imaginación de los chavales.

Jesús Villegas, juez como Pablo Ruz, introduce un matiz al recordar que en Bilbao, cuando llegó su segundo hijo, «me decía, muy gracioso, que le gustaba mucho su niño, pero que cuando le daba el biberón estaba deseando después ponerse a trabajar». En realidad, nada de eso ha cambiado: todavía hoy se lleva mucho trabajo a casa y, tras cumplir sus obligaciones con las labores domésticas, cuando los niños ya descansan en sus sueños, estudia los sumarios que instruye.

Pese a su aire tímido, a ratos retraído, a Pablo Ruz le gusta el contacto con la gente. Por eso no reniega de los atascos o del bullicio de los transportes públicos. Cuando pasea por la calle como un ciudadano más, no duda en detenerse a escuchar a los artistas callejeros que la pueblan, con quienes a veces se siente identificado. Entre sus mayores pasiones está tocar la guitarra y entonar las canciones de los Beatles o de Joaquín Sabina, a quien tararea con devoción y de quien no olvida su ya famoso «concierto interruptus» de diciembre de 2014 en el Palacio de los Deportes de Madrid, a donde acudió el juez con su esposa y unos amigos. «¡Lo mal que lo tuvo que pasar el hombre!», lamenta, aunque lo que más le incomodó es que tuvo que quedarse con las ganas de saludarle en el camerino tras el concierto, tal y como había organizado un amigo común.

Sin embargo, y casi en secreto, Ruz prefiere música mucho más transgresora, como el rock and roll que practica Extremoduro, grupo heavy fundado por Roberto Iniesta en Plasencia y considerado por muchos críticos como una de las mejores bandas de rock español de la historia.

Mantiene una excelente forma física gracias a los partidos de futbito —es seguidor/sufridor del Real Madrid— que comparte con los amigos de siempre; pero es un apasionado del sofá, terreno donde practica una de sus grandes aficiones, la lectura. Sobre todo, la novela negra, que disfruta porque le transporta a escenarios imaginarios en los que se siente identificado con el protagonista que intenta descifrar un misterio acaso similar al último que ha podido recalar, por reparto, en su juzgado.

II

«T

odas las cosas son imposibles mientras lo parecen», escribió la jurista Concepción Arenal. Pablo Ruz recuperó esa cita para el discurso que ofreció hace unos años a una promoción de licenciados en Derecho de la Universidad de Cantabria, porque se acomoda como un guante a la experiencia que vivió durante los cinco años de ilusión, esfuerzo y dedicación que consagró a asimilar el Derecho desde una perspectiva humanista. Para ello, no se limitó a estudiar los libros de texto, a manejar los distintos códigos legales y a aprehender las más diversas opiniones doctrinales, sino que buscó el sustento teórico que le ayudase a tener una visión más humana y más justa de la sociedad en la que vivía, y a cuyo servicio se propuso encomendar su vida como juez.

Para Pablo Ruz el Derecho no es una simple entelequia abstracta, sino algo hecho para la vida en cuyas exigencias puede únicamente justificarse, según afirmaba el profesor García de Enterría, tesis que Pablo Ruz ha hecho suya, con el compromiso, explica, «de interpretar cuáles son hoy esas exigencias que la vida nos demanda con urgencia, especialmente en tiempos tan difíciles como los actuales».

En esa aventura, el juez reconoce que se ha dejado guiar por la vocación y aunque asume que ha tenido momentos de flaqueza, de dudas e incertidumbres, asegura que pudo superarlos con ilusión y esfuerzo que se han visto después recompensados al «poder ver satisfechos los anhelos e inquietudes que estos años universitarios despertaron en mí, por muy lejanos o inaccesibles que entonces pudieran parecer».

Con los dieciocho años casi por cumplir, Ruz se incorporó a la Universidad Pontificia de Comillas con la aspiración de pulir la cultura y conciencia humanista que portaba como bagaje familiar. Tuvo un recorrido académico plácido, en el que sin mayores dificultades aprobó con buena nota todos los cursos. En el último año de carrera debió de apretar un poco el acelerador, porque llegó a sacar varias matrículas.

Pablo Ruz guarda un agradecido recuerdo de su paso por aquel centro universitario y no duda en destacar la valía de los profesores y profesionales con los que coincidió y a los que todavía hoy sigue consultando las dudas que le genera la obsesiva búsqueda del rigor que exige su profesión. De ellos ha seguido reclamando consejo en los últimos años porque «las dudas eran muchas y no es fácil encontrar personas que te asesoren bien, sin condicionamientos, y para eso he tenido que recurrir al ámbito académico».

Aquel alumno singular seguía colaborando con comunidades cristianas de base mientras estudiaba Derecho, compromiso social que despertó la curiosidad de uno de los profesores de Derecho Penal, Julián Ríos Martín, catedrático reconocido por sus estudios sobre la reinserción de los presos y por sus trabajos en materia de extranjería. Ambos coincidieron en quinto curso, año en el que Ríos Martín trabajaba en un proyecto titulado «Mirando al abismo», un análisis crítico de la situación inhumana que padecían los presos encarcelados en módulos de aislamiento y, en particular, los encuadrados en los llamados Ficheros de Internos de Especial Seguimiento (FIES).

Aquel trabajo se elaboraba de forma casi clandestina, reconoce ahora el juez Ruz, pero asumió el riesgo y decidió colaborar con su maestro. Su papel, realizar una encuesta en las cárceles sobre las condiciones en que vivían esos internos a los que Instituciones Penitenciarias aplicaba un tratamiento carcelario extremo para mantenerlos controlados, con la excusa de su peligrosidad, su trayectoria penitenciaria o su pertenencia a organizaciones terroristas. El objetivo último era dar difusión pública al material recopilado. Aquel régimen penitenciario fue declarado ilegal por el Tribunal Supremo en sentencia dictada en 2009.

El descubrimiento de la realidad que se vivía en las prisiones a través de las respuestas «impactantes» de los reclusos ayudó a Ruz a moldear su idea de la Justicia. Su profesor, testigo directo del compromiso del joven estudiante, explica con orgullo que «escuchar la voz de las personas privadas de libertad le permitió conocer las graves consecuencias que tiene la aplicación de la ley penal en los ciudadanos y le llevó, desde el inicio, a tener un exquisito respeto y trato con las personas imputadas y sus derechos».

El compromiso social de Ríos y Ruz se plasmó en la creación de la Plataforma Otro Derecho Penal es Posible, que defiende un tratamiento público y legislativo del sistema penal más racional, equilibrado y humano. Por eso critica con dureza el «populismo punitivo», esa perniciosa costumbre de endurecer las penas por puro afán electoralista cuando se cometen crímenes que generan gran alarma social.

Fue una iniciativa que «tuvo mucho que ver con la universidad, con los encuentros en sus aulas con colegas, profesores, abogados y jueces, todos testigos de la dura realidad del mundo penal, por lo que buscábamos dar luz sobre muchos clichés del modelo de justicia penal e intentábamos cambiar la situación», recuerda el profesor.

La visión humanista del Derecho ha sido fundamental en la trayectoria profesional y personal del juez Ruz y le ha servido además para mostrar a los alumnos del Icade, donde imparte algunas conferencias, las consecuencias de no acompañar la aplicación de la ley con un trato exquisito de los derechos de los investigados.

Sin una concepción humanista y social del Derecho, profetizaba Pablo Ruz a los alumnos en una reciente charla, «podréis alcanzar el éxito y el reconocimiento en el ejercicio de vuestra profesión, ya se desarrolle la misma en el ámbito público o en el sector privado, pero difícilmente podréis poner en práctica las herramientas para contribuir, desde el mundo del Derecho, a generar los cambios que la sociedad nos está demandando».

El profesor Ríos Martín destaca que su aventajado alumno está convencido de que es posible un mundo más justo porque «el valor del Derecho siempre hay que ajustarlo, interpretarlo y tener una visión crítica de las garantías jurídicas y respecto de lo que supone no humanizar el Derecho Penal, porque a veces parece que no fuese aplicado a los seres humanos».

Con esta premisa aprendida en la universidad, Pablo Ruz se ha enfrentado a todos los desafíos profesionales que se le han presentado a lo largo de su carrera. Muchos de sus colaboradores coinciden en que, por su forma de administrar justicia, trabajar con él supone una «certeza de seguridad porque se puede confiar en él y en su forma de llevar el humanismo a la tarea del juzgador». En este magistrado, reconocen sus más íntimos, «hay mucho de responsabilidad y nada de vanidad».

En esos valores se enfundó aquel joven Ruz cuando salió licenciado del Icade con veinticuatro años. Su carrera como juez estaba a punto de comenzar. En ella, aseguran sus más íntimos colaboradores, «ha podido poner en práctica esos valores para interpretar la legalidad y la aplicación del Derecho con las máximas garantías para el justiciable».

III

C

ompañeros de promoción recuerdan que cuando Ruz se incorpora a la carrera judicial lo hace con una vocación hambrienta y la convicción de que es posible un mundo mejor, más justo, donde los jueces participen activamente en la transformación de la sociedad. De entre todas las opciones profesionales que la licenciatura en Derecho le abría, Ruz tuvo claro desde el principio que su futuro no pasaba por un despacho de abogados. Tampoco estaba en su ánimo acercarse al mundo del Ministerio Fiscal. Él prefería ser juez porque veía en esa figura una prolongación imprescindible de sí mismo para desarrollar sus inquietudes sociales y su compromiso con los más débiles.

Hombre de contrastes, para consolidar su decidida apuesta por la judicatura buscó ayuda en la Fiscalía y eligió como preparador para las oposiciones a un fiscal de reconocido prestigio, Jaime Moreno, con quien compartió los primeros meses de encierro diario para estudiar los temas de examen. Tenía veintiséis años recién cumplidos y tardó solo dos y medio en superar todas las pruebas, lo que dice mucho de profesor y alumno. En septiembre de 2001 ingresó en la carrera judicial y comenzó el apretado, cuando no apresurado, aprendizaje en la Escuela Judicial, donde los jóvenes aspirantes tratan de acercarse a la realidad de los tribunales.

En el prólogo a una obra colectiva sobre alternativas a la prisión, el propio Ruz explica que en aquella etapa formativa por primera vez fue consciente del impacto recibido y los efectos provocados por su participación en el proyecto penitenciario de Ríos, «semillas que habrían de germinar en el futuro a través de un ejercicio responsable y humanizador de nuestra profesión».

Según este mismo relato, en una de las primeras clases tuvo que participar en una práctica consistente en la simulación de una comparecencia o «vistilla» de adopción de medidas cautelares. El profesor repartió los papeles entre varios alumnos: abogado defensor, detenido, juez... A Pablo Ruz le tocó en suerte ejercer de fiscal con una misión muy concreta, conseguir la prisión provisional del sospechoso.

Abrió el turno de alegatos el defensor, que expuso las circunstancias en las que su cliente había cometido el robo con intimidación del que se le acusaba, y al que presentó como un joven ucraniano asentado en España junto a su familia, trabajador ocasional que pese a la infracción cometida estaba arrepentido de lo ocurrido y así se lo había transmitido a su imaginaria víctima.

Llegado el turno del fiscal, Ruz propuso que el detenido quedase en libertad con la obligación apud acta de comparecer de manera periódica ante el juzgado, e insistió en no considerar necesario el ingreso en prisión preventiva. Ahí acabó la simulación con el correlativo enfado del profesor de turno, molesto con la salida del guion del irreverente alumno.

«Con posterioridad, a lo largo de mi ejercicio profesional, he tenido ocasión de comprobar (...) que ese reparto de roles tan definidos forma parte de la realidad diaria de juzgados y tribunales, donde a menudo queda patente el sinsentido de una aplicación rigorista y mecanizada de la justicia penal, que olvida la materia humana con la que trata y se limita en demasiadas ocasiones a reproducir modelos y respuestas ineficaces, alimentando el sentimiento, tan injustamente arraigado entre parte de la sociedad, de que toda solución pasa por la prisión», escribió Ruz.

El incidente no impidió que Ruz superase el trámite de la Escuela Judicial y accediese a continuación a su primer destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Navalcarnero, un pueblo cercano a Madrid que en 2003 tenía una población de quince mil habitantes y estaba gobernado por el Partido Popular. La procuradora Regina Morata le recuerda como «un trabajador inteligente, con fama de buena persona y listo, muy listo» en una plaza nada fácil, con veintitrés pueblos bajo su jurisdicción. Otros operadores jurídicos que recorrieron los mismos pasillos de aquellos juzgados no escatiman elogios: «Era bastante competente comparado con la media».

Aquellos primeros años transcurrieron de forma apacible, ocupado en asuntos menores pero muy relevantes para los ciudadanos que sufrían sus consecuencias. Eran los años del boom inmobiliario en la Comunidad de Madrid, pero su apuesta por la justicia cercana le mantenía en contacto con la realidad de los más débiles.

Ahora, pasados los años, al recordar aquella época el juez Ruz rememora la definición que la magistrada estadounidense Shirley Hufstedler hace sobre lo que debe esperarse de un juez: «La gente quiere que los jueces defiendan la libertad, que reduzcan las tensiones raciales, que condenen la guerra y la contaminación, que nos protejan de los abusos de los poderes públicos, que compensen las diferencias entre los individuos o que resuciten la economía».

Después de tres años cómodos en Navalcarnero, el juez Ruz echaba en falta un cambio de aires. Y fue radical. El salto al Juzgado de Instrucción Número 1 de Bilbao, al que llegó en febrero de 2006, fue determinante en su carrera, porque la intensidad y la variedad del trabajo que tuvo que afrontar a partir de entonces le dio la posibilidad de conocer facetas del Derecho Penal con las que aún no había tenido ocasión de tropezarse. Ello sin olvidar que, durante alguna temporada, tuvo que llevar escolta por la amenaza del terrorismo etarra.

Poco tardó el juez Ruz en sacar a pasear por la capital del Nervión su personalidad, tan marcada por el compromiso social, y pronto se incorporó como coordinador al proyecto de mediación penal entre autores y víctimas puesto en marcha por el fiscal Félix Pantoja, entonces vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta de Izquierda Unida. Aquella experiencia funcionó en colaboración con Javier Echevarría, director de Ejecución Penal del Gobierno vasco.

Su juzgado se convirtió en laboratorio de experimentación en el que se abrieron espacios de diálogo entre víctima y victimario dentro del proceso penal en los que ambos se reunían con un mediador cualificado para abrir un cauce de diálogo. Su objetivo era tratar de humanizar la justicia penal, «intentarlo al menos». El proyecto trataba de dar la oportunidad a las víctimas de sentirse reparadas moral y materialmente y, al mismo tiempo, permitía al agresor comprobar, cara a cara, el daño cometido y asumir su responsabilidad. Una quimera que le ha perseguido durante toda su vida.

La implicación medular del juez en el proyecto transmitía a los abogados un especial sosiego que algunos de los que le trataron durante los casi dos años que pasó en el juzgado bilbaíno valoran en su justa medida: «A Ruz le gusta el trabajo de instrucción, ir recabando indicios y solucionando los problemas desde el inicio, pero siempre con exquisito rigor procesal, lo que nos daba cierta tranquilidad». También los funcionarios de su juzgado, acostumbrados a jueces con perfiles un poco más áridos, le recuerdan como alguien «muy educado, humilde y siempre con una sonrisa», con la que se ganó su respeto personal y profesional.

En el vetusto edificio que alberga los juzgados bilbaínos, el despacho de Ruz estaba al lado, puerta con puerta, del de otro magistrado que ya acumulaba cierta experiencia en aquella plaza. Jesús Villegas recuerda hoy con cariño y respeto a un compañero con el que desde el principio hizo buenas migas porque «era buena persona, educado y un gran profesional». Ambos, además, se enzarzaron en un simpático pique para determinar cuál de ellos era capaz de solucionar más casos. Siempre ganaba Ruz «por muy poquito, y eso me da una rabia enorme».

Fueron muchas tardes de trabajo en el despacho, de intensas discusiones técnicas, de contemplar en silencio, desde las ventanas, el nombre propio o el de otros jueces pintarrajeado en las paredes en el interior de una diana. «Había compañeros que lo llevaban regular, nada más, y jamás vi a Pablo con miedo», explica Villegas, que añade que tanto él como Ruz llegaron a tener una relación muy cotidiana con muchos abogados abertzales, circunstancia que «ponía nerviosas a muchas personas».

En aquellos años, el terrorismo había perdido algo de intensidad, pero recuerda Villegas que seguía existiendo «una cierta zona gris en la que teníamos que implicarnos y atender muchos asuntos de delincuencia ordinaria directamente vinculados con el terrorismo, como la quema de contenedores o incidentes de lucha callejera que no podíamos enviar a la Audiencia Nacional porque no se podía demostrar su origen terrorista, lo que nos convertía en potenciales objetivos de la organización criminal por juzgar sus actos vandálicos».

De aquella época data una de las primeras decisiones mediáticas del juez Ruz, que archivó una denuncia del seudosindicato Manos Limpias contra el entonces alcalde de Bilbao, el fallecido Iñaki Azkuna, por la ausencia de la bandera española en la fachada de la sede del ayuntamiento. Cierta prensa de la época aludió a la inevitable influencia del opresivo entorno en la decisión del magistrado.

Pero no parecen esos los motivos. Al primer exhorto que le llegó de la Audiencia Nacional para practicar una entrada y registro en una herriko taberna, sede social de la ilegalizada formación Herri Batasuna, diligencia que debía realizarse además en presencia del detenido que había facilitado la información necesaria para ello, el juez Ruz no lo dudó y se puso al frente del operativo de la Guardia Civil.

Acaso por romper esa tensión, acaso por otros motivos, Ruz no dejó pasar la oportunidad de hacer otras cosas. Por ejemplo, aprovechaba las tardes para estudiar italiano. Y en octubre de 2006 aceptó ser consultor internacional en un proyecto que la Corte Suprema de Justicia de Honduras puso en marcha en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En buena o mala hora, porque se encandiló con la vertiente internacional del Derecho y se implicó en la Red Judicial Española, formada por un grupo de magistrados y juristas expertos en relaciones internacionales que se encargan de asesorar a otros compañeros de la carrera cuando se tropiezan con algún problema de legalidad internacional complicado.

Demasiada inquietud. En abril de 2008, Ruz llegó a la primera división de la judicatura: la Audiencia Nacional. Fue por casualidad, no un paso premeditado. Tras dos años en Bilbao mientras su familia permanecía en Madrid, comenzó a solicitar cuanta vacante salía a concurso para los juzgados de la capital. Y una de las papeletas resultó agraciada con el premio gordo. El Juzgado Central de Instrucción Número 6 estaba disponible y el CGPJ aceptó su solicitud para incorporarse como sustituto de forma interina mientras su titular, el magistrado Juan del Olmo, instructor del sumario por los atentados del 11-M, disfrutaba de una licencia por estudios en Francia.

Solo fue un año, hasta abril de 2009, pero suficiente para dejar impronta. Se ocupó, entre otros muchos, del sumario del caso Saqueo, una de las muchas tramas de corrupción urdidas en torno al Ayuntamiento de Marbella (Málaga), en cuyo seno adoptó una decisión inusual por su cuantía, una fianza personal de tres millones de euros al exasesor urbanístico de aquella corporación municipal, Juan Antonio Roca. Sorprendió en aquella casa a quienes habían recabado antecedentes sobre el desconocido recién llegado.

Poco a poco, sacó adelante el trabajo acumulado en el juzgado. A pesar de que el sustituto Ruz trabaja sin prisas, sin precipitarse en decisiones que calibraba al milímetro, consciente de que un resbalón en este tipo de asuntos, en un tribunal de esa clase, no tendría salvación posible, no dudó. Aunque alguna decisión suya fuese argumento furibundo con el que abrir las portadas de ciertos periódicos, como ocurrió cuando decidió zanjar para siempre la rocambolesca «teoría de la conspiración» que alentaban quienes pretendieron implicar a toda costa a ETA en los atentados del 11-M para atenuar o borrar la firma yihadista que rubricó aquella masacre.

Pese a los serios apoyos políticos y sociales con que contaba esta corriente desestabilizadora, rechazó de forma expeditiva reabrir la causa principal y realizar nuevas pruebas periciales sobre los explosivos utilizados por los terroristas. Ruz calificó aquellas pruebas solicitadas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo como «manifiestamente impertinentes, inútiles, dilatorias y perjudiciales para los fines de la instrucción».

