Peter Winn

La revolución chilena

LOM PALABRA DE LA LENGUA YÁMANA QUE SIGNIFICA SOL

© LOM Ediciones

Primera edición, 2013

ISBN: 978-956-00-0465-9

ISBN Digital: 978-956-00-0721-6

Fotografía de portada: John Hall

Diseño, Composición y Diagramación

LOM Ediciones. Concha y Toro 23, Santiago

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A Clemente

A los que luchan para un mundo mejor

Agradecimientos

Toda síntesis histórica se construye sobre la base de las palabras y el trabajo de los actores sociales y los investigadores que la preceden, y este libro no es una excepción. Las propuestas de lectura que ofrezco al final reflejan esa bibliografía y esas fuentes.

Sin embargo, en un recuento que utiliza estudios de caso para reconstruir la historia de la revolución chilena desde abajo, me encuentro particularmente en deuda con los investigadores que los han estudiado y recopilado, especialmente Mario Garcés y Boris Cofré, acerca de los pobladores de los barrios pobres de Santiago; Florencia Mallon, sobre de la comunidad mapuche Nicolás Ailío, y Heidi Tinsman, respecto a los campesinos y la reforma agraria en el valle del Aconcagua.

Aunque el estilo de este libro no utiliza referencias, quisiera animar a los lectores interesados a que profundicen su comprensión de los estudios de caso y las historias más generales que ellos iluminan consultando los extraordinarios libros que estos autores han escrito, todos publicados en español y enumerados en la bibliografía seleccionada.

Asimismo, me gustaría agradecer a Emilia Viotti Da Costa por animarme a escribir esta historia y a Julio Pinto y Mario Garcés por su crítica y acuciosa lectura; a mis traductores, Gloria Casanueva y Hernán Soto por transformar mi, muchas veces, difícil prosa inglesa en un español legible; a Catalina Saldaña por su ayuda con la bibliografía, y a Paulo Slachevsky y el equipo de LOM por su flexibilidad y apoyo.

Aunque este libro no fue escrito originalmente pensando en el público chileno, espero que contribuya a iluminar una era y un tema controvertido que, a pesar de su importancia, sigue siendo una memoria prohibida y una historia inconveniente.

Prólogo

Cuando llegué a Chile a comienzos de 1972, encontré un país en medio de una revolución. En mi primer día, vi una manifestación de mapuches frente al palacio presidencial pidiendo la restitución de tierras arrebatadas a sus antepasados y recibiendo una respuesta positiva por parte de Salvador Allende, el «compañero presidente». En los días siguientes, visité una fábrica y un banco que habían sido intervenidos por el Gobierno, restados al control de sus propietarios y eran gestionados por sus trabajadores; una mina de cobre nacionalizada que había sido propiedad de una gigantesca corporación estadounidense; un latifundio expropiado a la familia en cuyo poder había estado durante siglos y que había sido entregado a los campesinos, y un «campamento» transformado en una comunidad bien organizada desde abajo, con su propia escuela, policlínico, tribunales y gobierno. Ese campamento había decidido llamarse Nueva La Habana, en homenaje a la Revolución cubana que, claramente, inspiraba a sus fundadores. Pero a diferencia de Fidel Castro, Allende había llegado al poder mediante votos y no por las armas, y su «proceso revolucionario» era pacífico, un autoconsciente «camino democrático al socialismo» con libertad de expresión y prensa, y con elecciones competitivas y pluralistas. En los hechos, la oposición controlaba el Congreso, los tribunales de justicia y la mayoría de los medios de comunicación.

Sin embargo, a pesar de estas restricciones democráticas, la revolución chilena de Allende parecía, en su primer año, haber hecho tantas transformaciones como Castro en 1959. Durante ese breve espacio de tiempo, había nacionalizado las «riquezas básicas» del país, las minas que proporcionaban las tres cuartas partes del valor de sus exportaciones, lo que Allende llamaba «el sueldo de Chile». Había nacionalizado casi la totalidad de los bancos privados, los tesoreros del pequeño número de «clanes» económicos que habían controlado la economía capitalista de la nación. Con la ayuda de una revolución pensada y puesta en práctica desde abajo por trabajadores, campesinos y pobladores, cuyas acciones directas habían hecho de la «toma» la firma de la revolución chilena, el «gobierno de los trabajadores» de Allende había tomado el control de las mayores empresas productoras y distribuidoras, y realizado la más rápida y extensa reforma agraria de la historia sin una revolución violenta. De hecho, se trató de una reforma agraria tan rápida que el premier Chou En-lai, experimentado revolucionario chino, le advirtió a Allende que estaba yendo demasiado rápido. Sin embargo, Nueva La Habana era solamente una de las cientos de comunidades de pobladores creadas por las «tomas» de terrenos suburbanos desocupados en una revolución autónoma promovida y ayudada por los partidos de la Unidad Popular, coalición de socialistas, comunistas y cristianos de izquierda, o por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Aún más, el Gobierno de la Unidad Popular era la punta de lanza para una mayor redistribución del ingreso nacional y agregó programas que significaban transferencia de recursos a los pobres e incrementos en los niveles de vida, desde los más altos índices de construcción de viviendas con fondos públicos de la historia y la duplicación de las consultas médicas por el sistema público de salud hasta garantizar pleno empleo para todos los trabajadores adultos y medio litro de leche para todos los niños chilenos. En 1972, Chile había llegado a ser una de las sociedades más igualitarias de la región.

Igualmente revolucionario era el empoderamiento popular que caracterizaba al Chile de Allende. Obreros y campesinos gestionaban sus fuentes de trabajo; pobladores dirigían los barrios en que vivían; los pueblos indígenas desafiaban décadas de opresión y trato discriminatorio. Cada vez más, la llamada desde abajo (y desde la izquierda) era a «crear poder popular», un poder que se veía más claramente en los cordones industriales y comandos comunales que unían a trabajadores, residentes y agricultores de un área geográfica en una organización territorial que trascendía las limitaciones de los sindicatos y llevaba a sus más visionarios seguidores a imaginarlos como «soviets» chilenos en embrión. Para mí fue claro que estaba siendo testigo de un proceso revolucionario único y decidí estudiarlo y ver en que terminaba.

Pero no era yo el único extranjero que había venido a Chile a observar este «proceso». Al contrario, la vía chilena de Allende alcanzó tal notoriedad e importancia que el país se llenó de observadores internacionales, especialmente europeos y latinoamericanos izquierdistas que esperaban seguir el ejemplo en sus lugares de origen. Particularmente notables eran los provenientes de las democracias de Europa occidental como Francia e Italia, donde el eurocomunismo, basado como en Chile en una alianza de socialistas y comunistas, estaba entonces en la agenda política. También había muchos latinoamericanos de países como Uruguay, cuyo Frente Amplio había sido constituido según el modelo de la Unidad Popular, y de países como Brasil y Bolivia, gobernados por regímenes militares, que esperaban emular un Chile que se les presentaba entonces como un sueño distante. Entre los latinoamericanos, muchos habían venido a Chile para ver la revolución y estudiar ciencias sociales marxistas, además de los numerosos ciudadanos que habían sido exiliados de su propio país. Entre los más prominentes, destacaba José Serra, cabeza del movimiento de los estudiantes brasileños cuando se produjo el golpe militar en 1964.

El Chile de Allende atraía también a intelectuales izquierdistas e ideólogos como Fernando Henrique Cardoso, Theotonio dos Santos y André Gunder Frank, muchos de los cuales dudaban del éxito del proyecto. Entre esos escépticos estaba Fidel Castro, quien, sin embargo, a fines de 1971 aceptó la invitación que le hiciera Allende con el propósito de fortalecer el apoyo a la vía chilena dentro de la izquierda revolucionaria y pasó un mes en Chile. «El camino democrático al socialismo» interesaba e inspiraba a los izquierdistas de todo el mundo porque era un proceso único que podía convertirse en un nuevo modelo revolucionario y constituir un fuerte llamado a sociedades que, con firmes tradiciones democráticas, eran reticentes a comprometerse con una revolución violenta como Cuba.

El propio Allende estaba muy consciente de la histórica significación de la revolución que encabezaba. «Millones de personas en el mundo quieren el socialismo, pero no desean pasar por la tragedia de una guerra civil para alcanzarlo» me dijo en una entrevista en 1972. Marx había especulado que en países con solidas tradiciones democráticas era posible avanzar pacíficamente al socialismo, pero nadie había alcanzado esa meta. La ambición de Allende era ser el primer gobernante de la historia en llegar al socialismo por un camino democrático.

En 1972, no era claro si Allende tendría éxito en lograr su ambición. Cuando llegué a Chile encontré una nación en medio de una guerra civil no declarada entre las fuerzas que apoyaban la revolución y las que se oponían a ella, una lucha que recién había empezado a ser visible en la «marcha de las cacerolas vacías» de las mujeres de oposición, en su mayoría de clase media y clase alta, que protestaban por una supuesta escasez de alimentos que no era tan evidente al fines de 1971, pero que llegó a serlo durante el año siguiente, junto con una acelerada inflación y otras dificultades económicas. Durante 1972, además, el conflicto social se hizo cada vez más intenso y la política crecientemente polarizada. La oposición política salió de las salas del Congreso a las calles con creciente violencia contrarrevolucionaria culminando en el Paro de Octubre: un lock out patronal contra los trabajadores del sector privado y una huelga de profesionales de clase media intentaron desestabilizar la economía, sembrar el caos y crear las condiciones para derribar a Allende y dejar sin efecto su revolución.

Detrás de estas abiertas manifestaciones de la oposición política chilena había una guerra encubierta de Estados Unidos. Aunque la élite chilena no necesitaba lecciones para defender sus intereses, detrás del escenario, la potencia norteamericana no escatimaba recursos para bloquear la vía chilena de Allende, hacer «chillar» la economía, desestabilizar su gobierno y preparar el terreno para un golpe de Estado del Congreso o de los militares. Gracias a la movilización de trabajadores y campesinos, estudiantes y pobladores, la Unidad Popular fue capaz de resistir el Paro de Octubre y aumentar su participación parlamentaria en las elecciones de marzo de 1973, cerrando la posibilidad de que el Congreso destituyera al presidente como planeaba la Democracia Cristiana.

Esta derrota política civil, sin embargo, llevó a los líderes de oposición a golpear las puertas de los cuarteles y apoyar un golpe militar. Gradualmente, las instituciones chilenas se fueron politizando y polarizando con este conflicto hasta que las Fuerzas Armadas se vieron arrastradas al vórtice político. En Chile no hubo solamente un proceso revolucionario, sino también un proceso contrarrevolucionario.

Finalmente, esta contrarrevolución de los opositores chilenos y extranjeros, junto con las debilidades y errores de los propios revolucionarios, prevaleció. El 11 de septiembre de 1973, un golpe militar dirigido por el comandante en jefe del Ejército, general Augusto Pinochet, condujo a la pacifica revolución chilena a un final violento.

Durante los diecisiete años siguientes, su dictadura militar impuso un régimen derechista de terror que hizo «desaparecer» a más de tres mil chilenos y condenó a treinta y ocho mil más a la prisión política y la tortura. Entre las víctimas hubo izquierdistas latinoamericanos y de otros países que se habían refugiado en Chile o habían venido a apoyar su proceso revolucionario o a aprender observando su marcha. Chile siguió siendo un país observado por todo el mundo, pero ahora a causa de su violenta contrarrevolución, no de su revolución pacífica.

Las lecciones que los latinoamericanos sacaron del caso chileno fueron que los Estados Unidos no permitirían triunfar en la región ni siquiera un socialismo democrático y que los golpes militares, el terrorismo del Estado y los regímenes autoritarios eran el antídoto contra la movilización popular. El golpe militar de Chile en 1973 cambió el balance regional de poder y la dinámica política. En 1978 casi toda Sudamérica estaba gobernada por regímenes militares derechistas, dejando a los izquierdistas de la región sin refugio o modelo socialista. Incluso Fidel Castro concluyó que América Latina no estaba lista para la revolución y cambió sus esperanzas y la dirección de la intervención cubana hacia África.

Pinochet —igual que Allende— quedaría como un líder regional y un modelo para ser emulado, pero ahora en tanto líder del terrorismo de Estado y modelo de la represión social.

El régimen de Pinochet inició y coordinó la Operación o Plan Cóndor, una red terrorista que unió los regímenes militares derechistas del Cono Sur —Chile, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay— y a sus aparatos de inteligencia militar y policía política, en una guerra encubierta contra los izquierdistas que se habían refugiado en otros países de la región. Los asesinatos en Argentina del general chileno Carlos Prats, comandante en jefe del Ejército durante el gobierno de Allende, y de los parlamentarios uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Ruiz Gutiérrez marcaron el más alto perfil de las operaciones del Plan Cóndor en América del Sur, mientras que la bomba que asesinó en Washington a Orlando Letelier, embajador de Allende en Estados Unidos y luego su ministro de Defensa, fue el crimen más espectacular.

El régimen de Pinochet en Chile se convirtió en un modelo que otros regímenes autoritarios trataron de imitar. Esta contrarrevolución revirtió también la mayoría —pero no todos— «los cambios» de la revolución chilena, privatizando empresas y aplastando el «poder popular» de los obreros, campesinos y pobladores.

En su lugar, el Gobierno de Pinochet y sus tecnócratas neoliberales educados en los Estados Unidos —los Chicago Boys— impulsaron una «revolución» que hizo del mercado el regulador de la economía y la sociedad. Durante los años ochenta Chile tuvo la peor crisis económica del siglo y la mayor desigualdad económica después de Brasil. Pero a partir de 1987, el neoliberalismo en una versión más pragmática logró una notable década de alto crecimiento económico con baja inflación y bajo desempleo conocido como el «milagro chileno».

La mayor parte de este éxito económico, sin embargo, se produjo después de que Pinochet fue derrotado en un plebiscito el año 1988 y lo sucedió, en 1990, la Concertación, una coalición de centroizquierda que incluía un «renovado» Partido Socialista y que gobernó Chile durante dos décadas. Fue una combinación de política económica neoliberal y sentido social la que le permitió reducir el 40 % de pobreza que había heredado de Pinochet a menos de la mitad en un decenio, creando «un neoliberalismo con rostro humano». En 2000 fue elegido el primer presidente socialista desde Allende, Ricardo Lagos, y, en 2006, la primera mujer presidenta de Chile, Michelle Bachelet, una socialista que comenzó sus actividades políticas como estudiante durante la vía chilena y que seguía inspirada por sus valores, si bien ya no por su programa revolucionario.

Hoy, una estatua digna del estadista que fue Allende se alza frente al palacio presidencial donde murió, con un arma en la mano, resistiendo el golpe militar. Dentro de La Moneda su retrato adorna las paredes junto con un cuadro del palacio en llamas, incendiado por cohetes de la propia Fuerza Aérea de Chile. En 2008, el canal nacional de televisión organizó una votación con motivo del bicentenario para determinar cuáles habían sido las mayores figuras históricas de Chile. En primer lugar fue elegido Salvador Allende, superando incluso a Arturo Prat, su más apreciado héroe militar. Pinochet no figuró siquiera entre los diez primeros. Hoy, la tumba de Allende es un venerado memorial que recuerda al presidente mártir. No hay en Chile algo parecido para Pinochet, y su tumba no es pública porque su familia temió que fuera profanada. Pinochet puede haber derrotado a Allende y revertido su revolución, pero Allende ha ganado la batalla de la memoria histórica.

Con motivo del trigésimo aniversario del golpe militar, en el año 2003 militantes y estudiosos de la época de Allende empezaron a relatar sus testimonios y a escribir su historia. Como resultado de esos esfuerzos, una nueva generación está redescubriendo la historia de la experiencia que estuvo a punto de convertirse en la única revolución socialista democrática tanto en forma como en contenido, incluyendo un proceso desde abajo que generó un «poder popular» sin precedentes.

Actualmente, cuando casi todos los países latinoamericanos están gobernados por Administraciones democráticas y la mayoría de Sudamérica por presidentes democráticos de izquierda, la vía chilena al socialismo parece más relevante que la revolución violenta de Cuba. Significativamente, en su asunción como presidente de Paraguay en agosto de 2008, Fernando Lugo, un demócratacristiano y exobispo católico, señaló que Salvador Allende y sus esfuerzos para «construir una mejor sociedad» constituían una inspiración para él. Tres años más tarde un renaciente movimiento estudiantil tomó las calles de Chile portando retratos de Salvador Allende y haciendo demandas basadas en parte en el movimiento que él lideró. Cuando Chile conmemora el cuadragésimo aniversario del golpe militar que terminó violentamente con la vía pacífica de Salvador Allende, es importante analizar la revolución chilena y aprender de su experiencia.

Nueva York

Agosto de 2013

Capítulo 1

«La tierra del fin del mundo»

En una de sus lenguas indígenas, ‘Chile’ significa «tierra del fin del mundo». Un nombre adecuado para la más remota de las colonias americanas de España. Chile es el país más aislado de Sudamérica. El desierto más seco del planeta lo separa de Perú por el norte. Al este, las montañas más altas del hemisferio hacen de fronteras con Bolivia y Argentina. Su límite occidental es el mayor océano del mundo, mientras que en el extremo sur se extiende la Antártica. Este aislamiento geográfico ha reforzado la creencia de los chilenos en el carácter único de su experiencia nacional.

Chile es una angosta franja de tierra que se extiende entre la cordillera de los Andes y el océano Pacífico. Con 4200 kilómetros de largo y apenas 140 de ancho promedio, Benjamín Subercaseaux llamó «una loca geografía» a esta superficie que, en total, equivale aproximadamente al tamaño de Francia. Pero sus singularidades no terminan aquí, pues, a diferencia de Argentina o Brasil, sus más importantes recursos hidrográficos interiores son lagos y no ríos, y sus tierras más fértiles son valles montañosos y no zonas bajas fluviales. Aún más, sus bosques lluviosos son templados y su región más austral es extremadamente fría.

Pero a pesar de su angosta y limitada superficie terrestre, Chile, que se extiende desde los trópicos hasta la Antártica, tiene una geografía notablemente variada que Gabriela Mistral, su primer Premio Nobel de Literatura, describió como «una síntesis del planeta»: «Comienza en el desierto, lo que es comenzar con una esterilidad que no ama al hombre. Se humaniza en los valles. Crea un hogar para seres vivientes en la amplia zona de agricultura fértil. Tiene, al final del continente bosques de belleza grandiosa, como para terminar con dignidad, y finalmente se derrumba en el mar como una ofrenda compartida de vida y muerte».

La geografía histórica de Chile es menos poética. Aunque los españoles que invadieron Chile venían desde Perú, se establecieron en los fértiles valles del centro para evitar los duros desiertos del norte. La excepción fue la nortina ciudad de Arica, puerto por donde la plata de Potosí (en el altiplano de Bolivia) era embarcada para hacer los primeros pasos de un largo camino hacia Europa y Asia. En el sur, la resistencia indígena convirtió el río Biobío en una frontera de guerra entre la colonia española y los mapuches, el pueblo indígena más numeroso, que detuvieron el avance europeo en una línea fronteriza generalmente tranquila. Gradualmente, la colonia se expandió hacia la parte septentrional en el semiárido Norte Chico, atraída por las vetas de plata y cobre y por la necesidad de mantener relaciones con Perú. Sin embargo, no fue hasta fines del siglo xix que Chile, ya una república independiente, tomó posesión de la árida pampa del Norte Grande, luego de la guerra del Pacífico (1879-1883), para apoderarse de los recientemente apreciados desiertos ricos en nitrato pertenecientes a Perú y Bolivia. En ese tiempo fueron derrotados los mapuches a manos del ejército chileno ayudado por el ferrocarril y las armas modernas, y por la colonización de sus bosques alpinos y praderas que llevaron a cabo inmigrantes traídos con ese propósito desde el sur de Alemania.

La derrota de los mapuches creó un vacío de poder en la Patagonia que tanto Chile como Argentina compitieron por llenar. La disputa terminó con la incorporación de las laderas occidentales de los Andes al territorio del primero, junto con las islas y tierras de la Patagonia del oeste, y Tierra del Fuego, que Chile dividió —y disputó— con Argentina, en una contienda que casi los llevó a la guerra por las islas antárticas y los hielos patagónicos a fines del siglo xx. Como en el caso de Estados Unidos, la colonización inicial de Chile y su posterior expansión fue un proceso violento a expensas de sus vecinos y pueblos indígenas. La «loca geografía» fue forjada con balas y sangre.

El aislamiento de Chile y su singular geografía física han alimentado su sentimiento de diferencia. Pero su geografía humana —y su mitología nacional— es también muy diferente a la de sus vecinos. La población de Chile ha sido siempre más pequeña y concentrada. También ha sido menos diversa, con pocos africanos y asiáticos. Su principal pueblo indígena, que conocemos como mapuche, era guerrero, tenía un sistema político descentralizado y una modesta cultura material, pero resistió exitosamente durante tres siglos la conquista española. Un limitado número de europeos se estableció en Chile durante el período colonial y no hubo una masiva inmigración a fines del siglo xix y comienzos del xx, aunque un número significativo de alemanes, italianos, eslavos, árabes y judíos llegaron al país. Por lo tanto, la inicial fuerza de trabajo se formó en Chile con los indios capturados y esclavizados hasta que la mezcla racial produjo durante el siglo xviii una subordinada mano de obra mestiza.

El mito de la identidad chilena consiste en que es una nación racialmente homogénea, producto de la fusión de dos «razas» guerreras, los españoles y los mapuches, cuya valentía y virtudes militares fueron celebradas en el poema La Araucana, ficción fundacional del país. Escrita por Alonso de Ercilla, un noble español que luchó en esa guerra, constituye un poema épico singular porque destaca los méritos de los «bárbaros» enemigos del imperio español, cuya resistencia obligó a los conquistadores a aceptar como frontera el borde de la zona boscosa que era el corazón de la tierra mapuche y a crear un inusual ejército permanente encargado de su defensa. Actualmente, más de un millón de los diecisiete millones de chilenos reconoce ascendencia mapuche, aunque la mayoría habita en las ciudades y no en el campo.

Grupos pequeños de aimaras viven en el altiplano limítrofe con Bolivia, pero los pueblos indígenas del extremo austral están actualmente extinguidos, como resultado de una deliberada política de exterminio por parte de los chilenos que querían apoderarse de sus tierras. Por otra parte las élites chilenas, están orgullosas de sus ancestros europeos y de su cultura. Históricamente, han mirado al «bajo pueblo» con un prejuicio de clase que oculta un racismo que equipara a las clases más bajas con los indígenas o mestizos aunque nunca se habla de raza. Las élites ven a la mayoría de sus compatriotas como «rotos» que no sirven para nada y que tienen que ser obligados por el control social para que contribuyan al progreso nacional —y a la riqueza de la élite— con su trabajo no calificado.

También la historia de Chile es muy diferente a la de sus vecinos. Para empezar, los mapuches, el mayor grupo indígena, nunca fueron conquistados o sometidos durante el período colonial, e incluso limitaron el dominio español a la parte norte del territorio, más allá del cual el espacio continuaba perteneciéndoles. Aunque en los siglos xix y xx Chile ha sido conocido por su riqueza mineral —plata, salitre, cobre— durante el período colonial no fue mirado como un sitio de gran valor económico. Su lugar en el imperio español era más bien el del bastión defensivo, y su papel, disuadir a los enemigos extranjeros como Sir Francis Drake para que no atacaran Perú y se apoderaran de su legendaria riqueza de plata, sustento financiero de sucesivos monarcas de Madrid.

El comienzo de la economía chilena estuvo más orientada a la agricultura de autoabastecimiento, seguida en el tiempo por una ganadería que necesitaba poco trabajo y que encontró un mercado para su producción en las bolsas de piel de oveja que transportaban el tóxico mercurio desde Huancavélica a Potosí para refinar el mineral de plata y en las cajas de cuero donde se guardaban las barras que viajaban desde Potosí a Arica para ser llevadas en barco a Europa o Asia. Pero los valles chilenos fértiles y bien regados contenían rica tierra agrícola a fines del siglo xvii, cuando un terremoto devastó la agricultura peruana y las haciendas chilenas llenaron el vacío de la capital virreinal y la abastecieron con granos y otros alimentos. A esto se agregaba el modesto ingreso que producían las minas de cobre ubicadas en el norte y las ventas de alimentos y productos artesanales para los soldados españoles de la colonia al sur de la frontera mapuche.

Como se pensaba que esta colonia estratégicamente importante no tenía las riquezas con que Perú atraía a los colonos, Madrid decidió permitirles privilegios que se les negaban en otros lugares. La encomienda, sistema de trabajo forzado que permitía trasladar los tributos pagados por los indígenas de la Corona a los colonos, había sido abolida en la mayor parte del imperio para el siglo xvii, pero se mantuvo en Chile hasta fines del xviii y favoreció el desarrollo de grandes latifundios. También la esclavitud indígena, prohibida en casi todo el imperio fue permitida en Chile para los prisioneros tomados en las guerras mapuches o los huarpes capturados en el lado argentino de los Andes y traídos a Chile desde Cuyo, región administrada en la época colonial desde Santiago.

Sin embargo, ya llegando al siglo xviii, la mayoría de la mano de obra en las propiedades rurales era aportada por los inquilinos mestizos, peones residentes que entregaban su trabajo a cambio de una casa y una huerta, pero que dependían de la buena voluntad del dueño del latifundio. Por entonces, una élite chilena había emergido, con una base de tierras suplementada con minas y comercio. Durante el siglo xviii, creció su riqueza gracias al trabajo de sus dependientes y de las utilidades de sus fundos, minas y exportaciones. Esta élite patricia casaba a sus hijos con funcionarios y oficiales españoles, educaba a sus hijos con jesuitas y usaba su fortuna y su influencia para elevar el estatus de sus linajes.

En sus propiedades rurales, la élite colonial chilena estaba compuesta por señores de facto que dispensaban justicia y generosidad en igual medida: hacían de padrinos para los hijos de «su gente» y de jueces y jurados frente a las ofensas cometidas en contra de su orden social rural. Construyeron sus casas en ciudades coloniales como Santiago, que era una simple aldea en 1700 y, un siglo más tarde, una próspera capital provinciana que ostentaba una arquitectura neoclásica, una casa de moneda y una nueva catedral. Sin embargo, y a pesar de su creciente riqueza, la élite chilena seguía siendo un grupo de austeros patricios que no hacían ostentación de su fortuna, cuyo modelo era la República de Roma y no el Imperio. Los relatos de viajeros la describen como un cuadro de sobriedad, que favorecía los colores neutrales o atenuados, un reflejo de un conservadurismo social que sigue existiendo en el Chile de hoy. Esta élite patriarcal sería la encargada de dar forma a la historia nacional y a sus instituciones durante el próximo siglo y medio, dialogando a veces con la mayoría de pobres, pero más a menudo en tensión con sus trabajadores, campesinos y pueblos indígenas. Ambas modalidades aparecieron durante la lucha de Chile por la independencia, que comenzó en 1811 con una declaración. Sin embargo, las divisiones en las filas patriotas permitieron que los españoles reconquistaran Chile desde Perú en 1814. Si, en 1818, la Independencia se alcanzó fue gracias a la ayuda del poderoso ejército argentino de José de San Martín, cuyo épico cruce de la cordillera de los Andes es celebrado en ambos lados.

El camarada de armas chileno de San Martín fue Bernardo O’Higgins, hijo ilegítimo de uno de los últimos gobernadores españoles de Chile, que creía que su papel era hacer cosas por el bien de los chilenos aunque fuera por la fuerza. O’Higgins gobernó como autoritario director supremo hasta que fue obligado a renunciar en 1823. El resto del decenio fue testigo hasta de un fracasado experimento de federalismo bajo gobernantes liberales anticlericales, que finalmente fueron derrotados por los conservadores dirigidos por Diego Portales en 1830. Comerciante por profesión, elitista por educación y autócrata por instinto, Portales fue un conservador pesimista que creía que solamente «el peso de la noche» —es decir la ignorancia del pueblo— permitiría a las élites gobernar en su nombre. En caso de que ese peso se alzara, advertía, las élites chilenas debían regir con «el palo y el bizcocho» que, según decía, «son los remedios con los cuales toda la nación puede ser curada, por arraigados que sean sus malos hábitos». Durante las décadas que siguieron, cuando la mayoría de los chilenos pobres comenzó a cuestionar ese derecho de la élite o la desigualdad social que lo sostenía, el palo se usó más que el bizcocho. La Constitución conservadora de 1833 estableció una república autocrática en la cual un Ejecutivo fuerte gobernaba un Estado centralizado mediante elecciones manipuladas y represión a los opositores. Ciento cuarenta años más tarde, otro autócrata, el general Augusto Pinochet, se declararía seguidor de Portales. Ambos priorizaron la estabilidad por sobre la libertad, impusieron el terror a sus opositores y aceptaron pocas restricciones a su poder. Otros objetivos que compartieron fueron el crecimiento económico y la disciplina fiscal, sobre la base se que el gobierno autoritario era una precondición para el avance económico. Pero además, Portales buscó consolidar la ley y el poder cívico y establecer la moral pública.

La consolidación del Estado portaliano por los tres decenios siguientes, gobernado cada uno por un presidente fuerte, dio a Chile una estabilidad y una fuerza que contrastaron con el desorden y los continuos levantamientos que ocurrían en las repúblicas vecinas. Posiblemente Chile fue el primer Estado nación moderno en la América española. Esos avances fueron ratificados con la victoria militar de Chile sobre Perú y Bolivia en 1839. También se reflejaron en una administración efectiva que impulsó el crecimiento económico con la colaboración de comerciantes ingleses y de otras naciones europeas que hicieron de Valparaíso el principal puerto de la costa del Pacífico en Sudamérica.

A mediados del siglo xix, Chile siguió siendo una sociedad ampliamente rural con una economía basada en la agricultura, pero la mayor parte de los ingresos provenían de la minería: la plata y el cobre. Las exportaciones de trigo y harina se multiplicaron, alimentando las fiebres del oro de California y Australia, y abriendo mercados en Francia y Alemania. Pero la prosperidad de Chile seguía siendo dependiente de las exportaciones mineras, cuyos precios declinaron en los años setenta, causando una crisis económica profundizada por el fracaso de la cosecha de trigo en 1876-77.

La solución de Chile para esta crisis fue provocar otra guerra con Perú y Bolivia por la posesión de sus áridos desiertos al norte de Chile, cuyos nitratos comenzaban a ser demandados por Europa para la industria química, la fabricación de explosivos y los fertilizantes.

Cuando se disipó el humo de la Guerra del Pacífico (1879-83), y habían terminado las negociaciones diplomáticas y las maniobras de mercado, la bandera chilena flameaba sobre los desiertos del Norte Grande, ricos en salitre, y el capital británico se había adueñado de las minas.

Fue esta combinación —el Estado chileno garantizaba la estabilidad social y política, y los ingleses aportaban el capital, la tecnología y la comercialización— la que condujo al «boom» salitrero que, entre 1884 y 1914, enriqueció a las compañías británicas y a la élite chilena, pero generó un alto costo social para sus trabajadores, que permanecían de sol a sol en terribles condiciones, pagados con fichas que solo podían gastarse en el almacén de la compañía y sujetos a castigos corporales en su propio país por los administradores ingleses al margen de los tribunales y sin derecho a reclamos o recursos.

Las huelgas y luchas de los trabajadores fueron legendarias, pero así fueron también los castigos impuestos por los patrones ingleses. Y cuando estos no bastaban para mantener el control social, los británicos dueños de las minas llamaban al Estado de Chile para que aplicara la represión que culminó en 1907 con una masacre en la que posiblemente más de mil huelguistas, con sus mujeres y niños fueron ametrallados por el Ejército chileno en la escuela Santa María en el nortino puerto de Iquique donde habían llegado en busca de una solución para sus demandas. Claramente, tanto el Estado chileno como la élite que representaba estaban más inclinados a usar el palo que a dividir el bizcocho.

Pero la élite local estaba dividida en cuanto al uso que debía darse a la bonanza salitrera. El presidente liberal José Manuel Balmaceda intentó negociar con los ingleses por una más amplia participación chilena en el salitre y por usar una parte de las rentas del nitrato para expandir el Estado centralizado, construyendo más infraestructura y promoviendo la industria nacional. También quería usar el poder del Estado para limitar el de los monopolios británicos privados y estimular la propiedad chilena de campos salitreros.

La mayoría parlamentaria era parte de la oposición conservadora, y muchos de sus miembros eran poderosos latifundistas, preocupados de que Balmaceda pudiera usar el Gobierno central, cuyos recursos se habían incrementado mucho, para manipular las elecciones y asegurar la victoria de un presidente de la república que fuese también liberal. Una caída de mercado del salitre y un estallido de inquietud en la zona salitrera, agregaron combustible a los fuegos políticos. En 1891, se produjo como resultado una guerra civil que ganaron los opositores de Balmaceda agrupados en el Congreso con la ayuda del dinero británico, barcos de guerra franceses y armas y oficiales alemanes.

José Manuel Balmaceda, el presidente chileno al que Allende más admiraba, se suicidó —el final de una trayectoria que tuvo misteriosas similitudes con la suya ocho décadas más tarde—. El «boom» salitrero disimuló el costo político de la guerra civil y la imposición de una elitista república parlamentaria (1891-1925) cuyos numerosos partidos y rivalidades personales no pudieron ocultar su escasa base social o limitada visión política.

Aún más, a pesar de la prosperidad y del crecimiento, el auge del salitre también significó altos costos para Chile. El más importante fue un siglo de inflación que se convirtió en su enfermedad económica, además de la dependencia del volátil mercado europeo del salitre, más allá de su control y objeto de conmociones externas. Por otra parte, la Primera Guerra Mundial no solamente privó a Chile de los importantes mercados alemanes, sino también convenció a sus líderes de la necesidad de inventar salitre sintético, lo que puso fin al «boom» y socavó el mercado del salitre y otros nitratos naturales.

Pero los beneficios que las élites obtuvieron del «boom» eran tan grandes que los costos fueron, en general, pasados por alto. Las rentas del salitre no solo financiaron la modernización de las Fuerzas Armadas y la expansión del Estado, sino también la transformación de la propia élite. Distribuida entre sus miembros a través de préstamos de los bancos locales y tasas de interés negativas, las rentas del salitre chileno permitieron a las élites satisfacer sus pretensiones «eurofílicas» y sus fantasías aristocráticas. Construyeron en sus fundos elegantes mansiones con parques y esculturas que contrastaban brutalmente con las casuchas de sus inquilinos. En las grandes ciudades edificaron palacios cuyo tamaño y solidez evidenciaba el estatus que habían alcanzado, mientras sus trabajadores vivían en escuálidos conventillos o «ranchos» suburbanos. Remodelaron sus ciudades de acuerdo a los últimos diseños europeos; construyeron teatros y oficinas de gobierno que eran testigos de su sofisticación y cultura; transformaron espacios públicos en parques y levantaron monumentos que subrayaban sus aspiraciones, mostrando una cara pública de virtudes cívicas a través de la transformación privada de su cultura material, estatus social y autoimagen. Para las élites chilenas, la era del salitre fue una verdadera edad de oro.

En este contexto, no fue ninguna sorpresa que en 1910, centenario de la Independencia de Chile, las élites estuvieran orgullosas de cómo se habían comportado durante el siglo en que habían estado a cargo del país, empezando por la temprana consolidación de un Estado centralizado, dotado de una constitución y regido por la ley y el orden. Sus historias de Chile eran historias de constituciones escritas y ratificadas, de instituciones establecidas, de leyes estatuidas, de obras públicas construidas y avances económicos logrados. Sus libros retrataban una sociedad y una cultura donde el progreso era el santo y seña, y el modelo, Europa.

Pero había otra visión muy diferente de la historia de Chile, una visión desde abajo a través de los ojos y experiencias de indígenas, campesinos, mineros, trabajadores urbanos y sirvientes domésticos. Para ellos, la «democracia» parlamentaria, un supuesto orgullo de Chile, no solamente limitaba su participación a través de exigencias de alfabetización, sino que incluso cuando eran capaces de elegir un representante en el Congreso, a este no se le permitía ejercer. Así sucedió con el periodista obrero Luis Emilio Recabarren, rechazado por la Cámara de Diputados por insuficiencia «moral», un juicio elitista sobre sus ideas políticas y no una opinión sobre su ética. Para ellos, el alardeado progreso económico de Chile se había construido con su duro trabajo, pero habían sido excluidos de la distribución justa de sus beneficios. La mayoría de los chilenos vivía en la pobreza y escualidez, con una de las tasas de mortalidad infantil más altas del mundo, mientras las élites se hacían cada día más ricas, gracias al salario miserable que ellos recibían. Para esta mayoría, los pobres, la famosa ley y el orden eran en Chile una mera justicia de pergamino, que permitía que los tribunales arrebataran a los mapuches las tierras que el Estado les había asegurado y que los campesinos que se negaban a ser inquilinos en un fundo fueran perseguidos o procesados como vagos. Para ellos, Chile era un país en el cual los mineros eran pagados con fichas y cuando protestaban eran masacrados con sus hijos y mujeres por el Ejército.

Ya entonces los sectores más lúcidos de la élite estaban preocupados por lo que llamaban «la cuestión social»: problemas como la pobreza y la marginalidad amenazaban con provocar inquietud y conflicto político. En 1910, algunos de los nuevos intelectuales críticos hablaron no de una celebración sino de una crisis —tanto social como moral—, cuyo peligro la élite ignoraba, lo mismo que el bienestar de la mayoría pobre de su país.

Más adelante, este otro Chile —la mayoría de sus ciudadanos— quiso liberarse del «peso de la noche» que lo mantenía sometido a las élites y exigir un justo reparto del pastel producido con su trabajo, así como igualdad ante la ley y programas estatales que paliaran su pobreza y dieran a sus hijos la oportunidad de tener salud, educación y el sueño de un mejor futuro. Ellos quisieron, como dijo un obrero textil en 1970: «Liberarnos de alguna forma».

Cuando eso sucedió, hubo una revolución en Chile. Pero, en armonía con el discurso nacional, fue una revolución democrática única que se conoce como la vía chilena o «el camino democrático al socialismo». Esa revolución es el tema de este libro.

Capítulo 2

La otra historia de Chile

En La Araucana, Ercilla cuenta la historia de los fallidos esfuerzos españoles por conquistar al pueblo mapuche o araucano en el sur de Chile. El autor era un noble español que luchó en las guerras de la Araucanía y admiró plenamente la valentía y las virtudes de sus adversarios indígenas. Su héroe no es él mismo ni su comandante, Pedro de Valdivia, sino Lautaro, un líder mapuche que se convirtió en mozo de caballos de Valdivia para aprender los métodos de guerra de los españoles y poder derrotar a su caballería. Cuando los abusos de Valdivia provocaron la rebelión de los mapuches, Lautaro regresó junto a su pueblo y lo condujo a la victoria sobre Valdivia, al que, según cuenta el cronista español Pedro Mariño de Lobera, dio muerte vertiendo oro derretido en su garganta, mientras decía: «Pues, tan amigo eres de oro, hartáte agora»1 Por supuesto, es posible que Lautaro sea una ficción y esas palabras, apócrifas, pero para muchos chilenos la historia alternativa de su país comienza con los mapuches y su resistencia a la conquista española, una resistencia que logró mantener a raya, fuera de la Araucanía, a los ejércitos españoles y chilenos y a los colonos durante más de tres siglos. Aún más, durante este tiempo los mapuches aprendieron a montar el caballo europeo mejor que los españoles, adaptándolo para una poca ortodoxa guerra de guerrillas en que se hicieron expertos. Adicionalmente, usaron el caballo para atravesar la cordillera por los pasos y controlar las pampas argentinas, donde comercializaban con mercancías quitadas a los españoles, creando un informal «imperio» mapuche patagónico muy distinto al que imaginaba Valdivia. Rebeldes con una causa, hasta 1872 fueron tan fuertes y tan audaces como para incursionar cerca de Buenos Aires, aunque en la década siguiente tuvieron que ver su derrota a manos de soldados chilenos y argentinos con armas modernas y buenas comunicaciones.

La valentía de los mapuches admiró a sus enemigos españoles y formó parte del mito fundacional de que Chile había sido creado por la mezcla de dos razas guerreras: los españoles y los mapuches. Este mito ha sido usado para explicar por qué el país ha ganado
todas las guerras en que ha luchado, convirtiéndose en una piedra angular del edificio del excepcionalismo chileno.

Pero la genealogía de la izquierda chilena no está confinada a los mapuches. Durante la época de la Independencia, su llama se mantuvo viva en las guerrillas mestizas de Manuel Rodríguez, que fue capaz de movilizar «al bajo pueblo» que no compartía el estándar elitista de un Bernardo O’Higgins. Después del triunfo de la independencia, la antorcha pasó a las multitudes urbanas del Chile preindustrial, cuyas manifestaciones callejeras y saqueos de negocios durante los muchos motines políticos que ocurrían en esa época inestable, preocuparon a las élites y llevaron al uso del Estado portaliano para disciplinarlas con el trabajo forzado y los castigos corporales.

Igualmente rebeldes fueron los vagabundos rurales que rehusaban someterse a los lazos de obligaciones y disciplina de los terratenientes, y preferían vivir fuera de la hacienda, robando ganado y haciendo trabajos ocasionales como peones por un día en un latifundio, refugiándose en territorio mapuche cuando los perseguía la ley. Estos «vagabundos» de espíritu libre y peones por día fueron los antepasados de los levantiscos mineros del salitre después de 1880 en el Norte Grande. Muchos de ellos eran migrantes rurales provenientes del Valle Central, cuyas huelgas generales y organizaciones mancomunales se convirtieron en leyendas durante su propio tiempo y terminaron formando parte del mito fundacional de la izquierda chilena.

Fue en las salitreras del norte, después de 1880, que el capital extranjero transformó las «oficinas» artesanales en fábricas ubicadas en plena pampa, dotadas de maquinaria moderna y luz eléctrica para poder funcionar durante las veinticuatro horas del día después de 1900. Ahí los trabajadores laboraban largas jornadas bajo una disciplina autoritaria por salarios bajísimos pagados en fichas que solo podían utilizarse en la tienda de la empresa para comprar mercancías de baja calidad y a altos precios monopólicos.

Como consecuencia, fue en las salitreras donde se enfrentaron el trabajo y el capital cada vez más abiertamente y fue allí donde surgió primero un poderoso movimiento de trabajadores. Durante las décadas finales del siglo xix, la rebelión de los trabajadores de las salitreras, que eran orgullosamente individualistas, pero también fuertemente solidarios, llegaron a ser mas focalizados, más confrontacionales, más políticos y más amplios, y además mejor organizados.

Comenzando con la huelga general de 1890 y culminando con la huelga de 1907, los mineros demostraron su poder y preparación para paralizar las salitreras del norte, de las que dependía la prosperidad y estabilidad de Chile.

