Miquel Iceta

La Tercera Vía

puentes para el acuerdo

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© MIQUEL ICETA, 2017

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LA TERCERA VÍA.

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La vía del acuerdo

Ángel Gabilondo

Dado que la mesura no es una mediocridad, ni una medianía, y la moderación no es sin más un simple término medio, nos equivocaríamos si consideráramos la llamada tercera vía como una más entre las existentes, que se situaría supuestamente en la mitad de otras dos ya dadas. Eso obedece a que lo que la caracteriza es que se trata de una vía acordada. Y aquí radica también lo que merece dilucidarse, en qué consiste un acuerdo y qué cabe entender por él.

No faltan espacios de discordia y de controversia, y precisamos encuentros necesarios y fecundos. Sobre todo cuando, como ocurre cada vez con más frecuencia, nos desenvolvemos en el terreno de lo debatible, de lo discutible, de lo que exige una deliberación.

Crecen los ámbitos de incertidumbre. Se precisa una cultura del acuerdo, que no es una coincidencia preestablecida, y que conduce a la necesidad de abordar las preferencias y de responder a ellas a través de decisiones compartidas. De no ser así, la tercera vía es siempre una vía muerta, incluso antes de su inauguración.

Por eso se precisa reconocer que es cuestión de elaborar y de labrar acuerdos. Todo empieza por estar dispuesto a dejarse decir algo y por no creer que uno lo sabe todo y mejor que los demás, frente al partidismo, al sectarismo y al dogmatismo. No se trata de combatir la arrogancia con engreimiento. Y esta es la grandeza de las terceras vías, que están teñidas de tarea y son siempre un itinerario tan necesario como imprevisible. Ni son pura toma de distancia, ni simple acercamiento. Son desplazamiento.

El acuerdo ha de construirse. No es cosa de creer que nos toparemos con él, como si aguardara impasible nuestra llegada. Y menos aún de utilizarlo como un ariete frente a otras posiciones. Si hay que hacerlo es porque, dicho sea con un término no exento de delicadeza, hay que “adoptarlo”.

No hay que desconsiderar la posición de quienes hacen valer sus buenas razones. No es que en este caso falte comprensión, es que simplemente a nuestro autor no le resultan convincentes las de quienes pretenden que se imponga alguna de las posiciones enfrentadas. Y no va de eso, en absoluto. Y no propone un consenso que se sostenga en la previa y simple eliminación de las diferencias, en una suerte de reducción al mínimo común lo que ya pensamos o ya somos. De ser así, lo propuesto carecería de interés.

Precisamente por ello la vía aquí presentada es tercera, solo en el sentido de que no se reduce a ninguna de las dos propuestas por las diferentes vías que acaban perfilándose como contendientes. El asunto es otro. Ni una pura y equidistante instalación en comodidad alguna, ni una mediación aséptica, ni una resignación interesada. La cuestión es si se puede acceder a otra posición. Y efectivamente, se exige un auténtico desplazamiento. No el que se sustenta en la simple desconsideración o eliminación de lo que defienden los demás.

El acuerdo no se alcanza instalando un pequeño reducto intermedio entre posiciones ambivalentes y tomando asiento en la comodidad de no verse involucrado en los errores de las otras dos posturas contrapuestas. No es un mero intercambio interesado ni se logra simplemente con doblegar al “contrario”. Hacen bien en desconfiar de él quienes estiman que se trata de eso. Si así lo conciben, es razonable que lo encuentren desaconsejable y paralizador. Salvo si se entiende útil para embaucar. Y, en efecto, hay quienes estiman que parece más adecuado tratar de hacer valer la propia posición y ganar poder y adeptos para llevarla adelante.

De hecho, el diálogo no es la sustitución de lo que uno piensa por la mera posición del otro, sino la reiterada búsqueda de aquello común a partir de lo cual diferenciarse. Y es evidente que requiere esfuerzo y paciencia. Es una creación que precisa trabajo y competencia. No es un amaño ni una mera renuncia a las propias convicciones, sino un modo de labrar a partir de ellas. Los buenos consensos son transformadores.

De aquí la grandeza de lo que este libro nos propone. No es la búsqueda de adeptos entre quienes no defienden posición alguna, para hacer acopio de otra vía de alineados y de una nueva posición formada que se limita a recolectar despistados confusos. Se dirige a todos sin exclusión y busca dialogar y conversar con sus motivos y sus emociones, con sus argumentos y sus posiciones. Y para ello no se ampara en la falsa comodidad de la descalificación.

La tercera vía como acuerdo, o más sencillamente la vía del acuerdo, exige innovación social, la de generar nuevas posibilidades, que surgen de otro modo de ver y de entender, sin ser una simple estrategia. Prácticamente la tarea es la de engendrar nuevas convicciones, no resignadas claudicaciones, ni resúmenes del estado de cosas ya dado. No es un resto frío y vacío.

Esta vía del acuerdo no se abre paso entre las ya existentes, sino que es una convocatoria a otro modo de proceder frente a procesos ya definidos o clausurados. Su potencia de innovación radica en su capacidad de incorporar perspectivas inauditas entre formas diferentes de inmovilismo, que se nutren de no tener ya dudas sobre lo que ha de hacerse. No va de intercambiar piezas o naipes, sino que hemos de ser capaces de inaugurar otro juego que busca ser mejor. Es una vía como procedimiento de acción.

No es cuestión de proponer una conjugación de intereses que se desmembren en una compraventa de bienes y valores, en la filfa de las concesiones. Ciertamente la razón y la palabra no son patrimonio de nadie, de ningún individuo, de ninguna formación dispuesta al trueque. Así que este libro no crecerá con la descalificación de quienes defienden otras posiciones. No hay una vía fecunda que impida o clausure la discordia o la disensión, ni la posibilidad incluso de pactar o de constatar diferencias.

En definitiva, el asunto es generar otra convicción, la que aglutina voluntades en torno a un proyecto común. Y eso hay que crearlo y construirlo. Lo común no está previamente dado, esperando ser liberado por nuestra genialidad. Y esta es la base de toda comunidad que busque ser autónoma, y el fundamento de toda convicción.

La vía del acuerdo no persigue ni unanimidad ni uniformidad. Este busca ser compartido, no una nueva adición de partes. Que este libro considere que es necesario y viable no significa que suponga un itinerario que sea fácil. Y que sea realista no implica que sea un camino ramplón, corto de miras y fruto de simples permutas y cambalaches.

Miquel Iceta nos propone esta vía como convocatoria a todo un proceso de transformación de la mirada, una modificación, incluso, del alcance de los objetivos, que no quedan reducidos a lo más inmediato.

Y así el libro viene a ser la reiterada voluntad de comprometernos en lo que Iceta considera que solo tiene una vía de solución. Y esta vía, ahora sí, es la única vía eficiente y legítima, “la vía del diálogo, la negociación y el pacto”. Lo reitera una y otra vez como un estribillo, ya que entiende que “unilateralidad y desobediencia no llevan a ninguna parte”. La declaración de que “queremos a Cataluña y la queremos en España” adopta la forma de una verdadera proclamación que es una llamada, a veces clamorosa, en ocasiones un tanto desgarrada y siempre intensa, firme y sin resentimiento alguno. Al contrario, plena de afecto.

En un contexto que se define de desconcierto y de cierta parálisis e inhibición, el libro llama a reflexionar, considera que el pensamiento nutre la acción eficaz y consistente, si no deseamos agravar aún más la situación. Ello exige, a su juicio, un cambio de rumbo de la política catalana y de la política sobre Cataluña. Y esta cuestión concierne a España. No es un asunto lateral, ni simplemente coyuntural, sino que afecta a la vida y a las expectativas, es estructural y emocional. Iceta propone recorrer los caminos del federalismo como “la mejor alternativa a la confrontación entre nacionalismos”, al estar basado en “la libertad, el respeto mutuo y la solidaridad”. Y hemos de ser capaces de “construir en Cataluña y en el conjunto de España, en el que conviven ciudadanos de múltiples identidades y sentimientos diversos”. “Somos federalistas” —añade— “porque buscamos asegurar convivencia y derechos a través del pacto”.

Estamos ante un libro, en un libro, y se trata de leerlo. Y eso comporta sus exigencias y conlleva sus oportunidades. Es un texto que se ofrece asimismo como un gesto político de fraternidad y que se entrega para dar con soluciones prácticas, o tratar de construirlas. No es cosa de suplir su lectura con un prólogo que pretenda suplantar lo que en él se dice y requiere lectura. Pero si buscamos procurar una zambullida en el libro, es preciso que todo se sostenga en una confesión de Miquel Iceta: “Soy militante del acuerdo y el pacto. Soy constructor de puentes”.

Y entonces la lectura no es una ratificación. No nos encontramos ante un manifiesto. El tipo de lectura que se requiere es otro. No la de quien recita ni se entretiene con lo ya dicho. Hay que discernir, distinguir, elegir y preferir. Y la lectura es la capacidad de reactivar, de hacer que lo dicho vuelva a tener posibilidades nuevas de decir, y de llevar más allá lo ya subrayado. Por eso el libro de Iceta es una incitación a proseguir la tarea. Es cuestión de abordar la complejidad, de deletrear los argumentos, de contrastar las razones y, en definitiva, de participar en el debate al que el libro no solo nos convoca, sino que nos provoca. No como una simple agitación de lo que pensamos, sino como un cuestionamiento para poner en el juego fecundo de la recreación de nuestras convicciones. Y no para renunciar a ellas, sino para hacerlas efectivas y eficientes.

En última instancia, este asunto se abre sin nostalgias a un porvenir que hemos de construir conjuntamente, en el que las condiciones justas y dignas de vida y el respeto mutuo permitan la convivencia, en el que las políticas eficaces y solidarias procuren bienestar y sostengan modos de existencia libres y compartidos. Y no pocos estamos dispuestos a recorrer juntos esta vía. El futuro no es una instancia definida que espera nuestra llegada. Es tiempo de labrarlo, de cultivarlo. Y leer y pensar es un preludio indispensable. No solo un anticipo, sino una inmersión a través de la vía más fecunda, la del acuerdo.

Introducción

Las páginas que siguen nacen de la necesidad de aprovechar cualquier ocasión —y la posibilidad de publicar un libro es una ocasión inmejorable— para dar a conocer, defender y reiterar la posición de los socialistas catalanes y de muchos de quienes defendemos una solución acordada ante la gravísima crisis política, institucional y, en muchos casos, emocional, que atraviesan las relaciones entre Cataluña y el resto de España desde hace prácticamente una década.

Como primer secretario del PSC no ha habido prácticamente un día en el que no haya insistido en que esta crisis, agudizada a partir de la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto, solo tiene una vía de solución: la del diálogo, la negociación y el pacto. O, dicho en otras palabras: la vía de la política entendida como instrumento para solucionar problemas y no como pretexto para crearlos o enquistarlos.

“Que veinte años no es nada” es discutible, aunque lo haya cantado magistralmente Carlos Gardel. No lo es tanto, a mi juicio, afirmar que diez años son demasiados para una crisis de este calado.

Demasiados años, demasiadas energías desperdiciadas, demasiadas divisiones, demasiadas incomprensiones, demasiados monólogos, demasiados silencios en algunas ocasiones y demasiados ruidos en muchas otras…

Año tras año, el denominado procés (el proceso independentista) ha ido construyendo un laberinto por el que, lo queramos o no, deambulamos extraviados todos los catalanes y, en buena medida, todos los españoles.

A lo largo de este tiempo nunca he tenido la menor duda de que la única puerta de salida a este laberinto está situada entre dos muros: el del inmovilismo y la pulsión recentralizadora del PP, y el de la ruptura unilateral que defiende la actual mayoría parlamentaria independentista y los gobiernos de Mas y Puigdemont.

Las tres llaves que abren esa puerta ya las he avanzado: diálogo, negociación y pacto.

El resultado de ese pacto ni puede ni debe predecirse. Los socialistas deseamos aportar al diálogo una propuesta posible, seria y madura: la reforma federal de la Constitución. Pero desde el primer momento afirmamos con sinceridad que estamos dispuestos a escuchar y ser receptivos a otras que también sean capaces de articular amplias mayorías y que nos ayuden a salir del laberinto y preparar el futuro.

Los hechos y acontecimientos que se han ido sucediendo a lo largo de todo este tiempo me han reafirmado en estas convicciones. Las he intentado explicar de la mejor manera que he sabido allá donde he sido invitado o requerido.

No quiero esconder que en el desarrollo de esta tarea he sentido en alguna ocasión una cierta tristeza al comprobar que una propuesta que no representa un futuro posible y beneficioso para Cataluña —el independentismo que quiere romper con la legalidad— podía poner en peligro un bien que, como socialista catalán, considero supremo: la unidad civil de nuestro pueblo.

Sin embargo, durante estas últimas semanas, y viendo que el choque de trenes entre inmovilistas e independentistas parece inevitable, mi estado de ánimo ha ido siendo ocupado por una indignación que me cuesta disimular.

Y no hablo de una indignación nacida de mi condición de responsable político socialista y catalanista, que también.

Hablo de una indignación cívica que nace de la percepción de que ese choque de trenes es evitable; de la consciencia de que este choque de trenes ha de ser evitado; de la convicción de que todos deberíamos hacer lo posible por evitarlo porque con el choque de trenes todos saldremos perdiendo (también los que no viajamos en ninguno de los trenes que parecen querer chocar); de la convicción de que, una vez producido el choque, el problema seguirá vivo y las condiciones para resolverlo serán todavía más difíciles.

Hablo de una indignación cívica al constatar cómo la actual mayoría parlamentaria independentista está buscando la manera de saltarse la legalidad y poner en peligro el nivel más alto de autogobierno que ha tenido Cataluña desde 1714, dilapidando frívolamente el trabajo, sacrificio y tesón de generaciones y generaciones de catalanistas.

Indignación porque el gobierno del PP haya convertido la política respecto a esta crisis en un conjunto vacío, alcanzando unas dosis de irresponsabilidad hasta ahora desconocidas. Primero han hecho de pirómanos y luego o no saben o no quieren hacer de bomberos.

Indignación porque la judicialización del conflicto no solo no aporta soluciones, sino que lo alimenta.

Indignación cívica, al fin y al cabo, porque los ejercicios de hipocresía y la acumulación de mentiras han alcanzado una dimensión que podríamos calificar de cómica, si no fuera por sus trágicas consecuencias.

Un ejemplo paradigmático de esta manera de hacer se produjo durante la última semana de 2016.

Olga Grau firmaba en la edición de El Periódico de Catalunya del 28 de diciembre de 2016 un artículo encabezado por el siguiente titular: “El Govern reconoce a los inversores que dependerá del Estado hasta 2026”. Evidentemente, el Govern es el de Cataluña y el Estado es el español.

El artículo da cuenta de cómo un documento del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat dirigido a los inversores internacionales reconoce que Cataluña dependerá del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) ¡hasta 2026!

A estos inversores internacionales se les explica que el 62,8% de la deuda de la Generalitat (46.731 millones de euros de un total de 66.143 millones) está en manos del Estado.

Mientras a la ciudadanía catalana se le exhorta a la independencia exprés, a los inversores extranjeros se les explica que financieramente estaremos conectados y dependiendo financieramente de España como mínimo hasta 2026.

Pero esto no es todo. Para rematar la cuestión, fuentes del Departamento de Economía y Finanzas aseguran que en las presentaciones a inversores se dibujan escenarios de futuro en los que se contempla la independencia, “aunque no son públicos”.

¿Cabe mayor desfachatez? ¿A quiénes se pretende engañar? ¿A los catalanes? ¿A los inversores extranjeros? ¿A todos a la vez?

Sirva este ejemplo para ilustrar de qué material están hechos los muros con los que algunos han contribuido a construir un laberinto del que ahora son incapaces de salir.

Por cierto, el choque de trenes no es una puerta de salida a este laberinto, sino una manifestación de insensata impotencia. Los tiempos que vienen no serán más fáciles. Más bien intuyo todo lo contrario.

Precisamente por eso, los socialistas catalanes seguiremos, más que nunca, comprometidos con el autogobierno de Cataluña y sus instituciones.

Seguiremos defendiendo la vía del diálogo, la negociación y el pacto: la que se ha venido a denominar tercera vía.

Seguiremos construyendo puentes para el acuerdo, para evitar que choquen los trenes y para que todos podamos transitar sin riesgo de accidentes.

Seguiremos apostando por una transformación profunda de nuestra arquitectura institucional en un sentido federal a través de los mecanismos establecidos en la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Seguiremos fieles a nuestro compromiso como demócratas, como socialistas y como catalanistas.

Estas páginas están pensadas para dar a conocer nuestros planteamientos. Son páginas para la reflexión, pero también para el debate democrático.

Un debate que, personalmente, afronto con el optimismo de saberme bien acompañado y convencido de que, tarde o temprano, la fuerza del sentido común y de la realidad acabará imponiéndose a la de los dogmas y de las quimeras.

CAPÍTULO 1

Las causas recientes del actual desencuentro entre Cataluña y el resto de España

Dos destacados socialistas que fueron presidentes de la Generalitat, Pasqual Maragall y José Montilla, alertaron hace ya mucho tiempo del distanciamiento que se estaba produciendo entre Cataluña y el resto de España. Merece la pena releer el libro de Pasqual Maragall, Espíritu federal. O recordar la advertencia de José Montilla sobre la “desafección creciente”, recogida en sus discursos y en el libro Clar i català, que relata sus conversaciones con el periodista Rafael Jorba.

Pasqual Maragall defendía la renovación del pacto constitucional de 1978 a través de la reforma del Estatuto de Autonomía, y José Montilla advertía de las consecuencias de una sentencia que alterase el acuerdo que fue sometido a referéndum en el año 2006. Ni uno ni otro fueron suficientemente atendidos ni entendidos. Y las consecuencias están hoy a la vista de todos.

Existe un consenso básico sobre los cuatro problemas que han dificultado el progreso de la España contemporánea: la controversia religiosa, el papel del ejército, la cuestión social y la tensión territorial. La Segunda República fue, desgraciadamente, un intento fallido de dar respuesta a estos pleitos. No cabe aquí extenderse en las razones del fracaso y, menos aún, remontarnos más atrás en la historia. Pero sí merece la pena recordar el periodo de la democracia recuperada en 1977, en el que no cabe duda de que se han resuelto dos de los cuatro problemas antes citados: el religioso y el militar.

En cambio, tanto en la cuestión territorial como en la social, aunque se han producido avances relevantes desde 1977, no es menos cierto que, en un caso como consecuencia de la grave crisis hoy existente en las relaciones entre Cataluña y el resto de España, y en el otro fruto de la profunda crisis económica y social que padecemos desde 2008, estamos muy lejos de haber resuelto definitivamente esas cuestiones.

La Constitución de 1978 pretendía resolver la tensión territorial a partir de tres premisas: afirmar la unidad de la nación española, reconocer la existencia de nacionalidades y regiones en su seno, y establecer un mecanismo para otorgar un importante nivel de autogobierno a las Comunidades Autónomas que se fuesen constituyendo (no se sabía ni cuántas ni cuáles). Ese fue el núcleo de un acuerdo que nos ha proporcionado el periodo democrático más largo y próspero de nuestra historia, así como el modelo de Estado más descentralizado de nuestra historia contemporánea.

El pacto fue un punto de encuentro en el que se reconocieron los partidarios de un Estado regional, los partidarios de un Estado federal y los que reclamaban el reconocimiento de las realidades nacionales de Euskadi y Cataluña. No cabe duda alguna de que sin el empeño de las fuerzas políticas vascas y catalanas en obtener satisfacción a sus reivindicaciones históricas, el pacto hubiese sido muy diferente. Tampoco tendría sentido negar que la generalización del proceso autonómico, en la que el papel de Andalucía fue clave, beneficiosa sin duda para el conjunto, tendió a ir difuminando con el paso del tiempo las singularidades nacionales catalana y vasca, mucho menos en el caso de Euskadi a causa del sistema de concierto económico (para ser precisos, del sistema de cálculo del cupo que no incorpora aportación alguna a la solidaridad) que le ha proporcionado una situación privilegiada.

Ciñéndome a Cataluña, quiero empezar con un brevísimo, y por tanto arriesgado, resumen de estos casi cuarenta años de autogobierno recuperado.

Los veintitrés años de mandato del presidente Pujol sirvieron para desarrollar un autogobierno basado en una permanente negociación con los sucesivos gobiernos de España que popularmente se denominó peix al cove, es decir, la obtención de rendimientos concretos a partir de una reclamación permanente que se iba traduciendo en resultados tangibles. También sirvió para que, amparado en sus sucesivas mayorías, el gobierno nacionalista de CiU construyese a lo largo de todos esos años un relato que pretendía convencer a la sociedad catalana de la necesidad de afirmarse frente a la realidad española de la que, tarde o temprano, habría que irse desvinculando. Lo cierto es que, contradiciendo ese relato, la Constitución, el Estatuto y esa etapa prolongada de hegemonía de CiU configuraron el autogobierno más potente del que haya gozado Cataluña en los últimos trescientos años.

Con el cambio político protagonizado por el presidente Maragall y el gobierno catalanista y de izquierdas en 2003, se pretendió abrir una fase distinta del desarrollo autonómico a partir de la elaboración de un nuevo Estatuto en el que también fue crucial la intervención de CiU, encabezada por Artur Mas, entonces jefe de la oposición. Sin pretender agotar el análisis, se puede afirmar que el nuevo Estatuto quería desarrollar el autogobierno desde la interpretación constitucional más avanzada posible, frente a la hostilidad del PP que, a pesar de algún intento del presidente Maragall y de Josep Piqué, entonces presidente del Partit Popular de Catalunya, fue mantenido al margen del proceso, acabó votando en contra del Estatuto, desarrolló una brutal campaña en su contra y lo recurrió en su práctica totalidad frente al Tribunal Constitucional. Recuerdo que el presidente Maragall ya decía que hubiese preferido una reforma de la Constitución, pero como eso no estaba en su mano, decidió impulsar la reforma del Estatuto. Tomar ese camino tenía costes que nadie previó. Unos costes agravados por el hecho de no contar con el apoyo siquiera tácito de quienes representaban a más del 37% de los españoles.

Pese a las reiteradas advertencias del presidente Montilla alertando de una desafección creciente de Cataluña hacia España, se acabó produciendo la Sentencia del Tribunal Constitucional que alteraba un Estatuto aprobado por el Parlamento catalán por más de dos tercios de sus miembros, negociado en el Congreso de los Diputados, aprobado por mayoría absoluta de las Cortes Generales y refrendado por la ciudadanía de Cataluña. Dicha Sentencia fue recibida por muchos como la confirmación de que las ansias de autogobierno de buena parte de los catalanes no cabían ya en la Constitución española. No siendo esta razón la única que explica la situación actual, no debe en ningún caso minimizarse. Además, la semilla de la discordia caía en terreno abonado: los nacionalistas habían ido ganando terreno en la esfera pública desde los años ochenta del siglo pasado, como ya he señalado.

A ello hay que añadir la sensación de injusticia sobre las inversiones públicas del Estado en Cataluña, la acumulación de incumplimientos por parte de los sucesivos gobiernos de España del modelo de financiación acordado a partir de lo dispuesto en el nuevo Estatuto, el carácter radial de la planificación de las infraestructuras y su gestión centralizada, el escaso reconocimiento de la realidad pluricultural y plurilingüe de España, y la ofensiva recentralizadora del gobierno del PP, que ha afectado muy recientemente a aspectos tan sensibles como la educación, junto a episodios tan grotescos como denominar LAPAO a la lengua catalana hablada en Aragón (afortunadamente el cambio político en Aragón y la vuelta del PSOE a su gobierno supuso la derogación de esta lamentable estupidez).

La nueva financiación acordada en 2009, que pretendía atajar el creciente malestar fiscal catalán, a pesar de las mejoras introducidas, ha sido incapaz de garantizar el principio de ordinalidad, puesto que Cataluña sigue perdiendo posiciones en la clasificación de las Comunidades Autónomas en función de sus respectivos ingresos disponibles per cápita una vez aplicados los mecanismos de solidaridad y nivelación. La percepción de un exagerado déficit fiscal ha aumentado con la crisis económica, dando pábulo al fácil argumento según el cual “nos iría mejor si nos quedásemos con todo lo que pagamos”. A pesar de lo discutible de las cifras, la polémica sobre las balanzas fiscales alimentó la idea de que a Cataluña le iría muchísimo mejor sin tener que aportar nada a la solidaridad y sin tener que costear una parte de los gastos del Estado. Esos mensajes no fueron contrarrestados salvando honrosas excepciones como el magnífico libro de Josep Borrell y Joan Llorach, Las cuentas y los cuentos de la independencia.

Todo ello fue configurando un escenario en el que prendió el discurso independentista con afirmaciones del tipo: “España no nos quiere”, “España no nos respeta como catalanes”, “España nos roba” o “con España no hay ni reforma ni acuerdo posible”. Y como en materia de sentimientos todo es muy discutible, baste con decir que para muchos catalanes, especialmente los educados durante los muchos años de gobiernos nacionalistas, el Estado español ha dejado de defender y representar sus intereses, cuando no lo consideran como directamente hostil.

Eso explica el incremento del número de personas que optaría por la independencia y el cambio radical de perspectiva política del nacionalismo conservador gobernante que, hasta hace bien poco, no cuestionaba el marco estatal español, mientras ahora abraza sin reservas el derecho de autodeterminación, la desconexión y la independencia a través de la construcción de un “Estado propio”. Tampoco hay que desdeñar el intento de Convergència de separarse del “pujolismo” y del rastro de corrupción que es conocido popularmente como el “caso del 3%”, razones que nada tienen que ver con la soberanía. En las elecciones al Parlamento catalán del 25 de septiembre de 2015, los partidos que defendían sin tapujos la independencia obtuvieron más del 47% de los votos.

Muchos estamos convencidos de que la independencia no es la solución, pero también de que así no se puede seguir, que debemos renovar el pacto de 1978, y por ello se han ido produciendo propuestas que se denominan de forma genérica “Tercera Vía”. Estoy convencido de que solo una propuesta federal ambiciosa y sensata, coherente con el marco de soberanías compartidas de la Unión Europea y de las interdependencias crecientes de la economía global, puede evitar el choque de trenes al que los gobiernos del PP y de Junts pel Sí parecen condenarnos.

Para evitar ese choque y para resolver los problemas acumulados por el Estado de las Autonomías, España debe convertirse en un Estado federal que asuma su realidad plural y diversa. Y debe hacerlo a través de una reforma de la Constitución acordada con generosidad, inteligencia y valentía, para conseguir que Cataluña se sienta tratada con justicia y para resolver problemas concretos mediante la combinación de técnicas federales que se ajusten a la asimetría ya presente en el Estado de las Autonomías, reconociendo que determinadas cuestiones requerirán de mecanismos bilaterales de relación.