Tampoco dudó cuando, pese a la escasa colaboración prestada por la embajada estadounidense en España, decidió impulsar la investigación sobre la muerte del periodista de Antena 3 Ricardo Ortega, tiroteado en Haití cuando informaba del derrocamiento de Jean Bertrand-Aristide en 2004. En plena canícula, abrió una investigación al etarra Iñaki de Juana Chaos por un posible delito de enaltecimiento del terrorismo que habría cometido con el contenido de una carta que una mujer leyó en su nombre durante un homenaje al propio expreso etarra.

Esta breve trayectoria, aireada por la prensa de manera irremediable, dibujó una primera imagen pública del magistrado como trabajador, meticuloso y muy garantista, algo que le sería muy útil más adelante. Su foto comenzó a ser habitual en las páginas de los periódicos; sus entradas o salidas de la Audiencia Nacional poblaron las imágenes de los telediarios, sus decisiones llenaron tertulias audiovisuales. Poco tardó en descubrir que esa consecuencia colateral de su trabajo no le gustaba nada. Algunos compañeros aún recuerdan su gesto de desagrado ante las primeras bromas de pasillo, su inocente empecinamiento en tratar de convencer a sus interlocutores de que a él lo único que le interesaba era la complejidad jurídica de las causas, porque en la Audiencia Nacional supone un desafío constante con enorme atractivo.

Por suerte, todo se acaba. Cuando el magistrado Del Olmo abandonó definitivamente el juzgado, la plaza salió a concurso, que ganó el magistrado Eloy Velasco, lo que empujó a Ruz a un destino más discreto en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 5 de Collado Villalba (Madrid).

Fue un breve paréntesis. En junio de 2010, la Comisión Permanente del CGPJ le eligió por unanimidad para ocupar, también de manera interina, el Juzgado Central de Instrucción Número 5 en sustitución de Baltasar Garzón, quien acababa de ser suspendido cautelarmente en sus funciones y que tiempo después fue expulsado de la carrera judicial por sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

IV

E

ntre los catorce candidatos a tapar el hueco que dejaba una figura de la trascendencia de Garzón, el CGPJ elaboró una terna en la que, junto a Ruz, estaban las juezas Carmen Lamela y Carmen Rodríguez-Medel. Y el precipitado de esa pócima requirió un meticuloso trabajo de decantación encomendado a algunos de los habituales fontaneros del Poder Judicial.

Uno de ellos contactó con el magistrado Villegas, a quien requirió exhaustiva información del candidato Ruz, posiciones políticas incluidas. «Al principio —desvela ahora este juez— las preguntas del letrado del consejo estaban encaminadas a conocer cosas de poca importancia de Pablo, de dónde era, si era de una tendencia o de otra, cómo trabajaba... Pero las preguntas las hizo de una forma torticera para hacerme creer que lo que les interesaba era su trabajo y, en cambio, lo que querían era saber cómo era él o si era un loco».

El magistrado entendió con claridad la intencionalidad de la llamada: «Buscaban un perfil psicológico de Ruz para ver si se podía confiar en él, porque lo que querían era saber si era un tío de esos que montaba el espectáculo». Hoy, con la perspectiva que da el paso de los años, el magistrado Villegas recuerda con acritud aquella indagación, en la que el letrado del CGPJ utilizó formas «muy inquisitoriales».

Es imposible precisar el grado de influencia que la conversación con Villegas tuvo en el proceso de toma de decisión sobre la sustitución de Garzón, ni tampoco los elementos utilizados para resolver la elección. El caso es que el elegido fue Ruz, por unanimidad. En su currículo figuran cursos de formación en materias como la lucha contra el crimen organizado o la aplicación de los acuerdos de extradición. Esa pudo ser una de las razones por las que el magistrado quiso volver a la Audiencia Nacional, pero hubo otra acaso más importante: ese tribunal le mantenía más cerca de casa, le dejaba más tiempo con su familia: tenía cuatro hijos y las labores domésticas requerían su diaria ayuda.

Su elección para cubrir tan delicada plaza —el Juzgado Central de Instrucción Número 5 es un icono y los sumarios allí pendientes un cúmulo de patatas calientes— provocó especulaciones de todo tipo. Desde las menos comprometidas, que interpretaron que el nombramiento respondió a que Ruz ya conocía la Audiencia Nacional, hasta las más benevolentes, que lo justificaron con su fama de discreto y trabajador. Y no faltaron las aviesas, que criticaron la elección para el puesto de un juez lento y acomodaticio, lo que podría interesar a ciertos poderes implicados en determinados sumarios. Por ejemplo, el de la trama Gürtel.

En esta ocasión, el nombramiento de Ruz no era para un periodo breve. La suspensión de Garzón se prolongaría hasta que el Supremo dictase sentencia en alguno de los tres procesos que tenía abiertos, y nadie dudaba de que en algunos de ellos se iba a dictar la condena que le impidiese volver a la judicatura. Entrar en la Audiencia Nacional para una larga temporada no es trago fácil de digerir. Para un juez, es el tribunal ideal para progresar, pero también el más expuesto al control voraz de los medios de comunicación, a la más desaforada crítica.

Ruz aterrizó en la segunda planta del edificio de la calle Génova en junio de 2010, tan solo nueve años después de acceder a la carrera judicial. Su fama se desbordó y el magistrado se convirtió en centro de atención mediática y social por ser el sustituto del más famoso juez del país y por los casos tan complejos que heredaba, casi medio centenar de asuntos de primer orden, entre ellos el que más afectaba al PSOE, en esos momentos en el gobierno, el caso Faisán. Ese era el terreno movedizo que iba a pisar y por lo que centenares de expectantes miradas de los tres poderes del Estado se centraban en él.

Para complicar una situación nada envidiable per se, el novel juez tenía que ponerse al frente de un equipo de funcionarios que querían y respetaban a Garzón hasta la médula, que sufrieron con él todos los episodios de su proceso de defenestración. Eran veinticinco funcionarios que esperaban al nuevo juez con el alma rota y la incertidumbre de si iba a ser «la mitad de emprendedor que don Baltasar».

Pablo Ruz recibió un legado endemoniado. Decenas de casos abiertos con el cuño moldeado por otro juez, y no por otro juez cualquiera, que debían ser revisados con meticulosidad. Necesitaba ponerse al día de todas las investigaciones abiertas, pero debía hacerlo contrarreloj ya que la mayoría eran causas con preso. «Al llegar, abrió los cajones y de allí salieron sapos y culebras», recuerda divertido un exjuez de la Audiencia Nacional que vivió esa época.

El equipo del Juzgado Central de Instrucción Número 5 se había ganado fama merecida a base de trabajo, dedicación personal y muchos disgustos, pero los resultados enriquecían tanto su prestigio como el del juez. El cinco parecía tener un imán para los casos más enrevesados, desde el terrorismo nacional o internacional hasta los casos de corrupción económica o las tramas políticas de blanqueo de capitales. Y todas esas investigaciones estaban sin finalizar.

Ruz, a su debido tiempo, se hizo con los funcionarios. Recurrió a la misma fórmula utilizada en sus anteriores destinos: ser él mismo, con sus defectos y virtudes. Hoy, algunos de esos empleados reconocen que, pese a las reticencias con las que fue recibido, siempre tuvo a mano una palabra amable y supo transmitirles seguridad a la hora de ordenar y preparar las investigaciones en marcha. La maquinaria volvió a funcionar y el juzgado mantuvo su impronta de punta de lanza contra la corrupción. Incluso cuando se trató de investigar la trama Gürtel. Para sorpresa de muchos.

No fue fácil. Cuando tomó posesión de su nuevo despacho, el 5 de julio de 2010, se encontró una habitación huérfana de decoración. Un cubículo frío y desangelado —símil del clima en el juzgado— donde hasta hacía poco tiempo había incluso un arlequín de cerámica casi de tamaño natural recostado sobre una alfombra. Uno de los muchos fetiches de la suerte del juez Garzón.

Con treinta y cuatro años, pisar aquel despacho le dio vértigo. La falta de experiencia pesó. Solo un sobresfuerzo en el trabajo, que dio extraordinarios resultados, disipó las náuseas. Su estilo metódico y pausado, que no lento, logró ir poniendo al día el juzgado. Su pasión por los asuntos jurídicos con vertiente internacional contribuyó a que mimara de una forma especial los sumarios acogidos a la jurisdicción universal, que le permitían estudiar los mecanismos de persecución transfronteriza de los crímenes de lesa humanidad cometidos en terceros países.

El asesinato de ciudadanos españoles en el Sáhara Occidental entre 1975 y 1992 fue uno de los procesos en el que más se involucró, y su apuesta por modernas técnicas de investigación forense mantiene vivas las pesquisas. A pesar de los encontronazos diplomáticos entre los Gobiernos de España y Marruecos, procesó a once altos cargos militares y policías marroquíes por delitos de genocidio. La castración de la jurisdicción universal acometida por el gobierno de Mariano Rajoy no pudo con esa investigación, y el caso Sáhara es uno de los pocos que ha sobrevivido a la reforma legal.

También las autoridades israelíes tuvieron noticias de Ruz, instructor de unas diligencias abiertas en España por crímenes de guerra atribuidos a las tropas de asalto israelíes, que atacaron en mayo de 2010 a la «Flotilla de la libertad» que se dirigía por mar a Gaza en misión humanitaria para romper el cerco establecido por las autoridades sionistas. En el asalto murieron nueve activistas turcos.

Las presiones diplomáticas, descaradas aquellas ejercidas sobre la Fiscalía de la Audiencia Nacional, fracasaron en su intento de frenar la investigación. Ruz trazó muy bien el proceso y su tenacidad consiguió hacer avanzar la investigación. Solo la reforma legal que acabó con el principio de jurisdicción universal provocó el archivo provisional de una causa que podrá reabrirse si Benjamín Netanyahu o cualquiera de los restantes querellados pisa territorio nacional.

Los fiscales de ese tribunal, en este y en otros muchos casos, están de su parte. «Tiene un criterio propio», dice uno de ellos; otro compañero, mucho más crítico, no tiene una visión tan amable: «No es un investigador, no lleva la iniciativa, pero puedes estar seguro de que no va a organizar un cisco», se consuela. Y, en todo caso, hay coincidencia generalizada en la plantilla que dirige Javier Zaragoza en que «su decidido apoyo a los fiscales le ha dado buenos resultados» y ya ninguno duda, más bien al contrario, de la capacidad, implicación y arrestos del juez en determinadas circunstancias.

Y, puestos a hablar de presiones, el caso Faisán, que investigaba un chivatazo dado por funcionarios policiales españoles a la red etarra encargada del cobro del chantaje terrorista, merece mención propia. Los permanentes obstáculos que surgían cada vez que avanzaban las pesquisas obligaron a un esfuerzo redoblado. Desde pruebas manipuladas hasta análisis intencionadamente incorrectos hacían presagiar que el caso estaba predestinado al archivo, pero no fue así. Dos mandos policiales que intervinieron en la operación fueron juzgados, y el Tribunal Supremo los condenó en sentencia firme por un delito de revelación de secretos.

Para entonces, Ruz había dejado de ser el sustituto para ganarse a pulso un hueco propio en la historia de la Audiencia Nacional. Ganó también fama de hombre meticuloso, prudente y extremadamente trabajador mientras sus decisiones despistaban una y otra vez a aquellos que buscaban en sus autos su adscripción política e ideológica para cargar el arma de la crítica.

La opinión que de él tenían sus compañeros jueces mejoró a medida que Ruz consolidaba pruebas y cerraba casos abiertos en el juzgado para elevarlos a la Sala de lo Penal, ya preparados para el juicio. Algunos magistrados que a su llegada recelaban de él —«argumenta bien, pero ser lento y precavido no está claro que sea bueno para un juez»— reconocen que su esfuerzo y minuciosidad constantes fueron determinantes para sacar adelante tantos expedientes abiertos.

Son centenares los abogados que han visto a Ruz en plena acción y destacan su capacidad de intervención en los interrogatorios, «que algunos jueces dejan en manos de la Fiscalía, pero que él dirigía con conocimiento e interés», reconocen. A la recíproca, el juez tuvo siempre muy en consideración el papel de los defensores en el sumario, aunque a veces tuvo que despertarles el celo profesional ante su pasividad a la hora de velar por los intereses de sus clientes. «En ocasiones me he visto obligado a excitar esa labor de auxilio en el abogado, y eso es triste. Cuando uno ve que la persona imputada que tiene delante no tiene una defensa digna, las consecuencias son devastadoras y poco se puede hacer ya», les reprochó en una conferencia ofrecida a un aforo abarrotado de abogados madrileños.

V

P

ablo Ruz ya tenía noticias del caso Gürtel antes de su llegada a la Audiencia Nacional y era consciente de su complejidad, porque si hay algo común en las investigaciones de este tipo es que son una agotadora carrera de obstáculos. Para colmo, ser instructor de ese sumario le elevó —o hundió, vaya usted a saber— a la categoría de juez famoso, un problema para su carácter reservado. El magistrado nunca ha concedido una entrevista, aunque mantiene relaciones educadas y cordiales por los informadores judiciales.

Ruz era consciente, como él mismo confesó a sus íntimos, de que la sociedad percibía el aroma a corrupción como un hedor molesto mientras trataba de salir de la crisis económica. Es lo que él califica como «corrupción sistémica», la que se produce cuando el ciudadano percibe con facilidad que todos los recortes sociales y la pérdida de patrimonio están íntimamente relacionados, cuando no provocados, por los efectos perversos de la corrupción política.

Esas «sanguijuelas del ahorro nacional», verdaderos equilibristas morales que a diario se esfuerzan para vivir al margen de la ley escrita, «suelen ser hombres de talento que alcanzan a menudo éxitos, aunque no sean más que momentáneos, siendo admirados por las masas, en las que cada individuo, colocándose imaginativamente en el lugar del banquero poco escrupuloso, del diputado influyente, del funcionario ricamente pagado, del negociante enriquecido sin fatiga, no se detiene a examinar los medios por los cuales han alcanzado esos éxitos», describe Ruz.

Inquietante instructor para el caso Gürtel un magistrado como Ruz, de quien se ha dicho una cosa y la contraria. Puede ser de izquierdas, incluso muy de izquierdas, y de derechas, también muy de derechas. Unos le consideran independiente, otros demasiado servil a la Fiscalía. Frente a quienes le tienen por muy osado, otros le ven timorato en exceso. Mientras cierta prensa le presentó como el azote del Partido Popular, la de enfrente le reprochó haber ayudado al gobierno de Mariano Rajoy al retrasar algunas investigaciones. Quienes le ven indeciso discuten con quienes le encuentran demasiado decidido. Nadie puede ser tantas cosas a la vez, y menos tantas cosas opuestas.

Un buen amigo suyo reflexiona que, visto con distancia, Ruz ha sido una pesadilla recurrente para el partido de Mariano Rajoy durante dos años de instrucción. Cuando tomó las riendas del caso de los papeles de Bárcenas, las críticas fueron implacables. Sus detractores lo dibujaron como un juez sin iniciativa, alguien demasiado inseguro, incapaz de dar un paso adelante sin el apoyo del fiscal, lo que provoca retrasos en la instrucción y levanta sospechas porque el fiscal general del Estado es nombrado por el gobierno.

Al principio se le tachó de próximo al PP y de ser un juez sin personalidad. Una anécdota es reveladora. Ruz debería haber abandonado la Audiencia Nacional en octubre de 2013, cuando venció el mandato del anterior CGPJ. Uno de los vocales, el magistrado Miguel Carmona, veterano miembro de Jueces para la Democracia, había obtenido la titularidad del Juzgado Central de Instrucción Número 5, al que debería incorporarse, lo que desplazaría a su sustituto.

La Audiencia Nacional se movilizó para mantener a Ruz al frente del caso Gürtel, incluso con propuestas de dudosa legalidad que hirieron la sensibilidad de media judicatura. Al lado, destacados dirigentes del PP maniobraron cuanto estuvo en su mano para evitar el desembarco de Carmona en el juzgado. In extremis, un oportuno nombramiento como magistrado de enlace con Gran Bretaña condujo al exvocal hasta Londres. En destacados despachos de la sede popular en la calle de Génova hubo suspiros de alivio.

Craso error. En diciembre, Ruz ordenó a la policía el registro de aquella sede. El PP trató de enmascararlo y lo presentó como una petición de documentación. Pero fue un registro en toda regla, ordenado por un instructor hastiado por las constantes excusas y obstrucciones puestas por el partido para entregar la documentación que le era solicitada, por ejemplo la relativa a las obras de remodelación del inmueble, que a la postre fueron abonadas, al menos eso indica el sumario, mediante fondos procedentes de la caja B del partido que manejó el extesorero Luis Bárcenas. Por sorpresa para muchos, Ruz ejerció de juez sin adjetivos.

Sus colaboradores sostienen que nada había cambiado. El juez que ordenó el registro de la sede central del PP —el segundo que sufría un partido político en España tras el registro de Ferraz ordenado en 1992 por el instructor del caso Filesa, el magistrado del Supremo Marino Barbero— era el mismo que meditaba cada paso, que consultaba cualquier iniciativa a las personas precisas de su confianza antes de adoptar las decisiones más trascendentes; por prudencia, no por inseguridad, justifican.

Ninguna de las dos versiones contradictorias sobre cómo ha llevado el proceso ha acertado. Ni las expectativas del PP, para cuyos dirigentes el caso no tenía sustancia, ni el vaticinio de los medios de izquierda, que recelaban del supuesto temple derechista de Ruz, se cumplieron. Todos coinciden, eso sí, en un posible exceso de prudencia y de seguidismo respecto del criterio de la Fiscalía Anticorrupción. Pero las medidas más polémicas, como el registro de la sede del PP o la imputación del exministro Ángel Acebes, las tomó a su ritmo, midiendo mucho la necesidad y repercusión de las acciones que emprendía, explica uno de sus colaboradores.

El juez vivió muchos momentos difíciles durante la instrucción de este sumario. Quizá uno de los más reveladores fue cuando, de nuevo ajustándose al criterio de la Fiscalía, rechazó que los papeles de Bárcenas, esa copia manuscrita de la contabilidad B del PP, tuviesen conexión con el caso Gürtel. La tensión en la Audiencia Nacional se podía masticar. No faltaron compañeros que renegaron de su falta de contundencia, de su falta de gallardía —si no era algo peor— para dar la orden de registrar los despachos del extesorero en la sede central del PP de la calle Génova en busca de los documentos originales que el diario El País había desvelado. El fantasma del juez cómodo para el gobierno anidó en la calle Prim, en aquella época sede transitoria de la Audiencia Nacional.

La para muchos urgente decisión se demoraba y la iniciativa la tomó otro juez, Javier Gómez Bermúdez, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3, que aprovechó una querella de Izquierda Unida contra Bárcenas y los empresarios que aparecen como donantes de dinero en los apuntes del extesorero. Sin consultar a su compañero, la admitió a trámite tras ser turnada a su juzgado y ordenó las primeras diligencias.

Cundió el pánico en el PP, temeroso de un magistrado que podría tener cuentas pendientes que saldar: Gómez Bermúdez, presidente del tribunal que juzgó el 11-M, fue el primer y más firme dique de contención de la «teoría de la conspiración» que impulsó el partido de Génova. Pagó por ello con la pérdida de la presidencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y poner a su disposición semejante instrumento de revancha era demasiado peligroso. La formación conservadora movilizó todos sus recursos para impedirlo. Y Ruz seguía pareciendo un juez más acomodaticio.

La Fiscalía Anticorrupción fue el instrumento: abandonó iniciales vacilaciones para reclamar que los papeles de Bárcenas se incorporasen a la causa del caso Gürtel. Ruz, como siempre solícito ante el criterio del Ministerio Público, reaccionó a tiempo y en cuestión de horas recuperó el timón de un barco que se escoraba hacia el juzgado de Gómez Bermúdez.

El posible registro del despacho de Bárcenas en Génova quedó en frustrada intentona. El ordenador del extesorero fue convenientemente formateado para borrar rastros. Pero cuando el riesgo de un magistrado de la reputación de Carmona o de la fama de Gómez Bermúdez parecía conjurado, resultó que Ruz también era juez a tener en cuenta y, cuando lo consideró oportuno, envió a la policía a Génova a recabar la documentación que estimó pertinente.