El éxito de estos obreros pampinos combativos era celebrado por la prensa obrera y por los dirigentes progresistas como Luis Emilio Recabarren. Pero ellos despertaron temor en sus jefes, en su mayoría extranjeros y en la élite chilena, que a menudo recurría al ejército para restaurar el orden. Estos violentos esfuerzos para disciplinar a los mineros, de los cuales el más notorio, pero no el único, fue la masacre de la escuela Santa María de Iquique en 1907, marcaron esta historia alternativa de Chile. Para muchos, la izquierda chilena emergió de la resistencia de los mineros en las salitreras a comienzos del siglo xx.

Para otros, esta izquierda emergió alrededor de 1850 en el centro de Chile con Francisco Bilbao y Santiago Arcos, que fundaron la Sociedad de la Igualdad, el primer intento de movilizar a los chilenos que no eran de la élite dirigido por gente de sus propias filas. Bilbao y Arcos estaban influenciados por los ideales de la Revolución francesa y Bilbao, además, se había inspirado en la Revolución de 1848, de la que había sido testigo directo en París. En la práctica, sin embargo, su programa era una débil promoción de la educación para los artesanos, una estrategia de autoperfeccionamiento individual y de clase que poco tenía que ver con los jacobinos que tanto admiraban, excepto por el énfasis que ponían en la razón, la libertad y la igualdad. Socialmente, sus esfuerzos por la «regeneración del pueblo», se orientaban hacia las sociedades de ayuda mutua que empezaron a formarse en la década del cincuenta, pero realmente emergieron en los años de 1860 con escuelas públicas nocturnas e instituciones culturales para trabajadores.

También en estos años hubo grandes huelgas, generalmente de artesanos cuyo trabajo peligraba por la importación de productos extranjeros o de trabajadores del transporte afectados por la economía exportadora. En todas partes los movimientos obreros reflejaban los cambios en las estructuras económicas y en las coyunturas: la lenta emergencia de industrias en las ciudades, la industrialización de la minería y el boom salitrero en el norte, junto con la expansión de la minería del carbón en el sur, con ciclos de auge y caída. Durante la recesión de fines de los años de 1870, esos movimientos se unieron con los obreros industriales y sus patrones, exigiendo protección para la industria nacional frente a los más baratos competidores extranjeros como una manera de garantizar trabajo y nivel de vida.

La Guerra del Pacífico que Chile provocó en 1879 fue en parte una estrategia para solucionar la cuestión social terminando con la recesión económica a través de la conquista de los ricos depósitos de nitrato que había en los desiertos del norte. El «boom» salitrero que la siguió reflejó una industrialización de las minas del salitre bajo dueños extranjeros que imponían malos salarios y horribles condiciones de trabajo y de vida a los trabajadores, en su mayoría chilenos, cuyas respuestas organizadas transformaron a la izquierda.

La huelga general de 1890, que empezó en las salitreras del norte y tuvo como epicentro final el puerto de Valparaíso, en el centro del país, marcó la gran divisoria entre una época en que el movimiento popular estaba liderado por artesanos y trabajadores especializados, cuya organización característica era la mutual, y otra etapa en que los obreros fueron la vanguardia del movimiento y sus organizaciones preferidas, los sindicatos o mancomunales regionales. Asimismo cambiaron las ideologías en las décadas siguientes, evolucionando desde un liberalismo popular a una socialdemocracia, después al socialismo, anarquismo y comunismo, al tiempo que la política del movimiento obrero también se transformaba.

Políticamente, la organización de los artesanos se orientó hacia alianzas con el partido político más progresista. Primero fue con los liberales durante las guerras civiles de 1850 y, luego, con el Partido Radical (1863), cuya base trabajadora se separó y se unió al nuevo Partido Democrático (1887). Este último, que tenía como objetivo declarado «la liberación política, económica y social del pueblo», evolucionaría hasta formar un partido social demócrata con una fuerte presencia obrera en su directiva y en su base social, pero dominado todavía por artesanos, obreros calificados e intelectuales de clase media. En una época en que votaba solamente el 5 % de los chilenos, a pesar de que en 1888 se había eliminado el requisito de ser propietario para sufragar, el involucramiento de los trabajadores en política era limitado y los que votaban lo hacían habitualmente por candidatos populistas que usaban un discurso pro trabajadores para conseguir sus votos. Para muchos obreros, eran las cuestiones sociales concretas las que los movían y no los problemas políticos abstractos.

A comienzos del siglo xx, el líder del ala socializante del Partido Democrático era Luis Emilio Recabarren, inicialmente trabajador gráfico y después periodista obrero con fuertes vínculos con los trabajadores mineros y sus organizaciones. Era Recabarren el «Lenin chileno», quien uniría estas dos ramas de la izquierda y las urdiría en un movimiento que fue a la vez social y político. Nacido y criado en Valparaíso, donde pasó sus primeros años como tipógrafo y demócrata, Recabarren se trasladó al norte en 1903 para hacerse cargo del periódico de una mancomunal obrera. En 1905 y de nuevo en 1906, fue elegido diputado por Antofagasta, pero la élite mayoritaria rehusó aprobarlo, sosteniendo que no había aceptado formular el juramento religioso, pero (como más reveladoramente) afirmó un parlamentario: «No es tolerable que en esta Cámara de Diputados estén representadas las ideas de disolución social que representa el señor Recabarren». La mayor parte de los años siguientes, Recabarren estuvo fuera de Chile, o en la cárcel por acusaciones falsas. En 1912, junto con otros dirigentes del ala «socialista» del Partido Democrático, provenientes de diferentes partes de Chile, fundó el Partido Obrero Socialista para representar a los trabajadores en la política chilena.

Diez años después, Recabarren lo transformaría en el Partido Comunista de Chile, cuyas raíces nacionales pre Revolución rusa, su base social y liderazgo de la clase obrera le dieron una legitimidad que a menudo faltó en otros partidos comunistas de América Latina.

Recabarren no olvidó el trabajo sindical ni los movimientos sociales durante la Primera Guerra Mundial y ganó el control de la Gran Federación Obrera de Chile, una asociación de ayuda mutua de obreros ferroviarios fundada en 1909. En 1917, Recabarren la había transformado en la Federación Obrera de Chile (FOCH), la primera confederación nacional obrera del país, que incluyó también al Partido Democrático, a sindicatos anarco-sindicalistas y a su propio Partido Obrero Socialista. Los democráticos y los anarcosindicalistas después salieron de la FOCH ante el plan de Recabarren de transformarla en un partido de clase. En 1920 incorporó la FOCH a la Internacional Comunista de trabajadores formada después de la revolución bolchevique.

En los años de 1920, la FOCH continuó siendo la única confederación nacional de trabajadores, pero los anarcosindicalistas formaron una rama de la IWW (Internacional de los Trabajadores del Mundo), con base en el Chile central, donde el anarquismo siempre había sido una corriente significativa dentro de la izquierda y los trabajadores organizados, con particular fuerza en Valparaíso, principal puerto del país. Sin embargo, la capacidad de Recabarren para organizar coaliciones y hacer alianzas más allá de su propia base se hizo evidente solo con las masivas manifestaciones que se produjeron en Santiago contra el desempleo y las alzas de precios durante la recesión de la posguerra, que movilizaron a doscientas mil personas en una ciudad que contaba entonces con apenas medio millón de habitantes.

Esas manifestaciones remarcaron la incapacidad de la elitista república parla-mentaria para abordar la «cuestión social» que en las calles aparecía con un poder arrollador. Era una situación hecha a la medida para Arturo Alessandri, «el León de Tarapacá», un empresario minero del norte que postulaba para presidente con el ambiguo eslogan de «Alessandri o la revolución», una forma de sugerir que su programa de reformas implementadas desde arriba era la única manera de evitar una revuelta desde abajo. Orador brillante que sabía cómo llegar «al pueblo», Alessandri introdujo la política de masas en Chile como candidato de la Alianza Liberal, una coalición que incluía tanto a demócratas y radicales como a liberales reformistas, y que apoyaba la mayoría de los trabajadores que votaban.

Recabarren también postuló a presidente, pero encontró que tenía mucho más apoyo en las calles que en las urnas. En parte, porque Alessandri, uno de los pocos diputados que protestó por la masacre de la escuela Santa María, tenía un programa de legalización de los sindicatos y las huelgas, que serían controlados por el Estado, y postulaba leyes que regularían los contratos de trabajo y las jubilaciones. En parte, también, porque Alessandri inauguró el estilo moderno de hacer campaña, directo y confrontacional, con desfiles masivos y concentraciones en todo Chile, donde el carismático candidato ponía en práctica sus claros propósitos de atraer a los trabajadores con sus planteamientos antioligárquicos, creando un ambiente emocional que le permitía vincularse con sus partidarios.

Para sus adversarios más rígidos y conservadores, Alessandri era un peligroso demagogo, al que acusaban de excitar el «odio de clases» y ser «comunista».

Tal como medio siglo después ocurrió con Allende, en 1920 la mayor fuerza de Alessandri estaría en las provincias del norte y del sur del país, no en Santiago, el centro político. Finalmente, Alessandri ganó estrechamente y, como el de Allende, su triunfo electoral fue cuestionado por la derecha antes de ser aceptado de mala gana por una élite temerosa de las consecuencias que tendría rechazarlo. Y lo mismo que Allende, cincuenta años más tarde, Alessandri no pudo legislar su programa porque la mayoría del Congreso estaba en manos de sus opositores, y fue expulsado (en 1924) por un golpe militar de derecha que los políticos promovieron y apoyaron.

Pero a diferencia de Allende, Alessandri eligió el exilio en vez del sacrificio de su vida y regresó a su cargo al año siguiente, gracias a un segundo golpe militar hecho por jóvenes oficiales reformistas con conexiones masónicas y liderado por el coronel Carlos Ibáñez del Campo. Por presión militar, se aprobó en 1925 una nueva Constitución que terminó con el parlamentarismo elitista y restauró el Ejecutivo fuerte que había existido antes de 1891, pero además con el mandato popular de una elección directa. La misma presión de los militares reformistas fue responsable del Código del Trabajo que legalizó los sindicatos y las huelgas, con una regulación gubernamental para ambos. Ibáñez emergió como el hombre fuerte del restaurado Gobierno de Alessandri y del que lo siguió, antes de expulsar a su presidente títere y gobernar él mismo como presidente hasta mediados de 1931, cuando tuvo que huir del país ante el creciente descontento por su incapacidad para manejar la profunda crisis económica provocada por el crash de Wall Street en 1929 y la depresión comercial global que lo siguió.

Como presidente, Ibáñez pareció más el derechista autoritario que el reformador izquierdista. Reprimió a los comunistas, a otros sindicalistas de izquierda y a sus organizaciones políticas, y trató de crear un sindicato paralelo controlado por el Estado para reemplazar a la izquierdista FOCH. Los comunistas debieron ocultarse en la clandestinidad pero sobrevivieron y, aunque debilitados por la represión, siguieron siendo una de las corrientes centrales de la izquierda chilena. Ni la FOCH ni sus rivales anarcosindicalistas pudieron recuperarse.

Hacia 1930, ya estaban fijados los principales rasgos característicos del Partido Comunista de Chile. Era un partido proletario con una fuerte base obrera, conducido por intelectuales orgánicos como Recabarren y sostenido por una memoria histórica que se extendía hasta las titánicas luchas de los obreros pampinos. Sería leal a Moscú, pero fuertemente chileno. Lo que era menos claro en 1930 era qué estrategia había que seguir en el futuro: si alianzas sociales y coaliciones políticas en la tradición chilena, o bien solidaridad de clase y pureza de acuerdo al molde bolchevique. Mucho dependería de Moscú y también de las políticas y prácticas de sus potenciales aliados y rivales, empezando por el primer opositor serio de izquierda que aparecía desde la declinación del anarquismo, el nuevo Partido Socialista de Chile, el cual fue en sí mismo un irónico subproducto de los golpes militares de 1924-25 y la era de Ibáñez que los sucedió.

El giro hacia la derecha de Ibáñez también alejó a algunos de sus anteriores camaradas de armas, especialmente su más estrecho colaborador en el golpe de 1925: el coronel Marmaduke Grove, que llegó a ser el comandante de la Fuerza Aérea en los inestables gobiernos que sucedieron a Ibáñez. El general dijo una vez: «Grove nació revolucionario como otros nacen rubios o morenos». En junio de 1932, Grove sorprendió a Chile encabezando un golpe militar que, declaró, era la primera «República Socialista» en las Américas. En ese tiempo, «socialismo» se había convertido en el santo y seña político de un Chile en bancarrota que era el país del mundo que había sido más duramente golpeado por la Gran Depresión en el comercio internacional, perdiendo el 80 % de sus ingresos por exportaciones entre 1928 y 1932. El aumento del desempleo se materializaba en las caravanas de obreros pampinos que migraban con sus familiares desde las oficinas salitreras del norte hacia el sur.

Si Ibáñez sufrió la culpa política por la incapacidad de su Gobierno para responder efectivamente a la crisis que aumentaba, se creía fracasado al «liberalismo» y al «capitalismo», que debían ser descartados para enfrentar el naufragio que habían causado.

El «socialismo», para la mayoría de sus partidarios chilenos en 1932, era más parecido al capitalismo de Estado o a un Estado de bienestar que al marxismo. Grove anunció que buscaría un tercer camino entre capitalismo y comunismo, mientras terminaba la depresión a través de acciones de gobierno que pudieran proteger la economía nacional contra los imperialistas extranjeros y ayudar a los pobres explotados por los capitalistas chilenos. Más una amalgama populista que un programa socialista, un general escribió que la República Socialista de Grove era mirada por sus seguidores como «una madre afectuosa que se preocuparía de administrar la fortuna común para beneficio de todos sus hijos, sin distinciones odiosas, sin privilegios para nadie, con un espíritu de justicia desconocida previamente entre nosotros, y con resultados verdaderamente maravillosos »2. Rechazada desde el inicio por las élites chilenas y acribillada por contradicciones —como las que surgieron entre los derechistas «nacional socialistas» y los izquierdistas «socialistas revolucionarios»— la República Socialista de Grove duró solo doce días. Durante ese breve tiempo sus mayores realizaciones fueron una serie de decretos que permanecieron olvidados en las actas —para ser desempolvados por sus viejos autores durante el gobierno de Allende—, la instalación del «socialismo» en el panorama político chileno y la creación de un movimiento y un impulso que llevó a la creación del Partido Socialista en 1933.

Esta mezcla de socialismo y populismo sería la marca registrada del Partido Socialista, que tendría, por lo tanto, una heterogeneidad ideológica y política propia de un conglomerado que absorbió a anarquistas y trotskistas, mutualistas y socialdemócratas e integró un creciente número de obreros y campesinos con una dirección y una base social predominante de clase media. Era un partido que enfatizaba su nacionalismo versus el internacionalismo del Partido Comunista, su mayor rival.

El mismo Grove pudo retener a sus seguidores y fue un caudillo hasta su muerte en 1954. De hecho, en sus primeros años, el Partido Socialista dependió de su carisma para crecer. Al final, sin embargo, no fue la trayectoria de Grove, sino la de su primo Salvador Allende la que sería más emblemática para los socialistas chilenos. Uno de los fundadores del Partido Socialista, uno de sus primeros diputados en el Congreso, su primer ministro en un Gobierno, su primer presidente del Senado y su primer presidente de la república, Allende encarnó la corriente socialista de la política chilena para la mayoría del mundo y la mayoría de los chilenos durante las primeras cuatro décadas de existencia del partido.

Salvador Allende: la formación de un presidente socialista

Salvador Allende nació en una familia con una tradición política progresista. Su abuelo, el doctor Ramón Allende Padín había sido diputado y senador radical y había fundado la primera escuela laica de Chile y la logia masónica más progresista. Sin embargo, y a pesar de su prominencia política, murió «extraordinariamente pobre», recordaba Allende con orgullo.

Su padre, también radical, fue un abogado que trabajó en el Estado. Allende tomó a su abuelo como modelo, estudió medicina y se convirtió en un líder político estudiantil. Su amistad fortuita con un zapatero anarquista y su experiencia de la «tragedia de la pobreza» en el vecindario de Valparaíso, donde vivió como estudiante y que le permitió «conocer de cerca la miseria, la falta de vivienda, la falta de atención médica y la falta de educación del pueblo chileno», impulsaron las ideas políticas de Allende en una dirección más izquierdista. Y así también sus estudios de medicina. Según él «los estudiantes de medicina con su conciencia de malnutrición y enfermedad eran los más avanzados políticamente». La medicina era también una ciencia práctica más interesada en diagnosticar tratamientos que en abstracciones teóricas.

Aunque Allende leyó a Marx y discutió teorías filosóficas con sus compañeros de universidad, quiso seguir siendo doctor en materia política y buscar soluciones prácticas a los problemas concretos del pueblo chileno. Es significativo que su tesis para recibirse de médico haya sido sobre las causas sociales de la enfermedad.

Había un pequeño paso para que Allende fuera de la medicina social a la política socialista. Consideraba que sus estudios le habían enseñado que «el socialismo era la única solución para estos problemas» y que «Chile tenía que encontrar su propio camino». Se graduó de médico a tiempo para luchar a favor de la República Socialista de Grove en 1932 —su única experiencia de combate antes del día de su muerte—, actuación que lo llevo a la cárcel. Liberado para que pudiera asistir al funeral de su padre, Allende hizo el voto de «dedicar [su] vida a la lucha social».

Al año siguiente, fue uno de los fundadores del Partido Socialista en su natal Valparaíso, ciudad que lo eligió diputado en 1937, el mismo año en que fue elegido vicepresidente de su partido. El año anterior había visto la fundación del Frente Popular: una coalición de centro-izquierda dominada por el Partido Radical, que incluía por primera vez a los partidos Socialista y Comunista y a la nueva Confederación de Trabajadores de Chile (CTCH), que unió lo que quedaba de los viejos sindicatos comunistas y anarcosindicalistas con los nuevos sindicatos socialistas. Allende encabezó en Valparaíso la campaña del candidato radical a la presidencia de la república, Pedro Aguirre Cerda, en las elecciones de 1938, como abanderado del Frente Popular. Y cuando Aguirre Cerda logró una sorprendente victoria, distinguió a Allende, médico de treinta y un años, con el cargo de ministro de Salubridad, Vivienda y Seguridad Social, nombramiento que lo convirtió en uno de los tres socialistas en un gabinete con amplia mayoría de radicales y ningún comunista. Salvador Allende fue un ministro enérgico e innovador, que introdujo la indemnización por accidentes del trabajo y utilizó su posición para educar a los chilenos en las causas sociales de la enfermedad con la publicación de su libro sobre el tema, que había merecido un premio, y con una impactante exposición en plena Alameda sobre las miserables condiciones habitacionales en que vivía la mayoría de los chilenos .

Para Allende, y para casi toda su generación, el Frente Popular fue una experiencia determinante, que también dio forma a la «generación de 1938». Las críticas izquierdistas sostienen que no le dio a su sector poder político ni significó para la clase trabajadora mejoramientos socioeconómicos significativos y señalan la contradicción que supone el apoyo socialista y comunista a una coalición que proclamaba representar al mismo tiempo a trabajadores y capitalistas, y un Gobierno cuya mayor creación fue la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), destinada a ser la criada del capitalismo chileno. Sin embargo, el Frente Popular dio a la izquierda experiencia de gobierno y proporcionó a sus partidos y sindicatos una multitud de nuevos adherentes. El Frente Popular también reconoció el derecho de los trabajadores a organizarse e incluyó la nueva Confederación de Trabajadores Chilenos (CTCH) en la coalición de gobierno. Aún más, el Frente Popular legitimó la participación de socialistas y comunistas en el sistema político chileno, y ayudó a moderar sus posturas «revolucionarias», haciéndolos socios elegibles para otras alianzas en futuros gobiernos.

Para Allende, el Frente Popular fue «un gran paso» adelante que desplazó a la oligarquía y llevó a la clase media al Gobierno. Le enseñó «la importancia de la alianza entre los trabajadores y la clase media», una lección que tendría en cuenta en su estrategia para el camino democrático al socialismo en 1970.

Y lo más importante para Allende, su experiencia en el Frente Popular lo convenció de que «en Chile era posible construir el socialismo dentro de las instituciones políticas existentes». Según él, Chile había sido el país en que el Frente Popular había sido más exitoso, considerando los frentes populares que se formaron en esa época para combatir al fascismo, como el francés y el español. Sostenía que su principal debilidad había sido que estaba «dominado por el partido burgués», el Partido Radical, y no por los «partidos proletarios», es decir, Socialista y Comunista. Allende dedicaría su carrera política a reconstituir esa alianza de clase y coalición política, pero esta vez con él mismo como líder y el control en manos de los partidos de izquierda. Desde esta perspectiva, los años que van desde el Frente Popular a la Unidad Popular forman una sola etapa histórica, unida por la visión de cambio democrático, alianza de clase y coalición política, una perspectiva que compartían muchos izquierdistas de la generación de 1938.

La generación de 1938 formó y fue formada por el Frente Popular. En su sentido más amplio, incluyó a exlíderes estudiantiles como Allende, que tuvieron allí su primera experiencia de gobierno. Allende fue un típico líder de la clase media educada del multiclasista Partido Socialista, que se hizo izquierdista como respuesta a la injusticia social, y no solo a causa de sus propios intereses. Los comunistas tenían una dirigencia más proletaria, pero también atraían a jóvenes intelectuales, artistas y escritores, incluyendo al joven Pablo Neruda, que llegaría a ser Premio Nobel de Literatura. Los unía el sueño de una sociedad más justa y la experiencia del Frente Popular, que les daba la esperanza de una reforma democrática, pero les enseñaba que sería un camino largo y difícil, con contradicciones y obstáculos que habría que vencer.

El colapso de la política del Frente Popular y la disminución de la influencia política de la izquierda durante los años 1940 debido a las rivalidades entre sus partidos y la persecución de los comunistas durante la Guerra Fría por los radicales, enseñaron a Allende que fue senador y jefe del partido en ese tiempo, otra valiosa lección: el éxito del movimiento popular en Chile dependía de la unidad de los partidos de la clase obrera, a pesar de las diferencias y rivalidades que tuviesen entre sí. La unidad de la Izquierda llegó a ser para Allende su mayor principio político: «A mí me guiaba un propósito, que era unir los partidos de la clase obrera y siempre entendí que las divergencias socialistas-comunistas perjudicaban absolutamente al movimiento popular».

Como consecuencia, Allende fue el único líder socialista democrático occidental en aliarse con los comunistas durante la Guerra Fría. Allende votó contra la «ley maldita» que proscribió en 1947 al Partido Comunista y fue candidato a la presidencia de la república en 1952, por primera vez, con el apoyo del clandestino Partido Comunista, cuando la mayoría de los socialistas apoyaba la candidatura populista del exdictador Carlos Ibáñez. Allende solo recibió el 5 % de la votación, pero con eso marcó un giro profundo en su carrera política.

Antes de 1952, Allende puede haberse considerado un marxista, pero su actuación política fue la de un reformador en la tradición humanista que pudo haber tenido su abuelo, una que debía más a la Revolución francesa que a la Revolución rusa. Él era un médico violentado por las curables causas socioeconómicas de las enfermedades, un político populista que denunciaba la inmoralidad de la injusticia social, pero uno que estaba preparado para conformarse con la disminución de los costos sociales del capitalismo. Comenzando en 1952, Allende se convirtió en un candidato socialista a la presidencia inspirado en visiones marxistas de un mundo que cambiaba, con apoyo comunista, con un programa que incluía la nacionalización de las minas de cobre, propiedad de gigantescas corporaciones norteamericanas, y cuyo objetivo final era un camino revolucionario en democracia hacia el socialismo. Al mismo tiempo, Allende como político populista, viajaba a lo largo de Chile y construía lazos de lealtades personales con sus discursos y su solidaridad con huelgas y movimientos sociales, formando una base personal de apoyo de allendistas que lo apoyarían en futuras campañas electorales que combinarían socialismo y populismo.

En 1958, Allende había reunido a las facciones rivales de su partido para unirlo con el nuevamente legalizado Partido Comunista en el Frente de Acción Popular (FRAP). Allende fue su candidato presidencial en la elección de ese año, el primero en que las reformas electorales ampliaron el electorado y aseguraron el voto secreto en el campo. Para muchos, la de 1958 fue la mejor campaña de Allende, y si no hubiera sido por las mujeres que no votaban hasta 1949, podría haber llegado a ser presidente.

En efecto, Allende casi ganó las elecciones y se posicionó como el portaestandarte de la izquierda y el candidato «del pueblo». Fue derrotado por Jorge Alessandri, un empresario derechista con un programa de modernización del capitalismo chileno que ganó por 33,449 %, una diferencia marcada por los votos restados a Allende por la candidatura tardía de un exsacerdote supuestamente izquierdista, con sospechosas fuentes de financiamiento y razones para presentarse como candidato. Aunque Allende quedó profundamente decepcionado y creyó que le habían robado la presidencia, a pesar de ello aceptó los resultados oficiales, a diferencia de lo que hizo Alessandri en 1970, cuando se invirtieron las posiciones.

Si Allende hubiera sido elegido en 1958, lo más probable es que hubiera sido un exitoso presidente social demócrata, cuyo programa popular y nacionalista de «¡Más democracia!», «¡Más desarrollo económico!», «¡Más bienestar!» y «¡Más independencia nacional!» habría recibido amplio apoyo popular y político. Aún más, sus reformas radicales se habrían moderado y así se habrían consolidado en el contexto de las transformaciones revolucionarias que tenían lugar en todas las Américas.

En el contexto hemisférico, 1958 marcó el fin de una época en que la política chilena giraba más en torno a personalidades que a proyectos. El año siguiente, la Revolución cubana impulsaría una transformación de políticas a través de toda América Latina. En Chile, como en la mayoría de la región, el espectro político giró agudamente hacia la izquierda. Con «reforma» o «revolución», las nuevas alternativas y la revolución comunista como riesgo, Estados Unidos apoyó reformas a las que se había opuesto diez años antes y encontró en Eduardo Frei y la ascendente Democracia Cristiana chilena los socios perfectos para la Alianza para el Progreso en el país más próximo a elegir democráticamente el socialismo.

Este aparente peligro inminente —magnificado por una sorpresiva victoria socialista en un conservador distrito rural en una elección complementaria en 1964— también llevó a Washington a intervenir encubiertamente en los asuntos internos de Chile para evitar la elección de Salvador Allende como presidente. Estados Unidos no solo financió más de la mitad de la campaña presidencial de Eduardo Frei Montalva en 1964. También en forma encubierta, la CIA promovió y dio forma en los medios a una «campaña del terror» que sostenía que, si Allende era elegido, la democracia chilena desaparecería así como cualquier opositor y los niños chilenos, que serían enviados a Cuba. Irónicamente, fue cuando los opositores de Allende lograron derrocarlo en 1973, que hubo chilenos desaparecidos, mientras el país se jactaba de su democracia.

El eslogan de la campaña de Frei —«Una revolución en libertad»— implícitamente cuestionó el compromiso de Allende con la democracia, a pesar de sus tres décadas como líder democrático. Allende fue otra vez candidato del FRAP y obtuvo el 39 % de la votación, un tercio más que en 1958, todo un récord para un candidato izquierdista a la presidencia. Pero una derecha aterrorizada por la posibilidad de que fuera elegido dio su apoyo a Frei, creando una carrera a dos bandas en la que ganó el democratacristiano con mayoría absoluta, el 54 % de los votos, algo raro en un país que se caracterizaba por un sistema multipartidario. A pesar de su éxito en las urnas, Allende y la izquierda chilena tenían, una vez más, que contemplar a su derrota.

La victoria democratacristiana en las elecciones parlamentarias de 1965 despertó el espectro de la derrota de la izquierda pudiera ser permanente. La Democracia Cristiana, un partido reformista de centro con una base de clase media y un ala de izquierda que buscaba el comunitarismo como tercer camino entre el capitalismo y el comunismo, había crecido rápidamente en apenas una década para convertirse en el mayor partido de Chile. El objetivo político del gobierno de Frei era convertirlo en un partido hegemónico, con una mayoría permanente —como su modelo, la Democracia Cristiana italiana— que pudiera cerrar el paro a Allende hacia la presidencia y bloquear para siempre el camino democrático hacia el socialismo.

Pero, para Allende, que en 1965 era el manipulador maestro de la política chilena, esta era la oportunidad de realizar su sueño y reconstruir la alianza de centro-izquierda del Frente Popular con él como líder y bajo el control de los partidos de izquierda. El rápido ascenso de la Democracia Cristiana desde el 4 % de su votación en 1952 a más del 40 % en 1965 fue a expensas del Partido Radical, que estaba perdiendo su base de clase media y su futuro político en favor del más «moderno» partido centrista, pero todavía mantenía un número alto de senadores. Allende negoció un acuerdo con los radicales para que lo eligieran presidente del Senado con el objeto de forjar una alianza táctica que fuera un puente para que los radicales se unieran a los comunistas y los socialistas en la coalición de la Unidad Popular.

A ellos se sumaron, en 1969, los cristianos de izquierda, la cuarta corriente en la coalición de Allende. Ellos reflejaron la influencia de la doctrina social de la Iglesia católica en Chile, trazando sus raíces en el Padre Hurtado (ahora, un santo), cuyas obras y su libro clave —¿Es Chile un país católico?— que criticaba las desigualdades y la pobreza de Chile, han inspirado a una generación de jóvenes católicos idealistas de la élite y de la clase media para trabajar por reformas en beneficio de los pobres y construir una ideología que pudiera ser una tercera vía en medio del capitalismo despiadado y el comunismo ateo. Durante los años sesenta, ellos se movieron más a la izquierda, inspirados en el Concilio Vaticano II y el Encuentro de Medellín, bajo la influencia de la teología de la liberación con su opción preferencial por los pobres y su compromiso con la reforma social y las organizaciones de base. La mayoría de la jerarquía de la Iglesia chilena mantuvo una relación restringida con la teología de la liberación, pero una articulada minoría de sacerdotes se radicalizó por sus experiencias y formó los «Cristianos por el Socialismo», un grupo que apoyó a Salvador Allende y abrazó su vía chilena.

La mayoría de los chilenos se había hecho democratacristiana y apoyó al gobierno de Frei con muchas esperanzas de que cumpliera la promesa de generar una «revolución en libertad.» Muchos se involucraron con la reforma agraria, la reforma más revolucionaria de Frei, que permitió expropiar y redistribuir los grandes latifundios de Chile en favor de los campesinos que trabajaban en ellos y organizar por primera vez en la historia del país a los trabajadores rurales sin tierras. Pero estos dedicados reformadores se desilusionaron con el lento avance de la reforma agraria, su alcance limitado y su politizada implementación así como por el ambivalente compromiso entre el presidente Frei y la poderosa ala derechista de su partido, a propósito del cambio estructural. En 1967, tomaron brevemente el control del partido y presentaron su programa alternativo de «socialismo comunitario» una mezcla de humanismo cristiano y socialismo que compartía la critica marxista de izquierda al capitalismo, pero no sus soluciones estatistas. Pero Eduardo Frei y la derecha democratacristiana retomaron el control del partido y rechazaron en 1968 esta posición «revolucionaria».

Por entonces, el una vez brillante futuro de la Democracia Cristiana de Chile se había opacado. Después de un comienzo promisorio, sus políticas económicas habían fracasado en lograr la prometida alza de la inversión o en resolver los problemas económicos crónicos —estanflación, pobreza y dependencia—. La derecha y la izquierda, confrontadas por una Democracia Cristiana con pretensiones hegemónicas que podría condenarlas a una permanente minoría, hicieron todo lo posible por socavar el éxito de Frei. Al mismo tiempo, los grandes terratenientes que conformaban el núcleo de la tradicional élite hicieron los mayores esfuerzos para retrasar la reforma agraria y la sindicalización campesina que amenazaban su control de la tierra y de los trabajadores. Los democratacristianos, a pesar de sus esfuerzos significativos, también fracasaron en cumplir su promesa de solucionar el inmenso déficit habitacional y detener la enorme migración rural a las ciudades. Finalmente, pagaron con la declinación de su apoyo político el precio de estimular las expectativas que no pudieron satisfacer.

Como resultado, en 1969 las elecciones parlamentarias que se suponía que establecerían la nueva mayoría democratacristiana revelaron que su apoyo había caído al 30 %, confirmando la división de la política chilena en «los tres tercios»—con la izquierda, la derecha y el centro recibiendo aproximadamente un tercio de los votos cada uno—.

En respuesta a este fracaso de Frei y a su propia frustración con el lento paso y la limitada perspectiva de reformas, la izquierda democratacristiana sostuvo que solo una alianza de «todas las izquierdas» —marxistas y cristianos— tendría la fuerza y el apoyo para imponer «los cambios» impulsaban a la oposición de la derecha política y los intereses económicos atrincherados. Cuando esa proposición fue rechazada, muchos dejaron el partido para formar el Movimiento de Acción Popular Unitario (MAPU), que se incorporó a la coalición de Allende —la Unidad Popular— en la campaña presidencial de 1970. En 1971, otro grupo de izquierda democratacristiana dejó su partido en protesta contra su alianza con la derecha, para formar el partido Izquierda Cristiana, siguiendo al MAPU en la coalición de gobierno de Allende.

Para detener la secesión de su ala izquierdista, la Democracia Cristiana eligió como candidato presidencial en 1970 a Rodomiro Tomic, el líder de esa tendencia. Tomic, que enarboló un programa casi tan radical como Allende, fue inaceptable para la derecha, que decidió llevar como candidato al expresidente Jorge Alessandri, al que analistas chilenos y norteamericanos daban por ganador.

El parecido de la nueva Unidad Popular con el Frente Popular podía verse en los partidos que la dirigían, pero allí terminaba la semejanza. La Unidad Popular estaba dominada por los ascendentes partidos izquierdistas y no por los desfallecientes radicales, y su programa no era uno de reformas moderadas, sino de transición democrática al socialismo. En el intertanto, la Revolución cubana había radicalizado a la izquierda chilena y reemplazado su estándar de la reforma por el de la «revolución».

El impacto radicalizante había sido mayor en el Partido Socialista chileno, que era en 1958 un partido multiclasista con una ideología socialdemócrata y una política populista. Un decenio más tarde se declaraba marxista leninista y se movía incluso más hacia la izquierda que el Partido Comunista, que seguía la línea «reformista» de Moscú. Pero incluso esto no era suficiente para los más combativos de la generación más joven, entre los cuales se contaba a un sobrino de Allende, Andrés Pascal, ni para los hijos de prominentes socialistas, como Miguel Enríquez, que fundó el guevarista Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) a la izquierda de la Unidad Popular, cuyas expectativas de éxito electoral y camino democrático al socialismo descartaba, sosteniendo, en cambio, la necesidad de la lucha armada para establecer el socialismo en Chile.

Hacia 1970, Allende y la izquierda habían completado la larga marcha que comenzara un siglo antes en la pampa salitrera del norte del país, pero que los llevaría al palacio presidencial en Santiago. La izquierda había sobrevivido a sucesivos ciclos de rebelión y represión. Ciclos que habían costado sangre, sudor y lágrimas, pero que habían consolidado a los partidos Comunista y Socialista y dado origen a sucesivas confederaciones de trabajadores. Allende había sido diputado, ministro, senador, presidente del Senado y tres veces candidato presidencial. Su primera campaña logró solamente el 5 % de los votos y marcó el punto más bajo de la izquierda, con el partido socialista dividido en fracciones rivales, el Partido Comunista ilegalizado y obligado a actuar en la clandestinidad y la CTCH (Confederación de Trabajadores de Chile) reflejando la profunda división existente entre socialistas y comunistas.

El crecimiento de Allende en las elecciones era paralelo a los avances en los sindicatos de trabajadores y partidos políticos. En 1953, los sindicatos socialistas y comunistas se unieron para formar la Central Única de Trabajadores (CUT), bajo el inspirado liderazgo de un cristiano de izquierda, Clotario Blest, para reemplazar a la fragmentada CTCH. En 1970, el 35 % de los obreros industriales y el 20 % de la fuerza de trabajo chilena estaban sindicalizados, incluyendo un creciente número de trabajadores agrícolas, y la CUT se había convertido en un importante actor político en la escena nacional. Por entonces, también, las facciones socialistas se habían unido y representaban el 12 % de la votación nacional. Los comunistas habían salido de la clandestinidad y ya representaban el 16 % del electorado. Con la suma del disminuido pero todavía significativo partido Radical y su 13 % de los votos, más la adhesión de los cristianos de izquierda, Allende creía que en 1970 podía contar con el apoyo suficiente para ganar la presidencia en una carrera a tres bandas.

1 Valdivia «teniendo por fin de su muerte lo que tuvo por fin de su entrada en Chile». Pedro Mariño de Lobera, Crónica del Reino de Chile, capítulo xliii.

2 Citado en Drake, 74-75.

Capítulo 3

El compañero presidente

Los avances de la izquierda, la reconstrucción de una coalición del tipo del Frente Popular con dirección izquierdista y una carrera presidencial a tres bandas no eran las únicas razones que tenía Allende para mirar con optimismo las elecciones de 1970.

El telón de fondo del giro del espectro político de Chile hacia la izquierda eran los profundos cambios sociales y políticos, y el fracaso de las alternativas menos radicales para solucionar los crónicos problemas económicos y sociales del país: «La estanflación» (es decir, la combinación fatal de estancamiento económico e inflación alta); la «dependencia» del capital, la tecnología y las empresas extranjeras, y la «marginalidad», un problema que la mayoría de los chilenos identificaba con la oleada de migrantes rurales que cambiaban los barrios suburbanos en «poblaciones» sin hogares dignos o trabajos decentes. Además del orgullo de Chile por su democracia formal, muchos de sus ciudadanos se sentían excluidos de toda participación política significativa que no fuera la concurrencia a votar.

La mayoría de los grandes cambios sociales y políticos que tenían lugar en Chile hacia 1970 favorecían la candidatura de Allende. Durante las décadas anteriores de sustitución de importaciones e industrialización, se había formado en Chile una poderosa clase trabajadora, cuya experiencia de bajos salarios en empresas autoritarias la hacían receptiva a los mensajes del marxismo. Muchos trabajadores estaban afiliados a los sindicatos izquierdistas que integraban la CUT, por entonces dominada por socialistas y comunistas, que tenía más de medio millón de afiliados en 1970. A pesar de esta fuerza organizada, los sindicatos izquierdistas eran relativamente débiles en el complejo sistema chileno de reguladas relaciones laborales y dependían del apoyo de los partidos de izquierda para balancear el poder económico y la influencia política de las élites que dominaban los negocios y las finanzas, por lo cual movilizaban a sus miembros para votar por los partidos de izquierda.

El número de trabajadores industriales crecía y se instalaba en barrios obreros donde las instituciones más importantes eran a veces las juventudes comunistas y socialistas que ofrecían una vida social y cultural, así como una educación pública para los niños y adolescentes pobres que no tenían un objetivo claro u otro horizonte en sus vidas. Los barrios dormitorio de la clase trabajadora, como San Miguel, la «comuna roja», se hicieron conocidos por sus políticas de izquierda.

Muchos de los que crecían en comunas como San Miguel no eran, sin embargo, hijos de obreros industriales. Eran hijos de migrantes rurales, parte del gran éxodo de campesinos y trabajadores agrícolas que se había producido entre 1945 y 1970, a raíz del crecimiento de la población rural y la mecanización de la agricultura que dejó a muchos sin tierra, sin trabajo y sin futuro, y también a causa de la atracción que ejercían las ciudades, con sus luces, mejores servicios sociales y más fuentes de trabajo. Las personas abandonaron los campos para probar fortuna en las grandes ciudades y Santiago, durante esa época de intensa urbanización, pasó de tener una población de 1,3 millones en 1952 a una de 2,8 millones de personas en 1970.

Lo que esos migrantes buscaban era un trabajo estable y una casa propia, de preferencia una «casita» similar a la que habían dejado en el campo. Pocos tenían ingresos para comprar o arrendar. En vez de eso, como en otras partes de América Latina, para resolver su problema de vivienda, ocupaban terrenos vacíos en los alrededores creando «campamentos» o «poblaciones» de chozas de autoconstrucción y presionando al Gobierno para conseguir electricidad; agua potable y alcantarillado; pavimento de calles; escuelas; atención médica y transporte, y una solución permanente para el déficit habitacional.

Muchos de esos migrantes habían llegado desde sectores rurales conservadores, con relaciones paternalistas y políticas derechistas, y se vieron expuestos a nuevas experiencias y nuevas ideas en los asentamientos urbanos que formaron, especialmente por la influencia política de la izquierda y el centro, que disputaban sus votos y lealtades, a menudo impulsando las tomas de terrenos donde se levantarían las poblaciones y defendiéndolos de los desalojos y la represión policial. Los democratacristianos los habían influido con su estrategia política durante los años sesenta, pero muchos pobladores habían vuelto a la izquierda en 1970, desilusionados con el Gobierno de Frei que no les entregó viviendas ni trabajo en la escala prometida.

Esos migrantes rurales y obreros industriales fueron parte de los cambios sociales y políticos que habían doblado el electorado chileno entre 1952 y 1970, expansión que se debía tanto al aumento de la población —de 6 millones en 1950 a 9 millones en 1970— como a las nuevas leyes electorales que habían hecho más fácil la inscripción y asegurado, por primera vez, el voto secreto en el campo. Igualmente importante fue la masiva migración desde el campo a las ciudades, cuyos votantes se liberaron de los controles sociales y tuvieron acceso a programas, partidos y candidatos que competían entre sí. Todo esto afectó negativamente a la derecha, amenazando su tradicional tercio del electorado y del Congreso: en primer lugar, porque convirtió los «seguros» distritos rurales conservadores en zonas competitivas con el centro y la izquierda que también movilizaban votos campesinos y, en segundo lugar, por el traslado de los potenciales votantes de las áreas rurales conservadoras a las ciudades donde estaban expuestos a nuevas experiencias y nuevas políticas.

Sin embargo, el otro cambio político responsable de la expansión del cuerpo electoral no beneficiaba a la izquierda. El voto femenino fue finalmente establecido en 1949 después de una larga campaña hecha mayoritariamente por feministas de izquierda, pero sus resultados no fueron los que esperaban. Las mujeres chilenas eran más conservadoras que los hombres y votaban en consecuencia, lo que, a juicio de la izquierda, era reflejo de su limitada participación en la fuerza de trabajo y su receptividad a los mensajes de la Iglesia católica. Como ya señalamos, si las mujeres no hubieran votado en 1958, Allende habría sido elegido presidente de la república, de modo que, en 1970, el candidato preparaba su triunfo con una minoría del voto femenino, especialmente joven; asociando a sus oponentes con los fracasos de los Gobiernos anteriores, y proyectando una nueva y democrática «vía chilena al socialismo» que resolvería, de una vez por todas, los problemas crónicos del país.

