Una nueva historia.

Acontecimiento fundacional del mundo contemporáneo, la Revolución francesa ha visto cómo su historia pasaba de la apología progresista tradicional a la descalificación, hasta negar su propia existencia, en la reacción conservadora de las últimas décadas del siglo pasado. Jean-Clément Martin, profesor emérito dela Universidad de París, nos ofrece ahora una revisión basada en las investigaciones de los últimos treinta años, donde la Revolución se nos presenta, no como la realización de un proyecto único, sino como el punto de encuentro de una serie de proyectos reformistas y utópicos que competían entre sí, en un país fragmentado por una serie de identidades regionales, religiosas y políticas. Lo cual ayuda a entender la complejidad de su trayectoria, que comenzó como un intento de revolución por arriba, iniciado por la monarquía hacia 1770, y acabó, treinta años más tarde, tras una etapa de violencia desatada, en las manos de un general carismático. Martin nos ayuda así a entender cómo y por quéla Revolución transformó profundamente, no sólo Francia, sino nuestro propio mundo.

Jean-Clément Martin

La revolución francesa

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Titivillus 09.01.18

Título original: Nouvelle histoire de la Révolution française

Jean-Clément Martin, 2012

Traducción: Palmira Feixas

Editor digital: Titivillus

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«En efecto, la fuerza de las cosas nos conduce tal vez a resultados en los que no habíamos pensado».

SAINT-JUST 8 de ventoso del año II (26 de febrero de 1794)

«La república, llevada imperceptiblemente por la fuerza de las cosas…».

ROBESPIERRE, 8 de termidor del año II (26 de julio de 1794)

«Francia está dirigida por los acontecimientos y no por los hombres; estos son arrastrados por la fuerza de las circunstancias y no los premeditan casi nunca».

MALLET DU PAN, Correspondencia inédita a la corte de Viena, 1884, tomo I, página 118

Para F.

ADVERTENCIA

La bibliografía general situada al final del presente volumen traza una lista de las obras utilizadas y esboza un panorama de las publicaciones antiguas y recientes que se han consultado. Esta tabla mezcla la erudición tradicional con las investigaciones sumamente especializadas llevadas a cabo en especial por universitarios estadounidenses, que siguen siendo muy numerosos a la hora de estudiar la historia francesa. Junto a ese vasto y preciso conjunto, se ha considerado útil presentar, además, en cada capítulo, los títulos esenciales que han sido sus principales inspiradores.

INTRODUCCIÓN

La revolución fascina o perturba. Sea moral, sexual, económica o política, presenta un imaginario que seduce o escandaliza, pero que jamás deja indiferente. Aunque Francia continúe considerándose la patria de los derechos humanos, ya no apela tanto a su herencia revolucionaria como hasta mediados del siglo XX. No obstante, su himno nacional, que reivindica el hecho de derramar la sangre de los enemigos en los surcos, se sigue cantando en los estadios del mundo entero, y los debates sobre figuras emblemáticas —María Antonieta, Robespierre, Corday o Marat— o episodios célebres como el Terror o la guerra de la Vendée continúan siendo vivos. Con todo, Francia se inquieta por la erosión de los valores nacionales ligados a la Revolución Francesa y cultiva la nostalgia de una toma de la Bastilla o una noche del 4 de agosto que hubieran acabado bien.

Es tal la fuerza de ese imaginario que en Francia el año cero de los tiempos modernos siempre se identifica con 1789. Todos coinciden en ese punto, añoren la monarquía idealizada, consideren 1789 o 1793 el primer paso hacia el totalitarismo o, por el contario, estén convencidos de que 1789 sienta las bases de una nueva era para la humanidad, o simplemente saquen enseñanzas para hoy de los resurgimientos de los acontecimientos revolucionarios. Por no hablar de los historiadores, formados en las «estructuras» y rebosantes de métodos, que dan vueltas alrededor del período entre 1789 y 1799 como si fuera un Santo Grial reservado a los iniciados. El período revolucionario, más que otros episodios, está envuelto por una historiografía que hace temible aproximársele. Como una ciudad fortificada, compuesta por barrios eventualmente rivales, la historia de la Revolución Francesa reposa sobre una montaña de papeles y libros, emergiendo de las extensiones sin límites y sin fondo de los depósitos de archivos, sean las míticas series F o W de los archivos nacionales o bien los infinitos dédalos de las series L de los archivos de los distintos departamentos franceses. Dominándolo todo, vela el torreón inexpugnable de los discursos y las memorias, de las notas y las cartas, que recuerda que aún no se ha desvanecido el misterio de las palabras de Robespierre, Sieyès, Madame de Staël o Maistre, por citar a unos cuantos.

El presente libro se suma a las anteriores aproximaciones a ese período que he llevado a cabo durante más de treinta años, privilegiando el relato de los acontecimientos. Adoptar este procedimiento no significa ceder a la fatalidad ni la facilidad, sino recurrir a un método que solo toma en consideración las ideas encarnadas en los individuos y los grupos que luchan, aman, sufren y, sobre todo, dejan detrás de sí las trazas irrecusables de sus actos. Por una parte, esta actitud no concede ninguna primacía al pensamiento político, que demasiado a menudo se cree que puede dividir el mundo hasta el punto de resumir la complejidad de las acciones colectivas en debates filosóficos desencarnados, en ocasiones mortíferos. Por otra parte, esta actitud no reconoce la autoridad de las categorías y las escansiones justificadas por las costumbres historiográficas, incluso cuando los archivos niegan a menudo su realidad. En este caso, no se trata de saber lo que se debe a tal o cual corriente de pensamiento, sino de comprender cómo se llegó a la política por la lucha, qué hizo que a un pueblo que no tenía ninguna noción política se le ocurrieran ideas complicadas, mezclando la gran política con la política del pueblo, los análisis racionales con las profecías, y los heroísmos con las peores maldades. Las querellas interpretativas que han marcado los últimos treinta o cuarenta años no han logrado llegar a un consenso. Es preciso, pues, regresar al estudio erudito de los hechos, tal y como se vivieron, se percibieron y se transmitieron, a fin de comprender el hilo de los acontecimientos en la magnitud de lo que sucedió. El relato sigue los pasos de los actores, se vuelca tanto en sus vacilaciones como en sus arrebatos, da cuenta de sus alianzas y sus itinerarios. Impone lentitud, al interesarse por las contracorrientes y aceptar las incertidumbres ligadas a las lagunas documentales y sobre todo a los misterios insondables de las decisiones individuales.

Este método se ha aplicado en varias ocasiones. En el caso de la guerra de la Vendée, ha permitido restablecer las cadenas lógicas que transformaron por azar una victoriosa emoción rural en enemigo público y que provocaron la que se considera, incontestablemente, la peor devastación militar cometida en Francia. El estudio de la evolución cronológica del uso de la palabra «contrarrevolución» ha demostrado que las estigmatizaciones políticas afectaron a todos los grupos en un momento u otro, creando una zona duradera de fluctuación alrededor de los verdaderos vencidos del enfrentamiento entre los extremos, ese centro del todo inencontrable en Francia que va de los monárquicos a los girondinos. La atención prestada a la violencia política en el respeto de las temporalidades ha recusado la imputación del Terror de Estado a la Revolución Francesa, e incluso precisamente al período entre 1792 y 1794. Ha demostrado en qué medida los juegos de poder autorizaron numerosas exacciones sin conferirles la institucionalización que esperaban sus actores. Por último, al estudiar las relaciones «de género» entre las mujeres y los hombres durante la Revolución Francesa ha sido posible seguir los diferentes pasos que condujeron a la relegación de las mujeres fuera del espacio público, a la identificación de la virilidad con la ciudadanía, y de esta con la militarización de la sociedad. El presente libro, en ciertos aspectos, pone en una perspectiva global esas distintas tramas seguidas desde hace tantos años.

El relato, que respeta los azares sobrevenidos al hilo de las iniciativas y los conflictos, vuelve explícitas las mutaciones y sus consecuencias imprevistas, al mismo tiempo que restituye las modalidades según las cuales se transforman las opiniones y las relaciones entre grupos sociales e instituciones. Quedan por precisar los límites en los que se inscribe el presente trabajo. Aunque nada se escape a la complejidad del relato, que abarca la profusión de acciones en la multiplicidad de ámbitos, no pretende escudriñar las entrañas y el corazón de la gente. Su objetivo es la descripción de los mecanismos en marcha y la enumeración de los engranajes encajados, sin tratar de desvelar las intenciones profundas de quienquiera que sea, o los propósitos generales de un grupo o una nación, y menos aún de la humanidad. La posición adoptada aquí recusa cualquier «enigma de la institución de lo social» (C. Lefort), así como cualquier misterio ligado a la «máquina de hacer dioses» (S. Moscovici). Por el contrario, considera que el proceder del historiador, que acepta racionalmente dar cuenta de la irracionalidad de los seres y las cosas, está especialmente adaptado a las insurrecciones y las bifurcaciones, que es capaz de decir simplemente, sin ninguna búsqueda de sacralidad, lo que sucedió.

Resulta evidente que nadie pensaba provocar el vuelco que se impuso tras 1791-1792, y muchos, tras haber aplaudido los sucesos de 1789, condenaron los de 1793. Suelen enfrentarse dos lecturas al respecto. Por una parte, siempre es posible pensar que los encadenamientos eran ineluctables, que fue culpa de Rousseau, del idealismo de la Ilustración o de hombres perversos. Por otra parte, cuando se alaba el curso de la Revolución Francesa hasta 1794, la ruptura de termidor suele atribuirse a la traición de los ideales y la corrupción de los espíritus y la sociedad. He decidido poner en evidencia las sucesivas relaciones de fuerza que se instituyeron en la Francia de la década de 1770, sumida en una corriente cultural marcada por la búsqueda de nuevas soluciones, cuando el soberano se embarcó en reformas cuyas consecuencias abrirían vías cada vez más conflictivas, sin que se pudieran controlar sus manifestaciones. Ya me había situado en esta perspectiva de investigación que insiste en las repercusiones mecánicas inducidas por las elecciones en situaciones apremiantes encauzadas hacia nuevas alternativas limitadas por las orientaciones anteriores.

Esa aleación de gravedad y energía aparece en las citas del epígrafe: «la fuerza de las cosas». La fórmula es ambigua, como revelan las traducciones inglesas, que dudan entre «el peso de las circunstancias» y «el carácter inevitable de los acontecimientos». La indecisión, utilizada por los propios observadores citados como epígrafe, remite más bien a las dos caras del fenómeno revolucionario que fue impulsado por el espíritu de la época, las contradicciones internas, las luchas religiosas y sociales, los imprevistos de la política e incluso la meteorología: por una parte, las potencialidades inigualadas de invención y renovación; por otra parte, los encadenamientos marcados por los paroxismos de conflictos, que precipitaron al país hacia nuevas aventuras. Los propios actores recurrieron a la fórmula para dar cuenta de aquello que los arrastró y bloqueó. Aprovecharon la ocasión y se propusieron orientar un movimiento que los arrastró a orientaciones inesperadas y, en ocasiones, temidas. No se trata de pensar que los individuos no tienen contacto con el mundo que pretenden dirigir, ni que carecen de responsabilidad. Por el contrario, teniendo en cuenta el acelerador y el freno, conviene evaluar su capacidad de actuar en un contexto particular. Comprender la fuerza de las cosas y aceptar examinar el papel de los protagonistas de una obra teatral escrita acto por acto en función de los sucesivos resurgimientos no es un proyecto nostálgico, preocupado por lo que sucedió doscientos años antes, sino que también significa participar, modestamente, en las avanzadillas intelectuales y los debates políticos de hoy.

Conviene examinar el propio proceso de invención revolucionaria por lo que aporta: una inventiva política, económica, social, religiosa y cultural, que empieza bajo el efecto de las experiencias europeas y americanas entre los años 1785 y 1787, y que va acompañado permanentemente por las contracorrientes provocadas como reacción. Desde este punto de vista, la Revolución Francesa es una creación y una afirmación ininterrumpidas de experiencias, que crean una espera jamás satisfecha y una angustia ante el fracaso. Así, pues, aunque no se trata de exonerar a los actores de sus responsabilidades —pensemos en los crímenes cometidos durante el Terror, especialmente en la región de la Vendée—, lo que está en juego es la comprensión de los «momentos» revolucionarios, de esos períodos en los que se imponen otras maneras de ver, algunos grupos se adueñan del poder y ciertas personalidades son reconocidas y seguidas. El objetivo del presente libro es inscribir dichos «momentos» en todo el período revolucionario —al que Maistre llamaba «la época»—, respetando los minúsculos engranajes que rigieron las relaciones entre los individuos y los grupos.

La presente obra está consagrada a esa experimentación revolucionaria, iniciada con las reformas impuestas por la propia monarquía, prolongada por los movimientos contestatarios de los aristócratas y los parlamentarios, y culminada por las insurrecciones «populares», antes de que su curso se torciera hacia la instauración de un Estado militarizado, luego liberal y, por último, organizado alrededor de un jefe carismático. En todo ello, de regeneración en refundación, se engranó una espiral de exclusiones y represiones, que puede explicarse sin necesidad de identificar la Revolución Francesa con una máquina loca o delirante. La complejidad de los análisis impide creer que los acontecimientos, sobre todo cuando son tan considerables, se deban a una causalidad única o dependan de un registro predominante. No se trata de reducir el período revolucionario en su historia a un mecanismo simplista bautizado como «revolución» y encargado de dar el alfa y el omega de los fenómenos llamados revolucionarios de Platón a Pol Pot, pasando por Robespierre. Nada estaba decidido por anticipado; en Francia, en 1789, no había ni revolucionarios ni profetas, del mismo modo que en 1793 no hubo un Estado totalitario. Queda por explicar por qué el país comenzó la revolución después de muchos otros países, cómo el impulso colectivo de regeneración se erosionó y estalló, cuáles fueron las razones que relanzaron la Revolución Francesa y cuáles fueron las soluciones que se inventaron para salir del paso, superar las contradicciones e inventar, mal que bien, un nuevo régimen.

Ello justifica el desglose propuesto en cuatro tiempos distintos, ligados los unos a los otros, pero orientados de modo distinto, en función de las repercusiones de los acontecimientos y los reequilibrios entre fuerzas contrarias. La «revolución desde arriba» fue lanzada por Luis XV después de 1770 y retomada torpemente por Louis XVI, que, de hecho, imitaba a su cuñado austríaco. La oposición de una parte de las élites fue desencadenada por un golpe de fuerza en 1788-1789, dando paso a lo que fue, en muchos sentidos, la «última revolución» del mundo atlántico, que se debatió entre la «regeneración» y la «revolución», y unió a una gran parte de la nación. La continua erosión del consenso se acrecentó hasta el estallido de la guerra civil, que desembocó en lo que se consideró una «segunda revolución», que lo cuestionó todo para resistir a los contrarrevolucionarios. La violencia indispensable, pero sin control alguno por parte del Estado legítimo, permitió, por una parte, la victoria militar de los revolucionarios pero, por otra, ocasionó su descrédito. A continuación, los grupos rivales, unidos por su rechazo a la aventura anterior, buscaron la estabilidad, «confiscando la Revolución Francesa» y recurriendo a las «revoluciones de palacio» hasta que, al no poder hacer otra cosa, confiaron el Estado a un general en plena gloria. Esos cuatro «momentos» corresponden a equilibrios específicos alrededor de un proyecto reformador llevado a cabo por un rey autoritario que rompió él mismo el pacto que lo ligaba a sus súbditos; a equilibrios específicos alrededor de la invención constitucional que unía al rey con el pueblo para establecer el bien común; a equilibrios específicos alrededor de la búsqueda de un Estado identificado con sus miembros, y, por último, a equilibrios específicos alrededor de un Estado reducido a los bienes gananciales que tropezaban con las rivalidades de intereses.

La intención del presente libro no es aportar una lectura desesperanzadora de la historia, preconizando una desmovilización de los espíritus o los actos, sino más bien contribuir a un desplazamiento de los puntos de vista. El escándalo de la Revolución Francesa, desde finales del siglo XVIII, se debe a que fue «una promesa cuyo fracaso está inscrito en la naturaleza misma de la promesa», retomando una fórmula sobrecogedora de M.—C. Blais. El objetivo del presente libro es establecer, por debajo de los grandes relatos, cómo se elaboraron los principios en el transcurso de las luchas, cómo se urdieron las reivindicaciones y los resentimientos, y cómo se tomaron las decisiones en medio de los malentendidos. La comprensión de las relaciones sociales recurre más a las estrategias de la transacción que a los enfrentamientos arraigados en esencias antagónicas. La grandeza de la epopeya lo acusa. No obstante, la historia de los períodos más determinantes en Francia gana al tener en cuenta las iniciativas individuales, con sus mediocridades y su papel en el devenir colectivo, criticando los análisis globales y las explicaciones fundadas en categorías predeterminadas. El precio que se debe pagar, en este caso, es el recorrido por el laberinto de los hechos y la búsqueda incesante de una documentación siempre incompleta. El beneficio que se espera es participar en el esfuerzo actual que vuelve a barajar las cartas.

Primera parte: LA REVOLUCIÓN DESDE ARRIBA

Las razones del fracaso

Capítulo 1. EL TIEMPO DE LAS REVOLUCIONES

¿Una cultura de la revolución?

Sea cual sea la interpretación que adoptemos: «época de la revolución democrática» (R. Palmer), «era de las revoluciones» (E. Hobsbawm) o «época de las revoluciones en un contexto global» (D. Armitage y S. Subrahmanyan), para todos los historiadores el punto de inflexión de los siglos XVIII y XIX aparece cuando todas las revoluciones industriales, políticas y sociales se articulan y se responden, mientras cada país, en cierto modo, actúa según sus predisposiciones estructurales para componer un mundo nuevo. Asimismo, hubo un punto de inflexión en los siglos XVIII y XIX análogo a esas «revoluciones» de la Edad Media y el Renacimiento, de los siglos XIII y XIV, y XV y XVI, que ya habían cambiado el significado de las experiencias vividas. ¿El «capitalismo» es la causa o la consecuencia? La cuestión sigue abierta. La relación entre esos acontecimientos y el progresivo nacimiento del Estado moderno desde el siglo XV está más consolidada, así como su encuentro con las múltiples experimentaciones científicas y técnicas, los ecos de los viajes y la colonización, e incluso las lecciones aprendidas de las guerras europeas y las revoluciones inglesas que, en el siglo XVII, modelan ese nuevo talante.

Tras la revolución inglesa de 1640, sin que jamás haya habido ni militantes ni movimientos revolucionarios como los conocidos en los siglos XIX y XX, la «revolución» marca a toda Europa, América, Egipto e India. De hecho, la palabra se elige por su voluntad de regreso al origen, como sinónimo del rechazo a la corrupción; pero también tiene una parte negativa, ya que permite la irrupción de la violencia popular de los levellers ingleses y no impide el restablecimiento de la monarquía tras la dictadura de Cromwell. Los pensadores, los políticos y los artistas dudan al distinguir entre el desorden social y político que genera un caos que contradice la obra de Dios y la esperanza de una vuelta a los orígenes que reafirme las leyes divinas perdidas en las traiciones de la historia. De la condena de Hobbes a las legitimaciones de Locke, las revueltas y las revoluciones están en el corazón de los debates, arraigados en una reflexión sobre los derechos naturales del ser humano, procedentes de la tradición cristiana. Incluso Bossuet, al que se podría clasificar de «precontrarrevolucionario», piensa que la revolución es inevitable en la historia humana, mientras que Boulainvilliers y Saint-Simon se convierten en los propagandistas de una revolución aristocrática, antes de ser considerados los precursores de la contrarrevolución. En el extremo opuesto, las utopías, como la del abad Meslier, que fallece en 1729, pueden interpretarse como un anuncio de la «revolución» de 1789. Todos esos ejemplos atestiguan el clima intelectual del momento, que las «revoluciones» de entre los años 1770 y 1790 encarnan en cierto modo, lógicamente.

El hecho de que en julio de 1789 la toma de la Bastilla se convierta en un símbolo de la revolución llevada a cabo por los franceses no atestigua tanto el éxito de los «revolucionarios», inencontrables en ese momento, sino la sorpresa de los contemporáneos de asistir a un acontecimiento improbable: el éxito de una revolución tras una serie ininterrumpida de fracasos, en la ciudad más importante de la época. De un solo golpe, la palabra «revolución» cambia definitivamente de sentido. Hasta entonces, en primer lugar designaba la rotación cíclica de los astros o bien se aplicaba a los golpes de Estado, insistiendo en la repetitividad o la nocividad del acontecimiento. La experiencia de la Gloriosa Revolución de Inglaterra en 1688 había popularizado la idea de que una revolución podía ser «universal» y «feliz», convirtiendo dicho fenómeno en un horizonte de expectativa posible. De ahí que en 1751, el marqués de Argenson, buen observador de la política del reino, estimara cierta la revolución, bajo el efecto del cambio de espíritu, de la crisis social y del paso siempre fácil de la revuelta a la revolución. Trece años más tarde, Voltaire veía, esparcidas por todas partes, «las semillas de una revolución» que daría hermosas cosas que hacer a los jóvenes.

Más allá de estos dos ejemplos, conocidos y citados a menudo, la revolución había hecho su camino de forma subterránea. Afecta tanto a la fisiología como a la psicología: Marivaux evoca «las funestas revoluciones» que afectan al corazón enamorado. Se introduce en las ciencias naturales, para dar cuenta de los cambios hallados en los fósiles, y se aplica a las grandes conmociones geológicas ligadas al volcanismo. Se insinúa a raíz de las publicaciones de Newton, que establecen leyes científicas en el mundo «natural». De paso, contamina el derecho «natural», que se aleja cada vez más del derecho divino, así como del derecho positivo de los poderes existentes. Como es lógico, transforma el registro político. Las «revoluciones de moda», de Nápoles, Tahití, Portugal e incluso Siam, que habían atraído a los eruditos y los filósofos, se vuelven obsoletas ante las convulsiones que, en la línea de la Gloriosa Revolución, plantean las cuestiones de la relación de los hombres con su gobierno. Tras los usos limitados del vocablo durante el siglo XVII, la difusión de la «revolución» se lleva a cabo en todos los órdenes del pensamiento y va acompañada por desplazamientos semánticos e invenciones metafóricas que vuelven a poner en duda las categorías de comprensión del mundo. El adjetivo imprevisto «feliz», que se le une para designar una evolución inesperada, aleja el despotismo y los temores de la guerra civil, en el preciso momento en que las estructuras de los Estados están resquebrajándose en todo el mundo atlántico. En la década de 1770, pese a que el uso de la palabra «revolución» sigue siendo impreciso, prepara la opinión pública para nuevas asociaciones de ideas. La imprecisión del término arrastra todos los significados posibles y acoge las manifestaciones más disparatadas.

Desde una perspectiva más amplia, esos cambios señalan la entrada de Europa y sus colonias atlánticas en ese nuevo «régimen de historicidad», ese tiempo intermedio —Sattelzeit— descrito por R. Koselleck, cuando las categorías de pensamiento dan un nuevo valor al futuro, a las visiones secularizadas del mundo, y conceden autonomía a los ámbitos de actuación de los seres humanos, empezando por la esfera política. La «revolución» se convierte en el modo a través del cual las crisis, en especial una «guerra civil», se resuelven en la medida en que el Estado puede afirmarse contra las fuerzas de división internas. Esa creencia colectiva en la idea de la «revolución beneficiosa» permite comprender cómo se comprometerán los franceses, después de otros, y por qué la experiencia revolucionaria francesa cambia los marcos de pensamiento de sus contemporáneos y de las generaciones siguientes. Con todo, no es cierto que haya que volver a la tesis de la «revolución atlántica» u «occidental». Discutida con aspereza entre 1950 y 1960, dicha tesis trataba de explicar la oleada revolucionaria por medio de la contaminación y los vínculos entre las diferentes revoluciones. Los ejemplos citados llevan a pensar que participan de un movimiento más vasto, pero también más impreciso, de una revolución nacida de las sensibilidades, los descubrimientos científicos y la evolución económica, modulados según las circunstancias y las fuerzas presentes. Desde esta perspectiva, el éxito francés, inesperado y último en fecha en la serie inaugurada en la década de 1770, e incluso de 1760, daría sentido a ese movimiento sin verdadera estructuración. Pero son esas experiencias, raramente logradas y en su mayoría fracasadas, las que vuelven imaginable el caso francés.

Uno de los primeros ejemplos de esa corriente son los acontecimientos sobrevenidos en Córcega, donde Paoli trata de fundar un régimen inédito, en nombre del pueblo soberano, tras haber liberado la isla de la dominación de los genoveses. A partir de 1764, acude a Jean-Jacques Rousseau para que proponga instituciones políticas. La iniciativa se difunde enseguida por toda Europa, haciendo de Córcega un laboratorio de las constituciones modernas. El relato del viaje de un inglés admirador de Paoli, Boswell, refuerza el eco, antes de encontrar una resonancia dramática cuando, en 1769, el rey de Francia somete la isla, obligando a Paoli y a sus fieles a exiliarse en Inglaterra, patria de la libertad. En Inglaterra, Paoli recibe el apoyo del «partido popular» de Wilkes, que reúne en su crítica del gobierno al pueblo llano de Londres y los ricos comerciantes inquietos por la política exterior, antes de que la corte le conceda una pensión. No obstante, sigue siendo la encarnación del espíritu de libertad y cristaliza las esperanzas de todos los partidarios de dotar de una Constitución al Estado. El alboroto que nace entonces en Inglaterra alimenta el pensamiento de un publicista genovés que reside en Londres, Jean-Paul Marat, que en 1774 publica, en inglés, un panfleto titulado Las cadenas de la esclavitud, que denuncia el despotismo en nombre de un republicanismo inspirado en la Antigüedad y recuperado por los pensadores ingleses. La res publica se convierte así en el horizonte de expectativas para numerosos europeos nutridos por las reflexiones «republicanas» de los pensadores inspirados por la «primera Ilustración» de finales del siglo XVII.

Revolución, pacto y República, del Mediterráneo a las Américas

El ejemplo corso tiene el mérito, a menudo inadvertido, de mezclar dos universos políticos diferentes. Aunque las teorías del «derecho natural moderno» están en el centro de la mutación de las sensibilidades más notable del siglo XVIII, no son las únicas en moldear las consciencias en profundidad: estas encuentran otras tradiciones nacidas del derecho romano, del derecho natural cristiano y del derecho feudal, que insisten en la conclusión de «pactos» entre el soberano y el pueblo contratante. En efecto, toda la Europa mediterránea —incluidas las zonas meridionales del reino de Francia—, así como las colonias portuguesas e hispánicas de América, reciben la influencia de esos sistemas de pensamiento nacidos del tomismo y de la Escuela de Salamanca, que legitiman la fundación de los Estados, hasta pensar a contrario las condiciones que legitiman el tiranicidio. No se trata, pues, de entelequias: la determinación de los teólogos de Salamanca —como Francisco de Vitoria— sabe imponer límites al poder de los reyes y los emperadores. Bartolomé de Las Casas se vale de esa doctrina para proteger a los indios reducidos a la esclavitud. Esa corriente tiene fuerza allí donde la Iglesia católica conserva el poder. No es el caso de la Europa del norte, que ha entrado en la modernidad política desgarrándose durante las guerras de Religión y que ha tenido que inventarse un Estado por encima de los partidos. En Córcega, Paoli también se vale del modelo «pactista» para recusar la dominación francesa de 1769, pero se basa en el republicanismo influenciado por la Gloriosa Revolución inglesa, así como por la doctrina del Contrato social de Rousseau, que encarnan esa mezcla de horizontes que transforman el mundo.

Los efectos se hacen sentir sobre todo en el otro extremo del mundo. En América Central y del Sur se producen choques entre la modernización y las viejas culturas. El espíritu de la época, portador de un «modernismo impaciente y utópico», provoca insurrecciones entre poblaciones apegadas a esos valores tradicionales ligados a la corriente «pactista» y al ideal tomista del «bien común». Un republicanismo inscrito en el orden natural y basado en la conjunción de gremios constituye el horizonte de pensamiento de esas poblaciones dispersas por un vasto territorio, unidas al soberano por una pertenencia espiritual. Esos vínculos se establecen a partir de relaciones de fuerza desiguales, pero recíprocas, entre el rey y el pueblo, alejados de las gestiones de los seres y las cosas. El descontento nace del sentimiento de que ese «pacto» religioso y político entablado con el señor feudal, al que están unidas las poblaciones, es violado por la monarquía racionalizadora. El pactismo y el absolutismo comparten la misma visión pesimista del ser humano, pero el primero lleva el germen de la posibilidad del tiranicidio —que, de hecho, retoman los teóricos republicanos—, que, en ese caso, da a las poblaciones rurales la posibilidad de sublevarse de forma justificada, e incluso necesaria, en nombre del derecho natural cristiano. Como el pactismo también puede conducir a la insurrección popular, cada comunidad debe defenderse. Los habitantes de la Vendée y los esclavos de Santo Domingo encuentran argumentos en ello.

En la parte española de América, se rechazan los cambios de tipo de vida y los nuevos impuestos, que se suman a los conflictos interétnicos entre indios, españoles y criollos. Asimismo, influye la nostalgia de una edad de oro inca, combinada con el apego a la Iglesia católica, que en las sociedades coloniales a menudo constituye un recurso contra los excesos de los señores y los blancos en general. El hecho de que el rey Borbón introduzca prácticas electorales esquivando a los cuerpos intermediarios, que establecen igualdades cívicas entre individuos, supone una ruptura en las sutiles relaciones tradicionales. El pueblo cristiano está ofendido por el espíritu secularizado de la época, que suprime las misiones y prohíbe las inhumaciones en las iglesias. Para unas sociedades holísticas, basadas en una relación íntima con los antepasados, esas innovaciones resultan inaceptables. Entre 1780 y 1783, en la colonia española del Alto Perú se produce una gran rebelión encabezada por los caciques locales contrarios a las reformas de los Borbones, amalgama de revueltas fiscales y rebeliones locales. Los antagonismos locales y las rivalidades entre familias notables desempeñan un papel esencial, ya que los curas, los criollos y los mestizos se encuentran en posiciones estratégicas. Entre los personajes destacados, José Gabriel Túpac Amaru encarna las esperanzas colectivas, entre ellas la de traer las órdenes del rey para cambiar la sociedad contra los abusos, en especial de los corregidores. Capturado y ejecutado en mayo de 1781, José Gabriel Túpac Amaru es remplazado, en una segunda fase, por Julián Túpac Catari y Andrés Túpac Amaru. Esos movimientos son reprimidos en cuanto se afianza la unidad entre los criollos y los españoles, y pueden aislar a los insurgentes. ¿Acaso Túpac Amaru es el intérprete de las poblaciones mestizas que tratan de encontrar su lugar en un imperio en mutación o el portador del regreso a la grandeza inca, e incluso el precursor de las independencias o los socialismos, o tal vez el paladín de las masas indias?

En lugar de responder a estas preguntas ligadas a urgencias locales, sin duda resulta más juicioso comprender esa importantísima revuelta como el resultado de una compleja mezcla que ilustra la mutación que experimenta el mundo en ese momento. En los cercanos Andes, en 1778, se constituyen unas formaciones militares para protegerse de los amenazantes indios y remplazar al gobierno, que se revela impotente. Los llamados «vecinos» (habitantes de una comunidad) se organizan en «cabildos abiertos» (consejos municipales), se proclaman «padres de la patria» y crean unas «juntas» aceptadas por el poder central. Bajo la presión de los acontecimientos, esas juntas, que inicialmente forman parte de la vida política tradicional, tratan de legitimarse, enfrentándose al débil poder central e iniciando el proceso que conducirá a la independencia. En México, el despotismo ilustrado de los Borbones tiene consecuencias parecidas. Las reformas de 1767, que pretenden poner la Iglesia bajo el control del Estado y expulsar a los jesuitas, acarrean revueltas populares. El enriquecimiento global y la mejora de la vida urbana favorecen la creación de una consciencia colectiva, nutrida en ese caso por una literatura religiosa sobre la Virgen de Tepeyac, «patrona universal» de la Nueva España. México se convierte en el pueblo elegido, la nueva Roma o la nueva Israel. Los criollos, inspirados por su destino anunciado de luchadores contra el Anticristo, rechazan con más fuerza aún las reformas, ya que las consideran fruto de la arrogancia de los españoles. De nuevo, las mutaciones mentales, económicas y sociales se amalgaman con las preocupaciones políticas y las rivalidades entre clanes, originando unas rupturas que la cultura global interpreta como revoluciones.

La revolución emblemática, la de los Estados Unidos de América

La opinión pública francesa se inflama con la revuelta de las colonias de América, transformada enseguida en la guerra de Independencia. La guerra abierta entre los colonos y el rey de Inglaterra comienza tras diez años de conflictos. El rey limita la expansión hacia el oeste, protege a los indios de los colonos e impone tasas que los colonos no han votado. Los primeros incidentes, que acaban con la muerte de un hombre, tienen lugar en 1770, pero el acontecimiento determinante es la famoso tea-party de Boston, en 1773, durante la cual los rebeldes echan fardos de té al mar para protestar contra el monopolio de la Compañía de las Indias. Todavía habrá que esperar dos años hasta que los colonos que han entrado en la ilegalidad teoricen acerca de la guerra en la que se han implicado de hecho, y a 1776 hasta que declaren la independencia de los Estados Unidos de América y se doten de las primeras Constituciones. Los insurgentes sufren más la ruptura con Inglaterra de lo que la exigen, ya que no cesan de reclamar que se respeten sus derechos en el seno del imperio. Esas colonias gozan de prácticas de democracia local inusuales en la época, mucho más avanzadas que en los países europeos, pese a que al comienzo sus reivindicaciones están abanderadas por pequeños grupos que enseguida recurren a la violencia. Las reacciones inglesas provocan un debate y una adhesión progresiva, aunque jamás automática, a los movimientos reivindicativos. En 1774, el descontento origina unas asambleas locales, que en octubre de 1774 desembocan en un congreso de las colonias. Compuesto por realistas, radicales y moderados, el Congreso se radicaliza ante el inmovilismo inglés y el inmovilismo popular.

El Estado desaparece mientras el Congreso, ilegal, crea jurisdicciones locales, un servicio postal duplica el servicio oficial, se organizan comités de correspondencia y operaciones militantes en las que se distinguen las mujeres. Se llevan a cabo acciones colectivas para boicotear los productos ingleses, empezando por el té. Los insurgentes, que rechazan el lujo y la corrupción, se reúnen en casa de los pastores y controlan los actos individuales. Así, la violencia política, del todo real, se articula con la Biblia en un gran alarde de empirismo. Al final, la sociedad americana queda dividida, ya que entre el 15 y el 20% de la gente sigue siendo realista, mientras que se abandona a los indios a su suerte en el momento del tratado de 1783, sumándose a los «olvidados» de la Revolución Americana, es decir, las mujeres, los negros y los pobres. A pesar de que la revolución está dirigida por una élite de propietarios y el pueblo no tiene legitimidad como tal, se impone la idea de que el poder ya no puede ser detentado por una oligarquía irreemplazable. El paso de la protesta por los impuestos, que se consideran excesivos, a una guerra que instituye un cambio de sociedad es posible por los marcos de pensamiento inspirados en el republicanismo del ambiente, pero también por los efectos de la violencia recíproca que radicaliza las posturas. Esa coincidencia no se produce en las otras colonias inglesas, empezando por Canadá, donde la población, incluso de origen francés y católico, no se alía con los ejércitos «insurgentes». No es solo la causa de la libertad la que anima a los americanos contra los ingleses, sino un conjunto más complejo de intereses y ocasiones que crea una situación de revuelta y finalmente de revolución. No obstante, el mito que se forja de la Revolución Americana, ocultando la violencia compartida y las iniciativas populares que se escapan al control de las élites, desempeña un gran papel, al llegar en el momento justo a un universo cultural receptivo.

A partir de 1778, la causa americana se convierte en un asunto diplomático europeo. En esa fecha se firma un tratado de alianza con Francia, que manda tropas para apoyar a los «insurgentes». Estos también reciben el apoyo de los «patriotas» de los Países Bajos, que obligan al stathouder a no apoyar a los ingleses en la guerra y dan un gran eco a la Revolución Americana. En 1783, la victoria de los «insurgentes» resulta definitiva; vencen a los ingleses y, con ellos, a los americanos realistas, cuyos esclavos negros se han unido a su causa. Esos conflictos implican a toda la población, incluidas las mujeres, que, no obstante, son arrinconadas por las élites políticas. Por otra parte, se expulsa y se saquea a los «realistas» antes de que se negocie una reconciliación. La guerra afecta a los grupos que desean permanecer al margen, mientras los indios y los canadienses favorables a la corona inglesa también son víctimas de la expansión militar. Desde luego, la Revolución Americana no está marcada por ejecuciones por razones políticas, ni es una revolución «suave», como recoge la historiografía. La violencia de los combates sorprende especialmente a los soldados franceses presentes. Según ciertos historiadores, incluso constituye un modelo de «la cara oscura de las democracias» al suprimir a sus adversarios, como George Washington y Thomas Jefferson dando la orden de arrasar los territorios indios y exterminar a su población. Por otra parte, la Revolución Americana tampoco es la matriz de las consciencias políticas revolucionarias, ya que solo un tercio de los franceses alistados en la guerra de Independencia se suman a continuación a la causa revolucionaria, otro tercio engrosa la contrarrevolución y el resto sigue poco implicado en la política. Sin embargo, la consciencia de la crisis que ilustra el ejemplo americano está generalizada en el mundo.

Entretanto, las divisiones internas en el seno de los insurgentes no cesan, y la inestabilidad de la Revolución Americana se prolonga hasta 1787, fecha en la que todos los Estados ratifican la Constitución y Washington es nombrado presidente de la nueva república. La estabilización es fruto de las relaciones de fuerza entre los Estados y los partidos, federalistas y antifederalistas, estos últimos contrarios a un Estado central fuerte. La Constitución instaura un Estado republicano y centralizado, que controla los ejércitos y los impuestos, que desconfía del populacho y que está en la retaguardia en numerosos puntos de las Constituciones de ciertos Estados e incluso de la Constitución de 1781, a todas luces demasiado vaga en su definición de una democracia mal delimitada. La Revolución Americana siembra un gran descontento, hasta tal punto que en 1786 hay que reprimir una rebelión de soldados y pequeños granjeros decepcionados con el nuevo Estado y, más tarde, en 1794, la «revuelta del whisky» y el rechazo de una parte de los granjeros de Pensilvania a pagar los impuestos, cosa que lleva a Washington a ponerse a la cabeza de un ejército de quince mil hombres y reforzar el poder central.

La diferencia entre la Revolución Americana y la Revolución Francesa es clara, especialmente en la duración del proceso, la ausencia de un debate público colectivo sobre los grandes principios y el continuo dominio del movimiento por parte de las élites estadounidenses. Pese a ciertos episodios marcados por un vacío jurídico o una competencia de los poderes, a los que habrá que regresar para comprender mejor la situación francesa, la Revolución Americana no origina un entusiasmo popular incontrolado, ni reivindicaciones espontáneas ligadas a antiguas esperanzas. Los dirigentes limitan a propósito los ecos de las discusiones y continúan manejando con prudencia, e incluso sin demasiada perspectiva, las fuerzas sociales que emplean para su causa. Les ha instruido a la perfección el primer presidente, George Washington, un hombre de orden, rico plantador de vida aristocrática y héroe de la guerra de los Siete Años, durante la cual se distingue por la ejecución de un oficial francés. Asimismo, aprenden de su sucesor, Thomas Jefferson, otro rico terrateniente, esclavista, pero sin duda más demócrata y seguramente más visionario, que durante largo tiempo parece un jacobino en su país. A través de esos dos hombres se puede medir la prodigiosa diferencia, que roza el malentendido, que existe de entrada entre un movimiento de liberación de ricos colonos, victorioso, ya que utiliza con habilidad el descontento popular contra el poder de la metrópolis colonizadora, y las sucesivas insurrecciones que se desarrollan durante la Revolución Francesa. Más que la oposición entre dos revoluciones, una «suave» y otra «violenta», lo que diferencia a los Estados Unidos de Francia es que la Revolución Americana se inscribe en la continuidad de las «revoluciones» de la Ilustración, que arreglan los problemas internos de las naciones y las tensiones sociales entre los «órdenes» o las comunidades de ciudadanos, mientras que la Revolución Francesa, tras desarrollarse de ese modo hasta 1789, da un vuelco y se convierte en otro tipo de «revolución», inédita hasta entonces. En este último tipo de revolución, las fuerzas populares cuentan tanto como las élites y exigen una solución política que no sea la instauración de un régimen de notables.

Sin embargo, la Revolución Americana no se puede considerar una pura revolución política, ya que las dimensiones sociales influyen sobremanera, pese a que sus efectos son limitados. Jefferson, «jacobino» y esclavista a la vez, no es un ejemplo anecdótico o marginal; da fe de esa empresa que jamás se rinde a los movimientos «populares», que «hacen» la Revolución Americana sin poder intervenir en los debates. La revolución resulta de oposiciones coyunturales nacidas en un espacio cultural «atlántico», que incluye toda Europa y toda América, incluso la latina y la central. Su eco se debe a la ruptura con Inglaterra, el país de la Gloriosa Revolución, una potencia colonial y marítima de primer orden. Entre 1770 y 1789, no se puede comparar lo que sucede a una orilla y otra del océano; todas las «revoluciones» se engranan en el mismo modelo. Desde 1770 hasta 1789, la historia americana y la francesa, salvando las distancias, son parecidas y siguen el mismo curso. Queda por comprender por qué Francia, después de 1789, entra en una vía absolutamente inédita.

Repercusiones e influencias, la revolución atlántica

La insurrección americana crea una corriente de pensamiento encarnada por los «patriotas», que ven en ese acontecimiento un «alba de la humanidad». Entre los «radicales» ingleses que se inspiran en dicha corriente, Thomas Paine, posteriormente diputado de la Convención en Francia, concluye en 1776 que «esta época pone a prueba el alma de los hombres». En los años siguientes, los Estados Unidos se convierten en una tierra de acogida de una parte de esos «patriotas», hostiles a la monarquía inglesa y partidarios de la Revolución Francesa, al menos hasta 1792, así como de franceses deseosos de escapar de la guillotina. En Francia, la guerra de Independencia es objeto de enardecidos debates políticos entre reformadores, y la oportunidad de promoción para jóvenes ambiciosos, como La Fayette, pero tanto el rey como la reina, esta manifiestamente recelosa de los insurgentes, la conciben como un medio para debilitar la potencia de Inglaterra. En 1776, el ministro Vergennes empieza a apoyar a los patriotas, en especial a través de publicaciones, como el periódico Los asuntos de Inglaterra y de América, destinado a orientar la opinión pública. La ayuda que aporta el reino de Luis XVI a los insurgentes se debe a la diplomacia entre Estados, ya que Francia aprovecha la ocasión de oponerse a su rival inglés, minimizando el distanciamiento ideológico entre el régimen monárquico y la república naciente. Con todo, numerosas discordancias perturban la alianza entre Francia y los Estados Unidos, empezando por la fuerza de los lazos privilegiados entre los Estados Unidos e Inglaterra, que se pone de manifiesto en el momento de la firma de la paz negociada al margen de Francia. Las consecuencias en la historia interior francesa son importantes. La guerra resulta cara, más de mil millones de libras, lo que ahonda el déficit del Tesoro real hasta tal punto que enseguida se revela insoluble. El financiamiento no va acompañado por un aumento de los impuestos, sino asegurado por préstamos, aplazando el problema varios años.

Los debates políticos en torno a las Constituciones que tienen lugar en la otra orilla del Atlántico llegan a Francia y dan argumentos a las críticas a la monarquía absolutista que abundan en los círculos de los fisiócratas y los filósofos. Aunque la cultura constitucional aplicada posteriormente por una parte de las élites francesas se adquiera en ese momento, no se puede establecer ninguna influencia directa; América es un espejo en el que se proyectan las esperanzas de los reformadores franceses. Las sensibilidades cambian a raíz de la seducción del marinero «patriota» Jones, que desembarca en Francia, o de la rústica bonhomía de Benjamin Franklin. El «bonachón» de Franklin también es el inventor del pararrayos, cuya introducción en Francia levanta pasiones e incluso ocasiona un proceso entre un propietario y sus vecinos, ya que estos últimos temen que el pararrayos colocado sobre la casa atraiga las tormentas. Ironías de la historia, entre los defensores del propietario destaca un joven abogado, Robespierre, que desempeña un gran papel en la victoria de la ciencia sobre la ignorancia. Y es que esa es la cuestión, resumida en una fórmula que circula por los salones: Franklin «arranca el rayo a los dioses y el cetro a la tiranía». En la década de 1780, la ciencia, la Ilustración y la política están sumamente entremezcladas. Los franceses se imaginan un país poblado por «buenos salvajes»; ni siquiera la reina se escapó a la americomanía y lleva peinados y sombreros inspirados en episodios de la guerra. Esa visión es reforzada, por ejemplo, por las Cartas de un granjero americano, publicadas en 1784 por un normando emigrado a los Estados Unidos, acreditado como cónsul de Francia. Las consecuencias de la Revolución Americana en las colonias francesas de las Antillas aún son más determinantes. Los contactos comerciales y el contrabando que los acompaña cambian la sociedad de Santo Domingo, al dar a los colonos motivos de resistencia al control de la metrópolis. También afecta directamente a los hombres libres de color, ya que proporcionan soldados, así como a los criollos blancos, que son enviados a luchar a Savannah junto con los «insurgentes». La experiencia que adquieren allí permite a una parte de ellos desempeñar un papel crucial en los acontecimientos que sobrevendrán en la isla.

Las revoluciones abortadas: Londres e Irlanda

Las consecuencias de los acontecimientos americanos son inmediatas, pero complejas, como atestiguan los ejemplos dispares de los movimientos de revuelta ingleses e irlandeses. Inglaterra sigue siendo ilustre por su Gloriosa Revolución, la de 1688, y en Francia suscita ideas muy diversas, todas ellas marcadas por el espíritu de la reforma. Algunos, como el duque de Orleans, creen que triunfa en todos los ámbitos, desde el parlamentarismo hasta la cría de sementales; otros, como el publicista francés Mandar, consideran que expresa la tradición republicana, encarnada por el pensador inglés Harrington o el poeta inglés Milton; por último, otros, como Mirabeau o Brissot, copian los movimientos que reclaman la abolición de la trata de negros. No obstante, en la década de 1780, Francia sufre una crisis grave a raíz del fracaso de las reformas políticas, después de las tribulaciones provocadas por los movimientos populares.

El diputado Wilkes, que no retrocede ante ninguna provocación, ni siquiera ante la familia real, se convierte en lord y alcalde de Londres en 1772, tras una estancia en Francia para evitar ser encarcelado. Aunque sea favorable a los «insurgentes» americanos, como otros políticos whigs, entre ellos Burke —que más tarde será un contrarrevolucionario irreductible—, no se implica en una acción política revolucionaria, pues el clima cambia radicalmente. Basta con que un lord, Gordon, inicie una campaña contra la flexibilización del estatuto de los católicos en el país para que en Londres se desencadene un motín popular, que ha pasado a la posteridad como «Gordon Riots». Durante varios días de junio de 1780, el centro de la ciudad es devastado por incendios de casas de católicos, pero también de ricos londinenses. Las fuerzas armadas restablecen el orden a costa de más de trescientos muertos. ¿Cómo calificar esos motines? ¿Son católicos o sociales? El debate no está zanjado por parte de los historiadores, que a menudo los consideran prefiguraciones de las jornadas revolucionarias francesas por venir. A continuación, el gobierno inglés adopta una política represiva contra todos los movimientos de emancipación, mientras que los militantes asociativos moderados, temiendo ser desbordados, dudan a la hora de protestar. En cambio, los grupos de militantes políticos, en su mayoría artesanos, reclaman, especialmente en Yorkshire, la instauración del sufragio masculino y del voto secreto, así como elecciones anuales al Parlamento. El radicalismo nace en la confluencia de las corrientes que discuten la trata de negros, que laicizan el derecho natural y debaten sobre la separación de los poderes y la soberanía, antes de interesarse siquiera por los acontecimientos franceses. El vínculo no es directo, ya que en Inglaterra la noción misma de revolución no designa más que una vuelta al orden, es decir, un conservadurismo político, alejado de la aventura en la que se embarcará Francia. No obstante, en Francia se ha adaptado una cultura política «republicana», nacida tras la ejecución del rey Carlos I en 1649, especialmente a través de las primeras publicaciones militantes de Marat. Ello explica que los acontecimientos franceses obtengan a partir de entonces un eco considerable en Inglaterra, pese a que el gobierno de Pitt lleva a cabo una represión continua de los partidarios de la Revolución Francesa, hasta tal punto que el primer ministro inglés será acusado unos años más tarde de gobernar para el terror.

El contagio revolucionario llegó a Inglaterra a través de Irlanda. La isla, sometida a los ingleses, a partir de 1778 fue el blanco de una incursión en Belfast lanzada por el corsario americano John Paul Jones. Para prevenirse contra los riesgos de la guerra y un eventual desembarco de tropas francesas, el gobierno inglés recluta voluntarios irlandeses a fin de remplazar a los soldados que se habían marchado a combatir a los «insurgentes». En esa tropa formada por numerosos efectivos —entre ochenta mil y cien mil voluntarios en 1782—, con católicos y protestantes, nace el alboroto político. Sin llegar a cuestionar la lealtad a la corona inglesa, se discuten los vínculos de dependencia y los parlamentarios irlandeses reclaman la igualdad respecto al Parlamento inglés, así como la libertad en el comercio. Tras un boicot a las mercancías inglesas, en 1780 se logra la libertad, pero el movimiento perdura y encuentra expresión en la declaración de independencia del diputado Grattan, representante del partido nacional, en el Parlamento, el 16 de abril de 1782. Un compromiso, que recibe el nombre de «Constitución de 1782», reconoce el Parlamento irlandés como el equivalente del Parlamento escocés. Sin embargo, el lord teniente que representa al rey inglés en la isla no pierde su poder; entretanto, surgen las divisiones entre los patriotas, cosa que debilita sus reivindicaciones. La mayoría de parlamentarios irlandeses se muestran hostiles a cualquier reforma, y una parte de los demócratas acepta la unión política con los católicos. En esas condiciones, Grattan es conducido a posiciones cada vez más moderadas. Más tarde, las consecuencias de la Revolución Francesa complicarán los fallos nacidos en ese momento.

El fracaso bátavo y belga

El fracaso de la moda de la Revolución Americana en las Provincias Unidas y las provincias belgas —o «bélgicas»— es más grave aún. El 3 de octubre de 1780, en las Provincias Unidas, la Gazette de Leyde publica por primera vez en Europa la Constitución de Massachusetts. En contra del stathouder, favorable a Inglaterra, los ricos mercaderes y las élites políticas, especialmente los regentes de Ámsterdam, se ponen de parte de los Estados Unidos, por principios y para aprovechar la liberación del comercio marítimo. El embargo de buques neerlandeses por parte de la flota inglesa indigna a una parte de la opinión pública, sensibilizada ya por los periódicos respaldados por los americanos. Entre los «patriotas» que se declaran entonces en contra de la autoridad del stathouder y contra «la aristocracia» —esa es la palabra empleada en la época— de los regentes, destaca Joan Dirk van der Capellen tot den Poll, que en 1781 hace un llamamiento «al pueblo neerlandés». Paralelamente, reclama el derecho a la felicidad, la vuelta a las libertades de 1572 y la organización de milicias municipales, siguiendo el ejemplo de los Estados Unidos y Suiza. Esa mezcla de revoluciones —una revolución inspirada en el pasado, a la vez que dirigida a un futuro desconocido— arraiga en el espíritu de la época. Encuentra un eco mitigado y complicado. En un juego a tres, que anuncia lo que sucederá más tarde en Francia, el partido de los patriotas, sobre todo urbano, nada entre dos aguas. Se opone a los regentes, poco favorables a la conmoción que debilitaría su posición, así como a los partidarios del stathouder, defensores de la casa de Orange, todos ellos de extracción rural o urbana pobre, hostiles a las clases medias y acomodadas entre las que se reclutan a los patriotas. Entre los que uno estaría tentado de considerar contrarrevolucionarios avant la lettre, destaca la figura de Kaat Mossel, notoria agitadora popular que encabeza manifestaciones que saquean las casas de los patriotas.

Con una fuerza creciente, los conflictos se extienden como manchas de aceite de una ciudad a otra. Las comunidades patrióticas publican periódicos y se enfrentan a los vecinos que siguen siendo partidarios de la casa de Orange; organizan milicias, abiertas a los católicos, que se suman a una revolución que les otorga la ciudadanía. Esa extensión progresiva de la lucha entraña una revisión de los objetivos. La humillante paz impuesta por la Inglaterra victoriosa en el mar añade motivos de descontento, sumados al hecho de la pérdida de las colonias, cosa que supone una pérdida de riqueza. No solo se protesta contra el stathouder, sino que se reclama una Constitución ¡e incluso se evoca la idea de una república democrática basada en ciudadanos educados! Así, nace una cultura democrática, con emblemas, insignias y héroes sacados del pasado republicano. Desde luego, la mayor originalidad de ese movimiento es su anclaje local, que provoca un sinfín de pequeñas revoluciones locales, según un modelo parecido a lo que sucedió en los Estados Unidos y muy distinto al modelo centralizado característico de Francia a partir de 1793. La unión entre patriotas de 1785 conduce a conflictos abiertos, que provocan la muerte de un hombre.

En 1786, los patriotas parecen vencer en el centro del país, pese a carecer de un programa colectivo y de mantenerse a costa de complejos equilibrios. La situación da un vuelco con la intervención de los países vecinos: el stathouder cuenta con el apoyo de su cuñado, el rey de Prusia, y los patriotas, con el apoyo de Francia. De pronto, todo se radicaliza cuando las fuerzas armadas orangistas se apoderan militarmente de dos pequeñas ciudades, al mismo tiempo que la esposa del stathouder, que es prusiana, es confinada en régimen de arresto domiciliario por los patriotas. Desde luego, el gesto, que recuerda a lo que sucederá en 1791 en Varennes, es duro, pero al mismo tiempo respetuoso. No obstante, resulta inaceptable para los soberanos europeos, ¡salvo Luis XVI!, que está de parte de los patriotas. Los prusianos, encabezados por el duque de Brunswick, al que encontraremos cinco años más tarde en guerra contra Francia, entran en las Provincias Unidas y persiguen con brutalidad a los patriotas, que, en su mayoría, no se alzan para defender su revolución. Sus casas son saqueadas y, sin duda, en torno a cuarenta mil se exilian en las provincias belgas y sobre todo en Francia, donde forman comunidades cerca de Saint-Omer. La presencia entre ellos de ricos banqueros es una de las razones que conducen al rey de Francia, incapaz de apoyarlos contra Prusia, a autorizar el culto protestante en su país. En una confusión de lo más habitual, ya que ningún cuerpo teórico ha unificado jamás a esos patriotas, están tan unidos a Mirabeau como a La Fayette o Brissot, e incluso reciben el apoyo, también financiero, de la mujer del marqués de Champcenetz, gobernador de las Tullerías. De origen neerlandés, esta última fue rival de Du Barry durante un tiempo, ¡y más tarde será agente del conde de Artois! Los patriotas se denominan «bátavos» para recordar los tiempos heroicos de la resistencia de sus antepasados contra los romanos de la Antigüedad, reforzando así la mitología republicana inspirada en la Antigüedad. Los mitos siguen desempeñando su papel.

Desde luego, la relación entre esta revolución y la Revolución Francesa no es simple. Aferrados al lugar de la religión y acostumbrados a buscar compromisos, los neerlandeses están muy lejos de los filósofos franceses, pero bastante cerca del Aufklärung alemán, al reconocer las formas de rebelión inspiradas por el cristianismo. En eso se distinguen de las corrientes mayoritarias de la «Revolución Atlántica», al conservar las dimensiones nacionales y morales de las tradiciones de su país, en especial sus prácticas electivas y la independencia local frente a cualquier poder centralizado. Es significativa la importancia concedida a las milicias urbanas tradicionales. Sin embargo, es al pasar por alto esas características perdurables que la experiencia «bátava» se convierte en una causa mundial entre las corrientes reformistas y cosmopolitas de la época, entre las cuales el alemán Cloots, futura figura cosmopolita de la Revolución Francesa, desempeña ya un papel. En esa perspectiva internacional, cabe señalar, como divertimiento, ¡la primera manifestación de una población extranjera contra la embajada americana de La Haya, acusada por los orangistas de haber apoyado a los patriotas vencidos! Mirabeau, cuyo famoso «estudio» nació con algunos refugiados, a los que se sumaron otros patriotas excluidos de Ginebra, publica un panfleto titulado A los bátavos sobre el Stathouderado, que es un manifiesto contra los ministros franceses. Hace un llamamiento a luchar, incluso con las armas, contra el despotismo, y glorifica el derecho de todo pueblo a obtener su libertad. Sin embargo, la derrota de los bátavos empieza a percibirse en Francia como un fracaso que conviene meditar y evitar. En la época, existe un profundo malentendido entre franceses y holandeses, que, después de 1795, aflorará cuando los primeros quieran imponer su modo de resolución de los conflictos a los segundos —sin duda, todavía perdura, dos siglos más tarde, en la historiografía francesa—. Esta subestima la importante participación de los Países Bajos en la cultura revolucionaria de la época y no tiene en cuenta la costumbre de las transacciones, muy anclada en la vida política, que ha permitido que la violencia política no adquiriera la magnitud que tuvo en Francia, un país sumamente centralizado y jerarquizado, así como intolerante a las disidencias.

Cuando al mismo tiempo las provincias «bélgicas», pertenecientes al imperio de Austria, se vuelcan en la oposición a las reformas de José II, son objeto de un desdén parecido. Emperador autoritario, centralizador y modernizador, José II procede a una secularización de esas provincias. Suprime los conventos que considera inútiles, pone las bodas y los entierros bajo el control del Estado y menoscaba la autonomía de las administraciones y las instituciones judiciales locales. El alza de los precios que sobreviene al mismo tiempo provoca el descontento contra el «despotismo» del emperador. La oposición alía a los partidarios de un statu quo con los que desean un cambio político más radical. Tras las manifestaciones en las calles y las iglesias, los oponentes, que se reconocen por las escarapelas de colores, consiguen al principio la retirada de las medidas, pero el 17 de diciembre de 1787 son derrotados en el transcurso de un enfrentamiento con la tropa. Los cabecillas se exilian en los Países Bajos o Francia, donde forman una asociación secreta, llamada Pro Aris et Focis, a fin de preparar un nuevo alzamiento.

¿Revoluciones sin el pueblo? Ginebra y Varsovia

Estos ejemplos, muy conocidos, suelen citarse como parte de la Revolución Atlántica, pero es preciso no aislarlos de las revoluciones imperfectas, encabezadas en nombre de un pueblo verdaderamente inencontrable, pero también de los despotismos ilustrados, esas revoluciones desde arriba que atestiguan la búsqueda, corriente en la cultura de la época, de nuevos equilibrios en las relaciones de fuerza que no permiten que las aspiraciones «populares» se hagan oír.

Con todo, la reflexión de los franceses se alimentó mucho del fracaso genovés que provocó asimismo la creación de una colonia de patriotas exiliados en Francia, donde estuvieron activos. En 1782, la parte de la burguesía de la ciudad de Génova, los «nativos», a favor de la apertura de los consejos de gobierno a los ciudadanos dotados de poderes incompletos, logra tomar el poder contra la parte del patriciado que rechaza cualquier cambio y, por esta razón, recibe el nombre de los «negativos». Sin embargo, la armonía entre «burgueses» —la categoría más elevada en la jerarquía social— y los «nativos» no es absoluta. Además, los «habitantes», es decir, los genoveses aceptados en la ciudad pero despojados de derechos, esperan a su vez las ventajas que todos los demás se resisten a concederles. Mientras que todos los bandos invocan la virtud de la república de Génova y la necesaria unidad del pueblo, especialmente para repartir los impuestos, dos días de motines ponen a los «representantes», partidarios de la representación de los «nativos», a la cabeza de la República, antes de que se cree una comisión de seguridad para castigar a los «traidores». En ese clima, las rivalidades entre «burgueses» y «nativos» debilitan a los vencedores, víctimas, además, de una verdadera cruzada europea.

Como Génova era una ciudad-Estado situada en el corazón de Europa, las grandes potencias vecinas no podían soportar un desequilibrio local que pudiera arruinar sus ententes dinásticas y sus equilibrios financieros. En efecto, la ciudad sobresale en el arte de las invenciones financieras que permite hacer préstamos a los soberanos europeos, empezando por la monarquía francesa. En junio, los franceses, los sardos y los berneses intervienen para devolver al patriarcado «negativo» su papel, mientras que una parte de los vencidos, entre ellos el rico banquero Clavière, se exilian en Francia. Peligroso demócrata en su ciudad, antes de ser considerado moderado porque es amigo de Brissot, Clavière ocupa un lugar importante en las nuevas redes de «patriotas» y especuladores. Al margen de sus actividades especulativas, encarna la corriente que considera las relaciones comerciales como condiciones de felicidad política. Las libertades civiles y económicas son esenciales en un régimen cuyo modelo es la república; este pensamiento inspirará la corriente «girondina», que se enfrentará a los conflictos sociales nacidos en el transcurso de la Revolución Francesa.

Siguiendo una vía parecida a la de los genoveses, los polacos se inventan una revolución nacional y popular que también servirá de modelo y de contrapunto a los franceses, al mismo tiempo que numerosos «patriotas» abandonan Polonia para participar, como todos los demás «patriotas», en la gran oleada revolucionaria. En mayo de 1791, Polonia es el segundo país del mundo en dotarse de una Constitución, después de los Estados Unidos y Francia, pero aun así apenas llama la atención de la historiografía ligada a la Revolución Francesa. En la década de 1780, el reino de Polonia no existe más que en función de un complicado equilibrio entre Rusia, Prusia y Austria, que juegan con las divisiones entre los nobles polacos. Desde el reparto sobrevenido en 1772 y la consiguiente reducción del territorio, el país, que de hecho está bajo la autoridad de Rusia, se embarca en unas reformas inspiradas por la Ilustración europea. En 1773, la Comisión de Educación Nacional, que en Varsovia se basa en manuales escritos por Dupont de Nemours o Condillac, propone una ambiciosa refundición de la enseñanza. El eco de los debates y los acontecimientos sobrevenidos en Polonia alcanza a toda Europa, y a Francia de pleno. En 1770, Jean-Jacques Rousseau redacta las Consideraciones sobre el gobierno de Polonia[1], obra en la que reflexiona, al igual que respecto a Córcega en el mismo momento, sobre las condiciones de la renovación de la patria. Con su obra Del gobierno y las leyes de Polonia, Mably se inscribe en la perspectiva de una monarquía constitucional hereditaria, mientras que Voltaire, sensible al poder de la zarina, es hostil a la autonomía del país. En el género novelístico, Polonia sirve de escenario de las Aventuras del joven conde Potowski, de Marat, libro que sigue inédito, así como del best-seller del futuro girondino Louvet de Couvray, Los amores del caballero de Faublas. La historia polaca marca a Francia; desde luego, menos que la de los Estados Unidos, pero, de todos modos, proporciona un marco de experiencias políticas y filosóficas.

En 1787, la guerra entre Rusia y el Imperio Otomano permite a los «reformadores» polacos, ayudados por Prusia, proclamar la Constitución del 3 de mayo de 1791, avalada por el rey. La promulgación, que es más un anuncio de reformas que un verdadero sistema, suscita expectativas entre los nobles liberales y una parte de la población que se radicaliza. En cambio, la nobleza hostil no se da por vencida. Aprovechando el viraje de 1792, corroe los poderes reales, mientras que Rusia y Prusia vuelven a repartirse Polonia. Los radicales y el generalísimo Kosciuszko lanzan una «insurrección nacional» en las ciudades de Vilna (hoy Vilnius) y Varsovia. Se sigue a los radicales, que asocian posiciones políticas, especialmente la abolición de la servidumbre, a expectativas milenaristas, sobre todo cuando se acumulan las dificultades militares. En mayo de 1794, en Varsovia, controlada por los radicales, se ejecuta a cuatro nobles, una brutalidad calculada que evita que se agraven los disturbios populares. Las derrotas de octubre de 1794 marcan el fin de la insurrección. En 1795, Polonia ya no existe. Los líderes exiliados, especialmente en Francia, se dividen en organizaciones rivales, mientras que los militantes, dispersos, se alistan en los ejércitos enviados a Italia en 1796, y una parte de ellos se marcha a Santo Domingo. La revolución fue un momento en un movimiento más basado en principios de reforma que en reivindicaciones verdaderamente políticas defendidas por las masas.

Las revoluciones desde arriba: la Europa de los déspotas ilustrados

Apoyada en esa corriente de reformas, pero sin las masas, es decir, en contra de ellas, el «despotismo ilustrado» encabeza la «revolución desde arriba», que se inspira manifiestamente en la Ilustración. En Europa, donde la opinión pública no está lo bastante organizada para intervenir directamente en los debates y las orientaciones políticas, la creación voluntarista del Estado moderno suele desencadenar, en contrapartida, reacciones imprevistas y violentas, que ponen en juego fuerzas antagónicas que reivindican una aceleración de los cambios o, por el contrario, la vuelta a los equilibrios tradicionales. Todo ello pone en marcha hostilidades contra el Estado cuyas formas no son muy distintas de las que se van a experimentar en Francia entre 1789 y 1799. En España, la modernización de las costumbres, en especial de la ropa, impuesta por el gobierno provoca virulentas oposiciones. En Dinamarca, la llegada al poder del reformador Struensee, entre 1770 y 1772, conmociona el reino. Plebeyo, Struensee accede al poder tras hacerse amante de la reina, ilustrando así las colusiones habituales entre la alcoba y los gabinetes ministeriales. Partidario de una racionalización autoritaria, Struensee liberaliza la circulación de los cereales, abre las escuelas e impone la tolerancia religiosa, pero su liberalismo y su relación con la reina acarrean su caída. La nobleza local lleva a cabo una revolución en el palacio, juzga y hace ejecutar a Struensee de una manera que en Europa se considera escandalosa. Una vez decapitado Struensee, su cuerpo es desmembrado y cuarteado, y cada parte se envía a diferentes regiones. No obstante, sus reformas siguen vigentes.

En la vecina Suecia, en agosto de 1772, el rey Gustavo III, con el apoyo financiero de Francia, realiza un golpe de Estado contra las asambleas nobiliarias que detentaban el poder. Instaura autoritariamente una monarquía «modernizada», liberada de las luchas políticas de las asambleas suecas, apoyándose en el ejército, los reformadores y el pueblo. En tanto que «demócrata coronado», consigue lo que el embajador francés Vergennes calificó de «revolución», extasiado ante un éxito logrado sin derramar ni una sola gota de sangre. Entre 1788 y 1789, se impone la abolición de la servidumbre a los grandes propietarios, obligados a ceder ante la amenaza de que se revele la magnitud de sus privilegios, mientras que el acta de unión y de seguridad concede a todos los suecos la igualdad de derechos. Gustavo III, admirador de Francia y francófilo convencido, se inventa el estilo «gustaviano» al renovar los gustos estéticos de la corte según los cánones de una austeridad modernizadora. La ironía de la historia querrá, por una parte, que a partir de 1790 Gustavo III se ponga a la cabeza de la cruzada contrarrevolucionaria y que en 1791 trate de hacer salir de Francia a la pareja real, y, por otra parte, que el 16 de marzo de 1792 sea asesinado por su propia nobleza, contraria a su absolutismo.

La corriente del despotismo ilustrado, escrutada de cerca por los franceses «ilustrados», todos ellos de acuerdo con la necesidad de reformar y de recurrir al Estado para imponer las novaciones inspiradas en la Ilustración, es ilustrada de forma ejemplar por el rey de Prusia, Federico II, así como por el propio hermano de María Antonieta, José II, emperador de Austria. Heredero de una tradición familiar sujeta al servicio del Estado, profundamente convencido de sus deberes y lleno de sentimientos humanos, el emperador también abriga un pesimismo filosófico que lo empuja a reformar autoritariamente una humanidad incapaz de alcanzar el bien por sí sola. En 1775, las revueltas campesinas de Bohemia llevan a la corte, empezando por María Teresa, a suprimir la corvea y la servidumbre. La emperatriz no lo logra, pero consigue que la revuelta no llegue a extremos irremediables e inspira las medidas que adopta su hijo. Entre 1775 y 1781, siguiendo los consejos de los validos racionalistas y marcados por la Ilustración, José II remplaza la servidumbre por un sistema de corveas en Bohemia, limita la censura e instaura la tolerancia religiosa a favor de los no católicos, hasta tal punto que recorta la autoridad de la Iglesia católica en todas las tierras que están bajo su poder directo, entre ellas las provincias belgas. Se confiscan los bienes de los monasterios de órdenes contemplativas, se ponen los seminarios bajo tutela, y los obispos ya no pueden comunicarse directamente con el papa. El matrimonio ya no se considera un vínculo estrictamente religioso, sino también un contrato social. Todas las tentativas del papa por limitar esas medidas fracasan, y el papa cede ante el emperador. La Constitución civil del clero no será muy diferente en Francia, unos años más tarde, salvo en una cuestión: la dependencia de una parte de la Iglesia con respecto al papa, ¡ya que este último se considera un soberano italiano al que deben reprimir los austríacos!

Mientras que María Teresa recelaba de la Ilustración y mantenía una política fundada en valores cristianos de solidaridad, que la acercaba al universo mental de gran parte de sus súbditos, José, fascinado por Prusia, desea llevar a cabo reformas racionalmente. Como en Francia más adelante, las reformas, pese a ser esperadas, a menudo con impaciencia, por poblaciones descontentas e informadas de una manera u otra de las mutaciones contemporáneas, se aplican mal o se eluden, y suscitan temores y revueltas, por razones a menudo contradictorias. En Bohemia, en Hungría y en Transilvania, en 1784, y sobre todo en Bélgica, estallan disturbios contra los que hay que mandar tropas. Durante un tiempo, el hermano de José, Leopoldo, gran duque de la Toscana, comparte con él la orientación política definida siguiendo el racionalismo y el centralismo heredados de la Ilustración, combinados con reformas humanitarias. Leopoldo es uno de los primeros soberanos en abolir la pena de muerte en sus Estados, donde protege el pensamiento científico y técnico. Mientras prepara una Constitución cercana a la de los Estados americanos, en 1790, tras la muerte de José II, Leopoldo debe abandonar la Toscana para convertirse en emperador de Austria. Modifica entonces sus posiciones, sin ceder, no obstante, al papa ni a las pretensiones nobiliarias. Su itinerario explica a la vez por qué los emigrantes franceses no recibirán apoyo alguno por su parte, y por qué aprueba la política reformadora de Luis XVI y María Antonieta, su hermana. Reprime, cabe pensar lógicamente, los movimientos contestatarios en Bélgica y el obispado de Lieja, restableciendo el orden imperial en 1790. El emperador se encuentra así enfrentado a los notables, los curas y los gremios, todos ellos preocupados por conservar sus privilegios, pese a sentirse investidos de la defensa de las libertades hasta el punto de llamarse «republicanos» y de fomentar una «revolución» sumamente conservadora.

En este panorama incompleto se imponen tres conclusiones. La primera es la necesidad de volver a considerar los juicios que se atribuyen de forma impropia al «despotismo», que, contrariamente a lo que los revolucionarios franceses van a asegurar más tarde, no es comparable a la «tiranía». José II practica un «despotismo de la virtud» cuyas formas no están tan alejadas de las que pondrá en práctica más adelante el Comité de Salvación Pública. La segunda conclusión es la necesidad de comprender que la nobleza de todos los países europeos se hallaba entre la espada y la pared. Criticada a menudo tanto por los representantes del Estado como por las clases medias, e instalada en una posición «reaccionaria», no obstante fue el escudo del Estado tradicional cuando las clases populares se rebelaron rechazando las reformas que debían aportarles la felicidad. Y es que —tercera observación— las reformas impuestas a los pueblos en nombre del progreso, la humanidad o la racionalidad raramente alcanzaron sus objetivos, y la mayoría de las veces provocaron reacciones violentas, reprimidas por la fuerza. Las revoluciones, pues, generan tantos rechazos a la modernización como programas verdaderamente innovadores. Conviene no olvidar todas estas realidades para apreciar la situación francesa, cuya especificidad, que es propiamente el objeto del presente libro, habrá que elucidar.

¿Una época de revueltas? Rusia

Por último, este panorama debe tener en cuenta las revueltas que también participan del mismo fondo cultural. La unidad del mundo, aunque no fuera la que conocemos hoy en día, existe desde hace varios siglos, y las mutaciones de las sensibilidades afectan a todo el globo. De Rusia a Perú, se producen revueltas cuyos mecanismos se asemejan a los de Francia entre 1789 y 1799, y que desembocan en la primera revolución negra del mundo, la independencia de la colonia de Santo Domingo, convertida en Haití.

La Rusia de Catalina II, zarina ilustrada, tirana más que déspota, encarna el prototipo extremo de los soberanos que trabajan sobre «la piel humana», como le dice ella misma a Diderot. A partir de 1773 se enfrenta a una revuelta nacida en el seno de los cosacos y los disidentes religiosos, influidos por rumores, que rechazan un agravamiento de la servidumbre. Una espera milenarista colectiva empuja a la población en busca de salvadores que se alíen con pretendidos zares, tras el asesinato de Pedro III. Entre los pretendientes, se impone Pugachov, que encabeza el alzamiento de decenas de miles de campesinos y cosacos ávidos de justicia. Se apodera de las grandes ciudades y controla el Volga durante un año, pero como depende de frágiles alianzas y de ejércitos inestables e indisciplinados, acaba siendo capturado y ejecutado con saña en público en enero de 1775. La represión posterior añade entre veinte y treinta mil muertos a las veinte mil víctimas de la insurrección, reforzando así la servidumbre y la autoridad de la zarina. Entre 1783 y 1785, esta impulsa reformas importantes para mejorar la educación, permitir la libre circulación de cereales y secularizar los bienes de la Iglesia. Como las condiciones de los campesinos no cambian, en 1789 una oleada de revueltas sacude Volinia, pero es reprimida con la misma energía. Esa revuelta «moderna» provoca nuevas clasificaciones políticas, que llevan a la zarina, amiga de los filósofos, a impulsar sumarse a la cruzada contrarrevolucionaria. Implica a su país en las guerras contra Francia, que prosiguen tras su muerte, sobrevenida en 1796.

Ese es el bagaje histórico de los hombres y las mujeres de finales del siglo XVIII. No es de extrañar, pues, que muchos, tras la convocatoria de los Estados Generales en Francia, y sobre todo después de la toma de la Bastilla, hablen de «la feliz revolución» que se desarrolla ante sus ojos. La sorpresa se debe al hecho de que suceda en el último país donde cabía esperarla, la Francia absolutista que había apoyado la revolución de Suecia y la de las colonias americanas, pero que había condenado la revolución genovesa; la Francia opuesta a Inglaterra a propósito de los americanos y los bátavos, pero aliada a Inglaterra respecto a las provincias belgas. Tan solo el choque del acontecimiento permitirá comprender cómo, a partir del ejemplo francés, nace una nueva teoría general sobre la «revolución», ya que todos los movimientos de liberación, de emancipación y de reformas se confrontan enseguida con la complejidad francesa, que sacará a la luz brutalmente sus límites. La perfectibilidad abanderada por las élites ya no será más que una ilusión. Significativamente, a partir de 1790, Leopoldo, duque de la Toscana y futuro emperador de Austria, así como José, su hermano y emperador, suspenden la abolición de la pena de muerte que habían introducido en sus Estados. Ilustran ese abandono de las ideas ligadas al «progreso» humano y ese viraje hacia la «reacción» que limitan a la evolución francesa el término de «revolución».

De este relato de los acontecimientos que mezcla a propósito los hechos con las doctrinas, conviene sacar varias conclusiones. En primer lugar, que pese a que se imponga un modelo, no es preciso identificar la revolución con una única fuente de inspiración. La libertad republicana —la libertad de la Antigüedad—, que insiste en la soberanía popular dada a limitar los derechos individuales, se combina con la libertad «inglesa» de los modernos, ligada al poder nacional y al respeto de la independencia personal basada en la propiedad; además, se articula con ecos del debate sobre el pactismo y los movimientos reformadores impulsados por ciertos monarcas o su entorno. Así, pues, las revoluciones en Europa y América deben considerarse en el amplio intervalo que abarca desde la década de 1770 hasta los primeros decenios del siglo XX.

No se trata, pues, de negar cualquier interés por las «revoluciones atlánticas» de J. Godechot y R. Palmer, sino de inscribirlas en la totalidad de las experiencias políticas sobrevenidas en ese largo intervalo. Los intercambios de conceptos fueron tan importantes como las identificaciones de diferentes lugares con tipos doctrinarios, bajo el efecto de las conjunciones y las relaciones de fuerza. Recordemos que Canadá, pese a ser partidaria de un constitucionalismo cercano a las libertades modernas, rechazó seguir a los Estados Unidos, hasta tal punto que pasó por contrarrevolucionaria. Los países de América Latina experimentaron revoluciones efectivas tras el período de 1807 a 1810, cuando el vuelco napoleónico se sumó a las repercusiones de la Revolución Francesa en todo el mundo. Se produjeron entonces varias revoluciones escalonadas en el tiempo y repartidas en el espacio, todas ellas ancladas en un mismo debate colectivo, pero todas ellas singulares en su desarrollo. Esa voluntad de ligar las ideas a sus encarnaciones, incluso accidentales, deficientes o, por el contrario, manipuladoras, se encuentra en la base de la escritura de esta historia de la Revolución Francesa.

Referencias bibliográficas

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Capítulo 2. LA MONARQUÍA ABSOLUTA: ¿GULLIVER ATADO?

¿Cómo explicar que la monarquía absoluta por excelencia, que dirigía Francia, el país más poblado y rico de Europa, pudiera desaparecer en unos años, entre 1787 y 1793? La hipótesis era inconcebible para los visitantes procedentes de toda Europa que desfilaban por Versalles para asistir a las comidas del rey y la reina, de las que salían subyugados —y horrorizados— por el decoro y la etiqueta, inexistentes en las demás cortes. Se entiende, pues, que la «toma de la Bastilla» en 1789 pudiera equivaler al derrumbe del «muro de Berlín» doscientos años más tarde. Había sucedido lo impensable.

La realidad del absolutismo

Para comprenderlo, ¿es necesario invocar el complot de los jacobinos y los masones, como afirmaba el abad Barruel, inaugurando así en el siglo XVIII una de las tradiciones históricas de derechas, o bien la «crisis del Antiguo Régimen», según el historiador del siglo XX Ernest Labrousse, que ilustró y justificó durante largo tiempo la tradición marxista? ¿La revolución fue llevada a cabo por el pueblo, pobre Job en su estiércol, para citar a Michelet, gran creador de imágenes fuertes —y falsas— sobre la cuestión? ¿O, por el contrario, conviene hablar de un trueno en un cielo sereno, insistiendo, como muchos autores, en la oposición entre los cuadernos de quejas que felicitaban al rey, «padre de los pueblos», por reunir los Estados Generales, y la brutalidad, en cierto modo inesperada, de los acontecimientos de los años posteriores? ¿O hay que dar crédito a la conocida anécdota de que Bonaparte calificó a Luis XVI de «cobarde» por no haberse atrevido a ordenar a las tropas que dispersaran a las mujeres que fueron a Versalles en octubre de 1789? Así, la «apatía» del rey habría permitido el éxito de la revolución, mientras que una personalidad más fuerte, como la de Luis XIV o Bonaparte, la habría evitado.

Desplacemos un poco la mirada. ¿Cómo articular el uso de la palabra «revolución», ligada al estado de la opinión pública, con la situación del país, que hay que apreciar sin juicios preconcebidos? La consciencia colectiva del comienzo de la Revolución Francesa data incontestablemente de 1789, pero la fragilidad de las estructuras de la monarquía francesa, e incluso su desmoronamiento, se remonta a treinta años antes; lo que está en juego en 1789, pues, no es tanto la destrucción de un poderoso orden monárquico como la denominación que se atribuye a las ruinas de un sistema ya moribundo. Desde las décadas de 1760 y 1770, el absolutismo del Antiguo Régimen no era más que una fachada que enmascaraba un monumento en ruinas. La reflexión no es nueva. Jean Egret la teorizó en los años 1960 al estudiar la «prerrevolución». El historiador insistía en los conflictos entre los privilegiados y el monarca, creando de facto una etapa suplementaria en el camino hacia la revolución: los aristócratas y el clero habían empezado la protesta, seguidos por los burgueses, luego por los campesinos y, por último, por los sans-culottes. A pesar de que el análisis confirmaba el aumento de la tensión hasta el apogeo revolucionario del año II, el rodeo por lo que iba a ser la «contrarrevolución» más pura y radical como algo anterior a la revolución cuestionaba demasiado el sentido de la historia para que pudiera aceptarse fácilmente. De hecho, no se aceptó. Sin duda, el intento pecaba de un defecto común a todas esas aproximaciones: partir de la fortaleza del absolutismo cuyos muros fueron atacados en oleadas sucesivas.

Por el contrario, ¿es preciso considerar la fachada absolutista como un trampantojo, como la máscara que recubría un sistema si no derrotado, al menos incoherente e incapaz de reaccionar, empezando por el rey, clave de la bóveda del conjunto y encarnación del misterio que representaba la monarquía francesa? F. Cosandey y R. Descimon proponen no dejar cegarse por las denuncias unánimes del «absolutismo» monárquico de finales del siglo XVIII, pues, en efecto, estas hacen olvidar la lenta elaboración de un «absolutismo» real que organizaba el Estado moderno contra las guerras civiles y religiosas, regulando las tensiones y alimentando las desigualdades, garantizando los estatutos diversificados de los hombres y las provincias, instituyendo, al mismo tiempo, una unidad administrativa, fiscal y política. Durante al menos dos siglos, la monarquía se construyó en torno a contradicciones internas añadidas en capas las unas a las otras. Neutralizó los estados provinciales sin suprimir las identidades provinciales, controló los nobles y ennobleció a otros sin tocar la nobleza, centralizó la administración mientras preservaba los vínculos clientelares, conservando, por ejemplo, los parlamentos en las provincias recién incorporadas, y unificó la sociedad por medio del auge económico, manteniendo las desigualdades entre los órdenes. Entre 1770 y 1780, la monarquía se encuentra confrontada a la manifestación simultánea de todas esas contradicciones y tensiones. A las razones estructurales se les añade la responsabilidad individual de los monarcas y su entorno, obligados a introducir reformas. El absolutismo monárquico no fue un monolito que la Revolución Francesa destruyó con una violencia fundadora de un nuevo sentido de la historia universal. Al principio había sido la condición positiva de la elaboración de un Estado protector y pacificador, minado por las mutaciones introducidas por el desarrollo de la realeza administrativa; a finales del siglo XVIII, se había convertido en un armazón que el rey y sus ministros trataban de hacer evolucionar. Precisamente conviene explicar ese trabajo de la monarquía consigo misma, entorpecido por sus propias tradiciones, sus indecisiones y los límites de su autonomía, abandonando las certezas de una linealidad de la historia humana para seguir los meandros, los brazos de río muertos y los torrentes de los flujos y los oleajes imprevistos de los hechos y los actos.

El cuerpo caído del rey

Según el derecho divino, el rey es el intermediario de Dios en la tierra, ungido y sagrado, legítimo por su filiación. Su apariencia física puede morir, pero su cuerpo simbólico se transmite sin alteración y cabe pensar que posee un cuerpo icónico, ya que es la imagen del poder que otorga unidad y razón de ser a la sociedad francesa. Desde Enrique IV y sobre todo Luis XIV, el rey organiza literalmente a su alrededor la vida del reino a través de sus actividades, sean militares, políticas, religiosas o estéticas. Además de rey guerrero, es también el Rey Sol, al que consagran la ópera, la danza y la música en las fiestas suntuosas y simbólicas. Paralelamente, ha desarrollado una administración que depende de él y de los consejos que preside o que le representan. Sus enviados, los administradores y los grandes oficiales que nombra como gobernadores ejercen de facto el control sobre el conjunto del país, incluidas las provincias, que siguen dotadas de estados provinciales y cuyos parlamentos continúan registrando las leyes antes de aplicarlas. Esa superposición de legitimidades y competencias constituye una fuente permanente de conflictos, ya que la propia evolución de la monarquía se apoya en la sujeción de los nobles a través del ejército o el servicio a la corte, así como en el nombramiento de los parlamentarios. No obstante, la ficción jurídica de la constitución del reino, basada en el vínculo personal de los diferentes cuerpos y provincias con la persona del rey, sigue perdurando en las tradiciones, pero se articula mal con esa concentración y centralización que se han vuelto características de la monarquía a finales del siglo XVII. Luis XV y Luis XVI se perderán en las competencias y las contradicciones de las legitimaciones de la realeza.

El rey, por derecho divino, debe proteger al clero, primer orden de la nación, desde la década de 1660; con todo, se ha arriesgado a introducir la desunión en la Iglesia galicana y exponerse a la desobediencia de algunos de sus súbditos. En efecto, la realeza emprende una lucha contra los católicos jansenistas, que cuentan con una poderosa representación en numerosos parlamentos y parroquias populares. Luis XV no cesa de distanciarse de las prescripciones religiosas, hasta el punto de transformar la fórmula ritual ligada a su función taumatúrgica. Cada año, el rey posa las manos sobre sus súbditos, a menudos varios miles, para curar a los enfermos de escrófula, una enfermedad bubónica que se supone que el rey cura por don divino. Sin embargo, las palabras que pronuncia en esa ocasión cambian de «el rey te toca, Dios te cura» a «te cure»; el paso del indicativo al subjuntivo expresa la precaución del rey, consciente de que su poder de curandero puede aminorar porque durante años ha preferido evitar el confesionario para conservar a sus amantes, pese a los reproches de sus confesores. Se deja arrastrar a la querella contra los jesuitas, expulsados del reino en 1764, en el momento en que prácticamente todos los Estados de Europa y América Latina los rechazan. Aunque esa decisión consagre la victoria de los parlamentarios jansenistas y galicanos, enseguida Luis XV se pone de parte de los «devotos», prosiguiendo su lucha contra el jansenismo sin que ello le impida vivir, sin ocultarse ante sus súbditos, con la condesa Du Barry. El escándalo se agrava porque la joven cortesana es una mujer mundana, procedente de un burdel, elevada al estatuto de amante titular, contra las costumbres tácitas que reservaban esa posición a las mujeres y las muchachas de buena cuna. Además, interviene en exceso en el juego de camarillas políticas. En especial, hace expulsar al duque de Choiseul, considerado un conciliador de los parlamentos y los nobles, partidario de la alianza con Austria y organizador de la boda del delfín, el futuro Luis XVI, con María Antonieta.

La inflexión capital en la historia del país tiene lugar entre 1750 y 1771. Los conflictos en torno al papel del rey son violentos, pero permanecen ocultos, como atestigua el ejemplo del atentado de Damiens en 1757. En apariencia, el hecho carece de importancia: un criado iluminado da un navajazo al rey y muere descuartizado a consecuencia de su crimen de lesa majestad. En los conflictos que oponen a jesuitas y jansenistas, se saca provecho de su acto, antes de ser utilizado en contra de los segundos. La resolución del asunto trasluce la crisis de los fundamentos de la monarquía y el cuestionamiento de los cuerpos intermediarios. El rey quiere mostrar clemencia, pero resulta imposible dada la obligación de iniciar un procedimiento judicial inscrito en las constituciones del reino. Se entabla un pulso entre dos grupos que poseen convicciones divergentes. Por una parte, están los que consideran que la realeza depende de los pactos sellados desde tiempo inmemorial entre el rey y sus pueblos, en primer lugar los miembros de los parlamentos y de los estados provinciales, a los que se suman, con condiciones parecidas pero no idénticas, los nobles, que componen el segundo orden, del que proviene el rey. El otro grupo reúne al propio rey y todos aquellos que, sea cual sea su pertenencia social, reforman el país en nombre de un Estado monárquico. La oposición entre esas visiones políticas y los grupos que las encarnan son tales que cabe pensar que el príncipe de Conti, a quien encontraremos más adelante, encabeza las conspiraciones contra el rey. Después de 1740-1750, el pueblo llano de las ciudades deja de venerar al rey, pues corren rumores que denuncian que el rey es el organizador de unos raptos de niños pequeños. La degradación de la imagen del rey se convierte en una preocupación policial y política.

La revolución de Maupeou

En la década de 1760, la administración real se enzarza en conflictos manifiestos, especialmente con los bretones, que, invocando las condiciones de su anexión a Francia, defienden el respeto a su Parlamento en Rennes, así como a sus estados en Nantes, y rechazan la retención de unos impuestos extraordinarios sin su acuerdo. ¿Es preciso recordar que un hecho similar fue el punto de partida de la revolución americana? La administración real y los intendentes lo pasan por alto e imponen, allí y en todas partes, que las leyes del reino se acepten con unos procedimientos rápidos. A fin de desarmar cualquier resistencia, como de costumbre, mandan al exilio a los cabecillas, en este caso La Chalotais, procurador general del Parlamento de Rennes. Como es lógico, La Chalotais recibe el apoyo de los partidarios de la tradición, sobre todo en las provincias anexadas tardíamente, que recuerdan el «pacto» inicial sellado entre los súbditos y el rey. Pero el procurador general también cuenta con el apoyo de los filósofos y los parlamentarios jansenistas, que lo consideran una víctima del partido devoto —denominación que esconde a los oponentes de los «filósofos»— y los jesuitas. Paradójicamente, y peligrosamente, entonces el rey y sus hombres hacen un llamamiento a la opinión pública para causar dificultades a los parlamentarios, a los que pintan como unos conservadores y privilegiados, y para suscitar movimientos populares favorables a las iniciativas reales. Sin duda, la modernización, preparada por los consejos, justifica la maniobra. La táctica da resultados, al menos provisionalmente, frente a esos nobles bretones que monopolizan el poder en la sociedad provincial a costa de los plebeyos enriquecidos, excluidos de antemano de la vida política. No obstante, los oponentes, que se proclaman defensores del «pueblo» y «patriotas» —palabras de gran porvenir—, enseguida denuncian que la voluntad real es una manifestación del «absolutismo», incluso del «despotismo».

El conflicto se desata cuando los parlamentos le recuerdan al rey que depende «del juramento […] que hizo a la nación al tomar la corona». En el discurso llamado «de la Flagelación», el 3 de marzo de 1766, Luis XV se opone radicalmente a lo que le parece «pernicioso» para el Estado. En primer lugar, recuerda que solo en su persona reside «la potencia soberana», que da legitimidad a los tribunales de justicia; a continuación, que el poder legislativo le pertenece en su totalidad, y, por último, que él forma una unidad con «su pueblo». El discurso de la Flagelación ilustra los desplazamientos semánticos que se producen, y que enseguida contaminan las interpretaciones historiográficas. Conviene detenerse en ello por varias razones: el discurso de la Flagelación demuestra que el rey había conseguido acumular los poderes ordinarios, correspondientes por derecho a todo soberano (potestas), ligados al ejercicio de la violencia sin control para responder a las situaciones de crisis (auctoritas). El poder normativo y el poder anómico, para retomar unas distinciones muy discutidas en el siglo XXI, están estrechamente mezclados en el absolutismo encarnado por el rey, representando místicamente al «pueblo». El rey es capaz de recurrir a la violencia pura, pero, como es evidente, no quiere hacerlo: el estado de excepción está incluido en la figura absolutista de la monarquía francesa, al menos desde Richelieu.

Ese discurso, que se inscribe en una tradición secular, en 1771 ya no se interpreta como se hubiera interpretado ciento cincuenta años antes, tras las guerras civiles. Desde que la centralización y la racionalización han modificado la relación de los franceses con su monarca, el rey y su poder ya no se consideran las únicas formas posibles de unidad del reino. A ojos de quienes se convierten en testigos de la tradición de pactos y convenciones con el rey de Francia, ese discurso demuestra el abuso del poder real, incluso su desviación; es la prueba del absolutismo despótico. Conviene establecer el momento en que se produce esa inversión de las palabras; sin embargo, no es deseable que la historiografía se alinee con los juicios de los parlamentarios, reforzados unos años más tarde por los revolucionarios, convencidos de haber abolido el absolutismo. Las transposiciones del vocabulario político son una buena estrategia, pero no deben interpretarse al pie de la letra. Es preferible comprender por qué las relaciones de fuerza se han modificado y en qué medida se ha alterado también la imagen de la monarquía, pese a ella, o incluso contra ella.

Como prosiguen las llamadas al orden de los parlamentos, el rey reafirma las prerrogativas que debe a Dios, prohíbe a los parlamentarios que se denominen «representantes de la nación» y, sobre todo, que afirmen la unidad y la indivisibilidad de su cuerpo. La única unidad del reino y de los pueblos reside en el cuerpo mismo del rey. No obstante, esa afirmación va acompañada de una modernización autoritaria del reino. En 1771, el canciller Maupeou reforma radicalmente la organización política, judicial y administrativa del país. Se suprime el Parlamento de París y se deroga la venalidad de los cargos. Con el propósito de instaurar una «justicia rápida, pura y gratuita», en sus propios términos, Maupeou instala seis tribunales superiores en la cúspide de la pirámide judicial, manteniendo un Parlamento, con atribuciones reducidas, cuyos miembros son nombrados por el rey. Los parlamentarios que se resisten deben exiliarse —y renunciar a sus cargos—, siendo remplazados por unos abogados. Al mismo tiempo, Terray, el controlador general de finanzas, reforma en profundidad el sistema de impuestos, y logra restablecer las finanzas del reino y relanzar una política de grandes obras. El golpe de fuerza origina un malentendido que entraña graves consecuencias, ya que los parlamentos, en nombre de los principios modernos ligados al respeto de la ley, no comprenden la modernización que desea el rey.

La centralización va de la mano de una especie de democratización de la representación de las élites, empleando un término particularmente anacrónico; ello menoscaba por partida doble las tradiciones nobiliarias. La firmeza del rey disuelve la oposición a esa «revolución», como la llaman, ya que no duda en recurrir a la fuerza armada y enviar al exilio a sus adversarios, y despliega su persuasión política para reclutar a parlamentarios dóciles. Conviene subrayar hasta qué punto esas prácticas suponen una ruptura de facto con la ideología de la que se hace gala para justificar la monarquía por derecho divino. La secularización iniciada bajo Luis XIV llega a su apogeo, pero no colma las expectativas tradicionales de los cuerpos intermediarios. Por otra parte, la personalidad de Luis XV también desempeña un papel en esa «revolución». ¿Acaso ese rey melancólico, a quien le cuesta sobrellevar el peso de su función, se propone, en los últimos años de su reinado, consolidar el poder real para facilitar la ascensión de su nieto, arriesgándose a agravar su propia impopularidad? La hipótesis es plausible; además, permite comprender por qué el rey de Francia participa en un movimiento general que afecta a los sistemas políticos europeos.

En efecto, esa política autoritaria no está muy alejada del modo en que, en el mismo momento, los déspotas ilustrados reforman sus países. Se sientan las bases de la modernidad jurídica, administrativa y financiera, pese a que la Revolución Francesa se adentrará en parte por una vía ya abierta. Se trata, pues, de una verdadera revolución, que altera considerablemente la naturaleza de la monarquía. Aunque el rey pretenda defender su carácter divino, pone en marcha un sistema de gobierno que puede prescindir de la figura del rey, ya que refuerza más el Estado que al monarca, tanto más cuanto el acto más espectacular de esa «revolución» es el lecho de justicia del 20 de enero de 1771, por el cual el rey impone la reforma al Parlamento, cosa que supone el preludio del exilio de los parlamentarios, que tiene lugar la noche siguiente, en presencia del delfín, el futuro Luis XVI. Este legitima el golpe de fuerza de su abuelo, al mismo tiempo que muestra una oposición manifiesta a la duquesa Du Barry, mientras muchos esperan una renovación de la monarquía con su ascensión al trono. El juego de camarillas, que divide permanentemente a la corte y a veces arruina las políticas ministeriales, debilita la monarquía, encarnada por una familia rota, mientras que la opinión pública, sensible a la violencia desplegada, también está dividida. Una parte de los abogados, que podrían sacar provecho de la coyuntura, siguen defendiendo los parlamentos, considerados los defensores de las libertades de la nación contra el «despotismo» que muestra Luis XV. Incluso quienes habían condenado las tesis del Contrato social las retoman para convertirlas en argumentos que invocan la ley en contra de la insoportable pretensión del absolutismo.

Ese cruce de posiciones culmina con la muerte del rey en 1774. Bajo la hábil presión de los jansenistas, el rey se ve obligado a expulsar a su amante, no obstante ligada al partido devoto, a fin de morir en conformidad con las obligaciones que entraña el trono. La reprobación de la conducta privada del rey, que es comparado con un déspota oriental, se abate sobre las reformas que ha impuesto, consideradas una afrenta insoportable a las libertades del reino, y lleva a pensar que es preciso consolidar las constituciones del reino, inspirándose en la amalgama de críticas formuladas por Montesquieu o Rousseau, pero también por los nobles contrariados por haber sido marginados, como Saint-Simon y Boulainvilliers. Conviene señalar el despropósito radical de la muerte de Luis XV. La reprobación es tal que se entierra al soberano de noche. Ello demuestra la debilidad de una monarquía que se creía tan poderosa, ya que ante el acontecimiento capital que representa el fin de un reinado, es incapaz de enfrentarse a los movimientos de opinión. Por otra parte, la manifiesta vuelta del rey al catolicismo no supone la victoria que esperaba el partido devoto. Su cuerpo privado es rechazado como el de un libertino, muerto con un sufrimiento atroz; su cuerpo público es el de un déspota odiado.

No es de extrañar, pues, que cuando llega al trono, Luis XVI —un rey cristiano, que detesta a su abuelo, cuya personalidad lo agobia y cuya amante era la rival directa de María Antonieta, su propia esposa— tome decisiones que deshacen todo lo que había hecho Luis XV. Las razones políticas de Luis XVI resultan comprensibles si se revisan las decisiones de su predecesor o, más exactamente, teniendo en cuenta su voluntad de suprimir los enfrentamientos frontales con los parlamentarios y el alto clero, manteniendo al mismo tiempo la línea política de sus antecesores. Se prevé restablecer los parlamentos, pero limitando su derecho a aprobar las leyes, prohibiendo sus deliberaciones y con la posibilidad de remplazarlos en caso de necesidad. Por su parte, la cámara de pares también corre el riesgo de ser remplazada, pese a que se instauran un Gran Consejo y una corte plenaria consagrada por completo al rey. La maniobra no escapa a los adversarios más resueltos del absolutismo real, pero el príncipe de Conti, que ejerce de eslabón entre los príncipes y los parlamentos, consigue reprimirlos. Invocando «las leyes fundamentales» del reino, se restablece el Parlamento como único intermediario entre el rey y sus súbditos, y la corte de pares, en el interior del Parlamento, es la única habilitada para la «regencia».

En nombre del carácter sagrado del rey, la administración real se ve obligada a recular y se abandona el proyecto; así, pues, Luis XVI pierde la guerra constitucional desde su llegada al trono. No obstante, la victoria de los parlamentarios, al reforzar la autonomía de los parlamentos provinciales, tiene como efecto acrecentar el bloqueo de las instituciones y prohibir todas las reformas. Así, la reforma administrativa y financiera —a la que volveremos más adelante—, que ya se había iniciado, habría podido salvar el reino, pero las condiciones de su puesta en marcha la condenan. A todas luces, los sentimientos de Luis XVI priman la prudencia política y la razón de Estado; ese rasgo vuelve simpático al hombre, sin duda, pero demuestra las fragilidades del rey. A partir de entonces, las contradicciones en las que se halla el país se agravarán hasta la destrucción piedra a piedra del edificio construido por Luis XIV.

La modernización malograda

Tras esa primera crisis, Luis XVI padece una sucesión casi ininterrumpida de derrotas que aceleran el proceso de desacralización de la función real y la ponen en entredicho ante el tribunal de la opinión pública. Resulta inútil glosar la personalidad del rey aduciendo su juventud al llegar al trono y su necesidad de apaciguarse apoyándose en consejeros experimentados, como Maurepas, encarnación de la continuidad administrativa anterior a Maupeou, que reúne a los pragmáticos, los liberales y los fisiócratas, así como el clan del duque de Orleans. Las ceremonias de la coronación tratan de reanudar las tradiciones, especialmente cuando el nuevo rey conjura la escrófula de los súbditos llegados a Reims, pero algunas modificaciones sutiles señalan las mutaciones irremediables que ha experimentado la monarquía. Se refuerza el vínculo entre Dios y el rey, y los obispos se vuelcan en el rey, ignorando al «pueblo», subrayando así el fin de la ficción del consentimiento popular, del pacto teóricamente sellado entre el soberano y sus pueblos.

Enrique IV ya había iniciado ese distanciamiento, pero el pacto, recordado por el juramento prestado en la coronación, seguía presente en las memorias como un vínculo de cosoberanía entre el rey y el pueblo. Esa dimensión abolida no desaparece de la mentalidad; en 1789 se expresará, aunque de manera «revolucionaria», cuando el rey haya perdido cualquier posibilidad de garantizar él solo su legitimidad. Paradójicamente, los aplausos espontáneos que tienen lugar durante la ceremonia acaban de arruinar la tradición. Al manifestar su emoción, los «espectadores» de la coronación atestiguan que entienden la coronación como una ceremonia susceptible de aprobación e, incluso, de desaprobación. Se instituye así un desfase cultural, que resulta más comprensible al subrayar que las preocupaciones ministeriales eran muy distintas. La coronación se celebra en Reims, en contra del parecer del principal ministro, el controlador general de las finanzas Turgot. Conocedor de la debilidad de las finanzas, le había hecho prometer al rey que su acción se centraría en primer lugar en el restablecimiento de las finanzas. Con todo, Turgot no consigue convencer a Luis XVI de que no preste juramento de exterminar a los herejes. Ya entonces se enfrentan las lógicas contradictorias de la monarquía, anunciando las vacilaciones continuas de la política real entre el apoyo deliberado a la modernización de las instituciones, el refuerzo de la centralización administrativa del reino y el respeto de las costumbres que rigen las relaciones con los cuerpos intermediarios, los órdenes y las provincias.

Con Turgot reina la discordia de entrada. Mientras que el rey hace gala de sus convicciones cristianas, hasta el punto de defender el culto al Sagrado Corazón, su principal ministro se considera descreído, representante de la filosofía y la fisiocracia, doctrina económica y política que preconiza una gestión utilitarista de las relaciones sociales. A pesar de no ser un partidario dogmático de dicha doctrina, Turgot lucha contra las prebendas y otras ventajas concedidas a individuos o grupos de presión, como los llamados granjeros generales, a fin de ahorrar lo indispensable. Turgot sostiene que la sociedad se divide en agricultores, asalariados y propietarios, que no conviene detenerse en la distinción por órdenes, y que todos deben someterse a una misma imposición, basada en el producto neto de la agricultura. Sumamente monárquico, convencido de que únicamente el poder real puede reformar el reino, se opone a las intervenciones de los parlamentos que precisamente Luis XVI acaba de restablecer y que pretenden vengarse, así como de los nobles que rodean la pareja real y esperan puestos, incluso sinecuras. Turgot consigue sanear un poco la situación financiera; en 1774 instaura el librecambio de cereales y en 1776 suprime la corvea real y, en contrapartida, instaura la sujeción de todos los franceses, salvo el clero, a un impuesto único. Por último, deroga el cargo de representante de los gremios, así como los gremios mismos, liberando a los empresarios de una pesada tutela. No obstante, esas medidas ofenden a todos los que gozan de exenciones ligadas a su estatuto en la monarquía, y los afectan financiera y simbólicamente, ya que los vínculos orgánicos con el monarca son remplazados por relaciones estrictamente económicas o fiscales.

La oposición a Turgot, acusado de ser el responsable del alza de los precios, es unánime; entretanto, las malas cosechas acrecientan el descontento. En todo el país estallan motines, conocidos como «la guerra de las harinas», apoyados por los parlamentarios, los privilegiados y numerosos cortesanos. Las autoridades controlan mal que bien los motines —al menos un centenar y más de trescientos según cómo se cuenten—, conjugando la búsqueda de culpables, la vigilancia y la represión violenta, pero limitada, ya que solo se detiene y se ahorca a cinco «menores». Sin embargo, el fracaso político es patente; los otros ministros y el rey —empujado por la reina, decepcionada por las restricciones que impone Turgot a sus peticiones— abandonan poco a poco al controlador general, que ve cómo se forma una coalición heteróclita pero poderosa contra él. Sus proyectos de supresión del monopolio del comercio en las colonias, sus proyectos de municipalización de Francia y su rechazo a apoyar la Revolución Americana habían disgustado a Luis XVI. La caída de Turgot también se debe a su intervención contra el embajador de Francia en Londres, el conde de Guines, pariente de la reina, que acababa de causar un escándalo al especular —y perder— en la bolsa londinense. La llamada del embajador desata la cólera de María Antonieta, que pide que Turgot sea encerrado en la Bastilla y que Guines sea nombrado duque. No obstante, en marzo el rey defiende a Turgot contra el Parlamento, antes de obligarlo a dimitir en mayo de 1776. Al mismo tiempo, el rey enjuga las deudas de la corte y los cortesanos, pese a las advertencias de su ministro, que le recuerda que Carlos I de Inglaterra había acabado en el cadalso por su debilidad. Aunque es consciente de la necesidad de ahorrar, el rey continúa haciendo una política sometida a los azares de las camarillas.

Liberal pero autoritario, convencido de la importancia de los propietarios y hostil a las distinciones de órdenes, racionalista y ahorrador, Turgot defiende un proyecto de regeneración del reino que todavía está muy lejos de las aspiraciones colectivas y la cultura del rey. Los gremios que destruye no recuperan su forma anterior, sino que se adaptan a las exigencias —que entienden con creces— de la evolución de la economía; sin embargo, la imagen del rey y de sus consejeros queda empañada. La reforma financiera y económica del reino prácticamente se entierra a comienzos del reinado, y Luis XVI se limita a la búsqueda de compromisos con los parlamentos y los órdenes privilegiados —la Iglesia reduce tanto como puede el «don gratuito», es decir, su contribución al Tesoro real—, así como a la búsqueda de parches entre las potencias financieras de Francia y Europa. Contrariamente a lo que se ha denunciado y repetido hasta día de hoy, el proyecto absolutista de la monarquía francesa ya había fracasado por completo antes de 1780. Tan solo perduraba la fachada del monumento imaginado por Luis XVI, pero su sombra bastaría como espantajo y pretexto. Ahí en medio, Luis XVI se encuentra vestido con ropajes demasiado grandes para él. Pagará con su propia cabeza su incapacidad de atajar el conjunto de contradicciones que ha heredado; esa muerte transformará su vida —poco ejemplar, no obstante— en destino.

Una pareja desacompasada

A decir verdad, el rey encarna todos los malentendidos de su época, sin ser por ello muy diferente a la mayoría de sus primos o aliados, salvo en una cuestión: su persona es el centro de equilibrio de un sistema de gobierno. Jacob Nicolas Moreau, teórico del absolutismo y antifilósofo, le educa en la consciencia de su dignidad, de sus derechos —considerables— pero también de sus deberes, tanto hacia Dios como hacia la monarquía, sus súbditos y la patria. Profundamente unido al catolicismo, sus fiestas y sus devociones, está convencido de la importancia de la administración y del servicio del Estado, y participa también en el proceso de laicización de la monarquía, instituido por Luis XIV. Se le propone como modelo a seguir el emperador de China, ejemplo soñado de monarca administrador, que reina gracias a una burocracia jerarquizada. Asimismo, su espíritu está moldeado tanto por la Ilustración como por el respeto a la fe más tradicional, como se educaba a prácticamente todos los príncipes europeos de la época, mezclando orientaciones que hoy parecen muy distintas entre sí. Así, la educación «ilustrada» que recibió su pariente el príncipe de Parma no le impide, por ejemplo, entregarse tanto a la beatería como al libertinaje. Pero Luis XVI conjuga las dos dimensiones contradictorias en una actitud paradójicamente muy moderna para la época, protegiendo su vida privada y su fuero interno. Mantiene así la etiqueta real en su esplendor, sin por ello consagrarle toda su personalidad, poniendo de manifiesto los límites del papel de representación que desempeña. Sin duda, la torpeza que le reprocha todo su entorno explica en parte esta disposición, pero él la convierte en una política a seguir, convirtiéndose en el rey trabajador, aficionado a la caza y las actividades manuales —cosa que retendrá la posteridad—. La caza representa el pasatiempo aristocrático por excelencia. El trabajo manual se considera indispensable en la familia real, a fin de cultivar la humildad necesaria para compensar el ejercicio del poder, muy alejado de todo lo que se asocia a la imagen de poder tres siglos más tarde. Eso no quita que la imagen real sea confusa.

Luis XVI carece de la capacidad de trabajo y la energía de su cuñado José II, emperador de Austria, o del gran Federico de Prusia; sus indecisiones y virajes resultan más difíciles de comprender aún porque no se impone públicamente. Se acerca a los curas reformadores, los jansenistas y los fisiócratas hostiles a los privilegios de los nobles y los obispos, pero sigue sometido a las intrigas de la corte. Pese a todas las advertencias y ciertas declaraciones, continúa cubriendo todos los gastos excesivos y se opone de manera ineficaz a las protestas contra los privilegios —en ocasiones, apoyadas por la misma reina, como cuando hace representar las obras de teatro de Beaumarchais, por ejemplo—. A su alrededor abundan observadores muy críticos, que señalan y dan a conocer todos los hechos que atestiguan su debilidad de carácter, por medio de panfletos o «noticias en mano», unas gacetas semiclandestinas que informan a toda Europa. El funcionamiento de la monarquía francesa depende demasiado de la imagen renovada del poder real para que la estrategia de Luis XVI no se interprete en su contra. Además, una sucesión de contrariedades y fracasos marcan la vida del reino, empezando por las dificultades en el seno mismo de la pareja real. Hasta 1777, el país no se entera, por indiscreciones calculadas e inoportunas, de que el matrimonio entre Luis XVI y María Antonieta no se ha consumado hasta al cabo de siete años de espera y cálculos. El nacimiento de María-Teresa Carlota en 1779, y más tarde, en 1781, del delfín no contrarresta el efecto desastroso de los libelos y las canciones licenciosas que circulan, mofándose del rey impotente y tal vez cornudo, y de la reina libertina, frívola y derrochadora.

Se critica a María Antonieta, bien acogida en 1770 y amada en 1774, por su gusto por el juego y los bailes, así como por su círculo de amigos, a menudo denunciados como posibles amantes, tanto masculinos como femeninos. Coleccionista de joyas, de lacas y de vestidos lujosos, recibe enormes sumas para financiar la restauración de castillos o casas solariegas donde se aísla de la corte y, por supuesto, del resto de Francia. El ejemplo más criticado es el del Pequeño Trianón, que enseguida se convierte en el blanco de las críticas, sobre todo por parte de aquellos a quienes no se admite allí. No se trata de chismes sobre individuos particulares, sino de ataques a símbolos de la unidad de la nación, ya que se puso en entredicho la legitimidad de la descendencia real, cosa que permite que ambiciones rivales se afirmen. Los hermanos del rey desean remplazar al torpe de Luis XVI, y una parte de la opinión pública se alía con el linaje de los primos de Orleans, un linaje considerado liberal, anglófilo y lleno de futuro. La personalidad de la reina sigue siendo objeto de debates y polémicas. ¿Acaso fue una «mujer mediocre», retomando las palabras de Stefan Zweig, el ángel malo de la monarquía o bien una víctima de la sociedad francesa? ¿O fue una «insumisa», que rechazó las obligaciones tanto por consciencia de su rango como por incapacidad de adaptarse a la situación?

Cada cual es libre de encontrar los argumentos que le convengan, y que abundan, para justificar cada una de esas interpretaciones. Como en el caso de Luis XVI, conviene señalar las contradicciones en las que vive. Princesa destinada a garantizar la política de su país, vientre vendido por alianzas diplomáticas, ha sido educada, al igual que sus hermanas, para ocupar un rango principesco o real, sin recibir más formación que en las artes del placer, la práctica del teatro y la música. Pero no se la prepara adecuadamente cuando llega a Francia, el país donde la etiqueta real era más constrictiva y donde reinaba la mayor libertad de costumbres. Vigilada por su madre durante muchos años, obligada a interceder por Austria cuando surgen tensiones diplomáticas, rompe con la figura de las reinas anteriores, que vivían recluidas en apartamentos privados, llevando una vida alejada de los asuntos públicos, papel que cedían, llegado el caso, a las amantes reales. La torpeza con que su marido ocupa su rango e incluso consuma su matrimonio la pone en una situación delicada durante años. En teoría, si no tiene hijos puede ser repudiada. Sin rival frente al rey y viviendo a todo tren, se convierte en un personaje público, siguiendo el espíritu de la época, sin tener en cuenta las tradiciones monárquicas —incluso hace gala de la libertad de estilo reservada de facto a los reyes y que Luis XVI, precisamente, ¡no adopta!—. A todas luces, sus relaciones conyugales son difíciles, al menos durante los primeros años del reinado, cosa que contribuye a debilitar la imagen pública del rey y la reina, que tratan cada uno por su parte de conservar, más que sus predecesores, sus dominios personales.

Así, María Antonieta está en discordia con todas las reglas que la aprisionan y no puede sino disgustar a todos aquellos que critican y envidian su estilo de vida lujoso y ostentoso, así como sus intervenciones cada vez más frecuentes en la vida política. Como mujer de su época, rompe con las rigideces de la corte y marca la pauta en la ciudad; asimismo, reina en su fuero interno, pues se repliega enseguida en un círculo de íntimos que se reúne en lugares reservados, como el Trianón o Marly. Esos jardines y esos apriscos ilustran a la perfección las tensiones que minan la imagen de la pareja real. Entroncan con la moda por los parques «irregulares», ligada al gusto «anglo-chino», que exalta con melancolía y nostalgia la naturaleza sabiamente indisciplinada, que recuerda los tiempos lejanos de un pasado armonioso, criticando implícitamente los «jardines a la francesa» y como remedio del nuevo mal del siglo que experimentan las élites. Lejos de resolver ese spleen naciente, los jardines y los apriscos están en el corazón de las querellas provocadas por su coste, la personalidad del arquitecto de la reina, Richard Mique, procedente de la Lorena, y el uso exclusivo por parte de la reina, sin que ello le satisfaga. Se construye Marly para escapar del pesar experimentado en el Trianón, pese a todo, al mismo tiempo que se crea otra «lechería real» en el castillo de Rambouillet. Más que el placer del coleccionismo, se trata de la expresión de una búsqueda obsesiva de un paraíso perdido, pero que tiene como efecto imprevisto radicalizar la opinión pública contra la reina. Al zafarse tanto como puede de las jerarquías y las obligaciones, la reina se aísla tanto de los nobles contrariados y celosos como del pueblo llano, acostumbrado a conocer todas sus aventuras y extravagancias, hábilmente difundidas.

La monarquía francesa no necesitaba esa coincidencia de dos personalidades tan frágiles en el momento en que todas las estructuras quebraban. Como en otras ocasiones, por ejemplo en 1860, durante el reino de las Dos Sicilias, un régimen se derrumba todavía más deprisa porque sus principales representantes no poseen la autoridad personal necesaria para poner trabas al curso natural de las cosas, o encauzarlo. Conviene no dar una interpretación demasiado romántica. Sin duda, la «misteriosa singularidad» (A. Jourdan) de la realeza desaparece en la década de 1790, pero es preciso no despachar el asunto demasiado deprisa y concluir que el destino de la monarquía se selló con la desaparición de una sacralidad más evocada que demostrada. Teniendo en cuenta la época, antes de que la lectura romántica que se impone tras la Revolución Francesa no haga olvidar su crudeza, el destino de las «cabezas coronadas» era todo menos seguro. Las princesas no eran más que vientres y los reyes dependían siempre de las razones de Estado y los equilibrios de poderes.

El poder de la opinión pública

Entre el sueño de una monarquía constitucional, jansenista y parlamentaria, el deseo del partido devoto de una monarquía absolutista administrativa, y la monarquía laica y utilitarista de los filósofos y los fisiócratas, Luis XVI y su entorno no conciben más que una monarquía personalizada. Solo les queda jugar con los afectos opuestos para mantener la ficción de una confusión organicista entre la persona del rey y la del padre del pueblo, a pesar del temperamento de Luis XVI y de María Antonieta, y la destrucción de su imagen. El futuro de la monarquía —y de los monarcas— depende del control de la opinión pública. El rey lo intenta remunerando a publicistas, adoptando medidas populistas y tratando de desacreditar sus adversarios, que también son sus iguales. La reina se dedica a intervenir deliberadamente en la vida política, arriesgándose a indisponer con ella todas las capas sociales e imponiendo, en función de sus alianzas, los hombres que considera aptos para alejar los vencimientos que pesan sobre las finanzas y la organización misma del Estado y la monarquía.

No sería prudente afirmar que en la década de 1780 ya se ha hecho la revolución. Para que esta advenga, será necesaria una consciencia colectiva de la ruptura del régimen y el Estado ligados al sentido mismo de la historia humana. Lo cierto es que desde las discusiones en torno a los acontecimientos americanos, la gente ya está preparada para debatir esa clase de cuestiones, y, sin duda, el término «revolución» corre de un ámbito a otro, pese a que la acusación al gobierno real y la voluntad de remplazarlo por otros procedimientos no están en el orden del día. En cambio, lo que sí que ya está allí, en el seno de las élites, de la corte, de los parlamentos y de los salones parisinos, es la intensa competencia entre los clanes y los grupos que el rey ya no controla y que transforma el gobierno de Francia en un barco a la deriva. No se trata de ninguna novedad: las rivalidades entre familias principescas, nobiliarias y parlamentarias componen el telón de fondo en el que bordan los soberanos, favoreciendo, según su humor y sus deseos, cierta personalidad o cierto lobby. La novedad radica en primer lugar en el hecho de que las luchas se han vuelto continuas y ásperas en el seno mismo de los sucesivos ministerios, en su mayoría resultado de compromisos entre dos corrientes y dos personas clave, y, por otra parte, en que todo ello, aunque sea de manera limitada, tiene lugar ante el tribunal de la opinión pública.

La fórmula no debe tomarse a la ligera ni comprenderse como la expresión de una mutación casi filosófica. El caso es que, día tras día, el rey y sus ministros deben intervenir directamente en la fabricación de opiniones. Los confidentes de la policía o el «secreto» del rey ya no bastan, pues la guerra se libra a través de los periódicos, los publicistas y la propaganda. Así, a partir de 1774, el poderoso secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Vergennes, que seguiría siendo el principal ministro hasta su muerte en 1787, se dedicará a esa labor, que cambiará de sentido enseguida. Interviene, de manera bastante clásica, cabe decir, para oponerse a las publicaciones que desde el extranjero pueden perjudicar la reputación de la corte, para vigilar de cerca las maniobras de los diplomáticos, e incluso para destruir las cartas que considera peligrosas, ¡como la correspondencia entre el rey de Prusia y el filósofo D’Alembert! No logra organizar un ministerio coherente, y, pese a sus esfuerzos, no puede evitar la publicidad de los debates políticos. La publicación por parte de Necker, antiguo director de finanzas, a quien detesta, de su Informe al rey, en 1781, constituye para él el ejemplo mismo de lo que no hay que hacer: seguir el ejemplo inglés. Necker, que además ha puesto en circulación, sin la autorización del rey, una memoria de las asambleas provinciales, es remplazado por Calonne, apoyado por Vergennes, que aún puede defender que en Francia «el monarca habla; todos son pueblo; y todos obedecen».

Eso no impide que Vergennes, el gran servidor del ideal monárquico, se enfrente a la debilidad de Luis XVI. En efecto, Vergennes es el alma de la resistencia a los parlamentos, corrigiendo, llegado el caso, las palabras moderadas del rey con decisiones más ásperas e inapelables. Sin embargo, el poderoso ministro pierde ante los virajes de la reina, con quien consigue no enfrentarse hasta 1784, a pesar de su rechazo a las pretensiones austríacas en Europa, y no puede bloquear el nombramiento de ministros que impone ella. Por último, y sobre todo, Vergennes está en el corazón de la infatigable actividad de propaganda y control de las noticias que se vuelve esencial para la vida cotidiana del reino. Apoya al librero Panckoucke para que publique un diario gubernamental, el Mercure, controla la Gazette de France y lleva a cabo una verdadera campaña de prensa para defender su política americana. Sin embargo, no consigue que Linguet continúe en el bando de los antifilósofos y presencia cómo el periodista se pone en contra de la monarquía. Retoma así, por las mismas razones, la política de propaganda que realizaba en la década de 1760 Choiseul con Genêt.

Su muerte sobreviene en 1787, mientras fracasa la asamblea de notables que había impulsado. La convocatoria de los Estados Generales, a la que se había negado, se vuelve inevitable. Así, con Vergennes, la monarquía pierde al inflexible defensor de un absolutismo soñado, y se somete al reinado de la opinión pública, a la que el rey y la reina adulan y cortejan, sin llegar a comprender lo que está en juego o en peligro, creyendo aún que la dignidad real ha permanecido intacta pese a su compromiso con una «monarquía administrativa» fundada en principios radicalmente secularizados y políticos, y pese a los desaires que ha padecido en los últimos veinte años frente a las élites sociales e intelectuales. A pesar de esos grandes servidores abnegados, o tal vez a causa de ellos y de lo que impulsaron, la monarquía se convierte en la víctima de las contradicciones con las que se había comprometido. El ejemplo más llamativo de esa situación incoherente es el del lugar del cuerpo del rey en el reino. Por una parte, la desincorporación del poder provocada por el distanciamiento del rey con respecto a sus súbditos, así como con respecto a su propia imagen, le hace perder la posición dominante en las leyes, mientras que, por otra parte, continúa encarnando la comunidad y no logra instaurar un sistema institucional sustitutivo. La situación crea un curioso equilibrio. Así, aún en 1791, los médicos de la corte rinden cuentas a diario de la salud del rey en caso de indisposición, pero, en cuanto la asamblea es informada de su malestar, sus miembros envían al rey deseos de que se restablezca pronto, cosa que no impedirá su ejecución pública en 1793. Entre las culturas heredadas y esa nueva cultura política que se impone de hecho, el divorcio crea un espacio de conflictos del que nacerá la Revolución Francesa.

Así, pues, ¿no habría que interpretar el período revolucionario como la clausura de un proceso inaugurado con las guerras de Religión, cuando se inventó el Estado moderno para instaurar la monarquía por encima de los conflictos? La legitimidad del rey era un derecho creado por legistas que habían puesto el poder, incluida su dimensión sagrada, por encima de la religión. En los siglos XVI y XVII se había impuesto, a veces por la fuerza, la idea de un Estado unificador y protector de los bienes y las personas, antes de encontrar una especie de plenitud durante el largo reinado de Luis XV. Hemos visto que el éxito vació la función real de una parte de su misterio, preparando al rey para que fuera el primer funcionario de su Estado, a la cabeza de una pirámide de administradores. Pero Luis XVI y María Antonieta torcieron de alguna manera esa evolución, acentuando la privatización de su función sin dar en contrapartida las garantías institucionales a las personas que encarnaban, en su nombre y su lugar, las atribuciones del Estado. Esa contradicción se acrecentó con el enfrentamiento con los poseedores de los poderes competidores, es decir, la Iglesia y la nobleza, que hasta entonces se habían sometido al Estado.

Referencias bibliográficas

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Capítulo 3. LOS FALLOS DE LA NACIÓN

Las palabras cogen en la trampa al pensamiento. Entre «fin del Antiguo Régimen», «orígenes de la Revolución Francesa» y otros cuadros de «Francia en vísperas de la Revolución», ¿se puede evitar buscar las «razones» o las «causas» de la «ruptura revolucionaria»? Por otra parte, ¿se puede evitar inscribirla en las lógicas irremediables —entrada en la modernidad capitalista o decadencia de los valores tradicionales— para poder articularla con el carácter repentino del acontecimiento? Tantos historiadores se han obstinado en descubrir las tormentas precursoras que oscurecieron el cielo azul de la monarquía que una verdadera sideración interpreta así un hecho como cosa del destino, antes de transformarlo en enigma, más insondable aún porque su evolución posterior se considera ineluctable. Es el caso, por ejemplo, de la convocatoria de los Estados Generales o la toma de la Bastilla, aunque la reunión de los diputados el 4 de mayo de 1789 se malograra según la idea de la revolución que se tenía durante el Terror. Es verdad que esa lectura participa de una epopeya, en honor de los hombres que se inventaron un nuevo mundo, o en recuerdo de sus adversarios, que se sacrificaron por una causa perdida; una perspectiva alejada de lo que deseamos proponer aquí: el análisis de una crisis coyuntural en un clima cultural inesperado que cambia su significado. Ello no desmerece el valor de los individuos, sino que simplemente recuerda que jamás conocen la historia en la que participan.

El hecho de que la monarquía se desmoronara durante ese período, y que el tiro de gracia aportado por la denominación de «revolución» no llegara hasta su debido tiempo, después de que casi todos los países europeos hubieran afrontado, uno tras otro, los riesgos de una «revolución», impide pensar que «la Revolución Francesa» era inevitable a causa de las «contradicciones internas» de la sociedad (interpretación marxista) o las contradicciones entre el Estado y la sociedad (según Tocqueville). Se trata de fallos que conviene presentar, sin intentar otorgar a uno u otro un papel determinante ni en la caída de la monarquía que, conviene recordarlo, no se produjo hasta 1792, ni en el «nacimiento» de la revolución, que podría datarse entre 1787-1788 y 1792.

La crisis del Antiguo Régimen

Claro ejemplo de la lectura teleológica propia del episodio revolucionario, «la crisis del Antiguo Régimen» se basa, en esencia, en la monumental tesis de E. Labrousse dedicada a la economía. En un contexto económico positivo, marcado por el crecimiento constante de las riquezas y el comercio, la sociedad evita las hambrunas y experimenta una vitalidad demográfica que pone en el mercado huestes cada vez más numerosas de jóvenes que no encuentran su lugar ni en las estructuras arcaicas de los órdenes —clero, nobleza y tercer estado—, ni en los gremios y sus cargos de representación. Las tensiones que resultan de ello se acrecientan con las variaciones climáticas imprevistas —inviernos demasiado fríos y veranos demasiado húmedos—, así como por una asombrosa tormenta que afecta a todo el país precisamente el 13 de julio de 1788. Esa serie de catástrofes, inscrita en una serie de malos años meteorológicos tras varios decenios favorables, provoca enormes fluctuaciones en las cosechas, malas o demasiado buenas, y epizootias que azotan la producción de vino, de cereales y de ganado después de 1770. A veces los precios se derrumban dada la superproducción vitícola, arruinando a los productores, o se ponen por las nubes cuando escasean los cereales, provocando el aumento del precio del pan. El 14 de julio de 1789 se bate un récord, cosa que, desde luego, no puede parecer una coincidencia.

Mientras que los propietarios y los señores refuerzan sus exigencias en los alquileres de tierras y los derechos «feudales» que siguen constituyendo un importante recurso para una parte de la pequeña nobleza rural, las condiciones de los campesinos y la población urbana empeoran. El campesinado alejado de los grandes centros urbanos y el comercio padecen el hecho de que los propietarios, sean nobles o plebeyos, reafirmen y refuercen el sistema feudal, cada vez más volcados en la búsqueda de beneficios. Aunque desde una perspectiva histórica se pueda afirmar que el sistema feudal ha desaparecido del país y se impone el liberalismo, los campesinos de las zonas menos implicadas en el comercio con las grandes ciudades no lo sienten así cuando sufren la presión que ejercen los señores, nobles o plebeyos, en nombre de derechos e impuestos de un pasado lejano. La política liberal del Estado agrava las tensiones, ya que después de las tentativas de Turgot, en 1786 se firma un acuerdo de librecambio con Inglaterra. Se echa la culpa a esa decisión de haber abierto imprudentemente las fronteras a los productos manufacturados ingleses, provocando una competencia que las industrias siderúrgicas y textiles francesas no pueden soportar. El descenso de la demanda interior se conjuga con el debilitamiento del nivel de vida y desencadena un aumento del paro y del número de descontentos. Con todo, no se trata de concluir que la monarquía se había aliado con el liberalismo a pesar de la multiplicación de edictos a favor del reparto de bienes comunales a partir de 1767. Dada la evolución económica, las reivindicaciones populares y las peticiones de los nobles, los intendentes se ven obligados a tomar decisiones pragmáticas para mantener la paz social, conservando a menudo los bienes comunales que los más ricos y emprendedores quisieran recortar para aprovecharse del auge del comercio. El temor de los más pobres a que desaparezcan las tierras comunes está justificado, al igual que la decepción de los más ricos o emprendedores, al constatar que la esperada parcelación, ya llevada a cabo en la otra orilla de la Mancha, no se realiza como se había anunciado.

En ese intervalo, el creciente descontento alimenta la oleada de levantamientos en todo el país. Estos no cesan de crecer en número y violencia, convirtiendo el último cuarto del siglo en el momento de mayor contestación popular de la centuria. Las cifras atestiguan la continuidad entre los levantamientos que abundan en el campo y las ciudades desde hace una treintena de años y los enfrentamientos de los años 1788-1789, que se supone que inauguran el período revolucionario. A partir de 1783 las bandas de «máscaras armadas» aparecen en las Cevenas como procuradores de los pobres, rechazando el orden impuesto y las modernizaciones económicas, anunciando así a la vez los movimientos sans-culottes y las insurrecciones contrarrevolucionarias. El año 1789 no puede considerarse un simple trueno en un cielo sereno. Sin embargo, los movimientos que reaccionan ante la escasez o el racionamiento no son explosiones de desesperación ante la hambruna. El cuerpo social jamás había estado tan bien como en esa época, lo que lleva a pensar que los enfrentamientos son más conocidos en la medida en que a partir de entonces se integran en normas reconocidas. Participan de las relaciones de fuerza codificadas, que van desde las reivindicaciones ante notario hasta los incendios voluntarios, como ilustrará el episodio del Gran Miedo en los primeros meses de 1789. Es preciso, pues, discutir la supuesta «crisis» del Antiguo Régimen, ya que los signos de prosperidad son innegables y se puede identificar una forma de vida común. Más de veintiocho millones de franceses pueblan el país en 1790, mientras que cinco años antes había veinticuatro millones. Pese a que el índice de mortalidad sigue siendo elevado, las condiciones de vida difíciles y la miseria muy real para numerosos grupos, el aumento de la esperanza de vida de la mayoría de la población es incontestable. Las enfermedades endémicas casi han desaparecido del país, y florece la circulación de personas, bienes e ideas, acercando a la mayoría de habitantes del campo del norte del país o de las hinderlands alrededor de los puertos marítimos.

Aunque haya crisis, no es comparable a la miseria que hacía estragos en los últimos años del siglo XVII o los primeros años del siglo XVIII, cuando millares de individuos morían de hambre y de frío, sin que nada pudiera compensar las desgracias de la época. La crisis del final del siglo resulta de un desequilibrio de la producción especulativa y es agravada por los hábitos de consumo, pero puede suavizarse modificando la producción y el comercio de bienes. Ello no quita el sentimiento de frustración, tanto más conocido y padecido cuanto la difusión de la cultura escrita confiere a la gente de a pie de las ciudades y del campo una libertad de palabra inexistente un siglo antes. El sentimiento de ruptura con respecto a los hábitos de consumo es manifiesto.

Sin minimizar ni la depresión que va de 1778 a 1787, ni el aumento del coste de la vida que tiene lugar de 1788 a 1789, lo cierto es que en 1789 los precios no son muy diferentes de los de 1770. Hasta comienzos del Imperio, los salarios de los obreros parisinos de la construcción incluso serán equivalentes a los de sus homólogos londinenses y estarán a la altura de los mejores años del período monárquico. El tratado de comercio y la crisis de la viña no afectan al conjunto del país de la misma manera, ya que algunas regiones incluso prosperan durante esos años. Las consecuencias de las malas cosechas resultan difíciles de analizar, puesto que el mercado nacional, empezando por las necesidades de las grandes ciudades, ya está bajo la tutela y el control de los agentes de la realeza. El mercado de cereales es libre al mismo tiempo que está regulado por el control general, las autoridades locales, los intendentes y los subdelegados que gestionan políticamente las reservas y el establecimiento de los precios. La producción industrial está sobre todo vigilada por el cuerpo de inspectores de las manufacturas, unos administradores independientes de los lobbies y los órdenes.

A finales del siglo XVIII, la economía francesa pasa de un sistema en su mayoría artesanal a una situación en que la industria competitiva internacionalmente ocupa una gran parte, pero el crecimiento de los mercados favorece sobre todo a los terratenientes, protegidos aún por un marco jurídico cada vez más inadaptado a la modernización y la racionalización del comercio. Las estructuras sociales están cada vez en mayor desacuerdo con la emergencia de nuevos ingresos y la nueva geografía de la producción. No obstante, y esa es la clave de toda la historia, al mismo tiempo el gobierno duda entre tres políticas cuyas implicaciones fiscales son determinantes. ¿Francia seguirá siendo una monarquía constitucional, capaz de debatir sobre su solvencia? ¿Se convertirá en un Estado absolutista que imponga sangrías brutales, con un gobierno administrado por empleados de los tecnócratas? ¿O será una monarquía «mixta», otorgando a la nobleza tradicional el papel que codicia entre el rey y el pueblo? En cualquier caso, la Revolución Francesa no es el resultado de «la crisis del Antiguo Régimen», sino de una serie de confluencias.

La fascinante e irritante nobleza

Lo que está en juego, tanto en esa época como en toda la historiografía, es la realidad de la «argolla» que pesa sobre la sociedad y que la Revolución Francesa hace saltar al hilo de fechas memorables. Recordemos la letanía que marca la memoria colectiva: el 4 de agosto de 1789, la nobleza renuncia a sus privilegios; del 19 al 23 de junio de 1790, el decreto que deroga la nobleza hereditaria y, por último, en septiembre de 1791, la Constitución afirma que «ya no hay nobleza». Sin embargo, no solo hay que poner en duda el hecho de que «el 89 mata la nobleza», sino que conviene preguntarse qué significa ser noble.

La discordia en las cifras es reveladora, ya que ninguna indicación es clara. ¿Es preciso seguir a Coyer, que cifra en trescientos sesenta mil los nobles a mediados del siglo XVIII, o a Sieyès, que propone la cifra de ciento diez mil? ¿La nobleza se resume en los privilegios, sobre todo en el hecho de no pagar impuestos, como es el caso entonces de todos los nobles, de vieja alcurnia o de ennoblecimiento reciente, o acaso se define por su relación con la antigüedad de las familias, su utilidad social o su honor, lo que contribuye a separar el segundo orden en función de las modalidades de adquisición y de pertenencia a los diferentes grupos, militares, parlamentarios y administrativos? Se trata de debates que no están del todo zanjados. En la época, agitan a todo el país desde hace casi un siglo, desde que Boulainvilliers y Saint-Simon denunciaron las amenazas que pesaban sobre el orden nobiliario, ya que el Estado daba demasiado espacio a los plebeyos. Rousseau renovó y radicalizó las discusiones, negándose a entrar en consideraciones pseudohistóricas sobre los orígenes francos de los nobles y los orígenes celtas de los plebeyos. Su dimensión política se manifestó cuando hubo que buscar un lugar para la «nobleza comerciante» y cuando los edictos llamados de Ségur, entre 1781 y 1786, codificaron el avance de los funcionarios según la antigüedad de su linaje. A finales del siglo XVIII, el giro se vuelve más polémico cuando Sieyès se da a conocer denunciando el parasitismo nobiliario, hasta el punto de no reconocer a los nobles como miembros de la «nación». Se opone a los defensores de la especificidad nobiliaria, secundado por D’Antraigues, que es noble, en efecto, pero hijo menor sin feudo y crítico con su orden.

Mientras que la historiografía suele vacilar a la hora de estatuir esta cuestión compleja, en general se insiste en el refuerzo de las posiciones nobiliarias en el alto clero así como en los grados elevados del ejército a finales del siglo XVIII. ¿Significa eso que la monarquía absoluta había unido su suerte a la de la nobleza, anunciando su apoyo a la contrarrevolución y, en contrapartida, haciendo la cama a la revolución «burguesa»? Distingamos varios órdenes de cosas. La diferencia de fortuna y de ingresos es considerable entre los más ricos, todos ellos nobles, y los demás. En un libro muy documentado sobre Toulouse, J. Sentou reconoce su asombro ante la riqueza de la nobleza parlamentaria de la ciudad, que se sitúa mucho más allá de lo que podía imaginar: dos tercios de los bienes pertenecen a las familias nobles y el otro tercio a la burguesía. Pero esta, aunque cada vez es menos aceptada por la nobleza, no le es hostil. ¿Acaso es «menor», como estima el autor, o bien, como dice también, simplemente no comulga con el respeto común a la propiedad y el enriquecimiento? Muchos burgueses propietarios de feudos padecen el curso de los acontecimientos después de agosto de 1789. La sociedad francesa del siglo XIX no se basa en el rechazo a la nobleza como tal. Por el contrario, «los nobles, la gente con títulos y los aristócratas» estarán en el corazón mismo de la recomposición social, amalgamados en la categoría de «notables» con los burgueses enriquecidos durante la Revolución Francesa y el Imperio. Habrá que esperar al menos hasta finales del siglo XIX, y sobre todo a comienzos del XX, para que Francia pierda su querencia por la distinción nobiliaria y su nostalgia del Antiguo Régimen.

No es tanto que escandalice la diferencia entre las fortunas —en el período revolucionario será mucho peor—, sino que choca la sensación de que «el ascensor social» se ha cerrado. Es especialmente el caso del alto clero y los altos puestos administrativos, que a finales del siglo XVII ciertos plebeyos —muy ricos, desde luego— podrían haber alcanzado, pero que les resultan inasequibles un siglo más tarde. Asimismo, causan escándalo los enriquecimientos indecentes, los gastos faraónicos o las quiebras monstruosas de ciertos cortesanos, como los Polignac, los Guémené y los príncipes de sangre. No están tanto en juego las estructuras como las representaciones de los órdenes y los movimientos entre ellos. Por otra parte, también existen desigualdades en el interior de la nobleza, diferenciada según las regiones. La nobleza pobre constituye un importante grupo que pesa tanto en el interior de su orden como en la sociedad en su conjunto. Es preciso subrayar que entre la Bretaña, donde todos los nobles pueden asistir a los estados provinciales, y el Languedoc, donde solo hay veintitrés barones, pasando por la Borgoña, que exige un linaje de cuatro generaciones y la posesión de un feudo para participar, no existe unidad alguna en la nobleza. Esa unidad se encuentra en otra parte: en su relación privilegiada con el Estado, ya que los nobles ejercen de engranaje esencial entre el centro y la periferia, pero también en su convicción de pertenecer a un grupo «de gente que se reconocen entre sí y tienen en común un conjunto de tradiciones que no comparten los otros individuos con los que están en contacto» (D. Higgs). A decir verdad, la convicción es común a toda la sociedad francesa, y justificará la persecución de los nobles, incluso una vez abolida la nobleza desde hace varios años, antes de originar la recreación nobiliaria de Napoleón I, así como la constitución sistemática de una manera de ser nobiliaria a comienzos del siglo XIX. Entretanto, una relación de admiración y de odio barre el país y trastorna la vida de millares de individuos, a raíz de acontecimientos más caóticos que sistemáticos.

Un ejemplo de ello son las inesperadas repercusiones de la invención de la medalla de la sociedad de los Cincinnati, otorgada por Washington a cierto número de oficiales que han participado en la guerra de la Independencia. Alex de Fersen es uno de los beneficiarios, en detrimento del rey de Suecia, que no acepta que el primero la luzca en público. Por su parte, Luis XVI y su entorno velan por que la medalla no se otorgue a demasiados franceses, pues consideran que mina los fundamentos de la sociedad. Paradójicamente, también la denuncian publicistas como Mirabeau, que interpretan que marca el nacimiento de una nueva casta nobiliaria identificada por su violencia, mientras que el americano Franklin se inspira en ese episodio para hacer una crítica feroz de las desigualdades francesas. Con todo, evocar la fractura entre la «nobleza» y el resto de la nación, como populariza Sieyès en su panfleto de 1788, no basta para apreciar la complejidad del problema que se plantea. Lo que está en juego es la formación de una élite de intermediarios entre el Estado y la sociedad —una cuestión que sigue siendo candente dos siglos más tarde—, ya que una parte importante de la nobleza se considera al servicio del Estado y se cree destinada a llegar al mando. Ello explica que en la Revolución Francesa participen innumerables representantes de ese orden, de La Fayette a Bonaparte, pasando por Condorcet, Barras, Mirabeau o Antonelle, sin olvidar a Le Peletier o Barère, y que las divisiones más graves, de mayores consecuencias, deban buscarse en el interior mismo del orden de la nobleza.

La nobleza dividida, reformada y cerrada

La monarquía desempeña un papel en esa crisis de representación que atraviesa el segundo orden. Desde el siglo XVII, los sucesivos ministros logran someter la nobleza a impuestos calculados a partir de los ingresos, al margen de cualquier estatuto particular, desencadenando así un cambio en las costumbres. Aunque no consigan crear un impuesto único, ni fiscalizar tanto como quisieran los bienes del clero, en nombre de la utilidad social, la lenta uniformización de la sociedad se convierte en una realidad aceptada por las buenas o por las malas por todos los grupos. Esa búsqueda de la eficacia social explica también la reforma militar impulsada por Choiseul en 1762 y continuada por los edictos de Ségur en 1781 y 1786. A partir de entonces, los grados deben concederse a militares de demostrada competencia, pero todavía no pueden ser adquiridos por hombres ennoblecidos procedentes de familias sin tradición militar. Por último, es necesario disponer de un linaje de cuatro generaciones —es decir, ser descendiente de dos generaciones de nobles— para acceder a los grados superiores en las armas clásicas, lo que aparta de entrada a todos los ennoblecidos del ascenso; conviene subrayar que la medida no afecta a los plebeyos, ya que no disponen de un linaje de una generación. Esas disposiciones no se aplican en las armas técnicas, de genio y artillería, en las que cuenta el conocimiento. Se trata, por supuesto, de utilizar las apariencias familiares de unos y los conocimientos de los otros para construir progresivamente una meritocracia en el seno de la nobleza sin provocar desequilibrios destructores. Asimismo, se trata de nacionalizar el ejército y reforzar la centralización estatal, profesionalizando a los oficiales reconocidos por su virtud o por su origen.

Esa empresa reformadora, inspirada en los objetivos del despotismo ilustrado, tiene repercusiones complejas, incluso contradictorias. En primer lugar, los edictos de Ségur suelen identificarse con la «reacción aristocrática» que marca la década de 1780, aunque los ennoblecidos recientes sean rechazados al igual que los plebeyos, todos ellos preocupados por el hermetismo de la nobleza. Paralelamente, el refuerzo de la nobleza en su papel militar valoriza el honor y el coraje nobiliarios frente a las preocupaciones «burguesas», desde luego, pero confirma que los nobles no son más que «asesinos», acostumbrados a los duelos y la caza, ajenos al bien colectivo. Por último, esas disposiciones estrechan el vínculo de los nobles con el Estado, pero aumentan los costes del ejército. Además, dan derecho a los oficiales a exigir un reconocimiento de sus cualificaciones, también en la toma de decisiones, acrecentando así la resistencia de la nobleza tradicional «al despotismo ministerial» y sus resentimientos ante las desigualdades dentro del orden. Conviene sopesar la importancia de esa corriente «reformadora-conservadora» que alienta a gran parte de la nobleza. Mina las pretensiones monárquicas al mismo tiempo que obliga a la monarquía a unirse, provisionalmente, a los reformadores. Funda un «antinobilismo» entre los rangos de la nobleza, expresado por los que desean que «el ejercicio de la razón y la virtud [sea] la única verdadera nobleza» (Mirabeau).

Es considerable la diferencia entre los jóvenes oficiales nobles —pensemos en Napoleón, acogido en la escuela militar de Brienne, pero sin ninguna esperanza de hacer carrera— y la altísima nobleza, que posee todas las ventajas. Sus miembros invierten en negocios industriales y comerciales, poseen dominios en las islas del azúcar y especulan con el tráfico de dinero, todo ello sin renunciar a mendigar prebendas. Como observaba de manera provocadora Lüthy, el historiador de la banca protestante, a finales del siglo XVIII, los que de verdad mueven el dinero, y cuyas quiebras escandalizan a la opinión pública, pertenecen a las grandes familias aristocráticas y no a la burguesía, que se supone que es la encarnación del capital financiero. La alta nobleza de los príncipes y los duques, los Orleans, los Condé y los Conti, por no citar más que a unas cuantas familias, parece ajena a las reglas comunes y está profundamente imbuida de su especificidad, que la pone en contacto, incluso en competencia directa, con la familia real. A un nivel inferior, la nobleza antigua, que se distingue de la nobleza de la corte y de la nobleza liberal, que se mueven en otros ámbitos, trata de mantener la cultura tradicional a fin de regular las relaciones sociales y políticas a la vez que acepta una modernización moderada de la gestión del reino y de sus propiedades. Esa tentativa de racionalización que llevan a cabo los propietarios de los feudos —incluidos los burgueses, desde luego— ofende, por supuesto, a los campesinos, que interpretan esas operaciones como una «reacción feudal».

Así, la nobleza militar, la parlamentaria y la financiera componen un vasto conjunto cambiante, que depende de los medios locales donde las alianzas matrimoniales y los vínculos de negocios se tejen en función de las relaciones de fuerza. A todas luces, se constituyen nebulosas, más que estatutos precisos, en torno a las funciones familiares. Así, los grandes funcionarios, los miembros de los consejos del rey y de las cámaras de cuentas, los tesoreros y los granjeros ocupan una posición excepcional en la sociedad, aunque por ello tengan conflictos con los nobles de la vieja aristocracia militar. Las jerarquías están más encajadas que yuxtapuestas, señalando las profundas divisiones que marcan el segundo orden y que harán que este estalle cuando se convoquen los Estados Generales.

Las contradicciones de la modernidad

Estos ejemplos, que podrían multiplicarse, ilustran las contradicciones que dividen a la sociedad francesa. En una verdadera cuadratura del círculo, la monarquía trata de racionalizar las entradas de dinero y las funciones, con la intención de privilegiar las competencias, sin renunciar al ennoblecimientos que recompensa a los súbditos más meritorios y más ricos, sin condenar por ello a la gran nobleza. Aunque el flujo de ennoblecidos disminuya sin cesar a lo largo de los siglos, el número de adquisiciones de cartas de ennoblecimiento sigue siendo elevado en 1789, con lo que la nobleza se renueva al mismo tiempo que se agravan las disparidades y las tensiones. Paradójicamente, el ascenso social sigue estando sancionado si es a través de la adquisiciones de tierras y de títulos, sobre todo si va acompañada de una vida de gentilhombre. Esa necesidad de dinero explica que muchas familias nobles acepten alianzas con plebeyos muy enriquecidos, y que lo que se produce no sea tanto una «castificación» de la nobleza como múltiples repliegues. Repliegue de la aristocracia y de los grupos dominantes, como los propietarios de feudos en la Provenza, por ejemplo, que rechazan a los ennoblecidos, dando un sentido radicalmente diferente a la política real, que sigue siendo ambigua y en esencia conservadora. Repliegue de los militares en sí mismos, ya que sufren por su escaso reconocimiento. En consecuencia, repliegue de la «burguesía» frente a los «privilegiados», pero también frente al «pueblo».

La «cascada de desdén», retomando una expresión atribuida a Mirabeau, salpica de manera inopinada a grupos que esperaban la ocasión de agobiar a sus inferiores cuando estos ascendían, ya que los valores sociales entrañan una mutación que desdeña al noble. Amante de la guerra, del lujo y del libertinaje, sus derroches y sus excesos se convierten en lugares comunes de los libros y los libretos de ópera. En el futuro el país va a politizar las opiniones; entretanto, el hecho de que Necker, plebeyo genovés, sea un buen padre y un buen marido acrecienta su popularidad, mientras que Calonne, por el contrario, padece los estigmas de la nobleza. ¿Es por eso que los banqueros Le Couteulx, acaudalados representantes del gran banco católico, escuderos y señores, opuestos a Calonne, se declaran miembros del tercer estado en las elecciones de 1789, insistiendo en el hecho de que son comerciantes? El hecho de que el abad Sieyès pertenezca al grupo de fieles de Le Couteulx cuando escribe su célebre panfleto ¿Qué es el tercer estado?[2] no es una coincidencia fortuita. Lejos de ser una simple constatación de las genealogías, la distinción entre nobles y plebeyos se enmarca, sin lugar a dudas, en la negociación entre individuos y entre grupos. Ello no impide que exprese ilusiones, como se verá más adelante, que permiten todas las combinaciones, ya que hasta 1790 la nobleza provincial saldrá ganando con su alianza a priori contra natura con el tercer estado radical contrario a la corte, la alta nobleza y, por supuesto, a todos los reformadores.

Así, pues, las categorías historiográficas necesarias para escribir la historia deben tomarse con precaución. No conviene convertirlas en actores colectivos de una historia global que descuide a los individuos en grupo, que actúan por relaciones de fuerza, cálculos y ambiciones. Es prudente evitar las visiones pluriseculares —así como las discusiones infinitas, y vanas, que derivan de ellas— según las cuales el «burgués», aliado del rey durante el siglo XVII en contra del «noble» afín a La Fronde, fue rival y cómplice del «noble» cortesano y especulador del siglo XVIII, antes de suplantarlo durante la Revolución Francesa y de convertirse en el prototipo de la clase que derrocar en el siglo XIX. Todo eso no debe hacer olvidar las grietas que dividen a la sociedad, agravadas por la evolución de la economía. Conviene tener presente la complejidad de los conflictos. Francia ha dejado de ser una nación con una población en su mayoría rural sometida a una minoría de privilegiados, cleros o nobles, que ha estallado en un mosaico de regiones aisladas las unas de las otras. No obstante, es comprensible que los miembros del tercer estado popularizaran esta imagen para encontrar una nueva legitimidad, una vez que se afianza su victoria política. Sin embargo, es preciso no creerla a pies juntillas ni convertirla en el fundamento de la comprensión histórica de la Francia de la década de 1780. Asimismo, no conviene aceptar sin discusión la idea aparentemente evidente del paso de una sociedad de órdenes a una sociedad de clases entre 1750 y 1770, lo que tendría por efecto oponer a los partidarios de las antiguas jerarquías, a partir de entonces obsoletas, y a los representantes de las nuevas fuerzas llevadas a encarnar el progreso, fuerzas burguesas al comienzo, y luego ineluctablemente revolucionarias.

No se trata de resumir, de nuevo, los debates recurrentes desde hace más de medio siglo acerca del carácter «burgués» de la Revolución Francesa. Desde las críticas de A. Cobban hasta el reciente libro de S. Maza y el coloquio de Lille de 2006, a menudo se han enarbolado argumentos en un diálogo de sordos. En lugar de proseguir las discusiones francesas atascadas en guerras de trincheras ideológicas, habría que reflexionar sobre el ejemplo de Inglaterra, que aplicó, sin recurrir a una revolución burguesa, el itinerario que imaginó Marx. Inglaterra convirtió a sus señores en explotadores agrícolas e inversores, y sus campesinos, convertidos en proletarios, fueron explotados en las minas y las fábricas o enviados a las colonias. Toda su economía se organizó en torno al comercio, sin protección ni estimulación del Estado. Por el contrario, todas las fuerzas vivas de Francia reclaman a la vez la libertad indispensable para sí mismas y el control del Estado para todos, pero especialmente para los competidores. Más que la libertad de emprender y el individualismo, lo que se espera es un control que se considera indispensable, pero que siempre resulta muy criticado. En Inglaterra, el paso al capitalismo industrial origina, lógicamente, una literatura que lamenta la suerte de las clases populares, mientras que en Francia el paso teórico del liberalismo al individualismo burgués, preludio de la Revolución Francesa, se ha considerado siempre el camino al progreso.

Es verdad que las realidades de los dos países son muy diferentes. En Inglaterra, aunque exista una fusión de las élites, se afirman las distinciones sociales, identificando las clases que viven y se comportan de manera diferente las unas de las otras. En Francia, no desaparece la confusión que se mantiene entre los grupos sociales, ya que el campesinado resiste hasta finales del siglo XIX y durante mucho tiempo las industrias son verdaderos enclaves.

¿La sociedad frente a las comunidades?

La mutación más sentida no fue el supuesto paso de los órdenes a las clases, sino el vaivén general de la sociedad francesa, que pasa de los lazos de fidelidad y comunidad a las relaciones basadas en el comercio y la libertad, o, caricaturizando un poco las calificaciones sociológicas acuñadas, de «comunidad» (Gemeinschaft) a «sociedad» (Gesellschaft).

Compuesta por un dominio real engrandecido con las provincias conquistadas o anexadas, Francia es un mosaico de costumbres y lenguas que, en teoría, solo tiene en común el cuerpo del rey, aunque el país esté organizado según las reglas de una compleja marquetería. Abundan las clasificaciones, que no hace falta retomar aquí una vez más. En general, el país de Estado y el país de elecciones, con sus especificidades de gobierno, se articulan mal con los obispados o las fronteras económicas y fiscales. De ello resultan relaciones conflictivas en zonas que se aprovechan de las distintas fiscalidades en una distancia de pocos kilómetros para vivir del contrabando. Pasar de la Bretaña al Maine, por poner un ejemplo, significa abandonar la tutela del parlamento bretón y un sistema de impuestos relativamente suave, y tener que pagar la sal más cara de Francia y depender directamente del intendente. De hecho, todas las provincias periféricas disponen de tradiciones y costumbres distintas de las leyes y las costumbres del centro de Francia, cosa que provoca conflictos perpetuos. Así, existen numerosas jerarquías locales, complicadas e imbricadas, sin unidad, que poseen complejas relaciones con el Estado, la Iglesia y el feudalismo, en el momento en que, bajo el efecto de los cambios económicos y sociales, todas las estructuras se agrietan y se rompen. En Francia, como en numerosos Estados, el poder central se apoya en intermediarios locales encargados de controlar la población, aplicar las órdenes, organizar la economía, recaudar los impuestos y, llegado el caso, movilizar a los soldados.

Desde luego, el establecimiento de una fiscalidad aplicada a toda la sociedad sin excepción es la exigencia más recurrente a través de la cual se da a conocer el Estado. Las continuas exigencias fiscales afectan por igual a la nobleza, el clero y el tercer estado, aunque en diferente medida. En el campo, la presión es concreta y en ocasiones brutal, como cuando los recaudadores de impuestos inspeccionan las casas en busca de tabaco o sal de contrabando, o tienden verdaderas emboscadas a las bandas de defraudadores a las que se declara una especie de guerra, que se cobra su lote de aduaneros abatidos, es decir, asesinados, y de contrabandistas ejecutados, enviados a las galeras o dejados marchitar por el verdugo. Ese peso del Estado, que en 1789 ya resulta insoportable, se reforzará y se deshonrará cuando sea agravado por las pretensiones de regular estrechamente la vida religiosa y social, y barra de golpe la tradición de las administraciones parroquiales o señoriales, que databan de varios siglos.

Armonías y desarmonías de las mutaciones

Desde hace unos treinta años, el país experimenta profundas mutaciones económicas y culturales. Se trata de un hecho conocido, pero a menudo poco subrayado. El informe al rey se basa en el pacto anudado en los últimos siglos. Del informe se encargan las élites culturales, que en la mayoría de ocasiones también ejercen de intérpretes, ya que la lengua que se habla no es el francés de la cuenca parisina. Tanto en Alsacia como en la Bretaña o todo el Mediodía, pero también con todas las poblaciones rurales, sean de las regiones de Poitou, Picardía, Lemosín o Normandía, las élites locales practican un bilingüismo o un colingüismo que garantizan el vínculo nacional. Es preciso subrayar la importancia de la dimensión local. El reino no posee ninguna unidad de costumbres o lingüística, ya que los «pueblos» bretón, vasco, occitano, alsaciano, loreno, flamenco, etc., han conservado su identidad y sus lazos históricos con la realeza, y sus élites, tanto laicas como religiosas, ejercen de intérpretes con la autoridad central y sus representantes, que a su vez dependen de sus relaciones locales.

Pese a todo, pocas regiones —como los extremos de la cordillera pirenaica— siguen teniendo conflictos con el poder real; en todas partes reina el sentimiento nacional. Incluso la Bretaña, que en 1675 padeció la violencia de los ejércitos de Luis XIV, no duda en rechazar las incursiones inglesas en su costa durante la guerra de los Siete Años. A todas luces, se conjugan el patriotismo y el nacionalismo, llevados, sin duda, por un discurso nacional que entremezcla el deseo de unidad y fe en el destino del reino —el nation-talk caro a S. Englund—, pero también a través de las mezclas en el seno de las élites locales y nacionales. Aunque el Estado como tal solo exista a través de la mediación de las élites, la monarquía francesa lleva a cabo una centralización y una nacionalización de las relaciones con el propósito de desarrollar la obediencia de todos y cada uno de los súbditos al rey y sus representantes, especialmente a los intendentes que cortocircuitan los parlamentos y, con ellos, las noblezas regionales. Esa evolución contribuye al refuerzo del Estado y la atomización de los individuos, provocando sentimientos dispares, divididos entre la voluntad de aprovecharse de las redes administrativas y el rechazo a la desaparición de las protecciones clientelares. Todo ello entraña una toma de consciencia del propio cuerpo social, con una potencialidad de crítica del poder central cuando no responde a las peticiones.

Asimismo, en Francia el siglo XVIII está marcado por una aceleración y una homogeneización de los intercambios comerciales y la producción industrial, cuyos orígenes siguen discutiéndose. Más que una improbable revolución agrícola, algunos progresos limitados, pero reales, transforman las relaciones entre regiones, haciendo que unas se especialicen en la ganadería, otras en la viña, los cereales e incluso la horticultura y la horticultura profesional especulativa alrededor de las grandes ciudades como París. Incluso las regiones que se consideran arcaicas, porque se sumarán más tarde a la contrarrevolución, como Mauges, participan en esos circuitos, vendiendo ganado destinado a ser cebado que acabará en los mataderos parisinos. La circulación de bienes, hombres y dinero unifica el país de una manera inédita, ya que la difusión alcanza lo más hondo de los grupos sociales. Los impuestos del Estado, los señores y el clero constituyen una especie de red heredada de los siglos anteriores que envuelve a un mundo rural muy heteróclito, desde las últimas comunidades de siervos hasta nuevos emprendedores rurales, pasando por los pequeños granjeros independientes del Bearne. Sin embargo, todos ellos experimentan un progreso continuo y una mejora real de sus condiciones, al margen de los azares de la década de 1780. Hoy en día es muy conocida la complejidad de las sociedades rurales del norte de París, con sus grandes granjeros, productores, escoltas de convoyes, banqueros y especuladores que hacen trabajar a cientos de asalariados o subcontratistas. Más que caciques de pueblo tradicionales, se trata de verdaderos emprendedores que originan un vuelco irremediable en el campo, que afecta en mayor o menor medida a toda la cuenca parisina, desencadenando una mezcla de poblaciones y la emigración a las ciudades de los más pobres, los menos afortunados o los más audaces. En 1789, dos tercios de los «parisinos» son provincianos instalados en París a partir de la década de 1780.

En consecuencia, se produce un gran desarrollo urbano y manufacturero. A finales del siglo XVIII, entre cinco y seis millones de franceses o más viven en ciudades de más de dos mil habitantes, hecho que trastoca por completo las redes tradicionales del centro y el norte del país, así como las orillas atlánticas. Las ciudades manufactureras de Saint-Étienne y Lyon se aprovechan plenamente de ello, pero sobre todo los puertos de Nantes, Burdeos y, en menor medida, La Rochelle. París experimenta el mayor desarrollo y las mayores modificaciones internas de su historia: la llegada masiva de jóvenes atraídos por las posibilidades de éxito, sin contar el sinfín de criados y prostitutas, rompe el marco habitual de la vida de barrio. En los oficios, la fluidez de las relaciones entre los trabajadores y los patronos está marcada por constantes negociaciones y permanentes adaptaciones. Las zonas rurales dedicadas a la manufactura textil, en el norte, el oeste o el sur del Macizo Central, se enfrentan a reconversiones a veces brutales que llevan a nuevas especializaciones en detrimento de los grupos sociales acostumbrados a producciones que en adelante se abandonan. Como los gremios, que han padecido la reforma de Turgot, ya no controlan la producción, los emprendedores pueden instalarse en las afueras y los arrabales, lo que permite que la liberalización de hecho de las producciones vaya acompañada de una ampliación de la oferta y la creación de nuevos centros de comercio. La fabricación de papeles pintados, que ilustra el éxito espectacular de Réveillon, es un ejemplo de las nuevas costumbres urbanas que conllevan la reagrupación de obreros bien pagados y la construcción de edificios industriales, así como de palacetes particulares, propiedad de los capitalistas. Los publicistas y los filósofos, de Mirabeau padre a Rousseau, ven claramente la entrada de Francia en una sociedad de consumo, y señalan el enriquecimiento colectivo generado por el despegue de numerosos peluqueros, fabricantes de abanicos, etc., en todas las ciudades, respondiendo a las demandas de los nuevos grupos sociales.

Contrariamente a lo que dan a entender todos los esquemas reductores, es necesario subrayar que la gran aristocracia comprende enseguida todo el partido que puede sacar de esa nueva situación e invierte en urbanizaciones destinadas a las clases emergentes. Es lo que hace el duque de Orleans al acondicionar el Palacio Real como centro de negocios y de ocio. En honor a la clientela acomodada, unos pasajes cubiertos acogen tiendas de lujo y de moda o los primeros cafés que rompen con las ordenanzas colectivas sobre las comidas. En Nantes, en las últimas décadas del siglo, Graslin, recaudador general de las granjas, negociante, manufacturero, fisiócrata y letrado, construye de la nada un barrio entero, que incluye varias casas de alquiler, un teatro, un gran café y un hotel para los viajeros. Urbanismo, mercantilismo, pero también «patriotismo» e incluso filantropía, real o proclamada, se entremezclan en esas operaciones que pretenden promover nuevas formas de vida. Las clases urbanas privilegiadas, que participan de una cultura «metropolitana», pueblan esos nuevos espacios y modifican los equilibrios. Más que un capitalismo industrial, se trata de un capitalismo comercial y sobre todo financiero que irriga la sociedad, uniendo entre sí a prácticamente todas las categorías urbanas acomodadas y medias. ¿Acaso Francia quiere cumplir los «dos sueños del comercio», es decir, el acuerdo entre los emprendedores y los representantes del Estado, ligando el liberalismo y la intervención del Estado, manteniendo al mismo tiempo los vínculos con el gremialismo —guardián de la calidad— y el compañerismo —regulador de las tensiones sociales-? Incluso la fórmula según la cual la Revolución Francesa no fue hecha por la burguesía, sino que esta se hizo con la Revolución, sigue sin demostrarse.

Así, pues, los nobles continúan desempeñando un importante papel económico y político y marcando la pauta, pero su forma de vida desentona cada vez más con la forma de vida de los demás habitantes, de ahí que dejen que los representantes de la plebe ilustrada ejerzan de intermediarios con los más desfavorecidos. Las relaciones de vecindad siguen protegiendo a los individuos, pero los protectores habituales, sean nobles o parlamentarios, ceden su puesto a capas menos elevadas y permiten que las mujeres desempeñen nuevos papeles en los circuitos de beneficencia y responsabilidad parroquial. Ese movimiento genera un desapego a la caridad, que es remplazada por el principio más filosófico e individualista de la filantropía. Mientras que los pobres y los individuos venidos a menos y sumidos en la miseria siguen siendo numerosos, compensando la cohorte de sirvientes, letrados y empleados que acompañan a los grupos de emprendedores y caballeros de la industria que se establecen, los polos alrededor de los cuales se organiza la sociedad francesa se modifican y se alejan. Ante el continuo enriquecimiento de las clases medias y altas, abundan las críticas que denuncian que el lujo y el dinero corrompen. Como ni la monarquía ni el alto clero defienden ya las «costumbres», las élites plebeyas, especialmente jansenistas, predican la búsqueda de la unidad del país poniendo de relieve el valor de la familia, que constituye un refugio contra el inmoralismo aristócrata y las aventuras de los desclasados. Y es que la «modernización» conlleva también la difusión de prácticas contraceptivas y un cambio en la concepción de la familia.