Dos años después de aquel episodio, el instructor Ruz ha considerado «acreditada» la existencia, durante dieciocho largos años, de una doble contabilidad, una caja B en el Partido Popular, por la que la formación conservadora tendrá que responder en juicio como responsable civil subsidiario. En ese camino salpicado de baches, sus resoluciones obligaron a dimitir como ministra de Sanidad a Ana Mato la víspera de un debate parlamentario sobre el Estado de la Nación, tras declararla responsable, a título lucrativo, del dinero con el que la trama Gürtel pagó regalos, viajes y fiestas de cumpleaños a su exmarido, Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid), también procesado.

Esta primera etapa histórica de la actuación de la corrupta red encabezada por Francisco Correa, la que comprende el periodo 1999 a 2005, investiga la relación de la red Gürtel con municipios de la Comunidad de Madrid gobernados por el PP. La causa ya está lista para juicio, que se dirigirá contra cuarenta y un procesados, incluidos tres extesoreros del PP.

Aunque el verdadero vuelco de la investigación se había producido en enero de 2013, cuando las autoridades suizas, en respuesta a una comisión rogatoria remitida muchos meses atrás, revelaron la existencia en entidades bancarias helvéticas de una escalofriante fortuna de veintidós millones de euros acumulada durante años por Bárcenas, que en junio había entrado en prisión.

Los intentos de Bárcenas de desplegar en el proceso múltiples estrategias para hacerlo naufragar y que sus actividades quedaran impunes fracasaron. Habían sido meses de dura pugna soterrada: el extesorero tensó la cuerda cuanto pudo para evitar su encarcelamiento mientras el juez aguantaba el envite, sabedor de que no podía eternizar la instrucción, pero esta no podía avanzar más sin una confesión clara del principal sospechoso.

Ganó la paciencia del juez Ruz, profesional de la espera. Cuando el contenido de la comisión rogatoria quebró la posición de Bárcenas, se agarró al único salvavidas a su alcance, una confesión parcial aconsejado por su abogado, entonces el exjuez Javier Gómez de Liaño. El esperado momento resultó un cierto fiasco, porque el extesorero acreditó aquella parte de la verdad judicial ya documentada en autos, pero calló el resto.

Demasiado juez para demasiada gente. Durante años, el CGPJ renovó cada seis meses el nombramiento de Ruz como sustituto en el Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional sin mayor problema. De pronto, en diciembre de 2014, el consejo cambió de criterio y prefirió incluir esa plaza dentro de un macroconcurso. Pronto quedó clara la inutilidad de la torpe maniobra: hoy dirige el juzgado José de la Mata. Otro juez.

El 16 abril de 2015, Pablo Ruz se despidió del juzgado con la cabeza muy alta. A menudo se sintió solo, pero salió de la Audiencia Nacional con más bagaje del que llevaba cuando entró. Y allí dejó muchos amigos, algo que pocos pueden decir en un tribunal tan complicado. La fama, como un castigo, le acompañó hasta su nuevo destino en el Juzgado de Instrucción Número 4 de Móstoles (Madrid), uno de los partidos judiciales con más carga de trabajo de la comunidad.

Pero la fama pasa pronto. No así la adrenalina que inyecta en la sangre el fragor de la Audiencia Nacional. A Pablo Ruz le costó desengancharse. Pronto solicitó incorporarse como letrado al Servicio de Relaciones Internacionales del CGPJ para encargarse de asuntos relacionados con la cooperación jurídica internacional, una de sus pasiones. La reacción de un excompañero en la Audiencia Nacional al saber que Ruz se alejaba un tanto de las labores jurisdiccionales fue lapidaria: «Me alegro por él, lo siento por nosotros». Sin embargo, en octubre, retiró la solicitud por razones que calla. De momento, gana Móstoles.

SANTIAGO PEDRAZ GÓMEZ

EL SUEÑO DE LA JUSTICIA UNIVERSAL

Una elección sin consecuencias no tiene ningún valor.

Hacer una elección sabiendo que habrá consecuencias y estar dispuesto a soportarlas es lo que distingue a las decisiones correctas de las incorrectas.

JAMES A. OWEN

«En realidad, yo quería ser periodista, como mi padre». Esa fue la ilusión de Santiago Pedraz Gómez hasta que llegó el momento de elegir estudios universitarios. Fue entonces cuando su progenitor, Santiago Pedraz Estévez, le convenció de que actuase con sensatez y eligiese una carrera razonable; después, ya habría tiempo de escorarse hacia el periodismo, algo que al final nunca ocurrió. Finalmente estudiaría Derecho, decisión que tendría consecuencias. Para él, por supuesto, pero también para mucha más gente en España, en Guatemala, en Estados Unidos...

Se declara retraído y sus amigos confirman ese rasgo de carácter. Quienes no le aprecian mucho le tildan una y otra vez de «juez estrella». Pero todos están de acuerdo en que, tímido o no, es un hombre de convicciones. Y él no lo oculta: «Se puede ser buen juez sin que influya la propia ideología de cada uno. No hay jueces de izquierdas o derechas ni progresistas o conservadores, son términos que nunca me han gustado. Todos manejamos ideas de todos lados y eso influye en nuestra labor, pero a un juez al menos se le presupone que es una persona equilibrada que no tiene por qué aplicar en sus resoluciones su propia visión ideológica».

I

A

quella fría mañana del 28 de enero de 2011, de manera inopinada, la dotación militar que controlaba el puente de Al Jumhuriya de Bagdad estaba dirigida por todo un general del ejército iraquí. Dos helicópteros artillados Apache del ejército estadounidense patrullaban la zona con especial insistencia y los remolinos provocados por sus hélices generaban cierta intranquilidad en los transeúntes, incluidos los miembros de una comisión judicial española que trataba de reconstruir el asesinato del cámara de Telecinco José Couso.

Al frente de la comisión, como marcan las normas que rigen la cooperación judicial internacional, el juez bagdadí Ahmed Al Shehab Yasin; a su lado, el magistrado español Santiago Pedraz Gómez, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 1 de la Audiencia Nacional. Junto a ellos, la secretaria judicial Silvia Martínez y un funcionario del juzgado, algunos de los abogados personados en la causa 27/2007 y cuatro periodistas —Carlos Hernández, Olga Rodríguez, Jon Sistiaga y Jesús Quiñonero— que viajaron en calidad de testigos.

La comisión había visitado a primera hora de la mañana la habitación 1.403 del hotel Palestine donde aquel fatídico día se alojaba el equipo de reporteros de Telecinco. Después, todos se dirigieron hacia el puente Al Jumhuriya. Tras un breve intercambio de saludos, el general iraquí les indicó un punto a partir del cual la comitiva tenía vedado el acceso. El motivo, el riesgo de presencia de francotiradores apostados en la otra orilla del río Tigris. Al menos esa fue la explicación que ofrecieron a los integrantes de la comisión judicial los policías destinados en la embajada española en Bagdad que les protegían. Los agentes añadieron que, en su opinión, el riesgo era cierto y la precaución de los militares iraquíes razonable.

La cautela del general implicaba que no era posible acceder al punto exacto en el que estaba estacionado el carro de combate M1 A1 Abrams que abrió fuego contra la fachada del hotel Palestine el 8 de abril de 2003. Ese aspecto era clave en la diligencia de reconstrucción de los hechos que conducía aquella mañana el juez Pedraz. «Lo único que importaba era determinar si desde la posición que ocupaba el tanque se podía identificar a quienes estaban en el hotel para saber si la muerte de Couso fue o no accidental», recuerda el magistrad, pese a sus muchos reparos para hablar sobre el tema.

Algunos miembros de la comisión judicial creyeron frustrado su objetivo, como confiesa el abogado Antonio Segura, director de la acusación popular que ejercía la Asociación Libre de Abogados (ALA) en la causa. Pero mientras unos se miraban a otros sin saber muy bien qué hacer, el juez apartó al general iraquí:

—Perdone, pero soy un juez español en actuación judicial —le dijo Pedraz en español.

Segura trata de afilar su memoria. El general iraquí, sorprendido, no reaccionó, a la espera de que el traductor hiciese su trabajo. Hubo un momento de tensión porque los soldados a su cargo, «niños con uniforme y fusiles kalashnikov», montaron sus armas. Los policías españoles se alertaron. «No fue un empujón, se limitó a apartarle de su camino con firmeza, pero educadamente». El general tranquilizó a sus hombres y el juez Pedraz accedió sin contratiempo a la zona deseada.

Allí, a unos escasos veinte metros de distancia del punto en el que se asentó el carro de combate, el magistrado español en persona colocó la cámara desde la que se grabó todo lo abarcado en el campo de visión que tenía el vehículo que abrió fuego contra el hotel donde se alojaba la prensa internacional que cubría la toma de Bagdad durante la segunda guerra del Golfo Pérsico. Meses después, un análisis pericial realizado por expertos civiles y militares españoles concluyó que el visor del tanque estadounidense, de mayor alcance y capacidad que la óptica de la cámara utilizada en la diligencia judicial, permitió a sus ocupantes saber con precisión contra qué tipo de objetivos dispararon.

La reconstrucción de los hechos es un acto procesal que trata de reproducir de manera artificial el momento de la comisión de un hecho delictivo para constatar si en efecto ocurrió o pudo ocurrir según las declaraciones de los testigos o lo indicado por otras pruebas ya incorporadas al proceso. Se trata de una diligencia muy habitual en los sumarios abiertos por delitos graves, como el homicidio. Lo inusual, lo excepcional, es que un juez se desplace a 4.500 kilómetros de distancia de su juzgado para realizarla.

En los anales judiciales españoles hay algún que otro antecedente parecido, pero ninguno de la relevancia del protagonizado por el juez Pedraz en la capital iraquí. Para llegar a ese punto fue necesaria la confluencia de dos factores distintos. Por un lado, el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), al menos en su redacción original antes de que el gobierno presidido por Mariano Rajoy lo podase hasta dejar sin vigencia el principio de jurisdicción universal de los tribunales españoles. Por otro, la personalidad de un magistrado muy dado a comprometerse con las causas que instruye.

El testimonio prestado en el juzgado por Jon Sistiaga, reportero entonces de Telecinco, resume lo ocurrido aquel 8 de abril de 2003, apenas dos días después de que las tropas invasoras triunfasen en la batalla del puente de Al Jumhuriya y se asegurasen el control de la estratégica plaza Firdos. Sobre las 8.00 horas, el personal del hotel Palestine alertó a los ocupantes del establecimiento de la proximidad de tropas de asalto estadounidenses y del estallido de numerosas refriegas en las proximidades.

Sobre el puente de Al Jumhuriya se colocaron dos carros de combate M1 A1 Abrams, integrados en la unidad de blindados 4 64 Armor de la Compañía Alfa de la Tercera División de Infantería Acorazada estadounidense. Desde allí, dispararon contra la fachada del Ministerio de la Juventud, que se erigía a pocas decenas de metros de distancia.

Después, tras largos minutos de calma, uno de los tanques giró su torreta hacia el establecimiento hotelero, donde varios equipos de televisión grababan el desarrollo de la operación. Pocos minutos después de las 10.00 horas, lanzó un proyectil contra el Palestine que impactó en el balcón del piso decimoquinto. Una planta más abajo, Sistiaga quedó conmocionado; cuando pudo sobreponerse, vio a su colega Couso cubierto de sangre, con una pierna casi seccionada.

A duras penas logró colocar el cuerpo del cámara sobre el colchón de la cama y acercarlo al ascensor. Alguien del hotel se ofreció a llevarlos hasta el hospital San Rafael de Bagdad. Tras dos horas de tensa espera, los médicos informaron a Sistiaga de que había sido necesario amputar la extremidad afectada, pero había superado la intervención quirúrgica. Junto a otros colegas que habían llegado al centro sanitario pudo pasar a verlo, pero el herido entró en shock. A última hora de la mañana falleció, mientras numerosos periodistas allí congregados ya lloraban al saber que el mismo obús que mató a Couso le había costado la vida a Taras Prosyuk, cámara ucraniano enrolado en un equipo de reporteros de la agencia Reuters.

Aquella noche, casi medio centenar de corresponsales de guerra que trabajaban en Bagdad se congregaron en el patio del hotel Palestine para rendirles homenaje a la luz de velas mortuorias. Gracias a la lejanía, en Madrid la madre y los dos hermanos del cámara español se sintieron impactados por la noticia, pero conservaron cierta sangre fría. «Cuando, con el cadáver de José todavía fresco, vemos las reacciones del gobierno de por aquel entonces, que era del Partido Popular, y advertimos que no actúa de oficio para exigir explicaciones o interponer una querella o iniciar los trámites de una investigación judicial, nos comienza a oler que algo pasa», explica David Couso. La decisión de acudir a los tribunales estaba tomada.

José Couso no es el primer reportero español muerto en un conflicto armado. Ni siquiera el primero cuyo fallecimiento parece consecuencia de un asesinato en toda regla. El 22 de diciembre de 1989, una patrulla del ejército estadounidense que controlaba el hotel Marriot de Panamá (país invadido dos días antes) abrió fuego contra un grupo de fotoperiodistas allí alojados y que trataban de recuperar sus pertenencias.

El francés Patrick Chauvel, maestro de corresponsales de guerra, a duras penas logró sobrevivir a las dos balas que se le alojaron en el estómago; el británico Malcolm Linton quedó herido en un tobillo; Juan Antonio Rodríguez Moreno, que llevaba dos días fotografiando la invasión junto a la periodista de El País Maruja Torres, no tuvo tanta suerte: la foto de su cadáver, cámara al cuello, dio la vuelta al mundo.

La muerte de Juantxu Rodríguez generó la correspondiente indignación de la prensa española y una dura pero inútil protesta diplomática del gobierno socialista español, que al menos logró arrancar al entonces portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Adam Shubb, el anuncio de que la Administración Bush «ha emprendido una investigación sobre esta muerte», así como su «profundo pesar» por el fallecimiento del fotógrafo español.

La muerte de Couso también heló la sangre de sus colegas de profesión, pero más lo hizo la gélida reacción del gobierno presidido por José María Aznar, socio de Estados Unidos en la invasión de Irak en medio de una importante movilización social en contra de aquella guerra. Ese es el clima que alumbró la querella presentada en la Audiencia Nacional por su familia, como reconoce ahora su hermano David: «Nosotros teníamos una trayectoria activa en movimientos sociales y organizaciones vecinales, participamos el 10 de abril de 2003 en la huelga general contra la guerra de Irak e incluso leímos un comunicado en el que acusamos a Georg Bush, Tony Blair y Aznar de asesinos internacionales. Así empezó nuestra persecución a estos dirigentes del PP, que diseñamos en el ámbito político, judicial y social: en el primero, impulsando proposiciones no de ley para que condenasen el asesinato, porque no lo condenaron en su día; en vía judicial, mediante la querella presentada el 27 de mayo de 2003, y en el ámbito social, participando en charlas, coloquios, actos cívicos o protestas ante la embajada de Estados Unidos o frente a la sede del PP».

También lo reconoce el abogado Segura: «Fue toda esa situación la que impulsó a ALA, asociación de la que yo era presidente en ese momento, a personarse en el tema de Couso, porque era un problema de Derecho Internacional por un crimen cometido en una guerra que creíamos ilegal, y por eso ya habíamos interpuesto una querella contra Aznar».

Desde que la denuncia aterrizó en el Juzgado de Guardia de la Audiencia Nacional, su recorrido procesal constituye una de esas locuras que solo pueden ocurrir en un sistema judicial tan esquizofrénico como el español. Un breve resumen sería el siguiente: a petición del fiscal Pedro Rubira, el juez de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, archivó la querella por entender que ese tribunal carecía de jurisdicción para investigar lo sucedido en un conflicto bélico como el de Irak, lo que generó los correspondientes recursos ante instancias superiores.

Pocos días después, el magistrado Del Olmo se rectificó a sí mismo, reabrió la causa archivada y la remitió al Juzgado Central de Instrucción Número 1, cuyo titular Guillermo Ruiz Polanco estudiaba dos denuncias presentadas por el Movimiento de Ciudadanos por la Paz de Soria y el candidato de Los Verdes al Ayuntamiento de Madrid.

De nuevo a instancias de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, en escrito firmado ya por el fiscal jefe Eduardo Fungairiño, el magistrado Ruiz Polanco rechazó la admisión de la querella para poco después, y sin esperar a los resultados de los recursos presentados por las acusaciones, volver a cambiar de criterio y revocar el archivo a la espera de interrogar a los testigos, los periodistas que vivieron cerca de Couso su último día de vida.

Así deambuló la causa durante 2003 y 2004, en una especie de limbo, con su admisión a trámite congelada mientras el juez interrogaba a testigos y recibía informes de todo tipo. En ese lapso, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional cerraba o reabría la investigación a intervalos irregulares, decisiones que a veces eran confirmadas, a veces corregidas, por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

David Couso recuerda con rabia aquel periodo: «Pensamos que, pese a que vivimos en un Estado de Derecho, todo es mentira y hay una clara influencia de determinados poderes en el Poder Judicial, y no solo en el caso de mi hermano. Hemos tenido reuniones con fiscales generales del Estado que actuaban como los perros falderos de la Administración estadounidense y no como titulares de una Fiscalía soberana. Y nos hemos sentido presionados cuando nos decían que la investigación no iba a ninguna parte, que no sabíamos a lo que nos enfrentábamos, que debíamos desistir. Con el fiscal general Jesús Cardenal siempre sentíamos que nos trataba como a monigotes, nos daba palmaditas en la espalda mientras nos explicaba que nos íbamos a desinflar, nos íbamos a venir abajo».

Aquella paranoia procesal concluyó en parte... en noviembre de 2005, cuando el juez Pedraz, que había aterrizado en el juzgado el mes de mayo anterior, admitió por fin a trámite la querella de la familia Couso. Para ellos, fue un día grande «en la lucha de una familia gallega humilde contra el imperio más grande del mundo, contra el mayor ejército sobre la tierra, contra la Administración más potente».

No hay muchas más causas penales abiertas en el mundo contra soldados estadounidenses por supuestos delitos cometidos en las acciones bélicas en las que participan. Ahora, cuando echa la vista atrás, el juez Pedraz rehúye comentar nada que no sean los aspectos más jurídicos del proceso: «Es una causa que ha tenido muchas especificidades, sobre todo en la aplicación de determinados aspectos del Derecho Internacional y el Convenio de Ginebra, de muy escasa utilización en los procesos españoles».

En cambio, David Couso está convencido de que «la llegada de Santiago Pedraz al juzgado revitaliza el caso; yo creo que así es, no quiero desmerecer el papel de otros jueces, pero es Pedraz quien se cree de verdad la Justicia». Antonio Segura es de la misma opinión: «En el caso Couso hemos tenido la suerte de que el juez Pedraz ha querido instruir, porque hay otros jueces que en sumarios similares no han querido hacerlo». El magistrado no comparte esa opinión. «Vamos a ver..., yo hago lo que tengo que hacer, que es lo que hacemos todos los jueces», zanja desabrido.

Lo cierto es que, cuando el juez Pedraz se hizo cargo del sumario y lo admitió a trámite, la investigación estaba casi concluida. La orden de abrir fuego aquella mañana contra el hotel Palestine partió del teniente coronel Philip de Camp, jefe del Regimiento de Blindados 64 de la Tercera División de Infantería Acorazada del Ejército de los Estados Unidos. La ejecutó el capitán Philip Wolford, al mando de la Compañía Alfa a la que pertenecía el Abrams M1 que disparó contra el edificio. El sargento Thomas Gibson apretó el disparador del cañón de 120 milímetros de donde salió la granada hueca que impactó contra la fachada del establecimiento hotelero. Las pruebas periciales, muchas de ellas realizadas gracias a la reconstrucción del crimen, confirmaron que el destacamento militar sabía que disparaba contra un edificio ocupado por informadores desarmados, no por elementos hostiles.

