La guerra civil española supuso no sólo la restricción del movimiento obrero sino además, y de manera trágica, la victoria del brutal régimen fascista de Franco, que gobernaría España durante 36 años.

En 1936, proletarios y campesinos españoles se rebelaron contra la anquilosada y frágil clase capitalista, llevado a cabo en su mayor parte por la facción anarquista de la CNT. Aunque los enfrentamientos en las calles y en el campo fueron desplazando a la anticuada oligarquía española, las luchas que siguieron tras el nuevo gobierno del Frente Popular irán perdiendo sus objetivos y siendo debilitadas por la rebelión militar encabezada por el General Francisco Franco.

Broué y Temime ofrecen paso a paso las medidas radicales que llevo a cabo el Frente Popular para unificar la clase trabajadora y bases campesinas revolucionarias para debilitar a las fuerzas fascistas de Franco. Un estudio riguroso y amplio que presenta los eventos más relevantes y las figuras decisivas de este período de forma clara y comprensible.

Pierre Broué & Émile Temime

La revolución y la guerra de España

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Titivillus 30.09.2019

Título original: La Révolution et la guerre d’Espagne

Pierre Broué & Émile Temime, 1961

Traducción: Francisco González Aramburo

Editor digital: Titivillus

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INTRODUCCIÓN

Teníamos diez años en 1936. Para nosotros, la guerra de España fue primero una sacudida, el espectáculo de millares de hombres, de mujeres y de niños demacrados, a menudo con la ropa hecha girones, hambrientos: los refugiados españoles. A través de lo que decían los adultos, nos llegaban palabras alarmantes, cargadas de angustia: Hitler, los bombardeos, la quinta columna, la guerra… Así también, la guerra en sí misma no fue para nosotros una sorpresa: si no comprendido, sí por lo menos habíamos sentido que, lisa y llanamente, esta muchedumbre española la había vívido antes que nosotros. Más tarde, camaradas españoles para quienes el combate no había terminado jamás nos contaron el final de su esperanza: Franco sobrevivía al hundimiento de los dictaduras.

El azar de las mutaciones universitarias hizo que nos encontráramos en el Liceo Condorcet, atraídos ambos, desde hacía años, por la guerra de España, en la que uno veía el prefacio olvidado, deformado, de la Segunda Guerra Mundial, y el otro una revolución obrera y campesina desfigurada, traicionada, estrangulada. Sólo estábamos de acuerdo en la necesidad de trabajar, y precisamente por esta razón emprendimos la tarea, mientras era tiempo todavía de oír a los supervivientes, testigos o actores, de escribir una historia de la Revolución y de la guerra de España de 1936 a 1939. Hemos querido, contra la ignorancia, el olvido, la falsificación, volver a dar a esta lucha el rostro más verídico posible, desprenderla de la leyenda que, precozmente, la ha sepultado. Tenemos conciencia hoy en día de que este objetivo, una vez alcanzado, no es sino un primer paso hacia la redacción de una Historia más completa que requeriría miles y miles de testimonios, y, sobre todo, de documentos de los archivos, todavía inaccesibles, ya sea en España misma, en Francia, en Inglaterra, en la U.R.S.S. o en el Vaticano.

Que no se espere encontrar en nuestra obra más de lo que quisimos o pudimos incluir en ella. Los lectores a quienes, según esperamos, les habremos despertado el gusto por España, deberán buscar en otras partes, en los hispanistas, la respuesta a las preguntas que se plantearán al comenzar a leernos. Los convidamos a que busquen en las obras de geografía una minuciosa descripción de este país, que es un mundo aparte, tan africano como europeo. «España», dice Joan Maragall, está «lejos del mundo como un planeta aparte. Y sus pueblos, que están en el mundo, parecen olvidados». Se enterarán de que España es «un manto repulgado de puntillas» que abarca, 506.000 kilómetros cuadrados, que su población asciende casi a 30.000.000 de habitantes, que «vive difícilmente», que «su producción no puede bastar más que para un pueblo muy sobrio», que «carece de capitales y de medios de transporte».[1] Si dirigen hacía los libros de historia sus investigaciones, se enterarán de que los Antiguos situaban en España a los Campos Elíseos y que Estrabón, el primer geógrafo, hacía de Andalucía la «morada de los Elegidos», que la España musulmana, por sus técnicas agrícolas y artesanales, sus conocimientos científicos y filosóficos, iba a la vanguardia de la civilización de la Edad Media. Descubrirán también que los estragos de la reconquista, esa primera prueba de fuerza entre un mundo musulmán próspero, pero sin aliento, y un Occidente cristiano bárbaro, pero desbordante de vida, no le impidió a España convertirse en dueña del Viejo y del Nuevo mundo: el siglo de Luis XIV, en todos los libros, viene después del de la «preponderancia española». Pero se enterarán también de que la España del Siglo de Oro, como ha dicho Gastón Roupnel, es a la vez «fuente de orgullo y valle de miseria, según que se piense en sus poderosos o en sus masas, en su Corte o en los grandes territorios dolorosos que se extienden desde una frontera hasta la otra».

Quizá, entonces, penetrarán más fácilmente en esta España de la que Dominique Aubier y Manuel Tuñón de Lara nos dicen que «retrocede cuando nos acercamos a ella».[2] Con ellos, podrán recorrer los difíciles itinerarios hacía «la unidad subterránea que forma el esqueleto interior del español, ya sea charlatán y andaluz, severo y castellano, astuto como un gallego, interesado como un catalán o trabajador como un vasco». Recorriéndolos, se enterarán de las palabras cuya comprensión es esencial para entender a la realidad española: tierra, la tierra «que da la vida, pero no la mantiene»; hambre, que se traduce por el francés «faim» pero que «es a nuestra hambre lo que una rabieta es a la cólera»; castizo, mediocremente traducido por «de buena raza», siendo que afirma cotidianamente una sed de dignidad que proclama toda la historia de los pueblos de España. Quizá se percatarán también de aquello que, sobre todas las cosas, escapa a la descripción y a la explicación, a saber, el lugar que ocupa la muerte en la vida del español, cuya importancia quizá le haya sugerido ya la pasión por los toros. Deberán ahondar mucho más todavía en su indagación, para penetrar en esa profunda espiritualidad que hace que se den codo con codo la fe más fanática y el más violento anticlericalismo. Tendrán que aprehender el sentido de la tierra de la Inquisición, la del auto de fe, en la que al acto de quemar a un hombre —moro mal convertido, judío bautizado inclusive, protestante secreto o espíritu esclarecido— se le llamaba «acto de fe». Deberán demorarse largamente en la contemplación de Goya y de sus dibujos del Dos de Mayo, y habrán de meditar sobre la violencia y la muerte de esos hombres de manos desnudas, frente a los fusiles de los pelotones de ejecución, o los sables de los mamelucos. No olvidarán el levantamiento contra Napoleón de este pueblo, al que llamaban «los pordioseros», y observarán que mientras los Grandes doblaban la espina ante el conquistador, los campesinos, en sus asambleas de aldea, declaraban la guerra a la Grande Armée y creaban la palabra guerrilla. Concederán algunos instantes al sitio de Zaragoza, capturada por los franceses, en 52 días, casa por casa, piso por piso; y a sus 60.000 víctimas, sin exceptuar a las mujeres y a los niños, puesto que también ellos eran combatientes. Oirán decir al mariscal Lannes: «¡Qué guerra! ¡Verse obligado a matar a gente tan valiente, aunque estén locos!». Pues estos «locos» se batían con sus puños y con sus dientes. Encontrarán de nuevo esta violencia en las guerras carlistas, en todas las luchas civiles del siglo XIX, en la represión realista que repugnará inclusive a los «ultras» franceses que habían acudido en nombre de la Santa Alianza a aplastar la Revolución española —la primera—, a los levantamientos campesinos, en las huelgas y la represión, en la tortura y en las «hazañas» de la guardia civil inmortalizadas por el Romancero de Federico García Lorca.

Al descubrir esta España descubrirán miles de Españas. Se enterarán de que la misma palabra castellana, pueblo, designa a los habitantes y a la aldea, que esta última es una patria pequeña, la patria chica de Brenan, que vive con una vida propia y casi autónoma. Entenderán mejor, entonces, por ejemplo en los trabajos de Rama, la difícil construcción de un Estado por encima de una nación inconclusa, y la vanidad y el carácter artificial de la tentativa «liberal» en un país en el que reinan todavía señoritos y caciques. Pues los caciques, esos déspotas locales, no son solamente los intendentes tradicionales de los grandes dominios, que utilizan el poder delegado en ellos para saciar su apetito de poder y aplastar con sus arbitrariedades y sus desprecios a aquellos a quienes emplean y mandan. El «caciquismo» ha penetrado en toda la vida social y política; la administración, los partidos y, en cierta medida, los sindicatos, hasta tal punto es verdad que este vicio de una sociedad medieval puede ser todavía secretado por la España del siglo XX.

Entonces, sin duda, nuestros lectores comprenderán mejor algunos caracteres propiamente españoles de esta revolución y de esta guerra, la arrogancia de los señores, seguros de encarnar a una raza superior, el desprecio de la muerte y el encarnizamiento en la lucha de todos los combatientes, su particularismo y su apego a la ciudad, a la aldea, al terruño —lo que se llamará «individualismo», «indisciplina», «tendencias anarquistas»—, la violencia de los fanatismos, el odio, el desprecio que cimienta las jerarquías sociales, pero también la constante afirmación de la dignidad, el lugar ocupado, en la guerra, por la idea que cada uno de los adversarios se hace del hombre —hombre, que es interjección y afirmación—, ya sea que quieran exaltarlo y «liberarlo», o por el contrario, extinguirlo y destruirlo por la humillación concebida como un sistema.

Las investigaciones preliminares en torno de nuestro tema nos sugirieron varios itinerarios «hispanizantes». Una camarada española, antigua deportada a Alemania, nos proponía describir, después de un estudio científico, lo que ella misma había entrevisto en su vida y en las historias de los desaparecidos, el largo camino de esos grupos campesinos, desde su pueblo hasta el frente, en armas, desde el frente hasta Francia, desarmados, en los campos de concentración y luego, reunidos otra vez, en los campos de la muerte. No es dudoso que esa habría de ser una manera perfectamente española de escribir la historia de la Revolución y de la guerra de España, que nos habría conducido más cerca de la realidad secreta, del alma colectiva del pueblo durante esos años terribles, y más cerca también de la comprensión de lo que fue este drama para los millones de individuos que forman las «masas».

Sin embargo, no es el camino «hispanizante» el que hemos elegido. En primer lugar, porque no somos, verdaderos hispanistas. Luego, porque las preocupaciones que nos han ligado a este trabajo rebasan con mucho el marco de lo puramente español. No hemos tratado de comprenderlo todo, y menos de, explicarlo todo, ni a Boabdil, ni a Avicena, ni a don Quijote, ni a Torquemada, ni a un Ignacio de Loyola. Hemos querido atenernos a los datos más simples, quizá, pero universales. España es España, cierto es, pero es también uno de esos países que antes llamaban «atrasados» y que hoy en día, hipócritamente, se han rebautizado con el nombre de «subdesarrollados». Todas las pruebas que emplea el economista moderno para descubrir en los países los caracteres del «subdesarrollo» sitúan a la España de 1960, como a la de 1930, en el grupo de las naciones más numerosas y más pobres, aquellas respecto de las cuales no se puede afirmar seriamente que su miseria carezca de relación con la opulencia de las otras. A pesar de la incertidumbre de las estadísticas españolas, es evidente que España apenas si llega al mínimo de 2.500 calorías por día y por habitante, por término medio, por debajo del cual comienza la subalimentación. La mortalidad infantil sigue siendo elevada. La esperanza de vida, al cumplir un año, es de 55 años, muchos más que en la India, cierto es, pero mucho menos que en Occidente. La natalidad sigue siendo elevada. El número de analfabetos es todavía considerable. La proporción de la «población activa» no rebasa el 37%, y en su mayoría son agricultores. La situación de inferioridad de las mujeres está subrayada por el hecho de que sólo el 9.4% de ellas puede clasificarse entre la «población activa». El trabajo de los niños sigue siendo una norma. Las clases medias son numéricamente débiles. El ingreso nacional medio equivale a la mitad del de los franceses y se observan desproporciones mucho más considerables en la escala social. Según el profesor Birot, Madrid cuenta hoy en día con 300.000 criadas, para 1.800.000 habitantes.

Como en los demás países atrasados del mundo, las riquezas mineras y el desarrollo industrial en España están en manos de capitalistas extranjeros, salvo en algunos sectores secundarios. Los grandes propietarios de tierras y los burgueses de los negocios constituyen una minúscula oligarquía, por entero orientada hacia la defensa de sus privilegios. La Iglesia no parece concebir otra misión que la que le asignó el poco religioso Napoleón I, la de hacer que se admita «la desigualdad de las fortunas» y aceptar «que un hombre se muera de hambre al lado de otro hombre ahíto». La enseñanza de la historia, en la España de 1960, como hace cien, treinta o veinte años, consagra cien páginas a la Contrarreforma y una sola —¡hay que verla!— a la Revolución francesa. En suma, la revolución y la guerra civil no han sido más que un entreacto, sangriento y violento. Simplemente, han provocado un «gran miedo» y han hecho más duro el régimen de la clase dominante. La dictadura de Primo de Rivera, que se ejerció (a la sombra de la monarquía española) hasta 1931, cuando la proclamación de la República, ha sido sustituida por una dictadura más absoluta. La experiencia republicana no ha convencido a nadie, y el débil Estado, que no logró reformar a España y ni siquiera organizarse seriamente, fue la primera víctima de los acontecimientos de 1936. La victoria de los militares le ha quitado toda oportunidad de resucitar en lo inmediato. En el Estado autoritario, el ejército dicta su ley, y nunca se exagerará el grave peso que, en estas sociedades esencialmente inestables, representare ejércitos que no sirven más que para la guerra civil y para el mantenimiento de un determinado «orden».

Tampoco es, en el siglo XX, un rasgo propio de España la existencia de una masa de campesinos sin tierra y de campesinos pobres, que subsisten en el límite del hambre y que se lanzan tanto más fácilmente a la lucha cuanto que no tienen nada que perder y sí todo por ganar, y tampoco lo es la existencia de una clase obrera ligada estrechamente todavía al campesinado, constituida sobre todo por peones y obreros no calificados, en la cual prácticamente no existe una «aristocracia obrera» capaz de moderar los ímpetus combativos de esta masa ruda, pero capaz de sacrificios. No es solamente en España donde estos obreros y estos campesinos se han convertido en las tropas de choque de la revolución que la burguesía se ha negado a realizar por temor al mañana: el Tercer Estado del siglo XX, aún bautizado con el nombre de «Frente Popular», se derrumba rápidamente, por doquier, ante la embestida del «Cuarto Estado» de los obreros y de los campesinos pobres que luchan por cuenta propia. España tampoco es el único país que ha manifestado patentemente la tendencia popular a la democracia directa. La misma voluntad de ejercicio del poder por el pueblo en armas se encuentra ya en los sansculottes parisienses del año II.[3]

A quienes hablan de «la España eterna» ante las milicias de la República con sus jefes obreros elegidos y sus títulos rimbombantes, hay que recordarles a la Comuna de París y sus Federados, sus oficiales militantes elegidos, sus «Turcos de la Comuna» sus «Vengadores de Flourens», sus «Lascars». Pues no solamente en España y en Cuba es romántica la revolución. ¿Hay que recordar que fue Rusia la que vio surgir, en 1905, a los primeros «consejos» —en los que, como en España, partidos y sindicatos, presentes por derecho propio, tenían representaciones iguales— y que la palabra, en ruso, se traduce por soviets? ¿Más cerca de nosotros todavía, hay que evocar el papel desempeñado en 1956 por los «Comités revolucionarios», los «Consejos obreros» y el «Consejo obrero central», durante la revolución húngara?

Además, la revolución y la guerra de España distan mucho de haber sido un asunto puramente español. De cerca o de lejos, todos los gobiernos participaron en ella, y la intervención y la no-intervención se explican por intereses inmediatos, por preocupaciones estratégicas y diplomáticas, pero también por intereses generales, de esos que llamamos «históricos». Tal como ayer los asuntos del Vietnam o de Corea, y hoy los de Cuba, los del Congo o de otras partes, los asuntos de España no podían arreglarse en el interior de sus fronteras. Estas luchas civiles conciernen, finalmente, a todas las potencias y a todos los pueblos, pues no son más que el aspecto particular, dentro de un marco geográfico preciso, de la crisis que estremece a la humanidad en el siglo de las guerras mundiales.

Jean Jaurés, que fue también un historiador, confiesa que, durante la Revolución, se habría sentado de buen grado al lado de Robespierre. Sigámoslo por el camino de la franqueza. El historiador perfectamente objetivo no ha nacido todavía y el que cree serlo se miente a sí mismo, como miente a los demás. Todas las precauciones de que se rodean la investigación y la crítica científicas no suprimen, en definitiva, ni nuestros sentimientos, ni nuestros reflejos personales. ¿Por qué ocultarlo? La elección misma del tema revela nuestras tendencias profundas. También nosotros, habiendo «vivido» nuestro tema, hemos propendido a tomar partido: estando, en espíritu, del mismo lado de las trincheras, sin embargo, nos apartábamos espontáneamente, uno de nosotros de acuerdo más bien con los republicanos avanzados y los socialistas moderados, preocupado como está por la organización y la eficiencia, por la relación de fuerzas en escala mundial, y el otro con los comunistas disidentes o los sindicalistas revolucionarios porque piensa, como Saint-Just, que «quienes hacen revoluciones a medias no hacen más que cavarse una tumba». La división del trabajo entre nosotros ofrece la prueba de lo que decimos. La revolución propiamente dicha es el tema de una primera parte redactada por Pierre Broué, mientras que Émile Temime se ha consagrado a la guerra misma, a sus aspectos internacionales, así como al nacimiento del Estado nacional-sindicalista. Sin embargo, que nadie piense que nuestro libro es el resultado de una yuxtaposición de dos exposiciones que versan sobre temas colindantes. Hemos querido que estas dos partes sean distintas para subrayar dos de los puntos de vista —que son los más importantes a muestro juicio— desde los que se puede abordar el estudio de nuestro tema. El inconveniente mayor de este método es que da ocasión a inevitables repeticiones que, en la medida de lo posible, hemos procurado aligerar.[4] Y la ventaja es que esta doble iluminación puede arrojar sobre los acontecimientos una luz más indiscreta, y aclarar la complejidad sin recargar a la exposición con observaciones y vueltas atrás. Durante los tres años de nuestra colaboración hemos confrontado cotidianamente nuestros puntos de vista, intercambiando notas y fichas, criticando nuestros documentos y nuestras interpretaciones, obligando «al otro» a nuevas búsquedas, y, en la fase final, a redacciones sucesivas y enriquecedoras. Que no se nos enjuicie con rigor sí, siendo nosotros mismos nuestros primeros lectores, creemos estar en el derecho de afirmar que esta colaboración crítica, estas críticas a veces vivas, aunque siempre amistosas, son la prueba de la convicción y de la seriedad con que hemos realizado nuestra tarea común. Creemos haber dejado «establecido el punto» en la medida, por lo menos, en que es posible con las fuentes impresas solamente, enormes ya, que estuvieron a nuestra disposición. Cualquiera que sea su origen, hemos tratado de juzgarlas como historiadores y de eliminar toda toma de partido, exponiendo honradamente los hechos y no haciendo sobre ellos más que un mínimo de juicios; de tal manera, hemos creído dejar a cada uno la oportunidad de cargar el acento sobre tal o cual aspecto que, a su juicio, sea primordial. Por eso nos sentiremos dichosos al recibir objeciones, críticas, nuevos testimonios, todo aquello que, a través de nuestro trabajo, y gracias a él, pueda contribuir al conocimiento de la verdad que, a nuestros ojos, no puede ser el fruto más que de una investigación constante.

Nos resta —y no es el menor de nuestros deberes— dar las gracias a todos aquellos sin los cuales esta obra no se hubiese podido realizar, a Jerome Lindon, director de las Editions de Minuit, a nuestros amigos de Arguments, Edgard Morro y Kostas Axelos, que nos lo presentaron, y, sobre todo, a los que son nuestros coautores, todos los testigos, españoles o no, políticos, escritores y obreros, de Europa y América, demasiado numerosos para ser citados, que nos respondieron, que hurgaron en sus memorias y en sus archivos, consagraron horas a nuestros cuestionarlos, buscando documentos inéditos y testimonios desaparecidos. Su única preocupación, a despecho de la diversidad de sus horizontes políticos, ha sido el de ayudarnos en nuestra búsqueda de la verdad. Damos gracias especiales al señor Jordi Arquer que puso a nuestra disposición su biblioteca y su documentación, únicas al respecto, y que nos ha ayudado con sus consejos. Por último, Jean-Jacques Marie nos tradujo documentos en lengua rusa.

P. B. y E. T.

Cuadro de siglas, agrupamientos
y partidos políticos

Acción popular: partido católico conservador.

Alianza de la juventud anti-fascista: reunión, a comienzos de 1937, de la mayoría de las J.S.U. y de las juventudes «republicanas».

Asalto: guardias de asalto republicanas.

AVER: asociación de voluntarios para la España Republicana.

Camisas viejas: antiguos militantes de la Falange.

CEDA: Confederación española de las derechas autónomas.

CNT: Confederación nacional del trabajo (Central anarco-sindicalista).

Comunión tradicionalista: Partido monárquico carlista.

CTV (Corpo Truppe Volontarie): Cuerpo expedicionario italiano.

Esquerra: Partido separatista catalán.

Euzkadi: Partido separatista vasco.

FAI: Federación anarquista ibérica.

Flechas: jóvenes de la Falange.

Frente de la juventud revolucionaria: reunión, en 1937, de la J.C.I. y de las J.L.

GEPCI: Organización «sindical» de comerciantes e industriales, adherida a la U.G.T.

Hisma: Sociedad comercial alemana encargada de las relaciones con la España Nacionalista.

IC: Internacional comunista (Komintem).

JC: juventudes comunistas.

JCI: juventud comunista ibérica (juventudes del P.O.U.M).

JL: juventudes libertarias.

JONS: juntas ofensivas nacional-sindicalistas, que se fundirán en la Falange en 1934.

JS: juventudes socialistas.

JSU: Juventud socialista unificada. (Después de la fusión en 1936 de las J.S. y de las J.C.)

Lliga: Partido burgués catalán.

NKVD: Policía secreta rusa (también conocida como G.P.U.).

Partido único: único partido franquista a partir de abril de 1937.

PCE: Partido comunista español.

Falange: Organización fascista española.

PSOE: Partido socialista obrero español.

PSUC: Partido socialista unificado de Cataluña (a partir de 1936).

POUM: Partido obrero de unificación marxista.

Requetés: Organización militar carlista.

SEU: «Sindicato» de estudiantes nacionalistas (fundado era 1931).

SIM: Policía militar (secreta) republicana.

Tercio: Legión extranjera.

UGT: Unión general de trabajadores (Central sindical de inspiración socialista).

Capítulo 1
OLIGARCAS Y REPUBLICANOS

La España de principios del siglo XX es el arcaísmo de Occidente: en ese mundo que se uniforma, es el islote de las tradiciones y sus amos se vanaglorian de haber sabido mantener su «hispanidad» frente a las corrientes políticas y económicas modernas. Y sin embargo, es en este país, profundamente hundido en su pasado, donde se lleva a cabo, a partir de 1936, la última revolución del periodo comprendido entre las dos Guerras Mundiales. Como en Rusia en 1917, España es, entonces, el eslabón más débil del mundo capitalista; allí se detiene, no obstante, la comparación. La revolución española, a diferencia del movimiento de Octubre en Rusia, no era la primera chispa de un incendio que se propagaba, sino únicamente la llamarada final de un fuego que se había extinguido en toda Europa. La revolución rusa anunció el final de la Primera Guerra Mundial. La revolución española, en definitiva, no hará sino ofrecer a las potencias que se preparan para la segunda guerra un fértil campo de experiencia. La revolución trocada en guerra civil, no será, finalmente, sino el preludio y el ensayo general de la Segunda Guerra Mundial.

Un país aplastado por su pasado

Al retardo de su desarrollo económico general, la Rusia de los zares debía su carácter profundamente atrasado. España, por el contrario, en virtud de una curiosa paradoja, debe el suyo a las consecuencias directas del avance que había realizado, al principiar los tiempos modernos, respecto de las demás potencias europeas.

En la época en que su hegemonía se afirmaba sobre Europa, al mismo tiempo que el desarrolla de su comercio mundial, su monarquía se centralizaba y sus particularismos regionales se iban borrando: la España feudal retrocedía mientras se esbozaban una nación y un Estado modernos. Pero, precisamente, la precocidad de esta expansión habría devolverse contra ella. El descubrimiento de América y la edificación de un imperio inmenso sobre el Nuevo Continente llevaban en sí los gérmenes de la decadencia. Mientras que los metales preciosos que traían los galeones del rey vivificaban a la Europa Occidental, la metrópoli parecía estar atacada de parálisis y se volvía, a la vez, esa «fuente de gloria» y ese «valle de miseria» que han sabido describir los historiadores del siglo XVI. España pierde, en el siglo XIX, sus últimas posiciones mundiales y, finalmente, sólo la rozará la revolución industrial y liberal que acaba de transformar a la vieja Europa.

Las clases del antiguo régimen siguen descomponiéndose, sin que por ello se lleve a cabo la formación de la nueva sociedad burguesa en gestación. El retardo del desarrollo capitalista, el encogimiento de las relaciones económicas frenan la formación de la nación, refuerzan las tendencias centrífugas y el separatismo de las provincias: los empresarios del País Vasco y de Cataluña que, en el siglo XIX, se beneficiaron con un desarrollo industrial limitado, soportan de mal grado, pero sin tener fuerza para sacudírselo, el yugo de la oligarquía castellana. Las masas campesinas proletarizadas hacen estallar su cólera, a veces, en brutales llamaradas, verdaderas jacqueries en pleno siglo del maquinismo. Unido todavía por miles de lazos al mundo campesino, se organiza un proletariado, animado de la misma combatividad. De esta manera se acumulan en todos los poros de una sociedad compleja, los gérmenes de destrucción de un pasado tan vivo todavía y tan cargado de peso aún que perece, a comienzos del siglo XX, ser eterno.

Un país semi-colonial

A comienzos del siglo XX, España es un país esencialmente agrícola. A la agricultura se consagra más del 70% de su población activa. El campesino español trabaja con las mismas herramientas que su antepasado de la Edad Media: en el conjunto del país, el arado romano está más difundido todavía que el arado moderno de hierro. Los rendimientos por hectárea figuran entre los más bajos de Europa y más del 30% de las tierras cultivadas permanecen en barbecho.

La industria, donde existe, apenas ha salido del periodo de las manufacturas. La concentración se realiza con un ritmo muy lento: sólo la metalurgia del País Vasco presenta todos los rasgos de la gran industria capitalista. En Cataluña, la industria textil, que es la más importante desde el punto de vista de la producción global, se halla todavía desparramada en una multitud de empresas minúsculas. En el mercado mundial, España sólo puede presentar los productos de su suelo y los de su subsuelo, a cambio de los productos manufacturados de las industrias extranjeras. Pero es también, corolario inevitable, un terreno predilecto para los capitales extranjeros invertidos, a lo largo de algunas décadas, en los sectores más lucrativos e importantes: capitales belgas (500 millones de francos) en los ferrocarriles y en los tranvías, capitales franceses (3.000 millones) en las minas, la industria textil, la industria química, capitales canadienses en las centrales hidroeléctricas de Cataluña y de Levante, capitales ingleses (5.000 millones) que controlan toda la metalurgia del País Vasco, los astilleros, las minas de cobre en Río Tinto[1], capitales norteamericanos, los últimos en llegar pero no los menos importantes, que dominan sobre todo los teléfonos[2], y, por último, capitales alemanes que, en 1936, incorporados ya en las compañías de electricidad de Levante, tratan de penetrar en la metalurgia.

La guerra de 1914-18, al ofrecerle salida a sus productos, había traído a España una relativa prosperidad. De golpe y porrazo, se vio elevada al rango de proveedora de productos alimenticios y aun, en cierta medida, de productos industriales. Pero el retorno de la paz la excluyó del mercado mundial en la que era incapaz de soportar la competencia de las potencias industriales. La crisis mundial la afectó duramente en 1929; las barreras aduaneras levantadas por las grandes potencias cerraron el camino de la exportación a los productos de su agricultura y provocaron el hundimiento de un mercado interior que era apenas capaz de absorber los productos de la industria nacional: quizá más todavía que los países avanzados, los países de estructura semi-colonial, como España, fueron afectados por la crisis de los años treinta y tantos y sus consecuencias sociales[3].

Estructura de la sociedad española

La extrema diferenciación social acentúa, en efecto, los menores contragolpes económicos, endurece un organismo cuyas posibilidades de adaptación son ya reducidas. Como lo hace Henri Rabasseire[4], se puede estimar que, de los once millones de españoles que constituyen la población activa del país, ocho millones «son pobres» cuyo trabajo apenas si les aseguro la subsistencia: un millón de pequeños artesanos, de dos a tres millones de obreros agrícolas, de dos a tres millones de obreros de la industria y mineros, dos millones de aparceros o muy pequeños propietarios rurales. Entre esta masa y el millón de privilegiados a los que Rabasseire llama los «parásitos» —funcionarios, sacerdotes, militares, intelectuales, grandes propietarios rurales y grandes burgueses— se intercalan menos dedos millones de hombres de las «clases medias», que en su mitad son campesinos acomodados y en su otra mitad pequeños burgueses agrupados en los centros más evolucionados: Barcelona, Valencia, Bilbao, Santander.

No es posible ninguna expansión mientras estos ocho millones de «trabajadores pobres» no tienen más posibilidad que la de asegurar difícilmente su subsistencia en condiciones de vida uniformes, con un consumo reducido al estricto mínimo y un presupuesto consagrado esencialmente a la alimentación. El desarrollo de las fuerzas de producción, dentro del marco del capitalismo, está cerrado en el exterior pon las barreras aduaneras o la competencia de las grandes potencias que le prohíben la apertura de mercados. En el interior, la creación de un campesinado sólido y próspero permitiría la creación de un mercado interior. Pero esto exige, previamente, la solución del problema número uno en España, el de la tierra. Es en el campo donde se acusan más fuertemente las oposiciones sociales, donde se alimentan los odios seculares.

El problema agrario

En 1931, dos millones de trabajadores agrícolas no tenían tierra, mientras que 50 000 hidalgos campesinos poseían la mitad de las tierras de España. Mientras que un millón y medio de pequeños propietarios, cuyas tierras no ascendían a más de una hectárea de superficie, se veían obligados a trabajar las tierras de los grandes para vivir, 10 000 propietarios tenían más de cien hectáreas. En algunas provincias, el dominio de los «grandes» era total: un 5% de los propietarios eran dueños, en la provincia de Sevilla, de tierras que representaban el 72% del valor total de las tierras, de la provincia; en la de Badajoz, 2.75% de los propietarios poseían el 60% de la superficie. Se solía citar al duque de Medinaceli, que poseía 79 000 hectáreas, y al duque de Peñaranda que tenía más de 51 000.

Sin embargo, el cuadro de la condición de las tierras y de los campesinos era infinitamente más variado de lo que nos harían creer estas cifras brutales. En efecto, los sistemas agrarios variaban conforme a las condiciones naturales, sobre todo, al grado de sequía. Estas formas diversas eran resultado también de las luchas secularmente libradas por los campesinos para obtener tierras. Entre el trabajador intermitente y el pequeño propietario independiente, se extendía toda una gama de granjeros, aparceros, con arrendamientos de duración más o menos larga, de pequeños propietarios obligados a pagar censos, directamente procedentes del régimen feudal medieval. Así también, como hace Gerald Brenan[5], se podían distinguir dos problemas agrarios esenciales: el de las pequeñas tenencias del Norte y del Centro, a menudo demasiado pequeñas para la subsistencia de quienes las trabajaban, y el de los grandes dominios del Sur explotados mediante el trabajo de obreros a quienes la abundancia de mano de obra permitía ofrecer tan sólo sueldos de hambre.

El pequeño propietario de Asturias, que aprovechaba los vastos pastos comunales, el aparcero del País Vasco, de Navarra o del Maestrazgo conocían la miseria sólo por excepción, aunque ignorasen, sin embargo, la fortuna suficiente. Pero el campesino de Galicia, sobre su tierra minúscula, estaba aplastado por el paso del foro, residuo de las contribuciones señoriales, y el de León, Castilla la Vieja y la Meseta Aragonesa se debatía a menudo entre las manos de los usureros. Si el campesino de Levante había logrado, a veces, redimir la tenencia hereditaria sujeta al pago del censo, el campesino de las llanuras regadas de Granada y de Murcia debía pagar enormes alquileres. El pequeño propietario catalán vivía con relativa comodidad, pero su vecino, el rabassaire[6] había visto degradarse su condición en el curso de los últimos años.

En la Meseta de Castilla la Nueva, los dominios de los nobles eran rentados casi siempre. El drama, aquí, consistía en la brevedad del arrendamiento, y su precariedad, en la inexistencia de obligaciones por parte del propietario, que podía elevar los arriendos a su antojo y a menudo dejaba que sus agentes abusasen todavía más del campesino. Según los registros del impuesto de 1929, 850 000 jefes de familia, de un total de 1.000.000 tenían un ingreso diario inferior a una peseta.

En La Mancha y en Extremadura, los latifundios eran más grandes, y menos numerosos los pequeños explotadores de la tierra. En las llanuras, el campesino característico era el yuntero, campesino sin tierra, poseedor de un par de mulas, que cultivaba cuando podía la tierra del gran propietario ausentista.

Andalucía era el lugar clásico de los latifundios. Aquí, el ingreso medio anual de un gran propietario era de cerca de 18.000 pesetas, y el de un pequeño propietario de sólo 161 pesetas. Pero, la mayoría de los campesinos no eran propietarios de ninguna manera: eran los braceros —los brassiers de la edad media francesa—, jornaleros que casi no tenían trabajo más que un día de cada dos y tenían que vivir todo el año con los miserables salarios que ganaban trabajando, en las peores condiciones[7], en los grandes latifundios, bajo la vigilancia del labrador, el intendente rapaz, dispuesto siempre a enriquecerse con beneficios arbitrarios, o chantajeando con los enganches. Muchas tierras cultivables se quedaban en barbecho, ya sea porque su propietario las reservase para la caza o bien porque de esa manera lograse frustrar las reivindicaciones de los braceros. Pues esta región, que contaba con las poblaciones más miserables quizá de Europa, era también la patria del odio de clases, del esclavo perpetuamente dispuesto a rebelarse contra el amo: los jacques tienen hambre de tierra.

En definitiva, un puñado de grandes propietarios dominaba la tierra de España.[8] Los «oligarcas», como dicen sus adversarios, habían sabido preservar a lo largo de los siglos, lo esencial de sus privilegios y de su fortuna en detrimento de la masa campesina. La monarquía fue su régimen. El único verdaderamente conforme a sus intereses y a sus aspiraciones. Para salvarla aceptaron, en 1923, el pronunciamiento que habría de inaugurar la dictadura del general Primo de Rivera. En 1930, fue el consentimiento general del rey y de los oligarcas el que expulsó a Primo de Rivera y llamó al general Berenguer. En 1931, la proclamación de la República se llevará a cabo sin violencia: será la «gloriosa excepción» de una «revolución pacífica», como lo proclamó por radio el gran propietario Alcalá Zamora, tornado presidente. La monarquía cedió su lugar a la República, sin que, en lo esencial, se hubiese tocado el régimen económico y social. Alfonso XIII abandonó España, pero no abdicó. Los oligarcas, casi en su totalidad, permanecieron fieles a él. Conservaron, en el nuevo régimen político, los sólidos pilares que, eternamente, han apoyado su dominación: la Iglesia y el Ejército.

La Iglesia

También la Iglesia española era un anacronismo, pues parecía haber salido directamente de la Edad Media con sus 80 000 sacerdotes, monjas y religiosos. Su poderío espiritual y temporal, era considerable. Sin embargo, es difícil estimar sus riquezas con exactitud. Sin duda no era, a pesar de lo que se ha sólido afirmar, el más grande propietario de bienes raíces del país; pero no distaba mucho de serlo. La encuesta del Ministerio de justicia, efectuada al día siguiente de la proclamación de la República, le atribuyó 11 000 propiedades, estimadas en cerca de 130 millones de pesetas. Sus propiedades urbanas no eran menos considerables, era una potencia en el mundo de los negocios, así de la banca como de la industria, y controlaba directamente, o por intermedio de sus hombres de paja, empresas tan importantes como el Banco Urquijo, las minas de cobre del Rif, los ferrocarriles del Norte, los tranvías de Madrid y la Compañía Transmediterránea.

Durante la monarquía, y lo siguió siendo en gran medida en la República, era dueña de la enseñanza:[9] en este país que contaba, es verdad, con doce millones de analfabetos (la mitad de la población), fueron sus escuelas las que instruyeron y educaron más de cinco millones de adultos. Pero este dominio de la educación distó mucho de traducirse en una influencia equivalente. Los desórdenes anticatólicos, los incendios de conventos y de iglesias que señalaron el mes de mayo de 1931, revelan un fenómeno profundo: las masas populares se habían separado de la tutela de la Iglesia y se volvían contra ella.[10] Por lo demás, es interesante señalar que sólo en las regiones en que la desigualdad social es menos manifiesta, ya sea porque todo el mundo es pobre, como en Galicia, o bien porque el nivel general de vida sea aceptable, como en el País Vasco, en Navarra, en Levante o en Cataluña y, en cierta medida, en Castilla la Vieja, la Iglesia conservó una audiencia en las masas rurales. En otras partes, en la España de los latifundios, la Iglesia era considerada como el instrumento de propaganda y de encuadramiento de los ricos, como la defensora de un orden social y de una propiedad inicuos, como el adversario decidido de todo mejoramiento social, enemigos de los trabajadores. Monseñor Segura, arzobispo de Toledo, cuyos ingresos anuales se elevaban a 600 000 pesetas, encarnaba perfectamente el aspecto integrista y reaccionario de la Iglesia española. Este prelado, «hombre de Iglesia del siglo XIII», que «pensaba que un baño era invención de los paganos, como no fuera del diablo mismo, y que llevaba un silicio como un monje de otros tiempos», «primado de España, será el campeón de la oposición incondicional a la República, el adversario resuelto, no sólo de toda ‹subversión›, sino de todo liberalismo».[11]

El Ejército español

Original, así por sus estructuras como por el lugar que ocupaba en la sociedad, el ejército español no tenía equivalente en Europa. Regularmente derrotado a lo largo de todo un siglo en la defensa de las últimas posesiones coloniales, se afirmó al mismo tiempo como un cuerpo político autónomo. En pocas palabras, era un ejército de pronunciamientos; la palabra es bien española, y no por azar. Vencidos, humillados por sus derrotas repetidas, los oficiales descargaron la culpa en los gobiernos sucesivos. La guerra del Rif, contra el jefe marroquí Abd-el-Krim, se prolongó desde 1921 hasta 1926: le costó a España la vida de 15 000 soldados solamente en el año de 1924, y no pudo terminar victoriosamente más que con la intervención de las tropas francesas de Lyautey. Los jefes militares, a pesar de los desastres, se pudieron convertir en los campeones de la reconquista colonial contra los gobiernos del abandono, y con este papel apareció por primera vez en el terreno político el teniente coronel Francisco Franco, uno de los jefes de la legión extranjera. Después de la victoria, Marruecos se convirtió en el feudo del Ejército: los generales eran allí verdaderos procónsules.

Salida honrosa para los hijos de familia —los señoritos— la casta de los oficiales, celosa de sus privilegios, el principal de los cuales seguía siendo el de «pronunciarse», encarnaba a ojos de los tradicionalistas todas las virtudes españolas. En el marasmo general, era la única arma real de las clases dirigentes, su último recurso y su esperanza suprema. Con el consentimiento de los jefes del Ejército se proclamó la República. Pero el pronunciamiento fallido de uno de los jefes más prestigiosos, el general Sanjurjo, el 12 de agosto de 1932, mostró que este consentimiento podía retirarse en cualquier momento, si se le ocurría a la República no ser dócil a los mandamientos de los oligarcas.[12]

Es un hecho notable que este ejército, cuya artillería estaba compuesta por viejos cañones del 75, cuya infantería estaba equipada con máuseres Level de 1909, y que no tenía un solo avión que pudiese hacer frente a cualquier aviación extranjera, estaba abundantemente provisto de ametralladoras. No podría resistir ni una semana a un ejército moderno: pero sí era capaz de ahogar en sangre una tentativa revolucionaria. Mal alimentados, mal vestidos, mal equipados, sus reclutas estaban también muy mal entrenados. Los oficiales eran muy mediocres técnicamente, y los más experimentados eran los coloniales que habían servido en las unidades de Marruecos. Sin embargo, tenía su élite, verdadero ejército profesional, con el Tercio de la legión extranjera, organizado durante la guerra del Rif por el general Millán Astray, y sus regimientos marroquíes reclutados entre las tribus montañesas más atrasadas y guerreras. Estos mercenarios, legionarios y moros, eran la tropa de choque de este ejército de guerra civil. Cuando los mineros de Asturias, en octubre de 1934, se levantaron contra la perspectiva de la llegada al poder de la derecha, fueron estas unidades de élite, ajenas a la «hispanidad», pero eficaces, las que aplastaron en doce días la insurrección obrera. Y se vio servir en el primer rango a algunos de los oficiales condenados por haberse sublevado dos años antes, con Sanjurjo, contra la República.

Por lo demás, lo que menos le faltaba a este ejército eran oficiales. Durante la monarquía había 15.000, de los cuales 800 eran generales, o sea, un oficial por cada seis hombres y un general para un poco más de cien soldados. Pero durante la República, hubo cada vez menos oficiales republicanos. El gobierno de Azaña, para despejar los cuadros, ofreció sueldo completo a quienes pidieran un retiro anticipado: numerosos fueron los oficiales de izquierda que aprovecharon la ocasión de dejar el ejército, cuya atmósfera se había vuelto irrespirable para ellos. La aplastante mayoría de los cuadros, la totalidad de los grandes jefes, eran decididamente monárquicos, partidarios de la oligarquía, adversarios de toda evolución, enemigos mortales de la revolución.[13]

La burguesía

La fuerza del pasado pesaba hasta en las fuerzas teóricamente nuevas de la joven burguesía española. Como hemos visto, la industrialización de España se llevó a cabo con un ritmo muy lento en el transcurso del siglo XIX, y en sectores geográficamente limitados. Esta lentitud y esta localización explican los caracteres propios de la clase burguesa así creada. Solamente en Vizcaya y en Asturias se constituyó una verdadera oligarquía financiera bien representada por los bancos de Vizcaya y de Bilbao. La mayoría de los historiadores no han dejado de subrayar las circunstancias políticas de la aparición de este capitalismo financiero, que floreció al día siguiente de la derrota del movimiento liberal por la oligarquía agraria de la Restauración. Cierto es que el liberalismo burgués padecía por causa de la mediocre implantación de la burguesía en el país, pero tropezaba también con el obstáculo de haber sido denunciado siempre por sus adversarios como un producto del extranjero. En pleno siglo XX, el burgués liberal deberá cuidarse, ante todo, de no ser un afrancesado.[14] Sospechoso de no ser sino el portavoz de ideas extranjeras, o un seudónimo de los capitales extranjeros, el burgués español, en su deseo de ser aceptado en el circulo de los dirigentes, multiplicó las concesiones, las capitulaciones, renegó repetidas veces.

Los millonarios de Bilbao y de Asturias buscaban aliarse con la oligarquía terrateniente y se apresuraron a repartir con ella las sedes del Banco de España.[15] La nueva oligarquía financiera, recién nacida, se unió por multitud de lazos, así personales como económicos, con la aristocracia. El conde de Romanones, uno de los más importantes hombres de Estado de la monarquía, era gran propietario de tierras en la provincia de Guadalajara, el más importante propietario de inmuebles de Madrid, gran accionista de las minas de Peñarroya y de varios bancos importantes. Así, pues, la burguesía era sobradamente incapaz de dar a la economía española el impulso necesario para una transformación profunda, en la medida en que esta última supondría afectar los intereses de la oligarquía terrateniente que, en resumidas cuentas, no era sino uno de los sectores de la vasta oligarquía de propietarios.

En vísperas de la revolución, encontró en Juan March su expresión más vigorosa. Antiguo contrabandista convertido en director del monopolio del tabaco durante el reinado de Alfonso XIII, este gran financista e industrial, acusado de traición y de fraude por el primer gobierno republicano era, al mismo tiempo, propietario de vastas extensiones rurales, hombre de confianza de los medios capitalistas ingleses, presidente de la Oficina central de la industria española, en la que se codeaba con Romanones y con Sir Aucldan Geddes, de la Río Tinto, así como de los representantes de los intereses capitalistas franceses, italianos y alemanes. Dio su apoyo económico a todo lo que se oponía a la República y, en los acontecimientos que prepararon la guerra civil desempeñó un papel decisivo, tanto en el interior como en el exterior.

La aristocracia española y los partidos conservadores

El aristócrata español era muy diferente del aristócrata inglés que supo integrarse al movimiento de expansión capitalista. Casi no se preocupaba por lograr que sus dominios prosperasen como una empresa, sino que se cuidaba ante todo de no perder su autoridad del señor sobre la mano de obra barata, de la que consideraba que podía disponer por derecho de nacimiento. No tenía más razón de ser que la de pertenecer a su casta y afirmaba de buen grado que era la encarnación de España. Detrás de él se levantaban sus antepasados, que le habían legado, unidos inseparablemente, nombre, fortuna y autoridad. Naturalmente era monárquico, y no conocía más ley que la de su propia clase.

La mayoría de ellos eran partidarios de Alfonso XIII y de la monarquía como principio de conservación social. Fueron ellos los que nutrieron, durante la República, las filas del «Partido de la Renovación española», «cobertura legal de la insurrección» según Ansaldo, que dirigían Goicoechea y José Calvo Sotelo. Este último, al volver del exilio, fue el mascarón de proa de un partido decididamente más conservador, «corporativista y autoritario» que monárquico. Joven aún —nació en 1893—, ya tenía tras de sí una carrera política brillante. Diputado a los 25 años, fue gobernador de Valencia al año siguiente y luego ministro de Hacienda durante la dictadura de Primo de Rivera. A través de Balbo, mantuvo contactos repetidos con el gobierno fascista de Roma. Ligado a todos los medios influyentes de la oligarquía, sobre todo a Monseñor Segura, admirador declarado del nacional-socialismo y del fascismo, orador notable, buen periodista con reputación de economista, en las Cortes de 1936 fue el jefe de la extrema derecha y uno de los dirigentes de la conjuración de los generales.

La «Comunión tradicionalista», otro movimiento monárquico, tenía indiscutiblemente una base popular entre los pequeños agricultores de Navarra encuadrados por un clero fanático. El movimiento «carlista», nacido después de las guerras napoleónicas, reunía desde hacía un siglo, bajo la divisa «Dios, Patria, Rey», a los conservadores católicos más fanáticos y conspiraba incansablemente para «restaurar» la autoridad «legítima» de sus «pretendientes» sucesivos, el último de los chales era el viejo Alfonso Carlos. Su verdadero jefe, Manuel Fal Conde, lo preparaba sistemáticamente, desde hacía varios años, para el levantamiento armado contra la República.

El 31 de marzo de 1934, Antonio Goicoechea, en nombre de la Renovación española, Antonio Lizarza en nombre de los carlistas y el teniente general Barrera firmaron en Roma, con Mussolini, un acuerdo por el cual el Duce se comprometía a sostener su movimiento para el derrocamiento de la República con armas y dinero. Entre 1934 y 1936, numerosos jóvenes de la organización militar carlista de los requetés recibieron en Italia instrucción militar. Se acumularon depósitos de armas en Navarra gracias al dinero italiano.[16]

En efecto, carlistas y alfonsistas se negaban a plegarse a un sufragio universal cuya concepción misma constituía, a sus ojos, una ofensa a la «hispanidad», y se consideraban investidos de la providencial misión de salvar a España y a la cristiandad amenazadas de subversión, así por los revolucionarios como por los liberales.

La acción popular

La Iglesia de España no siguió inmediatamente a aquellos de sus miembros que querían lanzarla por el camino de los conspiradores monárquicos. Parece ser que se debió a los consejos del Vaticano, más «políticos», el que haya prevalecido, durante la República, la directriz más flexible de los jesuitas y de su hombre de confianza, Ángel Herrera, director de El Debate. Se trataba de crear, de dotar de cuadros y de animar a un gran partido católico de masas, que rechazara tanto la etiqueta de «monárquico» como la de «republicano», aceptando jugar el juego dentro del marco del régimen parlamentario, pero proclamando abiertamente su intención de abolir, en la constitución, toda referencia al carácter laico del Estado.[17] La «acción popular» así constituida no era más que la trasposición a la arena electoral, en forma de un partido reaccionario y autoritario, de la Acción católica enmarcada por la jerarquía. Su jefe era José María Gil Robles, hijo de un jurista católico, discípulo brillante de los salesianos de Salamanca, periodista de El Debate. Elegido por Herrera para dirigir el partido de la Iglesia y de los propietarios, casado con la hija de un conde riquísimo, no carecía de cualidades para desempeñar el papel que se le había encomendado. Buen organizador, orador capaz, y no carente de dotes para la acción, tomó como modelo, no a Hitler, al que admiraba por su eficacia, pero cuya actitud anticatólica desaprobaba, sino al canciller austriaco Dollfuss y a su Estado corporatista.

En 1933, al fusionar a su organización con otros grupos de derecha, llegó a crear la C.E.D.A (Confederación española de las derechas autónomas): la alianza electoral con los grupos monárquicos le permitió alcanzar un enorme éxito. La C.E.D.A. fue, desde 1934 hasta 1936, el alma de la coalición con los republicanos de derecha, que destruyó sistemáticamente todas las realizaciones del primer gobierno republicano. Estos dos años, bautizados con el epíteto de Bienio negro por los republicanos y por los socialistas, presenciaron el aplazamiento de la reforma agraria, la baja sistemática de los salarios, la reintegración en los puestos de mando de los oficiales monárquicos separados por un instante. Feroz en la represión de la insurrección de los mineros asturianos, la C.E.D.A. abandonó la coalición gubernamental cuando el presidente de la República se negó a ordenar la ejecución del jefe de la insurrección, el dirigente socialista González Peña. Se opuso a las reformas, por demás modestas, en favor de los yunteros, propuestas por uno de sus miembros, el ministro de Agricultura, Jiménez Fernández.[18] En 1935, la C.E.D.A. era candidato al poder, que deseaba ejercer, en lo sucesivo, ella sola.

La conjura militar

Bajo la mirada benévola de Gil Robles, ministro de la Guerra de 1934 a 1935, se desenvolvió la conspiración militar con que contaban los elementos extremistas. Uno de los primeros actos del gobierno emanado de las elecciones de 1934 fue la proclamación de la amnistía de los militares envueltos, en 1932, en el pronunciamiento del general Sanjurjo. Los oficiales condenados y expulsados fueron reintegrados. En 1934, por iniciativa del propio Sanjurjo, se creó la «Unión militar española», que se convirtió rapidísimamente en el centro de una conspiración de la que formaban parte la mayoría de los grandes jefes, el general Franco, jefe de Estado Mayor, el general Fanjul, subsecretario de Estado, el general Rodríguez del Barrio, inspector general del ejército, todos ellos monárquicos y conservadores, instalados en los puestos de mando del ejército republicano. Uno de los suyos, el teniente general Barrera, con los monárquicos Lizarza y Goicoechea, firmó el acuerdo con Mussolini.

Oculto tras el nombre de guerra de «Don Pepe», fue el coronel Varela —rápidamente ascendido a General— el que aseguró la conexión con los jefes carlistas y dirigió en Navarra la formación militar de los requetés. En el transcurso del verano de 1935, durante las grandes maniobras de Asturias, Franco, Fanjul y Goded, según uno de los historiógrafos oficiales del movimiento, pusieron «las bases de los preparativos del levantamiento nacional». Los jefes del ejército estaban preparados para entrar en acción si el partido de Gil Robles se mostraba incapaz de alcanzar el poder por el camino de las elecciones.

La Falange

El ejemplo alemán e italiano condujo a algunos medios de la oligarquía a encarar la utilización de instrumentos políticos más modernos que los partidos tradicionalistas.

Desde antes de 1936, el multimillonario Juan March dio el dinero[19] para un movimiento que, a través de la guerra civil, habría de desempeñar un papel de importancia capital. Fue en 1932 cuando José Antonio Primo de Rivera, el hijo del dictador, fundó la «Falange española», transformada después en «Falange española tradicionalista», en 1934, en virtud de su fusión con las «juntas ofensivas nacional-sindicalistas», que fue un grupo minúsculo y sin influencia real hasta los días siguientes a las elecciones de febrero de 1936.

El programa de veintiséis puntos de la Falange era característicamente fascista: reprochaba a los republicanos su timidez ante la oligarquía, proponía la nacionalización de los bancos y de los ferrocarriles, una reforma agraria radical, pero, al mismo tiempo, denunciaba la doctrina marxista, corruptora y disolvente, de la lucha de clases, para oponerle el ideal de «la armonía de las clases y de las profesiones en un destino único», el de la Patria y el de Europa. Sólo su actitud ante la Iglesia distinguía a la Falange del Fascio de Mussolini: un falangista, ateo inclusive, respetaba en la Iglesia católica el ideal histórico de España.[20] Los éxitos de Mussolini y de Hitler les parecía a los partidarios de José Antonio una garantía de su próxima victoria, y sus sueños imperiales los arrastraban hacia el Marruecos francés y un señorío renovado sobre la América del Sur, ese producto de la «hispanidad» y del «destino común».

El fundador y jefe de la Falange, José Antonio, como se le llamaba para abreviar, era un joven andaluz lleno de encanto, que tenía en sus manos los triunfos de su juventud, de una innegable elegancia de porte y de una cierta generosidad, que hizo que muchos de los más feroces adversarios suyos no pudiesen evitar sentir alguna simpatía espontánea por él. No obstante, nadie tomaba en serio todavía su movimiento. Como el fascismo y el nacionalsocialismo, el falangismo se situó en un terreno «social» solamente para combatir mejor a las organizaciones marxistas y oponerles las armas del terror y de la violencia. Hasta 1936, la oligarquía española se mostró reticente para con este movimiento de aire plebeyo, y confió sobre todo en Gil Robles para obtener una victoria dentro del marco legal de las elecciones: no estaba todavía preparada para aceptar los inconvenientes que tendría para ella el ser salvada por un partido de doctrina y de método fascistas, tan duro a menudo con sus aliados y sus socios capitalistas como con sus adversarios. En febrero de 1936, la Falange no contaba más que con unos miles de adeptos, mil de los cuales vivían en Madrid. Fue sola a las elecciones, y experimentó sonados fracasos. Se quedó convertida en una fuerza de reserva; que podría ser utilizada cuando la clase obrera amenazara de nuevo con tirarse a las calles. José Antonio, que también había conocido a Mussolini, guardaba estrecha conexión con los dirigentes militares y políticos de la conjuración.

Los republicanos autonomistas

Las fuerzas que podrían oponerse a estas amenazas eran pequeñas y, sobre todo, estaban divididas.

Uno de los dramas de los republicanos y de los liberales españoles es que la falta de acabamiento de la nación española, la persistencia de las tendencias separatistas hayan impedido, a pesar de la existencia de una burguesía vasca y de una burguesía catalana, la constitución de una verdadera burguesía española. Los banqueros del País Vasco y los más grandes empresarios catalanes estaban aliados a la oligarquía. Todos los elementos pequeñoburgueses, que en los países de Occidente, constituyen las bases de los partidos más sólidamente apegados al régimen parlamentario, dirigieron su mirada hacia los movimientos separatistas.

Fueron juristas como Manuel de Irujo y Leizaola, industriales como José Antonio Aguirre y Lecube los que dirigieron en 1936 el «Partido nacionalista de Euzkadi»[21], fundado en 1906 sobre una base racial, política y religiosa que su divisa expresaba perfectamente: Todo para Euzkadi y Euzkadi para Dios. Los curas de campo encuadraban sólidamente a los campesinos vascos resueltamente conservadores. Los capitalistas sostuvieron de buen grado con sus subsidios a un partido anti-socialista que supo organizar, contra la U.G.T. y los sindicatos apegados a la ideología de la lucha de clases, sindicatos católicos «amarillos», las «Solidaridades de obreros vascos», que les parecía que constituían un sólido baluarte que defendía, a la vez, a la Iglesia y a las clases poseedoras. El desarrollo industrial de Vizcaya, sometido siempre a la incompetencia y a la corrupción del Estado oligárquico aumentó todavía, en los primeros años del siglo, el atractivo del ideal nacionalista sólidamente arraigado ya en las tradiciones seculares de un pueblo indisputablemente original y orgulloso de serlo.

Durante la República, muy naturalmente, los nacionalistas vascos concertaron alianza con la derecha y los partidos conservadores y reaccionarios. Pero, en noviembre de 1933, como la mayoría de derecha había rechazado el estatuto de autonomía previsto para el País Vasco, el partido se vio arrojado a la oposición y en alianza de hecho con los republicanos de izquierda y los socialistas.

Fue un fenómeno semejante el que se produjo en Cataluña. Aquí también, el separatismo catalán se nutrió de la revolución industrial y del conflicto con la oligarquía agraria retrógrada. La gran burguesía, cierto es, se mostró prudente. Tenía necesidad del mercado español y del apoyo del gobierno central contra un proletariado inquieto. Sus jefes, Cambó y sus amigos de la Lliga, eran más oligarcas que catalanes. Pero la pequeña burguesía no tenía las mismas razones para mostrarse tan prudente, en cuanto se vio con claridad que el catalanismo no tenía oportunidad de triunfar más que gozando del apoyo de los obreros y de los campesinos. Así también, su partido, la Esquerra catalana, era un partido de masas, nacido en abril de 1931 de la fusión de diferentes partidos y agrupaciones republicanas de Cataluña: se apoyaba en el poderoso movimiento sindical campesino que era la «Unió de rabassaires». Su inspirador y animador, Lluis Companys, ligado, en otro tiempo, a Salvador Seguí, había sido durante largo tiempo abogado de la C.N.T., con la que conservó estrechos contactos. La República fue proclamada en Barcelona antes que en Madrid, en 1931, y desde el 15 de septiembre de ese año se aprobó el estatuto de autonomía de la Generalidad de Cataluña. Pero, en 1934, el estatuto de autonomía quedó suspendido, pues los separatistas, inquietos, desencadenaron un levantamiento contra la derecha, que fracasó. Los separatistas catalanes pasaron a hacer compañía en las prisiones a los militantes obreros.

Los republicanos burgueses

En el resto de España, salvo en algunas ciudades y en las ricas llanuras regadas de Levante, en ninguna parte había una base verdadera para partidos republicanos burgueses. El «Partido radical» de Alejandro Lerroux representó las aspiraciones de la pequeña burguesía hostil al Ejército y a la Iglesia, encarnó su deseo de ver surgir una España nueva, liberada de las trabas de la época feudal, que abriera el camino a una expansión capitalista creadora. Pero, espantados por la agitación obrera y campesina, los radicales dieron marcha atrás muy rápidamente y eligieron, en 1933, por miedo a la revolución, la alianza con la C.E.D.A.; con la que compartieron las responsabilidades gubernamentales. El partido de Lerroux cayó en el descrédito más total a consecuencia de un escándalo financiero en 1935.[22] Una parte de su estado mayor, detrás de Martínez Barrio, hijo de obreros y dignatario de la masonería, se unió en ese momento a los «republicanos de izquierda» de Manuel Azaña, de quienes los distinguían solamente matices.

Presidente del Consejo en octubre de 1931, hasta la victoria de la derecha en las elecciones de 1933, presidente de la República en 1936, Azaña encarna, para la historia, a los republicanos españoles. Nacido en Alcalá de Henares, en 1880, de familia acomodada, alumno brillante del Colegio Agustino del Escorial, lo que no le impidió, sino al contrario, ser muy pronto un ardiente anticlerical, durante largo tiempo le atrajo más la literatura que la política. Presidente del «Ateneo» de Madrid, desempeñó un papel importante en la oposición republicana al final de la monarquía, y se impuso rápidamente en las Cortes, a la cabeza del grupo de los diputados de la «Acción republicana». Admirador de la Francia burguesa, soñaba con una República de orden y de equilibrio, guiada por notables, apoyada sólidamente en una clase media de campesinos propietarios. La agitación obrera y campesina no lo lanzó en brazos de los conservadores. Por el contrario, lo persuadió de la necesidad que tenían los republicanos de llevar a cabo un programa de reformas susceptibles de conquistarse la buena voluntad de un número suficiente de trabajadores para mantener a raya al movimiento revolucionario.

Su primer gobierno decepcionó profundamente a quiénes no esperaban nada de la monarquía, pero estaban dispuestos a esperarlo todo de la República. La ley agraria atacó solamente el problema de los latifundios, haciendo caso omiso del drama de la vida precaria de los pequeños agricultores. En dos años, solamente 12.000 campesinos, de los millones que tenían hambre de tierra, recibieron un lote que, por lo demás, tenían que pagar, pues los grandes propietarios fueron indemnizados.

La reforma del ejército no tuvo más resultado que la separación de los oficiales republicanos, contentísimos de retirarse de los cuadros del ejército con sueldo entero; los jefes monárquicos se quedaron. El esfuerzo del gobierno Azaña en el campo de la reforma social fue completamente aniquilado por las consecuencias de la crisis mundial en la economía española. Su legislación anti-católica levantó contra él a buena parte de las clases medias, sin amenazar seriamente a las ciudadelas del clericalismo. Y sobre todo, frente a la agitación obrera y campesina, el orden se mantuvo con más firmeza que contra los monárquicos. La «Ley de defensa de la República» hizo posible una represión que no tenía nada que envidiar, en cuanto a severidad, a la de la monarquía. La «guardia civil», heredada de la monarquía, permaneció intacta. Se creó, a manera de doble, otro cuerpo de policía reclutado entre los republicanos: «la guardia de asalto» no menos enérgica en su acción contra los obreros y los campesinos.

En enero de 1933, impulsados por militantes anarquistas, los campesinos de Casas Viejas, en Andalucía, se sublevaron y proclamaron el «comunismo libertario». Azaña y su ministro de Gobernación, el gallego Casares Quiroga, tuvieron una grave responsabilidad personal en la represión que sucedió al levantamiento: la guardia civil mató a 25 braceros e incendió sus casas. Cuando Azaña dejó el poder, el balance de su lucha con la agitación obrera y campesina era muy pesado en su contra. Las cárceles estaban llenas de militantes revolucionarios: 9.000, en su mayoría anarquistas, según los documentos oficiales. Fue este aspecto de su gobierno lo que permitió a otro republicano, tan moderado como lo fue Martínez Barrio, decir que el régimen que había terminado había sido un régimen de «barro, sangre y lágrimas».

Desacreditado después de su paso por el poder, Azaña recobró sin embargo parte de su popularidad a consecuencia de la persecución de la derecha. Aunque no tomó parte alguna en la sublevación de octubre de 1934, fue perseguido y después encarcelado: de esta manera, recuperó en la oposición el prestigio perdido en el poder. Jefe de la «izquierda republicana», este hombre «pequeño y rechoncho de tez biliosa y verdosa, de ojos fijos y sin expresión»[23], al que sus adversarios comparaban de buen grado con un sapo, era un buen orador parlamentario, pero un mal tribuno. Sin embargo, 40.000 personas se apretujaron en Comillas, cerca de Madrid, después de su liberación para oírlo hablar en un mitin en el que se pronunció en favor de los detenidos políticos. Y es que simbolizaba de nuevo a la unión de los republicanos y de los socialistas, a la República parlamentaria que quería que los trabajadores la apoyaran para crear una España renovada y modernizada, liberada de la oligarquía.

España y el movimiento obrero

Por este problema se produjo la ruptura en las filas de los republicanos burgueses. Lerroux eligió la alianza con la C.E.D.A. por temor a la revolución obrera. Azaña y Martínet Barrio eligieron aliarse a los partidos obreros y ahorrarle a España una revolución. Consideraban que el marco constitucional ofrecía todas las posibilidades para efectuar profundas reformas de estructura. Las Cortes, cámara única elegida por sufragio universal, directo y secreto, por ciudadanos de ambos sexos, podían, gracias a la ley electoral que daba el 80% de los asientos a las listas mayoritarias en las circunscripciones regionales, ofrecer mayorías estables. Los poderes ampliados del presidente de la República, derecho de elegir y de revocar al presidente del Consejo y derecho de oponerse a una ley, así como la existencia del Tribunal de las garantías constitucionales les parecían ser, al mismo tiempo, una garantía contra las aventuras. Esperaban terminar, dentro de este marco, la obra, apenas esbozada en 1931, de construcción de un verdadero estado liberal, laico y democrático, y de regeneración de la sociedad mediante una reforma agraria que convertiría en propietarios a millones de campesinos sin tierra.

No podían esperar llevar a buen término semejante tarea sin el apoyo del movimiento obrero de los sindicatos y de los partidos. En el transcurso del siglo, este movimiento se había convertido en una fuerza decisiva cuya influencia se hacía sentir profundamente en el corazón mismo de España, en el mundo campesino. Cierto es, los campesinos de Euzkadi permanecían apegados a sus tradiciones y al partido nacionalista, los navarros y los del Maestrazgo formaban la base popular del carlismo y los pequeños agricultores de Cataluña y de Levante votaban de buen grado por los republicanos, de derecha o izquierda. Pero la influencia de los socialistas era importante en los campos asturianos, entre los obreros agrícolas de Castilla la Vieja, entre los granjeros sólidamente organizados, en las Vegas[24] de Granada y de Murcia. Son los anarquistas los que organizaban e inspiraban las luchas de los subforados[25] de Galicia, las revueltas de los braceros andaluces, las luchas de los campesinos sin tierra de Aragón: el movimiento obrero estaba a punto de conquistar a la clase campesina. Era a la vez, el adversario y lo que estaba en juego. En virtud de sus reivindicaciones, aun de las más moderadas, amenazaba directamente a los intereses vitales de la oligarquía.

Porque era una fuerza terriblemente explosiva, la pequeña burguesía republicana buscó su alianza y el apoyo para su propia política. Le parecía indispensable tenerla a su lado, contra adversarios formidables, para realizar, en el campo español, ese 1789 que el país no conoció, y sin el cual ningún progreso social y económico serio le parecía posible.

Pero el movimiento obrero español tenía también sus propias exigencias y objetivos. A fines de 1935 parecía estar dispuesto a levantarse tanto contra los oligarcas, que querían destruirlo, como contra los republicanos, que pensaban utilizarlo

Capítulo 2
EL MOVIMIENTO OBRERO

El movimiento obrero español tiene también una fisonomía original. En los demás países de Europa, la lucha comenzada en el seno de la primera internacional entre los partidarios de Marx y los de Bakunin, presenció la victoria de los primeros, a quienes se llamaba entonces los «autoritarios»; construyeron los partidos socialdemócratas afiliados a la segunda internacional y las centrales sindicales reformistas. En España, por el contrario, la victoria de los «libertarios», los amigos de Bakunin agrupados en la sociedad secreta de la «Alianza de la democracia socialista», tuvo consecuencias duraderas, y señaló durante largo tiempo al movimiento obrero español con el sello revolucionario de las tradiciones anarquistas y anarcosindicalistas.

LOS ANARQUISTAS

Las ideas de Bakunin

No tiene nada de sorprendente esta victoria: en este país agrícola en el que tantos lazos ligan al obrero de industria con el campesino sin tierra y con el jornalero, en el que la jacquerie, revuelta breve y violenta, y el bandidaje de los fuera-de-la-ley son la forma secular de explosión de las cóleras y de las venganzas populares, las ideas de Bakunin encontraron un terreno favorable.

A sus ojos, en efecto, sólo el desencadenamiento espontáneo de las fuerzas de los oprimidos podía derrocar al capitalismo, y la acción enérgica de una minoría organizada no debía intervenir más que para coordinar las iniciativas de las masas levantadas contra las fuerzas de represión. A la acción política de los partidos, seductora en los países avanzados, Bakunin y sus amigos oponían la acción insurrectiva, la irradiación del ejemplo revolucionario, más conformes a las tradiciones de las luchas de clases españolas: así atribuían, en la obra de emancipación, un papel decisivo a los «bien amados bandidos», a los «ángeles vengadores de los pobres» que el campesino español amaba, aunque temía.[1]

Adversarios feroces del Estado considerado como la forma secular de opresión, los discípulos de Bakunin, al rechazar «toda organización de un poder político, supuestamente provisional o revolucionario»[2] veían el embrión de la sociedad futura, justa y fraternal en esa «comuna libre», tan semejante a las comunidades campesinas medievales, en la cual cada revuelta de España volvía a encontrar su sueño.

El anarco-sindicalismo

La influencia de los teóricos anarquistas, como el célebre pedagogo Francisco Ferrer y, sobre todo, Anselmo Lorenzo, la de los sindicalistas revolucionarios de la C.G.T. francesa, se combinaron para producir el nacimiento, en 1911, a partir de los núcleos libertarios catalanes, de la Confederación Nacional del Trabajo, organización sindical revolucionaria a la que la represión no le impidió dirigir, a partir de 1917, la gran ola de huelgas de Cataluña.

Tentada por un momento de unirse a la Internacional Comunista, como lo proponían dos de sus dirigentes, los maestros Andrés Nin y Joaquín Maurín[3], enviados por ella a Moscú y convertidos al comunismo, la C.N.T., después de los sucesos de Cronstadt, vuelve a ponerse a distancia. En su bastión de Cataluña, en los años siguientes tuvo que sostener una lucha sangrienta contra el gobernador Martínez Anido: centenares de militantes cayeron bajo las balas de los pistoleros y, entre ellos, el secretario de la C.N.T., Salvador Seguí.[4]

Bajo la dictadura de Primo de Rivera, en plena represión, se organizó, en 1927, la Federación Anarquista Ibérica, la F.A.I., tan misteriosa como poderosa, y que muy rápidamente dominó por completo a la C.N.T. Organización secreta a imagen de la Alianza, formada por grupos de afinidad semejantes a logias masónicas, bajo la autoridad de un Comité peninsular clandestino, la F.A.I. se convirtió muy rápidamente en el alma de la central anarcosindicalista.

Y es que no sólo era un grupo anónimo y operante, sino un estado de espíritu característicamente español. Como escribe el sindicalista francés Robert Louzon, conocedor y simpatizador del anarcosindicalismo español: «el “faismo” es la jacquerie transpuesta al plano de la lucha obrera por la masa campesina en la cual se recluta, naturalmente, en España como en otras partes, al obrero español, y sistematizada, ‹teorizada› en cierta forma».[5] La F.A.I. adopta el método revolucionario propuesto por el anarquista italiano Malatesta: «apoderarse de una ciudad o de una aldea, poner a los representantes del Estado en incapacidad de molestar, e invitar a la población a organizarse libremente por sí misma».

Acicateadas por ella, estallaron durante la República breves rebeliones, violentas llamaradas locales o regionales que instauraron un efímero comunismo libertario: en Llobregat en enero de 1932, en Casas Viejas en enero de 1933, en Aragón en diciembre de 1933. Es ella la que mantuvo a la C.N.T. al margen de todo entendimiento con los republicanos o los socialistas, la que alimentó en la propaganda de la central la hostilidad feroz de los anarquistas a los «engaños» electorales y parlamentarios.

La CNT - FAI

No todos los sindicalistas aceptaron de buen grado el dominio de la F.A.I. A partir de 1931, buen número de dirigentes se rebelaron contra la política de aventuras y de putsch que imponía a la central. Dirigentes, bien conocidos, el antiguo secretario general Ángel Pestaña, el redactor en jefe de Solidaridad obrera, Juan Peiró, y Juan López pedían el retorno a una acción más propiamente sindical, menos despego ante las reivindicaciones inmediatas, perspectivas de acción a más largo plazo. Su grupo llamado «trentista», excluido de la C.N.T., formó los «Sindicatos de la oposición» que fueron influyentes en Asturias, en Levante, en algunas ciudades de Cataluña. Los partidarios de la F.A.I. los acusaban de haberse pasado al «reformismo»: sin embargo, participaron, en 1934, en la insurrección de Asturias y de Cataluña, mientras que la C.N.T. y la F.A.I. se mantuvieron al margen.

En vísperas de la guerra civil, la F.A.I. parecía estar completamente incorporada al organismo de la confederación, como atestiguan las iniciales C.N.T.-F.A.I. que iban siempre juntas, y los colores rojo y negro de la bandera común. Sin embargo, detrás de Peiró y López[6] que se declaraban siempre en favor de la independencia de los sindicatos respecto de cualquier formación política —sin exceptuar a la F.A.I.— los sindicatos de la oposición se reintegraron a la C.N.T. El congreso de Zaragoza, en marzo de 1936, reafirmó solemnemente su meta, que era la instauración del comunismo libertario. La ideología «faísta» retrocedió, sin embargo: en febrero, la C.N.T. no pasó la consigna de boicotear las elecciones y los «trentistas» reintegrados, en las semanas que siguieron, hicieron prevalecer más de una vez su punto de vista.

Cualesquiera que hayan sido las indiscutibles dificultades de la C.N.T., sigue siendo verdad que su fidelidad al principio de la lucha de clases, al de la acción directa[7], le preservó una base obrera militante y combativa que tenía en su activo huelgas muy duras: los metalurgistas de La Felguera se mantuvieron nueve meses en huelga y los obreros de Zaragoza, en 1934, realizaron una huelga general de seis semanas. Y sobre todo, la tradición anarco-sindicalista hizo del sindicato en España, mucho más que un arma de defensa en la lucha cotidiana, una célula viviente del organismo social, que acaparaba a menudo todos los ocios del trabajador y era, sobre todo, el medio revolucionario por excelencia, la herramienta de la transformación social, el agrupamiento de clase, infinitamente más importante, a este respecto, que los partidos políticos.

Esta organización tan operante tenía, sin embargo, evidentes debilidades. Frente a la complejidad de la economía moderna, ante la dependencia recíproca de sus diferentes sectores, las teorías políticas y económicas de la C.N.T.-F.A.I. parecen ser de una gran ingenuidad. Todo se simplificaba al extremo al salir de la pluma de los propagandistas que describían la «idílica comuna» cuyo brote y florecimiento habría de hacer posible el sacrificio de los militantes, devotos hasta la muerte. Parecía que, para algunos, nada hubiese cambiado desde Malatesta y que, a sus ojos, no fuese más difícil instaurar para siempre, en todo el país, el comunismo libertario, que difícil fue instaurarlo durante algunas horas en Llobregat o en Fígols.

Dirigentes anarquistas: Durruti

Por lo demás, no son teóricos los que hacen las veces de dirigentes entre los anarquistas. Vacila uno en situar el papel de personalidades tan diferentes como la de Federica Montseny, oradora y propagandista incansable, del formidable publicista Diego Abad de Santillán (nombre de batalla tras del cual se ocultaba, decían, un militante argentino), o Manolo Escorza del Val, un enfermo, físicamente débil y moralmente implacable, que animaba entre bastidores al Comité peninsular de la F.A.I., y los grupos de defensa de la C.N.T. Pues todos son igualmente representativos de lo que era, en su diversidad, el movimiento libertario español. Sin embargo, ninguno alcanzará la notoriedad de Buenaventura Durruti.

Durruti nació en León, el 14 de julio de 1890, en una familia de ocho niños, de padre ferroviario. A los 14 años, era mecánico en un taller de ferrocarriles. Como participó activamente en la huelga de 1917, tuvo que expatriarse a Francia, donde trabajó tres años, luego volvió a España, se afilió a la C.N.T. y se volvió anarquista. En ese momento llegó a Barcelona, que era el corazón del movimiento. Allí, en el grupo de Los Solidarios, se vinculó a los que habrían de ser los compañeros de su vida de luchas. Durruti, Jover, Francisco Ascaso, «hombrecillo de aspecto insignificante»[8] y Juan García Oliver, el más «político» de los cuatro, serán los «Tres Mosqueteros», héroes legendarios del anarquismo español. Terroristas y expropiadores, se apoderaron de un furgón de oro del Banco de España para financiar la organización, participaron en la preparación del atentado contra Dato, el presidente del Consejo.[9] Fueron Ascaso y Durruti los que, para vengar la muerte de Seguí, abatieron en Zaragoza al cardenal Soldevila. Refugiados en Argentina, acusados de robo y de terrorismo, fueron condenados a muerte y tuvieron que huir de nuevo. Recorrieron América del Sur antes de ocultarse en Francia, donde los detuvieron en el momento en que preparaban un atentado contra Alfonso XIII. Pasaron un año en la cárcel, amenazados de extradición. Liberados gracias a una campaña de la prensa de izquierda, volvieron a su vida errante al rechazar el asilo político que les ofrecía la U.R.S.S. Vueltos a España, después de la caída de la monarquía, fueron detenidos de nuevo en 1932. Antes de su deportación a África, Durruti encontró el medio de organizar, desde la cárcel, el apañamiento de los jueces y la destrucción de las pruebas de un proceso en el que estaban envueltos otros militantes. Puesto en libertad, y de regreso a Barcelona, militó en el sindicato de la industria textil hasta que estalló la guerra civil.

«Héroe indomable» para unos, «asesino» para otros, ¿qué era en verdad este hombre hercúleo, de rostro terriblemente expresivo, «una hermosa cabeza imperiosa que eclipsa a todos los demás»?[10] Según sus amigos «reía como un muchacho y lloraba ante la tragedia humana».[11] Sin duda, por esto, tanto amor y tanto odio se concentraron en este símbolo del anarquismo español que, en plena guerra civil, exclamaba: «no tenemos miedo ninguno a las ruinas… heredaremos la tierra… llevamos un mundo nuevo, aquí en nuestros corazones, y este mundo crece en este mismo minuto».[12]

LOS SOCIALISTAS

El adversario de este movimiento anarquista indiscutiblemente original es un movimiento socialista de tipo mucho más clásico. En efecto, el socialismo español no es sino una de las ramas del socialismo europeo, y sus rasgos específicos provienen esencialmente de un desarrollo relativamente tardío y de su posición, durante largo tiempo minoritaria, en el seno del movimiento obrero.

Los comienzos del Partido Socialista

El pequeño grupo de «autoritarios» excluidos en 1872, por los amigos de Bakunin, de la sección española de la Internacional habría de ser el núcleo del Partido democrático socialista obrero, fundado en 1879, en un café, por cinco amigos. Por intermedio de José Mesa y de Paul Lafargue, el pequeño grupo, dominado por la notable personalidad de Pablo Iglesias, sufrió fuertemente la influencia de Jules Guesde y de su rígida ortodoxia marxista. Convertido en partido legal en 1881, la joven organización no contaba casi más que con un millar de adherentes y tuvo que esperar hasta 1886 para dar a la publicidad su primer órgano, el semanario El Socialista. Y es que las condiciones en las que se desenvolvían las elecciones en la España monárquica, la total inexistencia de reformas sociales casi no eran favorables al desarrollo de organizaciones socialistas vinculadas a la acción parlamentaria y municipal y a la lucha por las reformas, mientras que los anarquistas, que representaban ya una mayoría en la clase obrera, sacaban de la situación, para su causa, argumentos suplementarios. No obstante su situación de minoría, la necesidad de explicar incansablemente y de convencer de uno en uno a los nuevos adeptos dieron a la organización socialista una cohesión y una disciplina notables, así como una elevada conciencia de su misión y una voluntad de preservar la pureza de la doctrina que encarnó perfectamente la hermosa y severa figura de Pablo Iglesias. En 1888, dos dirigentes socialistas, Mora y García Quejido, fundaron la Unión General de Trabajadores (U.G.T.). Centralizado, moderado y francamente reformista, el nuevo sindicato, fundado con poco más de 3.000 miembros, necesitó más de once años para duplicar sus efectivos iniciales.

A partir de comienzos de siglo, sin embargo, el Partido socialista y la U.G.T. perdieron su carácter primitivo de secta para convertirse, poco apoco, en verdaderas organizaciones de masas. En Madrid, el núcleo primitivo de los impresores se extendió rápidamente a todas las corporaciones. El éxito de las huelgas de los metalurgistas de Bilbao, gracias a la dirección socialista de la U.G.T., arraigó su influencia y creó en la región un sólido bastión. La institución de las Casas del Pueblo, que se propagó en este periodo, convirtió a los socialistas en los educadores de millares dé militantes obreros. Así también, antes de la gran guerra, la U.G.T. avanzó por doquier, sobre poco más o menos, en detrimento de los anarquistas, con excepción de Cataluña. Desempeñó un eminente papel en la dirección de las huelgas de 1917, y en 1918 contaba ya con más de 209.000 adherentes.

El problema de la adhesión a la Tercera Internacional sacudió duramente al Partido Socialista. Los acontecimientos de 1917, en España, parecían dar la razón a los socialistas que denunciaban el camino parlamentario como una ilusión y un engaño. La revolución rusa fascinaba a los militantes. Finalmente, después de dos decisiones contradictorias tomadas por dos Congresos extraordinarios, y el envío a Moscú de dos delegados cuyas opiniones no coincidían, un Tercer Congreso extraordinario decidió, por 8.800 votos contra 6.025 rechazar los «21 puntos» de adhesión a la Tercera Internacional. Mora y García Quejido, los fundadores de la U.G.T., y Daniel Anguiano de regreso de Moscú, rompieron entonces con la organización y se llevaron casi a la mitad de los militantes para formar, con Andrés Nin, Maurín y los demás elementos de la C.N.T. convertidos al comunismo el Partido Comunista Español.

¿Del reformismo a la revolución?

Una nueva crisis sacudió al Partido Socialista durante la dictadura de Primo de Rivera. El general, que buscaba un apoyo en el movimiento obrero, pidió a los socialistas que colaboraran con él. Ésta fue la ocasión del primer conflicto importante entre los dirigentes de la nueva generación socialista. Largo Caballero, secretario de la U.G.T., madrileño de temperamento y de formación «autoritaria», venció sobre el liberal Prieto, dirigente socialista de Bilbao, más ligado a los medios republicanos. La «colaboración» se decidió: Largo Caballero se tornó consejero de Estado y, por intermedio de las comisiones paritarias de arbitraje se esforzó por ampliar la influencia y las bases de la U.G.T., en detrimento de la C.N.T., duramente perseguida.

Durante los dos primeros años de la República, a imagen de los partidos socialistas occidentales, los socialistas españoles colaboraron en el gobierno con los republicanos.

Largo Caballero fue ministro del Trabajo en un gobierno de Azaña que no vaciló en perseguir a los militantes de la C.N.T. Sin embargo, durante este periodo, aprovechando la gran libertad de propaganda y de organización sindicales y beneficiándose con el despertar a la vida política y sindical de nuevas capas de trabajadores, la U.G.T. se reforzó considerablemente. En 1934 contaba con un poco más de 1.250.000 adherentes, de los cuales 300 000 eran obreros de fábrica, de las minas, de los ferrocarriles.