No se trata, pues, de una mutación armoniosa y general, sino más bien del agravamiento de las contradicciones en el tejido urbano, en cierto modo agujereado por las intrusiones, que acrecientan la angustia en los barrios tradicionales que se mantienen al margen. El mundo obrero sufre especialmente esos movimientos, que enfrentan a patronos y obreros en rivalidades inéditas, aceleradas por el debilitamiento de los gremios. No obstante, las comunidades siguen estructuradas por las redes parroquiales, la actividad de los comisarios de policía, ayudados por sus subordinados y confidentes, así como por las innumerables asociaciones y los gremios que existen. Sin embargo, es preciso no oponer las fidelidades rurales y sus vínculos «verticales» a los vínculos «horizontales» de las sociedades urbanas. Cuando estallan motines o revueltas rurales, a veces se instrumentalizan los discursos sobre la identidad lugareña: así, los más acomodados invocan la solidaridad, previniendo así cualquier unión de la masa contra ellos, como sucede en los motines de 1775. La identidad social aparece como una yuxtaposición de papeles posibles desempeñados, o no, según los contextos. Paralelamente, en los barrios urbanos también florece la solidaridad entre individuos próximos, soldando, llegado el caso, a grupos que podrían tener intereses dispares. De los futuros contrarrevolucionarios a los futuros sans-culottes, están en marcha los mismos mecanismos de defensa comunitaria, que obstaculizan la liberalización de las relaciones humanas, característica de la época, que hace desaparecer las costumbres comunitarias. ¿Es posible proponer una visión «caballeresca» de los tipos de relaciones sociales que existen en Francia? Mientras que en el noroeste de Francia, en el campo, se practican vínculos de fidelidad vertical, el sur y el suroeste de Francia está dividido en camarillas y clanes, mientras que el norte de Francia, a raíz de los intercambios monetarios, se constituye en torno a las relaciones de clase. Entre los vínculos clásicos de las fidelidades de clanes y organicistas, y las relaciones basadas en el comercio, ciertos grupos promueven la búsqueda de una armonía sin luchas ni dependencias. Resulta inútil buscar una evolución lineal de las relaciones y los conflictos sociales.

Ruptura y violencia

Esa ruptura de todas las reglas está ilustrada con una crudeza excepcional por la economía colonial, en especial la explotación de las islas del azúcar, uno de los motores esenciales del crecimiento francés. Basado en la trata y la esclavitud, el llamado comercio triangular originó inmensas fortunas, y los aristócratas no fueron los últimos en invertir en los puertos atlánticos, como Nantes y Burdeos, y favorecer su desarrollo. La industria metalúrgica, textil, alimentaria, naval, de la construcción y los transportes aprovecharon el maná que suponían las poblaciones serviles. Los desgarradores relatos de los filósofos, teñidos a veces de hipocresía, como cuando Voltaire se lamenta por el negro de Surinam al mismo tiempo que permite que su banquero coloque fondos en la trata, movilizan la opinión pública, sin que por ello cambien las cosas. A todas luces, el dinamismo económico reposa en esa explotación de seres y bienes, que aportó los fondos indispensables para el despegue global.

Desde hace décadas, las sociedades coloniales están aprisionadas en tensiones entre los controles impuestos por la monarquía en el ámbito judicial, militar o comercial, y los deseos y las reclamaciones de colonos, esclavos, blancos pobres, mestizos y gente de color libre. La considerable paleta de colores, que une a la población en un crisol especialmente activo a la vez que la divide en fracciones imprecisas, pero discriminatorias, convierte la sociedad en un verdadero polvorín, sobre todo las más pobladas, como Santo Domingo o Guadalupe. El racismo, la violencia y la explotación constituyen el aparente zócalo sobre el que viven esas sociedades de compleja estructura. Las inmensas diferencias que existen entre los individuos van acompañadas por la creación de grupos de mestizos, fruto de relaciones forzadas o matrimonios, así como por la formación de una élite económica o militar entre los mestizos o los hombres de color libres. El refuerzo de las leyes racistas responde al acrecentamiento de la mezcla. Así, las prácticas más crueles y humillantes tienen curso legal, pese a que los gobernantes enviados por el rey, como el valido Jean-Antoine, tío de Mirabeau, se oponen regularmente —y en vano— a los plantadores o sus agentes para intentar que se respete la ley, sea divina o natural. Más tarde encontraremos esta curiosa oposición, que convertirá a los representantes de la monarquía en puntales, provisionales, de la Revolución Francesa cuando los acaudalados blancos reclamen su autonomía antes de sumarse a la contrarrevolución. ¿Hay que interpretar el aumento de la segregación y el auge de los sentimientos antiigualitarios como una revancha de la nobleza en un momento en que semejantes actitudes resultan cada vez más criticadas en la metrópolis?

Asimismo, parte de la población mestiza y de color libre se aprovecha de la situación, hasta tal punto que constituyen, en Guadalupe y la Martinica más que en Santo Domingo, grupos activos en la economía, que en ocasiones poseen esclavos. No obstante, esa abertura se basa en una violencia inicial y supone una desigualdad permanente llevada al extremo, así como revueltas continuas. Además, durante todos esos años el país se ha corrompido con el dinero fácil y la violencia ilimitada sin que la administración real intervenga verdaderamente. Sin embargo, basta con cruzar la isla de Santo Domingo y llegar a la parte española, La Española, para encontrar una sociedad igual de mestiza, pero menos violenta, donde en 1538 se creó una universidad en la que se formaban las élites locales, incluidas las mestizas. El centralismo francés, la desconfianza absoluta hacia la autonomía de las élites y la voluntad de disponer en el suelo metropolitano de los hijos de los blancos agravan las contradicciones provocadas por los beneficios sin contrapartida. Cuando las reformas fracasan una después de otra, la revolución ronda y la vuelta a la utopía del pasado se vuelve imposible, las revueltas se multiplican y se convierten en algo habitual. Las tensiones son muy vivas en las colonias de las Antillas y especialmente en Santo Domingo, donde se conoce el ejemplo de la Revolución Americana. Este alimenta las peticiones de autonomía de las poblaciones colonizadas, que se expresan por medio de revueltas y la fuga de esclavos negros, pero también de envenenamientos y la práctica del vudú, así como otras formas de resistencia que, unos años más tarde, se considerarán el pródromo de la insurrección que arrasará la región.

La relación con los acontecimientos de la metrópolis resulta evidente. La «guerra de las harinas» constituye un pico de violencia, pero los motines prolongan la costumbre de la revueltas locales, mezclando las poblaciones y las capas sociales, sin que por ello se rompa el vínculo sagrado con el rey. Esos movimientos aún no son políticos, y la represión continúa siendo tradicional, ejemplar, dirigida y brutal. Tanto en 1789 como en 1793, se volverán a producir revueltas, hecho que una parte de los revolucionarios, en especial los girondinos, no va a entender. Sin embargo, no se trata de creer que el descontento «popular» se traduce lógicamente en violencia, antes de la explosión liberadora. Es evidente que durante los últimos treinta años del siglo XVIII se produce un cambio en el clima del país. Esas acciones, más que un preludio de la Revolución Francesa, crean el marco mental que permite pasar a los hechos antes de que estos se bauticen políticamente. A partir de 1770, más que revueltas, se producen «rebeliones», en la medida en que al rechazo del orden y el Estado se le añade el fraude o la resistencia a la autoridad, practicados tanto por los cazadores furtivos contra los señores y los propietarios, como por los seminaristas contra los abades o la policía, todo ello para respaldar las múltiples reprimendas de los parlamentos.

Toda la opinión pública protesta, lo que atestigua la pérdida de legitimidad del Estado, más allá de las convulsiones habituales de las sociedades modernas. Así, ese aumento de los motines a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII persigue, sin duda, el control de los modos de subsistencia, pero también interviene en el funcionamiento del Estado. Paradójicamente, la represión no hace ninguna lectura política de los acontecimientos ni persigue a los cabecillas, en algunos casos curas o nobles desclasados. Así, la tradición de las revueltas adquiere nuevos significados. Sin cesar se exacerban los sentimientos comunitarios, que exigen a todos los miembros de una parroquia que participen físicamente en las revueltas, hecho que a veces lleva a la deshumanización de los adversarios, en especial los nobles, a quienes se considera culpables de no haber ejercido su papel de protectores naturales. Asimismo, influyen mucho los rumores y las creencias que atribuyen las revueltas a la reivindicación de derechos anteriores abolidos y muy mitificados. La búsqueda de una armonía social fundada en una ley divina —o natural— constituye siempre el horizonte de los que se rebelan, pero al mismo tiempo aprenden a organizar sus reivindicaciones, pasando de la queja al proceso y de la manifestación a la violencia al término de verdaderas negociaciones. Más que la búsqueda de una «economía moral de la muchedumbre», nacida de un horizonte comunitario igualitarista, esos movimientos se anclan en las solidaridades internas de las comunidades rurales o urbanas y se combinan con las tradiciones fruto del derecho natural cristiano, así como en la práctica rodada de recurrir a la justicia real, es decir, la resistencia. Y es que los «tunantes sociales» tan caros al historiador E. Hobsbawm también forman parte del paisaje mental de la época. En Francia, Mandrin es uno de los últimos representantes de esa especie de justiciero popular en conflicto con la justicia del Estado.

A causa de la complicada dosificación de bandolerismo, utopía arcaica, esperanza milenarista y alianza entre ardid pleitista y explosiones violentas, todavía sigue debatiéndose cómo definir esa clase de situación. Las comunidades, rurales y urbanas, cuando existen, poseen una autonomía que se expresa especialmente en el «general» de la parroquia, una asamblea que reúne a los cabezas de familia, incluidas, en ocasiones, las mujeres. Estas se identifican con «procuradores de parroquia», mayordomos o personalidades elegidas, o con algún individuo al que se considera el cabecilla de una acción puntual. Esas mujeres intervienen ante los señores, los curas, los agentes del rey o los múltiples administradores, a propósito de las recolectas de impuestos y tasas, el reclutamiento de hombres, los bienes comunales, la asistencia a los pobres…, es decir, un sinfín de causas que pueden parecer insignificantes, ajenas a las preocupaciones que se podrían calificar de «nacionales», pero que conforman la historia de los pueblos en el sentido más hondo del término, que crean lo que el historiador A. Follain llama «la pequeña política». Esta se ejerce siguiendo diferentes modalidades según las regiones, más o menos independientes de los poderes reales y señoriales, creando costumbres de autonomía que en la Francia rural se pondrán en práctica después de 1788-1789, arriesgándose a estar en contradicción con las orientaciones de un Estado centralizador e intervencionista, que distribuye normas políticas.

Existe, pues, una verdadera cultura de la protesta popular, que legitima la revuelta como forma de poner en contradicción a la autoridad consigo misma: precisamente porque esta no ha respetado el contrato, estalla la revuelta. Más allá de la «economía moral de la muchedumbre», que se invoca sin cesar pero que no da la medida de lo que está en juego, el horizonte de expectativas de los amotinadores se construye en torno al derecho y la justicia, los hace abandonar sus condiciones y acceder a una dimensión de universalidad que va de la mano del mesianismo y las profecías. Lo que se produce en el momento de la Revolución Francesa no es el fin de la «cultura de abajo» englobada en una visión política del mundo, sino, por el contrario, a través de las revueltas, arraiga la costumbre de las insubordinaciones, antes de que la Revolución Francesa brinde la posibilidad de pasar a la acción. Entonces los émulos de Mandrin se encontrarán entre los sans-culottes o en las filas de los ejércitos católicos o reales. De su ejemplo nacerán dos tradiciones divergentes, que, sin embargo, criticarán juntas al Estado-nación unitario que ha enraizado la monarquía y que retomará la Revolución Francesa, identificándose con él. Es preciso cerrar este capítulo acerca de la unidad nacional, pese a sus fallos. Francia no es como Inglaterra, que ya está dividida por la revolución industrial entre la oligarquía, la gentry y la extraviada población rural enviada a los arrabales como carne humana del capitalismo naciente. Por otra parte, no tiene nada que ver con los países europeos donde las riquísimas élites tienen a su servicio unos letrados que les proporcionan castas de cleros y funcionarios, mientras que el campo está poblado por campesinos analfabetos, e incluso siervos. En Francia, por muy malas que sean las relaciones entre los grupos sociales, al menos existen y permiten que se den mezclas de poblaciones que no solo afectan a las minorías.

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Capítulo 4. LAS FACETAS DE LA OPINIÓN PÚBLICA

No basta con que los soberanos sean incapaces de dirigir un país, incluso cuando este padece crisis políticas, financieras y sociales, para que las protestas desemboquen primero en un derrocamiento del monarca, a continuación en un vuelco de los valores y, por último, en una revolución; también hace falta que las estructuras culturales cambien, y que los equilibrios, que parecían inamovibles, puedan cuestionarse y que el monarca esté en el centro de la protesta. Escribir la historia de ese derrocamiento pasa por los conocidos trabajos sobre los «orígenes» culturales o religiosos de la Revolución Francesa, insistiendo, no obstante, en la disyunción entre esas mutaciones culturales y el progreso de la Revolución. Y es que, contrariamente a lo que se asegura, las corrientes de pensamiento y sensibilidad no siempre han sido los actores principales, y menos aún los más favorecidos por la Revolución. Los jansenistas, los filósofos de la Ilustración, los francmasones, las mujeres, los místicos y los profetas, o los cristianos «patriotas», todos ellos fueron acusados de haber causado la ruina de la monarquía y el declive francés, ya que siempre resulta más fácil encontrar un chivo expiatorio que reflexionar sobre las transformaciones de los marcos de pensamiento y el derrumbe de las creencias colectivas que hicieron posible, e incluso necesaria, la regeneración revolucionaria.

El significado mismo de la expresión «opinión pública» da cuenta de ese dilema. Los términos «opinión pública», tan difundidos en la época y debatidos para saber si remitían a la expresión de los prejuicios, a las discusiones de los hombres de letras o al tribunal de los publicistas, anónimo pero colectivo, continúan siendo imprecisos. ¿Acaso designan las opiniones individuales o colectivas, las creencias arcaicas o los razonamientos racionales, una forma de resistencia al despotismo o la propaganda del poder? Los debates siguen sin zanjar, pero no cabe ninguna duda de que «la opinión pública» existe.

La culpa de Voltaire

Lo cierto es que ni siquiera las demostraciones más eruditas conseguirán jamás destruir la idea preconcebida de que la Ilustración causó la Revolución Francesa, y apenas llegarán a hacer comprender que, por el contrario, la Revolución Francesa confirió una unidad a la Ilustración que antes no poseía. Casi nunca se tiene en cuenta el hecho de que, después de 1790, los últimos representantes de la Ilustración fueron el blanco de las críticas, e incluso tuvieron conflictos con las asambleas nacionales y se vieron obligados a callarse y esconderse. Que los despojos de Voltaire en 1791 y los de Rousseau en 1794 fueran trasladados con gran pompa al Panteón no debe hacer olvidar esas discordancias. A fin de comprender las realidades de la historia, no conviene seguir las afirmaciones de los revolucionarios, como Saint-Just, que quería poner todo el siglo XVIII en el Panteón, ni tampoco las de los contrarrevolucionarios, que acusaban a los filósofos y los francmasones de haber provocado la caída de la sociedad francesa.

Asimismo, conviene tomar mucha distancia de los pensadores de cualquier escuela que adoptaron las mismas conclusiones en contextos diferentes, se tratara de Marx, que vinculaba la Ilustración con el desarrollo de la burguesía que luchaba contra el feudalismo, se tratara de Cassirer, que interpretaba la Ilustración como un acto de fe en la razón emancipadora o, por el contrario, se tratara de Adorno y Horkheimer, y más tarde de Arendt, que denunciaban la voluntad de la Ilustración de dominar lo real hasta tal punto que deshumanizó las sociedades y sentó las bases del totalitarismo. Todas esas lecturas, por muy estimulantes que sean, poseen el mismo defecto: la voluntad de globalizar y uniformizar un movimiento dispar, contradictorio y lleno de especificidades nacionales. Es preciso restablecer la historia de la Ilustración siguiendo la constitución nacional y europea de los grupos de «filósofos», que no se reagruparon bajo la denominación de «ilustrados» hasta más tarde. Hasta 1784, Kant no formula el término Aufklärung, que enseguida se impone a corrientes desarrolladas en contextos muy diferentes. Acusar a la Ilustración de ser responsable de la Revolución Francesa y de haber echado a perder sus propias ambiciones es fruto de una amalgama del siglo XIX. Desde hace dos siglos nos agotamos en un debate falseado. Oponer la «Ilustración» al «Antiguo Régimen» supone participar en un mito histórico.

Es necesario exponer brevemente tres tesis para restablecer otros vínculos entre la «Ilustración» y la Revolución Francesa. El hecho de que la denominación de la «Ilustración» sea tardía y se aplicara a posteriori en muchos países, lleva a matizar la unidad de las corrientes de pensamiento comprometidas con reformar el mundo. La Ilustración nace a partir del siglo XVII y conforma lo que los historiadores actuales llaman «la primera Ilustración» o «la Ilustración radical». Existen unos principios comunes a todas esas «filosofías»: la tolerancia, la razón, la publicidad y la búsqueda de la felicidad; componen el marco conceptual en el que se piensan las mutaciones del mundo, se trate de la colonización, la consolidación de los Estados o los reglamentos de la guerra.

Una de las cuestiones más debatidas es el derecho de la gente, modelado poco a poco por los filósofos, los teólogos y las cancillerías de los Estados a partir del legado estoico y cristiano, así como de las experiencias coloniales y militares. El legado del derecho natural y de la ley natural va conjugándose, permitiendo que se elabore una cultura europea común, de forma más o menos abierta según las coacciones impuestas por los diferentes estados. Así, tras la afirmación de la ley natural cristiana por parte de Tomás de Aquino y luego de los juristas de la llamada Escuela de Salamanca, en torno a Francisco de Vitoria, en el siglo XVII Grotius laiciza y politiza el derecho natural, seguido por Locke, que asegura que este puede contribuir a la creación de una sociedad de hombres libres. La concepción liberal, que recusa la idea de que el estado natural es la guerra de todos contra todos, que requiere la intervención de un príncipe absolutista, propone nuevas perspectivas políticas que encuentran un eco considerable en Europa, y luego en las colonias. Sin embargo, no se identifica ningún tipo de régimen con ese pensamiento, ya que la monarquía (gobierno de un solo individuo), la aristocracia (gobierno de una élite) o la democracia (gobierno del pueblo) se articulan con la república (Estado regido por leyes), el despotismo (Estado sometido a un solo individuo) o la anarquía. Montesquieu populariza la necesidad de combinar la política con el estado de las costumbres; los pensadores escoceses, entre ellos Hume y Smith, imponen la necesidad de asegurar la libertad individual en una sociedad liberal comerciante, antes de que Rousseau insista en el lugar de la voluntad general en la construcción de los Estados. El papel atribuido a Rousseau en el transcurso de la Revolución Francesa ha hecho correr mucha tinta. ¿Acaso inspiró los años 1793-1794, antes de que 1795 estuviera bajo la égida de Montesquieu? Aunque es posible encontrar elementos del pensamiento de Rousseau, muy complejo por lo demás, en los logros revolucionarios, conviene subrayar hasta qué punto la «fuerza de las cosas» conduce a sus protagonistas a desligarse de las enseñanzas de Rousseau, e incluso a ir abiertamente en contra de ellas. La importancia concedida a la representación electoral y a la generalización de los impuestos ejemplifica una política pragmática que se aleja del dogmatismo heredado de Rousseau.

Las experiencias históricas concretas alimentan la reflexión en el seno de las élites que tratan de definir las condiciones necesarias para establecer un Estado eficaz y tolerante, que proteja las propiedades y las libertades, y sea capaz de asegurar la paz interior y exterior. El ideal de la paz perpetua asegurada por la instauración de una política cosmopolita seduce a los espíritus inquietos por el renacimiento de las guerras en Europa. Todas las tradiciones políticas, especialmente las del republicanismo antiguo o la del orden cristiano, se mezclan con las lecciones llegadas de lejos, como la organización del mandarinato chino, y con las utopías de los filósofos así como los proyectos de los economistas, los más rigurosos de los cuales están elaborados por fisiócratas, que se imaginan las reglas de convivencia bajo la tutela de un Estado centralizado. Las «revoluciones» del siglo XVIII y el nacimiento de estados como Polonia o Córcega refuerzan la actualidad de esas discusiones que siguen llenas de contradicciones.

En los países del norte de Europa, la Ilustración y la religión cohabitan de forma más o menos armoniosa, ya que los déspotas ilustrados adoptan numerosos preceptos racionales y seculares y se apoyan en los filósofos, una realidad que sigue resultando difícil de reconocer en Francia. En Inglaterra, la Gloriosa Revolución de 1688 introduce una variedad al disociar el poder político de la cuestión religiosa, al mismo tiempo que mantiene la preeminencia de la Iglesia oficial. En el sur de Europa, las élites intelectuales afines a la Ilustración se movilizan en las administraciones confrontadas a las dificultades económicas de la década de 1760. En cambio, en Francia se crea un doble movimiento. Como en todas partes, los «filósofos» están vinculados a los círculos dirigentes y no son «revolucionarios» en absoluto. Ejercen de preceptores de príncipes, como Condillac o Kéralio del infante de Parma, o bien de secretarios o consejeros de un ministro, como Condorcet, o de críticos implacables de la colonización, como el abad Mably. El divorcio entre el poder real, las instituciones tradicionales y los «intelectuales» se desarrolla en dos tiempos. Por una parte, se desata la ofensiva antifilosófica contra Voltaire y la Enciclopedia en nombre de la defensa de la religión católica. Por otra parte, aunque Voltaire y los enciclopedistas son afines al ministerio de Turgot, se sienten excluidos de la política cuando el proceso de modernización y reforma se detiene con la caída en desgracia del ministro.

Sin embargo, ninguna «línea de frente» evidente divide el país. Mientras los influyentes antifilósofos, muy conocidos en su época, como Fréron o Lefranc de Pompignac, son escuchados por ministros como Vergennes o incluso por el rey, la apoteosis de Voltaire en 1778 atestigua su popularidad, incluso entre los miembros del clero, a pesar de sus cargas anticlericales; entretanto, la religión cívica de Rousseau reúne a los apasionados de la filosofía, las reformas sociales y la piedad colectiva. Todos esos individuos, que participan en la misma sociabilidad mundana e intelectual, solo se distinguen a raíz de configuraciones conflictivas provocadas por un acontecimiento o creadas por rivalidades personales que prefiguran las reagrupaciones militares del período revolucionario. La llamada «querella de los bufones» es un ejemplo magnífico para comprender la sutileza y la profundidad de los debates. Desencadenada en la década de 1750 como protesta contra la introducción de las arias italianas de la ópera bufa en la ópera francesa, pone en escena a los defensores de la música lírica contra los innovadores, entre los cuales figura Rousseau con su ópera El adivino de la aldea. La querella se desvanece enseguida, pero ilustra hasta qué punto la cultura y la política están íntimamente ligadas, cosa que permite comprender por qué en ese momento las formas de pensamiento son soportes de posiciones públicas. Sin pretenderlo, los «filósofos» son alineados de facto con los círculos contestatarios. Es comprensible, pues, que D’Holbach sea a la vez un poderoso granjero general, además de una de las grandes fortunas del país, al mismo tiempo que una figura marginal a causa de su ateísmo, que, sin embargo, no hace público. A todas luces, la intolerancia religiosa y las rivalidades alrededor del poder constituyen una de las especificidades de Francia que explican por qué la Ilustración se organiza como una «república de las letras» situada, de hecho, en los márgenes del poder, y por qué, a continuación, se identifica con la Revolución Francesa de un modo desconocido en otras partes. Una lectura más global permite subsumir todas esas tendencias en la ruptura de las estructuras mentales, que Reinhart Koselleck designó con la fórmula «el reino de la crítica».

Todos los órdenes de la actividad humana se someten a esa revisión, que, sin embargo, no posee ninguna unidad y que combina la racionalidad con la sensibilidad. Así, en el ámbito moral y político se reflejan las mutaciones introducidas desde hace más de un siglo por los descubrimientos científicos, especialmente los de Newton, y el reconocimiento de las leyes que rigen el universo. Es cierto que Del espíritu de las leyes[3] de Montesquieu declina la variedad de lógicas que unen las costumbres con las circunstancias, pero legitima la búsqueda de reglas necesarias para la sociedad humana, así como la invención de normas morales. En el ámbito de las ciencias naturales, Buffon persigue leyes explicativas de la naturaleza. Así, ley y naturaleza son dos palabras clave que orientan las reflexiones de la intelligentsia francesa y europea. Las profundas divisiones entre pensadores, teólogos y filósofos se enraízan en el apego de unos por el respeto de las tradiciones y de otros por el deseo de remontarse a las fuentes clásicas. Todos ellos están convencidos de la necesidad y la posibilidad de mejorar la gestión de las naciones. Ese sustrato constituye la esencia de las novaciones de entre 1760 y 1780, ilustradas por las corrientes reformadoras, abanderadas por héroes cosmopolitas y soñadas aquí y allá, cuando la ocasión parece posible, se trate de Córcega o Prusia.

Incertidumbres e inquietudes

Paradójicamente, la centralidad política y cultural de Francia deja vía libre a las ambiciones y los debates, ya que el rey y su entorno no logran reunir a su alrededor una intelligentsia formada por los administradores del país, ni apoyarse en una corriente respetada, del mismo modo que tampoco pueden mantenerse al margen de los debates. La imprudente participación de los príncipes y la reina en los escándalos teatrales o las querellas artísticas impide que la corte adopte una línea clara. Se trate de la representación de Las bodas de Fígaro de Beaumarchais en Versalles a pesar de la oposición del rey, o de las discusiones sobre la ópera italiana o la alemana, esta última apoyada por la reina, los miembros de la corte se implican en los debates agitando la opinión pública, poniendo en riesgo su reputación. La mezcla de salones y academias —donde se mezclan todos los aspectos de la vida, de la actividad científica a la intervención política, pasando por la constitución de sociedades financieras o grupos libertinos— representa uno de esos crisoles donde todas las expectativas se conjugan y se metamorfosean. Así, los salones y las academias popularizan la necesidad de la virtud y la ayuda mutua, laicizan los debates y, de hecho, refuerzan la circulación de las noticias. Se forman corrientes, se consagran outsiders, sean letrados distinguidos por un poderoso, nobles desclasados, cleros en conflicto con su orden o cortesanas que acceden a la notoriedad literaria. La opinión pública sale legitimada, y puede intervenir en la toma de decisiones. Al mismo tiempo, aclimata una exigencia moral, que más tarde se atribuye únicamente a la Revolución Francesa, pero que se forja entre 1770 y 1780. Los franceses de clase media y alta comienzan a actuar según unas reglas colectivas, que definen una manera de ser obligatoria e imponen una manera de hacer obligatoria.

La francmasonería ilustra de manera ejemplar una forma de sociabilidad compartida por todas las élites, grandes y pequeñas, que se reúnen, por ejemplo en los salones, para intercambiar ideas, cultivar relaciones, actuar colectivamente y, simplemente, llevar una vida mundana. Los más implicados se afiliarán a la Sociedad de Amigos de los Negros, pero casi todos participan del gran movimiento filantrópico que llega a las diferentes clases. Todas las élites se encuentran en la Sociedad Filantrópica, la Sociedad de Caridad Maternal o la Asociación de Beneficencia Judicial. Incluso la logia parisina La Candeur, muy aristocrática, dedica medios a ayudar a los pobres u ofrece naves al Estado. En 1780, la siguiente cuestión es enviada a todas las logias de Francia: «¿Cuál es la manera más económica, más sana y más útil para la sociedad de educar a los niños abandonados desde que son recién nacidos hasta la edad de siete años?». Nadie, ni siquiera el rey, se escapa al marco de pensamiento virtuoso y cívico, una verdadera moda que modela el país. Esas campañas alcanzan a círculos cada vez más amplios, desde los príncipes más frívolos hasta los filósofos militantes, como Condorcet. Cabe poner en duda la sinceridad de numerosos privilegiados que, llegado el caso, mostrarán los límites que ponen a sus inquietudes filantrópicas, y que pese a tener esas preocupaciones poseen una visión utilitarista de la sociedad, compartida por el régimen, preocupado por la eficacia, cosa que, en cierto modo, socava los fundamentos de los valores tradicionales.

Las élites francesas son el blanco de campañas de opinión en defensa de los niños, los pobres o los negros, a fin de cambiar la justicia y asegurar el abastecimiento de los mercados o la reforma de las finanzas; se trata de iniciativas que fracasan y se radicalizan en la década de 1780, y luego se mantienen durante los primeros años de la Revolución Francesa, antes de desaparecer entre 1791 y 1792. La nación se pone a razonar sobre el trigo, como escribe Voltaire, atestiguando al mismo tiempo la difusión del conocimiento y el cuestionamiento del monopolio del gobierno de los seres y las cosas. La invención de la economía va acompañada de la multiplicación de las opiniones sobre la organización económica y social. La policía deja de considerarse la garante de un orden inamovible, y se convierte, de facto, en el instrumento de un control y una regulación que arbitran entre las normas jurídicas y las aspiraciones sociales. El Estado da ejemplo incorporando a sus dispositivos económico, jurídico y militar a eruditos encargados de normalizar y racionalizar la producción y la circulación de mercancías, de desarrollar nuevas armas y movilizar las fuerzas y los recursos del país. Toda una élite de ingenieros, inspectores y oficiales pertenecientes a las armas sabias —en primer lugar, la artillería—, afín a los filósofos, son reclutados a propósito para reforzar la nación frente a sus competidores y para consolidar la potencia del Estado contra todas las tradiciones y las costumbres centrífugas.

Esa «república de las letras» puesta en marcha en el engranaje del Estado, así como en la cumbre de la sociedad, respeta las jerarquías y las prelaciones de una manera tanto más sutil cuanto que estas no están fijadas, modificando así el conjunto de la sociedad francesa. La atención que se presta a los grandes hombres, que posteriormente dará lugar a la creación del Panteón, oculta en su interior una crítica implícita a las jerarquías nobiliarias y monárquicas, al mismo tiempo que vehicula un respeto a las élites y las marcas de distinción. Es comprensible, pues, que más adelante se considere a los francmasones responsables de esa tesitura cuando se descubre que el número de aristócratas y curas contrarrevolucionarios, después de 1791-1792, hace olvidar sus pertenencias masónicas, y cuando, hacia 1792-1794, los militantes radicales rechazan cualquier forma de desigualdad, y, por último, cuando el régimen imperial exalta a los militares para hacer olvidar a los eruditos. Así, invocar la Ilustración para explicar la Revolución Francesa permite hacer olvidar las preguntas comunes que llevaron a las mutaciones del período revolucionario.

En Francia, esa inquietud individual y colectiva puede ilustrarse con el caso del duque de Bourbon-Penthièvre, príncipe de sangre, que padece una ascendencia ilegítima, descubierta por su caridad y sus tendencias jansenistas, excéntricas en su círculo. Asimismo, es encarnada por el duque de Orleans, que busca su lugar en una monarquía que lo reconoce y lo margina al mismo tiempo, como es el caso de los futuros revolucionarios, se trate de Brissot, Marat o Robespierre, plebeyos sin fortuna que se distinguen por sus discursos sobre cuestiones sociales y jurídicas en las década de 1780. Los vínculos entre esos pensadores y los representantes de la más alta nobleza son tan estrechos que la censura real, convencida a su vez de la necesidad de las reformas y la utilidad de las críticas, rompe el fuego. Todavía tiene más interés en ello cuando la academia de Châlons es censurada, después de 1779-1780, y Brissot publica su teoría de las leyes criminales en Berlín, beneficiándose además de la transgresión de lo prohibido. Nace así un medio político y social original, que atañe a todos los órdenes, procedente de las clases superiores y medias, incitado a actuar por el bien común contra los privilegios y los bloqueos institucionales. El hecho de poner en tela de juicio las normas culturales es característico de Francia, a diferencia de países vecinos, donde la política no alcanza a todas las categorías sociales ni todos los aspectos de la vida cotidiana.

El ejemplo de la Sociedad de Amigos de los Negros permite ilustrar ese proceso. La filial francesa es creada en 1788 por Brissot y Clavière, junto con las sociedades inglesa y americana ya existentes, cuarenta años después del nacimiento de los primeros movimientos intelectuales antiesclavistas y, sobre todo, tras un período marcado por una literatura radical que anuncia la revuelta de los negros y la ruina de la economía. Entre las asociaciones humanitarias, filantrópicas y cosmopolitas, que conciernen a todas las élites, desde las más aristocráticas hasta las más «burguesas», esa sociedad es dirigida por un movimiento internacional de protesta contra la esclavitud y la trata y se sitúa de entrada en un plano plenamente político, al elaborar un programa de reconversión de las sociedades y las economías coloniales desplegado a lo largo de varias décadas para evitar las convulsiones. Reúne a numerosos protagonistas de los primeros años de la Revolución Francesa, pero su unidad se hará añicos enseguida y será disuelta antes de que sus principales líderes sean perseguidos en el momento del fracaso político de los girondinos en junio de 1793. Más que una prerrevolución cualquiera inencontrable, este caso particular atestigua que todas las élites comparten la expectativa de una regeneración virtuosa, hecho que configura una sensibilidad que se revelará intransigente. El fracaso de la política simbólica de la monarquía será más sentido tanto cuanto los principios de constitucionalidad, transparencia y discursividad son reivindicados desde hace varias décadas por instituciones rivales, así como por nuevas capas de la sociedad que abrigan ideales metafísicos.

Las protestas religiosas

Las relaciones entre la religión y el poder, el clero y la monarquía jamás han sido sencillas ni pacíficas. El clero es incontestablemente el primer orden del reino; le confiere un significado escatológico y garantiza la legitimidad espiritual del soberano. Pero los reyes, desde Luis XIV, celosos de su propia autonomía, tratan de dirigir a su manera las nominaciones de prelados y las orientaciones religiosas, hasta tal punto que provocan una serie de crisis que dejan importantes rastros a mediados del siglo XVIII. Entre 1750 y 1760, el clero deplora que el rey muestre poco a poco cierta tolerancia hacia los reformados, que tome partido por los parlamentos contra los jesuitas, proscritos en 1764, y a favor de los jansenistas. El arzobispo de París incluso debe exiliarse durante un tiempo al no aceptar la posición del rey. Cuando resulta evidente que la relación con lo sagrado cambia y que las vocaciones monásticas menguan, hasta tal punto que el Estado interviene para cerrar —y derribar— conventos, el clero, dividido, vuelve a cuestionar sus vínculos con la monarquía, negociando con aspereza el «don gratuito», es decir, el impuesto que abona a las arcas reales, ya que es la única manera que tiene de manifestar su oposición. La separación que se produce poco a poco entre los dos poderes que sostienen el reino es importante y tendrá consecuencias una vez que empiece la Revolución Francesa. En cambio, y de forma más insidiosa, las fracturas religiosas que tienen lugar a propósito del jansenismo o las corrientes ultramontanas preparan el terreno para un cuestionamiento de la monarquía cristiana.

A partir de mediados del siglo XVII, el jansenismo y los jansenistas desatan una verdadera guerra civil que divide al clero y la población francesa. Aunque existan divergencias de juicio entre los historiadores en esta cuestión, no son esenciales a la hora de sacar una conclusión, que podría resumirse brevemente así. Invocando el recuerdo de los jansenistas de Port-Royal, unos clérigos, calificados de «apelantes» porque apelan a una junta del concilio, rechazan someterse a las condenas papales, provocando así una escisión en el clero francés. A partir de 1728-1732, a ese movimiento se le suma una protesta política y social, cuando en el cementerio de la iglesia de San Medardo, en pleno corazón del arrabal de Saint-Marcel —uno de los lugares emblemáticos de los sans-culottes a partir de 1792—, la tumba de un modesto diácono, Pâris, considerado un santo que reparte milagros, se convierte en un lugar de peregrinaje popular. El excepcional alboroto que deriva de ello preocupa a la policía, que permite que los deseos de renovación política se expresen de forma espectacular cuando unos individuos experimentan unas «convulsiones» que se interpretan como sufrimientos por la salvación colectiva. Primero en París y luego en algunas regiones, los fieles se reúnen para recibir los «grandes auxilios», que consisten en golpes con un tronco o cuchillazos, e incluso crucifixiones —la Crucifixión está reservada a Cristo—, apoyados por una parte considerable del clero parisino, a pesar de las prohibiciones del rey y la Iglesia. Esas expiaciones colectivas están destinadas a purgar los pecados de la Iglesia a la espera de que las palabras del Evangelio se cumplan y persigan a los malos guías, al papa, al rey y a una parte de los obispos. El movimiento «convulsionario», nacido en torno a 1731, no desaparece hasta finales del siglo XVIII, tras extenderse por varias regiones, especialmente alrededor de Lyon. Los dos últimos ejemplos de crucifixiones conocidas tienen lugar cerca de Lyon en 1787, realizadas por jóvenes curas jansenistas que volverán a dar que hablar. Así, se crea una Iglesia subterránea cuyo ejemplo data de la Antigüedad, con sus héroes, sus mártires y su periódico, Las noticias eclesiásticas, que aparece durante casi ochenta años hasta 1803, y cuya financiación está asegurada por ricos donantes reunidos en «la caja de Perrette», que vive de la inversión de rentas. Algunos individuos se implican en ese combate como propagandistas irreductibles, hasta el punto de pasar unos años en la cárcel, o incluso a veces perder la vida. Así, se constituye una comunidad de creencia en torno a una élite de parlamentarios u oficiales, creando una poderosa corriente de protesta contra el poder real y el alto clero.

El atentado de Damiens contra Luis XVI en 1757 y el descuartizamiento del primero, así como la expulsión de los jesuitas conseguida por los parlamentarios jansenistas en 1764, son algunos de esos enfrentamientos políticos y religiosos a un tiempo. A menudo los parlamentarios están muy implicados en el jansenismo, movimiento ligado por ellos a la defensa de la Iglesia galicana y a las constituciones del reino. Se les suman curas y vicarios partidarios de los sínodos en la Iglesia, nostálgicos de la Iglesia primitiva y vinculados al galicanismo. Movilizan a letrados, pero también a artesanos, campesinos y numerosas mujeres de los barrios populares que aportan sus cualificaciones o simplemente su cuerpo para vehicular esa religiosidad expiatoria y milenarista. Convencidos de que van a producirse milagros, de que las «figuras» sacadas de la historia santa pueden considerarse anunciadoras del futuro, en el fondo esos individuos transmiten mensajes subversivos, más allá de lo que experimentan. Reticentes ante la autoridad normal si consideran que no corresponde al Evangelio, debilitan la monarquía; convencidos de la grandeza inaccesible de Dios, paradójicamente laicizan la acción humana; fervientes devotos, crean redes subterráneas de solidaridad; influidos por los signos más nimios, leen en clave religiosa toda la historia política y social. Así, surge una sociedad paralela que mezcla a los grandes nombres con la gente de a pie alrededor de un proyecto colectivo de una ciudad cristiana y humana perfecta.

Sin embargo, esa efervescencia religiosa no es la única que agrieta los fundamentos de la monarquía. Frente a la corriente vencedora del jansenismo constitucional, el contraataque católico es vigoroso, aunque en parte permanece oculto. Una parte importante de los obispos libra un combate continuo contra los jansenistas, cerrando seminarios, imponiendo catequismos, arrastrando a regiones enteras a devociones marianas y misiones. Pero las divisiones son múltiples y las luchas se producen en varios frentes. Los jesuitas expulsados, sus enseñanzas y la sensibilidad que vehiculaban persisten en las cofradías más o menos clandestinas y las redes de influencia. Discretas asociaciones y cofradías controlan escuelas destinadas a las élites o la vida parroquial, como en Lyon. Así, mujeres de todos los medios se encuentran, paralelamente a las redes jansenistas, dedicando su tiempo, y a veces incluso su fortuna, a la causa. Acostumbradas a la clandestinidad, no mostrarán demasiada inquietud, en París o Lyon, cuando la descristianización revolucionaria se abata sobre el país. Como en el caso de los jansenistas, las poblaciones más modestas se distinguen por prácticas de devoción espectaculares alrededor del culto del Sagrado Corazón, denunciado por los jansenistas más estrictos como una «santa carnicería». Así, una parte de la futura Vendée está marcada por manifestaciones colectivas vehementes. Conviene aproximarse a esa corriente a partir de la atención que presta el papa a los santos «populares», como Benoît Labre, apodado «el vagabundo de Dios», fallecido en Roma en 1783 en la indigencia más extrema, pero «oliendo a santidad», según los habitantes de la ciudad.

Los conflictos en torno al jansenismo afectan a toda Europa, ya que el resurgir religioso que marca la época no es exclusivo de Francia. Mientras que los reformadores descubren conspiraciones «jesuitas» tras el alboroto católico, los conservadores denuncian el debilitamiento de la autoridad y la familia. Interpretan el edicto de 1787, que reconoce la existencia de protestantes en el reino de Francia, como el triunfo de la manipulación jansenista. A partir de 1786, hacen circular entre ellos el anuncio de una revolución inevitable, a fin de poner la opinión pública a favor de la defensa de la religión y, si es necesario, ¡en contra de las decisiones del soberano si estas se consideran nefastas! En efecto, las teorías del complot y la insubordinación no están reservadas a lo que se convertirá en «la izquierda». Bastante antes de 1789, el clima intelectual y político está marcado por todas esas divisiones y miedos, que suscitan corrientes mal identificadas y poco estables. Las enormes divisiones que surgirán más adelante entre la Revolución Francesa y la contrarrevolución ya están en marcha, jugando contra la monarquía en nombre de la nación o el pueblo, esparciendo argumentos políticos a partir de dimensiones religiosas y metafísicas, inscribiendo las reflexiones en una elección radical entre el bien y el mal, y acostumbrando a millares de personas a llevar a cabo sacrificios individuales. Así, la religión, lo sagrado y lo político anudan nuevas relaciones.

Esa alianza entre la ciudad de Dios y la ciudad de los hombres tiene consecuencias más inmediatas. Se forma una corriente de fronteras imprecisas, en la que se encuentran algunos clérigos que a veces son partidarios del matrimonio de los sacerdotes, a menudo hostiles a la autoridad de los obispos, en su mayoría afines a la Ilustración y favorables al desarrollo de la educación popular. Se propaga la idea de que un buen cristiano es ante todo un buen ciudadano, una consigna que defenderá la asamblea del clero en 1760, idea que los más radicales traducirán asegurando que la felicidad en la tierra es la meta de la religión. Esos curas «patriotas» no apoyan todos los excesos de los convulsionarios, pero los secundan en su crítica a la sociedad cortesana, depravada y derrochadora, y están unidos contra los jesuitas y el partido devoto, de los que se sospecha que conspiran contra la nación, así como contra Maupeou, que quiere suprimir los parlamentos. Uno de sus grandes teóricos y militantes, Guillaume Le Saige, publica un Catecismo del ciudadano en 1775, en el que asegura que el poder reside en la voluntad general y la autoridad en la nación. Numerosas publicaciones preconizan el regreso a la Iglesia primitiva, el matrimonio de los sacerdotes y la mejora de sus condiciones materiales. Lo atestiguan, por ejemplo, la publicación, en 1788, de La defensa de los derechos naturales del segundo orden, obra de un importante jansenista, Maultrot, o Los derechos de los curas, publicado en 1776, del cura Henry Reymond, que insiste en la necesidad de que los clérigos se casen como todos los demás ciudadanos. La cuestión del matrimonio de los clérigos aparece entonces como la forma de reflexionar sobre la relación con lo sagrado, la tolerancia y Dios.

En esa nebulosa, se afianza un grupo importante de «curas patriotas» que son más o menos afines al jansenismo, al galicanismo o al «richerismo», esa corriente contraria a la existencia de jerarquías en el catolicismo, sin que sea posible situarlos con más precisión. Un ejemplo emblemático es el del abad Grégoire, elemento motor de los movimientos de reforma en el interior del clero de Lorena y conocido ya por sus intervenciones en las academias provinciales, a favor de los judíos, por ejemplo, así como por sus preocupaciones filantrópicas, agrarias y educativas… En la Universidad de Metz, sigue los cursos de Adrien Lamourette, futuro obispo constitucional como él, que en 1788 publica las Delicias de la religión o El poder del Evangelio para hacernos felices, que ilustra esa corriente que pretende traer la felicidad del Evangelio a la tierra. En París, alrededor de la Sorbona, otros clérigos como Gay-Vernon o el abad Fauchet, que había sido predicador del rey antes de que le despidieran por la radicalidad de sus palabras, encarnan esa Ilustración católica. El clero, primer orden del país, está profundamente afectado por esas reflexiones que cuestionan, con cierto desorden, la autoridad del papa y los obispos, y la legitimidad del rey para intervenir en los asuntos eclesiásticos, así como por las creencias populares tachadas enseguida de superstición. Una sensibilidad común a la «teología política» reúne a todos esos individuos inspirados por la Escuela de Salamanca, ilustrada por el teólogo español Francisco de Vitoria, célebre en el siglo XVI por su adaptación del tomismo. Son «pragmatistas» y no «utopistas» como los pensadores de la Ilustración; sobre todo son «pactistas», cercanos en eso a los clérigos del mundo hispánico —incluidas las colonias americanas—, que están convencidos de que las sociedades reposan en un pacto que une a los gobernados y los gobernantes en un vínculo moral y teológico de carácter «horizontal» y no «vertical». Recusan de antemano cualquier trascendencia de la ley que pueda llevar al despotismo, así como cualquier trascendencia de la Iglesia o el Estado, y defienden, siguiendo las complejas lecciones de santo Tomás de Aquino, el recurso al tiranicidio y la seditio cuando el déspota viola los contratos originales. Esa convicción contractualista, fundada en los principios divinos, explica el hecho de que numerosos clérigos se sumen a la protesta contra el «despotismo» ministerial y a los movimientos populares que enmarcan.

La potencialidad de insubordinación que se desprende de ello no pasa desapercibida. Las tesis tomistas del tiranicidio son condenadas sin cesar por la Iglesia en el poder, el rey y sus consejos, así como por los parlamentos jansenistas. Las condenas más severas e influyentes recaen en el abad Bergier. Autor del exitoso Deísmo refutado por sí mismo, reeditado cinco veces entre 1763 y 1771, ataca directamente a los partidarios de la teología política con un opúsculo aparecido un año antes de su muerte en 1789, titulado ¿Cuál es la fuente de toda autoridad? En él sostiene que como la autoridad viene de Dios, ninguna otra fuente puede pretender fundar las jerarquías sociales, por lo que condena todo el contrato social y su emanación, que es la ley. Un gobierno siempre es mejor que la anarquía, consecuencia inexorable de la democracia. De este modo, Bergier es el primero en formular la ecuación célebre desde finales del siglo XX: democracia = revolución = guerra civil. A decir verdad, para redondear la crítica añade otro término, el ateísmo. Así, en los últimos años del siglo XVIII, se sientan las bases del integrismo católico, que tiene un gran porvenir. Aunque la corriente de la teología política, acorralada entre el radicalismo católico y la intransigencia táctica, llega a su máximo esplendor después de 1789 con el Círculo Social, a continuación será poco coherente en sus posiciones y sus manifestaciones. No logrará imponerse, de ahí que la historiografía esencial sobre el período revolucionario no le conceda demasiada importancia.

Aunque la teología política constituya, pues, una de las pasarelas esenciales entre la monarquía de derecho divino y la revolución de la felicidad colectiva, Francia también se adentra en otras vías, como la de la descristianización, ya que se desarrolla un anticlericalismo popular, alimentado por las querellas que dividen al clero, así como un ateísmo activo en ciertos círculos de la buena sociedad. En ese sentido, a finales del siglo XVIII se produce un momento de inflexión, que capitaliza una larga evolución de la reflexión política, teológica y filosófica. Sin duda, la situación francesa es distinta a la del resto de Europa, pero el choque revolucionario transforma en destino lo que hasta entonces eran evoluciones ligeras e inciertas. Esa fluidez facilitó la entrada de Francia en el proceso revolucionario, pero sin llegar a determinarlo. El difícil nacimiento del ciudadano y las ambigüedades que perduran al respecto después de 1789 se enraízan en esa complejidad, que, de hecho, la Revolución Francesa no creó, sino que recibió como legado. Por tanto, no se puede oponer lo «nuevo» de la Revolución Francesa a lo «viejo» del Antiguo Régimen, pensando que la primera inventó un sentido inédito a través del cual hizo bascular al país hacia una aventura desafortunada. El desplazamiento semántico ha sido insidioso e imprevisto, compartido por todos, y ha permitido que la gente se familiarice con marcos de pensamiento regenerados sin que nadie descubra en ello malicia alguna. Como en otros ámbitos, las prácticas ya existentes han sido reinterpretadas y dotadas de un nuevo sentido.

Fuerzas oscuras, azar y providencia

A ello se suman otros factores que dividen la opinión pública y debilitan los principios de autoridad, así como los valores tradicionales. Paradójicamente, los descubrimientos científicos también contribuyen, tanto por la racionalidad que se supone que enseñan al público como por el entusiasmo por los misterios de la naturaleza que se expresa a través de experimentos de toda clase, eléctricos, aeronáuticos, químicos… En el flujo del cuestionamiento de las certidumbres de los tiempos pasados se concentran todas las protestas, desde las más heteróclitas hasta las más perniciosas. La literatura romántica consagra las cubetas de Mesmer y las profecías de Cagliostro como ejemplos de la tesitura de los años prerrevolucionarios; a menudo se consideran anécdotas agradables o fastidiosas. Sin embargo, es preciso tomárselas en serio. En esa época marcada por la invención de nuevas fuerzas, como la electricidad o el aerodinamismo, que convierte la química en un arte de salón, se mezclan los experimentos científicos y las manipulaciones más toscas con el charlatanismo. Los prejuicios se ponen en tela de juicio, con el riesgo de que algunas teorías nuevas, como el vitalismo, vayan acompañadas de misoginia, y, paralelamente, del temor de los hombres a perder su poder. La ciencia, la filosofía, pero también la pintura y la música, así como el erotismo y el profetismo, se conjugan para dar resultados inesperados, creando nichos de sociabilidad llenos de sensibilidades críticas.

Se producen cambios fundamentales que todavía están mal integrados en las teorías. La sociedad francesa de finales del siglo XVIII, más allá de las élites, está conmocionada por las mutaciones culturales que ya están subvirtiendo los marcos culturales anteriores. Tanto la pintura, con Greuze, como el teatro, con Sedaine, y la novela epistolar, especialmente con La nueva Eloísa[4], popularizan imágenes de una sociedad «burguesa» y «popular». La gente corriente se convierte en héroes, cuyos sentimientos apasionan a un público que puede identificarse fácilmente con ellos. En el mismo movimiento, la ropa se vuelve más sencilla. Inspirada por la moda inglesa, libera al cuerpo, desdibujando un poco las diferencias sociales entre las clases medias urbanas. Esa atención por las cosas cotidianas de la vida también se presta al cuerpo, incluido el de los más desfavorecidos, que hasta entonces a menudo se consideraba carne de cañón, objeto de deseo o simple mercancía. El Estado se encarga de formar a comadronas, a las que incluso envía a las parroquias rurales, mientras se enaltece a la familia, de la que la madre que da el pecho a sus hijos se convierte en el centro. El «pueblo» ocupa un lugar hasta entonces inédito, que la pintura de David, en especial El juramento de los Horacios, convierte en heroico. Esa corriente da otro aire a la difusión de la pornografía, que, desde luego, responde a las costumbres obscenas tradicionales, pero cuyo espíritu muda. Confundida en las obras llamadas «filosóficas», participa en la protesta contra las jerarquías y en el cuestionamiento de las respetabilidades, empezando por la de la reina y su esposo, ella pintada como una mesalina y él como un cornudo impotente. Los «Rousseau del arroyo» cargan con una gran responsabilidad en esa depreciación de los valores facilitada por la evolución de las costumbres y las normas. La censura relaja su vigilancia, pero sigue tan vigilante como puede. No obstante, la circulación de novelas escandalosas es un recurso apreciado por todas las cortes europeas, que abre un espacio de libertad a todas las gacetas, unos periódicos de información semiclandestinos que circulan por toda Europa y que son una fuente de beneficio nada desdeñable para sus autores. Aunque se trata de una dimensión muy conocida, es preciso comprender las consecuencias de la circulación de esos valores.

El doctor Franz Anton Mesmer, establecido en París de 1778 a 1785, es conocido en toda la buena sociedad por sus teorías sobre los fluidos y la atracción entre los cuerpos, a la que llama el magnetismo animal. Da lugar a un debate nacional y saca provecho del lucrativo entusiasmo que causa. Socio de Bergasse, futuro diputado de la Asamblea Constituyente procedente de Lyon, funda la Sociedad de la Armonía Universal, nombre que participa de las preguntas que se hace todo el país. A cambio de dinero contante y sonante, vende sus secretos y promete curas basadas en la armonización de los magnetismos, reuniendo a los pacientes —y sobre todo a las pacientes— alrededor de cubetas magnetizadas en las que hay sumergidas varillas de hierro y cuerdas. El confinamiento y la tensión provocan convulsiones, que trata en salas de crisis al son de una armónica de cristal. Por iniciativa del rey, unas comisiones de eruditos y académicos expresan opiniones críticas sobre las teorías de Mesmer, que cuenta con el apoyo de grandes personajes hostiles a las jerarquías consagradas. Así, los futuros «revolucionarios» Bergasse, David y Brissot figuran entre los defensores de Mesmer, considerado una víctima del absolutismo que reina en la ciencia. La reina figura manifiestamente, aunque una sola vez, al parecer, entre las clientas de Mesmer.

Esas prácticas no son aisladas. Cerca de Soissons, uno de los discípulos de Mesmer, el marqués de Puységur, mariscal del campo y lugarteniente general de artillería, crea una escuela, inventándose curas más ligadas al habla que al cuerpo, y cura a través del sonambulismo. En la ciudad de Lyon también se llevan a cabo varios experimentos espirituales y místicos. En 1784 Jean-Baptiste Willermoz funda la sociedad de magnetismo La Concordia, en la que dos jóvenes mujeres ejercen de médiums durante las sesiones de sonambulismo. Willermoz está vinculado a la francmasonería mística de Europa, y fomenta las recomposiciones en torno al filósofo Louis-Claude Saint-Martin, el duque de Brunswick, los ilustrados de Baviera o Joseph Maistre. No se trata de corrientes marginales en la sociedad francesa y europea, sino de grupos, algunos restringidos, que poseen una enorme visibilidad social y desempeñan un papel duradero en formación de la opinión pública. Sus análisis esotéricos, en todos los sentidos del término, influyen considerablemente en los juicios sobre los acontecimientos de la época, hecho que explica que las ideologías políticas se enraícen en esas visiones milenaristas e incluso verdaderamente mágicas. No es de extrañar, pues, que las mutaciones políticas de los años siguientes puedan interpretarse y aceptarse como signos enviados por Dios, de ahí que la violencia revolucionaria se convierta en el medio de redención de una humanidad y un régimen depravados.

En los ámbitos intelectuales, filosóficos y religiosos, las mayores confusiones permiten todas las audacias, que hacen tambalear el equilibrio político e institucional. Así, el «mago» Joseph Balsamo, conde Cagliostro, introductor de una francmasonería «egipcia» —y al que más tarde Alexandre Dumas convertirá en el protagonista de una novela histórica—, es uno de los personajes clave del asunto del collar que desacredita a la monarquía. De hecho, su vida es muy novelesca. Sus protectores son numerosos y heteróclitos, desde el cardenal de Rohan, mecenas crédulo o espectador, hasta el parlamentario Duval d’Éprémesnil, feroz oponente a la revolución de Maupeou y defensor de las libertades contra el absolutismo, que defenderá al mago en su proceso de 1785. En esa época, la colusión entre poderosos y adivinos era frecuente. Las profetisas también cosechaban un gran éxito, como Suzette Labrousse, cuya larga carrera prosigue bajo el Imperio, o Jacqueline Aimée Chéret de Brohon, que lanza una «orden de víctimas» en la que se mezclan la expectativa escatológica del «regreso de los judíos» con la devoción al Sagrado Corazón y las visiones extáticas. Las víctimas están allí para ahuyentar a las plagas que amenazan al género humano, lo que recuerda las convulsiones jansenistas. En cuanto a la conversión de los judíos, forma parte de los mitos que anuncian el fin de los tiempos y recorren toda Europa. El arrabal de Saint-Marcel alberga formas de creencias particularmente vivas, entre ellas las que honran a Catherine Théot, la futura «madre de Dios», encarcelada en 1779. Una enorme oleada que cubre todo el país populariza los milenarismos de todo tipo, los sonambulismos con sus médiums y las profecías con sus iniciados. Presentar las cosas así significa establecer un vínculo entre las prácticas jansenistas, ligadas al «figurismo» y los anuncios apocalípticos, y las reflexiones en torno a la energía. Se trata de un batiburrillo que reúne las experiencias religiosas más delirantes con las meditaciones masónicas y las reflexiones «científicas». A ello hay que sumarle el gusto por los juegos de azar y de sociedad, muy extendido en la corte, que suscitan una sociabilidad subterránea y esperanzas individuales que la Revolución naciente tratará de combatir en vano, antes de decidirse a sacar provecho de los jugadores, los tramposos y todos los proveedores de sueños. Más que «el final de la Ilustración», esas zonas de sombra atestiguan la existencia de un tejido sin costuras entre todas las inquietudes y todas las revueltas de ese momento particular.

El individuo y el mundo

En 1755, el terremoto de Lisboa provoca una reflexión colectiva en Europa sobre el sentido del mal y el Apocalipsis. El terremoto se inscribe en una serie de catástrofes naturales que, desde Lima hasta Calabria, aterrorizan a la opinión pública y modifican la relación de la sociedad con la naturaleza. Las manifestaciones violentas de la naturaleza, sean rayos, seísmos, volcanes o inundaciones, se consideran un signo que hay que interpretar, al mismo tiempo que se convierten en un riesgo que conviene integrar en una reflexión global. Además, Francia está conmocionada por los relatos ligados a la bestia de Gévaudan y los misteriosos incendios en la Champaña… En toda Europa, las aproximaciones estéticas, científicas y filosóficas remplazan las lecturas milagrosas o apocalípticas. Ese desplazamiento de la perspectiva es muy revelador de la comprensión del lugar del ser humano frente a su destino y, por tanto, de la importancia de la política.

Es conocida la reacción de Voltaire tras el terremoto de Lisboa: escribió El ensayo sobre las costumbres y el espíritu de las naciones para insistir en el progreso humano, y posteriormente Cándido[5] para fustigar el auto da fé expiatorio ordenado en vano por las autoridades religiosas. En 1757, el inglés Burke, futuro contrarrevolucionario, pero por aquel entonces joven publicista atraído por la vena naciente de las novelas «góticas», desarrolla en su Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo bello[6] una aproximación completamente distinta. Retomando una categoría filosófica procedente de la Antigüedad y popularizada en el Renacimiento y más tarde por Boileau, la de lo sublime, propone una nueva postura ante a la inmensidad de la naturaleza y los misterios incognoscibles. El hombre ensimismado frente a un rayo, una montaña o una tormenta experimenta lo sublime, es decir, un sentimiento de alegría espantosa, provocado por el terror que siente. Esa nueva emoción, alejada de lo bello —ligado a la estabilidad—, acabará imponiéndose. Lo sublime desvela entonces la vulnerabilidad del sujeto sumido en un arrebato, en el que se mezclan el placer y el dolor, que es propio del terror.

La inquietud se apodera de los individuos de la segunda mitad del siglo XVIII, que experimentan su aislamiento en el mundo; la inquietud se expande por Francia, con Diderot, y por Alemania, con Schiller. Con menos radicalidad que Burke y Schiller, Diderot expone lo que podría ser la lección francesa de lo sublime: el sentimiento de compasión y espanto que siente un espectador compasivo pero protegido frente a las pruebas que sufren unos compatriotas suyos en un naufragio o una tormenta. En tal caso, el «terror» es tanto una forma de participar en las desgracias de los demás como la fuente de un aprendizaje colectivo e individual, así como una emoción espiritual. Esta corriente propiamente romántica se desarrolla mucho en Gran Bretaña, con las novelas «negras» o «góticas», y en la Alemania del Früh-Romantismus, mientras que en Francia se expresa cierta reserva hacia ese esteticismo que une los contrarios, cosa que puede parecer paradójica con respecto a los acontecimientos que se sucederán. Las grandes y pequeñas élites comulgan en la exaltación frente a los espectáculos naturales, desde el mar hasta los jardines «a la inglesa», pero también en el gusto por las lágrimas y los desahogos, como ilustra especialmente la moda de las novelas epistolares y la expresión de los sentimientos y los pavores. Así, algunos autores se vuelven muy célebres: Madame Riccoboni, Cottin o Genlis, al dar cuenta de las esperanzas y las decepciones de las heroínas que intentan salir de su medio y su tiempo. Los escritores, los pintores y los dramaturgos buscan «grandes temas» que permitan a las grandes almas afirmarse, llegado el caso más allá de la muerte. Esa sensibilidad también está presente en la música, la poesía, la arquitectura y todas las creaciones en las que los individuos exploran, arriesgándose, su propio universo por el bien de la comunidad, así como para competir con el orden natural y eventualmente divino. De ahí las polémicas en torno a la música de Glück, los proyectos arquitectónicos de Boulée, las pinturas de Hubert Robert o los jardines del marqués de Girardin en Ermenonville, que exaltan la actividad humana. Desembocamos, pues, en las preocupaciones religiosas, filosóficas, pero también iluministas, e incluso libertinas, que recorren ese período. Los escritos provocadores de Restif de La Bretonne o de Sade, así como las conductas eróticas de numerosos aristócratas, pueblan los márgenes de esa corriente. El individuo se encara al mundo, hasta convertirse en su víctima, al aceptar el posible sacrificio que santifica el destino.

La lectura de la «naturaleza», que resulta de esa corriente, representa un verdadero cruce en el que se encuentran todas las tendencias y las expectativas, desde las más científicas y depuradas hasta las más equívocas y libertinas, desde Buffon hasta Restif, pasando por Diderot y Rousseau. En nombre de la «naturaleza», evocando la edad de oro, las utopías filosóficas más ingenuas o las críticas más perversas se apoderan del ejemplo de Tahití para convertirlo en un paraíso perdido, incluso un lupanar de ensueño. En nombre de la «naturaleza», la moda abandona los ungüentos de plomo por maquillajes elaborados con plantas, y se sustituyen los «cuerpos» de los trajes de la corte por ropa más ligera. También en nombre de la «naturaleza», se preconiza la lactancia materna, y se pone en entredicho el desdén por la educación de los niños que impera en los círculos aristocráticos, acusados de depravación. También en nombre de la «naturaleza», los moralistas denuncian a los «monstruos», al igual que los pornógrafos, que insisten en las escenas «picantes» susceptibles de captar al lector, que reconoce su propia naturaleza en la imagen complaciente que se le entrega. La «naturaleza» se convierte en la piedra de toque de los juicios, hasta tal punto que, en 1792-1793, el propio rey será considerado como tal un monstruo en el orden político y enemigo del género humano.

La inquietud, la búsqueda de la felicidad, el auge del individualismo intelectual, el sensualismo, la melancolía o el recurso a la energía son algunas de las nociones que componen ese momento suspendido en el que se encuentran los letrados y artistas franceses a finales del siglo XVIII. Sienten su finitud al mismo tiempo que su capacidad de actuar, y persiguen una intensificación de las sensaciones y los sentimientos al experimentar conductas que rozan lo sagrado y la transgresión, o al volcarse en la reforma del mundo y las relaciones humanas. A partir de entonces, se conjugará a menudo la palabra «sublime» con «pueblo», y, durante el período más radical de la Revolución Francesa, Robespierre la conjugará con «revolución». Asimismo, esa sensibilidad participa de una voluntad prometeica de cambiar el mundo, a la vez que descubre los obstáculos que jalonan el camino, la mayoría de veces para disfrutarlos durante la prueba. Los obstáculos pueden expresar la finitud humana, o simplemente constituir trabas sociales, como las que sufren las mujeres, los letrados y los creadores demasiado pobres o demasiado audaces. Sin embargo, los «sublimes criminales» de Schiller no se vuelven moneda corriente en Francia, ni los monjes satánicos que pueblan las novelas negras que devoran las lectoras inglesas en la misma época. ¿Conviene invocar, pues, lo que podría ser una especificidad importante de Francia: la existencia contradictoria de una fluidez social considerable en un cuerpo esclerotizado por las jerarquías y los prejuicios? En Alemania, formada por pequeños estados, los intelectuales y los artistas son a la vez centrales y marginales en las innumerables cortes competidoras. A todas luces, esa revolución cultural, que florece durante los últimos años del siglo XVIII, no alcanza a la masa de la población, ni la alcanzará durante mucho tiempo. En Gran Bretaña, donde los medios sociales están relativamente estabilizados, esa sensibilidad llega primero a las clases medias, que, sin embargo, no abrigan ninguna esperanza de poder controlar la conducta del Estado.

Derechos naturales y republicanismos

Al hacer pública la necesidad de encontrar nuevas fuentes de financiamiento, el rey busca la aprobación de asambleas representativas de la nación y trata de racionalizar la vía nacional. Así, cristaliza la creación de una cultura política, hasta tal punto que algunos reúnen bibliotecas enteras dedicadas al estudio de las formas de Estado. El debate sobre la cuestión data de la Edad Media y el trauma causado por El Príncipe de Maquiavelo, y se reaviva en los siglos XVI y XVII con la difícil salida de las guerras de religión y la constitución del Estado absolutista. Los principios de la ley natural, del que dependen las monarquías, recuerdan que mientras que la auctoritas del soberano está legitimada por Dios, su potestas tiene límites, y que, pese a que los súbditos no pueden recurrir a la sedición, sí que pueden oponerse al tirano. La secularización provocada por los descubrimientos científicos puestos de relieve por Maquiavelo legitima la soberanía por las necesidades de paz social, entre la anarquía popular y el despotismo principesco. Las teorías del derecho natural circulan en un marco de pensamiento liberado de las referencias a San Agustín y Tomás de Aquino, que consideran el Estado un fin en sí mismo. Ese choque de sistemas de referencias se produce lentamente, en función de las tensiones particulares de cada Estado, constituyendo tendencias dispares en Francia. Una de ellas, en torno a los funcionarios del Estado partidarios de un absolutismo secularizado, ligados a una virtud heredada de las enseñanzas estoicas, es popularizada por numerosos colegios reales. Sobre esta base nace progresivamente el Estado moderno en Francia, que desenmaraña los principios del poder, la ley y el conocimiento, y constituye progresivamente una política universalista. Sería abusivo considerar que tan solo esa orientación caracteriza la evolución de la monarquía, así como el pensamiento y las costumbres colectivas. Las formas más antiguas, incluso más arcaicas, de fidelidad y feudalismo, de pacto, conviven con las mutaciones originadas por el reparto de cargos y títulos a cambio de compromisos financieros rentabilizados durante generaciones. La ciudad de Dios de los jansenistas más exigentes o la lectura figurista de los acontecimientos políticos por parte de otros jansenistas más místicos y menos políticos cohabitan con las preocupaciones fisiócratas de eficacia, así como con el apego a la figura del rey, cabeza y cuerpo místico de la nación.

La reciente síntesis propuesta por D. Edelstein muestra cómo, a finales del siglo XVIII, las mitologías de la edad de oro, los ejemplos de las repúblicas antiguas, que se estudiaban en todos los colegios, y las reflexiones inspiradas en la Italia medieval o la Inglaterra de Cromwell se combinan con las filosofías enraizadas en el derecho natural, cristiano o laicizado, para elaborar una cultura política compartida en torno a las ideas de fuerza de numerosos franceses. El descubrimiento de Tahití y la invención novelesca de una sociedad libre de tabúes refuerzan los sueños de una naturaleza envilecida por la civilización, y permite que los fisiócratas, partidarios de un despotismo ilustrado, se encuentren junto a republicanos radicales como Sylvain Maréchal, enemigo de los dioses y los reyes. Las diferentes sensibilidades «republicanas» pueden desarrollarse en ese mantillo, se refieran a la Antigüedad romana, a los ejemplos españoles, suizos o ingleses, o se trate de fábulas, como la de los famosos trogloditas de Montesquieu. Las múltiples corrientes, en ocasiones contradictorias, inspiradas en Hobbes o Grotius, Montesquieu o Rousseau, encuentran apasionados defensores y se conjugan para moldear una expectativa colectiva de regeneración social, unidad nacional e invención de leyes justas y rigurosas. No es de extrañar, pues, el hecho de que Rousseau sea leído con gran avidez tanto por los futuros contrarrevolucionarios como por los futuros revolucionarios; el hecho de que exprese mejor que nadie la sensibilidad «republicana» no debe llevar a concluir que es su principal responsable, ya que todos comulgan en la afanosa búsqueda de soluciones a las dificultades francesas, con la esperanza de que se produzca un cambio radical, y todos coinciden en pensar que es preciso excluir a los malos ciudadanos. Acaso Rousseau sea el sismógrafo más preciso. Así, pues, ¿qué hacer con los parásitos que rechazan la ciudad ideal, sea una república aristocrática, una sociedad utilitarista o una comunidad perfecta?

Sin embargo, lo que sí está asegurado es el debate sobre la naturaleza de la soberanía. La creación de una administración autónoma cuestiona de facto la indivisibilidad de la soberanía que postulaban los juristas de la monarquía del siglo XVI. La administración autónoma se suma a los cuerpos intermediarios para compartir el poder político con un rey que, desde Luis XV, no cesa de despersonalizar su poder tanto como puede, de ahí que el «tribunal de la opinión» (K. M. Baker) se apodere de la causa. Sin duda, el trono todavía no es un lugar cuya vacuidad asuste, como durante la Revolución Francesa, pero ya es objeto de revisión. El hecho de que el rey y la reina ya no parezcan adecuados respecto a lo que se supone que deberían encarnar, según la lógica de una soberanía indivisible y absoluta, supone un problema y lleva a buscar otras formas de gobierno. El ejemplo de la monarquía inglesa o prusiana, así como, por supuesto, el ejemplo de los Estados Unidos, reaviva la cuestión. En cualquier caso, antes de 1789, la monarquía de Luis XVI ya no está organizada de una manera estrictamente jerarquizada alrededor del cuerpo místico del rey. En la primera época de la Revolución Francesa, el poder es «desencantado», antes de volver a ser «encantado» más tarde. Esa crisis se transmite al nuevo poder, que tratará de reconstruir los principios de la soberanía conjugando todas las tendencias propuestas en el ámbito intelectual.

La cultura francesa del siglo XVIII se asemeja mucho a un caleidoscopio formado por múltiples dimensiones heteróclitas. Los gustos arquitectónicos o decorativos lo ilustran a la perfección. El gusto por el barroco convive con la austeridad inspirada en el arte etrusco, incluso en los castillos amueblados por María Antonieta. La Antigüedad griega y romana y los modelos chino e inglés se convierten en motivos de arquitectos deseosos de elevar las almas y enseñar la virtud. La Revolución Francesa y sobre todo el Directorio no se inventaron nada. Por el contrario, recurrieron a sus anchas a esa mezcla de ideas e intuiciones cuyas fuentes se encuentran en la revolución científica del siglo XVII. Y es que conviene concluir el presente capítulo recordando las mutaciones del siglo anterior. Hizo falta todo ese tiempo para que el vuelco de perspectiva provocado por la revolución de Newton impregnara los espíritus, se difundiera por el cuerpo social y se volviera natural. Más que el nacimiento de una «opinión pública», hipotética y elitista, lo que modeló el espíritu de los franceses fue la difusión de las modas, el interés por las técnicas y la mezcla de innovaciones. Los «filósofos» no fueron sino las partículas más visibles, pero no necesariamente las más eficaces, de ese movimiento que cambió tanto la corte como la ciudad, el campo como los puertos industriales. En eso también influyó sobremanera la unidad nacional, sin parangón con los destellos aislados de las cortes alemanas o italianas, de las sociedades inglesas o las oligarquías de Europa del Este.

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Capítulo 5. LA CAÍDA DE LA CASA BORBÓN

El déficit milagroso

Sin déficit, ¿habría estallado la Revolución Francesa? Rivarol y Cambon ya estaban convencidos del vínculo entre ambos. No tiene sentido, pues, culpar a la reina, cuyos gastos, tan criticados, apenas influyen en las dificultades del Tesoro real, ya que el endeudamiento de la monarquía francesa no es excepcional. El del régimen inglés es más importante, proporcionalmente, sin que los adversarios del gobierno se aprovechen de ello, ya que son las costosas modalidades de los préstamos suscritos, así como la incapacidad de simplificar y uniformizar los impuestos, lo que crea un verdadero problema sin solución. Para comprender el encadenamiento que se produce en Francia, conviene volver al comienzo de la década de 1770, cuando la administración monárquica busca vías inéditas para salir de las dificultades originadas por la guerra de los Siete Años. Por aquel entonces, el déficit del Tesoro, agravado por los gastos miliares, se cifra en un centenar de millones de libras, y el pago de la deuda absorbe los ingresos de los años siguientes. El abad Terray busca nuevas fuentes de ingresos, tratando de reducir el tren de vida del Estado y anunciando un cambio político radical. Se reducen drásticamente los intereses sobre las rentas del Estado, nuevas deducciones puncionan las pensiones y las gratificaciones, y las funciones municipales vuelven a convertirse en puestos que deben comprarse. Aunque al comienzo la opinión pública acepta las medidas, poco después, cuando las pequeñas pensiones se ven reducidas por elevados impuestos, se consideran inicuas e injustas. Los financieros, que sostenían el Tesoro avanzando continuamente los fondos destinados a cubrir los gastos, temen que los conflictos entorpezcan la recaudación de impuestos, de los que viven, y reprenden al controlador general responsable de la política financiera del reino. No obstante, en el verano de 1770, este confirma su política de bancarrota limitando los reembolsos de las rentas y los billetes al portador, así como reforzando los impuestos existentes y haciendo empréstitos, que no serán adquiridos pese a ofrecer intereses exorbitantes.

En 1772, el resultado parece favorable. Los gastos se han reducido y el presupuesto ordinario está en expansión e incluso tiene un ligero excedente. No obstante, la deuda pública sigue aumentando, hasta alcanzar los 116 millones. Sobre todo los gastos militares, que debían disminuir, no bajan, y en 1774, al llegar Turgot, el déficit presupuestario se evalúa en 21 millones, sin contar 15 millones para reembolsar los pagos atrasados de una deuda estimada en 235 millones. La política de Terray ha fracasado, acentuando la impopularidad de las reformas de Maupeou y confirmando la deriva «despótica» de la monarquía. Por mucho que Turgot inaugure su ministerio rechazando los empréstitos, los impuestos y la bancarrota, por mucho que lance un programa de renovación de la economía y la fiscalidad, su acción tropieza con la hostilidad de la mayoría de la opinión pública. Algunos temen las consecuencias del liberalismo en el comercio y la producción, mientras otros rechazan el establecimiento de concesiones administrativas controladas por el Estado para recaudar impuestos indirectos, así como la transformación de la corvea en un impuesto uniforme que afecta a los órdenes privilegiados. La oposición de Turgot al compromiso de Francia con los «insurgentes», a los gastos de la corte y a las peticiones de María Antonieta le hace caer en desgracia. De hecho, el presupuesto nacional no ha mejorado durante sus años de ministro, ya que el déficit sigue siendo de una treintena de millones y no se ha podido evitar hacer empréstitos; además, los parlamentos se han opuesto a sus decisiones, hecho que desencadena su caída.

Las costumbres culturales llevan al poder a un atolladero. El ideal aceptado por todos sería que el rey viviera de su hacienda y que los impuestos correspondieran a servicios prestados o a circunstancias particulares, como el estado de guerra. Desde hace mucho tiempo, la monarquía ha obligado a aceptar que los impuestos son perennes, pero no ha hecho desaparecer la tradición que la obliga a justificar cualquier petición suplementaria. Las disfunciones se deben a un sinfín de razones. Algunas son antiguas, y tienta decir que estructurales: los impuestos se calculan en función de los gastos, y su reparto depende del estatuto de los contribuyentes, sean individuos o colectivos, y su recaudación se encarga a las comunidades o a concesiones administrativas de financieros. La regla es negociar la suma de los impuestos, pues se descarta que la contribución sea proporcional a los ingresos, hecho que supone retrasos considerables, siendo necesarios los intermediarios, así como el recurso permanente a los préstamos y las emisiones de rentas; el reino vive continuamente de crédito porque la entrada de dinero está mal controlada y mal organizada, cosa que aumenta los gastos inútiles, y hace casi imposible conocer con exactitud la situación financiera. El sistema solo se sostiene por la confianza que se da al rey, por una parte, al Estado, por otra, y a las diferentes cajas que cubren sus gastos, pese a que el rey y sus consejos no pueden sino probar soluciones especulativas o a la fuerza, ya que no existe transparencia en las cuentas, a diferencia de lo que ocurre en Inglaterra.

Paradójicamente, nace un descontento inédito de la eficacia del gobierno cuando se propone mejorar la recaudación de impuestos, acrecentando, de facto, la presión fiscal. Uno de los ejemplos que sigue Necker, durante su segundo ministerio, es el del intendente Bertier de Sauvigny, que aplica, con inteligencia y rigor, los brutales principios de una sana administración fiscal en la mayor parte de París; de hecho, esa es una de las razones por las que es asesinado en 1789. Técnicamente, las medidas son pertinentes, y aunque Francia, que es un país rico, no se viene abajo por los impuestos, inferiores que en Inglaterra, por ejemplo, el país se ahoga a causa de la iniquidad del sistema fiscal. Los parlamentos, el clero, los cuerpos intermediarios, las grandes concesiones administrativas personales y los príncipes pueden argumentar con aparente buena fe que cualquier recaudación de impuestos debe ser aprobada por una asamblea ad hoc —sea una asamblea de notables o los Estados Generales— para garantizar las constituciones del reino. A fin de cuentas, todos ellos coinciden en mantener, comulgando de nuevo en una posición muy alejada del modelo inglés, una sociedad basada en el privilegio y la exención, mientras que el rey, que no quiere repetir los errores de su abuelo, se niega a declarar el Estado en bancarrota y a obligar a sus súbditos a pagar nuevos impuestos sin su consentimiento.

La búsqueda de crédito

Así, pues, los años entre 1776 y 1787 están marcados por la ausencia de una política de gestión clara y por las rencillas, en la corte, entre los partidarios de la reina y los consejeros del rey. Este último siempre duda, a pesar de que el baile de nombramientos de ministros depende más de los favores obtenidos que de los resultados efectivos, especialmente en el ámbito que se vuelve prioritario, el de las finanzas del reino. A partir del nombramiento de Necker como director del Tesoro real en 1776, la deriva es inevitable. Banquero, protestante y extranjero, Necker se convierte enseguida en el director general de las finanzas, título equivalente al de controlador general, al que no puede aspirar porque es protestante. Se propone saldar un déficit de 24 a 39 millones de libras únicamente a través de su propio crédito, al mismo tiempo que abandona las políticas económicas de racionalización inauguradas por Terray y seguidas por Turgot. Se impone la «magia» del banquero, que presagia días difíciles que el rey y la reina no han querido prever.

Además de las medidas financieras, Necker trata de reformar la administración para mejorar la recaudación de impuestos y estimular la economía regional, reactivando una política cuyas consecuencias siguen discutiéndose. Retoma las tentativas de la década de 1760 del controlador general L’Averdy, en especial para oponerse a la resistencia de ciertas provincias a la usurpación por parte de los agentes del rey de sus prerrogativas —a partir de 1771, algunas de ellas, como el Franco Condado, reclaman que se convoquen los Estados Generales—. La reorganización del reino también es necesaria a ojos de numerosos pensadores y políticos, de ahí que Turgot y su amigo Dupont de Nemours se interesaran por la cuestión, el segundo redactando una Memoria sobre las municipalidades. Antes de 1789, se imaginan e incluso se experimentan diferentes proyectos de asambleas que encajen, de la parroquia a la nación, prefigurando los escalones administrativos que creará la Revolución Francesa. A propuesta de Necker, el consejo del rey crea las asambleas provinciales, la primera de las cuales se funda en 1778 en Berry. Está compuesta por una tercera parte de miembros nombrados de antemano, que a su vez nombran a los otros dos tercios; los tres órdenes están representados por igual. Sin embargo, el tercer estado obtiene tantos representantes como los dos primeros órdenes y el voto es por cabeza.

La composición de esas asambleas, que reúnen a los propietarios, anuncia los principios que retendrán las asambleas revolucionarias, a medio camino entre el corporativismo y el individualismo. En este sentido, 1789 no supone una novación radical. La asamblea se celebra regularmente y, en el intervalo entre las sesiones, delega sus poderes a una «oficina de administración» o comisión intermediaria. Esta recibe sobre todo a procuradores síndicos que representan al rey —principio que también se retomará en 1789— y aplica y controla la ejecución de las decisiones. El trabajo esencial de las asambleas está dedicado a los impuestos, las calzadas y la caridad. Se establece otra asamblea en la Alta Guyana, cuyas sesiones se celebran en Villefranche en 1779. Tras la partida de Necker, las dos asambleas siguen trabajando, hasta 1787, en la reforma de los impuestos, especialmente suprimiendo la corvea, en la mejora de las calzadas, los canales y la agricultura, y, por último, en establecer el catastro. El balance de su actividad es muy limitado, y la institución decepciona tanto a los conservadores como a los innovadores. Los primeros se oponen a la confusión de órdenes y la disminución del poder del rey, mientras que los segundos ¡lamentan que los miembros de la asamblea no se elijan y que los órdenes permanezcan diferenciados! Los parlamentos consideran que la iniciativa menguará sus prerrogativas. Por su parte, los intendentes recusan la competencia de la comisión intermediaria.

Las opiniones sobre la política financiera de Necker durante su primer ministerio, de 1776 a 1781, son muy divergentes. ¿Toma «medidas de reducción del gasto, de centralización de la tesorería y bonificación de los ingresos» o se embarca en operaciones especulativas? Algunos historiadores contemporáneos han comenzado a rehabilitar su figura. Mientras que el apoyo a la guerra americana exige sumas astronómicas —en total, se estima un millón de libras—, consigue limitar los gastos, especialmente los de la corte, lo que le da una popularidad nacional cuyos efectos, no obstante, son de doble filo. Necker estigmatiza el tren de vida de algunas cortesanas, que se le echan encima, y, además y sobre todo, desacredita la corte, hecho que destruye la confianza en el rey y contribuye a agravar la crisis del crédito. Sustituye a los oficiales por comisarios revocables, con lo que acrecienta la centralización y la burocratización de las administraciones financieras del reino. El resultado de todo ello es limitado, pero el descontento de los oficiales, muy influyentes en la sociedad, daña la relación entre el rey y los cuerpos intermediarios tradicionales, siempre dispuestos a denunciar el despotismo. Otra lectura historiográfica interpreta esos remplazos como la creación de instituciones administrativas que permiten una gestión de los fondos del Estado de una manera estrictamente bancaria y especulativa, característica de los banqueros de Ginebra, para recaudar fondos. En efecto, Necker impone unas especulaciones que hacen furor, especialmente la venta de rentas vitalicias, verdaderas pirámides financieras que permiten a los iniciados ganar mucho dinero invirtiendo a largo plazo y revendiendo títulos que no han llegado a pagar jamás. Entre el retrato que hace Herbert Lüthy de Necker como un peligroso financiero, y el de Robert Harris, que calcula que, a fin de cuentas, los préstamos no son tan caros, se puede concluir que durante cuatro años y medio las finanzas del reino se embarcan en una política aventurada cuyos beneficios, especialmente al centralizar la recaudación de impuestos indirectos, no pueden compensar.

Lo que salva a Necker de la impopularidad corre el riesgo de manchar al personaje. Riquísimo, francmasón, filántropo y espíritu de la Ilustración, en 1781 cae en desgracia por haber tratado de establecer las asambleas provinciales y por haber publicado un Informe al rey que presenta su balance de forma positiva. Insiste en los veinte millones de beneficio recuperados por el Tesoro real, lo cual no es sino una ilusión contable. Como represalia, su petición de entrar en el consejo del rey es rechazada categóricamente. En apariencia, se trata de una medida anecdótica, pero muestra el lugar de las vanidades y las rivalidades en las luchas políticas, algo habitual en cualquier época, y revela la resistencia de las estructuras tradicionales del reino monárquico a cualquier innovación. Las aventuras especulativas y populistas de Necker se tropiezan con sus propios límites, pero su ejemplo resulta útil más adelante, cuando la única salida posible a la crisis pase por recurrir a la personalización del poder en torno a un hombre carismático. Para numerosos administradores como Maurepas, que hasta entonces habían evitado que la opinión pública tuviera acceso a un debate reservado a los estrechos círculos de los consejos del rey, los parlamentos y los príncipes, Necker crea un precedente absolutamente escandaloso que contribuye al debilitamiento de la monarquía.

La decisión de apoyar a los «insurgentes» americanos para desquitarse de Inglaterra tras la guerra de los Siete Años agrava en extremo el déficit. A partir de 1780, es preciso retomar los proyectos de reconstrucción de la flota de guerra para poder intervenir directamente en las costas americanas. Pese a que el rey posee una verdadera competencia en ese ámbito y cuenta con la ayuda de un equipo de ministros, unidos pese a las divisiones personales que los separan, se negocia mal la entrada en guerra de Francia, hecho que sitúa al país en una dependencia real de los Estados Unidos. El final de la guerra, que podría haber vuelto a colocar a Francia en el centro de la diplomacia mundial y procurarle ventajas, se negocia sin que esté presente, tras la victoria americana, en 1783. El episodio solo reporta a Francia una deuda monumental, además del debilitamiento de la monarquía. El rey no solo se estrella al intentar poner límites a los órdenes privilegiados y los parlamentarios, al reformar las finanzas y restaurar la confianza en la economía, sino que malogra lo que se había convertido en una de las claves de la monarquía de Luis XIV, es decir, el refuerzo de su imagen en la corte y entre los ministros.

El envite y la opinión pública

La marcha de un personaje tan influyente como Necker supone un golpe para la imagen de la monarquía, agravado por el hecho de que su sucesor inmediato, Henri d’Ormesson, no consigue reunir el capital necesario para participar en la guerra contra Inglaterra. Ormesson hace costosos empréstitos, incluso en la caja de ahorros, que ya atravesaba dificultades, y preocupa a los rentistas al instaurar un curso forzado de billetes de la caja. Se distancia de los financieros del reino al liquidar la granja general, que pretende remplazar por una concesión administrativa gestionada por directores con intereses en los beneficios. La retractación del mercado financiero y la consiguiente hostilidad pública llevan al rey a despedirle y sustituirlo por el intendente Calonne. Intrigante, bien situado en la corte bajo el amparo de la reina y D’Artois, Calonne tiene en su contra a una parte de la opinión pública y al propio rey. Su nombramiento como controlador general y ministro de Finanzas en 1784 se considera la culminación de una estrategia individual y colectiva que anuncia una política distinta a las anteriores, aunque solo sea porque se aleja de las propuestas de los reformadores de salón.

Enfrentado a la insuficiencia de los ingresos mientras los gastos aumentan, Calonne vuelve a establecer la granja general y la caja de ahorros, facilita la circulación del dinero y pide préstamos para llevar a cabo trabajos de interés general, como la construcción del canal del río Saona, de una ruta por el río Mosa y el apoyo a la fragua de Le Creusot. En el marco de esa política que cabría calificar elogiosamente de keynesiana avant la lettre, vuelve a crear la Compañía de las Indias, en 1786 firma un tratado comercial con Inglaterra y modifica las relaciones entre el curso del oro y del dinero con la esperanza de favorecer la actividad económica. Esas operaciones con los títulos de las compañías financieras más importantes —la caja de ahorros, la compañía de aguas de París y el banco de San Carlos, fundado en España— suscitan críticas que acusan a Calonne de enriquecimiento fraudulento y de especular, ya que para evitar las depreciaciones de los empréstitos del Estado que ha hecho, decide bloquear los cursos y reducir el valor de las acciones.

Para ello, se implica en una intriga, que revela la fragilidad de la monarquía, apoyándose en aventureros. Panchaud y Clavière, dos banqueros suizos, inventivos y poco escrupulosos, que emigraron tras el fracaso de la «revolución» de Ginebra, proporcionan argumentos a panfletarios a sueldo como Brissot, agrupados a las órdenes de Mirabeau. Este firma unos panfletos que denuncian públicamente a las compañías rivales por hacer bajar el valor de sus acciones. ¡Hasta llega a criticar las brutales medidas de Calonne! Sin embargo, eso supone un éxito absoluto para este, ya que la especulación cesa. En cambio, los especuladores y los rentistas están descontentos, mientras que el público se apasiona con esas polémicas devastadoras en las que están implicados los grandes financieros y emprendedores como Cabarrus —cuya hija, la futura Madame Tallien, más tarde cosechará una enorme celebridad—, Le Couteulx o Périer y sus plumas mercenarias, entre ellos Beaumarchais. Incluso la corte española, interesada por el banco de San Carlos, reacciona ante las exageraciones de Mirabeau. Calonne da marcha atrás y deja que la justicia condene los panfletos, al mismo tiempo que organiza que Mirabeau se marche a Berlín asumiendo un cargo provisional de enviado extraordinario, a fin de rehuir la persecución. De repente, la monarquía se encuentra desnuda: depende de la opinión pública y, todavía más, de las intrigas urdidas por los cortesanos, los especuladores, los intrigantes, los libertinos y las mujeres galantes.

En 1785, un año muy agitado ya por esos embrollos, se produce además otro suceso estrepitoso. Mientras el país no sale de su asombro por las sumas que se gastan la reina y sus allegados, que gozan de un extravagante desprendimiento, favorecido por el propio Colonne, el 15 de agosto el rey ordena que se encarcele en la Bastilla al príncipe-cardenal de Rohan, acusado de haber encargado una joya extraordinaria, de un valor de 1,6 millones de libras, sin haberla pagado, y sobre todo de que el propósito de ese extravagante encargo fuera conquistar a la reina. Comienza así un sórdido asunto político y judicial, muy conocido hoy en día. Rohan es la crédula víctima de unos hábiles manipuladores, que buscan un pardillo de la alta nobleza que haga de testaferro para comprar un collar de precio exorbitante e invendible. Rohan se presta a hacer la compra, mientras los estafadores —una falsa condesa de La Motte, su marido y su amante— revenden el collar. Con algunas excepciones, ese mundillo en el que se mezclan un príncipe libertino, unos aventureros y una prostituta se reencuentra en la Bastilla. Pero la dimensión política supera enseguida la anécdota escabrosa. Rohan, cercano a los filósofos y los magos, y antiguo embajador en Viena, cristaliza todo el desdén que una parte de la opinión pública profesa a los grandes aristócratas y la familia real. Se dice que la reina está relacionada con los círculos ilegales de la capital y que colecciona diamantes y joyas, al mismo tiempo que se entrega a amores pasajeros.

Lo peor está por llegar. La detención del príncipe-cardenal provoca un escándalo, ya que el rey ha ejercido su poder sobre un alto dignatario de la Iglesia, miembro de una familia principesca. A fin de evitar la denegación de la justicia, en mayo de 1768 Rohan comparece ante el Parlamento de París, que lo absuelve, achacando toda la responsabilidad a sus cómplices. La afrenta a la reputación de la reina —y a la autoridad del rey— por parte de los parlamentarios, apoyados por gran parte de la opinión pública, es manifiesta. Luis XVI y María Antonieta se sienten impotentes ante la nación. El rey debe limitarse a enviar al exilio a Rohan en sus propias tierras, fuera de Francia. Paradójicamente, ¡el exilio le salvará la vida durante la Revolución Francesa! Entretanto, panfletos groseros, canciones obscenas o malintencionadas y objetos ridículos —se venden pitilleras de marfil marcadas con un punto negro, llamadas «del cardenal exculpado»— revelan la magnitud del descrédito en el que está sumida la reina. Pintada como libertina, derrochadora y autoritaria, «austríaca» a sueldo de su país, se la acusa de ejercer una mala influencia en el rey y de arrastrar al país a la ruina. La pareja real contraataca. La reina apoya públicamente la causa de tres campesinos de Chaumont condenados al suplicio de la rueda por el Parlamento de París. Dicha institución, que ya estaba implicada en el asunto Calas —un protestante de Toulouse ejecutado a causa de un falto testimonio—, vuelve a encontrarse sentado en el banquillo. Por su parte, el rey emprende un viaje a Cherburgo para honrar con su presencia el astillero del puerto y cultivar su popularidad. Así, la monarquía se introduce en el terreno de sus adversarios, al solicitar la opinión pública para afianzar el poder real. El prestigio ligado a la figura del rey está en tela de juicio, y nadie lo ignora.

El vaivén que se produce en esa fecha puede considerarse la culminación del proceso iniciado varios años atrás. Aunque el nacimiento de sus hijos alejó las amenazas que se cernían sobre la legitimidad de la reina, la adquisición de castillos —el de Marly, el de Rambouillet y sobre todo el de Saint-Cloud, que el rey compra por seis millones de libras para regalárselo a la reina— acarrea críticas. El hecho de que la reina se cree un patrimonio personal no es habitual entre las reinas de Francia. Su autonomía se manifiesta en detalles como las libreas distintas que encarga para sus sirvientes o el control que ejerce sobre las invitaciones, por ejemplo en Trianón. Su círculo de amigos continúa siendo otra fuente de reproches. No solo se les acusa de libertinaje, sino que se les critica severamente por las prebendas y otros favores de los que gozan. El conde de Artois dilapida una fortuna en la construcción del castillo de Bagatelle y, al igual que la reina, no salda deudas de juego considerables. La familia de la «favorita» Polignac acumula funciones lucrativas, mientras que la primera aya de los príncipes de Francia, la princesa de Guémené, se ve obligada a abandonar su cargo tras la estrepitosa quiebra de su marido, que en 1782 deja un pasivo de treinta millones de libras.

A partir de entonces, los hechos más nimios adquieren un significado político. Cuando en 1783 Élisabeth Vigée-Lebrun, una pintora amiga de la reina, expone un cuadro que representa a María Antonieta con un vestido ligero, de muselina blanca, anudado a la cintura, se desatan reacciones sumamente negativas. La ropa se considera una indiscreción cometida en la intimidad de la reina, así como un agravio a la dignidad real, ya que María Antonieta aparece vestida «como una doncella». Además, el hecho de que vista muselina se interpreta como una invitación a abandonar las fábricas de seda francesas. Se ordena, pues, que se retire el cuadro del salón del Louvre. Dos años más tarde, Luis XVI es retratado con ropa corriente, sin ninguna distinción, dando limosna de incógnito, a fin de insistir en el único papel que le queda, el de «padre de su pueblo», pero su gordura y los titubeos que le provocan la fatiga cuando acude a una asamblea deterioran su imagen pública. Dos años más tarde, en 1787, Vigée-Lebrun entrega con impaciencia al salón del Louvre un nuevo retrato de la reina como madre de familia, a la manera de Cornelia, la madre de los Graco, que declaraba que sus hijos eran toda su riqueza. El espacio vacío del cuadro suscita el sarcasmo, así como el comentario ya legendario de «¡He aquí el déficit!», y María Antonieta se convierte en Madame Déficit, una expresión que resume con suma eficacia una de las principales acusaciones al rey y los cortesanos: haber confundido de forma abusiva su destino personal con el de la nación.

Las reformas de urgencia

Después de 1786, Calonne da virajes ineficaces. Mientras continúa haciendo subsistir el Tesoro a base de parches, como la venta de cargos u operaciones bursátiles y financieras, ¡trata de encontrar soluciones más estables y del todo revolucionarias! Concede el principio electivo a las asambleas, pero no lo lleva hasta sus últimas consecuencias: organizar una asamblea nacional elegida por los representantes de las asambleas provinciales, como instaura en el mismo momento en la Toscana el gran duque Leopoldo, hermano de María Antonieta y futuro emperador de Austria, contrario a la Revolución Francesa. Durante muchos meses, Calonne prepara una refundición del sistema de impuestos para suprimir el déficit, del que le cuesta medir la magnitud. Inseguro del éxito, sin duda implicado personalmente en maniobras de agiotaje de las que habría salido beneficiado, o en maniobras que al menos permite que se desarrolle para asegurarse los prestamistas, se ve mezclado en una polémica creciente. Revisando sus posiciones anteriores, apoya al alza la compañía de aguas, financiada por los Périer, así como la Compañía de las Indias, poniéndose en contra de los que juegan a la baja, como Clavière, que continúa encargando panfletos a Brissot, uno de los cuales, titulado Denuncia del agiotaje al rey y la asamblea de notables, está firmado por Mirabeau. Publicado en 1787, se convierte en un best seller que desacredita a Calonne, primero ante la opinión pública y posteriormente ante la mayoría de historiadores.

Para salir de esa crisis que obliga a encontrar una legitimidad fuera de la corte y los parlamentos, no quedan más que caminos escarpados. Calonne propone reunir a ciento cuarenta y cuatro nobles, procedentes de los tres órdenes, a fin de que aconsejen al rey, con la esperanza de que su representatividad equilibre el peso de los parlamentos y permita la reforma social. El cálculo se basa en precedentes históricos. Inaugurada de una manera que anuncia la convocatoria de los Estados Generales dos años más tarde, la asamblea, reunida en febrero de 1787, funciona por oficinas, de las que una parte son favorables a las posiciones de Calonne. Este propone una verdadera revolución fiscal: un impuesto uniforme, proporcional, la «subvención territorial», que se puede pagar en especie y afecta directa o indirectamente a todos los órdenes; todo ello manteniendo los impuestos relativos a los bienes inmobiliarios e industriales y extendiendo los derechos de timbre al tabaco, por ejemplo. Entendido como un impuesto de cuota perpetua, esta subvención territorial daría a la monarquía un poder inédito, que iría en contra de la tradición según la cual el Estado proporciona los ingresos para sus gastos y los reparte según los órdenes, los estatus y las provincias. Los oponentes al proyecto objetan que entonces se rompería el pacto entre el soberano y sus pueblos. Para ellos, resulta inconcebible la perennidad del impuesto y su distribución proporcional a los ingresos, y pondría a Francia al nivel de Inglaterra. Por último, la recaudación en especie plantea otras dificultades. Los bienes del clero estarían sujetos al nuevo impuesto, lo que pondría fin al «don gratuito» que concede al Tesoro real el primer orden del reino, pero para este supondría la necesidad de reembolsarse los préstamos suscritos por esa tasa. Para saldar la deuda, se considera la posibilidad de obligar a los campesinos a adquirir las rentas de la tierra y vender los derechos de caza y justicia, unas medidas que, algunos años más tarde, inspirarán a la Asamblea Constituyente. Asimismo, Calonne expone a la asamblea un plan de reformas que retoma las propuestas de Turgot y Necker: crear asambleas provinciales para distribuir los impuestos, reducir ciertos impuestos pero aumentar otros para sustituir la corvea, asegurar la libertad en el comercio de cereales, especialmente suprimiendo las barreras interiores del comercio, y transformar la caja de ahorros en un banco del Estado. Las soluciones, retomadas unas después de otras más adelante hasta la creación del Banco de Francia durante el Consulado, no cuentan tanto como la impopularidad del ministro, abandonado a su suerte por los notables temerosos de disgustar a la opinión pública, cada vez más poderosa. Pese a que los debates se quedan en papel mojado, al menos preparan a la opinión pública, elaboran argumentos e imaginan soluciones.

La oposición al proyecto de Calonne es técnica, política e ideológica. Los notables, inseguros de su estatus, dudan en seguirlo. La reputación de Calonne, que ya había decaído a raíz de las acusaciones de agiotaje, se arruina por completo con la sucesión de estrepitosas quiebras que afectan a los grandes personajes, tanto tesoreros generales, como recaudadores de impuestos y el tesorero del conde de Artois, que compaginaban sus funciones oficiales con operaciones financieras y bursátiles, siguiendo la costumbre imperante en un reino que vivía a crédito de la red de prestamistas. Los notables exigen entonces a Calonne que presente las cuentas de la nación para explicar el déficit, ya que Necker había declarado que al final de su mandato ¡había excedente! Como respuesta, en marzo Calonne publica las memorias sacadas de las oficinas de la asamblea de notables, precedidas por una advertencia que cuestiona su buena voluntad. El propio ministro se asegura de la difusión de su polémico libro, que venden los libreros, cuyos destinatarios son los curas de París. La campaña de opinión que se orquesta a continuación mezcla las denuncias y los chismes contra el ministro con las maniobras llevadas a cabo por sus enemigos, entre ellos Necker y Loménie de Brienne. La inquietud por el estado de las finanzas se convierte en verdadera alarma.

Hasta entonces el rey había apoyado los proyectos de Calonne, pero el 9 de abril de 1787 lo despide. Calonne se ve obligado a dimitir, y luego a refugiarse en Londres ante el riesgo de un proceso. En cierto modo, se convierte en el precursor de los emigrantes, de los que más adelante será el banquero. ¿Es víctima del apoyo inestable de Luis XVI, como se ha dicho a menudo, o, por el contrario, de la intriga contra él, que obliga al rey reformador a alejarse de un ministro cuya imagen se estaba convirtiendo en un riesgo? De hecho, las dos posibilidades se completan más de lo que se oponen, lo que lleva a pensar que al poder, sometido a los juicios de una opinión pública que estalla al ser manipulada por las intrigas, se le escapa la iniciativa política. El balance del ministerio de Calonne es complejo. Al margen de sus opiniones conservadores, estimula la economía, pero al mismo tiempo agrava los desequilibrios anteriores, y no se decide en lo que toca a las contradicciones insolubles. Un ejemplo de ello es su postura cambiante respecto a la caja de ahorros, que reflota, antes de lanzar una campaña contra el agiotaje, y luego proteger in extremis a los especuladores, cuyas espectaculares quiebras impresionan a la opinión pública y refuerzan la necesidad de un control nacional.

¿Cómo no subrayar el hecho de que el Estado revolucionario retomará a su vez la reorganización administrativa y la instauración de los impuestos perpetuos, llevará a cabo operaciones financieras de alto riesgo, pondrá en marcha la máquina de hacer dinero, estará en bancarrota durante 1793 y 1794, arruinará a los rentistas y, por último, creará una partida de gastos extraordinarios para hacer frente a los gastos militares, mientras que Luis XVI se prohíbe todas las escapatorias posibles? Este mantiene los privilegios, no crea nuevos impuestos suplementarios ni renueva la administración fiscal. Los aspectos positivos de su política están contrarrestados por otros, absolutamente negativos, tanto a ojos de sus contemporáneos como de los historiadores. Favorece descaradamente a las familias principescas, evitando que caigan en bancarrota y permitiéndoles comprar castillos. Incapaz de reducir los gastos de la corte, no le queda más remedio que aceptar los vuelos especulativos de Necker o los parches de Calonne, vendiendo cargos, jugando con la moneda o negociando el aumento de los impuestos con asambleas teóricamente compradas. En cualquier caso, el futuro está doblemente endeudado. El total de la deuda no cesa de aumentar, mientras que la nueva publicidad que le da Necker la convierte en una cuestión política nacional. Todas esas prácticas, de efectos desastrosos, alcanzan un déficit de 110 millones de libras en 1787, a pesar de los préstamos que ascienden a 650 millones. El crédito del Estado está agotado, en el sentido literal de la palabra. El Parlamento incluso acusa de fraude a Calonne por las manipulaciones de la moneda. La solución ya no pasa por los despachos de los ministerios, sino porque la opinión pública la acepte como es debido.

La revolución desde arriba

En ese contexto, el 1 de mayo Loménie de Brienne es nombrado jefe del consejo real de finanzas. Dirige así al controlador general, antes de convertirse en el ministro principal el 26 de agosto. Loménie de Brienne no es solo el gran prelado intrigante, tal vez agnóstico, e incluso ateo, que la historiografía se complace en describir. Cortesano, desde luego, seguramente más ligado a la Ilustración que a las doctrinas de la Iglesia, poco presente en su diócesis, sin duda, pero, al igual que los arzobispos Champion de Cicé y Burdeos, o Boisgelin, de Aix, posee una cultura y una práctica de la administración y la política que le legitiman en su puesto de controlador general y en su orientación reformadora. Su pertenencia a la más elevada nobleza refuerza su posición, a diferencia de Calonne, que a ojos de muchos no era más que un «hidalgüelo», susceptible de reformar de raíz la monarquía transformándola en despotismo, es decir, haciendo que reniegue de las constituciones. Brienne aparece como el hombre capaz de salvar al reino de una bancarrota inminente, cuyo déficit, reevaluado, se cifra en 145 millones.

Transcurre un mes antes de que asuma sus funciones. El rey ha buscado él solo una solución a la crisis. ¿Acaso está indeciso o vacilante? La cuestión sigue sin zanjar y las interpretaciones divergen. El rey ha formado un ministerio de conveniencia, sin eficacia alguna, pero ante los notables se alinea con las propuestas que le hace llegar Loménie de Brienne y, el 23 de abril, pronuncia un discurso reformador que reúne los sufragios. Anuncia ahorros, a decir verdad insignificantes, que se mantendrá la «veinteava» —un impuesto de una veinteava parte sobre los bienes inmuebles— y la extensión del impuesto de timbre. La asamblea de notables acepta un nuevo préstamo, pero remite la decisión de los nuevos impuestos a los Estados Generales y expresa su deseo de que el rey se someta a la tutela de un comité financiero. En respuesta, se disuelve la asamblea. El rey y su ministro se encuentran frente a los parlamentos y la opinión pública. ¡Los príncipes de sangre que dirigen las oficinas de la difunta asamblea no han tomado posición a su favor!

El gobierno emprende una reforma fiscal a fin de evitar la bancarrota y postergar la convocatoria de los Estados Generales, al mismo tiempo que se centra en varias instituciones fundamentales del reino para crear el «nuevo orden» al que están ligados el rey y su entorno, limitando así los contrapoderes, se trate de los parlamentos, los estados provinciales o, sin duda, el clero. Brienne retoma y aplica los proyectos de Necker y Calonne relativos a las asambleas provinciales. Por su parte, Lamoignon, el ministro de justicia, pretende unificar los procedimientos judiciales, suavizar las penas, abolir las torturas y otras prácticas inquisitoriales que no duda en calificar de «barbarie feudal». Al igual que otros miembros del gobierno, participa en la campaña, políticamente imprudente, contra los «privilegiados». Así, se denuncia ante el pueblo a los parlamentarios ufanos de sus poderes y a los aristócratas aferrados a sus ventajas por las trabas que ponen a las reformas del Estado. Por último, los nuevos reglamentos que se introducen respecto al ascenso de los oficiales se interpretan como una traba a los nobles procedentes de la nobleza tradicional y una barrera suplementaria para los ennoblecidos.

En junio de 1787, pues, se establecen, por medio de una sucesión de edictos, las «asambleas provinciales» imaginadas por Dupont de Nemours, creadas por Necker y retomadas por Calonne. Se abandona la idea inicial de una asamblea «nacional», pero se prevén las «municipalidades», las «asambleas de departamento» o de distrito de nivel intermedio y, por último, las asambleas provinciales para recaudar los impuestos. La palabra «departamento», ligada a la recaudación de impuestos, se reutilizará en la división administrativa de 1790. Al principio, los miembros de las diferentes asambleas son por nombramiento, pero se prevé su renovación de manera electiva. Se trata de asambleas con poder propio, pero sometidas a presidentes designados y al control de los intendentes; se pretende que las asambleas ocupen una posición indispensable, aunque reducida, en el dispositivo existente. Tres años antes de su puesta en marcha, se inventan los marcos de división del país siguiendo unos principios destinados a perdurar: instaurar funciones electivas, crear vínculos entre los administrados y los administradores, y racionalizar los marcos provinciales tradicionales respetándolos en la medida de lo posible. No obstante, conviene destacar que el proyecto no identifica las parroquias y las comunidades con las «municipalidades», último escalón administrativo, como se hará en 1790, antes de la tentativa de las municipalidades de cantón de 1796. En 1787, el cuadro administrativo no pretende captar la organización comunitaria.

Tres parlamentos, los de Rouen, Besançon y Burdeos, condenan la inconstitucionalidad de esas asambleas y exigen la convocatoria de los Estados Generales. Obtienen el apoyo de la población, que interpreta la resistencia de los parlamentos como el triunfo de la libertad frente al rey y sus intendentes. No obstante, en 1787, diecinueve generalidades —un tipo de división territorial y fiscal— ponen en marcha asambleas provinciales, formadas por representantes de los tres órdenes, reunidos bajo la presidencia inicial de los obispos. La historiografía suele criticar dichas asambleas, insistiendo en su escasa eficacia, casi nula, así como en la oposición que despiertan en ciertas regiones, temerosas de que sus estados provinciales sean remplazados por ese tipo de asambleas. Es discutible la interpretación de que la verdadera intención del rey fuera encontrar nuevos interlocutores más dóciles que los parlamentos, y que no pretendiera concederles un poder real. La maniobra sale bien a medias, ya que el rechazo absoluto de los nobles bretones no es secundado. El segundo orden muestra sus divisiones, ya que junto a los simples oponentes a las asambleas provinciales, otros, como La Fayette, también se declaran contrarios a las invenciones que violan la Constitución del reino, ¡que interpretan como una maniobra de la monarquía para encontrar fondos sin tener que dar cuentas!

Con todo, esas asambleas modifican el paisaje político. ¿Acaso no convierten la propiedad, rústica en primer lugar, en el criterio principal de las distinciones sociales que reconocen? Eso cuestiona el orden «natural» del reino. Por otra parte, las asambleas provinciales originan un debate nacional complejo y conflictivo, incluso en las provincias que no están afectadas por los edictos, ya que las peticiones de instituir o convocar los estados provinciales, que estaban en manos de las élites tradicionales, enseguida desencadenan posturas inflamadas. Los parlamentos, que rechazan la innovación, se muestran entonces partidarios de un statu quo favorable a los «privilegiados». Dondequiera que se pongan en marcha las asambleas provinciales, estas proporcionan a las nuevas élites nobles o plebeyas el aprendizaje político y de gestión que hasta entonces estaba reservado a los miembros de los estados provinciales, acostumbrados a gestionar su provincia y negociar con el rey, sus consejos, los representantes locales, los intendentes y los gobernadores. Muchos de los nuevos miembros de las asambleas provinciales son nobles «liberales», como el duque de Charost en el Berry; luego se comprometerán con la Revolución Francesa sin reticencias, al menos hasta 1792-1793. Como mínimo, doscientos diecisiete diputados de los futuros Estados Generales se reúnen en esas asambleas. Originalmente, la oligarquía rural es elegida en las municipalidades a partir de 1787. Esos hombres componen el último grupo de todos los que abren la vía a los cambios y, literalmente, son timados por el súbito vuelco de la coyuntura. Por último, se comienza a poner en tela de juicio las prerrogativas de los intendentes, que siguen siendo todopoderosos, lo que preludia su pérdida de poder a partir de 1789. La opinión pública deposita muchas esperanzas en las asambleas provinciales, mientras que las asambleas municipales se consideran un escalón intermedio encargado de gestionar los intereses locales y aplicar las órdenes del reino, lo que anuncia la mezcla de descentralización y centralización que se instituirá en 1790. Lo cierto es que este episodio contribuye a la educación política de los franceses.

Las asambleas provinciales, incluso cuando se oponen a las propuestas de nuevos impuestos, participan de facto en las reformas que impulsa manifiestamente el rey desde 1787, cuando habla de un «nuevo orden» que regenere el reino. Aunque esa regeneración del reino solo se considere desde una perspectiva fiscal y utilitarista, en efecto, el caso es que pone en marcha el movimiento de racionalización de las administraciones y modifica los vínculos que unen al monarca y sus pueblos. Asimismo, representa una mutación radical de la monarquía. Es preciso tomarse en serio la declaración de Luis XVI del 16 de julio de 1787, cuando afirma que «es en medio de los Estados Generales donde quiero estar, a fin de asegurar para siempre la libertad y la felicidad de mis pueblos, y consumar la gran obra que he emprendido de regeneración del reino y restablecimiento del orden». Con estas palabras, modifica por completo la relación entre la corona y la nación, y al insistir en la comunicación directa con los súbditos, desacredita los vínculos «feudales», que tradicionalmente justificaban el lugar de la nobleza. Con todo, la historia del reino reposaba en los nobles, de quienes los parlamentos eran a la vez los símbolos, los testigos y los defensores. Es comprensible, pues, que un año más tarde Condorcet, en su Ensayo sobre la constitución y las funciones de las asambleas provinciales, pueda plantearse la separación del Estado y la Iglesia, así como la generalización de las elecciones y la creación de un catastro indispensable para revisar la base imponible, un medio técnico para abordar los principios políticos fundamentales. Esa es una de tantas propuestas que forjan la cultura política llevada a cabo posteriormente. Así, pues, considerar que los franceses anteriores a la Revolución Francesa eran ajenos a la política supone ignorar una cultura política heredada de las obras literarias y las prácticas sociales de todo un siglo, como demuestra el capítulo anterior, y olvidar hasta qué punto ese breve período fue rico y formativo. La conjugación de los principios y los problemas que plantean los hechos ya son de por sí «una revolución», inscrita en la época en que se experimentan las revoluciones desde arriba y desde abajo, facilitando el paso a la Revolución Francesa, que nacerá bajo el efecto de esos acontecimientos.

Las temibles trampas ocultas en las disposiciones prácticas ligadas a las asambleas provinciales contribuyen, sin pretenderlo, a dar ese paso. En esas asambleas censatarias, se define a los nobles con una agudeza particular. En las asambleas de los estados, los usos estaban codificados por la tradición. En las nuevas asambleas, es noble quien cumple las exigencias militares para convertirse en oficial, es decir, quien posee cien años y cuatro grados de nobleza. Así, de golpe, los ennoblecidos recientemente, que aún podían declararse nobles si no pretendían ser militares, se encuentran con el tercer estado; es el caso de numerosos señores locales, condenados al desdén. La tentación de Loménie de Brienne de dividir el país en dos conjuntos, la nobleza y el tercer estado, para darles representaciones diferentes, inspiradas en el modelo inglés, con una cámara alta y una cámara baja, adquiere un sentido completamente diferente en un clima que transforma a los «privilegiados» en instigadores de la desunión, incluso en enemigos de la nación y el pueblo. Unos años antes, en otras circunstancias, semejante inflexión se habría podido interpretar como un paso hacia el liberalismo. Con todo, la acumulación de conflictos vuelve simplemente imposible el liberalismo.

¿Acaso el rey intenta conducir a Francia por la vía del parlamentarismo inglés o, sin duda, por la del despotismo ilustrado, en la revolución «desde arriba» que llevan a cabo los soberanos de Austria y Prusia? En la época, la pregunta que se formula es si Francia se está convirtiendo en una «república» o una monarquía a la inglesa. Por mucho que el ministro Brienne se declare hostil a la igualdad, que solo conviene a las repúblicas, la igualdad que según la opinión pública simboliza Filadelfia, y hostil al despotismo, representada por Constantinopla, el hecho es que la racionalización que propone no convence. En la asambleas provinciales y departamentales, concede la paridad de voz a los nobles y los plebeyos que representan al resto de la nación. La división en dos bloques empaña la imagen de la monarquía. La bipolarización, comparable a las divisiones inglesas, disgusta especialmente a los más conservadores, sean parlamentarios o intendentes, que recusan el «despotismo» de las oficinas y la novación administrativa. Por el contrario, satisface a la parte de la nobleza provincial que encuentra una libertad inédita en esas asambleas. Los liberales la aprecian en su conjunto, pero reclaman que se extienda a regiones como la Bretaña o la Provenza, que se escapan a la reforma y mantienen, pues, asambleas tradicionales sin igualdad alguna; una reclamación rechazada, por supuesto, en nombre de las constituciones del reino. Esas oposiciones anuncian las que tendrán lugar dos años más tarde, cuando se convoquen los Estados Generales, y empujarán a la nobleza bretona y provenzal a la contrarrevolución.

El aislamiento del rey y la fragilidad de su posición se acrecientan tanto más cuanto Francia no interviene en la represión de la revolución en las Provincias Unidas, hecho que atestigua la pérdida de prestigio del país en Europa. Contra los «patriotas» bátavos, el stathouder, apoyado por Prusia y la neutralidad inglesa, retoma el poder, pero varias decenas de millares de «patriotas» se instalan en el norte de Francia, alrededor de Saint-Omer. Los «patriotas» franceses, a raíz de esa ocasión malograda, pierden la esperanza en la capacidad del rey de dirigir las reformas. Sin embargo, en ese momento los protestantes acceden al estado civil, hecho que instaura una tolerancia religiosa inédita en Francia, que cabe preguntarse si no se debe a la presencia en el norte del país de esos «patriotas» holandeses exiliados, entre los que figuran banqueros interesantes en tiempos de crisis. Desde una perspectiva estrictamente francesa, el Parlamento de Toulouse, en especial, marcado por las guerras de Religión, reacciona de forma desmesurada a esa innovación. Así, los bandos se atrincheran violentamente en antiguas líneas de fractura, reactivadas a veces de forma sorprendente. Por ejemplo, el conde de Artois declara que el rey no tiene que rendir cuentas de nada a la nación, pero que puede ajustar sus ingresos a sus gastos. Paradójicamente, en nombre del absolutismo monárquico, expresa una postura muy moderna. Por su parte, los parlamentos insisten en su petición de que se convoquen los Estados Generales, a fin de regresar a los fundamentos históricos del reino, volviéndose, así, objetivamente «reaccionarios».

La monarquía entabla reformas que no se llevarán a cabo hasta dentro de unos años, rompiendo los marcos rígidos e inoperantes del «Antiguo Régimen». Tropieza con el respeto anticuado por los procedimientos de autoridad, a causa de los cuales no puede transigir. Francia entra en la Revolución Francesa por la puerta de las reformas y los cambios imprevistos de posiciones relativas. En ese juego imprevisible e incontrolado, el accidente de la Bastilla cambiará el sentido de la historia y adquirirá un nuevo significado.

Referencias bibliográficas

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Segunda parte: LA ÚLTIMA REVOLUCIÓN

Regeneración o revolución

Capítulo 6. DE LA REVOLUCIÓN MONÁRQUICA A LA REVOLUCIÓN NACIONAL

¿En qué fecha empezó la Revolución Francesa? ¿Cuándo se produjo el «desnivel», retomando la fórmula de F. Furet, que marcó el final del sistema monárquico y la entrada en la Revolución? ¿Tiene sentido la pregunta? ¿Acaso no amalgama demasiadas dimensiones diferentes y desatiende, como en el caso del ministerio de Calonne, las modificaciones que ya aportó a la monarquía absoluta el propio gobierno? ¿No es preciso disociar el final de la monarquía absoluta, el final del sistema «feudal» y el final del Antiguo Régimen, sin olvidar el final de la realeza, a fin de comprender que, de etapa en etapa, la Revolución Francesa comenzó en 1787 con una monarquía administrativa, antes de identificarse con una monarquía parlamentaria en 1789, y a continuación encontrar nuevas formas?

Sin embargo, no habría que concluir que dependemos de los relatos elaborados por los contemporáneos, ni que avalamos ingenuamente su «gran relato» indispensable para cualquier poder. Dos razones se oponen a ello. No fueron los diputados de los Estados Generales quienes se imaginaron esa escansión, sino que cuando trataron de interpretar los hechos a los que se enfrentaban, simplemente no consiguieron más que estigmatizar la monarquía, que se había convertido en «el Antiguo Régimen», sin por ello organizar a su alrededor la unidad necesaria para dar sentido a las mutaciones y las rupturas que se desencadenaron. Precisamente ese intento fallido es el objeto de los siguientes capítulos, que ilustran el intento de establecer una revolución siempre cuestionada, antes de que otra revolución se imponga por sí misma.

La revolución de los descontentos

El equilibrio inestable, que depende de los préstamos para restablecer la autoridad del rey, se vuelve imposible tras la disolución de la asamblea de notables y la vuelta, bajo la dirección de Brienne, a la política de Calonne. Los parlamentos y el rey, pues, se encuentran cara a cara. Lógicamente, el 6 de agosto de 1787, el Parlamento de París rechaza los edictos financieros que había solicitado ¡y exige una verificación de las cuentas! La respuesta es el exilio de los parlamentarios en Troyes, hecho que los convierte en víctimas pero radicaliza a los miembros más jóvenes del Parlamento, pese a que Brienne da marcha atrás y en septiembre acepta que regresen. El rechazo a la bancarrota traza el camino que seguir: la supervivencia de la monarquía, ligada a los préstamos, y por tanto a la confianza en el Estado, obliga a negociar y prometer la convocatoria de los Estados Generales. A partir de entonces, la cuestión es determinar su forma. ¿Sus miembros procederán de las asambleas provinciales, en las que el tercer estado ocupa una parte inédita, o bien los Estados Generales se convocarán como antaño, dando la primacía a las élites tradicionales y los grupos afines a los parlamentarios? La cuestión origina una nueva clasificación entre los oponentes a la monarquía.

No es de extrañar que la «revolución» comience con una cuestión fiscal. Recordemos que la circulación monetaria y el crédito son aspectos centrales de la vida cotidiana. Hasta el pan se compra a crédito, y los panaderos llevan la contabilidad marcando cruces con las deudas de cada familia. Entre los artesanos circulan pequeñas sumas de dinero; numerosos ahorradores poseen rentas, destinadas a asegurarles los ingresos; cada vez más obreros dependen de oficios ligados al lujo, cuyos proveedores suelen ser acreedores de los poderosos, y malos pagadores. Toda la población de París frecuenta el Monte de Piedad, y los artesanos lo utilizan como si fuera un verdadero banco, hasta tal punto que los lavanderos empeñan la ropa de sus clientes para obtener liquidez. A comienzos de 1789, la institución del Monte de Piedad rebosa de dinero. En la década de 1780, Francia ya no es un país rural, varado en transacciones lentas y prácticas rituales, sino que todos sus habitantes se ven obligados a recurrir al papel de Estado sea para una factura, un préstamo, un acto notarial e incluso para empezar a ejercer de aprendices. En ese sistema, que reposa en un andamiaje de confianza de arriba abajo de la sociedad, el temor a la bancarrota del Estado es real. La estrepitosa quiebra de príncipes y tesoreros hace temer lo peor, ya que el rey había prometido que evitaría su quiebra. Pero cuando la adquisición de residencias reales desconcierta a la opinión pública, e impera la confusión respecto a los recursos del Estado, el Tesoro real y los bienes de la monarquía, la angustia de los franceses es manifiesta. Se traduce especialmente en largas colas frente a la caja de ahorros, una vez que se anuncia que es probable que haga una suspensión de pagos ligada a los préstamos que ha concedido al Tesoro real.

Como las reformas fiscales afectan directamente a todos los grupos sociales, presentan la ocasión de discutir sobre la solidaridad colectiva, así como sobre los principios que rigen la sociedad y, en consecuencia, se cuestiona la relación de los estatutos sociales con el Estado y la nación. Como las mutaciones recientes han roto o al menos han alterado las solidaridades urbanas y rurales en las regiones más comerciales, hasta la discusión más técnica se vuelve eminentemente política: es el caso del reparto de la base imponible, que debe revisarse, y de los catastros inexistentes, que deben establecerse. La «nación», pues, se encuentra en pleno debate en el momento en que los cuerpos intermediarios, tradicionales o nuevos ya no desempeñan su papel ante el gobierno, que, por su parte, ya no da las garantías de una política saneada, al mismo tiempo que se apoya en grupos desacreditados. Al tratar de introducir un impuesto de cuota (ligado a los ingresos), uniforme (al margen de los órdenes) y perpetuo (cuya duración sea ilimitada), Calonne había roto la figura tradicional e ilusoria del rey, que supuestamente vivía al margen de los impuestos, de su hacienda, como protector de los pueblos. Los más políticos saben sacar partido de ese abandono de las «constituciones» del reino y oponerse a la política «moderna» que retoma Brienne, a falta de algo mejor. Pese a ser los más frustrados, son numerosos, y sus reclamaciones se harán oír durante la Revolución Francesa; ¡tienen coraje para esperar la edad de oro que significaría el final de las retenciones!

Uno de los detonadores es el impuesto sobre el papel timbrado. Al aumentar considerablemente los gastos sobre los billetes de poco valor, la medida afecta primero a los habitantes de las ciudades. En París, a finales de 1787, se producen verdaderos motines contra la reforma, los confidentes de la policía y la corte corrompida, que enfrentan a los jóvenes con los guardias franceses. Ya no se trata de emociones «tradicionales», que reúnen a grupos coherentes, sino más bien de acciones determinadas por un objetivo a todas luces político. Así da comienzo una serie de levantamientos propiamente revolucionarios, opuestos al poder mismo y sus representantes, que culminará en julio de 1789. No tienen nada en común con las «rebeliones» anteriores, ni coinciden en modo alguno con los movimientos rurales fruto del descontento que tienen lugar en el mismo momento. Las manifestaciones se generalizan en nombre de la «nación», para la defensa del Estado, contra los dilapidadores y los «privilegiados», incluso contra los «traidores». Reúnen a una muchedumbre cada vez más numerosa, cada vez de mayor edad y también con mayor consciencia política. El 1 de octubre de 1787, varios miles de parisinos instauran un «tribunal de la nación» y acusan a Calonne, especialmente, de haber malversado fondos.

En ese clima tenso, la monarquía se compromete a convocar los Estados Generales en 1792, a cambio de la posibilidad de hacer un empréstito. Sin embargo, la sesión del 18 y 19 de noviembre, que debería ratificar el acuerdo con el Parlamento, se centra en el respeto a las formas. Pese a que no existen divergencias sobre el fondo con una parte de los parlamentarios, el rey pretende registrar el acuerdo que va a obtener. La petición carece de utilidad legal, ya que el rey preside una sesión real y no en lecho de justicia. La insistencia en esa formalidad manifiesta claramente la voluntad del rey de marcar su poder. Ante ese procedimiento imprevisto, el duque de Orleans protesta, aunque de manera poco clara, según el testimonio de los contemporáneos. Por su parte, el rey responde, de manera igual de poco clara, que «es legal porque quiero yo». La frase, que suele citarse para demostrar el carácter absolutista del monarca, revela más bien la falta de sangre fría a propósito de un punto secundario. Eso no impide que haga diana al ser dirigida al cabecilla de los patriotas reunidos. A ojos de muchos, el duque podría remplazar con creces al rey y su linaje. La crítica subterránea de la legitimidad de la dinastía da pie a ese enfrentamiento, que, además, toma un giro inesperado, ya que, acto seguido, el rey envía al exilio al duque y ordena encarcelar a dos consejeros que lo habían apoyado, lo que provoca un escándalo y origina un enfrentamiento que es objeto de demagogia.

La revolución de los parlamentarios

Tras varios meses de efervescencia, se reanuda la escalada de los antagonismos. En enero de 1788, el Parlamento se alza contra las órdenes reales y reclama la libertad individual, hecho que atestigua que el país ha adoptado una nueva configuración política. En una carta a su sobrino, ¡un consejero del tribunal de justicia de Blois incluso emplea la expresión «Antiguo Régimen» para referirse a la monarquía! Esas reprimendas de los parlamentarios, sin pretenderlo, crean una disociación entre el rey y la nación, representada por los parlamentos, lo que abre la vía a la Constitución de 1791. A comienzos de 1791, el enfrentamiento se convierte en bloqueo a las instituciones. La legitimidad del poder es discutida por poderes antagonistas, enrocados en posiciones irreconciliables. Numerosas asambleas provinciales protestan e incluso rechazan las disposiciones fiscales, especialmente el aumento del impuesto directo de la veintena parte de los ingresos. Los parlamentos no han olvidado el golpe de fuerza del 19 de noviembre. A falta de poder recurrir a un tercer poder, a cuerpos electores o asambleas representativas, el conflicto cambia de dimensión; cada cual trata de reconciliarse con la opinión pública, sea la de los letrados o la de la gente de a pie, para desacreditar definitivamente a un adversario irreductible. Pese a que la publicación oficial del presupuesto del reino, que cifra el déficit en 160 millones de libras, vaya acompañada de palabras alentadoras a propósito de los ahorros venideros, Francia entra en una crisis que va a durar unos diez años. El hombre fuerte del gobierno, Lamoignon de Basville, convencido de tener razón, habría dicho: «Lo he previsto todo, incluso la guerra civil». Hubo una guerra civil, la perdió y arrastró al país a la quiebra del Estado y un concurso de poderes que no iba a resolverse hasta 1797 o incluso 1799.

Lo demuestra el siguiente episodio, que ilustra el vuelco del país respecto a los ministros y el rey. Mientras Brienne y los parlamentarios parisinos negocian para evitar nuevos conflictos, Lamoignon acomete en secreto una reforma capital para limitar el poder de los parlamentos. Alertado de los proyectos, el 3 de mayo de 1788, el consejero Duval d’Éprémesnil hace votar una declaración de las leyes fundamentales del reino y el compromiso a no ceder a los requerimientos del rey. Dos días más tarde, se da la orden de detener a Éprémesnil y otro consejero, Goislard de Montsabert. Los dos hombres se refugian en el interior del Parlamento, que forma un bloque a su alrededor y rechaza entregarlos durante catorce horas. El 8 de mayo de 1788, siguiendo un plan concertado, Lamoignon, en una sesión en presencia del rey, impone una reforma radical de la justicia. Deroga la tortura judicial, pero también suprime numerosas jurisdicciones intermediarias y, sobre todo, dobla los parlamentos con cuarenta y cinco «grandes validos». Remplazando el Parlamento de París, los validos son coronados por una corte plenaria compuesta por pares y la Gran Cámara del Parlamento de París. Así, los parlamentos pierden su papel político y se quedan vacíos de inmediato. La reforma es brutal. En otro contexto, una parte de la opinión pública podría haberla defendido, pero en mayo de 1788 arrastra al país a la desobediencia, tanto más deprisa cuanto algunos duques y pares se posicionan en público en contra del rey. El control judicial disminuye, hasta tal punto que la inactividad de los parlamentos imposibilita las condenas a muerte, lo que inquieta al verdugo de Rouen, que depende de un parlamento especialmente recalcitrante, y deplora el estado languideciente de su «industria».

El 5 de mayo de 1788, los representantes del clero de Francia, que ya han reducido voluntariamente el «don gratuito» al rey, privándole así de varios millones de libras, afirman el principio revolucionario «ninguna imposición sin el acuerdo de los tres estados», que acompaña su rechazo a la corte plenaria, que interpretan como la desaparición de «las antiguas constituciones». Uno tras otro, los parlamentos rechazan registrar los edictos, provocando enfrentamientos con la fuerzas armadas. Se les suman los estados provinciales, que se niegan a ser asimilados por las asambleas provinciales, que están abiertas al tercer estado. En Rennes, Pau o Dijon, los amotinados obligan a retroceder a las tropas del rey. La Bretaña envía una delegación de doce nobles a París, entre ellos La Rouërie, veterano de la guerra en América y futuro jefe chuan, para protestar contra la denigración de la nobleza. El 14 de julio de 1788 los encarcelan en la Bastilla. El acontecimiento más espectacular tiene lugar el 7 de junio, en Grenoble, cuando la población arroja tejas a los soldados que llegan para enviar al exilio a los parlamentarios que habían amenazado con romper la alianza del delfín con el reino. El motín permite que los parlamentarios regresen a su palacio, pero estos no aprecian la iniciativa popular.

No obstante, los parlamentarios, que cada vez se revelan más como los defensores del orden tradicional y los privilegios nobiliarios, están perdiendo el control del movimiento. El 14 de junio, en el Ayuntamiento de Grenoble, y el 21 de julio, en el castillo de Vizille, propiedad del rico industrial Périer, se reúnen delegados de los tres órdenes. Reclaman el restablecimiento de los estados del delfín, concediendo al tercer estado un número de escaños equivalente al de los otros dos órdenes, y deseando que la nación legisle los impuestos. Conviene subrayar el alcance de la propuesta. Una corriente de opinión inédita, ajena a las instituciones establecidas, combina la modernización impulsada por el rey con las estructuras antiguas en una perspectiva verdaderamente revolucionaria. Es comprensible, pues, que el país esté dividido en «realistas», «parlamentarios» y «nacionales», y que los dos últimos grupos hagan causa común en ese momento. Por otra parte, las calificaciones políticas tratan de ajustarse a las tendencias nacientes, recalificando todas las diferencias que existen. Una fiebre inventiva, que va a durar un decenio, se apodera de la topología política, multiplica las denominaciones y los anatemas, creando permanentes configuraciones cambiantes entre grupos y redes. Así, se producen varios desplazamientos importantes entre numerosos jansenistas influyentes, como Le Paige, que ya no identifican la «nación» con los parlamentos, sino con los Estados Generales, lo que contribuye a la autonomía de los patriotas respecto al rey y los «privilegiados». A raíz de eso, vuelve a examinarse toda la historia de la conflictiva relación entre el jansenismo y la monarquía.

El poder real, pues, sale derrotado del enfrentamiento en el que ha entrado. No puede reunir a la corte plenaria a falta de convencer a los miembros designados de que ocupen su escaño; por su parte, el ministro liberal Malesherbes abandona sus funciones. Sus comisarios y sus ejércitos no han sido capaces de imponer sus decisiones, y se da el caso de oficiales que dan marcha atrás ante los manifestantes. Algunos militares, por ejemplo en Rennes, se interponen entre los descontentos y sus soldados en nombre de la unidad de la nación. Así, pues, no se respetan las órdenes del rey; entretanto, la amenaza de la bancarrota no cesa. Aunque el gobierno ya no controla el país, el 5 de julio, por medio de un fallo, propone una consulta sobre la convocatoria de los Estados Generales. La maniobra es hábil, pero arriesgada, pues trata de hacer estallar las contradicciones entre los diferentes grupos. La reunión de los Estados Generales se vuelve irremediable, y se establece, de facto, la libertad de prensa: todos los franceses están autorizados a expresar su opinión, lo que conlleva un flujo de libelos y panfletos que el Parlamento de París no se atreve a prohibir, porque está desbordado. El 8 de agosto de 1788, se fija la convocatoria de los Estados Generales el 1 de mayo de 1789. Sin embargo, el anuncio no da al gobierno el respiro con el que contaba. Haciendo valer la idea de que los diputados van a transmitir los deseos de la nación, desacreditan de antemano cualquier manifestación de la oposición parlamentaria o popular. Pero el proyecto de pagar con papel moneda parte de las deudas del Estado causa tal clamor de protesta que el 25 de agosto Brienne debe dimitir, cediendo el puesto a Necker. La urgencia sigue apremiando.

La dimisión de Brienne da pie a fiestas espontáneas en París, que degeneran en motines reprimidos violentamente, en especial el 29 de agosto. El gobierno no se da por vencido. El espíritu combativo de Lamoignon sigue intacto. Se vuelca en la propaganda real y contrata a publicistas como Volney, que denuncian a los «privilegiados» y los «aristócratas». No obstante, el clima de insurrección de París atina respecto al ministro, y Lamoignon es despedido, a su vez, el 17 de septiembre, hecho que provoca nuevas manifestaciones festivas que también se prolongan en enfrentamientos, el más violento de los cuales, el 24 de septiembre, causa entre cincuenta y ochenta muertos —un resultado no muy alejado del 14 de julio siguiente, marcado por la toma de la Bastilla—. Significativamente, el abogado «patriota» Augeard considera que hay que perseguir a Lamoignon por haber cometido un crimen de «ofensa a la nación», un crimen tan grave como el de ofensa a la majestad. La acusación es inédita, y atestigua la transferencia de poder que se produce entre el rey y la nación a partir de 1778, una transferencia de poder que tendrá un largo destino.

Así, en esa fecha, a raíz de la mezcla de voluntad y torpeza del rey, la monarquía tradicional ha desaparecido, sin que nada sustituya las instituciones existentes. Incluso la forma del régimen depende de los Estados Generales, para los que no hay nada establecido, mientras la salvación del gobierno está en manos de un ministro de finanzas, en el que se ha depositado la confianza nacional. Francia entra de lleno en la «revolución» antes de 1789. La prueba, involuntaria y a posteriori, es que el 30 de septiembre de 1791, para afirmar la unión entre los franceses respecto a la Constitución aceptada por el rey, se decreta una amnistía que abarca todos los actos violentos cometidos desde el primero de mayo de 1788. El combate entre Brienne y Lamoignon es el momento inicial de un cambio de régimen, aunque la memoria de la nación no lo retenga como tal.

«Es una guerra entre el tercer estado y los otros dos órdenes»

(P. V. Malouet)

Necker ratifica la retirada del poder: al permitir que abran los clubs, consagra el poder de la opinión pública. Se manifiesta entonces una nueva sociabilidad política. Los cafés se convierten en lugares de protesta, donde se discuten los miles de panfletos que popularizan los retos del momento. La ocasión permite que también se reimpriman los libelos ya publicados en 1771, así que la situación presente se amalgama con las cuestiones que habían opuesto los parlamentos a Maupeou. Se desarrolla una verdadera campaña electoral, animada por los militantes «patriotas» o «aristócratas». Al lado del Palacio Real, feudo del duque de Orleans, acusado de acoger un «club de los Iracundos», desde enero de 1788 se reúne una sociedad en casa de Adrien Duport, consejero del Parlamento. Ese grupo, al que enseguida se llama la Sociedad de los Treinta, reúne a nobles liberales, allegados del duque de Orleans y puntales de los ministerios anteriores, como Mirabeau y Condorcet, que han pasado a la oposición, y se basa en los argumentos del jurista Target, que defiende doblar el número de miembros del tercer estado. Los oponentes, en su mayoría nobles, se movilizan por su parte, en especial en la Bretaña, el Franco Condado y la Borgoña, desarrollando sus argumentos y organizándose en grupos de presión. El 21 de septiembre de 1788, el Parlamento de París se pronuncia respecto a la reunión de los Estados Generales a favor de la forma de 1614, rechazando que se doble el número de escaños del tercer estado. Una parte de la nobleza contraria a reforzar el poder real, entre la que se encuentran los príncipes, salvo el de la Provenza y Orleans, se le unen en lo que se convierte en el partido «aristócrata». La contraofensiva de la corte resulta más fácil. En efecto, María Antonieta se proclama «la reina del tercer estado»; por su parte, Necker hace decidir el asunto de doblar el número de escaños del tercer estado, y organiza las elecciones en el clero, imponiendo la paridad entre curas, vicarios y el alto clero. La consecuencia inmediata es que los obispos ya no tienen la garantía de ser elegidos para la Asamblea, mientras dejan fuera a los canónigos, que no pueden ser diputados. Los panfletistas, apoyados por el Tesoro real, denuncian el egoísmo de los «privilegiados»; se extiende la idea de que el país «real» se opone a la oligarquía de un puñado de aristócratas. Así, entre diciembre de 1788 y enero de 1789, el rey y Necker aún no han perdido la mano: redactan cuatro textos con el reglamento de las elecciones a los Estados Generales y prevén el trabajo legislativo de la Asamblea.

El marco político que regirá la política durante los años siguientes ya se ha establecido. Los principios vehiculados por la cultura política tropiezan con las tácticas y los cálculos, que ponen en juego rivalidades y ambiciones. Los debates se polarizan hasta extremos maniqueos en torno al cambio y el inmovilismo, en torno a las oposiciones entre el interés general y el interés particular, o entre la virtud y el privilegio, echando mano a la ligera del fondo común que han legado los años anteriores, y utilizando hasta el abuso vocablos que hasta entonces jamás se habían definido, como «pueblo», «nación» o «soberano», antes de que los enfrentamientos no provoquen cristalizaciones de sentido que limiten su amplitud, sin llegar a fijarlo del todo. Asimismo, aparecen las debilidades de las élites y los guías «naturales» de la opinión pública, incapaces de superar sus divisiones a fin de proponer soluciones claras, decepcionan a sus fieles y hacen posibles cualquier competencia y cualquier demagogia. El hecho de presentar las cosas así no significa restar valor a los acontecimientos ni desacralizar el curso de la historia. Francia atraviesa un primer momento de ingravidez política que contradice todas las explicaciones lineales y cosificadoras que pretenden dar cuenta del «avance de la Revolución Francesa». No existe con anterioridad ninguna «máquina» política o ideológica que se remonte a la Antigüedad, el Renacimiento o la Ilustración, del mismo modo que no existen redes de asociaciones capaces de controlar los acontecimientos. Todos los franceses están sumidos en un gigantesco caldo de cultivo político, mezclando las ideas debatidas desde hace un siglo, un caldo de cultivo político agitado por los recuerdos colectivos y los odios recocidos, nutrido por los aprendizajes escolásticos de los colegios y los conventos.

Dos panfletos, que obtienen un eco considerable, atestiguan esa situación incierta. ¿Qué es el tercer estado?, de Sieyès, un abad muy establecido en los círculos patriotas, cercano al duque de Orleans, denuncia la apropiación de la representación nacional por parte de los miembros de la nobleza, a los que propone devolver a «sus bosques en Franconia». Retoma por su cuenta la vieja discusión sobre la sangre «franca» de los nobles, distinta a la sangre «celta» de los plebeyos. Justifica las peticiones del tercer estado, al que, sin embargo, no pretende confundir con el «pueblo». La descalificación de los nobles tendrá consecuencias temibles, que Sieyès condenará. Memoria sobre los Estados Generales, sus derechos y la manera de convocarlos, de Antraigues, el cadete de una familia, es un panfleto incendiario contra la nobleza tradicional, el poder absoluto y real, que hace apología de la Constitución y la historia nacional. Desde luego, la crítica radical, hecha en nombre de la defensa de los cuerpos existentes, incluidos los gremios, participa del proyecto «patriótico», pero ya anuncia el paso a la defensa de las antiguas libertadas, que será una de las reivindicaciones de la contrarrevolución en la que Antraigues desempeñará un gran papel. Así, se desarrolla una campaña contra la nobleza, denunciada como un «cuerpo parásito», compuesto por libertinos, corrompidos y egoístas. En algunas provincias, como en la Bretaña, Poitou o la Provenza, la campaña adquiere un cariz brutal.

Mientras los intendentes siguen con dificultad la evolución de la política real y la mayoría de los parlamentarios se han sumado a la resistencia, gana terreno la politización, que unifica el país en torno a consignas únicas. Se multiplican los enfrentamientos entre nobles y plebeyos, o más bien entre «aristócratas» y «patriotas», es decir, entre grupos que poco a poco se identifican con proyectos de cambio social e institucional. El ejemplo de la Bretaña es particularmente representativo de la precipitación de los acontecimientos. El 27 de enero de 1789, se produce un violento enfrentamiento a raíz de la reunión de los estados bretones. En efecto, la desigualdad entre órdenes resulta flagrante, ya que si todos los nobles ocupan un escaño por derecho, los plebeyos no pueden ser más de cuarenta y tres. Estos, en la Bretaña, apoyan que se duplique el número de diputados de los Estados Generales, y reclaman que los estados locales sigan el ejemplo de los Estados Generales. Los choques acarrean la muerte de tres hombres, entre ellos, dos nobles. Se enfrentan, por una parte, la nobleza tradicional, secundada por porteadores y el pueblo llano de las ciudades, y, por otra parte, los miembros de la «burguesía» y toda la clase media acomodada, de la que la parte ennoblecida acaba de ser mezclada cruelmente con la plebe. Las separaciones, pues, no solo se dan entre los nobles o privilegiados y los plebeyos, sino entre todos los que participan de la sociedad organicista, jerarquizada y vertical, de los más ricos a los más pobres, contra los que, organizados sobre todo en torno a los grupos intermediarios, se inventan una sociedad más fluida, más «democrática», abierta a la competencia de saberes y dinero. La hostilidad a la nobleza, por lo que representa de inmovilismo, es una realidad. Esas fracturas explican el conflicto que tiene lugar en Aix-en-Provence en torno a Mirabeau, recién elegido para la delegación, por plebiscito del tercer estado, al precio de verdaderos motines que Mirabeau es el único que puede controlar. No es de extrañar, pues, que todos los que por una razón u otra no han podido encontrar su lugar en el segundo orden —los Antonelle, D’André, Cottin, Le Chapelier y Mirabeau— se rebelen violentamente contra él y favorezcan la Revolución Francesa, al menos en los primeros tiempos.

El ejemplo de Marsella se inscribe en el movimiento insurreccional inédito que barre Francia a comienzos de 1789. Se trata de motines ligados al trigo y rebeliones que llegan a su apogeo con al menos once casos en enero, dieciséis en febrero, noventa y nueve en marzo y ciento cinco en abril. Los movimientos populares cambian de naturaleza, ya que la muchedumbre ataca directamente a las personas y los bienes de los notables, obligándolos a tomar medidas sociales, gravando los precios de subsistencia, suprimiendo los impuestos municipales compensados por impuestos sobre el lujo o medidas políticas, e introduciendo a los representantes de los gremios y el artesanado en los consejos municipales. El control del orden, que escapa por completo a las fuerzas armadas, está en manos de cabecillas aceptados, como Mirabeau en Marsella, o de las milicias burguesas organizadas in extremis para defender las propiedades, como en Montpellier, Rennes y Marsella. En esta última ciudad, la autoridad real no se restablece, por la fuerza, hasta el 14 de mayo.

En París, el 27 y el 28 de abril se produce un extraordinario motín contra los manufactureros Henriot y Réveillon, que amenaza sus vidas, destruye sus manufacturas y sus residencias. ¿Se trata de un movimiento provocado por unas palabras torpes de Réveillon? Al parecer, Réveillon, un brillante self-made man, fabricante de papeles pintados en la cima de su arte y su éxito social, había anunciado la posibilidad de reducir los salarios de sus obreros. ¿O se trata de una explosión manipulada políticamente por el clan del duque de Orleans? ¿Cómo interpretar que las pancartas apelen al «tercer estado»? Cabría hacer muchas preguntas que siguen sin respuesta, al igual que el número de muertos causados por los enfrentamientos, al menos ciento cincuenta, tal vez trescientos. La represión es dura, pero los guardias franceses sienten la condena del poder, que los acusa de no haber cumplido su deber. Algunos incluso son encarcelados, hecho que agrava la dislocación del orden público en París, a imagen de lo que sucede en toda Francia. Frente a los manifestantes, el rey y sus representantes, poco numerosos, ya solo cuentan con los soldados de línea, mientras que las otras fuerzas se someten a autoridades emergentes, a las que reconocen como legítimas.

El 4 de mayo, mientras los Estados Generales se reúnen en Versalles, se desencadena una insurrección en Limoux, en Aude. Las oficinas del consejo municipal son arrasadas por unos amotinados que imponen la tasación de los precios, haciendo gala de un desdén absoluto por la legalidad. Se trata de un ejemplo anecdótico, pero que demuestra que el país ha entrado en una vía inédita, que puede llamarse revolucionaria en la medida en que ya no se respetan los marcos habituales y las autoridades no pueden restablecer el orden más que acudiendo a nuevas figuras, como diputados en los Estados Generales o «electores», miembros de las sociedades militantes. De hecho, los individuos que han participado en las asambleas electorales se vanaglorian de esa responsabilidad, lo que demuestra hasta qué punto se percibe la creación de los Estados Generales como un nuevo régimen político. Partiendo de los estudios de G. Lefebvre acerca del Gran Miedo, del que hablaremos pronto, resulta fácil descubrir que ese movimiento de fondo, iniciado en 1787, se extiende desde la Provenza hasta Picardía, Henao, la región parisina y Versalles, antes de llegar a Lyon en torno al 7 de julio, donde la muchedumbre se alza contra los arbitrios municipales y los impuestos en general. En Orne, por ejemplo, la insubordinación y el rechazo a los derechos movilizan a bandas de cientos de campesinos, en ocasiones encabezados por un notable local.

Sin embargo, la gran mayoría de franceses pretende asegurar la unión entre los órdenes, mostrándose contraria al panfleto de Sieyès, muy famoso, desde luego, pero mal aceptado. Al comienzo se estigmatiza el blanco de los motines porque estos rechazan la unidad de la nación. Los «patriotas» cuentan entre sus filas con numerosos nobles, de antigua o reciente nobleza, destinados a tener una carrera política, como el duque de Orleans. No cabe ninguna duda de que existen chispas que contribuyen a encender los conflictos, pero en 1789 y hasta 1790, e incluso 1791, sigue persiguiéndose la concordia en el seno de la nación. En consecuencia, conviene distanciarse tanto de las lecciones de la escuela fatalista o marxista, que insiste en la miseria y las tensiones ineluctables, como de las lecciones de la escuela crítica, que denuncia el alboroto que fomentan los clubs cuya ideología bebe de las ideas de Rousseau y desprende un tufo totalitario. En 1789, Francia se enfrenta a una crisis grave con la esperanza compartida de que se produzca una generosa regeneración que reconstituya una familia armoniosa. Por tanto, conviene explicar el fracaso de esa utopía siguiendo los acontecimientos. ¿Es preciso pensar que se debe a la diferencia de expectativas de los diferentes grupos franceses, ya que algunos desean una regeneración más rápida que otros, en función de si son más o menos «revolucionarios»? Nada más difícil de dilucidar, pues las opiniones se metamorfosean, en la medida en que la regeneración es abanderada por una amplia corriente y surgen dificultades a raíz de la brutalidad de los acontecimientos y la radicalización inesperada de las posiciones.

La revolución política y fiscal

La redacción de los cuadernos de quejas se inscribe en esa búsqueda de la nación por sí misma. Los cuadernos, solicitados por el rey mientras fijaba las condiciones del nombramiento de los diputados de los Estados Generales, pertenecen a una de las instituciones más antiguas del reino y, sin embargo, se perciben como las últimas muestras de la cultura política del Antiguo Régimen, como textos que anuncian la Revolución Francesa. No obstante, las reuniones necesarias para elaborar los cuadernos de quejas suelen interpretarse como el primer acto electoral y «democrático» del período revolucionario. ¿Es posible conciliar las dos lecturas?

Ante todo, los cuadernos recogen la cultura tradicional en la que se inscriben de pleno derecho. Contienen todas las preguntas que se formulan cotidianamente en todo el país, a propósito de los impuestos, la circulación de productos, la presión señorial y los conflictos religiosos, sin olvidar los problemas derivados de la presencia de soldados en las zonas fronterizas. Los cuadernos de quejas están redactados por intermediarios locales, hombres de los señores o ciudadanos movidos por la ambición de los sufragios. Muchos de los cuadernos son simples copias de un modelo que circulaba por la provincia, adaptado a las sensibilidades locales. Por poner un único ejemplo, el activo grupo animado por Choderlos de Laclos y Sieyès, en torno al duque de Orleans, escribe un modelo muy difundido por todo el país. En cualquier caso, no es muy razonable buscar en los cuadernos de quejas la explicación de los acontecimientos que se producirán a continuación; solo cabe interesarse por las condiciones mismas de su elaboración.

Los cuadernos de quejas se adoptan en las asambleas, más parecidas a las agrupaciones comunitarias y parroquiales —las «generales», indispensables para las urgencias de la vida cotidiana— que a las reuniones electorales. Dichas asambleas congregan a los habitantes de más de veinticinco años que pagan impuestos, incluidas las mujeres, si se las considera cabeza de familia. Ello explica los porcentajes de la presencia femenina, a menudo muy elevada, del 30 al 75%, incluso del cien por cien, en las comunidades más pequeñas. Se delega a algunos hombres a las bailías, y allí, tras votar de nuevo, se nombra a los diputados que se envían a Versalles. En un sentido estricto, no se trata de electos, sino de representantes que cuentan con la confianza de los comitentes. De repente, numerosas comunidades se fraccionan según distinciones muy «políticas», al elegir entre «aristócratas» o «patriotas», lo que demuestra que la cultura política es cada vez más influyente. Se inaugura un nuevo espacio donde tomar la palabra, lo que desemboca en reclamaciones inéditas, mientras los individuos implicados se sienten investidos de un papel local, incluso nacional, que no conciben que se les retire durante unos años. Los «patriotas» de la Sociedad de los Treinta, que reúne tanto a nobles como a plebeyos, deciden buscar votos en los diferentes órdenes y no solo en el tercer estado, predicando con los hechos la unidad nacional. Las élites «patriotas», pues, ya reflexionan acerca del reconocimiento de la igualdad de los hombres y su libertad innata. Los enfrentamientos llegan a ser intensos. En París, donde se intenta organizar la elección de los diputados de la ciudad y los gremios a través de debates, la nobleza, en su mayoría, se aferra al voto por orden, lo que bloquea los nombramientos: no se forman las delegaciones hasta el 25 de mayo —es decir, ¡tres semanas después de la apertura de los Estados Generales!—, mientras que los nobles «liberales» y los «aristócratas» más de una vez están a dos dedos de batirse en duelo. En la Bretaña y Poitou, los nobles, contrarios a cualquier mutación, simplemente rechazan delegar su poder a los Estados Generales, entablando así la contrarrevolución.

La reunión de los Estados Generales, que es la última solución que le resta a la monarquía para dominar la situación, se inscribe claramente en la tradición. El 2 de mayo de 1789, el rey recibe a los miembros del clero, la nobleza y el tercer estado siguiendo unos protocolos muy diferentes: con las puertas cerradas para los primeros, abiertas para los segundos y desfilando ante los terceros. Estos, además, van vestidos de forma uniforme, con un traje negro, con una modestia muy alejada de los ropajes ornamentales del alto clero y la nobleza, como si la riqueza de los plebeyos tuviera que desaparecer ante las antiguas jerarquías. La estigmatización se repite el día 4, durante la misa inaugural, durante la cual el obispo de Nancy, La Fare, condena los excesos de lujo y las críticas de los filósofos, mientras que algunos diputados protestan por el hecho de que los mejores lugares estén reservados para la alta nobleza. El día 5, durante la inauguración política, se repiten las discriminaciones en el cortejo y el reparto de lugares; a continuación, el rey, seguido por sus ministros, recuerda a los Estados Generales su papel limitado, pero lógico, de distribuidor de los reglamentos fiscales. Existe un desfase considerable entre la política real, que es mínima, y las enormes expectativas de los diputados, sin olvidar las de sus comitentes, informados gracias a las noticias que se envían regularmente desde Versalles al resto del país. El rey, la corte y el gobierno no han percibido hasta qué punto la politización ha cambiado el país, exigiéndoles una nueva actitud, distinta a la que mostraban unos meses atrás. En abril de 1789, el embajador americano, Gouverneur Morris, ya percibe que hay una revolución en marcha, impulsada por «algunas personas […] asombradas por su propia labor».

Desde luego, las redes de militantes no son ajenas a esa mutación, pero habrá que aguardar hasta septiembre u octubre de 1789 para que las divisiones políticas organizadas en torno a ciertos principios influyan verdaderamente en la asamblea. El arranque es largo, pese a que no están presentes los mil ciento setenta y siete diputados previstos de entrada. Muchos van llegando poco a poco o son remplazados, como los enviados de la isla de la Reunión, que mueren ahogados en un naufragio. De entrada, el 5 de mayo, los diputados, conscientes de la importancia de su misión, se sienten ofendidos por el silencio que reina en torno a los problemas acuciantes, tanto más cuanto la estrategia real, que ha duplicado el número de representantes del tercer estado y ha permitido que los curas suplanten a los obispos y los abades, todavía no ha determinado la cuestión del voto: ¿será por orden o por cabeza? Asimismo, hay otro asunto pendiente, el de la verificación de los poderes de los diputados: ¿se llevará a cabo en el interior de cada orden o colectivamente? Estos detalles de reglamento, que el gobierno, en busca de artimañas para imponer su visión, deja sin respuesta, son en apariencia técnicos, pero se convierten en escollos. Tampoco está prevista la distribución de salas distintas para que se reúnan los órdenes y las asambleas generales. A falta de locales disponibles lo suficientemente grandes, los diputados del tercer estado se reúnen en el Salón de los Placeres Menudos, adonde los otros órdenes acuden en el momento de las deliberaciones colectivas. La ironía de la historia vuelve a manifestarse: esa disposición inesperada confiere al tercer estado un papel central cuando se está discutiendo el porvenir de las instituciones. Como los debates no pueden empezar hasta que se hayan verificado los poderes de cada diputado, la propia Asamblea se encarga de solventar el problema. De pronto, demuestra que posee una importancia y una legitimidad mucho mayores que las de los notables e incluso los parlamentarios. Además, demuestra a contrario que los equilibrios simbólicos de la monarquía ya han cambiado; de hecho, la muerte del delfín, el 4 de julio, no da pie a ninguna ceremonia pública de exequias. Así, pues, no se organiza funeral alguno para quien estaba llamado a suceder a Luis XVI y ya era una figura del Estado. Para colmo, el rey y su familia reciben el pésame de los obispos y los grandes nobles, al mismo tiempo que rechazan una delegación del tercer estado. Así, los Estados Generales se ven arrastrados a enfrentamientos simplistas que dificultan las negociaciones.

La prueba de fuerza comienza el 10 de junio de 1789, cuando el tercer estado, que se denomina los «comunes», en alusión a la situación inglesa, «invita» a los otros órdenes a sumársele para verificar los poderes de los diputados, cosa que la nobleza rechaza, pese a una minoría liberal. La llamada nominal empieza el día 12; a partir del día siguiente, se unen al tercer estado unos cuantos curas, en total una quincena cuando se cierra la verificación el día 16. El 17, el tercer estado, que representa «al menos la noventa y seis centésima parte de la nación», según la fórmula de Sieyès, se proclama Asamblea Nacional, lo que confirma una votación por cuatrocientos noventa y un votos contra noventa. En ese instante fundacional, los diputados llevan a cabo la revolución política que hace entrar al país en la vía parlamentaria sin recurrir a la sedición o la aventura. El peso de los acontecimientos —o la fuerza de las cosas— ha modificado la opinión pública a favor de las tesis de Sieyès y los diputados bretones, muy hostiles a la nobleza. La radicalidad política comienza a aplicarse, pero ello no afecta al clima global, a pesar de que los oponentes se suman a la decisión tomada por mayoría, y todos desean la unión de todos los otros órdenes. Solo queda que la Asamblea confirme que ocupa todo el campo institucional, ya que una proclamación solemne sitúa «a partir de ahora a los acreedores del Estado bajo la custodia del honor y la lealtad de la nación francesa» (H. Lüthy). El 17 de junio de 1789, se encuentra una solución a la crisis financiera: el rey, desfallecido, es remplazado por la nación.

La revolución por inadvertencia

Dos días más tarde, tras unos tumultuosos debates, el clero se suma a la Asamblea Nacional, por ciento cuarenta y nueve votos contra ciento treinta y siete, pero la resistencia de gran parte de la nobleza y sobre todo del rey vuelve a clasificar los antagonismos en torno a dos polos, el de los «patriotas» contra el de los «aristócratas». Sin alcanzar a comprender lo que acaba de suceder, el 20 de junio de 1789 el rey ordena cerrar el Salón de los Placeres Menudos, empujando involuntariamente a los diputados a reaccionar. Reunidos en el pequeño salón del Juego de la Pelota, cerca del Palacio Real, los diputados prestan juramento de dotar a Francia de una Constitución, rompiendo así la lealtad que le deben al soberano. Históricamente, el juramento se considera un gesto constitutivo del pacto que une la nación a su jefe, pero, en esas circunstancias, más que un recordatorio de la tradición, el juramento inaugura el vínculo entre los diputados, representantes de la nación, ajenos e incluso contrarios al rey, ya que los diputados afirman que «dondequiera que estén reunidos, allí está la Asamblea Nacional». A partir de entonces, sufren la represión. Un único diputado, Martin Dauch, cede a la presión y no presta juramento, lo que le acarrea la desaprobación general. Bailly, que ocupa la presidencia, incluso debe protegerlo de ataques violentos. La intolerancia a los oponentes se vuelve habitual.

El divorcio se acrecienta el 23 de junio de 1789 a raíz de la reunión de todos los diputados bajo la presidencia del rey, que exige la vuelta al orden monárquico y el fin de la Asamblea Nacional, al mismo tiempo que acepta el grueso de las reivindicaciones fiscales y sociales. La concesión a los aristócratas al reconocer «la antigua Constitución» del reino es tardía e inútil, aunque acabe convirtiéndose en la «carta» de la contrarrevolución ligada a una monarquía limitada. La reunión, que en realidad es un verdadero «lecho de justicia» disfrazado, inspirado en las prácticas reales contra los parlamentos, y que empieza humillando a los diputados del tercer estado obligándolos a entrar con retraso en el salón, fracasa por completo. Los diputados se niegan a someterse y a separarse cuando se lo pide el maestro de ceremonias. El conflicto es manifiesto, como ilustran las palabras de Mirabeau, que afirma que los diputados seguirían ocupando sus escaños incluso bajo la amenaza de bayonetas. Al día siguiente, se rompe el orden de la nobleza. La minoría liberal se alía con la Asamblea Nacional, a costa de enfrentamientos verbales tan violentos que algunos diputados desenvainan su espada. El día 26, los «electores» de París, que acaban de nombrar a sus diputados a los Estados Generales y continúan reuniéndose ilegalmente —como tantas otras asambleas de electores en Francia—, ¡intervienen con la misma ilegalidad para aprobar la Asamblea Nacional! La nación, pues, se reconoce en la Asamblea Nacional. El día 27, el rey da marcha atrás y propone que todos los diputados se reúnan. ¿Se trata de una victoria del tercer estado o un cálculo del rey? El 28 y el 29 de junio de 1789, los habitantes de París y Versalles celebran «una de las mayores revoluciones del imperio francés», mientras que los nobles, humillados, entablan una resistencia destinada a durar y acentuarse.

Aunque no exista ningún programa político preciso, el clima ha cambiado, y las rivalidades y las peticiones sociales entran en un nuevo marco de pensamiento. En Lyon, el 30 de junio, la fiesta organizada en honor de la reunión de los órdenes se enfrenta tanto a los que quieren subrayar la victoria del tercer estado como a los que esperan la supresión de los arbitrios municipales y los impuestos indirectos. Durante cinco días, la ciudad padece peleas, motines y el incendio de las oficinas de arbitrios, hasta que llegan los dragones —soldados de caballería de línea— y los guardias suizos a cargo de la represión. En nombre del tercer estado o en nombre del rey, algunos grupos rechazan los impuestos o ciertos derechos que consideran insoportables, como la posesión de palomares, lo que provoca una oleada de revueltas en numerosas regiones, como la Normandía, el Franco Condado o la Borgoña. Las esperanzas más imprecisas se entremezclan con el miedo a los complots, y alimentan temores. Todo ello suscita movilizaciones armadas en torno a los «electores», es decir, los individuos reunidos a fin de elegir a los diputados, que siguen agrupados en comités. A partir de entonces, esas rebeliones, que se producen cada vez que aparece un vacío político, están teñidas por los discursos políticos que circulan por el país, mientras trata de definirse una vía política.

La Asamblea instaura un comité de Constitución y el 9 de julio añade el adjetivo «constituyente» a su denominación. El añadido consagra la victoria de Sieyès, que, desde finales de 1788, argumenta la distinción entre poderes «constituyentes» y poderes «constituidos». Mientras que en el segundo caso no pueden sino legislar en el marco de las leyes existentes, en el primer caso tienen derecho, en nombre de la soberanía que los legitima, en ese caso la de la nación, a innovar constitucionalmente. ¿Cuál es la naturaleza de la ruptura que acaba de producirse? Es verdaderamente «revolucionaria» a ojos de algunos diputados, pero muchos más la consideran la continuación lógica de las decisiones tomadas desde el 17 de junio de 1789 y, sobre todo, la garantía indispensable para resistir a las amenazas de una intervención armada contra la Asamblea. En el mismo momento, varios centenares de diputados, ausentes de París porque ya han regresado junto a sus electores, ven la posibilidad de establecer al fin la Constitución que preconizan contra la monarquía absolutista. Los diputados de la derecha, jugando con fuego, llegan al extremo de recordar que, como la Asamblea ha sido convocada por el rey, no puede representar una amenaza de naturaleza revolucionaria. La intención política de instaurar nuevas reglas sociales prima sobre la protección de las personas y los bienes, y se libera de todas las legitimaciones religiosas o consuetudinarias. ¿Acaso se trata de una «autoinstitución de la sociedad», como suele llamársela, ligada al «poder constituyente» que inaugura Francia? Entre 1789 y 1790, resulta dudoso; con los conflictos internos y Varennes, se volverán las tornas. A todas luces, las orientaciones que se debaten entonces toman el relevo de las discusiones de los últimos decenios, y se implican en ellas grupos tan heterogéneos como los «patriotas», los «monárquicos», los «aristócratas» y una parte de la corte. Como el principio monárquico no ha dejado de organizar la sociedad, la Asamblea «regenera» más que «revoluciona». Aunque los «patriotas» padecen las acusaciones de sus adversarios, y una parte de ellos pretenden cambiar las estructuras, son muy escasos los que desean suprimir la realeza. Se trata más bien de llevar al extremo la lógica de la racionalización, la homogeneización y la autonomía de los franceses respecto al poder. En ese preciso momento, la vacuidad del poder da argumentos a los que piensan que la unidad nacional es la única solución posible a la crisis que atraviesa el país.

De momento, mientras que los diputados se reparten en treinta oficinas, a fin de gestionar la vida cotidiana, independientemente de los órdenes, cuyo significado ha desaparecido, sus oponentes, es decir, el rey y la corte, se dan postín. Será necesario el golpe de fuerza de octubre para que estos acepten las nuevas reglas del derecho. Al mismo tiempo, en Versalles confluyen varios ejércitos, especialmente catorce mil hombres de las tropas suizas. Esos movimientos considerables no pasan desapercibidos y causan alarma. Los soldados extranjeros, indiferentes a la persuasión, constituyen, más que los guardias franceses, la última defensa del poder monárquico. Por otra parte, su ejemplo recuerda que la monarquía está ligada a los soberanos extranjeros, que hasta entonces han detenido las revoluciones en los Países Bajos o Ginebra. El temor a la represión no es una fantasía, ya que los nobles se jactan de echar las «bagatelas» del tercer estado por la ventana, incluso de destruirlas. La declaración de un diputado noble de Poitou, asegurándole a Thibaudeau, un compatriota suyo del tercer estado, que él no sería ahorcado, no es especialmente reconfortante. Algunos, como Artois, dan a entender que se marcharán al extranjero, a España, por ejemplo, y regresarán a la cabeza de un ejército. La violencia, tanto verbal como física, no es exclusiva de un solo bando. Abundan las amenazas y las agresiones a los que se oponen a las reformas, como demuestra el caso del arzobispo de París, que el 23 de junio se pone de parte del rey y es abucheado por la muchedumbre. En ese clima de tensión, la noticia, difundida el 11 de julio de 1789, de que el rey ha despedido a Necker se interpreta como un verdadero golpe de Estado por parte del rey.