Desde entonces, la labor del juez se encaminó en un doble sentido. Por un lado, convencer a la Justicia española de que el IV Convenio de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y el Protocolo I Adicional de 8 de junio de 1977 forman parte del corpus jurídico español y determinan que los periodistas son personal civil cuya protección en conflictos bélicos está reforzada, por lo que aquel crimen debía ser perseguido. No fue fácil, las diatribas sobre si la muerte de Couso fue o no un asesinato y sobre si los tribunales españoles tenían o no jurisdicción para actuar se prolongaron hasta diciembre de 2006, cuando el Supremo ordenó a la Audiencia Nacional investigar lo sucedido y actuar contra los presuntos responsables de la muerte del cámara.

Habilitado para ello, el juez Pedraz intentó, primero, que los Estados Unidos pusiesen a su disposición a los tres militares sospechosos para interrogarlos como imputados mediante una comisión rogatoria, sin éxito alguno. En vista de ello, dictó contra ellos orden internacional de detención, que la Interpol nunca quiso tramitar con las más variopintas excusas. Por último, procesó en abril de 2007 a los tres uniformados estadounidenses, lo que desencadenó el consabido movimiento de ida y vuelta: recurso fiscal que logró que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revocase el procesamiento, decisión que a su vez fue anulada por la Sala Segunda del Supremo.

El 21 de mayo de 2009, el juez Pedraz dictó un nuevo procesamiento contra el teniente coronel De Camp, el capitán Wolford y el sargento Gibson, que permaneció en vigor hasta la primavera de 2015. Pero ese mismo día, el proceso 27/2007 entró en vía muerta. «La causa de que el sumario no haya ido a más es la falta de colaboración del gobierno afectado, y así está puesto de manifiesto en las diligencias; ahora es un problema del Gobierno español: si un Estado no cumple un convenio bilateral, es él el que tiene que denunciarlo, eso ya no es cosa mía», protesta el magistrado con un deje de decepción que trata de disimular sin demasiado éxito.

El caso Couso ha sido uno de los procesos más delicados de cuantos ha instruido un juzgado español. Aquel crimen se convirtió para el gobierno presidido por Aznar en un molesto contratiempo, justo cuando arreciaban las protestas callejeras contra la participación de España en la invasión de Irak, y por eso la Fiscalía siempre hizo cuanto estuvo en su mano para frenar la investigación.

Tras el triunfo electoral del socialista José Luis Rodríguez Zapatero en 2004, las cosas parecieron mejorar, pero solo en la superficie: los papeles de WikiLeaks permitieron descubrir años después que también durante su mandato tanto el Ejecutivo como la Fiscalía General del Estado coordinaron con la embajada estadounidense maniobras para frenar un proceso judicial que molestaba sobremanera a la Administración norteamericana, firme defensora de un absoluto régimen de inmunidad para sus tropas cuando operan fuera de sus fronteras con o sin cobertura legal.

El juez Pedraz se declara desconocedor de aquellos movimientos subterráneos. «A mí nunca ningún gobierno me ha dicho nada; si alguna vez me hubiese ocurrido, de inmediato lo hubiese puesto en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial, pero ningún gobierno se dirige a un juez para decirle lo que tiene que hacer o lo que no puede hacer».

II

Q

uien hoy es titular del Juzgado Central de Instrucción Número 1 nació el 11 de junio de 1958 en Salamanca. Primogénito de un redactor del Adelanto de Salamanca que tuvo otros seis hijos, acompañó a su padre cuando inició una aventura sudamericana que le llevó a Costa Rica, donde ejerció como corresponsal y llegó a dirigir uno de los principales diarios de la república centroamericana.

Cuando Santiago Pedraz padre se hizo cargo de la promoción en Sudamérica del Instituto Nacional del Libro Español, para lo que organizó la Primera Exposición Itinerante del Libro Español en América a bordo de un camión, su primogénito volvió a su ciudad natal, donde cursó la Educación General Básica (EGB) y empezó el Bachillerato Unificado Polivalente (BUP) en el San José de Calasanz de los Padres Escolapios. Pero el retorno del patriarca, que ingresó en la Agencia Efe, en la que llegó a ser subdirector, provocó el traslado de la familia a Madrid, donde el hijo mayor concluyó el bachillerato y aprobó el Curso de Orientación Universitaria (COU).

Fue entonces cuando Santiago Pedraz hijo se dejó convencer por su padre y optó por iniciar la carrera de Derecho, «porque eso podía darme una formación mucho más amplia, y me decidí a probar». Lo que ocurrió es que le gustó la ciencia jurídica, así que terminó primero y segundo de carrera y, al arrancar el tercer curso, decidió esperar antes de comenzar Ciencias de la Información, «convencido de que con la espera no perdía nada». Sin embargo, llegó el servicio militar, que prestó enrolado en las Milicias Universitarias, y en cuarto curso de Derecho descartó de manera definitiva toda posibilidad de seguir los pasos de su progenitor.

Fue un estudiante «muy normalito» tanto en el bachillerato como en la carrera, «con aprobados sin sobresalientes». Apasionado del Derecho Civil, el Penal en cambio nunca le pareció tan importante. Y en asignaturas como Administrativo o Laboral «aprendía lo justo para aprobar el examen». Disfrutó la carrera, pero no solo los estudios, «también dediqué mucho tiempo a crear un grupo de amigos, salir con ellos, compartir el cine y la música...».

Nunca tuvo vocación de ser juez, pero una vez licenciado descartó el ejercicio libre de la abogacía y la carrera fiscal. Así que solo quedaba la judicatura. «Quizá sea por mi carácter, que es buscar el equilibrio, el centro. En Derecho siempre hay una tesis en defensa de una posición y siempre existe una tesis contraria, y ambas tienen cosas válidas; siempre hay distintas visiones sobre un problema y el juez debe tener esa capacidad de integrarlas en una solución; me veía más cómodo en el papel de juez que en el de parte defendiendo una postura concreta».

Aprobó a la primera, pero por la mínima, y el 8 de marzo de 1984, con apenas veintiséis años, ingresó en la carrera judicial en uno de los últimos puestos de su promoción. Su primer destino, breve, fue Villacarrillo (Jaén), en un antiguo juzgado distrital que acababa de dejar vacante otro novato, Baltasar Garzón. «Tenía miedo a tope. Era un crío, no conocía a nadie, no sabía lo que había en el juzgado, la Escuela Judicial duraba muy poco y no salíamos bien preparados, no sabíamos cómo poner una providencia o cómo dictar una sentencia», recuerda con aire divertido, y añade: «Solo me tranquilizaba coger el teléfono y llamar a mi preparador o a un magistrado de la Audiencia Provincial de Jaén que para mí era un referente, y no paraba de estudiar los asuntos que resolver hasta encontrar una solución satisfactoria».

Del juzgado jienense pasó a Almería, donde volvió a coincidir con Garzón. Nació entre ellos una amistad que hoy perdura. Después, durante casi tres años se hizo cargo del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Cabra (Córdoba). Algunos funcionarios que trabajaron entonces a sus órdenes todavía guardan buen recuerdo de aquel joven discreto y atento que puso en orden un órgano que hasta entonces adolecía de un preocupante grado de desorganización.

Ocupar los últimos lugares del escalafón de su promoción tuvo sus consecuencias en julio 1988, cuando ascendió a magistrado y fue enviado a un destino forzoso de esos que casi ningún juez quería, el Juzgado de Instrucción Número 2 de San Sebastián. Allí empezó a labrarse la fama que todavía hoy le persigue: valiente para unos, alocado y en exceso preocupado por la notoriedad para otros. En agosto de 1989, uno de los habituales enfrentamientos entre policías y manifestantes en las calles de la capital donostiarra se saldó con varios heridos entre estos últimos. El juez Pedraz apreció indicios delictivos en la actuación de algunos efectivos policiales, lo que levantó una polvareda que solo apaciguó la Audiencia Provincial de San Sebastián al anular el auto por él dictado.

Por esas mismas fechas tuvo la ocurrencia de citar a ochenta agentes para someterlos a una rueda de reconocimiento al objeto de tratar de identificar al policía que golpeó con su defensa reglamentaria a una mujer que participaba en una protesta callejera acaecida en 1985, poco después de la aparición del cadáver de Mikel Zabaltza en el río Bidasoa.

En muy poco tiempo, las jerarquías de las fuerzas de seguridad le etiquetaron como juez peligroso mientras su nombre comenzaba a ganar asiduidad en los medios de comunicación. No opinaban lo mismo sus compañeros en los juzgados donostiarras, que llegaron a elegirle decano. La etapa vasca acabó en 1992, cuando el entonces vocal del CGPJ Juan Alberto Belloch se lo llevó a Madrid como letrado jefe del área de Formación del órgano de gobierno de los jueces.

«Cuando Belloch me propone ir al Consejo no nos conocíamos. Me ofreció organizar el departamento de Formación, en el que entonces solo estaba Fernando Escribano, sin que existiese un proyecto de formación de jueces. Lo pensé y primero dije que no, pero era un reto montar esa estructura inexistente porque no había formación para los jueces, así que acepté con la condición de hacerlo por dos años para después volver a la carrera», explica Pedraz, que añade de corrido que «nunca» ha pensado en iniciar una carrera política, «jamás». «Si algún día accedo a un cargo público será a un puesto técnico, pero la política la temo. Alguna vez he creído que he estado a punto de recibir una propuesta, pero nunca se ha producido porque creo que la gente pronto se da cuenta de que voy a decir que no».

Pedraz cumplió sus deseos y en mayo de 1994 volvió a un juzgado, en esta ocasión en Madrid, ciudad que ya no abandonaría. La polémica dejó de perseguirle, y durante años ejerció en distintos juzgados madrileños y en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior sin mayores contratiempos. En octubre de 1995 se asentó en el Juzgado de Instrucción Número 26 e inició una larga andadura, que se prolongó durante ocho años en los que su nombre volvió a sonar en prensa, aunque por motivos distintos. En 1999, un estudio del Colegio de Abogados de Madrid señaló su juzgado como uno de los más ágiles y con menos causas pendientes de la capital.

En 2003, el juez Pedraz decidió dar el salto a la Audiencia Nacional, en concreto a la Sala de lo Penal, donde todo volvió a empezar cuando apareció como uno de los autores de la sentencia que en junio de 2005 concluyó que las organizaciones juveniles abertzales Jarrai y sus herederas (Segi y Haika) no podían ser consideradas terroristas, por lo que los veinticuatro dirigentes juzgados fueron condenados a penas muy inferiores a las solicitadas por el fiscal. Aquella resolución todavía le persigue hoy en los perfiles que con cierta periodicidad aparecen en la prensa escrita, en los que a menudo se pasa por alto que, junto a él, también firmaron aquel fallo los magistrados Carlos Ollero y Félix Guevara.

Por aquellas mismas fechas accedió al Juzgado Central de Instrucción Número 1, al que toda la Audiencia Nacional temía por su mal fario. Su anterior titular, Guillermo Ruiz Polanco, acababa de ser suspendido un año por sus sospechosas relaciones con narcotraficantes. Y su antecesor, Javier Gómez de Liaño, había sido expulsado de la carrera judicial al ser condenado por prevaricación cometida en la instrucción del caso Sogecable.

Así que a nadie extrañó que una de las primeras decisiones del juez Pedraz como titular de ese juzgado fuese no procesar al etarra Juan Ignacio de Juana Chaos por una serie de artículos publicados en el diario Gara. No procesar suponía la pronta salida de la cárcel del etarra, una vez cumplidas todas las condenas que pesaban contra él. La Sala de lo Penal le rectificó a tiempo e impuso al exdirigente de ETA una pena mínima confirmada después por el Supremo, aunque dos votos particulares defendieron en el alto tribunal las tesis del instructor y la absolución del acusado.

Desde entonces, su trabajo goza de especial atención por parte de los medios de comunicación y de la opinión pública. Las peculiaridades del caso Couso, su trabajo en otras causas abiertas en virtud de la jurisdicción universal, su garantista visión del tratamiento jurídico del fenómeno del terrorismo o asuntos de gran repercusión como el caso Afinsa pueden explicarlo, aunque el juez se muestra escéptico: «Algunas veces me pregunto por qué me han tocado muchos asuntos sobre los que la opinión pública pone el foco de atención y no encuentro respuesta».

También puede ser un buen motivo ciertos adornos literarios que incluye a veces en sus resoluciones. En octubre de 2012, cuando arreciaban las protestas callejeras contra la política económica impuesta por el gobierno de Mariano Rajoy, archivó la querella presentada por la Fiscalía contra los promotores de una gran manifestación que, bajo el lema «Rodea el Congreso», había mantenido cercado durante horas el Palacio de la Carrera de San Jerónimo el 25 de septiembre anterior. La base de su argumentación: la preponderancia de los derechos de expresión y manifestación frente a cierta forma de entender la protección del orden público.

«Hay que convenir —arguyó el juez Pedraz en su resolución— que no cabe prohibir el elogio o la defensa de ideas o doctrinas por más que estas se alejen o incluso pongan en cuestión el marco constitucional ni, menos aún, prohibir la expresión de opiniones subjetivas sobre acontecimientos históricos o de actualidad, máxime ante la convenida decadencia de la denominada clase política». El conflicto estaba servido y no faltaron miembros de esa clase política dispuestos a afear al magistrado sus palabras. El más visceral, el entonces secretario del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Rafael Hernando, que no dudó en calificarle de «pijo ácrata».

—Esas resoluciones, digamos llamativas, parecen ser una característica de su trayectoria.

—Insisto en que yo hago lo que tengo que hacer, que es lo que hacemos todos los jueces. Acaso alguna vez no haya extremado el cuidado en frases escritas en mis resoluciones, pero no me arrepiento de ninguna.

—¿Ni aunque provoquen insultos como pijo ácrata?

—No me importa, me pareció hasta gracioso. No me considero ni pijo ni ácrata. Mi imagen, en ese sentido, no me preocupa.

—En todo caso, da la impresión de ser un juez menos acomodaticio que la media.

—No estoy de acuerdo en que se pueda generalizar de esa manera. Cada uno tiene su forma de actuar. Yo, en cuanto tengo las cosas claras, tomo una decisión; otros compañeros le dan más vueltas, pero eso no quiere decir que unos lo hagan mejor que otros, si acaso que unas resoluciones están más reflexionadas que otras.

—¿Aceptaría entonces que parece usted actuar con más arrojo?

—Tampoco. En cada momento del proceso llega un punto en el que crees cuál es el siguiente paso que hay que dar, y si creo que tengo que hacerlo, lo hago. Me voy al delito, estudio si existe o no y tomo decisiones sin pensar en las consecuencias. Con esa simple filosofía se remueven los obstáculos.

—¿Pueden los ciudadanos españoles sentirse bien defendidos por sus jueces?

—Yo creo que España tiene buenos jueces, en general comprometidos y que realizan un trabajo superior al que se les pide en otros países. Y son jueces independientes. Los ciudadanos pueden confiar en los jueces y en la administración de Justicia.

—En estos momentos de crisis, la ciudadanía parece desear que los jueces ejerzan un poder sustitutivo del político para regenerarlo.

—Me gusta por lo que supone de reconocimiento a nuestro trabajo, pero tampoco es bueno porque eso quiere decir que hay una crisis, y una crisis de Estado. Cuando un poder aparece como el salvador de la patria es mal síntoma. Creo en el Estado de Derecho puro y duro, creo que la misión del Poder Judicial es controlar al resto de los poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, pero nunca deberíamos ser los sustitutos de la clase política. Espero que los ciudadanos no pretendan que los jueces asuman el papel de los políticos, porque es una equivocación total.

Al poco de llegar a la Audiencia Nacional, Pedraz se casó en segundas nupcias con Paula Arenas Martín-Abril, filóloga, escritora y, cosas del destino, periodista en ejercicio que no ahorra elogio alguno a su marido: «Es un trabajador incansable en primera línea de defensa de los derechos, eso sí, respetando siempre la legalidad; nunca se ha saltado una norma o ley y eso es importante, sobre todo porque es un juez muy garantista pese a las críticas que haya podido recibir».

Padres de un niño de cinco años en el momento de escribir estas páginas, Santiago Pedraz tiene claro que «quiero disfrutar de mi hijo ahora, y no es un esfuerzo, lo hago encantado. Tengo claro que mi vida familiar no la sacrifico por el trabajo. Ante un asunto muy complejo no queda más remedio que dedicarle horas, pero sin renunciar a mi vida familiar, porque me gusta disfrutarla a cualquier precio. Hoy por hoy, antepongo mi familia a mi trabajo, supongo que es una cuestión relacionada con la edad».

Celoso de su intimidad, se siente incómodo si le reconocen en un sitio público, un restaurante o un bar. Poco amigo del deporte, no perdona una noche de copas con los amigos y es un fumador empedernido de los de dos cajetillas de tabaco negro al día. Logró dejarlo en 2005 durante un año, pero entonces cayó en su juzgado la investigación de la estafa protagonizada por Afinsa, la intervención de la empresa, los registros de sus sedes..., y recayó. «Hice el tonto», confiesa con un cigarrillo entre los dedos.

Templado a la hora de asumir las críticas que recibe su trabajo —«es bastante tranquilo y cuesta mucho que se enfade», relata su mujer—, es de los escasos jueces que ha recurrido a las redes sociales para debatir con sus detractores. Lo que le saca de quicio son los ataques de cierta prensa que recurre a argucias como etiquetarle «el Ken (novio de la muñeca Barbie) de la carrera judicial» para desprestigiar su labor. Vano intento, por cierto, en lo que a sus compañeros de carrera se refiere o, al menos, aquellos con los que comparte tribunal: como le ocurrió en San Sebastián, en mayo de 2008 fue elegido decano de la Audiencia Nacional, función para la que fue reelegido en junio de 2012.

III

M

ás de tres décadas después de aterrizar muerto de miedo en el juzgado de Villacarrillo, Santiago Pedraz dice no recordar si en algún momento se arrepintió de haberse metido a juez; tampoco es capaz de rescatar de su memoria alguna situación peculiar en la que se haya sentido particularmente orgulloso de vestir la toga. «En cada momento he intentado hacer un buen trabajo y disfrutar con ello».

Puede ser verdad, porque le cuadra a quien no entiende la judicatura como un sacerdocio, pero tampoco como una manera más de ganar un jornal; en ese sentido, es el funcionario perfecto. Pero también puede ser una pose. Cuesta creer que una trayectoria como la del juez Pedraz no encierre al menos un momento de desolación, al menos un episodio exultante. La vida en la Audiencia Nacional da para eso y más, aunque él construye un relato anodino: «Lo malo del juzgado es, primero, que llegas sin saber lo que hay y descubres sumarios formados por tomos y tomos que no sabes cómo organizar, más complejos que en un juzgado ordinario. Además, cada día entra algo nuevo y casi siempre es mediático, de interés para la opinión pública, y eso me molesta».

Uno de los procesos que le aguardaba a su llegada al Juzgado Central de Instrucción Número 1 eran las diligencias previas 331/99, incoadas a raíz de una denuncia presentada en noviembre de 1999 por la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, a la que se habían ido adhiriendo numerosas organizaciones no gubernamentales. El objeto a investigar, el genocidio perpetrado por las dictaduras militares que sojuzgaron Guatemala entre 1978 y 1984, que provocaron más de 250.000 víctimas a las que hay que sumar 45.000 desaparecidos, 1.500.000 refugiados internos y 150.000 exiliados forzosos, consecuencia de una estrategia de aniquilación de la población indígena, sobre todo de la etnia maya, que borró del mapa unos 450 núcleos de población.

El anzuelo para enganchar a la Justicia española, el fallecimiento de siete nacionales: cuatro sacerdotes, en distintas matanzas perpetradas a lo largo de esos años, así como tres funcionarios de la embajada española en la capital, que perecieron en el incendio con el que el ejército guatemalteco puso fin el 31 de enero de 1980 al asalto de protesta que sufría la legación diplomática.

Aquella denuncia no fue solo una iniciativa personal de la premio Nobel, que perdió a un hermano abrasado dentro de la embajada española. Fue el fruto de varios meses de trabajo que implicó a varias organizaciones no gubernamentales de distintas nacionalidades y a un nutrido grupo de abogados, algunos ejercientes en España, como Carlos Slepoy, José Luis Galán o Manuel Ollé, que explica que «mantuvimos reuniones durísimas con ella sobre la conveniencia o no de interponer la querella. Nosotros valorábamos muchísimo los procedimientos de Chile y Argentina, que eran inciertos, y yo fui el primero que planteé que me daba miedo la iniciativa de Guatemala porque una inadmisión ratificada tanto por la Audiencia Nacional como por el Supremo nos podía tumbar lo que habíamos construido hasta entonces».