Los dos competidores de Allende en 1970 representaban soluciones ya fracasadas para esos problemas. Jorge Alessandri, el candidato de la derecha —y de la embajada de Estados Unidos—, había gobernado Chile entre 1958 y 1964, mostrando que sus promesas de campaña —solucionar los problemas del país con un capitalismo modernizado— eran vacías en la práctica. Alessandri fracasó en atraer las inversiones que esperaba, y el fin de su mandato estuvo marcado por una renovada estanflación, desempleo y conflictos laborales. La falta de solución por parte del Gobierno de Alessandri a los problemas sociales, tales como la masiva migración rural y el enorme déficit habitacional, se vio simbolizado con una masacre en la inmensa población José María Caro en la periferia de Santiago en 1962. En 1970, volvería como candidato del status quo —la garantía contra Allende—, ofreciendo poco más que las consabidas soluciones paternalistas para los trabajadores, los campesinos y los pobladores.

Radomiro Tomic, el candidato democratacristiano, era uno de los líderes del ala izquierda de su partido y ofrecía un programa casi tan radical como el de Allende. Pero no podía escapar de la responsabilidad que le cabía en la fracasada «revolución en libertad» de Frei. Incluso la más osada iniciativa política de su predecesor, la parcialmente materializada reforma agraria, había ofendido a más chilenos que a los que había satisfecho, pues los terratenientes temían perder sus propiedades y los campesinos estaban furiosos por no haber alcanzado la tierra que se les había prometido. Resultado de lo anterior, en 1970, después de seis años de gobierno democratacristiano, un tercio de los trabajadores agrícolas estaba afiliado a sindicatos izquierdistas.

Un descontento similar manifestaban los migrantes rurales y los pobladores urbanos ante el fracaso del programa habitacional de Frei, que tenía un déficit de entre medio millón y un millón de viviendas. Una vez más, una masacre de pobladores, ahora en la sureña ciudad de Puerto Montt, simbolizó en 1969 tanto el fracaso de la política social de Frei como la utilización por parte del Gobierno de la represión como instrumento de control social. Los campesinos y los pobladores habían sido los principales objetivos políticos de los democratacristianos, el electorado clave para su proyecto de permanente mayoría, y la disminución de su respaldo popular a un 29 % de la votación en las elecciones parlamentarias de 1969 fue un serio golpe para los planes de Tomic.

Tampoco lo ayudó el fracaso del proyecto económico democratacristiano. La «chilenización» de las minas de cobre —una costosa política para asociarse en un 50 % con las compañías multinacionales norteamericanas, pero dejándolas a cargo del manejo y administración de las empresas— multiplicó la deuda externa, pero no significó para Chile mayores ganancias ni el control sobre su principal recurso natural, la fuente de los dos tercios del valor de sus exportaciones.

El propio programa de Tomic planteaba la nacionalización de las minas, que significaba el reconocimiento del fracaso del plan más identificado con su partido y con el Gobierno en los últimos años. El regreso de la estanflación y de la efervescencia laboral durante los últimos años del gobierno de Frei, así como el retardo de las inversiones y el crecimiento del desempleo, también evidenciaron su incapacidad para resolver los problemas económicos y abrir paso a la creación de una tercera vía entre el capitalismo y el comunismo.

Como solución a esos problemas, Salvador Allende ofrecía a los votantes chilenos un camino democrático hacia un socialismo democrático. La nacionalización de las minas de cobre y otras «riquezas básicas», así como la adquisición de las grandes empresas que controlaban sectores estratégicos, terminaría con la dependencia de la nación del capital, la administración y el control extranjeros. Aún más, con la gran minería en manos chilenas, «el sueldo de Chile», como Allende llamaba a las exportaciones de cobre, podría usarse para financiar el desarrollo económico. También podría utilizarse para solucionar los problemas sociales como el déficit habitacional y la estanflación, con la capacitación e incorporación a la fuerza de trabajo urbano de los migrantes rurales y pobladores suburbanos como obreros de la construcción, lo que tendría otras ventajas adicionales. «Debemos producir para satisfacer las necesidades de las masas», repetía Allende.

Para lograr ese objetivo, el Gobierno de la Unidad Popular crearía una economía mixta con un sector público y un sector de propiedad pública y privada en asociación para las mayores empresas estratégicas, «las alturas dominantes de la economía», como se decía entonces. Esto incluiría los bancos privados nacionales, conocidos por manejar los ahorros de los chilenos y prestarles en condiciones muy favorables a las empresas de su grupo, uno de la docena de «clanes» que controlaban la economía chilena. Con los proyectados aumentos de remuneraciones y gasto social, se esperaba que esas nacionalizaciones hicieran de Chile una sociedad mucho más igualitaria. Un fuerte mejoramiento en los niveles de vida del pueblo, una profunda reforma agraria que diera control de la tierra a los que la trabajaban, y la incorporación de pequeños propietarios agrícolas y trabajadores migrantes a nuevas cooperativas podrían satisfacer el déficit de alimentos de Chile e incrementar los ingresos rurales y la equidad.

En el corto plazo —y para ayudar al triunfo de Allende— la Unidad Popular no confiaba solamente en el camino democrático al socialismo. Allende contó también con una plataforma que prometía «cuarenta medidas» populistas que, desde la atención médica gratuita y el medio litro de leche diario para cada niño hasta la abolición de los impuestos regresivos y el trabajo asegurado para todo ciudadano adulto, tendrían un inmediato impacto positivo en la vida de la mayoría de los chilenos. Además, la Unidad Popular proponía profundizar la democratización y descentralizar el poder creando una «asamblea popular» a nivel nacional y estructuras semejantes en niveles regionales y locales. También prometió incorporar la participación de los trabajadores en la gestión de sus empresas públicas o privadas y promover la participación democrática en el nivel local y en las organizaciones de la sociedad civil, como juntas de vecinos, centros de madres y grupos juveniles.

Era un programa que combinaba socialismo con populismo y democracia, un programa ajustado a un candidato cuyos planteamientos eran ideológicos y políticos, pero también pragmáticos y personalistas, y a una coalición empeñada en crear las condiciones para una transición democrática a un socialismo democrático. Pero, a la vez, era una arriesgada e inédita estrategia en un ámbito político sembrado de fracasos, que era al mismo tiempo atractivo y riesgoso. Representaba lo nuevo y lo desconocido, un quiebre con un pasado identificado con las promesas incumplidas y la derrota.

Sin embargo, para muchos chilenos, incluyendo izquierdistas de su propio partido y coalición, Allende era una figura del pasado que en forma improbable prometía conducir a los chilenos a un futuro más brillante. Ya había competido tres veces en elecciones presidenciales y había perdido, llevando incluso a sus aliados comunistas preguntar: «¿Hasta cuándo Allende?».

Los propios dirigentes de su partido se opusieron a la candidatura de Allende por considerarlo «demasiado burgués» e insuficientemente «revolucionario», un socialdemócrata atascado en un pasado que los recientemente acuñados marxistas-leninistas, habían superado. El MAPU, formado por talentosos exdemocratacristianos, veía a Allende como un político populista del viejo estilo en una nueva era que requería de sus líderes un estilo acorde, pero capaz de comprometer los votos de la Democracia Cristiana que fueran necesarios para ganar. Allende podría haber sido el arquitecto de la coalición Unidad Popular, pero no estaba claro si sería su candidato presidencial.

Allende no exageraba cuando se refería a sí mismo como «el candidato del pueblo». Había estado junto a los líderes de los partidos de la Unidad Popular y no habría sido en 1970 el abanderado de la coalición: «Fue el pueblo quien me escogió […] y me hizo su candidato», decía orgulloso. Era un alarde que confirmaban veteranos líderes comunistas, como Volodia Teitelboim: «Allende fue elegido porque era la voz del pueblo. Si usted hablaba con un campesino o con un obrero en Valdivia, en Bellavista o en Magallanes, él le diría: ‘Bien, por supuesto que el candidato tiene que ser Salvador Allende’». Él había sido leal a través de todos esos años de huelgas, persecuciones y campañas, y ellos le seguían siendo fieles. La nominación de Allende no fue resultado de «maniobras politiqueras». Teitelboim insistía: «Es un hombre que se ganó un nombre entre el pueblo».

Y esta conclusión la confirmaban mis propias entrevistas.

La mayoría de los chilenos no era militante de partidos y muchos de los partidarios de Allende no eran ni socialistas ni comunistas, sino allendistas. «Es el único líder político en que siempre he confiado», me explicó una mujer de edad mediana, trabajadora de una fábrica en Santiago, agregando que Allende era también «el único [candidato presidencial] por el que siempre he votado y por el cual votaré». Al elegir a Allende, la izquierda estaba contando con su votación personal que se sumaba a la de los militantes de los partidos y sus simpatizantes para llevar a la Unidad Popular al poder.

La campaña comenzó con Alessandri como favorito y con Allende como perdedor. Alessandri podía contar con el respaldo de toda la élite y buena parte de la clase media, así como de los medios de comunicación y de la embajada de Estados Unidos. Sin embargo, una vez que la campaña comenzó, Alessandri comenzó su autodestrucción. Se suponía que debía proyectar la imagen de un patricio, benevolente y al mismo tiempo fuerte, simbolizado con las ropas oscuras, propias de un juez, que lucía en los carteles, con las manos extendidas, asegurando a los chilenos: «Yo estoy contigo». Pero cuando Alessandri, de setenta y tres años, presentado por su «mano firme» en la televisión, mostró que sus manos temblaban visiblemente, quedó en evidencia que, más que un patriarca, era un viejo al borde de la chochera. La izquierda lo bautizó como «el Momio». El apodo pegó y pronto se extendió a sus partidarios para indicar que se oponían rígidamente a «los cambios» que Allende prometía implementar si era elegido.

Radomiro Tomic esperaba ser beneficiario de la declinación de Alessandri y recibir el voto femenino gracias a la reputación de mujeriego que tenía Allende, proyectando una imagen de reformista responsable y moderno que se situaba a medio camino entre Alessandri, anciano y conservador, y Allende, marxista revolucionario. Pero el catolicismo de Tomic alejaba a los anticlericales profesionales de clase media, mientras su programa izquierdista alejaba a los derechistas. Pero, sobre todo, el lugar del medio que buscaba ocupar estaba socavado debido a la polarización política que había acelerado la campaña de 1970. Su mensaje no prendió y debió conformarse con el apoyo de su partido y nada más.

Sin embargo, sin acceso a los medios o a los recursos financieros como sus rivales, Allende seguía como perdedor. Bajo y con anteojos, mediocre orador en público y con un estilo de viejo político, Allende carecía del aspecto y del carisma de los «modernos» candidatos mediáticos como Eduardo Frei. Además, contaba solo con el tibio apoyo de los dirigentes de la Unidad Popular que lo habían escogido de manera reticente debido a la presión de su base. Si la «elección del pueblo» consistía en el triunfo en las urnas, era el pueblo el que tenía que elegirlo. Para sorpresa de muchos expertos, eso fue exactamente lo que sucedió. En todo Chile, se organizaron comités de Unidad Popular (CUP) para movilizar a los izquierdistas sin consideración de sus colores partidarios, incluyendo a los muchos allendistas e independientes. Su energía y entusiasmo fueron para Allende como un mar de fondo que se hacía más fuerte a medida que se acercaba la elección, pero esto no se reflejaba en las encuestas de opinión, geográfica y socialmente limitadas.

Allende hizo una campaña popular al viejo estilo, que lo puso en contacto con chilenos desde Arica a Magallanes, un Chile provinciano que conocía bien por décadas de campañas presidenciales y parlamentarias. Allende podía no ser un orador carismático, pero proyectaba una atrayente imagen de dignidad, la del médico con conciencia social que tiene un mensaje optimista y tranquilizador de «una revolución con empanadas y vino tinto», una revolución sin sacrificio a la chilena. Además, pudo contar con los atributos organizativos del Partido Comunista para movilizar a sus partidarios, mientras sus «brigadas» de jóvenes pintaban las murallas con los idílicos murales del «Nuevo Chile» que significaría la victoria de Allende. Sus oponentes podían controlar la prensa y los medios, pero los partidarios de Allende dominaban las calles y los muros. Seguía la incertidumbre de quién conquistaría la mayoría de los votos, mientras las encuestas de la embajada de Estados Unidos hechas en Santiago metropolitano daban todavía el triunfo a Alessandri, Allende confiaba que el voto de provincia le daría la victoria el 4 de septiembre.

Al final, Allende estuvo en lo correcto. Una vez recibidos los resultados de los distritos pobres de Santiago y de las provincias lejanas, confirmó el estrecho margen de ventaja —que nunca perdió— ganando con el 36,3 % a Alessandri, que obtuvo el
34,9 %, y a Tomic que tuvo que conformarse con el 27,8 %. Solamente treinta mil votos separaron a Allende de Alessandri, pero para sus partidarios esa ventaja fue como un aluvión de votos. Cerca de la media noche, cuando los resultados oficiales declararon a Allende triunfador, sus partidarios salieron a las calles para celebrar el «triunfo popular» por el que muchos habían luchado toda su vida y nunca creyeron que vivirían para verlo.

«Fue una cosa de Carnaval» recordaba una mujer comunista, una trabajadora madura. «Fue algo que nadie esperaba […] algo que los que vivimos en ese momento, lo recordaremos toda la vida. Era una alegría que no cabíamos en sí, porque de ver que todos los compañeros nos abrazábamos, fueran pobres o bien vestidos. Y gritábamos en la calle ¡Viva la Unidad Popular! ¡Viva el compañero Allende!».

La elección terminó, pero la carrera presidencial estaba lejos de hacerlo. Los partidarios de Allende habían vuelto a sus casas luego de una noche de celebración del «triunfo popular», confiando en que el «Chicho» sería el próximo presidente de Chile. El propio Allende estaba muy consciente de los obstáculos que todavía tendría que vencer. De acuerdo a la Constitución chilena de 1925, si ningún candidato obtenía la mayoría absoluta del voto popular —lo que es muy común en un sistema multipartidario— le correspondía al Congreso decidir entre las dos primeras mayorías. En el pasado, el Congreso siempre había ratificado el veredicto popular. En 1958, cuando Alessandri derrotó a Allende por un margen similar y con un porcentaje menor de votos emitidos, no hubo mayor problema en que el Congreso lo ratificara como presidente. De hecho, Allende había pedido a sus partidarios que no protestaran por unos aspectos cuestionables de esos resultados, argumentando que tenían que aceptar el sistema, que podría beneficiarlos a ellos en el futuro. Como buen demócrata, y a pesar de que la campaña en que esperaba ganar, había sido amarga, Allende reconoció el triunfo de Alessandri y lo felicitó por haberlo logrado.

Sin embargo, en 1970, cuando se invirtieron las posiciones, Alessandri se negó a reconocer el triunfo de Allende en las urnas. Por el contrario, cuando todavía no era claro que Allende había vencido, Alessandri empezó a negociar con los democratacristianos para bloquear la confirmación de Allende por el Congreso, donde eran la fuerza decisoria. Esas maniobras preocupaban a Allende aun cuando Tomic había reconocido su victoria y controlaba el aparato de campaña de su partido.

Allende hubiese estado mucho más preocupado si hubiera sabido cuán profundamente estaba Washington involucrado en estos planes y conspiraciones. Ya antes de la elección, el Gobierno de Richard Nixon preparaba estrategias de contingencia que iban desde el soborno a parlamentarios chilenos para que votaran en contra de la confirmación del triunfo de Allende hasta un golpe militar. Inmediatamente después del triunfo de Allende en la urnas, el activo involucramiento de Estados Unidos en los esfuerzos para impedir que llegara a ser presidente de Chile, a pesar de su victoria en elecciones democráticas, fueron autorizados por un furioso presidente Nixon, anticomunista visceral que se refería a Allende como «ese hijo-de-perra» y advirtió que su presidencia crearía un «sándwich rojo» con la Cuba de Castro y toda América Latina aprisionada entre esas dos pequeñas rebanadas de pan izquierdista. Nixon había sido informado sobre la «amenaza» —e inflamado— por Agustín Edwards, un dirigente derechista chileno, hombre de negocios, dueño de un imperio de medios liderado por el diario conservador El Mercurio, y vicepresidente de Pepsico, multinacional encabezada por un amigo íntimo de Nixon.

Las operaciones encubiertas para evitar que Allende asumiera el mando fueron justificadas por Henry Kissinger, consejero nacional de Seguridad de Nixon quien, según la prensa, había dicho en privado que él no veía razón alguna para permitir que un país se hiciera comunista debido a la irresponsabilidad de sus habitantes que lo decidieron así a través de elecciones. En una «anónima» y ampliamente difundida conferencia de prensa, Kissinger presentó diversas razones, mutuamente reforzadas, según las cuales un Allende en la presidencia amenazaría los intereses económicos, políticos y estratégicos de Estados Unidos en Chile, América Latina y todo el mundo. El director de la CIA, Richard Helms, salió de la reunión postelección con Nixon y Kissinger convencido de que ellos querían que él impidiera que Allende llegara a ser presidente sin importar lo que tuviera que hacer para conseguirlo.

A mediados de septiembre, la CIA estaba manejando un par de conspiraciones paralelas. El «Track 1», un golpe de Estado constitucional, con dos variaciones. En una, los democratacristianos serían convencidos de votar por Alessandri, que después renunciaría y apoyaría a Frei en una nueva elección. En el otro plan, el todavía presidente Frei pediría la renuncia a su gabinete civil, formaría un gabinete militar, nombraría un presidente interno y dejaría el país bajo control militar en lo que un alto funcionario de la CIA llamaba «un tranquilo y esperanzador no violento golpe militar». El «Track 2», por su parte, proponía un violento golpe militar y buscaba identificar y ayudar a los oficiales que quisieran y fueran capaces de llevarlo a cabo. Tanto la CIA como el Departamento de Estado estaban de acuerdo en que, para que un golpe tuviera éxito, era necesario crear un clima de caos económico, en el que las agencias del Gobierno de Estados Unidos debían cumplir las instrucciones de Nixon y «hacer chillar la economía».

Irónicamente, la parte fácil del plan fue producir un clima de ansiedad económica. Washington presionó a los organismos internacionales para que detuvieran los préstamos entregados a Chile y a los bancos privados para que le restringieran los créditos, a la vez que el ministro de Hacienda de Frei pronunciaba un discurso alarmista que desató el pánico financiero en Santiago.

Pero, desde allí, los complotes empezaban a fallar.

Frei podía estar de acuerdo con apoyar a Alessandri en el plan de la «solución parlamentaria», pero no podía conseguir que lo siguiera el aparato del partido controlado por Tomic. Finalmente, los divididos democratacristianos acordaron pedir un conjunto de modificaciones constitucionales que garantizaran tanto las libertades civiles como la seguridad de los burócratas de sus filas que estaban en el Estado. Esas exigencias eran el precio de su apoyo en el Congreso, y Frei estaba seguro de que Allende las rechazaría por insultantes.

En vez de eso, y jugando brillantemente sus cartas, Salvador Allende aceptó las condiciones de la Democracia Cristiana, advirtiendo sombríamente sobre la «guerra civil» que podría desatarse si el Congreso desconocía el veredicto popular. Convencer a Frei de que colaborara con una coreografía de «golpe militar no violento» demostró ser igualmente difícil. El embajador de Estados Unidos podía culpar a Frei por no ser lo suficientemente macho como para «ponerse los pantalones», pero el expresidente chileno no puede ser culpado por haberse negado a ser quien terminara con la democracia modelo que imperaba en su país.

Eso condujo al «Track 2» y la CIA hizo sus mejores esfuerzos para llevar a cabo un violento golpe militar.

La clave estaba en identificar, persuadir y apoyar a los conspiradores militares chilenos que quisieran llevar a cabo el complot. Los agentes de la CIA encontraron un creíble grupo de complotadores formado por oficiales en servicio activo y liderados por el general Camilo Valenzuela, comandante de la guarnición de Santiago, y otro grupo, más osado, pero menos creíble de neofascistas alrededor del exgeneral Roberto Viaux, que había sido llamado a retiro como sanción por intentar un golpe de Estado contra el Gobierno de Frei. Finalmente, la CIA se dio cuenta de que debido a la jerarquía vertical inculcada en el Ejército chileno por sus instructores prusianos décadas antes, ningún golpe podía tener lugar si se oponía el comandante en jefe, general René Schneider, cuya doctrina era de neutralidad política y no intervención militar. El complot se convirtió entonces en un plan para secuestrar a Schneider, culpar a los izquierdistas y justificar el golpe. Pero el grupo de Valenzuela retrocedió y Schneider resistió el intento de secuestro por parte de los neofascistas de Viaux, que lo asesinaron.

Con Schneider fuera del camino, un estado de emergencia declarado y el general Valenzuela controlando la capital, algunos en la CIA pensaron que ya existían las condiciones para un golpe militar. Se equivocaron totalmente. Schneider fue sucedido por el general Carlos Prats, un oficial que pensaba de manera muy semejante a su antecesor y aplicó la misma doctrina. Aún más, el asesinato de Schneider conmocionó y horrorizó a un Chile que todavía no estaba acostumbrado a ese nivel de violencia. Al reaccionar, la clase política se apresuró a demostrar su apoyo a la democracia y se disipó toda posibilidad de bloquear a Allende en el Congreso. Finalmente, todos los parlamentarios democratacristianos votaron por Allende y, el 3 de noviembre de 1970, Eduardo Frei le cedió la banda presidencial al primer presidente socialista de Chile.

Su primer día de mandato estuvo marcado por las tradiciones chilenas, algunas de las cuales se remontan a los comienzos de la república, pero aunque Allende participó plenamente en las ceremonias establecidas, dio señales de que su presidencia sería diferente. Prestó juramento como lo prescribía la ley ante los miembros del Congreso pleno, los jefes de las fuerzas armadas y el cuerpo diplomático, pero vistió un traje informal que contrastó fuertemente con el frac que lucía Frei. El agnóstico gran maestro de la masonería asistió al Te Deum en la catedral, y ocupó un lugar de honor, mientras el cardenal Raúl Silva Henríquez, rogaba pidiendo «justicia para todos nuestros hermanos». Después, Allende insistió en caminar desde la catedral hasta el palacio presidencial en medio de los vítores de sus partidarios, en vez de hacerlo en automóvil. Desde un balcón de La Moneda abierto hacia la Plaza de la Constitución, declaró que «el pueblo ha llegado conmigo a La Moneda» y se proclamó a sí mismo «el compañero presidente».

Fue una ceremonia medida y llena de dignidad, con algunos toques populistas que, como quiebres en la tradición, prometían un nuevo estilo igualitario, compatible con una presidencia populista o con un programa de reformas radicales. Pero aunque sus partidarios derramaban lágrimas sintiendo que ese día se habían cumplido sus sueños, nada en el comportamiento o en las palabras de Allende anunció la revolución que llegaba.

Capítulo 4

La revolución chilena

Salvador Allende era entonces presidente de Chile, elegido con un programa para conducir a su país por la vía chilena: un camino democrático hacia un socialismo democrático. Era el momento que había estado preparando durante una carrera política de casi cuatro décadas como diputado, ministro, senador y presidente de partido. Afortunadamente, resultó ser una estrategia que le dio importantes fortalezas, tales como un conocimiento de las instituciones políticas de Chile y de los políticos, así como cierta habilidad para manipularlos para sus propios fines. Incluso líderes de oposición lo admitían: «Allende tiene la mejor muñeca». Eran habilidades de un reformista formado en los corredores del poder: no las de un revolucionario que busca de derribar el viejo orden, sino habilidades adecuadas a una revolución entendida como «un proceso» y a la cual los maoístas llamaban irónicamente la «larga marcha por las instituciones burguesas».

Allende necesitaría de todas sus alabadas destrezas políticas y más para conducir a Chile hacia un socialismo democrático por un camino democrático; en primer lugar porque su propia elección era una victoria marginal y no un triunfo decisivo: el 36 % de los votos había sido suficiente para que Allende fuera elegido, pero era un débil mandato para cambios tan grandes como una transición al socialismo. La Unidad Popular era también minoría en el Congreso y no podía legislar sin el apoyo de sus opositores de centro-derecha —la posibilidad de legislar para abrir un camino democrático al socialismo no era ni remotamente probable—. El poder judicial era el arma más conservadora del Estado, apoyaba el statu quo y estaba compuesto por jueces de la élite que estimaban más la propiedad que a las personas. La burocracia, por su parte, estaba llena de opositores, en este caso democratacristianos, que no podían ser reemplazadas debido a la enmienda constitucional aceptada por Allende a cambio de sus votos en el Congreso para ratificar su elección. El contralor, que velaba por la constitucionalidad de los decretos y leyes así como sobre asuntos fiscales, provenía de la oposición de centro-derecha. Las Fuerzas Armadas habían permanecido leales luego del asesinato de Schneider, y el general Prats era un constitucionalista que apoyaba su doctrina de no intervención política, pero su muerte había detonado divisiones y deslealtades entre los militares y Allende sabía que, a medida que avanzara por la vía chilena, debería afrontar desafíos militares. La jerarquía de la Iglesia católica, que incluía a conservadores y progresistas, estaba controlada por moderados que apoyaban las reformas de la Democracia Cristiana, pero no una revolución marxista. Por último, la élite chilena no entregaría sin resistencia sus propiedades y su poder. Controlaba casi todos los medios de comunicación, los bancos y las empresas de producción y distribución más importantes; y además de la influencia que poseía en el Congreso, en los tribunales y en la burocracia, ya había mostrado en el pasado que podía usar sus recursos con dureza para proteger sus intereses.

Aún más, aunque Allende no conocía la decisión secreta de Estados Unidos de desatar una guerra encubierta contra su Gobierno para bloquear un recorrido exitoso del camino democrático al socialismo, pudo haber predicho esas acciones, ya que eran propias del «imperialismo yanqui». Allende y sus consejeros estaban preocupados por la política de Washington hacia Chile, un país tan dependiente del capital de Estados Unidos como de su tecnología, su maquinaria y repuestos, y su ayuda en alimentos. Todo ello los hacía vulnerables a la presión económica del país del norte, como había demostrado la crisis económica que el Gobierno de Nixon había desatado para crear las condiciones adecuadas para un golpe de Estado.

Allende había heredado una crisis económica y un sistema político profundamente conmocionado, primero por su elección y luego por el asesinato del comandante en jefe del Ejército. Comprendió que su primera tarea era restaurar la estabilidad política y económica para evitar que se crearan las condiciones para un golpe militar. Durante las primeras semanas, por lo tanto, Allende fue un modelo de moderación, una presencia que daba seguridad y advertía que había que moverse lentamente y actuar con precaución. Sus actos más radicales fueron simbólicos, como el reconocimiento diplomático a Cuba, que preocupó más a Washington que a los chilenos, mientras intentaba tranquilizar a sus partidarios izquierdistas, molestos de que no hubiera aprovechado la confusión de la derecha para iniciar su gobierno con cien días revolucionarios.

La moderación de Allende era una estrategia calculada para dar seguridad a las élites económicas y políticas y hacerles creer que, después de todo, un Allende en la presidencia podía no ser tan terrible, pues él era un chileno de izquierda con el cual se podía negociar. Gradualmente, el sistema político se corrigió solo y el espectro de la inestabilidad retrocedió.

Para Navidad, la amenaza de la crisis económica también había sido alejada. Allende no era economista, así que había entregado la responsabilidad de diseñar e implementar su política económica a un grupo de profesionales de izquierda, encabezado por Pedro Vuskovic, que tenía una larga experiencia como analista de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de las Naciones Unidas, pero muy poca experiencia práctica en manejar la economía de un país. Usando una estrategia neokeynesiana de gasto público para recalentar la economía en recesión y de control de precios —y no salarios— para mantener la inflación dentro de sus límites, Vuskovic había hecho grandes progresos y, a fines de diciembre, permitió que Allende pasara del proceso de estabilización de Chile al comienzo de su revolución desde arriba. Después de semanas de cautela, se movió con una rapidez y una decisión que tomó al país por sorpresa y a sus objetivos por asalto.

Revolución desde arriba

El programa de la Unidad Popular era claro en sus objetivos, pero vago en los medios para lograrlo. Dado que el triunfo de Allende no era esperado por los líderes de la coalición, se había pensado poco en cómo implementar su programa. Además, no había modelos históricos de una transición pacífica y democrática al socialismo y la mayoría de los teóricos marxistas eran escépticos de que pudiera realizarse.

Como consecuencia, el Gobierno de Allende tuvo que improvisar mecanismos para transferir el control de las «alturas dominantes» de la economía desde los capitalistas y chilenos, que hasta entonces habían sido sus dueños, al Estado. Típicamente, se diseñó una estrategia pragmática y heterogénea a tono con la realidad nacional, respetando las restricciones a su propio poder que estaban radicadas en el Ejecutivo. Sin embargo, el poder de la presidencia de Chile era tal que se decía que «era una monarquía elegida cada seis años», y Allende estaba preparado para usarlo, llegando al borde de los límites legales.

En este sentido, la Unidad Popular contaba tanto con ese poder como con la destreza de su líder para generar una estrategia que condujera a Chile al socialismo.

El programa de la Unidad Popular contemplaba cuatro grandes cambios estructurales que en conjunto le darían el control sobre las posiciones claves de la economía: la recuperación de las «riquezas básicas», especialmente las minas de cobre; la nacionalización de los bancos; una profunda reforma agraria, y la socialización de las mayores empresas productoras y de distribución. Allende comenzó con la nacionalización de las gigantescas minas de cobre de propiedad norteamericana, lo que representaría el mayor cambio y el mayor desafío de su programa económico. A su vez, este era el más popular de los cambios en Chile y uno de los que provocaría menor resistencia entre los chilenos. Poco antes de Navidad, Allende anunció que enviaría una reforma constitucional al Congreso, nacionalizando las minas de propiedad extranjera. Detrás de este atrevido golpe había un cálculo político: Allende sabía que la Unidad Popular sola no tenía los votos en el Congreso para aprobar una reforma constitucional, pero también Tomic había prometido la nacionalización, lo que probablemente movería a la mayoría de los democratacristianos a votarla favorablemente. Aún más, en 1970, la nacionalización del cobre era tan popular en Chile que Allende estaba convencido de que ni siquiera la derecha se atrevería a votar en contra y, si lo hacían, tendrían que pagar un alto precio político. El análisis de Allende demostró ser correcto. El 11 de julio de 1971, la reforma constitucional fue aprobada por unanimidad en el Congreso y se convirtió en la Ley 17.450. Ni siquiera los derechistas más acérrimos se atrevieron a votar en contra. Allende celebró la votación como el «día de la dignidad nacional» y habló de la «segunda independencia de Chile». Lo que Allende llamaba «el sueldo de chile» estaba, por fin, bajo el control de los chilenos. Sería uno de los pocos cambios estructurales de la era de Allende que la dictadura de Pinochet no revertiría. Y también, por cierto, un paso de gigante en el camino al socialismo.

Por entonces el Gobierno de Allende había dado, además, algunos pasos más pequeños para nacionalizar otros recursos minerales. El día de Año Nuevo, Allende anunció a los jubilosos mineros del bastión izquierdista de Lota-Coronel que el Gobierno había comprado las minas de carbón a sus propietarios privados. En las semanas y meses que siguieron, se produjo la compra de la mina de hierro de Bethlehem Steel y de la única planta siderúrgica, y también la nacionalización de las oficinas salitreras de propiedad norteamericana.

Un año después de haber asumido la presidencia, Allende podía legítimamente sostener que había cumplido plenamente con su promesa de campaña de recuperar para Chile el control de sus «riquezas básicas», lo que sería uno de los éxitos principales de su gobierno.

En vísperas del fin de año, Allende apuntó al segundo cambio estructural prometido por la Unidad Popular: la nacionalización de la banca privada. En su mensaje de Año Nuevo prometió al pueblo chileno un «aguinaldo» especial: la nacionalización del sistema bancario, que en vez de ser usado por la élite para sus intereses particulares usaría sus recursos a favor del pueblo chileno. Si las compañías del cobre eran la mayor y más estratégica inversión extranjera en Chile, los bancos eran la piedra angular de la docena de «clanes» que dominaban el sector privado de la economía, cada uno de los cuales utilizaba sus bancos como vaca lechera para atraer los ahorros de los chilenos y transferirlos después a las empresas del grupo. La nacionalización de los bancos privados sería un puñetazo —«a lo compadre»— contra el capitalismo y le daría al Gobierno de Allende los recursos para financiar otros cambios estructurales y programas sociales.

Como no había posibilidad de conseguir la mayoría del Congreso para legislar a favor de la nacionalización de los bancos, el Gobierno de Allende diseñó una ingeniosa estrategia: usar el mecanismo de financiamiento del capitalismo en su contra. En lo fundamental, su plan consistía en tomar el control de los bancos privados haciendo una oferta de compra de acciones desde la CORFO, como si fuera una operación habitual en el mercado accionario. Este es un ejemplo del uso que hacía Allende de instrumentos antiguos para nuevos propósitos. Durante el gobierno del Frente Popular entre 1939 y 1941, se había creado una corporación estatal, la Corporación de Fomento (CORFO), cuyo objetivo era promover la industrialización, para lo cual podría crear empresas y comprar y vender partes de empresas. Antes de 1970, la CORFO había funcionado como empleada doméstica del capitalismo chileno, haciendo arriesgadas inversiones para echar a andar compañías que, una vez que habían demostrado su valor, eran vendidas a influyentes capitalistas a un precio inferior al del mercado. Ahora, la Unidad Popular usaría el poder de la CORFO para comprar acciones contra el capitalismo chileno.

En enero, la CORFO hizo una oferta pública para comprar acciones de los bancos privados a un precio superior al de mercado, como lo haría cualquier empresa interesada en tomar el control de otra. Solo que, en este caso, era el Gobierno de Chile el que hacía la oferta de comprar sus títulos a los accionistas de los bancos. Aunque los bancos privados, encabezados por el Banco de Chile —propiedad de la élite— resistieron la oferta y urgieron a sus accionistas para que no vendieran, muchos sí lo hicieron, tratando de salvar algo de sus inversiones. Gradualmente, el Gobierno fue tomando el control de las empresas bancarias, incluyendo las extranjeras, con las que negoció la compra de sus filiales en Chile. Un año después del comienzo de su administración, Allende pudo anunciar que su Gobierno controlaba el 90 % del sector bancario de Chile, aunque, solo a mediados de 1972, la CORFO pudo adquirir la mayoría de las acciones del Banco de Chile. Así, aun cuando el control no era tan completo como en las mineras, casi la totalidad del sector bancario estaba en manos del Gobierno a mediados de 1972.

Por entonces, el tercer gran cambio estructural de la economía chilena, la reforma agraria, estaba también casi totalmente implementada. La Unidad Popular deseaba llevar a cabo una transformación que pusiera fin al sistema patrimonial del latifundio que había imperado en el campo desde los tiempos de la colonia, con el fin de crear las bases para un socialismo rural que incrementara la producción agraria y los niveles de vida de los campesinos. Los democratacristianos habían empezado el proceso de expropiación con su ley de reforma agraria de 1967, pero la habían aplicado de manera tan defectuosa que muchos de los involucrados en el proceso habían dejado el partido frustrados y se habían unido a la Unidad Popular con el MAPU, cuyo acrónimo significa tierra en el idioma mapuche. Había pocas posibilidades de que el Gobierno de Allende pudiera hacer aprobar una nueva ley de reforma agraria, pero podía tomar la ley de 1967, aplicarla con firmeza y darle una orientación socialista. Significativamente, uno de los redactores de esa ley, Jacques Chonchol, se convirtió en el ministro de Agricultura encargado de materializarla.

Chonchol esperaba haber aprendido de los errores del gobierno de Frei. En primer lugar, consideraba que todos los latifundios de una provincia o comuna debían expropiarse al mismo tiempo, sin excepciones derivadas de contactos políticos, a fin de incrementar la eficiencia del proceso y la globalidad de la reforma. Quedarían en manos del Gobierno los complejos agroindustriales modernos y altamente tecnificados, pero la abrumadora mayoría de las tierras expropiadas serían entregadas a los campesinos que las trabajaban, para que las explotaran en forma de cooperativas, y no como propiedad privada como habían pretendido muchos democratacristianos. Además, para aumentar la equidad de la reforma y resolver un problema social, las mujeres de los campesinos beneficiados serían miembros con derecho a voto en la cooperativa, a la que también se incorporarían minifundistas y trabajadores migrantes. Solamente cuando esas condiciones estuvieran cumplidas, el Gobierno les daría títulos de dominio sobre la tierra y permitiría que sus cooperativas se convirtieran en centros de reforma agraria (CERAS).

La culminación y profundización de la reforma de la Democracia Cristiana por parte de la Unidad Popular fue planeada como un proceso que no interrumpiría la producción agrícola de un país que, según Naciones Unidas, podría ser un gran exportador de alimentos, la California de Sudamérica, pero que seguía importándolos desde 1939. Esta reforma gradual, según el plan de desarrollo, estaría completa al final de los seis años del gobierno de Allende. Sin embargo, la inquietud rural y la presión desde abajo llevaron a la Unidad Popular a acelerar el proceso, que sería realizado finalmente dentro de dieciocho meses, la más rápida reforma de la propiedad de la tierra de esa envergadura hecha en la historia sin una revolución violenta. Ya a mediados de 1972, la reforma agraria estuvo casi completa, cambiando el Chile rural para siempre.

Por entonces, se habían hecho grandes avances hacia el cuarto objetivo de socializar las mayores empresas de producción y distribución o «monopolios» en Chile. En este protegido capitalismo chileno, en el cual «el Gobierno fija precios, cuotas y salarios», la competencia era escasa. «El mejor hombre de negocios no era el que mejor manejaba la empresa, sino el que hacía mejor lobby», explicaba Daniel Platovsky, más tarde presidente de la Cámara Chilena de Comercio, cuya familia era dueña de una fábrica de televisores en 1970. En ese tiempo, el capitalismo «a lo compadre» no era empresarial ni eficiente, cuestión que volvía plausible el argumento de la izquierda: su día había llegado. Diversos estudios demostraban que la propiedad en los diferentes sectores económicos estaba altamente concentrada, lo mismo que las cuotas de mercado, mientras las mismas empresas no eran competitivas ni creativas.

La solución socialista de la Unidad Popular era formar un «Área de Propiedad Social y Mixta» (APS), bajo el control de la CORFO, compuesta por las mayores y más estratégicas empresas chilenas. Algunas de ellas pasarían a ser propiedad del Estado, otras serían de propiedad compartida pública y privada. En cuanto a la administración, todas contarían con la participación de los trabajadores y de administradores del Gobierno para asegurar que funcionaran en sentido del interés público, y no con el propósito de maximizar las ganancias privadas. Tal como en el caso de los bancos, el Gobierno de Allende estaba más que dispuesto a comprar la parte privada de estas empresas, pero estas, en su mayoría familiares, estaban en manos de propietarios no muy dispuestos a vender y sí, en cambio, a unirse para resistir.

En esos casos, el gobierno de Allende estaba dispuesto a usar el poder ejecutivo que le conferían antiguos decretos, dictados con motivo de la Gran Depresión de los años treinta, para nuevos propósitos. Esos decretos facultaban al Gobierno para intervenir en el manejo de las empresas privadas cuando la producción de artículos de primera necesidad estuviese amenazada por actuaciones de los administradores o dueños o cuando hubiera un conflicto del trabajo que no pudiera ser resuelto. Dicha intervención sería de duración indefinida y debía ser aceptada por los antiguos dueños, una vez que el problema fuera resuelto. Con Allende en la presidencia, una vez que el interventor se hacía cargo de una empresa, se multiplicaban los incentivos para que sus dueños la vendieran, ya fuera por los grandes aumentos de sueldo prometidos a los trabajadores, por las deudas provenientes de operaciones o por la compra de maquinarias y repuestos. Además, el Gobierno dejaba en claro que la intervención continuaría hasta que los dueños accedieran a vender.

Al principio, el tamaño y alcance del área de propiedad social era vago, algo que reflejaba las diferencias que existían dentro de la Unidad Popular. Los socialistas no querían delimitar el APS, esperando expandirla lo más lejos posible, mientras los comunistas que estaban interesados en una alianza con la clase media y «la burguesía nacional progresista» eran sensibles a la necesidad de calmar las ansiedades de los dueños de empresas medianas. Finalmente, el APS fue definida para empresas con un capital superior a un millón de dólares —una gran suma en el Chile de 1970, es decir, un total de noventa y un empresas— «las 91» de la propaganda de la Unidad Popular. Después de un año de presidencia de Allende, setenta empresas estaban en manos del Gobierno, pero muy pocas habían sido compradas e integradas definitivamente al área de propiedad social. La legalidad de estas acciones sería un punto de conflicto en el futuro. Por una parte, la revolución desde arriba era altamente legalista, concordante con la cultura política de Chile. Esto significaba que las estrategias para una revolución desde abajo tenían que ser legales —o por lo menos aparentemente legales— en una situación en que el control opositor del Congreso limitaba la posibilidad de legislar sobre estos cambios.

El uso de decretos supremos por parte del Ejecutivo para intervenir indefinida —pero de hecho permanentemente— en la administración de empresas privadas para forzar a sus propietarios a venderlas al Estado, llevaba los poderes presidenciales al límite legal. En efecto, a juicio de la oposición de centro-derecha, Allende lo traspasaba. Eventualmente, esto condujo a un conflicto que no pudo ser resuelto y se convirtió en la excusa que tuvo la oposición que controlaba la Cámara de Diputados para declarar al Gobierno de Allende inconstitucional en agosto de 1973, legitimando el golpe militar que vendría unas semanas después. En 1971, sin embargo, con la revolución avanzando y sus opositores en desorden, el Gobierno de Allende podía celebrar las estrategias que le daban el control sobre los puestos de mando de la economía, que ahora trabajarían para «la gran mayoría de los chilenos» y constituirían el núcleo de la economía socialista en el Chile del futuro.

Ganar el control de las «alturas dominantes» de la economía era un paso de gigante hacia el socialismo, pero el camino democrático requería también una mayoría electoral. El 36 % de la votación a favor de Allende en 1970 y el 40 % de los parlamentarios del Congreso elegidos por la Unidad Popular en las elecciones de 1969 eran indicadores de que se estaba muy lejos de alcanzar la mayoría electoral y parlamentaria que permitiera legislar una transición al socialismo según la estrategia de la Unidad Popular.

El control de los puestos de mando de la economía tenía un rol clave, era una manera de debilitar la base de los enemigos políticos del socialismo en Chile, así como de demostrar la superioridad del socialismo por sobre el capitalismo. Sería un largo proceso y la Unidad Popular proyectaba alcanzar una mayoría electoral para el socialismo como el objetivo del gobierno de seis años de Salvador Allende, haciendo posible entonces una futura transición democrática.

