MARLENE WIND

LA TRIBALIZACIÓN DE EUROPA

Una defensa de nuestros valores liberales

Estudiosa y defensora a ultranza de la UE, Marlene Wind expone en este libro el peligro que supone para el continente europeo la aparición de partidos y movimientos nacionalistas y populistas que, sin valorar la responsabilidad que ello implica, propugnan la independencia de territorios europeos, provocando lo que Wind denomina la «tribalización» o «balcanización» de Europa. Continente este que en unos años será el que menos potencia demográfica tenga en el mundo y, como consecuencia de ello, cualquier acción de disgregación y ruptura repercutirá en su poder y en su supervivencia. Gran conocedora de las incongruencias del discurso independentista, abordará en este trabajo su oposición al proceso soberanista que se está viviendo en Cataluña.

PREFACIO

La política actual [...] se caracteriza menos

por los intereses económicos o ideológicos

que por las cuestiones de identidad[1].

F. FUKUYAMA

La tribalización es una megatendencia global en el mundo actual. La elección de Donald Trump, el referéndum del brexit, movimientos populistas como el del separatismo catalán y el retroceso democrático en la Europa central y del este, son ejemplos claros de los mecanismos y de los efectos de la tribalización. Las tendencias clave en juego son el antiglobalismo y la política identitaria: la anteposición de las diferencias culturales al diálogo, la colaboración y los valores liberales universales.

El argumento central de este libro es que el tribalismo está levantando los puentes levadizos con el mundo (y con Europa). Y esto no solo es porque «el pueblo» lo haya querido así. Trump y el brexit han silenciado las voces de muchos antiguos defensores del globalismo y de los valores liberales que se sienten ahora culpables de lo ocurrido: culpables, piensan ellos, de no haber sabido ver lo que venía y de haber ignorado los deseos de quienes ahora quieren erigir muros.

Pero la del tribalismo es una deriva peligrosa. Por culpa del tribalismo y del mencionado repliegue de las voces liberales, se está poniendo en riesgo la democracia misma. En muchos lugares, Europa incluida, la democracia ha sucumbido al «iliberalismo», que ha eliminado las elecciones libres, la independencia del poder judicial y la existencia de una prensa libre y crítica, e incluso ha cerrado universidades. El tribalismo, pues, no se reduce simplemente a priorizar la nación propia y ser antieuropeísta y antiglobal; es, en muchos casos, un movimiento más amplio y fundamental que nos lleva a renunciar a toda insistencia en la defensa de aquellos principios democrático-liberales que otrora compartíamos.

Sucumbiendo a la política identitaria y reduciendo la democracia a la mera «voluntad del pueblo», sin haber aclarado antes quiénes son (o quiénes deberían formar) ese pueblo, estamos abandonando esos derechos, ideas y principios por los que habíamos luchado desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

En estos momentos en que muchos (antiguos) defensores de los valores liberales guardan un silencio cada vez mayor, cuando no se han unido directamente al creciente coro de los tribalistas, este libro quiere ser una voz de alarma. Valiéndose de ejemplos empíricos evidentes que señalan los peligros de la política identitaria y la insidiosa lógica que la sustenta, el libro es una invitación a la defensa de la verdadera democracia y del Estado de derecho en Europa.

Hay varias personas a las que he de agradecer su ayuda a la hora de escribir este libro. Pero, antes, tengo que dar las gracias a Ana Rosa Semprún y a Lola Cruz, de la editorial Espasa, por haberme convencido de que este era un libro que debía escribirse. Querría agradecer también a los profesores Carlos Closa y Juan Mayoral sus comentarios, sus correcciones y sus críticas constructivas, y hago extensiva esa gratitud a mis muchos colegas de iCourts y del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Copenhague que pacientemente escucharon mis profusas ideas y reflexiones sobre el tema tratado en este libro. También estoy muy en deuda con András Székács, de cuyo gran conocimiento de Hungría y del pensamiento europeo oriental he podido beneficiarme considerablemente. Y no menos debo a mis brillantes investigadoras ayudantes, Regitze Frederiksen, Louise Solgård Hvass y Amalie Lund Michaelsen, por su incansable labor de corrección, comentarios y búsqueda de fuentes. Gracias también a Adrian Nathan West por su magnífica tarea de corrección lingüística del texto inglés. En último lugar, aunque no menos importante, quiero mostrar mi agradecimiento a mi familia por la paciencia que ha tenido conmigo a lo largo de este proyecto: a mi marido, Kristian, que tuvo que escuchar mis argumentos una y otra vez, y a mis dos hijos, Carl y Jakob, quienes nunca rehúyen debatir conmigo y poner a prueba mis ideas. Sigo estando en deuda con ellos por los ánimos que siempre me dan y por su interés.

INTRODUCCIÓN

Hace no mucho tiempo, la mayoría de los europeos creíamos que nuestro destino común era una Europa unida sin fronteras interiores. Los sentimientos nacionalistas y las ideologías restrictivas habían sido erradicados y sustituidos por unos derechos, valores y sueños inclusivos comunes.

Cuando la Unión Soviética se desintegró y cayó el Muro de Berlín, la impresión generalizada era que el mundo iba a ser un lugar mejor en el que las trabas para viajar, comerciar y comunicarse irían disminuyendo en vez de aumentar. La protección de las libertades básicas, del Estado de derecho y de la democracia prosperarían en el este como habían prosperado en el oeste desde la Segunda Guerra Mundial. El ideal de que los europeos por fin vivirían, trabajarían y se casarían en lugares o con personas de más allá de sus fronteras nacionales —el ideal, en definitiva, de la unidad en la diversidad al que tan afectuosamente se hacía referencia en el Tratado de Roma— era algo que la mayoría creía realmente posible. Ese ideal comprendía también la posibilidad —y el deseo— de que Europa se compusiera de múltiples identidades regionales diferentes y de que escoceses, catalanes, bávaros, lombardos y lapones convivieran como tales en pie de igualdad con las naciones ya establecidas.

Con la idea de la unidad en la diversidad también se daba a entender que los europeos —pese a sus diferencias étnicas y culturales— habían invocado una aspiración común de coexistencia y cooperación pacíficas. Y que, en un mundo así, las fronteras entre Estados llegarían a ser prácticamente irrelevantes. Los separatistas y los secesionistas no tendrían ya sentido y perderían por completo su razón de ser. ¿Por qué iba nadie a querer irse de su nación madre para crear nuevas y pequeñas «ciudades-Estado» si las fronteras pasaban a ser reliquias obsoletas? A pesar de la importante y sangrienta excepción de la división de Yugoslavia en la década de 1990, nadie imaginaba que las fronteras y los símbolos territoriales volverían a penetrar en la mentalidad europea ni, menos aún, que vivirían un verdadero renacimiento. En un mundo donde la democracia liberal se había impuesto por fin a otras ideologías represoras con las que competía —incluidos los nuevos y los viejos nacionalismos—, todo intento de trazar nuevas barreras separadoras se antojaba desfasado, cuando no ridículo.

Al término de la Guerra Fría, también los estudiosos de la cuestión eran optimistas. Hablaban de un «nuevo orden mundial»[2] y del «fin de la historia»[3], convencidos de que la democracia liberal, el Estado de derecho, los derechos humanos y la libertad de expresión desbancarían todo divisionismo y darían pie a la creación de una comunidad (global) sin segmentaciones.

En Europa, en 2004 (apenas quince años después de la caída del Muro de Berlín), diez nuevas democracias del antiguo bloque soviético se adhirieron a esos ideales ingresando en la Unión Europea (UE). Para muchos europeos centrales y del este, la UE representaba una esperanza de futuro y de una vida mejor sin represión. Habían escapado a la tutela de la Unión Soviética y a aquel Telón de Acero que tanto tiempo los había mantenido aislados del mundo libre. Durante más de cincuenta años, formar parte de una Europa liberal sin fronteras había sido para ellos un sueño inalcanzable. De pronto, el sueño se había hecho realidad; allí estaba lo que ellos buscaban: verdadera democracia, mercados libres, libertad de movimientos, libertad de expresión y pensamiento, valores universales y solidaridad europea.

* * *

Todo eso parece ahora muy lejano en el tiempo. En estos últimos cinco o diez años, hemos presenciado en Europa una evolución radicalmente diferente de la descrita en los párrafos previos. Es como si muchos europeos hubieran renunciado a sus aspiraciones universalistas y, en su lugar, estuvieran destruyendo puentes. En definitiva, regresando a la tribu. Según un prestigioso proyecto de investigación global[4] que mide el estado de la democracia en el mundo, ha sido en Europa donde la democracia liberal ha experimentado el retroceso más vertiginoso en los últimos años, probablemente porque aquí la democracia era algo que se daba por descontado. Según el estudio, hasta un total de seis países europeos ya no pueden ser clasificados como democracias liberales y deberían ser considerados «democracias electorales» o, sencillamente, autocracias. Son países que, pese a que aún celebran elecciones, ya no se atienen a los principios básicos del Estado de derecho, como son la independencia del poder judicial, la libertad de prensa y la protección de los derechos individuales y civiles fundamentales.

La principal pregunta que aborda este libro es: ¿nos enfrentamos a una tribalización general de Europa? Y la respuesta que trataré de argumentar es que eso depende, no solo de dónde miremos, sino también de en qué grado estemos dispuestos a encararnos con nuestros propios demonios. De lo que no hay duda, en cualquier caso, es de que el más original, exitoso e innovador proyecto superador del marco estatista del que el mundo ha tenido noticia hasta la fecha, la Unión Europea, está en apuros. Necesita —ese proyecto y los valores que representa— que lo defendamos. Este libro debería entenderse a la luz de esa necesaria defensa.

A todo esto, ¿qué es la tribalización? Según lo concibo aquí, el tribalismo es el fenómeno por el que grupos culturales, étnicos y nacionalistas de tamaños y niveles de organización diversos aspiran cada vez más a revocar las estructuras internacionalistas creando, fundando o manteniendo sus propios Estados o entidades análogas a estos, al tiempo que (retóricamente y/o en la práctica) excluyen de ellos a otros. Si la tribalización es una tendencia que se instala a largo plazo, como muchos datos parecen indicar, podría fragmentar el continente entero en cientos de pequeños enclaves más o menos homogéneos y debilitar así la Europa que hoy conocemos. Una «pesadilla volteriana», la llamarían algunos, que recompondría, enmendado y aumentado, el fragmentario mosaico del Sacro Imperio Romano.

Pese al asombroso éxito de la integración europea durante las pasadas seis décadas, hoy parece crecer la tentación —incluso entre quienes se tienen por progresistas— de agruparse en torno a una nueva clase de identidades excluyentes arraigadas en el Estado-nación o en movimientos separatistas regionales. Lo que unas y otros tienen en común —aunque haya diferencias también— es el incansable empeño por situarse en oposición a otras identidades vecinas. Y, si bien perseguir a enemigos y crear adversarios no tiene nada de novedoso, la regresión que ahora mismo estamos viviendo en Europa sí es nueva. Los enemigos no son ya solo aquellos que no comparten nuestra misma cultura, religión o identidad, sino también la élite liberal, la Unión Europea y los valores que esta representa.

El etnocentrismo suele describirse como el intento de fortalecer la identidad propia a costa de la denigración de otras. W. G. Sumner define el etnocentrismo como la voluntad de ver «las cosas de tal modo que el grupo propio sea el centro de todo, y todos los demás [...] estén medidos y clasificados con respecto a aquel»[5].

Mi argumento es que, en Europa, estamos enfrentándonos ahora al resurgimiento de una forma de fundamentalismo cultural que mantiene su impulso por medio de un desafío constante al «otro». Me refiero a una desagradable mezcla de populismo general combinado con cierta indignación contra quienes no comparten un origen cultural, lingüístico, religioso, histórico o incluso étnico particular. He optado por llamarlo «tribalismo» porque recurre con frecuencia, además, a un lenguaje excluyente y a la erección de muros y fronteras (en ocasiones, de forma meramente simbólica) dirigidos a impedir la entrada de los «otros».

Si Europa se construyó sobre la base de un espíritu de valores comunes e inclusión, el continente está dividido ahora por la que el semanario británico The Economist ha llamado «la nueva divisoria política» entre «los defensores de levantar muros y los globalistas»[6]. Y, por desgracia, son los que levantan muros los que llevan las de ganar en estos momentos ante unos globalistas cada vez más callados. Aquí me referiré a las tendencias tribales como representativas de una especie de «balcanización»; es decir, de una desintegración del continente en varios enclaves étnicos diferenciados, una descomposición que puede ser literal o simplemente concebida como una «solución» metafórica a los problemas que se perciben actualmente en Europa. Dejando a un lado las circunstancias históricas de aquel momento, bien podría afirmarse que la división de Yugoslavia y los Acuerdos de Dayton supusieron, en muchos sentidos, una derrota de aquel ideal europeo según el cual la etnia jamás debería ser considerada como un factor central y definitorio de quiénes somos. Las licencias que nos tomamos entonces se han vuelto ahora en nuestra contra en forma de propagación de nuevas animadversiones étnicas como las que alimentaron el fuego de los conflictos en los Balcanes.

El modo tribal de «estar en el mundo» se está difundiendo y está recobrando popularidad tanto en la vieja Europa como en la nueva. Y no solo entre los votantes —que pueden ser más o menos ignorantes—, sino también —y esto es más importante todavía— entre muchos políticos y creadores de opinión del propio sistema establecido. El tribalismo se ha convertido —o eso parece— en la nueva megatendencia política, pero también en el argumento por antonomasia contra la llamada «élite liberal» que todavía cree en las virtudes de un orden internacional liberal, la disolución de las fronteras y la búsqueda de soluciones conjuntas a problemas compartidos.

El ideal de un pasado común al que tan constante alusión se hace en los nuevos relatos tribales es promovido, generalmente, por líderes cínicos que tienen un interés personal explícito en jalear el odio y el antagonismo para mantener su propia base de poder.

¿Cuáles son los puntos calientes del tribalismo en la actualidad? El tribalismo (o neonacionalismo) es palpable de un extremo a otro de Europa. Podemos verlo, por ejemplo, en Cataluña, donde los secesionistas reivindican la urgente «necesidad» de disponer de un Estado catalán propio separado, pese a que la suya es una de las regiones más autónomas y con mayor autogobierno de toda Europa. O en Inglaterra, donde el tribalismo resuena en el llamamiento de los brexiteers a desafiar a Europa en nombre de un pasado glorioso extinto hace tiempo. En la Europa central y del este y, más recientemente, en Italia, estamos observando fenómenos similares. Allí los líderes se han valido de la política identitaria para inventar nuevos enemigos y, al mismo tiempo, para culpar a Europa de todo lo que no les parece bien.

Todos esos proyectos requieren de atención pública para su proliferación. De ahí que, habitualmente, sus impulsores, jaleados por el coro de una prensa ávida de conflicto, escenifiquen mensajes de dramatismo y división ante los medios. Muchas veces, toda esa publicidad y esa agresividad tribal son una mera pantalla para distraer la atención pública de una corrupción subyacente. Así lo han evidenciado diversos miembros de la actual élite política en Hungría, pero también en Cataluña: la corrupción es un fenómeno en aumento[7].

Pero no nos engañemos. También en las democracias consolidadas de toda la vida asoma cada vez más la cabeza toda esa retórica tribalista. Allí las formaciones políticas convencionales intentan a la desesperada recuperar el apoyo del electorado perdido y recurren a la política de los gestos para reforzar sus propios intereses. También estas encuentran en la política identitaria un útil instrumento para soslayar tanto la defensa de la diversidad como la invocación de unos valores y unas soluciones comunes al conjunto de Europa.

La pregunta, entonces, es: ¿cómo afectará todo esto al futuro de Europa? ¿Qué efectos tendrá la tribalización de cara a la supervivencia de la Unión? Trataré de dar respuestas a estas preguntas examinando tres casos que, a mi entender, son emblemáticos de las tendencias tribales que se han adueñado de Europa en años recientes. Aunque son muy distintos entre sí, todos ellos son sintomáticos del momento de caos y desintegración que estamos viviendo. La actual campaña por la independencia de Cataluña, la cruzada británica por el brexit y el retroceso —alimentado por la animosidad— de la democracia en la Europa central y del este resumen muy bien lo que es la Europa de 2019. En lo que sigue intentaré desentrañar la dinámica que se esconde tras la cortina de humo de la política identitaria y, lo que no es menos importante, tras la extrañamente escasa disposición que actualmente mostramos a oponernos con firmeza a ella.

Mi argumento, en síntesis, es que, tras episodios como la elección de Trump, el brexit y el ascenso del populismo, nos atenaza una profunda falta de confianza en los valores y las instituciones que hemos ido construyendo desde la Segunda Guerra Mundial. Más que hacer hincapié en nuestros principios e ideales comunes, muchos antiguos defensores del orden mundial liberal se han vuelto tolerantes y, por consiguiente, cómplices con el tribalismo. Para entender la gravedad de las transformaciones que estamos presenciando, tenemos que reexaminar, pues, cómo el giro hacia la política identitaria ha influido también en nuestro modo de concebir la democracia y el papel de las llamadas instituciones «contramayoritarias». En la segunda parte del libro, explicaré que tanto el populismo como el tribalismo han contribuido a socavar nuestra anteriormente extendida convicción de que la democracia consiste en algo más que meras elecciones y mayorías parlamentarias. En la era del populismo, ahora que «el pueblo» ha pasado a ocupar un primerísimo plano, la democracia parece haber quedado reducida justamente a eso: a la celebración de elecciones (o referéndums) sin el concurso del Estado de derecho y sin un intercambio de opiniones abierto, libre y crítico. Dicho de otro modo, la democracia en la era del populismo se ha convertido en el imperio de la regla de la mayoría sin restricciones, con un debate político limitado por las noticias falsas y el fundamentalismo cultural. Pero la resultante de identificar la democracia con el mayoritarismo extremo —sin reparar en el desmantelamiento de las instituciones contramayoritarias que ese mayoritarismo lleva aparejado— es una senda muy peligrosa. Y si, además, la recorremos ensordecidos por el ruido de unas campañas burdamente centradas en la política identitaria, en las que, más que la fidelidad del mensaje a la verdad, lo que importa es que este cale en el público, por el camino perdemos buena parte del sentido original de la democracia liberal.

En la Europa contemporánea, los dirigentes parecen dubitativos a la hora de subrayar que la Unión tiene que concernir a unos valores y unos ideales democráticos fundamentales. Pero lo cierto es que esos valores necesitan ser defendidos ahora con mayor ahínco que nunca. No deberíamos renunciar a nada: ningún compromiso vale cuando se trata de defender todos aquellos aspectos de la democracia que garantizan nuestros derechos a hablar libremente contra el Gobierno, a celebrar elecciones libres y justas, a tener unas universidades y una prensa libres. Si no insistimos en todo ello, la UE habrá firmado su propia sentencia de muerte. ¿Qué se supone que debe defender Europa, en su propio territorio y en la escena mundial, sino esos valores? Si nuestra voluntad desfallece aquí y ahora, fracasaremos en el objetivo a largo plazo de transmitir a las generaciones venideras este proyecto, que es el más noble de todos.

1
COMUNIDADES IMAGINADAS Y POLÍTICA IDENTITARIA

«Hemos hecho Italia. Ahora tenemos que hacer a los italianos». Esta famosa frase aparecía en las inacabadas memorias del estadista y escritor italiano Massimo d’Azeglio (1798-1866). D’Azeglio desempeñó un importante papel en la unificación de la península italiana (un proceso que no concluiría oficialmente hasta el año 1870). Al poner de relieve que la creación de un Estado unificado con una autoridad formal no era más que un primer paso, también estaba admitiendo que lo que quedaba por hacer era lo más difícil: la creación de un pueblo italiano... y de una identidad común. Lo provocador de aquella frase para muchos nacionalistas —y estudiosos— posteriores es que, de ese modo, D’Azeglio venía a decirnos que la identidad no es algo que «esté ahí» ya dado, listo para ser extraído del terreno, por así decirlo, sino que debe ser creada, y, en muchos casos, creada desde arriba, por las élites.

El historiador y politólogo británico Benedict Anderson[8] retomó aquellos argumentos de D’Azeglio en un importante libro, Comunidades imaginadas: Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo. Allí mostró de forma mucho más sistemática cómo las identidades y los pasados históricos son inevitablemente invenciones dirigidas a la consecución de algún propósito. Las comunidades siempre han sido cosas «imaginadas» y modeladas en la mente de las personas, narradas en relatos y en encuentros en los que se han ido pasando de unas generaciones a otras. En la Europa de los siglos XVIII y XIX, se crearon y se fomentaron unas identidades nacionales, obra de unas élites que, muy a menudo, tenían sus propios intereses explícitos para dar forma a ciertas costumbres, identidades y modos de entender comunes característicos de una comunidad concreta.

Anderson consideró particularmente esencial el auge de la tecnología impresa y de los sistemas educativos para la creación de una «profunda camaradería horizontal» en los procesos de construcción nacional en Europa. Las identidades eran creadas socialmente, pero —y aquí radica su verdadera importancia— se vivían como auténticas.

Como Anderson y la legión de historiadores y politólogos a los que inspiró, hoy son muchos los que reconocen que las divergentes identidades nacionales han sido conformadas y alimentadas por los respectivos sistemas educativos a través de un indisimulado ejercicio de construcción nacional. En muchos casos, la finalidad inicial de esa formación era convencer a los jóvenes para que no dudaran en ir a la guerra a servir a un fin superior[9]. Las familias tenían que sacrificar a muchos de sus hijos sin recibir nada a cambio, y los gobernantes sabían que aquellas solo atenderían tal requerimiento si lograban que prendiera en ellas un ideal que trascendiera de algún modo su propia existencia terrenal: el ideal de la nación. Joseph Weiler lo ha descrito muy bien: «El colectivo (nacional) trasciende la vida de cualquier individuo y otorga automáticamente a todos y cada uno de sus miembros tanto un pasado como un futuro»[10].

Conviene reiterar que el hecho de que la mayoría de pasados y presentes históricos sean creaciones artificiales no las hace menos «reales». Las identidades son muy reales para quienes las viven como tales, creen en ellas y, en virtud de las mismas, son movilizados por sus líderes para combatir a los rivales. Pero más que ese hecho bastante obvio, lo que me interesa destacar aquí es que el cultivo de una identidad exclusiva propia —y la posibilidad de usarla incluso como arma contra otros— no es en absoluto un ejercicio inocente. Nadie puede simplemente extraer costumbres del pasado enterradas o vínculos históricos perdidos como los que los populistas actuales y la familia tribalista en general asumen como señas de su identidad. No hay unos elementos previamente existentes y constitutivos de sus personalidades y naciones, sino rasgos que han sido modelados y cultivados.