Pero hubo denuncia. Se impuso el criterio de quienes veían en la actuación del juez Garzón contra los dictadores argentinos y chilenos una puerta abierta que había que aprovechar antes de que alguien la cerrase. Además, el Equipo Nizkor, un organismo internacional de derechos humanos especializado en Derecho Internacional, había fabricado una sólida fundamentación sobre la jurisdicción universal. En España, ese grupo de trabajo era impulsado por el exdirigente de Izquierda Unida Enrique de Santiago.

Las causas abiertas por el juez Garzón contra Jorge Videla y sus esbirros en Argentina, así como contra Augusto Pinochet y sus conmilitones en su vecino transandino, habían despertado tanto entusiasmo entre los defensores de los derechos humanos como hastío y preocupación entre quienes las veían como un engorroso estorbo para la diplomacia española. El arresto del dictador chileno en Londres el 21 de septiembre de 1998 por orden del juez español molestó sobremanera al gobierno de Aznar. La llegada de la denuncia por el genocidio guatemalteco despertó alarmas que los medios de comunicación reprodujeron un día sí y otro también, sin descanso: era inconcebible que la Audiencia Nacional pretendiese convertirse en el tribunal de toda Latinoamérica.

Surgieron entonces los primeros llamamientos a revisar el principio de jurisdicción universal, usado por los principales estados europeos desde la época medieval para combatir la piratería. De evolución histórica muy dispar, los tribunales de Núremberg recuperaron ese título que obliga a la justicia de cualquier país a enjuiciar crímenes cometidos en el extranjero con independencia de la nacionalidad de los victimarios o de las víctimas, siempre que el objetivo sea evitar la impunidad de delitos graves como el genocidio, la piratería y los crímenes de guerra y de lesa humanidad.

El evidente trasfondo político que encierra esa formulación explica que durante todo el siglo XX cayese en desuso, aunque en países como Bélgica, Dinamarca, Francia, Suecia, Holanda, Italia o Alemania no son infrecuentes este tipo de procesos. Algunas repúblicas africanas han incorporado el principio de justicia universal ya en este siglo XXI, así como países como Argentina, donde un juzgado investiga los crímenes atribuidos a la dictadura franquista.

En España apenas se había usado en algunas resoluciones de jueces de la Audiencia Nacional dictadas para ordenar los primeros abordajes en alta mar de buques que transportaban cargamentos de droga. Pero en eso llegó Garzón y convirtió la jurisdicción universal de la Audiencia Nacional en un poderosísimo instrumento jurídico-político con el que, antes o después, alguien iba a intentar acabar.

La denuncia del genocidio maya en Guatemala operó uno de esos milagros que solo pueden ocurrir en la Audiencia Nacional: quiso el caprichoso sistema de reparto que la querella de Menchú le correspondiese al juez que en aquellos momentos ofrecía un perfil personal y profesional más opuesto a Garzón: Ruiz Polanco. Pero intentar prever la actuación de un juez, de cualquier juez, no deja de ser una apuesta alocada y, contra todo pronóstico, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 1 admitió la causa, porque lo contrario, y así lo hizo constar en su resolución, sería prevaricar.

La decisión de Ruiz Polanco puso en marcha la habitual ruleta de recursos. La Fiscalía logró que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional anulase la admisión a trámite. A continuación el Supremo, en resolución salomónica, ordenó la reapertura de la causa, pero solo para investigar la muerte de víctimas españolas. Insatisfechos, los defensores de los derechos humanos personados en el proceso elevaron la discusión al Tribunal Constitucional.

Así se encontró el juez Pedraz las diligencias 331/99, paralizadas desde 2003 a la espera de que el órgano intérprete de la Constitución fijase las líneas maestras por las que la Audiencia Nacional debía conducir el ejercicio de su jurisdicción universal. Poco tuvo que esperar: el 26 de septiembre de 2005 la Sala Segunda del Constitucional, por unanimidad, amparó a los recurrentes, anuló las resoluciones de la Audiencia Nacional y el Supremo y forzó la investigación del genocidio guatemalteco con todas sus consecuencias, sin limitaciones ni ataduras.

El fallo, redactado por el entonces vicepresidente de la institución, el magistrado Guillermo Jiménez, pone especial cuidado en destrozar la argumentación del Supremo, que redujo la persecución del genocidio a aquellos supuestos en los que afectase a víctimas españolas o a cualquier otro «interés superior» del Estado. Para el Constitucional, esa «forzada e infundada exégesis» a la que el alto tribunal sometió al artículo 23.4 de la LOPJ «supone una restricción ilegítima» del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

«La persecución internacional y transfronteriza que pretende imponer el principio de justicia universal se basa exclusivamente en las particulares características de los delitos sometidos a ella, cuya lesividad (paradigmáticamente en el caso del genocidio) trasciende la de las concretas víctimas y alcanza a la comunidad internacional en su conjunto», escribió el vicepresidente del Constitucional con el apoyo unánime de los restantes cinco magistrados que con él formaron sala en este asunto. Y añadió: «Consecuentemente, su persecución y sanción constituyen no solo un compromiso, sino también un interés compartido de todos los estados, cuya legitimidad, en consecuencia, no depende de ulteriores intereses particulares de cada uno de ellos».

El párrafo está escrito a fuego en todos los vademécum de las principales organizaciones defensoras de los derechos humanos del planeta. Desde aquel día, todas las partes personadas en las distintas causas abiertas en la Audiencia Nacional han respetado un pacto no escrito para evitar que el Constitucional vuelva a pronunciarse sobre el principio de jurisdicción universal, por miedo a que una interpretación distinta anule la doctrina que aquella sentencia fijó.

Habilitado por el Constitucional, el juez Pedraz no dudó en poner en marcha las actuaciones. De inmediato pudo comprobar que los tribunales guatemaltecos no estaban en absoluto dispuestos a colaborar, sino todo lo contrario, mientras que grupos de poder próximos a la desaparecida dictadura militar maniobraban sin pudor ni descanso para desactivar la investigación judicial. Pero el proceso cogió vuelo y antes de lo previsto el instructor se encontró en disposición de dar un paso inédito e inesperado: interrogar a los presuntos responsables del genocidio maya en Guatemala.

Es imposible vaticinar qué hubiera hecho cualquier otro magistrado. Pedraz ni lo dudó, y el 28 de junio de 2006 aterrizó en el aeropuerto internacional La Aurora de la capital guatemalteca dispuesto a interrogar a los exdictadores Efraín Ríos Montt y Óscar Humberto Mejía Víctores, que gobernaron el país ente 1982 y 1986, cuando se produjeron las matanzas más atroces. En la lista también figuraban otros cuatro exgenerales que estuvieron a sus órdenes, así como una larga serie de testigos, todo ello en el marco de una comisión rogatoria que en el país centroamericano dirigía el magistrado Saúl Álvarez.

No pudo ser. Recién aterrizado, el instructor español fue informado de que la Corte Constitucional guatemalteca, por cuatro votos a uno, había decidido amparar a Ríos Montt, que se oponía a ser interrogado. El periodista José Yoldi, que se desplazó hasta la capital guatemalteca para cubrir la noticia para El País, recuerda que el juez «se sintió burlado por las maniobras dilatorias del exdictador». Pedraz, en cambio, hace hoy otra valoración: «El problema es que el sistema judicial de Guatemala es muy complicado, lo que nos obligó a suspender la mayoría de las declaraciones previstas en la comisión rogatoria».

No fue el último contratiempo. El juez Pedraz intentó que el desplazamiento sirviese para algo y se dispuso a constituir su propio juzgado en la sede de la embajada española para tomar declaración a muchos testigos supervivientes de los crímenes atribuidos a la dictadura militar, entre ellos la propia Menchú, lo que les evitaría el largo y costoso viaje a España para prestar declaración en la Audiencia Nacional. Pero tampoco pudo ser porque el embajador español, Juan López Dóriga, le indicó que tal pretensión era contraria al Derecho Internacional. Una, entonces reciente, reforma del Convenio de Viena que regula las relaciones diplomáticas acababa de quitar a las legaciones la condición de «territorio» del Estado al que pertenecen. Por tanto, la embajada española en Guatemala es, a todos los efectos, territorio guatemalteco en el que España tiene instalada una oficina que goza de inmunidad diplomática y representa al Estado español, pero inhabilitada para albergar en su seno un órgano jurisdiccional.

«El viaje que realizó el juez Pedraz a Guatemala resultó un pequeño fracaso en lo que a resultados inmediatos respecta, aunque fue un revulsivo para la Justicia guatemalteca», defiende Yoldi. Nada más regresar de tierras centroamericanas, el 7 de julio de 2006, el instructor dictó orden internacional de detención, a efectos de extradición, contra los exjefes de Estado Ríos Montt y Mejía Víctores, el exministro de Defensa y general Ángel Aníbal Guevara, el exdirector de la Policía y general Germán Chupina Barahona, el exjefe del Comando 6 de la Policía y general Pedro García Arredondo, el exjefe del Estado Mayor del Ejército y general Benedicto Lucas García y el exministro de la Gobernación y general Donaldo Álvarez Ruiz.

Amén de su arresto, la orden internacional incluía el embargo de todos sus bienes y el bloqueo de sus cuentas bancarias, tanto aquellas de las que fuesen titulares como de las que figurasen a nombre de testaferros o terceras personas. Por supuesto, los tribunales guatemaltecos desoyeron estas peticiones y no hubo extradición. Pero algo se rompió. Según el análisis de Yoldi, «la Justicia guatemalteca terminó por seguir un proceso por los mismos hechos investigados por Pedraz en el que inicialmente Ríos Montt fue condenado en 2013 a ochenta años de prisión; aunque diez días después la sentencia fue anulada por la Corte Constitucional, el proceso contra él continúa».

El juez Pedraz no se paró. Siguió recopilando información sobre aquella ominosa etapa —el hoy sumario 3/14 es ya uno de los mejores estudios históricos realizados sobre la dictadura guatemalteca— que de inmediato quedaba a disposición de las incipientes causas judiciales que nacían en el país centroamericano. Y admitió la personación de nuevas acusaciones, en varios casos organizaciones internacionales que han convertido la causa en un verdadero foro de debate y estudio sobre el Derecho Internacional, al punto que varias de las resoluciones dictadas engrosan ya el corpus doctrinal sobre la materia en centros académicos universitarios de medio mundo.

Por ejemplo, por primera vez en la historia el juez Pedraz admitió, a petición de la organización Women’s Link Worldwide, que el genocidio de la población maya atribuido a la dictadura guatemalteca, en lo que a la población femenina se refiere, podía ser analizado también desde las características del crimen de género; se trata de una especie de delito de feminicidio que ya ha adquirido carta de naturaleza en algunas resoluciones de relatores de derechos humanos de Naciones Unidas, así como en las de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Y es que la sentencia del Constitucional sobre Guatemala lo había cambiado todo. A principios de 2006, fue la propia Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la que obligó al juez central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno, a investigar una querella presentada contra cinco dirigentes comunistas chinos, entre ellos el expresidente de la República Popular, Jiang Zemin, por el supuesto genocidio desatado en la década de los noventa al reprimir los movimientos independentistas del Tíbet. Unos meses después, el Supremo ordenó investigar la muerte entre 1999 y 2002 de decenas de adeptos de la secta Falung Gong, prohibida en China.

Por su parte, el juez central de Instrucción Número 4, Fernando Andreu, reactivó una denuncia que había llegado a su juzgado en febrero de 2005 e inició la investigación de la muerte de cuatro millones de ruandeses en los diversos conflictos que atravesó el país centroafricano entre 1994 y 2000. Y en junio de aquel 2006 el juez Moreno se declaró competente para investigar las posibles escalas secretas que habrían realizado en el aeropuerto de Palma de Mallorca aviones no identificados de la CIA estadounidense que trasladaban a presuntos terroristas ilegalmente detenidos en distintos países.

En 2007, el juez Garzón admitió una querella contra el exministro de Interior marroquí Driss Basri y otros altos cargos militares por el presunto genocidio del pueblo saharaui cometido a lo largo de las décadas de los setenta y ochenta del pasado siglo. En noviembre de 2012, el magistrado Pablo Ruz amplió esa investigación a varios responsables del ejército argelino y del propio Frente Polisario, que habrían aprovechado la represión marroquí para encubrir la eliminación de facciones saharauis disidentes mediante el asesinato o la desaparición de opositores.

En julio de 2008, el juez Moreno admitió a trámite una querella interpuesta por víctimas españolas del Holocausto contra cuatro guardias de las SS, tropas de élite del ejército nazi alemán, residentes en Estados Unidos, a los que responsabilizaron del genocidio perpetrado en los campos de concentración de Mauthausen, Sachsenhausen y Flossenbürg.

En diciembre de 2009, el magistrado Andreu remitió una comisión rogatoria a Irak para recabar información sobre el ataque que sufrió en julio de ese año el campo de refugiados iraníes de Ashraf, en el que fallecieron once personas y otras treinta y seis fueron secuestradas.

En julio de 2010, el magistrado Ruz abrió diligencias para averiguar la identidad de los mandos militares israelíes que ordenaron el ataque contra una flotilla de ayuda humanitaria que en mayo de ese año intentó llegar a Gaza, y que se saldó con nueve muertos y numerosos heridos.

En mayo de 2011, el juez central de Instrucción Número 6, Eloy Velasco, ordenó la busca y captura de veinte militares salvadoreños acusados del asesinato de ocho personas, seis de ellas sacerdotes jesuitas españoles, durante el asalto a la Universidad Centroamericana de San Salvador en 1989.

Y un año después, el juez Ruz ordenó la detención e ingreso en prisión de siete antiguos responsables de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), que operó en Chile durante la dictadura del general Pinochet, por su presunta participación en el secuestro y asesinato del diplomático español Carmelo Soria, cuyo cadáver apareció el 14 de julio de 1976.

El debate académico abierto por estas actuaciones judiciales trata de determinar si son o no útiles. Para Antonio Segura, los procesos de jurisdicción universal «son efectivos si hay voluntad política de que sean efectivos y si los tribunales supremos que juzgan estos delitos son independientes del poder ejecutivo. En España lo fueron hasta que se ha producido una intervención política del gobierno que ha cambiado una ley que funcionaba». Manuel Ollé comparte esa visión: «La Audiencia Nacional ha sido ejemplo para todo el mundo, fuente de un enorme prestigio no solo para la judicatura española, sino para el sistema internacional de protección de los derechos humanos. Las resoluciones de la justicia española se estudian en todas las universidades del mundo».

No hay duda de que los sumarios abiertos en la Audiencia Nacional en virtud de su jurisdicción universal han servido para algo. La resolución de la Corte Suprema argentina que anuló las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida —las que impedían juzgar los crímenes de la dictadura— citó de manera expresa el sumario instruido por el juez Garzón. Hoy, decenas de conmilitones cumplen duras condenas de cárcel en aquel país y uno de ellos, Adolfo Scilingo, en una prisión española.

Con mucha más timidez, pero de manera inexorable, también las administraciones judiciales de Chile, Guatemala y El Salvador comienzan a sortear obstáculos para juzgar al menos algunos de los más sangrientos crímenes que manchan de sangre la más reciente historia de esos países.

En donde no hay debate es en el engorro que estos procesos representan para la diplomacia española. Causas que afectan a estados con los que España mantiene relaciones especiales, como Estados Unidos, Marruecos, los países sudamericanos o Israel, molestan a cualquier gobierno, sea del color que sea. De hecho, el ejecutivo que encabezó Rodríguez Zapatero reformó el artículo 23.4 de la LOPJ, un cambio que pareció sobre todo cosmético, acaso para contentar a la Administración estadounidense, pero sin grandes consecuencias para las causas abiertas.

El gobierno de Rajoy que le sucedió tampoco ocultó nunca su desagrado por la existencia de esos procesos abiertos, pero no pareció dispuesto a modificar el statu quo heredado hasta que, el 10 de febrero de 2004, el juez Moreno desató la tormenta perfecta: dictó órdenes internacionales de detención contra cinco ex líderes comunistas chinos, entre ellos los expresidentes Zemin y Hu Jintao y el ex primer ministro Li Peng, por su presunta responsabilidad en el genocidio tibetano. Y lo hizo mientras España negociaba con China para que el país asiático comprase deuda pública de modo y manera que la operación contribuyese a reducir la prima de riesgo que ahogaba la economía nacional.

La reacción china fue pública y colérica, y la del Gobierno español vertiginosa y expeditiva. En apenas unos meses, mediante un procedimiento parlamentario exprés, la ley era reformada y vaciada de contenido con el único apoyo parlamentario de los diputados del PP. Pese a la virulenta y unánime reacción de los jueces de la Audiencia Nacional, varios de estos procesos, incluidas las dos causas que afectaban a China, son ya historia pasada. Y los sumarios que siguen abiertos boquean heridos de muerte, porque la reforma solo permite investigar el genocidio cuando afecte a criminales de nacionalidad española o que residan en España, y solo podrá hacerse previa denuncia de las víctimas o de la Fiscalía, no a impulso de acusaciones populares.

Uno de los procesos que ha superado la crisis provocada por la reforma del artículo 24.3 de la LOPJ ha sido el que investiga el asesinato en la UCA de San Salvador del grupo de jesuitas españoles que dirigía Ignacio Ellacuría, crimen del que se salvó de milagro un tío del juez Pedraz. No solo eso, el sumario que instruye el juez Velasco ha superado incluso la existencia de un proceso judicial sustanciado ante los tribunales salvadoreños, que es uno de los factores que, según todos los tratados internacionales, hace inoperante el principio de jurisdicción universal.

También en este aspecto la Justicia española ha hecho historia: nunca antes en el mundo ningún tribunal había alentado la instrucción de una causa judicial por hechos juzgados en el país donde ocurrieron. El mérito es del Supremo español, con el beneplácito de todas las organizaciones internacionales que vigilan este tipo de asuntos que afectan a la protección de los derechos humanos fundamentales.

Lo que ocurrió en este caso es que el proceso juzgado en El Salvador fue una pantomima. Esa fue la conclusión del alto tribunal en resolución redactada por el presidente de la Sala Segunda, el magistrado Manuel Marchena. Ni él ni el instructor de la causa, el juez Velasco, son sospechosos de tendencias progresistas. Pero la resolución que confirmó la competencia de la Audiencia Nacional para investigar la matanza de los jesuitas incluye párrafos deliciosos: dado que «existen, con respecto a los hechos objeto del sumario 97/2010, indicios suficientes de que el proceso penal desarrollado en su día en El Salvador no garantizó el castigo y persecución efectiva de sus responsables», el juez Velasco debe seguir adelante «porque, como declara el preámbulo del Estatuto de la Corte Penal Internacional, los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar impunes». Y todo ello pese a que «enjuiciar» la actuación de la Justicia de otro Estado es una operación que «no está exenta de dificultades y puede conllevar el análisis de cuestiones complejas, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista político-diplomático e incluso histórico, que exigen a este tribunal prudencia en su ejercicio».

De momento, tampoco se ha visto afectada la causa abierta contra los genocidas guatemaltecos. Según el propio juez Pedraz, «estamos pendientes del proceso abierto en Guatemala por la quema de la embajada española, para estudiar si opera el non bis in ídem. Respecto del genocidio, además de a las extradiciones, estamos a la espera de alguna diligencia más, como la apertura de algunas fosas, pero en ese sentido la causa está parada. Tengo la sensación de que he hecho lo que he podido, no me siento defraudado, pero ojalá la causa pudiera seguir más adelante».

La que ya no avanzará más es la investigación del asesinato de José Couso. Durante más de un año, el juez Pedraz logró burlar el recorte de la jurisdicción universal porque defendió con éxito que los artículos 146 y 147 del IV Convenio de Ginebra, relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra, son de plena aplicación en el caso del cámara de Telecinco. Y como el tratado internacional tiene primacía y no puede ser modificado por normas internas, la mutilación de la jurisdicción universal no impedía investigar aquel crimen.