Es relativamente sencillo describir los problemas que aquejan al Estado de las Autonomías, sobre los que existe una muy amplia coincidencia: excesiva conflictividad competencial, duplicidades, interferencias, falta de lealtad entre las administraciones, financiación deficiente, ausencia de mecanismos de integración de las voluntades autonómicas en el gobierno del conjunto, insatisfactorio reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural, etc. Tampoco requiere mucho esfuerzo describir las causas del malestar catalán: la falta de reconocimiento del carácter nacional de Cataluña y una financiación que, siendo muy solidaria, no resulta finalmente equitativa con respecto a las Comunidades Autónomas que más aportan.

Todas estas cuestiones tienen solución, bien a través de una reforma federal de la Constitución, o encajando en ella un trato singular para Cataluña, semejante al que gozan el País Vasco y Navarra, o a través de un gran Pacto de Estado y de las reformas legales que lo desarrollen. Siempre he pensado que sea cual sea la fórmula adoptada sería muy necesario que obtuviese el refrendo de la ciudadanía catalana y, en su caso, del conjunto de la ciudadanía española, si el acuerdo comportase una reforma constitucional de calado.

Un acuerdo capaz de resolver estas cuestiones y aglutinar a la inmensa mayoría de los ciudadanos es sin duda una solución muchísimo mejor que la propuesta independentista que divide por la mitad a los catalanes e incluso mejor que el enquistamiento de un conflicto que nos hace perder energías y oportunidades a todos.

Ni ruptura, ni inmovilismo. Eso es lo que se denomina tercera vía, que es para mí la primera. Y si me apuran, la única.

Sin embargo, y por desgracia, la ausencia de diálogo político entre las instituciones catalanas y españolas desde el año 2010 y la deriva unilateral e ilegal impuesta por los independentistas, a través, sucesivamente, de la Declaración de soberanía y del derecho a decidir de 2013, la consulta fallida del 9 de noviembre de 2014, la resolución sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015 y el Informe y Conclusiones de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente (1 de agosto de 2016), han impedido la búsqueda sincera de soluciones.

La judicialización del proceso, en parte inevitable por la decisión de quebrantar la ley por parte de los independentistas, pero también estimulada en ausencia de propuestas por parte del gobierno de España, no ha hecho más que empeorar las cosas.

A día de hoy, cualquier acuerdo parece imposible. Pero a pesar de ello, pase lo que pase en los próximos meses, finalmente se impondrá la lógica y la razón que indican de forma clara que solo es posible resolver el problema a través del diálogo, la negociación y el pacto, desde el respeto a un marco legal que puede modificarse precisamente a partir del acuerdo.

Lamentaremos el tiempo y las energías perdidas, pero finalmente el sentido común acabará por imponerse, a menos que nos resignemos al enquistamiento de un conflicto en el que todos perdemos.

CAPÍTULO 2

¿Por qué somos catalanistas y federalistas?

El catalanismo es, desde mi punto de vista, un sentimiento cívico compartido, difuso y transversal, un sentimiento de amor por la tierra, la cultura, la historia y la lengua catalanas; es la convicción de que desde el autogobierno de Cataluña podemos construir una sociedad próspera y avanzada, libre, segura, justa y solidaria, un país en el cual los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña puedan desarrollar en plenitud sus proyectos de vida e intentar ser felices.

Este catalanismo es perfectamente consciente, y hace gala de ello, de que la identidad catalana es plural, de que el castellano es también lengua de muchísimos catalanes, que no es ajena a nuestro país, sino que forma parte de sus raíces y de su patrimonio cultural. Nuestro catalanismo es profundamente integrador y ha hecho de la unidad civil de nuestro pueblo un objetivo permanente e irrenunciable. Para nosotros, unidad civil y cohesión social son dos caras de la misma moneda y constituyen objetivos inseparables. Y también han de ser la guía para la incorporación de los nuevos flujos migratorios.

El catalanismo es un proyecto con raíces en el pasado, pero que tiene sentido porque mira al futuro. Ha sido un factor de cohesión que debemos mantener, preservándolo tanto de quienes, de forma voluntaria o involuntaria, pueden convertirlo en un elemento de división como de aquellos que lo debilitan desde posiciones maximalistas.

Históricamente, el catalanismo era tan reivindicativo como pragmático, y buscaba resultados, quería influir y gobernar en España, no quería ni desentenderse ni mucho menos romper con ella. El catalanismo aspiraba a una España moderna, europea, avanzada y descentralizada, en la que se vieran también reflejados y defendidos claramente los intereses de los catalanes.

El catalanismo federalista de los socialistas quiere la transformación de España en sentido federal y de profundización democrática, capaz de reconocer su carácter plurinacional, pluricultural y plurilingüe. Un catalanismo que quiere garantizar que el Estado que compartimos con el resto de pueblos de España esté también al servicio del interés general de Cataluña. Un catalanismo que tiene la legítima ambición de gobernar España junto a los progresistas de todo el Estado. Un catalanismo que es genuino heredero del catalanismo histórico, que no era fundamentalista ni separatista, sino que era profundamente liberal en el mejor de los sentidos de la palabra.

Llegado a este punto alguien podría preguntarse qué diferencia hay entre catalanismo y nacionalismo. Y ciertamente conviene hilar muy fino. He definido el catalanismo como sentimiento, un sentimiento que puede alimentar unas aspiraciones políticas, pero el nacionalismo es precisamente un proyecto político global que tiene a la nación como único centro de su pensamiento y de su acción. La nación es su alfa y su omega. El catalanismo es sentimiento y el nacionalismo es ideología. El nacionalismo suele considerar la identidad nacional como algo homogéneo, mientras que el catalanismo se siente cómodo con identidades plurales, compartidas en grados diversos.

Ernest Lluch también establecía esta diferenciación entre catalanismo y nacionalismo y le gustaba referirse a las entradas del Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans que define el catalanismo como movimiento que defiende el reconocimiento de la personalidad política de Cataluña o de los Países Catalanes, y al nacionalismo como la ideología o movimiento que reivindica la organización política independiente de una nación.

Por eso Ernest Lluch afirmaba en el artículo “Reivindicación del catalanismo”, publicado en La Vanguardia el 8 de agosto de 1996, que “el catalanismo y los catalanistas constituyeron y deben constituir por mucho tiempo un mínimo común denominador de la acción cívica, más que política, de una mayoría de catalanes. Un mínimo común denominador que abarque los aspectos básicos excluyendo tan solo a quien no esté a favor, y tiene todo el derecho, de mantener los rasgos básicos de la especificidad catalana”.

¿Qué es una nación? ¡Hay tantas definiciones! Y desde luego ninguna es plenamente satisfactoria. Para mí una nación es una comunidad consciente de hombres y mujeres que quieren compartir un proyecto común de presente y de futuro. Lo importante en esta definición es la voluntad de ser. Y Cataluña es y quiere ser reconocida como una de esas comunidades. Por eso nuestro empeño de llevar a la Constitución ese reconocimiento. ¡Ya veremos cómo! Y no me cansaré de repetirlo, el hecho de reconocer a Cataluña como nación ni rompe la unidad de España ni da a los catalanes derechos distintos a los del resto de los españoles. Un Estado puede contener varias naciones, y no pasa nada.

Como señalaron los socialistas vascos en enero de 2016 en el marco de sus aportaciones a la Ponencia de Autogobierno creada en el seno del Parlamento vasco: “Los socialistas vascos no sacralizamos el concepto de ‘nación’, que en los últimos tiempos está sufriendo una profunda modernización y reformulación de su significado original en el mundo occidental, ni tampoco lo consideramos un tabú. Por el contrario, estaríamos dispuestos a estudiar su incorporación en el futuro texto estatutario si queda claro que no se fundamenta en una supuesta soberanía diferenciada. Es decir, que, como ha señalado el Consejo de Europa, la reivindicación como nación de una comunidad que se autodefine como tal por razones culturales, históricas o lingüísticas no presupone el derecho político a constituirse en Estado. De hecho, en su Sentencia 31/2010, de 28 de junio, sobre la Reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, el Tribunal Constitucional ya aventuró que una definición como nación de esa naturaleza (no jurídico-política) podría ser perfectamente compatible con la Constitución, que ya distingue entre nacionalidades y regiones”.

Un buen ejemplo deportivo es el del Trofeo de las Seis Naciones. Se trata de un torneo internacional de rugby en el que compiten las selecciones de Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda, Francia e Italia. Tres de esas naciones comparten Estado, el Reino Unido. Y la selección irlandesa reúne, en este caso, a jugadores de la República de Irlanda y de Irlanda del Norte.

Me sorprende que algunos piensen que la defensa que hace el PSC de la definición de Cataluña como nación es una cosa reciente. ¡Qué poco nos conocen! El PSC se ha definido como partido nacional desde su fundación en 1978. ¿Por qué creen que nuestro máximo órgano de dirección entre congresos se llama Consell Nacional? La unidad socialista en Cataluña implicó un acuerdo entre tres organizaciones políticas —la Federació Socialista de Catalunya (PSOE), el PSC (Congrés) y el PSC (Reagrupament)— y, al mismo tiempo, un acuerdo entre el nuevo partido surgido de la fusión de los tres partidos socialistas preexistentes y el PSOE.

En el Congreso de Unidad Socialista celebrado en julio de 1978 se establecía que “el PSC tiene plena soberanía y elabora su estrategia, su línea política y su programa de gobierno: es un partido nacional1. Tiene entre sus objetivos la plena recuperación de las libertades nacionales de Cataluña. Considera que no hay socialismo si no se produce la superación completa de toda forma de opresión nacional, tenga esta un contenido cultural, económico o político”.

El propio XXVII Congreso del PSOE celebrado en Madrid en 1976 recordaba, al igual que en el IX Congreso del PSOE que tuvo lugar en 1818, que “el Partido Socialista, adelantándose al resto de las organizaciones de clase, reconoce y alienta las diversas nacionalidades, propugnando su desarrollo en el marco de un Estado federal”.

Los conceptos nación, nacional, nacionalidad, realidad nacional, identidad nacional, comunidad nacional aparecen en los documentos de la mayoría de fuerzas políticas catalanas desde su fundación. Espero que más pronto que tarde seamos capaces de encontrar fórmulas que reconozcan la personalidad nacional catalana en la Constitución española. Seguiremos trabajando en ello.

En los acuerdos de Granada, suscritos por el conjunto del socialismo español, se hablaba literalmente de “las diferentes aspiraciones nacionales que conviven en España”, y en ellos nos comprometimos a incorporar en la reforma constitucional los derechos históricos de Cataluña, hoy recogidos en el artículo 5 del Estatuto de Autonomía. Ya encontraremos entre todos la mejor fórmula. En 1978 el Congreso de Unidad Socialista, en un rapto de orgullo, proclamó: “Los socialistas, los trabajadores, somos hoy los únicos que podemos marcar el camino que en el futuro haga posible la plena y libre realización de nuestra comunidad nacional”.

Denominarla “comunidad nacional” sería también una buena forma de reconocer a Cataluña como nación en la Constitución española. Ya en julio de 1977 se refería a esta posibilidad Joan Reventós cuando decía: “Tenemos ahora la oportunidad y responsabilidad histórica de construir sin aventuras un régimen democrático y pacífico que garantice un futuro de libertad a todos los ciudadanos y a todas las comunidades nacionales de España”2.

¿Cuál preferiría yo? A mí me gustaría que en la Constitución española se recogiese la siguiente afirmación: “España, nación de naciones, cuya soberanía reside en el conjunto del pueblo español, se constituye en Estado federal que integra a las naciones, nacionalidades y regiones que forman los pueblos de España”. Ese podría ser el contenido del artículo 2 de la Constitución.

Pero, repito, ya encontraremos entre todos la mejor solución. Como supimos encontrar en 1978 la denominación “nacionalidades y regiones”.

El hecho de considerar que Cataluña es una nación no nos convierte en nacionalistas. El PSC no es un partido nacionalista, jamás se ha definido así, y por buenas razones. Entre otras las que proporcionó Albert Einstein a Rafael Campalans en un encuentro que tuvo lugar en Barcelona en 1923. Einstein defendía que nacionalismo y socialismo no podían ir de la mano, cuando el nacionalismo dividía Europa y era causa de guerra. Escuchadas las razones de Campalans, Einstein le insistió en que renunciase a definirse como nacionalista, pues el catalanismo que Campalans le describió nada tenía que ver con el nacionalismo que tanto ensangrentó y tanto iba a ensangrentar nuestra Europa.

Los socialistas no creemos que el sentimiento de pertenencia nacional sirva para distinguir a las personas, ni que la principal contradicción política sea la llamada cuestión nacional, ni que la independencia resuelva por sí misma los problemas de ningún país, y menos en el mundo en que vivimos definido por interdependencias crecientes y soberanías compartidas.

Los socialistas catalanes hemos rechazado siempre la idea de una identidad nacional homogénea basada en razones étnicas, lingüísticas o culturales. Y creemos que dos o más naciones pueden convivir en un mismo Estado. Para los nacionalistas una nación sin Estado propio es una anomalía a corregir tan rápidamente como sea posible. Para los nacionalistas la existencia de dos naciones en un mismo Estado implica necesariamente un conflicto entre soberanías e identidades. No compartimos esos prejuicios.

Somos, como otros muchos, catalanistas sin ser nacionalistas, soberanistas o independentistas. Flaco favor le hacen a Cataluña, desde dentro y desde fuera, quienes quieren equiparar catalanismo e independentismo. Sin duda los independentistas son catalanistas, pero no todos los catalanistas somos independentistas. El catalanismo concita un consenso mucho más amplio que el independentismo.

Desde nuestro catalanismo defendemos una relación federal entre Cataluña y España, precisamente porque no creemos que Cataluña y España sean realidades separables. Creemos que Cataluña es una nación plural y diversa, que la cultura catalana posee la riqueza de poderse expresar en diferentes lenguas, y creemos también que España es una nación de naciones en la que nadie tiene por qué negar o discutir su identidad a nadie. España es una nación de naciones que funda su unidad a partir del principio de igualdad de derechos entre todos los ciudadanos, y de la garantía del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran.

Por cierto, ¿acaso se ha olvidado que en 1978 nacionalidades y naciones eran sinónimos? ¿No fue por eso que la ultraderecha votó en contra de la Constitución? ¿No fue por eso que significados exponentes de la derecha votaron en contra del artículo 2 de la Constitución? En este sentido, resulta ilustrativo recuperar el debate constitucional como lo hace Fernando Domínguez García en su libro Más allá de la nación.

El propio Gregorio Peces-Barba, padre socialista de la Constitución, en su libro La elaboración de la Constitución de 1978, recuerda: “Acepté desde el principio que el término nacionalidades era sinónimo de nación y que, en ese sentido, España era una nación de naciones y regiones, y señalé abundantes ejemplos históricos, claves en la formación del Estado moderno donde la ‘nación’ no había sido relevante” (p. 239).

Ahora bien, es cierto que en muchos contextos rige una acepción jurídico-política de nación que equipara a esta con soberanía y con Estado. Nosotros no equiparamos nación a soberanía. Y por eso somos muy criticados por los independentistas.

Nosotros creemos que Cataluña es un sujeto político, sí, pero no un sujeto político soberano. Tampoco creemos que pueda aplicarse a Cataluña el derecho de autodeterminación, pues Cataluña no es una colonia, ni un territorio ocupado, ni nos encontramos ante un caso de negación de los derechos a las minorías nacionales.

Consideramos absolutamente compatible la reivindicación de un mayor autogobierno para Cataluña con la voluntad de compartir un mismo Estado con todos los pueblos de España, con los que nos une una relación cimentada a lo largo de los siglos. Precisamente uno de los objetivos de las reformas que proponemos es que los catalanes sientan cada vez más suyo un Estado que reconozca sin temor su carácter federal y plurinacional, para mejor asegurar la fraternidad que debe unirnos.

Nos sentimos especialmente cómodos con la idea de España como “nación de naciones”. Como decía en 1957 el socialista segoviano Anselmo Carretero en su obra La personalidad de Castilla en el conjunto de los pueblos hispánicos: “Sólido cimiento de esa nueva España, profundamente española y universal a la vez, ha de ser la firme unión de todos sus pueblos. Unión, decimos, mejor que unidad. Porque de lo que se trata es de unir y articular, no de fundir o machacar en un gris monótono lo que es un conjunto de rico colorido. Unión de unidades (como dice Irujo). No la empequeñecida España Una, que no es España (por lo menos no sería una España consecuente con su natural condición y desarrollo histórico), sino las Españas unidas, la Comunidad o Unión Ibérica, que sí será una patria cabalmente española: de todos sus hombres y de todos sus pueblos (sin excluir a Portugal). Porque España, la nación española, nación de naciones o comunidad de pueblos, es el resultado de un largo, difícil y doloroso proceso histórico en el que han tomado parte todos ellos. Todos” (pp. 116-117). Decía también Carretero: “Se trata, pues, de encontrar una fórmula política, una constitución del estado español que armonice la unión con la variedad nacional; que no solo respete, sino que proteja con la unión de todos la personalidad de cada cual. Eso es precisamente el federalismo. El federalismo que en Suiza, los Estados Unidos, Alemania, Yugoeslavia y tantas otras naciones ha hecho compatible la unión con la autonomía de las entidades federadas. El federalismo tradicional de España. Porque federal fue —lo hemos visto— la estructura de la vieja Castilla; y eminentemente federal la unión de los vascos al estado castellano. Federalismo que se manifiesta con mayor claridad formal en los estados de vuestra histórica corona de Aragón; donde Cataluña, Valencia y Aragón tiene cada uno sus propias cortes y sus leyes, y para los asuntos comunes a los tres reúnen además las Cortes de la Unión. Organización esta en que España se adelanta en la historia hacia la creación de los modernos estados constitucionales de carácter federal” (op. cit., pp. 117-118).

Lo cierto es que basta con mirar el escudo de España para entender el concepto de nación de naciones.

En el debate constitucional, fueron varios los diputados que utilizaron ese concepto. Sirva como ejemplo la cita de Miquel Roca, uno de los padres de la Constitución: “Lo que es cierto es que hoy Cataluña espera, el País Vasco —y no hablo en nombre de él— espera, espera Galicia, espera España entera que, a través de la solución que demos a este problema, no se va a dar una solución disgregadora, sino una solución potenciadora, una solución que, asumiendo todo lo que la Historia no supo asumir hasta esta fecha, sea capaz de proyectar un futuro más estable, un futuro mucho más permanente, en el que esta realidad, insisto, de la nación española como nación de naciones, esta realidad de España, sea ya, no el fruto de unas imposiciones, de unas incomprensiones, de unas vejaciones en muchos casos, sino que sea el fruto de la expresión libre de todos los ciudadanos españoles que quieran, a través de esta nueva estructura, definir un Estado que pueda durar por muchos siglos y contribuir a una tarea común, a una tarea colectiva española común y forjar una meta común a esta España; a una España que sea realmente respetuosa, y que encuentre en estas nacionalidades y regiones autogobernadas —sí, autogobernadas— la expresión de una unidad en la libertad”3.

Más recientemente fue otro padre de la Constitución, Jordi Solé Tura, quien afirmó de forma casi profética en su aportación al libro colectivo Federalismo y Estado de las autonomías: “Cualquier interpretación unilateral que ponga en cuestión de manera substancial y sistemática el concepto de una nación española o la existencia y legitimidad de diversas nacionalidades en su seno, es decir, de una auténtica nación de naciones o de una comunidad de comunidades, hace imposible el desarrollo democrático del Título VIII de la Constitución en sentido progresista y federal. Este es el fondo del problema que plantean negativamente los nacionalismos, por una parte, y los ‘jacobinos’, de derecha e izquierda, por otra”4 (p. 126).

Somos federalistas porque buscamos asegurar convivencia y derechos a través del pacto. Queremos unión y libertad, autogobierno y gobierno compartido. El federalismo es una filosofía política de fraternidad y una guía de soluciones prácticas a los problemas planteados por estructuras políticas complejas, especialmente las integradas por diversas realidades nacionales, y un conjunto de mecanismos para poner en práctica el principio de subsidiariedad.

Como dice Victoria Camps en el libro ¿Qué es el federalismo?: “El sistema federal constituye el contexto más adecuado para perseguir los fines de la política en un marco democrático que trate de hacer compatibles los dos grandes valores que sustentan los derechos fundamentales: la libertad y la igualdad” (p. 27).

Estamos convencidos de que el federalismo proporciona soluciones para el mejor encaje de Cataluña en el conjunto de España, entre otras cosas porque supera el riesgo de confrontación entre identidades y una anacrónica discusión sobre soberanías originarias. Y también porque evita la fractura de la sociedad catalana en función de la diversa identificación nacional de sus ciudadanos, uniendo a los que solo pueden considerarse españoles si se respeta profundamente su catalanidad, con los que no conciben una Cataluña separada del resto de España. Nuestra idea es bien clara, no solo no queremos irnos de España, que también es nuestra, sino que seguiremos trabajando para conseguir que la relación entre Cataluña y el resto de España sea cada día más sólida precisamente por estar basada en la libertad, el respeto mutuo y la solidaridad.

Como remarca Eliseo Aja en su libro Estado autonómico y reforma federal: “El federalismo ha servido tradicionalmente para integrar unidades políticas diferenciadas en su idea de nación y podría también cumplir esta función en el sistema autonómico permitiendo que los pueblos de Cataluña y Euskadi, y quizás otros, encuentren un equilibrio entre la nación propia y la nación de naciones, de manera que este nivel ideológico se corresponda mejor con la estructura institucional existente” (p. 361).

Hace muchos años publiqué un artículo en El País en el que me preguntaba si el federalismo era cosa de ingenuos, pero sigo convencido de que es la mejor alternativa a la confrontación entre nacionalismos que, al fin y al cabo, no son otra cosa que la expresión colectiva del egoísmo individual y el muro tras el que se esconden quienes tienen miedo a superar las diferencias nacionales, lingüísticas y culturales en una democracia pluralista avanzada.

Defendemos una solución federal por cuatro razones fundamentales:

Porque es coherente con los valores de libertad, igualdad, fraternidad y solidaridad que tantos compartimos.

Porque se ajusta como un guante al mundo de interdependencias crecientes y de soberanías compartidas en el que vivimos.

Porque evita el choque de identidades y la división de la sociedad en función de los diversos sentimientos de autoidentificación nacional de las personas.

Porque se basa en el diálogo, la negociación y el pacto.

Y tras haber explicado nuestro proyecto, quiero también explicar por qué no compartimos la propuesta secesionista.

A mi juicio, la independencia sería la expresión de un fracaso colectivo: la constatación de nuestra incapacidad de construir, en Cataluña y en el conjunto de España, un proyecto común en el que conviven ciudadanos de múltiples identidades y sentimientos diversos.

Que nadie piense que quienes no abrazamos la bandera independentista no queremos lo suficiente a Cataluña. Justo al contrario, no somos independentistas porque creemos que la independencia sería altamente perjudicial para Cataluña y para el conjunto de España.

En el mundo global, en la España plural y diversa, levantar muros y crear divisiones es un mal negocio.

El federalismo, el ideal de la convivencia en libertad entre diferentes, es la mejor solución al problema del encaje de Cataluña en España. Queremos una España federal, suma de autogobierno y gobierno compartido. Queremos una Cataluña hermanada con el resto de pueblos de España y cuya singularidad sea plenamente reconocida en una España nación de naciones, en la que nadie es más que nadie y nadie es menos que nadie, en la que todos los ciudadanos gozan de iguales derechos, y en la que las singularidades de los territorios y los sentimientos de identidad de las personas son un factor de riqueza colectiva desde la libertad y la solidaridad.

La pérdida de dimensión económica, cultural, demográfica y política es un grave riesgo, tanto para Cataluña como para España. En el mundo en que vivimos, perder tamaño es perder oportunidades. Nadie ha sido capaz de calcular los costes y las incertidumbres de un proceso de separación: con toda seguridad excesivos, probablemente insoportables.

Por otro lado, si Cataluña se separase de España, no dejarían de ser países vecinos. Cataluña puede separarse del resto de España, pero no puede abandonar la Península ibérica. ¿Cómo puede beneficiar a Cataluña la separación, el alejamiento traumático de sus vecinos más inmediatos, que serán para siempre sus vecinos y con los que siempre le convendrá tener las mejores relaciones posibles? ¿Darles la espalda, romper con ellos? ¡Nada de eso!

La secesión perjudicaría a los ciudadanos, una gran mayoría sufriría al ver desgarrarse sus identidades plurales y compartidas; obligados a considerar como extranjeros a buena parte de sus conciudadanos, de repente muchos deberían considerar como ajenas cosas que hasta el momento de la separación les eran propias.

Y, además, la secesión perjudicaría también a la integración europea, ya aquejada de fuertes tensiones. Más allá de la evidencia de que, al menos por bastante tiempo, Cataluña quedaría fuera de la Unión Europea, la fractura de un país miembro de la Unión plantea interrogantes sobre el propio funcionamiento de esta, sus relaciones con lo que a partir de entonces sería un país tercero y sobre el riesgo de incentivar procesos similares en otros Estados miembros.

La secesión crearía más problemas de los que pretende resolver. Ante esto, debemos buscar otras respuestas. Soluciones que, una vez más, pasan necesariamente por el diálogo, la negociación y el pacto, elementos definitorios del federalismo. De ese puente para el acuerdo que queremos construir.

CAPÍTULO 3

¿Por dónde empezar?

Sería ingenuo pensar que tras más de cinco años sin diálogo fructífero entre los gobiernos de Cataluña y España podemos impulsar una solución definitiva al problema del encaje entre Cataluña y el resto de España de forma inmediata. Precisamente una de las críticas que suelo hacer a la propuesta independentista es que se ha presentado como una solución inmediata al problema, como si acceder a la independencia fuese una cuestión sencilla, rápida y sin coste alguno para nadie. Se ha hablado a veces de independentismo “mágico”. La solución federal tampoco es mágica. El camino para solucionar un problema tan profundo será necesariamente largo, tortuoso e incluso áspero. Pero precisamente por ello hay que ponerse enseguida manos a la obra para revertir un periodo nefasto, para generar los elementos de confianza imprescindibles en un proceso delicado. Y seguramente se debe empezar por las cuestiones más sencillas o urgentes.

Sigo convencido de que hay una solución razonable capaz de alcanzar un amplio apoyo social en Cataluña y en el conjunto de España. Pero admito que a fecha de hoy no hay motivos para el optimismo.

Nos guste o no, la Sentencia del Tribunal Constitucional que alteró el Estatuto votado por la ciudadanía catalana dejó en suspenso la vía del pacto. Y hasta ahora no ha habido ninguna iniciativa seria para reemprender esta vía. El gobierno del PP, que hasta hace muy poco llegaba casi a negar el problema, hoy predica el diálogo pero sigue pareciendo incapaz de practicarlo, mientras que el gobierno independentista catalán aprovecha el conflicto para acumular argumentos y sumar apoyos, mientras sigue preparando lo que ellos mismos llaman desconexión, en un proceso que, de proseguir, acabará situando a las instituciones catalanas fuera de la legalidad.