Cuando esto se hace con una intención estratégica, podemos hablar de «tribalismo inventado». Ese tribalismo creado se convierte así en parte de un cínico juego de poder en el que unos líderes políticos sacan partido de un sentimiento de pertenencia para movilizarlo contra unos enemigos concretos. Así describe Amy Chua cómo el tribalismo se ha convertido en un nuevo componente central de la política mundial:

El tribalismo continúa siendo una fuerza muy potente en todas partes; de hecho, en años recientes, ha comenzado a provocar desgarros en el tejido de las democracias liberales del mundo desarrollado e, incluso, en el orden internacional liberal de la posguerra. No se puede entender de verdad el mundo actual ni hacia dónde se dirige este sin admitir antes la fuerza del tribalismo. Lo único que conseguimos no reconociéndola es fortalecerlo todavía más[11].

Cuando cultura e identidad se emplean deliberadamente con fines políticos, decimos que se está haciendo «política identitaria». La política identitaria prolifera actualmente por doquier, y no solo en Europa. Es importante destacar, no obstante, que el modo en que uso el término «política identitaria» en este libro guarda una relación bastante tenue con el actual debate sobre la política de la identidad en Estados Unidos, donde las minorías —de inclinación izquierdista— suelen ser acusadas de estar demasiado centradas en sus propios agravios particulares y, por ello, de desatender las cuestiones de interés más general para el conjunto de la sociedad[12]. Lo que una y otra de esas dos formas de política identitaria sí tienen en común es la peligrosa tendencia a anteponer la identidad o la cultura a la política. ¿Por qué es una tendencia problemática? Porque los proyectos y argumentos políticos se prestan a ser objeto de debate, pero tanto la cultura como la identidad pertenecen a una esfera diferente donde las posturas son a menudo imposibles de debatir o criticar. Volveré sobre esta cuestión más adelante, pero es esencial dejar claro ya en este punto que, cuando alguien desplaza un proyecto del plano político al identitario o cultural, lo abstrae del discurso político corriente y lo blinda dentro de un compartimento reservado donde presuntamente se vuelve inmune a la crítica y a las objeciones. Un movimiento o una propuesta políticos siempre son susceptibles de debate, pero un proyecto cultural o identitario, por el simple hecho de estar basado en las emociones, se sustrae inevitablemente a toda discusión.

El discurso tribal e identitario abarca la totalidad del espectro político. Hay quienes llaman al populismo y al nacionalismo «la política identitaria de la derecha»[13]. Pero existen también casos híbridos, como el del secesionismo en Cataluña, en el que unas fuerzas autodenominadas progresistas utilizan a menudo la misma clase de retórica excluyente que tanto gusta a los nacionalistas de derechas.

En ambos casos, cuando los políticos en campaña se valen de la identidad para potenciar su popularidad y su poder, el miedo y el alarmismo son ingredientes esenciales de su receta. En general, las técnicas empleadas son exactamente las mismas, tanto si su finalidad es nacionalista como si es separatista. Pero para que esa movilización de la identidad funcione, es necesario negar que tal movilización se esté produciendo.

Muchos movimientos tribalistas contemporáneos se han esforzado en guardar las apariencias y negar que mantengan conflicto identitario alguno con los unionistas españoles, con los inmigrantes musulmanes, con la élite de la Unión Europea o con los llamados «liberales cosmopolitas». Incluso cuando Donald Trump movilizó astutamente a su electorado contra la «ciénaga de Washington» en 2016, entró también en juego la política identitaria. Lo mismo podemos ver cuando Viktor Orbán denigra a George Soros, a los migrantes o a la UE, o cuando quienes hacen campaña por el brexit invocan el concepto de «traición» al hablar de sus oponentes, los bremainers, a quienes acusan de ser unos traidores antipatriotas seducidos por los ideales federales europeos[14]. Desde su punto de vista, el internacionalismo representa una puñalada por la espalda a la verdadera nación británica, a la que supuestamente le iría mucho mejor yendo por libre.

Ese mismo énfasis en la traición ha sido aplicado estratégicamente también por el movimiento secesionista en Cataluña. Las alusiones a la traición y la deslealtad afloran reiteradamente en sus referencias a los unionistas catalanes y a la oposición de estos a la independencia.

La política identitaria y la retórica tribalista que la acompaña son menos exigentes desde el punto de vista cognitivo que las apelaciones a una mayor unidad y colaboración. Supone una apelación a nuestros bajos instintos y, a menudo, a la sangre, la historia y el territorio, con lo que nos libera de la esforzada tarea de concebir maneras de salvar las diferencias culturales. Como bien ha escrito Timothy Garton Ash: «Los populistas cuentan un relato simplista sobre cómo cerrando las puertas de entrada nacionales y “recuperando el control” se conseguirá restaurar un imaginario pasado dorado de buenos empleos, familias felices y una comunidad nacional más tradicional»[15].

Pero, aunque Ash se refiere aquí más directamente a los activistas de la campaña por el brexit, el guion es el mismo que el que siguen los otros tipos de proyecto de política identitaria que se analizan en este libro. Solo se necesitan unos ligeros retoques para adaptarlo a las circunstancias.

Las campañas identitarias modernas se han profesionalizado muchísimo. Hoy en día, se deja muy poco al azar cuando se trata de atraer a votantes y seguidores. Las campañas se fundamentan en unas líneas argumentales bien diseñadas, elaboradas a menudo por empresas especializadas donde trabajan asesores y estrategas profesionales muy bien remunerados y formados en las mejores universidades. Aun sin entrar en la cuestión de los troles profesionales y de los algoritmos ideados para manipular la opinión de las personas, la base psicológica de eso que podríamos llamar el «moderno tribalismo de diseño» se ha convertido en un «gran negocio neurológico», como muy reveladoramente lo describe Chua en su reciente libro Political Tribes. En él, habla del «lado oscuro del instinto tribal», aquel que estrategas y líderes autoritarios explotan cuando elaboran campañas dirigidas a jugar la carta de la «vinculación emocional del grupo» y a «deshumanizar» a los oponentes de este[16].

Ese probablemente sea el motivo exacto por el que los «tribalistas» suelen tachar a sus críticos y adversarios de traidores[17]. Traición y deslealtad son palabras mayores, y su repetido empleo muestra hasta qué punto las alusiones identitarias suelen ser un constructo cuidadosamente diseñado para lograr unos objetivos políticos específicos. La crítica es peligrosa para el identitarismo, porque revela la ausencia de una esencia propiamente dicha en su proyecto; quienes tratan de desacreditar a los críticos de ese modo recuerdan así a los franciscanos que, en la novela de Umberto Eco El nombre de la rosa, de 1980, trataban de erradicar la risa y la ironía. La ironía marca una distancia crítica con su objeto y, como puede rayar en la ridiculización, suele ser considerada peligrosa y un objetivo que debe abatirse a toda costa. Pocos tribalistas han sido capaces de tolerar la ridiculización o la sátira: dan fe de ello los frecuentes esfuerzos de los líderes autoritarios por prohibir los medios de comunicación críticos y a los caricaturistas satíricos. He ahí el caso (un tanto extremo) de Xi Jinping, máximo mandatario chino, quien, al parecer, prohibió Winnie the Pooh en su país porque un programa de entrevistas estadounidense hizo una broma comparando a Xi con dicho personaje infantil.

La identidad ha sido utilizada como instrumento de movilización contra un enemigo en muchos contextos diferentes a lo largo de los siglos, sobre todo en las guerras. Sin embargo, rara vez se habla del tono beligerante de muchas figuras del identitarismo, desde los secesionistas hasta los brexiteers. Estos últimos sostienen, por ejemplo, que el Reino Unido es demasiado diferente tanto cultural como históricamente del resto de Europa como para ser un súbdito más de la Unión Europea[18]. Los secesionistas en Cataluña afirman que la lengua, la historia y la cultura catalanas son tan particulares (y han sido tantas veces reprimidas) que no solo resulta necesario que cuenten con un Estado propio que las proteja, sino que también —mientras esperan a que eso ocurra— precisan la casi total erradicación de la lengua española del sistema educativo catalán[19]. Según Nacho Martín Blanco, parlamentario autonómico catalán, «Cataluña tiene el dudoso honor de ser el único lugar en el mundo occidental donde la mayoría de la población no tiene siquiera la opción de matricular a sus hijos en escuelas que enseñen en su lengua materna»[20]. Ni siquiera en el País Vasco, otra región española afectada por un problema parecido, la situación ha llegado tan lejos.

La sustitución de la política por la identidad o la cultura es un arma muy poderosa, pero muy explosiva también. Es poderosa porque, al anteponer la identidad y la pertenencia étnico-cultural a todo lo demás, plantea la existencia de un estrato mucho más profundo, inocente y puro situado más allá de lo político. Y es peligrosa porque quienes la proponen se niegan a admitir la naturaleza política de sus posiciones, lo que significa que no admiten que son posiciones discutibles y con las que es perfectamente posible discrepar.

Además, el tribalismo y el etnocentrismo no se limitan únicamente a los movimientos secesionistas o a la percepción que los radicales conservadores británicos tienen de la relación entre la Unión Europea y el Reino Unido. Son fenómenos de un alcance mucho mayor.

La retórica tribal y la política identitaria son sistemáticamente desplegadas por demagogos iliberales como Viktor Orbán, quien hace pública afirmación de la singularidad cultural húngara atacando al mismo tiempo a los «extranjeros», a los judíos y a todo aquello impregnado del más mínimo aroma de cosmopolitismo. En su caso, el gran enemigo es la «élite liberal», presentada como un grupo de insensatos globalistas que imponen los valores del multiculturalismo y la tolerancia a los pobres e inocentes húngaros.

La diferencia nacional —que Orbán ha intensificado con un fuerte aderezo de cristianismo para sumar apoyos entre las generaciones de más edad— se presenta así como algo valioso que ha de ser protegido de una enfermedad invasiva. La sociedad húngara era un mar de esperanzas cuando se liberó del yugo soviético treinta años atrás. Bajo el mandato de Orbán, sin embargo, no solo ha acogido de buen grado la política identitaria, sino que incluso ha vuelto la espalda a los valores fundamentales de la democracia.

Todos los proyectos identitarios hasta aquí descritos buscan transformar la identidad para que deje de ser un mero sentimiento histórico pasivo y se convierta en un arma activa contra otras formas más inclusivas de nacionalidad —la del modelo español, por ejemplo—, contra la europeización o contra la globalización. Y en pleno desastre de la gestión de la cuestión migratoria en Europa, que ha puesto en entredicho el hasta hace poco exitoso régimen de fronteras abiertas regulado por el Acuerdo de Schengen, hoy vuelven a levantarse y proponerse nuevos muros y vallas por todo el continente.

2
LA TRIBU DE LA INDEPENDENCIA CATALANA

En los últimos años, Cataluña ha sido uno de los lugares de Europa donde mayor prominencia han tenido los problemas relacionados con la retórica tribal y la renovación de fronteras. El 1 de octubre de 2017, y organizado por el Gobierno autonómico catalán, se celebró allí un referéndum ilegal de independencia para separarse de España. Unos días después, el líder del movimiento independentista, Carles Puigdemont, proclamó la instauración de un nuevo Estado catalán. Pese a que el referéndum no fue reconocido ni por España ni por ningún otro país, trajo a la palestra la situación de una región profundamente dividida que, en muchos sentidos, mantiene paralizada a la sociedad española desde hace años e incluso décadas. Viejas iras y rencores que se remontan a los tiempos del régimen franquista, en el que los catalanes no pudieron usar su propio idioma ni cultivar su identidad con un mínimo de normalidad, fueron impulsando un cambio radical del panorama hasta el punto de invertir casi por completo la situación. Hoy los intimidados o los que encuentran cortapisas a la hora de transmitir sus opiniones públicamente son los unionistas, aun siendo mayoritarios en número en la sociedad catalana. Los separatistas catalanes controlan las instituciones educativas, la policía autonómica, las instituciones culturales y medioambientales, las políticas de comercio y transporte, y tienen mando absoluto en plaza en la radiotelevisión pública catalana. La política lingüística del catalán —idioma predominante en la actualidad en toda la educación pública y en las universidades— ha tenido una importancia decisiva para los separatistas, pues les ha permitido cultivar apoyos a la independencia entre los más jóvenes.

La importancia de la lengua para la producción de identidad ya fue convincentemente señalada por Benedict Anderson. La lengua tiene una relevancia central porque, desde el primer momento, generó las bases de «una nueva forma de comunidad imaginada, que, en su morfología básica, preparó el escenario para la nación moderna»[21]. El énfasis en el papel de la lengua como forma de conciencia nacional propia se remonta a los filósofos alemanes Fichte y Herder, pero fue probablemente resaltado como nadie por el historiador Elie Kedourie, quien también subrayó la importancia del idioma para los movimientos independentistas en general[22].

Aunque la política lingüística del catalán ha sido frecuente objeto de debate, pocos Gobiernos españoles se han atrevido a hacer cumplir una sentencia del Tribunal Constitucional de 2010[23] que declaraba que el español debe ser considerado una «lengua de trabajo» en Cataluña también. Posiblemente, una de las razones por las que esto ha sido así es que el alto tribunal olvidó concretar mejor cómo debía materializarse ese veredicto. En la actualidad, las niñas y los niños catalanes siguen estando obligados a estudiar solamente dos o tres horas de español a la semana, un nivel equivalente al que dedican a la asignatura de lengua inglesa[24].

El actual auge del impulso independentista en Cataluña representa un conflicto que afecta a todos los habitantes de la comunidad autónoma y divide de medio a medio tanto a la sociedad como a familias y amigos. Visto desde fuera, el del referéndum de 2017 pareció, más que nada, un desorganizado ardid de relaciones públicas. Muchos observadores han señalado, en ese sentido, que el referéndum no cumplió siquiera con los más básicos principios y normas democráticas. No hubo medidas de control efectivo que evitaran la duplicidad de votos, ni una institución supervisora oficial que velara por que el proceso satisficiera unos estándares internacionales. Más difícil aún fue tomarse en serio a Carles Puigdemont cuando declaró la independencia argumentando que un 90 % de todos los catalanes y catalanas la habían refrendado, aun sabiendo que solo una minoría del electorado —un 43 %— había acudido a emitir su voto ese día[25]. Aun así, desde un punto de vista estrictamente publicitario, el caos y el alboroto de aquella jornada sirvieron perfectamente al propósito de atraer hacia ella la atención internacional que Puigdemont pretendía concitar.

* * *

Analicemos ahora un poco más detenidamente el auge político identitario catalán sumergiéndolo en un baño de realidad europea. Los separatistas catalanes afirman —como los escoceses que votaron a favor de independizarse del Reino Unido en 2014— que quieren ingresar o, mejor dicho, «permanecer» en la Unión Europea cuando abandonen el Estado al que ahora pertenecen. De hecho, esa posibilidad de incorporarse a la UE saltándose aceleradamente todos los procesos normales de ingreso es algo que la mayoría de secesionistas actuales dan por descontado[26].

Sin embargo, si Cataluña se independizara en algún momento de España, nada indica actualmente que la Unión Europea la admitiría en su seno a través de un supuesto procedimiento de acceso acelerado[27]. Como ha señalado recientemente Cristina Fasone:

El artículo 4(2) estipula claramente que la identidad nacional (en singular) de los Estados miembros comprende las «estructuras fundamentales políticas y constitucionales de estos, también en lo referente a la autonomía local y regional». Se sigue de ello que el autogobierno regional y local, al formar parte de la identidad nacional del Estado, no es algo que la UE tome en consideración como asunto propio ni sobre el que regular nada[28].

Contrariamente a lo que los líderes del separatismo catalán han prometido a sus seguidores, la Unión Europea se ha mostrado desde siempre, pues, muy reacia a comentar siquiera nada relacionado con las disputas secesionistas en general, y con la catalana en particular.

Esa reticencia comunitaria no solo es comprensible, sino también prudente. Para empezar —y este es el aspecto más importante para el argumento que expongo aquí—, la UE es, por definición, una creación multiestatal y un proyecto universalista que aspira a unir y a proteger la diversidad. En ese sentido, el separatismo es —y siempre será— antitético con los ideales europeos. Nunca podrá asumirse como política comunitaria que se fomente el tipo de política identitaria que se ha venido ejerciendo desde el movimiento independentista en Cataluña. El antagonismo y la animosidad entre culturas regionales y/o estatales nunca han sido y nunca serán principios programáticos de la Europa unida. Joseph Weiler se expresa con mayor contundencia aún en esa misma dirección: «Poco sentido tendría que Europa fuera una especie de nirvana para esa forma de eurotribalismo irredentista que se contradice con las necesidades y los valores profundos, no ya de la Unión como institución política, sino incluso del noble esfuerzo de Europa por alejarse de su sangriento pasado». Y añade: «Sería extraordinariamente irónico [...] que la perspectiva de una futura pertenencia a la Unión Europea sirviese de incentivo fomentador de un espíritu de desintegración política en el seno de Europa»[29].

Aun suponiendo que los separatistas no tengan realmente intención de socavar el proyecto europeísta, la propagación de la desintegración y la fragmentación sería seguramente la consecuencia general no deseada del objetivo que persiguen. No es probable, pues, que la Unión Europea vaya a premiar nunca la secesión con un ingreso automático en la propia Unión.

Existe, asimismo, un motivo más realista, más relacionado con la política de poder en su nivel más fundamental, por el que la UE está lejos, muy lejos, de apoyar escisiones internas en sus Estados miembros: me refiero al hecho de que son los Estados miembros los que gozan del estatus de constituyentes formales, legales, de la Unión. ¿Significa eso que la Unión Europea no intervendría en ningún caso? No. Por supuesto, la UE actuaría (y haría muy bien en hacerlo) si se tratara de un golpe militar, de una represión dirigida contra minorías locales o de unas vulneraciones graves del Estado de derecho. En general, se opondría, pues, a todas aquellas medidas políticas que fueran en perjuicio de los valores europeos y democráticos[30].

Una segunda razón por la que la Unión Europea ha sido más que remisa a implicarse en la disputa entre Cataluña y Madrid es que, al hacerlo, podría sentar un precedente para otras regiones españolas y para otros secesionistas europeos, que aspirarían así a atraer una atención parecida para su causa. Y en tercer y último lugar, en la UE existe un temor legítimo a que esos procesos puedan minar seriamente la unidad y la cohesión europeas. Conviene poner de relieve, no obstante, que eso no significa en modo alguno que las altas instancias comunitarias apoyaran la dura y torpe respuesta del Gobierno de Mariano Rajoy a la celebración del referéndum en Cataluña. Que la crisis fue gestionada con desacierto fue algo evidente para la mayoría de observadores externos. No cabe duda de que, desde la Unión Europea, entre bastidores al menos, se encareció entonces al ya expresidente Rajoy que retomara el diálogo con los dirigentes separatistas y solucionara el problema catalán por una vía no violenta y constructiva. Esa es la dirección que, según parece, pretende tomar el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Sin embargo, la continuidad de su presidencia depende de una precaria constelación de apoyos y, entre ellos, el de los diputados separatistas catalanes.

Dicho esto, no estaría de más recordar que la Unión Europea, en fases previas de su evolución, alentó, y puede que hasta incluso alimentara en sus regiones, el afán desintegrador con ciertas políticas dirigidas a lograr una asimilación más general de todas las sensibilidades territoriales. Hay quienes insinúan que la UE quiso usar inicialmente a las regiones como instrumento con el que ablandar, y puede que hasta incluso sortear, la resistencia de sus, en ocasiones, intransigentes Estados miembros. Sin ir más lejos, la Unión Europea fundó en su día un Comité de las Regiones y, con ello, posiblemente envió ciertas «señales contradictorias». Un ejemplo de estas fue el reconocimiento de idiomas como el catalán y el galés, que, en la actualidad, gozan del estatus de lenguas cooficiales[31].

Esa importancia otorgada en su día a las regiones puede parecernos un tanto contradictoria actualmente si tenemos en cuenta la evolución de los acontecimientos en la UE en los últimos diez a quince años, durante los cuales los Estados miembros han ido adquiriendo un papel cada vez más central, sustentado en instituciones como el Consejo Europeo (creado ya en 1974), al que en 2009 se dotó de una presidencia permanente del Consejo[32]. Esa configuración institucional viene a ratificar que los poderes constituyentes de la Unión Europea continúan siendo los Estados, y que las regiones no han dejado nunca de tener una función marginal en el ámbito comunitario.

No ha sido solo el Consejo el que se ha negado a implicarse en los debates internos de los Estados sobre sus movimientos secesionistas particulares. También la Comisión Europea (CE), que es la rama ejecutiva de la UE, se ha manifestado abiertamente en contra de cualquier cambio en ese sentido. El expresidente de la CE, José Manuel Durão Barroso, así lo hizo público y notorio a propósito del referéndum sobre la independencia de Escocia de 2014, cuando declaró que toda nueva entidad independiente escindida de un Estado miembro solo podría reingresar en la Unión siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea[33]. Eso significa en la práctica que toda región o territorio que se independice de un Estado miembro comunitario será considerado un país «tercero» y tendrá que solicitar su (re)ingreso en la UE con arreglo a los procedimientos ordinarios de acceso a la Unión.

Aunque, desde una estricta perspectiva de derecho internacional, la decisión unilateral de independizarse no es ningún derecho legal[34], hay expertos que señalan que las circunstancias concretas de cada caso son las que importan en ese sentido, y que mucho dependerá de cómo se produzca la secesión en cuestión y de cuál haya sido la historia precedente que haya llevado a esa situación. Si la propuesta de independencia específica es juzgada constitucional y legítima desde la perspectiva del propio Estado miembro concernido, las realidades políticas y la propia Unión Europea podrían mostrarse mucho más adaptables.

El referéndum sobre la independencia de Escocia de 2014 es un buen ejemplo. Dado que se organizó con arreglo a los procedimientos legales del Estado británico, contó con el respaldo del Gobierno y el Parlamento de ese país, y era conforme a los valores fundamentales de la UE, el potencial deseo de los escoceses de permanecer en la Unión Europea tal vez habría sido abordado por esta de un modo más pragmático. El brexit podría ser un factor para un futuro referéndum escocés de independencia. Y el hecho de que Escocia sea una región donde el europeísmo goza de un fuerte apoyo (un 62 % de los votantes escoceses se decantaron por permanecer en la Unión Europea en el pasado referéndum del brexit) podría hacer que la UE mostrara una mayor inclinación a admitir a Escocia como país miembro. De todos modos, eso es pura especulación a estas alturas. Por otra parte, las perspectivas de Escocia como nuevo Estado miembro comunitario podrían verse muy perjudicadas si su solicitud de admisión viniera precedida de algún intento hostil —e ilegal— de secesión en Cataluña. Aun así, como bien ha argumentado Carlos Closa, el escocés y el catalán no son casos comparables en cuanto a su posible ingreso futuro en la UE como países independientes[35]. Y, además, hay que reconocer que una cosa es la ley y otra la política real, y que mientras sigan siendo los Estados miembros los que tengan la competencia exclusiva de decidir sobre la admisión de nuevos países en su club, poco podremos predecir a ese respecto.

