SINOPSIS

El ascensor social ha frenado, los títulos universitarios ya no dan seguridad y los trabajos son cada vez más precarios. Pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué la movilidad social ha sufrido un revés y ya no va en ascenso, sino en descenso? ¿Es la nuestra una sociedad regresiva, precaria y polarizada? El prestigioso analista Oliver Nachtwey desgrana las causas de esta fractura y analiza las causas del conflicto que ello está generando: nuevos movimientos de izquierda y luchas obreras por un lado y, por el otro, protestas xenófobas y populismo de derechas.

INTRODUCCIÓN

Lo principal en la vida es vivir tranquilos y seguros. Según una encuesta sobre los objetivos profesionales realizada en el 2014, uno de cada tres estudiantes manifestaba que lo más importante en la vida era encontrar un puesto de trabajo en el sector público. Las profesiones vanguardistas, las empresas arriesgadas y la autonomía creativa cada vez pierden más atractivo para los estudiantes. El sector público les parece uno de los pocos lugares en que se puede esperar estabilidad en el empleo, seguridad y un ascenso previsible. Esta perspectiva profesional algo aburguesada de los jóvenes universitarios no constituye más que una pequeña muestra de una sociedad en la que parece predominar el miedo colectivo al descenso social. ¿Cómo se ha podido llegar a esto?

La memoria histórica suele ser de corto alcance, y por eso son ya pocos los que se acuerdan de que, en 1999, la economía alemana era aún considerada «the sick man of the euro»: por entonces, el índice de paro no dejaba de alcanzar nuevos máximos. Hoy, la realidad se presenta de otra manera: en Europa, el paro está alcanzando unos niveles récord; en la República Federal de Alemania, en cambio, se puede decir que nunca se había dado tanta ocupación como en este 2016 (y que desde la reunificación alemana nunca había habido menos parados). Mientras los Estados europeos se hunden en una espiral de austeridad y crisis económica, la economía alemana se resiste tenazmente a esta tendencia. Pero en realidad eso no es más que un bonito envoltorio. Alemania forma parte de la «crisis del capitalismo democrático» (Streeck, 2013) tanto como los demás países europeos.

Siguiendo sobre todo el ejemplo del desarrollo alemán, en este libro hablaremos de un cambio social fundamental que se está produciendo en la mayor parte de los Estados capitalistas occidentales: de una situación de ascenso e integración social —tal pretende ser nuestra tesis principal— se ha pasado a una situación de descenso, precariedad y polarización a nivel social.

Desde el llamado milagro económico, Alemania se ha venido considerando un país en el que la pobreza solo tiene un papel marginal. Asimismo, la euforia por la nueva «plena ocupación», tal y como se proclama en libros y prensa,[1] no deja ver fácilmente el sensible aumento en este país de la desigualdad social, el fuerte crecimiento del sector del salario bajo y la manera alarmante en que se ha generalizado la precariedad. Bajo la superficie de una sociedad estable, hace tiempo que se están erosionando los cimientos de la integración social y se están multiplicando las caídas y los descensos en el seno de la sociedad.

La literatura es un sismógrafo que refleja con especial sensibilidad este cambio, a la vez que registra y expresa nostalgia por el progreso social. En su trilogía novelesca sobre la vida de Hildegard (Hilla) Palm —Das verborgene Wort («La palabra oculta», 2001), Aufbruch («La partida», 2009) y Spiel der Zeit («El juego del tiempo», 2014)—, Ulla Hahn dibuja con finos trazos un retrato moral del ascenso social en las décadas inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Hahn cuenta la historia de su protagonista, en la cual se aúnan el amor a la literatura y el deseo de llevar una vida «independiente». Hilla posee un talento extraordinario, puede ir al instituto y —cosa inhabitual para una joven campesina «hija de proletario»— estudiar una carrera. Percibe esa fina —y no tan fina— línea que la separa de condiscípulos poco dotados pero que consiguen los puestos más codiciados. No obstante, aunque su familia lleva una vida humilde y sin ambiciones, ella logra un ascenso ejemplar para su época por medio de los estudios.

Pero las historias que cuenta la literatura de la época actual hablan más bien de fracaso, inseguridad, descenso y caída. En la novela basada en hechos reales Möbelhaus («Tienda de muebles», 2015), el autor, un antiguo periodista que escribe bajo el seudónimo de Robert Kisch, narra su propio descenso social, es decir, de periodista reputado a vendedor de muebles. Es la historia de un largo declive, probablemente único en su género, que además muestra el cambio experimentado por un sector profesional que hasta hace unos años prometía prestigio, iniciativa personal y elevados ingresos. Ese mundo del periodismo ya ha dejado de existir o, en todo caso, únicamente sigue existiendo para unos pocos. Pero Möbelhaus no es el único ejemplo. En su relato vivencial Saisonarbeit («Trabajo estacional», 2014), la autora, Heike Geißler, habla de cómo ya no podía seguir viviendo de la escritura y se vio obligada a trabajar en el departamento de ventas de Amazon. En la misma línea escribió Thomas Melle su novela sobre la clase baja 3000 Euro, publicada en el 2014. También existen otras novelas que tratan sobre la pérdida de la seguridad, como hacen por ejemplo Katharina Hacker en Die Habenichtse («La pobre diabla», 2006), Ernst-Wilhelm Händler en Wenn wir sterben («Si morimos», 2002), Rainald Goetz en Johann Holtrop (2012), Wilhelm Genazino en Fremde Kämpfe («Luchas ajenas», 1984) y Un poco de nostalgia (2007), Georg M. Oswald en Alles was zählt («Todo lo que cuenta», 2000) o, finalmente, Silke Scheuermann en Die Häuser der anderen («Las casas de los otros», 2012).

La literatura no es un diagnóstico social, pero frecuentemente dice muchas cosas atinadas sobre la realidad, de la que aquí se hablará desde una perspectiva más científica.

En este libro intentamos reformular algunas preguntas clásicas de la sociología: ¿En qué sociedad vivimos realmente? ¿Qué es lo que mantiene cohesionados a los grupos y los individuos y qué es lo que los separa? ¿Cómo se interrelacionan la desigualdad, el dominio, la integración social y los conflictos sociales? Muchas de las tesis aquí expuestas, con indudable pasión sociológica, son a veces algo aventuradas, ya que en algunos ámbitos aún falta verificación empírica. Además, básicamente se desarrollaron teniendo como modelo un Estado nacional único, donde los aspectos internacionales y transnacionales solo se tocan de manera tangencial (al final del volumen se encontrará un somero esbozo de las tendencias europeas). En medio está nuestro intento por exponer, y en lo posible comprender, los desarrollos de los últimos decenios de una manera históricamente comparativa (véase Mill, 2000) [1959]).

El primer capítulo trata de una situación social que ha ido desapareciendo poco a poco: la era dorada de la modernidad social. En la modernidad social prospera el Estado social (o «de bienestar») y se derriban viejas barreras de clase al tiempo que aumentan la movilidad social y las oportunidades de acceso a la educación. Muchos hijos de familias de clase obrera alcanzan un nivel hasta entonces desconocido en cuanto a posibilidades de desarrollo individual. Ulrich Beck acuñó para este desarrollo el concepto del «efecto ascensor» colectivo (Beck, 1986). De proletarios se convirtieron en ciudadanos, aunque pocas veces en ciudadanas, pues en la modernidad social siguió predominando el modelo del paterfamilias.

Desde la década de 1970, la constelación de la modernidad social fue perdiendo progresivamente su poder de influencia, sobre todo porque el capitalismo (como se muestra en el capítulo 2) ya no alcanzó las fenomenales cuotas de crecimiento de la época dorada. A partir de 1973 se inició la larga decadencia de las economías occidentales, una crisis para la que hasta hoy no se ha encontrado solución. Ninguna de las medidas adoptadas —ya se trate de programas keynesianos, de desregulaciones neoliberales o de flujos de dinero barato— ha tenido el fruto esperado. En este contexto —según el diagnóstico del capítulo 2—, surge un capitalismo poscrecimiento. La crisis económica resultante de la crisis financiera dista aún mucho de haberse superado, a pesar de las masivas intervenciones realizadas por los Estados nacionales y los Bancos centrales. Antes al contrario, late la amenaza de un estancamiento.

Como consecuencia de la persistente debilidad de la economía, han ido desapareciendo los recursos y la voluntad de integración social. Numerosas empresas públicas han caído bajo la presión de la privatización, el Estado social se ha reconvertido, los derechos civiles y sociales se han reducido. Una característica de nuestro tiempo es que en casi todos los ámbitos sociales se han implementado mecanismos para el impulso del mercado y de la competencia. Al final, muchos logros de la modernidad social han quedado sometidos a una especie de modernización renovada pero regresiva (capítulo 3). Los procesos de la modernización regresiva emparejan a menudo liberalizaciones sociales con desregulaciones económicas. En el plano horizontal, la sociedad se torna más igualitaria e incluyente entre grupos de diferente orientación sexual, entre sexos y —en determinados ámbitos— incluso entre distintas etnias, pero, en el plano vertical, la igualdad de derechos corre pareja con mayores desigualdades económicas.

En su libro La sociedad del riesgo, Ulrich Beck diagnosticó que la sociedad industrial se despide «del escenario de la historia mundial por la escalera trasera de los efectos secundarios» (Beck, 1986, pág. 15; en cursiva en el original). Al margen de que la sociedad industrial siga hasta el día de hoy sin despedirse del todo (pese a Internet y a la tupida red de servicios disponibles), podríamos presentar la sociedad del descenso del modo siguiente: se trata de una sociedad que ha llegado paulatinamente, sin hacer ruido y por la escalera de servicio. Todavía no ha alcanzado la escalera principal. Sin duda, el incesante aumento de la pobreza, la precariedad y la desigualdad social es cada vez más objeto de estudio por parte del estamento político, pero las nuevas desigualdades no se han tratado hasta ahora de manera adecuada. Objeto de nostalgia, el modelo o ideal político de nuestra época sigue siendo el ascenso social, ya sea a través del rendimiento, de la igualdad de oportunidades o de la educación. Por lo que respecta a la igualdad de oportunidades, no es ninguna novedad que los hijos de familias de extracción obrera no tengan, por lo general, las mismas oportunidades de formación. En la competición social por las oportunidades, aunque impere la igualdad formal, quienes poseen menos capital cultural siguen quedándose en la estacada, mientras que los mejor situados de partida siguen logrando éxitos, aun cuando carezcan de hojas de servicio reseñables.

¿Pasamos más tiempo hablando del ascenso porque en realidad cada vez resulta más difícil? Esta es al menos una de las tesis de este libro. El cambio a la sociedad del descenso se da en muchas dimensiones. Sin duda siguen existiendo grandes zonas de estabilidad social, pero es obvio que la dinámica de desarrollo de la sociedad alemana ha sufrido una modificación. Por ejemplo, a principios de la década de 1990, los ingresos medios subieron, toda vez que la denominada «relación laboral tipo» (el puesto de trabajo por tiempo indefinido con protección frente al despido, que en cierta medida garantiza una seguridad de índole social) fue la norma habitual durante ese tiempo. Pero, en los últimos treinta años, la dinámica social se ha desarrollado en detrimento de los trabajadores asalariados. La precariedad, fenómeno marginal en la modernidad social, se ha extendido en la sociedad del descenso, institucionalizándose en nuestros días como parte relevante del mercado de trabajo. Con respecto a la movilidad profesional, aún se siguen registrando más ascensos que descensos, pero las perspectivas han empeorado. Además, el denominado centro —o medio— se ha encogido, y buena parte de sus integrantes ha iniciado un viaje descendente, algo novedoso en la historia de la posguerra alemana. El que las mujeres se incorporen más a menudo a la vida profesional supone sin duda una ganancia en el plano de la emancipación, pero en muchos casos se ven obligadas a aceptar trabajos mal pagados porque los ingresos del marido no bastan para que la familia llegue holgadamente a fin de mes.

La modernidad sigue avanzando, pero al mismo tiempo está también retrocediendo. Algunos problemas que durante mucho tiempo se creyeron superados vuelven nuevamente a ser relevantes. A causa de la remodelación del Estado social y del desmantelamiento de los derechos políticos y sociales, las «estructuraciones de clase» vuelven al escenario de la desigualdad social (Giddens, 1984), si bien las clases sociales no se presentan como a finales del siglo XIX, es decir, como medios colectivos con unas organizaciones curtidas en la lucha. De ahí que la lucha de clases tradicional no se nos presente con una nueva versión, pese a la gran cantidad de nuevos conflictos sociales que existen. En la sociedad del descenso, el conflicto surge porque se da una tensión entre capitalismo y democracia, entre libertad e igualdad. Así, se anuncia una nueva revuelta, un conflicto de clases democrático impulsado en su núcleo por la lucha por los derechos cívicos y sociales. Las nuevas protestas cívicas son un subproducto de la alienación política de la posdemocracia. Pero al mismo tiempo, y aquí anida un gran peligro, también se están extendiendo la apatía, la marginación social y los afectos antidemocráticos. Por un lado, los temores al descenso producen a veces —en particular en las capas medias— la necesidad de distinción social-darwinista o xenófoba, un fenómeno que, por ejemplo, encuentra su expresión en los debates sobre si Alemania se está descomponiendo o si la cultura de la clase baja es improductiva. Pegida (Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes [Europeos Patriotas contra la Islamización de Occidente]) y la AfD (Alternative für Deutschland [Alternativa para Alemania]) son una expresión más de este desarrollo.

Por otro lado, se está extendiendo un movimiento de protesta de otra índole, que no se centra tanto en temas sociales como en la participación democrática. Ya se trate de mujeres de la limpieza, de guarderías, de Amazon o de hospitales, cada vez se hacen —de nuevo— más huelgas, y ello es obra de unos grupos que arrastran la fama de organizarse mal sindicalmente porque se trata de puestos de trabajo que, por regla general, son temporales y precarios. Además, con Occupy ha surgido un movimiento de protesta no convencional que durante varios meses ha mantenido «okupados» diversos lugares públicos. Occupy es un movimiento de base democrático que —no siempre, pero sí con bastante frecuencia— «desdeña» a las organizaciones de izquierda tradicionales, como por ejemplo los sindicatos y los partidos políticos, por percibirlos como parte del establishment, es decir, como parte del problema. Tanto los nuevos movimientos de huelga como el citado Occupy son formas de protesta de la sociedad del descenso. El miedo al descenso y a la precariedad ya no se percibe como algo perteneciente al destino individual, sino que más bien se trata de una experiencia colectiva. En las acampadas del Occupy alemán encontramos un nuevo tipo de contestatario, el cual ha desempeñado también un papel importante en el Zuccotti Park de Nueva York, que ha servido de punto de partida para el movimiento; y lo mismo cabe decir de los Indignados españoles: jóvenes universitarios con trabajos precarios, malas perspectivas de futuro y unos canales de ascenso bloqueados. Puede que su número sea aún escaso, pero lo cierto es que cuentan con un gran apoyo entre la opinión pública. Sus padres y abuelos, que vivieron las décadas del ascenso social, reconocen ahora que sus hijos están amenazados por el descenso colectivo. «Nosotros somos el 99 %.» Este eslogan del movimiento Occupy, emblemático de la sociedad del descenso posdemocrática, homologa la cuestión de una redistribución más justa con otras cuestiones parecidas de la participación democrática.

Lo que hasta la fecha les falta a todas estas protestas es la idea de un futuro logrado. Parece que únicamente se aspira a que vuelvan los tiempos supuestamente mejores de la modernidad social. Por eso, al final, las revueltas no pasan de ser espontáneas y episódicas. A un periodo de múltiples protestas sociales le sigue otro de una extraña calma chicha. Sin embargo, mientras no se hayan resuelto los problemas que sirven de mecha a las protestas, seguramente se seguirá manteniendo la tensión social actual. Cabe esperar que las revueltas no devengan ellas también en un «momento» regresivo.

Si el diagnóstico aquí presentado resultara cierto, podríamos estar ante un nuevo ciclo de conflictos sociales, en el que una vez más se va a luchar por una sociedad mejor. Y en estos conflictos se decidirá con toda probabilidad el futuro mismo de nuestra democracia.

Sin el apoyo de numerosos colegas y amigos, me habría sido imposible escribir este libro. Son demasiados para poder mencionarlos aquí a todos ellos. No puedo dejar, empero, de expresar mi agradecimiento a tres instituciones que me han facilitado espacio, tiempo y posibilidades de debate, cosa que el habitual quehacer de la vida universitaria raras veces permite. Me refiero al DFG-Kolleg Postwachstumsgesellschaften de Jena, al Institut für Sozialforschung de Hamburgo y, de manera particular, al Institut für Sozialforschung de Fráncfort.

Capítulo 1

LA MODERNIDAD SOCIAL

Vistos retrospectivamente, los decenios inmediatamente posteriores a la Primera Guerra Mundial estuvieron marcados en Alemania por una situación realmente única en los planos económico, social y político. A la sociedad políticamente polarizada —desgarrada por conflictos de clase— de la República de Weimar le siguió la dictadura del nacionalsocialismo. Tras el gran colapso bélico, en la República Federal de Alemania surgió una democracia relativamente estable gracias, sobre todo, a la seguridad social. En el presente libro nos referiremos a esta época como la modernidad social.

Su base material fue el bienestar económico. En el breve periodo que va de 1950 a 1973, el crecimiento económico anual de la Europa occidental —resultado del capitalismo keynesiano— se situó en un 4,8 % por término medio. Este crecimiento constante posibilitó una rápida modernización social, que comprendió —y reestructuró— el tiempo, el trabajo, la vida, la cultura y la política (véase Berger, 2000).[1]

LA IMPORTANCIA DEL ESTADO SOCIAL (O «DE BIENESTAR»)

En Alemania, las raíces del Estado social se remontan a la época de Bismarck con la promulgación de las primeras leyes sociales en caso de enfermedad (1883), accidente (1883) o vejez (1889). Bismarck reaccionó así a la creciente importancia del movimiento obrero, al tiempo que intentaba modernizar el joven capitalismo. Durante la República de Weimar se crearon otras instituciones sociales de gran importancia, sobre todo el seguro de paro (1927), si bien no fue hasta el advenimiento de la democracia —conseguida tras la Segunda Guerra Mundial— cuando se implantó el Estado social de manera generalizada, sobre todo porque gran parte de las élites sociales y políticas habían perdido la confianza en un capitalismo de laissez-faire desregulado, obediente solo a las leyes del mercado. Básicamente, se implantó lo que, en 1944, antes aún del final de la Segunda Guerra Mundial, el historiador de la economía austro-húngaro Karl Polanyi ya había vaticinado en su libro La gran transformación. Polanyi sostenía que la idea de un mercado que se autorregulaba —que el neoliberalismo iba a pregonar nuevamente años después— no pasaría nunca de ser una «crasa utopía» (Polanyi, 1995 [1944]), pág. 19). El querer hacer realidad semejante utopía supondría en última instancia una completa «desincorporación» social de la economía. Según este autor, semejante sociedad sometida al mercado no podría darse sin que se diluyera también su propia sustancia, es decir, el ser humano y la naturaleza en general, y, por tanto, y en última instancia, la propia sociedad (ibíd., págs. 19 y 89). Todos los intentos por aproximarse a una sociedad de mercado óptima producirían al final movimientos en contra, que intentarían volver a incorporar o integrar a la sociedad en el plano social (ibíd., págs. 182 y sigs.). Así, en Estados Unidos, tras la Gran Depresión de 1929, trabajadores y pobres urbanos, socialistas pero también campesinos y conservadores se comprometieron a implantar juntos una nueva política social. El Estado social establecido tras la Segunda Guerra Mundial no solo en Alemania sino también en otros países de Europa (occidental) fue prácticamente la forma institucionalizada de este contramovimiento analizado por Polanyi.[2]

Los proletarios no poseían capital ni medios de producción, lo cual para Marx constituía su rasgo más característico. Por eso no les quedaba más salida que enajenar o vender su fuerza de trabajo (Marx, 1962 [1867]). En el capitalismo, el trabajo es una mercancía que se compra y se vende en el mercado de trabajo; pero con ello los trabajadores se veían también expuestos a los peligros del mercado: pobreza, enfermedad, vejez, paro. El Estado social puede suavizar el carácter mercantil del trabajo: se convierte en una institución «desmercantilizadora» al intentar socializar dichos riesgos.[3] Por eso el sociólogo francés Robert Castel llama «propiedad social» al derecho múltiple a las prestaciones sociales, las pensiones por jubilación, los bienes públicos y otras prestaciones de servicios (Castel, 2000, págs. 236-282). El Estado social no funciona igual en todas partes: unos aspectos son más claramente redistributivos y están aplicados de forma más universal, otros en cambio están orientados al mantenimiento del estatus de una manera conservadora, y otros, en fin, apenas si ofrecen el denominado mínimo social.[4]

Pero el Estado social no es una agencia filantrópica, sino que va asociado a un dualismo productivista: por una parte, pretende suavizar los riesgos personales de los asalariados, pero por la otra impone también que quienes son aptos para el trabajo trabajen de verdad (es decir, que «puedan» trabajar). Mediante la protección laboral y sanitaria, la política social crea un presupuesto esencial para que la fuerza de trabajo tenga disponible una oferta suficiente. Pero nadie puede tumbarse a la bartola. Quien es apto para trabajar debe procurarse un empleo; cualquier otro comportamiento que se desvíe de esta norma será sancionado (véanse Offe y Lenhardt, 2006 [1977]; Borchert y Lessenich, 2005).

La decisión de quién pertenece al ejército potencial de los trabajadores ha variado una y otra vez en el curso de la historia. En el temprano capitalismo, también los niños y las mujeres formaban parte natural de dicho contingente. La lucha contra el trabajo infantil fue larga: duró hasta bien entrado el siglo XX. Entretanto cambió también el modelo o rol de la mujer, en cuanto que ahora debía ser especialmente competente en la atención de los hijos y de la cocina. Debía ser básicamente una mujer de la limpieza, mientras que el hombre se dedicaba a ganar el jornal.

En suma, podría decirse entonces que, en la modernidad social, el Estado social fue una instancia fundamental del progreso social. Los asalariados pudieron aumentar visiblemente su propiedad social y su participación en la riqueza social (véase fig. 4.4), y la política social y sanitaria experimentó también una gran difusión. Sin duda siguió habiendo clase baja y pobres, pero la dimensión y el carácter de la indigencia se modificaron sustancialmente: la pobreza absoluta y relativa disminuyó, y el flagrante pauperismo de las capas trabajadoras fue ya cosa del pasado (véase Pausam, 2008). La indigencia y la precariedad social quedaron relegadas en esta época más allá del trabajo retribuido. Algo que está cambiando ahora con la sociedad del descenso (véase capítulo 4).

LA RELACIÓN LABORAL NORMAL

El profundo cambio social que trajo la modernidad social no se limitó a la instauración y ampliación del Estado social, sino que se dio también en muchos otros aspectos de manera igualmente profunda. Todo el sistema del trabajo retribuido se subvirtió, desembocando en una era de producción industrial masiva. Ya en las primeras décadas del siglo XX surgieron fábricas gigantescas en los sectores de la química, el acero y el automóvil. Henry Ford fue el primero en introducir sistemáticamente en sus instalaciones la producción en cadena. Para ello se inspiró en las ideas sobre la gestión empresarial científica avanzadas por Frederick Taylor. El trabajo intelectual y el manual se separaron radicalmente y todos los procesos se fraccionaron y dividieron de manera sistemática, estandarizada y jerarquizada. Ford se convirtió en el epónimo de un modo de producción descrito como «fordista» por la teoría de la regulación, según el teórico marxista italiano Antonio Gramsci. Este modo de producción se gestó en la década de 1920, pero no se desarrolló plenamente hasta después de 1945 (véanse sobre todo Anglietta, 2000; Boyer, 1990; Hirsch y Roth, 1986; y Abelshauser, 2004). Se trataba de una economía de la producción caracterizada más por una lógica de la producción de bienes a largo plazo que por las exigencias externas del mercado. La producción en masa supuso además una cierta participación en el consumo masivo: los salarios al alza y los precios de los bienes de consumo a la baja permitieron por primera vez a las familias trabajadoras tener un coche, un televisor y una lavadora, aparatos anteriormente solo asequibles para una minoría privilegiada.

Estos desarrollos culminaron con el establecimiento de la denominada «relación laboral normal» (Mückenberger, 1985). En el capitalismo industrial prefordista, el trabajo era casi ilimitadamente flexible y no asegurado. La relación laboral normal, en cambio, comprendía curiosamente la actividad a tiempo indefinido subyacente a la protección contra el despido y asimismo el trabajo a tiempo completo afecto a la seguridad social como requisito de un modo de vida personal autónomo; e incluía además la posibilidad de participar colectivamente en la configuración de las propias condiciones laborales. Así, una situación de inseguridad, intranquilidad y cierto desbarajuste se vio reforzada por unas perspectivas de seguridad, previsión y relativa seguridad social. El trabajo prestaba entonces un cierto grado de dignidad. Según la «Comisión del futuro» bávara, en el año 1970 existían relaciones laborales normales en un 84 % de los puestos de trabajo (véase Kommission, 1996, pág. 56).

Todo esto ocurrió cuando se tenía como telón de fondo una desocupación extremadamente baja. La oferta de fuerza de trabajo era en estos años muy escasa, y en muchos países, particularmente en Alemania, existía prácticamente la plena ocupación. Los sindicatos se habían vuelto a fortalecer, y casi el 80 % de los asalariados estaban sujetos a convenios colectivos. El bajo índice de paro incitaba a los empresarios, que aún no se regían por los principios del shareholder value,* a adoptar estrategias personales específicas. En esa fase, incluso en los sectores de trabajo poco cualificado se daban los denominados «procedimientos de cierre» en los mercados del trabajo asalariado (Sengenberger, 1987). Lo que significa que muchas empresas ofrecían también a trabajadores no cualificados unas perspectivas de ocupación a largo plazo, así como posibilidades de cualificación y ascenso en el seno de la empresa; pero a cambio de su pericia personal y de su lealtad hacia ella, lo cual no es menos importante.

Pese a ello, también entonces se dieron formas de ocupación atípica, sobre todo entre las mujeres. Si no eran amas de casa, trabajaban en profesiones menos protegidas, con un nivel de cualificación más bajo o como «familiares colaboradoras» en pequeñas empresas (véase Mayer-Ahuja, 2003). Poco antes del final del «milagro económico», en la primera recesión de la posguerra (1966-1967), el número de empleados a tiempo parcial ascendía solamente a un 6,5 % (para las cifras, véase Müller-Jentsch e Ittermann, 2000).[5] En 1970 había subido ya al 9,3 %. Se puede decir que las actuales formas de ocupación precaria no existían aún, o solo de manera muy limitada. Hasta 1972, el trabajo temporal estuvo completamente prohibido y posteriormente quedó estrictamente regulado. Hasta 1985, las limitaciones a la duración del contrato laboral solo fueron posibles bajo condiciones muy estrictas, e igualmente la ocupación a tiempo parcial solo se dio en una medida prácticamente desdeñable.[6]

EL DESARROLLO DE LOS DERECHOS CÍVICOS EN EL PLANO SOCIAL Y ECONÓMICO

Tanto con los cambios esbozados en las relaciones laborales como con el desarrollo del Estado social se produjo una transformación fundamental en el seno de la sociedad de clases. En las sociedades precapitalistas, las clases —patricios y plebeyos, señores feudales y siervos, etc.— se basaban en una jerarquía de estatus o estamentos claramente definida. Cada clase tenía sus propias costumbres y derechos garantizados, que a su vez las distinguían de las otras clases. En la sociedad de clases moderna, las desigualdades estamentales y sus respectivos privilegios fueron desapareciendo uno tras otro. La Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano aprobada durante la Revolución francesa marcó el nacimiento de la moderna sociedad política (con sus respectivos derechos). Los seres humanos eran ahora libres e iguales ante la ley, si bien aún no ciudadanos con los mismos derechos de participación. El sociólogo inglés T. H. Marshall (1992 [1950]) describió esto como la gestación de los derechos civiles. Estos no entraban en conflicto con la sociedad capitalista, de hecho eran «irrenunciables para una economía de mercado» (Marschall, 1992, pág. 56).[7] Los derechos civiles (o cívicos) se referían ante todo a derechos fundamentales como la libertad de expresión, de pensamiento y de religión, la libre elección de actividad profesional, la libertad contractual o el derecho a la propiedad; y comprendían asimismo la creación de una jurisdicción ante la cual toda persona fuera igual a las demás. Según Marshall, los derechos civiles se desarrollaron de manera escalonada. Un derecho civil ya conseguido era la base y el trampolín para el siguiente. Así, a los derechos civiles siguieron los derechos políticos, entre los que destacaban los derechos a la participación y a la influencia en el poder político. Lo más reseñable sin duda fue la implantación de elecciones libres y secretas y el generalizado derecho al voto. A todos esos derechos implantados en el siglo XX mediante el surgimiento del Estado social Marshall los denominó finalmente derechos políticos y sociales.[8] Como miembro de la sociedad, cada ciudadano tenía ahora el derecho a un mínimo de seguridad social y a la participación social (por ejemplo, al sistema de seguridad social en caso de enfermedad, desempleo, pobreza y vejez, así como al sistema educativo y sanitario), derecho que no se medía «por el valor de mercado del demandante» (ibíd., págs. 40 y 66).

Marshall introdujo también «bajo cuerda» (Müller-Jentsch, 2008, pág. 18) el concepto de industrial citizenship («ciudadanía industrial»). Este derecho se funda menos en un estatus civil general que en los derechos colectivos de los trabajadores; se trata de un sistema «secundario, de carácter económico-cívico» creado por los sindicatos (Marshall, 1992, pág. 64). En la Alemania de la posguerra, estos derechos civiles tuvieron su mejor expresión en el derecho a la participación y cogestión de los trabajadores, así como en la negociación colectiva y en la institucionalización de los comités de empresa.[9]

Con la garantía legal de la negociación colectiva, los sindicatos y los empresarios se convirtieron en unos actores jurídicos generadores de conflictos pero también de normativas. Así, se implantaron por ejemplo el derecho a la protección sanitaria, la seguridad en el puesto de trabajo y la protección frente a la arbitrariedad por parte de la Administración, así como el derecho a vacaciones y al descanso, al pago ininterrumpido del salario en caso de enfermedad,[10] a un mínimo social y, naturalmente, a una representación autónoma de los intereses laborales. Con la extensión de los comités de empresa, los trabajadores se convirtieron en «ciudadanos de la empresa» (véanse Kotthoff, 1994, pág. 179, y Crouch, 1998).

Los derechos civiles, sociales y económicos moderan las posibles tensiones entre la igualdad política de los ciudadanos del Estado democrático y la desigualdad social de la sociedad de mercado.[11] Los derechos civiles no se someten al poder y tampoco se negocian, ya que son producto del estatus. Según Marshall, el Estado social es, en consecuencia, algo mucho más importante para el conjunto de los trabajadores que una mera institución correctora del mercado. Los integra a todos y les garantiza un nuevo estatus, por lo que, en el marco de la sociedad, dejan de ser proletarios para convertirse en ciudadanos. La sociedad de clases no desapareció con el desarrollo de los derechos civiles, pero estos pusieron los cimientos para la extensión de los derechos sociales iguales para todos. No surgió una sociedad de iguales sino una sociedad de «equiparados».[12]

FIGURA 1.1: SALARIO NETO REAL EN ALEMANIA, 1950-1960

Antiguo territorio federal sin el Sarre ni Berlín

FUENTE: Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Statistisches Taschenbuch 2011. Arbeits- und Sozialstatistik, Bonn, 2012.

FIGURA 1.2: SALARIO NETO REAL Y PRODUCTIVIDAD LABORAL REAL EN ALEMANIA, 1960-1969

Antiguo territorio federal sin el Sarre ni Berlín

FUENTE: Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Statistisches Taschenbuch 2011. Arbeits- und Sozialstatistik, Bonn, 2012.

EL ASCENSO SOCIAL, EL EFECTO ASCENSOR Y LA INDIVIDUALIZACIÓN

Como ya se ha apuntado, de manera parecida a la mayoría de las sociedades europeas de la época, la República Federal de Alemania de la posguerra fue también en el aspecto material una sociedad de ascenso social. La renta nacional per cápita se había triplicado entre 1800 y 1950; pero de 1950 a 1989 aumentó trece veces más que en los cincuenta años anteriores (véase Geißler, 2014, págs. 59 y sigs.). El salario neto se triplicó entre 1950 y 1970, y el salario bruto medio de un trabajador industrial se multiplicó aproximadamente por cinco en el mismo periodo de tiempo (véase Müller-Jenstsch e Ittermann, 2000).

Las figuras 1.1 y 1.2 muestran la evolución de los salarios reales de 1950 a 1969. No solo llama la atención su inmensa subida, sino también el hecho de que los salarios y la productividad laboral evolucionaran de una manera muy análoga en la década de 1960.[13] En este periodo, los asalariados vieron incrementado su bienestar casi proporcionalmente al incremento de la creación de valor, si bien partiendo del bajísimo nivel de la posguerra.[14]

El nivel de vida mejoró, las diferencias entre trabajadores y empresarios fueron haciéndose cada vez menores, y con ello también se incrementó el tren de vida de los obreros. Las viviendas eran ahora más grandes y confortables, y ya podía uno permitirse tener un frigorífico y televisor; de 1950 a 1967, el número de coches subió de dos a doce millones. Por primera vez, las familias obreras podían emprender viajes de larga distancia, cuando en las décadas anteriores —si es que uno tenía vacaciones, pues el derecho legal no existió hasta 1963— tenían que quedarse en casa o marcharse de vacaciones a lugares cercanos. En esas décadas, la libertad experimentó un constante aumento; algunos de los hitos más importantes a principios de la década de 1970 fueron la implantación de la semana de cinco días y la reducción del tiempo de trabajo a cuarenta horas semanales.

En general, se trató de una desproletarización de la vida material y, en última instancia, también de la vida mental.[15] A finales de la década de 1970, el 43 % de los trabajadores cualificados poseía una casa o piso en propiedad. El bienestar material acrecentado, y sobre todo la adquisición de bienes de consumo, algo que antes había estado reservado a las capas media y alta —y que, por tanto, tenía un cariz cuasi lujoso—, aumentaron la sensación de autoestima de los trabajadores. «Estas condiciones de vida mejoradas supusieron también un acceso colectivo a la respetabilidad» (Mooser, 1984, pág. 227).[16]

A pesar de estos desarrollos, las fronteras de clase siguieron detectándose en muchos sitios. Comparados con los ingresos medios de todos los ocupados, los ingresos de los distintos grupos de trabajadores cayeron bastante, y a veces de manera considerable (véase Geißler, 2014, págs. 72 y sigs.). En la República Federal de Alemania, la renta estaba tradicionalmente repartida de manera sumamente desigual. Sin duda, también las clases inferiores podían ahorrar algo, pero en sustancia la riqueza siguió concentrada en las clases más altas (véase Wehler, 2008, págs. 120 y sigs.). No obstante, mediante el ascenso social, las diferencias sociales respecto a ingresos y patrimonio perdieron importancia subjetiva, pues ahora se podía llevar una vida respetable.

En la modernidad social aumentó sobre todo la movilidad profesional y la social: las oportunidades de ascenso se volvieron más numerosas, a la par que disminuyeron las de descenso. En 1971, el 41 % de los hijos de trabajadores cualificados podían seguir clases profesionales de alto nivel, cifra que en 1978 subió hasta el 63 % (véase Wehler, 2008, pág. 161). De pronto, resultaba posible salir de las clases inferiores y subir no uno o dos peldaños sino dar incluso un salto de varios peldaños. La República Federal de Alemania vivió una relativa apertura social, y este desarrollo prosiguió hasta el cambio de siglo (véase Pollak, 2013).[17] La extensión del sistema educativo en las décadas de 1960 y 1970 fue un factor fundamental de dicha evolución. Por primera vez, la mayoría de los hijos de obreros podían cursar estudios secundarios y, en algunos casos, incluso estudios superiores. No obstante, se siguió poniendo límites al ascenso a través de la educación; se mantuvieron las desigualdades tradicionales entre clases, pues el número de hijos de trabajadores matriculados en institutos y universidades siguió muy por debajo del de los hijos de las clases media y alta. Los hijos de los trabajadores carecían del acervo cultural medio en comparación con los vástagos de las capas media y alta, es decir, carecían de la capacidad —aprendida muy pronto— de apropiarse de (altos) valores culturales y de certificados formativos y de poder mostrar en sus modales cierta clase de distinción (Bourdieu, 1989). Y son precisamente los certificados de formación más altos los que constituyen la base exigida para un ascenso profesional ulterior (véase Geißler, 2014, págs. 313 y sigs.). En otras palabras, el susodicho ascenso fue muy extendido, pero siguió delimitado por la clase social.

Los desarrollos acumulativos del ascenso social marcaron una verdadera ruptura en la historia obrera (véase, Wehler, 2008, págs. 154 y sigs.). Este diagnóstico se reflejó de manera intensa desde diferentes perspectivas teóricas. Ulrich Beck puede considerarse sin duda uno de sus intérpretes más conspicuos; en la década de 1980, acuñó el concepto de «efecto ascensor» para describir la nueva movilidad social (Beck, 1986). En esa sociedad en crecimiento entraban —según dicha metáfora— todas las capas, desde los proletarios hasta los propietarios de patrimonio: todos juntos en el ascensor y todos subiendo a la vez. Las desigualdades entre capas o clases sociales no fueron eliminadas con este factor, pero ya no tenían un papel decisivo porque a todos ellos les iban mejor las cosas: «La “sociedad de clases” es llevada en su conjunto hacia una fase superior. A pesar de todas las desigualdades que persisten o aparecen nuevamente, hay un plus colectivo en cuanto a ingresos, formación, movilidad, derecho, ciencia y consumo masivo» (Beck, 1986, pág. 122; véase Mau, 2012, pág. 22).

Beck relacionaba este diagnóstico con uno de los desarrollos sociales más influyentes de la modernidad: la individualización. En su opinión, la sociedad modernizaba sus propios fundamentos: los vínculos e identidades de clase tradicionales se debilitaban, por no decir que incluso se diluían. Si en la modernidad temprana el mercado laboral había sido el lugar en el que se constituían las clases y donde las experiencias colectivas se traducían en conciencia de clase, en la modernidad social se invirtió ese efecto: el éxito colectivo del movimiento obrero provocó, paradójicamente, el surgimiento de unos modos de acción nuevos, más individualistas. El mercado laboral regulado y el Estado social, considerados habitualmente por los neoliberales como sendos enemigos de la libertad, fueron —contrariamente a esa versión— un requisito fundamental para la realización del individuo moderno (Leisering, 1998). Ahora el trabajador individual se aprovechaba también de los logros de las negociaciones salariales (y podía ver el resultado reflejado en su nómina) sin necesidad de participar en las acciones colectivas. La protección contra el despido o el seguro de desempleo eran derechos colectivos, pero por lo general se reclamaban de manera individual. Se iba solo a la oficina de empleo, se iba solo a juicio, etc. Antes, uno estaba familiarizado con los modos de la clase obrera: asumía su mentalidad, valores y estilo de vida y pasaba el tiempo en sus organizaciones políticas. La biografía personal se desarrollaba a través de la familia, el vecindario o las distintas asociaciones, donde uno era socializado según la clase a la que pertenecía. En cambio, en la modernidad social

estos factores reveladores de la experiencia e identidad de un medio social culturalmente marcado se vieron cercenados de varias maneras. [...] Las nuevas posibilidades de desarrollo, tanto materiales como temporales, se juntaron con las tentaciones del consumo de masas para hacer desaparecer los contornos de las formas de vida tradicionales y del respectivo medio social (Beck, 1986, págs. 129 y 124).

Pero Beck cargó demasiado las tintas en su diagnóstico, por lo demás muy acertado. Según él, básicamente había surgido un «capitalismo sin clases» (ibíd., pág. 117). No cabe duda de que la desigualdad social seguía existiendo, pero en cierta medida «más allá de la clase y la capa social», y más bien entre individuos y grupos (ibíd., págs. 121 y sigs.). En esta valoración, Beck no estaba solo, ni tampoco fue el primero en hacerla: ya en 1949, Theodor Geiger había hablado de una «sociedad crisol» (Geiger, 1949); y después, Helmut Schelsky creyó reconocer una «sociedad de clase media nivelada» (Schelsky, 1965). En general, se puede decir que, en la sociología alemana, a diferencia de la anglosajona, existió en el siglo XX una marcada tendencia a dar por muerta la sociedad de clases, como si las clases fueran a desaparecer simplemente diciendo adiós a dicho concepto.

A finales del siglo XX, la clase obrera, tal y como se la conocía desde hacía más de un siglo, se encontró en un periodo de cambio radical, incluso de erosión a largo plazo. Pero esta transformación no estuvo relacionada únicamente con el ascenso social y el cambio en su estilo de vida, sino que también entraron en juego otros muchos factores. La industria tradicional perdió cada vez más importancia. Las fábricas clásicas seguían existiendo igual que antes, pero aumentaba continuamente el número de personas que trabajaban en el sector público o en el terciario, donde predominaban las profesiones de «cuello blanco». No obstante, en las fábricas fueron ganando peso también conceptos holísticos orientados a la autonomía de los trabajadores o de los equipos frente a actividades jerárquicamente organizadas y heterónomas (véase Kern y Schumann, 1985; Offe, 1984). La sociedad de clases no se diluyó por ello, sino que perduró a través y a pesar de los cambios, si bien en lo sucesivo aparecería de una forma diferenciada y marcada con un sello individualista (véase Dörre, 1987; Vester y otros, 2001).

EL CAMBIO EN EL CONFLICTO SOCIAL

La extensión de los derechos civiles, el efecto ascensor y la manifiesta integración de los trabajadores llevaron a Beck a otra tesis radical, que no era sino un corolario inmediato de su diagnóstico; a saber, que sin clases tampoco habría conflictos de clases. Según él, el centro de atención ya no lo ocupaba el clásico conflicto vertical entre arriba y abajo, sino que ahora cobraban mayor importancia disputas que versaban tanto sobre los efectos secundarios de la industrialización (en especial, la contaminación del entorno y los riesgos ecológicos) como sobre las consecuencias de la individualización en la vida cotidiana. Su diagnóstico era, en este sentido, una fundamentación teórica de los nuevos movimientos sociales (véase capítulo 5) que disputaban al movimiento obrero su protagonismo emancipador o contestatario.

Pero si bien es verdad que Beck reconoció y describió con gran clarividencia y precisión el cambio en el conflicto social, así como los riesgos ecológicos y los nuevos movimientos sociales, no es menos cierto que malinterpretó igualmente la importancia de las estructuras de clase. Sin duda mencionó frecuentemente la continuidad de las desigualdades sociales, pero en su opinión, como ya se ha dicho, su base clasista quedaba sublimada y derogada por el efecto ascensor.[18] Como se suele decir, en cierta medida arrojó al bebé sociológico junto con el agua del baño al querer sacar demasiada punta a su análisis.

Ralf Dahrendorf, uno de los decanos de la sociología alemana de la posguerra, defendió por su parte una postura muy distinta. Él se ocupó ante todo del cambio que se había producido en los conflictos sociales y de clase. El argumento principal de su teoría es que en toda sociedad se dan conflictos de clase porque en todas sin excepción existe el dominio (véase Dahrendorf, 1957 y 1992). Como Dahrendorf no era ni marxista ni izquierdista, podía dedicarse a estas cuestiones de una manera más imparcial y desprejuiciada.

El panorama que él proyectaba difería claramente del esbozo planteado por Beck, a pesar de sus muchas coincidencias de partida.[19] A él le parecía que el conflicto de clases había perdido su «cualidad absoluta» debido a la extensión de los derechos civiles, ya que ahora no había diferencias cualitativas entre los hombres sino solo cuantitativas (ibíd., págs. 73 y 61 y sigs.).[20] Los contratos colectivos, la cogestión y la participación sindical habrían llevado a una «institucionalización del conflicto de clases» (Dahrendorf, 1957, págs. 224-234).[21] He aquí el punto de articulación de la dialéctica del desarrollo de los derechos civiles sociales: cuanto más efectivamente conseguía el trabajador liberarse de los riesgos del mercado, más fuerza perdía el motor de esta liberación, así como las identidades y los conflictos de clase:

En el momento en que los derechos sociales se vuelven casi generales, las disparidades de los espacios vitales ocupan el lugar de las reivindicaciones generalizadas de derechos civiles, políticos o sociales. Se lucha por el reconocimiento de la igualdad de la mujer en el trabajo o contra determinadas formas de contaminación ambiental [...], pero esto se hace sobre una base común de estatus cívico (Dahrendorf, 1992, pág. 236).[22]

No obstante, en El conflicto social moderno, del año 1992, Dahrendorf dijo que no había que dar por superada demasiado pronto la oposición de clases: «El jurado [...] está todavía deliberando sobre la verdadera importancia de las nuevas cuestiones» (Dahrendorf, 1992, pág. 75). Otros derechos civiles básicos formalmente garantizados por la ley y la Constitución se ven coartados en su aplicación individual por debilidades de índole económica y por una deficiente educación. Sobre el telón de fondo de la política neoliberal, que desde la década de 1980 había conocido un gran impulso con Ronald Reagan y Margaret Thatcher, Dahrendorf todavía consideraba la modernidad social y los derechos civiles sociales como unas realidades estables, pero matizando que la fuerza histórica del cambio advenido con la modernidad social «había perdido brío en algún momento de las décadas de 1960 o 1970 [...], porque el principio que se proponía establecer ya había sido ampliamente aceptado» (Dahrendorf, 1992, pág. 168). En suma, que con la desaparición de estas fuerzas, las cuestiones relacionadas con la clase también pueden volver a ser relevantes para los conflictos sociales.

LA DIALÉCTICA DEL TRIUNFO Y EL AGOTAMIENTO DE LA MODERNIDAD SOCIAL

La modernidad social fue para la mayoría de los trabajadores una época de progreso, pero la melancólica «retronormatividad» (es decir, mirando atrás, «antes vivíamos mejor») de los tiempos actuales no deja considerar bien sus ambivalencias. En casi todas las esferas sociales —las empresas, las familias y el Estado— latían unas contradicciones profundamente arraigadas.

El Estado se había ampliado hasta convertirse en un Estado interventor. Cada vez más, este creía que su papel consistía en proteger a la sociedad frente a la fuerza desgarradora del mercado. Es un fenómeno que ya habían estudiado en la década de 1970 los representantes de la teoría crítica. Según su visión, la modernidad había traído consigo un Estado «tardocapitalista» (Habermas, 1973; Offe, 2006 [1972]),[23] el cual era a todas luces necesario puesto que la lógica del mercado inducía a las empresas a adoptar unas estrategias que acabarían desestabilizando el sistema entero si no se tomaban medidas. La creciente diferenciación y socialización de la producción y de la reproducción tornaba por tanto necesaria una instancia que se hiciera cargo, más allá de la situación concreta de un mercado imperfecto, de la necesaria coordinación social (véanse Offe, 2006, cap. 3; Habermas, 1973, págs. 74 y sigs.). Entre las medidas que debían tomarse, estaban, según autores como Offe y Habermas, la creación de infraestructuras, la aprobación de prestaciones económicas, el aprovechamiento del capital superfluo, una política coyuntural y —a partir de la década de 1970, como tarea cada vez más apremiante— medidas concretas para impulsar una protección sostenible de la naturaleza. Pero precisamente las continuas intervenciones del Estado provocaron problemas y efectos secundarios, así como, y sobre todo, problemas de legitimación.[24] A la seguridad social le tocó también el control social; al reparto, la reproducción de desigualdades sociales; a la integración, la normalización y estandarización de la vida social. Con el Estado social surgió una burocracia estatal-social en la que ciertos problemas individuales, como el paro o la enfermedad, se «generalizaban, formalizaban y convertían en casos impersonales archivados en cartapacios o cintas de ordenador» (Dahrendorf, 1992, pág. 197). Las disputas entre el Estado, la patronal y los sindicatos se regulaban de modo «corporativista». Este procedimiento, orientado al consenso, llevaba a las partes en conflicto a la mesa de negociaciones, donde se hablaba de intereses comunes (por ejemplo, de la capacidad de competir en el plano de la política económica) y se concretaban tratos y trueques de índole social. Así, por ejemplo, los sindicatos se mostraron dispuestos a aceptar una política salarial moderada por si acaso el Estado social seguía erosionándose. El corporativismo tuvo frecuentemente éxito en cuanto a asegurar la paz social y el desarrollo económico, pero también le quitó vivacidad al proceso democrático: los convenios ocuparon el lugar de los debates, el consenso de los representantes de las asociaciones ocupó el lugar de los conflictos, etcétera (véase Dahrendorf, 1992, págs. 166 y sigs.). Con el predominio democrático de las asociaciones y de la burocracia del Estado social se percibió también en el horizonte un serio peligro para la democracia, pues en los procesos de votación los ciudadanos se sentían cada vez más ninguneados.