Sin embargo, los cambios en la estructura económica de Chile eran solamente parte de la estrategia política de la Unidad Popular, ya que habría importantes elecciones antes que Allende terminara su mandato. Una de ellas, fueron los comicios municipales en todo el país en abril de 1971. En 1965, los democratacristianos habían usado el fuerte aumento de su votación en las elecciones parlamentarias, pocos meses después de que Frei fuera elegido presidente, para sostener que era un mandato para llevar a cabo su «revolución en libertad». Aunque las elecciones municipales de abril de 1971 no alteraban la composición del Congreso, para todos sería un veredicto popular sobre el Gobierno de Allende y sus políticas, y sobre la vía chilena de la Unidad Popular. Serían elecciones locales que se pronunciarían sobre temas nacionales de acuerdo a las orientaciones de los partidos.

En abril de 1971, las expectativas políticas para la Unidad Popular habían mejorado significativamente. La economía estaba respondiendo a las políticas neokeynesianas de Vuskovic. Aumentaba la tasa del crecimiento, bajaba el desempleo y volvía la prosperidad. Además, el alza de los salarios reales permitía que los chilenos compraran cosas que antes estaban fuera de su alcance, creando «fiestas de consumo» como las llamaban los medios. Estos cambios económicos beneficiaban a los trabajadores y a los campesinos, pero también a los sectores medios, mientras que los costos eran pagados solamente por el pequeño grupo de las élites económicas.

Igualmente importante en el giro del espectro político hacia la izquierda era la creciente comodidad y confianza en Salvador Allende y su Gobierno que experimentaban los chilenos que no habían votado por él, incluyendo los sectores medios. En parte, este cambio de posición reflejaba la restauración de la estabilidad política, principalmente la habilidad y el estilo de los primeros cinco meses de Allende como presidente de la república, con su moderación y contención por una parte, pero, por otra, con acciones audaces y decisivas, todas inspiradas por una aguda y matizada comprensión de Chile, su pueblo y sus instituciones. Este extraordinario desempeño llevó a Volodia Teitelboim, veterano dirigente comunista y agudo observador de la política chilena desde los años treinta, a decir que los primeros cinco meses de la presidencia de Allende fueron «los más brillantes de la historia de Chile».

Al mismo tiempo, esos logros iniciales producían un gran cambio en la opinión pública. Cuando el 4 de abril de 1971 se contaron los votos, la Unidad Popular había obtenido la mitad, levemente más que la suma de los votos democratacristianos, derechistas del Partido Nacional y radicales democráticos. Fue un gran salto para la izquierda, que por primera vez en la historia de Chile obtenía la mayoría en una elección nacional. Eso significaba que muchas personas de clase media y, más aún, obreros, campesinos y pobladores, apoyaban ahora a la Unidad Popular.

Así como la estrategia política de la Unidad Popular de ganar a la mayoría para el socialismo hacía pensar en una alianza de clase entre obreros, campesinos y clase media, el cambio en la opinión y las lealtades políticas de esta última era visto como un indicador clave de la viabilidad de la vía chilena. Aún más, era un veredicto positivo para «los cambios» que el Gobierno de Allende había empezado a poner en práctica. Ahora la Unidad Popular podía afirmar que tenía el respaldo popular necesario para transitar su camino democrático al socialismo.

Esto permitía también revisar el programa para el socialismo. Esta ola izquierdista representaba un cambio sísmico en la política chilena, terminando con los «tres tercios» en que tradicionalmente se había dividido el electorado. Además, la Unidad Popular había desbordado su lugar y tenía el momento a su favor. Si este cambio continuaba —y pocos de sus dirigentes dudaban de que lo haría— se consolidaría en Chile una mayoría electoral por el socialismo mucho antes de que Allende terminara su mandato presidencial de seis años. Entonces sería posible a corto plazo, quizá dentro de un año, convocar a un plebiscito constitucional para reemplazar el Congreso bicameral por una «asamblea del pueblo» unicameral, cuya composición reflejara el giro hacia la izquierda. Esto permitiría a la Unidad Popular aprobar leyes para una transición democrática al socialismo durante el gobierno de Allende.

Fue esta proyección postelectoral lo que llevó a Allende a rechazar la propuesta de Tomic de establecer una «alianza de todas las izquierdas», que los democratacristianos habían rechazado a su vez en 1959 pero que ahora podían aceptar dado el cambio de circunstancias políticas de abril de 1971. La euforia que siguió a las elecciones municipales parecía indicar que no había razón para comprometerse con los democratacristianos, por el contrario, la Unidad Popular esperaba que muchos de los votos que consolidarían la mayoría electoral que estaba a punto de conseguir provendrían de la Democracia Cristiana, a quien esperaba debilitar y dividir a medida que se polarizara la política chilena y los partidarios del ala izquierda de Tomic se unieran a Unidad Popular. Las elecciones de abril de 1971 hicieron pensar a muchos que todo era posible, y una estrategia «maximalista» de empujar los cambios hasta el límite comenzó a adquirir fuerza.

Pero Allende era más cauteloso. Creía que su revolución desde arriba, realizada por fases, controlada y bien ejecutada, era la responsable de este aumento en el apoyo a la izquierda y la estrategia que consolidaría esa mayoría electoral que le permitiría legislar sobre el socialismo del futuro. El manejo de los tiempos y la disposición de la secuencia de los hechos eran fundamentales para que la Unidad Popular pudiera aislara a sus adversarios y enfrentarlos uno a uno: primero al capital internacional, luego a las diferentes facciones de la burguesía chilena. Sería posible sacar ventaja de las rivalidades y contradicciones del campo enemigo —en el cual el capital nacional se resentía de los mayores recursos de las corporaciones extranjeras con las que tenía que competir, y las empresas chilenas más pequeñas sufrían a menudo la despiadada dominación de los mercados, el capital y las inversiones de las más grandes— para estimular la creencia de que, al no ser atacado, los intereses de este grupo serían considerados o renegociados y convertidos en empresas mixtas, lo cual conjuraba una alianza contrarrevolucionaria que pudiera bloquear el camino democrático al socialismo o reducirlo a una velocidad mínima o desviarlo por la fuerza . Más aún, para el éxito de esta estrategia era fundamental que se mantuviera viva la impresión de que Allende era un político con el que se podía negociar.

En abril de 1971, después de las elecciones municipales, Allende parecía seguir avanzando triunfante y tranquilamente. Todo lo que tenía que hacer era continuar esta revolución controlada desde arriba por etapas y secuencias para completar el camino democrático al socialismo. Pero lo que no había tomado en cuenta era la revolución desde abajo.

La revolución desde abajo

A pesar de sus diversos caracteres, estrategias y tácticas, los distintos elementos de la revolución desde arriba del Gobierno de Allende compartían dos importantes rasgos. Todo tenía que ser hecho por medios legales. Todo tenía que ser diseñado, orquestado y controlado desde por funcionarios del Gobierno que ajustarían sus tácticas y tiempo para asegurar que fueran compatibles con las condiciones objetivas y la estrategia general de la vía chilena.

Sin embargo, los tiempos, la secuencia, la proyección y el control de esta planeada revolución fueron desafiados y transformados por la erupción de una imprevista «revolución desde abajo», acelerada y profundizada por obreros, campesinos y pobladores. Este proceso coincidía a menudo o se complementaba con la revolución legalista y modulada, pero divergía crecientemente de ella, porque era más espontáneo e interactivo con las bases, y resultaba difícil controlarlo desde arriba. Si el sello de la primera era el legalismo, el de la revolución desde abajo era la toma, una apropiación formalmente ilegal pero socialmente justa. En la revolución chilena, la mayoría de las tomas se hicieron en los terrenos en que la gente vivía o trabajaba —o esperaba vivir o trabajar—, como por ejemplo terrenos suburbanos desocupados que eran invadidos por pobladores sin casa, fundos de gran tamaño que eran ocupados por campesinos sin tierra, fábricas que pasaban a ser controladas por sus propios trabajadores, o «corridas de cercos», por parte de activistas mapuches, que desplazaban los límites de sus propiedades hasta donde habían estado antes de que los terrenos les fueran arrebatados un siglo antes.

Más allá del común denominador de la toma, la revolución desde abajo era diversa y difícil de generalizar. En parte, expresaba la frustración de muchos chilenos ante el fracaso de la «revolución en libertad» de Frei y su impaciencia por la lentitud, el legalismo y las limitaciones de las transformaciones planificadas por Allende.

Para la mayoría, la revolución desde abajo reflejaba la manera en que el pueblo chileno entendía el «triunfo popular» de Allende en las elecciones y su «gobierno popular» como la única oportunidad que tenían de realizar sus sueños. Esos sueños tendían a ser muy concretos: en el caso de los pobladores, «una casa digna»; en el caso de los campesinos, tierra propia; en el caso de los indígenas, la tierra que perteneció a sus ancestros, y en el caso de los trabajadores industriales, el control y la nacionalización de su fábrica.

La transformación de las expectativas populares que dieron origen a la revolución desde abajo comenzó durante la campaña electoral, y Allende fue en parte responsable. En la fábrica textil algodonera Yarur, por ejemplo, esas expectativas fueron verbalizadas en su discurso. En la misma fábrica, frente a Amador Yarur, su dueño omnipotente y odiado, Allende se dirigió a los quinientos trabajadores que desafiaban a los guardias de seguridad armados y a los soplones, prometiéndoles que si era elegido les quitaría la fábrica a los Yarur, ya que esta «pertenece a los trabajadores y al pueblo de Chile». Un año después, los trabajadores citarían esta promesa al cerrar la fábrica y exigir su estatización.

Para la mayoría de los chilenos, sin embargo, las palabras que les dieron licencia para impulsar la revolución desde abajo fue la declaración de Allende de que como presidente —a diferencia de sus predecesores— no usaría la fuerza del Estado para reprimir al «pueblo». Para los pobladores que buscaban una casa propia, para los mapuches que anhelaban recuperar sus tierras, para los campesinos a los que se les había prometido los terrenos que trabajan, las palabras de Allende eran una señal de que podían tomar la revolución en sus propias manos y hacer realidad sus sueños sin miedo a la represión. Muchos de ellos creían que haciéndolo también estaban avanzando en el «proceso revolucionario» y, aun sabiendo que Allende se oponía, a menudo no quisieron detenerse, enlentecer o renunciar a sus objetivos, creyéndose ante una oportunidad única en la vida. Inmersos en el proceso, profundizaban su propia comprensión de la democracia, el socialismo y sus propios derechos sociales y económicos . También se hicieron protagonistas de su propio destino y fueron participantes activos del proceso revolucionario y de su política, y no ya clientes pasivos o meramente bases de apoyo para los partidos, los sindicatos o sus líderes.

En algunos casos, los artífices de la revolución desde abajo se veían a sí mismos como «los verdaderos revolucionarios» y a los líderes de la revolución desde arriba como simples «reformistas». Las tensiones desarrolladas entre las revoluciones de abajo y de arriba nunca se resolvieron plenamente. Por todas estas razones la revolución desde abajo alteraría significativamente la proyección, la secuencia, la disposición temporal, las tácticas y la estrategia de la revolución chilena, así como también su carácter y su trayectoria.

La revolución desde abajo y sus tomas de terrenos baldíos en los suburbios de las principales ciudades de Chile comenzó mucho antes de la llegada de Allende a la presidencia. Fue el aspecto más familiar este proceso en Chile: hacía más de dos décadas que personas sin hogar en busca de una «casa digna» se tomaban sitios. Eran hechos que reflejaban el enorme déficit habitacional y la masiva migración rural que era la causa principal de esta crisis de viviendas, junto con la falta de una política habitacional adecuada por parte de los gobiernos de la época.

Lo que era diferente ahora era la masividad de las tomas, la organización de los pobladores y el grado en que muchas fueron parte de un proyecto político de mayor alcance. Las tomas de sitios empezaron a incrementarse con el fracaso del programa de vivienda de Frei, que había prometido entregar doscientas cuarenta mil unidades habitacionales a pobladores de bajos ingresos. Estas apropiaciones se aceleraron durante las campañas de 1969-70 y tuvieron un nuevo salto después de que Allende comenzara su gobierno. Entre 1968 y 1971, hubo más de cuatrocientas tomas de sitios en Chile y, a fines de 1971, un sexto de la población de Santiago estaba viviendo en campamentos provisorios (en carpas o mediaguas) que eran producto de tomas. Si bien muchos de ellos eran organizados por partidos políticos, movimientos sociales y algunos representaban un proyecto que iba más allá de «una casa digna», todos reflejaban la urgencia y masividad de la crisis de vivienda en Chile.

El Partido Comunista fue durante décadas la fuerza política que estaba detrás de la organización de muchas de esas tomas, con el propósito de ganar partidarios, «aumentar fuerzas» y avanzar en el proceso revolucionario. Pero fue el MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), el movimiento guevarista a la izquierda de la Unidad Popular, el que vio más seriamente a los campamentos como proyecto político revolucionario durante la época de la Unidad Popular. El MIR había sido fundado por estudiantes de la Universidad de Concepción en la estela de la Revolución cubana, incluyendo a hijos de dirigentes del Partido Socialista, cuya ala izquierda parecía a veces traslaparse con el MIR. En los años finales de los sesenta, este movimiento se preparaba para una guerra de guerrillas, robando bancos y comprando armas.

El MIR sostenía que Allende no podría ser elegido y era escéptico de la viabilidad de la vía chilena, que veía como más reformista que revolucionaria. Sin embargo, una vez que Allende llegó a ser presidente, el MIR adoptó una posición de apoyo crítico a su camino democrático al socialismo.

Dejó de lado sus preparativos para la lucha armada y destinó sus limitados pero talentosos y altamente calificados recursos humanos a radicalizar la revolución chilena desde abajo, a través de frentes de masas como el Movimiento de Campesinos Revolucionario (MCR) o el Movimiento Revolucionario de Pobladores (MRP) grupos que, a diferencia de los trabajadores industriales, todavía no habían sido organizados por comunistas y socialistas. El MPR no solamente promovía y ayudaba a organizar tomas en terrenos suburbanos no ocupados; trataba también de organizar los campamentos resultantes como comunidades revolucionarias bajo el control del MIR.

Uno de los más emblemáticos era el campamento Nueva La Habana, a los pies de la cordillera los Andes en Santiago. Ya su nombre revelaba su inspiración, su modelo y su propósito. Mientras la mayoría de los campamentos, producto de tomas, parecían no planeados, Nueva La Habana, estaba ordenada con calles rectas que se encontraban en ángulos también rectos y convergían en espacios públicos. Cada una de sus veinticuatro manzanas tenía una sede social. Con el tiempo llegó a albergar a unas mil quinientas familias, más o menos nueve mil personas.

Para bajar los costos de construcción, pero sobre todo para elevar el nivel de conciencia a través de la cooperación del grupo, inicialmente ocuparon solo una parte de la tierra, y construyeron sus casas en la parte vacía. Cada familia construyó su propia vivienda, contando en caso de necesidad con la ayuda de una «brigada» de trabajo del campamento. Avanzaron mucho más cuando el Gobierno de Allende puso en práctica su nueva política de «ejecución directa» —como resultado del diálogo entre la revolución desde arriba y la revolución desde abajo— que dio a los pobladores materiales de construcción y les pagó para que construyeran su casa definitiva, evitando así las demoras y los altos costos de la construcción privada enfilada al lucro que había limitado el programa habitacional de Frei, y capacitando a los pobladores como trabajadores de la construcción, lo que disminuía el desempleo. Era comprensible el orgullo de las familias instaladas en sus casas, pero a la vez podía verse como un ejemplo exitoso de colaboración entre la revolución de arriba y la de abajo.

El involucramiento del MIR en campamentos tales como Nueva La Habana y el de los comunistas y socialistas en otras poblaciones producto de tomas, subrayan que rara vez la revolución desde abajo fue completamente espontánea o plenamente autónoma. Pero la espontaneidad y la relativa autonomía fueron características de la revolución desde abajo en contraste con la revolución desde arriba. Los dirigentes de los campamentos, elegidos por su activismo local, eran a menudo militantes políticos y a veces sentían las tensiones inherentes a este dualismo de roles. Pero ningún campamento, ni siquiera Nueva La Habana, estaba compuesto enteramente por militantes o simpatizantes de un solo partido, y esto limitaba el alcance del control político. Esta relativa autonomía de la revolución desde abajo fue verdadera en la mayoría de las cientos de tomas de sitios, campamentos y poblaciones de la era de Allende y de los cientos de tomas de tierras rurales ocurridas también en esos años.

Irónicamente, la revolución rural desde abajo no partió en el Valle Central de Chile, el corazón del latifundio y el blanco principal en 1967 de la reforma agraria democratacristiana. Empezó más bien en el sur forestal, la patria de los mapuches, el mayor grupo indígena chileno, que resistió con éxito la conquista europea durante la colonia. Finalmente, los mapuches fueron conquistados por las armas modernas entre los años 1870 y 1880, una empresa consolidada por inmigrantes alemanes acostumbrados a las condiciones de los Alpes.

Durante el siglo que siguió, los mapuches fueron perdiendo más tierras debido a la política del Gobierno chileno, a los inmigrantes europeos, los tribunales y los políticos corruptos. Hacia los años de 1960, este pueblo antiguamente fiero fue reducido a la pobreza, muchos de sus jóvenes emigraron a las ciudades para sobrevivir y su cultura también estuvo en peligro.

Ante esta calamitosa situación, algunos mapuches sostuvieron la primacía de la defensa de la cultura, mientras que otros fueron convencidos por los argumentos de clase de la izquierda —tanto democratacristiana como marxista— en relación con la necesidad de aliarse con otros campesinos pobres para conseguir sus tierras.

Cuando la reforma agraria democratacristiana, centrada en los grandes latifundios del Valle Central, no llegó hasta ellos, y cuando Allende prometió que no habría represión contra el pueblo, muchos mapuches decidieron tomar la revolución en sus manos. Poco después del comienzo del gobierno de Allende, los mapuches empezaron lo que se llamó «la corrida de cercos». Al amanecer se reunían junto al cerco que dividía las tierras de sus reducidas propiedades, con sus chamanes mujeres, las «machis», y trompetas de cuerno de vacuno y, armados con poco más que palos, sacaban las cercas y las movían hasta donde estaban antes de que, en el siglo xix, les robaran la tierra. Estas acciones, formalmente ilegales pero motivadas por una profunda sensación de injusticia, ya eran fuertes desafíos al statu quo, pero otros mapuches fueron más allá y se tomaron terrenos que incluían predios demasiado chicos para ser afectados por la ley de reforma agraria de 1967.

La comunidad de Nicolás Ailío había sido víctima de robos de tierras durante casi un siglo. Había recurrido a los tribunales, pero los juicios que se habían prolongado durante décadas e, incluso cuando habían ganado, la riqueza y la influencia política de los europeos y chilenos que les habían robado la tierra, les habían impedido recuperarla. Sin embargo, cuando Allende empezó a gobernar y se sintieron fortalecidos para actuar y reparar esta injusticia, decidieron tomarse de las tierras del fundo Rucalán, que eran de mucho mayor tamaño. Por una parte, la elección de llevar a cabo la toma reflejaba la inspiración de otras tomas exitosas en la región, pero, por otra, reflejaba el involucramiento de mapuches de otras comunidades. Para la mayoría, sin embargo, era ante todo el reflejo de una pobreza y un crecimiento de la población para los cuales recuperar las treinta y cinco hectáreas que les habían robado no resolvía nada.

Heriberto Ailío, un líder de la comunidad en la toma de Ruculán estaba muy consciente de su pobreza. Era central para él aceptar el análisis de clase del MIR, que lo llevó a ser en la región uno de los fundadores de su frente de masas campesino. Fue el MCR el que ayudaría a organizar la toma del fundo Rucalán un mes después de la toma de posesión de Allende.

La toma de Rucalán, llevada a cabo el 19 de diciembre de 1970, fue «no violenta» a pesar de que los mapuches estaban «armados», en su mayoría con palos y al menos un mirista con una pistola. Incluso se preocuparon de la seguridad de las mujeres que estaban en la casa, asegurándoles que no corrían peligro y dándole tiempo al dueño del fundo, Juan Bautista Landerretche, para que preparara maletas con ropas y joyas, y se las llevara de ahí en dos automóviles.

Por su parte, la violenta recuperación del fundo, cinco días más tarde, encabezada por sus dueños el día antes de Navidad, dejó a tres mapuches heridos e hizo huir a mujeres desarmadas y a niños aterrorizados. La violencia y los heridos transformaron la toma y recuperación de Rucalán en una de las primeras escaramuzas de la guerra civil entre revolución y contrarrevolución en Chile. Los medios derechistas la presentaron como una agresiva conspiración mirista, prueba también del clima de violencia creado por la Unidad Popular en su aparente vía pacífica al socialismo, y como un ataque a la propiedad privada.

Para el Gobierno de Allende, que había adoptado una actitud de espera frente a la toma, la violencia de la recuperación creó un conflicto social que requirió de resolución inmediata, ya que Rucalán no era un predio candidato a ser expropiado de acuerdo a la ley de reforma agraria de 1967. La confrontación en la zona rural de Cautín también alertó a la Unidad Popular de que se estaba intensificando el conflicto en el campo, amenazaba con escapar de control y causar graves problemas a la vía chilena. Como consecuencia, en los primeros días de 1971, Jacques Chonchol trasladó el Ministerio de Agricultura a Cautín durante cuarenta y cinco días y anunció su propósito de aplicar la ley de reforma agraria a fondo en esa provincia. En pocos días anunció cientos de expropiaciones en Cautín y el 4 de febrero expropió Rucalán y otros fundos propiedad de Landerretche que juntos sumaban más del mínimo legal para la expropiación.

Se esperaba que la finalización de la reforma agraria en Cautín pusiera término definitivo al conflicto social en la región e indicara también que la Unidad Popular cumplía con llevar adelante su revolución en forma legal. Los campesinos de otras regiones, sin embargo, vieron esas acciones como un mensaje diferente. Vieron que la ola de tomas en Cautín, y el conflicto social que había creado, había obligado al Gobierno a acelerar e intensificar la reforma en la provincia, dándole prioridad sobre otras áreas e incluso expropiando terrenos que no eran lo suficientemente extensos para quedar dentro de la ley de 1967.

Para los campesinos cuyas expectativas de ser dueños de la tierra que trabajaban habían sido estimuladas y luego defraudadas por los democratacristianos, las implicaciones eran claras. El camino para asegurar que se beneficiarían con la reforma agraria de la Unidad Popular —lo antes posible— era apoderarse de la tierra, creando un conflicto social que el Gobierno tendría que resolver aplicando la ley. El resultado fue que pronto la ola de tomas de tierras se extendió hacia el norte, al Valle Central, donde los protagonistas fueron campesinos mestizos, y los terratenientes afectados incluían a miembros prominentes de la élite latifundista de Chile, lo que garantizaba que la revolución rural desde abajo seguiría tanto en las portadas de la prensa derechista como entre las prioridades de sus políticos .

Para la Corporación de Reforma Agraria (CORA), la agencia estatal encargada de llevar a cabo la reforma agraria de 1967, esta ola de tomas tenía ciertas ventajas. Con campesinos ocupando un predio y con el Gobierno que no quería usar la fuerza para sacarlos y, además, sin tolerar violentas recuperaciones, la CORA estaba en una posición más fuerte para negociar la expropiación y compensación con los antiguos dueños. Aún más, la ley de reforma agraria no cubría la expropiación del ganado ni de la maquinaria. El capital de explotación de un predio rural, que tenía un costo considerable, no podía ser afrontado ni por los campesinos pobres ni por el Gobierno. Pero una toma exitosa también incluye la maquinaria y el ganado, lo que colocaba a la CORA en una buena posición para negociar su compra con los antiguos propietarios.

Vista desde esta óptica, en el campo la revolución desde arriba y la revolución desde abajo eran simbióticas.

Para la Unidad Popular, sin embargo, la revolución que se extendía en el campo creaba un conjunto de problemas económicos, sociales y políticos que se reforzaban mutuamente. Desde el punto de vista económico, la intensificación y aceleración de la reforma agraria significaba un alza de costos de transición en un momento de déficit presupuestario, y de una declinación mayor de la producción agraria en un tiempo en que el aumento de ingresos producía una mayor demanda de alimentos, obligando al Gobierno a utilizar sus limitadas reservas de moneda extranjera para importarlos. Socialmente, la revolución desde abajo amenazaba a la estrategia central de alianza de clases de la vía chilena. Al tomar las tierras en que trabajaban, los campesinos tenían dificultades para calcular si ellos ocupaban más del límite legal de las ochenta hectáreas regadas de la mejor tierra o su equivalente, que implicaba el dominio de una complicada formula técnica que podía exceptuar de la expropiación a fundos muy extensos. Además, a los campesinos no les interesaba hacer ese cálculo. El resultado era que muchos predios de tamaño insuficiente para ser expropiados bajo la ley eran afectados por tomas, empujando a sus dueños a la contrarrevolución para recuperarlos y creando ansiedad incluso entre los pequeños propietarios que creían que también podían perder sus tierras en una revolución que el Gobierno, según era evidente, no quería o no podía controlar. Políticamente, esto significaba que, en un Chile polarizado, la división podía calar demasiado hondo en la escala social para consolidar una mayoría a favor del socialismo. Aún más, amenazaba internamente a la Unidad Popular, ya que los dueños de los pequeños y medianos predios eran una importante base social para el Partido Radical, cuya representatividad senatorial y carácter de clase media lo hacían un miembro clave de la coalición de gobierno y de su estrategia de alianza de clases.

Esto se pudo ver claramente en Melipilla, una zona conservadora cerca de Santiago, en marzo de 1972 cuando un organizado movimiento campesino tomó el control de todos los grandes fundos de la provincia en una coordinada acción masiva. La cercanía de Melipilla con la capital, la extensión de la toma y la fortuna y el estatus de los terratenientes hicieron del conflicto una famosa causa nacional en que la prensa derechista se concentró durante días, especialmente cuando los dirigentes campesinos de la toma fueron arrestados por orden de un juez local perteneciente a la élite y sus partidarios campesinos respondieron con una ocupación pacifica del juzgado, que figuró en los titulares de la prensa como «la toma del juzgado de Melipilla». Como de costumbre, se culpó a misteriosos miristas por instigar y dirigir las tomas tras bambalinas, y el Gobierno de Allende fue atacado por promocionar un clima de violencia que ahora se había movido desde el campo al tribunal, afectando indistintamente a jueces y dueños de fundos. Sin embargo, la historia interna era diferente: el grupo que había organizado la toma era el sindicato campesino local dominado, no por el MIR, sino por el más moderado MAPU, como parte de una paradojal estrategia de la Unidad Popular para terminar con la inquietud rural y el crecimiento del MIR, que aceleró la revolución en vez de sosegarla.

La respuesta de la Unidad Popular al problema planteado por una revolución rural desde abajo, provocada por el hambre de tierra, fue acelerar e intensificar la revolución rural desde arriba. En abril en 1972, por ejemplo, la CORA expropió todos los latifundios en la provincia de Talca, en el corazón del Valle Central, en un solo día, ante una audiencia de expectantes campesinos vestidos con su ropa de domingo en el estadio de la ciudad. A la entrada de la ciudad un cartel proclamaba «El fin del latifundio en Talca».

El resultado de esta acelerada e intensificada reforma fue enorme, como producto de la interacción mutuamente reforzada entre las dos revoluciones rurales que hemos descrito. Era la más rápida y arrolladora reforma agraria hecha en la historia sin una revolución violenta. Fue tan acelerada y aplastante que Chou En-lai, el dirigente revolucionario chino, le advirtió a Allende que estaba yendo demasiado lejos y demasiado rápido, como señalamos en la introducción. A mediados de 1972, el latifundio que había dominado el campo desde la época colonial y era la base histórica de la élite, había terminado. La simbiótica relación entre la revolución desde arriba y la revolución desde abajo había transformado el campo chileno.

Las tomas de sitios desocupados por personas sin casa pueden haberse multiplicado durante la era de Allende, pero habían sido parte de la escena nacional durante muchos años y no eran incompatibles con la vía chilena. Las tomas de tierra en el campo habían sido escasas antes del gobierno de la Unidad Popular, pero aun así no eran completamente desconocidas. Además, su simbiosis con la estrategia de expropiación por parte de la CORA la habían hecho —en general— compatible con la revolución desde arriba. Sin embargo, las tomas de fábricas eran desconocidas en Chile antes de la presidencia de Allende, salvo por la escasamente posible excepción de industrias abandonadas por sus dueños, como pasó con Bellavista Tomé . Entonces, la toma de la fábrica Yarur, la fábrica textil de algodón más grande de Chile, por parte de sus trabajadores el 28 de abril de 1971, y su demanda para que la industria fuera estatizada, conmocionó al país y enfrentó a Allende y su revolución desde arriba con un desafío mayor.

Tal como la toma del fundo Rucalán, la toma de Yarur siguió y reflejó una lógica y una dinámica local —aunque dentro de un contexto nacional que la estimulaba—. Yarur era una empresa familiar manejada por un patrón personalista y paranoide, Amador Yarur, conocido por su autoritarismo y comportamiento antisindical, en el que empleaba soplones, guardias armados y un sindicato amarillo que operaba en la empresa. Era también una fábrica en que los obreros se sentían explotados y enajenados por una combinación de bajos salarios y un taylorismo regulado por normas que estandarizaban el trabajo intensificado, lo que convertía a los obreros en extensiones de las múltiples máquinas que debían atender.

El sueño de un sindicato independiente que los representara había llevado a una nueva generación de trabajadores de Yarur a organizar un movimiento clandestino en la fábrica durante la campaña presidencial de 1970. Con el apoyo del nuevo Gobierno de Allende, este movimiento ganó las primeras elecciones honradas que se realizaban en una década y formó el primer sindicato de empleados de esta empresa. Pero Amador Yarur rehusó reconocer a la nueva directiva del sindicato de obreros, como asimismo se negó a aceptar el de empleados. Con ello, continuaba con su política de quebrar sindicatos, como lo había hecho en el pasado, pero en un contexto nacional que hacía que sus consejeros más cercanos le recomendaran una conducta conciliadora. Entretanto, la embriagadora experiencia del «triunfo revolucionario» combinada con la prolongada intransigencia de su patrón en el contexto nacional de un «gobierno de los trabajadores» y de la «vía chilena al socialismo» radicalizaron y dieron confianza a los dirigentes sindicales, que presentaron un pliego de peticiones a Amador Yarur que se convirtió en ultimátum cuando este se negó a negociar. Lo que sigue después fue una «huelga de control» en la cual los trabajadores cerraron la fábrica y no permitieron entrar ni salir a nadie mientras no fuera estatizada por Allende.

Aunque la toma de Yarur reflejaba una lucha local, estaba inserta en un contexto más amplio, nacional. Los dirigentes de Yarur habían estado trabajando durante semanas junto a altos funcionarios del Ministerio de Economía que estaban crecientemente preocupados por lo que veían como esfuerzos de los capitalistas chilenos para socavar la estrategia económica del Gobierno de Allende y derrotarla «saboteando la producción». Los dirigentes sindicales de Yarur habían estado recopilando datos sobre paralización de máquinas y bajas de abastecimientos y repuestos. En abril, Vuskovic y su ministerio querían intervenir Yarur por motivos económicos y habían decidido que este era el mejor caso para justificar una requisición legal por irregularidades financieras y sabotaje a la producción.

Los argumentos políticos para actuar en cautela desaparecieron con los resultados de las elecciones municipales del 4 de abril de 1971, cuando la Unidad Popular ganó la mayoría de los votos válidamente emitidos.

Incluso los líderes de la Unidad Popular se rindieron al triunfalismo que veía en esta votación un mandato para el cambio y para dar un salto cualititativo en el camino chileno al socialismo. Para el Partido Comunista, que había liderado y que había perdido las luchas anteriores en la empresa de Yarur, esta era un lugar simbólico para iniciar la lucha contra los capitalistas industriales. Para los socialistas, que habían empezado y conducían el movimiento de los trabajadores de Yarur, esta era una fábrica estratégica y una manera de utilizar la revolución desde abajo para radicalizar la revolución desde arriba. El MAPU, que era el tercer mayor partido de izquierda durante la Unidad Popular, también estaba representado por dirigentes sindicales y por Oscar Guillermo Garretón, el subsecretario de Economía, encargado de la relación con Yarur. Por su parte, los dirigentes sindicales de Yarur respondían a una situación local, con su lógica y dinámicas propias, pero estaban estimulados por los principales partidos de la Unidad Popular, así como por el ministro más importante del Gobierno de Allende y la Central Única de Trabajadores (CUT), quienes estaban sin embargo preocupados de que la situación revolucionaria estuviera a punto de estallar en la fábrica.

Finalmente, los trabajadores de Yarur recordaban la promesa pública de nacionalizar la empresa que Allende les había hecho durante la campaña de 1970. Al tomar el control de la industria en abril de 1971 y pedir a Allende que la socializara, creían que estaban ayudando al «proceso revolucionario» y ayudando también a Allende para que hiciera lo que había prometido si era elegido: «Quitarle la industria a Yarur» y dársela «a sus trabajadores y al pueblo de Chile».

Para Allende, sin embargo, la toma por los trabajadores de la fábrica textil de algodón más grande de Chile, el 28 de abril de 1971 y la demanda de estatización amenazaban su estrategia de revolución desde arriba, controlada y por etapas, en la cual la incorporación de industrias manufactureras al área de propiedad social debía hacerse cuando se hubiera terminado la compra y expropiación de los bancos y empresas extranjeras para dividir, aislar y neutralizar sucesivamente a sectores de la burguesía nacional durante la transición al socialismo. Esa fue la razón por la cual —a pesar de su promesa de campaña— resistió fuertemente la demanda de los trabajadores de quitarle la empresa Yarur a sus dueños e incorporarla inmediatamente al área de propiedad social.

Igualmente importante para Allende fueron las preguntas fundamentales que le hicieron los trabajadores de la toma de Yarur acerca del liderazgo revolucionario, a quienes respondió que «los procesos [revolucionarios] exitosos se hacían con una dirección férrea, consciente, no al lote». Y enfatizó que «las masas no podían sobrepasar a los dirigentes, porque éstos tenían la obligación de dirigir y no de dejarse dirigir por las masas». Ese era el argumento de la revolución desde arriba. Y esta no era para Allende una pura preocupación teórica: «Si doy el visto bueno a esta toma», subrayaba «va a haber otra, y después una segunda toma y una tercera […] porque ya se me escapó una».

Finalmente, Allende cedió y aceptó ratificar la demanda de los trabajadores e incorporar a la fábrica Yarur de textiles de algodón al área de propiedad social, pero no porque los trabajadores lo hubieran convencido de que tenían la razón ni hubieran refutado sus argumentos o calmado sus temores. Más bien, porque los obreros industriales conformaban su base fundamental de apoyo, Allende no quería confrontarlos ni reprimirlos.

Otro factor más sorprendente es que, siendo Allende el maestro de la manipulación política, fuera superado por los dirigentes de los trabajadores de Yarur, que habían movilizado una impresionante alianza de apoyo que incluía a dirigentes nacionales de la CUT y de los principales partidos de la Unidad Popular, como también al ministro de Economía, Pedro Vuskovic, el más poderoso de su Gobierno. Este apoyo a los trabajadores de Yarur por parte de actores nacionales claves, sin embargo, subrayaba de nuevo que la revolución desde abajo no fue nunca completamente autónoma ni totalmente espontánea. Los partidos y movimientos de izquierda jugaron a menudo un importante papel detrás del escenario y lo mismo puede decirse de buena parte de los funcionarios del Gobierno y sus agencias.

Esta era verdad, si el MIR estimulaba a los sin casa a ocupar los terrenos suburbanos baldíos y a los pueblos indígenas para recuperar la tierra robada durante el siglo anterior, si el MAPU promovía tomas de campesinos o los funcionarios de la CORA colaboraban tácitamente con estas tomas o el Ministerio de Economía y los dirigentes socialistas y comunistas defendían las demandas de los trabajadores para la incorporación de sus fábricas al área de propiedad social antes de lo que se había planeado.

Esto revelaba una importante debilidad del proceso revolucionario chileno: la fragmentación de lealtades y tomas de decisión creaba tensiones y contradicciones dentro de la Unidad Popular, dentro del Gobierno, dentro de los partidos e, incluso, dentro de los individuos —y entre las variadas combinaciones de estos y el proceso revolucionario chileno como un todo—. Muchos de ellos subrayaban las tensiones entre la revolución desde arriba y la revolución desde abajo que nunca fueron realmente resueltas y que crecieron en alcance y profundidad a medida que avanzaba el proceso revolucionario, especialmente una vez que sus avances se hicieron más lentos y se vieron amenazados por la contrarrevolución. Dichas tensiones y contradicciones jugaron un importante rol en el eventual fracaso de la vía chilena.

Allende no estaba equivocado en cuanto a sus pronósticos sobre las consecuencias de permitir que la toma de la fábrica de Yarur llevara a su incorporación al área de propiedad social. Tras ella, Chile presenciaría olas de tomas de fábricas y socializaciones, comenzando por el resto de la industria textil y siguiendo por fábricas más pequeñas que las noventa y un grandes empresas estratégicas que debían ser incorporadas. A mediados de 1973, más de quinientas empresas ya estaban en manos de sus trabajadores. El alcance, la velocidad y la lógica local de estas tomas de fábricas obligaron al Gobierno a abandonar su estrategia controlada y dividida en fases de cambios estructurales para enfrentar un unificado capitalismo chileno e internacional consciente de que su existencia en Chile estaba en peligro. También obligó a la Unidad Popular a escoger interventores del Gobierno para esas empresas más allá de su limitado número de cuadros capacitados y con experiencia para ser administradores, incrementando el peligro de errores costosos dentro de las empresas del área de propiedad social.

Sin embargo, al principio las revoluciones de arriba y de abajo parecieron más complementarias que contradictorias. Dos brazos de un exitoso proceso revolucionario que avanzaba arrollando la resistencia capitalista con sorprendente facilidad. La revolución desde abajo llevó a rupturas revolucionarias usando tácticas —como la toma— que la revolución desde arriba, más legalista, no podía utilizar. Pero entonces, la revolución desde arriba pudo legitimar esos cambios usando sus poderes ejecutivos, mientras preservaba una plausible negación ante sus responsabilidades por las acciones de la revolución desde abajo.

Como resultado, en el primer aniversario del Gobierno de Allende, el presidente pudo decir ante un Estadio Nacional repleto :«Hemos cumplido», «hoy vengo a manifestar que […] hemos ido conquistando el poder y hemos ido realizando los cambios revolucionarios establecidos en el Programa de la Unidad Popular».

El pueblo de Chile ha recuperado lo que le pertenece. Ha recuperado sus riquezas básicas de manos del capital extranjero. Ha derrotado los monopolios pertenecientes a la oligarquía […] Hemos avanzado en el área social, base del programa económico, fundamento del poder para el pueblo. Controlamos el 90 % de lo que fuera la banca privada […] más de setenta empresas monopólicas y estratégicas han sido expropiadas, intervenidas, requisadas o estatizadas. Somos dueños, podemos decir: nuestro cobre, nuestro carbón, nuestro salitre, nuestro acero: las bases fundamentales de la economía pesada son hoy de Chile y los chilenos, y hemos acentuado y profundizado el proceso de la reforma agraria: mil trescientos predios de gran extensión, dos millones cuatrocientas mil hectáreas han sido expropiadas.

Allende agregó a estos cambios estructurales en la economía, la profundización de la democracia. En una sección de su discurso titulado «El pueblo es Gobierno» destacó especialmente el avance de la democracia económica a través de la inauguración de la participación de los trabajadores en la administración de las empresas del área de propiedad social, que ya había empezado en Yarur y se extendía a otras fábricas estatizadas. Esto era parte de la profundización de la democracia a nivel de base, vista también en medio del florecimiento de las asociaciones vecinales, movimientos sociales y grupos políticos, que había facilitado la revolución desde arriba pero que, paradójicamente, había dado origen a la revolución desde abajo.

Allende también subrayó otros avances, como la redistribución del ingreso, con un asombroso 10 % del ingreso nacional desplazándose del sector capitalista al sector de los trabajadores en solamente un año. El creciente gasto social fue destinado a educación, vivienda y salud pública, y produjo otros avances, incluyendo un récord de viviendas para los pobres sin casa. Muchos de esos logros se materializaron en tomas y organizaciones de pobladores y trabajadores, pero todos ellos también fueron resultado de la política de gobierno de Allende y de las negociaciones entre la revolución de arriba y la de abajo. Allende enfatizaba que todo esto había sido cumplido manteniendo una alta tasa de crecimiento y bajas tasas de inflación y desempleo. Parecía que los trabajadores de Yarur —y otros protagonistas de la revolución desde abajo— habían actuado bien al presionar al «compañero presidente» en busca de respaldo a sus tácticas, a los plazos de sus necesidades y a la implementación de sus demandas. Para esos obreros, pobladores y campesinos, era tiempo de vivir su sueño de revolución.

Capítulo 5

Viviendo la revolución

Los cambios estructurales —como la reforma agraria y la nacionalización de los bancos, minas e industrias— definieron la revolución chilena. Junto con la lucha entre revolución y contrarrevolución, enmarcaron la vida de los ciudadanos en la época de Allende. Huelgas y manifestaciones salpicaban el año; reuniones y proyectos ocupaban horas y días; las noches pasaban discutiendo sobre tácticas y estrategias. Pero la vida diaria de los chilenos también estaba llena de otros actos, sucesos y texturas. Algunos de ellos eran las cuestiones cotidianas y los ciclos de vida que se encuentran en cualquier tiempo y en cualquier parte —nacimientos y muertes, amor y trabajo, compras y ventas, escuela y deportes— aunque para muchos, incluso esas rutinas y ritos de pasaje estaban atravesados por la revolución y, en consecuencia, adquirían una significación distinta. Durante tres años esos chilenos —una minoría, pero una minoría significativa— vivieron la revolución. Este capítulo explora esa dimensión.

La experiencia que un chileno tenía del proceso revolucionario variaba enormemente dependiendo de una multiplicidad de factores —clase, edad, sexo, política, trabajo y residencia, para nombrar unos pocos—. Para la juventud izquierdista, la revolución era una época emocionante en que las jerarquías de la edad parecían estar al revés o, al menos, suspendidas. En todo el mundo, desde París a Pekín, la década de 1960 y comienzos de 1970 fue un tiempo de rebelión, en que los jóvenes estaban a la vanguardia de los cambios revolucionarios. Esto también era válido para Latinoamérica, donde la Revolución cubana y sus jóvenes líderes eran modelos a emular. Si la revolución chilena estaba construyendo «un Chile nuevo» y creando una nueva «conciencia» revolucionaria, la juventud chilena era su protagonista principal y su idealismo, uno de sus recursos más preciosos. No era de extrañar que estos jóvenes creyeran que sus opiniones y visiones eran tan legítimas como las de sus mayores, pero más revolucionarias. En la construcción de «un Chile nuevo», no había razón para creer que los padres sabían más.