Pero el pasado 6 de mayo de 2015, la Sala Segunda del Supremo archivó de manera irreparable el proceso abierto para investigar el genocidio tibetano. Aquella resolución concluyó que la Justicia española carece de competencias para investigar delitos cometidos en conflictos armados, salvo «que el procedimiento se dirija contra un español o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España, o contra un extranjero que se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas». Así lo proclamó una sentencia obra del magistrado Cándido Conde-Pumpido, poco sospechoso de posiciones conservadoras, «para que quede claro en este y en otros procedimientos con similar fundamento».

El juez Pedraz entendió el mensaje. El nuevo modelo de jurisdicción universal «impide la persecución de cualquier crimen de guerra cometido contra un español salvo en el difícil supuesto de que los presuntos criminales se hayan refugiado en España», escribió en el auto con el que archivó la causa el 9 de junio siguiente. «La decisión del legislador será discutible y podrá provocar debates en torno a tal impunidad, no solo para el presente caso sino para otros posibles, mas no corresponde a los jueces suplir al legislador», avisa el instructor de la Audiencia Nacional.

El teniente coronel De Camp, el capitán Wolford y el sargento Gibson ya no tienen nada que temer, si alguna vez lo tuvieron. Las órdenes internacionales de detención que la Interpol nunca quiso tramitar decayeron y pueden viajar fuera de los Estados Unidos incluso a países firmantes de la Convención de Ginebra, con la tranquilidad de saber que ninguna fuerza policial ni judicial los busca. Una interpretación radical de las tesis del Supremo les permitiría incluso visitar España con total impunidad. «El flexo no podrá mantenerse encendido», se rindió el juez Pedraz.

FERNANDO ANDREU MURELLES

LA SOLEDAD DEL JUEZ

En el pasado, aquellos que locamente buscaron el poder cabalgando a lomos de un tigre acabaron dentro de él.

JOHN FITZGERALD KENNEDY

Después de tres décadas de ejercicio profesional, Fernando Andreu Murelles (Madrid, 1960) no cree que el proceso más importante en su carrera profesional sea el que trata de averiguar qué ocurrió con ese engendro denominado Bankia. Antes de responder, duda y reflexiona, como hace siempre. Por fin, una respuesta genérica: quizá la persecución del terrorismo etarra o los casos de jurisdicción universal que le han correspondido le han dejado más huella. Así que declina el título de paladín del combate contra la corrupción político-económica que durante lustros ha sangrado las cajas de ahorros mientras, a mansalva, acometían desahucio tras desahucio para salvar unas pérdidas que, al final, pagaron los ciudadanos vía rescate bancario europeo.

Acaso por ello esboza un gesto de indiferencia cuando alguien le recuerda el terremoto que provocó el 13 de febrero de 2015 al imponer a la entidad del oso verde una fianza de responsabilidad civil de 800 millones de euros. A veces ocurre que la trascendencia de algunas decisiones judiciales traspasa fronteras. En importantes oficinas de la madrileña plaza de Castilla (sede central de Bankia), de la plaza de Cuzco (sede del Ministerio de Economía) o de ciudades tan dispares como Fráncfort (Banco Central Europeo), Bruselas (Comisión Europea) o Washington DC (Fondo Monetario Internacional) se respiraba intranquilidad desde fechas anteriores, porque sus ocupantes sabían que el juez preparaba una resolución complicada, que entorpecería la opción de acudir a una ampliación de capital para terminar de sanear el consorcio liderado por la caja madrileña.

I

S

on cosas del azaroso destino. El inexperto juez que se estrenó en junio de 1988, con veintinueve años y soltero, en un juzgado de Castro Urdiales (Cantabria) inauguró su andadura profesional con un asunto de delincuencia económica. Al poco de llegar, el oficial principal del órgano judicial, Ignacio, acudió una mañana al banco, sacó todo el dinero depositado en la cuenta de consignaciones del órgano judicial y desapareció. El día anterior, el juez había detectado que una providencia había sido firmada con una rúbrica extraña que no era la suya, así que le citó al día siguiente para aclarar lo sucedido. Nunca pudo ser.

Fue todo un quebradero de cabeza, porque, durante mucho tiempo, el juzgado se quedó sin fondos para indemnizaciones. Con la benevolencia que regala el paso del tiempo, hoy el juez Andreu recuerda lo sucedido como una anécdota simpática («nada de corrupción, un simple caso de “toma el dinero y corre”, sin más») que no le impidió descubrir lo cómodo que se sentía en su recién estrenado papel judicial. Y en su nueva vida.

Tradición inveterada en este tipo de destinos, también al poco de llegar un magistrado jubilado con muchos años de ejercicio en Castro Urdiales le visitó para saludarle y ponerle en antecedentes sobre la fauna clientelar habitual del juzgado. Y para alertarle de las castreñas (gentilicio de las féminas del pueblo) y su alto poder de atracción. Consejo que Andreu, en su fuero interno, apartó por innecesario con juvenil suficiencia. Tres años después, el tierno juez se casó con una castreña, Ana, con quien hoy comparte la vida lejos ya del mar que alumbró su relación.

Como tantos otros de su generación, Andreu tuvo que modificar el modus operandi del juzgado para adecuarlo a su forma de entender el ejercicio jurisdiccional: trato directo con el ciudadano, respeto a los horarios, empeño en cumplir los plazos procesales... Y el trabajo diario le permitió descubrir que su pasión era el Derecho Civil, «la rama más completa del Derecho», por lo que se propuso enfocar su carrera profesional hacia esa jurisdicción.

Acaso ese era el momento oportuno para delinear su proyecto profesional, porque Andreu es otro de tantos jueces que llega a la judicatura casi por azar, sin una vocación previa. Tampoco su entorno familiar ni los amigos de juventud jugaron papel alguno en la elección. Hijo de ingeniero, todos sus hermanos cursaron carreras técnicas. Él eligió Derecho «igual incluso por llevar la contraria». Lo estudió a distancia, porque llegar hasta la Universidad Autónoma de Madrid a él le parecía toda una engorrosa expedición, así que si pudo vivir el ambiente universitario de la época fue gracias a que hizo cuadrilla con estudiantes de la Universidad Complutense, con los que compartía apuntes, tardes de estudio y toda la diversión de la que eran capaces cuando los exámenes lo permitían.

La carrera fue un trámite no demasiado complicado. Y no sirvió para generar una vocación particular por la judicatura. Todo lo más, Andreu reconoce que a la hora de realizar prácticas para alguna asignatura tuvo que asistir a varias vistas orales «y me gustó toda aquella parafernalia». Pero la vocación no aparecía, solo la convicción de que su futuro profesional no pasaba por el libre ejercicio de la abogacía. Y la única manera de acceder a un trabajo estable y de ingresos asegurados en aquellos años era preparar oposiciones.

Su preparador fue José María Paz Rubio, hoy fiscal jefe de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, quien le inculcó unos principios, unos valores y un afán de superación que Andreu decidió llevar a la judicatura para cambiarla: «El juez o el fiscal de los años ochenta era distinto, separado de una sociedad que le profesaba un respeto reverencial que yo no entendía. Era consciente de que en las manos de un juez está la libertad y el patrimonio de quienes se enfrentan a un proceso, pero siempre consideré que nunca se podían tomar decisiones sin previamente haberlas reflexionado mucho, dando siempre argumentos en Derecho del motivo por el que se toman, y razonando la decisión tomada. Se trata de un trabajo más técnico de lo que desde fuera puede parecer».

Esa es la filosofía que el paso por Castro Urdiales asentó en el juez Andreu y explica en buena medida su preferencia por el Derecho Civil. Pero el futuro es sinuoso y tiene sus propias reglas. Cuando en octubre de 1989 llegó a su siguiente destino, un juzgado mixto de San Sebastián, la oportunidad le salió al paso porque ese órgano estaba desgajándose en dos para separar la parte civil de la penal. Sin embargo, los hados no le fueron propicios y salió cruz: por número de reparto le tocó el Juzgado de Instrucción Número 1 de la capital donostiarra. Volvió a pasarle años después en Santander, donde su nuevo destino también se desdobló y a él volvió a corresponderle el juzgado de instrucción: «Ha sido la vida la que me ha ido llevando por ahí. Para qué voy a discutir, es el destino y se acabó».

Los juzgados de instrucción de San Sebastián, además de atender sus asuntos propios, desempeñaban una labor paralela de colaboración con los jueces de la Audiencia Nacional que solicitaban su auxilio judicial en asuntos relacionados con el terrorismo. En esa época, eran constantes los registros domiciliarios de sospechosos de pertenecer a ETA que tenían que ser supervisados por los jueces de la localidad más cercana. Y la labor más desagradable que la Audiencia Nacional descargaba en los juzgados ordinarios del País Vasco era el levantamiento de los cadáveres de las víctimas de la organización terrorista.

Como ya hiciera en Castro Urdiales, Andreu decidió cambiar un sistema de trabajo que delegaba en el secretario judicial la presencia en los registros domiciliarios que practicaban Policía o Guardia Civil. «Creo que el juez debía estar presente en estos registros por la trascendencia de los asuntos y para evitar las falsas denuncias sobre malos tratos o manipulación de las pruebas; la presencia del juez suponía un plus de garantía tanto para la policía como para el investigado».

Todavía hoy algún compañero se lo reprocha. La experiencia no era agradable. Las tensas esperas de madrugada en las cercanías de algún caserío hasta que la radio escupía la señal convenida («limpio, limpio, limpio») desembocaban en la rápida entrada en inmuebles donde padres y niños miraban asustados las armas de asalto de los agentes de las fuerzas de seguridad. Si Andreu rompió con la costumbre fue porque «la presencia del juez en esos momentos especialmente tensos permite que los problemas se puedan resolver sobre la marcha si conoces lo ocurrido de primera mano». Piensa que, si el juez debe aplicar las normas conforme a la realidad social, está obligado a conocerla.

Por aquellos años, la tensión se acumuló. A la colaboración con las operaciones antiterroristas de la Audiencia Nacional el Juzgado de Instrucción Número 1 de San Sebastián sumaba dos asuntos muy espinosos en sus archivos. Primero, el caso Lasa-Zabala, abierto tras la desaparición de los dos jóvenes vascos, al parecer miembros de ETA, en 1983. El sumario permanecía adormilado en los archivos del juzgado hasta que, en 1995, un forense identificó sus restos, dos cadáveres enterrados en cal viva en una fosa común, que permanecieron durante años en un depósito de Busot (Alicante). Poco tuvo que hacer el juzgado en ese asunto, que de inmediato fue reclamado por el Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional.

En abril de 2000, la Audiencia Nacional condenó por aquel crimen al general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, durante décadas el virrey del cuartel donostiarra de Inchaurrondo. Él dio la orden de acabar con los dos sospechosos, que ejecutaron sus subordinados, el teniente Ángel Vaquero y los agentes Enrique Dorado y Felipe Bayo. De toda la operación estuvo siempre al tanto Julen Elgorriaga, entonces gobernador civil de Guipúzcoa. En julio de 2001, el Tribunal Supremo elevó a un total de 365 años de cárcel las condenas, al considerar circunstancia agravante la condición de funcionarios públicos que ostentaban todos los imputados en el momento de los hechos. Con posterioridad, tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos avalaron la condena.

La segunda «patata caliente» que esperaba al juez Andreu a su llegada al juzgado donostiarra era el caso Zabalza, en el que los sospechosos volvían a ser los mismos protagonistas del caso anterior. Mikel Zabalza, conductor de autobús, fue detenido el 26 de noviembre de 1985 por agentes del cuartel de Inchaurrondo en el marco de una operación antiterrorista. Pocos días después, todos los arrestados fueron puestos en libertad sin cargos menos él, porque, según la versión oficial, había logrado fugarse. El 15 de diciembre su cuerpo apareció flotando en el río Bidasoa, a la altura de Endarlaza (Navarra).

El suceso conmocionó a toda la sociedad vasca por las extrañas circunstancias que rodearon el fallecimiento y la escasa credibilidad que suscitó la explicación de las autoridades del Ministerio del Interior. Treinta años después, aquel crimen sigue sin castigo. «Entonces había una cerrazón absoluta y las facilidades que se daban a los jueces de Bilbao o de San Sebastián eran nulas. Cuando había denuncias de torturas, Interior no contestaba y no precisaba qué agentes habían intervenido en un interrogatorio. Eran absolutamente herméticos, la falta de colaboración era total», se lamenta el juez.

En su momento, muchos creyeron que él lo conseguiría. En mayo de 1996 numerosos medios de comunicación incluso avanzaron una inminente redada de sospechosos por su implicación en lo que ya nadie dudaba que fuera un asesinato. Una revisión a fondo de las periciales forenses, repetidas varias veces, había concluido que no fue el agua del Bidasoa la que ahogó a Zabalza. Lo más probable, la utilizada para aplicarle en Inchaurrondo la tortura de la bañera. Pero a mitad de mes, Andreu abandonó el juzgado, el cambio de titular apagó las expectativas creadas y el paso del tiempo extinguió la esperanza de justicia en este asunto.

Pasados muchos años desde entonces, Andreu recuerda que abandonó el juzgado donostiarra como consecuencia de una concatenación de acontecimientos provocada porque en su camino se cruzó el «informe Navajas». En mayo de 1989, el teniente fiscal jefe de Guipúzcoa, Luis Navajas, resumió las diligencias informativas 1/89 en un documento en el que detalló supuestos vínculos entre narcotraficantes y guardias civiles del cuartel de Inchaurrondo. Sin embargo, ese informe nunca fue investigado por la Justicia. Lo que en abril de 1991 llegó al juzgado de Andreu, para su incorporación en las diligencias previas 491/91, fue un contrainforme que contaba con el visto bueno del entonces comandante Rodríguez Galindo, que rebatía punto por punto las tesis del fiscal Navajas.

Aquellas diligencias acabaron en noviembre de 1993 con el sobreseimiento de las acusaciones contra todos los sospechosos salvo uno, un sargento condenado por cohecho. El juez Andreu también archivó una querella presentada por varios abogados muy vinculados a la izquierda abertzale que basaron su escrito en pretendidos datos del «informe Navajas» sacados de informaciones periodísticas. «Era muy confusa y no cumplía con los requisitos necesarios como para poder iniciar una investigación judicial», recuerda hoy el magistrado.

Con aquel archivo, de golpe todo cambió. El anonimato con el que había ejercido su labor hasta entonces desapareció y el diario Egin empezó a mencionarle con cierta asiduidad, siempre en tono crítico. La Ertzaintza decidió protegerle y una escolta estática se apostó frente a su domicilio en Hernani. Todo se volvió incómodo, aunque «iba en el sueldo», pero un incidente sufrido por su mujer le impulsó a poner fin a su etapa vasca.

La esposa de Andreu solía acudir casi siempre a la misma carnicería, una cercana a su domicilio. Era conocida por los dependientes y buena parte de la clientela. Pero una mañana, cuando tras esperar su turno se disponía a pedir, una clienta detrás de ella se quejó: «No irás a atender a la mujer del juez». El carnicero trató de explicar la situación con la mirada y musitó un débil «lo siento». Ana se encogió de hombros, dio media vuelta y abandonó el establecimiento.

«Pensamos que ya era imposible estar allí y decidimos marcharnos. La primera plaza que salió fue la de Santander y a Santander me fui». Andreu asegura que aquella decisión le dolió, pero nunca se ha arrepentido. Y de aquella etapa atesora un conocimiento de la realidad del País Vasco que años después, ya desde la Audiencia Nacional, le permitió mirar con otros ojos lo que allí ocurre, entender las cosas de otra manera y dar otro enfoque a la intervención judicial. A veces, para escándalo de los medios de comunicación. Incluso para algunos compañeros de tribunal, sorprendidos por su familiaridad con el abogado Iñigo Iruin, ignorantes de que, durante años, coincidieron en el autobús que une Hernani con San Sebastián.

—Tras aquella experiencia, ¿por qué pidió destino en la Audiencia Nacional?

—Yo en San Sebastián fui feliz, durante siete años trabajé con la Audiencia Nacional y estaba familiarizado con ese tribunal. Soy de Madrid y tenía ganas de regresar. Era una idea que estaba ahí, dándome vueltas, pero cuando ya en Santander pedí la plaza que dejó vacante Carlos Dívar tras su nombramiento como presidente de la Audiencia Nacional, pensé que no me la iban a dar porque habría otros candidatos con más antigüedad en el escalafón judicial. Para mi sorpresa, me la dieron.

Cuando llegó a la Audiencia Nacional el 12 de marzo de 2002, todo le pareció muy grande: los sumarios eran muy voluminosos, el número de funcionarios doblaba al de los juzgados de los que procedía, los despachos eran muy amplios; todo era enorme, incluida la responsabilidad. Relevó en el Juzgado Central de Instrucción Número 4 al recién nombrado presidente de ese tribunal, que años después sería nombrado presidente del Consejo General del Poder Judicial y se vería obligado a dimitir por una información del periodista de El País José Yoldi, que destapó el escándalo de sus viajes de placer a cargo de los presupuestos del consejo.

Trece años después, le puede la pesadumbre. Aquel tribunal que podría haber sido emblemático es ahora un «barco sin rumbo fijo, una nave a la que no se le ha definido de una forma precisa cuál es su meta, su competencia, o qué fines de la política criminal del Estado debe ayudar a conseguir». Durante todo este tiempo, Andreu ha padecido junto al resto de jueces y fiscales los cambios de rumbo en la política judicial según el gobierno de turno, y se muestra muy crítico con la forma de administrar justicia a través de un modelo obsoleto.

«En este país estamos acostumbrados a una justicia de gaseosa, al abrirla sale mucha espuma, hace mucho ruido, y luego se queda en nada, con las mismas carencias. Ofrecemos una respuesta lenta, muy lenta, en la que los casos salen adelante gracias al trabajo y la abnegación de las personas que trabajan en los juzgados y no de la Administración, de los organismos que debían facilitar los medios para que la Justicia pueda, realmente, ser eficaz».

Andreu, como tantos y tantos jueces, apuesta en materia penal por atribuir de una vez la dirección de la investigación de los delitos al Ministerio Fiscal y darle la vuelta a un modelo, el actual, que ha quedado desfasado y que fuera de España ya no se entiende. Por eso se explica que en estos momentos la ciudadanía vea a los miembros del Poder Judicial como el último recurso al que agarrarse en defensa de sus derechos, pero es una visión pesimista, porque, en su opinión, se trata de la descripción de una patología. Por eso rechaza verse como un juez de trinchera y apuesta, irónico, por la figura del francotirador. Ya en serio, reconoce que «me gustaría que la gente confiara en que somos su última esperanza, aunque como la respuesta es tan lenta y tan débil, así no hay quien alimente esa ilusión».

—Si le preocupa defender los intereses de los ciudadanos, ¿no se le ha ocurrido nunca hacerlo desde otro ámbito? ¿Se ha planteado hacerlo alguna vez desde la política?

—No. Ninguna. No tengo ninguna atracción por la política. De hecho, yo salí de la asociación Jueces para la Democracia porque no me sentía cómodo, no me sentía a gusto, pero no por un tema ideológico, sino por el matiz tan político con el que se trataban los temas. La política es necesaria y útil y tiene que haber gente que se dedique a ello, pero como yo no aportaba nada y estaba incómodo preferí dejarlo.

—Para ser juez, ¿hay que sacrificar la vida familiar?

—No, es compatible, si dijera otra cosa mentiría. Tengo claro que mi trabajo exige dedicar muchas horas al día y hacer un esfuerzo mayor dependiendo de las acometidas de los casos, pero mi vida es mi vida y necesito estar satisfecho, tanto profesional como personalmente, por lo que hay que conjugar una cosa con otra. Se puede, solo es cuestión de organizarse.

II

L

a cifra impuesta a Bankia como fianza por responsabilidad civil por el juez Andreu dejó helados a los ocupantes de aquellos despachos que controlan la economía nacional dentro y fuera de España: 800 millones de euros. Casi un punto del PIB español. Una de las cinco mayores fianzas en concepto de responsabilidad civil jamás impuesta por un juzgado español. Y eso que el juez Andreu había optado por la prudencia. El objetivo de tan descomunal cifra era asegurar las posibles indemnizaciones a las que tendrían derecho quienes en junio de 2011 compraron acciones del nuevo banco —fruto de la fusión de siete cajas de ahorros, entre ellas Caja Madrid y Bancaja— sin saber, como sospecha el juez, que sus máximos responsables ocultaron la verdadera situación contable de la entidad. Los más afectados fueron unos 350.000 pequeños inversores que adquirieron títulos por valor de 1.800 millones de euros. Acciones a 3,75 euros cada una que, nueve meses después, eran papel mojado. El magistrado calculó el perjuicio sufrido en unos 600 millones de euros, cantidad que la Ley de Enjuiciamiento Criminal convierte en los 800 millones de fianza fijados.