También se sintió y quedó excluido otro grupo: el de los trabajadores inmigrantes (Gastarbeiter o «trabajadores invitados»). Su papel en el espectacular ascenso social y económico, que en esta época llegó a ser posible para una parte considerable de los trabajadores, fue muy a menudo silenciado. Este ascenso se apoyó en buena medida en el «desclasamiento» de los trabajadores inmigrados (Abelshauser, 2004, págs. 315 y sigs.), que habían sido llamados para realizar actividades no cualificadas y sucias en la próspera industria alemana y a los que después, tras el final de la larga y gran coyuntura, expulsaron fríamente del país. Sin ellos no habría podido darse la relación laboral normal en la forma en que la conocemos.

La relación laboral normal se dio ante todo en las empresas medianas y grandes, en las que había que buscar unas plantillas relativamente homogéneas, si las comparamos con las actuales. El trabajo siguió siendo duro, normalizado y autoritario, pero era aceptado por los trabajadores en tanto en cuanto que, a sus ojos, predominaban las ventajas de una seguridad social incrementada. Asimismo, la separación, entonces aún mayor, entre actividad industrial y vida privada hizo que pareciera soportable el trabajo alienado.

Dentro y fuera de las empresas, las relación laboral normal se convirtió en un elemento importante para la normalización del capitalismo. Solo una pequeña minoría encontró atractivos modos de trabajo y de vida «no conformistas» o «creativos», o la opción de trabajar menos o incluso de no trabajar nada.

En la modernidad social, la mujer salió malparada. El «modelo del paterfamilias» (Lewis, 2001) trajo para ella nuevas desigualdades. Como las amas de casa no eran asalariadas, quedaron excluidas de muchas prestaciones, e incluso la seguridad social solo la conseguían a niveles muy bajos. El trabajo de cuidado o de reproducción que la mujer prestaba en el hogar ni fue reconocido ni quedó integrado en la modernidad social.

En otras palabras, si bien la modernidad social atemperó los conflictos y riesgos que comportaban las desigualdades verticales (entre las clases), reprodujo nuevas desigualdades en el plano horizontal, sobre todo a expensas de las mujeres y los migrantes, llegándose así a una especie de paradoja de la igualdad o la equiparación. Nunca antes la gran mayoría de la humanidad había alcanzado en el capitalismo una posición tan segura y asegurada. Pero, debido a este plus de igualdad, las desigualdades entre las mujeres y los hombres se volvieron más grandes, o, como lo formuló Beck, «inextinguiblemente visibles» (Beck, 1986, pág. 129). Después veremos cómo, hoy día, la lucha contra la discriminación de la mujer corre pareja con una especie de complicidad con una nueva estructuración de clases en la sociedad del descenso: aunque nunca antes la mujer había estado tan equiparada en el mercado de trabajo, las diferencias de clase verticales entre las mujeres se vuelven de nuevo, y cada vez más, notorias.

Hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX, la modernidad pareció un fenómeno social vital y lleno de dinamismo interno; la década de 1960 experimentó el «mayor empujón hacia arriba, históricamente sin precedentes, del nivel de vida y de la homologación de las formas de vida entre las distintas capas sociales, así como una reforzada movilidad» (Mooser, 1984, pág. 228). El Estado social siguió extendiéndose hasta alcanzar, al final de la década de 1970, su «cénit histórico» (Lessenich, 2008, pág. 16).

En ese momento, el Estado social fue aceptado incluso por las filas de los democratacristianos y de los liberales. Era el complemento perfecto del capitalismo keynesiano. El gasto social y unos salarios más altos pasaron a considerarse (en cuanto reforzadores de la demanda) como sendos estimulantes de la vida económica (véanse Buci-Glucksmann y Therborn, 1982; Vobruba, 1983 y 1989). En el periodo siguiente, la modernidad social se erosionó a ojos vistas. Sus instituciones, compromisos, normas y, sobre todo, los rasgos que acabamos de analizar —Estado social, relación laboral normal, derechos civiles sociales y ascenso social— sufrieron, y siguen sufriendo, un serio menoscabo en cuanto a su validez y relieve.

Capítulo 2

UN CAPITALISMO (CASI) SIN CRECIMIENTO

Dos figuras tan relevantes como el expresidente del Banco Mundial y exsecretario del Tesoro estadounidense Larry Summers y el premio Nobel de Economía Paul Krugman eligieron no hace mucho el drástico concepto de estancamiento secular para caracterizar la fase actual de desarrollo capitalista. Y es que temían que los Estados industrializados estuvieran sometidos a un periodo perdurable (de ahí lo de «secular») de crecimiento económico muy bajo. Según su valoración, un capitalismo (casi) sin crecimiento podría convertirse en la «nueva normalidad» (Summers, 2013; Krugman, 2013).[1] Este diagnóstico no es nada fortuito, pues al fin y al cabo, en el octavo año de la gran crisis, la economía no ha reflotado todavía.[2] También entre los actores económicos está creciendo el escepticismo: el director del gran banco HSBC (Hongkong & Shanghai Banking Corporation Holdings PLC, con sede en Londres) pronostica que por ahora no va a haber un retorno al camino del crecimiento autosostenido; antes bien, cree que las naciones industrializadas han llegado al final de una larga época de expansión y se espera, por tanto, un periodo de estancamiento. Los impulsos de los pasados decenios —pensemos en la liberalización del comercio mundial, las innovaciones tecnológicas, un «capital humano» mejor formado o la integración de la mujer en el mercado laboral— ya se han agotado (King, 2013).

El concepto de estancamiento secular se remonta a los seguidores del economista John Maynard Keynes que, en el contexto de la Gran Depresión de la década de 1930, debatieron acerca de las perspectivas económicas de una «economía madura», como se decía entonces (véase Pribram, 1998, págs. 958 y sigs.). Autores como Alvin Hansen (1938), Josef Steindl (1952) o Michał Kalecki (2008 [1954]) sostuvieron que el crecimiento económico de las sociedades industrializadas llegaría poco a poco a un punto muerto. Alegaban como argumentos los desarrollos demográficos, el agotamiento de los recursos naturales, la desaceleración del progreso técnico, la menor inclinación a un comercio empresarial arriesgado, las fricciones políticas y, no menos importante, un factor que, en su obra magna Teoría general del empleo, el interés y el dinero, Keynes había descrito como «la menguante eficiencia marginal del capital» (Keynes, 2000 [1936], págs. 114 y sigs.).[3]

Pero la teoría de que la economía se puede estancar a lo largo de un periodo de fases muy largas es mucho más antigua. Se encuentra ya en los padres de la economía política, en pensadores como Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus, John Stuart Mill y Karl Marx. La noción del equilibrio tuvo también para ellos un papel fundamental, si bien su comprensión fue algo distinta a la de los economistas actuales, los cuales parecen proceder como si de una ciencia exacta se tratara. Ellos consideraban su disciplina como una economía política que debe dedicarse al análisis de los estadios de desarrollo y a las crisis capitalistas. Antes de ocuparnos nosotros de la génesis histórica del capitalismo poscrecimiento, conviene decir algo acerca de la economía política del estancamiento alternativa.

LA ECONOMÍA POLÍTICA DEL CAPITALISMO POSCRECIMIENTO

Los primeros clásicos de la economía política se ocuparon en particular de las condiciones de la producción, así como de la redistribución de los bienes y los ingresos, del papel del trabajo, del empleo de la técnica y los recursos, de la evolución demográfica y de los parámetros de la acumulación del capital (véanse Blaug, 1992; Pribram, 1987). Mientras que los modelos de la teoría neoclásica surgidos después —y que en principio eran estáticos— esperaban del progreso tecnológico unos impulsos de crecimiento ilimitados, los clásicos —cosa que hoy se silencia muy a menudo— fueron básicamente escépticos en lo referente al desarrollo económico a largo plazo. Independientemente de los motivos que adujeron en particular (la saturación general del mercado, un crecimiento demográfico demasiado rápido, el agotamiento de superficies cultivables...), Smith, Ricardo, Malthus, Mill y, naturalmente, Marx (de una u otra forma) esperaban que se diera el tránsito a una economía estacionaria. Todos ellos compartieron la idea de los rendimientos decrecientes, que abocarían a una ralentización de la acumulación de capital.[4]

El planteamiento más famoso al respecto, y hasta hoy el más influyente, es el de Marx. El economista nacido en Tréveris admiraba el capitalismo por su dinamismo interno, pero hay que decir que era un capitalismo que había provocado un desencadenamiento de las fuerzas económicas hasta entonces desconocido. De todos modos, también dijo que la tasa de beneficio, y, por tanto, la relación entre la ganancia y el capital anticipado, caían tendencialmente, lo que conduciría una y otra vez al advenimiento de crisis y estancamientos. El motivo de ello estaba, según Marx, en la competencia entre los empresarios, la cual los forzaba a racionalizar la producción, aumentar la productividad y ahorrar en fuerza de trabajo con relación al capital invertido. Desde el punto de vista de la economía industrial, esto era perfectamente racional, pero desde el punto de vista de la economía política tenía unos efectos muy graves. Al final, todas las empresas deberían plegarse a esta lógica y el número de empleados aumentaría más despacio que la inversión de capital. Según Marx, el trabajo es el origen del beneficio y la fuente de la plusvalía, sin la cual el sistema no puede sobrevivir (véase Marx, 1962 [1867]). Si disminuye el trabajo empleado, y el beneficio resultante con relación al capital, la tasa de beneficio caerá también finalmente (véase Marx, 1964 [1894]).[5]

Las controversias acerca de la lógica interna, la coherencia y la validez de la teoría marxiana acerca de la bajada de las tasas de beneficio duran hasta el día de hoy (véanse, entre muchos otros, Howard y King, 1989 y 1992; Heinrich, 1999). Sin embargo, para el objetivo de este libro, es irrelevante si —y en qué medida— la teoría de Marx es cierta. El análisis del capitalismo poscrecimiento es una cuestión empírica, no escolástica. La caída de la tasa de beneficio fue reconocida también por Smith, Ricardo, Mill e, incluso, por Keynes y Schumpeter como una tendencia de desarrollo (véanse Pribram, 1987; Blaug, 1992). Marx elaboró simplemente este planteamiento de manera sistemática, convirtiéndolo en el centro de su teoría de la crisis. Nuevas investigaciones anglosajonas, que se presentarán en la siguiente sección, señalan que las tasas de beneficio vienen apuntando a la baja de manera empírica desde la década de 1960.[6]

EL LARGO ASCENSO DEL NEOLIBERALISMO

Los treinta primeros años tras la Segunda Guerra Mundial fueron la edad de oro del capitalismo de la posguerra, un periodo de prosperidad nunca antes conocido. La modernidad social, basada en un amplio consenso acerca del acotamiento y la integración del mercado (Judt, 2006), pudo desplegarse plenamente. Índices de crecimiento de más del 5 % no eran nada inusuales en esta época. Entre 1950 y 1973, la economía mundial creció en promedio un 4,9 %, y en Europa occidental, un 4,79 % (Maddison, 2006). Hasta mucho después no quedó claro qué excepcional constelación histórica pudo marcar esta fase (Plumpe, 2010).

No se puede datar con precisión el momento exacto en el que todo cambió, pero si hay una fecha destacada que pueda marcar el gran viraje, esa sería el 15 de agosto de 1971. Ese día, el presidente Richard Nixon enterró el orden económico mundial de la posguerra al anunciar la convertibilidad en oro del dólar estadounidense, a resultas de lo cual se vino abajo el sistema de cambios fijos de Bretton-Woods. Todo el orden monetario y comercial internacional tuvo que organizarse de nuevo, y el nuevo tipo de cambio flexible produjo cada vez más inestabilidades. Ya a finales de la década de 1960, la coyuntura mundial dio muestras de haberse resentido, y en 1966-1967, Alemania sufrió una recesión económica por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, la economía global sufrió en 1973-1974 una nueva crisis, y en 1975, Europa y Alemania experimentaron la mayor recesión de la posguerra (véase fig. 2.1). Durante estos años empezó lo que el historiador estadounidense Robert Brenner ha llamado «la prolongada desaceleración» de la economía (Brenner, 1998 y 2002). A principios de la década de 1960, el crecimiento medio cayó de aproximadamente el 4 % a menos del 2 % (véase fig. 2.2). La economía alemana, que en los últimos quince años había pasado de ser «the sick man of the euro» (eso se leía aún en 2003 en The Economist) a convertirse en la nueva superstar, no constituye en esto ninguna excepción. A largo plazo, solo supera de una manera irrelevante la media europea (véase fig. 2.1).

FIGURA 2.1: DESARROLLO DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO EN LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA Y EN LA UE-15 (PRECIOS CONSTANTES)

Fuente: Ameco, elaboración propia.

FIGURA 2.2: DESARROLLO DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO EN LOS ESTADOS DE LA OCDE (PRECIOS CONSTANTES)

Fuente: OCDE, elaboración propia.

Para resolver los problemas de crecimiento de la década de 1970 se utilizó sobre todo el instrumento keynesiano de la gestión de la demanda. En 1971, el presidente Nixon afirmaba todavía: «We’re all Keynesians now!». Sin embargo, como después de mediada la década esta política empezó a funcionar cada vez peor, el consenso empezó también a resquebrajarse. Incluso desde las filas socialdemócratas se oyó decir que con la integración internacional de los mercados mediante una política keynesiana no se conseguiría ningún éxito a largo plazo (Scharpf, 1987).[7] En las ciencias económicas, así como en los modelos interpretativos sociales y en las preferencias políticas, se instaló al final un cambio histórico del que después resultaría un «corrimiento de tierra» (Hobsbawm, 1995), a saber, el comienzo de la erosión de la modernidad social. En efecto, se inició una especie de «revuelta del capital» contra el acotamiento social y democrático del capitalismo, que marcó el principio del «largo cambio hacia el neoliberalismo» (Streeck, 2013, págs. 26 y 54 y sigs.; véase también Harvey, 2007). La compleja regulación institucional del capitalismo de la posguerra, con su espesa red de cobertura jurídica y política, su mercado financiero integrado y la existencia de amplios sectores controlados por el Estado, le parecía ahora a la patronal un «obstáculo fundamental para la acumulación de capital» (Dörre, 2009, pág. 52).

En vez de regulación, intervención estatal y gestión de la demanda (en la línea de Keynes), ahora ganaron peso conceptos económicos neoliberales como concentración de mercados, desregulación y política de oferta (en la línea de Milton Friedman y Friedrich August von Hayek). El capital se propuso una nueva meta: la «expansión de sus mercados hacia dentro y hacia fuera» (Streeck, 2013, pág. 55). La expansión externa se logró mediante un reforzamiento de la integración de la economía mundial, y la interna mediante una política de «ocupación de tierras» (Dörre, 2009), es decir, la explotación de nuevos mercados en ámbitos sociales —por ejemplo, en el ámbito de la salud— que antes se habían sustraído a la lógica de la maximización de beneficios. Sin embargo, los éxitos fueron limitados. Sin duda la estrategia neoliberal permitió relanzar las ganancias, pero no pudo contener la tendencia hacia un capitalismo poscrecimiento.

En vez de regulación, intervención estatal y gestión de la demanda (en la línea de Keynes), ahora ganaron peso conceptos económicos neoliberales como concentración de mercados, desregulación y política de oferta (en la línea de Milton Friedman y Friedrich August von Hayek). El capital se propuso una nueva meta: la «expansión de sus mercados hacia dentro y hacia fuera» (Streeck, 2013, pág. 55). La expansión externa se logró mediante un reforzamiento de la integración de la economía mundial, y la interna mediante una política de «ocupación de tierras» (Dörre, 2009), es decir, la explotación de nuevos mercados en ámbitos sociales —por ejemplo, en el ámbito de la salud— que antes se habían sustraído a la lógica de la maximización de beneficios. Sin embargo, los éxitos fueron limitados. Sin duda la estrategia neoliberal permitió relanzar las ganancias, pero no pudo contener la tendencia hacia un capitalismo poscrecimiento.

El ascenso del neoliberalismo tenía una base material, que hacía el juego a los apóstoles del mercado, a saber, la internacionalización de la producción y la reestructuración global del sistema financiero. Ya antes abundaban las empresas activas en los mercados internacionales, donde vendían sus bienes o adquirían sus insumos. Con la crisis de la década de 1970, este desarrollo cobró nueva fuerza. La mayor parte de las empresas mantuvieron una base nacional —sobre todo porque estaban estrechamente imbricadas en la política de su país de origen y porque los anclajes espaciales del capital no se podían levantar fácilmente—; pero las cadenas de creación de valor y las conquistas de mercados internacionales se ampliaron notablemente a la vez que se intensificaron.

Además, los mercados financieros, sobre todo el de Wall Street, se convirtieron en las nuevas agencias centrales del poder económico tras el final del sistema de Bretton-Woods (Gowan, 1999), lo cual fue precisamente fruto de su propia desregulación. De este modo, ganaron enormes espacios de comercio con respecto a los Estados nacionales (véase Held y otros, 1999). La esfera financiera experimentó después una aceleración fabulosa: transacciones enteras se comprimieron espacial y temporalmente; entre Tokio, Fráncfort y Nueva York se hacían negocios en pocos minutos, por no decir incluso en nanosegundos. El volumen comercial creció sin cesar y se diversificaron los actores, y sobre todo los instrumentos negociados.

En los mercados financieros, la valorización no se efectúa igual que en la economía de producción tradicional, es decir, mediante la inversión de dinero en medios de producción y fuerza de trabajo a fin de obtener beneficios de la venta subsiguiente de los productos, un ciclo que Marx había bautizado con la fórmula «G-W-G» (Geld-Ware-mehr Geld, dinero-mercancía-más dinero). Antes bien, se invierte en títulos financieros esperando que estos se puedan revender después a un precio más elevado. La producción de mercancías cae, y del dinero ganado hay que hacer inmediatamente más dinero («G-G») (Foster y Magdoff, 2009, pág. 45).[8] Hace ya bastante tiempo que el volumen de las transacciones realizadas en los mercados financieros supera en más de 100 el volumen de negocio de los mercados de bienes y servicios. Entretanto, los mercados financieros se han vuelto una especie de «ciclos autopoyéticos», que se refuerzan en parte. Mediante la formación de derivados, valores negociables y combinados, un billete de apuestas puede en principio comprarse y venderse según la fluctuación de las cotizaciones (Marx llamó a esto «capital ficticio»).

El economista socialdemócrata nacido en Austria Rudolf Hilferding, que en la década de 1920 fue ministro de Finanzas de la República de Weimar, ya en 1910 publicó un libro titulado El capital financiero (1955 [1910]). En su análisis, habló sobre todo del desarrollo de los bancos alemanes. Su diagnóstico general, según el cual en el curso del desarrollo capitalista el capital financiero iba a dominar cada vez más la economía de la producción y acabaría determinando también la política, vuelve hoy a gozar de cierta plausibilidad.

EL DEBILITAMIENTO DE LA INVERSIÓN

En los últimos cuarenta años, el crecimiento medio ha disminuido de manera significativa en los países de la OCDE. Y si la economía mundial ha logrado prosperar de alguna manera, se ha debido sobre todo al desarrollo de los países emergentes, especialmente de China, India y Brasil, principales responsables de la elevación de la tasa de crecimiento en la economía mundial.

La causa de la «larga recesión» de la economía es, según los análisis de Robert Brenner, la caída de la tasa de beneficio en los países desarrollados (Brenner, 1998 y 2002). En la actualidad contamos con un número nada desdeñable de estudios empíricos sobre dicha tasa.[9] En casi todos ellos se constata que esta ha bajado considerablemente desde los años sesenta del pasado siglo. A principios de los años ochenta consiguió recuperarse, pero lejos ya (véase más arriba) del nivel alcanzado en la era dorada (Basu y Vasudevan, 2013).[10] Sean cuales sean los métodos de análisis empleados, en la mayor parte de los estudios se llega a la conclusión de que la tasa de beneficio empezó a caer de nuevo en el 2001 y alcanzó un nuevo punto bajo —el más bajo desde 1985— tras el estallido de la burbuja dotcom. A partir de ese año subió con fuerza a corto plazo, aproximándose incluso al nivel de la década de 1950. Durante poco tiempo, las empresas pudieron volver a obtener unos réditos de ensueño, toda vez que las ganancias aumentaron más deprisa que el producto nacional bruto (PIB). Pero, con la crisis de 2008, la tasa de beneficio ha vuelto a desplomarse (véase fig. 2.3).

Aunque hoy ha vuelto a subir, no se puede hablar, considerando el desarrollo a largo plazo del capitalismo, de una recuperación estructural. Incluso en los momentos en que más ha aumentado, han faltado —a diferencia del pasado— impulsos de crecimiento significativos. Las causas de esta falta no radican directamente en la caída a largo plazo de las tasas de beneficio sino en una magnitud que tenemos a nuestra disposición: el problema de la «sobreacumulación» de capital (véase Harvey, 2006 y 2010).

FIGURA 2.3: DESARROLLO DE LA TASA DE BENEFICIO (ESTADOS UNIDOS)

FUENTE: Norfield (2012).

Marx había gritado a los empresarios: «¡Acumulad, acumulad! ¡En eso se resumen Moisés y los profetas! [...] ¡Ahorrad, ahorrad, es decir, reconvertid en capital la mayor parte posible del plusvalor y del plusproducto!» (Marx, 1962 [1867], pág. 621). Pues bien, en los últimos decenios lo han hecho tan sistemáticamente que casi se han quedado sin «pasta». La sobreacumulación significa que los propietarios de capital ya no encuentran posibilidades de inversión a largo plazo, es decir, que ya no pueden invertir sus ahorros para a continuación obtener los ansiados réditos. Y es que existe, por así decir, demasiado capital. Aun cuando en el presente los actores consigan bastantes beneficios, parece como si no les valiera la pena invertirlo en ulteriores negocios.[11] Por tanto, según sostienen muchos autores, en las últimas décadas se habría producido una situación de sobreacumulación (véanse Harvey, 2010; Callinicos, 2010).

A primera vista, parece extraño que precisamente hoy se invierta cada vez menos cuando todos los empresarios están sintiendo una gran presión por innovar. Pero es que existen numerosos motivos para retraer las inversiones a largo plazo en las distintas capacidades de producción; por ejemplo, los mercados pueden estar saturados, puede haber demasiados licitadores, la competencia monopolista —u oligopolista— puede impedir el éxito de mercado, una demanda demasiado pequeña puede mermar las probabilidades de una posterior materialización de los beneficios, etc.

A diferencia de la tasa de beneficio, el retroceso en las inversiones —siempre y cuando se tengan en cuenta las oscilaciones dependientes del ciclo coyuntural— es casi ininterrumpido.[12] Lo cual ha tenido a su vez como consecuencia un parón en el crecimiento.

La figura 2.4 muestra claramente que durante la era dorada aumentó de manera generalizada la formación bruta de capital dentro del PIB mundial (y, por tanto, también en los países de la OCDE). Pero desde el comienzo del largo declive iniciado en el año 1973 no ha dejado de bajar. Esto es sobre todo llamativo en los Estados miembros de la OCDE. Aunque el nivel de inversión ha descendido a nivel mundial, son las economías desarrolladas, o «maduras», las que más han padecido este retroceso. En Alemania, por ejemplo, a partir de la década de 1990 ha bajado también considerablemente la formación neta de capital con relación a las ganancias (fig. 2.5; véase también Priewe y Ritzler, 2010). En la siguiente sección vamos a analizar por qué las empresas invierten menos pese a existir una mayor presión por parte de la competencia.

FIGURA 2.4: DESARROLLO DE LA TASA DE INVERSIÓN BRUTA A NIVEL MUNDIAL Y EN LOS ESTADOS DE LA OCDE, 1960-2012

FUENTE: Banco Mundial, elaboración propia.

FIGURA 2.5: DESARROLLO DE LA INVERSIÓN BRUTA EN ALEMANIA (CON RELACIÓN AL PIB), 1970-2012

FUENTE: Statistisches Bundesamt, elaboración propia.

EL CAPITALISMO FINANCIERO Y LA CRISIS DE CRECIMIENTO

En los capitalismos liberales (Gran Bretaña, Estados Unidos), las empresas se financiaron básicamente a través de los mercados de capital; pero algunas economías más fuertemente reguladas —sobre todo en Alemania— cayeron también a partir de la década de 1980 en una mayor dependencia de los mercados financieros al erosionarse el modelo tradicional basado en una relación estrecha —y a largo plazo— de cada empresa con su banco local. Después, las grandes empresas se sometieron a una orientación shareholder value a fin de maximizar su valor bursátil (véanse Höpner, 2003; Windolf, 2005).[13] En el modelo capitalista antiguo, de carácter prefinanciero, las empresas aún podían adoptar una estrategia distinta; para ellas, era de todo punto esencial el crecimiento de la empresa y el aumento de las cifras de venta. Pero esta lógica cambió drásticamente (véase Dörre, 2012). La cultura del largo plazo se diluyó y las corporaciones buscaron cada vez más asegurarse unos réditos mínimos a corto plazo. Si antes el rédito se había considerado el resultado de los rendimientos económicos, ahora se convertía en algo dado por supuesto por la directiva, un dato con el que se dirigía la organización. Los instrumentos de esta nueva forma de dirección son las evaluaciones de resultados, los presupuestos, los indicadores y datos de beneficios, que se orientan a la productividad del capital y que las directivas desglosan en ámbitos de negocio, fábricas, «centros de excelencia», «profit y cost centers» e incluso grupos de trabajo aislados. Asimismo, se externalizan importantes partes de la empresa. Este mecanismo se traslada incluso a las pequeñas y medianas empresas, que no dependen directamente de los mercados financieros (Becker, 2009) porque muchas empresas transfieren a sus proveedores la presión de la competencia. En suma, que la «financiarización» (es decir, extender la lógica de los mercados de crédito y de capital a la economía de la producción) es un factor totalizador de la economía actual, que acaba generalizando los controles calculadores según la medida del accounting, es decir, del poder de las cifras (véanse Crouch, 2015; Vormbusch, 2004). Casi todas las esferas empresariales se han visto así afectadas por la presión silenciosa del capitalismo financiero.

Después veremos cómo la orientación shareholder value se convirtió en una importante fuerza motriz de la precarización del trabajo. Pero antes debemos destacar que contribuyó a una caída de las inversiones dado que, en la economía de la producción, esta orientación rechazó las inversiones a largo plazo y ya no quedó disponible ningún capital «paciente», pues el valor en bolsa tenía que incrementarse a corto plazo.[14]

Precisamente en los ámbitos de producción más importantes, las tasas de beneficio fueron demasiado escasas desde el punto de vista de la nueva lógica. Las empresas, ahora fortalecidas, intentaron elevar sus réditos mediante el comercio, concretamente mediante productos financieros innovadores. Algunas consiguieron pronto una buena parte de su volumen de negocio con una actividad distinta a la suya propia: «Hubo incluso empresas automovilísticas que se convirtieron en bancos, con la producción de coches asociada» (Deutschmann, 2013). Para muchos, este fue el «camino más cómodo para ganar dinero», en cualquier caso más cómodo «que hacer sus inversiones en el ámbito productivo» (Norfield, 2012, pág. 124). Los mercados financieros en expansión fueron el lugar en el que, dado el problema de la superacumulación, aún podían ganar dinero, pues allí el capital no era fijo a largo plazo sino que podía desplazarse sin demasiadas fricciones al mejor activo disponible, o incluso a los países emergentes. Pero esto contribuyó a una menor actividad inversora en el ámbito de la OCDE y, con ello, a un capitalismo poscrecimiento.

A la luz del análisis que acabamos de hacer, se revela como básicamente falsa, o al menos como imprecisa, la observación crítica tan frecuentemente planteada de que los problemas económicos del pasado reciente tendrían su causa sobre todo en el «desacoplamiento» de los mercados financieros respecto de una economía real supuestamente «sana». La maximización de las denominadas ganancias arbitrage mediante el aprovechamiento, en los mercados financieros, de las diferencias de precio a corto plazo es, sin duda y sobre todo, una cuestión de hedgefonds, de bancos o de especuladores individuales, pero no es menos cierto que la ratio financiera-capitalista se trasladó también a las empresas dedicadas a la producción. En el fondo, se produjo una especie de inversión: el capitalismo financiero surgió porque en la economía real habían bajado las tasas de beneficio.

Otro factor de la ralentización de la actividad inversora está relacionado asimismo con la orientación shareholder value. Las empresas tienen que pagar unos dividendos lo más altos posible y atender como sea a la demanda de réditos. Lo que significa que una parte de los beneficios se obtiene de la creación de «verdadero» valor para que sea inyectado en los mercados financieros, con lo cual no se reinvierte esa parte. En las últimas décadas, y particularmente en Estados Unidos, ha venido subiendo incesantemente la cuota de los beneficios trasvasados de la producción a los mercados financieros (Beitel, 2009; Foster y Magdoff, 2009). Y como la dirección empresarial ha tendido a externalizar los riesgos todo lo posible, se han debilitado los procesos de innovación creativos y acumulativos, que necesariamente están ligados a las innovaciones y al crecimiento pero que también suelen adolecer de cierto grado de inseguridad (Deutschmann, 2008). El capitalismo financiero surgió como reacción a la crisis de crecimiento, pero ahora está convirtiéndose en una causa propiamente dicha de esa crisis.

Ni el surgimiento de los nuevos mercados ni el advenimiento de las nuevas tecnologías han podido frenar la caída de las inversiones. Sin duda, la alta tecnología y la microelectrónica han trastocado con una fuerza casi revolucionaria los procesos económicos y sociales (véase Doering-Manteuffel y Raphael, 2012). Pero aún queda por ver si estamos o no ante una «nueva era de las máquinas o los aparatos» en que el cambio tecnológico, la digitalización y la conectividad van a prestar a la economía un impulso de productividad a largo plazo, es decir, que tendrían unos efectos perdurables en el crecimiento (Brynjolfsson y McAfee, 2014; Rifkin, 2014). Al parecer, en el futuro, las máquinas van a comunicarse entre ellas directamente, las impresoras 3-D van a individualizar la producción y los robots van a realizar cada vez más actividades humanas; y en general, cada pocos años van a surgir nuevas tecnologías que cambien los mercados cual game changers e incluso, las más de las veces, lleguen a ampliarlos.

Pero con respecto a estas afirmaciones cabe expresar algunas reservas.[15] Hasta ahora, la creación de valor de la economía por Internet con relación al PIB total se situaba solo alrededor del 3 %. Esto aún puede cambiar, y seguro que lo hará; pero no está nada clara la contribución de la digitalización a la productividad y al crecimiento. El ejemplo clásico es Internet; como se sabe, la Red fue inventada hace ya bastante tiempo: en el año 1969. Por su parte, los móviles existen desde la década de 1990, y los ordenadores llevan igualmente mucho tiempo en las oficinas y en los hogares; actualmente, prácticamente todo individuo posee un smartphone. Sin embargo, el salto cualitativo propiamente dicho ya se había producido antes en el mundo de las comunicaciones, a saber, con la extensión de la red telefónica. En 1962, solo el 14 % de los hogares alemanes estaba conectado telefónicamente; veinte años después, la cifra ya se había elevado al 88 %. En comparación con este fenómeno, la generalización de los teléfonos móviles ha tenido menor incidencia desde el punto de vista cualitativo. Otro ejemplo es la visión de unas oficinas sin papeles en la era de Internet. Muchos esperaban que con los correos electrónicos todos los procesos se iban a acelerar y que el empleo de papel iba a caer en picado. Sin embargo, lo que ocurre en realidad es que hay más comunicaciones innecesarias, que siguen imprimiéndose aún a modo de suplemento.

Las revoluciones tecnológicas que asociamos al smartphone, Internet, los emails, etc., hasta ahora no han supuesto para la economía un empujón productivo comparable al que supuso en su momento la extensión de las innovaciones de la segunda revolución tecnológica, como por ejemplo el coche o la lavadora. Estos desarrollos, que actualmente damos por supuestos y nos parecen casi profanos, tuvieron un efecto mucho más fuerte en la productividad económica global que las innovaciones de la economía digital (Gordon, 2012; Chang, 2012). Los impulsos de crecimiento de los últimos años provienen más bien de la política monetaria y crediticia de los Bancos centrales.

A partir de la década de 1990 se intentó estimular la economía sobre todo mediante una política de dinero barato. Al final, resultó que ese crecimiento era fruto de la inflación de los precios de los activos y del (entonces aún velado) endeudamiento (Brenner, 2004; Altvater, 2010). El creciente endeudamiento fue también un elemento del denominado «keynesianismo privatizado» (Crouch, 2009). Pero el clásico mecanismo keynesiano y fordista de la estabilización de la demanda mediante los salarios no funcionaba ya con el capitalismo financiero, pues el crecimiento de los salarios reales (véase al respecto el capítulo 4) no corría paralelo con la extensión de los mercados y de la productividad. El keynesianismo privatizado fue una especie de instrumento compensatorio temporal: en términos funcionales, el endeudamiento individual sustituyó a la deficiente demanda pública y permitió también seguir consumiendo a los trabajadores que ganaban menos. Pero esto no podía seguir así eternamente.[16] Al final, la burbuja estalló en el mercado inmobiliario en el 2007. Fue la reina británica Isabel II quien, en un discurso pronunciado en la London School of Economics, hizo la siguiente pregunta a los economistas punteros del país: «¿Cómo es que nadie ha visto la llegada de la crisis?». Ninguno pudo darle una respuesta.[17]

Poco antes del desplome del mercado inmobiliario, las élites económicas y políticas todavía estaban convencidas, en un acto de autosugestión o sedación, de que con una política económica moderna se podían superar los retornos cíclicos de las recesiones. Esto mismo lo sostuvo, por ejemplo, todavía en el año 2007, Gordon Brown, a la sazón ministro de Finanzas británico —y que también sería durante poco tiempo primer ministro—, cuando Gran Bretaña llevaba más de diez años viviendo una prosperidad sorprendente, al anunciar que el vaivén del «boom and bust» se había dejado atrás para siempre. Con esta tozuda afirmación seguía un viejo y conocido patrón, observable a menudo en épocas de florecimiento: cuando la coyuntura discurre de manera estable durante un largo periodo de tiempo, se alimenta la ilusión de que «esta vez todo será bien distinto», y, en este caso, de que a aquel boom no le iba a seguir ningún bust. Hasta que finalmente llegó la gran crisis, como suele ocurrir, para quedarse un buen periodo de tiempo (Reinhart y Roggoff 2010; véanse también Kindleberger, 1989; Minsky, 1984).

Esta última gran crisis empezó en Estados Unidos en el 2007 con el estallido de la burbuja inmobiliaria y se convirtió rápidamente en una crisis financiera en toda regla. Primero quebró el banco estadounidense Lehman Brothers, y luego le siguieron otras instituciones financieras, compañías aseguradoras y hedgefonds. Los mercados inmobiliarios colapsaron en todo el mundo, y los mercados financieros estuvieron al borde de un crac. Y no paró ahí la cosa: a la crisis financiera siguió una crisis económica global. En Alemania se conoció el mayor desplome coyuntural desde la Segunda Guerra Mundial. Si observamos indicadores básicos como, por ejemplo, el desarrollo de la producción, de las cotizaciones en bolsa y del comercio, el comportamiento de la crisis del 2007 y de años posteriores se asemejó mucho al crac bursátil de 1929 y a la subsiguiente Gran Depresión, y a veces los desplomes fueron incluso más drásticos. Los paralelismos eran tan numerosos como evidentes: burbujas financieras, desequilibrios estructurales, expropiación efectiva de muchos ahorradores y, por último, pero no menos importante, la avaricia, la mentira y, sobre todo, la ilusión de una estabilidad sistémica (Galbraith, 2008 [1954]).

Durante la Gran Depresión de 1929 y los años subsiguientes, las élites internacionales económicas y políticas siguieron el consenso político-económico de entonces que defendía el no intervencionismo. En esa época no se intentó salir de la crisis por medio de la política monetaria ni tampoco aplicando medidas fiscales expansivas, y mientras tanto se incrementaba el malestar económico por la consolidación del presupuesto estatal (véase Gourevitch, 1986). Fue una forma primigenia de esa estrategia que hoy llamamos política de austeridad. Pero, ochenta años después, se actuó como si se hubiera aprendido la lección: en Estados Unidos y Europa, los Bancos centrales y los gobiernos coordinaron unas medidas que debían impedir un ulterior desplome de las cotizaciones así como la amenazante crisis crediticia. Sobre todo, la quiebra del sector de la producción trajo como consecuencia que, a partir del 2008-2009, los Estados no solo rescataran a los bancos sino que apoyaran también la economía con programas coyunturales (véase Altvater, 2010). «Tomaron las riendas», como se dijo tan bellamente, y manejaron unas cantidades hasta entonces inimaginables. El volumen de los estímulos estatales subió a veces a más del 2 % del PIB de cada país. Y, de hecho, la economía mundial superó la fase de la depresión tras apenas un año, si bien, visto globalmente, no volvió a alcanzar el nivel anterior a la crisis (véase Eichengreen y O’Rourke, 2012).

Sorprende el poco tiempo en que se logró reunir unas cantidades tan grandes, pues antes siempre se había dicho con el mayor énfasis y aplomo del mundo que la caja estaba vacía. Por su parte, los bancos y los demás actores financieros no perdieron su posición hegemónica, contrariamente a lo que se había esperado. Fueron rescatados casi sin excepción mediante fórmulas impositivas o créditos estatales; pero esto no corrió parejo con la creación de nuevas reglas de capital propio ni con el establecimiento o adopción de balances, de estructuras de propiedad o, llegado el caso, de golpes de timón. Los mercados financieros internacionales solo se regularon moderadamente.

La crisis se reveló finalmente como una buena oportunidad para el neoliberalismo, pues el rescate de los bancos entrañó en muchos países una explosión del endeudamiento estatal (véase Mirowski, 2015). Así fue como la historia tomó un nuevo giro, pues de repente se pusieron de nuevo al volante los grandes inversores institucionales, los bancos y los hedgefonds. Junto con las agencias de calificación, estos podían ejercer una gran presión sobre los gobiernos de cualquier país, que debían refinanciarse en los mercados financieros. Los respectivos jefes de gobierno y ministros de Finanzas se vieron obligados a alinear su política con «los mercados» de manera más estricta que nunca. Sus principales medidas fueron: consolidación de las finanzas estatales, adelgazamiento de la burocracia y privatización de los servicios públicos a manos de licitadores del mercado. Dichas políticas ya se habían implementado antes —en realidad, los Estados ya gastaban mucho más dinero del que recaudaban—, pero ahora se radicalizaron a ojos vista (Schäfer y Streeck, 2013; Stützle, 2013). A diferencia de 1929 y la depresión de los años subsiguientes, la consolidación siguió esta vez al desplome coyuntural, con alguna desviación.[18] Al mismo tiempo, se intentó estabilizar los mercados financieros con una política monetaria expansiva y fomentar las inversiones. Lo primero salió, sorprendentemente, bastante bien; lo segundo, más bien al contrario. En efecto, los recortes presupuestarios y la relajación de la política monetaria suelen tener un efecto contrario y anularse en cuanto a sus consecuencias. Precisamente por la política de austeridad se resintió en muchos países el crecimiento continuado (Blyth, 2014). Se podría comparar la política económica de estos años con el intento de acelerar cuando se va en coche pero con el freno de mano echado al mismo tiempo.

El capitalismo financiero siguió siendo también, igual que antes, independiente de la política de austeridad, a la manera de una bomba de relojería. No se aplicó una regulación eficaz de los bancos ni tampoco de los mercados de crédito y de capital. La experiencia de la gran crisis apenas ha servido para algo; las especulaciones financieras, al igual que las burbujas producidas por unos tipos de interés bajos (en particular, en el sector inmobiliario, una vez más) y los desequilibrios en los mercados financieros, siguen entrañando el peligro de grandes inestabilidades, por no decir incluso de nuevos cracs. La alquimia financiera de los derivados, las titulizaciones, el hedging, etc., debían —en teoría— minimizar los riesgos y aumentar la transparencia.[19] Pero al final se ha producido lo contrario: mediante los nuevos instrumentos y operaciones, el riesgo se ha generalizado, los mercados y los productos financieros se encuentran hoy sumamente integrados y son recíprocamente dependientes. Por consiguiente, ha aumentado la probabilidad de que las crisis de una parte del sistema se extiendan a otros sistemas parciales. Las grandes crisis se han vuelto así más probables en su conjunto (Callinicos, 2010).

Finalmente, ni el neoliberalismo ni la financiarización sirven para detener el agotamiento de las fuerzas del crecimiento. Y, contrariamente a la retórica pública, hace tiempo que la economía de la producción no consigue recuperarse; solo las cotizaciones en bolsa han subido hasta la primavera del 2015 (alcanzando nuevos máximos), antes de que empiecen nuevas turbulencias. Estos máximos se apoyan solo parcialmente en nuevas creaciones de valor y son más bien generadores de nuevas burbujas financieras. El crecimiento necesita hoy cada vez más de combustible monetario. El BCE, con reservas casi ilimitadas, sigue desempeñando el papel de surtidor de dinero; pero hasta ahora no ha tenido ningún éxito con su política monetaria, como quiera que la coyuntura sigue dando tumbos en Europa. El BCE da de comer solamente al monstruo del capitalismo financiero, que no actúa de manera muy distinta al de la Divina Comedia de Dante: «E dopo il pasto, ha più fame che prima» («Que, tras comer, tiene más hambre que antes»).

LAS CRISIS NORMATIVAS DEL CAPITALISMO POSCRECIMIENTO

Después de 1973 arrancó una nueva cronología: la era después del boom (Doering-Manteuffel y Raphael, 2012). La economía mundial había perdido el ritmo. Desde entonces, el debate gira, la mayoría de las veces, sobre el estancamiento y el crecimiento desde dos perspectivas esencialmente normativas. Por un lado, se defiende estoicamente la necesidad de un crecimiento dinámico, tal vez el único punto en el que coinciden liberales, socialdemócratas, conservadores y sindicatos de izquierdas. Algunos liberales, como es el caso de Karl-Heinz Paqué, ven en el crecimiento un imperativo social fundamental no solo para la generación de bienestar sino, básicamente, para la solución de casi todos los problemas sociales (Paqué, 2012). Este planteamiento no es nuevo sino una variación de la denominada teoría del trickle-down, según la cual cuando hay más crecimiento, y, por tanto, también más riqueza, ambos «rezuman» con el tiempo y se vierten por todos los grupos sociales.

Por su parte, la crítica ecológica del crecimiento considera fatídica la incesante expansión económica.[20] «Sin crecimiento, en la economía capitalista todo es nada» (Altvater, 2010, pág. 39). Es decir, que, a la vista del actual crecimiento sin freno, nada tendrá ya valor en el mundo, objetan los críticos del crecimiento. Los abogados de una «economía poscrecimiento» (Paech, 2012)[21] se posicionan contra el derroche de los recursos y piden una sociedad sin crecimiento económico.

Ambas posiciones obvian, sin embargo, un punto esencial del problema. El capitalismo poscrecimiento se convierte cada vez más en una realidad, pero no precisamente en la variante ecológica que les gustaría a los críticos. En su lugar, todo se hace para producir más crecimiento, y se asume el agotamiento continuado de la naturaleza. Con el actual capitalismo poscrecimiento no se vuelven obsoletas las preguntas por la sostenibilidad ecológica ni por la adopción de unos criterios cualitativos del crecimiento y de la buena vida. Antes al contrario, los esfuerzos hechos en todos los países industrializados por generar más crecimiento eluden las más de las veces una mayor concienciación respecto a una economía sostenible. Pero hay algo que se aborda muy raras veces en el debate social y político al respecto, y es precisamente la cuestión social. En el pasado, el crecimiento fue el recurso fundamental para moderar las desigualdades estructurales en cuanto que, con una creciente productividad, se posibilitaba la ocupación y la integración social y, por tanto, el ascenso social. Pero si falta el crecimiento, aumentan las tensiones sociales, pues el ascenso y la redistribución de ingresos y capital se convierten entonces en un juego de suma cero (Voswinkel, 2013). Y, como se mostrará en los capítulos siguientes, surgen unos procesos de modernización regresiva, lo que desemboca de manera significativa en el descenso social.

Capítulo 3

LA MODERNIZACIÓN REGRESIVA

La modernidad suele equipararse con la democracia, y considerarse un sinónimo de la razón y la ilustración así como de la institucionalización de la libertad, la autonomía y los derechos humanos. Se caracteriza por la fe en el progreso y en la evolución hacia una fase social más elevada mediante la diferenciación social. Los mercados libres, la racionalización y la burocracia deben garantizar la libertad del individuo independientemente de las barreras sociales.[1] Así reza al menos la autonarración normativa y funcional de las sociedades modernas (véanse Habermas, 1985; Berger, 1996; Schwinn, 2006). Tras la Segunda Guerra Mundial, los teóricos de la modernización partieron de la base de que el bienestar y la democracia eran conceptos inseparables y, por lo tanto, debían expandirse juntos (Lipset, 1959).

Pero estos autores contaban con la ventaja de tener la realidad de su lado.[2] En efecto, desde finales del siglo XIX, en los actuales países de la OCDE se había ido reduciendo considerablemente la desigualdad en los ingresos. Pero a este optimismo pronto le siguió un gran desencanto. En los años setenta del siglo XX, en los Estados occidentales se produjo un gran cambio, y desde entonces los ingresos no han dejado de divergir nuevamente (Hradil, 2005b). Además, desde los años noventa se viene cuestionando otro de los presupuestos de la teoría de la modernización. De repente, ha dejado de ser obvio el nexo, aparentemente indisoluble, entre democracia y crecimiento: algunos países, como China, prosperan también sin democracia. En las sociedades occidentales han aumentado asimismo las dudas sobre si la modernización puede proseguir indefinidamente sin que se socaven en algún momento sus propias bases. Desde la década de 1970, las crisis económicas, pero también las sociales, políticas y ecológicas, han modificado la semántica política: si las décadas precedentes estuvieron marcadas aún por el progreso y su planificación social, desde entonces estos conceptos guía han desaparecido casi por completo del discurso político (Doering-Manteuffel y Raphael, 2012, pág. 85). La palabra modernización ya no suena exclusivamente como algo positivo, y si hoy se habla de progreso, este se ve ante todo como algo amenazado. Ya a principios de la década de 1980, Jürgen Habermas había advertido sobre una suerte de «colonización del mundo de la vida» (Habermas, 1995 [1981], págs. 470 y sigs.), aclarando al mismo tiempo que la perpetuación del Estado social y de la democracia dependía de que «no se resintiera la dinámica del crecimiento» (ibíd. pág. 515).[3]

Al nuevo escepticismo respecto al discurrir de la modernidad se unió también Ulrich Beck con su concepto de la segunda modernidad (Beck, 1986 y 1996).[4] Este autor distinguía entre una «modernización simple», la que conduce a la primera modernidad, y una «modernización reflexiva», la que ha producido la segunda modernidad. La modernización simple estaría determinada, según él, por una transformación en sociedad industrial, y la reflexiva, en cambio, por una «autotransformación» de la sociedad modernizada (Beck, 1996, pág. 27). La tradicional modernización de la sociedad industrial amenazaría con modificarse parcialmente a sí misma, por ejemplo si las nuevas tecnologías para la producción de energía, como la energía nuclear, produjeran riesgos potencialmente mortales. En su conjunto, la lógica de la producción de riqueza habría sido reemplazada por la lógica de la producción de riesgo.[5] Un importante driver del proceso de modernización reflexiva serían los «efectos secundarios de los efectos secundarios». Así, la contaminación ambiental provocada por la industrialización habría tenido como efecto secundario la aparición de nuevos actores políticos —por ejemplo, el movimiento ecologista—, que a su vez impulsan nuevas modernizaciones.

Además, en la segunda modernidad se habrían transformado —hibridándose a menudo— instituciones bien asentadas como el Estado nacional, las formas tradicionales del trabajo asalariado y la propia democracia; así, el Estado nacional seguiría existiendo, pero con menor impacto nacional, mientras al mismo tiempo se revelaría también como un actor transnacional. La teoría de Beck de la segunda modernidad (1986 y 1996; Beck, Bonß y Lau, 2001) va sin embargo demasiado lejos en cuanto que hipostatiza las tendencias vigentes estilizándolas o transformándolas en hitos históricos.[6] Pero el cambio transformador no ha tenido lugar en la radicalidad supuesta por Beck. La postulada pérdida de importancia del trabajo asalariado (véase capítulo 4) no ha seguido dándose, sino que se ha convertido justo en su contrario. La completa desaparición de la sociedad de clases que favorece las desigualdades individuales se ha revelado una quimera. Estructuras de clase ha habido siempre, solo que en la época de la modernidad social se han mantenido de manera latente.