Aun descontando el efecto de la desintegración de un imperio totalitario como fue la Unión Soviética, el secesionismo representa lo que aquí llamo un «giro tribal». Los proyectos nacionalistas que aspiran a reemplazar una identificación y unos objetivos más amplios y más inclusivos por un proyecto identitario más estrecho significan, por lo general, una vuelta atrás. Pero eso nos llevaría también a preguntarnos dónde situaríamos entonces el límite de esa retrocesión. Los separatistas catalanes residen principalmente en la Cataluña más rural, mientras que los unionistas son claramente mayoría en Barcelona. ¿Podría la lógica tribal negar entonces a esa ciudad el derecho a separarse del resto de Cataluña?

Puede que parezca una pregunta hecha con toda la ironía, pero lo cierto es que tiene mucha importancia para entender cuáles son los principios que están en juego.

Weiler se expresa con mayor contundencia todavía al hablar de las futuras posibilidades de que una Cataluña étnicamente «limpia» entrase en la Unión Europea tras escindirse de España. Tal como él mismo lo plantea (con extraordinaria agudeza, añadiría yo):

¿Por qué iba a interesar a nadie admitir en la Unión a una entidad como esa Cataluña independiente inspirada en un espíritu nacionalista regresivo y desfasado que la hace incapaz, al parecer, de aceptar una disciplina de la lealtad y la solidaridad como la que supuestamente debía a sus exconciudadanos del resto de España?

Según Weiler, Cataluña se ha descalificado a sí misma por razones puramente morales para convertirse algún día en un miembro de la Unión:

La sola pretensión de independizarse de España, de independizarse de la necesidad de esforzarse por limar diferencias políticas, sociales, culturales y económicas con la comunidad política del conjunto de España, de independizarse de la necesidad de colaborar por encima de la historia y de trascenderla, muy posiblemente descalifican moral y políticamente a Cataluña y a otras regiones parecidas como futuros Estados miembros de la Unión Europea[36].

Volveremos sobre la cuestión de Cataluña cuando comentemos la cambiante concepción de la democracia en esta época de populismos. Los populistas abogan con frecuencia por los referéndums porque les parecen más democráticos y legítimos que la democracia representativa convencional. Contrariamente a esa percepción, yo sostengo que la democracia es —y debe ser— algo más que plantear a la ciudadanía preguntas que deban ser respondidas con una respuesta binaria (de «sí» o «no») en consultas de consecuencias impredecibles para todos.

Por otra parte, habría también que tener en cuenta los problemas de índole más práctica a que daría lugar una hipotética Unión Europea formada por docenas de pequeños Estados tribales. ¿Se imaginan cómo serían las estructuras de la toma de decisiones comunitaria si estas fueran ocupadas por una pléyade de pequeños Estados replegados sobre sí mismos, movidos por ideologías nacionalistas y separados por un fuerte sellado de fronteras? Son muchos los aspectos en los que podemos decir que estamos ya a medio camino de ese escenario, pues hoy son varios los Estados miembros que cierran fronteras contraviniendo directamente los principios consagrados en el Acuerdo de Schengen. Pero si ya es difícil hacer que la UE hable con una sola voz en la escena internacional con veintiocho Estados miembros como hoy tiene, intentar tal cosa con una cincuentena o más de enclaves étnicos como países miembros sería un desastre y una sentencia de muerte para Europa tal como la conocemos.

3
POR QUÉ EL BREXIT SOLO ES UNA FORMA MÁS DE TRIBALISMO

El brexit es, en muchos sentidos, una variedad particular de secesionismo, aunque, en su caso, el objeto de su animadversión sea la Unión Europea. Aparte de una cruzada identitaria cultural y política que tiene abundantes puntos de conexión con el caso catalán, el brexit representa también otra corriente habitual del tribalismo: la de la aversión a estar legalmente ligados a institución alguna que esté por encima del Estado. La hostilidad hacia la cooperación multilateral (o, en el caso de la UE, supranacional) es un rasgo común a muchos de los movimientos populistas que han cuestionado el orden internacional liberal en estos últimos años.

Es muy difícil ver el brexit como otra cosa que no sea una renuncia a esos valores universales que el proyecto europeo representa. Cuestiona la esencia misma de las virtudes de la compartición de soberanía, piedra angular del conjunto del orden liberal surgido al término de la Segunda Guerra Mundial. Así pues, no cabe mucha duda de que la decisión británica de abandonar la Unión Europea fue considerada —al menos al principio— como una amenaza para ese orden y para la propia UE.

Se necesitarían múltiples sesiones de psicoterapia para descifrar las verdaderas causas primarias del brexit. Aquí nos centraremos en la dimensión identitaria, unida a un tema estrechamente relacionado con esa dimensión, como es el de la soberanía, que lleva siglos lastrando al Reino Unido, pero que no ha dejado de agravarse. Y es que poca duda cabe de que la obsesión de este país por la soberanía parlamentaria, y las concomitantes suspicacias que allí despiertan los tribunales internacionales y las instituciones supranacionales, ceba más aún la animadversión populista general hacia la legislación y las instituciones europeas.

Cuando los británicos anunciaron el 23 de junio de 2016 que acababan de votar a favor de abandonar la Unión Europea, la estupefacción se apoderó de la opinión pública europea. La historiadora y columnista Anne Applebaum había sugerido en marzo de 2016, en un famoso artículo de opinión del The Washington Post, que el brexit —rematado por una (entonces) hipotética llegada de Trump a la Casa Blanca y de Marine Le Pen al Elíseo en París— podría significar el fin de Occidente tal como lo conocemos[37]. Durante los primeros meses que siguieron al referéndum británico, muchas fueron ciertamente las voces de alarma y los pronósticos de dificultades insuperables: se temía que el proyecto europeo estuviera perdiendo legitimidad entre el conjunto de la ciudadanía continental por el hecho de que uno de sus miembros más importantes se quisiera borrar de él. No obstante, a medida que han avanzado los meses y que los dirigentes británicos no han sabido gestionar la salida del país de un modo mínimamente ordenado, la mayoría de observadores han pasado a ver en el brexit no tanto una amenaza para Europa como una triste —y potencialmente total— desarticulación del propio Reino Unido.

La Unión Europea ha demostrado una determinación y una unidad sorprendentes en su reacción a la decisión británica. El Reino Unido, por su parte, sigue aún ahora, dos años después de votar a favor de su salida, sin aclarar qué clase de ordenamiento futuro aspira a implantar cuando se haya consumado el brexit [38]. Tal como están las cosas en estos momentos, el Gobierno británico continúa sin ser capaz de proponer un proyecto de relación UE-Reino Unido que pueda obtener el apoyo necesario en la Cámara de los Comunes. No sabemos todavía si el Reino Unido abandonará la unión aduanera y el mercado único. Son muchas las probabilidades de que el Reino Unido —pese a haber dicho adiós a la UE— permanezca ligado a la Unión (durante décadas quizás) por una especie de solución parecida a la que rige para los países del Espacio Económico Europeo: una situación en la que se verá obligado a aceptar la legislación comunitaria sin tener voz ni voto en cuanto al contenido de la misma.

Son, además, muchos los factores que indican que una de las consecuencias a largo plazo del brexit podría ser la desintegración del Reino Unido en viejas tribus nacionales. Es muy posible que Irlanda del Norte se quede dentro del mercado único de la UE, y quién sabe si, a largo plazo, incluso llegue a reunificarse con Irlanda para no tener que cerrar fronteras. Escocia también se siente cada vez más incómoda con un escenario que podría dejar a su europeísta electorado en peor situación que aquella en la que habría estado dentro de la Unión. Esto podría volver a poner allí sobre la mesa el debate sobre la independencia.

Si el Parlamento británico decide abandonar el mercado único y la unión aduanera, es muy posible que, en diez o quince años, la «Pequeña Inglaterra» sea lo único que quede de lo que en tiempos fuera el gran Imperio británico[39].

Los llamados brexiteers duros son uno de los mayores problemas para quienes aspiran, no solo a mantener unido el actual Estado británico, sino también a conseguir que continúe estando lo más conectado posible con el mercado interior de la UE. Como otros muchos nacionalistas —secesionistas incluidos—, los brexiteers siguen pensando que la soberanía es un juego de suma cero en el que cada jugador —o país, en este caso— adquiere más soberanía y más control propios si se aísla y se retira de los compromisos internacionales. Es lo que vemos que ocurre con Donald Trump, que cree que la cooperación multilateral debilita a Estados Unidos en vez de fortalecerlo. La pregunta que cabe plantearse en pleno 2019, sin embargo, es: ¿qué puede hacer hoy en día un país con su soberanía si de verdad logra «recuperarla» en un sentido formal? Si alcanzar una situación así lo deja en realidad aislado e igualmente dependiente de normas dictadas por otros, ¿puede decirse que ha conservado su soberanía o, por el contrario, ha perdido una parte aún mayor de ella por haberse retirado del club que decide las normas? La respuesta, a mi juicio, es obviamente lo segundo.

Actualmente, la soberanía no es el juego de suma cero que posiblemente era en el pasado, sino uno en el que el poder de un país consiste en ejercer su soberanía influyendo en las normas por las que se deberá regir, sean cuales sean las circunstancias; es decir, tanto si está dentro como si está fuera de la UE. Si un país opta por retirarse, sale perdiendo, porque, sea cual sea el sistema u ordenamiento en el que termine encuadrado, dependerá en lo esencial de las normas, los estándares y las leyes decididas por otros. Esto es doblemente cierto si, además, es una nación rica con aspiraciones de seguir siéndolo y de continuar comerciando libremente con el bloque de la UE. La Unión, pues, jamás aceptará otros estándares que su propia normativa estricta sobre alimentos y bienes. ¿Por qué iba a aceptar productos que cumplan unas garantías (medioambientales o de seguridad laboral o de consumo) menos exigentes cuando eso puede abrir automáticamente la puerta a la competencia desleal? La Unión Europea no va a aceptar tal cosa ahora ni nunca, por lo que los británicos —y da igual si terminan teniendo un estatus como el noruego, o vinculados por un acuerdo como el defendido por Theresa May, o condenados a un «no acuerdo»— tendrán que aceptar las normas y los estándares europeos para todos los productos que fabrican si pretenden venderlos en el mercado europeo. Y esto nos lleva de vuelta a la cuestión de la soberanía: ¿por qué no quedarse en el club e influir así en las normas por las que el país tendrá que regirse de todos modos? Esa es la pregunta que muchos nos hemos hecho durante todo este teatral duelo del brexit. Es también la pregunta que se hizo el presidente francés Macron en un discurso que pronunció en la Sorbona en 2017, tratando de convencer a los europeos en general de que ya no concibieran la soberanía como una propiedad privada de cada Estado europeo por separado, sino como algo que debe ejercerse en común. No deberíamos hablar de una soberanía de los Estados individuales ni aspirar a protegerla como tal —sostenía Macron—, sino que deberíamos tratar de promover y proyectar nuestra soberanía europea conjunta.

Debemos admitir, de todos modos, que este nuevo modo de concebir la soberanía no ha convencido a los británicos por el momento. Aunque el brexit seguramente terminará siendo mucho peor para el Reino Unido que para la Unión Europea, el hecho de que un país prefiera seguir su camino en solitario antes que permanecer dentro de la familia europea es un síntoma de la corriente tribal que recorre Europa estos años y que es uno de los temas principales de este libro. Para el tribalismo, la erección de nuevas fronteras, vallas y muros es un escenario considerado más deseable que una soberanía compartida. Aunque la intención de quienes así piensan posiblemente no sea la de renunciar a todos los ideales y valores europeos, cortar puentes y poner la identidad por delante de lo demás representa un paso atrás como civilización y contribuye a la formación de una Europa en la que se va imponiendo progresivamente la lógica tribal. Como bien ha argumentado el historiador holandés Koert Debeuf al contemplar la cuestión tribal desde una perspectiva mucho más amplia, «en 1989, el año de la caída del Muro de Berlín, en el mundo había quince muros o vallas entre países. Hoy ese número ha aumentado y son ya más de setenta»[40].

* * *

En el caso del brexit, el tribalismo no ha obedecido solamente a una cuestión puramente identitaria que se ha traducido en una protesta contra Europa y en una nostálgica mirada atrás, hacia una gloria pasada. Ha tenido mucho que ver también con las noticias falsas (fake news), las campañas de alarmismo y la búsqueda de un chivo expiatorio general encarnado en las instituciones internacionales, todo ello agravado por cierta intromisión rusa.

El historiador estadounidense Timothy Snyder dibuja un panorama muy poco halagüeño en su libro The Road to Unfreedom, publicado en 2018. En él describe el contundente regreso del autoritarismo y de la influencia rusa, que, desde 2010, se han ido extendiendo por toda la Europa oriental desde el este hasta Occidente[41]. A juicio de Snyder, esto ha sido principalmente por iniciativa del propio Putin, que ha cultivado estratégicamente nuevas amistades entre los radicales nacionalistas en un intento deliberado de disolver las instituciones occidentales. El brexit es un ejemplo de ello, pero también lo son los nuevos regímenes autoritarios emergentes en la Europa central y del este, con su propaganda antieuropeísta. Podemos añadir a lo anterior cierta campaña de socavamiento del orden normativo vigente, un socavamiento al que ha contribuido también el Reino Unido tanto con su decisión de salir de la Unión Europea como con su cuestionamiento sostenido —durante décadas— de la Convención Europea de Derechos Humanos. Sabemos que troles rusos han influido en la opinión pública, en las elecciones en países occidentales y en el referéndum del brexit, pero, lógicamente, es difícil determinar con pruebas fehacientes si han logrado (o no) cambiar la opinión de los electores en las urnas[42]. De todos modos, sorprende que tantos políticos y opinadores occidentales hayan comenzado de pronto a cuestionar y criticar las normas y las instituciones europeas.

Los rusos llevan años intentando deslegitimar no solo los tratados multilaterales y la Unión Europea misma, sino también la Convención Europea de Derechos Humanos y el Tribunal de Estrasburgo que juzga los casos relacionados con estos[43]. Algunos políticos occidentales se cuestionan ahora que la existencia de un régimen supranacional que interfiere con los asuntos nacionales sea siquiera una buena idea y se atreven a sugerir que la protección de los derechos bien podría dejarse en manos exclusivas de los tribunales y los parlamentos nacionales. Entraremos más a fondo en esta materia en la segunda mitad del libro, pero es importante destacar de entrada que el socavamiento del orden mundial liberal siempre empieza en casa, en el propio país —aunque a veces sea con ayuda de los rusos—. Así que, cada vez que los políticos y los creadores de opinión comienzan a debatir sobre los costes y los beneficios de la pertenencia a la UE, o sobre si los derechos humanos son realmente universales o deberían más bien ser competencia exclusiva de los políticos nacionales, Putin sabe que está logrando exactamente lo que quiere.

4
EL GIRO TRIBAL EN LA EUROPA CENTRAL Y DEL ESTE

Al pensador búlgaro Ivan Krastev le resulta particularmente desconcertante que los electores de algunos antiguos Estados del bloque comunista, en la Europa central y del este, hayan empezado a votar a partidos que propugnan programas, no solo antieuropeístas, sino incluso antidemocráticos[44]. Es un fenómeno ciertamente paradójico, sostiene él, pues el régimen de derechos del que esos ciudadanos venían disfrutando y que ahora, quince años después de la ampliación comunitaria, sus dirigentes nacionales democráticamente elegidos quieren desautorizar es atribuible en buena medida a la propia Unión Europea. Estamos hablando de un grupo de países que han recibido abundante financiación de la UE durante estos últimos quince años y que, gracias a su pertenencia a la Unión, han logrado adquirir visibilidad, influencia y un asiento en la mesa de los grandes. Eso hace que el hecho de que figuras como Viktor Orbán en Hungría o Jarosław Kaczy´nski en Polonia sean hoy objeto de aclamación popular no parezca lógico, según Krastev, quien aduce la cultura y la oposición a los valores liberales occidentales como dos de las principales causas[45]. Muchos han destacado que Orbán ha recurrido con frecuencia a una retórica tribal de «nosotros» contra «ellos» a fin de reunir apoyos en su país para sus políticas. Sin embargo, pocos han caído plenamente en la cuenta de cómo, durante la pasada década, ha conseguido también retorcer la democracia húngara hasta tal punto de que numerosos expertos que conocen muy a fondo la realidad de la actual Europa central y del este incluso se niegan a seguir considerando a Hungría como una democracia.

Seguimos sin tener respuesta a por qué el electorado apoya a líderes que socavan la democracia, el Estado de derecho y todas esas libertades que tanto se tardaron en conquistar. Una posible explicación es el hábil uso que esos líderes hacen de la retórica tribalista —reservando mucha de su animosidad para los inmigrantes— a fin de distraer la atención general de ese desmantelamiento más fundamental de la democracia del que Hungría es un caso paradigmático.

Quizá lo más aterrador sea hasta qué punto esos cambios han pasado inadvertidos a los observadores durante la última década.

Ante el intrigante silencio de los dirigentes europeos, el desafío creciente en algunos países de Europa central a las normas y los valores comunitarios, y a los derechos de las minorías, gana terreno. Una encuesta del Pew Research Center a cincuenta y seis mil adultos confirmaba recientemente que, a pesar del aumento de los niveles de crecimiento en la Europa oriental y de su inclusión en la Unión Europea, las actitudes ante valores en el este y en el oeste europeos continúan difiriendo de forma marcada[46]. Esto es particularmente cierto en lo referente a las actitudes ante los derechos de las personas homosexuales, la necesidad de proteger a las minorías, la democracia y el valor de las identidades nacionales.

Lo que venimos observando en Hungría en años recientes es mucho más alarmante de lo que la mayoría de analistas y jefes de Estado y Gobierno están dispuestos a admitir. Conviene recordar que estamos hablando de un país que suscribió voluntariamente unas normas y unos valores liberales fuertes al integrarse en la UE: me refiero a los derechos fundamentales de la Unión y a los llamados criterios de Copenhague. Sin embargo, valiéndose de una cínica retórica del «nosotros» contra «ellos», como hemos dicho, el régimen de Orbán ha ido restringiendo en los últimos diez años, sin hacer ruido y sin llamar mucho la atención, la mayoría de valores e instituciones liberales independientes. Ha eliminado el obstáculo de una prensa libre y crítica, ha expulsado del país a universidades y ONG, y ha cimentado el poder del Gobierno sobre la sociedad en general. Las transformaciones son considerables y puede que hasta irreversibles.

Recordemos, antes de nada, en qué consisten los criterios de Copenhague.

Los criterios de acceso para la admisión de nuevos Estados miembros en la UE se acordaron en la capital danesa en una reunión del Consejo Europeo en 1993. Constituyen las condiciones imprescindibles que todos los países candidatos deben cumplir para que se puedan convertir en miembros de la UE, como son:

— unos criterios políticos: la existencia de instituciones estables que garanticen la democracia, el Estado de derecho, el respeto de los derechos humanos y el respeto y la protección de las minorías;

— unos criterios económicos: la existencia de una economía de mercado funcional y la capacidad de afrontar la competencia y las fuerzas del mercado, y

— la capacidad administrativa e institucional para poner en práctica de manera eficaz las normas, estándares y políticas que forman el acervo comunitario, y la capacidad de asumir las obligaciones de un Estado miembro[47].

Obviamente, estos no son los únicos criterios que los países que se postulan a ser miembros de la UE deben cumplir. La Carta, la Convención de Derechos Humanos y el conjunto del acervo normativo comunitario incluyen toda clase de reglas y normas democráticas que deben ser observadas por todos los componentes de ese club de Estados. El problema estriba, no obstante, en que, aunque todas esas reglas son claras y hasta evidentes para la mayoría de personas, la UE dispone de muy pocos mecanismos para investigar y sancionar los incumplimientos de las mismas. Así, aunque la Unión ha sabido imponer sus condiciones previas a la entrada de nuevos Estados miembros, ha demostrado también no tener prácticamente remedio efectivo alguno para hacer frente a un retroceso democrático tan enorme como el que han experimentado algunos lugares de la Europa central y del este en estos años.

Tampoco está de más reconocer que era difícil prever que Viktor Orbán terminaría siendo el ardoroso antiliberal que hoy es. Durante los años de las revoluciones en la Europa central y del este, en la década de 1990, él era un líder estudiantil rebelde anticomunista[48]. En 1998, se convirtió en el primer ministro más joven de Europa, aunque no sería hasta unos años más tarde, en 2010, cuando comenzaría a ganar elecciones al frente de su propio partido, Fidesz, con un programa populista e iliberal como el que actualmente defiende. Según comenta con gran elocuencia Paul Lendvai en la biografía de Orbán que él mismo ha escrito en 2018, el líder húngaro comenzó siendo un político convencional del sistema establecido y amigo de Occidente. En su época de juventud, llegó incluso a aceptar una beca de la fundación de Soros para estudiar en la Universidad de Oxford. Tras ser elegido de nuevo en 2010, sin embargo, se ha dedicado a transformar la sociedad húngara —sin prisa, pero también sin descanso— en un régimen semiautoritario a partir de la modificación de las leyes electorales y del debilitamiento de la independencia del poder judicial. Su simultánea campaña de neutralización de la prensa libre y de persecución de voces críticas —oponentes políticos incluidos— ha despojado a los electores húngaros de casi todas las herramientas que tenían a su disposición para derribar algún día a la actual mayoría en el Gobierno. Y aun así, y pese a diversos informes críticos de instituciones como la Comisión de Venecia, diversas ONG y hasta de la Comisión Europea, los dirigentes europeos han preferido hasta el momento ignorar en buena medida los tejemanejes del régimen de Orbán y han preferido centrar su (todavía débil) atención en un país mucho mayor, Polonia, donde la democracia también está sometida a una fuerte tensión. El actual Gobierno polaco y el partido en el que se apoya, Ley y Justicia (PiS), han copiado las técnicas de sus homólogos húngaros y han llegado incluso a expresar explícitamente su admiración por el control al que allí han sabido someter al sistema judicial nacional.