El ministro de Finanzas había sido llamado un año antes como el salvador de la monarquía. Era el garante indiscutible de una política respetuosa con los compromisos del monarca con sus súbditos, sobre todo porque estos eran ante todo sus acreedores, al mismo tiempo que estaban sujetos a los impuestos. La caída en desgracia de Necker, que al principio se oculta a la opinión pública, se interpreta como que el rey se hace cargo de los asuntos. El pánico se apodera de los parisinos. Corren rumores de que se bombardeará París desde Montmartre y que las tropas que ocupan la ciudad la saquearán. Se refuerza la movilización que existe casi ininterrumpidamente desde el otoño anterior. A partir del 28 de junio, los «electores» de los distritos parisinos, que se reúnen de forma ilegal en el ayuntamiento, establecen un «comité ejecutivo» bajo la dirección de Flesselles, preboste de los vendedores de París. Inauguran un poder paralelo, como el sinfín de poderes paralelos que existen en todas partes, que los aloja y los protege, gracias al estatuto especial del duque de Orleans, su propietario. Por otra parte, los guardias franceses, quebrantados desde el asunto Réveillon y sensibles a la opinión pública, que a su vez acusa el alza continua del precio del pan, se niegan a obedecer las órdenes de los agentes del rey.

En ese ambiente cargado de miedos recíprocos, el 12 de julio de 1789 los soldados de caballería del príncipe de Lambesc cargan contra los paseantes en los jardines de las Tullerías, donde unos manifestantes llevan a cuestas unos bustos de Necker y el duque de Orleans. Un hombre resulta herido, y luego es dado por muerto; la noticia provoca manifestaciones durante la noche, siguiendo un esquema insurreccional que se repetirá en las «revoluciones» de 1830 y 1848. Los propietarios de negocios, preocupados por el porvenir y el hundimiento del crédito, liberan a sus empleados, permitiendo así que se formen grupos de individuos descontentos e inquietos. A partir del día 13, la ciudad se convierte en escenario de manifestaciones hostiles a los signos de la autoridad real. Las pandillas queman las oficinas de arbitrios y los edificios de guardia, para júbilo de los defraudadores y otros contrabandistas. Derriban las murallas que se están construyendo, fuerzan las cárceles y buscan armas para proveer a las milicias. El episodio no ha llamado tanto la atención como los del día siguiente. Sin embargo, conviene insistir en el hecho de que se destruyen cuarenta de las cincuenta y tres oficinas de arbitrios que controlan el comercio alrededor de París. Ese asolamiento atestigua el rechazo a la autoridad que se expresa con un vigor imprevisto. El día 13 no adquiere una dimensión política, como el día siguiente tras la toma de la Bastilla. Los azares de ese encuentro anuncian los malentendidos que se van a producir a continuación, cuando las expectativas y las exigencias colectivas no coincidan con las orientaciones propiamente políticas que toman los que ostentan el poder.

¿Revuelta o revolución?

Ya se ha dicho todo sobre la fortaleza que amenaza al barrio de Saint-Antoine desde la Edad Media. Al mismo tiempo que sigue siendo un símbolo de la arbitrariedad real y el feudalismo arcaico, la Bastilla es una cárcel que está de moda entre los intelectuales contestatarios. En julio de 1789 apenas hay encerrados siete presos —después del traslado, ocho días antes, del marqués de Sade a otra cárcel—, vigilados por una guarnición de inválidos de guerra dirigida, es verdad, por aguerridas tropas suizas. A menudo se evocan esas características para minimizar la toma de la Bastilla y subrayar, en cambio, el asesinato de su director, a todas luces superado por las circunstancias e incapaz de mantener simples compromisos ante unos amotinados que, a su vez, no están muy seguros de su legitimidad ni de sus objetivos. El 14 de julio de 1789, tras una noche de incendios y saqueos, mientras las fuerzas armadas vacilan y no intervienen, el palacio de los Inválidos es saqueado y se reparten cuarenta mil fusiles entre los insurgentes que se han concentrado al pie de la Bastilla. En el transcurso de un sitio marcado por virajes, negociaciones mal dirigidas y mal comprendidas, y fuegos cruzados, el enfrentamiento revela la ventaja de los sitiadores, de los que un centenar caen muertos. El director de la Bastilla, De Launay, muere en una avalancha. Le cortan la cabeza y la clavan en la punta de una pica, ejerciendo una violencia que a lo largo de los meses anteriores se ha vuelto habitual. Flesselles, sospechoso de doblez, también es asesinado en condiciones parecidas. En ese momento, sin duda, hay unos cien mil hombres armados, más o menos controlados por los «electores». Estos se dotan de un comité militar para dirigir a una milicia de veinticuatro mil hombres, de los que seis mil son mercenarios, procedentes de las guardias francesas. En todo el país, prolongando lo que sucede desde hace meses, se instituyen formaciones armadas bajo la dirección de las municipalidades o los «comités», en respuesta al Gran Miedo o a las tensiones entre plebeyos y nobles. A partir de agosto, la red de esas organizaciones paramilitares cubre literalmente toda Francia; la más conocida es la compañía de los Vencedores de la Bastilla, que enseguida se convierte en una apuesta política y un instrumento de promoción.

La toma de la Bastilla pone fin a un momento de tensiones perceptibles en todo el país, y responde a los temores a un golpe de Estado provocado por la corte y la nobleza, al mismo tiempo que alimenta los rumores de la existencia de un complot político, orquestado por el duque de Oreláns. Una parte de la aristocracia, que ya está dispuesta a emigrar porque considera que su seguridad personal ya no está garantizada, juzga inaceptables esos días de motines. El conde de Artois y los príncipes de Condé y de Conti, denunciados desde hace unos días por los manifestantes como enemigos de la patria, abandonan el país poco después. Esa emigración «sumamente política y sumamente feudal [fue] el anacronismo más absurdo y más funesto de la Francia de 1789» (A. Sorel), en el momento en que Europa está pendiente de Francia y la toma de la Bastilla se considera la culminación de las esperanzas de los filósofos, como demuestran, por ejemplo, los motines que estallan en los meses posteriores, inspirados en los acontecimientos parisinos, en Carouge, en la Saboya piamontesa, e incluso en la Carelia rusa.

Tras discutirlo con su familia, Luis XVI decide permanecer en Versalles en lugar de marcharse a una ciudad dotada de guarnición, como le proponen. Indeciso, quiere evitar la guerra civil y la prueba de fuerza. A sus órdenes, las tropas que rodean París retroceden, y Necker vuelve a ser nombrado al frente del ministerio. El 17 de julio de 1789, el rey acude a París, donde es recibido por Bailly, un prestigioso astrónomo y erudito incontestado, que ha sido elegido diputado en los Estados Generales, donde ha destacado por sus posiciones «patrióticas». Con una ostentación absolutamente política, se vanagloria de vestir el traje negro impuesto al tercer estado, a pesar de ser notable. Al día siguiente del 14 de julio de 1789, Bailly se convierte en alcalde de París por aclamación, incorporándose al consejo del municipio, formado por los «electores» de los distritos. La insurrección ha ganado. El rey lo reconoce de facto al recibir las llaves de la ciudad y la escarapela azul, blanca y roja compuesta para la ocasión, que mezcla los colores de la monarquía con los de París. Así, Luis XVI adquiere una popularidad que no conviene ignorar. La monarquía se regenera y cabe abrigar cualquier esperanza.

Una vez dispersados y vencidos los «enemigos» y una vez restablecida la legalidad en torno a la Asamblea Nacional Constituyente y el rey, ¿acaso Francia ha logrado su «revolución» a costa de un reducido número de muertos, como se dice de inmediato en los países de Europa? Julio de 1789 marca el final del proceso de tensiones nacido en 1771 y reavivado en 1787. La unidad inédita del soberano y los representantes de la nación puede ser la solución a la crisis. Por el contrario, ¿conviene hablar de mistificación, incluso de automistificación, para calificar ese episodio cuyos hechos no tienen nada que ver con las considerables resonancias que se le atribuyen? Una cosa es indiscutible: la toma de la Bastilla es la primera tentativa de detener la decadencia en la que está sumida el país. Unas nuevas élites sustituyen a los grupos que no han logrado resolver la crisis financiera, la desaparición de la autoridad legítima y la expansión de la violencia. La fuerza activa del «pueblo» valida la afirmación de la representación nacional del 17 de junio de 1789. No se trata de una mera fórmula: a partir del 20 de junio de 1789, la Asamblea recibe cartas de apoyo contra el rey firmadas por «electores» y grupos de ciudadanos asociados con los diputados presentes en Versalles. La circulación de noticias que se establece en paralelo a los circuitos oficiales consagra la legitimidad de los militantes, reunidos desde la convocatoria de los Estados Generales, y que se sienten investidos de una nueva autoridad. Desde el 28 de junio de 1789, los habitantes de Pontivy se alzan contra la fuerza que emplea el rey contra la Asamblea, impidiéndole entrar «en el templo de la Patria»; a mediados de julio, antes de que se conozcan los acontecimientos parisinos, se organizan milicias y pactos federativos. La toma de la Bastilla, que se difunde enseguida, se inscribe en esa corriente de protestas que recorre todo el país y que forja la nación. El acontecimiento mismo de la toma de la Bastilla adquiere todo su significado a través de esos ecos que demuestran la existencia de una opinión atenta, movilizada y decidida a resistir.

A riesgo de decepcionar a los defensores de la oposición entre una Revolución Francesa «abstracta» y «moderna», que se inventa el «poder constituyente», y una Revolución Americana «conservadora», el caso es que la realidad histórica se debe más al compromiso y lo accidental que a la innovación calculada. La ambigüedad que prevalece en torno a la reclamación de una Constitución para el reino influye más que cualquier otro objetivo verdaderamente revolucionario, lo cual no significa que las consecuencias no sean revolucionarias en un sentido estricto, justificando a posteriori el trueno que representa de facto la toma del poder constituyente por parte de un grupo político. Pero para que se haga la revolución, será necesario que la fuerza de las cosas influya enseguida aprovechando la brecha que se ha creado. En 1789, incluso en julio, la situación todavía se inscribe mayoritariamente en dimensiones «corporativas y premodernas», y casi todos los diputados están muy lejos de querer vehicular una voluntad «de principios» de instituir un absoluto político en ese momento. Por último, resulta difícil pensar que «las masas» han legitimado la ruptura por medio de la toma de la Bastilla. Aún no existen los sans-culottes, y los manifestantes se inscriben en la continuación de los enfrentamientos de los años anteriores; a su agrupación contribuye el descontento de los parisinos más ricos, que temen la bancarrota, así como el juego de los seguidores del duque de Orleans. Sin duda, los revolucionarios franceses son menos «provincianos» (B. Baylin) y más duchos en reflexiones políticas que sus homólogos americanos, pero ello no basta para considerar que la revolución de 1789 en Francia inaugura la modernidad revolucionaria. La cuestión no se planteará respecto a 1792, cuando la brutalidad del 10 de agosto rompe el curso de la historia. Sin embargo, en 1789, la presencia de la muchedumbre parisina y la unión sacralizada entre el «pueblo» y los diputados abanderados de los ideales regeneradores crean el acontecimiento, le confieren su dimensión inédita e inscriben de golpe la historia del porvenir en una perspectiva bastante alejada de las revoluciones que habían tenido lugar antes. Pero ¿acaso no hemos visto a las masas urbanas tomar partido por los seguidores de la casa de Orange en los Países Bajos o por los más moderados en Bélgica? La masa francesa está de parte de la revolución, o de la regeneración, ya que todavía no se ha zanjado la cuestión; en cualquier caso, está de parte del rechazo. La coyuntura francesa es fruto de los choques y, lógicamente, desemboca en el establecimiento de estructuras de pensamiento y de acción.

Más que nunca, la escritura de la historia resulta indispensable para no sucumbir a los análisis de la filosofía política, tan seductores como sistemáticos, que proponen nuevos «grandes relatos» para remplazar los que han fracasado desde las décadas de los setenta y los ochenta del siglo XX. Esas lecturas globalizadoras se basan en atajos que provocan curiosos cortocircuitos ideológicos. Así, el hecho de dar crédito a la «ruptura» constituyente de 1789 une a los partidarios del golpe de fuerza, provengan de la extrema derecha o de la extrema izquierda, y todos ellos comulgan en la convicción de que el poder se toma en medio de la emoción colectiva. La historiografía favorable a los revolucionarios había dado crédito a esa clase de conclusiones, insistiendo en la determinación de los «revolucionarios» al sumarse a «la muchedumbre revolucionaria» del 14 de julio de 1789, y olvidando todo lo que no confirma esa imagen ideal legitimadora de la Tercera República. La historiografía adversa había conservado el mismo esquema, pero para denunciar la falta de realismo de los revolucionarios al arrastrar al país al «terror». El aislamiento de Sieyès, el cálculo de los contrarrevolucionarios, la torpeza continua del rey y la corte, así como la tradición de revueltas, provocan una inflexión que se convertirá en «revolucionaria» y verdaderamente «constituyente» en los meses siguientes. Podemos retomar sin apriorismos las demostraciones de Durkheim para insistir en la «efervescencia» que modela a las masas y las inscribe en un nuevo régimen de historicidad.

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Capítulo 7. DIRIGIR LA REVOLUCIÓN FRANCESA

Los sentimientos de Campe, un joven alemán presente en París, permiten comprender mejor el vuelco que acaba de producirse. Pese a que en una carta datada el 4 de agosto de 1789 se muestra atónito ante lo que le parece un caos, cinco días más tarde, el 9, se maravilla al ver la mezcla de clases, de géneros y de edades en una fraternidad feliz, que considera un ejemplo para Europa. Un año más tarde, el 14 de julio de 1790, la fiesta de la Federación, tal y como la presenta Jules Michelet, celebra la unidad de la patria y la unión de los corazones, que lo hacen todo posible. Sin embargo, el historiador tiene la precaución de citar antes las resistencias y las crisis, y se alarga en una evocación poética del acontecimiento, alejada de las realidades fácticas. De hecho, el entusiasmo ya es solo de encargo, y la fiesta una simple tentativa de salvaguardar lo que se pueda tratando de retejer los lazos aflojados entre los franceses. Ya se ha repetido bastante que los primeros años de «la Revolución Francesa» fueron años felices, comparados con los años siguientes, aunque Sade ya veía 1789 como «el año del delirio y el desatino». Así, el año que transcurre de un 14 de julio al otro está marcado por una aceleración política que transforma el significado de la Revolución Francesa.

El orden y la Asamblea

Antes de acudir a París el 17 de julio de 1789, Luis XVI deja poderes a su hermano y a la reina a fin de que puedan garantizar la continuidad de la monarquía si le sucede una desgracia o le retienen. Conviene tomarse en serio su temor. El rey parece más sometido que partidario de la causa, mientras las masas presentes no manifiestan entusiasmo alguno al verlo, lo que vuelve necesario el despliegue de fuerzas llevado a cabo por Bailly y La Fayette, para garantizar tanto la seguridad del soberano como su propia autoridad. El beneficio político es real, pero persiste la fragilidad de la posición de cada cual. El 15 de julio de 1789, el secretario de la Asamblea, Lally-Tollendal, dirige una proclamación que invita al «regreso de la paz», asegurando que el rey ha sido «seducido» por malos consejeros y que el «pueblo ha hecho oír su voz» y ha perseguido a los «malos ciudadanos». La legalidad debe retomar sus derechos gracias a la alianza entre el rey y la Asamblea. De hecho, el día 17 esta se niega a intervenir cuando el alcalde de Poissy acude a ella para que reprima los desórdenes. Los diputados constituyentes rechazan cualquier confusión de la autoridad y pretenden circunscribir su actividad a la redacción de la Constitución. El día 20, Lally-Tollendal se alza contra los disturbios que, a su juicio, acabarán entorpeciendo el establecimiento de la Constitución. Situando de facto la Asamblea en el corazón del dispositivo político, denuncia por anticipado a los «malos ciudadanos» que se resisten y a los que conviene encomendar a los jueces, si es necesario obligándolos por medio de las «milicias burguesas» recién constituidas. Obsérvese que las palabras «malos ciudadanos» ya no designan la resistencia aristocrática, sino la radicalidad revolucionaria, y que no se trata de una originalidad francesa. Todas las demás revoluciones han padecido el recelo a los opositores, reales o supuestos; todas las revoluciones han experimentado fases de competencia y demagogia que movilizan y dividen el campo «patriota» vencedor. La obsesión por la traición empuja a milicias y «comités permanentes», animados por «investigadores sin poder», a cubrir el país de una red que vuelve la circulación «casi tan difícil como en el año II bajo el ojo de los comités de vigilancia» (G. Lefebvre). Como en todas partes, las divisiones políticas y los ajustes de cuentas dificultan las soluciones negociadas y estructuran las modalidades de la politización. Así, pues, presentarse como un oponente al tercer estado se convierte en un riesgo.

El ejemplo más espectacular ocurre el 22 de julio de 1789, cuando Necker retoma sus funciones. Foulon, el financiero y consejero de Estado que había participado en los pocos días del ministerio de Breteuil entre el 12 y el 14 de julio de 1789, es capturado, trasladado a París, ahorcado y decapitado. El suplicio se debe a su conocido desdén por la miseria popular, así como a la acusación de haber aconsejado al rey que declare la bancarrota. Como se le atribuye la frase de «si tienen hambre, que pazcan hierba», le llenan la boca de heno. Al mismo tiempo, su yerno, Bertier de Sauvigny, el antiguo intendente de París, conocido por su intransigencia hacia los campesinos, también es trasladado a la fuerza a París. Los amotinados le enseñan la cabeza de su suegro en la punta de una pica mientras gritan «besa a papá, besa a papá». Aunque le llevan a un tribunal improvisado, dirigido por Bailly, que, con la intención de protegerlo, lo envía a la cárcel de la Abadía, es asesinado y descuartizado en la plaza de Grève. La Fayette, Bailly y los electores de París intentan detener la violencia, pero esta les supera por completo. Desmiembran, emasculan, evisceran y arrastran por las calles el cuerpo de Bertier y Foulon; sirven de exutorio a rencores y pulsiones que no proceden del ámbito de la política, sino más bien del de las pulsiones más elementales, alejadas de cualquier construcción del vínculo social. Esos actos horrorizan a muchos de sus contemporáneos, especialmente a los diputados, que temen por su vida. El empleo de la violencia en ese contexto es un asunto embarazoso. Babeuf, que en 1789 es un oscuro patriota, representa la opinión de muchos cuando considera que si el pueblo debe hacer justicia, debe evitar las prácticas del Antiguo Régimen. En efecto, esas decapitaciones recuerdan el terror que ejercía la monarquía en los siglos anteriores, cuando pretendía castigar con ejemplaridad. A partir de 1788, la violencia de las masas se vuelve habitual, contrarrestando la del rey y sus ministros. A partir del 14 de julio de 1789, ya nadie puede condenarla. No obstante, el vínculo con la mutación política que se ha producido desde 1789 resulta problemático, ya que a todas luces el «pueblo» pretende disponer de la fuerza siguiendo la línea de las costumbres seculares de revuelta e insubordinación.

En la Asamblea, el debate sobre el orden público, que comienza el 20 de julio de 1789, opone a Lally-Tollendal a Robespierre y Buzot. El primero pretende establecer el control de la violencia, prohibir cualquier uso no autorizado de la violencia e instaurar el respeto a los procedimientos judiciales, mientras que los otros dos, invocando el ejemplo del 14 de julio de 1789, se alzan contra cualquier limitación posible de la revolución. El día 23, la mayoría de diputados se pone de parte de Barnave, que justifica esos asesinatos con las siguientes palabras: «¿Acaso la sangre que acaba de derramarse era tan pura?». La frase, que se hace célebre, se volverá contra su autor cuando este acabe en el cadalso. No obstante, conviene aclararlo, porque Barnave considera que la ejecución es injustificable y propone organizar ayuntamientos, guardias burguesas y tribunales para evitar que se produzcan otra vez asesinatos semejantes. Coincide con Duport al declarar que «unos acontecimientos imprevistos nos han precipitado, a nuestro pesar, en una revolución que causará las mayores desdichas y que nos arrastrará a todos, si no nos apresuramos a adueñarnos de ella para moderarla y circunscribirla. […] Sin embargo, tan solo por medio del terror se consigue ponerse a la cabeza de una revolución, a fin de gobernarla. Es necesario, pues, por mucho que nos repugne a todos, resignarse al sacrificio de algunas personas destacadas».

Ante el sinfín de actos violentos que se producen, solo la Asamblea detenta la legitimidad, como demuestran las peticiones y los informes que afluyen de todo el país. La administración real ha desaparecido, los intendentes están escondidos o han emigrado, al igual que numerosos gobernadores, y los parlamentos carecen de poder. Los nobles, que tradicionalmente eran reconocidos como cabecillas natos de sus comunidades, en su mayoría están desacreditados y a la defensiva, o ya han iniciado la resistencia. Como muchos de ellos se retiran a sus tierras, dan la idea, no siempre infundada, de que desean conspirar contra la Revolución Francesa. Por el contrario, en una ilegalidad que pese a todo pretende ser legítima, nuevos hombres, nombrados por el curso de los acontecimientos recientes, los motines o las elecciones, se instalan en todas partes en las posiciones de poder y controlan los municipios. En París, el 25 de julio de 1789, los «electores» nombran a ciento veinte diputados de entre ellos para formar la Asamblea de representantes de la Comuna, un organismo en el que se encuentran hombres ya influyentes, especialmente los procedentes del partido del duque de Orleans. Ese comité desempeñará un papel considerable en la evolución política, tratando de oponerse al rey y los contrarrevolucionarios, y al mismo tiempo tratando de encauzar las reivindicaciones populares y la violencia —recordemos que Bertier y Foulon son asesinados tres días antes—. La Asamblea, formada por más de un tercio de nostálgicos de la monarquía absoluta, que en lo sucesivo resulta estigmatizada, se encuentra frente al polvo de los poderes locales, que dependen de equilibrios inciertos.

Dada la urgencia y la incertidumbre, el 28 de julio de 1789 la Asamblea decide crear un Comité de Informes, encargado de centralizar y organizar la información para descargar a los diputados de ese fastidioso trabajo, así como un Comité de los Doce, llamado enseguida Comité de Investigaciones, para vigilar a los sospechosos y, en caso de necesidad, abrir su correspondencia. El miedo a los complots y la misteriosa presencia de una escuadra frente a la costa de Brest justifican el hecho de que la Asamblea instaure una verdadera administración. Así, el 9 de agosto de 1789 nace el Comité de Contencioso de los Departamentos, copiado del modelo del Comité de Contencioso de las Finanzas, a fin de renovar la administración judicial de la monarquía. Los dos primeros comités levantan pasiones. La derecha de la Asamblea critica su inevitable autonomía y considera que usurpan las prerrogativas del rey. Al igual que Robespierre, la izquierda acepta la vigilancia de los sospechosos, pero teme la confiscación del poder y la suspicacia respecto a los militantes. Las rivalidades personales sustentan las oposiciones. El diputado Duport, que dirige la Asamblea junto con sus amigos Lameth y Barnave, es acusado por Mirabeau de exagerar las amenazas y de querer establecer una «dictadura»; precisamente Mirabeau, que entretanto hace la corte al rey y la reina. La acusación se refuerza cuando el Comité de Investigaciones se une al Comité de Investigaciones que crea a su vez el municipio de París en octubre, conformando una fuerza de investigación en contra de los enemigos, reales y supuestos, de la Revolución Francesa.

El debate que entablan los políticos no ha cesado desde entonces, continuado por los historiadores, ya que una parte de ellos considera que esos comités constituyen los primeros pasos hacia el Terror. Sin embargo, los comités proceden de la cultura política autoritaria característica de la monarquía y retoman prácticas muy rodadas, y no anuncian novación alguna. No son sino recursos habituales para restablecer el orden cuando el gobierno de un país se ha vuelto ineficaz. La Revolución Francesa todavía no muestra ninguna originalidad específica al tratar de conciliar el «orden» y el «desorden», contrariamente a lo que sostienen un sinfín de páginas retóricas escritas al respecto. No se trata de un compromiso, una maniobra ni mucho menos de «terror», sino de la respuesta de los políticos a la violencia «popular», que constituye uno de entre los numerosos asuntos esenciales de la época.

Mantener el consenso

La oleada de emociones rurales sin precedentes que recorre Francia agrava la anomia del país. Sin hacer responsables al Antiguo Régimen y a los privilegiados de un clima de intolerancia y exasperación incontrolable, es preciso constatar que el desmoronamiento del poder del Estado, iniciado en 1788, posibilita explosiones de ira y venganza, movimientos revolucionarios e incluso pogromos en Alsacia. No cabe invocar redes, organizaciones ni discursos para explicar esa situación caótica, de la que conviene dar cuenta.

Después de julio de 1789, los motines se desencadenan de manera compleja; sin duda, son más numerosos en las regiones donde no había sucedido nada anteriormente, así como en las zonas donde existen intensos sentimientos comunitarios. Esos alzamientos, que enseguida se engloban bajo la etiqueta de «el Gran Miedo», expresan reivindicaciones que todavía apelan al rey, y a veces al tercer estado. Los objetivos son vagos, e incluyen la defensa comunitaria contra inciertos «bandidos», las reivindicaciones clásicas sobre los cereales, la voluntad de destruir las madrigueras que sirven para establecer derechos feudales, y la búsqueda de un igualitarismo primitivo. Algunos sueñan con la edad de oro, sin jerarquías ni impuestos, sin otras leyes que las de la comunidad originaria. Los temores y las reivindicaciones cuentan más que el miedo fantasioso a un complot aristocrático. A menudo los amotinados reclaman actos fraternales a los nobles y los propietarios, y se encaran violentamente con ellos si rechazan sus provocadores abrazos. Se trata de ocasiones que permiten arreglar viejas discusiones, ante notario, por medio de la renuncia del señor a todos sus derechos, tasas y creencias. La efervescencia, pues, no impide perseguir metas precisas.

Las manifestaciones se desarrollan como una mancha de aceite en función de los acontecimientos. La explosión de pólvora accidental en el castillo de Quincey, en el Franco Condado, el 19 de julio de 1789, mientras el señor local ha invitado a unos campesinos a festejar el regreso de Necker, provoca una conmoción nacional. Las horribles descripciones de cuerpos agonizantes llaman a una pronta venganza, ya que, inevitablemente, el señor es acusado de traición. Como reacción, en los alrededores se queman veintiocho castillos. En Mâconnais, bandas rurales atacan a los propietarios nobles o clericales, con los que mantienen graves discrepancias. Las comunidades rurales agrupadas al tocar a rebato destruyen y queman, antes de ser reprimidas, tras violentos combates, por jóvenes organizados en milicias urbanas. En Tournus y Cluny, se ahorca a unos campesinos para que sirva de ejemplo, al término de procesos expeditivos, siguiendo la justicia prebostal. En total, se dictan treinta y dos condenas a muerte. Las ciudades temen las dificultades de abastecimiento, aunque cada una actúa por su cuenta. Los viejos antagonismos no han desaparecido. Lógicamente, en la sucesión de conflictos de comienzos de 1789, en Rennes, Pontoise, etc., estallan motines urbanos en contra de los arbitrios municipales o el aumento del precio del pan. En Caen, durante un motín, el joven comandante de Belzunce es asesinado y descuartizado. (Una leyenda posterior lo convierte en el prometido de Charlotte Corday, para explicar que esta se vengue matando a Marat).

Se establecen entonces unos equilibrios inéditos: aquí, las milicias recién instaladas deben negociar el mantenimiento del orden; allí, en Poissy, el prestigio de su mandato permite a los diputados de la Asamblea Constituyente, que oportunamente se encuentran en el mismo lugar, salvar la vida de un individuo acusado de acaparamiento. Desde luego, las numerosas repercusiones urbanas están mejor inscritas en el ámbito de la política. Englobadas en el término de «revoluciones municipales», verdaderas insurrecciones conmocionan las principales ciudades, entre ellas Nantes, Burdeos, Rouen, Caen, Estrasburgo o Montauban. Los «patriotas» locales organizan milicias «patrióticas», llenas de «voluntarios» a los que enseguida se llama «guardia nacional», que se adueñan de las «bastillas» locales. Los castillos que sirven de guarnición a las tropas de línea son uno de los principales blancos de esas operaciones que establecen un contrapoder hostil a los «aristócratas». El prisma nacional se aplica a las situaciones locales, tiñendo los rencores y las reivindicaciones. En los lugares donde la autonomía municipal había sido abolida de hecho por la monarquía, las fuerzas vivas del lugar recuperan el poder, como en Burdeos o Nantes. La autonomía de los ayuntamientos sale reforzada, y se convierte en la defensa contra un eventual aumento de los disturbios. Dado el apremio, se abandonan los proyectos, anteriores a 1789, de constituir grandes municipios. El miedo al vacío origina la Francia de los cuarenta mil municipios, que la posteridad conservará como un legado de la Revolución Francesa. La existencia de debates anteriores impide concluir que se trata de una «improvisación administrativa desesperada», pese a que el temor a los desbordamientos es flagrante. Anunciando una de las tendencias fundamentales de los decenios posteriores, la vida política se conjuga primero localmente, a merced de las complejas alianzas entre hombres fuertes, familias notables, comunidades de barrios, pertenencias religiosas y sociabilidades diversas. En julio, nace una alianza de hecho alrededor de Montpellier y Sète, tanto contra los oponentes como contra el gobierno central. A partir del 2 de agosto de 1789, se organiza la primera fiesta de la Federación en Indre-et-Loire, en Luynes, inaugurando la voluntad de los patriotas de celebrar y reforzar su unidad y su fuerza frente a sus adversarios, así como frente al centralismo parisino.

En conjunto, los actos violentos y los asesinatos de señores son más numerosos de lo que ha reconocido tradicionalmente la historiografía. Exacciones, amenazas, castillos quemados y saqueados, propietarios maltratados y a veces heridos de gravedad, pero también máquinas rotas en algunas ciudades; se trata de una inmensa oleada de ira que recorre Francia, en la que de nuevo se mezclan las tradiciones violentas más antiguas con las nuevas formas de protesta. El resultado, paradójico y un poco contenido, es la formación de milicias patrióticas o burguesas, apoyadas por «electores» convertidos en garantes de la legitimidad. Las futuras bases del «nuevo régimen» aparecen entonces. Especialmente en la Normandía, esas redes se tejen entre ciudades pequeñas y medianas para garantizar el orden, mientras las autoridades monárquicas están desacreditadas y los recaudadores de impuestos indirectos, perseguidos o vencidos. Así, las federaciones aparecen como murallas alzadas frente a la desaparición del Estado. Asimismo, pueden considerarse manifestaciones de la nación, impaciente por ver sus derechos reconocidos.

Frente a esos acontecimientos, tras el informe del diputado Salomon, el 3 de agosto de 1789 a última hora de la tarde, la Asamblea, dividida, empieza a discutir sobre la represión llevada a cabo por las fuerzas controladas por el rey y la nobleza. La solución adoptada al día siguiente apuesta por la aceptación, y la contención, del movimiento. Preparada por la Sociedad de los Treinta, la noche del 4 de agosto de 1789, que consagra el «final de los privilegios», comienza con la renuncia a sus derechos por parte del duque de Aiguillon, uno de los mayores propietarios del reino. Siguiendo su ejemplo, otros individuos y cuerpos renuncian a sus privilegios fiscales, la venalidad de los oficios y las distinciones honoríficas, y suprimen las servidumbres personales. Por último, se brinda la posibilidad de volver a adquirir los derechos reales que gravan las tierras. Todavía sigue debatiéndose la interpretación del acontecimiento. Entusiasmo, maniobra de los patriotas, «consenso funcional» o realización de las aspiraciones filantrópicas, no faltan argumentos para justificar esa noche inesperada, reveladora, no obstante, de un anhelo de unidad innegable, que se remonta a 1787, cuando se debate sobre los impuestos. Salvo los extremistas, todos los grupos aceptan un compromiso, sacrificando los intereses particulares en beneficio del interés común, en el marco de la nación monárquica. Se mantienen los órdenes, pero se renuncia a los criticados privilegios fiscales.

El sacrificio es ante todo simbólico, pero modifica considerablemente el estado del país. La unidad nacional parece garantizada y se refuerzan los lazos entre los grupos sociales. Con todo, el resultado es ambiguo y crea expectativas cuyas repercusiones son importantes y perdurables, ya que los derechos abolidos afectan a personas y son de poco peso, mientras que los «derechos reales» deben ser adquiridos de nuevo por los campesinos, que enseguida se desilusionan. La frustración consiguiente alimenta alzamientos hasta 1793, fecha en que se suprimen dichos derechos. No es menor la frustración de los «aristócratas» y sobre todo del rey, reticente a sancionar las decisiones tomadas. El clero se encuentra desamparado. La supresión de los diezmos trastoca la gestión de sus bienes y cuestiona su contribución al progreso del Estado, pero también afecta a las obras de caridad, pese a que se mantienen los diezmos de otros propietarios. La diferencia de trato se basa en lógicas esenciales. La propiedad privada se considera la garantía de la libertad frente a las exigencias del poder, mientras que los derechos del clero están subordinados a los derechos de la nación, que deberá decidir sobre la suerte del clero, lo que anuncia las decisiones de finales del año.

La noche del 4 de agosto vuelve a dar un impulso a la Revolución Francesa, pero ilustra las contradicciones de la Asamblea, que se encuentra entre la innovación, la generosidad, las maniobras y la inconsecuencia. No se trata de cuestionar la buena fe de la mayoría de los diputados. El 4 de agosto aporta respuestas a preguntas planteadas desde hace años, pero el contexto ha cambiado. La Asamblea, más que elegir una orientación precisa, ha acompañado los acontecimientos. Deseaba mantener las estructuras de la monarquía al mismo tiempo que las controlaba, pero acaba rompiendo el orden social ante la urgencia de aplacar una insubordinación nacional. Disgusta a los representantes del antiguo orden, que ya no creen en la palabra dada, mientras da inmensas esperanzas que generan demagogia; en suma, la Asamblea sale de un callejón sin salida para entrar en otro que, de nuevo, resolverá la fuerza.

Declarar los derechos

A partir del 10 de agosto de 1789, la Asamblea consagra la mayor parte de las sesiones a redactar la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. La reflexión ya aparece en los cuadernos de quejas; en mayo se alimenta de proyectos y se lanza el 19 de junio, desembocando en la creación entre el 1 y el 6 de julio de un Comité que prepara la redacción de la Constitución. Los primeros debates acerca de la declaración como tal tienen lugar el 13 de julio. La coincidencia de fechas tiene sentido, tal y como se ha constatado en varias ocasiones a posteriori. Los proyectos de los moderados, como el de Mounier, que inscribe la declaración en un conjunto que requiere un largo procedimiento, son desacreditados de facto por la toma de la Bastilla y la consiguiente reclasificación política. La noche del 4 de agosto acelera la radicalización al decidirse, en una asamblea en la que se extiende el anticlericalismo, el abandono de cualquier indemnización ligada a los diezmos eclesiásticos. Por último, el miedo a los desbordamientos y las insubordinaciones explica que el 10 de agosto los oficiales del ejército sean obligados a prestar juramento a la nación.

Con ese telón de fondo, las luchas políticas de guerrillas llevan a la Asamblea a adoptar una serie de posiciones: el principio de redactar una declaración de derechos antes que cualquier Constitución, el rechazo hacia cualquier declaración de deberes, incluso cuando el abad Grégoire se convierte en su abogado, la libertad enraizada en el derecho natural, la invocación al Ser Supremo, limitando así el lugar del catolicismo, que hasta entonces era la religión oficial del reino. Se confirma, pues, la ruptura con el horizonte de la sociedad monárquica. En esas elecciones, conviene no desdeñar el peso de las rivalidades personales. Para evitar dar ventaja a un cabecilla, especialmente Mirabeau o Sieyès, el texto final sigue las notas de una oficina de la Asamblea despojada de notabilidades políticas y compuesta por espíritus moderados que sintetizan las corrientes que se enfrentan en las oficinas cercanas. Ello no menoscaba la declaración, cuyos adversarios de la derecha subrayan enseguida las incoherencias doctrinales, y los críticos de la izquierda la ausencia de amplitud de miras. Durante esos dos meses y medio, la Asamblea y los observadores exteriores se enzarzan públicamente en un debate de filosofía política de una profundidad poco habitual. Se discuten todos los sistemas de pensamiento inspirados en Locke, Rousseau y los padres de la Iglesia, apoyándose tanto en los acontecimientos recientes como en la experiencia americana, pese a que esta suele reducirse a un esquema bastante pobre. Con todo, no se puede reducir la grandeza de esas discusiones a opiniones defendidas por oradores hipócritas o calculadores, con el pretexto de que muchos de entre ellos adoptarán más adelante posiciones muy alejadas de las que tenían entonces. Tampoco se puede acusar de inexperiencia política a individuos que disertan con gran erudición sin tener en cuenta la gravedad de los problemas del momento. Aún menos se puede considerarlos ligados a un modelo único o a búsquedas de principios fundadores de sistemas que anuncian el Terror.

Por el contrario, conviene subrayar el aspecto pragmático de la Declaración de los derechos, que emana de las luchas sociales, y la creación de una revolución política en el seno de los enfrentamientos. En ella se encuentran los principios y lo aleatorio, de ahí la necesidad de una aproximación propia de un historiador. Uno se maravilla al seguir, día tras día, las palabras de esos hombres, su lucidez y su coraje al discutir crudamente las bases del vínculo social. Es preciso rechazar la tradición, nacida bajo la Restauración, de que los diputados se ilusionaron. Al menos su utopía merece respeto, sin por ello cegarse respecto a sus estrategias ni sus maniobras. Ello no impide que el peso del pasado influya en las decisiones tomadas. Las órdenes reales y la arbitrariedad de la justicia son espantajos cuando se trata de proteger la libertad personal; la represión centenaria de los protestantes desempeña el mismo papel una vez que se abordan las cuestiones religiosas. En este sentido, la Declaración es muy poco abstracta —como se dice demasiado a menudo a modo de reproche—, y su dimensión universal será más marcada todavía cuando en 1792 se desligue de la Constitución de 1791. Manda la urgencia. Los oponentes al curso de los acontecimientos son incapaces de expresar su opinión a causa de la tensión política. Solo les quedan defensas sesgadas que complican los debates. Piden especialmente que la Constitución preceda la Declaración de los derechos, o que también se redacte una declaración de deberes. Sus intervenciones contribuyen al maniqueísmo en el que se sume la Asamblea, sostenida por la opinión pública, volviendo impolítico lo que podría haberse calificado de moderado. El juicio sobre la Declaración debe ser ponderado por estas dimensiones prácticas.

El título mismo de la Declaración merece ser examinado: los derechos no se afirman, ni se proclaman, ni se reivindican, sino que simplemente se declaran, porque se considera que ya están presentes. Al igual que los estadounidenses de 1776, los constituyentes adoptan una postura más inspirada en la filosofía que en la táctica revolucionaria, al considerar que la Declaración de los derechos merece el reconocimiento de su existencia. Ello no impide que, después de la amplitud de miras de los debates, la formulación final sea incontestablemente pobre y ambigua. ¿Cómo entender que la libertad esté limitada por lo que no perjudica a los demás (artículos 4 y 5)? ¿Cómo justificar el lugar concedido a la religión, citada incidentalmente en un artículo (el 10) que garantiza la libertad de opinión, tras una invocación al Ser Supremo, que es una fórmula católica que sirve tanto a los protestantes como a los deístas? ¿Qué línea separa al hombre del ciudadano? ¿A qué se debe el silencio acerca de las mujeres y la suerte de los esclavos?

Las condiciones en que se redacta la Declaración explican sus límites. Los principales redactores proceden de las filas de los «moderados» de la Asamblea, que tratan de estabilizar una victoria tras dos años de golpes de fuerza y de cambios en las alianzas. Es necesario conferir a la Asamblea una legitimidad incontestada frente a todos los enemigos potenciales. Por eso, aunque nadie sepa qué significan exactamente las palabras «los representantes del pueblo» que abren la Declaración, permiten que la Asamblea comparta la soberanía con el rey. El dualismo de los poderes, asegurado así, nace sin etapas preliminares y no se basa en ningún compromiso. Remachemos el clavo: el equívoco en torno al «pueblo», señalado por Mirabeau, autoriza la fusión de todas las corrientes procedentes de horizontes distintos que, no obstante, persiguen un mismo objetivo: la unidad nacional al margen de las circunstancias. Desde la toma de la Bastilla, a falta de soberano legítimo, el «pueblo» se convierte en el lugar de sacralización de la ley que dictan los que se proclaman sus representantes. La definición de «pueblo» seguirá siendo imprecisa siempre. El vocablo simplemente se distingue de «popular», «público», «populacho», «plebe» e incluso «canalla», lo que permite convertirlo en un «tabú». Como el «pueblo» real está desposeído de poder, sus «representantes» pretenden unificarlo bajo el nombre de «nación», cuyas formas se buscan desde hace más de cincuenta años. En la medida en que hasta entonces las tradiciones solo han comprendido la soberanía bajo la forma encarnada por el rey, se trata de una ruptura sin precedentes, cuyos efectos seguimos experimentando: en lo sucesivo, las rivalidades políticas están condenadas a captar la capacidad «nacional», a hacer la ley y encarnar al «pueblo». Esa necesidad persistirá incluso cuando se sitúe al pueblo real en una posición subalterna, durante el Directorio, y más tarde, cuando sea encarnado por un hombre excepcional, el emperador.

Ello no impide que el «pueblo» se haya convertido en el horizonte de la vida política. Sean cuales sean las líneas políticas seguidas desde 1789, el «pueblo», en general ausente de la escena cotidiana, se convierte en un actor fantástico esencial. Todavía se le considera poco ilustrado y se le juzga incapaz de intervenir. La Constitución responderá a esta cuestión, al no reconocer el derecho a la insurrección, que únicamente se admite en el caso de un régimen despótico. De momento, tan solo una minoría de los diputados se encomienda al pueblo, en nombre del derecho natural, sea en su versión religiosa o secular. Por su parte, los miembros de los comités y las administraciones tratan de establecer reglas pragmáticas, y los diputados privilegian sobre todo el derecho positivo. Así, Brissot, miembro del Comité de Investigaciones de París y representante de la «izquierda», el 8 de octubre de 1789, define lo que debe hacer el pueblo libre y responsable: no matar sin juicio y confiar en los jueces, cosa que Duport traduce en un lenguaje más «de derechas» al considerar que todo se basa en «la clase media […], de costumbre la más preciosa en todas las sociedades», que proporciona los cargos del país, los militantes y los funcionarios.

Ese lugar improbable del pueblo en las instituciones está ilustrado por la respuesta de Mirabeau al abad Maury, que «[había] preguntado cómo simples diputados de bailías» se han convertido en la Convención Nacional. La argumentación es lo bastante ingeniosa como para citarla: «El día en que, al encontrar cerrada, erizada y mancillada por bayonetas la sala en la que debíamos reunirnos, corrimos hacia el primer lugar que pudo acogernos, mientras jurábamos que antes morir que dejar subsistir semejante orden de las cosas; ese mismo día, si no nos habíamos convertido en parte de la Convención Nacional, nos convertimos entonces en parte de ella; los diputados del pueblo formaron una Convención Nacional cuando, por un acto de demencia verdaderamente sacrílego, el despotismo quiso impedirles que cumplieran su misión sagrada; entonces formaron una Convención Nacional para destruir el poder arbitrario y defender de cualquier violencia los derechos de la nación». La legitimidad de la Asamblea se basa en la insurrección de los diputados de junio de 1789, una insurrección que deviene necesaria para defender la nación de la arbitrariedad real. De repente, los diputados se confunden con el pueblo, que acude en su auxilio después del 14 de julio.

Las consecuencias inmediatas son considerables. En lo sucesivo, se difuminan las fronteras entre la legalidad y la ilegalidad, porque ya no pueden basarse en distinciones claras entre la legitimidad y la ilegitimidad. Se vuelve difícil legislar, en especial la libertad de prensa. Los moderados preconizan la censura y la represión de los escritos sediciosos, mientras que los más comprometidos, futuros jacobinos, entre ellos Robespierre, durante 1789 y 1790, son particularmente liberales, aunque pretendan que el Comité de Investigaciones y el de Informes condenen los panfletos de sus oponentes. En nombre de los principios, se afirma la libertad y los patriotas convencidos llegan a proteger a los periodistas más radicales, como Marat, a quien Danton evita una detención que denuncia como arbitraria. La «anarquía saludable» que rige el nacimiento de la Revolución Francesa se convierte en uno de los criterios de división del bando patriota.

La ley, último recurso

La ley, que obliga a objetivar las reglas, rige las relaciones entre el rey y la nación. Insistir en la ley, a la que puede recurrir cualquier ciudadano, pero que debe dictarse, significa recordar la utilidad de una asamblea representativa, es decir, de un sistema político que escape a las emociones y las venganzas. Cuando la Asamblea bosqueja esa ficción, urge reconstruir la soberanía. Los «representantes» se convierten en los únicos fundamentos de la legalidad, pese a que, según Rabaut Saint-Étienne, «lo representan todo y no sustituyen en nada» al «pueblo», que conserva la legitimidad. El respeto debido a la ley positiva se debilita a causa de los acontecimientos de los últimos meses, que demuestran que las autoridades consagradas se han revelado culpables de doble juego y han faltado a la opinión pública.

No obstante, el cuestionamiento es más profundo, ya que encuentra una sensibilidad verdaderamente revolucionaria, expresada, en 1788, en las ciento tres páginas de las Consideraciones sobre los intereses del tercer estado de Rabaut Saint-Étienne. Al declarar que «nuestra historia no es nuestro código», no da la razón a ninguno de los partidarios de los diferentes historicismos, sea nobiliario, utilitario o popular, y repudia la historia fáctica, como Rousseau en el Contrato social. Afirma que en situaciones bloqueadas por equivocaciones históricas, conviene apoyarse en los principios. Los acontecimientos de 1789 confirman su juicio, que suscriben la mayoría de diputados, antes de que la fórmula de Rabaut Saint-Étienne se convierta para todos los comentaristas, hasta día de hoy, en el emblema de la Revolución Francesa, hasta tal punto que se pone en boca de su autor tanto durante la Asamblea Constituyente como durante la Convención. ¿Acaso expresa la voluntad de hacer tabla rasa que suele atribuirse a los revolucionarios? No cabe ninguna duda de que no. El propio Rabaut no pretendía aplicarla a todas las leyes de la nación, y no cuestionaba la monarquía. No se debe malinterpretar las declaraciones sacándolas de su contexto.

Cuando la Asamblea adopta la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, los «extremistas» no son mayoritarios en absoluto; los «revolucionarios», en un sentido estricto, no tomarán el poder hasta tres años más tarde, cuando precisamente los que dirigen el país hayan demostrado su incapacidad para controlarlo. Entonces la radicalidad de las palabras de Rabaut contra las lecciones de la historia será más influyente que en 1788. En esa fecha apenas introduce, casi subrepticiamente, los gérmenes de conflagraciones potenciales, lo que obliga a pensar en las diferentes historicidades que legitiman la constitución de la nación. Se trata de una precaución tanto más necesaria cuanto que las referencias a Rousseau no son exclusivas de la «izquierda» de la Asamblea, ni mucho menos. Algunos diputados «de derechas», hostiles a la monarquía absoluta y deseosos de que se reconozca la «voluntad general», también adoptan posiciones «rousseaunianas». El 1 de agosto de 1789 Crénière cosecha un gran éxito al proponer una lectura de la Declaración de los derechos ¡e insistir en el hecho de que la lectura sería en sí misma el acto constitutivo de la voluntad general! Cuando más tarde defienda con el mismo fervor a la Iglesia católica, no obtendrá el mismo apoyo. En 1789, en Francia, la regeneración es el deseo más compartido que existe.

La búsqueda de una unidad basada en grandes principios trasluce, en efecto, costumbres de pensamiento, pero da cuenta, sobre todo en 1789, de la incapacidad de encontrar otros fundamentos unitarios en un país que está fracturándose. Se trata de una posición frágil que entrañará peligrosas consecuencias a largo plazo. Corresponde al hecho brutal de que una asamblea de legitimidad incierta se haga cargo de un Estado en el que han fallado todas las estructuras legales y tradicionales. Ello justifica la redacción, el 22 de septiembre de 1789, del artículo 22 de la Constitución, adoptada dos años más tarde: «En Francia no hay ninguna autoridad superior a la ley; el rey no reina sino por la ley, y no es sino en virtud de las leyes que puede exigir obediencia». El 12 de septiembre de 1789, la transformación de los archivos de la Asamblea Constituyente en Archivos Nacionales sienta las bases de la proclamación. Las leyes se depositan en unos archivos abiertos al público; clasificadas a partir de la actividad legisladora, las leyes ya no dependen de ninguna tradición tan inmemorial como imprecisa. En cierto modo, la decisión consagra la victoria de Rabaut Saint-Étienne. Los hombres de la Asamblea, pues, se inventan nuevos códigos.

Tal vez la monarquía fuera milenaria, pero el hecho es que se sume en una lógica de crisis que hoy se llamaría estado de excepción, sumado a las crisis moral, política, cultural y financiera ya existentes. La autoridad del rey se desmorona durante los primeros meses de 1789, cuando pierde el pulso contra el tercer estado y la Asamblea Constituyente. Las primeras emigraciones confirman la hostilidad irreductible entre los partidarios del Antiguo Régimen y los defensores del nuevo. Los más radicales, los «comprometidos» —una palabra utilizada en la época, que aún no designa a los que serán calificados así en 1793—, han permitido a los «moderados» lograr su revolución, pero todos consideran ya que el ejecutivo del país está en manos de lo que se convertirá en la contrarrevolución. De ahí que plantear principios por medio de la Declaración de los derechos no suponga invocar una visión filosófica, sino tomar el único camino que queda a los «hombres de Estado» de la Asamblea para estabilizar su toma de poder y cerrar el paso al rey. El recurso a la ley asegura a partir de entonces la legitimidad de los representantes, ligada al aval que aporta el «pueblo».

La revolución de octubre

Entretanto, en septiembre y octubre de 1789, se aviva el conflicto entre la soberanía impersonal de la nación y la soberanía personal del rey, una rivalidad que no se resolverá hasta 1792. Además, se agrava el descrédito de la centralidad de la monarquía. Necker hace un empréstito —retomando así las prácticas anteriores a 1789— a fin de cubrir los gastos, pero solo consigue dos millones y medio de libras, cuando contaba con reunir treinta. La corte ya no inspira confianza. La nación se moviliza haciendo donaciones patrióticas, de las que se hace eco la Asamblea. La iniciativa tiene una eficacia más simbólica que real, pero se repetirá durante las crisis del verano de 1792 y de 1794. Las pintoras son de las primeras en participar en esas contribuciones voluntarias. Al mismo tiempo, nacen comités de caridad ligados a las asambleas de electores, muy omnipresentes, que se enfrentan a la miseria en la ciudad y confirman su lugar institucional.

La Asamblea discute con aspereza cómo organizar el poder; la mayoría de diputados rechaza la creación de una cámara alta, al igual que la Cámara de los Pares en Inglaterra, y limita el derecho del rey a rechazar que se voten las leyes, no concediéndole más que un «veto» suspensivo de las leyes ordinarias durante dos legislaturas —las leyes constitucionales no pueden ser sancionadas por el rey—. La personalidad simbólica del rey no ha desaparecido, continúa encarnando un poder excepcional, cuyo rastro aún se encuentra en 1793, pero está limitado por la cosoberanía que ejerce la Asamblea Nacional, y prácticamente tutelado por los comités, así como por el desarrollo de una administración llena de defensores del nuevo régimen. Duport y sus amigos se suman a esa posición de consenso mientras que los defensores del poder real, entre ellos Mounier, que se vuelve muy ilustrativo, son objeto de campañas particularmente desdeñosas. Reciben el calificativo de «monarquianos», forma edulcorada de la palabra «monarquiosos», más infamante.

El corte entre derecha e izquierda nace tras esos debates, al clasificar a los diputados, según Dubois-Crancé, entre «verdaderos aristócratas, imparciales negros o aristócratas ministeriales, imparciales blancos o patriotas ministeriales» y el «falso partido popular», llamado airado. Los aristócratas o negros, situados en el extremo a la derecha, y los monárquicos, en el centro, dominan la Asamblea, mientras que los «patriotas» se dividen y los miembros del club bretón decaen, al mismo tiempo que el Palacio Real se convierte en el lugar de las protestas contra Mounier y sus amigos. A las maniobras del grupo activo en torno al duque de Orleans, a quien se presenta regularmente como la solución a la crisis, responden las maniobras de Mirabeau y su círculo, todas ellas tratando de responder al malestar de los soldados de las antiguas guardias francesas, cuya adhesión al motín había asegurado la victoria del 14 de julio de 1789, y que no soportan que se les amalgame con la guardia nacional voluntaria, así como al malestar de los obreros de los talleres de caridad, sin duda movilizados en beneficio del duque de Orleans. En ese estrecho camino, el ayuntamiento pone trabas mal que bien a las delegaciones que quieren ir a Versalles para influir al rey y los diputados. El 31 de agosto de 1789, la guardia nacional cierra el paso a un grupo de varios centenares de hombres encabezado por el agitador Saint-Huruge, procedente del Palacio Real, mientras corren rumores de que se va a trasladar al rey a París y la reina a un convento.

Fuera de la Asamblea, el alboroto político alcanza a toda la sociedad. Los periódicos políticos se multiplican: Brissot lanza El patriota francés y Marat, El amigo del pueblo. Las manifestaciones se suceden ante el temor a la escasez y las reticencias del rey a aceptar la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Los obreros y los patronos se enfrentan, porque los segundos se niegan a que los primeros invoquen la Revolución Francesa para establecerse por libre. Los seguidores de La Fayette y del duque de Orleans se enzarzan en una guerra de propaganda valiéndose de las mujeres del mercado, que son personajes muy populares, y su lenguaje «grosero». El grupo de las «groseras» posee una independencia respecto al poder central que las otras mujeres no pueden reivindicar, pero los panfletos y los libelos mitifican e instrumentalizan su independencia. Esa demagogia favorece la autonomía «popular», y tendrá unas consecuencias inesperadas para sus promotores.

Todo se precipita a finales de septiembre, cuando el regimiento de Flandes llega a Versalles y corren rumores de que se trasladará la Asamblea Nacional a Soissons o Compiègne. ¿Acaso el rey y la corte esperan recuperar las prerrogativas monárquicas clausurando lo que hasta entonces no era más que una crisis? Al igual que en julio, resurge el miedo a un golpe de Estado, agravado por la efervescencia, que no cesa de crecer. A finales de septiembre, en París, el temor a la escasez se suma a las reacciones populares contra los curas, a quienes se considera insensibles a la desgracia de los pobres. En ese clima, un incidente prende fuego a la pólvora. Pese a que la guardia nacional y los soldados del regimiento de Flandes se frecuentan, e incluso fraternizan, corre el rumor de que durante un banquete al que asistió la familia real, los oficiales del regimiento pisotearon la escarapela tricolor y enarbolaron la escarapela negra en presencia de la reina y el delfín. Como reacción, el 5 de octubre, una manifestación se dirige a Versalles para reclamar que baje el precio del pan, pero también que el rey acepte la Declaración de los derechos del hombre. La manifestación reúne a las mujeres del mercado y los suburbios, a las que se suman hombres, vencedores de la Bastilla o clubistas del Palacio Real, algunos vestidos con ropa femenina, retomando la costumbre de los hombres de disfrazarse para evitar los golpes de las fuerzas del orden en esa clase de protestas. En Versalles, la muchedumbre sitia la Asamblea Nacional, encarándose a la gran mayoría de los diputados. Al día siguiente por la mañana, ni La Fayette ni la guardia nacional pueden evitar la ocupación del castillo, el asesinato de la guardia de corps y la obligación impuesta a la pareja real, pero sobre todo a la reina, de aparecer en el balcón de la corte de mármol y someterse a las peticiones del pueblo. El rey se compromete a mejorar el abastecimiento de harina de París y, tras vacilar, acepta la Declaración de los derechos del hombre. Por último, se doblega a la última exigencia, cargada de consecuencias, de instalarse en París, en el castillo de las Tullerías. Como es lógico, la Asamblea lo imita, buscando un local cercano, de manera que a partir de entonces la vida política se despliega ante la mirada de los militantes parisinos.

En octubre se produce una ruptura que a menudo se subestima. Por decreto, el rey de Francia, convertido en rey de los franceses el 8 de octubre, ya no puede oponerse frontalmente a las leyes y los decretos de la Asamblea, cuya primacía se afianza. A partir de entonces, el país tiene consciencia de que está en marcha una revolución. Las estructuras políticas se modifican claramente y en lo sucesivo la opinión pública se polariza en dos bloques opuestos. Para los partidarios de la monarquía, el rey y la reina son como presos en París. Mounier, el presidente de la Asamblea, que había tenido que acompañar a una delegación de mujeres ante el rey, abandona sus funciones y pasa a la oposición, primero en la provincia del Delfinado y luego en el extranjero. De nuevo, la resistencia sorda del rey desacredita a los «moderados», en este caso a los monárquicos, que no han logrado conciliar a los patriotas y los monárquicos. Por el contrario, los partidos extremos se reafirman en su juicio sobre la incompatibilidad entre el rey y la revolución. Sin embargo, los monárquicos y en general los partidarios de una monarquía parlamentaria permanecen de facto en el poder y velan por el retorno al orden. Las mujeres, ya movilizadas, para actuar han tenido que aprovechar la libertad que les conceden las rivalidades entre los grupos y la indecisión de los hombres que están a la cabeza de las principales instituciones. No obstante, se las persigue por las atrocidades cometidas el 6 de octubre, pese a que en la época las atrocidades en cuestión se consideran desligadas de la acción política de la víspera. Mal que bien, su violencia estaba dirigida por los hombres presentes, a quienes da miedo, sean o no partidarios de la revolución. Como es lógico, la interpretan como una revuelta dirigida contra los centros del poder, se trate de la Comuna o la Asamblea. La leyenda se apodera del acontecimiento y estigmatiza especialmente a Anne-Josèphe Terwagne, llamada Théroigne de Méricourt, una mujer libre acusada de haber dirigido a la muchedumbre vestida con ropa de hombre.

El 20 de octubre de 1789 se cuestionan brutalmente los límites entre el orden y el desorden cuando un motín en la puerta de una panadería, uno de tantos motines que se producen sin cesar, desemboca en la muerte del joven panadero François. La Asamblea y la corte se muestran conmovidos y la reina recibe a la joven viuda embarazada. Los supuestos cabecillas del motín son identificados, perseguidos y castigados; dos hombres son ahorcados y una mujer se escapa del castigo porque está encinta. El 21 de octubre de 1789, la Asamblea promulga sobre la marcha la ley marcial, que da la posibilidad a las autoridades municipales de instaurar un orden militar, anunciado por el despliegue de la bandera roja. La izquierda de la Asamblea protesta por el límite impuesto a las iniciativas. Al mismo tiempo, se decreta el crimen de ofensa a la nación y se inicia una acción judicial contra los responsables de la crisis de 1789, Lambesc y Bésenval en particular. Los dos hombres se libran de cualquier condena. Al ser extranjeros, son justiciables según la legislación de su país, y nadie quiere volver a los meses anteriores. Se abre un procedimiento en el tribunal de Châtelet, que se basa en el Comité de Investigaciones de París. El comité constituye el ala «izquierda» de los seguidores de La Fayette, que emplean un lenguaje «revolucionado», mientras que el tribunal del Châtelet está en manos del ala derecha de la esfera de influencia. Su presidente, Agier, precisa de entrada que pretende sancionar a los «aristócratas» y los responsables de los acontecimientos de octubre. Ello explica las persecuciones de algunos manifestantes, entre ellos Reine Andu, que pasa un año en la cárcel. Los «hombres de Estado» golpean a la derecha y la izquierda a la vez para garantizar el funcionamiento del Estado y su poder, cuya fragilidad es flagrante.

Sobre un «desnivel»

Entre los cuadernos de quejas de primavera de 1789 y El amigo del pueblo de Marat, que evoca el equinoccio de octubre, ¿se produce el «desnivel» que observa F. Furet, al considerar que acaban de inventarse un «tipo de discurso y un tipo de prácticas políticas» que condicionan los dos siglos posteriores? Si no se quiere considerar inevitable la continuación de los acontecimientos, la respuesta no es evidente. Las rupturas con el Antiguo Régimen son irremediables, pero datan de 1787 y 1788. El principio monárquico perdura, a pesar de su inflexión hacia una monarquía parlamentaria sancionada por la toma de la Bastilla y la noche del 4 de agosto. Las estructuras sociales resultan profundamente perjudicadas y los órdenes cuestionados, pero bajo el efecto de corrientes distintas y a fin de cuentas contradictorias. Los campesinos, que están prendiendo fuego a los castillos antes de acabar algunos sumándose a la contrarrevolución, comparten con una parte de la población urbana —los futuros sans-culottes— el deseo de vivir de forma vagamente igualitarista, con un tufo arcaico, como ha observado con mucho tino A. Soboul. En cambio, a partir de la noche del 4 de agosto de 1789, los diputados inscriben su reforma en la voluntad de construir la sociedad francesa en torno a la propiedad y la adquisición de riquezas, a fin de realizar una utopía social basada en una visión elitista y notabiliaria inspirada en Inglaterra. Esas interpretaciones discordantes originarán un sinfín de malentendidos.

¿Cómo entra en la revolución Francia? Incontestablemente, porque el horizonte político se remodela en profundidad. La tolerancia religiosa pone en tela de juicio la preeminencia de la religión católica. El reino ya no está organizado en torno a la persona física del rey, aunque este siga siendo de facto sagrado e «inviolable», tal y como lo calificará la Constitución que se está elaborando. Pero el rey de Francia se ha convertido en el rey de los franceses; comparte la soberanía con la nación en una alianza incierta pero indisociable, como demuestra el incidente que se produce durante la promulgación de la Declaración de los derechos del hombre, que tiene lugar el 3 de noviembre de 1789, con letras patentes, según las normas del Antiguo Régimen, y se concluye con la fórmula tradicional «Porque tal es nuestro buen placer». La Asamblea, que hasta entonces no había prestado atención al protocolo, monta en cólera y el día 4 cambia la fórmula para que el rey sancione y haga ejecutar cualquier decreto constitucional. A partir de julio de 1789, pues, la regeneración del reino, iniciada por el propio rey, crea una cosoberanía.

Las cuestiones relativas al futuro del país se plantean públicamente y se tratan a partir de las relaciones de fuerza que se establecen en las asambleas, legales e ilegales, presentes en todo el país. La opinión pública, que se ha ido forjando desde hace decenios, se convierte en una realidad hasta tal punto que engloba hasta la menor declaración de los habitantes menos calificados del país, ya que la política se identifica brutalmente con las opiniones y las reclamaciones. Las divisiones entre los grupos sociales se han hecho añicos, como atestiguan, por ejemplo, los controles a los que se somete a los viajeros sospechosos de emigrar, pese a que se clasifica a los franceses de un modo binario, entre «aristócratas» y «patriotas». Hasta entonces, la monarquía no tenía enemigos; el rey era el padre de sus pueblos, y cualquier oposición que excediera los usos y costumbres jurídicos se tachaba de ofensa a la majestad. De repente, pueden señalarse los enemigos del Estado. El propio rey aparece como un enemigo potencial de la Constitución, sospechoso de ser afín a los primeros emigrados de julio de 1789. Con todo, las masas populares también se han vuelto amenazantes, más allá de los riesgos que representan tradicionalmente los motines. La cultura política no se ha adaptado a la mutación. Tanto en el ideal monárquico —la famosa noción del «pueblo Uno»— como en la utopía de la comunidad «natural», cualquier escisión o fracción se vivía como un defecto, pese a que la monarquía no existía más que armonizando los grupos dependientes entre sí (los órdenes y las provincias), unidos por los intermediarios naturales (los nobles y los curas). Las divisiones partidistas ligadas a la novación política provocan angustia, así como las medidas que conviene tomar, que suscitan reacciones basadas en la vigilancia y el control. Así, lo que a continuación se considerará el preludio del Terror es, al comienzo, una reacción espontánea ante una situación imprevista.

Algunos contemporáneos, como Barruel, y ciertos historiadores, como A. Cochin, han tratado de explicarse esa politización agresiva en los complots. A su juicio, las redes francmasonas o «jacobinas» echan sus redes sobre la sociedad francesa en 1789, aprovechando el desmoronamiento de la monarquía. Jamás tienen la homogeneidad ni la eficacia para lograrlo, pese a que la estrategia general de los jacobinos, desde mediados de 1789, consiguen que las sociedades afiliadas dirijan cartas a la Asamblea. Las cosas son más simples: las tensiones locales siguen siendo esenciales y la unidad nacional, inexistente. En 1789 la Revolución Francesa continúa siendo un movimiento incierto, que mezcla las aspiraciones más contradictorias, desde el cristianismo utópico y milenarista, hasta las aspiraciones filosóficas más secularizadas, pasando por todas las enseñanzas inspiradas por los modelos de la Antigüedad repetidos por los colegios, las ideas sacadas de las querellas literarias de las décadas anteriores y los sentimiento en boga. El ejemplo de Córcega ilustra esa clase de encuentro. Los seguidores de Paoli se suman a la Revolución Francesa porque les parece que esta reconoce la libertad que esperaban en el seno del «imperio» francés. Cuando en noviembre los patriotas recurren al pretexto de una escaramuza para solicitar a la Asamblea, y obtener, la anexión de la isla a Francia, su solicitud, formulada en nombre del pueblo, contradice el tratado diplomático de 1768 que unía Córcega a Génova, su propietaria titular. La integración resultante, pues, no carece de ambigüedades, ya que los corsos esperan que se respeten sus costumbres y su autonomía, deslucidas por la monarquía, hecho que rechazarán los continentales, incluso los más favorables a la anexión de la isla a Francia. El universalismo revolucionario, tal y como se proclama, modifica sobremanera los equilibrios internacionales y enseguida hace que se considere la Revolución Francesa el germen de una revolución expansionista, aunque en 1789 y 1790 no lo sea ni en los hechos ni en el espíritu.

La Revolución Francesa gana por defecto. En octubre de 1789, todavía no se reconoce a los «vencedores de la Bastilla» como héroes, tal y como sucederá unos meses más tarde, y los homenajes a las víctimas del 14 de julio siguen estando impregnados de una religiosidad tradicional. Las nuevas élites políticas comparten tanto la preocupación por el orden como los procedimientos contra los incendiarios de las oficinas de recaudación de los arbitrios, iniciados el 13 de julio de 1789 y reactivados en febrero de 1790, lo que conlleva detenciones coordinadas en junio de 1790. La fuerza de las cosas es tal que no es posible volver atrás: la víspera de la fiesta de la Federación se amnistía a las personas perseguidas. Sin embargo, a finales de 1789, la Revolución Francesa solo ha empezado a ojos de la historia posterior. El «desnivel», tal y como lo entiende F. Furet, no es idéntico para todos. Hablar de los «hombres de 1789» sin tener en cuenta esas etapas y rupturas solo tiene un sentido polémico.

Es verdad que los juicios de los observadores extranjeros contemporáneos contribuyen al mito de 1789. Para Burke, autor de las Reflexiones sobre la Revolución Francesa[7], libro que desempeña un papel clave en la historia de Europa, la empresa revolucionaria es una, filosófica y políticamente. Prolonga la Ilustración y el espíritu del Contrato social, al mismo tiempo que arruina el equilibrio tradicional. La carga está a la altura del entusiasmo que experimentan otros europeos presentes en Francia, como Campe o Forster, o que permanecen en Alemania, como Kant, Hegel u Hölderlin. La Asamblea Nacional y la toma de la Bastilla acreditan la idea, justificada por los hechos, de que en un viejo país puede producirse un vuelco político radical. Para todos ellos, se consigue el «desnivel» revolucionario, al igual que las provincias belgas, a su vez, parecen haber culminado su revolución. En julio de 1789 tiene lugar un alzamiento que acaba con la expulsión de las tropas austríacas el 27 de octubre de 1789, tras la batalla de Turnhout. En el obispado cercano a Lieja, el príncipe-obispo se enfrenta a un motín inspirado en la toma de la Bastilla, y el 7 de octubre de 1789 se ve obligado a huir. Así, a ojos de los europeos, la Revolución Francesa se convierte en un ejemplo sobre el que reflexionar, e incluso imitar.

No obstante, todos están de acuerdo en el temor a las repercusiones de un movimiento tan impetuoso, aunque se establece un quiasmo, que no cesará de hacerse más profundo, entre un «sentido» de la historia y los actos de violencia, resistencia o corrupción que traicionan la imperfección de Francia y su revolución. Resulta inútil intentar descubrir quién tiene razón o quién se equivoca, se trate de Burke, el desdeñoso, o Hegel, que deduce una filosofía general de la historia, u Hölderlin, que a todas luces no soporta la diferencia entre el sueño y la realidad, o, por último, Forster, que, pese a todo, se compromete al servicio de la revolución. Indiscutiblemente, la comprensión de la historia cambia a raíz de los acontecimientos desencadenados por las preguntas de la Ilustración. La Revolución Francesa se inscribe en un adelanto del tiempo, más allá de todos los obstáculos. Los franceses no son «revolucionarios» en el sentido en que revolución significa vuelco brutal; lo son, más sutilmente, porque han entrado en un marco de referencia. El «desnivel» todavía no se ha traducido en equilibrios políticos, pero ha vuelto impensable todo lo que pueda atenuarla o contradecirla; todo lo que se resista a ese mar de fondo entra en la contrarrevolución.

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Capítulo 8. LA BÚSQUEDA DE LA UNIDAD

A finales del año 1789, los hombres que ocupan el poder prolongan la modernización iniciada por la administración real, los intendentes y las asambleas provinciales. La revolución y la «regeneración» se confunden mal que bien, y pese a tener en contra, por razones opuestas, a los «negros» y los patriotas radicales, crean el marco «moderno» de la nueva Francia, que se considera una ruptura con el absolutismo. A las ambigüedades ligadas a la idea de «regeneración», dividida entre la confianza y la impaciencia por ver nacer al hombre nuevo alentado por las esperanzas políticas y religiosas, se les suman de manera más inmediata y apremiante las medidas que deben inventarse para administrar el país en su nueva configuración. Sin duda, es posible identificar tendencias que pueden calificarse de «liberales» o «autoritarias», y que anuncian la instauración de un Comité de Salvación Pública, incluso de un Estado totalitario, pero en eso, de nuevo, no conviene precipitarse al interpretar lo que se establece en medio de la confusión de las luchas, el fervor de las expectativas y la necesidad de mantener el orden. Por el contrario, es preciso seguir, paso a paso, la construcción de la estructura política y administrativa de la Francia nacida en 1789. Las evoluciones dependerán más de las resoluciones de los conflictos que de los presupuestos ideológicos.

El rey y la Asamblea

La victoria de la Asamblea es incontestable. Desde el 10 de octubre, «Luis, por la gracia de Dios y la ley constitucional de los franceses, rey de los franceses», rey hereditario pero subordinado a la Constitución, a la que presta juramento, dispone de una lista civil de veinticinco millones, con lo que se distinguen las finanzas nacionales de las cajas reales. No obstante, el rey, jefe titular del poder ejecutivo, conserva una parte del poder legislativo y es cosoberano junto con el pueblo, representado por la Asamblea, respecto a la cual ocupa una posición secundaria, de hecho. Aunque le corresponda elegir a los seis ministros que lo rodean, estos son responsables ante la Asamblea y sus firmas validan las decisiones tomadas. El peso de la Asamblea es tal que en marzo de 1791 rechazará que los ministros puedan elegirse de entre los diputados. Desde luego, la medida es táctica, en ese caso dirigida contra Mirabeau, cuyo poder se teme, pero su alcance es mayor ya que la decisión liga el pueblo a la Asamblea, aislando al rey y su entorno. El rey es hábilmente despojado de toda su fuerza: no puede disolver la Asamblea, que le presenta las leyes y los decretos, a los que da su «consentimiento» o bien rechaza señalando que los «examina», según las fórmulas del «veto» real, que no es más que suspensivo —una fórmula consagrada por la historiografía—. Cualquier oposición entre el rey y la Asamblea se vuelve insoluble: siendo ambos representantes de la nación, únicamente el recurso a las elecciones, es decir, la llamada al pueblo, puede zanjar la discrepancia.

Entretanto, la búsqueda de compromisos es legible en los artículos 1 y 2 del título III de lo que será la Constitución aprobada en 1791: la soberanía pertenece a la nación, con exclusión de cualquier parte del pueblo o un individuo. La nación únicamente se expresa a través de sus representantes, los diputados y el rey. Casi todos los diputados están de acuerdo en este punto: la revolución ha ratificado la falta de cohesión del reino en torno a la personalidad mística del rey, como encarnación de los pueblos. Sin embargo, la división de los poderes, tal y como la consagrará la Constitución, es más formal que funcional, pese a que la toma de decisiones está en manos de instituciones a menudo rivales u organismos nacidos de la urgencia. Las distinciones consideradas constitutivas entre el ejecutivo y el legislativo no se respetan. Lo ejemplifica la Asamblea, que a la vez controla a los ministros y pone en marcha comités de gobierno que se apoyan en el ejecutivo. Asimismo, los constituyentes tienen plena consciencia de desarrollar un poder administrativo, que cuadricula el país a través de la actividad de las oficinas y los comités, así como de las redes de militantes. También se apropian de la impresión de las leyes, por medio del control de la imprenta del Louvre, convertida en Imprenta Nacional, así como del editor oficial de la Asamblea, Baudolin, situados bajo la autoridad de los «inspectores de la sala». Se trata de un acto determinante, ya que las leyes se ejecutan en el momento de su publicación. Como desconfían del gobierno y los «funcionarios», indispensables y peligrosos porque «el gobierno es la verdadera fuente de moralidad y corrupción de los hombres», los constituyentes se inventan marcos para impedir que los individuos acaparen poderes. «Los individuos reciben la determinación y la regla habitual de su conducta de la moral y las instituciones públicas» (A. Duport). El juicio es aún más radical respecto al rey y sus agentes, sospechosos a priori de ser partidarios del «despotismo». Entre los dos polos del gobierno del país, más que equilibrio existe un pulso, mientras que, recordémoslo de nuevo, son los diputados monárquicos o patriotas moderados los que dirigen de hecho la Asamblea, lo que limita los antagonismos. Pero el legado del funcionamiento de la monarquía absoluta todavía pesa. La unidad soñada entre el rey y el súbdito jamás ha existido; los reformadores de 1789 continúan mostrándose suspicaces ante los hombres del rey, a los que desdeñan pero siguen temiendo.

De ello se deriva la práctica del doble juego, especialmente en la conducta de la diplomacia. El 7 de octubre, Luis XVI comunica a Carlos V, el rey de España, y a través de este a todos los soberanos de Europa, que «todos los actos contrarios a la autoridad real […] le han sido arrancados por la fuerza desde el 15 de julio» anterior. Entretanto, el rey y la reina ponen buena cara e incluso se afanan por encontrar aliados en la Asamblea, conchabándose con Mirabeau, que se embarca en esa vía tanto por convicción como por interés. Así, pues, todos los debates cubren la rivalidad permanente entre los poderes, como ejemplifica a la perfección la fiesta de la Federación, el 14 de julio de 1790. Preparan la fiesta, conocida la amplitud de su marco, en el Campo de Marte de París, donde desfilan delegaciones de la guardia nacional procedentes de todo el país, que encarnan el voluntarismo de los patriotas, un conjunto de personas de todas las condiciones. Preside la fiesta el rey, alrededor del cual ofician Talleyrand, el obispo que celebra la misa, y La Fayette, el comandante jefe de la guardia nacional. La historiografía suele citar con razón las anécdotas sobre la indiferencia afectada del rey, la desenvoltura de Talleyrand y La Fayette en el ejercicio de sus funciones, o las profundas tensiones que surgen durante los trabajos de excavación previos que reúnen a mujeres del pueblo y religiosas, nobles y plebeyos, militares y burgueses. En París, la unidad es una mera fachada. A decir verdad, como se verá más adelante, la fiesta parisina es una apuesta que hacen los diputados no solo respecto al rey, sino también respecto a sus apoyos populares.

Las reticencias e incluso el intento de manipulación del rey y su entorno no son una quimera. Al aceptar el curso de las cosas, aunque de forma poco precisa, desde luego, Luis XVI pretende controlar el movimiento a fin de modificarlo cuando recupere los medios políticos para ello. De ahí que no cese de recordar los principios a los que se debe: el respeto a la familia real, la defensa de los órdenes y la necesidad de un ejecutivo fuerte. Hasta el 14 de julio de 1790, evita continuamente prestar juramento; si lo hace ese día, es de una manera tan negligente que deja atónitos a los espectadores. El desfase entre el movimiento de efervescencia, por una parte, y, por otra, el rey y su entorno, sensibles a las reservas de la derecha contrarrevolucionaria, es, pues, real.

La federación y sus equívocos

Frente a los equívocos parisinos, Michelet prefiere describir el entusiasmo de los individuos llegados de las diferentes partes de Francia, lo que significa olvidar las fallas que abundan bajo la superficie de la unidad nacional. El 4 de febrero de 1790, el rey pronuncia un discurso ante la Asamblea para aprobar su labor e insistir en la unión entre la Asamblea y el monarca. La declaración no es baladí, pues se acababa de decidir la división en departamentos, la organización piramidal de las administraciones reclutadas por elección y que los bienes del clero estuvieran a disposición de la nación. Tras la partida del rey, en medio del entusiasmo consiguiente, los miembros de la Asamblea y el público presente prestan juramento de fidelidad a la ley, el rey y la nación. En los siguientes días, una oleada de juramentos recorre el país, empezando por los miembros de la Comuna de París y de numerosos cuerpos de funcionarios. A decir verdad, el gesto no es «revolucionario» en sí mismo; aunque durante siglos fue muy utilizado por la monarquía, había caído en desuso. Recurrir de nuevo al gesto de prestar juramento supone regresar a los orígenes de la unidad, lo que afirma la unión de todos aquellos que se reconocen en ese gesto, sin que por ello se excluya a los oponentes.

Ese movimiento es localizable a partir del momento en que las federaciones empiezan a organizarse durante la primavera de 1789 para hacer frente al complot aristocrático y el Gran Miedo. Se redobla en otoño, después de octubre, especialmente en las zonas de enfrentamiento abierto. Multitudes de varios miles de guardias nacionales se reúnen en el Delfinado, luego en la Bretaña, en Pontivy, Valence, en el valle del Ródano y en Grenoble en abril, donde concurren guardias de todo el país. Algunas federaciones pretenden multiplicar el entusiasmo, a fin de consolidar la «familia» nacional, pero otras, más numerosas, tratan de confirmar la incierta legitimidad que se han atribuido frente a las amenazas de los oponentes o los «bandidos». Políticamente «radicales» y socialmente «moderados», tratan de garantizar la victoria de la Revolución Francesa al mismo tiempo que la libre circulación de cereales. Así, pues, la nación nace antes que el Estado, y la revolución le confiere su forma y su léxico.

En cambio, algunas federaciones del oeste o el sureste de Francia desean defender sus valores comunitarios contra el Estado, lo que anuncia el nacimiento de un poder que compite con el de la Asamblea. Precisamente para hacer frente a esa corriente, que se está volviendo autónoma y peligrosa, el 4 de junio la Asamblea acuerda la posibilidad de que los soldados que lo deseen puedan unirse a los pactos federativos. El 5 de junio, ante el proyecto de una gran ceremonia federativa organizada por la Comuna de París, los diputados toman la iniciativa de la concentración del 14 de julio de 1790. El juramento consiste en una única fórmula: «Juro ser fiel a la nación, la ley y el rey, y mantener con todo mi poder la Constitución decretada por la Asamblea Nacional y aceptada por el rey». La fiesta de la Federación debe considerarse fruto de la obligación tanto del rey como de los diputados de acompañar el movimiento, so pena de convertirse en sus víctimas. No es de extrañar, pues, que esas federaciones, aclamadas en 1789 y 1790, sean rechazadas por «federalismo» en 1793, ya que encierran una dosis de autonomía que las vuelve rivales del Estado central.

A partir de ese modelo, en el mismo momento y enseguida, se desarrollan las fiestas federativas en todo el país. La misa, el juramento y los discursos constituyen el grueso de la fiesta, y se llevan a cabo ante las delegaciones de la guardia nacional y las multitudes. La compleja circulación de los federados al regresar a casa acaba de unir a la nación en múltiples ceremonias —juramentos, festividades— que redoblan los compromisos y consagran la fraternidad en una sacralidad que experimentan todos ellos. Es innegable que a veces las manifestaciones parecen ingenuas; forman parte de los múltiples pequeños y grandes gestos que encuentran nuevos significados simbólicos. Así, la ciudadanía se afirma en un contrato marcial, incluso militar, que transforma la guardia nacional en la defensora armada de la Revolución Francesa y la nación. Se afirma, pues, la dimensión que ha adquirido la palabra «nación» desde la segunda mitad del siglo XVIII, que identifica a los franceses frente a los extranjeros, o más bien frente a los enemigos.

Sin embargo, la Revolución Francesa se instala en una ambivalencia que la debilitará. La nación, es decir, el «pueblo» organizado en torno al juramento, aparece como la unión de «militantes» que se reconocen como iguales, rechazando «la aristocracia» y «la anarquía». La democracia puesta en marcha está incontestablemente «inconclusa», porque está mal definida y resulta ambigua. ¿Acaso esa inconclusión, tal y como se ha dicho, se debe a la inconsistencia de la reflexión de los diputados, unos idealistas henchidos de principios y máximas de Rousseau, o incluso a una especificidad cultural francesa? La ruptura es real, pero no tiene la profundidad ni la claridad que esperaban los que consideran que la revolución ya ha tenido lugar y que debe entrar en los hechos. En realidad, la Revolución Francesa tampoco innova en ese punto, ya que todos los regímenes han sabido mezclar poblaciones dispares en caso de necesidad, tratando de amalgamarlas mal que bien en las realidades cotidianas del ejercicio del poder. Sin embargo, la ambigüedad y los acuerdos aún duran unos meses. La Revolución Francesa no busca un pueblo «inencontrable», sino una legitimidad procedente de individuos ligados entre sí por un proyecto común o, dicho de otro modo, en la esperanza de una «nación» que dé sentido al «pueblo».

La nación o la búsqueda del equilibrio

El impulso federativo que recorre el país y suscita esa fraternización sumaria responde a una profunda esperanza colectiva que las élites traducen utilizando los marcos de pensamiento de la época y evitando que se rompan los múltiples lazos tradicionales que conformaban a Francia. Con todo, la cultura política europea, que distingue las formas de soberanía —aristocracia, autocracia y democracia— de las formas de gobierno —república o despotismo—, sigue a Rousseau al considerar que «si se toma el término en el rigor de su acepción, jamás ha existido una verdadera democracia, y no existirá jamás», porque la democracia solo conviene a un «pueblo de dioses». Kant, ahondando en esa posición, consideraba que la democracia era contraria por principios a la república y participaba del despotismo. En 1790, los diputados tratan de establecer un Estado representativo articulando la soberanía del pueblo con la del rey y evitando que ninguna de las dos pueda ejercer un poder sin límites, como expresa Duport, hombre fuerte del momento, cuando se evocan los artículos de la Constitución relativos a la regencia, insistiendo en la importancia de la Asamblea. Si «esos dos términos [pueblo y nación] deben ser sinónimos», como sostiene Sieyès, ello responde a la convicción de que no se puede compartir la soberanía con los privilegiados y al temor a que la nación encarnada por sus representantes pueda disociarse del pueblo soberano.

Por otra parte, Francia sigue siendo un conjunto de «naciones» y «pueblos», en el sentido tradicional de dichas palabras, apenas ligados los unos a los otros. Las fronteras interiores, las disparidades fiscales y de costumbres, y los múltiples usos lingüísticos crean un mosaico que se teme que estalle. Asimismo, se teme la secesión del Mediodía francés, alimentada por los catalanes y los vascos, así como por los apetitos políticos y económicos de Marsella o Toulon. La existencia de lenguas regionales hace recelar que, de la Bretaña a Alsacia, las poblaciones unidas recientemente al reino lo abandonen. La obsesión «nacional», pues, corresponde a la esperanza de encontrar un fundamento inquebrantable del régimen tras el debilitamiento de la encarnación real, así como a la inquietud ante las reivindicaciones del «pueblo» insurgente. La nación se convierte en el cuerpo simbólico, legitimado por los juramentos, que representa la patria encarnada por los representantes electos en las numerosas asambleas.

Las ambigüedades del proyecto son innegables. Este resulta extensible hasta el infinito, al acoger a todos los que se le suman, eventualmente hasta los Urales, como se dice, al mismo tiempo que es un proyecto exclusivo, que rechaza violentamente a los que discuten su adhesión. Entraña peligros a la altura de las esperanzas. ¿Acaso conviene recordar que el proyecto político resulta de la navegación a ojo entre escollos inesperados y renovados, y no tanto de la búsqueda de una utopía? Lo ilustra el ejemplo de Bélgica. La revolución que se lleva a cabo allí a comienzos de 1790 es incontestablemente «popular», pero el pueblo es católico, hostil a los filósofos y los seguidores de Voltaire, aunque empiece expulsando a los austríacos, y luego a los elementos «demócratas» encabezados por Vonck, uno de los miembros de la revolución. El debilitamiento resultante favorece la recuperación del poder por parte del imperio de Austria y explica el interés de los franceses por otros «patriotas». El impulso colectivo no ha sabido construir una nación en torno a sus promotores, vencidos enseguida con el vuelco de la opinión pública. Las decisiones no se toman en el transcurso de un «sabio debate filosófico», interpretable a la luz de la historia filosófica, sino en medio del ruido, el furor y los cambios de situación. Así, el Estado-nación que nace durante esos años es el resultado de complejos enfrentamientos, que mezclan teorías generales, estrategias y compromisos políticos, y no supone hacer tabla rasa ni es fruto del legado histórico. Es más que comprensibles pues, que una vez que cambie el contexto, esa nación incierta pueda convertirse en el marco de un verdadero nacionalismo, que la transforma en una «gran nación» modélica y conquistadora.

Principios y compromisos

Los complejos debates de 1790 a propósito de la política exterior de Francia atestiguan esas ambigüedades. Tres asuntos importantes obligan a definir la nación. En enero de 1790, la inspección de un buque mercante inglés por parte de un navío español, en la isla de Nutka, en la costa oeste del actual Canadá, provoca una querella que amenaza con transformarse en una guerra entre los dos países. El respeto al «pacto de familia» que une a los soberanos obliga a Francia a apoyar a España. A los partidarios del rey les parece la ocasión ideal para afirmar la preeminencia del poder ejecutivo respecto a la Asamblea, mientras que los «negros» insisten en la necesidad de conservar la naturaleza misteriosa del ejercicio del poder real. El ala izquierda reacciona enseguida; toma partido por Inglaterra y trata de imponer el control de la nación en la conducción de la guerra. Los patriotas «avanzados» incluso pretenden cambiar las reglas de la diplomacia de modo que esta se base en el derecho de la gente, aspirando a la federación de los pueblos libres. Ante la magnitud del asunto, el 20 y el 22 de mayo de 1790, la derecha ministerial dirigida por Mirabeau y la izquierda «del gobierno» representada por Duport ceden, concediendo al rey la gestión de la guerra y la paz bajo el control de la Asamblea legislativa. El texto que se elabora entonces constituye una declaración solemne de paz en el mundo y de renuncia a las conquistas. El compromiso, que a todas luces no cuenta demasiado para Mirabeau y sus amigos, encuentra, no obstante, un eco considerable en el país y en Europa entre la opinión pública «avanzada». Por consiguiente, se afirma la universalidad de la Revolución Francesa, polarizando la atención y abriendo perspectivas inéditas.

Esa imagen de Francia es reforzada por el contencioso —debatido entre febrero y mayo de 1790— nacido de las consecuencias de la noche del 4 de agosto de 1790 para los príncipes alemanes posesionados en Alsacia. Los derechos «feudales» que ejercían en enclaves que seguían siendo alemanes se suprimen sin compensación alguna. La derecha de la Asamblea denuncia la violación de las cláusulas del tratado de Münster de 1648; por el contrario, la izquierda defiende el principio de la soberanía popular, basado en el derecho natural. Merlin (llamado de Douai) propone indemnizar a los príncipes para garantizar los tratados firmados, sin cuestionar los derechos de los pueblos. Al mismo tiempo, el asunto de Aviñón se plantea más o menos en los mismos términos a raíz de la verdadera revuelta que se produce en las tierras papales, imitando la Revolución Francesa. Los habitantes de Aviñón reivindican la democratización de la administración local, lo que desemboca en un enfrentamiento directo y luego, en marzo de 1790, en la adopción de los principios de la Constitución francesa. Tras el rechazo del papa, el 10 y el 11 de junio de 1790, una verdadera revolución da el poder a los «patriotas» de la ciudad, que, además, asesinan a cuatro nobles locales. El 12 de junio de 1790, tras la intervención de la guardia nacional de las ciudades vecinas, orquestada por Francia, se vota y se envía de inmediato a la Asamblea la solicitud formal de la adhesión de Aviñón a Francia.

En ese caso, de nuevo se recusa el derecho positivo en beneficio de los principios asociados a la novación revolucionaria. Se exige a la Asamblea que estatuya. El ala izquierda es favorable, pero la mayoría de los diputados se resiste a ratificar ese tipo de decisión por razones muy dispares: el voto de los habitantes de Aviñón no ha seguido las formas requeridas, no expresa la mayoría de las opiniones y está manchado por la violencia. Además, las realidades sociales motivan las divisiones. Aunque una parte de la población no desea perder las ventajas que les concede el papa, los intereses comerciales de los negociantes de Aviñón y las preocupaciones proteccionistas de los habitantes de Carpentras requieren medidas económicas opuestas. En consecuencia, se produce una guerra civil entre Aviñón y Carpentras, así como entre los clanes de Aviñón.

En la Asamblea no se llega a unanimidad alguna respecto a esos dos asuntos. Las distintas corrientes se enfrentan al invocar los derechos positivo y natural, lo que desemboca en compromisos pragmáticos. Con todo, las posiciones inspiradas en el derecho natural, expresadas especialmente por Robespierre, establecen el marco de las discusiones, hasta tal punto que la atención que se presta al cosmopolitismo político impresiona a los observadores. Sin embargo, las manifestaciones políticas resultan ambiguas, como atestigua el decreto de abolición del derecho de aubana, es decir, los impuestos a los bienes de los extranjeros naturalizados, propuesto por el conde Marsanne de Fontjuliane en mayo de 1790. Noble, sin duda moderado, que emigra más adelante, Marsanne de Fontjuliane defiende la idea «revolucionaria» de constituir la «gran familia» de hombres sin tener en cuenta las fronteras y las naciones. Además de esta ley general, obtiene la restitución de los bienes confiscados a las familias de hugonotes que han huido de la persecución religiosa. Pero el cosmopolitismo que preconiza el barón Cloots, que ha adoptado el nombre de pila de Anarchasis, es más político. Cloots encabeza una «delegación del género humano» durante la fiesta de la Federación y defiende la desaparición de las fronteras y la fusión de las naciones a fin de formar una gran nación de mayor potencia comercial. Sin embargo, el barón Cloots, muy progresista, no se opone a la existencia de las colonias ni siquiera al esclavismo, de modo que su posición está muy alejada de la de Robespierre, por cercanas que parezcan. Es tal el abanico de posturas del cosmopolitismo que no tiene sentido tratar de diferenciarlas según su pureza con respecto a un ideal enraizado en un derecho natural, a su vez indefinido. Robespierre no encarna el punto de equilibrio de la Asamblea, sino que representa, sin duda alguna, el punto más extremo, incluso en sus contradicciones.

Lo esencial está presente en lo que está en juego en todos esos debates: la incertidumbre que se cierne sobre el sentido de las palabras «nación» y «pueblo» no cuenta tanto como los presupuestos teóricos que reinan en el seno de las asambleas políticas. Ello entraña el riesgo real de que lo sufran pueblos y naciones disconformes con las normas acordadas por la mayoría en el poder, aunque, por otra parte, esas tensiones incitan a tomar medidas administrativas inéditas.

Los marcos del Estado

La división de Francia en ochenta y tres departamentos por el decreto del 15 de enero de 1790 se considera uno de los símbolos de la reorganización revolucionaria del país. Inspirada por razones administrativas, fiscales, políticas y electorales, así como por reflexiones de filosofía política, la operación trata de descentralizar el ejercicio del poder, acercar a los administrados y los administradores, favorecer la unidad del país e impedir los movimientos centrífugos de los países de estados provinciales, e incluso, sin duda, romper los provincianismos. Los debates que se entablan en julio de 1789 están inspirados en medidas adoptadas bajo la monarquía, pero la orientación de los principales oradores, Sieyès y Thouret, es radical. Invocando la novación introducida por la Revolución Francesa, pretenden aplicar un marco geométrico al territorio metropolitano y proponen ochenta y un departamentos de trescientas veinticuatro leguas cuadradas, cada uno formado por nueve «comunas» divididas en nueve «cantones». El proyecto hace las delicias de la historiografía deseosa de ridiculizar los delirios geométricos de los revolucionarios. Es verdad que al mismo tiempo la Asamblea decide unificar y normalizar los pesos y las medidas. La decisión tardará tiempo en ser adoptada por la costumbre, pero hoy conocemos su éxito.

Esos proyectos de división territorial se inscriben en la realidad existente y las tradiciones. Los diputados, numerosas peticiones y las diputaciones recuerdan las identidades regionales de las provincias y sobre todo de los países de estados para poner en tela de juicio una cuadrícula geométrica. Con todo, como regla general, las fronteras de los departamentos, en su mayoría llamados según sus características naturales —ríos, montañas o litorales—, se deslizan poco a poco en los límites anteriores, sean «naturales» o «culturales». Así, la Bretaña, la Provenza y el Delfinado siguen siendo plenamente identificables en el mapa del país. Por tanto, resulta del todo exagerado y polémico considerar los departamentos como lugares de antimemoria.

En el interior de cada departamento, se abandona la división en nueve partes que se había considerado durante un tiempo, y se crean distritos, cantones y comunas, más adaptados al respeto de los estrechos lazos entre administrados y administradores. En esas circunspecciones, las administraciones son tripartitas y comprenden un consejo —eventualmente directorio—, una oficina electa de permanentes y un representante del poder central —procurador— electo. La comuna, que se convierte en la unidad más pequeña, es administrada por un consejo elegido por los electores que residen en ella. El cantón, que reúne varias comunas, está dotado de poderes administrativos. Es sobre todo el lugar en el que se encuentran los electores, es decir, los ciudadanos «activos». Estos componen la «asamblea primaria», encargada de elegir a los «electores secundarios» que, en las capitales del distrito y el departamento, eligen a los miembros de las administraciones correspondientes, los miembros de los tribunales, los directores de correos, los eclesiásticos y, por supuesto, los diputados de la Asamblea Nacional. Así, esas pirámides van creando poco a poco medio millón de funciones públicas electivas. La cifra es considerable, ya que entre cuatro y cinco millones de hombres adultos son susceptibles de ser llamados a participar en la administración del país. La carga es particularmente pesada para las numerosas comunas que cuentan con menos de doscientos habitantes, entre los cuales es preciso encontrar a letrados capaces de enfrentarse a una tarea administrativa que enseguida se vuelve aplastante.

Conviene subrayar la implicación de los administradores y los diputados por dos razones. Por una parte, evita que el país experimente la desaparición de las atribuciones esenciales del Estado. Siguen recaudándose los impuestos, mal que bien, las obras públicas continúan construyéndose y se pagan las rentas… Por otra parte, la transición entre los antiguos titulares de poderes y funciones administrativas y los nuevos se lleva a cabo entre 1790 y 1791, bajo el control de comisarios delegados a propósito por la Asamblea. Sin embargo, el paso acarrea fricciones y choques, lo que acentúa la politización de las pirámides administrativas que se reclutan y se definen cada vez más contra los anteriores. Así, pues, el personal que se instala en los departamentos, bajo el ojo atento de la Asamblea, encarna verdaderamente al nuevo régimen.

La revolución de las localidades

Por tanto, la división no cubre a los de «arriba», sino que privilegia los intereses de los de «abajo», como demuestran los conflictos locales que surgen a propósito de las delimitaciones territoriales o las atribuciones administrativas. Así, ciudades y aldeas delegan en representantes, envían peticiones o se alían contra otra ciudad más importante por temor a que acapare demasiado poder… Al margen de los presupuestos de una parte de los constituyentes, las identidades locales y regionales resisten y a menudo prevalecen en las decisiones que se toman al término de relaciones de fuerza. A pesar de que la unidad francesa queda reforzada, ya que se dirige uniformemente el espacio nacional, lo que suprime las disparidades históricas, los rastros de las antiguas divisiones continúan estructurando la mentalidad de la gente. El recuerdo de los antiguos privilegios y la pérdida de jurisdicciones alimentarán, hasta el día de hoy, la nostalgia del Antiguo Régimen y los rencores hacia el nuevo régimen, encarnado por los vecinos más afortunados. Las tensiones políticas tienen su origen en las zonas de conflictos provocados por esa división, que opone a los partidarios y los adversarios de la Revolución Francesa. El ejemplo más conocido es del de las «marcas separadoras» de la Bretaña, Anjou, Poitou y Maine. En cierta forma, se nivelan con la formación de los departamentos, lo que destruye de repente toda una economía rural basada en las ventajas fiscales, militares y jurisdiccionales, así como en el fraude entre provincias con estatutos dispares respecto a los impuestos. Esa será una de las razones de la guerra de los Chuanes y la guerra de La Vendée. En el sur de Francia, las rivalidades por una capital de departamento desembocan en una división política entre Aix-en-Provence, que sale ganadora, aunque se muestra moderada, y Marsella, la perdedora, que se vuelve más radical.

Esa organización ha suscitado innumerables comentarios. Sin embargo, el éxito real —y perdurable— de esa división en departamentos está ligado a su arraigo local. Las comunas, los cantones y los departamentos no son circunscripciones pegadas al tejido existente, sino que incorporan su legado. Se convierten en los lugares de poder, de manera que equilibran la centralidad de París, traducen localmente los retos nacionales y confieren autonomía política a las comunidades regionales y locales. La elección asegura el nombramiento de una élite de «funcionarios» por parte de las propias comunidades. Esos electos participan en las asambleas temporales u ocupan puestos permanentes. En todos los casos, dependen de las elecciones llevadas a cabo localmente, incluso para los que representan institucionalmente el poder central, en ese caso la autoridad real. En el ejercicio de sus atribuciones, se rodean de empleados asalariados, que hoy calificaríamos de funcionarios, para diferenciarlos de los electos. Aunque esas administraciones dependan del poder central, cuyas decisiones deben aplicar, sin contar con poderes deliberativos, de hecho se pone en marcha una «descentralización» del país. No existe ningún relevo entre la Asamblea y las demás instancias; la publicación de las leyes implica su promulgación, lo que confiere a las autoridades de los departamentos, los cantones y las comunas un poder considerable, que se irá recortando poco a poco con el envío de diputados en misión, antes de que se generalicen en febrero de 1793. El éxito del proyecto revolucionario se juega en la adaptación local de las ideas y los principios propuestos por la Asamblea y traducidos por los notables locales, en función de los equilibrios específicos. Esas condiciones prácticas que determinan el nacimiento de las comunas y las instituciones departamentales demuestran cómo se tejen los lazos entre los poderes locales y el poder central, lo que impide considerar abstractos los principios o utópicos los discursos que se supone que caracterizan la Revolución Francesa y a sus propagandistas ignorantes de las distintas realidades.

Las trabas de París

En esta cuestión, el ejemplo de París es particularmente esclarecedor. La presencia de militantes políticos reconocidos y populares se conjuga con el prestigio de políticos de primer plano, ya se trate, para citar unos pocos, del alcalde, Bailly, diputado y erudito, de La Fayette, comandante de la guardia nacional, o del duque de Orleans, apoyado por eficaces asesores. Las instituciones municipales son a la vez complementarias y rivales de la Asamblea. La Comuna dispone de una fuerza armada considerable —al menos seis mil hombres a sus órdenes directas y ochenta mil guardas nacionales «burgueses»—, de una policía reorganizada y centralizada, apoyada en redes de comisarios, inspectores, comisarios de secciones y jueces de paz. El Comité de Investigaciones, que depende de la municipalidad, nacido en octubre de 1789, duplica a su homónimo ligado a la Asamblea y dispone de competencias que se extienden a las detenciones. Brissot es el miembro más influyente. A partir de agosto de 1789, la municipalidad comunica su voluntad de retorno al orden, castigando con severidad las aglomeraciones, especialmente las que se producen alrededor del Palacio Real, pero también las que provocan obreros y patronos descontentos. Persigue a los vendedores ambulantes que difunden innumerables periódicos y libelos, y restablece los arbitrios municipales. Aunque en octubre no lograra impedir que las mujeres del mercado fueran a Versalles, consigue que el tribunal de Châtelet juzgue a algunas de ellas.

Así, pues, los electos deben luchar contra las hambrunas, gravar los precios, especialmente del pan y la carne, y poner en el mercado billetes de confianza, al mismo tiempo que responden a la presión popular. De ahí que los hombres que están en el poder —ediles y diputados— se sientan acosados y asediados por esos grupos, que se suman a los sacerdotes refractarios, los nobles emigrados y los contrarrevolucionarios más o menos visibles. El acercamiento no es fortuito, ya que incesantemente se teme que los obreros del país se concierten con los realistas contra las instituciones, y los incidentes se vuelven habituales. El 24 de enero de 1791, las puertas de La Chapelle-Saint-Denis se convierten en el escenario de un enfrentamiento entre los «cazadores de puertas» que reprimen a los contrabandistas y los guardias nacionales de la Comuna. En medio de la confusión, matan a varias personas, entre ellas dos «patriotas», a quienes apoyan enseguida los jacobinos, que acusan a los cazadores de estar ligados al club monárquico.

El 28 de febrero, las autoridades parisinas hacen frente a los «caballeros del puñal», acusados de intentar que el rey huya, al mismo tiempo que a los obreros del arrabal de Saint-Antoine que se dirigen a Vincennes a fin de destruir el torreón del castillo que está restaurando la municipalidad. ¡Esos militantes denuncian una segunda Bastilla y ven una maniobra realista en la obra municipal! Afortunadamente para La Fayette, el arrabal de Saint-Marcel, en la orilla derecha de París, se niega a seguir el movimiento del arrabal de Saint-Antoine, ¡al que consideran «bandido» y, sin duda, ligado a los seguidores del duque de Orleans y colaborador de los jacobinos y los cordeleros en contra de La Fayette! La recuperación del poder por parte de las fuerzas «populares», nacidas tras los acontecimientos de 1789, va acompañada de la reorganización de la guardia nacional, en la que se codean no sin dificultades tropas profesionales remuneradas, formadas por unos diez mil hombres, y voluntarios, sin duda unos veinte mil, que son más afines a La Fayette que los otros. La hostilidad de las antiguas guardias francesas impide que los vencedores de la Bastilla constituyan un cuerpo independiente, pero los sobresaltos de esa lucha interna desembocan, en septiembre de 1791, en el envío de los cuerpos que están a sueldo al ejército de línea y la gendarmería, mientras en París la guardia nacional se convierte en un cuerpo estrictamente ciudadano.

Poco a poco, la Comuna se encuentra presa en obligaciones contradictorias que la sitúan en una posición ambigua respecto al «pueblo» de París y los diputados. Por una parte, como los diputados de la Asamblea no disponen de ninguna fuerza armada, dependen de ella, esperan que mantenga el orden y sufren la demagogia que provoca la Comuna en su defensa de la Revolución Francesa. Por otra parte, la Comuna se enfrenta a los distritos, convertidos en secciones en 1790, que pretenden conservar su autonomía y se las dan de garantes de la ortodoxia del régimen, hasta el punto de atribuirse competencias administrativas y de la policía, asegurando incluso la libertad de circulación de las mercancías. Sin embargo, la guardia nacional, que está bajo el control de La Fayette, así como los guardias de las oficinas de arbitrio, se enfrentan a menudo a los miembros de las secciones de París, unidos a los cordeleros o simplemente deseosos de participar en una democracia directa que aparece como la consecuencia lógica de la Revolución Francesa. La Comuna, que conserva el control policial y se apoya en los cuerpos especializados, se encuentra cada vez más cuestionada en sus funciones y dividida en sus orientaciones políticas en nombre de la Revolución Francesa. Esas fricciones explican que el Comité de Investigaciones de París, atenazado, se aleje del tribunal de Châtelet, que inicia un viraje más represivo en primavera de 1790. Esa distancia entre instituciones próximas y rivales, inscritas en dos historias opuestas, ilustra la ruptura que se produce entre los patriotas en nombre de su relación con el «pueblo». En ese juego en el que está permitido cualquier golpe, en diciembre de 1790 Robespierre puede denunciar sin dificultad a la Asamblea que se atribuyan las funciones de oficial de gendarmería a los «privilegiados» y que la policía retome la represión prebostal del Antiguo Régimen, agravada por la posibilidad de expedir órdenes de comparecencia.

La nación regenerada

Lo que está en juego durante todo ese período es la dualidad entre soberanía y autoridad suprema. Con todo, sería peligroso reducirla a una simple cuestión de lucha de clases o ver en esos años las primicias de un Estado totalitario. Todos los políticos saben que el poder tiende a articular discursos, juegos institucionales y acciones políticas. Mientras que los patriotas «moderados» pretenden contener las reivindicaciones populares, los patriotas «avanzados» no quieren cuestionar siquiera la libertad del comercio ni la propiedad. No tiene sentido acusarlos de un idealismo mortífero. En el crisol de esos acontecimientos, que hacen confrontar principios, obligaciones, luchas políticas y rivalidades, nace una sociedad inédita, heterogénea e incluso contradictoria. Sin embargo, se imponen algunas orientaciones, que colman ciertas expectativas. La administración de los individuos y los grupos se vuelve autónoma respecto a los vínculos orgánicos, las costumbres comunitarias e incluso respecto al avance de la Revolución Francesa. La policía y la justicia se distinguen, con lo que se constituye un nuevo marco de vida desligado de las intenciones escatológicas.

Entre las cuestiones que se plantean de forma inmediata, la primera es la educación del pueblo. A partir del 14 de enero de 1790, la Asamblea acomete una política sistemática de traducción de los decretos y las leyes a las lenguas vernáculas. La empresa atañe al bretón, el vasco, el alsaciano y el flamenco, así como a varios dialectos, y cuenta con la colaboración de patriotas «bilingües», muchos de ellos curas. Ese profundo compromiso dista del rechazo transitorio y puntual de los dialectos, tachados de contrarrevolucionarios, y representa una tendencia esencial de la Revolución Francesa: la unión nacional por medio de la lengua debe remplazar la unión de antaño, encarnada por el cuerpo del rey. De ahí que se multipliquen los proyectos de «educación nacional», término utilizado por La Chalotais antes de 1789. En octubre de 1789, Daunou, seguido por Talleyrand, Mirabeau y Gossin, proponen un proyecto de «educación nacional» a fin de desarrollar el amor por la patria. Como es lógico, más que los constituyentes, son los militantes del Círculo Social, el abad Fauchet, Condorcet y Bonneville los que más se movilizan contra la superstición, en defensa de la verdad. Su periódico, La boca de hierro, lanza la idea de un comité de educación nacional, mientras La hoja aldeana, cuyo principal redactor es Cérutti, imagina cartillas educativas destinadas al pueblo. Entretanto, esos proyectos dependen de la buena voluntad de las autoridades locales.

El mismo impulso, con los mismos límites, se encuentra en la reforma de la caridad, a fin de reducir la mendicidad. La urgencia es tanto mayor cuanto el clero, desde el 4 de agosto de 1789, ha perdido los medios para satisfacer las peticiones de ayuda. En enero de 1790, la Asamblea crea el Comité de Mendicidad, al mismo tiempo que se censan dos millones de mendigos en cincuenta departamentos y se calcula que existen el doble en el conjunto del país. En todas partes se ponen en marcha talleres de caridad y programas de ayuda. Se trata de llevar a cabo políticas anteriores, pero la Constitución, al retomar los principios del derecho a la instrucción pública y la asistencia, de hecho, abre nuevas perspectivas. Ello no impide que los sistemas tradicionales fallen, y que escasee el dinero en las comunas, que en lo sucesivo deben encargarse de resolver la mendicidad. ¿Acaso Francia ha entrado en una vía liberal, característica de la revolución «burguesa»? La cuestión es recurrente desde 1792, ya que esas reformas no crean en modo alguno un anacrónico Estado de providencia. En definitiva, la defensa de la propiedad es un dogma que jamás se pone en tela de juicio fuera de círculos radicales aislados. La refundación de la sociedad se lleva a cabo desde una perspectiva moralizante, según la cual el éxito de la empresa reposa en la mutación de los individuos, que deben abandonar sus egoísmos personales y las costumbres colectivas a fin de adherirse con plena libertad al proyecto revolucionario. Todo ello se realiza de manera práctica, bajo la dirección de hombres de orden, pero todos los grupos que llegan al poder deben confrontarse, muy a su pesar, con las mismas dificultades cotidianas: garantizar el vínculo social, la circulación de la subsistencia y la vida financiera del Estado.

Desde esta perspectiva, a comienzos de 1790 se replantea la reforma de la justicia, que rompe con el absolutismo y une a la opinión pública. De entrada, la Asamblea se compromete a redactar el primer código de la historia del país, un código penal que define los comportamientos condenables con el objetivo de crear una nueva sociedad. Se mantiene la pena de muerte, pero los diputados suprimen los suplicios y todos los delitos ligados al sacrilegio, y sobre todo acercan la justicia a los justiciables. La organización de la justicia sistematiza el principio electivo tanto para respetar el principio del juicio por parte de los pares como para prohibir al rey, como encarnación del poder ejecutivo, que intervenga en la justicia nacional. El principio democrático incluso recibe el apoyo de los «aristócratas» de la Asamblea, satisfechos, sin duda, de que la autoridad suprema derive del rey, pero sobre todo contentos al ver que la autoridad inmediata se le escapa, y convencidos, equivocadamente, de que podrán aprovecharse del juego de las elecciones para controlar la institución, porque incluso la acusación hecha en nombre del rey es llevada por un magistrado electo. Contra los procedimientos interminables y costosos, se privilegian la conciliación y el arbitraje, y se crean instancias populares. Los tribunales de familia, compuestos por ciudadanos de a pie, arreglan las disputas entre parejas o hermandades. En un nivel superior, los jueces de paz prolongan esa intención conciliadora, antes de que los recursos sean tratados por tribunales especializados. En los asuntos criminales, los jurados populares componen tribunales de acusación y tribunales de juicio, encargados de hacer justicia en nombre del pueblo. En la cima del edificio, un tribunal supremo vela por el respeto a la ley, e incluso a la Constitución, y pueden acudir a él querellantes víctimas de la justicia. Por último, existe una Alta Corte, convocada por el cuerpo legislativo, para juzgar los asuntos que amenazan la seguridad del Estado. Indiscutiblemente, la reforma es uno de los logros de la Revolución Francesa, pese a que las medidas que se toman acarrean consecuencias mal calculadas. En 1790 se suprime el colegio de abogados, lo que permite que cada ciudadano pueda organizar su propia defensa ante un tribunal. En la práctica, los abogados se reincorporan a sus funciones bajo la denominación de defensores oficiosos, con lo que están más sometidos que antes a las presiones políticas.

En cambio, las medidas que se toman a fin de reorganizar las finanzas del reino desembocan en un fiasco y agravan el déficit. No obstante, los principios, que siguen aplicándose durante todo el siglo XIX, son loables y van a perdurar. Una tesorería nacional se encarga de los ingresos y los gastos, independientemente del rey y los legisladores. Se privilegian las contribuciones directas, al gravar toda clase de rentas, créditos, propiedades inmobiliarias y transacciones comerciales. El establecimiento de esos impuestos pasa por el reparto de las cargas que se asignan con una perspectiva nacional a cada departamento y cada comuna, y debe tener en cuenta la capacidad de cada sujeto. De entrada, ello obliga a hacer estimaciones complejas e imposibles de calcular a falta de catastros y funcionarios municipales competentes, una situación agravada por las numerosas posibilidades de desgravación. Además, la supresión de la mayoría de impuestos indirectos deja sin ingresos a las ciudades. En el conjunto de la nación, faltan cien millones de libras para hacer frente a los gastos, lo que acentúa el déficit heredado de la monarquía, que los empréstitos, hechos en junio y mal cubiertos, no logran cubrir.

Electores y ciudadanos

Pese a las incertidumbres y las insatisfacciones que suscitan las nuevas instituciones, estas otorgan competencias y poderes inéditos a millones de franceses, lo que explica su adhesión al régimen. En efecto, la definición de la ciudadanía política sigue siendo delicada. Hasta 1791, el sufragio está reservado a los hombres de más de veinticinco años, blancos, domiciliados en la comuna desde hace al menos un año y que paguen el equivalente de tres días de trabajo para ser electores, o diez para ser electores secundarios. Estos eligen a los diputados de entre los que pagan cincuenta libras de imposición —el equivalente a un marco de plata— o poseen un bien inmobiliario que corresponda a ciento cincuenta jornadas de trabajo. Ante la oposición de la izquierda de la Asamblea, en la práctica no se respeta el límite del marco de plata. La historiografía sigue dividida respecto a la naturaleza y la realidad de dichas exclusiones.

Junto al obstáculo de la edad, que en 1792 se bajará a veintiún años, el del sexo, el color y la independencia financiera son imperiosos. Las mujeres y las chicas, que como cabezas de familia habían podido participar en las reuniones preparatorias de los Estados Generales, son excluidas definitivamente de la vida política, aunque, en la práctica, se hacen notables excepciones y en 1793 algunas votarán a propósito de la distribución de los bienes municipales. La regresión respecto al Antiguo Régimen resulta clara. Los esclavos e incluso los hombres libres de color son expulsados de la comunidad política, al menos hasta 1791 en el caso de estos últimos, así como los criados, los vagabundos y los «pobres». A todos ellos se los considera «no activos». No obstante, ¿se llega a un sufragio «censatario», que rechaza a uno o dos millones de hombres incapaces de pagar tres jornadas de trabajo? ¿O acaso los ciudadanos «activos» representan a toda la nación, mientras que los excluidos están prácticamente fuera de la comunidad, a falta de estabilidad? Desde luego, el número de ciudadanos «activos» que suele aceptarse, cuatro millones trescientos mil, es una estimación imprecisa.

El concepto de «sufragio restringido» parece preferible al de «sufragio censatario», al menos en el grado más bajo de las elecciones primarias, para calificar el sistema al margen de las polémicas historiográficas a menudo ideológicas. Como la estimación del precio de la jornada de trabajo se pone en manos de la iniciativa municipal, la regulación de las exclusiones se hace en el ámbito local, en función de las relaciones de fuerza. A grandes rasgos, los excluidos son menos numerosos en el campo que en las ciudades, donde los trabajadores pobres e itinerantes apenas cumplen las condiciones requeridas. ¿Cómo llamar a esos excluidos? El término de ciudadanos «pasivos» es una creación posterior, un verdadero oxímoron que recoge una diferencia que no ha dejado de discutirse hasta que ha desaparecido, primero para los hombres, en agosto de 1792. Sin embargo, en la práctica se puede estimar que casi toda la nación participa en las votaciones: las elecciones son actos colectivos, llevados a cabo por grupos establecidos, que deliberan durante días enteros. Aún quedan lejos las prácticas electorales individualistas que se impondrán a comienzos del siglo XX, cuando los electores desfilen por una cabina para depositar su papeleta. La representación no es abstracta, sino muy encarnada, a través de individuos conocidos e insertados en las redes familiares y sociales. Los electores se organizan entre sí y, tras haber prestado juramento, votan a individuos particulares, sin listas de candidatos ni programas electorales.

Esos procedimientos remiten a una visión poco «política» de la cosa pública. El voto no corresponde a un derecho, sino a una función: debe designar a los mejores. Se articula con el peso comunitario, sus costumbres, el hecho de que eventualmente se cierren al exterior, sus jerarquías y sus diferencias. Ello explica que en numerosas comunas, las decisiones, incluida la de adherirse a un club «revolucionario», se tomen con la casi unanimidad de los presentes, a fin de evitar cualquier escisión. Por el contrario, las rupturas familiares o religiosas, especialmente las oposiciones entre católicos y protestantes, provocan en el sur del país escisiones permanentes en las asambleas primarias y secundarias, y dividen de forma duradera las municipalidades. Pensar que los franceses se han convertido en ciudadanos-electores individualistas supone olvidar su apego a la unidad nacional, calcada del modelo familiar. La modernidad política no se ha completado en absoluto, y las indecisiones que perduran impiden pensar que un orden político que se considera radicalmente nuevo ha transformado la sociedad. Los acontecimientos atestiguan con creces el peso de las tradiciones, incluso entre los que parecen más «revolucionarios».

Entonces, ¿de dónde viene la innovación? Sin duda, de las reivindicaciones femeninas y de los medios populares de las grandes ciudades que protestan contra el hecho de no ser «activos». Esas voces estructuran el espacio político, más aún cuando el acceso a la guardia nacional está ligado hasta agosto de 1792 al estatuto de activo, y los antagonismos entre la guardia nacional y los militantes políticos son notables en París desde finales de 1790 y durante todo el año 1791. Asimismo, la novedad radica en la instauración de asambleas primarias, que se celebran en la capital de los cantones. Se instauran nuevas costumbres de reunión, especialmente en París, hasta el punto de que la permanencia de esa clase de asambleas se convierte en la expresión reconocida de la soberanía popular. Se trata de una convicción que se basa en la importancia de los nombramientos a ese nivel, así como en el hecho de que agrupan el mayor número de hombres adultos, incluidos los «pasivos».

Frente al poder central, pero también frente a los poderes intermediarios como los directorios y las asambleas de departamento, a menudo se afirman de manera irregular esas instancias imprevistas, que reúnen a «electores» convencidos de representar el «pueblo». Se aprovechan del vacío que provoca la Revolución Francesa para imponerse y conservar, en contra de todo, el poder de deliberación heredado de las asambleas parroquiales de la monarquía y reafirmado a raíz de la convocatoria de los diputados a los estados generales. A ello se le suma la creación de sociedades «fraternales» que se vuelcan en la educación política. En París, el Círculo Social que acoge especialmente a los miembros de la Comuna es uno de esos lugares de discusión que poseen una enorme capacidad de intervención, e incluso de protesta. Asimismo, los administradores locales y departamentales innovan al entablar entre ellos —y fuera de París, cuando no es contra París— correspondencias administrativas y políticas, verdaderos «pactos de confianza y fraternidad» (A. Bouchard). Esas iniciativas, que se suman a las «federaciones», inspirarán las «asociaciones» en la cultura política de extrema izquierda del siglo XIX, que rechaza cualquier centralismo, sea monárquico o republicano. Su fracaso durante las revoluciones de 1830 y 1848 las desacreditará a ojos de los intérpretes marxistas, así como a ojos de sus adversarios, que relegarán las «asociaciones» a las formas «precientíficas» del socialismo.

El cuerpo místico de la nación monárquica es remplazado por los cuerpos vivos de las comunidades unidas en el proyecto revolucionario, que se reúnen regularmente en las comunas, los cantones y los departamentos. Esta realidad contradice todos los análisis que solo tienen en cuenta el cuerpo legislativo y sus debates. Por medio de las iniciativas que la Asamblea permite que lleven a cabo los ciudadanos, los electores y los administradores, en 1789 y 1790, consigue soldar en un proyecto común todas las expectativas dispares de todas las comunidades; más adelante, la Asamblea retomará esta generosa posición cuando se multipliquen las oposiciones. El rey, en su trono, radiante por sus pueblos, es remplazado por una asamblea unida a todas las asambleas que han delegado diputados. La Revolución Francesa, pues, no da vueltas sin esperanzas alrededor de un trono vacío, sino que, aunque sea de forma involuntaria e imperfecta, da razones para vivir juntos a los individuos que se reconocen en el «pueblo». Olvidar esta dimensión recurrente de la Revolución Francesa y no considerarla más que la instauración de un único pueblo en torno a un poder único y vacío por definición significa desconocer la fuerza de esas aspiraciones y sus aplicaciones, e inventarse una Revolución Francesa totalitaria que no ha existido más que en los imaginarios historiográficos.

Ello no significa que las consecuencias de la Revolución Francesa sean anodinas: a partir de entonces, todas las dimensiones de la vida colectiva e individual se juzgan según criterios que son fruto de una comprensión del mundo secularizada, racionalizada y debatida. Cuando el político revalúa las relaciones humanas en detrimento de los valores religiosos, filantrópicos y comunitarios que imperaban hasta entonces, postula el debate de opiniones, con lo que hace nacer la incertidumbre, e incluso la duda, pero también el temor a la manipulación y, por tanto, el miedo a que las divisiones y las facciones rompan la deseada unidad de la nación. Francia no está peor preparada para dicha mutación que las otras naciones. Los «filósofos» y los administradores son prolijos al respecto. No obstante, a diferencia de lo que ocurre en otros lugares, la «revolución» es cosa de toda la población y es posible gracias a la intervención «popular», que impide que las élites controlen la invención de la política, como habían conseguido los revolucionarios estadounidenses. Ello entraña reacciones paradójicas. Así, algunos pequeños grupos se proclaman «apolíticos», rechazando lo que la política comporta de mezquindad en lo grandioso, y de malsano en lo ideal. Su tentativa es vana e incluso peligrosa por lo que significa de arrogancia al querer imponer una altura de miras a otros a quienes consideran incapaces de ese desapego. El apoliticismo desemboca en la condena a los individuos que carecen de virtud, ya que —y, sin duda, se trata de uno de los puntos más dolorosos para las consciencias— la victoria de la politización, con sus grandezas y sus debilidades, impide cualquier retorno a una sociedad inocente, lo que genera dos nostalgias contradictorias, la de la felicidad perdida y la de la esperanza frustrada. De ahí la necesidad de seguir el encadenamiento de los acontecimientos para comprender cómo se enmarañan todos esos elementos.

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Capítulo 9. NACIÓN, ESTADO Y RELIGIÓN

El curso de la Revolución Francesa se desvía en extremo por la cuestión religiosa. Aunque su marco de pensamiento está impregnado por las esperanzas y los análisis inspirados por las convicciones religiosas, estas no desempeñan un gran papel en la radicalización política hasta comienzos de 1789. El statu quo del catolicismo como religión de Estado no se cuestiona. Tan solo las minorías, como las ultramontanas en torno al abad Maury o las irreligiosas entre ciertos filósofos, se imaginan otros equilibrios. Sin embargo, el fracaso de la monarquía es causado por las divisiones internas en el catolicismo, tanto los rencores de los jansenistas y los protestantes como las reivindicaciones generosas, incluso utopistas, de ciertas corrientes de pensamientos, sin olvidar las consecuencias de la maniobra que hace elegir a los miembros del bajo clero en detrimento de los obispos. La cuestión religiosa, pues, prepara el terreno para que comience la Revolución Francesa: se convierte en un horizonte en el que se inscriben los acontecimientos y, sobre todo, origina tensiones y luego enfrentamientos irreductibles.

Junto a estos conflictos, muy conocidos, que desempeñan un papel esencial en el fracaso de la regeneración, es preciso insistir en un aspecto más desatendido por la historiografía: el lugar que ocupa la religión en la orientación misma de la vida política del país. Mientras que en el siglo XIX hubo tradiciones historiográficas que interpretaban la Revolución Francesa desde una óptica tanto conservadora, como liberal, anticlerical o impregnada de la sociología de Durkheim, el siglo siguiente estuvo marcado por la escritura de la historia desde una sola perspectiva. De ahí que la historia religiosa de la Revolución Francesa se convirtiera en un ámbito en sí mismo, cuando en realidad está ligada por completo a la historia general de la Revolución Francesa. Así, a partir de mediados del siglo XIX, la religión se convierte, a lo sumo, en un apéndice de la historia de la Revolución Francesa, ya que en general esta se resume, en las grandes síntesis, en luchas sociales o enfrentamientos ideológicos. Con todo, a partir de la década de 1990, especialmente con la obra de Bernard Plongeron, la historiografía se renueva en profundidad al reinterpretar toda la historia de la época desde un punto de vista religioso, e impedir detenerse en el enfrentamiento que a menudo se ha considerado la única relación posible entre la religión y la Revolución Francesa. Por tanto, ya no es posible entender la historia de Francia desde ese único prisma y, sobre todo, resulta imposible pensar que el conflicto entre la revolución y la religión es el único modo relacional de la época.

La religión nacional

Al anochecer del 14 de julio de 1789, el popular abad Fauchet se convierte en el prototipo del «cura patriota», que conjuga las expectativas religiosas del catolicismo con las esperanzas filosóficas de la regeneración nacional, cosa que los historiadores católicos liberales del siglo XIX veían con buenos ojos. El abad Fauchet es predicador en la corte hasta 1788, fecha en la que es despedido por sus audacias reformadoras; participa en la toma de la Bastilla, y luego de vez en cuando recuerda que las balas del 14 de julio le agujerearon la sotana. El 4 de agosto, durante una misa solemne en memoria de los combatientes de la Bastilla, pronuncia un Discurso sobre la libertad francesa que lo consagra como católico revolucionario o ciudadano cristiano. Poco después confirma dicha posición al publicar De la religión nacional, obra en la que sostiene la idea extendida entre gran parte del clero de que no se puede ser cristiano sin ser ciudadano ni viceversa. Como él, numerosos cleros, tanto richeristas —partidarios de reforzar el poder de los curas al margen de las jerarquías—, como jansenistas o críticos con los órdenes monásticos y el riquísimo alto clero, confunden su deseo de regresar a la Iglesia primitiva con la revolución en marcha. Concluyen que tan solo la unidad moral y religiosa podrá salvar el reino de la crisis. Favorables a una redistribución de las riquezas de la Iglesia, a la libertad de expresión e incluso al reconocimiento de otros cultos en el seno del país, prolongan la reflexión iniciada en la década de 1770 acerca de la regeneración del país mediante los valores religiosos. Ello explica que una parte de las élites jansenistas se alíe, al menos durante unos meses, con la Revolución Francesa, que parece aportar en la práctica la respuesta que esperaban a sus críticas del absolutismo real.

Esa corriente revolucionaria y religiosa enseguida atrae a masas mucho más numerosas de las que pueden reunir los «militantes» más políticos. Las misas conmemorativas, las procesiones y las bendiciones de banderas se multiplican. Incluso el abad Linsolas, que más adelante será el infatigable adalid de la contrarrevolución en Lyon, participa en ese movimiento, que cree reconocer a la Providencia en acción en los acontecimientos parisinos. Sería injusto subrayar la ingenuidad o la duplicidad de esos cleros, apoyados por obispos como Bonal, Champion de Cicé o Boisgelin, futuros oponentes a la Revolución Francesa. Todos ellos saben situarse perfectamente en el tablero político: se desmarcan de los radicales y recelan de la «canalla»; asimismo, se distinguen de los «aristócratas» que de entrada se niegan a cualquier cambio. Hasta 1790, son ellos los que dan el tono, mucho más que los vencedores de la Bastilla, entre los cuales se encuentra, no obstante, Palloy, el hábil propagandista. Al insistir en el martirio de los combatientes y las víctimas, presentan ante auditorios numerosos una lectura espiritual de los acontecimientos políticos y responden a una aspiración que jamás se agotará, pero que en lo sucesivo encontrará otros cauces. La oración fúnebre que pronuncia Fauchet en honor a los ciudadanos muertos el 14 de julio de 1789 parte de las palabras de San Pablo: «a libertad habéis sido llamados», que corresponden perfectamente con la lectura cristiana que hacen casi todos los franceses de los acontecimientos que acaban de producirse.

Sin embargo, el apoyo del clero católico a la Revolución Francesa es ambiguo. Fauchet insiste en la unión entre la religión y el Estado sin tratar la cuestión de los representantes impíos en una asamblea. Bonal acepta la idea de que no puede existir la República sin la religión, y que la tolerancia religiosa es posible, pero da por sentado que esta solo atañe a los individuos y no instaura un culto que compita con el catolicismo. El abad Grégoire, una figura capital de esa corriente tanto por sus posiciones políticas como por la ambición de su proyecto de «regeneración» de la sociedad, queda debilitado por sus propias contradicciones entre una visión universalista y las convicciones religiosas. Los galicanos más fervientes no ven con buenos ojos la fusión de la nación y la religión, ya que siempre han luchado por conservar las distinciones. Sin embargo, todos ellos coinciden en la lectura providencialista de la Revolución Francesa, que ha barrido los errores del Antiguo Régimen y los abusos de la aristocracia. Creen que la regeneración es factible porque la libertad, el amor a la patria y la moralidad religiosa se entremezclan en todos los ciudadanos. Para los curas patriotas más convencidos, la nación puede regenerarse gracias a la religión nacional, y no al Estado o el papado. Esas convicciones explican la adhesión, y la posterior reticencia, de los que quieren mantenerse fieles a la Iglesia, así como de los que evolucionarán hacia una visión más política de la regeneración nacional. Los «patriotas» católicos en su mayoría son seguidores de la Revolución Francesa, pese a que muchos de ellos son manifiestamente anticlericales.

Esta situación explica las dificultades que surgen en el momento de proclamar la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. El preámbulo colocado bajo el auspicio del Ser Supremo cae en gracia entre los católicos de la Ilustración, incluso entre los lectores de Bérulle, al mismo tiempo que satisface a los deístas y los protestantes. Sin embargo, la discusión de los artículos provoca muchas tensiones, hasta tal punto que la división entre «derecha» e «izquierda» aparece, sin duda, en ese momento, lo que atestigua la importancia de la cuestión religiosa en la concepción del Estado. La propuesta, apoyada por Camus y Grégoire, de unirse a la declaración de los «deberes», ligada según Grégoire al lugar de Dios en la Declaración de los derechos, es rechazada por una gran mayoría que no quiere hacer ninguna concesión a la derecha de la Asamblea. El artículo 10, según el cual «Nadie debe ser acosado por sus opiniones, ni siquiera religiosas, mientras su manifestación no altere el orden público establecido por la ley», provoca enfrentamientos entre los partidarios de los cultos y los de la tolerancia religiosa. La confusión que quiere crearse al colocar la fe católica entre las demás opiniones espirituales supone una toma de posición polémica, que rebaja el estatuto del catolicismo en el reino. Hace falta un discurso brillante, y paradójico, de Mirabeau para que la Asamblea llegue a un acuerdo. El orador rechaza nombrar siquiera el concepto de tolerancia religiosa en la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, pues lo considera indigno de un país libre. Se trata de un verdadero juego de manos que evita el enfrentamiento pero solo crea descontento. Para los más patriotas, la tolerancia puede ser individual, pero no puede poner en tela de juicio el lugar central del catolicismo en el país. Los judíos pueden estar mejor «en» la familia, pero no son «de» la familia. Los diputados más de derechas sospechan que la Asamblea pretende identificar a los católicos con «el discípulo obstinado de Jesús, el sectario de Mahoma y el voluptuoso ateo» (B. Plongeron). La utilidad social de la religión es un sentimiento compartido por casi todos los constituyentes, pero la libertad religiosa está circunscrita al fuero interno de los individuos por la Declaración, que de hecho retira al catolicismo su estatuto de religión de Estado. La propuesta que se hace es rechazada por completo el 28 de agosto. Los oponentes señalan la contradicción entre la libertad individual y la pertenencia a un orden público al recordar que el artículo 6 no impone ninguna pertenencia religiosa a los candidatos a las funciones públicas. Así, pues, el Estado francés muta sin reconocerlo.

La cristalización de las opiniones

En verano, en París, unas mujeres van en procesión entre Sainte-Geneviève y Notre Dame, ofreciendo pan consagrado y ramos de flores a la Virgen como agradecimiento por el 14 de julio. No obstante, la unidad entre la religión y la nación se ha fisurado. La grieta se acrecienta con la supresión de los diezmos, el 4 de agosto, y más tarde, en octubre, cuando se producen gestos hostiles hacia los prelados reticentes a la Revolución Francesa, como el arzobispo de París, Monseñor de Juigné, que emigra poco después, y en general contra los clérigos, incluso los patriotas. Mientras en las tribunas resuenan gritos anticlericales, el 2 de noviembre de 1789 la Asamblea decide poner los bienes de la Iglesia a disposición de la nación, con el acuerdo del comité eclesiástico y de Champion de Cicé, arzobispo de Burdeos y ministro de justicia. La adhesión se debe a la perspectiva del retorno a la Iglesia primitiva y de la supresión del déficit del presupuesto. A decir verdad, no se trata de una ruptura inesperada. Los debates de 1788 ya habían esbozado dicha posibilidad. Para los curas richeristas, afirmar que el clero forma parte de la nación significa que toma parte en sus dificultades y se funde en sus instituciones. En septiembre, una parte de los objetos de plata de las iglesias ya se han cedido a la nación.

Tras dudar si garantizar bienes inmuebles a los curas, los diputados votan, con una significativa minoría en contra, a favor de la enajenación de todas las propiedades eclesiásticas, estimadas en dos millones de libras, que constituyen la única posibilidad de emitir asignados —el papel moneda de la Asamblea— con su valor como fianza. Los asignados permitirán liquidar las deudas de la nación y se irán destruyendo a medida que los acreedores del Estado adquieran tierras eclesiásticas y las utilicen. Asimismo, la operación aporta liquidez al país, al suprimir el déficit y, por tanto, disminuir la deuda, y atar a los propietarios. Los primeros asignados que se emiten, por un importe total de cuatrocientos millones de libras, son en billetes grandes y llevan interés. Contrariamente a lo que se dirá más tarde, la puesta en marcha de ese dispositivo, fastidioso y complicado —pues requiere tasar las propiedades, clasificarlas y venderlas en lotes, todo ello a cargo de los municipios—, no encuentra verdadera oposición, salvo en Alsacia. No cabe ninguna duda de que la supresión de la deuda del clero y el aumento sustancial de los ingresos de los curas influyen sobremanera, pero muchos franceses también sacan provecho de ello: sobre todo los nobles, aunque no únicamente ellos, e incluso la reina, a través de Fersen, adquieren bienes.

Ello no impide que la puesta en marcha sea lenta y las ventas se alarguen durante varios años, siendo la mayoría de ellas en pagos fraccionados, lo que beneficiará a los compradores, que se aprovechan de la inflación y la caída progresiva del valor de los asignados. El papel que desempeña en la operación Talleyrand, obispo de Autun y antiguo agente general del clero, no tiene nada de asombroso ni escandaloso. Gran señor, hombre de la Ilustración y libertino rematado, también es un defensor convencido de la necesidad de las reformas. Encarna esa corriente heterogénea que funda el Estado y unifica la nación en torno a principios secularizados que ya existen en otros países. En 1787, los Estados Unidos de América establecen la separación entre la Iglesia y el Estado; entre 1750 y 1770 y en adelante, los Reyes Católicos de España y Portugal ejercen un control incesante en la Iglesia, persiguiendo a los jesuitas, especialmente a los obispos, sin recurrir siquiera a la confirmación papal; por su parte, el emperador austríaco inicia un programa idéntico en sus posesiones belgas, que es un fracaso, como hemos visto.

La Asamblea cosecha un fracaso parecido, pero a diferencia de las provincias belgas, que se rebelan contra el emperador, los franceses contestatarios se encuentran aliados al rey y entran en una oposición que se vuelve contrarrevolucionaria. La protesta contra las medidas adoptadas por la Asamblea, que hasta ese momento había estado circunscrita a la derecha, encabezada especialmente por el abad Maury y Cazalès, se amplía y se transforma a partir de 1790. En 1766, la monarquía, junto con la Comisión de Regulares, había iniciado un examen completo de los órdenes, y a partir de 1780 había extendido la investigación a todos los beneficios eclesiásticos. Aunque la comisión estaba formada únicamente por miembros del clero, se había atribuido todos los poderes, incluso respecto a órdenes que dependían directamente del papado. En unos treinta años, había hecho cerrar trescientos sesenta y seis conventos de los dos mil novecientos sesenta y seis que existían en 1766, respondiendo así a la desafección que imperaba respecto a numerosas órdenes contemplativas y a las críticas realizadas, incluso entre el clero secular, a beneficiarios impopulares. La Revolución Francesa permite que se exprese libremente el anticlericalismo de una parte de la opinión pública, en especial respecto a los monjes denunciados por su supuesto gusto por las riquezas y la lujuria, y refuerza la convicción de una gran parte de los diputados de que conviene unificar la nación prohibiendo que cualquier cuerpo pueda competir con el Estado. Por ejemplo, el diputado bretón Le Chapelier considera que desde agosto de 1789 el orden del clero ya no existe en tanto que orden separado de la nación y que los monjes son particularmente peligrosos por la división que pueden introducir en esa unidad. No obstante, la lógica que trata de difundir la monarquía, apoyada por numerosos clérigos, toma un sentido más político, impuesto por el vuelco de los acontecimientos. Pese a que el Comité Eclesiástico formado el 12 de agosto de 1789, compuesto sobre todo por prelados galicanos reformadores, todavía agrupa opiniones variadas, en la práctica se embarca en una vía inédita que sanciona su renovación el siguiente 7 de febrero.

De la reforma a la revolución

El 28 de octubre de 1789, en nombre de los derechos del hombre, se suspende el compromiso con los votos monásticos. El día 31, el duque de La Rochefoucauld desea que «se supriman de inmediato» todas las órdenes religiosas; el 8 de noviembre, en nombre del Comité Eclesiástico, Martineau solicita que se prohíba el reclutamiento de novicias. Por último, el 17 de diciembre de 1789, el portavoz del Comité Eclesiástico, Treilhard, propone suprimir los votos solemnes, facilitar que los religiosos que lo deseen puedan marcharse de su convento, reagrupar a los que pretendan continuar, y confiscar los bienes de los conventos eliminados. Mientras el país se moviliza por este asunto y la Asamblea entabla procedimientos para proteger las bibliotecas y los bosques, el 12 y el 13 de febrero los diputados deciden suprimir las órdenes monásticas de voto solemne. Sin embargo, conforme a la concepción utilitarista y secularizada extendida entre las élites «ilustradas», ello no afecta a las órdenes cuya vocación es la enseñanza y la asistencia. La medida se propone tras la renovación del Comité Eclesiástico, el 7 de febrero de 1790, cuyos miembros se duplican e incorporan a diputados laicos hostiles a la derecha. El clima es tenso; una parte de los clérigos y los monjes aplauden la supresión, mientras que se perfila una clara oposición. El 13 de febrero, el obispo de Nancy, La Fare, plantea a la Asamblea la cuestión del reconocimiento de la «religión católica, apostólica y romana» como religión de Estado. La Asamblea pasa al orden del día y se niega a examinar a fondo la petición de La Fare. En cambio, los diputados defienden que el jueves y el viernes santo sigan siendo días festivos en todo el país.

En las reacciones colectivas, que a menudo resultan virulentas en el ámbito local, se entremezclan las tácticas políticas y las convicciones personales. Mientras el 40% de los monjes y más del 70% de las religiosas deciden permanecer en su orden —aunque se trata de cifras aproximativas, ya que existen disparidades considerables según las órdenes y los lugares—, las municipalidades recién elegidas se encuentran solas ante la obligación de aplicar la ley, porque el Estado no dispone de más representantes. Para llevar a cabo los inventarios de bienes en los conventos, deben recurrir a la guardia nacional local, lo que a menudo desencadena enfrentamientos con los monjes y sobre todo con las religiosas, que en su mayoría están decididas a continuar con su vida. Una campaña de opinión partidista se apodera del asunto y lo convierte en una demostración de adhesión o rechazo a la Revolución Francesa. El alboroto se agrava con las reacciones ante la desaparición de instituciones religiosas antiguas o ante el hecho de que se concedan las pensiones a los religiosos y las religiosas con varios meses de retraso.

Este conjunto de reformas converge involuntariamente en abril de 1790 en torno a la naturaleza de los servicios civiles y el lugar del clero. Mientras la mayoría de la Asamblea se preocupa por los efectos de la venta de los bienes nacionales que se pone en marcha, una parte del clero, igualado con los otros funcionarios, se ve sometido a la buena disposición del Estado. El debate así reabierto acerca de la administración de los bienes de la Iglesia y los medios para asegurar la independencia de los curas toma un giro imprevisto el 12 de abril, bajo el efecto de una moción que presenta en la tribuna Dom Gerle, que solicita que la religión católica, apostólica y romana sea «para siempre la religión de la nación». Dom Gerle, un cartujo que se ha incorporado recientemente al Comité Eclesiástico ya que a todas luces es un patriota convencido —hasta tal punto que se le considera presente en el juramento del Juego de la Pelota, pese a su ausencia—, toma la Asamblea a contrapié y favorece las reacciones de la derecha. Mientras el alboroto se apodera de París, la izquierda neutraliza el debate. Invoca a Jesucristo, pero vota una moción que asegura que la Asamblea no debe intervenir en las consciencias ni en las opiniones personales. Ello no impide que en los discursos se mencione la amenaza de que se produzca otra masacre como la de San Bartolomé de los patriotas, lo que demuestra la inquietud de los diputados. El 19 de abril, trescientos siete de los diputados, entre ellos treinta y tres obispos, firman una protesta a favor de que el catolicismo siga siendo la religión de Estado, redactada por el obispo de Uzès, que, al igual que otros obispos, distribuye copias en su diócesis. Entretanto, el actor Talma se enfrenta con el cura de Saint-Sulpice, que se niega a casarlo religiosamente. Más que su profesión de actor, a la que el cura pretende que renuncie durante la ceremonia, lo que está en tela de juicio es su papel en la obra de teatro Carlos IX o San Bartolomé, conocida como Carlos IX o la escuela de los reyes, una obra de Marie-Joseph Chénier, censurada durante mucho tiempo, que recuerda las responsabilidades de la realeza y la Iglesia en las matanzas de protestantes, y cuyo polémico éxito supone un giro.

La ruptura es profunda, pero las líneas de división aún no son tan claras como pretende una parte de la historiografía. Aunque una parte del clero se suma a la oposición, ello no desmiente la adhesión de los curas patriotas, ya que trescientos sacerdotes concelebran la fiesta de la Federación el 14 de julio de 1790, bajo la presidencia de Talleyrand. Salvo algunas minorías anticlericales, es evidente para todos la omnipresencia de la religión, y en primer lugar del catolicismo. El 30 de mayo de 1790, en Lyon, la fiesta de la Nueva Alianza se estructura alrededor de las ceremonias religiosas, pese al intento de los patriotas y los negros de perjudicarse los unos a los otros. Los patriotas de Aviñón, hostiles al papa, inauguran con una misa la federación que inician en febrero de 1791 y suspenden los combates contra Carpentras el día de Pascua. La derecha está dividida entre los más extremistas, entre ellos el abad Maury, un orador populista y combativo que no duda en invocar polémicamente los derechos del hombre contra las decisiones de la Asamblea, y la mayoría de los clérigos, que siguen ligados a la empresa revolucionaria, a la vez que temen sus derivas. A la izquierda, los diputados, a su vez clérigos y futuros miembros del clero constitucional, no firman la petición del 19 de abril, pues consideran con toda la razón que la ley permite la libertad religiosa, al mismo tiempo que piensan que tan solo el catolicismo debe beneficiarse de un culto público. Para ellos, la Revolución Francesa es una oportunidad para que la sociedad se regenere por medio de la unidad entre la nación y la religión católica, restaurada en su antigua integridad. Para los más místicos, ¡el cambio ha sido tan violento que no puede ser sino obra de Dios! Los contrarrevolucionarios comparten esa concepción escatológica, providencialista y paradójica, como Picot de La Clorivière, que cree entrar «en el mundo de la gran prueba», como más adelante Joseph de Maistre. Las diferencias entre «derecha» e «izquierda» todavía no pueden identificarse con la aprobación o la desaprobación de la revolución de 1789. Las lecturas estrictamente religiosas del mundo determinan la intervención política.

Rupturas

Lo ejemplifica el abad Fauchet, que junto con Nicolas Bonneville funda el Círculo Social y la Sociedad de Amigos de la Verdad, que, al margen de los clubes tradicionales e incluso de las asambleas ligadas a las secciones, tratan de crear un lugar de debate abierto a las diferentes sensibilidades «patriotas» que no se reconocen en las aproximaciones estrictamente políticas. El Círculo Social, que al mismo tiempo es una logia masónica, un salón literario y un foco de propaganda, propone, a veces ante masas de cinco mil a seis mil personas, reunidas en los jardines del Palacio Real, discusiones en que la política, la moral y la religión se conjugan a fin de resolver los problemas que se plantean a la nación. Patriotas católicos, reformadores de la Ilustración que se sienten incómodos en los clubes más tradicionales, pero también «ciudadanos pasivos» excluidos de las organizaciones exigen elevadas cuotas, ya que creen en la posibilidad del progreso individual y colectivo, que desemboca en asambleas federativas. Los organizadores, que cuentan con la fuerza de las convicciones personales para cambiar el mundo, ponen a disposición de sus correspondientes una boca de hierro, inspirada en la república de Venecia, para recoger las opiniones o las denuncias. Publican La boca de hierro, cuyo redactor único es Bonneville, un reconocido publicista anticlerical y profundamente religioso. Junto a la vía estrictamente política, ese movimiento heterogéneo defiende una conducta espiritualista; calificado a menudo de girondino, anticipa las utopías de Fourier, que desea regenerar la sociedad a partir de las emociones y los afectos. Como es lógico, los católicos rechazan esa postura, convencidos de que el orden divino es inconcebible y que conviene someterse a él, ya que dudan que la felicidad pueda realizarse en la tierra y temen las tentaciones prometeicas. La historiografía, sea contrarrevolucionaria o laica, también se mostrará incómoda ante esos extraños personajes que intentan traducir políticamente convicciones religiosas, y no les concederá ningún lugar, sino que preferirá dejar que desaparezcan en las grietas que les acusan de haber abierto. Las polarizaciones extremas siempre son más sencillas de comprender que los compromisos y las invenciones.

La unidad nacional y la admisión de los no católicos en los empleos públicos plantean inevitablemente la cuestión de los protestantes y los judíos. Mientras que se compensa a los protestantes, según la ley de 1787, al mismo tiempo que se señalan las objeciones ya citadas a propósito de la religión nacional, los judíos se enfrentan a complejas reticencias. Los judíos del sur de Francia se integran sin demasiadas dificultades, pero a título individual, sin reconocimiento alguno de sus especificidades comunitarias. Como es lógico, los conflictos políticos estructuran las opiniones: los habitantes de Aviñón son partidarios de la medida, mientras que los habitantes de Carpentras están en contra. En cuanto a los judíos del Este, casi todos los diputados, con excepciones, como Robespierre, los juzgan demasiado «diferentes», y su entrada a título individual en la nación provoca emociones antisemitas en Alsacia, que pone de relieve el diputado Reubell. Tienen lugar pogromos cuando se anuncian los debates de la Asamblea, que solo se decide respecto a los judíos del sureste, que se convierten en franceses sin «privilegios ni exenciones».

Los conflictos entre protestantes y católicos entrañan más consecuencias. Mientras el Comité Eclesiástico presenta sus propuestas a la Asamblea, que las discute, las rivalidades, alimentadas por las numerosas cartas desde París, se llevan al paroxismo. Los protestantes toman partido por la Revolución Francesa con regularidad. Suelen vivir en las ciudades, y se enfrentan a las poblaciones rurales católicas, que ven con malos ojos su toma de poder, especialmente en las ciudades manufactureras del suroeste y el sureste de Francia. En esas ocasiones, el pueblo llano y las élites católicas se enfrentan a los obreros y los burgueses protestantes. Las competencias familiares, religiosas, políticas y económicas se entremezclan y desencadenan tensiones crecientes que desembocan en enfrentamientos armados, confusos pero violentos en Montauban, el 10 de mayo, y sobre todo en Nîmes, del 13 al 15 de junio de 1790. En Montauban fallecen cinco personas, lo que provoca inquietud en toda la región, por lo que acuden delegaciones de la guardia nacional, en especial a Burdeos, a fin de restablecer el orden. En Nîmes, donde las tropas católicas están encabezadas por Froment, un joven aliado al conde de Artois, se desata una verdadera guerra civil que dura varios días y cuesta la vida a más de trescientas personas. El saldo humano es uno de los más considerables de ese período, y se inscribe en una serie de «broncas» que tienen lugar en todo el sur del país, marcado por la presencia de comunidades protestantes fuertes y organizadas en el seno de una población rural católica.

En la Asamblea, preocupada sobre todo por examinar los proyectos del Comité Eclesiástico, la ruptura es evidente en lo sucesivo. Los portavoces Martineau y Treilhard insisten en su apego a la religión, su intención de restaurar la pureza de la Iglesia primitiva, e incluso en la defensa de las prerrogativas reales en los nombramientos y en la independencia de los obispos respecto a Roma. Las innovaciones son considerables. Los debates son vivos y están salpicados de declaraciones impactantes. Así, el 1 de junio, el diputado Camus, abogado jansenista, recuerda que la Asamblea tiene el poder de intervenir en la Iglesia, antes de añadir que no lo hará. La frase que pronuncia, «Somos una Convención Nacional: seguramente tenemos el poder de cambiar la religión, pero no lo haremos», suele evocarse para condenar la injerencia de los constituyentes. No obstante, la cita tergiversa las palabras de Camus. Camus, gran conocedor de las prácticas de la monarquía, en realidad recuerda que las intervenciones voluntaristas del rey y las comisiones eclesiásticas eran frecuentes, y que por tanto la Asamblea puede tomar un camino muy trillado ya para arreglar las relaciones entre las dos fuerzas que legitiman la sociedad francesa: la soberanía y la religión. Desde luego, la alusión es una amenaza velada, en respuesta a Boisgelin, que desea convocar un concilio, creyéndose el único habilitado para esa clase de asunto. Finalmente, la lógica galicana, la perspectiva utilitarista y las intenciones vengativas de numerosos diputados se suman para afirmar la existencia de un Estado que reposa en la soberanía del pueblo, que encarna la nación frente a individuos desligados de cualquier pertenencia a cuerpos distintos. En esa lógica, las órdenes, y por tanto el clero, no tienen razón de ser. Con todo, la mayoría de diputados, incluidos los de izquierdas, no comparten esa radicalización. La derecha más dura la denuncia, pero todos los que siguen unidos al galicismo creen que es posible llegar a un acomodamiento con el poder como el que está surgiendo, y que siempre queda el recurso al rey.

La constitución civil del clero y la política

En esa situación incierta, en que los principios de regeneración predominan sobre los de ruptura, el 12 de julio de 1790 se propone y se vota la Constitución civil del clero. Se reorganizan todos los vínculos entre el catolicismo y el Estado; los clérigos, incluidos entre los funcionarios del Estado, son remunerados, sometidos a elección y obligados a prestar juramento a la Constitución. El mapa de las diócesis y las parroquias se ajusta más o menos con el mapa de los departamentos. Se suprimen casi sesenta diócesis, lo que provoca el descontento entre los obispos, cuyos sueldos en general son muy inferiores a sus ingresos anteriores; por otra parte, las canonjías desparecen pura y llanamente. Esa decisión recuerda los debates entablados en la década de 1780 en contra de la preeminencia del alto clero. En esa perspectiva de restaurar la Iglesia primitiva, algunos prelados, como Boisgelin, convencen a Luis XVI de que apruebe, el 22 de julio, la Constitución civil del clero. Muchos clérigos que prestan juramento están convencidos de que van a llegar a un acuerdo con el papa. La construcción de la nación sigue realizándose con la religión, pese a las tentaciones de los extremistas de los dos bandos de disociar sus destinos, o confundirlos.

En efecto, las discusiones religiosas no están reservadas a los teólogos o los políticos. Tienen repercusiones y provocan un sinfín de enfrentamientos locales. El conjunto de la población francesa siempre se ha movilizado por cuestiones religiosas, sea en el campo, marcado por un catolicismo ferviente o recorrido por cultos protestantes secretos, o en las ciudades, organizadas por redes de mujeres jansenistas o favorables a los jesuitas. La religión carga las novaciones políticas con una lectura de conjunto; además, crea oposiciones entre las diversas fidelidades y comunidades. La difusión de panfletos y canciones en occitano, bajo el impulso de los contrarrevolucionarios, facilita la movilización. Basta con que en agosto de 1790 unos guardias nacionales se encuentren cerca de Jalès para que se federen en torno a principios ambiguos, que mezclan a opositores y simpatizantes de la Revolución Francesa, para que esa concentración, en la que hay grupos activos de católicos, haga temer que el conjunto sea absolutamente contrarrevolucionario. Todavía no es el caso, pero los revolucionarios más convencidos lo denuncian en los periódicos. Al dar cuenta de las palabras pronunciadas en contra de los protestantes, alimentan los miedos recíprocos.

Las condiciones de ruptura no escasean. El papa, que ya ha dado a conocer su oposición a la Revolución Francesa, guarda silencio, mientras la curia prosigue el examen de la Constitución civil del clero, y los oponentes más radicales, encabezados por el abad Maury, se acercan al rey. Un grupúsculo verdaderamente contrarrevolucionario, que cuenta en especial con los abades Salamon y Cressac, está en relación con Roma y se aprovecha de la indecisión de los moderados para hacer política de lo peor. En ese contexto, la petición de una parte de la población de Aviñón de formar parte de la Francia revolucionaria es la chispa que enciende la pólvora. En ese enclave que pertenece al papado, la opinión pública está dividida por la Revolución Francesa; los habitantes de Aviñón se alían contra sus compatriotas, en especial de Carpentras. Sus vecinos «franceses» se entremeten, aportando eventualmente ayuda militar, al igual que Arles a los prorevolucionarios. En la Asamblea, la derecha interpreta el asunto como la ruina voluntaria del catolicismo y el papado. En su mayoría, los miembros del clero son hostiles a la anexión de Aviñón a Francia. En cambio, a los «patriotas», como Robespierre, les parece la ocasión ideal para proclamar la universalidad de la Revolución Francesa y modificar la identidad nacional. La Asamblea zanja el asunto el 14 de junio de 1791 al votar la integración de Aviñón y el condado Venaissin a Francia.

La tensión se generaliza cuando el juramento de los eclesiásticos se vuelve obligatorio. El 30 de octubre, Boisgelin publica una Exposición de los principios de la Constitución civil del clero, firmada por treinta y tres prelados miembros de la Asamblea, con las marcadas excepciones de Talleyrand y Gobel. Sin llegar a negar definitivamente la Constitución civil, el texto trata de negociar, en especial las formas del juramento y de desligar la dimensión espiritual de la administrativa, pero afirma la primacía de la tradición católica romana. En la Asamblea, solo un tercio de los clérigos prestan juramento, entre ellos cuatro obispos; el resto se abstienen o se niegan. Los curas «patriotas», encabezados por Camus y Fauchet, proponen una lectura que cuestiona la autoridad del papa e insiste en la libertad que concede el bautismo. Sus adversarios, guiados por el abad Maury, proclaman la indivisibilidad del cuerpo místico de la Iglesia, dañada por la Revolución Francesa. Un tercer partido, ilustrado por Monseñor de Bonal, obispo de Clermont, trata de disociar «las cosas espirituales» de las obligaciones profanas. Los más revolucionarios defienden ideas radicales, teñidas de anticlericalismo. El 27 de octubre de 1790, Pétion afirma que «la teología es a la religión lo que los litigios son a la justicia».

De hecho, esas posturas radicales refuerzan al bando de los oponentes a la Constitución civil, que ¡vaticinan enfrentamientos y martirios! El 26 y el 27 de noviembre, la Asamblea recuerda la obligación de que todos los funcionarios presten juramento en las próximas semanas. Se invoca el hecho de que en 1787 el papa aceptara las reformas de José II en Bélgica con la intención de acusar a los partidarios de la Iglesia romana de ser contrarrevolucionarios, como afirman los rumores que corren. El rey, indeciso, tarda un mes en sancionar el decreto, lo que aviva las tensiones. Se acrecientan las coacciones: en enero, se prohíbe expresar cualquier reserva en el momento de prestar juramento. Además, quienes se niegan a prestar juramento pueden ser perseguidos por alterar el orden público. Para los «patriotas», el juramento, que sirve para favorecer la unidad del país, demuestra su eficacia al empujar a los adversarios de la Revolución Francesa a desenmascararse. La denuncia de un complot contrarrevolucionario en Lyon, encabezado por el antiguo alcalde Imbert-Colomès, apoyado por los canónigos y el arzobispo, les viene como anillo al dedo a los «patriotas» para justificar sus temores, al mismo tiempo que salen provisionalmente victoriosos, ya que el sacerdote reformador Lamourette es nombrado obispo de la ciudad.

Hasta marzo y abril, el papa no da a conocer su condena a la Constitución civil por medio de dos breves consecutivos, Quod aliquantum y Caritas. No obstante, se ha intentado llegar a un compromiso; los prelados galicanos, al igual que el embajador francés, el cardenal de Bernis, han tratado de limitar los efectos de la Constitución civil. La corte de Roma ha examinado en profundidad las novaciones revolucionarias, sin querer pronunciarse únicamente sobre el caso francés, que liga a la protesta jansenista surgida en Italia en torno a un sínodo reunido en Pistoya. El grueso de la crítica se centra en la deriva jansenista e incluso luterana, así como en la reivindicación de una libertad «desenfrenada», que Roma observa en el artículo 10 de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. En abril, la condena teológica se redobla con el requerimiento a los «falsos obispos» que han prestado juramento a la Constitución de que se sometan a la autoridad papal. Disponen de cuarenta días para retractarse, pese a que no se les amenaza con la excomunión. Por su parte, estos tampoco rompen los puentes con Roma, insistiendo en el respeto que deben a las leyes francesas y en la esperanza que tienen depositada en los concilios nacionales venideros. Las dimensiones del conflicto son múltiples. Vuelven a debatirse las divergencias entre el derecho natural moderno y el derecho natural cristiano; además, los debates se suman a las rivalidades institucionales, ya que el papa, ante todo, pone en tela de juicio la autonomía de la Iglesia de Francia.

Ante la elección

La situación todavía posee una complejidad alejada del maniqueísmo al que la opinión pública, y la historiografía, van a reducirla enseguida. Pese a que las declaraciones papales preservan la figura del rey, están en absoluto desacuerdo con Luis XVI —lo que explica que en 1814 la corte de Roma se niegue a santificar al rey guillotinado—. De hecho, Luis XVI y sus ministros no hacen pública de inmediato la postura del papa. Tratan de establecer acuerdos in extremis, aunque el Quod aliquantum no se publique hasta el 4 de mayo. En Roma, las corrientes galicana y ultramontana continúan enfrentándose en plena emigración, mientras el papa y numerosos soberanos apenas confían en los clérigos emigrados, a los que consideran sospechosos de propagar los gérmenes de la Revolución Francesa. Ni siquiera los emigrados más contrarrevolucionarios reciben un apoyo ilimitado, como experimentará el abad Maury, nombrado cardenal, en efecto, pero mantenido a distancia de Roma.

Sin embargo, la condena papal precipita la evolución. En París, en la Asamblea, los obispos que no han prestado juramento a la Constitución civil del clero consideran que aceptar la injerencia del papa o prestar juramento resulta igual de nefasto para la libertad de la Iglesia de Francia. A ojos de sus adversarios, las alianzas hablan por sí mismas: las tías del rey, que consiguen abandonar Francia en febrero de 1791, son acogidas calurosamente en Roma, y se acusa al rey, con toda la razón, de rechazar sordamente la Constitución civil del clero. La actitud de Luis XVI es ambigua a propósito, y trasluce sus reticencias respecto a la nueva organización de la Iglesia. El 17 de abril, durante la semana de Pascua, no comulga durante la misa celebrada por el cardenal Montmorency, pese a que este no ha prestado juramento a la Constitución civil para el clero y acabará emigrando poco después. Al día siguiente, el 18 de abril, cuando el rey se dispone a marcharse a Saint-Cloud con toda su familia para celebrar la Pascua, la muchedumbre le impide abandonar las Tullerías y lo insulta. Incluso se oyen gritos que claman que sea remplazado en el trono por el duque de Orleans, que acaba de regresar de Inglaterra. Asimismo, se expresa el temor, legítimo y justificado, ya que el rey literalmente pone a prueba a sus adversarios, de que abandone el suelo nacional y se ponga a la cabeza de los ejércitos emigrados. Mientras que los clérigos que han prestado juramento a la Constitución civil en general se contentan con poner en duda la autenticidad de los breves, entre los grupos revolucionarios radicales se desencadena el anticlericalismo. Al atardecer del 4 de mayo, tiene lugar una manifestación en el Palacio Real, durante la cual se quema la efigie del papa.

En ese contexto, la elección que deben hacer los sacerdotes a propósito del juramento que les impone la Constitución civil del clero se convierte en un referéndum sobre la Revolución Francesa. No toman las decisiones individualmente, sino en el seno de redes clericales y en función de las relaciones de fuerza locales, pese a que la distribución en el suelo nacional de los que sí y los que no han prestado juramento a la Constitución civil del clero corresponde a los compromisos políticos. En conjunto, poco más de la mitad de los sacerdotes prestan juramento, es decir, entre el 52% y el 55%. No obstante, resulta difícil hacer cálculos precisos, dadas las reservas que expresan algunos de inmediato, o las retractaciones posteriores, que en verano de 1791 son del orden del 6%. Por regiones, los que sí han prestado juramento se localizan en las grandes ciudades y en el centro y el norte del país, mientras que son minoría, por no decir que están casi ausentes, en el oeste, Bearne, los límites sur del Macizo Central, el valle del Ródano y Alsacia.

La coexistencia entre las dos Iglesias que se constituyen de hecho enseguida se vuelve imposible, pese a los esfuerzos de los legisladores y la ley del 7 de mayo de 1791, que preconiza la tolerancia en la organización de las misas. En teoría, los dos cultos pueden sucederse en el mismo edificio, según una organización estricta del empleo del tiempo y el remplazo de curas que no han prestado juramento a la Constitución civil del clero por los juramentados. A esas medidas, cuya aplicación ya resulta difícil, la ley añade la exclusión definitiva de cualquier función administrativa de los curas que no han prestado juramento a la Constitución civil del clero, bajo pena de persecuciones judiciales. A falta de precisiones, dejadas a la buena voluntad de los administradores locales, que a su vez dependen de sus administrados, no se respeta la tolerancia. Además, la Asamblea no deja de endurecer su postura contra los refractarios al juramento. El 13 y el 14 de septiembre, extiende la medida a todos los funcionarios, y el 29 de noviembre la unifica, al integrar la Constitución civil del clero en el derecho común francés. Los sacerdotes que no han prestado juramento deben ser alejados de su residencia e incluso encarcelados si perturban el orden público.

El tiempo político parece suspendido. En abril de 1791, la Asamblea otorga honores nacionales inéditos a Mirabeau, al inhumarlo en la iglesia de Sainte-Geneviève, reconvertida en un monumento memorial revolucionario: el Panteón, que se inaugura entonces. Las cenizas de Voltaire se le suman en julio del mismo año. Las dos decisiones, seguidas de grandiosas manifestaciones, ilustran, no obstante, la vacilación en la que está sumido el país. Es indiscutible que el Panteón constituye una empresa profundamente revolucionaria, que honra a hombres corrientes, desacraliza los fundamentos memoriales del país y crea una religiosidad civil. La devoción a todas luces religiosa de la que es objeto Mirabeau durante varias semanas en un sinfín de lugares demuestra que la mayoría de franceses siguen creyendo en la unidad de la religión católica y de la revolución. El 11 de julio de 1791, el traslado de los restos mortales de Voltaire al Panteón se sitúa en la otra vertiente de la política revolucionaria. Al transferir las cenizas de un autor particularmente crítico con la religión católica, la Asamblea responde al breve Quod aliquantum, al mismo tiempo que permite a los descontentos que se manifiesten tras el episodio de Varennes, y antes de que se produzca el choque del día 17 en el Campo de Marte. Fuera de París, donde los implicados en la Revolución Francesa ya están en plena búsqueda de alianzas tácticas, ya se ha consumado el cisma y ha empezado la guerra civil.

«Fanatismo y guerra civil»

Se trata de los dos reproches que los parisinos dirigen al papa el 4 de mayo de 1791. A decir verdad, resulta difícil encontrar a los responsables de los enfrentamientos ligados a la Constitución civil del clero. La cuestión religiosa moviliza a los franceses desde hace decenios, y numerosas sensibilidades regionales y locales tan solo se basan en las identidades ligadas a los recuerdos de las guerras de Religión o de las persecuciones de jansenistas, e incluso de jesuitas. Se pronuncian toda clase de expresiones, en especial las más irrespetuosas, cuando se queman en público unos muñecos que representan al papa y unas religiosas son azotadas por mujeres «patriotas» en París o Nantes, por ejemplo, durante la primavera de 1791. Ese arraigo popular demuestra que la cohabitación que prevé la ley resulta simplemente imposible, ya que aplicar la ley supone convocar elecciones de obispos y curas para reorganizar la Iglesia teniendo en cuenta las desafecciones de los religiosos que no han prestado juramento a la Constitución civil del clero. Los electores se reúnen durante varios días, y sus debates revelan las tensiones latentes y hacen cristalizar las posturas; como es lógico, las posturas que se declaran invocan sin cesar los grandes principios. Así, a menudo, en nombre de la libertad introducida en 1789, los oponentes a la Constitución civil del clero reclaman que se mantenga el puesto de los curas o que los parroquianos puedan elegir libremente a sus pastores. En nombre del amor a la patria, los alcaldes de los distritos de Muges, que dos años más tarde se suman a la contrarrevolución, solicitan respetuosamente a las autoridades del departamento sobreseer la elección de curas juramentados para remplazar a los que no han prestado juramento a la Constitución civil del clero. Con la intención de protestar de su lealtad a la nación, estos escriben y expresan su desgarro ante el juramento que los desliga del papa.