Después de la victoria de la derecha en las elecciones de 1933, los socialistas parecieron dar la espalda a su actitud reformista tradicional de socialdemócratas: la insurrección de octubre de 1934 señaló este punto de inflexión radical hacia posiciones claramente revolucionarias.

Largo Caballero y la alianza obrera

En virtud de un cambio singular, el inspirador de la tendencia «izquierda» del Partido Socialista, uno de los responsables de su evolución, fue el secretario de la U.G.T., Largo Caballero, hasta entonces pilar del reformismo.

Nacido en una familia obrera miserable, en 1869, en Madrid, Francisco Largo Caballero tuvo que ganarse la vida desde la edad de ocho años: no aprendió a leer sino pasados los 24 años. Obrero estuquista, se afilió a la U.G.T. en 1890, al Partido Socialista en 1894, y desempeñó pronto importantes cargos en las dos organizaciones. Condenado a muerte, y luego a trabajos forzados perpetuos después de la huelga de 1917, fue amnistiado en 1918 al ser elegido diputado a Cortes. Adversario decidido de la adhesión a la Tercera Internacional y violentamente hostil al comunismo, fue él quien determinó la adhesión del Partido Socialista español a la Segunda Internacional reconstituida.

Consejero de Estado con Primo de Rivera, Ministro del Trabajo en el gobierno republicano de Azaña, fue el campeón de la colaboración de los sindicalistas y de los socialistas con el Estado, el cabo de fila del reformismo más franco y abierto. Sin embargo, en febrero de 1934, no vaciló en afirmar: «la única esperanza de las masas es, hoy en día, una revolución social».

Y es que su experiencia ministerial lo había decepcionado profundamente. Fue el primero de los socialistas que chocó con Azaña. El personal del Ministerio, los altos funcionarios, habían saboteado francamente sus directivas y habían ridiculizado sus proyectos de reforma. Sacó en conclusión que el reformismo conducía al movimiento obrero a un callejón sin salida. «Es imposible —dijo— realizar un pedazo de socialismo en el marco de la democracia burguesa». Desde entonces no le quedaba más que buscar otro camino.[13]

El primer resultado práctico de esta nueva orientación fue, desde 1934, la organización, auspiciada por él, de la «Alianza Obrera», frente único de los partidos y sindicatos obreros al cual los comunistas y la C.N.T., salvo en Asturias, no se sumaron. En ocasión de la huelga general de octubre de 1934, contra la llegada de la C.E.D.A. al gobierno, fue la Alianza Obrera, a la cual se sumó el P.C. en el último momento, la que dirigió el levantamiento revolucionario de Asturias. Durante más de una semana, con un armamento improvisado, bajo la dirección de militantes de las diferentes organizaciones, los mineros se batieron con el ejército y las tropas de choque, moros y Tercio que mandaba el general López Ochoa. El movimiento fracasó en el resto de España, en Cataluña a consecuencia de la traición de algunos catalanistas, de las vacilaciones de la Esquerra y, sobre todo, en virtud de la abstención de la C.N.T.; y en Madrid por falta de una preparación seria.

La represión que vino después —más de 3.000 trabajadores muertos, en su mayoría asesinados en el sitio, 7.000 heridos y más de 40.000 presos— no llegó a aplastar el sentimiento revolucionario que había inspirado el movimiento. La insurrección de Asturias será para los trabajadores españoles, tanto anarquistas como socialistas, una epopeya ejemplar, el primer intento de los obreros para tomar el poder con organismos de clase, sus comités revolucionarios, de reclutar sus tropas, de armar a los obreros, en una palabra, de edificar su propio Estado contra el Estado de la oligarquía. Su lema: «U.H.P.» (Unión de hermanos proletarios) se convirtió en el de toda la clase.

Encarcelado, Caballero, ese viejo, ese «patricio», ese administrador del movimiento obrero, se puso a leer por primera vez. A los 67 años descubrió a los clásicos del marxismo, a Marx y Engels, Trotsky, Bujarin y Lenin sobre todo. Se entusiasmó por el Estado y la Revolución y por la revolución rusa que había combatido tan vivamente. Estas lecturas, la influencia del brillante estado mayor de intelectuales que lo rodearon, Araquistáin, Álvarez del Vayo, Carlos de Baraibar reforzaron todavía más las conclusiones sacadas de su propia experiencia. A su juicio, habían muerto tanto el «socialismo democrático reformista y parlamentario de la Segunda Internacional como el socialismo revolucionario de la Tercera dirigido desde Moscú». Soñó en una Cuarta Internacional que tomaría de sus predecesores lo que de mejor habían tenido, la autonomía de los partidos racionales de la Segunda, la táctica revolucionaria de la Tercera. Multiplicó las insinuaciones para llegar a un acuerdo con la C.N.T. y recibió favorablemente las que le hacían los comunistas a quienes atraían más, en realidad, sus tomas de posición en favor de la unidad que las perspectivas revolucionarias que tan recientemente acababa de descubrir.

Ahora bien, su evolución fue la misma que la de las grandes masas de obreros y de campesinos, como él decepcionados por la República y el reformismo, como él conquistados para la Revolución, aun y sobre todo después del fracaso de 1934. Largo Caballero será su hombre. Ningún dirigente obrero tendrá un prestigio comparable a aquel de que disfrutó y que los comunistas trataron de utilizar, apodándolo el «Lenin español». Jean-Richard Bloch nos ha dejado un retrato interesante: «sesenta y siete años, una vejez robusta… la cabeza calva… cuadrada, el rostro pesado, la frente obstinada, la boca amarga, el modelado de la cara bello y delicado en su fuerza, los ojos claros… terriblemente cansado».[14]

Escritor mediocre, orador asaz opaco, debió su popularidad al hecho de ser un dirigente de origen obrero, de honestidad y austeridad indiscutibles. Miles de trabajadores se reconocían en él: al volver las espaldas al reformismo no hizo sino lo mismo que ellos. Era de los suyos: «no nos traicionará», repetían sus fieles. Era el hombre de la Casa del Pueblo, el ídolo de los trabajadores madrileños que lo escuchaban con pasión, el «viejo» como le decían afectuosamente. Hombre de las masas, su autoridad sobre ellas, en las horas decisivas, hizo de él uno de los hombres-clave de la escena política española.

Indalecio Prieto

Desde 1919, Indalecio Prieto fue el rival de Largo Caballero en el Partido Socialista. En 1936, era el único dirigente socialista de autoridad comparable a la suya, si no en las masas, sí por lo menos en el aparato del partido y en los círculos políticos. Desde hacía tiempo se habían levantado el uno contra el otro, temperamentos y personalidades opuestos los suyos, cierto es, pero representantes también de dos fuerzas distintas, de dos rostros de España y del socialismo español cuyo antagonismo será uno de los principales elementos del drama político.

Nacido también, en 1883, en el seno de una familia muy humilde, Prieto comenzó a los 11 años a vender periódicos y alfileres en las calles de Bilbao. Su brillante inteligencia hizo que se fijaran en él el banquero e industrial Horacio Echevarrieta, que lo convirtió en su hombre de confianza. En poco tiempo se convirtió en propietario del gran periódico El Liberal de Bilbao, así como en dirigente socialista y hombre político escuchado por toda la izquierda.

El embajador Bowers lo ha descrito, en ocasión de una intervención en las Cortes, «bajo de estatura, corpulento, casi calvo, salvo encima de la nuca… se impone de inmediato por el dinamismo de su elocuencia». Evoca, sucesivamente, «su voz, sonora y matizada», y también «todas las armas de su elocuencia: ingenio, ironía, sarcasmo, humor, invectiva, mímica».[15]

Koltsov nos lo muestra, en su sillón, «enorme masa de carne con una pálida mirada irónica… la mirada más atenta de España».[16] Su inteligencia rápida y brillante, su éxito social —se convirtió en un notable hombre de negocios— sus excepcionales dotes de orador parlamentario, su talento de polemista lo convirtieron en el socialista de los medios republicanos, tal como su paciente trabajo de organización, y su labor obstinada, hicieron de Caballero el de las Casas del Pueblo y de los obreros. A la austeridad, a la intransigencia, al sectarismo castellano de Caballero, el estuquista madrileño, Prieto opuso el liberalismo de los círculos de negocios, el éxito del self made man, el reformismo conciliador de los sindicalistas de Bilbao, infinitamente más cercano al espíritu de los socialdemócratas occidentales y, en todo caso, de los republicanos de España.

Así también fue un Partido Socialista profundamente dividido el que tuvo que hacer frente a las dificultades del año de 1936. Desde fines de 1935, dominaba el ejecutivo del partido: tenía la confianza de los cuadros y de los elegidos, sobre todo, de los prestigiosos dirigentes de los mineros asturianos, González Peña y Belarmino Tomás. Era el «hombre del aparato». Pero, frente a él, Largo Caballero era el «hombre de las masas», dominaba la U.G.T., contaba con grandes simpatías en el exterior del partido y, sobre todo, a pesar de viejos rencores, con un prejuicio favorable en el seno de la C.N.T. El partido osciló entre sus dos influencias contradictorias y cada problema nuevo parecía proporcionar la ocasión de un arreglo de cuentas entre estos hermanos enemigos que perseguían, en la misma organización, políticas opuestas.

CNT y UGT

El reordenamiento político que se operó en las filas de los partidos y de los sindicatos obreros, en los últimos meses de la República, hace difícil un análisis exacto dé las fuerzas existentes. Sin embargo, es indiscutible que, más que las organizaciones políticas propiamente dichas, eran los sindicatos los que daban el tono: la vida del obrero gravitaba alrededor de las Casas del Pueblo y de las Bolsas del Trabajo, centros de vida colectiva que eran las verdaderas fortalezas de clase.

Ahora bien, en este último periodo, la relación de fuerzas entre la U.G.T. y la C.N.T. se modificó, y las líneas de escisión entre los dos sindicatos se dibujaron de manera perfectamente nueva. Cierto es, cada uno conservó lo que había sido hasta entonces su bastión. Fue la C.N.T. la que organizó a los obreros industriales en Cataluña, donde la U.G.T. no tenía más que una reducida existencia. Fue también la C.N.T. la que organizó a los braceros de Andalucía. Pero la U.G.T. seguía dominando entre los mineros de Asturias y de Río Tinto, entre los metalurgistas de Bilbao y en la región de Madrid. En las zonas en que dominaba la otra, cada central llegó a organizar fuertes minorías de no escasa influencia. La U.G.T. contaba con organizaciones sólidas en Córdoba, Sevilla, Málaga, en todas las ciudades de Andalucía. Fue ella la que organizó a los jornaleros de las provincias de Badajoz, Cáceres, Sevilla. La C.N.T. había logrado hacer pie en Madrid, donde controlaba a la mayoría de los obreros de la construcción, uno de los sindicatos más combativos. Y en Asturias, los metalurgistas de la C.N.T. de La Felguera y de Gijón hacían una seria competencia para la influencia en los mineros de Mieres o de Sama de Langreo.

En el País Vasco, si la U.G.T. se imponía en Bilbao, le hacían una seria competencia las «solidaridades nacionalistas», y la C.N.T. no reclutaba adeptos más que entre las capas de peones extranjeros al país. En Valencia, los anarquistas dominaban entre los obreros portuarios, pero la U.G.T. era poderosa en las fábricas. La Federación de los trabajadores de la tierra de la U.G.T. dominaba entre los trabajadores de la región central, mientras que los trabajadores de las regiones periféricas más pobres se afiliaban a la C.N.T. Sin embargo, la orientación radical de la U.G.T., en los últimos años, propendió a atenuar la división tradicional que le reservaba la adhesión de las capas más privilegiadas y relativamente más conservadoras del proletariado, mientras que las vacilaciones de la C.N.T. no siempre le hicieron obtener la adhesión de los elementos más decididos.

Sin embargo, en general, los efectivos de la U.G.T., más sólidamente organizada y encuadrada, parecían más estables que los de la confederación rival, sujetos a brutales fluctuaciones y variando considerablemente con el éxito o él fracaso de las acciones emprendidas localmente. Si, en el transcurso del año 1935, las dos organizaciones sindicales tenían, sobre poco más o menos, efectivos equivalentes, de un millón de miembros cada una, los últimos meses de la República presenciaron un avance rápido de la U.G.T. que llegó muy rápidamente a un millón y medio de miembros, mientras la C.N.T. no parecía avanzar. Sea como fuere, el atractivo que estas organizaciones sindicales ejercían sobre millones de trabajadores abrió la posibilidad del desarrollo de nuevas corrientes ideológicas, nacidas de las corrientes tradicionales, pero que evolucionaban fuera y en contra de ellas. Comunistas stalinistas oficiales y comunistas disidentes del P.O.U.M. presentaron, en efecto, su candidatura y se dispusieron a disputar a la corriente anarquista y a la corriente socialista la dirección de importantes sectores de la U.G.T. y de la C.N.T.

LOS COMUNISTAS

Hemos visto, a lo largo de las páginas anteriores, cómo nació el Partido Comunista Español. Durante algunos años, el atractivo de la Revolución rusa parecía haber dado cuerpo al viejo sueño de Víctor Serge, la unión en el comunismo, alrededor de Lenin y de la Tercera Internacional de las dos corrientes separadas desde Marx y Bakunin, la de los «autoritarios» y la de los «libertarios», la socialista y la anarquista. Los resultados inmediatos fueron mediocres. Algunos años más tarde eran risibles.

Tres corrientes se habían reunido para fundar el movimiento comunista en España: las juventudes socialistas, primero, con Andrade y Portela, después la minoría socialista con Pérez Solís, García Quejido, Anguiano, Lamoneda y el grupo de dirigentes de la C.N.T. que animaban Andrés Nin y Maurín. Dos años después, García Quejido, Lamoneda y Anguiano abandonaron el P.C. para regresar a la vieja casa socialista. Durante la dictadura de Primo de Rivera, el partido fue duramente afectado por la represión y debilitado por las luchas internas y los conflictos provocados por las directivas de la Internacional. Si hacia el final de la dictadura, recibió la adhesión de militantes de la C.N.T. andaluza que dirigían José Díaz y Mije, perdió los 3.000 militantes de la federación de Cataluña y de las Baleares que dirigían Maurin y Bonet y que se fusionó con el Partido Comunista Catalán que dirigían Arquer y Fané Gassó, formando así el Bloque Obrero y Campesino cuyo secretario será Maurín. Andrés Nin, secretario de la «Internacional Sindical Roja» por su parte, se adhirió a la «Oposición de Izquierda» y defendió, contra Stalin, las posiciones políticas de Trotsky. Vuelto a España en 1931, fundó con Andrade la «Izquierda Comunista». En cuanto a Óscar Pérez Solís, primer secretario general del partido, comenzó una evolución que habría de conducirlo… a las filas de la Falange. Desde 1923 hasta 1930, el partido nunca contó con más de unos cuantos centenares de miembros y no logró reunir un Congreso… En el de 1932, los «vencedores» de Nin y Maurín, el secretario general Bullejos, Trilla y Adame fueron expulsados a su vez, acusados de haber lanzado equivocadamente la consigna oportunista de «defensa de la República» contra el pronunciamiento del general Sanjurjo. En las elecciones de 1933, el P.C. no logró obtener más que un diputado, el doctor Bolívar, elegido en Málaga, menos por su programa que por su fama de «médico de los pobres».

Los comunistas stalinistas: PCE, PSUC, JSU

Tampoco el Partido Comunista se había desarrollado: en vísperas de la guerra civil, no contaba con más de 30 000 miembros. Sus dirigentes eran casi desconocidos, a veces afiliados en fecha reciente, como el secretario general, José Díaz, que se afilió apenas en 1929… Jesús Hernández, el «hombre fuerte» de su dirección, tenía 26 años. Ingresó en el partido a los 14 años y en el buró político a los 22. Ni él, ni sus camaradas Antonio Mije, Martínez Cartón y Uribe desempeñaron un verdadero papel en el movimiento obrero. En ningún momento fueron dirigentes de organizaciones de masas, sino que se educaron exclusivamente en el aparato del partido que los formó y recompensó, ascendiéndolos, por su flexibilidad para inclinarse ante los sucesivos cambios de dirección. La única personalidad de la dirección del P.C. que disfrutaba, fuera del partido, de un verdadero prestigio, era una mujer, Dolores Ibarruri Gómez apodada La Pasionaria, oradora de masas, vieja militante, condenada a quince años de cárcel después de la insurrección asturiana.

Con excepción de algunos sectores, como el de Asturias, en el que contaban con una minoría importante entre los mineros, Málaga, Cádiz y Sevilla sobre todo, donde se apoderaron de algunos sindicatos, los comunistas oficiales estaban muy aislados en el movimiento obrero español y todos sus esfuerzos tendieron a romper este aislamiento.

El advenimiento de la República española, en efecto, coincidió con el «tercer periodo» de sectarismo extremo en la Internacional Comunista: los partidos comunistas del mundo entero reservaban todos los golpes para los socialistas a los que tildaban de «social-fascistas», y se negaban a formar cualquier «frente único» con ellos. Hasta el 11 de septiembre de 1934 el Partido Comunista Español calificó a la Alianza Obrera de «centro de reunión de las fuerzas reaccionarias», y de «santa alianza de la contrarrevolución». Solamente en el último minuto, cambiando bruscamente de camisa, se unió a la, insurrección de octubre. Pero en ese momento se operaba la nueva desviación de la Internacional Comunista. Afirmando que era necesario «superar» y «ampliar» la Alianza Obrera, el P.C. propuso una fórmula totalmente diferente, en realidad, del «Frente Popular», abogada por Dimitrov, en el XVII Congreso de la I.C., la de la alianza con los republicanos liberales conforme a un programa de reformas democráticas. Paralelamente, llevó a cabo una activa campaña en favor de la unidad sindical y política de la clase obrera. Disolvió los pocos sindicatos que dominaba hasta entonces, reagrupados en una C.G.T.U. afiliada a la Internacional Sindical Roja, e invitó a sus miembros a afiliarse individualmente a la U.G.T. En el plano político, el tema de la unidad le permitió realizar considerables progresos. En Cataluña, los restos de su organización oficial preparaban con otros grupos socialistas catalanes, entre ellos la Federación Socialista de Joan Comorera, una fusión que se concretará el 24 de julio de 1936, en forma del «Partido Socialista Unificado de Cataluña».[17] Era también la época en que se realizaba, por influencia de Alvarez del Vayo, lugarteniente de Largo Caballero, la fusión, en el seno de las Juventudes Socialistas Unificadas, de las Juventudes Socialistas y las Juventudes Comunistas. Esta fusión, que al parecer no fue del agrado de Largo Caballero, pero a la que hizo posible su política, privó al Partido Socialista y al viejo líder de la U.G.T. de una organización de 200 000 jóvenes militantes, que constituían la élite de la joven generación obrera. Algunos meses después, en efecto, a resultado de un viaje a la U.R.S.S., la dirección de las J.S.U. se adhirió en bloque al P.C. Su secretario general, Santiago Carrillo, de 20 años de edad, hijo del diputado y sindicalista caballerista Wenceslao Carrillo, antiguo secretario de las J.S. y simpatizante trotskista después de 1934, fue pronto uno de los nuevos dirigentes del P.C. por haber dado el ejemplo, a los «adultos» del Partido Socialista, de la unidad realizada entre los «jóvenes».

Esa fue, para los comunistas oficiales, una victoria tanto más importante cuanto que, a la vez que les daba una base de masas y una palanca para la acción en el seno del Partido Socialista, les dio una ventaja decisiva sobre sus enemigos jurados, los comunistas disidentes, algunos de los cuales habían creído, por un momento, que podían convertirse en los maestros de pensamiento de la juventud socialista.

Los comunistas disidentes: el POUM

Los grupos que se proclamaban comunistas pero que se habían separado de la organización oficial tenían orígenes diversos. Maurín y sus amigos del «Bloque Obrero y Campesino» se habían negado a aplicar la táctica impuesta por la Internacional y a crear, contra la U.G.T. y la C.N.T., los «sindicatos rojos» de la C.G.T.U. Por lo demás, manifestaron simpatías catalanistas que, en determinadas ocasiones, los acercaron a la Esquerra. Como todos los movimientos disidentes nacidos durante este periodo de una ruptura «hacia la derecha», en oposición a la línea «ultra-izquierda» de la Internacional Comunista, el Bloque se negó, sin embargo, a tomar posición en las cuestiones rusas y su órgano, La Batalla, defendió a menudo posiciones parecidas a las de la prensa stalinista.

Por el contrario, en lo tocante a las posiciones de la «Oposición de Izquierda» trotskista, nacida de las divergencias en el interior del partido ruso, se constituyó la «Izquierda Comunista» de Andrés Nin y Andrade, otros pioneros del comunismo español. Este pequeño grupo de cuadros valiosos se había consagrado, sobre todo, hasta 1934, a un trabajo «teórico» en la publicación de la revista Comunismo. Pero en esa fecha rompieron con Trotsky, que quería hacerlos entrar al Partido Socialista para constituir un ala revolucionaria[18], y decidieron fusionarse con el Bloque Obrero y Campesino para constituir el Partido Obrero de Unificación Marxista (P.O.U.M.).

Tildado de «trotskista» por sus adversarios[19], desconocido y vivamente criticado por León Trotsky y sus amigos, el nuevo partido, cuyas únicas fuerzas reales estaban en Cataluña, no tenía mucho más de 3.000 militantes en julio de 1936. Pero las debilidades del P.C.E. y de los socialistas catalanes, el valor y el prestigio de dirigentes como Nin y Maurín, la presencia de cuadros auténticos del movimiento comunista, como Gorkin, Portela, Andrade, Arquer le hacían concebir muchas esperanzas. En todo caso, era causa de inquietud tanto para los comunistas oficiales como para los dirigentes de la C.N.T., que excluían sistemáticamente a sus militantes de sus sindicatos.

Y es que el P.O.U.M., que pretendía ser el representante del verdadero comunismo y proclamaba su fidelidad a las ideas de Lenin era, tanto para unos como para otros, un peligro real en un periodo revolucionario. Al dilema que se le planteaba al movimiento obrero español, alianza con los republicanos o lucha violenta fuera del marco parlamentario, pretendía dar una respuesta: la lucha política por la revolución socialista y la dictadura del proletariado. Partidario de la alianza obrera, criticó la política de Frente Popular defendida por los comunistas stalinistas, tildándola de política de colaboración de clases, y quería convencer a los trabajadores españoles —que eran ya espontáneamente revolucionarios— de que lo único que podía hacerse para oponerse a la victoria del fascismo era la revolución. Nadie puede dudar de que tenían muy reales posibilidades de éxito… según lograran convencer y arrastrar a las «masas instintivamente revolucionarias, pero políticamente confusas»[20] que seguían a la C.N.T.-F.A.I.[21]

Capítulo 3
EL PRÓLOGO DE LA REVOLUCIÓN

Fue el Presidente de la República, Alcalá Zamora, católico y conservador, quien puso fin al bienio negro al disolver las Cortes. En 1935, en efecto, la coalición gubernamental de los radicales y la C.E.D.A. estaba seriamente quebrantada. Dos escándalos mancharon de lodo los políticos del partido radical. El descrédito en que cayó el partido del centro-derecha fue tal que la C.E.D.A. no pudo pensar en continuar la alianza: Gil Robles que, desde el comienzo de la legislatura, buscaba el poder para su partido, aprovechó la ocasión. Los ministros de la C.E.D.A. rechazaron el presupuesto que estipulaba, al lado de la reducción de los salarios de los funcionarios en un 10% o un 15%, un aumento de 1 a 3.5% de los impuestos sobre herencia de los bienes raíces. El gobierno dimitió. Gil Robles reclamó la presidencia del Consejo. Alcalá Zamora se negó a dársela: no le gustaba Gil Robles y no quería ofrecerle el poder a un adversario declarado del régimen parlamentario. Apeló a un político del centro, Portela Valladares, para formar un gobierno cuya misión esencial era preparar nuevas elecciones. No lo logró: las Cortes se habían vuelto ingobernables. Después de unas pocas semanas, renunciando a preparar seriamente elecciones que reforzarían el centro, Portela Valladares renunció: sometió a firma del presidente el decreto de disolución de las Cortes que fijó las elecciones para el 16 de febrero de 1936.

La campana electoral: derecha contra izquierda

Lo que se ventilaba en las elecciones tenía considerable importancia. Cierto es, los acontecimientos de los últimos años, la insurrección y la represión de 1934, la reacción del bienio negro y la radicalización obrera habían endurecido las posiciones y creado una atmósfera propicia a la formación de bloques electorales irreductiblemente opuestos. Pero, a este respecto, fue la ley electoral la que pesó, por sus exigencias, sobre la estrategia de unos y de otros, de todos aquellos que, en última instancia, deseaban jugar a fondo el juego parlamentario. Las circunscripciones previstas fueron inmensas y exigieron para las campañas electorales fondos enormes, de los que sólo podían disponer vastas organizaciones. El implacable escrutinio mayoritario empujaba a la formación de vastas coaliciones. En 1933, la derecha, unida en un frente electoral, tuvo menos votos que los partidos de izquierda, pero dos veces más diputados. Supo acordarse de ello: los monárquicos, cierto es, pusieron dificultades para renovar la alianza de 1933 con la C.E.D.A. y en algunas circunscripciones la «Renovación Española» se presentó ante los electores contra una lista de la C.E.D.A. Cierto es también que la Falange acudió a las casillas electorales con su propia bandera. En conjunto, sin embargo, la derecha presentó en las elecciones un frente unido ampliado inclusive, en varios lugares, con liberales de derecha que se habían mantenido al margen en 1933. Realizó un enorme esfuerzo de propaganda: carteles inmensos, en los que el retrato de Gil Robles ilustraba las consignas del «jefe», cubrían los muros del país. El propio Gil Robles llevó a cabo una campaña de extraordinaria violencia verbal en la que insultó y amenazó al adversario, y dio a entender claramente que su victoria significaría el fin de la República y el advenimiento de un régimen autoritario.

Una coalición electoral de izquierda replicó a la alianza de las derechas. El 15 de enero de 1936 los partidos republicanos de izquierda, la Unión Republicana de Martínez Barrio, la Izquierda Republicana de Azaña firmaron con el Partido Socialista (y, por consiguiente, la U.G.T.), el Partido Sindicalista de Ángel Pestaña, el Partido Comunista y el P.O.U.M. el pacto del «Frente Popular» que fijó el programa de la coalición electoral así constituida. Este pacto-programa de ocho puntos era menos, por lo demás, un acuerdo en lo tocante a un programa común que la aceptación por los partidos obreros del de los republicanos. Aliado de las viejas reivindicaciones republicanas de reforma agraria y de planes de enseñanza, se pronunció en favor de reformas del reglamento de las cortes, de reformas de las municipalidades, en pro de planes de reorganización de las finanzas, de protección de la pequeña industria, de desarrollo de las obras públicas. Era un programa liberal que se mantenía dentro de un marco burgués y excluía expresamente las reivindicaciones socialistas de nacionalización de las tierras y de los bancos y del control obrero de la industria. «La República que conciben los republicanos —afirmó él— no es una república animada por intenciones sociales y económicas de clase, sino un régimen de libertad democrática movido por razones de interés público y de progreso social».

Este programa indiscutiblemente moderado, en el que, como escribe Ramos Oliveira, «cada punto parecía una huida»[1] llevaba consigo, no obstante, una exigencia que encontró una gran aprobación y permitió una verdadera movilización popular: la de la amnistía total para los insurrectos de 1934, y la reintegración, con indemnización, de todos los trabajadores echados de su trabajo. Por la intención de liberar, en primer lugar, a los 30.000 obreros todavía encarcelados y hacer aprobar, al mismo tiempo su gesto revolucionario, los amigos de Caballero y el P.O.U.M. —mantenedores de la Alianza Obrera— justificaron su adhesión al Frente Popular: no querían ver en ello más que una alianza electoral sin mañana. En todo caso es este interés el que explicó el voto casi unánime de los obreros en favor de un programa que, por lo demás, no se prestaba mucho a movilizarlos. Y, por último, fue ese interés el que explicó el cambio de actitud de los anarquistas. Cierto es que la C.N.T. y la F.A.I. seguían siendo hostiles a las luchas electorales y, al igual que los sindicatos de la oposición, se mantuvieron al margen del Frente Popular y de la campaña electoral propiamente dicha; por primera vez, sin embargo, se abstuvieron de lanzar su consigna habitual de No votad, de sabotaje de las elecciones.[2] Los observadores estiman en un millón y medio el número de votos habitualmente perdidos a consecuencia de las campañas anarquistas, las cuales, en febrero de 1936 se lanzaron en favor de las listas del Frente Popular para obtener la liberación de los presos políticos de 1934.

Resultados de las elecciones

Fueron estos votos los que, sin duda, inclinaron la balanza. El 16 de febrero, el Frente Popular venció con 4.206.156 votos contra 3.783.601 de la coalición de las derechas y 681.447 del centro, cifras que, después de las operaciones de revisión rápidamente llevadas a cabo en la Cámara se convirtieron, respectivamente, en 4.838.449, 3.996.931 y 449.320, de 11 millones de inscritos y 9,5 millones de votantes.

El Frente Popular obtuvo, por tanto, una mayoría muy pequeña que sin embargo se tradujo en las Cortes en una aplastante superioridad numérica de los diputados elegidos bajo su patrocinio: fueron 277 contra 132 de la derecha y 32 del centro. La ley electoral que favorecía a la mayoría operó aquí en favor de la izquierda: la derecha que había obtenido más votos que en 1933 obtuvo un aumento menor que los partidos coaligados en el Frente Popular, y perdió más de la mitad de los asientos en el Congreso. En una competencia tan apretada era fatal que surgieran ásperas disputas en lo tocante a las presiones y a las falsificaciones. Ninguno de los partidos se privó de ejercerlas. Es indudable que muchos burgueses tuvieron que vacilar al votar en algunos barros populares, pero se comprobó que muchas aldeas votaron por la derecha bajo la amenaza directa de la policía o con la intimidación de perder el empleo que les hicieron los grandes propietarios. El historiador no puede sacar ninguna conclusión complementaria de estas querellas.

Lo importante, cualquiera que sea la estimación que se haga de la validez de estas elecciones, es que transformaron profundamente la fisonomía de las Cortes y más profundamente todavía la atmósfera política del país. Contrariamente a las esperanzas del Presidente de la República, las elecciones fueron una resonante derrota para el centro y el centro-derecha. Hombres políticos como Lerroux y Cambó no fueron reelegidos: los radicales de Lerroux no obtuvieron más que seis escaños y el grupo del centro más importante, el que dirigía Portela Valladares, el saliente Presidente del Consejo, no contó más que con 14 diputados. La C.E.D.A. formaba todavía un bloque sólido con 86 elegidos, a los que casi siempre se sumarían los 13 agrarios. Goicoechea había sido derrotado y fue Calvo Sotelo el que se convirtió en portavoz de la extrema derecha, en la que la Renovación Española contaba solamente con 11 diputados. No hay manera de conocer la parte de votos que correspondió a cada partido en el total de los que favorecieron a las listas del Frente Popular. El número de los elegidos de estas listas dependió simplemente, en efecto, no de los votos que se lanzaron en favor de las listas de la coalición, sino de los acuerdos concertados entre las organizaciones cuando se formaron las listas. La Izquierda Republicana de Azaña tuvo 84 diputados, la Unión Republicana de Martínez Barrio 37, la Esquerra Catalana de Companys 38. Los socialistas tuvieron 90 diputados, los comunistas 16, el P.O.U.M. 1, su secretario general Maurín, el Partido Sindicalista 1, el viejo Pestaña.

Los días siguientes a la elección: el gobierno

Los días siguientes a las elecciones estuvieron señalados por diversos movimientos: entusiasmo, pero temor también entre los vencedores; pánico o rebelión entre los vencidos.

Se propalaron los más diversos rumores: en las derechas se hablaba de un levantamiento armado de los «marxistas» o de los anarquistas, y en las izquierdas se denunciaban los preparativos del golpe de Estado militar. Nada de esto carecía de fundamento: la agitación popular parecía confirmar lo que decían las derechas y Portela Valladares reveló más tarde que el general Franco le había ofrecido el apoyo del ejército para anular las elecciones.

En todo caso, Portela Valladares juzgó que la situación era suficientemente delicada como para presentar, sin más tardanza, su dimisión y aconsejar al presidente que llamara, para reemplazarlo, a uno de los dirigentes del Frente Popular. Azaña formó de inmediato el nuevo gobierno, compuesto de republicanos burgueses, y al que los partidos obreros apoyaron sin formar parte de él. La renuencia socialista a participar —sorprendente, a primera vista, después del precedente de 1931— se explica por la crisis interna del partido y por la lucha que se libró entre los partidarios de Caballero y de Prieto. En diciembre de 1935, Caballero y sus amigos no pudieron impedir que el Partido Socialista apoyara a Prieto en su política de alianza con los partidos burgueses en el marco del Frente Popular. Pero le hicieron rechazar a priori toda alianza duradera, limitando el pacto a una simple coalición electoral que no los comprometía a nada más. Al día siguiente del 16 de febrero, Prieto se declaró de nuevo en favor de un gobierno a imagen del Frente Popular que comprendiera a republicanos y a socialistas. Caballero, que se había jurado no volver nunca a repetir la experiencia de 1931, y no participar jamás en un gobierno de coalición con los republicanos, replicó que el programa del Frente Popular, como era un programa burgués debía ser aplicado solamente por los republicanos burgueses, pues los socialistas no tenían derecho a aplicar más programa que el suyo propio: cuando mucho podían sostener lealmente con sus votos al nuevo gobierno de Azaña. Y, en esto, Largo Caballero salió vencedor.

Fue la misma actitud que la que tomó el Partido Socialista en mayo, frente al nuevo gobierno de Casares Quiroga. Uno de los primeros actos importantes de la legislatura fue, en efecto, la deposición del Presidente de la República, Alcalá Zamora y su sustitución por Azaña. El mandato del presidente expiraba solamente hasta el final del año, pero la mayoría del Frente Popular, que deseaba precaverse contra todo riesgo de disolución prematura o todo apoyo eventualmente dado por el primer magistrado a un golpe de Estado militar, lanzó contra él la única acusación que le permitía deponerlo constitucionalmente, declarándolo culpable de haber disuelto las Cortes sin razón. La derecha, que tenía buenas razones para no estimar a Alcalá Zamora, se abstuvo. El presidente fue depuesto. Muchos observadores se sorprendieron de que Azaña consintiera que se lanzara su candidatura. El papel desempeñado por Prieto en la operación hace pensar que se trataba probablemente de la realización de un plan destinado a forzar la mano de los socialistas. Azaña, convertido en Presidente de la República podría haber sido, en un, espacio más o menos breve, reemplazado a la cabeza del gobierno por Prieto.[3] En todo caso, obtuvo una confortante mayoría, con sólo seis oponentes, pues la C.E.D.A. se abstuvo. Su presencia a la cabeza del Estado, en efecto, podía parecer que constituía una doble garantía, tanto contra la reacción como contra la revolución. Estaba demasiado comprometido como para convertirse en el cómplice eventual de un golpe de Estado, y demasiado apegado al liberalismo económico y político como para convertirse en el furriel de la revolución. En pocas palabras, podía pasar por ser el centro de conversión de las fuerzas y el símbolo de todos los españoles que esperaban todavía evitar la guerra civil.

Al día siguiente de las elecciones, en su primer discurso, hizo un llamado a la unión, para la «defensa de la República» a «republicanos y no republicanos, y a todos aquellos que ponen por encima de todo el amor a la patria, la disciplina y el respeto a la autoridad constituida». Pero este llamado a los partidarios del orden fue acompañado de medidas nada equívocas destinadas a calmar la agitación popular. Prometió la «reparación de las atrocidades cometidas por los funcionarios públicos» y, sin esperar a que se reunieran oficialmente las nuevas Cortes, hizo que la Diputación Permanente aprobara la restauración de las funciones de los consejos municipales revocados durante el bienio negro, el nombramiento de nuevos gobernadores civiles en todo el país y, sobre todo, la ley de amnistía. Se puso de nuevo en vigor el estatuto de la autonomía catalana y Companys hizo, de Madrid a Barcelona, un viaje de retorno triunfal… Mientras los obreros de Asturias salían de las cárceles, se detuvo al ejecutor de la represión contra ellos, el general López Ochoa. Se reanudaron los trabajos de la reforma agraria y se comenzó a estudiar un estatuto para la autonomía vasca.

En las Cortes, en las que cada sesión terminaba en pugilato, el gobierno republicano se esforzó por lograr que se aprobaran las reformas sociales que le parecían capaces de satisfacer y calmar la ola de reivindicaciones populares que se extendía todos los días, así en superficie como en profundidad.

Una situación revolucionaria

Desde el día siguiente de las elecciones, poderosas manifestaciones de masas, sin esperar la firma del decreto de amnistía, abrieron las cárceles y liberaron a los obreros detenidos desde 1934. Desde el 17 de febrero, se observó la apertura de la cárcel de Valencia por manifestantes de la C.N.T. y la liberación de los condenados de 1934, varios centenares de «liberaciones» en Oviedo mismo y muchos miles en toda España. Dos días después comenzaban en todo el país huelgas para la reincorporación inmediata de los condenados o de los despedidos, para el pago de su salario a todos los obreros detenidos durante el bienio negro, para aumentos de salarios, y el despido de tal o cual agente patronal, y para el mejoramiento de las condiciones de trabajo. A estas huelgas corporativas se añadieron huelgas más políticas, huelgas de solidaridad, huelgas generales, locales o regionales. Algunos conflictos se eternizaron y provocaron otros. Los patronos replicaron con el cierre de las empresas y la lucha se enconó.

En el campo, la situación era verdaderamente revolucionaria. El Frente Popular había hablado de reforma agraria a campesinos ávidos de tierra: como escribe el embajador Bowers: «los campesinos, seres sencillos y rudos, habían creído que victoria en las elecciones bastaba para que eso fuera una cosa hecha».[4] Desde fines de febrero, en las provincias de Badajoz y Cáceres, y después a lo largo de los meses siguientes en toda Extremadura, en Andalucía, Castilla, y aun en Navarra, se multiplicaron los asentamientos. Las tierras de Alcalá Zamora fueron ocupadas en abril, lo mismo que las del duque de Albuquerque. Los campesinos se instalaron en las tierras de los grandes propietarios y comenzaron a cultivarlas por cuenta propia. Muy a menudo se produjeron incidentes sangrientos entre campesinos y guardias civiles. El más grave fue el de Yeste, cerca de Alicante, donde la guardia civil intervino y detuvo a seis campesinos que habían comenzado a talar los árboles de las propiedades señoriales. Exasperados, los campesinos de Yeste, armados de horquillas, garrotes y piedras atacaron a los guardias que se llevaban a sus camaradas. Las descargas de fusil con que les respondieron mataron a 18 campesinos.

De tal modo, la ciudad y el campo se vieron envueltos en una atmósfera de violencia: casi por doquier se señalaron incendios de iglesias y de conventos, después de manifestaciones callejeras o de rumores de «conjuración» de los monjes. No cabía la menor duda: el orden establecido y la propiedad estaban amenazados.

El papel de Largo Caballero

Cada vez más, Largo Caballero se manifestó como el hombre de la revolución que iba en ascenso. Desde el 6 de abril, tenía su periódico, Claridad, periódico de la tarde, brillantemente redactado por un excelente equipo de jóvenes intelectuales. Tenía sus tropas de choque, las juventudes socialistas. El 1.º de mayo, en ocasión del gran desfile obrero, que Claridad llamó el desfile del «gran ejército de los trabajadores en su marcha hacia adelante, hacia la cumbre cercana del poder», las J. S. uniformadas, con el puño levantado gritaron las consignas de un «gobierno obrero» y de un «ejército rojo». Caballero multiplicó las insinuaciones a la C.N.T. y tomó la palabra en Zaragoza en un gran mitin en ocasión de su congreso. Claridad mantuvo el fervor revolucionario de sus partidarios, predijo el triunfo ineluctable y próximo del socialismo. En cada discurso, en cada artículo, Largo Caballero repetía machaconamente la misma afirmación: «la revolución que queremos sólo puede hacerse con la violencia… Para establecer el socialismo en España, hay que triunfar sobre la clase capitalista y establecer nuestro poder…». Se declaró en favor de la «dictadura del proletariado»[5] que, a su juicio, habría de ejercerse, no por intermedio de los Soviets —cualquiera que sea el nombre que se les dé—, sino por y a través del Partido Socialista. Él y sus partidarios aguardaban a que los republicanos diesen pruebas de su incapacidad para resolver los problemas de España, para tomar el poder. Pero ¿cómo lo habrían de tomar? Esto es lo que no está muy claro. El 14 de junio, en Oviedo, invitó a los republicanos a irse para «dejar el lugar a la clase obrera», pero parecía inimaginable que el presidente Azaña pudiese confiarle un día la dirección del gobierno. Quería instaurar la dictadura del proletariado por el Partido Socialista, pero era Prieto el que dominaba el ejecutivo del partido: ¿cómo esperaba Largo Caballero realizar la toma del poder por el proletariado a través de un partido cuyo aparato no dominaba? Muchos historiadores se han mostrado severos con él: Gerald Brenan dijo que era un «socialdemócrata que jugaba a la revolución».[6] Salvador de Madariaga considera que fue el miedo que provocó la violencia de sus partidarios lo que hizo posible el nacimiento del fascismo. Al afirmar tan a menudo que los trabajadores no debían moderar su acción revolucionaria por temor a un golpe de Estado militar, muchos le han atribuido el pensamiento a posteriori de que sólo tal golpe de Estado, al obligar al gobierno a armar a los trabajadores, le abriría el camino del poder…

En todo caso, en junio, ante la inminencia del pronunciamiento militar le pidió a Azaña que armara a los trabajadores: lo que es prueba, sin duda, de su buena fe, pero también de una determinada ingenuidad. Lenin, el Lenin ruso, no hubiese hecho, por lo menos en las mismas formas, lo que se le ocurrió al «Lenin español».

Los esfuerzos de Prieto

Fue su rival socialista, Prieto, el que lanzó contra Largo Caballero las acusaciones más graves. Para él, huelgas, manifestaciones, desórdenes, reivindicaciones excesivas, constituían un «revolucionalismo infantil» que le hacía el juego al fascismo al espantar a las clases medias. Las predicciones de los intelectuales de Claridad, las manifestaciones de las juventudes uniformadas, las resoluciones inflamadas en favor de un «gobierno obrero» y de un «ejército rojo» no tuvieron otro resultado que el de agravar el miedo de los poseedores y de los bien intencionados cuya imaginación, en cuanto se hablaba de revolución, se llenaba de imágenes apasionadas, sugeridas por 18 años de propaganda anticomunista, acerca del terror de las checas, de los bolcheviques con el cuchillo entre los dientes, de las matanzas y de las hambres que fueron lo que tocó en suerte a la Rusia de 1917. Según Prieto, este miedo los llevaría a la desesperación y se arrojarían en brazos de los generales.

Mientras que el primero de mayo, en Madrid, Largo Caballero jugaba a jefe de la revolución, Prieto pronunciaba en Cuenca un resonante discurso. A la anarquía generadora del fascismo que, según él, estaba a punto de preparar su rival, opuso lo que llamaba la «revolución constructiva». La primera tarea razonable y posible a sus ojos, era la constitución de un gobierno de coalición: al lado de los republicanos, los socialistas tendrían como misión «hacer indestructible el poder de las clases laboriosas». Se necesitaba una reforma agraria profunda y bien organizada, acompañada de un plan de riego de los campos y de una industrialización, posible solamente en un marco capitalista, que permitiese absorber el excedente de las poblaciones rurales. Por eso, los trabajadores no debían plantear demandas que fuesen susceptibles de quebrantar a una economía capitalista incapaz de satisfacerlas. En el mejor de los casos, si llegasen inclusive a vencer la inevitable reacción armada de la oligarquía, finalmente no alcanzarían más que a «socializar la miseria». Hipótesis menos verosímil, por lo demás, a ojos de Prieto, que la otra: un golpe de Estado militar preventivo que se esforzaba por evitar. El jefe socialista indicó cómo las cualidades que poseía harían del general Franco el jefe idóneo de tal movimiento[7] e incitó a los trabajadores a que se abstuvieran de todo lo que pudiese provocarlo.

El discurso de Cuenca era indiscutiblemente un programa gubernamental. El Sol, periódico republicano burgués, lo proclamó verdadero hombre de Estado y comparó a Prieto con Aristide Briand, socialista que, como él, se había vuelto «realista». Pero este programa de reformas progresivas y prudentes en el marco del capitalismo encontró poco eco en las masas a las que la fiebre revolucionaria empujaba día tras día a nuevas acciones.[8]

Los amigos de Largo Caballero, en desquite, consideraron a este programa como una franca traición, y descubrieron en las palabras de Prieto una velada apología de Franco. Las pasiones se encontraron: amenazados ya en Cuenca, Prieto y sus amigos, González Peña y Belarmino Tomás, fueron recibidos en Écija con disparos de las juventudes socialistas y estuvieron a punto de morir.

En estas condiciones el ejecutivo del Partido Socialista aplazó hasta el mes de octubre el Congreso Nacional previsto anteriormente para el 29 de junio. El 1.º de julio, la prensa dio a conocer el resultado de las elecciones para el Comité Ejecutivo del Partido Socialista, saboteados, denunciados e impugnados de antemano, por la tendencia Largo Caballero, los amigos de Prieto triunfaron, González Peña fue elegido presidente, Jiménez de Asúa vicepresidente y Ramón Lamoneda secretario del partido. La escisión parecía ser inevitable ya.

El terrorismo contrarrevolucionario de la Falange

En una intervención en las Cortes, el 16 de junio, Gil Robles enumeró cifras oficiales que indicaban el ambiente del país después de las elecciones: 269 muertos y 1.287 heridos en las trifulcas callejeras, 381 edificios atacados o dañados, 43 locales de periódicos atacados o saqueados, 146 atentados con bombas. Estas cifras, innegables, no podían imputarse, como quería Robles, solamente a los revolucionarios. En efecto, desde febrero, a impulso de la Falange, se desarrolló una acción sistemáticamente contrarrevolucionaria. Fue en la calle, como en Alemania y en Italia, donde la Falange revistió su carácter fascista con mayor claridad: se trataba de quebrantar con la violencia y el terror el movimiento obrero y revolucionario, atacar los locales de los partidos y a los vendedores de periódicos, provocar en los mítines y en los desfiles, asesinar cuando pareciese necesario para eliminar a un adversario o poner un saludable ejemplo. Los falangistas se lanzaron a la lucha armada al día siguiente de las elecciones. En Madrid, los coches cargados de escuadristas provistos de armas automáticas sembraban el terror en los barrios obreros. En Andalucía, los pistoleros a sueldo cobraban día tras día nuevas víctimas. El objetivo era doble: se trataba, al mismo tiempo, de eliminar al adversario de clase, militante o periodista «marxista» o «anarquista», o a aquel que les ayudaba, juez o policía, y se trataba de crear una atmósfera tal que los amigos del orden, finalmente, no viesen otra solución más queda de volver a poner la suerte del país en manos de una dictadura. La desilusión nacida de la derrota electoral arrastró a muchos conservadores a renunciar a las perspectivas «legales» y a pasar a la acción directa. Los progresos de la Falange fueron relampagueantes a partir de febrero: la ola de los descontentos de derecha engrosó sus filas. Hacia ella se dirigieron los jóvenes del partido de Gil Robles, las Juventudes de Acción Popular que dirigía en aquel momento Ramón Serrano Suñer.

Aunque no le sea posible al historiador situar con toda certidumbre la responsabilidad de crímenes rara vez «firmados», verosímilmente fue a la Falange y a sus pistoleros a quienes se debieron algunos de los atentados más célebres: el fallido atentado con bombas contra Largo Caballero y contra el republicano Ortega y Gasset; el que le costó la vida al inspector encargado de proteger al vicepresidente socialista Jiménez de Asúa; la explosión, el 14 de abril, de una bomba colocada bajo la tribuna presidencial, durante el desfile; el que destruyó el local del periódico socialista de Oviedo; los numerosos asesinatos políticos; el del periodista Casaus en San Sebastián, el del socialista Malimbres en Santander, el del juez Pedregal culpable de haber condenado a treinta años de prisión a un asesino falangista, el del capitán de las guardias de asalto, Faraudo, asesinado en plena calle del brazo de su mujer, y el 12 de julio, por último, el del teniente de las guardias de asalto, José del Castillo, que los falangistas habían señalado para asesinarlo después de las luchas callejeras que se produjeron luego del atentado del 14 de abril.[9]

La preparación del levantamiento militar

A pesar de su importancia creciente en los meses que siguieron a las elecciones, y en la marcha de la guerra civil, la Falange no puede ser considerada como un factor determinante. La oligarquía, los tradicionalistas, los monárquicos, los conservadores esperaban del ejército la salvación. Era su acción la que temían, día a día, republicanos y revolucionarios. Se preparaba, prácticamente a la vista de todos y con conocimiento de todos, para intervenir y reglar definitivamente la suerte del movimiento revolucionario. Para los jefes del ejército, en efecto, era evidente que la victoria del Frente Popular había desencadenado una crisis revolucionaria a la que no eran capaces de imponerse los políticos republicanos moderados de la izquierda.

Desde el 17 de febrero, Calvo Sotelo y después, como hemos visto, el propio Franco, incitaron al presidente de la República a que tomara la iniciativa de un golpe de fuerza anulando las elecciones. Después de la negativa de Portela Valladares, el 20 de febrero, a iniciativa de los jefes de la Unión Militar se realizaron en toda España conferencias entre dos jefes militares y los dirigentes políticos de los partidos de la derecha. La conclusión a que se llegó fue la de que no era todavía el momento de una acción porque las tropas, conquistadas por el entusiasmo popular, no eran de ninguna manera seguras. El gobierno, informado de esto, tomó medidas. Franco, el Jefe de Estado Mayor, fue privado de su cargo y trasladado al Comando Militar de las Canarias. Goded, Inspector General del Ejército del Norte, fue trasladado a las Baleares, y el General Mola, el antiguo Jefe de la Dirección General de Seguridad de la monarquía, que perdió el mando del Ejército de África, fue trasladado a Navarra. Franco, Mola y los generales Villegas y Varela se reunieron en Madrid, en el apartamento del Diputado monárquico Delgado, para ponerse de acuerdo antes de salir para cada uno de sus nuevos destinos.

La conspiración prosiguió sin trabas en estas nuevas condiciones: el Coronel Gallarza se encargó de la conexión entre Madrid y las Canarias. El Inspector General del Ejército, el General Rodríguez del Barrio era, en la junta de dirección, el representante personal del general Sanjurjo. Conforme al acuerdo firmado en 1934 con Goicoechea, Lizarra y el general Barrera, Italia prestó al movimiento ayuda material, armas y dinero. Juan March estaba en Londres y se encargó de obtener simpatías para el movimiento militar en los medios de las grandes finanzas internacionales. El General Sanjurjo abandonó su residencia de exiliado en Estoril para hacer viaje, en marzo y en abril, a Alemania, donde estableció contactos oficiales. El objetivo político seguía siendo vago: las primeras instrucciones escritas de la junta de abril de 1936, se contentaron con recordar que el movimiento tenía como fin instaurar una dictadura militar y fijaron las recompensas que se concederían a los oficiales y suboficiales que trataban de conquistarse. El plan de la insurrección se modificó en función de las nuevas condiciones: Franco, desde las Canarias, debía llegar a Marruecos y ponerse a la cabeza del Ejército de África, Mola sublevaría Navarra, González de Lara, Burgos y Rodríguez Carrasco, Cataluña. Varela y Ordaz se pondrían a la cabeza de la insurrección en Madrid. Todo parecía estar listo y la fecha de la insurrección se fijó para el 20 de abril. Pero el día 18 de ese mismo mes, el General Rodríguez del Barrio informó a la junta que el gobierno estaba advertido: decidió trasladar a Varela a Cádiz y a Ordaz a las Islas Canarias. Había que comenzar de nuevo y era preciso reajustar el plan, tanto más cuanto que —y esto era un triunfo importante— dos generales que pasaban por ser republicanos, Queipo de Llano y Cabanellas, acababan de adherirse a la conspiración. Los hombres de Madrid estaban demasiado vigilados. El centro de organización de la rebelión se fijó en Navarra donde Mola disfrutaba de una total libertad de acción y los oficiales disfrutaban de la simpatía activa de buena parte de la población, Madrid seguía siendo una preocupación para los oficiales que finalmente decidieron confiar la dirección del levantamiento a los generales Fanjul y Villegas. Cuatro columnas, salidas de Navarra, de Burgos, y de Valencia, donde se daba por descontado un éxito rápido, debían converger inmediatamente sobre la capital para apoyar a los insurrectos. Pero había otras dificultades: el General Villegas se asustó y se sustrajo a la conspiración, el gobierno, que parecía seguir día a día el desarrollo de la conspiración, se dedicó a enredar las cartas y sustituyó en Burgos al General González de Lara por un general republicano de toda confianza, Batet. Tuvieron que recomenzar una y otra vez.

Entre tanto, la conspiración progresaba: en las Canarias, Franco, a bordo del Jaime I, tuvo conversaciones prolongadas con el Almirante Salas que le trajo el apoyo de los oficiales de la marina. La red de los conjurados se amplió considerablemente con la entrada de numerosos oficiales subalternos, que habrían de desempeñar un papel decisivo. Se trataba, en efecto, de descubrir en el ejército a los cuadros que se opondrían al levantamiento, oficiales republicanos o simplemente disciplinados y decididos a permanecer fieles a cualquier gobierno que fuese. Había que vigilarlos, que neutralizarlos y, de ser posible, había que deshacerse de ellos llegado el momento. Se mantuvieron estrechos contactos con los dirigentes políticos de la derecha. Al parecer, Calvo Sotelo fue una de las cabezas de la conspiración. Pero los militares confiaban en atraer a su bando a Gil Robles y a sus amigos, que se resistían. Los carlistas dieron a Mola su apoyo y el valiosísimo complemento de sus 7.000 requetés «en pie de guerra, con armas, equipo y formaciones regulares organizadas». Mola no aceptó más que 4.000 que pensaba repartir entre los regimientos de regulares. Pero una nota del 5 de julio, redactada por Mola, provocó una crisis con los carlistas. Mola preveía para España un directorio de cinco jefes militares que suspendería la constitución y gobernaría por decretos-leyes, pero que se comprometería, mientras durase su poder, a mantener la República. La separación de la Iglesia y del Estado debía conservarse. El objetivo del movimiento era, según Mola, la instauración de una «dictadura republicana». Este programa no fue del agrado de los carlistas que querían, como mínimo, la adopción de la bandera monárquica bicolor y el rechazo del emblema republicano, la disolución inmediata de todos los partidos y una organización corporatista de España. Mola se negó y los carlistas le hicieron saber que ya no marchaban de acuerdo con él: por la acción de los navarros, se renunció al plan que debía desencadenar el movimiento, el 12 de julio. El jefe de los requetés, Lizarra, visitó a Sanjurjo, cuyo arbitraje sería aceptado por todos. No habría bandera para las unidades militares en las que tuvieran que servir los requetés. El gobierno sería un gobierno militar «apolítico», cuyo primer acto habría de consistir en la abolición de toda la legislación en materia social y religiosa y cuyo objetivo sería la destrucción del régimen liberal y parlamentario, para adoptar, según las propias palabras de Sanjurjo «las normas que muchos están a punto de adoptar, modernas para ellos, pero secular para nuestra patria».[10] La última dificultad se salvó en junio; en las grandes maniobras del Ejército de Marruecos, los conjurados prestaron el famoso «juramento de Llano Amarillo».

Después de las falsas maniobras, la fecha de la insurrección aparentemente se fijó de nuevo, puesto que Mola informó a los conjurados de que tenían que estar listos para el 15 de junio. Franco, desde las Canarias, debía sublevar Marruecos; Goded, desde las Baleares, Cataluña, y Queipo de Llano, Sevilla.

En otras partes se contaba con los oficiales que estaban en el lugar: Cabanellas en Zaragoza, Saliquet en Valladolid, Fanjul en Madrid, González Carrasco en Valencia. El 16, Mola avisó a José Antonio Primo de Rivera que la sublevación se había fijado para los días 18, 19 y 20 de julio. Estas fechas ya no se aplazaron.

La actitud del gobierno

La actitud del gobierno en el curso de estos meses decisivos ha sido objeto de numerosas críticas. El gobierno, indiscutiblemente, estuvo al corriente de lo que tramaban los jefes militares. Tomó muy pocas medidas y las que adoptó fueron especialmente torpes. ¿De qué servía enviar a las Canarias al general Franco, cuando este exilio lo acercó al Ejército de Marruecos en el que era muy popular, y siendo que los conspiradores en Madrid, podrían contar todavía con el Inspector General del Ejército que, él sí, se había quedado en el lugar? La asignación de Mola a Navarra, lejos de debilitar la insurrección, colocó a un jefe peligroso en uno de los focos más activos de conspiración. Y Goded, desde las Baleares, podría dirigir sin dificultad el levantamiento de Barcelona. Y más todavía, mediante una nota del 18 de marzo, el gobierno encubrió a los militares que conspiraban protestando contra los rumores de golpe de Estado que consideraba injuriosos. Y habló de su «pesar» por los «injustos ataques» lanzados contra el cuerpo de oficiales «fieles servidores del poder constituido y garantía de obediencia a la voluntad popular»; denunció en las campañas de la prensa socialista, comunista y anarquista «el deseo criminal y obstinado de minar al ejército». La timidez de las medidas tomadas contra los conspiradores, la declarada voluntad del gobierno de cerrar los ojos, no tuvieron más resultado, sin duda, que sumar al golpe de fuerza a muchos oficiales vacilantes. El sucesor de Azaña, Casares Quiroga[11], merece pasar a la historia por el ciego optimismo de que dio pruebas al negarse a dar crédito a todas las informaciones y rumores acerca de la conjuración de los generales, optimismo que culminará al negarse, por último, a creer la noticia de la sublevación, inclusive cuando ésta se había perfectamente consumado. Casares Quiroga se obstinó, todavía entonces, en contar al general Queipo de Llano entre los oficiales leales en quienes confiaba para aplastar la sublevación, siendo que este jefe, en aquel preciso momento, mandaba a los rebeldes de Sevilla…

Sin embargo, es un tanto injusto dirigir contra los dirigentes republicanos requisitorias tan severas por la indulgencia que mostraron para la conjuración de los generales.

A imagen y semejanza de los grupos políticos que representaban y de las fuerzas sociales que encarnaban, Casares Quiroga, lo mismo que Azaña, vacilaron y tergiversaron porque habían quedado cogidos entre dos fuegos. El presidente Azaña había podido exclamar, en 1933, que prefería perder el poder después de una lucha leal a obtenerlo mediante algún artificio. Pero la lucha que se desenvolvía en la España de 1936 no era, ni la lucha leal que esperaba, ni la justa parlamentaria con que estaba familiarizado. Era una lucha feroz entre clases sociales antagonistas cuyo enfrentamiento quiso en vano evitar. Ahora bien, el marco parlamentario es singularmente inepto para esta tarea: algunos meses después de su elección, las Cortes no eran más que una representación infiel de la nación que las había elegido. Los diputados de la derecha, en su mayoría de la C.E.D.A., representaban a electores que entonces, por lo que respecta a los más activos de ellos por lo menos, se habían sumado a los extremistas y cuyo portavoz ya no era Gil Robles sino Calvo Sotelo. En cuanto a los electores del Frente Popular, en lo sucesivo habrían de constituir, en su mayoría, una fuerza explosiva que sus dirigentes ya no dominaban. La victoria del Frente Popular había sido su victoria, querían arreglarla a su manera, perfeccionarla, concretarla, completarla con los métodos que eran espontáneamente sus métodos, a saber, los de la acción directa y de la violencia revolucionaria.

La revolución obrera y campesina amenazaba a la República parlamentaria precisamente por lo mismo que la reacción militar y fascista. La lucha armada entre los dos bandos, la guerra civil, señalarla el final, el fracaso de la política de los Azaña y los Casares Quiroga. Esa fue la razón por la cual trataron de evitarla, asestando golpes, sucesivamente, a cada uno de los adversarios y procurando no debilitar demasiado a uno para no tener que entregarse al otro.

Al igual que en el Parlamento, el gobierno voltejeó por el país, detuvo alternativamente a falangistas, y después a anarquistas, cerró alternativamente los locales de unos y luego de otros, y, en todo caso, se negó a golpear seriamente a los generales, porque entonces no podría menos de armar a los obreros y se negó, no menos enérgicamente, a infligir golpes graves al movimiento huelguista y a la agitación obrera y campesina para no entregarse, del mismo golpe, como rehén, a los generales. Apretado entre dos fuerzas hostiles, no pudo más que jugar un peligroso juego doble: la detención de Primo de Rivera fue una concesión a la izquierda, pero el jefe falangista recibió todas las visitas que quiso, y los medios oficiales explicaron a todos los que quisieron oírlos que aquello consistía solamente en la única manera de garantizar su seguridad.[12] Muchos militantes revolucionarios dieron a entender que el gobierno no se sentía a disgusto por la amenaza de una conspiración militar que era la única que podía, como lo deseaba Prieto, contribuir, conduciéndolo a reivindicaciones «razonables», a detener el movimiento revolucionario.

Todos los reproches hechos al gobierno se redujeron a una sola y única falta: su debilidad. Su única razón de ser era dudar, ganar tiempo para evitar el choque que lo aniquilaría.

Capítulo 4
PRONUNCIAMIENTO Y REVOLUCIÓN

En ese mes de julio en que debía estallar, precisamente, la insurrección militar, la violencia parecía imponerse, en los dos campos, a la debilidad del gobierno. Casi no hubo un día que no quedase marcado por algún encuentro, por algún intercambio de disparos, algún asesinato, alguna manifestación con aspecto de motín… En las Cortes, se cacheaba a los diputados: se procuraba no dejar, meter armas de fuego al hemiciclo… En el campo, según palabras del propio ministro, reinaba la violencia. En las ciudades, terrorismo y represalias mantenían a presión a las tropas de los dos campos. El 11 de julio, en Valencia, los falangistas llevaron a cabo un golpe de mano en la emisora de radio y anunciaron: «¡Aquí Radio Valencia! La Falange española se ha apoderado por las armas de esta emisora. Mañana ocurrirá lo mismo en todas las emisoras de España». Una inmensa contra-manifestación de los sindicatos y de los partidos del Frente Popular terminó en violentos asaltos contra la residencia de la C.E.D.A. y el ataque al periódico Diario de Valencia. No obstante, sin discusión posible, fue en Madrid donde los trastornos cotidianos anunciaron más claramente la guerra civil que estaba por llegar.

La huelga de la construcción

A partir de febrero, Madrid fue sacudido por numerosas huelgas que afectaron inclusive a los sectores más conservadores, a los ascensoristas y a los mozos de café. Sin embargo, los meses que pasaron modificaron el carácter de estas luchas. Al parecer, numerosos trabajadores se preocuparon menos de la satisfacción dada a tal o cual reivindicación que de la posesión misma de sus empresas. Los obreros tranviarios de Madrid decidieron apoderarse de la Compañía para explotarla por cuenta propia: fueron inmediatamente apoyados por suscripciones enormes. En la capital, feudo de la U.G.T., la C.N.T. se había desarrollado considerablemente en los últimos meses. Desde entonces era, si no la organización más fuerte numéricamente, sí por lo menos la más combativa. Fueron jóvenes anarco-sindicalistas los que hicieron, en ese tiempo, el papel de dirigentes de la vanguardia obrera madrileña, como David Antona, Cipriano Mera, Teodoro Mora, animadores del sindicato de la construcción de la C.N.T.

Fue el 19 de julio cuando los 70 000 obreros de la construcción de Madrid comenzaron su huelga ilimitada después de una asamblea general organizada en común por las dos centrales sindicales, que se comprometieron a no volver al trabajo más que en virtud de una decisión común tomada en una nueva asamblea general. Pero los patronos hicieron resistencia. La huelga se endureció. En los barrios obreros había hambre. Los huelguistas, arma en mano, obligaban a los comerciantes a servirlos, ocupaban los restaurantes, comían sin pagar. Los comerciantes, los pequeños burgueses se atemorizaron. La policía era impotente ante el número, a pesar de los encuentros cotidianos con los piquetes de huelga. A los falangistas les pareció favorable la ocasión para aplicar a los albañiles su método de violencia contrarrevolucionaria. Atacaron primero a obreros aislados, y luego a los grupos que se hallaban delante de los lugares de trabajo ocupados. El comité de defensa de la C.N.T. del Centro tomó entonces en sus manos la dirección de la huelga y la organización de la defensa armada de los obreros. El gobierno hizo todo lo posible por arreglar el conflicto. El 4 de julio, el ministro del Trabajo pronunció un arbitraje que, en lo esencial, daba satisfacción a los huelguistas.[1]

La U.G.T., después de consultar a sus afiliados, dio la orden de volver al trabajo: había que terminar la huelga puesto que, alcanzado el objetivo esencial, las reivindicaciones se podrían obtener mediante negociaciones. Como subrayó en Claridad el secretario de la construcción de la U.G.T. madrileña, Domínguez, el conflicto podía «degenerar en un peligro grave para el régimen»… Pero quizás, precisamente, fue esta consideración la que empujó a la C.N.T. a continuar. En lo sucesivo, la huelga de la construcción rebasó el marco de una simple lucha por el aumento de salario y la disminución de la jornada de trabajo: los patronos habían cedido todo lo que podían ceder, pero la C.N.T. madrileña, por influencia de los obreros más combativos, quería continuar lo que, en realidad, era una prueba de fuerza con la burguesía y el Estado, una verdadera huelga de insurrección. Denunció de inmediato a la dirección de la U.G.T., a los socialistas y a los comunistas que la apoyaban, tildándolos de rompehuelgas, de «amarillos». ¿Acaso no decidieron por sí solos volver al trabajo en violación de la decisión tomada en la asamblea común? El 9 de julio, el periódico monárquico ABC anunció que los obreros afiliados a la U.G.T. no habían reanudado el trabajo, por temor a las violencias de los de la C.N.T. Estallaron reyertas entre huelguistas y no huelguistas, cenetistas y ugetistas, todos más o menos armados. En ese mismo día, se contaron cinco muertos en las puertas de los lugares de trabajo, tres de la U.G.T., dos de la C.N.T. Al parecer, se iban a reanudar en Madrid las batallas que habían enfrentado en Málaga, entre el 11 y el 15 de junio, a los anarcosindicalistas y a los socialistas y comunistas.[2] Los falangistas, cuya dirección acababa de tomar nuevamente uno de sus jefes más capaces, Fernández Cuesta, liberado de la cárcel el 4 de junio, multiplicaron sus asaltos con la esperanza de aplastar la huelga. La C.N.T. replicó ametrallando un café que servía de local a la Falange. Tres falangistas de la escolta de José Antonio quedaron muertos… El gobierno aprovechó el conflicto entre la U.G.T. y la C.N.T. para tratar de decapitar a la que estaba aislada y le parecía ser, también, la más peligrosa. La policía cerró los locales de la C.N.T., y detuvo a los dirigentes de los albañiles, con Antona y Mera a la cabeza. Los huelguistas, dirigidos por Eduardo Val, del comité de defensa de la C.N.T del Centro, siguieron disputando la calle y las entradas a los lugares de trabajo a los obreros de la U.G.T., a la policía, a los falangistas… Se comprende que, a estas condiciones particulares, aun frente al peligro creciente del levantamiento militar, el gobierno se haya negado a distribuir las armas, como le pedía sin embargo Largo Caballero. «Armar al pueblo», a ojos de los dirigentes, sería en primer lugar armar a los albañiles de la C.N.T. madrileña, armar a la vanguardia revolucionaria, fuerza que le producía más temor todavía que la de los generales reaccionarios.

El asesinato de Calvo Sotelo

El asesinato, el 12 de julio, del teniente de las guardias de asalto, José del Castillo, señaló, como hemos visto, una etapa importante en el camino que conducía a la guerra civil. Después del capitán Faraudo, era el segundo oficial de este cuerpo abatido en las mismas condiciones, verosímilmente por instigación de los mismos hombres. Sus camaradas reaccionaron vivamente: los guardias de asalto se habían convertido, en efecto, en el blanco de los pistoleros falangistas, en tanto que los asesinos, en tal ambiente, tenían prácticamente asegurada la impunidad. Así también, los guardias de asalto de la compañía de Del Castillo decidieron hacer lo que no habían hecho después del asesinato de Faraudo: decidieron vengarse por sí mismos, puesto que el Estado que los empleaba para mantener el orden era incapaz de protegerlos y de castigar a quienes los asesinaban en plena calle. Para hacer una venganza ejemplar de la muerte de Del Castillo decidieron golpear a la cabeza, al hombre que consideraban como alma de la conjuración y jefe de los asesinos, Calvo Sotelo, que unos días antes había denunciado ante las Cortes a Del Castillo como organizador de un atentado contra los falangistas.

Al amanecer del día siguiente, un camión transportó al domicilio de Calvo Sotelo a un grupo de guardias de asalto a la cabeza de los cuales iba el teniente Moreno, acompañado de un comandante de la guardia civil, Fernando Condés. Le dijeron al líder monárquico que venían a detenerlo. Calvo Sotelo, inquieto, pidió que le dejaran telefonear a la policía para obtener la confirmación del mandato. Pero los guardias de asalto habían cortado los hilos telefónicos. Entonces, se decidió a seguirlos. Algunas horas más tarde encontraron su cadáver, acribillado a balazos, en el cementerio del Este y se le identificó en la morgue…

El entierro de José del Castillo y el de Calvo Sotelo constituyeron el último desfile antes del combate. Los adversarios se desafiaron a plena luz del día. Antonio Goicoechea declaró sobre la tumba de Sotelo: «Juramos vengar tu muerte». Gil Robles, en un discurso de extraordinaria violencia, pronunciado en las Cortes, afirmó: «La sangre de Sotelo ahogará al gobierno». Y, en nombre de los carlistas y de la Renovación Española, Suárez de Tangis leyó un documento que constituía la declaración de la guerra civil: «Desde el 16 de febrero vivimos en plena anarquía, bajo el imperio de una subversión monstruosa de todos los valores morales que ha culminado en poner a la autoridad y a la justicia al servicio de la violencia: los que quieren salvar a España y a su patrimonio moral como pueblo civilizado nos encontrarán a la vanguardia por el camino del deber y del sacrificio».

En la atmósfera de los meses precedentes, tal río de injurias y de amenazas se había proferido que a los amigos del líder asesinado no les costó trabajo descubrir en los discursos de sus adversarios denuncias y ataques que podían ser considerados como provocaciones al asesinato. Y no se privaron de hacerlo. Los asesinos de Sotelo, los vengadores de Del Castillo, eran conocidos: eran los quince guardias de la patrulla del teniente. Era evidente que habían obrado por su propia iniciativa, sin orden oficial. Pero la propaganda de la derecha se desencadenó para hacer recaer la responsabilidad directa del asesinato sobre el gobierno republicano, contra el cual se preparaba a sublevarse. La muerte de Sotelo proporcionó un pretexto sagrado para un levantamiento durante largo tiempo preparado. Por lo demás, al precisarse la amenaza, la réplica se dibujó también. Por doquier, en España, los obreros desenterraron las armas ocultas desde 1934 y trataron de obtener otras nuevas. El gobierno desplazó a algunos generales, aceleró la desmovilización de los reclutas, detuvo a falangistas, sin exceptuar a los que acababa de liberar. Prieto, en El Liberal habló con energía: «Si la reacción sueña con un golpe de Estado sin sangre, se equivoca».

En esta atmósfera de alarmas y de inquietudes, el presidente del Consejo se mantuvo imperturbable. El 14 de julio, un grupo de diputados vascos, entre los que figuraba el futuro presidente Aguirre, que ha contado el incidente, le preguntaron si era verdad que había ordenado la detención de Mola, jefe de los conspiradores, conocido como tal. Se irritó por estos rumores y afirmó: «Mola es un general leal a la República».[3] Igualmente respondió con una negativa brutal al gobernador de Huelva que, teniendo las pruebas de la actividad subversiva de Queipo de Llano, pedía autorización para detenerlo. Varios testigos, y entre ellos Prieto, cuentan que informado del levantamiento de los militares en Marruecos, se contentó con responder: «¿Se sublevaron? Muy bien, entonces me voy a dormir».

La insurrección en Marruecos

El ejército, en Marruecos, estaba en su casa, como siempre lo había estado. Ya en febrero, las tropas de Marruecos eran seguras, mientras que vacilaban en la península. Las tropas marroquíes, los moros, se reclutaban entre los montañeses del Rif. Eran guerreros temibles, salvajes, a los que ninguna propaganda afectaba, que no aspiraban más que a la lucha y al pillaje, como demostraron en ocasión de la represión de la insurrección de Asturias. La Legión era un cuerpo de mercenarios de élite, voluntarios de todos los países, desesperados, y a menudo prófugos de la justicia, dispuestos también a batirse porque para eso se les pagaba y porque eso era lo que habían elegido. El movimiento obrero existía, cierto es, y había en las ciudades fuertes organizaciones sindicales. Sin embargo, no tenían ninguna influencia en la población indígena, sólidamente encuadrada, y carecían sobre todo de contacto con los soldados profesionales, marroquíes o extranjeros de las tropas de élite del ejército de Marruecos.

Casi todos los oficiales estaban comprometidos en la conspiración. En las calles, se saludaban alegremente al grito de «café», abreviación de su consigna: ¡camaradas, arriba Falange española! Se preparaban a vistas de todos —o casi— para la conquista de la metrópoli podrida que había que regenerar con las virtudes militares que eran el patrimonio de todo ejército colonial. En ocasión de las maniobras de Llano Amarillo, como hemos visto, los jefes prestaron juramento. Todo estaba listo para que el ejército que el Estado había tenido la imprudencia de enviar para que le resguardara Marruecos, se arrojara contra la República. Allí, las autoridades civiles eran tan débiles ante los jefes militares que la conspiración no se encubría más que para no dar señales demasiado precisas a la metrópoli. A comienzos de julio, la policía encontró depósitos de armas, uniformes y proclamas en el Casino de Tetuán. El asunto no tuvo consecuencias, siendo que los nombres de los jefes conspiradores estaban en labios de todos.

El movimiento partió de Melilla, el 17 de julio. A la cabeza de sus oficiales, el jefe designado, el teniente coronel Seguí, obtuvo la adhesión de los guardias de asalto y destituyó al jefe de la guarnición. La legión extranjera asaltó la Casa del Pueblo, en la que se habían reunido los albañiles. Aquí y allá, algunos militares y algunos grupos de obreros trataron de resistir. Se les dio muerte. Dueño de la ciudad en unas cuantas horas, Seguí telegrafió a las demás guarniciones la orden de sublevarse. Se interrumpieron las comunicaciones con la metrópoli. Los jefes de la Legión, los tenientes coroneles Yagüe y Tella, los jefes de las tropas moras, los coroneles Bautista Sánchez, en el Rif, Sáenz de Burruaga, en Tetuán, Múgica, en Larache, pasaron a la acción hacia las 11 de la noche. Ocuparon los puntos estratégicos, regularon la circulación, comenzaron a cazar a los hombres en los barrios obreros. Los aviadores de Tetuán hicieron resistencia: vencidos por la artillería, fueron fusilados «conforme a la ley marcial». Al Jalifa y al Gran Visir se les pidió que aprobaran la acción de los rebeldes, que ocupaban el alto comisariado. Y así lo hicieron. La huelga desencadenada por los sindicatos era general el día 18, pero el ejército proporcionó «voluntarios» indígenas para romperla y tuvo corta duración, después de algunas detenciones y ejecuciones… En Ceuta, donde la insurrección se anunció a tambor batiente, Yagüe quedó dueño de la ciudad en dos horas. La resistencia heroica de los obreros de Larache no duró más de 24 horas. El día 18, el ejército había aplastado toda resistencia. Su jefe teórico, el general Morató, se enteró de la nueva de la insurrección gracias a un aviso telefónico desde Madrid… Ya no esperaba más que a su verdadero jefe: Franco.

El gobierno republicano ante la sublevación

Franco salió de Las Palmas en un avión tripulado por un inglés.[4] Prudentemente, no llegó a Tetuán hasta el día 19, después de un aterrizaje en el Marruecos francés para informarse del desenvolvimiento de las operaciones. Pero en su nombre, desde Tetuán, se lanzó una proclama: «El ejército ha decidido restablecer el orden en España… El general Franco ha sido puesto a la cabeza del movimiento y apela al sentimiento republicano de todos los españoles». Un avión gubernamental lanzó, en la noche del 17 al 18, seis bombas sobre el cuartel general de Tetuán. Inmediatamente se dio una amenazante respuesta: «Las represalias que tomaremos guardarán proporción con la resistencia que se nos opondrá».

En la mañana del 18 de julio, el gobierno tuvo que admitir en una nota que «una parte del ejército se ha sublevado en Marruecos». Y precisó que: «El gobierno declara que el movimiento se ha limitado a algunas zonas del Protectorado y que nadie, absolutamente nadie, en la Península, se adhiere a una empresa tan absurda». El mismo día, sin embargo, la «empresa absurda» se extendía por todo el país: los militares se sublevaron en Málaga y en Sevilla. El gobierno desmintió la información y, en respuesta a los partidos y a los sindicatos difundió, a las tres de la tarde, un segundo comunicado: «El gobierno toma nota de los ofrecimientos de ayuda que ha recibido, y aunque se muestra reconocido con ellos, declara que el medio mejor de ayudarlo es garantizar el carácter normal de la vida cotidiana para dar un alto ejemplo de serenidad y de confianza en los medios de la fuerza militar del Estado… Gracias a las medidas preventivas tomadas por el gobierno, puede decirse que ha sido ahogado un vasto movimiento antirepublicano. No ha encontrado ninguna ayuda en la Península y solamente ha logrado reclutar algunos partidarios en una fracción del ejército». Después de saludar «a las fuerzas que, en Marruecos, trabajan para dominar la sublevación», la nota terminó diciendo: «La acción del gobierno será suficiente para restablecer el orden». La radio del gobierno llegó inclusive a declarar que la insurrección había sido aplastada en Sevilla.

Esa tarde misma, el Consejo de Ministros, en el que participaba Prieto, dio una nueva negativa a la demanda presentada por Largo Caballero, en nombre de la U.G.T., para que se distribuyeran armas a las organizaciones obreras. Un comunicado común de los partidos socialista y comunista declaró: «El momento es difícil pero no desesperado. El gobierno está seguro de que posee los medios suficientes para aplastar esta tentativa criminal. En caso de que sus medios fuesen insuficientes, la República cuenta con la promesa solemne del Frente Popular. Está dispuesto a intervenir en la lucha a partir del momento en que se reclame su ayuda. El gobierno manda y el Frente Popular obedece».

Al anochecer, la C.N.T. y la U.G.T. lanzaron la orden de huelga general. A las 4 de la mañana, el 19 de julio, en el momento en que toda España se preparaba a combatir, Casares Quiroga entregó al presidente Azaña la dimisión de su gobierno…

El Gobierno de Martínez Barrio

Azaña apeló inmediatamente a Martínez Barrio, presidente de las Cortes, que constituyó de inmediato un gobierno compuesto exclusivamente de republicanos, pero ampliado sobre su derecha, con los grupos de los Republicanos nacionales de Sánchez Román, que habían permanecido fuera del Frente Popular. En el Ministerio de la Guerra, puso a un militar, el general Miaja.

Historiadores y comentadores están generalmente de acuerdo para reconocer en este ministerio a una última tentativa de evitar la guerra civil llegando a un acuerdo, por lo menos, con una parte de los generales rebeldes. Ya no lo están tanto en lo tocante al desenvolvimiento de los acontecimientos y al contenido mismo de los intentos de conciliación. Salvador de Madariaga dice que Martínez Barrio había reservado algunas carteras para los generales rebeldes. Caballero afirmó que Martínez Barrio le habló de una conversación telefónica con Mola en persona, de la que otros testigos, citados por Clara Campoamor, oyeron hablar igualmente por boca de Martínez Barrio. El historiador franquista Bertrán Güell afirma que Mola se negó perentoriamente a ocupar el cargo de ministro de la Guerra: «Si usted y yo llegásemos a un acuerdo, habríamos traicionado, tanto el uno como el otro, a nuestro ideal y a nuestros hombres».[5] Martínez Barrio —hasta su muerte (enero de 1962) Presidente de la República en el exilio— protestó contra estas versiones y afirmó en una carta a Madariaga: «En ningún momento buscamos la colaboración de los rebeldes. Creímos que ellos, frente a este cambio de política, cambiarían a su vez de actitud».[6]

Se haya sondeado o no a los generales rebeldes —y al parecer si se hizo— la actitud de algunos de ellos parece dar confirmación a la tesis y a las esperanzas de Martínez Barrio. El propio Mola, Aranda en Oviedo, Patxot en Málaga, contemporizaron, parecieron vacilar en cortar los puentes, en el caso de que Martínez Barrio tuviera éxito y en el caso de que las concesiones republicanas se precisaran. Pero el anuncio de la formación del nuevo gobierno tuvo en Madrid mismo el efecto de una bomba. Centenares de miles de manifestantes se reunieron sin esperar la consigna de ninguna organización y pidieron armas para luchar contra los militares. Salvador de Madariaga y Borkenau, que afirma que Caballero amenazó al gobierno con una insurrección socialista armada, están a este respecto de acuerdo con Martínez Barrio, según el cual, su gobierno «murió a manos de los socialistas de Caballero y de los comunistas».[7] Caballero, en sus memorias, se limita a indicar que la U.G.T. puso como condición de su apoyo al nuevo gobierno el armamento de los trabajadores. Pero Martínez Barrio, como Casares Quiroga, se negó a lo que, a sus ojos, significaría el comienzo de la revolución obrera, el final de la República parlamentaria. Dimitió a su vez.[8]

De las personalidades republicanas sondeadas, sólo el Dr. José Giral, eminente universitario, amigo de Azaña, aceptó dar el paso decisivo: su gobierno decretó la disolución del ejército y la distribución de las armas a las milicias obreras formadas por los partidos y los sindicatos. Firmó, al mismo tiempo, lo que pareció ser el decreto de muerte de la «legalidad republicana», pero en aquella fecha no era más que un reconocimiento del hecho consumado: ahora era la fuerza, la de los generales y sus tropas, la de los obreros armados, la que habría de decir el porvenir de España. La «legalidad» se esfumó ante el choque de las fuerzas sociales.

El «movimiento»: éxitos y fracasos

Los jefes rebeldes no habían previsto una resistencia de tan larga duración a su acción. Sin duda, su plan tomaba en cuenta las dificultades particulares que había que superar en algunas regiones, pero el mapa de España, tal como se dibujó después de algunos días de combate, ofreció aspectos muy inesperados. Navarra, feudo tradicional de los carlistas, acogió con entusiasmo el movimiento. Las calles de Burgos y de Pamplona se llenaron de voluntarios de las unidades paramilitares carlistas, los requetés, de boina roja y brazalete verde marcado con una cruz. Habían bajado de sus montañas, con la capa enrollada echada sobre el hombro, para asegurar la victoria de «Cristo Rey», como lo proclamaban las inscripciones. Delaprée los vio «escupiendo con asco cuando se pronunciaba ante ellos las palabras de ‹República› o de ‹sindicato›». Y añadió: «No me sorprendería, de ninguna manera, ver montar en una plaza de Burgos un auto de fe.»[9] Aquí, las masas populares estaban con los militares y los voluntarios afluían para reforzar el ejército de Mola que marchaba hacia la capital. Quizá, sólo la hostilidad apenas velada que se mostraban «boinas rojas» y «camisas azules» de la Falange, rompía la unanimidad entusiasta de este comienzo de cruzada.