Los procedimientos judiciales que se siguen contra el expresidente Artur Mas y los miembros de su gobierno Joana Ortega, Francesc Homs e Irene Rigau, así como contra la presidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell y otros miembros de la Mesa de la Cámara, en vez de hacerles reflexionar sobre lo inútil y contraproducente que resulta desconocer la legalidad, parecen incitarles a acelerar en un camino que solo puede conducir al abismo.

El gobierno de España debe reconocer también que aunque no haya una mayoría de catalanes y catalanas partidarios de la independencia, los casi dos millones de votos obtenidos por Junts pel Sí y la CUP el 25 de septiembre de 2015 son muchos votos. Y que existe ya una amplia mayoría de catalanes que no están de acuerdo con el actual statu quo.

Lo cierto es que ni el inmovilismo ni la unilateralidad ni la ilegalidad llevan a ningún sitio.

Para enderezar de forma progresiva la actual situación, descartando atajos y soluciones mágicas, es necesario impulsar un cambio de actitud por parte los gobiernos de Cataluña y España; se requiere un diálogo de verdad, un diálogo sin condiciones previas salvo una: la aceptación de que un cambio del marco legal solo puede producirse a través del cauce fijado por la propia ley.

Debemos rehuir el riesgo de un conflicto que se enquista, que ninguna de las partes es capaz de superar por sí misma, pero que ambas utilizan para encastillarse en sus posiciones. El fin último del diálogo es un gran acuerdo, pero como dice el proverbio hindú: las largas caminatas empiezan por un paso.

Debemos empezar cuanto antes un largo camino que debe ser capaz de cerrar heridas, enmendar errores y abrir la perspectiva de un diálogo político de fondo.

Desde mi punto de vista, primero se deberían abordar, entre otras, las siguientes cuestiones:

1. Revertir la dinámica de relaciones conflictivas entre los gobiernos de Cataluña y España. En este terreno conviene resolver a través de las oportunas negociaciones los conflictos competenciales pendientes y trabajar para recuperar los elementos de autogobierno erosionados por la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto, que la propia Sentencia ya apunta que podrían resolverse modificando leyes en el Congreso de los Diputados (por ejemplo, reformando la Ley Orgánica del Poder Judicial, la ley de régimen local —para hacer posible la organización territorial propia de Cataluña en veguerías—, la normativa de organismos e instituciones estatales para impulsar la participación de las Comunidades Autónomas en ellas, etc.)

Deberían abordarse también las cuestiones planteadas al presidente Rajoy por los presidentes Mas y Puigdemont (dejando de lado el tema del referéndum al que ya me referiré en el siguiente capítulo). Debería derogarse la LOMCE, particularmente en lo que implica de injerencia en la política lingüística y educativa de la Generalitat. Aprobar una ley de lenguas oficiales que impulse el uso de todas ellas en y por parte de las instituciones del Estado y de la Unión Europea en desarrollo de lo que prevé el artículo 3.3 de la Constitución. Asegurar la presencia de la lengua y la cultura catalanas en la UNESCO. Resolver cuestiones relativas a la memoria histórica como la anulación radical y expresa del juicio al presidente Companys, avanzando en la senda de los esfuerzos realizados en este ámbito a través de la Ley de Memoria Histórica.

2. Abordar sin reservas la negociación de la revisión del sistema de financiación autonómica, revisando el excesivo esfuerzo de reducción del déficit impuesto a las Comunidades Autónomas, negociando una quita parcial de su deuda, introduciendo el principio de ordinalidad e impulsando los Consorcios Tributarios. Debería también resolverse de inmediato una cuestión tan relevante como la financiación de la Ley de la Dependencia, que en la actualidad penaliza en exceso a las Comunidades Autónomas.

3. Revisar la política inversora del Estado. Impulsar decididamente el Corredor Mediterráneo ferroviario para pasajeros y mercancías y abordar problemas sangrantes como la mejora del servicio de cercanías.

4. Impulsar la cooperación del Estado con la ciudad de Barcelona para que pueda ejercer también su liderazgo como gran capital española y sede de la Unión por el Mediterráneo. En Barcelona deberían instalarse organismos de ámbito estatal y europeo, y grandes equipamientos culturales en los que esté comprometido el Estado, que también debería implicarse en el papel de Cataluña como motor de la Eurorregión Pirineos-Mediterráneo.

Si fuésemos capaces de revertir la actual situación de ausencia de diálogo provechoso, podríamos entrar en el debate político de fondo que debería conducir a un gran Pacto de Estado y a la, a mi juicio, imprescindible reforma constitucional federal. En el marco de esa reforma los independentistas podrían plantear todas sus reivindicaciones, aceptando que no las pueden imponer de forma unilateral y que, por definición, un pacto implica cesiones de ambas partes.

Soy consciente de que el camino que propongo no es sencillo y que algunos independentistas pueden preferir jugárselo al todo o nada, pero considero que tanto el inmovilismo de Rajoy como la deriva unilateral e ilegal del independentismo están abocados al fracaso y pueden comportar finalmente un choque de trenes en el cual todos saldremos perdiendo y que podría poner incluso en riesgo la unidad civil del pueblo catalán y nuestro autogobierno.

Hace años que no se reúne la Comisión Bilateral Estado-Generalitat ni la Comisión Mixta de Traspasos Estado-Generalitat cuando aún quedan elementos de desarrollo estatutario por abordar. Tampoco se reúne la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales, a la que corresponde la concreción, la aplicación, la actualización y el seguimiento del sistema de financiación, y la canalización del conjunto de relaciones fiscales y financieras de la Generalitat y el Estado. También debería reactivarse la Comisión Bilateral de Infraestructuras.

Son muchas las cosas que pueden y deben hacerse, muchos los problemas grandes y pequeños que deben ser atendidos. Y quienes estamos empeñados en que se reemprenda la vía del diálogo no debemos dejar de insistir en ello.

Y también debería crearse en el seno del Congreso de los Diputados un ámbito de estudio y deliberación sobre las reformas institucionales que sirvan para encauzar el problema. Es ahí donde debiera empezar el camino para la reforma constitucional federal que estimo imprescindible.

CAPÍTULO 4

¿Referéndum?

Una de las cuestiones más controvertidas es la celebración de un referéndum como mecanismo más rápido y sencillo para resolver el problema del encaje entre Cataluña y el resto de España.

Pienso que, efectivamente, en algún momento habrá que votar. La única manera de solventar el problema democrático suscitado por la alteración de un Estatuto votado por la ciudadanía es votar de nuevo. Pero yo defiendo que lo que se debe votar es un nuevo acuerdo. De hecho, idealmente habría que votar dos veces. Primero, la reforma constitucional que se haya acordado, que deberá ser votada por el conjunto de los españoles. Y después, todos los catalanes deberían pronunciarse sobre el nuevo Estatuto que se derive de ese nuevo marco constitucional.

En cualquier caso merece la pena discutir sobre la reivindicación soberanista que sitúa como máxima (única) prioridad la celebración de un referéndum sobre la independencia.

Eso requiere primero precisar algunas cuestiones terminológicas que han contribuido al confusionismo existente sobre la cuestión.

Hay quien defiende que el referéndum sobre la independencia es hoy la forma en que Cataluña debe ejercer su derecho a la autodeterminación. Aunque sobre cuestiones jurídicas suele haber mucha controversia, la doctrina mayoritaria establece que el derecho de autodeterminación, reconocido por la ONU, solo es aplicable a las antiguas colonias, territorios ocupados militarmente o aquellos en los que se persigue y discrimina a las minorías nacionales. Ninguno de estos supuestos se da en el caso catalán. Pocas Constituciones del mundo recogen este derecho; se trata de casos muy excepcionales como los de Sudán (ya aplicado en la secesión de Sudán del Sur), Etiopía, las islas de Saint Kitts y Nevis, los municipios de Liechtenstein o la República de Karakalpakistán en Uzbekistán.

Quienes apelan al artículo 1 de los dos pactos internacionales sobre derechos de 1966 en los que Naciones Unidas establece el derecho de autodeterminación (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) suelen olvidar las resoluciones de la Asamblea General de la ONU 1514 (XV) y 2625 (XXV) que, como recuerda Santiago Muñoz Machado en su obra Cataluña y las demás Españas (pp. 212-213), precisan su alcance. Por citar solo una, sirva el párrafo sexto de la resolución 1514 que no deja dudas al respecto: “Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”. Sobre el derecho de autodeterminación merece la pena leer la obra colectiva La autodeterminación a debate.

Cabe recordar también que hay quien considera que la autodeterminación se produjo en 1978 al votar la Constitución española que, por cierto, obtuvo en Cataluña mayor respaldo que en el conjunto de España. De hecho, la Constitución española, al reconocer y garantizar el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran (artículo 2), priva de argumentos a quienes pretenden suscitar la cuestión de una pretendida falta de libertad de los catalanes en el seno de España.

La prueba más evidente de que el derecho de autodeterminación no es aplicable en el caso que nos ocupa es que algunos juristas catalanes han pretendido elaborar el concepto “derecho a decidir” como sucedáneo de derecho de autodeterminación, pretendiendo así crear una nueva categoría jurídica aplicable al caso catalán. Lo cierto es que el “derecho a decidir”, entendido como figura jurídica reconocida por el derecho internacional, no existe. No hay ninguna instancia, ya sea nacional, europea o internacional, ante la que reclamar el ejercicio de este derecho.

Se cita a veces el caso canadiense que por su singularidad conviene conocer. En Canadá no se reconoce el derecho de autodeterminación a las provincias. Sin embargo, estas tienen derecho a convocar referéndums. Y, en dos ocasiones, la provincia de Quebec convocó sendos referéndums para conocer la opinión de sus habitantes sobre una eventual secesión. La Corte Suprema se pronunció sobre ello y fijó una doctrina claramente federal: no existe un derecho a la autodeterminación de las provincias, pero si los habitantes de una provincia se manifiestan favorables a la secesión a través de una pregunta clara en un referéndum que concite una participación significativa y una mayoría clara, los gobiernos de esa provincia y de la Federación canadiense deben negociar de buena fe las condiciones de la secesión, y el acuerdo que se alcance debe respetar los derechos de todas las partes y puede no conducir necesariamente a la independencia. Dichos criterios fueron recogidos en la llamada “Ley de la claridad” que no fue aceptada por los independentistas de Quebec. En cualquier caso, tras la aprobación de dicha ley no se ha celebrado en Quebec ningún otro referéndum sobre la secesión.

Sobre el derecho de autodeterminación, Jordi Solé Tura se mostraba especialmente contundente en su conocida obra Nacionalidades y nacionalismos en España. Autonomías. Federalismo. Autodeterminación: “Crear un Estado independiente a partir de la España —y posiblemente de la Francia— de hoy significaría abrir un contencioso político terriblemente duro, que afectaría a todos los sectores de la sociedad española y a todas las instituciones. Aun suponiendo —cosa que está por definir— que el derecho de autodeterminación se entendiese como una consulta electoral en el territorio que aspirase a la independencia, es indudable que a esta consulta electoral solo se podría llegar o bien a través de un proceso insurreccional o bien a través de una gran batalla política, con elementos insurreccionales por medio, que tendría por eje exclusivo precisamente la concesión o no de la independencia” (pp. 153-154).

Solé Tura era tajante al respecto: “No se puede conciliar la defensa de una propuesta federal en el marco del Estado de las Autonomías con la defensa del derecho de autodeterminación. Son vías distintas y no se pueden defender las dos a la vez” (op. cit., p. 220).

Como dice Joaquín Tornos Mas en su libro De Escocia a Cataluña. Referéndum y reforma constitucional: “La inexistencia del derecho de autodeterminación y de poderes constituyentes no reconocidos en el texto constitucional impiden organizar referéndums que cuestionen el texto constitucional al margen del mismo. El referéndum extraconstitucional o revolucionario no será reconocido por el Estado en que se celebra, y previsiblemente tampoco gozará con el respaldo de la comunidad internacional. El resultado que pueda obtenerse en este referéndum difícilmente podrá tener consecuencias prácticas” (p. 130).

Como eslogan, el “derecho a decidir” es imbatible. ¿Quién no quiere decidir? De hecho, los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña decidimos cada vez que votamos, lo hicimos votando la Constitución de 1978, el Estatuto de 1979, el del año 2006 y siempre que elegimos a nuestros representantes en las instituciones —y aquí últimamente lo hacemos más a menudo que en cualquier otra Comunidad Autónoma—: en 2010, 2012, 2015 y, probablemente, en 2017; celebramos elecciones cada dos años desde que se inició el proceso independentista.

Queremos decidir. Queremos votar. Pero queremos hacerlo de forma legal, en el marco del Estado de derecho que incorpora también mecanismos institucionales para su reforma. Para hacer el referéndum que exigen los independentistas habría que reformar previamente la Constitución.

En este sentido, cabe destacar el reciente Dictamen 2/2017, de 2 de marzo, del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña sobre el Proyecto de Ley de presupuestos de la Generalitat para 2017 que establece de forma rotunda: “La figura del referéndum es un supuesto de institución de consulta de la voluntad general ex artículo 23 de la Constitución española reservado en exclusiva al Estado (artículo 149.1.32 CE)”.

Es curioso también que quienes impulsaron la consulta del 9 de noviembre de 2014 y las elecciones al Parlamento catalán de 2015, que ellos mismos calificaron de plebiscitarias y que en ambos casos acreditaron que no había una mayoría de catalanes y catalanas favorables a la independencia, digan ahora que su prioridad sigue siendo preguntar por la independencia y que seguirían haciéndolo hasta que una mayoría se pronuncie de forma favorable a la secesión. Lo importante es poder votar, dicen. Otra vez, añado yo. Y me pregunto en voz alta si lo que se quiere es formular la pregunta tantas veces como sea necesario hasta que gane el sí. Es decir, el referéndum, al final, solo sirve si la respuesta es sí. Quizás por eso en Escocia le llaman el “neveréndum”, el referéndum de nunca acabar. Mi desconfianza acerca del referéndum sobre la independencia es también debida a que parece que no vale hasta que el sí no alcanza la victoria.

A veces se ha utilizado la reivindicación del “derecho a decidir” como instrumento para recabar apoyos en el exterior. Desde este punto de vista es relevante recordar cuál fue la respuesta de la Casa Blanca al respecto: “Gracias por su petición en referencia al pueblo de Cataluña. Los Estados Unidos reconocen la cultura y tradiciones propias de la región catalana, pero consideran que el estatus de Cataluña es un tema interno español. Confiamos en que el gobierno y el pueblo español resolverán esta cuestión de acuerdo con sus leyes y Constitución”. La respuesta podría haber sido: “Arreglen ustedes sus problemas conforme a sus propias leyes”. Tampoco está de más recordar que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha negado el derecho a la secesión de estados que integran los Estados Unidos de América. Su famosa sentencia en el caso Texas v. White (74 U.S. 700) recuerda que el propio preámbulo de la Constitución estadounidense empieza con las palabras: “Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una Unión más perfecta…”.

En el debate se suelen utilizar las expresiones “derecho de autodeterminación”, “derecho a decidir”, “derecho a decidir nuestro futuro” como meros sinónimos de referéndum sobre la independencia.

Sobre todas estas cuestiones me permito recomendar la lectura de Salir del bloqueo, ensayo del jurista y diputado Ferran Pedret. Las dos primeras conclusiones de dicho texto son claras y contundentes: “1. No existe en el derecho positivo, ni en el interno ni en el internacional, un derecho a decidir. Los esfuerzos para hacer una construcción jurídica, para conceptualizarlo como diferenciado de otros derechos o autónomo de otros principios ya establecidos y más pacíficos no han sido exitosos, de forma que resulta difícil distinguirlo del derecho a la libre determinación de los pueblos en su vertiente externa, o de una aspiración política a realizar tal derecho de autodeterminación. Así, el término o expresión no aporta claridad al debate académico ni al público, ni contribuye a una mejor solución del conflicto político en el que nos encontramos inmersos. Las soluciones a las que se pueda llegar no requieren la introducción de este concepto. 2. El pueblo de Cataluña no es titular de un derecho de autodeterminación en su aspecto externo, de conformidad tanto con lo dispuesto en el Derecho Internacional en la materia, como en lo dispuesto en nuestro ordenamiento interno” (p. 87).

La cuestión es quién decide, sobre qué decide y en qué condiciones lo hace. Nadie duda de que la ciudadanía quiere decidir sobre su futuro. Lo que sí es discutible es que la única opción sobre la que cabe pronunciarse sea la de separarse o seguir como estamos.

Esta es mi principal objeción al referéndum sobre la independencia. Podemos estar de acuerdo en que, en democracia, separarse del Estado del que formas parte es el último de los recursos, pero precisamente si es el último de los recursos no puede constituir la primera de las preguntas como pretenden los independentistas.

Desde mi punto de vista, abordar una cuestión tan compleja, un tema que divide por la mitad a los catalanes y que pretende romper con una convivencia de siglos, merece un esfuerzo previo de consenso político y social que, probablemente, llevará a la renovación del acuerdo constitucional de 1978.

Entre el inmovilismo y la ruptura hay una amplia gama de posibilidades y la convivencia suele exigir el cultivo de los matices más que decisiones irreversibles tomadas por un pequeño margen.

Por otro lado, el debate sobre la independencia tiene implicaciones que van más allá de la política, tiene que ver también con sentimientos e identidades, con infinitas tonalidades y que pueden variar con el tiempo. Me parece temerario poner en primer plano la discusión sobre la ruptura antes de haber ensayado otras formas de convivencia.

Votar sin haber negociado antes otras alternativas no me parece la mejor manera de abordar la cuestión. La democracia representativa ofrece más instrumentos de negociación, pacto y resolución de conflictos que el recurso a mecanismos de democracia directa que, lógicamente, pueden servir para aprobar o rechazar los acuerdos alcanzados.

Desde la política no podemos olvidar nunca el principio de responsabilidad. Y uno de sus principales requisitos es el de no crear problemas aún mayores que los que se pretenden resolver. No es menor la perspectiva de una fractura social que, entre otras cosas, podría provocar que surgiesen minorías nacionales enfrentadas. Tampoco sería responsable levantar falsas expectativas que, al fin y al cabo, pueden generar importantes frustraciones. Y es evidente que ni falsas expectativas ni frustraciones son bases sólidas para construir el futuro.

Tampoco está claro qué pasaría con el resto de España que, de algún modo, dejaría de ser lo que era. España sin Cataluña, ¿sigue siendo España? ¿Puede alterarse lo que es España sin que intervengan en ese debate y esa decisión todos los españoles?

Por otra parte, el debate sobre las implicaciones de la independencia no es nada sencillo. Por ejemplo, es muy distinta la opinión de una parte significativa de los catalanes en función de si la separación del resto de España implicaría una salida de la Unión Europea.

A este respecto cabe reseñar el Dictamen del Comité de las Regiones aprobado el 12 de abril de 2013 en Bruselas que, entre otras cosas, dice: “El Comité de las Regiones declara que según el artículo 4.2 del Tratado de la Unión Europea (TUE), el avance de una región hacia la independencia, debe ser considerado como un asunto interno del Estado afectado y recuerda que en el caso de que una región obtuviese la independencia y quisiera integrarse en la Unión Europea, debería presentar una candidatura oficial al Consejo y seguir el procedimiento de adhesión del artículo 49 del TUE, como cualquier Estado que quisiera convertirse en Estado miembro de la Unión Europea”.

Por todo ello debemos alertar contra los falsos atajos, contra el simplismo y la simplificación; no solo debe ganarse el debate a partir de argumentos emocionales, sino también a través de una discusión racional sobre las diversas opciones que se planteen. El “derecho a decidir” en abstracto no existe, existen procedimientos democráticos para que los ciudadanos puedan expresarse libremente. Y eso debe hacerse en el marco de la legalidad, de unas leyes que, si procede, pueden ser modificadas también a partir del diálogo, la negociación y el acuerdo entre amplias mayorías.

Mientras hay quien trabaja para romper todos los puentes y demostrar que no hay tercera vía que valga, que no hay término medio entre la ruptura y el mantenimiento de un statu quo ciertamente insostenible, otros trabajamos para tender puentes y ampliarlos para que puedan ser transitados por amplias mayorías en Cataluña y en toda España.

El objetivo de quienes desde Cataluña queremos el pacto es el reconocimiento de las aspiraciones nacionales de Cataluña, más autogobierno y una mejor y más justa financiación.

CAPÍTULO 5

El sentido de la Tercera Vía

Desde el año 2010 la política catalana parece, parafraseando el título de un libro de Juan Marsé, “encerrada con un solo juguete”, y las relaciones entre Cataluña y el resto de España parecen haber quedado bloqueadas en un insondable pantano de incomprensión mutua, insatisfacción y conflicto.

La visión unitarista que el PP tiene de España y la voluntad separatista de la mayoría independentista del Parlamento catalán se retroalimentan mutuamente al tiempo que son incapaces de buscar (o sencillamente no quieren) una alternativa a un conflicto estéril que, en el mejor de los casos, desperdicia tiempo y energías y, en el peor, comportará una confrontación en la que todos saldremos perdiendo.

Incapaces de entablar un imprescindible diálogo político del que surjan soluciones, los gobiernos de Cataluña y España parecen hablarse solo a través de los tribunales. En el Parlamento de Cataluña he advertido en varias ocasiones a la mayoría independentista de que si quebranta la ley no encontrará en los socialistas ni comprensión ni solidaridad, pero también estoy convencido de que no será de la mano de los tribunales como encontraremos la solución a un problema de naturaleza eminentemente política. El propio Tribunal Constitucional lo ha señalado en la Sentencia en la que anuló la declaración de soberanía aprobada por el Parlamento catalán a inicios de 2013.

Los partidarios de la tercera vía, y en particular los socialistas catalanes, venimos insistiendo en que no hay solución que no pase por la vía del diálogo, la negociación y el pacto. No hay atajos ni soluciones unilaterales ni caminos que pretendan desconocer la legalidad. Por eso “tercera vía” es sinónimo en este caso de solución. El puente para el acuerdo que debemos construir entre todos.

En este inicio de 2017 es relevante seguir insistiendo en ella, precisamente cuando los soberanistas creen haber hallado la piedra filosofal en su consigna “o referéndum, o referéndum”, “referéndum sí o sí”, pactado o simplemente organizado a la brava. Nadie cree ya posible esta negociación, máxime cuando una de las partes ya ha anunciado que tiene la intención de imponer de forma unilateral su visión. Es curioso que el soberanismo haya vuelto sobre sus pasos a lo que ellos mismos denominan “la pantalla del referéndum”. Una pantalla que dieron por superada tras la consulta fallida del 9 de noviembre de 2014 y la celebración de unas elecciones al Parlamento de Cataluña el 25 de septiembre de 2015 que ellos mismos calificaron de plebiscitarias.

Desde el momento en que se ha anunciado la voluntad de convocar un referéndum ilegal, carece de credibilidad la apelación a un referéndum acordado. Cuando se está preparando una desconexión unilateral, y se niega al Parlamento la información sobre dichos preparativos; y cuando se está elaborando a espaldas del Parlamento una autodenominada “Ley de transitoriedad jurídica”, la voluntad de negociar es pura y simplemente un engaño. Se pretende camuflar un proceso de secesión unilateral e ilegal vistiéndolo de transición modélica “de la ley a la ley”, eso sí, intentando desconocer la autoridad del Tribunal Constitucional, árbitro en última instancia de la legalidad. Se intenta contraponer legalidad y principio democrático, cuando, en un Estado de derecho, lo que no es legal sencillamente no es democrático.

Si la consulta de 2014 no comportó cambio alguno en las relaciones entre Cataluña y el resto de España fue precisamente por su carácter unilateral e ilegal. ¡Cuántas veces se rieron de los socialistas cuando hablábamos de una consulta legal y acordada! Incluso les advertimos que la ley de consultas populares no referendarias, que había contado con nuestro apoyo en el Parlamento de Cataluña, no iba a servir para la convocatoria de la consulta del 9 de noviembre. Ellos habían decidido que “sí o sí” iban a celebrarla, habían fijado de forma unilateral la fecha y la estrambótica doble pregunta encadenada objeto de la consulta, mucho antes de la aprobación de la ley que pretendían que ofreciese el imprescindible amparo legal al proceso. De nada sirvieron nuestras advertencias. Y tampoco sirvió la decisión del Tribunal Constitucional declarando ilegal la convocatoria de la consulta y la propia ley en la que se pretendía sustentarla. Tampoco sirvió de nada que el Tribunal Constitucional declarase ilegal el denominado “proceso participativo” que sustituyó in extremis a la consulta.

De todo ello lo único que ha quedado son dos procedimientos judiciales, uno en el Tribunal Supremo que juzgó al antiguo consejero de Presidencia, Francesc Homs, aforado por ser diputado al Congreso por Barcelona, y el otro en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que juzgó al anterior presidente de la Generalitat, Artur Mas, a la exvicepresidenta del gobierno catalán, Joana Ortega, y a la anterior consejera de Educación, Irene Rigau.

Parece mentira que, más de dos años después, cuando el movimiento independentista decía haber “pasado la pantalla del referéndum”, se nos vuelva a proponer un referéndum unilateral como solución. ¿De nada ha servido la experiencia? Argumentos legales no nos faltan a quienes defendemos que esta es una vía condenada al fracaso. En estos últimos tiempos hemos visto como en otros países fracasaban proyectos similares. El Tribunal Constitucional italiano negaba que el gobierno de la región del Véneto tuviese competencias para convocar un referéndum sobre la independencia. Muy recientemente el Tribunal Constitucional alemán tomaba idéntica decisión frente a las pretensiones de un minoritario partido independentista bávaro. El Consejo de Europa consideró ilegal el referéndum celebrado en Crimea en 2014 precisamente por no haber respetado la legislación de Ucrania. Porque una regla básica para otorgar validez a un referéndum es el respeto a la legislación del Estado en el que se celebra. Es uno de los principales criterios que la Comisión de Venecia del Consejo de Europa ha establecido para validar una consulta.

Siempre se aducen contraejemplos que no lo son. Por ejemplo, el caso de Canadá, donde las provincias tienen competencias para convocar referéndums y, además, después de celebrarse por parte de Quebec dos referéndums sobre una eventual separación, la Corte Suprema de Canadá estableció los criterios por los que debería regirse una consulta de este tipo, criterios posteriormente recogidos en la llamada “ley de la claridad”, rechazada por los independentistas. El otro y más reciente ejemplo es el de Escocia, olvidando siempre que el Reino Unido no tiene Constitución escrita y que la convocatoria del referéndum celebrado en 2014 se produjo a partir de un acuerdo entre los gobiernos británico y escocés.