Aun así, si prescindimos de su vertiente teóricamente hermética, la teoría de Beck de la modernización reflexiva resulta sumamente actual y, por lo demás, bastante útil para entender mejor los desarrollos contemporáneos. A diferencia de Beck, que habla de la autotransformación de la modernidad,[7] para el análisis aquí presentado nosotros elegiremos un planteamiento influido por la teoría crítica, el cual, partiendo de la fórmula paradójica de la modernización reflexiva, destacará más bien las contradicciones internas y los distintos desarrollos en conflicto.[8] El adjetivo regresivo se refiere a que las sociedades actuales están retrocediendo a un nivel por debajo del alcanzado en la modernidad social, y la palabra modernización a que, tras lo logrado en tiempos supuestamente mejores, no estamos asistiendo a un retroceso unívoco. La contramodernización (que se expresa, por ejemplo, en el aumento de la desigualdad material) corre pareja, a otros niveles, con una modernización emancipadora (por ejemplo, con una disminución de la discriminación de grupos aislados).[9] Pero esto no es causa en absoluto de la nueva dinámica, aunque en no pocos casos se produzca una regresión precisamente por la implementación simultánea de normas básicamente emancipadoras.[10] Es un progreso que comporta un paso atrás[11] y afecta las más de las veces, aunque desde luego no siempre, a las clases bajas.

En casi todos los campos sociales tratados en este libro se encuentran diversos síntomas de modernizaciones regresivas: en la democracia parlamentaria, en el mercado laboral y también en el sistema educativo. Por ejemplo, es evidente que en los últimos decenios se ha extendido el acceso a la educación: grupos de población para los que el certificado de estudios primarios había sido antes el último tramo en la escalera de la cualificación, hoy pueden cursar estudios universitarios. Sin embargo, esta extensión ha desvalorizado al mismo tiempo el título conseguido, pues cada vez son más escasas las salidas profesionales para quienes ostentan un diploma de estudios superiores. Por lo que respecta al sistema político, las oportunidades de participación de los ciudadanos son indudablemente mayores que nunca, pero el influjo real de las clases inferiores ha bajado considerablemente (sobre esto se hablará más detalladamente en el último capítulo). La participación política en la democracia se sustituye al parecer por una participación económica en los mercados —de trabajo— (a este factor le dedicaremos una buena parte del siguiente análisis).

Las modernizaciones regresivas surgen a menudo en la estela de políticas de igualdad de cariz liberal. Una de las conquistas más importantes de las décadas pasadas ha sido la cada vez mayor equiparación entre los sexos. En menor medida, esto vale también para el origen étnico. Aquí han caído muchas barreras sociales, y las discriminaciones se han vuelto más raras. Estas equiparaciones se han configurado universalmente en el plano teórico, pero han repercutido en cada campo y grupo de manera diferenciada, por lo que su implementación suele tener unos efectos regresivos no pretendidos. Así, por ejemplo, la participación de la mujer en el trabajo ha aumentado de manera generalizada, pero en gran medida en tareas de limpieza, o como cajera o enfermera. Con respecto a la creciente igualdad de género y de etnia, ha aumentado en su conjunto la competencia. No cabe duda de que, si consideramos la división del trabajo por género en la pareja, ciertamente se ha desmantelado el modelo del hombre sustentador en favor del derecho a una participación igualitaria en el mercado laboral (según el modelo de «una pareja, dos sueldos»). Sin embargo —y también sobre esto volveremos a hablar después—, en los segmentos inferiores del mercado de trabajo, los dos ganan ahora menos, con lo que los ingresos domésticos han bajado también de manera generalizada.

Por tanto, frecuentemente se produce el fenómeno de la inclusión (económica) que crea un plus de desigualdad en vez de un plus de igualdad. La idea de la Agenda 2010 consistía, según sus impulsores, en simplificar para todos la participación en la vida laboral, facilitar el acceso al mercado laboral y poner a las personas en condiciones de tomar las riendas de su propia vida de una manera responsable (véase Meyer, 2004). Pero la consecuencia ha sido que hay más gente que puede participar más deprisa y de manera más inmediata en el mercado laboral pero poseyendo menos derechos, menos seguridad social y menos ingresos.

Las consecuencias de la modernización regresiva no se pueden remediar como si fuera una manta demasiado corta que se echa uno hacia abajo cuando tiene los pies fríos. Aunque no cabe duda de que hay algunas fuerzas que verían con agrado el que la mujer se retirara del mercado de trabajo y volviera al nido del hogar, no sería socialmente aceptable y tampoco funcionaría lo de volver a subir los ingresos del varón restaurando la figura social de la mujer de la limpieza.

Los hallazgos presentados a continuación están relacionados con los desarrollos habidos en ámbitos sociales básicos. Hasta ahora, solo podemos reconocer determinados procesos de una modernización regresiva que aún no han cristalizado en marcas distintivas de una nueva era. No está claro que estas tendencias incluyan a toda la sociedad ni que vayan a desembocar en una verdadera cesura.

LA COMPLICIDAD NEOLIBERAL

El capitalismo moderno no funciona sin colaboración, es decir, sin la participación voluntaria de los individuos (de hecho, siempre ha conseguido movilizar nuevas motivaciones y acciones conformes al sistema). El compromiso de la población con los mecanismos del mercado, sin duda parcial, es la base de la estabilidad social.[12] Y también la modernización regresiva funciona únicamente sobre la base del acuerdo o la conformidad, sea consciente o inconsciente. Pero en última instancia se trata de un fenómeno sobredeterminado —y, por tanto, no reducible a un único factor—, que es obra de una cadena de microtransformaciones. No obstante, se pueden identificar algunas influencias importantes. Básicamente, se puede afirmar lo siguiente: las personas actúan sobre la base de normas e ideas sociales, pero en su actuación se relacionan «siempre y necesariamente con los factores estructurales de sistemas sociales globales» (Giddens, 1995, pág. 76). Estos últimos, según el concepto de Giddens, «estructuran» la actuación de las personas (ibíd., págs. 51 y sigs.). En otras palabras, sus actos dependen de las opciones que se les ofrecen. Un ejemplo lo tenemos en las previsiones y planes de pensiones, que para muchos trabajadores no han mejorado nada en los últimos años. Si un trabajador quisiera ahora contratar un plan de pensiones, tiene la opción —aún subvencionada estatalmente— de suscribir un seguro privado suplementario (el denominado «sistema privado de pensiones por capitalización»). La modernización regresiva implica en este sentido el ejercicio de la dominación política, pero también imbricar a las personas como sujetos del cambio, es decir, convertirlas en cómplices.

En muy poco tiempo se llegó a una lucha de clases abiertamente dirigida desde arriba, para recortar de inmediato las reivindicaciones y derechos de los ciudadanos. En estos casos, como por ejemplo con la Agenda 2010 (o, algo que se suele olvidar, con las luchas de 1996 para poder seguir cobrando en caso de enfermedad),[13] se manifestó claramente el «interés del capital»: al final, se adoptaron reformas con vistas a la competitividad, al emplazamiento, etc. Con mucha mayor frecuencia la modernización regresiva se realizó mediante la confluencia neoliberal entre los intereses del capital, las liberalizaciones y las subjetivaciones. El neoliberalismo es fundamentalmente ideología por cuanto que las teorías económicas son antes que nada racionalizaciones de los intereses (véase Przeworski, 1985, pág. 206). Tras las ideologías radicalizadas del libre mercado se oculta esencialmente una forma moderna de «política de clases» que sirve preferiblemente a los intereses de los propietarios de capital (Harvey, 2007). Sin embargo, esta perspectiva solo aclara en última instancia por qué los empresarios y una determinada clase de políticos conservadores han encontrado articulados sus intereses en el neoliberalismo, dejando a un lado el problema de los éxitos neoliberales. Pues el neoliberalismo ha sido exitoso principalmente en la producción de una (secreta) complicidad con una crítica básicamente emancipadora de la modernidad social al conseguir conectar con las paradojas de esta: por una parte, las necesidades y las inseguridades del capitalismo se han acotado y, por la otra, la carcasa social-burocrática surgida de las estandarizaciones, reglamentaciones y homogeneizaciones ha provocado que no pueda desplegarse la autonomía de los individuos (véanse Wagner, 2012; Dörre, 2019). Tras la derrota del keynesianismo, el mercado apareció, y sigue apareciendo, como un mecanismo más efectivo para la redistribución de los recursos sociales. El Estado y las intervenciones estatales se podían tachar de burocráticos, ineficientes y defectuosos. La competencia y la supervisión del Estado por parte del mercado se consideraron en lo sucesivo la forma más moderna de «gouvernementalité» (Foucault, 2004). Los valores del neoliberalismo debían ser interiorizados. Margaret Thatcher expresó esto de manera lapidaria: «La economía es simplemente el método; la meta es ganar los corazones» (citado por Dardot y Laval, 2013, pág. 263). Y ello se logró fundamentalmente mediante el establecimiento de una nueva subjetividad que apuntaba a un nuevo gobierno del yo (véase Lemke y otros, 2000). El poder del neoliberalismo debía asegurarse por debajo y por dentro creando toda una serie de estímulos para que las personas fueran consideradas unos sujetos que, según su esencia, debían ser autónomos y emprendedores y cuyas soluciones e instituciones colectivas y sociales parecían sospechosas.

Pero, vistas sus exigencias, el neoliberalismo es totalitario por mucho que prometa constantemente la libertad. El mercado sirve de referencia final para todos los ámbitos de la vida, y debe convertirse en el dispositivo central de los procesos sociales y de las perspectivas y actuaciones individuales (véanse Dardot y Laval, 2013; Bröckling, 2007).[14] Algunas esferas sociales que hasta ahora se hallaban más o menos al margen de la lógica del mercado (desmercantilizadas), debían quedar también sometidas a este (remercantilizadas). Esta política se expresó en el pasado de múltiples formas. Por ejemplo, con la desregulación y liberalización del mercado de trabajo y del Estado social (sobre esto volveremos más adelante); otra dimensión consistió en la privatización de los bienes y empresas públicos, que ahora se llevaban a la bolsa. David Harvey denomina a este proceso «acumulación mediante expropiación» (Harvey, 2007, págs. 198 y sigs.), pues bienes colectivos originalmente financiados con medios impositivos pasaron a manos de empresas privadas y se sustrajeron así al control público, es decir, al control democrático.[15]

Sin embargo, el neoliberalismo encontró respaldo en amplios sectores de la población —en particular en las capas medias con perspectivas de ascenso social—, así como en asociaciones y partidos antes críticos con el mercado. Muchos grupos y medios sociales que aspiraban a la soberanía individual acogieron bien las liberalizaciones sociales o consiguieron al menos adaptarse a ellas. Pero esto comportó también algunos efectos secundarios: los fondos de pensiones privados de capitalización «bajo responsabilidad propia» legitiman al mismo tiempo la descolectivización del Estado social. Otro ejemplo son las bajadas de impuestos: en su mayoría son bien acogidas por las clases media y alta, aunque al mismo tiempo contribuyen a que disminuyan los recursos del Estado para la redistribución, las infraestructuras, etc. Otros efectos secundarios se pueden observar también en los mercados financieros. En la modernidad social, el patrimonio de los que «ascienden» y de las clases media y alta ha aumentado significativamente, y sin embargo, en vez de ahorrarlo de una manera convencional, como antes, lo han invertido, y a veces multiplicado, en los mercados financieros, produciéndose con ello un «efecto Buddenbrook» colectivo (Deutschman, 2008). Como el Thomas Buddenbrook de la famosa novela de Thomas Mann, la gente abandona la vía familiar del comercio económico conservador para conseguir réditos más elevados y más rápidos mediante transacciones de carácter especulativo. Mediante la compra de acciones y las inversiones financieras, las clases medias de hoy han contribuido a que los mercados financieros crezcan fuertemente en importancia, pero también han quedado «apresadas», para bien o para mal, en sus volatilidades.[16]

Los que impulsaron el movimiento de Mayo del 68 y sus sucesores se veían como defensores de una «crítica artista» que hacía hincapié en la autonomía, autodeterminación y responsabilidad personal respecto a las reglamentaciones establecidas.[17] Pero la explosiva fuerza política del 68 se basó, en su origen, en combinar la «crítica artista» con una «crítica social» que tenía en el punto de mira la desigualdad social. En la década de 1970, el neoliberalismo consiguió por su parte deshacer este emparejamiento, llevar al primer plano la crítica artista y neutralizar la crítica social de los sindicatos sobre las desigualdades verticales (véase Boltanski y Chiapello, 2003). La crítica artista se convirtió así en una fuente importante para la complicidad neoliberal: en particular, contribuyó a socavar los ámbitos clave del trabajo y el Estado social.

En la modernidad social, el trabajo asalariado, como se muestra en el primer capítulo, se sustrajo parcialmente a la presión de los mercados y de este modo se humanizó en buena medida. El establecimiento de la relación laboral normal fue un paso importantísimo para los trabajadores, que ahora podían configurar su propia vida con mayor facilidad, si bien las mujeres y los migrantes quedaron frecuentemente excluidos. Sin embargo, la relación laboral normal fue, igual que antes, un medio de reglamentación: desde el tiempo de trabajo hasta la protección laboral, pasando por la clasificación y el escalafón, todo parecía planificado y regulado. Lo mismo ocurrió con el Estado social. Antes, este había sido tachado por los partidos conservadores de demasiado caro e ineficiente, pero fueron sobre todo medios alternativos de izquierdas los que vieron en él básicamente a un agente disciplinario (véase, por ejemplo, Schmid, 1982).[18] Pues el Estado social no fue en ningún momento una «hamaca», sino que sirvió de instrumento, más o menos solapado, para la producción de capacidad de trabajo, de control social y de conformidad.

A la luz de la crítica artista, el trabajo productivo regulado tenía algo de anodino, por no decir incluso de pequeñoburgués. La nueva organización empresarial y reticular basada en proyectos aparecía en cambio como una especie de liberación. La autodeterminación y responsabilidad individual pertenecían ahora al arsenal de la política laboral inspirada por la crítica artista en igual medida que el trabajo en grupo basado en proyectos, la rotación laboral, los modelos de trabajo flexibilizados y la extensión de la participación directa. Dichas iniciativas de gestión fueron aceptadas de buen grado o, si las empresas no las implementaban, fueron incluso demandadas. En El nuevo espíritu del capitalismo, uno se distanciaba de los modos de control burocráticos del modo de producción fordista de la modernidad social. Se había cambiado autonomía por seguridad y justicia social por participación (Boltanski y Chiapello, 2003).[19]

Para la conquista de la libertad individual en el trabajo, los trabajadores se vieron forzados a hacer un pacto «faustiano»: las empresas garantizaban a sus empleados ciertamente más autonomía, pero los tentaban y camelaban al mismo tiempo para que se mostraran dispuestos a rendir más. El trabajo perdió sus contornos y se subjetivizó, y el mercado se desplazó hacia dentro literalmente, hacia la propia empresa (Brinkmann, 2011). Así, por ejemplo, los grupos de trabajo debían ahora actuar como cost y profit centers, como si fueran segmentos autónomos de la empresa en mercados ficticios (D’Alessio y Hacket, 2012; Dörre, 2012). El management transfirió a los empleados la organización laboral, pero al mismo tiempo también el pensamiento acerca de los costes, la eficiencia y los cálculos de racionalidad. Se alentó incluso a los empleados a pensar y actuar de manera empresarial. Esto tuvo también consecuencias prácticas para las empresas. En la investigación de campo llevada a cabo por este autor (concretamente, con empleados que realizaban actividades con carácter de proyecto), se encontró a menudo con un plustrabajo silencioso y no documentado: al final de la jornada laboral, los trabajadores dejaban de trabajar formalmente, al menos allí donde la protección laboral y los convenios colectivos tenían vigencia, pero solo para, a continuación, volver a sentarse en su mesa de trabajo. Para poder dejar sus proyectos bien perfilados, debían (o deben) hacer horas extra voluntariamente y operar más allá del tiempo formal de trabajo... en secreto.

En las nuevas formas de la gestión empresarial se ve que no se han hecho realidad las perspectivas de la sociedad de servicios posindustrial; una sociedad basada en el saber y humanizada, tal y como la habían ideado Alain Touraine (1972) o Daniel Bell (1975). La idea de que se iba a imponer la lógica de una prestación de servicios interactiva y comunicativa que humanizara todo el mundo del trabajo a través de actividades reflexivas y autodeterminadas se ha revelado, en efecto, una pura ilusión. La humanización mediante las prestaciones de servicios ha resultado ser una trampa precisamente porque la personalidad y las interacciones interpersonales se han convertido en un nuevo recurso de dominio. El denominado «trabajo emocional», en el que la empatía de los empleados forma parte de la actividad (como, por ejemplo, entre los cuidadores y cuidadoras), es un instrumento de dominio en el proceso laboral (véase Hochschild, 1990). La proximidad de los clientes no convierte la actividad automáticamente en algo humano, sino que en parte ocurre más bien lo contrario: el trabajador se convierte en un «servidor de dos señores»: el empresario y el cliente.[20] En el modelo del «empresario de la fuerza de trabajo» queda de manifiesto la constitución ambivalente de la subjetividad moderna. Tras las supuestas conquistas de libertad empresarial, hay para con los empleados una nueva forma de control, ahora como imperativo de un «autocontrol» y una «autoeconomización» permanentes (Voß y Pongratz, 1998; véase Moldaschl y Sauer, 2000).[21]

EL «MOLINO DEL DIABLO» DE LAS LIBERALIZACIONES[22]

Por «política neoliberal» se suele entender la creación de «corredores» para fomentar la complicidad con el mercado. Esto se produjo frecuentemente mediante las liberalizaciones económicas. Margaret Thatcher privatizó las viviendas sociales para convertir a los inquilinos en propietarios (con sus respectivos intereses y «comportamientos»). Por su parte, las privatizaciones son un ámbito parcial de la política general de las liberalizaciones, que se inició en la década de 1980 y todavía dura. Se trataba en realidad del traspaso de las competencias estatales a los mercados, del fortalecimiento consciente de la competencia, la autonomía y la responsabilidad y, por último, de la descentralización de las decisiones (Höpner y otros, 2011).[23]

Las liberalizaciones cambiaron sobre todo el sector de la Administración pública. Este había surgido —y siguió desarrollándose— en la segunda mitad del siglo XX y fue producto del consenso de la posguerra: no se quería dejar a la sociedad enteramente en manos del mercado. Tanto en Alemania como en la mayor parte de los Estados europeos (en los que las intervenciones eran más exhaustivas todavía, véase Shonfield, 1968), numerosos ámbitos considerados como infraestructura social fueron administrados en calidad de propiedad común controlada estatalmente (véanse al respecto la educación, la sanidad, Correos, las telecomunicaciones, el transporte, el suministro de agua y de electricidad...). No pocos de estos ámbitos siguen aún en manos públicas, pero algunas partes mucho mayores del sector estatal y público empezaron ya a privatizarse a partir de la década de 1980. El Estado necesitaba ingresos para amortizar la deuda, y, por otra parte, las empresas públicas ya no se consideraban agencias adecuadas para cubrir los servicios públicos. Al principio fueron muchos los ciudadanos que acogieron bien las privatizaciones. No veían las instituciones públicas —caso de Correos, por ejemplo— como un bien común democrático sino como algo que procedía de una tradición prusiana-autoritaria, que los atendía de una manera poco profesional y nada amable. Pero, por debajo de la superficie, a esto lo acompañó un cambio tectónico de mentalidad, es decir, se impuso la mentalidad de los grandes grupos; así, se pasó a ver la Administración pública sobre todo desde el punto de vista de un «cliente». Frente a la institución anónima de la burocracia, el mercado —las más de las veces no menos anónimo— aparecía ahora más amigable, por no decir incluso más emancipado.

Para los fines de este libro, nos interesan sobre todo los efectos de las privatizaciones. El servicio público formaba después de todo un sector-guía socialmente regulado, en el que estaba encarnada la modernidad social casi en su punto ideal. Los convenios colectivos estaban garantizados, al igual que la seguridad social de los empleados. Se podía contar con un trabajo regular y para toda la vida —si bien con aumentos salariales moderados—, la representación de los intereses de los trabajadores tenía una base sólida, y era posible la promoción dentro del organismo merced a la edad —o experiencia—, la cualificación o el rendimiento.[24] Con las privatizaciones, se desplomó el sector público como guardarraíl de la modernidad social. En ninguna otra rama se vinieron abajo los esquemas y patrones de una manera tan drástica ni se fragmentaron tan fuertemente las relaciones laborales y las estructuras de cogestión, antes reguladas de manera unitaria. La cuestión de las desestatalizaciones, principalmente a partir de la década de 1990, representa, por tanto, un cambio «fundamental» del modus operandi del Estado social de la era de la posguerra (véase Streeck, 2009, pág. 71). Además, a menudo apareció una competencia desleal en forma de sectores enteros carentes de convenios colectivos. Este tipo de presión se desplegó también en ámbitos —como por ejemplo universidades y hospitales— en los que habían sobrevivido los sedimentos del servicio público clásico. También aquí se han implantado los principios de la competencia y se han externalizado numerosas prestaciones, es decir, que se han pasado a licitadores externos, por lo general privados, lo que una vez más ha tenido como consecuencia salarios bajos y ausencia de convenios (véase Brandt y Schulten, 2008).[25] De este modo, las liberalizaciones, y en especial las privatizaciones, se han convertido en los principales vectores y motores de la sociedad del descenso.

LA POSDEMOCRACIA: EL GOBIERNO DE LOS MERCADOS

El punto clave de la democracia moderna radicó originariamente en su vis igualitaria (en contra de las desigualdades resultantes del capitalismo). «La democracia exige cierto grado de igualdad en cuanto a las posibilidades efectivas de todos los ciudadanos de influir en las decisiones políticas» (Crouch, 2008, pág. 26; véase Rosanvallon, 2013). No tiene nada de extraño, pues, que la modernidad social y la democracia se desarrollaran a la par. Como tampoco fue una casualidad que Willy Brandt utilizara su famoso eslogan «atrevámonos a una mayor democracia» en su declaración gubernamental de 1969, precisamente el año en el que la modernidad social había alcanzado su cénit.

Pero poco después empezaron a sembrarse en la opinión pública grandes dudas sobre las perspectivas democráticas de la época. Así, en la década de 1970 se oía hablar una y otra vez de los «problemas de legitimación en el tardocapitalismo», unos problemas que Jürgen Habermas identificó en 1973 en su comentadísimo libro del mismo título. Las crecientes intervenciones del Estado en el plano administrativo tendrían como consecuencia, según Habermas, unos déficits de legitimación democrática igualmente crecientes. No obstante, el diagnóstico habermasiano de los problemas de legitimación se reveló empíricamente un tanto sesgado, por no decir falso. Sin duda el nivel de las protestas había aumentado a ojos vista, y el abanico de los temas se había ampliado. Pero, en términos generales, predominaba en la población otro tipo de estado de ánimo: los ciudadanos de la República Federal de Alemania se mostraban contentos con la economía social de mercado, con el Estado social y con la propia democracia. Aunque cada vez había más personas comprometidas en iniciativas cívicas extraparlamentarias, seguían teniendo mucha confianza en las instituciones democráticas: en efecto, nunca había ido tanta gente a votar como en la década de 1970 ni nunca se votó más a uno de los dos grandes partidos del país. Asimismo, una relativa mayoría de ciudadanos juzgaba las circunstancias como «justas en líneas generales»; tal era, por ejemplo, en 1973 el sentir del 44 % de la población, frente a un 42 % que las valoraba como injustas. Incluso en 1979, el 50 % de los ciudadanos las tenían por justas frente a un 36 % que las consideraba injustas (en la década de 1990 estas estimaciones se invertirían por completo; véase Nachtwey, 2010). Habermas y su congenial colega Claus Offe, cuyo libro Strukturprobleme des kapitalischen Staates («Problemas estructurales del Estado capitalista», 1972) era de un tenor igualmente crítico, se equivocaron en el diagnóstico de su propias épocas. Sin embargo, supieron ver claramente algunos problemas relacionados con la manera en que la democracia se iba a desarrollar posteriormente. Así, a las grandes organizaciones políticas les diagnosticaron ciertos síntomas de desideologización, burocratización y oligarquización. Y no se equivocaron: poco después, los partidos renunciaron a sus metas originales en pro de unas coaliciones interclasistas y se convirtieron en una especie de partidos «para todo el mundo» que al final solo competían por el poder como tal. Al final se alejaron tanto de sus bases originales que solo mantuvieron con ellas un compromiso muy laxo (véase Kirchheimer, 1965). Como consecuencia se produjo un cambio estructural en la opinión pública en cuanto que, aunque es cierto que «se creaba lealtad, [también] se impedía la participación» (Habermas, 1973, pág. 55).

Este diagnóstico de la desdemocratización realizado por Offe y Habermas en la década de 1970 goza en la actualidad de cierta plausibilidad (la política iba perdiendo cada vez más sintonía con los ciudadanos así como influencia en ellos). Sobre esto versa precisamente el debate abierto por Colin Crouch en su libro La posdemocracia (Crouch, 2008). El autor entiende la moderna democracia parlamentaria y representativa como un sistema en el que hay elecciones libres y se pueden elegir gobiernos. La posdemocracia, por su parte, se las arregla sin el derecho de sufragio censitario, lo que excluiría de la democracia a las clases bajas. El proceso es empero más sutil; el edificio democrático se está vaciando por dentro. Los ciudadanos están perdiendo influencia en las decisiones políticas, mientras que los lobbies, las élites económicas y, en particular, las multinacionales están ampliando su poder. Los trabajadores y los sindicatos se han convertido en unos meros figurones mientras las élites van consiguiendo cada vez más privilegios.

Asimismo, el arraigo de los partidos en la población ha disminuido de manera drástica en la posdemocracia: se han convertido en unos actores que aún gobiernan pero que cada vez representan menos, que ejercen el poder pero articulan menos protestas sociales (Mair, 2006). En lugar de una representación parlamentaria de los intereses y necesidades de la población, lo que vemos frecuentemente es una «presentación de una política previamente decidida en el plano ejecutivo y empresarial» (Lessenich y Nullmeier, 2006, pág. 24). Con ello, la posdemocracia es, por así decirlo, una «democracia sin demos» en la que los dispositivos estatales se rigen ellos solos (Rancière, 1996, pág. 139; véase Rancière, 2002, págs. 105 y sigs.). El conflicto político pasa a ser entonces, a través de la pericia, la judicialización y el establecimiento de restricciones, un consenso «pospolítico» en el que las contradicciones y contraposiciones sociales se niegan de manera cuasi sistemática (Mouffe, 2007).

La democracia se muestra así como un compromiso o arreglo paradójico: los ciudadanos tienen en gran estima la democracia en el plano ideal, pero esperan cada vez menos de ella en el plano real y concreto. Más allá de las formas parlamentarias, podría decirse que las probabilidades de participación democrática de los ciudadanos incluso han aumentado, y algunas normas democráticas hasta se han radicalizado (véanse Michelsen y Walter, 2013; Blühdorn, 2013). Hay iniciativas ciudadanas, derechos plebiscitarios ampliados y una esfera pública crítica que en muchos ámbitos han más que completado los procesos democráticos tradicionales (véanse Keane, 2009; Nolte, 2012). Pero la problemática de esta ampliación formal de la participación estriba en que está discurriendo de una manera sumamente asimétrica: el coro de los ciudadanos que se movilizan canta la música de la clase media; dicho con otras palabras, los que más participan son predominantemente grupos con sustanciosos ingresos y un alto nivel educativo, mientras que los grupos subprivilegiados tienden a no participar. Los trabajadores precarios acuden menos a votar que los no precarios; por lo tanto, la desigualdad hace que los mejor situados vayan ganando influencia de una manera asimétrica (Schäfer y Schoen, 2013, Schäfer, 2013). Con ello, se invierte la tendencia del desarrollo de la modernidad social, en la que la participación democrática había sido un vehículo clave para la generación de más igualdad social (véase Jörke, 2013).

En última instancia, la posdemocracia es, al igual que el neoliberalismo, el envoltorio para una política clasista, pues el que las clases bajas se abstengan de participar no es sino el otro lado de la nueva «clase dominadora» de los privilegiados (véase Crouch, 2008, págs. 70 y sigs.). Esta base clasista de la posdemocracia se suele pasar por alto, pues en el debate público las clases sociales se equiparan cada vez más con características marcadamente culturales. Pero «el mero hecho de que muchas personas estén convencidas de que ya no hay clases sociales es de por sí un síntoma de posdemocracia» (ibíd., pág. 71).[26] La clase es un concepto relacional que tiene en su punto de mira la posición económica y solo después pregunta qué acceso al poder político tienen los grupos respectivos (sobre esto volveremos a hablar en el capítulo siguiente). Y es precisamente esta relación entre posición económica y poder político lo que más fuerza está teniendo en la actualidad. También se podría decir que la política de una democracia del medio se ha convertido en una democracia de las élites. La redistribución normal campaniforme (es decir, gaussiana) describe el punto de partida implícito de la mayor parte de los modelos de la democracia (el clásico es el de Downs, 1957; véase Schmidt, 2000): en estos modelos, el elector medio —aquel que marca precisamente la mitad— decide sobre el gobierno y, en consecuencia, también sobre la configuración de la política. Se trata de un medio político que implica tanto la compensación como el equilibrio. Vilfredo Pareto partió, en cambio, del hecho de que el 80 % de la riqueza se concentraba en manos de un 20 % de la población (desde la perspectiva actual, esta relación se representa de una manera más desigual o desequilibrada todavía). Además, él consideraba una mera ilusión la idea de que existiera una verdadera democracia representativa: al final, siempre se impondría el dominio de una élite (Eisermann, 1987). La democracia de Pareto es pues una democracia de las élites para las élites.

Ello implica que, en la formulación «el gobierno de los mercados», estamos viviendo un cambio estructural fundamental: el paso de un genitivus objectivus a un genitivus subjectivus; en la modernidad social, la principal exigencia política de los partidos mayoritarios consistió —considerando las experiencias de la crisis de 1920 y los años siguientes— en regular los mercados, en acotarlos. Sin duda los partidos socialdemócratas ya no soñaban con una transformación socialista, pero creían en la posibilidad de una política contra los mercados (Esping-Andersen, 1985). Ante la perspectiva del neoliberalismo y de la rebelión del capital, de la globalización y de la competencia por la localización de las empresas, la política se ha visto cada vez más obligada a concebirse como un gobierno al servicio de los mercados, como la representante de sus intereses (Webb, 2006). La democracia —según la formulación de la canciller alemana Angela Merkel— se ha vuelto conforme al mercado.

EL ESTADO SOCIAL Y LOS DERECHOS SOCIALES DE LOS CIUDADANOS

Apenas alcanzado el cénit del Estado social, empezó su decadencia. El punto de inflexión lo marcó la crisis económica mundial de 1973. Aún poco antes, el Estado social seguía navegando en el rumbo de la expansión, absorbiendo una parte hasta entonces desconocida del presupuesto general. Pero al volver a aumentar el desempleo, aumentaron también los gastos sociales. Con ello se fueron multiplicando más rápido las deudas estatales, hasta que finalmente sobrevino una nueva era, en la que el Estado social cayó bajo una permanente presión de consolidación financiera (véanse Alber, 1986; Pierson, 1994; Streeck, 2013).

El neoliberalismo identificó al Estado social como uno de los principales obstáculos para el nuevo crecimiento. No solo lo consideraba demasiado caro sino también ineficiente, pues al parecer sedaba a la gente con sus prestaciones sociales y le quitaba motivación para actuar de manera responsable. Asimismo, consiguió posicionar a la clase media en contra de los receptores de prestaciones. Los pertenecientes a dicha clase no estaban supeditados al Estado social, y podían cuidar de sí mismos con medios privados. La institución del Estado social no se veía ya, pues, como una seguridad colectiva para todos los trabajadores y todos los ciudadanos, sino que se reinterpretó como un regalo de los fuertes y activos a los débiles y pasivos (véanse Lessenich, 2008; Castel, 2011).

Los siguientes años ochenta y noventa fueron dos décadas en que se practicaron numerosos recortes y reducciones; al principio, el Estado social se «podó» por los bordes, permaneciendo la armazón sorprendentemente estable (Lessenich, 2003c). Pero a partir de la década de 1990, la presión por las reformas volvió a aumentar, pues el masivo desempleo de larga duración arañaba cada vez más las arcas del Estado (Fleckenstein, 2012). El giro de la política social hacia la nueva era prosiguió durante la época de gobierno de la coalición rojiverde (1998-2005). En efecto, la «contrarreforma social-política» (Rieger, 2002) empezó ya en el primer periodo de la legislatura rojiverde con la introducción de un seguro de jubilación parcialmente privatizado. Pero la gran transformación del Estado social no se produjo hasta 2003, cuando el canciller alemán de esa época, Gerhard Schröder, anunció en un discurso la Agenda 2010, el inicio del «mayor recorte de prestaciones sociales desde 1949» (Soldt, 2004). Estos recortes fueron sin duda muy dolorosos, pero lo realmente decisivo fue otra cosa: las reformas de la Agenda 2010 marcaron el adiós definitivo a la modernidad social.

La «Cuarta ley para las modernas prestaciones en el mercado laboral», más conocida como la «Hartz IV», comprendía la «fusión» de las ayudas sociales y de subsidio en el denominado Arbeitslosengeld II (literalmente, «dinero del desempleo»), así como una política de mercado laboral activadora, el recorte de la duración de las prestaciones por desempleo de 36 a 12 meses para parados de menos de 55 años, la extensión de los criterios de «exigibilidad» y la bajada del umbral para la protección contra el despido en las pequeñas empresas. En caso de paro, el trabajador se encontraba ahora con que, tras doce meses de paro, era muy posible que bajara en la escala social, sobre todo porque el activo protegido quedaba situado muy por debajo. También en la modernidad social se habían producido descensos sociales. Pero los peldaños hacia el descenso eran planos y poco después se podían volver a subir.

En el Estado social recién configurado, el principio paternalista de la asistencia al individuo se iba a modernizar mediante unas leyes fundamentales de capacitación y participación supuestamente liberadoras. «Obligar y fomentar», además de «activar», fueron los conceptos clave de las reformas del Estado social (Dingeldey, 2007; Lessenich, 2008). Pero estas modernizaciones abocaron en realidad a la reducción de los derechos sociales. En la modernidad social, estos derechos se habían considerado aún básicamente dependientes de las acciones del individuo e inalienables; ahora en cambio iban asociados al cumplimiento de ciertos deberes. Los beneficiarios de prestaciones sociales ya no eran ciudadanos con derechos sociales garantizados, pues se habían convertido en subalternos, en ciudadanos de rango inferior con los que el Estado establecía determinados contratos a fin de disciplinarlos y motivarlos (véase Ludwig-Mayerhofer y otros, 2008). El derecho a prestaciones sociales se implantó bajo la condición del cumplimiento del contrato; de este modo, en los derechos sociales del ciudadano volvía a «colarse» la relación contractual, la moderna forma jurídica de las transacciones del mercado. Ahí estaba el meollo y el quid de la «movilización» social (Lessenich, 2009, pág. 163).

Según la lógica de la liberalización, se prefirió el mercado como productor de bienestar, transfiriéndole parcialmente la cobertura social de los servicios de interés general, mientras que el Estado solo debía hacerse cargo de una cobertura básica. El Estado social quedaba así economizado, y cada una de las prestaciones se concedía cada vez más a través de los denominados «mercados del bienestar» (Nullmeier, 2004). Con todo, no hay que equiparar la modernización regresiva con una simple reducción de la actividad estatal, de un lado, ni con la extensión de los mercados, del otro. Pues también los mercados del bienestar o las instituciones privatizadas del sector público necesitan de una regulación garantizadora (véase Volgel, 2007). No se trata de una política correctora del mercado sino de una estatalidad preparatoria para el mercado.

Con ello se modificaba de manera radical para los trabajadores la arquitectura interna del Estado social. La modernización regresiva «descolectivizó» la seguridad social (Castel, 2001, págs. 17 y sigs.). Ahora cada cual debía actuar individualmente según su responsabilidad personal. La responsabilidad personal ya no era sinónimo del derecho a una vida autorresponsable, sino que se había convertido en un vocablo útil para la disciplina social. La responsabilidad personal era ahora un deber cívico (véanse Lessenich, 2003a y 2003b; Legnaro, 2006). Y a la inversa, todos los que no lograban cumplir el mandamiento liberal de la responsabilidad personal eran «declarados culpables» y «condenados» (Castell, 2011, pág. 36). Resumiendo, se podría decir que con esto se lleva a cabo un cambio importante hacia un liberalismo de base autoritaria, que asume una limitación de los derechos individuales si con ello saca provecho supuestamente la comunidad en su conjunto, el bien general (véase Callinicos, 2001, págs. 58 y sigs.).[27] Solo los individuos —sobre todo de las capas media y alta— que se comportan «conforme» a la situación o no necesitan del Estado social pueden apechar sin dificultad con estas exigencias de responsabilidad personal, y solo ellos permanecen exentos de estas exigencias neopaternalistas y experimentan un incremento real de autonomía.

EL MERCADO LABORAL Y LOS DERECHOS ECONÓMICOS DE LOS CIUDADANOS

Esta transformación del trabajo se vio impulsada por dos factores: en primer lugar, por la regulación social del trabajo y del mercado laboral como tal (por ejemplo, a través del Estado social) y, en segundo lugar, por el cambio en la producción y la gestión empresarial (Doogan, 2009). Como se ha explicado en el capítulo anterior, el capitalismo financiero, a través del shareholder value, ejerce un influjo inmediato sobre las empresas y, por tanto, también sobre el trabajo. Se convierte así en la fuerza motriz de un nuevo modelo de producción, pues las reestructuraciones empresariales se alinean con unos modelos centrados en el mercado y con las vigentes normas de producción (Dörre y Brinkmann, 2005). Esto se consigue mediante una «tríada» de la política empresarial; a saber, elevando la flexibilidad, externalizando los riesgos y reduciendo los costes.

Si en la era de la producción masiva fordista había dominado todavía un relativo «cierre» empresarial respecto de las oscilaciones del mercado, ahora las estrategias se emparejaban casi de inmediato con la incrementada volatilidad de los mercados. De este modo, los horizontes temporales de las empresas se acortaban, al tiempo que las estrategias de producción se especializaban y flexibilizaban (véanse Piore y Sabel, 1985; Sennet, 2000). Para conseguir los márgenes de beneficio preestablecidos en el ámbito de esta orientación al shareholder value y salir paralelamente al paso de la volatilidad de los mercados de destino, se pasó a planificar los recursos humanos en las empresas. Si antes las estrategias se habían configurado según el promedio cíclico de la producción planificada —la denominada política de personal de línea media—, ahora se consideraban más bien los umbrales mínimos de capacidad (Haipeter, 2012). En la gestión empresarial, se apostó por reducir las plantillas fijas e incrementar la fuerza de trabajo marginal, de carácter flexible y precario. En caso de crisis, esta se podía «ajustar» o «reestructurar» rápida e inmediatamente, según se decía en muchas empresas para referirse a los despidos de los trabajadores temporales (véase Holst, Nachtwey y Dörre, 2009). La plantilla fija ocupaba básicamente, según esta lógica de la política de personal, los puestos clave, es decir, los más cualificados. Todo lo demás se iba rellenando con mano de obra precaria: empleados de duración prefijada, trabajadores temporales y trabajadores con contrato de obra. Aunque este desarrollo afectó sobre todo a las grandes empresas integradas en el mercado mundial, en muchas otras ramas se podían observar unas tendencias similares; así, en el sector de los servicios o del comercio, se emplea a menudo a trabajadores temporales o con contrato de obra para eludir mejor los convenios colectivos o externalizar costes y riesgos. En el fordismo existía hasta cierto grado una especie de firma integral en la que, en la cantina, el trabajador cualificado y el cocinero formaban parte de un mismo establecimiento y un mismo convenio salarial. En la actualidad, la firma cada vez se convierte más en una fábrica fragmentada. Sus límites ya no están definidos por los muros de la planta de producción sino que se han convertido en una red de sistemas diferenciados de creación de valor (véanse Durand, 2007; Brinkmann, 2011; Castells, 2001) consistente en una multiplicidad de profit centers autónomos, naves industriales independientes con distintas condiciones de participación y retribución y, sobre todo, en mano de obra con unas relaciones laborales heterogéneas y cada vez más precarias.

En Alemania, el paquete-ley de las «modernas prestaciones de servicios en el mercado laboral» («Hartz I y II») liberalizó las relaciones laborales de tiempo parcial y el trabajo temporal. Con respecto a este último, concretamente se levantó la prohibición de sincronizar trabajos y la de limitación temporal (de este modo se había impedido antes a las empresas de trabajo temporal contratar solo por la duración de un empleo puesto a disposición de una empresa «usuaria»).[28] El boom experimentado en los años siguientes por el trabajo temporal y los empleos con salario bajo ha sido el resultado directo de estas medidas. Además, los trabajadores precarios, en particular los temporales y los que tienen contrato de obra, se convierten ahora en «ciudadanos de la empresa de segunda clase» (Brinkmann y Nachtwey, 2013 y 2014). Respecto a la figura del trabajador temporal, queda especialmente claro esto: tras la modernización de la ley sobre los comités de empresa de 2001, dispone de iure de derechos de participación más amplios, pero estos en la práctica se han visto reducidos a la mitad. En las empresas de trabajo temporal, tienen los mismos derechos que los demás empleados, pero en la empresa empleadora, en la que a menudo llevan muchos años trabajando, solo pueden hacer valer unos derechos de participación muy limitados. En el balance general aparecen como «recursos técnicos», y para ellos no rige ninguna protección contra el despido; además, por el mismo trabajo ganan frecuentemente solo la mitad que los empleados fijos, y su situación adolece de déficits de protección laboral y sanitaria. Con todo lo cual, caen en nuevas dependencias: así, a menudo ganan tan poco que sus ingresos ya no les permiten protestar constantemente y, como trabajadores «aufstocker» que son, esto es, como trabajadores perceptores de prestaciones, dependen en gran parte de las subsidios que reciben del Estado. La reducción de las regulaciones estatales en el mercado laboral tiene así como consecuencia el aumento de las intervenciones político-sociales. A los trabajadores temporales se les añade todavía la dolorosa «comprobación de recursos», con la que se evalúa si podrían vivir o no de una manera «razonable» con los ingresos que perciben en la actualidad.

Finalmente, los gremios empresariales se debilitan también al perder personal por la implantación del trabajo temporal y, por añadidura, deben asumir más tareas al mismo tiempo. Debido a ello se va erosionando la participación y cogestión empresarial (Brinkmann y Nachtwey, 2013). En el capítulo siguiente nos ocuparemos, algo más detenidamente, de la precarización; en este nos centramos sobre todo en la importancia de la erosión de los derechos económicos de los ciudadanos (de los convenios colectivos y los derechos empresariales). Hace ya varias décadas que el sistema de los convenios colectivos viene haciendo agua: como institución desmercantilizadora, ha perdido mucha influencia; los convenios se han convertido incluso en mediadores de los mecanismos del mercado (Holst, 2011). Los empresarios se han despedido parcialmente de las formas tradicionales de la concertación social e intentan eludir sus compromisos salariales (Streeck, 2009). También los representantes de los intereses de los trabajadores en los comités de empresa y de personal han dado un paso atrás. En el año 2014, solo el 28 % de los trabajadores de Alemania occidental y el 15 % de los de Alemania oriental que trabajaban en firmas privadas tenían un convenio sectorial y un comité de empresa, mientras que en 1998 eran, respectivamente, el 39 y 25 % (Ellguth y Kohaut, 2015).

Si tomamos el ejemplo de una importante fábrica alemana de construcción de automóviles, que este autor se propuso estudiar desde varios ángulos a partir del año 2008, podremos apreciar los desarrollos que acabamos de describir aquí (véase Brinkmann y Nachtwey, 2013, págs. 523 y sigs.). La planta de producción en cuestión, una de las más modernas de Europa, entró en funcionamiento en el 2005 y fue ideada según la pauta o régimen del shareholder value. Se trata de una fábrica reactiva, es decir, capaz de reaccionar rápida y flexiblemente a los cambios producidos en la demanda.[29] En las instalaciones hay espacio suficiente para los proveedores integrados, y las distintas naves se pueden ampliar de manera flexible; en las fases de funcionamiento normal, se emplea a un 30 % de trabajadores temporales, porcentaje que en caso de crisis se puede «reajustar» sin mayor dilación. En el momento del estudio, hay en la planta aproximadamente la mitad de los allí empleados, unos cuatro mil trabajadores de la firma automovilística; los demás son trabajadores temporales o procedentes de firmas externas. En comparación con estos, a los trabajadores fijos se los trata muy bien. Su remuneración está acogida a convenio colectivo, el contrato salarial les aporta unas gratificaciones suplementarias, y además están representados por un fuerte comité de empresa. Los trabajadores temporales —más de mil— disfrutan formalmente ahora, tras una lucha de varios años del sindicato y del comité de empresa, de las mismas condiciones que los fijos por lo que respecta al sueldo base y a las condiciones laborales, pero están excluidos de las pagas extra y de cualquier tipo de gratificación o prima.[30]

En la planta de producción hay además otro mundo paralelo: el de los trabajadores con contrato de obra, cuyo radio de acción está delimitado por una línea azul trazada en el suelo. Es el espacio que utiliza una empresa de logística para entregar nuevo material a las cadenas de montaje y estaciones de trabajo interactivo. El logístico es un trabajador con contrato de obra, y no puede haber colaboración alguna entre la plantilla fija de la empresa automovilística y el personal —claramente peor empleado— de la empresa externa; de lo contrario, se trataría de un contrato de obra ilegal. Por lo tanto, la línea azul no pueden traspasarla ni los empleados del logístico ni los empleados fijos ni los temporales (lo que en realidad, y naturalmente, ocurre con frecuencia de todos modos).

A solo unos metros de distancia, en la planta de producción, hay otra nave, que otro proveedor de servicios ha alquilado a la empresa principal; en ella se producen ejes. La empresa suministradora emplea en la planta a solo 34 trabajadores fijos, principalmente ingenieros y ejecutivos, más 10 trabajadores temporales de una agencia de trabajo temporal, perteneciente al grupo. Sin embargo, los ejes en cuestión los ensamblan 470 trabajadores temporales, empleados por un total de siete agencias de trabajo distintas. En la empresa principal —un fabricante de coches muy famoso—, las condiciones laborales son ejemplarmente modernas: no hay cadenas de montaje propiamente dichas, sino unas plataformas flotantes en las que hay a su vez una carrocería montada sobre una tarima hidráulica. Esta se ajusta y adapta electrónicamente al tamaño corporal de cada montador y, al igual que el suelo elástico de madera, responde a los mejores patrones ergonómicos. Doscientos metros más allá, donde se montan los mencionados ejes, ya no se ven tales modernidades: se trabaja en la tradicional cadena de montaje, no hay ningún sistema de aire acondicionado, el suelo es de cemento, no existe ninguna medida ergonómica, hay poco dinero y menos seguridad social.

Una parte de los trabajadores temporales consiguió después algo que los que trabajan en precario consiguen solo raras veces: crear un comité de empresa. Pero ese comité al final únicamente obtuvo derechos de decisión para la agencia de trabajo temporal; es decir, que los trabajadores temporales solamente podían influir en las condiciones laborales en un despacho que gestionaba su trabajo, pero no en las condiciones laborales en la fábrica en que estaban empleados; eso competía al comité de empresa de la firma «usuaria», el cual por su parte estaba formado por los ingenieros y directivos antes mencionados, que no mostraban particular interés por las condiciones y necesidades de los empleados en la cadena de montaje.

En resumidas cuentas, podemos apreciar una clara jerarquía en la que los empleados en los peldaños más bajos se hallan claramente postergados: los empleados fijos de la empresa de automóviles disponen del más alto grado de seguridad social, los mejores sueldos y las mayores oportunidades de participación democrática en la empresa. Los trabajadores temporales afectos a la empresa principal pueden aún participar parcialmente de las condiciones salariales de los empleados fijos, mientras que los trabajadores de las firmas externas y los temporales empleados por estas compañías no alcanzan los niveles y parámetros de los anteriores.