Los estudiantes eran un buen ejemplo de esto. El año escolar estaba salpicado de huelgas, la mitad de las veces con propósitos políticos, incluso cuando eran de contenido pedagógico. Los líderes estudiantiles sentían que hablaban no solo por ellos y sus compañeros, sino por toda una generación revolucionaria, de modo que lo hacían de forma abierta, frecuentemente y sin temor. Para los estudiantes, era una época embriagadora en que las demandas por soluciones transformaban los planes de estudio, y la participación política extracurricular reivindicaba un puesto de honor.

La educación fue solo uno de los terrenos en que la política conformaba y transformaba la vida cultural en el Chile de Allende. Los arquitectos cambiaron su enfoque del diseño de casas para los ricos al diseño de viviendas para los pobres. Los diseñadores de ropa intentaron reimaginar la moda y las computadoras de esa época encontraron usos «socialistas», incluyendo un plan visionario, Cybersyn, para administrar el área de propiedad social con ayuda de las computadoras.

Uno de los cambios más visibles en la cultura fue el movimiento de la Nueva Canción Chilena que surgió en los años de 1960, pero alcanzó su cúspide durante la Unidad Popular. Mediante música «folclórica», original y contemporánea, cantantes y compositores como Víctor Jara le dieron voz a la experiencia de los pobladores, campesinos y trabajadores, mientras grupos como Inti-Illimani introdujeron instrumentos andinos y sonidos autóctonos a una música chilena que había tratado de negar su emplazamiento andino y su población indígena.

Otros exponentes del movimiento de la Nueva Canción eran explícitamente políticos. Quilapayún, tal vez el grupo más emblemático de la época, escribía y cantaba canciones de actualidad, pero su pieza más famosa fue una cantata «folclórica» histórica acerca de la masacre de miles de mineros en huelga y sus familias en la escuela de Santa María de Iquique, en 1907. Su moraleja explícita era que la unidad y la vigilancia eran necesarias para evitar la repetición de semejantes horrores en la época contemporánea. El Ballet Folclórico Nacional transformó la «cantata» en una danza dramática que actuaba para un público de campesinos, trabajadores y mineros, tal como lo hacían Víctor Jara, Inti-Illimani, Quilapayún y cientos de músicos menos famosos. En la vía al socialismo, los artistas se redefinían a sí mismos como «trabajadores del arte», porque el arte era su contribución revolucionaria.

Además de llevar la cultura a las masas, la Unidad Popular llevó las masas a las instituciones culturales —como el elegante Teatro Municipal de Santiago, que había sido del dominio exclusivo de la élite del país—. La revolución chilena también animó al pueblo a convertirse en creador de cultura en vez de ser solo consumidor. Cada centro de la reforma agraria tenía su comité cultural y grupo folclórico, y lo mismo sucedía con los campamentos «revolucionarios», como Nueva La Habana. En Ex-Yarur también había un grupo teatral al que se unieron actores profesionales para crear, colectivamente, una obra basada en la experiencia de la fábrica. Con el nombre «Tela de cebolla», fue representada tanto para los trabajadores como para públicos más amplios. En el país de Pablo Neruda, quien había promovido lecturas públicas para audiencias masivas, había talleres de poesía y poetas en ciernes por todas partes. También había una nueva política cultural, encabezada por la nacionalizada editorial Quimantú, que se dedicaba a publicar libros que pudieran llegar a un público popular y a precios que este pudiera pagar.

Lo que unía estas dispares prácticas culturales era su trasfondo político y sus objetivos revolucionarios. Durante la época de Allende todo parecía estar conformado por —y subordinado a— la meta superior de hacer avanzar la revolución chilena.

En mayor o menor medida, durante los años de Allende, todos en Chile vivieron la revolución —algunos con entusiasmo y otros contra su voluntad—. A los niños se les garantizaba medio litro de leche diario y a los adultos, pleno empleo. Los sin techo se beneficiaron con un número récord de obras para viviendas; los pobres y los enfermos, con el doble de consultas médicas públicas, incluyendo «trenes de salud» con personal itinerante tanto de médicos como de enfermeras, cuyo fin era llegar a las comunidades rurales que no contaban con clínicas. Además, en cada escuela, vecindario y lugar de trabajo, había una actividad febril respecto a los temas de actualidad y las organizaciones de base formadas para enfrentarlos.

Pero los que vivieron la revolución con mayor intensidad fueron los campesinos de las cooperativas de la reforma agraria, los trabajadores de las empresas del área de propiedad social y los habitantes de los campamentos «revolucionarios». Esos eran los chilenos que se encontraban en el puño de la revolución.

Para los mapuches de la comunidad Nicolás Ailío —cuya gran mayoría había crecido en medio de una enorme pobreza— la Unidad Popular fue un raro período de prosperidad. El fundo Ruculán fue transformado en el asentamiento Arnoldo Ríos (en honor de un estudiante mártir del MIR), una cooperativa con casi el mismo número de miembros mapuches y no mapuches, que simbolizaba una alianza de clase transétnica que había dado a ambos grupos de campesinos pobres el poder de tomarse el fundo y persuadir al Estado para que lo expropiara. La CORA, la agencia estatal de reforma agraria, no solo expropiaba la tierra, sino también construía casas para los miembros de las cooperativas, compraba maquinaria (incluyendo tractores «para reemplazar a los bueyes»), semillas (incluso para cultivos nuevos) y fertilizantes, e implementaba un proyecto ganadero que incluía una lechería y más de doscientas cabezas de ganado. Los mapuches, por lo general recelosos del Estado chileno, recuerdan esa época como un tiempo en que «el gobierno […] dio amplio apoyo». Los asentados diseñaban su plan de producción junto con los expertos del Gobierno. Los analistas de la reforma agraria han concluido que para lograr una exitosa reforma de la tierra se necesita tanto ayuda financiera como técnica. La intención del Gobierno de Allende era proveer ambas cosas y —antes de que sus recursos se vieran agotados por la rapidez y el alcance de la reforma como resultado de la revolución rural desde abajo— a menudo tenía éxito, como lo demuestra el ejemplo del asentamiento Arnoldo Ríos.

Los asentados trabajaban la tierra en común y dividían lo que ganaban después de hacer los pagos correspondientes de su deuda a la Corporación de la Reforma Agraria (CORA). Además, cada uno de los treinta y seis asentados recibió dos hectáreas para un huerto familiar. Muchos trabajaban tan duro en las tierras comunales que contrataban a familiares o mapuches de comunidades cercanas para que trabajaran sus huertos, en un acuerdo de aparcería de mitad y mitad que reflejaba tradiciones mapuches. Según recuerda Heriberto Ailío, «trabajábamos fuerte», pero «obtuvimos una tremenda mejoría »1. La cosecha fue lo bastante buena como para darle a cada miembro seiscientos kilos de cultivos que utilizaron para alimentar a sus familias o venderlos para comprar otros productos. Además, formaron una cooperativa de alimentos que compraba y distribuía lo que ellos no podían cultivar. El resultado fue que durante la época de Allende a sus familias «nunca les faltó su pedazo de pan», cuando antes habían sido parte de la «generación sin zapatos».

No solo fue un logro material, sino también uno moral. Para los mapuches que siempre habían sido denigrados por los chilenos por su supuesto atraso y pereza, el éxito de las cooperativas como Arnoldo Ríos era motivo de orgullo. «Nosotros éramos capaces de abastecer la cooperativa y hacerla agradarse,» recalca Heriberto. «Fuimos capaces, en esos tiempos, de hacerlo en esa forma, nadie quedó debiendo un peso, todos salieron bien. Salieron bien organizadas las cosas en esos tiempos »2, agrega. Mario Castro, un joven activista del frente estudiantil del MIR, que vivía y trabajaba en el asentamiento, comparte esa opinión. Quedó impresionado por el grado de compromiso y solidaridad que vio y recuerda el duro trabajo diario y las campañas especiales como «la batalla de la papa». Era un trabajo que gradualmente transformó la cooperativa y la vida de sus miembros mapuches y no mapuches.

Esto no quiere decir que no había problemas. No todos trabajaban tan duro como Heriberto y su hermano Robustiano, que criticó la falta de disciplina de aquellos que «se aprovecharon del libertinaje» y no quisieron trabajar duro porque «se habían terminado los patrones».

Existía también otra fuente de tensión entre la ideología marxista del MIR y el Gobierno de Allende, y la religiosidad de los mapuches asentados, en cuyas familias se contaba una machi y varios que se habían convertido al protestantismo evangélico, incluyendo al mismo Heriberto Ailío. La religión pareció pasar a la clandestinidad durante la época de la Unidad Popular y, junto con otros aspectos de la cultura mapuche, fue reemplazada por una ideología revolucionaria y conciencia de clase que trascendía las líneas étnicas y religiosas. Para algunos, era una señal de progreso político, para otros una traición a su identidad.

Sin embargo, en general los mapuches de Nicolás Ailío recuerdan la revolución chilena como un tiempo de prosperidad y justicia social demasiado breve, en el que fueron capaces de realizar, en parte, sus sueños y satisfacer sus demandas después de décadas de lucha contra un sistema social y político que les era desfavorable. Para los líderes politizados, como Heriberto Ailío, que también participaba en el consejo campesino local y en el MIR regional, estos triunfos eran especialmente satisfactorios y el proceso revolucionario particularmente gratificante.

Lamentablemente, no todos los líderes campesinos estaban tan comprometidos como Heriberto Ailío, ni todas las cooperativas de la reforma agraria eran tan exitosas como la Arnoldo Ríos. Tal vez un ejemplo más típico era la de Elicura, otro asentamiento en Cautín cuyos miembros eran predominantemente mapuches. En Elicura, muchos campesinos consideraban el adelanto mensual que recibían de la CORA por su parte de la cosecha como un «salario» y dado que no estaba directamente vinculado con sus horas de trabajo ni con su productividad —todos recibían el mismo pago independientemente de cuánto tiempo o qué tan duro habían trabajado en las tierras de la cooperativa y nadie fue nunca penalizado por no trabajar— dedicaban la mayor parte de su tiempo y esfuerzo a sus pequeños terrenos privados y no a las tierras de la cooperativa. Por consiguiente, ganaban casi tanto dinero en efectivo por la venta de los productos que cultivaban en sus huertos como el que recibían de su «salario» mensual, pero la producción y las ganancias de la cooperativa se resintieron. Producir más alimentos para la revolución y los protagonistas de la clase trabajadora urbana era una fuerte motivación para algunos campesinos, pero muchos (tal vez la mayoría), encontraban en los incentivos materiales que les permitían ganar lo máximo posible para sus familias, algo más poderoso.

Gran parte de los campos expropiados en Cautín se transformaron en centros de reforma agraria (CERA), la nueva forma de cooperativa diseñada por el Gobierno de la Unidad Popular con el fin de que fuera más igualitario y «socialista» que los asentamientos democratacristianos. Después de un período de transición de tres a cinco años prescrito por la ley de reforma agraria, los miembros de un CERA recibirían la tierra como cooperativa y no en tanto propietarios individuales de pequeñas granjas, como era la intención del proyecto original de la Democracia Cristiana. En teoría, también se suponía que los CERA eran más igualitarios que los asentamientos, ya que las mujeres y los jóvenes podían ser miembros y los trabajadores estacionales que venían desde afuera (y por eso se llamaban afuerinos) también podían incorporarse. Sin embargo, en la práctica los roles de género y el estatus generacional resultaron ser resistentes al cambio y la mayoría de las cooperativas campesinas de la época de Allende —como los asentamientos de la época de Frei— fueron manejados por hombres jefes de hogar, que también se resistían a incorporar a los afuerinos, excepto como trabajadores estacionales pagados. Además, dos de los fundos más modernos y con mayor tecnología de la costa de Cautín fueron transformados en centros de producción (CEPRO), entidades dirigidas por el Gobierno, que invertía fuertemente en su infraestructura y necesidades productivas, pagando un salario a los trabajadores, pero sin compartir los productos.

Juntos, los campesinos y trabajadores de los asentamientos CERA y CEPRO constituían una coalición política, liderada por el MIR y dominada por los mapuches, que controlaba la zona y trabajaba para radicalizar la revolución rural en Cautín, despertar la conciencia de los campesinos de la región y prepararlos para defenderse contra las retomas contrarrevolucionarias. Un instrumento político clave eran los recientemente formados consejos campesinos, que fueron establecidos por decreto presidencial en diciembre de 1970 y comenzaron a formarse en Cautín, junto con la masiva expropiación de fundos, en enero de 1971.

El Gobierno de Allende pensaba que en los consejos campesinos los diferentes grupos de trabajadores rurales —asalariados, asentados, afuerinos, minifundistas y organizaciones como sindicatos rurales— estarían representados y eso les daría una voz, pero su noción de lo que estos consejos efectivamente harían, excepto por la movilización de los campesinos para los propósitos políticos de la Unidad Popular, resultó un tanto vaga. Por otra parte, para el MIR, los consejos campesinos ofrecían instancias democráticas ajenas a la burocracia y al firme control de la Administración (a diferencia de los sindicatos campesinos), a través de las cuales podían presionar al Gobierno y radicalizar la revolución rural. Los consejos campesinos serían siempre el instrumento político preferente del MIR en el campo y los grupos de presión minoritarios que eran eficaces tendían a tener ese carácter. En efecto, en regiones como Cautín —donde el MIR tenía un fuerte apoyo— los consejos campesinos se convirtieron en una forma de organizar la revolución rural desde abajo.

Dejando a un lado la identidad étnica y la cultura, la experiencia rural mapuche de la revolución chilena fue en muchos ámbitos similar a la de los campesinos chilenos en general. Muchos de ellos —pero no la mayoría— se vieron directamente beneficiados por la reforma agraria de Allende, que en dieciocho meses expropió dos veces más tierra que el Gobierno de Frei en seis años. A mediados de 1972, con escasas excepciones, los grandes fundos habían sido expropiados y transformados en empresas del sector reformado. Aunque no todos los asentamientos y CERA creados por la reforma estaban tan bien dirigidos como el Arnoldo Ríos, ni recibían el mismo nivel de asistencia técnica y financiera, era poco común encontrar un asentamiento de la reforma agraria en que los campesinos-socios y sus familias no gozaran de un mejor nivel de vida y mejores condiciones laborales que los que habían tenido antes. En gran parte, esto se debió a que los campesinos —y no el propietario— recibían la mayor parte de la producción de la tierra. En una época en que la demanda de productos agrícolas excedía el suministro, esta era una fórmula para la prosperidad rural; prosperidad que se traducía en que las familias campesinas también consumían dichos productos en mayor cantidad. Pero, además, las familias rurales vivían mejor porque, por primera vez, podían vender bien el exceso de producción y comprar bienes que no producían.

Las sábanas constituyen un buen ejemplo. La fábrica textil Ex-Yarur, en Santiago, producía la mayoría de las sábanas hechas en Chile y estaba orgullosa del aumento de su producción bajo el control de los trabajadores. Sin embargo, para mediados de 1972, ni en los mercados ni en las tiendas de la capital se podían encontrar sábanas. El gerente de ventas de Ex-Yarur explicó esta paradoja diciendo que por primera vez en la historia de la fábrica estaban recibiendo grandes pedidos de sábanas de las zonas rurales. Cuando los trabajadores textiles de la industria socializada se reunieron en una asamblea general —el organismo de mayor poder de decisión en su sistema altamente democrático de cogestión entre los trabajadores y el Estado— votaron a favor de un sistema de «distribución socialista» en el que aquellos que habían tenido menos acceso a un producto en el pasado recibieran ahora la prioridad. El gerente de ventas preguntó retóricamente: «¿Quieren saber por qué no hay venta de sábanas en Santiago? ¡Porque por primera vez en sus vidas, los campesinos de Chile están durmiendo con sábanas! ¡Bueno, eso es una revolución!».

Incluso los trabajadores rurales que no eran beneficiarios directos de la reforma agraria de Allende se beneficiaron con la revolución chilena. Al final, a pesar del aplastante alcance de la reforma de la tierra en Chile, solo alrededor del 12 % de la fuerza laboral agrícola era miembro de cooperativas o de centros de producción dirigidos por el Estado. Los asentamientos de la reforma agraria contrataban trabajadores estacionales, tal como lo habían hecho los fundos privados a los que habían reemplazado, pero en general les pagaban más y los trataban mejor. En parte, esto era un reflejo del aumento del salario mínimo y, en parte, de la mentalidad diferente de los miembros de las cooperativas que también eran campesinos que trabajan la tierra.

Pero la mejora en el ingreso y el trato de los trabajadores rurales sin tierra también reflejaba su alto nivel de organización en la vía chilena. Bajo la Unidad Popular, el número de trabajadores sindicalizados se duplicó, llegando a más de doscientos cincuenta mil de un total estimado de trescientos mil trabajadores rurales. Muchos de ellos trabajaban en tierras cuya expropiación no estaba programada, como las granjas de tamaño medio o las reservas de los grandes propietarios —a menos que hubiera un problema social que el dueño de la tierra no podía o no quería resolver—. Dentro del contexto de la revolución desde arriba, que podía expropiar tierra si había un problema social, y una revolución desde abajo que podía fácilmente crear un problema social, los sindicatos estaban bien posicionados para negociar mejores salarios y condiciones laborales para sus miembros, que antes habían estado a merced de los patrones. Durante el primer año de la presidencia de Allende, ¡el salario promedio rural aumentó un
75 %! Tal vez los trabajadores rurales no se beneficiaron tanto de la reforma agraria como los campesinos que llegaron a ser miembros de las cooperativas, pero ellos también vivían y trabajaban mejor que antes de la revolución y muchos tenían la esperanza —alimentada por los partidos de izquierda— de que aún podrían recibir tierras como parte de una profundización del proceso. Por ejemplo, a mediados de 1972, casi la mitad de las granjas que habían cambiado de titular tenían menos de las ochenta hectáreas básicas y fueron expropiadas mediante la invocación de algún otro requisito legal, como la explotación inadecuada o la existencia de problemas sociales sin resolver.

El tamaño, historia y éxito de las comunidades de la reforma agraria variaban enormemente en el Chile de Allende, pero lo que casi todas tenían en común era que los campesinos y los otros trabajadores rurales involucrados ganaban más, vivían mejor y trabajaban en condiciones más apropiadas que antes. No solo eran parte de una revolución respecto a la tenencia de la tierra, sino que también se les confirió un poder mayor. La revolución cambió sus vidas y las de sus familias para mejor.

Otros aspectos de la revolución rural eran más difíciles de cuantificar, pero no por eso, menos importantes. Para los hombres, que habían pasado la vida con la gorra en la mano sometiéndose al patrón, la reforma agraria fue un acontecimiento transformador que niveló las jerarquías sociales, fortaleció a los campesinos en su lugar de trabajo y les confirió una nueva dignidad que incluso era reconocida fuera de la cooperativa. Ya fuera como socios de un asentamiento, miembros de un comité o votantes de una asamblea general en los CERA, los campesinos ejercían un nuevo poder embriagador que les permitía transformar su propia vida. Además, sus líderes ahora asistían a reuniones políticas, de los sindicatos o de los consejos fuera de la cooperativa, donde eran considerados «revolucionarios» y escuchados con un nuevo respeto. Para los campesinos, la revolución chilena significó un enorme aumento de estatus, poder y autoestima —mucho más que para las mujeres—.

Una característica que casi todas las cooperativas de la reforma agraria chilena compartían era la desigualdad de género. Esto era obvio en Cautín, donde las mujeres mapuches —aunque de fuertes voces en su comunidad y grandes partidarias de actos revolucionarios— parecían aceptar los roles de género que las confinaban a administrar la economía doméstica. Pero también era evidente en el valle de Aconcagua, cientos de kilómetros más al norte, donde pocos campesinos reivindicaban una identidad indígena. En Aconcagua, muchos de los asentamientos databan de la reforma agraria de Frei y la Democracia Cristiana era fuerte en la región. Al igual que los centros de madres, que eran la mayor organización femenina de la época de Frei y cuyo solo nombre sugería la ideología tradicional de «mutualismo de género» en que hombres y mujeres podían cooperar en forma armoniosa, cada uno en su propia esfera. Los centros de madres de Aconcagua reforzaban los roles de género tradicionales, que confinaban a las mujeres a la casa y al huerto y limitaban su papel revolucionario al apoyo de sus hombres en sus luchas por tierra y salario —aunque también le conferían un mayor estatus al papel doméstico de las mujeres—.

Cuando estaban en la oposición, los partidos de la Unidad Popular habían criticado los centros de madres de Frei como paternalistas, pero una vez en el Gobierno decidieron usar la más amplia de las organizaciones femeninas del país (cuya membresía se duplicó durante el gobierno de Allende) que fue dirigida por la esposa del presidente, aunque para propósitos más socialistas, como la distribución de la leche, la educación sanitaria y la alfabetización de adultos, que también eran reconocidas como puerta de entrada a una conciencia y actividad política crecientes. Las mujeres rurales en Aconcagua asumieron el liderazgo en las viviendas sociales y las campañas, pero los hombres rechazaron el desempeño de un papel similar a su rol en las cooperativas concebidas por la Unidad Popular. Por eso, muchos asentamientos quedaban bajo los comités campesinos, organizaciones teóricamente transitorias, que estaban compuestas exclusivamente por los hombres jefes de hogar.

Los nuevos ingresos de los hombres, además, tuvieron el efecto perverso de permitirles insistir en que sus mujeres no trabajaran fuera de la casa, por temor a una infidelidad sexual que muchos reclamaban para sí. El alza de la tensión entre hombres y mujeres del ámbito rural llevó al aumento del abuso conyugal, lo que no concordaba con las imágenes revolucionarias del Chile nuevo y el hombre nuevo.

En todo el país, la reforma agraria benefició tanto a las mujeres como a los hombres del campo, aunque elevó más a unos que a otras. Pero a pesar de la persistencia de viejos esquemas culturales y del reforzamiento de las desigualdades de género, desde Aconcagua, en el norte, a Cautín, en el sur, la revolución chilena significó cambios en la sociedad rural, cambios que no solo transformaron las estructuras, sino también alteraron vidas, en general para mejor.

Al aumentar los salarios, dar acceso a la tierra y asegurar condiciones laborales y de vida dignas, la Unidad Popular esperaba ganar un creciente apoyo para su revolución entre los trabajadores rurales del país. Sin embargo, la base social más importante de Allende siguió siendo la clase obrera industrial que, en la teoría marxista y la práctica chilena, era la protagonista central de la vía al socialismo.

Durante los años de Allende, vivir en las zonas de la clase trabajadora de las diversas ciudades de Chile era vivir en el crisol de la revolución, en especial si se trabajaba en una fábrica socializada o se vivía en una población politizada. Allí, la revolución parecía rodear a la gente, a través de carteles en las paredes, manifestaciones callejeras y, menos visiblemente, pero igual de vital, en el esfuerzo extra que se hacía en las cadenas de montaje, las reuniones en los lugares de trabajo y residencia, y en las oficinas de los partidos políticos y los movimientos sociales.

Ex-Yarur fue la primera fábrica tomada por sus trabajadores y socializada por el Gobierno de Allende, y permaneció en la vanguardia de la revolución. Fue la primera en implementar un sistema de cogestión con los trabajadores, así como la primera en transformar su maestranza en una fábrica de repuestos, en respuesta al bloqueo invisible de Estados Unidos. Los trabajadores de Ex-Yarur mantuvieron la promesa que le hicieran a Allende de trabajar duro para poner su industria «al servicio del pueblo de Chile.» En el proceso, siguieron siendo los protagonistas centrales de la revolución chilena, ya fuera en la fábrica misma, en reuniones de cogestión o en las calles de Santiago.

Incluso antes de entrar a Ex-Yarur quedaba claro que se trataba de una fábrica revolucionaria. Sobre la entrada, impreso en tela confeccionada ahí mismo, un gran cartel proclamaba: «Ex-Yarur: territorio libre explotación.» Adentro, otros lienzos exhortaban a los obreros a ganar «la batalla de la producción» o a inscribirse para un día de trabajo voluntario. Había menos polvo de algodón en el aire debido a los nuevos ventiladores hechos por el departamento de mantención, a pedido de los nuevos trabajadores-gerentes, pero las partículas blancas todavía hacían parecer como si nevara en la sección de hilado, mientras el ruido de los telares automáticos en la sección tejido continuaba dificultando el diálogo. El trabajo también era el mismo, la labor sin tregua de atender varias máquinas para poder alcanzar las normas de producción que habían sido disminuidas en un 10 % desde que los obreros se habían tomado la fábrica, pero que aún requerían de un esfuerzo sostenido y una constante vigilancia durante el turno de ocho horas diarias y cuarenta y ocho horas semanales. Para el ojo no entrenado podría parecer que poco había cambiado y que el cartel sobre la puerta de la fábrica no era más que retórica revolucionaria.

Sin embargo, mucho había cambiado desde que la fábrica textil más grande del país se había convertido en Ex-Yarur. El cambio menos visible pero el más importante era la gestión de la empresa, desde la planta de producción hasta la sala del consejo de administración. La participación de los trabajadores en la gestión de las empresas del sector público había sido un programa de los democratacristianos, que el MAPU llevo consigo a la Unidad Popular. Los socialistas, herederos de la tradición trotskista de los consejos de trabajadores, tomaron la idea y la impusieron a pesar de las objeciones de los comunistas, que se oponían a la creación de representantes obreros fuera de la estructura de los sindicatos, mayormente controlados por el PC. El Gobierno de Allende firmó un acuerdo con la CUT que creaba la participación obrera en las empresas del área de propiedad social y establecía los principios y las estructuras básicas, pero dejaba los detalles de su implementación a las empresas recientemente socializadas.

En Ex-Yarur, la primera en poner esta participación en práctica, un movimiento con una amplia base trabajadora adoptó el acuerdo nacional CUT-Gobierno según su propia visión revolucionaria, haciéndolo más democrático, más participativo y más poderoso. Comenzaba en las secciones de trabajo con un comité de producción elegido con el que los supervisores tenían que negociar y encontrarse en las asambleas de trabajadores que eran la autoridad máxima en las secciones de producción. Ahora, los trabajadores podían estar en desacuerdo con las decisiones y órdenes de un supervisor, hacer sugerencias propias que tenían que ser escuchadas y, si no había resolución, podían llevar el asunto a su comité de producción o asamblea de sección.

Cada sección de trabajo también elegía a un miembro de su comité de producción para que representara la sección en el comité coordinador, que abarcaba toda la empresa y que en Ex-Yarur llegó a ser más importante y más poderoso que lo estipulado en el acuerdo CUT-Gobierno. A su reunión semanal, también asistían los representantes del sindicato y los consejeros de los trabajadores del consejo de administración, lo que transformaba el comité coordinador en el organismo más representativo del nuevo sistema de cogestión, y sus reuniones, virtualmente en un comité ejecutivo de trabajadores, el único foro en que los diferentes representantes se encontraban y trataban sobre los problemas y políticas a seguir. Las discusiones a menudo eran acaloradas, pero su autenticidad era evidente y sus preocupaciones y conclusiones eran llevadas al más alto organismo de gestión, el consejo de administración, por los consejeros de los trabajadores que formaban parte de ambos. Los líderes sindicales, cuyo papel era fiscalizar el sistema de cogestión también seguían atentamente todo el proceso.

La intención del consejo de administración era ser un directorio socialista. En teoría, estaba compuesto por un número igual de consejeros nombrados por el Gobierno y elegidos por los trabajadores de toda la empresa mediante el voto secreto, y era presidido por el interventor, un gerente general nombrado por el Gobierno, que era asistido por otros interventores para asuntos laborales y financieros. Sus reuniones, en la antigua sala del directorio de S.A. Yarur, revestida en madera y ubicada en el último piso de la escala de mármol del edificio de la administración, eran ejemplos de los contrastes revolucionarios. Los consejeros de los trabajadores entraban en vestidos con sus overoles azules y con polvo de algodón en el cabello. Como los consejeros del Gobierno eran expertos externos o líderes políticos con otras responsabilidades, a menudo no iban a las reuniones, creando así, de facto, una mayoría obrera, lo que básicamente convertía la cogestión en control obrero, aunque las posiciones rara vez se reducían a eso. Los interventores del Gobierno quedaban impresionados por la rapidez con que los consejeros de los trabajadores comprendían las cuestiones y lo razonablemente que colaboraban para encontrar soluciones o diseñar políticas.

Además, todos los trabajadores de la empresa se reunían mensualmente en una Asamblea General que era la institución máxima de la democracia económica directa y que se negaba a aprobar todo sin cuestionamientos. Allí se defendían las decisiones más importantes y se discutía sobre la política de la empresa, desde la producción y la distribución a la política laboral. De hecho, era como una reunión socialista de accionistas, pero con participantes que conocían el proceso productivo. En una reunión, los trabajadores se negaron a aprobar el informe financiero anual hasta que el contador responsable de lo reescribiera en un lenguaje que ellos pudieran entender. En otra, insistieron en que las políticas de producción y distribución favorecieran a las «masas» por sobre las «clases».

Inevitablemente, algunos miembros de comités o de consejos eran más eficientes que otros y también había diferencias en la calidad y el éxito de la participación de los obreros en las secciones de trabajo. Además, esos papeles eran nuevos para todos en Ex-Yarur y requerían de un proceso de aprendizaje tachonado de pasos en falso. Sin embargo, los trabajadores aprendían rápido y, para mediados de 1972, el nuevo sistema de cogestión estaba funcionando bien. Entonces, las elecciones anuales habían reemplazado a los representantes que no eran adecuados para sus nuevos papeles por otros que habían demostrado tener las cualidades necesarias. Significativamente, tanto los gerentes del Gobierno como los expertos externos consideraban que la cogestión de Ex-Yarur era un éxito.

Los trabajadores de Ex-Yarur también podían reivindicar otros logros. A pesar de las funestas predicciones y problemas con los repuestos y otros suministros provocados por el bloqueo invisible de Estados Unidos, Ex-Yarur aumentó su producción de hilo y tela, un éxito compartido por los interventores gubernamentales y los trabajadores y técnicos. El enfoque de la producción exclusivamente en «telas populares» de consumo masivo, como la mezclilla, también reflejaba una decisión política por parte de los trabajadores. Cuando incluso la capacidad de producción de la fábrica fue insuficiente para satisfacer el aumento de la demanda en un país donde el salario real promedio había crecido 30 % en un año, los trabajadores de Ex-Yarur tomaron otra decisión política y resolvieron que la distribución fuera prioritaria para sectores de la población que antes no habían tenido los recursos para comprar productos Yarur. Para combatir el bloqueo invisible de Estados Unidos, también transformaron la maestranza del departamento de mantención en una fábrica de repuestos que, para 1973, estaba produciendo tres cuartas partes de los repuestos que antes eran importados, sirviendo, al mismo tiempo, de ejemplo para otras fábricas. Con justicia, en la pared del Departamento de Mantención colgaba un cartel que orgullosamente proclamaba: «Maestranza Ex-Yarur ahorra dólares al país».

Los trabajadores de Ex-Yarur también se beneficiaron a sí mismos con su revolución. Durante los primeros dos años del gobierno de Allende gozaron de un aumento promedio, en salario real, de más del 50 % y un alza comparable en beneficios, así como una nueva regalía que había sido el objetivo de la huelga más larga y más traumática de la historia de Yarur: el pago de desahucio o jubilación de un mes por año por cada año trabajado en la fábrica. Los trabajadores de Ex-Yarur también se beneficiaron con el aumento del gasto en viviendas por parte de la empresa cogestionada, del tratamiento médico y la recreación, del aumento de la pausa para almorzar a una hora completa y de una guardería y jardín infantil modelo para sus hijos chicos. También consiguieron nuevas políticas de promoción que establecieron un sistema transparente de competencia abierta por las posiciones vacantes, en el que los trabajadores eran animados a participar. Además, el éxito y la fama de Ex-Yarur hicieron que sus líderes fueran solicitados para puestos fuera de la fábrica. Uno llegó a ser candidato al Congreso, otro, un experto en cogestión laboral para la CORFO, y un tercero fue interventor en otra fábrica.

¿Qué tan revolucionaria fue la revolución chilena en una fábrica de vanguardia como Ex-Yarur? De acuerdo al estándar de la Revolución francesa y su famoso trío de objetivos —libertad, igualdad y fraternidad— fue muy revolucionaria. «Libertad», la libertad de expresar opiniones sin temor tuvo una resonancia especial para los trabajadores de Ex-Yarur, una empresa que bajo sus propietarios privados era conocida por su atmósfera represiva que hacía que los obreros tuvieran miedo de decir lo que pensaban. En Ex-Yarur, los trabajadores discutían en voz alta y públicamente acerca de la política de la empresa y la política nacional. Los partidos políticos competían por reclutar trabajadores para sus filas y las elecciones sindicales con listas de candidatos rivales eran muy reñidas. El temor desapareció, reemplazado por una libertad que, para 1972, se había convertido en parte de la vida en Ex-Yarur.

La igualdad era otro objetivo que la revolución chilena, como la Revolución francesa, la había adoptado como uno de sus estándares; en los carteles que proclamaban la promesa de Allende, que en el «el Chile nuevo» solo los niños serían privilegiados, todos los demás serían iguales. Antes de 1970, Chile era una sociedad muy jerárquica. En Ex-Yarur, el empuje nivelador de la revolución chilena estaba claro en el nuevo sistema de cogestión y en las relaciones de trabajo y sociales. La democracia en el lugar de trabajo trajo igualdad a la planta de producción, mientras que la distinción entre obreros y empleados, introducida en 1952 para dividir a la clase trabajadora, fue debilitada mediante la fusión de sindicatos, comedores e instalaciones deportivas.

La «fraternidad», el lema más subjetivo y más vago de la Revolución francesa era un concepto similar al «compañerismo» chileno. En la esfera pública de la revolución chilena, un compañero era alguien que compartía un proyecto político. Además, en Ex-Yarur el término tomó significados adicionales. Antes de la revolución, la falta de libertad e igualdad en la fábrica la habían convertido en un lugar donde los obreros desconfiaban unos de otros por miedo a los informantes, de modo que completaban su turno y se iban tan pronto como podían regresar a casa. Sin embargo, Ex-Yarur se convirtió en una comunidad en que los trabajadores se quedaban después del turno para compartir con los amigos, participar en los grupos culturales y atléticos, o tomar cursos especiales de superación personal o capacitación para ascensos. Se convirtió en una comunidad en que, en ocasiones especiales como el 28 de abril, el «día de la liberación» (en que los obreros se tomaron la empresa), los trabajadores traían a sus familias para celebrar. Ahora compartían el proyecto revolucionario de Ex-Yarur y también compartían un nuevo respeto y estatus que —en el Chile revolucionario—gozaban fuera de la fábrica.

La proyección de Ex-Yarur más allá de sus paredes era otra forma en que sus trabajadores vivían la revolución chilena. En las frecuentes manifestaciones de la época, la imagen de los trabajadores de Ex-Yarur marchando por las principales calles de Santiago detrás de un gran cartel que decía: «Ex-Yarur: firme con su gobierno» llegó a ser una representación conocida. Un líder sindical de Ex-Yarur alardeaba: «Si las cosas se ponen feas, somos los primeros en las calles, así que uno ve que aquí hay más conciencia». La transformación de la conciencia —«hacer conciencia», un lema revolucionario popular de ese tiempo— era otra dimensión que demostraba los cambios revolucionarios experimentados por los trabajadores de Ex-Yarur.

En Ex-Yarur esta «conciencia elevada» se expresaba de muchas formas, como el trabajo voluntario y el esfuerzo extra en la planta de producción por trabajadores que tomaban su labor en forma diferente a como lo hacían antes, porque ahora estaban «trabajando para Chile». También se reflejaba en las políticas de Ex-Yarur, en que los partidos que apoyaban la revolución chilena —liderados por socialistas y comunistas— ganaban consistentemente el 75 % de los votos en las elecciones sindicales y otras votaciones de la vía democrática al socialismo. Por todas estas razones, importantes líderes «revolucionarios» de la Unidad Popular alababan a los trabajadores de Ex-Yarur. Se habían convertido en protagonistas centrales y simbólicos de la revolución chilena.

Vivir «el proceso revolucionario» en Ex-Yarur fue una experiencia intensa para sus trabajadores. Aún así, la mayoría podía escapar de la tensión del momento histórico cuando dejaba la fábrica para irse a casa. Pero ese no era el caso de los pobladores de los campamentos revolucionarios como Nueva La Habana. Allí la revolución no dormía nunca. La mayoría de los nueve mil pobladores de Nueva La Habana eran desempleados o trabajaban en o cerca de la población o, si no, eran amas de casa y niños. En sus calles y plazas bien organizadas era difícil no vivir la revolución. Cada una de sus veinticuatro manzanas celebraba una reunión semanal a la que los residentes tenían que asistir; allí se planificaba y dividía el trabajo de esa semana, desde distribuir canastas de alimentos hasta limpiar las letrinas comunes y los edificios públicos.

En esa reunión semanal, las decisiones del directorio del campamento eran comunicadas a los residentes de cada manzana. En el fondo, el directorio era una asamblea legislativa interna compuesta por veinticuatro jefes elegidos por cada manzana, más siete personas de la jefatura y el poder ejecutivo del campamento, presidido por Alejandro Villalobos, el jefe, también electo. Este, mejor conocido por su alias «el Mickey», era una de las figuras más amadas y odiadas de la época, que llegó a simbolizar una revolución emergente desde abajo para el MIR y la cara amenazadora para la derecha y los medios de comunicación que esta controlaba.

El directorio diseñaba las políticas Nueva La Habana que regulaban la vida de sus residentes y organizaban sus «frentes», la estructura de los comités revolucionarios que implementaban dichas políticas e involucraban a los pobladores en el gobierno del campamento. El Frente de Salud dirigía la clínica con una ambulancia donada por un investigador francés, profesionales médicos voluntarios y un acuerdo con el hospital local, pero también pobladores entrenados en primeros auxilios y tareas paramédicas, como poner inyecciones y sacar sangre. El Frente de Cultura promovía los grupos de danza y teatro dentro del campamento y organizaba representaciones de artistas visitantes, tenía guarderías infantiles y programas juveniles y, por la noche, dirigía programas para la alfabetización de adultos en los autobuses escolares donde los hijos de los pobladores estudiaban durante el día. El Frente del Trabajo encontraba un oficio para los desempleados en la construcción de viviendas y edificios públicos dentro de Nueva La Habana, incluyendo un comedor y una lavandería comunitarios. También dirigía un plan piloto de «construcción directa» en que los pobladores construían sus propias casas en colaboración con especialistas de la Universidad de Chile y el organismo de viviendas del Gobierno (CORVI). Significativamente, trescientos de los quinientos trabajadores de Nueva La Habana contratados para este proyecto antes habían estado desempleados. Entre los frentes más activos —y controversiales— estaba el Frente de Vigilancia, menos involucrado con la seguridad externa que con el orden público y el control social interno, y que implementaba las normas y castigos que el directorio establecía para los residentes de Nueva La Habana, incluyendo la prohibición del alcohol, la prostitución y el abuso doméstico.

El objetivo de acciones tan drásticas y reglamentos draconianos era hacer de Nueva La Habana y sus residentes un orgullo revolucionario y un modelo para que otros lo imitaran. Según argumentaba el MIR, a pesar de la pobreza y la marginalidad, se estaban creando hombres y mujeres nuevos que transformarían Chile después de transformarse sí mismos. Por consiguiente, el castigo de pequeños delitos, como el robo, estaba diseñado para educar políticamente «sentenciando» a los infractores a tareas de servicio comunitario o a la lectura del Manifiesto Comunista o ¿Qué hacer?

Víctor Toro, poblador y líder mirista, recalcaba y justificaba esos castigos pedagógicos diciendo: «El alcoholismo, causante de crímenes de todo tipo, los juegos de azar […] la prostitución, etc. […] constituyen una constante amenaza para la clase obrera. En los grupos marginados de la educación y la cultura, explotados por los capitalistas, sumidos en la miseria y la desesperación del hambre, es fácil entender la existencia de estos problemas. Sin embargo, no por ello podemos justificarlos y permanecer pasivos ante ellos. Estamos luchando por formar una sociedad socialista para hombres también socialistas, es decir, para hombres nuevos en el sentido total de la palabra».

Esta meta de transformar a los chilenos —campesinos, trabajadores y pobladores— en revolucionarios y, al mismo tiempo, abrir una difícil vía democrática al socialismo era lo que hacía que vivir la revolución fuera tan excitante —y agotador—. Lo personal se hacía político y los actos de la vida cotidiana estaban cargados de significados más amplios. No era la amenaza de una represión estatal, sino la presión de sus pares lo que empujó a los chilenos más allá de donde nunca había ido —o los alienó del proyecto político revolucionario—. No era fácil «vivir la revolución». En las granjas, fábricas y poblaciones, en el puño de de la revolución chilena, donde si uno no era parte de la solución era considerado parte del problema, no era fácil no vivir la revolución.

Esto era obvio para los pobladores apolíticos o democratacristianos que se habían unido a las tomas que crearon Nueva La Habana porque necesitaban un lugar donde vivir, solo para encontrar que eran parte de un proyecto político más amplio cuya ideología y cuyas metas no compartían totalmente. Era evidente para los mapuches de Nicolás Ailío, cuya identidad era definida por su religión indígena , que fue dejada de lado y subvalorada por los líderes de la toma y sus consejeros del MIR que, en cambio, enfatizaban la ideología marxista y su identidad de clase como campesinos pobres. Y era dolorosamente claro para las mujeres en los asentamientos de la reforma agraria en Aconcagua, cuyos hombres tomaban su nueva prosperidad y estatus como una oportunidad para dedicarse a las relaciones extramaritales, mientras las mantenían en casa y las golpeaban si se quejaban, lo que llevó a un fuerte aumento del abuso conyugal en la vía rural al socialismo.

Pero las dificultades de estar en el puño de la revolución sin compartir su visión eran particularmente notorias en una industria nacionalizada como Ex-Yarur, donde los supervisores se sentían debilitados por la cogestión y los empleados de cuello y corbata se sentían amenazados por el empuje nivelador de la revolución y el surgimiento del poder obrero. En respuesta, ambos grupos se aferraron a su identidad de clase media y a la política democratacristiana. Cuando una izquierda crecientemente sectaria atacó a los democratacristianos por «burgueses» y «contrarrevolucionarios», esos empleados se sintieron aún más alienados de la revolución en su lugar de trabajo y en su país, así como el 25 % de los trabajadores que apoyaba a la Democracia Cristiana en la CUT.