Es evidente, pues, que sin acuerdo político y sin someterse a la normativa española, no va a celebrarse un referéndum sobre la independencia que tenga eficacia legal. Cuando me refiero a la normativa española, me estoy refiriendo también al Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC). Basta con recordar que en el año 2010 el propio Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña declaró contraria a los artículos 29.6 y 122 del EAC la pretensión de convocar una consulta sobre la independencia de la nación catalana.

Desgraciadamente demasiado a menudo el debate político se parece más a un debate teológico que a otra cosa, y quienes defienden una u otra posición se aferran a sus creencias y solo aceptan los argumentos que les dan la razón mientras rechazan de forma tajante los argumentos que se la niegan. En este caso con el agravante de que tenemos aún muy reciente la experiencia de la consulta del 9 de noviembre de 2014. Y cuando alguien osa preguntar en qué se diferenciaría el referéndum que ahora se propone de la consulta que se celebró entonces, la respuesta es que ahora será “vinculante”. El porqué será vinculante nadie parece saberlo; resulta que será vinculante porque quienes pretenden convocarlo, sin competencias para ello, así lo dicen. Y punto.

Mientras llega el gran momento en que todo se resolverá como por arte de magia, la mayoría parlamentaria independentista sigue tomando acuerdos pretendiendo desconocer la legalidad, acuerdos que son inmediatamente recurridos por el gobierno de España ante el Tribunal Constitucional que, de forma expeditiva y hasta ahora por unanimidad, los anula y advierte de la responsabilidad en que incurrirán las autoridades que pretendan desarrollarlos una vez suspendidos o anulados. Por este motivo la presidenta del Parlamento catalán y varios miembros de la Mesa de la Cámara tienen una causa abierta ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

La confianza del gobierno del PP en la vía judicial es grande, y no debe olvidarse que, aprovechando su mayoría absoluta en la anterior legislatura, impulsó una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para conferir al alto tribunal competencias sancionadoras frente a quienes no acaten sus sentencias y resoluciones. Una reciente propuesta del Partido Nacionalista Vasco aprobada por mayoría en el Congreso de los Diputados, gracias al voto decisivo del Grupo Socialista, pretende revertir la reforma impuesta por el PP.

Así llevamos seis años. Con gobiernos incapaces de negociar, con un conflicto creciente que va elevando el diapasón, con la ciega confianza del gobierno del PP en la justicia y con la no menos ciega confianza del gobierno independentista en una vía unilateral e ilegal.

De alguna manera, quienes no compartimos ni el objetivo separatista de los independentistas ni la visión unitarista de España del gobierno del PP, nos sentimos rehenes de un proceso que puede acabar muy mal, por la división que genera entre los propios catalanes y porque puede terminar por situar fuera de la ley a las instituciones del autogobierno de Cataluña, que son de todos los catalanes, sean o no independentistas.

Es bastante probable que la imposibilidad de convocar el referéndum independentista o la organización de un simulacro con parecidos efectos a los de la consulta del 9 de noviembre de 2014 comporte la convocatoria de unas nuevas elecciones al Parlamento de Cataluña. En este caso los independentistas, que ya calificaron a los comicios de 2015 como “plebiscitarios”, dirán que las próximas elecciones son “constituyentes”, intentando prolongar por más tiempo un proceso que no lleva a ninguna parte.

Por eso a menudo el proceso independentista ha sido comparado con una noria, o a la rueda en la que un hámster da vueltas sin moverse de sitio. Y precisamente por eso, quienes tenemos una alternativa distinta estamos más obligados que nunca a exponerla y proporcionar argumentos para defenderla.

Soy consciente de que algunos dirán que la tercera vía ya fracasó con el Estatuto de 2006 combatido ferozmente y después recurrido de forma harto temeraria por el PP, entonces en la oposición, y alterado después por una Sentencia del Tribunal Constitucional. Una Sentencia que, en esta ocasión, no solo no fue unánime sino que estuvo fuertemente condicionada por un Tribunal Constitucional en sus cotas más bajas de prestigio, incompleto en su composición e injustamente privado uno de sus miembros de participar en la deliberación y votación del fallo.

El fracaso de un intento no debiera hacernos cejar en el empeño de buscar una solución acordada que es, repito, la única viable. Pero, ciertamente, mucho ha sido el daño causado por la anomalía democrática producida por el hecho de que un Tribunal alterara lo que había sido sometido al refrendo ciudadano, tras haber sido aprobado inicialmente por una mayoría de dos tercios en el Parlamento de Cataluña y arduamente negociado después en las Cortes Generales, que lo aprobaron por mayoría absoluta. Tanto es así que solo podrá corregirse esa anomalía democrática a través de un acuerdo político que deberá ser sometido al refrendo ciudadano. Un acuerdo que probablemente deberá tomar la forma, primero, de una reforma constitucional y, después, de una nueva reforma estatutaria.

Es evidente que el imprescindible pacto puede tomar diversas formas. Los socialistas aportaremos al debate una propuesta factible, madura y solvente de reforma constitucional en un sentido federal. Y estaremos como siempre dispuestos a escuchar y a dialogar sobre otras propuestas.

Hay quien, por ejemplo, defiende que debe buscarse un acuerdo sin necesidad de plasmarlo en un nuevo texto constitucional y un nuevo Estatuto, y sin necesidad tampoco de someterlos al voto ciudadano. Soy muy escéptico sobre esa posibilidad, pero como defensor de una vía acordada no puedo descartar dicha hipótesis si en efecto se alcanzase un acuerdo de este tipo entre las instituciones catalanas y españolas.

Más razonable me parece la propuesta de sustentar un nuevo pacto político a través de la inclusión de una nueva Disposición Adicional de la Constitución que pudiera recoger, por ejemplo, los derechos históricos de Cataluña mencionados en el artículo 5 del vigente EAC, que dice lo siguiente: “El autogobierno de Cataluña se fundamenta también en los derechos históricos del pueblo catalán, en sus instituciones seculares y en la tradición jurídica catalana, que el presente Estatuto incorpora y actualiza al amparo del artículo 2, la disposición transitoria segunda y otros preceptos de la Constitución, de los que deriva el reconocimiento de una posición singular de la Generalitat en relación con el derecho civil, la lengua, la cultura, la proyección de estas en el ámbito educativo, y el sistema institucional en que se organiza la Generalitat”.

En la redacción de este artículo, como suele suceder, participaron muchas manos, pero es de justicia recordar las indicaciones de José Antonio González Casanova y el buen hacer del entonces secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y posteriormente ministro de Justicia, Francisco Caamaño. De la vocación federalista de ambos dan testimonio respectivamente sus obras Cataluña, federación o independencia y Democracia federal.

Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón ha defendido con tanta tenacidad como autoridad la incorporación de una Disposición Adicional de la Constitución que reconozca la personalidad de Cataluña y las competencias inherentes a esa personalidad. Herrero ha afirmado recientemente: “El problema catalán, aunque afecte a España entera, debe ser aislado y tratado singularmente y de forma cuanto más sencilla, mejor”. Y añade: “Páctese, pues, entre todas las fuerzas políticas una Disposición Adicional para Cataluña sobre el modelo de la ya existente, con expresa referencia a su identidad, y garantícense en ella las precisas competencias estratégicas, tales como la organización de las propias instituciones, las educativas, lingüísticas y culturales”. Señala Miguel Herrero: “¿Satisfaría esto al soberanismo independentista? Creo que no. Pero sí creo que hay una gran mayoría catalanista que solo llegará al independentismo si no se le da otra vía para reconocer su identidad nacional y blindar el correspondiente autogobierno”.

Por lo tanto, podría plantearse, por ejemplo, la inclusión en el texto constitucional de una Disposición Adicional Quinta con un texto de este tenor: “La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de Cataluña, de los que se deriva el reconocimiento de una posición singular de la Generalitat de Cataluña en relación con el derecho civil, la lengua, la cultura, la proyección de estas en el ámbito educativo y el sistema institucional en el que se organiza la Generalitat”. Una ley orgánica debería desarrollar este precepto, siendo todo ello fruto del pacto político que debería también asegurar la inalterabilidad de los textos legales acordados.

Hay otras posibilidades. Por ejemplo el acuerdo en paralelo para modificar Constitución y Estatuto de Autonomía de Cataluña que propone Santiago Muñoz Machado en su libro Cataluña y las demás Españas, en el que afirma: “Por ello creo que la solución óptima sería la tramitación simultánea, y naturalmente paccionada, de la norma que ponga al día el autogobierno de Cataluña y su integración en el Estado, y la reforma constitucional, si fuera precisa, que dé cabida a este proyecto. La diferencia con las anteriores fórmulas es que la norma a incorporar a la Constitución no se remitiría a unos derechos históricos indeterminados, sino a las instituciones y potestades consignadas en un texto concreto, en una norma bien identificada” (pp. 231-232).

Hay quien sostiene también que bastaría con una reforma estatutaria acordada y sometida a referéndum de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña (artículo 152.2 CE) que ya no podría ser objeto de una revisión posterior por parte del Tribunal Constitucional tras la modificación que recuperó la figura del recurso previo de inconstitucionalidad.

La cuestión, lo repito una vez más y no me canso, es que no hay más solución que la que se construya a través de un proceso de diálogo, negociación y pacto. Y que conviene que dicho acuerdo sea refrendado por la ciudadanía para salvar la anomalía causada por la Sentencia del Tribunal Constitucional en 2010.

Dicho acuerdo o bien se enmarca en una reforma general de la Constitución, o bien se circunscribe al reconocimiento de una relación singular de la Generalitat con el Estado. No deja de tener sentido este último planteamiento si tenemos en cuenta que hoy el problema más acuciante es el encaje de Cataluña en el resto de España y que las demás cuestiones podrían esperar a mejor ocasión.

En todo caso, no está de más recordar que un pacto implica cesiones mutuas; unos deberían renunciar a la independencia y a un referéndum de secesión y otros deberían renunciar a resolver el problema con cambios meramente cosméticos o sin reconocer de forma muy clara la singularidad de Cataluña.

Concluyo sintetizando los elementos centrales que dan sentido a la tercera vía:

1. Tenemos un grave problema de integración territorial, de encaje de Cataluña en el resto de España, que se ha puesto especialmente en evidencia tras la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto dictada en 2010 (cuando el Estatuto llevaba ya cuatro años en vigor sin haber suscitado problema alguno). Baste con citar las movilizaciones ciudadanas, las encuestas, el 1.897.000 votos obtenidos por la opción “sí-sí” de la consulta del 9-N y el propio apoyo electoral que obtuvieron los partidos que reclaman la independencia en 2015: 1.966.508 votos, de un censo de 5.314.736 personas. Es verdad que parte de quienes dieron su apoyo a los partidos independentistas manifiestan en las encuestas que su voluntad es la de forzar la negociación de un nuevo acuerdo y no necesariamente la de romper, como también es cierto que parte de quienes no votamos a los partidos independentistas somos contrarios al inmovilismo y partidarios de renovar el pacto constitucional de 1978.

2. La solución al problema anteriormente citado solo puede venir a través de un proceso de diálogo, negociación y pacto. No hay solución unilateral ni ilegal, ni tampoco cabe esperar una solución del recurso permanente a los tribunales que ha sido a lo largo de más de seis años la única respuesta del gobierno del PP.

3. Superar más de seis años de ausencia de acuerdos entre los gobiernos de Cataluña y España requerirá tiempo. No cabe esperar soluciones mágicas ni inmediatas, sino un largo proceso de aproximación mutua que debe iniciarse a partir de temas concretos que esperan solución desde hace mucho: inversiones, financiación, cercanías, Corredor Mediterráneo, temas educativos, culturales y lingüísticos… Cuando se empiece a recorrer ese camino se estarán poniendo las bases para abordar las cuestiones de fondo.

4. La judicialización del conflicto añade dificultades a un proceso ya de por sí complejo. Para evitarla se debe exigir a los responsables políticos que cumplan la ley y no sitúen a las instituciones fuera de la legalidad, y conviene también que la vía judicial sea el último recurso y no el primero en cualquier tipo de controversia.

5. Fijar como condición previa y sine qua non la celebración de un referéndum sobre la independencia impide avanzar en la resolución de otros problemas pendientes, cosa que permitiría cambiar la actual lógica de enfrentamiento por una lógica de negociación.

Llevamos ya cerca de siete años perdidos desde la aprobación de la Sentencia sobre el Estatuto (STC 31/2010, de 28 de junio). Casi siete años en los que Cataluña no ha obtenido ni nuevas competencias ni nuevos recursos ni se han ensayado mecanismos institucionales perfectamente legales para fortalecer el autogobierno e incluso para recuperar elementos erosionados por la Sentencia del Tribunal Constitucional, a través, por ejemplo, de las reformas de las leyes orgánicas que correspondan.

Las soluciones mágicas que se ofrecen desde el independentismo están condenadas al fracaso. Esos falsos atajos ya nos han hecho perder demasiado tiempo, hemos derrochado muchas energías y se han perdido muchas oportunidades.

La cerrazón al diálogo del gobierno de España proporciona una magnífica excusa para que los independentistas sigan empeñados en su viaje a ninguna parte a la vez que les va proporcionando elementos para su argumentario que puede resumirse en el “con España no hay manera”, no hay acuerdo ni reforma posible.

Tampoco debemos olvidar que la sociedad catalana está dividida con respecto a la independencia, casi a partes iguales. Quienes hemos luchado siempre por mantener la unidad civil de los catalanes somos especialmente sensibles a esta cuestión. No queremos introducir un elemento de fractura de consecuencias imprevisibles. Y por eso nos planteamos un objetivo que puede concitar un apoyo muy amplio. Se trata de mejorar el autogobierno y la financiación, y conseguir una participación eficaz en la gobernación del conjunto de España a través de las correspondientes instituciones de tipo federal.

Esta es la tercera vía que defendemos. Este es el puente para el acuerdo que debemos construir entre todos.

No me cansaré de alertar contra el choque de trenes. Soy militante del acuerdo y el pacto. Soy constructor de puentes. La tercera vía es infinitamente mejor que el choque de trenes. Y no basta con no atizar el fuego, este incendio debe ser apagado por muchos, porque muchos son también los que lo alimentan a uno y otro lado.

Unos y otros incapaces de entender las razones del adversario, preguntan a todo el mundo de qué lado está, hacen listas de partidarios y oponentes, señalan con el dedo, miden el grado de adhesión a sus tesis, menosprecian a tibios y escépticos, desconocen que las identidades ni son homogéneas ni pueden imponerse, hay que respetarlas y compartirlas. Unos y otros cargados de eslóganes y banderas, convencidos de ganar, han decidido que es el momento de imponer una razón, la suya.

Unos y otros cometen el error de cálculo de pensar que ha llegado el momento: ahora o nunca, dicen. Unos y otros se equivocan también al creerse los más fuertes; sobrevaloran sus propias fuerzas y subestiman las del adversario. Han decidido que es el momento de acabar el eterno empate entre una España incapaz de culminar la homogeneidad nacional que define a los Estados-nación y una Cataluña incapaz de alcanzar la independencia.

Unos y otros, en lugar de ensayar fórmulas federales que harían posible conciliar intereses diferentes, compartir identidades, asegurar el respeto a la diversidad y construir un proyecto común, autogobierno y gobierno compartido, están decididos a imponer su dogma por las buenas o por las malas. Si lo consiguen, todos saldremos perdiendo sea cual sea el resultado de la batalla. No quiero, muchos no queremos ser rehenes de su disputa, aun sabiendo como sabemos que los pacifistas acostumbran a ser las primeras víctimas de los conflictos.

CAPÍTULO 6

Una propuesta de reforma constitucional federal

La solución al problema del encaje entre Cataluña y el resto de España solo es posible a través de un proceso de diálogo, negociación y pacto. Ese pacto político puede tomar diversas formas. Hemos visto anteriormente la fórmula que propone, entre otros, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. Tiene la ventaja de ser directa y, aunque difícil de negociar, sería relativamente sencilla de implementar. Su tesis es clara: si hay un problema de relación con Cataluña, abordémoslo sin demora y sin abrir otros debates. Así, desde luego, se atiende la singularidad catalana.

Sin desdeñar esa propuesta, que por otro lado cabría también incorporar a una reforma más amplia, los socialistas hemos optado por una reforma constitucional de carácter federal que no solo abordaría el encaje de Cataluña en el resto de España sino que contemplaría también soluciones concretas a los problemas de conjunto evidenciados tras más de treinta y cinco años de desarrollo autonómico.

Es de justicia reconocer aquí el gran esfuerzo del socialismo español recogido en los acuerdos de Granada. Un esfuerzo en el que destaca el empeño de Alfredo Pérez Rubalcaba y Pere Navarro, con el imprescindible concurso de Ramón Jáuregui. A ese esfuerzo contribuyeron también las aportaciones de la Fundación Alfonso Perales, “Por una reforma federal del Estado autonómico”, y de la Fundació Rafael Campalans, “Por una reforma constitucional federal”.

Desde el socialismo catalán hemos apostado por esa propuesta al entender que aborda eficazmente los cuatro grandes problemas que están en la raíz del actual desencuentro entre Cataluña y el resto de España. Las “cuatro erres”: reconocimiento, reglas, recursos y representación, de las que se hacía eco Pere Navarro en su presentación al libro colectivo Una propuesta de federalización (pp. 31-36).

Reconocimiento

La reforma constitucional que proponemos asegurará el reconocimiento de la identidad nacional catalana, de su singularidad dentro de España, que tiene raíces históricas profundas y se manifiesta especialmente en su lengua, su cultura, el derecho civil y las instituciones de autogobierno. Se trata de los derechos históricos recogidos en el artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Cataluña y que queríamos ver también reflejados en la propia Constitución.

En este sentido cabe recordar que los acuerdos de Granada parten de la convicción de que “en el federalismo se ubican las mejores soluciones para reconocer, respetar e integrar las diversas aspiraciones nacionales que conviven en España”. Como ya he mencionado, caben diversas formas de reconocer constitucionalmente el carácter plurinacional de España.

Precisamente por ello también cabe destacar que en los acuerdos de Granada se hace especial hincapié en el hecho diferencial que implica la existencia de una lengua propia. Cito literalmente: “La existencia de lenguas propias en ciertos territorios y su reconocimiento como lenguas oficiales en el artículo 3.2 de la Constitución. Jurídicamente esto ha tenido consecuencia en la configuración del uso de la lengua propia como un derecho y su repercusión, tanto en la política educativa y cultural, como en la organización y funcionamiento de la Administración. La importancia cultural y política de esta singularidad aconseja reforzar el poder autonómico de estas comunidades en las políticas de ordenación, defensa y promoción de su lengua propia, así como la asunción plena por parte de las instituciones del Estado de este rasgo institucional y de este signo de riqueza cultural y social de nuestro país. También debe contemplarse la colaboración y la cooperación cultural entre comunidades que compartan el mismo patrimonio lingüístico”.

Reglas

La reforma constitucional que proponemos contendrá reglas claras que delimiten con precisión los espacios competenciales entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Una buena técnica federal es la que define constitucionalmente las competencias del Estado atribuyendo las demás a las Comunidades Autónomas. Lógico sería también que la Constitución estableciese las pautas para el ejercicio por parte del Estado de sus propias competencias para preservar mejor los espacios competenciales de las Comunidades a los que dicho ejercicio pudiera afectar.

Este planteamiento es plenamente compatible con el reconocimiento de hechos diferenciales, derechos históricos y un esquema competencial asimétrico, como el que tenemos hoy. Cabe recordar, por ejemplo, que no todas las Comunidades Autónomas tienen atribuidas competencias de seguridad o de prisiones, como es el caso de Cataluña, que dispone de una potente policía propia.

Recursos

La reforma constitucional debe impulsar un federalismo fiscal basado en los principios de suficiencia, justicia y solidaridad.

En los acuerdos de Granada se recogió la necesidad de constitucionalizar los principios que deben informar la financiación autonómica, citando expresamente el principio de ordinalidad en el sentido en que lo hace la propia Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Y se incluyó también el compromiso de crear Consorcios Tributarios entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y las agencias tributarias de las Comunidades Autónomas que lo soliciten, tal como recoge también el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Eso otorgaría a las Comunidades que lo requieran la capacidad de recaudar y gestionar el conjunto de impuestos soportados en sus territorios, asegurando eficacia, transparencia y automatismo en los flujos fiscales entre las Comunidades Autónomas y el Estado.

Cito literalmente del documento de Granada: “En lo que se refiere al modelo de financiación, sería deseable tomar como referencia el federalismo alemán, dado que la evolución del modelo fijado en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) ha llevado a un sistema que gravita en buena medida sobre unos impuestos comunes cuya recaudación se reparte entre ambos niveles de gobierno. También toma su referencia en la jurisprudencia constitucional alemana la precisión, ratificada por el Tribunal Constitucional, de que la contribución interterritorial no coloque en “peor condición relativa de quien contribuye respecto a quien se beneficia”5. “En su caso, y de acuerdo con las precisiones estatutarias, se crearán los Consorcios Tributarios correspondientes para la mejor coordinación de la recaudación fiscal”.

Representación

Nadie discute que en un Estado compuesto las partes deben participar en el gobierno del todo. Pero en España el desarrollo de estructuras de cooperación y de codecisión es raquítico. Así lo atestiguan una conferencia de presidentes cuya operatividad está por demostrar, unas conferencias sectoriales cuyo funcionamiento dista mucho de ser óptimo, un Consejo de Política Fiscal y Financiera que acaba siendo tan solo instrumento al servicio del gobierno español de turno y un Senado que pese a la previsión constitucional no es una cámara de representación territorial. Habría que impulsar la labor y la eficacia de todos estos instrumentos.

La reforma que proponemos tiene como clave de bóveda un Senado o Consejo Federal que garantice e impulse la participación de las Comunidades Autónomas en la toma de decisiones del Estado, particularmente las que tienen un claro impacto sobre los territorios y las que tienen que ver con la definición de la posición de España en las instituciones europeas y la aplicación en el territorio de las decisiones de estas.

Para decirlo en forma resumida, los elementos básicos de nuestra propuesta de reforma constitucional6 que se refiere a la cuestión territorial son:

La transformación del Estado de las Autonomías en un Estado federal.

El reconocimiento de la realidad nacional catalana, de las singularidades propias de las nacionalidades históricas, teniendo en cuenta los hechos diferenciales y los derechos históricos ya reconocidos por la Constitución y los Estatutos.

La definición precisa de las competencias del Estado y de las pautas sobre su ejercicio, y la atribución de todas las demás a las Comunidades Autónomas.

La incorporación de los derechos sociales como derechos de ciudadanía y la garantía de su ejercicio en condiciones de igualdad.

La consideración de los temas lingüísticos, educativos y culturales como competencia estricta de las Comunidades Autónomas con lengua propia.

La constitucionalización de los principios de solidaridad y ordinalidad que deben informar el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas.

La territorialización del sistema de gobierno del Poder Judicial.

La transformación del actual Senado en un Consejo Federal con presencia de los gobiernos autonómicos.

La profundización del carácter democrático, participativo y deliberativo de nuestro sistema político e institucional.

El fortalecimiento de los municipios como garantes de la cohesión social, vectores de desarrollo económico y vertebradores del territorio.

CAPÍTULO 7

Más allá del conflicto territorial

Aunque no lo parezca, especialmente si miramos los medios de comunicación públicos, en Cataluña hay muchos más problemas que el de su encaje en el resto de España.

He dicho en varias ocasiones que el único logro que ha alcanzado el independentismo en los últimos siete años es el de frenar el potencial de Cataluña. Desde la llegada al poder de Artur Mas en 2010 el gobierno de la Generalitat se ha inhibido de la tarea de gobernar para dedicarse a fomentar el procés.

El consejero Santi Vila, entonces responsable de Territorio y Sostenibilidad —la consejería de la que dependen las inversiones en obra pública, medioambiente y transportes—, lo dijo muy claramente con motivo de un desayuno que protagonizó en un conocido foro de opinión, cuando señaló que, sin la existencia del procés, el gobierno catalán no habría resistido los embates de la sociedad después de haber realizado un ajuste de unos 6.000 millones de euros en gasto social, educativo y sanitario.

Pero lo cierto es que hay vida más allá del procés. De hecho, la mayoría de los catalanes perciben que el principal problema de nuestro país es, en estos momentos, el desempleo masivo, el fortísimo incremento de las desigualdades y de la pobreza, y la falta de oportunidades, especialmente para los más jóvenes y los parados de larga duración.

Este es el problema más importante de Cataluña y no es precisamente del que más se habla. Es más, a veces parece totalmente ausente. Y esto no puede seguir así. Si no hablamos de los problemas, los problemas no desaparecen. Siguen y se agravan. Si no hablamos de los problemas de las personas, la ciudadanía cree, con razón, que la política sirve de muy poco.

Y este es el primero de los cambios que necesitamos en Cataluña: orientar la acción de gobierno y el debate político a la resolución de los problemas efectivos de la ciudadanía.

Una reciente encuesta del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat (el CIS catalán) situaba el problema de encaje de Cataluña en el resto de España (es decir, la cuestión de la independencia) como el problema número 17 en la lista de cuestiones prioritarias para los ciudadanos. Es hora de que el gobierno catalán ajuste sus prioridades a las de la ciudadanía.

El segundo de los cambios es levantar un poco la mirada.

El monotema y la obsesiva observación de nuestro ombligo tienden a marearnos y, sobre todo, nos privan de captar la realidad en todas sus dimensiones. Realmente, es difícil encontrar en las últimas décadas otra etapa histórica como la actual teñida de tantos retos, de tantas incertidumbres políticas, económicas y sociales, en Cataluña, en España, en Europa y en el resto del mundo.

El mundo está cambiando. Mucho y muy rápidamente. Parece que se está gestando uno de aquellos cambios de paradigma político y económico que se producen cada muchos años.

Idealmente, y de manera resumida, la nueva arquitectura política e institucional resultante de este profundo cambio debería:

Mejorar la gobernabilidad del proceso de globalización económica mediante la eliminación de los paraísos fiscales, la corrección de la hipertrofia del sistema financiero y la obligación de que las empresas multinacionales paguen siempre sus impuestos allí donde se generan sus beneficios.

Minimizar la probabilidad de que en el futuro se repitan crisis económicas y financieras tan destructivas como la que comenzó en el año 2007.

Consolidar y culminar el proyecto de integración europea paliando sus déficits democráticos.

En todo el mundo, especialmente en los países avanzados, impresiona comprobar cómo la reflexión sobre estos formidables retos e incertidumbres ha desencadenado un alud de debates intelectuales y encendidas discusiones políticas.

Desgraciadamente, nuestro país, Cataluña, es una notoria excepción. Cuando otros abren puertas a la discusión, Cataluña, al menos la Cataluña oficial, se repliega de manera permanente sobre sí misma.