Respecto de las grandes empresas y sociedades de valores que acudieron a la oferta pública de acciones en su tramo institucional, el juez Andreu concluye que dispusieron de información sobre «otros aspectos complementarios tanto de su inversión como de los riesgos, teniendo conocimientos más amplios de los que tienen los minoristas», por lo que en principio los excluyó como accionistas indemnizables. Estas firmas, que desembolsaron otros 1.200 millones de euros, no están dispuestas, sin embargo, a quedarse fuera de una posible compensación.

La fianza era imposible para los supuestos responsables de las irregularidades que rodearon la salida a Bolsa del grupo: el expresidente Rodrigo Rato y los exdirectivos Francisco Verdú, José Luis Olivas y José Manuel Fernández Norniella. Así que, de pagar, sería la propia Bankia la obligada, pero la debilidad de sus cuentas lo imposibilitaba. En 2014, la entidad tuvo un beneficio de 747 millones, un 83,3 por ciento más que en el año anterior, pero tras descontar ya 312 millones de euros para provisionar posibles indemnizaciones a pequeños accionistas perjudicados que habían reclamado por la vía civil.

La retorcida contabilidad bancaria provoca que la fianza redujese esos resultados en unos 600 millones de euros. José Ignacio Goirigolzarri, sucesor de Rato, intentó endosárselos al Banco Financiero y de Ahorro (BFA), sociedad matriz dueña del 62 por ciento de las acciones de Bankia, que, tras su nacionalización, es propiedad al ciento por ciento del Fondo de Restructuración y Ordenación Bancaria (FROB), es decir, del Estado. Pero 2015 era año electoral: el ministro de Economía, Luis de Guindos, no lo vio claro y Cristóbal Montoro, titular de Hacienda, aprovechó sus dudas para frustrar la operación, que hubiese supuesto una segunda nacionalización, un nuevo descalabro de Bankia para afianzar la gestión de Rato a costa del erario público, lo que tendría una complicada venta electoral.

Al final, el FROB decidió asumir su 62 por ciento de responsabilidad civil y el banco el resto, la misma solución alcanzada meses atrás en el espinoso asunto de las acciones preferentes, por el que Bankia provisionó en 2014 hasta 246 millones de euros con los que iba compensando a los perjudicados, mientras que el BFA (el FROB) tenía preparados unos 1.600 millones. Demasiada provisión para un banco que no gana el dinero suficiente.

El problema de fondo era el precio de la acción, que nunca superaba en aquella época los 1,4 euros por título. La amenaza judicial impide todavía hoy que el valor de los títulos aumente, algo imprescindible para mejorar la situación financiera del banco y privatizarlo para recuperar los 25.000 millones de euros públicos invertidos en su rescate.

En medio de ese galimatías financiero, el juez Andreu y una simple frase, escrita como de pasada en el auto de imposición de la fianza civil, abrieron las puertas del averno: «Los estados financieros contenidos en el folleto de la OPV de Bankia no expresaban la imagen fiel de la entidad». Apenas veinte palabras en un escrito de veintiocho páginas, de esos que ponen en marcha misteriosos mecanismos judiciales que todo el mundo sabe cómo se inician, pero que nadie puede prever cómo acaban. Es imposible saber en qué quedará todo. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional redujo a 34 millones la cuantía de la indemnización, para ajustarla al perjuicio causado solo a los minoristas personados en la causa, pero fue aquella una solución temporal, de compromiso, que abre una peligrosa grieta de riesgo en la entidad bancaria.

Al caso Bankia aún le queda un largo recorrido hasta que el Tribunal Supremo confirme si el anterior equipo gestor de la entidad bancaria estafó a quienes acudieron a la salida a Bolsa, decida quiénes son los perjudicados y fije las indemnizaciones pertinentes. Cualquier intento de pronosticar una cifra es una mera especulación. Pero sí hay algo seguro: si aquella operación fue una estafa y hay que indemnizar a las víctimas, la cuantía será descomunal y, al final, la pagarán todos los contribuyentes.

Las diligencias previas 59/2012 son un nuevo ejemplo de que la intervención de la Justicia, y en concreto de la penal, debe ser siempre la última opción, a la que se debe recurrir solo cuando fallan todas las demás, porque no siempre llega a tiempo de restaurar el daño provocado por el delito. A buen seguro, ningún juez hubiera tenido que investigar la salida a Bolsa de Bankia si en su momento la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España hubiesen ejercido las funciones que les corresponden. Pero no lo hicieron, acaso porque en ninguno de esos dos organismos había nadie dispuesto a discutirle nada al exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y responsable último del milagro económico atribuido a los gobiernos de José María Aznar. Fue Rato quien gobernó la salida a Bolsa de Bankia.

Esa dejación de los organismos reguladores ha sido uno de los factores que han permitido que las corruptelas político-económicas se hayan extendido en los primeros años de este siglo hasta niveles hoy intolerables: los organismos fiscalizadores y de control encargados de la prevención han sido colonizados por los partidos políticos, que los utilizan para premiar lealtades y asegurarse cierto trato condescendiente.

Además de la salida a Bolsa de Bankia, las diligencias 59/2012 incluyen una exhaustiva pesquisa sobre la comercialización de algunos de sus productos financieros preferentes y el uso indebido por parte de los consejeros de la entidad, con Rato a la cabeza, de las tarjetas de crédito de empresa, conocidas como tarjetas black porque se usaron a espaldas de Hacienda. Es este último aspecto el que más atención suscitó en la opinión pública y los medios de comunicación, pero comparado con el fondo del asunto no pasa de ser una menudencia anecdótica, pese a su componente soez.

La quiebra de Lehman Brothers, el 15 de septiembre de 2008, supuso el pistoletazo de salida de la crisis económica. Fue una implosión de baja intensidad, pero de consecuencias devastadoras. Apenas unos meses después, el en apariencia saneado sector bancario español tiritaba de frío y el gobierno se vio obligado a crear el Fondo de Restructuración y Ordenación Bancaria (FROB) para sostenerlo.

En 2009 había en España cuarenta y cinco cajas de ahorros. Hoy, apenas sobreviven doce entidades reconvertidas en bancos privados, aunque en algunos de ellos el principal accionista es la Hacienda Pública. La historia de Caja Madrid es un compendio de la desastrosa gestión que hundió las cajas de ahorros españolas, salvo honrosas excepciones. La entidad que heredó Rato era un problema de envergadura cuya reputación de marca estaba por los suelos por la pugna entre Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón por controlar tanto la caja como el PP madrileño y colocarse de cara a una hipotética sucesión de Mariano Rajoy. Aquella pugna provocó en 2009 una dura reducción del margen financiero, un elevado endeudamiento internacional y un desmesurado riesgo hipotecario. Ese año, los beneficios fueron 266 millones de euros, un 68 por ciento menos que en 2008.

En enero de 2010, Rato, al que muchos consideraban un ejecutivo cualificado tras su paso por la vicepresidencia económica del Gobierno, por el FMI y por la banca Lazard Brothers, desembarca como la última esperanza para reflotar la caja. Y todavía hoy nadie se explica qué le impulsó a tomar tres erróneas decisiones que terminaron por hundir la entidad. La primera, nada más llegar: redujo en 4.000 millones el capital del banco para destinarlos a saneamientos sin proveerlos para evitar su reflejo en la cuenta de resultados de aquel año. Con el silencio cómplice, eso sí, del Banco de España.

Esa fue la primera de las heridas que desangraron Bankia y provocó no pocos recelos en la alta dirección del banco, que Rato pacificó por el método tradicional: disparó los sueldos de altos directivos, duplicó las dietas del consejo, fijó cuantiosas pensiones y mantuvo el uso de las tarjetas corporativas black heredadas de Miguel Blesa.

El segundo error de Rato, en junio de 2010, fue aceptar sin más la fusión con Bancaja y otras cinco pequeñas cajas para crear, sobre el papel, el tercer grupo financiero de España. Si Caja Madrid atravesaba un deterioro importante, Bancaja era un emporio que apostó por el ladrillo como base para su sustento y tenía adjudicados la mayoría de sus préstamos a ese propósito especulativo. Las leyes de la sinergia no mienten: los problemas financieros de las siete entidades ni se sumaron ni se restaron, se multiplicaron; el grupo nació con un riesgo hipotecario/inmobiliario de casi 32.000 millones de euros. La creación del BFA como tenedor de las acciones de Bankia que se quedó con los activos más tóxicos, una suerte de banco malo, no solucionó los problemas.

Rato tuvo que haberlo previsto, pero «le impusieron la fusión», apunta un antiguo colaborador suyo. Es cierto que el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, apoyó decididamente la operación con el aplauso de Rajoy, que se apuntó como propio el tanto de que uno de los más destacados dirigentes del PP conservase el liderazgo del nuevo conglomerado de cajas.

La fusión fue un quebradero de cabeza y en marzo de 2011 el BFA tuvo que pedir al FROB un primer crédito de 4.465 millones de euros. Los rumores sobre la quiebra del Banco de Valencia, filial de Bancaja, crecían, pero se acallaron para no entorpecer la desesperada maniobra de Rato: la salida a Bolsa. El tercer error, la tercera herida.

El 20 de julio, Bankia saltó al parqué. Tres meses antes, un informe del Banco de España alertaba de la inviabilidad de la operación: «Descuentos por encima del 40 por ciento del valor teórico contable del banco cotizado cuestionan la propia solidez del proyecto», decía el documento, pero el supervisor no escuchó sus propias advertencias y calificó el plan como «una buena operación».

Fue peor de lo previsto. Para asegurar la venta de acciones, la entidad redujo el precio de la acción a 3,75 euros, un descuento de un 74 por ciento sobre su valor contable que llevó al BFA a la quiebra. Aquel primer día de cotización, la acción cerró al precio de salida porque colocadores como JP Morgan compraron a mansalva y buena parte del papel había sido vendida con anterioridad a pequeños accionistas, presionados por las oficinas, y a grandes inversores invitados por el gobierno, como Banco Santander, La Caixa, Mutua Madrileña, Mapfre o Iberdrola.

Fue un estreno bursátil ruinoso. La entidad solo captó 3.092 millones de euros y el 60 por ciento del tramo minorista, lo que la privó de accionistas de referencia. La operación certificó la muerte del nuevo grupo. Pocas semanas después, la intervención del Banco de Valencia, que quedó bajo control del Fondo de Garantía de Depósitos, ahorró a Bankia un rescate que costó 5.000 millones de euros. Pero desde entonces, el recorrido bursátil de una entidad herida de muerte fue un descalabro. La acción cerró el ejercicio 2011 con una caída de un 81,6 por ciento, una pérdida de valor de 5.125 millones de euros inasumible. Hoy, quienes acudieron a la OPV de Bankia han perdido el 99 por ciento de su inversión.

Rato quiso evitar la inyección de dinero público en Bankia porque, si el FROB entraba en el accionariado del grupo, él perdería el control y su currículo no lo permitía. Pero el 7 de mayo de 2012 se le acabó el oxígeno y dimitió o le dimitieron, según se mire. Dos días después, el BFA fue nacionalizado y el gobierno tuvo que pedir a Europa el rescate bancario. La dura política de recortes del ejecutivo de Rajoy ya estaba en marcha, pero nadie dudó que ambos fenómenos mantenían una estrecha relación.

En este breve relato del laberinto Bankia hay que incluir las decenas de miles de familias de clase media y humilde que se perdieron en él y, antes de poder salir, vieron dilapidado todo su patrimonio. La entidad bancaria y sus caídos gestores concitaron toda la ira almacenada por amplias capas sociales que sufrían con dureza las consecuencias de una crisis cuya responsabilidad atribuían a los mismos banqueros que se habían quedado con su dinero.

Desde el nacimiento de Bankia, la Fiscalía Anticorrupción no había dado la más mínima muestra de que sospechara que el proceso pudiera tener una deriva penal, pero el 6 de junio de 2012 el entonces fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ordenó examinar el proceso de fusión de las siete cajas y la salida a Bolsa de la entidad. El decreto de apertura de diligencias cita cinco posibles delitos que investigar: estafa, apropiación indebida, delitos contables, administración desleal y falsedad documental.

Cinco días después, el partido Unión Progreso y Democracia (UPyD) presentó ante la Audiencia Nacional una querella contra los consejeros de Bankia y el BFA por presuntos delitos de estafa, apropiación indebida y falsificación de cuentas anuales en conexión con delitos societarios, administración fraudulenta y maquinación para alterar el precio de las cosas. Esa misma semana, el #15MpaRato, plataforma nacida en la acampada del 15-M en Barcelona, presentó su propia querella por delitos de falsedad contable y estafa mercantil. El dinero necesario para financiar la iniciativa fue recaudado mediante una estrategia de crowdfunding en apenas veinticuatro horas.

El magistrado Andreu da una larga cambiada cuando es interrogado acerca de lo que pensó cuando se vio frente a semejante morlaco. Quienes le conocen aseguran que se trata de un hombre templado, que no se inmuta con facilidad. Por eso, muy pronto reclamó al Banco de España dos inspectores que, liberados de cualquier otro cometido, investigasen el caso a sus órdenes. Y acaso también por eso aceptó la propuesta que ambos le hicieron en noviembre de 2012: dadas las evidentes y delicadas consecuencias de su trabajo, en vez de elaborar entre los dos un único informe pericial, preferían actuar cada uno en solitario. Si sus conclusiones no coincidían, el problema iba a ser monumental, pero si sí lo hacían sería mucho más difícil poner en tela de juicio la honestidad y fiabilidad de su trabajo.

Dos años después, sus informes coincidieron: Bankia salió a Bolsa con información manipulada para ocultar su situación cercana a la quiebra. Las «luchas de poder» y la «premura» del proceso de integración de las siete cajas de ahorros habían contribuido a la crisis de la entidad, porque la gestión del equipo liderado por Rato es «uno de los factores que explican la crisis del grupo», dada su incapacidad para afrontar «la vertiginosa sucesión de los acontecimientos, el deterioro del marco económico español e internacional y las importantes modificaciones legislativas en materia de provisiones y requisitos de solvencia», que consideran «obstáculos monumentales» para el desarrollo de la entidad.

Aquellos informes permitieron al juez Andreu escribir en el auto de fijación de la fianza que el folleto de salida a Bolsa de Bankia «está cuestionado con sólidos y fundados indicios». Y son hoy la base de la acusación de la Fiscalía Anticorrupción, que en varios escritos ha defendido ya que el problema de Bankia es más amplio porque «las cuentas de la entidad y su matriz BFA fueron maquilladas y no reflejaban el valor real del grupo cuando se fusionaron las siete cajas lideradas por Caja Madrid y Bancaja en el 2010, ni tampoco cuando el grupo salió a Bolsa en julio del 2011, ni en los resultados anuales al cierre de ese ejercicio, bajo la presidencia de Rodrigo Rato».

El 20 de diciembre de 2012, ocho meses después de su abrupta salida del banco, Rato compareció como imputado ante el juez y aseguró que los beneficios declarados eran «la imagen fiel de la entidad». El magistrado elude valorar aquel interrogatorio, del que apenas explica que «la declaración se desarrolló con total normalidad. Estuvo correcto, muy correcto. En los casos de delitos económicos, el 99 por ciento de la gente que acude a declarar como imputado es muy correcta y educada».

Nada que ver con los imputados por delitos de terrorismo o narcotráfico que no hace tanto tiempo protagonizaban el paisaje de la Audiencia Nacional. Los instructores de ese tribunal han tenido que aprender a preguntar de otra forma. «Ni eres más incisivo ni menos, ni más amable ni menos, pero la forma de interrogar varía y quizá haya que ser más exigente en temas de delitos económicos, donde las sutilezas, las medias verdades y las justificaciones se pueden utilizar de forma mucho más hábil que cuando nos encontramos ante un hecho muy concreto y determinado. El interrogatorio a un acusado de un delito cometido con violencia es más sencillo, porque todo gira sobre hechos concretos, no sobre hechos que se han cometido en un extenso periodo de tiempo, con múltiples actores y con derivaciones técnicas muy complejas. En estos casos todo es más complicado, hay que estar mucho más activo», explica Andreu.

Mientras los peritos le practicaban la autopsia contable a Bankia, el juez Andreu tuvo que abrir una investigación paralela al comprobar que los mismos consejeros que supuestamente habían hundido Caja Madrid se habían arrogado indemnizaciones millonarias y habían colapsado el mercado con productos financieros tóxicos, que ellos, por supuesto, no adquirieron.

Como es sabido, esos mismos gestores habían utilizado sin pudor las tarjetas de crédito que les entregaba Caja Madrid primero, y después Bankia, para satisfacer sus placeres más mortales, como regalos, disposición de dinero en efectivo, viajes u otras veleidades. Fueron gastos personales por valor de 15,5 millones de euros al margen de sus sueldos y de los costes de representación.

El escándalo de las tarjetas salpicó a varias personalidades políticas y provocó que el PSOE expulsara a diez militantes exconsejeros de Caja Madrid y que el PP abriera expedientes a Rodrigo Rato y a otros doce afiliados. En total, ochenta y seis personas utilizaron estas tarjetas no declaradas al fisco. La mitad de ellas siguen imputadas por Fernando Andreu.

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida por el magistrado Alfonso Guevara y compuesta por los magistrados Antonio Díaz Delgado, Ángeles Barreiro, Clara Bayarri y Fermín Echarri, ha ratificado casi todas las decisiones adoptadas por el juez Andreu. Salvo la rebaja de la cuantía de la fianza por responsabilidad civil, la sala ha respaldado las tesis del instructor y aceptado que hay indicios suficientes para investigar si la salida a Bolsa de la entidad fue una estafa porque se ocultó a los accionistas la situación de quiebra técnica en la que se encontraba el grupo financiero.

Así, el proceso se ha convertido en un serio obstáculo para Bankia, incapaz de diseñar un proyecto de futuro mientras penda sobre la entidad la espada de Damocles de una posible condena penal que suponga el desembolso de cientos de millones de euros. Y, para ennegrecer las perspectivas, es imposible saber cuándo se resolverá todo. La Audiencia Nacional no está preparada para este tipo de escándalos económicos por la cantidad de imputados y por la calidad de sus abogados defensores, que aprovechan las rendijas de la ley para eternizar el proceso.

La gran dificultad de este proceso, explican los expertos, es demostrar que hubo dolo o intención de delinquir en la manipulación de las cuentas y que no se trató simplemente de errores o diferencias de juicio contables. Pero el juez Andreu sabe que el proceso es un problema en sí mismo por «la categoría de los posibles imputados, asistidos por una pléyade de abogados de postín que podrían eternizar el caso sin que ningún juez pueda hacer nada por evitarlo».

Es inevitable pensar en presiones, sobre todo al recordar las críticas que el juez Andreu recibió del Partido Popular, miembros del gobierno incluidos, por haberse precipitado al aceptar la competencia para investigar el caso. Incluso elementos externos del proceso o incluso más cercanos de lo que se pueda imaginar el lector trataron de influir en su ánimo. ¿Presiones evidentes? «Se pueden llamar así. Casi nunca se intenta influenciar a un juez de forma directa, pero sí que se han utilizado mecanismos para tratar de influir en su ánimo. Los jueces no vivimos aislados en una pecera, como cualquier otro ciudadano tenemos nuestros círculos de amigos, de conocidos, familiares, y a veces se pretende crear una especie de vínculo a través de ellos, pero son intentos baldíos que no generan otra cosa que falsas expectativas de quien pretende posicionar al juez a su favor y, en todo caso, un mal trago para el intermediario».

Si hubo presiones, fueron infructuosas. Tres años después de nacer, el asunto avanza, despacio pero avanza, según el juez gracias «al esfuerzo del juzgado y del personal, que ha sido muy importante». Es un reto que Andreu asume sin vacilación: «Hay que averiguar qué es lo que ocurrió, por qué Bankia tuvo que pedir esa gran cantidad de euros en ayudas públicas, porque eso es lo que espera la sociedad: que el juez dé una respuesta jurídica a las denuncias que se presentaron para saber si tienen fundamento».