Si el surgimiento del poder proletario y el aumento del sectarismo de izquierda asustaron y alienaron incluso a trabajadores de Ex-Yarur, que gozaban de muchos beneficios otorgados por la revolución y tenían la opción de unirse a ella, la respuesta de la clase media chilena fue hostil, como era de esperarse. Muchos que pertenecían a la clase media habían votado por la Unidad Popular en abril de 1971, pero durante el año que siguió lamentaron haberlo hecho. Para algunos era la revolución desde arriba: el empresario temeroso de que una Unidad Popular reacia a fijar un límite público al área de propiedad social nacionalizara su negocio o el propietario de camiones que tenía miedo de que el Gobierno de Allende creara una empresa pública que compitiera con la suya. Para otros, era la revolución desde abajo: el dueño de tierras aterrorizado de que una toma creara un conflicto social que llevara a una intervención del Gobierno en su propiedad, aún si era demasiado pequeña para ser expropiada bajo la ley de reforma agraria de 1967, o el fabricante a quien Allende personalmente le había asegurado que su fábrica no sería nacionalizada, pero que aún así se preocupaba de perderla en manos de los trabajadores. Para otros, era el sentimiento de que su mundo estaba al revés, como la mujer bien vestida que miraba una manifestación de trabajadores de Ex-Yarur en el centro de Santiago: «Lo que más me asusta es que los rotos se están apoderando del centro de la ciudad». Lo que todos ellos tenían en común era una creciente alienación y oposición al Gobierno de Allende, a los partidos de la Unidad Popular y su revolución chilena, que al comienzo era provocada por tensiones sociales, pero que pronto sería exacerbada por los trastornos económicos y solidificada por la polarización política. Para fines de 1971, el período de un avance revolucionario fácil había terminado y la batalla por Chile recién comenzaba.

1 Mallon, 114.

2 Ibíd.

Capítulo 6

La batalla por Chile

Una semana después de la celebración triunfal de Allende por su primer año como presidente de la vía democrática de Chile al socialismo, Fidel Castro llegó a Santiago para una visita de Estado, la primera efectuada a una nación latinoamericana hermana desde que la Organización de Estados Americanos expulsara a Cuba en 1962 y la mayoría de sus miembros —debido a la presión ejercida por los Estados Unidos— rompiera las relaciones diplomáticas con La Habana. Castro se quedaría en Chile casi un mes —encantado con su papel de revolucionario prominente— otorgando sus análisis y consejos.

Allende invitó al líder cubano para afianzar su posición en la izquierda, refrenar al MIR y unificar su rebelde coalición. La presencia de Castro agradó a la izquierda, pero era una espada de dos filos: podía utilizarse para congregarla alrededor de la revolución chilena de Allende, pero también para movilizar a sus oponentes.

Durante el curso de 1971, los opositores centristas y derechistas se recuperaron gradualmente de sus derrotas electorales y conspiraciones fallidas. Sin embargo, detrás de las bambalinas, Estados Unidos había comenzado una guerra encubierta contra el Gobierno de Allende; con el fin de revertir su avance revolucionario y su dinámica política, socavaba su estabilidad económica y creaba las condiciones para su derrocamiento. Por una parte, este plan secreto pretendía «hacer chillar la economía» mediante un «bloqueo invisible» que negaba a Chile préstamos multilaterales, créditos bancarios, ayuda alimenticia, repuestos y materias primas y, por otra, presionaba al centro democratacristiano y a la derecha nacionalista hacia una alianza política cada vez más contrarrevolucionaria.

Cuando Allende rechazó la oferta de alianza de Radomiro Tomic, después de la victoria de la Unidad Popular a raíz de las elecciones municipales de abril de 1971, señaló que la Unidad Popular en ese momento tenía las mismas ambiciones hegemónicas que la Democracia Cristiana había tenido con Frei y confirmó las sospechas de los democratacristianos de que la estrategia de la Unidad Popular era dividir su partido y absorber el ala izquierda. Esto dejó a los democratacristianos sin tener a qué recurrir, más que a una alianza con la derecha. Su giro fue justificado por el asesinato, en junio de 1971, de Edmundo Pérez Zujovic, ministro del Interior de Frei, en venganza por su supuesto papel en la masacre de pobladores en Puerto Montt, en 1969. El asesinato fue llevado a cabo por la Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP), un oscuro grupo extremista de izquierda que incluía conspiradores con pasados sospechosamente derechistas. Aunque el Gobierno de Allende condenó el acto y, tres días después persiguió y mató a los asesinos en un tiroteo, los democratacristianos culparon a la Unidad Popular por el «clima de violencia» que había hecho posible el asesinato. En julio, el partido centrista dio un gigantesco paso a la derecha al aliarse con el Partido Nacional en la elección, en Valparaíso, de un escaño al Congreso en que la Democracia Cristiana derrotó estrechamente al candidato de la Unidad Popular, deteniendo así la dinámica política de la izquierda. Esta alianza de centro-derecha se consolidó cuando gran parte de lo que quedaba de la izquierda de la Democracia Cristiana se escindió del partido, formó la Izquierda Cristiana y se unió a la Unidad Popular. En 1971, todavía era una alianza táctica unida por su oposición conjunta a la Unidad Popular y su camino socialista, pero dividida en su visión de cómo oponerse a Allende; cuánto de sus «cambios» revolucionarios estaba dispuesta a aceptar, y qué país quería construir si lograba hacer caer a la Unidad Popular.

Sin embargo, la visita de Fidel Castro fue una banderilla roja tanto para el centro anticomunista como para la derecha, y sus líderes y medios de comunicación la utilizaron para atacar al Gobierno y movilizar a sus propios partidarios. Su estrategia era usar la entrometida presencia del flagelo comunista del hemisferio para organizar una protesta sumamente pública que uniría sus fuerzas; su táctica fue entonces una novedosa manifestación en el centro de Santiago de mujeres de clase media y alta (y sus sirvientas) que golpeaban cacerolas vacías en protesta por una escasez de alimentos que todavía era poco común. La «marcha de las cacerolas», del 1 de diciembre, fue «protegida» por las brigadas paramilitares de la neofascista Patria y Libertad, cuya nueva reivindicación del control de las calles de Santiago era refutada por grupos juveniles de izquierda en peleas que presagiaban los acontecimientos por venir. Hubo más de un centenar de heridos y un número similar de detenidos. Tras la manifestación, la Democracia Cristiana llamó a una protesta contra «el sectarismo, la violencia y el desabastecimiento», impugnó al ministro del Interior de Allende y formó una nueva alianza electoral con la derecha para disputar las elecciones al Congreso de dos escaños representativos de la zona central. Finalmente, ambas fueron ganadas por la alianza de oposición, que ahora parecía detentar la dinámica política. El avance revolucionario había terminado y la batalla por Chile había comenzado.

El momento crucial

Sergio Bitar era un destacado economista democratacristiano que se unió a la Unidad Popular con la Izquierda Cristiana a fines de 1971 y, en 1972, se había convertido en el mayor consejero económico de Allende. Para entonces, surgían desequilibrios que lo hacían preguntarse acerca de la compatibilidad de la estrategia que se estaba implementando. Cuando pidió ver la simulación computarizada del modelo económico del Gobierno le dijeron que no había ninguno y que eso era «economía burguesa». Fue una señal preocupante.

Ni Allende ni los otros líderes importantes de la Unidad Popular eran economistas. Para su estrategia económica dependían de la pericia de un equipo de profesionales de izquierda liderados por Pedro Vuskovic, el ministro de Economía, políticamente independiente. Vuskovic era un buen economista académico y consultor de las Naciones Unidas, pero no tenía ninguna experiencia administrando la economía de un país o, si quiera, una empresa. Sin embargo, era el funcionario más importante en esta materia, dentro de un gobierno cuya meta era tener al Estado planificando y administrando las alturas dominantes de la economía, incluyendo las gigantes minas de cobre del país. Además, tenía la difícil tarea de diseñar y dirigir una transición pacífica al socialismo en un contexto de instituciones burguesas de una hostilidad sin precedentes y, por lo tanto, sin modelos a seguir; una transición pacífica que muchos izquierdistas creían imposible.

Vuskovic también era parte de una disputa que dividía a los economistas de América Latina, una altamente ideológica entre los «monetaristas» ortodoxos, que creían que la inflación era causada por una expansión en el suministro de dinero y el gasto gubernamental, y los «estructuralistas» de izquierda, que decían que la inflación era causada por factores estructurales como la concentración de la propiedad de la tierra en manos improductivas, lo que impulsaba el precio de los alimentos. Como ministro de Economía de Allende, la estrategia de Vuskovic, con su énfasis en las reformas profundas e indiferencia por el extenso suministro de dinero, se fundamentaba en el estructuralismo.

Su tarea inicial era sacar a la economía de la recesión que el Gobierno de Frei le había legado, comenzando con un aumento neokeynesiano del gasto estatal financiado por una expansión del suministro monetario. Al comienzo, esta inyección de dinero recién impreso tuvo un efecto positivo en el financiamiento de programas sociales altamente necesarios y en parte de la inversión de relanzamiento económico que permitió que Chile saliera de la recesión y reactivara rápidamente su economía. Junto con el gran aumento de 30 % del salario real durante el primer año del gobierno, esta infusión de gasto público fue responsable del 9 % de la tasa de crecimiento en 1971 y de las «fiestas de consumo», una imagen de dinamismo económico que ayudó a propulsar a la Unidad Popular a la victoria en las elecciones municipales de 1971. Sin embargo, para fines de ese año, el dinero circulante se había doblado y la inflación —la enfermedad económica de Chile durante un siglo— estaba comenzando a aumentar, después de haber disminuido, en 1971, de 35 a 22 %. La inflación se aceleraría durante todo el año de 1972 y, en 1973, alcanzaría niveles récord.

La duplicación del suministro de dinero no se debió solamente a un error de Vuskovic. Tanto la revolución desde arriba como la revolución desde abajo compartían responsabilidad. En el fondo, esta situación reflejaba la diferencia entre teoría y realidad en la vía chilena al socialismo. En la primera, las empresas nacionalizadas del área de propiedad social iban a producir una ganancia que ayudaría a pagar los ampliados programas sociales del gobierno. En la segunda, funcionaron con déficits que financiaban mediante préstamos de los bancos nacionalizados, que finalmente pagaba el Ministerio de Hacienda imprimiendo dinero.

Aunque algunos de los déficits de las empresas nacionalizadas eran el resultado de costos de transición (incluyendo un gran aumento inicial de salarios para satisfacer las expectativas de los trabajadores) y producto de errores administrativos, descensos de la producción o una fuerza laboral sobre aumentada, muchas de esas pérdidas fueron programadas. La empresa Ex-Yarur es un buen ejemplo. Era una empresa altamente eficiente que establecía récords de producción y vendía todo lo que producía —a pérdida, lo que hacía crecer el déficit con cada expansión del rendimiento y ventas. El problema era que la política gubernamental congelaba los precios de sus productos para mantener un costo bajo para los consumidores y, durante su primer año como empresa nacionalizada, los costos de Ex-Yarur aumentaron alrededor de un 75 %. Un porcentaje significativo estaba representado por costos laborales, pero los trabajadores de Ex-Yarur eran relativamente moderados en sus exigencias salariales y la fuerza laboral no aumentó excesivamente. Los costos que aumentaron significativamente fueron los de energía y materia prima, exacerbados por el hecho de que ambas debían ser importadas y pagadas al contado a causa del bloqueo de créditos fomentado por Estados Unidos.

Los gerentes de Ex-Yarur parecían poco preocupados de que la empresa funcionara con una gran pérdida a pesar del esfuerzo de sus trabajadores por producir y vender más. Explicaban que dentro de la industria textil nacionalizada había un sistema de «contabilidad socialista» en que las pérdidas programadas de fábricas que producían para el mercado masivo, como Ex-Yarur, se equilibraban con las ganancias de otras empresas cuyos productos de lujo se venderían a precios superiores a la clase media y las élites. Pero este equilibrio de la «contabilidad socialista» probó ser nada más que una ilusión y las pérdidas de la industria textil nacionalizada —que de otro modo era una de las historias exitosas de la revolución— se acumularon.

Estas pérdidas financieras programadas por la revolución desde arriba se vieron agravadas por la revolución desde abajo, que llevó muchas más empresas al área de propiedad social y más rápido que lo planificado, y también muchos más fundos al sector reformado de lo que estaba previsto. Un resultado fue el aumento en los costos de transición, otro fue la escasez de gerentes calificados y, por lo tanto, hubo un aumento de errores administrativos. Por ejemplo, la industria textil nacionalizada tenía solamente un ingeniero textil calificado. El fortalecimiento laboral de la revolución desde abajo podía ser creativo y productivo, como en el caso de Ex-Yarur, o podía aumentar sus costos en forma poco razonable debido a exigencias excesivas de salarios y beneficios, como en el caso de Ex-Sumar, otra gran industria textil nacionalizada. Además, si la revolución desde abajo significaba más empresas nacionalizadas que vendían sus productos a pérdida, un área de propiedad social en expansión significaba un déficit aún mayor.

Lo mismo era válido respecto a la aceleración de la reforma agraria por parte de la revolución desde abajo, que llegó a su finalización en dieciocho meses en vez de seis años, y a la creación de muchas más cooperativas de lo que se había planeado. Aunque a la larga se esperaba que las cooperativas campesinas aumentaran su producción agrícola, obtuvieran ganancias y pagaran sus deudas al Estado, a corto plazo —como los democratacristianos ya lo habían descubierto— necesitaban considerable ayuda técnica y financiera para tener éxito. Los miembros de la Cooperativa Arnoldo Ríos, en Cautín, pueden haber estado contentos por el apoyo que les brindaba el Gobierno con un tractor, nuevas semillas y consejos técnicos de expertos, pero nada de eso era barato y Allende tuvo que pagar, durante los primeros dieciocho meses, los costos de transición de cuatro veces el número de predios que había planeado expropiar.

Juntos, los déficits y deudas individuales de las empresas del área de propiedad social y el sector rural reformado multiplicaron el déficit presupuestario de un Gobierno que ya se enfrentaba a los números rojos de programas sociales ampliados que el Congreso se negaba a financiar con un aumento de los impuestos. Al final, los déficits crecientes se pagaban mediante la impresión de más dinero, alimentando así una inflación que fue del 22 % en 1971, pero que aumentaría mucho en 1972 y llegaría a una cifra de tres dígitos en 1973.

Además, para entonces, otro problema económico que asolaría la vía chilena —la escasez de bienes de consumo— ya había surgido. Muchos factores eran responsables, pero el Gobierno cargó con la culpa. Al final, la escasez era un resultado irónico de uno de los grandes éxitos de la revolución, el espectacular incremento del ingreso chileno, que durante 1971 aumentó un promedio de 30 % en términos reales. Al comienzo, este gran aumento en sueldos y salarios ayudó a Chile a recuperarse de la profunda recesión que Allende heredó del gobierno de Frei. Hizo posible las «fiestas de consumo» en que los trabajadores y campesinos chilenos comieron mejor, se vistieron mejor y pudieron comprar los productos de consumo durables —desde camas a televisores— que siempre habían querido, pero nunca habían podido pagar. Pero cuando esta capacidad se activó plenamente y las fábricas y granjas llegaron a producir todo lo que eran capaces, el aumento de la demanda del consumo no pudo ser satisfecho por la producción nacional.

El Gobierno trató de importar la diferencia para mantener los estándares de vida, pero las divisas comenzaron a escasear. El 25 % de la declinación en el precio del cobre que empezó con la elección de Allende y —sospechosamente— terminó colapsando, significó que Chile tuviese menos dólares para gastar en importaciones. Esta situación se vio exacerbada por el bloqueo crediticio, promovido por el Gobierno de Estados Unidos, que forzó a Chile a pagar en efectivo las importaciones que estaba acostumbrado a comprar a crédito, sobre la base de trescientos millones de dólares en líneas bancarias norteamericanas que estaban ahora en un 90 % cerradas. Juntos, estos factores añadieron la escasez de divisas a la escasez de bienes de consumo como problemas que el Gobierno de Allende tuvo que enfrentar, junto con la aceleración de la inflación y el déficit presupuestario.

Los desabastecimientos se vieron exacerbados por otras interacciones. El acaparamiento y el surgimiento del mercado negro eran respuestas inevitables a la escasez de productos, pero también eran fomentados por los medios de comunicación de derecha que tomaban parte del complot para desestabilizar el país. Cuando un titular en los periódicos derechistas advertía de una posible escasez de azúcar, la respuesta del consumidor era salir y comprar todo el azúcar disponible —creando así el anunciado desabastecimiento de azúcar. La izquierda decía que el desabastecimiento era culpa del acaparamiento derechista, del sabotaje y del mercado negro. La derecha decía que este se debía a la corrupción socialista, el despilfarro y la ineficiencia. Juntos, estos factores explicaban un pequeño porcentaje del problema. El verdadero responsable por el exceso de la demanda y el crecimiento de la escasez era el enorme aumento de consumo originado por el 30 % de aumento en el ingreso general de los chilenos.

Un aumento tan grande del ingreso habría sido difícil de soportar sin una inflación galopante, incluso para una economía desarrollada, como la de Estados Unidos. En 1970, Chile contaba con una economía semidesarrollada y una limitada capacidad industrial, que dependía en gran parte de tecnología, energía y materias primas importadas. Al comienzo, el aumento de la demanda fue positivo y permitió que las fábricas vendieran sus inventarios de productos e hicieran trabajar las máquinas paradas y la fuerza laboral. Pero una vez que se activó esa capacidad y las fábricas produjeron a pleno rendimiento, la única forma de fabricar más productos era importando más maquinaria e invirtiendo fuertemente en la expansión de la producción.

Aquí, los economistas socialistas de Allende tenían más fe en el motivo de las ganancias para los capitalistas de lo que se justificaba. Supusieron que como el sector privado se estaba beneficiando del auge de la demanda, este reinvertiría dichas ganancias en la expansión de la producción para ganar aún más. Pero los capitalistas chilenos resultaron ser comprensiblemente reacios a invertir en una economía que estaba en vías al socialismo y, en 1971, la inversión privada disminuyó más del 17 %. Esto era incluso válido para los hombres de negocios cuyas empresas eran muy pequeñas para ser nacionalizadas. Un fabricante de ropa que confesó que nunca había ganado más dinero que durante el gobierno de la Unidad Popular y a quien el mismo Allende le había asegurado que su fábrica no sería nacionalizada, me dijo que estaba enviando todas sus ganancias a su cuenta bancaria en Miami. Me explicó que hubiera sido una locura reinvertir en Chile. Confiaba en Allende, pero no confiaba en la revolución desde abajo ni en el poder de Allende para controlarla. Todas las mañanas —me dijo— llamaba desde su casa al gerente de la fábrica para asegurarse de que los obreros no se la habían tomado. Solo entonces, se dirigía a su oficina.

Si el sector privado no invertía en la expansión de la producción, el sector público tampoco podía invertir fácilmente en ella. La mayoría de las fábricas chilenas dependía de la tecnología estadounidense cuya obtención era difícil para las empresas nacionalizadas debido al «bloqueo invisible» de Washington. Y cuando lo conseguían, había que pagar en efectivo y en moneda fuerte, que el Gobierno ya no tenía. Los esfuerzos por introducir maquinaria de los países del bloque soviético resultaron problemáticos y surgieron problemas de calidad y compatibilidad. En todo caso, el establecimiento de nuevas fábricas y la introducción de nueva maquinaria no era una solución a corto plazo para el creciente desabastecimiento de bienes de consumo, cuyas dimensiones requerían un aumento inmediato de la capacidad productiva en una escala que habría estado más allá de la movilización total de los recursos del país. El resultado fue un enorme exceso de la demanda por sobre la producción, lo que alimentó una inflación acelerada y una creciente gama de desabastecimientos que crearon una «psicosis del consumidor» que golpeó especialmente a las mujeres, las responsables de asegurar el bienestar de la familia.

El grupo que sintió más profundamente la inflación y la escasez de alimentos fue la clase media, cuyo estatus dependía del consumo, pero no tenía los recursos de la élite para comprar en el mercado negro todos lo que necesitaba. Además, la clase media
—una amorfa categoría social que incluía tanto a profesionales ricos como a trabajadores administrativos cuyo salarios no eran mucho mayores que los de los obreros— era el grupo social más inseguro de su posición y el más amenazado por el poder obrero que emergía desde abajo. Ya fuera por las relaciones sociales en el lugar de trabajo (como en Ex-Yarur), por miedo a las tomas de terrenos por parte de la clase baja de los lugares en que vivían o por la ansiedad de que sus pequeños negocios o granjas fueran tomados, la clase media estaba en la primera línea de los conflictos sociales de «la vía chilena» y sentía sus tensiones con mayor fuerza. Estos trastornos económicos, conflictos sociales y tensiones alienaron a esta clase de la Unidad Popular y su vía democrática al socialismo —y la llevaron a identificarse más fuertemente con los democratacristianos, «el partido de la clase media»—. Asimismo, los democratacristianos tomaron una postura de mayor confrontación y empezaron a hacer alianzas electorales con la derecha.

Durante los años de 1960, la Democracia Cristiana había sido un partido centrista con alas que se extendían hasta tocar tanto la derecha como la izquierda, pero guiado por un discurso de cambio social y una ideología de reforma que lo hacía aparecer de centro-izquierda. Después del fracaso de su «revolución en libertad», la pérdida de las elecciones de 1970, el rechazo de Allende a la oferta de Tomic y la secesión de gran parte de su sector de izquierda, los democratacristianos se movieron hacia la derecha y formaron alianzas electorales con el Partido Nacional, pero mantuvieron su libertad de acción en el Congreso. Además, su presidente, el senador Renán Fuentealba, era un moderado que mantenía el equilibrio entre las alas del partido y favorecía los acuerdos negociados de los conflictos importantes con la Unidad Popular. Sin embargo, para 1972, los democratacristianos estaban bajo una creciente presión —por parte de su ascendente facción de derecha y del Gobierno de los Estados Unidos— para que endurecieran su oposición y transformaran su alianza táctica con la derecha en una alianza estratégica. La creciente ansiedad y alienación de la base de clase media del partido reforzaban dichas presiones. Por consiguiente, las probabilidades de encontrar una salida negociada a las diferencias que existían entre la Democracia Cristiana y la Unidad Popular disminuían rápidamente, aunque la posibilidad de un acuerdo de compromiso existió hasta mediados de 1972.

La clase media era el grupo político clave en Chile. Sus votos habían dado a la Unidad Popular su mayoría electoral en marzo de 1971 cuando la economía estaba floreciente y había abundancia de bienes de consumo. Su desilusión durante el año que siguió permitió que la oposición ganara una serie de elecciones parciales, revirtiera el ímpetu del Gobierno y cuestionara su mandato para una vía democrática hacia el socialismo. La estrategia política de Allende para lograr una mayoría socialista dependía en gran medida de una alianza con la clase media. Era poco lo que la Unidad Popular podía hacer para aliviar los conflictos sociales y las tensiones generadas por la revolución desde abajo. Sin embargo, los trastornos económicos que alienaron a la clase media se convirtieron en problemas políticos que debían enfrentarse.

Mientras la estrategia económica no tuviera costos políticos, Allende y los otros líderes de la Unidad Popular estaban dispuestos a dejar su diseño y ejecución en manos de los expertos de izquierda, interviniendo mínimamente. Y, durante el primer año de gobierno, esta pareció ser una decisión sabia. La rápida reactivación de la economía y el aumento real de los salarios jugaron un papel primordial en la victoria política de la izquierda en las elecciones municipales de abril de 1971. Vuskovic y su ministerio también desempeñaron un rol importante en el espectacular avance del proceso revolucionario que siguió. El ministro fue uno de los héroes de ese primer año de la vía chilena al socialismo, aclamado como un mago que demostraba que la economía socialista era superior a la capitalista.

A comienzos de 1972, el recrudecimiento de la inflación y la aparición del desabastecimiento como problemas políticos llamaron la atención de los líderes políticos de la Unidad Popular, pero no había unanimidad de opinión acerca de Vuskovic y sus políticas económicas. Los comunistas, que originalmente lo apoyaron, ahora eran escépticos, mientras los socialistas se convirtieron en sus defensores. El asunto se tornó urgente debido a la pérdida de una elección parcial en enero a manos de un centrista y un derechista, apoyados tanto por los democratacristianos como por los adherentes del Partido Nacional. Esto hacía surgir la posibilidad de que el apogeo del progreso revolucionario se hubiese quedado corto y la dinámica política se alejara de la izquierda, que no podría consolidar la proyectada mayoría electoral que le permitiría a Allende ganar un plebiscito para una acelerada vía democrática al socialismo.

A fines de febrero, con el verano chileno llegando a su fin, los líderes de la Unidad Popular se reunieron en El Arrayán para evaluar la situación y decidir lo que había que hacer. En medio de las montañas que rodean Santiago, los dirigentes transigieron o retrasaron las decisiones difíciles. Poco versados en economía, le dieron unos meses más a Vuskovic para que probara que sus estrategias todavía funcionaban y, en cambio, se enfocaron en las políticas electorales —que conocían mejor—. Divididos entre dos estrategias políticas —una que argumentaba por una alianza con la clase media y otra que presionaba por una estrategia revolucionaria ortodoxa y una alianza obrero-campesina— dejaron que ambas continuaran. Estas demoras hicieron perder un tiempo valioso en la corrección del desequilibrio económico y permitieron que se profundizaran las divisiones dentro de la Unidad Popular.

El Arrayán solo produjo un movimiento decisivo. En un reconocimiento implícito del poder incontrolable y del impacto político de la revolución desde abajo, los líderes de la Unidad Popular acordaron acelerar la reforma agraria, completando en dieciocho meses lo que inicialmente se había proyectado para seis años. Aunque había razones económicas para esta aceleración, incluyendo la disminución de la inversión privada y la producción en las propiedades rurales que esperaban la expropiación, los motivos principales fueron políticos. La continua agitación en el campo estaba creando inseguridad y ansiedad en los propietarios pertenecientes a la clase media —que tenían granjas de tamaño medio, de cuarenta a ochenta hectáreas básicas— y que eran una base social de facciones del Partido Radical dentro de la Unidad Popular. Sin embargo, esta revolución rural intensificada fue usada como excusa por el PIR —la facción más conservadora del Partido Radical, que contaba con un apoyo popular limitado pero con un pequeño grupo de senadores y diputados— para dejar la coalición gubernamental y unirse a la oposición (un cambio político que más tarde se reveló que había sido orquestado encubiertamente por la CIA). Como estrategia política, la reforma agraria acelerada había fallado.

No fue la única parte de la estrategia concebida en El Arrayán que fracasó políticamente. La victoria de la Democracia Cristiana en las elecciones de la Universidad de Chile prolongó la dinámica de la oposición. La primera elección nacional directa de la CUT —la confederación laboral— significó una gran victoria de la Unidad Popular en su base central, pero también reveló que más de un cuarto de los trabajadores de Chile todavía se identificaba con la Democracia Cristiana. Esto sugirió que la estrategia de dividir a los democratacristianos y ganarse su «base popular» no estaba funcionando, un serio revés en «la vía chilena» de Allende.

Además, durante los meses que siguieron a El Arrayán, los esfuerzos para continuar el avance revolucionario encontraron una creciente resistencia, no solo de los capitalistas chilenos, sino también de una oposición de centro-derecha cada vez más unida, cuya posición se endureció y cuya retórica se hizo más inflamatoria en una atmósfera de creciente polarización política en que Allende denunciaba complots para derrocarlo, instigados por Estados Unidos y protagonizados por chilenos. El conflicto se centró cada vez más en el uso que hacía el Gobierno de decretos del Ejecutivo para expandir el área de propiedad social que luego el Congreso —dominado por la oposición— rechazaba como ilegal mediante una ley que Allende vetaba, para ser cuestionado posteriormente por ello . El resultado fue una crisis constitucional que los moderados de ambos lados veían como algo que hacía peligrar la democracia y requería un acuerdo político.

Fue en este contexto que los líderes de la Unidad Popular se reunieron en junio en Lo Curro para reconsiderar su estrategia. Uno de los debates centrales giraba en torno a qué hacer respecto a ese conflicto con los democratacristianos: negociar un compromiso o impulsar el avance revolucionario a fondo, independientemente de las consecuencias. Además, en junio, la situación económica también había empeorado, con la inflación acelerándose, el desabastecimiento haciéndose más extendido en medio de un creciente mercado negro, con las divisas agotadas y la moneda chilena perdiendo rápidamente su valor. Considerando la magnitud de los desequilibrios económicos, puede que incluso a comienzos de 1972 ya haya sido demasiado tarde para revertirlos, pero la postergación hasta junio probaría ser fatal para las esperanzas de la Unidad Popular de recuperar la estabilidad económica. Además, para entonces, el panorama político también se había tornado crecientemente pesimista. La Unidad Popular había perdido una serie de elecciones en el año precedente, situación que dejó en claro que el apoyo a la coalición no había logrado alcanzar una mayoría para el socialismo y que la iniciativa política había pasado a la oposición de centro-derecha cada vez más unida. La vía democrática de Allende parecía bloqueada, tal vez en forma permanente. Por último, los líderes de la coalición eran conscientes de las crecientes tensiones sociales que cuestionaban su estrategia de aliarse con la clase media.

El tema en Lo Curro era qué política económica adoptar y qué estrategia política seguir, y en ambos temas la Unidad Popular se encontraba dividida. Había habido largas tensiones entre los comunistas y los socialistas, aliados y rivales por más de tres décadas. Durante gran parte de este período, los socialistas habían sido más moderados que los comunistas, reformistas populares versus revolucionarios proletarios. Sin embargo, durante los años de 1960, los socialistas se situaron a la izquierda de los comunistas y se convirtieron en «revolucionarios» marxistas-leninistas según el molde cubano, que veían al Partido Comunista chileno —que seguía la línea de Moscú— como «reformista», una etiqueta peyorativa que el ala dominante de los socialistas —liderada por Carlos Altamirano— también aplicaba a Allende y su facción del partido más moderada. Al final, habían aceptado la candidatura de Allende y abrazado su victoria y Gobierno, pero permanecieron escépticos acerca de su vía democrática al socialismo y su estrategia central de una alianza con la clase media. En cambio, los socialistas buscaron radicalizar el «proceso revolucionario» desde adentro de la coalición y desde abajo. Esta posición los acercó al MIR, el grupo guevarista situado a la izquierda de la Unidad Popular. Durante 1971, con la revolución avanzando rápidamente desde arriba y abajo y con la dinámica política a su lado, el conflicto entre los socialistas y los comunistas permaneció apagado. Con un avance revolucionario más lento y el cambio en la dinámica política en 1972, cuestionar la viabilidad de la vía democrática al socialismo —que parecía haber quedado corta respecto a su objetivo— hizo que las diferencias entre el ala derecha y el ala izquierda de la Unidad Popular y los dos partidos más importantes se profundizaran y se hicieran cada vez más públicas. Para cuando los líderes de la Unidad Popular se reunieron en Lo Curro, ya no parecían capaces de sostener un debate acerca de su estrategia común, sino solo una lucha por el poder.

El debate en Lo Curro se centró en dos cuestiones: una económica y otra política. El tema económico giraba en torno a si la Unidad Popular tenía que concentrarse en avanzar rápidamente hacia el socialismo ignorando los crecientes desequilibrios (como sostenían Vuskovic y los socialistas) o si la coalición debía regresar a las políticas ortodoxas que le permitieran estabilizar la economía «en un nivel superior» (como sostenían Allende y los comunistas). El debate político se enfocaba en si la Unidad Popular debía negociar un acuerdo con los democratacristianos acerca del tamaño, carácter y procedimientos de incorporación en relación con el área de propiedad social para poder así evitar una crisis constitucional y revertir el giro hacia la derecha del partido centrista, pero al costo de detener el avance hacia el socialismo (como abogaban Allende y los comunistas) o si debía abandonar la ilusión de una alianza con la clase media y dedicarse en cambio a preparar la inevitable confrontación con la contrarrevolución mediante el fortalecimiento de la alianza obrero-campesina de ortodoxia marxista-leninista (como insistían los socialistas de izquierda y sus aliados). Entre el debate más bien teológico de «avanzar consolidando» o de «consolidar avanzando» yacía una disputa sobre estrategias económicas, políticas y sociales diametralmente opuestas. Los crecientes trastornos económicos y sus costos políticos y las trayectorias parlamentarias de la mayoría de los líderes de la Unidad Popular configuraban el resultado. Al final, estaban demasiado comprometidos con el procedimiento democrático al que le habían consagrado su vida pública como para optar por la lucha armada. Allende y sus aliados comunistas prevalecieron en ambos debates, sacrificando a Vuskovic y su economía socialista en un esfuerzo desesperado por sostener la vía democrática.

El atractivo de la estrategia de Lo Curro era que parecía ofrecer una forma de consolidar avances importantes, desactivar la contrarrevolución y ganar tiempo para rectificar errores pasados y preparar progresos futuros en bases más firmes. Sin embargo, mucho dependía de la negociación de un acuerdo con la Democracia Cristiana. Sorprendentemente, dos semanas de negociaciones a fines de junio entre moderados de ambos lados produjeron un esbozo de acuerdo. La mayoría de los cambios estructurales promovidos por el Gobierno de Allende, incluyendo el área de propiedad social, serían sometidos a legislación, aunque algunas empresas socializadas serían sacrificadas y más de las que la Unidad Popular había previsto terminarían en el sector mixto. Como parte del paquete, se detendrían las tomas de propiedades y la «ultra izquierda», el MIR, sería neutralizada. Además, la futura incorporación de empresas al área de propiedad social requeriría de la aprobación del Congreso. La Unidad Popular consintió en dar a sus negociadores unos días más para resolver el destino de las cuatro empresas que quedaban afuera del acuerdo (a pesar de la oposición socialista), pero los democratacristianos —dominados por su ala derecha y presionados por la clase media y los Estados Unidos— se negaron, vetando el compromiso que estaba al alcance de sus manos y que habría evitado la crisis constitucional y la dictadura de Pinochet. En retrospectiva, la última oportunidad de revertir la dinámica que llevaría a la tragedia fue desperdiciada. El mes de junio de 1972 resultaría ser una encrucijada esencial. La hora de los moderados había pasado y había comenzado el tiempo de los extremos.

Incluso en el momento en que los socialistas y sus aliados estaban perdiendo la batalla por la estrategia revolucionaria en Lo Curro, ya estaban preparando su posición: la radicalización de la revolución desde abajo. En junio, trabajadores del cinturón industrial Cerrillos, en la periferia de Santiago, formaron un primer «cordón industrial» que unió a los trabajadores de todas las fábricas de la zona en una organización territorial que trascendía las líneas de los sindicatos chilenos y el control de la «reformista» directiva nacional sindical (CUT), dominada por los comunistas. La razón de la formación del Cordón Cerrillos —apoyar las tomas y socializaciones de fábricas demasiado pequeñas para estar en la lista de empresas a ser estatizadas por el Gobierno de Allende, pero cuyos trabajadores combativos apoyaban fuertemente la llegada de la revolución a sus lugares de trabajo —señaló otra radicalización de la revolución chilena desde abajo, que no aceptaba ser limitada por las promesas de Allende o la legislación aprobada por un Congreso «burgués».

Un mes después, trabajadores del Cordón Cerrillos participaron en la primera «asamblea del pueblo» organizada por los socialistas y el MIR en la sureña ciudad de Concepción, donde ambos contaban con su más fuerte apoyo. Esta reunión de trabajadores, campesinos y pobladores ejemplificaba la alianza social revolucionaria que los socialistas y el MIR oponían a la alianza «reformista» con la clase media fomentada por Allende y los comunistas que había sido ratificada en Lo Curro. Como es lógico, refrendaba la estrategia socialista revolucionaria que el liderazgo de la Unidad Popular había rechazado y exigía la creación del «poder popular». La revolución desde arriba y la revolución desde abajo iban camino al enfrentamiento.

También en julio de 1972, Pedro Vuskovic, desde su nueva posición como jefe de la CORFO y, por lo tanto, del área de propiedad social, señaló que usaría ese puesto para continuar el avance hacia el socialismo llevando el sector estatizado de la economía a un nivel más alto. Aquí, el evento simbólico fue el Encuentro Textil, que reunió a los trabajadores y los representantes gubernamentales de las empresas socializadas del sector textil para evaluar el estado del socialismo en su sector y trazar los próximos pasos a seguir. En la reunión hubo francas críticas a la burocracia estatal y la participación obrera imperfecta, así como, en general, una evaluación optimista del socialismo y la cogestión en ese sector de vanguardia. En una emocionante atmósfera de demandas de los trabajadores por una participación en la toma de decisiones a alto nivel, Vuskovic acordó integrar la participación obrera en la planificación de los más altos niveles de CORFO. Los acuerdos del Encuentro Textil fueron vistos como un modelo que sería extendido a otros sectores del área de propiedad social, llevando la vía chilena de democracia económica de la fábrica y la producción a la planificación y la toma de decisiones a nivel nacional, y asegurando un socialismo chileno único, con participación obrera en todos los niveles.

El cambio a una estrategia extra parlamentaria por parte de la izquierda revolucionaria fue igualado por uno similar, pero diferente, por parte de la derecha contrarrevolucionaria. Aunque los moderados de ambos lados habían hablado de continuar las negociaciones para llegar a un compromiso en el Congreso, estas nunca prosperaron. En cambio, la dominante ala derecha de la Democracia Cristiana impulsó al partido a una alianza más estrecha con la derecha y a una posición de mayor confrontación con el Gobierno de Allende. Cada vez más, la batalla por Chile salía de los salones del Congreso y se instalaba en las calles, mercados y lugares de trabajo. Ya para agosto, las brigadas paramilitares derechistas bloqueaban el tráfico con barricadas ardientes y protagonizaban batallas campales con grupos de jóvenes izquierdistas en el centro de Santiago, mientras grupos estudiantiles de democratacristianos buscaban mártires en enfrentamientos con la policía durante manifestaciones contra políticas educacionales juzgadas perjudiciales para las escuelas privadas. La vía democrática al socialismo estaba bloqueada y la lucha del Gobierno de Allende por la supervivencia había comenzado.

La lucha por la supervivencia

Con la esperanza de lograr un acuerdo negociado con la Democracia Cristiana desvaneciéndose y su vía chilena bloqueada, el Gobierno de Allende siguió adelante lo mejor posible. Mientras la inflación continuaba acelerándose y el desabastecimiento de productos de consumo se multiplicaba,la Administración intentó controlar los trastornos económicos que afectaban a los consumidores chilenos. Su solución fue movilizar a sus partidarios contra la especulación y acaparamiento que, según la Unidad Popular, eran los culpables de la inflación y el desabastecimiento, y asegurar «al pueblo» una canasta de productos básicos a un precio controlado. Típico de la revolución chilena, tomó una institución preexistente de regulación del consumo —la DIRINCO — y le dio un nuevo tinte revolucionario creando las Juntas de Abastecimiento y Precios (JAP) en barrios a través de todo el país. Los comerciantes locales que se unían a las JAP y acordaban vender bienes de consumo a un precio controlado, que era mucho menor a su valor de mercado, serían abastecidos por el sector estatal de la economía; los que no lo hicieran serían clausurados y demandados. Los residentes locales fueron motivados a patrullar los mercados y tiendas del barrio e identificar a los estraperlistas y acaparadores1.

La otra función de las JAP era asegurar a los consumidores una canasta básica. De Esto era racionamiento, pero como en Chile esa palabra estaba asociada a los resultados negativos de la Revolución cubana, Allende titubeaba en usarla. Con el nombre que fuera, las JAP no lograron contener la inflación, detener el acaparamiento ni controlar el mercado negro, pero si lograron asegurar a la mayoría de los chilenos una canasta básica de comestibles y otros bienes de consumo a un precio que podían pagar, aunque la calidad era desigual, los contenidos variaban y los consumidores tenían que hacer largas filas para obtenerla. A través de las JAP, el Gobierno de Allende protegía a sus partidarios de las peores consecuencias de los trastornos económicos. Como las JAP fueron politizadas por la oposición, que etiquetó su función de racionamiento comunista, sus partidarios a menudo se negaban a unirse a ellas o, incluso, a recibir una canasta. Esto convirtió a la clase media democratacristiana en uno de los estamentos más golpeados por la inflación y el desabastecimiento y, sin embargo, ese era precisamente el sector social que la estrategia de la Unidad Popular buscaba atraer.

El Gobierno de Allende puede haber mitigado el impacto de los crecientes trastornos económicos en sus partidarios, ampliado marginalmente la área de propiedad social y encontrado mercados alternativos para el cobre chileno en el bloque de países socialistas cuando las compañías de cobre de Estados Unidos interfirieron con sus ventas en Europa occidental, pero fue incapaz de estabilizar la economía o la moneda chilena o lograr un nuevo avance revolucionario. También fue incapaz de calmar los conflictos de clase que estaban destrozando la sociedad chilena o la polarización política que estaba socavando la alabada democracia del país. A fines de agosto y comienzos de septiembre, se intensificaron las peleas callejeras y hubo renovadas manifestaciones estudiantiles y amenazas de huelga de los gremios opositores de clase media, como los taxistas y los propietarios de autobuses. El 4 de septiembre, cientos de miles marcharon para demostrar su continuo apoyo a Allende y la vía chilena, pero la Unidad Popular comenzó a advertir acerca del «Plan Septiembre», de la oposición y la CIA. Se equivocaron por un mes: la ofensiva contrarrevolucionaria se llevaría a cabo en octubre.

El 8 de ese mes, los propietarios de camiones de la austral provincia de Aysén dejaron de trabajar para protestar contra los planes del Gobierno de crear una empresa estatal de camiones que competiría con ellos en esta provincia que tenía un mal servicio. A fines de 1972, los paros y protestas laborales localizados eran de ocurrencia diaria en Chile, y un paro y protesta en una parte aislada y poco poblada de Chile no debería haber sido noticia de primera plana. Lo diferente en este caso fue que la asociación de dueños de camiones llamó a un paro nacional en solidaridad con los camioneros de Aysén, lo que paralizó la mayor parte del transporte por carreteras en el país. Además, en la semana siguiente —como si se hubiera planeado de antemano— otras asociaciones empresariales —desde los manufactureros a los comerciantes minoristas, de los constructores a los dueños de taxis— se unieron a lo que la prensa llamaba «el Paro de Octubre», al que pronto se adherirían asociaciones profesionales de clase media, como los médicos y los ingenieros. De hecho, era más un paro patronal que una huelga, con el cierre de fábricas y tiendas a pesar del deseo de sus trabajadores de seguir produciendo y distribuyendo bienes y servicios. Durante los días siguientes, aumentó la violencia, con brigadas de choque derechistas actuando para imponer el paro y atacando negocios que no adherían a él; los camiones que trabajaban eran atacados y sus conductores baleados, y una fábrica en el sur fue quemada.

Finalmente, el 21 de octubre, el propósito político subyacente del paro «económico» fue revelado en el llamado «Pliego de Chile» que, además de las demandas específicas de cada asociación empresarial, exigía que el Gobierno llamara a un plebiscito acerca del área de propiedad social dentro de cuarenta y ocho horas, dejara de usar las JAP para controlar los precios y el mercado negro, y accediera a las demandas de los partidos de oposición en relación con los bancos, la reforma agraria y los medios de comunicación. También exigía que Allende firmara la ley de armas aprobada por el Congreso, que le otorgaba a las Fuerzas Armadas el derecho a buscar armas ilegales sin una orden de los tribunales y basándose en denuncias anónimas. De hecho, exigía la revocación de la revolución chilena. La contrarrevolución sobre la que la Unidad Popular había advertido durante tanto tiempo estaba en marcha. Era una huelga para gobernar.