Pero, en otras partes, éxito y fracaso dependieron de numerosos factores a menudo imprevisibles. Actitud de los cuerpos de policía, guardias civiles y guardias de asalto, cuya adhesión a uno o a otro campo decidió a menudo la victoria, espíritu de decisión o evasivas de los gobernadores civiles, vacilaciones o audacia de los jefes militares, vigilancia o ingenuidad de los dirigentes obreros. El Movimiento venció en efecto, muy rápidamente, cada vez que los insurgentes se adelantaron a la organización de sus adversarios. Venció también, con un poco de retraso, cada vez que los dirigentes obreros se dejaron engañar por las declaraciones de lealtad de los oficiales. En esta medida no es imprudente afirmar que fue menos en la acción de los rebeldes que en la reacción de los obreros, de los partidos y de los sindicatos, y de su capacidad de organizarse militarmente, en una palabra, en su perspectiva política misma, donde residió la clave del resultado de los primeros combates. En efecto, cada vez que las organizaciones obreras se dejaron paralizar por el cuidado de respetar la legalidad republicana, cada vez que sus dirigentes se contentaron con la palabra dada por los oficiales, éstos últimos vencieron. Por el contrario, el Movimiento fracasó cada vez que los trabajadores tuvieron oportunidad de armarse, cada vez que se lanzaron inmediatamente a la destrucción del ejército en cuanto tal, independientemente de las tomas de posición de sus jefes o de la actitud de los poderes públicos «legítimos».

Victorias del «movimiento»: Andalucía

Los insurgentes vencieron rápidamente en Algeciras, donde el gobernador se negó a armar a los trabajadores mientras los militares se declarasen leales. Cuando, al final, se decidió, ante las evidencias, a detener al jefe de la guarnición, él mismo fue hecho prisionero… En Cádiz, la huelga era general desde el 19 y los guardias de asalto distribuyeron armas a los sindicatos, pero el gobernador salió fiador de la lealtad de los oficiales. El 20, al recibirse la noticia de la caída de Algeciras, y con la llegada de un barco de guerra sublevado, la guarnición se rebeló: al día siguiente, toda resistencia había sido aplastada y el comandante general prohibió la huelga y las reuniones sindicales. En Córdoba, el gobernador se negó a dar armas a los obreros en huelga: la guardia civil y la guarnición, a las órdenes de un oficial que tenía fama de republicano, el coronel Cascajo, se sublevaron al mismo tiempo y aplastaron toda resistencia. En Granada, los guardias de asalto se sublevaron con la guardia civil y la guarnición: aplastaron rápidamente la resistencia armada organizada en los barrios. En Huelva, el gobernador concentró a la guardia civil: los mineros de Río Tinto, movilizados por su sindicato, marcharon contra la Sevilla sublevada. Los guardias civiles que los acompañaban les tendieron una emboscada y los asesinaron. Luego, se lanzaron a la conquista de las minas.

Pero la gran victoria de los sublevados fue la toma de Sevilla, bastión de las organizaciones obreras. El general Queipo de Llano, que el gobierno no quiso detener, llegó de incógnito a la capital andaluza, en la que sólo el mando de la guardia civil estaba comprometido en la conjuración. En los cuarteles de la guardia civil, se armó y se organizó militarmente a los falangistas y a los señoritos voluntarios para participar en la sublevación. Los grupos de choque así formados atacaron por sorpresa el cuartel de los guardias de asalto, que se defendieron hasta el último cartucho en el edificio y en la central telefónica. Mientras tanto, un pequeño destacamento había ocupado sin disparar un tiro la emisora de Radio Sevilla. Queipo de Llano hizo tocar el himno republicano y luego anunció bruscamente que era dueño de la ciudad. Las organizaciones obreras no reaccionaron, mientras que el general, maestro en el arte del bluff, hizo ocupar los puntos estratégicos y ordenó que desfilaran continuamente por las calles los mismos camiones militares para hacer creer en una superioridad numérica aplastante de las tropas que dirigía. Cuando, finalmente, la C.N.T. y la U.G.T. comenzaron a reagrupar a sus militantes para la lucha armada, era demasiado tarde: los guardias de asalto fueron batidos hasta el último hombre y los primeros refuerzos de soldados marroquíes aterrizaron en el aeródromo, del que los rebeldes se habían apoderado en las primeras horas.

Esta llegada constituyó, cierto es, un complemento considerable desde el punto de vista militar, pues los moros eran tropas temibles, aguerridas y disciplinadas. Pero fue también una victoria psicológica —una más— que hay que cargar en el activo del inteligente general, pues su reputación de crueldad era de todos conocida y el rumor de su llegada difundió el terror. La resistencia obrera comenzó demasiado tarde, y en las peores condiciones. En Sevilla, no fue una lucha, sino una matanza. Una memoria del Colegio de abogados declara que más de 9.000 obreros fueron asesinados entonces.[10] Bertrand de Jouvenel, corresponsal de Paris-Soir, describió el asalto de los moros contra un barrio obrero: «Con un grito de guerra feroz, los hombres se precipitaron por las calles del barrio. Fue una implacable limpieza con bombas de mano y cuchillo. No se dio cuartel. Cuando, dos días después, pude deslizarme entre las ruinas, vi a hombres abrazados, atravesados el uno y el otro con bayonetas y largas navajas». Sin embargo, el barrio de Triarla resistió durante más de una semana. «Limpiada» Sevilla, los militares se lanzaron a la conquista de las demás ciudades y aldeas. Por doquier, los mismos métodos vencieron a una resistencia feroz y desesperada: Morón se sostuvo ocho días, y numerosos soldados rebeldes cayeron ante Carmona. Pero, en toda la región, el Movimiento triunfó. Las ejecuciones en masa de obreros y de militantes aseguraron a veces, de antemano, la sumisión de los vacilantes y de los tibios, a menudo las autoridades o los jefes de la guardia civil se adelantaron y en prueba de adhesión a la causa ejecutaron a jefes obreros, inclusive antes de la llegada de las tropas de Queipo. En unos pocos días, Andalucía fue conquistada: gracias a su espíritu decidido, a una sagaz utilización de los medios modernos de propaganda y el empleo en masa del terror, Queipo de Llano se aseguró, mediante el aeródromo y la emisora de radio, una ventaja que los obreros no pudieron compensar. Sorprendidos y desorientados, las más de las veces los militantes no pudieron oponerle más que un valor tan indomable como inútil.

Victoria del «movimiento»: Zaragoza

Fue una victoria de igual clase la que obtuvo el ejército en Zaragoza, otro bastión obrero. Allí, el jefe de la guarnición, el general Miguel Cabanellas era también el jefe de la conspiración. Era un francmasón que pasaba por ser republicano y, como Queipo de Llano, se sumó a última hora al movimiento. El 17 de julio, al recibirse la noticia de la sublevación de Marruecos lanzó una proclama de fidelidad a la República y decretó el estado de sitio para enfrentarse a las «tentativas fascistas». Tuvo que renunciar ante la amenaza de guerra general esgrimida por la C.N.T., pero incorporó rápidamente en sus tropas a los falangistas y a los señoritos. El gobernador suplicó a los dirigentes obreros que no perturbaran el orden, se negó a dar armas a los trabajadores y predicó la calma. A instancias de él, los dirigentes de la C.N.T. invitaron a los obreros a que volvieran a sus casas. Y el día 19 por la mañana, un ejército depurado y reforzado por militantes de derecha, junto con la guardia civil, ocupó la capital de Aragón e instaló cañones en batería. La radio afirmaba: «no vamos contra la República… Trabajadores, vuestras reivindicaciones serán respetadas». Siguió circulando el rumor, hábilmente, de que Cabanellas iba «contra los fascistas».

Aquí también, los dirigentes obreros no se dieron cuenta de lo que les ocurría hasta que la policía comenzó a detener a los suyos. El día 19, la C.N.T. y la U.G.T. dieron la orden de huelga general y trataron de organizar la resistencia armada en los barrios en que las tropas no se habían atrevido a penetrar. Los guardias civiles atacaron una concentración organizada por las juventudes libertarias y les infirieron duras pérdidas. Sin embargo, se necesitó más de una semana para terminar la huelga general, pues los dirigentes obreros, sometidos a tortura, se negaron a dar la orden que le pondría fin. Uno de los dirigentes de la C.N.T. de Zaragoza, Chueca, reconocerá la ingenuidad de los dirigentes sindicales que perdieron su tiempo con palabras e inclusive dieron fe a las promesas del gobernador, que no supieron prever «algo más eficaz que los 30 000 obreros organizados en los sindicatos de Zaragoza».[11] Casi todo Aragón, en el transcurso de estos días, cayó en manos de los rebeldes.

Un éxito inesperado: Oviedo

Los planes de Mola no habían previsto el éxito en Oviedo, en el corazón de Asturias, donde los militantes socialistas y anarco-sindicalistas tenían una sólida tradición de combate, una experiencia en la lucha armada, cuadros entrenados, algunas armas. Fue una edición especial, no sometida a la censura, del periódico de Caballero Avance la que, desde el mediodía del 18, anunció la sublevación. Inmediatamente, los mineros se reunieron en sus locales sindicales, improvisaron unidades, desenterraron las armas ocultas desde octubre de 1934. Bajo su presión, partidos y sindicatos constituyeron un Comité provincial que se encargó de secundar y de vigilar la acción del gobernador Liarte Lausín, de cuya lealtad sospechaban algunos.

El coronel Aranda, jefe de la guarnición, se apresuró a tranquilizar a los dirigentes obreros y republicanos: se proclamó fiel a la República y condenó solemnemente a los facciosos. Sin embargo, en la víspera, había hecho transportar a los cuarteles todas las armas disponibles y había dado en secreto a la guardia civil la orden de marchar sobre Oviedo. Pero no se sabía, y se le tuvo confianza. Más aún, cuando, desde Madrid amenazado, llegaron peticiones de refuerzo, los dirigentes socialistas aceptaron la sugerencia del coronel, formar tres columnas de mineros y enviarlos por tren hacia la capital. Mil seiscientos jóvenes en Sama de Langreo, varios centenares en Mieres se unieron a las tropas de los dinamiteros de Oviedo. De estos 3.000 hombres, que mandaban oficiales de la guardia de asalto, apenas 400 tenían armas de fuego, fusiles y carabinas. En León, el general Gómez Caminero les distribuyó 300 fusiles. El refuerzo, para Madrid, tenía importancia, pero Oviedo había perdido su guardia obrera.

A pesar del optimismo de los dirigentes socialistas, la inquietud fue en aumento. En efecto, Aranda había acuartelado a los soldados y había puesto centinelas que impedían acercarse a los cuarteles. Se sabía que estaban armados, mientras que las escasas armas en manos de los mineros se habían marchado camino de Madrid. El Comité provincial se dividió: republicanos y socialistas de derecha continuaron confiando en el coronel. Pero los dirigentes de la C.N.T. sabían que había hecho trasladar las armas a los cuarteles; con los comunistas y los socialistas de izquierda, agrupados en torno de Javier Bueno, el director de Avance, se negaron a prolongar un juego que a su juicio era peligroso. Exigieron a Aranda la prueba de su lealtad: la distribución a las milicias obreras de las armas almacenadas, la apertura de los cuarteles, la amalgama de soldados y obreros armados. Aranda tergiversó. González Peña le suplicó que diera una prenda a los extremistas, y se cubrió con la autoridad de Prieto para obtener la distribución de las armas. Aranda les replicó que aguardaba, para hacerlo, una orden del ministro de la Guerra. Durante este tiempo, los guardias civiles marchaban hacia Oviedo. Con un pretexto, Aranda logró abandonar la sala donde estaba reunido el Comité en el palacio del Gobernador. Entonces se unió a sus tropas, ocupó el monte Naranco y puso dos cañones en batería delante del Palacio.

El Comité se dispersó mientras los soldados ocupaban los puntos estratégicos. La añagaza del coronel había tenido éxito: los mineros armados estaban lejos y ocupó la capital sin disparar un solo tiro. Sin embargo, los barrios obreros estaban alertas y se cubrieron de barricadas. En los pueblos mineros los grupos de guardias civiles fueron detenidos, atacados o desarmados. En Gijón, la guarnición se sublevó también, después de haber proclamado su lealtad, pero fue inmediatamente rodeada por los metalurgistas de La Felguera, que el comité de defensa improvisado en la Casa del Pueblo, en tomo a Segundo Blanco, llamó al rescate. Por último, una de las dos columnas de mineros que marchaban hacia Madrid, avisada de la sublevación en su retaguardia, desandó el camino, se apoderó del arsenal de Trubia, y completó el cerco esbozado de la capital asturiana. La toma de Oviedo por los rebeldes no trajo consigo la caída de Asturias, pero inmovilizó a decenas de miles de obreros que, por lo demás, carecían casi de armas. La habilidad de Aranda y la ingenuidad de algunos dirigentes detuvieron allí a combatientes cuya ausencia se sintió cruelmente en otras partes.

Fracaso de los militares: la flota

Al lado de estos éxitos, previstos o inesperados, los generales habrían de conocer también reveses. En primer lugar, un accidente los privó de uno de sus jefes. Sanjurjo debía regresar desde Estoril, adonde había ido un avión para recogerlo el día 20. La hélice se rompió al despegar, el avión se incendió y Sanjurjo pereció en el accidente.

Pero los reveses experimentados en el resto de España no fueron fruto del azar. El desembarco en masa de las tropas marroquíes previsto en el plan para las horas inmediatamente posteriores a la insurrección, no tuvo lugar, pues la flota no se había sumado al movimiento. Sin embargo, su participación se había estudiado minuciosamente y arreglado definitivamente hasta en sus menores detalles en ocasión de las maniobras frente a las Canarias, en el transcurso de las reuniones entre los almirantes y Franco. En su totalidad casi, los oficiales eran partidarios del Movimiento. Pero fueron los tripulantes los que hicieron fracasar el plan: quizá más instruidos en política, porque eran muy a menudo de origen obrero, los marinos supieron, en todo caso mejor que los soldados, organizarse contra los preparativos de sus jefes. En casi todos los barcos se constituyeron pequeños núcleos clandestinos, compuestos de ocho o diez suboficiales y marinos socialistas o anarquistas que aseguraban, en las escalas, la conexión con sus organizaciones. Un Consejo Central de marinos funcionó sobre el crucero Libertad. Advertidos por ellos, delegados de los consejos del Cervantes, del Almirante Cervera, del España y del Velasco, pudieron reunirse alrededor de él en el Ferrol, el 13 de julio, para decidir las medidas que habría que tomar contra la sublevación de los almirantes. El día 14, lograron establecer contacto con el Consejo, de marinos del Jaime I. En Madrid, Balboa, un suboficial asignado al Centro de Trasmisiones de la Marina, detuvo al jefe del centro, una de las clavijas maestras de la conspiración. Por su intermedio y el de los telegrafistas de cada barco, los marinos fueron mantenidos al corriente, minuto a minuto, del desenvolvimiento de la conspiración y se mantuvieron preparados para tomar represalias contra sus comandantes.

La tripulación del torpedero Churruca, que el día 19 había transportado a Cádiz un tabor de marroquíes, se sublevó el día 20 y fusiló a los oficiales. Después, los del Almirante Valdés, y los del Sánchez Bercaiztegui los imitaron y, desde Melilla, pusieron proa a Cartagena. En San Fernando, los tripulantes de dos cañoneros y de un crucero, fueron finalmente aplastados por la artillería costera y, en el Ferrol, el Almirante Cervera, inmovilizado por reparaciones y el España, sin municiones, les fueron arrebatados a los marinos por los rebeldes. Pero los del Jaime I, informados por radio de que su buque había puesto proa a Celta, se amotinaron en alta mar y luego, adueñados del acorazado después de una sangrienta batalla se unieron, en la bahía de Tánger, al grueso de la flota, cuya historia, en esos pocos días, había sido idéntica a la suya. Por doquier mandaban Comités de marinos que, después de haber ejecutado a la mayor parte de los oficiales, obligaron a los que quedaban a cumplir sus funciones bajo sus órdenes. En vez de asegurar la conexión y la llegada de los refuerzos de Marruecos a la península, los buques de guerra les impidieron llegar. La acción de los marinos, que trastornó gravemente el plan de los generales, fue pues uno de los acontecimientos más importantes de las jornadas del levantamiento.[12]

Derrota del «movimiento»: Barcelona

Fue en Barcelona donde los militares sufrieron su más grave derrota, infligida por los obreros catalanes, ayudados, cierto es, por el complemento, en el momento decisivo, de una parte de la guardia civil y de los guardias de asalto. De tal modo, fueron los obreros los que salieron vencedores en las jornadas de combate, aunque la burguesía republicana, en virtud de su separatismo, había tomado aquí una actitud más resueltamente hostil a los militares que en el resto de España. En los días precedentes, los dirigentes de la C.N.T. habían mantenido un contacto casi permanente con el gobierno de la Generalidad y los dirigentes de la Esquerra: el dirigente anarquista D.A. de Santillán pudo evocar, más tarde, «las noches pasadas en el ministerio de Gobernación». Sin embargo, no obtuvieron las armas que reclamaban. Santillán, que había pedido que se les concediesen aunque fuesen mil fusiles a los hombres de la C.N.T., escribió: «no nos dieron los mil fusiles, por el contrario, nos quitaron una parte de aquellos de que se habían apoderado nuestros hombres».[13] En las primeras horas de la tarde del día 18, los militantes se habían apoderado de todo lo que habían encontrado, armas de caza en los almacenes, dinamita en los talleres. La noche del 18 al 19, grupos de obreros portuarios anarquistas requisaron todas las armas de los buques que había en el puerto. Jefes responsables, como Durruti y García Oliver, no vacilaron en intervenir personalmente, aun a riesgo de que los lincharan sus propios partidarios, para evitar todo incidente entre la policía y los obreros y llegaron inclusive a aceptar la devolución de una parte de las armas cogidas por los obreros portuarios.

Sin embargo, guardias de asalto distribuyeron a grupos de obreros armas tomadas de los astilleros de sus cuarteles. Día y noche, los obreros montaron guardia alrededor de sus locales y de sus centros de reunión.

El plan de los insurgentes, que debía dirigir Goded, llegado en avión desde Mallorca, que hizo detener de inmediato a los oficiales republicanos, fue minuciosamente aplicado. Desde hacía varias semanas, la guardia de asalto había visto cómo llegaban jóvenes reclutas voluntarios, señoritos y falangistas. A la señal convenida, los 12 000 hombres de los cuarteles debían converger sobre la plaza de Cataluña, en el centro de la ciudad. En la mañana del día 19, las tropas del cuartel de Pedralbes se pusieron en movimiento. En toda la ciudad, después de una nueva noche de vela, los obreros, provistos de un armamento improvisado, los esperaron. Las unidades del cuartel de Atarazanas, las que ocupaban la gobernación militar y la capitanía general se quedaron, por el momento, en sus edificios.

Pero, para los obreros barceloneses, que eran muchísimos había llegado el momento —largo tiempo temido, finalmente deseado y esperado— del arreglo de cuentas. Desde la Barceloneta, desde los barrios del puerto acudieron para cerrar el camino a los insurgentes. Mal armados, cuando no iban con las manos desnudas, sin dirección centralizada, no conocían más que una táctica que consistía en echarse para adelante, y sufrieron graves pérdidas. Pero, los muertos y los heridos fueron inmediatamente reemplazados y la multitud sumergió a los soldados. Los militantes obreros estaban en primera fila y cayeron por docenas. El secretario de la J.S.U. catalana, Francisco Graells, el de las juventudes del P.O.U.M., Germinal Vidal, el secretario de los grupos anarquistas de Barcelona, Enrique Obregón, cayeron en la plaza de Cataluña donde los sublevados ocupaban los edificios más importantes, el hotel Colón, la Central telefónica, El Eldorado. Allí fueron verdaderamente sitiados: el valor es tan contagioso como el miedo y los cálculos de los militares profesionales se vinieron abajo ante una multitud que no temía la muerte ante esas masas que se lanzaron a descubierto bajo el fuego de las ametralladoras y se apoderaron de ellas, dejando en las plazas y en las calles centenares de cadáveres.

Al comienzo de la tarde, el coronel Escobar, de la guardia civil —el coronel Ximénez de L’Espoir de André Malraux— trajo a los obreros el refuerzo de 4.000 soldados profesionales. Ocuparon el hotel Colón y el hotel Ritz cayó inmediatamente después. Fue en ese momento cuando llegaron las nuevas de que se habían sumado a «la causa del pueblo» varias unidades, y de la victoria en el aeródromo de Prat de Llobregat, de las fuerzas leales que dirigía un oficial republicano, el teniente coronel Díaz Sandino. Los hombres de la C.N.T. capturaron de nuevo la Central telefónica. Los combates continuaron, pero la insurrección había recibido golpes terribles y, cada vez más frecuentemente, los soldados comenzaron a amotinarse.

En la mañana del lunes 20, cañones salidos nadie sabía de donde, tomados por asalto o entregados por los soldados, fueron puestos en batería ante la capitanía general. Un antiguo artillero, oficial improvisado, el obrero portuario Lecha, tomó el mando del bombardeo. La resistencia parecía inútil: el general Goded mandó izar la bandera blanca en el momento en que los asaltantes, mandados por un antiguo oficial, Pérez Farrás, penetraban en el edificio. La mayoría de los oficiales sitiados fueron ejecutados en el lugar y Goded, rescatado con grandes trabajos al furor popular[14] fue conducido a la Generalidad donde, por petición del Presidente, consintió en hacer por radio una declaración: «informo al pueblo español de que la suerte me ha sido adversa. He caído prisionero. Lo digo para todos aquellos que no quieren continuar la lucha. Quedan en lo sucesivo desligados de todo compromiso conmigo».[15]

La partida se había decidido ya. En numerosos cuarteles, los soldados se amotinaron. En el castillo de Montjuich fueron ellos los que, después de haber fusilado a sus oficiales, distribuyeron las armas a los obreros, En otras partes, los oficiales prefirieron darse muerte. El cuartel de Atarazanas fue el último en caer. Se le bombardeó con los pocos aviones de que disponía Díaz Sandino, pero fue finalmente capturado en un asalto en el que encontró la muerte Francisco Ascaso. Antes de partir para el frente, durante largo tiempo aún, los combatientes desfilaron por el lugar en que había caído el militante anarquista, símbolo de todos aquellos que entregaron su vida en aquellas tres jornadas.

Fracaso del «movimiento»: Madrid

Desde el 18, en Madrid, la C.N.T. en pie de guerra desde que los obreros de la construcción se lanzaron a la huelga, decidió abrir de nuevo, por la fuerza, los locales que le había cerrado la policía, y comenzó a requisar autos y a buscar armas. David Antona, secretario de su Comité Nacional, fue liberado el 19 por la mañana; fue al Ministerio de Gobernación y amenazó con lanzar a sus hombres al asalto de las cárceles para liberar a los militantes que estaban todavía presos. Las dos grandes centrales lanzaron la orden de huelga general. En el local de la U.G.T., Carlos de Baraibar organizó a toda prisa una red de informaciones con ayuda de los empleados de correos y de los ferroviarios del país entero, lo cual permitió conocer en Madrid, minuto a minuto, la situación exacta en las provincias. Los socialistas desenterraron y distribuyeron las armas conservadas clandestinamente desde 1934. En las calles se levantaron las primeras barricadas. Los primeros disparos se cambiaron con desconocidos que disparaban desde un convento, en la calle de Torrijos. ¡Las primeras milicias obreras patrullaban ya cuando nadie se había movido en los cuarteles!

En efecto, los militares perdieron un tiempo precioso. En la jornada del día 19, los regimientos no lanzaron ningún ataque, aunque estaban totalmente dominados por los conspiradores. El regimiento del Pardo se había sublevado y abandonado inmediatamente la capital en dirección del norte, sin duda para salir al encuentro de Mola. En Getafe, en el cuartel de artillería, luchaban rebeldes y «leales». En todas las unidades los rebeldes atacaron primero a los oficiales hostiles al Movimiento: así fue asesinado el teniente coronel Carratala, amigo personal de Prieto. El bastión de los rebeldes fue el cuartel de la Montaña; allí se encontraba el jefe militar de la conjuración, el general Fanjul, alrededor del cual se reunieron oficiales de otras unidades, señoritos y falangistas. Pero, ya fuese por vacilación o por que esperase refuerzos, Fanjul perdió tiempo: arengó a sus fieles y proclamó el estado de sitio. Al fin de la jornada, habiendo renunciado a una salida, dio la orden de disparar sobre la multitud concentrada en los alrededores del cuartel de la Montaña: verdadera provocación, que despertó la cólera popular. Durante este tiempo, en el Parque de artillería, un oficial fiel, el teniente coronel Gil, distribuyó 5.000 fusiles; había 60 000 que carecían de culatas, pues los rebeldes, prudentemente, los habían desmontado y transportado al cuartel de la Montaña.

El 20, apenas, fue cuando comenzaron los combates decisivos. Los altoparlantes difundían por todos los rincones de la ciudad las nuevas de las victorias de Barcelona, de la rendición de Goded… Los sublevados habían quedado definitivamente reducidos a la defensiva. Dos cañones de 75, y luego uno de 155, comenzaron a bombardear el cuartel. En seguida llegó el refuerzo de los aviones del aeródromo de Cuatro Vientos, donde la rebelión había sido aplastada. Hacia las diez de la mañana, los sitiados izaron la bandera blanca. La multitud que se precipitó hacia el cuartel fue segada a ráfagas de ametralladora. Se enardeció la cólera contra lo que consideraron que era una traición. Sin embargo, la misma escena se repitió dos veces, reflejando en realidad la lucha que se desenvolvía en el interior, del cuartel… A pesar de los oficiales fieles presentes, que pensaban que la aviación y la artillería bastaban para obligar a capitular a los hombres de Fanjul, los asaltantes lanzaron un ataque en masa y se apoderaron del cuartel, al precio de graves pérdidas. Fanjul y algunos oficiales, protegidos por un destacamento de guardias de asalto, fueron encerrados en un coche blindado y alejados del lugar, pero la casi totalidad de los sitiados fueron ejecutados en el propio cuartel, mientras que los obreros se dividieron las armas de los vencidos.

Al día siguiente, el pueblo completó su victoria. Mientras pequeños destacamentos limpiaban las calles de Madrid, persiguiendo a los pocos tiradores aislados que se mantenían todavía en las iglesias, en los conventos o sobre los techos, columnas improvisadas se lanzaron por los alrededores de la capital, sobre Guadalajara, donde la guarnición se había sublevado, y la cual capturaron de nuevo, fusilando al general Barrera; sobre Toledo, que también reconquistaron, mientras que los sublevados se refugiaron en la vieja fortaleza del Alcázar; sobre Cuenca, que el albañil Cipriano Mera, salido de la cárcel apenas dos días antes, recapturó con 800 hombres y una ametralladora; sobre Alcalá, por último, con Antona y Mora.

Estas columnas y otras, apresuradamente formadas, marcharon hacia la sierra, al encuentro de Mola, hacia Aragón, en dirección de Sigüenza, hacia Valencia y hacia Málaga. La guerra había comenzado.

Fracaso del «movimiento»: Málaga

Las vacilaciones de los sublevados en Madrid, dejaron a los obreros el tiempo de organizarse. Un error más grave quizás, el que consiste en interrumpir un acción comenzada, les costó un grave fracaso en Málaga, plaza importante en las relaciones con Marruecos. Las fuerzas de los militares parecían aplastantes. Sólo los guardias de asalto eran hostiles a la sublevación. Los trabajadores no tenían armas. La acción se desencadenó el 17 de julio: a la cabeza de una compañía, el capitán Huelín marchó sobre el gobierno militar y chocó con los guardias de asalto. El coronel que mandaba la guardia civil fue detenido por sus hombres en el momento en que trataba de sublevarlos. A las 8 de la noche, por órdenes del general Patxot, las tropas salieron de los cuarteles y ocuparon el centro de la ciudad.

Pero al día siguiente el general dio la orden de repliegue y las tropas regresaron a los cuarteles. ¿Quizá, por falta de información sobre la insurrección en el resto del país, temió haberse adelantado demasiado y quedar aislado? ¿O, como sugiere el propio Martínez Barrio, o, como aseguran Foss y Gehraty, fueron la constitución del gobierno de Martínez Barrio y la esperanza de un acuerdo las que lo hicieron retroceder? En todo caso, las organizaciones obreras aprovecharon la ocasión que se les ofrecía. Los trabajadores, que no tenían armas pusieron fuego a las casas, que rodeaban al cuartel, y luego lo regaron de dinamita. Ahumados, cercados, amenazados de perecer en el incendio, los militares se rindieron a los guardias de asalto: el capitán Huelín fue linchado por la multitud.

Fracaso del «movimiento»: el País Vasco

Las vacilaciones de los rebeldes fueron también las que explicaron su fracaso en el País Vasco. La guarnición de Bilbao no se movió. La de Santander quedó cercada en sus cuarteles. El general que debía mandar la sublevación en Guipúzcoa se arrepintió en el último momento. Sobre todo, los nacionalistas vascos, a través de un llamado por radio de Manuel de Irujo, el 18 de julio, luego de un comunicado oficial del partido al día siguiente, arrojaron su autoridad en la balanza e incitaron a sus partidarios a luchar por la defensa de la República.

En San Sebastián, el coronel Carrasco aseguró su lealtad al Comité del Frente Popular y a los diputados nacionalistas vascos que habían ido a interrogarlo. Pero el cuartel de Loyola se sublevó por orden del teniente coronel Vallespin. Carrasco prometió someter a la guarnición a la obediencia, y envió su ayuda de campo, que no volvió. Propuso entonces ir en persona al cuartel. Los diputados aceptaron. Tampoco él volvió. Los guardias civiles que, hasta entonces se habían proclamado leales, se sublevaron, a su vez, el 21 con los oficiales que habían detenido y atacaron el local de la C.N.T. Pero los obreros se habían movilizado. La ciudad se cubrió de barricadas. Los guardias civiles fracasaron delante de la Casa de la C.N.T. y se replegaron al hotel Mana Cristina del que se apoderaron los obreros el día 23. El cuartel de Loyola, bombardeado por un tren blindado, se rindió a su vez, el 28, después de negociaciones entre los oficiales y los diputados nacionalistas vascos, que, por lo demás, no lograron hacer respetar las promesas que habían dado: los jefes del Movimiento fueron abatidos en el lugar, en su mayoría. El coronel Carrasco, que había sido tomado prisionero, fue sacado dos días después y fusilado sin juicio.

En Valencia: la guarnición no se sublevó

Valencia es un caso particular: los militares de su guarnición no se sublevaron. Pero tampoco se pasaron a la revolución.

Los primeros rumores de la sublevación llegaron a la capital de Levante en la tarde del día 18. El gobernador se negó a dar armas a los sindicatos, y aseguró que los jefes de la guarnición estaban por encima de toda sospecha. En la noche del 18 al 19, las organizaciones obreras y los partidos republicanos movilizaron a sus adherentes. La C.N.T. y la U.G.T. lanzaron la orden de huelga general para el día 19, a partir de la medianoche. Al anochecer estalló el primer incidente: obreros de la construcción atacaron un convento de dominicos en el que se sospechaba que había un depósito de armas.

En la mañana del día 20, el comité de huelga de la C.N.T. dio a sus militantes la orden de bloquear los alrededores de los cuarteles. Los partidos del Frente Popular constituyeron un Comité revolucionario al que invitaron a los delegados del comité de huelga de la C.N.T. El gobernador seguía vacilando. Un oficial de la guardia civil, un socialista, el capitán Uribarri, se puso a la cabeza de los que querían forzar una decisión y prevenir la rebelión de los cuarteles. Los delegados de la C.N.T. pusieron condiciones al Frente Popular para dar su apoyo: querían la movilización de las fuerzas obreras alrededor de los cuarteles, la «amalgama» inmediata de las tropas «fieles» y los obreros, mediante la constitución de «grupos de intervención» sobre la base de un guardia de asalto por cada dos militantes y la ocupación, por estas unidades, de todos los puntos estratégicos de la ciudad (correos, teléfonos, Radio Valencia), el envío a la guarnición de un ultimátum y el asalto inmediato a los cuarteles, en caso de que los generales se negasen a entregar las armas.

El comité aceptó las proposiciones de la C.N.T. y se transformó en «comité ejecutivo popular». Pero el general Martínez Monje se negó a distribuir las armas, exigió el fin de una huelga general que, a su juicio, no tenía razón de ser, puesto que él, con sus hombres, permanecía fiel al gobierno, y lo hizo saber públicamente en un comunicado que difundió Radio Valencia. Sin embargo, las tropas seguían acuarteladas. La impresión general era que el ejército vacilaba: los conspiradores sabían que los sublevados habían sido derrotados en Barcelona y en Madrid, y, de todas maneras, tenían interés en ganar tiempo. En la ciudad se multiplicaron los encuentros entre obreros y falangistas, así como los ataques a los conventos y a las iglesias. Los marinos de los barcos de guerra anclados en el puerto se sublevaron contra sus oficiales y fraternizaron con los obreros portuarios. En ese momento llegaron a Valencia Martínez Barrio y otros tres dirigentes republicanos, Ruiz Funes, Esplá y Echevarría provistos de una delegación de poder del gobierno Giral, Durante dos semanas más se enfrentaron, en un ambiente revolucionario, tres poderes distintos: el del Ejército, el de la «junta delegada» de Martínez Barrio, y el del Comité Ejecutivo Popular. El asalto de los cuarteles que, en la mayor parte de España, tuvo lugar entre el 18 y el 21 de julio, no se produjo en Valencia, sino a comienzos del mes de agosto.

La situación al anochecer del 20 de julio

Al anochecer del 20 de julio, salvo en Valencia, las posiciones se habían tomado ya. Cierto es que se seguía luchando en las barriadas, en las calles de la Coruña donde los obreros peleaban usando adoquines como armas: en los barrios de Zaragoza y de Sevilla, alrededor de los cuarteles, en San Sebastián, Gijón, Santander, cerca de Algeciras, donde acababan de desembarcar destacamentos rebeldes, y, casi por doquier, allí donde tiradores aislados, de uno o de otro campo, seguían librando un combate desesperado. Sin embargo, no eran más que operaciones de limpieza. Cada campo tenía ya su territorio, en el que completaba la conquista.

Fue un verdadero boletín de victoria el que Franco telegrafió a Queipo: «España está salvada: las provincias de Andalucía, Valencia, Valladolid, Burgos, Aragón, las Canarias y las Baleares se han unido a nosotros». El general era muy optimista. En realidad, el pronunciamiento, en cuanto tal, había fracasado. Pues no sólo habían sufrido temibles reveses los rebeldes, sino que habían desencadenado la revolución obrera que su acción había querido prevenir. Golpe tras golpe, habían perdido a algunos de sus jefes más prestigiosos y más capaces, Calvo Sotelo, Sanjurjo, Goded, José Antonio Primo de Rivera[16], ejecutado en la prisión de Alicante a manos de los milicianos. Sobre todo, sus derrotas, al destruir la leyenda de la invencibilidad del ejército en las luchas civiles, los privaron de su triunfo principal, el miedo. En lo sucesivo, ya no se enfrentaron a un débil gobierno de Frente Popular, sino a una revolución. El pronunciamiento había fracasado. Comenzaba la guerra civil.

Capítulo 5
DOBLE PODER EN LA ESPAÑA REPUBLICANA

Allí donde la insurrección fue aplastada, no resultó la única vencida. Entre su ejército rebelado y las masas populares armadas, el Estado republicano había saltado en pedazos. El poder se había literalmente desmoronado y, en todos los lugares en que los militares habían sido aplastados había pasado al pueblo, donde grupos armados resolvían sumariamente las tareas más urgentes: la lucha contra los últimos focos de la insurrección, la depuración de la retaguardia, la subsistencia. Cierto es que el gobierno republicano existía, y que ninguna autoridad revolucionaria se levantaba como rival declarado de la suya en esa zona que los corresponsales de izquierda bautizaron muy rápidamente con el nombre de «zona leal». Pero la autoridad del gabinete del doctor Giral no rebasaba casi los alrededores de Madrid, ciudad en la que sobrevivía menos en virtud de su acción y de su prestigio propios que gracias a los de las organizaciones obreras, a la U.G.T., cuya red de informaciones y de comunicaciones era la única que aseguraba las conexiones del gobierno con el resto del país «leal», y al Partido Socialista, cuyo ejecutivo se hallaba permanentemente reunido en el Ministerio de la Marina donde Prieto, ministro sin cartera, se había instalado.

Sin embargo, poco a poco, entre las gentes que se habían lanzado a la calle y el gobierno fueron apareciendo órganos del poder nuevo que disfrutaban de una autoridad real y se apoyaban, a menudo, tanto en el gobierno como en la fuerza popular. Estos fueron los innumerables Comités locales y, en la escala de las regiones y de las provincias, verdaderos gobiernos. En ellos residía el nuevo poder, el poder revolucionario que se organizaba apresuradamente para hacer frente a las enormes tareas inmediatas y remotas, la realización de la guerra y la reanudación de la producción en plena revolución social.

Para el extranjero, periodista o militante que había pasado la frontera, atraído por los acontecimientos, España ofrecía un desusado espectáculo, a la vez confuso y desconcertante, y siempre de fuerte colorido. Vivía la revolución que los generales habían querido prevenir, pero que, en definitiva, habían provocado. Lo que había sido una reacción defensiva al principio se había convertido en fuerza ofensiva y agresiva. Reacción espontánea, nacida de miles de iniciativas locales, tomó también mil rostros diferentes en los que el observador superficial u hostil no veía más que anarquía o desorden, sin captar su profunda significación: que los trabajadores habían tomado en sus manos su propia defensa, y, con ello, se habían encargado de su propio destino, habían dado nacimiento a un poder nuevo.

Barcelona era el símbolo de esta situación revolucionaria. Para el excelente observador que es Franz Borkenau fue el «bastión de la España soviética» (en el sentido originario del término) de la España de los consejos y de los comités obreros. En efecto, no solamente ofrecía el aspecto de una ciudad poblada exclusivamente de obreros, sino de una ciudad en la que los obreros tenían el poder: se les veía por doquier, en las calles, ante los edificios, caminando por las Ramblas, con el fusil en bandolera, la pistola a la cintura y ropas de trabajo.[1] Ya no se veían bicornios de la guardia civil, muy pocos uniformes, nada de burgueses, ni de señoritos: la Generalidad «desaconsejó» —según se dice— que se llevara sombrero. Se habían terminado los cabarets, los restaurantes, los hoteles de lujo: requisados por las organizaciones obreras, servían de comedores populares. Los habituales mendigos habían desaparecido, pues se habían hecho cargo de ellos los organismos sindicales de asistencia. En todos los automóviles, se veían banderines, insignias o iniciales de las organizaciones obreras. Por doquier, en los edificios, en los cafés, en las tiendas, en las fábricas, en los tranvías o en los caminos se leían carteles que indicaban que la empresa había sido «colectivizada por el pueblo» o que «pertenece a la C.N.T.». Partidos y sindicatos se habían instalado en grandes edificios modernos, hoteles o locales de las organizaciones de la derecha. Cada organización tenía su periódico y su emisora de radio. Salvo la catedral, cerrada, todas las iglesias habían sido quemadas. La guerra civil continuaba y noche a noche caían nuevas víctimas. «Las Ramblas —escribió J. R. Bloch— no han cesado de vivir a un ritmo doble. De día las Ramblas están llenas de flores, de pájaros, de paseantes, de cafés, de coches, de tranvías, y al caer la noche, desaparecidos los puestos de flores, alejados los vendedores de pájaros, cerrados los cafés, las Ramblas son el reino del silencio y del miedo, por el que algunas sombras furtivas se deslizan a lo largo de los muros».[2]

Madrid, algunos días después, ofrecía al viajero llegado de Francia, un espectáculo diferente. Aquí también, cierto es, los sindicatos y los partidos se habían instalado en edificios espléndidos, y habían organizado sus propias milicias, pero los obreros armados no abundaban en las calles, casi todos vestidos con el nuevo uniforme, el «mono», combinación de peto o blusa y pantalón, de color azul, que era la ropa de trabajo. Los antiguos uniformes no habían desaparecido; desde el 27 de julio, la policía regular había reanudado un servicio normal en las calles. Todas las iglesias estaban cerradas, pero, ni con mucho, todas habían sido incendiadas. Había menos Comités, pocas huellas de expropiación. Los mendigos habituales pedían limosna en las calles. Restaurantes elegantes y cabarets funcionaban como «antes». La guerra, que estaba cerquísima aquí, había detenido el curso de la revolución.

Entre estos dos extremos, la España republicana ofrecía toda una gama de matices, de una ciudad a otra y de provincia en provincia. Un análisis de detalle nos lo hará ver más claramente.

El poder de los grupos armados

En todo caso, un rasgo era común a toda la España republicana y despertó, sobre todo, en estas jornadas, la atención de los observadores extranjeros, y era lo que la gran prensa de la época llamó «terror anarquista» o «terror rojo». El día mismo de la victoria, los obreros armados llevaron a cabo una sangrienta depuración.

Por lo demás, se habían dado todas las condiciones para tal explosión, preparada por seis meses de excitación y de violencias cotidianas. El combate, esperado o temido, liberó y desencadenó los odios y los tenores acumulados. Todo el mundo se batió sabiendo que no tenía otra salida más que la victoria o la muerte y que el camino de la victoria atravesaba, en primer lugar, por la muerte de los enemigos.

En la zona «republicana», prácticamente no había ya fuerzas de mantenimiento del orden, no había cuerpo de policía. Los miembros de las mismas se habían pasado a las filas de los sublevados o fundido en las de los combatientes. Por doquier, desde el 18 o el 19 de julio, la huelga era general y se prolongó todavía durante una semana por lo menos: los trabajadores estaban en la calle desde la mañana hasta la noche, con las armas en la mano.

En las primeras horas, sólo los militantes estaban armados. Pero en cuanto se capturaron los cuarteles y se distribuyeron las armas todo el que quería ir armado tenía un arma: varias decenas de miles de fusiles se distribuyeron por doquier, en Madrid, en Barcelona, en San Sebastián, en Málaga… Las puertas de las cárceles se abrieron para los detenidos políticos, pero también, a menudo, para los que habían cometido «delitos del común». Cuando ya no hay policía, cada uno puede, sin llamar la atención, llevar un arma, y el tiempo es excelente para el hampa.

De tal manera el «terror» que han descrito todos los observadores es un fenómeno complejo, a propósito del cual, a menudo deliberadamente, han confundido varios elementos. Indiscutiblemente, en primer lugar, hubo un movimiento espontáneo, un verdadero «terrorismo de masas» tanto por el número de los verdugos como por el de las víctimas. Reflejo provocado por el miedo, reacción de defensa ante el peligro, análoga a la que culminó, durante la Revolución Francesa, en las matanzas de septiembre, correspondió a las exigencias lo mismo que a las fatalidades de la guerra revolucionaria.

Oficiales, guardias civiles, anarquistas, señoritos fueron muertos en el sitio, cada vez que no había un militante responsable suficientemente conocido, o una unidad de policía fiel para impedir el asesinato y proteger a los vencidos.

Rumores alarmistas, inquietudes colectivas, fueron generadoras de otras matanzas: al recibir la noticia de las matanzas efectuadas en Badajoz por las tropas rebeldes, y creyendo en una revuelta de los detenidos, la turba madrileña se apoderó de la prisión de la Cárcel Modelo. Después de la exasperación provocada por los bombardeos, el 27 de julio, y en una atmósfera de sospecha enfermiza, creada por los discursos de Queipo de Llano en Radio Sevilla, la multitud, en Málaga, se apoderó de la cárcel para ejecutar a los prisioneros rebeldes. En la misma perspectiva, el terror se convirtió, a la vez, en acción preventiva y en fermento de la acción revolucionaria. Las columnas de milicianos que llegaban a los pueblos arrebatados a la rebelión, y que querían seguir su camino, no descubrieron otro medio de asegurar la retaguardia que el de la limpieza sistemática, la liquidación inmediata y sin proceso de los enemigos de clase tildados de «fascistas» en aquellas circunstancias: en Fraga, la columna Durruti, a su llegada, ejecutó a 38 de estos «fascistas»: el cura y el gran propietario, el notario y su hijo, todos los campesinos ricos. De tal manera, a juicio de algunos, se encontraron dadas las condiciones de una verdadera revolución, al provocarse la desaparición de los hombres de las clases dirigentes del antiguo régimen. A este respecto, aún, el tenor es inseparable de la guerra civil y de la revolución.

Fueron reacciones semejantes, aunque más organizadas, las que hicieron pesar sobre las ciudades, en las semanas que siguieron a la sublevación, la amenaza de los paseos. El paseo se desenvolvía casi siempre conforme a la misma trama siniestra: la víctima, designada por un comité de «vigilancia» o de «defensa» de un partido o de un sindicato, era detenida en su casa, en la noche, por hombres armados, se la llevaba en coche lejos de la ciudad y se la abatía en un rincón aislado.

De esta manera perecieron, víctimas de verdaderos arreglos de cuentas políticos, los curas, los patronos, pequeños y grandes, los hombres políticos, burgueses o reaccionarios, todos aquellos que, en un momento u otro, disputaron con una organización obrera, jueces, policías, guardias de cárcel, soplones, atormentadores, pistoleros o, más simplemente, todos aquellos que una reputación política o una situación social señalaron de antemano como víctimas. La «frontera de clase», por lo demás, no siempre fue una protección suficiente: de tal modo, en Barcelona, fueron asesinados también militantes obreros, el secretario de los obreros portuarios de la U.G.T., el comunista Desiderio Trillas, denunciado por la C.N.T. como «cacique de los muelles», el encargado de la sección U.G.T. de la fábrica Hispano-Suiza.

Tal atmósfera, claro está, es propicia a las venganzas personales, al bandidaje puro y simple, al pillaje y al asesinato crapuloso. Probablemente por razón de su multiplicación, los partidos y los sindicatos, después de que todos habían organizado paseos, reaccionaron contra su práctica y comenzaron a organizar la «represión». Aunque la tradición imputa a los anarquistas la culpa de la mayoría de los crímenes, es justo subrayar que fue uno de ellos, y no el de menos importancia, Juan Peiró, el que, en Llibertat, denunció los crímenes cometidos «atrincherándose detrás del movimiento revolucionario…, escudándose detrás de la impunidad creada por el ambiente», y afirmó la necesidad «en nombre del honor revolucionario», de «terminar con esta danza macabra de todas las noches, con esta procesión de muertos», con «los que matan por matar».[3] La C.N.T., en Barcelona, puso el ejemplo mandando ejecutar en el sitio a uno de sus militantes, Fernández, secretario del sindicato de la alimentación, acusado de haber llevado a cabo, en estas jornadas, una venganza personal.[4]

El terror contra la iglesia católica

Hay que considerar con una óptica diferente los incendios y saqueos de los conventos y de las iglesias, las detenciones y ejecuciones de sacerdotes y de religiosos que señalaron a esas primeras semanas. Se ha dicho —en gran medida, es verdad— que se trataba a menudo de represalias, en Barcelona, donde numerosos sublevados se apostaron en las iglesias; en Figueras, donde los sacerdotes dispararon sobre los obreros desde la catedral, y donde quiera que los pacos, los tiradores aislados, aprovecharon la complicidad de los establecimientos religiosos.

Pero el movimiento contra la Iglesia católica es más profundo que una simple reacción en el transcurso de la lucha. Cierto es, algunas iglesias fueron saqueadas por simples ladrones. Pero, las más de las veces, con sus tesoros se financiaron las primeras actividades revolucionarias: por ejemplo, los milicianos de Gerona se apoderaron de 16 millones de pesetas en joyas, del palacio episcopal de Vich, y las remitieron al Comité Central.

En realidad, las manifestaciones espectaculares frecuentes, como las teatrales exhumaciones de cadáveres y esqueletos, nos muestran que estas iniciativas respondían —más allá de simples acciones de represalias— a la voluntad de afectar, hasta en el pasado, a una fuerza que los revolucionarios consideraban como su peor enemigo. Al fusilar a los sacerdotes y al incendiar las iglesias, obreros y campesinos españoles no buscaban solamente destruir a sus enemigos, y al símbolo de su poder, sino que querían extirpar definitivamente de España todo lo que a sus ojos encarnaba al oscurantismo y a la opresión. Un católico ferviente, el ministro vasco Manuel de Irujo, confirma tal interpretación cuando declara: «Los que queman iglesias no manifiestan con ello sentimientos antirreligiosos; no se trata más que de una demostración contra el Estado y, si se me permite decirlo, este humo que sube al cielo no es más que una suerte de invocación a Dios ante la injusticia humana».[5]

El poder de los comités

El sindicalista francés Robert Louzon describió de la siguiente manera el espectáculo que se le ofrecía, a comienzos de agosto, al viajero llegado de Francia:

«En cuanto pasáis la frontera, os detienen hombres armados. ¿Qué son estos hombres? Son obreros. Son milicianos, es decir, obreros vestidos con sus ropas ordinarias, pero armados —con fusiles o con revólveres— y que llevan en el brazo la insignia de su función o del poder que representan… Son ellos los que… decidirán… no dejaros entrar o bien consultar al comité».

«El comité, es decir, el grupo de hombres que se reúne allá arriba, en el pueblo y que ejerce todo el poder. Es el comité el que se encarga de las funciones municipales habituales, el que ha formado la milicia local, la ha armado, le ha proporcionado su alojamiento y su alimentación con los recursos que saca de una contribución impuesta a todos los habitantes, es él el que autoriza la entrada o la salida del pueblo, es él el que ha cerrado los almacenes fascistas y se ha encargado de realizar las requisas indispensables, es él el que ha mandado demoler el interior de las iglesias, para que, como dice el cartel que figura en todas ellas, la iglesia, convertida en propiedad de la Generalidad sirva a las instituciones populares».[6]

En todas las ciudades y en la mayoría de los pueblos de España operaban, con nombres diversos, comités semejantes: comités populares de guerra, de defensa, comités ejecutivos, revolucionarios o antifascistas, comités obreros, comités de salud pública… Todos fueron constituidos en el calor de la acción, para dirigir la réplica popular al golpe de Estado militar. El modo en que fueron designados varió infinitamente. En los pueblos, en las fábricas o en los talleres se les eligió, por lo menos sumariamente, en el curso de una asamblea general. En todo caso, se preocuparon siempre porque estuviesen representados partidos y sindicatos, inclusive allí donde no existían antes de la revolución, pues el comité representaba, al mismo tiempo, al conjunto de los trabajadores y a la totalidad de sus organizaciones: en más de un lugar, los elegidos «se entenderán» entre sí para saber quién representará a un sindicato o al otro, quién será el «republicano» y quién el «socialista». En las ciudades, muy a menudo, los elementos más activos se eligieron a sí mismos. A veces, fue el conjunto de los electores el que eligió, en cada organización, a los hombres que habrían de integrar el comité, pero, lo más a menudo, los miembros del comité fueron elegidos por un voto en el seno de su propia organización o, simplemente, fueron designados por los comités directores locales de los partidos o de los sindicatos. Rara vez los comités ratificaron su composición mediante un voto más amplio, en los días que siguieron a su designación: sin embargo, el comité revolucionario de Lérida se hizo consagrar por una «asamblea constituyente» compuesta de representantes de los partidos y de las organizaciones sindicales de la ciudad, a las que tenía que rendir cuentas. Pero, de hecho, la «base» no ejerció un dominio verdadero más que sobre los comités de pueblo o de empresa. En el escalón superior, la voluntad de las organizaciones fue preponderante.

La representación de los partidos y de los sindicatos en los comités varió según los distintos lugares. A menudo, el comité del Frente Popular se amplió simplemente con representantes de las centrales. A veces —allí donde las municipalidades eran socialistas— el consejo municipal, ampliado mediante la inclusión de dirigentes de la C.N.T., se convirtió en comité. En Cataluña, y pronto en el Aragón reconquistado, muchos comités estuvieron exclusivamente formados por militantes de la C.N.T.-F.A.I. o de las juventudes libertarias. Sin embargo, los de las ciudades comprendían representantes de la U.G.T., de la Esquerra, del P.S.U.C. y del P.O.U.M. al lado de los de la C.N.T. y de la F.A.I. En Lérida, el P.O.U.M. obtuvo que los republicanos, que habían apoyado al comisario de la Generalidad contra los sindicatos, quedasen excluidos del comité, que, de tal modo, quedó restringido solamente a las organizaciones obreras. La representación de los diferentes grupos era unas veces paritaria y otras proporcional. Pero, las más de las veces, correspondía a las relaciones reales de fuerza en las empresas. Los socialistas dominaban en Santander, Mieres, Sama de Langreo, pero cada localidad minera tenía su propia fisonomía política. Los nacionalistas vascos compartían con los socialistas la junta de Bilbao, pero dominaban en todas las demás juntas del Norte. Los anarquistas dominaban en Gijón, lo mismo que en Cuenca. En Málaga, socialistas y comunistas, representados por intermedio de la U.G.T., se fueron imponiendo poco a poco a la C.N.T. En Valencia, los sindicatos tenían dos delegados cuando los partidos no tenían más que uno. En Castellón, la C.N.T. tenía 14 representantes y la U.G.T. 7, socialistas y comunistas no tenían representación propia, pero los republicanos y el P.O.U.M. tenían 7 delegados cada uno. En Cataluña, era la C.N.T.-F.A.I. la que dirigía los comités de las grandes ciudades, con excepción de Sabadell y de Lérida.[7]

Todos los comités, cualesquiera que fuesen sus diferencias de nombre, de origen, de composición, presentaban un rasgo común fundamental. Todos, en los días que siguieron a la sublevación, se apoderaron localmente de todo el poder, atribuyéndose funciones lo mismo legislativas que ejecutivas, decidiendo soberanamente en su región, no solamente en lo tocante a los problemas inmediatos, como el mantenimiento del orden y la regulación de los precios, sino también las tareas revolucionarias de la hora, socialización o sindicalización de las empresas industriales, expropiación de los bienes del clero, de los «facciosos» o, más simplemente, de los grandes propietarios, distribución entre los aparceros o explotación colectiva de las tierras, confiscación de las cuentas bancarias, municipalización del alojamiento, organización de la información, escrita o hablada, así como de la enseñanza y de la asistencia social.

Para decirlo con la feliz expresión de G. Munis, por doquier se instalaron «comités-gobierno» cuya autoridad se apoyaba en la fuerza de los obreros armados y a los cuales, de buen o de mal grado, obedecían los restos de los cuerpos especializados del antiguo Estado; guardias civiles en unas partes, y en otras guardias de asalto y funcionarios diversos. No se ha rendido mejor homenaje a la autoridad de los comités que el testimonio de uno de sus adversarios más decididos de entonces, Jesús Hernández, dirigente del Partido Comunista Español: «El comité ha sido una especie de poder confuso, tenebroso, impalpable, sin funciones determinantes, ni autoridad expresa, pero que ejerce con dictadura implacable, un poder indisputado, como un verdadero gobierno».[8]

Lo que era verdad a escala local, ya no lo era totalmente a escala regional, donde se enfrentaban o coexistían poderes de origen diverso.

El Comité Central de las Milicias Antifascistas de Cataluña

Su nacimiento

El 21 de julio, al terminar los combates en Barcelona, se llamó al palacio de la Generalidad a los revolucionarios, dueños de las calles. El líder anarquista Santillán nos cuenta: «Fuimos a la sede del gobierno catalán, con las armas en la mano, sin haber dormido desde hacía varios días, sin habernos afeitado y dando, con nuestra apariencia, realidad a la leyenda que se había formado sobre nosotros. Algunos de los miembros de la región autónoma temblaban, lívidos, en esta entrevista en la que faltaba Ascaso. El palacio de Gobierno fue invadido por la escolta de los combatientes que nos habían acompañado.»[9] El presidente Companys los felicitó por su victoria: «Sois los dueños de la ciudad y de Cataluña, porque vosotros solos habéis vencido a los soldados fascistas… Habéis vencido y todo está en vuestro poder. Si no tenéis necesidad de mí, si no me queréis como presidente, decididlo ahora y me convertiré en un soldado más de la lucha antifascista. Si, por el contrario, me creéis cuando os digo que no abandonaré este cargo hasta que haya muerto a manos del fascismo victorioso, entonces quizás, con mis camaradas de partido, mi nombre y mi prestigio, os podrá servir…».[10]

Sin duda, el presidente casi no podía elegir. Como escribió, algunas semanas más tarde, su lugarteniente Miravitlles: «El C.C. de las milicias nació dos o tres días después del movimiento, cuando no existía ninguna fuerza pública regular, y cuando ya no había ejército en Barcelona. Por otra razón, no había tampoco guardias civiles, ni guardias de asalto, pues habían combatido todos tan ardientemente, unidos a las fuerzas del pueblo, que entonces formaban parte de esta misma masa y habían quedado estrechamente mezclados con ella».[11]

El poder real era el de los obreros armados y el de los comités de las organizaciones en las calles de Barcelona, los comités-gobiernos en los pueblos y en las aldeas. Los socialistas y los comunistas, por boca de Comorera, propusieron al Presidente la constitución de «Milicias de la Generalidad» que disputarían las calles a los hombres de la C.N.T. y del P.O.U.M.[12] Companys no les hizo caso: el combate le parecía demasiado desigual, su persona, en aquel día, su «nombre y su prestigio», como había dicho, eran de hecho todo lo que subsistía en Cataluña, del Estado republicano. De la aceptación o del rechazo de sus servicios dependía la suerte del Estado, sus oportunidades de restauración en los meses por venir.

Ahora bien, los dirigentes de la C.N.T. aceptaron proseguir la colaboración. En la víspera, después de una viva discusión, el comité regional había afirmado: no hay comunismo libertario, aplastemos primero a la facción. Respondieron con un sí a la oferta de Companys. Santillán comentó su decisión con las siguientes palabras: «Pudimos quedarnos solos, imponer nuestra voluntad absoluta, declarar caduca la Generalidad y colocar en su lugar al verdadero poder del pueblo, pero no creíamos en la dictadura cuando se ejercía contra nosotros, y no la deseábamos cuando podíamos ejercerla nosotros mismos a expensas de otros. La Generalidad habría de quedar en su lugar con el presidente Companys a la cabeza, y las fuerzas populares se organizarían en milicias para continuar la lucha por la liberación de España. Así nació el Comité Central de las Milicias Antifascistas de Cataluña, en el que hicimos entrar a todos los sectores políticos, liberales y obreros».[13]

Composición y papel

En el salón vecino del despacho presidencial, los delegados de las organizaciones se reunieron y constituyeron allí mismo al Comité Central, del que entraron a formar parte delegados de los moderados, tres de la Esquerra, uno de los rabassaires y uno de la Acción Catalana. El P.S.U.C., en vísperas de constituirse oficialmente, tenía un representante. El P.O.U.M., igualmente, un representante, la F.A.I. estaba representada por Santillán y Aurelio Fernández, la C.N.T. por García Oliver, Asens y Durruti, al que sustituyó, unos días después, Marcos Alcón. La U.G.T., diez veces menos numerosa, tenía también tres representantes.

Ese fue un primer resultado bastante paradójico. La poderosa C.N.T., cuya victoria total acababa de reconocer el presidente Companys, aceptó una representación igual a la suya para la débil U.G.T. catalana. ¿Generosidad pura, como indica García Oliver?[14] ¿Deseo de la C.N.T. de ser tratada de la misma manera en las regiones en que estaba, a su vez, en minoría, gesto político, como lo afirma Santillán.[15] Ambos factores pudieron influir. Añadamos que es verosímil, en el marco de la rivalidad que se había esbozado, en el curso de las jornadas revolucionarias, entre el P.O.U.M. y la C.N.T., que los dirigentes libertarios hayan visto con buenos ojos el poder disponer, con los cuatro delegados de los republicanos catalanes, los tres de la U.G.T. y el del P.S.U.C. de un importante margen de maniobra. En el Comité Central, el P.O.U.M. era mucho más claramente minoritario que en los demás centros importantes de Cataluña. Y, como subraya Santillán, fue por voluntad de la C.N.T.-F.A.I. como se adoptó en el Comité Central este modo de representación.

Fruto de un «compromiso», nacido de negociaciones entre dirigentes de los partidos y de los sindicatos, sancionado oficialmente por un decreto del gobierno, el Comité Central era, por las circunstancias de su nacimiento, un organismo híbrido. Reuniéndose permanentemente en presencia de cuatro delegados del gobierno y actuando en su nombre, pudo parecer, en ciertos respectos, que era un organismo gubernamental anexo, un comité de alianza que disfrutaba de una delegación de poderes. En realidad, salvo en Barcelona, donde estaba en contacto con las direcciones de los partidos y de los sindicatos, su base en el país estaba constituida por los «comités-gobierno», los poderes locales revolucionarios de los que era, al mismo tiempo, la expresión suprema. Y esto es lo que señala Santillán muy claramente cuando escribe:

«El Comité de las milicias fue reconocido como el único poder efectivo en Cataluña. El gobierno de la Generalidad seguía existiendo y mereciendo nuestro respeto, pero el pueblo no obedecía más que al poder que se había constituido en virtud de la victoria y de la revolución, porque la victoria del pueblo era la revolución económica y social».[16]

En efecto, nada escapaba a la jurisdicción y a la autoridad del Comité Central, como lo muestra Santillán: «Establecimiento del orden revolucionario en la retaguardia, organización de fuerzas más o menos encuadradas para la guerra, formación de oficiales, escuelas de trasmisiones y de señales, avituallamiento y vestuario, organización económica, acción legislativa y judicial, el Comité de las Milicias lo era todo, velaba por todo, por la transformación de las industrias de paz en industrias de guerra, de la propaganda, de las relaciones con el gobierno de Madrid, de la ayuda a todos los centros de lucha, de las relaciones con Marruecos, del cultivo de las tierras disponibles, de la sanidad, de la vigilancia de las costas y de las fronteras, de miles de problemas diversos. Teníamos que pagar a los milicianos, a sus familias, a las viudas de los combatientes, en una palabra, unas pocas docenas de individuos nos enfrentábamos a las tareas que exigen para un gobierno una costosa burocracia. El Comité de las Milicias era un ministerio de la guerra, un ministerio de gobernación y un ministerio de estado, al mismo tiempo que inspiraba a organismos semejantes en el dominio de lo económico y en el dominio de lo cultural».[17]

Organismo político de poder, a la vez legislativo y ejecutivo, el Comité se organizó creando comisiones de trabajo y comités ejecutivos especializados que bien pronto desempeñaron el papel de verdaderos ministerios. Alrededor del secretariado general administrativo, encargado de la propaganda, que dirigía un joven jefe de la Esquerra, antiguo militante de extrema izquierda, Jaime Miravitlles, funcionaba el comité de organización de las milicias a cargo de Santillán, el comité de guerra, encargado de la dirección de las operaciones militares, cuya alma era García Oliver, el comité de transporte a cargo de Durán Rosell, de la U.G.T. y Alcón de la C.N.T., el comité de abastecimiento, dirigido por el rabassaire José Torrents, la comisión de investigación, verdadero ministerio de gobernación asumido por el anarquista Aurelio Fernández, la comisión de las industrias de guerra, a cargo del catalanista Tarradellas. Alrededor de ellos se crearon otros servicios: la comisión de la escuela unificada, cuyo secretario era el maestro sindicalista Hervas, del P.O.U.M., y diversos servicios técnicos: estadística, municiones, censura, radio y prensa, cartografía, escuelas especializadas. Gobierno obrero de la revolución obrera, el Comité Central se dio la estructura necesaria.

Conflictos de poderes en Valencia

La situación distaba mucho de ser igualmente clara en Valencia, hacia la misma época; mientras que la guarnición y los obreros en huelga continuaban observándose, la junta delegada, que dirigía Martínez Barrio, oponía a la autoridad insurrectiva la autoridad legal del gobierno republicano, que quería poner fin al sitio de los cuarteles, que se volviera al trabajo y que retornara la legalidad. Desde el día 21, se entregó a la tarea de convencer a los delegados del Comité Ejecutivo de que la huelga debía terminar, porque la guarnición era fiel. Pero esta iniciativa despertó mucha desconfianza: se sabía que Martínez Barrio y Mola eran masones, como el general Monje, jefe de la guarnición. Se sospechaba que el delegado del gobierno trataba de llegar con el ejército al acuerdo que no había podido concertar durante las escasas horas de su ministerio el 19 de julio. Fueron vivas las discusiones en Valencia soliviantada, en la que los oficiales y los sacerdotes no se atrevían a salir a la calle y donde el Comité ejecutivo dirigía una policía obrera que coexistía con la policía regular. El 23 de julio, Esplá, en nombre de la junta delegada, anunció la disolución del Comité ejecutivo popular y declaró que tomaba las funciones de gobernador civil, ayudado por un consejo consultivo formado por un representante de cada partido y cada sindicato. El Comité se dividió: la C.N.T., el Partido Socialista, la U.G.T. y el P.O.U.M. querían rechazar el ultimátum gubernamental. La Izquierda Republicana y el Partido Comunista estimaban que el Comité debía poner un ejemplo de disciplina y someterse a la autoridad legal del gobierno, encarnada en Valencia por la junta delegada.

Finalmente, el Comité Ejecutivo popular se negó a disolverse. El Comité de huelga de la C.N.T.-U.G.T, su ala impulsora, decidió la publicación de un periódico titulado C.N.T.-U.G.T., la reanudación del trabajo en todos los sectores de la alimentación y la organización de un comité sindical para asegurar el abastecimiento, pero la junta delegada confió el abastecimiento a la municipalidad. Prosiguió las negociaciones con la guarnición, cuya partida contra las tropas rebeldes pedían manifestaciones diarias… En Madrid, el ministro de Gobernación aseguró a Antona, secretario de la C.N.T., que se podía contar, por lo menos, con la neutralidad de la guarnición valenciana. Pero las armas que había prometido no llegaban. La C.N.T. de Madrid envió entonces a Valencia ametralladoras y fusiles; de Barcelona también llegaron armas que sirvieron para equipar a las milicias nacientes. La guarnición seguía encerrada en los cuarteles y prohibía que se acercaran a ella. El Comité Ejecutivo amenazaba con tomarlos por asalto, pero aplazaba siempre la decisión. Un nuevo motivo de desacuerdo estalló cuando se trató de enviar fuerzas hacia Teruel, donde se estaba precisando la amenaza del ejército rebelde. El Comité Ejecutivo propuso una amalgama sobre la base de tres milicianos por un guardia civil. La junta impuso la proporción inversa de tres guardias civiles por un miliciano. La columna partió, pero antes de llegar a Teruel, en Puebla de Valverde, los guardias civiles hicieron una matanza con los milicianos y se pasaron al enemigo…

Entonces, se precipitaron los acontecimientos. La agitación comenzó en los cuarteles: a comienzos de la segunda semana de huelga, el regimiento de ingenieros de Paterna se amotinó contra sus oficiales, bajo la dirección de un suboficial, el sargento Fabra. Los amotinados pasaron a engrosar las filas de las milicias que, por lo demás, recibían todos los días la adhesión de soldados evadidos de los cuarteles con sus armas. El Comité de huelga de la C.N.T.-U.G.T. sin embargo, terminó por dar la orden de reanudación del trabajo, salvo en los transportes, y la fijó para el 27 de julio. La reacción obrera demostró que había estimado equivocadamente la situación: los obreros se negaron a obedecer y continuaron la huelga. La C.N.T. y la U.G.T. se pelearon… El Comité Ejecutivo encargó a una junta de tres miembros, López, de la C.N.T., Tejón de la U.G.T. y un joven oficial, el teniente Benedito, para preparar el ataque a los cuarteles, fijado para el 14 de agosto. El 31 de julio, Radio Sevilla anunció la sublevación de la guarnición y la caída de Valencia en manos de los rebeldes…

En realidad, tres regimientos se habían sublevado, pero los soldados se amotinaron contra los oficiales, mientras que los milicianos se lanzaban al asalto. La guarnición fue desarmada, los oficiales sospechosos fueron detenidos y juzgados, y se licenció a los soldados; las milicias se apropiaron de las armas. El gobierno capituló entonces: la junta delegada fue disuelta, la autoridad del Comité Ejecutivo popular fue reconocida, y el nombramiento de su presidente, el coronel Arín, como gobernador civil, no fue sino el reconocimiento de un estado de hecho.

Desde entonces, el Comité Ejecutivo popular, que extendió rápidamente su autoridad a toda la provincia, desempeñó un papel por todos conceptos semejante al del Comité Central en Cataluña. Andrés Nin, en el transcurso de un mitin en Valencia creyó poder saludar en él al «gobierno de la revolución proletaria de Levante». Creó un Consejo Económico, con plenos poderes, organizó columnas de milicianos que envió a diversos frentes. Sus comisiones, las de Orden Público, Justicia, Agricultura, Hacienda, tomaron el nombre de «ministerios». El general Miaja, el antiguo ministro de la Guerra de Martínez Barrio, enviado por Giral para mandar la región militar, confesó al comandante Martín Blázquez su impotencia ante la autoridad de un «mocoso teniente», Benedito, delegado de defensa del Comité Ejecutivo: el general encarnaba a un poder republicano fantasmagórico, mientras que el teniente representaba al nuevo poder «soviético».[18]

Otros gobiernos revolucionarios

Otros organismos tomaron el poder en sus manos en las demás regiones de España. En Asturias, en las aldeas y en las poblaciones mineras, estaba en manos de los Comités de Obreros y Campesinos. Por lo que respecta a la provincia en general, dos autoridades rivales se enfrentaban, la del Comité de Guerra de Gijón, que presidía Segundo Blanco de la C.N.T., y la del Comité Popular de Sama de Langreo que dirigieron, sucesivamente, los socialistas González Peña y Amador Fernández. Cada uno de ellos organizó sus comisiones de Guerra, de Transportes, de Abastecimiento, de Salubridad; el Comité de Sama de Langreo, según el testimonio de Aznar, fue capaz, en septiembre, de movilizar 20.000 hombres en seis días. Fue en el curso de este mes cuando los dos comités se fusionaron en un Comité de Guerra, instalado en Gijón, pero presidido esta vez por un socialista, Belarmino Tomás.

En Santander, eran los socialistas quienes dominaban un Comité de Guerra cuyas comisiones funcionaban como verdaderos ministerios, con plena soberanía. Sin embargo, en varias ocasiones, los anarquistas pusieron en tela de juicio la autoridad del presidente Juan Ruiz.

El Comité de Salud Pública de Málaga se impuso poco a poco en toda la región, después del 20 de julio. Era un comité de vigilancia el que dirigía la represión, en tanto que comités obreros habían tomado en sus manos la salubridad y el abastecimiento, y comités de mujeres el problema de los refugiados. Sus patrullas armadas eliminaron poco a poco a las unidades leales de guardias civiles. Sólo él tuvo la autoridad suficiente para detener las matanzas de detenidos en las cárceles. El 19 de agosto, Delaprée escribió: «Aquí, los consejos de obreros y de milicianos detentan todo el poder. En sus manos, el gobernador civil no es más que una máquina de firmar. Es un pálido girondino que tiembla ante estos montañeses, al lado de los cuales los nuestros no eran más que niñitos».[19] En septiembre, el Comité de Salud Pública quedó formado oficialmente, como un verdadero ministerio, con las carteras de Guerra, Gobernación, Justicia, Confiscaciones. Su presidente, el maestro socialista Francisco Rodríguez, fue nombrado gobernador civil. La legalidad consagró el poder de hecho.

Fue en Aragón donde se constituyó, en último lugar, el poder revolucionario regional más original. Allí, los jefes republicanos, como vimos, se habían pasado al bando de los militares sublevados. La reconquista de gran parte del campo aragonés por las milicias catalanas, fue acompañada, en cada pueblo, de medidas revolucionarias radicales. Mientras que las autoridades y los guardias civiles habían huido o habían sido asesinados, la asamblea general del pueblo juzgó a los «fascistas» prisioneros y eligió al «Comité del Pueblo» que habría de dirigirlo, apoyado en las milicias armadas. La mayoría de los comités así elegidos fueron, en su mayoría, si no en su totalidad, anarquistas: ninguna forma de colaboración podía existir entre ellos y las autoridades republicanas totalmente liquidadas. A comienzos de octubre, cerca del cuartel general de Durruti, en Bujaraloz, se reunió un congreso de los comités, de las ciudades y de los pueblos. Eligió un «Consejo de Defensa» totalmente compuesto por militantes de la C.N.T. y presidido por Joaquín Ascaso, que se instaló en Fraga. El Consejo de Defensa, de acuerdo con los dirigentes de las columnas anarquistas, ejerció sobre Aragón una autoridad no compartida: comité supremo, que representaba al conjunto de los comités, fue en España revolucionaria el único organismo regional resultante de la federación de los comités locales y que tomaba de ellos su autoridad. Vivamente atacado, en ocasión de su formación, por los comunistas que lo calificaban de organismo «cantonalista» y «faccioso», no fue reconocido por el gobierno sino después de largos meses. Fue también el organismo del poder revolucionario cuya existencia se prolongó más tiempo.

Un caso particular: el País Vasco

En las provincias vascas la situación era muy diferente del resto de España. El Partido nacionalista vasco, que indiscutiblemente era mayoritario, tomó posiciones, el 19 de julio, contra la sublevación militar y, algunos días después, se adhirió al Frente Popular.

Sin embargo, sus objetivos ponían una enorme distancia entre él y los partidos y sindicatos obreros cuyos militantes, en España entera, estaban llevando a cabo una revolución. Los nacionalistas vascos eran ardientes defensores de la Iglesia y de la propiedad, y, desde la primera hora, se mantuvieron en oposición directa a la mayor parte de las tropas de sus «aliados» del Frente Popular y de los sindicatos. Las juntas de defensa que se constituyeron en todas las provincias vascas eran organismos de lucha contra la insurrección militar y, al mismo tiempo, bastiones contra la revolución. En La Nación de Buenos Aires, del 7 de septiembre de 1936, el líder vasco, Manuel de Irujo, puntualizó perfectamente las dificultades de su partido en esta época, al escribir: «Los partidos extremistas de la dictadura de la capital y del proletariado estaban organizados en requetés y en milicias y se nos adelantaron al principio». Por lo demás, en todas las juntas en las que eran mayoría, los nacionalistas vascos exigieron los cargos de «comisarios del orden público», para «imponer disciplina y respeto a la retaguardia».[20] De tal modo, el comisario de orden público de la junta de Guipúzcoa se entregó primero a la tarea de lograr que cesaran los paseos y de defender la propiedad mandando custodiar los bancos. Para asegurar el mantenimiento del orden y la defensa de la propiedad los nacionalistas organizaron sus propias unidades, las milicias vascas, dirigidas por el comandante Saseta: reclutadas entre los militantes nacionalistas, sólidamente encuadradas por capellanes, levantaron la bandera vasca y hablaron la lengua del país. En el espacio de unas semanas, en San Sebastián, lograron recuperar la casi totalidad de las armas que habían pasado a poder de los obreros después de la toma del cuartel de Loyola.

El hundimiento del Estado republicano en el país vasco no permitió la creación de un poder revolucionario, sino de un Estado nuevo, específicamente vasco, de un Estado burgués defensor de la propiedad y de la Iglesia, que a la vez que organizaba la defensa del país contra los militares enemigos de las libertades vascas llevaba a cabo victoriosamente la lucha contra el movimiento revolucionario interior.[21] Desde mediados de septiembre, la dirección del partido nacionalista vasco decidió dar el paso decisivo, constituyendo bajo su dominio, un gobierno del País Vasco.[22]

El esbozo de un aparato de estado nuevo

Durante los primeros días, la mayoría de los comités funcionó sin especialización ni división de atribuciones. El Comité o inclusive la Asamblea del Pueblo fueron, a la vez, organismo de deliberación, tribunal y consejo de guerra. Obreros y campesinos armados montaban guardia, patrullaban, vigilaban, requisaban, detenían, ejecutaban. Sin embargo, muy rápidamente, por lo menos en las grandes ciudades, aparecieron cuerpos especializados.

Eran, en primer lugar, unidades encargadas de las funciones de policía: se trataba, en efecto, de mantener el orden revolucionario, tanto contra los adversarios de la revolución como contra los que se querían aprovechar de ella, los agentes del terror ciego. Las unidades de guardias civiles o de guardias de asalto que habían permanecido fieles fueron severamente depuradas; sin embargo, no inspiraban más que una confianza limitada y, en la mayoría de los grandes centros, los comités encargaron a comisiones especiales la vigilancia de las antiguas y la organización de nuevas fuerzas de policía. En Barcelona, la Comisión de Investigación que dirigía Aurelio Fernández, tenía derecho de recibir las denuncias, de interrogar, de llevar a cabo pesquisas, de detener a los sospechosos. Impuso poco a poco su autoridad a las «policías privadas» de los sindicatos y de los partidos. En Málaga, fue el comité de vigilancia; en otras partes, fueron las comisiones de orden público, los consejos de seguridad los que, con nombres diversos aseguraron la organización del terror en la retaguardia.

Paralelamente, unidades de las milicias, que pronto se conocieron con el nombre de «Milicias de la Retaguardia» se especializaron en las funciones de policía propiamente dichas.

En Barcelona fueron las célebres «Patrullas de Control», que mandaba el anarquista Asens. Estaban formadas primero por 700 y luego por 1.100 militantes obreros designados, en su mitad, por la C.N.T.-F.A.I y en su otra mitad por las demás organizaciones y fueron dotadas, después de su creación por el Comité Central, de medios modernos de comunicación y de transporte. La Patrulla de Control de Gijón, la Brigada Obrera Social de Lérida, la Guardia Popular Antifascista de Castellón eran cuerpos de la misma clase.

A pesar de la repugnancia de los anarquistas a dividir lo que Santillán llamaba el «poder revolucionario total», la misma evolución se produjo en el campo de la justicia. Los palacios de justicia estaban cerrados, los magistrados habían sido asesinados o se hallaban en fuga, los «justicieros» pululaban y los Comités estaban sobrecargados de trabajo. En Barcelona, milicianos de la C.N.T., que dirigía el abogado Sambláncat, saquearon el Palacio de Justicia, y tiraron por las ventanas expedientes y crucifijos. Instalaron un Comité de Justicia integrado por juristas profesionales, en su mayoría abogados de izquierda, cuyo primer acto consistió en despedir a todos los funcionarios de su departamento y el segundo consistió en erigirse en tribunal revolucionario. Tribunales revolucionarios de clase diferente aparecieron a principios de agosto en Valencia, Castellón y Lérida: jueces, procuradores, presidente del Tribunal eran militantes designados por los partidos y los sindicatos.[23] Sus decisiones eran severas y el procedimiento sumario, pero los derechos de la defensa se respetaban generalmente. También sabían absolver y constituían, en todo caso, a este respecto, un franco progreso respecto de la práctica de los paseos.

Las milicias

En el marco de la guerra, la construcción de un nuevo ejército fue la tarea más urgente. Fue esta necesidad, en todo caso, la que dio nacimiento a los nuevos organismos del poder.

Las milicias nacieron por iniciativa de los partidos y de los sindicatos y, en sus orígenes, no fueron sino estas organizaciones en armas. El nombre de cada una de ellas recordaba su origen, ya se tratase de un nombre de una rama del trabajo (Artes gráficas, Madera), o de un emblema político (Caballero o Claridad de la U.G.T., Carlos Marx del P.S.U.C., Lenin o Maurin del P.O.U.M., Maciá o Companys de la Esquerra).

En Barcelona, fue el Comité Central el que organizó desde el 24 de julio la primera columna, de 3.000 hombres, mandada por Durruti, auxiliado por el comandante Pérez Farrás y en la cual la única fuerza organizada estaba constituida por algunos soldados voluntarios equipados con morteros y ametralladoras. En los días siguientes, las demás columnas formadas por auspicios del Comité Central, estaban de hecho sometidas a la influencia de las organizaciones políticas y sindicales.

Santillán, que actuaba en nombre del Comité Central, parece haber luchado en vano contra el espíritu de partido en las milicias y sus consecuencias a menudo lamentables: rivalidades por las armas, y por los hombres, choques a veces sangrientos. En Valencia, fue el Comité Ejecutivo el que tomó la iniciativa: la «Columna de hierro», la «Desesperada», la «Columna de acero», la «Columna fantasma» fueron creadas bajo su patrocinio, pero las influencias políticas operaban igualmente de manera decisiva. La «Columna fantasma» estaba dirigida por socialistas, la «Columna de hierro» fue la más tristemente célebre de las columnas anarquistas. En Madrid, cada organización tuvo sus propias tropas, cuya única conexión era el gobierno que se contentaba con abastecerlas, como podía, con proporcionarles armas y equipos y pagarles el sueldo. Fueron los comités de cada partido o sindicato, el Comité de Defensa de la C.N.T. del Centro, los que se encargaron de la organización. La Izquierda republicana, aquí, se distinguió, creando un «Regimiento de acero» y el partido comunista el «Quinto regimiento» que llegó o ser el famoso Quinto, pero que por el momento no era más que una unidad de milicias apenas diferente de las otras.

A propósito de las milicias, es difícil dar cifras exactas. Rabasseire estima en 100 000 el efectivo total de las milicias de combate; 50.000 de la C.N.T., 30.000 de la U.G.T., 10.000 del P.C., 5.000 del P.O.U.M., a los cuales hay que añadir 12.000 guardias de asalto, algunos centenares de guardias civiles, algunos miles de soldados y 200 oficiales solamente. A comienzos de septiembre el Boletín C.N.T.-F.A.I. enumeró 22.000 milicianos en Cataluña y Aragón, de los cuales 4.000 eran antiguos guardias, 2.000 del P.S.U.C. y de la U.G.T., 3.000 del P.O.U.M., 13.000 de la C.N.T. Valencia, por su parte, envió 9.000 milicianos a los diferentes frentes, de los cuales 4.000 fueron a Teruel. En Madrid, los hombres armados tomaron rápidamente el camino del frente, pero, en Cataluña, Santillán estimó en 60.000 el número de fusiles que habían quedado en manos de las milicias de la retaguardia y confesó la impotencia del Comité Central para reforzar los efectivos de las milicias de combate: Durruti tuvo que hacer una expedición contra Sabadell para obtener la cesión de la decena de ametralladoras que el P.S.U.C conservaba y la gente de la C.N.T.-F.A.I. conservó durante largo tiempo todavía, en Barcelona, las 40 ametralladoras y los tanques que tanta falta hacían en el frente de Aragón.

Los jefes de las primeras columnas eran militantes políticos y sindicalistas. Eran raros los que tenían una formación militar. En Barcelona eran obreros, los anarquistas Durruti, Jover, Ortiz, los militantes del P.O.U.M., Rovira, Arquer, Grossi[24], los militantes del P.S.U.C. Trueba y Del Barrio. Algunos militares de carrera los respaldaban: el comandante Pérez Farrás, el comandante Pérez Salas, que mandaba la columna de la Esquerra, el comandante Martínez y el capitán Escobar, consejeros técnicos de Santillán, dirigentes en Barcelona de la Unión Militar Republicana Antifascista.