Aunque el presidente francés Emmanuel Macron ha alertado abierta y enérgicamente sobre el mencionado retroceso democrático que allí se está produciendo, ha sido principalmente la Comisión la que se ha encargado de advertir a ambos Gobiernos mediante diversas cartas y reuniones, y de incoarles varios expedientes por vulneración de las normas comunitarias, aunque, de momento, no han tenido efecto. Un síntoma claro de lo mucho que se ha agravado la situación fue la decisión tomada por la propia Comisión Europea en diciembre de 2017 de aplicar el artículo 7 del Tratado de Lisboa contra Polonia[49]. El artículo 7 estipula que el derecho de voto de los ministros de un Estado miembro en el Consejo de la Unión Europea puede ser suspendido si ese Estado infringe reiteradamente los valores recogidos en el artículo 2 del propio Tratado de Lisboa y, por consiguiente, constituye un «riesgo claro de violación grave» de los principios democráticos fundamentales. También el Parlamento Europeo (PE) ha sido muy activo en la crítica y el cuestionamiento de la regresión democrática en algunos Estados de la Europa del este. Así, el 12 de septiembre de 2018, sugirió a los dirigentes de la UE —a quienes, en todo caso, corresponde la decisión final—, que aplicaran también el artículo 7 a Hungría. La moción vino motivada por un demoledor informe de la parlamentaria europea holandesa Judith Sargentini sobre la situación del Estado de derecho húngaro[50]. Sin embargo, aunque las pruebas de que se está produciendo un deterioro grave de la democracia son abrumadoras, la reacción a este ha sido escasa. Pese a que el Parlamento Europeo apoyó la apertura de un expediente también contra Hungría en aplicación del artículo 7, el Partido Popular Europeo (PPE), grupo del PE en el que está inscrito el partido Fidesz de Orbán, está dividido al respecto. Orbán ha logrado hasta el momento calmar las aguas de este grupo parlamentario (el de mayor peso actualmente en el PE, y al que pertenece, entre otros, la CDU-CSU de la canciller alemana Angela Merkel) y mantener así a flote su pertenencia al PPE. Uno de los motivos de que lo haya conseguido ha sido, sin duda, la inminencia de las elecciones europeas, que se celebrarán en mayo de 2019. El PPE, que acumula actualmente muchos de los puestos influyentes de la UE, da la impresión de no estar dispuesto a perder un aliado a apenas unos meses de que los europeos acudan nuevamente a las urnas[51]. Pero aun teniendo esto en cuenta, la poca disposición a expulsar a Fidesz de sus filas mostrada por el PPE hasta el momento es algo que seguramente costará entender a cualquier votante con unas mínimas convicciones democráticas. La indecisión de los conservadores moderados a propósito de esta cuestión es, en sí misma, una prueba de la peligrosa deriva en la que estamos inmersos en Europa en forma de una creciente tolerancia e incluso aceptación y acomodación de las llamadas democracias iliberales. Pocos son los que creen que Hungría o Polonia habrían tenido posibilidad alguna de cumplir los requisitos impuestos por la UE si hubieran solicitado su ingreso en la Unión en la actualidad. Pero esto solo hace más alarmante e incomprensible que sean tan pocos los que osen alzar su voz en estos momentos.

En la manera actual de enfocar la evolución en esos dos Estados miembros desde las instituciones europeas se observan sustanciales diferencias. El Gobierno polaco de Ley y Justicia (PiS) ha corrido mucha peor suerte en ese sentido que el de Orbán, ya que PiS es miembro del mucho más controvertido GCRE[52]. Pese a que los ataques de Orbán contra la independencia del poder judicial en su país, pero también contra la prensa y las organizaciones de la sociedad civil, han sido más serios que los observados en Polonia; este último país ha sido tratado con mucha menos delicadeza en ese sentido desde diversas instancias y, en no menor medida, desde las propias instituciones comunitarias.

La clave de la cuestión estriba, no obstante, en que quienes tienen que actuar y reaccionar ante la deriva iliberal en Europa son los jefes de Estado y de Gobierno. Sin embargo, aparte del presidente Macron, los mandatarios nacionales de la UE apenas se han implicado en el tema. Algunos analistas especulan con la posibilidad de que se deba a cierto temor a que sus propios países terminen viéndose afectados por una situación crítica parecida y acaben necesitando algún día del apoyo de sus amigos y colegas. De ser eso cierto, la de mirar hacia otro lado podría ser una estrategia deliberada[53]. Pero el silencio de los políticos a la hora de salir en defensa de los valores europeos también podría ser un ejemplo más de los crecientes reparos a imponer una visión europeo-occidental «políticamente correcta» de la democracia (si es que tal cosa existe). Puede que nos sorprenda oírlo, pero no cabe excluir que esta sea una excusa —desinformada y mala, pero excusa al fin y al cabo— de la que se estén valiendo muchos dirigentes para no dar un paso al frente en defensa de los valores y los estándares democráticos básicos de la propia Unión[54].

Si le suponemos un mínimo fundamento de verdad, de esta última explicación cabría deducir que el arrollador avance del populismo por todo el continente podría marcar un cambio en la definición de lo que la democracia es y debe ser. Y lo cierto es que cada vez es más habitual equiparar la democracia con la voluntad de la mayoría —o de sus representantes elegidos, para ser más precisos—, con independencia de si tales decisiones contravienen conceptos clásicos de la democracia liberal. Desde esa perspectiva, si una mayoría ha votado a un político como Orbán —¡por tercera vez, nada menos!—, la elección es legítima y democrática porque ha sido la elección del pueblo. Y lo seguirá siendo aun si, a partir de ahí, él se vale de su poder para desmantelar la democracia misma. Visto así, lo que un líder se proponga hacer durante su mandato no es algo con lo que deban interferir fuerzas externas como la UE. El problema es que, si llevamos esa lógica hasta el extremo, la democracia bien puede terminar votando por liquidarse a sí misma, tal como Manjeet Ramgotra señaló en un reciente artículo sobre la democracia iliberal titulado precisamente así: «Can Democracy Vote itself Out of Existence» («¿Puede la democracia votar por liquidarse a sí misma»)[55]. La respuesta es que sí, pueden. Y ya lo están haciendo en estos momentos... ante nuestros propios ojos.

Bien podríamos acabar llegando a una situación en la que legitimemos todas las elecciones, incluso aquellas que solo sean «libres» en apariencia. Si no disponemos de más criterios para definir la democracia que la celebración formal de elecciones y la «victoria de la mayoría», y nos da igual que los opositores políticos sean luego discriminados en el acceso a los medios de comunicación, o tengan que lidiar con un sistema electoral que los desfavorece, estaremos pasando por alto que, en un contexto así, los electores no pueden elegir con la debida libertad y el adecuado conocimiento de las diferentes opciones. El país en cuestión será una democracia solo en un sentido nominal, como bien ha señalado Jan-Werner Müller[56].

La idea de que la democracia representa una combinación de comicios formales y mayorías ilimitadas se está extendiendo cada vez más. Puede que, de hecho, sea uno de los motivos principales de nuestra actual incapacidad para defender los valores europeos.

En breve entraré más a fondo en la cuestión de lo que está ocurriendo con la democracia en Europa. Y argumentaré que, si ya no somos capaces de movilizarnos siquiera conceptualmente contra los autoritarios con los que compartimos espacio social y político, tendremos que concluir que Europa ha sucumbido en muchos sentidos al tribalismo.

Cuando observamos la situación política de algunos de los Estados miembros comunitarios del este de Europa, resulta evidente que esta dista hoy mucho de cumplir los exigentes requisitos de acceso que la UE impuso como criterio de entrada para su ingreso en 2004. La sociedad civil en Polonia, Hungría y la mayoría de los demás países de la Europa central y del este tenía depositadas grandes esperanzas en el futuro, en la libertad y en la democracia cuando esos países se incorporaron a la Unión Europea quince años atrás. Si la defraudamos ahora no reaccionando al actual retroceso de esa libertad y de esa democracia, podríamos estar cometiendo un pecado imperdonable.

La tribalización de la que estamos siendo testigos no alcanza solamente a la política identitaria en su sentido más estricto. También atañe a una concepción cada vez más retorcida de lo que la democracia significa y debería significar en este momento de auge del populismo. Esto es así en los tres casos que hemos comentado hasta aquí: el movimiento independentista catalán, la campaña de los brexiteers para la salida del Reino Unido de la UE, y la cruzada antidemocrática de Orbán y Kaczy´nski. Los tres son síntomas de una Europa que se descose como tal. La tribalización ha influido ya en cuál es nuestra percepción actual de la democracia, y lo ha hecho definiendo a la baja los requisitos mínimos que exigimos a un régimen político para que lo sigamos considerando como democrático.

5
¿A QUIÉN LE IMPORTA LA DEMOCRACIA?

Se ha convertido ya en un tópico que los populistas aludan a «la voluntad del pueblo» para dotar sus propias opiniones de una fuerza y una autoridad mayores. Menos parecemos reparar, sin embargo, en cómo los políticos convencionales también tiñen sus discursos de ideas y afirmaciones populistas y han ido renunciando paulatinamente a una concepción liberal de la democracia. Cada vez más, la democracia se define exclusivamente como «aquello que quiera el pueblo», sin que importen las garantías ni las protecciones. En el brexit, entre los separatistas catalanes, o en las interminables diatribas de Orbán contra la élite liberal y los inmigrantes, todo se justifica diciendo que lo único que importa es aquello que el pueblo supuestamente haya votado y quiera. Incluso entre los teóricos de la política circula últimamente cierta corriente de simpatía por el pensamiento «mayoritarista», acompañada de críticas contra las instituciones contramayoritarias fuertes por ilegítimas[57]. La pregunta que debemos hacernos en un libro como este es: ¿debe la democracia definirse simplemente como aquello que una mayoría dada quiere, según esta lo exprese en referéndum o mediante una mayoría parlamentaria? ¿Puede sobrevivir la democracia sin elementos básicos de la democracia liberal como son las constituciones, el respeto a las minorías y la existencia de instituciones que pongan límites a la voluntad mayoritaria? Y si puede, ¿deberíamos permitirlo?

En esta segunda parte del libro, analizaremos el estado de la democracia en estos últimos años. Mostraremos que el populismo y el tribalismo están socavando poco a poco la legitimidad de las instituciones contramayoritarias. Por una parte, es cierto que, desde un punto de vista puramente histórico, el panorama actual es bastante mejor que el de otras épocas pasadas. En 2019, hay claramente más democracias en el mundo que en 1944. Y si nos remontamos a 1800 y tomamos una perspectiva de conjunto, veremos que las tendencias globales parecen similarmente halagüeñas[58].

Tendencias globales de los sistemas de gobierno,
1800-2016

Sin embargo, si nos fijamos más concretamente en la evolución de los últimos diez años, la imagen resultante es mucho menos prometedora. Según la Intelligence Unit de The Economist, ochenta y nueve países experimentaron un retroceso democrático en 2017 y solo veintisiete registraron una mejora[59]. Según el proyecto «Varieties of Democracy» (V-Dem) que cité en la nota 4 (de la Introducción del presente libro), seis de los países que han retrocedido en democracia están en Europa.

Además, según un estudio a nivel mundial del Pew Research Center, un 26 % de las personas entrevistadas no da más valor a la democracia que al autoritarismo[60]. Los datos indican que ha desaparecido la asociación entre el aumento de los niveles de renta de la población y la actitud favorable de esta hacia la democracia. Puede que tengamos que ir despidiéndonos de aquella teoría clásica, muy querida de los politólogos, según la cual, en el momento en que un país alcanza un nivel de renta per cápita de catorce mil dólares anuales, su riesgo de reversión hacia el autoritarismo disminuye drásticamente (como Yascha Mounk recordaba recientemente en un artículo de The Economist)[61].

PIB per cápita de la Unión Europea
(en dólares estadounidenses)[62]

Las cifras que se ven en el gráfico de la página 73 muestran un incremento general de los niveles de renta per cápita en Europa y en todo el mundo.

Si nos fijamos en el nivel de crecimiento de la renta per cápita a escala global, la impresión es muy similar[63].

PIB per cápita mundial
(en dólares estadounidenses)

Aunque es evidente que no todos los países se han beneficiado por igual de la globalización y que la desigualdad continúa siendo un problema significativo incluso en las sociedades occidentales ricas, los estudios muestran también que los grupos de rentas medias son los que, en general, más han salido ganando con la globalización[64].

Tasa de crecimiento real acumulado, 1988-2008[65]

Sin embargo, el hecho de que muchos europeos hayan disfrutado de unos niveles de crecimiento importantes y de que su renta per cápita haya aumentado no parece haberlos inmunizado contra la política identitaria y los líderes autoritarios. Las teorías basadas en la ciencia política se han mostrado endebles a este respecto. De hecho, a la luz de estos datos, la politóloga angloestadounidense Pippa Norris ha argumentado que nos hemos preocupado durante demasiado tiempo por explicar el auge del populismo atribuyéndolo únicamente a la desigualdad económica. Según Norris, la media de las rentas familiares anuales de los votantes de Trump es más de diez mil dólares superior a la media de las del conjunto de las familias estadounidenses. No hay nada que pruebe, pues, que las preferencias por un líder populista como Trump se concentraron en los grupos de renta más baja. Según ella, el populismo autoritario está más relacionado con la cultura que con la renta[66]. Cuando la clase media blanca votó por Trump, lo hizo primordialmente porque se sentía ignorada y despreciada por la izquierda liberal y por quienes defienden los derechos de las minorías raciales y LGTB, y la igualdad de género.

Pero, con independencia de cuál sea la causa original que propongan, pocos son los analistas y observadores que no coinciden en apreciar que estamos viviendo una verdadera revuelta contra los valores y la democracia liberales que nadie preveía cuando celebrábamos la caída del Muro de Berlín hace treinta años.

Pues, bien, al examinar la fragilidad de la democracia contemporánea y las dificultades a las que se enfrenta, se nos plantea enseguida una pregunta: ¿a quién le importa realmente? No al votante medio, por lo que parece. Cada vez son menos los electores que se toman la molestia de acudir a las urnas, lo que viene a ser una muestra más de un declive de la confianza en las instituciones tradicionales y en la democracia.

En Estados Unidos, por ejemplo, la participación electoral en las elecciones presidenciales ha oscilado desde el año 2000 entre el 54,2 y el 61,6 %, mientras que la registrada en las elecciones al Congreso se ha situado entre el 35,9 y el 41 % desde 2002[67]. Son datos que no hablan muy bien de un país que dice ser la «tierra de los libres».

Pero los estadounidenses no son los únicos que están dejando de ir a votar. También las democracias europeas han sufrido un descenso general de la participación electoral con el paso del tiempo. Sus mayores niveles de participación se registraron entre las décadas de 1940 y 1980, pero desde los años noventa la abstención ha aumentado significativamente. Una explicación de este fenómeno habría de buscarse en las diferencias entre los países del este y del oeste en la propia Europa, pues mientras que la participación electoral media en el conjunto de los países poscomunistas ha descendido en torno a un 20 % desde que, a finales de la década de los ochenta, rompieran con el comunismo, la caída de la participación en las llamadas democracias europeas consolidadas fue de un 10 % aproximadamente durante el mismo periodo (y partiendo de un nivel general previo de participación más elevado que el de las democracias de Europa oriental). Otra explicación sería el creciente desencanto con la democracia liberal y sus valores, unido a una posible desilusión por las dificultades de la transición que muchos países de la Europa central y del este han tenido que soportar. En todo caso, las actitudes hacia la democracia pueden afectar significativamente al comportamiento electoral en cualquier lugar de Europa[68]. La participación electoral media de los últimos cinco años en Europa ha sido del 62,46 % para un total de treinta y ocho elecciones. Compárese este dato con los cinco primeros años de la década de 1990, en los que esa media fue del 77,45 % sobre un total de veintiocho citas electorales. El descenso es, pues, bastante claro.

Participación electoral en Europa, 1945-2015[69]

En elecciones regionales y locales, suelen ser menos aún los votantes que se molestan en acudir a las urnas, si bien esto varía según los países y las regiones. En cualquier caso, la reticencia a participar e implicarse en los comicios tradicionales está muy extendida tanto en Estados Unidos como en Europa.

El panorama empeora si incluimos las elecciones al Parlamento Europeo. La participación total en los pasados comicios de 2014 se quedó en un mínimo histórico del 43 %. Se aprecia, claro está, una gran variación entre países, pues algunos Estados miembros de la UE continúan registrando niveles de participación razonables. Los países poscomunistas volvieron a ocupar los puestos más bajos de la lista: en Eslovaquia solo votó el 13 % del electorado, y en la República Checa la participación no fue mucho mayor (apenas un 18 %). También el Reino Unido tocó fondo en ese sentido, pues solo un 35,6 % de los electores emitieron su voto aquel día.

No cabe duda de que muchos electores siguen considerando que el Parlamento Europeo es menos importante e influyente que los parlamentos nacionales[70]. En muchos países, las elecciones europeas son vistas como unos comicios de «segundo orden», lo que significa que los votantes se centran en temas nacionales y usan su voto en las europeas para enviar un mensaje (generalmente de insatisfacción) a los políticos nacionales, y no para posicionarse sobre cuestiones de ámbito europeo[71].

Pero, pese a las relativamente pocas personas que votan tanto en las elecciones nacionales como en las europeas, resulta cada vez más habitual que los líderes elegidos en ellas digan hablar en nombre del «pueblo». Pero ¿quiénes son realmente «el pueblo»?

6
¿QUIÉNES SON EL PUEBLO?

Yascha Mounk sostiene que equiparar democracia a «la voluntad del pueblo» es un problema que pone en riesgo la democracia misma. La democracia nunca ha consistido solamente en votar en unas elecciones, ni en votar en un referéndum circunscrito a un único tema en particular. La democracia constituye un modo de equilibrar objetivos políticos diversos, sobre todo en lo relativo a aquellas cuestiones difíciles que pueden tener consecuencias serias para una comunidad de ciudadanos durante décadas.

De ahí que, ahora que las instituciones establecidas y la democracia liberal afrontan un conjunto creciente de dificultades, y que se invoca constantemente «la voluntad del pueblo» cada vez que se presenta una nueva propuesta política, merezca mucho la pena hacerse la siguiente y fundamental pregunta: ¿quiénes son «el pueblo»?

¿Debemos definir el pueblo simplemente como aquellas personas que acuden a las urnas en una jornada electoral, aunque en el caso de que solo una proporción reducida del electorado opte por ejercer su derecho de sufragio para hacer oír su voz? ¿O el pueblo somos todos, con independencia de quiénes voten realmente y quiénes no? Los presidentes y jefes de Estado electos rara vez pierden la ocasión de decir que representan a «todo el pueblo» cuando pronuncian su primer discurso tras su triunfo electoral. Aunque esa no sea una afirmación falsa en esencia, sí puede discutirse ciertamente si «el pueblo» abarca también a quienes —por diferentes razones— se abstienen de votar. Hay quienes se quedan en casa en señal de protesta, porque no apoyan a ninguno de los candidatos que se presentan, o porque no quieren que se les cuente entre la multitud de la que el nuevo líder resultante se dirá representante. ¿Son ellos también «el pueblo»?

Este dilema del «quiénes son realmente el pueblo» se vuelve más complejo todavía cuando hablamos de los referéndums. ¿Qué nos dice el resultado de un plebiscito en realidad? ¿De verdad representa la voluntad de «todo el pueblo» cuando la mayoría ganadora (la del «sí» o la del «no») lo es por un muy estrecho margen de diferencia? Probablemente pocos entre el 48 % de votantes que se decantaron por permanecer en la Unión Europea en el infausto referéndum del brexit querrán que se les incluya entre el «pueblo» de la tan manida frase «el pueblo británico ha hablado y quiere irse de la UE». Y eso que la participación en la votación del brexit fue relativamente alta (un 72,2 %). Pero ¿qué pasa si, además, son muy pocos los electores que acuden a votar en una cita así? ¿Puede seguir considerándose legítimo el resultado en ese caso?

Eso fue precisamente lo que vimos que ocurrió en el referéndum sobre la independencia de Cataluña del 1 de octubre de 2017, cuando el líder del movimiento independentista, Carles Puigdemont, no dejó pasar ni un segundo para anunciar que «el pueblo catalán» había expresado su voluntad de separarse de España, aun a pesar de que solo un 43 % de los electores convocados a las urnas aquel día emitieron su voto. Aunque el 90 % de esos votantes votaron «sí», el 43 % total no dejaba de ser una minoría del electorado. La cuestión en torno a cómo definir el demos o «pueblo» puede ser fácilmente tergiversada, como de hecho lo es. ¿Y si —como ya he especulado antes— una mayoría de barceloneses quisieran abandonar Cataluña? ¿Entraría ese escenario dentro de la lógica de los separatistas? Como muy elocuentemente ha señalado Christian Rostbøll:

¿Implica el argumento de la autodeterminación democrática que cualquier grupo, región o municipio tiene derecho a la secesión o a crear su propio país? ¿Se les permitiría a Barcelona o al Valle de Arán abandonar una Cataluña independiente? Yo diría que quienes propugnan tesis favorables a la autodeterminación nunca se ciñen estrictamente a la máxima de que «el pueblo debe decidir por sí mismo». Siempre hay en ellas un argumento concurrente a propósito de quiénes forman ese pueblo, y no es un argumento basado en la democracia[72].

Así pues, la de quiénes forman «el pueblo» no es una cuestión puramente numérica, referida al porcentaje de participación en un plebiscito o en unas elecciones nacionales (una participación que, en algunos países, es incluso obligatoria), sino que también entraña unas normas y unas instituciones.

Pero, en el debate del brexit, como también en el debate sobre la independencia de Cataluña, no hemos dejado de oír que «el pueblo ha hablado y debemos respetar su voluntad» de (a) salir de la UE, o (b) separarse de España. En ambos casos, sin embargo, es perfectamente lícito cuestionarse si el resultado arrojado por esas dos votaciones realmente representó lo que querían el pueblo catalán o el británico.

También Viktor Orbán se ha escudado astutamente en el demos húngaro para legitimar sus políticas. Varias veces, ha recurrido a encuestas enviadas directamente a los hogares húngaros para validar sus propuestas estrella: por ejemplo, para demostrar que «el pueblo» de Hungría no estaba dispuesto a aceptar el realojamiento obligado de migrantes musulmanes[73].