En realidad, la contrarrevolución se había estado preparando hacía tiempo. Le había tomado un año recuperarse de la debacle del asesinato de Schneider, pero las conspiraciones nunca se habían detenido, comenzando con las de los Estados Unidos. El 6 de noviembre de 1970, tres días después de la toma de posesión de Allende como presidente de Chile —una elección y una investidura que el Gobierno de Nixon había hecho todo lo posible por impedir— el Consejo Nacional de Seguridad de EE.UU. se reunió para decidir la política que tendría el país hacia el nuevo Gobierno chileno. El día anterior, Henry Kissinger —el consejero de seguridad de Nixon y su gurú en relaciones exteriores— escribió al presidente un memorando secreto en el que enfatizaba que «la elección de Allende nos plantea uno de los desafíos más serios que jamás hayamos enfrentado en el hemisferio» y agregaba que la decisión sobre qué hacer respecto a Chile sería «la más histórica y difícil decisión de relaciones exteriores que tendrá que tomar este año». Aunque en público Kissinger sostenía que la preocupación de los Estados Unidos era que Allende convirtiera a Chile en una dictadura totalitaria, como la Cuba de Castro, donde su elección habría sido la última efectuada en el país, el verdadero temor de Kissinger era lo contrario: que Allende mantuviera su palabra y liderara exitosamente una vía democrática hacia el socialismo. Kissinger advirtió a Nixon sobre el «insidioso» «efecto del modelo» de la vía chilena, citando a Italia como caso de un país donde «el ejemplo de un gobierno marxista exitosamente elegido […] seguramente tendría un impacto», pero invocando, en forma general, un panorama de pesadilla para los Estados Unidos en que «la propagación imitativa de fenómenos similares en otras partes afectaría, a su vez, significativamente el equilibrio mundial y nuestra propia posición en él». Alertando a Nixon de la preferencia del Departamento de Estado por desarrollar un modus vivendi con el Gobierno democráticamente elegido de Allende, Kissinger urgía al presidente de los Estados Unidos a optar por una política artera de corrección formal que, en cambio, ocultaría una guerra encubierta.

El 6 de noviembre de 1970, solo tres días después de la toma del mando de Allende y antes de que su Gobierno hubiera llevado a cabo ninguna acción en contra de los intereses de los Estados Unidos que pudiera considerarse hostil, Kissinger llamó a una reunión secreta del Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos que rechazó tanto la búsqueda de «un modus vivendi con el gobierno de Allende» como lo que se consideraba una contraproducente política de hostilidad abierta, y se decidió más bien «adoptar una política que de hecho es hostil, pero no en forma abierta». Estados Unidos mantendría una «postura pública tranquila y correcta» hacia el Gobierno de Allende, mientras —en forma encubierta— seguiría el consejo de Kissinger de «crear presiones, explotar debilidades, magnificar obstáculos para causar, por lo menos, su fracaso u obligarlo a modificar sus políticas y, como máximo, llevarlo a situaciones en que su colapso o derrocamiento fuera factible más adelante».

En la práctica, esto significaba un «bloqueo invisible» de los Estados Unidos calculado para hacer «chillar la economía» —una política encubierta y una operación de los medios de comunicación dedicada a «desestabilizar» la democracia en Chile y una operación oculta al interior de las Fuerzas Armadas con el fin de superar su neutralidad constitucional y empujarlas hacia una intervención política. Juntas, estas medidas se sumaban a una guerra secreta contra el Gobierno que pretendía asegurar el fracaso de su vía democrática al socialismo y crear las condiciones de su salida mediante una acusación legal del Congreso o un golpe militar —de hecho, era una repetición de la operación encubierta en dos partes que intentó impedir la investidura de Allende—.

Significativamente, esta guerra encubierta comenzó un año antes de que Allende decidiera no compensar a las compañías de cobre estadounidenses por la expropiación de las minas de cobre chilenas. Dicha decisión, justificada por deducciones de exceso de ganancias y costos de limpieza —que llegó a ser conocida como la Doctrina Allende— agregó otra razón pública y privada para la ofensiva de Estados Unidos, particularmente en una región y en una época en que otras naciones —como Venezuela, rica en petróleo— miraban a Chile como ejemplo para retomar el control nacional de los recursos naturales. Esto también agregó nuevos «guerreros empresariales» y «armas» a ser usados en la estrategia de los Estados Unidos. Tras esta decisión, las empresas de cobre estadounidenses interpusieron una demanda en las Cortes europeas exigiendo la posesión de los embarques de cobre chileno, afirmando que habían salido de su propiedad «confiscada». Independientemente del resultado judicial, esas demandas desanimaban a los compradores potenciales y exacerbaban una crisis de divisas que ya era seria debido al «bloqueo financiero invisible» de los Estados Unidos.

Lo que los críticos llamaban «bloqueo invisible» del crédito, el comercio y la inversión se basaba en la dependencia financiera y económica de Chile en los Estados Unidos. En 1970, los negocios estadounidenses controlaban dos tercios de los
USD 1600 millones de inversión extranjera en Chile. La mayor parte de dichas inversiones estaba en la industria del cobre, que sumaba el 80 % de las ganancias chilenas atribuibles a la exportación, de las cuales dos tercios eran generados por dos minas gigantescas explotadas por Estados Unidos. La «chilenización» de estas minas que Frei había comenzado dejó la mitad de la propiedad en manos de Chile —pero no su control—. Por lo demás, esa operación fue financiada por préstamos de los Estados Unidos. Eso constituía la mayor parte de los USD 1000 millones de dólares que Chile debía a los bancos estadounidenses en 1970. Además, de esos préstamos a largo plazo, la economía chilena dependía de unos USD trescientos millones en líneas de crédito de bancos estadounidenses establecidas para financiar las necesarias importaciones de maquinaria, repuestos y materias primas. Durante los años de Allende, señales de las agencias gubernamentales de los Estados Unidos —como el Export-Import Bank — indicando que Chile no era digno de crédito llevó a la reducción 90 % de dichas líneas. La presión del Gobierno de los Estados Unidos también acabó con la asistencia multilateral de instituciones ostensiblemente apolíticas como el Banco Mundial y el Banco Interamericano del Desarrollo (BID). También, la ayuda bilateral de los Estados Unidos prácticamente desapareció, con la significativa excepción de la asistencia militar, que se vio doblada mientras las ventas de armas se triplicaban. Kissinger escribió a Nixon: «Estamos manteniendo nuestra misión militar en base a «todo igual que siempre con el fin de mantener contactos máximos con los militares chilenos». Estos «contactos» incluían la divulgación de «propaganda negra» entre los oficiales, acusando falsamente a Allende de dar secretos militares chilenos a Cuba y diciéndole al general Augusto Pinochet que, si alguna vez se decidía a liderar un golpe militar contra Allende, Washington lo apoyaría.

La guerra encubierta contra Allende fue uno de los diversos factores importantes que llevaron al fracaso de la vía chilena y al golpe militar. El surgimiento de una contrarrevolución chilena, que esa guerra promovía, fue otro.

La élite chilena puede haberse beneficiado del financiamiento y los consejos de los Estados Unidos, pero no necesitaba a los agentes de la CIA para que le dijeran como socavar a Allende y bloquear su vía democrática al socialismo. Habían llevado a cabo campañas similares contra las reformas del Frente Popular en la década de 1930 y la “revolución en libertad” de los democratacristianos, en los años de 1960. En ambas campañas, el sector más aristocrático y tradicional de la élite chilena
—los terratenientes y su Sociedad Nacional de Agricultura (SNA)— había asumido el liderazgo. Lo mismo ocurriría en 1970. Pero en las circunstancias más difíciles y peligrosas de los setenta, cuando la amenaza no era solo de una reforma agraria, sino también de una revolución socialista, con la Unidad Popular peligrosamente cerca, en 1971, de una mayoría electoral que pudiera legislar dicha transformación, una coalición de élite no era suficiente. Como la de la Unidad Popular, pero al otro lado del espectro político, su estrategia se enfocaba en la clase media, el grupo oscilante de la política chilena. Lo que se necesitaba era una campaña que atrajera a la clase media hacia una alianza crecientemente contrarrevolucionaria. Su solución era conformarla como una amplia «defensa de la propiedad privada» que utilizaría la política de expropiación de grandes fundos y la nacionalización de los bancos, industrias y empresas comerciales más grandes de Chile y las vincularía a los temores de los dueños de pequeñas propiedades y pequeños negocios, sugiriendo que ellos serían los próximos —a pesar de que el Gobierno aseguraba lo contrario— y utilizando la revolución desde abajo como catalizador de las ansiedades de los pequeños burgueses.

El instrumento que crearon para este propósito fue el Frente Nacional de la Actividad Privada (FRENAP). Normalmente, la élite chilena mantenía un bajo perfil político y permitía que los profesionales, que lideraban los partidos derechistas, hablaran por ella. Lo que subrayó la seriedad con que consideraban el desafío de la Unidad Popular, fue el hecho de que la élite económica, mediante una de sus organizaciones, la Confederación de la Producción y del Comercio, dirigiera la contrarrevolución y planeara y organizara la alianza con grupos de la clase media (pequeño-burguesa) a través del FRENAP. Significativamente, fueron los gremios, los grupos de intereses económicos capitalistas y no los partidos políticos que los representaban quienes asumieron el liderazgo del Paro de Octubre, con la élite dirigiéndola tras bambalinas. Los numerosos gremios pequeño-burgueses, como la Confederación del Comercio Detallista y Turismo de Chile dirigida por el democratacristiano Rafael Cumsille, suministraron el liderazgo visible, las tropas de choque y los mártires, dando así una mayor legitimidad a lo que, de otra forma, podría haber sido visto como la defensa egoísta de la élite de sus estrechos intereses particulares.

Tomado en conjunto, el Paro de Octubre se sumó a una fuerte ofensiva contrarrevolucionaria, cuyo objetivo inmediato era detener el avance revolucionario y demoler la economía más allá de toda reparación, pero su objetivo último era derrocar a Allende y revertir su vía democrática al socialismo. No era el primer ataque contrarrevolucionario para enfrentar al Gobierno de la Unidad Popular. Este había hecho frente —y derrotado— varias conspiraciones militares durante sus primeros dos años. Pero la escala y magnitud del Paro de Octubre —y la participación de la sociedad civil— representaba un salto mayúsculo para la contrarrevolución y, hasta ese momento, el desafío más serio para la revolución chilena.

El paro forzó a la Unidad Popular a superar sus divisiones internas, posponer reformas promisorias, movilizar los recursos que le quedaban y soltar la revolución desde abajo para poder contener la amenaza contrarrevolucionaria. Desde el comienzo, el Gobierno basó su defensa en tres pilares: el Ejecutivo, las Fuerzas Armadas y la clase trabajadora organizada. Usando los poderes de emergencia que le otorgaba la Constitución, el Gobierno de Allende se apropió de medios de comunicación, requisó camiones y arrestó a los huelguistas que bloqueaban los caminos. Al declarar el estado de emergencia en las provincias afectadas, Allende pudo involucrar a las Fuerzas Armadas en la restauración del orden. Desde el comienzo, la CUT jugó un papel muy importante al movilizar a la clase obrera en apoyo de los esfuerzos gubernamentales para mantener la producción y la distribución de los bienes esenciales, que se veían seriamente amenazados por la huelga de los propietarios de camiones.

Pero la revolución desde arriba permaneció a la defensiva, siempre un pasó detrás de sus antagonistas, esquivando los golpes de la oposición, pero incapaz de contener la extensión del paro o movilizar una contraofensiva que pudiera transformar la crisis en un avance revolucionario. Fue la revolución desde abajo la que llenó la brecha, interpretando el llamado a vigilancia de la CUT como licencia para la acción directa. Frente a los enormes obstáculos, las fábricas del área de propiedad social mantuvieron sus niveles de producción mientras organizaban su propia defensa contra ataques paramilitares derechistas. También movilizaron recursos humanos, transporte y otros medios en el esfuerzo nacional por derrotar el «paro de los patrones». Dentro de un contexto de conflicto de clase manifiesto, incluso los obreros democratacristianos dejaron de lado la política y se unieron al esfuerzo conjunto. Además, cuando los servicios gubernamentales no podían asegurar la defensa de un vecindario ni la distribución directa de los bienes y servicios esenciales, los trabajadores y sus organizaciones de base asumieron esas responsabilidades.

Las más importantes entre estas organizaciones de base eran los numerosos cordones industriales, organizaciones territoriales que unieron a los obreros de diversas fábricas y orígenes y generaron los recursos y el dinamismo necesarios para detener la ofensiva contrarrevolucionaria y transformarla en una oportunidad para el avance revolucionario. Los cordones organizaron las tomas de las empresas del sector privado en que los trabajadores habían sufrido un paro patronal o donde la producción y la distribución había sido saboteada. También incorporaron trabajadores en plantas y tiendas que eran muy pequeñas para ser legalmente sindicalizadas por la CUT o incorporadas al área de propiedad social. Con la unión de los trabajadores de diferentes sectores, oficios, estatus y políticas, los cordones fueron capaces de superar —a nivel de bases— las limitaciones que el Código del Trabajo había impuesto a la autorganización de los trabajadores. En el fondo, representaban la exitosa respuesta de la clase obrera chilena a la «huelga burguesa».

Ex-Yarur fue un buen ejemplo. Dentro de la fábrica, los trabajadores convertidos en gerentes hicieron que la detención del «paro de los patrones» fuera una prioridad. La producción y distribución de telas e hilos se mantuvo en un alto nivel, a pesar de la escasez de aportes y el préstamo de Ex-Yarur de camiones y choferes al Ministerio de Economía para el esfuerzo nacional de mantener el suministro de los bienes necesarios. Además, Ex-Yarur transformó su maestranza para que pudiera ensamblar camiones, puso su garaje a disposición del mantenimiento de vehículos requisados y ofreció sus terrenos protegidos como estacionamiento seguro para los camiones gubernamentales. Los trabajadores de Ex-Yarur también votaron para borrar de la lista de clientes a los comerciantes en huelga y distribuir las cuotas de los productos de la fábrica directamente a los pobladores y campesinos organizados. Los trabajadores de Ex-Yarur no solo trabajaban horas extra en su propia fábrica, sino que también pasaban sus horas libres y los fines de semana cargando y descargando mercaderías en la cercana Estación Central de ferrocarriles, un eslabón clave del plan del Gobierno para mantener la economía funcionando y el suministro, a nivel nacional, de los bienes de consumo necesarios.

Pero los trabajadores de Ex-Yarur también fueron más allá de las acciones económicas. En respuesta al Paro de Octubre, que quemó Caupolicán Chiguayante, su fábrica hermana en el sur, Ex-Yarur formó brigadas de autodefensa. No tenían armas, pero a mediados de octubre mil trabajadores «armados» con palos derrotaron un intento de asalto derechista en la fábrica de Santiago. También ayudaron a defender el vecindario cercano, repeliendo un violento ataque a un local del Comité de la Unidad Popular. Por primera vez, los trabajadores de Ex-Yarur extendieron su radio de acción —y sus recursos— a los trabajadores y residentes de los barrios cercanos. Tuvieron un papel muy importante en la fundación de un cordón industrial local, el Cordón O’Higgins, en el que Ex-Yarur era la empresa más grande y la que contaba con mayores recursos. Dentro del contexto del cordón y del Paro de Octubre, los trabajadores de Ex-Yarur tuvieron un papel importante en la toma y reapertura, bajo un sistema de autogestión de varias empresas locales cuyos dueños habían cerrado —dejando fuera a sus trabajadores— y se habían adherido a la huelga. Estas incluían el gran garaje industrial Salinas y Fabres, que era uno de los pocos garajes industriales de Santiago que tenía la capacidad de reparar camiones saboteados y otros vehículos que eran clave en el mantenimiento de las redes nacionales de distribución frente a la huelga del transporte. Además, dentro del extenso «territorio» del Cordón O’Higgins, Ex-Yarur coordinó la distribución de bienes de consumo esenciales con las tiendas y residentes, y ayudó a defender el vecindario de los ataques paramilitares derechistas.

La historia fue similar a través de todo Chile, a medida que la revolución desde abajo libró batalla para llevar el Paro de Octubre a un punto muerto. Incluso, a nivel local, convirtió el conflicto en una oportunidad para avances revolucionarios. Lo que quedaba por verse era si, a nivel nacional, Allende y los líderes de la Unidad Popular se pondrían a la cabeza de la emergente revolución desde abajo y la usarían para forzar un avance revolucionario, como exitosas revoluciones pasadas habían hecho en circunstancias comparables. Sin embargo, a fines de octubre, esa era solo una de las opciones abiertas ante Allende y no la que estaba más inclinado a adoptar.

Con los grupos de intereses económicos liderando la confrontación con el Gobierno, los partidos políticos de la derecha y el centro se apresuraron en ponerse al día, preocupándose —privadamente— sobre la pérdida de control de su propia base social. Esto era particularmente cierto para la Democracia Cristiana, que era aliada táctica de la derecha, pero que tenía su propia visión estratégica. Para la derecha chilena, incluyendo el Partido Nacional, la tarea del Paro de Octubre era crear las condiciones para un golpe militar inmediato; para los democratacristianos, la meta era crear tal caos que la oposición pudiera ganar más de dos tercios del Congreso en las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, lo que le permitiría acusar a Allende.

Sin embargo, la diferencia de visión estratégica entre sus oponentes le dio a Allende la apertura que necesitaba para negociar. Por parte de la Unidad Popular, también había divisiones sobre la estrategia. La revolución desde abajo había salvado a su Gobierno, pero la visión original de Allende de una vía democrática al socialismo parecía irremediablemente bloqueada y la revolución desde arriba parecía exhausta y ya no le quedaba creatividad ni recursos para hacer cualquier cosa que no fuera reenfocarse en las elecciones parlamentarias y esperar retomar las negociaciones con la Democracia Cristiana, desde una posición más débil que la que ocupaba antes.

Al mismo tiempo, la revolución desde abajo estaba surgiendo. Había bloqueado la ofensiva contrarrevolucionaria y expandido tanto su base social como geográfica, como se vio en la proliferación de cordones industriales y empresas tomadas y autogestionadas por los trabajadores. En el proceso, muchos más trabajadores industriales se habían radicalizado, incluso los trabajadores democratacristianos habían respondido a lo que se veía como un conflicto de clase. Los cordones también habían ampliado su papel, asumiendo la defensa de sus territorios, sus residencias y servicios, así como de sus fábricas. La afirmación de los cordones de «crear poder popular» ya no parecía una hipérbole ideológica y resonaba con llamados socialistas para que el Gobierno armara al pueblo y le otorgara poder con el fin de prepararse para la confrontación militar final con la contrarrevolución, que ahora el ala izquierda de la Unidad Popular, así como el MIR, consideraban inevitable. Algunos socialistas incluso proyectaban cordones armados como futuros «soviets» de la revolución chilena.

Como en el pasado, la división dentro de la Unidad Popular fue, al mismo tiempo, una división sobre tácticas políticas y estrategia revolucionaria. Su ala izquierda «revolucionaria», liderada por los socialistas, urgía a Allende a olvidar su bloqueada vía chilena y la ilusoria alianza con la clase media y a situarse a la cabeza del poder emergente desde abajo para forzar un avance revolucionario basado en una alianza de clase de trabajadores, campesinos y pobladores. Por otra parte, el ala más moderada de la coalición de Allende, liderada por los comunistas, estaba a favor de un acuerdo negociado con la Democracia Cristiana que pusiera fin al Paro de Octubre y regresara el conflicto político a la conocida arena electoral.

La propia preferencia de Allende por soluciones constitucionales, un cambio controlado y políticas electorales, también sugería un compromiso político. Es posible que la economía chilena estuviera en ruinas, que el conflicto de clases se manifestara en las calles y que la política se encontrara polarizada más allá de cualquier solución, pero Allende no era capaz de transformarse en el «Lenin de los Andes» y dar vuelta la espalda al trabajo de toda su vida.

Allende también fue influido por su comandante militar, el general Carlos Prats, que no creía en el poder del «pueblo armado» y tenía fe en el suyo para controlar a las Fuerzas Armadas. Prats estuvo de acuerdo en traer a sus cuatro jefes al gabinete para poner fin al Paro de Octubre, oficiando como ministro del Interior y vicepresidente. Asimismo, persuadió a Allende de que firmara la ley de armas. Ambas decisiones probarían ser funestas, pues habrían pavimentado el camino para un golpe militar en el año que se avecinaba.

No está claro que el hecho de adoptar la estrategia alternativa hubiera conducido a un avance revolucionario. Bien pudo haber llevado a un golpe más temprano y a una masacre aún más sangrienta. Pero lo que en retrospectiva sí es evidente es que la elección de Allende de abandonar la revolución desde abajo y mantener su vía democrática condenó a la revolución chilena a la derrota.

Sin embargo, en su momento, pareció una decisión hábil, típica de la capacidad de Allende para manipular el sistema político chileno. Prats negoció un rápido término al Paro de Octubre, aislando a la derecha y terminando con sus esperanzas de provocar un golpe militar inmediato. En efecto, Allende también desinfló el ala izquierda de su propio movimiento. Los cordones industriales se quedaron con las empresas que se habían tomado —a pesar de las promesas del Gobierno de regresarlas a sus antiguos dueños— pero fueron incapaces de transformar sus avances en una brecha revolucionaria o a sí mismos en «soviets» chilenos.

En cambio, la movilización de los trabajadores chilenos para combatir el «paro de los patrones» se transformó en una campaña electoral partidista —las elecciones parlamentarias de mitad del período gubernamental programadas para marzo de 1973—. Era la política de costumbre, pero bajo circunstancias cada vez más desesperadas. Aunque el Gobierno pudo aprovechar el respiro para encontrar divisas extranjeras, nunca fue capaz de reparar totalmente el daño económico del Paro de Octubre, y la inflación se aceleró hasta alcanzar tres dígitos al mismo tiempo que el aumento del desabastecimiento se hizo crónico y agudo. Además, el regreso a la política partidista reafirmó la identidad política de los trabajadores democratacristianos que se habían unido a los trabajadores de la Unidad Popular para detener el «paro de los patrones», privando a la revolución de la oportunidad de ganarse su lealtad. En estas difíciles circunstancias, la oposición esperaba ganar los dos tercios del Congreso; por eso habían aceptado la tregua electoral de Allende.

Sin embargo, cuando se contaron los votos, quedó claro que un número inesperadamente grande de chilenos todavía se identificaba con la Unidad Popular y su revolución chilena. La centro-derecha había ganado una clara mayoría de los votos, el 54 %, contra el 44 % de la Unidad Popular. Pero la sorpresivamente fuerte actuación de la izquierda le dio más asientos en el Congreso que antes, la oposición quedó bastante lejos del 70 % que necesitaba para acusar a Allende, y ya no habría más elecciones nacionales hasta el final de los tres años que quedaban del período presidencial. En el fondo, las elecciones de marzo de 1973 demostraron que Chile estaba dividido por la mitad respecto a la revolución y que, incluso bajo circunstancias tan desfavorables, la izquierda era la fuerza política más poderosa, que requería de una alianza de la derecha con el centro para ser derrotada. Además, argumentaban los jubilosos izquierdistas, si los resultados podían ser tan favorables para la Unidad Popular en un contexto tan adverso, y este podía mejorar durante los próximos tres años, tal vez todavía podrían reunir una mayoría para el socialismo hacia el final del período gubernamental de Allende.

La oposición compartía el impacto por los resultados y este análisis, pero sacaba conclusiones diferentes; se daba cuenta de que había un empate civil en Chile y de que sería imposible derrocar a Allende en forma legal. Como esa había sido la estrategia democratacristiana, el partido del centro fue el más inmediatamente afectado por su fracaso. Un mes después, los democratacristianos se deshicieron de su directiva moderada —que se oponía al golpe militar— y la reemplazaron por un equipo pro golpe liderado por el senador Patricio Aylwin. Unas pocas semanas después, los líderes laborales gremialistas con vínculos secretos con la CIA, llevaron a cabo una huelga —en su mayoría de empleados administrativos— en la gigantesca mina de cobre El Teniente, que redujo su producción, dividió a los obreros y avergonzó al Gobierno. Cuando los trabajadores democratacristianos se unieron, sus representantes parlamentarios la refrendaron y las mujeres de élite abrazaron a las esposas de los mineros, quedó claro que se trataba de algo más que una disputa por reajustes de salarios de acuerdo a la inflación. La politizada disputa laboral fue finalmente resuelta y la huelga terminó en junio de 1973, pero el Gobierno de la Unidad Popular tenía poco tiempo antes de enfrentar su próximo desafío.

El 29 de junio, las tensiones políticas estallaron en un intento frustrado de golpe de la extrema derecha. Un regimiento acorazado, liderado por un oficial neofascista atacó de pronto el palacio presidencial y las principales oficinas de gobierno. El intento fue rápidamente reprimido por el general Prats y las tropas leales, que fueron dirigidas personalmente por dicho comandante de Ejército, aunque no antes de que hubiera veinte muertos y nueve heridos entre soldados rebeldes y leales. Esta «victoria» revolucionaria en la primera prueba armada con la contrarrevolución fue celebrada por los partidarios de la Unidad Popular con una masiva manifestación en el centro de Santiago que reflejó la movilización en fábricas, granjas y poblaciones de todo el país. Aún así, el «tancazo» fue el más perturbador de los muchos sucesos inquietantes que habían ocurrido desde que las elecciones de marzo habían subrayado el empate civil entre la revolución y la contrarrevolución. Igualmente perturbadora fue la negativa de la Democracia Cristiana de unirse y apoyar al Gobierno elegido y darle a Allende poderes de emergencia para que pudiera contrarrestar la amenaza neofascista a la democracia chilena —como la izquierda lo había hecho, en 1969, durante el gobierno de Frei con ocasión del comparable tancazo.

En su momento, el tancazo pareció un acto aislado de un oficial neofascista cuyos vínculos con el movimiento marginal de Patria y Libertad eran tan estrechos que, después del fracaso, los líderes del movimiento buscaron asilo político. También pareció una victoria del Gobierno de Allende, que demostraba la lealtad de las fuerzas armadas y el valor y capacidad del general Prats. En retrospectiva, fue la escena de apertura del violento acto final de la batalla por Chile, cuyo punto culminante sería el golpe militar del 11 de septiembre de 1973.

El tancazo fue una victoria pírrica para la revolución chilena. Es cierto que había derrotado la primera amenaza militar manifiesta de la contrarrevolución hacia el Gobierno con tropas leales lideradas por el comandante en jefe. También es cierto que los partidarios civiles de la revolución se habían movilizado masivamente en su defensa y que los cordones industriales y sus trabajadores habían aprovechado la ocasión de tomar el control de más empresas, de modo que ahora el sector socializado excedía las quinientas empresas, más de cinco veces el número de la lista oficial del área de propiedad social; un último avance revolucionario.

Pero el tancazo fue la rebelión de un oficial neofascista solitario que no era parte del grupo de generales y almirantes que complotaban contra Allende. Para ellos, sirvió como un sondeo militar que revelaba las fuerzas y la estrategia del enemigo, que debían ser neutralizadas antes del ataque mismo. El tancazo les dejó claro que el general Prats era el principal obstáculo dentro de las Fuerzas Armadas. Asimismo, subrayó que entre los partidarios civiles de Allende, la probable resistencia al golpe provendría de los trabajadores industriales y sus cordones, y de los comunistas, socialistas y el MIR y sus partidarios entre los pobladores, campesinos y estudiantes. Durante las semanas que siguieron, los conspiradores militares se dedicaron a debilitar esos pilares de defensa, a preparar a las Fuerzas Armadas para un golpe militar, a crear las condiciones políticas y económicas en Chile que justificarían un derrocamiento violento del Gobierno constitucionalmente elegido y a asegurar el éxito de la toma del poder por parte de los militares.

Para lograr sus objetivos, los conspiradores militares tenían instrumentos legales que podían emplear para preparar el derrocamiento ilegal del Gobierno. Uno era la ley de armas, que, como dijimos, daba a los comandantes militares locales el poder de enviar tropas —sin una orden judicial y sin mayor justificación que una denuncia anónima— en busca de supuestas armas ilegales. Durante julio y agosto de 1973, los militares usaron ese poder para allanar fábricas, granjas, universidades y poblaciones marginales, a menudo con violenta brutalidad. Encontraron pocas armas ilegales de importancia, pero probaron la reacción de la base social de Allende a los allanamientos y los comandos militares y acostumbraron a los soldados conscriptos —la mayoría de los cuales provenían de orígenes sociales similares a los de la gente que allanaban— a tratar a los chilenos como ellos con autoritaria brutalidad.

Los campesinos mapuches de Nicolás Ailío y las comunidades vecinas de la reforma agraria estuvieron entre sus víctimas. El 29 de agosto, una redada conjunta del Ejército y la Fuerza Aérea llegó sin previo aviso con helicópteros y camiones al Centro de Producción Jorge Fernández en busca de armas. Rompieron puertas, apresaron activistas y los golpearon y torturaron, colgando a algunos de los testículos y sumergiendo la cabeza de otros en agua séptica. Al día siguiente, llegaron a Nicolás Ailío y usaron tortura de choque eléctrico para «interrogar» a Hugo Ailío, de dieciséis años de edad. Un día después, allanaron el asentamiento Arnoldo Ríos buscando a su tío Heriberto, a quien acusaban de ser mirista e ideólogo. En ese momento, ninguna de esas cosas era un delito. Heriberto escapó solo porque otros miembros de la comunidad se negaron a identificarlo y sus camaradas lo ocultaron. Cuando se llevó a cabo el Golpe, los mapuches y otras comunidades campesinas de la zona ya estaban aterrorizados.

Para entonces, gran parte de Chile estaba bajo dominio militar. A fines de julio, los propietarios de camiones declararon un nuevo paro de transporte nacional, señalando una renovación del Paro de Octubre, pero en circunstancias mucho más peligrosas para la Unidad Popular. Esta vez, además de los cierres patronales, cierres de tiendas, paro de la labor profesional y resistencia a la confiscación gubernamental de los vehículos en huelga, hubo violencia generalizada que incluía tanto luchas callejeras, que fueron de los puños a las armas, ataques terroristas en partes claves de la infraestructura del país —oleoductos, puentes y cables eléctricos de alta tensión (que causaban terribles apagones)— como ataques contra las casas y familias de los líderes de izquierda. Allende se vio obligado a declarar el estado de emergencia en las provincias afectadas, lo que transfirió la autoridad al comandante militar local. Respecto a la huelga nacional de transporte, también nombró «interventores» militares en todas las provincias de Chile, primero bajo el mando del general Oscar Bonilla y luego del general Herman Brady; los dos serían figuras claves del golpe militar. En conjunto, los allanamientos legitimados por la ley de control de armas y la transferencia de la autoridad gubernamental a los interventores y comandantes militares se sumaron al «golpe sigiloso». El resultado fue que para el 11 de septiembre, la mayor parte de Chile ya estaba bajo mando militar y muchos chilenos ya habían sentido la represión y el abuso por los que más tarde el régimen de Pinochet se haría famoso.

Frente a esta ofensiva contrarrevolucionaria —al mismo tiempo abierta y encubierta— Allende siguió adelante lo mejor que pudo en una situación de opciones decrecientes y resultados que disminuían. En el consejo de guerra que siguió al tancazo, en que los líderes de la Unidad Popular y del Gobierno se reunieron para ver cuál sería su respuesta, el presidente fue cáustico en su desestimación de la propuesta de Carlos Altamirano, presidente del Partido Socialista, de «movilizar las masas»: «¿Cuántas masas equivalen a un tanque?», le replicó. El general Prats había salvado a Allende en el tancazo, y el presidente chileno confiaba en que su comandante lo salvaría en el futuro. Sin embargo, su error quedó en evidencia cuando Orlando Letelier, que reemplazó en su cargo a Prats, experimentó la evidente hostilidad con que lo recibieron los generales cuando se convirtió en ministro de Defensa y se dio cuenta de que los líderes de la Unidad Popular no tenían idea de lo que pasaba al interior de los cuerpos militares, salvo por lo que les decía el general Prats, y que no tenían ninguna otra estrategia más que confiar en él. El problema con esa estrategia no era que Prats no fuera de fiar, sino que él también había tenido el mismo exceso de confianza en su capacidad para controlar a las Fuerzas Armadas —sin importar cuáles fueran las circunstancias— que Allende tenía en la suya para manipular a los políticos civiles. Los consejeros de Allende lo exhortaron a usar la rebelión del tancazo como una oportunidad para desarticular la conspiración militar mediante la purga de sus líderes, pero Prats se opuso por considerarlo demasiado riesgoso y persuadió a Allende de que él podía controlar a los militares. Esta sería la última oportunidad de la Unidad Popular para impedir el golpe.

Pero Allende retomó las mismas políticas que habían funcionado y fracasado en el pasado. Como en 1972, intentó terminar con la versión de 1973 del Paro de Octubre llamando a los comandantes de las Fuerzas Armadas al Gobierno y nombrando a Prats ministro de Defensa. Esta vez no funcionó, ya que no había elecciones en el horizonte ni los gremios ni los partidos políticos de oposición estaban interesados en calmar la crisis. Al contrario, querían intensificarla hasta que Chile fuera ingobernable y ello provocara y justificara un golpe militar. Allende también continuó buscando un acuerdo con la Democracia Cristiana, a pesar de su negativa a otorgarle los poderes de emergencia cuando los había requerido debido a la rebelión militar de junio. A través de los buenos oficios del cardenal Raúl Silva Henríquez, Allende venció la aversión democratacristiana respecto de nuevas conversaciones, pero su diálogo a fines de julio con Patricio Aylwin, presidente de dicho partido, fracasó debido a su complicidad en el complot del golpe. En cambio, el 22 de agosto la Democracia Cristiana se unió al Partido Nacional en la Cámara de Diputados para declarar que el gobierno de Allende era inconstitucional e ilegal debido a sus acciones —la declaración que los conspiradores militares habían exigido para tener una tapadera política para el golpe—. Una semana más tarde, Radomiro Tomic publicaba una carta profética que comparaba a los líderes de Chile con personajes de una tragedia griega en la que «todos saben lo que va a ocurrir, pero cada cual hace precisamente lo necesario para que suceda la desgracia que pretenden evitar».

Después del «tancazo», la izquierda «revolucionaria» se dio cuenta de que necesitaba una estrategia militar y no solo una estrategia política. Sin embargo, sin el apoyo del Gobierno de Allende carecía de los recursos para crear un «pueblo armado». La otra opción era apelar a la gente que tenía armas, los soldados en el Ejército de conscripción que tenía Chile y, en general, a los partidarios de la izquierda en las Fuerzas Armadas. En una reunión de mediados de julio, con los líderes de los cordones industriales exigiendo que el Gobierno armara al pueblo, Carlos Altamirano, presidente de los socialistas, instó a los soldados, marineros, aviadores y policías a negarse a obedecer órdenes para derrocar al Gobierno o disparar contra la gente. También el MIR y los partidos de la Unidad Popular intentaron penetrar las Fuerzas Armadas para reunir inteligencia. Estas acciones permitieron que la derecha acusara a la izquierda de politizarlas y socavar la disciplina militar, una acusación que encontró eco en los muchos oficiales militares que eran —antes que nada— profesionales cuya lealtad primordial era con la institución. En la extrema polarización política de Chile era difícil para las Fuerzas Armadas permanecer neutrales. Su politización acelerada, a mediados de 1973, le abrió el camino al golpe militar.

Para agosto, solo el general Prats se interponía entre Chile y el golpe militar y la contrarrevolución. Ya con el tancazo, había demostrado que podía bloquear un golpe. Además, la estricta jerarquía prusiana del Ejército chileno significaba que solo su comandante en jefe podía liderarlo. En vista de ello, los conspiradores militares concentraron sus esfuerzos para conseguir la renuncia de Prats. Él había accedido a la petición de Allende y , junto con los otros comandantes en jefe, había integrado un nuevo «gabinete de seguridad nacional» con renuencia, sabiendo que sería impopular entre los oficiales y que socavaría aún más su capacidad de mantener al Ejército fuera de la política. En el acto final —como en la marcha inicial de las «cacerolas vacías»— la derecha recurrió a sus mujeres y a las políticas de género. Sus líderes hicieron que una mujer de apariencia, vestimenta y corte de pelo masculinos, pusiera su auto a la altura del auto de Prats y le gritara insultos. Pensando que era el comienzo de otro ataque terrorista, Prats salió del auto y empuñó su revolver de servicio solo para descubrir que le estaba apuntando a una mujer desarmada. No fue coincidencia que periodistas de derecha estuvieran allí para fotografiar y reportar el incidente. El avergonzado comandante fue ridiculizado y satirizado en los medios de comunicación derechistas, debilitando aún más su imagen pública y su prestigio.

Además, por primera vez, esposas de militares se convirtieron en protagonistas políticas públicas. El 21 de agosto, mujeres de oficiales de las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas protestaron fuera de la casa de Prats y le entregaron una carta a su esposa donde lo atacaban por colaborar con el Gobierno de Allende. Prats sabía que ello había sido orquestado por sus maridos y la derecha. Llamó a una reunión a sus generales y les pidió un voto de confianza. Pero cuando solo una pequeña minoría lo apoyó, Prats renunció como ministro de Defensa y comandante en jefe. Y él mismo le aconsejó al presidente que nombrara a su segundo al mando, el general Augusto Pinochet, como su sucesor, diciendo que era un «soldado entre soldados», apolítico, que tenía el respeto del cuerpo de oficiales y mantendría al Ejército neutral. Dieciocho días después, el Gobierno de Allende era derrocado por un violento golpe liderado por Pinochet.

A fines de agosto, con la violencia en aumento, con apagones frecuentes y torres de alta tensión que volaban por los aires, una delegación de jóvenes comunistas y socialistas se reunieron con Allende para instarlo a «darle duro a los fascistas». Allende los escuchó con creciente impaciencia. Finalmente, no pudo seguir conteniéndose. «Creen que yo no se lo que está pasando en Chile. Son ustedes los que no saben lo que está pasando. Creen que son los fascistas de Patria y Libertad los que hacen estallar las torres de alta tensión. ¡Se equivocan! ¡Es la Armada chilena la que las está volando!».

Allende sabía lo que estaba sucediendo. Estaba claro en su cara sobria y demacrada cuando saludó al medio millón de chilenos que desfilaron frente a él para el tercer aniversario de su elección, el 4 de septiembre de 1973, cantando: «¡Allende! ¡Allende! ¡El pueblo te defiende!». Fue la manifestación política más grande de la historia de Chile, pero eso ya no importaba. En la reunión de crisis final, incluso su propio partido le dio carta blanca para hacer cualquier trato que pudiera con la Democracia Cristiana. Para aminorar la crisis y crear una tregua electoral, como después del Paro de Octubre, estaba planeando llamar a un plebiscito sobre el conflicto constitucional como los democratacristianos habían exigido en junio. La noche del 10 de septiembre se reservó una cadena nacional para su discurso a la nación, pero a último minuto se pospuso por veinticuatro horas para resolver unos asuntos técnicos y porque los democratacristianos aún no habían respondido al plan de plebiscito de Allende. Esto probaría ser un último error fatal. La noche del 11 de septiembre sería demasiado tarde. Para entonces, Allende estaría muerto y un grupo muy diferente de personajes usaría la cadena nacional para dirigirse a los chilenos.

1 La DIRINCO, que supervisaba a las JAP, mantenía una operación eficiente, en parte porque estaba dirigida por un oficial de la Fuerza Aérea de simpatías socialistas, el general Alberto Bachelet, quien —después del golpe— pagaría con su vida su participación en el Gobierno de Allende. En 2006, su hija Michelle se convertiría en presidenta de Chile.

Capítulo 7

La contrarrevolución

El 11 de septiembre de 1973 era un día gris de finales del invierno en Chile. El golpe comenzó en la Armada al amanecer, en la costa. Despertaron a Allende y lo llevaron rápidamente desde su residencia, en las afueras de Santiago, a La Moneda, el palacio presidencial, ubicado en el centro de la ciudad y corazón simbólico de la democracia política chilena. Ya a las diez de la mañana, era claro que Allende se enfrentaba a una rebelión coordinada de las Fuerzas Armadas, aunque los siete generales de Carabineros de mayor antigüedad se retiraron antes de traicionar su juramento de lealtad. Para las once horas, la guardia de Carabineros ya había sido retirada de la casa de Gobierno, dejando su defensa a cargo del GAP, los «amigos» políticos de Allende que formaban su guardia personal.

Serían unas pocas docenas de guardaespaldas con armas pequeñas contra el Ejército y la Fuerza Aérea, provistos de tanques, aviones y miles de soldados —un combate desigual que Allende sabía que no podía ganar. Pero el presidente también sabía que si renunciaba y entregaba el poder político le conferiría legitimidad al régimen militar que vendría, mientras que con su resistencia y su muerte podría negársela . Con la AK-47 que Fidel Castro le había regalado —y que tenía la inscripción: «De Fidel a mi buen amigo Salvador, quien trata de alcanzar las mismas metas por medios diferentes»—, Allende se preparó para pelear por su revolución. En una ironía final, Salvador Allende, que había pasado su vida tratando de crear una vía pacífica al socialismo, sería recordado por morir defendiendo su revolución con un arma en la mano.

Pensando en el futuro, Allende también decidió, por última vez, dirigirse al país. Sería el discurso político más breve de su larga carrera, pero también el más conmovedor y el más recordado. Después de atacar a los líderes del golpe por traición y mendacidad, Allende se dirigió a su base de masas esencial: los trabajadores de Chile. «Ante estos hechos solo me cabe decir a los trabajadores: ¡no voy a renunciar!», les dijo, al tiempo que admitía que no podía detener el golpe: «Tienen la fuerza, podrán avasallarnos». Pero Allende conservó la confianza marxista en el futuro y en que era posible crear un mundo mejor: «No se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos». Como siempre, el presidente de Chile y el socialista revolucionario, insistió: «Tengo fe en Chile y su destino […] Mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!».