En mi opinión, este repliegue y la dedicación de tanta energía colectiva, política y mediática al proceso independentista está erosionando, poco a poco, pero de forma inexorable, la calidad de la política y de las instituciones catalanas.

En Cataluña, por ejemplo, se habla poco o nada de la situación económica de Europa y de la posibilidad muy real de que nuestro continente caiga en una tercera recesión o se instale en un largo periodo de estancamiento, escenario que contrasta, en este momento, con la recuperación económica de los Estados Unidos.

Una tercera recesión tendría efectos devastadores sobre la población, sobre los sectores sociales más débiles, los excluidos, trabajadores y clases medias, y sobre el conjunto de nuestra economía.

Bien sea por la falta de una unión fiscal, bien sea por un deficiente diseño institucional, lo cierto es que ni la vacilante política monetaria de expansión cuantitativa (quantitative easing) del Banco Central Europeo ni el tímido Plan Juncker de estímulo fiscal consiguen impulsar significativamente la actividad económica en Europa en el corto plazo. Claramente, la economía europea tiene graves problemas, tanto por el lado de la demanda como por el lado de la oferta, que los socialistas creemos que hay que abordar de manera muy audaz.

Y tampoco veo que tengamos un verdadero debate sobre cómo y por qué han crecido las desigualdades desde el inicio de la crisis económica, como consecuencia de la exorbitante escalada del desempleo.

Para revertir esta peligrosa tendencia, que está erosionando los pilares sobre los que se edifica la legitimidad del sistema democrático, del “contrato social” y de la economía de mercado, en España y en Cataluña son imprescindibles, al menos, dos cosas:

Crecimiento económico a través de una economía más competitiva que tenga como palanca la inversión en educación, cultura, innovación y tecnología.

Y una profunda reforma fiscal, como la que proponemos los socialistas, que aumente sustancialmente los ingresos públicos y la progresividad efectiva del sistema tributario.

En Cataluña, en fin, se habla poco o nada de las perspectivas económicas de nuestro país y del resto de España.

Después de un largo, injusto y doloroso proceso de ajuste macroeconómico, agudizado por la imposibilidad de devaluar la moneda como en el pasado, la economía se encuentra finalmente en condiciones de crecer nuevamente.

En efecto, hemos recuperado competitividad de manera significativa, tal y como lo demuestra la positiva evolución de las exportaciones; hemos pasado de un insostenible déficit de balanza de pagos por cuenta corriente equivalente al 10% del PIB a un ligero superávit, imprescindible para reducir el endeudamiento externo; y después de sucesivas reformas del gobierno español, muchas decenas de miles de millones de euros de los contribuyentes inyectados en las entidades financieras y la decisiva actuación del Banco Central Europeo, tenemos un sistema bancario más saneado pero que, paradójicamente, no es capaz de trasladar a las pymes (verdadero motor de la economía catalana) una mayor facilidad para acceder al crédito.

Asimismo, la bajada de la prima de riesgo, la rebaja de más de 5.000 millones de euros de la factura energética que España paga como país fuertemente dependiente, inducida por la caída del precio del petróleo, y la depreciación del euro, son tres factores adicionales que han contribuido a impulsar nuestra economía en este último periodo.

Desde la perspectiva de las retribuciones a los trabajadores, la recuperación de la competitividad de la economía española y catalana, llevada a cabo mediante un agudo proceso de devaluación interna, apunta a que la bajada de salarios ha tocado fondo.

En los próximos meses y años los salarios tienen que aumentar gradualmente, lo que, unido a la paulatina reducción de la tasa de desempleo, hará que las familias dispongan de un mayor poder adquisitivo siempre que se contenga el aumento de la inflación.

No obstante, haríamos bien en no olvidar que las exageradas y equivocadas políticas de austeridad a ultranza impuestas durante estos años por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, y aplicadas con devoción ideológica en nuestro país por los gobiernos del PP, CiU y ahora de CDC+ERC, no solo han prolongado la crisis económica, sino que han incrementado innecesariamente la pobreza, las desigualdades y el sufrimiento de las personas.

Por otro lado, conviene destacar que existen también elementos negativos que dificultarán que Cataluña y el resto de España consigan tasas de crecimiento como las anteriores a la crisis.

En primer lugar, la atonía económica de países como Alemania y, sobre todo, Francia e Italia, junto al riesgo de deflación en Europa, representa un freno importante.

En segundo lugar, a pesar de los apreciables avances en el proceso de desendeudamiento de la economía española, el volumen de deuda pública y privada (incluyendo el del sistema financiero) continúa siendo inmenso: algo más de tres veces el PIB y esto inevitablemente constituye un pesado lastre para el consumo y la inversión de las familias, las empresas y el sector público.

Finalmente, hay que recordar que Cataluña y el resto de España afrontan las próximas décadas con un perfil demográfico muy adverso.

Una sola cifra es suficientemente elocuente de la magnitud del problema: algunos expertos nos alertan de que, con los actuales criterios de elegibilidad, entre el año 2000 y el año 2040, el gasto público dedicado a los ciudadanos mayores de 60 años en los ámbitos de salud, pensiones y dependencia pasará del 12,6% del PIB ¡al 33,1%!

En este sentido, parece evidente que Cataluña y el resto de España tendrán que conseguir en los próximos años, de manera gradual, un nivel significativamente superior de ingresos públicos con relación al PIB, en línea con la media de la Unión Europea, caminando por tanto en dirección contraria a la última reforma fiscal del PP. Convendría, en resumen, que de estas cuestiones se hablase un poco más en Cataluña si no queremos perder el tren del futuro.

Y Cataluña no se puede permitir ni más fracasos ni perder más el tiempo. Pero tampoco quiero dejar de reconocer errores y carencias de los socialistas, por los cuales tenemos que dar explicaciones y hacer propósito de enmienda.

No vimos venir la crisis económica en 2008, ni supimos afrontarla con eficacia, ni explicar a la ciudadanía el porqué de las decisiones que se tomaron.

No supimos tampoco ofrecer una alternativa clara e inmediata al terremoto causado por la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de 2010, ni responder con celeridad al deterioro de la política causado por los escándalos de corrupción.

Como he dicho al principio, la actual situación política, económica y social es de una extraordinaria complejidad. Quizás por eso es el momento de pararnos un poco y reflexionar antes de empezar a correr hacia unas nuevas elecciones o referéndums unilaterales con el riesgo de no resolver nada; al contrario, con la certeza de agravar el problema.

Mi diagnóstico es diáfano. Creo que no hay solución a los problemas de los catalanes si no se produce un cambio de rumbo de la política catalana.

No puedo dejar de referirme, dada su gran importancia y su actualidad, al ejemplo que representa la discusión sobre el nuevo modelo de financiación autonómica. En el pasado, todas las revisiones de los modelos se habían impulsado desde el liderazgo de la Generalitat. Hoy la Generalitat se inhibe y decide que sea el gobierno de las Islas Baleares quien se encargue de defender sus posiciones.

Realmente hay pocos ejemplos que puedan ilustrar mejor la situación de desconcierto y parálisis en la que vive la Cataluña oficial que esta inhibición del gobierno de la Generalitat en un asunto tan importante para el bienestar colectivo de los ciudadanos como es el discutir y acordar cuánto más dinero se va a tener disponible para sanidad, educación y políticas sociales.

Esta renuncia al liderazgo probablemente dificulte el alcanzar soluciones para el nuevo modelo que, además de otros principios como la ordinalidad o una mayor corresponsabilidad fiscal, y mecanismos de tipo federal como el consorcio entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Agencia Tributaria de Cataluña, debería contemplar la posibilidad de que el gobierno español asuma como propia una parte de la actual deuda pública de las Comunidades Autónomas generada en los últimos años, mediante, por ejemplo, una quita de la deuda de las Comunidades con el gobierno español.

De esta manera todas las Comunidades Autónomas saldrían ganando porque pasarían a tener una situación financiera más saneada y rebajarían su gasto en concepto de pago de intereses de la deuda.

Obviamente, conviene ser muy prudente y subrayar que habría que estudiar con mucho cuidado los detalles concretos para aplicar esta propuesta de quita, y particularmente cuál tendría que ser el porcentaje del total de la deuda de las Comunidades Autónomas condonado y en qué condiciones se produciría la condonación, para evitar que en el futuro las Comunidades se comporten irresponsablemente en su gestión presupuestaria confiando en que el Estado español las rescatará.

Pero la financiación autonómica no es la única cuestión que debemos abordar. ¿Cuáles son las otras prioridades que proponemos los socialistas? No me cansaré de repetirlas.

Primera, relanzar la economía y crear puestos de trabajo dignos. Y empezar a preparar ya las medidas que habrá que tomar en poco tiempo, al menos tal y como hoy lo conocemos, por la imparable expansión de la robótica y la inteligencia artificial. En Cataluña, la zona más industrializada de España, el gobierno de la Generalitat no está propiciando un debate sobre cómo vamos a hacer tributar a los robots para redistribuir la riqueza que van a generar mientras reducen puestos de trabajo.

Segunda, proteger el Estado de bienestar, la sanidad y la educación públicas y los servicios sociales, erosionados por los recortes y las políticas dogmáticas de austeridad y la desgana de los gobiernos de Artur Mas y de Carles Puigdemont a la hora de administrar el día a día de la Generalitat.

Tercera, regenerar la democracia, limpiar la política, luchar contra la corrupción, asegurar la transparencia e impulsar la lucha contra el fraude fiscal.

Sin duda los temas fundamentales son la necesidad de reactivar la economía, de impulsar la creación de puestos de trabajo, de reducir las desigualdades y la pobreza, de crear oportunidades.

Y esto implica dar la vuelta a las políticas económicas y sociales dominantes hoy en Cataluña, España y Europa.

Y para comenzar necesitamos lo que no tenemos en estos momentos en Cataluña: no tenemos ni la estabilidad política ni la seguridad jurídica imprescindibles. Ya basta de estar sometidos a los vaivenes e improvisaciones que se presentan como cargados de épica y de astucia. No estamos dispuestos a contraponer democracia y Estado de derecho.

No queremos sofismas ni atajos que no llevan a ningún sitio. El trabajo bien hecho no conoce fronteras, pero empieza en casa. Y la responsabilidad también comienza en todos y cada uno de nosotros. No podemos poner en peligro, frívolamente, inversiones y puestos de trabajo por el hecho de adentrarnos en tierra incógnita. No queremos la Ítaca a la que llega solamente uno, como en La Odisea de Homero. Queremos ir muy lejos, pero llegar todos juntos.

Para relanzar la economía hay acciones que se deben desarrollar a escala europea, española y catalana:

Hay que apoyar a las empresas, a los emprendedores y a los autónomos, faltos de crédito, de apoyo público y de estabilidad institucional.

Hay que rehacer el equilibrio roto de las relaciones laborales a partir de la concertación social, la formación y la flexibilidad negociada.

Hay que promover y recuperar el talento generado por el sistema educativo y la formación universitaria; hay que establecer planes para evitar la fuga de talento y para favorecer el regreso de talento obligado a emigrar. Y hay que anticiparse en formación ante las necesidades futuras. Hoy sabemos que más del 60% de los puestos de trabajo que existirán en los próximos años aún no han sido inventados.

Hay que recuperar la inversión de I+D+i. Hay que jugar fuerte en favor de la reindustrialización del país, del sector agroalimentario, de las ciencias de la vida, del turismo y del comercio de proximidad y de calidad.

Hay que combatir el desempleo de larga duración. Y todavía tenemos pendiente la reforma del Servicio de Empleo de Cataluña. Aquí encontramos personas mayores de 45 años, mujeres, jóvenes sin estudios y personas con discapacidad. Todas ellas merecen y necesitan un plan de choque que las vuelva a incorporar efectivamente al circuito laboral.

Me preocupa especialmente el desempleo juvenil. Hay que destinar recursos adicionales a los europeos para que el Plan de Garantía Juvenil (trabajo o formación en cuatro meses) sea una realidad y no tan solo buenas palabras.

Y no podemos olvidar la necesidad de impulsar la transición energética ni de incorporar criterios ecológicos y de sostenibilidad al conjunto de nuestras políticas públicas.

La crisis económica nos ha llevado a una situación de verdadera emergencia social por los efectos que ha tenido sobre las personas más vulnerables.

Esta situación se ha agravado en Cataluña como consecuencia de los recortes aplicados desde 2010 por los sucesivos gobiernos de CiU y ERC. Estos recortes han erosionado nuestro sistema de protección social y la calidad de los servicios públicos, de tal manera que hoy sigue siendo una prioridad denunciar la insuficiente apuesta por la educación, con especial énfasis en las partidas destinadas a las guarderías (cero euros en el presupuesto para el año 2017). Es más, el nivel de inversión propuesto para 2017 es del 2,8% del PIB, muy lejos del objetivo del 6% que marca la Ley de Educación de Cataluña, y el más bajo de toda Europa (la media europea es del 5,2%). La inversión educativa en 2010 fue de 707 euros por persona, mientras que para 2017 se ha propuesto que sea de 640 euros. Más: los recortes en educación han afectado más a la escuela pública que a la concertada, mientras que los centros públicos han sufrido un recorte del 19,44% en el presupuesto de 2010 a 2015, el experimentado por la escuela concertada ha sido del 4,58%.

Los datos en salud son también reveladores. El informe sobre “Los servicios sanitarios de las Comunidades Autónomas” de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública sitúa a Cataluña en el puesto 14. En 2009 ocupaba el quinto lugar. Mientras en 2010 el presupuesto de salud era de 9.857,81 M€, en 2016 ha sido de 8.466,99 M€.

No podemos ni queremos esperar al paraíso de la independencia para tener una Cataluña con más trabajo, donde nadie pase hambre, todo el mundo tenga un techo y no te puedan cortar el agua, la luz o el gas a causa de situaciones de pobreza extrema.

Lo propuse durante la campaña electoral de 2015 y sigue siendo necesario: nos hace falta un verdadero plan de rescate social. Ninguna familia sin un ingreso. Un plan integral para erradicar la pobreza infantil. Acabar con los desahucios. Mejorar la atención a las personas con dependencia. Potenciar la autonomía de las personas con discapacidad. Colaborar con las entidades sociales del Tercer Sector.

Debemos también redoblar los esfuerzos en la lucha por erradicar la violencia de género.

Tampoco hemos de resignarnos a la erosión de los servicios públicos de salud y educación. Hay que rechazar la privatización y la mercantilización de la sanidad pública. Necesitamos un plan de choque para reducir las listas de espera. Defendemos la progresiva universalización de la educación en la etapa de 0 a 3 años. Y el impulso a la reforma de la Formación Profesional no puede esperar. Como tampoco puede esperar la revisión del Plan de Energía.

Hace falta revisar muchas cosas para fortalecer la igualdad de oportunidades, explorar los límites de la capacidad redistributiva de la política fiscal, combatir de forma feroz la exclusión social y situarnos en la vanguardia de la transparencia y de la lucha contra la corrupción.

Los socialistas queremos construir una alternativa sobre estos objetivos. Y estamos dispuestos a colaborar con todos aquellos y aquellas que los compartan. De la misma manera que estamos dispuestos a dar nuestro apoyo a aquellos que, sin necesidad de compartir nuestro proyecto, quieran trabajar en positivo por el futuro de Cataluña.

Pero sabemos que todo esto solo es posible conseguirlo a través del diálogo, la negociación y el pacto entre gobierno, empresarios y trabajadores; la vieja receta socialdemócrata de la concertación social, tan denostada hoy en día como necesaria.

Nuestro proyecto es el de erradicar la dependencia de unas estructuras económicas y sociales que generan desigualdades y pobreza porque están al servicio de unos pocos. La dependencia de energías de riesgo y contaminantes. La dependencia de los consumidores y usuarios en sectores oligopolísticos. La dependencia de futuras generaciones si agotamos los bienes naturales o degradamos el entorno. La dependencia de una demografía adversa. La dependencia con respecto a poderes no democráticos y a prácticas corruptas o poco transparentes. La dependencia del monotema y de la fácil excusa que hace responsable de todo a “Madrid”.

Intervenciones públicas

Cataluña y España: el momento decisivo

Conferencia en Barcelona Tribuna

(18 de noviembre de 2016)

Corresponde en primer lugar agradecer a la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País, a la Asociación Española de Directivos, al grupo Godó y a La Vanguardia su amable invitación a esta conferencia y almuerzo-coloquio. No quiero tampoco olvidar agradecérselo a los patrocinadores que hacen posible la organización del acto.

Sobra decir que agradezco a Miquel Roca su amable presentación y la oportunidad que me brinda para mostrar públicamente mi admiración respecto de su trayectoria política, cívica y profesional, así como el afecto que le profeso y el sentido común que le envidio. Un sentido común que Cataluña necesita aún más que el aire que respiramos. Y no exagero.

El porqué del título de esta conferencia

Los diccionarios dicen que “momento” es un periodo de tiempo breve en relación con otro. Normalmente se utiliza como sinónimo de instante. Pero también puede ser utilizado, como lo hago yo hoy, para describir un periodo temporal más o menos largo, pero capaz de singularizar o simbolizar una circunstancia.

Y supongo que todos coincidimos en que estamos atravesando un periodo de tiempo singular. Y espero que muchos compartan conmigo que este tiempo ya se está haciendo demasiado largo. Y especialmente poco provechoso.

Si me pregunto, como Vargas Llosa en Conversación en La Catedral, “¿cuándo se jodió el Perú?”, o “¿cuándo se jodió lo nuestro?”, como tituló Arturo San Agustín un libro sobre nuestro monotema particular, no sé si encontraría una respuesta satisfactoria.

Algunos dirían que todo empezó con la Sentencia del Tribunal Constitucional de 2010. Otros dirían que ya en el instante en que se encargó un borrador de Estatuto redactado al alza para que fuese recortado en Madrid. O, quizás, cuando decidimos que necesitábamos un nuevo Estatuto y no, simplemente, una modificación del que teníamos. E, incluso, encontraríamos quien dijese que la cosa no ha tenido nunca solución. Desde 1714.

Pero lo que está claro es que sí que sabemos qué final tendrá. Y, para utilizar un falso dilema como hace el presidente Puigdemont, yo diré que acabará “en fracaso o en desastre”, lo cual no es muy esperanzador. A menos que cambiemos de rumbo y de ritmo. Y que lo hagamos relativamente rápido, antes de que sea demasiado tarde.

Podrán decir que exagero. Pero permítanme que hable de un hecho que sucederá mañana. Les leo el titular: “Artur Mas inaugurará un callejón sin salida dedicado al 9-N”.

Sí, lo han oído bien: “Artur Mas inaugurará un callejón sin salida dedicado al 9-N”. Como subtítulo: “Montoliu de Lleida será la primera población que rinde homenaje al sucedáneo de consulta con el nombre de una calle”. Así lo explica El Periódico de Catalunya. La misma noticia en El País: “Un pueblo de Lleida dedica un callejón sin salida al 9-N”. Y el subtítulo: “Artur Mas inaugurará una vía pública que no tiene salida dedicada al referéndum de 2014 en Montoliu de Lleida”.

Lo he dicho en otras ocasiones, desde 2010 llevamos ya cerca de seis años perdidos en el laberinto de un proceso que no ha producido ningún beneficio concreto, ningún avance tangible, ni para el país ni para la gente.

Quiero que se me entienda bien. No considero que sea beneficioso ni para el país ni para la gente que Artur Mas o Carles Puigdemont hayan podido ganar tiempo mientras intentan reconstruir su partido para conservar la presidencia de la Generalitat. De hecho, la antigua Convergencia, desde 2012, solo intenta ganar tiempo mientras pierde empuje, mientras ERC se dedica a ganarle espacio y la CUP a marcarles a los dos.

Esperando el gran día en que todo se arreglará, no se preocupan ni de aprovechar el potencial del nuevo Estatuto ni para asumir nuevas competencias no afectadas por la Sentencia del Tribunal Constitucional.

Alguien podría decirme que el gobierno Rajoy ha cerrado el grifo de las transferencias, y yo le diría que si Andalucía (entre otras Comunidades Autónomas), que nunca ha tenido un presidente del PP, ha podido asumir nuevas competencias con el gobierno Rajoy, ¿por qué razón Cataluña no hubiese podido hacerlo?

En voz baja algunos próceres independentistas nos dicen, mirad a ver si el PP afloja un poco. Pero el gobierno no tiene ninguna estrategia para negociar. Solo piensa en el momento de romper. ¿Quién puede creer que se quiere negociar el referéndum si simultáneamente se afirma que va a celebrarse pase lo que pase en 2017?

Y ahora, el presidente Puigdemont nos dice que no piensa asistir a la conferencia de presidentes convocada por Rajoy. Autonomismo rancio, dice. No sé qué hará el vicepresidente Junqueras con la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Pero la cuestión es: ¿tiene derecho el gobierno de la Generalitat a dejar a Cataluña y a los catalanes sin voz en instancias en las que se toman decisiones que nos afectan?

Alguien podría decirme que el gobierno vasco también dice que quizás no asista. Pero ellos tienen el concierto económico, el “cupo” quinquenal, y cinco diputados de oro en el Congreso que harán maravillas. Y no les critico. Van a la suya y avanzan. Nosotros, no.

Pero vuelvo aquí. El presidente Puigdemont ostenta la más alta representación de la Generalitat y es el representante ordinario del Estado en Cataluña. La ley catalana le atribuye la responsabilidad de, cito literalmente, “mantener las relaciones con las autoridades de las instituciones del Estado, de las Comunidades Autónomas, y de los entes locales, y de sus administraciones públicas, y también con las autoridades del ámbito internacional”. Esto último no le da mucho trabajo porque no hay cola de primeros ministros o presidentes con los que entrevistarse. La ley catalana dice también que corresponde al presidente de la Generalitat, y vuelvo a citar literalmente, “pedir la colaboración a las autoridades del Estado que ejercen funciones públicas en Cataluña”.

Le dije al presidente Puigdemont en una sesión de control en el Parlamento: ¿es necesario que le recordemos que representa a todos los catalanes y no solo a los independentistas? ¿Es necesario que le recordemos las obligaciones institucionales fijadas por la propia ley catalana? ¿Tiene derecho a dejar a Cataluña y a los catalanes sin voz?

El gobierno catalán decidió crear un grupo de trabajo conjunto con el gobierno de las Islas Baleares sobre la revisión de la financiación. ¿Y ahora no irá a defender sus planteamientos? ¿No es todo muy incongruente? ¿Espera que sean otros quienes defiendan nuestros intereses? Ayer mismo el presidente Montilla defendía en un artículo la necesidad de tener una estrategia acertada en el nuevo escenario político abierto a nivel español. Una estrategia que el gobierno catalán no tiene.

El problema es que quienes quieren la independencia la presentan como la única solución y, por tanto, no quieren resolver ningún problema grande o pequeño mientras no se consiga la independencia porque creen que así tienen más argumentos de cara a su objetivo final. Pero, como dice hoy mismo en un artículo Jordi Casas, conviene que, cuanto antes mejor, pasemos de la ficción a la realidad.

Me permitirán que insista en que no hay solución que no pase por el diálogo, la negociación y el pacto. Que vuelva a decir que unilateralidad y desobediencia no llevan a ninguna parte.

Màrius Carol lo escribía el pasado martes en términos incontestables: “Se pueden cambiar las reglas por las que se rigen las sociedades, pero no es posible saltarse libremente las normas de comportamiento colectivo. […] Si las leyes no nos gustan, no nos parecen justas o consideramos que deben ser actualizadas, utilicemos los mecanismos de la democracia para eliminarlas, cambiarlas o reformarlas. Lo que resulta un disparate es saltárselas, como si pudiésemos ser arte y parte en la gestión de la sociedad. No queda claro cómo se puede gobernar incumpliendo el marco legal”. Se refiere también a ello Jordi Casas de forma tajante en su artículo de hoy: “Sin respeto al principio de legalidad no hay diálogo democrático posible”.

Cataluña, a pesar de que a veces lo parezca, no está condenada sin remedio a sufrir el bloqueo de un proceso que no se sabe adónde va. Un proceso que cambia de estrategia y hojas de ruta con la misma velocidad con la que se hace zapping en la televisión.

Hago una pregunta retórica: ¿alguien sabe en qué fase de la “hoja de ruta” estamos ahora mismo? ¿Alguien sabe cuál es la estrategia de quienes gobiernan Cataluña más allá de la semana que viene?

Que yo pueda hacer esta pregunta ya significa que el país no funciona bien.

Pero, cuando sucede, como desgraciadamente sucede, que ninguna de las personas del gobierno (y cuando digo ninguna, quiero decir ninguna) tiene una respuesta clara a estas cuestiones, es síntoma de que el gobierno no está en buenas manos. Puedo incluso reconocer que hacen lo que hacen con toda su convicción y buena intención; pero gobernar un país es algo más que tener convicciones o buenas intenciones.

Hay que saber qué puedes hacer y qué no. Qué fuerza tienes y qué obstáculos encontrarás. Qué complicidades puedes tener. Y, sobre todo, gobernar es evitar que la sociedad se rompa por la mitad como consecuencia de tus acciones u omisiones.

Supongo que todos ustedes han seguido el resultado de las elecciones en los Estados Unidos. Sobre lo que ha pasado quiero subrayar un aspecto que me llamó la atención y fue el reconocimiento, tanto por parte de quien había ganado como por parte de quien había perdido, de que el país se había roto y que lo más importante de todo era volverlo a coser. ¿Quién está cosiendo en Cataluña?

¿Vamos sin remedio hacia el fracaso o al desastre? Me temo que sí. Por la vía de la unilateralidad y la desobediencia o bien habrá fracaso y frustración, o peor, el desastre de la división de los catalanes poniendo en riesgo el propio autogobierno.

Pero podemos evitarlo si conseguimos dos cosas. Por un lado, que la sociedad se movilice y exija que las necesidades de las personas que conforman la agenda social pasen por delante de un proceso que no lleva a ningún sitio.

Antes he señalado que, ansioso per tocar el cielo y alimentar la ilusión de sus seguidores, que no son mayoría, el gobierno se ha olvidado de poner los pies en el suelo y preocuparse de las necesidades materiales de la mayoría de la gente que necesita un gobierno que actúe en su defensa.

Por ejemplo, el jueves pasado, el gobierno catalán rechazó reducir la tarifa del IRPF a las rentas más bajas y subirla a las más altas. Después dirá que no tiene recursos suficientes y que las desigualdades aumentan por culpa de Madrid.

Sin embargo, he de decir que creo que alguna cosa está empezando a cambiar en la percepción social, porque ya se publican noticias sobre la inoperancia de las reuniones del gobierno de la Generalitat. Ni leyes ni decretos ni acuerdos de gobierno. Mucho análisis, y planes a gogó, pero decisiones concretas muy pocas. Mientras se espera el gran día en que todo se arreglará por arte de magia.