El ejemplo aquí aducido podría parecer un tanto drástico, pues no en todas partes se dan unas circunstancias y condiciones semejantes. Pero tampoco es excepcional. En muchos otros sectores, como por ejemplo en el de la venta al detalle, la realidad se mueve en una dirección muy parecida. En la industria alimenticia, en particular en las fábricas cárnicas, se encuentran frecuentemente situaciones mucho más extremas. A menudo, solo uno de cada diez empleados tiene aquí un contrato de trabajo regular. En una empresa estudiada por este autor, del total de sus 500 trabajadores solo 184 habían sido contratados directamente por la empresa (véase Brinkmann y Nachtwey, 2014, págs. 91 y sigs.). Casi todos los demás eran rumanos que oficialmente trabajaban en empresas de su país, por lo que, según las estipulaciones de la ley alemana de desplazamientos, no existía ninguna obligación de concederles la seguridad social. Los comités de empresa se encontraban con demasiadas exigencias, y los trabajadores rumanos no tenían prácticamente a nadie que representara sus intereses; eran precisamente sus capataces los que llenaban este vacío. A menudo se incumplían las disposiciones sobre el tiempo de trabajo, y la comunicación apenas era posible a causa de la barrera del idioma. De todos modos, los trabajadores extranjeros no podían hablar ni colaborar casi nunca con los trabajadores alemanes, pues de lo contrario se habría tratado de un contrato ilegal.

Se equivocaría quien pensara que casos semejantes solo se suelen encontrar en actividades no cualificadas. Junto a la espiral descendente que se puso en movimiento para el trabajo en la cadena de montaje, las dinámicas de flexibilización ligadas a formas de ocupación atípica influyen también en la esfera del trabajo altamente cualificado. En efecto, entre los especialistas en tecnologías de la información o en servicios de ingeniería están aumentando los contratos de obra. El crowdworking, como se practica por ejemplo en la industria del software o en la automovilística, desplaza cada vez más a otras actividades fijas y bien definidas, lo que alimenta a su vez las especulaciones sobre el «fin del puesto fijo» (Ruhkamp, 2014). En la industria automovilística, por ejemplo, en los últimos años están predominando las prestaciones de servicios de ingenieros que tienen una incidencia inmediata en el desarrollo de los nuevos productos. Los comités de empresa informan una y otra vez sobre las nuevas y desconocidas caras que de repente aparecen en la cantina de la fábrica, las cuales vuelven a desaparecer de la planta con la misma rapidez —y sin hacer ruido— una vez terminado el ciclo productivo. El suministrador del servicio pasa entonces al siguiente proyecto de desarrollo. Al principio, los ingenieros suelen experimentar este nomadismo como algo satisfactorio y gratificante; después de todo, su actividad es variada y les gusta verse enfrentados a nuevos retos. Sin embargo, a menudo llega también el momento en que se invierte esta visión de la realidad. El continuo viajar y el consiguiente desarraigo se convierten en un serio problema, las tensiones físicas son cada vez más difíciles de sobrellevar, y los ingenieros tienden entonces a buscar desesperadamente un puesto fijo.

En la modernidad social, se generalizaron los derechos económicos y sociales de los ciudadanos, es decir, que cada vez se extendieron más a nuevos grupos. La situación de los distintos grupos de trabajadores se ajustó hacia arriba, es decir, que los trabajadores sin formación solían tener en general los mismos derechos de participación y de la seguridad social que los empleados fijos.[31] Ahora se ha vuelto a invertir este proceso.

LA INDIVIDUALIZACIÓN DUAL

El libre desdoblamiento del individuo, su posibilidad de actuar como sujeto adulto y emancipado, es un valor básico de las sociedades modernas. En su forma actual, es el resultado de cambios materiales, sociales y mentales que se influyen recíprocamente. Como ya vimos, la modernidad social aceleró estos procesos (véase capítulo 2). El aumento de los ingresos y del tiempo libre amplió el radio de acción de las personas y les permitió salir de su situación social heredada. Las relaciones sociales tradicionales, los vínculos familiares y, sobre todo, la marca del estatus social perdieron su carácter colectivo y su lugar lo ocuparon los valores individualizados, las disposiciones conductuales y las biografías.[32] Aquellas tendencias de desarrollo se ven reforzadas precisamente en la modernidad regresiva, si bien la mercantilización general está conduciendo asimismo a una individualización generalizada. Así, vemos cómo está surgiendo un arreglo o compromiso paradójico: la individualización fue posible sobre todo gracias al Estado social, pero al mismo tiempo el individuo moderno se siente en gran medida dependiente de estas instituciones sociales (véase capítulo 1).

Ahora se vuelven las tornas: el impulso a actuar como individuo ya no parte de ciudadanos que, ante un orden rígido, buscan la emancipación. La individualidad es ahora un imperativo social que «reside» en los ciudadanos. Para Robert Castel, la individualidad, en consecuencia, se ha «dualizado» (Castel, 2011, pág. 20; véase también Sennet, 2000 y 2005). A tenor de lo que dice Norbert Elias, según Castel vivimos actualmente en una sociedad de individuos pura (Elias, 1991), en la que nos vemos obligados cada vez más a comportarnos según las premisas de la individualidad competitiva. Para muchas personas pertenecientes a las clases medias, esto ha resultado positivo: conocen bien las oportunidades que surgen de utilizar y aprovecharse de este desarrollo, pues para ellas el verse libres de los compromisos colectivos ha supuesto más autonomía y responsabilidad personal. Por eso desarrollan frecuentemente una postura afirmativa hacia las liberalizaciones: se ven, solipsistamente hablando, como buscadores de oportunidades.[33] Pero con ello amenazan también con convertirse, narcisistamente hablando, en el de los «individuos por exceso» (Castel, 2011, pág. 21). El nutrido grupo de quienes, en medio de la vorágine de las liberalizaciones, no han salido bien parados, no disponen de los mismos recursos y a menudo carecen incluso de los presupuestos básicos para la autonomía, se convierte por su parte en el de los «individuos por defecto» (ibíd., pág. 21). Para estos, la liberalización y la incrementada inseguridad social en la sociedad constituyen más bien una amenaza. Con la descolectivización del Estado social, aumenta también el peligro del descenso social, con la consiguiente estigmatización. El desempleo, los trabajos con sueldo bajo, la pobreza, las escasas oportunidades de ascenso, etc., no habían sido antes déficits personales sino un destino colectivo de clase compartido por todos ellos. Los medios o entornos de clase han propagado y legado unas «contrainterpretaciones exculpatorias», unas formas específicas de defensa y de apoyo» (Beck, 1986, pág. 144). Mediante la individualización, el destino, antaño colectivo, se convierte ahora en el destino personal del «individuo del mercado» (ibíd.). Este proceso lo refuerza precisamente la dependencia de nuestra sociedad respecto de la educación. La educación puede ser un valor universal, pero con ella se trazan también nuevas fronteras, pues al final solo unos pocos consiguen hacer realidad una oportunidad, y aprovecharla en consecuencia. «De este modo, surgen dos mundos: el mundo de las oportunidades y el de la exclusión» (Dahrendorf, 1992, pág. 259; véase Münkler, 2012, págs. 70 y sigs.).

Contrariamente a lo que se podría esperar, mediante la individualización no se llega necesariamente a una autonomía incrementada ni tampoco a una multiplicidad mayor de las formas de vida. Pues la verdadera autonomía se expresaría aquí en que los individuos pueden elegir un estilo de vida que va en contra de las normas sociales. Al final, la individualización se ha trastocado en un «sistema de exigencias en su mayor parte emocionalmente enfriadas» y el «ideal cotidianamente anhelado de la realización personal, en ideología y fuerza productiva» (Honneth, 2002, pág. 154). El impulso de la liberalización —el aumento de autonomía— adopta la forma de unas disposiciones e inseguridades que socavan la solidaridad social. La alta dependencia del mercado produce tendencialmente un conformismo en el que la individualidad solo se muestra en los «narcisismos de las pequeñas diferencias» (véase Freud, 2007 [1930]). De este modo, la individualización pierde cada vez más su carácter emancipador y se convierte en un reto, pero para algunos es en realidad una exigencia excesiva; e incluso amenaza con volverse patológica al negarse la sociabilidad como tal.

LA JUSTICIA: UN PASO ADELANTE Y DOS ATRÁS[34]

En la modernidad social se institucionalizó un compromiso entre las distintas clases: los derechos sociales derivaban en gran parte del trabajo. La justicia significaba que debían reducirse las desigualdades sociales; no se trataba de igualdad en los resultados, como formulaban a menudo los críticos de la justicia social, sino de una mejora en la posición, de una «igualdad de posiciones», como lo llama François Dubet (Dubet, 2012, págs. 165 y sig.).

La justicia social, en el sentido que le da Dubet, está relacionada con la estructura desigual de las posiciones sociales con respecto a los ingresos, pero también con respecto a las condiciones de vida, a la seguridad social, al acceso a los servicios sociales, etc. Por ejemplo, en el caso de personas con pocos ingresos, antes se trataba de que también ellas pudieran permitirse tener vacaciones. En otras palabras, que la orientación principal de la justicia social es aquí vertical, es decir, que mira a la estructura de clase de la sociedad. La justicia debía producirse por medio del ascenso social, pues este es «consecuencia indirecta de una igualdad social relativa» que da validez al principio del rendimiento y al acceso a la educación (ibíd., pág. 165). Pero también conviene señalar que, según esta concepción de la justicia, apenas se tenían en cuenta otras desigualdades, como por ejemplo las existentes entre los sexos o las etnias.

Con la modernización regresiva se produce una reevaluación de la justicia y del discurso de la igualdad. Ahora se trata sobre todo del modelo de una igualdad de oportunidades radicalizada.[35]

La justicia implica, en este sentido, no tanto la superación de las desigualdades verticales como, ante todo, la reducción de las discriminaciones horizontales que acompañan a características culturales (véase Fraser y Honneth, 2003). Los conceptos clave de este discurso de la justicia ya no son la desigualdad social y la explotación, sino la equiparación y la identidad. La igualdad de oportunidades apunta, por ejemplo, al acceso —formalmente equiparado— de la mujer a posiciones que hasta entonces estaban reservadas a los hombres. Según este discurso, Las diferencias verticales entre las posiciones profesionales —entre la directora de una gran empresa y la perceptora del salario mínimo en una empresa de limpieza— no desempeñan prácticamente ningún papel. El problema que surge con este cambio o desplazamiento no es, naturalmente, que uno se comprometa a una mejora de la posición de la mujer en el mercado laboral; el problema es que la política de la justicia se reduce a esta cuestión, pues una igualdad de oportunidades radical reduce la justicia a la lógica horizontal de la inclusión y de la igualdad de trato. De este modo, la lógica vertical de la redistribución se va esfumando poco a poco (véase, Nullmeier, 2006).

La igualdad de oportunidades radicalizada produce además unas regresiones paradójicas muy concretas. Sin duda, todos deben tener las mismas oportunidades (los hijos de los trabajadores deben poder ascender a posiciones clave, etc.); lo que ocurre es que esta política tiene ahora como efecto colateral que lleva la competencia al mercado laboral, pues, como bien sabemos, el número de directivos es limitado. Así, la desigualdad de oportunidades resulta incluso incrementada. En un sistema de oportunidades formalmente igualitario, las perspectivas para los hijos de padres ricos y con mejor formación son también mejores al final. Gracias a los enchufes y a otras ventajas de partida, se suelen heredar muchos privilegios invisibles. Esto vale en especial para las posiciones o puestos directivos: con su habitus soberano de clase alta, los cualificados de posición más elevada aventajan —como ha señalado Pierre Bourdieu en su teoría de la distinción— a los pertenecientes a las clases inferiores, habitualmente menos elegantes (Bourdieu, 1989). Por tanto, a menudo son los hijos de las élites quienes aterrizan en lo más alto (Hartmann, 2002).

Si todos los participantes en el mercado tienen igual acceso al mercado, las desigualdades sociales heredadas no deberían (en el plano ideal) representar ya papel alguno, y en el mercado solo deberían ser decisivos el talento, el rendimiento, el esfuerzo y la dotación del individuo. Esto se corresponde con el principio meritocrático, con su ideal de la movilidad social pura.[36] La igualdad de oportunidades es, por tanto, el principio de justicia de una sociedad individualizada, pues con dicha igualdad se radicalizan la autonomía, la responsabilidad y la realización personal, al tiempo que se incrementa la competencia de los individuos dentro de y entre los grupos, con lo que al final se socaban los lazos sociales y solidarios.

La sociedad se concibe según el ideal de la competencia leal, las diferencias posicionales se dan solamente —según dicha teoría— como resultado del rendimiento. Pero de este modo se construye una quimera, pues la igualdad de oportunidades radical corre pareja con la paradoja de que, aunque cada cual se halle expuesto al mercado más que nunca, los resultados del mercado se reparten menos que nunca según los principios del rendimiento.

En la historia, el principio del rendimiento fue siempre algo muy disputado en el plano semántico y práctico; su implantación fue originalmente la marca distintiva del ascenso de la burguesía en un mundo que durante mucho tiempo había estado regido por principios gremiales y privilegios aristocráticos. La propiedad, los ingresos o la posición social no debían estar determinados ni por el principio del origen estamental ni por características adscriptivas tales como el color de la piel o el sexo, sino que debían ser el resultado del trabajo y rendimiento personales. El principio del rendimiento genera una especie de vinculación entre el esfuerzo individual y la ganancia que se puede esperar legítimamente y fija los criterios sobre cómo tiene que ser esta ganancia con respecto a los ingresos, la posición social, etc. Pero el principio del rendimiento liberal se vació muy pronto de contenido, y en su lugar ha surgido una cultura del éxito en la que no cuenta el esfuerzo sino el resultado. Las élites económicas y políticas se convierten —elegantemente— en entidades prestatarias, y el rendimiento se define según el éxito logrado. ¡El éxito propiamente dicho se ha convertido en el principal baremo para evaluar el éxito! (he ahí un monstruoso acto de autorreferencialidad) (Neckel, 2008; Neckel y Dröge, 2002). Con lo cual, un directivo, en virtud de su posición en la jerarquía social, es un agente prestatario independientemente de sus verdaderas prestaciones. En cambio, una enfermera que trabaja siete días a la semana de manera responsable y con máxima dedicación personal no figura como agente prestataria (porque no tiene éxito).

En una palabra, cuanto más apuesta una sociedad por la igualdad de oportunidades, más desigual se torna y más legítimas se vuelven las desigualdades. Si bien es verdad que la validez del principio del rendimiento cada vez se debilita más, no es menos cierto que todos siguen teniendo (supuestamente) las mismas oportunidades: los perdedores son, por tanto, los perdedores merecidos y los ganadores son los ganadores merecidos. Por tanto, las normas y patrones de la modernidad muy a menudo solo siguen existiendo como un simple envoltorio.

LA REGRESIÓN DE LA CIUDADANÍA SOCIAL

Los fenómenos de la modernización regresiva hasta ahora tratados acrecen hasta tal punto que han desembocado en un cambio trascendental de los derechos civiles. Esto afecta a los derechos democráticos del ciudadano, a un desarrollo que aboca en el «individuo del mercado» y también a la descolectivización del Estado de bienestar y de la justicia social. La crítica de izquierdas a las burocracias de la modernidad social se ha «cumplido así de manera perversa» (Sennet, 2005, pág. 7). La crítica artista a la burocracia y a la estandarización se ha convertido al final en un recurso del desmantelamiento de toda la modernidad social (véase Wagner, 2012).

Mientras que en la modernidad social alcanzó su punto álgido el desarrollo y extensión de los derechos políticos, económicos y sociales, estos se han visto ahora socavados a causa de la modernización regresiva, convirtiéndose así en un elemento clave de la sociedad del descenso. Con todo, esto se ha dado de una manera asimétrica y no simultánea. La cultura política se ha vuelto hoy selectivamente más liberal. La ciudadanía política cabalga sin parar en el sentido de la igualdad individual. Se podría decir que, en el plano horizontal —entre distintos sexos, entre personas de diferente orientación sexual y, en determinados ámbitos, incluso entre etnias distintas—, la sociedad se ha vuelto más igualitaria e incluyente. Pero al mismo tiempo ha aumentado el trato no liberal a los receptores de prestaciones sociales.[37] En el plano vertical, la equiparación política corre pareja con más desigualdad y a veces incluso con mayores discriminaciones. Los derechos sociales y económicos de los ciudadanos han mermado o encogido.

El desmantelamiento de la ciudadanía social no ha retrocedido al punto cero del pre-Estado social del siglo XIX, sino que ha incorporado un basamento liberal. Pues mientras se desmontaban los derechos sociales colectivos, se establecían nuevos derechos individuales, que han fortalecido, por ejemplo, la posición del individuo como consumidor (véanse Lamla, 2013; Dardot y Laval, 2013). De este modo, los derechos cívicos se reconstituyen como derechos del ciudadano de los mercados,[38] los cuales, dicho con pocas palabras, no necesitan de ningún Estado social globalizador ni de ningún servicio público ampliado que actúen como instancias garantes de la democracia.

El ciudadano de los mercados es una nueva figura social con derechos específicos: igualdad política, protección al usuario, derechos de propiedad, protección contra la discriminación... Pero, al final, estos derechos no son mucho más que una igualdad de derechos del individuo consumidor; una igualdad de derechos que conlleva desigualdades reforzadas con relación a la redistribución de los resultados del mercado. El ciudadano de los mercados ya no es, en puridad, tanto un ciudadano como un cliente con derechos. El ciudadano de los mercados es el sujeto ideal de la modernización regresiva, el cual se halla sometido al dominio de la competencia total (véanse Rosa, 2009; Rosanvallon, 2013).

La regresión de los derechos sociales de los ciudadanos tiene además unos efectos muy profundos en la colectividad democrática y en su genérico postulado de igualdad. En el pasado, este se basó en una relativa «igualdad relacional» (Rosanvallon, 2013, págs. 18 y sigs.): un mismo estatus cívico, una cierta similitud (no igualdad) en la vida cotidiana, una misma autonomía y ausencia de privilegios estamentales.[39] Pero esta igualdad relacional se ha quedado ahora fuera de juego. Los ganadores se desmarcan claramente frente a los perdedores, efecto del proceso de la «refeudalización» (Neckel, 2013). Por arriba, se está produciendo una «secesión de los ricos» (Rosanvallon, 2013, pág. 330), la cual disuelve la cercanía democrática y favorece la autosegregación. Por el contrario, a las clases bajas les espera un nuevo paternalismo, que ahora aparece disfrazado de liberación. Por tanto, el plus emancipador de la época «cívica» se disuelve una vez más. El resquebrajamiento de la estructura de la igualdad democrática está amenazando a esta como totalidad, sobre todo si se tiene en cuenta que lo está acompañando y reforzando otro resquebrajamiento de índole social: el descenso social colectivo.

Capítulo 4

EL DESCENSO SOCIAL

En pleno milagro económico alemán (occidental), Hannah Arendt hizo su famoso pronóstico de que la sociedad del trabajo se quedaría un día sin trabajo (Arendt, 2009 [1958]). Un cuarto de siglo después, en la década de 1980, se tuvo efectivamente la impresión de que iba a cumplirse dicho pronóstico. La tradicional sociedad industrial se había modificado a toda velocidad. Los ordenadores y los robots hicieron su entrada en la producción, el paro se convirtió en un fenómeno de masas perdurable y el sector servicios empezó a ocupar un espacio cada vez mayor con respecto a la producción tradicional. El fin de la sociedad del trabajo, tal y como se la conocía hasta entones, parecía próximo (Gorz, 1980; Dahrendorf, 1983).[1] Asimismo, cada vez se dudaba más de que el trabajo fuera a fundar una relación social «que alcanza, permea y atrae a su surco todas las demás formas sociales y esferas de la vida» (Offe y Hinrichs, 1984, pág. 64). Pero el error no pudo ser mayor. La importancia del trabajo productivo no ha disminuido desde entonces, sino que ha aumentado. Lejos de tocar a su fin, la sociedad del trabajo experimentó más bien un nuevo comienzo: se iba a poner de nuevo el trabajo asalariado en el centro de la sociedad, si bien bajo auspicios y presupuestos completamente distintos a los de la modernidad social.

En realidad, la tesis sobre el fin de la sociedad del trabajo no había tenido en ningún momento una base empírica sólida; defendida sobre todo en los años setenta y ochenta del siglo XX, era un pronóstico hecho de una manera un tanto mecanicista a partir de un paro y una automatización crecientes: a menudo, el desempleo creciente no dejaba ver que el número de los trabajadores activos había aumentado casi siempre desde los años setenta.[2] La tasa de empleo —el índice de los activos y los parados respecto a la población total— ascendió del 44,2 % en el año 1970 al 52,6 % en el 2013.[3] Entre 1970 y 2013, la cuota de los trabajadores por cuenta ajena subió en casi nueve puntos porcentuales, del 36,9 al 45,4 %, y la cuota total de los trabajadores en activo (es decir, incluidos también los trabajadores por cuenta propia), del 44 al 50,9 % (véanse Statistisches Bundesamt, 2014b; Schüller y Wingerter, 2013).

Esta tendencia se ha mantenido hasta el día de hoy de manera casi ininterrumpida. Nunca antes en la historia de la República Federal de Alemania había habido tantas personas en activo como en el año 2015. En julio de ese año, 42,8 millones de personas realizaban algún trabajo remunerado, toda vez que el número de inscritos en las oficinas del paro había caído a 1,97 millones. El porcentaje de parados solo era del 4,7 % (Statistisches Bundesamt, 2015a).[4] El desempleo había descendido al nivel de la época de la reunificación alemana, e inmediatamente se habló en tono triunfalista de una «nueva era de plena ocupación» (Paqué, 2012).[5] Pero, como se mostrará a continuación, se trata de una «sociedad de ocupación plena pero precaria», completamente configurada y programada para el empleo a cualquier precio (Dörre y otros, 2013b, págs. 32 y sigs.).

Las perspectivas cuantitativas respecto al trabajo —es decir, numéricas— ocultan además un cambio estructural interno ocurrido en la sociedad del trabajo, a saber, que está surgiendo una sociedad del descenso social que no se queda sin trabajo, pero sí sin trabajo integrado. Vistas las cosas de este modo, se puede afirmar que en dicha constelación está tocando a su fin la vieja sociedad del trabajo de la modernidad social, en la que el trabajo era todavía un requisito fundamental para la seguridad social (véase Castel, 2011, págs. 10 y 76 y sigs.). El «breve sueño de un ascenso perenne» se ha terminado, y probablemente no vuelva ya a darse nunca más (Mau, 2012, pág. 49; véase Trinczek, 2011). Con la modernización regresiva, el trabajo cambia de carácter, y de la anterior fuente del ascenso brota ahora el peligro del descenso social. La actividad laboral garantiza a cada vez menos personas seguridad, estatus y prestigio, por no hablar de la posibilidad de una continuada planificación de su vida. Los procesos de descenso se han ido extendiendo, en sucesivos empellones, a segmentos de la sociedad cada vez más grandes.

Sin embargo, este diagnóstico necesita de ulteriores diferenciaciones. Por eso, tras un esbozo de los mitos y realidades de la sociedad del rendimiento, conviene analizar el descenso social teniendo presente tanto el trabajo precario como las nuevas situaciones y movilidades sociales. Se trata aquí de describir un proceso multidimensional que tiene lugar en distintos planos al mismo tiempo y que se caracteriza por una polarización interna. Tanto la clase media como la baja están experimentando unos procesos de descenso específicos que, como se mostrará después, conducen a unas particulares y diferenciadas estrategias de gestión y de superación. La sociedad del descenso, como se diagnostica al final del capítulo, desemboca en una nueva sociedad de clases.

UNA SOCIEDAD DE SERVICIOS INDUSTRIAL

El deseo de liberarnos del trabajo, al menos de su aspecto más gravoso, fomenta y genera con tozudez nuevos mitos. En los últimos ciento cincuenta años, el trabajo se ha vuelto físicamente menos duro; pero seguimos muy lejos —a años luz— de poder liberarnos de él.

El cambio producido en la sociedad del trabajo trasparece de manera especial en un desplazamiento o desfase ocurrido entre diversos sectores de la economía. La cuota del sector primario (es decir, el agrícola, forestal y pesquero) con respecto a la ocupación total retrocedió del 24,6 % en el año 1950 al 1,5 % en el año 2013. Pero también ha disminuido en el mismo espacio de tiempo la cuota del sector secundario (es decir, el de la clásica industria productiva), concretamente del 42,9 al 24,7 %. Por su parte, y como consecuencia, en el 2013 ha subido la cuota de los empleados en el sector terciario (sobre todo en el área servicios), concretamente del 32,5 al 73,8 % (Statistisches Bundesamt, 2014c). No cabe, pues, la menor duda de que la economía ha cambiado de manera ostensible: en la moderna economía, hay menos trabajo en el campo y humean menos chimeneas. Pero este giro económico tan radical, a primera vista impresionante, se apoya en parte en un constructo estadístico que oculta el persistente carácter industrial de la creación de valor. La fragmentación legal de las empresas y su organización reticular ha producido un cambio estructural en el plano estadístico. Cuando en una fábrica de automóviles, en las tecnologías de la información, en parte de la I + D y en la cantina de una empresa se externalizan y trasladan estos sectores a otras unidades formalmente autónomas, entonces pasan a considerarse servicios propiamente dichos (véase Brinkmann, 2011). Sin embargo, siguen siendo servicios industriales, directamente vinculados a la producción y subordinados básicamente a ella.[6]

Sin duda se han consolidado las grandes tendencias de la cualificación superior, la terciarización y la feminización del mercado de trabajo. Pero no se ha dado un upgrading general de la estructura profesional tal y como se había esperado, sino que, por el contrario, esta se ha polarizado. Hay más empleados con cualificaciones altas y bajas, pero menos con cualificaciones medias (Oesch y Menés, 2011). El porcentaje de quienes, en su actividad, siguen una lógica laboral técnica —los antes llamados trabajadores manuales— ha bajado de manera considerable: entre 1990 y 2007, del 44,8 al 33,3 %. Y mientras el porcentaje de puestos de trabajo con una lógica laboral organizativa —servicios y oficina— ha aumentado en el mismo espacio de tiempo (del 24,9 al 27,6 %), ha subido también el porcentaje de los autónomos (del 9,7 al 11,3 %). En líneas generales, el porcentaje de los empleados que siguen una lógica laboral interpersonal ha aumentado hasta el 27,9 % (es decir, en un 4,3 %). Aquí entrarían, junto a los trabajadores asistenciales y educativos, los expertos socioculturales y los vendedores cualificados, el personal de seguridad, los trabajadores de la hostelería y todo el personal de apoyo (véase Vester, 2011, pág. 634). Pero más de la mitad de los empleados en el sector servicios dependen directamente de la creación de valor industrial (ibíd., pág. 638). No se trata tanto, pues, de una sociedad liberada de la industrial como de una sociedad de servicios industrial, en la que la lógica de la producción industrial y la lógica de la prestación de servicios se hallan completamente imbricadas (ibíd.).

Las nuevas ramas de la alta tecnología, del sector financiero y de la industria creativa se han plegado a un alto grado de división del trabajo social. Junto a los graduados en empresariales y ciencias económicas que trabajan en bancos, a los asesores empresariales y agentes de publicidad, a los ingenieros y especialistas en tecnologías de la información, a los altos administrativos y administradores de sistemas, no deja de crecer el ejército de los que trabajan en agencias call-center, centros de formación de personal o empresas de mensajería, así como los empleados en hamburgueserías y restaurantes de comida rápida y en supermercados, sin olvidar los equipos de limpieza y asistenciales, los educadores, etc.

Aún no se ve con claridad qué efectos pueden tener en la estructura profesional la digitalización y los progresos de la robótica. ¿Desaparecerá el trabajo de la futura sociedad del trabajo, cuando «lleguen los robots»?[7] En Estados Unidos, la ocupación se halla estancada desde el cambio de milenio, aunque haya aumentado la productividad (véase Brynjolfsson y McAfee, 2014, págs. 200 y sigs.). Además, abundan los pronósticos según los cuales más de la mitad de las profesiones podrían automatizarse en el futuro (Frey y Osborne 2013; Bonin y otros, 2015). En consecuencia, podrían verse fácilmente desplazadas sobre todo actividades cognitivas menos exigentes y más repetitivas, así como trabajos que solamente exigen una cualificación muy baja. De ahí que penda la amenaza de la desaparición sobre los escluseros, por ejemplo, pero también sobre los asesores fiscales, los corredores de seguros o los libreros. Tal vez estos escenarios se demuestren acertados; sin embargo, está por ver cómo se va a imponer la digitalización en la práctica, pues históricamente las innovaciones ahorradoras de mano de obra son la regla y no la excepción. Un ejemplo: a principios del siglo XIX, el trabajo a domicilio de los tejedores ingleses fue sustituido por los telares mecanizados de las manufacturas. Pero la consecuencia fue que, gracias al progreso tecnológico, se crearon nuevos puestos de trabajo. Especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, mostraron curiosamente un nivel de ocupación más elevado los países que más fuertemente habían apostado por la robótica y la producción automatizada, como fue el caso de Alemania, Japón y Estados Unidos. Desde esta perspectiva, la digitalización podría contribuir también al advenimiento de nuevas profesiones y, por ende, a la creación de más empleo.

Hasta ahora se ha podido constatar que, para determinadas profesiones altamente cualificadas —desde los asesores hasta los generadores de conocimiento pasando por los ingenieros—, se cumple la visión de una sociedad de servicios basada en el ascenso social y el aumento del grado de libertad. Estas personas han ganado sin duda mucha autonomía, lo que se debe en particular a que se da mayor importancia a sus especiales habilidades (saber y pericia) en la producción moderna; disponen, por tanto, de un mayor grado de poder estructural[8] en el mercado laboral.[9] Sin embargo, también la lógica del proceso laboral como tal les permite más libertades. En cambio, con respecto a los trabajadores no cualificados, ocurre justo lo contrario (Hirsch-Kreinsen y otros, 2012). En el proceso laboral no experimentan ninguna autonomía sino el dominio y control ajenos. Disponen de pocas opciones de acción, de pocas libertades o radios de acción creativos. Una combinación de estrategias de racionalización «social» de carácter intensivo y de formas de control directas y personales los convierte en individuos fácilmente sustituibles (véase Staab, 2014). Por eso poseen escaso poder estructural. En una palabra, el «proletariado del sector servicios» constituye la otra cara de la moneda de la aristocracia del empleo altamente cualificado (Bahl y Staab, 2010).

LA ESCALERA MECÁNICA HACIA ABAJO

Hasta la década de 1980, la sociedad de la República Federal de Alemania se caracterizaba todavía por el «efecto ascensor» (Beck, 1986). Lo bueno de dicho efecto era, como se dijo ya en el primer capítulo, que si bien las desigualdades seguían existiendo, los ricos y los pobres iban subidos en el mismo ascensor, por lo que las diferencias sociales perdían parte de su importancia. Pero para el análisis de los años sucesivos, la metáfora de la escalera mecánica es más apropiada y más ilustrativa que la del ascensor,[10] pues la subida y la bajada tienen una dimensión colectiva y otra individual. En el ascensor de Beck todos suben juntos, pero en la escalera mecánica pueden cambiar las diferencias entre cada uno de los individuos, dependiendo de si van hacia arriba o hacia abajo.

Con el símil de la escalera mecánica podemos comprender mejor la situación actual. Espacialmente, la podemos imaginar como una de esas que tanto abundan en los centros comerciales. Con la escalera mecánica, unos pocos acomodados ya han alcanzado la planta superior, donde, si quieren, pueden mirar hacia abajo o a su alrededor, o bien seguir escalando. Pero para la mayoría, que aún no han alcanzado la planta superior, ahora ha cambiado la dirección del trayecto. Si durante mucho tiempo fue hacia arriba, ahora va hacia abajo. Se trata de un proceso que se ha desarrollado de manera subrepticia. Las subidas o las caídas individuales no eran hasta ahora un fenómeno de masas, ni tampoco se puede decir que fuera imposible subir. Pero, visto colectivamente, lo cierto es que el trabajador va otra vez hacia abajo, y las distancias entre arriba y abajo no dejan de agrandarse.[11] Los más afectados por la escalera mecánica que va hacia abajo son sobre todo los grupos de edad más jóvenes. En general, este efecto de la escalera mecánica se ve de manera particularmente clara considerando los ingresos netos reales, los cuales ya empezaron a caer a los pocos años del diagnóstico de Beck.

La evolución de la renta neta es un índice importante para conocer la posición social y las oportunidades de participación de los trabajadores. Hasta principios de la década de 1990, la renta no dejó de subir tendencialmente (fig. 4.1), clara muestra del efecto ascensor, que se mantuvo durante mucho tiempo. A principios de esa década, el desarrollo de los salarios alcanzó su punto más alto, pero la curva acabó yendo hacia abajo. Desde 1993 no deja de bajar la renta real (fig. 4.2), si bien con algunos altibajos.[12] Hasta los últimos seis años, no parece que se interrumpiera esa tendencia. La renta real media ya no sigue cayendo; desde 2010, el promedio anual ha subido casi un entero (véase Statistisches Bundesamt, 2015c).

FIGURA 4.1: INGRESOS REALES NETOS Y PRODUCTIVIDAD LABORAL REAL EN ALEMANIA, 1970-1991

Antiguo territorio federal

FUENTE: Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Statistisches Taschenbuch 2011. Arbeits- und Sozialstatistik, Bonn, 2012.

El relativo declive de los salarios y sueldos —el gráfico muestra un valor medio que comprende tanto los ingresos altos como los bajos— oculta que al mismo tiempo ha aumentado la escala salarial en las empresas principales y en las filiales. Así, en las empresas filiales las ganancias básicas obtenidas en el sector financiero o en el energético se han duplicado, al igual que en el de la hostelería o, en general, en el del trabajo temporal. Pero también en las empresas ha aumentado la diferencia de retribución entre los simples empleados y los directivos. Según un estudio de la OCDE, desde el cambio de milenio ha subido de manera espectacular la desigualdad en los ingresos (OCDE, 2008).

La caída de las ganancias netas reales es tanto más significativa cuanto que, en el mismo periodo de tiempo, no ha dejado de aumentar la productividad en Alemania, a excepción de un bajón causado por la crisis económica. A este respecto, es interesante sobre todo el año 1974. Hasta mediados de la década de 1970 (véanse figs. 4.1 y 4.2) los ingresos reales y la productividad aún evolucionaban de manera paralela. Con el inicio de la larga desaceleración de la economía, la productividad y los ingresos empezaron a distanciarse entre sí. Entonces, los empresarios apostaron por primera vez y de manera generalizada por máquinas ahorradoras de mano de obra. A partir de la década de 1990, las dos curvas se distanciaron claramente: mientras aumentaban la productividad y la creación de valor, bajaban los salarios reales (véanse fig. 4.2 y OIT [ILO], 2011). Obtendremos otra imagen, trazada de otra manera, si además distinguimos entre las ganancias reales y los salarios negociados.[13]

FIGURA 4.2: INGRESOS REALES NETOS Y PRODUCTIVIDAD LABORAL REAL EN ALEMANIA, 1991-2011

FUENTE: Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Statistisches Taschenbuch 2011. Arbeits- und Sozialstatistik, Bonn, 2012.

A pesar de algunos años económicamente difíciles, desde el año 2000 la rejilla de los salarios nominales ha subido de manera clara, mientras que las retribuciones brutas han bajado en su conjunto (véase fig. 4.3).[14] En otras palabras, los ingresos han caído sobre todo allí donde no hay ningún convenio colectivo ni sindicato. El debilitamiento de los derechos económicos de los ciudadanos y la erosión de la cobertura contractual muestran, según esto, unos efectos materiales inmediatos.

FIGURA 4.3: DESARROLLO DE LOS SALARIOS EN ALEMANIA, 2000-2013

FUENTE: WSI-Tarifarchiv, Statistisches Bundesamt.

Hasta principios de la década de 1980 subieron ciertamente las ganancias reales, pero también la denominada cuota salarial, es decir, el porcentaje de la remuneración de los empleados con respecto a los ingresos totales de la población. Esta medida ilustra la contrapartida de la cuota de ganancias que indica los ingresos por acciones, alquileres e intereses, así como lo recaudado por la actividad empresarial. La cuota salarial da así información sobre la redistribución social del bienestar obtenido últimamente.[15] Durante la modernidad social y la vigencia del efecto ascensor, dicha cuota aumentó casi de manera continuada. Con relación a los ingresos del trabajo, se evidenció incluso un desarrollo que iba claramente más allá del efecto ascensor. En ese tiempo, los trabajadores pudieron elevar su porcentaje respecto a la creación de valor total. Por ejemplo, en 1982, año en que Helmut Kohl fue nombrado canciller federal e inauguró lo que él denominó «giro mental y moral», se estancó la subida de la cuota salarial. Desde principios de la década de 1990, en que se aceleró la modernización regresiva, viene cayendo tendencialmente dicha cuota.

En resumidas cuentas, desde la década de 1990, los trabajadores se llevan una parte cada vez más pequeña de la tarta económica total, mientras que los trozos de tarta de los pertenecientes a la clase alta son cada vez más grandes. Esta tendencia se advierte también en otras dimensiones de la desigualdad social. Así, por ejemplo, en la evolución de los denominados ingresos equivalentes de los hogares,[16] se puede constatar también en los últimos años una clara polarización. En las investigaciones llevadas a cabo se suelen formar clases de ingresos del mismo tamaño para generar «comparabilidad». La tendencia se puede expresar con la manida frase de «los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres». A la quinta parte más pobre de los hogares les toca solo el 9,2 % de la renta global de la sociedad: del año 1992 al 2011, estos han perdido casi un punto porcentual. Y, al revés, la quinta parte más rica de los hogares concentra y retiene el 36,6 %. En su conjunto, y en el mismo periodo de tiempo, el porcentaje de los hogares que disponen de menos del 50 % de los ingresos medios ha subido del 7,4 al 11,8 % (Goebel y otros, 2013).

FIGURA 4.4: DESARROLLO DE LA CUOTA SALARIAL (SIN AJUSTAR) EN ALEMANIA 1950-2010

FUENTE: Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Statistisches Taschenbuch 2011. Arbeits- und Sozialstatistik, Bonn, 2012. Räth y Braakmann, «Bruttoinlandsprodukt 2013», en Wirtschaft- und Statistik, Wiesbaden, enero de 2014, págs. 9-25.

Mientras duró el efecto ascensor, apenas cambió, como se ha indicado, la desigualdad social. Así, el coeficiente de Gini[17] de la renta de los hogares fue en el año 1978 casi idéntico al de 1991. Pero desde dicho año, la medida de la desigualdad no deja de subir: en el 2005, el índice alcanzó el nivel de 1962, cuando se registró por primera vez (véase Geißler, 2014, pág. 77).[18] En otras palabras, que la desigualdad entre ricos y pobres ha aumentado considerablemente en los últimos veinte años, clara señal de la existencia de la sociedad del descenso.

Sin la redistribución del Estado de bienestar, la desigualdad habría sido aún mucho mayor. Pues las desigualdades en la renta neta de los hogares se allanaron gracias a un sistema impositivo progresivo y a la transferencia de prestaciones estatales. Habría cabido esperar que mediante la reestructuración del Estado social de los últimos años disminuyera la magnitud o alcance de la redistribución estatal. Sin embargo, precisamente porque aumentó la desigualdad de las rentas de mercado y de capital, aumentó también el reparto. Sin las compensaciones estatales, la polarización en cuanto a los ingresos habría resultado más evidente todavía.

La riqueza se reparte básicamente según el famoso efecto bíblico conocido como «efecto de san Mateo»: al que tiene, se le dará, y tendrá más (véase Merton, 1985 [1968]).[19] Mientras que, en 1970, el 10 % de los hogares más acaudalados acaparaba el 44 % de la renta neta, en el año 2010 controlaba ya más del 66 %. El «1 %» más rico, famoso desde el movimiento Occupy (véase el capítulo siguiente), disponía del 35,8 % del valor financiero neto (véase Wehler, 2013, pág. 73). En el 2008, la mitad más pobre de la población solo poseía en cambio el 1 % de todos los bienes (véase Geißler, 2014, pág. 88).[20]

No se debe suponer que este desarrollo vaya a invertirse de nuevo por sí solo. Como ha analizado el economista francés Thomas Piketty en un estudio histórico e internacional a gran escala, la concentración de la riqueza aumenta cuando los rendimientos del capital son más altos que el crecimiento de la economía. Piketty ha mostrado también cómo la relación de los rendimientos del capital con otras clases de ingresos ha mejorado constantemente en los últimos años a favor de los propietarios de capital (Piketty, 2014). En Alemania, la desigualdad no ha seguido aumentando desde el 2005 en el contexto del capitalismo poscrecimiento (véase capítulo 2), pero es muy probable que en los próximos años vuelva a aumentar... si los políticos no toman ninguna medida drástica en cuanto a la redistribución.

La riqueza ya no «gotea» de arriba abajo, como ocurría muy frecuentemente en el pasado. Sin duda, la sociedad se ha vuelto más rica en números globales, pero los pobres no se aprovechan de ello. Desde el cambio de milenio, la pobreza no solo ha aumentado sino que se ha consolidado. Su aumento en los últimos años se caracteriza menos por un fuerte incremento de los descensos sociales que por una «decreciente movilidad ascendente» (Groh-Sanberg y Hertel, 2015, pág. 29). La sociedad del descenso entra aquí, por así decir, de forma inversa, o sea, como una falta de ascenso. Quien ha estado abajo una vez, muy difícilmente se pondrá de pie de nuevo.

En nuestro país, sin embargo, la palabra pobreza implica en primer lugar una pobreza relativa, es decir, que está medida según el nivel de vida medio. Conforme a este criterio, una persona «en el umbral de pobreza» o relativamente pobre sería aquella que cobra menos del 60 % del ingreso equivalente medio.[21] En 2010, esto afectaba al 15,8 % de la población. Sin embargo, dichas personas disponían en su mayoría de electrodomésticos, como por ejemplo lavadora, frigorífico y televisor. Hasta ahora, parece como si la pobreza absoluta —la falta material de bienes de primera necesidad— no hubiera aumentado necesariamente, sino que más bien los pobres habrían quedado postergados por lo que respecta a unas posibilidades de consumo generalmente crecientes entre la población. Pero tampoco en una sociedad del bienestar tienen los pobres cubiertas sus necesidades materiales: según información de primera mano, casi el 17 % de quienes se hallan en el umbral de la pobreza tienen dificultades para calentar la vivienda de manera apropiada, y el 27 % para alimentarse de manera equilibrada y completa. El 16,2 % de estas personas manifestaron que no podían comprarse un ordenador por motivos económicos (Deckl, 2013).

EL TRABAJO PRECARIO

Se suele hablar de condiciones precarias cuando estas no son estables sino inseguras y revocables. En la modernidad social, la integración y la estabilidad social se fundaban en el trabajo, y el puesto de trabajo fijo con protección contra el despido y con seguridad social era expresión de normalidad.[22] Sin embargo, el radio de la estabilidad se está reduciendo a ojos vista. En la estela de la modernización regresiva, se está cumpliendo la denominada «institucionalización de la precariedad» (Castel, 2011, págs. 127 y sigs.). El tránsito a la sociedad del descenso no se debe al mero aumento de la desigualdad social, sino al resquebrajamiento de las relaciones laborales.

En el punto culminante de la modernidad social, las relaciones laborales normales alcanzaban a cerca del 90 % de los puestos de trabajo. Pero, entre tanto, esta situación ha cambiado de manera radical. En el año 1991, el 79 % de los trabajadores disfrutaban de una relación laboral normal; en el 2014, solamente el 68,3 %. En los años anteriores, el porcentaje había sido incluso más bajo: alrededor del 67 %. En el 2014, el 20,9 % de las personas en condiciones de trabajar lo hacían de manera atípica, es decir, con duración limitada, con contrato de obra, a tiempo parcial o como trabajadores temporales.[23] Y del 11 % de los autónomos, más de la mitad eran «unipersonales» (Statistisches Bundesamt, 2015b; Statistisches Taschenbuch 2011).[24]

Después de que la relación laboral normal perdiera importancia a lo largo de varios decenios, en el 2007 volvió a estabilizarse y, en términos proporcionales, incluso aumentó ligeramente; sin embargo, no se ha dado un verdadero cambio de tendencia. Por tanto, no hay motivos para que cesen las alarmas. La consolidación en el nivel bajo fue resultado sobre todo de la situación económica más o menos estable desde el 2005 y del cambio demográfico, que había producido cierta falta de mano de obra cualificada e impulsado a las empresas a volver a vincular a sus empleados de manera permanente. Sin embargo, una buena parte de las relaciones laborales normales la constituyen ahora trabajos a tiempo parcial indefinido (los trabajos a tiempo parcial de más de veintiuna horas semanales son considerados ahora como una relación laboral normal), que se han más que duplicado en los últimos quince años. En su conjunto, el número de trabajos a tiempo completo desde el año 2001 ha bajado en más de un millón de personas, mientras que los trabajos a tiempo parcial han aumentado en aproximadamente un millón y medio (BfA, 2014b).

Dentro del grupo de las relaciones laborales atípicas, ha aumentado de manera especial el trabajo temporal; en el año 2009, una de cada dos contrataciones comportaban una relación laboral de duración limitada (véase Hohendanner, 2010).[25] Una vez más, las relaciones laborales precarias no se reparten de manera uniforme entre todos los grupos sino que se concentran sobre todo en los trabajadores menos cualificados (véase Schüller y Wingerter, 2013, pág. 120). Como fórmula empírica, se puede decir que cuanto más joven y menos cualificado se es, mayor es la probabilidad de tener una ocupación atípica.

Cada grupo de edad se ve afectado por la precariedad de una manera muy distinta. Para los trabajadores de más edad, profesionalmente bien establecidos, el peligro de la precariedad es menor, mientras que para los más jóvenes es mucho mayor. Para estos últimos, los primeros años de actividad son los más inestables; de hecho, cada vez son más raros los jóvenes que suelen conservar el primer empleo. La duración media de un empleo entre los jóvenes ha bajado en un 22 % desde mediados de la década de 1970; especialmente los menos cualificados temían (con fundamento) que iban a perder muy pronto su puesto de trabajo (véase Rhein y Stüber, 2014). Lo que no significa necesariamente que a los principiantes los embargara siempre un sentimiento de inseguridad: con frecuencia, un puesto poco seguro significa para ellos un progreso subjetivo, pues creen que así se mueven más por el mercado laboral.

Pero, sea como fuere, la vida laboral activa ha perdido en general su estructura primigenia, y las salidas profesionales se han vuelto cada vez más discontinuas. El tradicional currículum profesional —entrar de joven en una empresa y retirarse en la misma al final de la vida laboral para jubilarse— se ha convertido en una reliquia de tiempos pasados, cada vez más rara. Por el contrario, aumenta el número de quienes experimentan cada vez más rupturas y crisis en su biografía laboral, y se sienten literalmente vulnerados en el plano social. Han caído, por así decir, en una «zona intermedia» cada vez más amplia y oscilan entre la actividad laboral y el desempleo. Puede que estén ocupados la mayor parte del tiempo, pero sus trabajos raras veces son duraderos (Grimm y otros, 2013; véase Simonson y otros, 2015).[26]

Ni la profesión ni los ingresos ni el prestigio parecen ya ser tan seguros como antes. Cual barcos abandonados en alta mar, muchos trabajadores se balancean en medio de su vida laboral, se sienten entregados a poderes externos y ya no pueden gobernarse a sí mismos. Este ir y venir conduce a una incrementada «inconsistencia de estatus», es decir, que las posiciones que una persona ocupa en distintas dimensiones sociales se desintegran a la vista de todos (Grimm, 2013). Esto se da por ejemplo cuando los títulos académicos y los ingresos percibidos ya no se corresponden: por ejemplo, cuando un doctor en Historia trabaja de auxiliar en una guardería. Este balancearse o fluctuar en el mercado laboral, este trabajar en tareas para las que además no están cualificados, hace que los afectados se sientan a menudo destituidos, defraudados, como si les hubieran robado la esperanza y estuvieran socialmente postergados.

La precariedad significa, así, mucho más que una mera erosión de la relación laboral normal. El trabajo pierde progresivamente su función de integración social, como se ve por ejemplo cuando en los grupos con salarios más bajos la ocupación a tiempo completo tampoco protege contra la pobreza (véase Andreß y Seeck, 2007). Por eso cada vez resulta más difícil hablar de relaciones laborales normales. Si un tercio de los empleados trabajan en circunstancias atípicas y frecuentemente precarias, la relación laboral normal solo es nominalmente mayoritaria, y el concepto mismo de ocupación atípica parece estar ya fuera de lugar, pues las formas de ocupación que comporta ya no son atípicas sino que, antes al contrario, se han vuelto típicas.