Es preciso no dejarse engañar por los buenos sentimientos que se expresan: en el mismo momento, en los mismos lugares, los guardias nacionales «contrarrevolucionarios», dirigidos por nobles que se declaran patriotas, se organizan a fin de proteger las tradiciones religiosas y sociales. Todo el oeste de Francia ya está recorrido por movimientos sediciosos, incluso insurreccionales. Como anécdota, el «primer muerto» de la guerra de La Vendée es un tal Barillon, que muere gritando «Devuélveme a mi Dios» en la escaramuza que tiene lugar en Saint-Cristophe-du-Ligneron, cerca de Machecoul, el primero de mayo de 1791. Resulta imposible esbozar el cuadro completo de los numerosos motines locales, a veces muy violentos, provocados por el rechazo a la Constitución civil del clero, que preceden la insurrección que sobreviene dos años más tarde. En la Bretaña, la situación es catastrófica. Los campesinos descontentos se unen a los clérigos que no han prestado juramento a la Constitución civil del clero y a los nobles contrarrevolucionarios. Entre todos los enfrentamientos que se producen, el 13 de febrero de 1791 un millar de campesinos atacan la ciudad de Vannes en defensa del obispo de la diócesis, hostil a la Constitución civil del clero. Los atacantes son rechazados, se castiga a algunos cabecillas y, en apariencia, se restablece el orden con proclamaciones en francés y en bretón que aseguran que ya se ha prestado juramento y que no se ha forzado a los reticentes. Incluso en el País de Caux, donde en conjunto las tensiones provocadas por la crisis religiosa están circunscritas a algunos municipios marcados por divisiones internas, los conflictos desembocan en violencia física, todavía limitada, no obstante.

Estas manifestaciones armadas de gran envergadura no son sino la parte visible de un movimiento de protesta generalizado. En las parroquias que han perdido a su sacerdote porque no ha prestado juramento a la Constitución civil del clero, en la práctica el nuevo sacerdote juramentado no logra mantenerse, pese a las escuadras de guardias nacionales o soldados de línea. Bienaventurado el nuevo sacerdote juramentado si tan solo le injurian o debe buscar las llaves del presbiterio, que se han vuelto inencontrables, o los ropajes sagrados, escondidos y en ocasiones cosidos los unos a los otros. La mayoría de las veces es el blanco de agresiones, se ve envuelto en peleas, a menudo mortales, durante los bautizos y los entierros. En cuanto a las bodas, se retrasan o se bendicen clandestinamente. Los oponentes a la Constitución civil del clero abandonan las iglesias, pero se reúnen en capillas privadas, fuentes o grutas milagrosas, e incluso apoyan a profetisas, como en las Cevenas. Muchos de ellos cuentan con la ayuda de los religiosos salidos de los conventos de los hermanos de la Obediencia, de la congregación de misioneros de los mulotinos de la Vendée, o de religiosas que reparten «cartas del cielo» y sagrados corazones. La noche les permite llevar a cabo procesiones cada vez más agresivas, mientras se multiplican sus enfrentamientos con la guardia nacional, que los persigue, rompe las estatuas milagrosas y persigue también a las religiosas y los cabecillas. Se envían informes alarmistas a las autoridades departamentales y nacionales, que origina sobre todo una investigación diligente, en octubre de 1791, por parte de dos enviados de la Asamblea, Gallois y Gensonné, que describen una región al borde de la guerra. Cuando dos años más tarde todo el oeste de Francia se abrase, nadie podrá sorprenderse de que las exigencias militares hayan sido la gota que colma el vaso.

El valle del Ródano y el sureste del Macizo Central, marcados ya por la violencia entre patriotas protestantes y contrarrevolucionarios católicos en primavera de 1790, experimentan una evolución parecida. Las tensiones entre las dos comunidades no cesan, y el 13 y el 14 de febrero de 1791 tienen lugar unas «escaramuzas» en Uzès, que hacen que la población católica se desplace. Mientras los guardias nacionales católicos desarman de forma preventiva a los guardias protestantes de las aldeas y los pueblos de los alrededores, las noticias que llegan de Uzès acrecientan la angustia imperante. El 18 y el 19 de febrero, unos diez mil hombres vuelven a concentrarse cerca de Jalès, unidos por consignas confesionales, para manifestar su voluntad de mantener sus libertades. Se dispersan antes de que estallen enfrentamientos abiertos, pero ese «bando de Jalès» provoca una gran emoción que llega hasta París.

El miedo recíproco de las poblaciones católicas y protestantes se intensifica en la medida en que los poderes locales y departamentales son los únicos capacitados para mantener el orden y, como es natural, recurren a individuos de confianza, es decir, a sus partidarios. A falta de una instancia de regulación estatal desligada de las relaciones de fuerza locales, cada partido se rodea de tropas que considera seguras, en detrimento de sus adversarios políticos. La conquista del poder es esencial: se lleva a cabo por medio de elecciones que ponen en juego las relaciones entre las redes de militantes, las sociedades políticas y los periódicos, sin olvidar a las familias aristocráticas, y movilizando a los innumerables delegados de todo el país, especialmente en París, que posee la legitimidad. La minoría de contrarrevolucionarios que, procedentes del valle del Ródano o Auvernia y Lyon, acuden junto al conde de Artois no es desdeñable, pero todavía no desempeña un gran papel. En cada comunidad se establecen equilibrios entre municipios vecinos en torno a personalidades influyentes que hacen que todo bascule hacia la guerra civil o el compromiso tácito. Una marquetería político-religiosa fragmenta todo el sur de Francia, con un telón de fondo de inestabilidad y riesgo permanente de demagogia.

¿Acaso el pueblo del campo, ligado a valores religiosos y tradicionales, ha demostrado, como otras fracciones populares, una «larga paciencia» antes de entrar en una violencia política irrefutable, cuando se le brinda la ocasión en 1793? Al margen de presupuestos ideológicos, está comprobado que dos «pueblos» divididos por la cuestión religiosa y social recurren, en cuanto pueden, a los medios más violentos para corregir lo que no pueden soportar. Semejante visión explica cosas complicadas por medio de atajos simplificadores y no da cuenta de la progresiva formación de la opinión pública a merced de los acontecimientos y las circunstancias. Ninguna fatalidad rige los enfrentamientos que tienen lugar en las zonas donde los controles políticos y las legitimidades se debilitan bajo el efecto de campañas políticas y de la demagogia. Las tensiones políticas crean polvorines, pero estos no estallan en todas partes. Los casos más extremos, como en la Vendée o el valle del Ródano, resultan del exceso de imposiciones políticas. En cambio, en el bajo Lemosín, donde una parte de las comunidades rurales, al igual que en otros lugares, está muy apegada a sus sacerdotes, se producen numerosos motines rurales que, sin embargo, permanecen al margen de los grandes conflictos religiosos. En 1787 las parroquias ya se resistían contra el poder real cuando este cambiaba un cura; en 1793 y 1794, rechazarán la secularización de los lugares de culto, sin que ello desemboque en una insurrección generalizada. Las autoridades locales evitan que los bandazos religiosos se sumen a las insurrecciones sociales, filtrando la intromisión de las consignas nacionales y limitando la llegada de militantes parisinos.

Las coyunturas locales determinan el curso de los acontecimientos, sin que resulte fácil interpretarlos. En los compromisos establecidos en ciertas comunidades, como en Causse de Villeneuve, y en los equilibrios rotos por evoluciones en las relaciones de fuerza, como en el País de Bray, están presentes los mismos antagonismos, pero políticamente se tratan de formas distintas. En Córcega, Paoli se ve obligado a tomar una posición contraria a los refractarios a fin de mantener el orden, sobrepasando a todas luces sus convicciones, antes de ser tachado a su vez de contrarrevolucionario. En su mayoría, Alsacia y Alto Garona son refractarias a la Constitución civil del clero, pero consiguen no llamar demasiado la atención, al menos hasta 1793 en lo que respecta a Alsacia, y hasta 1799 en cuanto a Alto Garona. En Santo Domingo, en agosto de 1791, la insurrección de los esclavos negros contra los blancos se origina, sin duda, en gran parte, en una ceremonia vudú que abre la puerta a una revuelta que se debate entre la Revolución Francesa y la contrarrevolución.

La política nacional y las maniobras de los unos y los otros no tienen tanta influencia como los efectos de las movilizaciones religiosas, que influyen en todas partes, junto con los vuelcos inducidos por las mutaciones políticas. La Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, la elección de administradores municipales y las federaciones inculcan la idea de que cada cual puede expresar libremente sus convicciones. Precisamente en nombre de la libertad otorgada a la nación, el 18 de abril de 1791 el rey aduce su propia libertad para intentar marcharse a Saint-Cloud. No obstante, la idea misma de la Revolución Francesa cambiará definitivamente. Cuando el rey huye de París el 20 de junio de 1791, no se pone de parte de los oponentes a la Constitución civil del clero, a los que podría haber unido a su favor. Al recusar a la Asamblea y los católicos galicanos, que pretenden encarnar la nación, adopta una postura que, de hecho, resulta arcaica. Enrique IV, al aliarse con el catolicismo, también había puesto en primer plano el vínculo religioso del catolicismo con la monarquía, en detrimento del marco político, pero Enrique IV se había apoyado abiertamente en la mayoría de franceses. En 1791, el divorcio entre la religión y la nación ya se ha consumado.

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Capítulo 10. LA POLITIZACIÓN DE LAS CONTRADICCIONES

La monarquía regenerada que se establece después de 1789 es extraña. Aunque la unidad se proclama y, pese a todo, se pone en práctica sin cesar, tanto los principios como las costumbres, las convicciones y las tradiciones introducen divisiones radicales. El propio régimen es bicéfalo, ya que el rey y la Asamblea se reparten, o más bien se disputan, el gobierno, pero también es dual en su naturaleza, ya que el rey y el pueblo son cosoberanos, y en sus respectivos nombres distintas corrientes y grupos se enfrentan para asegurar la supremacía del rey sobre la Asamblea o viceversa. La cuestión religiosa acentúa las divisiones, y fuerza una división simplista en dos bloques. Por último, los motines y las revueltas hacen que el país estalle en facciones y grupos rivales que convergen más o menos en la creación de dos campos que cuajan en torno a las palabras «revolución» y «contrarrevolución», lo que plantea la cuestión de la realidad de la politización, ya que nada está zanjado. Aunque 1789 abra un nuevo período, los vínculos con la monarquía no se suprimen. La administración del nuevo régimen no se estabiliza hasta 1791, cuando se inventa sus reglas, nombra a sus representantes locales y compone su personal. En esa época de transición, las antiguas pirámides de poder y notoriedad se derrumban y son remplazadas por las redes que se afilian a las nuevas orientaciones, lo que provoca un sinfín de mutaciones y rupturas en el seno de las sociedades y las comunidades.

La política y las comunidades

En 1789 se conjuga de manera desconcertante una orientación política inédita con prácticas apremiantes. La Francia regenerada moviliza de facto a unas quinientas mil personas, elegidas a un título u otro. Sin duda, la multiplicación de las funciones electivas afecta especialmente a los municipios pequeños, ya que cada mes reciben entre cuarenta y noventa leyes, que deben comprender y aplicar. De hecho, más que a través de las elecciones, la Revolución Francesa lleva a cabo la «consagración del ciudadano» a través de las leyes. Sin embargo, la lógica comunitaria no siempre se articula con los equilibrios políticos, ya que, al igual que en muchas revoluciones en sus comienzos, no se cuestionan las jerarquías locales, y los hombres nombrados en 1789 son notables que ya se han distinguido en sus comunidades en los años anteriores, incluso desde hace decenios. De Oise a Mauges o al Condado Venaissin, la vida cotidiana de los seguidores o los adversarios de la Revolución Francesa tiene el mismo tejido, que la política colorea y transforma, sin suprimirlo. Los distintos «temperamentos» regionales conjugan la transición a su manera. Con el riesgo de incurrir en la caricatura, el sureste del país prolonga su acostumbrado desgarro a causa de las camarillas, el oeste del país se mueve en torno a comunidades soldadas por relaciones verticales, mientras que en el norte de Francia las élites burguesas añaden a su poder económico la dirección política. En esencia, todo se vuelve político: las rivalidades de clanes y familias, las relaciones de fuerza entre municipios y distritos, y las relaciones entre la ciudad y el interior del país, que condicionan la aceptación o el rechazo de las mutaciones. Así, las determinaciones locales son fundamentales, ya que la nueva situación las reinterpreta y, además, las estructura profundamente. Resulta determinante la capacidad de los municipios para resolver sus antagonismos de manera interna, sin recurrir a mediaciones departamentales o nacionales, y sin alertar a las autoridades tutelares de los pequeños arreglos con la ley. El ejemplo de la igualdad sucesoria es muy esclarecedor. En los primeros tiempos, numerosos municipios pirenaicos se las arreglan para no aplicar la ley, sin oponerse a ella. De hecho, su adhesión a la Revolución Francesa les permite mantener prácticas colectivas que se han vuelto ilegales en un sentido estricto, aunque no existan intervenciones de ámbito nacional. Ello se prolongará más allá del período revolucionario.

Entre lo que puede parecer el regreso de «cuerpos» que podrían interponerse entre los ciudadanos y los representantes, lo más temido son las posturas de tipo federalista. No se trata de un miedo vano, ya que el 18 de mayo de 1790, en Brignoles, se celebra una reunión de diputados provinciales que afirman ¡que su provincia acepta lo sucedido el 4 de agosto de 1789! La reunión se sitúa en la ambigua continuidad de las federaciones, que conjuga convicciones revolucionarias, apegos regionales y una puntillosa independencia. La arraigada creencia en una soberanía del pueblo irreductible a cualquier sistema político representativo se debe a la transformación de los Estados Generales en Asamblea Constituyente. En primavera de 1789, esta influye sobremanera a las asambleas de electores, tanto más convencidas de su legitimidad cuanto se consideran fracciones del soberano. Sus militantes toman poder en las comunas, organizan milicias —que se convierten en la guardia nacional— contra los «bandidos» y los «aristócratas», y constituyen redes ideológicas, ¡convencidos de poder ejercer de jueces de las decisiones que se toman en París y en otras partes! En ciertos casos, esas prácticas duran desde marzo o abril de 1789 y se refuerzan con el Gran Miedo. En muchísimos lugares, las asambleas de electores jamás llegan a desaparecer y les suceden otras agrupaciones que gestionan lo cotidiano, e incluso controlan la vida local, en nombre del pueblo, en simbiosis o en rivalidad con las instituciones representativas legales que se apoyan en las milicias burguesas y de la guardia nacional. Desde luego, el ejemplo más conocido es el de la asamblea del distrito de los cordeleros, en la orilla izquierda del Sena en París. Dicha asamblea se confunde con el primer Club de los Cordeleros, que agrupa a «patriotas» deseosos de controlar a los electos, se trate de los diputados de la Asamblea Constituyente o de la municipalidad de París.

Abundan las fricciones entre los múltiples poderes que se sienten legitimados pero que acaban de adquirir una legalidad del todo nueva. En París, los sesenta distritos creados a raíz de las elecciones de 1789 entran de facto en conflicto con el alcalde, Bailly, y la Comuna. El 21 de mayo de 1790, esos distritos son remplazados por cuarenta y ocho secciones, pero la larga puesta en marcha de las secciones y la dificultad de encontrar ciudadanos activos capacitados para ocupar las diferentes funciones electivas no provocan modificaciones en los equilibrios. De ahí que la sección de los cordeleros, residencia de numerosos burgueses, como Danton, pueda oponerse a cualquier intrusión de la municipalidad o la guardia nacional en su territorio. Esas prácticas de democracia directa responden también a la oposición entre los militantes de las secciones y los electos del departamento de París, sensiblemente más ricos y más moderados. En primavera de 1791, ese clima hace eclosionar numerosas sociedades fraternales, en cuyo centro se encuentra el Club de los Cordeleros, que federa a las demás sociedades fraternales, así como el Círculo Social, cuyos vínculos con el cristianismo ya se han apuntado. Sin embargo, los puentes entre esos grupos están rotos. No es lo mismo que cuando las oposiciones se vuelven más radicales y cada cual pretende reivindicar sus opiniones en nombre de la libertad instaurada por la Revolución Francesa. Así, en el valle del Ródano, los guardias nacionales procedentes de los medios católicos adoptan una postura contrarrevolucionaria al apoyar a los refractarios, como en Jalès en febrero de 1791. Los guardias nacionales «patriotas» de los alrededores, sin preocuparse por legalidad alguna, llevan a cabo una vigorosa represión de los guardias nacionales contrarrevolucionarios, capturando al jefe del segundo bando de Jalès, Malbosc, al que encuentran muerto en la orilla del Ródano. En efecto, la contrarrevolución amenaza detrás de todas esas manifestaciones.

Revueltas e insubordinaciones

Tanto en la época como entre los historiadores, impera la duda a la hora de calificar las revueltas, los motines y las sediciones rurales que se producen a partir de finales de 1789. Los contemporáneos a los hechos están divididos sobre el asunto, aunque a los opositores al curso de los acontecimientos les parezca la confirmación de sus convicciones. Los más patriotas toman partido por los amotinados. La mayoría de administradores se decantan por el retorno al orden. La historiografía ha privilegiado las explicaciones ideológicas. Taine describe una sucesión de revueltas campesinas, mientras que Georges Lefebvre lo interpreta como el camino que toma la revolución de los campesinos hasta 1793, fecha en que obtienen la supresión de los derechos que pesan sobre las tierras, sin necesidad de volver a adquirirlos, y la posibilidad de comprar tierras o porciones de bienes comunales. La multiplicidad de análisis locales y la síntesis de Anatoli Ado volvieron a plantear el debate, sin zanjarlo. Ante la magnitud y la diversidad de los acontecimientos que van del incendio de castillos a enfrentamientos sangrientos, pasando por procesiones amenazantes o saqueos de estanques, resulta imposible seguir la expansión de las sucesivas oleadas de emociones, y todavía menos distinguir sus motivos precisos. ¿Acaso están ligadas a una lucha antifeudal, a una voluntad de imposición fiscal, o expresan ciertas posturas sociales y políticas?

La población rural está estructurada en torno a dos grandes ejes diferentes, incluso contradictorios. Por un lado, en numerosas regiones es importante la parte de los pequeños propietarios —incluso micropropietarios que poseen una viña o un campo—; si se rebelan, lo hacen en nombre de una igualdad mítica y rechazando las retenciones impuestas por el antiguo feudalismo, residual, pero deshonrado con perseverancia. Por otro lado, casi en todas partes, salvo en las zonas de grandes cultivos, la cohesión social reposa en los complejos vínculos entre aparceros y criados, entre propietarios e inquilinos, pese a que las relaciones verticales, de fidelidades personales con un trasfondo de complementariedad, son más determinantes que las relaciones horizontales, de dominantes a dominados. Cuando prima el rechazo a la nobleza, la costumbre de protestar puede influir, al amalgamar a todos los propietarios contra el oprobio, sin por ello situar las manifestaciones en el horizonte dicotómico de revolución versus contrarrevolución. Cuando la religión se convierte en la piedra angular con la que tropiezan todos los antagonismos, los campesinos se sienten menos en conflicto con los nobles que con los burgueses urbanos, ya que estos acumulan la propiedad inmobiliaria, el poder político local y el control religioso. El rechazo mayoritario a la Constitución civil del clero lo unifica todo y, además, le otorga mayor sentido. A ello se le suman las oposiciones regionales tradicionales entre los nobles y el poder central, que a partir de entonces se transmutan en divisiones políticas.

La complejidad de esas marañas se manifiesta si se comparan los alzamientos que sobrevienen en la Bretaña entre 1789 y 1791 con los que tienen lugar en el Macizo Central. Aparentemente, todo es parecido, si no idéntico: unos campesinos armados asedian castillos y casas solariegas para protestar contra las usurpaciones y las reivindicaciones de los señores y los propietarios. Frente a ellos, la autoridad está representada por los guardias nacionales urbanos, que protegen a los propietarios, sean plebeyos o nobles. En la Bretaña, esos enfrentamientos sientan las bases de una alianza imprevista entre campesinos, curas e incluso las élites rurales, a menudo nobles, cuyo poder local ha decaído, contra el Estado, representado por los voluntarios, enviados de los distritos y los departamentos. Además, en esa región, el contrato de arrendamiento —específico del oeste de Francia, que impone una obligación financiera al arrendatario de las tierras— sitúa a los campesinos en una posición intermedia entre los aparceros y los propietarios; de ahí que, en agosto de 1789, el hecho de que la Asamblea lo mantenga causa un estallido de ira. Remontándose abusivamente hasta la época romana, los constituyentes consideran que esa práctica se escapa al feudalismo y, por tanto, no hace falta cuestionarla, en nombre de la defensa de la propiedad. Los campesinos, decepcionados, se alían entonces con otros oponentes, clérigos y nobles.

Por el contrario, en el Macizo Central no surge esa clase de amalgama. La relación entre las protestas religiosas y sociales no existe en las zonas de población homogénea, y solo se produce, bajo el efecto de competencias religiosas, en regiones divididas entre protestantes y católicos. Por esa razón, cuando pueden, las élites locales, sean plebeyas o nobiliarias, tratan de no aprovecharse de la incertidumbre política creada por los campesinos, sino más bien de protegerse de las repercusiones de la violencia que se desencadena. Además, las tradiciones parecen dictar la forma de las manifestaciones. El calendario de protestas comienza en otoño e invierno, que es la época del ajuste de los impuestos, del traslado de los criados y del tiempo libre. Las modalidades retoman las de las antiguas revueltas campesinas, las movilizaciones son colectivas, tanto impuestas como espontáneas, y se llevan a cabo tocando a rebato; a los reacios a protestar se les amenaza con represalias. Los amotinados utilizan armas poco eficaces y utensilios para arar. Las consignas afirman la independencia de la comunidad rural frente a los «señores» de cualquier orden, desde el propietario al gallo del pueblo. Los amotinados se reivindican tanto como parte del tercer estado como súbditos del rey, cuya imagen circula entre los grupos de insurrectos, ¡calzado con zuecos y vestido de campesino para denunciar a los nobles! Las revueltas son tanto más eficaces cuando, aquí y allá, cuentan con el apoyo de los oficiales municipales, que a su vez son campesinos, comprometidos en el combate antifeudal. Los diputados de la Asamblea Constituyente son conscientes de sus dificultades para controlar la situación. Tratan de dirigir los municipios por medio de instituciones más globales, antes de que la huida del rey, en 1791, y los efectos de la movilización de los municipios legitimen el mantenimiento del statu quo institucional.

Así, los amotinados se inspiran en la tradición, que algunos llaman arcaica, de las inversiones características del carnaval, que otorgan una apariencia de fiesta de pueblo a las sediciones susceptibles de degenerar en violencia llegado el caso. Los amotinados plantan árboles, los «mayos», en los que cuelgan utensilios e incluso jaulas con gatos apresados, así como pancartas que amenazan con ahorcar a quienes paguen o exijan los diezmos. Los «mayos», poderosos símbolos de la comunidad rural, se convierten en objeto de conflicto ya que los guardias nacionales, enviados desde las ciudades, se afanan por cortarlos, pese a la resistencia de los campesinos. Estos también destruyen veletas, palomares, bancos de iglesias, a veces piedras de las tumbas, así como documentos notariales que demuestran derechos sobre las tierras, tanto por inquietud social como por la esperanza de que advenga una edad de oro sin señores ni impuestos. Corren rumores de que matar a un noble se recompensa con seiscientas libras, al mismo tiempo que la ley marcial exige suprimir un noble o un cura de cada tres. Como es lógico, los castillos se convierten en blancos privilegiados, pero las casas burguesas también. Esos lugares alimentan rumores que denuncian su misterio y su dominación. La búsqueda de calabozos, hipotéticos y fantasmales, provoca muchos destrozos, especialmente de botellas en las bodegas, cuando no se roba el plomo de los tejados.

La ocasión revolucionaria

Esas múltiples insurrecciones están causadas tanto por el antifeudalismo de los campesinos como por las reivindicaciones económicas. Se conjugan ilusiones, sentimientos de venganza, profundos resentimientos y aspiraciones elementales. Si la noción de «política del pueblo» tiene algún sentido, es para calificar ese movimiento irracional y colectivo del que la antropología histórica da infinitamente mejor cuenta que la historia política. ¿Acaso se trata de una continuación de «la economía moral del pueblo», una expresión popularizada por E. P. Thompson para dar cuenta de una cultura política autónoma del pueblo, que subyace a esas manifestaciones? Existe una continuidad real con lo que sucede en primavera y verano de 1789, llamado el Gran Miedo, pero los significados cambian porque la magnitud de las emociones populares repercute en toda la nación. La Revolución Francesa despierta las «reservas insurreccionales» (Y.—M. Bercé), que dormitaban desde hacía décadas, por no decir siglos, en las comunidades con una gran consciencia colectiva, y las transforma en revueltas. En cambio, esas «revueltas históricas» (D. Ligou) provocan un trauma imprevisto, ya que los nobles y los poderosos deben reconocer que ya nada será como antaño. Los señores y las autoridades locales y nacionales se encuentran desarmados ante la explosión de múltiples emociones, como demuestra el ejemplo de los nobles que se refugian en Montauban, huyendo de las campañas de amotinados.

Algunos casos particulares ilustran esa mutación que, pese a todo, queda inconclusa. En enero de 1790, cerca de Tulle, en el Bajo Lemosín, unos motines que se prolongan durante varios días desembocan en enfrentamientos directos después de incendiar casas y castillos. Oficialmente se reconoce una docena de muertos entre las filas de los rebelados, de los cuales encarcelan a cincuenta y cinco. Tras un juicio, dos meses más tarde ahorcan a dos. La severidad de la represión resulta problemática. Una parte de las élites aprueba las medidas y distingue a los amotinadores peligrosos de los campesinos buenos y honestos que los rodean; otra parte de las élites, como en Brive, donde los ediles se inspiran en la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano para desarrollar un argumentario político, insiste en la legitimidad de la revuelta causada por las injusticias y las malas cosechas. Envían a la Asamblea Constituyente, que está dividida al respecto, emisarios y una petición que recoge las «quejas de los pobres campesinos del Bajo Lemosín». El abad Maury y el vizconde de Mirabeau denuncian la guerra civil y reclaman el retorno al orden. La izquierda, apoyada por el abad Morellet, reconocido publicista, logra imponer la suspensión de las persecuciones y el reconocimiento del derecho de los campesinos. En el lugar de los hechos, las ciudades cercanas a Brive, por convicción o por temor a las represalias, apoyan la búsqueda de acomodamientos. La revuelta campesina, pese a ser parecida a todas las de los decenios anteriores, adquiere un alcance político de resonancias nacionales. Incluso afianza ciertas carreras. Así, el abogado Vergniaud, futuro miembro de la Convención, se distingue particularmente cuando se juzga el asunto en Burdeos el siguiente noviembre.

Durante los meses siguientes, hasta la nueva llamarada de insurrecciones en invierno de 1790-1791, el clima regional cambia por completo; la posición de los propietarios se debilita y los nobles sospechosos de conspiración y contrarrevolución se muestran inquietos. De Charente a Quercy, se desata una guerra contra los castillos que arrasa varias decenas; entretanto, las autoridades locales o nacionales, que envían a dos comisarios, no consiguen restaurar la calma. En verano de 1791, la guerra se prolonga contra los estanques, vaciados a la fuerza, y se extiende hacia Auvernia y los alrededores de Burdeos, así como a Aude, en el valle de Dagne. Se recurre a tropas de línea para controlar la situación, restablecida mal que bien por los ediles, deseosos de no traicionar el movimiento rural. ¿Acaso se puede hablar de una vía campesina de la Revolución Francesa, o más bien conviene entender ese movimiento como la transmutación de las expectativas rurales en el nuevo marco político? Si se tiene en cuenta que las esperanzas más habituales de los campesinos son adquirir tierras y que disminuyan sus cargas, entonces las consignas políticas se añaden a las antiguas reivindicaciones sin que se produzca una verdadera mutación política. En otras regiones, donde los campesinos dependen de grandes granjeros o de asalariados urbanos, la politización resulta más clara, tanto entre los granjeros como entre los braceros. Los primeros se aprovechan de la abertura política para acaparar bienes y el poder local. Los segundos luchan por su paga, por compartir los bienes comunales y gravar los precios. En efecto, el proceso es lento, desigual y carente de unidad, y depende del contexto regional.

En cambio, habría que buscar la unidad en las numerosas quejas formuladas por las comunidades rurales contra el mantenimiento de las rentas de las tierras, que los propietarios pretenden cobrar aplicando el decreto del 15 al 28 de marzo de 1790. La tentativa de la Asamblea de reglamentar las relaciones entre los arrendatarios y los propietarios, entre los campesinos y los señores, desemboca en nuevas protestas contra los derechos señoriales y decepción por parte de los campesinos. En general, los derechos señoriales siguen exigiéndose hasta 1792, ya que los campesinos no se resignan a adquirirlos. Las nuevas compras de bienes parecen más aceptables cuando se trata de derechos que pertenecían a la Iglesia, y que están en manos del Estado. Al parecer, antes de 1792 los campesinos desembolsan veinticuatro millones de libras al Estado. La suma es considerable, pero comparada con el valor estimado, entre doscientos y seiscientos millones, resulta muy limitada. Frente al contraataque de los señores para lograr cobrar las rentas, incluso recurriendo a la justicia, los campesinos oponen su mala voluntad, procedimientos dilatorios e incluso el rechazo si cuentan con el apoyo de los nuevos ayuntamientos. La quiebra de la autoridad se acrecienta con las indecisiones del marco legislativo y la posibilidad de cometer impunemente actos que hasta entonces eran ilegales. Los bosques y la caza, prohibidos a las comunidades campesinas, son las primeras víctimas de la incapacidad de numerosos municipios de hacer respetar un orden rechazado por las tradiciones campesinas a pesar de los decretos para prohibir la deforestación.

Sin embargo, ese descontento no promueve un movimiento rural o campesino autónomo. Peor aún, las luchas posteriores consagrarán el estallido del mundo rural. Por su parte, los jornaleros agrícolas de las grandes llanuras inauguran otras formas de protesta inspiradas en la inversión característica del carnaval, las «bacanales». Escapándose a cualquier control político, apoyados a veces por militantes locales extremistas, entre ellos algunos curas «rojos», reclaman una remuneración mejor por parte de los grandes granjeros que los emplean, haciendo que estos se deslicen poco a poco hacia posiciones políticamente revolucionarias pero socialmente conservadoras. Durante esos años, 1790 y 1791, el hecho de cuestionar el mundo social y económico todavía no está ligado a programas precisos ni grupos organizados; todas las opiniones son abiertas, salvo en los lugares donde la cuestión religiosa ya ha delimitado los bandos.

¿En 1789 se crea la nobleza?

En la efervescencia posterior a los días de julio y agosto de 1789, los campesinos creen que el 4 de agosto ha abolido los derechos feudales, y una parte de la nación concluye que la nobleza ha perdido su lugar y su función. Desde el panfleto de Sieyès que pretende devolver a los nobles a sus bosques en Franconia hasta las leyes antinobles de 1794, sucesivas etapas marcan la desaparición de la nobleza: el final del derecho de primogenitura, el 4 de marzo de 1790, la organización de la nueva adquisición de derechos feudales, el 3 de mayo, y la abolición de la nobleza, el 19 de junio de 1790.

Ese día, bajo el impulso de Cloots y Lameth, en el transcurso de una sesión que parece renovar las renuncias del 4 de agosto de 1789, la Asamblea Constituyente decide brutalmente suprimir la nobleza hereditaria y todos los títulos, las distinciones, las armas y las libreas, exigiendo que los ciudadanos lleven «su verdadero apellido». La medida se toma junto con decisiones disparatadas. La Asamblea otorga a los «vencedores de la Bastilla» armas de honor, un diploma, la posibilidad de adornar sus uniformes con una corona mural y, además, de incorporarse en la guardia nacional. Autoriza que una delegación de «extranjeros», acompañada por Cloots, asista a la fiesta de la Federación del 14 de julio siguiente. Asimismo, decide que se destruyan las figuras encadenadas a los pies de la estatua de Luis XIV, en la plaza de las Victorias, que representan a los pueblos vencidos, a fin de devolver el honor a las naciones estigmatizadas así. Una vez tomadas estas medidas, un diputado de Rouergue, Lambel, propone que ese día sea la tumba de la vanidad y que se supriman las «cualidades» nobiliarias. Charles de Lameth, La Fayette y Goupil de Préfeln consiguen el acuerdo en la Asamblea, pese a la divergencia de opiniones, especialmente por parte del abad Maury.

Se trata de un episodio célebre, pero mal conocido. ¿Estaba preparado o la intervención de Cloots lleva a la Asamblea más lejos de lo que se imaginaba? ¿Acaso asistimos a un doble movimiento, que eleva a los ciudadanos meritorios y degrada a las personas cuyo único mérito es su nacimiento? Aunque el rechazo a cualquier distinción, incluso honorífica, recorre la Revolución Francesa mucho antes de 1794, tal vez en la estela de la Revolución Americana, lo que acaba de suceder es más complejo. La extrema derecha reacciona vivamente contra la decisión, pero el 25 de junio una leva de escudos se manifiesta, en nombre de los distritos parisinos y de antiguos guardas franceses, contra las ventajas concedidas a los vencedores de la Bastilla. Estos se ven obligados a renunciar a sus pretensiones y se suman a la guardia nacional. Para otros revolucionarios, como Marat, la supresión de la nobleza resulta secundaria respecto a la diferencia entre ricos y pobres. Queda por comprender por qué una buena parte de los oficiales nobles que sirven en las tropas de línea permanecen inmutablemente de servicio, al menos hasta la partida del rey, detenido en Varennes, y luego hasta las primeras derrotas en la guerra, cuando los castillos arden y las insubordinaciones se multiplican en el seno de las tropas.

Cuando los diputados nobles Lameth y Le Peletier de Saint-Fargeau apoyan el decreto, ¿acaso sienten que la nobleza es un fastidio, como considera Antonelle, de Arles? ¿O más bien piensan que esa medida es la manera de regenerar la sociedad por medio del mérito personal? Como subraya La Fayette, demuestran la unidad que existe, de hecho, entre los nobles y los burgueses consagrados al Estado, sea en el ejército, la administración o la economía. Esa corriente heterogénea parece unir a la mayoría de oficiales nobles que en 1790 continúan en el ejército. En su mayoría proceden de una nobleza pobre o poco afortunada, y están ligados al estado militar, concebido como un modo de vida basado en el honor y el servicio; comparten la lucha que encabeza la Asamblea contra la prodigalidad y la vanidad, a favor del talento y la virtud. Su ideal de regeneración social, su crítica de los falsos valores encarnados por los cortesanos y los ennoblecidos, y su desdén por el dinero concuerdan con la orientación general de la Revolución Francesa. Aunque la precipitación de la medida del 19 de junio de 1790 les inquieta, tratan de considerarla un exceso sin consecuencias. Les reconforta la existencia de un Comité Militar ligado a la Asamblea, formado por oficiales del Antiguo Régimen, entre los que se distingue Wimpffen, futuro cabecilla «federalista» en 1793, que dirige de facto la organización de las tropas y el avance de los suboficiales. Siguen unidos a la distinción «natural» que poseen. Servidores del Estado, carentes de interés por el dinero, se afirman sin temor a la muerte, alejados de una ética «burguesa».

La presencia de cargos heredados del Antiguo Régimen abunda en los círculos dirigentes, en todos los niveles, como demuestra el papel que desempeña el marqués de Sillery, marido de Madame de Genlis y allegado del duque de Orleans, o el papel de Genêt, embajador en Estados Unidos en 1793, verdadero producto de la corte, por no hablar de los generales Biron-Lauzun o Custine. En 1789, más que «matar a la nobleza», como pretenderá la fórmula más adelante, parece que se favorece su depuración al mismo tiempo que se sostiene a la nobleza militar, que ajusta las cuentas con todos los demás estratos nobiliarios contra los que antes mantenía una competencia desfavorable. Esos nobles, partidarios de la Revolución Francesa de 1789, que consideran que significa una regeneración social, en esa época todavía pueden apoyarse en la opinión pública, que está de su parte, o al menos los comprende. La ruptura tendrá lugar después de 1792. La teoría de la fusión de las élites, defendida por una escuela historiográfica en las décadas de 1970 y 1980, carece de fundamento. Los equilibrios sociales y políticos del siglo XIX en Francia se basan en gran parte en esa visión renovada de la nobleza como elemento constitutivo del ámbito político. La nobleza, indecisa respecto a su composición, favorece los acontecimientos de 1789. De forma no menos paradójica, 1789 hace renacer una nobleza inédita, pero perdurable.

La afirmación de un rechazo

La causa de esa «invención» es la resistencia de una parte de los nobles, así como el ensañamiento contra ellos por parte de una corriente de la opinión pública. Por supuesto, el ethos nobiliario no es de un solo bloque. Su germen más sólido radica en la consciencia que los nobles poseen de su honor, tanto individual como colectivo, que les obliga a aceptar ciertas obligaciones, incluso a reivindicarlas o rehuirlas según su itinerario, pero que en cualquier caso no pueden ignorar. Todos ellos se reconocen en la arrogante frase del conde de Chanclos, que en junio de 1789 asegura: «Ningún poder humano puede impedirme ser el hijo de mi padre, que nació gentilhombre de nombre y de armas». Los radicales, como el vizconde de Mirabeau, hermano del revolucionario, concluyen que es preciso romper con la Revolución Francesa, desdeñando la sociedad de órdenes. Varios centenares de nobles, antes de emigrar, denuncian el atentado contra las Constituciones de la monarquía, que cuestiona sus equilibrios y sus alianzas arraigadas en el pasado. Esas críticas hacen diana, como las que insisten en el riesgo de que se acreciente la violencia «de los pueblos» a los que se cede todo. Juzgan que una parte de la Asamblea, incluidos ciertos nobles como La Fayette, pretende cambiar radicalmente la sociedad francesa. Una fracción de la opinión pública, nobles y clérigos, desde luego, como el abad Maury, pero también plebeyos, tanto de las ciudades como del campo, manifiestan su adhesión a una sociedad «vertical» basada en las fidelidades entre grupos sociales no igualitarios, que consideran complementarios. Con todo, la nobleza, como tal, adquiere un nuevo valor simbólico al convertirse en la muralla contra la sociedad del lucro y la desigualdad originada por el dinero. Lejos de ser una reliquia o una superviviente, se vuelve, en el fuego cruzado de los acontecimientos y en respuesta a la oposición que suscita, una identidad compartida por individuos que afirman un principio. En Mauges, a partir de septiembre de 1789, el cura Marchais denuncia las creencias de la Revolución Francesa: la igualdad entre los hombres, su libertad de elección y la puesta en común de las propiedades; en suma, todo lo que es contrario a la ley de Dios.

En cambio, el rechazo a la nobleza se encuentra tanto en las emociones que expresa la gente del campo como en las manifestaciones hostiles al orden militar. Una oleada de insubordinación recorre todo el país, desde Toulon hasta Lille, o la Martinica, desde Brest hasta Nancy, y afecta a todas las armas y todos los regimientos, incluidos los guardias suizos. La insurrección de Nancy, en agosto de 1790, constituye un ejemplo magnífico. Enfrenta a los guardias suizos, una parte de los cuales, «gangrenada por la peste militar», como dicen los demás, reclama una mejora de la soldada. El general Bouillé, enviado por La Fayette, trata de reducir el conflicto, pero no puede impedir que estallen combates en medio de la confusión, en lo que se ven envueltos varios centenares de hombres, tanto de los guardias suizos como de la guardia nacional. En torno a ciento diez militares de los dos bandos mueren, entre ellos cincuenta y cinco de las tropas enviadas contra los rebeldes. Entre estos últimos, ahorcan a veintidós, uno es ejecutado en la rueda y cuarenta condenados al presidio. A todas luces, la insubordinación de los guardias suizos es exagerada por los jacobinos y posteriormente por historiadores como Michelet, que la presentan como un éxito de la propaganda revolucionaria. El descontento de los guardias suizos es real, pero se debe a antiguas reclamaciones a las que las nuevas circunstancias confieren otro sentido.

El eco del episodio es considerable, aunque lo atenúe provisionalmente la muerte heroica del joven lugarteniente Desilles, que trata de interponerse entre los insurgentes y las fuerzas del orden, y fallece acribillado por estallidos de metralla. Su intervención se celebra de inmediato en todo el país. Es presentado como una víctima de las divisiones nefastas para la nación; ha adoptado una de esas posturas mediadoras que otros jóvenes oficiales habían preconizado antes en vano, e ilustra la incomprensión que se instaura. Al negarse a disparar contra la muchedumbre del Delfinado, la Bretaña o el Bearn, esos jóvenes oficiales se liberan de la obediencia estricta y se inventan nuevas relaciones en nombre de la «nación». La ruptura de las solidaridades militares se consuma a partir de entonces, y la suerte de los soldados diverge de la de los nobles, una ruptura agravada por la constitución de tropas de voluntarios que pretenden ser ciudadanos-soldados, la encarnación de la regeneración nacional. En Bastia, Córcega, unos soldados dejan que la muchedumbre asesine a un coronel, mientras en Toulon matan a unos oficiales sin que las autoridades municipales intervengan. Los «aristócratas» son descritos como monstruos o perros enfurecidos; se sospecha que pretenden mantener la diversidad de monedas y alentar la desunión de Francia. Al mismo tiempo que la palabra contrarrevolución arraiga en el lenguaje, el ethos nobiliario se afirma en los complots contrarrevolucionarios.

Existen muchas pruebas de la red que monta el noble bretón La Rouërie, así como de las reuniones que tienen lugar en Vendée en torno a Lézardière, pero todavía son marginales. Con todo, un cúmulo de asuntos pone de relieve las discordancias entre los nobles y la Revolución Francesa. En febrero de 1790, el marqués de Favras muere ahorcado, con una dignidad y un silencio ejemplares de su cualidad nobiliaria, acusado de haber participado en un complot en beneficio del rey, sin duda siguiendo las consignas del conde de la Provenza. Un año más tarde, en enero de 1791, el Comité de Investigaciones de París suelta al conde de Bussy, perseguido por haber reclutado a hombres con vistas a secuestrar al rey y llevarlo a Metz. En 1789, Bussy ya había destacado por su resistencia ante los campesinos incendiarios en el Mâconnais, antes de adoptar posturas más radicales. Los miembros del Comité de Investigaciones de abstienen de proseguir sus indagaciones.

En febrero de 1791, el país está dividido por la partida de Francia de las tías del rey, permitida por los diputados a pesar de la resistencia de las parisinas y las aldeanas de la Borgoña. Aunque disponen de pasaporte, las tías del rey son retenidas por la población y obligadas a esperar un mes en un pequeño municipio de la Borgoña llamado Arnay-le-Duc, antes de que la Asamblea las autorice a retomar su viaje fuera de Francia. La campaña que lleva a cabo en París Gorsas ironiza sobre el hecho de que, de hecho, hasta las camisas de las tías del rey pertenecen a la nación; el reflejo popular no soporta la «traición» de los nobles durante las crisis y ello se traduce en violentas manifestaciones. Además, ese «asunto de Estado» un poco ridículo se duplica con el descubrimiento y la denuncia de una conspiración, llamada «de los puñales», que a su vez oscila entre la anécdota y la manipulación, y que reúne entre doscientos y cuatrocientos gentilhombres en las Tullerías, mientras un motín popular se desencadena en Vincennes en el mismo momento. ¿Acaso los dos acontecimientos están orquestados para demostrar la debilidad de la Comuna y la guardia nacional? El vínculo entre la nobleza y la clase popular no es una quimera; de hecho, inquieta a los revolucionarios que están en el poder, que se oponen al Club Monárquico, del que sospechan que reparte pan para obtener el apoyo de los parisinos pobres. Como represalia, el palacete de Clermont-Tonnerre, propiedad del principal miembro del Club Monárquico, es saqueado.

Los franceses se toman más en serio estos hechos, por anecdóticos que parezcan, que las amenazas contra el régimen que se acumulan en las fronteras del país. Aunque los emigrados, sin duda varias decenas de miles, no cuentan gran cosa, se teme la reacción de los soberanos extranjeros. Siguiendo las prácticas habituales en la época, las grandes potencias acaban de ponerse de acuerdo para intervenir en Bélgica, tras haber intervenido en las Provincias Unidas. Así, en diciembre de 1790, el emperador de Austria reprime la revolución con el apoyo de Inglaterra y Prusia y el acuerdo de Francia dado por el rey. La maniobra llega a buen puerto porque se aprovecha de las divisiones internas surgidas entre los elementos conservadores —en torno a Van der Noot— y los progresistas —en torno a Vonck—. Asimismo, se apoya en una parte de la población que añora el imperio. Como es lógico, el ejemplo hace reaccionar a los patriotas franceses, que observan a su alrededor la actividad de los opositores.

El orden de la nobleza, pues, sigue cristalizando el odio y el resentimiento de una parte de la población, excluida de la promoción nobiliaria o sometida a derechos que se consideran exorbitantes. Para algunos, como Sieyès, la nobleza continúa encarnando un obstáculo para la unidad nacional, que debe fundarse en la virtud y no en el honor nobiliario. Más que un simple estatuto, se detesta todo un habitus, lo que explica que en diciembre de 1790 Robespierre quiera remplazar a los privilegiados empleados como oficiales de la gendarmería por miembros de la «clase media […], de costumbre la más preciosa en todas las sociedades» (A. Duport). La nobleza se convierte en un fantasma nacional, a pesar de las tentativas de todos aquellos que creían en la regeneración colectiva y, sobre todo, pese a las desuniones que dividen al segundo orden. Por poner el ejemplo del País de Caux, «igual que en todas partes, los órdenes privilegiados no forman un bloque unido frente a la amenaza revolucionaria» (G. Lemarchand), pero en 1789 se reparten las cartas de tal manera que fracasan las posibilidades de evolución de las décadas de 1770 y 1780. La incomprensión de los nobles, convencidos de su superioridad hereditaria, causa resentimiento entre los plebeyos. De ello resulta, por una parte, la reafirmación de los principios nobiliarios y, por otra parte, el rechazo de cualquier otra particularidad para lograr la unidad nacional. De ahí que todas las tentativas de fusión de las élites y otros intentos de meritocracia se tropiezan con esas dos convicciones. Habrá que esperar a la creación de la nobleza napoleónica para que se imagine y se establezca otra forma de síntesis social.

La efervescencia colonial

En las colonias, desde la década de 1780, el ejemplo americano y la afirmación de corrientes intelectuales abolicionistas introducen los gérmenes de la protesta contra la trata de negros y los privilegios ligados al color, además de contra «el exclusivo», un principio que protege el comercio de las colonias con la metrópolis. A partir de 1787, la opinión pública está trabajada por la creación de asambleas coloniales, reservadas a los colonos, inspiradas en las asambleas coloniales del Imperio inglés. Cuando se convocan las elecciones a los Estados Generales, los colonos forman delegaciones en París. Algunos de sus miembros consiguen ocupar un escaño entre los diputados para representar las diferentes islas y evitar que se cuestione el sistema colonial. En París, el club de Massiac reúne a todos aquellos que tienen intereses en el comercio triangular y la esclavitud, y que se oponen a la Sociedad de Amigos de los Negros, así como a cualquier petición de los hombres libres de color. El 4 de agosto, el artículo 17 de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, que protege la propiedad, plantea con brutalidad la cuestión de la propiedad de otros hombres, es decir, de la esclavitud. En este punto, los abolicionistas se muestran prudentes, al preconizar que se abandone de manera progresiva. Nada debe cambiar y de momento no se discute la esclavitud.

Los colonos toman precauciones a fin de evitar que la información circule incontroladamente: se reglamenta el desplazamiento de los esclavos entre las Antillas y la metrópolis, y se encarcela de manera preventiva a los partidarios de la Sociedad de Amigos de los Negros. Se prohíbe a los esclavos y los hombres libres de color que lleven la escarapela tricolor. Sin embargo, los periódicos y los panfletos propagan consignas abolicionistas, al mismo tiempo que todos los habitantes están informados de los debates en curso, que relevan los rumores y las informaciones que circulaban por el Caribe durante los últimos decenios. Los esclavos de la Martinica se sublevan a partir de agosto de 1789, creyendo que el rey ha abolido la esclavitud. La noticia de la insurrección llega a Francia en noviembre, mientras los rumores de la prohibición de la trata ya inquietan a los negociantes. El hecho capital es que los mestizos y los hombres libres de color han entrado en la política. Su importancia económica es considerable, y algunos de ellos ya desempeñan un papel político de primer orden en París, como Vincent Ogé o Julien Raimond; este último, rico propietario, está en contacto con el Ministerio de las Colonias para otorgar derechos a los mestizos. Agrupados en torno al abogado Joly y apoyados por la Sociedad de Amigos de los Negros, reivindican la igualdad de derechos ante la Asamblea. La comisión colonial presidida por Barnave logra oponerse a la tentativa, y obliga a adoptar las leyes del 8 y el 28 de marzo de 1790, que conceden un régimen especial a las colonias. Así, las asambleas locales, bajo el control de los plantadores, pueden adaptar las leyes nacionales. Se prohíbe toda denuncia de la esclavitud y la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano se considera un peligro potencial. El nombramiento de los miembros de esas asambleas está en manos de los «propietarios» de más de veinticinco años. Los hombres libres de color son ciudadanos potenciales, pero de hecho están apartados de la vida política en todas las Antillas y la Guayana, así como en las colonias del océano Índico. A partir de la primavera de 1790, las cosas evolucionan de manera brutal. Sin embargo, la ley no conviene a los colonos, ya que el statu quo determina las relaciones comerciales. Sus intereses los oponen a los negociantes de la metrópolis, atados al control de los ministerios y la Asamblea, que depende de los recursos coloniales. En ocasiones, los plantadores también tienen dificultades con los «pequeños blancos», partidarios de una «democratización» local que les resultaría ventajosa.

En Santo Domingo, más que en ningún otro lugar, los comités que han elegido a sus representantes a los Estados Generales se consideran detentores de una soberanía perdurable y se constituyen en tres asambleas provinciales en la isla. La asamblea del norte se atribuye plenos poderes y ¡vuelve a abrir el Consejo Superior del Cabo que la monarquía había cerrado! La asamblea consultiva provisional, creada tras las elecciones en febrero de 1790, a raíz de las decisiones tomadas en París, se proclama permanente y general; se instala en Saint-Marc, donde es dirigida por los colonos más reaccionarios. Contra ella, en el Cabo, en el norte de la isla, se encuentran los plantadores más ligados a la administración metropolitana. La oposición entre los dos grupos es tal que los colonos del norte, más legalistas, se aseguran el apoyo de los veteranos negros para atacar a la asamblea de Saint-Marc, empujando a los colonos disidentes a huir de la colonia para refugiarse en Francia. No obstante, mientras que los «pequeños blancos» son a la vez patriotas y autonomistas, los plantadores se debaten entre el apoyo a la realeza y al gobernador. En octubre de 1790, la llegada clandestina de Ogé consuma el atolladero en el que se encuentra el reconocimiento de los derechos de los hombres libres de color. Secundado por varios centenares de seguidores, solicita que todos los hombres libres accedan a los derechos de los ciudadanos, como parte del tercer estado. En febrero de 1791 es derrotado, capturado y entregado a las autoridades por la colonia española, donde se había refugiado; a continuación es enrodado y decapitado junto a uno de sus lugartenientes, mientras veintitrés de sus hombres son ahorcados y trece enviados a las galeras. La ruptura entre los mestizos, los hombres libres de color y los blancos parece consumada, y se suma al temor a un alzamiento de los esclavos. En Guadalupe, los «pequeños blancos» se declaran «patriotas» y se oponen a los hombres libres de color, a menudo artesanos o vendedores, apoyados por el gobernador de la isla. En abril de 1790, una conspiración de hombres libres de color es reprimida con brutalidad, antes de que se desate una verdadera batalla, el 25 de septiembre de 1790, entre los dos grupos, los «patriotas» contra los plantadores, estos últimos secundados por los hombres libres de color. Los patriotas son derrotados, ¡cuatrocientos setenta de ellos son asesinados y setenta hechos prisioneros!

Desavenencias y embrollos

En París, el estallido es igual de radical y complejo, aunque con menos violencia física. La Sociedad de Amigos de los Negros se divide entre los que desean una mutación política en las islas y los que tienen ideas estrictamente filantrópicas, entre ellos Barnave y Lameth, ligados al club de Massiac. La Sociedad de Amigos de los Negros es acusada de favorecer la rebelión de los esclavos. La creación de la Sociedad de 1789, fundada por Mirabeau, enreda todavía más las cosas. Al mismo tiempo que sus miembros pueden seguir afiliados a la Sociedad de Amigos de la Constitución, también acoge a una parte de la Sociedad de Amigos de los Negros, pero también a Moreau de Saint-Méry, Bailly o Le Chapelier, partidarios del statu quo colonial y, de hecho, defensores de la esclavitud. No es de extrañar, pues, que Bailly haga prohibir la representación de la obra de teatro de Olympe de Gouges titulada De la esclavitud de los negros, por lo demás irénica en su presentación de las relaciones humanas; cabe preguntarse si Mirabeau ha apoyado tácitamente la ley del 8 de marzo de 1790, que favorece a los colonos. La llegada a Francia de los colonos que se han marchado a toda prisa de Santo Domingo, a causa de los enfrentamientos con las tropas enviadas por la asamblea provincial, complica todavía más las alianzas, ya que tienen que ajustarle cuentas a Barnave, que pretende ponerlos bajo el control del Estado. Por otra parte, la trayectoria de Julien Raimond carece de la linealidad que se intenta atribuirle: su defensa de los mestizos pasa por la búsqueda de apoyos en el club de Massiac, en nombre de los intereses comunes, antes de radicalizarse, sin por ello integrar en su postura la abolición del esclavismo.

Se trata de una cuestión incómoda para todos los bandos políticos, aunque ninguno quiera implicarse del todo. Los diputados de la derecha se niegan a cambiar cualquier cosa de la organización social, pero los más radicales de ellos apoyan la autonomía de las asambleas coloniales contra la monarquía. La Sociedad de Amigos de los Negros adopta posturas que apuntan a una supresión progresiva del esclavismo, pero suelen ser malinterpretadas, antes de ser tergiversadas por la historiografía. En nombre de una transición necesaria de los estatutos para evitar que estalle la violencia, de hecho la Sociedad de Amigos de los Negros se muestra más sensible a los derechos de los hombres libres de color que a los de los mestizos o los libertos. En cuanto a los jacobinos y el Círculo Social, hasta 1791 no se implican demasiado en la cuestión colonial. Así, cuando del 12 al 15 de mayo de 1791 los debates de la Asamblea versan sobre las colonias, se entremezclan las cuestiones de la autonomía de las asambleas coloniales, de la extensión de la ciudadanía a los hombres libres de color o libertos e, insidiosamente, de la esclavitud. Después de tres días de enfrentamientos, la Asamblea decreta no estatuir nada en lugar de las asambleas coloniales a propósito de las «personas no libres». Tan solo se reconoce como ciudadanos a los hombres libres de color hijos de padres libres, ¡lo que significa constitucionalizar el esclavismo y no conceder nada a los libertos y los mestizos! Lo peor es que la medida, que apenas afecta a varios centenares de individuos, no es bien acogida por los plantadores de Santo Domingo, que no quieren ceder en absoluto. Así, la abolición del esclavismo se posterga a generaciones posteriores. El 24 de septiembre siguiente, las asambleas coloniales, al obtener la totalidad del control del estado de las personas, suprimen lo que se les había concedido.

Ante la complejidad de las luchas, los diputados tiran la toalla, ayudados por la eficacia de un verdadero lobby colonial. En ello influye el miedo al derrumbe de la economía metropolitana y a la ruina de las fortunas —incluidas las de los hombres libres de color que son propietarios de esclavos—, así como la pervivencia de una visión negativa de los esclavos, muy acusada por parte del abad Maury, por ejemplo. Ese miedo condiciona muchas reacciones, incluso entre los jacobinos, reticentes a la idea de conceder la ciudadanía a los libertos, porque ello significaría considerar que los actos individuales pueden otorgar la libertad a un ser humano, un principio contrario a la naturaleza del Estado francés. Por su parte, Brissot, al identificar a los hombres libres de color con el tercer estado, prohíbe que se tengan en cuenta a los esclavos en las luchas políticas. En cuanto al abad Grégoire, contemporiza, tanto por razones tácticas como para evitar la violencia que considera inevitable si las rupturas son demasiado rápidas. La izquierda ha perdido la batalla jurídica, aunque se pueda considerar que los jacobinos han aceptado utilizar la denominación «no libres», que permite no plantear claramente la cuestión del esclavismo, por razones tácticas más que por hipocresía. Subrayemos que el 28 de septiembre los judíos franceses acceden a la ciudadanía. Resulta difícil pensar que los principios cuentan más que las relaciones de fuerza. En esa conjunción contradictoria, la Asamblea adopta una postura de compromiso.

¿Conviene interpretar el episodio como una violación de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano o como una etapa de un proceso? El silencio de la historiografía antigua al respecto es lamentable, pero es preciso denunciar «el falso universalismo» de la Revolución Francesa, siguiendo a Aimé Césaire, cuya postura, no obstante, evolucionó, ya que acabó concluyendo que los hombres de la Revolución Francesa «tenían los pies en la tierra» y no habían podido resolver «una situación muy complicada». Con todo, creía necesario «desmitificar la Revolución Francesa [pero] en absoluto censurarla».

Las guerras civiles

La incapacidad de enfrentarse a la realidad es manifiesta sobre el terreno. En Guadalupe, entre mayo y julio de 1791, los plantadores y los hombres libres de color se dividen entre partidarios de la Revolución Francesa, patriotas favorables a las medidas de la Asamblea y del gobernador, y defensores de la aristocracia local, que apoya a la asamblea colonial. En esas ocasiones, muy confusas, asistimos a escenas inéditas: por ejemplo, ¡un blanco es azotado abiertamente por un hombre libre de color sin que este sea perseguido! Un movimiento «federalista» se hace enseguida con el poder, controlado por los plantadores, e integrado por hombres libres de color. Se trata de los comisarios enviados por el rey, que rompen los decretos de esa federación de «buenos ciudadanos», antes de que los hombres libres de color se pongan en contra de los patriotas. La casi guerra civil que estalla concluye de manera brutal con el anuncio de la insurrección de los esclavos de Santo Domingo. Entonces se establece a regañadientes un frente unido para «imponerse» a los esclavos.

Precisamente estos han comprendido bien lo que está en juego y, en su gran mayoría, se oponen a la Asamblea, incapaz de responder a sus expectativas. No es de extrañar, pues, que a veces los esclavos se rebelen en nombre del rey, como la noche del 22 al 23 de agosto, en Santo Domingo. Además, corre el rumor de que el rey ha prometido tres días de libertad por semana a los esclavos, cosa que, por supuesto, los colonos no quieren concederles. El mismo rumor asegura que Luis XVI autoriza que los señores también puedan ser azotados. Las circunstancias exactas de la insurrección siguen siendo imprecisas en muchos aspectos. Mientras que la influencia del vudú es difícil de apreciar, está demostrado el apoyo de los curas católicos, que suscita reacciones entre los plantadores. Entre esos sacerdotes, considerados unos traidores por los colonos, el más desdeñado es el padre Philémon, cuya cabeza, una vez capturado y ejecutado por los colonos, es colocada al lado de la del cabecilla negro Boukman. El objetivo del movimiento es menos político que táctico, antes de que se radicalice en un enfrentamiento con adversarios que no contemplan hacer ninguna clase de concesión. Aunque la revuelta se prepara de antemano, se descubre y se piensa a medida que se despliegan los acontecimientos, dada la influencia de las rivalidades entre cabecillas y la competencia entre hombres libres de color y esclavos, hasta tal punto que los cabecillas son asesinados por sus rivales, hecho que debilita a los insurgentes. La invocación de los derechos del hombre se conjuga con la ostentación de signos realistas, ya que los cabecillas insurgentes llevan cruces de San Luis y banderas que proclaman «viva Luis XVI», así como amuletos que se supone que los protegen de la muerte. Sin ironías, recordemos que los miembros de La Vendée no se comportarán de manera muy diferente en 1793, ¡incluso al reivindicar los derechos enunciados en agosto de 1789! En las islas, donde la violencia crea un abismo insalvable, la comunidad blanca se divide, pero también en la metrópolis, donde los abolicionistas rechazan la responsabilidad por los conflictos de los colonos. Estos últimos se alían abiertamente con la contrarrevolución, en especial a través del marqués de La Rochejaquelein, padre del futuro generalísimo de la Vendée de 1793. En Guadalupe, la unidad entre los blancos, muy maltrecha ya, ¡da lugar a una guerra civil en la que los realistas y los patriotas emplean a esclavos armados!

¿La nueva cuestión social?

Ese clima de tensiones inéditas y complejas se agrava con la depreciación de los asignados —el papel moneda de la Asamblea—, lo que permite, paradójicamente, que se acrecienten las ofertas de trabajo y los salarios. Esa situación permite que junto a movimientos del todo políticos se reactiven los gremios de obreros, mientras proliferan los clubes, las sociedades mutuas y fraternales, que desean intervenir en las decisiones. Lo ejemplifica el club tipográfico y filosófico de París, que en su apogeo reúne a mil doscientos obreros. Aprovechando la ocasión que suponen las mutaciones políticas, esas agrupaciones desean obtener un aumento de su salario, contingentar el acceso a sus oficios excluyendo a los rivales extranjeros y oponerse a los maestros, cosa que estos últimos, especialmente en París, comprenden muy bien. ¿Acaso sus obreros no los califican de «déspotas» y los llaman «sinvergüenzas»? Los maestros mariscales abanderan particularmente el conflicto. Acusan al alcalde de París, Bailly, de «debilidad» ante las reivindicaciones de sus compañeros, muy fuertes en abril y mayo de 1791. Con todo, no existe ninguna unidad entre los obreros de las grandes ciudades, suponiendo que pueda llamarse así a las cohortes de braceros, estibadores, oficiales y aprendices, siempre más numerosos que los obreros empleados en las manufacturas.

Así, el motín de los obreros que construyen muros de contención en Angers o de los obreros de Nantes, en 1790 y en septiembre de 1791, respectivamente, apenas está ligado a los grandes asuntos políticos del momento. En el mejor de los casos, las reivindicaciones populares están relacionadas con la represión de las conjuras de individuos que favorecen la miseria para enriquecerse o con la instauración de otro régimen social. Por su parte, las autoridades tienden a considerar esos movimientos conspiraciones orquestadas bajo mano por contrarrevolucionarios.

No obstante, la urgencia es hacer frente a los talleres de caridad que todavía reúnen a más de veinte mil obreros a comienzos de 1791, lo que origina debates violentos y confusos. Los obreros reclaman medidas reglamentarias en el momento en que la Asamblea se embarca en la política, inaugurada por Turgot quince años antes, de garantizar la libertad de emprender. El 2 de marzo de 1791, la votación de la ley de Allarde, que suprime las corporaciones y los capataces, permite que cualquiera se convierta en emprendedor adquiriendo un diploma oficial. El 22 de mayo de 1791, la Asamblea vota la prohibición de las peticiones colectivas, y el 14 de junio de 1791, la prohibición de las coaliciones y las huelgas, una ley aprobada bajo el nombre de su promotor, Le Chapelier, después de que París prohíba cualquier reunión de obreros a partir del 4 de mayo de 1791. Aunque la ley Le Chapelier prohíbe a los emprendedores formar alianzas a fin de que bajen los salarios de los obreros, esta dimensión no es la más recordada de la ley, ni la más determinante políticamente. El caso es que se detiene la insurrección obrera, que iba desarrollándose, sin que por ello desaparezcan las reivindicaciones colectivas. Se entremezclan las convicciones: la supremacía del individualismo y el rechazo a los cuerpos intermediarios se suman a la idea de que la libertad de producción y circulación de las mercancías asegura la bajada de los precios. Así, en 1788 y 1789 se reaviva el conflicto entre los fisiócratas y los partidarios del liberalismo económico, por una parte, y los defensores de «gravar con impuestos», por otra, un conflicto recurrente en los últimos veinte años, del que salen vencedores los segundos. Dos años más tarde, con el restablecimiento progresivo del avituallamiento, la tentación reglamentaria que defiende «el pueblo llano» se percibe como una amenaza que se cierne sobre las instituciones mismas. Muchos temen que los grupos de amotinados, con el espíritu de 1789, reclamen también la ampliación del derecho de los ciudadanos pasivos a votar e incorporarse en el cuerpo de la guardia nacional. Las reivindicaciones económicas, pues, se transforman, colándose en los intersticios entre las instituciones y, sobre todo, asediando la política. Así, las corporaciones obreras mutan en sociedades populares o uniones de oficios, cuando no en cofradías, que permiten, por ejemplo, que los carpinteros de obras o los cinteros se manifiesten entre septiembre y octubre de 1791.

En todo el país se impone una corriente que se podría calificar de «demócrata», que coincide con los jacobinos más «avanzados», como Robespierre; reúne al Club de los Cordeleros, el Círculo Social y el Comité Central de las Sociedades Patrióticas y las sociedades fraternales. Esa conjunción colorea políticamente las posturas clásicas de los habitantes de los barrios populares de las ciudades, aunque, en 1792, cuando los hombres que están en el poder hayan sido barridos por esa izquierda que defiende otra concepción de la soberanía, comenzará una segunda revolución, apoyada por los que se convierten entonces en los sans-culottes. La complejidad de ese movimiento se debe a su nacimiento, que entremezcla la defensa de las comunidades de barrio, la politización en el seno de los distritos y la necesidad de encontrar intermediarios ante las autoridades municipales. Los patronos, entregados a los ideales de 1789 y sin poder agruparse en corporaciones, se encuentran con los obreros, a quienes se ha prohibido la coalición y que reclaman garantías, para hacer frente a las dificultades de vivir juntos en barrios abandonados por las antiguas jerarquías, que han emigrado o están desacreditadas por la evolución política. Todos ellos desean el retorno a las regulaciones indispensables, ya que los límites del liberalismo aparecen enseguida, especialmente en la construcción. Ante las taras y los fraudes, las administraciones recurren a expertos capaces de restaurar la calidad de los edificios. El origen del movimiento sans-culotte se encuentra aquí, al recuperar una sensibilidad y un arraigo urbano más que un estatuto social o una pertenencia económica. De momento, aún no ha aparecido la expresión que lo designe, ya que todavía depende de los militantes del Círculo Social y los cordeleros, que difunden una cultura «republicana» inspirada en los principios heredados de la cultura clásica.

Así, pues, la politización introducida por los acontecimientos todavía no ha dividido Francia en bloques, pese a que la palabra «contrarrevolución» está empezando a imponerse en el lenguaje común. En efecto, la palabra «contrarrevolución», que se emplea desde 1790, se prefiere a «antirrevolución» para designar, de una manera imprecisa, a los reticentes y los opuestos a la evolución política. El vocablo, que duda entre la constatación de un desacuerdo y su estigmatización, engloba a los contrarrevolucionarios más convencidos, empezando por Artois, y a los que se considera no revolucionarios y son rechazados por una razón u otra, como Mounier. La duda es tanto más interesante de observar cuanto la palabra «revolución» todavía no posee un sentido fijo y los partidarios del nuevo régimen se reconocen como «patriotas» o, en menor medida, como «republicanos». Sin duda, la polarización entre la Revolución Francesa y la contrarrevolución transforma los antagonismos ligados a las riquezas, las distinciones, el color de la piel, la religión… y crea bloques soldados por acontecimientos y mitos. Subrayemos, no obstante, que esa dicotomía, que resulta práctica para esbozar el cuadro general de la historia de Francia o de la humanidad, jamás ha podido dar cuenta de las expectativas, las luchas y los recuerdos, que siempre se han escapado de esa separación binaria.

En la historiografía, la reintroducción del término «antirrevolución», hacia 1985, no ha cambiado nada. Esa visión, que pretende distinguir los movimientos de resistencia, convertidos eventualmente en contrarrevolucionarios bajo el efecto de los acontecimientos y sobre todo en razón de una consciencia política manifiesta, postula la existencia de distinciones y pertenencias, de bloques ideológicos unificados, cuando en realidad las posturas de los unos y los otros son relativas: no existe un eje que vaya de la «Revolución Francesa» a la «contrarrevolución», sino cristalizaciones de posturas en torno a una situación, un individuo o un principio, reunidas mal que bien en las polémicas y los juegos de alianzas. Bajo esos dos términos, Revolución Francesa y contrarrevolución, persisten distintas realidades según los lugares y los grupos, los momentos y las circunstancias, lo que explica de entrada que las divisiones internas de cada «bando» en general hayan sido más determinantes que los antagonismos en teoría esenciales entre las dos grandes fuerzas, y anuncia enseguida el estallido posterior de las lógicas partidistas y la dispersión de las tradiciones nacidas en la época, lo que justifica la presente exposición, sensible a los estallidos y los accidentes más que a los grandes frescos mistificadores.

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Capítulo 11. LA VICTORIA ILUSORIA

Entre los días que hicieron de Francia lo que es, el 21 de junio de 1791 cuenta tanto como el 14 de julio o el 5 y el 6 de octubre de 1789. Ese día, el rey y su familia son detenidos en Varennes, un pueblecito de Argonne, mientras tratan de reunirse con las tropas del general Bouillé, que permanecen en Montmédy y Metz. De repente, se derrumba un frágil equilibrio, revelando las debilidades de las alianzas y arrastrando a todo el mundo por caminos imprevistos.

Sin embargo, hasta entonces la Asamblea se había impuesto en la dirección de los asuntos del reino, a pesar de la extrema derecha y los monárquicos. Lucha contra los nobles contrarrevolucionarios, los sacerdotes refractarios y sus rebaños, a los que los sacerdotes siguen considerando extraviados, y, en plena confusión, se enfrenta a los mestizos y los esclavos. Con la ayuda de la masa de bienes nacionales, que garantiza mal que bien los asignados y, sobre todo, asegura la entrada de dinero que evita tener que recurrir a los impuestos, la Asamblea se alía a trancas y barrancas con una gran parte del campesinado, y se las arregla en el ámbito financiero, que era el escollo de la monarquía, al conseguir reorganizar las finanzas nacionales. Al término de densas discusiones, limitadas al medio político parisino, en 1791 se crea un andamiaje institucional tan eficaz que perdurará durante toda la Revolución Francesa. La Tesorería Nacional sustituye el Control General de la monarquía, convirtiéndose tácitamente en un ministerio dirigido por seis comisarios bajo la vigilancia de tres diputados. De hecho, la institución de la Tesorería Nacional se escapa a la autoridad real y se distancia de la Asamblea. Así, puede recaudar impuestos y asumir los gastos del Estado gracias a unas oficinas reconocidas por su competencia y su eficacia. Dos de sus principales promotores, Condorcet y Lavoisier, perderán la vida en 1794, pero la mayoría de los empleados continúan desempeñando sus funciones, lo que atestigua la viabilidad de la institución que asegura la vida material del país. A pesar del fracaso de los asignados, que tendrá lugar unos años más tarde, y a pesar de la ruina de los rentistas, perdura la confianza en el Estado y sus dirigentes, lo que garantiza la continuidad del comercio y, por tanto, de la Revolución Francesa.

¿Acaso conviene buscar las razones del desmoronamiento inminente del régimen en la incapacidad de los diputados que ocupan el poder para hacer frente a las emociones que generan los acontecimientos? Es preciso no subestimar la dificultad de comprender el encadenamiento de hechos. Al estudiar el Salón de 1791, la historiadora Annie Jourdan reconoce su incapacidad para encontrar obras y artistas inspirados por la «revolución» en curso. Añade que «los contemporáneos no me facilitan la tarea», ya que no distinguen entre las obras atribuibles a una voluntad política y las demás, fruto de la costumbre. La confesión resulta simpática, pero desconcertante. ¿Por qué desea que los franceses de 1791 se sientan parte de la Revolución Francesa, tal y como los historiadores consideran que debió de suceder? La indecisión que se manifiesta en las obras artísticas simplemente corresponde al hecho, demostrado en otras partes, de que para la mayoría de la población los bandos no están marcados, la expectativa de cambios y reformas enmascara las rupturas entre orientaciones ideológicas, y que es precisamente esa situación, confusa a ojos de los historiadores polemistas y partidistas, la que se quiebra en 1791.

El centro perdido

Después de 1790, los diputados provinciales dejan de compartir las viviendas que alquilaban en París con sus compatriotas para instalarse en función de sus afinidades políticas. Por supuesto, no forman partidos políticos, inexistentes en esa época, pero crean nebulosas políticas con sus identidades, cabecillas, consignas e incluso el lugar que ocupan en la Asamblea. Aunque muchos de ellos se nieguen a ser categorizados y cambien regularmente de lugar en la sala, los «patriotas» avanzados, miembros del Club de Amigos de la Constitución, llamado en adelante Club de los Jacobinos, se encuentran a la izquierda del presidente. En el centro fluctuante, Mirabeau, «partido de él solo», frecuenta a los patriotas constitucionales, La Fayette, Duport, los hermanos Lameth y Barnave. A la derecha del presidente, una minoría de diputados se declaran monárquicos convencidos, como el abad Maury, que estigmatiza el «crimen» de octubre a pesar de haber aprobado la «revolución» de julio. Esos hombres son cercanos a los imparciales y los monárquicos, representados por Cazalès y Malouet, oradores infatigables que critican las incoherencias y las ambigüedades de la ley.

Más allá de las divisiones, que son considerables, todos ellos coinciden en la voluntad de organizar el Estado, circunscribir el espacio público e impedir las derivas que consideran inoportunas. Se trata de suprimir la espontaneidad popular, que es uno de los legados de 1789, y rematar la destrucción de los «cuerpos», es decir, los órdenes que habían causado el hundimiento de la monarquía. Todos ellos comparten una visión liberal de la sociedad y la economía, y tienen presentes los obstáculos que suponían los privilegios y las exenciones de toda clase que habían vuelto imposibles las reformas del rey. Tanto por principios como por necesidad, emprenden una política de eliminación de las posibles competencias. Las tribunas no se privan de intervenir ruidosamente contra los «aristócratas», llegando al extremo de la propaganda por los hechos cuando sus adalides parecen pasar una mala racha. Cuando en noviembre de 1790 el duque de Castries, convertido en defensor de la monarquía tras haberse sumado a la Revolución Francesa, hiere en un duelo a Charles de Lameth, una muchedumbre asalta y saquea su palacete, empujando al duque a emigrar. Enseguida la Comuna apoya de facto ese acto cometido por «diez mil soberanos», como proclama un panfleto hostil a la aristocracia.

Conviene precisar y matizar ese cuadro de sensibilidades políticas, ya que todos los grupos experimentan tensiones, incluido el núcleo duro de los contrarrevolucionarios. Los príncipes que se han marchado al exilio, en especial Artois y Condé, encarnan el rechazo a cualquier compromiso con la monarquía regenerada, y se erigen en censores vigilantes de la corte. Condé defiende particularmente unas posturas ideológicas muy firmes, ancladas en una concepción muy reaccionaria y muy coherente de la historia y las relaciones sociales. Su partida al exilio se asemeja a su postura. Tras predecir que el rey «se bebería el cáliz hasta el poso», abandona Francia al día siguiente de la toma de la Bastilla, tomando un sinfín de precauciones y llevándose únicamente su espada. Es verdad que recurre a la solidaridad nobiliaria fuera de Francia, y que sus fieles intendentes gestionan sus bienes, lo que le permite convertirse a partir de entonces en uno de los proveedores de fondos de la contrarrevolución. Entre los emigrados, muchos son reticentes a las pretensiones de Artois, al que los soberanos europeos apenas apoyan. En la corte, tan solo cuenta con el apoyo de Isabel de Francia, la hermana de Luis XVI, mientras que este y María Antonieta recelan de sus ambiciones. Por su parte, el conde de Provenza juega su propio juego, sin condenar abiertamente la postura de su hermano. Esa división entre los partidarios de la realeza perdura durante mucho tiempo. Aquellos que añoran la Francia anterior a 1787, empezando por Artois, no perdonarán jamás a los que aceptan los hechos de 1789, entre ellos el conde de Provenza, que hayan comprometido la autenticidad del reino. En París, después de 1790, los seguidores del primer grupo se reúnen en el convento de los Grands-Augustins, antes de trasladar al claustro de Saint-Honoré la sede de su principal club, la Sociedad de Amigos de la Constitución Monárquica, que será prohibido en marzo de 1791. Esos «negros» divididos en complejas tendencias jamás estarán tan bien organizados como sus adversarios, pero disponen de una prensa «contrarrevolucionaria» activa y brillante, animada por plumas como la de Rivarol o Royou. A pesar del hecho de que esa prensa es disparatada, a menudo virulenta y a veces demagoga, sus principales publicaciones, como El amigo del rey y Hechos de los apóstoles, cuentan con muchos lectores. Esa tendencia «populista» impide resumir la postura de esos «aristócratas» en el simple deseo de restaurar el equilibrio entre el rey y su nobleza tradicional; por el contrario, explica la complejidad, así como la debilidad, de la contrarrevolución.

La frontera entre esos conservadores y los defensores de la monarquía parlamentaria es tenue, aunque se considera a estos últimos parte de los responsables de la deriva política que condena a los primeros. Desde los días de octubre de 1789, ciertos monárquicos se unen a la contrarrevolución militante, como Mounier, que emigra, mientras que los otros, más próximos a los «aristócratas», continúan participando en las instituciones y cuentan con una buena representación en la Asamblea. Apoyados en organizaciones coherentes, en especial el Club de los Imparciales, y en poderosas redes, entre ellas la de los colonos y los obispos, están representados por personalidades fuertes, como Lally-Tollendal, Champion de Cicé, Clermont-Tonnerre o Malouet. Agrupados en torno a Virieu, logran controlar eficazmente los debates de la Asamblea y colocar a sus miembros en la presidencia. Parecen llegar a su apogeo en enero y febrero de 1790, cuando pueden reivindicar el acuerdo que expresa el rey con las medidas tomadas. Esa época de gracia enseguida es barrida por la radicalización de los enfrentamientos.

La división de los «patriotas» es igual de real. A partir de octubre de 1789, su unidad estalla y el Club Bretón pierde fuerza. En noviembre, la creación de la Sociedad de Amigos de la Constitución —el Club de los Jacobinos— intenta responder a ese declive. Pone en marcha una red de correspondencia, de lejos la más eficaz de todas las que existen. Ello explica su influencia nacional, pese a que su programa es confuso, ligado primero a la defensa de la «regeneración». Mientras los acontecimientos obligan a tomar decisiones verdaderamente políticas, aparece un ala moderada, que se distancia hasta escindirse, en torno a Duport, los hermanos Lameth y Barnave, que rechazan la violencia y desean dirigir el país. En este punto, las rivalidades personales, en especial entre La Fayette y Mirabeau, provocan conflictos. Los dos hombres, por ideología, y en el caso de Mirabeau también por dinero, quieren obtener posiciones de fuerza; oponiéndose los unos a los otros, contribuyen a la división, pero también a la radicalización de los «patriotas», muchos de los cuales rechazan esos juegos de poder.

En ese contexto se funda la poderosa Sociedad de 1789, alrededor de Condorcet, Sieyès, Mirabeau, La Fayette y Le Chapelier. Partidarios de la Constitución, hasta el punto de ser llamados «constitucionales», esos poderosos personajes están más o menos vinculados a los jacobinos; de hecho, algunos pertenecen a los dos clubes. Entre ellos destacan particularmente La Fayette, apoyado por su propia red, así como el duque de Orleans, empujado por un verdadero braint-trust. El debate sobre la paz y la guerra, y la inflexión en la represión del tribunal de Châtelet en mayo de 1790 contribuyen a alejar a los hombres de 1789 de los jacobinos, que pierden su influencia en el seno de la Asamblea. Finalmente, Duport, los hermanos Lameth y Barnave controlan la vía política, a través de los jacobinos, al mismo tiempo que tienen en cuenta la Sociedad de 1789 y sus influyentes personalidades. A la izquierda, Robespierre se impone por sus críticas de las modalidades de voto y por su pugnacidad.

Fuera de la Asamblea, el Círculo Social desempeña un gran papel. Continúa animando los debates y agrupando a individuos convencidos de la necesidad de una política marcada por las cuestiones sociales. En el Círculo Social se encuentra una amalgama de católicos muy renovadores, como Fauchet, o próximos a los «iluminados», como Saint-Martin, pensadores radicales, como Condorcet, militantes y periodistas, como Bonneville o Danton, en una empresa de reflexión y de intervenciones públicas. En ese marco, una militante «feminista», Etta Palm d’Aelders, solicita que se otorguen derechos cívicos a las mujeres. Incontestablemente, ese medio tan heterogéneo agita las ideas, ya que, en mayo de 1791, el periodista Robert crea el Comité Central de las Sociedades Patrióticas, que desempeñará un papel central en la movilización de la opinión pública tras la detención del rey en Varennes. Su mujer, Louise de Keralio, primera periodista feminista, es la controvertida autora de uno de los escasos panfletos republicanos de esos años, titulado El republicanismo adaptado a Francia. Sin duda, el Círculo Social está ligado a los seguidores de La Fayette, a través del periódico Jean Bart. A pesar de la nebulosa que crea, en su seno surge el Club de los Cordeleros. Se trata más bien de una agrupación «de acción y de combate» que, a partir de la sección parisina de la orilla derecha, se convierte en un movimiento crítico respecto a la Constitución y la Asamblea. Se desarrolla una verdadera reflexión republicana democrática, acrecentada por la efervescencia de las sociedades fraternales, incluso de las sociedades caritativas. Esas asociaciones se fundan con la intención de esquivar las prohibiciones hechas a los ciudadanos «pasivos» de crear clubes; asimismo, prolongan las movilizaciones populares originadas por la toma de la Bastilla. Los Vencedores de la Bastilla fundan en especial el Club de Enemigos del Despotismo, que solicita, por ejemplo, que bajen los precios de inscripción en los clubes. Sin embargo, esa postura reivindicadora se conforma con el esfuerzo que despliegan para convencer a los habitantes del barrio de Saint-Antoine de que no incendien las oficinas de recaudación de los arbitrios municipales, cuya supresión está prevista el primero de mayo. Para esos militantes, la democracia debe ser respetable. En efecto, es preciso no seguir a los provocadores y garantizar la credibilidad de las asambleas populares.

Así, la vida política se juega entre grandes personajes, diputados y militantes de toda clase, lo que implica que se establezcan intercambios muy complejos entre las doctrinas, los programas, las propagandas y también las manipulaciones. En efecto, los periódicos populares se alinean con los partidarios de La Fayette, defensores de un poder fuerte, o con los seguidores del duque de Orleans, críticos con las autoridades y populistas a propósito, implicados a menudo en peleas y ajustes de cuentas. Es comprensible, pues, que en ese medio tan heterogéneo Marat, aislado en su actividad de periodista profético pero más o menos apoyado por los cordeleros, pueda ocupar un lugar considerable. Su periódico, El amigo del pueblo, tiene una tirada de varios miles de ejemplares, al igual que la Sociedad de Amigos de la Verdad, que se apoya en el periódico Revoluciones de París, dirigido por Prudhomme, sin olvidar los Cuadros de la Revolución Francesa, que ilustran los textos de Fauchet y Chamfort. Así, pues, los «patriotas» de 1789 han ganado su apuesta, pero se desintegran por razones personales e ideológicas. Una de las crisis más fuertes se produce en enero de 1791, cuando, para contrarrestar las ambiciones de Mirabeau, los diputados deciden prohibir que uno de ellos pueda convertirse en ministro. El miedo a que aparezca un hombre fuerte los lleva a debilitar definitivamente los ministerios, despojados de prestigio y de poder de decisión, contribuyendo así a dramatizar los debates en la Asamblea, que, de hecho, acapara los poderes legislativo y ejecutivo.

Jaque al rey

Aunque desde el verano de 1790 la pareja real ya no ocupa el primer plano de la escena política, no por ello permanece inactiva. Envuelta en una compleja competencia con los emigrados, la pareja real encabeza una red contrarrevolucionaria que dispone de embajadores ante los soberanos extranjeros, en particular el barón de Breteuil, verdadero ministro de Asuntos Exteriores de Luis XVI. El rey de Francia cuenta con el apoyo de la mayoría de las cortes europeas, a pesar de que su cuñado, el emperador de Austria, apenas le respalda. Este último, junto con el rey de Prusia y el zar, están preocupados sobre todo por el reparto de Polonia y no contemplan la posibilidad de intervenir en los asuntos franceses sin recompensa alguna. No es el caso del rey de Suecia, Gustavo III, que juntamente con Fersen organiza desde Aquisgrán una red de espías contrarrevolucionarios que preparan la fuga de Luis XVI y María Antonieta. A decir verdad, aunque la intervención del rey de Suecia no cuenta demasiado, la partida de Luis XVI preocupa a la gente. La fuga de la pareja real, temida porque significaría que el país entra en una guerra civil, se anuncia y se denuncia con cierta regularidad, mientras los rumores falsos se entremezclan con los verdaderos preparativos.

La estrategia real está calculada. Junto a esa diplomacia secreta tan activa, cuyo manejo se atribuirá más tarde a María Antonieta, la pareja real despide a Mirabeau, que siempre está en busca de ingresos y poder. Entonces este lleva a cabo una política de acomodamiento, manipula la Asamblea y trata de reforzar la autoridad del rey y del ejecutivo. El 2 de abril de 1791, su muerte brutal crea un vacío político considerable, que reaviva las tensiones y las rivalidades, y pone fin a las transacciones entre las Tullerías y la Asamblea. Los preparativos de la fuga prosiguen: el rey toma la costumbre de salir de las Tullerías para ir a cazar, mientras la reina y el delfín se encuentran con los parisinos en los jardines. Esas salidas banales no logran convencer a la población de su buena fe, como ilustra la manifestación que el 18 de abril de 1791 impide que la familia real se marche a Saint-Cloud para celebrar la Pascua. El alboroto social es tan grande que obliga al alcalde, Bailly, a enfrentarse a las sociedades políticas que vigilan al rey, así como a las huelgas, especialmente de los carpinteros de obra, que están muy organizados.

Tras varias tentativas, la fuga de la familia real tiene lugar bajo la dirección de Fersen, durante la noche del 20 al 21 de junio de 1791. La familia real y sus allegados se marchan en una enorme berlina que recorre un trayecto jalonado por tropas que se hallan bajo el mando del general Bouillé. Cuando parece que ya han desaparecido todos los riesgos, según la intuición del rey, que considera que tan solo los militantes parisinos son verdaderamente hostiles a la monarquía, la empresa fracasa cerca de su meta, a raíz de una conjunción de factores imprevistos. La berlina es lenta y muy llamativa; se acumula el retraso, de manera que los soldados que debían velar por la seguridad del rey se vuelven sospechosos a ojos de los habitantes de las ciudades y los pueblos. La red militar se disloca y, en Sainte-Menehould, un maestro de postas, Jean-Baptiste Drouet, reconoce al rey. Obtiene de la municipalidad la orden de detenerlo. Lo que tiene lugar en la etapa de Varennes, donde empuja al procurador síndico Sauce a controlar los pasaportes de los viajeros, luego a confundir a Luis XVI y, por último, a obligarlo a esperar la llegada de los emisarios de la Asamblea, que se abalanzan en su persecución.

Los soldados no se atreven a enfrentarse a la muchedumbre que se ha concentrado en la pequeña ciudad, y el rey ya no reacciona, pese a que al marcharse de París había asegurado que pronto sería otro hombre, «con el culo en una silla de montar». Debilidad, indecisión o afán de proteger a su familia: todas las hipótesis tratan de explicar su inacción. El viaje de regreso está jalonado por episodios contrastados. Con mayor o menor discreción, tienen lugar manifestaciones a favor del rey, que a veces provocan reacciones violentas. El ejemplo más destacado es el asesinato de un señor que acude a homenajear al soberano, haciendo gala de ello; se trata del conde de Dampierre, a quien, es cierto, sus campesinos detestan. La llegada a París de la pareja real se lleva a cabo bajo el control de la Asamblea, que ha suspendido a Luis XVI. Asimismo, la Asamblea prohíbe las manifestaciones, impone el silencio y asegura que el rey ha sido víctima de un secuestro. No obstante, la Declaración del rey a todos los franceses antes de salir de París, que ha dejado tras él el 20 de junio de 1791, dice explícitamente lo contrario, al incriminar al curso de la Revolución Francesa y el papel de los clubes. Incluso la opinión pública es informada al respecto, ya que el periódico de Brissot, El patriota francés, hace un resumen de la declaración y publica unos extractos los días posteriores. Las consecuencias del acontecimiento son considerables.

Doscientos noventa diputados realistas toman partido por el rey; protestan contra su suspensión y consideran que no ha infringido ninguna ley. Su protesta, que se inscribe en la lógica de la política de lo peor, acaba de dividir a los aristócratas de los moderados y debilita la derecha. Se reanuda vigorosamente la emigración de oficiales nobles, tanto por convicción como por temor a las represalias. Como es lógico, el general Bouillé, que había estado muy próximo a La Fayette, es uno de los primeros en marcharse, reivindicando la responsabilidad de la fuga del rey. La suspicacia que reinaba hacia los oficiales nobles ya había llevado a la Asamblea a votar un decreto entre el 13 y el 15 de junio de 1791, exigiéndoles que prestaran juramento, bajo pena de ser declarados «infames, indignos de llevar las armas y de contarse entre los ciudadanos franceses». La medida, vejatoria porque situaba a los oficiales bajo la vigilancia de sus hombres, pretendía empujar a los amigos del rey a dimitir. El decreto había suscitado una protesta unánime por parte de la derecha, que, no obstante, había aconsejado a los oficiales nobles que prestaran juramento. Como el decreto no había sido sancionado por el rey, antes de fugarse, el 22 de junio de 1791 se corrige. Los militares deben jurar que defenderán la patria contra los enemigos y obedecerán a la Asamblea Nacional. Se suprime cualquier mención al honor, suavizando así el proyecto anterior. Sin embargo, la segunda formulación, que también obliga a posicionarse públicamente, provoca la crisis esperada y precipita la división en el ejército.

La oposición a la Revolución Francesa acaba de cambiar de significado. El rey, al intentar abandonar el reino, demuestra que la legitimidad ya no está en Francia, sino que puede encontrarse entre las filas de las tropas dirigidas por Artois, Condé y Mirabeau-Tonneau. La contrarrevolución ya no es una opinión, sino que se convierte en un delito, incluso un crimen, tanto más cuanto el conde de Provenza, por su parte, ha logrado ganar Bélgica, el 20 de junio de 1791, mostrando que los realistas quieren reconquistar el poder. Sin embargo, ello no aporta unidad a la contrarrevolución. Breteuil, actuando en nombre del rey, sigue oponiéndose a Calonne, consejero de los príncipes Artois, Conti y Condé. Estos deben restablecer al conde de Provenza en sus derechos, ya que su nacimiento le confiere precedencia respecto a Artois, a pesar de los dos años anteriores que ha pasado en Francia apoyando de facto la monarquía parlamentaria. Todo ello no modifica la actitud del emperador Leopoldo, que azuza a los príncipes del Imperio contra la pareja real, ignorando a los emigrados.

¿Francia sin el rey?

En París, la Asamblea, ayudada por la Comuna y la guardia nacional, toma literalmente el poder que lleva ejerciendo desde hace más de tres semanas en una especie de interregno que entremezcla voluntaria y abiertamente los poderes del ejecutivo y del legislativo. Al asegurar que el rey ha sido secuestrado, los diputados ejercen el control político del país sin ningún contrapoder. Se envían comisarios a todo el país y se organizan levas de voluntarios. Aunque se respetan los límites constitucionales, la Asamblea se niega a usurpar el poder ejecutivo, formando un comité ejecutivo con los ministros. Esa voluntad de arraigar los principios revolucionarios en un marco legalista no es bien comprendida, ya que tropieza con reacciones violentas e incontrolables. El temor y el miedo que ha acarreado la fuga del rey llevan a reforzar los controles en la frontera, a reclutar milicias y a controlar más estrictamente a los contrarrevolucionarios declarados e incluso a los que parecen «sospechosos».

Un poco en todas partes, los jacobinos locales vigilan el correo, censuran la distribución de periódicos realistas y violan el principio del secreto de la correspondencia. Como había sucedido en 1789, los reflejos del Gran Miedo vuelven a influir en el oeste del país, donde los señores se llevan la peor parte. En las ciudades, especialmente en París, las muchedumbres que se reúnen de forma espontánea destruyen los signos de la realeza, mientras los libelos, los panfletos y las caricaturas denuncian al rey y su familia, a menudo de manera obscena y escatológica. Bailly consigue sofocar el movimiento, pero este se reanuda, bajo otra forma, cuando el soberano entra en París, con imponentes manifestaciones populares. Entre los clubes circulan cartas y peticiones dirigidas en masa a la Asamblea. En Valence, por ejemplo, los delegados de veintidós sociedades jacobinas se reúnen para solicitar que se entable un proceso contra el rey. La opinión pública cuestiona la naturaleza misma del régimen y en su mayoría se manifiesta en contra de Luis XVI. No obstante, cuando una parte de los cordeleros se pone a la cabeza del movimiento «republicano», la iniciativa divide al club y provoca un escándalo, de modo que las otras sociedades populares no la siguen.

Los jacobinos están divididos a propósito de la república. Anclados en su mayoría en una cultura política inspirada por Rousseau, todos ellos coinciden en la idea de que la república no conviene a los grandes estados, que se consideran incapaces de ser gobernados por una democracia directa. Además, en una tradición mucho más antigua, «república» remite a res publica, que designa indistintamente todos los regímenes políticos en los que el pueblo ejerce el poder, se trate de regímenes «democráticos» o «tiránicos», a diferencia de los otros, que dependen de la monarquía. Así, el vocablo «república» entraña una ambigüedad que no se escapa a los principales protagonistas políticos, y que lo convierte prácticamente en un tabú en la Asamblea. Sin embargo, como sucede con numerosos términos, el sentido de la palabra no deja de modificarse, aunque solo sea como reacción a la brutalidad política de los hombres que ocupan el poder, que acosan a los militantes cordeleros y envían a la guardia nacional contra los movimientos de las secciones. El sistema político vigente desde julio de 1789 muestra sus límites, dando pie a la crítica «republicana» de los publicistas pertenecientes al Círculo Social, como Bonneville, Lavicomterie, Mandar y Paine. Esta desarrolla la idea de una república inspirada en el modelo antiguo o utópico, como la había imaginado James Harrington en 1656 en su novela Oceanía. Bajo el impulso de Condorcet y Paine, conocedores de Priestley y especialmente de Price, en la línea abierta por la República estadounidense, «república» se convierte en sinónimo de régimen de ciudadanos virtuosos, educados y solidarios. Se depura, pues, en consecuencia, aunque siga apoyando la república una nebulosa heteróclita de militantes cosmopolitas y demócratas, a la que Robespierre no se alía verdaderamente, mientras que Sieyès discute su interés.

La vulgarización de la idea republicana, identificada con la defensa de la nación por parte de ciudadanos iguales al margen de su estatuto, crea un vocabulario que encuentra un eco en los grupos urbanos ligados al marco de su vida, así como a las relaciones de proximidad, pero que no se reconocen en los programas verdaderamente políticos que elaboran los jacobinos. Esos hombres y mujeres, que viven en el seno de su barrio en una especie de democracia directa confirmada en el sentimiento de representar al «soberano», dirigidos por militantes que se erigen en críticos de los electos, incluso cuando estos ocupan un asiento en la Comuna de París, experimentan prácticas que se encuentran en los límites de la vida política que se expresa en las asambleas. Se reconocen en las posturas de los distintos portavoces que se afirman como intermediarios invocando principios «democráticos» o «republicanos». Así, surge una lógica política inédita, que primero se opone a las lógicas de la monarquía «absoluta» instauradas por Luis XIV, a continuación a las lógicas de la monarquía «administrativa» de Luis XVI y, por último, a todas las lógicas —social, secularizada, individualista y utilitarista— establecidas en Europa a partir de la década de 1750 por los fisiócratas, los economistas y todos aquellos que quieren crear un Estado basado en la libertad individual.

En esas circunstancias, el lazo entre el Círculo Social, el Club de los Cordeleros, las sociedades fraternales y el movimiento popular de los barrios se anuda estrechamente: los unos politizan los resentimientos, sin por ello aceptar la violencia latente de las masas; los otros encuentran un espacio político abierto, en el que pueden imponer reivindicaciones fiscales y colectivistas. El auge de esas sociedades tiene lugar a pesar de la reciente división del espacio parisino en secciones, y se apoya en la vitalidad del periodismo político, que a todas luces alcanza su apogeo en ese momento. No existe ninguna unidad entre hombres tan diferentes como Condorcet, Marat, Lanthenas o Bonneville, salvo su búsqueda de una democracia lo más directa posible. La federación de sociedades fraternales, creada por el periodista Robert, trata de reforzar esa corriente heterogénea que inquieta a los jacobinos, estén o no en el poder. El divorcio entre esas dos fuerzas se produce precisamente en julio de 1791, cuando los intelectuales del Círculo Social se alían con los girondinos o se alejan de la escena política, mientras que las sociedades fraternales se revelan incapaces de mantener un discurso político que movilice y se limitan a las reivindicaciones sociales. Los militantes populares tomarán el control del Club de los Cordeleros, crítico con los diputados y los clubes «burgueses».

Las sensibilidades políticas se expresan de manera cada vez más precisa y agresiva. Por una parte, los voluntarios que se enrolan en el ejército lo hacen en nombre de la defensa de la patria, que se presiente amenazada tanto desde el interior como desde el exterior; por otra parte, numerosos individuos se consideran traicionados por el rey y le reprochan haber roto el pacto que los unía a todos. Aunque la tradición «pactista» de una monarquía cristiana, populista y organicista ya solo subiste en la península Ibérica y en las posesiones de ultramar en América Latina, en Francia perduraba como telón de fondo, bajo el barniz de las mutaciones impuestas por el Estado monárquico al comienzo de la revolución económica e industrial. El episodio de Varennes y en especial el choque revolucionario permiten constatar que la nación se percibe de dos formas antagónicas, pero ligadas la una a la otra. Sin duda, la monarquía constitucional sigue siendo respetada formalmente, pero, desde luego, en ese momento la realeza tradicional está muerta del todo, lo que explica que el descrédito de la pareja real sea absoluto: el rey es representado como un enorme cerdo tragón y la reina como una mesalina extranjera y traidora. Es comprensible, pues, que una parte de la opinión pública ya no se extrañe por su suerte. Sin embargo, muchos franceses siguen apegados al principio monárquico, sean contrarrevolucionarios o simplemente se sientan ligados a una unidad nacional a través de un hombre, encarnación de un poder extraordinario y encargado de dispensar protección y justicia. De Necker y Mirabeau se sospecha que eran de los segundos. Otros tratarán de sustituirlo con el ensayo imperial y la restauración real. El miedo al trono vacío, que acosa a Francia desde hace años, y especialmente desde 1789, se acrecienta de manera brutal, acarreando angustia y violencia. Ese mes de julio de 1791 es excepcional, ya que concede a la opinión pública la mayor libertad política que pueda existir —la prensa contrarrevolucionaria también es particularmente activa y popular—, antes de que las restricciones la reduzcan a raíz de los dramáticos acontecimientos que van a suceder. Persisten las dificultades para definir «el pueblo», dificultades que siguen sin solución más de dos siglos después.

¿El primer terror?

Ese temor y la revuelta que suscita dan sentido a las manifestaciones populares «republicanas» impulsadas por el Círculo Social y los cordeleros a mediados de julio, cuando la Asamblea se apropia al fin del episodio de Varennes, a fin de estatuir los hechos oficialmente y tratar de refundar las instituciones. Para los jacobinos constitucionales que están en el poder, la apuesta es clara: se trata de completar la Revolución Francesa e impedir cualquier nueva radicalización. Desde esa perspectiva, Barnave desempeña un papel ambiguo de mediador ante la reina, sin que se pueda concluir la duplicidad de la reina y la ingenuidad de Barnave, que no consigue más que el apoyo de la pareja real, como Mirabeau antes. Tres meses más tarde, el 14 de septiembre de 1791, fecha en la que el rey presta juramento a la Constitución, los poderosos Duport, Lameth y Barnave ya han logrado clausurar oficialmente el episodio de Varennes —exonerando al rey de cualquier responsabilidad y acusando a su entorno— y han llevado a cabo su toma de poder. No obstante, para conseguir ese resultado han tenido que vencer una verdadera ofensiva revolucionaria.

Los debates en la Asamblea empiezan entre el 13 y el 16 de julio de 1791. La crisis política ha puesto en tela de juicio hasta la orientación misma de la Revolución Francesa. Es preciso elegir entre el riesgo de bancarrota del Estado y la búsqueda de la igualdad social. Para evitar la bancarrota, conviene apaciguar a los propietarios, aislando a los contrarrevolucionarios manifiestos, pero también liquidando las deudas contraídas con todos los que han perdido cargos y bienes a causa de la Revolución Francesa. Por el contrario, a fin de establecer la igualdad social, los demócratas empujan a dejar de indemnizar a los antiguos privilegiados y otros detentores de cargos. Tan solo una minoría de entre los jacobinos —los jacobinos orleanistas, como Choderlos de Laclos— reclama que el rey comparezca ante un tribunal y que le sustituya un regente o un consejo ejecutivo electo, mientras que una corriente de los cordeleros, que desea instaurar una república, exige su destronamiento. Así, pues, el «momento republicano» que se manifiesta no se debe a los diputados, sino a la presión de las calles parisinas, cuyo pretexto es la cuestión recurrente de la guardia nacional. Se trata de una guardia remunerada o «burguesa», que mantiene malas relaciones tanto con los ciudadanos pasivos, que no pueden formar parte de ella, como con los militantes, que le reprochan no ser sino una tropa consagrada a su jefe, La Fayette. Así, las decisiones que deben tomarse para proseguir la Revolución Francesa se traducen en la oposición entre los «patriotas» en uniforme y los «demócratas» de los clubes.

Todas las cuestiones esenciales, pues, se plantean en el mismo momento: el sentido de la Revolución Francesa, el destino de Luis XVI y el porvenir de las medidas sociales. Los protagonistas políticos no tienen verdadera consciencia de ello, pero los enfrentamientos que se repiten de manera cotidiana crean una situación explosiva. Mientras escasea la moneda y se multiplican los billetes de confianza, lo que favorece el alza de los precios, los obreros de los talleres de caridad formulan la cuestión social. Se erigen en héroes y víctimas de la Revolución Francesa, que está abandonándolos a su suerte, y se proponen organizar una manifestación en el aniversario del 14 de julio. Las autoridades intentan encauzarla, sin poder prohibir los movimientos populares, como el que se apodera provisionalmente de los cañones de la guardia nacional. La cuestión política es todavía más confusa, ya que todos los partidos están divididos respecto a qué decisión tomar a propósito de Luis XVI. Mientras la muchedumbre presiona para que el rey sea perseguido, circulan peticiones entre los jacobinos, entre ellos Danton, así como entre los cordeleros, encabezados por Bonneville y Robert. El 15 de julio de 1791, bajo el impulso de Bonneville, una gran manifestación que empieza en el convento de los cordeleros atraviesa París, llevando estandartes con las siguientes palabras: «La libertad o la muerte». La fórmula, contundente, no es una prefiguración del Terror; procede de los discursos sobre la libertad y la muerte que han florecido desde la Revolución Americana, y precisamente desde que el político estadounidense Patrick Henry, futuro gobernador de Virginia, popularizara la fórmula.

La Asamblea, en pleno debate sobre la suerte del rey, se opone a cualquier manifestación, lo que sitúa a los jacobinos a la izquierda, en minoría, reñidos con los cordeleros, que al mismo tiempo son competidores y aliados suyos. El 17 de julio de 1791, por afán de legalidad y para evitar participar en una manifestación popular, los jacobinos renuncian a la petición y dejan solos a los peticionarios ante el alcalde de París, Bailly, y el jefe de la guardia nacional, La Fayette. En previsión de un golpe de fuerza, se aconseja a las personalidades más visibles, como Danton, Marat y Robert, que se escondan fuera de París, a fin de evitar una represión inevitable cuyos efectos devastadores, no obstante, conviene limitar.

Durante la mañana del 17 de julio de 1791, mientras los manifestantes empiezan a concentrarse en el Campo de Marte de París, dos mirones, deseosos de aprovecharse del desfile de mujeres que van a firmar la petición al estrado bajo el que están escondidos, son descubiertos y linchados de inmediato. Sobre el terreno, la exaltación se acrecienta y las consignas se vuelven cada vez más decididas, así como en la Asamblea y la alcaldía, ya que esta última envía tropas contra los que parecen amotinados. En un clima que recuerda al que precedió al Gran Miedo y la toma de la Bastilla, se acumulan negociaciones, rumores alarmistas, confusión de poderes y falta de sangre fría. Todo ello desemboca en un tenso cara a cara entre la guardia nacional, resentida por la hostilidad que se le muestra desde hace semanas, y una muchedumbre desbocada, sin un verdadero cabecilla, agotada por toda la jornada, que ha transcurrido entre la exaltación y la exasperación. Entonces estalla un tiroteo, que provoca el pánico. Al menos mueren una docena de personas, tal vez una cincuentena, como corre el rumor enseguida.

Aunque en apariencia resulte paradójico, los que disparan son los guardias nacionales «burgueses», mientras que los guardias remunerados, es decir, los antiguos guardias franceses de la realeza, permanecen disciplinados. La falta de profesionalidad, el sentimiento de ilegitimidad y el temor a los desbordamientos se conjugan con la necesidad de pelearse, tras una tensión acumulada desde hace semanas, que ninguna transacción política parece poder apaciguar. El miedo desempeña su papel habitual en los grupos armados no profesionales. En 1848, también serán los jóvenes recién incorporados a la guardia nacional los que dispararán a sus antiguos camaradas montados en las barricadas de junio. Políticamente hablando, la violencia latente es zanjada por la violencia de Estado. La ley marcial se mantiene hasta el 25 de julio de 1791, mientras que el Comité de Investigaciones de la Asamblea persigue a los principales cabecillas demócratas. Tras las repercusiones del episodio de Varennes, ese tiroteo acaba de descomponer todo el tablero político.

La izquierda y la derecha se redistribuyen ante la articulación de la violencia popular y la violencia de Estado, aunque prevalece la confusión. Sería abusivo contraponer el «pueblo» con la guardia nacional, ya que casi una tercera parte de los firmantes de la petición abortada el 17 de junio de 1791 son guardias nacionales. Las divisiones se deben a sociabilidades y sensibilidades más que a orientaciones políticas estrictas. El medio de los «demócratas republicanos» de las sociedades fraternales, los cordeleros y el Círculo Social es decapitado con brutalidad y sus periódicos, como La boca de hierro, desaparecen. Pero muchos de los jacobinos, desconcertados, abandonan también su club simple y llanamente para distinguirse de esos «republicanos» peligrosos. En París, una minoría significativa de los jacobinos se encuentra en el convento vecino de los Feuillants. Adoptan el nombre del convento y reciben el apoyo de una cincuentena de clubes de provincias. Sin embargo, al núcleo jacobino que subsiste se le une la mayoría de provincianos, y se sitúa a la izquierda de la Asamblea. Los feuillants, puntales del poder, se encuentran en una posición difícil. De hecho, controlan las principales instituciones y son responsables de la identificación de la unidad nacional con la salvación de la patria, pero han roto con todas las demás fuerzas políticas, desde la extrema derecha hasta la izquierda democrática. Por otro lado, no conviene olvidar la hostilidad que les profesa el rey, ni los antagonismos que suscitan a propósito de las reformas religiosas y sociales. Tan solo pueden apoyarse en sus hermanos los jacobinos mantenidos, que en adelante se convierten en sus enemigos, y que se han convertido de facto en los únicos representantes de las esperanzas populares en la Asamblea.

La pretendida unidad entre el pueblo, la nación y la Revolución Francesa acaba de estallar. El tiroteo del Campo de Marte ha roto el hechizo. Al afirmar que la Revolución Francesa ya se ha llevado a cabo, sus responsables aíslan a los sans-culottes; a partir de entonces, la expresión comienza a propagarse para designar peyorativamente al «populacho» culpable de la violencia de los meses anteriores. No obstante, entre julio y diciembre de 1791, el significado del apodo se invierte y la expresión se convierte en el emblema que reivindican todos aquellos que se oponen a la aristocracia y la contrarrevolución, así como a la burguesía revolucionaria que encarnan los feuillants. Dado su polémico origen, esa denominación «pícara y satírica» (M. Reinhard) no corresponde a ninguna situación económica precisa, pero confiere un símbolo al «cuarto estado», así como apoyos políticos: los cordeleros que han pasado a los jacobinos, partidarios del poder de las clases medias. La aceleración de la lógica de estigmatización e identificación enseguida se volverá en contra de estos últimos, como veremos en breve. De momento, esos jacobinos, entre los cuales empiezan a manifestarse las tendencias «girondinas», defienden la violencia entendida como una reacción legitimada por el rechazo a la orientación política que ha tomado el Estado.

¿Acaso los episodios de Varennes y del Campo de Marte constituyen, además, los primeros pasos de un terror que anuncia el llamado Terror de 1793? La cuestión, planteada recientemente, pretende matar dos pájaros de un tiro. En primer lugar, habría que demostrar que la violencia revolucionaria se impone poco a poco, a medida que se producen los enfrentamientos, y, acto seguido, que la violencia revolucionaria no solo es cosa de los jacobinos, sino también de los feuillants, a los que toda la historiografía considera moderados. Subrayemos de nuevo que responder a ese problema significa bascular hacia la invención —característica de termidor y a todas luces reaccionaria— del «Terror» que se lleva a cabo a partir de agosto de 1794. Recordemos que, hasta 1793 o 1794, ningún comité del gobierno desea establecer un régimen semejante, como se declara explícitamente. Repitamos también que, antes de 1789, bajo la monarquía también existían las prácticas de defensa colectiva, castigo jurídico expeditivo y violencia política. Por añadidura, la monarquía tenía la costumbre de dejar estallar los motines populares, a falta de medios, antes de castigar ejemplarmente a unos cuantos cabecillas para favorecer el retorno a la calma. Bajo la monarquía, las ejecuciones públicas y las expediciones militares o de la policía eran compartidas por los distintos poderes: los intendentes, los gobernadores y los ayuntamientos recurrían a ellas en cuanto se consideraban lo bastante fuertes para sostenerlas. Por tanto, los feuillants únicamente innovan en la medida en que están inscritos en un universo político diferente al de la monarquía.

¿Poner fin a la Revolución Francesa?

Queda por comprender la orientación de los feuillants. El traslado de los restos mortales de Voltaire al Panteón, retrasado a causa de la fuga del rey, se organiza el 11 de julio de 1791; afirma un ideal revolucionario mezclado con sentimientos anticlericales que permite unir a la izquierda con los hombres de a pie y criticar a Luis XVI. Sin embargo, algunos días más tarde, el tiroteo del Campo de Marte hace bascular la Asamblea hacia la derecha de nuevo. Significativamente, la Asamblea recuerda la necesidad de respetar el secreto de la correspondencia ante las exigencias jacobinas. La opinión pública está lo bastante dividida como para que La gaceta de Francia pueda lanzar una campaña nacional entre los nobles para encontrar voluntarios que ejerzan de rehenes y garanticen así la libertad del rey, comparado con Cristo. El periódico defiende el «pacto de familia» que debe unir al rey y sus súbditos, en respuesta a las peticiones demócratas que circulan en el mismo momento en torno a la fiesta del 14 de julio. El 24 de agosto de 1791 se entrega solemnemente al presidente de la Asamblea una primera lista de rehenes, que se proclaman «hermanos del orden de la familia». En total, la lista de rehenes recoge cuatro mil nombres.

La unidad de los contrarrevolucionarios continúa siendo inexistente. Por muy poderosos que sean en la opinión pública, se dividen, se acusan los unos a los otros de haber contribuido al debilitamiento del poder real y dudan sobre la estrategia que seguir, debatiéndose entre la emigración militar y el alboroto político. Una parte de ellos sigue cultivando la política de lo peor, criticando las medidas de los feuillants con argumentos populistas semejantes a los que emplea la izquierda. La confusión se acrecienta con la declaración oficial del rey de Prusia y el emperador de Austria en Pillnitz, Sajonia, el 27 de agosto de 1791. Ambos se declaran dispuestos a garantizar «las bases de un gobierno monárquico conveniente tanto para los derechos de los soberanos como para el bienestar de los franceses»; en caso de necesidad, dando las «órdenes convenientes» a sus tropas. Se trata de una proclamación retórica: el rey y el emperador, que siguen preocupados por Polonia, guardan las distancias con los emigrados y no desean enzarzarse en un conflicto con Francia. Sin embargo, en Francia su declaración tiene el mismo efecto que una bomba. Los revolucionarios se preocupan, temiendo aún más a los contrarrevolucionarios conspiradores, y acusan al rey, pero también a la Asamblea, de doble juego. Así, los miedos recíprocos intensifican la radicalización.

La adopción de la Constitución por parte de la Asamblea el 3 de septiembre de 1791 y por parte del rey entre el 13 y el 14 de septiembre de 1791 trata de romper ese encadenamiento recusando la postura de los «negros», pero todavía enreda más las cosas. La discusión sobre la naturaleza del régimen está marcada por flecos y ambigüedades hasta el último momento, clausurando el proceso entablado en 1788. Así, se reafirman los principios fundamentales, al mismo tiempo que se modifican teniendo en cuenta el orden social. Incluso se enmienda la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, en cierto modo, ¡volviendo a empezar la Revolución Francesa! El famoso artículo que limita la libertad a la del prójimo incorpora a partir de entonces la necesidad de respetar, además, «la seguridad pública». Por otra parte, la Constitución civil del clero no se incluye en la Constitución, a fin de dejar la puerta abierta a una posible reconciliación entre las dos iglesias, contemplada desde el 14 de septiembre de 1791. La Revolución Francesa no se ha acabado.

Sin embargo, siguiendo la misma línea que en 1789, la nación continúa siendo la única fuente de la soberanía, delegando sus poderes a la Asamblea, el rey y los jueces elegidos por el pueblo. El rey procede de «la raza reinante» según la progenitura de los varones, «excluyendo a perpetuidad a las mujeres y su descendencia». (Obsérvese que la famosa ley sálica, invocada a menudo, encuentra al fin e in extremis la formulación escrita que anteriormente jamás había tenido). No obstante, a partir de entonces el rey es el «rey de los franceses», el «primer funcionario público», tal y como se lo considera en los debates iniciales. Nombra a ministros que tan solo dependen de él, no ejerce ningún poder sobre la Asamblea y comparte con esta sus atribuciones esenciales, incluidos el nombramiento de una parte de los oficiales o la dirección de la diplomacia. Aunque al mismo tiempo sea irresponsable y una «persona inviolable y sagrada», en cuanto que representante de la nación sujeto a la ley, aunque posea una dotación económica propia, así como una guardia personal, a fin de resistir a las presiones populares, ello no impide que sea un «enano» frente a la Asamblea.

En efecto, la Asamblea posee un gran abanico de poderes: toma la iniciativa de las leyes, tiene la última palabra sobre ellas una vez que se ha agotado el veto suspensivo del rey, controla realmente los ingresos y los gastos, y, por tanto, vigila a los ministerios, y tiene la facultad de zanjar los litigios judiciales no resueltos por el tribunal de casación. De hecho, todos los poderes administrativos y judiciales dependen directa o indirectamente de su competencia. En cuanto a los administradores electos, no pueden reivindicar «ningún carácter de representación» y deben aplicar las leyes votadas por la Asamblea en nombre del rey. La separación de poderes, pues, es a la vez estricta y ficticia, ya que la Asamblea constituye el único cuerpo que representa la nación. Su superioridad sobre la persona del rey también se debe a su propia composición, pues combina un número fijo de representantes de los departamentos —tres para cada uno, excepto París, que tan solo delega un diputado— con otros diputados cuyo número se calcula según la parte de la población y la contribución directa de cada departamento.

La elección de los diputados, pues, reposa en criterios territoriales, demográficos y económicos que, en teoría, aseguran una legitimidad irreprochable a la Asamblea. En un sentido estricto, no es una asamblea censataria, aunque para ser elegido hay que ser hombre, contribuyente y tener más de veinticinco años. Además, es preciso haber pasado dos barreras, discutidas con aspereza. La primera, para poder ser elector en la asamblea primaria y, por tanto, ciudadano activo, es relativamente fácil de superar, salvo para la población obrera urbana: hay que pagar en torno a tres jornadas del salario. La segunda, para poder ser elegible, exige hacer una contribución directa, que varía entre ciento cincuenta y cuatrocientas jornadas de trabajo, según la comuna. Esta condición se introduce en agosto de 1791, para remplazar el sistema previsto anteriormente, que exigía que los elegibles fueran terratenientes y que pagaran una contribución mucho más elevada. La corriente demócrata, en ese caso abanderada por Robespierre, logra rechazar esa medida, lo que permite a hombres «capacitados», en especial hombres de ley, votar junto a los más ricos. El régimen no es una plutocracia, como la Inglaterra parlamentaria en la misma época, pero lo cierto es que trata de evitar que los que carecen de propiedades puedan intervenir en la política. La naturaleza de la Constitución lleva a preguntarse si participa de la Revolución Francesa de 1789 a 1791, como afirman los diputados, o si al fin ha liquidado los principios de regeneración acariciados desde la década de 1789, al rendir el mínimo tributo posible a la revolución que la ha hecho posible.

La estabilización imposible

Es lo que llevan a pensar las ambigüedades que sobrevienen el 14 de septiembre de 1791. El rey, que ese día acude a la Asamblea a fin de prestar juramento, es recibido sin que se detengan claramente las reglas tradicionales de protocolo. Desde el comienzo de su breve intervención, los diputados se sientan y se cubren con un gesto que recuerda el 5 de mayo de 1789. Tras una vacilación, el rey acaba de hablar y se sienta a su vez en un sillón idéntico al del presidente de la Asamblea, que debe levantarse para contestar. Harán falta unas dos semanas para que se fijen reglas precisas, que otorgan al rey un sillón adornado con flores de lis, situado en el centro de la Asamblea, y al presidente un sillón normal, colocado a su derecha. Esos pequeños contratiempos protocolarios, que pueden considerarse mezquinos o ridículos, están ligados a las torpezas de los unos y los otros, pero también a las contradicciones de sus estrategias. Los feuillants se aferran a las prerrogativas originadas por la Revolución Francesa, mientras intentan controlar su curso. El rey salva las apariencias, pero en realidad hace un doble juego. No deja de guardar las distancias con los emigrados y sus hermanos, e incluso con la reina o su propia hermana, más radicales que él en el rechazo a las instituciones; al mismo tiempo, pide consejo sin cesar a Duport, Barnave y los hermanos Lameth. Todos ellos completan el juego de manos que ha transformado la fuga del rey en una «marcha» involuntaria al amnistiar a los que han sido objeto de persecuciones durante los últimos años.

Las palabras del diputado noble Briois de Beaumetz aclaran el sentido de la operación. En nombre de los Comités de Constitución y de Revisión de la Asamblea, dicho diputado, citado como Beaumetz en El monitor, justifica la amnistía propuesta con las siguientes razones: «La Asamblea Nacional, considerando que el objeto de la Revolución Francesa era dar una Constitución al Imperio, y que en consecuencia la Revolución debe llegar a su fin en el momento en que la Constitución esté acabada y sea aceptada por el rey; considerando que en adelante este sería tan culpable de resistirse a las autoridades constituidas y a las leyes como es digno de la nación francesa olvidar las marcas de oposición dirigidas contra la voluntad nacional, que todavía no estaba generalmente reconocida ni solemnemente declarada; concluye que al fin ha llegado el tiempo de extinguir las disensiones en un sentimiento común de patriotismo, fraternidad y afecto por el monarca que ha dado ejemplo de ese generoso olvido». Dicho de otro modo, es preciso enterrar las disensiones porque la Revolución Francesa se ha terminado. En lugar de volver a discutir esta fórmula, que no se deja de invocar, desde junio y julio de 1789, en cuanto se perfila un acuerdo entre los protagonistas políticos, conviene esclarecerla.

La recepción del rey por parte de la Asamblea el 14 de septiembre de 1791 es clausurada por el presidente Thouret, que declara: «¡Qué grande debe ser a nuestros ojos, Su Majestad, cuán querida por nuestros corazones, y qué sublime será en nuestra historia la época de esta regeneración, que da a la Francia de los ciudadanos, a los franceses, una patria, y a vos, como rey, un nuevo título de grandeza y gloria, y a vos también, como hombre, una nueva fuente de gozos y nuevas sensaciones de felicidad!». La fórmula hace reaccionar a Robespierre. Contesta que no la suscribirá mientras vea que subsisten tantos enemigos del régimen; asimismo, hace reaccionar al conde de Artois, que, en una larguísima carta escrita desde el exilio y publicada en El monitor, se basa en la declaración de Pillnitz para pedir cuentas a su hermano y advertirle que actuará por el bien del reino, y en caso de necesidad contra él. Así, pues, se cumple el deseo de los feuillants de institucionalizar el Estado, o de otorgar al fin unas Constituciones a Francia, que había sido la meta de numerosos diputados de 1789. Se ha logrado la regeneración, pero el éxito se debe a la violencia de la Revolución Francesa, cuyos hombres ya no saben qué hacer, salvo hacerla olvidar para cerrar lo que entonces no habría sido sino un paréntesis. Así, por debilidad táctica y teórica, permiten que sus rivales de la izquierda y la derecha se posicionen mejor que a propósito de la violencia que no deja de rondar. Por ejemplo, las páginas de El monitor están llenas de noticias sobre la insurrección de Santo Domingo.

La incapacidad de los hombres que están en el poder para enfrentarse a la gravedad de las tensiones es patente en dos debates que marcan el final de la Asamblea Constituyente. En algunas semanas, la ley de amnistía se transforma profundamente y se remplaza desde una perspectiva verdaderamente revolucionaria. La ley, adoptada el 14 de septiembre de 1791, concierne a todos los militares implicados en hechos delictivos desde el primero de junio de 1789; se amplía a todos los condenados por revuelta desde el primero de mayo de 1788, antes de que el 31 de diciembre de 1791 la Asamblea Legislativa extienda la ley a los soldados amotinados del regimiento de Châteauvieux. A pesar de que la amnistía se remonta a mayo de 1788, momento de los primeros enfrentamientos contra Lamoignon, ya no atañe a la regeneración, sino más bien a los actos revolucionarios. Al mismo tiempo, el código penal establece una pena infamante, la llamada degradación cívica, que el propio Duport hace decretar el 23 de septiembre de 1791. Todos aquellos que se han posicionado por escrito en contra de la Constitución y que no se retracten no podrán conservar ni obtener ningún empleo civil o militar. La conciliación que se contempla respecto a los sacerdotes refractarios, especialmente el 14 de septiembre de 1791, fracasa, de manera que la Asamblea avala la ruptura revolucionaria. ¿Acaso la amnistía supone borrar las tensiones y «las emociones de la desmesura» (S. Wahnich)? Tal vez, pero a la vez también significa una reconocimiento de los comienzos de la Revolución Francesa, datados un año antes de la toma de la Bastilla, subrayando la profunda identidad entre la Revolución Francesa y la regeneración, así como la voluntad de pasar página y, por último, la búsqueda propiamente revolucionaria de reglas institucionales inéditas. Las precauciones de los feuillants para conservar el control del país los arrastran a esas posiciones inciertas.

Precisamente desde esta perspectiva conviene interpretar el enfrentamiento entre Le Chapelier y Robespierre que tiene lugar en los últimos días de la Asamblea Constituyente, a propósito de la libertad de prensa y las intervenciones de los clubes y las sociedades populares. El informe sobre las sociedades populares plantea el problema de manera brutal: «Una vez terminada la Revolución Francesa, una vez elaborada la Constitución, entonces es preciso que todo vuelva al orden más perfecto, que ya nada ponga trabas a la acción de los poderes constituidos, que la deliberación y el poder no se encuentren en ningún otro lugar que en el que los ha situado la Constitución». Desde luego, se trata de estatuir sobre la posibilidad de que haya intervenciones populares en los asuntos públicos, limitadas ya en 1789 y 1790. Le Chapelier propone y obtiene sanciones en contra de peticionarios y periodistas, mientras que Robespierre defiende la libertad de las ideas y las intervenciones políticas. Al margen de los juicios personales que puedan hacer al respecto los historiadores, en el sistema institucional tan descentrado que se ha establecido, la red que existe entre las sociedades políticas plantea el problema. Gracias a sus redes, las sociedades políticas tienen un poder superior al que poseen el gobierno y la Asamblea. En los departamentos, la rivalidad entre asociaciones de militantes y electos de la nación, por una parte, y «funcionarios» electos en las administraciones, por otra, redunda en beneficio de los primeros. Así, Le Chapelier saca a relucir una dificultad que sigue sin resolverse antes de que se aplaste a los sans-culottes y los realistas en 1795: la posibilidad dada a los militantes de erigirse en árbitros, incluso en jueces, de las autoridades elegidas o nombradas legalmente. En 1791, Le Chapelier, que apenas cuenta con el apoyo de su grupo, se debate entre el compromiso con el rey, la regeneración a bajo coste y la revolución, mientras permite que la izquierda consiga flexibilizar los decretos, lo que preserva la autonomía de los militantes. Dos años más tarde, en el invierno de 1793-1794, Robespierre se encontrará en el papel de Le Chapelier, que entretanto ha sido guillotinado, frente a los sans-culottes y los hebertistas.

La aceptación de la Constitución, pues, es una victoria pírrica; no debe empequeñecerse, porque sanciona el movimiento de fondo que aprueba la Revolución Francesa. Por otra parte, la aceptación de la Constitución debe considerarse la expresión del sueño que entrevieron los «patriotas» en 1788. Clausura un período y funda un Estado, pero anuncia una crisis que no ha sabido resolver. Así, el Estado que nace de la Revolución Francesa se encuentra en un estado de fragilidad que de inmediato lo vuelve poco creíble. El recuerdo que perdura de él contribuye a hacer atractiva la Revolución Francesa y sospechosa la estabilización estatal. Ante la tarea colosal que supone institucionalizar una revolución, los constituyentes de 1791, con su grandeza y sus debilidades, no lo hacen ni mejor ni peor que muchos otros, empezando por los estadounidenses de la década de 1780, pero están atados por las contradicciones y debilitados por las relaciones de fuerza que ni siquiera logran superar. De ahí que esa violencia a la que han sido incapaces de enfrentarse los barra enseguida y haga bascular el país hacia una aventura propiamente revolucionaria.

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Capítulo 12. EL ESTALLIDO DE LA NACIÓN

El nuevo paisaje político

El episodio de Varennes no supone un paso hacia el Terror ni el fin de la monarquía. En cambio, agrava la crisis de confianza a propósito del frágil equilibrio establecido entre el rey y la Asamblea desde 1789. El rey ha perjurado y ha decepcionado a sus seguidores. La consecuencia manifiesta es que su imagen está ausente de los proyectos de monumentos públicos parisinos, y es remplazada por la de la libertad. La posición de los diputados tampoco es cómoda. Objeto de burlas, vigilados y criticados tanto por los contrarrevolucionarios como por los patriotas avanzados, han restablecido, mal que bien, la ficción de la cosoberanía que, sin embargo, ¡ellos mismos habían suspendido! A continuación se desentienden de ello, asegurando que la Constitución del reino estaba fijada y que a la nueva representación de la nación le correspondía aplicarla. Cuando el 4 de octubre de 1791 los diputados de la Asamblea Legislativa prestan el juramento de «mantener la Constitución» y «ser fieles en todo a la nación, la ley y el rey», no convencen a la opinión pública, lista para denunciar la hipocresía de semejantes compromisos, tanto más cuanto se han impuesto los mismos juramentos, con los resultados que hemos visto, a los miembros del clero y los oficiales del ejército. Cuando se abre la Asamblea Legislativa, a la vez el poder constituido y el no constituyente, que se prohíbe recurrir a medidas extraordinarias, el país entra en una nueva fase de efervescencia.

A partir del verano de 1791, la política sigue haciéndose en las asambleas y los salones, pero también, y cada vez más, en los cafés, las calles o las ferias, lo que compensa el hecho de que la participación en las elecciones haya aminorado. En efecto, diferentes modos de expresión traducen al lenguaje político moderno los intereses colectivos e reinterpretan las divisiones anteriores. Además, la política se vive en los niveles intermediarios. Las asambleas primarias, en las que acaban de celebrarse elecciones, consideran que expresan de manera privilegiada la opinión del «soberano», es decir, del pueblo. En concreto, por ejemplo, tienen que solventar las cuestiones de precedencia que surgen entre ciudadanos iguales en el papel, desde luego, pero desiguales en la práctica por sus riquezas, sus redes y sus familias, sin contar su dominio de la lengua o su género. En consecuencia, esas asambleas, en contra de la ley, intentan conservar su capacidad de intervención. A su vez, los clubes pretenden expresar su pertenencia al soberano. En París, ya intervienen directamente en la vida política; en los municipios pequeños, afiliados a redes nacionales, representan una forma inédita de acción política, en la medida en que las mujeres participan en sociedades fraternales o clubes repartidos por todo el país. En general, siguen dependiendo de los hombres, pero aquí y allá organizan fiestas y procesiones, y a veces reclaman que las armen. En esa nueva red, la Sociedad de Amigos de la Constitución, llamada también el Club de los Jacobinos, que desde la escisión de los feuillants alía el mayor número de clubes del país, ocupa a partir de entonces un papel de pilotaje e infiltración. Sus rivales, monárquicos o más populares, no despliegan una eficacia semejante, como demuestra la elección de Pétion como alcalde de París, en sustitución de Bailly, contra La Fayette. Sin embargo, el escaso número de sufragios emitidos —poco más del 10%— demuestra las reservas de una gran parte de la población ante los acontecimientos.

La creación de un «gobierno democrático» por parte de minorías activas ya está en marcha, pero en 1791 no hay más manipuladores que se apoderen del Estado que «revolucionarios» en 1789. En su inmensa mayoría, los diputados son elegidos porque ya tienen experiencia administrativa en su departamento de origen y, en primer lugar, porque son notables que tienen «capacidades» y están perfectamente integrados en su medio. Las redes de militantes están sumidas en situaciones regionales dispares, al afrontar las costumbres locales de la vida pública y las antiguas sociabilidades, y negociar entre ajustes de cuentas y expectativas de justicia expeditiva. No tiene sentido invocar una «política del pueblo», o un movimiento reivindicativo unificado, salvo para insistir en sus prácticas rudimentarias. La «máquina» jacobina no es sino la amalgama de clubes sin unidad doctrinal; predominan los juegos políticos y los vínculos de amistad. Cuando sea obligatorio posicionarse doctrinalmente, los jacobinos se fraccionarán entre brissotinos, buzotinos o próximos a Robespierre.

Sin embargo, más aún que en 1789, algunos individuos se erigen en portavoces y cabecillas, outsiders que desempeñarán papeles importantes, al menos hasta 1795. Las élites políticas habían controlado enseguida las consecuencias del Gran Miedo y las insurrecciones rurales, pero a finales de 1791 y comienzos de 1792 ya no es así. Esas ocasiones son igual de válidas para los representantes de la contrarrevolución popular, sean emisarios de los príncipes emigrados o agitadores locales. Esa amalgama puede resultar sorprendente, pero las expectativas populares no pueden reducirse a las de un grupo particular, y la política no solo se declina entre los polos de la razón y el número, ni en torno a orientaciones ideológicas precisas; por el contrario, las expectativas populares recurren a un muestrario muy complejo, que responde a situaciones locales distintas. Franceses de todas las tendencias y clases tratan de intervenir directamente en la vida política; todos ellos están de acuerdo en que la política no está en buenas manos. Incluso las tendencias artísticas dan cuenta de esa sensibilidad democrática al exaltar a los grandes hombres procedentes de la nación y preocupados por la humanidad.

Explosiones

La sociedad francesa, marcada por enormes diferencias regionales y poco enmarcada administrativamente, estalla literalmente a finales del año 1791, como un leño en el que se hubiera clavado una cuña, lo que subraya la originalidad francesa respecto a las otras «revoluciones» de la misma época. Los irlandeses, partidarios de acrecentar su autonomía, son abandonados por los principales cabecillas políticos, antes de que su antagonismo con Inglaterra desemboque, a partir de 1798, en una violenta represión. Los pequeños granjeros y los soldados estadounidenses, decepcionados por los resultados de la guerra de Independencia, a partir de 1783 sufren la represión de las tropas federales a raíz de su protesta contra la suerte que les imponen. En esos dos casos, el Estado central se beneficia del apoyo que le brinda la mayor parte de las élites contra los descontentos. Por el contrario, en Francia, la ausencia de unidad entre los diferentes grandes grupos que representan el Estado —y su demagogia, incluso— permite que las intervenciones más diversas se expresen, protegiéndose, como es lógico, con las consignas revolucionarias o contrarrevolucionarias.

El ejemplo más radical es el de la insurrección de esclavos que se produce en Santo Domingo durante la noche del 21 de agosto de 1791, en un lugar llamado Bois-Caïman, encabezada por un esclavo, Boukman. Aunque nadie había descubierto el movimiento, estaba bien preparado. Debía desarrollarse el día 25, coincidiendo con la reunión de la asamblea colonial en Cabo, cuyos miembros pretende eliminar. Los blancos están más desamparados aún en la medida en que hasta entonces tan solo se preocupaban por sus problemas y la respuesta que dar a las reivindicaciones de los mestizos y los hombres libres de color. De repente, ese «mundo de la noche» (M. Kundera) pasa al primer plano. Bandas de varios miles de esclavos incendian las plantaciones, y encarcelan, asesinan y violan a las familias de los plantadores y sus gerentes.

La revuelta, arraigada en el vudú y el catolicismo, posee una dimensión religiosa innegable, lo que explica la presencia de sacerdotes junto a los jefes de la banda. Ese sincretismo en torno a la utopía social cristiana se encuentra, asimismo, en otras revueltas de América Latina, que conjugan una visión escatológica y cultos indígenas o importados. Su orientación política también es muy compleja. Desde 1789, el apego al rey, protector contra los señores, se conforma con la esperanza de abolir la esclavitud. Las divisiones que existen entre los blancos, los mestizos y los hombres libres de color en los años anteriores a la revuelta favorecen la confusión. A veces, los blancos poderosos arman a los esclavos para oponerse a las consignas igualitarias de las otras categorías de la población. Sin embargo, la revuelta de Santo Domingo no puede clasificarse de contrarrevolucionaria, pese a que algunos jefes enarbolan cruces de San Luis, se declaran «al servicio del rey» o, al menos hasta 1793, se apoyan en una alianza con los españoles de Santo Domingo.

A finales de 1791, algunas zonas todavía están controladas por los blancos, a su vez divididos respecto a la evolución política de la metrópolis. El resto de la isla está repartido entre ejércitos insurgentes, en ocasiones rivales, que se estructuran en torno a grandes figuras como Jean-François y Biassou. Cuando llegan a Francia las noticias de los horrores —niños empalados, mujeres violadas, hombres aserrados o clavados en las puertas—, gran parte de la opinión pública queda conmocionada. Algunos, como Marat, justifican las matanzas; otros, como Brissot, consideran que es necesario conceder la igualdad de derechos a los hombres libres de color para restablecer el orden, sin por ello abolir la esclavitud. Esa es la medida que adoptará la Asamblea Legislativa el 4 de abril de 1792. En la isla vecina de Guadalupe, los bandos se dividen de otro modo; plantadores, en lugar de contrarrevolucionarios, opuestos a los blancos «patriotas», pero los primeros suelen contar con el apoyo de los hombres libres de color, decepcionados por los decretos de París. En conjunto, la isla continúa bajo el control de una administración favorable al rey, pese a la presencia de municipalidades patriotas apoyadas por los soldados. Esa explosión de violencia está destinada a durar más de diez años.

Las luchas de clase

En Francia, mientras el curso de los asignados baja sin cesar y se distribuyen billetes pequeños para que los mercados urbanos puedan continuar siendo frecuentados, el alboroto social —idéntico al que prevalecerá en el siglo XIX— solo afecta a algunas ciudades manufactureras, como Nantes, donde el 5 de septiembre de 1791 se produce un motín obrero sin una verdadera dimensión política. Todas las ciudades, empezando por París, son presa de un alboroto continuo por temor a carecer de cereales y azúcar. Los tenderos venden bajo la vigilancia de los habitantes, que los consideran sospechosos de acaparamiento y que, en el transcurso de violentas oposiciones, se apropian de provisiones, que venden enseguida al precio que creen justo. Los guardias nacionales y las autoridades locales tratan de conciliar el mantenimiento del orden y el respeto a las reivindicaciones populares. La Asamblea y las autoridades políticas de los departamentos y las grandes ciudades tardan un tiempo en reaccionar, prolongando la forma acostumbrada de mantener el orden heredada de la monarquía.

La continua oposición de los campesinos a las medidas de la Asamblea sigue sin comprenderse, pero de pronto desempeña un papel más determinante. El antagonismo se acentúa después del verano de 1791, con la reafirmación por parte de la Asamblea de los derechos de los propietarios sobre los bienes inmuebles y, a partir del 6 de octubre de 1791, con la adopción del código forestal. En Quercy y el Macizo Central, en la línea de lo sucedido en los años anteriores, bandas de campesinos incendian los castillos, construyen horcas y se enfrentan a los guardias nacionales, que mandan para reprimirlos. La unanimidad colectiva marca esos movimientos, en ocasiones dirigidos por el alcalde y el cura, incluso por los guardias nacionales locales, que reúnen, por las buenas o por las malas, a todos los habitantes. Esas agitaciones no difieren de las que ha experimentado Francia a lo largo de su historia, especialmente durante la «guerra de las harinas» de 1785, pero la novedad radica en la convicción de los amotinados al defender derechos legítimos, garantizados por los Estados Generales, lo que les autoriza a rechazar los impuestos indirectos, incluso a practicar el contrabando. La inquietud por el aumento de los precios y el temor al regreso de los señores, ayudados por los emigrados, completan el cuadro. Desde finales del año 1791 hasta febrero o marzo de 1792, se desarrolla una nueva guerra contra los castillos; por ejemplo, el 11 de marzo de 1792, en Aurillac, se asesina a Collinet, procurador de Naucelles, cuya cabeza se clava en la punta de una pica. Esas insurrecciones duran hasta abril de 1792, en Aveyron y Corrèze y, grosso modo, desde Saona y Loira hasta Cataluña, pasando por Allier y Poitou.

Sin embargo, los sucesos de 1789 no se repiten. El «pueblo llano» sigue conmocionado por el episodio de Varennes. Ya no se conforma con intervenir por razones colectivas, sino que se encara a los sospechosos, contrarrevolucionarios, fanáticos y aristócratas —palabras empleadas en ese momento—, así como a los acaparadores, lo que progresivamente acaba creando dos bandos. En el País de Caux, seis mil manifestantes reclaman la reglamentación de los cereales con fusiles e incluso un cañón. En las regiones de grandes cultivos del centro de Francia, los braceros reclaman un aumento de sueldo y organizan las llamadas «bacanales», verdaderas huelgas que deben disolverse por medio de las fuerzas armadas. Desde el verano de 1791 hasta la primavera de 1792, bandas de «tasadores», compuestas en ocasiones por varias decenas de miles de personas, recorren los campos de la cuenca parisina. Alrededor de Évreux, esos grupos suscitan tanto miedo que mandan a guardias nacionales e incluso soldados de línea, que no encuentran sino a gente descontenta mal organizada. En Dunkerque tienen lugar violentos enfrentamientos a causa de un convoy de cereales, y la guardia nacional se pone de parte de los amotinados. En lo sucesivo, los motines por razones de subsistencia se politizan y se dirigen contra los propietarios, hasta tal punto que, ante las amenazas, algunos dimiten de las funciones electivas que ocupaban.

Los alborotos toman prestados elementos de todas las épocas y todos los modelos. Representan las formas «primitivas» de las revueltas, como suele decirse siguiendo a Hobsbawm, recordando a los manifestantes estadounidenses, los «reguladores» de 1786 y 1787 que dudaban entre la ultrarrevolución y la contrarrevolución; asimismo, permiten que se liberen los fantasmas más arcaicos. Lo ejemplifica el asesinato del señor de Poleymieux, en Ain, el 26 de junio de 1791. Los amotinados desmiembran su cuerpo, lo queman e ingieren algunas partes. Antiguo negrero y gobernador colonial, además de contrarrevolucionario, el señor de Poleymieux había adquirido el castillo recientemente, y era un propietario exigente, hasta el punto de hacer destruir el cementerio parroquial, cuyo terreno le pertenecía, y utilizar la tierra como abono en sus campos. Aprovechándose a todas luces del baile de poderes, los campesinos se rebelan y, ante la intransigencia del señor, lo matan y arrasan el castillo. Un poco más tarde, dos hombres jóvenes enseñan dos trozos de su cadáver, una mano y tal vez el corazón, los mastican e incluso se los comen. Cuando la Asamblea se entera, se queda atónita ante esa muestra de canibalismo. Sin embargo, no la persigue, ya que tres meses más tarde la inscribe en la amnistía que promulga. El poder revolucionario no puede reprimir un movimiento campesino que ha atacado a un oponente notorio y detestado por todo el mundo. Tampoco puede avalarlo, ya que revela una violencia incontrolable. Como los episodios de Varennes y del Campo de Marte acaparan toda la atención, se expresan pocas reacciones al asesinato del señor de Poleymieux, salvo Marat, que, en nombre de una decidida radicalidad política, justifica el acto. El silencio político envuelve el asunto. El hecho en sí mismo, relegado a lo indecible, se inscribe en una larga historia antropológica poco discutida por los historiadores. El ejemplo recuerda que el arcaísmo más radical siempre está presente en el corazón de las sociedades, y que aprovecha cualquier resquicio para manifestarse.

Las divisiones entre los patriotas se acrecientan hasta desembocar en la ruptura cuando, en enero de 1792, vuelven a circular amenazas de insurrección. El colmado de D’André, un diputado moderado muy conocido, es saqueado, y en febrero y marzo de 1792, alrededor de los almacenes de los mayoristas se producen enfrentamientos puntuales entre el pueblo llano, apoyado por los guardias nacionales, y las élites políticas. En el seno de los jacobinos, los amigos de Brissot están alcanzando el poder y, de hecho, apoyan la mayoría de alborotos, especialmente los que van en contra de los «acaparadores» de alimentos en París. El vocablo sans-culottes se populariza para designar a los representantes de una revolución popular, que modifican las relaciones de fuerza y el contenido mismo de la política. La crítica a los feuillants encuentra nuevos acentos.

Así, en El patriota francés del 25 de noviembre de 1791, Lanthenas escribe: «La aristocracia burguesa tal vez sea uno de los mayores inconvenientes que han acarreado los decretos que no están completamente de acuerdo con las bases de nuestra Constitución, y algún día ese vicio puede derrocarla. El burgués quiere ocupar el lugar de un noble y dejarle el suyo al artesano. Sin embargo, el artesano es el verdadero defensor y el amigo sincero de la Revolución… Ay de aquellos a quienes el pueblo ha puesto a cargo de sus intereses, si el pueblo se ve obligado a retomar él mismo la defensa de su libertad». En respuesta, al día siguiente El Argos patriota lo acusa de defender la «ley agraria», es decir, la abolición de las propiedades, que sirve de espantajo durante todo ese período. El periódico preconiza la unión de los verdaderos patriotas en contra de los falsos. Mientras los peligros exteriores e interiores toman un cariz inquietante, mientras los comerciantes aceptan los asignados a regañadientes y las autoridades constituyentes deben asegurar el orden revolucionario, las diferentes sensibilidades de la corriente «patriota» empiezan a enfrentarse entre sí. La «montaña» está estructurándose en torno a Robespierre, que quiere dar paso a las reivindicaciones populares e influir en las decisiones gubernamentales.

¿Acaso las cuestiones sociales priman en el norte de Francia? En toda la cuenca parisina, los motines populares atacan tanto los derechos feudales como la nueva legislación sobre las tierras. Entre Aisne y Oise, a veces movilizan hasta unas cuarenta parroquias a la vez, apoyadas aquí y allá por «curas rojos», el más célebre de los cuales es Jean-François Carion. Carion, que durante un tiempo ha estado a la cabeza del Ayuntamiento de Issy-l’Évêque, en Saona y Loira, se compromete con una política abiertamente igualitarista, por lo que es perseguido y encarcelado en el Châtelet durante nueve meses hasta marzo de 1791. Las representaciones colectivas, las solidaridades locales o familiares, y las expectativas políticas y escatológicas, que aparecen como la expresión de una «economía moral de la muchedumbre», entran así en conflicto con las lógicas del Estado. El acontecimiento más emblemático es el asesinato del alcalde de Étampes, Simoneau, el 3 de marzo de 1792, por parte de una muchedumbre que le reprocha mantener la legalidad revolucionaria y negarse a gravar el precio de los cereales. Los guardias nacionales presentes no lo defienden, como sucede en el caso de varios motines, especialmente en Yonne. El país se divide: Simoneau, «funcionario público», ¿es víctima de su deber o un traidor de la revolución? El abad Grégoire lo compara con Cristo; Robespierre se pone de parte de los insurgentes y los dos individuos reconocidos como los responsables del asesinato y condenados a muerte. La mayoría de la Asamblea considera a Simoneau un mártir de la ley, y decide crear un monumento en su memoria y celebrar una ceremonia en su honor en el Panteón. No se trata de una simple divergencia de posturas políticas, sino más bien de distintas lecturas del mundo y relaciones con las emociones. Entretanto, la guerra agrava las divisiones ideológicas.

Guerras intestinas

En el sur y el sureste del país, las rivalidades religiosas, las luchas entre clanes y los conflictos colectivos se entremezclan con las oposiciones políticas, creando un clima particularmente violento. Se suceden las talas ilegales de bosques, los incendios de castillos y los ajustes de cuentas, con el telón de fondo de la protesta de múltiples delegados y representantes del poder. La presencia de católicos manifiestamente contrarrevolucionarios, incluso en la guardia nacional, es innegable. En toda la región hay activistas, como el cura Allier, y el temor a un nuevo «bando de Jalès» sigue preocupando a la gente en octubre de 1791. En Villeneuve-de-Berg, en febrero de 1792, una parte de la población se encara con el alcalde y los oponentes contrarrevolucionarios, amenazando con detener a los que no vayan a la misa del cura constitucional. Asimismo, la oposición entre protestantes y católicos provoca enfrentamientos muy violentos en Rouergue.

Las dimensiones de los diversos enfrentamientos dejan impotentes a las autoridades. En Aviñón y el Franco Condado se llega al paroxismo. Las divisiones entre los habitantes a propósito de la anexión a Francia son tales que, en enero de 1791, Cavaillon es literalmente invadida por un ejército «patriota» procedente de Aviñón. La violencia aterra y moviliza a las localidades hostiles a los patriotas, empezando por Carpentras, que resulta amenazada, y adonde llega la guardia nacional de los alrededores ¡para resistir un ataque de los patriotas! Dos movimientos militarizados se enfrentan: la federación de Vaucluse, que el 7 de febrero de 1791 legitima la adhesión a Francia, y la Unión de Santa Cecilia, que en marzo de 1791 concentra a los oponentes, una parte de los cuales son habitantes de Aix-en-Provence. El retorno al orden no es posible ni por la fuerza ni por la mediación, ya que los dos bandos quieren pelearse; el asesinato de un patriota basta para desencadenar una nueva expedición desde Aviñón.

En abril de 1791, el destacamento armado toma Sarrians y asedia Carpentras. Ese «ejército de Vaucluse», como se denomina a sí mismo, está bajo el mando de un tal Jourdan, cuyo apodo, Cortacabezas, evoca el papel que dice haber desempeñado en París el 14 de julio de 1789. La tropa, que no logra vencer a Carpentras, se entrega a exacciones y sus miembros reciben el mote, habitual pero merecido, de «bandidos». En esa situación ya muy improbable de una ciudad asediada por ciudades vecinas, el bando patriota se disloca. El ejército de Jourdan exige que los ricos de Aviñón paguen la soldada. El ayuntamiento se opone, mientras que el resto de patriotas están divididos. Los mediadores, enviados por la Asamblea Constituyente, logran obtener un armisticio que, paradójicamente, favorece a aquellos que se oponen a la anexión de Aviñón a Francia, al mismo tiempo que permite desarmar a los «bandidos» del ejército de Vaucluse. Algunos de ellos son fusilados al regresar a sus pueblos, aunque los «patriotas» más resueltos pasan por los únicos patriotas auténticos. La ruptura se ha consumado, pues, y cualquier posición intermedia entre la Revolución Francesa y la contrarrevolución se vuelve delicada.

Durante varios meses, los debates enfrentan a las municipalidades abiertamente hostiles a la Revolución Francesa con los patriotas que habían propuesto la anexión a Francia, pero que ahora se consideran moderados, incluso traidores. En París se interpreta que los conflictos son favorables a los «bandidos», que, pese a sus prácticas violentas, cuentan con el apoyo de los diputados de izquierda y especialmente los futuros girondinos. En agosto de 1791, esos «bandidos» toman el poder municipal en Aviñón, persiguen a aquellos que ocupaban cargos en la municipalidad y emprenden una política antirreligiosa. El 14 de septiembre de 1791, el hecho de que la Asamblea ratifique la anexión de Aviñón a Francia les confirma en su posición. Sin embargo, el 16 de octubre de 1791, después de que unas mujeres reunidas en una iglesia aseguren haber visto una estatua de la Virgen llorar, uno de los «bandidos», Lescuyer, es acusado de saqueos y linchado. Como represalia, sesenta personas, entre ellas las mujeres de la iglesia, son asesinados y sus cadáveres arrojados a la torre de las letrinas del palacio de los papas de Aviñón. Las víctimas, más que verdaderos contrarrevolucionarios, pertenecen a familias de notables moderados apartados del poder. Dos meses más tarde, los «bandidos» son detenidos y encarcelados. La Asamblea Legislativa, atónita, interpreta la matanza como un accidente inevitable y «natural» de la Revolución Francesa; en marzo de 1792 amnistía a los amigos de Jourdan, que regresan a la cabeza de la municipalidad. Posteriormente, ¡serán perseguidos, juzgados y algunos ejecutados por terroristas!

El de Aviñón no es más que un ejemplo entre otros en una región donde los enfrentamientos entre comunidades, e incluso clanes, se arreglan en el espacio político. Las competiciones colectivas marcan las elecciones, las instituciones, los clubes o los grupos voluntarios. En Toulon, por ejemplo, el 23 de agosto de 1791, se producen unas riñas entre clubes rivales, que corresponden a diferentes barrios de la ciudad. En Arles, el alcalde, Antonelle, desde comienzos de 1791 se apoya en el club jacobino de los monaidiers contra los chiffonistes, cada uno de los cuales está anclado en un barrio diferente. En esa ocasión, Antonelle no se aprovecha del clima de guerra civil, ya que hasta finales de 1791 los chiffonistes cuentan con el apoyo de los católicos de Nîmes y, de hecho, de la Asamblea Constituyente. El embrollo resultante es propicio a los ajustes de cuentas asesinos; no en vano los jacobinos incluso han creado un «comité de sables» contra los «aristócratas». El equilibrio bascula poco a poco después de enero de 1792, y en marzo un ejército de Marsella impone el orden jacobino en la ciudad. En Aubagne tiene lugar algo parecido, ya que las diferentes cofradías de penitentes se encargan de reclutar a los partidarios y los opositores a la Revolución Francesa. En Aubagne también, en primavera de 1792, los marselleses acaban reprimiendo a los «realistas» con la aprobación de la Asamblea Legislativa.

En ese rompecabezas político, Marsella ocupa el polo central; allí, los patriotas, apoyados por Mirabeau, toman el poder, violando la legalidad. Controlan los fuertes que rodean la ciudad, donde establecen guarniciones, de ahí que obtengan éxitos electorales. Una vez establecidos en Marsella, en febrero de 1792 sitian Aix-en-Provence, se apoderan de la administración departamental y controlan todo el valle del Ródano. Ese golpe de fuerza también es avalado por la Asamblea, que carece de los medios y la voluntad para oponerse a unos patriotas tan determinados. En marzo de 1792, de Marsella, declarada «escudo de la Revolución», salen unos «misionarios patriotas» con el objetivo de depurar las municipalidades vecinas, apoyándose en las denuncias de los jacobinos locales. Así, durante esas expediciones punitivas dirigidas por grupúsculos de patriotas, se persigue a los aristócratas y los sacerdotes refractarios. Los «misionarios patriotas» intervienen con gran brutalidad en la Provenza y los Alpes de Alta Provenza, generando situaciones imprevistas que no logran controlar durante mucho tiempo, y convirtiéndose en el juguete de los conflictos locales, que desconocen por completo. Los activistas están tan convencidos de tener razón que rechazan la política como espacio de debate, una postura que expresan los militantes patriotas de Aix-en-Provence, así como los marselleses, al llamarse «antipolíticos». El miedo escatológico, los rencores sociales y las luchas ideológicas, sumados a los asesinatos cometidos a principios de 1792, crean un clima de exasperación. El 16 y el 17 de abril de 1792, basta con que se incendie un barco en el puerto para provocar una viva emoción en Marsella, mientras las mujeres bajan por las calles, prediciendo milagros y lamentándose de la pérdida de la religión.

Aunque la oposición frontal entre la Revolución Francesa y la contrarrevolución es muy aparente, en realidad no influye tanto como las subdivisiones ligadas a redes sociales, corrientes de amistad o estrategias personales. Mientras el Estado central tan solo delega mediadores y se contenta con hacer prescripciones, todas las instituciones locales y departamentales están instrumentalizadas por relaciones de fuerza poco visibles, que anuncian los malentendidos de los años siguientes. Como es lógico, los límites sociales y topográficos del espacio en que se vive condicionan los parentescos políticos, expresados a veces por signos de reconocimiento específicos —como los violines contra los tamboriles—. Las divisiones de clase social o religión se acrecientan, creando marqueterías de posturas que originan paisajes políticos particularmente reactivos a los acontecimientos.

Desde luego, no se trata de invocar, como los contemporáneos a los hechos, una sensibilidad «meridional» para explicar el «calor» de las luchas políticas. La explicación se encuentra más bien en las costumbres de la vida ciudadana, heredadas de las «ciudades» medievales, con sus tradiciones de gestión colectiva y de connivencia y envidia entre las ciudades vecinas o los distintos barrios. La sociabilidad suscita grupos, identificados por cofradías análogas a las contrade —las agrupaciones culturales de los barrios— de Siena u otras ciudades italianas, que anuncian las chambrées —cuarteles o dormitorios— del siglo XIX, que convierten los nuevos signos políticos a su idioma local. Los juegos de alianzas y conflictos anclados en décadas, incluso siglos, de interrelaciones han creado vínculos de dependencias entre el pueblo llano y las élites, tanto más estrechos cuanto estos últimos son los intermediarios lingüísticos obligados de los primeros. Todo ello confiere una identidad particular a la vida local, que no concuerda con la temporalidad y la organización nacionales.

El ejemplo de Córcega es particularmente emblemático. Ilustre por su larga oposición al rey, que Paoli, exiliado en Inglaterra, encabeza hasta 1790, la isla, célebre por su «Constitución», está integrada en «el Imperio» francés. No obstante, las élites corsas tratan de proteger «sus libertades» en nombre del «pacto» sellado entre la isla y el soberano, se trate del rey o la Asamblea. Las divisiones entre los patriotas se hacen patentes a partir de 1791, cuando la cuestión religiosa provoca motines y afecta tangencialmente las rivalidades entre familias y la identidad corsa. Se desata una verdadera guerra civil, que expulsa de la isla a los partidarios de la revolución a la francesa —entre ellos, Bonaparte— y empuja a los seguidores de Paoli por una vía que a partir de 1793 se asemeja a la contrarrevolución. En las Corbières, el juego político sigue modalidades parecidas. La nueva libertad da la posibilidad de recusar los viejos usos, pero, por la ley de junio de 1791, mantiene los derechos de propiedad, sin tener en cuenta las peticiones rurales relativas a los bienes municipales. Los campesinos, apegados a la catalanidad y ya hostiles a la Constitución civil del clero, se alejan de la Revolución Francesa, ¡que aumenta los impuestos y el control administrativo!

Un último ejemplo, mucho más al norte: la pequeña ciudad de Bourg-Saint-Andéol, donde los monárquicos constituyentes y luego los feuillants son marginados y pierden el control de la vida municipal. Ya no pueden hacer frente a las inquietudes políticas ni a las preocupaciones económicas locales sin rendir cuentas a militantes ligados a redes nacionales. Numerosos habitantes consideran que su derecho, e incluso su deber, justifican que se encarguen ellos mismos de la defensa de la Revolución Francesa y ejerzan sus prerrogativas. Esa consciencia política se conjuga con su interés particular, ya que pretenden talar árboles para calentarse y arrancar la corteza de los robles y los castaños. Por una parte, las autoridades políticas deben emitir billetes de confianza para garantizar los salarios, controlar la provisión de cereales e inventariar las armas y la pólvora, sin dejar de vigilar a los enemigos potenciales, empezando por los sacerdotes y los seminaristas. Por otra parte, mantienen su concepción del orden y consiguen reprimir los motines que se desarrollan durante dos semanas, en abril de 1792, contra los moderados, los ricos y los castillos. Unos meses más tarde, los sans-culottes logran sustituirlos. En conjunto, los patriotas vencen a sus adversarios en primavera de 1792, pero la victoria va acompañada de asesinatos y violaciones cometidos en su mayoría por bandas compuestas para ese propósito, cuyas fechorías quedan ocultas por la lucha contra los contrarrevolucionarios.

«Zonas de frente»

Sin tratar de establecer categorías geográficas demasiado estrictas, lo cierto es que otras regiones parecen seguir otro esquema, el de las luchas frontales entre partidarios y adversarios de la Revolución Francesa. Es el caso del sur del Macizo Central y las estribaciones del valle del Ródano, donde, durante todo el invierno de 1791-1792, la guardia nacional y los católicos se enfrentan entre Mende, Millau y Saint-Affrique, tomando literalmente las ciudades por la fuerza, en el transcurso de una serie ininterrumpida de derrocamientos de equilibrios militares. La imagen de los «frentes» (V. Sottocasa) describe mejor lo que sucede en el Gran Oeste francés. Aunque en su inmensa mayoría el clero es hostil a la Constitución civil del clero y la antigua nobleza está anclada en el rechazo a las mutaciones sobrevenidas desde 1788, son tales las precauciones de los nobles respecto a los plebeyos que hay que esperar al menos hasta 1794, o incluso hasta 1797, para que la nobleza acepte dirigir la revuelta contrarrevolucionaria. Sin duda, el mundo rural suele ser hostil a la Revolución Francesa, pero reacciona sin ninguna uniformidad. Los campesinos del sur del Finisterre francés, de la llanura de los alrededores de Rennes y de algunas zonas de Mayenne continúan siendo «azules», al igual que los viticultores de Anjou y Saumur, mientras que sus casi homólogos de la región de Nantes se alinean del lado «blanco». En Ille-et-Vilaine, las relaciones entre aparceros y propietarios condicionan las decisiones políticas, cosa que no sucede en otros lugares. En Sarthe, los tejedores son «azules», mientras que en la Vendée se alinean con los «blancos».

Esas especificidades del oeste de Francia son muy conocidas. André Siegried, a comienzos del siglo XX, reconocía su incapacidad de explicarlas, invocando el misterio de las personalidades étnicas, «el carácter mismo de la raza» sometida a supuestas influencias de la caliza o el granito en las opiniones políticas. ¿Se encuentra aquí también el mecanismo que determina que las preferencias políticas estén en función de las relaciones de vecindad? Antes de 1789, los habitantes del oeste y Sarthe ya se muestran descontentos por la confiscación de los bienes del clero. Más adelante, defienden la religión y, entre 1791 y 1792, entran en la contrarrevolución, ya que están apegados a su identidad religiosa y, además, ¡están decepcionados por no haberse beneficiado de las ventas de los bienes nacionales! Al igual que en el sureste de Francia, las fracturas entre comunidades llevan a grupos cercanos, pero rivales, a adoptar posturas antagónicas. Se dan un sinfín de casos, como el de Machecoul y sus llanuras, los municipios de Mauges, o Évreux contra Bernay. Sin embargo, las líneas de fractura del oeste de Francia son tan radicales que desde comienzos de 1791 desembocan en enfrentamientos binarios que carecen de la complejidad de las alianzas que se constatan en el sureste del país. ¿Acaso ello se debe a la marcada diferencia entre la cultura urbana y la rural que identifica la zona, a la diferencia, por una parte, entre el paisaje polarizado en torno a las ciudades del sur y, por otra, las estructuras marcadas por el comercio y las transacciones en el norte del país? ¿Acaso las disensiones religiosas, como el jansenismo contra la religión popular, o la vida mundana contra las tradiciones, calcadas en su mayoría de la oposición entre el campo y la ciudad, marcan las consciencias?

En cualquier caso, la división religiosa se detecta enseguida, cuando en octubre de 1791 dos enviados de la Asamblea Legislativa, Gallois y Gensonné, hacen público el informe que redactan al regresar de su viaje al sur de Francia y la región del Loira. Dos Francias se enfrentan, divididas por la Constitución civil del clero. Los administradores partidarios de la Revolución Francesa, funcionarios de los distritos y los departamentos, «moderados» respecto al conjunto de los revolucionarios, a menudo caen en un anticlericalismo radical, al acusar a los sacerdotes de favorecer una aparente independencia popular. En 1791 y 1792, esos administradores partidarios de la Revolución Francesa abanderan la represión religiosa, sobrepasando las consignas ministeriales, ¡incluso las del jacobino Roland! Los incidentes que se producen al aplicar la Constitución civil del clero son innumerables, e identifican la Revolución Francesa, localizada sobre todo en las ciudades y las villas, encabezada por los católicos de la Ilustración o los jansenistas, frente a la contrarrevolución de los pueblos y el campo, encarnada por católicos adeptos a las procesiones y la devoción colectiva, que reciben el apoyo de los curas que no han prestado juramento a la Constitución civil del clero y, poco a poco, de los nobles rurales.

Esa oposición hará que en 1793 los patriotas del oeste de Francia se muestren reticentes a los jacobinos parisinos, así como a los girondinos del sureste, sin por ello emprender otra rebelión abierta, sabiendo que tienen delante una contrarrevolución. En esa zona, aún menos que en ninguna otra, no tiene sentido tratar de distinguir una antirrevolución popular que, supuestamente, prepara el terreno a una contrarrevolución militante e ideológica. De entrada, el choque es frontal, sin duda porque las estructuras de identidad giran en torno a los ejes de las convicciones y las prácticas religiosas, a diferencia de otras regiones, donde las identidades sociales, económicas y de clanes interfieren con las pertenencias religiosas.

La política de la exclusión

Contrariamente a los puntos de vista adoptados por los politólogos, que pretenden que todo está determinado desde el panfleto de Sieyès de 1788 y las primeras medidas constitucionales, hasta 1791 no se experimenta la definición de la nación y, por tanto, de las exclusiones de aquellos que no tienen cabida en ella. El episodio de Varennes desempeña un papel capital al ahondar los desacuerdos. Se produce una considerable oleada de emigración de los oficiales nobles, pese a la amnistía ligada al juramento que presta el rey el 14 de septiembre de 1791. Aunque una parte de los oficiales nobles son verdaderamente contrarrevolucionarios, muchos han aceptado hasta entonces las reformas y se han mostrado partidarios de la «regeneración», a pesar de que sus escalas de valores sitúan la fidelidad al rey ante cualquier otra consideración, y la juzgan incompatible con el estatuto de primer «funcionario público» otorgado a Luis XVI.

Su partida constituye la prueba de que la contrarrevolución controlaba el ejército y esperaba la ocasión propicia para derrocar las instituciones, lo que acentúa discordancias inesperadas. Aunque nada se oponga a la libre circulación de los franceses, la emigración se considera una afrenta a la integridad nacional y una falta respecto a la ciudadanía. La emigración ya no es una actitud individual censurable, sino que se convierte en un verdadero escándalo, mientras la nobleza, en tanto que tal, se vuelve sospechosa. De hecho, los oficiales que emigran, acostumbrados a viajar y vivir aprovechando las relaciones de parentesco y confraternidad, sin tener en cuenta las fronteras, perpetúan las costumbres colectivas de la nobleza, que a partir de entonces se consideran traiciones y amenazas. A menudo las comunidades rurales se sienten abandonadas por sus señores, que se zafan de sus deberes, y manifiestan su desengaño y sus temores. Como la nobleza, en cuanto que orden, ya está legalmente abolida, lo que está en juego, pues, es la relación ilusoria que mantiene la sociedad con ella. La exclusión de los nobles de la nación, como reclamaba Sieyès, por parte de los defensores del derecho natural, deseosos de excluir a los «enemigos del género humano», como Rousseau al apartar a los reyes y los filósofos de la «colección de pueblos», se convierte en una solución digna de considerar.