El capitán aviador Bayo mandó la expedición contra Mallorca y fue un coronel navarro, Jiménez de la Beraza, el que organizó la artillería. Los suboficiales desempeñaron un papel más importante en el encuadramiento de las milicias: después de Pérez Farrás, el antiguo sargento Manzana fue el cerebro militar de la columna Durruti. Claro es, los raros antifascistas extranjeros que se presentaron como técnicos fueron recibidos con los brazos abiertos. En Valencia, fueron oficiales subalternos, el capitán Uribarri, guardia civil y socialista, y el teniente Benedito los que mandaron las primeras columnas que organizó junto con ellos, el sargento Fabra, héroe de la sublevación de los soldados de Paterna. En León, el general Gómez Caminero se puso a la cabeza de los mineros, pero fue hecho prisionero. En Asturias, había muy pocos oficiales alrededor de González Peña y las columnas fueron mandadas por militantes obreros: el minero socialista Otero, de Mieres, el metalurgista de la C.N.T., Carrocera. En Madrid, las primeras columnas socialistas fueron mandadas por oficiales en retiro: el teniente coronel Mangada fue el más popular.[25] Al principio, el Quinto regimiento no dispuso más que de algunos oficiales y sub-oficiales, aunque su estrella declinara aprisa, a partir de sus primeras derrotas. La C.N.T. reclutó a algunos oficiales de carrera, al teniente coronel Del Rosal, al comandante médico Palacios, que dirigieron sus dos primeras columnas. Pero, también allí, se impusieron nuevos jefes: los albañiles Mora y Cipriano Mera que, en esa fecha, no tenía más que una experiencia reducida de 36 días de servicio militar. Málaga, que disponía de un buen oficial, el teniente coronel Asensio Torrado era el lugar predilecto de las milicias de nombre rimbombante: el destacamento «Pancho Villa» disputó en los comunicados de guerra el primer lugar de popularidad al de «La Metralla».

La masa de los milicianos ignoraba los rudimentos del manejo de armas, y las reglas más elementales de protección. Fue por falta de armas, cierto es, pero también por falta de jefes por lo que se renunció a la movilización obrera: no se podía ni equipar, ni instruir, ni encuadrar a los reclutas. Por lo demás, las milicias tenían fisonomías diferentes según la ideología que animaba a sus creadores: las columnas anarquistas eran mandadas por «delegados políticos» asistidos por «técnicos militares». En las columnas socialistas, de la U.G.T., del P.O.U.M., del P.S.U.C., y en el Quinto regimiento los que mandaban eran los oficiales, auxiliados por «comisarios políticos». En Cataluña, el Comité Central se esforzó por unificar la organización. Diez milicianos formaban una «mano», que mandaba un «delegado» elegido. Diez manos constituían una «centuria» cuyo «delegado-general» obedecía directamente al «jefe de columna». Las milicias de la C.N.T. de Madrid estaban organizadas sobre la base de manos de veinte hombres, centurias y batallones, y los delegados de los batallones formaban, con el representante del Comité de Defensa y el delegado-general, el mando de la columna. En el Quinto Regimiento, los oficiales y los comisarios eran nombrados, en principio, por el comandante, pero Líster dirá que fue «elegido». En todas las columnas, oficiales y soldados recibían un sueldo uniforme de 10 pesetas al día. No se exigía a los hombres ninguna señal exterior de respeto, y no había insignias de grado. Pero el Quinto Regimiento se enorgullecía de haber puesto nuevamente en vigor el saludo militar, y, como las columnas del P.O.U.M., hacía un punto de honor de desfilar en impecable formación, mientras que las milicias de la C.N.T., hacían un punto de honor de desfilar en un total y sabio desorden.

En Madrid, el Quinto Regimiento puso todo su esfuerzo inicial en la formación de los mandos: los primeros pasantes se reclutaron entre los que tenían a su cargo el «socorro rojo», en Barcelona el Comité Central confió a García Oliver la organización de una «Escuela Popular de Guerra»[26] y hornadas de 2.000 voluntarios recibieron en el cuartel Bakunin una formación militar acelerada.

Así, poco a poco, se constituyó una fuerza armada cuya eficacia en los combates callejeros, o cuyo entusiasmo, eran innegables. Fue verdaderamente la realización de la vieja consigna del «pueblo en armas» y, por el momento, parecía escapar completamente a la autoridad gubernamental.

El poder del estado

En efecto, el gobierno subsistía. El presidente Giral, después de haberse resignado a armar a los obreros, luchó, dondequiera que conservó un ápice de autoridad, porque se respetaran las formas y la legalidad, y para que se preservara, ya que no un aparato de Estado —que estaba muy dañado—, sí por lo menos el principio mismo de su propia legitimidad. Al parecer, se jugó la última carta en las provincias del este con la junta delegada de Martínez Barrio, Ruiz Funes y Carlos Esplá. Esta última, cierto es, contribuyó a asegurar el abastecimiento de Madrid, ayudó en Levante a la formación de las milicias que recuperaron Albacete y marcharon sobre Andalucía, pero perdió la batalla política contra el poder revolucionario, en Valencia, lo mismo que en Murcia, Alicante y Cartagena…: Después de su disolución, conforme a la expresión de Borkenau, no parecía ser más que un «monumento de inactividad» que pudo sobrevivir solamente gracias a la docilidad de que dio pruebas ante las exigencias de los partidos, los sindicatos, las milicias y los comités.

El gobierno existía, sin embargo, y en primer lugar, ante el extranjero, para el cual se esforzaba en encarnar la legalidad. Fue él quien, en agosto, cediendo a las presiones de las potencias extranjeras, dio a la flota la orden de abandonar la bahía de Tánger, apenas cuarenta y ocho horas después de que el doctor Giral había asegurado a los valencianos que los rebeldes no recibirían ninguna ayuda de África, de donde les impedía llegar, según dijo, la marina republicana. El gobierno manifestaba también su existencia por la radio, y parecía obstinarse curiosamente en un sueño de conciliación con una parte de los generales sublevados. El 29 de julio, en nombre de la República, Martínez Barrio lanzó todavía este llamado solemne: «Que los que nunca debieron tomar las armas las rindan, restableciendo así la vida normal en el país». Y al día siguiente, Prieto, portavoz oficioso, no temió afirmar que el gobierno no había perdido toda esperanza de conciliación: «Las fuerzas gubernamentales —dijo— no se han empleado hasta ahora a fondo, como lo habrían hecho para rechazar a un adversario extranjero».

En Madrid, algunos días después de la revolución, el gobierno logró quitarle a las milicias el dominio de la calle y dárselo a su policía: el pase gubernamental sustituyó a la cartilla sindical y a los salvoconductos de los comités. La policía había sido diezmada, pero se esforzaban en reconstituirla. La policía, bajo la dirección de Manuel Muñoz, reclutó militantes socialistas de confianza: los guardias de asalto que formaban la «Escuadra del alba», los «Linces de la República», constituidos por guardias de asalto y militantes socialistas desempeñaron un papel importante en la represión. El tipógrafo socialista García Atadell se convirtió en el jefe de la «Brigada de Investigaciones Criminales» que pronto se hizo famosa y a la que bautizaron, conforme a la moda del día, con el nombre de «Milicia Popular de Investigaciones». Un republicano del partido de Azaña, Sayagües, organizó en el Ministerio de la Guerra «servicios especiales». Todas estas autoridades policíacas coexistían, claro es, con el Comité Provincial de Investigaciones formado a comienzos de agosto con representantes de todos los partidos y con lo que comenzó a llamarse «checas» de los partidos, pero, de cualquier modo, eran un apreciable instrumento de acción gubernamental.

La situación era más difícil en el dominio de lo militar. El gobierno no tenía ejército. Había logrado recuperar en Madrid algunos miles de fusiles cambiándoselos a los milicianos por revólveres. El decreto del 31 de julio, que estipulaba el pago de los sueldos de los milicianos por el Estado, contra la presentación de un certificado del partido y del sindicato, consagró su debilidad, cierto es, pero representó también un primer signo de recuperación. Eran los partidos y los sindicatos los que organizaban las milicias, lo mismo que el abastecimiento, pero lo hacían en nombre del Estado y en cierta manera, por delegación. En el Ministerio de la Guerra, de donde el general Castelló, internado por enfermedad mental, escapó el 7 de agosto, un puñado de oficiales republicanos, miembros de la guardia presidencial, agregados militares de los ministros, el teniente coronel Sarabia, los comandantes Menéndez, Hidalgo de Cisneros, Martín Blázquez, Díaz Tendero, los capitanes Cordón y Ciutat, organizaron una intendencia de las milicias, reclutaron oficiales, repartieron municiones: eran, al mismo tiempo, un embrión de Estado Mayor, al que recurrieron cada vez más los jefes de columna. El 4 de agosto se crearon los «batallones de voluntarios». El 20 fue Martínez Barrio, todavía él, el que quedó encargado, con Ruiz Funes, de su reclutamiento. De esta manera, el Estado esperaba llegar a constituir una fuerza armada y a afirmar con mayor audacia su autoridad.

Cierto es, esta última fue batida en brecha a algunos kilómetros de Madrid, y nada, en las proximidades de la capital, protegía a un ministro en funciones del peligro de detención. Sin embargo, se había preservado una continuidad: el gobierno reconocía a los Consejos y Comités Revolucionarios porque no podía hacer otra cosa, pero no dejó de esforzarse por hacerlos entrar, por lo menos nominalmente, en el marco que era el suyo, el del Estado republicano. Cuando nombró a Arín gobernador de Valencia, o a Rodríguez gobernador de Málaga, no añadió nada a la autoridad de que disfrutaban, ni nada a la suya propia, pero mantuvo un principio. Y si el desdichado general Miaja, nombrado por él, se vio obligado a inclinarse ante el «bisoño» Benedito, que representaba en Valencia al Comité Ejecutivo, su presencia en cuanto gobernador militar en una Capitanía General que ni siquiera tenía un coche a su disposición era, de todos modos, el signo de la voluntad de durar del Estado republicano, en espera de días mejores. En Cataluña, a pesar de los sólidos apoyos populares de que disfrutaba el partido del presidente Companys, el gobierno de la Generalidad tenía, ciertamente, menos autoridad efectiva todavía ante el Comité Central. Pero sin embargo, seguía «decretando» la formación de las milicias que montaban guardia ante sus despachos, la formación del Comité central, que deseaba convertir solamente en comité de «enlace» y «nombraba» Comisario de la Defensa al elegido por el Comité… ¿Formalidades inútiles, puesto que todos estos decretos no hacían más que ratificar decisiones tomadas ya por los organismos del poder revolucionario? No, porque salvaguardaban el principio de la legalidad republicana. El gobierno no gobernaba, pero seguía existiendo.

Fue el de la Generalidad el primero en tratar de reanudar su acción. Casanovas, de la Esquerra, formó el 2 de agosto un gabinete en el que participaban tres representantes del P.S.U.C.: Comorera, Ministro de Economía, Ruiz, ministro de abastos, Vidiella, ministro de comunicaciones. Sin embargo, la operación iba tan visiblemente dirigida contra el Comité Central que la C.N.T. y el P.O.U.M. reaccionaron vigorosamente: temiendo el descrédito y el aislamiento de su partido en la clase obrera, los ministros del P.S.U.C. pusieron su dimisión el día 8.

Hacia el mismo tiempo, el gobierno de Madrid trató, movilizando tres quintas que esperaba encuadrar con los oficiales y suboficiales fieles, darse la fuerza armada que sólo él no poseía en su zona. Milicianos y organizaciones obreras, salvo el Partido Comunista, reaccionaron violentamente. La columna Caballero amenazó con marchar sobre Madrid para impedir esta reconstitución del ejército regular. Claridad declaró, sin ambages, el 20 de agosto: «pensar que otro tipo de ejército debe sustituir al que combate realmente y que, en cierta medida, controla su propia acción revolucionaria, es pensar en términos contrarrevolucionarios». En Barcelona, 10.000 conscriptos reunidos al llamado de la C.N.T. votaron una resolución que afirmaba: «queremos ser milicianos de la libertad, no soldados en uniforme. El ejército ha sido un peligro para el país, sólo las milicias populares protegen las libertades públicas: ¡milicianos, sí!, ¡soldados, nunca!»

Los conscriptos, en los cuarteles, quemaron listas y órdenes de movilización. En Cataluña, la Generalidad aceptó la incorporación de los nuevos reclutas a las milicias. En otras partes, partidos y sindicatos compelieron a la elección de «Consejos de Obreros y de Soldados», en los cuarteles y en las nuevas unidades; un nuevo obstáculo se levantaba en el camino de la reconstitución de un ejército regular.

La conclusión de este primer conflicto entre los dos poderes puso plenamente de manifiesto la debilidad del gobierno Giral. Como dice Juan López, seis semanas después de la insurrección, «todas las articulaciones del Estado estaban rotas, ninguno dé sus órganos políticos funcionaban ya»; ni Giral, ni Companys tenían fuerza para «pegar los trozos rotos, y poner a funcionar de nuevo a los órganos del Estado, recrear un nuevo Estado centralizado».[27]

Capítulo 6
LAS CONQUISTAS REVOLUCIONARIAS

La revolución española había nacido de una profunda crisis social. Al emprenderla, en su acción espontánea, contra los engranajes de un Estado republicano, que sustituían por el suyo propio, los trabajadores españoles habían apuntado más allá de una simple revolución política. Su acción, en las semanas que siguieron a la sublevación, constituyó una revolución social, en todos los campos. A su manera, sumaria y un tanto brutal, sin duda, la emprendieron con los grandes problemas de España: la estructura oligárquica del Estado, el Ejército, la Iglesia, las bases económicas de la oligarquía, la propiedad industrial y los latifundios.[1]

El problema de la Iglesia

El problema de la Iglesia fue «resuelto» tan radicalmente, por lo menos, como el del Ejército en la totalidad de la España «republicana», con excepción del País Vasco. Como subrayó un memorándum dirigido por Manuel de Irujo a Caballero[2] algunos meses más tarde, todas las iglesias estaban cerradas al culto, y gran parte de ellas habían sido incendiadas, sobre todo en Cataluña. Muy a menudo, los altares, imágenes y objetos del culto habían sido destruidos; las campanas, cálices, ostensorios o candelabros habían sido requisados por las autoridades revolucionarias, fundidos y utilizados con fines militares o industriales. Las antiguas iglesias servían entonces de garages, de mercados, de cuadras, de refugios. Para esto, los edificios habían sido transformados de manera duradera mediante la instalación de tuberías de agua, de embaldosadas, de mostradores, de básculas, de rieles, de puertas, de ventanas, de tabiques. Todos los conventos habían sido vaciados y sus edificios utilizados de la misma manera. Los sacerdotes y los religiosos habían sido detenidos en masa, encarcelados, fusilados: sólo dos escaparon en Lérida a la implacable represión, porque se sabía que habían votado y hecho votar por el Frente Popular. Los que habían logrado huir se escondían, arriesgando a cada instante su detención y ejecución. Raros fueron aquellos o aquellas que recibieron una oportunidad de hacer «vida civil»: sin embargo, se citaban los casos de una antigua religiosa que se había casado, o de un antiguo monje que se había incorporado a las milicias.[3] Prácticamente, la prohibición del culto se había extendido hasta la posesión privada de imágenes o de objetos del culto, como crucifijos, misales, etc. Las milicias revolucionarias de la retaguardia daban caza a sus poseedores, practicaban pesquisas y ordenaban detenciones.

Todas las escuelas confesionales habían sido cerradas, y los comités o los sindicatos se hicieron cargo de los locales y de la enseñanza. En Cataluña, los edificios que pertenecían a las escuelas religiosas fueron entregados al «Comité de la Escuela nueva unificada», fundada en «los principios racionalistas del trabajo y de la fraternidad humana», el «sentimiento de solidaridad universal» y la voluntad de «suprimir toda suerte de privilegios». Escuelas antiguas y nuevas se instalaron en numerosos lugares, en locales nuevos, hoteles lujosos de los grandes propietarios, conventos, cuarteles de la guardia civil… La experiencia, a este respecto, fue demasiado breve como para que se puedan apreciar los resultados. De todos modos, en Barcelona, el numero de niños inscritos en las escuelas aumentó en un 10% entre julio y octubre de 1936.

La propiedad industrial

Las bases económicas del poder de la Iglesia quedaron destruidas en unos cuantos días de revolución. Lo mismo ocurrió, en la mayoría de los casos, a las de la burguesía. Así la una como la otra les parecían a los revolucionarios triunfantes los aliados de los generales sublevados: las «conquistas revolucionarias» respondían tanto a exigencias ideológicas como a necesidades prácticas.

En las semanas que precedieron a la sublevación, numerosos jefes de empresa habían huido ya, habían puesto a buen recaudo sus capitales y contribuido, de tal manera, a aumentar el marasmo económico.[4] La victoria de la revolución y el terror que se apoderó de los jefes y los funcionarios de las empresas bancarias e industriales paralizaron el funcionamiento de un aparato económico que a menudo se hallaba ya singularmente deteriorado por el comienzo de los combates. Por último, y sobre todo, la revolución de julio de 1936 tenía sus objetivos sociales. Los obreros se apoderaron de las fábricas y los campesinos de los campos porque eso era, a su juicio, el objetivo último, el victorioso remate de su acción revolucionaria.[5]

Se necesitaría un libro entero para describir la extraordinaria variedad de las soluciones adoptadas por los obreros españoles para poner fin a la «explotación del hombre por el hombre».[6] El conjunto puede parecer incoherente y medianamente utópico. Un estudio detallado, sin embargo, no nos da más que el deseo de profundizar el conocimiento de aquella floración de iniciativas, no siempre felices, pero casi siempre de inspiración generosa.

El caso más sencillo era que los obreros se apoderaran de la empresa, la incautación: fue lo que constituyó la norma general en Cataluña, tanto si el patrono había huido, como si no lo había hecho. Pero cuando no hubo incautación, muy pronto se vio la necesidad de establecer un control, la intervención, en el que participaban conjuntamente delegados de los obreros y representantes oficiales. Estas dos formas jurídicas que parecían, por el momento, constituir la realización concreta de la consigna «la fábrica para los obreros» dieron origen, en la etapa siguiente, a dos formas distintas de empresas colectivizadas o sindicalizadas y de empresas nacionalizadas. Por el momento, el dominio de cada una de ellas varió en función de las influencias respectivas de las organizaciones obreras. En la región madrileña, donde prevalecía la influencia de la U.G.T., el 30% de las empresas, según Borkenau, fueron intervenidas, bajo un doble control gubernamental y sindical: y eran las más importantes.

En Cataluña, por influencia de la C.N.T., el 70% de las empresas fueron incautadas, y en Levante el 50%. En Asturias, la industria y el comercio quedaron controladas casi íntegramente, mientras que las fábricas del País Vasco, escaparon a toda incautación y a toda intervención. Sin embargo, hay que cuidarse de no generalizar y esquematizar: como subrayó un corresponsal de Temps (3 de octubre de 1936), los comités obreros eran tan poderosos en las empresas controladas como en aquellas de que se habían apoderado, puesto que, obligatoriamente, todo cheque emitido por la dirección debía llevar su visto bueno. Y cuando, a principios de agosto, un decreto sancionó el hecho consumado, autorizando la incautación de las empresas de los «facciosos» por la asamblea de los obreros, y su administración mediante comités elegidos que trabajaran de acuerdo con representantes del gobierno, Robert Louzon escribió que «tiende a realizarse en las fábricas la misma situación que existe actualmente en el Estado: un delegado del gobierno, que será la pantalla y el comité obrero —animado y dominado por el sindicato— que será el verdadero poder».[7] Y es que en este período de multiplicidad y de «atomización» del poder, el gobierno no tensa, prácticamente, en ninguna parte, la fuerza necesaria para contrapesar la influencia de los comités.

En este marco general, se observa una infinita variedad de modalidades y nos contentaremos con mencionar algunos ejemplos: en Barcelona, el feudo de la colectivización, los obreros, desde los primeros días, se hicieron cargo de los transportes en común (trenes, autobuses, metro), los ferrocarriles, que no tardaron en ser dirigidos, en toda la zona, por un Comité C.N.T.-U.G.T., el gas y la electricidad, el teléfono, la prensa, los espectáculos, los hoteles y los restaurantes, y después la mayor parte de las grandes empresas mecánicas e industriales, y de las compañías de transporte: la Ford Motor Ibérica, la Hispano-Suiza, la Sociedad de Petróleos, los Cementos Asland, la Transatlántica, la Marítima. Cada partido y cada sindicato se apoderaron de un local o de una imprenta. Cada periódico de información fue dirigido por un comité obrero, elegido con un representante de cada categoría de asalariados, redacción, administración, taller.

De los servicios públicos se encargaron comités mixtos C.N.T.-U.G.T. Dos días después de la sublevación, funcionaban de nuevo los tranvías; autobuses y metro circulaban normalmente, el gas y la electricidad se suministraban sin interrupción. Después de una demora más larga, los trenes comenzaron a circular normalmente también.[8]

La Ford Motor Ibérica, taller de montaje, contaba antes de la revolución con 336 obreros permanentes, 142 transitorios y 87 empleados. El director aceptó, primero, quedarse como técnico, con un salario de 1.500 pesetas al mes y luego huyó. La fábrica fue dirigida por un Comité elegido de 18 miembros, 12 obreros, 6 empleados, la mitad de los cuales eran de la C.N.T. y la otra mitad de la U.G.T. Leunois, que lo publicó en la Révolution prolétarienne del 25 de septiembre, estudió las condiciones de trabajo y los salarios. No había ni trabajo a destajo, ni prima de rendimiento, ni prima por familia numerosa. Las víctimas de un accidente de trabajo recibían su salario íntegro durante siete días, en vez de cinco antes de la revolución. El trabajo se llevaba a cabo en cadena, pero con ritmo lento. El Comité obrero fijó un tope a los salarios. 1.500 pesetas mensuales, que recibían el director y el subdirector; los obreros ganaban de 22.4 a 36 pesetas por día de trabajo efectivo, los empleados de 500 a 1.200 pesetas por mes. Todos recibían un descuento de 13% destinado a los desempleados y a los treinta obreros de la fábrica que servían en los frentes como milicianos. El comité obrero mantuvo la antigua escala de los salarios por debajo de 1.500 pesetas porque «las categorías que hubiesen sido afectadas por una unificación de los salarios protestarían: considerarían inadmisible haber hecho la revolución para culminar en una disminución de salarios».

La Fomento de Obras y Construcciones, empresa de obras públicas con capital de 75 millones de pesetas, contaba con 600 obreros antes de la revolución. Estaba dirigida por un Comité obrero provisional de militantes de la C.N.T. y de la U.G.T., proporcionalmente al número de afiliados a esas centrales. Había más de 300 obreros de las mismas en las milicias. Los que se habían quedado trabajaban cuarenta horas y recibían el salario de la semana de cuarenta y ocho horas, aumentado en un 15%. Le Líbertaire del 23 de octubre dice que los libros de cuentas se habían abierto y que fue la supresión de los «roedores» lo que permitió aumentar los salarios. No había ya capataces, sino encargados elegidos en los lugares de trabajo, y en los más importantes, «técnicos manuales» que no tenían ningún derecho a opinar sobre el rendimiento.

Los talleres de construcción naval de la Unión Naval de Levante, de Valencia, que contaban con 1.400 obreros, afiliados en proporciones iguales a la U.G.T. y a la C.N.T., estaban dirigidos por un Comité obrero de siete miembros elegidos para un periodo de seis meses y, que se reunían, para tomar todas las decisiones, con dos técnicos, el director técnico y el jefe de los talleres. Desde la revolución, la empresa había abandonado la construcción para consagrarse a las reparaciones.

La industria de la pesca había sido colectivizada en Gijón bajo la dirección de un comité de control sindical que enviaba el pescado a los comités obreros de abastecimiento. Ni los obreros ni los pescadores recibían salario. Los comités de abasto les entregaban los productos alimenticios contra la presentación de una cartilla de consumo. En Laredo, todas las embarcaciones fueron requisadas bajo la dirección de un comité de economía de doce miembros, seis de la C.N.T. y seis de la U.G.T. A través de él pasaba todo el pescado recogido. Una vez descontados los gastos y un 45% para el mejoramiento del material, el resto del producto de la venta se repartía igualmente entre todos los «trabajadores del mar». El pescador de Laredo ganaba 64 pesetas por semana, mucho más que en el tiempo de los armadores y de los mayoristas.

La colectivización de las salas de cine de Barcelona fue, a la vez, ofrecida como modelo por la C.N.T. y ridiculizada por sus adversarios. Todas las salas de la capital se agruparon en una empresa única dirigida por un comité de 17 miembros, dos de los cuales eran elegidos por la asamblea general y los otros 15 por los trabajadores de las diferentes categorías profesionales. Los elegidos, separados de su trabajo, recibían el mismo salario que sus camaradas de igual calificación.

Los salarios variaban conforme a los ingresos semanarios, y la recaudación se repartía conforme a un coeficiente diferente para cada categoría (1 para el encargado del W.C., 1.5 para un operador). El tope semanal se fijó en 175 pesetas, y las ganancias sobrantes, eventuales, iban a parar a la caja del sindicato. A cada trabajador se le consideraba propietario de su empleo. Se necesitaba una mayoría de tres cuartas partes, en asamblea general, para decidir una sanción. Se había previsto un mes y medio de variaciones anuales, quince días de las cuales se tomarían en invierno. En caso de enfermedad o de desempleo, el trabajador recibía íntegramente su salario normal y, en caso de invalidez, un salario proporcional a las personas que dependían de él y que, en ningún caso, podía ser inferior al 75% de un salario normal. Las ganancias deberían utilizarse, con prioridad, para la construcción de una clínica y de una escuela.

En Puigcerdá, según Louzon, el comercio al menudeo fue colectivizado en el seno de una cooperativa que agrupaba a 170 adherentes, que recibían un salario uniforme de 50 pesetas a la semana para los hombres y 35 para las mujeres.[9]

La diversidad de las soluciones adoptadas en los casos citados como ejemplos, subraya la dificultad del problema de los salarios. Es interesante observar que las soluciones variaban entre dos extremos, el salario uniforme de inspiración anarquista, en vigor en Puigcerdá y el mantenimiento integral de la jerarquía existente. Los tranviarios de Barcelona buscaron una solución conciliatoria reduciendo de 11 a 4 el número de las categorías de los asalariados e instaurando un retiro único. Pero la gama fue a veces muy amplia. En el hotel España de Valencia, el cocinero ganaba casi cuatro veces más que la mujer que hacía las habitaciones, y un especialista hilandero, en una fábrica de Barcelona, recibía 90 pesetas mientras que un ayudante recibía 50 y un aprendiz 32.

Señalemos también el constante mantenimiento a una tasa inferior, de los salarios de las mujeres, inclusive dentro del marco de la aplicación de los principios anarquistas de igualdad, y la constante preocupación de los trabajadores españoles por lo que respecta a todo lo que podemos llamar implantación de medidas de seguridad social, pensiones, retiros, vacaciones, indemnizaciones por desempleo.

La colectivización en los campos

Los anarquistas de Puigcerdá, que colectivizaron las tiendas, no tocaron las granjas de la Cerdeña. Fue ese un primer ejemplo de la extrema diversidad de las soluciones dadas en este campo.

En realidad hubo, durante y después de la revolución, un vasto movimiento de colectivización rural, que es uno de los puntos más ardientemente controvertidos por los testigos y por los actores. Para unos, anarquistas sobre todo, la colectivización fue resultado de un poderoso movimiento de asociación voluntaria provocado por la propaganda y el ejemplo colectivista de sus grupos. Para los otros, comunistas o republicanos, la colectivización agraria, en la mayoría de los casos, fue impuesta por la fuerza, bajo el terror, por las milicias y los grupos de acción anarquista. Los observadores «neutrales» no se muestran menos divididos: el socialista Prats, el obrerista independiente, Fenner Brockway, el republicano italiano, Rosselli cantaron las alabanzas de las colectividades aragonesas, emanadas indudablemente, según ellos, de la voluntad campesina. A la inversa, Borkenau, poco sospechoso, sin embargo, de simpatía por los temas comunistas de propaganda, considera que, salvo en la región de la Mancha, la colectivización fue impuesta a los campesinos por el terror.

Forzoso es reconocer que hay serios argumentos en favor de cada una de las tesis. En primer lugar, la forma de explotación colectiva no era nueva. Las apropiaciones de tierra que se habían producido antes de la guerra civil fueron casi siempre acompañadas de un comienzo de explotación colectiva. Las dos organizaciones sindicales campesinas, la de la C.N.T. lo mismo que la de la U.G.T., se habían pronunciado en favor de la colectivización, voluntaria, cierto es. Los adversarios más resueltos de la colectivización, los comunistas, para combatir el movimiento tuvieron que crear en Levante, en todos sus detalles, una organización campesina nueva.[10] Por último, las colectividades nacidas durante el verano de 1936 duraron a veces hasta fines de la guerra civil, reconstituyéndose, en algunos casos, después de su disolución.[11]

Por lo demás, Andalucía, que quizá pudo haber sido la tierra elegida de las colectividades, se encontró muy pronto en manos de los generales y ni Levante, ni Cataluña, ni Aragón, ofrecían a estas experiencias condiciones especialmente favorables. Es sabido que a menudo dieron lugar a choques violentos, que se renovaron frecuentemente, a lo largo de 1937 entre «colectivistas» e «individuales».

Allí también, la realidad tuvo muchos rostros. La matanza de los grandes propietarios, con que comenzó frecuentemente la colectivización de las tierras —en particular, con Durruti y su columna— no significa que no haya sido voluntaria: creó las condiciones materiales, puesto que de esa manera se ofrecieron tierras, y psicológicas, al mismo tiempo, puesto que abrió posibilidades hasta entonces inexistentes. El terror es uno de los fermentos de la revolución y la discusión en torno a si esta última es voluntaria o forzada casi no tiene sentido. Por último, toda colectivización fue, al mismo tiempo, «voluntaria» y «forzada», cada vez que fue decidida por la mayoría. Los que no tenían nada que perder «forzaron» indudablemente a los que poseían algo. Añadamos, por último, que las colectivizaciones tuvieron, sin duda alguna, menos adversarios en las primeras semanas de la revolución que después de varios meses de funcionamiento, en las condiciones poco favorables de la guerra y bajo la constante amenaza de los requisamientos.

En Cataluña, el movimiento tropezó con la hostilidad de los rabassaires. La C.N.T. adoptó una actitud prudente que ejemplifica de manera perfecta la resolución tomada el 5 de septiembre por su Unión agraria: «consideramos que si pretendiésemos obligar inmediatamente a la colectivización de toda la tierra, sin exceptuar a la adquirida con tanto trabajo y abnegación, chocaríamos con una serie de obstáculos que nos impedirían alcanzar normalmente nuestra meta final». La conferencia campesina convocada en Barcelona por la C.N.T. invitó a sus militantes a respetar la pequeña propiedad privada, y a tratar de convencer al campesino, ante todo, por el éxito ejemplar de las experiencias-testimonios de las colectivizaciones rurales.

Así también, las colectividades catalanas fueron de muy diferentes clases: colectividades que abarcaban a todos los habitantes, como la de Hospitalet de Llobregat, con 1.500 familias sobre 1.500 kilómetros cuadrados, o la de Amposta con 1.200 colectivistas, ambas exclusivamente de la C.N.T., o colectividades de la C.N.T.-U.G.T., o de la C.N.T. solamente, que coexistían con propiedades individuales fundadas exclusivamente sobre las tierras confiscadas a los grandes propietarios (Vilaboi, 200 colectivistas, Serós, 360), o mediante la colectivización de pequeños lotes individuales, o también sobre una y otra base (Lérida, 400 colectivistas; Orriols, con 22 familias de aparceros; Granadella, cerca de Lérida, con 160 colectivistas para 2.000 habitantes, Montblane, cerca de Tarragona, con 200 colectivistas para 16.000 habitantes). Sea como fuere, islotes en medio de la pequeña propiedad, constituyeron más la excepción que la regla.

El caso más frecuente en Levante fue el de las colectividades fundadas en común por la C.N.T. y la U.G.T.: así, por ejemplo, Villajoyosa, en la provincia de Alicante, donde fueron colectivizadas no solamente las tierras, que hacían vivir a un poco menos de 4.000 personas, sino también la hilandería que empleaba a 400 obreros y la pesca, de que vivían 4.000, y Ademuz, Utiel, en la provincia de Valencia, que reagruparon, respectivamente a 500 y a 600 familias. En la provincia de Castellón, el pueblo de San Mateo ofrecía la originalidad de tener dos comunidades, una de la C.N.T., otra de la U.G.T. La colectividad de Sueca, en la provincia de Valencia, formó para la venta de sus naranjas, la Cooperativa Popular Naranjera, un intento para desembarazarse de los intermediarios comerciales que estaba destinado a desarrollarse.[12] Señalemos, por último, el caso a menudo citado de Segorbe, población de unos 10 000 habitantes, en la región de las huertas, donde se constituyó una «colectividad de productores agrícolas y asimilados». La adhesión y la renuncia eran libres, pues cada uno aportaba o retiraba su parte. Pero la vida del afiliado estaba estrictamente reglamentada por la comisión administrativa, elegida, que dirigía la colectividad, repartía el trabajo, pagaba los salarios sobre la base «familiar» (soltero: 5 pesetas; soltera: 4; jefe de familia, 5 pesetas; su compañera, 2 pesetas, etc.). ¿Cómo se vivía en Segorbe? Un observador, bien dispuesto, cierto es, el obrerista independiente Fenner Brockway afirma: «sobre todo, me llenó de alegría mi visita a la colectividad agrícola de Segorbe, no la describiré en detalle, pero el estado de ánimo de los campesinos, su entusiasmo, la manera en que aportaban su contribución al esfuerzo común, el orgullo que sentían, todo eso es admirable».

La visita a las colectividades de Aragón incitará al socialista italiano Rosselli a escribir, colocándose en el mismo punto de vista: «las ventajas manifiestas del nuevo sistema social robustecen el espíritu de solidaridad en los campesinos, incitándolos a más esfuerzos y a una mayor actividad».[13]

Bajo la dirección de los anarquistas, en efecto, el movimiento de colectivización abarcó a más de tres cuartas partes de las tierras, casi exclusivamente en comunidades afiliadas a la C.N.T.; había más de 450 que agrupaban alrededor de 430 000 campesinos. Los «colectivistas» constituían, con mucho, la mayoría: la totalidad en Peñalva, Alcañiz, Calanda, Oliete, 2.000 de un total de 2.300 en Más de las Matas, 3.700 de un total de 4.000 en Alcoriza. Los pequeños propietarios podían subsistir, teóricamente, a condición de cultivar por sí mismos sus tierras y de no utilizar mano de obra asalariada. El ganado, para el consumo familiar, siguió siendo propiedad individual. La Federación Campesina hizo grandes esfuerzos para organizar granjas modelos, viveros, escuelas técnicas rurales. Los defensores de las tesis colectivistas afirman que los rendimientos aumentaron de un 30 a 50% entre 1936 y 1937, pero es imposible verificar estas cifras que no se apoyan en estadísticas rigurosamente controladas.

Lo más curioso, aunque sin duda lo menos significativo, de la experiencia libertaria de Aragón, fue la aplicación sistemática de los principios y de las teorías anarquistas acerca del dinero y de los salarios. El salario era allí, todavía, un salario familiar uniforme; 25 pesetas por semana para un productor aislado, 35 para una pareja con un solo trabajador, 4 pesetas de más por cada niño dependiente, pero no había dinero, solamente bonos —los vales—, que se cambian por productos en los almacenes de la colectividad. El sistema funcionó. Sin embargo, la experiencia es poco concluyente, puesto que las colectividades, para abastecerse en el resto de España, tenían que utilizar, quisiéranlo que no, el dinero teóricamente suprimido…

El anarquista Souchy describió con las siguientes palabras la vida en el pueblo de Calanda, en el Aragón libertario:

«En la plaza del pueblo, frente a la iglesia, hay una fuente de granito completamente nueva. Su zócalo lleva grabadas las iniciales de la C.N.T.-F.A.I. Lo que fue la iglesia es ahora un almacén de abastos. Todas las secciones no se han terminado todavía.

»La carnicería está instalada en una dependencia de la iglesia, instalación higiénica, bonita, como el pueblo no había conocido nunca. No se compra nada con dinero: las mujeres reciben carne a cambio de vales…, pues pertenecen a las colectividades y esto basta para obtener carne y otros alimentos».

»El pueblo tiene 4.500 habitantes. La C.N.T. domina. Setecientos jefes de familia están adheridos. La colectividad agrupa 3.500 miembros; los demás son individuales… el pueblo, limpio y agradable, es rico. En la caja hay 26.000 pesetas, producto del aceite (anualmente, 750 toneladas), del trigo, de las patatas y de los frutos… Antes, había algunos grandes propietarios, el 19 de julio fueron expropiados.

»Colectivistas e individuales viven pacíficamente lado a lado. Hay dos cafés en el pueblo: uno para los individuales, otro para los colectivistas… los tejidos y la ropa no faltan, pues cambian aceite con una fábrica de tejidos de Barcelona».

»El trabajo es intenso y faltan brazos, pues numerosos jóvenes, todos ellos miembros de la C.N.T., están en el frente… aquí todo está colectivizado, con excepción de los pequeños tenderos que han querido permanecer independientes. La farmacia pertenece a la colectividad, lo mismo que el médico. Este último no recibe dinero. Se le mantiene como a los demás miembros de la colectividad».

»El mejor edificio del pueblo, un antiguo convento, es ahora escuela, que funciona conforme a los métodos de Ferrer. Antes, no había más que ocho maestros. La colectividad ha nombrado a otros diez más».

»Los individuales se han beneficiado igualmente con la colectivización: no pagan ni alquileres, ni electricidad. El pueblo posee su propia central eléctrica, alimentada por una caída de agua».

»Los colectivistas están contentos. En otro tiempo, los campesinos padecían hambre en abril, mayo y junio. Actualmente, esto ha mejorado».

»Antes, existía una sucursal bancaria. Ahora está cerrada. La municipalidad confiscó 70 000 pesetas que destinó a la compra de productos».

»Los campesinos trabajan por grupos de diez. La tierra está repartida en zonas. Cada grupo, con un delegado a la cabeza trabaja su zona. Los grupos se forman según las afinidades. La colectividad es una gran familia que vela por todos».[14]

A este cuadro optimista, por no decir idílico, opongamos el que fue trazado a posteriori por el periódico comunista Frente Rojo: «bajo el reinado del difunto Consejo de Aragón, ni los ciudadanos ni la propiedad podían contar con la menor garantía. No había un campesino que no hubiese sido forzado a entrar en las colectividades. El que se resistía padecía en su cuerpo y en su pequeña propiedad las sanciones del terror. Miles de campesinos emigraron, prefiriendo abandonar sus tierras antes que soportar los mil métodos de tortura del Consejo… La tierra había sido confiscada, las sortijas, las medallas y aun las cacerolas habían sido confiscadas, e inclusive los granos y los alimentos cocidos, y el vino para consumo familiar… En los consejos municipales se habían instalado fascistas conocidos y jefes falangistas. Con cartillas sindicales, operaban como alcaldes y consejeros municipales, como agentes del orden público, estas personas nacidas del bandidaje y que hacían de él una profesión, un régimen de gobierno».[15]

La verdad, sin duda, debe encontrarse a igual distancia de la pintura rosa del paraíso libertario de Souchy y del negro cuadro del infierno anarquista de Frente Rojo.

Las colectivizaciones y el problema del poder

Las divergencias acerca del alcance y la significación de las colectivizaciones recubren, en realidad, divergencias de orden político. Los partidarios del Frente Popular, republicanos, socialistas, comunistas, pensaban, como José Díaz, que en los primeros momentos habían tenido «su justificación en el hecho de que los grandes industriales y propietarios de tierras habían abandonado las fábricas y los campos y era necesario ponerlos a producir».[16] Todos los que estiman que la España de 1936 no vivía una revolución social sino que debía ser una república democrática y parlamentaria, condenaban «colectivizaciones» y «sindicalizaciones» que constituían, a sus ojos, un peligro para la unidad de frente entre la clase obrera y sus aliados campesinos y pequeños burgueses. El Partido Comunista hizo hincapié en la necesidad de defender al «pequeño industrial» y al «pequeño comerciante». «Lanzarse a tales ensayos declaró José Díaz, es absurdo y equivale a volverse cómplice del enemigo».[17]

Ahora bien, a pesar de la activa participación de la U.G.T. en Levante, fue esencialmente la masa de los militantes de la C.N.T. la que se hizo cargo de las colectivizaciones y de las sindicalizaciones. Amos del poder local, al día siguiente del hundimiento del Estado republicano y de sus fuerzas de represión, pasaron inmediatamente, conforme al esquema trazado por Malatesta, a la destrucción del régimen de la propiedad burguesa y, a pesar de la prudencia de sus dirigentes —no hay comunismo libertario— se lanzaron a la construcción de la nueva sociedad libertaria.

Ahora bien, ésa era una tarea infinitamente compleja para la que no estaban preparados, y que tuvieron que abordar armados solamente con nociones simplistas y principios generales utilizados hasta entonces en su propaganda y en su crítica del sistema capitalista. Por falta de directivas precisas frente a una situación imprevista, los sindicatos y los militantes tomaron iniciativas, sin más criterio que lo que Andrade llamó, con sobrada razón, la «fantasía anarquista igualitaria». Ahora bien, no bastaba con hacer de las fábricas propiedades colectivas, «bienes sociales» conforme a una expresión frecuente, para poner en pie a una nueva economía y hacerla funcionar. El problema del crédito quedaba totalmente por resolver. Se necesitaba dinero, divisas para las compras en el extranjero, un fondo de rotación para las empresas colectivizadas. El gobierno de Madrid, detentador del oro, rehusó todo crédito, inclusive cuando Cataluña ofreció como garantía los millones de depósito de sus cajas de ahorro. Por tanto, la mayoría de las empresas colectivizadas tuvieron que vivir de lo que pudieron requisar en ocasión de la revolución. Los Comités-gobierno trataron de socorrerlas al buen tuntún, con medios fortuitos: requisamiento de las cuentas bancarias de los «facciosos», incautación y venta de joyas o de objetos preciosos que habían pertenecido a los rebeldes, a las iglesias, a los conventos. Pero el problema se replanteaba sin cesar.[18]

Los bancos, el crédito y el comercio exterior escapaban, gracias al gobierno, al sector colectivizado, y se contempló la aparición de tendencias conducentes a lo que podríamos llamar un «capitalismo sindical». El 17 de mayo de 1937 una comisión de la C.N.T. de Barcelona las caracterizó con toda claridad: «La desmesurada preocupación por colectivizarlo todo, especialmente las empresas que tenían reservas monetarias, ha despertado entre las masas un espíritu utilitario y pequeño burgués… Considerando a cada colectividad como una propiedad particular, y no como un usufructo solamente, se ha hecho abstracción de los intereses del resto de la colectividad… Las empresas colectivizadas se han preocupado únicamente por su pasivo, produciendo un desequilibrio en las finanzas de las demás empresas». En un interesante estudio, Juan Andrade[19] ha puesto de relieve algunas de las más graves consecuencias de una situación de hecho perfectamente conforme, por lo demás, a las concepciones tradicionales de la C.N.T.: «Espontánea, no obedeciendo a ningún plan de conjunto, la aplicación de estas medidas —lo mismo sindicalizaciones que colectivizaciones— tuvo como resultado colocar a los trabajadores en situaciones materiales muy diferentes».[20]

En una fábrica que poseía, en vísperas de la revolución, importantes existencias y reservas monetarias, el trabajo prosiguió normalmente, con salarios aumentados. Las utilidades se destinaron al mantenimiento de la fábrica, al mejoramiento de las condiciones de vida de los obreros y a las obras sociales de la empresa. Pero una fábrica en déficit, o carente de existencias en el momento de la insurrección, no podía ni funcionar normalmente, ni asegurar el pago de los salarios. Algunas empresas vivieron, simplemente, gastando poco a poco sus reservas financieras. Hubo empresas ricas y empresas pobres: los salarios variaron en proporciones considerables entre una rama de la industria y otra, y aun entre una fábrica y otra. La colectivización desembocó en las mismas desigualdades y en los mismos absurdos que sus defensores habían criticado en el sistema capitalista. En todo caso, no desembocó ni en el socialismo, ni en el comunismo libertario.

Tampoco la colectivización de las tierras culminó en un sistema coherente y satisfactorio de producción. Cierto es que resolvió muchos problemas y que, innegablemente, permitió a menudo al campesino vivir mejor, trabajar más racionalmente y aumentar la producción. Pero era necesario, para que este progreso resultase serio y duradero, para que su ejemplo fuese encomiable, aportar a estos campesinos, que eran los más miserables de Occidente, un apoyo que la industria no era capaz de darles. Medidas tan radicales como la venta, en favor de las colectividades, por parte del Consejo de Aragón, de las joyas requisadas, no cubrían más que una ínfima parte de las necesidades. Se necesitaban máquinas agrícolas, abonos, agrónomos para que la colectivización de las tierras no pareciese, muy pronto, como una simple colectivización de la miseria. Como subraya Borkenau, la revolución española «se metió en el callejón sin salida de discutir si la tierra de los campesinos mismos habría de ser poseída individual o colectivamente».

En esa fecha, con la supresión de hecho de las rentas feudales, el problema de la tierra se reducía en España al de la confiscación de las tierras de los grandes propietarios, «facciosos» o no. En este sentido, le faltó a la revolución española lo que fue para la revolución rusa el «Decreto sobre la tierra»: quince días después de la ejecución, por la columna Durruti, de 38 «fascistas» de su pueblo, los campesinos de Fraga no se habían decidido todavía a tocar sus tierras, que no habían ni repartido ni decidido explotar colectivamente. Esperaron. Después de las milicias de la confederación podían pasar milicias comunistas o republicanas que afirmarían que no se habían apoderado legalmente de las tierras, o ¿por qué no?, guardias civiles que exigirían que se restituyeran a los herederos de los fascistas fusilados. Pues era claro, inclusive para un campesino de Aragón, que no todo el mundo veía, el problema agrario con los ojos de Durruti. A comienzos de agosto, un decreto del gobierno Giral dio a los granjeros y aparceros que hubiesen estado cultivando una tierra desde hacía seis años, por lo menos, el derecho de comprarla a plazos o mediante arriendos amortizables. Aun si, en aquella fecha, este decreto no tuvo ningún alcance, puesto que nadie pagaba ya ni alquiler ni renta, significaba, no obstante, que la propiedad privada seguía existiendo y que había un gobierno para reconocer sus derechos, inclusive cuando todos los títulos habían sido quemados en una gran hoguera de alegría en la plaza del pueblo. El tiempo que pasaba no tardó en subrayar esta evidencia: el campesino se había apoderado de las tierras, pero, después del primer momento de entusiasmo, no estaba seguro ni de poseerlas efectivamente, ni de haber salido ganando. De buen grado, dirigieron su animosidad contra los milicianos que requisaban, obligaban o robaban y ya no estaba muy seguro de que los nuevos «amos» hubiesen querido mejorar realmente su suerte.

La revolución, tan vigorosa, al comienzo, en los campos, parecía perder pie por falta de una verdadera dirección.

Los esfuerzos de dirección económica

La insurrección había roto todas las estructuras económicas y sociales: las regiones industriales habían quedado cortadas de sus abastecedores de materias primas, y las regiones productoras de sus mercados. Por falta de materias primas, las fábricas de tejidos de Cataluña no habrían de trabajar, bien pronto, más que tres días por semana y los campesinos de Levante se preguntaban cómo habrían de dar salida a una cosecha excelente. Las ciudades ya no eran abastecidas, y amenazaba el hambre. Cuando la huelga terminó, la reanudación del trabajo fue lenta, los patronos y los jefes habían huido, estaban presos o muertos, una parte de los obreros se hallaba en el frente y otra en los organismos de la retaguardia. La tarea era inmensa: había que asegurar el abastecimiento, que redistribuir las fuerzas productoras, que reorganizar los mercados. Sobre todo, había que equipar y armar a las milicias.

La autoridad de los sindicatos y de los Comités permitió resolver las dificultades inmediatas. La junta de Bilbao emitió asignados que se cambiaban por víveres. Barcelona vivió quince días sin dinero, sobre la base de las requisaciones y de los bonos. Fueron los sindicatos los que se encargaron de los 4.000 chóferes de taxi sin empleo —desde la requisación de sus instrumentos de trabajo— y llegaron a colocarlos de nuevo. Fue una decisión del Comité Central, apoyada por la autoridad de la C.N.T. y aplicada por las Patrullas de Control, la que limpió a las calles de Barcelona de la nube de vendedores y traficantes que las obstruyeron después de las jornadas revolucionarias. Al cabo de algunos días, las ciudades fueron abastecidas. En Madrid, desde el 25 de julio, un comité mixto de consejeros municipales y de trabajadores de los mercados hizo distribuir 20 000 raciones cotidianas. En Barcelona, el Comité Central confió al rabassaire Torrents la responsabilidad del Comité de Abastos: el 24 de julio, prohibió toda requisición individual, mandó abrir los almacenes y recontar las existencias.

Gracias al apoyo de las Patrullas de Control y de la Comisión de Investigación, y a los informes de los comités obreros de gestión y de control, pudo disponer de datos serios y ejercer un control efectivo, castigando con graves penas las infracciones: lo esencial del abastecimiento de los milicianos y de los habitantes de las ciudades se aseguró sin una notable elevación de los precios. Además, el Comité de abastos intervino directamente en el circuito comercial, encargándose en Barcelona del abastecimiento de los hospicios, de los hospitales, de los restaurantes populares: en el mes de agosto alimentaba a 120 000 personas por día, en los restaurantes que servían contra la presentación de una cartilla sindical, y llegó a reducir en septiembre esta cifra a la más razonable de 30 000, sin contar a los milicianos, claro es.

Fueron comités semejantes, las más de las veces C.N.T.-U.G.T. los que, en Valencia, en Málaga, en Asturias y en la mayoría de las ciudades se hicieron cargo de los milicianos y de los sin empleo, y establecieron directamente los contactos con los comités de pueblos y aldeas. No todos, sin embargo, tenían la autoridad del Comité de Abastos de Barcelona, intendencia y control económico a la vez, cuyas decisiones tenían fuerza de ley en los puertos y en los mercados de Cataluña.

Todo esto, por lo demás, se realizó con verdadero entusiasmo y mucha buena voluntad por una y otra parte. Cierto es, las milicias que, al principio, vivían completamente de los campesinos, no siempre fueron bien vistas y hubo numerosos incidentes. La columna Durruti se vio obligada a evacuar el pueblo de Pina: lo cual prueba, en todo caso, que sabía plegarse y que no era una horda de ladrones. Muchos campesinos vendieron de muy buen grado, sin elevar sus precios, por cuanto tuvieron la seguridad de no compartir con el propietario la ganancia de sus ventas.

Fue la misma buena voluntad y el mismo entusiasmo —dígase lo que se quiera— los que presidieron la improvisación o el aumento de la producción en las industrias de guerra. En Asturias, los obreros reanudaron el trabajo; en el arsenal Trubia se volvió a trabajar a partir del día 25 de julio. Y lo mismo ocurrió en Toledo. En Cataluña, la situación era trágica, pues no había en ella una sola fábrica de material de guerra y fue preciso reconvertir, apresuradamente, a empresas químicas o metalúrgicas. Algunas fábricas de construcciones mecánicas no podían trabajar, pues los ingenieros habían destruido o se habían llevado los planos, y nadie era capaz de sustituirlos. El coronel Jiménez de la Beraza, antiguo director del arsenal de Oviedo, y dos de sus ingenieros, evadidos de Navarra, se lanzaron a la tarea, junto con el contratista Tarradellas, de la Esquerra, los obreros de la C.N.T, Vallejo, de la metalurgia, y Martí, de los productos químicos. La fábrica de automóviles Hispano-Suiza fue reconvertida. Cierto es que, al cabo de dos meses, los resultados eran todavía minúsculos, pero, sea como fuere, se levantaron y pusieron a funcionar fábricas de cartuchos, de obuses; de detonadores de bombas y de blindajes. Las dificultades, por lo demás, tienen que ver con la situación política y económica general: se necesitaban divisas para la compra de los indispensables aceros extranjeros, e inclusive para la fabricación de los aceros vascos y la extracción de los carbones asturianos. Las fortunas «requisadas» sirvieron para financiar los primeros esfuerzos, pero con ello no se hizo más que aplazar el vencimiento.

Todos estos problemas no podían ser resueltos más que conforme a una política de conjunto dé dirección de la economía. Los órganos revolucionarios del poder, se preocuparon de esto: en Málaga, en Valencia, en Asturias fueron creados Consejos de Economía. El Consejo de Defensa de Aragón consagró una importante parte de sus trabajos a la dirección de la economía de la provincia. Y en la región catalana, el Consejo de Economía, que fue creado el 11 de agosto y sancionado por un decreto gubernamental que lo tituló «órgano dirigente de la vida económica», estableció un programa que constituyó un verdadero plan para llevar a cabo una transformación socialista del país.[21]

La presencia, en el seno de esta organización, de los más eminentes especialistas en materia económica del movimiento obrero, Andrés Nin y Santillán, fue, a ojos de muchos, la señal de que el Consejo de Economía habría de convertirse en el cerebro de la transformación económica y social de Cataluña, en el órgano de la centralización y de la planificación de la vida económica. Gracias a la autoridad del Comité Central y a las milicias obreras, el Consejo de Economía ejerció efectivamente, a lo largo de varias semanas, el papel regulador y director que se le había confiado. Sin embargo, muy rápidamente, chocó, como los demás organismos del poder revolucionario, con el problema político de las divisas y del crédito.

Economía, política y guerra

La revolución se movía sin avanzar en Cataluña, precisamente allí donde había alcanzado el punto extremo de su desarrollo. Los problemas económicos no podían resolverse independientemente de los problemas políticos. Los organismos de control que se habían creado se reducían a cumplir funciones parasitarias. Y así se vio prosperar a toda una burocracia sobre la base de los nuevos comités y consejos. A este respecto, Santillán escribió: «hemos sido un movimiento anticapitalista, antipropietario. Hemos visto en la propiedad privada de los instrumentos de trabajo, de las fábricas, de los medios de transporte, así como en el aparato capitalista de distribución, la causa primera de la miseria y de la injusticia. Deseábamos llevar a cabo la socialización de todas las riquezas para que ni siquiera un solo individuo se pudiese quedar fuera del banquete de la vida. Y se puede decir que hemos hecho alguna cosa, pero no la hemos hecho bien. En lugar del antiguo propietario, hemos puesto a una media docena de hombres que consideran a la fábrica, al medio de transporte que está en sus manos como si fuese su propio bien, con el inconveniente de que no siempre saben cómo organizar una administración y llevar a cabo una gestión mejor que la antigua».[22]

Seis meses después de iniciada la revolución, la economía española se debatía en terribles dificultades. Entonces se solía oír a la gente acusar a la «anarquía» de las «colectivizaciones», y de las «sindicalizaciones», denunciar la «incompetencia» de los nuevos dirigentes que se habían improvisado. Y en todas estas requisitorias no todo era falso. Pero es necesario, para estimar con equidad las realizaciones revolucionarias tomar muy en cuenta el peso terrible de la guerra. Puesto que es innegable que las conquistas revolucionarias de los obreros españoles, en los primeros meses, tuvieron consecuencias importantes y profundamente significativas. Los nuevos principios de gestión administrativa, la supresión de los dividendos hicieron posible una baja efectiva de los precios; esta última, finalmente, no fue anulada más que por el alza vertical de las materias primas, que tampoco una economía capitalista hubiera sido capaz de evitar, en condiciones semejantes. La mecanización y la racionalización, introducidas en numerosas empresas, y reclamadas desde entonces por los propios trabajadores, aumentaron de manera considerable la productividad. En su entusiasmo, los obreros consintieron hacer sacrificios enormes porque, en la mayoría de los casos, tenían la convicción de que la fábrica les pertenecía y de que, en resumidas cuentas, trabajaban para ellos mismos y para sus hermanos de clase. Fue verdaderamente un soplo nuevo el que pasó sobre la economía española con la concentración de las empresas desperdigadas, la simplificación de los circuitos comerciales, todo un edificio considerable de realizaciones sociales para los viejos trabajadores, los niños, los inválidos, los enfermos y el conjunto del personal.

La gran debilidad de las conquistas revolucionarias de los trabajadores españoles estriba, más aún que en su improvisación, en su carácter de tarea incompleta. Pues la revolución, apenas nacida, tuvo que defenderse. Fue la guerra la que redujo a migas las conquistas revolucionarias antes que hubiesen tenido el tiempo de madurar y de llevar a cabo sus pruebas en una experiencia cotidiana constituida por avances y retrocesos, por ensayos y errores y por descubrimientos.

Capítulo 7
DE LA REVOLUCIÓN A LA GUERRA CIVIL

Si hemos de creer a varios historiógrafos nacionalistas, el general Mola, al anochecer del 20 de julio, consideraba perdida la causa de los rebeldes y continuaba el combate sólo porque ya no era amo de los requetés y de los falangistas que había puesto en movimiento. De hecho, este pesimismo es explicable: el pronunciamiento había sido aplastado en las regiones más importantes, en los centros industriales y comerciales, en Madrid y en su región, en la parte más activa del norte, en Asturias y en el País Vasco, a todo lo largo de la costa oriental. Además, la contraofensiva de las milicias obreras, en los días que siguieron a su victoria en los centros urbanos, parecía desenvolverse en su favor. Las milicias catalanas se habían lanzado a la conquista de Aragón y atacaban ya los muros de Zaragoza y de Huesca. Las milicias madrileñas habían detenido en Somosierra y Guadarrama la marcha de los hombres de Mola. Madrid estaba salvado. Algunos días más tarde, la recaptura de Albacete por tropas fieles y columnas de milicianos permitieron el restablecimiento de las comunicaciones entre Valencia y Madrid. La de Badajoz cortó en dos a las fuerzas insurgentes y privó a Mola de todo auxilio inmediato de Franco o de Queipo de Llano. La caída de los últimos cuarteles de Gijón dio a los obreros el dominio del más grande puerto de guerra del Norte. La flota, anclada en la bahía de Tánger, dominaba el estrecho que impedía la llegada a la península de los refuerzos del ejército de Marruecos.

La relación de las fuerzas militares

Ahora bien, los rebeldes, cuya situación estratégica era desfavorable no tenían, en el plano del material y de los efectivos, más que una pequeña superioridad. La marina —como vimos— se había pronunciado contra ellos. La aviación —poco numerosa, es verdad— se había pasado al campo popular. Mola, para toda la zona norte no contaba más que con una docena de viejos aviones capturados por sorpresa en el aeródromo de León. Cierto es que los efectivos de que disponían los generales eran más numerosos. Rabasseire los estimó en 15.000 oficiales y suboficiales, 38.000 legionarios y moros en Marruecos, 30.000 guardias civiles, 30.000 requetés, casi todos con Mola, y alrededor de 70.000 regulares. Pero no todas estas tropas eran utilizables. Muy a menudo, los jóvenes reclutas de los regulares habían hecho causa común con los obreros y se vacilaba en emplearlos. Era necesario conservar fuerzas importantes en la retaguardia.[1] La lucha prosiguió durante varias semanas todavía en Galicia y en Andalucía. Las tropas marroquíes iban llegando poco a poco.

A comienzos de agosto, los generales rebeldes no emplearon en combate más que a pequeñas columnas de efectivos reducidos: enviaron 3.000 sobre Badajoz, a 10.000 pusieron en Extremadura y destinaron 20.000 al primer ataque sobre Madrid. Durante todo este periodo, los diplomáticos alemanes se hicieron eco de las inquietudes de la zona nacionalista: se carecía de dinero, había necesidad de armas. Las tropas aguerridas y disciplinadas que eran los moros y el Tercio constituían, ciertamente, un triunfo importante; sin embargo, nada indicaba que pudiesen ser, por sí solas, capaces de decidir la victoria.

Del otro lado, las milicias obreras y campesinas dejaron adivinar muy pronto; sus debilidades y los límites de su eficacia: su valor, su entusiasmo, su espíritu de sacrificio habían hecho de ellas tropas invencibles en las calles de sus ciudades y de sus pueblos. Pero, en la guerra, comenzaron las dificultades. Las más de las veces, la organización militar era un verdadero caos. Es Durruti quien lo atestigua: «tenemos hasta ahora un número muy grande de unidades diversas, cada una de las cuales tiene su jefe, sus efectivos varían de un día para otro en proporciones extraordinarias, su arsenal, su tren de equipajes, su abastecimiento, su política particular para con los habitantes, y muy a menudo también, su manera particular de comprender la guerra».[2] Jean-Richard Bloch, al describir lo que llama «etapa picaresca» de la guerra civil, escribió: «la primera imagen que ha ofrecido la guerra civil ha sido la de las columnas dispares, que combaten particularmente, se recortan para sí un sector de operaciones y viven, se aprovisionan y evolucionan de manera frecuentemente independiente».[3] De tal modo, todas las sorpresas eran posibles en el «frente»; al circular se encontraba uno en la retaguardia de las líneas enemigas, se caía en emboscadas detrás de las propias líneas, se ignoraba a qué campo pertenecían las unidades cuyo paso señalaban los aldeanos. Hubo que esperar hasta el 26 de agosto para que se constituyese, en el frente de Aragón, un Comité de Guerra de doce personas, oficiales y militantes políticos cuya autoridad, por lo demás, fue muy ilusoria.

Ningún plan de conjunto era posible. Los partidos constituían o reforzaban una columna para una determinada incursión, pero, una vez terminada la expedición, cada uno se iba a casa. Los milicianos protestaban no solamente contra los que les querían hacer montar guardia, sino también contra los que les pedían que cavaran trincheras. Por lo demás, se iban a su casa entre dos turnos de guardia y se consideraba maniático al que se negaba a dormir cuando montaba guardia de noche. Una columna que se alejaba de su base perdía a la mayoría de sus milicianos: les gustaba volver a dormir a su casa. Durruti dirá que «me han hecho todas las trampas de la gran guerra: el niño enfermo, la mujer que va a dar a luz, la madre moribunda».[4] A campo raso las milicias pronto mostraron ser poco eficaces. Sus éxitos iniciales se obtuvieron al precio de enormes pérdidas. Los hombres no sólo no sabían protegerse, sino que tampoco lo querían: el jefe de columna anarquista hacía un punto de honor de marchar a la cabeza de sus hombres al descubierto. Así murió Ascaso, y después murió también Mora. Se despreciaba la «técnica» de los militares pues el entusiasmo y el espíritu de sacrificio del militante parecían ser lo esencial, como lo habían sido en los combates callejeros. Los milicianos no sabían conservar, y a menudo ni siquiera manejar, sus armas y cuando las obtenían, las estropeaban o se herían por falta de experiencia. Ahora bien, las armas y las municiones eran raras. En el Frente de Aragón, en el de Madrid, las unidades relevadas entregaban sus armas a los recién llegados. En Oviedo, el comando militar prohibió disparar sobre el enemigo salvo en caso de ataque general… Cierto es, armas improvisadas, como los cartuchos de dinamita, hábilmente manejados por los mineros, los dinamiteros, se convirtieron en armas temibles. Delante de Oviedo, en agosto, los milicianos lograron perforar las defensas nacionalistas con camiones blindados —con cemento— cargados de voluntarios armados con lanzallamas. Eran medios improvisados, capaces de obtener un efecto por sorpresa, pero que no podían hacer inclinar la balanza de manera decisiva.

Por lo demás, los milicianos tampoco sabían cuidar sus municiones: desperdiciaban los cartuchos contra los aviones, contra los barcos inclusive. Estos hombres, que no eran soldados profesionales, no habían sido entrenados ni encuadrados. Numerosos jefes improvisados resultaron ser incapaces. Muchos oficiales «republicanos» hicieron traición, se volvieron contra sus hombres, sabotearon, activa o pasivamente. A sabiendas, algunos artilleros hicieron bombardear a sus propios milicianos. Aun siendo «leal», el oficial era sospechoso. Se le desobedecía precisamente porque era oficial y no tenían confianza en él.

En el transcurso de los meses de julio y de agosto fue quizá la unidad de mando la que hizo falta más cruelmente. En los días siguientes a la rebelión fue cuando se tomaron las primeras iniciativas felices en el plano de lo estratégico: luego, cada uno se encerró en su propia región. Anarquistas y nacionalistas se vigilaban en el País Vasco. Mola, en las primeras semanas, pudo darles tranquilamente las espaldas. Los catalanes que se encarnizaban en vano, sin artillería, contra Zaragoza, no trastornaron casi los planes de un enemigo que tenía a Madrid como meta.[5] Cada uno parecía llevar a cabo su propia guerra sin preocuparse de la que se llevaba a cabo en la provincia vecina.

Finalmente, las fuerzas que se oponían parecían neutralizarse en un equilibrio precario. Mola tropezó contra la Sierra como los catalanes contra Zaragoza. Los mineros bloquearon Oviedo, pero Aranda se preparó para un sitio que amenazaba con durar. Comenzó el sitio del Alcázar de Toledo. Los guardias civiles sublevados el 19 de julio se encerraron en la vieja fortaleza con provisiones, municiones, rehenes. Los milicianos que los sitiaban, como habían sitiado a las guarniciones sospechosas de Valencia y de otras partes, disparaban al azar contra sus espesos muros. Hubo que esperar al trigésimo cuarto día de sitio para que llegase un cañón. Y aun, no bombardeó inmediatamente el Alcázar, contentándose con destruir las casas circundantes para aislarlo y cortar completamente los contactos de los sitiados con el exterior. En Gijón, los dos cuarteles fueron capturados a fines de la segunda semana de agosto, literalmente dinamitados por los mineros. Nadie, en Toledo, se atrevió a tomar la iniciativa de semejantes medios, pues el coronel Moscardó, que mandaba a los sitiados, se negó a soltar a los cerca de 600 rehenes, mujeres y niños recogidos en los barrios obreros durante la retirada, y que vivieron espantosas semanas en la oscuridad y el hedor de los sótanos.

Curiosa guerra, en verdad, la del sitio del Alcázar. Louis Delaprée, que lo vio por vez primera el 24 de agosto, después de 34 días, escribió: «en las callejuelas tortuosas de la ciudad, en cuanto uno percibe, entre dos techos, una de sus cuatro torres, debe pegarse al muro… un poco por todas partes, montones de sacos de tierra tapan la perspectiva. Milicianos con gran sombrero de paja trenzada en la cabeza, escondidos detrás de estas barricadas, acechan a los acechadores de enfrente, a 50, a 40 y a veces a 20 metros de ahí. De vez en cuando, cansados de cambiar balas, se arrojan injurias. Termina uno por no saber si es sitiador o está sitiado».[6] «Los rojos —escribió Henry Clérisse— no tenían más que querer para aplastar a la heroica guarnición».[7] El hecho es que no quisieron. El 3 de agosto, tan solo, trajeron una pieza de artillería pesada, un cañón de 420. Hasta el fin, los sitiadores trataron de salvar la vida de los rehenes, ofreciendo en cambio perdonar la vida a todos los sitiados, que se negaron obstinadamente. Sucesivamente, el comandante Rojo, antiguo profesor de la Escuela Militar, el padre Camarasa, canónigo de Madrid, el encargado de negocios de Chile, trataron de convencerlos, en el transcurso de esas treguas pintorescas descritas por Malraux y Koltsov, en términos casi semejantes: los milicianos que insultaban a los guardias civiles mientras les distribuían cigarrillos y hojas de afeitar.

Durante algunas breves semanas, el conflicto español será a imagen y semejanza del combate que se desenvolvía alrededor del Alcázar. Ninguno de los adversarios parecía capaz de vencer.

La ruptura del equilibrio

Pero este equilibrio se rompió muy pronto, a consecuencia de la intervención extranjera. Portugal era, desde hacía tiempo, uno de los centros de la conspiración. Desde los primeros días, era una de las bases de la insurrección. El hotel Aviz en Lisboa, servía de relevo para las comunicaciones telefónicas entre Burgos y Sevilla. Los rebeldes circulaban libremente entre España y Portugal y sus primeros aviones alemanes tuvieron su base en territorio portugués, en Caia, a dos kilómetros de la frontera. En cambio de esto, el gobierno de Salazar entregaba a los rebeldes a todos los refugiados de izquierda. Italia, por su parte, envió desde fines de mes los primeros aviones prometidos a los rebeldes. A principios de agosto, Alemania entregó también material de guerra, desembarcado en Lisboa. Las flotas alemana e italiana se esforzaron por proteger los pasajes de tropas moras desde Marruecos hasta España, interponiéndose entre la flota republicana y los transportes nacionalistas. Junkers y Capronis, aseguraron el primer «puente aéreo»[8] que permitió a Queipo obtener la victoria.

El campo republicano no recibió ninguna ayuda comparable. Las primeras entregas de aviones decididas por el ministro del aire francés provocaron toda una serie de protestas: el gobierno francés del Frente Popular cedió a la presión inglesa y a la campaña de prensa desencadenada contra él. Prohibió, el 27 de julio, la entrega de armas a España y después lanzó la idea de la «no intervención», a la cual se adhirieron Inglaterra y la U.R.S.S.[9] En lo sucesivo, sólo los rebeldes fueron abastecidos de manera continua y apreciable en armas y municiones, pues Alemania e Italia, aunque se adhirieron igualmente al Comité de no intervención, no interrumpieron sus entregas.[10]

La República española quedó aislada en lo sucesivo, y los generales rebeldes se beneficiaron de una verdadera conjunción internacional de hecho. Bajo la presión de las amenazas de Franco y de las reclamaciones de Roma y de Berlín para el respeto del «estatuto de Tánger» los gobiernos de Londres y de París obtuvieron de Giral la evacuación de la bahía de Tánger por la flota republicana en los primeros días de agosto[11]. El día 4, los primeros contingentes marroquíes numerosos desembarcaron en Tarifa. En lo sucesivo, ya no hubo obstáculos para las comunicaciones entre Marruecos y España. Los nacionalistas ya no carecieron, ni de soldados, ni de material.

La ofensiva nacionalista

Pudieron entonces lanzar su primera ofensiva de gran estilo y tratar de realizar la unión entre sus dos zonas. El 6 de agosto las tropas marroquíes de Franco atacaron en dirección del oeste: la complicidad de Portugal protegió su flanco izquierdo cuando se bifurcaron hacia el norte para unirse a las tropas de Mola. Las columnas avanzaron sin encontrar verdadera resistencia, siguiendo los grandes caminos y pasando, después de haberlas cercado, por encima de las precarias barreras levantadas en su camino por iniciativa de los comités de campesinos o de obreros. El 11 de agosto, la columna Tella se apoderó de Mérida, totalmente minada, pero que no saltó por los aires. La columna Yagüe, 1.500 hombres motorizados con algunas baterías de artillería ligera, franqueó Sierra Morena el 7, llegué a Badajoz el 13 y se apoderó de ella el 14. Desde el 12, el jefe de las guardias de asalto de Badajoz, el comandante Avila, había franqueado la frontera portuguesa denunciando el dominio de la ciudad por el «populacho en armas». El 13 por la mañana, le tocó huir, a su vez, al alcalde de Badajoz. Cincuenta milicianos encerrados en la catedral resistieron durante dos días los asaltos de los moros y se suicidaron cuando sus municiones quedaron agotadas: el heroísmo de los combatientes no compensó la traición de los jefes militares y el caos nacido de la revolución.

Entonces los nacionalistas pusieron su esfuerzo en el frente del norte, donde Mola, que disponía de numerosas tropas, los requetés de boina roja, cubiertos de medallas santas y de escapularios, temía, sin embargo, carecer de municiones. El primero de agosto, el marqués de Portago, su enviado personal, se encontraba en Berlín reclamando aviones. El día 8, el embajador de Alemania en París trasmitió su demanda de diez millones de cartuchos. Material y municiones llegaron por Portugal. La unión con el sur aseguró las retaguardias. El 15 de agosto se dibujó la ofensiva. El 19, San Sebastián estaba casi rodeada y la columna Beorlegui se hallaba a las puertas de Irún. Los moros de Franco comenzaron a afluir por Badajoz para reforzar a las tropas de Mola.

Era el comienzo de la batalla de las plazas fuertes.[12] Aquí los milicianos luchaban con la espalda contra el mar enfrentándose a un ejército claramente superior. Los aviones alemanes apoyaron la ofensiva de Mola. Su aparición repentina, los ametrallamientos a ras del suelo, los bombardeos, sembraron el pánico en las filas de los milicianos que se hallaban a campo raso. Pero, en las ciudades, estaban dispuestos a pegarse a cualquier trozo de muro. No siempre ocurría lo mismo a sus comandantes. Los mismos desacuerdos que en Badajoz se produjeron entre las filas de los defensores. Los hombres de la C.N.T., dispuestos a defenderse hasta el final, amenazaron con fusilar a los rehenes si continuaban los bombardeos aéreos; querían destruir completamente las ciudades para no dejar al enemigo más que ruinas si se veían obligados a ceder finalmente.

Los elementos moderados del Frente Popular, y principalmente los nacionalistas vascos querían, por el contrario, ahorrar sufrimientos a las ciudades y sus habitantes y se negaron a emplear represalias contra los rehenes. Las milicias vascas velaron, hasta el final, por la defensa de la Iglesia y de la propiedad contra los milicianos anarquistas. La resistencia fue encarnizada delante de Irún, en Rentería, bajo la dirección política de un comité obrero de metalurgistas, y bajo la dirección militar de un antiguo oficial, un voluntario francés, Jacques Menachem. Las autoridades se esforzaron por salvar a los 180 rehenes encerrados en el fuerte de Guadalupe, y que fueron finalmente liberados.[13] Por último, abandonaron la partida: el comisario de guerra cruzó la frontera francesa tres días antes de la caída de Irún. Pero los comunistas y los hombres de la C.N.T. se batieron hasta su último cartucho con un puñado de voluntarios. Cuando se les acabó la dinamita a los ocho defensores del Fuerte Marcial, que resistieron 60 horas contra los moros, hicieron rodar piedras sobre los asaltantes. Los últimos milicianos que cruzaron, el 4 de septiembre, el puente internacional, mostraron con burla sus cartucheras vacías. Un tren de municiones enviadas por los catalanes había sido detenido por las autoridades francesas. Cajas que contenían 30.000 cartuchos esperaban en Barcelona al Douglas prometido por el gobierno para asegurar su transporte a Irún. La ciudad ardió en llamas: los nacionalistas no conquistaron más que ruinas.

La tragedia de Irún pareció avivar las contradicciones en el campo republicano. El 8 de septiembre, según el corresponsal de Havas, San Sebastián era teatro de «verdaderos combates callejeros». Los militantes de la C.N.T. habían asaltado el Kursaal, donde estaban encerrados rehenes. El gobernador, un socialista, oficial de carabineros, el teniente coronel Ortega, trató de abrir negociaciones con Mola: su hijo pasó a Francia para ir a la zona nacionalista. Circuló el rumor de que había ofrecido a los rebeldes la promesa de respetar a los rehenes, las casas y los monumentos, y de entregar San Sebastián si los nacionalistas concedían, de antemano, la amnistía paró los combatientes. Nada se ha publicado oficialmente acerca de estas negociaciones. Pero el día 11, los aviones nacionalistas dejaron caer volantes sobre la ciudad que decían: «Haced que se respete el orden en vuestra ciudad. Os concedo 48 horas de tregua. Estoy dispuesto a oír la voz de los nacionalistas vascos». Los rehenes, bien protegidos, fueron transferidos a Bilbao. En San Sebastián, la situación era confusa. La radio nacionalista anunció el asesinato de Leizaola y la detención de Irujo por los anarquistas. Maurice Leroy telegrafió al Paris-Soir el día 11, diciendo que Irujo era «dueño de la situación» y el día 13 que los anarquistas eran «dueños de la ciudad». En realidad, los nacionalistas vascos vencieron. Los revolucionarios fueron vencidos en el curso de esta guerra civil en el seno mismo de la guerra civil.[14]

Policía y milicias vascas fusilaron sumariamente a «ladrones» e «incendiarios». El 14, los republicanos evacuaron San Sebastián por la ruta de Bilbao, que los carlistas habían dejado libre. El mismo día, inmediatamente después de su partida, las tropas de Mola entraron en la capital de Guipúzcoa donde se habían quedado 50 guardias para asegurar la continuidad del mantenimiento del orden.

Amenaza sobre Madrid

La relación de fuerzas, trastornada por la cuantiosa ayuda de los alemanes y de los italianos era de tal índole, a comienzos de septiembre de ese año, que la mayoría de los observadores esperaban a breve plazo la caída de Madrid: parecía inverosímil que los milicianos pudiesen plantar cara a los soldados profesionales, a los tanques y a los aviones que tenían delante de ellos. Pero la esperada ofensiva fue postergada. Prudentemente, Franco la retardó por causa de los refuerzos que había tenido que enviar al norte: al parecer, quería concentrar fuerzas suficientes para dar un golpe seguro. Pero, sobre todo, un elemento sentimental intervino en el curso de las operaciones militares. Desde principios del mes de agosto, la prensa nacionalista y los periódicos que simpatizaban con la rebelión, en el extranjero, cantaban las hazañas de los cadetes de la Escuela Militar de Toledo. En realidad, sólo una decena de alumnos-oficiales se hallaba entre las filas de los defensores de la fortaleza.[15] Pero la heroica defensa de los guardias civiles fue presentada por esta propaganda como la obra de los cadetes, que simbolizaban, de tal modo, la resistencia de la juventud española a la «dominación roja». «Los cadetes del Alcázar» entraron en la leyenda.[16] Con la constitución del gobierno Caballero, la presión de los sitiadores aumentó. El edificio, bombardeado esta vez, se hallaba en ruinas. Los guardias se seguían defendiendo en los subterráneos. Pero los víveres comenzaron a disminuir, y la provisión de agua a agotarse.[17] Franco hizo a un lado la oportunidad de una marcha sobre Madrid para intentar la liberación del Alcázar.[18] Su ejército atacó por el sur, a lo largo del valle del Tajo. El 4 de septiembre, la vanguardia marroquí del coronel Yagüe entró en Talavera de la Reina.

Los milicianos hicieron resistencia en algunas partes, pero en otras se apoderó de ellos el pánico y huyeron en medio de una terrible desbandada, de la que Malraux supo darnos un notable cuadro. Dos columnas de motociclistas enviadas desde Madrid para reforzar Toledo fueron cercadas por sorpresa y exterminadas. El 27 de septiembre, la vanguardia marroquí del general Varela penetró en Toledo. Al caer la noche, una sección de moros estableció contacto con los hombres de Moscardó. El Alcázar fue liberado. Los sitiadores de la víspera, sitiados a su vez en las casas circundantes, cayeron unos tras otros. En lo sucesivo, la capital fue la que se vio amenazada. El mundo entero esperó su caída y terribles represalias.

El terror

La insurrección militar comenzó por doquier con la detención, el asesinato o la ejecución, después de juicio sumario, de los oficiales o soldados republicanos.[19] La «depuración» así efectuada fue acompañada por doquier de la liquidación sumaria de todo lo que podía ser considerado elemento dirigente de sindicato, partido obrero o simplemente republicano.[20] El paseo, aquí también, fue la regla, con la diferencia de que casi nadie reclamó su fin, pues sus organizadores, requetés y falangistas, eran también los amos del orden público. Las matanzas de prisioneros se convirtieron en un fenómeno cotidiano, en el único medio, al parecer, de hacer un lugar en las cárceles perpetuamente abarrotadas.[21] La voluntad de destruir al adversario era tan evidente como en el bando opuesto. Entre los republicanos era un movimiento de masa, público, espontáneo. Aquí, estaba organizada y dirigida, justificada por todos, sin exceptuar a las más altas autoridades eclesiásticas, como el arzobispo de Toledo que proclamó que era «el amor del Dios de nuestros padres el que había armado la mano de la mitad de España» contra el «monstruo moderno, el marxismo o comunismo, hidra de siete cabezas, símbolo de todas las herejías».[22] Hubo que esperar varios meses para tener indicaciones precisas acerca del «terror blanco» que asoló toda la zona nacionalista.

Se conocen mejor los métodos del ejército rebelde para el arreglo de sus conquistas: los corresponsales de guerra tenían derecho de ir al frente, mientras que las prisiones les estaban evidentemente prohibidas. Los soldados moros, reclutados entre las tribus más primitivas, tenían rienda suelta. Violaron a las mujeres, castraron a los hombres, lo cual, a ojos de Brasillach y de Bardéche, era una «operación de un género casi ritual». Pero las demás tropas también hacían de las suyas: las mujeres eran las víctimas predilectas de un sadismo generalizado; no sólo fueron violadas, sino sistemáticamente humilladas, rapadas, pintadas con minio, purgadas con aceite de ricino. El general Queipo de llano se sentía orgulloso. Declaró en Radio Sevilla, el 23 de julio: «las mujeres de los rojos han aprendido, también, que nuestros soldados son hombres verdaderos y no milicianos castrados; dar patadas y rebuznar no llegará a salvarlas».[23]

La prensa internacional estaba repleta de ejemplos puestos por los corresponsales, cuyas simpatías, sin embargo, a menudo estaban del lado de los rebeldes. Bertrand de Jouvenel, cuenta en el Paris-Soir del 23 de julio la ejecución de los ferroviarios que defendieron Alfera contra los requetés de la columna Escamez.[24] La entrada de los nacionalistas en Badajoz fue acompañada de una verdadera carnicería. El enviado especial de Havas telegrafió que había cadáveres en la catedral, al pie mismo del altar y que en «la gran plaza yacían los cuerpos de los partidarios del gobierno ejecutados en serie, alineados delante de la catedral». Los corresponsales del New York Herald, de Temps, describieron esta carnicería, que los oficiales nacionalistas trataron de justificar alegando la imposibilidad de hacer guardar los prisioneros. Una columna de fugitivos fue rechazada en la frontera portuguesa, devuelta a la ciudad y asesinada en el sitio. El corresponsal de Temps habla de 1.200 ejecuciones, de «aceras cubiertas de sangre en la que nadaban todavía gorras», en el momento en que todavía se fusilaba en la gran plaza. «Burdo método» reconoce Brasillach, que añade que «todo combatiente era fusilado porque, como no había movilización general, se trataba de un militante».[25]

El terror fue el medio de terminar con la resistencia de las masas. En todo caso, así lo entendieron los jefes de la rebelión. El 30 de julio, Franco afirmó a un periodista de News Chronicle que estaba dispuesto, de ser necesario, a «fusilar a la mitad de España». Y el 18 de agosto Queipo de Llano dijo: «el 80% de las familias andaluzas están de duelo y no vacilaremos en recurrir a medidas más rigurosas». Y el coronel Barato declaró al corresponsal del Toronto Star: «habremos establecido el orden cuando hayamos ejecutado a dos millones de marxistas».