La erosión de la relación laboral normal está estrechamente asociada con la creciente actividad profesional de la mujer. En la modernidad social, le estaba reservado sobre todo el papel de ama de casa y de madre de sus hijos. Hoy en día, el trabajo asalariado ya no es algo inhabitual para ella, ni siquiera cuando no existe presión económica; tal es el caso, por ejemplo, de los hogares en que uno o los dos miembros de la pareja están altamente cualificados y pertenecen a la clase media. La actividad profesional es entonces más bien un acto de emancipación y de realización personal. Pero también existen otros motivos por los que cada vez hay más mujeres que deciden realizar trabajos remunerados. En los hogares con baja cualificación y bajos salarios, a menudo el sueldo del varón no alcanza. Por eso ha aumentado el trabajo parcial atípico (menos de veintiún horas semanales) sobre todo entre la mujer trabajadora (véase Schüller y Wingerter, 2013, pág. 116). Todo ello explica también por qué, a pesar del elevado nivel de ocupación y de la jornada laboral reducida para trabajos insuficientemente retribuidos, el volumen de trabajo per cápita no ha aumentado en la República Federal sino que incluso ha descendido ligeramente.

Pero la ocupación a tiempo parcial muestra también otra faceta distinta. Mientras que para unos, como ya se ha apuntado, supone acceder a una actividad profesional y unos ingresos muy oportunos o necesarios, para otros significa meramente una forma especial de precariedad, pues son muchos los empleados con contrato parcial que se ven como subempleados y a los que les gustaría, por tanto, tener una relación laboral normal. A los empresarios, en cambio, el trabajo parcial suele resultarles más barato (Woitschig y otros, 2013). A menudo lo utilizan para seguir manteniendo al trabajador en una escala salarial baja: el salario por hora es menor que el que cobran los empleados a tiempo completo (véase Bick, 2013, pág. 132). El subempleo relativo le sirve también a la dirección de la empresa como palanca para imponer más flexibilidad y más horas extra. En el comercio minorista, por ejemplo, los empleados que solo tienen un contrato de pocas horas suelen trabajar como sustitutos. No son dueños de su propio tiempo de trabajo y deben estar permanentemente dispuestos a llenar un hueco o a hacer horas extra.

La ocupación precaria se da también de otra manera en el plano de las empresas y de los denominados segmentos del mercado laboral. Aquí se puede ver que, a pesar de todos los cambios, algunos diagnósticos demasiado dramáticos —como los de una «sociedad de la precarización»— son algo reductores (por ahora) (véanse Marchart, 2013; Hürtgen, 2008). La precariedad (todavía) no está presente en todas partes, pues todavía hay ámbitos relativamente estables en el mercado laboral. Si hay trabajadores fijos con una relación laboral normal, por lo general la han conseguido en el mercado de trabajo interno de su empresa. Aquí pueden contar con una seguridad en el empleo bastante alta y con buenas perspectivas de ascenso, y, en caso de poseer una alta cualificación, también con pingües ingresos. Además, mediante la organización empresarial están relativamente aislados de los factores de desarrollo externo, como por ejemplo respecto del creciente desempleo. En los mercados laborales externos de las empresas —donde abundan las plantillas marginales con baja cualificación— ocurre en cambio al revés: aquí la inseguridad es elevada y los ingresos bastante bajos (véase Kraus y Köhler, 2011 y 2012). La estabilidad de las plantillas fijas apenas se ha erosionado en los últimos años; antes al contrario, en muchos sitios ha aumentado incluso de manera formal: en efecto, la duración del empleo ha aumentado ligeramente (Doogan, 2009). Pero esto no está en contradicción con los hallazgos aquí presentados: a mayor flexibilidad hay también mayor necesidad de trabajadores con competencias clave en los puestos clave de la empresa. Estos se hallan ligados a la firma a largo plazo para proteger el know how empresarial y coadyuvar al necesario ajuste laboral.

Sin embargo, a la sombra de la elevada estabilidad en los mercados laborales internos penetran cada vez más formas de control del mercado, con lo que también muchos trabajadores bien establecidos ven debilitado su estatus. El ascenso en la empresa se vuelve más fatigoso, y discurre de manera menos lineal y planificable. Tradicionalmente, los trabajadores de las grandes organizaciones podían contar con unas cualificaciones correspondientes y, según los años que llevaran en la firma, con una promoción regulada. Sin embargo, la seguridad tanto en el ámbito de las expectativas como en el del estatus se halla ahora muy cuestionada al verse los empleados permanentemente sometidos a las denominadas pruebas de garantía (véanse Vogel, 2009; Boltanski y Chiapello, 2003). La seguridad pasa entonces a ser una especie de crédito, de adelanto, que los empleados tienen que devolver después con más rendimiento. Este rendimiento se regula por su parte mediante ratios y benchmarks, lo que hace que en el seno de la plantilla surja una constante presión competitiva, que a su vez concita la amenaza de un posible descenso (véase Voswinkel, 2013, pág. 22). Pero, a pesar de estos criterios supuestamente cuantificables, la transparencia de las pruebas acreditadoras es cada vez menor, pues cada vez está menos claro a qué ratios se está echando mano exactamente (Voswinkel, 2012).

Además, los mercados laborales internos han perdido su anterior hegemonía en las empresas. Sin duda, más de la mitad de los trabajadores siguen trabajando en semejantes mercados internos, pero los mercados externos cada vez están cobrando mayor importancia. Esto tiene también frecuentemente un efecto psicológico en las plantillas de trabajadores fijos, los cuales están perfectamente al tanto de la inseguridad reinante en los mercados laborales externos (véase Bartelheimer y Lehweß-Litzmann, 2012). De ahí que también ellos se sientan disponibles, puestos a demanda, por lo que a su seguridad formal se refiere.

El aumento de la precariedad tanto en el mercado laboral en su conjunto como en el seno de las empresas tiene importantes consecuencias en la política de empleo. Con respecto a la inseguridad subjetiva, los empleados se dividen en dos grupos, en los que existe un desequilibrio de poder «secundario» respecto a su posición en la empresa y en el mercado de trabajo general (Offe y Hinrichs, 1984, pág. 70); a saber, en el de los empleados fijos, que sienten su seguridad social como un privilegio, y el de los precarios, que, como ha analizado de manera ejemplar Pierre Bourdieu, están «dispuestos casi a cualquier cosa» con tal de huir de la inseguridad (Bourdieu, 2000, pág. 113). En el transcurso de su investigación personal, este autor ha podido constatar a menudo que los trabajadores precarios «sobrecumplen» las normas empresariales, pues es como si cada día tuvieran que presentar de nuevo su solicitud a la empresa. Trabajan más, más tiempo y más intensamente. El estrés físico y psíquico al que están expuestos es enorme. Naturalmente, hay también empleados que valoran en alto grado una vida laboral sin ataduras, el «hoy aquí, mañana allí». Pero esto vale solo para una minoría. Lo más frecuente es toparnos con el otro tipo de trabajador temporal (véase entre otros Holst, Nachtwey y Dörre, 2009). Este siente una constante preocupación ante la posibilidad de quedarse de repente sin nada, de no poder llevar una vida laboral estable. Las preocupaciones no lo dejan en paz, lo persiguen también de noche y le impiden conciliar el sueño. Sueña con un futuro mejor, pero para conseguirlo frecuentemente le faltan las fuerzas. Algunos se reconcomen en su interior, se sienten desengañados o enfadados con la sociedad; frecuentemente es una mezcla de las dos cosas, por ejemplo cuando te hablan de los largos trayectos que deben hacer diariamente cuando el sueldo apenas les alcanza para pagar el combustible. Es frecuente ver mucha resignación e indiferencia. La ramita a la que muchos se agarran es la esperanza de poder dar un día el salto a la plantilla fija. Eso sería para ellos como el premio gordo de la lotería o como un «seguro a todo riesgo». Pero esta meta lleva muchas veces a una conducta conformista, algo de lo que también ellos son perfectamente conscientes:

Esto es lo que tiene el sistema, o sea, cuanto más flexible o insegura es la contratación, más fácil resulta manipular a la gente. Si no sabes lo que podrás hacer mañana, entonces yo te podré dirigir a mi gusto [...] Y como la gente quiere que la cojan, no se atreve a decir nada, pues de lo contrario le podrían decir: «Ah no, no, así no funcionan las cosas». Y entonces uno se muerde la lengua.[27]

La actitud de los trabajadores fijos con respecto a los precarios va de la devaluación y el desclasamiento a una decidida solidaridad. Si bien es cierto que muchos fijos se esfuerzan por integrar a los temporales en el colectivo empresarial y por que estén mejor colocados, este autor se encontró con más de un ejemplo —concretamente en una planta de energía eléctrica— en el que se procuraba que las actividades más desagradables (y frecuentemente más perjudiciales para la salud) las realizaran exclusivamente los trabajadores temporales. En caso de crisis o de posible despido, los fijos suelen ver a los temporales como una especie de amortiguador o colchón que protege su puesto de trabajo.

Dada su disposición a rendir más que los demás compañeros, los temporales suelen ser empleados por la directiva para disminuir las «zonas de confort» de los ocupados a tiempo ilimitado, como manifestó en una entrevista un jefe de personal. Pero normalmente los fijos ven el trabajo precario como un medio de disciplina social, que ayuda a salvar las distancias entre los mercados laborales internos y externos. La consecuencia es que también cambia el «mecanismo de reservas» en el mercado laboral (Holst y Nachtwey, 2010).[28] En el pasado, los desempleados desempeñaban el papel del ejército de reserva capitalista, que servía para ejercer desde fuera una presión estructural sobre los salarios y las condiciones laborales. Ahora, la ocupación precaria internaliza esta función llevándola al seno mismo de la empresa. El trabajador temporal está al mismo tiempo dentro de la empresa y con un pie fuera (en el paro), y su mera presencia sirve para recordarle al fijo que su futuro también podría pintar mucho peor.

Resumiendo, que en la sociedad del precario pleno empleo sigue existiendo una escisión entre los trabajadores y los parados, solo que ahora esta se colma mediante un mercado laboral «dualizado», con dos mundos que se interfieren, uno con estabilidad reducida y otro con precariedad ampliada (véase Promberger, 2012). El trabajo temporal, los contratos de obra y los de duración limitada, en combinación con una política social activadora, se encargan además de que los empresarios se muestren más dispuestos a emprender nuevos reajustes, pues en tales casos ya no hay prácticamente ningún «coste por despido». El ejército de reserva industrial no ocupado (los desempleados) se ha hecho más pequeño a costa de incrementar el ejército de reserva subempleado (ocupados a tiempo parcial) y sobreempleado (ocupados con bajo salario que deben hacer varios trabajos de la misma índole). En el pasado, los economistas partían aún de la base de que los capitalismos desarrollados debían crecer al menos un 3 % al año para poder eliminar el desempleo.[29] Pero ahora se ha bajado este umbral ocupacional, y se parte de la base de que también en las circunstancias del poscrecimiento —es decir, con un crecimiento claramente por debajo del 3 %— puede haber creación de puestos de trabajo. Un crecimiento que es, sin embargo, literalmente precario.[30]

DESCENSO, MIEDO AL ESTANCAMIENTO Y ZONA MEDIA PRECARIA

A partir de los datos acerca del encogimiento advertido en Alemania en los últimos años, se ha desarrollado un vivo debate acerca de la clase media. En la Alemania de la posguerra, la zona media o el centro fue siempre algo más que una mera descripción topográfica-social. En el debate público, representaba —y sigue representando— un anclaje de estabilidad, un punto de referencia de normalidad social, una instancia de integración y, por último pero no menos importante, un baremo de la permeabilidad y el ascenso sociales. Nada de extraño, pues, que la sociedad alemana, según su propia perspectiva, se vea como una sociedad del medio (Münkler, 2010).

Pero al mismo tiempo se debate qué significa exactamente «el medio», además de estar entre arriba y abajo. Como ha aumentado la diferencia weberiana entre las clases poseedoras y las adquisidoras, se puede decir de manera aproximada que los pertenecientes a la clase media dependen más de los ingresos; poseer una casa representa sin duda un papel importante, pero las grandes fortunas no están por lo general al alcance de todos. A esta clase pertenecen artesanos y comerciantes, vendedores y agricultores, es decir, la antigua clase media, así como funcionarios y autónomos, y, los últimos tiempos, cada vez más empleados y expertos cualificados. Su perfil profesional se distingue generalmente por un grado mayor de formación, una actividad cualificada, cierto prestigio, un estatus asegurado y buenos ingresos. A tenor del concepto que tienen de sí, predominan determinados valores culturales, como la responsabilidad personal y la disposición a rendir mucho (véanse Mau, 2012; Münkler, 2010; Heinze, 2011). Pero, contrariamente a la imagen que tienen de sí mismos, es decir, de individuos que han merecido el bienestar mediante su esfuerzo y rendimiento personales, estos miembros de la clase media dependen en alto grado de puntos de apoyo institucionales o, con otras palabras, de la «fuerza configuradora» del Estado social (Vogel, 2009). Muchos de ellos trabajan en el sector público; el subsidio familiar por hijos, la atención sanitaria y el impuesto progresivo sobre la renta sustentan su modo de vida. Por otra parte, la clase media es también el grupo social que más sostiene al Estado social (véase Münkler, 2010, pág. 49).

Pero hace algunos años que, a sotavento de la precarización del trabajo, esta zona media parece estar en peligro. Como la mayoría de sus integrantes no pueden acogerse al colchón de la propiedad o de un patrimonio considerable, se ven amenazados por el descenso social. En su análisis histórico de la sociedad laboral francesa, Robert Castel ha propuesto un modelo zonal para clasificar las nuevas inseguridades sociales (véase Castel, 2000, págs. 360 y sigs.). Según él, no se trata solo de medir si y en qué grado se encoge la media de los ingresos. La tipología, tal y como él la propone, amplía las condiciones materiales que suponen los ingresos, la posición laboral, la seguridad en el empleo, la seguridad social y la acumulación de capital hacia una perspectiva que tiene en cuenta el modo de vida y la elaboración subjetiva. No se trata, pues, solo del estatus actual de los trabajadores sino también de la creciente probabilidad —y preocupación por— sufrir un descenso social.[31] La precariedad desemboca al final en la erosión de las redes sociales y en menores probabilidades de participación y de poder llevar una vida planificada, orientada al futuro. Los afectados se sienten inmersos en una crisis de sentido vital, como si estuvieran perdiendo parte de su reputación social. Castel distingue entre tres zonas distintas: la «zona de la integración», la «zona de la vulnerabilidad» y la «de la desafiliación» o desacoplamiento. En la zona de la «integración» predominan las relaciones laborales normales, y las redes sociales están intactas. Pero aquí entran también determinados grupos con relaciones laborales «atípicas» —por ejemplo, ingenieros freelance altamente cualificados—, que a causa de su posición en el mercado están socialmente integrados y no se sienten subjetivamente inseguros. En la zona de la «vulnerabilidad» predomina la ocupación insegura, y se erosionan tanto la seguridad subjetiva como las redes sociales. Y en la zona de la «desafiliación» o desacoplamiento se encuentran los grupos excluidos de la participación social en casi todos sus aspectos (sobre todo en los de la seguridad, la inclusión y la cultura).

Pero también si miramos a lo que ocurre en Alemania se pueden encontrar muchos parecidos. Aquí, las zonas de vulnerabilidad y la desafiliación (o desacoplamiento) han ido a más en los últimos años (Castel y Dörre, 2009; Dörre, 2005). Particularmente en las zonas de transición —a las que Berthold Vogel asigna las características de «vulnerabilidad social» y «bienestar precario»— menudean los ascensos y los descensos, así como los procesos de desestabilización y de producción de inseguridad (Vogel, 2006).

El acceso a la zona media, el cual caracteriza a la modernidad social, fue sobre todo resultado «de una continuada corriente ascensional desde las capas más bajas. Esta dinámica de absoluta movilidad hacia arriba parece haber decaído claramente a pesar de la constante expansión de la educación. Lo que significa que la clase media ya no es producto de la corriente ascendente» (Bertelsmann, 2012, págs. 7 y sigs.; véase también Bosch y Kalina, 2015). Pero no solo se ha estancado la dinámica ascendente, sino que también han aumentado los descensos. Según una clasificación oficial llevada a cabo en 1997 (que engloba del 70 al 150 % de los ingresos equivalentes medios), 52,8 millones de alemanes, es decir, el 65 % de la población, seguía formando parte de la clase media. Desde entonces, esta no ha dejado de reducirse, y en la parte oriental del país más deprisa que en la occidental. En 2010, en toda la República Alemana había 47,3 millones de personas que seguían perteneciendo a la clase media, lo que supone un retroceso de 6,5 puntos porcentuales. Pero no solo tiene importancia la cuota de la clase media con respecto a la población total, sino también su estabilidad y coherencia internas. Así, los segmentos superiores de la zona media, sobre todo los grandes espacios del «bienestar asegurado», se hallan casi completamente a salvo de cualquier riesgo de hundimiento o descenso social (Groh-Samberg y Hertel, 2015, 2010). Por lo tanto, no desciende la zona media. Sin embargo, conviene precisar que «el hecho de que se encoja la clase media en general es un fenómeno completamente nuevo, el cual representa una ruptura con el modelo de un prolongado crecimiento y bienestar» (Mau, 2012, pág. 61; véase Münkler, 2010, págs. 56 y sigs.). Se puede afirmar esto sobre todo si tenemos en cuenta la polarización que está teniendo lugar en la zona media. En su extremo inferior se están amontonando los descensos; en dicho extremo, márgenes otrora estables están siendo engullidos por la marejada de la modernidad regresiva. Sobre todo, se ha empequeñecido la clase media baja:[32] su contingente se ha encogido en un 15 % desde 1997 (véase Bertelsmann, 2013, págs. 20 y sigs.).

A pesar de la gran consistencia reinante en la zona media superior, también aquí está aumentando la intranquilidad. Los sueños de ascenso ininterrumpido, de autonomía y seguridad ya no se hacen necesariamente realidad, pues está surgiendo una «inseguridad normal en el trabajador» (Vester y Teiwes-Kügler 2007, pág. 237). Sin duda, sigue aumentando la necesidad de mano de obra (altamente) cualificada, pero estos grupos de trabajadores se están haciendo ahora la competencia entre sí. Antes, su cualificación les garantizaba algo parecido a un estatus privilegiado, mientras que ahora aumenta sin cesar el número de trabajadores cualificados, precisamente al igual que la estandarización de los trabajos por ellos realizados. La cualificación y la relativa descualificación son procesos simultáneos. Los ganadores de este importante cambio social en el mundo del trabajo deben vivir, por tanto, con mayores inseguridades (véase Vogel, 2009, pág. 220). Esto lo ha podido constatar a menudo el que esto escribe en su trabajo de campo; por ejemplo, hablando con un ingeniero o experto en tecnologías de la información que trabaja en una fábrica de automóviles y dispone, además de su buena situación laboral, de unos ingresos igualmente buenos y de un alto grado de seguridad social. Al lado de las instalaciones de la fábrica, se ha establecido ahora a otros prestadores de servicio de I + D. Aquí trabajan también para la empresa de automóviles otros ingenieros y expertos en tecnologías de la información que están completamente integrados en el proceso productivo, pero solo con contrato de obra. Ganan bastante, aunque no tanto como sus compañeros directamente empleados por la empresa, ni disponen de los mismos derechos de cogestión. Por regla general, para los altamente cualificados, estas actividades son atractivas hasta un momento determinado; mientras son jóvenes y «flexibles», valoran mucho trabajar a cambio de un buen sueldo en distintas empresas. Otro caso: un maestro artesano ocupado como trabajador temporal me dijo un día lo siguiente: «Cuando eres joven, piensas: “Bah, me da igual, tengo dos buenas manos”». Pero eso cambia con el paso de los años; pues también los ingenieros acaban teniendo mayor necesidad de estabilidad, sobre todo cuando desean fundar una familia.

Para amplios sectores de la clase media, como ya se ha indicado, no ha aumentado la amenaza real, pero sí, en importante medida, la preocupación por una posible caída (véanse Lengfeld y Hirschle, 2010; Böhnke, 2010). Sobre todo le ha entrado cierto pánico a la «zona media más preocupada por el estatus» (Vogel, 2009, pág. 185). A muchos de sus integrantes les parece como si su estabilidad permanente fuera ya cosa del pasado, «como si fuera ya posible despeñarse» (Bude y Willisch, 2008, pág. 13). Esto se debe, entre otras cosas, a que la escalera del descenso, como se ha explicado en el capítulo anterior, se ha vuelto claramente más empinada.

También en la confortable zona media de la sociedad se pueden advertir ciertas olas de presión debidas a los impactos producidos por las zonas marginales. Quién no conoce a alguna persona con un trabajo precario o que ha padecido algún tipo de retroceso social. A través de la comparación con el «vecino social» se infiltra el miedo al descenso en las torres de oficinas y en los hogares de los elegantes barrios residenciales (Kraemer, 2010). Como ya se ha dicho, los que trabajan en empresas en las que algún compañero o compañera ha sido «irradiado» y sustituido por trabajadores precarios, sienten una radical vulnerabilidad. Sobre todo con respecto a sus propios hijos, les invade un sentimiento de precariedad, pues aquí resulta evidente que también ellos, pese a sus excelentes cualificaciones, su dominio de lenguas extranjeras y sus experiencias varias en el extranjero, se ven atrapados en la espiral de las prácticas interminables o de la temporalidad en el empleo y tienen que demostrar su valía muchas veces antes de poder conseguir un contrato de trabajo regular. El trabajador temporal antes citado me dijo también lo siguiente:

Cuando miro ahora a mis hijos, veo que también ellos empiezan a tener miedo. Tal vez esto se lo he trasmitido yo [...]. El mayor se ha licenciado en Biología, y la menor está estudiando aún el bachillerato. Pero ella me asegura que quiere sacar buena nota para poder conseguir un trabajo. A mí nunca se me habría ocurrido pensar eso a su edad.

Entre la generación más joven, ha cambiado la biografía profesional típica. A menudo se encuentran hijos de universitarios que con casi cuarenta años no han conseguido aún una «vida profesional estable» (Mau, 2012, pág. 71). Esto no afecta necesaria e inmediatamente a su nivel de vida, pues a menudo sus padres, relativamente acomodados, pueden prestarles apoyo económico.[33] Casi todos alcanzan en algún momento la zona media de seguridad —solo muy pocos se quedan en la estacada—, pero es evidente que la alcanzan más tarde que las generaciones precedentes.

El lubricante de la educación debe hacer reflotar nuevamente el mecanismo del ascenso social; sin embargo, esto es peligroso, pues en medio de la competencia educativa también puede uno resbalar e ir hacia abajo. La extensión de la educación, de la que, en el decurso de varias décadas, se ha aprovechado sobre todo la clase media, cada vez corre más pareja con una devaluación de los títulos académicos —para un puesto de aprendiz, el bachillerato es hoy ya casi una condición sine qua non— y con una competencia educativa que no hace sino aumentar (véase Bude 2011). La educación superior ya no garantiza tampoco automáticamente un estatus elevado. Si todo el mundo se pone de puntillas, nadie podrá ya ver nada.

La educación se ha convertido en un medio de ascenso paradójico, aunque todavía sigue siendo un medio de selección (véase Geißler, 2014, págs. 348 y sigs.). De las mejores oportunidades se aprovechan preferentemente los mejor colocados en la línea de salida. Los hijos de la clase baja a menudo ven la educación como una motivación, como una lucha a la que de todas formas se ven abocados. Los hijos de la clase media se ven, por su parte, en medio de una situación competitiva, reforzada precisamente por su cualificación. En cambio, los hijos de las clases altas lo tienen mucho más fácil, pues sus padres les ofrecen un mayor capital social, además de cultural, o pueden echar mano directamente de sus redes. Por lo general han interiorizado qué significa ser de la élite —gustos, modales, cultura— y por eso suben, o permanecen arriba, relativamente sin fricciones (véase Hartmann, 2002 y 2007).

Pero no solo el papel de la educación se ha vuelto ambivalente para el ascenso social. La elección de una profesión hoy solamente garantiza un estatus social elevado de manera condicionada. Esto se debe entre otras cosas a los procesos de descenso fragmentarios que imperan en los grupos profesionales. Un catedrático de instituto con plaza fija tiene unos ingresos relativamente altos y no necesita preocuparse por su futuro, pudiendo posiblemente jubilarse antes también, si es lo que quiere. Pero probablemente en el mismo instituto y en la misma clase enseña también un profesor con contrato temporal, que tiene que apuntarse al paro durante las vacaciones de verano y cuyas perspectivas de conseguir una plaza fija son quiméricas (por cierto, muchos Länder apuestan actualmente cada vez más por un ejército de profesores «flexibles» que no pertenezcan al funcionariado). También en Correos sigue habiendo muchos empleados; pero muchos de ellos son precarios (véase capítulo 5). En determinados grupos profesionales, las diferencias pueden ser enormes, como es el caso de los periodistas. Quien empezó a trabajar para una revista como Der Spiegel, Stern o Die Zeit hace diez o veinte años, puede contar probablemente con un futuro asegurado. Pero en las grandes redacciones no solo han aumentado actualmente las plantillas marginales y precarias, o los grupos mal pagados de escritores online, sino que los redactores bien establecidos empiezan también a sentirse poco seguros. Una parte cada vez mayor de estos pertenece al denominado «precariado de los medios» y gana menos de treinta mil euros al año (Mau, 2012, págs. 61 y 89). Otro sector ilustrativo al respecto lo constituye el de los abogados, otrora santo y seña de estatus y bienestar. Este grupo profesional se divide, por una parte, en los que trabajan para prestigiosos bufetes o boyantes consejos de administración —y que, como antes, ganan mucho dinero y, por tanto, gozan de un elevado prestigio social—, y, por la otra, en un creciente pelotón de autónomos precarios que no consiguen afianzarse en un mercado cada vez más saturado.

Es frecuente toparse con personas que trabajan codo con codo con otras e incluso realizan a menudo las mismas actividades que ellas pero con niveles diferentes en cuanto a seguridad social y pretensiones económicas. Sobre todo las generaciones venideras van a encontrarse con peores condiciones de empleo y, solo con suerte y muy lentamente, podrán alcanzar el mismo nivel profesional que las generaciones precedentes.

UNA MOVILIDAD HACIA ABAJO E INMÓVIL

Según el concepto que tienen de sí, las sociedades modernas han dejado atrás las estructuras de clase del pasado y resquebrajado los cierres sociales estamentales. Cada cual debería poder subir, aunque está claro que de facto no todos lo van a conseguir. Para ello no se necesita de inmediato el relato estadounidense del maravilloso ascenso de lavador de platos a millonario, es decir, esforzarse por llegar desde lo más bajo hasta lo más alto; pero el grado de movilidad vertical —en definitiva, de permeabilidad social— es un indicador importante para la realización de las aspiraciones personales de los capitalismos modernos. Mientras la movilidad esté garantizada, como reza la argumentación públicamente esgrimida, las desigualdades son legítimas, pues cada cual puede en teoría subir.[34]

La metáfora de la escalera mecánica hacia arriba une los ascensos colectivos (de las clases) con los individuales (desde una clase concreta). En cambio, según el concepto de la movilidad social, los ascensos individuales se investigan y agregan en realidad desde la propia posición de clase o desde la posición de clase de los padres.[35] Los hijos de campesinos o de trabajadores, por ejemplo, podían tener profesiones intermedias o títulos universitarios. En cambio, las actividades de bracero y de peón sin estudios han retrocedido significativamente a causa de la terciarización. Por tanto, solo el cambio industrial es un impulsor permanente del ascenso.

Por ello conviene plantearse primero esta pregunta: ¿qué importancia sigue teniendo en la actualidad la movilidad profesional hacia arriba? En la sección anterior ya se dijo que el análisis de los grupos profesionales con relación a la estabilidad social encuentra algunas dificultades. Cuando el hijo de un trabajador especializado hace la carrera de Periodismo o la hija de una vendedora se hace abogada, entonces se puede decir que los dos han ascendido desde el punto de vista del origen y de la cualificación con respecto a sus padres. Sus profesiones tienen más prestigio social, y sin embargo ellos no ganan automáticamente más dinero que sus padres. Por regla general no se tiene en cuenta el que trabajen de manera precaria y estén cada vez más amenazados por el paro. Asimismo, en el análisis de la movilidad aparece en primer plano la profesión y no la relación laboral. Sin embargo, como han mostrado los anteriores comentarios sobre la precariedad, salta a la vista que actualmente se acumulan las inseguridades sociales, en particular en cuanto a las condiciones laborales. Hoy día un ascenso profesional ya no conduce necesariamente a un ascenso social; pero quien baja profesionalmente tiene también más probabilidades de padecer un descenso social.

A pesar de estas limitaciones, los estudios sobre el cambio de movilidad profesional son sumamente reveladores. En su conjunto, la cifra de los ascensos sigue estando, al igual que antes, muy por encima de la de los descensos, fruto sobre todo del cambio persistente de la estructura profesional que mencionamos antes. En todas las clases de profesión, la interrelación entre el origen social y la posición personal lograda se ha debilitado desde la década de 1970 en Alemania occidental, mientras que en la oriental ha vuelto a reforzarse (para lo siguiente véase Pollack, 2013). Más reveladores todavía son los análisis de la movilidad cuando se sigue diferenciando. Para los varones de la Alemania occidental, la relación entre ascensos y descensos ha empeorado ligeramente. Los desarrollos decisivos tienen lugar muy arriba y muy abajo en la jerarquía profesional (aquí disminuye de nuevo la movilidad social y sube la transmisión hereditaria con respecto al origen social, es decir, que en resumidas cuentas baja la movilidad). Para las mujeres de la Alemania occidental, la movilidad hacia abajo ha aumentado, lo que refleja su mejoría en cuanto a la igualdad de oportunidades en la sociedad. En la parte occidental, las mujeres de las clases superiores pueden «legar» a sus hijas su posición social más que en la parte oriental, y las mujeres de la clase trabajadora también suelen ascender más que proporcionalmente. Desde el punto de vista porcentual, sus cuotas de ascenso se acercan a las de los varones, que antes habían mostrado una movilidad mayor.

En Alemania oriental sucede algo bien distinto: aquí, los descensos tanto de los varones como de las mujeres han aumentado, mientras que los ascensos y los descensos se equilibran ahora prácticamente. Con respecto a la tendencia inmanente a una estructura profesional más cualificada, esto es un desarrollo crítico, que apunta no obstante a una tendencia descensional en Alemania oriental y a un desacoplamiento sostenido de los nuevos Länder federales con respecto a los antiguos.

El ascenso social fue en el pasado un proyecto familiar. Uno —generalmente varón— debía procurarse el ascenso para y junto con la familia. En la actualidad, la mujer y el hombre ascienden en igual medida, lo que finalmente conduce a una «ampliación de la competencia por el ascenso» entre el hombre y la mujer (Voswinkel, 2013, pág. 21). Que la mujer puede conseguir el ascenso social con sus propias fuerzas con mucha mayor frecuencia que en épocas pasadas es algo que se refleja también en los denominados «mercados matrimoniales». Los cirujanos ya no se casan con la enfermera, sino con la anestesista. Las universitarias se casan con universitarios que tienen cualificaciones parecidas y su mismo estatus (véase Mau, 2012, pág. 131). Esta homogamia educacional es un efecto secundario del elevado nivel de cualificación de la mujer y de su incrementado estatus en el mercado laboral. Es una ganancia emancipadora el que la mujer pueda alcanzar el ascenso no solo mediante una boda socialmente asimétrica; pero esto significa al mismo tiempo que en los mercados matrimoniales empiezan a abundar los contratos sociales hacia abajo, pues una enfermera debe contentarse ahora con el enfermero.

En líneas generales se puede afirmar que, a pesar de los ascensos que todavía se producen, la movilidad hacia arriba ha cambiado de carácter: ya no contiene unas expectativas de futuro optimistas.[36] Considerando los distintos ámbitos, se puede afirmar que las «clases de ingresos se han vuelto menos permeables» (Goebel y otros, 2013, pág. 6). Sobre el telón de fondo de una «tendencia general a más descensos», el vector de la movilidad social ha tomado una dirección descendente (Pollack, 2013, pág. 196; véase también Groh-Samberg y Hertel, 2015).

Esto tiene distintos efectos en cada una de las capas sociales. Ya no hay, en principio, ninguna escalera que lleve de los pisos superiores de la sociedad hacia abajo. Y solo hay unas pocas escaleras que lleven hacia arriba. Una vez arriba, se sitúa uno en una plataforma prácticamente cerrada, donde rige sobre todo el efecto de bienestar llamado «de san Mateo». Vista desde abajo, esa plataforma es para la mayoría inaccesible, impenetrable: se ha retirado cualquier peldaño de acceso.

Aquellos grupos que, de todos modos, no provienen de los pisos superiores de la jerarquía profesional son los que se ven afectados por la mayor parte de los descensos. Así, tanto en la Alemania occidental como en la oriental, los desempleados son casi siempre —y en creciente número— trabajadores especializados y sin estudios superiores (véase Pollack, 2013). Con respecto a los trabajadores de grupos profesionales inferiores, se refuerza la impresión —que ya existía antes de manera fundada— de que es mejor ahorrarse el esfuerzo de intentar ascender a la zona media; ya no vale la pena (véase Hradil, 2010).[37] Ulrich Beck conjeturó que los riesgos sociales se democratizarían y traspasarían las barreras sociales. Pero el «riesgo social» ha subido nuevamente de manera asimétrica, y no precisamente democrática (Castel, 2011, pág. 25). Cuanto más bajo se halla alguien en la jerarquía social, mayor es su riesgo de ir hacia abajo, o de seguir ahí.

Pero ¿bastan los hallazgos aquí presentados para poder hablar de una sociedad del descenso? Al fin y a la postre, sigue habiendo más ascensos que descensos, y en los pisos superiores de la zona media nadie tiene por qué preocuparse: aquí se puede seguir contando con estabilidad social. Pero en favor del concepto de una sociedad de descenso habla el hecho de que la sociedad del ascenso de la modernidad social se ha resquebrajado en cuanto a la normalidad y de que, visto en general, se ha producido un descenso económico y social colectivo de los trabajadores. Estos se encuentran ahora montados en una escalera mecánica que lleva hacia abajo.

A favor del diagnóstico de la sociedad del descenso habla también un argumento normativo: nuestra sociedad ha retrocedido respecto a un nivel de desarrollo social previamente alcanzado, que se caracterizaba por la integración social, una relativa igualdad y derechos sociales y cívicos (aunque no se caracterizaba precisa y necesariamente por una igualdad material); y ello pese a que el bienestar total sigue aumentando. Pero la riqueza suplementaria aterriza en unos bolsillos que ya estaban completamente llenos. Una sociedad semejante no es tampoco más justa según el principio de la diferencia liberal, conforme el cual las ventajas para los mejor situados son legítimas en tanto en cuanto que los peor situados se aprovechan también de ellas (véase Rawls, 1979). Se podría decir, pues, que los descensos sociales y la creciente desigualdad actuales son expresión de la caída de una sociedad que antes había alcanzado un alto nivel de igualdad. Se trata aquí de una forma de decadencia, concepto que deriva etimológicamente del verbo latino decadere, que significa a su vez «decaer». Se podría decir también que deriva del verbo «descender».

LAS NUEVAS CAPAS BAJAS

En los debates públicos sobre la robusta coyuntura económica vivida hasta 2014, se atribuyó un papel positivo sobre todo a las formas de mercado laboral de la Agenda 2010. Sin embargo, hasta ahora no se ha hecho casi ningún estudio de gran calado sobre la relación entre las medidas respectivas y el desarrollo económico. Se podría afirmar más bien que las reformas de la mencionada Agenda han contribuido a la formación de una nueva subclase o clase baja en Alemania, la cual está formada principalmente por receptores de prestaciones estatales (popularmente llamados los «Hartz-IVler») y por el creciente ejército de los trabajadores con sueldo bajo.

El cambio de paradigma de la política del mercado laboral, es decir, de «activa» a «activadora», estableció para los receptores de prestaciones un régimen de «estricta equidad o racionalidad» (Dörre y otros, 2013b; Scherschel y Booth, 2013). En el marco de este régimen, estos perceptores se ven constantemente expuestos al estrés que suponen las denominadas «pruebas de garantía» (solicitudes, evaluaciones, etc.), que deben pasar o rellenar. Es decir, se ven obligados a situarse bajo el umbral de la respetabilidad social, que es al mismo tiempo el baremo social por el que se miden los niveles más bajos del trabajo asalariado (véase Dörre y otros, 2013a, págs. 35 y 43). Los perceptores del subsidio de desempleo (ALG II) se ven así «desacoplados» en la misma medida en que se agranda la brecha de la pobreza, es decir, la diferencia entre la normativa del ALG II y los beneficios netos medios. A causa de la situación laboral relativamente buena, se registró entre tanto un retroceso del número de perceptores del ALG II,[38] pero eso fue fruto de un nivel muy elevado. Desde la década de 1960, las «clases asistidas» (Lepsius, 1979), es decir, los grupos de perceptores de prestaciones estatales, han aumentado sin cesar (véase Geißler, 2013, págs. 232 y sigs.).

El relativo desacoplamiento de la «clase asistida» —constituida por los perceptores del ALG II— se da sobre todo con respecto a los perceptores de ingresos medios o por encima de los medios. En los perceptores de salarios bajos apenas hay diferencias con relación a los eventuales ingresos disponibles, pues en la sociedad de la plena ocupación precaria el mercado laboral se ha «dualizado», es decir, que en el segmento más bajo el salario está frecuentemente por debajo del mencionado umbral de respetabilidad. Según un estudio de la Universidad de Duisburg-Essen, en el 2012 casi uno de cada cuatro trabajadores cobraba en Alemania un salario situado por debajo del límite del salario bajo (9,30 euros la hora). Desde 1995, el número de trabajadores que cobran un salario bajo ha aumentado de 5,9 a 8,4 millones. El 5 % de todos los empleados (1,71 millones) ganaban antes de la introducción del salario mínimo general menos incluso de cinco euros la hora (véase Kalina y Weinkopf, 2014).

Los salarios bajos se pagaban sobre todo en el sector servicios: en call centers, en trabajos sencillos de la industria alimentaria, en trabajos de limpieza y asistenciales, así como en el comercio minorista (véase Bosch y Weinkopf, 2007). Los más afectados eran principalmente mujeres y migrantes. Para no pocos empleados con sueldo bajo, este apenas les alcanzaba para vivir. Más de 1,3 millones de personas eran en el 2012 «aufstocker» (perceptoras de prestaciones), muchas de las cuales (en total más de medio millón) trabajaban en minijobs o en régimen laboral con obligación de cotizar a la seguridad social (BfA, 2014). Desde el 2004 ha aumentado en un 2,2 % el grupo de los working poor. En el 2009, el 7,1 % de las personas activas padecían esta «pobreza laboral» (disponían de menos del 60 % de los ingresos netos medios, medidos según las necesidades).[39] En Alemania, el país industrial más rico de Europa, el grupo de los working poor creció con mayor fuerza que en los demás países de la UE (Seils, 2012). Cuanto más bajo se encuentra alguien en la jerarquía profesional, mayor es el peligro de que acabe sumido en la pobreza permanente (Groh-Samberg y Hertel, 2010).

LA ANOMIA DE LA SOCIEDAD DEL DESCENSO

En una sociedad que se entiende a sí misma como una sociedad del ascenso, las inseguridades normativas aumentan cuando esta nota que ya no sigue ascendiendo. Casi todos conocemos la experiencia —sobre todo siendo niños— de haber intentado subir por una escalera mecánica que va hacia abajo. Esto raras veces se consigue del todo, y en caso de conseguirse uno llega sin resuello a la planta superior. En la sociedad del descenso, muchas personas se ven duraderamente montadas en una escalera mecánica que baja y deben ir hacia arriba para poder mantener su posición. Les roe la preocupación por el descenso y «luchan por hacer valer su derecho estamental al bienestar» (Vogel, 2006, pág. 354). Se crean entonces con creciente frecuencia unas situaciones «anómicas» en las que las normas sociales establecidas, que constituyen la base de la integración social, van erosionándose poco a poco y perdiendo vigencia y validez (véase Merton, 1995 [1944]). Cuando el ascenso ya no parece posible y apenas existen, o no son efectivas, posibilidades de acción —por ejemplo, en un marco sindical—, entonces la gente se agarra como puede a estrategias autooptimizadoras. Estas suelen tener como efecto el caer todavía más en manos de la competencia (y de la competitividad). Muchas personas incrementan entonces su disposición a rendir más dentro de la empresa, es decir, a trabajar más y no poner límite a la jornada laboral,[40] con lo que su vida personal se confunde cada vez más con vida laboral. Así, renuncian a su derecho a llevar una buena vida, al work-life-balance, a la vez que asumen y aguantan sin quejarse el estrés y la pérdida de sentido vital, víctimas como son del vértigo y la aceleración. Las expectativas personales respecto a la autonomía y realización personales se ven «frenadas por los crecientes sacrificios hechos en aras del ascenso» (Voswinkel, 2013, pág. 30). El individualismo cultural se vive de manera más ahorrativa, se renuncia cada vez más a todo hedonismo que esté alejado del mercado (por ejemplo, estudiar sin prisas). Su modo de vida y sus aspiraciones son, como se decía en tiempo de sus padres, pequeñoburgueses y «amoldados». Se produce así un regreso del conformismo (Kopptsch, 2013). Para muchos, se refuerza la impresión de que están permanentemente pisando el acelerador, pero los neumáticos derrapan, pues el freno de mano no se puede soltar, con lo que queda una sensación de «frenético estancamiento» (Rosa, 2009, pág. 110). El autoproductivismo es el rasgo distintivo de un yo competitivo que manifiestamente no ve ninguna posibilidad de encontrar vías sociales y solidarias para hacer frente a la inseguridad, el miedo al descenso y al intensificado principio del mercado dominante. Las normas sociales, como por ejemplo el principio del rendimiento, se convierten en unos medios patológicos para la autoaserción, perversamente convertidos en anómicas estrategias de afrontamiento (véanse Honneth, 2013; Neckel, 2005). Al final, uno se siente quemado y completamente agotado (véanse Neckel y Wagner, 2013; Voswinkel, 2012).

Paralelamente a esto, estamos viviendo un auténtico renacimiento de la diligencia y dedicación burguesas. El ciudadano radicaliza en su fuero interno las virtudes del anhelo de educación y del ascenso social, y otras virtudes secundarias como la conciencia del deber y disciplina vuelven también en los entornos liberales. El modo de vida está en general al servicio del proyecto de mantener el estatus (véase Groh-Samberg y otros, 2014).

El restante tiempo libre, si lo hay, se invierte en la formación continua, sobre todo en la formación de los hijos, que desde su más tierna infancia aprenden ya chino y violín, o son matriculados en colegios privados. Allí deben aprender a ser personas modernas, cultas, naturalmente para salir a flote en medio de la competencia educativa, cada vez más dura. Estas estrategias de superación individualizada funcionan al mismo tiempo como unos «mecanismos de cierre refinados» con respecto a los diplomas académicos inflacionarios de los otros grupos (véase Münkler, 2010, pág. 71). Se entablan así reñidas peleas por la distinción, cuya esencia ya estudió Pierre Bourdieu en el libro del mismo título (Bourdieu, 1989). La superioridad social se articula básicamente mediante una mejor educación, modales distinguidos, gusto refinado, sentido estético, valores liberales y conducta consumista. Aunque en particular el consumo es una espada de doble filo, se considera no obstante como la prerrogativa de quienes pueden permitírselo. Su carácter demostrativo amenaza el régimen presupuestario de la clase media baja. Los estilos de consumo supuestamente injustificados de las capas bajas suelen ser duramente criticados por las capas social y culturalmente superiores (véanse de manera ejemplar Nolte, 2004; Sarrazin, 2010). La nueva clase baja es así objeto de constante vejamen: maleducada, gandula, incapaz de ascender (véase Dörre y otros, 2013b, págs. 18 y sigs.). La ansiedad por el estatus de la clase media conduce a menudo a unas interpretaciones economicistas, a una clasificación negativa y a una devaluación de los grupos más débiles, como demuestra por ejemplo el estudio sobre la situación económica y social de Bielefeld (a lo largo de diez años) titulado Deutsche Zustände (Heitmeyer, 2002-2012). La zona media reniega en buena parte de su solidaridad para con los más débiles; al desmarcarse de la clase baja, se afirma a sí misma. Allí donde antes reinaba aún cierta liberalidad, ahora cede a conceptos más rigurosos sobre el comportamiento moral, cultural y cotidiano. A causa de los miedos acrecentados a la «contaminación» y el «contagio», busca la mayor distancia posible y una completa segregación respecto de la cultura de las «sociedades paralelas» de la clase baja (Bude, 2008, págs. 113 y sigs.).[41] Y generalmente tiende menos a defender «el derecho a la diversidad» de la sociedad (Mau, 2012, pág. 162).

En cambio, las capas medias precarias que experimentan un relativo descenso consideran esto como algo personal. Aquí predominan las interpretaciones individualistas y fatalistas sobre el propio trabajo. Uno intenta integrarse en la sociedad casi a cualquier precio a través del trabajo remunerado; lo que tiene también a menudo como consecuencia cierto resentimiento hacia las personas más débiles, supuestamente más vagas o menos dispuestas a rendir (véanse Grimm y otros, 2013; Dörre y otros, 2013b).

En consecuencia, los amenazados por el descenso se aferran violentamente a su estatus, pasado o imaginado, de miembros de la clase media. Algunos se orientan ritualmente al ascenso, aun cuando hace tiempo que en su fuero interno dijeron adiós a esta perspectiva. Y ello se podría considerar en cierto sentido un efecto secundario de la individualización de la antigua sociedad del ascenso. La figura social del trabajador ya no sirve para una autobiografía positiva. Los trabajadores ya no construyen las siete puertas de Tebas; además, casi nadie cree ya en la práctica ser el sujeto universal de la emancipación social. Como trabajador, uno se considera más bien como un ser postergado, como alguien que no ha conseguido salir a flote individualmente. La identidad colectiva de la clase obrera ha dado paso a la aspiración general a un estatus de clase media (véase Therborn, 2012, pág. 6). En términos generales, en los últimos años ha decrecido la pertenencia subjetiva a la clase trabajadora, mientras que ha aumentado, a pesar de los descensos, la autoadscripción a la clase media (véase Habich, 2013).

A los socialmente descendidos, o que trabajan en los segmentos inferiores del mercado laboral, ya no les quedan muchas cosas. Antes, los trabajadores eventuales aún tenían una idea positiva acerca de su futuro: habían interiorizado la aspiración al ascenso, así como la responsabilidad personal. Hoy, en cambio, se sienten marginados, desclasados, discriminados..., y desesperanzados. Apenas si creen ya en un futuro mejor para sí mismos (véanse Bahl y Staab, 2010; Beaud y Pialoux 2009; Dörre y otros, 2013b). El ascenso a una clase más elevada ya no existe para ellos, pues se han vuelto apáticos y fatalistas con respecto al estatus (véanse Dörre y otros, 2013b; Walter, 2011).

LA NUEVA SOCIEDAD DE CLASES

La sociedad del descenso conduce a una nueva sociedad de clases. La clase alta vive en un mundo estamental socialmente separado. La clase media se coproduce mediante una creciente práctica de cierres sociales y de distinciones culturales. La mezcla de controles del Estado social, de disciplina, trabajo precario y prestaciones sociales está creando una nueva subclase.[42] Esta configura una situación social de la que solo unos pocos escapan, o suben. Pero no por ello se halla uno excluido del sistema productivo, sino más bien integrado, ya sea mediatamente (como un «activado» perceptor de prestaciones), ya inmediatamente (como un empleado con salario bajo).[43]

No tiene nada de extraño, pues, que el concepto de «clase» haya vuelto al primer plano del debate sociológico. Son las realidades sociales las que han impulsado este renacimiento.[44] La otrora «invisible sociedad de clases» sale ahora a la luz del día (Rehberg, 2011; véase Groß, 2008). En el primer capítulo vimos cómo en la sociedad alemana de la posguerra se declaró el «múltiple final de la sociedad de clases» (Geißler, 1998).[45] El ascenso social del colectivo de los trabajadores había sembrado serias dudas sobre el concepto de «clase».

El concepto de clase vuelve ahora a ser objeto de debate a causa de sus implicaciones políticas. En el transcurso del siglo XX, este concepto fue siendo cada vez menos para los obreros una pauta o línea de actuación; hoy día, solo de manera puntual y en dosis homeopáticas se puede ver a un proletariado consciente de su yo, es decir, a la denominada clase para sí.