Es decir, como cualquier otro proceso que arranca en cualquier juzgado. Pero no. Si en otras materias la Audiencia Nacional ha evolucionado hasta saber dar una respuesta eficaz a los asuntos sometidos a su jurisdicción, para afrontar las investigaciones relacionadas con la corrupción política y económica «necesita de unos medios que aún no han llegado», razona el juez.

«No. No está lo suficientemente preparada que debería estar. Necesitamos una preparación exhaustiva, y no solo los jueces, sino también los funcionarios, necesitamos formarlos en la materia que queremos investigar. Especializarlos, por ejemplo, para que conozcan las técnicas y las formas en que se debe investigar estos delitos, cómo deben leer los documentos que se intervienen, aumentar las unidades adscritas de personal técnico especializado, conocer técnicas de localización de bienes ocultos. Hay que modernizar el personal y los recursos».

Pese a la apariencia de medios poderosos que despliega la Audiencia Nacional en su habitual presencia en los medios de comunicación, por dentro sus juzgados son muy distintos. El caso Bankia, por poner un ejemplo, es tramitado por una única oficial del Juzgado Central de Instrucción Número 4, a la que ayudan una o dos auxiliares. Aunque sus compañeros corren a asegurar que, cuando los papeles amenazan con desbordarse, todos echan una mano. Es fácil imaginar la situación: el trabajo que generan más de ochenta imputados (con sus respectivos potentes bufetes de abogados y procuradores detrás), la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y dos acusaciones populares es tramitado por apenas una o dos personas, y resuelto por un único instructor.

Las normas procesales permiten recurrirlo todo. No hay resolución del instructor, ya sea un auto de imputación o una simple providencia de ordenación del sumario, que no realice un viaje de ida y vuelta hasta la Sala de lo Penal, que dura semanas, a veces meses. Las posibilidades de frenar la instrucción son, para los acusados, infinitas. En el caso Bankia, el equipo encargado de las diligencias resuelve una media de treinta recursos o escritos de otra índole diarios. Pero el juez Andreu rehúsa escudarse en los problemas e insiste en que el proceso avanza porque «hay que resaltar la labor de todos los funcionarios del juzgado, aunque el día a día se gestione de forma “manual” entre unos pocos».

—Los ciudadanos siempre creen que el motivo es otro, que la Justicia trata a los poderes económicos de una manera más benévola.

—Entiendo que exista esta opinión, pero es un problema legal, no de los jueces. El actual modelo de proceso da todas las facilidades a las partes para que se pueda torpedear una investigación por los abogados, y claro, cuanta mayor capacidad económica se tenga, mejores serán los abogados que se contraten, quienes pueden conseguir que los casos se eternicen sin que el juez pueda prácticamente hacer nada para evitarlo, por mucho que quiera correr.

III

L

a llegada a la Audiencia Nacional permitió al juez Andreu satisfacer en parte las aspiraciones que había gestado en San Sebastián para investigar asuntos vinculados con el terrorismo y la delincuencia organizada. Años atrás había tenido contacto con los jueces de instrucción de ese tribunal y conocía la forma de trabajo de muchos de ellos, sobre todo de Baltasar Garzón, que unos meses antes había ilegalizado a Segi y Askatasuna como herederas de la marca Batasuna, afines a ETA.

Con él trabó especial amistad, y sobre todo con Santiago Pedraz, entonces en la Sala de lo Penal. Los tres formaron un equipo muy sólido de tertulias, lo que de inmediato les generó innumerables críticas. Algún medio de comunicación les identificó como los indomables, adjetivo escrito en el mismo tono peyorativo que años atrás había dedicado a un grupo de fiscales de ese tribunal.

A pesar de la amistad reconocida de los tres jueces, Andreu asegura que nunca adoptaron posturas comunes frente a los casos que les llegaban, por ejemplo en materia de terrorismo o delincuencia económica. «Parece mentira que siendo solo seis jueces nos tratemos tan poco», reflexiona apenado. Es la soledad endémica del juez, que a Fernando Andreu le ha servido para abrir los ojos y observar con recelo las reacciones o la solidaridad de los demás cuando los tiempos corren revueltos. Eso le ha permitido mantener dentro del tribunal una fama intachable. Sus colaboradores le definen como un juez trabajador que lleva el juzgado al día, respetuoso tanto con sus compañeros como con los funcionarios, escrupuloso y muy legalista, demasiado para algunos, en el trato con los investigados.

Trece años después de cruzar por vez primera las puertas de la calle García Gutiérrez como juez central de instrucción, Andreu es muy crítico y pesimista sobre el futuro del tribunal al que pertenece: «Creo que está siendo utilizado mediante un criterio de oportunidad según cuáles sean los problemas que acucian a la sociedad en cada momento: corrupción, delitos económicos, terrorismo, crimen organizado..., y no se han llegado a sentar unos parámetros claros que definan su ámbito de actuación; esto es muy peligroso, pues se manejan unos límites muy difusos y se corre el riesgo de que se pueda acabar eligiendo tribunal para determinados asuntos. A mi juicio, el futuro de la Audiencia Nacional pasa por establecer y definir claramente qué tipo de delitos deben ser de su competencia y qué criterios deben aplicarse para que un asunto sea enjuiciado en ella».

No es el primero en detectar que el buque insignia del Poder Judicial va a la deriva, y lo dice con gesto que denota que sus comentarios llevan carga de profundidad, como si en un segundo repasara en su interior todos los cambios que se deberían acometer: «La Audiencia Nacional se creó para combatir el terrorismo etarra, ese era su principal objetivo, y no otro tipo de criminalidad. A partir de ese fin, y para evitar que se le tildara de “tribunal especial”, se acompañó la competencia en materia de terrorismo con otro tipo de delitos, como los asuntos de narcotráfico, falsificación de moneda, defraudaciones, delitos económicos, y todos ellos cuando son cometidos por organizaciones criminales o tienen una especial trascendencia. Y en esta incorporación de materias distintas al terrorismo residió el mérito de quienes idearon este tribunal, porque de esta forma pudo hablarse de un “tribunal especializado”. Es esa atribución de materias distintas a las del terrorismo, y el hecho de llevar buena parte de la cooperación jurídica internacional de España a través de las extradiciones y de las órdenes europeas de detención, por lo que podemos hablar de un futuro para la Audiencia Nacional, pero se deben redefinir y precisar claramente sus competencias; después de más de treinta años, la delincuencia ha cambiado mucho y existen nuevas formas de cometer los delitos, la globalización se ha implantado en el mundo del crimen y se deben dar nuevas respuestas, también globalizadas, en contra de ella. La Audiencia Nacional debe encontrar, en este ámbito, su sitio y su papel fundamental como referente de la justicia española».

Sus reflexiones traen a la memoria algunos de los consejos que la Celestina regalaba a Calixto para mitigar su ansia por abarcar varios asuntos del amor: «Quien mucho abarca, poco suele apretar». Fernando Andreu admite que eso puede estar sucediendo ahora, dada la indefinición en que opera la Audiencia Nacional. Y pone un ejemplo: es difícil comprender el motivo por el que el caso de los ERE se encuentra en Sevilla y el caso Neymar en un juzgado central de instrucción. Sin duda hay razones jurídicas de peso que lo justifican, pero para el común de los ciudadanos es incomprensible.

Otro concepto que Andreu tilda de peligroso es el de la «criminalidad organizada», que puede acabar convirtiéndose en un cajón de sastre que sirva como excusa para llevar las investigaciones más peregrinas hasta los juzgados centrales de instrucción. «Debemos saber deslindar cuándo nos encontramos ante una estructura criminal estable, con un ámbito de actuación nacional o internacional, de cuándo estamos ante otros fenómenos, más pasajeros y con menor peligrosidad. Una de las grandes ventajas que posee la Audiencia Nacional es que, al tener competencia en todo el territorio nacional, al trabajar con unidades policiales centrales y mantener relaciones fluidas con los órganos judiciales de otros países, tiene una visión global del fenómeno delincuencial, y esa ventaja no se puede desaprovechar en causas que perfectamente se pueden tramitar en los juzgados del territorio en donde se cometen los hechos».

Lo preocupante de la situación es que ese grado de indefinición, esa ausencia de dirección que presenta la Audiencia Nacional, repercute en los derechos de los ciudadanos, pues la tramitación de este tipo de asuntos se suele hacer mediante las llamadas macrocausas, descomunales sumarios que encierran muchos peligros y muy difíciles de llevar a buen puerto, para los que en general ningún operador jurídico está preparado, lo que genera situaciones injustas y dilaciones que afectan a los derechos de quien se encuentra inmerso en ellas.

Hay otros riesgos sobre los que Andreu prefiere guardar un prudente silencio. Desde hace unos años, la competencia de la Audiencia Nacional parece venir determinada por la decisión que toman los responsables de las fuerzas de seguridad a la hora de judicializar sus investigaciones. De momento solo en conversaciones informales, pero son varios los jueces y fiscales de ese tribunal que han dejado traslucir cierta preocupación al respecto. Inquietud que han elevado ciertas «redadas preventivas» con las que las fuerzas de seguridad han presumido de haber desarticulado células vinculadas al terrorismo de corte yihadista... antes de que sus miembros hubiesen cometido delito alguno.

«Hay que delimitar claramente qué es lo que queremos perseguir con la Audiencia Nacional, y si queremos un tribunal especializado, especialicémoslo —insiste Andreu—. Lo que no sirve de nada es que esto sea un tribunal especializado pero sin técnicos, ni especialistas. No, seamos serios, si es un tribunal especializado y quiere tramitar, por ejemplo, la asistencia jurídica internacional, lo normal es que a la hora de designar los jueces, secretarios y funcionarios que van a llevar esas materias se tenga en cuenta como un mérito más para acceder a la plaza el conocimiento de idiomas. Es decir, o replanteamos y reconvertimos la Audiencia Nacional con una meta clara sobre qué destino queremos dar a este tribunal, o no tiene sentido seguir así».

El juez advierte de otra sombra fantasmal que amenaza el tribunal: «No es de recibo que se utilice la Audiencia Nacional como una especie de aparcamiento donde esperar otros destinos o en donde descansar después de haber estado destinado en puestos de carácter gubernativo, como, por qué no decirlo, vocal del Consejo General del Poder Judicial, convirtiéndola en una especia de puerta giratoria entre un destino con tintes políticos y otro del mismo tenor. A la Audiencia Nacional se ha de venir con vocación de trabajar en las complicadas materias que le están encomendadas y no para presentar una tarjeta de visita».

Curiosa reflexión en boca de un magistrado que, en los últimos trece años, ha investigado un bombardeo israelí de Gaza en 2002, ha perseguido por genocidio al grupo terrorista islamista Boko Haram, ha instruido los primeros casos de piratería marítima, varias operaciones contra la mafia rusa o china, innumerables casos de terrorismo etarra o de perfil yihadista y el caso Bankia.

En todos ellos, con una factura impecable. La única mácula que emborrona su expediente se produjo en octubre de 2012, tras la desarticulación de una trama de blanqueo de capitales vinculada a una mafia china, conocida como Operación Emperador. El juez Andreu prorrogó las setenta y dos horas de detención policial del supuesto cabecilla de la organización, Gao Ping, mientras realizaba diligencias de entrada y registro en sus naves industriales. La Sala de lo Penal, al debatir el recurso presentado por la defensa del sospechoso, afeó la actuación del juez y puso en libertad al detenido, que eludió la cárcel con una fianza de 400.000 euros.

No faltó quien le reprochó que su error hubiera provocado la excarcelación de peligrosos mafiosos chinos. Años después, el juez Andreu se mantiene en sus trece y, aunque asumió de manera pública su responsabilidad, sigue convencido de que su actuación fue correcta, porque «lo que hice fue intentar respetar al máximo los derechos de los detenidos y no acordar nada sobre su posible prisión sin haberlos oído previamente, y así lo reconoció el Tribunal Supremo».

Con la misma convicción defiende la jurisdicción universal que permitía a la Audiencia Nacional perseguir y juzgar a los delincuentes que cometían delitos de genocidio y lesa humanidad cuando en sus países de origen era impensable que se abriera una investigación rigurosa y transparente. Sus colaboradores definen a Andreu como un juez sin doblez, que dice lo que piensa y lo expresa con un convencimiento moral de los hechos que resulta extraordinario y apabullante. Por eso se implicó de lleno en las causas de jurisdicción universal abiertas en su juzgado, y lo mismo ordenó una investigación contra altos mandos del ejército de Israel por el bombardeo contra la flotilla de la libertad en Gaza, en 2002, que procesó al líder del grupo terrorista Boko Haran por el exterminio de miles de mujeres y niños en Nigeria.

Cuando el 30 de enero de 2009 imputó a funcionarios israelíes por crímenes contra la humanidad, provocó un enorme revuelo internacional, y uno de los periódicos más prestigiosos del mundo, el The Washington Post (Estados Unidos), tituló: «Indignación en Jerusalén por la “maniobra política cínica y antiisraelí”». El portavoz del Ministerio israelí de Exteriores, Igal Palmor, aseguró que se trataba de «una maniobra política» en la que se había utilizado a un juez español para «una causa antiisraelí».

De nuevo, el juez mantuvo el tipo frente a las presiones externas e internas de la propia Audiencia Nacional —la oposición de la Fiscalía fue furibunda— sin sufrir especial desgaste por ello. «Soportar las presiones va en el sueldo. Si hay que investigar un bombardeo en Gaza donde mueren once niños y nueve adultos y crees que es delito que se lance una bomba contra una casa habitada por civiles, sabes perfectamente las consecuencias de lo que estás haciendo y sabes que estás diciendo que Israel no lo hizo bien según los parámetros de derechos humanos y de las normas de la guerra, por decirlo así. O sea, no se puede bombardear a la población civil, y ya está».

Aunque trata de quitarle trascendencia al asunto, es consciente de que dictar órdenes internacionales de detención contra los autores del bombardeo iba a provocar un conflicto diplomático entre los Gobiernos de Israel y España, «pero cuando estás convencido de lo que haces, lo haces. Y en esta investigación es donde quizá he tenido algunas de las mayores presiones, con una movilización muy importante para que la causa no siguiera adelante, como finalmente ha sucedido».

Su currículo también incluye ejemplos de una correcta, incluso plausible, actuación de la Administración en investigaciones que entrañan ciertos compromisos internacionales. Ocurrió cuando en 2008, y contra los intereses del gobierno, ordenó traer a España a los piratas somalíes que habían secuestrado el pesquero vasco Playa de Bakio cerca de la costa de aquel país africano. La entonces ministra de Defensa, Carmen Chacón, le llamó por teléfono, algo inusual o que, si se produce con frecuencia, jamás trasciende.

Si el juez Andreu no tiene reparos en desvelarlo ahora es por el tono de la conversación mantenida: «Desde el primer momento se puso a disposición de lo que desde el juzgado se acordase, prestando la máxima colaboración y respeto a lo que se decidiera, y ello a pesar de la enorme presión que se sentía en ese momento, en el que lo más fácil era poner palos en la rueda y no hacerse cargo de los detenidos».

Aquella llamada reconfortó al juez, que acordó el traslado de los piratas en solitario y frente a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado, empecinados en que fuesen liberados en territorio somalí. Finalmente apareció una solución intermedia y fueron entregados a la Justicia de Kenia, en virtud del tratado de colaboración en materia de piratería suscrito con motivo de la Operación Atalanta.

El recuerdo de aquella anécdota le anima. Fernando Andreu no ha perdido la esperanza de que algún día pueda volver a perseguir a los genocidas desde una Audiencia Nacional que haya recuperado el rumbo errante que ahora amenaza con hacerla zozobrar. Mientras tanto, cada día acude a su despacho con la misma calma con la que el solitario francotirador ocupa su puesto de vigilancia. Y espera su presa.

AGRADECIMIENTOS

Escribir una página de agradecimientos es un error porque siempre se quedará algún nombre en el tintero. Conscientes de ello, los autores consideramos, sin embargo, que sería imperdonable cerrar este libro sin agradecer a los magistrados que lo protagonizan la ayuda prestada para que este proyecto haya llegado a buen puerto. Sobre todo a aquellos que lo han hecho a pesar de su convicción de que un juez debe mantener una relación educada pero muy distante con los medios de comunicación. Sabemos que la invitación a presentarse en público, a explicar a los ciudadanos el cómo y el porqué de sus actos, ha sido para varios de ellos un duro trance, por lo que reconocemos y valoramos el gesto.

Como se menciona en otra parte de esta obra, la magistrada Mercedes Alaya declinó la propuesta de colaborar con nosotros en la elaboración de este libro. Es una postura que comprendemos y respetamos. Y queremos agradecer en público a su marido, Jorge Francisco Castro García, el trato cordial y la ayuda prestada.

Baltasar Garzón forzó un hueco en su endemoniada agenda para atendernos, y no podemos dejar de reconocerlo pese a ser conscientes de que lo hizo por pura amistad y, por lo tanto, no podía hacer otra cosa.

Sería interminable la lista de familiares, amigos, conocidos, compañeros y colaboradores de todos estos magistrados que nos han brindado su auxilio. Pero sería imperdonable no mencionar a los funcionarios de sus respectivos juzgados: cuando hemos tenido que acudir a ellos solo hemos encontrado amabilidad y apoyo, que responde al respeto que les profesan y que ellos se han ganado con su actitud diaria en el juzgado.

En ciertos casos, nuestros interlocutores nos han facilitado no ya datos u opiniones sobre el personaje por el que los interrogamos, sino reflexiones y valoraciones que nos han ayudado a dimensionar la trascendencia de la labor que desarrollan los protagonistas de este libro. Es el caso de los abogados Manuel Ollé y Antonio Segura, batalladores incansables. Y por supuesto David Couso, con quien compartimos un café que nos brindó mejor visión de la importancia que puede llegar a tener para cualquier ciudadano una determinada resolución judicial. No podemos evitar mencionar también a Julián Ríos Martín, profesor en el Icade, al magistrado Jesús Villegas y los abogados Miguel Arbona, Virginia López y Antonio Alberca.

Insistimos en que entre otros muchos. Manuel Madrid, director del centro Tierra de Oria de Almería, y Carlos Morán, colega en el periódico El Ideal, nos enseñaron cómo digerir el síndrome de Estocolmo que el magistrado Emilio Calatayud genera en todo aquel que se cruza en su camino. Aunque quienes nos permitieron dibujar mejor la personalidad del popular juez fueron dos de sus clientes, Jesús López y Adrián Villanueva.

El Departamento de Comunicación del Consejo General del Poder Judicial es una joya poco y mal valorada. Su principal patrimonio son sus profesionales. Este libro habría sido imposible sin los consejos y el impulso del maestro Agustín Zurita y sin la ayuda de José María Redondo. Y para los autores ha sido un privilegio tener como entusiastas embajadores a Luis Salas en Madrid, María Ferrer en las Islas Baleares e Inmaculada Martínez en Andalucía.

Debemos un agradecimiento especial a Mercedes Díaz, por soportarnos. Y, aunque ellos no lo saben, este libro ha sido posible gracias a los muchos años que hemos compartido con un nutrido pero selecto grupo de compañeros con los que disfrutamos de todos los sinsabores que provoca la información judicial. Periodistas de altura, de esos que dignifican la profesión, pero que, con el tiempo, se han visto maltratados por sus propios e ingratos medios. En parte, esta obra intenta ser un modesto homenaje a su profesionalidad y sacrificio. Intentar citarlos a todos es una irresponsabilidad por la injusticia que supondría olvidar a alguno, así que en representación de todos ellos mencionaremos solo a Julio Martínez Lázaro, porque para los aludidos sigue siendo nuestro decano.

Los autores no han necesitado de musa alguna para la elaboración de este libro. Pero si han podido hacerlo ha sido porque han contado con la mejor hada madrina posible. El problema es que no sabemos cómo agradecer a nuestra editora, Ángeles Aguilera, sus desvelos, su buen hacer, su comprensión y su cercanía.

Para terminar, debemos un agradecimiento muy especial a Txetxo Yoldi. Pero en su caso no vamos a dar unas explicaciones que, por otra parte, él no necesita.

Los autores

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© de la imagen de la portada, Javier Jaén

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