Aun así, el «truco» de reducir la «voluntad del pueblo» a nada más que simples referéndums, desechando todos los demás procedimientos e instituciones de la democracia, es peligroso, no solo porque polariza el debate político —como vimos en el caso del brexit, y también en el del referéndum en Cataluña—, sino porque asimismo encierra un problema de fondo, inherente al concepto mismo de referéndum y a las vías por las que se recurre a él.

La democracia plebiscitaria puede ser muy divisiva y alejada de los principios básicos de la moderna democracia representativa, en la que los políticos son elegidos para, entre otras cosas, tomar decisiones difíciles sobre temas que comportan consecuencias a largo plazo.

Someter a votación popular tales cuestiones puede ser usado como una excusa para no tener que someter ciertas iniciativas difíciles por los canales de decisión de las instituciones representativas ordinarias. El exprimer ministro británico David Cameron es un ejemplo claro de mandatario que optó por resolver los problemas internos en su partido mediante un referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea en 2016. Él creyó (ingenuamente) que autorizando una votación popular sobre un posible brexit serenaría los ánimos entre sus parlamentarios más euroescépticos. También pensó que no le costaría conseguir que el electorado le apoyase con un aplastante «sí» a la permanencia. La realidad del circo del brexit que se organizó justo a continuación no tardó en desmentirlo. Ahora sabemos que el referéndum británico no reparó, sino que muy posiblemente acentuó, las fracturas ya existentes, y no solo entre los conservadores británicos, sino también en la sociedad británica en general, sobre todo, a nivel intergeneracional.

Los partidarios de los plebiscitos deberían valorar la necesidad de incorporar ciertos mecanismos de garantía o umbrales que no solo protejan a la minoría perdedora, sino que también aseguren que el resultado no será válido si no supera un porcentaje mínimo de votos favorables y de participación del electorado llamado a votar. El profesor de Harvard Kenneth Rogoff incidía precisamente en ello al referirse al umbral increíblemente bajo que el Reino Unido fijó para validar la salida de la UE, pese a las consecuencias que tal decisión tendrá durante generaciones:

La verdadera locura de la votación británica a favor de abandonar la Unión Europea no fue que los líderes de ese país se atrevieran a pedir a sus ciudadanos de a pie que sopesaran las ventajas de la pertenencia a la UE y las presiones migratorias que esta representa. La verdadera locura fue que se fijara un listón ridículamente bajo para la salida de la Unión, pues solo era necesaria una mayoría simple. Con una participación del 70 %, eso significó que los partidarios de abandonar la UE vencieron con el respaldo de solo un 36 % del electorado[74].

Lo que también podría haberse prometido desde el principio era una nueva votación para cuando el acuerdo de salida al que llegaran finalmente el Reino Unido y la UE estuviera cerrado. También podría haberse decidido celebrar elecciones generales entre los dos referéndums teniendo en cuenta que lo que estaba en juego era suficientemente serio para ello. Además, se podría haber exigido que el resultado del referéndum fuera validado por una mayoría de diputados en el Parlamento. Y, por último, se podrían haber introducido ciertos mecanismos de ponderación generacional del voto, dando más peso en el recuento a los votos de los electores más jóvenes, pues son quienes tendrán que soportar más tiempo las consecuencias del resultado de la votación.

En el caso del referéndum ilegal sobre la independencia de Cataluña, el umbral real fue más bajo aún, pues la participación también fue menor. El factor generacional fue importante en ese caso también. Y cabría recordar que cualquier votación popular legal que se pueda celebrar sobre la independencia catalana en el futuro afectará a millones de personas, incluso más allá de las fronteras de Cataluña.

En resumidas cuentas, cuando se tratan decisiones que son complejas y tienen consecuencias muy duraderas, reducirlas a una simple votación popular entre «sí» y «no» supone arriesgarse a enajenar a ese sector del demos que se queda en la minoría y a hurtar sueños y aspiraciones a las generaciones futuras.

Retomemos ahora el caso catalán y veamos lo mucho que tiene que decirnos sobre este dilema en particular.

7
EL FANTASMA CATALÁN

El referéndum catalán del 1 de octubre de 2017 es un buen ejemplo lo que puede suceder cuando se utiliza el recurso de «preguntar al pueblo» como instrumento para el activismo político. Varias fueron las cuestiones relacionadas con la legitimidad democrática que aquella turbulenta votación sobre la independencia sacó a relucir. Incluso la forma misma en que el Parlamento catalán decidió la celebración del referéndum —a sabiendas de que infringía la Constitución española— causó un gran revuelo. Fueron necesarias once horas de debate y un ambiente crispado —cincuenta y dos parlamentarios de la oposición abandonaron el hemiciclo antes de la votación final en señal de protesta— para que el entonces presidente catalán, Carles Puigdemont, lograra la aprobación del Parlamento autonómico a su propuesta de plebiscito.

Una de las primeras y más lógicas cuestiones que cabe tener en cuenta cuando se habla del desafío independentista catalán en relación con la democracia es, no ya el apoyo requerido en votos que se estipuló para poder afirmar que el resultado hablaría en nombre de todos los catalanes, sino, sobre todo, si, de entrada, el referéndum era o no era legal.

Bien es cierto que a los separatistas no les importaba particularmente la legalidad (a nivel español o internacional) de aquella votación, ni el porcentaje del electorado que acudiera a votar[75]. De hecho, es más que razonable suponer que, en esencia, todo aquel ejercicio fue, más bien, un espectáculo orquestado para el público internacional.

Pero, en cualquier caso, ¿qué dice realmente la Constitución española sobre ese tema? Como en otras democracias, prohíbe a las autoridades regionales la convocatoria de referéndums sobre cuestiones de trascendencia nacional y cuyos resultados supongan una enmienda de hecho a la propia Constitución[76]. Ninguna comunidad autónoma puede constituirse unilateralmente en Estado independiente. Este detalle, que no sorprenderá a nadie, había sido ya previamente confirmado hasta en dos ocasiones por el Tribunal Constitucional español.

Conviene recordar que, precisamente, una de las finalidades principales de una constitución democrática es la de evitar que un repentino cambio del estado de ánimo popular —o de los políticos al mando— anule el contrato social vigente en un país y acarree así inmensas consecuencias para esa sociedad y para sus futuras generaciones, lo que no significa, desde luego, que no se pueda expresar la opinión sobre un tema particular o que no se pueda hacer campaña a favor de la creación de un nuevo Estado independiente. En democracia, todo el mundo tiene derecho a la libertad de expresión.

Por otra parte, tratándose aquel referéndum en buena medida de un ejercicio publicitario y mediático, el Gobierno español seguramente habría demostrado más sensatez ignorándolo. Puede que una reacción así fuera ya imposible para entonces, pero la dureza de la reacción de Madrid fue recibida, sin duda, como una bendición por Puigdemont y sus colaboradores. Estos sacaron partido de la violencia de aquel día para alimentar el apoyo y la atención mediática del exterior. La consecuencia final fue, pues, justamente la que Puigdemont quería: convertir a su movimiento en la víctima a los ojos del mundo y despertar simpatías en un público internacional cada vez más desconcertado por lo que estaba presenciando. Puigdemont consiguió —gracias, en parte, al desastroso manejo de la revuelta por parte de Rajoy— presentar un relato a los medios de comunicación internacionales en el que la suya era una pequeña cultura marginada que estaba siendo aplastada por un Gobierno autoritario. El hecho de que, tras aquello, el índice anual de calidad democrática de España, según la Intelligence Unit de la revista The Economist, cayera hasta quedarse justo por encima del umbral de las democracias plenas confirma hasta qué punto el Gobierno de Madrid realizó un pésimo ejercicio de relaciones públicas[77]. Los separatistas, por su parte, quedaron probablemente muy satisfechos con el resultado, aun cuando su fama en el extranjero parece ir actualmente en descenso.

Dos aspectos de lo ocurrido son de particular importancia para el argumento aquí expuesto. El primero, sobradamente reseñado ya, es la cuestión de «¿quiénes son el pueblo de Cataluña?». ¿Se puede defender realmente que «los catalanes» quieren la independencia cuando solo una minoría de ellos se decidió a emitir su voto en un referéndum sobre la cuestión? ¿No es más representativa de los catalanes esa proporción del electorado que no votó que la minoría que sí lo hizo? Posiblemente, la respuesta no es ni lo uno ni lo otro, sino algo intermedio. Pero sí sirve para ilustrar muy bien la facilidad con la que las alusiones al «pueblo» y la democracia plebiscitaria pueden ser utilizadas para ahondar divisiones y fracturas sociales, y hasta qué punto esa vía es menos difícil que la de la búsqueda de soluciones cuidadosamente negociadas y pragmáticas que respeten las reglas constitucionales vigentes. Lo cual me conduce directamente al segundo aspecto importante que quería resaltar, relacionado con la legitimidad de un referéndum catalán unilateral sobre la independencia.

Aun dejando por un momento a un lado la cuestión de la ilegalidad de la votación, cabría preguntarse si un electorado regional tiene algún derecho moral a tomar la fundamental y probablemente irreversible decisión de partir todo un país. ¿No cabría al conjunto de España la decisión de permitir que una región se separase del actual Estado español? Muchos ciudadanos españoles no catalanes tienen fuertes lazos de unión con aquella región, y muchos tienen allí familiares, amigos y orígenes ancestrales. Sería, cuando menos, cuestionable dejarlos sin voz ni voto a la hora de decidir el futuro de Cataluña. Pero también es importante recordar que esa mitad de la población catalana que no quiere abandonar España se arriesgaría —en caso de que la opción de la independencia resultara vencedora en un referéndum legal— a perder algo más que su ciudadanía española: se arriesgarían a perder también su ciudadanía europea, ya que, como se ha comentado anteriormente en este mismo libro, no existe garantía alguna de que Cataluña pasase automáticamente entonces a ser un nuevo miembro de la Unión Europea. Estas son consecuencias de gran calado, aunque, a menudo, ignoradas, y que serían más devastadoras si cabe para quienes ni siquiera desean la independencia.

Al mismo tiempo, si Cataluña se declarase Estado independiente, también se vería afectado y cuestionado el estatus de la propia España como Estado soberano. Esta probablemente es otra razón, menos comentada, de por qué Madrid dudó poco en aplicar el artículo 155 de la Constitución española tras el referéndum independentista y la proclamación de la República de 2017. Activando las disposiciones allí previstas, el Gobierno español retiró el derecho de autogobierno a las autoridades autonómicas y asumió directamente el poder desde Madrid.

Una declaración de independencia también representaría un desprecio fundamental hacia la propia Constitución española (adoptada democráticamente y por amplísima mayoría popular en 1978). El texto constitucional, que reemplazó a las Leyes Fundamentales del franquismo, prohíbe referéndums autonómicos puntuales que alteren de forma unilateral la base jurídico-política del país[78]. El profesor de derecho Javier García Oliva da una muy precisa explicación de por qué las constituciones cumplen una importante función de salvaguardia fundamental de la estabilidad:

Cuando los asuntos se deciden por votación popular, suele haber vencedores y perdedores, pero las constituciones están precisamente para salvaguardar los intereses de los perdedores, y eso tiene una importancia que no debemos infravalorar[79].

Las constituciones pueden, pues, refrenar impulsos políticos e impedir desastres.

Eso no significa, ni mucho menos, que una constitución no pueda cambiarse si una mayoría suficiente de ciudadanos apoya tal cambio. No hace mucho se ha sugerido, por ejemplo, que una vía menos conflictiva y más pragmática para la solución de la cuestión catalana podría ser la negociación y elaboración de un modelo federal para el conjunto de España. Cataluña ya es una «comunidad autónoma», una especie de categoría subestatal dentro de España, que otorga a la región una mayor autonomía y que incluye un mayor control sobre su propia política lingüística, su sanidad y sus políticas sociales y educativas que la que tienen la mayoría de regiones en el resto de Europa[80].

Ahora bien, para optar por un proyecto más federal, los separatistas tendrían que renunciar a su retórica y su programa políticos identitarios. Seguir apostando por referéndums ilegales y bombas mediáticas no sería una vía de avance.

Además, si el rumbo del separatismo no cambia radicalmente, es probable que tampoco pueda seguir concitando las mismas simpatías en el exterior que ha despertado hasta el momento.

En definitiva, el abuso de los referéndums para reunir apoyos a una causa concreta es una dinámica peligrosa para una democracia. Las preguntas simplistas con respuestas de tipo «sí» o «no» que se plantean en tales escenarios tienen consecuencias explosivas cuando afectan a temas existenciales y constitucionales que pueden tener repercusiones para los ciudadanos durante generaciones. Los plebiscitos han experimentado un innegable renacimiento en años recientes porque muchos consideran que reflejan más fielmente la «voluntad del pueblo» y, por ello mismo, en ciertos sectores, se ven como más legítimos que los duros y laboriosos trabajos de la democracia representativa corriente[81]. No obstante, aunque los referéndums parecen soluciones rápidas y fáciles a dilemas como los de quedarse o marcharse de una Unión o un Estado, lo cierto es que no proporcionan soluciones a largo plazo y no procuran cohesión social e intergeneracional.

* * *

En un mundo tribalista, donde las respuestas a las dificultades sociales complejas se presentan a menudo en términos simplistas, los referéndums son objeto de generalizadas y sonoras alabanzas. Sin embargo, el incremento de convocatorias de plebiscitos no es el único ni, tan siquiera, el más importante de los problemas a los que se enfrentan las democracias liberales. Un escollo aún mayor para ellas es el mayoritarismo extremo, que ha conquistado un número creciente de partidarios en estos últimos años. En los sistemas mayoritarios extremos, lo normal es mantener la apariencia de democracia o, para ser precisos, de aquello que anteriormente he llamado «democracia electoral». Las democracias electorales celebran elecciones, pero tienen previstos escasos (o nulos) límites a la acción de quienes ostentan el poder gubernamental. Desde el momento en que las instituciones contramayoritarias de un sistema político quedan prácticamente desarticuladas, este deja de ser algo a lo que podamos llamar democracia con un mínimo de propiedad. En esos sistemas, los órganos de gobierno pueden hacerse así con el control de los tribunales y, al mismo tiempo, limitar paso a paso el margen de maniobra de la prensa libre y la sociedad civil sin, en muchos casos, llamar la atención internacional.

Aunque lo que acabo de decir parezca la descripción de una época ya remota (la Europa de la década de 1930, por ejemplo), lo cierto es que se corresponde de forma bastante precisa con lo que está acaeciendo en algunos países de la Europa actual. Que hayamos llegado a tal punto sin casi habernos dado cuenta de ello no solo se debe a la creciente ola populista y a un cierto cambio paulatino en las ideas sobre la definición misma de democracia, sino también a la creciente flaqueza en las convicciones de muchos antiguos defensores de la democracia liberal. Muchos han adoptado una actitud más acomodada ante el actual socavamiento del Estado de derecho. Y esta es una tendencia ciertamente preocupante, pues viene acompañada a menudo de una creciente vacilación a la hora de criticar, atajar y contrarrestar enérgicamente esas tendencias. ¿Acaso no cabría interpretar como un consentimiento o, al menos, una tolerancia callada de la situación toda esa ausencia de debate y crítica en los medios de comunicación y las organizaciones políticas sobre la actual evolución de nuestras democracias? Y por encima de esta, aún cabe hacerse una pregunta más fundamental: ¿estamos verdaderamente dispuestos a aceptar que, en algunos lugares, la democracia se haya degradado hasta convertirse en un mayoritarismo extremo o, en según qué casos, incluso en una autocracia? En determinadas partes de la Europa actual, principios liberales como la libertad de prensa, la imparcialidad de la justicia o los derechos de las minorías son ya meros recuerdos del pasado. ¿Cómo pudieron desaparecer así, sin que ni siquiera nos diéramos cuenta? Analicémoslo a continuación.

8
¿DEMOCRACIA SIN LÍMITES?

El control judicial de constitucionalidad no aparecía estipulado en ninguno de los artículos del texto constitucional original de Estados Unidos, y no fue introducido en el sistema jurídico-político del país hasta 1803, a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo en el caso de «Marbury contra Madison». Pero, a partir de ese momento, la democracia estadounidense se convirtió en paradigma de un sistema político dotado de un Tribunal Supremo fuerte. Esta alta instancia judicial pasó así a tener reconocida la capacidad para desautorizar al Congreso o, incluso, al presidente si entiende que alguna decisión legislativa o ejecutiva infringe la Constitución. En La democracia en América (1831), Alexis de Tocqueville propuso una explicación a por qué los jueces y los tribunales habían adquirido un papel tan preeminente en la nueva democracia estadounidense. Según él, la razón era que, desde un principio, se los consideró los verdaderos guardianes de la libertad: «Un día, nos daremos cuenta de que, cuando se reduce la independencia de la judicatura, no solo se está produciendo un ataque contra el poder judicial propiamente dicho, sino contra el conjunto de la república democrática»[82]. Tocqueville sostenía que los jueces podían proteger activamente al individuo frente al Estado aboliendo aquella legislación que invadiera las libertades individuales. Los tribunales eran, pues, no ya «custodios de la ley», sino una auténtica fuerza «contramayoritaria» que imponía límites a la acción de la mayoría en el Congreso cuando fuera necesario. Y esos eran principios desconocidos entonces en la gran mayoría de países europeos.

En Europa, con anterioridad a la Segunda Guerra Mundial, la mayor parte de los sistemas parlamentarios carecían de instituciones contramayoritarias significativas, pues la de la mayoría siempre ha sido una regla intuitivamente democrática (a fin de cuentas, democracia significa «poder del pueblo» en griego). Pero no es menos cierto que, desde los tiempos de la Carta Magna inglesa[83], también se ha juzgado necesario instaurar diferentes tipos de mecanismos para proteger al pueblo de los abusos de sus gobernantes. De todos modos, no sería hasta después de la Segunda Guerra Mundial y tras las atrocidades cometidas entonces contra los judíos y otras minorías cuando la mayoría de europeos entenderían por fin la necesidad de introducir controles adicionales a la acción de los parlamentos.

El constitucionalismo se convirtió en la tendencia jurídico-política de moda en el periodo de posguerra en Europa y reemplazó a la mayoría —que no a la totalidad— de los sistemas democráticos de corte mayoritario vigentes hasta entonces. La democracia constitucional se entiende aquí como una «institucionalización de aquella forma específica de democracia liberal en la que los parlamentos son contrapesados por unos mecanismos relativamente fuertes de control judicial de constitucionalidad»[84]. Esta nueva forma de entender la democracia hizo fortuna tras la Segunda Guerra Mundial como reacción a la insuficiencia demostrada por los controles jurídicos previstos en el sistema de la República de Weimar. Los efectos del poder parlamentario ilimitado del que se valieron los nazis en el Reichstag alemán, para el que no estaban previstos unos contrapesos constitucionales ni unas protecciones de derechos humanos que impidieran el asesinato de millones de personas inocentes, sirvieron así de llamada de atención a la mayoría de juristas y políticos. La instauración de un Tribunal Constitucional fuerte en Alemania después de la guerra fue, en muy buena medida, una consecuencia directa de ello.

Fue aquel nuevo tipo de democracia el que instituyó los pesos y los contrapesos sobre los que Tocqueville escribiera con tanto entusiasmo a propósito de sus experiencias en Estados Unidos. Tras la guerra, los límites a las mayorías y a los Gobiernos se complementaron también con unos compromisos internacionales recíprocos institucionalizados en forma de tratados y convenciones tanto mundiales como europeas. Resultado de ello fueron la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y la adopción de la Convención Europea de Derechos Humanos en 1950. Se consideró entonces urgente crear por encima del nivel de los Estados un código de normas más vinculante que protegiera los derechos humanos tras la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial y el fracaso rotundo en el periodo de entreguerras de la Sociedad de Naciones impulsada en su día por Woodrow Wilson[85].

La «revolución constitucional» fue un fenómeno dual que afectó tanto a los Estados en particular como a Europa en general, y que perseguía el objetivo añadido de formar aquí un baluarte de defensa sólida frente al comunismo.

La revolución constitucional germana no tardó en propagarse fuera de la propia Alemania, primero a Italia y luego a otros muchos Estados europeos a medida que se fueron librando de sus regímenes autoritarios previos y adoptaron nuevas constituciones. En palabras de Martin Shapiro y Alec Stone Sweet, «el tándem formado por los derechos y el control judicial de constitucionalidad [se convirtió en] componente esencial e, incluso, obligado de todo avance hacia la democracia constitucional» durante esos años[86].

Tras la desintegración de la Unión Soviética, las nuevas democracias de la Europa central y del este abandonaron el comunismo y también incorporaron instituciones contramayoritarias fuertes. Polonia y Hungría, por ejemplo, adoptaron tras sus respectivas revoluciones unas constituciones que preveían un acerado poder judicial y diversos pesos y contrapesos. Los nuevos mecanismos apenas si tuvieron tiempo de consolidarse antes de que, allá por 2010, se iniciara en ambos países (sobre todo, en Hungría) la deriva antiliberal. Los políticos en el poder en uno y otro país han impulsado en estos últimos años varias «reformas judiciales» con las que han tratado de suprimir todas las restricciones a la acción de sus respectivas mayorías parlamentarias, reduciendo las competencias de los tribunales y situando en ellos a magistrados de su propia cuerda política[87].

Convendría aclarar ya de entrada que los Gobiernos húngaro y polaco no han sido las únicas voces que se han significado por este nuevo repudio de las instituciones contramayoritarias fuertes. Si bien la mayoría de países decidieron adoptar sistemas de control judicial fuerte tras la Segunda Guerra Mundial, desde algunas de las democracias mayoritarias clásicas de la propia Europa occidental no se ha dejado de criticar esa evolución institucional. En Gran Bretaña y en Dinamarca continúa siendo habitual oír críticas al hecho de que, en la esfera transnacional global o europea, haya jueces no elegidos democráticamente que dispongan del poder de limitar la voluntad de la mayoría popular de un país. Algunos estudios han mostrado que, en concreto, aquellos países con escasa o nula tradición en instituciones contramayoritarias a nivel nacional interno juzgan con mayor severidad el papel de los organismos judiciales internacionales que los países que tienen ya experiencia con esa clase de contrapesos institucionales dentro de sus fronteras[88]. El Reino Unido y los países nórdicos han pertenecido tradicionalmente a la categoría de los primeros y han cultivado desde muy antiguo la idea de la soberanía del Parlamento, un órgano que elevan así por encima del resto de poderes del sistema jurídico-político[89]. Esto explicaría también por qué tanto el Tribunal de Luxemburgo como el de Estrasburgo han sido objeto de reiteradas reprobaciones desde esos países en estos últimos años. Tanto el Reino Unido como Dinamarca han intentado incluso limitar el poder del Tribunal de Estrasburgo apelando a sendas declaraciones propias —la de Brighton y la de Copenhague[90]— con el objeto de «recuperar» más competencias sobre derechos humanos de las que ya habían logrado rescatar hasta ese momento, buscando así, en definitiva, que sean sus parlamentos nacionales, y no los tribunales internacionales, los únicos con capacidad reconocida para decidir en materia de derechos.