La huida en masa de los campesinos ante cada ataque nacionalista mostró, en todo caso, que los jefes militares habían alcanzado su meta y que sus tropas inspiraban un profundo terror. Un despacho de Delaprée describe este «inmenso éxodo» de los campesinos de Extremadura «empujando delante de ellos a sus cochinos y a sus cabras, y arrastrando las mujeres a sus niños».[26] En esta multitud aterrada, sin embargo, los hombres, esos «campesinos de rostro curtido, de blusa corta y gran sombrero» reclamaban inmediatamente el fusil que no volverían a soltar, ni para comer ni para dormir, y volvían a la pelea. Pues el terror es un arma de doble filo: había decenas de miles que huían por las carreteras, pero otros tantos obreros, campesinos, intelectuales que empuñaban un arma para luchar, sin que importara cómo, pero para luchar. Todas las preocupaciones y las aspiraciones anteriores parecían borrarse ante esta voluntad desesperada de resistir, de obstruir el camino, de vencer. A lo que les parecía que era una máquina de guerra superiormente entrenada y equipada, había millares de hombres dispuestos a todo para enfrentarle otra máquina, no menos eficaz: las consignas de «disciplina», de «mando único», encontraron eco. Era necesario, a toda costa, luchar y sostenerse. En primer lugar, para no perecer, era necesario poner fin al caos nacido de la multiplicidad de las autoridades y de los conflictos entre poderes, instaurar la disciplina, construir un mando, adaptar a las milicias a su tarea vital: La guerra.

Capítulo 8
LA LIQUIDACIÓN DEL PODER REVOLUCIONARIO

Badajoz, Irún, Talavera, Toledo fueron las etapas de una campaña de verano desastrosa para los revolucionarios, y también la condenación de una dualidad de poder que tuvo en gran parte la culpa de estos reveses militares. Para llevar a cabo la guerra, se necesitaba un poder unido. La dualidad entre el poder de los comités y el del Estado era un obstáculo para la dirección de la guerra. El único problema, en el otoño de 1936, era saber cuál de los dos poderes, el republicano o el revolucionario, habría de vencer.

Comités y soviets

Al crear, en todos los niveles, organismos del tipo de los «consejos», órganos de lucha, y luego organismos de poder que llamaron consejos, comités o juntas, obreros y campesinos españoles, sin saberlo, a su manera y con su estilo propio, habían reanudado la tradición de las revoluciones obreras y campesinas del siglo, la de los «Consejos de obreros, de campesinos y de soldados». Los soviets de las revoluciones rusas de 1905 y 1917, los Rilte de la revolución alemana de 1918-1919.[1]

La tradicional división de la clase obrera española explica perfectamente que la forma inicial de organización del poder revolucionario, en los días que siguieron al 19 de julio, haya sido el resultado del acuerdo entre partidos y sindicatos. Sin embargo, tales cuales fueron, los comités, como vimos, representaron en sus comienzos mucho más que la simple adición de representantes de organizaciones diversas. Más que comités de enlace, fueron la expresión de la voluntad revolucionaria de millares de militantes, y esto independientemente de su filiación política. La mejor prueba de ello es la hostilidad o la indiferencia respecto de las consignas de sus propios partidos manifestada por numerosos militantes que se habían mostrado mucho más dóciles, durante las primeras semanas, en lo que respecta a sus comités. Pero tal situación no podía prolongarse indefinidamente. Para que los comités hubiesen podido llegar a convertirse en verdaderos soviets, hubiese sido necesario que, en uno o en otro momento, hubiesen dejado de estar integrados por dirigentes de las organizaciones —designados o elegidos— para convertirse en organismos elegidos y revocables en los cuales operase democráticamente la ley de la mayoría, y no la regla de los acuerdos de las altas esferas del partido. Ahora bien, esto no se produjo en ninguna parte de España. Los obreros y campesinos españoles designaron espontáneamente a sus comités.

Pero con igual espontaneidad los colocaron bajo el patrocinio de los partidos y de los sindicatos, que no estaban decididos a abandonar, en beneficio de un nuevo organismo, la autoridad y el poder de que se habían logrado apoderar gracias al hundimiento del Estado.

Ningún partido ni sindicato se convirtió en campeón del poder de los comités-gobierno, ni de su transformación en soviets. Santillán, al hablar del Comité Central, escribió: «Había que reforzarlo, que apoyarlo, para que cumpliese mejor su misión, ya que la salvación estaba en su fuerza, que era la de todos», y confesó su fracaso: «en esta interpretación, nos quedamos aislados frente a nuestros propios amigos y camaradas».[2] Andrés Nin, familiarizado con la revolución rusa, afirmó que los comités no tenían que trocarse en soviets, pues España no tenía necesidad de ellos.[3]

Así también, poco a poco, los comités dejaron de ser verdaderos organismos revolucionarios por no haberse transformado en expresión directa de las masas sublevadas. Se convirtieron en «comités de alianza», en los cuales la acción de los obreros y de los campesinos, a medida que nos alejamos de las jornadas revolucionarias y del ejercicio directo del poder, en la calle, por los trabajadores en armas se dejó sentir cada vez menos; y en los cuales, por el contrario, la influencia de los aparatos de los partidos y de los sindicatos se volvió preponderante.

Así también, en definitiva, a estos últimos corresponderá la tarea de resolver el problema del poder, tal como se había planteado en el otoño de 1936, en el transcurso de la revolución y para hacer frente a la guerra civil. ¿Cuál habría de ser la autoridad que suplantara a la otra? ¿Quién debía tener el poder? ¿El gobierno del Frente Popular, con sus funcionarios, sus magistrados, su policía, su ejército, en una palabra, su aparato de Estado reconstituido? ¿O un gobierno de los consejos y de los comités, con sus comités regionales y locales, sus consejos de fábrica, sus milicias de combate, sus comisiones de investigación, sus patrullas de control, sus tribunales revolucionarios? ¿Un gobierno que se apoyara en el respeto de la propiedad privada, emanado de la asamblea elegida en febrero, de acuerdo con el programa liberal del Frente Popular? ¿O un gobierno emanado de los consejos y comités, y que se fijara la tarea revolucionaria de realizar el socialismo con sus matices, «autoritario» o «libertario»?

El contexto internacional

Lo que se planteaba era el problema mismo de la revolución. ¿Había que perseguirla o no? ¿Había que detenerla o no? Divergencias de poca importancia, al comienzo, a propósito de estas cuestiones, se convirtieron rápidamente en oposiciones irreductibles. La persecución, a toda costa, de la revolución traía consigo el riesgo de hacer que se perdiera la guerra. La voluntad de detener la revolución conducía directamente a combatirla y a cambiar por completo, de tal manera, los datos de la guerra civil.

Ahora bien, es claro que, en 1936, la relación de fuerzas en escala mundial distaba de ser tan favorable a la revolución española como lo había sido en 1917-19 para la revolución rusa. La U.R.S.S. había dejado de ser la animadora del movimiento revolucionario mundial. Era la época en que Stalin emprendió la liquidación de la vieja guardia bolchevique, y decapitó al movimiento comunista internacional en la serie de los procesos y de las purgas. Alemania, donde la revolución obrera había sido una amenaza a lo largo de más de un decenio, tenía a su movimiento obrero, a sus partidos y sindicatos, aplastados bajo el talón de hierro del nazismo. El régimen fascista de Mussolini no era disputado en Italia. Ninguna perspectiva revolucionaria inminente subsistía en la Europa Oriental. Inglaterra era perfectamente estable. Francia era la única excepción, pues acababa de terminar la gran ola de huelgas de junio de 1936. Sin embargo, parecía ser que el gobierno de Frente Popular del socialista Léon Blum la había frenado definitivamente.

Al socialista revolucionario Marceau Pivert, que afirmaba en julio de 1936 que «todo era posible», y que veía en la acción de la clase obrera española[4] un ejemplo revolucionario que había que imitar en Francia, Maurice Thorez, secretario general del Partido Comunista Francés, le respondió que no todo era posible y que se debía saber terminar una huelga cuando sus objetivos se habían alcanzado. La amenaza de Hitler pesaba gravemente en los argumentos de quienes predicaban la moderación: era claro que ni el partido socialista S.F.L.O., ni el Partido Comunista habrían de aceptar rebasar los límites del programa de tendencia «radical-socialista» del Frente Popular, del que constituían el ala obrera. Por lo demás, era poco verosímil que, en un porvenir próximo, los desbordasen sus tropas. En Francia no había formaciones políticas o sindicales equivalentes a la C.N.T.-F.A.I., al P.O.U.M., cuyo papel en el movimiento español fue esencial. La clase obrera francesa demostró de mil maneras su simpatía por la revolución española. Pero no la conoció más que a través de los periódicos Populaire, Humanité, o Paris-Soir que le daban imágenes poco diferentes, en lo esencial[5]. Los amigos franceses de la C.N.T. y del P.O.U.M. no podían oponer a los órganos del Frente Popular, o a la gran prensa, más que la propaganda dispersa de periódicos episódicos y de revistas confidenciales, que emanaban de organizaciones minúsculas, violentamente enfrentadas las unas a las otras. Los revolucionarios españoles se sintieron solos.

Cierto es que se puede discutir ad infinitum acerca de las posibilidades que tuvieron de compensar este aislamiento mediante una política-revolucionaria atrevida.[6] Como dijo Trotsky, se puede pensar que la revolución española ofrecía la oportunidad de una inversión de la relación de fuerzas, en la escala mundial, y que su derrota abrió precisamente el camino al desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial.[7] El hecho es que el sentimiento de su aislamiento fue uno de los elementos que determinó la actitud de los revolucionarios españoles, muchos de los cuales renunciaron a proseguir tratando de realizar la revolución. Pues uno de los motivos, y no el menor sin duda, de la política de no intervención estribó en los temores de los capitalistas ingleses y franceses por sus intereses inmediatos en España y, a más largo plazo, en sus propios países.[8] Londres y París podían decidirse a sostener, con muchas precauciones, a una España democrática y republicana, pero no a una España revolucionaria. Todo el mundo, sin exceptuar a los anarquistas, se daba perfectamente cuenta de esto en España. Razón o pretexto, el argumento tenía peso: no había que espantar a los eventuales aprovisionadores. La política de la U.R.S.S. se orientó en el mismo sentido: el asunto español, a ojos de Moscú, no debía, a ningún precio, proporcionar la ocasión de aislar a la U.R.S.S. y separarla de las democracias occidentales. Si se añade a esto que Stalin no tenía el menor deseo de sostener un movimiento revolucionario que tenía como animadores, entre otros, a anarquistas y comunistas disidentes del P.O.U.M., a los que consideraba como sus peores enemigos, porque eran posibles competidores del monopolio de los partidos comunistas sobre la clase obrera, se comprende que la U.R.S.S. no haya puesto ningún obstáculo para adherirse, desde su formación, al Comité de no-intervención.

Cierto es que el contexto internacional no lo explica todo. Sin embargo, sólo él nos da razón de la rapidez con la que el débil Partido Republicano de la pequeña burguesía española, aplastado en julio de 1936 entre los generales sublevados y los trabajadores en armas, llegó a reconstruir su Estado. Pues fue el contexto internacional el que proporcionó a los verdaderos artesanos de esta reconstrucción del Estado republicano, socialistas, comunistas y, en gran medida anarquistas, sus argumentos más eficaces en favor de la «respetabilidad» de España, del respeto de la propiedad y de las formas parlamentarias contra la revolución de los comités y de las colectivizaciones.

Los partidarios de la restauración del estado republicano

En efecto, los hombres del Estado republicano no parecían capaces de librar el combate que debía ser el suyo. Fueron los mismos antiguos ministros de Casares Quiroga, y después de Martínez Barrio, los que integraron el gobierno de Giral. Vimos que se esforzaron en durar, en asegurar la supervivencia de la legalidad. Pero eran incapaces de imponer su autoridad y las tropas revolucionarias se les escaparon completamente.[9]

Sólo los dirigentes obreros, en la medida en que toleraron al gobierno, impidieron su desaparición. Sólo ellos, con su prestigio, podían devolverle alguna autoridad a un gobierno legal. Y eso fue lo que comprendió perfectamente Prieto. Estaba firmemente persuadido, todavía más después de la revolución que antes, de que España tenía ante sí un largo periodo de desarrollo capitalista normal. Las «exageraciones revolucionarias» comprometían cada vez más, a sus ojos, el porvenir del país. La única tarea realista consistía, para él, en la construcción de un régimen republicano sólido, apoyado en un ejército fuerte: sólo él podía obtener, contra los generales y sus aliados, la ayuda de las «democracias» de Londres y de París. Así, escribió en El Socialista: «Esperamos que la apreciación que de la revolución española han hecho algunas democracias cambiará, porque sería una lástima, una verdadera tragedia comprometer estas posibilidades (de ayuda) acelerando el ritmo de la revolución que, por el momento, no, nos conduce a ninguna solución positiva». La preocupación por conservar la simpatía del Occidente lo condujo a declararse, en una entrevista de la agencia Havas, el 2 de septiembre, «encantado de que el gobierno francés haya tomado la iniciativa de sus proposiciones para la no intervención».

Verdadero ministro sin cartera, Prieto era, sin embargo, el primero que se daba cuenta de la gravedad de la situación. En una entrevista con Koltsov, el 26 de agosto, reconoció francamente la impotencia del gobierno. Al igual que antes de la revolución, pensaba que los socialistas debían asumir las responsabilidades gubernamentales. Pero el estado de ánimo de las masas era tal que llegó inclusive a preconizar, sin vacilaciones, la formación de un ministerio dirigido por su viejo adversario, Largo Caballero, el único cuyo nombre y cuyo prestigio podían dar nacimiento a la indispensable confianza popular. «La opinión que tengo de él es conocida de todos. Es un imbécil que quiere dárselas de astuto. Es un desorganizador y un enredador que quiere dárselas de burócrata metódico. Es un hombre capaz de llevarlo todo y a todos a la ruina. Y sin embargo, hoy en día, es el único hombre, o por lo menos el único nombre útil para poner a la cabeza de un nuevo gobierno». Y precisando que estaba dispuesto a entrar en tal gabinete, y a trabajar bajo la dirección de Caballero, afirmó que «no hay otra salida para el país. Tampoco la hay para mí, si quiero ser útil al país».[10] Lúcido y pesimista como siempre, declaró unos días más tarde, a Alvarez del Vayo que el gobierno de Largo Caballero sería, para el régimen, la «última carta».[11]

Prieto y sus amigos no fueron los únicos que, en el campo obrero, se convirtieron en campeones de la moderación y de la fidelidad, al régimen republicano. El Partido Comunista Español y su filial, el P.S.U.C. —más libres en sus movimientos, pues no tenían que contar, como el Partido Socialista, con una oposición interior— tornaron a menudo, inclusive antes que ellos, posiciones más claras todavía.[12] Después del 19 de julio, la mayoría de sus militantes siguieron la corriente revolucionaria participando en la acción de los comités-gobierno y sosteniéndola. Sus direcciones, por el contrario, apoyaron a todas las tentativas republicanas para preservar el Estado. En Valencia, el Partido Comunista desaprobó al comité ejecutivo popular en su oposición a la junta delegada de Martínez Barrio. En Barcelona, fue Comorera, líder del P.S.U.C., el que trató de llevar a Companys a que hiciese resistencia a la C.N.T., y después participó en el gobierno Casanovas, constituido para eliminar al Comité Central, a comienzos de agosto. La dirección del P.C., por lo demás, no hacía ningún misterio de esta política. Había aprobado, el intento de reconstitución del ejército por Giral y había publicado un memorándum a este respecto.

La prensa comunista internacional no siempre comprendió de buenas a primeras esta política. El Daily Worker del 22 afirmó que «se avanzaba hacia la república soviética española», por el triunfo de la «milicia roja». Sin embargo, muy rápidamente, el tiro se rectificó. El 3 de agosto, Humanité, a petición del P.C. español, puntualizó que «el pueblo español no lucha por el establecimiento de una dictadura del proletariado», y que «no conoce más que una meta: la defensa del orden republicano, el respeto de la propiedad».

El 8 de agosto, Jesús Hernández declaró: «no podemos hablar hoy en día de revolución proletaria en España, porque las condiciones históricas no lo permiten… Queremos defender a la industria modesta que se halla en tantos apuros por las mismas razones y quizá más aún que el obrero mismo». Los fines del Partido Comunista fueron claramente fijados por su secretario general, José Díaz: «no deseamos luchar más que por una república democrática con un contenido social amplio». «Actualmente, no se puede hablar de dictadura de proletariado, ni de socialismo, sino solamente de la lucha de la democracia contra el fascismo».[13]

Esta actitud, firme, distaba mucho de ser, no obstante, determinante. Ni el P.C. ni el P.S.U.C. eran, en aquellos meses de verano, capaces de decidir verdaderamente el curso de los acontecimientos.

Los socialistas de izquierda en la encrucijada de los caminos

Largo Caballero y sus amigos tenían ideas menos claras, acerca del problema del poder, que Prieto y el Partido Comunista: el programa del grupo socialista de Madrid, adoptado en el mes de abril por influencia de Araquistáin, afirmaba, en efecto, como vimos, que la instauración del socialismo en España no podía hacerse sino a través de la «dictadura del proletariado». Pero eran hostiles a la creación de Soviets[14], forma de organización específicamente rusa, a su juicio, y no podían explicar mejor, en julio o en agosto, que en abril o en mayo, cómo esperaban realizar la «dictadura del proletariado» por intermedio de un Partido Socialista cuyo aparato seguía siendo sólidamente conservado por Prieto.

La escisión formal había sido evitada: no era menos real por ello; a través de la U.G.T. y de Claridad, Largo Caballero llevaba a cabo su propia política, diferente de la del Partido Socialista. Claridad criticó vigorosamente los decretos de movilización de Giral, les opuso las tesis de Lenin acerca del «pueblo en armas», denunció a los que querían separar a la guerra de la revolución, regañó a Mundo Obrero, y acusó al P.C. de dar abrigo y protección a reaccionarios. Esta oposición, sin embargo, no fue muy lejos: el 23 de julio Largo Caballero declaró a Carlo Reichmann que la constitución de un «gobierno puramente socialista» no estará en la orden del día hasta después de la victoria sobre la insurrección. Por sus visitas cotidianas a los milicianos del frente, por su actividad en la U.G.T., parecía más bien un aliado que de buen grado criticaba al gobierno. En el momento en que sus tropas, en todo el país, participaban en comités-gobierno no parecía tener más ambición que la de seguir siendo el todopoderoso secretario general de la U.G.T.

Pero, las derrotas del mes de agosto modificaron profundamente esta actitud. También a él pareció planteársele el problema de la eficacia, el del poder. El 27 de agosto expuso sus opiniones a Koltsov. No encontró palabras suficientemente duras para la «incuria» del gobierno Giral, al que acusó de no tener siquiera la voluntad de vencer a los rebeldes y de estar formado por «personas incapaces, estúpidas y perezosas». Afirmó: «todas las fuerzas populares están unidas fuera de los cuadros del gobierno, alrededor de los sindicatos socialistas y anarquistas… La milicia popular no obedece al gobierno y si las cosas continúan más tiempo, ella misma tomará el poder». Con esta perspectiva criticó, además, lo que había sido su propia carencia: «los partidos obreros deben barrer lo antes posible con los burócratas, los funcionarios, el sistema ministerial de trabajo, y pasar a nuevas formas revolucionarias de dirección. Las masas tienden las manos hacia nosotros, exigen de nosotros una dirección gubernamental y nosotros, pasivamente, nos sustraemos a esta responsabilidad y no hacemos nada».[15] Así, a través de las palabras de Largo Caballero al periodista ruso, se dibuja otra concepción del poder, opuesta a la de Prieto, la de un «gobierno obrero» que rompiera con la legalidad y con las formas republicanas del Estado.

Los anarquistas ante el poder

Fue la primera vez en la historia que los anarquistas se hallaron en situación de desempeñar un papel tan importante: de hecho, pon lo menos en Cataluña, todo dependía de ellos. Pero la confrontación de sus ideas con la realidad social fue brutal. Adversarios decididos del Estado, al que consideraban como la forma de opresión por excelencia, los anarquistas se negaron siempre a distinguir entre un Estado «burgués» o un Estado «obrero», del tipo del Estado ruso nacido de los soviets en 1917. Ahora bien, el hundimiento del Estado republicano, en julio, había creado un vacío que la acción espontánea de los militantes de la C.N.T. había contribuido a llenar mediante la creación de un embrión de Estado nuevo, el de los comités-gobierno. Las necesidades de la guerra ordenaban imperiosamente: se necesitaba un poder y ningún anarquista preconizó seriamente la federación de las comunas libres.

El movimiento anarquista en España no se encontraba, sin embargo, ante la primera revisión de sus principios. La participación en masa de sus militantes en las elecciones de febrero, reacción contra las vanas y sangrientas tentativas de insurrección «faísta» de los años 30, era contraria a sus tradiciones y a su doctrina y constituyó una importante concesión a una nueva corriente reformista, semejante al «trentismo», que se desarrolló en sus filas: de los grupos de la F.A.I. a los sindicatos de la C.N.T., de una región, de una localidad a la otra, las reacciones anarquistas variaron mucho en el curso de las jornadas decisivas. En Madrid, la C.N.T. se había colocado a la vanguardia de la lucha por la revolución en las semanas que precedieron a la insurrección, mientras que la C.N.T. catalana, contra la amenaza del pronunciamiento, se había aliado de hecho con el gobierno de Companys. Al día siguiente de las jornadas revolucionarias, los directivos libertarios tuvieron vivas discusiones: ¿se lanzarían o no a tomar el poder? En el Comité Regional de la C.N.T. fue la tesis defendida por García Oliver la que se impuso, rechazando, por el momento, el «comunismo libertario que significa la dictadura anarquista», y sumándose a «la democracia que envuelve la colaboración».[16]

La solución catalana —la constitución del Comité de las Milicias al lado de la Generalidad—, por la fuerza de las cosas, era una transacción entre sus principios y las necesidades de la hora. Sin embargo, como hemos visto, el Comité Central se convirtió rápidamente en un segundo poder. Eran libertarios los que lo dominaban, dirigían sus principales funciones, asumían los cargos más importantes. Lo mismo ocurría en los comités-gobierno locales. Esta realidad parecía desmentir las afirmaciones públicas de los dirigentes de la C.N.T. Durante largo tiempo, se creyó en Barcelona que su hostilidad de principio a toda forma de Estado o de poder, aunque fuesen revolucionarios, no resistiría al impulso victorioso que los empujaba después de las jornadas de julio. Se creía que habían tolerado sólo por prudencia la supervivencia de la Generalidad, pero que trabajaban para llevar a cabo su «extinción silenciosa». Se repetía que no esperaban más que la caída de Zaragoza para liquidar el poder republicano en Cataluña y en Aragón.

En Madrid, en el reparto del poder, la C.N.T. se atribuyó una respetable porción: tenía su policía, su «checa», sus prisiones y, sobre todo, sus columnas, verdadero ejército independiente. La colaboración con los demás partidos y sindicatos se había reducido a un mínimo. Pero tampoco esta situación podía prolongarse: la supervivencia del gobierno, el peligro que pesaba sobre la capital planteaban el problema del poder. La C.N.T. madrileña propuso la constitución de una «Junta nacional de defensa», integrada por representantes de la C.N.T. y de la U.G.T., con exclusión de los dirigentes republicanos. En el nivel local y regional, juntas semejantes, «encarnación del ímpetu revolucionario», constituirían el enlace, el organismo aglutinante que era imposible dejar de establecer: en efecto, la pirámide de los comités gobierno estaría coronada por un poder único, a su imagen y semejanza. Manteniendo su hostilidad a las «formas democráticas y burguesas de gobierno» los anarquistas parecían estar dispuestos a constituir, bajo la presión de las necesidades de la hora, un organismo que sería, aunque no llevase el nombre, un verdadero «gobierno obrero».

En todo caso, ésta es la apreciación que hizo el P.O.U.M., de la evolución de la C.N.T. Para este partido, que se apoyaba en las ideas de Lenin sobre la dictadura del proletariado, no había lugar, en la España de 1936, para una república democrática burguesa. El conflicto se estableció entre el fascismo y el socialismo. Para él, ya no se trataba de formar un gobierno de Frente Popular, sino «un gobierno obrero decidido a llevar a su fin la lucha contra el fascismo y a dar el poder a la clase trabajadora, en sus diferentes partidos y sindicatos, y a ella sola». En un mitin de Barcelona, el 6 de septiembre, Andrés Nin afirmó: «la dictadura del proletariado significa el ejercicio del poder por la clase obrera. En Cataluña, podemos afirmar que la dictadura del proletariado existe ya». Por tanto, a su juicio, se trataba de constituir para toda España un «gobierno obrero» a imagen del Comité Central y del Comité Ejecutivo Popular. Este gobierno, ante todo, debería «afirmar su intención de transformar el ímpetu de las masas en legalidad revolucionaria y de dirigirlo en el sentido de la revolución socialista».

Así también, el P.O.U.M. se alegraba de que el «instinto revolucionario» de la C.N.T. hubiese logrado imponerse a su apoliticismo tradicional y a su hostilidad de principio a todo gobierno.[17] La consigna de las juntas le parecía responder a las necesidades del momento, la de la guerra y la de la revolución. Al lanzarla, según él, los anarquistas habían dado un paso hacia la concepción marxista del poder. Así, de Largo Caballero a Andrés Nin, pasando por la C.N.T., parece desprenderse una concepción idéntica: la de un gobierno revolucionario de los partidos y sindicatos obreros.

La formación del gobierno Largo Caballero

Ahora bien, el 4 de septiembre, un breve comunicado anunció la dimisión de Giral y la constitución de un nuevo gobierno del Frente Popular presidido por Largo Caballero. El propio Giral le pidió a Azaña que designara como sucesor al secretario general de la U.G.T. Tal es la versión oficial. Pero otra versión circulaba de boca en boca por los medios políticos y sindicales de Madrid.[18]

Tenía como origen la emoción provocada por la caída de Badajoz, bastión socialista, perdido a comienzos de la insurrección y luego recapturado por las milicias. Las opiniolies de Caballero, tal como se las había expuesto a Koltsov, coincidían con las de la C.N.T. Conforme a la consigna —popular— de junta nacional C.N.T.-U.G.T., se anudaron lazos entre militantes de las dos centrales en Madrid. Largo Caballero, más tarde, dijo simplemente: «se hablaba, en, algunos medios, de tomar los ministerios y detener a los ministros». Según Rabasseire y Clara Campoamor, una asamblea común de dirigentes de la U.G.T. y de la C.N.T. culminó en la creación de un comité provisional encargado de realizar el «golpe de Estado» y la instalación de una junta presidida por Largo Caballero con representantes de los partidos socialistas y comunistas, de la F.A.I. y, claro está, de la C.N.T. y de la U.G.T.; los republicanos quedarían excluidos.

Azaña, avisado, según Campoamor, por Alvarez del Vayo, portavoz del comité, se negó entonces a avalar lo que constituía el fin de la legalidad y amenazó con renunciar. Fue la intervención del embajador de la U.R.S.S., Marcelo Rosenberg, que se hallaba en Madrid desde el 24 de agosto, lo que evitó la crisis, al frenar al comité, decidido a no tomar en consideración la dimisión de Azaña.

En el curso de discusiones apasionadas con los miembros del Comité Provisional, el embajador de la U.R.S.S. puso de relieve las incalculables consecuencias, en el plano internacional, de un gesto que, al provocar la renuncia del presidente, desarmaba a los diplomáticos españoles, quitaba el argumento de la «legalidad» a los amigos dé la España republicana, parecía dar razón a la propaganda rebelde al presentar ante los ojos del mundo a un gobierno de «rojos» al que ya no cubriría más ninguna ficción republicana y parlamentaria. Rosenberg propuso sustituir al «gobierno obrero» proyectado por los sindicalistas de las dos centrales, por un gobierno de Frente Popular, presidido también por Caballero, y que comprendiera ministros republicanos, al cual Azaña no podría menos de apoyar, puesto que las formas se habrían respetado. Los argumentos que se han puesto en boca de Rosenberg eran fuertes: la conclusión del pacto de no intervención había puesto al «viejo» contra la pared: hasta el 24 de agosto parecía que había contado con que la intransigencia de Berlín hiciese fracasar los proyectos de París y permitiese a España escapar al bloqueo. Pero, después de esta fecha, sólo se podía optar entre dos soluciones. Era necesario, o bien llevar a la revolución hasta sus consecuencias últimas, instaurar el gobierno obrero, denunciar la «traición» de la revolución española que habían cometido, con la no intervención, el gobierno francés del Frente Popular y el gobierno de la U.R.S.S., suscitar en sus países una agitación susceptible de desbordarlos, pero correr entonces el riesgo de no recibir, antes de que fuese demasiado tarde, ningún socorro exterior; o bien, agrupar todas las «fuerzas políticas» en un programa común de guerra, lo que suponía el mantenimiento de las formas republicanas y la detención de la revolución, pero habría la posibilidad de una ayuda material de París y de Moscú, esta última a un plazo relativamente breve…

Largo Caballero eligió: el 19 de septiembre, Claridad escribió que Francia, «hábilmente secundada por Inglaterra, ha sido más eficaz de lo que algunos suponen. En efecto, una guerra internacional no puede favorecer más que al fascismo, y este peligro, por el momento, ha disminuido». Dispuesto a tomar el poder a la cabeza de un gobierno obrero, Caballero aceptó la oferta que se le hacía de todos lados: se convertiría en el jefe de un gobierno fuerte —de eso era de lo que se trataba— que disfrutara de la confianza de las masas y fuese capaz de recibir apoyos exteriores por cuanto se mantenía dentro del marco del Estado republicano. Al hacerlo, renunció —provisionalmente a su juicio— a perseguir inmediatamente la legalización de la revolución para ganar, primero, la guerra. Creía que su personalidad, su prestigio y su acción, así como el peso de su organización eran garantías de que la detención de la lucha revolucionaria no habría de señalar, en ningún caso, el comienzo dé una acción contra ella.

Los anarquistas, sin embargo, se apartaron. «Las masas —escribió Solidaridad Obrera— se sentirían frustradas si continuásemos cohabitando en instituciones cuya estructura es de tipo burgués». La C.N.T., según Antona, no podía renunciar a su actitud «insurrectiva» frente a todo «gobierno». Por tanto, no participó aunque prometió su apoyo y delegó, en cada departamento ministerial, a un comisario para representarla. Largo Caballero formó, sin ella, el gobierno de Frente Popular por el que había venido abogando desde hacía meses Prieto, y que le parecía una transacción aceptable con su posición original. Por lo demás, todas sus exigencias quedaban satisfechas, dentro de este marco, aunque, según Koltsov, haya sido «en extremo penoso para todo el mundo tener que consentir en confiarle la dirección del gobierno».[19] Como lo había exigido, Largo Caballero juntó en su persona a la presidencia y a las funciones de ministro de la Guerra. Dos de sus amigos de la U.G.T. ocupaban los puestos-clave, Gallarza el de Gobernación y Alvarez del Vayo la cartera de Estado. Prieto era ministro de la marina y del aire, sus amigos socialistas Juan Negrín y De Gracia eran, respectivamente, ministros de hacienda y del trabajo. Los comunistas, después de haber negado su participación, cedieron ante Caballero, que se los exigió: Uribe pasó a Agricultura y Hernández a Instrucción Pública. Cinco republicanos completaron el gobierno. José Giral era ministro sin cartera, lo que constituía una prueba, según declaró, de que «el nuevo gobierno era una ampliación del antiguo». El nuevo presidente, en todo caso, dijo de él que estaba «formado por hombres que han renunciado a la defensa de sus principios y de sus tendencias particulares para unirse en torno de una aspiración única: la defensa de España contra el fascismo».

Normalmente la participación de la U.G.T., y el apoyo de la C.N.T. debían darle la autoridad que no había tenido Giral. Pero su programa era el mismo, la «unión de las fuerzas que luchan por la legalidad republicana», «el mantenimiento de la república democrática». Destinado a liquidar la dualidad de poder, en realidad la reflejó: su dirección socialista era una concesión a los obreros, y su programa una «prenda» de respetabilidad que daba a las potencias.

El haberse negado a colaborar, a primera vista, no parecía tener que debilitar a la C.N.T., pues los representantes de los poderes revolucionarios regionales se plegaron. En Valencia, el 8 de septiembre, en un mitin organizado por la U.G.T., el Partido Socialista y el Partido Comunista, fue Juan López, eminente dirigente de la C.N.T., el que aportó la adhesión y el apoyo del Comité Ejecutivo Popular al nuevo gobierno y a su programa.

La disolución del Comité Central de las Milicias

El 26 de septiembre, a su vez, los revolucionarios catalanes se plegaron. El presidente Companys pudo realizar la operación que había intentado en vano con Casanovas a comienzos de agosto: la formación de un gobierno de la Generalidad en el que figuraban representantes de todos los partidos obreros y sindicatos. Fue el republicano Tarradellas el que lo presidió. La Esquerra obtuvo las carteras de Hacienda, de Gobernación, de la Cultura, los rabassaires la de Agricultura, el P.S.U.C. la de Trabajó y Servicios Públicos. Los dirigentes revolucionarios obtuvieron también cargos importantes. Economía, Abastos, y Sanidad quedaron en manos de anarquistas —de segundo rango, es verdad— y la cartera de Justicia se le dio a Andrés Nin.

Comentando el acontecimiento, algunos años más tarde, el autor republicano, Ossorio y Gallardo, escribió: «Companys, que había reconocido el derecho de los obreros a gobernar, e inclusive les había ofrecido abandonar su cargo, manipuló las cosas con tal habilidad que llegó, poco a poco, a reconstituir los órganos legítimos del poder, a transferir la acción a los consejeros, a reducir los organismos obreros a un papel de auxiliares, de ayudantes, de ejecutantes… La situación normal se había restablecido».[20] Por su parte, hacia la misma época, Santillán escribió: «Después de varios meses de lucha y de incidentes sin consecuencias con el gobierno central, reflexionando en los pros y los contras de una independencia de Cataluña, e interesados, más que nunca, en la victoria en esta guerra a la que nos habíamos lanzado con tanto ardor y tanta fe, en decirnos y en repetirnos que no se nos ayudaría mientras fuese tan manifiesto el poder del Comité de las Milicias, órgano de la revolución del pueblo. No teniendo más dilema que ceder o agravar las condiciones de la lucha… tuvimos que ceder. Nos decidimos entonces, a disolver el Comité de las Milicias». Y concluye diciendo: «Todo a fin de obtener el armamento y la ayuda financiera, para continuar con éxito nuestra guerra».[21]

La formación del nuevo Consejo de la Generalidad suponía, en efecto, el abandono de los organismos del poder revolucionario. El Comité Central quedó anexado al Departamento de la Guerra que dirigía el coronel Díaz Sandino. El Consejo de Economía, la Comisión de Investigación fueron incorporados y subordinados a los ministerios correspondientes. Los anarquistas justificaron su «cohabitación en instituciones de tipo burgués» con diversas razones. Subrayaron el término de «consejo» empleado, a petición suya, para designar al nuevo gobierno. A su juicio, la presencia de representantes de la C.N.T. era una garantía, una legalización de las conquistas revolucionarias.

Solidaridad Obrera, el día 17, dijo: «ya no era posible, por el bien de la revolución y por el porvenir de la clase obrera que persistiese la rivalidad de poderes. Era necesario que, de manera simple, la organización que controla a la inmensa mayoría de la población trabajadora se elevase al plano de las decisiones administrativas y ejecutivas». Y Révolution prolétariene poco sospechosa, sin embargo, de simpatía para la comente «reformista» de la C.N.T. terminó su análisis del acontecimiento, escrito por Antoine Richard, afirmando: «esta penetración de los organismos antiguos por los organismos nuevos, nacidos en la lucha y creados por la revolución, constituye un paso serio hacia la conquista del poder».[22]

El P.O.U.M. había puesto, como condiciones a su participación, una «declaración ministerial de orientación socialista» y «la intervención activa y directa de la C.N.T.». Por tanto, aceptó la nueva combinación gubernamental declarando: «vivimos en una etapa de transición, en la cual la fuerza de los hechos nos ha obligado a la colaboración directa, en el Consejo de la Generalidad, con las demás fracciones obreras». La insuficiencia del programa postulado, la importancia de la participación de los republicanos, en la que hizo hincapié, no le impidieron sacar en conclusión que Cataluña «poseía un poder claramente proletario». Y, en contradicción con su política del día, lanzó un nuevo llamado: «de la formación de los comités de obreros, de campesinos y de soldados, por la que no dejamos de luchar, saldrá la representación directa del nuevo poder proletario».

Este optimismo fue rápidamente desmentido por los hechos. La formación del Consejo de la Generalidad, con el apoyo de la C.N.T. y del P.O.U.M. era en realidad la orden de muerte del poder de los comités. El 19 de octubre, el Comité Central de las Milicias se disolvió y se adhirió, con un manifiesto, a la política del nuevo gobierno. El 9, un decreto tomado en Consejo con la aprobación de Nin y de los ministros de la C.N.T. disolvió, en toda Cataluña, a «los comités locales, cualesquiera que sean los nombres o títulos, y todos los organismos que puedan haberse constituido para abatir al movimiento subversivo».

El presidente del Consejo, Tarradellas, comentó el decreto y anunció la sustitución de los comités, en sus «funciones gubernamentales», por consejos municipales integrados conforme a las mismas proporciones que el Consejo de la Generalidad… El conjunto de las organizaciones obreras aprobó la disolución: el órgano del P.O.U.M., en francés, llegó inclusive a escribir: «estos comités revolucionarios, comités ejecutivos populares o comités de salud pública, representaban solamente a una parte de las organizaciones obreras, o bien las representaban según una falsa proporción… Evidentemente, se puede lamentar la supresión de su iniciativa revolucionaria, pero debe reconocerse la necesidad de codificar… las diversas organizaciones municipales, y esto con el fin tanto de sustituirlas uniformemente como de ponerlas bajo la autoridad del nuevo Consejo de la Generalidad».[23]

El 17 de septiembre, Andrés Nin acompañó a Lérida al presidente Companys que andaba en gira: unió sus esfuerzos a los de él para convencer a sus amigos del Comité Revolucionario de que era necesario plegarse a la nueva organización del poder, entrando a formar parte de un consejo municipal en el que se encontrarían en minoría, y del que formarían parte, por la fuerza, los republicanos que hasta entonces habían sido mantenidos al margen.

La entrada de Aragón en el orden republicano

En estas condiciones, la situación de los animadores del Consejo de Defensa de Aragón se volvió difícil. Atacado violentamente por los comunistas y los socialistas, calificado de «organismo ilegal» por el P.S.U.C., no reconocido por las autoridades republicanas de Madrid y de Barcelona, el Consejo no pudo mantenerse, él solo, en la posición de poder revolucionario independiente. En el interior mismo de la C.N.T. su presidente, Joaquín Ascaso, fue objeto de vivos ataques por parte de algunos de los jefes: Mariano Vázquez, secretario del Comité Nacional, lo acusó de «infantilismo revolucionario» y de «quijotismo». Se vio obligado a retroceder: en los últimos días de octubre, la C.N.T. propuso ampliar el Consejo con los partidos del Frente Popular. El 31 de octubre, una delegación dirigida por Ascaso hizo una visita a Caballero. Según el informe dado por la prensa de la C.N.T., subrayó las circunstancias excepcionales del nacimiento del Consejo, en una situación caótica creada por la inexistencia de los poderes públicos y la ocupación del territorio por las columnas de las milicias catalanas. Confirmó el acuerdo que acababan de tomar los sindicatos y partidos del Frente Popular para una reorganización del Consejo, abierto en lo sucesivo a los representantes de todas las organizaciones, en proporción a sus efectivos.

Caballero, por su parte, reconoció al Consejo de Aragón las atribuciones del gobernador civil y de las diputaciones provinciales, y delegó en él, habida cuenta del carácter excepcional de la situación, poderes gubernamentales en materia de mantenimiento del orden, de reconstrucción económica, de organización del esfuerzo militar. Quedó convenido entre las dos partes que un plebiscito habría de fijar, en el porvenir, la naturaleza del régimen aragonés. Joaquín Ascaso, al salir de la Presidencia, declaró: «el objeto de nuestra visita fue presentar nuestro respetos al jefe del gobierno y asegurarle nuestro apego al gobierno del pueblo. Estamos dispuestos a aceptar todas las leyes que promulgue y, por nuestra parte, pediremos al ministro toda la ayuda de que tengamos necesidad».[24] El Consejo de la Generalidad pudo entonces extender al Consejo de Aragón un certificado de respetabilidad: «las conversaciones con el presidente Azaña, con el presidente Companys, con Largo Caballero», declaró, «han destruido todas las sospechas que hayan podido nacer y que llevaban a creer que el gobierno constituido (en Aragón) tenía un carácter extremista».

De esta manera desapareció el último obstáculo serio a la concentración de los poderes: todos los demás organismos regionales se sometieron sin dificultad: los vascos, que estaban primero decididos a constituir su gobierno sin esperar al voto del estatuto de autonomía por las Cortes, aceptaron pasar a ocupar su lugar en el nuevo marco legal. Después del voto del Estatuto vasco, el 19 de octubre, José Antonio de Aguirre fue elegido, el 7, presidente de Euzkadi y prestó juramento bajo el árbol de Guernica. Manuel de Irujo entró en el gobierno Largo Caballero, cuyo programa no contradecía en nada al del gobierno de los nacionalistas vascos.[25]

La entrada de los anarquistas en el gobierno central

Sin embargo, quedaba por reglar el problema del gobierno central. ¿Se constituiría una junta nacional de defensa, como seguían reclamándolo los periódicos de la C.N.T.? Los republicanos y los socialistas se oponían decididamente. ¿Debía entrar la C.N.T. en el gobierno de Caballero? La U.G.T., el Partido Socialista y el Partido Comunista lo pedían: la C.N.T. de hecho, al igual que ellos, ejercía una parte del poder sin asumir las responsabilidades. Pero los nuevos reveses militares, la amenaza sobre Madrid, precipitaron los acontecimientos. En octubre, el dirigente de los obreros portuarios de la C.N.T., Domingo Torres, se declaró en favor de la participación de los anarquistas en un organismo de dirección de la lucha, aun cuando se llamase «gobierno», pues lo esencial era, primero, ganar la guerra. El 22 de octubre, Solidaridad Obrera levantó una punta del velo que recubría las negociaciones afirmando que le «falta al gobierno que preside Largo Caballero el concurso de las fuerzas proletarias» de la C.N.T. y al denunciar a los grupos que «negaban la participación de fuerzas sindicales que exigen simplemente sus derechos en la proporción que les es debida». Según Caballero, los anarquistas pedían seis carteras, mientras que él no les ofrecía más que cuatro. No era cuestión de programa: el 30 de octubre Caballero afirmó en una entrevista al Daily Express: «Primero ganar la guerra, y luego podremos hablar de revolución». El 23 del mismo mes, Juan Peiró, en un discurso por la radio C.N.T.-F.A.I. había precisado la nueva posición anarquista, idéntica en todos sus puntos: «Los que hablan, desde ahora, de implantar sistemas económicos y sociales acabados son amigos que olvidan que el sistema capitalista tiene… ramificaciones internacionales y que nuestro éxito en la guerra depende mucho del calor, de la simpatía, del apoyo que nos llegue del exterior…». La discusión en torno al número de carteras perdió toda su significación; el 4 de noviembre, Largo Caballero barajó de nuevo su ministerio para dar entrada a cuatro representantes de la C.N.T., García Oliver, que pasó a ser Ministro de Justicia, Federica Montseny, de Sanidad; Juan López, de Comercio; Juan Peiró, de Industria. Fue Santillán, adversario de la colaboración, a quien le tocó la tarea de justificar esta entrada desde el punto de vista de la teoría (13 de septiembre).

«La entrada de la C.N.T. al gobierno central es uno de los hechos más importantes que haya registrado la historia de nuestro país. La C.N.T. ha sido siempre, por principio y por convicción, antiestatista y enemiga de toda forma de gobierno… pero las circunstancias… han cambiado la naturaleza del gobierno y del Estado españoles… El gobierno ha dejado de ser una fuerza de opresión contra la clase obrera, tal como el Estado ya no es el organismo que divide a la sociedad en clases. Ambos dos cesarán todavía más de oprimir al pueblo con la intervención de la C.N.T. en sus órganos». Así, en la prueba de la lucha por el poder, los dirigentes anarquistas encontraron de nuevo el lenguaje de los socialdemócratas más reformistas… Para justificarse, más tarde, ante los ojos de sus amigos, Juan García Oliver, uno de los «tres mosqueteros», antiguo forzado convertido más tarde en ministro de justicia, exclamó: «La burguesía internacional se negaba a proporcionarnos las armas de que teníamos necesidad… Debíamos dar la impresión de que los amos no eran los comités revolucionarios, sino el gobierno legal: pues si no, no obtendríamos nada de nada. Tuvimos que aceptar plegarnos a las inexorables circunstancias del momento, es decir, tuvimos que aceptar la colaboración gubernamental». Y Santillán, el primero en justificar esta política en 1936, fue también el primero, en 1940, en hacer, después de la derrota, la amarga crítica de la misma: «Sabíamos que no era posible triunfar en la revolución, si no se triunfaba, antes, en la guerra. Hemos sacrificado la revolución misma sin comprender que este sacrificio envolvía también el sacrificio de los objetivos de la guerra».[26]

Un factor político decisivo: la ayuda rusa

El camino que conducía del gobierno obrero proyectado a fines de agosto al gobierno del Frente Popular, realizado a principios de noviembre con la participación de los anarquistas, se recorrió rápidamente. En gran parte, porque los dirigentes socialistas de izquierda, lo mismo que los de la C.N.T., tenían la mirada puesta, cuando hablaban de ayuda extranjera, en otra ayuda que no era la problemática de los países occidentales. El gran acontecimiento del mes de septiembre, que coincidió con la formación del gobierno de Caballero e hizo verosímil el papel que se le ha pretendido dar en la «crisis» a Rosenberg, fue la decisión de la U.R.S.S. de proporcionar a la República española una ayuda material.

En efecto, fue a principios de septiembre cuando se tomaron en Moscú las disposiciones técnicas con vistas a la realización de este apoyo. Los primeros oficiales rusos habían llegado ya, al mismo tiempo que Rosenberg. Los primeros aviones llegaron en octubre. Fue la ayuda rusa la que salvó a Madrid al permitir equipar con armas modernas y con municiones a las milicias y al joven «ejército popular» que había puesto en pie de guerra el gobierno de Largo Caballero.

Fue ella también, la que, en lo sucesivo, y en gran medida, condicionó la política del gobierno y de los partidos del Frente Popular, sobre la base de los consejos o de las exigencias dictadas, tanto por los representantes oficiales de la U.R.S.S., Rosenberg y el cónsul general en Barcelona, Antonov-Ovseenko, como por sus portavoces oficiosos, delegados de la Komintern o dirigentes del Partido Comunista o del P.S.U.C. que ganaron popularidad y autoridad. Un nuevo periodo comenzó bajo la bandera del «antifascismo».

Capítulo 9
EL GOBIERNO CABALLERO Y LA RESTAURACIÓN DEL ESTADO

Es notable que Largo Caballero, tan vivamente criticado en su propio partido, haya podido, en unas cuantas semanas, convertirse en el hombre providencial, en la «última carta», según expresión del propio Indalecio Prieto.[1] La defección de las Juventudes Socialistas dio a su posición personal un golpe muy duro y fueron, en definitiva, la impotencia y el descrédito de los republicanos, la negativa o la incapacidad de los anarquistas para tomar el poder lo que hizo de él el «salvador supremo». La mayoría de los dirigentes de los partidos lo veía con malos ojos. Pero su popularidad de viejo luchador hacía de él el único dirigente capaz de servir de enlace entre moderados y revolucionarios, de lograr que los obreros apoyaran a un gobierno regular, imponiendo su autoridad a los partidos, a los sindicatos, a los comités.

Efectivamente, realizó lo que Giral y Prieto no habían podido hacer antes que él: al rejuvenecer las instituciones del Estado mediante la legalización de algunas conquistas revolucionarias, la incorporación de los organismos y de los hombres del poder revolucionario, llegó a salvarlos y a realizar esta empresa dificilísima: la recuperación del control de todos los grupos armados por parte del Estado republicano, la creación de un ejército y de una policía, en una palabra, la instauración de un poder único y fuerte bajo la égida de la República y que, sin embargo, a juicio de la mayoría de los obreros revolucionarios, era su poder, el «poder popular». Su hazaña consistió en haber liquidado al «segundo poder», dejando la impresión de que consagraba su victoria: la presencia, a su lado, de García Oliver y de Juan López, que habían encarnado el poder revolucionario en Cataluña y en Levante, parecía garantizar el carácter revolucionario de sus intenciones. No destruyó a las autoridades regionales, sino que parecía quererlas unir «federándolas». Los vascos y los asturianos conservaron la responsabilidad de su gente, la C.N.T. la del frente de Aragón y de Teruel, la junta de Madrid no tardó en tener la del frente del Centro. Pero la responsabilidad de la organización militar pasó a una «Junta de Milicias», en la que todos los partidos y sindicatos estaban representados. Dos veces por semana, alrededor de Largo Caballero, se reunía el Consejo Supremo de Guerra, a través del cual cada tendencia política y sindical quedaba asociada a la dirección de las operaciones.[2]

Pues eran los reveses militares los que, a juicio de todos, habían exigido la unificación del poder, y sobre la unificación del mando militar es sobre lo que insistió desde un principio: «Nuestra primera tarea —declaró a Koltsov— ha sido establecer la unidad de mando y de poder. La dirección de las tropas combatientes de España entera, sin exceptuar a Cataluña, está ahora concentrada en manos del ministro de la Guerra». Ahora bien, este hincapié puesto en el mando militar era ya una opción política: en una entrevista concedida al Daily Express (30 de octubre), la puntualizó con las siguientes palabras: «La guerra civil, por definición, tiene un carácter social y, naturalmente, en el curso de la guerra, pueden surgir problemas de naturaleza económica y social… La solución quedará subordinada a un objetivo: ganar la guerra».[3]

El gobierno contra los comités

Para realizar este programa, el gobierno tenía primero que habérselas con los comités. Teóricamente, su tarea podía parecer fácil: los comités estaban formados por representantes de los partidos y sindicatos que participaban en el gobierno, sostenían su programa, apoyaban su acción. En realidad, sin embargo, los militantes mostraban mucho apego a esos organismos que ellos mismos habían constituido y, para defenderlos, se rebelaron inclusive contra las consignas de sus propios dirigentes. Así también, la disolución de los comités nunca se hizo brutalmente. Partidos y sindicatos multiplicaron los razonamientos. Se trataba de hacer admitir a los militantes que los comités, útiles en el periodo revolucionario, habían quedado ya superados. Claridad, por ejemplo, escribió: «Podemos afirmar que todos estos órganos han cesado de cumplir la misión para la que habían sido creados. En lo sucesivo, no pueden ser más que obstáculos para un trabajo que corresponde, única y exclusivamente, al gobierno del Frente Popular en el que participan, con plena responsabilidad, todas las organizaciones políticas y sindicales del país».

En Cataluña, Comorera, líder del P.S.U.C., hizo de su disolución la primera tarea de la coalición antifascista: «La autoridad legítima, afirmó, debe poder imponerse a la dictadura irresponsable de los comités». Su desaparición, como vimos, había sido hecha posible por la buena voluntad de la C.N.T. y del P.O.U.M., después de la disolución del Comité Central. En Valencia, el Comité Ejecutivo Popular resistió durante más tiempo, sostenido por el P.O.U.M. y por una fracción de la C.N.T. Juan Peiró provocó un escándalo en Valencia, el 27 de noviembre, en el teatro Apolo, cuando afirmó: «En Valencia, el gobierno da una orden y entonces las consignas de los comités se ponen de por medio. ¡O es el gobierno, o son los comités los que gobiernan!». Y, a pesar de las interrupciones, repitió machaconamente: «Eso no son los comités. Lo que se necesita es que sean los auxiliares del gobierno».[4]

Caballero supo evitar los choques: nombró gobernadores o alcaldes a los dirigentes mismos de los comités-gobierno, y sustituyó los organismos revolucionarios por organismos regulares, formados a veces por los mismos hombres, poco diferentes en apariencia, pero, en realidad, menos sujetos a la influencia de la base y más fácilmente dominables por él. Dejó que subsistieran algunos organismos después de haberlos duplicado y despojado de sus atribuciones. En Valencia, después de la salida del coronel Arín y de Juan López, el Comité Ejecutivo Popular no era más que una simple fachada, el día en que el popular diputado socialista y dirigente de la U.G.T. Ricardo Zabalza, fue nombrado gobernador. En Santander Juan Ruiz, en Gijón Belarmino Tomás, y en Aragón Joaquín Ascaso pasaron a ser «delegados del gobierno». Para reducir al Comité de Salud Pública de Málaga bastó con trasladar a Guadalajara al gobernador Rodríguez, su antiguo presidente y sustituirlo por uno nuevo, menos ligado a los organismos revolucionarios.

En el plano de las localidades, los comités-gobierno se desvanecieron ante los ayuntamientos, consejos municipales compuestos también ellos, por representantes de los diferentes partidos y sindicatos, y puestos en funciones después del decreto del 31 de diciembre sobre la reforma municipal. La diferencia, mínima en apariencia, era en realidad considerable. Por una parte, el sistema paritario de representación daba ventaja a los comunistas oficiales, representados por intermedio de varias organizaciones: P.C.E. o P.S.U.C., o U.G.T., sobre todo en Cataluña, y las J.S.U. por doquier.[5] Sobre todo, la iniciativa ya no venía desde abajo: inclusive allí donde, entre los trabajadores, tenían la mayoría, los anarquistas, sin la masa armada que les permitía todas las presiones en la época de los comités, se encontraron en minoría en los consejos municipales. Por último, el alcalde era elegido por el gobernador civil: el gobierno disponía en él de un agente directo que no tenía en el seno de los comités. Por lo demás, el cuidado de no herir susceptibilidades, una prudente dosificación de nombramientos apaciguaron muchas recriminaciones.[6] Tampoco Valencia tenía ya a su Comité Ejecutivo Popular, sino a un gobernador socialista de izquierda y a un alcalde de la C.N.T. Pocos militantes, así en la C.N.T. como en la U.G.T., parecieron tomar conciencia del arma que habría de constituir, eventualmente, contra ellos, tal organización municipal en manos de un gobierno que no estuviese presidido por Largo Caballero. Y fueron también raros los que se percataron de la paradoja que había en promulgar una reforma municipal que abolía, de hecho, toda elección, en el marco de un régimen que se proclamaba democrático.[7]

La reforma judicial

Fueron los mismos principios los que presidieron la reforma judicial efectuada en Valencia bajo la dirección del anarquista García Oliver, y en Barcelona bajo el comunista del P.O.U.M., Andrés Nin. La victoria revolucionaria de julio estaba consagrada por la ley. Pero las nuevas instituciones pasaron a ocupar su lugar en el marco de la antigua legalidad y del antiguo derecho burgués reformado. Una amnistiá general borró todas las condenas pronunciadas antes del 19 de julio, algunas de las cuales pesaban todavía, por lo demás, sobre algunos dirigentes revolucionarios[8]. La mujer recibió la igualdad de derechos y, sobre todo, la plena capacidad jurídica de que hasta entonces había estado privada. Las uniones libres de los milicianos se legalizaron y las formalidades del matrimonio se simplificaron. El impuesto judicial se suprimió, la justicia se volvió gratuita y todos los progresos se aceleraron. Cada acusado, ante cualquier tribunal, sin exceptuar a la Suprema Corte, tenía la libertad de asegurar por si mismo su defensa, o de recurrir a los servicios de un abogado, profesional o no. García Oliver conservó la estructura de los tribunales populares creados el 23 de julio por el gobierno de Giral: estaban formados por tres jueces, un presidente y un procurador, magistrados de profesión, y 14 jurados designados por las organizaciones sindicales y políticas. Los Tribunales populares de Cataluña, «tribunales de clase», según la expresión de su creador, Andrés Nin, no comprendían más que a dos magistrados, al presidente y al procurador. Aquí, los jueces eran los ocho representantes designados por los partidos y sindicatos. En los dos casos, el cuerpo de magistrados, duramente afectado por el terror popular durante las jornadas revolucionarias, fue severamente depurado y luego reconstituido: estos jueces sirvieron, en lo sucesivo, a la nueva justicia en calidad de «técnicos de la justicia», que aseguraban la continuidad de las formas y del derecho.

De esta manera se puso en funciones a un nuevo aparato judicial, poco diferente del antiguo, sólo que rejuvenecido, modernizado y abierto a todos los que eran avalados por los partidos y los sindicatos de la coalición.

La reconstitución de la policía

De hecho, el doble poder había multiplicado los organismos de represión: milicias de la retaguardia, patrullas de control, cuerpos de investigación y de vigilancia, coexistían con la policial de seguridad, los carabineros, los guardias de asalto, los guardias civiles rebautizados con el nombre de «Guardias nacionales republicanas» y cuyas unidades, dispersas por la retaguardia y por el frente, el gobierno de Giral había ido recogiendo poco a poco. El 20 de septiembre un decreto reunió a todas estas fuerzas en un cuerpo único, las «Milicias de la retaguardia»: la policía revolucionaria quedaba oficialmente consagrada y, a la vez, se encontraba colocada bajo la autoridad directa del ministro de gobernación; el 15 de diciembre se organizó el Consejo Superior de Seguridad, compuesto por dirigentes políticos. El 27 el Consejo Nacional se amplió con técnicos: ademas de dos representantes de la C.N.T., de dos de la U.G.T., y uno de cada partido, comprendía a un jefe, a un inspector y a un agente elegidos por sus iguales y al director general, alto funcionario nombrado por el ministro, que presidia. En cada provincia se crearon, conforme al mismo modelo, consejos regionales que presidia el gobernador. Estos organismos se transformaron más rápidamente todavía que los Consejos Municipales: su estructura «federal» fue un obstáculo para la eficacia de la acción policíaca. Los altos funcionarios se impusieron muy pronto. Largo Caballero debió haber comprendido esto cuando nombró director de Seguridad a su viejo amigo Wenceslao Carrillo.[9]

Al mismo tiempo se constituyó discretamente lo que llegó a convertirse en un verdadero cuerpo de policía nueva. En el momento en que el tráfico por las fronteras era inexistente, el ministro de hacienda, Juan Negrín, reforzó considerablemente a los carabineros, poco numerosos antes de la guerra.[10] El corresponsal del New York Herald Tribune telegrafió el 28 de abril de 1937 que «estaba a punto de constituirse una fuerza policíaca de toda confianza». Hacia esas fechas se había reclutado a más de 40 000 hombres, la mitad de los cuales estaban equipados y armados.

En los primeros momentos, el aval de un partido o de un sindicato se exigía a todo guardia o policía nuevo: era una medida de seguridad destinada a impedir que se colaran en ella los falangistas. Sin embargo, muy pronto, partidos y sindicatos parecieron constituir para los altos funcionarios una pantalla ante el gobierno y sus fuerzas de represión. Un paso decisivo para separar a las fuerzas de policía de las organizaciones obreras se dio con la prohibición, impuesta a los carabineros y a los guardias civiles, de pertenecer a un partido o a un sindicato.[11] La policía, se volvió a convertir, de tal manera, en principio, en el instrumento ciego y dócil de que tiene necesidad un gobierno.

La militarización de las milicias

Las derrotas militares de agosto y septiembre sacudieron fuertemente a los partidarios del mantenimiento de las milicias. Anarquistas como Durruti, García Oliver y Mera pedían una organización unificada, un mando único. Para todos era claro que, si se quería evitar una catástrofe, había que instaurar, una disciplina de hierro en el combate y en el servicio, coordinar los abastecimientos, y el equipo y las comunicaciones, elaborar y aplicar una estrategia de conjunto. Pero, a partir de allí, comenzaron las divergencias. Los anarquistas querían realizar estas transformaciones dentro del marco de las milicias, conservando la elección de los oficiales, el sueldo único, la supresión de los galones. El P.O.U.M. abogaba por el modelo ruso de 1918-1920, y exigía el control de los oficiales por los comisarios y los consejos de soldados, y mandó editar y difundió el Manual del Ejército Rojo de Trotsky. A nadie se le ocurrió proponer la reconstitución de un ejército del tipo antiguo, y la consigna comunista de «ejército popular» les pareció a muchos que era capaz de conciliar las aspiraciones revolucionarias y la necesidad de la disciplina. El gobierno avanzó paso a paso, sin chocar de frente con el estado de ánimo particular de las milicias, a las que, sin embargo, fue transformado poco a poco en ejército.

El decreto del 29 de septiembre, que movilizó dos quintas, señaló el comienzo de la «militarización»: la Junta y, poco después, la Comandancia de las Milicias controlaban, pagaban, abastecían y armaban a todas las milicias de las organizaciones. El primer decreto del gobierno constituyó un estado mayor que comenzó a coordinar y a centralizar. Los reclutas quedaron encuadrados por oficiales o suboficiales movilizados y recuperados en las columnas. Los cuerpos así formados se organizaron conforme al modelo de las unidades regulares en batallones, regimientos, brigadas y divisiones.

Algunas unidades de las milicias se negaron a aceptar la militarización. Frente Libertario, órgano de las milicias de la C.N.T., publicó el 27 de octubre un violento artículo intitulado «Abatamos al ejército». La Columna de Hierro se sublevó contra el gobierno que le restringía los créditos. Pero esta resistencia carecía de porvenir. Si Giral no pudo reconstituir un ejército fue porque nadie tenía confianza en él, y porque no disponía de las armas modernas necesarias. Ahora bien, el gobierno de Caballero disfrutaba de la confianza de los partidos y sindicatos que exigían la unidad de mando, y además disponía de las armas que le había dado el apoyo de la U.R.S.S. El reparto mismo de las armas sirvió para la militarización de las milicias: sólo las unidades «reorganizadas» recibieron armas. Los éxitos alcanzados por las tropas organizadas por el Partido Comunista o por el gobierno sirvieron también para arrastrar a otras columnas a la militarización. Los ministros de la C.N.T. la apoyaban, los comités nacionales de la C.N.T y de la F.A.I. enviaron al frente delegaciones que se esforzaron por convencer a los milicianos y a sus gentes. Una tras otra, las columnas más duras se resignaron, con la esperanza de recibir armas, a «militarizarse». Los consejos de obreros y soldados se suprimieron, con la bendición de Solidaridad Obrera, que ya no les encontraba «razón de ser». En una primera fase, se les quitaron sus nombres a las unidades. Las centurias se convirtieron en compañías o en batallones, y las columnas en regimientos o en brigadas, según sus efectivos. Un primer lazo con las organizaciones obreras desapareció cuando un número sustituyó al nombre de cada columna. En el frente de Aragón, la columna Durruti se convirtió en la 261 división, la Carlos Marx en la 27.ª, la Francisco Ascaso en la 28.ª, la Lenin en la 29.ª, la Macià-Companys en la 30.ª. Luego se restablecieron los grados: los «delegados de mano» pasaron a ser cabos o sargentos, los «delegados de centurias», capitanes, los «jefes de columna», comandantes. Los galones reaparecieron, discretamente, sobre las blusas y los monos. Con la militarización, las milicias tuvieron que aceptar que se pusiese de nuevo en vigor el antiguo Código de Justicia Militar, al que se presentó, por el momento, como provisional, mientras se redactaba un nuevo texto.

El problema de los mandos, seguía siendo difícil. Como vimos, en las milicias había muy pocos oficiales de carrera: 200 quizás en toda España, y 12 solamente en todo el Norte, según el presidente Aguirre. Y además, no eran seguros, pues muchos de ellos eran, como dijo Rabasseire, sólo «geográficamente leales». El general Walch (Le Temps, 12 de julio de 1938) habla de «la huelga perlada» que hacían de ellos. André Malraux cita el ejemplo de un artillero que mandaba disparar sobre las milicias y Borkenau denunció casos de sabotaje. Todos, a pesar de lo que habían dado en prenda, eran sospechosos a sus compañeros de combate tan sólo por su origen. Hernández Sarabia, Menéndez, Martín Blázquez, escaparon apenas al paseo. Riquelme y Miaja fueron amenazados y el gobierno los cambió de destino para preservarlos. Escobar y Martínez, los ayudas de campo de Santillán, fueron asesinados.[12] Una de las primeras tareas, entonces, fue la de formar oficiales. García Oliver había hecho una prueba ya, al organizar en Barcelona, para el Comité Central, la Escuela Popular de Oficiales: Largo Caballero le confió la organización de las Escuelas Populares de Guerra: dos meses después, cinco escuelas habían dado una formación sumaria a 3.000 oficiales, admitidos contra la presentación de un partido, de un sindicato o de una columna.[13] Así se creó un cuerpo de oficiales, que el mantenimiento del sueldo único impidió que se transformara en cuerpo privilegiado, a pesar del restablecimiento, con el antiguo Código, de la disciplina y de las señales exteriores de respeto fuera del servicio. El espíritu igualitario de las milicias subsistió, por lo demás, tanto más fácilmente cuanto que los jefes improvisados de las primeras semanas, obreros y militantes, fueron casi siempre confirmados en su grado después de la militarización de la unidad.

Los jefes del «ejército popular» reflejaban la diversidad de origen de estos mandos. Algunos eran antiguos oficiales generales superiores del ejército de antes de la revolución: Miaja y Pozas que eran generales, Rojo que era comandante y ascendió a general, Asensio, que era teniente coronel y general en septiembre, Hernández Sarabia y Menéndez, que eran ayudantes militares de Azaña, los comandantes Casado y Perea. Otros ascendieron rápidamente de grado porque habían fungido como comandantes en las milicias, o habían contribuido a la organización del Estado Mayor: Francisco Galán, Cordón, Barceló, Ciutat, el teniente de navío Prado, que fue jefe de Estado Mayor de la Marina, el comandante Hidalgo de Cisneros, que llegó a ser jefe de Estado Mayor de la Aviación, pero a su lado se encontraban ya jefes de origen obrero, salidos de las filas en las primeras semanas de combate, sobre todo comunistas, como el picapedrero Líster, y el carpintero Modesto[14], o el antiguo sargento de la Legión, Valentín González, El Campesino, el compositor Durán[15], pero también anarquistas, como Jover, Vivancos y Cipriano Mera, aun militantes del P.O.U.M. como el metalurgista Baldris o el empleado Rovira. Ninguno de ellos, por el momento, pasaba del grado de comandante. Pero tenían mandos importantes: Líster mandaba una brigada en octubre de 1936, y una división en enero de 1937, Modesto, Durán y Mera no tardaron en mandar divisiones; estos jefes eran jóvenes: Durán tenía 29 años, Alberto Sánchez, salido del quinto regimiento, mandaba una brigada a los 21 años.

Sin embargo, junto con la adopción de la estrella roja como emblema sobre las banderas del ejército popular, fue sin duda la institución de los comisarios políticos la que más contribuyó, fuera de España, a crear la leyenda de una «revolución comunista». En el ánimo de todos, la palabra se hallaba todavía ligada al recuerdo de la revolución rusa y de la organización del ejército rojo por Trotsky.

La institución, sin embargo, no se remontaba a 1917. La Revolución francesa, frente a la necesidad de crear un ejército regular, con mandos políticamente poco seguros, experimentó la necesidad de controlar a los oficiales de carrera y de galvanizar a los hombres con animadores políticos. El «delegado político» de las milicias era ya el equivalente, no sólo del «comisario» de 1918-1920, sino del «representante en misión» de 1794. Fue, pues, una institución «imaginada por Carnot y perfeccionada por Trotsky» según la fórmula de Gorkin, la que el gobierno de Caballero tomó y generalizó en circunstancias semejantes.

El decreto de octubre de 1936, que creó el Comisariado, fijó como tarea al comisario la de «representar la política de guerra del gobierno en el ejército y cumplir su misión sin interferir con el mando militar». Misión vaga y mal definida: el comisario, según el caso, podía serlo todo o podía no ser nada. De hecho, fue mucho. El reglamento del 5 de noviembre decía que era el «primer y mejor auxiliar del mando, su brazo derecho», «el centinela, el ojo avizor», y al mismo tiempo, «el camarada y el modelo» de todos. Era el educador político de los soldados y de los oficiales, el agente de enlace con la población civil, el organizador del trabajo, del ocio, del reposo. «La primera ocupación del comisario político es el hombre», decía el reglamento que el Partido Comunista envió a sus comisarios.

«Capellanes rojos», como les dirán sus adversarios, los comisarios habrían de ser, según el P.C., «el nervio y el alma del ejército popular». Fueron ellos quienes, más que cualesquiera otros, contribuyeron a formar, a partir de las milicias, el ejército del que, muy a menudo, fueron los inspiradores y, a veces, los verdaderos jefes.[16]

La «legalización» de las conquistas

En el informe que rindió acerca de su gestión ministerial ante los militantes de la C.N.T., García Oliver había de declarar: «Mi gestión ha consistido en convertir en realidad legal a las conquistas de hecho». Sin embargo, ésa no era más que una de las caras de la política del gobierno Largo Caballero: estabilización y legalización de las conquistas revolucionarias, pero también detención de su expansión.

La puesta fuera de la ley de la Iglesia, del culto y de las prácticas religiosas no fue consagrada por ninguna medida legislativa. Siguió siendo una realidad de hecho. Si hemos de creer a Gabriel Péri[17], desde septiembre, Jesús Hernández había pedido al gobierno que autorizara la reapertura de las iglesias y proclamara la libertad de culto, que fueron uno de los puntos importantes del programa del P.C.[18] En todo caso, fueron sus proposiciones las que se presentaron ante el Consejo de ministros, de 9 de enero de 1937, por intermedio de Manuel de Irujo: tropezaron con la oposición intransigente de García Oliver y el veto de Largo Caballero. En el dominio de lo escolar, la tarea era enorme: el Estado se esforzaba por asegurar la sucesión de las escuelas profesionales. Jesús Hernández, mediante un decreto del 25 de noviembre, ordenó la creación de un «bachillerato simplificado» abierto a los candidatos presentados por los sindicatos y los partidos del Frente Popular. Organizó equipos especializados de milicianos-maestros, que se lanzaron, en las milicias y en los pueblos, a resolver el problema del analfabetismo. La Generalidad reconoció a la «Escuela nueva unificada», pero ni sus principios pedagógicos, ni su funcionamiento, bajo el doble control de los sindicatos y de los maestros, se extendieron a la enseñanza del Estado, cuya estructura no se modificó.

La presencia de un representante de la C.N.T. en el ministerio de la industria, pudo hacer creer que habría de proseguir la colectivización iniciada espontáneamente en los primeros días de la revolución. Un decreto del 2 de agosto, del gobierno de Giral, estipulaba la incautación de las empresas cuyos patronos hubiesen estado comprometidos en el levantamiento militar. Sin embargo, nada reglaba, legalmente, la suerte de las que estaban abandonadas por otras razones, por falta de capitales, por mala voluntad. Juan Peiró declaró que al ingresar en el gobierno se encontró con una situación verdaderamente catastrófica: una parte de las industrias estaban «controladas» y el control era, en realidad, una gestión obrera, otras empresas estaban colectivizadas y otras más, por último, estaban controladas pero dirigidas por un patrono cuya única preocupación consistía en sacar del país sus capitales. Todas estas empresas estaban al borde del desastre: en las oficinas del ministerio se amontonaban más de 11 000 peticiones de crédito, ninguna de las cuales fue satisfecha… Peiró propuso a Caballero un decreto de colectivización que no fue aceptado, pues significaría un atentado a la propiedad industrial y, por consiguiente, el riesgo de represalias occidentales y de que se cerrase más todavía el «bloqueo de las armas». Los proyectos de Peiró se redujeron, finalmente, a un decreto que permitía la «intervención» del gobierno en las industrias indispensables para la guerra.

En Cataluña, el Consejo de la Generalidad fue más lejos, bajo la presión de la C.N.T. y del P.O.U.M., que hicieron de la «legalización» de las colectivizaciones la condición de la liquidación del poder revolucionario. El decreto del 24 de octubre previó la colectivización de las empresas que empleaban a más de 200 asalariados y el control de los comités obreros para las demás. Sensible a los argumentos de política exterior, los representantes de la C.N.T. y del P.O.U.M. aceptaron la indemnización de los accionistas extranjeros. Pero la indemnización de los accionistas españoles se admitió también, sin que se fijará el monto: de esta manera permaneció abierta, en la perspectiva de una restauración de la legalidad republicana, la de la percepción por los antiguos accionistas de verdaderos dividendos de las empresas colectivizadas La C.N.T. y el P.O.U.M. habían reclamado vivamente la organización del monopolio del comercio exterior, corolario, a su juicio, de la colectivización y, sobre todo, condición de una planificación sin la cual aquélla no podía conducir más que al caos. También a este respecto, salieron derrotados y el comercio exterior siguió siendo libre.

La cuestión del crédito, verdadero «gollete de estrangulación» de las colectivizaciones, tampoco se resolvió conforme a las ideas de los revolucionarios. Fue su crisis, como vimos, la que amenazó el funcionamiento mismo de las empresas colectivizadas. El Consejo de la Generalidad de Cataluña se negó a crear el banco de industria y crédito pedido por la C.N.T. y el P.O.U.M. El control de los bancos por el sindicato de la U.G.T. en Madrid, permitió evitar la fuga de capitales, pero los bancos podían reservar sus créditos para las empresas privadas solamente, y aun ganar comisiones exorbitantes por concepto de las transferencias de fondos ordenadas por el gobierno. Juan Peiró propuso la creación de un banco industrial, destinado a financiarlas actividades de las fábricas colectivizadas. Pero el ministro de hacienda, Negrín, se opuso, como habría de oponerse[19] a la demanda de un crédito de 30 millones de pesetas que el ministro de la industria consideraba indispensable para hacer frente a las necedades más urgentes de la industria colectivizada. Así se vio limitado, y luego detenido, el movimiento de colectivización, en tanto que el gobierno se quedó dueño de las empresas por intermedio de los bancos. Poco a poco, afirmó su autoridad, tanto en las empresas incautadas como en las intervenidas, por la elección que hizo de interventores y directores. La búsqueda de la eficacia y las preocupaciones políticas lo condujeron, a menudo, a volver a colocar, con otros títulos, a los antiguos propietarios y capataces.

Fue una política semejante la que prevaleció en el campo. Las medidas gubernamentales no llenaban el abismo que amenazaba con abrirse entre la revolución y la defensa republicana. El decreto dictado por Uribe, el 7 de octubre de 1936, iba muy rezagado respecto a la situación real en los campos. Mudo en lo tocante al problema decisivo de los arrendamientos y de las rentas, que estaba resuelto, solamente de hecho, mediante una supresión que no tenía nada de legal, habló de la «expropiación sin indemnización y en favor del Estado» de las propiedades agrícolas que pertenecían a individuos ligados a la rebelión, y se dejaba a los campesinos en libertad de decidir si la explotación habría de ser colectiva o individual. De tal modo, no legalizó más que una parte de las expropiaciones: el número de los propietarios afectados apareció en el Oficial. De tal modo, dejó por resolver graves problemas. Propietarios que no se habían metido para nada en la rebelión habían perdido sus tierras por expropiación. Y otros también que habían sido considerados facciosos pero a los que un tribunal había exculpado. Algunos herederos, por último, podían hacer valer sus derechos. En lo sucesivo, miles de campesinos se preguntaron si no se verían obligados a devolver las tierras de que se habían apoderado en el transcurso del verano de 1936.

El retroceso de los anarquistas

La obra de restauración del Estado llevada a cabo por el gobierno de Largo Caballero no fue posible más que con la participación de los jefes más populares de la C.N.T.-F.A.I. y gracias a sus organismos dirigentes. Pero, para los militantes, el cambio fue tanto más brutal cuanto más sumarias fueron las explicaciones. Si, como hemos visto, algunos jefes, como Santillán, no se resignaron más que con la muerte en el alma a la liquidación del poder revolucionario, otros, muy rápidamente, fueron mucho más lejos y pisotearon alegremente lo que había sido hasta entonces el credo anarquista.[20] Los dirigentes de la C.N.T. repetían de buen grado que Durruti estaba dispuesto a «renunciar a todo, menos a la victoria»; para muchos ese «todo» eran las conquistas revolucionarias.[21] Los ministros anarquistas se convirtieron en verdaderos ministros[22] y el ministerio de la propaganda hablaba del «excelentísimo señor ministro de justicia, camarada García Oliver». Los oficiales y los policías anarquistas hablaban y obraban más como oficiales y policías que como anarquistas: Eroles, comisario de policía, afirmó que su más «ferviente deseo» había sido realizado con la creación de un cuerpo único de policía y Mera, olvidándose en lo sucesivo de los «camaradas», afirmó que no quería tratar más que con los «capitanes y sargentos».

Muchos jefes sintieron un profundo malestar: se acordaban del tiempo —no muy lejano— en que el juez, el oficial, el ministro, encarnaban al enemigo de clase. No discutían la táctica de la colaboración, pero sí criticaban de buen grado el celo puesto en su aplicación. Así Santillán, al que le fueron retirando los cargos, se mantuvo finalmente al margen, escéptico y amargado, impotente ante el aparato de su propia organización. Los militantes, en general, tuvieron menos escrúpulos y crisis de conciencia. Más que nunca, organizaciones locales o regionales, individuos inclusive, tomaron iniciativas sin tener en cuenta la política de la Confederación. El grueso de los opositores, los «sectarios», no perdieron su tiempo en argumentar y en elaborar tesis. Obraron, y su desacuerdo cobró las formas más variadas, desde la deserción hasta la manifestación armada, pasando por el atentado. El 1.º de octubre, la Columna de Hierro, formada en Valencia y mandada por anarquistas, abandonó el frente de Teruel para imponer en Valencia su concepción del «orden revolucionario». Atacó y desarmó a los guardias, invadió el tribunal cuyos archivos destruyó, descendió a los cabarets y tabernas, despojó a los clientes de sus joyas y de sus carteras. Se necesitó toda una batalla enorme para zanjar la cuestión: entre los muertos, se señaló a un dirigente socialista, José Pardo Aracil. El 30 de octubre también en Valencia, el entierro de uno de los jefes de la Columna de Hierro, Ariza González —quizá muerto en represalias— se transformó en motín armado. Finalmente, rodeados en la plaza de Tetuán por unidades comunistas armadas con ametralladoras, los manifestantes sufrieron graves pérdidas, y dejaron unos 50 muertos. Aquí y allá, día tras día, estallaron incidentes de esta clase, conforme a un esquema casi siempre idéntico: una explosión de violencia ciega de los anarquistas a menudo sin convicción, y en todo caso sin objetivo preciso, a la cual fuerzas de policía de unidades comunistas respondían duramente, aprovechando su ventaja para desmantelar, por último, las posiciones anarquistas. Tal fue el caso de Cuenca, en la que Borkenau había visto, en el mes de agosto de 1936, una verdadera «fortaleza anarquista» y a la que, en febrero, encontró convertida en «bastión de la U.G.T.».

Un ejemplo característico del trastorno anarquista se encuentra en la diversidad de las reacciones en ocasión de la salida del gobierno para Valencia, en las primeras horas del ataque contra Madrid. Los ministros anarquistas que habían combatido esta decisión la aceptaron finalmente y siguieron a Caballero. Solidaridad Obrera no vaciló en afirmar que «la autoridad moral del gobierno» seria «restablecida y aumentada por el cambio de residencia». Ahora bien, en el mismo momento, la C.N.T.-F.A.I. de Madrid saludaba a la capital «liberada de los ministros», y la de Valencia estigmatizó a los «cobardes y fugitivos» del gobierno. En Tarancón, un centenar de milicianos anarquistas que venían del frente de Sigüenza detuvieron a la caravana oficial, molestaron y amenazaron a los ministros y a los embajadores, entre ellos a Rosenberg, el embajador de la U.R.S.S., y se necesitó todo el poder de convencimiento de Eduardo Val, jefe de la C.N.T. en Madrid, para obtener su liberación, sin sevicias.[23]

Estos incidentes desacreditaron al movimiento anarquista y al parecer dieron la razón a aquellos de sus adversarios que denunciaban el papel desempeñado en sus filas por los «incontrolables». Sobre todo, contribuyeron a aislarlos, a permitir que se desarrollaran conscientemente, a plena luz, las fuerzas que les eran hostiles.

La pequeña burguesía de las ciudades se había escondido durante los primeros meses. Pero si los anarquistas habían sembrado el temor no habían vencido, no habían tomado el poder y, sobre todo, no habían aplastado al adversario. Por no haber sabido llevar a la revolución hasta su término tuvieron que resignarse entonces a verla levantar de nuevo la cabeza: la revolución inacabada se volvió contra sus promotores.

La misma evolución se produjo en el campo. Inclusive cuando el campesino había aceptado de buen grado la colectivización, en las primeras semanas, lo inquietaba su posición inestable. Las requisaciones de las milicias pesaban gravemente sobre él y la colectividad no le parecía ser el paraíso prometido. Los adversarios de las colectivizaciones recuperaron confianza, alentados por las declaraciones oficiales sobre el orden, la legalidad, la propiedad. Sabían que podían contar con la nueva policía. En enero de 1937, en Fatarella, aldea de 600 habitantes de la provincia de Tarragona, los pequeños propietarios se levantaron en armas contra los anarquistas que querían colectivizarlos, y el asunto causó varios muertos y heridos. Casi por doquier, el campo reaccionó contra la revolución.

Y es que los anarquistas, que en la cresta de la ola revolucionaria, en la cohesión que daba la victoria, no supieron liquidar al débil gobierno de Giral, tropezaban ahora, en orden dispersado, sin orientación ni política, con un gobierno fuerte, reconocido por todos, apoyado por sus propios dirigentes. Tropezaban, sobre todo, por doquier, con la fuerza cada vez mayor de las organizaciones del P.C. y del P.S.U.C. que poseían los mandos y la disciplina, los medios materiales y una política: fueron ellas las que, en todos los planos, fueron las beneficiarias y, al mismo tiempo, los agentes principales del ocaso anarquista.

El ascenso comunista

A partir de septiembre de 1936, como vimos, el Partido Comunista y el P.S.U.C. se convirtieron en un factor preponderante de la vida política. De ser cerca de 30 000 a comienzos de la guerra civil, en pocos meses pasaron a tener varios cientos de miles de militantes, para llegar al millón en junio de 1937.

Pero los dirigentes españoles del P.C. y del P.S.U.C. no jugaron solos esta partida importante, una vez que el gobierno de Moscú había aceptado comprometerse. Desde fines de julio, los delegados de la Internacional Comunista tomaron en sus manos la dirección y la organización del partido. En Madrid, fueron el argentino Codovila, conocido con el seudónimo de Medina, el búlgaro Stepanov y sobre todo el italiano Togliatti, llamado Ercoli, conocido con el nombre de Alfredo[24], eminencia gris de Moscú en España. En Barcelona, era el húngaro Geroe, conocido con el nombre de Pedro. Estaban rodeados de técnicos y consejeros cuya experiencia fue muy valiosa, y los cuales, las más de las veces, parecen haber sido agentes de los servicios secretos rusos. De tal manera, toda la política militar del P.C. español estuvo en manos del italiano Vittorio Vidali, uno de los agentes más importantes de la N.K.V.D. en el extranjero, un hombrecillo «de rostro cómico, de tez rosada, con un mechón de pelos rubios», según Simone Téry, conocido con el nombre de Carlos Contreras y, sobre todo, con el de comandante Carlos. Unos y otros dispusieron de fondos importantes que les permitieron montar un serio aparato de acción y de propaganda.