Objetivo y estrategia equivocados

Ya me he referido a esta cuestión pero quiero insistir en ella. ¿Cómo hemos de calificar las intenciones del gobierno de la Generalitat cuando nos dice que no moverá un dedo por la mejora del sistema de financiación en la negociación que pronto se pondrá en marcha y en el inicio de la cual el presidente no considera necesario hacer acto de presencia? ¿Es un chiste, una broma de mal gusto o una grave irresponsabilidad?

¿Cómo puede decir el gobierno que no se implicará en este tema, y más si tenemos en cuenta la potencia de emulación que tiene Cataluña sobre el resto de Comunidades Autónomas?

¿Cómo puede inhibirse el gobierno catalán en un debate para definir el modelo de financiación que nos proporcionará los recursos económicos con los que tendremos que gestionar los servicios públicos esenciales los próximos años?

¿Cómo puede decir que no piensa implicarse? ¿En qué cabeza cabe?

Me indigna esta actuación tan poco inteligente y tan poco práctica. Y, sobre todo, tan lesiva, por omisión, para los intereses de los ciudadanos.

La verdad, no me imagino a la señora Sturgeon renunciando a discutir con la señora May algo importante para las necesidades de hoy de los escoceses porque piensa convocar otro referéndum algún día. La señora Sturgeon está contra el Brexit pero seguro que no renuncia a negociar que se haga en las condiciones más favorables para Escocia.

Y esto de renunciar a intervenir en la mejora de la financiación aún es peor si tenemos en cuenta que, incluso en el mejor de los sueños independentistas en que se alcanzase en unos años la independencia, aún deberíamos gestionar el país durante unos cuantos años con los recursos que vengan del sistema de financiación estatal. ¿Acaso no vemos cómo está yendo el Brexit? Despacito es lo mínimo que puede decirse.

Este es un claro ejemplo de cómo se puede perjudicar a los ciudadanos desde el poder público por omisión, por no ejercer las propias responsabilidades, por no defender los propios intereses.

Antes les he dicho que había una segunda cosa que deberíamos conseguir al mismo tiempo que la primacía de la agenda social. Se trata de conseguir que los catalanistas que se han dejado seducir por el canto de las sirenas independentistas vuelvan al catalanismo. Al viejo y añorado catalanismo de diálogo, negociación y pacto que predicaron y practicaron todos los que nos precedieron y del que Miquel Roca es un destacado exponente. ¡Cuando el cesto lleva vacío más de cuatro años, volver el “pescado al cesto” (beneficio pragmático) no me parece un planteamiento equivocado!

Si podemos reunir a más de un 80% de catalanes en favor de un mayor autogobierno y una mejor financiación, ¿por qué deberíamos renunciar a ello en favor de una reivindicación que no tiene un apoyo mayoritario y que, además, es hoy por hoy imposible? ¿Por qué quedarnos en el estéril proceso del post-autonomismo pre-independiente no-soberano que nos propone Junts pel Sí tutelado por la CUP?

Hablo de fortalecer un catalanismo que sea capaz de revertir la dinámica de las relaciones conflictivas entre los gobiernos español y catalán. Un catalanismo que, aprovechando la aritmética parlamentaria hoy existente en Madrid, trabaje para recuperar los elementos de autogobierno que quedaron erosionados por la Sentencia del Tribunal Constitucional y que la propia Sentencia apunta que puedan cambiar por la vía de la reforma de las correspondientes leyes orgánicas.

Por cierto, les quiero recordar que, con la composición actual, hay mayoría parlamentaria suficiente en el Congreso de los Diputados para hacerlo.

Un catalanismo que se ponga a trabajar para abordar los 23 temas planteados por el presidente Mas a Rajoy. Un listado que ahora el presidente Puigdemont ha duplicado. Ahora son 46 temas, el referéndum y 45 más.

¿Por qué no trabajamos para derogar la LOMCE, para aprobar una ley de lenguas, para asegurar la presencia de la lengua y la cultura catalanas en la UNESCO, y tantas y tantas cuestiones que se pueden resolver a través del diálogo, la negociación y el pacto con el resto de fuerzas políticas?

Incluso temas como el que reivindicamos todos, como es el de la transferencia efectiva y la mejora del servicio de cercanías, se pueden alcanzar con diálogo, negociación y pacto más que llevando a ADIF a los tribunales.

Por cierto, hablando de tribunales. Nosotros no queremos la judicialización de la política. No creemos que los conflictos políticos deban resolverse en los tribunales. Nos parece un fracaso de la política.

Ahora bien, al mismo tiempo que decimos esto, también decimos que los políticos no pueden saltarse las leyes. Aunque no les gusten. Aunque les parezcan injustas. Aunque piensen que eso es lo que la gente quiere.

Es por esta razón que nadie puede esperar nuestra comprensión o solidaridad cuando se haya saltado conscientemente la ley o las resoluciones del Tribunal Constitucional.

Para que sucedan estas dos cosas que acabo de comentar y que pueden evitar que vayamos al fracaso o al desastre, el PSC es un instrumento necesario.

A lo largo del Congreso que celebramos hace quince días, me esforcé en transmitir a mis compañeros y compañeras de partido que nuestra obligación era construir (o, si quieren, reconstruir) un partido útil para la sociedad.

Útil para aquellos que hoy padecen las consecuencias de la crisis; útil para aquellos que ven como, incluso teniendo un empleo a jornada completa, no pueden superar la situación de pobreza. Útil, también, para aquellos que, gracias a que aún tenemos un buen sistema educativo, tienen capacidad y aspiran a que la sociedad les permita desarrollar estas capacidades adquiridas (y que han sido costeadas por esta sociedad) preferentemente aquí y no en otros países.

Insistí mucho en que nosotros no somos solo el partido de los perjudicados por la crisis, el partido que defiende la redistribución de la riqueza para que los más débiles no queden atrás o fuera de combate.

Queremos representarlos, claro. Porque somos socialistas y defender a los débiles frente a los poderosos forma parte de nuestra identidad política.

Pero también somos, y hemos de ser, el partido de los innovadores, de los emprendedores, de quienes tienen como objetivo crear riqueza.

El partido de quienes creen que el bienestar de la gente se consigue mejor cuando la gente tiene trabajo y que el trabajo lo deben crear las empresas actuando en un marco de libre competencia, en un marco de normas claras y buena regulación que debe proporcionar el gobierno.

Lo diré en términos un poco crudos para que se me entienda bien.

La globalización es un hecho. Y es una oportunidad para muchos al tiempo que una amenaza para otros.

Y el PSC no quiere, y no puede, ser solo el partido de los perdedores de la globalización.

Queremos ser, sí, el partido que defiende a los que lo pasan mal con la globalización; al tiempo que queremos ser un partido que transmita confianza y sea útil a aquellos que quieren aprovechar, legítimamente, con su talento las inmensas oportunidades que ofrece la globalización.

También me esforcé en decir que, por circunstancias de la vida política, el PSC se ha convertido en el único representante parlamentario del catalanismo político al que me he referido antes.

El catalanismo de tota la vida. El del diálogo, la negociación y el pacto. Pactista y pragmático. Impregnado de valores, comprometido con la unidad civil de los catalanes y que busca la excelencia. El que quiere construir Cataluña hacia dentro y, al mismo tiempo, quiere ser decisivo en España y en Europa.

Un catalanismo que, a lo largo de los últimos treinta y cinco años, por cierto, el periodo en el que hemos alcanzado los niveles más altos que nunca hayamos alcanzado de autogobierno, libertad y desarrollo económico en Cataluña, han representado CiU, el PSC y el PSUC, primero, e ICV, después; pero que ahora, como les decía hace un momento, solo representa el PSC, debido a que la antigua CDC se ha visto absorbida por el magma independentista, Unió no ha alcanzado representación parlamentaria e ICV se encuentra en proceso de confluencia con otras fuerzas políticas y sociales que están aún en proceso de definición de su proyecto.

Pues bien, en un escenario como el que hoy me proporcionan Barcelona Tribuna y la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País quiero reiterar lo que también les decía hace unos días a los delegados y delegadas al Congreso del partido: el PSC acepta el reto de recoger y representar este legado. El PSC acepta que tiene una responsabilidad añadida a la de representar a sus actuales electores. Y estamos abiertos a colaborar con quien haga falta para conseguirlo.

Sabemos que, además de aquellos que nos han votado y a quienes nos debemos, hemos de representar y hacernos útiles, aunque no nos hayan votado, también a centenares de miles de catalanistas que entienden que sin diálogo, negociación y pacto no es posible avanzar en ninguno de los objetivos del catalanismo y que no quieren que el futuro del país acabe en fracaso o en desastre.

¿Y qué quiere decir esto? Pues, por ejemplo: que nosotros sí que trabajaremos por una propuesta de modelo de financiación mejor para Cataluña a pesar de la inhibición del gobierno de la Generalitat. Que encontraremos la complicidad de aquellas Comunidades que tienen problemas similares al nuestro como la Comunidad Valenciana o las Islas Baleares para sumar fuerzas y que nos esforzaremos en que alguien defienda los intereses de Cataluña si el gobierno catalán se empeña en no hacerlo.

Que presentaremos propuestas de ley al Congreso de los Diputados para el reconocimiento y el apoyo, por parte de la Administración General del Estado, del uso y la promoción en España e internacionalmente del catalán, a través de una ley de lenguas.

Que presentaremos propuestas para modificar la Ley de Régimen Local para que Cataluña pueda organizarse administrativamente en veguerías.

También lo haremos con la Ley Orgánica del Poder Judicial y otras que, como he dicho antes, nos permitan desarrollar las competencias que la Sentencia del Tribunal Constitucional nos dijo que debían conseguirse por la vía de Ley Orgánica.

Y, naturalmente, junto a nuestros compañeros del PSOE modificaremos la reforma laboral.

Y tampoco renunciamos a intentar una negociación con el gobierno del PP. No parece que sean muy partidarios de la negociación, pero ellos tampoco tienen una estrategia ni propuestas para resolver el problema. Les emplazaremos a hacerlo. Y si están abiertos a hablar del tema seremos los primeros en tenderles la mano.

Esta es nuestra manera de ser útiles en el “momento” político que vivimos. Esta será nuestra contribución socialdemócrata y catalanista para que este momento decisivo no se vea condenado al dilema de “fracaso o desastre” que antes les he descrito. Sin perder de vista nuestro objetivo de reforma constitucional federal.

Muchas gracias.

Seguir trabajando por el pacto

Conferencia en el Club Siglo XXI

(Madrid, 21 de febrero de 2017)

Muy buenos días, señoras y señores, amigas y amigos.

Quiero agradecer al Club Siglo XXI, a su junta y a su presidente, Gerardo Seeliger, su amable invitación para compartir una reflexión con todos ustedes.

Agradezco también a Gloria Lomana su amable presentación.

Aprovecho para saludar desde aquí a los miembros de la gestora del PSOE y a los diputados y amigos del partido que han querido acompañarme.

Muchos de ustedes me conocen. Soy Miquel Iceta, primer secretario del PSC y presidente del Grupo Socialista en el Parlament de Catalunya. Reelegido primer secretario en un proceso de primarias en octubre pasado, y futuro candidato de mi partido a la presidencia de la Generalitat en las elecciones que muy probablemente se celebrarán antes de acabar el año.

Llevo muchos años en política, me afilié al PSP catalán en 1977 y participé en el proceso de unidad socialista que dio lugar al PSC que hoy conocemos, fruto de la fusión de tres partidos catalanes y que mantiene una relación federal con el PSOE.

El PSC, un partido socialista profundamente democrático, catalanista, federalista y europeísta.

Un PSC que representa a una parte de los catalanes y las catalanas, entre 500.000 y 600.000, un PSC que tiene 123 alcaldías, de entre las que destacan las de Lleida y Tarragona, y que forma parte de muchos gobiernos municipales, entre los que destacan Barcelona y Girona.

Hoy vengo de nuevo a Madrid para hablar de las relaciones entre Cataluña y el resto de España, deterioradas tras la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto y seis años de ausencia de diálogo entre los gobiernos de Cataluña y España, y agravadas por la deriva unilateral e ilegal de la mayoría independentista que ocupa el gobierno de la Generalitat.

Como hemos afirmado en diversas ocasiones, el PSC no participará ni prestará apoyo a ningún tipo de iniciativa que apueste por la independencia o por desconocer los mecanismos de reforma de la ley, el Estatuto o la Constitución.

Ni inmovilismo ni ruptura, tercera vía. Ni unilateralidad ni ilegalidad, diálogo, negociación y pacto. Ni un “derecho a decidir” en abstracto que no quiere decir nada, ni un referéndum sobre la independencia, renovación del pacto constitucional. Este es nuestro planteamiento.

Cuando nosotros hablamos de referéndum nos referimos o bien al referéndum sobre la reforma constitucional, en el que estamos llamados a participar todos los españoles, o bien al referéndum sobre un nuevo Estatuto a partir de las posibilidades que se abran en la reforma constitucional federal que proponemos.

Reforma constitucional, ¿con qué contenido?

Hemos hablado de cuatro erres: reconocimiento, reglas, recursos, representación.

Reconocimiento. Queremos que la Constitución reconozca la identidad nacional de Cataluña. Como decíamos en los acuerdos de Granada: “Creemos que en el federalismo se ubican las mejores soluciones para reconocer, respetar e integrar las diversas aspiraciones nacionales que conviven en España”. ¿Cómo debe hacerse esto? Hay muchas maneras de hacerlo. Una, que es por la que optamos en Granada, es reconocer los derechos históricos de Cataluña, hoy recogidos en el Estatuto, de los cuales se deriva el reconocimiento de una posición singular de la Generalitat con relación al derecho civil, la lengua, la cultura, la proyección de estas en el ámbito educativo y el sistema institucional en el que se organiza la Generalitat.

Para los socialistas catalanes, Cataluña es una nación y España, cuya soberanía corresponde al conjunto del pueblo español, es una nación de naciones, nacionalidades y regiones que debe organizarse en el marco de un Estado federal.

Nación tiene que ver con identidad y con sentimiento de pertenencia. Saben bien que en nuestra opinión nación y Estado no son sinónimos, que el reconocimiento del carácter nacional de Cataluña no implica la reivindicación de soberanía ni independencia, que varias naciones pueden convivir en un mismo Estado, y que esa es la mejor manera de reconocer la diversidad de España en el mundo de interdependencias crecientes y de soberanías compartidas en el que vivimos. No queremos discutir a nadie su identidad, queremos reconocer la de todos, y dotarnos de los mejores instrumentos para asegurar la convivencia.

Reglas. Para una mejor distribución competencial, para evitar conflictos, duplicidades, solapamientos e interferencias. Para reconocer las competencias que recogen singularidades y hechos diferenciales. En el caso de Cataluña, con especial atención a las cuestiones relacionadas con la lengua, la educación y la cultura.

Recursos. Fijando los grandes principios del sistema de financiación que debe ser suficiente, solidario, justo y equitativo. Recogiendo los conceptos de esfuerzo fiscal similar y ordinalidad, así como la figura de los Consorcios Tributarios.

Representación. A través de un Senado o un Consejo Federal que haga de la cámara alta un verdadero instrumento de integración y cooperación territorial. Saben ustedes que el federalismo aúna autogobierno y gobierno compartido. Un Senado federal ha de hacer posible el gobierno compartido.

¿Por qué debemos renovar el pacto constitucional? Porque hay una amplia mayoría de catalanes y una amplia mayoría de españoles que podrían verse bien reconocidos en ella, porque el desarrollo del Estado de las Autonomías ha evidenciado algunas carencias, y porque casi un 48% de catalanes, a falta de mejor opción, están optando por la independencia.

Entre quienes quieren romper y quienes no quieren que nada cambie hay un mundo de distancia, y muchísimas alternativas. Pero todas ellas pasan por el acuerdo. Un acuerdo que empieza por dialogar. Y hoy por hoy ni siquiera sabemos si hay o no diálogo. Si lo hay, me alegro. Si no lo hay, me escandalizo.

Ciertamente, seis años sin diálogo cuestan mucho de revertir. Y la cosa se pone aún más difícil si una de las partes se empeña en desconocer la legalidad vigente. Frente a la desobediencia, la ley. Pero frente al problema, el diálogo.

La judicialización de la política es, en definitiva, el fracaso de la política. Los responsables políticos deben cumplir la ley, y los problemas políticos deben encontrar solución a través del diálogo y los mecanismos institucionales de reforma.

Lo he dicho en diversas ocasiones en el Parlament de Catalunya, quienes se empeñen en desconocer la ley no encontrarán en el socialismo catalán ni comprensión ni solidaridad. Y señalaremos con el dedo a quienes se nieguen a dialogar como responsables del desastre que se avecina si seguimos mucho tiempo en este camino a ninguna parte.

Los independentistas deben reconocer que no hay una mayoría favorable a la independencia, y deben por lo tanto abstenerse de preparar el camino a la desconexión. Y los que hasta ahora han demostrado su incapacidad para el diálogo deben ahora demostrar algo más que una buena predisposición.

La consigna independentista “referéndum o referéndum” está condenada al fracaso. No va a haber un acuerdo para realizar un referéndum sobre la independencia que, por otra parte y como nos recuerda el Tribunal Constitucional, requeriría de una reforma previa de la Constitución para reconocer un derecho que hoy solo reconocen las Constituciones de Etiopía y Saint Kitts y Nevis. Por otro lado y aunque parezca mentira debo recordar que ese referéndum no figuraba en los programas electorales de Junts pel Sí y de la CUP.

Un referéndum no sirve para resolver un empate. Si la independencia es el último de los recursos no puede ser la primera de las preguntas que se formulen a la ciudadanía.

Estoy convencido de que una mayoría de catalanes estaría de acuerdo en avanzar hacia un autogobierno más potente y una mejor financiación. Y estoy convencido de que una mayoría de españoles estarían de acuerdo en ello, si la alternativa es la ruptura o el enquistamiento permanente de un problema que supone un monumental desperdicio de energías colectivas.

Según el último barómetro de la Generalitat un 5,7% de los catalanes quieren ser una región de España, al 24,1% ya le parece bien ser una Comunidad Autónoma, el 23,2% quiere un Estado dentro de una España federal y el 38,9% quiere un Estado independiente.

Los independentistas están convencidos de que el tiempo y una dosis de conflicto suficiente acabará de convencer a los federalistas de que no hay otra salida que la independencia. Yo, en cambio creo que antes debemos conseguir convencerlos de que una reforma sensata es posible. Y que puede concitar un amplio acuerdo en Cataluña y en el conjunto de España.

Y a eso vengo a Madrid. A insistir en ello. Otros socialistas catalanes avisaron hace tiempo de lo que se avecinaba. Lo hicieron los presidentes Maragall y Montilla. Sus advertencias no fueron atendidas. Y ahora estamos como estamos.

Los consensos deben construirse, y las grandes reformas requieren de grandes consensos. Conviene empezar por cuestiones más sencillas pero no menos importantes, el acuerdo sobre financiación, las inversiones, el Corredor Mediterráneo, el servicio de cercanías, etc.

Esas son a mi juicio las cuestiones sobre las que los gobiernos deben trabajar de inmediato. Y en el Congreso de los Diputados debiera empezarse a estudiar eso que algunos han denominado “perímetro de la reforma”, o cualesquiera otras soluciones que las fuerzas políticas o las Comunidades Autónomas quieran proponer o aquellas que han sido ya estudiadas a nivel académico y sobre las que existe gran consenso.

A construir ese imprescindible acuerdo les invito y, si me permiten, les convoco.

Muchas gracias.

Documentos del PSOE y del PSC

Hacia una estructura federal del Estado

Consejo Territorial del PSOE

(Granada, 6 de julio de 2013)

Introducción

1. Los orígenes del Estado autonómico están ligados a la democracia misma. No era posible construir la arquitectura democrática de España sin atender la demanda del autogobierno que expresaban las nacionalidades que ya conquistaron la autonomía en el periodo republicano (Cataluña, Euskadi y Galicia) y sin contemplar un modelo territorial que pudiera ofrecer una descentralización política semejante al resto de los territorios (algunos de los cuales también habían iniciado ya un proceso hacia la autonomía en aquel periodo) con iguales o parecidos deseos de autogobierno y con su propias motivaciones políticas, económicas o identitarias para ello.

2. La Constitución y los primeros Estatutos describieron el punto de partida de lo que iba a ser el Estado autonómico español. Un modelo singular, aunque su resultado final es un modelo de organización territorial del Estado, de claro corte federal, porque se ha desarrollado de manera creciente desde los principios del federalismo. Una estructura que ha permitido combinar los principios básicos de un estado complejo: subsidiariedad, identidad y cohesión. El modelo autonómico fue la fórmula idónea para construir un Estado moderno y eficaz, sobre la base de la pluralidad identitaria de sus nacionalidades y regiones, a las que dotó de un amplio y sólido autogobierno, en la perspectiva de los modelos federales más descentralizados del mundo. La realidad histórica de nuestro país y la diversidad cultural, social y política de sus Comunidades aconsejaban la implantación del modelo autonómico, que fue pieza clave de nuestra Constitución.

3. El modelo autonómico español ha sido un éxito. Ha permitido devolver a las Comunidades que aprobaron Estatutos en el pasado un moderno autogobierno como el que nunca tuvieron. El autogobierno ha sido, además, el marco adecuado de encuentro entre las opciones políticas de esas Comunidades y la única manera de gobernar su pluralidad interna. El sistema autonómico ha acercado el gobierno a los administrados y la gestión de los grandes servicios públicos (educación, sanidad, etc.) a los ciudadanos. Ha aproximado y nivelado la renta y la calidad de vida entre los ciudadanos españoles, estableciendo una notable aproximación entre los territorios. Ha sido la España autonómica la que ha construido las grandes infraestructuras que vertebran y unen a los pueblos y a las ciudades españolas. Ha sido la España autonómica la que ha consolidado los pilares de un Estado de bienestar en el que los derechos básicos ciudadanos a la educación universal, a la sanidad gratuita, a pensiones dignas, a los servicios sociales, a la autonomía personal, sean iguales para todos los españoles. Es la España autonómica la que ha configurado un hábitat de derechos ciudadanos iguales en el desarrollo de nuestra Constitución.

4. No obstante, la experiencia del funcionamiento del Estado autonómico sigue mostrando problemas de desarrollo que no hemos sido capaces de resolver todavía. Problemas e ineficacias del modelo para ordenar la vida colectiva de un Estado complejo, que inscribe su gobernanza en un nuevo contexto de globalización económica y de una unión política económica y monetaria en Europa. Sobre nuestro debate para perfeccionar el modelo se sitúan así viejos problemas irresueltos y nuevos problemas que atender. Un Senado que ha fracasado en su vocación de cámara de representación territorial; un modelo de financiación que sigue produciendo insatisfacciones importantes; la debilidad de los mecanismos de cooperación y de coordinación; una excesiva complejidad y conflictividad jurídica en el reparto competencial y en consecuencia, a veces, una confusa acumulación de instituciones en el ejercicio de prestaciones públicas comunes, entre otros.

5. A todo ello se ha añadido, en los últimos meses, un doble y contradictorio proceso. De una parte, la crisis ha ido acentuando una corriente de opinión pública crítica con el Estado autonómico y sensible al viejo discurso recentralizador y de otra la ruptura del nacionalismo catalán con el marco estatutario y constitucional y su apuesta abiertamente independentista.

6. Frente a las pulsiones neocentralistas, debemos ser claros: la vuelta atrás del sistema autonómico no es posible. Administrativamente sería un desastre organizativo y políticamente provocaría nuevas y quizás insuperables tensiones territoriales, poniendo fin a la mejor experiencia histórica de la España plural, construida sobre el reconocimiento de la identidad de sus Comunidades sólidamente establecidas, hoy, en su autogobierno. Sencillamente, ese horizonte es inasumible en la España del siglo XXI. Nos oponemos igualmente a la ruptura del país. No podemos ni queremos contemplar la ruptura de Cataluña con el resto de España. Simplemente nos parece un desastre para todos. Para Cataluña y para España. Los problemas del modelo territorial tienen mejores soluciones.

Los problemas actuales del modelo autonómico

7. Un sistema de reparto de competencias confuso y conflictivo. El sistema de atribución competencial establecido en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía es fuente inacabada de conflictos y de confusión. El hecho de que la Constitución atribuya al Estado un listado de competencias con carácter exclusivo (artículo 149), a las Comunidades Autónomas las que establece el artículo 148 y las que recojan sus Estatutos y al Estado, las no recogidas expresamente en dichos Estatutos, ha generado una formulación demasiado abierta y nada clarificada en sus conceptos y origen de una pugna interminable entre poderes territoriales, de solapamientos e ineficiencias.

8. La ausencia de una verdadera Cámara Territorial. El modelo autonómico ha venido funcionando desde su creación con una falla principal: la ausencia de una Cámara de las nacionalidades y regiones que diera a la democracia española la legitimidad territorial (artículo 2 de la CE), junto a la legitimidad personal (artículo 1.2 de la CE). A pesar de que el artículo 69.1 de la Constitución le otorga esa suprema función: “El Senado es la Cámara de representación territorial”, resulta evidente a todas luces que no la cumple.

9. Un modelo de financiación inacabado e insatisfactorio. Otro de los grandes problemas del sistema autonómico español es la inestabilidad y la insatisfacción con el modelo de financiación de las Comunidades Autónomas. A pesar del progresivo perfeccionamiento del modelo a través de sucesivos acuerdos entre la Hacienda estatal y las de las Comunidades Autónomas, que han mejorado la autonomía y la suficiencia de los recursos autonómicos, a pesar de que se han ido mejorando los mecanismos de nivelación de los derechos sociales básicos, lo cierto es que el modelo sigue mostrando difíciles equilibrios y disfunciones entre solidaridad interterritorial y los recursos propios y entre los resultados financieros de las autonomías forales y las del régimen común.

10. Igualdad y autonomías. En el ámbito de las políticas públicas de los grandes servicios del Estado de bienestar que han sido transferidos a las Comunidades Autónomas: educación, sanidad y servicios sociales, preocupa que la descentralización autonómica produzca diferencias entre los españoles. Es imprescindible garantizar en todo el territorio del Estado la protección de los derechos sociales básicos en condiciones de igualdad, esto es, un nivel básico en los servicios y prestaciones para toda la ciudadanía. Y en el cumplimiento de los deberes y obligaciones.

11. Cohesión territorial. Además de la desigualdad de acceso a los servicios públicos, resulta también muy preocupante la insuficiencia de los mecanismos destinados a corregir los desequilibrios económicos interterritoriales que persisten en la actualidad y que hasta se han acrecentado en los últimos años a causa de la injusta distribución llevada a cabo de los fondos europeos. Es necesario avanzar mucho más en la cohesión entre territorios y en la convergencia regional, otorgando más relevancia a los instrumentos destinados para ello, como única manera de garantizar niveles de vida semejantes.