El concepto británico de la soberanía parlamentaria y el desagrado que allí inspiran los jueces internacionales por —según se les reprocha a menudo— «no haber sido elegidos por los ciudadanos ni responder tampoco ante estos» son bien visibles en el discurso sobre el brexit que pronunció Theresa May en Londres el 17 de enero de 2017, con el Tribunal Europeo como diana de sus críticas:

Recuperaremos el control sobre nuestras leyes y pondremos fin a la jurisdicción del Tribunal Europeo de Justicia en el Reino Unido. Irnos de la Unión Europea significará que nuestras leyes se harán en Westminster, Edimburgo, Cardiff y Belfast. Y esas leyes serán interpretadas por jueces que tendrán su sede, no en Luxemburgo, sino en juzgados de este país[91].

¿Habríamos escuchado un ataque así contra tribunales y jueces diez o quince años atrás? ¿Cabe apreciar en discursos como este, o en declaraciones como las de Copenhague y Estrasburgo, una corriente de creciente cuestionamiento del orden liberal internacional como tal? Es difícil saberlo, pero de lo que no cabe duda es de que lo que está actuando en este caso es una especie de instinto antimultilateral. Es un instinto que serviría para explicar el brexit y otras tendencias aislacionistas similares que bien podrían manifestarse en un futuro no muy lejano.

Es importante recordar que esa deslegitimación permanente de los jueces internacionales ejemplificada por el discurso de May no hace más que beneficiar a quienes pretenden desestabilizar la Unión Europea y su marco legal internacional.

Ivan Krastev nos recuerda que las instituciones independientes como los tribunales, los bancos centrales y los medios de comunicación suelen ser las primeras en sufrir el ataque de quienes tratan de cuestionar nuestro orden internacional liberal y nuestra democracia como tales[92].

El impulso populista de encasillar a los jueces dentro de la categoría de una «élite no elegida» es un fenómeno generalizado que trasciende con mucho el ataque al poder judicial en ciertos regímenes iliberales de la Europa central y del este. También es visible en Occidente y en la erosión que padecen las instituciones internacionales a nivel mundial. Se enmarca en el ya mencionado giro tribal y en una construcción gradual de nuevas fortalezas para «proteger» las instituciones y la ley nacionales frente a nuestro legado internacional de la posguerra.

El nuevo mayoritarismo extremo que tanto hemos visto crecer y expandirse en Hungría en particular durante los últimos diez años entra radicalmente en conflicto con ese legado nacido al término de la Segunda Guerra Mundial, cuando los estadounidenses promovieron la instauración de instituciones contramayoritarias en contrapartida por las ayudas del Plan Marshall. Para los demócratas liberales, la independencia de unos tribunales encargados de interpretar las leyes y los tratados, y de proteger los derechos humanos y las minorías frente a abusos de las mayorías, se convirtió así en sinónimo de democracia propiamente dicha. Es otro modo de decir que, desde una perspectiva estrictamente constitucionalista, los tribunales nunca deben estar sometidos a los cambios de criterio de las mayorías gobernantes ni a los caprichos que las masas puedan expresar en unas elecciones. Si alguna vez se supeditaran a factores como esos, dejarían de ser independientes y perderían ese papel equilibrador e imparcial suyo que Montesquieu ya pusiera de relieve en su Del espíritu de las leyes[93].

Cuando los tribunales están controlados por la esfera política, entran gravemente en conflicto con los principios de la democracia liberal y con la idea de la confianza en que las sentencias de los jueces son objetivas y no están influidas por otras consideraciones. Si los tribunales no son independientes, ¿cómo podemos estar seguros de que todos estamos sometidos al imperio de la ley y no al de los intereses de una mayoría gubernamental particular?

El sistema de pesos y contrapesos institucionales y la existencia de una judicatura que no haya sido nombrada políticamente son, pues, elementos fundamentales de la democracia[94]. De hecho, sin unas restricciones judiciales independientes y efectivas sobre las mayorías políticas, y sin la disposición a proteger al individuo frente al Estado, un sistema político no puede ser propiamente denominado democracia liberal. Esto significa también que ni el Gobierno ni nadie que responda ante él puede (ni debe) estar directamente implicado en decisiones como los nombramientos de los jueces, la duración de los mandatos de estos, sus ascensos, su edad de jubilación y otras cuestiones que puedan poner en peligro su imparcialidad. Intentar influir en jueces y fiscales, u ocupar directamente su lugar, o simplemente decir de los jueces imparciales que son una «élite no elegida», representa, según este punto de vista, un grave viraje tribal que nos aleja de la democracia liberal y nos conduce hacia un intento de concentrar el poder en una sola institución o persona.

Entender bien esto es fundamental para comprender la actual situación en Polonia y Hungría, a la que he venido refiriéndome a lo largo del libro. Y este es exactamente el motivo por el que la Comisión Europea (CE), en julio de 2018, incoó un expediente a Polonia en aplicación del artículo 7 del Tratado de la Unión[95]. La mayoría que se sienta actualmente en el Gobierno polaco, encabezada por el partido Ley y Justicia, quería cambiar la ley para politizar los nombramientos de los jueces en aquel país. El Gobierno intentaba legitimar esa «reforma judicial» alegando que existía una vieja guardia de jueces comunistas que abusaban de los poderes que les confiere la Constitución. También sostenía que los actuales jueces asumieron sus cargos sin intervención alguna del pueblo ni de los representantes parlamentarios elegidos por este. En abril de 2018, el Ejecutivo polaco presentó un proyecto de ley para la reducción de la edad de jubilación forzada de los jueces del Tribunal Supremo de Polonia, lo que comportaba la sustitución automática de un tercio de los magistrados de dicha alta instancia.

Ese intento de controlar y administrar políticamente las condiciones de trabajo de los jueces era una vulneración tan notoria de los principios básicos de la Unión Europea —y, en el fondo, de cualquier democracia— que esta tuvo que tomar cartas en el asunto. Pese a años de diálogo continuo con la Comisión y de repetidas advertencias de esta, el Gobierno polaco y el presidente Duda se negaron a dar marcha atrás a su paquete legislativo de reformas. Si el expediente abierto por la CE al Gobierno polaco en aplicación del mencionado artículo 7 llega a sus últimas consecuencias, Polonia podría perder su derecho al voto en las reuniones del Consejo Europeo. Paralelamente, en la propia Polonia se presentaron varias demandas judiciales contra el Gobierno para obligar a este a dar marcha atrás a las reformas y, como resultado de las mismas, en diciembre de 2018, el Tribunal Europeo de Justicia ordenó al Ejecutivo de Varsovia restituir en sus cargos a los jueces destituidos, pues entendió que su jubilación forzada contravenía el derecho y los valores europeos y debía revocarse[96].

En el momento de escribir estas líneas, parece que el Gobierno polaco está realizando ciertas concesiones en lo referente a los planes de jubilación de los jueces. No obstante, como no ha retirado aún la iniciativa de crear dos nuevas cámaras judiciales, una que se ocuparía de los expedientes disciplinarios contra los jueces díscolos, y otra que se dedicaría a revisar sentencias antiguas que fueran adversas al Gobierno (y cuya validez quedaría así a criterio del electorado en futuras elecciones), es difícil comprobar si las mencionadas concesiones han sido sustantivas o no[97].

Aunque los casos incoados contra Polonia y Hungría pueden parecernos complejos y han suscitado las habituales críticas contra el presunto elitismo de unos jueces y funcionarios de las instituciones europeas que interfieren en los asuntos (constitucionales) internos de los Estados miembros, es del todo fundamental para la supervivencia misma de la UE como institución democrática legítima que esta no tenga reparos en interferir. De hecho, se diría que, hasta el momento, ha sido demasiado reacia a ello y ha interferido demasiado poco y, quizá, incluso demasiado tarde.

Pero ¿por qué es tan importante que lo haga? En primer lugar, porque, para que la UE continúe considerándose una comunidad regida por el Estado de derecho y responsable del modus vivendi de quinientos millones de europeos y europeas, no puede arriesgarse a ser vista como una institución que no está a la altura de sus propias normas y criterios. Para no perder legitimidad, tiene que poner especial énfasis en que todos y todas vivamos según los principios básicos de la democracia y el imperio de la ley (principios como los estipulados en los criterios de Copenhague, que determinan la idoneidad de los países candidatos para el ingreso en la Unión)[98]. La Unión Europea se ha mostrado muy estricta, además, en lo referente a las sanciones a miembros que no cumplen con los requisitos económicos de la Unión. Naciones como Portugal, Irlanda y Grecia fueron puestas bajo la tutela comunitaria tras convertirse en «países rescatados». Sería tan irónico como difícil de explicar a los ciudadanos europeos que la UE se mostrara más estricta a la hora de imponer la disciplina económica que a la hora de velar por las reglas y los valores democráticos.

La «confianza» en los sistemas judiciales de otros Estados miembros es también esencial para el buen funcionamiento del mercado interno. Si los tribunales son acaparados por los políticos, los jueces de otros Estados comunitarios ya no podrán seguir confiando en sus colegas de ese país. Los tribunales nacionales de los Estados que cumplan los criterios de la independencia judicial dejarán de colaborar con los de esos Estados retrógrados y ya no se atreverán a fundamentar sus propias sentencias en la jurisprudencia que, sobre casos similares, se haya fijado en otros Estados miembros cuyos tribunales ya no sean garantía de independencia[99]. Tampoco es probable que las empresas quieran instalarse en un país cuyo poder judicial no sea imparcial. De hecho, si la Unión Europea no da un paso al frente en defensa de sus normas y valores básicos, todo el edificio legal sobre el que se sostiene el mercado único, y en el que confían empresas, ciudadanos y Gobiernos, podría correr riesgo de derrumbe.

Un último y significativo aspecto es que la Unión Europea también es un actor internacional participante en un mundo globalizado. La UE lleva años dando lecciones de democracia a los demás. Sería poco menos que cómico que la Unión, en el futuro, siguiera dedicándose a imponer condiciones y recomendaciones democráticas a sus socios en su política exterior y no fuera capaz de aplicárselas a sí misma en su propia casa[100]. Regímenes autoritarios, como Turquía y Rusia, pero también Estados africanos no democráticos, a los que la UE ha impuesto en algún momento condiciones para el envío de ayuda al desarrollo democrático, difícilmente continuarán escuchando consejo alguno de la Unión si esta no pone igual énfasis en la democracia dentro de sus propias fronteras.

¿Por qué debería preocuparnos todo esto? Como veremos en breve a propósito del caso húngaro, hemos cruzado ya, en muchos sentidos, una línea roja en lo que respecta al retroceso democrático en Europa. Es como si hubiéramos aceptado en silencio que un Estado miembro pueda desmantelar gradualmente sus instituciones democráticas sin que le suponga consecuencia alguna: como si nos dijéramos a nosotros mismos que, mientras allí se sigan celebrando elecciones, no hay de qué preocuparse.

Hungría no solo ha eludido sus propios compromisos previos con Europa, sino que también ha influido con sus ideas iliberales en otros muchos actores europeos. Se podría decir, incluso, que Hungría ha perpetrado un golpe de Estado contra la democracia liberal, aunque sin tanques ni armas de fuego. Con su callada transformación de la sociedad húngara durante los últimos diez años, y su aceptación meramente superficial de las críticas procedentes de las instituciones europeas, Orbán ha introducido un fuerte elemento de caos en el resto de la Unión Europea.

Va siendo hora, pues, de que recordemos en qué consiste realmente la democracia. Algunos regímenes autoritarios en nuestro propio seno comunitario se han aprovechado de nuestra tendencia a la acomodación y de nuestra ingenua suposición de que, mientras un país celebre elecciones, no hay necesidad de que tenga previstas mayores salvaguardias. No hay lugar a dudas de que el sentimiento iliberal antidemocrático ha encontrado en Europa un punto de apoyo sobre el que afianzarse. Solo queda preguntarnos si no será ya demasiado tarde para hacer algo al respecto.

9
¿SON DEMOCRACIAS LAS DEMOCRACIAS ILIBERALES?

Polonia y Hungría se han alejado de la democracia liberal en los últimos años. Lo han hecho suprimiendo limitaciones constitucionales y judiciales a sus parlamentos, e introduciendo jueces nombrados para sus cargos por designación política y fiscales que ejercen sus funciones al dictado de la mayoría gobernante. En Hungría en particular, Viktor Orbán se ha valido de su mayoría para reducir los derechos y las libertades de los ciudadanos, algo que ha hecho en nombre del pueblo.

Ivan Krastev llama a esto «la paradoja del este». Nos encontramos así en la harto grotesca situación de que esos electorados de la Europa central, que tanto tuvieron que luchar por obtener su libertad hace apenas veinticinco años, votan ahora a políticos que hacen campaña por eliminar los derechos liberales que tanto tardaron en conseguir.

Hoy se ha puesto de moda entre los movimientos populistas de todos los rincones del mundo —desde Brasil hasta Rusia, pasando por Estados Unidos, Europa o Turquía— criticar y poner frenos a los tribunales y a los jueces, tanto a nivel nacional como internacional. En la Unión Europea, no solo Hungría y Polonia han comenzado a virar hacia el autoritarismo: sus homólogos en los Gobiernos checo, rumano[101] y búlgaro también han puesto a prueba los principios básicos del Estado de derecho propios de ese club de naciones[102]. Esto ha ocurrido a pesar (o, quizás, a causa) de que la principal tarea de una justicia imparcial es proteger a los ciudadanos de a pie frente al Estado, la corrupción y el socavamiento de los derechos humanos y las libertades civiles. A fin de cuentas, atacar a los jueces y a las instituciones contramayoritarias está muy en sintonía con la ofensiva populista general contra las élites liberales.

Según el informe anual de Freedom House sobre «Nations in Transit», que mide la democracia y el Estado de derecho en los antiguos países comunistas de la Europa del este y el Asia central, Hungría ha registrado «la mayor caída acumulada en [...] la historia [del índice] después de diez años consecutivos de descensos de su puntuación»[103].

Deberíamos, pues, examinar más de cerca el caso de Hungría y su retroceso democrático, entre otras cosas, porque el húngaro es un ejemplo excelente de cómo una democracia puede morir en silencio[104]. Pero también es importante que no perdamos de vista lo mucho que la Hungría de Orbán ha contribuido a transformar nuestros conceptos clásicos de democracia. Y esto es algo que afecta no solo a Hungría, Polonia y otros Estados con problemas de ese tipo, sino también a nuestra propia idea general de cómo analizar y definir la democracia. Dos son las dimensiones de esa transformación que hay que tener en cuenta, además de la relacionada con la limitación del papel de los tribunales, que ya he comentado aquí. Ambas simbolizan lo que significa avanzar progresivamente hacia el autoritarismo a fuerza de ir haciendo excepciones a las reglas de la democracia.

La primera dimensión que se debe considerar es que hablamos de una situación en la que un Gobierno elegido democráticamente utiliza su mayoría para limitar el pluralismo en los medios de comunicación. La segunda es que se está eliminando de facto la competencia entre partidos como consecuencia de la manipulación del sistema electoral. Analicémoslas una por una.

Un líder autoritario tiene muchas formas de cimentar su poder además de mediante la vulneración directa y evidente del Estado de derecho. Una estrategia conocida de esos Gobiernos consiste en usar la mayoría en la que se apoyan para limitar la libertad de expresión imposibilitando la existencia de una prensa libre y crítica. Cuando un Gobierno comienza a atacar las críticas y a los periodistas que considera una amenaza, estamos ante el primer síntoma de una «democracia agonizante», según argumenta Benjamin Carter Hett en su libro The Death of Democracy[105]. Puesto que pocos autoritarios toleran la crítica y el periodismo de investigación que no los deja en buen lugar, a menudo se valen de su poder para perseguir a los medios de comunicación críticos. Hett recuerda que, cuando Hitler accedió al poder en la década de 1930, la censura explícita y la intimidación a los rivales políticos se convirtieron en fenómenos cotidianos. Atacar a la prensa y a otras voces críticas por su presunto partidismo, su parcialidad y «politización» es, pues, un primer paso de manual en el socavamiento de la democracia.

Aunque pensemos que esto ya es cosa del pasado, lo cierto es que la intimidación y la censura son hechos muy actuales —según mis fuentes en Hungría— y cotidianos, y llevan siéndolo desde hace nueve o diez años. Según se informaba en The Washington Post tras la reelección de Orbán y de su partido (Fidesz) en abril de 2018, «Viktor Orbán prometió en campaña “vengarse” de sus enemigos en Hungría. Que se vayan preparando»[106]. La noticia citaba las amenazas que el famoso portavoz gubernamental, Zoltán Kovács, había dirigido a los periodistas: «Hay un Gobierno elegido legalmente y soberano. [...] Cuando personas u organizaciones no elegidas ejercen presiones o se pronuncian públicamente contra el Gobierno, están actuando básicamente en contra de todo el país».

En aquellas sociedades que se encuentran en pleno proceso de recaída en la autocracia, es habitual que el control de los medios y de las voces críticas se convierta en una especie de obsesión. Los líderes tribalistas no toleran bien las críticas ni las sátiras. Así que, si les parece que cerrando de manera directa y manifiesta los medios críticos más significados levantarán demasiadas sospechas, optan por comprar otros medios e instalar en sus puestos directivos a periodistas y editores favorables al régimen. Exactamente eso es lo que ha ocurrido con los medios impresos críticos en Hungría, donde una estrategia habitual ha sido también la de reservar permisos para publicar fotografías solo a aquellas revistas que hagan una cobertura informativa favorable del Gobierno. Origo, por ejemplo, nació siendo un medio crítico dedicado a destapar casos de corrupción y de mentiras del Gobierno. Actualmente, sin embargo,

Origo es uno de los más diligentes propagandistas mediáticos del primer ministro, presto a hacerse eco de los ataques de este contra los migrantes y contra George Soros, el filántropo húngaro-estadounidense demonizado por la ultraderecha a ambos lados del Atlántico[107].

Para los regímenes autoritarios, es asimismo esencial tratar de controlar quién tiene acceso a los medios. No se trata solamente de hacer llegar el mensaje propio a todo el público mediante campañas y mediante el control de los diferentes medios. También importa limitar el acceso mediático de los opositores políticos.

Tanto en Hungría como en Polonia, los Gobiernos han cortado últimamente la financiación a los medios críticos y les han denegado licencias. Incluso han comprado algunos de ellos para limitar la audiencia de las voces críticas independientes del Gobierno[108]. Esto ha tenido consecuencias directas para la democracia, no solo porque se ha impedido así que los ciudadanos sepan la verdad sobre la corrupción y la mala administración de sus Gobiernos, sino también porque está privando a los rivales y a los partidos de la oposición de contar con foros imparciales en los que debatir en igualdad de condiciones con quienes están en el poder.

Los ataques contra los críticos van más allá del ámbito de los periodistas y la prensa libre. El filántropo húngaro-estadounidense George Soros, quien ya huyera en su día de Hungría y del Holocausto junto con su familia durante la guerra, ha anunciado que trasladará todas sus actividades de Hungría a Berlín. El anuncio fue hecho justo después de las elecciones generales del 8 de abril de 2018 y a raíz de la adopción de la llamada «Ley Soros», que convierte en ilegales todas las organizaciones —y patrocinadores externos— que apoyen a las ONG que proporcionen ayuda a inmigrantes sin papeles, y que, por cierto, constituye un muy buen ejemplo de política identitaria en acción. Y es que los migrantes —retratados casi exclusivamente como terroristas— son, junto con los judíos y los liberales, los enemigos del pueblo húngaro, según Orbán.

Pero a Soros también se le ha atacado por otras vías. Pese a que las democracias siempre se han significado por el fomento de la enseñanza y la investigación universitarias libres y críticas, la universidad fundada en su día por George Soros se ve ahora forzada a abandonar suelo húngaro. Hablamos de la internacionalmente reconocida Universidad Centroeuropea (o CEU, según sus siglas en inglés). El Gobierno de Budapest lleva años acosando a la CEU de formas diversas y, en fecha reciente, cambió la normativa sobre las condiciones que deben cumplir las universidades extranjeras para instalarse y funcionar en Hungría. Aunque la CEU se ha esforzado al máximo por adaptarse a unas exigencias del Gobierno constantemente cambiantes, ahora está a punto de ser expulsada del país. Por primera vez en la historia desde la Segunda Guerra Mundial, una universidad europea libre será obligada a cambiar de Estado por el acoso de un Gobierno[109]. Pocos dudan de que la presión que ha forzado a la CEU a trasladarse a Viena se debe a un deseo de venganza personal de Orbán contra George Soros. Viktor Orbán ha gastado millones de euros de fondos comunitarios en publicar mensajes antisemitas en grandes vallas publicitarias por todo el país en las que Soros aparece representado y, por tanto, específicamente señalado[110].

La segunda dimensión que quería destacar es la gradual transformación del sistema electoral que ha llevado a cabo el régimen húngaro valiéndose de la mayoría parlamentaria conquistada en tres elecciones generales seguidas. El objetivo ha sido claro: cambiar las reglas (por ejemplo, en lo relativo a la configuración de los distritos electorales) le ha permitido consolidar el régimen y sacar el máximo partido de los votos obtenidos (y seguir sacándolo en el futuro)[111].

Cuando el primer Gobierno húngaro del Fidesz accedió al poder en 2010, usó de inmediato su mayoría parlamentaria para enmendar, no solo la Constitución, sino también la legislación electoral. Y como los tribunales también están cada vez más sometidos al control del Gobierno[112], este ha hallado pocos obstáculos importantes para lograr su objetivo[113]. Las reglas electorales están siendo transformadas actualmente en tal escala y grado que muchos analistas extranjeros dudan que ningún opositor o rival político pueda ya tener nunca una posibilidad real de aspirar a derrotar a la mayoría que está ahora en el poder[114].