En la Asamblea se entabla entonces un complejo debate destinado a durar. Nacen y se enfrentan dos concepciones de la nación. Los revolucionarios más respetuosos con la complejidad institucional, liberales y «constitucionales», únicamente desean sancionar el delito de deserción. Insisten en la necesidad de no contar entre los franceses más que con aquellos que quieren serlo y aceptan la idea de una nación definida por la adhesión, sin que el territorio ni la población estén determinados por el pasado o la naturaleza. A fin de respetar los principios de 1789, Condorcet propone que los emigrados puedan prestar un juramento cívico, que les permitiría vivir en el extranjero durante dos años. Aquellos que tomaran las armas contra Francia tras haber prestado el juramento serían considerados traidores y, por tanto, sometidos a las leyes existentes. Aquellos que rechazaran el juramento serían declarados enemigos de la nación. Aunque la propuesta evita crear un estatuto particular para los emigrados, que pueden continuar siendo ciudadanos y, por tanto, conservar sus propiedades, exige, en consecuencia, que todo ciudadano preste un juramento cívico. La Asamblea rechaza el proyecto, alegando la impotencia del Estado para hacer respetar los juramentos, e incluso para hacerlos prestar.

Los más radicales ya hablan de un crimen de emigración, invocando la «salvación pública» para limitar las libertades y castigar a los «cobardes» y los «traidores». Identifican la unidad nacional con un proyecto común, basándose en los sentimientos colectivos más tradicionales, y acusan a los moderados de poner en peligro la patria. Asimismo, recurren a los sentimientos de revancha social, ya que el número de antiguos privilegiados entre los emigrados es importante. A finales de octubre de 1791, quienes defienden las posturas más radicales son los jacobinos, los futuros girondinos, Vergniaud y Brissot, cosa que la historiografía pasa por alto demasiado a menudo. Vergniaud reclama la muerte civil de los «desertores», a los que quiere degradar de la ciudadanía activa a la ciudadanía pasiva, así como el establecimiento de una triple imposición a todos los emigrados que no regresen en el transcurso de las tres semanas posteriores a la promulgación de la ley. De ello resulta, en concreto, la limitación de las libertades públicas, empezando por el retorno de la censura contra los folletos contrarrevolucionarios.

Para satisfacer la necesidad de justicia, se llega al compromiso de castigar a los «grandes culpables», es decir, los hermanos del rey y, en menor medida, a los «funcionarios públicos», empezando por los sacerdotes y los oficiales emigrados. Se los considera «fugitivos» en lugar de emigrantes, para evitar que la ley perjudique la libertad de circulación. Si no han regresado el primero de enero de 1792, serán considerados culpables del crimen de conjura. En cambio, los «simples ciudadanos», llamados también los «débiles», que se han marchado del país podrán beneficiarse de la indulgencia. Se salvaguardan los principios, así como la voluntad de sancionar duramente a los partidarios del retorno al Antiguo Régimen, sin apreciar la buena fe de las personas incriminadas. Conviene subrayar que estas últimas pierden de paso la ciudadanía activa: paradójicamente, esa cláusula reconoce, en consecuencia, el estatuto de «ciudadano pasivo», que se convierte en el estado de los nobles relegados, un estatuto que hasta entonces jamás se había definido positivamente.

¡Los dos bandos encuentran tantos motivos de satisfacción como de descontento! El rey no sanciona el decreto del 8 de noviembre de 1791, que da forma a esos debates, pero acepta lo que atañe a su hermano, el conde de Provenza, considerado su heredero putativo. El rechazo del rey y su contraataque confirman el vínculo entre el rey y los emigrados, pero vuelven a poner a la Asamblea en una situación imposible.

Ese decreto confirma el del 13 y el 15 de junio de 1791, sin aplicar también, que ligaba la indignidad nacional al rechazo a prestar juramento, e identificaba la ciudadanía activa con la nacionalidad. ¿Acaso todas esas medidas inician una represión política del colectivismo más estrecho, traduciendo el miedo a la protesta en la exclusión de los «malvados»? El trato que se da a Condé requiere plantear la cuestión. Por el decreto del 13 y el 15 de junio de 1791, retomado el 31 de octubre de 1791, el príncipe Condé es declarado rebelde y despojado de todos sus derechos. Si regresa a Francia, cualquier ciudadano puede «echársele encima» y matarlo. Así, un procedimiento profundamente arcaico, es decir, la ejecución del proscrito, se inviste de un significado absolutamente inédito: la identidad francesa depende, pues, de la pertenencia a la comunidad política. El decreto del 29 de noviembre de 1791, que impone prestar un juramento cívico a todos los eclesiásticos, sin distinciones, confirma la tendencia. El decreto del 29 de noviembre de 1791 tampoco es sancionado por el rey. El juramento ligado a la Constitución civil del clero continúa siendo válido, pero no supera esa exigencia estrictamente política. Siguiendo la legislación a propósito de los emigrados, se consideran sospechosos a los refractarios a la Revolución Francesa, y no pueden obtener pensión, contrariamente a lo que se había prometido. Además, a pesar del veto impuesto por el rey, ¡ciertas autoridades departamentales lo toman como pretexto para extender el juramento a los regulares!

Las reacciones del Directorio del distrito de Orgelet, en Jura, esclarecen el sentir de muchos franceses, incluso los partidarios «moderados» de la Revolución Francesa. En su declaración de septiembre de 1791, invoca la «salvación pública»: «Si alguna vez la patria en peligro exige un sacrificio, no suprimiendo de su seno alguno de sus hijos, sino secuestrándolos y poniéndolos en un lugar seguro, en esos tiempos de desdicha la administración, creyendo en la virtud de aquellos que por su estado deberían predicarla, ve a los ministros de la religión extraviados (los ojos en el cielo y el infierno en el corazón) unirse y aliarse para derrocar las leyes…». Por otra parte, en enero de 1792 toma medidas contra los sacerdotes refractarios que echan una mano a los «enemigos de la Constitución» que permanecen al otro lado de la frontera. Sin embargo, en esa región las resistencias religiosas son limitadas, pero se hacen eco de las amenazas que representan los emigrados, el rey y la contrarrevolución en general.

¿Guerra nacional o guerra civil?

Cuando el 20 de abril de 1792 se declara la guerra a Francisco II, rey «de Bohemia y de Hungría[8]», la decisión se inscribe más en las luchas internas que en las relaciones entre estados y naciones. La necesidad de enfrentarse a los enemigos, entre los cuales los del interior van en aumento, no ha cesado, e interviene en el gobierno mismo del país. Aunque la Asamblea se propone limitar los enrolamientos en el ejército, en junio de 1791 la guardia nacional consigue que una parte de sus miembros puedan entrar en el ejército de línea como voluntarios durante el tiempo de una campaña en las fronteras. En 1792, un grupo de jóvenes saca provecho de la ocasión y forma una partida de soldados, que se moviliza políticamente hasta el punto de imponer la elección de los suboficiales a través de sus hombres, lo que creará conflictos en todo el ejército. Surge un sentimiento nacional difuso, presente ya durante la guerra de los Siete Años, que identifica la nación con la Revolución Francesa y crea una nación revolucionaria, al mismo tiempo entusiasta y exclusiva, ya que los oponentes a la Revolución Francesa, como es lógico, se abstienen. Unos meses más tarde, su rechazo a cualquier leva se interpretará como el rechazo a la nación como tal, es decir, como una traición. La amalgama que nace está destinada a perdurar. Ya sabemos qué será de la imagen de ese «pueblo extraño» de contrarrevolucionarios hostiles a la madre patria, popularizada, entre otros autores, por Michelet.

La verdad es que los contrarrevolucionarios se preparan abiertamente para la guerra. En las fronteras de Francia, se crean ejércitos de emigrados, en torno al conde de Artois, el príncipe de Condé, que es el verdadero organizador, y el vizconde de Mirabeau, llamado Mirabeau-Tonneau, que provoca a los revolucionarios con sus proclamaciones y sus incursiones en Francia. A partir de junio de 1791 se distribuyen grados y funciones en lo que se revela como una cruzada contra los patriotas o los nobles traidores. Aunque el ánimo de esos hombres, impregnado de tonos medievales y feudales, sumado a la arrogancia y la disparidad de las tropas, de hecho disminuye su fuerza, en Francia los periódicos realistas no ocultan ¡que esperan que restablezcan la monarquía! En la corte, la hermana del rey apoya a los emigrados, mientras que el rey y la reina, rivales del conde de Artois y el conde de Provenza, desde luego, pero en connivencia con el emperador de Austria, emprenden una política de lo peor a fin de recuperar la totalidad de las prerrogativas reales. La reina, que parece aceptar los consejos de Barnave, dirige bajo mano otra política con Fersen, e incluso prevé rembolsar los gastos de guerra a los soberanos extranjeros. Por su parte, Leopoldo de Austria, el hermano de la reina, se niega a entrar en la guerra, pero alimenta el miedo al complot austríaco en la opinión pública francesa.

Esta situación esclarece los tortuosos cálculos que hacen en Francia los hombres que están en el poder. Todos ellos hacen frente a la hostilidad de la corte y los jacobinos, cuya alianza táctica permite al jacobino Pétion convertirse en alcalde de París, cerrándole el paso a La Fayette, al que se acerca Barnave. El general cuestionado y el antiguo diputado, en adelante en lucha abierta contra los jacobinos, desean reforzar la autoridad del poder ejecutivo, es decir, del rey, especialmente controlando el ejército. El otro hombre fuerte, Duport, es partidario de crear una segunda cámara para establecer una monarquía a la inglesa. Ese grupo consigue que se nombre a Narbonne a la cabeza del Ministerio de la Guerra, creado en diciembre de 1791. Hasta entonces el general Narbonne era más conocido como amante de Madame de Staël, incluso como hijo natural de Luis XV. La ambición de esos cabecillas es garantizar el retorno al orden, como expresa el periódico El amigo de los patriotas a finales de diciembre de 1791: «La Revolución ha acabado […] la guerra destruirá las esperanzas de los exagerados […] los ministros podrán matar la anarquía». El análisis se basa en la convicción, como declara Narbonne en un informe, de que «existe una clase muy importante de la sociedad, que es la de los burgueses propietarios, que conviene aliar al rey. La forma de gobierno les resulta bastante indiferente, lo que quieren es conservar lo que poseen». La fragilidad de las alianzas sociales se encuentra en el corazón de lo que está en juego.

El desfase entre las sensibilidades populares y las prácticas de los medios dirigentes continúa siendo asombroso. Los feuillants, La Fayette y Talleyrand se lanzan a la vez a la reconquista de la opinión pública, al mismo tiempo que llevan a cabo complejas negociaciones contradictorias con las diferentes cortes europeas. Buscan compromisos, intentan separar a Prusia de Austria o evitar la guerra. En enero de 1792, mientras se anuncia la guerra, el hijo del general Custine es enviado en una misión secreta a pedirle al duque de Brunswick que se ponga a la cabeza de los ejércitos franceses. La gestión no carece de lógica, ya que el mariscal de Sajonia había servido a Luis XV y el barón Luckner, de origen bávaro, en 1791 continúa siendo general y mariscal de Francia. La ironía se debe al hecho de que Brunswick, nombrado general del ejército austríaco, menos de un año más tarde será derrotado en la batalla de Valmy, en la que se expresará el sentimiento nacional y patriótico. Al igual que la corte, esos hombres no tienen afinidad alguna con las opiniones que imperan en los clubes y el ejército. El estado del ejército es deplorable, como declara Dumouriez en un informe alarmista que llama la atención sobre la responsabilidad de los ministros; por otra parte, Narbonne está enfrentado al Comité de Guerra, que acaba de crearse y que provoca motines entre las tropas por su voluntad de llevar a cabo reformas. Al mismo tiempo, la desunión entre el pueblo y la burguesía resulta cada vez más visible; por su parte, la Asamblea está dividida respecto a la muerte de Simoneau o la matanza de Aviñón.

Los jacobinos, dirigidos por Brissot, son los beneficiarios de esa exaltación. Para la corriente jacobina, la exportación de la Revolución Francesa fuera de las fronteras del país es inherente al proyecto revolucionario mismo. Tras la Revolución de Génova de 1782, Brissot y Clavière proclaman la lucha contra los reyes, indispensable para establecer relaciones libres entre repúblicas de comerciantes. Paradójicamente, la lucha afianza la declaración de paz en el mundo de mayo de 1790, cuya cara no es otra que la expectativa de que todos los «patriotas» se unan en torno a la Revolución Francesa, rompiendo las fronteras de los Estados. Los conflictos y los miedos que sobrevienen desde entonces, que se hacen eco del entusiasmo de los voluntarios, acarrean las proclamaciones marciales, e incluso sanguinarias, que abanderan los representantes de la izquierda tras la desaparición de la corriente cordelera.

La renovación de las sociedades populares que se produce en ese momento es importante. Esas nuevas sociedades duplican literalmente los grandes clubes y representan distintas corrientes de opinión. La de Luxemburgo apoya a Brissot y Roland; por su parte, la de los Hombres Libres es más radical. Muchas de las nuevas sociedades se convierten en asambleas de barrio, pero intervienen a propósito de la guerra, aliándose a las propuestas de Brissot. Este tienta el deseo de armarse de los ciudadanos pasivos, especialmente con picas. El arma se convierte en el símbolo de la Revolución Francesa: las mujeres también piden ir armadas con picas; además, el 27 de mayo de 1792, un tambor mayor llama a su hija Pique, es decir, «pica» en francés. Mientras la difusión de las armas se convierte en un motivo de inquietud para las autoridades, Brissot recibe el apoyo del influyente club central del obispado y de numerosas sociedades fraternales, preocupadas por la igualdad que crea la difusión de las armas entre los ciudadanos. Tan solo una minoría, ilustrada por Marat y Robespierre en especial, discute esa orientación, temerosa de que los soldados sean seducidos por un nuevo César u obedezcan al rey. Sin embargo, la mayoría de franceses, incluso los partidarios de la Revolución Francesa, es manifiestamente reacia a entrar en guerra.

La presión de la Asamblea es tal que el 8 de marzo de 1792 Narbonne es despedido. ¿Es por cálculo, debilidad o resignación? Entonces el rey acude a los jacobinos para componer un ministerio en el que se distinguen Roland, Clavière y Dumouriez, encargado de los Asuntos Exteriores. ¿Qué papel desempeña exactamente Brissot? Considera que es necesario entrar en guerra para garantizar el honor de la nación francesa y liberarla de la amenaza de los emigrados al Rin. En cambio, es reticente a los proyectos ya conocidos de Dumouriez y Gensonné de conquistar Bélgica y exportar la Revolución Francesa. La alianza de esos hombres es coyuntural, con el único propósito de ir en contra de sus adversarios, tanto de la derecha como de la izquierda. Los girondinos, como tales, no son botafuegos, contrariamente a lo que recoge la historiografía, y Brissot, en particular, no es un belicista inconsecuente. El peso personal de Dumouriez y el de su amigo Lebrun, que le sucede como ministro de Asuntos Extranjeros, es determinante para que Francia se embarque en la aventura militar.

El pretexto para desencadenar la guerra es un decreto, votado el 27 de noviembre de 1791 y sancionado el 14 de diciembre siguiente, que ordena a los príncipes alemanes, entre ellos al Elector de Tréveris, que disuelvan las concentraciones de emigrados en sus tierras. El procedimiento no puede sino ofenderlos y acarrear hostilidades, en las que Austria y Prusia estarían implicadas. Leopoldo ordena al Elector que se someta al decreto, abortando así la maniobra. Un mes más tarde, ¡el emperador hace saber que no contempla el retorno de los franceses al Antiguo Régimen! No se trata de que dé su aprobación política, sino que teme la expansión de Prusia hacia el este de Europa y el riesgo de una movilización popular en Francia. Su ministro Kaunitz manifiesta su hostilidad hacia los jacobinos, así como su voluntad de mantener la paz. La muerte del emperador Leopoldo y la llegada al poder de su hijo Francisco, que es más intransigente, hacen tambalear los equilibrios. El 20 de abril de 1792 se vota a favor de la guerra, a pesar de la oposición de Basire, Merlin de Thionville y otros dos diputados seguidores de Lameth, Hua y Becquey —recordemos que Marat y Robespierre, contrarios a la guerra, no son elegidos a la Asamblea legislativa.

La movilización resultante se escapa a las autoridades. A la derecha, las concentraciones de católicos, en torno a profetisas o árboles y fuentes milagrosas, se vuelven amenazantes en la Vendée o las Cevenas. En febrero de 1792, el municipio de Mende está controlado por la contrarrevolución, encabezada por el conde de Saillans, ligado al conde de Artois. A la izquierda, en abril de 1792 los jacobinos de Marsella, que siguen en la vanguardia de la Revolución Francesa, decretan que su protección no está del todo asegurada por el ministerio y se proponen recuperar las armas que poseen las tropas de línea del lugar, al mismo tiempo que organizan expediciones contra los moderados de Córcega y los contrarrevolucionarios regionales. Más aún que los voluntarios de la Bretaña y la Vendée, los de la región de Marsella están convencidos de su superioridad sobre todos los revolucionarios de Francia, eventualmente sensibles a una secesión del Mediodía si es necesario. Como creen que las decisiones deben ser tomadas por los pueblos en asamblea, son hostiles a los sans-culottes parisinos y Marat, lo que a partir de entonces llevará a algunos al «federalismo» calificado de «jacobino». Obtienen el reconocimiento nacional al propagar el Canto de guerra para el ejército del Rin, que se convierte en La marsellesa. El himno, compuesto durante la noche del 25 al 26 de abril de 1792 para hacer frente al Irá bien de los sans-culottes, se canta el 29 de abril de 1792 en Estrasburgo, y el 17 de junio de 1792 en Montpellier; el 22 de junio de 1792 se adopta en la concentración de federados del Mediodía, y, al fin, el 30 de julio de 1792 llega a París con los voluntarios marselleses que encabezan el combate político por la nación y contra el rey. En septiembre de 1792, sustituye al Te Deum tras las victoria de Valmy. Entretanto, encarna la unidad militante de la nación, amenazada por divisiones internas y por la fuerza de los enemigos.

En primavera de 1792, pese a la oposición binaria entre la Revolución Francesa y la contrarrevolución, oposición que comienza a evocarse para comprender la realidad, no se percibe unidad alguna en ninguna parte. Entre los príncipes y su entorno, el rey, su familia y los soberanos extranjeros, cada cual vela por su interés. El clero refractario y la corte de Roma están divididos en clanes hostiles. Los opositores a la evolución revolucionaria, los monárquicos y los feuillants simplemente están excluidos de las instituciones y las instancias contrarrevolucionarias. Los jacobinos han iniciado varias derivas internas que acabarán en el cadalso, mientras los sans-culottes y los militantes de diversas regiones afirman su autonomía, a riesgo del enfrentamiento. Sin duda, ya están presentes, activos e identificables, todos los esbozos de lo que nacerá en las pruebas por venir: el discurso nacional, por una parte, y, por otra, las divisiones ideológicas de la guerra civil. Sin embargo, todavía tiene que pasar por un único crisol, que asegure su transmutación según normas únicas. De momento, durante los meses de abril y mayo de 1792, Francia y sus colonias flotan en un momento de anomia. Al igual que en todo el período, se imponen los acontecimientos, más que las lógicas internas, sean culturales, sociales o regionales. La guerra constituirá el acelerador de la historia y sus repercusiones, imprevistas, harán que el país entre en una segunda revolución, que en definitiva es la «verdadera» revolución, modelada por revolucionarios.

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Tercera parte: LA SEGUNDA REVOLUCIÓN

Revolución social, utopía colectiva o Estado guerrero

Capítulo 13. EL PUEBLO Y LOS REVOLUCIONARIOS

Cruces

La revolución de 1789 da a luz a los revolucionarios; son ellos los que desencadenan la segunda revolución en 1792. La guerra y los conflictos políticos, religiosos y sociales contribuyen a la formación de grupos organizados, deseosos de crear nuevas reglas colectivas. Sin embargo, la revolución que estalla no es fruto de un movimiento unitario, sino que, por el contrario, nace de competencias, individuales y colectivas, así como de divergencias sobre los métodos y los objetivos.

En consecuencia, se agravan las divisiones internas. El 15 de abril de 1792, los guardias suizos de Châteauvieux salen del presidio al que les habían condenado en 1790 con un gorro rojo que recuerda el que llevaban los esclavos romanos cuando los liberaban; la rehabilitación de los guardias suizos se celebra con una gran fiesta popular que muestra el poder conjunto de los sans-culottes y los montañeses, palabra que empieza a designar a los jacobinos que secundan las propuestas de Robespierre. Sin embargo, los sans-culottes y los montañeses no están unidos. Los primeros reclaman las picas y el pan, mientras que los segundos insisten en la censura al gobierno; con todo, sus divergencias no cuentan tanto como su oposición al rey y la reina, así como a La Fayette, y su impaciencia ante el ministerio. Todos, o casi todos, ya que los jacobinos se muestran reservados, hacen gala del gorro rojo, que se pone de moda en las sociedades populares. A todas luces, la opinión pública está dividida. ¿Acaso la Asamblea va a permitir que unos «nuevos tiranos», investidos por la Revolución Francesa, sometan al pueblo soberano a restricciones parecidas a las que sufría bajo el Antiguo Régimen? En respuesta a la fiesta para celebrar la liberación de los guardias suizos, la mayoría de los miembros de la Asamblea participa en otra ceremonia, ante una muchedumbre igual de numerosa, que se organiza el 3 de junio de 1792, durante la cual se cuelga la faja de Simoneau en el Panteón. Esa «fiesta de la ley» constituye una verdadera llamada al orden, que tiene eco en numerosas manifestaciones en Francia. ¿Quién posee la legitimidad: el representante de la legalidad revolucionaria, defensor de la libertad del comercio y la propiedad, o los grupos que reclaman gravar los precios en nombre del pueblo?

La cuestión será zanjada por la evolución de las relaciones de fuerza. La guerra, tanto interior como exterior, obliga a movilizar la energía de toda la población y, de resultas, los desacuerdos se convierten en traiciones. La represión se impone por sí misma. Las primeras noticias que llegan de las fronteras son catastróficas. Sin embargo, la calidad de las tropas adversarias es desigual. Los emigrados están bajo el mando de los austríacos y poco integrados en la ofensiva, hasta tal punto que Mirabeau, muy fervoroso, ¡cruza el Rin pese a las órdenes contrarias! Además, la entrada de las tropas en Francia va acompañada por la destrucción habitual entre los ejércitos, cosa que no contribuye a que la población se identifique con los ideales que proclaman las tropas. A ello se le suma la brutal represión contra cualquier persona que lleve un arma. La severidad de la justicia prusiana no tiene nada que envidiar a la justicia revolucionaria. Es verdad que los «patriotas» en campaña no se comportan mejor, tanto más cuanto que el ejército revolucionario vive acosado por el temor a los oficiales traidores, denunciados violentamente por Marat.

En Lille, el 28 de abril de 1792, Théobald de Dillon, un general de origen irlandés y antiguo combatiente en la guerra de Independencia americana, es descuartizado por sus soldados, que también asesinan al coronel Berthois, a cuatro presos austríacos y un sacerdote refractario. La matanza pone fin a una retirada desordenada ante el enemigo, que sanciona brutalmente la impericia de Dillon. Aunque se reconoce la responsabilidad de Dillon, sus asesinos son perseguidos y condenados a muerte; la Asamblea, dirigida por Carnot, concede a Dillon el honor del Panteón y una pensión a su amante —su último hijo también muere durante ese episodio—. El suceso provoca un escándalo por dos razones. Por una parte, la Asamblea otorga una pensión a una concubina, atribuyéndole de facto el mismo estatuto que a la viuda de Berthois. Por otra parte, la Asamblea persigue a soldados insurgentes, rompiendo la corriente que amnistía precisamente a las guardias suizos de Châteauvieux; por su parte, Carnot trata de hacer respetar la cadena de mando frente al enemigo. Los girondinos dan marcha atrás y, junto con toda la Asamblea, se oponen a los cordeleros, que denuncian a los jefes militares. Cuando Robespierre defiende a los asesinos, acusando a los girondinos de traicionar al pueblo, se reafirma la disciplina militar, al reforzar el poder de los generales. Sin embargo, los tres comandantes de los ejércitos, Rochambeau, Luckner y La Fayette, continúan mostrándose muy hostiles al ministerio de Roland, lo que subraya las fracturas entre los jacobinos y una parte del ejército vinculada a jefes de prestigio.

La segunda revolución se desencadena no solo porque nuevos individuos toman el poder, sino sobre todo porque surgen nuevos vínculos colectivos. Los girondinos encabezan la oposición al rey y los sacerdotes que no han prestado juramento a la Constitución civil del clero. Siguiendo la propuesta de Roland, el 27 de mayo de 1792 la Asamblea decreta que cualquier individuo que no preste juramento a la Constitución podrá ser deportado a la Guayana o encarcelado si lo solicitan veinte ciudadanos activos. La medida trata de legalizar la práctica de unos cuarenta departamentos; sin embargo, es rechazada por el rey, que se enfrenta abiertamente al ministerio que acaba de nombrar. A cambio, la Asamblea obliga al rey a licenciar la guardia que se había constituido. El rey se somete, pero al mismo tiempo mantiene el trato con los hombres de esa guardia, cosa que ilustra su duplicidad.

Esas rencillas en el nivel más alto del Estado permiten que se expresen iniciativas militantes ¡que confunden la salvación de la Revolución Francesa con la salvación de la nación! Los clubes, las sociedades fraternales y los distritos aprovechan el hecho de que sus dirigentes jacobinos están debilitados por la estrategia real y por sus propias divisiones para intervenir en el ámbito entre militar y político que legitima todas las medidas radicales. Algunas ciudades, entre ellas Marsella, reclaman el poder de declarar que la patria está en peligro, lo que les permitiría luchar directamente contra los enemigos. En París, el 30 de mayo de 1792, adelantándose al ministerio girondino, la Comuna y los sans-culottes del arrabal de Saint-Antoine —hombres, mujeres y niños— presentan una petición a la Asamblea que viola todos los principios, ¡ya que su manifestación es en masa y bajo las armas! Los artilleros, punta de lanza de los sans-culottes de París, reinciden el 2 de junio de 1792, obligando a los ministros jacobinos a hacer promesas a la movilización popular. En respuesta, estos convocan en París a los «federados» alejados por la guardia nacional de todo el país a fin de garantizar la autonomía de la Asamblea y demostrar la unidad del país. La corte, La Fayette y los feuillants se oponen a la política del ministerio, así como la guardia nacional de París, que lo interpreta como una muestra de desconfianza hacia ella. Por su parte, los montañeses también se muestran reticentes, ya que temen que los federados se erijan en la guardia pretoriana. No obstante, la partida de los federados desde sus provincias entra en la leyenda revolucionaria junto con los marselleses, que el 10 de agosto de 1792 desempeñan un papel estelar al participar en la caída de la monarquía.

El ejemplo de los bretones del Finisterre francés, próximos a los girondinos, que se marchan de su departamento a pesar de las reticencias de los administradores y las advertencias del Ministerio del Interior, ilustra cómo los patriotas, conmovidos por la situación en las fronteras e indignados ante la duplicidad del rey, se radicalizan simplemente por su decisión de ir a París y al conocer a los sans-culottes. A decir verdad, estos son los únicos que los acogen fraternalmente, pese a que la radicalidad de los propósitos iniciales —los bretones reivindican la libertad y la muerte desde abril de 1792— se traduce de forma natural en una postura firme. La hostilidad de los realistas parisinos, las campañas de opinión contra ellos y la necesidad de decidir si se van a marchar a las fronteras o si van a permanecer en París modifican la concepción que se tiene de los federados. Respetuosos con la Constitución e incluso con la monarquía, se convierten en un elemento importante en el enfrentamiento de los «revolucionarios» contra los «realistas», tal vez a causa de su pertenencia social, sobre todo porque los grupos en lucha se los disputan, ya que tras la primavera de 1792, las clasificaciones políticas se vuelven cada vez más claras.

La evolución se acelera con la intransigencia con la religión que manifiesta una parte de la Asamblea. Durante el Corpus Christi, se producen unos incidentes porque ciertos diputados y guardias nacionales se niegan a participar, cosa que ofende a la opinión pública, apegada a las costumbres. El conflicto entre Robespierre y Brissot se manifiesta entonces: el primero no tiene nada en contra de la fiesta, y adopta una postura tolerante hacia los creyentes, que no se desmentirá, mientras que Brissot se declara seguidor de la corriente escéptica de la Ilustración. El 13 de junio de 1792, el rey lo barre todo al sustituir el ministerio por hombres cercanos a Duport y La Fayette, hecho que reunifica de golpe el bando jacobino, que estaba a punto de desgarrarse. Su unidad es reforzada involuntariamente por La Fayette, que busca un compromiso con los austríacos y, de manera imprudente, se presenta como el salvador del país en una carta de denuncia dirigida a la Asamblea, leída el 18 de junio de 1792.

El 20 de junio de 1792: la resistencia del rey

La efervescencia que se cuece desde hace varios días en las secciones parisinas a causa del despido del ministro Roland adquiere una nueva magnitud. El 19 de junio de 1792, el batallón de Saint-André-des-Arts planta un árbol de la Libertad ante la Asamblea, al son de los tambores. La manifestación mezcla la amenaza con la aprobación. Al día siguiente se produce una nueva movilización. Los dirigentes de las secciones y la guardia nacional están desbordados. El 20 de junio de 1792, se conmina a todas las autoridades, empezando por el alcalde Pétion, a que sean permisivas con todo, pero que no se muestren partidarios de La Fayette ni del rey. La manifestación, al mismo tiempo política y simbólica, que concentra a hombres, mujeres y niños, algunos armados, fuerza la puerta de la Asamblea. Ocho mil personas, sin duda, desfilan al son de la música, enarbolando banderas y armas, entre ellas una pica adornada con un corazón de buey. Los diputados se suman a las proclamaciones de unidad entre el pueblo y sus representantes, antes de que los manifestantes se marchen y se dispongan a invadir el palacio de las Tullerías, mientras unos emisarios intentan llegar a un compromiso honroso con el rey. Los sans-culottes la emprenden con Luis XVI y su familia, y abuchean a la reina. Piden que el rey rehabilite al ministro Roland y se retracte de sus vetos. Luis XVI tan solo acepta ponerse un gorro frigio y beber a la salud de la nación. Así, repitiendo la toma de la Bastilla, pero sin derramar sangre, el «pueblo soberano» demuestra su poder, pero también descubre sus límites.

Es innegable la autonomía de las secciones en la jornada del 20 de junio de 1792, modelada por tres años de discusiones y enfrentamientos. Todas las personalidades reconocidas están rezagadas respecto a un movimiento que se ven obligadas a dirigir, quieran o no quieran. Las reivindicaciones apenas se apaciguan a lo largo de los días siguientes, ya que casi la mitad de las secciones aprueba los hechos de la jornada del 20 de junio de 1792 e incluso reclama poder participar en la Asamblea de forma permanente y armar a los ciudadanos frente «a los peligros de la patria». El movimiento no se puede reducir a manipulaciones. Ese es precisamente el error de los feuillants y La Fayette, que piensan que basta con amenazar, es decir, con desplegar tropas, para restablecer el orden. Las distintas peticiones, como las de los «veinte mil», es decir, los veinte mil guardias nacionales de París que se alzan contra los sans-culottes y los federados, confirman el divorcio.

Paradójicamente, el rey encuentra una buena respuesta en su intento de captar las simpatías populares. Viste al delfín de guardia nacional y preside a caballo una revista de la guardia nacional. Sin embargo, tanto la proclamación como la tentativa del ministro del Interior, Tercier de Montciel, de sancionar a los responsables de los sucesos del 20 de junio de 1792 y reunir a los directorios de los departamentos contra los federados contradicen la apertura del rey. Su desfase con las autoridades del país es real. En su inmensa mayoría, los consejos departamentales, «moderados», desaprueban el golpe de fuerza, a diferencia de las municipalidades y sobre todo los clubes. Lo ejemplifica el departamento del Sena, que trata de suspender al alcalde y el procurador de París, Pétion y Roederer, por su inacción. Estos, a fin de mantener el control, limitan la autonomía de las secciones, susceptibles de volverse contra ellos. En adelante prohíben cualquier petición armada e insisten en el respeto a la Constitución, una medida simbólica cuya única consecuencia es la cristalización de las luchas venideras en esos dos puntos.

No obstante, la fractura más grave es la que provoca La Fayette, que pretende restablecer un poder fuerte a la cabeza del país «regenerado». Con esa meta, actúa en todos los ámbitos. Con los austríacos, entabla negociaciones secretas para acordar un armisticio y no emprende ofensivas militares. Contra los jacobinos y el «reino de los clubes», pero también contra Dumouriez, con quien compite, hace entrar a los hermanos Lameth en su ejército y sella alianzas con los feuillants. A fin de mantener su imagen de símbolo de 1789, trata de movilizar a la guardia nacional a su alrededor. Contra él, la reina se alía con Pétion, para impedir que La Fayette se apodere del control de las fuerzas armadas, mientras la Asamblea está dividida en bloques casi iguales respecto a él. Una parte de la opinión pública se muestra muy inquieta ante sus ambiciones personales y los riesgos militares que hace correr al ejército, que se queda sin jefe ante el enemigo. La maniobra fracasa y el 30 de junio de 1792 La Fayette se ve obligado a marcharse sin haber logrado nada más que debilitar definitivamente a los feuillants y desacreditar a los hombres que participaron en los sucesos de 1789. Políticamente está muerto, mientras que la unión de jacobinos, «girondinos» y «montañeses» se rehace contra él.

No se trata de buscar una «aceleración» de la Revolución Francesa que habría acabado con los individuos unos después de los otros. Ninguna fatalidad es responsable de esa evolución, ya que influyen varias causas. En primer lugar, las élites son incapaces de hacer frente a las reivindicaciones y las protestas nacidas en el transcurso de los acontecimientos. Barnave se da cuenta de ello al abandonar la vida política, como atestiguan sus análisis, especialmente la condena al derrocamiento del ministro Roland. Por el contrario, Duport alarma al país, al predecir el saqueo prusiano y la anarquía jacobina. La politización iniciada entre 1788 y 1789 no ha dejado de modificar las reacciones colectivas, como demuestra la participación de las mujeres en las manifestaciones políticas armadas, al margen de las cuestiones de subsistencia, así como el lugar que ocupan los ciudadanos «pasivos» en la guardia nacional, a pesar de la oposición de La Fayette. Resulta comprensible, pues, que los parisinos «de a pie» entren en la vida política, al mismo tiempo que las élites, en guerra contra los primeros, pierden su poder.

La Patria en peligro y la guerra civil

La propia Asamblea muestra su impotencia cuando el 7 de julio de 1792 el obispo de Lyon, Lamourette, dolido por las divisiones internas de la Asamblea, en la que algunos miembros desean que haya dos cámaras y otros quieren instaurar la república, exhorta a los diputados a unirse en contra del enemigo. Todos se echan en brazos de los otros, con la bendición del rey, que enseguida se suma a la efusión. Este último arrebato del espíritu de junio de 1789, que ha pasado a la posteridad como «el beso Lamourette», apenas logra enmascarar las luchas abiertas. El mismo día, Pétion es suspendido de sus funciones como alcalde de París por los administradores del departamento del Sena. La medida no se comunica hasta el 13 de julio de 1792, pero desacredita la unidad proclamada el día 7, tanto más cuanto que La Fayette y Lucker acaban de intercambiarse sus mandos para que La Fayette pueda acercarse a París poniéndose a la cabeza del ejército del norte, y los dos le proponen al rey que abandone la capital y se ponga bajo su protección en Compiègne. Luis XVI rechaza el proyecto, pues llevaría a pensar que trata de unirse a los austríacos. Por su parte, los jacobinos, reconciliados entre sí, organizan en una discretísima Sociedad la posibilidad de apoderarse del Estado. Contemplan la posibilidad de suspender al rey, así como el reclutamiento de guardias nacionales, la venta de los bienes nacionales en pequeños lotes y el refuerzo de la vigilancia de los ciudadanos. Se produce un giro crucial cuando Brissot declara: «¡Sed el pueblo! Dejad de distinguir entre los propietarios y los no propietarios, dejad de desdeñar las picas», integrando de golpe a los «pasivos» en la comunidad política.

La presión es tal que la Asamblea autoriza a los federados a participar en la fiesta del 14 de julio, pese a la oposición del rey, que teme un golpe de fuerza. Sin embargo, la estancia de los federados en París debe acortarse. La guerra se impone y la necesidad de salvación pública que ronda el país hace que el 11 de julio de 1792 la Asamblea proclame «la patria en peligro» y haga un llamamiento a la unidad nacional bajo su égida. Ya ha decretado que todos los consejos de los departamentos, los distritos y los municipios se reúnan sin cesar. Los jacobinos, dirigidos por Brissot y Vergniaud, se apoderan de esa nueva concepción de la «patria». La urgencia es real: por ejemplo, el directorio del departamento de Hérault ya ha rechazado el poder ejecutivo demasiado moderado a su juicio que ejerce su propio jefe; el 23 de julio de 1792, Marsella reclama el cese del rey. Del mismo modo que en julio de 1789 los diputados de los Estados Generales habían avalado la insurrección popular, en 1792 los jacobinos se apropian de las reivindicaciones de la nación revolucionada, apoyándose en los sans-culottes y los clubes, entre ellos el Club de los Cordeleros, que renace con jóvenes activistas como Vincent o Momoro.

La ruptura con el ala derecha de la Asamblea, los seguidores de La Fayette y a fortiori la corte y los contrarrevolucionarios es definitiva. Los periódicos contrarrevolucionarios se muestran particularmente rencorosos con los «desvestidos asalariados» —«vil raza»—, a los que a todas luces consideran incapaces de tener opiniones políticas. Así, El perdigón de la guerra del 16 de julio de 1792 asegura que «la guerra civil estallará pronto y, como un increíble volcán, devorará las propiedades […]; empezarán vendiendo los bosques patrimoniales, a continuación venderán los bienes de los emigrados, y acabarán poniendo en venta las propiedades de todos aquellos a quienes el odio o la ambición habrá nombrado aristócratas, habrá tantos aristócratas como propietarios, y la aristocracia se medirá por aprendes de tierra». Los girondinos intentan apoderarse de esa fuerza popular, disponible y exigente, aunque los peligros son considerables y requieren el empleo de la fuerza.

Casi en todas partes se confunde la guerra civil con la guerra en las fronteras, pero el Mediodía francés está particularmente inflamado. Desde febrero de 1792, los contrarrevolucionarios preparan una insurrección coordinada con los príncipes y los ingleses. El conde de Saillans lanza la operación el 4 de julio de 1792 y el 8 de julio de 1792 toma el control de la llanura de Jalès. Ese tercer «bando» de Jalès es verdaderamente contrarrevolucionario y está ligado a la emigración. Fracasa a causa de la precipitación de Saillans y la falta de una movilización eficaz. Contra la débil tropa de mil quinientos hombres que ha reunido, acuden diez mil patriotas, y todo el país se alarma. A partir del 11 y el 12 de julio de 1792, se lleva a cabo una represión rápida y violenta; queman el pueblo de Bannes y matan a los principales actores, como Saillans, junto con curas sospechosos. El 28 de julio de 1792, el abad de Tourtoulon es degollado y torturado en Saint-Hippolyte-du-Fort. Los patriotas más decididos se encuentran en una posición de fuerza. Más al oeste, el «bando negro» de Sainte-Affrique, que recluta a jóvenes protestantes «terroristas», persigue a los católicos y se define como el «poder ejecutivo» contra los «patriotas moderados» que ocupan los cargos oficiales. En Marsella, cuya delegación para el bando de los federados se ha marchado a París, las tensiones, muy fuertes de por sí, se acentúan con la presencia de tropas destinadas a luchar contra eventuales enemigos. Entre el 20 y el 28 de julio de 1792, mientras las secciones se reúnen permanentemente y corren rumores que revelan listas de conspiradores, ahorcan a sospechosos de ser realistas y sacerdotes refractarios, e incluso desmiembran a algunos por las calles de la ciudad, al son del himno Irá bien. En toda la Provenza y el Languedoc se repiten las mismas escenas de violencia urbana. En Toulon hay una veintena de muertos.

Durante los días siguientes, las distintas fuerzas se persiguen. El rey sanciona la declaración de que la patria está en peligro y recibe el apoyo de contrarrevolucionarios que se movilizan para defenderlo. Mientras cada día llegan peticiones al respecto a la Asamblea, los jacobinos dudan si implicarse en la destitución del rey, mientras reclaman formar un nuevo ministerio; los girondinos, al pronunciarse en contra de una eventual república, se alejan de las secciones. Estas se dividen: las más radicales, dirigidas por la sección de Mauconseil, desean deponer al rey y ser autónomas de la Asamblea, cosa que les niegan los diputados. Entretanto, los federados van llegando a París, desafiando las órdenes del rey. A mediados de julio de 1792, hay unos dos mil federados, que empiezan a preparar una insurrección dirigida por un comité al que se incorporan varios diputados y el alcalde Pétion. La presencia de los marselleses acelera los preparativos. La hostilidad es tal que la proximidad entre su banquete en los Campos Elíseos y el que organizan los guardias nacionales realistas basta para desencadenar una pelea, que causa una quincena de heridos y un muerto.

El 10 de agosto de 1792: la victoria de la comuna insurreccional

En ese contexto, el 3 de agosto de 1792 los franceses descubren la existencia de una declaración firmada el 25 de julio de 1792 por el duque de Brunswick, que el rey recibe el 28 de julio de 1792. El rey ha expresado su deseo de que los soberanos extranjeros «hablen a las claras»; la respuesta es ese manifiesto, escrito por un emigrado llamado Limon, que choca por su violencia y su torpeza. Asegura que si no se restaura la libertad del rey y se respetan las instituciones, París será presa de la subversión y se castigará a los revolucionarios según las leyes de la guerra. La declaración reúne en su contra a todas las sensibilidades patriotas, desde los feuillants hasta los jacobinos, es decir, a la «nación» contra la corte, los nobles intransigentes, los sacerdotes refractarios y el Comité Austríaco, al que se denuncia siempre, ¡y cuya existencia queda demostrada por el texto de Limon! El propio rey desautoriza a Brunswick e insiste en su fidelidad a la nación y la Constitución. En vano. El 3 de agosto de 1792, todas las secciones parisinas, salvo una, solicitan el cese del soberano. La Asamblea, que intenta mantener su autoridad, contemporiza, pero al día siguiente anula el decreto de la sección Mauconseil, que ya no reconoce al rey, al mismo tiempo que permite que las secciones, la Comuna y los federados entablen un plan insurreccional, ya que los miembros de la Comuna acogen a los delegados de las secciones para preparar un campamento debajo de París en previsión de la llegada de los enemigos. Aparece entonces la Comuna insurreccional, que duplica la Comuna existente, a fin de oponerse al riesgo de la contrarrevolución.

El riesgo es real. Además del avance de los prusianos, la denuncia de un proyecto de fuga del rey a Rouen enciende los ánimos y origina una concentración de sans-culottes y federados en los alrededores de las Tullerías. Por vez primera se expresa ante los diputados las reivindicaciones de una revolución propiamente social, por boca de un peticionario, Varlet, que reclama el respeto a los derechos «sagrados» del trabajador. Los diputados se niegan, pero, quieran o no, la segunda revolución ya se ha llevado a cabo. Las secciones se han adelantado al cambio de la Constitución: la del Teatro Francés, presidido entonces por Danton, anula las distinciones entre los ciudadanos activos y los pasivos, y moviliza a toda la población contra el enemigo. Alrededor de la Comuna se crean instituciones paralelas, mientras las secciones reclaman que se quiten las estatuas de los reyes de las plazas públicas y que se sustituya la Asamblea por «una convención nacional». En ese clima en que los rumores y los temores hacen hervir las consciencias, un simple comentario sobre la intervención de La Fayette a la cabeza de su ejército provoca un debate en la Asamblea, seguido de una votación. El general es absuelto de cualquier acusación, pero ese exceso de indulgencia, a ojos de los sans-culottes, provoca manifestaciones callejeras contra La Fayette y sus allegados. La ruptura ya se ha consumado.

Una parte de la opinión pública rechaza el orden establecido y reivindica la ilegalidad en nombre de una legitimidad superior, acabando de transformar en consigna lo que hasta entonces se limitaba a las reivindicaciones colectivas. El poder del Estado es cuestionado en su principio mismo. Una parte de los jacobinos y los cordeleros, que acaban de reconstituirse como portavoces de los sans-culottes, sostienen esa postura, mientras que para los girondinos el problema radica en apropiarse del poder de la Asamblea contra los adversarios de la derecha y el ejecutivo. El enfrentamiento es inevitable y está preparado de antemano. El rey está rodeado por más de cuatro mil hombres: la guardia suiza, miembros de la guardia nacional de confianza y contrarrevolucionarios que acuden a propósito. Envían a otros a Normandía, a fin de proteger una hipotética fuga del rey. En París, el comandante de la guardia nacional, Mandat, toma disposiciones para resistir. Sin duda, los refuerzos situados en otros lugares de la capital duplican el efectivo de hombres destinados al soberano. Frente a este, siete mil federados, batallones de la guardia nacional y voluntarios que van llegando progresivamente, sin duda unos veinte mil hombres en el momento álgido de la batalla, superan en número a los defensores del rey, aunque la calidad de su tropa y su armamento sea dudosa.

Durante el atardecer del 9 de agosto de 1792, por iniciativa de la sección de los Quinze-Vingts, treinta secciones delegan comisarios a la Comuna a fin de formar una Comuna insurreccional, dotada de plenos poderes, en nombre de «la salvación pública». Así, los cabecillas que se han distinguido durante los años anteriores, como Robert, Hébert o Rossignol, sustituyen a los miembros de la Comuna «constitucional». Todas las secciones, unas después de las otras, tocan a rebato, congregando a los insurgentes, pero también a los partidarios del rey, alrededor de los lugares de encuentro. La Asamblea se encuentra en plena sesión, tras ser interrumpida, pero los diputados se mantienen al margen del enfrentamiento. Pétion y Roederer circulan entre los bandos durante una parte de la noche, antes de que el primero sea elevado sin oposición a la alcaldía, y el segundo ejerza de intermediario. Así, la Comuna insurreccional toma el poder, que conservará durante seis meses.

Esa situación tensa bascula hacia la insurrección a causa de una serie de golpes de fuerza. Mandat, convocado en el Ayuntamiento de París, se encuentra ante la Comuna, que lo pone en aprietos, lo destituye y lo sustituye por Santerre. Al salir de la sala, aunque deben conducirle a la cárcel de la Abadía, es linchado, decapitado y desmembrado. Una falsa patrulla de la guardia nacional es detenida y sus miembros son ejecutados de inmediato. La confluencia de las fuerzas insurgentes tiene lugar al amanecer frente a las Tullerías, donde reina la indecisión desde la muerte de Mandat. Mientras que casi toda la guardia suiza está decidida a luchar, una proporción importante de la guardia nacional abuchea al rey; incluso se producen hermanamientos. Entonces Roederer convence al rey y la reina de que se refugien en la Asamblea, que se declara legalmente constituida para ello, aunque nada está decidido. ¿Acaso los diputados, Roederer y Luis XVI contemporizan mientras esperan cínicamente que la relación de fuerzas se modifique, pese a que la entrada de tropas extranjeras en Francia parece irresistible? Al cabo de unos días o unas semanas, el motín que comienza ese día, el 10 de agosto de 1792, corre el riesgo de no acarrear consecuencia alguna. Basta con capear el temporal.

En la Asamblea, colocan al rey y su familia en la cabina del apuntador, situada detrás del sillón del presidente. Entretanto, en el castillo de las Tullerías todo se trastoca con la llegada de los sans-culottes, que disponen de armas que han tomado de las armerías. ¿Les acoge el fuego de línea de la guardia suiza o, más probablemente, disparan primero los parisinos, ya que una parte de la guardia suiza duda si confraternizar? Lo que es seguro es que la guardia suiza retoma el control de los patios del castillo, hasta tal punto que corre el rumor de que ha vencido. Los federados intervienen a su vez, desplegando la artillería. Entonces el rey manda una nota a sus seguidores, ordenando que depongan las armas, pero ya no influye en el statu quo. El castillo de las Tullerías es invadido y saqueado; los seguidores del rey y sus criados son asesinados —desmembrados y quemados—, y los supervivientes, perseguidos por todo París. Los relatos de los sucesos de ese día insisten en la ferocidad que impera, y dan detalles sobrecogedores de las mutilaciones e incluso de los actos de canibalismo, que se convierten en leyenda. Está demostrado que se desencadena una violencia brutal, carente de cualquier intención política o de justicia. Entre los vencedores, se cuentan entre trescientos veinticuatro y trescientos noventa muertos —una cifra infravalorada, sin duda—, que no reivindican ningún título, a diferencia de los vencedores del 14 de julio de 1789. En el bando contrario, probablemente mueren más de mil personas, entre ellas tal vez cuatrocientos setenta y cinco guardias suizos. Conviene apuntar que trescientos cincuenta guardias suizos desertan y pasan al ejército insurgente. Algunos cálculos cifran los muertos entre cinco mil y seis mil, contando ambos bandos.

¿Se trata del paso de un paroxismo de la violencia a una violencia controlada, que anuncia el Terror? No se puede asegurar a ciencia cierta. El 10 de agosto de 1792, descrito con cierta reserva en las memorias y los relatos de la época, pero presentado con mucha crudeza por los grabadores y los pintores contrarrevolucionarios, que dan a conocer a toda Europa la brutalidad de la Revolución Francesa, consagra el final de una política dirigida por los monárquicos y los constitucionales. A esos hombres de 1789 los superan y los combaten los emigrados y los contrarrevolucionarios, por una parte, y los jacobinos radicales y los sans-culottes, por otra parte. Durante el 10 de agosto de 1792, y más adelante, la política de lo peor que realizan los amigos del contrarrevolucionario D’Antraigues y los sans-culottes contra sus enemigos comunes a todas luces se enriquece con las colusiones. Los hombres «del gobierno» no han sabido resistir ni canalizar las reivindicaciones y las expectativas más radicales. La notable presencia de los sans-culottes, integrados en las operaciones armadas, generaliza el lenguaje y las prácticas terroristas habituales. No obstante, son los electos y las élites políticas quienes dirigen la violencia. Hasta entonces, los electos apenas habían cedido a las exigencias de venganza, como atestiguan dos ejemplos. El 31 de julio de 1792, la Asamblea rechaza la petición del diputado Lasource, que reclama la pena de muerte para los empleados de las oficinas públicas y los ministros. En la misma fecha, los electos de Villers-Cotterêts denuncian la violencia popular.

El 10 de agosto de 1792 supone un derrocamiento fundamental. En el oeste de Francia se ejerce la misma violencia frontal, a raíz de una pequeña insurrección entre la Bretaña y Maine, dirigida por los futuros «chuanes», sobre todo junto a Bressuire, donde el 24 de agosto de 1792 un levantamiento campesino es reprimido ferozmente por tropas venidas de toda la región. Estas matan a los campesinos y les cortan las orejas a fin de aterrorizar a la población. Sin embargo, al igual que los sucesos de julio de 1791, el 10 de agosto de 1792 no es el «preludio» del Terror: en primer lugar, ese día constituye uno de los episodios de la guerra contra los enemigos de la Revolución Francesa; asimismo, demuestra la violencia corriente que las élites políticas no pueden dirigir ni reglamentar. A pesar de las declaraciones de los sans-culottes, esas matanzas no se pueden considerar el resultado desdichado pero inevitable de una venganza justa, o la única respuesta posible a la traición. La escritura de la historia, en esencia crítica con cualquier hagiografía, no puede creer a pies juntillas las declaraciones justificatorias ni reinventarse una teleología que suprima las referencias morales para aceptar las atrocidades. El 10 de agosto de 1792 empieza como un enfrentamiento indeciso, pero calculado, entre fuerzas rivales, y desemboca en una ruptura completa con lo que existía, que permite que la violencia se exprese sin cortapisas.

La Revolución Francesa a tientas

A partir del día siguiente del 10 de agosto de 1792, las fronteras entre la legalidad y la ilegalidad se confunden. Todos los derechos señoriales sobre las tierras son abolidos. Las distinciones entre los ciudadanos desaparecen al organizar las futuras elecciones. Las sanciones a los sacerdotes refractarios se pueden aplicar de inmediato. Estos, identificados con los contrarrevolucionarios, pueden ser recluidos o exiliarse —lo que será el caso de treinta mil sacerdotes refractarios—. A partir del 14 o el 15 de agosto de 1792, unos decretos imponen que todos los ciudadanos que reciben una paga o una pensión del Estado —entre ellos, los miembros del clero— deben prestar el juramento de Libertad-Igualdad. Los ciudadanos deben jurar que defenderán la Libertad y la Igualdad o morirán en su puesto; la Comuna insurreccional entrega los certificados de civismo. Esta inviste oficialmente a la Asamblea de la confianza del pueblo, al mismo tiempo que se somete a su autoridad y le solicita que proceda a llevar a cabo las medidas extraordinarias que requieren las circunstancias. «¡Fuera de [la ley], no hay salvación!» Se inicia entonces la lucha entre las dos instituciones. De momento, la Asamblea ratifica la Comuna, al reconocer su existencia; en la Comuna ocupan un puesto personajes importantes, como Robespierre, Pétion o Danton, o personajes que serán importantes, como Tallien y Chaumette.

De forma más clara aún que en 1789, Francia se encuentra en una situación revolucionaria. En las provincias, los administradores reaccionan con lentitud y prudencia, avalando, no obstante, el día que une la salvación de la nación con la de la Revolución Francesa. Asimismo, se sienten reconfortados en su certidumbre de representar la soberanía popular en un momento en que la Asamblea ya no es legítima y las fuerzas victoriosas no son identificables. Las palabras pueblo, patria y república se fijan entonces en el lenguaje de esos hombres que utilizan estas nociones para orientar sus acciones. Su cultura, arraigada en la historia antigua, explica ese «momento republicano» de las élites que anudan la libertad con la fraternidad, recelando de la división —eventualmente encarnada por los sans-culottes— y temiendo por encima de todo la decadencia del régimen, como la que acusó la república de Roma.

Toman el poder grupos militantes —vulnerando abiertamente la Constitución existente— que continúan las prácticas de las sociedades populares, e incluso de ciertas administraciones, desde las últimas semanas de julio de 1792. La crisis de confianza hacia los administradores ante los acontecimientos militares y la voluntad de imponer un nuevo proyecto político llevan a los militantes a erigirse en competencia de las asambleas existentes, a convertirse en miembros permanentes y censurar la leyes. Así, el 10 de agosto de 1792 aparece como la culminación lógica del profundo cuestionamiento de la vida política francesa. Sin embargo, ¿se trata de la toma del «poder constituyente» por parte de las «masas populares»? En efecto, la toma de poder parece llevarse a cabo mejor en 1792 que en 1789, cuando el establecimiento de la Constitución era ambiguo. En 1792, tan solo los «revolucionarios» se expresan a fin de crear un nuevo régimen. Sin embargo, al principio las «masas» están divididas entre grupos más o menos implicados en el juego político; al comienzo, los sans-culottes de las secciones se aferran a su propia autonomía hasta tal punto que rechazan las consignas de instancias más elevadas. Solo los núcleos de individuos implicados en itinerarios propiamente políticos están en condiciones de intervenir en la dirección del Estado en competencia con las élites jacobinas que llenan las asambleas y las instituciones oficiales y que, de hecho, acaparan los puestos de la diputación. A pesar de su poder, las «masas» siempre son dependientes, lo que ilustra el plazo que se toman los miembros de la Convención para dotar a Francia de una nueva Constitución. La insurrección no prevalece, al contrario; aunque más adelante el derecho a la insurrección figure en la Constitución, será para evitar la reciprocidad. La revolución de 1792 es fruto de las circunstancias y es una aventura que supervisan y dirigen con habilidad y eficacia los jacobinos, miembros confirmados de las instituciones reconocidas como revolucionarias desde 1789.

Entretanto, el poder de la Comuna insurreccional es considerable. Establece un Comité de Vigilancia y sustituye a los comisarios de policía y los jueces de paz, a riesgo de entrar en competencia con las secciones envidiosas de sus prerrogativas. El Comité de Vigilancia, institución que se debate entre la democracia directa y la democracia representativa, encarna las posibles derivas hacia el «federalismo», identificables desde 1789 en todos los activistas. Controlado en parte por los montañeses, el Comité de Vigilancia también constituye una máquina de guerra contra los girondinos. La Asamblea, reducida a la izquierda, crea un comité ejecutivo provisional, con ministros girondinos, que dirigen todos los organismos de poder que encarnan la nación, como había hecho después del episodio de Varennes. Entre esas instituciones surgen un sinfín de dificultades de relación, ya que la Asamblea continúa mandando emisarios al país, lo que provoca rivalidades con los funcionarios que dependen de los ministerios. Por último, destaca la independencia de Danton, nombrado ministro de Justicia. En este punto, se impone la complejidad. Danton es el hombre fuerte del momento, pero ha protegido a la guardia suiza de la muerte y, sin duda en recuerdo de la protección que recibió en julio de 1791, le salva la vida a Duport, que es detenido pero, por orden de Danton, no es trasladado a París.

Sin embargo, la legitimidad de la Asamblea queda confirmada, involuntariamente, por el fracaso del golpe de Estado de La Fayette. Este pretende convocar un congreso de los departamentos a fin de restablecer la legalidad, y, una vez investido por el pueblo francés, marchar sobre París a la cabeza de los ejércitos. Mientras busca el apoyo de los feuillants y otros generales, consigue el apoyo de Sedan y del alcalde de Estrasburgo, Dietrich; entonces La Fayette entra en la ilegalidad al hacer detener a los comisarios que la Asamblea delega ante Dietrich. No logra ir más allá. El 19 de agosto de 1792, con una parte de su entrono, La Fayette pasa al enemigo, que, al considerarlo revolucionario, lo encarcela en una ciudadela. Queda el rey. Bajo la presión de la Comuna, se le encierra en el Temple, una fortaleza austera y siniestra de París, aunque la Asamblea prefería confinarlo en el Luxemburgo. Todavía goza de un trato especial, ya que dispone de una biblioteca y una mesa bien abastecida. Más adelante sufrirá condiciones más duras. Se deja en suspenso el porvenir del régimen, a la espera de una nueva Constitución, que está a cargo de la nueva asamblea, es decir, la Convención. Se trata de precauciones muy alejadas de la ola antimonárquica —a la que, sin duda, contribuye la Comuna— que recorre todo el país, y realiza procedimientos sumarios a los realistas y especialmente a los periodistas. La prensa contrarrevolucionaria desaparece, pero una parte de la opinión pública duda si tomar partido ante la ilegitimidad manifiesta de los acontecimientos.

La indecisión se traduce en tratos. A partir del 11 de agosto de 1792, la Comuna solicita un tribunal de excepción para juzgar los «crímenes» del 10 de agosto de 1792. Invocando el «deber sagrado» de la insurrección y la amenaza de liberar «la venganza del pueblo», el 17 de agosto de 1792 obliga a la Asamblea a crear un tribunal especial encargado de juzgar a los realistas. Robespierre es elegido presidente, pero considera que la «justicia del pueblo debe tener un carácter digno de él […] tan imponente como veloz y terrible», así que dimite de inmediato, aduciendo su responsabilidad en la Comuna y no queriendo ser juez y parte, ya que los sospechosos no solo son enemigos de la patria, sino sus propios enemigos. El rey no se ve afectado por el tribunal, que, de hecho, absuelve a quince de las treinta y dos personas perseguidas, y guillotina a las demás. El comandante de la guardia suiza, D’Affry, que ese día está enfermo, es absuelto y enviado a su casa. El desfase entre el paroxismo de violencia y la relativa moderación de una justicia extraordinaria es considerable. En las cárceles siempre hay personas sospechosas a ojos de los miembros de la Comuna y las secciones; de hecho, estos elaboran listas de proscripciones que se utilizarán en septiembre de 1792, cuando se lleven a cabo matanzas. Así, la denuncia, frecuente desde 1789 y 1790, toma un cariz más dramático cuando Sylvain Maréchal publica una Lista civil de las cabezas con precio de las personas saldadas por esta lista… así como de aquellos que se han escapado de la violencia del pueblo, en la que cada nombre de emigrado figura con la recompensa correspondiente. La prensa se desboca, reclamando cabezas y castigos, lo que convierte a Marat en un moderado. Así, pues, se impone un tono acorde con las opiniones que vecinos y enemigos defienden en los barrios o los pueblos. Estos prometen pisar sangre y hacer «judías» con el hígado de los adversarios; tanto los revolucionarios como los contrarrevolucionarios corrientes comulgan con las mismas conminaciones. Ese ánimo se apodera de Jura, por ejemplo, donde los administradores «se deslizan hacia la ilegalidad». Consienten de entrada todos los actos necesarios para la salvación de la patria y cuentan con el apoyo de voluntarios dispuestos a sacrificarse. La violencia alcanza todos los discursos.

Septiembre de 1792: muchedumbres y portavoces

En París, cerrada por la policía, que baja las barreras, la Comuna organiza visitas domiciliarias, requisa las armas y manda a la cárcel a los sospechosos, tanto nobles como refractarios, con el telón de fondo de la guerrilla entre la Comuna y la Asamblea. En efecto, el 10 de agosto de 1792 los girondinos retoman el poder. Roland, que vuelve a ser ministro del Interior, logra crear una Oficina del Espíritu Público dotada con un presupuesto de cien mil libras. Subvenciona a periodistas como Bonnemain y envía emisarios a todo el país. Estos deben defender la libre circulación de cereales y denunciar a los «bandidos», entre los cuales figuran la Comuna de París, Robespierre y Marat, junto con los contrarrevolucionarios. No obstante, sobre el terreno, los emisarios se enfrentan a auditores que esperan la condena rápida de los realistas y la radicalización de la Revolución Francesa. Y es que, al mismo tiempo, la Convención envía comisarios a los ejércitos a fin de asegurarse su poder y a la vez organizar las operaciones militares. El desfase entre los cálculos políticos y los temores a que Francia sea invadida por las tropas enemigas es flagrante. La amenaza militar prima sobre cualquier otra consideración. La Asamblea, controlada por los girondinos, decide suprimir la Comuna, declarando que esta merece el reconocimiento por los servicios prestados a la patria. La Comuna es culpable de haber revocado la comisión de subsistencia de París y haber detenido a un periodista girondino. La Comuna reacciona volviendo a nombrar presidente a Pétion, reintegrando los miembros de la comisión de subsistencia e incorporando a personalidades como Marat.

Los hombres de Estado, enfrentados a la urgencia militar y la necesidad de ser rigurosos, vuelven a perder el pulso. El 2 de septiembre de 1792, llegan a París las noticias de la toma de Verdún por parte de los enemigos, a lo que la Comuna responde con una movilización general a toque de rebato: recupera su legitimidad, y la Asamblea legislativa renuncia a disolverla. En el consejo ejecutivo, Danton, el hombre fuerte del momento, predica «¡audacia, siempre audacia!». Por la tarde, asesinan a unos sacerdotes refractarios por la calle, durante un traslado, y luego en el interior del convento de los Carmelitas, donde están encerrados más de un centenar de sacerdotes refractarios. En torno a ciudadanos conocidos, se establecen comisarios, portavoces respetados y tribunales improvisados que hacen comparecer brevemente a los presos, antes de absolverlos en medio de una emoción compartida o enviarlos ante grupos armados que enseguida los matan. Durante los cuatro días siguientes, en las principales cárceles de París se producen matanzas cometidas por doscientas personas como máximo, que en la mayoría de los casos siguen un ritual judicial. Uno de esos tribunales está encabezado por Maillard, héroe de la Bastilla y portavoz durante los días de octubre. Los miembros de la Asamblea que acuden con la intención de impedir o limitar las masacres son obligados a dar media vuelta. Los miembros de la Comuna o las secciones, que adoptan posturas ambiguas y a veces justificatorias, son más tolerados. Por razones complejas, cierto número de presos se escapan de la muerte, como los abades Sicard y Saurin, salvados por allegados, o el periodista Journiac de Saint-Méard, que tiene la suerte de que los verdugos se crean que renuncia a sus ideas. Más de mil trescientas personas mueren durante esos días de septiembre de 1792, entre ellas la familia real y la princesa de Lamballe. Los sacerdotes refractarios y los realistas son las dos categorías más afectadas, pero también perecen presos comunes, así como una treintena de mujeres encarceladas en la Salpêtrière y jóvenes que se encuentran «en corrección» en Bicêtre.

Sigue siendo difícil conocer los hechos con exactitud. Una parte de los archivos desapareció con el incendio del Ayuntamiento de París en 1871, los testimonios están impregnados del partido que tomaron y sus emociones, por supuesto, y los relatos historiográficos dependen en su mayoría de posturas ideológicas. En ocasiones se ha estimado el número de víctimas entre diez mil y quince mil. Las atrocidades suscitan fantasmas y leyendas. La profanación y la mutilación de la princesa Lamballe constituyen un buen ejemplo. Salvo el hecho de que su cabeza se coloca en la punta de una pica, todos los detalles atroces y escabrosos, incluida la entrega de la mano derecha de la princesa a Robespierre, se escapan a cualquier verificación histórica. Lo esencial, tal vez, es precisamente que el imaginario se adueña de ello, lo que demuestra que el terror invade la consciencia de la gente. Como es lógico dadas las circunstancias, las mujeres se convierten en unas presas particularmente codiciadas. El suplicio de la «hermosa florista», castigada por haber castrado a su amante, un guardia nacional, así como las violaciones en la Salpêtrière y la abnegación de Mademoiselle de Sombreuil al beberse un vaso de sangre para salvar la vida de su padre son «acontecimientos» que entran en la leyenda nacional.

Durante esos días de 1792, el horror es un sentimiento generalizado que comparten los asesinos, los administradores, los espectadores o los simples contemporáneos que mantienen correspondencia o escriben sus memorias. La mayoría de los partidarios de la Revolución Francesa acepta la necesidad de tales prácticas, pues considera que esa reacción es inevitable en semejante momento. Sin embargo, tras los dos primeros días, la prosecución de las matanzas, acompañada de las carretas que circulan por la calle llenas de cadáveres mutilados y en su mayoría desnudos, devuelve a la gente a la realidad. Los verdugos y los «jueces» que llevan a cabo las matanzas pierden el apoyo de los miembros de la Comuna, que se distancian de ellos, mientras que se hacen públicas las primeras críticas, formuladas por los girondinos Brissot y Condorcet. Resulta indiscutible que los girondinos son permisivos durante los primeros días y no intervienen hasta que temen que se generalicen las matanzas. El 7 de septiembre de 1792 cesan las masacres. La violencia ha sido cosa de unos cuantos individuos, pero el caso es que la mayoría de los parisinos —más de setecientas mil personas, conviene recordarlo— ha logrado vivir junto a las matanzas, soportarlas un día o dos, hasta que las reprueban después, con lo que legitiman a los revolucionarios capaces de «restablecer el orden». De lo contrario, ¿cómo interpretar que enseguida se publiquen listas de las víctimas, que objetivan el acontecimiento? La mayoría de la clase política trata de correr un tupido velo sobre esos acontecimientos, que no se avalan hasta noviembre de 1792, cuando Robespierre los justifica con su célebre fórmula: «¿Acaso queríais la revolución sin la revolución?». Sin embargo, la cuestión no queda zanjada: el año III, cuando se derroca de nuevo el equilibrio político, todavía se persigue a los verdugos.

Las matanzas en la historia

La interpretación continúa estando estrechamente ligada a las posturas ideológicas y filosóficas. Parece necesario no entrar en argumentos que invocan lo sagrado o la justicia para examinar la naturaleza de los actos cometidos, vistos y discutidos. La existencia de actos de barbarie y cuerpos maltrechos, despedazados e incluso violados es irrefutable. Las mismas prácticas se encuentran en otras masacres cometidas en el mismo momento en las provincias, a veces acompañadas por música, mientras los niños arrastran despojos humanos por las calles y los verdugos los enseñan. Todas las matanzas colectivas, incluidas, por tanto, las que se cometieron durante las guerras de Religión, están marcadas por semejantes comportamientos. El recuerdo de la matanza de San Bartolomé atormenta a los franceses de 1790 y el deseo de venganza recorre el país. En España se producirán escenas análogas entre 1808 y 1809, a raíz de la resistencia a la invasión napoleónica. Asimismo, se han observado y consignado escenas parecidas en las masacres masivas cometidas durante el siglo XX en la Europa sometida a las exacciones nazi o soviéticas, en la antigua Yugoslavia o en Ruanda. La tripartición ejecutores-víctimas-testigos, teorizada en tales ocasiones, da cuenta de lo que sucede en París en septiembre de 1792. Desde luego, se trata de masacres masivas, pero su originalidad radica en que copian un marco «legal» y reivindican consignas políticas.

Su especificidad todavía resalta más en comparación con las otras masacres que se producen al mismo tiempo. ¿Es preciso cifrarlas en sesenta y cinco, como P. Caron, o en doscientas cuarenta y cuatro, como F. Bluche? La cuestión no está zanjada. La localización de las matanzas, en la cuenca parisina, por una parte, y en el valle del Ródano, por otra, remite a los mecanismos ya identificados. En la cuenca parisina o Normandía, las venganzas colectivas se ensañan con individuos que encarnan a grupos odiados; los verdugos se aprovechan de una debilidad —o una dimisión calculada— de las autoridades. En la Bretaña, en Lorient, un negociante acusado desde hace más de un año de ser contrarrevolucionario es asesinado. El homicidio, que la Sociedad local de Amigos de la Constitución atribuye a los contrarrevolucionarios, a ojos de la Asamblea se convierte en la revancha que se toma la «canalla» contra la «aristocracia de dinero», de ahí que amnistíe a los culpables. En el sureste de Francia, las rivalidades locales se adueñan de la política, hasta el extremo de travestir las identidades políticas. Por ejemplo, el 11 de septiembre de 1792, los «patriotas» de Arles son fusilados —once mueren— por otros patriotas moderados que acusan a los primeros de ser contrarrevolucionarios. La confusión es tal que el marsellés Isoard es superado por sus contradictores, que refutan tan bien su dialéctica que el propio Isoard, pese a su afinidad con los sans-culottes, huye para evitar ser maltratado en cuanto que realista. En Toulon y Niza, unos voluntarios matan y desmiembran a sacerdotes y campesinos. Todo ello participa de la categoría «clásica» de asesinatos, que se pueden calificar de «efervescencia asesina» o violencia «agónica». Se trata de formas ritualizadas de enfrentamientos, inscritos en una sociabilidad tradicional, de los que participarán también las masacres que cometen los contrarrevolucionarios un poco más adelante. Resultan de una amalgama de rumores, miedos, venganzas, matanzas «ancilares» cometidas contra los nobles o los cleros y luchas políticas que apelan a la «justicia popular». El contexto político es más una ocasión que aprovecha una parte de la población para deshacerse de otra o de chivos expiatorios que una de las razones determinantes del odio. Los asesinatos se producen durante estallidos emocionales, y se desmiembra a los «culpables», cosa que choca a la clase media, asqueada ya por los suplicios del Antiguo Régimen.

En París, la puesta en marcha de un procedimiento de pretensiones jurídicas transforma un ritual punitivo en una ejecución pública. La historiografía «clásica», ilustrada por P. Caron, minimiza la mezcla, insistiendo en la coyuntura que justifica los excesos, que al fin y al cabo son limitados. S. Wahnich, de manera muy «clásica» también, considera que se trata de la resolución por parte del «pueblo» de la insuficiencia de la justicia de los «políticos». Por el contrario, los historiadores «críticos», como F. Bluche, lo interpretan como el fracaso de la Revolución Francesa, que ha creado un marco «totalitario» que permite los peores excesos. Como el odio y la justicia son simplemente incompatibles, la mezcla de afectos y derecho no resulta pertinente y no es sino un artificio instrumentalizado de las rivalidades políticas.

Los girondinos, que en marzo de 1792 habían justificado la matanza de Aviñón en nombre de los derechos naturales, caen en su propia trampa. Entonces dan marcha atrás. Al «desnaturalizar» las matanzas de septiembre de 1792, intentan situarse en el terreno político a fin de discutir la legitimidad de los portavoces, cuya intervención amenaza su representación política. En 1793 y 1794, cuando los montañeses se enfrenten a las mismas dificultades, salen adelante destruyendo a sus rivales. Entretanto, junto con los sans-culottes, sus aliados temporales, una vez que tienen perspectiva del horror inmediato, los girondinos pueden sacar provecho político de los asesinatos masivos sin los asesinos. Eso sucede el 10 de agosto de 1792, cuando los hombres de orden, miembros de las secciones sans-culottes o moderadas como Alexandre, capean el temporal para poder alinearse con el bando más fuerte, antes de volver a lanzar la máquina contra los enemigos contrarrevolucionarios. Sin embargo, el horror de la matanza es tal que incluso un hombre tan comprometido como Théophile Mandar publica una obra, en enero de 1793, a fin de distanciarse de sus amigos políticos y lamentarse por no haber podido impedir los excesos.

La muerte de los sacerdotes en el convento de los Carmelitas también obliga a plantear preguntas estrictamente políticas. En agosto de 1792, las pesquisas del Comité de Vigilancia llenan las cárceles de sospechosos. No obstante, a comienzos de septiembre de 1792 sueltan a una parte de los detenidos tras la intervención de los miembros de la Comuna, entre ellos Marat, que, sin embargo, los acusa de homicidio. A todas luces, los presos no están encarcelados por sus ideas, sino en función de sus relaciones con los miembros del Comité de Vigilancia. Así, el internuncio Salamon, un refractario obstinado, se escapa de la muerte gracias a la intervención de Sergent, allegado de Marat. El testimonio del abad Saurin, absuelto gracias a unos compatriotas suyos, insiste en la dimensión estrictamente política de la matanza de los sacerdotes. A su parecer, el hecho de prestar juramento o negarse no influye tanto como la voluntad de eliminar a competidores constitucionales o monárquicos. Así, las matanzas se inscribirían en la prosecución de la lucha librada conjuntamente por los realistas de D’Antraigues y los allegados de Pétion para oponerse a cualquier compromiso. La hipótesis no es una conjetura. Como es lógico, los agentes realistas, correspondientes de D’Antraigues, Lemaître y Des Pommelles, son perseguidos y conducidos a la alcaldía durante la noche del 29 al 30 de agosto de 1792. Sin embargo, quedan libres, gracias a la intervención de Pétion, cambian de domicilio y ya no son víctimas de las matanzas. La historiografía prefiere insistir, mezclando todas las tendencias, en la supuesta oposición que se establece entre la Revolución Francesa y la religión, aunque las masacres de septiembre de 1792, paradójicamente, sellan la unidad entre la realeza, la religión y la nobleza, que hasta entonces no existía en absoluto.

Conviene insistir en la ausencia de reacciones, el 2 y el 3 de septiembre de 1792, por parte de los miembros de la Asamblea, el Consejo Ejecutivo, la Comuna y las secciones, así como en la lentitud con que intervienen los días posteriores, aunque ya solo haya matanzas en la cárcel de la Force y se haya derrotado a los opositores. Se vuelve inaceptable que prosigan las matanzas. Los asesinos, revolucionarios «normales», parafraseando la fórmula de C. Browning aplicada a los gendarmes alemanes del 101 batallón, ya no son necesarios y pueden ser devueltos a su anonimato. Más adelante, ese será el destino de los «Marats», ciudadanos cualesquiera, responsables de los ahogamientos en Nantes en 1793.

No es necesario invocar «la banalidad del mal» liberada por la Revolución Francesa, al igual que por el nazismo, lo que demuestra la peligrosidad de ambos períodos. Las matanzas no fueron sino una «violencia pragmáticamente tolerada» (H. Burstin) para que esta se escurriera y poder explotarla políticamente. En otras palabras, es preciso reconocer de veras que la Revolución Francesa jamás ha sido un bloque, sino el resultado de choques administrados por grupos, animados por corrientes globales, desde luego, pero enfrentados entre sí. Así, los comisarios parisinos que el poder ejecutivo provisional envía a los departamentos se afanan por propagar los nuevos principios; denuncian a los administradores en el poder ante las asambleas generales, pues consideran que ya no cuentan con la confianza del pueblo. Apoyados por las sociedades populares de Jura, por ejemplo, que desde julio de 1792 se erigen en censores de las administraciones, los comisarios parisinos pueden suspender a funcionarios, lo que demuestra que la Constitución es muy cuestionada y que el poder constituyente está en manos de las autoridades sans-culottes. Frente a esas empresas, los diputados de la Asamblea Legislativa y los administradores de los departamentos recusan la «convulsión desorganizadora» y mantienen la organización existente, mientras que los enviados de la Asamblea se encargan de controlar el ejército y las levas. Un ejemplo puntual de la misma preocupación: el 12 de septiembre de 1792, los diputados, dirigiéndose a los franceses, denuncian a los «hombres pérfidos y agitadores» que provocan venganzas «populares» contra los representantes del pueblo. Estos «pertenecen al pueblo por completo» y deben poder expresar libremente su opinión. Se plantea a las claras, pues, la oposición entre la democracia representativa y la democracia directa.

Valmy y la victoria de la Asamblea

En la lucha que entablan la Comuna y la Asamblea por representar al «pueblo», la guerra, que al principio da ventaja a la primera, acaba otorgando el éxito a la segunda. El 2 de septiembre de 1792, mientras los prusianos asedian la ciudad, el coronel Beaurepaire, comandante de la guarnición de Verdún, es encontrado en su despacho con el cráneo desfondado por un pistoletazo. Al día siguiente, los prusianos reciben la rendición de Verdún y son acogidos por una delegación de muchachas que llevan flores enviadas por mujeres de la aristocracia. Nace entonces una leyenda negra que tacha de traidora a la ciudad de Verdún; en mayo de 1794, treinta y tres personas, entre ellas las «vírgenes de Verdún», serán juzgadas y ejecutadas. En cambio, la leyenda dorada convierte a Beaurepaire en un héroe, pero no indaga si en realidad se ha suicidado. Aunque a todas luces su muerte se conoce el 4 de septiembre de 1792, no se anuncia hasta el día 6, cuando la Asamblea asegura que Beaurepaire se ha suicidado en pleno consejo de guerra. El 8 de septiembre de 1792, la Comuna decide poner su nombre a la calle de la Sorbona; el día 12, la Asamblea lo traslada al Panteón, al aceptar la propuesta del diputado Delaunay, angevino como Beaurepaire, hostil a la Comuna y denunciante de las matanzas.

La operación sirve para asegurar la lealtad de los girondinos angevinos, incómodos ante el aumento de la oposición contrarrevolucionaria, así como para restaurar la gloria de los voluntarios del Maine y la Loira, empañada por la capitulación de Verdún. La Asamblea, al defender así a los voluntarios provinciales, rehabilita al «pueblo» en armas que lucha contra los enemigos en las fronteras. Finalmente, durante los meses siguientes los restos mortales de Beaurepaire no entran en el Panteón, pero en 1793 se celebra su recuerdo, que hasta enero de 1794 se confunde con el de los mártires de la Libertad. En esa fecha, aunque se pone su nombre a una sección, los sans-culottes reniegan de él, adoptan el nombre de Châlier, un verdadero mártir sans-culotte, ateo por añadidura, al que invocan contra las declaraciones de Robespierre, que condena el ateísmo.

Lo que podría parecer una simple anécdota atestigua la realidad de las luchas políticas y simbólicas que se desarrollan alrededor de la plaza del pueblo armado. La Asamblea se marca un tanto al ganar la batalla contra la Comuna con la victoria inesperada de Dumouriez en Valmy. Desde la fuga de La Fayette, Dumouriez se ha convertido en el hombre fuerte del ejército. Volcado en una ofensiva ineficaz contra Bélgica, se ve obligado a replegarse hacia Verdún y Argonne, por donde los prusianos amenazan con tomar París. Desacatando las órdenes del Ministerio de la Guerra, hace converger, desde Metz, el ejército de Kellermann. Tras una sucesión de maniobras rápidas, las tropas francesas, que agrupan a cincuenta y siete mil hombres, se encuentran frente al ejército prusiano, que alinea a veinte mil hombres dirigidos por el duque de Brunswick. La guerra todavía se libra según las reglas normativas; los generales tratan de ocupar posiciones estratégicas en lugar de abalanzarse en choques frontales. Las maniobras desempeñan un papel disuasorio, ya que los combates solo se producen como último recurso, sin implicar a la totalidad de las fuerzas presentes. Las reservas y los cuerpos en observación tan solo intervienen cuando las probabilidades de éxito de una operación están garantizadas, a fin de evitar pérdidas y conservar el poder.

En Valmy, los adversarios están en frentes invertidos. Brunswick, que ya se encuentra de camino a París, debe dar marcha atrás. Como los franceses no han resistido en las pocas batallas que han tenido lugar, la amenaza francesa es débil, pero la importancia del combate no se le escapa a nadie. Se trata del último cerrojo que los prusianos deben hacer saltar antes de restablecer la monarquía francesa. Desde París, el esfuerzo bélico es inaudito. La organización continúa siendo caótica, pero Servan, el ministro de la Guerra, un militar reformador, aconsejado por Choderlos de Laclos y Lacuée, además de otros experimentados oficiales reformadores, incorpora la guardia nacional al ejército, organiza un campamento en Châlons y envía municiones y hombres a Dumouriez. Surge una gran competencia con la Comuna, que a su vez manda hombres encargados de requisar caballos y comida. Las autoridades de los departamentos y los distritos también poseen comisarios a fin de reclutar hombres y vigilar el abastecimiento; de hecho, constituyen unidades casi autónomas. Incluso estando llenas de notables próximos a los feuillants, todas esas instituciones se radicalizan, especialmente cuando deben hacer frente al rechazo de algún municipio.

El 20 de septiembre de 1792, las tropas de Kellermann, que permanecen en una colina cerca de Valmy, resisten a un cañoneo durante ocho horas y luego a una ofensiva de los prusianos, sin replegarse ni desbandarse. El fuego cruzado provoca trescientos muertos entre los franceses y ciento ochenta y cuatro entre los prusianos; estos, atónitos por la desacostumbrada resistencia de sus enemigos, no se lanzan al ataque, que Brunswick considera poco seguro. Durante la noche del 20 al 21 de septiembre de 1792, los movimientos de los ejércitos dejan libre la colina a los prusianos, que no sacan ningún provecho de ello, aunque las tropas francesas han sido reforzadas. Durante más de una semana, los soldados permanecen en sus posiciones, mientras los jefes negocian siguiendo las costumbres militares de la época, sin tener en cuenta a los emigrados. ¡Estos acampan cerca a la espera de la batalla definitiva! Todavía no se puede comprobar la politización de la guerra. El 30 de septiembre de 1792, Brunswick considera imposible atacar; ordena el repliegue y cruza la frontera. La Revolución Francesa se ha salvado.

La mediocridad del asunto y la imprecisión que rodea a las negociaciones han suscitado muchos comentarios, en su mayoría críticos, contra una batalla que no habría tenido realidad. ¿Acaso en la decisión de Brunswick influyen su pertenencia a la francmasonería, compartida con Dumouriez, el hecho de que le devuelvan un diamante que le robaron el 16 de septiembre de 1792 en el guardamuebles real de París o su propio carácter? ¿Es preciso invocar cálculos políticos más complejos? El estado del ejército prusiano, debilitado especialmente por la disentería —aunque los franceses tampoco se salvan de la enfermedad—, resulta determinante, pero no tanto como la resolución de los franceses. Asimismo, Valmy revela que la propaganda realista se ha equivocado al decir que una minoría aterroriza Francia, que espera ser salvada por los soberanos extranjeros. A comienzos de octubre de 1792, la derrota de los austríacos frente a Lille confirma el compromiso con la Revolución Francesa; estos deben levantar el sitio tras haber bombardeado la ciudad sin quebrantar la resistencia de sus habitantes.

Las noticias de Valmy, que llegan a París el 23 de octubre de 1792, empiezan a circular a partir del día 24, mientras Brunswick y Dumouriez siguen enfrentados. Entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre de 1792, Valmy se convierte en una victoria celebrada por la Convención, que es la nueva asamblea. Se forja el mito. No obstante, conviene apreciar su eficacia y su significado político para evitar reducirlo a una simple operación de propaganda política recuperada enseguida por los republicanos del siglo XIX. Las tropas que resisten en Valmy están formadas en parte por voluntarios enrolados algunos años antes. Los voluntarios más recientes son meros espectadores. Sin embargo, son estos «zapateros» parisinos, como los llaman los prusianos, a quienes promueven en cuanto que vencedores a fin de afirmar el papel de la Asamblea y del ministerio contra la Comuna.

Además, entre todas las contradicciones que jalonan la historia de la Revolución Francesa, la que se produce el 21 de septiembre de 1792 es particularmente rica en interpretaciones. La Asamblea Legislativa se reúne hasta su término, e incluso el día de su disolución vota la ley que instaura el divorcio en Francia. La Convención, que sucede a la Asamblea enseguida, está compuesta por diputados elegidos durante el mes anterior por asambleas electorales reducidas a los seguidores de la Revolución Francesa entendida a la nueva manera. A falta de tiempo, la ampliación del derecho a voto se lleva a cabo según las costumbres locales, sin aplicar por fuerza los principios anunciados, contrariamente a lo que se contará enseguida, a fin de convertir esas elecciones en la primera expresión del sufragio universal masculino. A los electores de 1791 se les suman, de forma desigual según los lugares, los «no electores». Sin embargo, entre setecientas mil y un millón cien mil personas participan en la votación, una cifra baja respecto a los años anteriores, sin que por ello se pueda hablar de desmoronamiento.

La Convención, que se convierte en la nueva Asamblea Constituyente, representa al pueblo soberano liberado del otro soberano que era el rey. La Asamblea se libera del rey de derecho el 22 de septiembre de 1792, al hacer de la república la forma del Estado —están presentes trescientos cuarenta y nueve diputados de los setecientos ochenta y dos elegidos— por aclamación, mientras un decreto ordena que en lo sucesivo las actas se fechen en el primer año de la República. La competencia política sigue influyendo: en agosto de 1792, las secciones insurreccionales pretendían inaugurar el año I de la igualdad. Con ese espíritu, se precisan los límites del poder de los representantes del pueblo. Los diputados no pueden dotarse de un presidente, ya que recordaría al rey, sino que deben conceder al pueblo la posibilidad de intervenir en los asuntos del Estado; no obstante, deben exigir, especialmente a los jueces, capacidades jurídicas para evitar encumbrar a «hombres funestos».

Así, pues, la abolición de la realeza, el 21 de septiembre de 1792, y la proclamación de la República, el 22 de septiembre de 1792, están determinadas por las expectativas «naturales» de sus aliados sans-culottes, convencidos incluso antes de que la Asamblea legisle de que esas decisiones ya estaban tomadas. El destino de la Convención no está solventado. ¿Acaso la Asamblea será la depositaria transitoria de la soberanía popular, y desaparecerá cuando haya establecido su obra constitucional, o seguirá siendo la única fuente de decisiones públicas? Siendo hija del 10 de agosto de 1791, ¿cómo podrá «purgar» las administraciones, si no es favorable a la democracia directa y los electos no pertenecen al mundo sans-culotte? Así, los revolucionarios y el «pueblo» se ven arrastrados a un nuevo ciclo de tensiones y golpes de fuerza. Con todo, ¿se trata de un régimen ambiguo? Sí, desde una perspectiva apolítica que considere que no es posible gobernar impunemente, como dirá Saint-Just más tarde. No, para numerosos revolucionarios que están convencidos de que el éxito de la Revolución Francesa pasa por la administración de la Revolución Francesa misma, un oxímoron con un largo destino. Los retos de 1793 ya están planteados.

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Capítulo 14. EL ESTALLIDO DEL ESTADO

Septiembre de 1792 - julio de 1793

En unos meses, el curso de la Revolución Francesa vuelve a bascular. Aunque aparentemente los girondinos han consolidado su poder tras la victoria de Valmy, se precipitan en el abismo de la contrarrevolución a causa de su mala gestión de la movilización del país y el proceso del rey, así como por el éxito inesperado de una revuelta contrarrevolucionaria en el sur del Loira. El episodio es muy conocido, pero suele interpretarse como el momento en que la Revolución Francesa devora a sus hijos antes de sumirse en el Terror. El propósito de este capítulo es subrayar que, por el contrario, nada era ineluctable y que las razones de esa rápida evolución son errores políticos, malas respuestas a las expectativas colectivas y fracasos tácticos. Más que nunca, es preciso reconstruir en detalle ese descenso a los infiernos que no se debe a ninguna fatalidad, sino a los conflictos de poder entre instituciones cuyas legitimidades compiten.

Dirigir el país, controlar la Revolución Francesa

El 10 de agosto de 1792, las elecciones en la Convención y la amenaza enemiga malogran la autonomía de las autoridades, al mismo tiempo que refuerzan el peso de París y las pretensiones de los administradores provinciales que han organizado las elecciones y sostienen el esfuerzo militar. La entrada de los ejércitos franceses en Bélgica, donde Dumouriez sale victorioso el 6 de noviembre de 1792, y la toma de Maguncia, en la ribera del Rin, así como de la Saboya y Niza cambian la naturaleza de la guerra, que se convierte en una guerra masiva con objetivos de conquista, que conlleva nuevas relaciones con los pueblos conquistados y modifica el estado de ánimo de los soldados. Los «comisarios de la subsistencia» —trescientos noventa en abril de 1793—, que sustituyen a los comisarios de guerra de la monarquía, sobre todo ejercen su poder de requisa en detrimento de los civiles, sean franceses o pueblos conquistados.

Contrariamente a lo que se repite hasta la saciedad, la Revolución Francesa no centraliza el país y le imprime una aceleración política, sino que la polarización de las opiniones se debe a la suma de compromisos individuales. Al hacer coincidir la revolución política con la reacción colectiva y la nación armada, la ruptura de septiembre de 1792 orienta la politización del país. Los federados de Marsella ilustran a la perfección lo que sucede en el crisol parisino. Cuando se marchan de Marsella, son hostiles a los sans-culottes, pero acaban encontrándose a su lado contra el rey en las Tullerías y se distancian de Barbaroux, una figura esencial hasta entonces en la ciudad. En el conflicto brutal entre la Revolución Francesa y la contrarrevolución, la unidad revolucionaria se despliega desde Hérault hasta Sena y Marne, pasando por Calvados, que, no obstante, será federalista unos meses más tarde. Las movilizaciones se traducen especialmente en donaciones de dinero o «altas pagas» concedidas a los voluntarios —pagadas con impuestos excepcionales gravados a los más ricos— y el compromiso de los jóvenes, que se marchan en masa, ¡dejando los talleres y las granjas sin mano de obra! El entusiasmo hace muy visibles las reticencias, aunque a ojos de los sans-culottes y los militantes convencidos de su derecho, incluso las medidas administrativas ligadas a la gestión necesaria de las tropas se vuelven sospechosas. Como la cosecha de 1792 es mala, se reanudan los motines por razones de subsistencia, que en ocasiones acarrean la muerte de los administradores, como en Aude. En ese clima de movilización general, los más radicales se alinean con los hombres que llevan picas, declarados sans-culottes, contra los que llevan cascos y sables, considerados girondinos.

Ante esas presiones, las autoridades toman las «medidas de seguridad» ligadas a cualquier estado de guerra, agravadas por la existencia de enemigos en el interior; de hecho, los decretos contra los emigrados retoman la legislación de Luis XIV contra los protestantes. La censura, la vigilancia de los sacerdotes refractarios y los emigrados, y el encarcelamiento de los contrarrevolucionarios se suman a las requisas, los impuestos y el abastecimiento de las ciudades y los ejércitos. Este cuadro, muy conocido, debe completarse con la emergencia de nuevos grupos que se aprovechan de la situación, como los carreteros, los fabricantes de paños, armas o zapatos, los negociantes y, con ellos, los obreros indispensables, elegidos para entrar en los talleres y las fábricas, que se escapan a los combates. Los proveedores de los ejércitos son los grandes beneficiarios de esas operaciones, de ahí que susciten críticas cuando los soldados carecen de ropa, armas o tiendas. La importancia de las sumas que están en juego, las competencias particulares que exige el comercio internacional de productos y créditos, y la complejidad de las redes que es preciso poner en marcha a fin de abastecer cotidianamente a los ejércitos obligan a la Asamblea a confiar esas tareas a especialistas que proceden de las oficinas del Antiguo Régimen o que, como Clavière, continúan enriqueciéndose e influyendo en los centros de decisión.

Un ejemplo de esos grupos emergentes, en Montpellier, son las familias Lajard y Cambon, que controlan tanto la actividad económica local como la política nacional. Lajard ejerce de ministro efímero en 1792; Cambon hijo es el cabecilla obrero de la administración financiera del país. El yerno de Lajard es un tal Chaptal, amigo de otro oriundo de Montpellier, Cambacérès, ambos con un brillante porvenir. Chaptal es amigo de Agoin, un banquero cercano a Robespierre. A finales de 1792, todo este mundillo actúa con suma eficacia para que Lajard, acusado de malversación, sea exculpado. Aunque ese tipo de situación no tiene nada de excepcional, la radicalización que entrañan las rivalidades políticas acentúa las tensiones que origina. Frente a los montañeses y los sans-culottes, vinculados al Club de los Cordeleros, fundado en 1792, los girondinos, pese a ocupar el poder, pagan los platos rotos tras un enfrentamiento espectacular.

Lo ilustra el itinerario de Pache en el Ministerio de la Guerra. Sucede a Servan, que dimite el 25 de septiembre de 1792, tras haber creado un ejércitos de los Pirineos, que agrupa a sus amigos políticos, los girondinos. Estos colocan a Pache en el Ministerio de la Guerra para que haga de contrapeso al Comité de la Guerra constituido por la Convención. Sin embargo, Pache posee redes de influencia poco conocidas pero muy extensas, que incluyen desde miembros de la Comuna, como Hébert y Vincent, que entran entonces en el ministerio, hasta negociantes suizos implicados en dudosas operaciones denunciadas por generales como Dumouriez. ¿Acaso Pache también está vinculado a Jarjayes, un contrarrevolucionario que intenta ayudar a la reina a fugarse de Francia? Sea como fuere, a partir de noviembre de 1792 los proveedores designados por Vincent son acusados de especulación, lo que provoca un escándalo nacional. Dumouriez denuncia la mala calidad del avituallamiento de sus tropas, a la que culpa del fracaso de su ofensiva; por su parte, Cambon cifra los gastos del ejército en 198, 148 y 122 millones en los últimos tres meses, respectivamente.

Aunque corren rumores de que los marselleses van a echar a los girondinos del poder, en diciembre de 1792 estos crean el Comité de Defensa Nacional, que empieza a funcionar a partir de enero de 1793. Entretanto, sustituyen a Pache, que en adelante se acercará a la Montaña, por Beurnonville, que se revelará sometido a Pache y Vincent, mientras los amigos de Clavière, entre ellos su socio Bidermann, un banquero genovés, y Max Berr, un judío de Estrasburgo, entran en el Comité. Reina la confusión ya que los grupos rivales elaboran estrategias complicadas y tantean compromisos que jamás llegan a estabilizarse. Los girondinos y los montañeses tratan de garantizar el control de la Convención sobre los ministros, recelando de las iniciativas sans-culottes, que entran en las administraciones militares, mientras la Comuna sigue temiendo que los federados, que al comienzo eran cercanos a los girondinos, abandonen sus posturas radicales.

La victoria de Dumouriez en Jemmapes, el 6 de noviembre de 1792, que constituye la primera gran victoria de la República, debería haber afianzado la hegemonía de los girondinos, pero en ese clima de conflictos generalizados, el general Dumouriez hace una política personal por su lado. Con Luckner, intenta disociar a los prusianos de los austríacos, como había hecho al día siguiente de la victoria de Valmy, mientras trata directamente con los proveedores de los ejércitos, puenteando el ministerio de Pache. Por otra parte, se esfuerza por ser popular en las provincias belgas que ha liberado y conquistado a la vez. Esas decisiones se oponen frontalmente al programa de los girondinos, que desean constituir un «cinturón de repúblicas» alrededor de Francia y que, el 19 de noviembre de 1792, proclaman que Francia ayudará a todos los pueblos que quieran recuperar su libertad. La Convención difiere: el 15 de diciembre de 1792, Cambon hace votar los principios de una administración revolucionaria fundada en la aplicación de las leyes francesas, la requisa de los bienes de los oponentes y la introducción de impuestos revolucionarios en todos los países que conquiste Francia. La guerra debe alimentar la guerra y beneficiar a Francia, protegida por los territorios adquiridos hasta sus «fronteras naturales». Esa inflexión pone a Dumouriez en entredicho.

El proceso del rey y jaque a la Montaña

La división entre los girondinos y los montañeses cristaliza en ese preciso momento, aunque fuera de la Asamblea no sea perceptible y dentro de la Convención las delimitaciones continúen siendo vagas. Las palabras remiten más a tendencias que a partidos, que no existen. Las tentativas de considerar a los primeros los representantes de la burguesía negociante y liberal, y a los segundos miembros de la pequeña burguesía, con tendencias estatales, se deben más a las discusiones historiográficas que a la realidad y la complejidad histórica. Ni los girondinos ni los montañeses desean la dictadura ni la democracia directa; coinciden en la libertad de comercio y el respeto a la propiedad.

Su oposición se manifiesta a propósito del vínculo entre la economía y la política. Los girondinos defienden la autonomía de los dos ámbitos, mientras que los montañeses consideran que la política exige intervenir en la economía. El 8 de diciembre de 1792, los girondinos, liberales en el interior de las fronteras y proteccionistas fuera, restablecen la libertad de los cereales y mantienen el rumbo a pesar del motín de los «grabadores de impuestos», que vuelve a extenderse en Sarthe. Preocupados por la eficacia, no desean fijar el valor de la moneda al margen del peso en plata de cada pieza. Los montañeses quieren reducir la circulación de monedas y controlar la venta de los bienes nacionales. Su postura no se entiende bien, ya que recusan tanto el liberalismo fisiócrata como una reglamentación estatal de la economía. Añadámosle que, al igual que los cabecillas sans-culottes colocados en el Ministerio de la Guerra, poseen sus propias redes de banqueros y proveedores, lo que les aleja de las preocupaciones inmediatas de las clases populares y las autoridades locales.

La divergencia se complica ya que los girondinos se declaran enemigos de Danton. Este, sustituido en el Ministerio de Justicia por Garat, en octubre de 1792 es perseguido por gastos ilegales e injustificados, pero la Comuna y los jacobinos le defienden. Además, los girondinos acusan a Marat y Robespierre de querer instaurar una dictadura; estos reciben violentas respuestas; el primero se erige en héroe desafortunado de la Revolución Francesa, y el segundo en defensor del patriotismo y las matanzas de septiembre de 1792. En octubre de 1792, los girondinos imponen con grandes dificultades a su candidato a la alcaldía de París, Chambon, tras enfrentarse al movimiento sans-culotte, que ha movilizado a casi la mitad de las secciones parisinas con la intención de organizar elecciones públicas a mano alzada. Aunque no lo logran, sí consiguen suprimir la Comuna insurreccional, que se ha ido vaciando de sus militantes, lo que otorga a la Convención un poder que hasta entonces no había tenido.

Sin embargo, las rivalidades no han desaparecido y se aprovechan de cualquier torpeza. El 20 de noviembre de 1792, el descubrimiento del «armario de hierro» en una pared del castillo de las Tullerías pone en tela de juicio a los girondinos. Aunque estos habían creado una comisión de veinticuatro miembros a fin de controlar las acusaciones de la Comuna contra el rey, las cartas halladas en el armario demuestran las maniobras de corrupción, así como las traiciones de Luis XVI y la corte, pero también la implicación de revolucionarios como Mirabeau, cuyas cenizas se retiran enseguida del Panteón. El ministro Roland entrega los documentos hallados en el «armario de hierro» a la Convención, pero como ha procedido a la apertura y la selección de dossieres sin testigos, es acusado de haberse apropiado de documentos que habrían podido perjudicar a sus amigos, es decir, a Danton. La autoridad de los girondinos se erosiona en el interior de la Convención, que cada vez controlan con más dificultad.

El proceso del rey, que se ha vuelto inevitable, se abre el 11 de diciembre de 1792 ante la Convención, erigida en tribunal. El procedimiento es absolutamente inusitado; el ejemplo del juicio y la ejecución del rey de Inglaterra Carlos I no tiene nada que ver con ese procedimiento escrupulosamente inscrito en el respeto a las reglas jurídicas. La diferencia se acentúa por el hecho de que Luis XVI acepte comparecer y reconocer la legitimidad de los jueces ante los cuales sus abogados defienden su inviolabilidad jurídica y, a continuación, su inocencia. El rey tan solo rechaza ser nombrado por el patronímico Capeto. Así, pues, el proceso tiene lugar en el marco de la Constitución de 1791, que imposibilita condenar al soberano sin proceso. Se trata de un reto considerable, ya que Robespierre y Saint-Just, que insisten en los principios de la Revolución Francesa, consideran que el rey, por su función y sus traiciones, se ha situado fuera de la ley común de la humanidad, lo que justifica su ejecución sin proceso alguno. A pesar del efecto que causan en la opinión pública las tajantes fórmulas de los dos oradores, y del eco que sigue dándoles la historiografía, lo cierto es que la mayoría de los diputados, que respetan las leyes legales, no los secundan. Ello no impide que la aspereza de sus discursos —«no se reina impunemente»— tiña todos los debates, inscribiéndolos en un horizonte político radical que los girondinos no pueden pasar por alto.

En primer lugar, el procedimiento anula la inviolabilidad que se había concedido al rey en 1791. No se le persigue por simple venganza, y se respetan explícitamente sus derechos en cuanto que ciudadano. Las pruebas de su traición resultan irrefutables. Los girondinos se cuestionan la legitimidad misma de la Convención y proponen apelar «al pueblo» a fin de decidir la suerte del rey; por su parte, los montañeses subrayan los riesgos de semejante movilización de las asambleas primarias, siendo tan viva la competencia entre las instituciones, y consideran que se trata de una maniobra dilatoria. En efecto, el «encanto realista» no se ha quebrado en Francia: la Convención ha sido elegida únicamente por una minoría de electores, y el «pueblo» revolucionario tan solo tiene legitimidad desde el golpe de fuerza del 10 de agosto de 1792. Aunque la culpabilidad del rey es votada casi por unanimidad, la apelación al pueblo es rechazada por una inmensa mayoría, lo que supone un verdadero desaire a los girondinos, que les costará muy caro. La elección de la pena del rey vuelve a dividir la asamblea.

Después de la votación iniciada el 16 de enero de 1793, trescientos ochenta y siete diputados se decantan por la muerte del rey y trescientos treinta y cuatro por el destierro o la muerte condicionales. Tras el recuento y los cambios de votos, las cifras se establecen en trescientos sesenta y seis contra trescientos cincuenta y cinco. Como los diputados habían decidido por anticipado ceñirse a la mayoría simple, la condena es irrevocable: la mayoría, cifrada en los dos tercios, podría haber encarcelado o desterrado al rey. La historiografía siempre insiste en la leyenda del reparto idéntico de los votos, desempatado por un voto —que la tradición atribuye al duque de Orleans, rebautizado Philippe-Igualdad—, pero no es sino un artificio de cálculo, tanto más cuanto que la votación, el 18 de enero de 1793, por trescientos ochenta votos contra trescientos diez descarta la condena condicional por una mayoría reforzada. ¿Acaso conviene invocar el miedo para explicar que los diputados se decanten por la muerte o se ausenten? A pesar de la presión del público, concentrado en la entrada de la sala de la Convención, la mitad de los diputados expresa su rechazo a la pena capital, cosa que los estigmatizará, ya que los partidarios de apelar al pueblo serán calificados de «apelantes» antes de ser tachados de contrarrevolucionarios en marzo de 1793.

La muerte del rey, jaque a los girondinos

El 21 de enero de 1793, Luis XVI es ejecutado ante una nutrida muchedumbre en la plaza de la Revolución, frente al palacio de las Tullerías, con el cadalso protegido por una numerosa tropa. Las reacciones que temían los revolucionarios se revelan débiles. Desde luego, algunos partidarios de la monarquía se manifiestan en algunas ciudades, como en Rouen, donde son reprimidos. (El barón de Batz fantaseaba con secuestrar al rey). Como represalia, uno de los miembros de la Convención, Le Peletier de Saint-Fargeau, es asesinado por un guardaespaldas del rey. Los espectadores bailan al pie del cadalso, de alegría o fascinados, y algunos de ellos se apoderan de la sangre real que impregna unas telas. Las precauciones que se toman enseguida para hacer desaparecer los restos mortales del rey y prohibir cualquier peregrinaje —en vano— revelan la inquietud de las autoridades frente a la eficacia de su acto. A todas luces, la desacralización del cuerpo del rey no está tan asegurada como se pretende. El principio de la realeza tampoco está irremediablemente abolido. El 21 de enero de 1793, María Antonieta se arrodilla ante su hijo, convertido en rey y reconocido por los contrarrevolucionarios del interior del país y de fuera de las fronteras. El conde de Provenza se proclama regente del reino. Tras la muerte del delfín se convertirá en Luis XVIII, aunque sin obtener el apoyo de los otros monarcas. La monarquía, tal y como se había vuelto, está muerta, pero no es el caso de la realeza. Incluso cabe pensar que la dignidad de rey sale reforzada del «martirio» de Luis XVI, ya que su muerte hace olvidar sus errores políticos y la lenta degradación de la imagen real desde la década de 1770.

Aunque fuera de Francia la ejecución del rey se perciba como la confirmación de la barbarie francesa, que justifica la reanudación de la guerra, en realidad el proceso no trastoca de manera inédita a Europa, acostumbrada desde hace siglos al derrocamiento de los soberanos. El proceso tampoco es un paso hacia el Terror, no más que «el asesinato público de un hombre débil y bueno», como escribe Camus en 1966. Se trata de un acto político y jurídico aplicado a un hombre de Estado por otros hombres de Estado. Sin embargo, cabe recordar la crítica propiamente jurídica de la ejecución que formula Kant. Considera que divide al «soberano» contra sí mismo y hace depender la obediencia civil de la opinión de los ciudadanos, lo que abre la vía de la violencia de las facciones. Aunque Francia da un gran paso hacia la democracia, la ejecución del rey no juega demasiado a favor de la estabilidad de las instituciones.

El saldo político resulta difícil de establecer al margen de las lecturas añadidas enseguida por las controversias políticas e historiográficas. El formalismo impuesto por los girondinos prevalece sobre el castigo ejemplar e inmediato que reclamaba Saint-Just. Los girondinos imponen una lectura legalista del acontecimiento, pero fracasan a la hora de convertir su opinión en hegemónica. Al final los girondinos no logran imponerse táctica e institucionalmente. Su apelación al pueblo se vuelve contra ellos, aunque «la autoridad mágica» concedida al rey se basa en otras entidades, sea el pueblo o la nación, que transforman la «servidumbre política» sin abolirla. Robespierre y Saint-Just, por una parte, y los espectadores que empapan pañuelos en la sangre del rey, por otra, identifican la ejecución con la fundación de una nueva sociedad. Para muchos, la ejecución del rey significa separar la República de la monarquía, como escribe Lequinio, un miembro de la Convención, así como el medio de «devolver a la tierra a todas esas momias». El fantasma del doble cuerpo del rey volverá a aparecer incluso en junio y julio de 1794 en las discusiones partidistas, antes de acosar toda la historiografía francesa durante los siglos venideros. La fiesta que se organiza el 24 de enero de 1793 alrededor del cadáver de Le Peletier, asesinado por haber votado la muerte del rey, acentúa el peso que toman los montañeses. David organiza una puesta en escena en torno a los ropajes ensangrentados que acentúa la emoción de los espectadores y prohíbe cualquier moderación. El 21 de enero de 1793 los girondinos están vencidos por completo.

Sin embargo, a corto plazo conservan mal que bien el control del país, a pesar de que el 21 de enero de 1793, precisamente, la Oficina del Espíritu Público que dirige Roland sea abrogada por la Convención. Roland no ha sabido controlar a sus agentes, y estos no han sabido conciliar la mejora del espíritu público con la expectativa de un destino mejor y la aniquilación de los contrarrevolucionarios. En febrero de 1793, los girondinos pierden, además, el control de la alcaldía de París y la asamblea del departamento, en beneficio de los montañeses. No obstante, todavía bajo su control la Asamblea hace una consulta a propósito de qué Constitución dar al país. Es verdad que las realidades son muy complejas. Garat, que llega al Ministerio del Interior, de hecho prolonga la política de Roland al crear una policía secreta que delega en «observadores» para apreciar el espíritu público. En cuanto al nuevo alcalde, Pache, antiguo ministro girondino que a partir de entonces cuenta con el apoyo de los cordeleros y los montañeses, posee una personalidad enigmática, que hace difícil dilucidar su papel en la caída de los girondinos algunos meses más tarde.

Aunque se pueda decir, de manera legítima en muchos aspectos, que el trono está vacío a partir de enero de 1793 y que la condena del rey polariza los debates durante un tiempo, es exagerado convertirlo en el punto ciego de la Revolución Francesa y la democracia. Desde 1791, al menos, el trono pierde su eficacia; ya no representa una verdadera apuesta entre los bandos que se enfrentan para controlar las múltiples instituciones del Estado, que ya no actúan en nombre de un único soberano. El innegable vacío que reina a partir de entonces está ligado a la indecisión continua de las reglas políticas, sometidas a las relaciones de fuerza, los efectos de la propaganda y las exigencias de la guerra.

Los malentendidos de la expansión

La muerte del rey coincide con la mutación de la guerra. Francia se abalanza en una expansión que no puede sino contrariar a sus vecinos. A la anexión de Bélgica, ratificada ciudad a ciudad, le sigue la de Saboya, legitimada por las reivindicaciones manifestadas por un club que se supone que expresa los deseos de la nación saboyana. El mismo procedimiento servirá para anexionar Niza, luego Maguncia, en la ribera del Rin, y por último el obispado de Basilea, que se convierte en el departamento del Monte-Terrible, donde algunas minorías aclaman el éxito de los ejércitos revolucionarios. Inglaterra y los Estados alemanes, que permanecen neutrales, se asustan. El 1 de febrero de 1793, siguiendo la propuesta de Brissot, la Convención declara la guerra a Inglaterra y Holanda, y luego a España, Portugal y los estados italianos. Aunque anteriormente no existía ninguna unidad entre los soberanos europeos, en 1793 vuelven las tornas. Desaparecen los vivos rencores entre el rey inglés Jorge III y la zarina Catalina II, originados durante la guerra contra los «insurgentes» americanos. (Rusia no figura entre los beligerantes, pero apoya a los contrarrevolucionarios). Sin embargo, no habrá una «cruzada», como deseaba Burke, a pesar de que Francia se encuentra sola contra toda Europa —salvo los cantones suizos y los estados escandinavos.

Es considerable el desequilibrio de fuerzas, agravado por el miedo, e incluso la repulsión, que inspira Francia. En todos los países, ciertos «patriotas» organizan movimientos de opinión, e incluso levantamientos sofocados a veces con una violencia extrema por los gobiernos, inquietos por la presencia de traidores potenciales. Los «jacobinos», como los llaman, están acorralados. Frente a ellos nacen corrientes de opinión hostiles a la Revolución Francesa por razones ideológicas y religiosas. En Inglaterra, el gobierno crea la Alien Office, encargada de vigilar a los grupos revolucionarios, infiltrándose en ellos. En Roma, el 13 de enero de 1793 Bassville, un diplomático francés, es asesinado durante un motín católico y antisemita frente a la embajada de Francia, convirtiéndose en un mártir republicano.

En la Alemania renana, la ocupación provoca más resignación y descontento que adhesión. La proclamación del 19 de noviembre de 1792, que asusta sobremanera a los soberanos extranjeros, da esperanzas a los radicales europeos, a quienes enseguida decepcionan las tropas francesas, preocupadas únicamente por ocupar un territorio. La república de Maguncia, apoyada por una minoría de «patriotas», evoluciona muy deprisa bajo el efecto de las amenazas, así como de las lógicas inherentes al ejército de ocupación respecto a un régimen apremiante, contrario al ideal proclamado de liberar a los pueblos. En el departamento del Monte-Terrible, la administración olvida que la anexión había sido aceptada por los habitantes, a quienes se había prometido respetar sus prácticas religiosas. Incluso en Francia, los «patriotas» de las Provincias Unidas pueden constituirse en legión «bátava» y prepararse para invadir Holanda, pues están sometidos a las exigencias nacionales francesas, que rechazarán los años siguientes. El cosmopolitismo manifiesto, pues, no ha acabado con las reacciones xenófobas.

Todo ello explica que los progresos franceses marquen el paso, tanto más cuanto que los éxitos anteriores no se han explotado lo suficiente. Cuando las tropas de Custine entran en el Palatinado, no dispersan a los emigrados de Coblenza, hecho que ilustra la falta de coordinación que existe entre los generales, perceptible en el conjunto del ejército, así como las discordancias políticas a propósito de los objetivos de la guerra.

La guerra y la razón de estado

Las dificultades también están ligadas a la presencia de voluntarios en el ejército. La mayoría de ellos únicamente se enrolan para una campaña, de ahí que su partida vaya aminorando los efectivos. Ante la urgencia, el 24 de febrero de 1793, por impulso de Dubois-Crancé, la Convención decide practicar «la amalgama», mezclando voluntarios y tropas de línea en «semibrigadas». La medida confiere a las tropas el estatuto y la soldada de los voluntarios, con lo que se suprime una de las causas de fricción. A decir verdad, aunque prevalezca el vocablo «amalgama», se trata de un simple «enrolamiento» para evitar precisamente que los soldados procedentes de la línea, la guardia nacional o las levas escalonadas desde 1791 se sientan confusos en unidades nuevas, sin historia ni tradición. El potencial propiamente revolucionario de los cuerpos de voluntarios se disuelve en la integración en el ejército, convertido en la encarnación de la nación y el Estados, que forman una unión indisociable. Así, el nombramiento de oficiales entremezcla la elección y la cooptación, que, de hecho, dejan los grados más elevados bajo el control del gobierno. Las divergencias ideológicas de los distintos cuerpos y el escaso respeto a la disciplina continúan siendo las debilidades del ejército francés.

Al mismo tiempo, se decide reclutar a trescientos mil hombres. Cada departamento y cada distrito deben nombrar o elegir un cupo de hombres, de entre dieciocho y cuarenta años, solteros o viudos, pertrecharlos y enviarlos a las fronteras urgentemente. No se trata de algo comparable al reclutamiento de 1789 ni a la movilización general del país de agosto de 1793. Ante la ausencia de voluntarios, la Convención delega a las asambleas municipales la tarea de elegir a los soldados, cosa que abre la puerta a todos los conflictos posibles. Esa leva prolonga la manera de constituir milicias de la monarquía, pero conjugándola con las nuevas apuestas políticas. Ya antes de 1789, semejante medida acarreaba resistencias, que en 1793 se convierten de inmediato en manifestaciones contrarrevolucionarias. A finales del verano de 1793, tan solo alrededor de cien mil hombres se han incorporado a un regimiento. La petición es relativamente bien aceptada en el norte del país —aunque estallen motines locales—, peor aceptada en el sur de Francia y muy mal aceptada en el oeste, en Orleans y Tournai, Côte-d’Or, Puy-de-Dôme y Alsacia… Entre el 7 y el 11 de marzo de 1793, estallan revueltas en numerosos lugares, hasta tal punto que Nantes se encuentra literalmente rodeada durante varios días por bandas armadas procedentes del norte y el sur del Loira.

Precisamente entonces París se entera de que los ejércitos de Dumouriez han sido rodeados por el enemigo en Bélgica, y que las tropas austríacas y prusianas se disponen a entrar de nuevo en Francia. Ante esos peligros, Robespierre y Barère reaccionan con un vigor del que carecen los girondinos, acusados de haber facilitado la derrota militar. El rigor se vuelve aún más necesario en la medida en que en París, a finales de febrero y comienzos de marzo de 1793, se suceden los motines populares. Las mujeres, seguidas por los hombres, saquean a los vendedores de jabón y azúcar, mientras las secciones adoptan una postura hostil a la Convención e incluso a la Comuna, contra la que se forman comités de vigilancia, reagrupados en el Comité Central de Salvación Pública. La maniobra cuenta con el apoyo de Jacques Roux, alrededor del cual se unirá la franja radical de los sans-culottes, confiriendo así un nuevo significado a esa palabra, empleada desde 1789. Roux abandera reivindicaciones inmediatas que ponen en entredicho la política impregnada de moral de los montañeses. Por su parte, Robespierre interpreta todos esos acontecimientos como amenazas contrarrevolucionarias y se niega a concederles la más mínima legitimidad. La urgencia política lleva a alejarse de esas cuestiones secundarias o instrumentalizarlas.

Esos días en que los desastres se atribuyen a las traiciones, un Comité Central creado en el Club de los Jacobinos a fin de purgar la Convención de los girondinos prepara una insurrección, prevista para la noche del 8 al 9 de marzo de 1793. Tan solo tres o cuatro secciones responden al llamamiento; se reagrupan frente a la Convención en una manifestación contenida sin dificultad alguna. La Convención aprovecha la oportunidad para crear un tribunal extraordinario, respondiendo a una petición que circula desde hace varios días. A pesar de la oposición de los girondinos, se acepta el principio del tribunal «para juzgar a los conspiradores», una decisión saludada por Chaumette en nombre de la Comuna. Al mismo tiempo, los diputados decretan el envío en misión de ochenta y dos diputados, en su mayoría montañeses, a fin de hacer aplicar las leyes en los departamentos. Durante el atardecer y la noche del 8 al 9 de marzo de 1793, unos motines, condenados por la Comuna, destrozan las imprentas de los periódicos girondinos; el día 10 los motines se prolongan con otra tentativa insurreccional apoyada por algunas secciones y los airados, así como por Fournier y Varlet.

A falta de apoyo de los montañeses y ante la llegada de voluntarios de Brest, los amotinados se dispersan. Los girondinos modifican el proyecto del Tribunal Revolucionario, que a partir de entonces está destinado a castigar «cualquier empresa contrarrevolucionaria», una fórmula muy amplia, es cierto, pero menos imprecisa que la que perseguía a los traidores. Además, el Tribunal, que depende de la Convención y está dotado de jurados, juzga los dossieres que transmite una comisión que anteriormente se encarga de examinar todos los documentos. El 15 de marzo de 1793, se elige a los seis miembros de la comisión entre los girondinos. Su inactividad, a todas luces deliberada, retrasa el funcionamiento del Tribunal Revolucionario durante varios meses.

Los girondinos, pues, logran controlar in extremis una máquina lanzada contra ellos. Evitan que se convierta en un instrumento de venganza o que se escape al poder del Estado. Ello no impide que deban asumir su dirección.

Sin embargo, existen organismos de represión al margen de ese tribunal: basta con que Danton proponga, al hilo de un discurso, el 27 de marzo de 1793, que cualquier persona que desee la contrarrevolución sea situada fuera de la ley para que un secretario de la Asamblea envíe una copia del discurso, que pase como decreto y se aplique enseguida en todas partes. Otra pieza del dispositivo revelará más tarde sus potenciales: el 21 de marzo de 1793, la Convención crea los Comités de Vigilancia, cuyos miembros son elegidos por los ciudadanos, ni nobles ni refractarios, y se confiere autonomía y reconocimiento a las iniciativas políticas locales surgidas fuera de los clubes. Paradójicamente, ese peso del localismo se acentúa con los representantes en misión, que, a mediados de mayo de 1793, están muy implicados en los conflictos de los departamentos adonde los han enviado, ya que a menudo son sus electos. La división entre el Estado central y las provincias moderadas y descentralistas no influye en absoluto. De repente, las elecciones locales se convierten en apuestas considerables, que, de hecho, socavan el control de las élites de la Asamblea, en ese caso girondinas —cosa que puede resultar sorprendente, teniendo en cuenta las ideas recibidas sobre el centralismo parisino—, y anuncian derivas «federalistas» o «terroristas».

«Habéis creado la Vendée…»

Los girondinos se enfrentan a enemigos políticos decididos, pero que todavía no están cohesionados. La política sigue andando con rodeos, como atestigua la votación de dos leyes de excepción el 18 y el 19 de marzo de 1793. La primera decreta la pena de muerte para todos los partidarios de la «ley agraria», es decir, la extrema izquierda, cuyas peticiones de reparto de las propiedades corren el riesgo de poner trabas al abastecimiento de las ciudades y las tropas. Al mismo tiempo, circunscribe la comunidad revolucionaria, excluyendo a los ultrarrevolucionarios. La segunda votación, al día siguiente, ordena que cualquier persona a quien se encuentre con armas o una escarapela blanca sea juzgada y ejecutada en un plazo máximo de veinticuatro horas. El segundo decreto, que durante mucho tiempo la historiografía apenas ha tenido en cuenta, se convierte en un elemento de bisagra. No se trata de comprenderlo como el mero paralelismo del decreto anterior, ya que el decreto del 19 de marzo de 1793, relativo a la contrarrevolución, se adopta ante las amenazas concretas que representan los levantamientos bretones. Su justificación radica en la voluntad de no tomar «medias medidas» y la denuncia larvada de los contrarrevolucionario ocultos en la Asamblea.

En ese debate, se acusa a los girondinos de moderantismo, antes de echarles la culpa, por debilidad, de la «guerra de la Vendée y los departamentos circundantes» durante los días siguientes. La Convención se entera de que Dumouriez ha sido derrotado en Neerwinden el 16 de marzo de 1793 y en Lovaina el día 21, y que el 19 de marzo de 1793 un ejército enviado desde La Rochelle es vencido por unos «bandidos» en el departamento de la Vendée. El general que estaba al mando de los soldados derrotados había estado a las órdenes de Dumouriez. Su derrota parece incomprensible: en todos los demás lugares, en Alsacia, el Finisterre francés o el Loira Atlántico, se sofocan las revueltas. A ojos de los representantes en misión, unos diputados montañeses que presencian el combate, se trata de un complot. La sospecha se confirma cuando, unos días más tarde, Dumouriez traiciona a Francia. Estando en Bélgica, entabla negociaciones con los austríacos y considera la posibilidad de dispersar la Convención. Como su tentativa de golpe de Estado se malogra de repente, el 5 de abril de 1793 Dumouriez pasa a la contrarrevolución, entregando al enemigo al ministro de Guerra, Beurnonville, y a enviados de París presentes en el frente.

No es necesario retomar aquí los distintos análisis de la guerra de la Vendée para subrayar hasta qué punto le da sentido la conjunción de esos elementos. Lo que no era más que la victoria inesperada de un bando armado sobre una tropa de línea mal dirigida, que, al desbandarse, provoca un pánico regional, entrega una región a un conjunto dispar de insurgentes que se convierten, así, involuntariamente, en los enemigos públicos «número uno» de la República. Bajo el efecto de los discursos inflamados de los miembros de la Convención, la «Vendée» se convierte en una realidad regional.

En el espacio de algunas semanas, toda Francia es movilizada. Se destacan tropas de todo el país contra la Vendée. La agrupación de tropas distintas en cuanto a formación e ideología, divididas por rivalidades, debilitadas por la mediocridad y la costumbre frecuente de saquear y violar, provoca una sucesión de derrotas, cuyas causas siguen negándose. Algunas tropas bien dirigidas, entre ellas las de voluntarios de Burdeos, políticamente afines a los girondinos y respetuosos con la disciplina, son la excepción. Las lógicas de la guerra y la política, pues, transforman una coincidencia en un destino, y la Vendée se convierte en el absceso contrarrevolucionario de Francia. No se trata de una invención radical: en 1792, unos informes ya denunciaban las procesiones clandestinas y las actividades contrarrevolucionarias de los refractarios. El «pueblo» que se subleva es tachado de contrarrevolucionario; pese a todo, aún se considera «extraviado». Enseguida se calificará de «fanático».

La costumbre de considerar contrarrevolucionarios a los habitantes de la Vendée o la Bretaña hace olvidar que esos rebeldes plantean una dificultad teórica considerable. El hecho de recordar, como hace el miembro de la Convención Romme, que el derecho a la insurrección es sagrado obliga a distinguir entre la resistencia legítima y la revuelta inaceptable. Aunque frente a la insurrección «la ley se calla», los girondinos consideran que el derecho únicamente tiene sentido en una «sociedad libre» que excluya a los adversarios de la Revolución Francesa del ejercicio de ese derecho; los montañeses, más pragmáticos, condenan cualquier usurpación del poder por parte de una facción. No obstante, todos los diputados coinciden en la necesidad de controlar las intervenciones populares, una postura que anuncia la suspensión de la Constitución que tendrá lugar en diciembre de 1793. Por su parte, los sans-culottes están demasiado preocupados por sus rivalidades internas como para reivindicar cualquier autonomía.

Los debates se transforman con las noticias catastróficas que llegan de la región. Miles de republicanos huyen hacia las ciudades y Francia descubre con horror que en el sur de Nantes, en Machecoul, se ha producido una matanza de «patriotas». Los periódicos avanzan imprudentemente la cifra de ochocientas víctimas, y relatan escenas atroces, una exageración que la historiografía «republicana» repetirá durante largo tiempo. El 25 de marzo de 1793, la Convención decide discutir sobre la Vendée cada día a mediodía, e invoca la amenaza para crear una comisión de salvación pública —convertida por decreto, el 6 de abril de 1793, en el Comité de Salvación Pública— que sustituye al Comité de Defensa General, controlado por los girondinos. Danton y Barère son los hombres fuertes del nuevo comité, del que los girondinos no forman parte. Estos se encuentran en una posición cada vez más difícil, ya que los administradores departamentales del oeste de Francia, afines a ellos, son incapaces de hacer frente a las insurrecciones. Algunos administradores incluso aceptan dirigir la ciudad de Fontenay-le-Comte, que de forma provisional se encuentra bajo el mando de la Vendée. En ese clima, que recuerda al de septiembre de 1792, asesinan y desmiembran a unos sacerdotes refractarios en La Rochelle. Mientras los campesinos bretones, alsacianos o del Macizo Central son reprimidos con fuerza, la Vendée resulta un enigma, ya que sus soldados, en su mayoría campesinos mal pertrechados, logran rechazar los ejércitos que envían contra ellos y conquistar ciudades republicanas, como Saumur, Angers y Fontenay-le-Comte.

Una región entera está gobernada por el «Consejo Superior» de Châtillon, en nombre de Luis XVII, y se agrupa al ejército, mal que bien, bajo la autoridad del generalísimo Cathelineau. Los insurgentes establecen una administración, vuelven a abrir las iglesias y utilizan una moneda propia, aseguran el avituallamiento de las tropas permanentes, encarcelan a los «Azules» y envían emisarios a los príncipes. Aunque su fuerza militar es real, está limitada por la reticencia de los soldados ocasionales a alejarse de su casa. La toma de las ciudades apenas dura unos días y la revuelta no se extiende; sin embargo, en abril y mayo de 1793, las comunidades realistas, en Loudun o cerca de Poitiers, esperan en vano poder sublevarse, pero enseguida hacen olvidar sus veleidades al constatar que la autoridad revolucionaria sigue en pie.

Así, la Vendée revela que en todo el país existen numerosos partidarios de la realeza, o al menos de una Francia monárquica y católica. Más tarde se manifestarán en la Bretaña y el suroeste de Francia. Al mismo tiempo, la retirada de los ejércitos en las fronteras es general y aunque los franceses evitan el desmoronamiento, lo cierto es que se debe a las rivalidades entre los ingleses, los prusianos y los austríacos, que desean sacar provecho de la conquista de Francia. El 6 de abril de 1793, en la conferencia de Amberes, ante los ministros de los gobiernos europeos, lord Auckland declara en nombre de Inglaterra que «hay que reducir Francia a una verdadera nada política». El austríaco Mercy-Argenteau desea «aplastar Francia por medio del terror, exterminando a una gran porción de la parte activa y la casi totalidad de la parte dirigente de la nación». El ministro austríaco Thugut proyecta un reparto de los despojos: a Inglaterra le correspondería Dunkerque y las colonias; a Austria, Flandes y Artois; a Prusia, Alsacia y Lorena. Una variante consistiría en dar Alsacia y Lorena al duque de Baviera, a cambio de su ducado anexionado a Austria. Del mismo modo, en las Antillas, los ingleses y los españoles ansían Santo Domingo, olvidando los éxitos de las tropas revolucionarias, secundadas por los hombres libres de color y eventualmente los esclavos, tanto en el sur de Santo Domingo como en Martinica y Guadalupe.

Los girondinos en apuros

Sin embargo, la evolución de la guerra condena a los girondinos, que, más que los montañeses, están desbordados por los acontecimientos. El ministro de la Guerra, Beurnonville, capturado el 2 de abril de 1793 por Dumouriez, al que debía detener, es remplazado por Bouchotte, que se rodea de sans-culottes, entre ellos Ronsin, que se marcha a la Vendée, donde se convierte en general en tres días, o el inamovible Vincent, o Santerre y Rossignol, este último nombrado enseguida general al mando de los ejércitos del oeste de Francia. Esos militantes sans-culottes cuentan con el apoyo de la Comuna y las secciones que envían voluntarios, dotados de importantes soldadas. Así, el primero de mayo de 1793, doce mil hombres parten de París contra la Vendée. Todo ello acrecienta la competencia con los soldados de línea y sus oficiales, apoyados por Carnot, miembro de la Convención, o con los voluntarios girondinos o dantonistas. Los sans-culottes tienen la ventaja del número y la propaganda, ya que sus periódicos se envían a las tropas y sus consignas son simples. Reclaman un ejército revolucionario, impuestos y requisas, todo ello basado en una centralización del poder. No lograrán crear un ejército revolucionario —pues los montañeses se oponen—, pero sí que consiguen la inconvertibilidad del asignado y que empiecen a imponerse tasas, y, el 20 de mayo de 1793, la imposición de empréstitos a los ricos.

No se trata de una guerra «total», sino, a todas luces, de la politización de la guerra, como ilustra el enrolamiento de varias decenas de mujeres en las tropas, la reivindicación de las ciudadanas republicanas revolucionarias de poder participar en el esfuerzo de guerra y, sobre todo, la solicitud repetida de que se movilice a todo el país. El 21 de marzo de 1793, los extranjeros de los países beligerantes presentes en Francia empiezan a considerarse sospechosos si no están declarados, así como los ci-devant —una antigua expresión francesa que equivale a «ex» o «antiguo»— nobles y todos los sacerdotes. El 28 de marzo de 1793 todos los municipios deben elaborar una lista de los emigrados, desterrados a perpetuidad, cuyos bienes pasan a la República.

Se considera emigrado a cualquiera que haya abandonado Francia a partir del 1 de julio de 1789 y no pueda justificar su regreso antes del 9 de mayo de 1792. Cualquier emigrado que haya vuelto, sin distinción de sexo, debe enfrentarse a testigos, ser juzgado, condenado a muerte y ejecutado antes de veinticuatro horas. Los chicos de menos de catorce años y las chicas de menos de veintiuno deben ser deportados. Así, pues, la discusión de los últimos meses acaba considerando traidores a los emigrados y su grupo, hostil al pacto constitutivo de la nación. El emigrado se convierte en el «mal francés»; además, se debe desarmar a los nobles. Por último, el 10 de abril de 1793 se decide que las personas «incívicas» deben ser denunciadas, y se ofrecen cien libras a los delatores de sacerdotes refractarios. Estas medidas ponen fin a las indecisiones de las legislaciones anteriores y determinan las exclusiones, al definir qué es el «pueblo».

Con todo, las cosas no son tan sencillas, como demuestra la petición de los habitantes de Saint-Fargeau, en Yvonne, que protestan contra el desarme de la hija del mártir Le Peletier, convertida en la primera pupila de la nación. El 4 de mayo de 1793, la Convención decreta que se devuelva a la niña, noble, desde luego, pero que pertenece al «pueblo», las armas que posee —armas que, por lo demás, llevan sus criados—. La arbitrariedad rige de facto la aplicación de las medidas contra los nobles, perseguidos o protegidos en función de sus relaciones con la comunidad en la que viven. En ese sentido, aunque se ha insistido en el hecho de que se legalice el recurso a la denuncia, en realidad prolonga las prácticas judiciales de la monarquía, cuando los curas, sometidos a las autoridades, promulgaban «monitorios» que exigían a la población que denunciara a los culpables de un delito o un crimen, bajo pena de sanciones. La cuestión, pues, desborda cualquier marco jurídico: el pueblo, del que los sans-culottes y las secciones son la encarnación y la punta de lanza, se erige en juez de los traidores y en vengador del «pueblo extraviado». No cabe duda de que la situación es el resultado de la agitación creada por el Comité del Obispado, que se da a conocer el primero de abril de 1793, pero que desde marzo reúne a los cabecillas sans-culottes y cordeleros contra los girondinos, y que ejerce una presión continua en el conjunto de los diputados.

La actualidad resulta más desfavorable aún a los girondinos cuando el 5 de abril de 1793 llega a París la noticia de que Dumouriez ha pasado al enemigo. Ese día, los jacobinos invitan a las sociedades afiliadas a exigir a la Convención que destituya a los «apelantes», es decir, los diputados que querían apelar al pueblo en el proceso a Luis XVI y que a partir de entonces son considerados traidores de la nación. Esos hombres, entre los cuales hay muchos girondinos, ya habían sido excluidos de las comisiones entregadas a los representantes del pueblo. El contraataque de los girondinos abre una nueva crisis. El 12 de abril de 1793, Goudet denuncia la circular de los jacobinos y pide la detención de Marat, que es el presidente del club. Tras violentos debates, el día 13 la Convención acepta la petición. El 15 de abril de 1793, treinta y cinco secciones parisinas se manifiestan y piden que veintidós diputados sean destituidos. La Convención se solidariza y se niega. Los girondinos parecen entonces los dueños del país, pero el 24 de abril de 1793 el Tribunal Revolucionario absuelve a Marat, cosa que los recusa. Ese viraje provoca una nutrida manifestación de sans-culottes en París.

Ese mismo día, se presentan trescientos proyectos de Constitución a la Convención. De entre los más de cien que se conocen, casi todos plantean como principio la representación política y la división de poderes, oponiéndose así a los deseos de los sans-culottes. El conflicto entre los girondinos y los montañeses se despliega también en ese terreno particularmente complejo, en el que sus posturas a veces parecen contradictorias. Los girondinos desean una Constitución que impida cualquier «deriva»; por el contrario, los montañeses afirman que se conforman con creces con el estado de indecisión que reina en Francia al carecer de Constitución. Desde luego, el centralismo no es intrínsecamente montañés, ya que los girondinos también lo reivindican cuando les conviene. Por otra parte, los montañeses rechazan que se elija a los ministros por sufragio masculino directo y que se conceda el poder de censura a las asambleas primarias, ya que recelan de las secciones. Por ello, se apoyan en los jacobinos, a los que dominan y a los que no se consideran representantes de la soberanía popular frente a la soberanía nacional. Esa disposición no los pone en dificultades políticas, mientras que los sans-culottes siempre corren el riesgo de ser acusados de querer tomar el poder en nombre de una fracción de la nación, un crimen político capital, ya que atenta contra la unidad nacional.

En esas luchas a la vez brutales y sutiles, los girondinos, que creen que disponen de un capital político en las secciones de las ciudades de provincias, ¡tratan de privar a las secciones de París de la posibilidad de intervenir directamente en nombre del pueblo! Asimismo, vuelve a plantearse la cuestión del poder municipal desde esa perspectivas. Aunque desde agosto de 1792 los funcionarios municipales han visto como se ampliaba su poder, los girondinos dudan si reducir su autonomía, pero tratan de limitar el poder de los municipios urbanos mientras continúan apoyándose en los municipios rurales que aseguran el grueso del esfuerzo de guerra.

La caída de los girondinos

Cuando el 30 de abril de 1793, en una Carta a los partidarios, Pétion agita el fantasma de la ley agraria y, tras una manifestación de diez mil sans-culottes, llama a los moderados a retomar el control de las asambleas generales de sección, la iniciativa desencadena un golpe de fuerza. Entretanto, la Comuna prepara una insurrección, inspirándose en lo sucedido el 10 de agosto de 1792. Los rumores esparcen las intenciones de la Comuna, pero algunas ciudades, especialmente Burdeos y Marsella, anuncian su voluntad de no ceder «a los anarquistas», lo que atestigua la ruptura entre las autoridades departamentales y las minorías parisinas activistas. Por su parte, los montañeses y Pache hacen saber que ellos también se oponen a una nueva «matanza de San Bartolomé» de los girondinos. El 18 de mayo de 1793, el girondino Guadet lanza un ataque frontal. Solicita que la Convención anule la Comuna y la sustituya por delegados de las secciones, y que los suplentes de la Convención se reúnan en Bourges a fin de prevenir cualquier operación contra la representación nacional, y que las medidas se comuniquen a todo el país por medio de correos extraordinarios. Bourges no es particularmente girondina, pero su situación en el centro del país le confiere un aura protectora de la nación.

No se trata de establecer una nueva Asamblea, sino de proteger la República de los «desorganizadores» que privilegian las asambleas primarias en detrimento de la representación nacional. Ante una medida que pone en entredicho la existencia misma de la Convención, Barère y Cambon logran crear una comisión extraordinaria llamada de los Doce, cuya meta es golpear a «los exaltados y los aristócratas», un objetivo lo bastante amplio como para contentar a los girondinos, que esperan vengarse, y evitar enfrentarse de pleno con los montañeses, obligados a complacer a los sans-culottes, que desfilan por las calles desde el primero de mayo de 1793 reclamando medidas sociales. Así, pues, se logra evitar el enfrentamiento de manera provisional.

Como es lógico, en la siguiente votación, el 20 de mayo de 1793, se conceden los cargos de la comisión a los girondinos, que, durante la semana siguiente, tratan de controlar las secciones y el nombramiento del mando de la guardia nacional. Prohíben que la Comuna de París se comunique con otros municipios de Francia, lo que duplica la representación nacional. Por otra parte, hacen encarcelar a los cabecillas, Varlet y Hébert, que el 19 de mayo de 1793 habían evocado la idea de «septiembrizar» a los girondinos, así como a los miembros de las secciones opuestos a la inquisición de la Convención, como Dobsen, montañés y presidente de una sección. Una vez más, las corrientes políticas se vuelcan en la búsqueda de alianzas y legitimidad a fin de lograr el dominio de las instituciones y mandar a los vencidos al cadalso. El día 24 los girondinos salen vencedores de los enfrentamientos, y el 25 se pueden considerar los vencedores de ese pulso mortal. Sin embargo, ofenden a una parte de los miembros de la Convención al dejar entrever su intención de reducir la importancia política de París. El viraje que se produce el 27 de mayo de 1793 es limitado, ya que la mayoría de los diputados se pronuncian por poco a favor de mantener la comisión; sin embargo, a partir del 28 de mayo de 1793 el Comité del Obispado prepara un golpe de Estado contra los girondinos.

Durante los días siguientes, se incorporan al comité miembros del departamento, lo que refuerza la autoridad de esos electos que, en teoría, se han ganado a los girondinos contra la Comuna. El 31 de mayo de 1793, el ejército parisino, bajo el mando de Hanriot, rodea la Convención y logra el apoyo del departamento del Sena y de los montañeses, hecho que hace tambalear la mayoría de la Convención, que suprime la comisión y libera a los presos. El 2 de junio de 1793, el comité insurreccional, descontento por ese éxito a medias, vuelve a instar a la Asamblea a detener a treinta y uno de sus miembros, considerados girondinos. Hanriot, más próximo a Hébert y los cordeleros que a los «airados», pero que podría haber encarnado la unión de los hermanos enemigos, descarta cualquier compromiso. A todas luces, pillan desprevenidos al Comité de Salvación Pública y los montañeses, pero la maniobra no sorprende a nadie, ya que se enmarca en la sucesión de enfrentamientos que se prolongan desde hace meses.

Sin embargo, el acontecimiento resulta difícil de interpretar. Las secciones parisinas siguen divididas entre sí. Un núcleo duro particularmente convencido, en torno a los «airados» que, recurriendo a la violencia, reúnen a las secciones en el centro, sitúa a las secciones más moderadas ante el hecho consumado. La continuación de los acontecimientos es igual de confusa. Se deja a los presos girondinos bajo una escasa vigilancia. Los dos ministros, Clavière y Lebrun, incluso continúan ejerciendo sus funciones bajo la vigilancia de los gendarmes… Algunos presos se fugan, y tres logran escaparse. Los otros no son juzgados hasta octubre de 1793 por el Tribunal Revolucionario, bajo la presión renovada de los seguidores de Hébert. Es entonces cuando se desata la tragedia, ya que los presos se suicidan o son asesinados con brutalidad, hecho que otorga una consistencia política a un grupo cuya existencia continúa discutiéndose. Además, setenta y tres diputados que protestan por los sucesos del 2 de junio de 1793 son encarcelados, pero jamás se les juzga, ya que están protegidos de facto por Robespierre, antes de que recuperen su escaño de diputados tras el 9 de termidor. No obstante, el 2 de junio de 1793 el equilibrio de la Convención pasa de la alianza entre la Llanura —el grupo más moderado— y los girondinos a la alianza entre la Llanura y los montañeses.

La invención de los girondinos

Esta terminología, habitual e inevitable, plantea problemas, ya que incluso para los contemporáneos designa a conjuntos vagos. ¿Quiénes son los girondinos? Si se compilan los habilidosos cálculos que se contradicen entre sí, hay sesenta y seis «verdaderos» girondinos, incluso sesenta —¡o cincuenta y ocho!—, y ciento treinta y siete o ciento cuarenta y dos en total, o ciento setenta y ocho en la Convención. Subrayemos que a los no «verdaderos» no se los nombra. Frente a ellos, ¿hay trescientos dos «montañeses» —en un sentido amplio— o doscientos quince «verdaderos», incluso doscientos sesenta y seis? En cualquier caso, la historiografía coincide en que a comienzos de 1793 los doscientos o doscientos cincuenta diputados «de la Llanura» apoyan a los girondinos, antes de ponerse de parte de los montañeses, que ya son más numerosos que sus adversarios, sean cuales sean los cálculos. La elección de un presidente montañés la víspera de la insurrección del 31 de mayo de 1793 indica a las claras ese desplazamiento de la mayoría hacia la Montaña. Esas discusiones bizantinas subrayan la complejidad de las posturas políticas de los diputados y su evolución al hilo de las alianzas y las circunstancias, sin que exista ningún «partido». Los «girondinos», pues, no son más que un nombre habitual que reúne mal que bien a hombres próximos a Buzot, Brissot y Roland, todos ellos unidos en un vocablo que Lamartine convierte en definitivo en su Historia de los girondinos, publicada en 1847.

Sin recusar la designación, que resulta necesaria a fin de escribir la historia, recordemos que en primavera de 1793 los detenidos por órdenes de los sans-culottes ya no forman un bloque, como en 1792. Hasta marzo o abril de 1793, todos esos girondinos encarnan cierta orientación de la Convención, que vacila respecto al destino del rey y es hostil a Marat y los sans-culottes. Por otra parte, esos girondinos se muestran preocupados por las formas de la legalidad, confiados en la representación política, ligados a su poder centralizado, convencidos de la defensa de los derechos naturales que protegen a las personas y reticentes a la expresión de una voluntad general, esté abanderada por una comunidad o un cuerpo constituido. Esa orientación los opone a los montañeses y a la cultura de los sans-culottes, que aseguran que los representantes, los «legisladores», pueden encarnar la voluntad nacional, que se confunde en ellos con la legitimidad nacional.

Se dibujan dos polos: por una parte, el «político», al que se incorporan los hombres y, en el transcurso de sus debates, elaboran las decisiones tomadas por mayorías fluctuantes, y, por otra parte, el polo de la «antipolítica» o «el iliberalismo», representado por aquellos que piensan que sus actos, tomados en su conjunto, corresponden al interés superior del país y la Revolución Francesa. Es comprensible, pues, que los primeros, los girondinos, acusen regularmente a los segundos, los montañeses, de querer instaurar la «dictadura», y, además, de ser merecedores de la acusación de ser «federalistas» al aceptar que las asambleas puedan ser soberanas a pesar de la «voluntad general». En ese complicado debate, cuyos datos fluctúan con el transcurso del tiempo, reducido a veces a unas cuantas semanas, resultaría equivocado querer identificar con precisión un grupo con una postura. Aunque los girondinos se alinean más con el lado político, a todos los diputados les tienta el «iliberalismo», que aparece como un espacio de unanimidad, inscrito en un universo moral virtuoso. La dificultad de clasificar a los diputados merece un comentario. Las designaciones fluctúan, dependen de un momento particular, jamás son precisas ni definitivas, sino siempre susceptibles de cambiar, lo que explica que las agregaciones que recogen los relatos historiográficos representen de forma desigual las múltiples realidades locales, así como las sucesivas mutaciones de los actores. Además, esas etiquetas —montañeses, girondinos, sans-culottes, etc.— se emplean a menudo para estigmatizar a los adversarios aprovechando la ocasión, lo que obliga a seguir muy de cerca las repercusiones de los enfrentamientos en los distintos ámbitos, nacionales y locales.

La soberanía hecha trizas

Los sans-culottes aún complican más el juego. Defensores de una voluntad fusionista de vivir la política, a todas luces «iliberal», exigen que los montañeses adopten medidas colectivas para impedir el «egoísmo», pero, como están atados a la soberanía popular hasta sus peores extremos, tratan de proteger a sus comunidades, empezando por sus secciones. Así, ¡se inventan un «federalismo» que les hace compartir las reservas girondinas ante el poder central! No se trata de ninguna paradoja. La historia de las secciones parisinas demuestra la enorme vitalidad de la identidad de las secciones, hasta tal punto que algunas de ellas rechazan las decisiones tomadas por la Comuna.

La cuestión de cómo representar al «pueblo» continúa provocando una gran competencia entre las instituciones. La oficina central de correspondencia inaugurada por la Comuna en julio de 1792 debe cerrar a finales del mismo año. En enero de 1793 se retoma la idea a fin de que los sans-culottes parisinos puedan comunicarse con los cuarenta y cuatro mil cuatro cientos municipios, «para mantener y desarrollar el espíritu público». Como se ha visto, se trata de uno de los temas de discordia con la comisión de los Doce, hostil a cualquier expresión autónoma del «soberano». Sin embargo, Barère también se había manifestado en contra de la creación potencial de «cuarenta mil repúblicas», lo que ilustra el rechazo de casi todos los miembros de la Convención a que se desarrolle otro representante organizado del «pueblo». La tensión no se zanjará hasta diciembre de 1793, con la instauración del gobierno revolucionario, y por último hasta marzo de 1794, con la ejecución de los cabecillas sans-culottes.

Esos juegos de poder se producen en toda Francia, adaptándose a las condiciones locales y conjugándose con las evoluciones contradictorias de las jerarquías institucionales. A riesgo de caer en una simplificación abusiva, conviene esbozar un breve cuadro de la maraña administrativa y política. La Convención, muy dividida, como se ha visto, entabla complejas relaciones con sus comités, igualmente divididos, y sobre todo con los ministerios, entre ellos el de la Guerra bajo el mando de los hombres próximos a Hébert, a quienes se puede calificar de «hébertistas» para distinguirlos de la masa de sans-culottes. En París, los administradores del departamento del Sena conservan cierta autonomía respecto a la Comuna, cuyos miembros son elegidos por las secciones, lo que no impide los conflictos entre las dos instituciones. Las secciones, en particular, se erigen en la encarnación privilegiada del «pueblo soberano», al elegir a los distintos administradores y los Comités de Vigilancia, que, por otra parte, ¡también se aferran a su propia autoridad! Además, las asambleas de las secciones sufren continuos combates internos entre sans-culottes, «airados» y «moderados», que forman inciertas alianzas entre ellos, derrocadas a veces de un día para otro según los desplazamientos de votos o bajo el efecto de la intrusión de grupos venidos de otra sección a fin de modificar una mayoría. Asimismo, las verdaderas telas de araña que tejen a escala nacional los militantes de los clubes jacobinos y cordeleros y de otras sociedades, que animan la vida política, también encarnan al «pueblo».

Fuera de París, en las grandes ciudades que aceptan a regañadientes la preeminencia de la capital, los conflictos suelen desatarse entre las secciones y los clubes, que compiten por el control de las municipalidades. Además, en unos treinta departamentos, entre ellos el del Sena, los consejos generales permiten la creación de Comités de Salvación Pública departamentales que, en verano de 1793, asumen funciones represivas, al margen de las instituciones existentes. Así, miles de individuos reaccionan por medio de múltiples redes, todas ellas dotadas de legitimidad en un ámbito u otro, que compiten las unas con las otras.

Todos buscan el apoyo de sus alter ego nacionales, sea a través de las correspondencias entre ciudades o clubes, sea a través de los diputados próximos a ellos en la Convención; los más codiciados son los representantes en misión, auténticos representantes del «soberano» y los miembros del poder central. Ese cúmulo de poder los sitúa por encima de los demás agentes y comisarios, que, pese a todo, no han desaparecido, y que, llegado el caso, manifiestan su autonomía. De hecho, la intervención de los representantes en los conflictos locales, la mayoría de las veces tomando partido contra los administradores que ocupan el poder, agrava las tensiones entre las provincias y la capital, así como la suspicacia respecto a París. Abundan las contradicciones entre los enviados de los ministerios, los representantes en misión y los delegados de las grandes ciudades… ¡sobre todo cuando unos son hébertistas y los otros de la Llanura! Los contenciosos no pueden zanjarse recurriendo a una jurisdicción superior, un papel que la Convención trata de conservar mal que bien, o más a menudo por la reagrupación puntual de instituciones diferentes que se suman contra adversarios menos poderosos. El resultado será lo que ha pasado a la historia como el «federalismo».

Los viejos hábitos del federalismo

Aunque el 9 de mayo de 1793 Burdeos y Nantes envían una petición contra los «anarquistas», la crisis más grave y complicada afecta a Marsella. El 17 de marzo de 1793, los marselleses, una mezcla de sans-culottes y jacobinos, solicitan que se juzgue a los «apelantes» contra Barbaroux, antaño el hombre fuerte de la izquierda, que luego se suma a los girondinos moderados. La petición va de la mano de su voluntad de constituir un poder ejecutivo revolucionario, una «Montaña de la República», que sustituya verdaderamente a la Convención, en la línea de la postura que adopta Marsella desde 1789 y que asegura a la ciudad la primacía revolucionaria. Como es lógico, los miembros de la Convención reaccionan condenando la iniciativa, que consideran que atenta contra la centralidad legislativa. Las secciones de la ciudad, que entonces pasan bajo el control de los «moderados», se aprovechan de la situación para rechazar el programa de salvación pública puesto en marcha por los jacobinos, que dirigen el ayuntamiento, y llegan al extremo de traducir las declaraciones de estos ante el tribunal popular. Sobre la marcha, las secciones sustituyen al Ayuntamiento de Marsella y echan a los representantes en misión —que se equivocan por partida doble al ser jacobinos y representar a París—, antes de crear un comité general de las secciones que persigue a los jacobinos y los sans-culottes. Dos «ahorcadores» jacobinos, tal y como llaman a los responsables de los ahorcamientos de otoño de 1792, son ejecutados el 16 de mayo de 1793, mientras los cabecillas jacobinos, entre ellos Isoard, se refugian en París. En la Convención, los marselleses girondinos y jacobinos se acusan los unos a los otros de ilegitimidad. El 13 de junio de 1793, el conflicto se zanja de forma provisional, ya que al término de esa caótica evolución Marsella se declara en insurrección, paralizando la discusión y haciendo entrar la ciudad en una situación sin más salida que la sumisión irrevocable.

El esquema que opone a secciones moderadas, por una parte, y un club jacobino que dirige un ayuntamiento con un programa sans-culotte, por otra, se encuentra también en Lyon. La insurrección de Lyon, seguida por la ejecución de Châlier y sus amigos el 17 de julio de 1793, inaugura uno de los episodios más complicados —y célebres— de la historia de la Revolución Francesa: la revuelta «federalista». Su especificidad radica en el curioso contratiempo que se produce respecto a París. Los sans-culottes, que ocupan el poder municipal, son expulsados por los militantes de las secciones, bajo la mirada atónita de los representantes en misión y ante el inmovilismo de las autoridades departamentales, a las que se podría calificar de girondinas.

Es preciso volver atrás brevemente a fin de comprender esa jornada revolucionaria en Lyon, que parece invertir el curso de los acontecimientos parisinos. Desde 1792, las matanzas de septiembre inspiran una política de austeridad contra los «canallas» y otros «contrarrevolucionarios» en los clubes jacobinos. La municipalidad está en manos de los girondinos, pero el levantamiento de la Vendée y la deserción de Dumouriez lo desacreditan, así que los jacobinos son elegidos al ayuntamiento. Su principal cabecilla, Châlier, promete una guillotina, un tribunal y un ejército revolucionario. Se embarcan en una política social —creando una panadería municipal y gravando impuestos a los ricos—, pero también en una represión de los sospechosos, empezando por los que no han votado a favor de la muerte del rey. El ejército revolucionario local cristaliza las tensiones. Las secciones moderadas se valen entonces de un decreto de la Convención que prohíbe establecer un tribunal revolucionario en Lyon, así como del apoyo del departamento; entran entonces en conflicto abierto con la municipalidad.

El enfrentamiento armado tiene lugar el 29 de mayo de 1793, en el transcurso de una insurrección confusa iniciada por las secciones moderadas. Los jacobinos son encarcelados, sin que intervengan los representantes en misión presentes. Las noticias del acontecimiento llegan a París el 2 de junio de 1793, el mismo día que los sans-culottes triunfan en la Convención, mientras las provincias recusan a los «anarquistas». De nuevo, influye sobremanera la rivalidad entre Lyon y París; la autonomía de Lyon no encaja en el molde parisino; el choque, pues, solo puede terminar con la aniquilación de uno de los dos adversarios.

El golpe de Estado que tiene lugar en París entre el 21 de mayo y el 2 de junio de 1793, concomitante con las luchas en Lyon, provoca rechazo en muchos departamentos. Entre el 5 y el 19 de junio de 1793, una proclamación firmada por setenta y cinco diputados próximos a los girondinos y los administradores departamentales pide que se marche hacia París. El movimiento se estructura en nombre de la legitimidad del «soberano» a fin de oponerse a un grupo parisino que se apodera del poder central. Releva a las federaciones y los «federalismos» que han estructurado, etapa tras etapa, el avance revolucionario: el movimiento es unitario y carece por completo de voluntad secesionista. Únicamente algunos individuos, como Buzot o Barbaroux, sueñan con una república del Mediodía —eventualmente para hacer frente a la entrada de los enemigos en el norte de Francia— o un Estado inspirado en las corrientes «antifederalistas» americanas.

De hecho, los departamentos hostiles a París rechazan las fracciones y las divisiones, en ese caso las introducidas por los sans-culottes y Marat, que insisten en que la República es una e indivisible, al igual que los montañeses. Los proyectos constitucionales que acaban de elaborar los girondinos pretenden reforzar la unidad del país, así como la unidad de su ejecutivo, haciendo que este se elija por escrutinio directo, confiriéndole así independencia y fuerza respecto al legislativo, y anunciando los comités de gobierno de finales de 1793. Nada justifica la leyenda de los girondinos «federalistas» y descentralizadores, pero esta resulta difícil de contradecir. Recordemos que en primavera de 1793, los girondinos eran más bien partidarios de limitar los poderes de los administradores locales que defendían los montañeses.

Así, el hecho de que entre abril y mayo de 1793 algunos departamentos se posicionen en contra de la hegemonía montañesa, y sobre todo en contra de las iniciativas de los sans-culottes, se inscribe en el prolongamiento de las agrupaciones de «federados» de 1792, y cambia el significado de las palabras «federados» «federaciones» y «federalismo». Sin embargo, no logra darles un nuevo impulso.

El atolladero federalista

La postura que adoptan las autoridades de Toulon y Eure en mayo de 1793, y luego la de Jura en junio de 1793, así como sus relaciones posteriores con París, ilustran esos límites. Esos hombres, opuestos a los jacobinos locales, deciden intervenir contra París en nombre de la fraternidad republicana, enemiga del «despotismo», así como de la «anarquía», como dicen los habitantes de Lyon en su proclamación del 2 de junio de 1793. Asimismo, se inscriben en las movilizaciones «federalistas» nacidas en los años 1789 y 1790 y que se pueden considerar «revueltas republicanas» que responden a las amenazas que se ciernen sobre su legitimidad original. Ello no impide que al implicarse en una «contraviolencia» contra la violencia impuesta por los «hombres de sangre», se enfrenten también con la preeminencia que han adquirido las asambleas, especialmente la Convención desde 1792. El principio constitucional impuesto por la Convención en su totalidad desde hace unos meses prevalece sobre cualquier otra consideración.

La reclamación de que los suplentes de los diputados se reúnan en Bourges no llega a buen puerto, aunque solo sea porque Bourges rechaza ese regalo envenenado, pero también porque la escisión entraña riesgos. El enemigo ya no es único, como en 1789, sino doble, ya que junto a los «anarquistas» están los temibles «contrarrevolucionarios». En Lyon, a los jacobinos moderados, una vez que alcanzan el poder, se les suman verdaderos contrarrevolucionarios, complacidos de entrar en una resistencia abierta a París; enseguida también será el caso de Toulon. En toda esa zona, las luchas continúan marcadas por las rivalidades internas. Así, las tensas relaciones entre Lyon y Saint-Étienne o con el departamento de Jura ponen trabas y malogran todo el movimiento. En la Provenza, el «federalismo» girondino se conjuga con un «federalismo» de las secciones en nombre de la autonomía de los sans-culottes respecto al ejecutivo, que causa enfrentamientos entre los jacobinos, los moderados y los sans-culottes en función de sus lugares respectivos en las instituciones.

El federalismo, expresión local entreverada de aspiraciones de regeneración, que había participado en la revolución de 1789, ha perdido su lugar en la Francia de 1793, donde la unidad nacional ya no consiente reservas en la guerra por su supervivencia. Esa realidad es particularmente aguda en el oeste del país, sea en Nantes, Rennes o Brest, donde las autoridades municipales y departamentales, en su mayoría girondinas, se oponen al resultado de las jornadas del 31 de mayo al 2 de junio de 1793, aunque sin implicarse en una oposición militar determinada. Los habitantes de Nantes constituyen un buen ejemplo. Aunque los girondinos acaban de resistir al ataque de la Vendée, el 29 de mayo de 1793, sin la ayuda de los representantes en misión, y, por tanto, pueden erigirse en partidarios de la legalidad republicana, se muestran prudentes y no emprenden una operación conjunta contra París con Burdeos o Caen. La preocupación por la legalidad que indiscutiblemente marca la sensibilidad girondina los lleva a no poner en peligro la Convención sin tener una probabilidad real de vencer.

En efecto, el reclutamiento social de los girondinos influye en su descrédito. Aunque la Revolución Francesa ha otorgado un lugar cada vez mayor al pueblo llano y las asambleas de sección han remplazado a los clubes militantes de los primeros años, los girondinos, como es lógico, siguen reclutándose en los medios acomodados o al menos entre los «buenos ciudadanos», capaces de pertrecharse a su costa, eventualmente de poseer un caballo, y hostiles a las medidas coercitivas. La defensa del individualismo económico y fiscal es uno de los principios que los movilizan en contra de las pretensiones de vigilarlos a todos y el impuesto progresivo, mientras que la Montaña se identifica con la defensa de la nación, que considera superior a los intereses de los particulares. Con todo, desde 1792, el equilibrio de fuerzas bascula en provecho de las clases populares urbanas, afectadas en la mayoría de los casos por la postura de los sans-culottes, aunque parezcan privilegiadas, al enfrentarse a movimientos inspirados por la Montaña y los sans-culottes. Incluso en las ciudades del sur de Francia, donde los vínculos de vecindad rivalizan con las pertenencias sociales, los jacobinos sometidos a la represión girondina se reclutan primero entre los grupos populares.

Los límites de la movilización aparecen enseguida, aislando a los cabecillas girondinos y alineándolos con los oponentes a la Revolución Francesa, aunque resulte imposible fijar claramente los límites entre los bandos y pensar que el rechazo al golpe de Estado de mayo y junio de 1793 corresponde a otra guerra civil.

El ejemplo de Normandía es particularmente esclarecedor. Los oponentes al golpe de Estado del 31 de mayo al 2 de junio de 1793 se reclutan entre los moderados dispuestos a bascular hacia la contrarrevolución: así, Puisaye, un desventurado candidato a la diputación en 1792, participa en el ejército «federalista» bajo la dirección de Wimpffen y a finales de 1793 intentará federar a los «chuanes» de la Bretaña. Puisaye será general de los chuanes antes de ser rechazado por sus aliados, mientras que Wimpffen no logrará reunir a su alrededor a las fuerzas contra los montañeses y tendrá que vivir de manera clandestina hasta que se reintegre en el ejército después de brumario. Esos hombres se aferraban a libertades que esperaban encontrar en una monarquía constitucional o en una república conservadora: la ocasión los conduce a situaciones sin porvenir.

Lógicas parecidas influyen en las rivalidades locales entre ciudades cercanas, aunque la elección entre los montañeses y los girondinos traduce antiguos antagonismos —en Normandía, Évreux contra Bernay, por ejemplo—, sin llegar a romper los puentes. Lo ejemplifican los contactos de las secciones moderadas «La Fraternidad» y «Molière y Lafontaine» de París con los federalistas normandos: no se teme al «monstruo» parisino como tal, sino a los «anarquistas» y su violencia. Sobre todo, la unidad interna de las ciudades normandas, especialmente en Caen, parece primar sobre cualquier otra consideración, aunque los notables se apoyen en fuerzas populares, los carabots, y a continuación se sometan discretamente a los emisarios enviados por la Convención, en especial al normando Robert Lindet, y logren que todo ello entre en el orden al menor precio, evitando una sangrienta represión. ¿Acaso conviene seguir a Henri Wallon, que considera que, al final, tan solo seis departamentos se oponen verdaderamente a la Revolución Francesa encabezada por París, mientras que los otros treinta y dos apoyan a las claras a la Convención?

La legitimidad por medio de la Constitución

Desde finales de mayo hasta mediados de junio de 1793, las movilizaciones son muy desiguales alrededor de los núcleos duros «girondinos» del noroeste de Francia (Caen), del oeste (Burdeos más que Rennes o Nantes), del este y del sureste (desde Lyon hasta Toulon). Se envían emisarios desde Marsella, Lyon y Burdeos a fin de organizar una resistencia común. En Burdeos, la comisión popular de salvación pública se reúne permanentemente y recoge el apoyo del 28% de los municipios del departamento, hecho que da cuenta tanto de su público como de su debilidad. Los comisarios son acogidos de manera muy dispar y al final poco seguidos. En efecto, desde París, los montañeses juegan la baza que tienen a su disposición: la votación de la Constitución. El proyecto constitucional girondino encabezado por Condorcet no solo desagrada a la Montaña, sino que carece de unanimidad entre los propios girondinos, aunque tan solo llegan a discutirse los primeros artículos el 29 de mayo de 1793. Tras el golpe de fuerza, invirtiendo la táctica, la Convención, dirigida por una alianza de representantes de la Llanura y montañeses, hace redactar un proyecto constitucional en apenas unos días, entre el 10 y el 24 de junio de 1793, y hace saber que se presentará a los electores de todo el país a mediados de junio de 1793.

Retomando las grandes líneas de la Constitución de Condorcet, el proyecto propone establecer una asamblea elegida por sufragio universal para un año, que delegue veinticuatro de sus miembros en un ejecutivo elegido entre una lista elaborada por las asambleas primarias. Las leyes se imponen a todas las administraciones —a fin de impedir cualquier resistencia «federalista», invocando la legitimidad revolucionaria en competencia con el Estado central— y al mismo tiempo están sometidas a referéndum si cierto número de electores lo solicita, lo que ilustra el principio que se proclama de que «la insurrección es para el pueblo y para cada porción del pueblo el más sagrado de sus derechos y el más indispensable de sus deberes».

Al evitar la censura del pueblo que imaginaba Condorcet, la Constitución montañesa parece abrir un espacio mayor a la protesta, dejando el poder en manos de la Asamblea, ya que tan solo las leyes pueden someterse a la censura del pueblo, mientras que los decretos, de aplicación inmediata y alcance limitado, se escapan a ella. El proyecto montañés también adopta el rechazo al poder ejecutivo como tal, pero mantiene a los agentes contables del Tesoro Nacional, que, en torno a Cambon, conservan una autonomía real y discreta. De manera significativa, los derechos naturales e imprescriptibles del hombre son la igualdad, la libertad, la seguridad y la propiedad; subrayemos que la fraternidad no figura en la lista (el término «fraternidad» aparece oficialmente por primera vez en la Constitución de 1848). Desde luego, se ha modificado el orden de 1789, pero apenas diverge del de la Constitución girondina. La meta declarada de la Constitución es garantizar «la felicidad común», evitando la «guerra civil».

Así, la Constitución aparece como el resultado afortunado del golpe de Estado del 31 de mayo al 2 de junio de 1793. El argumento es tanto menos recusable cuanto el texto está sometido a la aprobación del país entero, sin reservas respecto a las zonas conflictivas, tal y como anuncia la Convención el 26 y el 27 de junio de 1793. Al mismo tiempo que se adoptan medidas más pragmáticas contra los departamentos sublevados, el anuncio de la Convención hace mover la frontera entre los revolucionarios y los contrarrevolucionarios, condenando al oprobio a aquellos que rechazan el marco legal. A los girondinos que permanecen en la oposición ya no les queda más remedio que tratar de hacer olvidar su desliz «federalista» o entrar claramente en la resistencia a riesgo de que se les sumen —o los confundan con— los auténticos contrarrevolucionarios.