12. Insuficiente colaboración institucional entre Comunidades Autónomas y Estado. Otro de los problemas que manifiesta nuestro modelo autonómico es la falta de cooperación institucional. Ello obedece a la inexistencia en España de una “cultura política” para la colaboración en las relaciones intergubernamentales y a la debilidad de los instrumentos de colaboración y cooperación, tanto verticales como horizontales. La ausencia de esa “cultura de la colaboración”, propia de los modelos federales, y el hecho de que la Constitución no haya previsto reglas ni técnicas propias del federalismo para articular las relaciones del Estado con las Comunidades Autónomas y de estas entre sí, han generado un grado muy deficiente en la cooperación institucional de nuestro modelo autonómico.

13. Administraciones Públicas y organización territorial. Debemos continuar adecuando las Administraciones Públicas a la estructura territorial autonómica. Reordenar el número de Administraciones que operan en el territorio, clarificar sus funciones, ajustar la Administración del Estado al modelo descentralizado y revisar las estructuras administrativas de las Comunidades Autónomas es una tarea pendiente. Muy relacionado con el problema de la insuficiente cooperación institucional en nuestro modelo, están las disfunciones que producen en los ciudadanos (en el ejercicio de sus derechos o en sus relaciones con las Administraciones Públicas) y en la actividad económica (unidad de mercado), las diferentes normativas y regulaciones establecidas por las distintas Administraciones competentes para las mismas actividades.

14. El referéndum estatutario y el Tribunal Constitucional. Efectivamente, uno de los primeros problemas que debe corregirse es la intervención del Tribunal Constitucional después del referéndum popular de aprobación de un Estatuto. Naturalmente no se trata de cuestionar, ni mucho menos de impedir, la intervención del Tribunal Constitucional para examinar la constitucionalidad de un Estatuto de Autonomía, sino de ubicar el recurso y la sentencia con anterioridad a su sometimiento a referéndum. La recuperación singular y excepcional del recurso previo podría ser una buena solución.

15. Riesgos de ruptura nacionalista. Pero quizás el problema más grave surgido en estos últimos meses, en el desarrollo de nuestro modelo autonómico, sea la ruptura del nacionalismo catalán con el marco estatutario y constitucional y su apuesta por la independencia de Cataluña. Esta opción estratégica del nacionalismo catalán debe ser atribuida a quienes la han tomado. Pero nuestro diagnóstico sobre los sentimientos y opiniones de la ciudadanía catalana no debe olvidar que han influido en ellos la insatisfacción de los modelos de financiación, la decepción sobre el desenlace de la reforma estatutaria y las dificultades del modelo autonómico actual para integrar sus singularidades culturales, simbólicas o nacionales. Los socialistas no podemos dar por buena esta ruptura. No nos resignamos. Hemos vivido juntos y queremos vivir juntos. Siempre hemos dialogado y nos hemos encontrado.

16. Los socialistas queremos abordar estos problemas de la política autonómica desde una perspectiva constructiva y dialogada, democrática y federalista. Nuestra voluntad es reafirmar el Estado autonómico avanzando y desarrollando reformas de naturaleza federal. Creemos que en el federalismo se ubican las mejores soluciones para reconocer, respetar e integrar las diversas aspiraciones nacionales que conviven en España, la cohesión social, la igualdad y para encontrar las mejores respuestas a los problemas de nuestras Comunidades en un Estado integrador y eficiente. A esto responde este documento. A la definición del pensamiento socialista en esta grave encrucijada. A la respuesta que el PSOE quiere dar a este grave reto para España.

La propuesta socialista

17. ¿Es necesaria la reforma de la Constitución para abordar la cuestión territorial? El PSOE considera que la reforma constitucional es necesaria para adecuarla a las nuevas demandas de la sociedad española y a las nuevas realidades del siglo XXI. Hace treinta y cinco años no estábamos en la Unión Europea, ni había Internet, ni éramos una sociedad de inmigración, ni nuestra economía estaba globalizada, ni había una crisis financiera como la que hay ahora, ni se habían desarrollado servicios sociales básicos como la educación, la sanidad o las pensiones. La Constitución española tiene que adaptarse también por la grave crisis política que sufre nuestro país para reforzar y relegitimar sus instituciones y sus reglas básicas de convivencia democrática.

18. La reforma constitucional es también necesaria en el ámbito territorial, porque las correcciones que demanda el modelo exigen la modificación de las previsiones constitucionales. No es posible, por ejemplo, abordar una verdadera solución al fracaso del Senado y a la necesidad de una Cámara territorial sin una reforma constitucional. Lo mismo puede decirse, como luego veremos, respecto a la clarificación competencial, o a la desaparición de las disposiciones transitorias, o a los principios cooperativos o a la solución a nuestro inacabado modelo de financiación territorial.

19. No se trata de una reforma que nos sitúe en el comienzo de nuestra andadura democrática, como si se iniciara un nuevo momento constituyente, sino como la evolución natural del Estado autonómico, cuyo principal impulsor ha sido el PSOE. Seguimos creyendo firmemente en ese modelo de autogobierno profundo, de flexibilidad y singularidades inteligentes, y seguimos apostando por su desarrollo y evolución que solo puede ser en la dirección de los modelos federales más perfectos. Lo que no podemos hacer es quedarnos quietos y asistir pasivos a la quiebra del modelo en medio de un fuego cruzado de independentistas y recentralizadores.

20. Por eso, quienes siempre hemos defendido la Constitución y el Estado autonómico planteamos actualizarlo y perfeccionarlo en una perspectiva federal, porque el federalismo debe ser el modelo definitivo de nuestra organización territorial, como en otros muchos grandes Estados del mundo. Un modelo federal, cooperativo y pluralista como vía idónea para dar respuesta a las legítimas diferencias que hoy se presentan desde diversas Comunidades Autónomas, sin quebranto de lo que ha de ser el respeto eficaz al igualitario reconocimiento de los derechos de los ciudadanos y a la solidaridad interterritorial. Se trata de conjugar igualdad y legítimas diferencias, siendo conscientes de que el reconocimiento de estas últimas en territorios que las presentan en virtud de sus especificidades o de “derechos históricos” susceptibles del respaldo jurídico que ya les da la Constitución o porque las fijan sus Estatutos, no deben suponer diferencias en lo que a los derechos de los ciudadanos y ciudadanas se refiere. Mantenemos a ese respecto una inequívoca voluntad igualitaria desde la que nos oponemos a todo lo que redunde en un trato discriminatorio a la ciudadanía.

20. Las reformas que proponemos pretenden ofrecer las mejores soluciones para cumplir dos objetivos básicos: por un lado, articular un Estado fuerte y eficaz capaz de dar respuesta a los problemas de nuestro tiempo y de garantizar una alta calidad en la prestación de los servicios públicos y en condiciones de igualdad para todos; y, por otro, garantizar el respeto a la diversidad y dar respuesta a las demandas de autogobierno de las entidades que lo componen. Nuestra propuesta tendría por finalidad lograr un Estado más eficaz, más democrático y más integrador. En definitiva, un Estado cuya organización territorial responda a una estructura federal.

21. Nuestra voluntad es ofrecer esta reflexión y esta iniciativa al conjunto de las fuerzas políticas con el fin de recuperar lo mejor del espíritu constitucional de 1978, en la búsqueda del máximo consenso para una reforma tan importante. Hacemos esta propuesta con la mirada y la esperanza puestas en el diálogo y en el debate sosegado y productivo que permita dotar a España de una organización territorial del Estado mejor estructurada, pensando en los intereses de toda la ciudadanía, en la convivencia pacífica, en el respeto a la unidad y a la pluralidad territorial, así como en la cohesión social y estabilidad políticas que necesitamos y que deberíamos poder legar a nuestras generaciones futuras.

22. Esta propuesta responde a nuestro compromiso con España, porque creemos que su estabilidad constitucional y el éxito de su organización territorial son claves de bóveda en un proyecto de país, moderno, organizado y con capacidad de ser y estar en el mundo. Es también nuestra mejor solución para responder desde el punto de vista de su organización administrativa a la crisis económica. Pero, sobre todo, esta propuesta responde a nuestra firme convicción de que recuperar el diálogo y el consenso en la política territorial es básico y que con ella, es decir, con la revisión federal de nuestro modelo autonómico, podemos y debemos encontrar soluciones adecuadas a los problemas actuales. Estas son las reformas que proponemos:

23. Primera: incorporar a la Constitución el mapa autonómico.

23.1. Conforme a lo previsto en el informe del Consejo de Estado y de acuerdo con lo que es habitual en las Constituciones federales, la Constitución debe recoger las Comunidades territoriales que componen el Estado. Con ello se cierra el mapa y se refuerza la normatividad de la Constitución. El modo de realizar la enumeración debe responder al criterio cronológico de su formación. La referencia expresa a cada Comunidad serviría para que estas quedasen identificadas con la denominación por ellas elegidas en sus Estatutos.

23.2. Los socialistas somos partidarios de mantener el actual mapa autonómico sin alterar ninguna de sus delimitaciones geográficas.

24. Segunda: una nueva y clarificadora distribución de competencias. El reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas debe estar en la Constitución y debe fijarse de forma clara. En este sentido, proponemos.

24.1. Incluir en la Constitución un solo listado con las competencias exclusivas del Estado, definiéndolas con tanta precisión como sea posible y considerando, en consecuencia, que todas las demás corresponden a las Comunidades Autónomas. Así, será necesario suprimir el artículo 148 (competencias de las Comunidades Autónomas), porque ha perdido toda virtualidad jurídica.

24.2. Concretar esa definición del tipo de competencias exclusivas del Estado teniendo en cuenta lo establecido en los Estatutos de Autonomía de segunda generación, es decir, los aprobados entre los años 2006 y 2011.

24.3. Aclarar los perfiles de algunas competencias básicas del Estado. En concreto, las que se derivan del artículo 149.1.1º (relativo a la igualdad y a los derechos de los españoles), y el artículo 149.1.13 (relativo a la dirección económica del país).

24.4. En las competencias del Estado deben primar aquellas en las que se reúnan todas las funciones de regulación y ejecución. En paralelo, esto supone que también las Comunidades Autónomas dispondrán de competencias exclusivas, lo que evitará duplicidades. En consecuencia, se reducirán las competencias compartidas y se garantizará que las Comunidades ejerzan aquellas que son exclusivas sin interferencias.

24.5. Por su parte, Ceuta y Melilla son los únicos territorios del Estado donde deben compatibilizarse en un único marco institucional el régimen local y autonómico, lo que requiere una distribución competencial que garantice la gestión de los servicios públicos esenciales, un modelo de financiación que asegure la suficiencia económica de ambas ciudades y un Régimen Económico y Fiscal que facilite el desarrollo económico.

25. Tercera: determinación y reconocimiento de los hechos diferenciales.

25.1. Del texto constitucional se deducen al menos cinco hechos diferenciales, entendidos estos como elementos político-jurídicos distintivos de algunos territorios que necesariamente han de tener consecuencias sobre su organización jurídica:

a) El primero, la existencia de lenguas propias en ciertos territorios y su reconocimiento como lenguas oficiales en el artículo 3.2 de la Constitución. Jurídicamente esto ha tenido consecuencia en la configuración del uso de la lengua propia como un derecho y su repercusión, tanto en la política educativa y cultural, como en la organización y funcionamiento de la Administración. La importancia cultural y política de esta singularidad aconseja reforzar el poder autonómico de estas Comunidades en las políticas de ordenación, defensa y promoción de su lengua propia, así como la asunción plena por parte de las instituciones del Estado de este rasgo institucional y de este signo de riqueza cultural y social de nuestro país. También debe contemplarse la colaboración y la cooperación cultural entre Comunidades que compartan el mismo patrimonio lingüístico.

b) El artículo 2 de la Constitución distingue expresamente los territorios denominándolos nacionalidades y regiones. Esta diferenciación se ha proyectado plenamente en sus Estatutos permitiendo a algunas Comunidades su definición como entidades políticas particulares, dentro del conjunto del Estado.

c) La insularidad, que se proyecta, entre otras muchas cosas, en la especialización de su régimen económico y fiscal (Canarias), de su régimen especial (Baleares) y de su organización administrativa e institucional (Cabildos y Consejos Insulares). No obstante, el desarrollo autonómico de las Comunidades insulares necesita tener en cuenta el tratamiento diferenciado compensatorio de la insularidad y, en el caso de Canarias, su gran lejanía y su consideración por la Unión Europea como región ultraperiférica.

d) Las disposiciones transitorias segunda y cuarta que destacan la existencia político-histórica de determinados territorios. En el caso de Cataluña, País Vasco y Galicia, ligada a la aprobación en tiempos de la Segunda República de Estatutos mediante plebiscito. En el supuesto de Navarra, su foralidad. Este hecho diferencial de naturaleza histórica determinó un procedimiento específico en la aprobación estatutaria, por la simplificación de la iniciativa, la negociación bilateral en la Comisión del Congreso y un referéndum de aprobación (a excepción de Navarra). Hoy, esa diferencia se manifiesta exclusivamente en los procedimientos de reforma (y con intensidad menor, pues algunas Comunidades Autónomas ajenas a ese proceso histórico ya prevén la bilateralidad en la negociación y en el referéndum ratificatorio), por ejemplo, Aragón y Andalucía.

e) Por último y también de naturaleza histórica, el que se remite a la disposición adicional primera que prevé el amparo y actualización de los derechos históricos de los territorios forales. En términos jurídicos, para el País Vasco y Navarra ha supuesto básicamente una estructura territorial (instituciones forales, sobre todo en el País Vasco, dada la estructura uniprovincial de Navarra) y la especialidad financiera concretada en el Concierto vasco y el Convenio navarro.

25.2. A estos hechos diferenciales recogidos en la Constitución habría que añadir algunos otros que, bien la práctica política de estos años, bien los propios Estatutos de Autonomía, han venido estableciendo. Entre los primeros destaca el caso de Andalucía, que es la única Comunidad que accedió a la autonomía siguiendo el procedimiento agravado marcado por la vía del artículo 151.1 de la Constitución y equiparándose así a las denominadas nacionalidades históricas. Entre los hechos diferenciales y competenciales recogidos por los propios Estatutos, sobresalen los derechos históricos que el Estatuto de Cataluña recoge en su artículo 5, así como las especificidades del derecho civil atribuidas a diferentes Comunidades en sus respectivos Estatutos, como es el caso de la Comunidad Valenciana, Galicia, Baleares, Aragón, Cataluña, País Vasco y Extremadura.

25.3. Todos estos hechos diferenciales, los recogidos expresamente en la Constitución y los que se han venido configurando estatutariamente en estos años deberían ser objeto de un título específico que recogiera las facultades derivadas de este reconocimiento. En este mismo título podrían incluirse otras competencias derivadas de las singularidades propias de las nacionalidades históricas.

26. Cuarta: sustituir el Senado por una Cámara de Representación Territorial.

26.1. Entre las posibles opciones de reforma del actual Senado, la que más acentúa el carácter territorial de esa Cámara es la que toma como modelo de referencia al Bundesrat o Consejo Federal alemán, órgano constitucional en el que se encuentran representados, de manera relativamente proporcional a la población de cada uno de los länder, los gobiernos de estos. Y esta es una clara alternativa: suprimir el actual Senado y crear una nueva Cámara de Representación Territorial. Para representar la voluntad autonómica, nadie mejor que los gobiernos de cada una de las Comunidades Autónomas, en tanto en cuanto son ellos los responsables máximos de su dirección política y, además, dado que son también ellos los que de manera más unitaria pueden expresar la voluntad de cada una de estas.

26.2. Existen también otros modelos federales de derecho comparado en los que la designación de los representantes autonómicos en la Cámara Territorial se realiza en el seno de la Asamblea Autonómica con arreglo a un procedimiento que respete la composición plural de la Cámara. Cabría, asimismo, considerar una fórmula mixta de las dos o valorar procedimientos de elección de los senadores por sufragio universal en los ámbitos territoriales autonómicos.

26.3. Las decisiones en esta Cámara se adoptarían, por regla general, por mayoría simple de los votos a favor, salvo cuando para casos singulares (como el de la aprobación de Leyes de Armonización o el de la reforma de la Constitución) se exigiese una mayoría cualificada.

26.4. Las leyes estatales cuya aprobación requerirá del asentimiento inexcusable de la nueva Cámara serían todas aquellas que tuvieran un contenido de alta relevancia autonómica, es decir, que incluyeran materias o aspectos que de manera directa afecten al ámbito de intereses propios de las Comunidades Autónomas (y, muy en particular, aquellas que supusieran alguna carga financiera para estas).

27. Quinta: incorporar a la Cámara de Representación Territorial nuevas funciones e instituciones.

27.1. La nueva Cámara puede ser una instancia ideal para potenciar las relaciones de colaboración. Por ejemplo, puede ser competente para otorgar la autorización parlamentaria de los convenios de cooperación, con el fin de otorgarles valor normativo, siguiendo el modelo de Alemania.

27.2. Para asegurar la participación en asuntos europeos en la fase ascendente, ratificando los acuerdos de las Conferencias Sectoriales, y, en la descendente, concretando normativamente estos acuerdos sobre la reforma en que se incorpora una norma europea en nuestro ordenamiento.

27.3. Para permitir, asimismo, la participación de las Comunidades en la designación de miembros de distintos órganos constitucionales (Consejo General del Poder Judicial y Tribunal Constitucional) y otros organismos económico-sociales.

27.4. Resulta preciso institucionalizar un órgano de encuentro del presidente del gobierno central y los presidentes de los gobiernos autonómicos: la Conferencia de Presidentes (cooperación vertical). Su función principal será servir de lugar de intercambio de información al máximo nivel político, así como actuar de motor de las grandes decisiones o estrategias políticas de carácter estatal. Deberá reunirse, al menos, una vez al año, y siempre que así lo solicite o bien el presidente del gobierno del Estado o bien la mayoría de los presidentes autonómicos (nueve).

27.5. En la nueva Cámara deben celebrarse las Conferencias Sectoriales, instrumentos fundamentales de la cooperación federal. El cambio de sede, desde los ministerios a la Cámara Territorial de estas reuniones, es altamente simbólico.

27.6. Igualmente somos partidarios de instalar en la nueva Cámara el Consejo de Política Fiscal y financiera, auténtico foro del debate sobre las finanzas del Estado y su reparto territorial.

28. Sexta: un nuevo modelo de financiación de las Comunidades Autónomas.

28.1. La Constitución adolece de una excesiva indeterminación en la regulación de la Hacienda autonómica. Los tres artículos en los que prácticamente se agota el tratamiento de la cuestión se limitan a reconocer en términos genéricos la autonomía financiera (artículo 156 CE), a enumerar —sin definir en modo alguno— las fuentes de ingresos, habituales en federalismo fiscal (artículo 157.1 CE), a establecer límites a la imposición autonómica para garantizar la unidad de mercado (artículo 157.2 CE) y a prever genéricamente unas transferencias estatales para garantizar la prestación de los servicios públicos fundamentales, así como un fondo estatal destinado a gastos de inversión (artículo 158 CE). En suma, el texto constitucional no contiene ninguna regla mínimamente precisa que permita predecir cómo deben financiarse las Comunidades Autónomas. A este respecto, bien puede afirmarse que la Constitución no es más que una hoja en blanco en lo relativo a la definición del sistema de financiación autonómica y, por tanto, que se trata de una cuestión que queda desconstitucionalizada a favor de la Ley Orgánica a la que aluda el artículo 157.3 CE.

28.2. Una reforma de la Constitución orientada por el objetivo de dotar a la misma de verdaderas reglas sobre el reparto de las competencias financieras y de los recursos entre el Estado y las Comunidades Autónomas debería incorporar con más precisión los principios del sistema, es decir y entre otros, la autonomía financiera; la solidaridad interterritorial; el principio de corresponsabilidad; el principio de suficiencia, y el principio de coordinación.

28.3. En lo que se refiere al modelo de financiación, sería aconsejable tomar como referencia el federalismo alemán, dado que la evolución del modelo LOFCA ha llevado a un sistema que gravita en buena medida sobre unos impuestos comunes cuya recaudación se reparte entre ambos niveles de gobierno. También toma su referencia en la jurisprudencia constitucional alemana la precisión, ratificada por el Tribunal Constitucional, de que la contribución interterritorial no coloque en “peor condición relativa de quien contribuye respecto a quien se beneficia” (Fundamento Jurídico sobre la Ordinalidad contenido en la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña).

28.4. La Constitución debería precisar las competencias normativas y de gestión que tienen las Comunidades Autónomas sobre los impuestos, así como el modo de repartir su recaudación entre estas y el Estado, e incluir para aquellas el doble listado de impuestos cedidos total y parcialmente a las Comunidades Autónomas, consagrándose el carácter exclusivamente federal del impuesto sobre sociedades. En su caso y de acuerdo con las previsiones estatutarias, se crearán los Consorcios Tributarios correspondientes, para la mejor coordinación de la recaudación fiscal.

28.5. Sería conveniente hacer referencia en la Constitución al poder normativo de las Comunidades Autónomas en materia de impuestos, atribuirles la gestión de sus tributos y de los totalmente cedidos, así como la necesaria participación en la de los parcialmente cedidos. Esto contribuirá a la corresponsabilización en el gasto. En este marco, consideramos necesaria una homogenización en la imposición sobre sucesiones y donaciones para evitar la competencia a la baja entre Comunidades Autónomas y su progresiva desfiscalización. Proponemos establecer un suelo homogéneo en todo el territorio, dejando un margen a las Comunidades Autónomas para su elevación. Respecto al impuesto sobre el patrimonio, el PSOE ha propuesto su sustitución por un nuevo impuesto que integre en el IRPF, a partir de un mínimo exento, la tributación de la rentabilidad de toda la riqueza patrimonial, independientemente de donde esté invertida, de modo que se grave la verdadera capacidad económica derivada de la riqueza. Al configurarse dentro del IRPF, se integrará en el sistema de financiación autonómica.

28.6. Somos partidarios de incorporar a la Constitución como derechos fundamentales, la protección social y el derecho a la salud. Los socialistas queremos, asimismo, incorporar a la Constitución el principio de “Estabilidad Social” de nuestro gasto público. En aplicación de este principio debería asegurarse un nivel de los servicios públicos básicos (educación, sanidad, servicios sociales y pensiones), que constituiría, en su caso, un mandato imperativo en la distribución de los recursos públicos del país. Debería establecerse, también, la creación de un Fondo de Garantía del Estado de bienestar que pudiera servir de Fondo de Reserva de sus prestaciones, para periodos de crisis.

28.7. La Constitución debe también prefigurar la manera en la que van a operar los mecanismos de nivelación financiera, que aseguren los derechos sociales básicos para todos los españoles, para hacer posible el principio de equidad fiscal horizontal en el conjunto del sistema. La garantía de nivelación debe estar vinculada al concepto “esfuerzo fiscal similar”, entendido como la existencia de una referencia normativa de tipos impositivos efectivos iguales.

28.8. De forma complementaria, somos partidarios de crear en la Constitución un Fondo de Solidaridad, expresamente así llamado, que integraría los actuales Fondos de Compensación y el Fondo de Cooperación, para que queden más claros los mecanismos de cohesión y convergencia territorial.

28.9. La LOFCA debería ser en este contexto una norma de derecho necesario para el desarrollo de lo específicamente dispuesto en la Constitución, adecuando su ámbito de reserva material a las nuevas disposiciones constitucionales, requiriendo su aprobación en el acuerdo del Senado. Deberían actualizarse algunos preceptos, como, a título de ejemplo, el 158.2 y 133.1 y 2.

28.10. Las instituciones del Concierto y el Convenio del País Vasco y Navarra deben seguir manteniendo reconocimiento constitucional, sin perjuicio de perfeccionar algunas de sus deficiencias en su aplicación práctica. Asimismo, el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, cuya reforma ha de contar con la aprobación del Parlamento de Canarias, debe preservar su reconocimiento constitucional en base a su singularidad geográfica.

29. Séptima: asegurar la igualdad de los españoles en sus prestaciones básicas.

29.1 Para lograr la igualdad básica se dispone del artículo 149,1.1, interpretado ya largamente por el Tribunal Constitucional, el cual ha reconocido que es aplicable a los principios del capítulo III del Título I de la CE, y dispone asimismo del sistema de financiación. Lo que sí puede ser importante en estos momentos de crisis es reforzar el principio de que el Estado posee esta función regulatoria y financiera con el fin de asegurar el contenido básico, entendido como un catálogo de prestaciones mínimas de los derechos prestacionales.

29.2. Propondremos, pues, la incorporación a nuestra Constitución de un principio de garantía del Estado a los derechos fundamentales del Estado de bienestar a todos los españoles: educación, sanidad, servicios sociales y pensiones, una garantía de la Estabilidad Social, tal y como se propone en la propuesta sexta, apartado 28.6.

30. Octava: constitucionalizar el principio de participación de las Comunidades Autónomas en la gobernación del Estado.

30.1. Resulta adecuado el reconocimiento constitucional expreso del Principio de Participación, que supone la intervención de las Comunidades Autónomas en las decisiones del Estado que puedan afectarles y su capacidad de influir en el nombramiento de órganos o instituciones comunes. En tal sentido, proponemos formalizar las referencias a las modalidades de participación que se han previsto en los nuevos Estatutos de Cataluña y Andalucía y constitucionalizar la participación —tanto ascendente como descendente— de las Comunidades Autónomas en los asuntos europeos, utilizando la jurisprudencia constitucional. La designación de órganos constitucionales debería remitirse a las correspondientes leyes reguladoras de los órganos correspondientes.

31. Novena: organización territorial de la justicia.

31.1. La organización de la justicia en el plano territorial requiere aclaración y orden. Cinco Comunidades (Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Murcia) no han asumido las competencias de los medios materiales y económicos de la Administración de Justicia. El resto, sí. Los denominados Estatutos de segunda generación demandan una determinada organización judicial. Las leyes del Estado que debieran desarrollar esas previsiones no se han aprobado. El gobierno está reformando la estructura del Consejo General del Poder Judicial y se prevén reformas procesales importantes en el orden penal y civil. Esta situación de heterogeneidad y transitoriedad aconseja prudencia en este campo.

31.2. El PSOE considera que nada debe forzar a la culminación de las transferencias porque nada puede obligar a las Comunidades Autónomas a su equiparación competencial ni institucional. Admitida la posibilidad jurídica de la transferencia, hemos de respetar la voluntariedad política de cada Comunidad Autónoma en hacerlo o no.