Todo esto da fe de lo vulnerable y frágil que es la democracia y de lo rápidamente que puede flaquear. La respuesta europea se ha caracterizado más por la despreocupación que por la determinación, aun cuando quepa encomiar a la Comisión y, en particular, a su vicepresidente primero, Frans Timmermans, por su incansable —aunque bastante solitario, también— esfuerzo para convencer a Polonia de que cambie de rumbo. Poca ayuda ha tenido en ese sentido de los jefes de Estado y de Gobierno, que no se han atrevido a denunciar en el Parlamento Europeo la reprochable conducta del Partido Popular Europeo (PPE), un grupo que ha actuado como refugio para Orbán (uno de sus miembros) en innumerables ocasiones. Ni siquiera la noticia de la expulsión de la CEU, pese a la amplia cobertura informativa internacional que ha recibido, ha hecho que el PPE reaccionara y expulsara a Fidesz de su seno.

Que los dirigentes políticos europeos deberían haber tomado cartas en el asunto hace ya tiempo es algo que bien pone de manifiesto el informe de la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa (OSCE) sobre las elecciones generales húngaras de abril de 2018. Los observadores allí presentes testificaron que Hungría ya no es hoy una democracia libre más que en apariencia. En su informe concluyen que los comicios «se caracterizaron por un solapamiento generalizado entre los recursos del Estado y los del partido en el Gobierno, lo que minó la capacidad de los contrincantes para competir en pie de igualdad». ¿Qué significa eso en un sentido más concreto? Significa que

los votantes tuvieron una amplia gama de opciones políticas entre las que elegir, pero la retórica intimidatoria y xenófoba, la tendenciosidad de los medios y la opacidad de la financiación de la campaña electoral restringieron el espacio para el debate político auténtico y dificultaron enormemente la capacidad de los votantes para elegir su voto de forma correctamente informada[115].

Orbán recibió un 49 % de los votos, pero, gracias a sus recién enmendadas leyes electorales, estos se tradujeron en dos tercios de los escaños del Parlamento para su partido.

Varias investigaciones indican, además, que la retórica tribal contra judíos, migrantes y la UE, y contra toda clase de organizaciones de la sociedad civil, ha servido en parte para ocultar la corrupción que rodea al propio Orbán y a sus familiares y amigos. La ausencia de investigaciones periodísticas críticas ha hecho que la magnitud de esa corrupción haya quedado sin aclarar y bien poco se está escribiendo sobre ella en el momento actual[116]. Tampoco ha ayudado en ese sentido la continuada negativa del Gobierno de Budapest a suscribir los acuerdos que lo someterían a la jurisdicción de la ya operativa Fiscalía Europea, algo que sus homólogos europeos no han llegado a exigirle con la suficiente firmeza, pese a que Hungría es el principal perceptor de fondos de la UE en euros per cápita. Sin duda, ese es un error del que tendrán que rendir cuentas en las inminentes elecciones europeas[117]. Y es que el hecho de que buena parte de la corrupción denunciada esté relacionada con la apropiación indebida de fondos de origen comunitario supone un verdadero escarnio para los contribuyentes europeos y para otros Estados miembros que sí cumplen las reglas.

Por su manera de hablar de la sociedad civil, sería difícil diferenciar a Orbán de alguien como Erdoğan: sus puntos de vista respectivos sobre el derecho de otros a decir y defender su opinión son casi indistinguibles. Las ONG, por ejemplo, no son consideradas portavoces legítimas de nada, pues no han sido elegidas por el pueblo. Esa es claramente la impresión de Marta Pardavi, copresidenta del Comité de Helsinki húngaro:

En su opinión [la del Gobierno húngaro], la sociedad civil no ha sido elegida por nadie, así que no tiene derecho a pronunciarse ni a ser oída en política[118].

Según Jan-Werner Müller, la sociedad civil húngara está al borde del colapso y necesita ayuda desesperadamente. Müller también nos anima a que neguemos a Orbán su autodenominación de «demócrata iliberal». El líder húngaro usó por vez primera ese término, «democracia iliberal», en un discurso que pronunció en un campamento estudiantil en Transilvania en 2014, en el que dijo que se negaba a subordinarse a un modelo «occidental» de democracia[119]. Pero la idea misma de un «modelo occidental» particular es muy cuestionable y parece más bien una cortina de humo tras la que Orbán puede escudarse para proponer otras «democracias alternativas». Si sus críticos le siguen el juego, estarán legitimando implícitamente su régimen. La democracia iliberal no existe. O somos demócratas y, por tanto, respetamos a las minorías, los derechos humanos, la libertad de expresión y debate, la separación de poderes y la existencia de una prensa plural y crítica, o simplemente no lo somos. Hace ya tiempo que la Hungría de Viktor Orbán ha traspasado todas esas líneas rojas y ha ido más allá de lo que pudiéramos llamar «democracia» en un sentido mínimamente auténtico de la palabra[120].

10
POR QUÉ LOS LIBERALES ESTÁN CADA VEZ MÁS A LA DEFENSIVA CUANDO NO DEBERÍAN ESTARLO

En vez de disculparse por serlo, es hora de que los internacionalistas asuman la necesidad de combatir a una cada vez más envejecida minoría de nativistas y constructores de muros.

GEORGE KENNY[121]

El «giro tribal» pone claramente en cuestión los ideales liberales que triunfaron tras la Segunda Guerra Mundial y, más aún si cabe, tras la caída del comunismo. La mayoría de personas creyó entonces, tras lo acaecido en 1989, que el liberalismo había pasado a ser la única opción posible y que todos los antiguos odios y rencores habían quedado atrás. Francis Fukuyama no fue el único que, con su exitoso libro El fin de la Historia y el último hombre, postuló y difundió esa tesis. Muchos politólogos y también muchos políticos estaban igualmente convencidos de ello. Especialmente extendida se volvió la creencia de que, a medida que las diversas sociedades del mundo fuesen aumentando sus niveles de riqueza, mayor sería el apoyo en ellas a la democracia y más firmemente rechazarían el autoritarismo. Las tendencias tribalistas que he descrito en este libro evidencian, sin embargo, que la historia puede dar marcha atrás y que muchas más personas de las que suponíamos (incluso en el propio mundo libre desarrollado) se sienten hoy fascinadas por líderes de corte autoritario y por la retórica tribal. Muchos han dejado de creer que la democracia y el Estado de derecho sean valores por los que merezca la pena luchar:

Un cuarto de siglo atrás, la mayoría de los ciudadanos se sentían orgullosos de vivir en una democracia liberal y mostraban un rechazo rotundo a las alternativas autoritarias a su sistema de gobierno; ahora muchos sienten un desafecto creciente hacia la democracia. [...] Más de dos terceras partes de los estadounidenses de más edad opinan que vivir en una democracia es algo sumamente importante; sin embargo, entre los millennials, esa es una opinión suscrita por menos de un tercio de los encuestados[122].

Sin pretensión alguna de sonar alarmista, estas son cifras que asustan y que nos alertan de que nuestra libertad y las instituciones liberales que tanto costó conquistar son bienes que no están garantizados y cuya permanencia nunca deberíamos dar por descontada.

Como la tribalización lleva lógicamente a la polarización, el antagonismo y la desunión, representa la antítesis de las ideas modernas de la tolerancia y la inclusión. Para el tribalista, estos dos últimos valores constituyen algo más que una amenaza: son también el síntoma de un cosmopolitismo ingenuo más que desacreditado a estas alturas.

Tras la votación del brexit, la elección de Trump como nuevo inquilino de la Casa Blanca y el ascenso de los movimientos populistas en Europa, se ha puesto de moda echarnos a nosotros mismos la culpa de lo ocurrido. Un relato muy al uso, que ahora oímos hasta la saciedad, es el de que los políticos y los formadores de opinión se dieron cuenta demasiado tarde de cuáles eran las verdaderas preocupaciones del pueblo llano y cuán fuerte era su anhelo de identidad, pertenencia cultural y fortalecimiento de antiguas (o, en el caso catalán, nuevas) fronteras. Noestoy diciendo aquí que no haya que tomarse en serio lo que preocupa a la ciudadanía. Desde luego que hay que hacerlo. Pero es importante entender también cuáles han sido las verdaderas causas de la frustración de los ciudadanos y las ciudadanas, y abstenerse de sacar conclusiones precipitadas.

Diversos estudios han mostrado que, en el caso de Trump y del brexit, los votantes expresaron una reacción tanto al aumento de la desigualdad como a temas más puramente identitarios. Muchos Gobiernos de las sociedades occidentales no han sabido abordar el problema de la excesiva acumulación de riqueza de un pequeño sector de privilegiados, algo que ha dejado a muchas personas en peor situación económica que la de generaciones previas[123]. La ausencia de voluntad política para abordar eficazmente el fraude y la evasión fiscales, sumada a un brote de especulación financiera descarada, ha enfadado a muchas personas.

No obstante, en lugar de concienciarse de que, para afrontar estos males, lo que se necesita es una cooperación europea y global mayor —no menor—, muchos han arrojado la toalla y apuestan ahora por la bastante más fácil carta del antiglobalismo. Quieren que creamos que los problemas reales no son la especulación financiera, la corrupción y los intentos rusos de fomentar la indignación contra la UE, sino las instituciones internacionales y los valores liberales en general. Cuando seguimos el juego a esos engaños y no contribuimos a resolver los problemas actuales, nos hacemos inconscientes cámaras de resonancia de las consignas de Putin y la extrema derecha patrocinada por el régimen ruso.

De ahí que, cuando los opinadores actuales parecen abonarse a la idea de que todos los liberales deberíamos bajar la cabeza avergonzados y admitir que, en Occidente, «el pueblo» ya se ha «hartado» y debería tener todo el derecho del mundo a aislarse del resto del planeta, bien podamos decir que la suya es una actitud tan ingenua como cobarde y peligrosa[124]. Glorifican un pasado que ya no existe, nos apartan de nuestras responsabilidades para con el resto del mundo y legitiman sustituir la política por el identitarismo. La salvación del orden liberal pasa por que estemos siempre abiertos al diálogo, la crítica y el compromiso[125]. Tendremos que insistir en que la democracia se basa en unos principios que no pueden reducirse a la tribu o, siquiera, a un Estado-nación concreto.

La política identitaria excluye esa posibilidad, pues cuando está atrapada en la burbuja de la identidad, cada persona se queda confinada en su propio pequeño mundo y se niega a hacer el esfuerzo adicional que una identidad más inclusiva y plural requeriría de ella.

En la Introducción del presente libro, preguntaba si en la Europa actual nos enfrentamos a una tribalización generalizada. Mi respuesta era que eso depende de hacia dónde miremos y de si estamos dispuestos a encararnos con nuestros propios demonios. Llegados a este punto, creo que ha quedado claro que la corriente tribalista es ya universal y que va más allá del brexit, el separatismo catalán y el retroceso democrático en los Estados del este de Europa, casos palmarios todos ellos de adhesión al programa político identitario. El tribalismo ha llegado ya a capas más profundas y se ha filtrado por todas las rendijas de nuestro lenguaje hasta influir incluso en nuestra manera de concebir la democracia.

Muchos de quienes solían defender la libertad de prensa y la independencia de las instituciones como pareja de pilares de la democracia temen ahora hasta tal punto ser acusados de corrección política que incluso hacen público el acto de contrición de su antigua vida como promotores de la tolerancia y los valores liberales. Escriben así largos artículos y hasta libros sobre cuán equivocados estaban y cuánto lamentan no haber entendido por qué los electores han votado a Trump, a los partidos populistas de derecha o a favor del brexit[126]. En vez de insistir en la verdad —que la democracia liberal es nuestra mejor opción—, propugnan implícitamente un retorno a la exclusión cultural y describen la actual indignación populista como una «reacción natural»[127]. Sin embargo, negándose a defender el orden de las reglas comunitarias europeas —e internacionales— en el que nos hemos fundado durante los últimos setenta años, no solo contribuyen a legitimar unos fines y motivaciones tribales, sino que involuntariamente también están prestando apoyo a personas como Trump y Putin, que aspiran explícitamente a la disolución de Europa.

Esa escasa disposición a defender los valores liberales representa una nueva forma de relativismo en la que políticos, expertos e intelectuales ya no osan distinguir entre lo que está «bien» y lo que está «mal», ni entre una democracia de verdad y una falsa democracia. Ni siquiera ponemos ya énfasis en el Estado de derecho y en las instituciones contramayoritarias, no vaya a ser que con ello molestemos a quienes piensan de otro modo. Insistir en lo correcto no encaja en la nueva megatendencia tribalista, para la que «lo correcto» siempre es aquello que diga la poderosa mayoría.

Cuando Orbán o Kaczy´nski destituyen a jueces, absorben o eliminan a la prensa libre, o cambian las reglas electorales para inmunizarse contra otras fuerzas y visiones alternativas, la mayoría guardamos silencio o nos justificamos diciendo que esos hombres fuertes fueron elegidos por el pueblo y, por tanto, sus acciones son legítimas e incluso democráticas. La misma lógica entra ostensiblemente en juego en el caso de los separatistas catalanes, quienes se presentan como víctimas inocentes mientras trapacean cínicamente con la baza del sentimiento identitario sin que nadie se atreva a criticarlos, porque la «mayoría» votó a favor de la separación. O cuando Theresa May dice contar con el respaldo de la mayoría para negar al electorado británico un segundo referéndum, alegando que «el pueblo del Reino Unido ya se ha pronunciado».

Un mayoritarismo perverso está ganando terreno intelectual basándose en la premisa implícita de que democracia significa «votar», aunque eso implique también que una democracia pueda destruirse a sí misma desde entro.

Nuestro orden legal y regulatorio se desmorona en toda una serie de ámbitos (comercio, seguridad, derechos humanos y democracia) y, mientras tanto, los defensores del orden mundial liberal llevan ya un tiempo guardando un silencio casi absoluto. Y si callamos, no haremos más que avanzar sonámbulos hacia el abismo, como ingenuamente hacía el «buen soldado» Švejk marchando hacia la Gran Guerra en 1914[128].

El tribalismo político-identitario es peligroso precisamente porque es engañoso y hurta a sus críticos potenciales el valor mismo de pronunciarse públicamente en su contra. Promocionándose —con éxito en muchos casos— como un antielitismo, ha logrado desarmar a muchos defensores del liberalismo. De eso mismo ha hablado con gran elocuencia el filósofo esloveno Slavoj Žižek, que sostiene que los populistas y quienes les siguen la corriente desde el propio orden establecido han intimidado y desacreditado a los liberales hasta tal punto que muchos han comenzado a retractarse de bastantes de esos mismos ideales en los que se criaron y en los que creían. Con ello, han perdido su norte, su seguridad y su confianza en aquella democracia liberal que Occidente no solo apreciaba, sino que incluso (aunque fuera con éxito desigual, todo sea dicho) trataba de fomentar en otras regiones del globo porque entendía que representaba unos valores de una legitimidad universal. Ahora bien, ¿acaso ese fracaso a la hora de convencer a otros de las virtudes de la democracia y la libertad de expresión liberales deslegitima esos valores en sí?

Los demagogos tribales han conquistado intelectual y sentimentalmente a muchos europeos, y cada vez son menos los adalides de los valores fundamentales de nuestro continente. Han desacreditado a quienes todavía creen en la bondad de las soluciones europeas conjuntas encasillándolos en el tópico del cosmopolitismo ingenuo y elitista. La élite liberal, nos dicen, no solo quiere abrir fronteras a la inmigración masiva, sino que quiere también adoptar la globalización sin tener reparo alguno en exprimir a quienes el sistema abandona a su suerte. Y lo que es peor: impone arrogantemente sus valores liberales a quienes preferirían las fronteras internas, el particularismo cultural y, en algunos casos, hasta los líderes autoritarios y el iliberalismo[129]. ¿Por qué tiene que ser el liberalismo mejor que el iliberalismo?, preguntan a sus amigos «liberales engreídos»[130]. Y pocos se atreverían hoy a alzar su voz para replicar, pues el Occidente liberal tiene ahora miedo hasta de su propia sombra.

Este libro no es un llamamiento a recuperar aquella Europa que ingenuamente se creía superior. Pero si los europeos y europeas queremos seguir viviendo en una sociedad abierta, no podemos tolerar dobles raseros para la democracia. Tampoco deberíamos parapetarnos tras unas identidades que deslegitiman la crítica y limitan la posibilidad de colaboración y de compromiso.

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Notas

[1] Francis Fukuyama, «Against Identity Politics: The New Tribalism and the Crisis of Democracy», Foreign Affairs, 97, 5, septiembre-octubre de 2018.

[2] A. M. Slaughter, «A Real New World Order», Foreign Affairs, 76, 5, septiembre-octubre de 1997.

[3] F. Fukuyama, The End of History and the Last Man, Free Press, 1992 (trad. cast.: El fin de la historia y el último hombre, Planeta, Barcelona, 1992).

[4] El proyecto «Varieties of Democracy» (V-Dem) está dirigido por Staffan Lindberg, de la Universidad de Gotemburgo (Suecia). V-Dem valora el estado de la democracia en el mundo tomando como referencia siete diferentes formas democráticas posibles. Los datos a los que aquí me refiero provienen del informe de 2018. Véase un resumen de sus resultados en S. I. Lindberg, «The Nature of Democratic Backsliding in Europe», Carnegie Europe, 24 de julio de 2018.

[5] Véase W. G. Sumner, Folkways: A Study of Mores, Manners, Customs and Morals, Dover Publications, Inc., Dover, 2002, pág. 13.

[6] «The New Political Divide. Farewell, Left versus Right. The Contest that Matters now Is Open against Closed», The Economist, 30 de julio de 2016.

[7] Véase E. Rosenbach, «The Catalan Independence Referendum Is a Smokescreen for Other Issues», The Independent, 1 de octubre de 2017.

[8] Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Verso, 2ª ed., 1991 (trad. cast.: Comunidades imaginadas: Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo, Fondo de Cultura Económica, México, D. F., 1993).

[9] Eugen Weber, Peasants into Frenchmen: The Modernization of Rural France, 1870-1914, Stanford University Press, Palo Alto, 1976.

[10] J. H. H. Weiler, «Secessionism and Its Discontents», en Carlos Closa (ed.), Secession from a Member State and Withdrawal from the European Union, Cambridge University Press, 2017, pág. 26.

[11] Véase Amy Chua, «Tribal World: Group Identity Is All», Foreign Affairs, 97, 4, julio-agosto de 2018.

[12] En Estados Unidos, los conservadores acusan a los liberales y, sobre todo, a los demócratas de no preocuparse por el pueblo estadounidense en general porque ponen casi toda su atención en los derechos de las minorías. Véase un muy buen análisis de la cuestión en Amy Chua, «How American Identity Politics Went from Inclusion to Division», The Guardian, 1 de marzo de 2018.

[13] Véase S. Schackle, «The Problem with Identity Politics: Q&A with Asad Haider», New Humanist, 13 de julio de 2018.

[14] Véase J. MacWhirther, «“Quislings, Collaborators and Traitors!” British MEP ATTACKS Remainers for STALLING Brexit», Express, 31 de mayo de 2018.

[15] Véase T. Garton Ash, «Liberal Europe Isn’t Dead Yet. But Its Defenders Face a Long, Hard Struggle», The Guardian, 9 de julio de 2018.

[16] Véase Amy Chua, «Tribal World: Group Identity Is All», Foreign Affairs, 97, 4, julio-agosto de 2018. Su reciente (y muy recomendable) libro se titula Political Tribes: Group Instinct and the Fate of Nations, Penguin Press, Nueva York, 2018.

[17] Véase A. Adonis, «Traitors? No, the Lords Are the Voice of Reason on Brexit», The New European, 27 de abril de 2018.

[18] Un buen ejemplo de ello es la defensa que Michael Gove hizo de la política identitaria británica en un discurso pronunciado en Westminster el 21 de mayo de 2018. Véanse comentarios a la alocución «identitaria» de Gove en N. Malik, «Gove’s “Identitarian” Speech Shows How Toxic He Has Become», The Guardian, 22 de mayo de 2018.

[19] Actualmente, en las escuelas públicas catalanas, el español se enseña como si fuera una lengua extranjera, es decir, con solo dos horas semanales en educación primaria y tres horas en secundaria, las mismas que se dedican a la enseñanza del inglés. Véase P. Álvarez y C. Baquero, «El Gobierno planea acabar con la inmersión lingüística en Cataluña», El País, 16 de febrero de 2018.

[20] Citado en A. Wong, «Is Catalonia Using Schools as a Political Weapon?», The Atlantic, 3 de noviembre de 2017.

[21] Benedict Anderson, ob. cit., 1991, pág. 46 (trad. cast.: pág. 75). Véase también Henry Miller y Kate Miller, «Language Policy and Identity: The Case of Catalonia», International Studies in Sociology of Education, 6, 1, 1996.

[22] Elie Kedourie, Nationalism, Hutchinson, Londres, 1960, pág. 63 (trad. cast.: Nacionalismo, Alianza, Madrid, 2015).

[23] «El reformado Estatuto de Cataluña de 2006 estipulaba que «el catalán es la lengua de uso normal y preferente» en la administración pública, los medios de comunicación y el sistema educativo en dicha comunidad autónoma. No obstante, el adjetivo «preferente» fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional español en 2010 (La Vanguardia, 2010a)». «El TC anula el uso “preferente” del catalán de las administraciones públicas y de los medios de comunicación públicos», La Vanguardia, 28 de junio de 2010. Https://www.lavanguardia.com/politica/20100628/53954100322/el-tc-anula-el-uso-preferente-del-catalan-de-las-administraciones-publicas-y-de-los-medios-de.html».

[24] Véase F. Ortiz, «Catalan Language Revival Fuels Backlash in Spain», Reuters, 14 de julio de 2014.

[25] El 92,2 % de los 2,26 millones de electores que emitieron su voto aquel día votaron a favor de la independencia, lo que representa una participación del 43 % sobre el electorado total llamado a las urnas. Véase Wikipedia, «Referéndum de independencia de Cataluña de 2017», https://es.wikipedia.org/wiki/Referéndum_de_independencia_de_Cataluña_de_2017.

[26] C. Fasone, «Secession and the Ambiguous Place of Regions Under EU Law», en C. Closa (ed.), Secession from a Member State and Withdrawal from the European Union, Cambridge University Press, Cambridge, 2017.

[27] Ibíd.

[28] Ibíd.

[29] J. H. H. Weiler, «Secessionism and Its Discontents», en C. Closa (ed.), Secession from a Member State and Withdrawal from the European Union, Cambridge University Press, 2017, pág. 18.

[30] T. R. Monés, «The Lies of Catalan Separatism Are a Threat to Europe», Politico, 10 de marzo de 2018.

[31] C. Fasone, «Secession and the Ambiguous Place of Regions Under EU Law», ob. cit., págs. 54 y 56.

[32] Consejo de la Unión Europea, «History», http://www.consilium.europa.eu/en/history/?filters=2031.

[33] Véase la carta de J. M. Durão Barroso del 10 de octubre de 2012 a la Cámara de los Lores británica.