El temor es tanto más justificado cuanto la izquierda revolucionaria parisina se radicaliza todavía más, obligando a los montañeses a apoyarse más en los cordeleros y los hébertistas. Las ciudadanas republicanas revolucionarias, que se suman a los «airados» en un programa radical que reclama la igualdad económica, también hacen reivindicaciones sociales. Mientras los conflictos agitan las calles ante el alza de los precios, en especial del jabón, Jacques Roux presenta esas reclamaciones, conocidas bajo el nombre de «Manifiesto de los airados», primero ante la Comuna y luego, el 25 de junio de 1793, ante la Convención. No obstante, los cordeleros, que a partir de entonces se encuentran en el corazón del sistema, denuncian a Jacques Roux y se alinean con los montañeses, que así pueden mantener el control del país y dirigir la economía. Las ciudadanas revolucionarias también desempeñan un papel de mediación, al apaciguar las manifestaciones a fin de evitar que debiliten las votaciones de las secciones. Entretanto, la Convención continúa siendo la institución legítima, que ejerce de árbitro en los conflictos entre los sans-culottes y las tendencias girondinas, al mismo tiempo que orquesta la lucha contra la Vendée y los enemigos. El trono está más vacío que nunca, ya que solo pueden ocupar el poder aquellos que aúnan una legitimidad innegable con la habilidad necesaria para compartir las decisiones y, más que nunca, el destino del país depende estrechamente del destino de las armas tanto en el interior como en el exterior.

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Capítulo 15. GOBERNAR LA GUERRA

Julio de 1793 - diciembre de 1793

¿Acaso la guerra «acelera» la Revolución Francesa? Sin lugar a dudas, la respuesta es afirmativa en lo que respecta a la «guerra civil», como se ha visto antes. A partir 1793, la guerra de la nación contra sus amigos desempeña un papel primordial, dados los contratiempos que entraña y que se imponen al gobierno revolucionario. La necesidad de responder a las expectativas colectivas, a fin de conseguir que el país se movilice, se conjuga con la obligación de hacer concesiones, para utilizar las energías indispensables y mantener un rumbo, a costa de aparentes contradicciones. Más allá de las ideologías, el ejercicio concreto del poder pasa por encauzar las aspiraciones «populares» por medio del empleo de competencias, incluso las más descarriadas, antes de amordazarlas cuando se vuelven inútiles, e incluso peligrosas, y, además, el ejercicio concreto del poder pasa por fijar objetivos prioritarios, como la seguridad colectiva y la distribución de subsistencias. Independientemente de las posturas individuales y las rivalidades políticas, se crea un cuerpo de administradores y políticos para dar respuesta a las urgencias y los ajustes de cuentas. Supone el preludio a otra organización, igual de eficaz y más perdurable, que se construye en torno a Napoleón durante los primeros años del Imperio, una organización que vela tanto por los menores detalles como por el conjunto de la estructura imperial.

Sin embargo, en lugar de entrar en un período dictatorial en provecho de un solo hombre, Francia está sometida a la búsqueda de un ideal político que se contradice a sí mismo al imponer formas de vida y suprimir libertades: así, el país está desgarrado entre la busca de la hiperpolítica, que modela las almas y guía los sacrificios, y la tentación de la antipolítica, que rechaza las contradicciones a fin de garantizar una sociedad fusionista. La democracia directa resulta imprescindible para resistir a la contrarrevolución, y se inviste a los militantes del control de las personas y los bienes, poniendo en marcha medidas inquisitoriales heredadas de las prácticas colectivistas. Cualquier diferencia entre los discursos y los actos se percibe como una amenaza y se considera a cualquier «hombre de Estado» un posible privilegiado. Francia se sume entonces en el grado cero del imaginario y en la brutalidad de la pulsión. No es de extrañar, pues, que en ese contexto en que la cosa y la palabra deben coincidir, la pornografía desaparezca de las imprentas. El «mundo del verbo, de la retórica» es remplazado por el cuerpo a cuerpo y el grito. No se trata de una fatalidad, sino de una consecuencia lógica, aunque accidental, en el encadenamiento de los acontecimientos. Tampoco se trata de la esencia de la Revolución Francesa, sino tan solo de la realización de una de sus posibles formas, presente desde 1789, que se vuelve hegemónica durante unos meses, abanderada por los grupos de sans-culottes y voluntarios, y posibilitada por el vacío del Estado y el cuestionamiento de la política entendida como la gestión de los conflictos.

Esa tentación se traduce también en el deseo —comprensible pero inquietante por lo que revela de ambición y desdén por lo existente— de «regenerar el lenguaje». El Comité de Instrucción Pública encarga dicha tarea al gramático Domergue, que la lleva a cabo con vigor durante un tiempo, persiguiendo las palabras y los libros contrarrevolucionarios, hasta el extremo de querer exiliarlos de Francia. La misma intención vengadora lleva a un ginebrino, Jean Randoni, a elaborar una lista de las palabras que han cambiado a raíz de la Revolución Francesa. La invención del calendario revolucionario, que al mismo tiempo desea basarse en la periodicidad de los equinoccios, los misterios egipcios y la regeneración revolucionaria, así como expulsar el Antiguo Régimen cristiano, participa de ese mismo movimiento de invención de una comunidad soñada y utópica. Apoyado por la Convención, el calendario revolucionario se convierte en un elemento militante del republicanismo. No se trata de considerar esas tentativas la única realidad histórica, sino de comprenderlas en su lugar, controladas y encauzadas por hombres de Estado que buscan soluciones políticas a la guerra mortal que amenaza el porvenir mismo del régimen.

La unidad o la muerte

La unidad o la muerte no es un eslogan análogo al famoso «la fraternidad o la muerte», cuya existencia es dudosa, ni una fórmula justificatoria. Las palabras remiten de manera prosaica a la realidad que viven cotidianamente los franceses partidarios de la Revolución Francesa, que luchan por su supervivencia. Impiden reducir la comprensión del proceso revolucionario a principios ideológicos o conceptos de filosofía política.

Describir la situación de Francia en junio de 1793 suele pasar por la enumeración de los peligros. Los ejércitos reculan en todas las fronteras, las fortalezas del norte de Francia se rinden, al igual que Maguncia, en la ribera del Rin. Dunkerque está asediada, los españoles marchan hacia Bayona y Perpiñán, mientras los piamonteses cruzan los Alpes. En las Antillas, Santo Domingo es presa de los grupos armados; entretanto, los ingleses y los españoles intentan asentarse allí. En el interior de Francia, unos sesenta departamentos entran en la resistencia contra los sans-culottes, mientras los vandeanos sitian Nantes, tras haber tomado Saumur y Angers. Así, Francia parece un fruto maduro para sus enemigos. Aunque este espantoso cuadro sea cierto, no corresponde de manera exacta a la realidad. Los ejércitos extranjeros avanzan con lentitud, sin verdadera determinación, ya que subestiman sin cesar la capacidad de los franceses de resistir. Sus operaciones están mal coordinadas: el fracaso del sitio de Dunkerque permite a los franceses formar un poderoso ejército a fin de contraatacar. Las divisiones entre los aliados sobre cuestiones como los objetivos de la guerra les impiden avanzar, aunque en cierto modo en verano de 1793 las operaciones parecen suspendidas, mientras en las cancillerías se llevan a cabo complejas negociaciones en secreto. Nadie puede obtener una victoria decisiva, cosa que beneficia a los franceses, antes de que sus propias divisiones, en septiembre de 1793, permitan a los ingleses y los franceses poner los pies en el suelo de la República.

En la Vendée, la situación es idéntica. Ante todo, la fuerza de los vandeanos se debe a la debilidad de sus adversarios. La derrota en Nantes es significativa. La ciudad carece de una verdadera defensa y sus habitantes están debilitados por los conflictos entre los girondinos y los montañeses. La superioridad numérica de los vandeanos es indiscutible, pero, a falta de unidad, Charette abandona sus posiciones en el oeste de Francia antes de que sus aliados ataquen el este, mientras Nantes continúa siendo republicana, lo que impide a los ingleses disponer de un puerto en Francia. La herida del generalísimo Cathelineau, que fallece el 13 de julio de 1793, agrava la derrota. La Vendée controla un espacio importante y durante mucho tiempo sigue siendo peligrosa, pero ya ha perdido la posibilidad de modificar el destino del país. Además, hasta 1794 no mantiene contacto alguno con los emigrados y los coaligados. Entre setenta mil y cien mil hombres son reclutados en permanencia contra la Vendée, dependiendo de los mandos opuestos entre sí. Los montañeses en la Bretaña y Nantes, los hébertistas en Tours y Saumur, bajo el mando de Ronsin, y los dantonistas en Niort se enfrentan en una guerra inexpiable que acaba con las ejecuciones de Quétineau y Biron, y la expulsión de Canclaux y Aubert Dubayet a finales de 1793.

La desorganización que caracteriza las maniobras de los federalistas y sus adversarios aún es más flagrante. Una vez superadas las emociones de comienzos de junio de 1793, la ausencia de objetivos claros, las rivalidades entre insurgentes y la presencia entre ellos de contrarrevolucionarios declarados, que se aprovechan de la ocasión para luchar contra la Revolución Francesa, impiden la creación de un movimiento coordinado y eficaz. A pesar de los esfuerzos de la comisión central de Burdeos, el oeste de Francia queda dividido. Los normandos, en lugar de proponer un programa político, ajustan cuentas con París. Los bretones y los habitantes del Loira evitan encontrarse a solas frente a los vandeanos y los realistas que circulan por el campo. Tras varias semanas de vacilación, Nantes reconoce la autoridad de la Montaña. En el valle del Ródano y el sureste de Francia, la multiplicidad de intereses que están en juego impiden cualquier unidad. La sociedad popular de Valence, encabezada por Claude Payan, y el Directorio del departamento de Drôme, dirigido por su hermano Joseph, desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento del poder jacobino. Desde hace unos meses, los dos hombres denuncian las amenazas girondinas; el 24 y el 26 de junio de 1793 invitan a las sociedades populares de toda la región a un congreso en el que afirman su apoyo a la Convención y se oponen al federalismo de las secciones. Ponen trabas al vínculo entre Lyon y Marsella, y acogen al general Carteaux con sus seis mil hombres, que parten de Valence para retomar las ciudades federalistas. Bajo su presión, Ardèche e Isère se alinean a su lado y la secesión de Gard queda limitada.

En París, los miembros de la Convención adoptan una postura de compromiso, sin duda a fin de mantener la unidad en la Asamblea y evitar una victoria completa de los sans-culottes. El mes de junio de 1793 transcurre entre negociaciones y algunas medidas para evitar que los moderados y los indecisos basculen hacia el federalismo, aunque la suspensión del salario de los funcionarios y del poder de las administraciones tan solo se lleva a cabo de forma selectiva. La organización de la votación prevista para que la nación acepte la Constitución participa de esa política de conciliación. Hérault de Séchelles y Saint-Just, con la ayuda de Barère, redactan la Constitución de 1793, recurriendo a un lenguaje sumamente religioso; la Constitución se presenta como las tablas de la ley depositadas en el arca sagrada. Se editan casi un millón de ejemplares de la Constitución y se traduce al flamenco, el bretón y el alsaciano, y se lee en las lenguas locales del sureste de Francia. Las reuniones que origina no consideran siquiera las tentativas federalistas y marginan los extremismos. Se invita a dichas reuniones a todos los electores, incluidos los federalistas, obligando a los que se niegan a participar a demostrar su oposición a la República. La política da sus frutos. Casi dos millones de personas participan en el referéndum, una cifra razonable dadas las circunstancias; hecho menos sorprendente, el 99% de los votantes aprueban la Constitución. Se prolongan las prácticas de 1792: los criados continúan estando excluidos de la votación; con todo, en algunos lugares las mujeres sí que participan —el hecho no es nuevo; además, aún van a participar más en las votaciones municipales del año siguiente—. Aunque tan solo votan entre el 30 y el 35% de los electores, demuestran su convicción de formar parte del pueblo soberano tras las federaciones de 1789.

Además, entre el 10 y el 20% de ellos —es decir, grosso modo, entre doscientos mil y cuatrocientos mil individuos— formulan deseos; así, más allá de la simple aprobación que esperaba la Convención, deliberan. Sin duda, los deseos que expresan son muy dispares, incluso antinómicos, y la incertidumbre que se cierne sobre su representatividad impide sacar conclusiones tajantes. Los deseos que se han estudiado se debaten entre la necesidad de instaurar un tope de los precios, de mantener o remplazar enseguida la Convención por nuevos diputados… En suma, atestiguan que el elector siente que posee un estatuto y que el «pueblo», por muy mal definido que esté, sustituye al rey. Por otra parte, las fiestas locales ilustran la inventiva de los administradores locales, convencidos de su legitimidad y deseosos de demostrar su eficacia. Ese voto, pues, encierra muchos significados. Aquí y allá, se hace coincidir con otras elecciones de administradores locales; además, una parte de los electores lo interpreta como la posibilidad de elegir a nuevos diputados, y, por tanto, ¡de remplazar a la Convención existente! En todas partes, se debate el voto en las asambleas primarias, a pesar de que no se permite a los oponentes que se expresen en absoluto. Ello no impide que el texto constitucional sosiegue los ánimos, haciendo perder a los girondinos su ventaja inicial y haciendo temer que basculen hacia la contrarrevolución.

El movimiento de protesta se desmorona. Los federalistas de Normandía o del litoral mediterráneo votan la Constitución, a diferencia de los de Marsella o Toulon. En Lyon, se vota y se acepta la Constitución en el momento en que Châlier es ejecutado. Los bretones transigen con París y, salvo en Brest, donde los jacobinos locales empujarán a los representantes en misión a sofocar a los «federalistas», la represión resulta muy limitada. El ejército de Burdeos apenas cuanta con varios centenares de hombres, que se dispersan sin luchar. El ejército normando, más organizado, marcha hasta Pacy-sur-Eure, donde el 13 de julio de 1793 se dispersa frente a las tropas procedentes de París. Sus generales desaparecen: ¡Wimpffen se oculta antes de regresar al ejército después del 18 de brumario y Puisaye se alista con los chuanes! A finales de julio de 1793, ya han metido en vereda a Jura y Burdeos. Solo quedan tres ciudades, Toulon, Marsella y Lyon, que continúan en la disidencia armada. Conviene subrayar que sus adversarios únicamente las asedian de manera lenta, tanto por falta de medios como para permitir eventuales transacciones. Más allá de los discursos a veces virulentos, el realismo rige la búsqueda de posibles compromisos.

Los sans-culottes, los «airados» y los montañeses

Por su parte, las secciones parisinas están muy divididas, y algunas incluso se han puesto en contacto con los federalistas normandos. Por otra parte, no logran crear el ejército revolucionario que deseaban algunas secciones parisinas. La creación del ejército, decidida el 4 de junio de 1793, es anulada por el Consejo General de la Comuna el 19 de junio de 1793, al constatar que veintisiete secciones (de cuarenta y ocho) se oponen a ella. ¿Acaso se trata de la expresión de los «deseos secretos de la burguesía ascendente» (A. Soboul)? En cualquier caso, los «moderados» son numerosos y poderosos, ya que el primero de julio de 1793, Hanriot, el candidato sans-culotte a dirigir la guardia nacional parisina, logra el cargo por 9.087 sufragios contra 6.095 que se atribuyen al «moderado» Raffet. La división de opiniones es clara, ya que algunas secciones anuncian de entrada que no obedecerán a Raffet si este resulta elegido. Por otra parte, el alza de los precios provoca conflictos de los que los «airados» sacan provecho político. Roux y Varlet reclaman la imposición fiscal general y una ley contra los acaparadores; el propio Hébert se niega en nombre de la Comuna, afirmando que el avituallamiento está asegurado, que la Convención se encarga de ello ¡y que no hace falta menoscabar la propiedad!

En un juego hábil y complicado, la Comuna, el Comité de Salvación Pública del departamento de París y la Convención logran contener los descontentos provocados por el encarecimiento del jabón y desacreditar a Roux —calificado de «sacerdote hipócrita» por su propia sección y criticado por Marat—, al mismo tiempo que evitan sancionar a las secciones moderadas. Desde luego, se trata de una política deliberada, que coincide con la atención que prestan los redactores de la Constitución, aceptada en el mismo momento. El texto de la Constitución ha pasado a la posteridad especialmente por su reconocimiento del derecho a la insurrección, aunque justo entonces se suprima la ley marcial. La vaguedad del nuevo derecho, que tan solo posee un poder evocador, limita su ejecución. Por otra parte, se mantienen las leyes que reglamentan las aglomeraciones, de ahí que el paisaje represivo apenas cambie. Esa contención de las expresiones políticas también se debe a las condiciones del referéndum sobre la Constitución, ya que las asambleas primarias no han podido organizar la votación a su manera. El juego entre la representación nacional y la administración local es muy sutil, lo que ilustra la importancia de las continuas transacciones entre esos dos niveles del poder.

El asesinato de Marat vuelve a clasificar de golpe todo el paisaje político. El 13 de julio de 1793, Charlotte Corday, que ha viajado a París a propósito desde Caen, mata a Marat de un solo cuchillazo. Se trata de un acto aislado, cometido por una joven dotada de un gusto por el sacrificio a todas luces heredado de una familia marcada por las tradiciones nobiliarias y religiosas, que vive en un medio dividido entre el realismo moderado y la sensibilidad girondina. El asesinato está dictado por la voluntad de una persona que cobra consciencia del fracaso de los movimientos colectivos contra las pretensiones hegemónicas parisinas, y se afana por encontrar a la personalidad revolucionaria más emblemática de la época. Marat, un «hombre de sangre» conocido por haber declarado que hacía falta que «cayeran doscientas setenta mil cabezas», encarna la postura de «tribuno de la guerra civil» que justifica la violencia que despliega la Revolución Francesa. Charlotte Corday, protegida enseguida por el diputado Drouet, es encarcelada, juzgada contando con un defensor —contrariamente a lo que suele decirse— y, como es lógico, condenada a muerte. Es ejecutada el 17 de julio de 1793, vestida con la camisa roja de los parricidas, tras ser retratada por dos pintores. La opinión pública está dividida respecto a su acto. Los sans-culottes insisten en su gesto, que viola la naturaleza y traduce su vertiente «hombruna»; los moderados la describen como una virgen rubia sacrificada. Algunas secciones parisinas expresan su hostilidad a Marat tras la noticia de su muerte, al igual que los federalistas de la Bretaña.

Por último, se desencadenan rivalidades por apoderarse de Marat. Su cuerpo es objeto de un verdadero culto que lo transforma en icono sagrado. A pesar de su putrefacción, los militantes sans-culottes, y sobre todo las ciudadanas republicanas revolucionarias, organizan una serie de grandiosas ceremonias, que entremezclan lo sublime y lo abyecto. Por su parte, los cabecillas sans-culottes y los montañeses se vuelcan en la sucesión política. Hébert sale vencedor, pero Robespierre mejora su talla política, confirmada por su incorporación, el 27 de julio de 1793, al Comité de Salvación Pública, que Danton ha abandonado quince días antes. Charlotte Corday no logra su meta: la demagogia revolucionaria y los conflictos por el control del aparato del Estado se multiplican. Aunque durante su proceso discute con los miembros del tribunal, la emoción que ha desencadenado ahoga cualquier razonamiento. Al final, el crimen de Charlotte Corday justifica la represión de los nobles, de los que forma parte, de los girondinos, a los que es afín, y de las mujeres, desde María Antonieta hasta las mujeres revolucionarias, cuyas transgresiones ilustra, y consagra el golpe de Estado del 29 de mayo al 2 de junio de 1793, uniendo a los sans-culottes y los miembros de la Convención, a pesar de sus divisiones, contra los enemigos.

La democracia directa y los representantes

Así, centenares de miles de soldados, militantes, miembros de los clubes (entre seiscientos y ochocientos repartidos por toda Francia) y administradores dan vida a la Revolución Francesa y encarnan la soberanía, de forma confusa, desde luego. La idea de que la Revolución Francesa se desencarna es desmentida vigorosamente por la fiesta del 10 de agosto de 1793, que reúne a los «enviados» a París a fin de consagrar la aceptación de la Constitución.

La llegada a París de siete mil enviados, pues, obliga a modificar el proyecto de la fiesta concebido por David. En efecto, este había previsto que una delegación de los enviados desfilara junto a los miembros de la Convención para ir a beber juntos de los senos de la fuente-estatua de la Naturaleza. Se respeta al pie de la letra la visión machista de la fiesta, que se inscribe en un proceso continuo que rebaja a las mujeres a un estado erotizado que las despolitiza. Por ejemplo, las mujeres revolucionarias son arrinconadas en una posición subalterna, obligándolas a permanecer sentadas sobre los cañones. En cambio, es preciso revisar el objetivo político de la fiesta. Los siete mil enviados consiguen desfilar en un solo cuerpo, rompiendo las ordenanzas y aplastando por número a los diputados. Con todo, la revuelta latente de los enviados no es anodina. El temor a que estalle una violencia popular análoga a la de septiembre de 1792 es real, tanto más cuanto que reina la rivalidad entre la Convención y los enviados. Algunos de ellos son abiertamente girondinos, como los de Nantes, que esperan que la Convención se disuelva tras el 10 de agosto de 1793 y se convoquen nuevas elecciones. Otros enviados promueven las reclamaciones de los sans-culottes, en reacción a las derrotas militares y la muerte de Marat. Exigen que se debata la imposición fiscal de los precios, aceptada el 4 de mayo de 1793 y confirmada el 27 de junio de 1793, pero olvidada desde entonces. Leclerc o Pauline Léon, en nombre de las ciudadanas revolucionarias, orquestan las polémicas contra los «ladrones públicos», que también apuntan a la Convención. Un portavoz de los «enviados», Claude Royer, procedente de Châlons-sur-Saône, pide que se ponga el Terror en el orden del día.

Ante las reclamaciones, la Convención da prendas. Adopta una ley que castiga el «crimen de acaparamiento» y evita el máximo general —la fijación autoritaria de los precios solicitada por los sans-culottes—, lo que abre la vía a los controles y las denuncias. El 9 de agosto de 1793, la Convención crea «graneros de abundancia» —es decir, graneros públicos—, sin por ello abrogar la ley del 4 de mayo de 1793, hecho que provoca conflictos locales ligados a la imposición fiscal de los precios de subsistencias, sobre todo en las zonas donde las necesidades del ejército son importantes. Además, presenta un proyecto de código civil que confirma las ventajas concedidas a los campesinos, y especialmente a los aparceros, al consagrar el final del feudalismo y el reparto de los bienes comunales.

El episodio permite comprender por qué unos meses más tarde la Convención suspende la Constitución, que representaba una amenaza para su propia existencia, y por qué, en 1795, los sans-culottes reclaman, por el contrario, ¡su aplicación! ¿Acaso conviene interpretar que la Constitución no es sino un falso pretexto? Si nos atenemos a las reivindicaciones de aplicarla que continúan durante dos años más, seguramente no. La Constitución colma ciertas expectativas, les confiere un lenguaje político y crea una cultura. Si nos interesamos por las realidades de las luchas, al margen de una historia estrictamente institucional, los hébertistas y Claude Royer en realidad no desean que se convoquen elecciones para remplazar a la Convención. Esta se mantiene como punto de equilibrio, a pesar de que el poder está literalmente suspendido tras los combates. No solo a causa de los riesgos ligados a la guerra o la guerra civil, a la que volveremos de nuevo, sino sobre todo porque cada persona que ocupa una parcela de poder se considera con derecho a hablar en nombre del pueblo soberano y se reafirma en su puesto por medio de sus victorias sobre sus enemigos. Sin embargo, los riesgos de desvío de ese tipo de postura no se le escapan a nadie. No faltan la demagogia y las manipulaciones, ya que los debates políticos no se inscriben en un marco teórico en el que eruditos constitucionalistas discutan las virtudes de la democracia directa o la democracia participativa, sino que están en manos de partidarios, que aprovechan la menor ocasión para hacer ganar a su bando.

Así, el 1 de agosto de 1793 un delegado de una de las secciones de París declara ante la asamblea de la Comuna: «No venimos a invitarles a deliberar en modo alguno sobre la voluntad del pueblo; traemos las órdenes de nuestros comitentes; solo tienen que obedecer». Con mayor cinismo, un amigo de Roland, defensor del liberalismo económico, no duda en hablar en nombre del pueblo para poner en apuros a la Comuna y la Convención, aunque aún se padece la crisis del trigo. Cuenta con el apoyo de los airados, adversarios ideológicos pero aliados objetivos, a pesar de que Roux, Leclerc y otros aprovechan para hacer un llamamiento a la insurrección, proponiendo mandar a la guillotina a ciertas categorías de la población. Los banqueros, los diputados enriquecidos o los firmantes de las protestas contra el 20 de junio de 1792 deben englobarse en la «gran purificación» que conviene llevar a cabo el 11 de agosto de 1793. Hébert aprovecha para reclamar medidas excepcionales contra los «nuevos brissotianos», es decir, ¡los amigos de Danton!

Jaque a los airados

Ante esa alianza de oponentes, que se vanaglorian de su legitimidad, Robespierre contraataca en nombre del Comité de Salvación Pública. Tacha a Roux de sacerdote demagogo y a Leclerc de antiguo «patriota de un día». El 8 de agosto de 1793, hace citar a la viuda de Marat para que denuncie a aquellos que usurpan el nombre del Amigo del Pueblo, mientras los jacobinos esparcen el rumor de que la hambruna es fruto de un complot de «malintencionados». Roux intenta sublevar a las secciones. Se queda en minoría y el 22 de agosto de 1793 es encarcelado por su propia sección. París no se rebela. El Comité de Salvación Pública ha conseguido abastecer la ciudad, atrayendo a su bando a Hébert y aislando definitivamente a los airados. Ocho meses más tarde, Cauchois, el seguidor de Roland que había puesto el asunto sobre la mesa, es juzgado y condenado a muerte. Entretanto, el Comité de Salvación Pública se ha apropiado de todo el poder.

Entonces es posible interpretar de otra manera lo que estaba en juego entre el 1 y el 10 de agosto de 1793. La fiesta acaba con una destrucción simbólica: se prende fuego a una hoguera compuesta por los «despojos» de la monarquía y las «chucherías» de la nobleza —tapices con flores de lis, objetos de arte— que anuncia la oleada de destrucción de los emblemas que recuerdan al Antiguo Régimen, sean estatuas de los reyes en Notre-Dame o paneles de chimenea. Sin duda, se aprovecha la ocasión para quemar un cuadro de Nanine Vallain, dedicado a un príncipe, en efecto, pero el caso es que su quema permite poner coto a la insoportable competencia de las mujeres, aunque sean republicanas, en el arte. Ese mismo día se inaugura el museo del Louvre, que custodia las obras de arte que conserva la Revolución Francesa a fin de que no se la confunda con los vándalos. El Louvre conjuga el sacrificio expiatorio y la creación de un patrimonio desacralizado; el sacrificio expiatorio hace eco puntualmente a la carga emocional, y la creación de un patrimonio desacralizado sienta las bases de un programa duradero.

El 1 de agosto de 1793, Barère explica esa gestión aparentemente contradictoria en un gran discurso que versa sobre la defensa de la nación. Atribuyendo todos los grandes riesgos a la insurrección del oeste de Francia, propone acusar a María Antonieta y destruir los mausoleos de Saint-Denis «para celebrar el 10 de agosto». La dualidad se prolonga en los hechos. La municipalidad de Saint-Denis se doblega a la orden, pero la iconoclasia que se practica es selectiva, ya que Dom Poirier preconiza enviar ciertas piezas al museo de los Petits-Augustins en beneficio de la nación. La profanación de tumbas no se producirá hasta entre el 12 y el 25 de octubre de 1793, con la ejecución de la reina y la descristianización de los hébertistas. Asimismo, Barère se ensaña con la Vendée, al reclamar la destrucción de sus «bandidos» a fin de asestar el golpe fatal a Pitt. Sin embargo, la Convención, hostil a los actos terroristas, rechaza la propuesta del diputado Garnier de Saintes de hacer asesinar a Pitt. El éxito de esa política es evidente cuando, el 25 de agosto de 1793, los enviados aceptan marcharse a sus cantones, donde se supone que deben desempeñar un papel principal junto a los representantes en misión. Así, la Convención se queda sola representando al pueblo soberano, legitimada frente a los tejemanejes federalistas girondinos o sans-culottes. Este episodio, poco conocido, permite comprender cómo el poder de los montañeses y la Convención se impone negociando con una demanda «democrática» expresada por las asambleas primarias por medio de los portavoces. Se trata de una realidad muy alejada, pues, de las imágenes convenidas que aseguran que todo estaba acordado a partir de junio de 1793 y que las múltiples instituciones preparaban una especie de «gobierno revolucionario». Por el contrario, todo se basa en los compromisos entre fuerzas antagónicas: la Convención, un elemento entre otros, transige con el «pueblo» colegislador.

La democracia directa muestra sus límites. Permite todas las manipulaciones y todos los derrocamientos de alianzas. Roux y Leclerc lo sufren en sus propias carnes cuando la Convención logra poner la opinión pública en su contra, con el apoyo de los amigos de Hébert. El movimiento sans-culotte, suponiendo que haya existido jamás, pierde su unidad y su eficacia al estallar entre habitantes de las secciones y militantes de base, múltiples agentes y cargos intermedios, cabecillas de corrientes y electos o empleados de las grandes administraciones municipales o nacionales. Resulta irónico constatar que el divorcio entre esos grupos distintos, descrito por historiadores que han redactado obras eruditas de gran valor, se minimiza cuando estos (A. Soboul, H. Burstin) intentan encontrar sentido al vocablo sans-culottes. Si se buscan características específicas, los sans-culottes resultan tan «inencontrables» como el «pueblo» de la Revolución Francesa. Una orientación ideológica y social ha ocultado disparidades considerables, ya que el término no remite a una abstracción ni a una categoría social clara. La noción de sans-culottes se asemeja a la de «girondinos»: más que realidades sociales, designan aspiraciones políticas, e incluso identifican ideales típicos. Designan nebulosas cuya eficacia tan solo se concreta en los momentos de tensión.

No conviene concluir estas líneas con una condena de los miembros de la Convención, sospechando su mala fe. Son presa del dilema entre el respeto a las peticiones expresadas por un «cuerpo social» que se constituye por medio de sus reivindicaciones y la obligación de resistir a los excesos y las derivas de individuos y grupos que hablan en nombre del «pueblo». Esta verdad evidente, rechazada durante mucho tiempo por la historiografía «progresista», encuentra un nuevo lugar en las aproximaciones historiográficas del siglo XXI, enfrentado a varias formas de populismo. Esta lectura debe articularse con la que pone de relieve los ideales políticos típicos que ilustran las distintas corrientes: una sociedad de individuos educables y mejorables, según Condorcet, una nación de ciudadanos virtuosos, según Saint-Just, o una comunidad de iguales, según los sans-culottes, para recordar que la explicación histórica se lleva a cabo en ese hueco incómodo pero indispensable.

El ejército del pueblo: disciplina y eficacia

El 23 de agosto de 1793, dos días antes de la partida de los siete mil enviados, la Asamblea decreta la «leva masiva», modificando las reglas del reclutamiento militar y satisfaciendo una petición de los delegados provinciales. En un sentido estricto, la decisión se inscribe en la línea de las movilizaciones llevadas a cabo desde 1791 e inicia el reclutamiento del Directorio, pero, en el contexto político de 1793, la medida adquiere otro sentido más político. Para los sans-culottes, se trata sobre todo de provocar un despliegue de las fuerzas vivas del «pueblo», revolucionario por naturaleza. A ojos de los montañeses, conviene dirigir y disciplinar el entusiasmo. Es preciso edificar al «pueblo», especialmente a través del ejercicio de la virtud. La diferencia entre las dos posturas es considerable. Los sans-culottes consideran que poseen la clave de la victoria militar y social, ya que han declarado la guerra a los enemigos, entre los cuales se encuentran los ricos. Está en juego cómo definir la nación, ya que los sans-culottes piensan que esta puede crearse por sí misma, en la comunión de iguales; por su parte, los miembros de la Convención están convencidos de que su creación debe estar dirigida por el Estado, que, llegado el caso, debe mantener el control del ejército jerarquizado y disciplinado. En la práctica, los llamamientos al martirio en nombre de la nación serán comunes a todos los grupos, aunque los montañeses logren canalizarlos progresivamente y limitar sus derivas. En los campamentos, se estrechan lazos fraternales entre los soldados y sus oficiales, lazos que facilitan la cohesión de las tropas, aunque a veces esa unidad se base en la aceptación del saqueo y las exacciones que llevan a cabo los soldados. Por último, una parte no desdeñable de la población no acepta someterse a las exigencias militares. Así, la leva masiva no produce el efecto que preveían sus promotores sans-culottes. La razón de Estado, con lo que implica de negociaciones y ajustes, sigue predominando bajo la égida de los miembros de la Convención. Estos, encabezados por Barère, aparentemente adoptan el lenguaje de sus rivales, aprovechando el impulso suscitado, pero desvían su aplicación en su provecho, manteniendo el control.

Tan solo se recluta a los solteros y los viudos sin hijos de dieciocho a veinticinco años, pero se moviliza a toda la nación, especialmente en la fabricación extraordinaria de armas. Los resultados son dispares. El ejército se transforma: contaba con unos quinientos mil hombres y recibe trescientos mil más durante los meses siguientes, al término de heteróclitas campañas de reclutamiento. Como se traslada a los reclutas a distancias considerables hacia sus cuerpos y a menudo se amalgaman con las tropas más aguerridas en condiciones difíciles, en ciertos aspectos la leva masiva resulta una engañifa. La leva masiva, sumada a múltiples levas, realizadas en fechas cercanas, no es sino una leva entre otras. No aporta al ejército medios adicionales para combatir; las victorias que advendrán se deberán a otros factores, empezando la vigilancia a la que se somete a los generales. Esas gigantescas mezclas de individuos desorganizan el país, acarrean alzas en los precios, agravan las tensiones entre los ricos y los pobres y, de lejos, no obtienen resultados inmediatos. Ello no impide que la gran masa de soldados, inédita en la época, vuelvan las tornas en la práctica. Los soldados, poco formados al principio, trastocan las costumbres y desestabilizan a sus adversarios —además de a su propio mando, a menudo—; por otra parte, suponen una carga considerable para el resto del país, que debe asegurar su avituallamiento, sus pertrechos y su armamento. Por último, los nuevos soldados, procedentes de todas las regiones, incluso de las alejadas de las fronteras tradicionalmente amenazadas, y procedentes de grupos urbanos pobres pero en parte también rurales, participan de facto en la nacionalización de la Revolución Francesa, así como en la imposición de medidas excepcionales y en el incremento de la productividad.

En efecto, la Convención y los Comités movilizan el país en nombre de la eficacia. Se trata de una innovación, ya que no cuenta el impulso político, sino la calificación. Así, se retira a los obreros especializados de las tropas a fin de integrarlos en todas las fábricas de armas y municiones que se han creado con suma urgencia en todo el territorio, lo que agrava el destino de los campesinos, que soportan directamente el impuesto de sangre. Se recluta a toda la población para recoger el salitre de los sótanos y entregarlo a ciertos recolectores, a fin de transformarlo en pólvora añadiéndole azufre y carbón de leña. En París, seis mil obreros fabrican fusiles, funden balas y vacían cañones en un sinfín de talleres (entre ellos, doscientas cincuenta fraguas) establecidos en especial a lo largo del Sena. Su producción cotidiana alcanza los mil cien fusiles. A veces se considera a esos obreros muscadins, ya que se escapan a la guerra y reciben pagas muy altas, pero la Convención los apoya y poco a poco les impone una disciplina. Toda una administración autónoma organiza las requisas, los convoyes de materias primas o las entregas de armamento, empleando una miríada de conductores y barqueros. Las subsistencias destinadas a las tropas y los obreros se vuelven prioritarias, y sus salarios se escapan al tope de los precios y los salarios que se están planteando en ese momento.

El esfuerzo industrial es general e innovador. Junto a los grandes polvorines que se crean, especialmente en París, el castillo de Meudon, en la periferia, está dedicado a experimentos secretos con aeróstatos y a la búsqueda de explosivos. Se instala el telégrafo Chappe, para gran espanto de la población, inquieta por los movimientos incomprensibles de los aparatos. Las grandes fundiciones, como la de Indret, cercan de Nantes, están sumamente protegidas de los riesgos de la guerra y la demagogia política. Se dejan en manos de emprendedores privados, a quienes se considera más aptos que a los regidores, para producir armas de calidad en gran número. El 24 de agosto de 1793, la Convención abre el «Gran Libro de la Deuda Pública», para tranquilizar a los acreedores del Estado y, al mismo tiempo, atarlos de forma duradera. Se confunden y se consolidan todas las deudas; el Estado se compromete a pagar una renta, pero es eximido del rembolso del capital.

Emplear a los violentos

Los efectos son considerables. A corto plazo, el poder de los hébertistas se fortalece. Las reivindicaciones sans-culottes se combinan con la organización montañesa para modificar las tácticas militares. Más que nunca, se ve la pica como el arma revolucionaria por excelencia; su uso renueva los métodos de combate y contribuye a reforzar los ejercicios militares, aunque los resultados no sean concluyentes. Ese dogma provisional no se pone en entredicho, ya que no se dispone de pertrechos. La radicalización de las consignas también modifica la manera de llevar a cabo la represión en el interior del país. Asimismo, la leva confiere a los representantes en misión un papel local importante en el momento en que pasan bajo el control acrecentado de la Convención. Como a veces interpretan las leyes de forma equivocada, los representantes en misión son los motores de la movilización, así como el punto de equilibrio entre todas las instituciones departamentales o municipales, las sociedades populares y los comités de vigilancia, que compiten entre sí, aunque organizan a su manera las requisas, tanto frente a las presiones de las sociedades populares como frente a las resistencias campesinas, cada vez más vivas. Sus acciones concretas, más que politizar la guerra, tienen sentido: imponen una unidad, cueste lo que cueste, en nombre de la nación. Encarnan la irrupción de la política.

En su discurso del 1 de agosto de 1793, Barère nombra a la Vendée como el enemigo esencial, y hace decretar la destrucción de los «bandidos», reservándose el derecho a proteger a las mujeres, los niños y los ancianos. La precaución es importante, ya que no considera a los vandeanos un grupo que destruir, en la medida en que las categorías habituales —el sexo y la edad, sobre todo— continúan siendo operatorias y no aporta ninguna definición, ni siquiera geográfica, del grupo. Barère también sabe que a la hora de la verdad las prácticas de las tropas resultan incontrolables, como demuestra el citar el saqueo del Palatinado de 1688 con conocimiento de causa. Sin embargo, no crea un enemigo «sustancial» (C. Schmitt), opuesto como tal a la Revolución Francesa y, por tanto, sometido a la destrucción, ya que habrá que examinar las características de cada persona para clasificarla o no entre los «bandidos». Cubre un tupido velo por anticipado sobre los excesos represivos causados por la urgencia, la convicción política o simplemente el odio. En cualquier caso, prepara el futuro al hacer posibles el final de la represión, la reconciliación con los «no bandidos» y también la acusación de aquellos que hayan sobrepasado las órdenes imprecisas. Así, «el enemigo» es una categoría perfectamente historicizada, que depende del estado de las luchas. Doce días más tarde, se decide realizar una leva especial de hombres contra los vandeanos.

El discurso, pues, deja vía libre a los representantes en misión y a los ejércitos para actuar en situaciones de urgencia. Se trata de una política cínica, como ilustra, por ejemplo, el hecho de que en el oeste de Francia se cree una compañía de húsares americanos que agrupan a «ciudadanos de color» bajo la presión sans-culotte. Como la Convención se opone a mandar esa compañía a las colonias, se despliega en el frente de la Vendée, donde comete exacciones que el representante en misión oculta durante varios meses. Del mismo modo, numerosas tropas más o menos regulares caen en las prácticas habituales de los soldados en campaña, agravadas por el radicalismo —y el laxismo— de los representantes en misión o los funcionarios. La destrucción de bienes, las violaciones y varias clases de violencia acompañan el paso de esos soldados, convencidos de su impunidad y su derecho a cometer fechorías. Matar a los «bandidos» es legítimo e incluso necesario. Bajo el efecto de los discursos sobre la nación regenerada, las sensibilidades se embotan y los asesinatos se banalizan, e incluso se convierten en escalones hacia la gloria. ¿Acaso es preciso recordar que en esa época se hace la guerra sometiendo a las peores brutalidades a las poblaciones invadidas o vencidas? La atención que se presta a las exacciones de los revolucionarios está ligada en parte al contraste entre esos hechos y las ideologías y las consignas que proclaman.

Eso no impide que los reclutas sean el blanco de la propaganda sans-culotte, que regularmente se muestra hostil al mando y a menudo al Comité de Salvación Pública; algunos generales se llevan la peor parte. Los sans-culottes reclaman que se depure el ejército, en beneficio de los generales nombrados por Bouchotte, mientras la Convención y el Comité de Salvación Pública literalmente sueltan a Houchard. Este, un general salido de las filas, que está al mando del ejército del norte desde que despiden a los oficiales nobles, el 8 de septiembre de 1793 sale victorioso en la difícil batalla de Hondschoote, pero no persigue a los ingleses vencidos para dejar que sus soldados descansen. Tachado de traidor, es destituido, juzgado y ejecutado el 25 de noviembre de 1793. El general Custine, detestado por su arrogancia, su independencia y su preocupación por la disciplina, también es enviado ante el Tribunal Revolucionario tras varias derrotas y ejecutado el 28 de noviembre de 1793. En la Vendée, el general Biron pierde la verdadera guerra que llevaba a cabo contra Ronsin y Bouchotte; en julio de 1793 es destituido de su mando y también es ejecutado, el 31 de diciembre de 1793.

Esos hechos, que aterrorizan al ejército y a la nación y benefician a los sans-culottes, refuerzan definitivamente al Comité de Salvación Pública, que centraliza todas las operaciones y sacará provecho de esa radicalización una vez que los sans-culottes sean eliminados. Cierto número de generales, como Canclaux, apoyado por Carnot, jamás han cedido a la necesidad de mantener la disciplina. La prueba es la decisión que toman los representantes en misión reunidos en Angers el 8 de septiembre de 1793, a raíz del discurso de Barère del 1 de agosto de 1793. Tan solo los generales deben decidir la destrucción de las «guaridas» de los «bandidos»; cualquier oficial, suboficial o soldado que contravenga será responsable de los estragos y considerado «rebelde a la ley». El empleo de los violentos es una práctica delicada que responde a la necesidad de ganar la guerra por todos los medios. Los Doce del Comité de Salvación Pública asumen dicha política.

¿Terrores o «terror»?

Las soluciones políticas que se adoptan en septiembre de 1793 ilustran que la guerra es prioritaria a cualquier otra consideración. En ese momento, los sans-culottes constituyen la fuerza política indispensable, además de un peligro para la Convención. Esta dirigirá y reglamentará todo lo posible la represión de una parte de los diputados y de los representantes en misión que reclaman los militantes sans-culottes. Aunque sus leyes no se respeten del todo, dan argumentos de resistencia tanto a los administradores que eventualmente se encuentran en tela de juicio como a los acusados. Camille Desmoulins, ironizando, llega al extremo de decir que incluso las sociedades fraternales decretan leyes y que basta con publicarlas en un periódico para que una «ley» se considere válida; la Convención impide las leyes de venganza, las proscripciones por categorías o las denuncias malintencionadas. No obstante, debe imponerse en medio de una complejidad inaudita, que conviene consignar aquí caso por caso.

En Santo Domingo, el conflicto triangular entre los esclavos partidarios de los españoles, los colonos apoyados por los ingleses y los hombres libres de color republicanos se complica con la llegada del nuevo gobernador Galbaud, un plantador veterano de Valmy y próximo a Dumouriez. Este se apodera provisionalmente de Cap-Français, antes de que sus adversarios, Sonthonax y Polverel, los comisarios enviados por París, salvados in extremis de la captura, reconquisten la ciudad devastada y emprendan una contraofensiva victoriosa contra él. Así, estos controlan una parte de la colonia, mientras que Galbaud, los colonos realistas y doce mil esclavos emigran a los Estados Unidos o a el Caribe. Entonces Sonthonax y Polverel deciden conceder la libertad a los esclavos que combaten por la República, y más tarde, el 29 y el 31 de agosto de 1793, por su propia iniciativa, derogan la esclavitud. Organizan elecciones de diputados a la Convención, que en febrero de 1794 acoge a los tres diputados de Santo Domingo: Belley, que es negro; Mills, mestizo, y Dufay, blanco.

Córcega experimenta una evolución parecida, pero en ese caso en contra de la República. En primavera de 1793, los conflictos declarados entre los paolistas y los jacobinos hacen que se declare responsable a Paoli del fracaso de la expedición militar contra Cerdeña, aunque la hostilidad de las tropas —procedentes, en parte, de Marsella— hacia los corsos desempeñe un papel esencial en la derrota. Paoli, denunciado por traidor a la patria, sigue siendo el hombre fuerte de la isla, y sus seguidores expulsan a sus adversarios, entre ellos la familia Bonaparte. En julio de 1793 la isla se separa de Francia, al negociar el apoyo de la marina inglesa, lo que desemboca, en junio de 1794, en la formación de un reino anglo-corso.

En Marsella, el 8 de julio de 1793 la municipalidad provisional emprende una ofensiva contra Aviñón, pero el día 26 pierde. En 1794, el episodio originará la leyenda del joven Viala, un niño republicano que es asesinado mientras resiste a los «federalistas». La contraofensiva encabezada por el general Carteaux se aprovecha de las divisiones internas de los marselleses, ya que los realistas intentan que la insurrección se acerque a la flota inglesa, mientras que las secciones populares se sublevan contra la municipalidad «moderada» y realista. El 25 de agosto de 1793, se reconquista Marsella y se impone una represión espectacular. Se anuncia un programa de destrucción y enseguida se establece un tribunal criminal extraordinario, que condena a ciento sesenta y dos personas al cadalso. Como reacción, los insurgentes de Toulon, a los que se han sumado los realistas, y contra los que se dirigen las tropas republicanas, acuden a la flota anglo-española. El 28 de agosto de 1793 trece mil marinos y soldados desembarcan en el puerto de Marsella. El 1 de octubre de 1793, Luis XVII es proclamado rey y la ciudad se identifica con la bandera blanca. El sitio comienza el 8 de septiembre de 1793 y se prolonga durante más de dos meses. Más al norte, Lyon cede el 7 de octubre de 1793, tras un sitio que durante mucho tiempo resulta incompleto, ya que se permite a los habitantes de Lyon que se aprovechen de las brechas, pero en el que también se enfrentan las fuerzas revolucionarias, por una parte, y las fuerzas contrarrevolucionarias, por otra, mientras los realistas participan en la defensa de la ciudad.

En París, durante los primeros días de septiembre de 1793 se multiplican las protestas contra el encarecimiento de la vida y contra los generales nobles y los federalistas de Lyon y Toulon —el 2 de septiembre llegan las noticias de la toma de Toulon por parte de los ingleses—. El 3 de septiembre de 1793, la Convención decreta el primer impuesto sobre la fortuna que haya existido jamás en Francia, un empréstito forzado a los ricos. Mientras los sans-culottes y los moderados se enfrentan por el control de las secciones, el día 4 Chaumet recupera una agrupación espontánea, y promete crear un ejército revolucionario que pueda asegurar el abastecimiento de la ciudad. El 5 de septiembre de 1793, una muchedumbre se presenta ante la convención para lograr sus propósitos. Los debates son confusos. Danton galvaniza la asamblea y elimina las tensiones, pero se niega a regresar al Comité de Salvación Pública. En cambio, Billaud-Varenne, que se ha puesto de parte de los manifestantes, se incorpora al Comité de Salvación Pública, junto con Collot d’Herbois. Barère, que ha hablado en nombre del Comité, mientras Robespierre ha abandonado la presidencia de la Convención para obtener el apoyo de los jacobinos, sabe, una vez más, desviar la petición. Se decide que un ejército revolucionario reunirá a seis mil hombres y mil doscientos artilleros; los comités revolucionarios podrán perseguir a los sospechosos, y se juzgará a los girondinos encarcelados.

En un sentido estricto, el terror no forma parte del orden del día de la Convención, que también rechaza que se ejecute a los sospechosos sin juicio previo. Es preciso recurrir a la ley contra los «bandidos», a los que conviene combatir sin imitarlos. Paralelamente, las asambleas de sección se limitan a dos por semana, y sus miembros pueden percibir una asignación de dos francos, lo que los vuelve dependientes del Estado. Ese mismo día, Roux es llevado a la cárcel, donde se suicidará. Varlet y Leclerc, que denuncian enseguida las limitaciones impuestas a la democracia directa, también son encarcelados durante un tiempo, mientras se desata una ofensiva contra las ciudadanas republicanas revolucionarias y, por último, para curarse en salud, se lanza al ruedo las cabezas de María Antonieta y Brissot.

De nuevo, se utilizan y se atenúan las exigencias radicales de los sans-culottes, como comprende y acepta Hébert. Una vez liberado de los airados, este apoya los decretos de la Convención, que exagera a propósito, insistiendo en la necesidad de expulsar a los nobles y los sacerdotes de los puestos que ocupan. Las asambleas de sección también reaccionan a los controles impuestos, y los militantes se organizan en sociedades populares, una nueva denominación que permite esquivar el control de los jacobinos. A cambio, estos imponen que esas sociedades se depuren y se afilien a su club para evitar cualquier riesgo de «federalismo» y «aristocratismo». Esas luchas sordas, pero profundas, anuncian la ruptura que sobrevendrá entre enero y marzo de 1794.

Dirigir la violencia

Durante los días siguientes, la Convención prosigue su ejercicio equilibrista de radicalización controlada; el 7 de septiembre de 1793 se incautan los bienes de los banqueros extranjeros, respondiendo a una petición del departamento de París y a las expectativas sans-culottes; el día 11 se decreta el tope de forraje y cereales, un control de los precios muy deseado, que anuncia el tope general, que se decide el 29 de septiembre de 1793. Su principal efecto será la ruptura entre el campesinado y el mundo urbano, pero en adelante los temores de los sans-culottes se ciernen sobre los campesinos, contra los que actuarán los ejércitos revolucionarios. La responsabilidad de la Convención en el abastecimiento cotidiano disminuye en la medida en que los diputados ignoran las peticiones reiteradas de descomponer las grandes granjas, ya que se niegan a acometer una política de redistribución de los bienes. El 13 de septiembre de 1793 se vota una ley que concede las tierras de los emigrados a los pobres, pero, a fin de proteger el campo, del que depende el avituallamiento militar, se edulcora la ley y apenas se aplica, tanto más cuanto que, a partir del 15 de septiembre de 1793, los generales pueden vivir de sus conquistas, es decir, saquear las zonas conquistadas sin tener que preocuparse de anexionarlas a la Francia revolucionaria.

El 17 de septiembre de 1793, la Convención legisla sobre los sospechosos. El 12 de agosto de 1793 se había solicitado la detención de personas sospechosas; el 4 de septiembre se plantea de nuevo el asunto, sobre todo Collot d’Herbois, así como las secciones que desean encarcelar a los «malos ciudadanos», los «acaparadores», los funcionarios suspendidos… El texto de Merlin de Douai se acepta el 17 de septiembre de 1793, después de tres redacciones distintas. Aunque es muy coherente, sus límites son igual de coherentes. Denominado por toda la historiografía «ley de los sospechosos» y considerado a menudo una ignominia terrorista, de hecho instaura cortapisas contra las proclamaciones de las secciones, y dirige las persecuciones. Además, a los sacerdotes que no han prestado juramento a la Constitución civil del clero o los funcionarios reintegrados ya no les afecta la ley. Tan solo se hace una concesión a los sans-culottes, que la utilizan de inmediato: la ausencia de certificado de civismo señala al sospechoso. El poder de los comités revolucionarios encuentra su confirmación, pero este motivo seguirá siendo muy minoritario en el conjunto de los procedimientos que se emprenden contra los sospechosos. De nuevo, los juicios no se ceden a la apreciación subjetiva de cada cual, y el enemigo no es «sustancializado». Tan solo son sospechosos los nobles «que no han manifestado constantemente su apego a la Revolución Francesa», una cláusula que abre la vía a numerosos recursos. La ley no está ligada al «maquiavelismo» de Merlin de Douai y los miembros de la Convención, sino «a las luchas dentro del aparato del Estado revolucionario», y a todas luces Merlin de Douai se ve obligado a desdecirse de sus posturas moderadas al endosar ese texto. A corto plazo, los sans-culottes siguen conservando su capacidad de detener a los sospechosos, pero ya no consiguen organizar los controles que pretendían poner en marcha, mientras las relaciones personales continúan desempeñando el papel principal en la represión.

Por otra parte, el gran empréstito, debatido en la Asamblea y decidido el 20 de mayo de 1793, tras plantearse en Montpellier en marzo de 1793, se conjuga, además, con el gran empréstito voluntario puesto en marcha el 24 de agosto de 1793. Su inspirador, Cambon, es el hombre fuerte de las finanzas del Estado y dispone del apoyo de las redes financieras de Montpellier. Se trata de recuperar dinero para la guerra y contentar las reivindicaciones sociales, pero también de reducir la circulación monetaria, y, por tanto, la inflación, y, por último, de lograr la colaboración de los más ricos, que se escapan al empréstito forzado si han suscrito un empréstito voluntario, de condiciones más ventajosas. Al final, el pago se extiende hasta el año VII y reporta unos doscientos ochenta y ocho millones —un mes de guerra cuesta doscientos cincuenta millones—, es decir, una cuarta parte de la cifra estimada. Los ricos pagan, pero salen ganando, y los municipios rurales se escapan a la contribución, ya que los electos municipales aseguran que en el municipio no vive ningún rico; por su parte, las ciudades «federalistas» pagan el precio de su revuelta. Por último, al cabo de unos días, los banqueros, inquietos, recuperan su libertad de maniobra, especialmente gracias a Cambon, que cuenta con el aval de la Convención. Entretanto, la maniobra también ha servido para evitar que las especulaciones a la baja con la moneda francesa arruinen el presupuesto, aunque cabe preguntarse si los sans-culottes no han sido manipulados por contrarrevolucionarios bien informados. El Comité de Finanzas sale reforzado y puede continuar tratando con los banqueros e incluso exportando dinero en metálico.

El estallido del Estado

En el conjunto del país, se depuran las asambleas de sección y todas las instituciones, con lo que el terror está de facto en el orden del día de numerosas ciudades, que responden a la expectativa de muchos militantes sans-culottes. La consigna, difundida el 1 de agosto de 1793, circula; abanderada por una parte de los revolucionarios, permite aterrorizar a los enemigos, a pesar o tal vez a causa de la imprecisión de la consigna. ¿A qué remite el «orden del día», ya que el terror no está inscrito en el formalísimo orden del día de la Convención? Se pueden sacar cuatro conclusiones de la situación. En primer lugar, no se instituye ningún sistema político de gobierno basado en el terror, ya que toda la Convención pone de relieve la noción de justicia. Segundo punto: aunque numerosos representantes ejerzan un «terror suave», no se trata de un simple oxímoron, sino de una política que aúna declaraciones temibles con exigencias limitadas en la práctica e inspiradas en el estado de guerra del país. Ello explicaría que apenas se persiga a esos agentes tras termidor y que el esfuerzo militar sea aceptado por poblaciones complacientes, pasivas ¡o lo bastante hábiles como para no dar pie a las intervenciones del poder central! En tercer lugar, el otoño y el invierno de 1793-1794 suponen incontestablemente el apogeo de la independencia de las comunidades rurales del campo que se han salvado de los conflictos internos. Así, algunas regiones rechazan el federalismo y el movimiento sans-culotte, lo que ilustra el hecho de que la politización no es el único modo de vida de los franceses durante la guerra y que el republicanismo arraiga independientemente de las consignas parisinas. Por último —la conclusión final—, algunos representantes y grupos constituidos a su alrededor aprovechan la ocasión para ejercer la violencia y exacciones varias. Sin embargo, su número resulta marginal, pero, como es lógico, llaman la atención de sus contemporáneos y las generaciones siguientes. En concreto, tan solo las regiones en plena «guerra civil», donde esos hombres pueden actuar sin contrapeso alguno, están sometidas a la represión, desencadenada de manera incontrolada durante las fases más agudas de los combates.

Por tanto, durante ese período no se puede denunciar una orientación única que se invente un sistema, sea la exclusión de ciertas categorías de individuos o una especie de pretotalitarismo, incluso de genocidio. Por el contrario, es la debilidad de los poderes centrales, provocada por las grandes rivalidades y las incertidumbres sobre la definición misma del Estado, la que permite esas respuestas dispares a las urgencias. Aunque algunos individuos o grupos que se encomiendan a la legitimidad del Estado ejerzan el terror, o pretendan conquistar la legitimidad del Estado ejerciendo el terror, lo cierto es que no existe una violencia de Estado decretada por las grandes autoridades. Lo atestiguan los numerosos casos en que los sospechosos y los acusados, incluso siendo nobles, se salvan por las garantías que dan sus vecinos y amigos, que acuden a defenderlos ante un tribunal. Incluso durante el «pleno Terror», retomando una expresión verdaderamente carente de sentido, los vínculos comunitarios, si se mantienen, priman sobre la ideología y desmienten cualquier sistematicidad de la represión política. Existen un sinfín de ejemplos, tanto en Essonne como cerca de Nantes o Lyon. El pragmatismo, el cinismo, la necesidad y la determinación se imponen, en un movimiento más regresivo que innovador, a las ideologías y las consignas presentadas como estandartes de la movilización. A ello se le suma el heroísmo ante la muerte, sea esta reivindicada, aceptada o infligida. En conjunto, se trata de un momento particular más comparable con la Francia de 1914 que con la URSS de Stalin o la Alemania de Hitler.

Asimismo, lo demuestran las luchas bizantinas que entablan los hébertistas y los montañeses a partir de septiembre de 1793. El conflicto surge durante el congreso de Valence, organizado el 7 de septiembre de 1793 por sociedades populares a iniciativa del sans-culotte marsellés Isoard, que, tras haber huido de Marsella, se convierte en el delegado de Hébert. Robespierre se opone frontalmente a los mil doscientos delegados que desean que se aplique la Constitución, en especial los artículos que limitan el poder de los diputados. Por el contrario, Robespierre pretende mantener el gobierno revolucionario hasta que reine la paz e impedir cualquier contacto entre los comités centrales de las sociedades populares, que establecerían una legitimidad que competiría con la de la Convención, vinculada, por su parte, a las instituciones departamentales y locales. El siguiente congreso, que se celebra en Marsella del 3 de octubre al 21 de noviembre de 1793, por iniciativa de Isoard, queda interrumpido bruscamente. Los hébertistas reclaman que se duplique el ejecutivo, situando al ministro del Interior bajo el mando de las sociedades populares. Tanto los miembros de la Convención como las sociedades populares de Marsella, así como el representante en misión Fréron, se oponen a las pretensiones hébertistas.

Este último reivindica hábilmente el «terror a la orden del día» para acercarse a los militantes de Toulon, pero también ¡contra el «federalismo» sans-culotte! Los hébertistas, que corren el riesgo de pasar por fraccionarios o intrigantes, se ven obligados a reivindicar una consigna más neutra —«pan y hierro»— antes de abandonarla. Algunos meses más tarde, Fréron declara la ciudad en estado de sitio y persigue a los cabecillas sans-culottes, empezando por Isoard, ¡sospechoso de tejemanejes contrarrevolucionarios! Con menos repercusiones, el mismo esquema se repite en octubre y diciembre de 1793 en el norte de Francia, donde unos clubes organizan federaciones para poner en marcha una democracia directa y ejércitos revolucionarios. La hábil hostilidad de los representantes en misión y los pocos apoyos a esas iniciativas las vuelven caducas, pero su existencia atestigua que mientras que la legitimidad de la Convención está afianzada, su poder efectivo todavía no.

Eso mismo ilustran las transacciones de octubre de 1793. El 10 de octubre de 1793, mientras la Comuna refuerza el control político y corren rumores de corrupción por parte de ciertos diputados y sans-culottes, la Convención declara el gobierno revolucionario hasta que reine la paz, postergando la aplicación de la Constitución sine die, y doce días más tarde se crea una comisión de subsistencias bajo la autoridad exclusiva del Comité de Salvación Pública. Precisamente ese mismo día (el 19 de vendimiario del año II) Saint-Just, al declarar que «las leyes son revolucionarias, pero aquellos que las ejecutan no lo son», legitima el golpe de fuerza de la Convención y el Comité de Salvación Pública. Se anula la posibilidad de censura que otorga la Constitución a los ciudadanos, se rechaza la democracia semidirecta y la Asamblea entabla un régimen claramente representativo al entremezclar las atribuciones del poder legislativo con las del poder ejecutivo.

Mientras la tensión popular se acrecienta y las secciones y las administraciones son presa de una voluntad de depuración que se alimenta también de las rivalidades personales, el 2 de octubre de 1793 cuarenta y ocho diputados girondinos y María Antonieta deben comparecer ante el Tribunal Revolucionario —recordemos que Robespierre consigue que otros setenta y cinco girondinos simplemente sean detenidos—. ¿Acaso se trata de compensaciones concedidas a los sans-culottes? El 16 de octubre de 1793, la reina es ejecutada tras un proceso en el que las pruebas de su traición cuentan menos que las acusaciones realizadas por Hébert de incesto con su hijo. La enormidad del cargo atestigua la misoginia y la brutalidad que anima a numerosos sans-culottes, que el día 20 reducen al silencio a las ciudadanas republicanas, y el 3 de noviembre de 1793 guillotinan a Olympe de Gouges, el día 8 a Manon Roland y, el 8 de diciembre de 1793, a Du Barry. Se trata, a todas luces, de un ajuste de cuentas de la misma naturaleza que el hecho de que el 31 de octubre de 1793 los girondinos sean condenados al cadalso, tras una intervención de Hébert reclamando que se abrevie el proceso, y que el duque de Orleans, Bailly y Barnave los sigan.

Los últimos fuegos

En otoño de 1793, el «terror» se confunde con el estado de excepción. En las fronteras, el avance de los enemigos marca el paso, pero los representantes en misión se distinguen por su implacable audacia. Estos, que se encuentran en el frente, mandan a los generales derrotados o incapaces a la guillotina. Entretanto, el Comité de Salvación Pública se reafirma con Carnot y Saint-Just. Después de diciembre de 1793, la ofensiva francesa se reanuda en todas las fronteras, liberando el territorio de las invasiones española y piamontesa.

En el interior, en la Vendée, las rivalidades políticas resultan determinantes. Los hébertistas, que controlan el ejército de Saumur, primero abandonan a su suerte a los otros ejércitos, de Brest y La Rochelle, embarcados en una operación de asedio iniciada en julio de 1793 y que debe acabar en septiembre de 1793. De ello resultan una serie de derrotas sorprendentes, que se ocultan en la medida de lo posible a la opinión pública, pero que tienen como consecuencia que el poder militar acabe en manos de los sans-culotte Rossignol y Ronsin, gracias a Vincent, el hombre fuerte del Ministerio de la Guerra. En octubre de 1793, una vez que se ha colocado a Rossignol a la cabeza del ejército del oeste de Francia y que se ha eliminado a sus rivales montañeses y dantonistas, la ofensiva se reanuda y desemboca, como es lógico, en la derrota de los vandeanos en la batalla de Cholet. No obstante, las tropas republicanas, incapaces de rematar su victoria, dejan que los vencidos se marchen hacia el norte de Francia, en el llamado «giro de la Galerna», como el viento del noroeste. La columna, formada por varias decenas de miles de personas, cruza Maine y Normandía a fin de tomar Granville y abrir un puerto a la marina inglesa, a costa de combates de una gran brutalidad. El sitio de Granville fracasa, y los vandeanos, ayudados por los bretones, vuelven a marcharse hacia el Loira, siguiendo un itinerario que depende de las batallas. En Mans, miles de personas pierden la vida durante los combates en el interior mismo de la ciudad, y a causa de la represión posterior. Una parte de los vandeanos cruza el Loira y emprende una guerra de escaramuzas; la mayoría de los supervivientes, perseguidos por el ejército, son aniquilados en Savenay, donde fusilan a los prisioneros. La Vendée sigue controlando Noirmoutier y una parte de Bocage, así como Bressuirais y Mauges.

El mando sans-culotte ha demostrado su incompetencia. Rossignol y posteriormente L’Échelle han sido incapaces de asegurar la victoria, que se debe al talento de Kléber y Marceau, próximos al representante en misión Carrier. Las rivalidades entre los generales marcan el curso de los combates; a veces, el dantonista Westermann ataca a destiempo para intentar apropiarse de un éxito y, entre otras cosas, declara que ha «pisoteado con sus caballos» a las mujeres y los niños asesinados en Savenay. La fórmula, empleada para justificar su determinación revolucionaria, no le ahorra la guillotina, y le vale una reputación abominable en la historiografía, que ignora las necesidades de la demagogia. Por las mismas razones, un general noble, dantonista y torpe, llamado Desmarres d’Estimauville, relata una pequeña escaramuza de la que sale vencido insistiendo en la muerte heroica de un joven tambor, Bara, que lo había seguido al ejército. Sin embargo, Desmarres d’Estimauville tampoco logra salvar la cabeza, mientras que Bara, héroe de inciertas calidades, es utilizado por Barère y Robespierre cuando recuperan el poder político en enero de 1794.

En diciembre de 1793, se supone que la llegada del general Turreau sitúa al ejército bajo un jefe montañés aceptado por los sans-culottes, mientras la represión de los prisioneros capturados a miles alcanza su punto culminante en los tribunales extraordinarios de las ciudades, las comisiones militares e incluso las comisiones ad hoc creadas por representantes en misión. Se ejecuta a miles de personas: sacerdotes refractarios y combatientes, pero también mujeres y niños. Los habitantes de Nantes se distinguen particularmente por organizar ahogamientos en el Loira con la bendición de Carrier. A pesar de todo, en conjunto la represión respeta las reglas de la justicia, tiene en cuenta a los administradores locales e incluso escucha a los testigos que interceden a favor de los condenados. En el oeste de Francia, el «terror» no es una simple apisonadora ciega. Una vez más, la violencia se desata cuando los vínculos comunitarios se han roto y los vecindarios ya no desempeñan su papel protector, permitiendo que los individuos cometan actos extremos.

¿Violencia política, privada o sacrificial?

Desde primavera de 1793, en toda Francia, se multiplican los ejércitos llamados «revolucionarios» —especialmente en Vienne y Creuse, para hacer frente a la amenaza de la Vendée—, a pesar de las reticencias de los miembros de la Convención o de Hanriot, en París, que enfrenta a la guardia nacional y los ejércitos revolucionarios. Estos, a menudo mal dirigidos y envueltos en rivalidades políticas y personales, a veces son «ejércitos privados». Además de «ejércitos civiles» que llevan a cabo requisas y represiones, resultan caros y su rendimiento es mediocre, ya que acrecientan la hostilidad de los campesinos, sobre todo si estos están apegados a la religión. En el peor de los casos, los hombres se convierten en «ayudantes de los que ordenan un fusilamiento, verdugos subalternos y torturadores auxiliares» (R. Cobb). El «terror» que se impone entonces no es tan solo un método de represión o una manera de gobernar, sino «una forma de vivir» para «hombres de sangre». Esos ejércitos son los mejores vectores de la descristianización que abanderan una parte de los sans-culottes y los miembros de la Convención. Todos ellos emplean un lenguaje místico que recurre al sacrificio y la redención, sea para destruir los objetos sacrílegos, glorificar los «actos heroicos» de los revolucionarios muertos o heridos en combate, o iniciar el culto a los «mártires de la Libertad» Le Peletier, Marat y Châlier —este último, al igual que Marat, objeto de un verdadero ritual por parte de los «fieles».

Junto a esa competencia con la religiosidad católica, existe un mesianismo revolucionario, del que dan cuenta las intenciones simbólicas y filosóficas de Fouché, por ejemplo —aunque deben de escaparse casi por completo a los participantes en las fiestas que organiza—. Asimismo, en el oeste de Francia, Lequinio se vuelca en un proselitismo anticlerical, paradójicamente en nombre de la tolerancia, apoyándose en sans-culottes de convicciones más simples. La destrucción de estatuas y ornamentos sacerdotales, las procesiones carnavalescas y la profanación de iglesias, así como la bajada de campanas o las espectaculares y ambiguas «fiestas de la diosa Razón» marcan los espíritus al mismo tiempo que la «caza del oro» llena las cajas, pero tan solo afectan a zonas precisas. Más allá de las regiones de la cuenca parisina, muy anticlericales, la descristianización está ligada a agentes precisos, como Fouché en Nièvre o Dumont en Somme y Oise. Las destrucciones, por impresionantes que sean, resultan limitadas, y no alcanzan a Notre-Dame de París o la catedral de Chartres. Unos cinco mil sacerdotes se casan, pero la cifra apenas representa una cuarta parte de los que abdican —lejos de los ciento treinta mil sacerdotes de 1789—, mientras que el 99% de las religiosas siguen aferradas al celibato. Tan solo se ponen nombres revolucionarios durante algunos meses de otoño e invierno de 1793-1794, sin que sea posible saber si traducen intenciones exactas de los padres: ¿voluntad de blasfemar, sumisión a la presión local o manifestación política contra los miembros de la Convención?

Abundan las resistencias a la descristianización, «plebeyas» y evidentes tanto en el campo como en la ciudad, especialmente en París, donde se celebra la Navidad de 1793. La descristianización, abanderada por una minoría heteróclita y a menudo violenta, es contraproducente, ya que suscita una oposición virulenta y crea una Iglesia clandestina con un largo porvenir. La oposición se expresa de otro modo entre los miembros de la Convención que, como Grégoire, se aferran a la religión católica o, como Robespierre, recusan el ateísmo. El 5 de octubre de 1793, la instauración del calendario republicano preserva la ambigüedad de la maniobra, al dejar abierta la posibilidad de un Ser Supremo e inscribirse en un horizonte sobrecargado de símbolos culturales y religiosos. El corte en décadas para remplazar las semanas y eliminar los domingos tropieza con el doble rechazo de los que no desean perder un día de descanso cada siete días y los que conservan el domingo como día del Señor. A partir de entonces, en Francia se perfilan cuatro sensibilidades. La más importante está ligada al catolicismo, que resiste de manera subterránea, encarnada, por ejemplo, por Clorivière en París[9]; otra sensibilidad vincula la defensa del trono con la religión; la tercera, ilustrada por Grégoire, pretende conciliar el cristianismo y la religión, contra viento y marea; la última, minoritaria y fragmentada, es hostil al cristianismo.

La explosiva mezcla entre la religión y la política realiza entonces un curioso giro. Aunque a veces existe cierta confusión entre la iconoclasia de los sans-culottes y la de las autoridades, jamás se produce vandalismo de Estado. En octubre y noviembre de 1793, frente a las manifestaciones a favor de la descristianización que tienen lugar en París, tanto la reacción de Grégoire, que preconiza la libertad de cultos y se niega a abjurar, a pesar de las amenazas que recibe, como la reacción de Robespierre, que denuncia las sospechosas ambiciones políticas de los sans-culottes, son violentas y se apoyan en una resistencia expresada en el seno mismo de las secciones. La declaración de Robespierre asegurando que el ateísmo es contrarrevolucionario constituye una verdadera amenaza, que empuja a Chaumette y Hébert a afirmar en público que Cristo es el fundador de las sociedades populares. El Comité de Salvación Pública obliga a desdecirse a Chaumette y Hébert, que se desligan de las minorías activas, y, el 6 de diciembre de 1793, consiguen que la libertad de cultos vuelva a inscribirse en la ley. La política no ha perdido sus derechos. Chaumette trataba de reforzar la Comuna en detrimento del Comité de Seguridad General, apoyándose en los comités revolucionarios. El 4 de diciembre de 1793, cuando la Convención decreta el gobierno revolucionario hasta que reine la paz, afirmando su supremacía y su legitimidad, los cordeleros aprenden la lección y excluyen a Chaumette. La revolución popular ha sobrevivido.

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Capítulo 16. LA NACIÓN REVOLUCIONADA

Diciembre de 1793 - abril de 1794

La centralidad revolucionaria

La reforma gubernamental decretada el 14 de frimario del año II (4 de diciembre de 1793) abre un nuevo período. Confirma la existencia de un «gobierno revolucionario», reforzando la autoridad de la Convención y los dos comités principales, el Comité de Seguridad General y el Comité de Salvación Pública, mientras que la comisión ejecutiva que reagrupa a los ministerios declina hasta su desaparición completa el 1 de abril de 1794. Los comités, aun estando divididos entre ellos, se imponen como los únicos detentores de la legitimidad y la legalidad; someten a los ministerios —empezando por el de la Guerra, controlado por los hébertistas—, a pesar de no ser órganos de gobierno y carecer de tareas administrativas. Elaboran el «pensamiento elevado» junto a los ministerios, que siguen en ejercicio pese a los ataques de los dantonistas, que pretenden suprimirlos. Así, pues, se clausura el proceso entablado el 10 de octubre de 1793, que suspendía la Constitución «hasta la paz».

Desde luego, la novación es discutible, ya que desde el 10 de agosto de 1792 Francia se encontraba de facto bajo un gobierno revolucionario, cuya legalidad tan solo se basaba en «la voluntad nacional», es decir, en el golpe de fuerza inicial. El 14 de frimario del año II, pues, significa la institucionalización del «gobierno revolucionario», tras el fracaso de las tentativas girondinas y hébertistas. El 23 de diciembre de 1793 y el 5 de febrero de 1794, Robespierre propone una justificación política a posteriori. Como «el orden constitucional» resulta imposible de hacer respetar a causa de los enemigos interiores y exteriores, solo queda «el orden revolucionario», que debe «la protección nacional» a los «buenos ciudadanos» y «la muerte» a los «enemigos del pueblo». No obstante, en diciembre de 1793 Billaud-Varenne define teóricamente dicho gobierno como «fuerza coactiva» y «principio de la existencia, del movimiento y la ejecución».

La expresión «fuerza coactiva», empleada a menudo pese a su oscuridad, se inscribe en una tradición jurídica y religiosa. Significa «que tiene el derecho o el poder de obligar», y se aplica a la autoridad que ejerce una coacción recurriendo a otra autoridad que la ejecuta. El ejemplo clásico es el funcionamiento de la Iglesia. Como es incapaz de infligir penas pero dispone de una autoridad «directiva», la Iglesia dicta leyes que tienen «fuerza coactiva» y que el Príncipe aplica en su nombre. De manera semejante, la Convención hace aplicar sus leyes a los distritos y las municipalidades sin intermediario —que, en ese caso, serían los departamentos o las asambleas— ni prórroga, además de sin discusión. Por su centralidad, pues, el «gobierno revolucionario» (Billaud-Varenne) pone fin a «las crisis de la Revolución Francesa». A fin de que nadie lo ignore, el 4 de diciembre de 1793 el Comité de Salvación Pública dirige a los representantes en misión, los administradores y los generales jefe unas circulares que retoman los artículos del «decreto sobre el modo de gobierno provisional y revolucionario», explicando así las nuevas reglas que es preciso respetar.

¿Acaso estamos ante una «dictadura», tal y como la teoriza C. Schmitt? La suspensión de la Constitución otorga al legislador, que prescinde de la aprobación del pueblo, un poder exorbitante. Con todo, se trata de la continuación de las medidas adoptadas a partir de septiembre de 1793, estrechamente ligadas a las luchas políticas que tienen lugar tanto con las diferentes corrientes de la Constitución como con los diversos grupos de sans-culottes. De nuevo, no se percibe unidad alguna, sea política o ideológica, entre los miembros de la Convención que se embarcan de manera táctica en esa vía. La suspensión de la Constitución es una respuesta fáctica a las dificultades que provocan las divisiones internas, así como a los peligros militares en las fronteras y en el interior de Francia. Además, va acompañada de la búsqueda de compromisos, sea con cabecillas sans-culottes o con administradores de sensibilidad girondina. Ese afán por lograr el equilibrio se traduce, por ejemplo, en «el olvido» de los girondinos que permanecen en la cárcel. Esa entrada de facto del país en un estado de sitio no se debe al poder sobre el país de doce personas, los miembros del Comité de Salvación Pública, que anuncia la dictadura de Hitler o Stalin, sino que se basa en un consenso obtenido con los otros comités, entre ellos el Comité de Seguridad Nacional, que sigue rivalizando con el primero, con los miembros de la Convención y los administradores de cierto rango, excluyendo a los militantes nombrados en instituciones paralelas. En el exterior, persigue la defensa del país continuando la guerra contra las potencias determinadas a aplastar Francia, por medio de negociaciones con los países neutros por los que transitan las materias primas o los cereales indispensables para la guerra.

En concreto, la Convención es la única en votar los decretos que dicta la comisión del envío de leyes en el Boletín de leyes de la República. Este se dirige a diario a las autoridades encargadas de aplicar las leyes en un plazo máximo de veinticuatro horas tras su recepción. Obsérvese la intercambiabilidad de los términos «decretos» y «leyes», pero lo que importa en que ninguna institución, ningún funcionario ni ningún militante puede decretar «leyes». Significativamente, tan solo la Convención y los comités pueden emplear papeles con el membrete en nombre del pueblo francés. Se afirma la centralidad por medio de la puesta en marcha de la Imprenta Nacional, dirigida por el impresor-librero Baudouin, que a su vez es miembro de la comisión. En la práctica, las imprentas continúan funcionando en los departamentos alejados de París. Durante los primeros seis meses, antes de que la organización sea eficaz, se producen retrasos, incluso errores, y eventualmente malversaciones. Subrayemos que los decretos se deben traducir «a los diferentes idiomas que todavía se usan en Francia» y a las lenguas extranjeras. La Convención reserva al Comité Ejecutivo la vigilancia de las leyes administrativas, por lo que está en relación con las administraciones departamentales, mientras que la vigilancia de las leyes «revolucionarias» se confía al Comité de Salvación Pública y al Comité de Seguridad Nacional. La diplomacia, la guerra y los representantes en misión dependen del Comité de Salvación Pública; la policía depende del Comité de Seguridad Nacional, que controla a los comités revolucionarios, cuyos miembros nombra, así como las asambleas de sección.

Cada década, el Comité de Salvación Pública y el Comité de Seguridad Nacional deben recibir cuentas de los distritos, las municipalidades y los comités revolucionarios. Se nombra a «agentes nacionales» en los distritos y las municipalidades, que sustituyen a los procuradores electos. Únicamente los distritos están habilitados para aplicar las leyes revolucionarias. Todos los organismos paralelos que agrupan a comités revolucionarios o sociedades populares pierden su autonomía; los clubes son objeto de una estricta vigilancia, aunque prosigan su actividad militante, mientras a partir de entonces los representantes en misión están estrechamente sujetos al Comité de Salvación Pública y la Convención, con lo que pierden toda su autonomía. Se suprimen los tribunales y los «ejércitos revolucionarios» departamentales o ligados a un representante, así como todas las formas de contrapoder que emanan de las secciones. Como resume Billaud, «es [de la Convención] de la que deben partir los movimientos nacionales». En consecuencia, se suspenden las elecciones y la Convención lleva a cabo depuraciones, aunque nadie pueda «depurar» a la propia Convención.

Esa reorganización también va acompañada de la tentativa, a menudo poco conocida, de seleccionar y jerarquizar las leyes existentes. Su complejidad hace la fortuna de los impresores y los coleccionistas de leyes, Rondonneau, Baudoiuin o Portiez de l’Oise, que organizan salones de lectura destinados especialmente a los funcionarios. La «biblioteca histórica de la Revolución» compuesta por Rondonneau, que por otra parte es «jefe del depósito nacional de las leyes», es la más rica; cuenta con seiscientas carteras y dos mil volúmenes. Billaud-Varenne le encarga que componga un código de leyes revolucionarias, tarea en la que le secundan Cambacérès, Couthon y Merlin de Douai. La empresa se malogra, pero marca la preocupación por evitar la proliferación de leyes, seleccionar entre las que se han adoptado y las que simplemente se han leído, y eliminar las que dan pie a una violencia incontrolada. Los criterios que distinguen las leyes «revolucionarias» de las otras se revelan problemáticos. Se pone fin a la producción desatada de «leyes», y a comienzos de 1794 se retoma la redacción de los códigos. Su conclusión aún es lejana, pero una parte de las innovaciones perdura en la legislación francesa. Asimismo, la iniciativa se tropieza con las sensibilidades que existen en los comités. Sin querer situar a Billaud-Varenne, al que Desmoulins califica de «patriota rectilíneo», en «la extrema izquierda», su visión política es moralizadora, distinta a la postura más espiritualista de Robespierre, la utopía autoritaria de Saint-Just, el nacionalismo de Carnot o el pragmatismo político de Barère y Merlin de Douai. Aunque todos ellos se unan a fin de imponer un «gobierno revolucionario» fundado en la «virtud», la justicia y la ley, se dividirán cuando, una vez aniquilados sus oponentes, las incompatibilidades fundamentales puedan enfrentarse.

De la gestión en política

Ese gobierno no es ni la continuación del Terror, ni la deriva del «gran comité», ni mucho menos la dictadura de los «doce que gobiernan». Aunque se suspenda la Constitución de 1793, la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano sigue siendo el horizonte de una política que trata de estabilizar la Revolución Francesa, encarnada por la Convención, legitimada por las elecciones de septiembre de 1792, la votación de agosto de 1793 y, en lo sucesivo, por los continuos intercambios de impresiones con los representantes en misión y las administraciones locales. Esta configuración resistirá a las crisis posteriores, aunque, a diferencia de la Convención, que es la fuente de legitimidad, los hébertistas y el propio Robespierre serán barridos. El pueblo y la nación se unen por el efecto del «gobierno revolucionario», único detentor del poder legítimo y, por tanto, de la violencia autorizada. Francia empieza a salir de la «falta de Estado» rechazando la efervescencia afectiva que hacía las veces de justificación política, así como de cualquier abuso de poder «despótico» del aparato del Estado. Ello corresponde a la voluntad de los miembros de la Convención de inscribir su acción en la justicia, rehusando con obstinación el terror como principio del gobierno. El lenguaje aterrador desaparece de las órdenes que se mandan a los representantes en misión, a fin de distanciarse tácticamente de los hébertistas. No obstante, las peores exacciones aún están por llegar, ya que la guerra, así como las rivalidades y las guerras intestinas entre «facciones» políticas, darán pie a matanzas y ejecuciones masivas.

La innovación del «gobierno revolucionario» no está muy alejada, en su forma, de lo que Le Chapelier quería crear en 1791 en su primer informe, al declarar: «Solo existen los poderes constituidos por la voluntad del pueblo, expresada por sus representantes; solo existe la autoridad delegada; solo puede existir la acción de los mandatarios encargados de las funciones públicas». La orientación ideológica difería, ya que añadía: «A fin de conservar ese principio en toda su pureza, de un extremo a otro del imperio, la Constitución ha hecho desaparecer todos los gremios, y no reconoce sino a un cuerpo social y a individuos». La «sociedad de los individuos», según Le Chapelier, está lejos de la sociedad de los ciudadanos virtuosos que desean los miembros de la Convención de 1793, pero los unos y los otros deben dirigir y regular la expresión de opiniones. El hecho de que los hombres de 1793 retomen prácticas que habían rechazado en 1791 no significa una regresión ni es fruto de la impotencia, ya que han introducido valores que los hombres de 1791 rechazaban. Como sus predecesores, tropiezan con los efectos de la radicalización continua de los antagonismos y con el rechazo al debate político. En frimario del año II se intentan sortear las indecisiones que se cernían sobre la política, a fin de fijar los límites de la acción legítima. Sin embargo, no se trata de pronunciarse por la «traición» de los miembros de la Convención ni considerarlos secuaces de una revolución «burguesa». Ya va siendo hora de abandonar los juicios heredados de los conflictos de 1793, retomados por los anatemas de los años posteriores a la revolución bolchevique de 1917. Más que a sus rivales, los miembros de la Convención deben enfrentarse a las obligaciones que surgen sean cuales sean los regímenes y las ideologías. Para que exista la «política», resulta indispensable simbolizar y modular las opiniones y las pasiones.

Asimismo, la situación política concreta justifica esa orientación que, como de costumbre, es el resultado de una relación de fuerzas. Resulta imposible creer a Saint-Just cuando declara que el enemigo verdaderamente peligroso del pueblo es su «gobierno», sin pensar que en realidad se refiere a los ministros hébertistas, del mismo modo que no es posible creer a Barère, quien, a fin de legitimar la suspensión de las elecciones, dice que en esas circunstancias invocar «el derecho del pueblo» sería «rendir un homenaje falso a su soberanía». Los hébertistas han perdido. Entre octubre y diciembre de 1793, la Montaña y la Llanura acaparan las instancias legitimadoras y controlan todas las pirámides institucionales. Estamos lejos de los sistemas recompuestos a posteriori por los historiadores, que ponen orden en lo que no depende sino de las luchas internas. Sin embargo, no reina el caos, ya que, en el corazón de los conflictos, se elaboran y se fijan principios que legitiman las prácticas y establecen límites. En frimario del año II, la «radicalización acumulativa de los discursos» (P. Gueniffey), iniciada entre los años 1787 y 1788, a falta de inteligencia política por parte de las élites, empieza a decaer. Termidor, con el rechazo de la efervescencia popular, denunciada como el Terror, se desencadena precisamente en ese momento.

Las piedras de la discordia

El momento crucial de frimario del año II se redobla por la brutalidad de los enfrentamientos que desata. El 5 de diciembre de 1793 (15 de frimario del año II), Camille Desmoulins publica el primer número del Viejo Cordelero, que, dando voz a los «indulgentes», ataca a los revolucionarios «avanzados», a los que denuncia como agentes de Pitt, responsables de la prosecución de la guerra de la Vendée y las injusticias cometidas contra los «patriotas». El éxito editorial es inmediato, y corona una obra compleja. Incluso el título del periódico es significativo. Invocar a los «viejos» cordeleros contra los «nuevos» opone a los «patriotas de 1789» con los de 1792, e incluso de 1793, y remite con precisión a la ruptura introducida después de 1791, más allá de la innegable intención polémica. Los de 1789 poseen un antiguo bagaje político y cultural, saben leer y escribir, y ocupan los puestos asalariados de las instituciones revolucionarias; los de 1792 y 1793 se han educado en la insurrección y se encuentran marginados por el curso de los acontecimientos. ¿Acaso conviene invocar la oposición entre los «burgueses» y los «brazos desnudos», entre la revolución «proletaria» y la revolución «burguesa»? En la época ya se denuncian los riesgos de manipular a «hombres poco instruidos y muy fáciles de extraviar» por parte de «falsos» patriotas, riesgos que no se pueden ignorar tras las funestas experiencias del siglo XX.

Sin embargo, la lectura «política» del Viejo Cordelero, por muy necesaria que sea para explicar el viraje de los amigos de Danton hacia una «indulgencia» difícil de comprender, no debe hacernos olvidar el rigor de su redactor, Camille Desmoulins, al que, no obstante, la historiografía considera un político mediocre, un veleta inconsistente, e incluso un renegado de la Revolución Francesa. Al reclamar que se mantenga el principio de libertad ante todo y contra todo, sean cuales sean las circunstancias, Desmoulins denuncia las medidas que han adoptado los gobiernos en nombre de lo que hoy llamaríamos «pragmatismo» o realpolitik, es decir, el abandono de las reglas de la justicia y la legalidad a fin de mantener el poder por medio de compromisos. La lección merece ser escuchada, aunque el propio Desmoulins no se atenga demasiado a ella al entablar relaciones con especuladores poco delicados.

Las divisiones sociales entre los grupos «patriotas» desempeñan un papel indiscutible, pero lo cierto es que los sans-culottes y los cordeleros han reclutado a gente en todos los medios; sus cabecillas poseen empresas, como Santerre o Palloy, o tienen una situación holgada, como Ronsin, Chaumette o Hébert. Así, el movimiento sans-culotte estalla entre los que pertenecen a los comités revolucionarios, nombrados y remunerados, entre los que se encuentran en las asambleas generales, cuyo poder está dirigido, y, por último, entre los que intentan una ofensiva a través de las «sociedades de las secciones». Estos últimos eluden la ley reinventándose sociedades fraternales a fin de mantener su independencia. En París, los excluidos del debate, los más jóvenes y las mujeres se encuentran en ese movimiento que tiene en contra a todos los demás militantes, entre ellos Hébert y, por supuesto, el Comité de Salvación Pública y el Comité de Seguridad Nacional. Estos se muestran prudentes ante las manifestaciones de mujeres —diez mil en Lyon, y luego en París— que, en diciembre de 1793, reclaman la liberación de sus maridos encarcelados.

Lyon y la Vendée se convierten entonces en las principales piedras de la discordia. Aunque el sitio de Toulon no termina hasta el 19 de diciembre de 1793, dando pie a una represión considerable, el de Lyon provoca divisiones. El 8 de octubre de 1793, la ciudad de Lyon es invadida por las tropas revolucionarias y, a partir del 12 de octubre de 1793, es sometida a una represión violenta pero mesurada. Lyon es rebautizada «Ciudad-Liberada»; se planea destruirla, pero al final se desiste. Desde luego, se despojan las iglesias de símbolos y ornamentos litúrgicos, y se reconvierten en almacenes o salas de reunión, pero al menos no se derriban. Couthon se prodiga en declaraciones incendiarias, pero no ordena que se destruyan sistemáticamente todos los monumentos y los edificios. Instaura un tribunal militar, reforzado por una comisión de justicia popular que respeta las formas, aunque poco más de doscientas personas sean condenadas y ejecutadas. El procedimiento disgusta a los partidarios de Châlier, deseosos de imponer una venganza despiadada, antes de que los nuevos representantes en misión, entre los cuales Collot d’Herbois y Fouché son los más importantes, creen una comisión militar y una comisión temporal de vigilancia republicana.

Collot d’Herbois y Fouché se rodean de sans-culottes llegados de París o del Macizo Central, que radicalizan los procedimientos mientras se dan la gran vida. Al aplicar el «terror sin la virtud», según la expresión del historiador P. Bourdin, deciden mil novecientas cuarenta ejecuciones hasta abril de 1794, recurriendo a veces a ametrallamientos que impresionan a los testigos. La represión resulta confusa. Enseguida se detienen las demoliciones de edificios, a falta de dinero y organización, pero cuando las diez mil mujeres de la ciudad envían una petición a la Convención exigiendo que cesen las persecuciones, la represión se acelera: el 14 y el 15 de frimario del año II, casi trescientos hombres son ametrallados y abatidos a sablazos. Ante la magnitud de la matanza, una delegación de ciudadanos de Lyon se marcha a París a fin de protestar, mientras Ronsin, el general del ejército revolucionario destinado en Lyon, reclama la muerte de cuatro mil personas más. Los representantes se encuentran entre dos fuegos. Collot, que regresa precipitadamente a París, y como Robespierre es hostil a la descristianización que propone Fouché, justifica la represión invocando las órdenes de la Convención, mientras que Fouché se desentiende, dejando que los miembros de la comisión sean los únicos responsables de las operaciones.

En París, los miembros de la Convención y de los comités se andan con rodeos. Deben tener en cuenta el éxito del Viejo Cordelero, sin por ello aliarse con los «indulgentes», y al mismo tiempo deben resistir a las secciones populares y las pretensiones hébertistas sin abandonar la política de movilizaciones. Obligados por sus contradicciones, son terroristas reticentes, «reluctant terrorists», retomando una expresión célebre que la historiografía estadounidense aplica a Barère. Este es el ejemplo perfecto de los hombres del «medio exacto», arrastrados, a su pesar —como subraya el reluctant—, a una violencia que se considera indispensable para obtener los víveres, el dinero y la obediencia que requiere la supervivencia del régimen. Incapaces de saber con exactitud qué sucede en realidad sobre el terreno, ya que dependen de informaciones partidistas, llevan una política a salto de mata e intentan mantenerse por encima de los partidos, absteniéndose de tomar decisiones demasiado drásticas. Ello explica sus curiosos juegos de equilibrio, tanto más difíciles de comprender cuanto que no solo se basan en oposiciones personales o ideológicas, sino que arbitran otros conflictos de intereses muy complejos.

Todos esos hombres —salvo Robespierre, manifiestamente— están envueltos en complejas operaciones financieras, e incluso en conspiraciones de ramificaciones indescifrables. Aunque se señala particularmente a Hébert por su espectacular enriquecimiento, los dantonistas y los hébertistas rivalizan, sea a propósito de la guerra de la Vendée, de las compañías financieras encargadas del avituallamiento de las tropas, o de la liquidación de la Compañía de las Indias, un asunto verdaderamente peliagudo que jamás ha encontrado su historiador, así como a propósito de la compañía de seguros de incendios que monta el barón de Metz. Este, un contrarrevolucionario aún más misterioso que célebre, se halla en el corazón de las redes financieras y mundanas parisinas en las que se cruza una parte de la élite revolucionaria, tanto de la «izquierda» como del «centro». Esos cruces componen el trasfondo poco conocido todavía de los conflictos políticos. Sin embargo, ese medio se queda marcado por la detención de cuatro diputados, entre ellos Chabot, el 19 de noviembre de 1793. Aunque a menudo la fecha pase inadvertida, es precisamente ese día cuando se revela la «conspiración» que pone en entredicho la honradez de numerosos miembros de la Convención y que hace tambalear todas las alianzas. En agosto de 1793, la Convención emprende una depuración de los mercados, suprimiendo las compañías financieras y expulsando del Comité de Seguridad Nacional a diputados comprometidos, como Chabot.

La presión de los indulgentes es tal que el 17 de diciembre de 1793 (27 de frimario del año II) Vincent, Ronsin y Mallard, que se han convertido en representantes de la facción «contrarrevolucionaria», son detenidos. El mismo día, los Anales del civismo y la virtud dan a conocer la muerte heroica en la Vendée de un joven tambor, Bara, cuyos despojos Robespierre propone trasladar al Panteón el 30 de diciembre de 1793. Con la ayuda de Barère, Bara se convierte en un mártir revolucionario destinado a remplazar a los «mártires de la Revolución Francesa» apoyados por los hébertistas. Los indulgentes, pues, se marcan un tanto, pero su éxito es muy efímero. El 8 de enero de 1794 (19 de nivoso del año II), Robespierre restablece el equilibrio al acusar a los «ultras» y los «citras» —es decir, los más y los menos— revolucionarios de participar juntos en la contrarrevolución. Cinco días más tarde, tras el contraataque de los cordeleros, especialmente al Comité de Seguridad General, Fabre d’Églantine, acusado de corrupción por el asunto llamado de la Compañía de las Indias, es encarcelado, mientras que el 2 de febrero de 1794 liberan a Vincent y Ronsin, y el día 27 a Maillard. Las luchas se perfilan violentas: Danton y Hébert se afirman como los heraldos de dos bandos irreconciliables que intentan acabar el uno con el otro.

La Vendée, víctima expiatoria

De nuevo, esos ajustes de cuentas explican la represión que se cierne sobre el oeste de Francia. La realidad de la guerra contradice las proclamaciones marciales y la denominación, el 8 de noviembre de 1793, de la Vendée como departamento «vengado», en el que los patriotas deben repartirse los bienes saqueados a los «rebeldes». Se descarta la amenaza de un desembarco inglés, pero los jefes que sobreviven hacen una «pequeña guerra» que anuncia la de guerrillas, eficaz y temible, mientras en el norte del Loira los «chuanes» se exaltan. En Nantes, Carrier encarga a distintos grupos que lleven a cabo la represión. Esta culmina en diciembre de 1793, tras perpetrar ahogamientos, fusilamientos y decapitaciones, mientras miles de personas mueren en la cárcel. En Angers, un tribunal militar condena a muerte a dos mil mujeres, que además sufren violencia de tipo sexual. En el campo, el general Turreau, tras haber esperado en vano una orden clara del Comité de Salvación Pública, lanza columnas «incendiarias», calificadas enseguida de «infernales», ya que la mitad de ellas cometen matanzas y violaciones de las poblaciones que se encuentran, sean «patriotas» o «bandidos». Algunos republicanos protestan contra esas medidas. Unos consideran que reavivan la guerra en el sur del departamento de la Vendée, que ya se había apaciguado; otros, en Angers y Nantes, denuncian la barbarie de las ejecuciones; en Poitiers, los representantes en misión simplemente se oponen a las incursiones de las tropas de Turreau en su jurisdicción. Las reclamaciones de los sans-culottes de Nantes contra Carrier se suman a las observaciones sobre el terreno del enviado especial de Robespierre, el joven Jullien; Carrier, descrito como un «procónsul», es llamado a París a comienzos de febrero de 1974. Dos meses más tarde, dos de sus allegados son guillotinados por las autoridades de Nantes como si fueran contrarrevolucionarios.

El Comité de Salvación Pública no interviene para detener las columnas de Turreau, mientras sus generales se dividen entre los que controlan más o menos la violencia de sus tropas, y los que permiten que sus soldados quemen, maten y violen, a veces hasta el extremo de provocar la desbandada en su propio bando. En algunas regiones, en ese momento los pueblos pierden entre un tercio y la mitad de su población. La mayor parte de las ciento setenta mil personas asesinadas durante la «guerra de la Vendée» mueren entonces. Tendrá que transcurrir más de un mes hasta que el Comité de Salvación Pública comprenda al fin la magnitud de la devastación y sus efectos particularmente perniciosos, como ilustra la suerte del informe que le envía a Robespierre el representante Lequinio. Este, que se había distinguido por la feroz represión que había encabezado en La Rochelle, se separa entonces de los sans-culottes, de los que se había rodeado, y consigna sus atrocidades. Su informe se publica el año III a cargo de Robespierre. Entretanto, en primavera de 1794, el campo de la Vendée ha vuelto a convertirse en un feudo controlado por Charette, Stofflet o Sapinaud, que ceden el control de las principales ciudades y los grandes caminos a las administraciones republicanas. En el norte del Loira, la situación evoluciona en el mismo sentido. Bajo la dirección de Puisaye, promovido a general, los «chuanes» se aprovechan de las divisiones entre los revolucionarios y de su desastrosa política. Sin embargo, por atroz que sea, la guerra ya no es como en el sur del Loira. Queda por comprender a qué se debe esa especificidad.

La Vendée posee las características comunes a todas las zonas que son objeto de represión, empezando por el desprecio por la población rural que no habla francés, que atañe también a los bretones, los alsacianos, los vascos y los corsos. Además, experimenta la desenvoltura habitual ante la destrucción de los grupos insumisos, cuando está en juego una victoria militar; es verdad que la tolerancia hacia las formas de violencia está muy alejada de nuestras costumbres. El silencio ha ocultado, tanto en este caso como en todos, los métodos de los agentes del Estado, hasta tal punto que estos no están en conflicto con los comités. Las particularidades de la guerra de la Vendée se deben a su importancia y su complejidad. La amenaza es inmensa; ¡la contrarrevolución podría haber vencido en Nantes, cambiando de golpe la historia de Francia! El miedo, que se encuentra en el corazón de las decisiones políticas de los revolucionarios desde 1789, continúa influyendo en contra de la Vendée, de la que se ven vástagos en todas partes. (Ese miedo, por quimérico que sea, ¡durará dos siglos!)

En todos esos acontecimientos, la virulencia de las luchas políticas resulta absolutamente incomprensible. Hébertistas y sans-culottes de todas las obediencias, dantonistas y girondinos reconvertidos, montañeses, hombres procedentes de la línea o voluntarios, sin olvidar las susceptibilidades de las autoridades locales, toman parte en complejos enfrentamientos, a veces para sustraer a sus administrados de las ejecuciones o para denunciar las exacciones de la soldadesca. De hecho, casi todo el ejército tiene carta blanca, aprovechando el desorden en las cadenas de mando, e incluso la incapacidad manifiesta de generales como Huché o Cordellier. Los comités dejan hacer, esperando que se perfilen las alianzas —por ejemplo, los sans-culottes de Nantes contra Carrier—, o que un bando suprima a los miembros del otro a fin de liberarse a la vez de los «bandidos» y los «hombres de sangre». Ese es el caso en el sur de la Vendée, donde unos tribunales revolucionarios fusilan a unos oficiales sans-culottes. La Vendée representa un paroxismo en una situación desdichadamente normal, que vuelve a repetirse después de 1801 cuando el mismo Turreau recibe el encargo de Bonaparte y Talleyrand de «aterrorizar» el Valais. Recordemos de nuevo que esa violencia de la soldadesca —que devasta, viola, saquea e incluso rapta a mujeres y niñas— es practicada en la misma época por las tropas rusas en Polonia, por las tropas turcas en el sur de Europa y, en parte, un poco más tarde, por las tropas inglesas en Irlanda, sin que ello exculpe a Turreau y el gobierno revolucionario.

Dejar hacer para vencer

La actitud de los representantes en misión, «principales proveedores de la guillotina y los pelotones de ejecución» (M. Biard), también explica la violencia. Como su prioridad es la defensa del territorio y el abastecimiento de las ciudades y las tropas, cueste lo que cueste, llevan a cabo requisas, imponen nuevos impuestos a los más ricos y castigan a los «traidores» y los oponentes, empezando por los sacerdotes refractarios y los nobles, apoyándose, hasta febrero y marzo de 1794, en los sans-culottes locales. Poniendo en práctica un igualitarismo simplista y realizando las requisas habituales en los países en guerra, los representantes en misión logran hacer frente a las necesidades de víveres, hombres y armas, prolongando la «tasa de la violencia» característica de los ejércitos en campaña. Mientras que la mayoría de los representantes, como Bernard de Saintes en Montbéliard, defienden ideas muy violentas, se rodean de notables vigilados por un comité de vigilancia y organizan un «terror suave», en el otro extremo, otros, como Javogues en Saint-Étienne, se comportan como si fueran potentados, hasta el punto de ignorar las órdenes del Comité de Salvación Pública.

Una minoría considerable, como Barras en Marsella o Tallien en Burdeos, organizan «el terror» a voluntad, manipulando a grupos militantes que llevan a cabo venganzas al mismo tiempo que protegen a los confidentes, e incluso a los oponentes, en una perspectiva a largo plazo. Tallien, que junto con sus colegas pone «el terror en el orden del día» el 18 de octubre de 1793, se distingue particularmente al evitar perseguir a familias de notables y realistas, de ahí que se enemiste con Robespierre, que pretendía mandar a la guillotina a la hermosa y rica Thérésa Cabarrus, que se hace amante de Tallien. En ese grupo, Carrier no es atípico, ni por sus derivas represivas ni por sus logros económicos. No es muy distinto a Le Bon en Arras, o Saint-Just, cuyos métodos son brutales. Este último impone sus órdenes a los generales hasta tal punto que divide el mando, provoca derrotas, manda a Hoche a la cárcel, hace ejecutar a soldados y oficiales, castiga a los alsacianos hablando alemán, además de castigar a los judíos, y zanja de forma expeditiva el destino de Euloge Schneider, fiscal del tribunal de Estrasburgo y terrorista cosmopolita.

Desde luego, esos hombres protegen a Francia de la invasión y la contrarrevolución, pero a un precio sumamente elevado. A todas luces, se trata de una empresa arriesgada, dada la enormidad de las dificultades. Los representantes en misión, que detentan todos los poderes, pero dependen estrechamente de los precarios equilibrios en la Asamblea y los comités parisinos, se establecen en las comunidades que deben dirigir, depurar y unir, apoyándose en individuos que nombran los grupos del lugar. La elección de las personalidades es esencial, ya que la meta que se persigue es garantizar la cohesión local. Por el contrario, el nombramiento de individuos ávidos o ambiciosos provoca desastres, tanto más cuanto que esos adjuntos se creen por encima de las leyes y justificados en todos sus actos.

Fuera de la Vendée, los mismos mecanismos afectan a Toulon, donde ochocientas personas son ejecutadas y mil se fugan; a Marsella, que en enero de 1794 se convierte en «Ciudad-sin-nombre» como castigo por sus múltiples federalismos y su rivalidad con París; y al País Vasco, donde, en marzo de 1794, varios miles de habitantes sospechosos de traición son deportados a Burdeos. La disparidad de las historias locales es considerable, pero los mecanismos de represión son casi siempre idénticos. Las interpretaciones que da cada representante de la ley y los conflictos se conjugan con los tratos que se hacen según el lugar y el momento. Resulta asombroso constatar, por ejemplo, que las regiones normandas evitan una represión brutal, gracias al hecho de que sus habitantes forman un bloque para evitar cualquier intrusión de los parisinos —el mismo proceso se da en Aisne—. La mayoría de las veces, los representantes no logran hacer olvidar sus propias responsabilidades. Tallien abandona Burdeos, dejando en su lugar a Benoît Lacombe, un jacobino moderado en sus inicios, como chivo expiatorio. Por su parte, Fouché también se marcha de Lyon. Javogues, al regresar tarde a París, consigue que no lo confundan con los hébertistas y los «ultras» de Lyon y así evita la guillotina en 1794.

Los «procesos políticos»

Así, pues, resulta inútil invocar la imagen de Saturno devorando a sus hijos a fin de comprender ese período. No cabe duda de que se trata de otra cosa: la presencia en la cabeza del Estado de un grupo más o menos cohesionado que elimina a sus rivales. El hecho de reducir la complejidad histórica a un «sistema del Terror» obliga a recurrir a fórmulas y metáforas que no explican nada. Ninguna fatalidad ni ninguna originalidad rigen los engranajes que se experimentan, por ejemplo, de Cromwell a Stalin. Asimismo, en 1794 no existe un «enigma» o una «inefabilidad» mayor que al comienzo de la Revolución Francesa. Los encadenamientos habituales de guerras civiles juegan a camuflarse bajo discursos que no conviene creer a pies juntillas.

En esos momentos, la salida de la crisis pasa por la descalificación polémica. En esa verdadera guerra, la invención del mártir Bara por parte de Barère y Robespierre abruma a los descristianizadores sospechosos de promover la contrarrevolución. Al situar a ese niño muerto en condiciones casi desconocidas ante la escena política, Barère y Robespierre, ambos miembros de la Convención, desvían la suspicacia hacia los mártires que los hébertistas defienden en París: la tríada de Le Peletier, Marat y Châlier. Dan a entender que pueden haber sido corrompidos y que la historia posterior revelará las traiciones, de lo que se librará Bara, y luego Viala, a causa de su juventud. Por otra parte, Barère y Robespierre acusan a la vez a los «patriotas avanzados» y los «nuevos moderados» de haber sido manipulados de manera soterrada por Pitt y de ser «agentes del extranjero». Aunque la xenofobia de Robespierre y los miembros de la Convención es indiscutible, sirve, como apunta A. Soboul, para «desviar los conflictos» que dividen y desorientan a los jacobinos y los cordeleros.

La voluntad de venganza que anima a Vincent y Ronsin, y sus ataques sistemáticos al gobierno revolucionario, mientras los dantonistas quedan perjudicados por la encarcelación de Fabre, impiden cualquier acuerdo, tanto más cuanto que los «patriotas del 31 de mayo» de las sociedades de las secciones reclaman la depuración de las sociedades populares, una reclamación que en realidad apunta a la Convención. Asimismo, exigen que un funcionario pueda ser declarado sospechoso si es incapaz de denunciar a «un traidor», en especial. Así, se reclaman criterios subjetivos a fin de establecer la frontera entre la Revolución Francesa y la contrarrevolución, poniendo en entredicho las definiciones más objetivas que establecían las leyes hasta entonces. Es precisamente esa petición la que rechazan los comités revolucionarios, cuestionados por sus rivales, así como el Comité de Seguridad Nacional, que trata de mantener el control de la policía interior. Esta cuestión volverá a estar al orden del día a propósito de las leyes de pradial. Los tensiones son tales que se considera la posibilidad de organizar una «jornada» revolucionaria contra la Convención, especialmente en el ejército revolucionario. Al igual que el 10 de agosto de 1792 o el 31 de mayo de 1793, o incluso el 10 de agosto de 1793, se forman bandos y se afilan los argumentos a fin de legitimar un eventual golpe de fuerza.

Robespierre toma la delantera. Califica a esas sociedades de «pretendidamente populares» y, el 5 de febrero de 1794 (17 de pluvioso del año II), conjuga la Virtud y el Terror al insistir en la necesidad de subordinar el Terror a la Virtud. Critica por igual a los moderados y los terroristas, pero al «reservar» el terror a los hombres indignos, excluye gobernar indistintamente por medio del Terror. Se pone de parte de la justicia, protectora del hombre virtuoso y eje de la política. Al situarse en una dimensión espiritual marcada por la evocación del «pueblo sublime», su discurso, que entremezcla política y estética, resulta oscuro y, todavía hoy, permite exégesis contradictorias. Sin voluntad de desvalorizar el alcance filosófico de su discurso, conviene subrayar su eficacia como máquina de guerra contra la ofensiva depuradora de los cordeleros. Nadie se engaña al respecto. La lección es clara: es preciso agruparse en torno a la Convención, legítima y fuente de la justicia. Aunque existe una verdadera hambruna, que podría justificar un motín, Hébert, así como la mayoría de las secciones parisinas, se limitan a mostrar una lealtad prudente y ciñen sus intervenciones a la defensa de la nación. Vincent, Momoro y Ronsin son marginados, tanto más cuanto que la brutalidad de los cordeleros indispone a numerosos parisinos. Al mismo tiempo, la Convención ordena a Carrier, próximo a los hébertistas, que regrese a París, condenando así su actitud violenta hacia los sans-culottes de Nantes.

La liquidación de las facciones

Entre el 26 de febrero y el 3 de marzo de 1794 (del 8 al 13 de ventoso del año II), la ofensiva del Comité de Salvación Pública se prolonga por medio de dos informes de Saint-Just, que, a su vez, denuncia sistemáticamente a los indulgentes y los hébertistas en nombre del gobierno revolucionario. Al recusar la indulgencia en nombre de la defensa necesaria, Saint-Just estigmatiza el terror, «arma de doble filo», inútil en nombre de la justicia, inflexible y perdurable. La abrupta conclusión del informe del 26 de febrero de 1794 únicamente contiene dos artículos. El primero da la posibilidad al Comité de Seguridad Nacional de liberar a los patriotas detenidos, a condición de que den cuenta de su conducta desde el 1 de mayo de 1789. El segundo artículo se pronuncia acerca del reconocimiento de la propiedad de los patriotas y los embargos de bienes de los enemigos de la Revolución Francesa. El informe del 3 de marzo de 1794 anuncia que esos bienes deberán ser distribuidos por los municipios a los «patriotas indigentes».

Aunque las fórmulas «los desgraciados son las fuerzas de la tierra» y «la felicidad es una idea nueva en Europa» han popularizado esos dos informes en todo el mundo, no existe unanimidad acerca de las conclusiones que se deben sacar de ellos. A. Mathiez subraya su inaplicación, salvo localmente, por parte de administraciones que continúan actuando como si la centralidad legislativa no existiera; no obstante, le parece la prueba de que existe una política social determinada de los jacobinos, que se suma a otras medidas redistributivas tan espectaculares como ineficaces respecto a la Vendée y Alsacia. Por su parte, R. Schnerb, al estudiar la aplicación limitada de las leyes en Puy-de-Dôme, concluye que al encargarla a las autoridades locales, los «gobernantes» hacen gala de una «negligencia consciente» o una «hostilidad hipócrita».

Por el contrario, a G. Lefebvre y M. Eude les parece una maniobra eficaz para atraer a los patriotas indigentes y acabar de golpe con los apoyos de los hébertistas, y al mismo tiempo tranquilizar a los patriotas propietarios contra cualquier expropiación —palabra que da unos meses más tarde el propio Saint-Just—. El hecho de que no se establezcan las seis comisiones que debían juzgar a los «enemigos de la Revolución» —tan solo se ponen en marcha dos en junio de 1794—, así como la imprecisión de los términos de la ley, corroboran esa interpretación, reforzada por la supresión de la comisión de subsistencias creada en el mismo momento. El organismo, dirigido por el joven Goujon, que más tarde se alineará con Babeuf, apenas acaba de elaborar la lista de los precios mínimos generales cuando, de hecho, es suspendido y remplazado por un control menos estricto. El recuerdo del 5 de septiembre de 1793, cuando la Convención esquiva el Terror y encarcela a Roux, influye sobremanera. A. Soboul, extremadamente cauto al respecto, no concluye por ello que Saint-Just agrave la crisis entre los sans-culottes, arrastrando a los cabecillas a correr el riesgo de sublevarse. Aunque en agosto de 1792 o en mayo de 1793 los insurgentes podían jactarse de una legitimidad al menos igual a la de sus adversarios, los hébertistas se ven obligados a ponerse en falta a sí mismos, atacando la legitimidad gubernamental. Inauguran entonces un escenario inédito, que se repetirá durante todo el año 1794.

Su insurrección, iniciada el 2 de marzo de 1794, al notificar a la Convención la orden de juzgar a los girondinos que siguen encarcelados, así como a los indulgentes, es a todas luces simbólica, ya que carece de apoyo popular; prosigue el 4 de marzo de 1794 cuando tapan simbólicamente la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de los cordeleros a la espera de que el pueblo recupere sus derechos. Sin embargo, Vincent, Hébert y Momoro, apoyados de manera puntual por Carrier, no encuentran el eco que esperaban entre las secciones. El 6 de marzo de 1794, el intento de reconciliación con los miembros de la Convención fracasa; además, el 12 de marzo de 1794 (22 de ventoso del año II) Vincent y Ronsin multiplican sus declaraciones agresivas. Las secciones parisinas fieles a la Convención sellan el destino de los hébertistas. El 13 de marzo de 1794 (23 de ventoso del año II), Saint-Just, en nombre del Comité de Seguridad General, presenta un nuevo informe que culpa a «las facciones del extranjero». Los hébertistas, identificados con los secuaces de Pitt, son detenidos durante la noche siguiente, sin que los sans-culottes intervengan. Citados ante el Tribunal Revolucionario en compañía de verdaderos patriotas y «extranjeros», como Cloots, Pereira, Kock y Proly, alejados de los hébertistas pero acusados de cometer diversas formas de corrupción, los cabecillas de la insurrección son acusados de contrarrevolución o despotismo y ejecutados el 24 de marzo de 1794 (4 de germinal del año II). La hegemonía de Vincent en el Ministerio de la Guerra se desmorona y el ejército revolucionario, del que Ronsin era el general, se disuelve. Hébert, que al comienzo se muestra dubitativo, cae por haber seguido una línea política demasiado complicada, haber eliminado a los airados y tener un competidor político peligroso para los comités.

Una vez más, la Revolución Francesa recurre al proceso político. Su empleo se alarga durante todo el año 1794, aplicándose a Carrier en diciembre de 1794 a pesar de haber sido protegido en marzo anterior. La invocación al «extranjero» permite descalificar toda una línea política sin necesidad de ahondar en el debate: los hébertistas, pues, simplemente eran «falsos» patriotas, como acaban de desvelar los comités. Por tanto, estos no han eliminado a unos oponentes eventualmente dotados de legitimidad, sino que han desenmascarado a unos traidores y corruptos. Semejante táctica induce una lógica que no se puede detener de forma impune. Se debe aplicar por fuerza a los indulgentes, para evitar que surjan facciones en los comités.

A partir del 30 de marzo de 1794, se detiene a los principales cabecillas, Danton, Desmoulins y Philippeaux, sin que los comités dirijan un «informe» previo a la Convención. Se los mezcla con los corruptos de la liquidación de la Compañía de las Indias, con otros «agentes del extranjero», el general Westermann, conocido por su hostilidad hacia Ronsin, e incluso Hérault de Séchelles, miembro del Comité de Salvación Pública pero a la vez noble, libertino e inclasificable políticamente. Se los juzga de manera precipitada, hasta tal punto que, siguiendo órdenes, el proceso se acorta y se retira la palabra a los acusados por temor a que confundan a los asistentes al juicio. El 5 de abril de 1974 son ejecutados. El día 13, se manda a otra «hornada» a la guillotina sin otro motivo que la venganza y la búsqueda de ejemplaridad; entre los ajusticiados se encuentran las viudas de Desmoulins y Hébert, Chaumette y el antiguo obispo de París, Gobel. En total, se ejecuta a unas cuarenta personalidades de la Revolución Francesa en menos de un mes, dejando a la Convención y los comités sin rivales. Esos hombres pagan por todas sus implicaciones, complejas y todavía hoy poco conocidas, en las redes financieras y diplomáticas, que constituyen la fuente de su poder y que a menudo se basan en agentes secretos, delatores casi profesionales o aventureros que cambian de protectores, como el enigmático Pio o el espía Comte.

La opinión pública se queda desamparada, ya que los comités revolucionarios pasan bajo la dirección de individuos próximos al Comité de Seguridad General y el Comité de Salvación Pública, y las sociedades de secciones se disuelven, muy a su pesar, mientras se reprimen las manifestaciones populares. ¿Acaso el proceso contra los habitantes de Verdún que han acogido a los enemigos en septiembre de 1792 se entabla a fin de reafirmar el arraigo revolucionario? El 26 de abril de 1974, treinta y cinco personas, entre ellas diecisiete mujeres y chicas, son condenadas a muerte —aunque las dos más jóvenes tan solo son «expuestas» en el cadalso— por haber ofrecido unas peladillas a los austríacos. Además, las mujeres son acusadas de haber ido al encuentro del enemigo vencedor «con la ropa arremangada». Como en otras ocasiones, especialmente tras la liberación de 1944, cuando esta va acompañada de siniestros «bailes de rapadas», las mujeres perseguidas por una traición real o supuesta también son acusadas de haberse acostado con el enemigo.

Simplemente política

Durante los meses siguientes, se toman medidas inesperadas, que a menudo no se aplican, o incluso resultan inaplicables; sin embargo, estas tienen enormes repercusiones, algunas de ellas favorables respecto a la historia de la humanidad, y otras desastrosas. Desde luego, los ajustes de cuentas, las luchas políticas y la gran política resultan indisociables durante la Revolución Francesa, al igual que durante todos los demás períodos: los hombres no conocen la historia en la que participan. No se trata de juzgar los hechos, sino de comprenderlos, sin buscar ideales ni pretender dilucidar las perversidades.

La abolición de la esclavitud constituye el primer ejemplo de esas medidas. La decisión, que según la tradición se adopta en pleno entusiasmo del 4 de febrero de 1794 (16 de pluvioso del año II), de hecho se gesta laboriosamente entre el 3 y el 5 de febrero de 1794. Se vota en la Convención en nombre de los principios, pero sin llegar a precisar las modalidades de aplicación, tras un complejo debate que enfrenta el partido abolicionista, dirigido por Danton, a un partido heterogéneo, sensible a los argumentos de los colonos, ligados a Amar, miembro del Comité de Seguridad General. Las rivalidades personales influyen sobremanera, especialmente a Chaumette y los diputados llegados de Santo Domingo, ¡que incluso son encarcelados unos días antes de ser acogidos en la Convención! Según el historiador Y. Benot, la Convención empuja a los comités del gobierno, al menos reticentes, a tomar esa decisión.

La opinión pública, que ignora esas discusiones a puerta cerrada, se muestra conmocionada, como se pone de manifiesto en las fiestas que se celebran tras la abolición de la esclavitud. En la práctica, en el ejército esta se traduce en la concesión de grados elevados a soldados negros; con todo, la verdad es que esa apertura queda limitada por un racismo latente que margina a los oficiales de color. Por otra parte, la abolición de la esclavitud contribuye a poner a los negros de parte de la Revolución Francesa y en contra de los ingleses, en el momento en que la contrarrevolución negocia con Pitt el desembarco de la flota inglesa en Santo Domingo. Sin embargo, esa dimensión táctica se recibe de otro modo en Francia, ya que a todas luces la abolición entra en la campaña anglófoba que resulta útil al Comité de Salvación Pública a fin de garantizar la perennidad del gobierno revolucionario, como atestigua de manera sibilina la fórmula de Danton que asegura que «hoy ha muerto el [imperio] inglés». La enigmática fórmula vincula la causa antiesclavista con la denuncia de los ingleses que realizan en el mismo momento Barère y Robespierre, reafirmándose el uno al otro ya que la abolición de la esclavitud aleja a los esclavos de la alianza inglesa, pero también porque, en contrapartida, la insistencia en las responsabilidades inglesas permite modificar el curso de la guerra, repudiando cualquier conquista. Asimismo, esa postura recuerda los antagonismos frente a los girondinos, acusados de albergar intenciones expansionistas, y anuncia el vuelco diplomático que lleva a buscar acuerdos con los beligerantes, al margen de los ingleses, y una paz razonable.

En efecto, en 1794 la xenofobia, y en especial la anglofobia, adquieren un lugar considerable. Como se ha visto, influyen en los procesos de primavera de 1794, ya que forman parte de una antigua cultura, que se basa en los prejuicios que clasifican a los pueblos del mundo —según los cuales, por ejemplo, los españoles son fanáticos o los ingleses libres—. La Revolución Francesa confiere una nueva actualidad a esos prejuicios. Durante mucho tiempo, se considera que los suizos —salvo los soldados de Luis XVI— y los estadounidenses —a pesar de su supuesta inexperiencia política— son modelos republicanos. Tras la entrada en guerra de Francia y las desilusiones ante las reticencias de los pueblos «liberados» a adoptar las leyes de los vencedores, los juicios sobre ellos se vuelven negativos y se extienden a las poblaciones fronterizas pertenecientes a Francia. El temor a la traición acrecientan la xenofobia e incluso el antisemitismo. El temor no está del todo infundado, aunque no convenga exagerar la realidad de la amenaza. A veces los catalanes se alinean con los españoles; las redes de espías ingleses son particularmente activas y por poco Granville, a diferencia de Toulon o Córcega, no cae bajo el poder inglés. A ello se le suma la perspectiva ideológica que, a partir del verano de 1793, convierte al «extranjero» en una categoría política que designa a un individuo que no simpatiza con la Revolución Francesa. En agosto de 1793, la Convención debate acerca de la expulsión de los súbditos de naciones en guerra con Francia, así como la concesión de una «banda tricolor» a «aquellos a quienes se considera dignos de permanecer». Aunque la idea de la banda no cuaja, sí que perdura la identificación potencial del extranjero con el enemigo. El cosmopolitismo preconizado por los girondinos o Cloots se ha vuelto anacrónico. Incluso se convierte en un cargo que conduce al cadalso. A partir de entonces, una legislación específica determina las condiciones de naturalización de los extranjeros y su integración en la «familia» francesa por medio del matrimonio y la adopción.

No obstante, el debate que tiene lugar en la Convención en enero de 1794 a propósito de los ingleses cambia de significado. Los diputados condenan los vicios de la Constitución inglesa, el peligro que representa el imperio marítimo inglés, su defensa de los colonos franceses, así como la complicidad entre el pueblo inglés y su gobierno; el 30 de enero de 1794, Robespierre declara ante los diputados que, en cuanto que representante del pueblo, «odia a los ingleses». La instrumentalización de la xenofobia, convertida en «uno de los elementos del contexto mental» (M. Belissa) de los miembros del gobierno en 1793 y 1794, resulta evidente. Al mismo tiempo, Robespierre rechaza el cosmopolitismo y la guerra de conquista, mientras se empieza a perseguir a los patriotas extranjeros presentes en Francia, en su mayoría próximos a los miembros de la Convención. Por otra parte, oponiéndose a los indulgentes, Robespierre rechaza una paz de compromiso a fin de mantener a Francia en guerra. En contra de los cordeleros, utiliza el «complot del extranjero» para desenmascarar a los falsos patriotas. Los juegos políticos, más allá de las enormes repercusiones que puedan haber tenido en el desarrollo de la historia de la humanidad —como la abolición de la esclavitud o la justificación de la guerra por la xenofobia—, también están determinados por esos efectos de rebote de las bolas de billar que van de un extremo al otro. La concentración de los poderes en manos cada vez menos numerosas vuelve esas operaciones cada vez más visibles y permite resolver algunas contradicciones políticas aparentes.

Falsos dilemas y verdaderas decisiones

En efecto, la lucha contra los «enemigos» adquiere toda su magnitud con el decreto del 15, el 16 y el 17 de abril de 1794 (26, 27 y 28 de germinal del año II), que ordena a todos los nobles y los extranjeros que abandonen las ciudades, los puertos y las zonas fronterizas en un plazo máximo de diez días, bajo pena de ser declarados fuera de la ley. Desde luego, el decreto prolonga la política antinobiliaria entablada con la abolición del orden de la nobleza en 1790 y agravada en septiembre de 1793. En enero de 1794, el Club de los Jacobinos excluye a los nobles y los extranjeros, hecho que afecta especialmente a Antonelle y Félix Le Peletier, hermano del «mártir» ejecutado el 20 de enero de 1793.

No obstante, la aplicación del decreto contradice sus principios —suponiendo que existan—. Subrayemos que hasta que Robespierre denuncia la «mácula original» con un rigor incontestable, nadie parece recordar que él mismo pertenece a una familia de la pequeña nobleza. Subrayemos sobre todo que las persecuciones de esos «enemigos de la República» se encuentran bajo el control exclusivo del Comité de Salvación Pública; entretanto, el 16 de abril de 1794, se crea una oficina de policía general bajo el impulso de Saint-Just. La oficina, encargada de la inspección de las administraciones, despoja al Comité de Seguridad General de una gran parte de sus competencias. Conviene subrayar que la coincidencia no puede ser fortuita. ¿Acaso la ley y su redacción prevén limitar su eficacia convirtiéndola en parte de una maniobra de Couthon que pretende limitar la influencia de Saint-Just en la Convención?

La ley únicamente concierne a los lugares que se consideran estratégicos y no al conjunto del territorio de Francia, hecho que crea un sinfín de derogaciones. Los militares nobles, en especial, son «movilizados» y permanecen en su puesto; en numerosos casos, los propios legisladores proporcionan una manera de eludir la ley con elegancia, ya que, en verano de 1793, más de la mitad de los oficiales superiores y un poco más de un cuarto de los capitanes son de origen noble. De facto, la mayoría de los nobles se escapan a la ley, al igual que los extranjeros que «viven de sus manos» son comerciantes al por menor o residen en Francia desde hace más de veinte años. La vaguedad de esas categorías permite a más de seiscientas personas ponerse bajo la protección del Comité de Salvación Pública, que estudia sus argumentos desde un punto de vista jurídico, teniendo en cuenta la edad de los solicitantes y sus renuncias previas —considerando, por ejemplo, que el título de escudero no basta para pertenecer a la nobleza.

Al final, más del 80% de los solicitantes son absueltos, lo que lleva a pensar que si Paine, Antonelle o Le Peletier padecen las iras de la ley, no es tanto por su pertenencia extranjera o nobiliaria, sino por sus opiniones girondinas o próximas al hébertismo. Así, se instrumentalizan las consignas para ocultar las venganzas, pero a todas luces el recurso a la violencia verbal está destinado a satisfacer al público de los sans-culottes, privado, no obstante, de las condenas que esperaba, ya que las numerosas excepciones vacían la ley de sentido. Es comprensible, pues, que la «fiebre» de los sans-culottes vuelva a caer en el «vacío de sus asambleas generales» (A. Soboul).

Asimismo, resulta indiscutible que la legislación contra los «ricos», los «nobles», los «extranjeros» e incluso los «sacerdotes» tiene dos vertientes. Por una parte, señala a chivos expiatorios, contra los que los militantes y los simpatizantes se muestran cobardes, lo que permite dirigir contra ellos las energías que, de lo contrario, podrían volverse contra el gobierno. Por otra parte, organiza exenciones a fin de distinguir y proteger a poblaciones que se consideran indispensables para Francia, a pesar de que los ricos y los nobles, en especial, tengan interés en mostrarse discretos, eficaces y sumisos. Es posible realizar tres interpretaciones. ¿Acaso se trata de la legislación de un país en guerra que organiza «moralmente» su unión sagrada? ¿Es una política «maquiavélica» establecida por un grupo que ha alcanzado el poder y está decidido a conservarlo a costa de contorsiones ideológicas y manipulaciones? ¿O se trata del precio que se debe pagar para que los cambios globales pasen por la mediación de la ley y encaucen la efervescencia popular?

Esas tres pistas pueden darse a la vez, en nombre de la urgencia por transformar las pasiones colectivas en un sentimiento nacional. No obstante, sus efectos perversos son considerables. Los individuos que ocupan el poder son los únicos aptos para desenmarañar la madeja del procedimiento, de ahí que se alejen del resto de la población. La masa, que de hecho está excluida de la gran política, se siente decepcionada ante las medidas, que juzga más aparentes que reales. A la cabeza de las instituciones se nombra a una élite de profesionales. Las personas susceptibles de ser perseguidas y sus familias solo pueden consolarse rechazando un régimen que los amenaza permanentemente. Último efecto perverso: a posteriori, cada historiador podrá encontrar las citas adaptadas a sus convicciones, ya que se puede o bien insistir en los programas ideológicos o morales, o bien poner el acento en su eficacia legislativa o la flexibilidad en su aplicación.

Esa mezcla de convicciones e instrumentalización también se encuentra en la política respecto a las lenguas regionales y los dialectos, llamados patois en francés. En 1793, Barère acusa a la contrarrevolución de hablar bajo-bretón, antes de entregar un informe, el 27 de enero de 1794, acerca de los idiomas extranjeros y la enseñanza de la lengua francesa, que persigue a los no francófonos. El uso exclusivo del francés se convierte en un objetivo político, ilustrado el 9 de febrero de 1794 por la publicación del Periódico de la lengua francesa de Urbain Domergue, así como por la prohibición de hablar alemán en Alsacia, que data del 14 de abril de 1794, y el proyecto de poblar la región de ciudadanos franceses. La ofensiva culmina en mayo y junio de 1794, cuando Grégoire, que pretende «uniformar» la lengua, consigue que la Convención ponga «el idioma en el orden del día». La sinceridad de Grégoire, convencido de que la universalidad es la clave de la unidad social, no es fingida. ¿Cómo interpretar sus declaraciones, que se articulan tan mal con toda la política de traducción de las leyes instaurada en 1790? Es cierto que esas medidas no se aplican de forma inmediata, aunque en el Mediodía francés o Alsacia persista el uso de los dialectos y las distintas lenguas con el acuerdo de las autoridades locales. Las decisiones de 1794 no prolongan una voluntad de erradicar anterior, que no ha existido jamás, del mismo modo que no anuncian las decisiones de los años posteriores. Con todo, en junio de 1794, una vez que el peligro parece superado, la lengua del Mediodía vuelve a convertirse en la de los trovadores y expresa los sentimientos de un «pueblo que piensa con vivacidad» y otras fórmulas que ponen fin a toda una empresa de erradicación lingüística. Todas esas declaraciones, citadas a menudo como reveladoras de la tabla rasa revolucionaria, probablemente sean una postura oportunista a fin de responder a la necesidad de encontrar los equilibrios políticos necesarios dada la situación de urgencia.

El destino del plan global de renovación de la escuela, propuesto por Bouquier, miembro de la Convención, confirma esa interpretación. El plan preveía una enseñanza gratuita y obligatoria de tres años para todos los niños —aunque los niños tenían más ventajas que las niñas en términos del contenido de las materias, y los profesores eran más reconocidos que las profesoras—. Como el plan resulta caro, tan solo se aplica donde se implican educadores militantes, y el sistema educativo acaba abandonándose enseguida. Sin embargo, se inscribe en el auge sans-culotte, al dar la prioridad a la educación política por parte de militantes respecto a la instrucción por parte de maestros. Un año más tarde, se renuncia por completo a dichas perspectivas y se abandona cualquier veleidad de «democratización» de la enseñanza. Los grandes concursos convocados el año II a fin de renovar las artes y especialmente la arquitectura experimentan un destino parecido. Desde entonces, los esbozos presentados se utilizan para denunciar la abstracción revolucionaria, pero los proyectos jamás llegan a construirse.

Durante esos meses, la represión de los sans-culottes, la progresiva liberalización de la economía y la protección que concede abiertamente el Comité de Salvación Pública a banqueros como Perregaux van acompañadas de la reorganización del gobierno. El 1 de abril de 1794, es decir, el 12 de germinal del año II, se sustituyen los ministerios por doce comisiones ejecutivas, siguiendo el modelo de la comisión de la pólvora, es decir, subordinadas a los grandes comités y situadas bajo el control exclusivo de la Convención y el Comité de Salvación Pública, como pretendía Danton, que acaba de ser detenido y será ejecutado cuatro días más tarde. Por otra parte, la Convención —en ese caso, Cambon— se reserva el control del Comité de Finanzas. Se subdivide las comisiones en secciones o agencias especializadas, que emplean a agentes reclutados por sus competencias y no tanto por sus opiniones, aunque, salvo a los jefes de las comisiones, a partir de termidor ya no se los perseguirá. Al frente de la comisión de las administraciones civiles, la policía y los tribunales se nombra a Herman, próximo a Robespierre. Dirige a más de quinientas personas, responsables del registro de las leyes, su impresión y su traducción a las distintas lenguas, incluido el corso, así como la correspondencia con las administraciones y la lista de los emigrados, sin olvidar la administración de las cárceles, el traslado de los detenidos al Tribunal Revolucionario ¡y el control del trabajo de los obreros de la imprenta de las leyes! La provisionalidad en la que se inscribe el gobierno revolucionario es contrarrestada con creces por la institucionalización de su poder real.

El informe que presenta Saint-Just el 15 de abril de 1794 (26 de germinal del año II) «sobre la policía general […] y los crímenes de las facciones» consagra la victoria del Comité de Salvación Pública, que ha logrado, al menos desde la tribuna de la Convención, movilizar bajo su gobierno todas las energías de Francia, que a partir de entonces están dirigidas por instituciones. Sin embargo, queda por comprender la célebre afirmación que contiene dicho informe: «Todo empieza, pues, bajo el cielo». La fórmula, estéticamente conseguida, sobre todo en boca de un joven cuya belleza asombra a sus contemporáneos, filosóficamente resulta discutible por el voluntarismo ciego que atestigua. Saint-Just no propone sino una ciudad arcaica, frugal y encerrada en sí misma. Además, y eso es lo peor, la fórmula resulta peligrosa desde una perspectiva política. Los miembros de la Convención, empezando por Amar, que ese día ejerce de presidente, tal vez la interpreten como una protesta por las atribuciones de la Asamblea y teman la amenaza de una deriva acentuada hacia un poder todavía más centralizado y concentrado en unas pocas manos. La propia Revolución Francesa aviva su paso.

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Capítulo 17. TERMIDOR O EL DESCONCIERTO

Termidor es tanto un concepto como un acontecimiento. Así, desde el comienzo de la revolución bolchevique, Lenin trataba de prever quién organizaría «Termidor». Curiosamente, los historiadores de la escuela «crítica», que advirtieron de los espejismos creados por los actores de la Revolución Francesa en sus comienzos y denunciaron el relato nacido en 1789, adoptaron sin objeciones el relato inventado en julio de 1794 acerca de la caída y la muerte de Robespierre. Aunque analizaron los rumores desencadenados por el acontecimiento, no cuestionaron la máquina quimérica que produjo tanto humo en 1794 como cinco años antes. Así, sorprendentemente, la Revolución Francesa empezaba en una fecha cambiante antes de culminar en la fase más radical, la del Terror, precisamente el 27 de julio de 1794, ya que, aunque no se podía creer a los contemporáneos de 1789, sí que se podía confiar en los de cinco años más tarde.

En ese punto —la interpretación de julio de 1794—, al menos, convergían con los historiadores de la escuela «clásica», favorables a la Gran Revolución, para quienes la ruptura de 1789, entablada por los cuadernos de quejas y marcada por la toma de la Bastilla y la noche del 4 de agosto de 1789, había grabado en el mármol la entrada en una nueva época. Las cosas estaban claras: Termidor era un término, después del cual, en el mejor de los casos, se abrirían laboriosos caminos para construir la ciudad republicana, y, en el peor de los casos, el descenso demagógico rematado por el Imperio. Desde esta perspectiva, las dos escuelas también coinciden, más discretamente, al concentrarse en los actos y el destino de Robespierre durante los meses que van de abril a julio de 1794, como si no hubiera sucedido nada más.

Conviene desconfiar de las explicaciones demasiado globales. La idea del desbocamiento de la Revolución Francesa que culmina con la ejecución del Gran Revolucionario no explica más que la invocación de las «circunstancias» que justifican medidas que, pese a todo, se consideran necesarias. Asimismo, conviene discutir los análisis más recientes que, insistiendo en la dimensión «cultural» de los actos colectivos, llevan a pensar que una fatalidad ha arrastrado la sociedad por una pendiente inevitable. Nada de todo ello permite comprender la ruptura provocada por la personalidad de Robespierre, que no se puede aprehender al margen de la compleja red de hechos, discursos y rumores. Aunque se puedan reconocer algunos mecanismos generales que intervienen durante esos meses de 1794, en especial procedentes del psicoanálisis, nos parece preferible insistir en los actos de los actores, que a la vez jamás están desposeídos de sus decisiones y siempre se encuentran desprovistos ante sus elecciones. Esos pocos meses de 1794 aparecen entonces como el tiempo excepcional de un paroxismo que empuja el ejercicio de la libertad humana hasta los límites más extremos.

La unidad en la acción

A partir de abril de 1794, la centralización del gobierno en torno al Comité de Salvación Pública y el Comité de Seguridad Nacional, centralización que perdurará largo tiempo, provoca una profunda mutación. Las competencias institucionales, que han desaparecido en París, van atenuándose progresivamente en las provincias. La especialización de los representantes en misión va acompañada de la llamada al orden de casi la mitad de ellos, hombres de gran personalidad, como Barras, Fréron, Tallien, Fouché… En la Vendée, incluso se encarcela a Huché, un general próximo a los hébertistas, mientras se persigue y se fusila a uno de sus oficiales, que ha mantenido un pulso con los comités revolucionarios locales, que cuentan con el apoyo de una parte del ejército y de Jullien, el enviado de Robespierre. El alejamiento de Turreau y los representantes en misión que lo apoyaban circunscribe la guerra e impide la destrucción, hasta tal punto que, a mediados de junio de 1794, se propone la amnistía a los rebeldes, a quienes se considera «extraviados».

Ello no significa que los contrarrevolucionarios sean inofensivos, pero, al operar en zonas limitadas, ya no constituyen la obsesión de los políticos, como antaño. Ese reequilibrio permite liberar a tropas para las fronteras, una política coronada por victorias. Así, el 26 de junio de 1794, la batalla de Fleurus da ventaja a los franceses, que por primera vez en la historia militar utilizan un espectacular globo de observación. Desde luego, la victoria francesa se debe a la calidad de las tropas, pero también se basa en la retirada parcial de los prusianos y los austríacos, enviados a Polonia, mientras Kosciuszko planta cara a los rusos y abre una efímera era de libertad. La retirada de los enemigos de los enemigos, que comienza entonces, culminará con la conquista de los territorios vecinos y la firma de tratados de paz favorables a Francia. Entretanto, Francia se aprovecha de que dispone de los bienes de Bélgica, que aligeran su carga financiera, mientras los avances militares se extienden a Cataluña y el Piamonte. La única nota desfavorable es que los ingleses han puesto un pie en las islas de Martinica, Santo Domingo y Córcega.

En efecto, la unidad de Francia se basa en el esfuerzo de guerra. Alrededor de unos setecientos mil hombres forman parte de los ejércitos de la Revolución Francesa, en su mayoría jóvenes, cada vez más encuadrados, a los que es preciso armar, vestir, alimentar, remunerar y cuidar. La imagen del soldado del año II desnutrido, mal pertrechado y mal calzado no es una invención de la propaganda, sino a menudo una realidad. El vuelco que provoca la amalgama es afianzado por el refuerzo del control político, especialmente por medio de la prensa militar, y por la prioridad que se otorga al talento respecto a la opinión a la hora de nombrar a los oficiales. Se inculca disciplina a las tropas por medio de las nuevas prácticas de entrenamiento, que combinan la cohesión y la rapidez. El avituallamiento moviliza a miles de personas, empezando por los campesinos movilizados en cada municipio para facilitar el transporte de cereales, forraje o armas. La guerra, especialmente en el frente del norte de Francia, cambia de cariz y queda marcada por la creciente violencia de los compromisos, así como por la magnitud de las pérdidas, tanto de hombres caídos en combate como muertos a causa de las heridas.

Así, se pone en marcha una nueva organización del ejército, basada en la especialización, que excluye a las mujeres de las tropas combatientes, pero también en el uso sin miramientos de hombres jóvenes, más numerosos y menos caros que los soldados de línea de antes de 1789. Esa mutación, que culmina entre 1796 y 1798, modifica la relación entre Francia y su ejército. No hace falta invocar una «teoría de las circunstancias» para legitimar la radicalidad de las medidas políticas: el destino de la Revolución Francesa continúa sometido a la suerte militar, y las victorias no son definitivas. Es preciso interpretar al pie de la letra la fórmula de Robespierre «La revolución es la guerra de la libertad contra sus enemigos», ya que da la medida de los hechos cotidianos de la época. Además, da cuenta del apoyo, voluntario u obligado, de la mayoría de los franceses al Estado tal y como está establecido a partir de entonces.

Paradójicamente, la unión que se entabla entre la nación y el ejército es más sólida que tras el reclutamiento masivo de finales de 1793. Aunque los costes sean muy elevados y las tensiones considerables, especialmente para asegurar los suministros indispensables y hacérselos llegar a las tropas, el esfuerzo colectivo identifica la nación con la Revolución Francesa en guerra. Las razones son múltiples. Globalmente, la guerra sigue financiándose por medio de emisiones considerables de asignados, que, pese a su depreciación, permiten a numerosos explotadores agrícolas, propietarios, granjeros o aparceros continuar adquiriendo bienes nacionales, puestos en venta por lotes accesibles a la clase media. La garantía explícita del derecho a la propiedad asegurada por la Convención, así como la marcada oposición de esta a cualquier «ley agraria» e incluso a cualquier limitación del tamaño de las granjas ponen de su parte a numerosos campesinos. Las reivindicaciones sobre el arrendamiento prosiguen, pero ya no cuentan con un portavoz que pueda intervenir en los debates en la Asamblea. Los pedidos del ejército sacan partido de las distintas categorías, desde los aparceros, que pueden vender su ganado al momento al margen de los precios establecidos, hasta las miles de personas que participan en el engranaje administrativo, pasando por los obreros empleados en los talleres de armamento, bien pagados y liberados de las movilizaciones. Estos, convencidos de ser irreemplazables y a menudo contestatarios, deben someterse a los horarios y los salarios que deciden los empresarios apoyados por las autoridades. El poder de atracción del ejército es considerable, pues aúna los sentimientos nacionalistas con las esperanzas de hacer carrera. En una época en que los riesgos mortales que hacen estragos entre los jóvenes son tan habituales que no sorprenden a nadie, enrolarse en el ejército, que no resulta más peligroso que la vida cotidiana, se considera una oportunidad de promoción real.

Asimismo, a ello se le suman las libertades individuales y las igualdades sociales que otorgan las leyes. La instauración del divorcio y del reparto de la herencia a partes iguales entre hombres y mujeres, las políticas de asistencia —por ejemplo, las ayudas a las niñas que son madres—, de educación y de gravar los precios instauran nuevas formas de vida cuyos efectos tardarán en olvidarse. Junto a los proveedores de los ejércitos, la guerra irriga a toda la sociedad que acepta la Revolución Francesa.

Explosiones represivas

Esos esfuerzos resultan mejor aceptados ya que proceden de la jerarquía institucional. En lo sucesivo, esta concede una verdadera autonomía a las comunidades locales, liberadas de las brutales incursiones de los militantes urbanos. Además, no se respeta de manera estricta el tope de los precios y los salarios. Este, ligado a un sistema de asistencia y control de los precios, en especial del pan, permite abastecer a los ejércitos y las ciudades, pero deja subsistir una economía paralela, sobre todo alrededor del mercado de la carne. ¿Cómo comprender entonces los movimientos sociales, cuya complejidad no deja de aumentar? En ocasiones, el descontento está ligado a los efectos de la moda, como cuando los productos que se han vuelto comunes, como el pan blanco, escasean, aunque los productos básicos, como el pan moreno, sigan estando disponibles. Esa compleja evolución, en la que a veces grupos enteros se aprovechan de los circuitos comerciales, queda resumida por la revisión del tope iniciada en invierno del 1793 y concluida en marzo de 1794. Se modifican las nomenclaturas, integrando un sinfín de productos, pero se calculan los precios desde el punto de vista de los productores, y no de los consumidores, lo que supone el abandono de la visión moralizadora de la economía que prevalecía en septiembre de 1793.

Se impone el liberalismo, pues, corregido por las exigencias de la guerra y la preocupación por la cohesión social, lo que impide desvalijar a los «buenos patriotas», incluidos los rentistas. De ello resulta un dirigismo comparable al de 1914: respeta la propiedad, se apoya en el consentimiento de los administradores locales y cuenta con el aval de la mayoría de los franceses. El hecho de hablar del «Terror» para calificar ese período es fruto sobre todo de las costumbres historiográficas, ya que, menos aún que durante el invierno de 1793-1794, las consignas políticas no son tan radicales y la centralización de la justicia revolucionaria reduce el número de ejecuciones. Ello no impide que se ahonde la diferencia entre las élites revolucionarias, capaces de entender el sentido de las medidas adoptadas, y la población «normal». La confianza en el nuevo gobierno revolucionario se desmorona, a pesar de los llamamientos a la unidad nacional.

El alejamiento de Córcega y su transformación en reino anglo-corso ilustra esa clase de evolución. Paoli, sospechoso de connivencias con Inglaterra, se enfrenta a una élite de jóvenes francófilos y partidarios de la República: Saliceti, Aréna y los Bonaparte, aunque descubre que cuenta con el apoyo de grupos deseosos de mantener tal cual las libertades corsas, así como las jerarquías sociales. Aunque Paoli no ha dado muestras de ser realista, durante la primavera de 1794 es acusado de contrarrevolución. Con el procurador síndico general Pozzo di Borgo, pone en jaque a los «revolucionarios», que se ven obligados a abandonar la isla, y luego acepta la protección de la flota inglesa, antes de decidirse a crear un reino anglo-corso, cuyas instituciones se inspiran en sus primeros experimentos, que datan de 1769. Como es lógico, desde el continente, esa continuidad se interpreta como una traición nacional y política.

Persisten, pues, zonas de combates ideológicos y represiones políticas. En Arras, Orange, Brest y Burdeos, subsisten algunos tribunales extraordinarios. En Arras, en el Paso de Calais, Le Bon, cuya enérgica administración contribuye a las victorias militares, se implica personalmente en los procedimientos y es responsable del aumento de las condenas a muerte. ¿Acaso cuenta con el apoyo del Comité de Salvación Pública, a pesar de Robespierre, que es uno de sus allegados? En el sur de Francia, en Orange, al comienzo Maignet se distingue por su afán de paz, ya que ha sustituido a Fréron y ha devuelto su nombre a Marsella. Sin embargo, está convencido de encontrarse frente a numerosos contrarrevolucionarios, tan peligrosos que él mismo debe luchar contra los ultrarrevolucionarios que ha empezado a reprimir mandando a Jourdan, llamado Cortacabezas, al cadalso. Con Claude Payan, próximo a Robespierre, el 8 de mayo de 1794 logra que se establezca la comisión militar de Orange; esta condena a muerte a trescientas treinta y dos personas, entre ellas treinta y dos religiosas, en cuarenta y siete días. Además, a mediados de mayo de 1794 Maignet decide arrasar la aldea de Bédoin, donde se ha cortado un árbol de la Libertad, y hace ejecutar a sesenta y tres hombres. En Burdeos, Jullien, que sustituye a Tallien e Ysabeau, deja que el presidente de la comisión revolucionaria Jean-Baptiste Lacombe persiga a los girondinos huidos y sus seguidores, reales o supuestos. En poco más de un mes, ciento noventa y ocho individuos son guillotinados. A todas luces, los responsables de esas represiones, citadas a menudo, actúan por convicción. Próximos al Comité de Salvación Pública y a Robespierre o Saint-Just, sus trayectorias son muy alejadas de los hombres a quienes suceden, envueltos en los conflictos internos de la Convención y que disponen de complejas e importantes redes políticas.

En Brest, Jean Bon Saint-André, miembro del Comité de Salvación Pública, vuelve a poner en marcha la marina francesa, llevando a cabo en ese ámbito el equivalente al trabajo de Carnot, y, además, en marzo de 1794 logra que se mantenga un tribunal extraordinario. Autónomo en su funcionamiento, el tribual condena a muerte a setenta personas, en su mayoría federalistas y emigrados. La voluntad de dar ejemplo político es sancionada por la «victoria táctica» cosechada junto a la isla de Ouessant a comienzos de junio de 1794 en una batalla que, no obstante, los franceses pierden contra los ingleses. El heroico combate de la flota francesa permite que un convoy regrese a Brest y, sobre todo, crea una página de gloria que, por añadidura, se reinventa en gran medida. Se magnifica el naufragio del navío El Vengador; se esparce que el barco se ha hundido con toda la tripulación gritando «¡Viva la libertad!» y «¡Viva la República!». El inopinado regreso del capitán, capturado y luego puesto en libertad, empaña temporalmente la leyenda, pero lo cierto es que la tripulación —y el capitán— resisten con gran valentía antes de que los heridos, que permanecen a bordo, sean engullidos por el mar.

No obstante, esas represiones, por muy dramáticas que sean, no tienen parangón con las ejecuciones del invierno anterior. A la manera de Saint-Just en sus misiones en el este de Francia, esos hombres practican una política rigurosa y moralizadora contra los enemigos de la Revolución Francesa, identificados por hechos precisos: la lucha armada, la traición y la participación en la contrarrevolución. Esas acusaciones se extienden de manera más insidiosa a las actividades de los seguidores manifiestos de Hébert o Vincent, a quienes ordena perseguir el Comité de Seguridad General a fin de acabar con su toma de poder del Estado iniciada en marzo de 1794. La unidad de la nación y la Revolución Francesa acaban de estrecharse en torno a los representantes del Estado, ahondando todavía más el abismo con los movimientos populares.

Nuevos equilibrios

En primavera de 1794, los miembros de la Convención tienen las manos libres. Han conquistado la libertad, y en adelante deben conservarla. Su éxito se ha debido tanto a alianzas tácticas como a compromisos entre sensibilidades; en lo sucesivo, los sume en rivalidades personales, ya que, una vez vencidas o marginadas las corrientes hostiles, es preciso situar la Revolución Francesa en una continuidad o una permanencia. Los miembros de los comités han establecido una política coherente al privilegiar el éxito del Estado, pero aquellos que los han colocado en la cima de las pirámides de asambleas y abnegados delegados los obligan a restablecer las lógicas monárquicas del poder. En lo que debería comprenderse como un régimen bastante oculto bajo la apariencia de un régimen democrático, las dificultades surgen sin cesar de los choques entre los principales actores del gobierno. Carnot y Saint-Just mantienen una rivalidad manifiesta a propósito de cómo dirigir la guerra, cuando se oponen abiertamente o por medio de hombres de confianza interpuestos, a la hora de decidir la forma de los combates, la elección de los generales y los objetivos. Por mucho que Saint-Just sitúe la oficina de policía bajo la tutela colectiva del Comité de Salvación Pública, los miembros del Comité de Seguridad General lo consideran su instigador. Así, los enfrentamientos entre personalidades se imponen a los debates de ideas en el momento en que es preciso dar un nuevo impulso a la Revolución Francesa. La continua efervescencia del choque de partidos da paso a una dirección eficaz y aceptada, que tiene por consecuencia «congelar» la Revolución Francesa, como lamenta Saint-Just.

Queda por reavivar el entusiasmo por la exaltación del sacrificio militar, por la solidaridad y la fraternidad, tercer elemento problemático de la tríada republicana, que, sin embargo, no conviene sobreinterpretar. El fracaso de las corrientes católicas revolucionarias surgidas en torno a Fauchet o el Círculo Social, o la sordina puesta a las sociedades fraternales resultan irremediables, al igual que la desaparición de las hermandades de los sans-culottes, exigentes e incluso virulentas. El arrebato patriótico que recorre Francia se traduce por el compromiso de miles de benévolos administradores en los comités de beneficencia, así como por una nueva oleada de donaciones realizadas por particulares. En ese espacio al margen de la política, en el que pueden intervenir las mujeres, individuos y asociaciones filantrópicas prosiguen su labor iniciada en 1790. Algunas sociedades, como la Sociedad Filantrópica y Patriótica de Beneficencia y Buenas Costumbres, fundada inicialmente por Palm d’Aelders, o la Caridad Materna, reciben el apoyo de la Convención, a pesar de que la ayuda financiera del Estado declina sin cesar al mismo tiempo que se refuerza el control político sobre la gestión de las asociaciones. Se trata de evitar desbordamientos, pero también de dar sentido a una revolución que, de lo contrario, se reduciría a un simple cambio de poder a la cabeza del Estado. Así, la dimensión filantrópica que inspira los comienzos de la Revolución Francesa encuentra una actualidad en ese espacio controlado por un gobierno que, de facto, ha limitado los enfrentamientos entre las facciones y el ejercicio de la vida política en su vertiente divisoria.

En 1794, la beneficencia nacional se ha convertido en «una prioridad nacional» integrada en un programa político que culmina un proceso iniciado en 1764 y, sobre todo, entre 1790 y 1793. Entre febrero y marzo de 1794, desde los decretos de ventoso del año II hasta el discurso de Robespierre del 18 de floreal del año II (7 de mayo de 1794) que instaura la «fiesta de la Desgracia», el Estado afirma la solidaridad con los pobres, sin por ello excluir a los ricos —una precaución que conviene recordar a fin de comprender la especificidad del período—. Así, la cuestión social como tal entra en la política del Estado y la historia de Francia. Más tarde, Louis Blanc, historiador y hombre de acción, sacará todas las conclusiones teóricas y prácticas al inscribir la cuestión social especialmente en el corazón de la Revolución de 1848 y, sobre todo, al no confundirla con la lucha de clases, que ni él ni el gobierno revolucionario de 1794 desean.

Esos límites explican la ley del 12 de mayo de 1794 (23 de floreal del año II), que decreta que la beneficencia nacional es «una prioridad política nacional». Dicha ley, que se suma a los decretos de ventoso del año II de censar a los pobres y obligar a las administraciones locales a concederles subsidios, constituye una ley programática que hace referencia al conjunto del proyecto social, y se refiere al auxilio público a domicilio, pero también a la educación, la familia y la propiedad. Otros dos informes, uno sobre la manera de distribuir el auxilio por el territorio francés y el otro sobre la extinción de la mendicidad en las ciudades, debían elaborarse a continuación, pero jamás llegan a ver la luz. En las regiones donde las élites son partidarias sin reservas de la Revolución Francesa, esas medidas les dan la ocasión de ejercer la filantropía, e incluso de reivindicar en voz alta las pérdidas que experimentan en nombre del bien común, al mismo tiempo que conservan el poder, ya que no temen ninguna competencia verdadera y la participación financiera «voluntaria» supone un medio de limitar las amenazas sobre sus bienes.

Así, dentro del Comité de Salvación Pública, Billaud-Varenne, Robespierre y Barère compiten entre ellos en ese terreno. Por medio de tres intervenciones distintas pronunciadas entre el 1 y el 23 de floreal del año II (del 20 de abril al 12 de mayo de 1794), se ponen de acuerdo para ayudar a los más pobres, unir a los franceses en una revolución moral y proponer un programa de educación colectiva a través de fiestas movilizadoras, entre las que destaca la fiesta de la Desgracia. A Billaud-Varenne, que el 1 de floreal del año II declara: «Hemos prometido honrar la desgracia, pero sería mucho más hermoso hacerla desaparecer», le responde Barère, el 22 de floreal del año II, al proponer que la fiesta de la Desgracia sea «la primera fiesta nacional», siguiendo a Robespierre, que la ha incluido en su propia nomenclatura de fiestas. En ese terreno compartido, ya que el 29 de septiembre de 1793 Fouché había organizado una fiesta en honor de la desgracia y la vejez, Robespierre toma iniciativas que cambian el curso de las cosas. Poco importa aquí qué determina su acción o si está más o menos marcada por su predisposición al sacrificio. Como casi todos sus colegas de los comités, y especialmente Saint-Just, que el 26 de febrero de 1794 (8 de ventoso del año II) afirma que «los desgraciados son las fuerzas de la tierra», Robespierre trata de refundar la nación y garantizar el funcionamiento del Estado.

Esa orientación colectiva también corresponde a la necesidad de encontrar una solución para constituir el «pueblo» tras las pruebas. Saint-Just, Robespierre y Billaud-Varenne son conscientes de la necesidad de fundar la nación sobre cuerpos representados por diputados mandatarios con el objetivo de garantizar la unidad entre el pueblo y la nación. Innegablemente, se trata de una «ficción» de la que se puede subrayar ora la dimensión mítica, ora la táctica, ora la utópica, pero ¿acaso toda la política no reposa en una ficción colectiva? En ese caso, corresponde a cierta opinión montañesa.

La aventura de Robespierre

No obstante, esa ficción colectiva desencadena la ruptura que se cocía desde diciembre de 1793, sancionada por el fin de la descristianización. El 6 de abril de 1794, al día siguiente de la ejecución de los dantonistas, Couthon anuncia un proyecto de fiesta de diez días dedicada al Eterno, antes de que, el 14 de abril de 1794, la Convención decida trasladar los despojos de Rousseau al Panteón y Payan proclame en la Comuna que «la Razón no es sino el Ser Supremo». El 7 de mayo de 1794 (18 de floreal del año II), Robespierre hace decretar, además de una lista de fiestas de diez días, que «el pueblo francés reconozca la existencia del Ser Supremo y la inmortalidad del alma». Las convicciones espirituales o religiosas de Robespierre no se pueden poner en duda, pese a su vaguedad; en este caso se conjugan con preocupaciones políticas, e incluso propias de un político. A fin de obtener la adhesión de la Asamblea, Robespierre no duda en invocar los «martirios» de Bara y Viala, un mito que ha inventado él mismo junto con Barère. Esa mezcla, que complica las interpretaciones, permite comprender las reacciones de la mayoría de los miembros de la Convención, que lo ven como una máquina de guerra dirigida contra los enemigos, pero que también puede volverse contra ellos. Hasta entonces, el anticlericalismo había unido a los diputados, a pesar de que numerosos representantes en misión «moderados» seguían líneas políticas inspiradas en los Evangelios o marcadas por el catolicismo. La proclamación deísta de Robespierre marca un punto de inflexión. Confirma el rechazo del ateísmo militante y la condena de sus promotores, como Fouché, que ya tiene problemas con Robespierre. Por otra parte, explica la hostilidad visible de Carnot, mientras preside la Convención, contra las propuestas deístas de Jullien.

La división se acentúa cuando, en la línea del 18 de floreal del año II, Robespierre, que a la sazón ejerce de presidente de la Convención, dirige también la fiesta del Ser Supremo, el 8 de junio de 1794 (20 de pradial del año II), día de Pentecostés. En el transcurso de la grandiosa ceremonia organizada por David, Robespierre prende fuego a las representaciones del Ateísmo y el Egoísmo ante la estatua de la Sabiduría, que, de manera imprevista, se llena de humo y se ennegrece. Tanto el incidente como la postura de Robespierre, vestido de un azul que recuerda el simbolismo cristiano, suscitan la desaprobación y la crítica entre los diputados. Los incidentes no son anecdóticos. Una parte de los miembros de la Convención se muestran hostiles a ese retorno de la religiosidad, y muchos están inquietos ante lo que consideran una escisión en el seno de los comités, e incluso la toma de poder individual. En esa ocasión, ¿Robespierre es un «fin político o un verdadero devoto»? ¿Ejerce de «estratega o pontífice»? (M. Ozouf.) Resulta tentador responder a las dos preguntas que ni una cosa ni la otra. ¿Acaso Robespierre se propone aunar a la nación dividida desde el asunto del juramento a la Constitución civil y la descristianización? Sin poner en duda sus convicciones, recordemos que retoma ideas «manidas», de las que «se hace eco».

El 8 de junio de 1794, la fiesta del Ser Supremo desacredita la descristianización e ilustra la búsqueda de la sacralidad que ha emprendido la Revolución Francesa desde sus orígenes. Sin embargo, sus resultados son mediocres. Reina una gran incertidumbre acerca del sentido de la fiesta, aunque ciertos historiadores la interpreten como la representación de una sociedad por venir, la «de la unión y la transparencia, la humanidad consumada y la libertad» (F. Brunel). La fiesta del Ser Supremo se celebra en toda Francia, pero a veces se confunde con los cultos a la diosa Razón. A menudo también se interpreta como un signo de apaciguamiento político, y eventualmente se comprende como el reconocimiento al catolicismo —de hecho, el 24 de junio de 1794, un pueblo de Oise se inspira en la fiesta del Ser Supremo para celebrar la fiesta de San Pedro—, lo que suscita la confusión, e incluso la hostilidad, de los sans-culottes locales. Aunque se reafirma la libertad de culto, al mismo tiempo se afianza el poder del Estado sobre la religión: los católicos siguen siendo sospechosos de ser contrarrevolucionarios, y los partidarios del Ser Supremo no tienen derecho a organizar cultos libremente. Numerosos sans-culottes se sienten desconcertados ante la desaparición de las fiestas en torno a los mártires reconocidos. Mientras que el culto al Ser Supremo es objeto de múltiples interpretaciones, contradictorias o complementarias, la lectura política es unánime: a partir de ese momento, a todas luces Robespierre queda desplazado dentro del aparato del Estado.

¿Hacia una revolución moral?

Esa postura se acentúa cuando Robespierre apoya el proyecto de ley presentado por Couthon el 10 de junio de 1794 (22 de pradial del año II), que ha pasado a la posteridad bajo el nombre de ley del Gran Terror. De entre las discusiones al respecto, conviene retener que la ley prolonga el esfuerzo de centralización y clarificación de los procedimientos judiciales destinados a luchar contra los «enemigos del pueblo». Retomando el principio de las comisiones dedicadas a la selección de los acusados a fin de no hacer comparecer sino a los individuos claramente identificados por actos contrarrevolucionarios, en la línea de los decretos de ventoso del año II, la ley refuerza el control de los dos grandes comités sobre el Tribunal Revolucionario. Al simplificar en extremo los procedimientos, la ley del Gran Terror parece acelerar peligrosamente las modalidades de juicio, tanto más cuanto que acepta la duda en las definiciones precisas de quiénes pueden ser «enemigos del pueblo», al tener en cuenta las intenciones morales y dejar que sean los jueces quienes estatuyan según su consciencia.

La ley del 22 de pradial del año II, pues, se debe comprender en ese intervalo que instituye a la vez «menos Terror y más Terror», según el historiador Baczko, sin inscribirse a las claras en un lado u otro, lo que suscitará inquietud, incluso por parte de Saint-Just. Aunque la ley del 22 de pradial del año II acelera el castigo de los enemigos reconocidos como tales, validando la empresa regeneradora de la Revolución Francesa, por otra parte corrige la brutalidad de la ley del 19 de marzo de 1793, que condenaba a muerte en un plazo de veinticuatro horas a cualquier individuo que llevara una escarapela blanca o un arma, sin otra formalidad que registrar su identidad. La institución de las comisiones de selección que tan solo hacen comparecer ante el Tribunal Revolucionario a los individuos que no tienen circunstancias atenuantes, implica también que ya no se condena a muerte ipso facto a todos los sospechosos, como permitía la ley del 19 de marzo de 1793.

Aunque el procedimiento de comparecencia se reduce al propio tribunal, la existencia de una instrucción, por breve que sea, ante esas comisiones da la posibilidad reconocida a los defensores oficiales de intervenir para orientar el destino del acusado. No se trata de innovaciones sin precedentes. Numerosos tribunales no aplican estrictamente la ley del 19 de marzo de 1793, a diferencia de las comisiones militares y los tribunales ad hoc. Muchos jueces continúan respetando los procedimientos, y tan solo aceptan juzgar de manera extraordinaria cuando consideraban que tienen delante a oponentes declarados a la República, implicados en hechos de guerra. La consecuencia de todo ello es que, a partir de abril de 1794, algunas ciudades apenas mandan acusados al Tribunal Revolucionario de París. La ley del 22 de pradial del año II, pues, se inscribe en lógicas anteriores, que controlan los procedimientos extraordinarios y reducen las intervenciones populares en la política. En esencia, la ley del 22 de pradial del año II copia la comisión de Orange, cuya creación es saludada por la mayoría de los miembros del Comité de Salvación Pública. En ningún caso se debe creer que la ley del 22 de pradial del año II tan solo es fruto de la voluntad de Couthon y Robespierre, a pesar de que los aísle dentro del Comité de Salvación Pública y frente al Comité de Seguridad General.

En efecto, la ley del 22 de pradial del año II tiene dos grandes defectos. Por una parte, institucionaliza un proceso que se había establecido sobre la marcha. Así, pues, hace visible una orientación decidida en el fragor de los acontecimientos y obliga a los miembros de la Convención a dar cuenta de sus actos, e incluso de sus retractaciones. Por otra parte, hace temer el retorno de las depuraciones en beneficio de un grupo decidido a tomar el poder, en la línea de las recientes depuraciones de los hébertistas y los dantonistas. Asimismo, la ley del 22 de pradial del año II inquieta a los sans-culottes, que son víctimas de persecuciones judiciales entabladas por la Comuna, controlada por los amigos de Robespierre, en el momento en que el alza de los precios empuja a los sans-culottes a manifestarse y hacer huelga —incluso en la imprenta del Comité de Salvación Pública—. Así, las cárceles se llenan de militantes populares desengañados, a los que mezclan con los oponentes declarados a la República. La represión se ha vuelto inextricable; no es de extrañar, pues, que se aproveche la caída de Robespierre para liberarse del individuo que ha introducido la Revolución Francesa en esa vía.