Mientras la prensa reaccionaria del mundo entero se esforzaba en describir los estragos de una «revolución bolchevique», en España, inspirada por los comunistas y el «oro de Moscú», el Partido Comunista había tomado, desde las primeras horas, una posición claramente afirmada en favor del mantenimiento del orden republicano para la defensa de la propiedad y de la legalidad. Todos los discursos de sus dirigentes tocaban el mismo tema: no se trataba, en España, de revolución proletaria, sino de lucha nacional y popular contra la España semi-feudal y los fascistas extranjeros, al mismo tiempo que era un episodio de la lucha que se libraba en el mundo entre los «demócratas» y Alemania e Italia. El Partido Comunista condenó vigorosamente todo lo que podía parecer capaz de romper la «unidad de frente», entre la clase obrera y las «demás capas populares». Particularmente, puso mucho cuidado en conservar buenas relaciones con los dirigentes republicanos y repitió incansablemente sus consignas de «respeto al campesino, al pequeño industrial, al pequeño comerciante». «Nos batimos —proclamó José Díaz— por una república democrática y parlamentaria de un nuevo tipo». Tal régimen suponía la «destrucción de las raíces materiales de la España semi-feudal», «la expropiación de los grandes propietarios», la destrucción del «poder económico y político de la Iglesia», la «liquidación del militarismo», la «desarticulación de las grandes oligarquías financieras».

Ahora bien, estos resultados, según él, se habían alcanzado ya. La única tarea del día, por lo tanto, era de combatir: «vencer a Franco primero» era la consigna central de los comunistas. Para lograrlo, había que consolidar el «bloque nacional y popular», reforzar la autoridad del gobierno de Frente Popular: los comunistas apoyaron al gobierno de Companys contra el Comité Central, la junta de Martínez Barrio contra el Comité Ejecutivo Popular, a las autoridades legales contra los «comités irresponsables». Desde las primeras horas, habían defendido la necesidad de la constitución de un ejército regular y habían apoyado a Giral y precedido a Largo Caballero por este camino. José Díaz declaró en varias ocasiones que «lanzarse a ensayos de socialización y de colectivización es absurdo y equivale a convertirse en cómplices del enemigo». Así también, el Partido Comunista libraba una guerra encarnizada contra todos los que hablaban de continuar la revolución: «no podremos hacer la revolución si no ganamos la guerra — declaró José Díaz. Lo que hace falta es ganar primero la guerra». Así, también, en el campo republicano, dirigió todos sus golpes contra su izquierda, contra los revolucionarios. «Los enemigos del pueblo son los fascistas, los trotskistas y los incontrolables», afirmó José Díaz, en el mismo discurso, y los propagandistas del P.C., apoyándose en los procesos de Moscú, tocaron incansablemente el tema antitrotskista: «El trotskismo no es un partido político, sino una banda de elementos contrarrevolucionarios. El fascismo, el trotskismo y los incontrolables son los tres enemigos del pueblo que deben ser eliminados de la vida política, no solamente en España, sino en todos los países civilizados».

Franz Borkenau nos ha mostrado las consecuencias de una línea política que arrastraba a las organizaciones comunistas «stalinistas», más allá de la organización de la lucha contra Franco, hacia una lucha abiertamente dirigida contra la revolución en España misma, en nombre de su inoportunidad: «Los comunistas no se opusieron solamente a la marea de las socializaciones, sino que se opusieron a casi toda forma de socialización. No se opusieron solamente a la colectivización de los campitos campesinos, sino que se opusieron con éxito a toda política determinada de distribución de las tierras de los grandes latifundistas. No se opusieron solamente, y con justa razón, a las ideas pueriles de abolición local del dinero, sino que se opusieron al control del Estado sobre los mercados… No solamente trataron de organizar una policía activa, sino que mostraron una preferencia deliberada por las fuerzas de policía del antiguo régimen hasta tal punto aborrecidas por las masas. No sólo quebrantaron el poder de los comités, sino que manifestaron su hostilidad a toda forma de movimientos de masas, espontáneo, incontrolable. En una palabra, no obraban con el objetivo de transformar el entusiasmo caótico en entusiasmo disciplinado, sino con el fin de sustituir la acción de las masas por una acción militar y administrativa disciplinada, para desembarazarse completamente de aquella».[25]

Esta política conservadora aseguró el desarrollo del P.C. y del P.S.U.C. y aumentó su audiencia. En Cataluña, el decreto de la sindicalización obligatoria engrosó los efectivos de la débil U.G.T. controlada por el P.S.U.C. Bajo su patrocinio se constituyó en sindicato la G.E.P.C.I. (Federación de los gremios y entidades de pequeños comerciantes e industriales) que so capa de defensa profesional de los comerciantes, artesanos y pequeños industriales, fue el instrumento de lucha de la mediana y de la pequeña burguesía contra las conquistas revolucionarias. En Levante, donde la U.G.T., por el contrario, tenía una base de masas entre los pequeños campesinos, el P.C., con Maten, organizó una Federación Campesina Independiente, a la que apoyaron todos los adversarios de la colectivización, sin exceptuar a los caciques.

De manera más general, hacia el P.C. y el P.S.U.C., defensores del «orden y de la propiedad» se volvieron los partidarios del orden y de la propiedad en la España republicana. Magistrados, altos funcionarios, oficiales, policías encontraron en él el instrumento de la política que deseaban, y al mismo tiempo, un medio de obtener, dado el caso, protección y seguridad.[26] Por lo mismo, el P.C. dejó de ser un partido de composición proletaria: en Madrid, en 1938, según sus propias cifras, no contaba más que con 10 160 trabajadores sindicalizados de 63.426 militantes, lo que indica un escaso porcentaje de obreros.[27] La propaganda del P.C., por lo demás, cargó el acento sobre las «personalidades» reclutadas, algunas de las cuales, no obstante, distaban mucho de ofrecer todas las garantías en lo que concierne a la sinceridad de su dedicación a una causa «obrera».[28]

Sin embargo, sería erróneo explicar el crecimiento del P.C. sólo por su política moderada y por su fidelismo republicano. En el caos de los primeros meses, en efecto, el Partido Comunista se mostró como una notable fuerza de organización, un instrumento terriblemente eficaz. Junto con algunas de sus realizaciones, sus llamados a la unidad antifascista encontraron un inmenso eco entre todos aquellos, republicanos, socialistas, sindicalistas, no organizados que querían, ante todo, luchar contra Franco. Los Hernández, las Pasionarias, los Comorera inclusive, no eran tomados en serio en sus diatribas contra los comités y los «incontrolables», y en sus llamados a la disciplina y al respeto de la legalidad más que porque su partido se había mostrado muy capaz de combatir, porque sabía construir y poner el ejemplo.

La historia de la defensa de Madrid muestra también que, en algunas circunstancias, el Partido Comunista era capaz no solamente de hacer un llamado a tradiciones revolucionarias como las de Octubre en Rusia, o del ejército rojo, sino también de utilizar métodos propiamente revolucionarios; en una palabra, de aparecer, ante los ojos de las grandes masas, como un partido auténticamente revolucionario. Muchos militantes españoles o «internacionales» vivieron en la defensa de la capital una epopeya revolucionaria de la que el emblema puramente antifascista no era, a sus ojos, más que provisional. Contra los mercenarios alemanes o italianos, se veían a sí mismos como combatientes de la revolución proletaria internacional. Muchos de ellos combatieron a la revolución en lo inmediato, con la convicción de que no se trataba más que de un repliegue tácito provisional y que al final de la lucha antifascista se encontraba la revolución comunista mundial.

Uno de los instrumentos más eficaces del desarrollo de la influencia del P.C. fue, a este respecto, el Quinto regimiento. Desde el 19 de julio, los militantes comunistas de Madrid ocuparon un convento salesiano en Cuatro Caminos y organizaron una unidad que contaba con 8.000 hombres a fines de mes. La elección misma del vocablo «regimiento» y de su número, el 5, era significativo: la dirección del P.C. hizo de esta unidad el 5.º regimiento, porque existí a en Madrid, antes de la insurrección, cuatro regimientos. Fue Enrique Castro Delgado, delegado por el buró político y secundado por el comandante Carlos, el que se encargó de su formación. En cada batallón, formaron las «compañías de acero», integradas en su mayoría por militantes comunistas y apelaron sistemáticamente a los oficiales y suboficiales de reserva o de carrera. Con la ayuda rusa, el Quinto regimiento se desarrolló con rapidez relampagueante. Estaban equipado, entrenado, tenía los mandos completos. El gobierno lo favorecía porque era un modelo de disciplina: había puesto en vigor, de nuevo, todas las prácticas de las unidades regulares, el saludo, los galones, los grados.

Oficiales de carrera incorporados a otras columnas pidieron su traslado a esta unidad en la que encontraban las condiciones de servicio que, a su juicio, eran normales. El Quinto regimiento tenía una orquesta, un coro, un periódico, Milicia Popular. No tardó en tener su leyenda. A fines de septiembre, agrupaba a 30.000 hombres. Se convirtió en el quinto cuerpo de ejército, con más de 100.000 hombres, y, finalmente, comprendió a la mayor parte del ejército del centro.

Fue en el Quinto regimiento donde apareció por primera vez la palabra «comisario»: en efecto, su desarrollo, a juicio de los dirigentes del P.C., no debía escapar al aparato del Partido. El comisario mantenía en estas unidades regulares la disciplina política de un partido, la vigilancia de los técnicos, la moral elevada de los hombrees. Y el Partido Comunista supo utilizar su experiencia de los comisarios para extender su influencia por el ejército. Era la única organización que había comprendido verdaderamente las posibilidades que ofrecía el cuerpo de los comisarios a un partido activo. Gracias a la protección del comisario general, Alvarez del Vayo, llegaron literalmente a colonizar el comisariado durante su primer año de existencia.[29] Gracias a él pudieron difundir sus consignas entre las tropas y los principales temas de su propaganda: democracia, patriotismo, disciplina. Siendo que los comisarios políticos del ejército rojo habían sido los propagandistas de la revolución y del socialismo, estás dos palabras fueron desterradas del vocabulario de los comisarios españoles, una de las razones de ser de las cuales, por la voluntad del P.C., fue precisamente la de luchar en el ejército contra todos aquellos para quienes la revolución inmediata era todavía una tarea tan importante como la guerra.

Los comunistas stalinistas que se habían tomado intocables desde las entregas de armamentos rusos, defensores consecuentes del programa antifascista de restauración del Estado, organizadores del ejército, se convirtieron, de tal modo, en los elementos más dinámicos de la coalición gubernamental. Azaña, Companys, Prieto, Largo Caballero, les mostraron confianza, y les dieron el apoyo que más tarde le reprocharán a Alvarez del Vayo por habérselos concedido. Su posición se reforzó todos los días, no sólo en la opinión pública, sino quizá, más todavía, en el aparato del Estado. Acabamos de ver el lugar que ocupaban en los mandos políticos y militares del ejército popular. Eran igualmente comunistas los que dirigían los servicios de la censura y del código cifrados. Sus hombres, Burillo en Madrid, Rodríguez Salas en Barcelona, ocupaban los puestos clave en la nueva policía. Su cohesión y su disciplina plantearon en lo sucesivo un problema: ¿no constituían ya, un estado dentro del Estado?

Algunos graves incidentes muestran que estaban decididos a utilizar sus posiciones con fines que no justificaba la preocupación, tan a menudo afirmada, de mantener la unidad de frente, y el interés general, y —lo que es más grave todavía— que se lanzaron por este camino a indicación del gobierno ruso. Cuando se constituyó en Madrid, la Junta de Defensa, a pesar de la decisión de que estuvieran representados todos los partidos, el Partido Comunista opuso un veto absoluto a la presencia del P.O.U.M. calificado de «trotskista» y de «enemigo de la Unión Soviética».[30] La Batalla protestó y sacó a plena luz el conflicto: «lo que le interesa realmente a Stalin, escribió el 15 de noviembre, no es la suerte del proletariado español, ni la del internacional, sino la defensa del gobierno soviético conforme a la política de pactos establecidos por unos Estados contra otros». El 28 de noviembre, en una nota a la prensa, el cónsul general de la U.R.S.S. en Barcelona, Antonov Ovseenko, no vaciló en intervenir en la política interior de la España republicana, señalando a La Batalla, a la «prensa vendida al fascismo internacional». Fue este asunto el que produjo una crisis ministerial en Cataluña y determinó, finalmente, la exclusión del P.O.U.M. del Consejo de la Generalidad. El comentario de este acontecimiento que apareció en Pravda, el 17 de diciembre, inmediatamente después de los primeros procesos de Moscú, constituyó una amenaza no disfrazada: «en Cataluña, la eliminación de los trotskistas y de los anarco-sindicalistas ha comenzado ya; será llevada a cabo con la misma energía que en la U.R.S.S.».

Balance de esta restauración

Por lo demás, había en el cuadro muchas otras sombras inquietantes. La dualidad del poder había desaparecido, cierto es, pero, en muchos casos, había cedido su lugar a una administración múltiple cuyos órganos se cruzaban o se molestaban mutuamente. El caso de Málaga, donde subsistían, uno al lado del otro, los poderes fantasmas del gobernador Arraiz y del comité, y la única autoridad real era la de los militares incapaces de comprender y de dirigir a sus tropas obreras y campesinas, no era una excepción. Los inconvenientes que presentaban centenares de organismos policíacos de pueblo habían desaparecido con la reorganización de la policía, pero es fuerza señalar, como hace Borkenau, que con ellos había desaparecido, el «interés apasionado del pueblo y de la aldea por la guerra civil». El libertario italiano Bertoni, escribió desde el frente de Huesca: «la guerra de España, despojada de toda fe nueva, de toda idea de transformación social, de toda grandeza revolucionaria…, es una terrible cuestión de vida o muerte, pero ya no es una guerra de afirmación de un nuevo régimen y de una nueva humanidad».[31]

Sin embargo, en ese momento se desenvolvía la batalla de Madrid: guerra moderna en la que se enfrentaron dos ejércitos organizados, en la que se opusieron aviones, cañones y vehículos blindados, guerra revolucionaria también, en la que la moral de los combatientes realizaba lo que era técnicamente imposible, en la que el pueblo en armas plantó cara a dos de las grandes potencias militares de Europa. Las batallas de Madrid y de Guadalajara, las únicas grandes victorias republicanas de aquella guerra, se sitúan en pleito cambio: la organización y la disciplina no habían matado el entusiasmo y la fe, el entusiasmo y la fe se apoyaban en la disciplina y la organización, y en las armas también, sin las cuales no hay causa que pueda triunfar, cualesquiera que sean los sacrificios que haya sido capaz de suscitar.

Capítulo 10
MADRID: ¡NO PASARAN!

El 28 de septiembre de 1936, las últimas resistencias se extinguieron en Toledo con el exterminio de los grupos de milicianos de la C.N.T. que guardaban el hospital. Un nuevo capítulo se abría, el de la batalla por la capital. A juicio de los jefes nacionalistas, debía ser el último: la caída de Madrid sería la señal del hundimiento republicano. Ninguno de ellos pensaba, ni por un momento, en una resistencia seria por parte de las milicias. La mayoría de los observadores extranjeros compartían este punto de vista. Los medios diplomáticos se preparaban para la caída de la capital que, a juicio de Roma y de Berlín, debería cambiar la situación jurídica de España y permitir el reconocimiento del gobierno de Franco.

Los generales rebeldes estimaban que podrían hacer su entrada en Madrid el día de la Fiesta de la Raza, el 12 de octubre.[1] El general Varela mandaba el ejército asaltante: 22 000 soldados profesionales, moros y legionarios, aguerridos, disciplinados, confiados, persuadidos de que no iban a encontrar ninguna resistencia. La ofensiva se desarrolló, al principio, siguiendo el plan previsto: la columna que remontaba el valle del Tajo se unió, el 10 de octubre, con el cuerpo de ejército de Dávila que venía de la Sierra. No había encontrado más obstáculo que el hostigamiento de las milicias de Levante que mandaban Uribarri y Bayo, acción de guerrillas insuficiente para frenar el avance de un ejército moderno que no chocaba con ninguna oposición en sus ataques frontales. En tres días, los asaltantes avanzaron 27 kilómetros; entre Chapinería, capturada, el día 15, Navalcarnero, que cayó el 18, e Illescas, tomada el 21, se dibujaba la pinza que habría de encerrar a Madrid.

Una ciudad por tomar

A fines de septiembre, el informe de Voelckers a Berlín era muy optimista: Madrid no podía soportar un sitio. Carecía de depósitos de víveres, de defensas antiaéreas, de línea de defensa y aun de trincheras. Los milicianos que la defendían estaban mal armados, eran inexperimentados y, sobre todo, carecían de mandos buenos. Cierto era que las primeras armas modernas acababan de llegar, primera manifestación concreta de la ayuda rusa: el asombro mismo que provocaron en los milicianos demostraba su inexperiencia y parecía echar por tierra la hipótesis de que podían contribuir verdaderamente a invertir la situación. El 28, en una proclama por radio, Largo Caballero había anunciado: «Tenemos a nuestra disposición un formidable armamento mecanizado. Tenemos tanques y, una aviación poderosa», y el mismo día 40 tanques rusos, apoyados por la aviación lograron abrir una brecha en el frente. Sin embargo, la infantería no los siguió, y el primer contraataque republicano se liquidó con un fracaso. Los jefes militares de Madrid tenían conciencia de la gravedad de la situación y, al parecer, resignados a la caída inevitable de la capital. El general Asensio, que mandaba el ejército del Centro, expresó francamente su pesimismo; y el general Pozas, que le sustituyó el 24 de octubre, tampoco creyó que la defensa fuese posible. Los dos aconsejaron al gobierno que abandonara la capital mientras era tiempo todavía.

A comienzos de noviembre, fue el general Mola el que, después de haber reorganizado a las tropas, tomó en sus manos la dirección de lo que parecía que debía ser el asalto final; después de discusiones, el estado mayor rebelde resolvió entrar en Madrid por la Casa de Campo y la Ciudad Universitaria, evitando de esa manera la guerra de calles en los barrios obreros, que Varela, por lo menos, temía. Informados de la ayuda que Madrid había recibido de los rusos, los generales rebeldes resolvieron atacar antes de que los defensores tuviesen tiempo de recuperarse. El 4 de noviembre, el aeródromo de Getafe cayó en sus manos, el 6, la columna Yagüe ocupó Carabanchel, y la fuerte posición del Cerro de los Ángeles. Mola convocó en su cuartel general al futuro Consejo Municipal de Madrid, que debía entrar en la capital con los furgones de su ejército. Radio Burgos había inaugurado, a partir del día 4, una emisión titulada: «Las últimas horas de Madrid.» El 7, Franco anunció que iría a misa a Madrid, el día 8 los puentes de las calles de Segovia y Toledo, sobre el Manzanares, habían sido alcanzados.

La caída de Madrid no era más que una cuestión de horas: en el Consejo de Ministros, Largo Caballero impuso literalmente a los anarquistas reticentes la decisión de la salida del gobierno para Valencia. A pesar de la unanimidad proclamada, muchos combatientes consideraron como una deserción esta prudente medida.[2] El incidente tragicómico de Tarancón[3] no se explica solamente por la indisciplina notoria de los anarquistas: la actitud de los milicianos de la C.N.T. correspondió a un estado de ánimo muy difundido en Madrid, donde, más que en otras partes, los obreros habían puesto su confianza en el gobierno y aceptado su disciplina. El 9 de noviembre veían huir a sus expertos «resignados» a la derrota, mientras que no se había intentado siquiera una movilización en masa para la defensa a toda costa de la capital. En los primeros días de septiembre, de 20 000 voluntarios, menos de 2.000 habían sido efectivamente empleados en los trabajos de fortificación… A juicio de los militantes, socialistas, comunistas y anarquistas, la batalla no se había perdido todavía. La tentación de fusilar a los ministros iba de la mano con la voluntad de luchar hasta morir. El grito de la C.N.T. madrileña: «Viva Madrid sin gobierno» respondía, indudablemente, a un sentimiento ampliamente difundido.

La defensa de Madrid: el general Miaja y la Junta

El gobierno de Largo Caballero, al partir, confió al general Miaja la defensa de la capital. Autores y testigos han discutido abundantemente, desde entonces, sobre las causas de la designación de un general que se hallaba en retiro, pero que habría de llegar a convertirse en el héroe de Madrid. Oficial de carrera, «hombre de unos 60 años de edad, bastante gordo, pero de singular vivacidad», como lo describió Simone Téry, José Miaja no se había señalado nunca por un republicanismo ardiente: inclusive había formado parte, antes de la guerra, de la Unión Militar Española. Ministro de la Guerra en el efímero gobierno de conciliación de Martínez Barrio —una elección por sí misma significativa—, se negó a aceptar este cargo en el gobierno de Giral, pero se puso a su servicio. Fue él quien dirigió la expedición que recapturó a Albacete. Lo vimos, exiliado en Valencia, soportar las afrentas del teniente José Benedito. De allí, fue enviado para mandar el frente de Andalucía: algunos de sus hombres lo habían acusado de sabotaje, y Largo Caballero lo trasladó a Madrid el 24 de octubre.[4]

Cualesquiera que hayan sido los verdaderos motivos de este nombramiento, no se puede aceptar que haya sido, como algunos han dicho, «impuesto» o «sugerido» por el Partido Comunista, con el que Miaja, en aquellos momentos, no tenía ningún lazo particular.

El decreto que le confió el mando[5] lo encargó también de representar al gobierno en la «Junta de Defensa encargada de organizar y de controlar la defensa de la capital», cuya formación había sido decidida también por el Consejo de Ministros, el 6 de noviembre. Nacida de un decreto gubernamental, presidida por un delegado del gobierno, constituida por representantes de todos los partidos y sindicatos que lo apoyaban, la Junta de Defensa de Madrid no era, sin embargo, ni una simple comisión consultiva, ni un organismo gubernamental anexo. Colocada a la cabeza de la capital, en el momento en que la partida del gobierno dejaba la iniciativa, de hecho, a los que querían combatir, la junta, por su lenguaje y por sus métodos fue un verdadero gobierno revolucionario.

Revolucionaria, lo era, en primer lugar, por su composición. El general Miaja, al parecer, había pensado al principio apelar a los hombres del Comisariado, puesto que todos los partidos estaban representados: pero la mayoría de las «personalidades» habían salido de Madrid con el gobierno. Por tanto, echó mano de desconocidos. Militar de carrera, de temperamento, de mentalidad, apegado a la organización, a la disciplina, a la eficacia, se apoyó naturalmente en el Quinto regimiento, que Mije puso de inmediato a su disposición y con el cual Checa, secretario del P.C., aseguró el enlace. Al anochecer del 7 de diciembre, se constituyó la junta: sus miembros eran tan jóvenes —casi todos tenían menos de 30 años— que se les apodó llamándolos los «Chicos de Miaja». Por intermedio de la representación de la U.G.T. y de la J.S.U., que se añadían a la suya, y por la importancia de los cargos que ocupó, el Partido comunista la controlaba.[6]

La defensa de Madrid se convirtió en el asunto del Partido Comunista, el asunto de la Internacional Comunista, el asunto de la Rusia soviética. Su prestigio y su autoridad quedaron comprometidos en esta batalla. Nunca antes, en toda la guerra de España, los comunistas se habían encarnizado tanto en el combate. Y los rusos no volvieron a hacer nunca el esfuerzo que consintieron en realizar por Madrid, el mes de noviembre de 1936.

Hacia ella convergieron, en efecto, al correr del mes de octubre, y después en noviembre y diciembre, los envíos de material proporcionados por los rusos o comprados por intermedio de los mismos. Los defensores de Madrid tuvieron fusiles, granadas, ametralladoras, tanques, aviones, cañones, municiones. Poco a poco, fue un ejército moderno, formado en el transcurso mismo de los combates el que plantó cara delante de la capital. Tenía jefes familiarizados con todas las técnicas modernas, cuyas capacidades superaban con mucho a las de los raros oficiales leales. Rosenberg había traído consigo ya a un grupo de oficiales que ayudaron al desarrollo del Quinto regimiento. Un segundo grupo, más importante, de militares rusos llegó alrededor del 20 de octubre; no se les conocía más que por sus seudónimos, pero el papel que desempeñaron es innegable y, verosímilmente, más importante que el de Miaja y el de Rojo. Fue Goriev el que dirigió el estado mayor y fue el verdadero organizador de la defensa. «Pavlov» mandó las unidades blindadas y «Douglas» mandó una aviación más poderosa y eficaz que la heroica escuadrilla de André Malraux.[7] Y por último, Miguel Koltsov, cuyas capacidades militares eran innegables y que, al mismo tiempo, era un verdadero dirigente político, cuyas funciones oficiales de enviado oficial de Pravda le permitían conservar un contacto directo con Stalin y Vorochilov. Comunistas extranjeros formados en Moscú desempeñaron igualmente un papel militar de primer orden: al lado de Carlos Contreras, ya citado, es preciso mencionar a Miguel Martínez, que estuvo a la cabeza del comisariado del ejército de Madrid.[8]

Por último, en el momento del asalto decisivo fue cuando aparecieron en el frente las primeras brigadas internacionales: según Colodny fueron, en total, 8.500 hombres de la 11.ª y la 12.ª brigadas los que participaron, alrededor de la capital en los combates de noviembre y diciembre, después del desfile impecable de los 3.500 soldados de la 11.ª brigada en la Gran Vía, saludados por los gritos entusiastas de «vivan los rusos». Después de ellos, llegaron jefes competentes, el general Kleber, cuya popularidad eclipsó a la de Miaja, Lukacz, Hans. Eran tropas de choque y, en la Casa de Campo, al anochecer, el 8 de noviembre, se dispersó a sus hombres sobre la linea de fuego, en la proporción de un internacional por cada cinco españoles: dieron ejemplos prácticos de utilización de las armas y de los abrigos. Sobre todo, estos voluntarios extranjeros eran a menudo hombres que habían conocido años de vida militante muy dura, huelgas, zafarranchos callejeros, vida en la clandestinidad, cárcel y a menudo tortura, el presidio y la miseria de la emigración. Colodny dijo de los alemanes de los batallones Thälmann y Edgar André que eran «hombres indestructibles».[9] En todo caso, constituyeron, con su fe revolucionaria, su espíritu de sacrificio y su disciplina de hierro una tropa de choque irreemplazable y prestigiosa cuyas resonantes acciones valieron tanto por su eficacia directa como por su fuerza ejemplar sobre sus camaradas españoles.

Los métodos de la junta

Con la llegada de revolucionarios de todos los países de Europa, con la de los consejeros militares rusos, Madrid conoció una atmósfera de epopeya revolucionaria inspirada por la propaganda del ejemplo del Octubre ruso. «Hay que defender a Madrid como a Petrogrado», proclamaban carteles inmensos del P.C. La multitud madrileña se apretujaba, para aplaudir Los marinos de Cronstadt, Chapallev o El acorazado Potemkin que habían llegado con Rosenberg y se exhibían en todas las pantallas de Madrid, anudando lazos, directamente, a través de este espectáculo, con la tradición de la revolución rusa que creía revivir. La Pasionaria, vestida de negro, y que parecía la encarnación de la revolución obrera, organizó manifestaciones de masas de mujeres madrileñas que impresionaron muchísimo a todos los testigos del drama y que pronunciaban consignas breves y heroicas, a la española: «Más vale morir de pie que vivir de rodillas», «Más vale ser la viuda de un héroe que la mujer de un cobarde». Para defender a Madrid había que galvanizar a sus defensores. La junta lo sabía: aquí, nada de discursos sobre la «legalidad» del gobierno, el «respeto del orden y de la propiedad». No vaciló en dirigirse a los «trabajadores» de Madrid para glorificar la «revolución proletaria» que estaban a punto de realizar.[10]

Para la defensa de Madrid, la junta utilizó los métodos revolucionarios que había preconizado en otras partes, en Irún, en San Sebastián, la gente de la C.N.T. y del P.O.U.M.: armamento del pueblo, omnipotencia de los comités, acción de masas, justicia revolucionaria sumaria. El 9 de noviembre llevaron al frente a columnas de obreros sin armas, designados por los sindicatos, para trasladarse a la línea de fuego y recoger las armas de los combatientes muertos o heridos. La Casa del Pueblo y los Ateneos Libertarios eran centros de movilización: las barricadas se levantaban en todas las calles de los barrios amenazados: mujeres y niños, escribió Colodny, formaban una cadena viviente y pasaban las piedras de Madrid a los albañiles que elevaban los muros simbólicos, militarmente sin interés, pero psicológicamente invencibles, que esperaban a la ofensiva de Varela… Se constituyeron comités de barrio, de manzana, de casa, que tomaron en sus manos las tareas inmediatas de la defensa, de la vigilancia antiaérea, y de los sospechosos. El Quinto regimiento pidió a la población que constituyera estos comités, que a nadie del partido del P.C. madrileño se le ocurrió condenar como «organismos ilegales».[11]

Espontáneamente, y al llamado de la junta, se constituyeron también comités especializados: comités de abastos, de comunicaciones, de municiones, comités de mujeres para la confección de comidas colectivas, o el lavado de la ropa. Tampoco pensó nadie en denunciar como «ilegales» o «no autorizadas» a las pesquisas y detenciones realizadas por gente que no era de la policía republicana. Las tropas de guardias de asalto y de guardias civiles fueron brutalmente depuradas y más de un centenar de guardias civiles fueron detenidos en unos cuantos días. La mayoría de los organismos policíacos creados en los últimos meses había sido transferida a Valencia. García Atadell y sus ayudantes habían huido al extranjero.[12] Los «guardias de seguridad» del Quinto regimiento, que mandaba Pedro Checa, los «servicios especiales» del Ministerio de la Guerra dirigidos por un colaborador de Val, el anarquista Salgado, multiplicaron las pesquisas, las detenciones, las ejecuciones sumarias. Según Koltsov, fue Miguel Martínez el que, el 6 de noviembre, dio la orden de evacuar de la cárcel Modelo a los prisioneros rebeldes más importantes. Ese día, los 600 detenidos evacuados fueron ejecutados sobre la carretera de Arganda. Según Galindez, otros 400 conocieron la misma suerte dos días después. Las ejecuciones sin juicio prosiguieron en noviembre y en diciembre, bajo la responsabilidad de Santiago Carrillo y de su adjunto Cazorla. El cuidado en no ofender a los extranjeros no impidió, aquí, que las autoridades de la junta persiguieran hasta el interior de las embajadas a los refugiados y a los agentes de Franco.[13] Cualquiera que sea la apreciación que se pueda hacer de estos métodos, no es dudoso que hayan alcanzado su objetivo: la «Quinta columna»[14] no desempeñó el papel que esperaban de ella los jefes rebeldes.

Los combates de noviembre

Los combates decisivos comenzaron con un golpe de suerte para el ejército de Miaja. El 9, sobre el cadáver de un oficial muerto en un tanque rebelde, los milicianos descubrieron papeles que, al ser examinados, resultaron ser un ejemplar de la «Orden operacional núm. 15»; o dicho de otra manera, del ataque previsto por Varela para el 7 de noviembre, el plan del asalto decisivo. El teniente coronel Rojo hizo una adivinanza feliz. Supuso que la ejecución del plan del 7 de noviembre había sido retardada y que la orden que tenía en las manos concernía a la operación que acababa de ser desencadenada por el ejército nacionalista. En 24 horas, los jefes republicanos cambiaron la disposición de sus efectivos para hacer frente al asalto principal que se iba a lanzar contra la Casa de Campo y en la Ciudad Universitaria, siendo que ellos lo esperaban sobre Vallecas… El 8 de noviembre, dos tabores marroquíes habían perforado las líneas republicanas y marchaban sobre la cárcel Modelo. Las líneas se rehicieron después de combates encarnizados. Al anochecer, la 11.ª brigada internacional tomó posiciones, el batallón Dombrotivski en Villaverde, el Edgar André, en la Ciudad Universitaria y el Commune de París en la Casa de Campo. El general Kleber, tomó el mando del sector neurálgico, Casa de Campo-Ciudad Universitaria. El avance de Varela fue detenido. Al anochecer, republicanos, anarquistas, socialistas y comunistas se reunieron en un mitin común para celebrar el aniversario de la Revolución Rusa: la multitud aclamó la consigna popularizada por La Pasionaria: «No pasarán».

Durante la noche avanzaron refuerzos sobre Madrid. Pero en la mañana del día 9 sólo había llegado el batallón del Campesino, que venía de la Sierra. Las tropas de Varela redoblaron sus ataques sobre los puentes de las calles de Toledo y de la Princesa. Los aviones rusos destruyeron una columna blindada italiana. El batallón Edgar André, que había sufrido pérdidas tremendas, se seguía sosteniendo en la Ciudad Universitaria, pero estaba amenazado al norte por el avance de los marroquíes en la Casa de Campo. Con un golpe de audacia, Kleber, retiró todos los elementos de la 11.ª brigada internacional desparramados en primera línea y los lanzó a bayoneta calada contra los moros de Varela, en un contraataque desesperado sobre la Casa de Campo. Después de un combate encarnizado, que duró toda la noche, los moros se replegaron. Los internacionales habían limpiado la Casa de Campo, pero perdido un tercio de sus efectivos. El centro de los combates se desplazó, entonces, hacia Carabanchel Bajo, donde los marroquíes atacaron casa por casa un barrio cuya defensa estaba organizada por los guerrilleros del Campesino. Miaja y Rojo aprovecharon este aplazamiento para repartir sus tropas, unos 40.000 hombres, que acababan de reforzar columnas catalanas y valencianas, sobre un frente continuo de 16 kilómetros, y para establecer una primera red de fortificaciones y de trincheras. El día 12, el Estado Mayor republicano lanzó un contraataque contra el Cerro de los Ángeles. Fracasó, pero contribuyó a aflojar un poco el cerco.

El 14, los 3.500 hombres de la columna Durruti llegaron del frente de Aragón. La multitud madrileña les hizo un recibimiento triunfal. Durruti pidió el sector más peligroso. Se le confió el de la Casa de Campo, frente a la Ciudad Universitaria. El Estado Mayor delegó junto a él un oficial, el ruso «Santi», para aconsejarlo. Los catalanes, sorprendidos primero, pues la guerra de Madrid no se parecía a la que habían conocido, combatieron valientemente, pero no lo bastante a gusto de su jefe, que les reprochó haberse doblegado en varias ocasiones.

En efecto, el día 15, fue en su sector donde comenzó el gran ataque: la columna Yagüe, apoyada por cañones y morteros que machacaron las trincheras republicanas al borde del Manzanares, lanzó asalto tras asalto, mientras que los bombarderos alemanes de la Legión Cóndor aplastaron la Ciudad Universitaria y el parque del Oeste. Por último, en la tarde, la columna Asensio logró perforar el frente, y penetró en la Ciudad Universitaria, que la 11.ª brigada internacional le disputó de inmediato. Se luchó de casa en casa, de piso en piso. Louis Delaprée nos cuenta: «se disparaban a quemarropa, se degollaban de descansillo en descansillo, entre vecinos… en algunas casas, los asaltantes ocupaban el piso bajo y los gubernamentales el primer piso… se insultaban por el tubo de la chimenea para matar el tiempo».[15]

En el Hospital Clínico, los milicianos enviaron a los marroquíes del piso bajo el ascensor de servicio cargado de granadas. Los dinamiteros asturianos estaban por doquier, lanzando sus terribles cartuchos pequeños, minando, arruinando. Del 17 al 20 de noviembre los asaltantes avanzaron todavía un poco a costa de pérdidas enormes. El 21, Durruti fue muerto, en la Ciudad Universitaria, por detrás, verosímilmente por uno de los hombres de su columna, los que le reprochaban los riesgos que les había hecho correr o la disciplina que les había impuesto bajo aquel fuego infernal.[16] Sus funerales dieron ocasión a grandes demostraciones de unidad «antifascista». Pero fue precisamente en el día de su muerte cuando la 11.ª brigada internacional, al mando de Kleber y Hans contraatacó victoriosamente en la Ciudad, donde el frente, en lo sucesivo, casi no se movió. Al día siguiente, la 12.ª brigada, apoyada por carabineros, contraatacó a su vez, al norte del hipódromo, recuperando, casa por casa, el terreno perdido. Cuando los objetivos se hubieron alcanzado, a fines de noviembre, se la relevó: había perdido la mitad de sus efectivos.

Pero el milagro se había producido. Madrid no había caído. Se podía comenzar a creer que era posible lo que afirmaban los fanáticos y los propagandistas, que sería la «tumba del fascismo».

El terror de las incursiones aéreas

Frente a la resistencia inesperada de Madrid, el mando nacionalista se exasperó. Quería, a toda costa, alcanzar la victoria. Después de haber proclamado que no bombardearía nunca a la población civil, Franco se decidió, finalmente, según las palabras del jefe de su aviación, a «ensayar una acción para desmoralizar a la población con bombardeos aéreos».[17]

Pensaba que la moral madrileña, sujeta a ruda prueba por los combates y la escasez de alimentos —había colas inmensas para obtener el menor producto comestible— se hundiría bajo las bombas. El 23, el 24 y el 30 de octubre se efectuaron los primeros ataques. No obstante, solamente el 4 de noviembre se produjo el primer bombardeo verdadero. Se contaron 350 víctimas después de las noches del 8 y del 9. Los días 10, 11 y 12 ardieron muchas casas. El 15 fue bombardeado el hospital de Cuatro Caminos. A partir del 16 comenzó la «matanza metódica de la población civil».[18] La incursión de aquella noche causó, según Colodny, más de 5.000 víctimas. Toda la ciudad parecía arder al terminar la alarma: «Desde hace 24 horas —escribió Delaprée el día 17— caminamos sobre la sangre y respiramos entre pavesas».[19] Estos bombardeos fueron incesantes durante todo el mes de noviembre. Madrid parecía encontrarse en estado de incendio permanente.

Los aviones nacionalistas, volando al ras de los techos, completaron su obra de muerte ametrallando a los bomberos.

Aprovechándose del desorden y del pánico, los agentes de la «Quinta columna» ametrallaban a los milicianos, arrojaban granadas, confiando en que se atribuirían sus acciones a los aviones. En Madrid, en ruinas, cuyas calles estaban perforadas por hoyos de bomba, 300 000 personas corrían buscando abrigo. Al millón de madrileños que vivían normalmente en la ciudad se habían añadido 500.000 refugiados. La destrucción de centenares de inmuebles arrojó a la calle al sobrante de una multitud trágica, hosca, desesperada, de madres que buscaban a sus hijos, de viejos extenuados que obstruían las aceras con sus risibles equipajes. En toda la ciudad no se encontraba abrigo, bodega o sótano que ofreciese un mínimo de seguridad para más de 100 000 personas. Había quince veces más seres humanos en Madrid. Circuló el rumor de que Franco había dicho que no bombardearía el barrio de Salamanca. Estaba ya abarrotado, puesto que no podía acoger a más de 20 000 personas y sus aceras se habían transformado en dormitorios. Louis Delaprée, corresponsal de Paris-Soir, es el testigo sin pasión que expresa la repugnancia de los hombres del siglo XX ante este espectáculo, en aquella época sin precedente:

La muerte tiene el pan en el horno. He dicho que no soy más que un portero; que se me permita, sin embargo, decir lo que pienso. Cristo ha dicho: «Perdonadlos, porque no saben lo que hacen.» Me parece que después de la matanza de los inocentes de Madrid, debemos decir: «No los perdonéis, porque saben lo que hacen».[20]

La matanza cotidiana, que destrozaba los nervios de los madrileños, no logró abatir su moral. El católico vasco Calíndez terminó su relato con un juicio terrible sobre el error de apreciación de los estrategas nacionalistas, que su desprecio de las multitudes había conducido a un crimen sin nombre: «El enemigo no entró. Solamente logró despertar el odio de los que eran todavía indiferentes, solamente logró superar las checas y hacerlas parecer buenas, por comparación».[21]

El cambio radical

Después del «desorden heroico» de fines de septiembre, Delaprée había encontrado en octubre una ciudad «templada, casi silenciosa, tensa por una resolución feroz». El terrible mes de noviembre hizo de Madrid, en el intervalo de los ataques aéreos, una capital fantasmagórica. Completamente oscura desde la puesta del sol, masa gris envuelta en sombras por donde los vehículos circulaban con las luces apagadas, por las calles reventadas, y donde sus bocinas, mezcladas al ruido de los fusiles o de los cañonazos cercanísimos, parecían ser las únicas señales de vida. La muerte era la compañía perpetua de una población cuyos nervios estaban de punta, lanzaba a cada instante miradas angustiadas hacia el cielo, corría a los abrigos a la primera señal, enterraba a sus víctimas sin llorarlas y permanecía dispuesta en todo instante a montar guardia en cuanto la llamase el comité de barrio o de la casa, a perseguir al espía, a marchar hacia el frente, al que se llegaba en metro. Poco a poco, sin embargo, las llamaradas de la epopeya heroica se fueron apagando en la grisalla de un sitio obstinado que amenazaba con durar. El autor norteamericano ya citado ha analizado notablemente este cambio radical, después de diciembre: «Bajo notablemente dirección de los generales del ejército rojo, la guerra en Madrid se transformó, de guerra de comités revolucionarios, en guerra dirigida por los técnicos del Estado Mayor General. De la exaltación de las primeras semanas, la ciudad pasó a la triste monotonía del sitio, complicado por el frío, el hambre y el espectáculo familiar de la muerte venida por los aires y de la desolación. El instante heroico había pasado a la leyenda y a la historia: con el enemigo pegado a las fortificaciones el peligro mortal que había transitoriamente fundido todas las energías en una voluntad única de resistir parecía haber desaparecido».[22]

El mes de noviembre había sido, entre los partidos obreros, un periodo de tregua. Representantes de los partidos y de los sindicatos colaboraban sin reticencias en los comités de barrio y de casa. Los anarquistas saludaban a los combatientes comunistas de las brigadas con el mismo entusiasmo que los comunistas habían manifestado por la columna Durruti. Todas las milicias habían sido igualmente utilizadas en el combate común y la columna del P.O.U.M. recibió, como las demás, armas y municiones para sostener el sector que se le había asignado. A partir de fines de mes, estas buenas relaciones se echaron a perder. La Junta, por decreto, retiró todas las atribuciones que había dejado en ese periodo decisivo a los comités populares y a los de las organizaciones. Los secretarios de célula, de «radio», de barrio del Partido Comunista trabajaron por la disolución de los comités, que debían abandonar su iniciativa revolucionaria y dejar libre el lugar a la sola administración de la junta.

Choques violentos se produjeron de nuevo entre las tropas de la C.N.T. y los hombres del P.C. El 12 de diciembre[23] la Junta decidió la militarización inmediata de todas las unidades de milicias bajo la autoridad de Miaja y de los jefes comunistas de la Junta. El 24 se decidió retirar de las funciones de policía, de guardia y de control a todas las formaciones de milicias de la retaguardia que se habían hecho cargo de ellas desde principios del sitio. Se prohibió llevar armas largas en la capital. Las funciones de policía se adjudicaron de nuevo a las formaciones especializadas de las tropas de seguridad y de los guardias de asalto por autorización del estado mayor y de la Dirección de Seguridad. El 26, el consejero de abastos de la Junta, el comisario Pablo Yagüe, fue gravemente herido por milicianos de la C.N.T. que pretendían verificar la identidad de los ocupantes de su vehículo. Este atentado provocó declaraciones indignadas de la prensa comunista, socialista y republicana. El periódico C.N.T., que quería responderles, fue censurado: pero los culpables, detenidos, fueron absueltos por el tribunal popular. La prensa de la C.N.T acusó a los hombres del P.C. de haber asesinado a tres de los suyos, como represalia, en un barrio de Madrid.

Pero fue sobre todo el P.O.U.M., relativamente débil en Madrid, el que habría de convertirse en blanco de las iras de la Junta. Al ser militarizadas, se les negó armas, municiones y sueldos a sus milicias: Baldris y sus hombres no tuvieron más remedio que alistarse en las milicias de la Confederación. Se desencadenó una ofensiva contra su prensa, primero el semanario P.O.U.M., y luego el diario El Combatiente Rojo fueron suspendidos. La Junta no autorizó la aparición del semanario de las J.C.I. madrileñas, La Antorcha, en el momento en que su secretario, Jesús Blanco, de 21 años de edad, acababa de caer en el frente, a la cabeza de su compañía. Los locales del P.O.U.M., su emisora de radio, su residencia, la de su Socorro Rojo, fueron cerrados, y el Partido y sus juventudes quedaron prácticamente prohibidos. Una vez pasado el peligro inmediato, habían comenzado de nuevo los arreglos de cuentas. La advertencia de Pravda parecía realizarse. Se había efectuado un cambio radical.

Cambio radical en la situación militar, igualmente. Cierto es, los jefes rebeldes, al parecer, no apreciaron inmediatamente la magnitud de su fracaso. Voelckers escribía todavía, el 24 de noviembre, que los medios militares subestimaban visiblemente las dificultades de la toma de Madrid. Sin embargo, sobre este sector crítico —el único, probablemente, en el que los republicanos se encontraban, en aquel momento, en condiciones de resistir efectivamente—, Franco siguió dirigiendo todos sus esfuerzos. La explicación estriba, sin duda, en el hecho de que la defensa de Madrid se había convertido en símbolo de la resistencia republicana para el mundo entero. Lo que estaba en juego era enorme. Según la expresión del propio Franco, hacer cesar la resistencia de Madrid, sería, al mismo tiempo, hacer capitular a toda España.

Sólo que los métodos y los efectivos empleados hasta entonces parecían insuficientes. El fracaso de noviembre demostró que era casi imposible lograr quebrantar de frente la resistencia madrileña. La superioridad material y estratégica de los nacionalistas perdía toda su eficacia en los combates callejeros frente a la moral y la iniciativa de los combatientes obreros.

El nuevo objetivo, por lo tanto, fue llevar el combate a un terreno favorable, el del campo raso, donde el ejército nacionalista volvía a encontrar su superioridad, y sobre un frente lo bastante extenso como para permitir el despliegue de los blindados, y amplios movimientos estratégicos.

Las batallas de cercamiento

En lo sucesivo, ya no se trató de tomar Madrid por asalto, sino de cercarla, atacándola por las alas, y obtener así su capitulación. La ayuda material italiana y alemana era suficiente para realizar la operación proyectada. El ejército rebelde, sobre el frente de Madrid, comprendía entonces a más de 60 000 hombres bien equipados.

El primer ataque se situó en el sector del noroeste y se desencadenó el día 29 en Pozuelo. Su objetivo era reducir el saliente norte, separar de la Sierra a los defensores de Madrid suprimiendo el abastecimiento de agua y el suministro de electricidad a la capital. El primer día, las líneas republicanas, que defendía la 13.ª brigada de Francisco Galán fueron perforadas, pero la intervención de los tanques rusos y luego de los aviones de la misma nacionalidad contra los stukas, restableció la situación. El ejército nacionalista se dio un respiro entonces, y Ordaz tomó el mando general y acumuló sus reservas. La 12.ª brigada internacional había resistido victoriosamente, en Pozuelo, a los asaltos de los marroquíes, pero el contraataque dirigido por Rojo contra el Monte Garabitas había fracasado bajo el fuego de una artillería pesada hábilmente camuflada. La partida quedó aplazada: se reanudó el 16 de diciembre, después de que una onda fría hubo entorpecido las comunicaciones: 17 000 hombres atacaron a las tropas del coronel Barceló que se doblaron al choque y tuvieron que evacuar Boadilla del Monte. Allí también, los tanques rusos y el batallón Dombrowski de la 11.ª brigada internacional detuvieron la ofensiva. Después de 4 días y 4 noches de combates encarnizados, en los que los internacionales sufrieron graves pérdidas, Orgaz detuvo una ofensiva que se había vuelto demasiado costosa para sus tropas…

Fue en el mismo sector oeste donde se desarrollaron los combates del mes de enero, en condiciones climáticas espantosas, que permitieron a Colodny llamarlos «batalla en la niebla». El ataque que se desencadenó el 3 de enero con efectivos reforzados había sido preparado por los generales alemanes: avanzaba en dirección de Villanueva del Pardillo, Las Rozas, Majadahonda. Allí también, la ofensiva obtuvo inicialmente grandes éxitos. Villanueva del Pardillo cayó, mientras que los internacionales fueron colocados en los puntos neurálgicos, el Commune de Paris en el sector de Pozuelo, frente al flanco derecho de los atacantes, el Edgar André y el Thälmann al este de Las Rozas. El 5 de enero, el grueso del ejército de Orgaz perforó el frente oeste del Manzanares y, explotando este éxito, se lanzaron a fondo en dirección del este, en olas sucesivas, aviones, tanques y artillería ligera, infantería seguida de una segunda hilera de tanques. El estado mayor republicano concentró tropas frescas en El Pardo al mando del comandante Líster, y trajo a la 13.ª y a la 14.ª brigadas internacionales. Durante 48 horas, las tropas republicanas retrocedieron, cediendo el terreno palmo a palmo. El 10 de enero, la 13.ª y la 14.ª brigadas fueron lanzadas contra Majadahonda y Las Rozas. Miguel Martínez y Pavlov habían tomado en sus manos el sector en el que, durante tres días, se sucedieron ataques y contraataques. Finalmente, Orgaz renunció: había avanzado 20 kilómetros y perdido 15 000 hombres. Miaja había perdido otros tantos, y quizá un tercio de los internacionales comprometidos en la acción. La ofensiva se detuvo, una vez más, por el agotamiento de las tropas y la falta de reservas.

Fue la batalla del Jarama la que ocupó el mes de febrero. La operación tenía como fin inmediato alcanzar y cruzar el río, y como meta lejana abrir un frente grande al sureste de Madrid y cortar las comunicaciones con Valencia. Lluvias enormes la retardaron y no se desencadenó hasta el 6 de febrero. La toma del fortín de La Marañosa permitió a los nacionalistas tener a la línea de ferrocarril de Valencia bajo sus cañones. La defensa republicana pareció titubear. Lluvias diluviales frenaron el avance de los nacionalistas que, sin embargo, el día 10, lograron franquear el Jarama, a pesar de la resistencia desesperada del batallón André Marty, que finalmente se hizo casi exterminar entre la artillería de La Marañosa y las cargas de la caballería marroquí. El 11, las tropas nacionalistas alcanzaron la carretera de Valencia delante de Arganda del Rey. Los internacionales sufrieron pérdidas terribles esperando los refuerzos españoles prometidos.

Pero el 14 de febrero sería para los rebeldes «el día de la tristeza del Jarama»: las brigadas 11.ª y 13.ª, los restos de la 15.ª, la 14.ª que acababa de llegar, la división Líster, y un batallón de tanques mandados por Pavlov contraatacaron. El 15, las tropas fueron reorganizadas por Miaja y Rojo, que formaron el 3er. cuerpo de ejército con las divisiones Walter y Gal, que comprendían a las brigadas internacionales, Líster, Güenes y Hubert: el día 17, atacaron, pero tuvieron que retroceder ante la intervención en masa de la Legión Cóndor. El 27, sin artillera, sin blindados, sin aviones el general Gal lanzó un loco ataque contra Pingarrón, y por su culpa fueron diezmados los internacionales norteamericanos del batallón Lincoln y los anarquistas de la 71 brigada de Sanz bajo el fuego de las ametralladoras«. El frente se enterró.[24] Ambos bandos cavaron trincheras.

La ruta Madrid-Valencia fue despejada, pero las fuerzas que se enfrentaban estaban agotadas: la batalla, sin duda, causó más de 15 000 víctimas. Los defensores de Madrid, habían evitado lo peor, pero no habían podido reducir la cabeza de puente enemiga sobre el Jarama, y el frente sur y sureste se había extendido peligrosamente. Franco podía esperar que un esfuerzo supremo le permitiese completar el cerco de Madrid, en el único punto que hasta entonces había permanecido tranquilo: el sector norte. Habría de poder contar, para esto, con las tropas italianas que acababan de tomar Málaga, y para las cuales el Duce deseaba un éxito resonante.

Las tropas talianas, llegadas a fines de febrero, no habían desempeñado todavía más que un papel secundario. Al parecer, Mussolini hizo presión sobre Franco para obtener su participación en una batalla decisiva. Desde fines de febrero, en la zona de Sigüenza, el estado mayor nacionalista había concentrado una fuerza de 50 000 hombres para el ataque en dirección de Madrid y de Guadalajara. El ala izquierda, sobre Guadalajara, mandada por el general Roatta, comprendía cuatro divisiones italianas de 5.200 hombres cada una, dos brigadas de infantería italo-alemana, cuatro compañías de ametralladoras motorizadas, 250 tanques, 180 cañones y un equipo considerable. El 3 de marzo, la orden del día del general Mancini expresó a los legionarios la confianza del Gran Consejo fascista en la victoria que significaría el «final de todos los proyectos bolcheviques en Occidente y el comienzo de un nuevo periodo de poderío y de justicia social para el pueblo español».[25]

El 8 de marzo por la mañana, después de tres horas de preparación de artillería, los tanques del general Coppi atacaron. El 9, tomaron Almadronez, a 40 kilómetros de Guadalajara. La situación era crítica. El coronel Rojo organizó la defensa, concentró delante de Guadalajara a las divisiones de Líster y de Mera, a la 11.ª brigada internacional de Kahle, a la 12.ª, de Lukacz, con el batallón Garibaldi y los guerrilleros del Campesino. La batalla se desenvolvió sobre dos líneas, a lo largo de la carretera Madrid-Torija-Zaragoza y a lo largo de la carretera Torija-Brihuega. Al anochecer del día 9, el general Coppi tomó Brihuega. Entre el 10 y el 13, su avance prosiguió y todas las divisiones italianas fueron arrojadas a la batalla. El batallón Garibaldi marchó sobre Brihuega al encuentro de las tropas de Coppi. En el Comisariado, Gallo, Nenni, Nicoletti, el comandante Vidali, los jefes políticos de los internacionales italianos habían preparado un plan de propaganda para sus compatriotas del C.T.V. Folletos, lanzados por aviones, altoparlantes, a través de las líneas se las entendieron con la moral de los soldados de Mancini: «Hermanos, ¿por qué habéis venido a una tierra extranjera para asesinar a los obreros? Mussolini os ha prometido la tierra, pero aquí no encontraréis sino la muerte».[26] A estos hombres, modelados por la propaganda fascista, exacerbados por las consignas nacionalistas, que habían llegado como conquistadores arrogantes, los revolucionarios de Garibaldi les hablaban de «fraternidad proletaria», de «solidaridad internacional». Les pedían que desertaran, que se pasaran a las filas republicanas, que se volvieran contra sus jefes, que eran los enemigos de los trabajadores italianos y españoles. La moral de las tropas italianas comenzó a bajar: los prisioneros y desertores arengaron, a su vez, a sus camaradas de las legiones italianas, les dijeron cómo habían sido recibidos, les pidieron a sus amigos que se les unieran. Las patrullas de los garibaldinos corrían por los bosques y, en vez de granadas, lanzaban a sus compatriotas folletos que llevaban piedras como lastre. El general Manzini se inquietó y sacó a las tropas de primera línea.

En ese momento Líster atacó y tomó Trijueque: la retaguardia de los legionarios se rindió en masa. Los garibaldinos dirigidos por Lukacz rodearon la fortaleza de Ibarra. Cuatro tanques y tropas de dinamiteros se lanzaron al asalto, mientras que los altoparlantes difundían el himno comunista italiano Bandera Rossa, entreverado de llamados a la fraternización y a la rendición. El castillo capituló, abriendo la ruta de Brihuega. Del 14 al 16 de marzo, Manzini logró contener los asaltos de los tanques de Pavlov y de la infantería republicana. Se inquietaba por la moral de sus hombres y, en una orden del día, pidió a los oficiales que recordaran a los soldados que sus adversarios eran los mismos que los que el Fascio había aplastado por los caminos de Italia. El 18, el día del aniversario de la Comuna de París, precedido por un bombardeo en masa de 80 aviones, dirigidos por el coronel Hidalgo de Cisneros, el Quinto cuerpo atacó. Mancini pidió refuerzos marroquíes. Líster y Mera atacaron, entonces, sobre los dos flancos: Mera por el oeste, con la 12.ª brigada internacional y Líster al este, detrás de los batallones Edgar André y Thälmann que mandaba Kahle, perforaron al mismo tiempo las líneas italianas. El Campesino entró en Brihuega. Entonces se produjo la desbandada de los «camisas negras» que huían hacia Sigüenza, abandonando armas, municiones y material. Las tropas republicanas los persiguieron todo lo que les permitieron sus reservas, insuficientes. Se cogieron miles de prisioneros, que los garibaldinos rodearon y catequizaron, que los comisarios políticos arengaron. Esos miles de jóvenes educados por el régimen fascista vieron, ese 18 de marzo, hundirse sus sueños de grandeza y nacer, a sus ojos asombrados, sentimientos nuevos frente a estos «rojos», de los que temían lo peor y que compartían con ellos sus escasas raciones diciéndoles: «Os vamos a hablar ahora, no en respuesta a la agresión que hemos sufrido, sino para mostraros nuestros sentimientos de fraternidad con el mundo entero».[27]

El alcance de Guadalajara

El corresponsal norteamericano Herbert Matthews, escribió: «A mi juicio, en el mundo no se ha producido, después de la guerra europea, nada más importante que la derrota de los italianos en el frente de Guadalajara: lo que Bailén fue para el imperialismo napoleónico, Brihuega lo fue para el fascismo y para lo que, por lo demás, pueda ser el resultado de la guerra civil».[28]

La victoria de Guadalajara, obtenida por el ejército popular que se batía como un ejército moderno, empleando los métodos revolucionarios del derrotismo en las filas enemigas, sobre un ejército superiormente equipado y entrenado, venía a confirmar las locas predicciones de los que, desde hacía varios meses, afirmaban que «Madrid será la tumba del fascismo», la primera victoria de los proletarios sobre los ejércitos fascistas. A ojos de los combatientes, internacionales y españoles, la huida de los «camisas negras», la desintegración de las legiones italianas prefiguraban la suerte que esperaba a todos los regímenes fascistas. Desde la victoria de Mussolini y de Hitler, en sus países, era el primer desquite del proletariado internacional, su primer victoria.

Victoria estratégica, pero también victoria política que se había coronado con la derrota del enemigo de clase. Parecía ser el triunfo del «antifascismo» internacional, ensalzado por Koltsov en sus despachos. Sin embargo, era su última victoria. Después de la revolución, sin calificativos, la guerra revolucionaria habría de ser devorada por la guerra, formulada como un fin en sí contra la revolución que le había dado, sin embargo, todo su fuego.

Capítulo 11
LA DISLOCACIÓN DE LA COALICIÓN ANTIFASCISTA

Para aquellos que piensan, de buena fe, que las necesidades de la guerra —y sólo ellas— determinaron la evolución política en la España republicana, no es fácil explicar que el gobierno Largo Caballero, bajo el cual se habían alcanzado éxitos militares tan importantes como la resistencia de Madrid y la victoria de Guadalajara, haya podido caer tan poco tiempo después. Y es que los problemas propiamente políticos venían, en definitiva, delante de los otros, conforme al principio de Clausewitz, frecuentemente citado, según el cual «la guerra es la continuación de la política por otros medios». La rectificación de la situación militar entre septiembre de 1936 y abril de 1937 se convirtió, en seguida, en un factor secundario por relación a las modificaciones del contexto político, a las condiciones de su realización y a sus consecuencias.

Largo Caballero, al ponerse a la cabeza del gobierno, había creído que su sola presencia lo garantizaría contra todo riesgo de evolución hacia la derecha y que, en todo caso, España seguiría siendo una «república de trabajadores».[1] Pero al hacer esto se había encerrado en un marco que ya no era el marco revolucionario. La política de Francia, de Inglaterra, de la U.R.S.S., que había elegido no desagradar para evitar el aislamiento del país, se convirtió en uno de los factores primordiales de su política interior, que determinaba inclusive la concepción de la política de guerra.

De igual manera, la restauración del Estado había permitido el renacimiento de fuerzas que parecían estar definitivamente aplastadas en los días siguientes al levantamiento de julio: accionistas expropiados o propietarios latifundistas, funcionarios antiguos y nuevos, representantes de los partidos políticos cuya autoridad, en el nuevo «Estado popular», tendía a ampliarse a expensas de los sindicatos. A este respecto, Carlos Rama escribió: «estas tres fuerzas conjugadas —funcionarios del Estado, propietarios, políticos— encontraban la solución de sus problemas en la reconstrucción del Estado, en la restauración del aparato legal y en su prestigio político, jurídico y social».[2]

La reconstrucción del Estado —un medio para ganar la guerra, a ojos de Largo Caballero—, trastornó los datos y la relación de las fuerzas: a juicio de grandes capas de la pequeña burguesía y de la burocracia, se convirtió en un objetivo en sí. La autoridad de Largo Caballero sobre los obreros permitió realizarla con la apariencia de una transacción con la revolución. Pero el Estado restaurado manifestó cada vez más una tendencia a romper con la revolución y a combatirla: las fuerzas políticas que se expresaban a través de él se sumaron a las que obraban bajo la presión de las fuerzas de las potencias occidentales y de la U.R.S.S. De la detención de la revolución se quería pasar a la lucha contra la revolución. Y, en este camino, Largo Caballero habría de ser, en lo sucesivo, un obstáculo.

Las presiones exteriores: el problema de Marruecos

Ningún ejemplo ilustra mejor las consecuencias que tuvo para la guerra su política «antifascista», que la posición del gobierno Largo Caballero por lo que respecta a Marruecos. Antes de la revolución, las opiniones del «viejo» tal como se expresaban en el programa del grupo socialista de Madrid, eran sin ambigüedad favorables al reconocimiento del «derecho de autodeterminación política sin exceptuar el de independencia». La participación de los marroquíes, durante la guerra civil, en el ejército de Franco hacía todavía más agudo esté problema. En efecto, es fácil comprender que la proclamación de la independencia de Marruecos por el gobierno republicano habría podido tener incalculables consecuencias en la moral de las tropas indígenas que servían en el ejército rebelde: todos los grupos políticos republicanos, los nacionalistas marroquíes, y el propio Franco habían tomado conciencia de esto.[3]

Sin embargo, en 1936-37, el problema de una alianza de los republicanos españoles con los nacionalistas marroquíes rebasaba con mucho el marco de España. Francia e Inglaterra, de las que el Frente Popular español esperaba una ayuda, eran potencias coloniales: una agitación revolucionaria en el Marruecos español constituiría una amenaza directa para las posiciones francesas[4] en Marruecos y en el Maghreb, e inquietaría a Inglaterra que tenía que habérselas con los egipcios y los árabes de Palestina.

Algunos elementos revolucionarios proponían «desencadenar la revuelta en el mundo islámico».[5] El gobierno Largo Caballero eligió la política contraria: las delegaciones de nacionalistas, marroquíes que habían ido a Valencia a pedir dinero y material volvieron con las manos vacías.[6] No debía hacerse nada que pudiese constituir una amenaza para los intereses ingleses o franceses. Franco se hallaba en excelentes condiciones, a fin de asegurar sus retaguardias marroquíes, para autorizar los periódicos y las reuniones prohibidas en el Marruecos francés por el gobierno Léon Blum, el «aliado» potencial del Frente Popular español. El gobierno Largo Caballero fue más lejos, proponiendo a Londres y París concesiones territoriales en Marruecos.[7] El deseo de no desagradar a las potencias occidentales lo condujo, aquí, a renunciar deliberadamente no sólo al principio de la autodeterminación de los pueblos coloniales, sino también a una oportunidad real de herir a Franco en la médula de su poderío. La detención de la revolución, en esto, tuvo una influencia directa sobre la dirección de la guerra. La voluntad de respetar los acuerdos internacionales desde el tratado de Algeciras, detrás de la cual se atrincheró el ministro de estado, Alvarez del Vayo, privó al ejército popular del instrumento revolucionario del derrotismo en el ejército enemigo que le habría podido proporcionar la alianza de la revolución española con el nacionalismo norafricano, y el cual habla sabido utilizar tan bien contra la intervención italiana.

Las relaciones con la U.R.S.S.

El aislamiento de la República y el apoyo material de la U.R.S.S., dieron un carácter particular a la acción de los diplomáticos rusos en España. Rosenberg y Antonov Ovseenko se salieron inmediatamente del papel tradicionalmente adjudicado a los embajadores y a los cónsules. Tuvieron contactos y discusiones cotidianas con políticos y jefes militares españoles, intervinieron en la prensa, tomaron la palabra en mítines públicos para defender la política de su gobierno y dar su apoyo al de España.[8] El gobierno de la U.R.S.S. concebía su alianza con España en forma totalmente nueva, carente de toda preocupación formalista.

Fue Araquistáin el primero que hizo pública una carta de Stalin, Vorochilov y Molotov, entregada por Rosenberg, en diciembre de 1936, a Largo Caballero.[9] Los dirigentes rusos le preguntaban al jefe del gobierno español si estaba satisfecho con la acción de los «camaradas consejeros militares», se preocupaban por saber si no se salían de su tarea de consejeros, y le pedían que les diera su opinión «directa y sin ambajes» sobre el «camarada Rosenberg». El interés del documento estriba sobre todo en los «amistosos consejos» dados por el gobierno ruso al gobierno español. Según él, había que tomar en cuenta a los campesinos y atraérselos con «algunos decretos, relativos a la cuestión agraria y a los impuestos», había que ganarse el apoyo, o por lo menos, la benévola neutralidad de la pequeña y mediana burguesía protegiéndolas contra las confiscaciones y, «asegurándoles, en la medida de lo posible, la libertad de comercio», era preciso atraer al gobierno a los amigos de Azaña «para impedir a los enemigos de España que la consideren como una república comunista, lo que constituye el peor peligro para España», y, por último, había que declarar solemnemente que el gobierno «no toleraría que se afectaran la propiedad y los intereses legítimos de los extranjeros establecidos en España, y ciudadanos de los países que no apoyaban a los rebeldes».

Largo Caballero, el 12 de enero, respondió brevemente. Destacando en la nota rusa una frase acerca de «la acción parlamentaria, medio de acción quizá más eficaz en España que en Rusia», puntualizó secamente que «la institución parlamentaria no tiene ni siquiera entre los simples republicanos defensores entusiastas». Por lo demás, les aseguró que los consejeros rusos «cumplían su misión con verdadero entusiasmo y un valor extraordinario». En cuanto a Rosenberg, «todo el mundo lo quiere». Largo Caballero agradeció a los dirigentes rusos sus consejos y subrayó que la política que le indicaban era en realidad la suya propia. Es verdad que, en esa fecha, no había divergencia esencial en lo tocante a la política general, entre Moscú y Valencia. El tono de la respuesta de Largo Caballero dejaba entrever, sin embargo, algún descontento: los «consejos» de Stalin, quizá eran justos, pero el hecho de que hayan sido dados denotaba una cierta insuficiencia de información por parte de Stalin, y, al mismo tiempo, una condescendencia que lastimaba la susceptibilidad del dirigente español.

Allí, sin duda, se encontraba la raíz de una desavenencia que habría de ir aumentando. En unos cuantos meses el «Lenin español» fue denunciado por los comunistas, que lo tildaron de «burócrata», «cacique», «saboteador de la unidad». Y es que, sobre la base de esa desconfianza; habrían de surgir desacuerdos reales.

Uno de los primeros factores del deterioro de las relaciones parece haber sido la resistencia puesta por Largo Caballero a las proposiciones hechas por la U.R.S.S. para la fusión, en España, de socialistas y comunistas. Según Araquistáin, Largo Caballero opuso un brutal rechazo a tal proposición, hecha en una nueva carta de Stalin, traída esta vez por el embajador de España en Moscú, Pascua. El viejo líder de la U.G.T. había sido siempre, no obstante, el paladín de la unidad. Pero hay que admitir que la evolución de las J.S.U., la adhesión al P.C. de la antigua dirección de la J.S. no constituían, a sus ojos, un estímulo para esta política. Sobre todo, parecía estar muy descontento con la actitud de la Junta de Madrid, cuyos animadores, como hemos visto, eran los hombres del P.C. y de la J.S.U. Consagró varias páginas de Mis recuerdos a lo que llamó «la oposición abierta» de la Junta y de Miaja, su voluntad de reducir al gobierno a un papel subalterno. La omnipotencia del P.C. en Madrid, el control que ejercía sobre el ejército de la capital por el triple intermedio del Quinto regimiento, de los comisarios políticos y del cuerpo de los consejeros rusos, despertaban en él inquietudes. Tenía la impresión de que Alvarez del Vayo, que hasta entonces había sido su fiel lugarteniente, se había puesto a las órdenes de los rusos, y se lo reprochó violentamente. A sus ojos, los consejeros rusos y los comunistas constituían un obstáculo a su autoridad. Terminó por quejarse de la «ingerencia» de Rosenberg en los asuntos españoles y lo despidió, según sus propias palabras «en términos muy poco diplomáticos». El 21 de febrero de 1937, Rosenberg fue llamado a Moscú[10] y sustituido por León Gaikiss. La crisis, que hasta entonces había permanecido secreta, salió a plena luz. Se había nutrido de numerosos incidentes y de desarrollos políticos que afectaban al conjunto de los grupos de la España republicana.

Se busca a la oposición de derecha

Indispensable para una reconstrucción del Estado en 1936, Largo Caballero se había convertido, en 1937, en un obstáculo para quienes no querían una revolución social y querían hacer desaparecer toda huella revolucionaria del «Estado popular». La ruptura de la alianza entre Largo Caballero y los rusos les dio una ocasión. La reserva del gobierno francés y la continuación de la no-intervención les ofreció un argumento.

En el Partido Socialista, se contempló una inversión de las alianzas. En el momento en que los amigos de Largo Caballero se alejaban de los comunistas, los de Prieto se acercaban a ellos. El ejecutivo, que dirigían González Peña y Lamoneda, se convirtió en campeón de la unidad, firmó en febrero un acuerdo para la generalización, en todos los niveles, de comités de enlace que habrían de hacer de los dos partidos obreros un solo bloque en el interior del Frente Popular. Prieto, en esa época, fue más lejos todavía y se declaró en favor de la fusión inmediata con el Partido Comunista.[11] Y es que las razones mismas que alejaban del P.C. a Largo Caballero no podían sino acercar a Prieto. Los comunistas y los socialistas de derecha estaban de acuerdo, en efecto, para la restauración del Estado, para la organización de un ejército regular, contra las colectivizaciones, para la defensa de las clases medias contra la intervención de los sindicatos y para la detención de la revolución. Unos y otros entendían el conflicto no como una guerra de clases, sino, en escala internacional, como un conflicto entre democracia y fascismo. La evolución de la J.S.U., inquietante para Largo Caballero, era tranquilizadora para Prieto. En su congreso de Valencia, en enero de 1937, Santiago Carrillo se convirtió en campeón de la «unidad nacional», predicó el renunciamiento a todo objetivo socialista inmediato: la coalición que propuso contra los tres enemigos, Franco, los «trotskistas» y los «incontrolables» respondía al deseo de los moderados de luchar en la República contra los «extremistas».

También los republicanos se felicitaban por esta evolución: la «revolución bolchevique» no era más que un espantajo del pasado, los comunistas se habían ganado sus galones de organización «respetable». En Madrid, las juventudes republicanas concertaron con la J.S.U. una «alianza permanente». Con la normalización, los republicanos esperaban una mediación de las potencias. Carlos Esplá y otros dirigentes prepararon un viaje a Francia, Azaña envió a Besteiro a Londres.[12] El plan de reconciliación de Martínez Barrio fue adoptado de nuevo y rejuvenecido: se hablaba de formar una junta militar a las órdenes del general Miaja que obtendría el apoyo de Londres para una paz de transacción conciliadora.[13] Nada de esto era muy coherente, todavía, ni estaba organizado. La coalición antifascista se resquebrajaba por todas partes, pero tuvieron que estallar muchos incidentes para que se dibujara una nueva disposición de las fuerzas.

La caída de Málaga: coalición general contra Largo Caballero

La primera batalla pública no se libró contra Largo Caballero, demasiado popular todavía como para ser atacado de frente. Después de la batalla de Madrid, los adversarios del gobierno concentraron sus ataques contra su hombre de confianza, el general José Asensio. «Alto y fuerte, de aspecto joven, inteligente, buen militar, demagogo… y un poco intrigante, audaz, aventurero, ambicioso»[14] este oficial de carrera, republicano, que se había puesto el «mono de las milicias» y había combatido primero en Málaga y después en Somosierra, conoció a Largo Caballero durante el verano de 1936, en el frente de la Sierra. Se convirtió en subsecretario de Estado encargado de la guerra. En virtud de estas funciones, desde septiembre de 1936, desempeñó un eminente papel en la organización del ejército popular y en la dirección de las operaciones militares, y en varias ocasiones, había chocado ya con los comunistas, que realizaban contra él una campaña sistemática, discreta pero eficaz, de denigración a la que se asoció la C.N.T.[15]

La dramática caída de Málaga, el 8 de febrero, fue la ocasión del ataque público contra él. Asediada desde el verano de 1936, la ciudad andaluza no había recibido jamás los refuerzos, ni las armas y el material que pedía. Comunistas y anarquistas se enfrentaron con las armas en la mano. En ocasión del desembarco de las tropas italianas que iban a tomarla, la flota republicana, anclada en Cartagena, no se movió. Cuando el peligro se perfiló claramente, Valencia no tomó ninguna medida. ¿No había, en aquel momento, alguna manera de salvar Málaga sin desguarnecer a Madrid? Es la hipótesis más probable. En todo caso, en Málaga abandonada, dividida, ferozmente bombardeada, defendida sin convicción por oficiales que no eran jefes verdaderos de sus tropas, la moral estaba muy baja: los milicianos, presos de pánico, huyeron por los caminos abarrotados de refugiados, a menudo detrás de sus jefes.[16] La caída de la ciudad, la incorporación a los nacionalistas de las unidades de los guardias civiles y de los guardias de asalto en el último momento, la represión terrible que se abatió sobre la población en cuanto entraron los vencedores produjeron una impresión profunda. El día 14, en Valencia, un inmenso cortejo común C.N.T.-U.G.T. reunió a centenares de millares de manifestantes y reclamó la movilización general, la depuración del cuerpo de oficiales, la realización efectiva del mando único. Largo Caballero aprobó las consignas lanzadas y aprobó la movilización. Mientras tanto, la prensa comunista hizo de Asensio el culpable de la derrota. Los republicanos, los socialistas de derecha, la C.N.T. se unieron a su campaña: todos los partidos de la coalición antifascista exigieron la salida del subsecretario de estado. Largo Caballero, que tenía plena confianza en él, luchó hasta el final para conservarlo a su lado y «lloró lágrimas de rabia» cuando se vio vencido: el 21 de febrero, Asensio dimitió.[17] Fue para el Presidente, una derrota personal.

Largo Caballero sustituyó a su colaborador por otro de sus fieles, Carlos de Baraibar.[18] Como el periódico Política, de la izquierda republicana, criticó este nombramiento, el presidente del gobierno respondió personalmente al periódico, y luego, en un largo artículo atacó, sin nombrar a nadie, a los espías y a los agentes del extranjero que hormigueaban en los medios políticos, y dio a entender que los republicanos soñaban con una transacción conciliatoria con Franco que exigiría una mediación occidental. Carlos Esplá renunció a su viaje.

El contraataque de Caballero intimidó a sus oponentes, pero acabó de enajenarle las últimas simpatías. Republicanos, socialistas de derecha y comunistas le buscaron un sucesor. Se hablaba de Prieto, de Martínez Barrio, de Negrín. Le Temps escribió el 23 de marzo: «un ministerio presidido, por ejemplo, por el señor Negrín, actual ministro de hacienda (el señor Prieto, gran animador de la combinación se ha quedado discretamente en segundo plano) podría prestarse quizá a una mediación y ofrecer a la España republicana una puerta de salida preferible a una lucha sin esperanza».

El conflicto entre la CNT y el PCE

La caída de Málaga tuvo como consecuencia, también, que cobrara nuevo vigor la hostilidad entre el P.C. y la C.N.T. De acuerdo para denunciar la «traición» y hacer de Asensio el chivo expiatorio de la derrota, anarquistas y comunistas se acusaron recíprocamente de haber sido los instrumentos de la traición. Para los comunistas, los anarquistas de Málaga habían «jugado a la revolución», multiplicando los comités, factor de indisciplina y de irresponsabilidad. Según los anarquistas, el proselitismo del P.C. había sembrado la división en el frente antifascista y favorecido el predominio de los oficiales traidores. La detención de Francisco Maroto, militante conocido y jefe de columna de la C.N.T., por orden del gobernador de Almería, prendió fuego a la pólvora. Al mismo tiempo, los socialistas denunciaron en un resonante manifiesto, la actividad de las «`checas» madrileñas, publicando una impresionante lista de militantes socialistas asesinados en la región del Centro. La prensa de la C.N.T. replicó denunciando el asesinato de muchos militantes suyos, en Castilla, por tropas comunistas. El gobierno intentó apaciguar los ánimos, suspendió los periódicos de la C.N.T. y de la F.A.I. que habían publicado estos informes, pero puso a Maroto en libertad provisional.[19]

Sin embargo, el asunto de las «checas» no hacía más que comenzar. El periódico C.N.T. publicó acusaciones precisas de Melchor Rodríguez, delegado de prisiones, contra José Cazorla, consejero de orden público de la Junta de Madrid. Según él, el P.C. poseía en Madrid cárceles privadas, en las que interrogaba, torturaba y a veces mataba a militantes de la C.N.T., detenidos sin mandato regular por policías comunistas, así como a antiguos detenidos de las prisiones del estado, absueltos por los tribunales populares, pero de inmediato encarcelados de nuevo por los policías a las órdenes de Cazorla.

La indagación iniciada por la Dirección General de Seguridad culminó en el descubrimiento, en el cortejo de Cazorla, de una verdadera banda que se hacía pagar a precio de oro la liberación de presos regularmente perseguidos. C.N.T. del 14 de abril, publicó el siguiente encabezado: «Cazorla es un provocador al servicio del fascismo», y exigió su destitución. La Junta, acusada por todas partes, anunció a su vez una indagación. El escándalo fue enorme: Largo Caballero aprovechó la ocasión para deshacerse de la Junta, que disolvió el 23 de abril. En lo sucesivo, Madrid tendría un Consejo Municipal.[20]

Caballero contra el Partido Comunista

La disolución de la Junta fue una victoria del Estado restaurado, una revancha de Largo Caballero. Le devolvió la iniciativa. Ese mismo día, El Socialista de Madrid y Castilla Libre denunciaron el «escándalo de Murcia»: en prisiones privadas, en manos del P.C., se detenía y torturaba a militantes socialistas. El gobierno destituyó al gobernador civil, cómplice de esta actividad clandestina, y mandó detener y juzgar a cuatro policías comunistas comprometidos. Luego, se enfrentó al otro bastión del Partido Comunista, el ejército. Largo Caballero restringió los poderes de los comisarios políticos y se reservó personalmente el derecho de designarlos. Numerosos comisarios tuvieron que abandonar sus funciones. Fue una verdadera declaración de guerra al P.C., que los comunistas tomaron como tal. Montaron entonces, contra Largo Caballero, una campaña de la cual la prensa no dio nunca más que un eco deformado. Lo hicieron responsable de todos los reveses militares. Para ellos, se comportaba como «capataz» y como «cacique», quería dominarlo todo siendo que era un incompetente; despreciaba, en su «orgullo criminal» los consejos de los especialistas rusos, pretendía ejercer él solo «el mando único» y quería jugar al «Napoleoncito». Protector del «traidor» Asensio, se había negado a depurar el ejército, y, por comérsele los celos, no había querido hacer de Miaja el jefe de Estado Mayor de que tenía necesidad el ejército popular.[21]

En esta lucha de pasillos y antesalas, Largo Caballero no tenía la ventaja. Después de Guadalajara, propuso un plan de ofensiva que había preparado Asensio. Se trataba de atacar en dirección de Extremadura y Andalucía con objeto de cortar en dos la zona franquista a lo largo de una línea Mérida-Badajoz. La debilidad de los efectivos nacionalistas en esta región, las simpatías y aun el apoyo de los guerrilleros que habría de encontrar la ofensiva republicana eran los argumentos aducidos para apoyar este proyecto cuyo primer resultado sería aliviar el frente del Norte. Pero tropezó con la oposición de Miaja, que se negaba a desguarnecer a Madrid, y de los consejeros rusos que no creían posible tal operación con las tropas de milicianas de que se disponía en aquel frente.

Por más presidente del consejo y ministro de la guerra que fuese, Caballero no llegó a aplicar su proyecto de ofensiva. Los rusos no le ofrecieron más que diez aviones y Miaja se negó a ordenar los necesarios traslados de tropas desde el frente de Madrid. Era claro que Largo Caballero ya no tenía, sobre el Estado restaurado, una autoridad suficiente.[22]

La marejada de la oposición revolucionaria

Ahora bien, en aquel momento, el gobierno tenía que enfrentarse a nuevas dificultades económicas y sociales, que la propaganda heroica y patriotera no bastaba para hacer olvidar. Las fábricas casi no trabajaban o lo hacían muy despacio. El abastecimiento se llevaba a cabo mal. La situación era catastrófica en el campo de los abastecimientos. Entre julio de 1936 y marzo de 1937, el costo de la vida se había duplicado, siendo que los salarios no habían aumentado, por término medio, más que un 15%. El mínimo que ofrecían las cartillas de racionamiento distaba mucho de ser satisfecho. Había colas interminables delante de las panaderías. El mercado negro, por el contrario, prosperaba. Por doquier, aun en Barcelona, restaurantes y cabarés funcionaban de nuevo, pero a precios prohibitivos. Las innumerables oficinas que habían sustituido a los comités eran a menudo oficinas de corrupción. La prensa del P.O.U.M. y la de la C.N.T.-F.A.I. estaban llenos de cartas de lectores que planteaban los problemas del costo de la vida, reclamando que terminaran los privilegios y las desigualdades. El 14 de abril, en Barcelona, las mujeres hicieron una manifestación contra el precio de las subsistencias.

Las organizaciones sindicales, lo mismo que los partidos, sin embargo, no cesaban de pedir a los trabajadores mayores sacrificios para contribuir a la victoria militar: chocaron con el escepticismo y la amargura.

Así, pues, en el transcurso de los primeros meses de 1937, se habían creado condiciones favorables para el desarrollo de una oposición revolucionaria en el seno mismo de las organizaciones que, en el otoño, hablan aceptado la colaboración.

Fue el P.O.U.M., el primer excluido de la coalición antifascista, el que pareció lanzarse antes que los demás por este camino. Cierto es que contaba en sus filas a numerosos defensores de la política de colaboración. La Batalla llevó a cabo durante varias semanas una campaña en pro de la reintegración del P.O.U.M. al gobierno de la Generalidad, y denunció «la orientación contrarrevolucionaria» cuyo punto de partida veía precisamente en la eliminación del P.O.U.M. Sin embargo, las resistencias a esta línea habían sido vivas. Se necesitó el refuerzo de Nin, al lado de Companys, para obtener la «sumisión» de los partidarios del P.O.U.M. de Lérida. El periódico de las juventudes lamentó francamente la participación del partido en el gobierno. Y los acontecimientos ulteriores parecieron reforzar a dos mantenedores de la tesis de la «no-participación»: el 13 de abril de 1937, Juan Andrade escribió en La Batalla que esta participación había sido «negativa y aun nociva». El proyecto de tesis de Nin para el congreso del P.O.U.M. no dijo nada en lo tocante a este punto decisivo.