[34] Véase el convincente argumento que el Tribunal Supremo de Canadá emitió en 1998 sobre la posible secesión de Quebec. Este puede consultarse bajo la entrada «Reference Re Secession of Quebec» en https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/1643/index.do.

[35] Carlos Closa (ed.), «Secession from a Member State and EU Membership: the View from the Union», European Constitutional Law Review, vol. 12, 2, septiembre de 2016 y también en Carlos Closa, «Changing EU internal borders through democratic means», Journal of European Integration, vol. 39, 5, 2017.

[36] J. H. H. Weiler, «Secessionism and Its Discontents», ob. cit.

[37] Anne Applebaum, «Is This the End of the West as We Know It?», The Washington Post, 4 de marzo de 2016.

[38] Muy reveladora del interés decreciente de la Unión Europea por el embrollo británico fue la cumbre europea de junio de 2018, en la que se dedicaron menos de cuatro minutos (!) al brexit, a pesar de que todavía no había ningún plan previsto de cómo se produciría la salida del Reino Unido. Y no se puede decir que ese fuera un modo de actuar demasiado inusual. La primera ministra británica volvió una y otra vez con las manos vacías de los Consejos Europeos de 2017 y 2018, incluso cuando se acercaba el plazo límite para el final de las negociaciones. La escasa implicación de los 27 en el tema se hace evidente cuando, según informaciones publicadas, en todo 2017 el exministro británico para el brexit, David Davis, pasó menos de cuatro horas en Bruselas negociando la salida de su país de la Unión. Véase K. Hopps, «EU Summit 2018: Where Is David Davis? Is Brexit Secretary at European Council Meeting?», Express, 28 de junio de 2018.

[39] Véase A. Massie, «Brexit Has Become England’s White Whale», The Spectator, 19 de junio de 2018.

[40] Véase Koert Debeuf, «Is a World War Coming, 100 Years after the First?», The Hill, 12 de noviembre de 2018. Véase también K. Debeuf, Tribalization: Why War is coming, ASP, Bruselas, 2018.

[41] T. Snyder, The Road to Unfreedom, Penguin, Nueva York, 2018 (trad. cast.: El camino hacia la no libertad, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2018).

[42] Véase «EU Official Names Russia as Main Disrupter of Elections in Europe», Radio Free Europe/Radio Liberty, 14 de noviembre de 2018.

[43] Véase L. Mälksoo, «Strasbourg’s Effect on Russia—and Russia’s Effect on Strasbourg», Völkerechtsblog, 3 de enero de 2018.

[44] Ivan Krastev, After Europe, University of Pennsylvania Press, Filadelfia (Pensilvania), 2017.

[45] Ivan Krastev, «Central Europe Is a Lesson to Liberals: Don’t Be Anti-nationalist», The Guardian, 11 de julio de 2018.

[46] Véase J. Diamant y S. Gardner, «In EU, There’s an East-West Divide over Religious Minorities, Gay Marriage, National Identity», Pew Research Center, 29 de octubre de 2018.

[47] Véase «Accession Criteria» en https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/glossary/terms/accession-criteria_en.

[48] P. Lendvai, Orbán: Hungary’s Strongman, Oxford University Press, Oxford, 2018.

[49] Un tercio de los Estados miembros o la Comisión (tras consultarlo con el Parlamento Europeo) pueden recomendar el inicio de este procedimiento. Para ser efectivos, sus resultados requieren de la aprobación de un mínimo de tres cuartas partes de los países miembros. Si, tras las correspondientes órdenes, el Estado en cuestión no enmienda su legislación tal como aquellas le conminaban a hacerlo, el Consejo Europeo puede suspender por unanimidad el derecho de voto de dicho Estado.

[50] Véase el informe Sargentini, «Motion for a European Parliament Resolution», Parlamento Europeo, 2018, www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2018-0250&language=EN.

[51] Nótese que la elección del candidato a la presidencia de la Comisión por el PPE en noviembre de 2018 enfrentó a un miembro de la línea dura de dicho grupo en materia de derechos fundamentales (el exprimer ministro finlandés Alexander Stubb) y a Manfred Weber (miembro de la CSU alemana y amigo de muchos años de Orbán). Weber consiguió la nominación con una mayoría del 80 % en un congreso del partido celebrado en Helsinki.

[52] El GCRE es el Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos.

[53] Véase el análisis elaborado por H. Grabbe y S. Lehne, «Defending EU Values in Poland and Hungary», Carnegie Europe, 4 de septiembre de 2017.

[54] Véase, si no, lo que ocurrió con Austria, en 2000, cuando los dirigentes comunitarios se plantearon aislar al Gobierno austriaco por haber incorporado a ministros del derechista FPÖ.

[55] Véase M. Ramgotra, «Can Democracy Vote Itself Out of Existence?», The Conversation, 16 de julio de 2018.

[56] Véase Jan Werner Müller, «The Problem with Illiberal Democracy», Social Europe, 27 de enero de 2016.

[57] Véase R. Bellamy, Political Constitutionalism: A Republican Defence of the Constitutionality of Democracy, Cambridge University Press, Cambridge, 2007 (trad. cast.: Constitucionalismo político: Una defensa republicana de la constitucionalidad de la democracia, Marcial Pons, Madrid, 2010). Véase también R. Hirschl, Towards Juristocracy: The Origins and Consequences of the New Constitutionalism, Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 2004.

[58] Tomado de «The Polity Project», Center for Systemic Peace, http://www.systemicpeace.org/polity/polity1.htm.

[59] Fuente: «Democracy Index 2017: Free Speech under Attack», The Economist Intelligence Unit, 2018. Véase «After Decades of Triumph, Democracy Is Losing Ground», The Economist, 14 de junio de 2018.

[60] Véase The Economist, Pew Research Center, 16 de junio de 2018.

[61] Véase «After Decades of Triumph Democracy Is Losing Ground», The Economist, 14 de junio de 2018. Véase también Y. Mounk, The People vs. Democracy: Why Our Freedom Is in Danger and How to Save It, Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 2018 (trad. cast.: El pueblo contra la democracia: Por qué nuestra libertad está en peligro y cómo salvarla, Paidós, Barcelona, 2018).

[62] Tomado de «European GDP per Capita 1960-2018», Trading Economics, https://tradingeconomics.com/european-union/gdp-per-capita.

[63] Tomado de «GDP per Capita, 1961-2017», Banco Mundial.

[64] Véase M. Collins, «The Pros and Cons of Globalization», Forbes, 6 de mayo de 2015.

[65] Véase S. Illing, «Why Trump’s Populist Appeal Is About Culture, Not the Economy», Vox, 27 de marzo de 2017. Véase también Pippa Norris y Ronald Inglehart, Cultural Backlash: Trump, Brexit, and the Rise of Authoritarian Populism, Cambridge University Press., Cambridge (Inglaterra), 2018.

[66] Véase S. Illing, «Why Trump’s Populist Appeal Is About Culture, Not the Economy», Vox, 27 de marzo de 2017. Véase también Pippa Norris y Ronald Inglehart, Cultural Backlash: Trump, Brexit, and the Rise of Authoritarian Populism, Cambridge University Press., Cambridge (Inglaterra), 2018.

[67] Tomado de «Voter Turnout», FairVote, consultado enhttp://www.fairvote.org/voter_turnout#voter_turnout_101 (fuente original: United States Elections Project, http://www.electproject.org).

[68] Abdurashid Solijonov, «Voter Turnout Trends around the World», International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), Estocolmo, 2016.

[69] J. H. Nielsen y M. N. Franklin, Eurosceptic 2014 European Parliament Elections: Second Order or Second Rate, Palgrave Macmillan, Londres, 2017. Véase también M. Wind y C. Bischoff, «Denmark», en D. M. Viola (ed.), Routledge Handbook of European Elections, Routledge, Londres, 2015.

[70] J. H. Nielsen y M. N. Franklin, Eurosceptic 2014 European Parliament Elections: Second Order or Second Rate, Palgrave Macmillan, Londres, 2017. Véase también M. Wind y C. Bischoff, «Denmark», en D. M. Viola (ed.), Routledge Handbook of European Elections, Routledge, Londres, 2015.

[71] Simon Hix y Christopher Lord, Political Parties in the European Union, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 1997.

[72] C. Rostbøll, «Catalonia and Europe at a Crossroads for Democracy? Debate with Carles Puigdemont», trabajo no publicado, 2018.

[73] Véase A. MacDowall, «Voters Back Viktor Orbán’s Rejection of EU Migrant Quotas», Politico, 10 de febrero de 2016.

[74] Véase Kenneth Rogoff, «Britain’s Democratic Failure», Project Syndicate, 24 de junio de 2016.

[75] Véase «Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas», Asamblea General de las Naciones Unidas, 24 de octubre de 1970, https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/352/86/IMG/NR035286.pdf?OpenElement.

[76] Los poderes de todas las comunidades autónomas de España emanan de la Constitución de 1978. Esta se adoptó durante la Transición democrática que siguió al régimen de Franco.

[77] En 2017, los descensos más acusados registrados en dicho índice fueron los de Malta (-0,24), España (-0,22), Turquía (-0,16) y Francia (-0,12). Con un índice de 8,08, España se mantiene justo por encima del umbral que la sitúa entre las democracias plenas. Varios líderes independentistas han sido encarcelados en prisión preventiva acusados de delitos graves que pueden suponerles condenas de hasta treinta años de prisión. Véase «The Democracy Index World Table 2006-2017», en «Democracy Index 2017: Free Speech under Attack», The Economist Intelligence Unit, 2018, págs. 13-17, http://www.eiu.com/Handlers/WhitepaperHandler.ashx?fi=Democracy_Index_2017.pdf&mode=wp&campaignid=DemocracyIndex2017.

[78] Véase Asier Garrido Muñoz, «Catalan Independence in the Spanish Constitution and Courts», OUPblog, 6 de noviembre de 2017, https://blog.oup.com/2017/11/catalan-independence-spanish-constitution-courts. Véase también «Spain: Constitutional Court Finds Catalonia Sovereignty Declaration Unconstitutional», The Law Library of Congress, 24 de abril de 2014, http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/spain-constitutional-court-finds-catalonia-sovereignty-declaration-unconstitutional.

[79] Véase Javier García Oliva, «The Troubling Legal and Political Uncertainty Facing Catalonia», Social Europe, 20 de febrero de 2018, https://www.socialeurope.eu/troubling-legal-political-uncertainty-facing-catalonia.

[80] Véase J. García Oliva, ob. cit.

[81] Cas Mudde y Cristóbal Rovira Kaltwasser, «Populism», en Michael Freeden y Marc Stears (eds.), The Oxford Handbook of Ideologies, Oxford University Press, Oxford, 2013.

[82] Alexis de Tocqueville, Democracy in America, Penguin Classics, Londres, 2003, pág. 152 (trad. cast.: La democracia en América, Akal, Madrid, 2007).

[83] La Carta Magna de 1215 fue el primer documento escrito que puso freno a la autoridad del rey inglés al obligarle a aceptar el imperio de la ley (y, por tanto, a limitar su poder) y al proteger al pueblo de los abusos feudales.

[84] Marlene Wind, International Courts and Domestic Politics, Cambridge University Press, Cambridge, 2018. Véase también M. Wind y J. H. H. Weiler, European Constitutionalism beyond the State, Cambridge University Press, Cambridge, 2003.

[85] M. Rask Madsen y J. Christoffersen, The European Court of Human Rights between Law and Politics, Oxford University Press, Oxford, 2011.

[86] M. Shapiro y A. Stone Sweet, On Law, Politics, and Judicialization, Oxford University Press, Oxford, 2002, pág. 136.

[87] Véase «Change of State: Poland’s Ruling Law and Justice Party Is Doing Lasting Damage», The Economist, 21 de abril de 2018, pág. 23. Los trabajos de Dan Kelemen, Kim Schepple y Laurent Perch se han ocupado principalmente del retroceso democrático en la Europa del este. Véase, por ejemplo, R. D. Kelemen, «Europe’s Other Democratic Deficit: National Authoritarianism in Europe’s Democratic Union», Government and Opposition, 52, 2, abril de 2017.

[88] Véase J. E. Rytter y M. Wind, «In Need of Juristocracy? The Silence of Denmark in the Development of European Legal Norms», International Journal of Constitutional Law, vol. 9, 2, abril de 2011; M. Wind, «Who Cares about International Law? A Study of How Scandinavian Judges Cite International Law and Courts», en Astrid Kjeldgaard-Pedersen (ed.), Nordic Approaches to International Law, Brill Nijhoff, Leiden, 2017, págs. 76-96.

[89] Para probable sorpresa de algunos, hay democracias —como las nórdicas— que perviven desde hace décadas sin tener instaurada la práctica del control judicial de constitucionalidad. En Suecia y en Finlandia, hasta el comienzo del presente milenio, fue incluso inconstitucional que los tribunales ejercieran tal control, y en un país como Dinamarca, el más alto tribunal solo ha revocado una ley del Parlamento en sus ciento ochenta años de historia. Véase más en M. Wind, «Who Cares about International Law? A Study of How Scandinavian Judges Cite International Law and Courts», ob. cit. Véase también M. Scheinin, Constitutionalism and the Welfare State: Nordic Perspectives, Norden, Copenhague, 2001.

[90] Véase Tribunal Europeo de Derechos Humanos, «Brighton Declaration», Conferencia de Alto Nivel sobre el Futuro del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, abril de 2012, https://www.echr.coe.int/Documents/2012_Brighton_FinalDeclaration_ENG.pdf. Véase también Comité de Ministros del Consejo de Europa, «Copenhagen Declaration», abril de 2018, https://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Forsidebilleder_2018/copenhagen_declaration.pdf.

[91] Discurso de Theresa May en la Lancaster House de Londres, 17 de enero de 2017.

[92] I. Krastev, After Europe, University of Pennsylvania Press, Filadelfia (Pensilvania), 2017, pág. 71.

[93] La independencia judicial es fundamental para la separación de poderes según la describió Montesquieu en su Del espíritu de las leyes (1748). La independencia judicial es un elemento clave en la mayoría de constituciones democráticas y está formalmente avalada a nivel internacional por los «Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura», aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas, https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/independencejudiciary.aspx.

[94] Véase Ronald Dworkin, «The Moral Reading of the Constitution», The New York Review of Books, 21 de marzo de 1996.

[95] Véase A. Brzozowski, «Commission Starts Procedure against Poland over Supreme Court Overhaul», Euractiv, 2 de julio de 2018. A propósito de la apertura de un procedimiento a Polonia en aplicación del artículo 7, véase Comisión Europea, «Rule of Law: European Commmission Acts to Defend Judicial Independence in Poland», comunicado de prensa, 20 de diciembre de 2017, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5367_en.htm.

[96] Véase el auto judicial emitido por el Tribunal Europeo en octubre de 2018, Asunto C-619/18, Comisión/Polonia. Y véase el resultado de la sentencia en «Poland Reinstates Supreme Court Judges Following EU Ruling», BBC, 17 de diciembre de 2018, https://www.bbc.com/news/world-europe-46600425. Véase también C. Davies, «Hostile Takeover: How Law and Justice Captured Poland’s Courts», Freedom House, mayo de 2018, https://freedomhouse.org/report/special-reports/hostile-takeover-how-law-and-justice-captured-poland-s-courts.

[97] Véase S. Sierakowski, «How Poland Could Return to the EU Fold», New Europe, 27 de noviembre de 2018.

[98] Véase la breve descripción previa de los criterios de Copenhague.

[99] Véase S. Kuvaldin, «No Extradition to Poland?», Legal Dialogue, 12 de julio de 2017. Véase también P. Smyth y C. Keena, «EU Court Backs Irish Judge’s Right to Query Polish Justice System», The Irish Times, 25 de julio de 2018.

[100] Véase R. D. Kelemen, «Europe’s Other Democratic Deficit: National Authoritarianism in Europe’s Democratic Union», Government and Opposition, 52, 2, abril de 2017.

[101] Véase «Romania Has Joined the Retreat from Rule of Law», Financial Times, 4 de octubre de 2018.

[102] «Bulgarian Judges Association Support Judge Panov for his Speech in MEDEL Conference», BTA (Agencia de Noticias de Bulgaria), 27 de noviembre de 2018, http://www.bta.bg/en/c/DF/id/1913423. Véase también «Estado de derecho en Rumanía: la independencia del poder judicial a debate», Noticias Parlamento Europeo, 27 de septiembre de 2018, http://www.europarl.europa.eu/news/es/agenda/briefing/2018-10-01/3/estado-de-derecho-en-rumania-la-independencia-del-poder-judicial-a-debate.

[103] «Nations in Transit 2018: Confronting Illiberalism», Freedom House, 2018, en https://freedomhouse.org/report/nations-transit/nations-transit-2018.

[104] Véase Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, How Democracies Die, Penguin, Londres, 2018 (trad. cast.: Cómo mueren las democracias, Ariel, Barcelona, 2018).

[105] Benjamin Carter Hett, The Death of Democracy: Hitler’s Rise to Power and the Downfall of the Weimar Republic, William Heinemann, Londres, 2018.

[106] Véase G. Witte, «Viktor Orbán Promised “Revenge” against His Enemies in Hungary. Now They’re Preparing for It», The Washington Post, 15 de mayo de 2008. Dos periodistas húngaros de incógnito colaboraron en la elaboración de ese artículo.

[107] Véase P. Kingsley y B. Novak, «The Website that Shows How a Free Press Can Die», The New York Times, 24 de noviembre de 2018.

[108] Todo esto ha sido denunciado por Freedom House. Véase, por ejemplo, «Freedom on the Net 2017: Hungary Country Profile», en https://freedomhouse.org/report/freedom-net/2017/hungary.

[109] Véase C. Patricolo, «CEU Formally Moves from Budapest to Vienna», Emerging Europe, 26 de octubre de 2018, https://emerging-europe.com/news/ceu-formally-moves-from-budapest-to-vienna.

[110] Véase G. Witte, «Viktor Orbán Promised “Revenge” against His Enemies in Hungary. Now They’re Preparing for It», The Washington Post, 15 de mayo de 2008.

[111] Véase N. Schackow, «Hungary’s Changing Electoral System: Reform or Repression inside the European Union?», ponencia, Research Gate, abril de 2014, en https://www.researchgate.net/publication/260183189_Hungary’s_Changing_Electoral_System_Reform_or_Repression_Inside_the_European_Union.

[112] Véase Z. Fleck, «Judges under Attack in Hungary», Verfassungsblog, 14 de mayo de 2018, https://verfassungsblog.de/judges-under-attack-in-hungary. Véase también B. Novak y P. Kingsley, «Hungary’s Judges Warn of Threats to Judicial Independence», The New York Times, 2 de mayo de 2018.

[113] El último invento de Viktor Orbán ha sido un sistema de tribunales paralelo formado íntegramente por miembros de designación política y que permitirá eludir la vía de los tribunales y jueces ya existentes (y eso que estos también están ya controlados casi por completo por el Gobierno). Véase K. Than, «Hungary to Set Up Courts Overseen Directly by Government», Reuters, 12 de diciembre de 2018.

[114] Véase K. Verseck, «Orbán Cements His Power with New Voting Law», Der Spiegel, 30 de octubre de 2012. Véase también Z. Csaky, «The End of Viktor Orbán’s Peacock Dance», Foreign Policy, 14 de septiembre de 2018.

[115] Véase «Overlap of State and Ruling Party Resources Undermines Contestants’ Ability to Compete on Equal Basis in Hungary Elections, OSCE/ODIHR Observers Say», nota de prensa, Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, 9 de abril de 2018, https://www.osce.org/odihr/elections/hungary/377404.

[116] Kati Piri, «Corruption and Misuse of EU Funds in Hungary», pregunta parlamentaria, Parlamento Europeo, 26 de julio de 2018, www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-004163_EN.html.

[117] Véase M. Becker et al., «EU Considers Funding Cuts for Eastern Europe», Der Spiegel, 4 de abril de 2018.

[118] Véase G. Witte, «Viktor Orbán Promised “Revenge” against His Enemies in Hungary. Now They’re Preparing for It», The Washington Post, 15 de mayo de 2008.

[119] Discurso de V. Orbán en la Universidad Abierta de Verano y Campamento para Estudiantes de Bálványos (Transilvania), 26 de julio de 2014.

[120] Véase Jan-Werner Müller, «“Democracy” Still Matters», The New York Times, 5 de abril de 2018.

[121] G. Kenny, «The Bogus Backlash to Globalization», Foreign Affairs, 9 de noviembre de 2018.

[122] Yascha Mounk, The People vs. Democracy: Why Our Freedom Is in Danger and How to Save It, Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 2018, pág. 5 (trad. cast.: El pueblo contra la democracia: Por qué nuestra libertad está en peligro y cómo salvarla, Paidós, Barcelona, 2018, págs. 12-13).

[123] Véase «For Richer, for Poorer», The Economist, 13 de octubre de 2012. Véase también C. Pazzanese, «The Costs of Inequality: Increasingly, It’s the Rich and the Rest», The Harvard Gazette, 8 de febrero de 2016.

[124] Amy Chua, «Tribal World: Group Identity Is All», Foreign Affairs, 97, 4, julio-agosto de 2018.

[125] Este es un argumento elocuentemente defendido por Christian F. Rostbøll en C. F. Rostbøll y T. Scavenius (eds.), Compromise and Disagreement in Contemporary Political Theory, Routledge, Londres, 2018.

[126] E. Luce, The Retreat of Western Liberalism, Atlantic Monthly Press, Nueva York, 2017.

[127] Véase M. Lilla, «The End of Identity Liberalism», The New York Times, 18 de noviembre de 2016. Véase también T. Stanley, «Liberals Should Blame Themselves for Their Decline—They Got So Much Wrong», The Telegraph, 3 de septiembre de 2016.

[128] J. Hašek, The Good Soldier Švejk, Penguin, Nueva York, 2016 (trad. cast.: Las aventuras del buen soldado Švejk, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2016). Véase también K. Debeuf, Tribalization: Why War is Coming, Bruselas, ASP, 2018.

[129] Véase Jan-Werner Müller, «The Problem with “Illiberal Democracy”», Social Europe, 27 de enero de 2016, https://www.socialeurope.eu/the-problem-with-illiberal-democracy.

[130] Véase C. Friedersdorf, «What Critiques of “Smug Liberals” Miss», The Atlantic, 3 de mayo de 2017.

La tribalización de Europa

Marlene Wind

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Título original: The Tribalization of Europe

Imagen de la cubierta: © Héctor Trunnec

© Marlene Wind, 2019

© Albino Santos por la traducción, 2019

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