31.3. Proponemos que, con carácter general, los diferentes procesos en todos y cada uno de los órdenes jurisdiccionales deban culminar en los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de cada Comunidad Autónoma y no en el Tribunal Supremo. El artículo 152 de la CE ya mandata que los TSJ “culminen la sucesión de instancias” en el territorio de cada Comunidad Autónoma, lo que equivale a que el Tribunal Supremo sea Tribunal de Casación (unificación de doctrina) y no “segunda o tercera instancia” (revisión de los hechos probados y de la interpretación de la ley aplicable). No obstante, la relación de supuestos competenciales, del Tribunal Supremo, deberá ser establecida en las leyes procesales pendientes de reforma.

31.4. Puede ser conveniente una cierta territorialización del sistema de gobierno del Poder Judicial (respetando su carácter de poder único y exclusivo del Estado), en el sentido apuntado por la dilatada experiencia de las salas de gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia. Ellas serían el mejor foro en el que desconcentrar determinadas deliberaciones y decisiones que no afectan al núcleo fundamental de las funciones del CGPJ y serán también el mejor órgano desde el que coordinar la gestión de la Administración de Justicia y las diferentes Administraciones políticas con responsabilidad en ella.

32. Décima: Comunidades Autónomas y Unión Europea. La acción exterior de las Comunidades Autónomas.

32.1. La progresiva incorporación de las Comunidades Autónomas a la actividad europea y exterior a lo largo de los años noventa y la consolidación de los mecanismos de participación en la década pasada supusieron un notorio reforzamiento de la presencia de España en tales ámbitos. Los nuevos Estatutos de Autonomía vinieron a recoger y dar máxima cobertura normativa a las actividades exteriores autonómicas que hasta entonces establecían normas regionales de menor rango. Hay un espacio de cooperación y de participación de las Comunidades Autónomas en la política exterior que debemos promover en un clima de lealtad mutua y de reforzamiento de la posición internacional de España. Para ello, la creación de una Conferencia de Política Exterior en el Ministerio de Asuntos Exteriores puede ser un cauce adecuado. Por otra parte, ordenar y fomentar la participación de las Comunidades Autónomas en los asuntos europeos, tanto en la fase ascendente (gestión de la voluntad del Estado), como en la fase descendente (aplicación del Derecho comunitario), es, no solo, competencialmente correcto, sino políticamente necesario.

33. Undécima: incorporar a la gobernación de España los principios e instrumentos federales de lealtad y colaboración.

33.1. La falta de previsiones concretas para articular las relaciones del Estado con las Comunidades Autónomas y de estas entre sí, y la ausencia de una “cultura de colaboración” intergubernamental, deben ser corregidas con la inclusión en la Constitución de los principios de lealtad federal y colaboración y la regulación flexible de procedimientos y órganos, instrumentos y foros de encuentro, en la línea de lo propuesto en el informe del Consejo de Estado sobre las modificaciones de la Constitución española. El principio de Lealtad Federal supone el respeto a los intereses generales y a los tutelados en cada nivel de gobierno y conlleva la obligatoriedad de colaborar, prestar auxilio y asistencia cuando fuera requerido en el ejercicio de las propias competencias.

33.2. En cuanto al principio de colaboración, debe presidir las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas y constituye un deber al que están sometidos recíprocamente ambas instancias, tal y como ha establecido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Respecto a los órganos y a los instrumentos de Colaboración, deberán institucionalizarse, como ya hemos apuntado, los siguientes: la Conferencia de Presidentes; las Conferencias Sectoriales; convenios de colaboración verticales (Estado-Comunidades Autónomas) y horizontales (Comunidades Autónomas entre sí). También deben generalizarse las prácticas de colaboración entre Comunidades Autónomas. El marco común de relaciones intergubernamentales no es incompatible con el reconocimiento de una relación bilateral, aún sometida a ese marco multilateral, esto es, el marco de relaciones intergubernamentales debe ser multilateral aunque permita la presencia de procedimientos y órganos bilaterales.

34. Duodécima: simplificar y dotar de una mayor eficacia al conjunto de las Administraciones Públicas.

34.1. Respecto a los diferentes niveles institucionales, el texto constitucional debería incorporar preceptos a favor de la autonomía local y la definición básica de competencias bajo los principios de subsidiariedad y sostenibilidad financiera. Las Comunidades Autónomas deberían disponer de competencias propias para completar la organización administrativa del territorio.

34.2. Al mismo tiempo, y para lograr una efectiva racionalización administrativa, la Administración General del Estado debe revisar a fondo sus estructuras centrales y territoriales; asimismo, las Comunidades han de completar este esfuerzo para la simplificación el conjunto del sector público.

34.3. Finalmente, la extensión de las estrategias de cooperación entre Comunidades Autónomas es la garantía necesaria que favorecerá la mayor y mejor cooperación, y también una importante reducción de costes.

35. Decimotercera: reformar el control constitucional de las reformas estatutarias y eliminar el derecho transitorio de nuestro proceso autonómico.

35.1. El control de constitucionalidad de los Estatutos de Autonomía, ciertamente, no está bien diseñado. Un Estatuto de Autonomía no es solo una Ley Orgánica, aunque se apruebe con su forma. Es una norma paccionada entre la representación popular territorial y la representación popular y territorial estatal que, en determinados casos, es sancionada, como en Cataluña o Andalucía, mediante referéndum de su ciudadanía y que deviene la norma institucional básica de la Comunidad Autónoma, convirtiéndose en la norma de cabecera del ordenamiento autonómico, integrando el bloque de la constitucionalidad y convirtiéndose por ello en parámetro para apreciar la adecuación de otras normas y actos a la Constitución. En estas condiciones, su control de constitucionalidad no debería ser sometido al mismo procedimiento que el de las demás leyes.

35.2. La funcionalidad del control preventivo en este caso es evidente y a él se debería volver, aunque con una regulación específica que contemplara una limitación de plazos para la resolución del Recurso. En este sentido, aprobado el Estatuto por las Cortes Generales, se abriría un periodo de tres meses para su impugnación ante el Tribunal Constitucional. Si esta se formaliza, el Tribunal Constitucional deberá resolver el recurso en el plazo máximo de seis meses. Solo se someterá a referéndum el texto una vez producida la Sentencia del Tribunal Constitucional y corregido, en su caso, el texto estatutario. Respecto al contenido de las sentencias en estos casos, estas deben preservar el espacio político para que, tras una eventual declaración de inconstitucionalidad, puedan reordenarse las disposiciones afectadas, sin merma del consenso alcanzado para evitar el choque de legitimidades que el actual diseño no evita.

35.3. En una eventual reforma de la Constitución española de 1978, habrían de suprimirse todos aquellos preceptos del articulado del texto original que tienen un marcado carácter transitorio y que por tanto sostienen el perfil indefinidamente abierto e inconcluso del propio “modelo del Estado”. Esto afecta al Título VIII, principalmente (artículos 143, 144, 146, 148.2, 151).

36. Decimocuarta: transparencia informativa y unidad de mercado.

36.1. Uno de los problemas del modelo autonómico es que hay poca información estandarizada (y, por lo tanto, comparable) sobre los resultados básicos en las políticas gestionadas por las Comunidades Autónomas, como educación, sanidad y servicios sociales. Esta carencia se corresponde con la debilidad general en transparencia informativa de las Administraciones Públicas en España. El derecho a la información pública no solo significa que las Administraciones contesten a las demandas de información de los ciudadanos, sino que se adelanten a difundir la información (publicidad activa). Durante los últimos años se han producido avances en la publicación activa gracias a las nuevas tecnologías, pero solo muy recientemente se han comenzado a hacer esfuerzos para establecer indicadores comparables sobre los resultados de las políticas autonómicas (por ejemplo, en el ámbito sanitario). La comparación es importante, porque introduce un elemento de competición positiva entre las distintas regiones que puede estimular el buen gobierno y la difusión de buenas prácticas en la gestión pública y facilita el control de la actuación de los gobernantes.

36.2. A veces el ejercicio de las competencias autonómicas, especialmente cuando se trata de materias que les corresponden en exclusiva, genera ámbitos legislativos o regulatorios diferentes para actividades económicas o personales comunes en el conjunto del territorio, en materias urbanísticas, turísticas, medioambientales, etc., una abundancia de leyes o reglamentos que inciden en la unidad de mercado o en las libertades económicas esenciales. Ya hemos propuesto fórmulas de colaboración entre las Comunidades Autónomas para homologar sus respectivas legislaciones, como el foro más adecuado para ir resolviendo este tipo de problemas. También al gobierno del Estado le corresponde tomar la iniciativa de convocar Conferencias Sectoriales para coordinar este tipo de regulaciones o para evitar que los ciudadanos sufran problemas en su acceso a servicios públicos por Administraciones Autonómicas que no cooperan.

El PSC y el proceso independentista

Declaración de la Comisión Ejecutiva del PSC

(19 de diciembre de 2016)

El PSC no participa del proceso independentista (el procés) porque no comparte ni el objetivo de la independencia ni los medios para conseguirlo, absolutamente impregnados de los conceptos de unilateralidad, ilegalidad y desobediencia.

El estallido del proceso independentista arranca el 28 de junio de 2010 con la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que había sido aprobado por el Parlamento catalán con una mayoría de dos tercios de los diputados y diputadas, negociado en el Congreso y aprobado por las Cortes Generales por mayoría absoluta, y sometido al referéndum de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña.

La Sentencia, al alterar aquello que había sido aprobado por amplias mayorías parlamentarias, negociado laboriosamente y ratificado por el pueblo, fue considerada como la certificación de que los anhelos catalanes de reconocimiento nacional, mayor autogobierno y mejor financiación no cabían en el marco de la Constitución española.

El 28 de noviembre de 2010 las elecciones al Parlamento de Cataluña implicaron un cambio de mayoría parlamentaria en beneficio de la coalición de CiU y de la elección de Artur Mas como presidente de la Generalitat. Una elección que, aunque contó con la abstención de los y las socialistas fruto de un pacto público, dio paso a una etapa de gobierno basada fundamentalmente en un pacto CiU-PP, que se manifestó a través de la aprobación de los presupuestos, y presidida por una política de austeridad. En este marco, CiU dio apoyo a la ley de estabilidad presupuestaria y a la reforma laboral impulsada por el gobierno del PP.

CiU se planteó como gran objetivo de la legislatura el inicio de un proceso de transición nacional que tenía como primera meta un nuevo modelo de financiación basado en el concierto económico, enterrando así el modelo de financiación recogido en el Estatuto de Autonomía de Cataluña que la Sentencia del Tribunal Constitucional respetaba en términos generales (principio de ordinalidad y Consorcio Tributario incluidos).

El 20 de noviembre de 2011 se celebran elecciones generales que gana el PP por mayoría absoluta. Un gobierno que no ha ofrecido ninguna posibilidad de diálogo con el gobierno catalán desde entonces hasta ahora.

El fracaso de la negociación del pacto fiscal, la progresiva radicalización del espacio nacionalista y el éxito de la movilización de la Diada Nacional de Cataluña de 2012, llevaron al presidente Mas a convocar de forma anticipada las elecciones al Parlamento catalán con el objetivo de impulsar el denominado “derecho a decidir”, que era para los independentistas otra manera de denominar el derecho de autodeterminación.

El programa electoral del PSC de 2012 fijaba el objetivo de la reforma constitucional federal e incluía lo siguiente: “Nos comprometemos a promover las reformas necesarias para que los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña puedan ejercer su derecho a decidir a través de un referéndum o consulta acordado en el marco de la legalidad”.

La insistencia socialista en la necesidad del acuerdo y de ajustarse al marco legal fue a menudo criticada por el mundo independentista que desde el primer momento consideraba que el “derecho a decidir” no requería de ningún tipo de acuerdo y no podía ser limitado por el marco legal español.

El resultado de las elecciones al Parlamento catalán del 25 de noviembre de 2012 no le dio al presidente Mas la mayoría deseada y a partir de aquel momento decidió gobernar con el apoyo de ERC aceptando el planteamiento independentista de la nueva dirección de Esquerra Republicana encabezada por Oriol Junqueras.

Así, una de las primeras decisiones de aquella legislatura fue la aprobación el 23 de enero de 2013 de la “Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña”. El PSC decidió votar en contra, aunque algunos miembros del Grupo Socialista optaron por romper la disciplina de voto, abriendo una convulsa etapa interna que acabó con la ruptura con el partido de los militantes que consideraban que la propuesta federal del socialismo catalán ya no daba respuesta a los anhelos de soberanía de amplios sectores de la sociedad catalana.

Conviene recordar la propuesta federal del socialismo catalán que fue elaborada por un grupo de trabajo de la Fundación Rafael Campalans publicada en mayo de 2013. Una propuesta que, juntamente con propuestas de análoga naturaleza hechas desde otros ámbitos del socialismo español, alimentó los acuerdos de Granada de 6 de julio de 2013 en los que el PSOE definía su propuesta de reforma constitucional federal.

Como era de esperar, el Tribunal Constitucional anuló, y lo hizo por unanimidad, la “Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña” aprobada por el Parlamento catalán.

En el seno del Parlamento de Cataluña se creó la Comisión de Estudio del Derecho a Decidir que, aunque no llegó a establecer ningún tipo de conclusión, sirvió como elemento de difusión del planteamiento soberanista que tenía también como plataforma ciudadana del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir y el activismo de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural.

El 12 de diciembre de 2013 el presidente Mas convoca una reunión con los partidos que integran “el procés” para aprobar la fecha y la doble pregunta de la consulta del 9 de noviembre de 2014.

El 26 de septiembre de 2014 se aprobó la “Ley de consultas populares no referendarias y de otras formas de participación ciudadana”, que contó con el apoyo del PSC, aunque en todo momento advertimos que aquella ley no podía amparar la consulta que se pretendía organizar el 9 de noviembre.

A pesar de nuestra advertencia y de las decisiones del Tribunal Constitucional de anular la Ley de consultas y la convocatoria tanto de la consulta como del proceso participativo que la sustituyó, el gobierno de la Generalitat, con el apoyo de las entidades soberanistas, impulsó la votación del 9 de noviembre de 2014. De aquellos hechos se han derivado procedimientos judiciales contra el presidente Mas, la vicepresidenta Ortega, el consejero Homs y la consejera Rigau.

A partir de aquel momento, el movimiento soberanista consideró que la consulta era una “pantalla pasada” y concentró sus esfuerzos en la convocatoria de unas elecciones llamadas plebiscitarias que finalmente tuvieron lugar el 27 de diciembre de 2015.

En estas elecciones, el PSC se reafirmó en su propuesta de reforma constitucional federal sin ningún tipo de mención hacia ningún otro tipo de consulta que no sea el referéndum sobre la reforma constitucional federal.

El PP, aprovechando su mayoría absoluta, aprobó una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para que este adquiriera facultades sancionadoras en los supuestos de incumplimiento de sus sentencias y resoluciones. El gobierno del PP ha instado todo tipo de denuncias, recursos e incidentes de ejecución de las sentencias, judicializando una cuestión eminentemente política, al mismo tiempo que cerraba cualquier vía de diálogo.

Los partidos independentistas ganaron las elecciones pero perdieron el plebiscito en los términos en que ellos mismos lo habían planteado. De hecho, ERC y CDC se habían planteado como objetivo conseguir una mayoría absoluta en escaños de su candidatura conjunta denominada Junts pel Sí, que contaba también con el apoyo explícito de las entidades soberanistas. El primer acto de la presente legislatura fue la aprobación por parte del Parlamento catalán de la “Declaración sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales de 27 de septiembre de 2015” en el que se marca el camino hacia la independencia, a la que a veces se llama de forma eufemística “desconexión”. Esta declaración, lógicamente, primero fue suspendida y después anulada por el Tribunal Constitucional, también por unanimidad.

La CUP forzó, además, un relevo en la Presidencia de la Generalitat ejercida a partir de entonces por Carles Puigdemont. CDC se disolvió creando el nuevo partido PDeCAT.

En esta legislatura se creó una “Comisión de Estudio del Proceso Constituyente” que elevó al Pleno del Parlamento de Cataluña sus conclusiones finalmente aprobadas el 27 de julio de 2016. No hace falta decir que estas conclusiones han sido también suspendidas y anuladas por el Tribunal Constitucional, también por unanimidad.

La no aprobación de los presupuestos de la Generalitat para 2016, a causa del voto contrario de la CUP y porque el gobierno de Junts pel Sí no se planteó ninguna mayoría alternativa para aprobarlos, comportó la votación de una cuestión de confianza convocada por el presidente Puigdemont.

La denominada “hoja de ruta” ha sufrido diversas modificaciones y ha recuperado la celebración de un referéndum sobre la independencia previo a la celebración de unas elecciones denominadas constituyentes que debían tener lugar 18 meses después del 27 de septiembre de 2015. Este referéndum no estaba previsto en los programas electorales ni de Junts pel Sí ni de la CUP.

Así pues, hoy la hoja de ruta puede resumirse en el eslogan “O referéndum o referéndum”, que se refiere a la celebración en septiembre de 2017 de un referéndum sobre la independencia, bien acordado con el Estado o convocado de forma unilateral e ilegal por el gobierno de la Generalitat. Es obvio que este planteamiento hace imposible toda negociación y solo contempla la vía unilateral e ilegal, condenada al fracaso como ya se demostró con ocasión de la consulta del 9 de noviembre de 2014. Las apelaciones voluntaristas a un pretendido carácter vinculante de un referéndum no acordado están vacías de contenido.

Hay que subrayar finalmente, y a modo de resumen, que, cinco años después de su inicio, “el procés” no ha producido ningún avance concreto en términos de autogobierno o de financiación.

A partir de estas consideraciones, el PSC quiere reiterar su posición política que se resume en seis puntos:

1. Nuestra convicción de que la solución al problema del encaje entre Cataluña y el resto de España, agudizada a partir de la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto, solo puede ser política y debe venir por la vía del diálogo, la negociación y el pacto.

2. Nuestro compromiso de continuar trabajando para romper el bloqueo forzado por dos posiciones irreconciliables: el inmovilismo y la pulsión recentralizadora del gobierno del PP, y la predisposición a la ruptura unilateral de la mayoría parlamentaria independentista y del gobierno de Junts pel Sí.

3. Nuestra exigencia hacia el gobierno de la Generalitat y el gobierno de España de revertir la dinámica de relaciones conflictivas y substituirlas por una fase de distensión, comenzando por la negociación de soluciones concretas a problemas que se van enquistando: una elevada conflictividad competencial; un modelo de financiación que aplique el principio de ordinalidad y el Consorcio Tributario, así como el resto de elementos contenidos en el Estatuto votado por los catalanes y las catalanas; el compromiso inversor del Estado en cuestiones cruciales como el servicio de cercanías y el Corredor Mediterráneo; la cooperación en materia cultural y lingüística, en primer lugar, implica la renuncia por parte del gobierno de España a utilizar la LOMCE como instrumento para erosionar la inmersión lingüística; el desarrollo estatutario; la recuperación de elementos de autogobierno erosionados por la Sentencia del Tribunal Constitucional a partir de la modificación de la legislación estatal correspondiente; y el trabajo conjunto sobre las 46 cuestiones planteadas por el presidente Puigdemont, conscientes de que la discrepancia sobre el referéndum aconseja aparcar esta cuestión.

4. La evidencia de que la judicialización del conflicto no aportará nunca la solución. Por tanto, reclamamos al gobierno de Cataluña y a su mayoría parlamentaria que se abstengan de tomar acuerdos contrarios a la legalidad vigente, y reclamamos al gobierno de España que acepte revertir la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional impuesta por su anterior mayoría absoluta tal y como proponen diversos grupos parlamentarios, y que sepa calibrar hasta qué punto su actuación está contribuyendo a mejorar o empeorar la perspectiva de una negociación que ponga punto final a la actual ausencia de diálogo entre instituciones.

5. La necesidad de abrir la perspectiva de una reforma constitucional que transforme España en un Estado federal, que blinde los derechos sociales, que aumente la calidad de la democracia, que incorpore el compromiso europeo de España, y que pueda servir como catalizador del pacto político que resuelva el encaje entre Cataluña y el resto de España.

6. El PSC, comprometido en la defensa de las instituciones catalanas y del autogobierno de Cataluña, defensor de la vía del diálogo, la negociación y el pacto, y de transformaciones profundas del actual estado de las cosas, no participará ni prestará apoyo a ningún tipo de iniciativa que apueste por una ruptura unilateral o por obviar los mecanismos de reforma de la ley, el Estatuto o la Constitución.

Materiales utilizados

Libros

Aja, Eliseo (2014): Estado autonómico y reforma federal, Madrid, Alianza Editorial.

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Textos legales

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STC 31/2015 de 25 de febrero sobre la ley catalana de consultas populares no referendarias 2014: http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/24331

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STC 138/2015 de 11 de junio sobre actuaciones de la Generalitat de Catalunya relativas a la consulta sobre el futuro político de Cataluña 2015: http://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-A-2015-7590.pdf

STC 259/2015 de 2 de diciembre sobre la resolución del Parlamento de Cataluña sobre el inicio del proceso político como consecuencia de las elecciones de 2015: http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/24722

ATC 141/2016 de 19 de julio sobre la creación de la Comisión del Proceso Constituyente en el Parlamento de Cataluña: http://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-A-2016-7908.pdf

ATC 170/2016 de 6 de octubre estimando un incidente de ejecución en referencia a la aprobación de las conclusiones de la Comisión del Proceso Constituyente creada en el Parlamento de Cataluña: http://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-A-2016-10671.pdf

ATC de 14 de febrero de 2017 estimando un incidente de ejecución en referencia a la aprobación de resoluciones en el debate sobre la orientación política general del gobierno de la Generalitat 2016: https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2017_009/2015-06330ATC.pdf

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Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ONU): http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx

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Recomendaciones del Consejo de Europa sobre referéndums [original en francés]: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2007)008-f

Traducción castellana del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México: https://reformafederal.files.wordpress.com/2017/01/335683533-comision-de-venecia.pdf

Opinión del Consejo de Europa sobre referéndum de Crimea: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2014)002-f

Sentencia del TC italiano sobre el referéndum del Véneto: http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2015&numero=118

Sentencia TC alemán sobre el referéndum de Baviera [noticia en La Vanguardia/EFE]: http://www.lavanguardia.com/internacional/20170105/413120300601/constitucional-aleman-rechaza-consultas-independentistas-regiones.html

Informe sobre el concepto de nación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=11332&lang=fr

Documentación catalana

Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries sobre una solicitud de consulta independentista el 2010: https://www.cge.cat/admin/uploads/docs/20130325205659-1.pdf

Declaració de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya 2013: http://www.parlament.cat/document/bopc/52083.pdf#page=3

Resolució del 9 de novembre de 2015: http://www.parlament.cat/document/bopc/153123.pdf#page=3

Conclusions de la Comissió d’Estudi sobre el procés constituent 2016: http://www.parlament.cat/document/bopc/174408.pdf#page=16

Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries sobre el Proyecto de Ley de presupuestos de la Generalitat para 2017: https://www.cge.cat/admin/uploads/docs/20170306131700-1.pdf

DOCUMENTOS VARIOS

Declaració de constitució del PSC (PSC-PSOE) de 1978: https://arxiupsc.files.wordpress.com/2012/03/estatuts-i-declaracic3b3-constitucic3b3.pdf

Reivindicación del catalanismo, Ernest Lluch, La Vanguardia, 8 de agosto de 1996: http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1996/08/08/pagina-13/33922777/pdf.html

¿Es el federalismo cosa de ingenuos?, artículo de Miquel Iceta publicado en El País, 6 de diciembre de 2004: http://elpais.com/diario/2004/12/06/espana/1102287610_850215.html

Por una reforma federal del Estado Autonómico, Fundación Alfonso Perales, enero de 2013: https://federalistainfo.files.wordpress.com/2012/10/reforma-federal-del-estado-autono_vs-final.pdf

Por una reforma constitucional federal: Fundació Rafael Campalans, mayo de 2013: https://reformafederal.files.wordpress.com/2013/05/164_papersdelafundacio.pdf

Hacia una estructura federal del Estado, Consejo Territorial del PSOE, Granada, 6 de julio de 2013: https://reformafederal.files.wordpress.com/2013/07/ct_territorial.pdf

Propuesta socialista de reforma constitucional, Consejo Político Federal del PSOE, Madrid, 28 de octubre de 2015: https://reformafederal.files.wordpress.com/2015/10/propuesta-reforma-constitucional.pdf

Programa electoral del PSC 2015: https://arxiupsc.files.wordpress.com/2015/08/programa-electoral-27s.pdf

Aportaciones de los Socialistas Vascos a la Ponencia de Autogobierno creada en el seno del Parlamento Vasco, 12 de enero de 2016: http://www.socialistasvascos.com/mas-y-mejor-autogobierno-para-responder-a-los-retos-del-pais.htm

Catalunya i Espanya: el moment decisiu, conferencia de Miquel Iceta, 18 de noviembre de 2016: https://diaridemiqueliceta.files.wordpress.com/2016/11/mi181116_cat.pdf

Seguir trabajando por el pacto, conferencia de Miquel Iceta, 21 de febrero de 2017: https://miqueliceta.wordpress.com/2017/02/21/intervencion-en-el-club-siglo-xxi/

El PSC y el proceso independentista, Declaración de la Comisión Ejecutiva del PSC, 19 de diciembre de 2016: https://arxiupsc.files.wordpress.com/2016/12/psc_ind_cast_191216.pdf

Tres conferencias de Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón sobre la reforma constitucional (las dos citas corresponden a la tercera). Las tres han sido editadas como libro en 2016 por la editorial Tirant lo Blanch: http://www.revistadelibros.com/blogs/blog-rdl/sobre-la-reforma-constitucional-ies-posible-reformar-la-constitucion; http://www.revistadelibros.com/blogs/blog-rdl/sobre-la-reforma-constitucional-ii-lo-que-no-procede-incluiren-la-reforma-constitucional; http://www.revistadelibros.com/blogs/blog-rdl/sobre-la-reforma-constitucional-y-iiilo-que-en-su-casopuede-y-debe-reformarse

Barómetro del CEO, Barómetro de Opinión Política, 3ª oleada 2016, REO 385: http://www.ceo.gencat.cat/ceop/AppJava/pages/home/fitxaEstudi.html?colId=6008&lastTitle=Bar%F2metre+d%27Opini%F3+Pol%EDtica.+3a+onada+2016

Reforma federal: http://reformafederal.wordpress.com/

Notas

1. La cursiva indica negritas en el original.

2. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 27 de julio de 1977, nº 5, p. 97.

3. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas, 12 de mayo de 1978, nº 66, p. 819.

4. Cursivas en el original.

5. Fundamento Jurídico sobre la Ordinalidad contenido en la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña.

6. Sobre los diversos elementos que deberían integrar una reforma constitucional federal, resulta de imprescindible lectura la ya mencionada obra de Eliseo Aja, Estado autonómico y reforma federal. También se encuentran materiales de gran utilidad en mi web http://reformafederal.wordpress.com/