Como consecuencia, también en el ámbito de la sociología se fue arrinconando poco a poco el concepto de clase. En vez de clases y capas sociales, se estudiaban más bien situaciones y entornos personales, incluidas cuestiones de diferenciación horizontal, como por ejemplo etnia y sexo, así como la importancia de los estilos de vida (véanse Burzan, 2007; Hradil, 2005a).

Pero actualmente se podría afirmar que, de una manera un tanto contradictoria, se está cuestionando al menos el cuestionar a Marx. Es decir, que, desde un punto de vista ampliado, ha habido que esperar hasta hoy para que se configure la sociedad de clases en sentido marxiano. Para Marx, la clase es un concepto relacional: la exclusión de la propiedad de los medios de producción implica una asimetría de poder fundamental y crea una distinción/separación entre los trabajadores y los capitalistas (véase Deutschmann, 2002, págs. 95 y sigs.). Visto así, el concepto de clase de Marx es de nuevo plenamente relevante en la actualidad, pues nunca antes había habido tantas personas dependientes de un sueldo, básicamente porque no poseen ningún medio de producción.[46] La clase obrera en sí, como la llamaba Marx, ha aumentado considerablemente tanto a nivel nacional como global. En el plano internacional, las diferencias sociales entre las naciones se han reducido en el pasado reciente, pero en el seno de los Estados han aumentado enormemente (véase Therborn, 2012).[47] Sin embargo, no se puede hablar de una sociedad de clases dicotómica, tal y como Marx y Engels habían profetizado en el Manifiesto comunista.[48] La importancia de las clases medias es muy grande a pesar de los descensos sociales.

Para un análisis moderno de las clases se recomienda, por tanto, emplear un «realismo pragmático» que incluya a la vez las dimensiones de poder, explotación, cierre y oportunidades de vida (Wright, 2009; véase Kreckel, 2004).

Semejante visión debería incluir también, además del planteamiento de Marx, el de Max Weber. El sociólogo alemán consideró las situaciones de clase sobre todo como situaciones de mercado, dependientes de la propiedad y de las posibilidades de producir (Weber, 1980 [1921-1922], págs. 177 y sigs. y 532). No se deberían ver, pues, las visiones de Marx y de Weber como antagónicas sino como mutuamente complementarias (Wright, 2009). En efecto, junto a las relaciones de clase marxianas de índole relacional ganan nuevamente relevancia las clases poseedoras y adquisidoras ideadas por Weber. Con Marx se puede comprender mejor el aumento general de la dependencia del trabajo asalariado, y con Weber se pueden analizar los recursos, el modo de vida y las oportunidades de mercado de cada uno de los grupos (por ejemplo, de los banqueros y agentes de call centers). Como se ha dicho, también está retornando el principio estamental ideado por Weber, pues las clases alta y media configuran de nuevo su propio estatus vital y perfilan de nuevo con fuerza su pertenencia al propio grupo a través de diversas clasificaciones, como, por ejemplo, la alimentación, la cultura y las acreditaciones profesionales. Estos procesos de cierre social vuelven a reforzar las fronteras entre las clases (Kreckel, 2004, págs. 52 y sigs.). La pobreza y la riqueza tienden cada vez más a heredarse socialmente. Las posiciones sociales de poder se plasman al final en las rentas monopolistas y en los beneficios extra. Si ya no se experimenta ascenso social, «se consolida la imagen interior» de una sociedad estructurada por clases en la que hay cada vez menos permeabilidad (Neckel, 2008, pág. 37).

No obstante, con el descenso social no surge básicamente ninguna clase en el sentido de unas condiciones de vida homogéneas a partir de las cuales se articulan intereses paralelos e igualmente orientados. Lo que podemos observar más bien son unas nuevas estructuraciones de clase. Estas se caracterizan, según Anthony Giddens, por las posiciones de mercado y las posibilidades de movilidad, así como por la división del trabajo productivo y unas relaciones de dominio en las que se consolidan discriminaciones y desventajas sistemáticas (Giddens, 1984, págs. 129 y sigs.). Para los trabajadores interinos, eventuales, a tiempo parcial y con contrato de obra, así como para los perceptores de salarios bajos, minijobbers, clickworkers, Ich-AGs (empresas uninominales en Alemania) y perceptores de subsidios, conviven formas subprivilegiadas con déficits en los derechos sociales y económicos. Estas personas conforman el núcleo de una nueva subclase, no tienen prácticamente ningún activo y apenas disponen de recursos para influir en el plano político. Los trabajadores eventuales no pueden formar parte del comité de empresa aunque lleven muchos años trabajando en ella.

Pero las nuevas relaciones de clase se han fragmentado y complicado de tal manera que apenas si se puede articular ya un interés común. El profesor de instituto al que despiden al llegar las vacaciones de verano tiene en algunos aspectos más cosas en común con un obrero cualificado eventual que con un catedrático de instituto. Ambos se encuentran en circunstancias laborales sumamente inseguras y ambos se sienten postergados en cuanto a sus sueldos y derechos frente a sus compañeros (fijos) de la plantilla; pero con respecto a las exigencias de su trabajo y a su modo de vida, se diferencian considerablemente.

Por debajo de la clase poseedora de capital, de los top managers, etc., existe una clase altamente cualificada y en constante aumento de prestadores de servicios, que tampoco disponen de las mismas perspectivas de seguridad. En efecto, entre, por una parte, los trabajadores fijos que tienen una relación laboral normal y están acogidos a convenio colectivo y representados por un comité de empresa, y, por la otra, la servicecraft de una empresa de limpieza o una vendedora minorista, por ejemplo, existen muchas diferencias en cuanto a la estructuración de clase.

Las modernas relaciones de clase son más complejas que la simple oposición pobre-rico o arriba-abajo. Las desigualdades sociales verticales se entrelazan con las disparidades horizontales (véanse Bergmann y otros, 1969; Offe, 1972; Kreckel, 2004). El sexo y la etnia conforman respectivamente sendas estructuras de discriminación autónomas, en esencia irreductibles. Estas disparidades horizontales se emparejan también con otras formas específicas de «explotación secundaria» (Dörre, 2010b y 2012). Con esto nos referimos a la producción específica de relaciones de clase que van más allá de la explotación capitalista «normal»: los afectados son en primer lugar los trabajadores completamente precarios, cuya exigua cuota de derechos sociales y económicos corre pareja con disparidades horizontales. En el mercado laboral se hallan discriminados sobre todo las mujeres y los migrantes en razón de supuestas características adscriptivas (las mujeres tienen además y por regla general que hacerse cargo de tareas «asistenciales»). En tales casos, las relaciones de clase y las formas de opresión (horizontal) se unen a las disparidades de clase. Sobre el ejemplo de la participación de la mujer en el mundo laboral cabe decir que su posición en el mercado de trabajo ha mejorado considerablemente en los últimos años, pero sigue ganando menos dinero aunque tenga la misma cualificación; en puestos directivos, está claramente infrarrepresentada.[49] En 1950, el gender pay gap se situaba aún entre el 40 y el 50 % (véase Geißler, 2014, pág. 384). En los últimos años ha bajado de manera significativa, pero el 22 % actual sigue siendo demasiado (véase Bick 2013, págs. 132 y sigs.). Las desigualdades de género más específicas en el mercado laboral son destacadas en casi todas las dimensiones (véanse Scherschel y Booth, 2013; Aulenbacher y Wetterer, 2009). No obstante, el debate sobre la discriminación de la mujer discurre y versa principalmente sobre la cuestión de la igualdad de oportunidades (véase capítulo 3). De igual importancia, pero generalmente mucho menos estudiadas, son las diferencias sociales entre las propias mujeres. No todas ellas están igualmente discriminadas. Al grupo de «ganadoras» con las últimas reglamentaciones políticas en cuanto a la equiparación entre los sexos pertenecen preferentemente las mujeres de la clase media (Aulenbacher, 2011, pág. 126). Por otra parte, hay que recordar que una de cada tres mujeres con un trabajo a tiempo completo gana un salario bajo. Así pues, las mujeres han ganado en cuanto a igualdad de derechos, pero nunca ha sido tan grande como hoy la desigualdad entre ellas mismas. En el ámbito de la incrementada actividad laboral femenina, asistimos a una forma sumamente contradictoria de modernización regresiva: precisamente esta mayor participación de la mujer en el mercado laboral «ha abierto el camino a una mayor precariedad» (Mayer-Ahuja, 2003, págs. 89 y sigs.). La igualdad horizontal de la mujer corre pareja, por tanto, con otro fenómeno, a saber, que han vuelto las desigualdades verticales tanto para las mujeres como para los hombres.

Mientras que en la parte alta de la jerarquía social se puede observar todavía una mayor igualdad de oportunidades y una reducción de las disparidades horizontales entre mujeres y hombres —y también con respecto a los migrantes—, en el otro extremo, es decir, el extremo bajo de la escala, se acumulan varias dimensiones de disparidad de clase. En las posiciones sociales de abajo, la mujer está también por lo general fuertemente discriminada y las disparidades horizontales están profundamente marcadas. Una manager tiene unas probabilidades de trato igualitario completamente distintas a las de una mujer migrante que realiza tareas de limpieza. En una palabra, la clase, el sexo y la etnia se fusionan en el extremo inferior de la sociedad del descenso produciendo un conglomerado de mecanismos de opresión y explotación.

En la modernidad social se nivelaban hacia arriba las posiciones de clase, especialmente mediante la concesión de iguales derechos cívicos; en la modernización regresiva, en cambio, con la sociedad del descenso se constituye una multiplicidad de estructuraciones de clase orientadas hacia abajo. La mayor parte de los trabajadores freelance o interinos llevan una vida precaria; pero para una minoría de ellos, como es el caso de los ya mencionados especialistas en tecnologías de la información —por lo general jóvenes y con buenos sueldos—, esto significa una clara ganancia en autonomía. De ahí que no se produzca —como esperaban hasta hace bien poco algunas personalidades importantes (Standing, 2011)— la formación de un «precariado» como nueva clase social. Hasta ahora no ha surgido ni un potencial de acción ni una conciencia de clase capaces de arrastrar a las masas.[50] Como tampoco hay un precariado, sino «muchos precariados» (Bude, 2006, pág. 117). Sus rasgos distintivos no dependen solo de las circunstancias contextuales del mercado laboral y de la cualificación personal, sino también de disposiciones subjetivas. Las trabajadoras creativas y los trabajadores creativos en régimen precario hacen a menudo de la necesidad virtud («No concibo trabajar bajo la supervisión de alguien; yo necesito libertad»). Pero esta despreocupada libertad suele prosperar más bien gracias al colchón que procuran unos padres mínimamente acomodados. En las distintas ramas del antiguo sector público hay en cambio una conciencia mucho mayor de poseer una biografía laboral devaluada. También el «proletariado del sector servicios» permanece sumamente fragmentado en cuanto a sus intereses (véanse Staab, 2014; Bahl y Staab, 2010).[51] En el mismo orden de cosas, son muchos los estudios actuales que coinciden en que la conciencia de los trabajadores de la industria es sumamente contradictoria debido a los múltiples condicionamientos a que se hallan sometidos (véase Dörre y otros, 2013). Solo en los entornos de los perceptores de un subsidio puede observarse cierta homogeneización en cuanto el modo de vida y a las opciones básicas, que podría apuntar a la futura formación de una clase social. Estas personas no pueden permitirse los mismos estilos de consumo —o eventos culturales— que los trabajadores con sueldo. Los regalos valiosos solo son aún posibles en una dirección. La vergüenza de los perceptores de subsidio, su miedo al contagio social o la incomprensión respecto al modo de vida de amigos y compañeros que se encuentran en la zona de la integración o de la vulnerabilidad conducen a una alienación recíproca. Al final, prefieren quedarse donde están (véase Dörre, 2013).

En resumidas cuentas, que con las nuevas estructuraciones de clase solo aumentan básicamente unos «cuasi grupos» (véase Dahrendorf, 1957) que tienen unos problemas comunes y unos potenciales intereses compartidos. No sabemos en qué desembocará esto, pues aunque vuelvan las relaciones de clase verticales, es indudable que la sociedad se ha pluralizado.[52] Por ahora siguen surgiendo situaciones precarias o proletarias, pero estas no permiten reconocer ninguna afinidad política. Se trata, pues, de una «sociedad de clases sin tensión de clases», en la que las clases no se constituyen a través de una acción colectiva (Bude, 2012). Pero la precariedad y los descensos están conduciendo —como se mostrará en el capítulo siguiente— a una multiplicidad de levantamientos o actos de rebelión.

Capítulo 5

(RE)ACCIONES EN CONTRA

Las concentraciones multitudinarias y en manifestaciones del lunes en contra del Hartz IV, así como el movimiento Occupy, las protestas en contra de la energía nuclear, de la vigilancia y de los grandes proyectos inmobiliarios, sin olvidar los Wutbürger (ciudadanos irritados) de izquierdas en Stuttgart y de derechas en Dresde: todo ello indica que, desde el cambio de milenio, asistimos a un renacer de la contestación en toda regla.[1] No obstante, esta se da en Alemania de una forma relativamente tranquila en comparación con otros países de Europa occidental y meridional —sobre todo desde el estallido de la crisis financiera en 2007—, los cuales se vieron sacudidos por protestas de gran calado; las metrópolis europeas fueron escenario de importantes disturbios, al tiempo que surgían nuevos movimientos sociales, como los Indignados españoles, que desembocaron en la creación exitosa de nuevos partidos de protesta, como es el caso de Podemos.

El cuadro general de esta reacción es un poco confuso y a veces también algo contradictorio. Unas protestas son fugaces y meramente episódicas, mientras que otras se caracterizan por cierto desbarajuste normativo, pues, en su autopercepción, muchos de sus actores se posicionan más allá de la clásica dicotomía izquierda-derecha. Lo que las une es la percepción de que ya no se cumplen determinadas promesas sociales que durante mucho tiempo habían mantenido cohesionadas a las sociedades modernas.

Los conflictos sociales surgen por lo general cuando muchas personas comparten la sensación de que son tratadas injustamente o de que sus derechos están siendo pisoteados. El movimiento obrero se gestó para hacer frente a la explotación por parte del capitalismo industrial, y el movimiento femenino debe su impulso a la experiencia de una masiva discriminación (de género). Asimismo, los disturbios urbanos estallan frecuentemente después de que, con el paso de los años, se hayan visto humillados los miembros de determinados grupos sociales. Los actores de las protestas siguen por regla general un concepto específico de la justicia, de índole contextual; en la reivindicación de una mejor redistribución, o de una intervención en la economía (o incluso en el régimen de propiedad), las más de las veces se expresa una «economía moral» cargada de cotidianeidad (Thompson, 1980).

Las protestas en cuestión no tienen por qué ser necesariamente, en sentido estricto, de naturaleza económica o de política redistributiva; también pueden ser sobre cuestiones relacionadas con el origen, el estatus social o la legitimación. Cada sociedad asigna a sus integrantes unos rangos y posiciones diferentes. Por regla general, las personas que no pertenecen a las capas más altas de la sociedad aceptan también la ordenación jerárquica del estatus, pero lo hacen partiendo de un «contrato social implícito» (Moore, 1982) según el cual también los grupos de abajo tienen unos derechos específicos que deben ser atendidos, y los de arriba unos deberes específicos que han de cumplir. Un desempleado está hasta cierto grado protegido contra la arbitrariedad oficial, y un top manager debería atenerse también a lo que dictan las leyes. Axel Honneth ha llevado este razonamiento a una dimensión ulterior: en su opinión, los conflictos surgen cuando se vulneran unas expectativas normativas (legales) de equiparación, trato igual, autonomía y valoración social. Si los pertenecientes a un grupo social experimentan que sus expectativas se ven sistemáticamente frustradas, esto puede convertirse en el punto de partida para una «lucha por el reconocimiento» (Honneth, 1994).

De manera muy general, suelen surgir movimientos de protesta cuando ya no tiene vigencia el orden social heredado y no funcionan las instituciones compententes (véase Piven y Cloward, 1986). Tal ha sido el caso, por ejemplo, de España y Portugal, donde a raíz de la crisis financiera y económica el desempleo —ya antes relativamente elevado— ha aumentado todavía más, mientras que al mismo tiempo fracasaban los mecanismos de cobertura social. Entre la generación joven, el paro ha aumentado por encima del 30 %. La realidad social ya no se corresponde con la norma del ascenso.

¿Se puede decir entonces que con la sociedad del descenso están volviendo la cuestión social y los conflictos (de clase) a ella asociados? Por una parte, se puede contestar que sí, que la cuestión social ha vuelto; pero por la otra hay que añadir que no según la forma en que se la conocía antes. La lucha de clases del siglo XIX y principios del XX, juntamente con el proletariado tradicional, ya no van a volver. La rueda histórica marcada por la diferenciación y la pluralización social no puede volver hacia atrás; bajo las condiciones actuales de la individualización estructurada desde el punto de vista del Estado social, la cuestión social se plantea de otro modo. Nuevos actores colectivos están surgiendo en unos conflictos mayores que discurren a lo largo de numerosos episodios, en los que se desarrollan unas prácticas e interpretaciones comunes.

Antes de esbozar en este capítulo el nuevo conflicto social que se está dando en la sociedad del descenso, debemos analizar los anteriores enfrentamientos y movimientos de protesta. En pocas palabras, se puede decir que cada época está marcada por su respectivo conflicto. De manera sucinta, podríamos reconstruir la siguiente secuencia: en el temprano capitalismo las luchas sociales giran predominantemente en torno a la emancipación política respecto del viejo orden feudal, así como en torno a la libertad (de profesión u oficio) individual, al establecimiento del Estado de derecho y a instituciones representativas democráticas (como los Parlamentos). En la parte alta de los movimientos progresistas se hallaba la burguesía ilustrada, la cual lideraba a los obreros y campesinos.

A mediados del siglo XIX, cuando el capitalismo se había asentado con más o menos fuerza, hizo su aparición en la escena histórica el movimiento obrero organizado. La Allgemeine Deutsche Arbeiterverein (ADAV, Asociación General de Trabajadores de Alemania) fundada por Ferdinand Lassalle escribió en su bandera la famosa reivindicación de la Revolución francesa, «libertad, igualdad, fraternidad». En el capitalismo liberal de esos años, así como en el capitalismo organizado de la primera mitad del siglo XX, el paisaje político estuvo marcado por luchas de clase y de redistribución, salvajes e irregulares.

El temprano movimiento obrero libró una batalla en toda regla por el reconocimiento jurídico, político y social. Además, creó las bases para la formación de una identidad propia de los asalariados y tejió una tupida red de asociaciones, organizaciones recreativas y culturales (véase Welskopp, 2000).[2] Una consigna clásica de aquel periodo rezaba así: «un jornal justo por un trabajo justo».[3] En esta fórmula, a primera vista nada pretenciosa, se condensan empero las problemáticas principales de la época: los obreros padecían una pobreza generalizada, se alojaban en condiciones lamentables y estaban atrapados entre el poderío de los capitalistas y los privilegios de los patronos. Por eso el eslogan incluía principalmente cuestiones que, más que con la redistribución, tenían que ver con la «dignidad» de las personas, así como con el «reconocimiento del trabajo como base para el sostenimiento propio y el de la familia» (Süß, 2014, pág. 128). Asimismo, el movimiento socialista obrero, que se desdobló en la segunda mitad del siglo XIX, tampoco luchó tanto por la socialización de los medios de producción como por la socialización de los derechos cívicos, es decir, por el derecho al voto universal e igualitario, así como por la equiparación política de la mujer.

Pero en la segunda mitad del siglo XX cambió el modus operandi del movimiento obrero en términos politicos. Su práctica conflictual se adaptó —precisamente por los éxitos cosechados— a las disposiciones institucionales de la modernidad social. Merced a la autonomía salarial, a la libertad de negociación colectiva, a la ley sobre los comités de empresa y al Estado social, se reconducen los conflictos del pasado de cariz salvaje. Con la institucionalización del conflicto de clases, el movimiento obrero dijo adiós en buena medida a la perspectiva de la transformación social. El socialismo pasó a convertirse en un vocablo abstracto, que uno envolvía más o menos tímidamente con buenas declaraciones de principios. A partir de entonces, la lucha de clases se redujo mayormente a disputas salariales estrictamente reguladas. Por su parte, los sindicatos intentaron aprovecharse sobre todo de la senda ya iniciada con el sistema de los convenios colectivos, es decir, más sueldo, más seguridad social, menos tiempo de trabajo. La retórica al uso la conformaban variaciones de la expresión «chupar también del bote». De este modo, las aspiraciones se fueron reduciendo sobre todo a cuestiones de redistribución, con lo que cuestiones más importantes relacionadas por ejemplo con el reconocimiento pasaron en su mayor parte a un segundo plano. El movimiento obrero perdía así su perfil moral (véanse Voswinkel, 2001, pág. 16; Müller-Jentsch, 1997, pág. 202; Honneth, 1999, pág. 112).[4]

La condición para no recurrir al conflicto era una sociedad de ascenso social. Lo que en este libro se llama «modernidad social» fue el punto de partida de la ola de protestas de 1968, justo el momento en el que la modernidad había alcanzado su punto álgido.[5] Se trató de una revuelta antiautoritaria contra las convenciones, las jerarquías y los efectos colaterales del capitalismo (como por ejemplo los problemas ecológicos). Después de 1968 vinieron «nuevos movimientos sociales», cuya base social —y especialmente ideal— la formaban generaciones más jóvenes, posmaterialistas (Inglehart, 2008). Estas y los pertenecientes a las «nuevas clases medias» luchaban por más autonomía y participación en el orden social vigente (véanse Rucht, 1994; Raschke, 1987). Ahora hablaban menos de aspectos de redistribución que de cuestiones relacionadas con la identidad y el reconocimiento (véase Fraser y Honneth, 2003). Vistas históricamente, las estructuras de conflicto sociales dominantes encontraron también su expresión en el sistema de partidos (véase Lipset y Rokkan, 1967); en efecto, la lucha de clases —o si se quiere el conflicto entre el capital y el trabajo— se institucionalizó de manera político-partidista con la creación del SPD (Partido Socialdemócrata Alemán), y con los Verdes se anclaron en el sistema parlamentario aspiraciones de índole posmaterial.

Como ya se ha mostrado en los capítulos anteriores, el pasado reciente testimonia empero un cambio de rumbo social. La sociedad del descenso nuevamente surgida se caracteriza por una creciente desigualdad, toda vez que la escalera mecánica social sigue yendo sin parar hacia abajo, los derechos sociales y económicos del ciudadano se ven una y otra vez pisoteados y no dejan de surgir nuevas estructuraciones de clase.

Más arriba se aludió a que solo el 29 % en la Alemania occidental y el 15 % —o menos— en la oriental respecto al conjunto de todos los asalariados trabajan en corporaciones con comité de empresa y convenio laboral. Pero para muchos grupos, el trabajo remunerado cada vez tiene más visos de perder su función de integrador social: la seguridad social, el prestigio o la valorización personal ya no se transmiten lo suficiente a través del trabajo remunerado. Son muchos los grupos que sienten un déficit de reconocimiento colectivo (véase Honneth, 2011, págs. 410 y sigs.). La división de clases latente en la modernidad social (véase capítulo 1) está volviendo a cobrar nueva importancia, y el conflicto de clases se está, por así decir, «desinstitucionalizando» (Nachtwey, 2013). Pero esto no trae automáticamente consigo la lucha de clases, pues esta ha perdido ya su caja de resonancia heredada de las generaciones precedentes, la «operativa» clase obrera con su horizonte interpretativo común.

Los nuevos conflictos surgen en una situación marcada por la falta de claridad y de estabilidad: las tradicionales pertenencias a —e identificaciones con— una clase y los vínculos institucionales y organizativos se han vuelto en general más débiles. La diferenciación de la estructura social, junto con la individualización del modo de vida, ha hecho que se derritan los glaciares de las grandes organizaciones colectivas y de los partidos y sindicatos. Mientras que a finales de la década de 1970 uno de cada tres trabajadores pertenecía a algún sindicato de la DGB (Confederación de Sindicatos Alemanes), en el año 2013 el nivel de afiliación solo alcanzaba el 18 %. Por su parte, el SPD (Partido Socialdemócrata Alemán) y la CDU/CSU (Unión Demócrata Cristiana y Unión Social Cristiana) han perdido aproximadamente la mitad de sus miembros desde 1990.

Sin duda, no por ello ha retrocedido necesariamente el compromiso político o social como tal, pero cada vez lo vemos menos en los estadios institucionalizados de la democracia representativa, pues la actividad política se ha vuelto más situacional y selectiva, y menos vinculante. Tampoco los sindicatos y partidos de izquierda defienden —ni siquiera allí donde aún pueden— las estructuras conflictuales heredadas. En la mayor parte de las grandes organizaciones, una política orientada a las cuestiones de clase se considera una reliquia anacrónica, de épocas pasadas, algo de por sí irrelevante en la actual economía de mercado social.

Consiguientemente, la cuestión social ya casi no se plantea en el ámbito de la política, o si acaso solo de manera muy selectiva. En la posdemocracia, los canales de articulación de los intereses se ven obstruidos por el consenso en cuanto a los condicionantes (véase capítulo 3), lo que produce al mismo tiempo una «crisis de representación», incluso —a grandes rasgos— de la democracia parlamentaria (Michelsen y Walter, 2013; Linden y Thaa, 2011).

Si en la década de 1970 hubo un Estado intervencionista tardocapitalista que con sus ataques al entorno vital producía déficits de legitimación, retomados por los movimientos sociales (Habermas, 1973; Offe, 1972), la situación actual es tal que los problemas de legitimación se producen por las nuevas desigualdades sociales y democráticas, que el «viejo» Estado tardocapitalista había conseguido reducir (Nachtwey, 2010).

LOS NUEVOS CONFLICTOS POR EL TRABAJO Y LOS DERECHOS SOCIALES

Es significativo que dos de las mayores protestas sociales de la historia de la posguerra de la República Federal de Alemania no fueran desencadenadas de manera inmediata por cuestiones relacionadas con la desigualdad o la injusticia, sino que en ambos casos se tratara de los derechos sociales y económicos del ciudadano, si bien de signo diferente: en una ocasión se manifestó en contra de la insuficiente configuración de los mismos, y la otra en contra de su supresión.

En 1952, cientos de miles de sindicalistas protestaron contra el aplazamiento de la ley de los comités de empresa, la cual iba a garantizarles más cogestión en las empresas. El proyecto de ley se quedaba corto, muy por detrás de sus pretensiones y de las reglamentaciones ya existentes a nivel Länder. La ley de cogestión de la industria minera del año 1951 garantizaba una composición paritaria de los consejos de supervisión de las grandes empresas mediante la inclusión de representantes de trabajadores y empresarios. Para los sindicatos, la cogestión era un pilar fundamental de una democracia económica en la que los trabajadores debían decidir en pie de igualdad con la patronal sobre el rumbo general que la empresa debía seguir. Ciertamente, el borrador de la nueva ley para los comités de empresa contemplaba en su conjunto numerosos derechos de cogestión en la empresa, pero los sindicatos no consiguieron extender la cogestión paritaria a todas las ramas. Además, los representantes sindicales temían perder influencia con una autonomía de los comités de empresa jurídicamente estipulada. El objetivo de la democracia económica, según la valoración de los sindicatos (lo cual se comprobaría históricamente), no se cumpliría por el momento con la ratificación de la ley de los comités de empresa (véase Demirovic, 2007).[6]

La segunda gran oleada de protestas sociales se produjo como reacción a la Agenda 2010.[7] Diversos grupos de izquierdas y de asociaciones de desempleados, así como la ATTAC (Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana) y algunas plataformas sindicales convocaron una manifestación en Berlín el 1 de noviembre de 2003 para protestar contra la «deforestación» social. En vez de los veinticinco mil participantes esperados, algunos observadores, incluso conservadores, contabilizaron más de cien mil participantes, una cifra sorprendentemente elevada en la reciente historia de las protestas sociales, cuando además se dudaba de que fuera a participar alguna de las grandes organizaciones. En toda la población reinaba por aquellos días un gran sentimiento de inquietud y de indignación, hasta el punto de que muchos de los transeúntes testigos de la marcha se unieron espontáneamente a ella. En la primavera del 2004, la DGB (Confederación de Sindicatos Alemanes), que en un primer momento se había declarado en contra de tales medidas a causa de sus relaciones tradicionalmente estrechas con la socialdemocracia, movilizó, según sus propias estimaciones, a más de medio millón de personas, que se manifestaron en cuatro ciudades distintas. Hacía más de cincuenta años que no salían a la calle tantas personas por reivindicaciones de índole social. En otoño del 2004, tuvo lugar de nuevo un tipo de protesta ya conocido pero en este contexto sorprendente: las manifestaciones de los lunes. Esta forma es tanto más especial en cuanto que refuerza una determinación de índole ritual: uno se manifiesta regularmente y todo el tiempo que sea preciso hasta que se vean cumplidas sus reivindicaciones. En la estela de la revolución germano-oriental, las manifestaciones del lunes fueron un importante instrumento de la oposición. Si las manifestaciones anteriores se habían hecho para pedir mayor libertad política, estas se dirigían ahora a protestar contra la violación de los derechos cívicos que comportaban las denominadas leyes Hartz. En toda la República Federal, en particular en la parte oriental, a las manifestaciones de los lunes acudieron sobre todo desempleados, un fenómeno sorprendente habida cuenta de lo difícil que suele resultar movilizar a trabajadores precarios (Rucht y Yang, 2004; Lahusen y Baumgarten, 2010).[8] Algunos de los grupos surgidos entonces siguen existiendo y manifestándose todavía en la actualidad.

La ola de protestas desembocó finalmente en la creación en Alemania occidental del nuevo partido Die Linke (La Izquierda), surgido del antiguo PDS (Partido del Socialismo Democrático) y de una escisión del SPD (Partido Socialdemócrata), la Wahlalternative Arbeit und Soziale Gerechtigkeit (WASG, Alternativa Electoral por el Trabajo y la Justicia Social), predominantemente organizado y representado por grupos amenazados por el descenso social (Nachtwey y Spier, 2007). La renacida cuestión social encontraba así anclaje y encaje en un partido político.

Mientras en la arena política aumentaban las protestas sociales en contra de la Agenda 2010, en las empresas parecía reinar cierta tranquilidad. En efecto, pocas veces en la historia de la posguerra alemana se hicieron tan pocas huelgas como en dicho periodo, en el que la inclinación a la huelga no se caracterizó por ser especialmente fuerte. Esto tuvo mucho que ver con la arquitectura de las relaciones laborales: se aplicaron numerosos filtros institucionales y fórmulas de compromiso, al tiempo que la centralización sindical era relativamente elevada y la tradición heredada en cuanto a la concertación social era tan influyente como antes (Brinkmann y Nachtwey, 2013b). En la sociedad de la posguerra, los sindicatos y asociaciones obreras convirtieron en una relación colaboradora sus otrora posturas antagónicas, en un intento por armonizar la dinámica económica con el equilibrio social. Desde entonces, los sindicatos consideran la huelga básicamente como una «espada colgada en la pared» que solo se desenvaina como último recurso (Müller-Jentsch 1997, pág. 212; Dribbusch, 2009).

Hasta entrados los años noventa del siglo XX, la debilidad de los sindicatos los hizo centrarse sobre todo en la redistribución de los recursos institucionales de poder más habituales (Brinkmann y otros, 2008). La práctica de «conservar el activo» tuvo como consecuencia que, en muchas ramas en las que los convenios colectivos aún tenían fuerza, el número de huelgas cayera prácticamente a cero. En los años sesenta y setenta se produjeron muchos paros, principalmente en los sectores del metal, eléctrico y químico. Durante ese periodo, más de una década, no hubo ninguna huelga reseñable (ni durante más tiempo todavía en el sector de la industria química). Después de la crisis financiera, en estas ramas fue a veces incluso más pronunciada la orientación de los sindicatos a la concertación social, pues dicha postura prometía y garantizaba estabilidad (Haipeter, 2012; Dribbusch, 2012; Dörre, 2010a y 2011).

Pero en los demás ámbitos de la economía alemana se produjo una erosión tan fuerte de los convenios colectivos que se hizo necesario crear un salario mínimo para garantizar al menos un umbral de seguridad social. Los sindicatos, especialmente en el sector servicios, consiguieron la implantación del salario mínimo legal tras una larga y ardua campaña, lo que sin duda ha debido hacerles ver que esto es, al mismo tiempo, una muestra de su propia debilidad en el terreno de la política de los convenios colectivos.

A partir del 2008 aproximadamente, se vislumbra un cambio de tendencia en las huelgas: estas van ahora en aumento, despacio pero sin cesar (Birke y Dribbusch 2014). Según el sindicato Verdi (sector servicios), se pasó de 26 conflictos laborales en el año 2004 a más de 200 en el 2012. También el sindicato Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG, Sindicato de Hostelería, Alimentación e Industrias Afines) confirma este número creciente de huelgas (véase Birke y Dribbusch, 2014, págs. 13 y sigs.). Los grupos profesionales afectados van de personal de hostelería en autopistas a escluseros, conductores de autobús, agentes de seguridad en aeropuertos y transportistas de fondos. En el año 2015 se ha producido una «ola de huelgas», hasta entonces impensable para la realidad laboral alemana (Streeck, 2015), concretamente en los sectores de la Administración pública, de los servicios sociales y educativos, de Correos, de la empresa DB (Ferrocarriles Alemanes), de los hospitales..., y hasta en Amazon se han registrado paros laborales de carácter semanal y militante.

En el momento presente, las luchas obreras se han trasladado casi por completo al sector servicios. En este sector ha progresado como en ninguno otro una tendencia a la institucionalización del conflicto social, pues el sistema de los convenios colectivos se halla, por así decir, completamente «perforado», por lo que no deja de aumentar el número de «combates urbanos»,[9] y como en este sector los empresarios actúan de una manera especialmente agresiva, prácticamente «no pasa un día sin que se produzca una huelga» (Bewernitz y Dribbusch, 2014).

Algunas de las nuevas huelgas las convocan sindicatos minoritarios, generalmente sectoriales, como es el caso del sindicato de pilotos Vereinigung Cockpit, del sindicato de médicos Marburger Bund o del sindicato de ferroviarios GDL. Como sus miembros disponen de un poder estructural muy alto en el plano laboral, sus huelgas se presentan a menudo ante la opinión pública como escandalosas y egoístas. Pero tal interpretación no deja ver los verdaderos motivos sociales de estos conflictos, pues en definitiva son una consecuencia paradójica de las modernizaciones regresivas: los sectores de los ferrocarriles, los aeropuertos y los hospitales estaban antes en manos públicas (es decir, que los contratados eran funcionarios o disponían de contratos colectivos muy buenos), pero en la actualidad estas entidades bien se han privatizado, bien cuando menos funcionan según los principios de la empresa privada. Para muchos empleados, esto significa una grave pérdida en cuanto a sus derechos de estatus, de seguridad social y de retribución. Los sindicatos de la DGB (la Confederación nacional) prácticamente se ven impotentes para hacer frente a este empeoramiento. En algunos casos, como el del sindicato ferroviario Transnet (antes Gewerkschaft der Eisenbahner Deutschlands, GdED, tras su fusión con el GDBA, y hoy Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft [EVG, Sindicato del Ferrocarril y el Transporte]), han respaldado incluso unos cuasi conatos de privatización.[10]

En definitiva, que se han debilitado los antiguos baluartes de los sindicatos, y las tradicionales relaciones de solidaridad entre grupos de trabajadores débiles y fuertes se han resquebrajado casi por completo. De ahí la situación desagradable que se plantea a los sindicatos de la DGB (la Confederación nacional) al tener que organizar ámbitos laborales dotados con menos recursos de poder mientras grupos de trabajadores con más poder estructural —pilotos, maquinistas ferroviarios y médicos— se organizan en asociaciones profesionales o transforman estas en organizaciones tarifarias. Pero han sido precisamente estas organizaciones profesionales, orientadas en términos de estamentos, las que se han lanzado a la huelga como reacción a la bajada de salarios y la supresión de los convenios colectivos.

Las huelgas en el sector servicios revisten especial importancia, porque marcaron el comienzo de la renovación del movimiento obrero. Han cambiado las propias formas de conflictividad: como la rutina de las disputas tarifarias ya no suele tener mucho sentido o, como simplemente ya no existe ningún convenio colectivo, tampoco los conflictos discurren ya por los carriles tradicionales, además de que suelen estar orquestados de una manera menos ritual. Ahora, en las luchas obreras se estilan con mayor frecuencia acciones simbólicas —uno de los medios preferidos es, por ejemplo, llevar consignas en la ropa—, así como los flashmobs, las campañas de Internet y otros instrumentos que recuerdan el repertorio de los movimientos sociales.

Las nuevas huelgas son también a menudo más democráticas a nivel interno. Por ejemplo, se acostumbra a consultar a las bases el comienzo y final de una lucha concreta, cuya conducción no obstante está centralizada (en la dirección sindical). En las huelgas organizadas en los años 2009 y 2015 en el sector de los servicios sociales y educativos (guarderías e instalaciones de ayuda a niños, jóvenes y discapacitados), se implantaron por primera vez las conferencias de delegados con el fin, sobre todo, de involucrar más directamente a los empleados en la conducción de la huelga. Y la medida, por cierto, cosechó un gran éxito: se movilizaron muchos más empleados de lo esperado en un principio.

Estas huelgas son una de las ejemplares luchas del pasado reciente, en las que se trataba fundamentalmente de cuestiones de reconocimiento. Tales luchas sociales, con una gran carga moral, no se han librado por un 2, 3 o 4 % más de salario sino por un plus de dignidad, estatus y respeto (Nachtwey, 2013). Los paros laborales organizados por el sindicato Verdi en el año 2015 en los servicios sociales y educativos son particularmente ilustrativos de este desarrollo. En dichas disputas se ha tratado sobre todo de una justa valoración tarifaria de las reivindicaciones de educadores y educadoras (el sindicato Verdi habló de una «revalorización»). Esto se debía reflejar sobre todo, según la idea del sindicato, en categorías tarifarias más elevadas, así como en más estatus y naturalmente también en más dinero. Las pedagogas se quejan a menudo de que son pagadas como si solo enseñaran a hacer «manualidades» cuando al mismo tiempo se les exige realizar unas tareas docentes altamente cualificadas. Otro ejemplo: las empleadas —pues son en su mayoría mujeres— por empresas de limpieza no solo están mal pagadas sino que además tanto sus personas como su trabajo suele resultar «invisibles» para los clientes y para la opinión pública. Por eso, la primera huelga organizada en el sector de la limpieza —en el año 2009— fue descrita, curiosamente, como «la sublevación de las invisibles». En medio de todo esto se encuentran unas trabajadoras generalmente precarias e inmigrantes, unos grupos que hasta ahora raras veces han estado en la «vanguardia del proletariado» (este papel lo habían desempeñado en el pasado sobre todo trabajadores cualificados). También en los conflictos habidos en los últimos años en el seno de la compañía Amazon, así como en Correos y en el comercio minorista (las huelgas se organizaron bajo la consigna de «más respeto en el comercio»), o en los conflictos registrados cada vez con mayor frecuencia en el sector sanitario, los trabajadores han luchado cada vez más por su dignidad y por el reconocimiento de sus derechos sociales y económicos. En Amazon o en la empresa de Correos se trata de que la patronal reconozca un estatus a los empleados y (como corolario) que les conceda un convenio colectivo (y, en caso afirmativo, a su nivel). La patronal solamente parece dispuesta a conceder un convenio colectivo —con unas remuneraciones más bien bajas— a la rama logística; pero el sindicato Verdi exige un convenio según las normas del comercio minorista y de la mensajería, que ofrecen claramente unas condiciones mucho mejores. Por su parte, la empresa de Correos ha decidido externalizar —a la vista de sus ganancias en aumento— una parte de sus negocios y de sus empleados a 49 (sic) nuevas sociedades, que ahora ya no están vinculadas al convenio colectivo interno, relativamente bueno, sino que se asemejan más bien a los bajos sueldos de competidores como Hermes (servicios de logística y postales). La pérdida de estatus con respecto a las regulaciones del antiguo convenio es enorme. Según estimaciones de Verdi, los trabajadores de las nuevas filiales ganan alrededor de un 20 % menos.[11]

En los hospitales se aprecia una dinámica distinta. Si en el pasado las enfermeras y demás cuidadores solo habían mostrado una exigua tendencia a los conflictos a causa de su ética laboral, en la actualidad, precisamente a causa de la infrafinanciación y la necesidad de personal, en muchos casos es su reivindicación de una ética profesional no atendida la que los motiva para emprender acciones de protesta (Nachtwey y Wolf, 2013; Nachtwey y Thiel, 2014). En todas estas disputas estamos ante unos nuevos conflictos morales, pero en definitiva se trata de una reinstitucionalización de las normas que rigen los convenios colectivos o —en los ámbitos en que no existen convenios ni comités de empresa— de la nueva institucionalización de los derechos económicos en el ámbito profesional.

Este cambio en los conflictos sociales ha tenido también incidencia, más allá de las luchas obreras, en la propia praxis organizativa de los sindicatos de la DGB (la Confederación nacional alemana) (Brinkmann y Nachtey, 2010).[12] Paralelamente a la postura de colaboración y concertación social, han surgido estrategias subalternas dirigidas al conflicto. El IG Metall (Sindicato Industrial de Trabajadores del Metal) es un buen ejemplo al respecto. Este sindicato no ha realizado un cambio estratégico de carácter disruptivo, sino que en sus ramas fundamentales —en particular en las grandes empresas eléctricas y electrónicas, del acero y del automóvil— ha mantenido su política de concertación social. Pero sí ha cambiado en el plano sectorial y local, donde los actores se sentían limitados por los modos de acción y rutinas cotidianas tradicionales y adoptaron por consiguiente unas prácticas más innovadoras (Turner, 2009).[13] Así, en Renania del Norte-Westfalia, el IG Metall desarrolló unos planeamientos que, junto a la captación y al mantenimiento de afiliados, contemplaban dos estrategias añadidas con las que, en ambos casos, se combinaba un plan de negociación agresiva con la activación y redistribución de las plantillas y, sobre todo, de sus miembros. En la campaña «Mejor en vez de más barato» se asociaban prácticas orientadas a la participación y a la creación de valor. Con el planteamiento del «convenio colectivo», se intentaba controlar ciertas desviaciones respecto del salario convenido. Asimismo, se formaron comisiones para participar en la mesa de la negociación colectiva. Además, en el año 2008, el IG Metall había creado un departamento central para los denominados organizing projects y puesto a disposición más recursos para tal fin a nivel federal. Las empresas que no se movían en la senda de la colaboración desde el punto de vista del IG Metall, eran obligadas a hacerlo, con una presión más o menos fuerte. De este modo, el sindicato ha alcanzado una (relativa) equiparación salarial de trabajadores temporales y fijos en las disputas que más han durado en sus distintas ramas. A tal fin ha organizado de manera específica a los temporales y apostado por nuevas formas de participación, pero también ha movilizado el poder de implementación de la plantilla fija. En las ramas más innovadoras, como por ejemplo la energía eólica, que antes habían sido una especie de terra incognita en el mapa de la organización sindical, han apostado igualmente por campañas sistemáticas. Y en varias empresas se han creado grupos de «organizadores» cuya misión, entre otras cosas, consiste en visitar en su casa a los empleados y así ganarlos para la causa mediante conversaciones privadas. De este modo se confeccionan panfletos, se proyectan acciones o se informa a la prensa. El objetivo es fundamentalmente capacitar a los trabajadores para que se organicen en sus respectivas empresas en pequeños grupos. En algunas empresas del sector eólico, esto ha tenido bastante éxito: el IG Metall no solo ha ganado cientos de miembros, sino que también ha logrado crear nuevos comités de empresa y —tras algunas acciones de huelga— ha forzado a la patronal a pactar un convenio colectivo (véase Wetzel, 2013).

Los desarrollos descritos en las secciones anteriores demuestran que los conflictos laborales están aumentando de nuevo. Pero el aspecto cuantitativo es un factor más; en muchas de las luchas se aborda también contenido añadido. Las huelgas del año 2015 convocadas por Verdi en los servicios sociales y educativos han alcanzado la esfera de la reproducción social y han versado además sobre un reparto más equitativo de las tareas del hogar y del cuidado de los hijos.[14]

A esto hay que añadir también los conflictos recientes relacionados con la vivienda y la calidad de vida urbana. En la sociedad de servicios industrial, la creación de valor se ha desplazado asimismo a las ciudades, y mientras los alquileres no dejan de subir, los ingresos no dejan de caer o se han estancado. El espacio urbano ha sido desde siempre un buen caldo de cultivo para los conflictos sociales; pues bien, esta tendencia se ha reforzado aún más en la actualidad (véase Harvey, 2013). Varios sectores de población con pocos ingresos se ven expulsados de barrios enteros de las ciudades a causa de la denominada «gentrificación». Esto ha provocado últimamente numerosas protestas a nivel local. En otras partes hay una gran falta de guarderías, o de buenas conexiones de transporte y de espacios públicos. En Hamburgo, por ejemplo, han surgido varios movimientos de protesta contra la expulsión de artistas del barrio cultural alternativo. En Berlín, gracias a un plebiscito se ha logrado que el terreno del antiguo aeropuerto de Tempelhof no sea reedificado sino que siga siendo un campo público, de libre acceso.

EUROPA Y EL CONFLICTO DEL DESCENSO

Si miramos a la parte meridional y occidental de Europa, se podría decir que la situación de Alemania es mucho más tranquila. El que aquí hayan permanecido latentes en buena parte los conflictos se debe sin duda a la actual estabilidad económica e institucional. En la Europa meridional ha habido numerosas y grandes olas de protesta que han acabado en toda una serie de huelgas masivas y generales (véase Gallas y Nowak, 2012).[15] El desencadenante ha sido a menudo el haber excluido a los sindicatos del proceso de negociación política (véase Hamann y otros, 2013).

La dinámica conflictual en Europa necesitaría de un estudio aparte y bien detallado, por lo que en las páginas que siguen nos limitaremos a mencionarla solo de forma somera. Las disputas que se perciben en estos países se deben sin duda también al hecho de haber dicho adiós a la modernidad social. Las liberalizaciones del mercado laboral que tienen lugar actualmente en los Estados sureuropeos ya se dieron en Alemania en la estela, y como consecuencia, de la Agenda 2010.

Las líneas maestras del desarrollo social de la posguerra discurren de una manera parecida en la mayor parte de los Estados europeos. En los países nórdicos y occidentales, después de 1945 se llegó a un nuevo consenso social (en los países meridionales no se dio hasta el final de las dictaduras) (véase Judt, 2006).[16] De ello resultó una considerable extensión del Estado de bienestar, un fuerte aumento de los gastos sociales y unos repetidos intentos de estatalización para crear una economía mixta (Kaelble, 2007; Therborn, 2000).[17] La movilidad social aumentó también en toda Europa (véase Mau y Verwiebe, 2009). Pero en la segunda mitad de la década de 1970 terminó la época dorada de los Estados de bienestar europeos: irrumpió el capitalismo poscrecimiento y el péndulo empezó a irse al otro lado. En las dos décadas siguientes se ralentizó la tendencia a reducir la desigualdad en los ingresos, tendencia que al final se invirtió del todo. En el plano de los patrimonios y activos financieros, a partir de la década de 1970 aumentaron claramente las desigualdades. También se estancó la movilidad social ascendente (véanse Kaelble, 2007; Therborn, 2000). Estos desarrollos fueron (al igual que en Alemania) resultado de una política de liberalizaciones, así como de la liberación general de las fuerzas del mercado (véase Schäfer, 2013).

A raíz de la crisis financiera de 2007-2008, los países de la Europa meridional estuvieron al borde del colapso financiero. Se pusieron en marcha numerosos paquetes de rescate y el Banco Central Europeo tuvo que intervenir en múltiples ocasiones. En el marco del programa de ayudas, se impusieron unos drásticos programas de austeridad a los países en crisis; y estos recibieron nuevos créditos después de haberse comprometido a reducir las deudas contraídas sobre todo a raíz del rescate bancario.[18] El Estado social quedó así desmantelado, y se recortaron las prestaciones en el sector sanitario y educativo.

Grecia conoció en el 2010 los mayores movimientos de protesta desde el final de la dictadura (en 1974). En Atenas, Tesalónica y otras ciudades, medio millón de personas salieron a la calle. En Portugal, Gran Bretaña, Francia e Italia hubo igualmente protestas masivas (véase Ortiz y otros, 2013). Portugal, un país en el que tanto los sindicatos como los partidos de izquierda siguen estando proporcionalmente bien asentados en la sociedad, es también un buen ejemplo de los nuevos actores contestatarios. El número de participantes de una manifestación organizada por fuerzas de izquierdas fue muy inferior a otra convocada por cuatro activistas de Facebook (todavía no se sabe si fueron cien mil o doscientas mil las personas, en su mayoría jóvenes, que salieron a la calle para protestar contra la extensión de la precariedad, y esto en un país con una población de solo diez millones de habitantes).