La misma incertidumbre, las mismas contradicciones aparecieron en la línea política y en las consignas inmediatas. El Comité Central, en diciembre, reclamó la elección de una constituyente sobre la base de los comités de obreros, de campesinos y de soldados. Nin, el 19 de abril, tradujo esto diciendo: «Congreso de los sindicatos obreros, de las organizaciones campesinas y de las organizaciones de combatientes». El 4, Andrade opuso a los sindicatos los comités elegidos por la base, y en una serie de artículos publicados en el mes de abril, en La Batalla, volvió a mencionar la consigna de los Comités y Consejos, que para él era la forma española del soviet. Por lo demás, los ataques de que el P.O.U.M. era objeto por parte del P.C. y del P.S.U.C., la persecución dirigida contra él por numerosas autoridades locales, la acción de la censura, no le dejaban casi elección. Fue rechazado definitivamente de la coalición. Cada vez más claramente, se orientó hacia una línea de oposición revolucionaria, denunciando los resultados de una coalición antifascista que se había transformado en unión sagrada, la detención y el retroceso de la revolución, y «las maquinaciones contrarrevolucionarias del P.C. y del P.S.U.C.». El P.O.U.M., que seguía deseando, ante todo, no aislarse ni de la dirección ni de los militantes de la C.N.T., se esforzó por convencerlos para que organizaran con él, contra el bloque moderado, un frente de unidad revolucionario para la defensa del movimiento obrero y de las conquistas de la revolución.

La acción de su organización de juventudes, la juventud comunista ibérica, estaba exenta de estas indecisiones y estas ambigüedades. La J.C.I. se declaró francamente, en una campaña sistemática[23] en favor de la disolución del parlamento y en pro de una asamblea constituyente elegida sobre la base de los comités de fábricas, de las asambleas de los campesinos y de los combatientes. En oposición a Nin, afirmó que a la organización de tales comités de tipo «soviet», debían consagrarse los revolucionarios. Propuso la organización de un «frente» de la juventud revolucionaria para la victoria en la guerra y la revolución.

Independientemente del P.O.U.M., se desarrolló en la C.N.T. una corriente de oposición revolucionaria. En Barcelona, se organizó un grupo de militantes hostiles a la militarización de las milicias con la etiqueta de «Amigos de Durruti», que publicaban el diario El Amigo del Pueblo. En un folleto difundido en marzo de 1937, hicieron lo que a sus ojos era un balance: «Ocho meses de guerra y de revolución han pasado. Observamos con profundo dolor las trayectorias desviadas que se observan en el curso de la revolución… Se había creado un comité antifascista, comités de barrio, patrullas de control y, después de ocho meses, no queda nada». Su posición en lo tocante a la guerra y a la revolución coincide con la del P.O.U.M. y la de la J.C.I.: «La guerra y la revolución son dos aspectos que no se pueden separar. En ningún caso podemos tolerar que la revolución sea aplazada hasta el final del conflicto militar». En la primavera de 1937, numerosos organismos locales de la C.N.T. y de la F.A.I. volvieron a tocar estos temas, que se encuentran de nuevo, casi por doquier, en su prensa, hasta en La Noche, el periódico de la C.N.T. de Barcelona, escritos por Balius, animador de los «Amigos de Durruti».[24]

La gran debilidad de esta oposición es que no tenía ningún dirigente español de primer plano. Santillán se callaba. Era un extranjero, el italiano Berneri[25] el que hacía el papel de teórico y de inspirador de la tendencia revolucionaria. En su semanario de lengua italiana, Guerra di Classe, polemizó, desde el 5 de noviembre de 1936, contra los partidarios de «vencer a Franco primero»: «ganar la guerra es necesario; sin embargo, no se ganará la guerra restringiendo el problema a las condiciones estrictamente militares de la victoria, sino ligándola a las condiciones políticas y sociales de la victoria». Viejo emigrado, tenía el horizonte y la cultura más vastos que sus camaradas españoles, había denunciado los procesos de Moscú y establecido una relación entre la política general de Stalin y la actitud del P.C. «legión extranjera de la democracia y del liberalismo español».[26] A sus amigos de la C.N.T.-F.A.I., a quienes reprocha su «ingenuidad política», les pide que velen: «La sombra de Noske[27] se dibuja… el fascismo monárquico católico tradicionalista no es más que uno de los sectores de la contrarrevolución… El único dilema es el siguiente: o la victoria sobre Franco gracias a la victoria revolucionaria, o la derrota».

Esta posición sin jefes, sin embargo, tenía tropas cada vez más numerosas. Las juventudes libertarias catalanas habían firmado en septiembre con la J.S.U. un pacto de unidad de acción. Pero en su órgano, Ruta, tomaron posiciones revolucionarias. Un manifiesto del 1.º de abril elevaba contra el gobierno de Largo Caballero una verdadera requisitoria.[28] Los jóvenes libertarios catalanes denunciaron la coalición de los comunistas y de los republicanos como reflejo en España de la alianza de la U.R.S.S. con Francia e Inglaterra con vistas a «estrangular la revolución».

Se comprende que las consignas de la J.C.I. encuentren en sus filas un eco favorable. El 14 de febrero, más de 50 000 jóvenes asistieron en Barcelona a un mitin para la constitución en Cataluña del «Frente de la Juventud Revolucionaria». Tomaron la palabra, sucesivamente, Fidel Miró, secretario de las juventudes libertarias, Solano, secretario general de la J.C.I., y el joven libertario Alfredo Martínez, secretario del «Frente» de Cataluña. El movimiento se extendió rápidamente a otras provincias: en Madrid[29] y en Levante, las juventudes libertarias y la J.C.I. organizaron campañas y mítines en común. La juventud obrera se dividió en dos campos. Por una parte, al llamado de la J.S.U. se constituyó la «Alianza de la juventud antifascista», de la que Santiago Carrillo quería que fuera «la unidad con los jóvenes republicanos, con los jóvenes anarquistas, con los jóvenes católicos que luchan por la libertad… por la democracia y contra el fascismo y por la independencia de la patria contra el invasor extranjero», pero que se reducía a una alianza de la J.S.U. y las juventudes de los partidos republicanos. Por otra parte, en el Frente de la Juventud Revolucionaria se agrupaban los revolucionarios de la J.C.I. y de las J.L. Ahora bien, los jóvenes habían sido la vanguardia del movimiento revolucionario y de la lucha armada, ocupaban un lugar importante, si no en los partidos y sindicatos, por lo menos en las fuerzas armadas. Fuera de Cataluña, fue la J.S.U. la que reagrupó y reclutó, detrás del P.C., a la mayor parte de la «joven guardia» militante. Muchos de sus militantes, sobre todo los antiguos de la juventud socialista, se negaron a participar en la Alianza, a la que consideraban moderada, y afirmaron sus objetivos revolucionarios. Días después de la Conferencia de Valencia comenzaron a elevarse protestas en la J.S.U. contra la «nueva línea», la «política de absorción y de confusionismo», «el abandono de los principios marxistas».[30]

El 30 de marzo, el secretario de la federación de Asturias, Rafael Fernández, dimitió al Comité Nacional de la J.S.U. Su federación rechazó la línea de Carrillo, denunció la falta de espíritu democrático en la organización, firmó con las juventudes libertarias asturianas un pacto para la Constitución de un Frente de la Juventud Revolucionaria.[31] Algunos días después, fue el secretario de la poderosa federación de Levante, José Gregori, el que presentó su renuncia, a su vez, al Comité Nacional, sostenido, también él, por su federación. Santiago Carrillo, en Ahora, acusó a los opositores de inspirarse en los trotskistas, en Franco y en Hitler. El movimiento prosiguió, sin embargo, y aun en Cataluña, grupos locales se adhirieron al Frente revolucionario… La crisis abierta de esta manera en la J.S.U. amenazaba con poner en tela de juicio la conquista realizada por el P.C. sobre una fracción importante de la juventud.

Una situación explosiva

Así, en la primavera de 1937, se encontraban de nuevo reunidas las condiciones de una marejada revolucionaria. Los temas de la oposición revolucionaria encontraban, por lo menos en Cataluña, un eco creciente entre los trabajadores que seguían a la C.N.T. y veían cómo se ponía en tela de juicio a sus conquistas. En la U.G.T., el ejército, la administración, los partidarios de Largo Caballero reaccionaron contra los comunistas. Las dificultades económicas, los escándalos de las «checas» ofrecieron a la agitación un terreno favorable.

El ala moderada de la coalición gubernamental se inquietó. A la presión exterior para la detención de la revolución se había añadido, en el curso de los últimos meses, la de la pequeña burguesía que se recuperaba de los ataques de terror iniciales y quería ver que se liquidase definitivamente a los últimos vestigios revolucionarios. En Levante y en Cataluña los campesinos reaccionaron a veces, con violencia, contra los defensores de la colectivización, y volvieron su cólera contra los sindicatos o las milicias obreras que los habían obligado. En Cataluña, la G.E.P.C.I., afiliada a la U.G.T., era la organización de masas que encarnaba la hostilidad antirrevolucionaria de la pequeña burguesía urbana. El gobierno vasco, más sólido, había tomado la ofensiva. Sus fuerzas de policía habían ocupado la imprenta del diario C.N.T. del Norte, incautada en Bilbao, desde las jornadas de julio, y fue el periódico comunista Euzkadi Roja el que volvió a tomar posesión de los locales.

Los militantes de la C.N.T. se defendieron con las armas en la mano y el gobierno de Aguirre mandó detener a la dirección regional de la Confederación. Algunos días más tarde, el 24 de marzo, el gobierno vasco anunció grandes fiestas, en todo Euzkadi, en ocasión de las Pascuas, y el cierre de todas las salas de espectáculos el día de viernes santo… Los revolucionarios se indignaron y pensaron en reagruparse. Republicanos, socialistas de Prieto, comunistas, tomaron conciencia del peligro que constituía el reagrupamiento revolucionario que amenazaba con formarse, y consideraban que habría que liquidar de una vez al P.O.U.M., a la C.N.T. y a la F.A.I. y estabilizar definitivamente a la República.

Largo Caballero comprendió su aislamiento. Cerca de él, se hablaba cada vez más de un «gobierno sindical»[32], se exaltaba la unidad C.N.T.-U.G.T., se volvía a los proyectos de septiembre de 1936. El 14 de mayo, en Valencia, tuvo lugar un mitin común C.N.T.-U.G.T., en el que Carlos de Baraibar atacó, aunque con palabras veladas, al P.C. y a la U.R.S.S. y exaltó la unión de la C.N.T. y de la U.G.T. que constituían, según él, por sí solas, toda España. Pero lo que era posible en los primeros días de la revolución ya no lo era ahora. Ni la C.N.T. ni la U.G.T. eran ya fuerzas homogéneas: los dirigentes medios estaban divididos, la masa de los afiliados se pasaba, cada día más claramente, a uno de los dos campos que comenzaban a dibujarse. Largo Caballero permanecía en el medio. Quería ser árbitro en nombre del Estado, combatía a su derecha contra quienes querían disputarle el control, y a la izquierda contra los que rechazaban su autoridad. No quería volver a lanzar la revolución por temor a perder la guerra, pero tampoco quería quitarles a los trabajadores, al luchar abiertamente contra la revolución, sus razones para ganar la guerra. Sin embargo, aunque era el representante de los obreros a la cabeza del Estado, ya no era dueño ni de unos ni del otro. Como el conflicto significaba su desaparición, trató de evitarlo, pero no lo logró más que provisionalmente, como escribió Rabasseire «escudándose en el Estado fósil», transando, engañando y en definitiva, no haciendo nada, Es Henri Rabasseire el que resume: «Intrigaba, pactaba con las fuerzas que habían surgido y, esperando dominarlas, confeccionó pequeñas camarillas personales; la rutina reinaba más que nunca, por la simple razón de que se había propuesto la reunión de fuerzas que no podían ser contenidas por otros medios. No quería ni la milicia, ni el ejército regular; no quería ni la antigua burocracia, ni la nueva organización revolucionaria; no quería ni la guerrilla, ni las trincheras. Prometió a los comunistas la movilización general y el plan de fortificaciones, y a los anarquistas la guerra revolucionaria; de hecho, no hizo ni lo uno ni lo otro».[33]

Las jornadas de mayo en Barcelona

Era en Cataluña donde subsistía lo esencial de las conquistas revolucionarias y del armamento de los obreros; allí se encontraba el bastión de la oposición revolucionaria. Allí se encontraba también la organización más resueltamente decidida a poner fin a la revolución, el P.S.U.C.[34], al que apoyaban firmemente el Estado republicano de Companys y la pequeña burguesía impaciente por sacudirse el yugo de los anarquistas. Fue allí donde se produjeron los acontecimientos que prendieron la mecha.

Comenzó el 17 de abril con la llegada a Puigcerdá, y después a Figueras y a toda la región fronteriza, de los carabineros de Negrín, que habían llegado para quitar a los milicianos de la C.N.T. el control de las aduanas, de que se habían apoderado desde julio de 1936. Ante la resistencia de las milicias, el Comité Regional de la C.N.T. catalana fue corriendo a los lugares para negociar un entendimiento. El 25 de abril, en Molins de Rey, Roldán Cortada, dirigente de la U.G.T. y miembro del P.S.U.C. fue asesinado. El P.S.U.C. reaccionó con violencia, denunció a los «incontrolables» y a los «agentes fascistas escondidos». La C.N.T. condenó formalmente el asesinato y exigió una investigación que, según ella, pondría a sus militantes al margen de toda sospecha. Pero el asesinato de Roldán Cortada había avivado los recuerdos de la época de los paseos y de los arreglos de cuentas de los primeros días de la revolución. El P.S.U.C. buscó sacar el mayor provecho a su ventaja. El entierro del líder de la U.G.T. fue la ocasión de una poderosa manifestación: policías y soldados de las tropas controladas por el P.S.U.C. desfilaron con las armas al hombro durante tres horas y media.[35] Los delegados del P.O.U.M. y de la C.N.T. que habían acudido al entierro comprendieron que la situación era más grave de lo que habían creído: era una manifestación de fuerza que el P.S.U.C. había organizado contra ellos. Al día siguiente, la policía de la Generalidad hizo una expedición punitiva a Molins de Rey: detuvo a los dirigentes anarquistas locales, sospechosos de haber participado en el asesinato, y los condujo, esposados, a Barcelona. En Puigcerdá, carabineros y anarquistas cambiaron disparos: ocho militantes anarquistas quedaron muertos y, entre ellos, el alma de la colectivización de la región, Antonio Martín.[36]

Fue ese el momento en que, en Barcelona, se propaló el rumor de la llegada de una circular del ministerio de gobernación prescribiendo el desarme de todos los grupos obreros no integrados a la policía del Estado. Inmediatamente, los obreros reaccionaron: durante varios días, según la relación de fuerzas, obreros y policías se desarmaron unos a otros. Barcelona parecía estar en vísperas de combates callejeros. El gobierno prohibió toda manifestación y toda reunión para el 19 de mayo. Solidaridad Obrera denunció la que llamaba la «cruzada contra la C.N.T.» e invitó a los trabajadores a desatender a toda provocación. La Batalla incitó a velar «con las armas en la mano».

Fue el lunes 3 de mayo cuando la batalla que amenazaba estalló, con el incidente de la central telefónica. Los hombres de la C.N.T. les habían quitado a los sublevados el edificio. Desde entonces, la central, que pertenecía al trust norteamericano American Telegraph & Telephon había sido incautada y funcionaba bajo la dirección de un Comité U.G.T.-C.N.T. y de un delegado gubernamental. Lo cuidaban milicianos de la C.N.T. Constituía un excelente ejemplo de lo que era la dualidad de poderes, y de que subsistía, puesto que la C.N.T. catalana se hallaba en situación de poder interrumpir a voluntad, no solamente las comunicaciones o las órdenes del gobierno catalán, sino también las comunicaciones entre Valencia y sus representantes en el extranjero.[37] Aquel día, Rodríguez Salas, comisario de orden público y miembro del P.S.U.C. se dirigió a la central con tres camiones de guardias y penetró. Desarmó a los milicianos del piso bajo, pero tuvo que detenerse ante la amenaza de ametralladoras colocadas en batería en los pisos de arriba.[38] Puestos de inmediato al corriente, los dirigentes anarquistas de la policía, Asens y Eroles, se precipitaron a la telefónica donde, según Solidaridad Obrera del 4 de mayo, «intervinieron oportunamente para que nuestros camaradas, que se habían opuesto a la acción de los guardias en el edificio, renunciasen a su justa actitud». Pero, al mismo tiempo, la mayoría de los obreros se puso en huelga: Barcelona se cubrió de barricadas, sin que ninguna organización hubiese lanzado la menor consigna.

Al anochecer, en la ciudad en pie de guerra, tuvo lugar una reunión común de los Comités Regionales de la C.N.T., de la F.A.I., de las juventudes libertarias y del Comité Ejecutivo del P.O.U.M. Los representantes del P.O.U.M. declararon que el movimiento era la respuesta espontánea de los obreros de Barcelona a la provocación, y que había llegado la hora: «O nos ponemos a la cabeza del movimiento para destruir al enemigo interior, o el movimiento fracasará y eso será nuestra destrucción». Pero los dirigentes de la C.N.T. y de la F.A.I. no estuvieron de acuerdo con ellos y decidieron trabajar en pro del apaciguamiento.

Al día siguiente, el 4 de mayo, los obreros, cuya acción fue aprobada por el P.O.U.M., las juventudes libertarias y los Amigos de Durruti, eran dueños de la capital catalana, que cercaron poco a poco. Después de una entrevista con los dirigentes de la C.N.T., Companys dirigió la palabra por radio, desaprobó la iniciativa de Rodríguez Salas contra la central telefónica y lanzó un llamado a la calma. El Comité Regional de la C.N.T. lo apoyó: «Deponed las armas. Es al fascismo al que debemos abatir». Solidaridad Obrera no informó de los acontecimientos de la víspera más que en la página ocho y no dijo ni una palabra de las barricadas que cubrían la ciudad. A las 17 horas, llegaron en avión, desde Valencia, Hernández Zancajo, dirigente de la U.G.T., amigo personal de Largo Caballero y dos de los ministros anarquistas, García Oliver y Federica Montseny. Se sucedieron hablando por radio, uniendo sus esfuerzos a los de Companys y los dirigentes regionales de la C.N.T. «Una ola de locura ha pasado sobre la ciudad —exclamó García Oliver. Hay que poner fin, inmediatamente, a esta lucha fratricida. Que cada uno permanezca en sus posiciones… El gobierno… va a tomar las medidas necesarias».[39]

El miércoles 5 de mayo, los obreros seguían dueños de las barricadas. La radio difundía el texto de los acuerdos a que se había llegado entre la C.N.T. y el gobierno de la Generalidad: cese el fuego y statu quo militar, retirada simultánea de los policías y de los civiles armados. Nada se decía del control de la telefónica: sin embargo, el movimiento retrocedía. Los elementos de la C.N.T. de la 26.ª división y los elementos de la 29.ª del P.O.U.M., que se habían concentrado en Barbastro para marchar sobre Barcelona, al recibir la noticia de los acontecimientos, no pasaron de Binefar: delegados del Comité Regional de la C.N.T. lograron persuadir al jefe de la 26.ª división, Gregorio Jover, de que había que evitar todo gesto agresivo. Después de algunas vacilaciones, fue otro dirigente de la C.N.T., Juan Manuel Molina, subsecretario de defensa de la Generalidad, el que logró persuadir al oficial anarquista Máximo Franco de que detuviera a sus hombres en Binefar. Sin embargo; en varias ocasiones, todo estuvo a punto de saltar de nuevo. Elementos del P.S.U.C. atacaron el automóvil de Federica Montseny, y el secretario de la U.G.T. catalana, Antonio Sesé, cuyo ingreso al gobierno acababa de anunciar la radio, fue muerto, probablemente, por milicianos de la C.N.T. Los Amigos de Durruti abogaron porque continuara la lucha: la C.N.T.-F.A.I. los condenó en términos muy enérgicos.

El jueves 6 de mayo el orden estaba casi restablecido. Companys proclamó que no había «ni vencedores, ni vencidos». La masa de obreros de Barcelona había escuchado los llamados a la calma y el P.O.U.M se plegó: «El proletariado —proclamó— ha obtenido una victoria parcial sobre la contrarrevolución… Trabajadores, volved al trabajo». El nuevo gobierno, compuesto provisionalmente por un republicano, y por Mas de la C.N.T. y Vidiella de la U.G.T. no comprendía ya ni a Comorera, ni a Rodríguez Salas. La interpretación de Companys parecía ser la buena, si no se hubiese producido en ese momento la intervención de Valencia. Investidos de una misión gubernamental de apaciguamiento llegaron á Barcelona García Oliver y Federica Montseny con la promesa expresa, si hay que creerles, de que no se produciría ninguna intervención militar antes de que ellos mismos la hubiesen pedido. Sin embargo, desde el 5 de mayo llegaron al puerto navíos de guerra, por orden de Prieto. Algunas horas después, a petición expresa de Companys y bajo la presión de los ministros, Largo Caballero decidió tomar en sus manos el orden público y la defensa de Cataluña. El general Pozas, el antiguo jefe de la guardia civil afiliado al P.C., recibió el mando de las tropas de Cataluña. Para asegurar el orden, el gobierno envió desde el frente del Jarama una columna motorizada de 5.000 guardias. Sin embargo, y esto ilustra la ambigüedad y las incertidumbres del momento, estas fuerzas de policía que llegaban para restablecer el orden en Cataluña y de las que, a primera vista, parecía que los anarquistas debían temerlo todo, eran mandadas por el antiguo jefe de la columna anarquista Tierra y libertad, el teniente coronel Torres Iglesias: algunos guardias hicieron su entrada a Barcelona al grito de «¡Viva la F.A.I.!».

Con su llegada, los combates cesaron definitivamente. El balance oficial se elevó a 500 muertos y 1.000 heridos. Entre las víctimas, del lado gubernamental, aparte de Antonio Sesé, se mencionó a un oficial comunista, el capitán Alcalde, y del lado revolucionario a Domingo Ascaso, el hermano de Francisco, y a «Quico» Ferrer, el nieto del ilustre pedagogo, muertos en la calle. Pero no tardaron en descubrirse otras víctimas. Al anochecer del día 6, se encontraron los cadáveres de Camillo Berneri y de su amigo y colaborador Barbieri. Los dos hombres, sacados de su casa, durante el día, por milicianos de la U.G.T., fueron muertos disparándoles a quemarropa. En el mismo momento se observó la desaparición de Alfredo Martínez, el secretario del Frente de la Juventud Revolucionaria, cuyo cadáver encontraron algunos días más tarde. Tanto el uno como el otro habían denunciado los procesos de Moscú y habían tildado de «contrarrevolucionaria» la actitud del P.C., del P.S.U.C. y de sus aliados. Así el uno como el otro desempeñaban el papel de dirigentes de la acción revolucionaria.

Aunque no fue posible realizar ninguna indagación en aquellos días revueltos —sus conclusiones, por lo demás, casi no podrían ser publicadas—, no queda ninguna duda de que Berneri y Martínez perecieron víctimas de un arreglo de cuentas político. Muchos creen que se trató de la secuela del aviso de Pravda y de la primera intervención brutal de los servicios secretos rusos.

Significación de las jornadas de mayo

El origen de las jornadas de mayo ha dado lugar a muchas discusiones y polémicas. ¿Provocación de agentes fascistas que operaban en las filas del P.O.U.M., como lo afirmó el P.S.U.C.?[40] ¿Provocación de la burguesía catalana apoyada en los gobiernos occidentales y destinada a liquidar las posiciones revolucionarias en Cataluña, como creen algunos anarquistas?[41] ¿Provocación del P.S.U.C., con el mismo fin, como creen otros?

Al parecer, esta discusión es harto vana: la «provocación» de uno, de dos o aun de diez agentes no tiene eficacia si la situación no se presta. Pero, como hemos visto, se prestaba. No creemos que los comunistas del P.S.U.C. que, por lo demás, no actuaba independientemente de las fuerzas republicanas y del gobierno catalán hayan deseado el 3 de mayo la prueba de fuerzas. El asalto de la central telefónica era una etapa más en la restauración del Estado. Creemos inclusive que la reacción los sorprendió y que esperaban poder deshacerse de los anarquistas catalanes por la fuerza, y no se esperaban esa jornada; lo que, por lo demás, no impide que en los días siguientes hayan hecho lo imposible para explotar la situación y sacar ventaja, a medida que se iba agotando el movimiento revolucionario. En realidad, en la tensión que reinaba en esos primeros días de mayo, el ataque de la central fue efectivamente interpretado por los obreros catalanes como una provocación.

En efecto, del lado obrero, la reacción fue espontánea, si se entiende por ello que los comités de defensa C.N.T.F.A.I. de los barrios desempeñaron el papel principal en ausencia de toda directiva. Por sí sola, la disciplina de los obreros que depusieron las armas por instrucciones de los dirigentes de la C.N.T. lo demostraría, si fuese necesario. George Orwell, que vivió en las filas del P.O.U.M. las jornadas de mayo, escribió: «Los trabajadores se lanzaban a la calle en virtud de un movimiento espontáneo de defensa; y sólo estaban plenamente seguros de querer dos cosas: la restitución de la central telefónica y el desarme de los guardias de asalto, a los que aborrecían».[42]

Robert Louzon, en su estudio sobre las jornadas de mayo[43], se declaró sorprendido por la aplastante superioridad de los obreros en armas, dueños, prácticamente sin combate, de las nueve décimas partes de la ciudad. Pero subraya que esta fuerza no fue utilizada más que para la defensiva: durante toda la duración del conflicto, seis tanques permanecieron, sin combatir, detrás del edificio de la C.N.T. Los cañones del 75 jamás se apuntaron, y los de Montjuich, en manos de los milicianos de la C.N.T., no dispararon jamás.[44] Afirmó: «Desde el primer disparo hasta el último, los Comités Regionales de la C.N.T. y de la F.A.I. no dieron jamás más que una sola orden, que lanzaron ininterrumpidamente por la radio, a través de la prensa, por todos los medios, la orden de cesar el fuego». Para él, los dirigentes de la C.N.T. temían, por encima de todo, a un poder con el que no sabían qué hacer, y estaban dispuestos «a todos los abandonos, a todas las renuncias, a todas las derrotas». En sus conversaciones privadas, los dirigentes dé la C.N.T. invocaban, para justificar su prudencia, la amenaza de los navíos de guerra extranjeros en el puerto. Para ellos, en realidad, la cuestión estaba arreglada desde el otoño anterior. Habían elegido la colaboración, no la toma del poder. A Santillán que criticó muy pronto una actitud que había aprobado primero, Garcia Oliver y Vázquez respondieron: «Lo único que se puede hacer es esperar los acontecimientos y adaptarnos a ellos lo mejor posible».[45]

En cuanto a los dirigentes del P.O.U.M., temían desde hacía tiempo, si hemos de creer a Victor Serge, «que la indecisión, la blandura, la incapacidad política de los dirigentes anarquistas no fuesen a tener como resultado una sublevación espontánea, que, por falta de dirección, y además desencadenada por una provocación, ofrecería a los contrarrevolucionarios la oportunidad de dar una sangría al proletariado». Sabiéndose en franca minoría, se negaron a correr el riesgo de aislarse intentando desbordar a la C.N.T. «Las órdenes… que emanaban directamente de la dirección del P.O.U.M. —dice Orwell— nos pedían que apoyásemos a la C.N.T., que no disparásemos, a no ser que disparasen sobre nosotros primero, o que fuesen atacados nuestros locales».

Nos está permitido pensar[46] que la reacción espontánea de los trabajadores de Barcelona podría haber abierto el camino a un nuevo impulso revolucionario, y que era la ocasión de cambiar la dirección. El historiador se contentará con señalar que los dirigentes anarquistas no lo quisieron y que los del P.O.U.M. no creyeron poder hacerlo. El «empate» anunciado por Companys no era tal.

Las jornadas de mayo fueron en realidad el toque de agonía de la revolución, anunciaron la derrota política para todos y la muerte para algunos de los dirigentes revolucionarios.

Consecuencias inmediatas de las jornadas de mayo

La primera consecuencia visible, en todo caso, fue el fin de la autonomía catalana, y el control por el Estado y por el gobierno de Madrid de los engranajes esenciales de la vida política y económica del país. Pero esto, al parecer, no significó el desencadenamiento del pogrom que temían la C.N.T. y el P.O.U.M.

Cierto es, las armas fueron confiscadas, los periódicos y las emisoras de radio fueron colocados bajo el control de la censura, pero el delegado del orden público afirmó solemnemente que sus fuerzas «no considerarían como enemigo a ningún sindicato ni a ninguna organización antifascista». Esa era la actitud dictada por Caballero y por su ministro de Gobernación, Galarza. Desde el 4 de mayo, en, efecto, su portavoz oficioso, Adelante, de Valencia, escribió que los acontecimientos de Barcelona eran una «colusión inoportuna y pobremente preparada entre organizaciones de orientación diferente e intereses sindicales y políticos opuestos, los unos y los otros en el interior del frente general antifascista de Cataluña».

En esta perspectiva y en este contexto se sitúan los numerosos llamados a la calma de la C.N.T. y la declaración de la Casa C.N.T., el último día de las barricadas: «La C.N.T. y la F.A.I. siguen colaborando lealmente, como en el pasado, con todos los sectores políticos y sindicalistas del frente antifascista. La mejor prueba de esto es que la C.N.T. sigue colaborando con el gobierno central, con el de la Generalidad y con todas las municipalidades». Para circunscribir el incendio, los dirigentes de la C.N.T. creyeron que bastaba con no hablar de él, y un comunicado del 6 de mayo declaró: «Tan pronto como supimos la magnitud de lo que se había producido, enviamos órdenes a todas las organizaciones para que conservaran la calma y evitaran la propagación de hecho que podrían tener consecuencias fatales para todos.»

Desgraciadamente para la C.N.T., en el momento en que se esforzaba por disimular la magnitud de los acontecimientos de Barcelona, la prensa comunista lanzó una vigorosa campaña contra la insurrección «preparada por los trotskistas del P.O.U.M.» en la cual vio la mano de la «policía secreta italiana y alemana». La campaña estaba tan bien hecha y la C.N.T. se mostró tan discreta, que aun Frente Libertario, órgano de las milicias de la Confederación de Madrid, adoptó la tesis del P.C. y escribió: «Los que se revelan contra el gobierno elegido por el pueblo… son cómplices de Hitler, de Mussolini y de Franco. A los que hay que tratar inexorablemente». Empate aparente por el momento, las jornadas de mayo, en las semanas siguientes, serían ganadas por aquellos de sus protagonistas que tenían una línea política clara, determinación y audacia.

La caída de Largo Caballero

El Partido Comunista puso toda su fuerza en reclamar el castigo de los «trotskistas» de esos «fascistas disfrazados que hablan de la revolución para sembrar la confusión». El 9 de mayo, en un discurso en Valencia, José Díaz le pidió al ministro de gobernación que atacara a los «incontrolables» o que renunciara. «La quinta columna está desenmascarada, lo que hace falta es aniquilarla». El 11, Adelante, portavoz de Caballero, respondió: «Si el gobierno tuviese que aplicar las medidas de represión a que lo incita la sección extranjera del Komintern, obraría como un gobierno Gil Robles o Lerroux, destruiría la unidad de la clase obrera y nos expondría al peligro de perder la guerra y minar la revolución… Un gobierno integrado en su mayoría por representantes del movimiento obrero no puede utilizar métodos propios de gobiernos reaccionarios y de tendencias fascistas». En lo sucesivo, los días del gobierno estaban contados.[47] El 14 de mayo, varios diarios madrileños anunciaron para el día siguiente una nueva combinación ministerial que daría satisfacción al Partido Comunista en lo tocante a las cuestiones de orden público y de dirección de la guerra. El 15, en el consejo de ministros, fue Uribe, ministro comunista de agricultura, el que tomó la palabra para pedir la disolución y la prohibición del P.O.U.M. y la detención de sus dirigentes. Largo Caballero replicó que, siendo militante de organizaciones obreras largo tiempo perseguidas por los reaccionarios, se negaba a disolver cualquier organización obrera, cualquiera que fuese. Los ministros de la C.N.T. lo apoyaron; Federica Montseny, abriendo un expediente, se lanzó a demostrar que las jornadas de mayo eran resultado de una provocación en la que el P.S.U.C. había desempeñado el primer papel. Uribe y Hernández se levantaron entonces y abandonaron la sala de consejo. «El gobierno continúa», afirmó Caballero. Pero los ministros republicanos y los amigos de Prieto no lo aceptaron.[48] Largo Caballero renunció.

Capítulo 12
EL GOBIERNO NEGRÍN Y LA LIQUIDACIÓN DE LAS OPOSICIONES

Era la segunda crisis ministerial desde julio de 1936, la que se produjo después del Consejo de Ministros del 15 de mayo. Las condiciones mismas en que se resolvió nos indican la profundidad de los cambios sobrevenidos. En efecto, al presidente Azaña, relegado a segundo plano desde septiembre, le correspondía reglar la crisis, mediante consultas llevadas a cabo en la más pura tradición parlamentaria.

La primera solución contemplada, la reforma del gobierno, mediante la sustitución de los ministros comunistas[1] fracasó ante el ejecutivo socialista, que decidió hacer renunciar a sus ministros. Abierta oficialmente la crisis, Azaña confió a Largo Caballero la primera «vuelta a la pista». Era la primera solución que podía intentarse y, como decían los periodistas, era una hipoteca por redimir. En efecto, C.N.T. y U.G.T., por una parte, y los Partidos Socialista y Comunista por la otra, se declararon dispuestos a apoyar a un gobierno de igual composición que el precedente. Además, la C.N.T. y la U.G.T. afirmaron que no participarían en un gobierno que no estuviese presidido por Largo Caballero. Este último propuso inmediatamente un nuevo reparto de carteras. La U.G.T. tendría tres ministros: la de Guerra sumada a la Presidencia, la de Gobernación y la de Estado, y todas las demás formaciones tendrían dos, el Partido Socialista: Hacienda y Agricultura, Industria y Comercio, el Partido Comunista: Instrucción Pública y Trabajo, Unión Republicana: Comunicaciones y Marina mercante, Izquierda Republicana: Obras Públicas y Propaganda, la C.N.T.: Justicia y Sanidad. ¿Esperaba Largo Caballero que los partidos aceptaran su proyecto? Cierto es que la representación de la C.N.T. se había reducido a la mitad, pero era la U.G.T. la que se quedaba con las carteras clave. Además, Prieto y Álvarez del Vayo desaparecían de la combinación. En todo caso, Largo Caballero no propuso el «gobierno sindical» de que gustaban de hablar sus amigos.

Las declaraciones muy diplomáticas de los representantes de los grupos parlamentarios nos muestran claramente sus reticencias por lo que respecta al nuevo gobierno.

Por Izquierda Republicana, Quemades insistió en el «mantenimiento del orden público» y en la «reconstrucción económica». Irujo dijo que los vascos deseaban «un gobierno de concentración nacional, presidido por un socialista que tuviese la confianza de los republicanos», con objeto de «suprimir firmemente las causas de desorden y de insurrección». En el mismo sentido se declaró el socialista Lamoneda, que quería «un cambio radical en la política del ministerio de Gobernación». El Partido Comunista, por su parte, no exigió ninguna exclusiva nominal, pero reclamó que se adjudicaran la Gobernación y Guerra a «personalidades que disfruten del apoyo de todos los partidos y organizaciones que constituyen al gobierno». Pero, en aquel momento, Azaña sabía ya que los socialistas querían que le diesen a Prieto el Ministerio de la Guerra y, por intermedio de José Díaz, que los comunistas se oponían a que Largo Caballero siguiese reuniendo en su persona los cargos de Ministro de la Guerra y de la Presidencia del Consejo.

En la noche, Azaña reunió a su alrededor a Largo Caballero, Prieto, Lamoneda, José Díaz, Martínez Barrio y Quemades. Largo Caballero se negó a dejar el Ministerio de la Guerra. El P.C. se negó a participar en esas condiciones. El Partido Socialista e Izquierda Republicana hicieron de la participación comunista la condición de la suya propia. La nueva combinación Largo Caballero era, por tanto, un callejón sin salida. Azaña le rogó a José Díaz que hiciese un esfuerzo para flexibilizar la postura de su partido, y luego apeló a Negrín, al que los comunistas, los socialistas y los republicanos estaban dispuestos a sostener, y cuya candidatura parecía estar preparada desde hacía meses.[2]

El 17, se anunció la formación del gobierno Negrín. Tres socialistas, de la tendencia Prieto, ocuparon los puestos clave, Negrín se quedó con Hacienda y la Presidencia, Prieto con la Defensa Nacional y Zugazagoitia con la Gobernación. Jesús Hernández y Uribe conservaron Instrucción Pública y Agricultura. El catalán Aiguadé, de la Esquerra, al que la C.N.T. había denunciado como uno de los culpables de las jornadas de mayo, recibió la cartera de Trabajo. Irujo pasó a ser ministro de justicia y el doctor Giral ministro de estado… La C.N.T. y la U.G.T. fieles a su posición inicial en favor de un gobierno Largo Caballero, no participaron.

Juan Negrín

El nuevo presidente del Consejo era poco conocido. Era un hombre de 46 años, en la plenitud de sus fuerzas —estaba dotado de una vitalidad poco común—, que hasta la guerra civil, no había sido, en política, más que un brillante dilettante. «Niño mimado de la fortuna», como dice su admirador Ramos Oliveira, nacido en una familia rica de las Canarias, había recorrido el mundo a su antojo, obteniendo en la Universidad de Leipzig los diplomas de medicina que le dieron la cátedra de Fisiología en la Universidad de Madrid, en 1931. Casado con una rusa, tenía numerosas relaciones en el mundo occidental. Se afilió al Partido Socialista en 1929, llegó a diputado en 1931 y fue constantemente reelegido después. No se consideraba a sí mismo ni como un marxista ni como un representante de la clase obrera: socialista «a la occidental» era un gran burgués y un universitario distinguido, mucho más afín a Prieto que a Largo Caballero. Pero no había participado, más que de lejos, en la lucha interna del Partido Socialista, no tenía ninguna ambición ni gusto por las luchas políticas, pues pasaba por preferir los placeres de la vida. Así también, era prácticamente un desconocido cuando, a proposición de Prieto fue nombrado ministro de hacienda en el gobierno de Largo Caballero. No lo aceptó, según dijo, más que por deber, convencido de que «la guerra tenía un aspecto internacional, decisivo para su resultado y que, en virtud de esto, un gabinete Largo Caballero con representantes de la extrema izquierda socialista y del comunismo era un burdo error, peor… que la entrada de los fascistas a Getafe».[3]

Fueron las mismas preocupaciones las que lo inspiraron, una vez instalado en el Ministerio de Hacienda; era el defensor incondicional de la propiedad capitalista, el adversario decidido de la colectivización, y fue él a quien los ministros de la C.N.T. se encontraron siempre como obstáculo en el camino de todas sus proposiciones. Fue él quien reorganizó sólidamente a los carabineros. Fue él también quien presidió el envío a la U.R.S.S. de la reserva de oro de la República. Disfrutaba de la confianza de los moderados y su nombre fue propuesto durante la crisis, en primer lugar, por Irujo. Pasaba por ser el hombre de Prieto, estaba en términos excelentes con los comunistas que le habían asegurado de antemano su apoyo y, por intermedio de Jesús Hernández, habían hecho de él su candidato al gobierno de coalición que preconizaban. Con él, fue su política, y la de Prieto —por el momento, se confundían— la que triunfó.

Mientras que la F.A.I., en un manifiesto difundido clandestinamente, denunciaba «la victoria, no sólo del bloque burgués-comunista, sino también de Francia, de Inglaterra y de Rusia», las reacciones occidentales se mostraron favorables. Le Temps del 17 de mayo, invitaba al nuevo gobierno a elegir entre «democracia y dictadura proletaria, entre orden y anarquía». El New York Times, del 19, anunció que Negrín tenía la intención de «utilizar en el interior un puño de hierro», y añadió: «Al obrar así el gobierno espera conquistarse las simpatías de las dos democracias que significan más para España —Inglaterra y Francia— y conservar el apoyo de la nación que la ha ayudado más, Rusia. El principal problema del gobierno, hoy, es el de pacificar o aplastar a la oposición anarquista». La revista oficiosa francesa Affaires Etrangères subrayó la profunda significación de la elección del nuevo presidente y del nuevo ministro de estado, la salida de los extremistas y la creciente importancia de los vascos, el carácter «razonable» del nuevo gobierno y las esperanzas que hacían concebir, entonces, para alcanzar una solución de conciliación…

La prensa de los partidos de la coalición, en todo caso, aclamó, en este nuevo gobierno, al «gobierno de la victoria».

La supresión del P.O.U.M.

Desde antes dé la caída de Caballero, la prensa del P.C. y del P.S.U.C. había lanzado contra el P.O.U.M. una verdadera campaña de «caza de brujas». Se intensificó después de lo que los comunistas llamaron la «insurrección fascista de Barcelona». Largo Caballero se había negado a la represión contra el P.O.U.M. Negrín tuvo que consentir. El 28 de mayo La Batalla fue suprimida. Julián Gorkin fue acusado por su editorial del 19 de mayo en que incitaba a los trabajadores a velar «con las armas en la mano» y proponía a la C.N.T. el «Frente de unidad revolucionario». El 16 de junio, en la noche, todos los miembros del Comité Ejecutivo del P.O.U.M. fueron detenidos, Nin en su despacho, otros en sus casas y otros más en el frente. La policía, como no había podido encontrar por el momento ni a Andrade ni a Gorkin, detuvo a sus esposas.

El 11 de junio apareció una primera acta de acusación contra el P.O.U.M. Afirmaba: «La línea general de la propaganda de este partido era la supresión de la República y de su gobierno democrático por la violencia y la instauración de una dictadura del proletariado». No había nada extraordinario en esta acusación, natural, contrarrevolucionarios que se decían celosos guardianes del pensamiento de Lenin. Sin embargo, más adelante, lo que el acta decía indicaba otro estado de ánimo: el P.O.U.M. era acusado de haber «calumniado a un país amigo cuyo apoyo moral y material había permitido al pueblo español defender su independencia», de hacer alusión a los procesos de Moscú «atacando a la justicia soviética», y de haber estado «en contacto con las organizaciones internacionales conocidas con la denominación general de trotskistas; cuya acción en el seno de una potencia amiga demuestra que se encuentran al servicio del fascismo europeo».

El contenido y el tono mismo del acto de acusación recuerdan la amenaza de Pravda: la misma mano que, en Moscú, había herido a los viejos bolcheviques se preparaba para dar un golpe en España. Los mismos servicios «fabricaron» contra los acusados las mismas «pruebas» falsas, muy torpes, destinadas solamente a servir de apoyo para las «confesiones». En el asunto del P.O.U.M., era el «plano N», plano de Madrid, en papel cuadriculado al milímetro, descubierto sobre el falangista Golfín, y en el que la policía pudo descifrar un mensaje escrito con tinta simpática que designaba a «N» como un agente seguro. «N» era, claro está, Nin. Jesús Hernández afirma que a los dirigentes del P.C. los exasperó la grosería de este falso inutilizable. Miravitlles declaró públicamente que el documento era tan evidentemente falso que nadie se atrevería a utilizarlo. Sin embargo, esta «prueba» sirvió para justificar la detención.

El 29 de julio una nota de Irujo, ministro de justicia, anunció que se había enviado a los tribunales acusados de espionaje y alta traición a Gorkin, Andrade, Bonet y a otros siete dirigentes del P.O.U.M., al lado del falangista Golfín: la técnica de la «amalgama», probada en los procesos de Moscú, seguía siendo la regla. La nota añadía:

«Hay en la causa numerosos documentos encontrados en los locales del P.O.U.M. Claves, códigos telegráficos, documentos que hacían referencia al tránsito de armas, contrabando de dinero y de objetos de valor, diferentes periódicos procedentes de diversas capitales, comunicaciones de elementos extranjeros que hacían alusión a entrevistas que habían tenido lugar en el interior del territorio leal o fuera de éste, participación de elementos extranjeros en los preliminares de espionaje y en el movimiento subversivo de mayo». Pero, respondiendo a las preguntas de la comisión Maxton, Irujo declaró que no tenía prueba alguna de espionaje contra ningún dirigente del P.O.U.M., y que el «documento ‹N› carecía de valor».

Para él, el P.O.U.M. tenía que responder ante el tribunal por «su gesto revolucionario contra la República». Prieto compartía este punto de vista del proceso político: «La República tiene que defenderse contra aquellos que quieren la revolución a toda costa, siendo que no es el momento de realizarla en España». Sólo el Partido Comunista —que no podía admitir que perseguía a revolucionarios— seguía hablando de «espías» y de «fascistas». El juez de instrucción les hizo caso, puesto que en su informe declaró: «Como los acusados se pusieron de acuerdo con individuos pertenecientes a la Gestapo alemana que, hasta ahora, no se han presentado todavía (sic), realizaron en el curso del mes de mayo en Barcelona, con el fin de trastornar la acción del gobierno, actos hostiles de carácter secreto, así como una sublevación de tipo militar». El 13 de noviembre, ante el Comité Central del P.C., José Díaz exigió, ya que la traición del P.O.U.M. había quedado «probada», que el «pelotón de ejecución funcionase para terminar con los traidores y los terroristas».[4]

Sin embargo, durante el proceso, en octubre de 1938, la acusación de espionaje no se continuó. Andrade, Gorkin, Bonet y Gironella fueron condenados a quince años de cárcel por «haber intentado derrocar el orden establecido».[5] El P.O.U.M. y la J.C.I. fueron disueltos. De hecho, desde antes de esta fecha, la detención de los miembros del Comité Ejecutivo en junio, y después, en otoño, de los que los sustituyeron, Rodes, Farré, Solano, Pelegrín había decapitado al P.O.U.M., dirección potencial de la oposición revolucionaria: en suma, el objetivo a que se había apuntado estaba alcanzado.

El asesinato de Andrés Nin

El proceso del P.O.U.M., sin embargo, no fue la continuación de los procesos de Moscú: el asunto se montó con los mismos métodos, falso policíaco, «amalgama» con un fascista auténtico, acusación de espionaje. Pero a este mecanismo le faltaba una pieza importante, las confesiones, elemento esencial del éxito de las operaciones de esta clase. Al parecer fue la resistencia de Andrés Nin la que produjo el fracaso final de una empresa destinada a demostrar que en España, lo mismo que en Rusia, «los trotskistas», adversarios del régimen stalinista, estaban al servicio de Hitler, de Mussolini y de Franco.

Andrés Nin fue detenido, como vimos, el 16 de junio al mismo tiempo que sus camaradas. Pero su nombre no figuró en la lista de los dirigentes del P.O.U.M. enviados ante el tribunal el 29 de junio. Hacía algún tiempo ya que circulaba el rumor de que, después de su detención, había sido entregado a policías, comunistas, transferido a una cárcel preventiva de Madrid y, allí, asesinado. La primera que hizo la pregunta de: «¿Qué habéis hecho de Nin?», fue Federica Montseny. El gobierno respondió: «Nin fue arrestado, está detenido». Pero, de boca en boca, los ministros hicieron saber la verdad, confesaron su impotencia: Zugazagoitia declaró a Jordi Arquer, jefe de columna del P.O.U.M., que Nin estaba en Madrid en una prisión privada comunista: le aconsejó no intentar buscarlo, pues, en tal caso, ningún salvoconducto oficial podría protegerlo. En el Consejo de Ministros estallaron incidentes violentos: Negrín interpeló a los ministros comunistas, se declaró dispuesto a encubrir lo que había que encubrir, pero exigió que lo pusieran al corriente. Pronto, el 4 de agosto, ante el escándalo que iba en aumento[6] tuvo que reconocerse una parte de la verdad. El 4 de agosto, el gobierno publicó una nota que decía: «De las informaciones recogidas se desprende que Nin ha sido detenido por la policía de seguridad general, al mismo tiempo que los demás dirigentes del P.O.U.M., que ha sido trasladado a Madrid a una cárcel preventiva habilitada para esto y, que de allí ha desaparecido».

El asunto Nin tuvo una enorme repercusión. Antiguo secretario de la C.N.T., antiguo secretario de la Internacional Sindical Roja, el dirigente del P.O.U.M. era mundialmente conocido en el movimiento obrero y sindical. En España y en el exterior se multiplicaron los comités, las comisiones de investigación, las cartas, los telegramas. En las paredes de las ciudades aparecía escrita la misma pregunta: «¿Dónde está Nin?» Los militantes del P.C., que tenían facilidad para la rima, encontraron la respuesta: «En Salamanca o en Berlín». Acosados a preguntas, los ministros se contradecían: Irujo afirmaba que Nin nunca había estado detenido en una prisión gubernamental, mientras que Zugazagoitia, ministro de gobernación, decía que sí había estado, pero que había salido, transferido «a otra parte»… El ministro de justicia nombró a un juez de instrucción para investigar la desaparición de Nin. Varios policías complicados y amenazados de detención desaparecieron, algunos de ellos refugiados en la embajada de la U.R.S.S. Finalmente, el juez de instrucción escapó por un pelo, en Valencia, a un intento de secuestro por policías gubernamentales. Irujo, en el Consejo de Ministros, amenazó con renunciar. Lo apoyó Zugazagoitia, que denunció la actividad del director general de seguridad, el comunista Ortega. Finalmente, Ortega fue depuesto, pero no por ello encontraron a Nin. Desde el 8 de agosto de 1937, el corresponsal en Madrid del New York Times pudo escribir: «Aunque se haya hecho todo para tapar el asunto, todo el mundo sabe ahora que lo han encontrado muerto en las afueras de Madrid, asesinado».

La tesis de los amigos de Nin «el secuestro por los servicios secretos de la policía soviética, la N.K.V.D.» ha sido confirmada después por las revelaciones de Jesús Hernández. Se sabía ya que, entre los policías que detuvieron a los jefes del P.O.U.M., figuraba un militar ruso, el capitán León Narvitch[7] que, unas semanas antes, había entrado en contacto con Nin y Andrade haciéndose pasar por un miembro de la oposición rusa que servía en España como técnico. Jesús Hernández nos ha contado el desenvolvimiento del drama: Nin, entregado a Orlov, jefe de la N.K.V.D. en España, por los policías comunistas que lo habían detenido, fue encarcelado en un preventorio, en una villa de Alcalá de Henares. Se trataba de obtener de él las «confesiones» que permitieran un proceso público análogo a los de Moscú y consagraría la tesis de Stalin al comprobar, una vez más, la alianza con los fascistas de sus adversarios, los individuos de la oposición y los «trotskistas». Pero Nin, que se encontraba muy enfermo, resistió a la tortura y se negó a «confesar». Entonces, fue imposible dejar que volviera a aparecer. Nin, vivo, se transformaría en un formidable acusador. Pero era igualmente imposible confesar su muerte en el preventorio. Según Hernández, fue el comandante Carlos el que, en el momento en que fue necesario terminar, tuvo la idea de montar una escena que darla verosimilitud a la tesis de una evasión de Nin, gracias a la intervención de los «miembros de la Gestapo» disfrazados de combatientes de las brigadas internacionales. Esa fue la tesis expuesta por los «encargados» del preventorio a los investigadores oficiales. En todo caso, se seguía ignorando si el cadáver de Nin había sido finalmente recuperado o identificado.

Estas explicaciones oficiales no engañaron a nadie. Después del asesinato, en las jornadas de mayo, de Berneri y Alfredo Martínez, era claro que una «policía» subrepticia e ilegal daba caza a los adversarios más temidos de Stalin, españoles o extranjeros. La N.K.V.D. tenía su red en España, cuyos jefes y cárceles finalmente se conocieron, pero que disfrutó de una total libertad de acción. La restauración del Estado había suprimido las «checas» de los partidos, de los sindicatos y de los comités. Pero la nueva legalidad toleró la existencia de esta omnipotente policía secreta.

Dispersados después de la disolución de las columnas del P.O.U.M., aislados, sin trabajo, los revolucionarios extranjeros antistalinistas fueron una presa fácil para los servicios de Pedro y de Orlov, que llevaron a cabo, implacablemente, la depuración anunciada por Pravda. Por un Georges Kopp, socialista belga que la prensa comunista presentó durante algún tiempo como el espía número uno, pero que la campaña de la prensa extranjera hizo liberar[8], sus víctimas fueron numerosas. Bob Smilie, delegado de las juventudes del I.L.P., muerto en la cárcel en Valencia, de una apendicitis sospechosa. Otros desaparecieron sin dejar huella: Kurt Landau, militante austriaco, antiguo secretario de la oposición de izquierda internacional, solidario del P.O.U.M. contra Trotsky, el joven socialista ruso Marc Rhein[9], el trotskista polaco Freund, llamado Moulin, el trotskysta checo Erwin Wolff[10], antiguo secretario de Trotsky, José Robles, antiguo profesor en la Universidad John Hopkins, y antiguo secretario del general Goriev.[11] Aparte de las cárceles privadas, las cárceles del Estado estaban también llenas de antifascistas, en su mayoría extranjeros. La comisión de investigación dirigida por Félicien Challaye y el inglés McGovern recibió la sorpresa de verse acogida, en la Cárcel Modelo de Barcelona, en noviembre de 1937, por la Internacional que cantaban 500 detenidos. Se necesitó una intervención personal de Manuel de Irujo y un mejoramiento del régimen penitenciario para detener, en Barcelona, la huelga de hambre que hacían los detenidos antifascistas animados por la mujer de Landau.

La disolución del Consejo de Defensa de Aragón

Los hombres del P.O.U.M. y los comunistas antistalinistas no eran los únicos que estaban en la mira del «gobierno de la victoria». Muy pronto se vio que el Consejo de Defensa de Aragón no podría conservar la casi autonomía de que había disfrutado bajo el gobierno de Largo Caballero, y que hacía de él el bastión de los extremistas de la C.N.T. y de la F.A.I. Su presidente, Joaquín Ascaso, fue acusado de haber sido el inspirador de la acción de algunos elementos irreductibles durante las jornadas de mayo. Su liquidación, y la de las colectividades aragonesas, se convirtió en una necesidad para un gobierno que deseaba demostrar que aseguraba el orden y respetaba la propiedad. Fue una prenda dada a todos los republicanos moderados y, al mismo tiempo, un golpe a los revolucionarios de la C.N.T.

La campaña fue hábilmente dirigida. El 19 de julio, en una alocución por radio, Joaquín Ascaso acusó al gobierno de abandonar sistemáticamente al frente de Aragón y de negarle toda ayuda al Consejo, que, sin embargo estaba constituido por representantes de todos los partidos y sindicatos, sin exceptuar al P.C., a la J.S.U. y a la U.G.T. Y era que, efectivamente, socialistas, comunistas y republicanos, no habían llegado todavía a organizar nunca, desde el interior, una oposición seria a la dirección de la C.N.T. que dominaba totalmente el Consejo. Pero, con la constitución del gobierno Negrín, las condiciones cambiaron, y fue posible contar con una ayuda exterior. El periódico comunista Frente Rojo, lanzó el 31 de julio las primeras acusaciones contra «los extremistas… de algunas organizaciones… ligados a la quinta columna». Algunos días después se efectuó en Barbastro una asamblea de los representantes de los partidos y sindicatos aragoneses hostiles a la dominación de la C.N.T. a través del Consejo: Partido Republicano, Partido Comunista y U.G.T. en nombre del Frente Popular, reclamaban la disolución del Consejo a causa de su política «equívoca y contraria a los intereses de la economía de la región», y pidieron al gobierno que enviara un «gobernador federal» para representarlo.

El 10 de agosto apareció el decreto de disolución del Consejo de Aragón. «Aragón —decía la exposición de motivos— se ha quedado al margen de esa corriente centralizadora a la que debemos en gran parte la victoria que nos está prometida». La autoridad del Consejo fue sustituida por la de un gobernador civil, el republicano Mantecón. Inmediatamente, la 11.ª división del comandante comunista Líster, enviada por Prieto a los alrededores de Caspe, pasó a la acción contra los comités y las colectividades cuya disolución reclamaba unánimemente la prensa del Frente Popular. El periódico del Consejo, Nuevo Aragón fue suprimido y sustituido por el comunista El Día. Los comités locales fueron sustituidos por consejos municipales instalados por las tropas de Líster. Los locales de la C.N.T. y de las organizaciones libertarias fueron ocupados militarmente y luego cerrados. Numerosos dirigentes fueron detenidos y entre ellos Joaquín Ascaso, el 12 de agosto, acusado de «contrabando» y de «robo de joyas».[12] El 18 de septiembre, aprovechando un sobreseimiento, fue puesto de nuevo en libertad. En esa fecha, el objetivo había sido alcanzado, el último poder revolucionario había sido definitivamente liquidado.

Al mismo tiempo, el ala irreductible de la F.A.I. y de la C.N.T. fue herida de manera decisiva. En los días inmediatamente posteriores a las jornadas de mayo, Santillán se esforzó por convencer a sus amigos García Oliver y Vázquez de que la C.N.T. y la F.A.I. se habían engañado al «parar el fuego» (en Barcelona) sin haber arreglado las «cuestiones pendientes», y de que era tiempo todavía, contraatacando, de «recuperar las posiciones perdidas». En los meses siguientes, se le quitó todo mando en la Confederación: la F.A.I., que compartía su punto de vista, era impotente sin la C.N.T. cuya dirección, por falta de otra perspectiva, estaba totalmente entregada al apoyo de Negrín. En el transcurso del Pleno del movimiento libertario de octubre de 1938, Mariano Vázquez se lanzó contra los irreductibles al condenar la actividad de las patrullas de control, las «posiciones quijotescas» del Consejo de Aragón, las «maniobras» de Joaquín Ascaso… El 21 de septiembre de 1937, cañones y tanques, por órdenes del gobierno, participaron en el asalto de los Escolapios, sede del Comité de Defensa C.N.T.-F.A.I. del que las fuerzas del orden se apoderaron después de varias horas de combate. En diciembre, las juventudes libertarias ingresaron al lado de la J.S.U. en la Alianza de la Juventud Antifascista. Fidel Miró, compañero de Alfredo Martínez, asesinado en mayo, se sentaba al lado de Carrillo, animador de la Alianza. El Frente de la Juventud Revolucionaria era ya cosa del pasado.

La liquidación de la oposición leal

Contra las autoridades gubernamentales no quedaba más que un obstáculo serio, la oposición de Largo Caballero, que seguía siendo secretario de la U.G.T., y cuya influencia era todavía importante en el Partido Socialista y en la J.S.U. y se manifestaba en los periódicos que sus amigos controlaban, Claridad, Adelante, de Valencia y La Correspondencia de Valencia. El «viejo» resistía, se esforzaba por plantar cara, en esta lucha de aparato, a las fuerzas conjugadas de Prieto y del Estado. Pero procuraba no romper en público el frente antifascista; cuando se decidió, ya era demasiado tarde.

La minoría de la J.S.U. fue la primera aplastada. Después de la rebelión de Fernández y Gregori, en nombre de las federaciones de Asturias y de Levante, pareció desarrollarse primero, reforzada con el complemento de antiguos dirigentes de las J.S., Leoncio Pérez, Martínez Dasi y Tundidor López, sobre la doble línea de la oposición al P.C. y a la política de unión sagrada, y de la lucha por la democracia interna. En junio, se hallaban en plena ofensiva, esperaban la salida de un semanario Renovación, reclamaban un congreso que habría de elegir a una dirección que comprendiera a representantes de todas las tendencias. Pero, bien pronto, la caída de Asturias las privó de su bastión. El silencio de Largo Caballero las dejó reducidas a sus solas fuerzas, frente al gobierno que les prohibía toda manifestación pública. La rebelión en la J.S.U. se extinguió, por falta de apoyo exterior.

En el Partido Socialista, la batalla se libró en torno de los periódicos controlados por Largo Caballero y sus amigos. Desde el mes de mayo, Hernández Zancajo dejó de ser director de Claridad. Poco después, Carlos de Baraibar y Araquistáin fueron excluidos del comité de redacción. En julio, el secretariado de la U.G.T. hizo saber que Claridad, lo mismo que Las Noticias de Barcelona, ya no representaban la opinión de la central. A mediados de julio, el pleno provincial de la federación socialista de Valencia pronunció la disolución de todos los comités de enlace con el P.C., mientras Jesús Hernández y la Pasionaria no retiraran las acusaciones lanzadas contra Largo Caballero. El 26, por decisión de la comisión ejecutiva nacional, la organización socialista de Valencia se apoderó de los locales de la federación provincial. Una comisión, acompañada del gobernador socialista Molina Conejero, trató de apoderarse de los locales de su periódico Adelante, órgano de la federación provincial, fiel a Largo Caballero: los militantes hicieron resistencia: un destacamento de guardias de asalto se apoderó del periódico por la fuerza, por órdenes del ministro socialista de gobernación, Zugazagoitia. Un pleno extraordinario del Partido Socialista aprobó la incautación. El 27, la redacción de Adelante se le confió al antiguo secretario de Prieto, Cruz Salido, miembro del ejecutivo.

Caballero ya no tenía a su disposición más que la Correspondencia de Valencia, diario de la tarde de la U.G.T. No tardaría en perderlo también. Al día siguiente de la constitución del gobierno de Negrín, en efecto, comenzó la ofensiva contra la dirección en el seno de la U.G.T. El 28 de mayo, por 24 votos contra 14, el Comité Nacional desaprobó la actitud del ejecutivo durante la crisis y su negativa a sostener un gobierno que no estuviese presidido por Largo Caballero. Los comunistas explotaron este voto hostil a la dirección en una campaña, muy bien ejecutada, para la reorganización de los organismos de dirección, a través de una representación de las tendencias, comunista, socialista, sin partidos. El ejecutivo renunció, pero rectificó su decisión porque la mayoría, que no sólo comprendía a los comunistas, sino a buen número de socialistas, simplemente hostiles a la no-participación, no estaba preparada para sustituirlo. El 14 de agosto, sin embargo, las grandes federaciones de industria controladas por comunistas o por pro-comunistas exigieron una nueva reunión del Comité Nacional. Él ejecutivo Caballero se negó y replicó con la exclusión, por incumplimiento en el pago de las cuotas, de las federaciones de industria que no estaban al comente, 200 000 trabajadores en total, entre los que figuraban los mineros, los de cueros y pieles, gas y electricidad, los maestros, los empleados de banco… El 28 de septiembre la minoría exigió la convocación, en un plazo de 48 horas, de un Comité Nacional para discutir la exclusión «de un tercio de las federaciones de la U.G.T.». Adelante, periódico del Partido Socialista, anunció la reunión del Comité Nacional para el 10 de octubre. El 30 de septiembre Caballero y el ejecutivo denunciaron esta convocatoria, que era un acto de indisciplina. El 1.º de octubre se reunieron en la escalera del local del ejecutivo, los delegados de 31 de las 42 federaciones —trece de ellas suspendidas—, bajo la presidencia de Felipe Pretel, tesorero del ejecutivo y secretario general del comisariado, colaborador de Álvarez del Vayo.

La asamblea tomó el título de Comité Nacional, anuló las exclusiones, eligió un nuevo ejecutivo[13] presidido por González Peña, quien se declaró incondicionalmente fiel al gobierno de Negrín. El ministro de gobernación suspendió La Correspondencia de Valencia: en esta ciudad los obreros se lanzaron a una manifestación de protesta. El 6, el ejecutivo de Caballero, en un manifiesto, anunció que preparaba un Congreso Nacional. Denunció la colusión de los «escisionistas» y del gobierno: el ministro Giner de los Ríos había dado a los carteros la orden de mandar todo el correo de la U.G.T. y de pagar los cheques al ejecutivo de González Peña. Los bancos recibieron órdenes semejantes. Por su parte, el Comité de Enlace P.S.-P.C., denunció la «conducta escisionista y dictatorial» del ejecutivo de Caballero y aclamó al «Comité Nacional de la U.G.T. que pone fin a la situación de violencia y malestar» «colocándose al lado del gobierno».

En lo sucesivo, el conflicto sería público: Largo Caballero anunció que iba a apelar a la opinión obrera mediante una serie de conferencias pronunciadas en las más grandes ciudades de la zona republicana. El gobierno le dejó hacer, esperando un fracaso en Madrid donde, por lo general, se consideraba que la popularidad del «viejo» había bajado. Pero, el 17 de octubre, cuando tomó la palabra en el cine Pardiñas, las cinco salas más grandes que retransmitían su discurso estaban abarrotadas de gente y la multitud se apretujaba en las aceras alrededor de los altoparlantes. Habló de sus refriegas con los comunistas, de la manera en que habían tirado a su gobierno, denunció la coalición de los socialistas de derecha y de los comunistas, y el empleo de la autoridad del Estado para desplazarlo del mando de la U.G.T. Criticó ferozmente la política del gobierno de Negrín, sin proponer, no obstante una política de recambio, sin lanzar ninguna consigna. Su discurso era el de un oponente leal que no amenazaba con nada al régimen.[14]

Sin embargo, produjo una enorme impresión por el eco que encontró. El gobierno, asustado, decidió impedirle proseguir: el 21, en camino para Alicante, fue detenido y conducido a Valencia donde se le tuvo en prisión domiciliaria. Su única protesta fue una carta abierta al presidente de las Cortes: ya no combatía. El gobierno, desde entonces, explotó su ventaja: el 28 de noviembre reconoció como única legítima la autoridad del Comité Ejecutivo disidente, que presidía González Peña. El 30, se apoderó de La Correspondencia de Valencia. El ejecutivo Caballero, que se preparaba para convocar un congreso, quedó colocado, prácticamente, fuera de la ley. Entonces, lo único que restaba era que la Federación Sindical Internacional sancionara la nueva situación. A comienzos de enero, Léon Jouhaux, secretario de la C.G.T. francesa llegó a Valencia en nombre de la F.S.I. para tratar de encontrar una solución de «compromiso» y lo logró el 2 de enero: cuatro partidarios de Largo Caballero, Díaz Alor, Zabalza, Tomás y Hernández Zancajo entraron a formar parte del ejecutivo presidido por González Peña. La «escisión» de la U.G.T. había terminado: no habría congreso. Largo Caballero estaba definitivamente derrotado y no volvería a desempeñar ningún papel en la vida política española.[15]

Montaje de un aparato de represión

El gobierno de Negrín, entre tanto, velaba por montar el dispositivo necesario para la eficacia de una represión eventual. El ministro de justicia, Irujo, comenzó por reorganizar los tribunales populares, reservando por decreto el derecho de presentación de jurados sólo a las organizaciones legales hasta el 16 de febrero. La F.A.I. era ilegal y por tanto quedaba excluida de los tribunales populares. Pero estos últimos mostraban todavía demasiada independencia y se inclinaban a la mansedumbre cuando tenían que juzgar a acusados antifascistas. La liquidación total de la oposición exigía un instrumento más dócil. Un decreto del 23 de junio de 1937 instituyó, pues, tribunales especiales destinados a reprimir los crímenes de espionaje y de alta traición. Estuvieron formados por trece jueces civiles y dos jueces militares, nombrados todos por el gobierno. La definición del «delito de espionaje y de alta traición» era lo suficientemente extensa como para permitir la utilización de esta arma terrible contra todo oponente, inclusive contra los que no eran fascistas… En efecto, eran considerados como delito el hecho «de realizar actos hostiles a la República, fuera o dentro del territorio nacional»; de «defender o propagar nuevas, emitir juicios desfavorables a la marcha de las operaciones de la guerra o al crédito y la autoridad de la República», así como los «actos o manifestaciones que tendían a debilitar la moral pública, a desmoralizar al ejército o a disminuir la disciplina colectiva». Las penas estipuladas oscilaban entre seis años de cárcel y la pena de muerte. Y, lo que es una circunstancia agravante, son las mismas penas tanto para el delito realizado como para «la tentativa y el delito fracasado, tanto para la conspiración como para la proposición, así como la complicidad y la protección».

El decreto permitía todas las provocaciones y daba a la policía poderes discrecionales puesto que estipulaba que «quedaban exentos de pena aquellos que, después de haber prestado su asentimiento a la comisión de uno de estos delitos, lo denuncien a las autoridades antes de ser efectuado».

Prácticamente, esto era prohibir toda manifestación de oposición y toda crítica. Era dar al gobierno la posibilidad de condenar por «alta traición» a quien quiera que expresase un desacuerdo con todo o parte de su política. Gracias a este decreto fueron juzgados los dirigentes del P.O.U.M., por actos anteriores a su promulgación.

Esta política de represión, sin embargo, no se exhibió a plena luz. Como antes de la revolución, las reuniones sindicales tenían que ser autorizadas por el delegado de orden público, después de una petición hecha por lo menos tres días antes. Como antes de la revolución, la censura justificada al principio por necesidades militares, se ejercía ahora, sobre las tomas de posición políticas. Desde el 18 de mayo, Adelante apareció con una primera página en blanco bajo el título: «¡Viva Largo Caballero!». El 18 de junio el gobierno se reservó el monopolio de las emisiones radiofónicas y se apoderó de las emisoras de las centrales. El 7 de agosto, Solidaridad Obrera fue castigada con cinco días de suspensión por haber cometido una infracción a las instrucciones de la censura al aparecer con «blancos» en lugar de los pasajes censurados: la censura funcionaba y exigía que no quedaran huellas de su actividad. El 14 de agosto, una circular prohibió toda crítica al gobierno ruso: «Con una insistencia que permite adivinar un plan preciso destinado a ofender a una nación excepcionalmente amistosa, creando así dificultades al gobierno, diversos periódicos se han ocupado de la U.R.S.S. de una manera que no puede admitirse… Esta licencia absolutamente condenable no debería ser admitida por el consejo de los censores. El periódico que no se pliegue será suspendido indefinidamente, aun si ha sido censurado; en este caso, se presentará al censor ante el tribunal especial encargado de los crímenes de sabotaje». La censura desempeñó, lo mismo que la policía y el correo, un papel activo en la escisión de la U.G.T., al «cortar» sistemáticamente las declaraciones del ejecutivo de Caballero con los artículos de la C.N.T. consagrados a esta cuestión.

El SIM

En este aparato de represión hay que reservarle un lugar aparte al S.I.M. —Servicio de Investigación Militar— creado, por iniciativa de Indalecio Prieto, mediante un decreto del 15 de agosto de 1937. Servicio de contraespionaje inicialmente, se convirtió muy rápidamente en una policía política todopoderosa, que podía sin más juicio e investigación que los suyos propios, decidir detenciones o liberaciones. Después del republicano Sayagües fue dirigido por el socialista Uribarri, ex oficial de la guardia civil que se entendía directamente con los rusos de los servicios especiales, y después, luego de su huida a Francia[16], por Santiago Garcés. Prieto, creador del S.I.M., nos ha contado por extenso cómo vio que se le escapaba el servicio de las manos. El comandante Durán, comunista, jefe del S.I.M. de Madrid, designaba a militantes comunistas para todos los cargos importantes y los «técnicos» rusos protestaron cuando Prieto quiso enviarlo de nuevo al ejército. Algunos meses después de su creación, el S.I.M. escapó completamente a la autoridad del ministro de la defensa nacional, contaba con más de 6.000 agentes, y dirigía prisioneros y campos de concentración.[17]

El Estado fuerte

Así, el Estado «democrático» reconstruido por Largo Caballero: se convirtió, bajó el mando de Negrín en un Estado fuerte. Se seguía proclamando «democrático y parlamentario», pero las Cortes esqueléticas no eran mas que una asamblea de figurantes, y no se hablaba de elecciones a Cortes ni para los Consejos Municipales.[18] Ninguna oposición verdadera podía expresarse a plena luz y la crítica era equiparada a la traición. Se seguía hablando de la «revolución popular», pero la realidad era un constante enjuiciamiento de las conquistas revolucionarias. El gobierno de Negrín se había proclamado partidario de la libertad de cultos y, gracias al paciente impulso de Irujo, había logrado aflojar el lazo que apretaba a los sacerdotes y a la Iglesia Católica. Muchos terratenientes que se habían considerado «desaparecidos» regresaron y otros salieron de la cárcel. Todos reclamaron sus tierras que les habían sido quitadas en el 36. Tenían en su favor al derecho y a la ley, así como el apoyo gubernamental.[19] En Cataluña se suspendió la aplicación del decreto de colectivización porque era «contrario al espíritu de la Constitución». El decreto del 28 de agosto de 1937 permitió al gobierno, mediante la intervención, tomar en sus manos, toda empresa metalúrgica o minera. La revista The Economist escribió enseguida (26 de febrero de 1938): «La intervención del Estado en la industria, como va en contra de la colectivización y del control obrero, restablece el principio de la propiedad privada».[20] Capataces y directores volvieron a ocupar su lugar. El Estado percibía por su cuenta los dividendos de las «acciones incautadas» a los facciosos y pagaba los de los capitalistas extranjeros.

La centralización era tal que los autonomistas catalanes y los nacionalistas vascos abandonaron finalmente el gobierno.[21] El ejército popular se transformó definitivamente en ejército regular de tipo tradicional. El nuevo código de justicia militar previsto por Largo Caballero nunca vio la luz del día, y era el antiguo el que estaba en vigor. El gobierno de Negrín estableció la jerarquía de los sueldos.[22] Prieto prohibió a los oficiales «obreros» pasar del grado de comandante. Restringió los poderes y disminuyó el número de los comisarios políticos.[23] Prohibió a los militares toda participación en manifestaciones políticas (15 de octubre de 1937). Se vio renacer el espíritu de casta de los oficiales y Winston Churchill pudo escribir:

«En el transcurso del año que acaba de pasar, el carácter del gobierno republicano español se ha modificado claramente en el sentido de un movimiento simultáneo hacia un sistema militar y gubernamental más ordenado… Se ha metido en razón a los anarquistas a sangré y fuego… Se ha formado un ejército que posee cohesión, una organización estricta y una jerarquía de mandos… Cuando, en cualquier país, toda la estructura de la civilización, y de la vida social queda destruida, el Estado no puede reconstituirse más que dentro de un marco militar… En su nuevo ejército… la República española posee un instrumento cuya significación no es solamente militar, sino política…».

El líder conservador inglés terminó diciendo: «Los dos partidos han avanzado de manera continua hacia una expresión coherente del estado de ánimo español. ¿No es el momento, para todos los verdaderos amigos de España, de hacer todos los esfuerzos para llegar a una pacificación?».[24] En un artículo resonante que hizo el balance de la acción de Negrín hasta el 8 de noviembre de 1937, el Times pudo escribir: «Dos nuevos factores están a punto de cobrar importancia: uno concierne al carácter de la revolución, y el otro al carácter de la guerra. El primero consiste en una firme reacción contra la violencia desde abajo; el segundo consiste en la acción en profundidad y en longitud de esa aspiración a la independencia que es uno de los sentimientos latentes más fuertes del carácter nacional español. El primero, si llega lo suficientemente lejos, cambiará el carácter de la revolución; el segundo, si llega a su conclusión lógica, deberá terminar por soldar íntimamente, a unos con otros, a los partidos opuestos, en la hora actual, de la España gubernamental».

¿Gobierno de la «victoria», como dice el Partido Comunista, o gobierno de la «reconciliación nacional», como lo desean los conservadores ingleses? En todo caso, se había dado vuelta a una página. Cuando, el 19 de octubre de 1937 las Cortes se reunieron de nuevo, Caballero no estuvo presente y, claro es, tampoco ningún dirigente anarquista: en febrero de 1936 no eran, ni candidatos, ni elegidos. Pero el conservador Miguel Maura estaba allí, y también Portela Valladares, que había vuelto de Francia, donde se había refugiado y que proclamó su alegría de ver «marchar a España hacia una reconstrucción seria y profunda». Cuando, una semana después, la prensa franquista, para desacreditarlo, hizo públicos sus ofrecimientos de servicio a la «causa nacional», no se pudo responder gran cosa desde el lado republicano: la «respetabilidad» se paga. Los ataques de la prensa de la C.N.T. contra Maura y Valladares fueron censurados, así como el discurso del viejo Pestaña en el que denunciaba la preponderancia comunista y el retroceso de la revolución.

Esta última había terminado. El Estado estaba restaurado. Un militar que había «maltratado de palabra» a un superior en el servicio estuvo a punto de ser condenado a muerte. Los obreros en las fábricas trabajaban bajo la estricta disciplina de la «militarización». Dos galerías y media de seis que tenía la cárcel Modelo de Barcelona estaban reservadas a los detenidos del P.O.U.M. y de la C.N.T.

Los que habían vencido a la revolución, ¿iban a ganar la guerra? Con esta condición, solamente, los sacrificios y los sufrimientos del pueblo español podrían tener un sentido, sus propios actos una justificación. Los hombres que habían comenzado esta guerra en el desorden y el entusiasmo, o por lo menos los que quedaban, seguían combatiendo: en lo sucesivo lo hicieron con un orden y una disciplina y bajo un gobierno que mereció los elogios de Winston Churchill y del Times. Pero, para luchar contra Franco y sus aliados, la España «democrática» y respetable de 1937 estaba tan aislada como la España revolucionaria de 1936.