Todo juega en contra de Robespierre: su personalidad, su trayectoria solitaria, sus préstamos ideológicos a sus colegas, empezando por Billaud-Varenne y Collot d’Herbois, sin olvidar su innegable popularidad y la fuerza de sus relaciones personales. ¿Acaso no lo acusan de disponer de un ejército pretoriano, compuesto por estudiantes reunidos en la Escuela de Mars, creada bajo la égida de Bara y Viala, cuya fiesta está programada el 10 de termidor? ¿No le reprochan también que influya demasiado a las mujeres? En este punto, de nuevo, el reproche no es anecdótico. Tras la represión que padecen las ciudadanas republicanas revolucionarias y la exclusión de las mujeres de la vida política, tan solo les queda un lugar moral en el espacio público. En las fiestas sumamente calculadas de 1794, se recluta a mujeres que dan el pecho, mujeres caritativas y chicas con un gran porvenir, pasando por alto sus intervenciones descristianizadoras. Aunque la mayoría, por no decir casi todos los miembros de la Convención, recelan de las mujeres, la presencia de estas se suma al miedo de los miembros de la Convención a que Robespierre se apodere del control de la opinión pública.

El asedio

Siguiendo el modelo de la denuncia de los federalistas, que ya ha afectado a los girondinos, o el de la «facción de los extranjeros», que ha barrido a los hébertistas y los dantonistas, se desarrolla una campaña contra la tiranía, que se centra en Robespierre, aunque las lógicas de la estigmatización aparecen de forma más clara. La primera agrupa los oponentes. Contra Robespierre se alzan en primer lugar los «terroristas» que este ha contribuido a convocar en París: Fouché, Carrier, Barras y Tallien, que, como es lógico, temen por su vida. A Tallien le afecta particularmente. De hecho, es remplazado por el joven Jullien, enviado especial del Comité; su misión a Burdeos es objeto de muchas críticas, y su amante, Thérésa Cabarrus, es encarcelada el 22 de mayo de 1794 y, a continuación, enviada a París, destinada a la guillotina.

A ese primer grupo se le suman los miembros del Comité de Seguridad General y una parte del Comité de Salvación Pública, entre ellos Carnot. Estos recusan la orientación religiosa de Robespierre, denuncian su influencia y temen la extensión de su poder. Algunos, procedentes de la izquierda, como Billaud-Varenne, Collot d’Herbois, Vadier o Amar, también tienen pendientes ajustes de cuentas tras la eliminación de los hébertistas y la liquidación de la Compañía de las Indias. La crítica es tanto más fácil cuanto que la Comuna está controlada por individuos próximos a Robespierre: Claude Payan, el agente nacional —llamado antes procurador-síndico— que ha sustituido a Chaumet; Hanriot, comandante de la guardia nacional, y Fleuriot-Lescot, el alcalde de París. A partir de abril de 1794, durante la noche se cuelgan carteles que denuncian la voluntad tiránica de Robespierre. Quedan preguntas sin respuesta. ¿Acaso Barère participa de la maniobra? ¿Qué relaciones mantienen esos hombres con el gabinete inglés, y cuáles son sus eventuales implicaciones en los asuntos de corrupción? De nuevo, no se trata de detalles anecdóticos, sino que faltan elementos que convendría sopesar. A falta de nada mejor, es preciso mencionarlos.

Otra lógica se debe a la conjugación de elementos dispares que suscitan rumores. El discurso de Robespierre del 7 de mayo de 1794 (8 de floreal del año II) inspira el envío de numerosas cartas de felicitación, muchas de las cuales resultan ser una celebración del hombre como tal. Aunque ello no supone ninguna novedad desde el culto que se rendía a Mirabeau y el que se rendirá más adelante a Bonaparte, esas declaraciones preocupan a los miembros de los comités, que, por su parte, emites señales hostiles. Cuando el 10 de mayo de 1794 se decapita a Madame Isabel, la hermana del rey, se trata, manifiestamente, de una advertencia a Robespierre. En efecto, este la había protegido hasta entonces; incluso corría el rumor de que Robespierre pretendía casarse con ella para llegar al trono. Dos meses más tarde se repite la misma acusación, pero esta vez respecto a María-Teresa, la hija de Luis XVI, encarcelada en el Temple.

El 22 y el 23 de mayo de 1794, se denuncian dos atentados, uno contra Collot d’Herbois, cometido por Admirat, y otro contra Robespierre, perpetrado por Cécile Renault; no obstante, Admirat confiesa que su propósito inicial era matar a Robespierre. La realidad tangible de esas tentativas es muy frágil. Cécile Renault es un enigma. ¿Se trata de un personaje particularmente insulso o acaso se le impide expresarse a propósito? En cualquier caso, el eco de las tentativas es considerable, y acredita la tesis de un Robespierre «rey de la Revolución Francesa», como atestigua la campaña que se orquesta en torno a Geffroy, un humilde revolucionario herido durante la detención de Admirat. Geffroy es convertido en un mártir temporal, al que se propone honrar el 10 de junio, durante la fiesta del Ser Supremo; entretanto, la Asamblea debate asignar guardias personales a las dos víctimas de los atentados. Robespierre, que en ese caso recibe verdaderas «muestras de idolatría», reacciona de manera contundente. Denuncia la maniobra de un intrigante, Rousselin, y rechaza cualquier distinción personal, en la línea de lo que ya había dicho en el momento de la muerte de Marat.

Al día siguiente, el 26 de mayo de 1794 (7 de pradial del año II), llega a París la noticia de que unos soldados franceses victoriosos han perdonado la vida a unos enemigos ingleses. Aparentemente, la noticia carece de importancia, pero desencadena un debate en la Asamblea y una gran agitación en la ciudad. La generosidad de los soldados se juzga como fruto de unos prejuicios que ya no deberían practicarse, pero Barère, citando los periódicos europeos que hablan de los «soldados de Robespierre», propone un decreto adoptado enseguida, en medio de aclamaciones, que ordena no encarcelar más a ningún soldado inglés o hannoveriano. El decreto se inscribe en las declaraciones anteriores de Robespierre contra los ingleses, pero no se adopta a fin de seguir la postura de Robespierre, sino para insistir en su papel preeminente en la Revolución Francesa. Aunque precisamente el decreto pretende luchar contra los tiranos y sus secuaces, en un «juego de espejos» que no puede sino ser calculado, Robespierre se convierte en heraldo de la Revolución Francesa y, por tanto, tirano potencial. El decreto no llega a aplicarse, hecho que refuerza la lectura que insiste en la manipulación.

La trampa

Aunque se ha puesto en marcha un dispositivo, en el momento en que se establecen las comisiones populares, ligadas a los decretos de ventoso del año II y encargadas de seleccionar a los sospechosos, sin que susciten oposición alguna por parte del Comité de Seguridad General, nada se ha desencadenado aún. La oposición a Robespierre cristaliza durante la fiesta del Ser Supremo y el discurso de Couthon para presentar la ley del 22 de pradial del año II. El 11 de junio de 1794 (23 de pradial del año II), se decapita a unos adversarios personales de Vadier. El Tribunal Revolucionario ordena ejecutarlos sin que intervenga ninguna comisión, ya que la ley adoptada la víspera no es aplicable hasta el 25 de junio de 1794. El mismo día, Robespierre se enfrenta violentamente a Fouché a propósito de la descristianización y, el 12 de junio de 1794, es acusado de querer enviar a diputados ante el Tribunal Revolucionario. Robespierre se defiende, pero da a entender que algunos de ellos, como Tallien y Bourdon, son ruines. El mismo día, Robespierre, junto con Barère, se opone a Cambon, que propone reducir las rentas de la deuda pública. Todos ellos desempeñarán un papel clave en el enfrentamiento de Termidor.

El 15 de junio de 1794, mientras Robespierre preside la Convención, Vadier anuncia la detención de Catherine Théot, cuyo apellido se deforma y se transforma en Théos. Se trata de una vieja profetisa, que se declara «la madre de Dios», muy conocida en el arrabal de Saint-Marcel, donde reúne a su alrededor a varios centenares de adeptos, algunos de ellos de renombre, como Dom Gerle, a su vez protegido de Robespierre. Catherine Théot casa la profecía cristiana con la escatología revolucionaria, y pertenece a esa eflorescencia casi mística que suscita la Revolución Francesa junto con las manifestaciones de las religiones «seculares», como las fiestas ligadas al Estado revolucionario. Tanto en París como en las provincias, existen grupos que interpretan los acontecimientos según tablas de lectura profética, escapándose de facto a las clasificaciones políticas; al igual que el «filósofo desconocido», Saint-Martin, están convencidos de que la Revolución Francesa es más un castigo que una persecución, y que construye más de lo que derrumba. La detención de Catherine Théot participa también del renovado interés del Estado por las creencias religiosas, que continúan escapándosele y organizan redes subterráneas, incluso en las grandes ciudades. La encarcelación de Catherine Théot se remonta al 17 de mayo de 1794, pero su evocación viene como anillo al dedo para desacreditar a Robespierre, cuyo nombre Vadier no cita explícitamente. Pero ¿quién no sabe que apunta a él? Una carta apócrifa incluida en el dossier se refiere a Robespierre como un profeta, enviado de Dios, a ojos de Catherine Théot. Por el momento, Robespierre está condenado a guardar silencio.

El 17 de junio de 1794, después de que Élie Lacoste, miembro del Comité de Seguridad Nacional y hostil a Robespierre, presente el informe ante la Convención, cincuenta y cuatro personas son guillotinadas, vestidas con la camisa roja de los parricidas. La «carreta» incluye a Admirat, Cécile Renault y gran parte de su familia, así como a las Saint-Amaranthe, madre e hija, conocidas por su burdel, y allegados del barón de Batz, acusados sobre todo de haber cooperado con Chabot y Hébert en proyectos de evasión de la reina. En París, corren rumores de que Robespierre frecuenta el salón de las Saint-Amaranthe, mientras la ejecución de los parricidas lo señala como el «padre» de la nación. Resulta inútil buscar en este episodio la neurosis de Robespierre respecto al sexo y el dinero. Más que un agente activo del episodio, Robespierre es objeto de una maniobra, aunque conviene aceptar el énfasis de H. Guillemin, que considera que «una lluvia de sangre le cae en la cabeza».

Esa ejecución espectacular da comienzo a un aumento brutal de las comparecencias ante el Tribunal Revolucionario, sin que funcionen las comisiones populares previstas para el 22 de pradial del año II. Se conocen las cifras, aunque solo sirva para acusar a la Revolución Francesa de haber impulsado el Terror y hacer responsable de ello a Robespierre. Desde el 1 de marzo de 1793 hasta el 10 de junio de 1794, se ejecuta a mil doscientas cincuenta y una personas, y hasta el 26 de julio de 1794, a mil trescientas setenta y seis más —subrayemos, no obstante, que alrededor del 20% de las personas que comparecen ante el Tribunal Revolucionario son absueltas—. La proporción mengua respecto a los meses anteriores. Sin embargo, sigue siendo significativa mientras se organizan procesos con una voluntad de depuración evidente. La mayor parte de las acusaciones se deben a «conspiraciones» supuestamente fomentadas en las distintas cárceles parisinas. Entre el 19 de mesidor y el 8 de termidor del año II (del 7 al 26 de julio de 1794), se produce una clara aceleración, ya que doscientos cuarenta y tres presos, elegidos de entre distintas cárceles, son condenados a muerte, tras ser claramente distinguidos en los informes como procedentes de los «corderos» —es decir, los espías presentes en los lugares de encarcelación, ligados a los oponentes de Robespierre—. Con ese sabotaje deliberado de la ley realizado por Fouquier-Tinville y el Comité de Seguridad General, la responsabilidad de la «náusea del cadalso» se traslada a la ley de pradial, es decir, a Robespierre, sin que este pueda defenderse como es debido.

Como en el juego de go, la incapacidad de actuar de Robespierre acaba cerrando la trampa que le han tendido. En una publicación de los emigrados se evoca su «dictadura». Situado en el corazón de los rumores, que no puede sino confirmar si trata de defenderse, intenta liberarse de cualquier responsabilidad particular, especialmente el 21 de junio de 1794, cuando refuta los alegatos de la prensa inglesa revisados de manera complaciente en la Convención, alegatos que lo muestran como el rey de la Revolución Francesa y el autor del decreto del 7 de pradial del año II. El 26 de junio del 1794 vuelve a intervenir para solicitar que el Comité de Salvación Pública suspenda sus diligencias en el asunto Théot, y luego ante los jacobinos, a fin de refutar que en una fiesta de una sección se entremezcle el Ser Supremo y el asunto Théot; todo ello lo pone en falso respecto a sus colegas y el Comité de Seguridad General, tanto más cuanto que Robespierre amenaza directamente a los «enemigos interiores». La opinión pública se le escapa. A mediados de junio de 1794, en la sección de la Montaña —de opinión moderada, a pesar de su denominación— se abre un registro para recoger las firmas de los que deseen que entre en vigor la Constitución de 1793, es decir, que se ponga fin al gobierno revolucionario. Enseguida lo suscriben dos mil apellidos, ya que los sans-culottes se suman a la gestión, antes de que la Convención condene la iniciativa y ordene quemar el registro. En julio de 1794, «el gobierno revolucionario estaba como suspendido en el vacío», concluye A. Soboul.

La estrategia del chivo expiatorio

En marzo de 1794, Vincent y Ronsin se ven arrastrados a tapar la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Se sitúan así en una ilegalidad que sus adversarios esperaban para poder suprimirlos. En diciembre de 1794, la intransigencia de Carrier y su aislamiento político lo llevan a reivindicar alto y claro su obediencia a las órdenes de la Convención para explicar las matanzas de Nantes, lo que le vale una condena casi unánime por parte de sus colegas, que deciden ejecutarlo. En julio de 1794, Robespierre también se ve empujado a la posición de fuera de juego que sus adversarios han preparado pacientemente, a fin de que la Convención lo elimine a su vez y al mismo tiempo le atribuya la responsabilidad del desconcierto imperante en un momento en que la Revolución Francesa entra en una nueva fase.

Las victorias militares se confirman. Desde el 16 de junio hasta mediados de julio de 1794, las tropas francesas vencen a los austríacos, recuperan Bélgica, esta vez definitivamente, rechazan a los prusianos en el Rin, a los piamonteses en los Alpes y a los españoles en el Rosellón. Francia retoma la expansión por Europa y, con ella, la posibilidad de agrandar el territorio nacional hasta sus «fronteras naturales». La perspectiva obsesiona a una parte de los miembros de la Convención, entre ellos a Carnot. Asimismo, aparece como la manera de hacer pagar el déficit nacional a los países conquistados, siendo el déficit nacional una de las preocupaciones constantes de otra parte de los diputados, entre ellos el todopoderoso Cambon. Esa línea política, aplicada a Bélgica y los Países Bajos con un cinismo sin límites, se encuentra en las antípodas de la postura de Robespierre y Saint-Just, que, sin duda, no están demasiado preocupados por las inquietudes de los acreedores del Estado, y tan solo señalan como objetivos de las instituciones revolucionarias por venir la frugalidad y el reparto.

Las victorias avivan aún más los conflictos internos en el Comité de Salvación Pública, en la medida en que la victoria de Fleurus menoscaba la credibilidad de Saint-Just, debilitando de resultas a Carnot. En cambio, este último puede apoyarse en el Comité de Seguridad General para permanecer en el poder —y tal vez con vida, ya que, desde la ley del 22 de pradial del año II, se siente muy amenazado—. Resulta difícil no darle la razón en este punto, ya que el 27 de julio de 1794, ante los jacobinos, Robespierre empequeñece el significado de las victorias en las fronteras y acusa a «los enemigos internos» que le calumnian. Carnot saca la conclusión, que hace pública, de que Robespierre desea la derrota de Francia. Se produce otro choque entre ellos a raíz del alejamiento de París de los cañoneros de la guardia nacional partidarios de Hanriot. Orquestado por Pille, un agente de Carnot, su propio adjunto, Sijas, denuncia el asunto y permite que Robespierre le saque partido.

En medio de esos juegos que continúan siendo imprecisos, ya que la postura de Barère o del mismo Saint-Just no están determinadas a las claras, Robespierre, sin duda, da un paso en falso que le vuelve definitivamente vulnerable. El 29 de junio de 1794, cuando hace suspender las pesquisas sobre Catherine Théot, en el Comité de Salvación Pública tiene lugar un enfrentamiento particularmente violento. Robespierre es tratado de «dictador» y nuevo Gessler al solicitar la revocación de Fouquier-Tinville. Tan solo Saint-Just se pone de su parte. A partir de ese día, Robespierre ya no aparece más en la Convención, pero interviene con regularidad en el Club de los Jacobinos, que utiliza como tribuna alternativa para recuperar su poder.

Durante tres semanas, hasta el 22 de julio de 1794, Robespierre se defiende de la «dictadura» de la que le acusan y promete «una guerra a muerte contra los tiranos y los traidores». Da a entender que la aplicará a sus colegas, al mismo tiempo que reconoce que predica en una asamblea que en adelante está desprovista de poder y, por añadidura, presidida por oponentes a su persona desde el 10 de mayo de 1794 sin interrupción. El 14 de julio de 1794, Robespierre incluso consigue que se excluya a Fouché de los jacobinos al evocar la represión en Lyon. No obstante, no logra que sea juzgado a fuerza de recordar que su informe sobre Lyon ha sido aceptado por la Convención. Al igual que en marzo y abril de 1794, la sutilidad de la maniobra política contribuye a desvincular los comités de gobierno de todas las demás instituciones, que están desbordadas por las circunstancias y se muestran poco proclives a enzarzarse en luchas en las que no tienen nada que ganar, sino todo que perder. Entre las secciones parisinas, la incomprensión es absoluta. Como la Comuna ya no tiene medios para movilizar a los sans-culottes, en adelante reticentes a su poder, no se organiza campaña alguna con el objetivo de preparar a las secciones parisinas para una marcha contra la Convención, como en junio de 1793. No cabe ninguna duda de que la legalidad revolucionaria está en manos de los miembros de la Convención, de nadie más. La estrategia que Robespierre, en especial, había puesto en marcha en otoño de 1793 se vuelve contra él.

El enfrentamiento

Durante esos días en que ya no aparece en la Convención, el retiro de Robespierre de la primera línea política sigue siendo un enigma. ¿Se trata de una maniobra o del efecto de las fatigas que padece a menudo? Su silencio no le impide continuar firmando las órdenes del Comité de Salvación Pública, que envían a condenados al Tribunal Revolucionario y al cadalso. Así, pues, no ha roto con sus colegas y prosigue su política. Ello no resta nada a las luchas intestinas, agravadas por la campaña de «cenas» fraternales que tiene lugar entre finales de junio y comienzos de julio de 1794 en las calles de París, por iniciativa de las secciones. Al principio, esos encuentros, todavía hoy poco conocidos, cuentan con la aprobación de Hanriot. Suponen la continuación de los banquetes que se organizan desde la primavera de 1794, y que a menudo sirven de ejemplo de la «fraternidad» revolucionaria. Entretanto, a todas luces han cambiado de significado. En julio de 1794, las «cenas» fraternales participan del desapego que expresan los sans-culottes y los parisinos por el gobierno revolucionario. Congregan a individuos procedentes de todas las capas sociales que expresan sus ganas de confraternizar, así como su hastío ante las exigencias de la Revolución Francesa. Para Robespierre, al igual que para Barère, se trata de una maquinación «hébertista» y «moderantista». Robespierre incluso considera que los indulgentes se han vuelto «antropófagos». Payan, en nombre de la Comuna, hace prohibir los banquetes, lo que confirma la imagen que ya tiene de oponente a cualquier forma de democracia en las secciones.

A pesar de que, desde hace varios meses, la Comuna y ciertos comités revolucionarios de París —cuyos miembros nombra el Comité de Salvación Pública— persiguen a los militantes hébertistas, estos están protegidos por el Comité de Seguridad General. En las secciones se acrecientan las escisiones, que se suman al malestar ligado a la política social y al rechazo del Ser Supremo. Los sans-culottes están muy ofendidos por el encarcelamiento de un miembro de un comité revolucionario de sección, Legray, que ha defendido ideas hostiles al Comité de Salvación Pública y al Tribunal Revolucionario, y también por la política económica de la Convención, que reduce brutalmente los salarios. Los gritos de «Maldito tope» resuenan por las calles, marcando la creciente oposición de los proletarios al Comité de Salvación Pública y, como es lógico, a Robespierre, que sigue siendo su figura más destacada.

En el seno de los dos comités, el 22 y el 23 de julio de 1794 —resulta tentador decir, anticipando la continuación— se llega a un compromiso in extremis en el transcurso de una reunión que agrupa a todos los miembros, que aceptan, al fin, la creación de las cuatro comisiones populares ligadas a los decretos de ventoso del año II y de otras cuatro comisiones ambulantes que deben seleccionar a los sospechosos antes de mandarlos ante el Tribunal Revolucionario. La medida es favorable a Saint-Just y Robespierre, ya que permite poner en práctica la ley del 22 de pradial del año II, respetando su espíritu. ¿Acaso se trata de una maniobra para reforzar la imagen de Robespierre como revolucionario sanguinario, ya que las ejecuciones continúan a un ritmo sostenido —e incluyen a André Chénier en una carreta el 25 de julio de 1794—, mientras que, en contrapartida, Saint-Just está de acuerdo con la partida de los cañoneros de París? Robespierre no confía en absoluto en sus colegas, a quienes critica con medias palabras, sin duda con razón. Por otra parte, corren rumores que anuncian la «gran detención» de Robespierre y sus amigos en la Comuna. Todo ello recuerda los episodios que preludiaron las jornadas del 31 de mayo al 2 de junio de 1793, o la detención de los hébertistas.

La tensión es muy fuerte y el enfrentamiento resulta inevitable. Se desencadena el 26 de julio de 1794, mientras, durante dos horas, Robespierre, que ha regresado a la Convención, critica todas las medidas que ha tomado el Comité de Salvación Pública. Justifica su conducta insistiendo en su aceptación de la muerte y ataca indistintamente a los «hombres perversos» y los «bribones», entre ellos Cambon, al que cita por su nombre. Cuando se le insta a nombrar a los «enemigos del pueblo» a quienes denuncia, Robespierre no contesta y deja que Cambon contraataque con vigor para defender su reforma de la renta de la deuda pública. Al principio, se decide enviar su discurso a la imprenta con la aprobación de Barère. Luego se somete la decisión a los comités, lo que significa la censura de la Asamblea, un viraje que Barère vuelve a aprobar. En ese momento, tan solo Couthon apoya a Robespierre. Paradójicamente, este último es invitado por los jacobinos, que expulsan a Billaud-Varenne y Collot d’Herbois, subrayando la ruptura entre la Comuna y los seguidores sans-culottes. Al día siguiente, el 27 de julio de 1794 (9 de termidor del año II), Tallien y Billaud-Varenne impiden que Saint-Just tome la palabra ya que se ha puesto de parte de Robespierre. Aunque ha preparado su discurso en la sede del Comité de Salvación Pública, le reprochan no haberlo entregado por anticipado al Comité. Robespierre y Couthon no pueden hacer nada contra la agitación que se apodera de los diputados. Bajo los gritos de «¡Abajo el tirano!», Robespierre, Couthon, Lebas, Saint-Just y Augustin Robespierre, el hermano menor de Robespierre, son acusados y detenidos. Hanriot, que sale en su auxilio en el Comité de Seguridad Nacional, también es detenido y encarcelado con ellos.

Aunque Robespierre guarda silencio, no carece de aliados; la Comuna, que se reúne en asamblea general, toca a rebato y da la consigna a los directores de cárcel de que se nieguen a encarcelar a los acusados. Una vez liberados, estos se refugian en el ayuntamiento, donde hacen un llamamiento a las secciones a sublevarse contra la Convención, que durante un tiempo se encuentra amenazada, y logran que se suelte a Hanriot, que continuaba en la cárcel. Sin embargo, ni la Comuna ni Robespierre logran poner en marcha la insurrección antes de veintitrés horas, lo que permite a la Convención restablecer su posición y ponerse en contacto con las secciones. El ejemplo de las secciones del arrabal de Saint-Marcel basta para comprender la confusión que reina. Los parisinos deben elegir entre la Comuna y la Convención para alistarse a los grupos armados que se organizan durante la noche. Apremiados por los observadores que envía cada partido, se distancian así de los comités revolucionarios locales, que, por su parte, tratan de no contravenir las órdenes de los comités de gobierno. Las dudas se acrecientan a medida que se esparcen los rumores, que aseguran que Robespierre es el nuevo Cromwell, que quiere casarse con la hija de Luis XVI y subir al trono, de ahí que se haya vuelto realista. Antes de bascular hacia la Convención, a última hora de la tarde unas delegaciones armadas se someten a las órdenes de Hanriot, es decir, de la Comuna, y prestan juramento ante Augustin Robespierre, que, por su parte, acusa a los miembros de la Convención de ser realistas y desear que el «joven Capeto» salga de la cárcel del Temple.

Después de medianoche, la Comuna, situada fuera de la ley por la Convención, pierde el apoyo. A partir de entonces, los ciudadanos temen transgredir la legalidad que garantiza la Convención. A las dos de la madruga del 10 de termidor del año II (28 de julio de 1794), los hombres de la Convención sitian el Ayuntamiento de París y apresan a los insurgentes. Robespierre recibe un pistoletazo en la mandíbula —jamás se sabrá a ciencia cierta si intenta suicidarse o si el gendarme Méda es el autor del disparo—, Le Bas se suicida, y Augustin Robespierre y Couthon intentan imitarlo. En la medida en que esos hombres se han quedado fuera de la ley, el procedimiento abreviado permite que a las seis de la tarde del día siguiente Robespierre y veintiún seguidores suyos, entre ellos Hanriot y Claude Payan, sean guillotinados en la plaza de la Revolución. Durante los días siguientes, ochenta y siete «robespierristas» también son juzgados y ejecutados, entre ellos Prosper Sijas, que había denunciado la partida de los cañoneros de París.

La muerte de Robespierre no pone fin a su historia. Me tienta decir que en realidad la inicia. A semejanza de lo que sucede contra el rey y la reina antes de 1792, florecen los panfletos y las denuncias, que se difunden por todo el país a fin de esclarecer la personalidad del individuo que quería convertirse en rey y proyectaba festejar a la vez el 10 de agosto y el 9 de termidor. En la Comuna se «encuentra» oportunamente un sello de flor de lis para autentificar las declaraciones de Barère, Collot y Billaud-Varenne. Los comités se afanan por difundir esos rumores que la gente se cree enseguida, ya que permiten a todos aquellos que vuelven a esparcirlos desentenderse de los «monstruos» y erigirse en víctimas de los «conspiradores». Algunos individuos salvan la cabeza haciendo olvidar que, durante un tiempo, se han movilizado a favor de la Comuna. Otros, más numerosos, se suman a la arrebatiña, entre ellos los miembros de los clubes jacobinos de provincias, superados por las escandalosas revelaciones que se suman a las de los meses anteriores. Antiguos allegados de Robespierre también se suman a la opinión victoriosa, como el joven Jullien, que varias semanas atrás ya se había distanciado de su mentor; salvará la cabeza, es verdad, pero después de una estancia en la cárcel. Arraiga entonces la leyenda negra. En mayo de 1797, el obispo constitucional Le Coz acusará a Robespierre de haber intentado que desaparecieran los sacerdotes refractarios y de haberse erigido así en «restaurador de la religión en Francia».

¿Acaso se trata de la continuación del Terror y del imaginario particular que habría originado? Desde la década de 1780, el pánico y los complots no dejan de influir en el ánimo. Desde 1793, las revelaciones de las sucesivas traiciones de los girondinos, los hébertistas y los dantonistas acaban de hacer tambalear las certezas. El alejamiento de los revolucionarios de a pie respecto a los dirigentes de la Revolución Francesa alcanza entonces su punto culminante, tras esas noches de indecisión e incomprensión. El 11 de termidor del año II, Barère asegura que ya se ha abolido el sistema del Terror y pone en la picota de la República al tirano; explica el sentido de todos esos acontecimientos sorprendentes y permite que todo el mundo lo suscriba. Además del hecho de que la menor reserva se interpretaría como una desaprobación de la política de los dirigentes del país y entrañaría riesgos evidentes e inmediatos, ¿quién, en efecto, puede comprender lo que acaba de suceder? El caso es que la situación no tiene parangón con las «jornadas» y las depuraciones anteriores. La invención del Terror, sumada a las sucesivas eliminaciones, acaba de desacreditar el discurso político, que ya no es la expresión de un ideal, sino que se ha convertido en el signo de pertenencia a un grupo. El oprobio que se cernirá sobre los «veletas» del Directorio nace en ese instante, cuando se desvela la versatilidad de los compromisos ante una opinión pública desorientada. En los años venideros, Jean-François La Harpe o Germaine de Staël y Benjamin Constant denunciarán el abuso del lenguaje por parte de los revolucionarios, una denuncia que se convertirá en un estereotipo y un tópico a la hora de calificar el período de la Revolución Francesa.

Paradójicamente, la figura de Robespierre, que tras su muerte y en los meses posteriores se vuelve confusa, más tarde es aureolada de una manera excepcional y se transforma en icono. Su personalidad y su trayectoria han impresionado a Francia, pero conviene decir, no obstante, que otros individuos han desempeñado papeles comparables. La posteridad que adquiere Robespierre no se debe, a mi juicio, al hecho de que «a través de él, la Revolución Francesa pronuncie el discurso más trágico y puro» (F. Furet). Sin duda alguna, en ese terreno gana indiscutiblemente a Mirabeau. Marat había sido un rival más tenaz, tan entregado a la Revolución Francesa que rechazó cualquier compromiso gubernamental. Lo que convierte a Robespierre en la encarnación de la Revolución Francesa es el hecho de que sus amigos de antaño, convertidos en sus enemigos para la eternidad, le imputan a él solo la violencia política, llamada «el Terror», y, sin comprenderlo, hacen bascular la Revolución Francesa hacia una dirección imprevista, brutal y sin salida. Extrañamente, su itinerario mitológico se asemeja, tanto en su formación como en su renombre, al de la Vendée, movimiento del que se vuelve el verdugo en la memoria colectiva.

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SOBOUL, A., Les Sans-Culottes parisiens de l’an II, 1958.

SOREL, A., L’Europe et la Révolution française, tomo IV, 2003.

THOMPSON, J. M., Robespierre, 1935.

Cuarta parte: LA REVOLUCIÓN CONFISCADA

Revoluciones de palacio y golpes de Estado

Capítulo 18. ENTRE LA REVOLUCIÓN FRANCESA Y LA REACCIÓN

El 9 de termidor del año II abre un período que tradicionalmente se considera confuso y de escaso interés. Frente a las invenciones de 1789 y los fulgores del año II, la Convención termidoriana (julio de 1794 — octubre de 1795) y el Directorio (octubre de 1795 — noviembre de 1799) palidecen. Los dos regímenes parecen marcados por los derrocamientos de alianzas y los golpes de Estado, hasta el último, en brumario del año VIII (noviembre de 1799), que clausura la lista, poniendo fin a las luchas partidistas y personales. Mientras los protagonistas políticos parecen perdidos en discusiones mezquinas, los ideales se disuelven en el momento en que las tensiones sociales se acrecientan sin cesar y la expansión militar crece inexorablemente. Si a ello se le añaden las denuncias y las calumnias que durante largo tiempo dan crédito a la negrura de los años anteriores, identificados en su conjunto con el Terror, esa segunda mitad de la década revolucionaria se convierte en la negación de la Revolución Francesa que retendrá toda la historia posterior.

No es mi intención rehabilitar o juzgar estos cinco años, del mismo modo que no he rehabilitado ni juzgado los cinco años anteriores. Continúo insistiendo, aquí como antes, en el relato de los mecanismos que se pusieron en marcha y constriñeron a los actores. El saldo humano sigue siendo difícil, si no imposible, de determinar. Desde 1795, ha habido importantes e infructuosos conflictos al respecto. Desde entonces, apenas se ha aportado nada. Las estimaciones de las condenas judiciales se han fijado desde 1935 en unas cuarenta mil, sin tener en cuenta las matanzas, las ejecuciones y las muertes en combate. Tan solo la guerra de la Vendée acarrea al menos ciento setenta mil muertos y desaparecidos. Sería necesario contrastar las fuentes disponibles a fin de dar a la memoria nacional una evaluación razonada y evitar tanto las acusaciones polémicas como las explicaciones justificatorias. En todos los sentidos, resulta inaceptable empequeñecer el número de muertos y considerar que no fueron sino «rebeldes y traidores» para aceptar su destino.

No obstante, es preciso reconocer que, más que antes, la fuerza de las cosas acabó de destruir las iniciativas, porque antes que nada había que saldar las cuentas, estabilizar las instituciones y garantizar la seguridad, en suma, volver a estrechar mínimamente el vínculo social, en un país en el que al menos quinientos mil hombres habían tomado las armas. Si recordamos que Francia entonces ganó la guerra contra todos sus vecinos, entablada más de dos años antes, no cabe duda de que las vacilaciones del período iniciado en 1794 no están muy alejadas de las que el país vuelve a experimentar más tarde, después de 1944, cuando se quebraron las alianzas contra el nazismo, se desataron las venganzas y fue necesario instaurar políticas a fin de impulsar la economía de nuevo, que estaba devastada. El hecho de poner el acento en los cálculos y las incertidumbres no significa negar la participación de los actores. Por otra parte, el período fue también el de las «veletas» y, sin duda alguna, hubo muchos individuos que trocaron sus opiniones anteriores por otras que les garantizaban la fortuna o simplemente la vida, una preocupación difícil de condenar cuando no se experimenta su peso. Sin embargo, la mayoría de los franceses de la época ante todo se sintieron desengañados por el derrumbe de todo aquello en que habían creído antes, y tuvieron que volver a sopesar lo que habían vivido. Los franceses del siglo XXI, desorientados ante los campos de ruinas que dejaron las ideas de entre 1960 y 1980, deberían comprender el vacío que puede entrañar semejante desbarajuste cuando se produce en unos pocos meses. El objetivo de las siguientes páginas es volver a trazar las etapas de esos acontecimientos, respetando su orden de aparición. De ahí que esta parte de la obra se abra con ese año llamado de la Convención termidoriana, que empezó con una auténtica «revolución», del todo olvidada, y acabó con la «reacción», una palabra que parece resumir todo ese año.

La revolución de Termidor

Aunque suela describirse París, entre el 26 y el 28 de julio de 1794, repleto de cortejos y manifestaciones a favor o en contra de Robespierre, ello no significa que se suspenda toda la vida política a causa de los acontecimientos. Por su parte, los obreros de la Imprenta Nacional, protegidos por su estatuto pero descontentos por su sueldo, recorren las calles de París gritando contra el «maldito tope», haciendo responsables al conjunto de los diputados de la Convención, sin participar en las luchas que tienen lugar en el mismo momento. Al igual que en marzo o abril de 1794 con los hébertistas o los indulgentes, lo que sucede en termidor del año II no es sino, stricto sensu, la eliminación de una facción de la Convención, cosa que, una vez más, asombra a toda Francia. Una vez más, los representantes de la autoridad y los militantes enseguida hacen llegar sus fervorosas declaraciones a los nuevos ocupantes del poder, haciendo acto de obediencia.

Entre el sinfín de ejemplos que suelen citarse para atestiguar las retractaciones e incluso el servilismo de los revolucionarios, destaca el del diputado Ricord, amigo de Augustin Robespierre, en misión en Grasse, que se apresura a denunciar a los «monstruos» que acaban de ser ejecutados en cuanto recibe la noticia de su muerte. Los principales organismos políticos locales le pisan los talones; tan solo la sociedad popular espera aún unos meses antes de deslizarse en el conformismo unánime y participar, de forma tardía, en el rechazo del robespierrismo. Sin duda, numerosos parisinos implicados en el golpe de Estado del 9 de termidor del año II a sabiendas de los vencedores recurren a las mentiras o las excusas a fin de justificar su actitud eventualmente favorable a Robespierre, tratando de evitar al menos la cárcel o, en el peor de los casos, la guillotina. Sin embargo, resulta evidente que lo que demuestran sus testimonios, por falaces que sean, es la incoherencia de esas jornadas y la pérdida de referencias políticas. Más que en cualquier otro momento, las muchedumbres revolucionarias se quedan atrás respecto al avance subterráneo de los conflictos, que en adelante los confina a un «seguidismo» destinado a perdurar. El éxito de la manipulación es innegable.

Así, la Asamblea recibe miles de cartas, no tanto de felicitación, sino de firmantes que, participando en la arrebatiña, le aseguran su fidelidad. Como es lógico, a cambio estos esperan escaparse de cualquier persecución. No siempre será el caso, ya que, en efecto, numerosos representantes en misión son llamados a París y algunos encarcelados, como el joven Jullien; enseguida se disuelve la Escuela de Mars, aunque sus alumnos hayan acudido de inmediato a dar la obediencia a la Asamblea. No se trata de un simple sobresalto; los actores tienen plena consciencia de estar viviendo una nueva revolución, ya que Termidor responde a las jornadas del 21 de mayo al 2 de junio de 1793. Si el pueblo hace su revolución en 1793, un año más tarde es el turno de la Convención. El discurso oficial insiste en la comunión con la libertad que rige las dos revoluciones, que liga con cierta audacia a fin de justificar el final de los «tiranos».

Todas las sensibilidades se expresan en la alegría que provoca esa «feliz revolución»: los sans-culottes, oprimidos por Robespierre y encarcelados a menudo, al igual que Babeuf, que están representados en la Convención por Collot d’Herbois y Billaud-Varenne; los miembros de la Llanura, con Barère a la cabeza, que denuncian el Terror haciendo olvidar su contribución; así como los antiguos girondinos, que continúan ejerciendo una discreta oposición, o encarcelados desde hace varios meses. Coronándolo todo, los oportunistas, con Tallien y Fouché en primera línea, que llevan la voz cantante en la campaña contra Robespierre y el Terror que invade el país. Las luchas políticas que resultan de ello son triangulares, ya que oponen a los jacobinos, los miembros de la Convención y los sans-culottes, términos que designan orientaciones y marañas, más que grupos precisos. Los vencedores de Termidor no desean cambiar la naturaleza del gobierno, sino únicamente eliminar a una de las facciones que los amenazan, reproduciendo uno de los episodios habituales en la Revolución Francesa a partir de 1793. Los acontecimientos adquieren otro cariz, a todas luces no calculado, ya que la opinión pública se escapa a cualquier control y se toma en serio las denuncias de Barère y Tallien. La mutación se acelera porque Barère, guardián de la palabra revolucionaria, esa vez pierde la partida al revelarse incapaz de elaborar un relato que interprete el curso de las cosas a su favor, mientras que Tallien, que hasta entonces se había mostrado menos inspirado, se convierte en el artífice del story-telling dominante.

Conviene interpretar los virajes de los militantes desde esta perspectiva. Incordiados por acontecimientos imprevisibles desde hace cinco años, pero deseosos de fundar una nueva sociedad, numerosos revolucionarios intentan una vez más mantener el rumbo a través de la nueva tormenta. Es particularmente destacable en el caso de varios representantes en misión presentes en el suroeste de Francia, que confirman su rechazo anterior a cualquier «terror», al mismo tiempo que combaten cierta reacción y, al final, se aferran al gobierno revolucionario, que consideran garante de la estabilidad. Así, el 22 de septiembre de 1794, en Toulouse, el representante en misión Mallarmé lanza una proclama titulada «República popular o la muerte» a fin de luchar contra los antiguos federalistas, sin permitir que se orqueste una campaña contra los sans-culottes, calificados en otras partes de «terroristas». En los lugares donde los representantes en misión logran evitar los conflictos y no tratan de hacer olvidar su propia responsabilidad en la violencia política, las repercusiones de la caída de Robespierre no degeneran. En el oeste de Francia, que continúa estando sublevado y dividido por la guerra civil, los bandos siguen marcados, lo que obliga a mantener las alianzas. En otros lugares, priman los ajustes de cuentas.

Barère fracasa en su voluntad de limitar las consecuencias del golpe de Termidor a «una conmoción parcial», a fin de conservar la integridad del gobierno, como fue el caso tras la ejecución de Hérault de Séchelles en abril de 1794. A partir del 11 de termidor del año II, los comités se convierten en el blanco de las críticas y la Convención decide renovar una cuarta parte de cada uno todos los meses. De entrada, se sustituye a los hombres conocidos por su robespierrismo, como David. Un mes más tarde, Barère, miembro del Comité de Salvación Pública desde su creación, es excluido de dicho comité, lo que desencadena la marcha de Collot d’Herbois y Billaud-Varenne, que dimiten a fin de no participar en la evolución en curso; como contrapartida lógica, el Club de los Jacobinos expulsa a Tallien, Fréron y Lecointre. De hecho, Termidor se convierte en la revolución consumada por los miembros de la Convención contra los miembros de los comités, y anuncia el retorno del poder de la Asamblea, inaugurado en 1789. Una semana más tarde, se abren las cárceles; dos semanas después, el 7 de fructidor del año II, se suprimen los comités revolucionarios, al mismo tiempo que se recorta y se reparte el poder de los comités de gobierno entre dieciséis comités. Aunque el Comité de Seguridad General conserva el control de la policía, las atribuciones del Comité de Salvación Pública se limitan a la guerra y la diplomacia, mientras que el Comité de Legislación se ocupa en adelante de la administración y los tribunales, haciendo estallar toda la centralización gubernamental. Termidor no solo supone la sustitución de una facción por otra; aunque uno de los hombres poderosos del momento, Cambon, que ha abanderado el ataque, mantiene provisionalmente su independencia a la cabeza del Comité de Finanzas, los conspiradores del 9 de termidor del año II ya han perdido el control de la máquina que han puesto en marcha.

Los miembros de la Convención mantienen una orientación manifiestamente republicana, pero los ajustes de cuentas confunden las posturas, como atestigua la sorprendente decisión de trasladar los despojos de Marat al Panteón el 12 de septiembre de 1794. Los diputados se oponen así, a su manera, a Robespierre, defendiendo la libertad de prensa, ya que a través de Marat se honra el periodismo. Ligan de otro modo Termidor con los sucesos del 31 de mayo al 2 de junio de 1793, criticando a la vez el gobierno revolucionario, identificado con el Terror. Dentro de las instituciones, los conflictos se vuelven triangulares, ya que la «gente honesta» que está en el poder lucha contra los «neohébertistas» renacientes y los jacobinos, que están a la defensiva. En octubre de 1794, Cambacérès, moderado como pocos, continúa defendiendo el gobierno revolucionario porque ha «salvado la República», anunciando la postura que adoptará la Tercera República casi un siglo más tarde, pero que el propio Cambacérès abandonará en los meses siguientes. Se impone, pues, elaborar un relato que unifique y explique los años que acaban de transcurrir, que parecen clausurar la muerte de Robespierre y la victoria en las fronteras. No tiene sentido sospechar que los actores y los contemporáneos tienen intenciones aún más sombrías y perversas que las que ya les animan a admitir que ese momento particular ha liberado ideas que se propagan, algunas delirantes, y ha engendrado reacciones instintivas, al mismo tiempo que se han sumergido los diques que controlan las costumbres y las opiniones.

El abismo del terror

En efecto, nada se escapa al cuestionamiento. El 14 de fructidor del año II (31 de agosto de 1794), la explosión del polvorín de Grenelle, situado en el corazón de París, que acaba con la vida de varios centenares de personas, hace temer un complot jacobino y acelera las reacciones contra la militarización impuesta a todo el país desde hace casi dos años. A fin de oponerse a la omnipotencia de los comités y a su política secretista, los miembros de la Convención solicitan que se hagan públicas las investigaciones militares acerca de la artillería y el aerostato que se llevan a cabo en el castillo de Meudon, iniciativa que Guyton-Morveau y Prieur logran bloquear. En cambio, se recortan definitivamente las ventajas concedidas a los obreros empleados en los talleres militares, lo que anuncia la mutación de la política social que se prolonga con la organización de las ventas de los bienes nacionales en beneficio de los compradores más grandes y concluye, el 24 de diciembre de 1794, con la supresión del tope, a decir verdad poco respetado en los últimos meses. El abandono de la política anterior también pasa por la separación de la Iglesia y el Estado, decretada el 18 de septiembre de 1794. La Iglesia constitucional ya no es remunerada, lo que desliga el destino del cristianismo del de la Revolución Francesa, sin que por ello la Convención emprenda un camino claro. La libertad de cultos no se establecerá hasta el 30 de mayo de 1795, y los sacerdotes emigrados siguen siendo susceptibles de ser perseguidos.

Enseguida se demuestra la fragilidad de ese equilibrio. La apertura de las cárceles, a partir de septiembre de 1794, libera en desorden a contrarrevolucionarios, en su mayoría «moderados», girondinos protegidos de la guillotina y oponentes procedentes de las corrientes sans-culottes o indulgentes. La diversidad de sus opiniones persiste, pero todos ellos denuncian su encarcelamiento, recuerdan el miedo al cadalso y acusan al Terror y a Robespierre. Se pone de moda la literatura de recuerdos, auténticos o tergiversados, que trata de llegar a todas las sensibilidades por medio de relatos patéticos; por su parte, los publicistas también empiezan a cultivar el género, por deseo de revancha o por necesidad de recuperar su prestigio. El ejemplo más representativo es el de Méhée de La Touche, implicado en las matanzas de septiembre de 1792, que publica un virulento panfleto, titulado La cola de Robespierre, o los peligros de la libertad de prensa, que retoma un testamento apócrifo de Robespierre en el que, supuestamente, este lega «su cola» a los jacobinos. La corriente, que aúna la crítica política y el espíritu libertino, y en la que también se distingue el realista Ange Pitou, acusa a los montañeses y los miembros de los dos grandes comités de tener las manos ensangrentadas. Se hacen eco de los encendidos debates que tienen lugar en la Convención acerca de las responsabilidades de Barère, Vadier, Collot y Billaud-Varenne, que siguen gozando de plena libertad de movimientos, o de Fouquier-Tinville, que ya ha sido acusado y ha entrado en la cárcel por su propio pie. En lo sucesivo, la vida política se organiza en torno a los periodistas que se distinguen por la reunión de los periodistas de la derecha, entre ellos Lacretelle hijo, los hermanos Bertin, Tallien o Fréron, que se convierten en verdaderos jefes de partido. Al multiplicar las publicaciones contra los jacobinos, influyen en la opinión pública, ayudados, además, por tropas de jóvenes, llamados los muscadins, que empiezan a atacar a los jacobinos por las calles.

La situación, por muy inestable que sea, corresponde indiscutiblemente a la voluntad de una parte de los miembros de la Convención de instaurar una nueva orientación política. Lo demuestra la «comisión filantrópica» que instituye el diputado Boursault en Rennes, a fin de volver a examinar los dossieres de los presos y liberar a las víctimas de la arbitrariedad, al mismo tiempo que evita poner en entredicho el sentido de la Revolución Francesa. De nuevo, el movimiento se escapa a sus promotores. El mejor ejemplo lo aporta la denuncia del vandalismo por parte de Grégoire, que pronuncia tres discursos sucesivos, el 31 de agosto de 1794 (14 de fructidor del año II), el 29 de octubre de 1794 (8 de brumario del año III) y el 14 de diciembre de 1794 (24 de frimario del año III), seguidos de un informe acerca de los monumentos públicos, datado el 10 de enero de 1975 (21 de nivoso del año III), a través de los cuales populariza la acusación de vandalismo contra los sans-culottes y Robespierre.

Se acusa a los sans-culottes de haber destruido bienes, haber matado a eruditos y haber arruinado la lengua con su ignorancia, su grosería y su barbarie. Grégoire redacta un puntilloso catálogo de las destrucciones, que enseguida completan un sinfín de colaboradores, deseosos, a su vez, de poner su granito de arena contra la Revolución Francesa. Aparece entonces la frase atribuida al presidente del Tribunal Revolucionario, Dumas, que asegura: «ya no necesitamos químicos» para justificar la muerte de Lavoisier. La fórmula, que no se pronuncia jamás, tiene un gran porvenir y es objeto de eruditas glosas sobre el carácter brutal de la Revolución Francesa. Lavoisier se convierte así en un mártir, imagen que niega la complejidad de las luchas del verano de 1794 y la incertidumbre general que se cierne sobre el destino de los eruditos, sean cuales sean en la época sus funciones y sus poderes.

En medio de ese juego emocional, el debate iniciado en 1791 por una parte de los propios revolucionarios a fin de proteger los objetos de valor, al margen de cualquier significado político, pierde su sentido. Grégoire ya ha desempeñado su papel, al facilitar la creación de los museos en octubre de 1793 contra las empresas de los sans-culottes. Lo que se dice a finales de 1794 y a comienzos de 1795 no es en absoluto inédito. El «vandalismo» jamás ha reunido a todos los sufragios, ni mucho menos, de ahí que desde principios de 1794 los sans-culottes hayan perdido la partida de facto. Un año más tarde, la novedad radica en las nuevas tensiones que transforman esas posturas conocidas en una condena radical del período que llega hasta julio de 1794. La opinión pública interioriza esa interpretación, antes de que una parte de la historiografía, a todas luces ignorante de la complejidad de la situación real de 1790 a 1794, también adopte esa interpretación, ennegreciendo aún más la imagen del Terror. ¡Ya nadie recuerda que bajo la monarquía, antes de 1789, también hubo discusiones sobre la destrucción y la conservación de los elementos del pasado! En enero de 1795, la Revolución Francesa se ha vuelto vándala y caníbal.

Las costumbres intolerantes y las prácticas violentas heredadas de la vida pública anterior a 1789 impiden que la revolución de 1789 respete las reglas de la democracia y permita la expresión de opiniones divergentes. Los meses de incertidumbre entre 1794 y 1795 vuelven a ilustrar esa incapacidad de instaurar un diálogo político democrático. Contrariamente a lo que suele asegurarse, no se trata tan solo de una imposibilidad teórica que depende de posturas intelectuales impuestas por los cabecillas, sino que, cosa más prosaica, las emociones son tan intensas que impulsan el péndulo de la violencia sin poder controlar su magnitud. Así, toda la sociedad experimenta sentimientos de odio y venganza anclados en las décadas anteriores y reavivados por los acontecimientos recientes que, añadidos a los cálculos tácticos de los unos y los otros, imposibilitan la conciliación o simplemente la coexistencia, ya que el Estado no impone por la fuerza el olvido o el orden.

Los diputados se debaten entre «cerrar el abismo del Terror», promulgar el olvido o reconocer la responsabilidad de un grupo de diputados, o incluso de toda la Convención. Algunos, como Fréron, acusan a todo el país, al que consideran culpable de no haber luchado contra el «tirano», culpando tanto a los franceses como a los ingleses, incapaces de deshacerse de Pitt, de ser pueblos que traicionan las reglas del derecho. Los debates no desembocan más que en el rechazo táctico a cualquier proceso inmediato, a la espera de que la relación de fuerzas encuentre un nuevo equilibrio. La caída de Robespierre y su interpretación como «sistema de terror» se deben a juegos políticos habituales, como los que se ponen en práctica en junio de 1793 y en marzo y abril de 1794 contra los girondinos, los hébertistas y los indulgentes. El proceso es siempre idéntico, la diferencia radica en la creación de ese nuevo paradigma que explica todo lo que ha sucedido hasta entonces como un sistema de terror.

Del desorden de las costumbres

El clima del momento no permite tener perspectiva de los recuerdos y las interpretaciones. El abate Morellet, partidario y propagandista de la filosofía de la Ilustración, así como traductor de novelas negras inglesas, es privado de su patrimonio y de una parte de sus bienes por la Revolución Francesa. Durante el verano de 1794, antes de Termidor, escribe un panfleto, titulado El prejuicio vencido, «tratando de aliviar los sentimientos de horror e indignación». Propone «a los patriotas, que hacen una carnicería de sus semejantes, comerse la carne de sus víctimas» y alimentar así a la nación. La obra no llega a publicarse, pero Sade, por su parte, en La filosofía en el tocador[10], publica en 1795 una diatriba titulada «Franceses, un esfuerzo más si queréis ser republicanos», que adopta el mismo punto de vista, aplicándolo a otros tabúes, empezando por el incesto. Más allá de la ironía o la provocación, la cuestión que plantea explícitamente Morellet es comprender cómo se ha roto el dique que protegía de semejantes excesos. La civilización debería haber impedido esos actos, pero la concentración de las masas los ha vuelto posibles. Morellet concluye, retomando lo que ya había dicho antes, que no se debe confiar la política a todos los individuos, sino tan solo a las personas capaces de gobernar, que deben reclutarse entre los propietarios.

La libertad de prensa permite literalmente la explosión de publicaciones de denuncia. Entre las memorias que empiezan a invadir las librerías, las de Madame Roland, editadas con sumo respeto por Bosc y Louvet, cosechan un éxito considerable y participan de la acusación a los jacobinos, a quienes ataca, sobre todo a propósito de sus costumbres, una literatura que enlaza con la que había menoscabado la reputación de los aristócratas y la pareja real antes de 1789. De entre el renacimiento de las publicaciones libertinas y eróticas, Restif de La Bretonne, con El año memorable de las mujeres nacionales, Sade, con Aline y Valcour, y Nerciat, con Las Afroditas, ilustran la complacencia que acompaña los relatos de la violencia reciente, un filón que numerosos polígrafos menos talentosos explotan hasta la saciedad. Las descripciones de los excesos y las orgías de los representantes en misión constituyen la trama habitual de esas obras, a la que se suman las condenas políticas a los jacobinos venidos a menos. Los representantes en misión se convierten en hombres sanguinarios, lúbricos, codiciosos, depravados y locos, tal y como los recordará la nación, al mismo tiempo que los jacobinos aparecen como monstruos y bebedores de sangre; en suma, individuos que conviene excluir de la sociedad. Las acusaciones copian las que ya se habían empleado antes contra los contrarrevolucionarios, considerados monstruos ajenos a la humanidad. El propio Robespierre no escapa a esa clase de calumnias, muy alejadas, no obstante, de lo que se sabe, incluso en la época, de la austeridad de su vida.

Al mismo tiempo, la literatura libertina y erótica vuelve a aparecer en los puestos de libros y las librerías de viejo. Sin embargo, no se trata de un retorno a la situación anterior ni de una reacción contra una autoridad impuesta. En adelante, esas obras están plenamente integradas en el mercado económico, lo que anuncia la profesionalización de la literatura del siglo XIX; ante todo, los textos que se publican se hacen eco sin cesar de las violaciones cometidas durante el Terror en los ejércitos o las cárceles, la presencia de prostitutas en las tropas y la licencia que acompañaba a ciertos grupos de revolucionarios, inaugurando un género con un largo porvenir. No se trata tanto de una liberación de las costumbres, como se dice a menudo, sino de la liberación de la palabra para relatar, exagerando e incluso inventando, peripecias inverosímiles, violencias y desbordamientos que hasta entonces se callaban. No es que el año 1794 sea virtuoso antes de Termidor y que luego se vuelva perverso; tan solo ha mutado por completo la manera de hablar.

Los oponentes a la Revolución Francesa sacan conclusiones más inmediatas de esa inversión de las perspectivas. A partir de 1793, los jóvenes a quienes suele llamarse muscadins aprovechan la libertad de actuar y, junto con sus compañeras, las «maravillosas», lanzan una nueva moda en el vestir y sobre todo una nueva expresión política. Los hombres manifiestan su rechazo a las obligaciones impuestas por los jacobinos y los sans-culottes vistiendo ropa lujosa, y las mujeres, túnicas de muselina y chales transparentes. Todos ellos hacen gala de peinados provocadores: el favorito de los hombres es el pelo revuelto, y el de las mujeres muy corto, para evocar la guillotina, o con una peluca rubia, en el caso de las mujeres que fingen salir a la calle casi desnudas bajo la protección de sus galanes, que llevan sólidos bastones. El escándalo se acrecienta por las personalidades que siguen esa corriente de intenciones políticas manifiestas.

Madame Tallien es una de esas figuras punteras, tan conocida por sus extravagancias sentimentales como por su postura contraria al Terror. Apodada Nuestra Señora de Termidor o del Buen Socorro, arrastra con ella a la viuda de Beauharnais, que en 1796 se convierte en la esposa del general Bonaparte y se cambia de nombre: Joséphine en lugar de Rose, y también a Madame Hamelin, tan célebre por su talento de bailarina como por sus exhibiciones públicas, así como a otras bellezas riquísimas que atraen a artistas, se inventan un nuevo estilo de mobiliario y urden intrigas en los círculos políticos dirigentes, entre los que destaca Talleyrand, que ha regresado a Francia. La denuncia del Terror pasa tanto por el alarde de la riqueza como por la emoción que suscitan los cuellos con chorreras de las camisas de los hombres o los vestidos de mujer con un estampado en forma de celosía, «a la víctima», que evocan la guillotina.

También contra el Terror se multiplican los jardines de placer y las salas de baile, donde el vals se convierte en el baile de moda, que rompe con las normas colectivas al imponer el baile en pareja. ¿Acaso el frenesí del vals va acompañado de «bailes de las víctimas», como pretende la leyenda que nace entonces y todavía perdura? No existen pruebas al respecto, pero el choque que provocan esos bailes en la opinión pública aún es más fuerte porque la miseria de la gente de a pie se ha agravado a raíz del abandono del control de los precios, el despido de obreros de los talleres del Estado y, por último, los efectos de un invierno particularmente duro. Así, los obreros del taller Marat van a protestar contra los administradores que han «puesto el terror al orden del día contra los talleres». Mientras se multiplican los suicidios de gente desesperada, sobre todo mujeres solas, a cargo de su familia, y la prostitución reaparece en las calles, la diferencia social y política que introduce la «juventud dorada» modifica la vida política.

Los muscadins y las «maravillosas» más significados no representan más que una minoría de ese grupo de jóvenes urbanos, formado a lo sumo por varios miles de personas, presentes sobre todo en las grandes ciudades, que enseguida pasan de esas manifestaciones espectaculares pero limitadas a operaciones más violentas y decisivas. A partir de finales de 1794, las bandas de muscadins se oponen a las manifestaciones que recuerdan la Revolución Francesa, e imponen el canto El despertar del pueblo en lugar de La marsellesa. Se enfrentan a los sans-culottes, reconocibles por los pantalones y el pelo lacio de los hombres, y las faldas a rayas de las mujeres. Los muscadins se pelean con los hombres sans-culottes, e incluso los arrojan al Sena o el Ródano, ya que París y Lyon son las ciudades más afectadas, y azotan en público a las mujeres sans-culottes, lo que recuerda las prácticas de 1791, a menudo las vejan e incluso las violan. Mientras los jacobinos y los sans-culottes continúan divididos por sus odios mutuos, heredados de la primavera y el verano de 1794, la «reacción» va tomando forma, favorecida por la toma de poder de los partidarios de la Convención dentro de las secciones. Algunos diputados se ponen a la cabeza de ese arrebato contra el Terror y lanzan periódicos: Tallien, El amigo del pueblo, y sobre todo Fréron, que es el animador de esas bandas, El orador del pueblo.

La muerte de Carrier: ¿el momento crucial de Brumario del año III?

El vuelco se produce el 8 de septiembre de 1794, cuando el Tribunal Revolucionario, sin Fouquier-Tinville, entabla el proceso de los nobles de Nantes, enviados por Carrier tras su llegada a Nantes, que aguardaban el juicio. De los ciento treinta y dos encarcelados, noventa y cuatro sobreviven, y enseguida se transforman de acusados en acusadores. Ayudados por un informe de Tronson-Ducoudray, que había sido el abogado de María Antonieta, los nobles de Nantes son absueltos ocho días más tarde entre aclamaciones de los espectadores. Su odisea suscita un extraordinario florecimiento de textos, panfletos y folletos que toman el relevo del de Méhée de La Touche y vuelven a lanzar la campaña antijacobina, que transforma la guerra del oeste de Francia en un escándalo nacional.

El 28 de septiembre de 1794, Turreau es detenido y, el 8 de octubre de 1794 (17 de vendimiario del año III), les llega el turno a los miembros del comité revolucionario de Nantes. Su proceso se abre al cabo de ocho días. Comparecen más de doscientos testigos, algunos de los cuales son detenidos como cómplices durante la audiencia, aumentando el número de acusados a treinta y tres. Exponen un cúmulo de hechos, reales o inventados, ante un tribunal mal dirigido que se muestra incapaz de clasificar las acusaciones. Los periodistas y los panfletistas hostiles a los jacobinos describen con profusión las atrocidades cometidas durante el invierno de 1793-1794, insistiendo en los ahogamientos y las «bodas republicanas» amañadas, especialidad de Nantes. El número de ahogamientos sigue siendo impreciso, y las víctimas oscilan entre mil ochocientas y cuatro mil personas; sin duda, el suplicio, que consiste en atar juntas a dos personas desnudas antes de arrojarlas al Loira, es verdad de manera puntual, sin que por ello sea posible convertirlo en algo general. Se suceden los relatos más apocalípticos y los menos verificables, originando panfletos ilustrados con mujeres desnudas, ancianos ahogados y sacerdotes asesinados, que insisten en la contaminación del agua, que, no obstante, constituye un elemento purificador.

Los acusados atribuyen la responsabilidad de semejantes atrocidades a Carrier, denuncia que se suma a la de Fréron contra él de septiembre de 1794. Un panfleto, titulado Del sistema de despoblación o la vida y los crímenes de Carrier, ilustra ese momento, que pasa desapercibido en la época, pero tiene un gran porvenir. El autor del texto es François-Noël (Gracchus) Babeuf, un sans-culotte encarcelado por Robespierre y liberado durante Termidor. Acusa al Comité de Salvación Pública de haber emprendido una «despoblación» de Francia, practicando el «pueblicidio» en la Vendée, pero también entre los propios revolucionarios. Al perseguir a los jacobinos, que casi le hacen perder la vida, Babeuf se venga de Robespierre, tal vez siendo manipulado por Fouché, que le proporciona ayuda financiera para la impresión. El panfleto apenas llama la atención de sus contemporáneos, pero sí de los historiadores venideros; participa de esa vigorosa corriente de denuncia que logra convertir a Carrier en un espía de Robespierre, contradiciendo el antagonismo mortal que los oponía. Así, en 1794 y a ojos de los siglos posteriores, Nantes y la Vendée se convierten en lugares que atestiguan la voluntad criminal de Robespierre. Babeuf es superado por la dinámica en la que se inscribe. Si acusa a un grupo de terroristas de haber desviado la Revolución Francesa de sus verdaderas perspectivas, es con la intención de defender la República. En 1794 sus palabras se vuelven contra él. Algunos meses más tarde, Babeuf rechazará esa reacción a la que ha prestado su pluma y volverá a hablar de la ignominia de Robespierre.

Por el momento, el proceso de los miembros del comité de Nantes resulta desfavorable para Carrier. El presidente del tribunal rechaza que se comprometa a la Convención por los actos cometidos y que estos puedan estar justificados por las matanzas de septiembre de 1792. Tras dos días de debates, el 30 de octubre de 1794 la Asamblea crea una comisión de investigación formada por veintiún miembros elegidos a suerte que, el 11 de noviembre de 1794, deciden detener a Carrier. Esa misma noche, el Club de los Jacobinos de París es invadido por la juventud dorada, que comete su primera acción política de envergadura. Después de dos días más de discusiones en la asamblea, el 23 de noviembre de 1794 Carrier debe comparecer ante el Tribunal Revolucionario por cuatrocientos noventa y ocho votos contra dos. El hecho de que casi la totalidad de los diputados acepte el juicio de uno de sus colegas —cosa que se había temido y rechazado desde abril de 1794— supone un vuelco, aunque conviene subrayar que doscientos sesenta diputados están ausentes en el momento de la votación. El proceso de Carrier empieza el 27 de noviembre de 1794 y concluye, como es lógico, el 17 de diciembre de 1794 (26 de frimario del año III) con la condena a muerte y la ejecución del acusado junto con Grandmaison y Goullin, ambos de Nantes, mientras que los demás son absueltos. Tan solo comparecen los testigos de cargo, ya que no se convoca a militares como Marceau o Kléber, cuyos vínculos con Carrier son conocidos. El proceso de Carrier no persigue tanto hacer justicia como encontrar un chivo expiatorio.

El cálculo manifiesto de una parte de los miembros de la Convención fracasa. ¿Acaso el proceso de Carrier se convierte en el proceso de la Revolución Francesa, o no es más que el proceso de los jacobinos, confundidos con los montañeses partidarios del centralismo gubernamental? La hostilidad contra los clubes jacobinos, que en algunas regiones adquirirá proporciones dramáticas, no se generaliza hasta marzo de 1795. La muerte de Carrier es un hecho aislado, ya que Turreau, Le Bon o Fouquier-Tinville, por no citar más que unos ejemplos célebres, permanecen encarcelados sin que se abra el proceso. Como en ocasiones anteriores, los actos más llamativos conviven con las negociaciones y los compromisos regidos por una relación de fuerza que jamás es definitiva, como ilustra, el 9 de diciembre de 1794 (19 de frimario del año III), la reintegración de los setenta y tres diputados girondinos encarcelados en la casa de los Escoceses, que son recibidos por la Asamblea, donde sus colegas que habían decidido su detención proclaman que no quieren «mirar atrás».

Una parte de los miembros de la Convención decide inscribir el olvido en el orden del día de la Convención. Sin embargo, tropiezan con las reclamaciones de proscritos como Lanjuinais, que reclaman justicia, o con los habitantes de Bédoin, que quieren que se juzgue a Maignet, culpable de su exilio y de la muerte de una parte de ellos. La Convención se anda con rodeos pero acusa a los montañeses. Sieyès teoriza acerca de los años anteriores; califica el período que llega hasta el 31 de mayo de 1793 como la época durante la cual la Convención es oprimida por el pueblo engañado, y el período siguiente, hasta el 9 de termidor del año II, como el momento durante el cual la Convención sometida oprime al pueblo. Ese «trabajo del olvido», retomando la fórmula de M. Ozouf, no supone un retroceso de la Revolución Francesa, sino un impulso. La reintegración de los girondinos proscritos rompe las alianzas y fractura el bando de los termidorianos. ¡Incluso se acusa a los miembros de los comités del año II de haber querido coronar a Luis XVII!

Los adelantos inciertos

El proceso de Carrier, pues, agrava las tensiones y acelera la evolución. El invierno de 1794-1795 está marcado por una acumulación de conflictos que no se deben identificar con el éxito esperado de la «reacción», e incluso de la contrarrevolución. Si se admite que la Revolución Francesa no ciñe al ejercicio del poder por parte de los sans-culottes y el ala más radical de los comités de gobierno, los revolucionarios «moderados», pero republicanos convencidos, mantienen el control del país, buscando nuevos equilibrios. El ejemplo más llamativo es el de las negociaciones que el 17 de febrero de 1795 desembocan en la paz que se firma con los vandeanos de Charette, en Jaunaie, cerca de Nantes. Aunque un año más tarde el propio Charette sea fusilado en Nantes, al reanudarse la guerra, el acontecimiento tiene sentido e ilumina precisamente ese momento incierto de 1794 a 1795.

El acuerdo al que se llega depende en parte de la incapacidad mutua de los adversarios para emprender nuevas operaciones decisivas. El ejército republicano, que desde hace varios meses ha adquirido la costumbre de rodear la zona sublevada sin tratar de reducirla, no tiene ni la voluntad ni los medios en cuanto a hombres y avituallamiento para atacar. Además, las matanzas cometidas en primavera, que refuerzan la determinación de los vandeanos, afectan a la moral de las tropas, a la cabeza de las cuales el nuevo general, Dumas, cuyo hijo se convertirá en el célebre novelista, adopta una estrategia defensiva. Por su parte, los contrarrevolucionarios están divididos, no reciben ayuda ni de los ingleses ni de los príncipes, y hacen cohabitar sus pequeños reinos, mientras que en el norte del Loira a los chuanes les cuesta trabajo organizarse y perdurar. Con todo, el vínculo entre los insurgentes adquiere un cariz espectacular cuando estos aprovechan el riguroso frío que se cierne sobre Francia para atravesar el Loira helado.

Asimismo, las mutaciones políticas explican el cambio. Los representantes en misión enviados al oeste de Francia después de Termidor ya no son tan radicales como sus predecesores; la mitad de ellos no votó la muerte del rey en 1793 y ninguno de ellos se plantea emprender una represión violenta. Se promete una amnistía a los «habitantes extraviados del campo», a quienes deja de considerarse «bandidos» que exterminar; aunque aún se deba fusilar a los sacerdotes refractarios, Carnot recomienda no encontrar a ninguno. En la Convención, Boissy d’Anglas utiliza el caso de la Vendée para hacer un llamamiento a la moderación y la libertad de cultos, acusando a los comités de haber enzarzado a Francia en la guerra civil hasta julio de 1794. Charette, dirigiéndose a los revolucionarios de Nantes, no dice otra cosa cuando atribuye a los extremistas de los dos bandos la responsabilidad de la guerra. Incluso llega al extremo de proponer a los miembros de la sociedad popular de Nantes que en adelante sean «amigos de corazón y de afecto» para que así «todos los buenos ciudadanos» puedan oponerse a los «bribones y canallas». Cabe dudar de la sinceridad del general de la Vendée, aunque a continuación desfile con su estado mayor por las calles de Nantes junto a los representantes en misión; en cambio, su argumentario corresponde perfectamente con la voluntad de los miembros de la Convención de unir a la «gente honesta» contra los «anarquistas».

Después de mantener rocambolescas negociaciones, los republicanos, que han abandonado sus pretensiones anteriores respecto al depósito de las armas o las insignias por parte de los insurgentes, el 9 de enero de 1795 acogen a la delegación de la Vendée a fin de proclamar la amnistía. Aceptan las peticiones de Charette, que exige la libertad de culto, la exención militar y mantener su control sobre el territorio bajo sus órdenes. La única contrapartida es una fórmula poco presente en la historiografía: «Aquí todos no somos más que republicanos», que profiere Charette ante el representante en misión Ruelle, que ha dirigido la negociación. Partiendo de esa base tan desigual, el 17 de febrero de 1795 se acuerda el tratado de paz entre la Francia republicana y la Vendée de Charette; únicamente lo firman los republicanos, ya que los vandeanos se conforman con aprobarlo. Los soldados vandeanos permanecen bajo las órdenes de sus jefes y deben vestir un uniforme verde dado su empleo en la guardia territorial; se acepta el reembolso de los asignados emitidos durante los combates, se limita el desarme a los cañones y el ejercicio del culto es libre, lo que permite a los sacerdotes refractarios ocupar las iglesias.

Resulta tentador pensar que en ese momento quien gana la guerra de la Vendée es Charette, tanto más cuanto no deja de ejercer presión en Nantes, hasta tal punto que en abril de 1795 se teme una hambruna. Jamás se sabrá a ciencia cierta si una cláusula secreta del acuerdo garantiza la llegada a la Vendée del hijo de Luis XVI, que permanece detenido en la cárcel del Temple de París. Charette debe imponer la nueva situación a una parte de sus oficiales, mientras que los representantes de la nación, por su parte, se enfrentan a la revuelta de ciertos refugiados republicanos que se consideran perjudicados por el acuerdo. Para colmo de esa situación paradójica, Stofflet, que se ha negado a comprometerse en esa vía, padece el ataque de las tropas republicanas, que se aprovechan de la neutralidad de Charette. Algunos meses más tarde, Stofflet también debe suspender las hostilidades, así como los chuanes bajo el mando de Cormatin.

Se trata de treguas frágiles, ya que la población local continúa dividida por las luchas políticas y marcada por los recuerdos de los combates y las matanzas. Una parte de los chuanes, alrededor de Cadoudal, en Morbihan, prosiguen la guerra, apoyados por redes de emigrados y por los ingleses. Regularmente se envía a las costas bretonas a emisarios contrarrevolucionarios que llevan órdenes y dinero a fin de preparar el desembarco que desea el general chuan Puisaye, que ha convencido al gobierno inglés. A pesar de que la ley del 15 de noviembre de 1794 dicta la muerte de cualquier emigrado que se encuentre en suelo francés, en realidad la ley no se aplica, lo que permite a numerosos emigrados entrar a Francia por la frontera suiza con pasaportes falsos. En el oeste de Francia, existen zonas enteras que se escapan al control de la República, como ilustra el pasaporte «del rey» que permite a un correspondiente de Mallet du Pan, agente del emperador de Austria, circular libremente por «el territorio de los chuanes». Así, una cuarta parte del territorio nacional se escapa manifiestamente a la República, ya que los realistas poseen verdaderos feudos o han sido investidos de poderes municipales, mientras las bandas de «bandidos» todavía representan una amenaza en el campo.

Aunque la Revolución Francesa continúa en tela de juicio, la República ha ganado. Durante todos esos acontecimientos, el ejército francés sigue cosechando éxitos, en la línea de la victoria de Fleurus, en junio de 1794. La victoria de Fleurus sirve para derrocar a Robespierre, al permitir que se suavice la presión que ejerce la guerra, concediendo así una libertad inédita a los miembros de la Convención, ya que «la expansión militar» (J. Godechot), que tiene lugar a partir de 1794, no solo corresponde a las ideas de una parte de los diputados, opuestos a la política de paz que preconiza Robespierre, sino que garantiza la supervivencia de la nación. Mientras que la guerra no tenía otra salida que la victoria o la muerte, la victoria, que rompe con todos los conflictos anteriores, permite que el régimen se vuelva perenne, contribuye a la riqueza nacional y une estrechamente el destino de los ejércitos al de la República.

Odio y venganza

A partir de entonces, en Francia el equilibrio político se basa en el poder de un grupo de miembros moderados de la Convención, llamados republicanos «mitigados», que agrupan a antiguos girondinos que tan solo conservan de los «girondinos» de 1793 el odio a los radicales y la aceptación de la guerra exterior. Aliados con los realistas constitucionales, los republicanos «mitigados» rechazan en una misma condena a la izquierda heteróclita que abarca desde los montañeses hasta los sans-culottes. A los antiguos girondinos se les suman los decepcionados del Círculo Social, que han reprobado las matanzas de septiembre de 1792 hasta tal punto que algunos, como el periodista Prudhomme, a partir de entonces hacen denuncias contrarrevolucionarias. Conservando un ideal republicano, el anglo-americano Paine, que continúa ejerciendo de propagandista de una república virtuosa e impregnada de religiosidad, ilustra esa maraña desfasada con respecto a los acontecimientos recientes, perdida en los nuevos conflictos que vuelven a barajar las cartas.

En la izquierda, algunos se apartan de la escena política aduciendo su pasado de oponentes a Robespierre, e incluso su paso por la cárcel, a fin de evitar comprometerse con la represión. El ejemplo más significativo es el de Fouché, que atrae a su alrededor a algunos de sus antiguos fieles que han servido en Lyon, lo que tiene por efecto agravar las acusaciones contra Collot, declarado el único culpable de las matanzas de 1793. Otros, más numerosos, tratan de hacer frente a la situación uniendo sus posturas. Antonelle, a su vez víctima de Robespierre, se reconcilia con las sociedades populares, a las que en adelante conviene calificar de neohébertistas para comprender su evolución, ya que están ligadas a la Constitución de 1793 y el tope, al margen de Robespierre y el gobierno revolucionario. Un grupo de diputados, que incluye a Collot d’Herbois y Billaud-Varenne, en especial, se erige como últimos montañeses, y durante un tiempo reciben el apodo de «los de la cresta», porque se sientan en el lugar más elevado del anfiteatro, en la cresta. El cuestionamiento de las categorías válidas hasta entonces para hablar de la «humanidad» y el «pueblo», y justificar la acción de los «representantes» de la nación, desbarata por completo las opiniones.

Aunque los setenta y tres girondinos rehabilitados regresan a la Convención el 9 de diciembre de 1794 y Carrier es guillotinado el día 16, el 27 de diciembre de 1794 se inicia otra etapa cuando Vadier, Barère, Collot d’Herbois y Billaud-Varenne son acusados a su vez por los miembros de la Convención y deben comparecer ante una comisión de veintiún miembros presidida por Saladin, que acaba de salir de la cárcel. El proceso que se entabla contra los «Cuatro» duda si identificarlos con Carrier, y por tanto condenar a la Convención en su conjunto por el crimen, o considerar que tan solo han cometido «errores», pero sin poner en entredicho la marcha misma de las instituciones. Acusaciones parecidas se ciernen sobre otros representantes en misión, como Dartigoeyte o Javogues, sumidos en verdaderos «círculos de infamia», así como sobre militantes que han tenido alguna responsabilidad en la Vendée, como Huché o Grignon. Asimismo, algunos miembros del comité revolucionario de Angers son perseguidos por haber participado en el curtido de pieles humanas, un reproche que también se hace a Vadier.

El debate que se entabla entonces en la Asamblea acerca de las responsabilidades de los «Cuatro» se alarga durante dos meses, que resultan insoportables para la juventud dorada, que reclama una «justicia» más rápida. Vuelve a ponerse en práctica el mecanismo que había conducido a las matanzas de 1792: la «justicia popular» en lugar de los tribunales, considerados demasiado lentos, pero con una orientación política inversa a la que prevalece tres años antes. Significativamente, el 8 de febrero de 1795 se retiran las cenizas de Marat del Panteón, pero, en contra de una leyenda tenaz, no se echan a la alcantarilla, sino que se vuelven a enterrar con discreción. El equilibrio político perjudica de manera indistinta a los jacobinos, los montañeses y los sans-culottes, y afecta a todo el país. En Orne, por ejemplo, se entablan procesos contra revolucionarios a quienes se considera responsables de saqueos o asesinatos cometidos en verano de 1792.

Al mismo tiempo, el abandono de las medidas tomadas en contra de los habitantes de Lyon, amnistiados y restablecidos en sus derechos, acrecienta la tensión que existe en la ciudad, que se convierte en el principal centro de la contrarrevolución y el espionaje inglés. Como las autoridades desean ajustar las cuentas con los jacobinos, en adelante desprovistos de poder, no hacen nada por protegerlos, e incluso los estigmatizan. A partir de febrero de 1794, se multiplican los atentados contra antiguos administradores, jueces o miembros de los comités revolucionarios, cometidos por grupúsculos. El 14 de febrero de 1794, un antiguo miembro de la comisión revolucionaria, Fernex, es asesinado en pleno día, a pesar de la presencia de una escolta de unos cincuenta hombres, que no logran contener a la muchedumbre que se apodera del «terrorista» y lo ahoga. A partir de entonces, la venganza se ejerce libremente en Lyon, y de allí se extiende a los alrededores, y luego a todo el valle del Ródano, hasta Niza, sometida a los llamados barbets; la venganza desencadena lo que se convertirá en el Terror blanco a ojos de la posteridad, ya que la publicación de una «lista general de los denunciantes y los denunciados», que incluye los nombres y las direcciones de los unos y los otros, echa leña al fuego. Las pandillas armadas están formadas por padres de víctimas, desertores y realistas implicados en las compañías de Jesús, cuya existencia resulta indiscutible, a los que se suman, llegado el caso, espectadores y testigos partidarios de sus actos, que asesinan de manera impune a los «terroristas» —o mathevons, en el lenguaje de Lyon— de febrero a junio de 1795. Literalmente desarman a los jacobinos y los sans-culottes, a quienes una ley votada el 23 de febrero de 1795 en la Convención confina a arresto domiciliario, una obligación que los entrega a sus enemigos. Las luchas políticas, religiosas, de clanes y sociales, y de campesinos católicos pobres contra burgueses protestantes republicanos, especialmente en Ardèche, siguen entremezclándose en esa continuación de los enfrentamientos de 1790 e incluso de los actos de bandolerismo social de la década de 1780.

El final de los sans-culottes

Durante los meses siguientes, las matanzas cubren de luto la región de Lyon, mientras París experimenta las demostraciones de fuerza de los sans-culottes. Esas dos series de acontecimientos suelen citarse y estudiarse por separado, hasta tal punto que a menudo no se establece ninguna relación entre ellas de manera explícita, como si se debieran a fatalidades distintas que hubieran empujado a los seguidores de la «reacción» a matar a los «terroristas», por una parte, mientras, por otra parte, los sans-culottes y los últimos montañeses se enzarzaban en un último combate. No fue así en absoluto. En 1795, al igual que los años anteriores, en que es posible descifrar la preparación de las jornadas, la búsqueda de alianzas o diferentes tácticas, durante esos meses de violencia se desfoga el innegable potencial de venganzas que existe en el país. Las vacilaciones sutiles y embarazosas de los parlamentarios son barridas por la irrupción del «pueblo», proceda de los arrabales o los barrios ricos, en los dos casos deseoso de soluciones inmediatas, lejos de las argucias de los diputados.

La opinión «pública» deja de ser la fuente de la legitimidad; los observadores reconocen que cuenta más la opinión dominante. Se forja entonces la expresión «opinión dominica» para calificar esa extraña configuración que empieza a controlar la vida pública. Con el telón de fondo de la escasez continua y el alza vertiginosa de los precios, el asignado pierde su valor día tras día y los tumultos se multiplican frente a las tiendas, cosa que vuelve a otorgar la iniciativa a las mujeres, como en 1791 y 1792. A decir verdad, sus reclamaciones no siempre son de una perfecta claridad. Aunque desean que el pan vuelva a tener un precio razonable, a veces entremezclan la añoranza por los tiempos de Robespierre con un realismo popular, que invoca la protección de una autoridad. La intervención de los militantes neohébertistas, activos en los clubes de los barrios —estructuras ligeras destinadas a perdurar en los años siguientes—, secundados por el acercamiento de todas las corrientes de izquierda, contribuye a politizar los descontentos, que desembocan en marchas de protesta en París, mientras los muscadins y los sans-culottes se enzarzan en peleas.

El 21 de marzo de 1795 (1 de germinal del año III), la tensión cristaliza de manera brutal cuando Sieyès hace votar la «ley de la gran policía» que, en esencia, decreta la pena de muerte contra los manifestantes que amenacen a la Convención, insulten a los diputados o profieran gritos sediciosos. Sieyès incluso evoca la posibilidad de que la Convención se repliegue en Châlons-sur-Marne a fin de sustraerse a la presión parisina. Al día siguiente, los diputados empiezan a debatir cómo proseguir la acusación de los cuatro «terroristas», rechazando cualquier idea de amnistía —que se adoptará a finales de ese año—, y al mismo tiempo proponen redactar una nueva Constitución, agravando así los conflictos. Entretanto, se reparten fusiles a los «buenos ciudadanos» y los sans-culottes retoman el control de una parte de las secciones parisinas, reclaman el retorno de la Comuna, de la Constitución de 1793 y del tope. El 1 de abril de 1795 (12 de germinal del año III), el movimiento desemboca en una agitación desordenada que lleva a declarar París en estado de sitio y a desarmar a los antiguos terroristas. Los Cuatro son deportados a la Guayana, condena que evitan Vadier, que ya se ha escapado, y Barère, que permanece escondido. Durante los días posteriores, dieciséis mil montañeses son detenidos y encarcelados, y Fouquier-Tinville y otros quince mil miembros del Tribunal Revolucionario son ejecutados tras un proceso que dura más de un mes y medio. La dificultad de los miembros de la Convención a la hora de enfrentarse a 1793 resulta flagrante; el proceso iniciado en Termidor por medio del olvido y el compromiso prosigue con el conflicto y se prolonga con la decisión, el 12 de abril de 1795, de redactar leyes orgánicas que permitan aplicar la Constitución de 1793. La dirección del Estado depende estrechamente de los enfrentamientos entre grupos rivales que se recomponen bajo el efecto de los acontecimientos.

Resulta particularmente flagrante cuando el 20 de mayo de 1795 (1 de pradial del año III) los arrabales de Saint-Antoine y Saint-Marcel se movilizan al tocar a rebato y comitivas de mujeres y luego de guardias nacionales marchan hacia la Convención. La gravedad de la crisis hace salir a las mujeres a la calle, pero la opinión pública ha sido agitada por los jacobinos y los hébertistas encarcelados, que el 19 de mayo de 1795 preparan una jornada análoga a las que tenían lugar dos años antes. El panfleto La insurrección del pueblo para obtener el pan y reconquistar sus derechos ilustra el propósito de la manifestación. De hecho, el panfleto rompe con las prácticas colectivas que imperaban hasta entonces y anuncia las modalidades de acción de los revolucionarios del siglo XIX, al lanzar consignas y reagrupar a los militantes. Por el momento, las mujeres invaden la Convención en un desorden agravado por los rumores, dan a conocer sus reivindicaciones, y asesinan y decapitan al diputado Féraud, al que confunden con su colega Fréron. Algunas mujeres reivindican el homicidio, como Charlotte Carlemigelli, que lamenta no haber podido asesinar a Boissy d’Anglas, considerado el responsable de la hambruna. Este, a cargo de la presidencia de la Asamblea, «se inclina» ante la cabeza de su colega antes de negarse a firmar los decretos que han preparado una decena de montañeses con la intención de regresar a la Revolución Francesa de 1793. A medianoche, la intervención de la guardia nacional de los barrios acomodados expulsa a la muchedumbre.

Nada está decidido; el pueblo de París, que lleva un año mudo, vuelve a parecer poderoso y peligroso. Al día siguiente, los hombres ya han tomado las riendas de la insurrección. Los batallones de los arrabales, y especialmente los cañoneros, rodean la Convención, pero los sublevados dudan si tomar la iniciativa, aunque al atardecer del 21 de mayo de 1795 ya es demasiado tarde. La represión empieza el 22 de mayo de 1795; los caballeros, los «buenos ciudadanos» y la juventud dorada se ponen bajo el mando de Menou. Tras una resistencia vencida enseguida, se reprime la insurrección y, acto seguido, empieza la instrucción de la comisión militar. Se pronuncian treinta y seis condenas a muerte, así como penas de cárcel y deportación contra setenta hombres, al mismo tiempo que se persigue a las mujeres por los actos que han cometido desde 1792. Se ordena desarmar a los sans-culottes y se prohíbe cualquier reunión de más de cinco mujeres en la calle, así como su presencia en las tribunas. Culmina así la exclusión de las mujeres del espacio público, iniciado en octubre de 1793.

Durante esas operaciones de desarme, se detiene a más de mil personas. Sin embargo, no se debe concluir que se aniquila radicalmente a la izquierda política popular. Siguiendo un mecanismo recurrente, los conflictos, y por tanto la represión, son tanto más violentos y memorables cuanto se producen en grupos heterogéneos. Sobre todo se reprime a los sans-culottes en las secciones del centro y el oeste de París, que agrupan a una población muy diversa y donde se producen enfrentamientos constantes. En las secciones de los barrios adinerados, controladas por los moderados, la represión se ciñe a algunos individuos. En las secciones que continúan bajo el control «popular», la homogeneidad limita las denuncias y los encarcelamientos. La oposición de izquierda encontrará allí su baluarte.

¿Acaso el suicidio se convierte en la única forma de protesta posible? Algunos hechos destacados parecen indicarlo. En París, la familia Dunel se suicida comiendo una tortilla envenenada, aunque el marido se salva de la muerte. El 17 de junio de 1795 (29 de pradial del año III), tres diputados montañeses, Duquesnoy, Romme y Goujon, se apuñalan durante su proceso, mientras que los otros tres acusados, Bourbotte, Soubrany y Duroy, no lo consiguen y fallecen en el cadalso. Los militantes montañeses o hébertistas sacan conclusiones prácticas de esos fracasos. Algunos, entre ellos Babeuf, se vuelcan en la actividad clandestina, fundando, como Briot, sociedades secretas jacobinas, y otros, como Antonelle o Bazin, tratan de intervenir en público a través de los periódicos y los clubes electorales, lo que anuncia la política de oposición republicana. Así, la izquierda francesa está dotada de una «clase política» autónoma, que se encuentra en proceso de organización, separada de los movimientos populares que siguen siendo confusos y que enseguida se suman a otras adhesiones. En cambio, es discutible que la derecha de los notables salga victoriosa de esos enfrentamientos, como asegura la historiografía «clásica», ya que la represión de la izquierda tiene repercusiones inesperadas que provocan el Terror blanco que los miembros de la Convención, en apariencia victoriosos, tendrán que detener a su vez.

El terror blanco y el realismo

Las matanzas de jacobinos que tienen lugar en Lyon y Nîmes entre febrero y marzo de 1795 se reanudan el abril y mayo del mismo año, a raíz de las jornadas parisinas. A partir del 23 de abril de 1795, en Lyon se organizan redadas que llenan las cárceles. El 4 de mayo de 1795 (15 de floreal del año III), se comete una matanza de presos. En Aix-en-Provence, el 11 de mayo de 1795, en Tarascon el día 25, y de nuevo el 20 y el 21 de junio de 1795, y en Marsella el 5 y el 6 de junio de 1795, muchedumbres de entre cuatrocientas y quinientas personas fuerzan las puertas de las cárceles y asesinan a los jacobinos detenidos, esmerándose en no matar a los demás. En todas partes las autoridades están desbordadas y en algunos casos consienten los hechos. En todas partes grupúsculos perpetran los asesinatos en pleno día, ante espectadores que en ocasiones acuden en familia, reanudando así las prácticas de las matanzas de septiembre de 1792. Sin lugar a dudas, se llega al colmo cuando todo el Mediodía se enardece con el anuncio de la revuelta de los jacobinos de Toulon, que masacran a los «buenos ciudadanos» antes de enviar un ejército contra las ciudades que han pasado a la «reacción». Se desata una verdadera batalla, que acaba con la derrota de los jacobinos, lo que preludia el paroxismo de las matanzas. En total, más de dos mil personas, sin duda, entre montañeses, sans-culottes, agentes municipales, miembros de los tribunales y denunciantes, son linchadas, ahogadas, acuchilladas o colgadas, en explosiones de violencia espectaculares. Como suele suceder en esa clase de situaciones, además de ajustes de cuentas, se producen «patinazos»; en Bouches-du-Rhône, un hombre es ahorcado por haber violado a una mujer, a quien ha transmitido una enfermedad venérea; un asesino lleva consigo la oreja de una de sus víctimas…

Así, se llevan a cabo venganzas de hechos anteriores, que ya se habían manifestado entre 1790 y 1792, cuando una facción se apropia del poder, y que se habían exacerbado en verano de 1793, en el momento de la crisis federalista, y que, tras el silencio impuesto por el gobierno revolucionario y el amordazamiento de los extremistas, continúan expresándose. Esas rivalidades políticas entre facciones y familias tardarán en extinguirse, ya que en 1814 y 1815 aún imperarán en el valle del Ródano. Conviene comprender sus mecanismos profundos, ya que esa clase de situación resulta desconocida, a esa escala, en otros lugares. En junio de 1795, los jacobinos son perseguidos y castigados en La Rochelle, al término de un proceso jurídico que zanja contenciosos políticos y sociales. No obstante, se trata de un ejemplo aislado en el oeste de Francia, donde la guerra civil, con las matanzas y las batallas que entraña, sigue desbordando las rivalidades locales e integrándolas en el tejido continuo de los combates. Por el contrario, en el suroeste de Francia, el poder que ejercen las autoridades republicanas pone trabas a la mayoría de venganzas e impide que las tensiones subyacentes puedan expresarse.

No basta con invocar hipotéticas «furias» o fenómenos de eco, como si 1795 supusiera la reacción a 1793 o las distintas regiones siguieran costumbres colectivas. El sureste de Francia y el valle del Ródano experimentan agitaciones provocadas por la irrupción de la política nacional en sociedades basadas en sistemas de clanes, de familias y de facciones, que a todas luces rigen todo el perímetro mediterráneo. Ese esquema es distinto al que prevalece en las sociedades organizadas alrededor de las luchas de clases, en el norte del Loira, o alrededor de las fidelidades clientelares, en el oeste de Francia, o, por último, alrededor de las estructuras administrativas, en el suroeste de Francia o los Alpes. ¿Cabe pensar que en Francia las diferencias están marcadas por una división en la que el sureste es la zona de los clanes y las familias, el norte de los capitalistas, el oeste de los señores, y el suroeste de los notables locales?

Lo que unifica el país son las reclamaciones que surgen un poco en todas partes de que vuelvan a abrirse las iglesias y a liberar el culto, incluso en las zonas republicanas «azules». Esas peticiones atestiguan que la cuestión religiosa y la política están desligadas, y que la población rural conserva una autonomía que la centralidad revolucionaria no ha aniquilado, lo que anuncia la pervivencia de complejas tradiciones políticas en el siglo XIX. Prácticamente en toda Francia se encuentran ejemplos de esos reequilibrios locales, sea en Weppes o en el pueblo de Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen, donde la comunidad sale de Termidor sin brutalidad pero volviendo a establecer las antiguas jerarquías en lugar del poder sans-culotte. Con un poco de anacronismo, resulta tentador pensar que el país «legal» se adecua al país «real», como en Eure, donde los descontentos, apoyados por las bandas de chuanes, pueden hacerse oír.

No cabe duda de que las razones que explican el Terror blanco no están tan ligadas a las convicciones ideológicas como al cúmulo de descontento en el seno de poblaciones divididas entre sí. Asimismo, influye el rechazo a las medidas del Terror en las regiones donde incluso los revolucionarios «moderados» y girondinos pagan un alto tributo a la radicalización; ese sentimiento se añade al rechazo a las levas de hombres, a la descristianización e incluso a las requisas de bienes, que desembocan, en un sentido más amplio, en intrusiones del Estado. El Terror blanco no está tan ligado a las intervenciones de los emigrados y los contrarrevolucionarios como a los resentimientos locales. Aunque está demostrada la presencia de tropas «blancas» en Auvernia, de tropas de muscadins y compañías de Jesús en Lyon, así como de compañías del Sol en el resto del valle del Ródano, y a pesar de que esos hombres desempeñan un papel incontestable en el despliegue de la violencia, lo cierto es que no logran reagrupar a su alrededor al conjunto de oponentes al «terrorismo», que son más conservadores que contrarrevolucionarios. En definitiva, no forman ningún partido ni desean regresar al Antiguo Régimen; es comprensible, pues, que poco después se muestren favorables al Imperio.

A partir de finales de mayo de 1795, las autoridades locales y nacionales, que hasta entonces habían permitido las venganzas, empiezan a temer el poder de los realistas, a pesar de haber mandado a representantes en misión para garantizar el orden republicano. Así, envían tropas a Lyon, declarada en estado de sitio, aunque en septiembre de 1795 no se produzca ningún conflicto a raíz de la tentativa realista de tomar el poder en París. Esa misma evolución se repite en el Condado y Aviñón, donde se aísla al jefe realista, Lestang, antes de capturarlo y ejecutarlo en febrero de 1796. Así, pues, en realidad el Terror blanco no tiene nada que ver con los feudos vandeanos y chuanes del oeste de Francia, donde se ponen en práctica a propósito las doctrinas realistas.

Después de julio de 1795, la Convención logra recuperar el control de facto en el sureste de Francia, tras esa fase, cínica o inevitable, según el juicio de cada cual, de ajustes de cuentas y reajustes. Aunque pueda parecer estremecedor, corresponde al sentimiento más común entre las élites políticas que se reagrupan a fin de garantizar los logros de la Revolución Francesa desde 1789. Sin embargo, la situación política que prevalece, tanto en el interior del país como fuera de las fronteras, les da la razón. La Revolución Francesa, que en adelante está ligada a su ejército, está venciendo a sus enemigos y sentando sus bases.

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Capítulo 19. EL NUEVO RÉGIMEN

Parece que el régimen que se establece a partir de 1795 sigue sin gustar, sin duda apenas se conoce, y a todas luces está mal definido. La duda a la hora de definirlo se remonta a largo tiempo atrás: ¿acaso conviene interpretarlo como una transición «burguesa» hacia el Imperio o como los últimos sobresaltos caóticos de la Revolución Francesa? Hoy, se trata más bien de saber si el Directorio constituye un «nuevo régimen» que se inventa un vínculo social inédito, al enfrentarse a múltiples oposiciones, o si bien es uno de los componentes de la República autoritaria que se afirma en Francia de 1794 a 1804. De nuevo, de las peripecias y las distintas etapas, a veces imprevistas, de los actores de la época, se desprenden búsquedas colectivas a fin de establecer nuevas jerarquías, continuar la modernización de la sociedad, encontrar un horizonte común y garantizar los logros de los años anteriores. Es preciso dar cuenta de esa tentativa.

La afirmación de la República

¿Acaso un año después de las jornadas de Termidor, la Convención, depurada de los montañeses, está saliendo adelante en todos los ámbitos? Los hechos del verano de 1795 parecen confirmarlo, ya que a partir de entonces la Francia revolucionaria ocupa todo su lugar en Europa. En el transcurso del verano y el otoño de 1795, vuelve a ocupar Bélgica, antes de anexarla a Francia el 1 de octubre de 1795, al mismo tiempo que se mantiene la ocupación militar en Renania, donde las tropas francesas aprovechan un invierno particularmente riguroso, que hiela los ríos, para invadir Holanda y capturar la escuadra neerlandesa, presa del hielo. En el sur de Francia, las tropas francesas invaden el País Vasco español y el Piamonte italiano.

El hecho de que el bloque enemigo esté fisurado y su colación dislocada facilita la victoria de la Francia revolucionaria. Una parte de los enemigos, como los ingleses, deben hacer frente a los motines de sus tropas y los efectos de la propaganda revolucionaria. Los españoles, inquietos por el porvenir de sus colonias, los prusianos, deseosos de participar en el tercer reparto de Polonia en enero de 1795, y los toscanos, cansados de la guerra, participan en negociaciones que desembocan en tratados de paz, firmados el 9 de febrero de 1795 con la Toscana, el 5 de abril de 1795, en Basilea, con Prusia y Hesse, y, por último, el 22 de julio de 1795 con España, que cede a Francia el territorio de La Española, una parte de la isla de Santo Domingo. Inglaterra y Austria, rodeadas de Portugal, el Piamonte, el reino de Nápoles y algunos Estados alemanes, continúan en guerra con Francia, mientras que Génova y Venecia permanecen neutrales. ¿Acaso Francia entra entonces en un nuevo «orden europeo», en el que encuentra su lugar entre las monarquías? El debate no está zanjado entre la opinión pública, a pesar de que los miembros más poderosos de la Convención defiendan su política expansionista. Estos se benefician de facto de las requisas llevadas a cabo en los países que acaban de «satelizar», pero también del abandono de cualquier pretensión de restaurar la monarquía francesa por parte de los aliados aún en guerra.

El éxito de Francia va de la mano de la inflexión de su política exterior. La desaparición de Robespierre permite que casi toda la Convención apoye la expansión territorial e invoque las fronteras naturales, la defensa de la nación o la grandeza de Francia. La Convención abandona la política de guerra defensiva que mantenía hasta entonces y, victoriosa, hace públicos los tratos y las negociaciones que lleva a cabo. Retoma abiertamente las prácticas diplomáticas, que jamás habían llegado a desaparecer por completo, y en las que el diplomático Barthélemy, formado por la monarquía, instalado en Suiza, en el corazón de las negociaciones, desempeña, como es lógico, un papel central. Asimismo, los acuerdos garantizan la posesión de Bélgica, al conceder Baviera a Austria, mientras se intensifica la explotación de las regiones ocupadas, sin miramientos por la población, aunque se la considere amiga, explotación iniciada durante el verano de 1794 sin tener en cuenta a los patriotas belgas. Bélgica, donde la toma de Namur da a los franceses la posibilidad de confiscar las fábricas de armas y municiones, está sometida al derecho de conquista, a pesar de que en París continúe empleándose la retórica revolucionaria.

Los patriotas holandeses, a quienes se denomina «bátavos» con el propósito de evocar un pasado glorioso y autónomo de Francia, comprenden la amenaza. Consiguen realizar su propia revolución, apoyada en sus redes, antes de que los ejércitos franceses, bajo el mando de Pichegru, persigan a los partidarios del stathouder, aunque precisamente la intervención de Francia permita que sus proyectos se puedan hacer realidad. El 16 de mayo de 1795, la firma del tratado de La Haya, impuesto por Sieyès a Holanda, ilustra la línea conquistadora de Francia. El tratado obtiene el traspaso de algunas partes del territorio holandés a Bélgica, anexada a Francia, concede a Francia indemnizaciones que alcanzan los cien millones de florines y obliga a pagar a Holanda el mantenimiento del cuerpo de ocupación, que cuenta con unos veinticinco mil hombres —es decir, alrededor de un millón de florines al mes—, lo que arrastra a Holanda, a la que en teoría Francia ha «liberado», a una crisis financiera permanente. En contrapartida, se firman unas cláusulas secretas que garantizan las posesiones coloniales de Holanda. Esas prácticas no son una novedad, ya que los grandes Estados europeos, empezando por Rusia y Polonia, tratan así a las pequeñas naciones sometidas. La miseria que padece Francia también puede explicar esa actitud, que no conviene atribuir enseguida a una voluntad de conquista. Ello no impide que la entrada de Francia en el concierto de los Estados europeos sea objeto de debate en Francia y desencadene una ruptura.

Los patriotas del norte de Europa, a menudo próximos a los girondinos y ricos en experiencias políticas desde hace muchos años, no se reconocen en esa evolución que niega sus ideales, pero los Borbones sufren a su vez las consecuencias. Los príncipes en el exilio ven alejarse la esperanza de una restauración monárquica en Francia, tanto más cuanto las cortes europeas, empezando por la de Austria, apenas los sostienen. Los soberanos europeos ya están acostumbrados a ver reyes venidos a menos, e incluso asesinados; ante Francia, jamás se comprometen en una cruzada revolucionaria, y, aunque reciban a regañadientes a un embajador regicida, no lo rechazan. Ante todo, los soberanos europeos temen la subversión de su propio pueblo. La razón de Estado prevalece sobre cualquier otra consideración, y la contrarrevolución no es un estandarte que una.

El 9 de junio de 1795, el anuncio de la muerte de Luis XVII no favorece en absoluto a los contrarrevolucionarios franceses. Una parte de los realistas moderados albergaban la esperanza de que Luis XVII accediera al trono, lo que habría aglutinado al país, eliminando a los extremistas de los dos bandos. Esa perspectiva, defendida por los agentes secretos ingleses establecidos en Suiza alrededor de Wickham, se desmorona. De hecho, las circunstancias de la muerte del delfín en la cárcel del Temple de París, no del todo esclarecidas, suscitan dudas y llevan a buscar a Luis XVII en otro lugar, como si estuviera escondido. Su tío, el conde de Provenza, que hasta entonces ejercía de regente, es proclamado rey de Francia por los príncipes en el exilio, y el 16 de junio de 1794, desde la ciudad italiana de Verona, pronuncia una declaración que reivindica sus intenciones de restaurar la monarquía en Francia. Asimismo, afirma el vínculo entre el trono y el altar, pero subordina la Iglesia al ideal monárquico. Esa postura debilita a los diputados más conservadores de la Convención, que a la sazón coquetean con los realistas convencidos en el Club de Clichy, ya que el compromiso que se perfilaba entre las dos corrientes ligadas al respecto de las jerarquías sociales, más allá de las preferencias de régimen, se vuelve imposible. En efecto, la voluntad de inscribir su reinado en los catorce siglos de monarquía francesa vuelven vanas todas las esperanzas de los realistas monárquicos, pero, por el contrario, refuerzan las convicciones más intransigentes. Asimismo, ofenden a los católicos ultramontanos, que, al mismo tiempo, se contentan con la política de separación de la Iglesia y el Estado, y los tratados de paz en la Vendée, con Stofflet, y en la Bretaña, con Cormatin. Por último, es preciso añadir que el reconocimiento de Charette como generalísimo por parte de Luis XVIII agrava las rivalidades con los otros jefes vandeanos y chuanes, empezando por Stofflet. A decir verdad, todo ello apenas influye en el destino de las armas. En abril de 1796, el avance de las tropas republicanas en Italia obligará a Luis XVIII a huir disfrazado hasta Rusia, a falta de apoyo de Austria. En ese sentido, la Revolución Francesa prosigue y se refuerza incluso en su aventura republicana.

La solución republicana

Sin embargo, la necesidad de poner fin a la Revolución Francesa se siente claramente, mientras el Terror blanco se prolonga y los diputados de la Convención temen que demasiada intransigencia por su parte haga reaparecer las tentaciones «terroristas». El viraje de algunos representantes en misión da fe de la nueva situación. En adelante, Fréron se afana por restablecer el orden republicano contra sus antiguos puntales, próximos a la contrarrevolución, depurando los ayuntamientos, incluido el de Marsella, hasta tal punto que a finales de 1795 parece un jacobino. No obstante, aún hay que decidir el futuro de los jacobinos y los sans-culottes encarcelados que siguen sin ser juzgados, mientras el público de los periodistas realistas no cesa de aumentar. El equilibrio político nacional se restablece en torno a la República, olvidando relativamente las divisiones de las facciones, como se constata cuando los antiesclavistas, sean antiguos girondinos o montañeses, apoyan a Boissy d’Anglas para oponerse a las maniobras de los colonos y su lobby, que intentan excluir a las islas de la soberanía nacional, en nombre de la democracia y el respeto a los pueblos, con el propósito evidente de restablecer el esclavismo. La República, incluso la termidoriana, se convierte en la defensa contra el retorno de la autoridad de los colonos. Boissy d’Anglas recoge ahí los frutos de su actitud del 1 de pradial del año III; es el hombre bregado capaz de aglutinar a su alrededor a la «gente honesta» contra los peligros políticos que encarnan los «anarquistas» y los contrarrevolucionarios.

Esas nuevas relaciones de fuerza explican la decisión de redactar una nueva Constitución. Es preciso recordar que los miembros de la Convención de 1795, por un centenar contra más de setecientos, rechazan la Constitución girondina de 1793 y, unos meses más tarde, aprueban la Constitución montañesa, llamada del año I. En 1794 y a comienzos de 1795 no se prevé sustituir la Constitución montañesa, sino tan solo redactar leyes orgánicas para ponerla en práctica al fin, tras dos años de suspensión.

La decisión de redactar una nueva Constitución se toma para afianzar al gobierno revolucionario en esa fase imprevista. La Comisión de los Once que, el 6 de mayo de 1795, se hace cargo de la labor, en su mayoría es próxima a las ideas de Sieyès. Es comprensible, pues, que se esmere por resolver las contradicciones que las Constituciones anteriores no habían resuelto, sin romper por completo con las orientaciones tomadas desde 1789. Conviene interpretar correctamente el papel que ejerce Sieyès. Se rechazan sus intervenciones a favor de una Constitución compleja, que distinga el gobierno del poder ejecutivo, y su propuesta de crear un «tribunal constitucional» encargado de mantener y defender la Constitución porque se trata de una instancia reguladora superior a la Asamblea y porque emana de él. En cambio, se aprovecha su idea de instaurar una renovación parcial de las instituciones (Cámaras y Directorio) a fin de crear una continuidad inquebrantable de los poderes. Bajo esa forma, se impone así una visión organicista de la sociedad que también pretende anclar el régimen en el tiempo.

En esencia, la nueva Constitución trata de «acabar la Revolución». Así, la declaración de los derechos va acompañada por la enunciación de los deberes, enlazando con los debates de 1789. Del mismo modo, se mantienen los principios de la soberanía nacional, del gobierno representativo y del sufragio universal —masculino—, así como la suspicacia hacia el poder ejecutivo o una cámara alta. Prevalece la continuidad, ya que en 1795 los miembros de la Constitución responden a cuestiones recurrentes desde 1789. Aunque en adelante los «derechos» se conviertan en «deberes», los diputados de la Convención han reescrito en parte la Constitución de 1793. El artículo 6 de 1793, que insiste en los límites de la libertad, en 1795 se traduce en la siguiente máxima sentenciosa: «No hagáis al prójimo lo que no querríais que os hicieran». La voluntad de limitar las intervenciones «populares» —sufragio censatario en el segundo grado de las elecciones y rechazo del derecho a la insurrección— supone la continuación de las ambigüedades de las Constituciones anteriores que ya se han subrayado.

No obstante, se reducen las condiciones censatarias; basta con que cualquier hombre de más de veintiún años, domiciliado, pague una contribución para ser ciudadano activo. Sin embargo, los «electores» enviados a la capital de un cantón para nombrar a los diputados y los administradores deben tener más de veinticinco años y ser propietarios, es decir que existen unos treinta mil hombres en total que cumplan las condiciones. Aunque se constituye así una oligarquía política, la duración de las operaciones electorales —se tarda más de un mes en nombrar a los diputados— moviliza la opinión pública más allá del restringido núcleo duro de los electores. Sin duda, la ruptura más significativa es la transformación del primer artículo de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789, «los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derecho», que en 1795 se convierte en «los derechos del hombre en sociedad son la libertad, la igualdad, la seguridad y la propiedad».

La duda más destacable en esos debates que retoman sin cesar cuestiones planteadas desde hace seis años está ligada a la definición misma del gobierno. Se contempla la posibilidad de instaurar un gobierno mixto —que conjugue la soberanía del pueblo con un ejecutivo encarnado por un solo hombre—, pero la comisión se decanta por la idea de un poder ejecutivo encarnado por cinco directores. Estos, renovables uno cada año, no pueden intervenir en el legislativo, pero están dotados de pompa, de una fuerza armada y una remuneración sustancial. Aunque su poder sea limitado, nombran a los principales funcionarios, pueden firmar tratados y, sobre todo, tienen la última palabra en las directivas de aplicación. ¿Se trata del saldo de una tentativa abortada por ciertos miembros de la Comisión de los Once, entre ellos Lanjuinais, a fin de preparar una eventual restauración monárquica? ¿Acaso ese decoro influirá posteriormente en la evolución del régimen hacia un autoritarismo?

En cualquier caso, en 1795, en teoría, el ejecutivo está limitado a lo más estricto, carece de medios para intervenir en el legislativo y tan solo puede definir la orientación política. No obstante, en la práctica, puede tomar órdenes, lo que de facto le otorga el poder reglamentario, ya que además controla la aplicación de las leyes por medio de los comisarios nombrados en todos los grados de la organización administrativa. El ejecutivo se convierte en un verdadero «poder de gobernar». La evolución iniciada varios años atrás desemboca así en ese refuerzo de la centralidad que culminarán el Consulado y el Imperio. La mayor novación radica en reagrupar los pequeños municipios en «municipalidades de cantón». La medida se calcula a fin de dirigir al campesinado, detener el exceso de autonomía local y tratar de encerrar los poderes. La experiencia tendrá efectos mitigados: no impide que los militantes republicanos se movilicen y tengan público, al mismo tiempo que prepara la sumisión esperada de los municipios al poder de las prefecturas que instaurará el Consulado, volviendo al marco municipal anterior.

A fin de evitar cualquier golpe de Estado militar, no se permite que circule ningún ejército en una zona de unos cincuenta kilómetros alrededor de París sin la autorización del cuerpo legislativo. Una guardia, inicialmente de ochocientos hombres, extendida enseguida a mil doscientos, protege a los diputados de los riesgos de un golpe de Estado, al menos en teoría. Las deliberaciones son públicas, pero pueden mantenerse en «comité general» que se reúna en un comité secreto, una práctica ya habitual en las cuestiones diplomáticas, que rompe con los principios establecidos en 1789, que rechazan cualquier secreto en materia política. No obstante, esa práctica prolonga costumbres adoptadas a partir de 1793 dentro de las instituciones del gobierno, que jamás han repudiado la diplomacia, al mismo tiempo que recurrían a la guerra y usaban la propaganda.

A pesar de que algunos miembros de la comisión contemplen la posibilidad de la restauración monárquica en un marco parlamentario, se rechaza a fin de conservar el marco republicano. El legislativo, pues, continúa estando en el corazón del dispositivo político, como único representante del soberano y único depositario de la legitimidad. Para limitar los riesgos ya experimentados de una Cámara única, que puede sucumbir a sus luchas internas, en lo sucesivo se divide la Cámara en dos «secciones»: la de los Ancianos y la de los Quinientos. No se trata de bicameralismo: las dos asambleas no son dos Cámaras rivales, sino complementarias. Constituyen las dos partes de un mismo conjunto, elegidas a partir de la misma base; salvo las condiciones de edad y situación conyugal de los Ancianos, de mayor edad y que han estado casados, ninguna de las dos cámaras tiene preeminencia sobre la otra. Las asignación de los diputados se fija en trigo, para evitar los efectos de la depreciación del dinero —una medida que alimenta la ironía de los realistas—. Los Quinientos tienen la iniciativa de las leyes, y los Ancianos toman la decisión. Las dos asambleas no pueden crear comisiones permanentes ni comunicarse entre sí.

Resulta fácil prever que el exceso de precauciones acarrea la parálisis de las instituciones; no obstante, esta interpretación, consagrada por una parte de la historiografía, peca por omisión. El fracaso de 1799 no está inscrito en la Constitución. ¿Acaso conviene recordar que el sistema político helvético, que funciona desde hace dos siglos, está inspirado en la Constitución del año III? Desde luego, la Constitución del año III jamás se aplica de manera estricta, sino que se modifica con la práctica, lo que le permite funcionar. La quiebra de 1799, al producirse tras la sucesión de golpes de Estado que nos ocuparán en los capítulos siguientes, no es tan atribuible a la propia Constitución como a las relaciones de fuerza del contexto nacional. Así, pues, el hecho de convertirla en el acto final e incluso la negación de la Revolución Francesa es una conclusión orientada por criterios ideológicos. Las experiencias de los años anteriores influyen sobremanera en las decisiones de las élites políticas republicanas.

La nueva Constitución, que sienta las bases de un régimen representativo, que crea un republicanismo limitado y un liberalismo destinados a perdurar en las instituciones francesas, radica en el encuentro de corrientes dispares. Se inscribe en la continuidad de las Constituciones de 1789, de 1791 e incluso de la Constitución montañesa, la de junio de 1793, que aún no está aceptada. Una innovación de 1795, no votada hasta septiembre, es verdad, incluso se inspira directamente en la Constitución de 1793: la candidatura y la elección directa retoman las propuestas de Condorcet, Hérault de Séchelles y Saint-Just. Desde luego, ya no se trata de reforzar la identificación entre el elector y el electo, como en 1793, pero sí de no constituir cuerpos electorales duraderos que puedan reclamar su parte de soberanía legítima.

El proceso electoral continúa siendo colectivo, ya que la votación tiene lugar cuando se llama a los votantes por su nombre, durante una reunión electoral que se prolonga varios días al menos, y los electos son elegidos tras escrutinios de listas, donde se apuntan los votos que obtiene cada candidato. La meta es conferir estabilidad a las instituciones, una cuestión pendiente desde 1789, aunque en 1795 se espere encontrar la solución apoyándose en los propietarios interesados en conservar sus logros. Por otra parte, al igual que en el pasado, perdura la escasa tolerancia respecto a las ideas políticas divergentes y la incapacidad de comprender la política como un espacio de confrontación abierta. Desde luego, en el año III ya no se exige a los ciudadanos que presten juramento, pero se afirma la sumisión a las leyes y aún no es posible expresar opiniones políticas de manera libre. La reaparición del juramento a partir de enero de 1796 traduce la incapacidad del régimen para resolver sus propias contradicciones. Por último, perdura la confianza en el poder parlamentario, acompañada por la insuficiente atención que se presta al trabajo gubernamental, así como al poder reglamentario. En ese sentido, resulta evidente que las élites conservan sus marcos de pensamiento heredados de la Ilustración y las tradiciones republicanas más antiguas, aunque se vayan formando nuevas configuraciones.

Así, los «ideólogos» —el vocablo se inventa entre 1796 y 1797— se enfrentan con los realistas constitucionales aglutinados en torno a Madame de Staël y Constant. Los «ideólogos» son intelectuales discretos, que incluso han sido perseguidos durante los años anteriores, que buscan un sistema de gobierno fundado en la racionalidad y la eficacia; confieren un lugar esencial a la instrucción como factor de cohesión social. Por su parte, los realistas constitucionales preconizan la adhesión a la República a falta de algo mejor, a fin de garantizar el orden. Abandonan el ideal heredado de las repúblicas de la Antigüedad, donde la ciudadanía se confunde con la existencia misma del hombre social, denuncian las utopías de repúblicas fraternales del Círculo Social o el deseo robespierrista de una república dirigida por la moral y la virtud, para defender la libertad de los modernos, individualista y liberal.

Estas reflexiones y esas intervenciones, que se pueden discutir pero cuya pertinencia y posteridad conviene reconocer, impiden identificar de manera demasiado simplista el Directorio con la corrupción o la decadencia, o considerarlo el puro efecto de una política de clase, incluso una mera «transición». A pesar de que todos esos actores políticos enseguida se sentirán decepcionados por la evolución del Directorio, antes de sumarse de manera más o menos duradera a Bonaparte en 1799, el caso es que servirán de modelo, los «ideólogos» a una corriente de la Tercera República, y los realistas constitucionales a los liberales del siglo XIX. Forjan el lenguaje político destinado a perdurar en torno a la República, definido por el respeto a la ley común y su forma jurídica, que garantiza la libertad individual, recusando las experiencias de entre 1792 y 1794, clasificadas definitivamente bajo la etiqueta del Terror. ¿Acaso ha desaparecido el imaginario de la Revolución Francesa tal y como se forma en 1789? Bajo sus formas más radicales, seguramente, la creencia de que basta con reunir a la gente de buena voluntad ya no se sostiene desde las pruebas de 1792 a 1794; sin embargo, persiste la convicción de que se debe mantener y defender el ideal republicano, nacido en 1791.

La amenaza realista

Suponiendo que aún sea necesario justificar la voluntad de garantizar el orden por medio de la fuerza, los acontecimientos que sobrevienen durante la redacción de la Constitución aportan agua al molino de los partidarios de la República armada. En el oeste de Francia, en junio y julio de 1795, los emigrados y los ingleses organizan un desembarco de tropas en la bahía de Quiberon, coordinado con la concentración de los ejércitos chuanes. El general chuan Puisaye, apoyado por el gobierno de Pitt, al que se han unido los emigrados y Artois, preparan durante meses la operación naval, de gran envergadura, que representa un momento crucial en la guerra franco-británica, y todavía pretende otorgar una base naval a los barcos ingleses, tras las derrotas de los realistas en Nantes en junio de 1793 y en Granville en diciembre de 1793. En 1795, la situación resulta favorable porque los chuanes disponen de una fuerza real, en torno a Cadoudal o Tinténiac, y pueden acometer acciones importantes, como ilustra el hecho de que una columna de cuatrocientos chuanes se apodere de Pont-de-Buis, en el Finisterre francés. De resultas, los chuanes, victoriosos, pueden transportar en carros ocho barricas de pólvora por más de cien kilómetros sin que los republicanos se lo impidan. Ello no quita que esa clase de actos espectaculares carecen de porvenir.

En Quiberon, las malas relaciones entre el general Puisaye y el mando de la expedición, el realista D’Hervilly, dividen el mando. Conviene añadirle, para explicar el hundimiento de las operaciones y el vuelco de la situación, la incapacidad de los jefes nobles de decidirse a dirigir a campesinos armados, el retraso en la concentración de los chuanes y, por último, la abstención inglesa, que deja a los franceses solos en el suelo de la República. Aunque los contrarrevolucionarios logran controlar la península, su ventaja inicial desaparece al cabo de un mes. Su indecisión permite al general Hoche bloquear la península de Quiberon, y el regreso de los soldados alistados a la fuerza en los batallones de emigrados facilita la reconquista del fuerte de Penthièvre, mientras los chuanes salen en desbandada, antes de ser capturados a miles. Tras un mes de combates esporádicos, la expedición, o lo que queda de ella, vuelve a embarcar rumbo a Inglaterra, dejando tras de sí mil muertos —frente a los veintitrés caídos republicanos— y al menos seis mil prisioneros.

No obstante, el éxito de los republicanos mengua a causa de sus propias divisiones. Tras la victoria en Quiberon, Hoche, que está al mando de las tropas del oeste de Francia, ya ha iniciado la pacificación autoritaria que unos meses más tarde le dará el control de la región. Persigue a los jefes, pero amnistía a los campesinos; libera el culto religioso y protege a la población de las exacciones. Esa postura explica que prometa salvar la vida a los emigrados si estos se rinden. La postura de los dos representantes en misión, Blad y Tallien, enviados por la Convención, es diferente. Se proponen dar ejemplo y aplicar las leyes castigando a los contrarrevolucionarios con rigor, sin duda para que Tallien pueda demostrar sus convicciones republicanas, puestas en entredicho por sus enemigos políticos. Se sospecha que Tallien está en contacto con los servicios secretos ingleses por medio de sus amante. Las veintitrés comisiones militares juzgan a más de cuatro mil doscientos prisioneros y condenan a muerte a setecientos cincuenta, es decir, seiscientos veintiocho emigrados y veintidós chuanes. Los chuanes se escapan de la represión, pero los nobles franceses, en su mayoría jóvenes, son ejecutados por orden de Blad y sobre todo de Tallien. Más allá de los intereses personales, que no conviene desdeñar, los termidorianos pretenden que la reconciliación con los realistas más convencidos resulte imposible. La República reafirma así su postura y define a sus enemigos. Como represalia, Charette, que retoma él solo la guerra en el sur del Loira, hace fusilar a trescientos prisioneros republicanos en Belleville, en la Vendée.

Los enfrentamientos siguen siendo de una enorme violencia en toda la región. Se ha atenuado el poder de los chuanes, sin llegar a derrotarlo; Cadoudal permanece fuera y mantiene el control del sur del Finisterre. Los bandos del centro de la Bretaña, Maine y la Normandía no se ven afectados por ese desastre, mientras Charette, nombrado generalísimo por Luis XVIII, retoma la guerra, a la espera de que el conde de Artois llegue a la costa. La guerrilla, pues, persiste y continúa siendo peligrosa; sin embargo, ya no supone una amenaza decisiva contra la República. Hoche emplea columnas móviles y, llegado el caso, soldados disfrazados de «falsos chuanes», y pone en estado de sitio a ciudades importantes. Como recuerda G. Lefebvre, «la leyenda que representaba Hoche por haber pacificado el oeste [de Francia] sin recurrir a la fuerza no es exacta». En cambio, el esfuerzo militar concentrado en el sur de la Bretaña y luego en la Vendée otorga cierta libertad a los chuanes del interior y la Normandía, ya que esa primera guerra chuana se suma a los motines por hambre que tienen lugar en Orne, especialmente, durante la primavera y el verano de 1795. Aunque los chuanes que combaten no son sino famélicos echados a los caminos, que sirven de masa de maniobra en la revuelta contrarrevolucionaria organizada, el resentimiento por la política religiosa, las levas militares y las injusticias cometidas por los administradores locales alimenta las concentraciones de «bandidos».

La República, cueste lo que cueste

En ese contexto, el 22 y el 30 de agosto de 1795 (5 y 13 de fructidor del año III), los miembros de la Convención votan dos leyes —conocidas como «de los dos tercios»— para que dos tercios de los electos de la próxima legislatura se elijan entre los diputados ya presentes en la Convención, salvo los sesenta y siete montañeses, excluidos por anticipado. La decisión es objeto de acalorados debates y sigue siendo discutida, ya que una parte de la historiografía la considera «el mal punto de partida» del Directorio, el paso en falso que lleva al fracaso final. No se trata de un resultado inevitable, sino más bien del hecho de que se desencadenan mecanismos que provocan desequilibrios inesperados. La medida posee una complejidad técnica considerable. Las comisiones electorales se encargan de elaborar listas —una principal y una suplementaria— a fin de nombrar en primer lugar a los diputados electos que pertenecen a la Convención y luego para remplazar a los que han sido elegidos en otro lugar —ya que las elecciones municipales están permitidas—, y, por último, para proceder al complemento de elección entre los hombres ya electos o «nuevos». La Convención se reserva el derecho de completar las listas por cooptación.

Desde una perspectiva moral y política, los decretos de los dos tercios, que provocan un enfrentamiento militar, son poco defendibles. Sin embargo, la historia reciente pesa en esa decisión, que revela inquietud frente al electorado y la voluntad de establecer, junto con el régimen, una clase política cerrada. Teniendo en cuenta el estado de la opinión pública y la importancia de los movimientos ajenos a la Asamblea, tanto de izquierda como de derecha, cabe pensar que la Asamblea se considera legitimada para asegurar al menos la supervivencia de la República y la nación. Así, continúa reaccionando a las relaciones de fuerza, al igual que todas las asambleas anteriores, obligadas a hacer malabarismos mientras buscan vientos favorables para mantener el rumbo más o menos fijado. De hecho, resulta bastante irónico constatar que los historiadores que han insistido, con razón, en las consecuencias de la prohibición hecha a los diputados de la Asamblea Constituyente de ser elegidos en la Asamblea Legislativa se niegan a ver que los decretos de los dos tercios tratan de sortear la misma dificultad. Desde una perspectiva mecánica, las repercusiones de los decretos serán más considerables aún. Paradójicamente, ya que se selecciona a los electos, los conflictos entre líneas políticas aparecen con gran claridad, radicalizando las diferencias entre la derecha y la izquierda. De manera no menos paradójica, el legislativo se encuentra sometido al ejecutivo, invirtiendo así las jerarquías constitucionales afianzadas. En total, permanecen en los consejos quinientos once antiguos miembros de la Convención, entre los cuales figuran cincuenta y ocho regicidas. Poco más de la mitad de los diputados son manifiestamente republicanos, un cuarto realistas liberales y el resto se contentan con mostrar su adhesión a la Constitución y el régimen. No obstante, muchos de ellos evolucionarán hacia la derecha; como ejemplo, basta con citar a Carnot, que se suma a los monárquicos constitucionales, mientras que la extrema izquierda, ilustrada especialmente por Drouet, apenas está representada.

Como es lógico, la adopción de la Constitución y la brutal aplicación de los decretos de los dos tercios desencadenan la oposición tanto de la izquierda como sobre todo de la derecha; entretanto, la miseria hace estragos en las ciudades y la inseguridad reina en el campo, acrecentando el desfase entre las preocupaciones cotidianas y las construcciones políticas. Las asambleas electorales que se reúnen a partir del 6 de septiembre de 1795 para recoger las adhesiones a la Constitución apenas recogen alrededor de un millón de votos favorables (958.226) y 41.892 en contra. Incluso teniendo en cuenta la exclusión de los emigrados, los refractarios y sus familias, y a pesar de que se haya restituido el derecho al voto a los antiguos terroristas, la importancia de la abstención —Francia cuenta con alrededor de cinco millones de electores— atestigua la escasa complacencia de los electores respecto a ese cambio de régimen. Los decretos de los dos tercios únicamente son aceptados por poco más de doscientos mil votos (205.498) frente a poco más de cien mil (108.784) que se declaran hostiles, mientras que las asambleas primarias plantean reclamaciones y diecinueve departamentos y todas las secciones parisinas salvo una los rechazan categóricamente. La manipulación e incluso el fraude para impedir que los oponentes se expresen acelera la cristalización de las oposiciones. Lo que se había previsto para garantizar la continuidad republicana acaba atentando contra la idea republicana, desvelando los límites inaceptables de una República que excluye a partes enteras de la opinión pública.

El equilibrio a la izquierda

Enseguida surgen enfrentamientos con los realistas en Eure y Eure y Loir, que el 29 de septiembre de 1795 (7 de vendimiario del año III) provocan la muerte de una decena de rebeldes a manos de la tropa. El 3 de octubre de 1795, en París se hace un llamamiento a la insurrección, mientras la Convención adopta una postura «republicana», como ilustra el discurso del diputado Baudin, y hace un llamamiento a los sans-culottes «patriotas del 89». Estos reciben armas en previsión del combate que se desatará y son reagrupados en «batallones sagrados». Se decide abrogar la ley de los sospechosos de 1793, lo que anuncia la amnistía política que vendrá. Esa decisión acaba de radicalizar el conflicto entre los republicanos y los contrarrevolucionarios realistas, que apenas logran concentrar a hombres. Barras asume la contradicción al nombrar a un joven general de pasado jacobino, llamado Bonaparte, a la cabeza de las fuerzas gubernamentales, que han logrado disponer de la artillería, lo que les da una ventaja sustancial.

Tras una larga preparación de esa verdadera jornada revolucionaria que, en París, debe decantar el poder por uno de los dos bandos, el violento enfrentamiento, el 5 de octubre de 1795 (13 de vendimiario del año IV), acarrea alrededor de cuatrocientos muertos y heridos repartidos de manera más o menos igual entre los dos bandos. La represión que le sigue es espectacular en la forma, pero limitada en los hechos. De las cuarenta y nueve condenas a muerte, tan solo se aplican tres: se trata de conspiradores realistas que pagan por todos los que logran escaparse aprovechándose de complicidades. Barras es el hombre fuerte, que está en contacto con una parte de los insurgentes, considera insignificante al jefe realista, el antiguo general republicano Danican, y no ordena perseguir a los principales cabecillas —salvo dos, que pagan el fracaso con su cabeza—. ¿Acaso es necesario combatir un partido realista que no existe verdaderamente y que cuenta con numerosos simpatizantes entre los miembros de la Convención y la élite que sostiene el régimen? Aunque la esperanza de llegar al poder de manera legal es factible, los miembros de la Convención próximos a los insurgentes no están comprometidos con el alzamiento, otros apoyan las actividades ocultas de las redes de agentes secretos y clubes donde coinciden con los intransigentes: las divisiones reinan entre ellos, incluso cuando se trata de repartirse los fondos ingleses. La insurrección de vendimiario del año IV supone un último combate, que justifica de facto las negociaciones que tienen lugar entre los conservadores y los republicanos, marginando e instrumentalizando a los grupos extremistas.

Queda por atar el proceso electoral, ya que muchos realistas declarados han sido elegidos para entrar en las dos nuevas cámaras, lo que va en contra de los decretos de los dos tercios. Mientras la Convención vive sus últimos días, coopta en la precipitación de los diputados ya que el cuerpo electoral, incluso siendo minoritario y estando dirigido, no ha elegido suficientes antiguos miembros de la Convención y es preciso completar las listas. Así, la asamblea agrava el descrédito que macula el procedimiento. Se suelta lastre en la izquierda. La adhesión de los «patriotas de 1789» se ha vuelto necesaria. Su determinación ha permitido la victoria: antaño considerados «terroristas», se convierten en el sostén del régimen. La prueba de su sumisión es que se dejan desarmar y, una parte de ellos aceptan las reorganizaciones de las tropas y la guardia nacional. Ha llegado el tiempo de la amnistía, que se pronuncia el 25 de octubre de 1795 (3 de brumario del año IV). La plaza de la Revolución es bautizada de nuevo como plaza de la Concordia, y se amnistía a los individuos perseguidos por «hechos estrictamente relativos a la Revolución». La amnistía es selectiva; no se aplica ni a los conspiradores de vendimiario del año IV, ni a los sacerdotes refractarios, ni a los emigrados, que siguen condenados a la muerte civil, ni siquiera a sus padres, apartados de las funciones públicas, ni a los ciudadanos de Toulon que se dieron a la fuga en verano de 1793. Así, pues, se mantienen las medidas de excepción heredadas de los años anteriores; la ley es ambigua al proclamar la abolición de la pena de muerte, ya que una enmienda posterga su aplicación hasta el final de la guerra.

Así, la Revolución Francesa no está del todo acabada, ya que las divisiones que ha originado continúan obrando; aunque se ha roto una espiral de violencia, se han puesto en marcha otros engranajes; el nuevo régimen no ha instaurado la paz ni tiene consenso. Durante esos días de octubre de 1795, los «terroristas» salen de las cárceles, donde aguardaban el juicio, o de la clandestinidad, como Maignet. Turreau rechaza la amnistía; en diciembre de 1795 es juzgado y absuelto. Un «terrorista», Le Bon, paga por todos ellos. Trasladado ante el tribunal de Amiens, abandonado por los diputados de la Convención, es condenado a muerte y ejecutado, víctima a todas luces de los ajustes de cuentas locales. Así, la Francia dictatorial empieza con esas contradicciones, legislativas pero sobre todo políticas, que minan la legitimidad del régimen y lo identifican con combinaciones entre grupos y facciones.

Lo atestigua de manera anecdótica el hecho de que los directores se instalen en el palacio de Luxemburgo, en obras permanentes durante todo el período. Los cinco hombres que componen el primer Directorio son todos ellos regicidas, republicanos e incluso conservadores; La Révellière-Lépeaux, Carnot, Reubell, Barras y Letourneur encarnan, en sus diferentes facetas, la esencia del régimen. Sus principales características son el anticlericalismo, la preocupación por la nación, la defensa del territorio, la voluntad de mantener los logros de la Revolución Francesa y el sentido de la organización. Asimismo, se logra establecer el equilibrio sin la fuerte personalidad de Sieyès, que rechaza, por despecho, al parecer, ser Director, y sin la orientación demasiado marcada a la derecha de Cambacérès, rechazado por los Ancianos; por otra parte, el Directorio está modulado por el nombramiento de Antonelle, representante de las corrientes demócratas, para dirigir la edición de un boletín oficial que editaría las actas del régimen. La apertura se limita enseguida y en diciembre de 1795 se despide a Antonelle, lo que anuncia la reanudación de las luchas alrededor de la izquierda del Directorio.

Esta visión nacional no debe hacer olvidar que, más aún que antes, la vida política local conserva, o recupera, una autonomía real a pesar de la centralización de los poderes bajo el control del ejecutivo. Los grupos republicanos, demócratas y realistas de todas las obediencias se disputan el control de las asambleas electorales y las instituciones, ya que la administración, la justicia, la organización escolar y religiosa siguen dependiendo de los electos. Aunque se mantiene el marco administrativo republicano, especialmente en el oeste de Francia, las municipalidades y los guardias nacionales están en manos de realistas más o menos declarados. El colmo es cuando una facción realista acusa precisamente de realismo a una facción rival con la intención de desacreditarla oficialmente y ocupar su lugar.

La violencia está lejos de haber desaparecido del país. A pesar de que todo el sureste de Francia continúa padeciendo asesinatos y agresiones de toda clase que marcan la vida local —después de las enormes y sorprendentes rupturas políticas de 1794—, la relativa estabilización política, el relajamiento de la presión económica y el alejamiento de la guerra permiten comprender que en las zonas donde la República ha sido provechosa para la mayoría de los individuos, cuenta con defensores dotados de cultura política, sin duda simplista, pero sensible a una gestión colectiva de la economía, a un equilibro entre la libertad y la igualdad, y a las relaciones fraternales. El agotamiento de la población, que se remonta a varios años atrás, al menos a la primavera de 1794, también desempeña su papel en esa evolución.

El rechazo a la emigración y la religión

La Revolución Francesa no está terminada, ni mucho menos, ya que, a pesar de que el nuevo régimen ha alejado el espectro del Terror, mantiene en sus grandes líneas la política entablada entre 1792 y 1793 de contar con el apoyo de todos aquellos que han sacado partido de la Revolución Francesa y aún están dispuestos a aceptar las formas del «terror suave». Esa orientación es visible en la incapacidad de la República de solventar la cuestión de los emigrados y llevar a cabo una pacificación religiosa.

La exclusión de los emigrados, es decir, los franceses que se marcharon del país a partir del 15 de julio de 1789, sigue inscrita en la Constitución y «sus bienes [son] irrevocablemente adquiridos en beneficio de la República», pero la elaboración de las listas está lejos de ser irreprochable, ya que se hacen múltiples añadidos, especialmente a propósito de los habitantes de Toulon o los alsacianos que se han dado a la fuga ante el avance de las tropas revolucionarias. La separación de la Iglesia y el Estado, que ha llevado a los sacerdotes refractarios a regresar a Francia, se añade a la fijación de las fronteras y la amnistía para volver a plantear la cuestión de qué lugar conceder a los emigrados, sus padres y sus hijos, al mismo tiempo que se rechaza públicamente el Terror. Una parte de los diputados de la Convención y de los miembros de las asambleas se apoderan del tema para obtener habilitaciones favorables a los habitantes de Toulon o los alsacianos y para que las sucesiones de los emigrados fallecidos puedan favorecer a sus hijos, en lugar de pasar a manos de la nación. En el galimatías de leyes adoptadas sucesivamente sobre la cuestión, las asambleas sueltan lastre respecto a los obreros y los artesanos emigrados, pero en su mayoría rechazan volver a las otras disposiciones. El debate que empieza así a finales de 1795 atraviesa todo el Directorio sin que los realistas puedan cambiar verdaderamente la legislación. Aún no se ha concluido la venta de bienes nacionales, pero procura ingresos al Estado, a pesar de que los compradores de esos bienes aún temen que se les discutan sus títulos de propiedad; es comprensible, pues, que para una parte de los partidarios del Directorio la lucha contra los emigrados sea la piedra de toque del republicanismo. Con todo, la expulsión de las funciones oficiales de todos los parientes de emigrados y el mantenimiento de las confiscaciones de las propiedades de los emigrados ricos y acomodados continúan siendo temas particularmente sensibles, de incidencias locales considerables.

La división de la opinión pública resulta clara. Sin embargo, la emigración ya no constituye un tabú; se discute tanto en las Cámaras como en la prensa. Numerosos casos precisos de emigrados alimentan las discusiones y obligan a encontrar soluciones inéditas cada vez que cambia la mayoría. ¿Qué hacer, por ejemplo, con los emigrados que regresaron a Francia un día después del plazo concedido para volver? ¿Cómo resolver el destino de los cincuenta y tres náufragos recogidos en alta mar en Calais el 14 de noviembre de 1795, después de que los buques daneses que los transportaban se hundieran en plena tormenta? Al principio, el Directorio los trata como emigrados sorprendidos con armas y, por tanto, son condenados a muerte. No obstante, las diferentes jurisdicciones a cargo del destino de esos hombres, entre los que se encuentra el duque de Choiseul, se niegan a seguir esa lógica, declarándose incompetentes, e incluso se niegan a considerar emigrados a esos náufragos. A pesar de la presión constante que ejercen los directores, empezando por Merlin de Douai en 1797, cuando se aparta a la derecha del poder todavía no se ha aplicado la ley. Las diligencias se concentran en cinco individuos, pero el Directorio no logra que se los condene. Así, esos individuos pasan cuatro años en la cárcel, debatiéndose entre el aplazamiento y la amenaza de ejecución, hasta que los liberan el año 1800, después de brumario. Esa incapacidad de decidir ilustra el intervalo en el que está sumido el Directorio y su dependencia de las sensibilidades mezcladas de la nación.

La cuestión religiosa no se trata mejor que la de los emigrados, a pesar de que el Estado, al menos oficialmente, se distancia de la Iglesia. Desde el 18 de septiembre de 1794, no se remunera ningún culto; el 21 de febrero de 1795 (3 de ventoso del año III) se afirma la separación legal entre la Iglesia y el Estado, concediendo la libertad de culto, con la condición de que los cultos se lleven a cabo en lugares privados. El principio fundamental es la libertad que se otorga a cada cual en el respeto de la ley, que se traduce especialmente en la obligación por parte de los sacerdotes de haber prestado el juramento del 14 de agosto de 1792 a la libertad y la igualdad, y no haber emigrado ni haber sido deportados jamás, en cuyo caso se encuentran ipso facto fuera de la ley. El uso de las iglesias es gratuito, pero el de las casas parroquiales o los obispados puede ser de pago. La Iglesia oficial continúa siendo la usuaria prioritaria si varios cultos comparten el edificio. A partir del 30 de mayo de 1795 (11 de pradial del año III), se exige a los sacerdotes un nuevo juramento de sumisión a las leyes, que el 28 de septiembre de 1795 se integra a la ley orgánica. Deben prestar juramento a «la universalidad de los ciudadanos», reconocida como soberana.

Como la obligación no atañe directamente a la doctrina católica, una parte del clero está dispuesta a transigir, en detrimento de los emigrados, que lo interpretan como un cuestionamiento del lugar de Dios en el origen del poder y temen una disociación entre los principios monárquicos y el catolicismo. El clero vinculado a la Iglesia romana vuelve a dividirse entre los «sumisos» y los oponentes, dispuestos a arriesgarse a que la práctica retroceda para evitar pasar por el aro del régimen. El papado, a pesar de que doctrinalmente se opone a la Revolución Francesa, adopta una actitud prudente al permitir a los sacerdotes, por el bien de los fieles, que se sometan a la ley a fin de poder utilizar los lugares de culto. Así, la salvación de la Iglesia y la de la monarquía corren el riesgo de separarse.

De hecho, esas medidas favorecen a los sacerdotes refractarios, acostumbrados a la clandestinidad. Con todo, el Directorio debe ratificar la reanudación del culto un poco en todas partes, incluso en el seno de poblaciones favorables a la Revolución Francesa, decidir qué hacer con las iglesias que aún no se han vendido y definir su postura respecto a los sacerdotes constitucionales. En efecto, la relación con el cristianismo sigue siendo una de las piedras de toque de la contrarrevolución, como ilustra el rechazo al calendario republicano en numerosos lugares del campo. Sin embargo, como los tiempos han cambiado, es preciso transigir, como demuestran los administradores de Doubs, que consideran que, a pesar de conservar el calendario «antiguo», los habitantes están por la labor y no son contrarrevolucionarios. Con respecto al pueblo llano, la República conservadora y liberal es más o menos compatible con el cristianismo apolítico. La actividad y la propaganda de los refractarios que han regresado a Francia, en especial a Alsacia, a la región de Lyon o los Alpes, pueden justificar las inquietudes de los republicanos más fervientes. Sin duda, el elemento más nuevo es el enorme papel que ejercen los laicos y especialmente las mujeres en esa reconstrucción de la Iglesia. En todas las regiones, son ellas las que abanderan las reivindicaciones, mezclando el apego a la religión tradicional con la defensa de las costumbres comunitarias. Asimismo, mantienen unos vínculos privilegiados con la contrarrevolución, como la sociedad de las Charlotte que se crea en Lyon.

En ese clima que no les resulta favorable, los clérigos constitucionales se esfuerzan por reforzar su Iglesia. El 15 de marzo de 1795, los obispos Saurine, Royer y Grégoire fundan el grupo de los «obispos reunidos en París», cuyas posturas defienden en los Anales de la religión, que aparecen el mes siguiente. Todos esos obispos son a la vez galicanos y partidarios de una Iglesia conciliar opuesta a la preeminencia del papa, pero firmemente católica; rechazan los cultos revolucionarios, el matrimonio de los sacerdotes y la libertad de culto. Consiguen que se vuelva a abrir Saint-Médard y que se cree una casa rectoral en París para organizar su Iglesia, para la que Clément, el obispo de Versalles, convoca un sínodo en el departamento de Sena y Oise.

No obstante, los directores apoyan nuevos cultos republicanos, parecidos a los existentes, pero que enseguida entran en competición. Entre finales de 1795 y comienzos de 1796, aparecen una decena de proyectos, entre ellos el de Félix Le Pelletier, que preconiza un culto social parecido al del Ser Supremo y partidario de la solidaridad, o el de Sylvain Maréchal, que defiende un proyecto deísta, que rivalizan con los cultos decadarios lanzados el 26 de octubre de 1795 (4 de brumario del año IV). Esos cultos, verdaderas instituciones de Estado, están destinados a organizar a su alrededor ceremonias públicas y políticas, pero apenas tienen eco entre la gente de a pie.

Al final, ese renacimiento multiforme de la vida religiosa se enfrenta a la política de los directores, en su mayoría anticlericales y muy convencidos de que la religión, que consideran indispensable en la vida colectiva, debe confundirse con las instituciones políticas. De hecho, permiten que prosigan las persecuciones y que el anticlericalismo afirmado desde 1792 y 1793 continúe expresándose libremente, lo que complica las adhesiones de los oponentes al régimen. Así, respecto a la nobleza y el clero, el Directorio naciente tan solo cede lo inevitable, y conserva las orientaciones de los primeros años de la Revolución Francesa.

La desorganización liberal y autoritaria

Además de mantener antiguos antagonismos, se introducen cambios cruciales en el ámbito de la escuela, la organización social y la economía. En efecto, el interés que se presta los individuos va acompañado de la voluntad de formar nuevas élites dando la espalda a las propuestas de los años anteriores, ya que en general estas no han cosechado resultados positivos. Incontestablemente, se abandonan las preocupaciones sociales. Las escuelas primarias en general, la enseñanza a las niñas y el lugar de las institutrices en particular reciben poca atención en un sistema escolar que se vuelca en una marcada profesionalización y emplea manuales basados en la moral.

A pesar de que continúa siendo conveniente educar al pueblo «bárbaro y vándalo», la ley Daunou de octubre de 1795 decreta que el salario de los maestros esté a cargo de las familias y se dedica ante todo a establecer ochenta y seis escuelas centrales destinadas a acoger en la capital de los departamentos a los estudiantes preparados para una enseñanza secundaria. Ese desinterés por el primer nivel, que favorece el retorno de las escuelas privadas, que emplean a numerosos clérigos y religiosas, no impide que las familias que envían a sus hijos a esas escuelas «particulares» sospechen, con razón en la mayoría de los casos, que estas no están vinculadas a la República. Paralelamente, la meritocracia construye sus pirámides edificadas en el reconocimiento del conocimiento y la competencia. Si la Escuela Normal Superior, destinada a formar profesores, tiene una existencia efímera pero prestigiosa de enero a mayo de 1795, la Escuela Politécnica se funda durante el verano de 1795, tras la Escuela Central de Trabajos Públicos, a las que se suma, el 3 de agosto de 1795, el Conservatorio Nacional de París, que dirige la organización de la enseñanza de la música. Así, las peticiones del Estado en los distintos ámbitos empiezan a ser satisfechas por un voluntarismo centralizador duradero.

Así, pues, la alianza que persigue el gobierno entre el liberalismo y el individualismo, por una parte, y el control de Estado, por otra, se complica. Aunque a finales de 1794, el 24 de diciembre, se produzca un vuelco con la abolición del tope de los precios, la reglamentación del mercado vuelve a entrar en vigor en septiembre de 1795, pero puesto en manos de las administraciones municipales ante las dificultades provocadas por la mala cosecha de 1795. El final oficial de la reglamentación, calificado a veces de «dictadura» a la antigua, no será efectivo hasta junio de 1795. Esa duda entre los sistemas explica que haya que esperar hasta noviembre de 1795 para que vuelvan a autorizarse las sociedades por acciones. Las industrias ligadas a las fabricaciones de guerra, especialmente a la producción de salitre, pasan a empresas privadas, como es el caso, también, de la Imprenta Nacional. No obstante, el Estado continúa ejerciendo su autoridad en esos sectores. El liberalismo se aplica sobre todo al mundo rural, ya que desaparecen las restricciones que pesaban en los bienes municipales y las ventas de los bienes nacionales se reorganizan dando ventajas, a veces considerables, a los compradores adinerados.

Semejante pragmatismo o incertidumbre continúa rigiendo las políticas financieras del régimen, confrontado a desequilibrios presupuestarios y a necesidades de dinero considerables. Como los ingresos procedentes de los impuestos son inexistentes, quedan las soluciones autoritarias y estatales. Se decide recurrir a un préstamo forzoso de los más ricos, que recuerda los malos tiempos de 1793. No obstante, la aplicación resulta moderada, y el resultado no reporta más que la cuarta parte de la suma prevista. Sin embargo, concede una prórroga al Estado, que consigue recaudar dinero en forma de «rescripciones» que se pueden pagar más tarde. Durante ese tiempo, se siguen imprimiendo asignados, incluso en exceso, a pesar de que ya circulan treinta millones de asignados, lo que a finales de 1795 precipita la caída de su curso del 3 al 5% de su valor nominal. A falta de metálico, los directores dudan entre suprimir los asignados y remplazarlos por otra moneda, o crear una Banca. La Banca, precursora de la efímera Caja de Ahorros de 1796, y luego de la Banca de Francia, establecida en 1800, es entonces un establecimiento propuesto por el diputado Laffon-Ladébat y el banquero Le Couteulx.

Su objetivo es regular el mercado del ahorro emitiendo billetes avalados por bienes nacionales entregados como fianza, lo que permitiría a la Banca consolidar el curso de los asignados y prestar dinero el Estado. Sin embargo, la hostilidad de una parte de los diputados, entre ellos el antiguo girondino Louvet, que en ese caso forma un bloque con los neojacobinos, detiene el proyecto, inscrito en la línea de la Caja de Ahorros de Turgot y de las compañías financieras que había suprimido la república montañesa. De nuevo, la solución pasa por la intervención del Estado. El 19 de febrero de 1796, se detiene la fabricación de asignados y se quema la plancha de manera simbólica, ilustrando así la ruptura con la Revolución Francesa. La moneda destinada a sustituir los asignados es entonces el «mandato territorial», hipotecado sobre los bienes nacionales que continúan en posesión del Estado. Este es intercambiable por los asignados, a razón de treinta asignados por un mandato, es decir, muy por encima del curso real, lo que favorece la especulación y la ruina de entrada del valor de ese nuevo signo monetario, desprestigiado a partir de febrero de 1797.

Entonces la venta de los bienes nacionales se acelera en beneficio de los especuladores, que pueden utilizar los mandatos con su valor nominal. Esa dilapidación acaba de arruinar el Estado, que vive de toda clase de expedientes y del dinero que aportan los ejércitos conquistadores —el ejército de Sambre-et-Meuse y cada vez más el ejército de Italia—, así como de las sumas y los papeles comerciales entregados por los Países Bajos. Entre finales de 1795 y comienzos de 1796, la situación militar continúa siendo incierta. Los ejércitos franceses salen victoriosos, es cierto, pero siguen experimentando dificultades a la hora de abastecerse, hasta tal punto que el 22 de diciembre de 1795 los generales francés y austríaco Jourdan y Kray acuerdan la suspensión de los combates, ya que sus dos ejércitos padecen la misma miseria. Así, pues, nada detiene la degradación monetaria, lo que acrecienta las tensiones sociales, ya que todas las compras se negocian entre los vendedores y los compradores a partir de la aceptación o el rechazo de una moneda y el cálculo de su valor.

La situación es tal que el Estado interviene permitiendo que los vendedores que se consideren perjudicados por las condiciones de la venta puedan reclamar una compensación, e incluso la devolución de su propiedad vendida a un precio demasiado bajo. Así, la hiperinflación arruina la cohesión social. Mientras la clase media es presa de inciertas agitaciones, los especuladores y los proveedores del Estado salen ganando, frente a los obreros, los funcionarios y los rentistas, que son los grandes perdedores, de ahí el final de la confianza en el Estado.

El Estado paga sus deudas de manera irregular, sobre todo a los pequeños acreedores, mientras que los proveedores más poderosos reciben garantías como compensación, propiedades, joyas y la sumisión de los mercados, con lo que se refuerza la dependencia del Estado respecto a las compañías capitalistas. De hecho, los comisarios en los ejércitos pueden gobernar sin cortapisas. Abundan las maniobras y las malversaciones en las compañías célebres, como las compañías de Dijon o Flachat, sin contar el proveedor Ouvrard, presente durante todo ese período. Esos hombres están vinculados al personal político, sus mujeres son «maravillosas» muy significadas; todo ello crea un clima de corrupción y críticas extremadamente grave. Se parecen a los encargados de las requisas, que saquean el campo, pero también a las «bandas negras» que se forman a fin de adquirir y especular con los bienes nacionales, y a los banqueros que especulan con el metálico.

Los escándalos son considerables; el dinero circula entre iniciados que, por añadidura, pagan enormes comisiones a los cajeros de la Tesorería. Las consecuencias afectan a toda la sociedad, agravando las diferencias de riqueza de manera caricaturesca. El despliegue de la riqueza convive con la miseria más profunda; los suicidios de mujeres solas, especialmente, impresionan a la opinión pública parisina, mientras en los medios más próximos al gobierno se hace gala del lujo.

Ganadores, perdedores, descontentos y bandidos

Lo ilustra el éxito espectacular del personaje teatral de Madame Angot en 1796. La vieja vendedora del mercado de Les Halles ha hecho fortuna y ha entrado en el medio aristocrático, donde sus maneras populares la convierten en el hazmerreír. El tema de la grosera advenediza, sumamente cultivado a partir de entonces, atestigua los derrocamientos que se acaban de vivir y la llegada de nuevos ricos a la sociedad francesa. Se hacen eco de ello las novelas de Fiévée La dote de Suzette y la de Madame de Genlis Los pequeños emigrados, que acusan a la Revolución Francesa de haber provocado el desmoronamiento de los valores morales. El éxito renovado del teatro participa de la voluntad de «desquitarse» tras la gravedad que imperaba durante los años del Terror, como ilustra la duradera moda del baile, especialmente del vals, en la que se distinguen con precisión las musas de los nuevos señores del país. Algunas de ellas se distinguen por sus implicaciones en escándalos político-financieros que agitan a la opinión pública y demuestran el absoluto abandono de los principios que regían el país un año antes.

Sin embargo, junto al deseo de paz y la necesidad de divertirse, la sociedad en busca de sí misma reflexiona acerca de su entrada en el mundo moderno y el peso en sangre de las palabras. Ese es uno de los resortes de la novela negra y el melodrama, un género que alcanza entonces su apogeo con obras que ponen en escena a los actores recientes de la Revolución Francesa. Asimismo, ese es uno de los elementos del renacimiento de la literatura pornográfica, que pierde su carácter político y a partir de entonces está destinada a un público acomodado. En un sentido estricto, Sade, conocido sobre todo en el siglo XX, ilustra indirectamente esa sensibilidad, con sus obras maestras, en especial el panfleto «Franceses, un esfuerzo más si queréis ser republicanos», incluido en La filosofía en el tocador. Participa de forma soterrada en esa relectura crítica de la Revolución Francesa que acometen los pensadores, los publicistas y los periodistas que intentan encontrar un sentido global a los acontecimientos o, como Prudhomme o Desodoards, simplemente denunciar a los grupos o los individuos que consideran responsables de las matanzas y la violencia.

A través de esas obras se expresa un cuestionamiento de la lección de la historia y el desencanto respecto a la posibilidad de acción de los hombres, defendidos sobre todo por los ideólogos, como el historiador y político Volney, que en sus cursos en la Escuela Normal Superior, recién inaugurada, dicta lecciones pesimistas acerca del devenir humano y condena el presente, una tendencia acentuada por los hombres de derechas, como Lacretelle o Fiévée. La desilusión se manifiesta especialmente en la pérdida de credibilidad de la palabra, el compromiso y los juramentos; así, «el abuso de las palabras» se convierte en una crítica habitual al Terror.

Para las élites cultivadas, el repliegue en uno mismo o en la familia, a fin de escapar a la brutalidad de la época, pasa por la escritura o la lectura de memorias, que empiezan a estar en boga, o por la moda del retrato individual, que se impone a los pintores, obligados a abandonar la pintura histórica, antes de interesarse por las hazañas de los guerreros célebres. La «estrategia narrativa del yo» se encuentra tanto en los ámbitos literarios y artísticos como en las peticiones de socorro y pensiones por parte de todos aquellos que se consideran víctimas de los expolios revolucionarios. El repliegue en el fuero interno es una respuesta a la corrupción y la privatización de la sociedad, despolitizada y nacionalista.

El retorno de las bandas de «bandidos», activos de nuevo en todo el país, ilustra el estallido del vínculo social. El «bandidismo», denunciado antes de 1789 especialmente por los agentes del Estado, había distinguido a los oponentes realistas a la Revolución Francesa entre 1793 y 1794; a partir de 1795, abarca todas las manifestaciones hostiles al orden republicano. En adelante, se amalgama a los chuanes, los salteadores de caminos, los desertores o los refractarios bajo esa palabra imprecisa, que en definitiva engloba a todos aquellos que se encuentran fuera de la ley. La realidad adquiere tintes sórdidos, ya que se cometen un sinfín de actos violentos: asaltan a los campesinos en sus granjas aisladas y a menudo los torturan y les queman los pies, o atracan a viajeros, o desnudan y asesinan a representantes de la autoridad. Mientras en el centro y el norte de Francia grandes bandas —bandas de Orgères, judías, en Salambier, etc.— provocan una inseguridad extrema, las exacciones, las venganzas y las represalias cometidas al margen de la política y el derecho común son moneda corriente en las zonas de los chuanes del oeste de Francia y en las luchas locales del sureste del país, donde arrasan bandas ligadas más estrechamente a la contrarrevolución.

Todo resulta aún más confuso en la medida en que las distinciones entre los grupos son vagas y han aumentado los intercambios entre las ciudades y el campo, lo que impide interpretar el bandidismo como un simple asunto de desclasados o malhechores profesionales. La interferencia se agrava porque los soldados cometen actos violentos cada vez más incontrolados en Alemania y Bélgica, a fin de requisar bienes, o en el oeste de Francia y alrededor de Niza, donde se organizan en columnas móviles que sus víctimas confunden con «bandidos». Causan importantes traumas, como, por ejemplo, el que supone la violación y el asesinato de dos muchachas en Sarthe, que se recuerdan durante dos siglos. En sus tumbas surgen verdaderos cultos religiosos, que dan fe de la angustia que padece la población. Las reacciones de los políticos y los jueces no son menos espectaculares ni más racionales. Aunque la amenaza sea real, se exagera la alarma con descripciones que magnifican la importancia de las bandas y justifican la intervención del ejército para restablecer el orden. A partir del 18 de septiembre de 1795, una ley instaura consejos militares a fin de juzgar rápidamente a los «bandidos» capturados, mientras otra ley, del 7 de noviembre de 1796, autoriza el envío de tropas a los pueblos que se niegan a pagar los impuestos, hecho que anuncia el endurecimiento continuo de la represión militar y la generalización del estado de sitio impuesto entonces a las ciudades del oeste de Francia.

Queda por interpretar ese refuerzo del control administrativo y de la represión policial y militar, ya que el Directorio no se conforma con luchar contra los oponentes o los recalcitrantes, sino que reorganiza de raíz las condiciones del orden público. Con el decreto del 2 de octubre de 1795 sobre la policía interior de los municipios, vuelve a plantear la cuestión que habían formulado en 1789 y 1793 la ley de los sospechosos y la ley marcial, pero aportando una respuesta brutal. El Directorio establece la responsabilidad colectiva de los municipios, anunciando la banalización del estado de sitio y la generalización de las columnas móviles en 1796. Sin embargo, ¿se trata de una tendencia de todo el régimen o, de nuevo, del resultado del compromiso entre los distintos grupos activos en la administración nacional? De nuevo, no se trata de la voluntad de militarizar el Estado, sino de la tentativa de conferir estabilidad al país. El 2 de enero de 1796 (12 de nivoso del año IV), la votación de la ley de policía general, que crea el ministerio del mismo nombre y distingue a la policía de la administración, participa de los juegos entre grupos políticos rivales, deseosos de controlar la evolución del poder.

El retorno de la izquierda

Signo de los tiempos, en enero de 1796 se exige el juramento a los miembros de las asambleas y los funcionarios públicos que, el 21 de enero de 1796, participan en la fiesta que celebra «el justo castigo del último rey de los franceses». Reubell proclama el juramento de odio a la realeza al mismo tiempo que fustiga «la anarquía y el terror». A todas luces, se trata de mantener un nuevo equilibrio, como demuestra, en abril de 1796, la sustitución de Merlin de Douai, antiguo miembro de la Convención, nombrado a su pesar primer ministro de la Policía en enero de 1796, que parece demasiado próximo a los jacobinos, por Cochon de Lapparent, más próximo a Carnot y La Révellière.

El refuerzo del centro es una respuesta a las protestas contra la izquierda de la Convención que se repiten desde septiembre de 1795 y se agravan, bajo el Directorio, con la crisis de subsistencia que sobreviene durante el invierno de 1795-1796. Las expresiones nebulosas «jacobinos», «republicanos de izquierda» o «republicanos demócratas» vuelven a estar en el candelero. La imprecisión de las palabras que designan a los hombres que se agrupan para luchar de manera más o menos abierta contra las orientaciones del Directorio, tanto entre 1795 y 1796 como hoy, atestiguan el galimatías que los rodea y la dificultad de valorarlos. Aunque el término «neojacobino» tiende a imponerse desde hace unos años, continúa siendo discutido y, sin duda, no es la última palabra sobre el asunto. ¿Acaso los «neojacobinos», partidarios de una «sociabilidad democrática» y vinculados a una república representativa, están próximos a los «republicanos burgueses», según los términos de Aulard, que muestra su preferencia por el año II, lo que los convertiría en «exclusivos»?

En cualquier caso, gracias a ellos, Robespierre se beneficia de una primera —y efímera— rehabilitación en algunos periódicos, al mismo tiempo que se produce una concentración en torno a los jacobinos, que protestan contra la depreciación de los asignados y aglutinan a todos aquellos que desean mantener las orientaciones básicas de la Revolución Francesa. Esa corriente, ya heterogénea de por sí, se enriquece con las supuestas alianzas con los descontentos e incluso con los chuanes, cuya llegada a París es muy temida. En ese clima, los motines que tienen lugar en Montpellier en febrero de 1796 se interpretan como un acto político, que recuerda las manifestaciones de los tasadores de 1792. Artesanos, comerciantes e incluso empleados de la administración o profesionales liberales —entre sus filas apenas se encuentran obreros—, se trata, como en el caso de Brutus Magnier o Rigomer Bazin, de militantes bregados por la lucha, miembros de comités revolucionarios durante el año II, comprometidos a menudo con procedimientos secretos. Esos hombres animan redes de republicanos convencidos; abarcan toda Francia y, como sus periódicos, circulan especialmente por todas las ciudades de Sarthe, Orleáns o Périgord. Mientras que los generales se muestran incapaces de controlar el oeste de Francia, en manos de los chuanes, algunos de esos republicanos radicales, próximos a Babeuf, emprenden operaciones policiales contra los oponentes de derecha, especialmente en Lisieux.

En esa esfera de influencia de contornos imprecisos, pesan mucho algunas notabilidades, como Lindet, el antiguo miembro del Comité de Salvación Pública, Amar, el antiguo miembro del Comité de Seguridad General, Félix Le Peletier, el hermano del «mártir» de 1793, Antonelle, antiguo miembro del jurado del Tribunal Revolucionario, Drouet, antiguo diputado de la Convención, o el italiano Buonarroti, un jacobino activo en Italia y Córcega. Babeuf, un militante conocido por su adhesión a la ley agraria —su oposición a Robespierre le cuesta la cárcel en 1794—, así como por su combate contra el Directorio, que considera demasiado liberal, se convierte en la encarnación de esa corriente, tras haber sido encarcelado de nuevo entre marzo y septiembre de 1795. El afianzamiento de esos movimientos republicanos demócratas parece favorecido por la orientación hacia la izquierda de los directores desde su llegada al poder, confirmada por su proclamación antirrealista del 5 de noviembre de 1795, así como por el préstamo forzoso de los más ricos que se decide el 10 de diciembre de 1795.

Complot y maquinación

En ese clima, renacen los clubes de izquierda, entre ellos el del Panteón, el más influyente, formado por un millón de miembros, que milita a favor del retorno de la Constitución de 1793, mientras Babeuf, al margen del Club del Panteón, retoma la publicación del Tribuno del pueblo, donde critica con virulencia el Directorio, reclama la aplicación de la ley agraria y la defensa de una economía dirigida. ¿Acaso es «comunista», como dice G. Lefebvre de manera positiva, o uno de los precursores del comunismo, como suele afirmarse? Aunque toda una parte de la historiografía lo afirme, no es seguro que esa interpretación sea correcta. A todas luces, Babeuf está apegado a formas comunitarias, como atestigua su objetivo de crear una «Vendée plebeya», que anuncia las utopías posteriores de Fourier o Cabet. Como ellos, es profeta hasta la muerte, encarnando una nueva relación con la política. Si hay que dar pruebas de «transferencias de sacralidad», conviene buscarlas en las acciones de Babeuf, a menos que se piense, como la historiadora Raymonde Monnier, que se trata de una «sinceridad y una energía crepusculares». Económicamente, pretende «despropietizar» toda Francia, reducir el comercio a los intercambios indispensables y garantizar el igualitarismo desafiando las instituciones civiles y las leyes inventadas por los «inteligentes». Ese «manifiesto de los plebeyos», publicado el 30 de noviembre de 1795, provoca su ruptura con el Directorio y, el 5 de diciembre de 1795, la entrada de Babeuf en una semiclandestinidad.

Mientras corren rumores de un posible golpe de Estado de la izquierda, los meses siguientes giran en torno a múltiples reuniones en las que se encuentra un núcleo que forma un «comité de insurrección» alrededor de Babeuf —Buonarroti, Grisel, Darthé, Sylvain Maréchal, Félix Le Peletier y tal vez Antonelle— para definir un programa económico y social. Esos hombres se inspiran en el año II y los decretos de ventoso, y preparan una estrategia basada en la acción de agentes secretos encargados de sublevar a los soldados, los distritos… Entre ellos se encuentran antiguos «terroristas», como Parrein o Rossignol, un general sans-culotte en la Vendée. Se lleva a cabo una propaganda activa que asegura la difusión de las ideas y la organización de debates en toda Francia, gracias a los periódicos, los carteles y las canciones transmitidas por militantes ya conocidos, como Agricol Moureau en Aviñón, el tío del «mártir» Viala, que a su vez ha salido de la cárcel.

En esa maraña conviven, con más o menos fortuna, antiguos hébertistas y antiguos robespierristas, a veces opuestos entre sí entre 1793 y 1794, y que continúan divididos respecto a qué lugar conceder a las medidas económicas igualitarias o qué dirección política adoptar tras el éxito del complot. Se entra en contacto con los antiguos miembros de la Convención, incluido Barras, a quien le tienta, sin duda, que se haga un golpe de Estado en su beneficio. La originalidad del movimiento aún está en tela de juicio. El manifiesto de los iguales, redactado por el periodista Sylvain Maréchal, conocido por su obra literaria, muy hostil a cualquier principio no igualitario y religioso, insiste en el rechazo a cualquier oligarquía política y en el igualitarismo escrupuloso, con la meta de asegurar la «felicidad común», una orientación que se distancia de las de los diputados de la Convención, antiguos montañeses, volcados en organizar políticamente un Estado revolucionario y deseosos de conservar el control del poder. Una de las debilidades del movimiento radica en esas incertidumbres, que no se resuelven a pesar de los meses consagrados a discutir y publicar a comienzos de 1796. Nadie ignora la agitación que recorre esos medios de militantes que carecen de verdaderos vínculos con los soldados que componen la legión de policía en París, que representan apoyos potenciales.