Junto a estas manifestaciones multitudinarias, en el ámbito europeo hay que mencionar un tipo nuevo de protesta surgido en el último decenio, de un formato fundamentalmente distinto, que no representa una reacción inmediata a la política de austeridad, a saber, las denominadas revueltas urbanas. El hecho de que estos disturbios sacudieran metrópolis de Estados tan diferentes como Gran Bretaña, Francia e incluso Suecia demuestra que se trata de una expresión generalizada de los conflictos sociales europeos. En todos los casos, los disturbios se produjeron especialmente en los barrios más pobres, de carácter multiétnico y en su mayor parte asolados por el desempleo; y en todos los casos sus habitantes no solo se sentían discursiva y socialmente estigmatizados, sino que además se habían sentido repetidas veces discriminados mediante estrategias preventivas por parte de la policía, es decir, registros sin ningún motivo objetivo a personas preferentemente de piel no blanca (véanse Nachtwey, 2011; Schierup y otros, 2014). Para los habitantes de estos barrios estigmatizados, es literalmente su distrito postal lo que les impide cualquier clase de ascenso social. Quien proviene de estos barrios deprimidos, como es el caso de las banlieues parisinas, ve cómo sus solicitudes de empleo se ven rechazadas simple y sistemáticamente por causa de su dirección postal (véase Castel, 2009). Las revueltas parisinas fueron expresión y resultado de la vulneración del derecho a la igualdad, así como de la endémica situación de segregación y estigmatización; fueron una especie de «escaladas morales» por parte de personas cívicamente excluidas (Sutterlüty, 2013).[19] Ni más ni —tampoco— menos. Las revueltas no tenían ningún programa, raras veces vehiculaban reivindicaciones concretas y no se ajustaban a ningún modelo de acción colectivamente coordinado. Representaban una descarga emocional de ira de ciertas personas —en su mayoría migrantes— a la vista de la inexistencia e inobservancia de unos niveles democráticos y sociales.

PROTESTAS POSCONVENCIONALES

Como consecuencia de la crisis financiera, se configuró un nuevo tipo de protesta posconvencional, como demuestran los Occupy camps y las acciones de los Indignados españoles. Se ocuparon plazas y se montaron tiendas, al tiempo que se organizaban movilizaciones a través de las redes y de otros medios sociales. Los nuevos movimientos europeos y norteamericanos se veían a sí mismos como laboratorios, como una reacción a las expectativas de ascenso abortadas y como una lucha por los derechos civiles y la participación ciudadana. Se trataba por regla general de movimientos urbanos cuyos participantes, generalmente jóvenes y personas relativamente bien cualificadas, denunciaban el incumplimiento de la promesa del capitalismo moderno de garantizar tanto la igualdad en la prestación de servicios y oportunidades como el ascenso y la seguridad sociales mediante la educación y la formación. Estos movimientos fueron el resultado de la desinstitucionalización del conflicto social y a la vez la expresión de un descontento en cierta medida desinstitucionalizado per se. Al acabar la carrera, a la mayoría de estos jóvenes les esperaban unos trabajos precarios e infracualificados, y a continuación, no pocas veces, el paro. Wolfgang Kraushaar (2012) habla, con respecto a estas nuevas protestas, de la sublevación de los diplomados. Según una encuesta propia, la versión alemana de Occupy fue básicamente un movimiento de protesta de trabajadores en su mayoría cualificados y al mismo tiempo precarios; y solo el 40 % de los activistas de Occupy, aproximadamente, tenían una relación laboral normal.[20] Dos tercios de estos habían empezado una carrera universitaria, pero muy pocos tenían un trabajo acorde con su formación. Y otro tercio dijo estar demasiado cualificado para el puesto que ocupaba. También la joven generación española dispone de un nivel de cualificación históricamente sin precedentes, domina varios idiomas extranjeros y atesora experiencias en el extranjero. Pero sus miembros, llegados a una cierta edad, no pueden fundar una familia y no tienen más remedio que seguir viviendo con sus padres, pues muchos ni siquiera tienen derecho a prestaciones sociales y, por tanto, ni siquiera pueden permitirse el lujo de alquilar una habitación en un piso compartido.

Los Indignados españoles, que durante meses atrajeron sobre ellos la atención general, fueron el punto de partida de un nuevo movimiento. Las protestas empezaron tras una convocatoria por Internet, a personas de 58 ciudades distintas, para participar el 15 de mayo de 2011 en otras tantas manifestaciones. Tan solo un mes después, en 80 ciudades se celebraron manifestaciones en las que en total participaron más de un millón de personas. Asimismo, varias decenas de miles de personas participaron en acampadas y asambleas (véase Durgan y Sans, 2012). Su consigna reivindicativa, «¡Democracia real ya!», traspasó las fronteras del país.

Los Indignados siguieron la estela de los movimientos de protesta de las Primaveras Árabes, sobre todo el que tuvo lugar en la plaza Tahrir de El Cairo. Pero ellos mismos no tardaron en dar alas a una nueva oleada de activistas: en septiembre de 2011, unas dos mil personas ocupaban el parque Zuccotti de Manhattan, dando origen así a uno de los movimientos de protesta más importantes del pasado reciente: Occupy Wall Street (véanse Milkman y otros, 2012; Calhoun, 2013). Occupy echó a andar con un tweet («Are you ready for a Tahrir moment?») claramente alusivo a la Primavera Árabe; pero en tanto en cuanto que su objetivo era instaurar una democracia asamblearia en las plazas de las grandes ciudades, este movimiento estaba manifiestamente influido por los Indignados.[21]

El pequeño parque situado junto a la Bolsa de Nueva York se convirtió en el punto de partida —espacial y simbólico— de una nueva ola de protestas, que en tan solo un mes alcanzaría a todo el mundo. El 15 de octubre del 2011, el primer día de acción internacional de Occupy, solo en Alemania se manifestaron cuarenta mil personas. Varias centenas de personas montaron tiendas en plazas públicas.

Lo que aglutinaba a nivel internacional todas estas protestas era el eslogan del «99 %»: es decir, ese enorme grupo de personas que había quedado excluido del bienestar social, y de toda posibilidad de influjo político, por «el 1 %» formado por los superricos. El eslogan incluía la dimensión de la redistribución económica (la sociedad del descenso) y la del dominio político (la posdemocracia), así como la aspiración a representar, al menos simbólicamente, a la gran mayoría de la población.

En muchas cuestiones, Occupy defendía los mismos valores que los nuevos movimientos sociales. La mayor parte de sus seguidores mostraban una postura posmaterial: para ellos, la autonomía, la participación y la autodeterminación eran tan importantes como la creatividad y la libertad. Pero Occupy iba al mismo tiempo mucho más allá: después de 1968, muchos movimientos se habían inspirado en la crítica artista de las normalizaciones de la modernidad social y dado carpetazo a cuestiones relacionadas con la economía política. Pero los activistas de Occupy intentaron compaginar de nuevo las dos formas de crítica, pues también lucharon claramente por la justicia social y por una justa redistribución de la riqueza.[22]

Occupy defendía con ello algo fundamental. Los nuevos movimientos sociales abogaban ante todo por unos «proyectos en la sociedad» y no, como había sido el caso del movimiento obrero, por la «sociedad como proyecto» (Rucht, 1999). Con Occupy saltaba de repente al escenario de la protesta un movimiento sistémico que incluía como proyecto a toda la sociedad.[23] El movimiento sistémico subyacía a él casi de manera natural: en primer lugar, se criticaba en particular el papel de los bancos en la crisis financiera (y los bancos aparecían descritos ahora de manera explícita como instancias «relevantes del sistema»). En segundo lugar, el capitalismo había experimentado en el pasado un «cambio sistémico» en toda regla (Streeck, 2009, págs. 93-105).[24] Y, en tercer lugar, con la cuestión de la democracia corría pareja al mismo tiempo la cuestión del orden político.

Los nuevos movimientos de Europa y Norteamérica responsabilizaban a este orden de una manera no convencional. Un aspecto especial era su populismo democrático, que se alimentaba de un claro distanciamiento respecto del establishment. Los simpatizantes se desmarcaban también claramente de las élites políticas y de las formas tradicionales de articulación de intereses (por ejemplo, de los sindicatos y partidos) y asociaban el conflicto social al llamamiento a una «verdadera» democracia para toda la humanidad, así como a la propia praxis de las acampadas y a una democracia asamblearia permanente.

En Occupy se podía reconocer de manera meridiana la gran distancia existente respecto a la política tradicional, como demuestra el hecho de que la mitad de los activistas desconfiaran de todos los partidos políticos. Incluso los partidos de izquierda eran percibidos por muchos no como parte de la solución sino precisamente como parte del problema. En unas elecciones celebradas a nivel federal en el año 2012, la mayor parte de los seguidores de Occupy habrían votado a la izquierda, pero una cuarta parte no habría votado o su voto habría sido nulo.[25] Los partidos tradicionales ni siquiera habrían conseguido superar el umbral del 5 %. Y mientras que una relativa mayoría de los activistas se consideraban de izquierdas, casi la mitad de ellos declararon rechazar la tradicional división izquierda-derecha.

Este impulso radical-democrático constituía una forma manifiesta de política antiinstitucional. Salvo la permanente democracia asamblearia, los activistas rechazaban las tradicionales formas de organización, incluso los principios de representación y delegación. Por su parte, el principio de la horizontalidad política —de la renuncia a estructuras y personalismos— se radicalizó y convirtió en una política de la primera persona. Se renegaba de toda forma de jerarquía, así como de identidades fijas y de normas políticas. En la política horizontal, los actores actúan juntos en tanto en cuanto que actúan al mismo tiempo, pero no hay ninguna instancia, por así decir, que los orqueste (véase Lorey y otros, 2012).

Con todo, esta visión política planteaba también algunos problemas. Sin duda, la gente era claramente mucho más que una simple «masa actuante» (Blumer, 1951 [1939]), pero su identidad algo desdibujada suponía al mismo tiempo una menor medida de vinculación. Para los trabajadores y ciudadanos con obligaciones familiares y presupuestos ajustados, la inclusión radical-democrática de la democracia asamblearia permanente resultaba en la práctica más bien excluyente. Pues solo aquellos que participaban todo el tiempo podían hacer una contribución realmente eficaz. Y ello conllevaba la consecuencia paradójica de que, como movimiento, se hablaba ciertamente de la creciente tensión existente entre capitalismo y democracia, pero en la práctica también se excluía a muchas personas de una manera un tanto «posdemocrática».

En el periodo siguiente, cada movimiento siguió un camino completamente diferente. Occupy desapareció prácticamente del mapa, sobre todo al no haber presentado ninguna estructura organizativa ni a nadie que ejerciera funciones directivas. En España, tras varios rodeos, se llegó a una especie de paradoja performativa. El movimiento se reorientó: muchos activistas empezaron a comprometerse en barrios que estaban en contra de los desahucios o se preocuparon más por la creación de una infraestructura solidaria local —comedores comunes, servicios de asesoramiento, sanidad—, pues el suministro estatal había decaído en muchos aspectos, víctima de la política general de austeridad. El partido tradicional Izquierda Unida no consiguió establecer un lazo orgánico con las múltiples alianzas, y en el año 2014 surgió finalmente el partido contestatario Podemos. Su mensaje antiausteridad se dirigía básicamente contra el establishment en su conjunto, contra, según su propia formulación, la «casta» dominante en la política española.[26] Podemos se conceptúa a sí mismo como un partido de nuevo cuño, populista en sentido literal, alejado tanto de la retórica izquierdista tradicional como de las formas de la política al uso.[27] No hay infragrupos ni infraasambleas enmarcados por estatutos, programas o protocolos. Las bases las forman los denominados «círculos», unas reuniones que deben discurrir de la manera más participativa posible. No obstante, como partido, Podemos se encuentra ahora sometido a los mecanismos del parlamentarismo. Sobre todo, llama la atención su desmarque respecto de la relativa ausencia de dirección de los Indignados; la organización se rige ahora más bien según el modelo del populismo carismático, personificado en la figura —de gran impacto mediático— de su principal dirigente, Pablo Iglesias, que últimamente ha recortado muchos elementos de la «democracia de base» del partido (véase Zelik, 2015).

CIUDADANOS EN LAS BARRICADAS

Las protestas ciudadanas de los últimos años constituyen un nuevo tipo de conflicto. Estas han desempeñado un papel importante, sobre todo en Alemania. En numerosos lugares se han presentado demandas y recursos en contra de la implantación de nuevos tendidos eléctricos, de grandes proyectos urbanísticos y de la vigilancia y censura en Internet, al tiempo que ha habido también manifestaciones a favor y en contra de los aerogeneradores, la energía atómica y la reforma educativa (véase Walter y otros, 2013). Un buen ejemplo al respecto lo constituyen las personas descritas por los medios de comunicación —algo despectivamente— como Wutbürger (ciudadanos rabiosos), que se han manifestado en contra del proyecto Stuttgart 21; las protestas contra la remodelación —cuestionable desde el punto de vista económico, arquitectónico, de movilidad y ecológico— de la vieja estación terminal de la capital se han convertido en símbolo de un resucitado compromiso político en la sociedad civil, lo que ha sembrado cierta inquietud en las esferas de la política al uso.

Las protestas ciudadanas no son precisamente un fenómeno nuevo en la República Federal. Ya en los años sesenta y setenta del siglo XX surgió toda una serie de iniciativas y de movimientos de protesta ciudadanos, que en parte fueron mucho más importantes que los actuales (véase Kraushaar, 2011).[28] A pesar de su importancia desde el punto de vista democrático-político y de las legítimas aspiraciones de sus participantes, paradójicamente muchos de estos movimientos forman parte con frecuencia de una coyuntura posdemocrática.

Los movimientos ciudadanos de los años setenta y ochenta estaban orientados a «un punto concreto» del cambio y en ningún caso fueron más revolucionarios y anticapitalistas que los del 68. En su conjunto, estuvieron permeados por una reivindicación transformadora de la sociedad. La lucha contra las centrales nucleares o los grandes proyectos urbanísticos estaba presidida por ideas de sostenibilidad posindustrial, solidaridad para con el tercer mundo y búsqueda de nuevas formas de vida. Quien se comprometía con la liberación de la mujer no quería solo más igualdad en la composición de los puestos directivos, sino que exigía también la supresión del patriarcado. Pero las reivindicaciones actuales con respecto al conjunto de la sociedad son de menor intensidad. En algunos casos, las protestas siguen una lógica del tipo «no en mi patio»: la ocasión para el conflicto la proporciona algo que afecta a uno de cerca, y solo por eso se manifiesta en contra.

Casi todos los nuevos movimientos cívicos muestran cierta clase de resentimiento hacia el tipo de democracia actual, tanto respecto a sus representantes, políticos y expertos como a sus instituciones y Parlamentos (véanse Walter y otros, 2013, págs. 321 y sigs.; Bussemer, 2011). Pero este furor democrático no impide a sus seguidores acudir disciplinadamente a votar, y a veces incluso poseer un carné del partido. En esto se parecen no poco a los movimientos sociales de la década de 1970, cuando a menudo se hablaba de una democracia puramente formal. Los movimientos de protesta actuales critican la falta de transparencia en las grandes decisiones, las cuales suelen obedecer a intereses económicos concretos o se presentan como algo absolutamente necesario dados los muchos condicionamientos actuales (piénsese en Stuttgart 21 o en la ampliación del aeropuerto de Fráncfort). Se comprometen a participar más a nivel ciudadano, desde el desarrollo de proyectos hasta la organización de plebiscitos; pero esta participación se revela frecuentemente como una mera cuestión de clase o como resultado de la pertenencia a una determinada capa social.

Algunas de estas protestas ciudadanas, como es el citado caso de Stuttgart 21, son «literalmente una protesta cívica en sentido sociológico» (Walter y otros, 2013, pág. 307). Las personas que se comprometen suelen tener un elevado nivel cultural y suficientes recursos materiales. Y cuanto «más reivindicativa es la aspiración participativa, más fuertemente se infiltra la burguesía cultivada y se fija como una espiral» (ibíd., pág. 309). La extensión de la participación democrática a través de iniciativas ciudadanas o plebiscitarias puede incluso llegar a ahondar la desigualdad social. Así, por ejemplo, en el año 2010 una decisión popular hizo naufragar en Hamburgo una reforma escolar aprobada por el vecindario al margen y más allá de afiliaciones partidistas. La reforma planeada suponía, entre otras cosas, un aprendizaje en común durante más tiempo, con lo que los dividendos obtenidos de la inversión «educacional» habrían sido menores. Los que participaron en el referendo, y votaron en contra de la reforma, eran sobre todo ciudadanos acomodados, y, por tanto, con bajo nivel de desempleo (véase Schäfer y Schoen, 2013).

Vista así, la participación es en líneas generales un factor ambivalente en la democracia. Sin duda el nivel educativo más elevado, así como las incrementadas posibilidades de elección han incrementado también enormemente la experiencia de la autoeficacia, pero esta ganancia en competencias decisionales a veces puede incrementar también la desconfianza respecto a compromisos que tengan en cuenta los intereses de otros grupos distintos. El individuo moderno por lo general ya no está integrado en entornos sociales-morales de carácter colectivo, sino que suele adoptar la postura del consumidor burgués, regida por expectativas de «mercado»; un consumidor que siempre consigue lo que quiere, pues de lo contrario se enfada e inquieta. La individualización de los derechos cívicos la llevan a cabo, por así decir, unos individuos con expectativas normativas.[29] Este desarrollo tiene una gran incidencia en la eficacia de las protestas contemporáneas, las cuales son un elemento importante para la modernización de las sociedades modernas, su cuasi «sistema inmune» (Luhmann, 1996, pág. 11), pero también pueden convertirse en una enfermedad autoinmune, que puede acabar descomponiendo el sistema si el ejercicio de los derechos degenera en una autoafirmación intransigente que no reconoce en los sistemas democráticos la necesidad de representación ni el principio de la mayoría y de la compensación. Algunas de las protestas de los denominados «ciudadanos rabiosos» van, por ejemplo, en esta dirección. En este grupo abundan no pocos antiguos «sesentayochistas» exitosamente aterrizados en entornos burgueses. Tales personas se suelen implicar menos como citoyens deseosos de configurar la vida en común que como representantes de una vanguardia autoconsciente en los planos técnico y social. Una variante especial la constituye el «ciudadano experto», implicado en protestas «afectivamente propulsadas» (Sahr y Staab, 2011, pág. 29). En esta categoría suelen entrar sobre todo ingenieros, técnicos, informáticos, geógrafos, biólogos, físicos y juristas, los cuales no propenden a acciones políticas, sino que siguen unas argumentaciones de índole lógica, técnica y científica, que, a través de su fundamentación racionalista, producen unas directrices diáfanas para la acción. Por eso el ciudadano experto, que delega sus decisiones en manos de un profesional, forma parte del proceso posdemocrático, pues quiere sustituir la deliberación política —por naturaleza, morosa— y la búsqueda de compromisos por unas decisiones de carácter tecnocrático. Por eso debajo de algunas orientaciones plebiscitarias con base democrática se halla latente un «conato autoritario» que apuesta por una convivencia eficientemente conducida, se sobreentiende que por expertos (Walter y otros, 2013, págs. 323 y sigs.). La participación de la base y el deseo de tener expertos a la cabeza no se excluyen necesariamente.[30]

«WUTBÜRGER», ES DECIR, CIUDADANOS RABIOSOS DE DERECHAS: PEGIDA

Por eso no sorprende que cada vez entre más en escena otro tipo de protesta ciudadana, tampoco desconocida desde el punto de vista histórico: la protesta excluyente de los privilegiados. Mientras que Occupy entonaba «¡somos el 99 %!», Pegida proclama «¡somos el pueblo!». Se trata de una mezcolanza malhumorada y fantasmagórica, que se pasea por las calles de Dresde y Leipzig (desfila con sentimiento) y aprovecha la ocasión para atacar a la «prensa mendaz».[31] Desde finales del 2014, estas manifestaciones, como por arte de magia, se han vuelto cada vez más numerosas. A la escisión provisional del comité organizador le siguió un breve declive. Pero la crisis de los refugiados le ha regalado a Pegida una nueva clientela: en diciembre de 2015 varios miles de personas volvieron a secundar la iniciativa de los «paseos del lunes».

El que Pegida se estableciera sobre todo en Dresde se debe a unas circunstancias locales o regionales muy particulares: en prácticamente ningún otro estado federal es la cultura política tan conservadora como en Sajonia, ni los ciudadanos están tan enajenados respecto de la política. Además, en Alemania oriental cunde el temor, sobre todo entre los varones, de que (como ya ocurrió tras el derribo del Muro) puedan verse nuevamente «descolgados»; un temor alimentado sobre todo por la circunstancia de que, en el pasado reciente, tuviera lugar en los nuevos Länder una «aniquilación en toda regla de cualquier oportunidad de ascenso» (Groh-Samberg y Hertel, 2015, pág. 32).

Pegida es sin duda, y ante todo, un fenómeno germano-oriental, y más concretamente sajón, pero al mismo tiempo es también la expresión de un clima anímico reinante en toda Alemania, de una corriente neoautoritaria que viene fermentándose desde hace tiempo. Un hecho que demuestra lo anteriormente dicho es el éxito que obtuvieron allí libros como el de Thilo Sarrazin Deutschland schafft sich ab («Alemania se autodestruye», 2010) o el de Akif Pirinçcis Deutschland von Sinnen («Alemania desde dentro», 2014). Pero lo más sorprendente es que este resentimiento se haya plasmado en un movimiento social local con irradiación a nivel federal. Los partidarios de Pegida quieren que la gente los vea como unos ciudadanos completamente normales que están simplemente expresando una inquietud. Esto no es del todo falso. Para muchos ciudadanos, el mundo social es cada vez menos transparente, un lugar donde el miedo hace cada vez más mella (Bude, 2014). Y precisamente el miedo por el estatus personal, como ya mostrara Franz Neumann hace sesenta años, suele ser un importante desencadenante de afectos negativos, de visiones históricas regresivas y de teorías conspiratorias (Neumann, 1978 [1954]). En este sentido, Pegida es la expresión de una clase media aquejada y radicalizada por el miedo al descenso, y de una rebelión regresiva en contra de una democracia «configurada a imagen de los mercados».

Pegida tiene algunos precursores también en Alemania occidental. En primer lugar, habría que citar a los denominados «movimientos pro» locales (por ejemplo, el Pro-NRW, Movimiento Ciudadano pro Renania del Norte-Westfalia), que se hacían pasar por movimientos ciudadanos pero que en el fondo alentaban un fuerte resentimiento antiislámico y mantenían claros puntos de contacto con asociaciones de extrema derecha. Tan solo unas semanas antes de las primeras «marchas» de Pegida, grandes multitudes de extrema derecha se habían manifestado por las calles, por primera vez desde la década de 1990, en la estela de los disturbios «HoGeSa» (abreviatura de «hooligans contra salafistas»). En el contexto de la crisis de Ucrania, las «concentraciones de los lunes» no fueron en sentido estricto un movimiento de derechas, pero sí fueron oficiadas por turbios exponentes de teorías de la conspiración, por cierto generalmente antisemitas (véase Daphi y otros, 2014).

Pegida funciona de otra manera. Oficialmente se desmarca de las posiciones de extrema derecha. Hace hincapié en el carácter ciudadano de sus consignas, supuestamente derivadas de los valores occidentales de la Ilustración, como por ejemplo la democracia, la libertad, la autodeterminación y el Estado de derecho. Pegida es en cierta medida la variante regresiva de la nueva protesta política. Como ya ocurriera con Occupy, son cuestiones de democracia, redistribución de los recursos y de jerarquía social las que mueven a sus seguidores a salir a las calles, pero ahora estas consignas las gritan unos enrabietados ciudadanos de derechas. Pegida practica la crítica global: va contra políticos, representantes económicos, periodistas..., todos ellos pertenecientes al supuesto establishment constituido por «los de arriba». Pegida es asimismo un movimiento social identitario: se preocupa por la integración cultural y por los valores en un mundo que ha perdido el norte. En realidad, no se trata tanto de una cuestión de reconocimiento o de diferencia étnica como del contenido de unos derechos consolidados. Si Occupy representaba un conflicto de recursos entre el «1 %» y el «99 %», Pegida ve un conflicto parecido entre los que son del país y los que son de fuera.

Es difícil saber a ciencia cierta quiénes son los que participan en las marchas de Pegida. Las encuestas sociológicas hasta ahora realizadas se han topado en Dresde con un grave escollo, a saber, que la mayoría de los participantes se negaban a responder. Los que daban alguna información ya no eran del todo jóvenes, eran en su gran mayoría varones generalmente con estudios; y, socioeconómicamente, muchos pertenecían a la clase media (baja).[32] Por desgracia, las encuestas diferenciaban poco con respecto al estatus y el poder adquisitivo, pero por lo que se desprende de algunas fuentes, Pegida aglutina a capas medias que se perciben a sí mismas como si estuvieran social y culturalmente amenazadas: autónomos, asalariados que se mueven entre la seguridad y la precariedad, y personas que cada día tienen que volver a afirmarse en la vida. Aún no se ha investigado suficientemente en qué medida la clase obrera tradicional y la precaria se sienten atraídas por Pegida.

Para la clase media baja, la dura competencia social y la lucha por el bienestar, así como las frustradas expectativas respecto al ascenso y a la seguridad son los principales factores que conducen a una «desnormativización» y «barbarización» de los conflictos sociales (véase Honneth, 2013). El miedo al descenso engendra de por sí autoritarismo.

El estudio más importante sobre el tema del autoritarismo es el de Theodor W. Adorno (Adorno, 1995 [1950]). Partiendo de varios estudios sobre la difusión de las posturas antisemitas, Adorno se propuso averiguar, junto con algunos de sus colegas, qué base psicológica podía tener semejante disposición o actitud. Lo que hacía que la gente se volviera antidemocrática, cargada de resentimiento y potencialmente fascista era la existencia de una estructura caracteriológica autoritaria. El carácter autoritario se distingue, según su visión, por una serie de rasgos interrelacionados, que derivan en síndrome: aquí entran, entre otros rasgos, el convencionalismo y el servilismo, así como la agresividad, la obsesión por el poder, la falta de empatía, la tendencia al estereotipo, el cinismo, la obsesiva preocupación por la sexualidad y, finalmente, la proyectividad (entendida como la tendencia a creer en sucesos peligrosos que acaecerán en el mundo). A la esencia del autoritarismo pertenece también el no dirigir las agresiones contra el elemento dominante propiamente dicho, sino proyectarlas sobre otras cosas o personas; entonces, trasladamos nuestros propios impulsos —que incluso pueden parecernos inaceptables— a otras personas para así poder juzgarlas mejor. Así, por ejemplo, aducimos el menosprecio de los derechos de la mujer como motivo o exclusa para denigrar al islam.[33] En este sentido, y volviendo al tema de Pegida, sus seguidores suelen tener unas ideas sobre los roles algo tradicionales y exigen, por ejemplo, que se ponga fin al (como se dice en su propio lenguaje) «Genderismus» [«generismo»].[34]

Por irracionales que puedan parecer los prejuicios de Pegida, no dejan de tener cierto «sentido»: el resentimiento y los estereotipos desempeñan una función de orientación, al tiempo que ciertas fórmulas primitivas y las teorías de la conspiración reducen la complejidad reinante y aportan orden al supuesto caos. Partiendo de esta «lógica», las preocupaciones personales por el descenso se transfieren a distintos grupos de extranjeros. Como ya se ha indicado, muchas personas de la Alemania oriental tienen a menudo la sensación de haber sido postergados, y por eso ahora defienden de una manera tan sañuda sus derechos (imaginados) y su estilo de vida. El conformismo personal se convierte entonces en una actitud desvalorizadora de todos aquellos que son diferentes —como es el caso de los refugiados, los migrantes y los musulmanes— y que son considerados una «espinilla» supuestamente improductiva en un sistema social aquejado de estrés.

Las actitudes autoritarias se siguen mostrando cuando uno se sirve de ideas y valores convencionales, pero les atribuye en realidad otro significado. Así, por ejemplo, uno critica la democracia porque no contiene lo que promete pero está dispuesto a «cambiarla por un sistema que traiciona las aspiraciones de dignidad y justicia humanas» (Adorno, 1995 [1950], pág. 199). En este sentido, también en Pegida el descontento con los partidos, los políticos y los órganos constitucionales degenera en el menosprecio de estas mismas instituciones y actores. En Pegida, del topos, originalmente de izquierda, de «un contexto de total obcecación» se pasa (según la jerga nacionalsocialista) al de «una prensa engañosa». En vez de criticar a los representantes de la democracia porque la desigualdad económica no deja de socavar el ideal de la igualdad política, las personas autoritarias tienden a suprimir la democracia y a poner en su lugar el «dominio directo de aquellos a los que, a pesar de todo, siguen considerando poderosos» (ibíd., pág. 221). Entonces, nada más lógico que en estas marchas se ensalce a ese «demócrata cabal» que es Vladimir Putin.

Las mentalidades autoritarias no surgen de la nada. Son el resultado de la socialización de los individuos, del entorno cultural y político. Pero se coproducen a través del mercado. Los trabajadores aguantan en sus empresas unas circunstancias jerárquicas o a unos superiores prepotentes; muchas de las personas que no trabajan experimentan las jerarquías sociales en forma de condicionantes económicos, que las enfrentan como un «dios anónimo» (Horkheimer, 1988 [1936], pág. 372).[35] Se podría decir que en la actualidad hay muchas personas que se ven obligadas a afirmar y confirmar los imperativos del mercado. En definitiva, el autoritarismo se basa también en el hecho de que la gente se somete placenteramente a eso mismo que en el fondo la está oprimiendo. Según amplios estudios empíricos, una parte considerable de la clase media se está apartando de la sociedad «igualitaria-redistributiva» (Blühdorn, 2013, pág. 158). En la población en su conjunto —en la clase media algo menos, pero también—, se está dando algo así como un «extremismo conforme al mercado» que favorece la desvalorización de los demás, a tenor de las normas de autooptimización vigentes en las empresas (véase Zick y Klein, 2014). Este extremismo suele darse muy frecuentemente en aquellos que tienen miedo a perder su nivel de vida. El manifiesto extremismo de derechas retrocedió en los años pasados, pero el resentimiento ha aumentado. Por ejemplo, cada vez se recibe con más prejuicios a los musulmanes, los sintis, los romanís y los solicitantes de asilo (véase Heitmeyer, 2002-2010). Más allá de los problemas reales que determinados grupos de musulmanes, como por ejemplo los salafistas, ocasionan a las sociedades europeas, la islamofobia es el envoltorio de un nuevo racismo que predica la supuesta superioridad de la cultura occidental. Esto va acompañado también de un alto grado de confabulación, es decir, de una fe patológica en enunciados objetivamente falsos: según varias encuestas representativas, el porcentaje de musulmanes puede llegar al 19 %, pero apenas el 6 % de la población alemana profesa el islam. Y aunque en Sajonia constituyen solamente el 0,1 %, los seguidores de Pegida tienen miedo a una invasión cultural por parte de los extranjeros.

Pegida va a perder fuerza probablemente como movimiento de protesta. Y si muchas personas de disposición autoritaria no encuentran nuevos incentivos, es posible también que se desagregue rápidamente (véase Canetti, 1980). Pero conviene tener presente que el resentimiento autoritario no va a desaparecer tan deprisa de la sociedad. Además, la crisis de los refugiados encierra al menos el potencial de que entre tanto Pegida está logrando apuntarse nuevos éxitos en cuanto a la movilización. La organización que se está aprovechando a manos llenas de esta situación es la AfD (Alternativa para Alemania), la cual, tras la salida de su fundador Bernd Lucke, ha dejado de ser un partido que oscilaba entre el neoliberalismo y el nacional conservadurismo para convertirse en un partido populista de extrema derecha. Pegida y la protesta antirrefugiados del pasado reciente se han convertido en el brazo extraparlamentario de la AfD bajo la dirección de Frauke Petry y Alexander Gauland.

ACCIONES DE PROTESTA Y DERECHOS CÍVICOS

Hace ya tiempo que se despejaron los Occupy camps y, a pesar de los salarios bajos y la precariedad reinante, las nuevas luchas obreras parecen ser por el momento más bien esporádicas. Sin embargo, no parece improbable que en la próxima década también en Alemania —en Europa sin duda— se registre un aumento de los conflictos sociales. Aunque se ha aprobado una renta mínima legal y los ingresos reales han vuelto a subir ligeramente, la dinámica de la sociedad del descenso no se ha quedado sin efecto ni se ha anulado; simplemente se está tomando un respiro.

Básica —y tendencialmente—, los países industrializados occidentales se han convertido en unas sociedades del descenso, de la precariedad y de la polarización. En las dos últimas décadas ha aumentado considerablemente la desigualdad en casi todos los Estados de la OCDE (véanse OCDE, 2011; Piketty, 2014). Los nuevos conflictos no surgen aunque, sino más bien porque en nuestra sociedad la movilidad social hacia arriba es, como nunca antes, la norma social principal. No solo protestan jóvenes con la carrera terminada pero con perspectivas laborales precarias —y menos expectativas aún de ascenso—, sino que también salen a la calle trabajadores cualificados y especializados, así como muchos funcionarios. Mientras los jóvenes se manifiestan a causa de su imposibilidad de «entrar» en el sistema y ascender, sus mayores protestan contra la desvalorización del estatus social, de la pensión, del subsidio de desempleo o del salario.

En el capitalismo poscrecimiento cada vez hay menos grupos que avanzan en el plano social, pues para los buenos puestos de trabajo hay demasiados solicitantes con alta cualificación. La aspiración al ascenso puede convertirse en una fuente de conflicto si la escalera que lleva a él se va quedando poco a poco sin peldaños (véanse Dubet 2008, pág. 472; Voswinkel, 2013). Algo parecido ocurre también con el principio de rendimiento. La función de muchas normas que desde un principio han salvaguardado la estabilidad y la legitimidad se está invirtiendo ahora: estas ya no integran sino que se están convirtiendo en unos recursos más para la desintegración. Mediante la desinstitucionalización del conflicto social y la vulneración de los principios normativos, vuelven a ganar importancia ciertas cuestiones relacionadas con el reconocimiento y la moral.

Sin embargo, esto no tiene por qué conducir necesariamente a unos movimientos emancipadores. La cuestión social se plantea hoy día de otra forma. El descenso significa en la actualidad que uno tiene realmente algo que perder, mientras que en el siglo XIX ni siquiera la plantilla especializada vivía claramente por encima del umbral de la pobreza. En la sociedad del descenso, los intereses contradictorios de diferentes grupos de trabajadores podrían llegar a producir un conflicto: mientras los sindicatos y los comités de empresa no establezcan un contradiscurso solidario, las plantillas fijas tenderán a ver a los trabajadores temporales como una especie de amortiguadores flexibles y a desvalorizarlos en consecuencia. En efecto, está surgiendo una especie de «solidaridad exclusiva» para con los pertenecientes al mismo grupo de estatus. Inversamente, los trabajadores temporales reprochan a los fijos el aferrarse a sus privilegios consolidados (véanse Dörre y otros, 2013a; Dörre, 2011). Ya se ha hablado también anteriormente de la tendencia de la clase media a borrarse en el plano social. Sus miembros están interesados sobre todo en que los mercados financieros sigan expandiéndose, pues gracias a las acciones y a los seguros de vida ellos mismos están sacando una buena tajada (véase Deutschmann, 2008). El «pueblo de los mercados» (los actores de los mercados financieros), tal y como lo ha bautizado Wolfgang Streeck, no se halla en una relación antagónica con el «pueblo constituido en Estado»; antes bien, los dos grupos se solapan en varios ámbitos importantes (Streeck, 2013).

En muchos países —no solo en Estados en crisis como España, sino también en Francia o Italia—, las reformas alemanas del mercado laboral de la Agenda 2010 son consideradas por las élites como un ejemplo positivo para salir de la crisis. Pero trasplantar la solución alemana a otros países equivaldría a un fighting fire with fire europeo. La rebelión de la sociedad del descenso iniciaría una ronda más fuerte todavía.

Muchas cosas indican que, en las protestas europeas, la precariedad ya no se percibe como un destino individual que delata el fracaso personal, sino que se interpreta de manera crítica, como una experiencia colectiva. No obstante, (todavía) no tenemos que vérnoslas con nuevos movimientos de clase (véase Therborn, 2014). Las clases sociales surgen mediante una acción colectiva repetida, movida por intereses e imbuida de una economía moral.[36] Las recientes protestas y huelgas tienen ciertamente potencial suficiente para, en el futuro, convertirse en nuevos movimientos de clase, pero en la actualidad se hallan muy lejos de tal cosa. Si ha surgido algo que se asemeje a una nueva conciencia de clase, debe de ser por el difuminado contraste entre una élite y la mayoría de la población.

Las protestas internacionales, junto con los relatos acerca de la creciente desigualdad social, como se refleja por ejemplo en el bestseller de Thomas Piketty (2014), han marcado el debate público en los últimos años. Los nuevos conflictos, ya sean en forma de disputas laborales o de movimientos como Occupy, han podido contar con gran simpatía por parte de la población al seguir una economía moral basada en un colectivo constituido por el «99 %», pero vulnerada por las élites económicas y políticas; nos referimos a las reivindicaciones de justicia social, de igualdad de derechos cívicos, de posibilidades de ascenso y, sobre todo, de democracia.[37]

En los nuevos movimientos sociales de índole emancipadora se prioriza el redescubrimiento de la praxis democrática: mientras las protestas ciudadanas, como las arriba descritas, se suelen centrar (tecnocráticamente) en la resolución del problema, en el caso de Occupy o de los Indignados se priorizaban procesos discursivos transparentes. En Grecia y en particular en España, las «plazas» se convirtieron en nuevas ágoras en las que se intentaba dar vida a una democracia asamblearia, pues las «protestas precarias» eran al mismo tiempo protestas a favor de la democracia (Marchart, 2013); también se centraban en alternativas —de base democrática— a la posdemocracia, pero no avanzaban en el desarrollo de contraproyectos socioeconómicos opuestos al capitalismo financiero. Sin embargo, en la forma de protesta de los activistas —es decir, en el debate sin jerarquías, no partidista y solidario— ya está presente el planteamiento de otro mundo, en el que se redescubre la igualdad como praxis política (véase Douzinas, 2014, págs. 245 y sigs.). Occupy fue solamente una ola de una marejada de protestas globales que empezó con la Primavera Árabe, dura todavía hoy y probablemente perdure (Calhoun, 2013).

También en los nuevos conflictos laborales se ensayan nuevas formas de democracia. Algo que hasta ahora ha pasado inadvertido a la opinión pública en general es que el equilibrio entre las decisiones centralizadas y la participación de los miembros se ha desplazado a favor de esta última. La renovación interna de los sindicatos mediante huelgas y campañas está discurriendo según el patrón de la participación democrática.

El ADN político de las protestas actuales lo constituyen los derechos sociales y políticos; la democracia y la igualdad de derechos son el motor principal del nuevo conflicto democrático-social. Aún no hay ningún telos de este conflicto, ninguna gran narrativa; hasta ahora solo hay una «democracia que se rebela», que se constituye como tal precisamente en este rebelarse (Abensour, 2012). En este sentido, uno no es ciudadano en cuanto que pertenece a algo, sino que se hace ciudadano mediante la práctica de una subjetividad que se rebela: «Por tanto, la ciudadanía democrática o bien está preñada de conflicto o no es» (Balibar, 2013, pág. 236; cursiva en el original). Finalmente, la sociedad del descenso y la modernización regresiva sacan de nuevo a la luz el conflicto básico —antes latente— de la democracia, a saber, la tensión entre libertad e igualdad cívica (véanse Balibar, 2013; Rosanvallon, 2013).

Con el desmantelamiento de los derechos sociales también se recortan los derechos cívicos. El nuevo conflicto en la sociedad del descenso es de carácter democrático-social, pues afecta tanto a los derechos sociales como a las reivindicaciones democráticas. La situación posdemocrática, en la cual el demos queda privado de poder en razón de los condicionantes económicos, y el conflicto social, que se caracteriza por nuestras estructuraciones de clase (Streeck, 2013; Deppe, 2013; Eberl y Salomon, 2014), se mezclan en una amalgama peligrosa. Pierre Rosanvallon muestra por esa causa una gran inquietud: «Este desgarro que atraviesa nuestra democracia es el hecho más destacado de nuestro tiempo y encierra grandes peligros. Si se agranda, el sistema democrático como tal podría acabar yéndose al garete» (2013, pág. 9).

Mientras tanto, la rebelión que se dibuja es a menudo contradictoria, individual, emocional y afectiva. Hasta ahora, las más de las veces solo se ha plasmado de una forma rapsódica, toda vez que las líneas de conflicto políticas resultaban amorfas. Las protestas surgen de repente para, poco después, desaparecer casi por completo.

Además, la crisis de representación de las izquierdas tradicionales oculta unos nuevos peligros que no hay que infravalorar. Las organizaciones y ámbitos de izquierda tradicionales eran portadoras del know how sobre las luchas sociales, al tiempo que ofrecían unas narrativas que permitían a los actores comprender problemas políticos concretos a la luz de experiencias histórico-políticas. En la actualidad, los nuevos movimientos sociales —impulsados por un ímpetu de izquierda— ven esto como un problema, pues las interpretaciones en curso ya no iluminan la realidad cotidiana de numerosos seres humanos. Y como la gente tampoco se fía ya de los actores de la izquierda, se coordina a través de las redes sociales (véase Facebook o Twitter), pasando por alto y por encima de los tradicionales canales de difusión (con lo que pequeñas comunidades bien organizadas pueden tener en estas redes un papel importante).[38]

Pero, en algunos casos, a los nuevos movimientos de protesta también les sobreviene la institucionalización. Los Indignados españoles y los movimientos de protesta griegos, que en su conjunto tenían una mayor implantación que Occupy y además se enfrentaban de manera más inmediata con los rigores de la política de austeridad, puede que ya no estén presentes en las plazas públicas como hace unos años, pero ahí siguen no obstante, por ejemplo en determinados barrios y en los foros democráticos del país, donde ahora protestan contra los desahucios o intentan poner en pie una infraestructura popular, justo en esos lugares a los que ya no llega el viejo Estado social. De ahí han surgido en España hasta coaliciones electorales locales. Tanto en Barcelona como en Madrid, este mismo año han sido elegidas para regir el Ayuntamiento sendas activistas por los derechos sociales.

Hasta ahora, las tradicionales fuerzas de izquierda, sociales y democráticas no han conseguido en Alemania, ni tampoco en Europa, aprovecharse de este descontento, ni de su correspondiente energía, para emprender un nuevo comienzo democrático. Solamente Syriza, en Grecia, y Podemos, en España, han logrado establecerse como partidos de la rebelión. Syriza consiguió incluso hacerse con el gobierno de Grecia de manera espectacular, pero al final el partido no consiguió aplicar los puntos programáticos más importantes y tuvo que plegarse a las directrices y exigencias de las instituciones europeas. Tras un referéndum sobre un nuevo paquete de medidas de ahorro, y las consiguientes nuevas elecciones, el partido de Alexis Tsipras logró retener el gobierno, pero de su ímpetu inicial contra la política de austeridad no ha quedado prácticamente nada. En cuanto a Podemos, a finales del 2015, es decir, menos de dos años después de la fundación del partido, consiguió un gran éxito electoral: en las elecciones al Parlamento, su partido obtuvo el 20,6 % de los votos. Con esto no logró su objetivo de reemplazar al partido socialista español como segunda fuerza política en España, pero sí romper de manera efectiva el sistema bipartidista imperante desde el final de la dictadura franquista. Aún está por ver si el futuro Podemos conseguirá o no representar realmente las aspiraciones y reivindicaciones de los Indignados.

Más allá de Podemos y de Syriza, tanto los nuevos actores de la izquierda como los tradicionales ensayan estrategias a corto plazo intentando estabilizar sus posiciones y estructuras. Pero están deficientemente armados para la actual coyuntura por haber perdido la visión de futuro. Para los conservadores, los tiempos que vienen solo los mueven a modernizar la sociedad tratando al mismo tiempo de mantenerla con sus estructuras heredadas. Por el contrario, la izquierda siempre ha estado políticamente orientada al futuro: primero con una perspectiva teleológica hacia el socialismo —a la nueva Jerusalén—, después hacia una sociedad «buena», es decir, social y democrática; siempre miró el futuro con alegría y esperanza. Tras la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial, y a la vista del permanente peligro de un nuevo estado de excepción, después de 1945 se instaló en ella una especie de optimismo permanente. Sus seguidores estaban convencidos de que el futuro sería mejor, tanto para ellos mismos como para sus hijos. Pero estas estructuras temporales se han venido abajo en nuestros días. Las perspectivas se han ensombrecido, y en la sociedad del descenso ha desaparecido esa visión optimista de un futuro mejor. Tras abandonar esta esperanza, se ha convertido en una «retaguardia» básicamente conservadora (Münkler, 2010, págs. 54 y sigs.). El único progreso que tiene ante sus ojos se encuentra, por paradójico que pueda parecer, en el pasado; en efecto, la izquierda se agota en un «antes todo era mejor» de tintes más o menos lacrimógenos. Para el futuro, ya no tiene lista ninguna utopía de una sociedad mejor; o, a lo sumo, solo en un plano meramente abstracto. La crisis de representación actual va así acompañada de una crisis de imaginación de las izquierdas: faltan visiones plausibles y utopías movilizadoras,[39] y solo quedan ideas para la sempiterna gestión de la crisis de un presente «furiosamente inmóvil».

Estas perspectivas retronormativas no son ni especialmente útiles ni particularmente realistas porque, sencillamente, no va a haber ninguna vuelta a la modernidad social. En el pasado, algunas cosas fueron tal vez mejores: por ejemplo, con relación a la seguridad social, hubo una —ya muy lejana— emancipación parcial de la clase obrera. Sin embargo, no se hizo suficientemente frente a la burocracia, la estandarización, la discriminación de género (y respecto a los migrantes, mejor no hablar), a la jerarquía y a limitación de la autonomía, así como a un industrialismo ecológicamente insensible, cosas todas ellas que no eran unos meros fenómenos periféricos y desagradables sino unos elementos básicos de la estructura misma. Por eso, en vez suspirar por una vuelta a la modernidad social, convendría tener constantemente presente que, en la modernización regresiva, el progreso y el retroceso se dan recíprocamente la mano de manera contradictoria. La clase, el género y la etnia están interrelacionados con las disparidades de clase, que no se dejan resolver fácilmente a favor de un solo factor.

En la actualidad hay también otros observadores críticos que describen el futuro del capitalismo con tonos sombríos. Para unos, el capitalismo está abocado a un fin próximo al no haber conseguido moderar y resolver sus propias contradicciones. Para otros, ya no está en condiciones de generar el crecimiento necesario según la lógica de la acumulación y beneficio empresariales. Y para unos terceros, el crecimiento como tal conlleva la agudización de las contradicciones ecológicas (véanse Streeck, 2014; Wallerstein y otros, 2014; Harvey, 2014).

Pero la sociedad del descenso genera también otro peligro político que debe tenerse muy en cuenta, a saber, que la modernización regresiva y la política posdemocrática pueden generar una corriente autoritaria que se enajene y vacíe de los fundamentos liberales de nuestra sociedad. Este peligro es el gemelo malvado de la rebelión democrática, alimentado por una mezcla de resentimiento antidemocrático y pulsión religioso-identitaria. De ello se aprovecharía entonces la derecha europea, que aspira a la negación de la democracia liberal. Que Marine Le Pen pudiera salir elegida presidenta de Francia ya no es un escenario completamente irrealista; en Alemania, la AfD se ha convertido a nivel federal en una fuerza que se ha de tomar muy en serio.

Se necesitaría mucho más espacio para exponer alternativas y vías de salida de la sociedad del descenso; en este libro solo hemos pretendido descubrir dónde se hallan los problemas básicos del desarrollo actual. Esperamos haber contribuido a esclarecer un poco la situación presente y haber brindado algunas reflexiones sobre la manera en que al proceso de la modernización regresiva podría seguirle una modernidad solidaria.

NOTAS

Introducción

[1] Véase al respecto, por ejemplo, el suplemento Vollbeschäftigung («Pleno empleo») del Frankfurter Allgemeinen Zeitung; disponible online en <http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/vollbeschaeftigung/>, última consulta: febrero de 2016).