Notas

[1] Geographie de 4e., Curso Varon (A. Colin). <<

[2] Espagne, en la colección Petit Planete <<

[3] Albert Soboul: Les sans-culottes parisiens en l’an II (Tesis). <<

[4] Para colocar a cada acontecimiento en su marco cronológico se ruega al lector consultar el cuadro sinóptico inserto al final de la obra. <<

[1] En vísperas de la revolución la Compañía de las minas de cobre de Río Tinto obtenía utilidades anuales de un millón de libras, mientras que su capital era de 4 millones. La duquesa de Atholl (Search lighf on Spain) la acusó de haber financiado la rebelión militar proporcionando a sus jefes libras esterlinas a 40 pesetas, siendo que la tasa de cambio normal era de 80 a 100 pesetas. Observemos igualmente la presencia en España de la gran empresa británica fabricante de armamentos, la Vickers-Armstrong, estrechamente ligada a los Bancos Zubira y Urquijo. <<

[2] La Traction Light and Electric Power controlaba las 9 décimas partes de la producción de energía eléctrica de Cataluña. <<

[3] Fue en ese momento cuando, en represalia contra el establecimiento del monopolio del petróleo por el gobierno dictatorial del general Primo de Rivera, el multimillonario norteamericano Deterding retiró su apoyo a la peseta. <<

[4] Espagne, creuset politique, p. 60. <<

[5] The Spanish Labyrinth, pp. 87-131. <<

[6] Rabassaire: aparcero de un tipo especial (rabassa morta: raíz muerta) cuyo arrendamiento terminaba cuando las tres cuartas partes de las plantas estaban muertas. Relativamente favorables en el siglo XIX, estas condiciones se tornaron catastróficas con los estragos de la filoxera y la introducción de plantas nuevas que exigían más cuidados y duraban menos tiempo. Por influencia de Cambó y de la derecha, el tribunal de las garantías constitucionales abrogó la ley votada en favor de los rabassaires por el parlamento catalán en vísperas de la insurrección de 1934. <<

[7] El trabajo duraba desde la salida hasta la puesta del sol. A comienzos de 1936, la mayor parte de los salarios de los obreros agrícolas oscilaba entre 0.60 y 3 pesetas. Además, el trabajo era, a la vez, intermitente y de estación. <<

[8] Rabasseire estimó en dos millones el número de campesinos sin tierra. El conservador Mateo Azpeitia afirmó que, además, el 84% de los pequeños propietarios tenía necesidad de un salario para vivir (La reforma agraria en España, Madrid, 1932). <<

[9] La ley de congregaciones votada por los republicanos, que debía quitarle a las congregaciones el dominio de la enseñanza nunca se aplicó. De las realizaciones laicas de los primeros años de la República, quedaban, en 1936, la separación de la Iglesia y el Estado, la institución del divorcio y la prohibición de la Compañía de Jesús. <<

[10] Los incidentes de mayo de 1936 son, a este respecto, significativos. Como había circulado el rumor de que sacerdotes y mujeres católicas distribuían bombones envenenados a los niños de los barrios obreros se atacó, casi por todas partes, en Madrid, a las iglesias, a los sacerdotes, y a las personas conocidas por su celo religioso. Todos los partidos, claro está, atribuyeron a «provocadores» el origen de los rumores. Pero para que hubiese quienes les prestasen oídos, fue necesario que el sentimiento anticatólico tuviese singular profundidad. <<

[11] Ramos Oliveira: Politics, Economics and Men of Modern Spain, p. 438. <<

[12] El pronunciamiento fracasó ante la huelga general desencadenada por los sindicatos de Sevilla. La policía, que no había intervenido contra los militares, disparó contra los obreros que querían su castigo. Sanjurjo y otros oficiales fueron condenados a muerte. El general declaró ante el tribunal que se había pronunciado para obtener el retorno de dos jesuitas, impedir la aplicación de la reforma agraria y del estatuto de Cataluña (véase más adelante). <<

[13] El coronel Doval, jefe de Orden Público en Asturias, declaró que estaba «decidido a exterminar la simiente revolucionaria hasta en el vientre de las madres». Ejecuciones sumarias, torturas en gran escala señalaron esta represión de 1934 que la opinión obrera imputó, en bloque, al ejército profesional. <<

[14] Recuerdo de la época napoleónica en la que algunos burgueses se atrevieron a «colaborar» con el ocupante francés. <<

[15] Según Victor Alba (Histoire des républiques espagnoles, p. 307), 16 000 personas disponían de todas las acciones del Banco de España cuyas utilidades, en el transcurso de cualquier quinquenio amortizaban el capital. El dividendo distribuido nunca fue inferior al 16%. El año de la represión de Asturias alcanzó el 130%. <<

[16] Lizarza, en sus Memorias de la Conspiración en Navarra (p. 50), afirmó que el dinero italiano permitió comprar en Bélgica 6.000 fusiles, 150 ametralladores pesadas, 300 ligeras, 10 000 granadas y 5 millones de cartuchos. La primera unidad militar, el Tercio de Pamplona, fue organizada desde el 10 de enero de 1936 (p. 133). <<

[17] De tal manera, el que llegó a convertirse en el inspirador del partido, Gil Robles, escribió: «la democracia no es para nosotros un fin sino un medio de ir a la conquista de un estado nuevo. Cuando haya llegado el momento, o bien las Cortes se someterán, o bien nosotros las suprimiremos» (El Debate, citado por Brenan, op. cit., p. 280). Gil Robles criticó la «táctica catastrófica» de los monárquicos, que corría el riesgo, a su juicio, por reacción a la dictadura, de provocar una «revolución social, la república comunista». <<

[18] Jiménez Fernández, especie de «demócrata-cristiano» español fue durante algunos meses la bestia negra de los oligarcas, que lo apodaban el «bolchevique blanco». Como se había permitido citar, en apoyo de sus proyectos, una encíclica de León XIII, un diputado monárquico le respondió: «si tratáis de quitamos las tierras con encíclicas en la mano, terminaremos por volvernos cismáticos». <<

[19] Entre los que movían los hilos de la Falange, es interesante mencionar, según Hughes, el nombre de Lequerica, más tarde embajador en Vichy y después ministro de Asuntos Extranjeros. <<

[20] El carácter plebeyo del fascismo falangista está más claramente indicado, por oposición a José Antonio Primo de Rivera, verdadero señorito, en Ramiro Ledesma Ramos, fundador de las J.O.N.S. Admirador de Hitler, hostil al catolicismo, dirigió hacia la C.N.T. (véase más adelante) la propaganda de las J.O.N.S., cuya bandera era, también, roja y negra. Miembro de la Falange (con José Antonio y Ruiz de Alda), la abandonó a fines de 1935. Fue fusilado al comienzo de la guerra civil por las milicias. <<

[21] Euzkadi: país vasco. <<

[22] Prieto pudo decir que Lerroux y sus amigos se habían llevado hasta las moquetas de los ministerios. <<

[23] Ramos Oliveira, op. cit., pp. 301 ss. <<

[24] Tierra de regadío. <<

[25] Campesinos sujetos al pago del foro. <<

[1] Véase, más adelante la figura de Durruti. Allí se encuentra la raíz de lo que podemos llamar la tradición «Cid-guerrillero-bandido». <<

[2] Congreso de Saint-Imier, 1872. <<

[3] Víctor Serge, hablando de sus primeros encuentros con ellos en Moscú, escribió: «saltaba a la vista la calidad de ese maestro de Lérida, Maurín, y de ese maestro barcelonés, Nin. Maurín tenía un aire de joven caballero como los que dibujaban los prerrafaelitas; Nin, detrás de sus espejuelos con aro de oro, tenía una expresión concentrada que la alegría de vivir aligeraba» (Memoires d’un revolutionnaire, p. 140). <<

[4] Salvador Seguí, apodado el Noi del Sucre, «el niño del azúcar», era, como José Negre, el primer secretario de la C.N.T., un militante anarquista, formado por Anselmo Lorenzo. Como el metalurgista Pestaña, que fue su sucesor en la jefatura de la C.N.T., había pertenecido al comienzo de su vida militante al grupo de Els Fills de Puta. <<

[5] La Révolution prolétaríenne, 25 de enero de 1936. <<

[6] Pestaña fundó por su parte, el «Partido sindicalista». Fue elegido diputado en febrero de 1936. <<

[7] Los «Comités de defensa» de la C.N.T. eran verdaderas organizaciones paramilitares. <<

[8] C. Brenan, op. cit., p. 260. <<

[9] Esta participación, de la que dan testimonio la mayor parte de los apuntes biográficos dedicados a Durruti después de su muerte, debe ser considerada, al parecer, como secundaria. Federica Montseny nos ha señalado —después de la primera edición de esta obra— que, la preparación del atentado contra Dato fue en realidad obra de Ramón Archs, que murió bajo tortura. Uno de los autores del atentado vive aún. Otro de los participantes, Ramón Casanellas, se refugió en la U.R.S.S. y se convirtió al comunismo, para morir después en un accidente de motocicleta. <<

[10] Koltsov, Journal d’Espagne, p. 43. <<

[11] Buenaventura Durruti, folleto de la C.N.T.-F.A.I,., Barcelona, 1937. <<

[12] Declaración a Pierre Van Paasen, corresponsal del Toronto Star, reproducida por F. Morrow, en Revolution and Counterrevolution in Spain, p. 189. <<

[13] Véase el folleto Discursos a los trabajadores, Madrid, 1934. <<

[14] J. R. Bloch, Espagne, pp. 79-80. <<

[15] Misión en Espagne, p. 43. <<

[16] Koltsov, op. cit., p. 73. <<

[17] Las negociaciones de fusión, iniciadas a principios de año, habían culminado en un acuerdo desde el 25 de julio. <<

[18] Sólo un grupo muy pequeño permaneció fiel a Trotsky y trató de aplicar su «línea» entrando en las J.S. Entre ellos, G. Munis, citado más adelante. <<

[19] Roltsov calificó al P.O.U.M. de «bloque trostko-bujarinista», op. cit., p. 24. <<

[20] Juan Andrade: «Marxistes, révolutionnaires et anarchistes dans la révolution espagnole». La Révolution espagnole, 15 de abril de 1937. <<

[21] Véase Trotsky, Legons d’Espagne, p. 40. «La C.N.T. agrupa indiscutiblemente a los elementos más combativos del proletariado. La selección se ha realizado a lo largo de los años. Consolidar esta Confederación y transformarla en una verdadera organización de masas es el imperioso deber de todo obrero avanzado y, sobre todo, de los obreros comunistas». <<

[1] Op. cit., p. 535. <<

[2] Santillán (op. cit., pp. 36-37) dice que estuvo de acuerdo al respecto con García Oliver contra Durruti. <<

[3] Prieto, en nota a la prensa, citada por Carlos Rama (La crisis española del siglo XX, F.C.E., México, 1960, p. 238), declaró que se había negado a aceptar la oferta del presidente Azaña para constituir el gobierno a causa, sobre todo, de la hostilidad que le mostraba «cierto sector del partido en que milito» y que podía producir un debilitamiento del Frente Popular cuya «integridad es indispensable mantener a toda costa». <<

[4] Ma mission en Espagne, p. 220. <<

[5] Véase la resolución del grupo socialista de Madrid (Claridad, abril de 1936): «el proletariado no debe limitarse a defender a la democracia burguesa, sino que debe asegurar por todos los medios la conquista del poder político, para realizar, a partir de él, su propia revolución social. En el periodo de transición de la sociedad capitalista a la sociedad socialista, la forma de gobierno será la dictadura del proletariado». <<

[6] Op. cit., p. 305. <<

[7] «El general Franco, por su juventud, por sus cualidades, por la extensión de sus amistades en el ejército, es quien puede, con el mayor número de posibilidades, a que le hace merecedor su prestigio personal, ponerse a la cabeza de un movimiento contra el régimen republicano». <<

[8] Observemos que el Partido Comunista defendía posiciones políticas infinitamente más semejantes a las de Prieto que a las de Largo Caballero. Véase el discurso de su secretario general, José Díaz, en Zaragoza, el 14 de junio. La huelga, según Díaz, era «el arma poderosa de que dispone [el proletariado] para obtener un aumento de los salarios o mejores condiciones de vida». Pero hay que reflexionar bien antes de lanzarse a una huelga «sobre los medios de resolver los conflictos sin recurrir a ella». «‹Pues›, añadió, ‹nos encontramos hoy día en un periodo en que los patronos provocan y atizan las huelgas por razones políticas de sabotaje y en el que elementos fascistas se introducen como agentes provocadores en algunas organizaciones para servir a los fines de la reacción’. Podemos comparar esta actitud con la del P.O.U.M.: ‘para la burguesía democrática, la revolución ha terminado. Para la clase obrera, por el contrario, no es más que una etapa de su desarrollo. Cada retroceso de la reacción, cada progreso de la revolución, es el resultado directo de la iniciativa y de la acción extra-legal del proletariado›». (Artículo de Andrés Nin en Nueva Era, julio de 1936, reproducido, op. cit., p. 219). <<

[9] Clara Campoamor dice que Faraudo y Castillo fueron asesinados por haber sido instructores de las milicias socialistas. El falangista Bravo Martínez, reivindicó para la «primera línea» de la Falange el honor de haber realizado estas ejecuciones. <<

[10] Lizarza, Memorias de la Conspiración, p. 106. <<

[11] Se le apodará «Civilón», nombre de un célebre toro manso que tuvo que ser devuelto. <<

[12] Bowers, op. cit., p. 213. <<

[1] Los salarios fueron aumentados (en un 15% para los que eran inferiores de 12 pesetas y en un 10% para los demás) y se acordó la semana de cuarenta horas. La C.N.T. reclamaba, además de un alza más importante, la semana de 36 horas, un mes de vacaciones pagadas, el reconocimiento de las enfermedades profesionales, entre ellas El reumatismo. <<

[2] En Málaga, el conflicto había opuesto a los militantes de la C.N.T. que trabajaban en las salazones, que estaban en huelga, y a los pescadores de la U.G.T. El 10 de julio los primeros asesinaron al comunista Andrés Rodríguez, jefe de la U.G.T. Un atentado contra el dirigente de la C.N.T. Ortiz Acevedo, le costó la vida a uno de sus hijos. El día 11, antes del entierro de Rodríguez, fue muerto un socialista, Ramón Reina. El gobernador mandó cerrar los locales de las dos centrales obreras. No fue hasta el 15 cuando cesaron las violencias, pues tanto la C.N.T. como la U.G.T. condenaron los atentados. <<

[3] Lizarra, Los vascos y la República española, op. cit., p. 31. <<

[4] El capitán Bebb, contratado por el célebre ingeniero Juan de la Cierva. <<

[5] Bertrán Güell, op. cit., p. 76. <<

[6] Prólogo a la 4.ª edición de España de S. de Madariaga. <<

[7] Ibid. <<

[8] En un discurso por radio, en ocasión del primer aniversario del movimiento, Franco declaró que Martínez Barrio quería formar un ministerio que debía darle la razón al ejército, restablecer el orden y obtener la retirada de las tropas. Según él, este ministerio «fue traicionado por las hordas criminales que sus predecesores habían armado». <<

[9] Delaprée, Mort en Espagne, p. 22. <<

[10] Memoria reproducida por Peirats, La C.N.T. en la Revolución Española, t. I, pp. 182-186. <<

[11] Dans la Tourmente, p. 71. <<

[12] Véase el informe del encargado de negocios alemán, Voelckers, fechado el 23 de septiembre de 1936: «la defección de la marina ha contrariado por primera vez los proyectos de Franco. Ha sido un fracaso de organización muy grave, que ha amenazado con hundir todo el plan, que ha sacrificado inútilmente a las guarniciones de las grandes ciudades que en vano esperaron una orden con las armas en la mano y que, sobre todo, ha hecho perder un tiempo precioso». <<

[13] Santillán, Por qué perdimos la guerra. <<

[14] Por una ironía de la historia —si hemos de creer a la Dépeche de Toulouse de 26 de julio de 1936— fue la militante comunista Caridad Mercader la que, en estas circunstancias, salvó la vida al general Goded. Ahora bien, actualmente se admite, por lo general, que esta mujer se vio mezclada en el asesinato de Trotsky por Jackson-Mornard agente de la N.K.V.D., que en realidad era su hijo, Ramón Mercader. <<

[15] Companys, después de su fracaso de 1934, había hecho por radio una declaración semejante. <<

[16] José Antonio Primo de Rivera fue juzgado por un Tribunal popular frente al cual se defendió libremente y con ardor. Fue condenado a muerte y ejecutado el 19 de noviembre de 1936. Con anterioridad, el Consejo de Ministros republicano había examinado una proposición, trasmitida por la Cruz Roja, de intercambiar al líder falangista y al hijo de Largo Caballero, Paco Largo Calvo. Largo Caballero rehusó la proposición nacionalista. <<

[1] Todos los observadores quedaron impresionados por el apego de los obreros, hombres y mujeres, a sus armas. Delaprée (op. cit., p. 21) nos muestra a una mujer volviendo del mercado con su niño, su bolsa y su fusil en los brazos. Koltsov (op. cit., p. 17) dijo que no dejaban las armas ni en los restaurantes ni en las salas de espectáculos, a pesar de los carteles que les aconsejaban dejarlas en el guardarropa, y comentó el 8 de agosto: «los trabajadores se han apoderado de las armas y no las soltarán fácilmente». <<

[2] J. R. Bloch, op. cit., p. 45. <<

[3] Juan Peiró, citado por Brenan, op. cit., p. 323. <<

[4] Fernández había dado muerte a un hombre y a una mujer que lo habían denunciado en otro tiempo a la policía. <<

[5] Narrado por Loewenstein, A Catholic in Republican Spain, p. 98. <<

[6] La Révolution prolétarienne, «Notes sur Barcelone», 10 de agosto de 1936. <<

[7] En Sabadell, el Comité estaba presidido por el antiguo «trentista» José Moix, miembro del P.S.U.C. y de la U.G.T. En Lérida, en José Rodes, del P.O.U.M., se unían a la presidencia y las funciones del comisario de Orden Público. <<

[8] Negro y rojo, p. 233. <<

[9] Santillán, op. cit., p. 168. <<

[10] García Oliver, Dans la tourmente, p. 251. <<

[11] Heraldo de Madrid, 4 de septiembre de 1936. <<

[12] Benavides, Guerra y Revolución en Cataluña, p. 190. <<

[13] Santillán, op. cit.; p. 164. <<

[14] Ibid., p. 255. Dice que los anarquistas se negaban «a imitar a los peces gordos a los que su deseo de devorar a los pequeños no deja dormir en paz». <<

[15] «Manifestamos así —escribió— nuestro deseo de colaborar como hermanos, y de que, en el resto de España y en las regiones en las que nos encontremos eventualmente en minoría, se nos trate con la misma consideración y con el mismo respeto con que hemos tratado nosotros a quienes han colaborado, más o menos, para la victoria». (p. 255.) <<

[16] Ibid., pp. 170 ss. <<

[17] Ibid. <<

[18] Martín Blázquez, Guerre cívile totale, p. 201. <<

[19] Delaprée, op. cit., p. 70. <<

[20] En San Sebastián, después de la toma de los cuarteles, los hombres de la C.N.T. eran los dueños de la calle. Manuel de Irujo escribió: «nos habíamos convertido, virtualmente, en prisioneros de los que se habían apoderado del botín de Loyola… sometido al control de la C.N.T.» (citado por Lizarra, p. 53). <<

[21] La expresión de «guerra sobre dos frentes» es del propio Irujo (Lizarra, op. cit., p. 95), que habla no solamente de los «militares sublevados», sino también de los «elementos extremistas que se habían metido en la casa». <<

[22] Véase, a Manuel de Irujo comentando el ofrecimiento de una cartera en el gobierno de Caballero que le transmitió Alvarez del Vayo: «el lector puede imaginarse cuál fue mi sorpresa al verme solicitado para formar parte del gobierno en el momento mismo en que se preparaban a establecer de manera revolucionaria el gobierno autónomo de Euzkadi» (citado por Lizarra, op. cit., p. 81). <<

[23] El Tribunal Revolucionario de Lérida estaba totalmente formado por obreros, un tercio designados por el P.O.U.M., un tercio por la U.G.T.-P.S.U.C., y un tercio por la C.N.T.-F.A.I. El presidente Laroca, de la C.N.T., y el procurador Pelegrin, del P.O.U.M., eran obreros ferroviarios. <<

[24] Delaprée ha hecho de Grossi, «el valiente entre los valientes», minero asturiano y jefe de guerra, un atractivo retrato (op. cit., p. 55). <<

[25] Enrique Castro Delgado, dirigente del P.C. fue el primer comandante del 5.º Regimiento. A su lado Barbado, un militante antiguo suboficial, un oficial portugués refugiado político y un solo oficial de carrera, Márquez (véase Castro Delgado, Hombres made in Moscú, pp. 81-93). En el mes de octubre, Castro es reemplazado por Líster, un picapedrero; los jefes obreros se pusieron al frente. De ellos, el carpintero Modesto, era un antiguo cabo de la Legión (Fischer, Men and Politics, p. 543). En cuanto a Enrique Líster, militante comunista refugiado en la U.R.S.S. antes de la guerra civil, después de una condena por huelga, había trabajado en el metro de Moscú y luego había recibido cursos de formación militar (Ludwig Renn, Der Spanische Krieg, p. 192). <<

[26] Los requisitos de admisión eran: saber leer y escribir, tener conocimientos elementales de aritmética, ser propuesto por una unidad de milicias; desde la segunda promoción, justificar dos meses de presencia en el frente. El ciclo de los estudios se extendía sobre dos meses, durante quince días de los cuales se impartía un curso teórico, al principio, seguido de un periodo de entrenamiento y luego de especialización. Los dos tercios de los oficiales de la primera promoción murieron en el frente. <<

[27] Citado en Catalogne 36-37, pp. 59-60. <<

[1] Las comparaciones entre la revolución rusa del 17 y la revolución española del 36 llegan a conclusiones idénticas. Véase, Andrés Nin: «el desencadenamiento de la rebelión del 19 de julio ha acelerado el proceso revolucionario al provocar una revolución proletaria más profunda que la revolución rusa misma» (op. cit., p. 230). Y Trotsky: «el proletariado ha manifestado cualidades combativas de primer orden. Por su peso específico en la economía del país, por su nivel político y cultural se encontraba, desde los primeros días de la revolución, no por debajo sino por encima del proletariado ruso de comienzos de 1917» (op. cit., p. 71). Una de las señales de la profundidad de la revolución era, indiscutiblemente, la abundante participación de las mujeres, presentes por doquier, tanto en los Comités como en las milicias: si la revolución es, efectivamente, como dice Trotsky, «la acción directa de las capas más profundas de las masas oprimidas más alejadas de toda teoría», hay que admitir que tal fue el caso en la España de 1936. <<

[2] Citado por Lizarra, op. cit. pp. 201-202. <<

[3] Ejemplo: Un título del A.B.C. del 4 de septiembre: «Alicante: un cura se casa, otro ingresa al Partido Comunista». <<

[4] Santillán estima en 90 millones de pesetas el monto retirado de los bancos catalanes en los 15 días que precedieron a la sublevación. <<

[5] A ojos de los anarquistas, después de la destrucción del Estado es la última etapa, la que lo arregla todo. <<

[6] Citemos, entre las medidas que tuvieron el más grande alcance psicológico inmediato, la restitución sin reembolso de todos los objetos de primera necesidad empeñados en los montes de piedad. Malrauz, lo mismo que Delaprée, hablan del «ruido» que hicieron las 3.500 máquinas de coser así «restituidas» a las catalanas. <<

[7] La Révolution prolétarienne, 25 de agosto de 1936. <<

[8] Era uno de los orgullos de los revolucionarios españoles que habían conocido la revolución rusa: Andrés Nin gustaba de decir a sus compañeros que el retorno al funcionamiento normal de los servicios había sido incomparablemente más rápido en Barcelona, en 1936, que en Moscú en 1917. <<

[9] Ver su monografía acerca de la colectivización en Puigcerdá, en La Révolution prolétarienne, del 25 de junio de 1937. <<

[10] La U.G.T. de Levante y la Federación Campesina de la U.G.T. estaban controladas por militantes del grupo de Largo Caballero. Los comunistas fundaron la unión campesina animada por F. Mateu. <<

[11] Ejemplo de Hospitalet de Llobregat, citado por Peirats. <<

[12] Véase la obra de Peirats, t. I, cap. XV. <<

[13] En Giustízia e Liberta, citado por Morrow, p. 144. <<

[14] Extracto de «Chez les Paysans d’Aragon», citado por Jean Bernier en L’anarchie, número especial de Crapouíllot, p. 44. <<

[15] 14 de agosto de 1937. <<

[16] Discurso ante el Comité Central de 5 de marzo de 1937, Tres años de lucha, p. 297. <<

[17] Ibid., p. 298. <<

[18] El gobierno, por intermedio del sindicato de la U.G.T. dominaba de hecho los bancos y disponía, del crédito, como disponía del oro. Estas dos armas le permitían frenar e impedir, a su gusto, el funcionamiento de las empresas colectivizadas. Los problemas económicos no tenían solución, por lo menos provisional, más que en el terreno de lo político, el del «poder». Durruti puso el dedo sobre la llaga cuando habló de marchar contra el Banco de España y también Santillán cuando, fiel a la tradición de los anarquistas «expropiadores», soñó con un gigantesco atraco a sus cuevas. <<

[19] «L’intervention des syndicats dans la révolution espagnole», Confrontation internationale, septiembreoctubre de 1949, pp. 43-48. Fue él quien reprodujo las conclusiones de la comisión de la C.N.T. de Barcelona. La expresión «capitalismo sindical» fue tomada de La Batalla. <<

[20] Ibid., p. 46. <<

[21] 1. Reglamentación de la producción según las necesidades del consumo. 2. Monopolio del comercio exterior. 3. Colectivización de la gran propiedad agraria, que será explotada por los sindicatos campesinos, y sindicalización obligatoria de los campesinos individuales. 4. Devaluación parcial de la propiedad urbana mediante la fijación de impuestos y la rebaja de los alquileres. 5. Colectivización de las grandes industrias, de los servicios públicos y de los transportes en común. 6. Incautación y colectivización de las empresas abandonadas por sus propietarios. 7. Extensión del régimen cooperativo a la distribución de los productos. 8. Control obrero dulas operaciones bancarias, hasta la nacionalización de los Bancos. 9. Control sindical obrero de todas las empresas que sigan siendo explotadas en régimen privado. 10. Rápida recolocación de los desocupados. 11. Supresión rápida de los diversos impuestos para llegar al impuesto único. <<

[22] After the Revolution, p. 121. <<

[1] Sin embargo, fueron las milicias políticas, sobre todo las de los falangistas las que al parecer se consagraron a los trabajos de «limpieza». <<

[2] Citado en Catalogne, 36-37, pp. 18-19. <<

[3] Citado por Bloch, op. cit., p. 127. <<

[4] Citado por Peirats, t. I, p. 221. <<

[5] Según Koltsov, Durruti declaró en Trueba: «tomad toda España, pero no me toquéis Zaragoza; la operación de Zaragoza es mía» (op. cit., p. 45). Todos los grupos tenían sobre poco más o menos, esta mentalidad. <<

[6] Delaprée, op. cit., p. 77. <<

[7] Clérisse, op. cit., p. 189. <<

[8] Véase, t. II, cap. II. <<

[9] Véase, t. II, cap. I. <<

[10] Por lo demás, el gobierno español no hizo nada para movilizar en el extranjero a la opinión simpatizante contra la no intervención. Fue el socialista De los Ríos, hablando en su nombre, el que insistió para que Léon Blum, renunciara a dimitir y permaneciera en el poder tomando a la vez la iniciativa de la no intervención (véase, t. II, cap. I). El 9 de agosto, el presidente Giral declaró: «el gobierno español no desea ninguna intervención extranjera en la lucha que está librando, ya sea declarada o secreta, directa o indirecta, o que favorezca a uno o a otro campo». <<

[11] Véase, capítulo V. <<

[12] Fue, en efecto, el periodo de los sitios. Al de Oviedo, al de Toledo, al De la Cabeza, se añadirán, primero, el de Irún, y después el de San Sebastián. <<

[13] Desde el 25 de agosto el teniente coronel Ortega había ordenado liberar «por cuestión de humanidad» a cierto número de rehenes, entre ellos el conde de Romanones, que se refugió en Francia. <<

[14] Al parecer, los dirigentes de la C.N.T. no tomaron efectivamente la iniciativa de la resistencia a las autoridades vascas. Leroy en Paris-Soir, del 14 de septiembre, nos ha dejado un relato de una entrevista dramática, en el curso de la cual el gobernador Ortega, ayudado por el comunista Larrañaga, se enfrentó a los jefes de la C.N.T., Gesgobu y Ortiano: de ella salió la decisión de evacuación. Galo Díez, dirigente de la C.N.T. (Dans la Tourmente, p. 30) escribió: «Podemos afirmar que la evacuación de San Sebastián ha sido, de todas las que se realizaron en tan poco tiempo, la más tranquila, la más ordenada y la más eficaz». Eso es aceptar tomar la responsabilidad. Sin embargo reprocha a los nacionalistas vascos haber dejado a los rebeldes las «riquezas de la Iglesia» y «cosas útiles en las fábricas, los talleres, las casas de comercio». Y aclara: «cuando nuestros camaradas quisieron destruirlas, se opusieron con las armas en la mano y tuvimos que ceder para evitar una lucha fratricida». <<

[15] Clérisse aclara que la guarnición comprendía 650 guardias civiles, 150 guardias de asalto del 144 Tercio de Madrid, una docena de oficiales… y 8 cadetes. <<

[16] Véase, a este respecto, el libro de Massis y Brasillach, Les Cadets de l’Alcazar. Los autores citan, por ejemplo, este episodio especialmente dramático: el 26 de julio los milicianos amenazaron por teléfono al general Moscardó con fusilar a su hijo si no entregaba la fortaleza; Moscardó se negó y su hijo fue ejecutado. Apoyándose en el testimonio de Matthews y sobre la crítica comparada de los diversos relatos de este asunto, Pedro Isasi afirmó en El socialista (26 de septiembre de 1947), que este episodio fue inventado en todas sus partes, pues, según él, el joven Moscardó fue muerto en el asalto al cuartel de la Montaña y su familia, en cambio; había quedado en libertad. Afirma, además, que el teléfono exterior del Alcázar había estado cortado desde el 22 de julio. Matthews, en la edición inglesa de su libro The Yoke and the Arrows, reconoce haberse equivocado sobre la muerte del joven Moscardó en el asalto a la Montaña. Hugh Thomas, después de confrontar las tesis e interrogar diversos testimonios, da validez a la tesis nacionalista (The Civil War in Spain, p. 203). <<

[17] Las reservas de carne de la fortaleza estaban constituidas, según uno de los sitiados (Paris-Soir, de 30 de septiembre), por 98 caballos y 12 mulas. <<

[18] De todos los historiadores nacionalistas, Aznar es el único que aprobó la iniciativa de Franco. Todos los otros han considerado que la desviación por el Alcázar impidió la caída de Madrid. <<

[19] Citemos, en Madrid, al teniente coronel Carratala, y en Valladolid al general Molero. Fueron fusilados, más tarde, el general Batet —el vencedor de la insurrección de 1934 en Cataluña—, el general de aviación Núñez del Prado y después, en Zaragoza, los generales Salcedo, Caridad Pita, Romerales, Campiris. Prueba de que no todo el ejército estaba con los rebeldes. <<

[20] Véase, a este respecto, la Memoria del Colegio de Abogados de Madrid reproducida por Peirats; Clérisse lo confirma. <<

[21] Bahamonde, Jean de Pierrefeu. <<

[22] Louis Martin-Chauffier, en Rébellion et Catholicisme, cita numerosos ejemplos de persecución ejercida por los nacionalistas: templos incendiados, pastores fusilados… <<

[23] Citado por V. Alba, op. cit., p. 331. <<

[24] Véase sobre todo en los periódicos Jourpai y Paris-Soir las ejecuciones en masa durante la conquista de Andalucía. En cada pueblo, según B. de Jouvenel y Leroy, las arenas se transformaron en osarios. Triana fue limpiada «con bombas de mano y bayonetas». Las ejecuciones de rehenes proseguían y los cadáveres permanecieron expuestos días enteros. Véase, igualmente, el reportaje de Henry Danlou sobre el asalto a Mérida por los legionarios y la ejecución de los militantes obreros que la habían defendido; entre ellos a Anita López, el alma del Comité. <<

[25] La emoción provocada en la opinión internacional por estos relatos de la prensa fue considerable. En lo sucesivo, la censura fue más severa en la zona nacionalista, de la que casi ya no se filtraron informaciones o documentos sobre la represión. Robert Bru, fotógrafo de Pathé-Nathan fue detenido en Sevilla, acusado de haber trasmitido a Francia fotos de Badajoz. <<

[26] Delaprée, op. cit., p. 89. <<

[1] Véase, a este respecto, además de las clásicas, obras recientes. Sobre Rusia: Oskar Anweiler, Die Rütebewegung, in Rusland (1905-1921), Leiden, 1958. Sobre Alemania: W. Tormin, Die Geschichte der Rátebewegung in der deutschen Revolution (1918-19), Düsseldorf, 1954. <<

[2] Op. cit., p. 70. <<

[3] Declara: «en Rusia, no había tradición democrática, ni tradición de organización y de lucha en el proletariado. Nosotros tenemos sindicatos, partidos, publicaciones, un sistema de democracia obrera. Se comprende la importancia que tuvieron los soviets. El proletariado no tenía sus organismos propios. Los soviets fueron una creación espontánea que, en 1905 y en 1917, adquirieron un carácter totalmente político. Nuestro proletariado tenía ya sus sindicatos, sus partidos, sus organizaciones propias. Por eso los soviets no han surgido entre nosotros». <<

[4] Véase, a este respecto, sus artículos «Revolution en Espagne et en France» (24 de julio), y «Fascisme, guerre… ou revolution» (14 de agosto), en el Populaire. La dirección de la S.F.L.O., por intermedio de Séverac, al contrario, había negado el 13 de agosto la existencia de una guerra de clases en España: «Las numerosas supervivencias de los privilegios del antiguo régimen no le han permitido todavía al mundo del trabajo tomar plena conciencia de sus intereses y de su misión». El acuerdo, con el P.C.F., a este respecto, era total. <<

[5] Jean-Richard Bloch fue el único periodista comunista que habló del Comité Central presentándolo tal como era, y no como un vago organismo de enlace. El 6 de agosto, Humanité puso de relieve las declaraciones de Giral: «Los comunistas son hombres partidarios del orden». El 16, Gabriel Péri, comentando el ingreso del P.S.U.C. al gobierno —operación dirigida, como hemos visto, contra el Comité Central— escribió: «La dirección de la C.N.T. se ofuscó sin razón válida». El lector de Humanité buscaría en vano una sola de las «razones» invocadas. <<

[6] Véase, Trotsky (op. cit., p. 69): «Las revoluciones nunca han vencido, hasta ahora, gracias a protectores extranjeros que les proporcionaran armas. Los protectores extranjeros, comúnmente, han estado al lado de la contrarrevolución. ¿Es necesario recordar las intervenciones francesa, inglesa, norteamericana contra los soviets? Las revoluciones salen, ante todo, victoriosas con la ayuda de un programa social que dé a las masas la posibilidad de apoderarse de las armas que se encuentren en su territorio y de deshacer al ejército enemigo». <<

[7] «La dictadura de Franco significaría la aceleración inevitable de la guerra europea… La victoria de los obreros y campesinos españoles sacudiría sin duda, a los regímenes de Mussolini y de Hitler» (Trotsky en The Case of Leon Trotsky, p. 303.) Algunas declaraciones de dirigentes de la C.N.T. producen un eco semejantes Durruti, en especial, declaró: «Estamos a punto de dar a Hitler y a Mussolini mucho más trabajo, con nuestra revolución, que todo el ejército rojo de Rusia. Estamos dando un ejemplo a la clase obrera alemana e italiana de la manera en que hay que combatir al fascismo. No espero ninguna ayuda para una revolución libertaria de ningún gobierno del mundo. Quizá, conflictos de intereses entre imperialismos puedan tener alguna influencia sobre nuestra lucha… pero no esperamos ninguna ayuda». (Citado por Morrow, op. cit., p. 189). <<

[8] Uno de los más lúcidos y más conscientes de los políticos ingleses, Winston Churchill, expresó claramente estas inquietudes en su Political Journal: «Una España fascista resucitada, en completa simpatía con Italia y Alemania, es una suerte de desastre. Una España comunista que desplegara a través de Portugal y de Francia sus pérfidos tentáculos sería otro, y que muchos consideran peor»… «Todo lo que ocurre en este momento aumenta el poder de las fuerzas malignas que amenazan, en sus dos extremos, a la existencia misma de la democracia parlamentaria y de la libertad individual en Gran Bretaña y en Francia», 10 de agosto (p. 51). Observando que «la Rusia soviética se aparta decididamente del comunismo», lo que abre la perspectiva de verla tomar «más contacto con Occidente» (p. 58), vio en España la presencia de los trotskistas «bajo la forma del P.O.U.M., secta que realiza la quinta esencia de la fetidez» (p. 67). En abril de 1937, aún, pintó con sombríos colores lo que sería un «éxito de los trotskistas y de los anarquistas» (p. 114), subrayando, por otra parte, que la victoria de Franco no podría afectar de ninguna manera a los intereses franceses e ingleses y aseguraría su independencia respecto de Roma y de Berlín. Irujo (Lizarra, op. cit., pp. 58-59) subrayó que la constitución de las juntas de defensa en el País Vasco, cuyo carácter conservador hemos señalado, fue resultado de «las demandas imperiosas» de embajadores y diplomáticos, y sobre todo del embajador de Francia, Herbette. <<

[9] Véase, Azaña, «La obra revolucionaria comenzó bajo un gobierno… que no quería ni podía avalarla», y más adelante: «Un gobierno que aborrece y condena los acontecimientos, pero que no puede, ni impedirlos, ni reprimirlos» (La velada en Benicarló, p. 96). Casares Quiroga, con mono y alpargatas, partió para el frente, donde muchos periodistas lo encontraron. Simple miliciano, «se esforzaba por redimir sus pecados», nos dice Koltsóv (op. cit., p. 59). <<

[10] Koltsov, op. cit., p. 54. Nada permite poner en duda la exactitud del reportaje de Koltsov, verificada por la actitud ulterior de Prieto. <<

[11] Alvarez del Vayo, La guerra comenzó en España, p. 216. <<

[12] Desde hacía un año, los oradores comunistas manifestaban tal moderación que, en ocasión de la campaña electoral de febrero, los socialistas, para burlarse de ellos, habían lanzado la falsa consigna de: «Para salvar a España del marxismo vota por los comunistas». <<

[13] En el seno de la clase obrera estaban, en todo caso, claramente a la defensiva con relación a los militantes de la C.N.T. y del P.O.U.M. Salieron del gobierno Casanovas porque la C.N.T. protestó. Para estos partidos que, en toda ocasión, se referían en su propaganda a la U.R.S.S., la adhesión de Moscú al pacto de no intervención era un obstáculo considerable. <<

[14] Véase, capítulo III. <<

[15] Koltsov, op. cit., pp. 76-77. <<

[16] Citado por Peirats, op. cit., t. 1, p. 161. Véase, también, Souchy, Nacht über Spanien, pp. 95-96, y Bolloten, The Grand Cámouflage, pp. 152 ss. <<

[17] La influencia del P.O.U.M. debe también tomarse en cuenta, en cuanto factor de las tomas de posición de la C.N.T. Enrique Rodríguez, uno de los representantes del P.O.U.M. en Madrid, fue llamado en septiembre para que defendiera en C.N.T. las opiniones de su partido acerca del poder. Ahora bien, estas opiniones parecían coincidir con las de la organización madrileña de la C.N.T. <<

[18] Rabasseire (op. cit., p. 98) se hace eco. Clara Campoamor lo detalla en su obra (pp. 143-145). Koltsov (pp. 85-86) nos da un relato conforme a la tesis oficial, pero ni siquiera trata de armonizarlo con las declaraciones anteriores de Caballero y de Prieto. Según él, fue Caballero quien se presentó como candidato ante Azaña, y Prieto fue hostil a su designación. En esta narración hay una sola afirmación verosímil. Alvarez del Vayo fue el que empujó a Largo Caballero a hacer concesiones. <<

[19] Koltsov, ibid., p. 86. <<

[20] Vida y sacrificio de Lluis Companys, p. 172. <<

[21] Santillán, op. cit., pp. 115-116. <<

[22] La Révolution prolétarienne, 10 de octubre de 1936. <<

[23] La Révolution espagnole, 14 de octubre de 1936. Es conveniente precisar que las iniciativas de Nin no le incumben personalmente, sino que reflejan la «línea» de la dirección del P.O.U.M. <<

[24] Peirats, op. cit., t. I, p. 229. <<

[25] El primer gobierno comprendió, además de los nacionalistas vascos, a republicanos, a socialistas y a un comunista, Juan Astigarrabia. Ninguna critica se elevó en ese momento contra este último en las filas del P.C., en tanto que José Díaz lo acusó más tarde (16 de noviembre de 1937) de haber sido «prisionero del gobierno dirigido por los nacionalistas vascos representantes de los grandes industriales, de los grandes capitalistas y de los bancos». El programa gubernamental insistió en la libertad de culto y el respeto del orden y de la propiedad. En el dominio de lo social, prometió que «el trabajador tendrá acceso al capital por intermedio de la co-administración de las empresas». <<

[26] Santillán, op. cit., p. 116. Observemos, expresada desde dos puntos de vista opuestos, una concordancia en la apreciación de la actitud de los socialistas revolucionarios en Madrid y de los anarquistas en Barcelona, al negarse a tomar el poder. Para Trotsky: «Renunciar a la conquista del poder es dejárselo voluntariamente al que lo tiene, a los explotadores. El fondo de toda revolución ha consistido y consiste en llevar a una nueva clase al poder y darle, de esta manera, todas las posibilidades de realizar su programa». «La renuencia a conquistar el poder arroja inevitablemente a toda organización obrera en el pantano reformista y hace de ella el juguete de la burguesía» (Leçons d’Espagne, p. 66). Ázaña, por su parte, escribió: «Como contragolpe de la rebelión militar… se produjo una sublevación proletaria que no se dirigía contra el gobierno. Una revolución debe apoderarse del mando, instalarse en el gobierno, dirigir el país según sus opiniones. Ahora bien, no lo hicieron… el orden antiguo podría haber sido sustituido por otro orden, revolucionario. No lo fue. No había más que impotencia y desorden…» (La velada de Benicarló, p. 96). <<

[1] Según Alvarez del Vayo (La guerra empezó en España, p.216). <<

[2] El Consejo supremo comprendía, además de a Largo Caballero, a Prieto (producción de guerra), a Alvarez del Vayo (encuadramiento político de las tropas), a García Oliver (formación de los mandos militares), y a Uribe (abastecimiento e intendencia). <<

[3] Hay, a propósito de este tema, una notable unanimidad en las organizaciones antifascistas. Fue Companys el que reclamó «un gobierno fuerte, un gobierno con plenos poderes» puesto que no era más que «la autoridad delegada de todas las fuerzas antifascistas, políticas y sindicales que estaban representadas». Azaña, para una «política de guerra» exigió «una sola disciplina, la del gobierno responsable de la República». El comunista Mije afirmó: «La consigna del momento debe ser obtenerlo todo por el gobierno y para el gobierno, reforzar su autoridad y su poder». El anarquista Peiró, convertido en ministro, insistió: «Decimos: primero la guerra y luego la revolución. Es el gobierno el que manda». <<

[4] Informe en Peirats, t. I, pp. 253-254. <<

[5] Las proporciones a veces estaban alteradas, así, en Castellón, el Comité comprendía a 35 miembros, 14 de la C.N.T., 7 del P.O.U.M., 7 de la U.G.T., 7 republicanos. Con la reforma municipal la C.N.T., la U.G.T., el P.O.U.M., el P.C., la J.S.U.Jos socialistas, los partidos republicanos tendrían representaciones iguales. <<

[6] Para muchos militantes, era una carrera administrativa lo que comenzaba, y sus ventajas explican quizá algunas adhesiones. David Antona, albañil en 1936, era gobernador civil de Ciudad Libre (Ciudad Real) en 1939. Raros fueron aquellos que, como Juan López, volvieron a la fábrica después de haber sido ministros o altos funcionarios. <<

[7] La capacidad de resistencia de los comités superó a lo que era normalmente previsible, dada la unanimidad de las organizaciones. El 8 de febrero, José Díaz consagró más de la mitad de un gran discurso, en Valencia, a la necesidad de hacer desaparecer a los «gobiernos en miniatura» y de sustituir a los Comités por Consejos municipales: el decreto databa de un mes. El 27 de abril, ABC, incautado desde julio de 36 por los republicanos, informó que el gobierno de Castellón tuvo que intervenir para sustituir a un Comité por un Consejo municipal.

Sobre todo, por falta de documentos, hay que indicar, simplemente, una excepción importante. Los Comités subsistieron en Asturias, con el beneplácito de las organizaciones que en otras partes luchaban por su disolución. El diputado socialista Amador Fernández, miembro del Consejo regional, declaró a la prensa (ABC, 12 de febrero de 1937): «Hay que confesar que no hay aquí fobia a los Comités». El 8 de enero, la C.N.T. y la U.G.T. de Asturias, por el contrario, firmaron un acuerdo para la generalización en todas las empresas de los Comités de control C.N.T.-U.G.T. (con un número igual de militantes de cada central, bajo la presidencia de un miembro de la organización que tuviese mayoría en la empresa). El Congreso de la U.G.T. asturiana el 13 de abril de 1937, del que Javier Bueno subrayó en Claridad que era el «primer Congreso de la revolución», confirmó esta orientación. En las elecciones para la comisión ejecutiva, la lista comunista de los adversarios de los Comités, llamada de unidad, no obtuvo más que 12 000 votos contra 87 000 en favor de la dirección saliente. La J.S.U. asturiana (véase, cap. XI), se levantó contra la influencia del P.C. y formó un «Frente revolucionario» con las juventudes libertarias.

Hasta su caída, Asturias fue una Comuna asediada. La resistencia de grupos armados de partidarios, varios meses después de la victoria de Franco, demuestra la profundidad del impulso revolucionario, que la obra de restauración del Estado, efectuada aquí con más prudencia, no había podido quebrantar. <<

[8] Comprendió a Gallarza (U.G.T.) ministro de gobernación, a Jesús Hernández, a Esplá y a García Oliver. <<

[9] W. Carrillo sustituyó a M. Muñoz que había sido director ya antes de la revolución. Negrín lo sustituirá por el comunista Ortega. <<

[10] Los carabineros habían sido los tradicionales aduaneros. Su desarrollo en esta época les valió el apodo de Hijos de Negrín. <<

[11] Esta medida no parece haber sido respetada, por lo menos en lo que concierne a algunos partidos. Véase, capítulo XI, nota 15, en lo tocante a los incidentes provocados por el «proselitismo» comunista de Margarita Nelken para con los guardias de asalto. <<

[12] Escobar y Martínez fueron muertos el 21 de noviembre. La indagación oficial no condujo a nada. Santillán dice que su liquidación se realizó «por instigación de otro sector antifascista» que acusó, erróneamente, de doble juego a sus colaboradores. Martín Blázquez, acusó a milicianos de la F.A.I. del intento de asesinato contra él y sus amigos. <<

[13] García Oliver calcó su organización sobre el modelo de la de Barcelona. Pero los progresos realizados por las técnicas de la guerra moderna explican las insuficiencias de los oficiales así instruidos: en dos meses, no se podía aprender a mandar una compañía. <<

[14] Véase el capítulo V, nota 25. <<

[15] Al parecer, Durán sirvió de modelo a André Malraux para uno de los personajes principales de L’Espoir, el comunista Manuel dice de sí mismo en la novela lo que Durán confió a Simone Téry (Espagne, Front de la Liberté, p. 147 especialmente). En el Quinto regimiento, Durán había mandado a la Compañía de hierro, unidad de ametralladoristas motociclistas organizada según una idea de André Malraux (ibid., p. 129). <<

[16] El 17 de octubre, Álvarez del Vayo fue nombrado comisario general. Alrededor de él fueron designados como vicecomisarios generales Mije del P.C., Crescenciano Bilbao, socialista, Gil Roldán, de la C.N.T., y Pestaña del partido sindicalista. El 9 de diciembre Mije fue nombrado comisario general. Durante todo este periodo, Pretel, de la U.G.T., fue secretario general del Comisariado. <<

[17] L’Humanité, 19 de abril de 1937. <<

[18] Por la radio del P.C. un sacerdote católico, el reverendo padre Lobo, se dirigió a los madrileños para pedirles que engrosaran las filas del pueblo. <<

[19] Según Juan Peiró, el crédito que le fue ofrecido finalmente, después de una larga discusión en el Consejo, fue de 24 millones de pesetas, de los cuales el Ministerio de la Industria, tenía que pagar, además, un 6% de intereses. <<

[20] Solidaridad Obrera le pidió a los franceses su apoyo contra los «Boches». Federica Montseny dijo que la guerra se libraba contra los «invasores extranjeros». <<

[21] Después de su muerte, Durruti fue utilizado por todas las tendencias. Citemos, en oposición a esta frase, repetida tan a menudo, su declaración a Pierre Van Paasen: «Queremos la revolución, aquí, en España, ahora y no quizá después de la próxima guerra europea» (entrevista citada por F. Morrow). <<

[22] García Oliver dijo a los alumnos oficiales: «Vuestros soldados… dejan de ser vuestros camaradas y deben tomar lugar en el engranaje de la máquina militar de nuestro ejército. <<

[23] Contrariamente a lo que afirman la mayoría de los autores, al parecer los milicianos de la C.N.T. de Tarancón no pertenecían a la Columna de Hierro, sino que se trataba de elementos madrileños (véase lo que dice Guzmán, en Madrid rojo y negro, de su jefe, Villanueva). <<

[24] Jesús Hernández, afirma que Togliatti se encontraba en España desde los primeros días de la insurrección y, por tanto, durante el verano de 1936, y que recibía de manera permanente en el buró político del P.C.E. Los biógrafos oficiales de Togliatti, los Ferrara, dicen que llegó a España en julio de 1937 (p. 280), que «debía dejarse ver lo menos posible» (p. 288), y confirman que «su trabajo se consagró totalmente a las cuestiones españolas, a las del Partido comunista y al movimiento popular español». <<

[25] Borkenau, op. cit., p. 292. <<

[26] Claro está que también acudieron a la C.N.T., por ejemplo, personas de derechas que deseaban asegurarse una «cubierta protectora». Pero sólo el P.C. ofrecía, al mismo tiempo que la protección, la perspectiva de una lucha por el orden. <<

[27] Borkenau dijo que el P.C. era, ante todo, «el partido del personal militar y administrativo». Venían luego los pequeños burgueses y campesinos acomodados, después los empleados y, en último lugar, solamente, los obreros de industria. Dolléans, citando el caso de Valencia, donde los antiguos afiliados de la C.E.D.A. se pasaron al P.C., dijo que reclutaba su gente «entre los elementos más conservadores del bloque republicano». La mayoría de los oficiales de carrera, algunos de los cuales antes de la guerra eran simples republicanos, cuando no eran de derecha, se adhirió al P.C. Citemos a Miaja y Pozas, y a los jóvenes Hidalgo de Cisneros, Galán, Ciutat, Cordón, Barceló. <<

[28] El 14 de enero de 1937, uno de los hijos del presidente Alcalá Zamora, José Alcalá Castillo, que hacía unos días había vuelto del exilio, se adhirió al Partido: el 6, una emisión especial del P.C. por radio, con la participación de Balbontín, se dirigió a los «hijos de la gran burguesía que luchan en el campo contrario». Y a los que se les pidió que se pasaran en masa «al lado del pueblo español». José Alcalá Castillo fue elegido para formar parte de una delegación de «trabajadores» enviada a la U.R.S.S. para las fiestas del 14 de mayo. La prensa española reprodujo un artículo de él, en Izvestia, del día 6, en el que dio las gracias al «gran camarada Stalin».

Otra recluta, muy representativa de la nueva capa de militantes del P.C. fue Constancia de la Mora. Hija de una de las más grandes familias de la oligarquía española, nieta de Antonio Maura, hombre de Estado conservador por el que no ocultó su admiración, entró en conflicto con su familia y su medio a consecuencia de un matrimonio desastroso con un señorito de Málaga (Bolín, del que hablan, por lo demás, Koestler y Chalmers Mitchell). Divorciada y vuelta a casar con Hidalgo de Cisneros, dirigió la censura en Madrid, y no vaciló en censurar las decisiones del gobierno conforme a las órdenes de su partido. Su autobiografía, Orgullosa España, es un interesante testimonio: esta mujer inteligente, enérgica y valerosa, hablaba todavía el lenguaje de su clase y mostraba para los «ultrarevolucionarios» la misma hostilidad que su abuelo a los socialistas. <<

[29] La Pasionaria, en Mundo Obrero, del 19 de marzo de 1937, citando un registro de las pérdidas padecidas por el cuerpo de comisarios, reveló, quizá involuntariamente, la preponderancia comunista: de 32 comisarios muertos, 21 pertenecían al P.C., 7 a la J.S.U., de 55 heridos, 35 eran del P.C., 1 de la J.S.U. Aun si se admite, como lo hace ella, que los comunistas, más heroicos que los demás, por definición, estaban más expuestos que los otros, es claro que su influencia era preponderante. Caballero acusó claramente a Del Vayo de haber favorecido su penetración. Prieto acusó a Antón, jefe de los comisarios del frente de Madrid y miembro del buró político del P.C. Es indudable que el P.C. comprendió, antes que las demás organizaciones, la importancia del papel de los comisarios, y es indudable también que los candidatos comunistas fueron más numerosos que los otros. <<

[30] Enrique Rodríguez, dirigente del P.O.U.M. en Madrid, fue informado de esta decisión por el socialista Albar, que le dijo: «El embajador Rosenberg ha puesto su veto a vuestra presencia. Es injusto, claro está, pero comprendednos: la U.R.S.S. es poderosa, entre privarnos del apoyo del P.O.U.M. y privarnos de la ayuda de la U.R.S.S. hemos elegido. Preferimos inclinamos y rechazar al P.O.U.M.» Andrade y Gorkin se trasladaron entonces a Madrid, pero también ellos fracasaron. El P.O.U.M. no estuvo representado en la junta. <<

[31] Citado por Bemen, Guerre de classes en Espagne, p. 40. <<

[1] La Fiesta de la Raza conmemora el descubrimiento de América por Cristóbal Colón. <<

[2] Caballero invocó el riesgo de la sorpresa, el peligro de que el gobierno cayese en manos de los rebeldes, la necesidad de consagrarse a la dirección de todo el país, tarea imposible en la capital sitiada. <<

[3] Véase capítulo anterior. <<

[4] Los nombramientos del 24 de octubre fueron los siguientes: el general Asensio pasó a ser subsecretario de Estado encargado del despacho de la Guerra, el general Pozas pasó a ser jefe del ejército del Centro y el general Miaja tomó el mando del ejército de Madrid. En Mis recuerdos, Largo Caballero afirma que su preocupación fue poner a Miaja a salvo de las amenazas de paseo, a la vez que sólo le confiaba funciones puramente honoríficas. De cualquier modo, es curioso que haya dejado la dirección de la defensa de Madrid a un oficial general en el que no tenía confianza. <<

[5] El biógrafo de Miaja, López Fernández, y Koltsov, lo mismo que Colodny después de ellos, afirman que un error del general Asensio por poco provocó una catástrofe. Había cambiado sobres que contenían órdenes ultra-secretas, que no se debían abrir hasta el último momento, destinados a los generales Miaja y Pozas. Según ellos, Miaja abrió el sobre antes de la hora citada, pudo así descubrir el error a tiempo y prevenir las funestas consecuencias. <<

[6] Frade, secretario de la junta, oficialmente socialista, pero señalado como comunista por Barca y Koltsov. En la junta del 9 de noviembre había 3 militantes comunistas: Mije del P.C., Carrillo de la J.S.U.; Yagüe de la U.G.T. Con ellos, militantes comunistas quedaron colocados en todos los puestos clave. Todo el Estado mayor del Quinto regimiento rodeaba a Mije: Carlos Contreras era jefe de Estado mayor, Castro Delgado tenía a su cargo las operaciones, José Cazorla se encargaba de la organización, Daniel Ortega de los Servicios y el doctor Planelles de la Sanidad. Con Carrillo, fue el ejecutivo de la J.S.U. el que se instaló en los puestos de mando del Interior: Cabello dirigía la radio, Claudin controlaba la prensa, Serrano Poncela dirigía la seguridad y Federico Melchor los guardias nacionales y los guardias de asalto. Eran comunistas, Miguel Martínez (véase nota 8) y Francisco Antón —amante de la Pasionaria, según Hernández, Castro y el Campesino— los que dirigían el comisariado… Cuando la junta fue reorganizada, el 4 de diciembre, un comunista, Diéguez, que sucedió a Mije, fue ascendido a comisario general. Cazorla fue nombrado adjunto de Carrillo y lo sustituyó el 19 de enero cuando éste se consagró totalmente a las J.S.U. Yagüe, después de su herida, fue sustituido por un comunista de la J.S.U., Luis Nieto. Los demás miembros de la junta eran el republicano Carreño y Enrique Jiménez, después González Marín, Amor Nuño de la C.N.T., Enrique García de la J.L., Caminero, del Partido Sindicalista y Máximo de Dios, socialista, que sustituyó a Frade el 4 de diciembre. <<

[7] En lo tocante a la aviación, lo mismo que acerca de la verdadera identidad de los oficiales rusos presentes en España, véase t. II, capítulo III. <<

[8] Colodny (op. cit., p. 33) dice que Miguel Martínez era un oficial soviético, indicando como, fuente a Koltsov. Ahora bien, Koltsov (op. it., p. 18) dice que Miguel Martínez era un comunista mexicano. ¿Se trata del Enrique de Malraux, que había hecho «seis revoluciones» y «decía que era mexicano»? Por último, Castro Delgado (op. cit., p. 33), habla de «Miguel, un búlgaro que había sido comisario en Madrid y que luego se convirtió en director de estudios de la escuela leninista». En todo caso, Miguel Martínez, cuyo papel fue importante, se quedó en las sombras, al igual que los técnicos rusos en el momento en que la prensa no vacilaba en hacer estrellas de los comunistas extranjeros como Carlos Vidali (Carlos Contreras). <<

[9] Hans Beimler, comisario político y animador de los voluntarios alemanes, simboliza perfectamente a este tipo de hombres; nacido en 1895, militante socialista, se afilió al grupo Spartakus, núcleo del futuro P.C. durante la guerra, mientras estaba movilizado en la marina. Participó en la revolución de 1918, fue miembro del Consejo de Marinos de Cuxhaven, y después en la revolución bávara de 1919, donde sirvió en la Guardia roja de los «Marinos revolucionarios». Su participación en la insurrección fallida de 1921 le reportó dos años de cárcel. Diputado al Reichstag, en 1930, fue detenido, e internado en Dachau, del que se evadió unas semanas después. Refugiado en Moscú, publicó un folleto que es la primer denuncia de los campos de concentración de Hitler (En el campo de asesinos de Dachau, Moscú, 1933). Llegó a Barcelona en los últimos días de julio de 1933 y organizó la centuria Thälmann. Volveremos a comentar su papel y las circunstancias de su muerte en el t. II, capítulo III. Hay que señalar, a este respecto, el trabajo, por desgracia todavía inédito, de Antonia Stern, Das Leben cines revolionüren Kümpfers unserer Zeit: Hans Beimler, Dachau-Madrid. <<

[10] El 13 de noviembre, Trifón Medrano, comandante del Quinto regimiento, secretario de la organización de la J.S.U., miembro del comité central del P.C., lanzó por radio un llamado: «Se trata de conquistar la libertad y el porvenir, de seguir el maravilloso ejemplo de los pueblos de la U.R.S.S., cuya solidaridad refuerza tan poderosamente nuestra fe en el triunfo, de hacer de España un país progresista, un país que, a la vez que asegure el bienestar de su pueblo, sea un bastión de la paz y del progreso del mundo. ¡Combatientes del ejército popular y de las milicias! ¡Juventud en armas! En nuestras manos está el porvenir. ¡Seamos dignos de los que han caído! ¡A los oprimidos del mundo entero demos el estímulo de nuestra victoria!» (ABC, reproducido según la radio del Quinto, de 14 de noviembre).

Este texto, a nuestro juicio, es una excelente ilustración: 1). De la utilización del prestigio revolucionario de la U.R.S.S. y de la leyenda de la revolución de Octubre. 2). De la utilización de un sentimiento de «internacionalismo proletario» revolucionario, en un momento en que la apelación a los sentimientos revolucionarios constituía el mejor estímulo de la energía obrera. Era un arma peligrosa que el P.C. no utilizó más que durante un breve periodo. <<

[11] La generalización de las «comisiones de casa», con «comités de vecinos» elegidos constituyó verdaderamente la «segunda revolución» madrileña, la base de una auténtica «Comuna de Madrid». A la vez que sostenía este tipo de organización —el único capaz de movilizar todas las fuerzas proletarias— la junta, y a través de ella el P.C., se esforzó por controlarla. De tal manera, no reconoció (circular del 12 de noviembre) más que a los comités de vecinos que comprendían por lo menos a 3 miembros de los «partidos o sindicatos» representados en las juntas y los colocó bajo la autoridad de comités de sector del Frente Popular. La junta se opuso a todos los intentos espontáneos de federación de los Comités y Comisiones, y previó, para adelantarse a ellos, la organización de un «Comité central de las comisiones de casas» que nunca existió más que nominalmente. Por último, se opuso también (comunicado del 12 de noviembre) a las «numerosas demandas de miembros de los comités de vecinos» para obtener una representación de los comités en la junta, puesto que «el nombramiento de la junta de defensa ha sido hecho por las organizaciones políticas y sindicales, de acuerdo con el gobierno legítimo». Así, en el momento mismo en que suscitaba aquel movimiento revolucionario de comités, del que sacaba su fuerza, la junta sé preocupaba de que no la desbordaran, de conservar el control, manteniendo, por encima de ellos, una autoridad de Estado que no emanaba de ellos sino del gobierno. Gracias a estas precauciones, la segunda revolución madrileña no se convirtió en Comuna. <<

[12] García Atadell y dos de sus adjuntos franquearon la frontera francesa con joyas robadas en el curso de operaciones policiacas. Embarcados para América del Sur, tuvieron la mala suerte de hacer escala en Santa Cruz de la Palma. Detenidos por las autoridades nacionalistas fueron trasladados a Sevilla, condenados a muerte y ejecutados. <<

[13] Fue así como la junta y el gobierno «encubrieron» la ejecución sumaria, por los servicios de Salgado, del barón de Borchgraeve, de la embajada de Bélgica, y del que inclusive Galíndez piensa que trabajaba para Franco. Koltsov nos ha dejado un relato muy vivo del ataque realizado por las fuerzas que dirigían Miguel Martínez y el joven comunista Serrano Poncela, jefe de la seguridad madrileña, a la embajada de Finlandia, en la que se habían refugiado 1.100 fascistas españoles. Señalemos también el episodio de la falsa embajada de «Siam», ratonera armada por el anarquista Verardini, por cuenta de los «servicios especiales» del Ministerio de la Guerra. Castro Delgado, en Hombres made in Moscú, habla en varias partes de los grupos especiales del P.C. madrileño, los I.T.A., y de su jefe, Tomás. <<

[14] El origen de la expresión es que el primer plan rebelde preveía la convergencia sobre Madrid de cuatro columnas a las que debía respaldar, en la capital, la de los simpatizantes… Fue Mola el primero que habló de esto, en una conversación con los periodistas, y su fórmula conoció después la fortuna que todos sabemos. <<

[15] Delaprée, op. cit., p. 171. <<

[16] La encuesta abierta por la C.N.T. no condujo a ningún resultado oficial. Los camaradas de Durruti impugnan esta interpretación de su muerte (ver artículo de Federica Montseny, C.N.T., 15 de julio de 1961), pero Hugh Thomas (op. cit., p. 328) la tiene también como la «más verosímil». Asegura, sin embargo, que la bala que mató a Durruti entró por delante. <<

[17] Kindelán, Mis cuadernos de guerra, p. 33. <<

[18] Delaprée, op. cit., p. 187. <<

[19] Ibid., p. 155. <<

[20] Ibíd., p. 195. <<

[21] Galíndez, Los vascos en Madrid sitiado, p. 76. <<

[22] Colodny, op. cit., p. 93. <<

[23] Fue también el 12 de diciembre cuando, por decisión de la junta, los tranvías dejaron de ser gratuitos. Poco después, se restablecieron los alquileres. En ese día se puede fechar el abandono de los métodos revolucionarios de defensa. <<

[24] Castro Delgado, invocando el testimonio de Burillo, acusa de incapacidad a los «héroes» comunistas Líster y Modesto. <<

[25] Citado por Colodny, p. 130. <<

[26] Guadalajara, folleto editado por el gobierno, p. 18. <<

[27] Longo, Le Brigate Internazionali in Spagna, p. 306. Se trataba de un discurso de jesús Hernández, pero Longo no lo nombra. <<

[28] Two wars and more to come, p. 264. <<

[1] Declaración de Largo Caballero en las Cortes, el 1.º de octubre de 1936. Le Temps del 3 de octubre vio en ella «el anuncio de la reorganización del Estado en el sentido de una revolución socialista y proletaria profunda». <<

[2] Carlos A. Rama, La crisis española en el siglo XX, p. 270. <<

[3] Santillán hace alusión a las negociaciones llevadas a cabo por el Comité Central con los nacionalistas marroquíes. La Batalla hizo una campaña en pro de la independencia de Marruecos y de la alianza de los republicanos con Abd-el-Krim. Koltsov se sorprendió de la pasividad de los gobernantes republicanos respecto de Marruecos. En cuanto a Franco, declaró: «nosotros, nacionalistas españoles, comprendemos muy bien el nacionalismo de otros pueblos y lo respetamos». <<

[4] En el momento en que el gobierno del Frente Popular francés proclamaba la disolución del movimiento nacionalista revolucionario de la Etoile Nord africaine (más tarde reconstituido como P.P.A. y luego como M.T.L.D.), militantes de este partido, como Bastiam, estaban combatiendo en las filas de las brigadas internacionales. <<

[5] Véase, sobre todo, el artículo de Berneri en Guerra di clase, del 24 de octubre de 1936. <<

[6] G. Munis (op. cit., p. 329), habla sobre todo de una delegación que condujo a España un militante trotskista francés. (¿Era David Rousset, como afirman algunos de sus antiguos amigos?). <<

[7] Fue el Times del 18 de marzo el que, anunciando su rechazo por el Foreign Office habló por primera vez de esta proposición —jamás desmentida— de la que Morrow afirma que fue hecha en una nota fechada el 9 de febrero. «El gobierno español —dijo el periódico conservador— estaba dispuesto a examinar una modificación de la situación en el Marruecos español… un acuerdo territorial.» Largo Caballero —silencioso al respecto— afirma en Mis recuerdos que negociaba con los nacionalistas marroquíes cuando fue depuesto. Véase, a este respecto, la obra de Bolloten, pp. 135-8. <<

[8] Rosenberg habló en el cine Monumental de Madrid, el 1 y el 9 de noviembre. Antonov, en un mitin al aire libre, hizo que 400 000 personas aclamaran a Companys. <<

[9] Este texto, aparecido primero en el Cincinnati Times-Star ha sido ampliamente reproducido desde entonces. <<

[10] Según García Pradas, Largo Caballero hizo saber a Moscú que creía que Rosenberg, por hallarse enfermo, tenía necesidad de «cambiar de aires». <<

[11] Alvarez del Vayo (The Last Optimist, p. 288), nos ha dejado el relato de esta reunión del ejecutivo. El mismo se había declarado en favor de la unidad de acción, pues consideraba inoportuna la unidad orgánica. Pietro Nenni (La Guerre d’Espagne), relata una conversación con Prieto que, el 3 de marzo de 1937, sostenía la necesidad de la fusión inmediata. <<

[12] Acerca de los proyectos de viaje de Esplá, véase Le Temps, de 23 de marzo. Azaña declaró a Fischer que habla enviado a Besteiro a la coronación del rey de Inglaterra para pedir la mediación inglesa con vistas a un cese el fuego seguido de una retirada de las tropas extranjeras y de una conferencia entre las potencias para un «arreglo democrático» (op. cit., p. 420). Una nota del gobierno Largo Caballero había rechazado, el 15 de diciembre, el proyecto franco-inglés que preveía un armisticio seguido de un plebiscito. En febrero, Cordell Hull, secretario de Estado norteamericano encargado de los asuntos extranjeros (declaración al Washington Post, del 26 de febrero), hizo nuevas proposiciones. <<

[13] El Comité Nacional de la C.N.T., sobre todo, se rebeló, en una nota del 26 de abril ante las informaciones dadas por el Daily Express, contra las iniciativas tendientes a llevar al poder a un gobierno Miaja para hacer una «paz honorable» entre jefes militares. <<

[14] Gorkin, Caníbales políticos, pp. 215-17. Gorkin conoció a Asensio en la cárcel. <<

[15] Según Gorkin (ibid., p. 218), Asensio explicaba el odio que le tenían los comunistas por dos incidentes: se había negado a avalar las cuentas financieras del Quinto regimiento, y había amenazado con mandar fusilar a Margarita Nelken por su propaganda en favor del P.C. entre los guardias de asalto. <<

[16] El teniente coronel Villalba, comandante militar de Málaga, acusado de haber desertado del cuartel general y abandonado a sus tropas, fue sometido a «consejo de guerra». Pero las Cortes se negaron a quitarle la inmunidad parlamentaria al comisario Bolívar, diputado comunista que había permanecido a su lado. Es difícil, en asuntos de esta clase, distinguir lo que fue traición, impotencia o incapacidad de lo que fue represión justificada y venganza política. <<

[17] Acusado de alta traición, después de la caída de Gijón, durante el gobierno de Negrín, Asensio fue absuelto y recibió nuevos mandos. Su co-acusado, su jefe de Estado Mayor, Martínez Cabrera, absuelto como él, fue fusilado finalmente, pero por Franco. <<

[18] Carlos de Baraibar, gravemente enfermo después de la revolución de julio, se había mantenido al margen de toda actividad durante varios meses. Según su relato (La traición del stalinismo, pp. 70-71), los comunistas le habían ofrecido su apoyo para el Ministerio de la Guerra; como se negó a participar en esta operación dirigida contra Largo Caballero se ganó desde entonces su enemistad. <<

[19] Acusado de alta traición durante el gobierno de Negrín, condenado a muerte y luego perdonado, Maroto también fue fusilado finalmente, por Franco. <<

[20] El Consejo Municipal quedó dispuesto por un decreto del 18, publicado en la Gaceta el 21. Fue el 24, en el curso de una conferencia de prensa cuando Miaja anunció la disolución de la Junta, que el Partido Comunista debía aprobar públicamente. En el asunto Cazorla, los comunistas y las J.S.U. fueron los únicos que defendieron al joven comisario de orden público. En un editorial del 23 de febrero, titulado «El orden público en Madrid», cortado con blancos debido a la censura, el periódico republicano A.B.C., que sin embargo a menudo era pro-comunista, aconsejó a Cazorla respetar la ley. El 24 de abril, la Junta, disuelta, declaró en una nota que interrumpía las investigaciones en el asunto. El 26, Cazorla protestó en una nota a la prensa, rechazando el silencio acusador y amenazando con defenderse a sí mismo si los demás miembros de la Junta se desinteresaban de su suerte. Algunos días después, en un informe de su misión aparecido en A.B.C., se contentó con insistir en las dificultades de la lucha contra la «quinta columna» escondida en las organizaciones antifascistas. El asunto quedaba sin conclusión. <<

[21] Resumimos aquí la requisitoria de Hernández después de la caída de Largo Caballero, en su discurso del 29 de mayo. <<

[22] Personas que se encontraban tan alejadas, en 1936, como Casado, Hernández y Araquistáin, pero a los que una común hostilidad al P.C. acercó después de la guerra confirman las acusaciones de Caballero en lo tocante a la ofensiva de Extremadura. Pero es difícil estar de acuerdo con Hernández que hace de este asunto el factor determinante de la caída del gobierno. Largo Caballero afirma que los ministros comunistas lo habían apoyado para hacer obedecer a Miaja y que la ofensiva estaba preparada para el 16 de mayo. Si es verdad, nada se supo. <<

[23] Véase, sobre todo, los artículos de W. Solano y Luis Roc en Juventud Comunista. <<

[24] Entre los periódicos anarquistas de la oposición revolucionaria hay que citar a Ideas, del Bajo Llobregat. Carlos Rama distingue claramente entre la corriente anarquista pura que representa y la de los «Amigos de Durruti», cuya fraseología revelaba una influencia marxista. Balius, había algunas veces hecho partido con el Bloque Obrero y Campesino. Por otro lado, los trotskistas extranjeros Moulin y Franz Heller colaboraban con su grupo. <<

[25] Nacido en 1897, militante de las juventudes socialistas que se volvió anarquista durante la guerra, Camillo Berneri, profesor de filosofía de la Universidad de Florencia, emigró después de la victoria de Mussolini. Voluntario, en julio de 36, en las columnas de la C.N.T., disfrutó de un gran prestigio en el movimiento libertario internacional y de una autoridad indudable en el de España. <<

[26] Guerre de classes en Espagne, p. 17. <<

[27] Noske, socialista alemán aliado del Estado Mayor, que venció en 1919 a la revolución alemana de los consejos y cuyos oficiales asesinaron a Karl Liebkneclrt y a Rosa Luxemburgo. <<

[28] «El gobierno central boicotea a la economía catalana para obligamos a renunciar a todas las conquistas revolucionarias. Se piden sacrificios al pueblo y a los obreros y los milicianos ceden partes importantes de su sueldo. Pero el gobierno guarda su oro, garantía de la nueva República burguesa y parlamentaria. Se respetan las joyas y las fortunas de los capitalistas… y se mantienen salarios fabulosos, triplicándolos a veces… Mientras el pueblo sufre privaciones se permite a los comerciantes un agiotaje vergonzoso y criminal… Se le niegan armas al frente de Aragón porque es firmemente revolucionario, para poder cubrir de fango a las columnas que operan en él… Se envía al frente a los hijos del pueblo, pero se conserva en la retaguardia, con fines contrarrevolucionarios, a las tropas uniformadas. <<

[29] El 2 de marzo, en el Congreso de las juventudes libertarias de Madrid, fue aclamada la intervención de Enrique Rodríguez, secretario de la J.C.I. y miembro del P.O.U.M. García Pradas, que pasaba por ser el dirigente de la oposición revolucionaria en la capital, atacó violentamente al P.C. y a las J.S.U. Declaró que la juventud revolucionaria debía unirse para una «revolución social» y que «no aceptará nunca la consigna de la República democrática y parlamentaria». <<

[30] Santiago Carrillo había declarado en Valencia, el 15 de enero de 1937: «no luchamos por una revolución social. Nuestra organización no es, ni socialista, ni comunista. Las J.S.U. no es una juventud marxista». <<

[31] Probablemente, a consecuencia de la oposición de la federación de la J.S.U. de Asturias se organizó el viaje, por el norte, de una delegación del ejecutivo de la J.S.U. Dos de los dirigentes de la J.S.U., Rodríguez Cuesta y Trifón Medrano, murieron a consecuencia de la explosión de una bomba en un local de Bilbao, donde tenían una reunión, el 18 de febrero. <<

[32] Los dirigentes del P.C., por lo demás, eran los que más hablaban de este gobierno, cuya proposición combatían enérgicamente. La idea de «gobierno sindical» parece haber sido la reprise, en una forma todavía más endulzada, de la vieja consigna de «gobierno obrero» abandonada en septiembre por los amigos de Caballero. <<

[33] Op. cit., p. 152. <<

[34] Benavides, portavoz de Comorera y del P.S.U.C., escribió: «se le ha atribuido al P.S.U.C. esta frase: ‹antes de tomar Zaragoza hay que tomar Barcelona›. Reflejaba exactamente la situación y expresaba fielmente la aspiración del país que reclamaba la devolución a la Generalidad del poder detentado por los anarquistas» (op. cit., p. 426). <<

[35] La Batalla escribió al respecto: «manifestación contrarrevolucionaria, de las que tienen por objeto crear en el seno de las masas pequeño-burguesas y de las capas atrasadas de la clase obrera, un ambiente de pogrom contra la vanguardia del proletariado catalán: la C.N.T., la F.A.I. y el P.O.U.M.». <<

[36] Antonio Martín, antiguo contrabandista, fue, después de julio de 1936, un eficaz jefe de «aduaneros». Según Santillán eso fue lo que lo hizo merecedor de tan sólidas enemistades. Sin embargo, republicanos, socialistas y comunistas hicieron de él el verdugo de Puigcerdá y el responsable de un largo periodo de terror. Manuel D. Benavides en su libro, Guerra y revolución en Cataluña, lanza una larga requisitoria contra él, a quien llama «el cojo de Málaga». <<

[37] Arthur Koestler cuenta que, para las comunicaciones secretas entre Valencia y la embajada de París, el ministro del Vayo y el embajador Araquistáin utilizaban a sus esposas, dos hermanas de origen suizoalemán cuyas conversaciones, en su dialecto natal, escapaban a todo control. Según Benavides, las conversaciones de Azaña eran interrumpidas a menudo por el Comité de Control de la C.N.T. (op. cit., p. 424). <<

[38] Las medidas ulteriores tomadas por el gobierno parecen demostrar que Rodríguez Salas había actuado de acuerdo con el ministro, el republicano Aiguadé. En cambio, es interesante poner de relieve la diversidad de los motivos invocados por la prensa comunista para justificar la iniciativa de Rodríguez Salas: asegurar el funcionamiento de la central (Daily Worker, de 11 de mayo), quitarle la central al P.O.U.M. y a los incontrolables que se habían apoderado de ella la víspera (Corr. Int. el 29 de mayo), o instalar simplemente un delegado del gobierno (Rodríguez Salas a la prensa). <<

[39] Después de este discurso circuló el rumor entre los obreros de las barricadas de que García Oliver y sus amigos, prisioneros de la policía de la Generalidad, habían sido obligados con amenazas a lanzar estos llamados a la calma. Del lado del P.S.U.C. se pretendía que García Oliver había prevenido a sus amigos para que no hiciesen caso de ninguna consigna que pudiese dar si no iba precedida de un «santo y seña». <<

[40] En una nota del 11 de mayo, el embajador de Alemania declaró que el propio Franco, en persona, le había dicho que las jornadas de mayo habían sido la obra de sus agentes; y puntualizó que Barcelona contaba con 13 agentes franquistas, pero nada indica que estos agentes se encontrasen más en el seno del P.O.U.M. que en el del P.S.U.C., o en el de cualquier otra organización sindical o política. <<

[41] Santillán cuenta que el escritor argentino González Pacheco, que venía de Bruselas, le contó que, por boca del embajador Ossorio y Gallardo, se sabía lo que estaban preparando en Barcelona. Esto, y la presencia de barcos de guerra ingleses y franceses en las costas, lo llevó a pensar en una provocación de origen internacional, en la que tomaron parte los comunistas, como lo demostraría la presencia en Barcelona, el día de los trastornos, de José del Barrio, comandante de la 27.ª división, y de su jefe de Estado Mayor. <<

[42] Controversy, agosto de 1937. Véase también, en su obra Cataluña libre el capítulo sobre las jornadas de mayo. <<

[43] «Les Journées de mai furent-elles un 15 mai?» (paralelos con la revolución de 1848), La Révolution prolétarienne, 10 de junio de 1937. <<

[44] Santillán cuenta que antes de dirigirse a conversar con Companys, mandó apuntar contra el edificio los cañones de las baterías costeras y dio orden al comandante de telefonearle a intervalos regulares al despacho de Companys, y de comenzar a disparar si no respondía en persona. <<

[45] Santillán, op. cit., p. 164. <<

[46] Como lo afirmaron el trotskista Félix Morrow, o, en cierta medida, Santillán, que se arrepintió muy pronto del papel que había desempeñado para el establecimiento de un-cese-el-fuego sin condiciones. <<

[47] Jesús Hernández nos ha contado la reunión del buró político del P.C. en el que, según él, se decidió la caída de Caballero. Según su versión, José Díaz y él mismo se opusieron a una iniciativa que equivalía a «romper el frente de lucha». Contra ellos, el consejero de la embajada de la U.R.S.S., presente en la reunión con Geroe, Codovila, Stepanov y Orlov hizo prevalecer el punto de vista de Moscú, afirmando que: «Caballero ya no quiere escuchar nuestros consejos» y se «ha negado a prohibir La Batalla y a proclamar la ilegalidad del P.O.U.M.». <<

[48] Como Hernández escribió que Prieto había seguido a los ministros comunistas y reclamado, después de su partida, la dimisión del gobierno, Prieto afirmó (Entresijos de la guerra de España, p. 52) que se había contentado con poner en guardia a Caballero que quería «continuar, señalándole, que no podía hacerlo sin haber rendido cuentas al presidente Azaña». La preocupación de Prieto, después de su expulsión del gobierno Negrín, por quitarse la marca de los comunistas en el pasado, explica esta interpretación, poco convincente, a decir verdad: el desenvolvimiento de la crisis ministerial y su desenlace prueban, en efecto, el acuerdo, por la menos tácito, entre Prieto y los ministros comunistas acerca de la necesidad del derrocamiento de Largo Caballero. <<

[1] Según Largo Caballero, era la única solución que permitía conservar un gobierno para el 16 de mayo, fecha en que se había fijado el comienzo de la ofensiva de Extremadura. <<

[2] Véase, a este respecto, el artículo de Temps del 23 de marzo, ya citado (cap. XI). Krivitsky dice que Stachevski, agregado comercial de la U.R.S.S. y hombre confianza de Stalin veía en Juan Negrín al sucesor de Largo Caballero desde el mes de noviembre de 1937 (op. cit., p. 127). Hernández (op. cit., página 71), cuenta cómo él mismo fue a ofrecerle a Negrín el apoyo del P.C. <<

[3] Epistolario Prieto-Negrín, p. 41. <<

[4] No carece de interés señalar que gran parte de este informe está consagrado a «la infiltración en las filas del Partido de elementos trotskistas». <<

[5] Arquer fue condenado a once años, Escuder y Rebull fueron absueltos. Largo Caballero y Federica Montseny declararon en favor de los acusados. <<

[6] A ojos de quienes lo denunciaron, el «escándalo» tenía dos aspectos principales: desde un simple punto de vista democrático, era escandaloso que bajo un gobierno que presumía de haber restaurado la legalidad y puesto fin a las violencias, un detenido pudiese ser entregado por la policía a asesinos y que las autoridades tratasen de esconder la verdad. Por lo demás, inclusive después de las semanas de paseos y de arreglos de cuentas, el asunto Nin, por el carácter fríamente concertado del secuestro, la ejecución y la orquestación que lo acompañaron, revelaron la omnipotencia de la N.K.V.D. y la determinación de los comunistas a no detenerse ante nada para desprenderse de un adversario. Otros jefes de la coalición antifascista comenzaron a temer para sí mismos la suerte de Nin. Por último, a ojos de muchos simpatizantes comunistas el secuestro y asesinato de un comunista disidente señalaba un verdadero cambio de naturaleza del comunismo stalinista, cuyos golpes mortales iban dirigidos sólo contra los revolucionarios. <<

[7] El capitán Narvitch fue asesinado en Barcelona, y Munis fue acusado del asesinato. Los amigos de Munis sostienen que Narvitch fue asesinado por la N.K.V.D. porque sabía demasiado. Parece que fue obra de los hombres del P.O.U.M. <<

[8] Georges Kopp, que llegó en España a teniente coronel, había salido de Bélgica después de haber sido condenado a una grave pena de cárcel por haber comprado y enviado armas a España. <<

[9] Marc Rhein era hijo del jefe menchevique ruso Abramovitch. Corresponsal de un periódico socialdemócrata sueco, era más bien simpatizante de las tesis «antifascistas». <<

[10] Erwin Wolf, en colaboración con León Sedov, el hijo de Trotsky, había contribuido a aniquilar la tesis del procurador Vichinsky sobre el famoso viaje de Piatakov a Copenhague, después del proceso de Moscú: el Hotel Bristol, donde Piatakov decía que se había encontrado con Sedov, ya no existía. <<

[11] Fischer (op. cit., p. 429), habla extensamente de la desaparición de Robles cuyo hijo, poco después, fue condenado a muerte por Franco. El escritor John Dos Pasos ha investigado su desaparición. <<

[12] Se trataba de la venta de las joyas de que se habían apoderado por cuenta del Consejo de Aragón en otoño de 1936. <<

[13] Edmundo Domínguez era vicepresidente, Rodríguez Vega secretario y Pretel tesorero. Eran todos socialistas del matiz Del Vayo. <<

[14] Da razón, completamente, al comentador del Times que escribió el 8 de octubre que era «una especie de oposición en el seno del Frente Popular que estaba dispuesto a aceptar la carga del gobierno si la rueda volvía a girar». <<

[15] Es interesante señalar, a este respecto, el acuerdo total de los dirigentes de la C.G.T. francesa, socialistas y comunistas, con Negrín contra Largo Caballero, cuya derrota, adquirida gracias a la intervención del Estado, consagró el «arbitraje» de Jouhaux. Algunos meses después, fue Vincent Auriol el que trató en vano de convencer a Largo Caballero para que aceptase un acercamiento con Negrín. <<

[16] Véase el folleto de Prieto, Cómo y por qué salí del Ministerio de Defensa Nacional. Uribarri comenzó por quejarse de las presiones de los «especialistas» rusos, luego cedió y se entendió directamente con ellos, por encima de la cabeza del ministro. A comienzos de mayo de 1938, huyó a Francia con una fortuna en joyas y oro que se había robado en el curso de operaciones policiacas. El gobierno español pidió en vano su extradición. <<

[17] Después de la Segunda Guerra Mundial, numerosos autores han asemejado los acontecimientos en la Europa Oriental, el dominio del Partido Comunista y de la U.R.S.S. sobre el Estado, con lo que había pasado en la España republicana durante el gobierno de Negrín. Julián Gorkin ha titulado a un ensayo inédito de la siguiente manera: España, primer ensayo de democracia popular. Esta comparación es equívoca en la medida en que la génesis de las democracias populares, mal conocida, de manera demasiado frecuente es presentada muy tendenciosamente, ya sea como el resultado de un movimiento de masas, una suerte de revolución dirigida por el P.C., o ya sea como el resultado de una conquista directa por el ejército rojo.

Las semejanzas son notables, pero sólo si nos atenemos a hechos indiscutibles, que generalmente se han dejado en la sombra: «los países de Europa Oriental conocieron primero, en 1945, una ola revolucionaria. En Alemania y en Checoslovaquia se contentaron con la formación de ‹consejos obreros›» (véase, Benno Sarei, La classe ouvdére d’Allemagne orientale, pp. 17-49, Paul Barton, Prague à l’heure de Moscou, pp. 120 ss.).

Luego, el Partido Comunista, aliado en un «Frente Nacional» a los socialdemócratas y a los republicanos demócratas, a menudo revaluados por él, se entregó a destruir los Consejos y a restaurar el Estado, en el cual se reservaba el control absoluto de la policía política, y, en la medida de lo posible, del Ejército (véase Barton, op. cit., y François Frejtö, Histoire des Démocratiés populaires, que tiene, en la página 107, una referencia de Rakosi al control de la policía).

En una tercera etapa, la única bien conocida, se trata de la táctica del «salami» descrita por Rakosi: el P.C. se deshace, a rebanadas sucesivas, de sus aliados de la víspera. Su aparato controla el partido unificado, formado por la fusión socialista-comunista (S.E.D. alemán, P.O.U.P. polaco, Partido de los Trabajadores Húngaros, etc.). Controla a sus aliados a través de las personalidades a las que se ha sabido conquistar, y finalmente se queda como único amo. (De tal manera se sirvió en España de Prieto contra Largo Caballero, y después de Negrín contra Prieto). <<

[18] El Partido Comunista, a fines de 1937, llevó a cabo una campaña pro elecciones generales. Para él, se trataba en aquel, momento de una réplica y de un medio de ejercer presión contra las tentativas de Prieto de reducir su influencia. <<

[19] La Federación U.G.T. de los Trabajadores de la Tierra de Levante apodó a Uribe, ministro de agricultura, llamándolo «el enemigo público número uno». <<

[20] El Consejo del Trabajo, creado por el catalanista Aiguadé, abarcaba 31 miembros, de los cuales 7 eran representantes del Estado, 12 del patronato y 12 de los sindicatos. <<

[21] Aiguadé e Irujo dimitieron el 11 de agosto de 1938 porque estaban en «desacuerdo fundamental» con la política del gobierno en lo tocante a Cataluña. Un catalán y un vasco, Moix, del P.S.U.C. y Tomás Bilbao, de la pequeña Acción Nacionalista Vasca, pasaron a ocupar su lugar, pero su presencia casi no tuvo significación. <<

[22] El sueldo de un simple soldado pasó de 10 pesetas a 7 por día: el de un subteniente a 25, el de un capitán a 50 y el de un teniente coronel a 100. <<

[23] Sólo subsistieron los comisarios de brigada, de división, de ejército. <<

[24] Political Journal (trad. francesa), pp. 177-178. <<