Aunque a comienzos de 1796 reina un profundo descontento, los conspiradores se abstienen de actuar. Por el contrario, dejan que algunos de sus aliados potenciales se alejen de ellos y que sus adversarios reúnan sus fuerzas para acometer una represión en nombre del orden amenazado. Por decisión de los directores, el 27 de febrero de 1796, Bonaparte, comandante del ejército del Interior y próximo a Barras, cierra el Club del Panteón, así como las sociedades aristocráticas del Salón de los Príncipes, la casa Serilly y la Sociedad del Ajedrez. Se desplaza o se despide a las tropas parisinas que se niegan a intervenir. En junio de 1796, los chuanes, Cadoudal, Scépeaux y Frotté se someten, dejando a los directores frente a sus adversarios, ligados a los sans-culottes y la Montaña.

La violencia de Estado, pues, golpea a la izquierda. En París, la legión de policía desaparece tras haberse negado a abandonar la ciudad, en un motín que no prospera. Su disolución suprime de un plumazo el apoyo armado indispensable para el complot. Se entablan discretas negociaciones que escinden el núcleo de la insurrección. Buonarroti recibe una misión oficial que lo aleja de París; acepta, pero continúa implicado en el complot, mientras que Drouet, Antonelle y Le Peletier ya no dan su apoyo a la aventura que depende de un núcleo cada vez más reducido de militantes que en adelante se encuentran aislados de los republicanos más poderosos.

Carnot desempeña entonces el papel central en el golpe final, preparado desde hace varios meses, al igual que todos los golpes de Estado anteriores. Se vale de la traición de unos de los seguidores de Babeuf, Grisel, así como por las informaciones que le proporcionan unos policías infiltrados entre los conspiradores. Sustentado por la ley del 16 de abril de 1796, que decreta la pena de muerte contra todos aquellos que exijan la disolución de los Consejos o el Directorio, o que reclamen el retorno de la realeza o la Constitución de 1793, Carnot pone en marcha una columna móvil en París con el propósito de acorralar a los conspiradores. El 10 de mayo de 1796, el policía Dossonville detiene a Babeuf y se lanzan doscientas cuarenta y siete órdenes de detención. Estas se llevan a cabo no sin dificultades, aunque algunos conspiradores, como Antonelle, logran esconderse en París durante semanas. La medida, acompañada del alejamiento de París de cierto número de antiguos miembros de la Convención o militares, permite realizar una vasta depuración de los republicanos en todo el país, en el mismo momento en que las noticias del ejército que se encuentra en campaña en Italia, bajo el mando de Bonaparte, confortan al régimen. La izquierda dictatorial, con Barras a la cabeza, no dice esta boca es mía. El equilibrio político del régimen ha basculado hacia la derecha, como denuncian una parte de los diputados, entre ellos Tallien, sin otras consecuencias que ralentizar el procedimiento.

Queda por explicar, en efecto, lo que pasa por la convocatoria del Tribunal Superior —que se reúne, como estipula la Constitución, en Vendôme—, ya que entre los inculpados figura al menos un diputado, Drouet. El procedimiento que se entabla es lento, lo que permite a Drouet fugarse. Tan solo se presentan cargos contra sesenta y cinco personas, a quienes en agosto de 1796 se traslada al tribunal en jaulas de hierro. El proceso se aplaza continuamente y no se abre hasta febrero de 1797, mientras otra operación policial, coordinada también por Carnot, acaba de dar el golpe de gracia a la izquierda democrática. Durante la noche del 9 al 10 de septiembre de 1796, mientras en las calles reina la agitación y los conflictos desde hace varios días, un grupo de «jacobinos» intentan sublevar a los soldados del campamento de Grenelle. Carnot controla su iniciativa, de manera que los «jacobinos» caen en la trampa tendida contra ellos. Una veintena de manifestantes mueren tras la carga de los dragones, que los aguardaban, antes de que los directores Carnot y Letourneur lancen una vasta operación contra antiguos diputados de la Convención. Detienen a ciento treinta individuos, entre ellos Javogues, el antiguo representante en misión. Entre septiembre y octubre de 1796, se los traslada ante la comisión militar del Temple, que dicta ochenta y seis condenas, entre ellas treinta y tres penas de muerte. Uno de los condenados se suicida, y dos son juzgados por rebeldía. Los otros condenados apelan y acaban siendo absueltos. En esa maniobra del Directorio para deshacerse de sus oponentes de la derecha —Charette y Stofflet son fusilados en febrero y marzo de 1796— y la izquierda, ¿acaso Carnot pretende que se olvide su pasado, o prolonga su política de «racionalismo maquiavélico» y «terror político» al servicio del Estado? Carnot había rechazado la violencia salvadora de Marat, así como la violencia más mística de Robespierre. Aunque eche raíces en la derecha, al menos con Babeuf tenía la voluntad de unir a todos los republicanos. No es sorprendente que en 1797 Carnot pueda escaparse de la depuración política y la represión, aprovechando la complicidad republicana que había permitido a Drouet zafarse de la cárcel en 1796.

El proceso de la conjura de los Iguales se extiende desde febrero hasta el 27 de mayo de 1797, y acaba con la condena y la ejecución de Darthé y Babeuf, no por conjura, sino por su postura favorable a la Constitución de 1793. Los otros presos son condenados a la deportación, pero permanecen en Cherburgo, donde sufren modalidades de encarcelamiento establecidas según complicadas jerarquías, y algunos de ellos se benefician de regímenes de favor, antes de que salgan de la cárcel poco a poco y, una parte de ellos desempeñen un papel político no desdeñable. Esos republicanos demócratas o neojacobinos vuelven a plantear la necesidad de reflexionar acerca de la relación entre las instituciones, las Constituciones y el apoyo popular. ¿Cómo construir una nueva sociedad siguiendo unos principios, es decir, cómo articular instituciones morales y filosóficas con una Constitución política, abandonando el mito de la fundación en el entusiasmo o por medio del complot?

El episodio se vuelve célebre más adelante, especialmente gracias a Buonarroti, que lo convierte en el ejemplo de la revolución social imposibilitada por la república burguesa. La recuperación de los papeles de Babeuf por parte de la Unión Soviética y los historiadores afines a él no ha permitido realizar otra interpretación. De nuevo, al igual que en el caso de Robespierre y el Terror, la instrumentalización de un chivo expiatorio habría bastado a todo el mundo, empezando por aquellos que no habían sido capaces de mantener el rumbo de la República democrática y que eran los vencidos de la historia. Sin embargo, entre 1796 y 1797, la corriente republicana experimenta un renacimiento y una vitalidad, sin por ello responder a las necesidades del país y las aspiraciones de los franceses. Los militantes continúan presos del marco de pensamiento heredado de los enfrentamientos entre la derecha realista y la izquierda hébertista, y no llegan a crear los puestos intermediarios necesarios para establecer las comunicaciones entre las instituciones del Estado y las comunidades, que en el mejor de los casos siguen siendo masas de braceros y, en el peor de los casos, agrupaciones potencialmente peligrosas. Considerar a esos militantes la prefiguración de un «comunismo» cualquiera supone un atajo práctico, pero no resuelve las ambigüedades de un movimiento heterogéneo, reinterpretado por las tradiciones del siglo XIX, que entremezclan las preocupaciones sociales con intenciones moralizantes.

Desde ese punto de vista, el nacimiento del Directorio ilustra una nueva etapa en la historia de las dudas entre la nación y el pueblo. La historia empieza en 1770, cuando el rey impulsa reformas, interpretadas como una revolución, a fin de establecer nuevas relaciones entre él y los súbditos, reorganizados en una nación moderna. La historia se alarga desde 1788 y 1789 hasta 1792, cuando las Asambleas se consideran la expresión del pueblo organizado en forma de nación y consideran posible repartirse la soberanía con el rey. Las jornadas de 1792 inician una tercera fase, durante la cual, hasta 1794, el proceso de construcción de una república basada en la unidad de la nación se embarca en la eliminación de los «enemigos» del pueblo hasta volver el proyecto ilegible e insoportable. A partir de 1795, la nación, encarnada por el ejército y la administración, se apoya en un pueblo controlado por una élite electoral, una aristocracia «electiva», pero ante las insurrecciones realistas y luego la tentativa de Babeuf, la nación recurre a la alianza de la fuerza y el compromiso, e incluso de la astucia, abriendo la vía de los golpes de Estado y las maniobras, y dejando de lado la energía de la nación. El empleo de la energía de la nación por parte del ejército cambiará los equilibrios y dará otro sentido a la invención del pueblo francés.

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Capítulo 20. LA REPÚBLICA CONFISCADA

El proceso de Vendôme, en el que se juzga a los amigos de Babeuf y que se prolonga hasta mayo de 1796, ha clausurado el capítulo anterior. La campaña de Italia, que empieza entre marzo y abril de 1796, inaugura el presente capítulo. Sin prejuzgar la posteridad de las ideas de Babeuf, se ha pasado página. Los sans-culottes han perdido el papel central que desempeñaban en la vida nacional desde 1792. En el mismo momento, los generales vandeanos Charette y Stoufflet son fusilados; por su parte, el general republicano Hoche proclama que la paz reina en el oeste de Francia, minimizando las resistencias de los chuanes. Las aspiraciones nacionalistas, las expectativas comunitarias y las de alcanzar una estabilidad política y económica empujan a los franceses hacia las alianzas que prometen el final de la guerra civil, la garantía de los bienes y los principios adquiridos desde 1789, y que además tientan con la esperanza de la conquista y la prosperidad. La Revolución Francesa no ha concluido; tan solo ha roto sus lazos con el año II.

Los conquistadores indecisos

Después de 1795, resulta patente el fracaso de la guerra de destrucción de los coaligados contra la Revolución Francesa. Únicamente Inglaterra y Austria continúan enzarzados en la guerra, sin lograr imprimirle demasiado convencimiento, a falta de medios y apoyos. En efecto, en 1796 y 1797, Inglaterra debe hacer frente a movimientos de protesta en su flota, a la persistencia de las corrientes partidarias de la Revolución Francesa y a una verdadera revuelta en Irlanda, reprimida con una violencia digna del Terror francés. Los otros países abandonan la coalición, mientras que los neutrales, cuyos intereses han sido protegidos por los distintos gobiernos franceses, a partir de entonces pueden aliarse con la República. Las victorias y los tratados de paz han permitido a Francia obtener un lugar reconocido en la Europa de los Estados y establecer relaciones diplomáticas de manera oficial con sus vecinos, sus aliados y sus súbditos. Por otra parte, Francia sitúa el ejército en el corazón de la vida nacional, en el momento mismo en que los soldados y los oficiales adquieren un poder inigualado.

La visión que Francia tiene de sí misma cambia. Gran parte del ejército y la opinión pública son partidarios de los «derechos del pueblo vencedor», de ahí que apoyen la expansión territorial y el control de los países vecinos. Los opositores realistas continúan denunciando el peligro que entraña una Francia revolucionaria, y los críticos de la izquierda temen que la conquista vaya acompañada de una regresión del ideal; la mayoría de franceses están a favor de la estabilización de las fronteras, pero dudan entre las fronteras de 1789 y las «fronteras naturales». Esas divisiones también están presentes en el gobierno. Los miembros de los Consejos desean la paz, mientras que el Directorio está dividido respecto a la expansión territorial, reclamada por Reubell y temida por Carnot dadas sus consecuencias.

En 1796, la indecisión va acompañada de negociaciones con Austria y sobre todo con la Inglaterra de Pitt, en el transcurso de unas conversaciones mantenidas en Lille, que permiten intervenir a Barras y Talleyrand, a través de confidentes, negociando sustanciosas ventajas personales, incluso garantías, en el caso de una restauración monárquica. Uno de los resultados de los acuerdos negociados con Austria es el intercambio de prisioneros: María-Teresa, la hija de Luis XVI, detenida en el Temple, es enviada a Austria, a cambio del regreso a Francia de los revolucionarios entregados por Dumouriez en 1793, entre ellos Beurnonville y Drouet, pero, aparte de eso, los dos países no alcanzan acuerdo alguno. La anexión de Bélgica a Francia, el 1 de octubre de 1795, no ha aclarado la situación. Los territorios sometidos hasta entonces a una ocupación militar acompañada de requisas, tasas y saqueos prácticamente habían conservado sus instituciones. Su integración en Francia se traduce por una uniformización progresiva que satisface incontestablemente a una parte de los belgas, pero que empuja a los reticentes a bascular hacia la contrarrevolución activa. En cambio, el control de la ribera izquierda del Rin continúa en manos de comisarios que no transforman a los habitantes del lugar en franceses en contra de su voluntad, sino que tratan de sacar el máximo partido de la región, mientras que los miembros del Directorio se discuten el destino de ese territorio. En 1797, los patriotas locales, apegados al ideal revolucionario, pierden la esperanza de crear una República Cisrenana. Las mutaciones introducidas por Francia, sea la redacción de la Constitución o la renovación del sistema judicial, atenúan un poco la desilusión de esos grupos, calificados a menudo de jacobinos.

La política de Francia, que organiza Europa a su alrededor y dirige a poblaciones dispares, no se diferencia de la política que impera en Europa. El reparto de Polonia favorece a Prusia, Rusia y Austria, mientras que Inglaterra prosigue su expansión colonial por todo el mundo y considera la guerra «un formidable pagaré para el futuro» (A. Sorel). Sin embargo, como no se cierran las negociaciones de Francia con Austria, que no logra ninguna contrapartida a la anexión de Bélgica, ni con Inglaterra, el retorno de la hegemonía francesa inquieta a los países neutrales, como Prusia, tanto más cuanto Carnot, que, sin embargo, es partidario de regresar pronto a la paz, lanza una ofensiva en los países alemanes, así como contra Inglaterra, a través de Irlanda, las Antillas, las Indias y el Québec. El fracaso de la expedición a Irlanda, dirigida por Hoche, ilustra la indecisión del gobierno, ya que cancela la expedición en octubre de 1796, mientras el negociador enviado por Pitt, Malmesbury, llega a Francia y acude a París en el mismo momento en que los navíos parten de Brest. En diciembre de 1796, la tormenta y la desorganización hacen fracasar los desembarcos, dejando a los irlandeses frente a la represión inglesa. En París, las negociaciones fracasan y Malmesbury se marcha. Hoche es llamado a Alemania, donde los generales que están destinados ahí, Pichegru y Moreau, influidos por la propaganda y el dinero de los realistas, evitan lanzar sus tropas contra los austríacos. Según el historiador R. Guyot, el Directorio tropieza entonces con las dificultades que anuncian su caída.

La situación financiera de Francia es catastrófica y la miseria se ha generalizado. No se paga la soldada a los militares, o bien se paga en asignados que hasta los mendigos rechazan. Los soldados están mal pertrechados, el avituallamiento no basta y resulta difícil imponer la disciplina. Desde 1794, los efectivos se han reducido a la mitad, a causa de las deserciones y la ineficacia del reclutamiento. En Alemania, las tropas francesas cometen atrocidades inigualadas hasta entonces. Sin embargo, el ejército no deja de distinguirse del resto de la nación. La profesionalización de los mandos militares va acompañada de la consciencia de los soldados de ser diferentes de los civiles, que viven al margen de los combates. Los militares, agrupados en torno a sus jefes, comprenden el papel esencial que desempeñan en el equilibrio general del país. Un ejército que precisa de varios millones de francos al mes necesita buscar fondos continuamente, lo que sitúa al Estado en dependencia de los generales conquistadores, así como de las compañías encargadas de recuperar los impuestos o abastecer el ejército.

La corrupción es general y los proveedores militares se aprovechan de su proximidad con los hombres que están en el poder; entre un sinfín de ejemplos, se puede citar el de uno de los directores de esas compañías, a su vez diputado y allegado de un director, Reubell. La cosa no es nueva ni está reservada a unos cuantos, como Barras o Talleyrand; en Europa, ya antes de 1789, todos los negociadores están corrompidos, y pululan los estafadores, intermediarios obligados en tiempos de crisis. En verano de 1796, las negociaciones hasta el último céntimo con los príncipes alemanes no cesan, mientras que Pitt, por su parte, envía fondos a los prusianos a través de la banca Walter Boyd y millones a los emigrados.

La ruptura italiana

Francia no está sola en esa especie de tiempo suspendido; el porvenir de Pitt está en función de las manifestaciones inglesas; Rusia se sume en complots palaciegos, mientras se abre la sucesión de Catalina II. Todo está en tela de juicio a causa de la intervención del general Bonaparte, que ha entrado recientemente en la órbita de Barras y se ha distinguido por su participación en el aplastamiento de la insurrección realista. Menos conocido e influyente que el general Hoche, que es un año mayor que él y ha salido vencedor en el oeste de Francia, Bonaparte, tras lograr que le nombren al mando del ejército del Interior, consigue ponerse a la cabeza del ejército de Italia, que debe realizar maniobras de distracción y está particularmente mal dotado en cuanto a pertrechos y dinero. La suerte y el genio de Bonaparte hacen tambalear el destino de Francia y Europa. Bonaparte pone en práctica las disposiciones adoptadas por el ejército francés tras las reformas iniciadas por la monarquía. Antes hace experimentar a otros generales sus planes de campaña, y luego impone algunos principios: las divisiones marchan de manera autónoma pero se reagrupan a toda prisa para efectuar operaciones masivas, la artillería no aminora la marcha y los soldados se abastecen en el país donde se encuentran.

Sobre todo, Bonaparte aprovecha las circunstancias con suma habilidad, sacando partido de la conjunción de varios factores. El ejército ya no es un ejército de mercenarios que haya que vigilar y que luchen en línea para evitar las deserciones, de manera que los soldados aceptan el esfuerzo que les exigen y se puede jugar con su masa dinámica o desplegándolos como «cazadores» y ajustando sus golpes. Las maniobras clásicas, pues, se combinan con las maniobras adaptadas a la guerra de montaña. Aunque los oficiales y sobre todo los generales sean aguerridos jacobinos, la mayoría de los generales de división pertenecen a una «internacional militar», herencia directa de las décadas prerrevolucionarias: han tenido experiencias como mercenarios, y su conocimiento de las lenguas y los ejércitos extranjeros se revelará importante. Entre ellos, el jefe del Estado Mayor, Berthier, está particularmente calificado y organiza con eficacia las cadenas de mando. El armamento, en especial la artillería, se ha mejorado, lo que permite una mayor rapidez en las operaciones. Indiscutiblemente, Bonaparte está rodeado de un grupo de mando de gran calidad y goza de buenas relaciones con los diplomáticos, como Cacault, y los comisarios, como Saliceti. Eso no impide que Bonaparte haya logrado realizar esa síntesis que otros generales no han sabido hacer antes ni harán más adelante. Desde luego, es necesario desmitificar a Bonaparte, pero es preciso comprender por qué logra ese éxito particular en ese momento dado.

Por último, conviene añadir que si el control de las pequeñas naciones vecinas de Francia —Bélgica y los Países Bajos— es una necesidad absoluta para garantizar las provisiones de bienes y comida, Italia, por el contrario, constituye un campo de operaciones abierto. Con todo, los patriotas italianos y los diplomáticos franceses allí destinados no dejan de reflexionar acerca de las modalidades de invasión y las relaciones que conviene establecer con los soberanos italianos. Bonaparte conoce esos análisis, aunque solo sea porque ha participado brevemente en la efímera república de Oneille, creada por Buonarroti en 1794, y porque ha preparado planes de campaña. Entre el 2 de marzo de 1796, fecha en la que Bonaparte entra en funciones, y el 18 de octubre de 1797, fecha del tratado de Campoformio, que impone a todos los beligerantes, incluida Francia, Bonaparte pone en práctica un nuevo estilo de combate, nuevos objetivos militares y políticos. Incluso dota de un programa global a Francia, convertida gracias a él en la «Gran Nación». La fórmula hace que se le sumen los neojacobinos y el ejército, y permite que los franceses se identifiquen con un ideal, aunque no es sino un pretexto para conquistar sin liberar. Asimismo, la expresión ejercerá una gran fascinación en los patriotas extranjeros hasta 1799.

El 2 de marzo de 1796 se lanza el plan contra Alemania; la semana siguiente, Bonaparte se marcha a Italia, tras haberse casado con una de las amantes de Barras el 9 de marzo de 1796. A partir del 26 de marzo de 1796, Bonaparte entrega Italia a sus hombres. La expresión no es retórica. Las riquezas italianas son saqueadas por los soldados, que comulgan enseguida con las audaces iniciativas y los logros de su joven jefe, que vence a sus enemigos, desconcertados y desunidos. Las victorias se suceden, obligando al rey de Cerdeña, derrotado en menos de un mes, a firmar un armisticio el 28 de abril de 1796, y poco después, el 15 de mayo de 1796, un tratado de paz por el cual cede a Francia la Saboya y Niza. La ofensiva continúa contra las tropas austríacas, vencidas en Lodi el 10 de mayo de 1796, en Arcole entre el 15 y el 17 de noviembre de 1796, y en Rivoli el 14 de enero de 1797, ejemplos todos ellos de rapidez e invención táctica. La experimentación también se vuelve política. A pesar de que el Directorio no desea exportar la Revolución Francesa, Bonaparte, por iniciativa propia, acuerda un armisticio con el papa en Bolonia el 23 de junio de 1797 y emprende una reorganización de Italia, tras la capitulación de Mantua, lograda, no sin dificultades, el 2 de febrero de 1797, y la derrota de los ejércitos austríacos enviados contra él. Se adentra así en las montañas de Estiria, lo que supone una amenaza directa a Viena, de modo que el 15 de abril de 1797 puede negociar a las claras el armisticio con los enviados del emperador en Leoben, decisión de la que no informa al Directorio hasta más adelante.

Bonaparte se toma una libertad absoluta. La primera muestra es su rechazo a compartir el mando del ejército con el general Kellermann, como deseaba el Directorio. Asimismo, lo ilustra el hecho de que reparta una parte de la soldada de los soldados en metálico, así como las indemnizaciones que impone a los vencidos, la mayoría de los cuales siguen siendo partidarios de los generales. El proyecto de tratado con el papa cifra las reparaciones y las compensaciones que se deben al ejército francés en tres mil caballos, cuatro mil bueyes, veinte mil quintales de cáñamo, unos veinte kilos de trigo, seis mil quintales de judías, ochocientas mil anas de tela, ciento cincuenta mil pares de zapatos, doscientas mil anas de sábanas, diez mil quintales de cerdo salado, dos millones de pintas de vino, reconvertidas en quince millones y medio de liras en dinero, cinco millones y medio de liras en productos, cien cuadros o estatuas y quinientos manuscritos, además de que la fortaleza de Ancona pase bajo el control francés. Como la tentativa del papa de escapar a esas exigencias no llega a buen puerto, el tratado de Tolentino, el 19 de febrero de 1797, agrava el armisticio de Bolonia y exige el pago suplementario de quince millones de liras. Sin embargo, a pesar de que algunos directores, como La Révellière-Lépeaux y Carnot, prefieren reducir las compensaciones, Bonaparte respeta la autoridad del papa y logra «una breve pacificación» que facilitará su propia política de apaciguamiento. Así, a partir de 1797, su postura anuncia la reconciliación de los clérigos, que impondrá en 1801. A ello contribuye la imagen que ha dado de su ejército, dispuesto a todo para aterrorizar a sus adversarios y hacer que estos se arrepientan de sus actos.

La corte de Nápoles, por otra parte bloqueada por la flota inglesa, debe abandonar el combate y pagar a Francia veinte millones de francos —mucho menos, no obstante, que la petición inicial de septiembre de 1796, que ascendía a sesenta millones, cien estatuas, seis navíos de línea, veinte troneras, etc.—. La guerra no solo alimenta la guerra, sino que enriquece a los vencedores, empezando por los generales y sus agentes, que se encargan de las negociaciones a su manera. La autonomía de Bonaparte es tal que tras la toma de Mantua sitia Venecia a fin de convertirla en objeto de negociaciones en la estrategia que elabora, él solo, para controlar Italia, organizar Europa e intervenir en la vida nacional. También es verdad que Bonaparte sabe sacar partido de la venalidad de ciertos directores, como Barras, que recibe mucho dinero durante los preliminares de Leoben.

Así, su orientación rompe tanto con la política del Directorio como con las expectativas de los patriotas italianos. El desfase se manifiesta desde el inicio de la campaña. Los patriotas italianos que organizan fiestas para honrar a sus «liberadores» se encuentran con comisarios dispuestos a recaudar impuestos exorbitantes y soldados que se entregan al saqueo. Se trata de una costumbre adquirida varios años atrás, pero entonces las prácticas alcanzan unas proporciones considerables, tanto más cuanto las compañías Heller, Flachat, Laporte y Castelin van detrás, confiscando los bienes y la comida y gestionando los impuestos sin ningún escrúpulo. Bonaparte y sus oficiales tratan de limitar las exacciones de la soldadesca a fin de no comprometer sus relaciones con la población, pero no dudan en castigar ejemplarmente las oposiciones antifrancesas. Así, en mayo de 1796, se deja las ciudades de Pavía, Binasco y Lugo a merced de los soldados durante varios días, mientras se ejecutan o deporta como rehenes a los notables.

Se emplea sistemáticamente una política de terror para controlar los alzamientos. De manera más cínica aún, el 17 de abril de 1797 se provoca una insurrección en Verona, aprovechando la hostilidad entre la población y las tropas, para que Bonaparte pueda ocupar la República de Venecia. La «Pascua veronesa», una vez aplastado un levantamiento cerca de Salò, es la excusa para llevar a cabo una represión destinada a aterrorizar a los oponentes que, no obstante, se agrupan en bandas, que pasan a la posteridad bajo el nombre de Viva Maria, dado su apego al culto religioso a la Virgen. Así, desde Génova hasta la Toscana, regiones enteras se vuelven hostiles a Francia, entremezclando los antiguos odios entre el campo y las ciudades con los conflictos entre los jacobinos y los contrarrevolucionarios, lo que anuncia el anno nero de 1799. Eso no impide que el ejército italiano ponga en marcha un servicio de intendencia, de acarreo e incluso de reparación de caminos, hornos de pan y hospitales absolutamente admirable, de una gran eficacia, que permite realizar maniobras rápidas. El éxito de la organización contradice enseguida la imagen inicial del ejército italiano: mal pertrechado y desnutrido.

La presencia de patriotas italianos sirve de pretexto para organizar un nuevo mapa político en torno a las repúblicas aliadas a la «Gran Nación». Si sus peticiones no coinciden con la organización estatal que persigue Bonaparte, no se tienen en cuenta. Así, Bonaparte mantiene el reino del Piamonte y crea de forma autoritaria la República Cisalpina, a pesar de las expectativas de los patriotas o las recomendaciones de los directores. Estos desean, ante todo, que en Francia reine la paz y que se defienda el país, ya que consideran que los italianos son incapaces de gobernarse en una república.

Además, Bonaparte funda a su manera la República Ligur, entremezclando a patricios y patriotas, con la que al mismo tiempo inaugura una línea política inédita. Bonaparte, muy bien informado por su red de espías, no duda en manipular a los patriotas venecianos, agitados por su agente Villetard, para poner fin a la República de Venecia, antes de cedérsela a los austríacos en el tratado de paz de Campoformio. A cambio, los austríacos renuncian al Ducado de Milán, así como a su parte de los Países Bajos y la ribera izquierda del Rin. Así, pues, se cede Venecia a los austríacos en un mercadeo que recuerda las peores prácticas de la diplomacia de la monarquía. La táctica escandaliza a una parte de la opinión pública, aunque la expansión territorial ya no esté guiada por objetivos generosos e idealistas. La ambición nacional, revisada a la baja por la política del Directorio, que desea una República sin revolución, está al servicio de la ambición del general Bonaparte.

La campaña de Italia sitúa a Bonaparte literalmente en el corazón de la vida política francesa. Una propaganda muy hábil se encarga de difundir sus hazañas bélicas, subrayando, además, el fracaso de la expedición de Hoche en Irlanda contra Inglaterra, o los avances limitados de los generales Moreau y Jourdan en tierras renanas. La aventura italiana no solo hace bascular el equilibrio de la política francesa en torno a un espacio —el Mediterráneo— y un hombre —Bonaparte—, a pesar de que las consecuencias aún resulten limitadas y poco visibles, sino que se trata de una mutación de los objetivos y los métodos de la guerra, las relaciones entre los franceses y los hombres fuertes, y la definición misma de la política. Por el momento, los conflictos religiosos, la incapacidad de mantener el orden y las luchas de facciones marcan la vida francesa.

El retorno de la cuestión religiosa

La brutalidad y la ineficacia de las medidas de descristianización dejan importantes rastros, al debilitar la postura del clero constitucional y reforzar la militancia alrededor del clero refractario. En 1794, la inversión de la política en materia religiosa no arregla nada, al contrario. El culto a los mártires, atestiguado desde 1795, adquiere una nueva magnitud a partir de 1796, tanto en el oeste de Francia como en Lyon o París; algunas familias contrarrevolucionarias incluso compran cementerios donde reposan los restos de víctimas del Terror. En Roma, el papa Pío VI anima al abad Hesmivy d’Auribeau, antiguo obispo de Digne, a publicar unas Memorias para servir a la historia de la persecución francesa, que contienen una lista de los mártires de Francia. La separación entre la Iglesia y el Estado de septiembre de 1794 y febrero de 1795 no resuelve el problema de las relaciones entre la Revolución Francesa y la religión, que se remonta a 1789. Persisten las dificultades en torno a la laicización, la obediencia contradictoria entre los juramentos a las instituciones y la fidelidad a la Iglesia, y en torno al apego colectivo a las creencias. Como observa el historiador Claude Langlois, el hecho de que la cuestión se plantee en torno a la religión y no a propósito de los cultos impide encontrar una solución política a lo que parece la oposición entre sistemas antagonistas, que exigen adhesiones exclusivas y prohíben un compromiso entre manifestaciones procedentes de órdenes distintos.

En teoría, el abandono de los juramentos más exigentes atenúa los conflictos, pero la obligación impuesta a los sacerdotes de declarar su sumisión a las leyes de la República (ley del 11 de pradial del año III, es decir, del 30 de mayo de 1795) supone un obstáculo para muchos sacerdotes, que todavía la consideran una exigencia contraria a la fe católica. El clero de París, aglutinado en torno a Emery, acepta el juramento, mientras que el de Lyon, en torno a Linsolas, lo rechaza. Por su parte, el papa, que guarda silencio al respecto, condena implícitamente el compromiso. La voluntad de no transigir con los herejes se conjuga con la necesidad de no entrar en conflicto con Luis XVIII, que se encuentra en el exilio; entretanto, los diferentes grupos de emigrados se dividen. Tras la represión de los seguidores de Babeuf, en abril de 1796, la necesidad de apoyarse en los moderados facilita de facto el retorno a una semiclandestinidad del clero romano, a menudo opuesto al Directorio.

En el sur y el este de Francia, donde los curas refractarios misionarios, procedentes de Suiza e Italia, crean a menudo unos islotes cristianos ajenos a las jerarquías, se reorganiza el culto católico romano con suma eficacia. Aunque se prohíbe cualquier manifestación pública del culto, frente a las capillas y las iglesias de París se forman colas de gente que aguarda los servicios. En la Normandía, el retorno a la religión católica tradicional se manifiesta en la elaboración de registros clandestinos de bautizos y bodas contra los sacerdotes constitucionales. La libertad recuperada, o reconquistada, se traduce por el retorno de las campanas, cuyo sonido, que continúa siendo ilícito, vuelve a invadir el cielo, apoyado por nutridas manifestaciones populares, a menudo virulentas.

A ojos de muchos franceses, la brutalidad de los acontecimientos es tal que concluyen que la voluntad humana resulta inoperante frente a la voluntad de Dios; la idea no es nueva, pero encuentra su aplicación. Saint-Martin y Maistre elaboran la teoría, y la convicción anima a muchedumbres dispares en busca de referencias y alimenta gran parte de la vitalidad religiosa. Las asociaciones piadosas secretas, como Aa, que no han desaparecido, resurgen en el oeste de Francia, la región de Lyon o París, donde sigue activo el padre de Clorivière. Se forman comunidades inéditas, que anclan sus creencias en el recuerdo de las pruebas pasadas. Es el caso de las Solitarias, que, desde Besançon, emprenden un éxodo místico hacia Madagascar o Siberia, antes de regresar a Francia en 1798 para fundar la congregación de hermanas de la Caridad. Asimismo, es el caso de algunos grupos poco ortodoxos, como los fareinistas de Forez, que se alejan de las Iglesias oficiales.

En diciembre de 1796, la situación del clero refractario mejora progresivamente con la suspensión o la supresión de las leyes represivas, mientras la nueva mayoría de las Cámaras se muestra muy favorable al clero romano. Lo ilustra a la perfección la propuesta del diputado Camille Jordan de restablecer la libertad de tañer las campanas. A menudo, se impulsa el renacimiento del culto para contrarrestar las preocupaciones de las comunidades, que están fuera de control, y las presiones ejercidas anteriormente por los militantes y el personal político. Esa libertad no siempre es contrarrevolucionaria. En algunas regiones, como por ejemplo Yonne, al igual que en ciertas partes de la Bretaña, Saumur o el País de Caux, la adhesión al catolicismo romano, expresada a veces por laicos, tanto hombres como mujeres, se conjuga con la Revolución Francesa. El equilibrio jamás es definitivo, pero la reintroducción de medidas anticlericales en el invierno de 1796-1797 llevará a los curas, especialmente en Bélgica, a ejercer el culto en secreto, reanudando así la lucha.

Las competencias de cultos

Frente a esa reafirmación de la religión católica romana, el clero constitucional, que ahora se define como «la Iglesia galicana» y al que se considera próximo a las corrientes jansenistas, tiene dificultades para conservar su lugar. De hecho, algunas diócesis, sobre todo en el sur de Francia, pasan a ser controladas por el clero romano. La separación de la Iglesia y el Estado refuerza la competencia en detrimento de los sacerdotes constitucionales, que son el blanco de la desconfianza de los políticos, deseosos de poner la religión al servicio del Estado. Por otra parte, los sacerdotes constitucionales deben distanciarse de los descristianizadores y afirmar su respeto por los dogmas fundamentales, como el matrimonio de los sacerdotes y la unidad de la Iglesia alrededor del papa, cuya primacía de honor reconocen, al mismo tiempo que tratan de preservar la elección de los sacerdotes y los obispos. Su esperanza radica en la difusión de los Anales de la religión, un órgano de ligazón nacional, y en la celebración, en agosto de 1797, del concilio nacional en torno a los «obispos reunidos», que trata de reconciliarse con los refractarios y renovar la formación de los sacerdotes. A falta de medios, una parte de los representantes de las diócesis alejadas de Versalles no pueden desplazarse; además, el golpe de Estado del 18 de fructidor del año V suspende los debates. La implantación de la Iglesia constitucional tropieza con la abstención del Estado, la falta de dinero y las rivalidades religiosas; de ahí que el declive de la Iglesia constitucional sea incesante.

La competencia no se limita a la Iglesia católica. El retorno a la libertad de manifestaciones de lo sagrado permite la eclosión de movimientos inéditos, al margen de las grandes religiones. El deseo de volver a una religión natural, convencida de la existencia de Dios y la inmortalidad del alma, pero despojada de metafísica y deseosa de establecer una sociedad moral, deseo característico del siglo XVIII, lleva a la creación de un culto familiar, deísta y humanitario, la «teofilantropía». Su inspirador es el republicano moderado Daubermesnil, que recupera el proyecto lanzado por Jean-Baptiste Chemin-Dupontès (llamado Chemin hijo). Este último, próximo al abate Fauchet y editor de folletos patrióticos, en septiembre de 1796 consigue establecer un culto, con el apoyo de cierto número de personas, entre ellas Valentin Haüy. Los teofilántropos obtienen enseguida quince iglesias parroquiales en París. El éxito se confirma en 1797, magnificado por el golpe de Estado del 18 de fructidor del año V, especialmente en tres departamentos, Sena, Aisne y Yonne, así como en numerosas ciudades.

Sin embargo, la nueva Iglesia, que reúne a fieles dispares, atraídos por el anticatolicismo o la esperanza de una religión moral y sincrética, depende del apoyo activo del director La Révellière-Lépeaux, lo que hipoteca su longevidad. En junio de 1799, la destitución de La Révellière-Lépeaux del Directorio provoca el desmoronamiento de la Iglesia, que desaparece después de 1803. El culto participa de una recomposición religiosa y política que se extiende a los ámbitos de la cultura, desde la más noble hasta la más popular: así, el retorno de lo religioso pasa por la exaltación de la poesía frente a la ciencia, que se considera ligada al Terror. El poeta, cuya encarnación es Chateaubriand, se opone al ideólogo.

En ese clima, la publicación de un falso breve del papa que contempla la posibilidad de que la corte de Roma reconozca la República francesa aún desplaza más las líneas. Aunque los historiadores de la derecha consideren el episodio una fábula, está consignado y permite reflexionar acerca de las evoluciones que tendrán lugar algunos años más tarde, cuando el concordato ponga fin a la desavenencia iniciada en 1791. El 5 de noviembre de 1796, se publica el proyecto de un breve, titulado Pastoralis Sollicitudo, mientras fracasan las negociaciones entre Francia y Roma. El breve, a todas luces auténtico, se puede interpretar como la exploración de un posible acuerdo basado en la doctrina de la separación de los poderes del césar y el papa.

El debate divide al episcopado y remueve a los realistas. Una parte de los obispos, que en su mayoría son monárquicos pero están abiertos a la cohabitación entre la Iglesia y la República, parecen poder aceptarlo. Incluso el obispo de la Vendée, Monseñor de Mercy, insiste en el hecho de que la religión es invariable mientras que los regímenes son cambiantes. Su prioridad es separar la religión de la política, hasta tal punto que se muestra crítico con los ejércitos vandeanos, tras haberse opuesto a toda clase de juramentos. Como es lógico, Luis XVIII condena esa eventualidad y otros obispos claman contra el cisma, pero la postura del rey es frágil y por medio del acuerdo de Tolentino el papa ha reconocido de facto la autoridad del Estado francés, mientras que la propuesta de Luis XVIII al clero emigrado de organizar un comité episcopal a fin de dirigir las misiones en Francia no alcanza el acuerdo general de los obispos. La fluctuación perceptible entre las filas del clero anuncia el giro hacia la reunificación de las Iglesias con la meta de asegurar la felicidad de todos.

Al igual que desde la década de 1780, la prioridad de Roma continúa siendo la lucha contra el jansenismo, a lo que se suma la protección de los miles de refractarios franceses que residen en conventos en Italia, que en adelante se encuentran a merced de los ejércitos franceses. Por añadidura, el papa no puede contar con el apoyo de los soberanos extranjeros que están en guerra contra Francia y favorece discretamente el restablecimiento de los jesuitas rusos en Parma, iniciando una nueva reconquista de la cristiandad que culminará más tarde. Más que nunca, se impone el cálculo a largo plazo. Conviene subrayar que los conflictos políticos en torno al realismo y la República siguen siendo fundamentales y que cualquier solución intermedia parece imposible.

La inestabilidad estructural

A todas luces, la estabilidad del régimen republicano no está asegurada. Aunque las formas de la vida política se modifiquen, y las pasiones y las emociones pierdan importancia frente a la profesionalización de la política y el papel acrecentado de los notables que controlan cada vez más la opinión pública local y regional, el peso de las personalidades persiste. Lo local sigue condicionando la vida política. No se trata de una muestra de desinterés ni degradación tras un período que supuestamente está marcado por conflictos ligados a perspectivas universales. La politización varía según los contextos locales y regionales, y adquiere formas que a menudo se juzgan primitivas; se trata de una tendencia que surge entonces y que está destinada a perdurar durante una parte del siglo XIX.

La debilidad del régimen no se debe tanto a los vicios de la constitucionalidad de sus instituciones y al equilibrio de sus poderes como a la necesidad de velar por el apoyo de sus partidarios en todas las regiones a fin de garantizar la paz interior, el reclutamiento de soldados y la recaudación de impuestos. La debilidad del régimen todavía radica en su incapacidad de restablecer las finanzas. Apenas se recaudan impuestos, escasea el dinero, las ventas de los bienes nacionales prosiguen y se extienden incluso a Bélgica, pero, aún así, no se logra suprimir el déficit permanente. Sin embargo, se multiplican sin cesar las críticas contra los compradores, que cada vez tienen menos garantías de conservar sus bienes. El Estado paga a los rentistas con bonos, que a su vez están afectados por la especulación. La circulación de billetes de tesorería palía la falta de metálico, pero favorece a los especuladores y los más ricos. Los contrastes sociales llegan al paroxismo cuando los rentistas y los asalariados se ven directamente afectados por el enorme aumento de los precios, y los numerosos indigentes cada vez cuentan con menos ayuda de las ciudades, que carecen de ingresos. La República se vuelve autoritaria a fin de defender a una oligarquía, garantizar las ganancias de la mitad de los franceses y asegurarse la fidelidad del ejército, que se encuentra en el centro del dispositivo.

La derecha, que rechaza cualquier economía dirigida, acusa a los ministros y los directores de corruptos e ineptos. Los contrarrevolucionarios, sean realistas convencidos o los moderados, continúan aliándose con los descontentos de todas las obediencias para expresar su oposición. En Burdeos, donde la juventud dorada es influyente, la agitación política es constante, y posteriormente desembocará en compromisos notables para la causa realista. En Troyes, los realistas locales se aprovechan de las representaciones teatrales para oponerse a los jacobinos, lo que acarrea el cierre del teatro durante dos años. En el Mediodía francés, a veces las bandas toman el control de pequeños municipios, dejando a las autoridades impotentes, mientras los gendarmes y los militares caen en emboscadas.

El Terror blanco no cesa, como ilustra «el asunto de Aviñón», el 26 de pluvioso del año V (14 de febrero de 1797), cuando se produce el asesinato de un jacobino, antiguo juez de paz. En esa ocasión, los republicanos demócratas son tachados de «montañeses» por los realistas, secundados por ediles locales e incluso militares que dejan hacer. En efecto, el general Willot, responsable del orden y enviado al Mediodía entre mayo de 1796 y mayo de 1797, ha prolongado el estado de sitio en numerosos lugares y ha destituido a los jacobinos, que en lo sucesivo se encuentran a merced de sus adversarios. Por otra parte, el general Willot detiene tanto como puede el envío de tropas a Italia para oponerse al avance de Bonaparte.

El recrudecimiento del «bandidismo» es general. La inseguridad afecta a numerosas regiones, donde los descontentos, los contrarrevolucionarios o simplemente los marginales forman bandas de efectivos fluctuantes que cometen asesinatos y atentados. Las condiciones económicas y políticas favorecen el resurgimiento de esos movimientos que existen desde 1792 y que alcanzan entonces su apogeo en el norte de Francia y Bélgica hasta 1797. En la Normandía, persiste la confusión entre bandidos fruto de la miseria y chuanes, adeptos de las embestidas, tanto más cuanto que las columnas móviles, posibilitadas por la ley del 16 de marzo de 1796, no llegan a restablecer el orden, sino que, por el contrario, a menudo agravan los desórdenes. La ley que instaura la responsabilidad colectiva —del 10 de vendimiario del año IV (2 de octubre de 1795)— no se aplica verdaderamente hasta 1799, y los consejos militares encargados de la represión se consideran demasiado indulgentes, de ahí que se creen consejos de guerra —el 3 de noviembre de 1796.

El 15 de abril de 1797, la adopción de una ley que permite solicitar la pena de muerte de los bandidos trasluce la gravedad del asunto, pero no resuelve nada. El poder nacional depende de las sensibilidades y las relaciones de fuerzas locales. Si la pacificación del oeste de Francia parece respetarse, es a costa de una opacidad que beneficia a las jerarquías chuanas, que continúan presentes y mantienen a poblaciones enteras fuera de la República. Los vínculos de las jerarquías chuanas con las redes contrarrevolucionarias, en especial inglesas, no han desaparecido. Estas promueven las insurrecciones, aplastadas enseguida, como entre el 2 y el 9 de abril de 1796 en torno a Sancerre y Palluau (en Indre), que provocan lo que pasa a la posteridad como «la pequeña Vendée de Berry», o lo que sucede entre Lyon y Lozère en torno al marqués de Bésignan.

Francia continúa dividida y sometida por redes controladas desde el extranjero por Luis XVIII o Artois, y por los ingleses aglutinados en torno a Wickham en Suiza. La Agencia de París, en torno al abate Brottier y luego D’André, los Amigos del Orden, el Instituto Filantrópico y Aa constituyen otras tantas asociaciones abiertas y secretas, organizadas con el propósito de localizar a partidarios y militantes. Fuera de Francia, D’Antraigues está en el corazón de esa red nebulosa; actúa en nombre de España, pero juega con la desinformación con suma inteligencia. Resulta difícil evaluar su impacto real en Francia, pero lo cierto es que perturba las relaciones entre los revolucionarios, introduciendo informaciones falsas que resultan creíbles a causa de las dificultades de comunicación que existen en la época. En París, los dos clubes de Noailles y Clichy permiten que se encuentren distintas tendencias en torno a diputados influyentes como Boissy d’Anglas, Dupont de Nemours o Mathieu Dumas, sin olvidar al director Carnot.

Fuera de las fronteras de Francia, una flotilla está fletada de manera permanente para proteger las islas anglonormandas, donde actúa el príncipe de Bouillon. En todas partes hay agentes dobles. En el nivel más alto, el conde de Montgaillard, con el apoyo del príncipe de Condé, logra poner de su parte a Pichegru, prometiéndole sumas considerables, rentas y un castillo. Ello explica que el general Pichegru se doblegue frente al ejército austríaco durante el invierno de 1795-1796, y luego solicite un permiso para evitar las persecuciones. No obstante, ello no empaña su popularidad, ya que el Directorio le propone la embajada de Suecia con el propósito de alejarlo de Francia, cosa que rechaza, retomando la vida civil para poder ser elegido. En un nivel más modesto, el inspector de policía de París Jean-Baptiste Dossonville, absuelto ya en 1792 de una acusación de ser contrarrevolucionario, implicado en la caída de Robespierre, está ligado a D’Antraigues. Pese a todo, los contrarrevolucionarios más radicales permanecen al margen de esas maniobras. Prefieren que Francia continúe siendo una República, para poder derrocarla, a que se convierta en una monarquía constitucional, que no desean en absoluto. Las divisiones entre los monárquicos puros, llamados «jacobinos blancos», y los constitucionales, incluso conservadores, aseguran la supervivencia del régimen.

La tentación del péndulo

No obstante, todas esas corrientes participan de una manera u otra en la campaña antijacobina orquestada después de otoño de 1796 y dirigida a todos los ámbitos. Paradójicamente, los fracasos sucesivos de la Vendée y los chuanes, la insurrección parisina de septiembre de 1795, así como la revelación de un complot organizado en enero de 1797 por el abate Brottier, de la Agencia de París, favorecen el deslizamiento del equilibrio nacional hacia la derecha. En efecto, el agente realista es abandonado por sus propios amigos, que prefieren denunciarlo a participar en una empresa sin porvenir. Surge entonces un debate público vivo y abierto, en el momento en que la victoria política puede revalidarse en las urnas. La derecha intenta obtener la libertad de cultos y suprimir todas las amenazas a los sacerdotes refractarios o los emigrados y sus familias. Se cuestionan tanto las fiestas revolucionarias como los juramentos. Al juramento de odio a la monarquía, que todos los funcionarios deben prestar el 21 de enero de cada año, se le añade un juramento contra la anarquía, después de que los Consejos se sometan a las reivindicaciones de la derecha. La ley de amnistía del 4 de brumario del año IV (26 de octubre de 1795) y la venta de los bienes nacionales se encuentran en el corazón de esos tumultuosos debates de repercusiones brutales.

Como es lógico, la conclusión del proceso de Babeuf y sus seguidores radicaliza las críticas a los «terroristas». En esa lucha, entre los periodistas y los publicistas presentes, se distinguen dos, Benjamin Constant, favorable al Directorio conservador y liberal, y Adrien de Lezay-Marnésia, que se imagina un reino apoyado en una pirámide representativa destinada a eliminar las variaciones de la opinión pública. Los dos se inscriben en una perspectiva conservadora que rechaza cualquier recuerdo del Terror y el robespierrismo. Desde ese punto de vista, expresan la tendencia más notable del momento, e ilustran hasta qué punto el éxito de los constitucionalistas y los monárquicos moderados parece irresistible. Resulta esencial el renacimiento de la prensa, tras los años negros de 1792 a 1794, debido a la abundancia y la calidad de los periódicos, en los que escriben jóvenes comprometidos, como Lacretelle, que participan de forma activa en la forja de la opinión pública. No obstante, todas esas maniobras que apuntan a los antiguos revolucionarios atemorizan a los detentores de los bienes nacionales.

La campaña electoral de marzo de 1797 gira alrededor del retorno de la paz. Los realistas ganan con ciento ochenta y dos votos, sin contar los otros ciento treinta y seis votos que podrían aceptar una monarquía constitucional. La movilización de los electores es importante, a pesar de que numerosas ciudades se encuentran en estado de sitio. En consecuencia, se modifica la política del Directorio. Pichegru es elegido presidente de los Quinientos; Barbé-Marbois, presidente de los Ancianos, y, en mayo de 1797, Barthélemy se convierte en director en lugar de Le Tourneur. Transige con Carnot y, al menos al comienzo, con La Rébellière-Lépeaux, muy hostil a todo lo que recuerde el jacobinismo, en una alianza efímera al aceptar gobernar con la nueva mayoría. Se amnistía a los realistas y se excluye a los antiguos terroristas de las funciones públicas.

En la Cámara de los Quinientos, se instaura una Comisión Militar, alrededor de Pichegru y Willot, a fin de reorganizar el ejército, la gendarmería y la guardia nacional, siguiendo las reflexiones inspiradas por el Instituto Filantrópico. La idea esencial es reforzar el control de las autoridades locales. El propio Carnot se opone a la iniciativa en nombre de la unidad nacional, mientras que Barthélemy se muestra indeciso. Las divisiones entre los diputados son muy complejas, ya que muchos de ellos temen hacer el juego a personalidades que anteriormente estaban ligadas al clan orleanista, como Sieyès. La mayoría de los diputados se mantienen legalistas y temen la desorganización del país. El temor no es vano. Se han derribado ciertos obstáculos que hacen temer que vuelva a surgir la violencia en el Mediodía, mientras se producen enfrentamientos aquí y allá, como en Clermont-Ferrand, donde en los bailes se desatan peleas con los jacobinos.

La Révellière provoca el basculamiento. Perplejo por la sucesión de decretos a favor de los refractarios, el culto católico y los emigrados, se suma a Reubell y Barras para formar el grupo de los «triunviros», que en adelante se opone a los Consejos. La continuación de la guerra se convierte entonces en la piedra de toque. En Italia, Bonaparte impone su política, que desagrada a los Consejos, reacción que los pone de parte de los triunviros. En Alemania, Hoche, que ha regresado a la cabeza del ejército que lucha con más convencimiento contra Austria, se afirma como el mejor sostén de la República. Por otra parte, las negociaciones con Inglaterra, que se reanudan en Lille para discutir las condiciones de la paz, se convierten en el pretexto de mercadeos generalizados, sea a propósito de la restitución de los barcos tomados en Toulon o del uso del título de rey de Francia en un hipotético tratado. Ante todo, los negociadores franceses tratan de defender los intereses políticos y financieros de sus amigos. Los realistas, apoyados —sobre todo financieramente— por Pitt, pretenden debilitar la empresa de los generales republicanos.

Todos ellos tienen interés en ganar tiempo. La situación de Inglaterra mejora tras el fracaso de la expedición de Hoche y el restablecimiento del poder de Pitt; entretanto, el avance de las tropas francesas en Italia conforta al Directorio, que espera contar con el apoyo del nuevo zar, Pablo I de Rusia. Los complots, las conspiraciones y la democracia desempeñan un papel esencial. Barras, de quien se dice que exige sumas exorbitantes a Pitt, emprende una reconquista del poder, ayudado por el envío de unos papeles que demuestran la traición de Pichegru, documentos que Bonaparte arrebata oportunamente a D’Antraigues, capturado en Venecia. El 16 de julio de 1797, los triunviros recomponen los ministerios en contra de los Consejos y sobre todo del Club de Clichy. Hoche es nombrado ministro de la Guerra y Talleyrand, de Asuntos Exteriores —el papel que desempeña Madame de Staël en el nombramiento aún es objeto de discusión—. Aunque la derecha tiene la mayoría, los ministerios son manifiestamente republicanos.

Tras un pulso entre los directores y los diputados, que aducen la juventud de Hoche —que todavía no ha cumplido treinta años— para oponerse legalmente a su nombramiento como ministro de la Guerra, este se anula. Asimismo, los Consejos logran impedir que las tropas de Hoche puedan marchar hacia París, con el pretexto de que deben acudir a la costa atlántica. Los triunviros vuelven a doblegarse, a pesar de que sus oponentes no se aprovechan de sus renuncias para tomar el poder, aunque deseen organizar el Comité de Seguridad Nacional en torno a los inspectores de sala —los cuestores— de los Consejos. En esa escalada hacia un golpe de fuerza, los triunviros recuperan la ventaja, ya que están más convencidos que sus adversarios. Hoche delega en el general Chérin, que se convierte en comandante de la guardia de los directores, y Bonaparte envía a otro general, Augereau, que es nombrado comandante del ejército Interior, así como soldados de civil. Durante la noche del 3 al 4 de septiembre de 1797 (del 17 al 18 de fructidor del año V), los triunviros llevan a cabo un golpe de Estado perfectamente coordinado. Enseguida barren las pocas resistencias que se producen, y los Consejos, depurados de los diputados detenidos o escondidos, apoyan mal que bien a los directores, secundados por una tropa formada por unos veinte mil hombres.

La reafirmación de la Revolución Francesa

La represión que se lleva a cabo entonces es brutal e inédita, por mucho que directores insistan, en una campaña de propaganda admirablemente orquestada, en el hecho de que ellos no han hecho derramar sangre. Sin embargo, proscriben a cincuenta y tres diputados, dos directores —Barthélemy y Carnot; este último, oportunamente advertido, se da a la fuga—, dos generales, tres conspiradores realistas y cinco sospechosos. Tan solo se envía a dieciséis individuos, entre ellos Barthélemy, a Rochefort en jaulas de hierro para deportarlos a la Guayana, donde cabe esperar que les den muerte lejos de las miradas. Con todo, ocho sobreviven, entre ellos Pichegru. De una manera u otra, echan a ciento setenta y siete diputados, garantizando así la mayoría a los directores, que también depuran a los funcionarios electos en las administraciones departamentales o la justicia. Al día siguiente, el 19 de fructidor del año V, una ley vuelve a imponer el juramento de odio a la realeza y la anarquía a todos los electores, los funcionarios y los miembros del clero. Por otra parte, la ley afirma la deportación de los emigrados ya condenados y restablece las comisiones militares encargadas de ejecutar antes de veinticuatro horas a cualquier individuo que figure en las listas oficiales de emigrados. A continuación, con la ley del 29 de noviembre de 1797 (9 de frimario del año VI), la República alcanza, según el historiador Patrice Higonnet, el apogeo del antinobilismo.

¿Es preciso referirse al Terror? Las diferentes corrientes historiográficas plantean la pregunta, subrayando los límites de los resultados de la represión, y divergen en la interpretación. El Segundo Directorio, después de fructidor del año V, no duda en recurrir a la fuerza armada para aplastar a sus adversarios y a la ley para recusar los compromisos locales y unificar el país. La ley de excepción del 5 de septiembre de 1797 se aplica en ochocientos setenta y seis cantones en todo el país, incluidas cincuenta ciudades. Durante los años siguientes, las comisiones militares que ejercen ahí juzgan a novecientos setenta y cinco individuos, condenan a doscientos setenta y cuatro a muerte y deportan a noventa y tres. La represión afecta sobre todo a los «calentadores» —bandas de criminales que de noche se introducían en las casas y quemaban los pies de la gente para que confesaran dónde guardaban los ahorros—, condenados a muerte tras la ley del 18 de enero de 1798, y de los que más de doscientos son ejecutados.

El escaso índice de condena de los emigrados matiza la brutalidad de numerosos juicios; las categorías empleadas desde 1792 vuelven a estar de actualidad, pero siguen siendo vagas. La «eficacia» del texto de la ley es escasa en términos de cifras brutas, lo que demuestra que el régimen no hace el juego a la oposición entre un grupo de notables individualistas y los republicanos que rechazan a los nobles, sino que trata de defender el pasado republicano contra una élite limitada —compuesta por emigrados influyentes, bandidos reales y emigrados que han tomado las armas—. Sin embargo, la represión se despliega en varias oleadas, después del golpe de Estado, reavivándose entre junio y julio de 1798 contra los chuanes y de nuevo en la primavera de 1799, durante los «cien días jacobinos». En todos los casos, es el propio Estado el que actúa, a diferencia de la represión de 1793, que había implicado a «subcontratistas» y se había aprovechado del «vacío de Estado» permitido por las competencias políticas.

¿Acaso los directores se embarcan entonces en un «Estado volcado en la seguridad», que anuncia el Consulado, recusando los progresos democráticos anteriores, o bien simplemente prolongan la brutalidad acostumbrada con las transacciones de los años anteriores? Vuelven a poner en el candelero a los neojacobinos, que recuperan su papel en la vida nacional e influyen en las instituciones, ya que las elecciones no confirman la democracia, sino que sirven para apropiarse del poder en detrimento de cualquier oposición. Es comprensible, pues, que una parte limitada pero constante de la opinión pública siga movilizándose durante las elecciones y que los realistas a menudo se abstengan en las votaciones que tienen lugar después de fructidor del año V.

A pesar de la propaganda, el envío de comisarios y las presiones de las autoridades locales, los feudos «rojos» persisten en el suroeste de Francia, Maine y Loira, el Paso de Calais y el Macizo Central, mientras que las opiniones realistas siguen vivas y los institutos filantrópicos se escapan a la represión. La Francia «fructidorizada» ya no está sometida a agentes o militantes revolucionarios investidos de todos los poderes, que aterrorizan al país para conservar un régimen y luchar contra enemigos todopoderosos. A partir de 1797, la guerra exterior contribuye a la estabilidad del régimen, mientras que la guerra interior se circunscribe a las zonas donde la oposición visible está perseguida. Los juegos políticos continúan siendo brutales y siempre acarrean alternancias marcadas; sin embargo, el conjunto de la nación se beneficia del retorno a una estabilidad, limitada pero real, que inaugura equilibrios políticos destinados a identificar la República.

La exclusión de los «reaccionarios» debe interpretarse en el marco de la evolución del régimen. Dos ejemplos ilustran lo que representa ese golpe de Estado. Así, Boissy d’Anglas, símbolo de la Convención de 1795, es «fructidorizado» y condenado al exilio a la isla de Oléron por no haber comprendido que el centro que encarnaba ya no defiende la República, confundida con los corruptos que denunciaba. Roederer, protegido por Talleyrand, ve cómo se refuerza su carrera, a pesar de que defiende una línea igual de conservadora, pero que se considera más republicana, al pretender clausurar la Revolución Francesa como si fuera una guerra y no una guerra civil, según la expresión que circula en los periódicos que posee o anima Roederer. ¿Acaso el Directorio crea entonces un nuevo centro? La respuesta es positiva si se insiste en la constitución de un grupo ligado a la República de 1789, que participas de un «extremo centro», obstinadamente republicano, hostil a los realistas y los sans-culottes. La respuesta es negativa si se subraya la voluntad del Directorio de sacar provecho del miedo y manipular las opiniones, sin poder impedir la radicalización y la reorganización de la izquierda, atestiguadas por el desarrollo de los círculos constitucionales y el florecimiento de los periódicos. La respuesta también es negativa si se tiene en cuenta que el Directorio instala a Francia en el rechazo a todo lo que pueda parecer ligado al realismo, el Antiguo Régimen y la nobleza tradicional, convirtiendo en tabú cualquier reconciliación de los partidarios de una monarquía constitucional con los defensores de una república representativa notabiliaria.

La denuncia del «realismo» y la nobleza es ambigua, lo que marca una ruptura. Lo atestigua el uso de la expresión «gente honesta», que empieza su carrera política en 1792 contra los privilegiados y vehicula sentidos ambiguos hasta 1795. Tras la muerte de Babeuf, la expresión se fija y designa de manera despreciativa los apoyos de la República conservadora, amalgamados con los realistas. El episodio demuestra hasta qué punto los odios y las divisiones impiden una reconciliación en profundidad. En nombre de una revolución, que los directores no desean que regrese, la República se instala en una postura que retomará más adelante la Tercera República para estigmatizar a los adversarios de la derecha y al mismo tiempo controlar a los rivales de la izquierda. Nace entonces el «centro republicano», hostil a cualquier supuesto realismo, que se inventa una tradición muy francesa. Aunque la relativa libertad de prensa permita que se exprese un amplio abanico de opiniones, la fuerza del maniqueísmo que opone la izquierda a la derecha nacido durante los años anteriores aún es muy influyente.

Así, Francia aplica un estado de excepción en nombre de la ley, conjuga la democracia con la violencia de Estado, rechaza de facto la amnistía y establece compromisos políticos. Más que el retorno del Terror, la brutalidad del Estado trae recuerdos recientes, tanto más cuanto los administradores excluidos después de 1794 y 1795 recuperan su puesto. Paradójicamente, el rechazo a la realeza y al «tirano» no impedirá el establecimiento de un régimen policial bajo el Imperio, y habrá que esperar a Luis XVIII para que las prácticas del parlamentarismo se experimenten de verdad en Francia.

La brutalidad del cambio de rumbo vuelve a provocar el éxodo de una parte de la población: sacerdotes refractarios, emigrados, realistas e incluso funcionarios destituidos que entran en una oposición más o menos militante, mientras que los vencedores reconquistan todo el espacio posible y se protegen de una eventual ventada. Las luchas entre facciones vuelven a influir, alimentando el sentimiento de injusticia y el deseo de venganza, empujando a los políticos a tomar represalias que recuerdan prácticas características de la guerra civil. Está en tela de juicio el reemplazamiento de unos grupos y clanes por otros, pero si entre 1792 y 1795 la alternancia no se realizaba sin recurrir a la cárcel, el cadalso o el pelotón de ejecución, a partir de 1796 los derrocamientos van acompañados de deportaciones o exclusiones, una muestra de mansedumbre relativa que, sin embargo, no se aplica a las dos categorías de adversarios peligrosos, los sacerdotes y los bandidos, enemigos directos de la Revolución Francesa.

La República y sus enemigos

La «segunda descristianización» atestigua esa persecución. ¿Acaso la palabra es demasiado fuerte? Sin duda, pero traduce bien el pensamiento dominante de los gobernantes, entre los cuales François, llamado Neufchâteau, y Merlin de Douai constituyen los mejores ejemplos, ligados a la laicización de la sociedad y la voluntad de poner bajo tutela las distintas Iglesias. Se basan en los escritos de los ideólogos, convencidos del poder de la razón y hostiles al retorno de lo religioso. En efecto, la innovación del Directorio, bajo el impulso de François de Neufchâteau, es el culto decadario, que tiene por objeto exhortar al respeto de la moral, el patriotismo y la virtud, por medio de encuentros todos los décadis —el último día de la semana de diez días del calendario republicano— y en el transcurso de las fiestas susceptibles de «hacer sensibles las ideas políticas y metafísicas». Las ceremonias, que honran la juventud, la vejez, el matrimonio, etc., dudan entre la conmemoración y la repetición, tratando mal que bien de reconciliar las emociones y la política; con ese propósito, a partir del año VI se incita a los alcaldes a celebrar las bodas todos los décadis. Sin embargo, la incapacidad de inventarse nuevos rituales desemboca en ceremonias monótonas y largas que apenas siguen los funcionarios. La hostilidad hacia ellos también es compartida por los sacerdotes «galicanos», víctimas del anticlericalismo que impera. A partir de 1798, especialmente bajo la influencia de Merlin de Douai, se reafirma con fuerza la aplicación del calendario revolucionario. Asimismo, se intenta imponer el culto republicano, que debilita la teofilantropía, en los funerales de generales, como Hoche o Joubert. Además de su carácter formal, esas ceremonias traslucen la enorme ruptura entre la atención que se presta a los generales y el olvido de los simples soldados, lejos de las preocupaciones de los años 1792 y 1793. Coexisten, pues, compitiendo entre sí, seis cultos: el papista, el constitucional, el teofilantrópico, el decadario, el israelita y el protestante, además de todas las fiestas políticas. Mientras la inmensa mayoría de la población continúa apegada al catolicismo, la política gubernamental se muestra agresiva e ineficaz, lo que aviva el anticlericalismo de numerosos administradores.

La represión se cierne sobre las manifestaciones religiosas y deporta a los refractarios, si se niegan a prestar algún juramento o son denunciados por seis ciudadanos. El hecho de no respetar el décadi o festejar el domingo está castigado por la ley, a menudo con métodos que rozan los límites de la legalidad. Mientras que la descristianización de 1793 era cosa de una minoría y carecía de planificación, la segunda descristianización está impulsada por el Estado. De nuevo, la Iglesia refractaria está dividida; por añadidura, el papa continúa sin pronunciarse al respecto. Una minoría, entre la que destaca el arzobispo de París, sigue convencida de la necesidad de prestar el juramento para mantener cueste lo que cueste la religión católica, como hacen aproximadamente entre el 20 y el 25% de los clérigos en todo el país. En Francia se juzga y se ejecuta a pocos clérigos, pero se encierra a más de mil, y se deporta a la Guayana a un centenar. Para todos los clérigos, la inseguridad vuelve a convertirse en la regla, obligándoles a ser discretos, ir cambiando de lugar e incluso exiliarse. Sin embargo, la aplicación de las medidas es lenta y está mal coordinada, y en ocasiones los propios agentes del Estado se oponen a ella.

No es el caso de los departamentos belgas, donde, desde septiembre de 1797 y durante dos años, las autoridades llevan a cabo una violenta política anticlerical. Persiguen a los sacerdotes que se niegan a prestar el juramento del «odio», incluso aunque no manifiesten ninguna opinión contrarrevolucionaria. A continuación, los acusan de haber apoyado las revueltas campesinas. Detienen a más de nueve mil sacerdotes, los envían a los pontones de Rochefort, las cárceles de la isla de Ré o, a una parte de ellos, a la Guayana. Asimismo, persiguen y vejan a los fieles que tratan de asistir a un servicio religioso o que simplemente juegan en público un domingo.

La resistencia de los refractarios es desigual pero real, más o menos intensa según las regiones y las personalidad. Linsolas, en Lyon, continúa siendo uno de los mejores ejemplos. Unas redes de misionarios organizan a su alrededor a catequistas, apoyados por concilios en el extranjero y ayudados por la publicación de manuales. Como muestra de las dificultades cotidianas, uno de los manuales, el del abad Coste, aconseja no intervenir en el ámbito político ni discutir la autoridad del Estado. Entretanto, la situación en Italia evoluciona muy deprisa. Aunque el 25 de diciembre de 1797 el obispo de Imola, Chiaramonti —el futuro papa Pío VII—, declara que no existe incompatibilidad alguna entre la República Cisalpina y la cristiandad, haciendo así acto de obediencia al poder civil, un motín sobrevenido en Roma el 28 de diciembre de 1797 provoca la muerte del general Duphot la víspera de su boda con la cuñada de José Bonaparte. Como reacción, el ejército francés, bajo el mando de Berthier, entra en Roma en febrero de 1798, instaura la República Romana y encarcela de facto al papa Pío VII. La odisea de este, conducido enseguida a Francia, concluye el 29 de agosto de 1799 en Valence con la muerte de «Jean-Ange Braschi, que ejercía la profesión de pontífice», según la fórmula inscrita en la partida de defunción. La emoción del país y el acogimiento que se da al papa, incluso por parte de los «galicanos», contrasta con la hostilidad al catolicismo por parte de las élites del Directorio.

La irreductibilidad de los Chuanes

En 1797, en el oeste de Francia, se reanuda la chuanería de manera sorda, confundiéndose aún con el bandidismo y alimentándose del descontento provocado por el reparto de los bienes comunales y la política antirreligiosa. En la Bretaña, las tropas republicanas tan solo controlan la minoría de los municipios, mientras que los estados mayores chuanes ocupan castillos protegidos por jóvenes y desertores. El ejército republicano debe desconfiar tanto de los campesinos, chuanes potenciales, como de los habitantes de las ciudades, que quieren vengarse, de ahí que intente una tercera vía, permitiendo oficiar ceremonias a los sacerdotes refractarios y perdonando a los insurgentes que se enmienden. La victoria militar de Hoche estabiliza la situación, pero la provincia del oeste de Francia, al igual que una parte de la Normandía y la Vendée, se escapa de facto a la administración nacional, ya que, por añadidura, las municipalidades de cantón se han alejado de la población. La República no saca partido de las divisiones internas de la contrarrevolución, cuyos jefes están enfrentados, hasta tal punto que su conflicto provoca la dimisión de Puisaye y su partida a Canadá. En ciertos aspectos, en los dos bandos, el republicano y el realista, existe el mismo divorcio entre las élites y la base, que explica esa especie de incapacidad de llevar a cabo políticas concretas.

La mezcla inestable entre rechazo político, delincuencia, marginalidad y luchas de clanes continúa alimentando el desorden de Francia, dirigida por un gobierno y una administración manifiestamente partidistas. Ello explica que grandes bandas sigan ejerciendo exacciones de toda clase, especialmente en el norte, el noreste y el sureste del país, aprovechándose de un círculo vicioso que las autoridades no llegan a romper. Los administradores y los jueces exageran la cohesión y el peligro de los bandidos, ya que no pueden distinguirlos claramente de la población que los teme, los sufre y los tolera. El gobierno recurre de nuevo a la violencia, empleando columnas móviles, desplegando el ejército y multiplicando las leyes de excepción. En el sur de los Alpes, resulta necesario mandar a un general que tenga todo el poder junto con una comisión militar extraordinaria para hacer frente al bandidismo difuso teñido de realismo popular.

La exageración de la amenaza que representan los bandidos y la publicidad que se da a la represión impiden obtener resultados definitivos hasta los primeros años del siglo XIX. Habrá que aguardar a que el Consulado controle las fronteras y los países cercanos, que imponga la paz, en primer lugar religiosa, que separe a los bandidos de los descontentos y haga aceptar la gendarmería como eje del orden colectivo. Al fin y al cabo, está en juego la unidad de la nación. Las resistencias regionales, se expresen religiosa o socialmente, no se comprenden como tales, sino que siempre se interpretan como un rechazo político. Desde el Mediodía francés hasta Bélgica, los administradores y los políticos siempre ven la defensa de las «libertades» tradicionales y el juego de los clanes y las familias como formas de contrarrevolución. En 1799, el pragmatismo —o el cinismo— de Bonaparte admitirá que bloques de notables, tanto de la izquierda como de la derecha, controlan de facto regiones enteras, y que es necesario y posible obtener su apoyo para gobernar.

Un nuevo régimen

Al día siguiente del golpe de Estado del 18 de fructidor del año V, el ministro de Finanzas, Ramel-Nogaret, emprende una política brutal de saneamiento financiero. Aligera la deuda financiera, restablece los impuestos y estabiliza la moneda. Para ello, logra rembolsar los dos tercios de la deuda nacional en «bonos» válidos para adquirir bienes nacionales, y «consolida» el último tercio, al inscribirlo en el «Gran Libro de la Deuda», pero resulta difícilmente negociable. Los bonos reportan un interés del 5 o el 10%, según el caso, pero pierden de entrada del 70 al 80% de su valor nominal. El importe de la deuda se puede estimar en doscientos millones de rentas y pensiones, que afectan a poco menos de trescientas mil personas. Así, el Estado está de facto en bancarrota, al no rembolsar a sus acreedores, abandonados, por otra parte, a la merced de los especuladores que compran sus bonos utilizando la competencia de otros valores en circulación. La devaluación de los capitales que poseen los rentistas —una categoría importante en la época, ya que las rentas garantizan la supervivencia de la gente de más edad— es considerable, y reduce sus ingresos a casi nada, a pesar de que se tomen algunas medidas para proteger a los pobres. (En enero de 1800, el restablecimiento del pago de las rentas en metálico, que durante un tiempo rompe con el empobrecimiento de los rentistas, otorgará más popularidad aún a Bonaparte).

A partir de septiembre de 1797, el Directorio recurre cada vez más a la fiscalidad indirecta. Aumenta el impuesto sobre el tabaco importado, crea un impuesto sobre las carreteras, llamado «derecho de paso», y un impuesto sobre el precio de las plazas de los coches públicos, y a continuación reorganiza los derechos de los sellos, las hipotecas y el registro, y, en octubre de 1798, restablece el arbitrio municipal en París. El Estado incluso retoma la práctica de enviar a las guarniciones a casa de los contribuyentes recalcitrantes. El Imperio ahondará en esa vía al reagrupar los impuestos indirectos bajo el nombre de «derechos reunidos». La revisión de los impuestos que se lleva a cabo entre octubre y diciembre de 1798 sigue la misma línea. Se aligeran los impuestos directos, reorganizados en impuestos territoriales, inmobiliarios y personales, así como el impuesto sobre las puertas y las ventanas y la patente comercial —que luego pasan a la posteridad bajo el nombre de los «cuatro viejos»—, pero se someten a una nueva distribución que origina injusticias y reclamaciones. La recaudación de los impuestos empieza a encargarse a unos funcionarios independientes de los contribuyentes.

A pesar de los defectos —la lentitud de la refundición de la base imponible de los impuestos y la incoherencia de los impuestos sobre el tabaco o la sal—, a partir de 1798 y 1799 aumentan los ingresos; además, los ingresos extraordinarios, procedentes de las conquistas e incluso de un préstamo, no son desdeñables. Sin embargo, las constantes reorganizaciones y el aumento de los impuestos no llegan a compensar los efectos del despilfarro, la corrupción y la continua necesidad de fondos para las operaciones militares: los ministros, como Schérer, los generales, como Masséna o Championnet, y los proveedores, como la compañía Bodin, se sirven generosamente del dinero público. Los anticipos que dan los proveedores, pagados con concesiones de mercados y bienes empeñados, son moneda corriente, pero aseguran mal que bien la vida cotidiana del régimen. En 1798, el déficit se establece en trescientos cincuenta millones netos, a pesar de los ingresos, los robos y las confiscaciones estimados en 1.321 millones.

No obstante, el Directorio saca provecho de una serie de buenas cosechas que hacen bajar los precios de la comida, lo que satisface a la población urbana y la más pobre, al mismo tiempo que compensa el descontento de los campesinos y los caciques con las facilidades que da en la adquisición de bienes nacionales. La recuperación económica coincide con la confirmación del traspaso de las propiedades. La reanudación de las ventas de los bienes nacionales favorece a los compradores acomodados, así como a los especuladores, particulares u organizados en «bandas negras» en torno a proveedores del ejército ayudados por funcionarios que ejercen de intermediarios; incluso los nobles deseosos de reconstituir su patrimonio aprovechan la apertura del mercado. Sin embargo, los campesinos modestos siguen adquiriendo bienes nacionales, cuando pueden, o compran una parte de los lotes fragmentados por los especuladores, deseosos de obtener un beneficio inmediato. La pequeña propiedad se consolida, ya que entre el 30 y el 40% de las adquisiciones son de pequeñas propiedades por parte de campesinos, lo que da cuenta de esa profunda mutación, que está ligada al destino de la República, de su orientación política y del éxito de sus ejércitos.

Esa conjunción explica cómo se produce la ósmosis entre la sociedad, la cultura y la política —o, por el contrario, el fracaso de cualquier unidad entre la sociedad y el gobierno en los departamentos belgas, donde los escrúpulos religiosos de la población limitan la adquisición de bienes nacionales—. En cualquier caso, la intervención del Directorio es determinante, especialmente gracias a la actividad de François de Neufchâteau, ministro y fugaz director que impulsa una política a la vez liberal y voluntarista al lanzar concursos, un periódico destinado a los agricultores, publicaciones estadísticas, así como una exposición nacional a fin de dar a conocer los productos industriales. Neufchâteau favorece la reforestación y el cultivo del trébol para hacer desaparecer el barbecho, al mismo tiempo que se difunde la patata, el lino y el cáñamo, y se recupera la cría de sementales y ovejas merinas.

Los progresos agrícolas de las regiones del norte y el centro de Francia, donde se refuerzan las grandes explotaciones, confirman el divorcio que se establece con la rutina del suroeste de Francia, donde los pequeños propietarios lo invierten todo en la compra de terrenos. La política de reconstrucción avala esas desigualdades que, a ojos de una parte de la opinión pública, están compensadas por la mejora de la vida cotidiana, como es el caso de los obreros. No obstante, el estado global de la economía sigue siendo «languideciente» (G. Lefebvre). La política brutal provoca una deflación, marcada por la escasa circulación de dinero en metálico y el alza del crédito, que la debilidad de la red bancaria no puede compensar. La industria tan solo recupera dos tercios del nivel anterior a la Revolución Francesa, ayudada por la renovación de la industria siderúrgica y textil. No obstante, el auge de las empresas siderúrgicas y textiles, ligadas al gran comercio y los encargos militares, contrasta con la atonía de las empresas que continúan dependiendo de las redes destruidas por las conmociones revolucionarias. Por otra parte, la rigurosa protección aduanera contra los productos ingleses también contribuye a enderezar la balanza comercial, antes de la firma de tratados de comercio con los Estados neutrales o las repúblicas hermanas, que relanzan el comercio internacional. El Directorio no es un caos, sino un régimen que no logra encontrar el equilibrio político ni seguir una política financiera estable.

Como es lógico, crecen las disparidades entre grupos sociales, entre regiones y entre ramas de actividad. Las diferencias de fortuna, considerables ya antes de 1789, se vuelven flagrantes entre aquellos que sacan partido de la Revolución Francesa —nuevos ricos, pequeñas minorías escandalosas que llevan un gran tren de vida— y los que se enfrentan a las dificultades de la vida cotidiana y tratan de superar los traumas de los años anteriores. El abandono de la educación y la beneficencia ilustra particularmente el giro liberal. Prima la formación de las élites. En mayo de 1795, el cierre de la Escuela Normal marca el final provisional del esfuerzo nacional para uniformizar la formación de los maestros. Se dirige la atención al Instituto que debe renovar la enseñanza superior, apoyado en la Escuela Politécnica, el Conservatorio Nacional de Artes y Oficios y la Escuela de Lenguas Orientales. En los departamentos, las escuelas centrales son la punta de lanza del programa escolar gubernamental. Sin embargo, únicamente acogen a los hijos de las familias acomodadas, a pesar de que las familias apegadas al catolicismo prefieren otra clase de estudios, como los que imparten los pequeños seminarios. Impera un desinterés manifiesto por las escuelas primarias, que entraña el renacimiento de las escuelas privadas, dirigidas a menudo por clérigos en ejercicio o reconvertidos.

El sistema hospitalario y de caridad se ve afectado por las mismas segregaciones; se restablecen las prácticas de caridad individual y de beneficencia oficializadas con la creación de oficinas municipales a raíz de la ley del 7 de frimario del año V (27 de noviembre de 1796). Esas oficinas se encargan de recibir, gestionar y repartir el «derecho de los pobres», especialmente recuperando el producto del impuesto sobre los espectáculos. No obstante, su creación es facultativa y depende de la iniciativa de los municipios. El liberalismo de las medidas resulta innegable. Va de la mano con el cuestionamiento de la legislación sobre el divorcio y el abandono de la política familiar inaugurada en 1792. Sin embargo, la división municipal y departamental, el papel del Estado, el sistema judicial y administrativo y los fundamentos de la vida política forman el «nuevo régimen» (I. Woloch), que, en un sentido estricto, se origina con la Revolución Francesa a partir del año II y sienta las bases de la organización social y política que regirá Francia en lo sucesivo.

La confiscación de los poderes

En ese contexto, los comicios del año VI vuelven a mover las líneas. Paradójicamente, el golpe de Estado larvado que se produce a continuación confirma la existencia de ese nuevo régimen; demuestra que las opiniones neojacobinas están tan arraigadas que el gobierno trata de aplastarlas, aunque no logre aniquilarlas. No obstante, el espacio público sigue constituyéndose en torno a movimientos que, desde los demócratas radicales hasta los realistas, animan la vida nacional y regional, mientras aún se teme la amenaza realista y los directores, siguiendo a Merlin de Douai, desarrollan una estrategia para preparar «buenas elecciones». Se trata de un reto importante, ya que se deben cubrir cuatrocientas treinta y siete plazas en los dos Consejos, sin contar los numerosos puestos de administradores departamentales elegidos por las propias asambleas electorales.

Merlin de Douai, elegido director y a continuación presidente del Directorio, instaura una meditada estrategia a fin de conservar el poder frente a la izquierda. Se apoya en los comisarios enviados a los departamentos para poner en marcha el «derecho de paso» en las carreteras, vigilar el estado de la opinión pública y facilitar las escisiones de las asambleas primarias, lo que permite al poder, en caso de necesidad, elegir entre varias listas de electos. El gobierno rechaza cualquier mejora del derecho a voto, ya que ampliaría el cuerpo de electores a los pequeños propietarios, excluidos por el Terror blanco del año V. Finalmente, la última palabra corresponde a los Consejos existentes, ya que una ley del 31 de enero de 1798 permite que los diputados salientes ayuden a los diputados que permanecen en el Consejo a depurar a los diputados que deben remplazarlos. Se impone la necesidad de eliminar a los diputados «feroces e inmorales».

No obstante, a pesar de esas precauciones, la izquierda de los neojacobinos progresa. El resultado se debe al nuevo auge de los clubes, círculos constitucionales escorados hacia la izquierda. En algunos departamentos, como Sarthe, Loir y Cher o Alto Loira, esos neojacobinos —jacobinos de 1793, antiguos robespierristas o hébertistas— son muy activos: lanzan periódicos y aglutinan a su alrededor a grupos de burgueses y obreros, que se extienden de manera ambulante, al delegar a una parte de sus miembros la creación de una sociedad hermana en una localidad vecina. Suelen tachar a los neojacobinos de republicanos «declarados», «exclusivos», «anarquistas» o «seguidores de Babeuf». Con todo, el temor que existe en París a los «bebedores de sangre» no se corresponde con las sensibilidades regionales, marcadas por las luchas contra los realistas.

El Directorio, informado por sus comisarios, interviene enseguida cerrando los clubes y prohibiendo los periódicos. Asimismo, denuncia la colusión entre los realistas «de escarapela blanca» y los que llevan un «gorro frigio», compra votos y pone algunas ciudades —Lyon, Saint-Étienne, Périgueux y Marsella— en estado de sitio. Surgen un sinfín de voces, en especial Benjamin Constant, que señalan sistemáticamente el retorno del Terror. La reacción termidoriana es tal que incluso la teofilantropía se considera demasiado jacobina.

A pesar de todas esas maniobras, el resultado de las elecciones se escapa en gran medida a los directores, ya que salen elegidos unos ciento setenta y cinco «jacobinos». Persisten los bastiones jacobinos, y la izquierda obtiene la mayoría en unos cuarenta departamentos; únicamente cinco departamentos votan a favor de la derecha. Como los Consejos se reservan el derecho a validar las elecciones, el mes de abril de 1798 transcurre entre negociaciones cada vez más difíciles, zanjadas por una ley votada el 18 de floreal del año VI (7 de mayo de 1798), que valida las elecciones en cuarenta y siete departamentos de noventa y seis, anulando las elecciones de los administradores en otros nueve departamentos, eligiendo entre los electos en trece casos e invalidando las elecciones en otros ocho departamentos. En total, se excluye a ciento seis diputados, de manera que cincuenta y tres escaños quedan vacantes. Así, los directores cuentan con una mayoría de cuatrocientos cincuenta diputados frente a doscientos cincuenta oponentes. En un sentido estricto, no se trata de un golpe de Estado, ya que en ningún momento se emplea la fuerza de manera abierta, pero las amenazas y el chantaje acaban con los oponentes, ya que los directores desean disponer de una mayoría holgada en previsión de las elecciones venideras.

Eso no impide que las elecciones confirmen las debilidades del régimen. Con cada cambio de gobierno, toda la pirámide administrativa se mueve, y eventualmente se expulsa a los vencidos y sus próximos de las funciones públicas. Aunque en 1798 ya no se trate de un enfrentamiento entre la derecha y la izquierda, sino entre los neojacobinos y los republicanos conservadores, las escisiones y las rivalidades influyen en las luchas partidistas que en su mayoría se remontan a 1789. Así, pues, los clanes y las camarillas siguen monopolizando el espacio público, creando una sociedad de burócratas y funcionarios que se perpetúan entre ellos, entre los cuales los más hábiles logran ser «inamovibles», y los menos honestos, además, amasan fortunas considerables. El régimen se hunde en sus propias contradicciones; la cerrazón política se suma a la ausencia de responsabilidad ministerial y de representatividad de las Cámaras, lo que alimenta el clima de descontento y rencores, agravados por todas las consecuencias de la política económica, religiosa y militar del Estado liberal. No hace falta invocar más motivos para comprender el fracaso que sobrevendrá, ya que la fuerza de las cosas así dispuestas basta para provocar el hundimiento.

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Capítulo 21. LA REVOLUCIÓN FRANCESA ENCARNADA

A pesar de que suele decirse que entre 1798 y 1800 es como si la Revolución Francesa estuviera sin aliento, es precisamente entonces cuando experimenta los vuelcos más brutales e imprevisibles. En menos de dos años, Francia se encuentra en dos ocasiones al borde de la invasión y la quiebra, y se producen revoluciones palaciegas que se suman a las guerras intestinas que la rompen sin cesar; todo ello acaba en una paz armada bajo la férula de un salvador milagroso. La crisis de la política, la escasa aceptación de las reformas del Estado, las dificultades financieras y militares están a merced de una sucesión de choques transmutados en una regeneración nacional que da respuestas a las cuestiones planteadas desde la década de 1780.

La amenazante gloria militar

En septiembre de 1797, mientras se llevan a cabo las arduas negociaciones que desembocarán en el tratado de Campoformio, en la pequeña ciudad alemana de Rastatt se inaugura un congreso con el propósito de establecer una paz duradera entre los estados alemanes, el imperio austríaco y Francia. Las reuniones se prolongan hasta marzo de 1799, sin alcanzar otro resultado que el asesinato de dos plenipotenciarios franceses a manos de dos húsares austríacos que tal vez se exceden respecto a las órdenes recibidas. Las negociaciones participan de una estrategia colectiva que pretende sacar provecho de los celos y las divisiones entre todos los protagonistas, mientras persisten los enfrentamientos, ya que todos ellos tratan de extender sus posesiones y su poder. Desde este punto de vista, las rivalidades entre los estados ligados al imperio austríaco desempeñan un papel considerable, al reforzar de manera involuntaria la situación francesa. A todas luces, no es posible instaurar la paz mientras no se estabilice la mutación del orden europeo y las monarquías dejen de integrar a regañadientes a la República en el concierto de las naciones.

Bonaparte hace una breve aparición en Rastatt. Llega en una berlina de ocho caballos, rodeado por una escolta, y hace gala de su omnipotencia recién adquirida, dando a entender que la política de Europa y Francia se decide en otra parte, a su alrededor. Tras su discreto regreso de Italia, se ha convertido en el hombre fuerte del momento —en ese caso, el resentimiento de los italianos no influye en absoluto—. La calle Chantereine, donde se encuentra su residencia parisina, ha sido rebautizada calle de la Victoria. Bonaparte se hace elegir miembro del Instituto, sustituyendo a Carnot, consigue el mando del ejército de Inglaterra y se encarga de preparar el desembarco en la isla. Aunque a menudo adopte una actitud modesta en las ceremonias, ha desvelado demasiado deprisa sus artimañas a Barras y Tallien, al pedirles su apoyo, llegado el caso, para convertirse en director, sin tener en cuenta la Constitución, que exige tener al menos cuarenta años para ser director, mientras que Bonaparte no tiene ni treinta. Tampoco consigue nada de Sieyès, que recela de él, pero en cambio se gana el apoyo de Talleyrand, que dirige las maniobras. A pesar de que Bonaparte teme la versatilidad de la opinión pública, ante todo debe hacer frente a la hostilidad de los directores, que temen su renombre en todo el país y su libertad de movimientos. Los desafía anulando la incursión en Inglaterra, que considera irrealizable. Con todo, los directores aún no saben que los realistas se han puesto en contacto con Bonaparte. Su dimisión, deseada por Reubell, es detenida in extremis por otros dos directores, que le proponen encabezar una expedición a Egipto. La propuesta tiene todas las ventajas: se trata de otra forma de luchar contra Inglaterra, cosa que la opinión pública sigue aprobando, de deshacerse de Bonaparte y de dar la razón a Talleyrand, que ha defendido la idea.

El cálculo no es errado. En abril de 1798 (floreal del año VI), durante los preparativos de la expedición, que, como muchas otras anteriormente, tiene un componente científico considerable, Bonaparte es elegido en el departamento de Landas. Los directores invalidan la elección, segando así sus ambiciones políticas. Sin embargo, al clasificarlo entre los «florealizados», lo identifican con los jacobinos, una imagen que más adelante le resultará muy útil. Bonaparte tiene un peso considerable en Francia, como atestigua el hecho de que dude si marcharse a Egipto en el último momento, cuando llega la noticia a París de que Bernadotte, el embajador en Viena, ha sido insultado por la población de la capital. Se trata de un asunto baladí: el motín contra la bandera francesa no degenera, y el gobierno austríaco se excusa, pero parece que la guerra volverá a estallar enseguida, y Bonaparte es el único capaz de salir victorioso. Como las aguas vuelven a su cauce, el 18 de mayo de 1798 Bonaparte parte a Egipto a la cabeza de una expedición que envía más de trescientos barcos, cincuenta y cuatro mil hombres, mil doscientos caballos y ciento setenta y un cañones lejos de Europa. Entretanto, tiene lugar otra operación marítima, bajo el mando del general Hubert, que hace zarpar unos buques de Dunkerque, Brest y Rochefort a fin de secundar a los insurgentes irlandeses, retomando así la tentativa dirigida por Hoche en 1796. En otro orden de cosas, pero en la misma perspectiva guerrera, Sieyès se marcha a Berlín como embajador con el propósito de fraguar un nuevo sistema de alianza.

¿Cómo interpretar la breve estancia de Bonaparte en París? Contribuye manifiestamente a la elaboración de la nation-talk, retomando la fórmula del historiador Steven Englund para calificar esa construcción colectiva ligada a la acción de un hombre providencial. Desde 1789, los pretendientes son Mirabeau, La Fayette y Dumouriez. A todas luces, Hoche no tiene madera de salvador. A partir de entonces, Bonaparte está convencido de serlo. Más que nunca, la actualidad del Directorio está ligada al ejército, a su composición y su relación con la nación. Sus necesidades representan de lejos el grueso del presupuesto del país; en contrapartida, el ejército reflota las arcas siempre vacías de la tesorería nacional y enriquece el país. Así, el 9 y el 10 de termidor del año VI (27 y 28 de julio de 1798), tiene lugar una gran fiesta en París para celebrar la llegada a la capital del botín que ha conseguido Bonaparte en Italia. A pesar de que algunos refunfuñen ante sus expolios, el ejército influye en la percepción global del poder. A ojos de los observadores extranjeros y los contrarrevolucionarios, el ejército ilustra «la espantosa revolución» que encarna Bonaparte.

Desde 1797 y el episodio de Campoformio, el ejército —o más bien los vínculos entre los generales y los soldados— se encuentra en el corazón de la sociedad francesa. Incluso los cuerpos pequeños, como los húsares de los Alpes, experimentan esa evolución que los sitúa en la órbita de un jefe que aporta «victoria, gloria, honor y comida» (J. Croyet). El viraje se remonta a 1792, pero se acelera con la profesionalización del ejército y la progresiva «brutalización» de los combates. Desemboca en la autonomía acrecentada de las unidades que aglutinan a soldados convencidos de sus derechos en torno a generales y comisarios en los ejércitos libres de sus actos. La puesta en marcha del reclutamiento con la ley Jourdan-Delbrel del 5 de septiembre de 1798 culmina la evolución. No obstante, el principio que se invoca, «Todo francés es soldado y se debe a su patria», se aleja del ideal del ciudadano-soldado de los años 1791 y 1792, ya que a partir de entonces se alista a los reclutas según las elecciones del gobierno y las necesidades de los generales. Ya no se trata de un ejército revolucionario, ni de una tropa que sirve durante un estado de excepción decidido por el Estado, sino de una institución distinta de la sociedad civil y garante del régimen.

Asimismo, el ejército adquiere la apariencia que le caracterizará durante el siglo venidero. El consejo de revisión —que examina si el recluta es apto— se convierte en un rito de paso, la sociedad se militariza y sueña con la gloria. El mito de la integración por medio del servicio militar enmascarará las disparidades entre los hijos de burgueses y los hijos de campesinos frente al reclutamiento, así como las dificultades por integrar a los soldados negros. Por último, la exclusión de las mujeres del ejército es definitiva, salvo bajo la figura de cantinera. Se lleva a cabo la revolución militar, antes de ponerla a prueba en el fragor de los combates, cada vez más violentos. Así, la continuidad revolucionaria entre los primeros voluntarios, llamados «los viejos vestigios», y los nuevos reclutas también se forja a sangre y fuego, afianzando en todos los hombres el apego a los valores republicanos y revolucionarios, así como a aquellos individuos que se supone que los encarnan. La evolución se corresponde con la militarización del Panteón y la reintroducción de las distinciones y los honores que recompensan los méritos, al mismo tiempo que refrenan las «pretensiones desordenadas». Se completa un ciclo durante el cual se establecen nuevos valores sociales.

En lo sucesivo, la bravura militar, la excelencia escolar, el altruismo caritativo, la abnegación familiar y las hazañas comerciales o artísticas se convierten en acciones erigidas como modelos de comportamiento que sitúan la emulación y la ejemplaridad en el corazón de una jerarquía de iguales que reduce definitivamente el papel de las mujeres a la porción congrua. Para los jóvenes, que aceptan en mayor o menor medida las mutaciones laicas que introduce la Revolución Francesa, el ejército se vuelve el crisol en el que los individuos encuentran el sentimiento colectivo que el período revolucionario no ha logrado recrear, en sus dimensiones políticas, religiosas e incluso sociales. En efecto, el ejército permite conjugar la efervescencia de los sentimientos con la racionalidad, la igualdad con el mérito, la pertenencia local con la identidad nacional. No es necesario acusar a pensadores o políticos de haber insuflado el germen del nacionalismo para que este se extienda por Europa. La aventura militar representa, y no solo en Francia, la última opción que se brinda a los jóvenes, salvo para aquellos que, atraídos por el horizonte contrarrevolucionario, prefieren el negro eclesiástico al rojo militar.

Los límites de la expansión

Mientras la expedición de Egipto atraviesa el Mediterráneo evitando la flota inglesa y cosechando victorias, el Directorio debe hacer frente a una serie de dificultades en cadena. En agosto de 1798, la flota dirigida por el general Humbert llega a Irlanda y el día 24 logra una victoria inmediata en Killala. Los reveses son igual de rápidos: el 16 de septiembre de 1798, el general capitula ante las tropas inglesas, y la derrota se consuma en octubre de 1798. En la isla de Santo Domingo, el retorno al orden bajo el mando de Toussaint Louverture se afianza tras el despido de los emisarios de la metrópolis. Su poder queda confirmado en agosto de 1798 cuando, pese a los esfuerzos del enviado del Directorio, Hédouville, los ingleses abandonan la isla tras un acuerdo negociado con el comandante de las fuerzas inglesas, Mitland, apoyado por los Estados Unidos. En 1800, el éxito de Toussaint es absoluto; consigue una alianza inédita de la República y el catolicismo, del sistema de plantaciones y el fin de la esclavitud, del establecimiento de una Constitución y la instauración de un gobernador vitalicio.

Suponiendo que la Revolución Atlántica tuviera sentido, lo pierde en 1798 con ese distanciamiento de Santo Domingo y la aniquilación de los irlandeses, pero también con la «casi guerra» que lo opone a los estados. El desamor nace de la alianza renovada entre los Estados Unidos e Inglaterra, en detrimento de los franceses. Los Estados Unidos prohíben a los corsarios franceses atracar en sus puertos; como represalia, Francia declara enemigos los navíos estadounidenses y cubre los actos de piratería realizados desde Santo Domingo. Así, entre 1797 y 1800 alrededor de ochocientos navíos estadounidenses son víctimas de los franceses. Por último, estalla un escándalo a propósito de las negociaciones de Talleyrand, el ministro de Asuntos Exteriores, con los emisarios americanos que acuden en busca de una solución, pero que son conminados a entregar cincuenta mil luises de oro al Directorio y «dulces» al ministro. El asunto estalla a raíz de la publicidad que le da el presidente de los Estados Unidos, lo que sitúa a los dos países al borde de la guerra y confirma el alejamiento de las revoluciones en las dos orillas del Atlántico. Talleyrand logra zafarse del asunto, sin que ello afecte a su conducta o su poder.

Por otra parte, el modelo francés pierde su encanto en la República Bátava —en adelante las Provincias Unidas—, que no logra dotarse de una Constitución que satisfaga a la vez a Francia y a los holandeses. Delacroix, el enviado del Directorio, permite que el 22 de enero de 1798 los revolucionarios radicales de la República Bátava tomen el poder, «depuren» la Asamblea e impongan una Constitución inspirada en los principios de la República Francesa, una e indivisible, destructora de las «malas hierbas» de la oposición. En abril de 1798, un referéndum dirigido sanciona la Constitución, pero a partir de junio de 1798 los federalistas más moderados retoman el poder. Aunque a largo plazo la creación de un Estado unitario permite que la patria, el pueblo y la nación se identifiquen, en ese momento la población reacciona por medio de una despolitización provocada por esa revolución desde arriba, y cada vez más considera a los franceses como ocupantes. Eso no impide que la clase política resista tanto como puede a las presiones francesas, manteniendo una «neerlandesidad» que dará sus frutos más adelante. En definitiva, el ejemplo de la Revolución Americana ha tomado la delantera a la experiencia francesa.

La ruptura con Bélgica aún es más brutal. La parte de las élites que se ha incorporado a las administraciones republicanas se encuentra marginada por el golpe de Estado de fructidor del año V y puesta en entredicho por la venta de los bienes nacionales, el juramento impuesto a los clérigos y el reclutamiento que afecta a los jóvenes. A finales de 1797, bandas armadas circulan por el campo, e incluso sitian algunas ciudades de Brabante y Ardenas, en lo que se convierte en «la guerra de los campesinos». La represión es rápida, eficaz y violenta. Al menos cinco mil seiscientos insurgentes son asesinados, dos mil personas son detenidas —el 20% de ellas son ejecutadas y el 30%, encarceladas— y más de seiscientos sacerdotes son deportados. En Bélgica, el recurso a los consejos militares se adelanta a la institución judicial. La brutalidad de la ocupación francesa se revela sin dobleces, agravando la malquerencia de la opinión pública.

El desastre italiano

La misma evolución se produce en Italia, donde la expansión militar y los expolios que la acompañan afectan a toda la península. La partida de Bonaparte a Egipto, rodeado de tropas y oficiales elegidos, debilita el ejército de Italia. Pese a que las operaciones son más complejas, no se llevan a cabo con la mirada de conjunto característica de Bonaparte. En 1797, la muerte del general Duphot en Roma sirve de pretexto para la entrada de las tropas de Berthier en la Ciudad Eterna. En febrero de 1798, este instaura la República Romana, manda al exilio al papa y permite que sus hombres saqueen bienes y obras de arte. La autonomía de las repúblicas es contrarrestada por los generales y los embajadores que, como en el caso de la República Cisalpina, inspiran golpes de Estado «moderados» y «jacobinos» a lo largo del año 1798 para obligar al Consejo de los Ancianos de la República a pagar indemnizaciones con el telón de fondo de la lucha continua de los franceses contra la tentativa de unidad italiana deseada por una parte de los patriotas italianos.

Reina el cinismo, sea en un tratado comercial impuesto a la República Cisalpina o en el despedazamiento de los estados del papa. El cardenal Ruffo, en nombre del rey de Nápoles, incluso negocia con Talleyrand la posibilidad de agrandar el reino de Nápoles, pagando dos millones a un banquero, Ségui, un año antes de ponerse a la cabeza de la cruzada antifrancesa que culminará con la expulsión de los franceses de Italia. Oficialmente, el botín se establece en setenta millones de francos, pero todos los franceses saquean de manera descarada, incluidos los próximos a Barras. La conducta del general Masséna escandaliza a una parte de los soldados, en especial a los de Bernadotte, apegados a valores republicanos.

Los grandes perdedores son los patriotas italianos, que se ven obligados a buscar su propio camino. Entre 1798 y 1799, los partidarios de la unidad italiana están particularmente activos, intentando que sus ideas triunfen en cuanto las circunstancias parecen favorables. La tendencia mayoritaria se constituye en torno a un federalismo que acepta las exigencias de los franceses. Estos se suman a un «democratismo» que entremezcla los principios de la democracia representativa con un programa social, específico para Italia, ya que no pueden recurrir al modelo de los jacobinos franceses. Por una parte, se enfrentan a la brutalidad de la ocupación; por otra parte, no pueden apoyarse en el descontento popular, ya que el pueblo es hostil a los burgueses de la ciudad, los ocupantes extranjeros e incluso los rivales de las provincias vecinas, así como a los principios de la Revolución Francesa, último motivo a menudo aglutinador. En efecto, las resistencias antifrancesas se refuerzan en reacción al exilio del papa, que ofende la sensibilidad popular.

Las revueltas se alimentan de signos como el «milagro» de imágenes de la Virgen llorando en iglesias o el terremoto que sacude Siena en 1798. La guerrilla hace estragos en la Toscana y los estados papales, especialmente, donde las bandas rurales, las Viva Maria, asaltan a las tropas francesas que, a su vez, ejercen una represión sin miramientos. Esos insorgenze se vuelven aún más peligrosos porque se hacen ilusiones con la reanudación de la guerra europea al crearse la segunda coalición de Rusia, Inglaterra y el Imperio otomano. En noviembre de 1798, en Italia se acrecienta la confusión con la tentativa militar de Fernando VII, rey de Nápoles, de apoderarse de Roma en nombre de esa coalición. El rey aprovecha la ocasión para saquear Roma, mientras los romanos masacran a los judíos y los jacobinos. La operación militar se revela prematura y la respuesta de Francia enseguida resulta victoriosa; obliga al rey de Nápoles a refugiarse en Sicilia y en enero de 1799 permite la proclamación de la República Partenopea bajo el impulso del general Championnet.

En el mismo movimiento, se invade el Piamonte, así como la Toscana y Lucca, de manera que toda la península italiana se encuentra bajo la autoridad francesa. No obstante, la conquista francesa se revela frágil. En Nápoles, los patriotas locales proclaman la república, pero se ven debilitados por las divisiones internas del ejército francés y no consiguen hacer frente a los insurgentes opuestos tanto a los grandes señores feudales como a los republicanos de las ciudades, reclutados por el cardenal Ruffo en una verdadera cruzada contrarrevolucionaria y religiosa. En nombre de la santa fe, los combatientes se reagrupan en el ejército cristiano y real. Los enfrentamientos, muy sanguinarios, marcados especialmente por el saqueo de la ciudad de Altamura, acaban en julio de 1799 con la recuperación de Nápoles, seguida por una represión feroz. Con todo, el episodio republicano napolitano se convierte en una experiencia política capital en la historia de Italia.

A partir de entonces, el retroceso de los franceses es continuo; asaltados por los insurgentes, pero también por las tropas austríacas y rusas, dirigidas por el general Suvorov; estas entran por el Tirol e invaden la región de Milán. En septiembre de 1799, Francia ha perdido toda Italia, salvo Liguria. En el Piamonte, los patriotas tratan de aprovechar la partida de los franceses para intentar construir una Italia unida. El acontecimiento simbólico de esa debacle que parece irresistible es la muerte del general francés Joubert en un combate en Novi, el 15 de agosto de 1799, cuando acababa de tomar el mando del ejército y se le consideraba, en ausencia de Bonaparte, la fuerza necesaria para recomponer el Directorio.

La apuesta helvética

La República Helvética vive la misma historia de manera acelerada. En enero de 1798, las tropas francesas entran por la fuerza en el territorio de la Confederación Suiza, con el pretexto de la muerte de dos húsares en la frontera. Se trata de un incidente calculado que permite invadir Suiza. Marca la culminación de las negociaciones impuestas por Reubell y Bonaparte a los patriotas suizos Laharpe y Ochs, que viajan a París para pedir la ayuda de Francia contra los dirigentes de Berna. Las relaciones entre Francia y los cantones suizos son delicadas desde 1790 y sobre todo después del 10 de agosto de 1792 y la matanza de los Suizos. En 1793 se revisan las fronteras en beneficio de los franceses; estos reprochan a los suizos cobijar focos de contrarrevolucionarios y de espionaje. Sin embargo, los franceses hacen transitar por Suiza los bienes indispensables para la vida económica y la guerra. A partir de 1797, Francia protege el cantón de Vaud contra los patricios de Berna, pero el apoyo que da a las poblaciones sometidas no resulta tan determinante como el control de un país rico, cuya posición es estratégica. El tratado de Campoformio marca un punto de inflexión; como Italia pasa bajo el control de Francia, la neutralidad suiza ya no sirve a los intereses de Francia, que, en adelante, tiene interés en suprimir un «saliente entrante» que debilita sus líneas defensivas.

A pesar de que la campaña militar encabezada por los generales Brune y Schauenberg resulta victoriosa, debe vencer ciertas resistencias antes de lograr la sumisión de los suizos en marzo de 1799. Al igual que en Italia, la paz pasa por la imposición de una suma de dieciocho millones en metálico y cinco millones en especie, retenciones considerables para pagar los gastos del ejército y saqueos perpetrados por los generales. Al parecer, el comisario de los ejércitos Rapinat, acusado a menudo de prevaricación, intenta en vano limitar las exacciones. Se decide anexionar Ginebra a Francia, así como reorganizar por completo las instituciones de la Confederación, que se convierte en la República Helvética. En abril de 1799 se impone una Constitución, creando una república unida con un legislativo formado por dos Cámaras y un poderoso ejecutivo. Pese a que Brune deseaba fragmentar Suiza, Laharpe logra mantener su unidad con el apoyo del Directorio. Se desatan grandes reacciones. Se producen alzamientos, especialmente en los cantones del centro de Suiza, muy apegados a sus libertades y su religión. Estos padecen una fuerte represión en agosto y septiembre de 1798, y de nuevo en 1799, cuando las tropas austríacas y rusas entran por la frontera oriental, siguiendo el plan trazado por Suvorov. Los austríacos restablecen el antiguo régimen e instauran gobiernos provisionales, evitando represalias demasiado graves, pero la población padece el paso constante de tropas y combates mortíferos. La República Helvética no llega a recuperarse de esa debilidad inicial, ni siquiera tras el regreso de los franceses, hasta su desaparición en 1803.

La política de las repúblicas hermanas es inconsecuente de cabo a cabo. Su verdadera meta es conseguir territorios para comerciar, obtener fondos y bienes, y, de manera accesoria, instaurar en ellos la República. Por añadidura, la política de las repúblicas hermanas depende de la intervención de las personalidades fuertes del momento —directores, generales y, con menor frecuencia, comisarios de los ejércitos—, que imponen su línea y sus amigos contra otro clan y a menudo sin contar con los patriotas locales, cuando no en contra de ellos. Los conflictos entre las autoridades locales son constantes, y a menudo determinantes, especialmente en Nápoles. No es de extrañar, pues, el movimiento antifrancés que surge en 1799 en Italia y Suiza. En cambio, en la República Bátava no se produce, por otras razones a las que volveremos más adelante. No obstante, es verdad que, a pesar de los franceses, en cierto modo, la experiencia permite que se difundan las ideas constitucionales y republicanas en Europa, e incluso la esperanza de la unidad nacional en Italia. La críticas a los directores está abanderadas por los grupos de neojacobinos, como M.—A. Jullien, que coinciden con los emigrados italianos en que conviene regresar a los principios, reformar la autonomía de las repúblicas y dotarlas de instituciones que permitan la democracia representativa, en lugar de establecer ejecutivos fuertes.

En ese aprendizaje colectivo, los franceses también sirven de pretexto y de intermediarios, ya que son más que un simple modelo impuesto; cada vez se producen adaptaciones locales y se crean culturas políticas específicas que, sin embargo, más adelante se negarán en las memorias nacionales. Las desilusiones más duraderas y más graves, porque entrañan grandes vaivenes políticos, serán las de los patriotas alemanes como Rebmann, Görres o Fichte, que luchan para que Alemania encuentre su propia voz.

El nuevo mapa político

En París, el régimen entra en crisis de nuevo a causa de los acontecimientos y los debates que vuelven a plantearse. Mientras que la nación se identifica cada vez más con el ejército, las derrotas y las amenazas que se ciernen sobre las tropas de la segunda coalición se atribuyen a la «turba de los grandes políticos», como escribe precisamente un refugiado italiano en agosto de 1799. En 1798, se produce una alianza entre los militares y los neojacobinos «florealizados», ya que conviene preparar las elecciones de marzo de 1799. Convendría reflexionar acerca del ejemplo del laboratorio italiano, dividido entre partidarios de la unidad y federalistas, todos ellos republicanos, convencidos de la necesidad de adoptar soluciones democráticas, a fin de entender la complejidad de la postura de los neojacobinos franceses —y europeos— durante esos años en que los fracasos de 1793 y 1794 en Francia y de 1798 y 1799 en Italia constituyen el punto de partida para elaborar nuevas estrategias políticas.

El renacimiento de los clubes jacobinos, más que una verdadera organización, crea una maraña que agrupa a varias sensibilidades apegadas a las tradiciones jacobinas de los años 1791 y 1792, así como a las del año II, todas ellas unidas en un «arranque» que lleva a promover los valores patriotas y democráticos, sin vínculos con los seguidores de Babeuf. Los círculos ambulantes constitucionales y los periódicos sirven de vectores de ese movimiento, limitado, no obstante, a militantes en su mayoría urbanos, activos en algunas regiones como Sarthe, Franco Condado o el suroeste de Francia, así como en París, donde siguen viviendo los hombres que ejercían responsabilidades en 1793 y 1794. La Sociedad de Equitación y el Periódico de los hombres libres de todos los países, redactado por Vatar, Antonelle y Le Peletier, les orientan.

Todos ellos quieren sacar provecho de las próximas elecciones, las de marzo de 1999, que atañen a casi la mitad del cuerpo legislativo, incluido el tercio renovable, además de los escaños vacantes desde la depuración de floreal del año VI. Los distintos grupos rivales preparan las elecciones con ímpetu, desde los grupos próximos a los emigrados, calificados de «realistas», hasta los neojacobinos, calificados de «anarquistas», entre los cuales se sitúan los republicanos «revisionistas», que desean cambiar el régimen, y los «conservadores», partidarios del sistema vigente. Se trata de un juego complejo, basado en alianzas abiertas o discretas, ya que los directores proceden de tendencias distintas.

La intervención del gobierno es muy semejante a la de 1798: envía emisarios, favorece las escisiones de las asambleas electorales para poder elegir los electos, revoca y sustituye a los comisarios de los cantones o a generales como Brune o Cambray, sin olvidarse de excluir a electores y recomendar a candidatos. Los debates van acompañados de muchos enfrentamientos, «cábalas» y «tumultos», e incluso asesinatos, lo que atestigua —al menos al nivel de las élites militantes— la vitalidad de la vida política y, paradójicamente, cierta libertad de opinión, permitida por la competencia entre grupos y la retirada, relativa, de las instancias dirigentes. Así, pese a todo, 1799 se distingue de los años anteriores y también de los años siguientes, en que el espacio público se restringe.

Pese a los esfuerzos de los directores y del ministro del Interior, François de Neufchâteau, que denuncian las maniobras de los realistas y los anarquistas, se mitiga el resultado de las elecciones. Los electos se dividen a partes casi iguales entre los neojacobinos, los gubernamentales y los revisionistas, sin olvidar a los indeterminados y aquellos que, como Lucien Bonaparte, actúan en nombre de un clan o un hombre, en ese caso su hermano Napoleón, que tiene al ejército de su parte.

Contrariamente a lo que suele decir la historiografía, ningún grupo gana, pero los bloques de opinión están fijados con claridad, anunciando las divisiones regionales que vendrán. El acercamiento —o incluso la maniobra— que llevan a cabo los revisionistas respecto a los neojacobinos otorga a estos últimos un lugar determinante al día siguiente de las elecciones. Es verdad que la urgencia apremia en todos los frentes, tanto más cuanto el 28 de abril de 1799, los plenipotenciarios que permanecen en Rastatt son víctimas de un atentado que cuesta la vida a dos de ellos —Roberjot y Bonnier d’Alco—, hecho que vuelve a desencadenar los combates en toda Europa, mientras la situación financiera sigue siendo catastrófica.

El juego del balancín

La alianza de la izquierda es lo bastante fuerte para que los tres directores «gubernamentales» hostiles a cualquier mutación del régimen, Merlin de Douai, La Révellière-Lépeaux y Treilhard, se vean obligados a dimitir. El golpe se desencadena el 16 de mayo de 1799, con la elección de Sieyès como director, gracias a Barras, que actúa en la sombra. Sieyès, nombrado director sin pretenderlo, el 9 de junio de 1799 regresa de Berlín, donde ha ejercido de embajador y ha frecuentado la corte y los filósofos de Prusia, así como el duque de Brunswick, que lo considera un salvador potencial del régimen francés. El duque de Brunswick, conocido por la declaración que firma en 1791 y por haber perdido la batalla de Valmy, recibe la propuesta de los americanos de ser presidente de los Estados Unidos y de los revolucionarios de ser el comandante supremo de las tropas en 1791; por otra parte, constituye un referente del despotismo ilustrado. El episodio del encuentro entre el duque de Brunswick y Sieyès está en tela de juicio, pero demuestra la incertidumbre en la que se encuentra Sieyès en el momento en que busca soluciones para salir de la crisis. Además de la avidez, el miedo y la vanidad, que son los móviles que suelen invocarse para explicar su acción, Sieyès piensa de manera ambiciosa y, más allá de los hombres, persigue las reformas institucionales susceptibles de arreglar las incoherencias políticas, convencido, como muchos, de que el régimen se está subastando y que tarde o temprano algún hombre fuerte se apoderará de él.

En cuanto regresa, Sieyès acelera el proceso apoyándose abiertamente en el ejército, mientras los diputados neojacobinos declaran que la patria se encuentra en peligro. La ofensiva conjunta de la izquierda y los republicanos revisionistas afecta en primer lugar al director Treilhard, que pierde su cargo con el pretexto, muy legalista, de que no ha respetado el plazo de un año entre su llegada al Directorio y su salida de la Cámara de los Quinientos. Los pocos días que le faltan bastan para expulsarlo. Ocupa su lugar Gohier, un diputado «florealizado» que, por tanto, cuenta con el apoyo de la izquierda. Se desmantela el «triunvirato» formado por Treilhard, La Révellière-Lépeaux y Merlin de Douai, ya que la mayoría está en manos de Sieyès y Barras. Acto seguido, se decide que los Ancianos y los Quinientos sean permanentes, por temor a un golpe de Estado. Como precaución, se nombra una «comisión de los Once» dentro de los Quinientos, que agrupa a neojacobinos, como el general Jourdan, que se ha convertido en el comandante de la división militar de París, o Boulay de La Meurthe, próximo a Sieyès.

Esos hombres denuncian a los dos directores que continúan en su puesto, La Révellière-Lépeaux y Merlin de Douai, así como a sus confidentes. El 18 de junio de 1799 (30 de pradial del año VII), ante la amenaza de un golpe de Estado inminente, los directores dimiten —y, de paso, ponen fin a la teofilantropía—. Les suceden un militar, Moulin, un jacobino «inofensivo» a pesar de ser general, y Roger Ducos, próximo a Sieyès, muy introducido en los Consejos, que también está «florealizado» y, sobre todo, es un hombre del partido. Durante las semanas siguientes, se expulsa a los ministros demasiado incómodos de la derecha, como François de Neufchâteau, o a causa de su personalidad, como Talleyrand. Les sustituyen allegados de Barras, como Bernadotte en el Ministerio de la Guerra, nombrado el 2 de julio de 1799, o próximos a Sieyès, como Reinhard, nuevo ministro de Asuntos Extranjeros, y Cambacérès, ministro de Justicia. En un escalafón inferior, se reduce radicalmente el poder de los comisarios de los ejércitos en beneficio de los generales, lo que favorece especialmente a Championnet, acusado de malversación desde la toma de Nápoles, caído en desgracia y encarcelado. Poco después es puesto en libertad y nombrado a la cabeza de un ejército que se envía contra la invasión austríaca. ¿Se trata, pues, del retorno de los jacobinos?

El miedo del año II

En efecto, se plantea la cuestión de la herencia del año II, a pesar de que en los Consejos se exige compromiso. Algunas leyes son particularmente significativas. Se acelera el reclutamiento y el 27 de junio de 1799 se ordena la leva de hombres de cinco edades distintas; la ley de los rehenes, del 12 de julio de 1799, permite elegir a personalidades locales susceptibles de ser encarceladas, deportadas y represaliadas por actos enemigos; un préstamo forzoso, votado el 6 de agosto de 1799, se añade al aumento de los impuestos decretado en primavera de 1799 para hacer frente al alza de los gastos ocasionados por el reclutamiento. Además de la interpretación que insiste en que la violencia se renueva, es preciso subrayar que el reclutamiento de 1799 no es comparable a la leva masiva de 1793, sino que se trata de reforzar el ejército ya que se reanuda la guerra; por otra parte, que el ejército francés siempre ha tomado rehenes en los países ocupados, y, por último, que el préstamo se inscribe en la línea del de 1797.

No obstante, las inflexiones democráticas que recuerdan el año II son innegables. La supresión de la posibilidad de recurrir a un suplente en los reclutamientos, la progresividad del impuesto y el hecho de que la base imponible del empréstito se fijen de manera que los contribuyentes demasiado pobres no deban tributar inscriben esas medidas en una política de inspiración jacobina. Por último, se rehabilita a militares jacobinos, entre ellos generales implicados en los peores actos de crímenes de guerra cometidos en la Vendée (Parein, Huché, Cordellier, etc.). En el ámbito local, los militantes se declaran partidarios de extender el estado de excepción a todas las zonas de resistencia, reavivan el anticlericalismo y desean volver a instituir el poder de las asambleas, identificando la administración, la política y el gobierno.

De repente, los neojacobinos también ocupan un lugar considerable. Se instalan en la Sala de Equitación —que da nombre al club que se funda entonces— por iniciativa de los inspectores de la sala de los Consejos y eligen a Drouet como «regulador», es decir, como presidente. Bajo su dirección, el 22 de mesidor tiene lugar un debate acerca de la divisa «Libertad, igualdad o la muerte», en el transcurso del cual se menciona entre aplausos la posibilidad de mandar al cadalso a los cuatro antiguos directores. ¿Cuál es la representatividad de esa corriente radical dentro del club, que cuenta con unos tres mil miembros, y entre ellos de quince a cien diputados? Más allá de las cifras exactas, el caso es que inspira miedo, aunque solo sea porque algunos de sus miembros no dudan en adoptar posturas de 1793, como el general Jourdan, que propone un brindis por «la resurrección de las picas».

Esas prácticas no concuerdan en absoluto con la «democracia representativa» que ponen en práctica los abanderados de la Sociedad de Equitación, pero permiten comprender el acercamiento de una parte de los neojacobinos a los militares respecto a la tentación «populista» que representa el protectorado militar. Nace así una cultura republicana, arraigada en el secreto y la acción militante, destinada a perdurar durante los decenios posteriores. Sin querer comparar a los neojacobinos con Robespierre o Babeuf, resulta fácil comprender el porqué de su descrédito ante la opinión pública. Sus adversarios o sus socios ocasionales no ocultan sus cálculos políticos, y uno de los artífices del golpe de Estado, Boulay de La Meurthe, incluso advierte el 18 de junio de 1799 que no se trata de regresar al régimen de 1793. La izquierda política no dirige la política gubernamental. En efecto, el juego político está dominado por la comisión de los Once, en la que Lucien Bonaparte y Jourdan son muy influyentes, lo que ilustra el acercamiento entre los neojacobinos, los militares y los revisionistas, todos ellos en busca de soluciones diferentes. Muchos utilizan el jacobinismo como espantajo.

El antagonismo esencial se da entre los directores y los Consejos. Estos se reúnen de manera permanente desde el 28 de pradial hasta el 10 de mesidor, demostrando su voluntad de desempeñar un papel protagonista. Las denuncias contra Talleyrand y los directores —Barras y Sieyès incluidos— se multiplican, pero no desembocan en procedimientos jurídicos, sino que se vuelven en contra de sus autores, deslegitimados por su postura «sanguinaria». Los Ancianos no aceptan las medidas que reclaman los neojacobinos contra los sacerdotes refractarios y los emigrados. El empréstito apenas reporta unos cuantos millones, ya que las medidas dilatorias permiten aplazar el pago y, por añadidura, se conceden exenciones a los proveedores y los banqueros que acepten perder una parte de su crédito, renovando así lo sucedido un año antes. Así, pues, el rigor del que se hace alarde no llega a aplicarse, pero atemoriza.

El 14 de julio de 1799, Sieyès apela a la unidad de los franceses en torno al ideal de 1789, poco antes de ordenar, el 8 de termidor del año VII (26 de julio de 1799), clausurar la Sala de Equitación a Fouché, ministro de la Policía, obligando a los jacobinos a reunirse en la calle Bac. En numerosas ciudades, los incidentes y las peleas entre sans-culottes y muscadins recuerdan a los de los años 1794 y 1795, y hacen temer golpes de fuerza. En los Consejos, como desde 1792, durante las sesiones se desatan escaramuzas a fin de poner a prueba las fuerzas presentes y formar los bandos antes del enfrentamiento. Los complots se encuentran en el trasfondo de los sucesos. El papel de Fouché, un jacobino reconvertido, es sumamente turbio. ¿Qué papel desempeña Fouché en el virulento discurso que pronuncia oportunamente el diputado Victor Bach el 18 de julio de 1799, en la línea de Babeuf, justificando la represión que desea una parte creciente de los Consejos en torno a Sieyès? ¿Cómo interpretar que los cabecillas neojacobinos, como Jourdan o Drouet, se retiren por sí mismos, el último marchándose a Alto Marne como comisario? ¿Se trata de un golpe de Estado o de una maniobra parlamentaria? En cualquier caso, el 13 de agosto de 1799 Sieyès logra marginar a los neojacobinos, que a partir de entonces se separan del clan próximo a los Bonaparte y de los miembros de la izquierda del Directorio, al mismo tiempo que Sieyès adquiere un gran ascendiente sobre los otros directores, en especial Barras.

Ante la necesidad de ganar la guerra y deshacerse de los realistas, y antes de deshacerse de los jacobinos, antiguos o nuevos, los hombres fuertes del Directorio retoman los procedimientos de los hombres de Estado de 1792 a 1794. ¿Acaso puede ser de otro modo, teniendo en cuenta que la magnitud de los rencores y las venganzas se mide por los enfrentamientos que han desencadenado desde 1789? La política de lo peor que aplican los directores, sacando provecho de las pasiones, desemboca en la aparición lógica de un salvador, capaz de aglutinar las energías contradictorias que se han liberado. El deseo de los jacobinos de rehabilitar el gobierno revolucionario, sin el Terror, ofende a los partidarios del Directorio, que rechazan cualquier juramento contra la tiranía, evocando los malos recuerdos, y luchan contra las medidas antirreligiosas, en busca de un equilibrio en el centro que se alcanzará en brumario. Renace así la efervescencia política, avivada por el hecho de que los contrarrevolucionarios más convencidos consideran que ha llegado su hora de detener la Revolución Francesa.

El gran asalto

El verano de 1799 debería haber estado marcado por la victoria de la contrarrevolución, que lanza entonces su mayor ofensiva contra la República, pero la tentativa no solo fracasa, sino que la historiografía la ignora, a pesar de que atestigua, una vez más, la enorme presencia de contrarrevolucionarios en el corazón de la sociedad francesa y el papel fundamental que desempeña en el derrocamiento del Directorio y la toma de poder de Bonaparte.

Los Consejos son perfectamente conscientes del peligro realista, de manera que el 31 de agosto de 1799 otorgan al Directorio la posibilidad de crear consejos de guerra donde parezca necesario. El reclutamiento de hombres, la aplicación de la ley de los rehenes, incluso en el oeste de Francia, a pesar de las promesas de excluir esa zona, y la victoria anunciada de las tropas austríacas y rusas reavivan la oposición al régimen. El campo vuelve a estar repleto de refractarios y desertores, especialmente en las zonas hostiles al reclutamiento, como el Macizo Central, el suroeste y el sureste de Francia. Una anécdota: los curas del oeste de Francia se aprovechan del terremoto que el 25 de enero de 1799 afecta a la región de Nantes y se percibe en toda Europa, al declarar que se trata de un signo de Dios que anuncia el derrocamiento de la República —como habían prometido los curas de la Toscana por las mismas razones algunos meses antes—. La Provenza es la región donde el bandidismo resulta más peligroso. Las comisiones militares itinerantes juzgan y ejecutan en un plazo de veinticuatro horas a los bandidos que detienen; ejecutan a poco menos de la mitad de los individuos juzgados. La represión se lleva a cabo en nombre de un «terror saludable», pero cuando este es demasiado violento, raramente resulta eficaz.

Toda Francia aguarda un enfrentamiento decisivo ligado a la reorganización y el refuerzo de la contrarrevolución. En la cima de la contrarrevolución, Luis XVIII, el pretendiente nómada al trono de Francia, vive exiliado en Coulande, en Mitau, dependiendo de los soberanos de Europa. Al fin ha logrado suplantar a su hermano a la cabeza de la contrarrevolución, ayudado por la presencia junto a él de María-Teresa, la hija de Luis XVI y María Antonieta, que acaba de casarse, el 10 de junio de 1799, con su primo el duque de Angoulême, hijo del conde de Artois. Se supone que la boda, celebrada en presencia del abad Edgeworth, que acompañó al rey durante su ejecución, anuncia el renacer de la vitalidad de la corona de Francia. Por otra parte, la unión da alas a la esperanza del rey de Francia de recibir la dote de María-Antonieta, que la corte de Viena jamás ha llegado a desembolsar, y que atenuaría la incesante necesidad de dinero de Luis XVIII. En caso de victoria, este último prevé conservar las reformas aprovechables para el ejercicio de una monarquía absoluta, como la supresión de las provincias, lo que anuncia la política que aplicará después de 1814. Así, la evolución de Luis XVIII y su distanciamiento del donde de Artois inspiran una política más voluntarista que eficaz.

Desde 1798, en París existe un consejo real en torno al abate Ratel y Quatremère de Quincy, que en teoría controla una organización piramidal, que engloba desde los «visitantes» enviados en nombre del rey hasta los miembros de los Amigos del Orden, pasando por los militantes de los Hijos Legítimos y sus «administradores» departamentales o regionales. Las «agencias» de información, empezando por la de Souabe, se encargan tanto de transmitir las noticias como de difundir informaciones falsas y manipular la opinión pública y a los hombres que están en el poder. Están ligadas a las redes inglesas, sólidamente establecidas en Suiza o las islas anglonormandas, que abastecen a los contrarrevolucionarios de falsos asignados, armas y pólvora, realizando un sinfín de viajes clandestinos.

Asimismo, se coordinan con todas las tropas extranjeras que se acercan a las fronteras francesas y que, a fin de legitimar su entrada en Francia, necesitan el apoyo de personalidades como el príncipe de Condé, el duque de Enghien o Pichegru. Además, los supervivientes del golpe de Estado de fructidor del año V regresan a la primera línea, incluidos los más moderados, como Barthélemy o Camille Jourdan, lo que ilustra el amplio abanico de opiniones del bando contrarrevolucionario, que también constituye su debilidad. Se vuelven habituales los golpes de mano contra las diligencias y el secuestro de patriotas ricos para obtener dinero, pero el gobierno inglés rechaza el asesinato político de hombres influyentes, propuesto por los agentes de D’André en 1789, en nombre del honor; el atentado de Rastatt es un hecho aislado que se atribuye a un error de mando.

El final de la contrarrevolución

No obstante, la duda sobre las modalidades de la guerra demuestra la desorganización que reina dentro de la contrarrevolución. Lo ejemplifica el hecho de que el 5 de agosto de 1799 las tropas encabezadas por el general Rougé y el conde Paulo no consigan entrar en Toulouse, pese a tratarse de una ciudad católica, y, el 20 de agosto de 1799, acaben siendo perseguidas y dispersadas en Montrejeau, provocando varios miles de muertos. Las divisiones entre los jefes, la mediocridad de las tropas mal dirigidas y la incapacidad de movilizar a los guerrilleros de las ciudades del suroeste de Francia permiten a sus adversarios, informados de la amenaza realista, agrupar sus fuerzas y contraatacar, aprovechando la falta de coordinación del dispositivo. En el oeste de Francia, donde los ejércitos chuanes se sublevan en torno al 15 de octubre de 1799, desde el norte de la Charente hasta el Sena, las mismas causas producen consecuencias parecidas, aunque menos dramáticas. Los jefes vacilan hasta el último momento, incluso sobre las consignas. Sin embargo, disponen de una enorme libertad, ya que han deliberado acerca de su empresa entre el 15 y el 17 de septiembre de 1799 en el castillo de D’Andigné, cerca de Pouancé, en Maine y Loira, protegido por mil doscientos hombres armados.

Se decide llevar a cabo la insurrección el 15 de octubre de 1799, a pesar de que se suceden las derrotas. Tras el fracaso ante Toulouse, a comienzos de octubre de 1799, los anglo-rusos son derrotados por las tropas de Brune en los Países Bajos y, en agosto y septiembre de 1799, los austro-suizos son aplastados por Masséna en Suiza, condenando a Condé y sus soldados, que han llegado demasiado tarde, a un vagabundeo sin esperanza. El dispositivo realista revela sus debilidades. El desembarco anglo-ruso no cuenta con el apoyo de los holandeses, descontentos con Francia, desde luego, pero reticentes al restablecimiento del antiguo orden. La partida del zar, que el 22 de octubre de 1799 hace las paces con Francia, rompe la cohesión de la coalición.

Únicamente Italia, salvo Génova, continúa en manos de los aliados, obligándolos a pasar por la Provenza si quieren atacar Francia. En esas condiciones, las insurrecciones chuanas están condenadas a ser el último combate. Las tropas, en ocasiones formadas por varios miles de hombres, capaces de proteger el desembarco de armas y municiones organizado por los ingleses en el Finisterre francés, logran tomar algunas ciudades, como Le Mans, Nantes o Saint-Brieuc, cosa que les había resultado imposible antes. (Sin embargo, Cadoudal fracasa ante Vannes). Con todo, se trata de victorias efímeras e ineficaces. ¡La incursión de los chuanes ni siquiera perturba el sueño del general republicano a cargo de la defensa de Saint-Brieuc! Los realistas saquean las ciudades, pero sus habitantes no se suman a ellos, aunque intenten atraerlos, a pesar de que algunos jefes pretendan vengarse y poner en vigor un verdadero terror digno de 1793.

Así, el asalto se desmorona ante la resistencia de generales de primera línea, como Brune y Masséna o, menos conocidos, como Aubugeois, defensor de Toulouse, todos ellos más apegados a la Revolución Francesa que a la República que encarna el Directorio. Su compromiso atestigua la fuerza de las convicciones formadas desde 1789 o 1792. Aunque el gran asalto fracase, los «descontentos» no desaparecen; los más decididos se entregan al «bandidismo», mientras los demás recorren el territorio creando redes alrededor de sacerdotes refractarios, periódicos realistas, escuelas privadas y organizaciones clandestinas. Desde luego, la derrota militar, innegable, se debe a las divisiones entre los cabecillas y las distorsiones entre las expectativas de las élites y los contrarrevolucionarios de a pie. La contrarrevolución, pues, ha perdido la partida; es incapaz de conquistar el poder, como quedará demostrado después de 1815. No obstante, continúa siendo una fuerza incontestable, que posee verdaderos bastiones con los que es preciso transigir ya que no se pueden reducir, y deja una huella política que marca los compromisos de manera duradera.

La estabilidad por medio del golpe de estado

Los acontecimientos sobrevenidos desde finales de la década de 1780 establecen una serie de relaciones de fuerza que sitúan la República en un equilibrio vacilante e incierto, pero irreversible. El fracaso realista significa que el retorno al Antiguo Régimen ya no es posible; Luis XVIII lo comprenderá y Carlos X lo experimentará. El recuerdo de 1793 impide que se retomen las experiencias revolucionarias. Cuando el 13 de septiembre de 1799 el general Jourdan pide que los Consejos proclamen la patria en peligro para hacer frente a las amenazas, los directores agitan el miedo al complot jacobino, logran sin dificultad que Bernadotte dimita como ministro de la Guerra, a quien sustituye Dubois-Crancé, y acaban de marginar a los militantes jacobinos, mientras deportan a los periodistas a la isla de Oléron. Al recusar las tentaciones ultra y contrarrevolucionarias, la nación armada, conquistadora y renovada por las élites salidas de las urnas y enriquecidas por los bienes nacionales busca una nueva identificación. El 15 de agosto de 1799, la muerte del joven general Joubert, a quien sin duda Sieyès consideraba la fuerza indispensable para encabezar el golpe de Estado necesario, deja vía libre a las ambiciones, pero ninguno de los generales quiere dar el paso, salvo Bonaparte.

La expedición a Egipto se dirige a tambor batiente, a pesar de la destrucción casi inmediata de la flota francesa por parte de Nelson en alta mar en Aboukir. Los franceses, que desembarcan el 1 de julio de 1798, a finales de 1798 ya han conquistado todo Egipto. En cambio, la campaña de Siria fracasa a comienzos de 1799. El abandono del asedio de San Juan de Acre se agrava por los estragos que causa la peste y el envenenamiento de los apestados de Jaffa por orden de Bonaparte. Se precipita la difícil retirada por el delta del Nilo a fin de contener el desembarco de las tropas otomanas, secundadas por la flota inglesa en la bahía de Aboukir. El 25 de julio de 1799, Bonaparte obtiene una victoria aplastante, pero una vez más en el filo de la espada. El Egipto francés está salvado, pero su expansión queda comprometida. Ambas partes despliegan una violencia extrema. Los franceses reprimen las resistencias con una gran brutalidad, destruyendo pueblos enteros si es necesario, al mismo tiempo que instauran la administración del país, acumulan descubrimientos científicos y ciertos conquistadores se abandonan a los encantos de Oriente hasta el punto de tener esclavos. Bonaparte, cuyo cinismo horroriza a Kléber, no sucumbe a la fascinación por Oriente, sino que, atento a los acontecimientos franceses, ayudado tal vez por el almirante inglés Sydney Smith, gran conspirador y gran amante de Francia, el 22 de agosto de 1799 abandona a sus tropas a su suerte, se escapa milagrosamente de la flota inglesa y, el 9 de octubre de 1799, desembarca en Fréjus, en la costa mediterránea de Francia.

Lo que sucede a continuación es objeto de un sinfín de obras, unánimes tanto en el regreso triunfal del general Bonaparte a París, adonde llega el 16 de octubre de 1799, aclamado como el salvador de la nación, como en la inquietud de los directores, que intentan descubrir con quién se aliará. El juego del gato y el ratón de Bonaparte y Sieyès es bien conocido, al igual que el desfile ante Bonaparte de los confidentes, los aliados y los indecisos, sin olvidar los financieros, discretos pero indispensables, como es el caso, probablemente, del proveedor Collot. En todo ello, Talleyrand y Roederer, además de Lucien Bonaparte, ejercen de intermediarios irrenunciables. Así, un pequeño areópago prepara a conciencia el golpe de Estado, rompiendo con la escalada de las tensiones entre los grupos rivales durante las jornadas populares. Todo ello desemboca en una verdadera revolución de palacio, ya que se han definido y asignado las responsabilidades militares y políticas a fin de dividir París en zonas, apartar a los reticentes y contener a los oponentes, descalificados de antemano como conspiradores. Todo se ejecuta muy deprisa. El 6 de noviembre de 1799, es decir, el 15 de brumario del año VIII, se lanza la operación, apartando a Barras, tras haber comprado su salida de la vida política. El 7 y el 8 de noviembre de 1799, mientras Sieyès redacta los decretos previstos para revisar la Constitución, los conspiradores imprimen la convocatoria de los diputados, que se ven obligados a firmar el acta de suicidio del Directorio y las proclamas dirigidas a la opinión pública, mientras las últimas negociaciones definen los bandos.

El 9 de noviembre de 1799, es decir, el 18 de brumario del año VIII, a las siete de la mañana, se convoca a los Ancianos —a los supuestos oponentes se les mantiene al margen de entrada—, atónitos ante la propuesta de que trasladen los Consejos al castillo de Saint-Cloud para poner a Bonaparte a la cabeza de la división militar a cargo de París y para salvaguardar la representación nacional de una amenaza jacobina inminente. La adhesión a Bonaparte de la mayoría de los generales presentes en la capital y de los soldados bascula la jornada hacia su desenlace. Bonaparte pasa revista a las tropas a caballo en las Tullerías, y de paso ridiculiza por completo los cursos de equitación que ha tomado Sieyès durante las semanas anteriores para poder desfilar llegado el día. Los directores Gohier y Moulin, que se mantienen al margen, al igual que los ministros recalcitrantes, simplemente se encuentran bajo vigilancia militar. Reina la apatía, no solo porque en las calles hay siete mil soldados, sino porque los acreedores se tranquilizan y los jacobinos no reaccionan.

El 10 de noviembre de 1799, es decir, el 19 de brumario del año VIII, el conjunto de actores, conspiradores y diputados se encuentran en Saint-Cloud a fin de dotar de legitimidad constitucional a la maniobra, pero nada sucede como estaba previsto. El retraso en la preparación de las salas permite que la oposición jacobina se despierte. Los Ancianos tardan en resignarse a disolver el Directorio, como era de esperar. Algunos incluso invocan el respeto a la Constitución, pero Bonaparte se indigna recordando que ellos mismos la han violado en numerosas ocasiones. La resistencia de los Quinientos es más seria; acogen a Bonaparte gritando «¡Muerte al tirano!» y «¡Fuera de la ley!», cosa que confunde al general, que debe abandonar la Asamblea, protegido por cuatro granaderos. Sin embargo, las circunstancias del 9 de termidor del año II no vuelven a repetirse. Los neojacobinos temen enzarzarse en un conflicto, mientras que Bonaparte apela a sus soldados, cosa que Robespierre no podía hacer de manera tan directa. Los militares expulsan a los diputados antes de reunir a un número suficiente para avalar la dimisión de los directores, el vacío de poder y la instauración de una «comisión consular ejecutiva» compuesta por Sieyès, Ducos y Bonaparte —en este orden—, que se encarga de restablecer el orden, la paz y el sosiego públicos. El cuerpo legislativo se separa, dejando detrás de sí dos comisiones limitadas a veinticinco miembros, cada una de las cuales debe preparar la continuación y legitimar las nuevas instituciones. La depuración afecta enseguida a sesenta y un diputados de entre los opositores recientes, la mayoría de los cuales son deportados o confinados en régimen de arresto domiciliario, como el general Jourdan. El decreto no llega a ejecutarse de manera rigurosa, pero resulta esencial la imagen que transmite del viraje que se adopta respecto a los jacobinos.

La legitimidad indispensable

La propaganda, experimentada en los días siguientes a los golpes de Estado de termidor de 1794 y fructidor de 1797, tiene una eficacia inmediata; propaga la leyenda de Bonaparte amenazado de muerte por los diputados armados de estiletes y justifica la denuncia del complot jacobino. Los cónsules envían a veinticuatro delegados —estaba previsto mandar a veinticinco, pero uno no se marcha—, verdaderos representantes en misión, a las divisiones militares, a fin de asegurarse la opinión pública, sustituir, si es necesario, a los funcionarios públicos y cerrar los clubes. La reconciliación está a la orden del día; los emisarios, según si sus interlocutores son de izquierda o derecha, despliegan un discurso que insiste en la defensa de la República o el restablecimiento del orden. Cierto número de jacobinos, entre ellos Barère o Jourdan, amnistiados, dan a conocer su consentimiento.

Con todo, la adhesión al golpe de Estado es mitigada. Las reacciones dependen de los equilibrios locales: el retorno previsible de la prosperidad pone de parte del golpe de Estado a los habitantes de Burdeos, a pesar de que una parte de ellos son partidarios de la contrarrevolución; los jacobinos de Lyon pierden su preeminencia en la ciudad, ya que brumario colma el «abismo ahondado» desde fructidor. Resulta difícil obtener la adhesión del ejército, ya que entre sus filas impera el espíritu republicano y los celos de algunos generales, como Masséna, sondeado para ser director, y que se opone al golpe de Estado y a Bonaparte. En las administraciones, la adhesión al golpe de Estado de Bonaparte es mayoritaria, aunque esté limitada por una poderosa minoría jacobina. Por otra parte, el oeste de Francia sigue en guerra. El 14 de noviembre de 1799 se inician las negociaciones con los jefes chuanes, que concluyen con un armisticio aceptado por todos, salvo dos, el 24 de noviembre de 1799. El 29 de noviembre de 1799 se decide liberar a los sacerdotes refractarios que han prestado juramento antes de 1797, se han casado o han dejado de ejercer el culto. Ello desagrada a una parte de los soldados y los generales republicanos, que se sienten desautorizados y no pueden sacar partido de su éxito sobre el terreno, especialmente en la Vendée, donde resultan victoriosos.

En todo el proceso, aparentemente se respeta la «legalidad» republicana. El 20 de brumario del año VIII, los cónsules prestan juramento y juran «fidelidad inviolable a la soberanía del pueblo, a la República…», seguidos por los miembros de las comisiones parlamentarias, que legitiman la suspensión de los Consejos y la preparación de la Constitución. El 20 de brumario del año VIII, una ley restablece la necesidad de que los administrativos y los militares presten juramento, cosa que hacen los funcionarios, a pesar de algunas reticencias aquí y allá, como en Grenoble. Enseguida se exige la obediencia al poder ejecutivo, en especial por parte de los emigrados que regresan, así como de los sacerdotes, según el Concordato del año 1801. Esas exigencias constituyen etapas hacia la generalización de la fidelidad personal a Bonaparte, incluso antes de que se convierta en emperador y recompense a sus fieles con la legión de honor. El período revolucionario, con el juramento que crea una nación basada en un acto voluntario, pervive. Empieza entonces la toma de poder de Bonaparte, sumamente carismático.

Este no carece de apoyos. En primer lugar, cuenta con su familia, un verdadero clan, de una enorme fuerza gracias a sus relaciones; además, dispone del dinero que ha traído de Italia y tal vez de Egipto. A continuación, Bonaparte cuenta con el apoyo de los financieros, los medios de negocios y todos aquellos que comprenden que conviene seguirlo, empezando por Ducos, sin olvidar a Cambacérès, Fouché, Talleyrand y Berthier, que se convertirán en ministros abnegados y siempre fieles. El generoso reparto de prebendas y dinero contribuye al juramento de fidelidad. Por último, es preciso tener en cuenta la extraordinaria energía política que posee Bonaparte. Se trata de una virtud que no encaja en las categorías de las ciencias políticas, pero resulta evidente. Mientras que Sieyès se revela incapaz de redactar una Constitución, Bonaparte, inspirándose en sus principios, logra que la armen en una docena de reuniones.

A pesar de que se mantiene el sufragio universal masculino, una sucesión de elecciones intermedias designan listas a partir de las cuales se elige a los funcionarios y los electos. Además, las listas son «definitivas» durante diez años, limitando el recurso a nuevos sufragios para los escaños vacantes. El poder legislativo se reparte entre dos Cámaras: el Tribunado, que discute las leyes propuestas por los cónsules, y el cuerpo legislativo, que las adopta sin discutirlas. Esos organismos dependen del Senado, guardián de la Constitución, que nombra a los miembros de las dos Cámaras, y a su vez está compuesto por cooptación. Por debajo está el Consejo de Estado, que depende del ejecutivo, que redacta los proyectos de las leyes. Así, la voz de la nación puede expresarse, pero dentro de estrechos límites, ya que el ejecutivo se arroga de facto el papel central.

Bonaparte, que ha impuesto sus ideas frente a las de Sieyès, agranda su ventaja estableciendo una jerarquía considerable entre los cónsules: el primero de ellos recibe un sueldo que triplica el de los otros dos, y obtiene importantes prerrogativas. Bonaparte incluso logra que Sieyès lo nombre Primer Cónsul, y luego que Sieyès y Ducos dejen de ser cónsules para convertirse en los primeros senadores, encargados de nombrar a los demás senadores. En las dos plazas vacantes, coloca a dos de sus fieles, Cambacérès y Lebrun, que se convierten en los otros dos cónsules nombrados para diez años. El 14 de diciembre de 1799 se imprime la Constitución, que carece de preámbulo y declaración de derechos, y se prevé una consulta para que los electores la sancionen. No obstante, la Constitución entra en vigor el 25 de diciembre de 1799, antes del referéndum, organizado en febrero de 1800, aprobada por las comisiones intermediarias. La víspera, la declaración que la acompaña concluye con estas palabras: «Ciudadanos, la revolución está fijada en los principios que la iniciaron. Está acabada».

Salir de la guerra civil

A finales de 1799, diez años después del cuadro El juramento de los Horacios, que ilustra el comienzo de la Revolución Francesa, Jacques-Louis David expone El rapto de las sabinas, iniciado tres años antes. El pintor pasa de presentar de manera heroica a los guerreros que juran defender su ciudad hasta la muerte, sin tener en cuenta sus vínculos familiares, a la reconciliación entre los hermanos enemigos por medio de sus mujeres y hermanas, relegadas antaño a una resignación absoluta. Así, David da su visión, ambigua, desde luego, de la salida de la guerra civil. En efecto, pensar que la Revolución Francesa ha desencadenado una guerra civil —es decir, un vacío de poder, la competencia entre las autoridades legitimadas para ejercer la violencia de Estado— lleva a pensar que el Directorio no cae por razones institucionales, sino por no haber sabido superar los enfrentamientos, aunque sea apaciguando —o disuadiendo de— los conflictos o seduciendo a los antagonistas, incluso fusilando a los recalcitrantes. Eso se propone Bonaparte, al menos hasta 1802, antes de verse arrastrado por la dinámica que ha lanzado, la fuerza de las cosas que sigue influyendo, pero en un registro diferente al que prevalecía entre 1770 y 1800. Esa será también la línea de De Gaulle en 1944 y en 1958, tras la Segunda Guerra Mundial y para poner fin a la guerra de Argelia.

La organización del plebiscito previsto el 15 de febrero de 1800 para sancionar el cuerpo electoral de la Constitución atestigua la violencia del trámite, que, sin embargo, no es muy distinto de la votación de las Constituciones anteriores en 1793 y 1795. La votación se lleva a cabo inscribiéndose en registros y sin discusión alguna, y apenas atrae a un millón y medio de votantes, electores aislados que ya no tienen nada que ver con las comunidades electorales del decenio anterior. A pesar de ese marco, unas cien mil personas expresan su rechazo. Se trata de cifras manipuladas e hinchadas para justificar que Bonaparte se instale en las Tullerías al día siguiente del plebiscito, reanudando manifiestamente la tradición monárquica del fasto que rodea al soberano. Dos días más tarde, se crea la figura del prefecto, que personifica y encarna el poder en el ámbito local.

El régimen se apoya en un conglomerado de grupos: los habitantes de las grandes ciudades del norte de Francia, que esperan el retorno al orden; el lobby colonial, partidario de que las colonias vuelvan a estar bajo la autoridad única de los colonos, que espera que se restablezca la esclavitud; el mundo de los negocios y los bancos, que espera resultados concretos y al fin entrevé la posibilidad de crear un Banco de Francia, o el mundo del trabajo, en el que los administradores desempeñan un papel paradigmático al organizar las relaciones, protegidas por el Estado, entre los gremios y los patronos.

Así, Bonaparte al fin crea el Estado jacobino «químicamente puro, fuerte, centralizado, que nombra de arriba abajo a los titulares de todas las funciones periféricas» (M. Agulhon). Por medio de la fuerza y la seducción, responde al divorcio que surge entre el Estado y los franceses durante la Revolución Francesa, ya que esta introduce la modernidad de manera demasiado brutal. La ambigüedad de la nación, nacida del golpe de Estado de brumario del año VIII, abre nuevas perspectivas que desembocarán en el Imperio y el bonapartismo; en suma, en una cultura política inédita. ¿Cómo calificar entonces la corriente de los grandes agentes del Estado que se aglutinan en torno a Bonaparte? ¿Acaso proceden del «extremo centro» que había tratado de defender la República nacida de la Revolución Francesa, de Thibaudeau a Barère? ¿Acaso descienden de los monarcómacos del siglo XVI, que ponen el Estado por delante de los regímenes y sobre todo de los detentores del poder, y están dispuestos a comprometerse con los «dictadores», se trate de Robespierre o Bonaparte?

En muchos aspectos, Bonaparte retoma las estrategias que ya han experimentado Barnave, Robespierre o el primer Directorio; se apoya en el centro en contra de los extremistas, privilegiando una orientación «antipolítica» basada en la administración, el ejército y la nación de los notables y los propietarios locales; así, puede presentarse como el «nuevo príncipe», siguiendo los principios de Maquiavelo, a fin de consumar la unidad nacional. Al otorgar el poder local a los principales habitantes, semillero de subprefectos y alcaldes, el Consulado retoma el punto de partida inicial de la Revolución Francesa, provocada por el enfrentamiento entre el ámbito local y el Estado; además, Bonaparte consigue centralizar el Estado conjugándolo con el reconocimiento de las particularidades locales enmarcadas en el esquema centralizado. Así, desbarata las esperanzas de los neojacobinos de encontrar adeptos entre los descontentos al desarmar las resistencias regionales contra el Estado central. Para ello, el Consulado aprovecha las experiencias del Directorio en cuanto a las municipalidades, el sistema de justicia, la profesionalización de las actividades y, sobre todo, la generalización de la intervención cada vez mayor del Estado en la sociedad, especialmente haciendo reconocer el papel de la gendarmería. El cuadro no tiene nada de idílico, ya que la amenaza contrarrevolucionaria continúa presente y el estado de excepción sigue impuesto en numerosos lugares sometidos al poder de generales, lo que recuerda que nada está ganado. El ejemplo más emblemático es la brutal lucha contra los barbets en los alrededores de Niza, dirigida por el general Garnier, a veces en contra de la opinión de las autoridades civiles, incluido el prefecto.

La revolución nacional

Se impone la paz a los contrarrevolucionarios entremezclando las medidas más liberales con las órdenes más violentas. El 28 de diciembre de 1799 (7 de nivoso del año VIII), los cónsules proclaman la libertad de culto en el oeste de Francia. No establecen un Estado laico, sino que emplean un vocabulario marcado por el catolicismo: así, invitan a «los ministros de un Dios de la paz» a «ofrecer junto con sus conciudadanos el sacrificio que expiará los crímenes de la guerra y la sangre que ha hecho derramar». La religión ya no solo se considera en su dimensión cívica. Por muy agnóstico que sea Bonaparte, tiende la mano a los católicos apegados a la Iglesia romana, respondiendo especialmente a las propuestas del abad Bernier, antiguo limosnero de Stofflet, de ejercer de intermediario con la Iglesia y la contrarrevolución. El desenlace será la firma del Concordato con el papado en 1801, integrando a los sacerdotes galicanos, a pesar de sus resistencias, en la refundación de una Iglesia volcada en el régimen.

El periódico El Monitor presenta de manera explícita el juramento a la nueva Constitución como un compromiso estrictamente civil, y Bonaparte insiste al general Hédouville en que dispense del juramento a los sacerdotes favorables del oeste de Francia, cosa que asegura el éxito del armisticio del 4 de enero de 1801. Bonaparte debe vencer las reacciones de los anticlericales, como Fouché, de los galicanos, como la mayoría de los miembros del clero constitucional, como Talleyrand, y de una parte de los miembros del Tribunado, que limitan tanto como pueden los efectos de esa política. Por razones opuestas, como es lógico, los contrarrevolucionarios más radicales y los príncipes temen las consecuencias de esas negociaciones, que el asesinato del obispo Audrein del Finisterre, el 20 de noviembre de 1800, por parte de los chuanes, trata de perjudicar en vano.

Resulta muy difícil conciliar a los oponentes realistas, tanto más cuanto que las convicciones de Bonaparte respecto a la realeza y sus vínculos con Luis XVIII están envueltos en la confusión. La realidad es que maneja el palo y la zanahoria. A partir del 26 de diciembre de 1799 se abandona la proscripción de los emigrados, lo que permite el regreso de los proscritos en fructidor, pero no se cuestiona la fuerza de la represión. El 8 de enero de 1800, el recordatorio de que cualquier persona encontrada con armas en la mano o que incite a la rebelión será fusilada, y que cualquier municipio que ayude a los rebeldes será tratado como si se rebelara se concreta en la ejecución de un joven, Toustain du Manoir, fusilado en la llanura de Grenelle por haber sido descubierto en posesión de escarapelas blancas. El 21 de enero de 1800, nueve jóvenes realistas, entre ellos Hyde de Neuville, cubren el campanario de la Madeleine de París con telas negras y hacen circular una proclamación realista, hecho que atestigua que los realistas comprometidos no se dan por vencidos. Entonces Bonaparte deja que el 18 de febrero de 1800 Frotte, un jefe chuán que durante un tiempo tiene el control de toda la Normandía, sea condenado a muerte y ejecutado, a pesar de la palabra dada en su rendición, y el 5 de marzo de 1800 propone el grado de general a Cadoudal, con la intención de alejarlo de la contrarrevolución.

La incertidumbre que se cierne sobre el destino del régimen y del Primer Cónsul, que sigue en conflicto con los otros generales republicanos, se agrava con las noticias que llegan de las fronteras. El gran asalto ha fracasado, pero la situación en Italia sigue siendo incierta; Masséna, a la cabeza del ejército de Italia, está bloqueado en Génova, y Moreau, comandante de las tropas del sur de Alemania, no logra hacer frente a los austríacos, que esperan refuerzos de las tropas inglesas. El ejército francés se ha beneficiado de las medidas adoptadas en brumario para reconstituirlo, pero, pese a todo, sigue debilitado, ya que Bonaparte no puede poner en práctica el plan previsto para operar en Suiza y el norte de Italia. Moreau, muy popular, se niega a abandonar el teatro de operaciones alemán.

La campaña que lanza Bonaparte a partir de abril de 1800 al encabezar el ejército de reserva es un audaz póquer de ases, pero resulta indispensable para asegurar su continuidad a la cabeza del país. El paso de los Alpes por los grandes puertos suizos es una proeza, pero la amenaza austríaca no remite. Sin embargo, el 14 de junio de 1800, los franceses vencen in extremis a los austríacos, gracias a la iniciativa que toma el general Desaix antes de morir. Al día siguiente se suspenden los combates por petición de Austria; aunque Bonaparte regresa enseguida a París, sus tropas prosiguen su avance por el centro y el norte de Italia, reprimen a los barbets y amenazan con invadir Austria. Esa brutal inversión de las relaciones de fuerza permite a Bonaparte imponer la paz a Austria e Inglaterra el 9 de febrero de 1801, tras las negociaciones de Lunéville.

La propaganda en torno a la campaña de Italia exalta la travesía de los Alpes, la victoria de Marengo y la muerte de Desaix; constituye un momento crucial en la forja de la leyenda napoleónica. Sin embargo, no debe hacer olvidar que Bonaparte ha estado a punto de perder el poder. Entre las conjuras que reúnen a grandes iniciados en los salones, como en 1793 y 1794, el 21 de junio de 1800, cuando París se entera de la derrota, Sieyès, Carnot, Fouché, el senador Clément de Ris y, sin duda, Talleyrand consideran la posibilidad de remplazar a Bonaparte. Al día siguiente, el 22 de junio de 1800, se confirma la victoria, lo que pone fin al complot, pero acarrea ajustes de cuentas entre los espías, mientras en París se preparan fiestas en honor al héroe invencible, salvador de la patria. Las festividades retoman el heroísmo de 1792 y 1793, pero de otro modo. Brumario del año VIII se acaba con Marengo, pero sin hacer olvidar que tan solo el ejército es la garantía del poder. El episodio hace olvidar la mediocridad del golpe de Estado del 18 de brumario del año VIII, que se convierte en una victoria contra los conspiradores armados de estiletes. Se amordaza a la historia, lo que anuncia el silencio que se impone a los recuerdos de la Revolución Francesa y el control de los historiadores.

Acabar con la Revolución Francesa

El primer acto es la clausura de las guerras religiosas. Bonaparte se aprovecha de la campaña en Italia para emprender una política de reconciliación con la Iglesia. En Milán, proclama que «Ninguna sociedad puede existir sin moral, y sin la religión no hay buena moral», lo que le permite acercarse al papa Pío VII, en el momento en que este es el blanco de las pretensiones austríacas, un acercamiento que facilitará las negociaciones acerca de la Iglesia de Francia. El éxito militar facilita la reconciliación, ya que este se interpreta como un signo de Dios, tanto en Italia como en Francia, donde los tedeums se celebran ante imponentes muchedumbres. La imagen de Bonaparte también incita a los protestantes y los judíos a considerarlo el protector natural de sus comunidades.

Quedan por contener y eliminar los oponentes irreductibles de la izquierda y la derecha. Los realistas no ceden. Los conspiradores se agitan, estén ligados a la agencia realista de Hyde de Neuville y del conde de Coigny, a la agencia inglesa o a la agencia por el rey. Se enfrentan a los policías que gravitan en torno a Fouché, cuando no cooperan con la contrapolicía de Duperón (o Dupérou) ¡ligada a Talleyrand! Corren rumores de que mil quinientos chuanes van a invadir París bajo las órdenes de Mercier, llamado la Vendée, amigo de Cadoudal. Ese clima explica que, en septiembre de 1800, el rapto del senador Clément de Ris se convierta en un «asunto tenebroso», como lo calificará Balzac, ya que son los chuanes Carlos Sourdat y, sin duda, Bourmont quienes ponen fin al rapto, tal vez por encargo de Fouché, que se podría ver comprometido por la circulación de documentos que atestiguan sus maniobras en el momento de Marengo.

En octubre de 1800 se desbarata otra conspiración, igual de misteriosa, llamada «de los puñales» o «de la ópera», que pretendía asesinar al Primer Cónsul el 10 de octubre de 1800. Los acusados se reclutan entre las filas de la izquierda, como el pintor Topino-Lebrun o el ayudante de general Arena, hermano del diputado acusado de haber querido apuñalar a Bonaparte el 19 de brumario del año VII, o entre los italianos exiliados, como el escultor Ceracchi, todos ellos ejecutados en enero de 1801. Por último, el 24 de diciembre de 1801, Bonaparte se escapa por suerte a un atentado organizado en la calle Saint-Nicaise, en París, por realistas que hacen explotar una carga de pólvora a su paso. El 28 de diciembre de 1801, un tedeum en la iglesia de Carmes agradece a Dios haber salvado la vida del Primer Cónsul, mientras este, más pragmático, emprende la persecución de los conspiradores, a quienes considera jacobinos.

La represión es violenta, y en primer lugar apunta a los «exclusivos» o «los seguidores de Babeuf»; se detiene a ciento treinta hombres, deportados a las islas, a la Guayana o las Seychelles. Sin embargo, Fouché consigue demostrar la responsabilidad de los realistas; se captura y se ejecuta a tres autores del atentado, lo que hace pensar que los jefes, como Cadoudal e incluso el duque de Enghien, siguen siendo peligrosos. En total, entre septiembre de 1800 y febrero de 1801, se llevan a cabo mil doscientas detenciones, seguidas por doscientas cincuenta condenas a muerte. Por su obstinación, Fouché, que también apoya la resistencia de los sacerdotes galicanos al acercamiento a Roma, perderá durante un tiempo el Ministerio de la Policía. La fractura política es clara. Bonaparte ha roto con sus amigos jacobinos del mismo modo que lucha abiertamente contra los realistas, tras haber coqueteado con ellos en 1798 y 1799. El Consulado se afirma como un régimen distinto a todos los anteriores. La ruptura es definitiva; Bonaparte es plenamente consciente de haberla consumado e incluso encarando. No duda en proclamar: «Soy nacional», ya que considera que ha respondido a la pregunta que plantea Sieyès en 1789 a propósito de la nación.

Se inauguran nuevos tiempos. El 2 de septiembre de 1800, el quinto día complementario del calendario republicano, las cenizas del general Turenne se trasladan a los Inválidos, permitiendo que se celebre la alianza entre la República, los héroes, muertos o vivos, y la libertad de cultos. Poco después, en noviembre de 1800, un breve panfleto, titulado Paralelismo entre César, Cromwell, Monck y Bonaparte, justifica la comparación entre Carlomagno y el Primer Cónsul, en el momento en que las columnas de la catedral de Aquisgrán se exponen en el museo del Louvre. ¿Se trata de un globo sonda, lanzado al parecer por el propio interesado, o de una maniobra precipitada de Lucien Bonaparte, de quien se sospecha que es uno de los autores, nombrado enseguida embajador en España? Todas las hipótesis son posibles, ya que cuatro años más tarde, Bonaparte en persona, convertido en Napoleón I, se recoge frente a la tumba del emperador Carlomagno. La paz de Lunéville, firmada en febrero de 1801, y luego el acto del concordato, el 15 de julio de 1801, ponen fin a los conflictos nacidos en la década de 1770: todas las cuestiones importantes legadas por los reformistas y los revolucionarios están solucionadas; ha llegado el tiempo de llevar a cabo una refundación, por medio de la escritura de códigos, la invención de otra soberanía y otra Europa.

Referencias bibliográficas

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GUYOT, R., Le Directoire et la paix de l’Europe, 1911.

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ABREVIATURAS UTILIZADAS

ABPO: Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest.

AESC: Annales, Économies, Sociétés, Civilisations.

AHR: American Historical Review.

AHRF: Annales historiques de la Révolution française.

AHSS: Annales, Histoire, Sciences sociales.

AR: Annales révolutionnaires.

ASHSM: Association suisse d’histoire et de sciences militaires.

CHEFF: Comité pour l’histoire économique et financière de la France.

CHES: Commission d’histoire économique et sociale de la Révolution.

CRHENO: Centre de recherche sur histoire de l’Europe du Nord-Ouest.

CRRR: Centre de recherches révolutionnaires et romantiques.

CTHS: Comité des travaux historiques et scientifiques.

DUSP: Dictionnaire des usages sociopolitiques (1770-1815), Klincksieck, INaLF, Champion

EHESS: École des hautes études en sciencies sociales.

FHS: French Historical Studies.

GRHIS: Groupe de recherche d’histoire.

IHRF: Institut d’histoire de la Révolution française.

JFS: Journal of French Studies.

MLN: Modern Language Notes.

RH: Revue historique.

RHMC: Revue d’histoire moderne et contemporaine.

RN: Revue du Nord.

SER: Société des études robespierristes.

Fecha de nacimiento: 31 de enero de 1948

Historiador francés, Jean-Clément Martin es conocido por su trabajo de investigación sobre la Revolución Francesa y la posterior Contrarrevolución.

Jean-Clément Martin es profesor emérito de la Universidad de París I Panthéon Sorbonne y antiguo director del Instituto de historia de la Revolución francesa. Martin ha sido profesor en universidades como la de Nantes o la Sorbona.

Notas

[1] Existe una edición en castellano: Jean-Jacques Rousseau, Proyecto de constitución para Córcega. Consideraciones sobre el gobierno de Polonia, Tecnos, Madrid, 1989. (N. de la t.). <<

[2] Existe una edición en castellano: Emmanuel Joseph Sieyès, ¿Qué es el tercer estado?, precedido de Ensayo sobre los privilegios, Alianza, Madrid, 2012. (N. de la t.). <<

[3] Existe una edición en castellano: Montesquieu, Del espíritu de las leyes, Alianza, Madrid, 2012. (N. de la t.). <<

[4] Existe una edición en castellano: Jean-Jacques Rousseau, Julia, o La nueva Eloísa, Akal, Madrid, 2007. (N. de la t.). <<

[5] Existe una edición en castellano: Voltaire, Cándido y otros cuentos, Alianza, Madrid, 2011. (N. de la t.). <<

[6] Existe una edición en castellano: Edmund Burke, Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo bello, Alianza, Madrid, 2010. (N. de la t.). <<

[7] Existe una edición en castellano: Edmund Burke, Reflexiones sobre la Revolución Francesa, Alianza, Madrid, 2013. (N. de la t.). <<

[8] La denominación se debe al hecho de que Francisco II, rey de Bohemia y Hungría, que sucede a su padre, Leopoldo II, tras su muerte, todavía no ha sido elegido emperador de Austria por los electores del Santo Imperio. <<

[9] No se debe confundir al antiguo jesuita con uno de sus primos, homónimo exacto, jefe chuan y próximo a Cadoudal, conocido bajo el nombre de Limoléan, que emigra a los Estados Unidos, donde participa en la fundación de una orden religiosa. <<

[10] Existe una edición en castellano: Marqués de Sade, La filosofía en el tocador, Valdemar, Madrid, 2008. (N. de la t.). <<