1.  La modernidad social

[1] Con relación a la organización burocrática, la implantación asociativa y la normalización de esta época, Peter Wagner habla también de una «modernidad organizada» (Wagner, 1995).

[2] Después veremos cómo el péndulo vuelve a ir en la dirección del liberalismo de mercado.

[3] Marx hace referencia aquí a la palabra inglesa commodity (mercancía) y a la latina commodum (ventaja); véanse también al respecto los debates sobre la materia en Offe (1984), Esping-Andersen (1998), Castel (2000, 2005, 2011) y Lessenich (2008).

[4] El politólogo danés Gøsta Esping-Andersen diferenciaba en su tipología (1998) entre Estados del bienestar liberal-residuales (por ejemplo, Gran Bretaña), conservadores-corporativos (sobre todo Alemania) y socialdemócratas-universalistas (como, por ejemplo, Suecia).

* El término shareholder value hace referencia a un modelo empresarial que se rige, en última instancia, por las ganancias que sus accionistas o socios perciben, y no tanto por el valor real de la empresa. (N. del T.)

[5] En el año 1970, el 90 % de los trabajadores a tiempo parcial eran mujeres, clara prueba de que la ocupación a tiempo parcial era para muchas mujeres una manera de librarse de su rol exclusivo de amas de casa (véase Mayer-Ahuja, 2003).

[6] Por desgracia, apenas hay datos históricamente sólidos sobre la relación laboral normal. Esto se debe, entre otras cosas, a que su importancia no penetró en la conciencia de los sociólogos y estadísticos hasta que no abordaron el diagnóstico de su crisis (es decir, hasta mediados de la década de 1980).

[7] En lo sucesivo se emplearán como sinónimos los conceptos de Staatsbürgerschaftsrechte (literalmente, «derechos de ciudadanía estatales») y Bürgerschaftsrechte («derechos cívicos»).

[8] Heinz Bude ha observado con justeza que el proceso evolutivo, tal y como lo analizara Th. H. Marshall con referencia a la historia británica, es pertinente para el caso alemán. Aquí, los derechos cívicos precedieron en parte a los políticos (véase Bude 1998, pág. 21).

[9] La ley de los convenios salariales fue aprobada en el año 1949; en comparación con la República de Weimar, dicha ley reducía considerablemente el posible influjo estatal.

[10] En Alemania, estos derechos fueron regulados mediante la ley de remuneración continuada en caso de enfermedad, un buen ejemplo histórico de la relación entre los derechos cívicos y los sociales. Es algo que consiguió el sindicato IG Metall en 1956-1957, tras una de las huelgas más largas de la posguerra (Kittner, 2005).

[11] No en vano Dahrendorf presentó los derechos cívicos como «un concepto clave de la modernidad» (Dahrendorf, 1992, pág. 49). El estatus cívico desarrollado, según Axel Honneth, es una condición del derecho a la libertad, una libertad social que «[debe] garantizar al individuo las condiciones materiales bajo las cuales pueda percibir de una manera más efectiva su derecho a la libertad» (Honneth, 2011, pág. 142).

[12] Robert Castel (2000, 2005, 2011) y Pierre Rosanvallon (2013) hablan en este contexto de una sociedad de los «semejantes».

[13] Por desgracia, no se dispone de datos para la década de 1950.

[14] Este desarrollo fue visto también como algo completamente razonable tanto en el contexto de las disputas salariales de la época como en el del debate económico-político (véase Schulten, 2004, págs. 112 y sigs.). Las discusiones se acaloraron sobre todo con relación a la cuestión de en qué medida debía tenerse en cuenta también la inflación en la evolución de los salarios.

[15] Véanse al respecto los trabajos de Mooser (1984), Wehler (2008, págs. 153 y sigs.), Geißler (2014, págs. 215 y sigs.) y Abelshauser (2004, págs. 327 y sigs.).

[16] No obstante, esto no significa que se percibieran como parte de la clase media, sobre todo porque también en el seno del colectivo de los trabajadores seguían existiendo grandes diferencias en la situación social y en el estilo de vida (véanse Geißler, 2014, págs. 218 y sigs.; Wehler, 2008, págs. 153 y sigs.).

[17] Sin embargo, no se debe sobrevalorar el incremento del ascenso profesional. La probabilidad de permanecer en la clase social en la que uno había nacido siguió siendo elevada. Además, la movilidad social es también resultado del cambio industrial: las profesiones fáciles van escaseando mientras que aumentan los trabajos que exigen un alto nivel de conocimientos. Esta tendencia empuja prácticamente hacia arriba la movilidad (al menos nominalmente). Sobre este punto me extenderé un poco más en el capítulo 4.

[18] De todos modos, Beck dejó abierta una puerta: «Lo que ayer y hoy ha individualizado a las clases, mañana o pasado mañana, en otras circunstancias contextuales —por ejemplo, con unas desigualdades que se agudicen de manera radical [...]—, puede transmutarse otra vez en “procesos generadores de clase” de nuevo cuño, los cuales ya no deberían entenderse entonces a la manera tradicional, es decir, presuponiendo la individualización ya alcanzada» (Beck, 1986, pág. 134).

[19] Su punto de partida analítico lo formuló en forma de pregunta, concretamente de un interrogante que recogía el hallazgo marxista según el cual el asalariado puede ser un sujeto de derecho libre pero solo posee su propia fuerza de trabajo (véase Marx, 1962, pág. 182): «¿Qué significa ya “libre e igual” cuando una de las partes contratantes debe trabajar para sobrevivir mientras que las otras partes se buscan socios y pueden emplear y despedir a aquella a su antojo?» (Dahrendorf, 1992, pág. 64).

[20] Jürgen Habermas ha argumentado de manera parecida. Como «contenido político de la democracia de masas» (Habermas, 1995 [1981], pág. 510), el Estado social pone cierta paz en el antagonismo existente entre capital y trabajo y legitima el orden económico del mercado. Mediante el Estado de bienestar, en opinión de Habermas, las fuerzas social-integradoras son orientadas hacia el lugar del «conflicto estructuralmente más probable para mantenerlo latente de la manera más eficaz» (ibíd. 1973, pág. 57).

[21] Theodor Geiger ya lo había formulado de manera parecida en 1949 («institucionalización de la oposición de clases»; Geiger, 1949, págs. 182 y sigs.).

[22] Los autores neomarxistas ya habían argumentado de manera similar al liberal Dahrendorf, entre ellos Claus Offe. También estos partían de la tesis de que el conflicto de clases se había parado parcialmente, aunque sin volverse obsoleto. Pero las disparidades tendrían un peso tendencialmente mayor en la sociedad de clases, la cual seguiría existiendo (Bergmann y otros, 1969; Offe, 2006 [1972]).

[23] Véase al respecto el debate que aparece en Borchert y Lessenich (2006) y Nachtwey (2010).

[24] Aquí se solapan en buena parte los análisis de Beck, Dahrendorf y los representantes de la teoría crítica (véanse Beck, 1986; Habermas, 1973; Offe, 2006).

2.  Un capitalismo (casi) sin crecimiento

[1] Wolfgang Streeck ha ofrecido últimamente una interpretación parecida (véase Streeck, 2014). Del lado neomarxista ya se había expresado antes este diagnóstico; ignorado por cierto, como tantas veces, por la opinión pública en su conjunto (Foster y Magdoff, 2009; Balakrishnan, 2009; Beitel, 2009).

[2] Por lo que respecta a la crisis de los últimos años, actualmente hay numerosos y excelentes análisis de sus causas inmediatas así como de su desenvolvimiento. Pero como solo es objeto indirecto de este libro, remitimos aquí a algunas presentaciones importantes (Altvater, 2010; McNally, 2011; Dörre, 2009; Harvey, 2010; Foster y Magdoff, 2009; Turner, 2009).

[3] Otros científicos de proveniencia completamente distinta desarrollaron a su vez análisis parecidos, por ejemplo, autores marxistas como Paul Baran y John Sweezy (1973), pero también el propio Joseph Schumpeter, escéptico admirador del capitalismo (1993 [1947]).

[4] Si Malthus analizó con sombrío pesimismo las perspectivas del crecimiento a largo plazo, Mill en cambio veía el «estado estacionario», según se decía entonces, con claro optimismo, pues creía que semejante situación acabaría ofreciendo la oportunidad de reflexionar sobre los aspectos cualitativos del crecimiento. De este modo se convirtió en el precursor de la moderna crítica del crecimiento (Dale, 2012). Por su parte, David Ricardo predijo, a causa de la creciente escasez de suelo, una caída de la tasa de beneficio, tema este que Marx abordaría posteriormente desde una perspectiva orientada más bien al valor.

[5] Al mismo tiempo, veía en acción una serie de contrafuerzas —como, por ejemplo, el aumento del índice de explotación, el progreso tecnológico y el abaratamiento de la maquinaria— que podrían llevar a una elevación de la tasa de beneficio (Marx, 1964 [1894]).

[6] El desarrollo económico real ha hecho que se preste nueva atención a la teoría de la crisis marxiana también entre autores no marxistas, como por ejemplo Wolfgang Streeck (2013, págs. 45 y sigs.) o Hans-Werner Sinn (2014).

[7] Los teóricos de la crisis de inicios de la década de 1970 estaban aún convencidos de que las distorsiones económicas se habían convertido, a través del keynesianismo, en una reliquia del pasado (Offe, 2006 [1972]; Habermas, 1973).

[8] La financiarización del capitalismo también condujo, curiosamente, a la vuelta del rentista funcional (Beitel, 2009; Lapavitsas, 2009). Con respecto a los «pequeños ahorradores» apenas se toma en consideración la existencia como rentista merced a unos intereses persistentemente bajos.

[9] Estos versan en su gran mayoría sobre la tasa de beneficio de Estados Unidos porque, al ser este país la mayor y más avanzada economía del mundo, está considerado como un modelo para los demás Estados industrializados; sin embargo, también hay que decir que es la buena base de datos de Estados Unidos lo que favorece dicha focalización. Brenner (1998 y 2002) también pudo comprobar en sus estudios sobre Alemania que en este país había una tasa de beneficio decreciente.

[10] Los resultados difieren dependiendo de si para el cálculo de los costes de la maquinaria se emplea el precio de creación histórico o el precio para nuevas adquisiciones (Basu y Vasudevan, 2013). La controversia atañe sobre todo a los efectos de la tendencia histórica a largo plazo. Unos autores calculan un retroceso secular de la tasa de beneficio y ven en esto también la causa principal de la crisis económica iniciada en el año 2008 (Kliman, 2012). Otros, en cambio, diagnostican una estabilización de la tasa de beneficio toda vez que la crisis habría sido producida sobre todo por la política neoliberal (por ejemplo, a causa de las desregulaciones) (Duménil y Levy, 2011; Harvey, 2010). No es el caso de ponerse aquí de un lado o de otro, pues in the long run todos están relativamente de acuerdo: las tasas de beneficio han caído tendencialmente tras la era dorada y no han podido estabilizarse desde entonces. Solo se discute sobre la dimensión que esta alcanzó.

[11] Las inversiones dependen sobre todo —contrariamente a lo que suponen los neoclásicos— de los beneficios esperados (Granados, 2012).

[12] El economista Andrew Kliman (2012) parte de la simple tesis de que, a causa de la caída ininterrumpida de la tasa de beneficio, hay muy pocos recursos para las inversiones. Este planteamiento sigue empero un paradigma productivo «encogido», que no incluye los enormes activos financieros que buscan posibilidades de inversión en los mercados financieros.

[13] Sin duda sigue habiendo un importante número de empresas en régimen de propiedad familiar y/o que se sustraen a la lógica de los mercados financieros, pero no cabe duda de que en las últimas décadas y de múltiples maneras los actores institucionales han conseguido tener una influencia directa o indirecta en las empresas.

[14] Los sistemas de remuneración de los directivos fueron unos impulsores importantes de este cambio, pues los honorarios de los directivos no se vinculan al desarrollo a largo plazo de la empresa sino a las ganancias presentes.

[15] Ya en las décadas de 1970 y 1980 existía la idea de que el entonces denominado computer integrated manufacturing (CIM) iba a desplazar en poco tiempo al trabajo de las personas; de esto hace ya más de treinta años.

[16] Para los consumidores, el acceso a créditos baratos se relajó tanto que la solvencia personal no tuvo ya prácticamente ningún papel, lo que en la crisis acabó desembocando en la expropiación financiera de muchas economías domésticas (Lapavitsas, 2009).

[17] La respuesta, aunque probablemente no agradara a la reina, debió de rezar más o menos así: las ciencias económicas modernas son ante todo una teoría sobre el intercambio y los mercados, donde la competencia y el equilibrio se fusionan en una especie de «oikodizee» (Vogl, 2010), es decir, que los mercados se autorregulan a pesar o precisamente a causa de las crisis y tienden a un equilibrio. Como consecuencia de estas suposiciones poco realistas y de sesgo claramente ideológico, la mayoría de los economistas de «altos» salarios no estuvieron en condiciones o a la «altura» de reconocer la crisis a tiempo.

[18] En Estados Unidos, la crisis económica mundial fue el desencadenante de la política del New Deal, es decir, de la extensión de medidas sociopolíticas y de un reforzamiento de los sindicados. Europa en especial parece estar actualmente bastante lejos de una política de este tipo.

[19] La doctrina neoclásica parte por cierto de que precisamente los mercados financieros son especialmente eficaces.

[20] La crisis del industrialismo y del crecimiento fue ya un tema de primer orden en la década de 1970, a menudo con un sesgo parecido al que se suele encontrar en la actualidad (véase Luks, 2001).

[21] El informe Los límites del crecimiento de Dennis Meadow y otros (1973) es un temprano documento de esta perspectiva.

3.  La modernización regresiva

[1] El concepto y la clasificación temporal de la modernidad han experimentado una multiplicidad de interpretaciones (véanse entre otros Berger, 1988; Von Beyme, 1991; Wagner, 1995; Schimank, 2009), si bien estas no parecieron ver las catástrofes del siglo XX a causa de su sesgo marcadamente optimista y evolucionista.

[2] Las teorías de la modernización parten de la tesis de que la desigualdad aumenta primeramente en las sociedades en transición. Pero cuando una sociedad se sigue modernizando y desarrollando, este proceso corre parejo con una creciente desigualdad (Kuznets, 1955; Parsons, 1972; Bendix, 1980 [1969]).

[3] En círculos intelectuales de izquierda, la fe en el keynesianismo no era muy fuerte por esta época, pero en cualquier caso aún no se había desmoronado del todo.

[4] En el momento de su aparición, las reacciones a La sociedad del riesgo de Beck fueron un tanto ambiguas. Sin embargo, hay que decir que no hay prácticamente ningún libro de la década de 1980 que analizara el cambio sociológico y los nuevos riesgos de una manera tan sugestiva y seductora. Actualmente está considerado un «texto clave» de esa época (Doering-Manteuffel y Raphael, 2012, págs. 85 y sigs.).

[5] En este sentido, el diagnóstico de Beck presenta muchas semejanzas con el concepto de «modernidad líquida» de Zygmunt Bauman (2000).

[6] La idea de una ruptura histórica la han resucitado recientemente Anselm Doering-Manteuffel y Lutz Raphael en su libro Nach dem Boom («Después del boom»). Los dos historiadores llegan incluso a hablar de un «cambio de cualidad revolucionaria», que englobaría el trabajo, la producción, la vida y la política (Doering-Manteuffel y Raphael, 2012, págs. 12 y sigs.; véase también Castel, 2011). Por su parte, el historiador francés Pierre Rosanvallon diagnostica igualmente «una ruptura histórica con la tendencia secular a reducir las desigualdades» (Rosanvallon, 2013, pág. 15). Aunque tales hallazgos pueden parecer pertinentes y plausibles, los autores de dichos diagnósticos cierran frecuentemente los ojos ante las inmanentes contradicciones que no encajan del todo con sus valoraciones.

[7] En su obra, tan rica en ambivalencias productivas, reflexionó también sobre este momentum. La modernización de la modernidad, según él, no discurre de manera lineal, toda vez que pueden incluirse «contramodernidades de diversa índole» (Beck, 1996, pág. 43) y frecuentemente se puede observar una «dialéctica entre modernización y contramodernización» (ibíd., págs. 60 y sigs.).

[8] Véase también la Dialéctica de la Ilustración de Horkheimer y Adorno (1989 [1944]). Según los autores, esto se aplica perfectamente a la modernidad: «La maldición del progreso imparable es la regresión imparable» (ibíd., pág. 42).

[9] La modernización regresiva repite en cierto modo la imagen de la parábola que Colin Crouch ha proyectado para la posdemocracia. Según el autor (2008 [2003], págs. 11 y sigs.), desde principios del siglo XX la democracia empezó a experimentar un ascenso, el cual alcanzó su punto álgido en los años sesenta y setenta; pero desde entonces sigue un movimiento descendente, si bien dentro de unas estructuras modernas. El retroceso se completa en la modernidad, y no está teniendo lugar ninguna restauración de las circunstancias premodernas. Pero lo que Crouch no ve es que al mismo tiempo hay, y puede haber, progresos y que precisamente de esto surge una autocontradictoriedad en proceso.

[10] La nueva teoría crítica de la Escuela de Fráncfort presenta este proceso como «unas paradojas normativas del presente» (Hartmann y Honneth, 2010; Honneth y Sutterlüty, 2011). Este planteamiento tiene la gran ventaja de que con él se puede investigar de forma endógena el cambio expermientado por las sociedades capitalistas. De este modo se evitan las explicaciones de carácter estructural-determinista de los «autodestructivos procesos de explotación capitalistas» (Hartmann y Honneth, 2010, pág. 234).

[11] Sighard Neckel describe el mecanismo como un «retroengranaje que consigue su objetivo moviéndose hacia atrás» (Neckel, 2013, pág. 47).

[12] La hegemonía social de un grupo determinado y de su pensamiento se apoya no obstante en una combinación entre consenso y coacción (véanse Gramsci, 1991 y sigs. [1929-1935]; Opratko, 2012).

[13] Cuando el gobierno de Kohl quiso suprimirlo en 1996, fracasó ante la resistencia de los sindicatos (Streeck, 2003).

[14] En la práctica, esto suele ser contradictorio, pues la desconfianza respecto al Estado y al recurso a la prioridad de la «libertad» a menudo corre pareja con la necesidad de la aplicación estatal —en parte violenta— de los principios del mercado.

[15] Estas ideas formaron parte también del patrón interpretativo político de los partidos socialdemócratas (véanse Sassoon, 1996; Nachtwey, 2009).

[16] Los sindicatos estadounidenses del automóvil han llegado a una situación particularmente delicada. A resultas de la crisis, han tomado el control de los grandes fondos de pensiones operativos. Pero sus intereses económicos se basan a menudo en la reducción de los costes salariales de las empresas, en las cuales quieren invertir precisamente.

[17] Para una forma paradigmática de la crítica artista, véase El hombre unidimensional de Herbert Marcuse (2004 [1967]).

[18] El autor de esta postura, el a la sazón izquierdista y libertario Thomas Schmid, llegaría a ser después redactor jefe del diario Die Welt.

[19] La tesis de Boltanski y Chiapello es empero un tanto estilizada y «reducida». En efecto, los autores conjeturan que los sindicatos no son portadores de crítica artista, pero al mismo tiempo pasan por alto la crítica sindical y laboral-sociológica al taylorismo (véase Nies y Sauer, 2013).

[20] A menudo, las relaciones horizontales con los clientes en el sector servicios no dejan ver las relaciones de dominio en las empresas propiamente dichas. Además, las estructuras empresariales planas, supuestamente igualitarias y libres de jerarquía, pueden llevar a que se perciban los conflictos de dominio empresariales como conflictos en el seno de las plantillas (véase Bahl y Staab, 2010, págs. 90 y sigs.).

[21] No obstante, queda la duda de hasta dónde llega la subjetivación del trabajo. Los verdaderos cambios de la organización laboral suelen exagerarse de manera discursiva, mientras que los procesos laborales heretónomos se mantienen en el plano de la realidad (véanse Deutschmann, 2002; Moldaschl, 2010).

[22] El concepto de «molino del diablo» lo empleó Karl Polanyi (1995 [1944]) con relación a la primera gran ola de creación de mercados, que hizo que se erosionaran las instituciones y las inserciones sociales y condujo finalmente en el siglo XIX al capitalismo liberal.

[23] Según esta interpretación, la palabra «desregulación» describe únicamente la reducción de la densidad normativa.

[24] Al menos en teoría debería haber sido así. En la práctica, el sector público no ha sido durante mucho tiempo tan democrático desde el punto de vista de los ciudadanos y los consumidores, por ejemplo porque demasiados puestos —sobre todo en el plano directivo— se adjudican menos por la cualificación y el rendimiento que por el hecho de tener el carné del partido.

[25] Se encontrarán estudios de caso con respecto a los ferrocarriles alemanes en Engartner (2008); sobre el sector sanitario, véase Böhlke y otros, (2009).

[26] Precisamente desde la perspectiva internacional de Crouch, este diagnóstico es sin duda plausible; pero algo parecido se podría haber dicho también acerca de la situación reinante en la RFA de la posguerra.

[27] No obstante, tras el discurso del bien general se esconden determinados intereses que buscan una legitimidad moral y actúan de manera doctrinaria (véase Offe, 2002).

[28] Pero actualmente han vuelto a verse algunas de esas liberalizaciones, como por ejemplo la prohibición de la sincronización.

[29] Los desarrollos aquí descritos se refieren al periodo 2010-2013.

[30] Pero la alta proporción de trabajadores temporales y con contrato de obra tiene también influencia en el gremio formado por el comité de empresa, que es ahora menor que cuando todos los trabajadores de planta formaban parte de la plantilla (fija) de la empresa (principal).

[31] Sin embargo, las últimas diferencias entre trabajadores y empleados, por ejemplo con relación a las tarifas y planes de pensión, no se suprimieron hasta poco después del cambio de milenio.

[32] No obstante, muchas de las posiciones de clase y conductas tradicionales han proseguido de una forma más modernizada, como por ejemplo en las preferencias políticas y, particularmente, en las nociones sobre el medio social y sus condicionamientos (Vester y otros, 2001).

[33] Muchos de los desarrollos aquí criticados se hallan también en esos entornos que se pueden identificar con las afirmaciones del libro Wir nennen es Arbeit: Die digitale Bohème oder: Intelligentes Leben jenseits der Festanstellung («Lo llamamos trabajo: bohemia digital o vida inteligente más allá del horario de oficina») (Friebe y Lobo, 2006).

[34] En lo que sigue solo se tratan aspectos específicos del debate sobre la justicia (como, por ejemplo, sus implicaciones para las cuestiones del ascenso y el descenso sociales); acerca de los debates fundamentales sobre la justicia, véanse Callinicos (2000), Krebs (2000) y Miller (1976).

[35] Sobre el debate acerca de la igualdad de oportunidades en la programática y en la política social de la socialdemocracia véase Nachtwey (2009).

[36] Ralf Dahrendorf ya vio antes en la meritocracia un elemento de esa «conciencia de clase global» (Dahrendorf, 2000, pág. 256) que sirve predominantemente para reproducir las desigualdades sociales.

[37] A la desigualdad de la igualdad pertenece también el hecho de que en la punta baja de la sociedad haya grupos en los que las dimensiones se cruzan y refuerzan: el ejército de los migrantes, que además son de fe musulmana, sufre discriminaciones reforzadas, mientras que extranjeros cualificados —por ejemplo del mundo de las tecnologías de la información— pueden esperar grandes cosas en materia de equiparación e integración.

[38] Mientras que la ciudadanía social se sustentaba en el Estado nacional, la sociedad del mercado se constituye —en toda la Unión Europea— como una norma jurídicamente asegurada (véanse Joppke, 2007; Faist, 2009).

[39] Pero las personas no se consideran idénticas entre sí sino solo semejantes y, por tanto, pueden disponer plenamente de ingresos diferenciadamente elevados.

4.  El descenso social

[1] En la década de 1990 volvió a cobrar fuerza esta tesis de Jeremy Rifkin (véase Rifkin, 1995).

[2] Esto se debe sobre todo a la incrementada actividad laboral de las mujeres y las personas mayores (véase Schüller y Wingerter, 2013, pág. 117).

[3] Si solo consideramos a las personas en edad de trabajar (de 15 a 64 años), entonces las cuota del 2012 llega incluso al 77 % (en el año 2002 había estado en el 73 %).

[4] Tras el inicio de la crisis financiera y económica, que en Alemania supuso el derrumbe coyuntural más fuerte desde la Segunda Guerra Mundial, el paro no se disparó sino que curiosamente permaneció estable, y enseguida se habló de un «milagro alemán ocupacional» (Krugman, 2009). Sin embargo, este «milagro» se debió sobre todo a la política de intervención (en la crisis) por parte del Estado (por ejemplo, ayudas al paro técnico y a trabajos de corta duración, y las denominadas «primas por desmantelamiento»), así como a la renovada colaboración entre sindicatos y empresas (armonización social) y a la generación de recursos para una flexibilización salarial (véase Haipeter, 2012).

[5] Véase al respecto la página web, ya mencionada más arriba, del Frankfurter Allgemeine Zeitung.

[6] En el transcurso de sus propias investigaciones, este autor se encontró con casos en que la producción más importante de un fabricante de automóviles había pasado a manos de subcontratas, en concepto de prestación de servicios industriales (véase Brinkmann y Nachtwey, 2013). Todo invita a suponer que en los próximos años va a seguir avanzando la expansión de las empresas de servicios industriales.

[7] Tal es el mensaje de numerosas publicaciones recientes (véanse entre otros Ford, 2015, y Brynjolfsson y McAfee, 2014).

[8] Sobre las fuentes de poder de algunos grupos de trabajadores véanse Schmalz y Dörre (2013), así como Brinkmann y Nachtwey (2010).

[9] Pero, como se ha mencionado en el capítulo anterior con relación al crowdworking, este poder estructural puede experimentar aún un cambio dramático y erosionarse. Con lo que las actividades que requieren muchos conocimientos menudearán cada vez más en el futuro en un mercado laboral globalizado.

[10] Véanse al respecto Castel (2005, pág. 45, n. 13) y Voswinkel (2013).

[11] Beck nombró distintas dimensiones: ingresos, educación, movilidad, derecho, ciencia, consumo de masas... En lo que sigue se estudiarán sobre todo los ingresos y las posiciones sociales.

[12] Para la Alemania oriental, en lo que sigue se representa de una manera también algo diferente el efecto de la escalera mecánica hacia debajo.

[13] Sin embargo, para esto no se dispone de series temporales largas.

[14] Las retribuciones brutas no volvieron a alcanzar el nivel del año 2000 hasta el 2014.

[15] Como elemento indicador, la cuota salarial no está exenta de polémica, pues se ve distorsionada por muchos factores. Así, por ejemplo, al principio de una crisis financiera suele subir, pues las ganancias se vienen abajo y los salarios suben, por tanto, proporcionalmente. Y si aumentan los sueldos de los directivos y managers, aumenta igualmente la cuota salarial, pues las bonificaciones de los managers se computan parcialmente en los ingresos de los trabajadores (véanse Schäfer, 2004; Weiß, 2004).

[16] El ingreso equivalente es el ingreso medio ponderado de cada miembro del hogar. La ponderación se efectúa según un proceso estandarizado en Europa. En lo que sigue siempre se hará referencia a la renta equivalente ponderada cuando se hable de los ingresos de cada hogar.

[17] El coeficiente de Gini es un instrumento empleado internacionalmente para medir la desigualdad. Puede adoptar valores entre 0 (reparto completamente igual) y 1 (reparto completamente desigual).

[18] Aunque solo se consideran los ingresos del mercado puros, el coeficiente de Gini se ha elevado. En el año 2011 era un 0,485 para los ingresos derivados del mercado y desde 1991 ha crecido de manera clara, mientras que antes se había mantenido relativamente constante o incluso había bajado. Su nivel más alto lo alcanzó en el 2005, siendo después su desarrollo ligeramente decreciente; pero actualmente ha vuelto a subir (Sachverständigenrat, 2013).

[19] El coeficiente de Gini para el patrimonio es actualmente de 0,78, lo que muestra una concentración particularmente alta en comparación con los demás países (véase Grabka y Westermeier, 2014).

[20] En el año 2012, cada alemán poseía por término medio más de 83.000 euros. Esto supone un bienestar considerable, que en los últimos años ha aumentado hasta alcanzar un total de quinientos mil millones de euros. Pero al mismo tiempo el reparto de la renta es cada vez más desigual. El famoso «1 % más rico» ha aumentado una vez más, llegando a una renta media de 817.000 euros, mientras que la cuota de las personas —en particular desempleadas— con renta negativa, es decir con deudas, ha aumentado en diez años, pasando del 5,2 al 7,4 % (Grabka y Westermeier, 2014). Probablemente estos datos elevados edulcoran y ocultan en parte, como afirman los autores del citado estudio de manera explícita, la verdadera dimensión de la desigualdad.

[21] Por eso la pobreza no es necesariamente idéntica a hambre o a carencia de bienes de primera necesidad.

[22] El concepto de precariedad se desarrolla aquí con relación al trabajo asalariado. Naturalmente, la precariedad tiene más consecuencias dramáticas a nivel social: la frontera entre trabajo y tiempo libre se desmorona, la planificación familiar resulta más difícil, etcétera (Jürgens, 2011).

[23] De 1999 a 2013, el trabajo temporal creció en un 186 % (véase Scherschel y Booth, 2013, pág. 35).

[24] Los autónomos clásicos (léase abogados, pequeños comerciantes o artesanos) suelen tener a su vez empleados. En cuanto a los autónomos «unipersonales», actualmente se encuentran con frecuencia en una situación laboral precaria, pues trabajan igual que los trabajadores asalariados —es decir, con contratos de trabajo— pero sin vida asociativa en una empresa y sin disponer de derechos de protección ni de cogestión. Por eso entre los autónomos ha aumentado el número de los denominados aufstocker (personas que perciben prestaciones ALG-II a pesar de estar trabajando) (véase Koller y otros, 2012).

[25] Esto hace que se den relaciones laborales atípicas sobre todo al principio del currículum profesional (Böhnke y otros, 2015).

[26] Otro estudio ha demostrado en cambio que el número de descensos individuales directos de una relación laboral normal a una ocupación precaria duradera es relativamente pequeño (véase Böhnke y otros, 2015). En cambio, está aumentando el número de los que se mueven de un lado para otro entre distintas situaciones inseguras (como, por ejemplo, el desempleo y los minojobs). Por desgracia, a partir del limitado espacio de tiempo elegido para el trabajo de investigación (2002-2011) no se pueden hacer consideraciones (ni sacar conclusiones) a largo plazo.

[27] Entrevista a un trabajador temporal en una fábrica de automóviles alemana «premium», que antes había trabajado para un proveedor de servicios con contrato de obra.

[28] El concepto de «ejército de reserva» fue desarrollado por Karl Marx, el cual describió a los trabajadores tendencialmente superfluos con la expresión de «superpoblación relativa», diferenciando aquí tres formas distintas: fluida, latente y estancada (Marx, 1972 [1867], pág. 670; véase Nachtwey, 2014). La superpoblación «fluida o fluctuante» se refiere sobre todo a la parte de la clase trabajadora que se encuentra en el centro de la producción industrial. La categoría analíticamente más próxima al concepto moderno de precariedad es la tercera forma elaborada por Marx, es decir la parte estancada de la superpoblación relativa: esta pertenece al «ejército del trabajo activo, pero con una ocupación completamente irregular» (ibíd., pág. 672): «Su situación vital cae por debajo del nivel normal medio de la clase trabajadora, y precisamente esto la convierte en una base muy amplia para la explotación del capital» (ibíd., pág. 672).

[29] Los economistas hablan a este respecto de la denominada «ley de Okun» (véase Samuelson y Nordhaus, 1995).

[30] El cambio demográfico podría revelarse una tendencia contraproducente. Según una extrapolación ceteris paribus de la sociedad actual, dentro de unos años se llegará a una agudizada falta de fuerzas especializadas, lo que a su vez podría reforzar nuevamente la posición de los trabajadores y las trabajadoras.

[31] El sentimiento de vulnerabilidad y precariedad social presupone en cierto modo que la seguridad social no es algo completamente extraño a las personas (véase Vogel, 2006, pág. 346).

[32] Se describen como «clase media baja» los hogares con entre el 70 y el 90 % de los ingresos equivalentes medianos.

[33] Lo cual va asociado al mismo tiempo con cierta selección social, pues no todos los padres pueden financiar un máster a sus hijos.

[34] En los estudios sobre la clase media o en general sobre las distintas capas sociales, se suele analizar su estabilidad y coherencia. La movilidad social muestra en cambio en qué medida se consigue cambiar de una capa inferior a otra superior. Dicho de otro modo, se trata de la relación entre origen social y posición social. Esta no se transmite en última instancia a través de la educación y la cualificación, pues el origen social influye en las propias aspiraciones educativo-profesionales.

[35] El estudio de la movilidad conoce también el concepto de la movilidad absoluta, que considera la entrada y salida de los pertenecientes a determinado grupo o clase. Pero, por regla general, se suele analizar el ascenso y el descenso como una movilidad relativa, es decir, como un cambio de posición individual entre las distintas capas y posiciones de clase (véase Erikson y Goldthorpe, 1992).

[36] Pero esto no tiene validez, pues el canal de ascenso del servicio público se ha estrechado inmensamente. Además, estuvo «obturado» durante mucho tiempo, pues en el periodo de su extensión entró en él toda una generación de jóvenes cualificados, lo que ha cerrado el paso a la entrada de nuevas «cohortes» (véase Vogel, 2009).

[37] Contrariamente a lo que supone Stephan Voswinkel (2013) en su estudio sobre el ascenso social —por lo demás destacable—, la orientación al ascenso sigue siendo algo socialmente deseable. Solo que ya no se cumple la promesa con ella asociada.

[38] Además —y sobre todo a la luz del boom actual del mercado de trabajo—, el número de perceptores de prestaciones ha bajado en igual medida que el de desempleados (Scherschel y Booth, 2013).

[39] Para los desempleados, la cuota de pobreza subió incluso en un 29 %. Los datos aquí aducidos guardan relación no obstante con el desarrollo anterior a la crisis financiera.

[40] En su trabajo de campo, el autor se encontró también a menudo con la afirmación de que «las normas laborales ya no se mantenían».

[41] Mediante la política del cierre, la clase media evita la competencia, que «por lo demás defiende». Y como no maneja abiertamente los mecanismos de la competencia y del cierre social, de los que ella misma se aprovecha con frecuencia, Herfried Münkler le acredita una «notoria tendencia a la mojigatería y al fanatismo» (Münkler, 2010, págs. 171 y sigs.).

[42] En el debate sobre la nueva «capa baja», esta aparece desvalorizada como un grupo cultural ya que, mediante su conducta desviada, ella misma sería responsable de su destino (véase Nolte, 2004).

[43] Los variados debates sociológicos sobre la exclusión y la clase baja o marginada (o los debates anglosajones sobre la underclass) tienen muchos puntos en común. Pero el concepto de exclusión, tal y como aquí se analiza, debe emplearse con algunas matizaciones para con la clase baja, pues se caracteriza por una diferenciación del tipo dentro-fuera en el contexto de un elevado desempleo. Sin embargo, el debate sobre la exclusión aportó sin duda unos diagnósticos claros a las nuevas cuestiones sobre la desigualdad que ya anticiparon muchos de los fenómenos aquí analizados (véanse Bude, 1998, 2008; Bude y Willisch, 2006, 2008; Kronauer, 2002).

[44] A pesar de las grandes diferencias analíticas de la actualidad, en este libro se emplean como sinónimos los conceptos de clase y capa de manera pragmática en cuanto que ambos conceptos engloban a seres humanos en parecidas condiciones socioeconómicas, con parecidas experiencias vitales y con parecidos rasgos de personalidad (sus compromisos y valores, sus necesidades e intereses, sus mentalidades, habitus y estilos de vida), así como con parecidas oportunidades y riesgos vitales (véase al respecto Geißler, 2014, págs. 93 y sigs.). En el análisis de las capas sociales, estas forman un orden jerárquico en el que a los pertenecientes a una les va mejor o peor que a los pertenecientes a otra. En el análisis de la clase, se supone que a una le va mejor porque a la otra le va peor. Este análisis se aplica a cuestiones relacionadas con la explotación sistemática, los privilegios y la postergación (véase Groß, 2008). En lo que sigue, el concepto de clase se emplea sobre todo con referencia a la acción o la actividad.

[45] No obstante, hasta el día de hoy han sobrevivido de manera persistente estructuras de desigualdad verticales (Geißler, 2014; Groß, 2008). Además, los planteamientos sociológicos modernos han aportado al análisis de la clase unas diferenciaciones horizontales más fuertes (véanse Vester y otros, 2001; Oesch, 2006).

[46] No obstante, propiamente hablando se debería incluir el poder operativo de disposición de los medios de producción, con lo que el cuadro sería mucho más complicado (véase Wright, 1985).

[47] Está teniendo lugar un descenso relativo de las sociedades occidentales dentro del sistema de los Estados internacionales, cuestión que no tratamos aquí por motivos de espacio. Sin duda, estas sociedades por regla general siguen produciendo cada año más bienestar, pero en el plano global las relaciones se han invertido en muchos aspectos. La importancia de los capitalismos occidentales en la economía mundial está disminuyendo relativamente, mientras que los países emergentes se están convirtiendo en unas naciones industrializadas. En países como China, Brasil o India, la extrema pobreza está retrocediendo, al tiempo que surgen por primera vez unas capas medias claramente significativas. En el mundo occidental, por primera vez tras la crisis económica mundial de la década de 1930, la tendencia está siguiendo la otra dirección.

[48] Pero seríamos también un poco injustos con Marx si despacháramos un escrito de carácter básicamente político como el Manifiesto comunista diciendo que se trata de «la única teoría de clases marxiana». El concepto dicotómico era un modelo «abstracto»; en escritos posteriores, Marx estableció unas diferenciaciones claras con relación a la posición en la producción, la división del trabajo social y los intereses relacionados. De todos modos, él nunca expuso una propia teoría de las clases: «Aquí se interrumpe el manuscrito», se puede leer en el famoso capítulo, no disponible, del tercer volumen de El capital (Marx, 1972 [1894], pág. 893).

[49] A esto se añaden las continuadas actividades «género-específicas» en el mercado laboral (véanse Allmendinger y Hinz, 1999; Gottschall, 1995).

[50] Las tradicionales teorías marxistas sobre las clases siempre habían ido de la posición de clase a una correspondiente conciencia de clase cuasi objetiva.

[51] A diferencia del Manifiesto comunista, Marx ya había subrayado en su escrito El dieciocho de Brumario de Luis Bonaparte (Marx, 1960 [1852]) que una mala situación social no conduce automáticamente a una conciencia consiguiente. Sobre los campesinos parcelarios escribe, por ejemplo, que «forman una masa inmensa, cuyos individuos viven en idéntica situación, pero sin que entre ellos existan muchas relaciones. Su modo de producción los aísla a unos de otros, en vez de establecer relaciones mutuas entre ellos. [...] Son, por tanto, incapaces de hacer valer su interés de clase en su propio nombre» (ibíd., pág. 198).

[52] De todos modos, todavía hoy se sigue discutiendo acerca de la dimensión e influencia concretas de la individualización (véanse Burzan, 2011; Lux, 2011).

5.  (Re)acciones en contra

[1] En las grandes ciudades, y especialmente en Berlín, tienen lugar cada día numerosas pequeñas manifestaciones o acciones, en su mayoría muy parecidas. Ya en 1997 Wilhelm Heitmeyer veía a Alemania pasando «de la sociedad del consenso a la del conflicto», pero centrada sobre todo en controversias acerca de las desvalorizaciones sociales o étnicas (Heitmeyer, 1997).

[2] Con su política orientada a la identidad y el estilo de vida, el temprano movimiento obrero presentó, por tanto, muchas de las características que hoy se adscriben a los nuevos movimientos sociales (véase Calhoun, 1993).

[3] Con relación a las raíces cristianas de la exigencia de una «recompensa justa», véase Kittner (2005, págs. 33 y sigs. y 228 y sigs.). Marx y Engels apoyaron al principio esta consigna «natural» del movimiento obrero. Años más tarde dijeron que ya no debía emplearse, entre otros motivos por su inmanente carácter reformista; véase al respecto el escrito de Marx Salario, precio y ganancia (1962 [1865]) y el de Engels «Un salario justo por una jornada justa» (1973 [1881]).

[4] Lo cual no significa sin embargo que todos los conflictos sindicales discurrieran según la lógica institucional (véase Kittner, 2005); piénsese por ejemplo en la campaña «El sábado, mi papi me pertenece», en la lucha por la semana de treinta y cinco horas semanales o en la huelga gracias a la cual se consiguió el pago del salario en caso de enfermedad: cuando, a finales de 1996, el gobierno de Kohl quiso anularlo, fracasó ante la resistencia organizada de los sindicatos (Streeck, 2003).

[5] Aquí se engloban también, naturalmente, las protestas contra la guerra del Vietnam, los movimientos de liberación anticoloniales, etc. (véase al respecto Harman, 1988).

[6] Los derechos de cogestión se difundieron gracias a las enmiendas BetrVG de 1972 y 2001, aunque quedaron sin resolver determinados puntos críticos sindicales, como por ejemplo el carácter dual de la cogestión (los sindicatos alemanes tienen en las empresas unas posibilidades de influjo solo relativamente pequeñas).

[7] Antes, en 1996, se habían manifestado en el Hofgarten de Bonn unas 350.000 personas contra el desmantelamiento social y, en particular, contra el cambio en el pago en caso de enfermedad. Pero el gran éxito cosechado por la movilización se debió sobre todo a los esfuerzos de los sindicatos mayoritarios de la DGB (Bökenkamp, 2010).

[8] Especialmente en las clases bajas, no existe ningún automatismo o vinculación entre la subprivilegiación y la rebelión; precisamente en estas capas suele existir una competencia a menudo más agudizada (aún si cabe) por los bienes posicionales (véase Dörre y otros, 2013).

[9] A nivel laboral está aumentando la conflictividad en aquellos ámbitos en los que ya no existen convenios colectivos sectoriales (véase Hauser-Ditz y otros, 2012).

[10] Por sus valiosos servicios, el que fuera presidente del sindicato, Norbert Hansen, acabó ocupando un sillón en el consejo de administración de la compañía de ferrocarriles alemanes.

[11] La empresa de Correos había añadido un veneno dulce a su oferta: el empleado perteneciente a cualquiera de las distintas filiales podía esperar una relación laboral ilimitada pero con un sueldo más bajo.

[12] En la Alemania oriental, donde tras el derribo del Muro las organizaciones obreras tuvieron que enfrentarse durante mucho tiempo a numerosas reservas y dificultades, en época reciente han encontrado un nuevo «viento a favor» (Goes y otros, 2015).

[13] También el sindicato del sector servicios Verdi apuesta de distintas maneras por mostrarse más fuerte en sus reivindicaciones y luchas, como se está viendo en sus respectivas campañas en las empresas de seguridad, de telecomunicaciones y de mensajería, así como en el sector de la atención sanitaria y del comercio minorista.

[14] Con este tema se emparentan también importantes cuestiones relativas a la igualdad de género; véanse al respecto Jürgens (2010) y Winker (2015).

[15] En Europa, en cambio, las huelgas de carácter económico han disminuido en los últimos años.

[16] Cuando en lo que sigue hablemos de Europa, nos referiremos a los quince países de la UE (es decir, sin los países candidatos del este de Europa, que durante la época de la modernidad social aún pertenecían al bloque oriental).

[17] Pero aquí se trataba realmente de un proceso uniforme, ya que existían distintos tipos de modernidad social, con formas diferenciadas de seguridad social y de Estado del bienestar (véanse Esping-Andersen, 1998; Ostner y Lessenich, 1998).

[18] No obstante, antes de la crisis España tenía un grado de endeudamiento más bajo que Alemania.

[19] En Gran Bretaña esto vino también a lomos de una «economía (a)moral», que reproducía los déficits morales de las élites. Poco antes de que, en la estela de los alborotos, varias pandillas de jóvenes sustrajeran televisiones planas de unas cuantas tiendas saqueadas, se supo que, durante muchos años, numerosos políticos británicos habían estado enriqueciéndose irregularmente —con, entre otras cosas, pantallas planas— a costa de los contribuyentes (Nachtwey, 2011).

[20] Sobre estas y las siguientes cifras relativas al movimiento Occupy de Alemania, véanse los estudios empíricos del autor (véanse Brinkmann y Nachtwey y Décieux, 2013; Décieux y Nachtwey, 2014).

[21] Lo mismo vale también con respecto a la ocupación de la plaza Sintagma de Atenas.

[22] Pero llamó la atención la indecisión ideológica que demostraba la relativa indiferencia hacia un modelo de orden político; una mayoría de los participantes consideraba el «socialismo» una buena idea, pero casi otros tantos estaban también a favor de una renovación de la «economía de mercado social». Occupy fue muy «bueno» en lo de estar en contra, pero sin saber muy bien qué debía defender.

[23] Esto se veía en los diagnósticos de la crisis y en lo que criticaban los activistas de Occupy: daban la preferencia a causas sistémicas (por ejemplo, la cuestión de los fundamentos de la crisis financiera) sobre temas subsistémicos o incluso personalizados.

[24] Este cambio se dio en sistemas específicos del capitalismo alemán, pero se repitió también básicamente en la mayor parte de los Estados europeos.

[25] Una mayoría de los activistas del «núcleo» que pasaban la noche en las tiendas habían votado a favor de los Piratas.

[26] La dimensión de la corrupción (conocida) en España es enormemente grande; prácticamente no hay ningún sector tradicional que no se haya visto salpicado por ella: desde los partidos conservadores hasta los sindicatos de izquierda.

[27] Un importante punto de referencia intelectual para la estrategia de Podemos es la teoría populista del pensador argentino-británico Ernesto Laclau, que defiende un populismo en su opinión progresivo. Este teórico renuncia a la tradicional diferenciación entre «izquierda» y «derecha» y propone en su lugar el establecimiento de una línea de conflicto entre «arriba» y «abajo», así como entre «élites» y «pueblo» («pueblo» no en sentido étnico sino en el de la mayoría subalterna de la población) (véase Laclau, 2005).

[28] Pero falta todavía una comparación histórica, en especial con respecto a los grandes órdenes.

[29] Ingolfur Blühdorn llega incluso a afirmar (con un trasfondo cultural-conservador y, en nuestra opinión, una base empírica relativamente exigua) que el sujeto ilustrado está hasta tal punto sujeto a las reglas del mercado y licuado en su identidad que ya no puede ser suficientemente representado y acaba contentándose con una democracia simulada (Blühdorn, 2013).

[30] En el concepto weberiano de «democracia plebiscitaria dirigida» se incluía al carismático que, con los votos del pueblo, superaba las tenaces búsquedas de compromiso y los aparatos varios de la democracia (véase Moimmsen, 2004).

[31] Esta sección sigue una argumentación que el autor ya ha desarrollado en otro lugar (Nachtwey, 2015).

[32] Véanse al respecto, entre otros, los estudios del Göttinger Instituts für Demokratieforschung (Geiges y otros, 2015) y del Institut für Bewegungsforschung (Daphi y otros, 2015).

[33] En la investigación en cuestión, este fenómeno se describe también con el término de «femonacionalismo» (Farris, 2011).

[34] Recientemente, el «antigenerismo» ha ganado también importancia en círculos conservadores más allá de Pegida (véase Hark y Villa, 2015).

[35] De manera parecida argumentó también Leo Löwenthal en sus estudios sobre el autoritarismo (Löwenthal, 1990 [1949]).

[36] Véase, desde unas perspectivas completamente diferentes, Dahrendorf (1957) y Thompson (1980).

[37] Estas normas son influyentes precisamente porque su «plus de validez» siempre apunta más allá de su propia realización o implementación (véase Honneth y Fraser, 2003).

[38] Sin embargo, aquí acecha también un peligro: en Internet, que exige muy poco control de los afectos y además no está «civilizado» por narrativas y estructuras de comunicación, puede brotar toda clase de hongos peligrosos, como por ejemplo teorías de la conspiración. Esto se ha visto claramente en el «movimiento por la paz» de las «concentraciones de los lunes».

[39] Para Axel Honneth, la circunstancia de que las protestas no corran parejas con visiones de un mundo mejor es algo completamente nuevo en la historia de las sociedades modernas. Por este motivo le gustaría revitalizar la vieja idea del socialismo, interpretada como «libertad social» (Honneth, 2015).

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La sociedad del descenso

Oliver Nachtwey

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