En la esquina, al otro lado del palacio presidencial, un grupo de partidarios de Allende, enviados a sus casas desde los edificios de oficinas gubernamentales que rodeaban la plaza de la Constitución, hablaba de la llegada del general Prats con tropas leales para derrotar esa rebelión, tal como lo había hecho hacía dos meses frente el «tancazo», el amotinamiento de un regimiento blindado. Cuando, poco antes de la diez, llegaron los tanques del Ejército y tomaron posición en las esquinas con sus torretas de espaldas a La Moneda, en lo que parecía una defensa, el gentío gritó con entusiasmo. Luego, lentamente, las torretas giraron y apuntaron sus cañones al palacio presidencial. La gente dio un grito ahogado. Poco después, la esquina se había convertido en una zona de guerra, con los tanques disparándole a La Moneda, y el GAP y algunos miembros de la Juventud Socialista respondiendo con pequeñas armas de fuego desde el interior del palacio presidencial o los edificios ubicados en los alrededores. La batalla por Santiago había comenzado. Sería un combate desigual cuyo resultado estaba claro desde el comienzo. Pero la defensa valerosa y suicida de La Moneda, contra toda probabilidad, transformaría a Allende de presidente socialista democrático en revolucionario y mártir republicano que llevaría su proyecto a un fin mítico y trágico.

De repente, hubo un período de calma en la batalla, mientras los militares trataban de convencer a Allende de que se rindiera, ofreciéndole, incluso, un avión para que saliera del país —aunque ahora sabemos que Pinochet le dijo a sus oficiales que se aseguraran de que «el avión se caiga […] cuando vaya volando» de modo que Allende nunca habría sobrevivido al salvoconducto que Pinochet cínicamente le ofrecía. Pero Allende a menudo había dicho que la única forma en que saldría de La Moneda sería con los pies por delante y, a esas alturas, ya había dado su respuesta definitiva a través de la radio: «Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo». Estaba calmo y lúcido —y listo para enfrentar su destino—.

En respuesta, cerca del mediodía, la Fuerza Aérea chilena bombardeó el palacio presidencial, incendiándolo. Entre las ruinas ardientes de La Moneda, Allende se despidió de sus compañeros más cercanos y los instó a rendirse. Luego, alrededor de la una y media, fue al Salón Independencia, que simbolizaba sus metas presidenciales y, tal como hizo José Balmaceda después de su derrota ante la oposición derechista —obtenida con ayuda extranjera en la guerra civil de 1891—, Allende giró el arma hacia su persona y privó a Pinochet de su más preciado prisionero político, negándole, de paso, cualquier legitimidad constitucional a su régimen militar.

En el centro de la ciudad, donde las tropas del Ejército vigilaban las ruinas del palacio presidencial, en la CUT y en la sede del Partido Socialista, la batalla había terminado. Pero en la periferia de Santiago, en los cinturones industriales y en las poblaciones de la clase trabajadora, la resistencia recién comenzaba.

Pocas fábricas opusieron resistencia militar al golpe. La mayoría no tenía ni medios ni preparación para resistir. El «pueblo armado» de la propaganda izquierdista, los diez mil cubanos y los escondites masivos de armas de la propaganda derechista eran solo mitos. Los vigilantes de una fábrica podían haber tenido unas cuantas pistolas, pero solo los pequeños cuerpos de seguridad de los partidos políticos poseían armas importantes e, incluso ellos, no tenían nada parecido al armamento necesario para detener al Ejército. Por lo tanto, en fábricas como Ex-Yarur, los líderes trabajadores esperaban instrucciones con la esperanza —contra todo pronóstico— de que surgirían unidades militares leales para salvar la revolución, tal como había ocurrido dos meses antes, mientras otros esperaban las armas que sus partidos habían prometido distribuir en caso de golpe. Cuando no aparecieron ni las fuerzas amigas ni las armas, y quedó claro que Allende estaba muerto y la batalla militar perdida, los angustiados trabajadores fueron enviados a sus casas. Unos pocos líderes se quedaron en Ex-Yarur, ya fuera para vigilar la fábrica contra robos o daños de los cuales pudieran hacerlos responsables, ya en una última postura de desafío que terminó cuando las tropas se acercaron a la fábrica y los líderes más revolucionarios saltaron el muro del recinto y desaparecieron en la resistencia clandestina.

Incluso entre las fábricas más revolucionarias y los cordones industriales más combativos, pocos resistieron el golpe militar. Ex Sumar fue la excepción. Allí, un combativo grupo de trabajadores socialistas fue reforzado por el aparato de seguridad del Partido Socialista que se retiró a la planta Sumar Poliéster después de una reunión en la cercana fábrica Indumet de importantes líderes socialistas, comunistas y del MIR que trataron de coordinar una resistencia después de la pérdida del centro de la ciudad. Fue una reunión que mostró la falta de preparación, incluso de los izquierdistas que habían advertido más enérgicamente y durante más tiempo sobre el golpe: Miguel Enríquez dijo que dentro de dos horas el MIR podía aportar solo cincuenta combatientes totalmente armados. Se rumoreaba que los comunistas tenían muchos más, pero no estaban dispuestos a arriesgarlos en un combate desigual y preferían entrar a la clandestinidad. Solo los socialistas estaban preparados para pelear con las fuerzas que tenían, que incluían una veintena de ametralladoras, y propusieron asaltar las barracas militares para conseguir armas que les permitieran atacar La Moneda y rescatar a Allende, un plan que revelaba lo mal que comprendían la situación.

Desde Sumar, donde habían alcanzado un helicóptero con pequeñas armas de fuego, los socialistas se retiraron por La Legua, una población de clase baja conocida como refugio para los delincuentes de poca monta, pero que también contaba con una fuerte organización comunista.

Fueron los comunistas de La Legua los que vinieron al rescate de los socialistas y los obreros de Sumar, resistiendo con ellos el avance de Carabineros en la población. Un militante usó una bazuca para destruir un autobús de Carabineros, mientras otros acribillaban a la policía con disparos desde los techos y los residentes de La Legua detenían una ambulancia policial. La «batalla» de La Legua sería el acto de resistencia popular más exitoso del 11 de septiembre, pero en los días que siguieron sería brutalmente castigado. Con todo, La Legua no era el único objetivo de la represión y la venganza militar.

La mayoría de los chilenos, incluso aquellos que apoyaron el golpe, esperaban una breve «dictablanda», no una «dictadura». Ese había sido el patrón de las raras ocasiones en que los militares se habían tomado el poder en el pasado. La impresión general era que los militares terminarían con la violencia civil, calmarían el conflicto social, restaurarían la estabilidad política y económica, y luego devolverían el gobierno a los civiles. Eso pensaba, por ejemplo, Eduardo Frei, el antiguo presidente democratacristiano. Pero los chilenos se desengañaron la misma noche del golpe, cuando los jefes de las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas —que componían la nueva junta de gobierno— hablaron por la televisión. No solo justificaron el golpe diciendo que habían salvado al país del comunismo, sino que definieron su tarea como la extirpación del cáncer marxista del cuerpo político y revirtieron la historia chilena en medio siglo; no solo la revolución socialista de Allende, sino también la Alianza para el Progreso de la Democracia Cristiana, el estado benefactor del Frente Popular e, incluso, las políticas democráticas masivas que había introducido Arturo Alessandri. Al día siguiente, la junta suspendió la Constitución, cerró el Congreso, prohibió todos los partidos de izquierda y suspendió hasta los partidos de centro y derecha que habían apoyado el golpe. Se estableció una estricta censura de la prensa y medios de comunicación y se prohibió toda clase de elecciones, incluso al interior de los clubes deportivos adolescentes, así como las reuniones que se llevaran a cabo sin permiso de la policía. Se declaró el estado de sitio y se impuso un estricto toque de queda. Chile, la democracia modelo de la región, famosa por sus diversas opiniones políticas y su libertad de prensa y palabra, de la noche a la mañana se convirtió en una dictadura militar y en un estado policial.

La dictadura de Pinochet no sería ni blanda ni breve. Su gobierno autoritario y el terror estatal continuarían por más de dieciséis años. Entre sus víctimas se contarían famosos y anónimos. Presidentes como Salvador Allende y Eduardo Frei, ministros como José Tohá y Orlando Letelier, generales como Alberto Bachelet y Carlos Prats, y artistas e intelectuales como el conocido cantante y compositor Víctor Jara y Pablo Neruda, poeta laureado con el Premio Nobel. Además, estas víctimas excederían las filas de izquierda: democratacristianos que habían apoyado el golpe, como Frei y su vicepresidente, Bernardo Leighton, o Tucapel Jiménez, un importante líder laboral del centrista Partido Radical, sufrirían en carne represión. Pero la mayoría de las víctimas del terror estatal de Pinochet fueron jóvenes hombres desconocidos —trabajadores, campesinos y pobladores— que osaban resistir su dictadura o eran juzgados capaces de organizar una resistencia a su mando.

Nunca sabremos el número preciso de los encarcelados, torturados y ejecutados por la contrarrevolución. Después de la restauración de la democracia, comisiones nacionales de verdad documentaron que al menos 3216 personas fueron ejecutadas o desaparecieron y se presumen muertas; y que, al menos, 38 254 prisioneros políticos fueron torturados, aunque el número de detenidos por razones políticas, interrogados y encarcelados probablemente excedió los 60 000. Casi todos sufrieron alguna forma de tortura, tal como sucedió con los más de 100 000 pobladores detenidos por períodos más breves en allanamientos.

Las formas más comunes de tortura eran las de electrochoque, desarrolladas por la dictadura brasileña unos años antes. Las mujeres eran elegidas para torturas sexuales especiales, desde electrochoques en sus senos y genitales y violaciones repetidas a introducción de ratas e insectos en la vagina. Todas las mujeres prisioneras cuyos casos fueron investigados por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura de 2003, encabezada por el obispo Valech, habían sido víctimas de violencia sexual, sin importar si eran jóvenes o viejas en ese tiempo, incluyendo las que estaban embarazadas. La tortura era una práctica estándar en al menos 1132 centros de las Fuerzas Armadas y la policía. Entonces, no fue el exceso de unos pocos oficiales sádicos, sino más bien la política decidida del régimen militar, diseñada para destruir física y psicológicamente a los opositores políticos, incluyendo a aquellos que sobrevivieron y fueron, finalmente, liberados para que propagaran su miedo.

Al comienzo, esta violencia contrarrevolucionaria iba dirigida a cualquiera que se atrevía a resistir el golpe —como sucedió en la fábrica Sumar y en la población La Legua—. Pero incluso al comienzo de la dictadura se transmitieron por radio listas de «subversivos» que eran conminados a entregarse a las Fuerzas Armadas o la policía, y los chilenos eran animados a denunciar a todo el que pareciera sospechoso. Líderes de izquierda que se entregaron terminaron en cámaras de tortura en Santiago o en los campos de concentración de la isla Dawson, en Tierra del Fuego, o en Pisagua y Chacabuco, en el abrasador desierto del norte.

Muchos funcionarios recibieron sentencias de prisión de los tribunales militares por actos políticos que no eran crímenes cuando los cometieron, principalmente por apoyar o participar en un Gobierno que había sido legítimamente elegido. Pero la ira de Pinochet no quedó satisfecha con los fallos militares injustos y envió a un grupo de oficiales a las provincias para revisar y aumentar las sentencias. La comitiva, conocida como la «Caravana de la Muerte», ordenó ejecuciones en masa que fueron llevadas a cabo en forma inmediata y luego cínicamente encubiertas por informes que señalaban que los prisioneros habían resultado muertos cuando trataban de escapar.

Aquellas personas denunciadas por sus vecinos (a menudo a causa de venganzas privadas) o detenidas en los allanamientos masivos que siguieron al golpe fueron llevadas a estadios deportivos donde eran interrogadas, torturadas y, muchas veces, ejecutadas. La víctima más famosa fue el cantante y compositor Víctor Jara, cuyo crimen, cometido frente a numerosos testigos en el Estadio Chile, puso en evidencia la ira militar ante la revolución cultural izquierdista que él simbolizaba. Las matanzas flagrantes que continuaron durante las semanas que siguieron al golpe cobraron especialmente la vida de jóvenes de clase baja, cuyos cuerpos se encontraban flotando en el río, a menudo con las manos atadas a la espalda y múltiples heridas de bala. A veces les faltaba la cabeza.

En todo caso, la represión fue incluso peor en el campo, donde no había prensa extranjera y menos testigos. En Nehuentúe, región mapuche, la represión llegó incluso antes del golpe, cuando el Ejército y la Fuerza Aérea se combinaron para allanar el centro local de la reforma agraria y sus cooperativas, ostensiblemente en busca de armas ilegales, aterrorizando a la población; golpearon y torturaron a los activistas y luego encubrieron todo propagando falsos informes de extremistas de izquierda con pistolas y bombas. Nehuentúe había sido un símbolo de la revolución y, por lo tanto, se había convertido en blanco de la venganza derechista, como Neltume, doscientos kilómetros más al sur. Allí, después del golpe, un ataque al puesto policial llevado a cabo por izquierdistas impulsó una represión masiva en la que docenas de campesinos y trabajadores fueron detenidos y muchos ejecutados, en una zona en la que el MIR estaba tratando de formar una fuerza guerrillera.

Sin embargo, después del golpe, los campesinos de zonas rurales que no eran áreas del MIR y que no tenían guerrillas también fueron seleccionados como objetivos. En el sur de Chihuío, las fuerzas de seguridad del Estado permitieron que un propietario de tierras matara a cuchillo a los líderes campesinos a quienes responsabilizaba de la expropiación de parte de su fundo, situación que grafica la complicidad que tuvieron los civiles derechistas con los militares en muchas de las masacres. Su carácter contrarrevolucionario y la venganza por la revolución social que había tratado de transformar el Chile rural durante los años precedentes quedaba en evidencia. En octubre de 1973, en Mulchén, una zona rural al sur de Chile, cerca de Concepción, un grupo de militares, policías y civiles derechistas se llevó a dieciocho campesinos de tres fundos; los torturaron y los masacraron, y sus cuerpos fueron abandonados a los perros de los propietarios y los animales salvajes. En Paine, cerca de Santiago, setenta personas de una comunidad de dos mil fueron ejecutadas o desaparecieron, cifra que constituye el porcentaje más alto de todas las comunidades del país. Más notorio aún, en «los Hornos de Lonquén», las chimeneas de una mina abandonada en las afueras de Santiago, en 1978 se encontraron quince cuerpos de campesinos que habían sido detenidos por militares en octubre de 1973 y nunca más habían sido vistos. Las razones de su detención, tortura y ejecución —fueron enterrados vivos— nunca han sido satisfactoriamente explicadas. Pero cuando los cuerpos fueron descubiertos, la increíble noticia de primera plana enfatizaba una supuesta amenaza de extremistas de izquierda y míticos brasileños y cubanos.

Incluso después de que la resistencia activa al golpe terminó y la dictadura estaba consolidada, continuó la campaña del terror. En diciembre de 1973, en una reunión informativa para la prensa, un oficial chileno se me acercó y me dijo que estaban cambiando «la matanza masiva» por «la matanza selectiva». Actualmente, es obvio que este cínico aparte se relacionaba con la formación, por parte de Pinochet, de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), que militares de los Estados Unidos llamaban «Gestapo chilena». La violencia contrarrevolucionaria se trasladó a lo que más tarde se supo que eran más de mil centros de tortura, muchos de ellos en sitios clandestinos. Uno de los más notorios fue la Villa Grimaldi, una antigua casa de lujo, donde miles de comunistas, socialistas y miristas fueron trasladados, mantenidos con los ojos vendados en condiciones inhumanas, torturados con salvajismo y, muchos, desaparecidos. Michelle Bachelet, más tarde la primera mujer presidente de Chile, fue una de las que sobrevivió a ese lugar.

¿Por qué continuó el terror estatal incluso después de que la resistencia fuera derrotada y el régimen estuviese consolidado? En parte, para prevenir que la izquierda montara una resistencia política. En parte, debido a la paranoia del Estado de seguridad, que tenía su propia lógica y necesitaba amenazas subversivas para justificar su declaración de «guerra interna» y la restricción de las libertades civiles. Los objetivos eran ahora los partidos políticos clandestinos y los movimientos de izquierda, junto con los trabajadores, campesinos, pobladores y estudiantes activistas que pudieran organizarse, además de los intelectuales cuyas ideas eran juzgadas subversivas por un militar que era culturalmente provinciano, intelectualmente rígido y políticamente derechista.

Pero este terror estatal también se desataba para prevenir la resistencia a la contrarrevolución económica y social que la dictadura estaba por implementar, empezando por la privatización de fábricas y fundos que habían sido tomados por sus trabajadores e incorporados al sector público con Allende. Al momento del golpe, unas quinientas empresas —de bancos a fábricas— eran gestionadas por gerentes gubernamentales que ejercían poderes ejecutivos por decreto o habían sido tomadas y eran administradas por sus trabajadores. Durante las semanas, meses y años que siguieron al golpe, casi la totalidad de esas empresas fue privatizada. Aquellas que habían sido tomadas por sus trabajadores o «intervenidas» por el Gobierno utilizando controvertidos poderes ejecutivos por decreto fueron devueltas a sus antiguos dueños, que tuvieron que hacerse cargo de las deudas contraídas durante la revolución. Las empresas que fueron compradas por el Gobierno de Allende fueron privatizadas, a menudo por mucho menos que su valor, en ventas en que las conexiones contaban más que el capital. Una segunda ola de privatizaciones neoliberales durante los años de 1980 fue más allá de las nacionalizaciones de la época de Allende y privatizó empresas estatales de períodos anteriores, incluso servicios públicos como la electricidad y el teléfono.

La privatización significaba más que solo un cambio de propietario. Era una contrarrevolución en el lugar de trabajo. Ex-Yarur, una de las empresas más exitosas del área de propiedad social, es un buen ejemplo. Después del golpe, sus trabajadores regresaron a una fábrica patrullada por soldados armados y dirigida por un coronel del Ejército. Las paredes con consignas políticas fueron pintadas nuevamente y los carteles de la época revolucionaria fueron eliminados. La inteligencia del Ejército interrogó a cada obrero y lo presionó para que delatara a sus compañeros, mientras un diez por ciento era despedido por razones políticas. La participación obrera en la gestión de la empresa, desde la planta de producción hasta la sala de juntas, se eliminó instantáneamente y fue reemplazada por una administración autoritaria, de arriba hacia abajo, que buscaba tanto venganza como disciplina y eficiencia. En una última demostración de conciencia colectiva, los trabajadores de Yarur trataron de mantener una alta productividad para evitar la devolución de la fábrica a su odiado dueño. Pero todo fue en vano. En enero de 1974, los militares devolvieron la empresa a Amador Yarur, que continuó la purga política comenzada por los militares y la imposición de la dirección autoritaria que había sido el sello distintivo de Yarur antes de la revolución chilena.

Durante esos mismos meses, la junta militar permitió que los precios se duplicaran, pero congeló los sueldos, reduciendo a la mitad el salario real y condenando a muchos trabajadores chilenos a una dieta de pan, te y cebollas. El desabastecimiento terminó cuando se privó a la mayoría de los chilenos de un ingreso capaz de satisfacer algo más que las necesidades más básicas. Los sindicatos perdieron el poder de proteger el estándar de vida y las condiciones laborales de sus miembros. Los militares hicieron una purga de sus líderes y activistas, y reemplazaron la democracia por la gerontocracia al prohibir las elecciones sindicales y nombrar a los trabajadores de más edad para que se hicieran cargo de los sindicatos, que se vieron reducidos a asociaciones de ayuda mutua y de asistencia para funerales, revirtiendo no solo el enorme aumento de poder que los obreros habían adquirido durante la revolución, sino también las «conquistas» de décadas de lucha.

En el campo, a los campesinos y trabajadores rurales no les fue mucho mejor. En todo Chile, la reforma agraria fue sustancialmente revertida. Los predios que habían sido tomados por sus trabajadores o afuerinos, que no habían pasado por todos los procesos legales o se consideraba que habían sido expropiados injustificadamente fueron devueltos a sus antiguos dueños. Incluso cuando Héctor Jensen, el nuevo director democratacristiano de la CORA, decidía no devolver un predio, las nuevas redes contrarrevolucionarias a menudo anulaban su criterio técnico y legal y evadían su autoridad. Rucalán fue un buen ejemplo de estas nuevas redes y su poder: cuando la CORA se resistió a la devolución, su antiguo dueño Juan Landarretche acudió a su hermano, un coronel de la policía, quien concertó una entrevista con el general César Mendoza, comandante en jefe de Carabineros y miembro de la junta militar. Recibió su fundo poco después.

La «revolución» de Pinochet

Pero no todas las acciones de la dictadura de Pinochet significaron un regreso al pasado. Con el tiempo, se hizo cada vez más claro que muchas de las iniciativas del régimen militar representaban algo nuevo para Chile. Juntas, llegaron a ser lo que los publicistas de Pinochet llamarían una «revolución silenciosa» derechista, en la que decidieron cambiar los esquemas del pasado, incluyendo los esquemas económicos y políticos de la misma derecha. Sin embargo, el hecho de que el régimen de Pinochet se sintiera forzado a definir su proyecto nacional como una «revolución» chilena, fue un tributo irónico al poder perdurable de la revolución de Allende. Por consiguiente, como lo dice un libro reciente, la primera década que siguió al golpe sería una competencia entre «nuestra» revolución y la de «ellos»11.

La «revolución» derechista tendría dimensiones políticas y económicas, y profundos efectos sociales y culturales. La mejor conocida y más debatida fue la revolución económica «neoliberal». A diferencia de otros regímenes militares sudamericanos de la época, en Chile la Junta tomó el poder sin un modelo económico que pretendiera implementar. Durante los primeros años, el régimen siguió las políticas conservadoras, pero graduales, favorecidas por las élites del país, lo que no significó un gran cambio en la estructura económica de Chile (excepto por las privatizaciones), pero sí un regreso a las políticas del pasado. Pero cuando la estrategia se mostró incapaz de revivir el crecimiento económico o terminar con la hiperinflación , Pinochet optó, en 1975-76, por el «tratamiento de choque» neoliberal recetado por los «Chicago Boys», un grupo de jóvenes economistas chilenos que había estudiado en la Universidad de Chicago con Milton Friedman y Arnold Harberger, y adoptado su «neoliberalismo» ultracapitalista que se oponía a la propiedad estatal o a la regulación de las iniciativas económicas, servicios sociales, mercados de capital o comercio —y que tenía una fe casi mística en la magia del mercado—. Como la dictadura de Pinochet, los Chicago Boys eran agresivos, ideológicos y seguros de sí mismos, dispuestos a imponer duros remedios al pueblo chileno «por su propio bien» y prontos a romper con el pasado y crear un país «moderno» en el que una revolución socialista nunca volviera a ocurrir.

La dura «medicina» económica de estos jóvenes incluía una drástica reducción de aranceles aduaneros —del 94 %, en 1973, al 10 % para 1979— que terminó con la protección que les había permitido a las industrias chilenas sustituir importaciones y sobrevivir a la competencia asiática. El gasto público fue reducido a la mitad del nivel de 1973, como porcentaje del PIB, y muchas más empresas fueron privatizadas. Los precios se liberaron y tanto los bancos como los mercados de capital fueron liberalizados. Al comienzo, los resultados del «Programa de Recuperación Económica» fueron más negativos que positivos, llevando a una gran pérdida de industrialización y a una profunda recesión con un alto desempleo y una alta inflación. Pero, para 1981, las exportaciones de recursos naturales se habían recuperado y, empujando el crecimiento a un 8 % anual, la inflación había bajado a un solo dígito y la inversión extranjera se había disparado. Aunque gran parte de las inversiones era de carácter especulativo, el desempleo permaneció alto, la mayor parte del crecimiento económico fue una recuperación de la recesión y sus beneficios eran distribuidos en forma dispar. Los publicistas de Pinochet lo declararon un «milagro económico» y Sergio de Castro, su zar neoliberal, predijo que Chile se uniría «al primer mundo» en una década. Pero 1981 resultaría ser el apogeo de la revolución neoliberal.

Para entonces, el régimen militar había impuesto un nuevo código del trabajo pro empresas, que limitaba la organización laboral y las negociaciones colectivas, socavaba la seguridad del trabajo y el derecho a huelga, eliminaba la participación de los trabajadores en la gestión y revertía las conquistas obreras durante décadas de lucha. Además, estableció la «flexibilidad directiva» en el uso de la fuerza laboral y debilitó la regulación y la fiscalización estatal de las condiciones de trabajo. Estas nuevas leyes laborales eran las más importantes de las llamadas «siete modernizaciones», calculadas para extender la revolución neoliberal en la sociedad chilena. El «plan laboral» fue complementado por la privatización de la seguridad social y el tratamiento médico, y también por una creciente privatización de la educación.

Los principios neoliberales y la inclinación del régimen por combinar principios económicos con objetivos políticos pragmáticos también se reflejaron en la descentralización de la responsabilidad por la educación y otros servicios públicos que fueron delegados a los municipios, pero sin los fondos correspondientes. Como consecuencia, las municipalidades ricas fueron privilegiadas y las pobres, penalizadas. Además, la descentralización de la educación socavó el poder del sindicato nacional de profesores izquierdista y ayudó al régimen a hacer una purga de profesores de escuela, bibliotecas y programas de estudio. La reforma judicial permitió nombrar un gran número de jueces que compartían las políticas del régimen, al tiempo que las reglas probatorias era liberalizadas para hacer más expeditas las condenas a los opositores.

De un alcance aún más amplio fue la modernización de la agricultura chilena, que transformó un esquema —en buena parte ineficiente— de cultivo mixto en los grandes predios para el consumo local, en una agricultura eficiente centrada en la exportación e intensamente enfocada en la producción de frutas para nichos de mercado en el exterior. La ironía es que esta moderna agricultura de exportación que la junta reivindicaba como uno de sus más destacados éxitos económicos fue construida en la base rural establecida por la reforma agraria de los gobiernos de Frei y Allende, que acabó con las grandes propiedades ineficientes que habían dominado el campo chileno durante siglos. Esto le permitió a Pinochet dividir dichas tierras entre los campesinos que luego se vieron forzados a vender sus parcelas en la crisis económica, causada por los remedios neoliberales, a compradores que a menudo eran hijos de terratenientes educados fuera de Chile u hombres de negocio conocedores de los mercados internacionales. Esta modernización de la agricultura luego provocó una revolución social en el campo, cuando las nuevas empacadoras de productos de exportación comenzaron a emplear mujeres campesinas —que tradicionalmente no trabajaban fuera de la casa— en largos turnos que no terminaban hasta bien pasada la medianoche, lo que, si bien supuso una mayor igualdad de género, también promovió la desintegración familiar.

La agricultura no fue la única área de la revolución económica neoliberal que dependió de las revoluciones controladas por el Estado que la precedieron. La silvicultura, otra historia de éxito neoliberal, es un buen ejemplo. En efecto, el régimen de Pinochet comenzó a cosechar árboles plantados en los gobiernos de Frei y Allende y a privatizar los complejos de silvicultura que sus respectivas reformas agrarias y políticas de desarrollo habían creado y que, para 1973, habían hecho del Estado el dueño mayoritario y administrador de las empresas de silvicultura, muchas de las cuales eran altamente rentables. El régimen de Pinochet las privatizó, a menudo vendiéndolas a precios inferiores a los del mercado y a chilenos bien conectados, algunos de los cuales luego las revendieron a corporaciones extranjeras.

La minería fue otro ejemplo de las complejas relaciones entre las revoluciones de la derecha y la izquierda. Codelco, la corporación estatal de la minería, se formó para dirigir las minas nacionalizadas mediante el voto unánime del Congreso durante el gobierno de la Unidad Popular. Aunque el régimen militar abrió nuevas minas para la inversión extranjera privada, no privatizó las enormes minas de cobre estatales cuando privatizó otras empresas nacionalizadas bajo Allende, en los años de 1970, ni tampoco en la segunda oleada de privatizaciones de empresas estatales, durante los ochenta. Por lo tanto, en 1990, la nacionalización estrella de Allende —las gigantescas minas de cobre del país que en 1973 representaban dos tercios de las exportaciones de Chile— permaneció en el sector público; un reflejo del sentimiento nacionalista en el Ejército y un decreto que asignaba el 10 % de las ventas de Codelco a las Fuerzas Armadas.

Por consiguiente, incluso después de la «revolución» económica neoliberal de Pinochet, la mayor empresa de Chile seguía siendo pública y la parte más grande de la economía chilena —ese modelo de neoliberalismo latinoamericano— estaba en el sector público como en Suecia, el bastión del socialismo democrático europeo.

En realidad, a pesar de la ideología y propaganda neoliberal, bajo Pinochet el Estado chileno siguió conformando las oportunidades económicas y ganancias capitalistas, asegurando la coerción laboral, y la concentración de la riqueza y la propiedad en un pequeño número de grupos financieros, de base familiar, con buenas conexiones políticas. A pesar de la revolución neoliberal, el acceso al Estado seguía siendo la clave para el éxito empresarial. Sin embargo, para 1990, las políticas neoliberales habían transformado Chile en un país carente de industrias, pero con una economía basada en una exportación de recursos naturales más diversa y eficiente.

La «revolución» política de Pinochet es menos conocida, pero rehizo la política chilena. Fue señalada por la disolución del Partido Nacional, en su momento una fusión del Partido Liberal y el Partido Conservador, los dos partidos tradicionales de la derecha aristocrática y oligárquica. Con el fin del Partido Nacional desapareció una derecha que se había puesto crecientemente defensiva en la época de la reforma democratacristiana y la revolución socialista, una derecha que había dependido de la negociación y el compromiso para la defensa de sus intereses centrales. El gremialismo, el movimiento de los estudiantes católicos de derecha en contra de la revolución chilena de 1970-1973, comenzó a tomar su lugar cada vez más. Forjada en la lucha extraparlamentaria contra Allende, especialmente ella en las calles, esta «nueva derecha» era agresiva, segura de sí misma, ideológica y beligerante. Valoraba la movilización social, pero la dejó en el contexto de un régimen militar cuyo objetivo era la desmovilización y la despolitización de la sociedad chilena. En cambio, los gremialistas enfatizaban el lado corporativista de su ideología, utilizando la descentralización y la asistencia social de arriba hacia abajo para crear vínculos con los sectores populares. Conscientemente «modernos» —aunque para sus enemigos representaban un fascismo actualizado— los gremialistas incluso impugnaban la base popular de la izquierda entre los pobres de las ciudades. Sus esfuerzos, en combinación con la implacable represión del régimen y la asistencia social, estaban diseñados para dar a la derecha la base popular de la que siempre había carecido.

Esta base estaba hecha para el neopopulismo derechista y pretendía crear un apoyo popular para Pinochet, comenzando con el referendo de 1980 sobre su constitución autoritaria, que tenía la fuerte huella de Jaime Guzmán, el ideólogo del gremialismo y el estratega político de Pinochet. Esta constitución autoritaria representaba la institucionalización del proyecto de «refundación nacional» de la dictadura en principios muy diferentes a los que habían guiado la revolución socialista de Allende y estaba diseñada para impedir que algo así ocurriera otra vez en el futuro.

En el fondo, la constitución de 1980 de Pinochet creaba una «democracia protegida» —protegida por las Fuerzas Armadas de su propia gente y sus elecciones democráticas—. Los derechos civiles estaban limitados por los requerimientos de la seguridad nacional y las Fuerzas Armadas eran los árbitros de dicha seguridad. En esta democracia tutelar, los militares se involucrarían tanto en funciones administrativas como legislativas. Las Fuerzas Armadas controlarían el poderoso consejo de seguridad nacional, formarían parte de los consejos de desarrollo regional que nombraría a los alcaldes locales y designarían a los excomandantes en jefe como senadores designados. En efecto, la constitución legitimaba una militarización permanente de la política chilena.

Otros artículos de la constitución estaban calculados para excluir a la izquierda de la participación política y para romper los vínculos entre los partidos de izquierda y los sindicatos. Otras disposiciones institucionalizaban la economía liberal y la contrarevolución social.

Irónicamente, como la constitución fue hecha a la medida de Pinochet, establecía una presidencia aún más fuerte que la que había hecho posible la revolución de Allende. También hacía que enmendar la constitución fuera extremadamente difícil. La nueva constitución fue «ratificada» por un referendo nacional empañado por el miedo y el fraude, pero que permitió a Pinochet y sus partidarios reivindicar la legitimidad de su «revolución».

Durante 1980-81, la dictadura de Pinochet estaba en su mejor momento. Había ganado la ratificación de su constitución autoritaria y asegurado la institucionalización de su «revolución» derechista en la política y la sociedad chilenas. El triunfo de Ronald Reagan sobre Jimmy Carter como presidente de los Estados Unidos había reemplazado a un enemigo en Washington por un aliado. Además, el alto crecimiento económico de Chile, una inflación más baja y el fuerte flujo de capital extranjero hacía que su «revolución» económica neoliberal pareciera un notable éxito.

Las apariencias eran engañosas. Al término de 1981, todo el edificio de ese falso auge neoliberal se derrumbaría como un castillo de naipes y la dictadura de Pinochet enfrentaría protestas masivas que recordaban —a los observadores— la revolución chilena y que iniciaron la larga transición a la democracia en Chile.

1 Verónica Valdivia, Rolando Álvarez y Julio Pinto. Su revolución contra nuestra revolución: izquierdas y derechas en el Chile de Pinochet (1973-1981) (Santiago: LOM, 2006).

Epílogo

La transición a la democracia
y el legado de la revolución

Durante la década siguiente al Golpe, el legado de la revolución chilena permaneció con fuerza en lo que había sido su principal base social —los obreros industriales y los pobladores— a pesar de todos los esfuerzos de la dictadura para destruir esos vínculos y reprimir esa memoria. En los sindicatos y en las poblaciones se mantuvo viva la llama de la resistencia que, diez años más tarde, encendería la protesta social y daría inicio a la transición a la democracia. Como en la revolución de 1970-1973, los trabajadores chilenos tomaron el liderazgo en la organización de la resistencia a la dictadura —aunque las organizaciones de derechos humanos, como las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, jugaron también un papel desde temprano. Durante 1977 y 1978, el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, acentuó la preocupación por los derechos humanos y puso al régimen de Pinochet a la defensiva. Los mineros y los trabajadores de otros sectores económicos estratégicos aprovecharon esta situación para empezar acciones que iban desde el ausentismo y los «viandazos» a huelgas de hambre y paros laborales. Al mismo tiempo y a nivel nacional, después de la prohibición de la antigua Central Única de Trabajadores (CUT), nuevas organizaciones sindicales de centro y de izquierda coordinaban esas protestas y criticaban las políticas económicas del régimen, al principio compitiendo unas con otras, pero con una creciente colaboración que eventualmente condujo a su fusión en un movimiento laboral de centro-izquierda que fue capaz de crear la Central Unitaria de Trabajadores, una nueva CUT, en 1988.

Las nuevas leyes laborales del régimen de 1979-1981 pudieron ser pro empresas e intentaron dificultar el trabajo de los sindicatos e impedir las huelgas, pero ellas también crearon un espacio legal que aprovecharon los trabajadores en su favor: la dictadura pudo decretar que las elecciones en los sindicatos debían hacerse en tres días y que no podían presentarse como candidatos los trabajadores que hubieran sido dirigentes sindicales durante la revolución, pero los trabajadores se las arreglaron para identificar y elegir candidatos que podían tener menos experiencia, pero compartían las ideas políticas y la combatividad de los dirigentes a los que reemplazaban. Apelando a la centralidad que habían tenido durante la revolución, los trabajadores textiles y los mineros llevaron a menudo la delantera en la dotación de dirigentes para las organizaciones nacionales y en los ejemplos populares a emular. Los trabajadores textiles de Panal organizaron una combativa manifestación para el Primero de Mayo y sostuvieron una huelga que duró 59 días, el máximo que toleraba la nueva legislación. La dictadura respondió quebrando la huelga y fusionando a Panal con dos fábricas de Yarur que estaban en bancarrota para conformar así una nueva empresa, Machasa, la cual cerró a Panal, despidió a la mayoría de sus trabajadores y distribuyo su maquinaria y a los trabajadores más calificados entre las otras plantas de Machasa.

Sin embargo, cuando Machasa quebró en la grave crisis económica de 1982 y trató de cerrar las plantas que le quedaban, los trabajadores hicieron manifestaciones callejeras como las que habían vivido durante la revolución y demandaron que la dictadura neoliberal de Pinochet retomara la administración de Machasa y mantuviera abiertas las fábricas y conservara los empleos. Por otra parte, a pesar de las tácticas de movilización de masas que recordaban mucho a la Unidad Popular y la demanda por una renovada intervención económica del Estado que hacía eco de Allende, los trabajadores no fueron reprimidos e incluso ganaron sus demandas y mantuvieron sus puestos y lugares de trabajo. En gran parte, el sorprendente éxito de los trabajadores de Machasa en 1982 y 1983 reflejó el colapso de la burbuja financiera neoliberal de Pinochet en la más profunda crisis económica que afectó a Chile desde la gran depresión de los 1930s. Durante 1981 y 1982, la economía chilena disminuyó un 14 %, las quiebras se dispararon (incluyendo el 45 % de las empresas textiles de Chile) y más de un tercio de la fuerza de trabajo quedó desempleada o trabajando en los programas estatales de empleo mínimo por un dólar al día.

Enfrentados al desastre económico que se sumaba a la represión política y a las regresivas políticas sociales, los trabajadores chilenos explotaron en protestas en las cuales resonaban los ecos de su pasada experiencia de revolución democrática. Los trabajadores del cobre abrieron el camino en 1983 con su llamado a paralizar el trabajo una vez al mes y protestar en una forma que suscitaba una amplia respuesta —y no sólo entre los trabajadores. Mucha gente de clase media se unía a las protestas golpeando cacerolas vacías como ya lo había hecho pidiendo el fin de la revolución chilena, y muchos de los antiguos dirigentes de la Democracia Cristiana dieron los primeros pasos para formar una amplia oposición a Pinochet. Pero pronto quedó claro que las tropas de choque de esta rebelión eran los jóvenes desempleados de las poblaciones, donde todavía era fuerte el legado de la revolución.

A pesar de la severa represión durante los años siguientes al Golpe, en poblaciones de Santiago como La Legua y Villa Francia continuó la resistencia que floreció en nuevos movimientos sociales en los 80 y explotó en las protestas de 1983-1985. Allí, sacerdotes obreros, como Mariano Puga, que había estado en los Cristianos por el Socialismo durante la era de Allende, dieron refugio a las fragmentadas y perseguidas fuerzas de izquierda, tejieron nuevamente las redes sociales y formaron una generación de activistas imbuidos en los mensajes revolucionarios de la teología de la liberación.

A través de instituciones como la Vicaría de la Solidaridad, la Iglesia católica también trabajó con las mujeres de las poblaciones. Muchas de ellas habían perdido a sus hombres en la represión o estos estaban sin trabajo debido al neoliberal tratamiento de choque y a la crisis económica. Con ayuda de la Iglesia, los familiares de los detenidos desaparecidos formaron organizaciones de derechos humanos como las Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y empezaron a presionar por información acerca de sus parientes, presentando recursos de amparo que siempre fueron rechazados, pero que instalaron sus casos judiciales, o cosiendo sus historias en arpilleras que fueron al mismo tiempo una fuente de ingreso, una terapia y una forma de protesta política.

Bajo este paraguas de la Iglesia, además, los clandestinos partidos Comunista y MIR, así como otros partidos de izquierda, se reagruparon como movimientos de la resistencia política a pesar de los esfuerzos de la dictadura por destruir los lazos entre las organizaciones políticas de izquierda y sus bases sociales. Incluso cuando la represión lograba aislar a los activistas locales de su organización nacional, la cultura política formada durante la revolución seguía orientándolos. Ube Torres, que había aprendido a organizarse gracias al MIR en su población de Lo Hermida durante la era de Allende, puso su experiencia y habilidad al servicio de fines sociales y políticos cuando su marido quedó sin trabajo y su familia no tuvo qué comer. Siguiendo la vieja tradición obrera chilena de la «olla común» durante las huelgas, organizó una «olla» en su población, donde las familias juntaban su pobreza en al menos una comida nutritiva para sus hijos cada día. La organización de las «ollas» se convirtió también en la base de un movimiento social que, durante la transición a la democracia en los años ochenta, pasó de ser un implícito movimiento político a uno explicito, nutriéndose en la revolución y sus cuadros. Muchos de esos antiguos cuadros eran trabajadores desempleados que habían tenido la experiencia del poder de los trabajadores y de la organización en los tiempos de la Unidad Popular, y que la entregaban ahora a los niños y adolescentes.

Todas estas influencias se juntaron en la aguda crisis económica y social de 1980 para inspirar y organizar un violento movimiento urbano de jóvenes que empezó a protestar contra la profunda crisis económica y social creada por las políticas neoliberales de la dictadura y la falta de una red de protección social. Esta rebelión joven pronto se convirtió en una exigencia por el fin de la dictadura de Pinochet y la restauración de la democracia Los jóvenes, empobrecidos y rabiosos, se enfrentaron a dieciocho mil soldados detrás de barricadas llameantes de neumáticos mientras los manifestantes recorrían las calles de Santiago gritando «¡Y va a caer!».

Pero Pinochet no cayó en 1983. En cambio, sacrificó a Sergio de Castro, su zar económico neoliberal, rehabilitó a los partidos políticos de centro y derecha y ofreció negociar con sus dirigentes, dilatando las negociaciones hasta que mejorara la economía y fueran contenidas las protestas sociales. La Iglesia patrocinó un Acuerdo Nacional de las fuerzas de oposición de centro-izquierda, y una Asamblea de la Civilidad fue formada en un intento para apoyar a la oposición democrática centrada en torno de los democratacristianos y los socialistas moderados. Pero fue el clandestino partido Comunista el que hizo la siguiente jugada. En 1980, como respuesta al brutal tratamiento que habían sufrido sus capturados dirigentes, y debido al triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua y a su autocrítica intensa por su fracaso para prepararse para el Golpe, el partido Comunista de Chile aprobó por primera vez en su historia la lucha armada. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) fue un grupo de guerrilleros que rápidamente se convirtieron en héroes para los jóvenes de las poblaciones, pero la estrategia comunista de la rebelión popular se debilitó con las protestas y el descubrimiento de su arsenal en el desierto del norte. La respuesta del FPMR fue un intento de asesinar a Pinochet en 1986, un ataque que casi tuvo éxito, pero cuyo fracaso significó el fin de esperanzas realistas de lucha armada.

Esto dejaba un solo camino claro para desbancar a Pinochet y terminar con su larga dictadura: recurrir en 1988 al plebiscito previsto por el propio Pinochet en su Constitución de 1980, una peculiar votación en que habría un solo candidato, Pinochet, y una sola opción: «Sí» o «No» a ocho años más de su gobierno autoritario. Sería un pacto diabólico, porque someterse al plebiscito significaría legitimar la Constitución autoritaria de Pinochet, como asimismo todos los decretos de la Junta Militar. Aunque los centristas democratacristianos estaban dispuestos a aceptarlo, los socialistas y comunistas se oponían pues estaban convencidos de que Pinochet nunca permitiría una elección libre y limpia.

En este contexto el gobierno derechista de Estados Unidos presidido por Ronald Reagan jugó un sorprendente rol. Preocupado de que la larga dictadura de Pinochet pudiera terminar —como la de Somoza en Nicaragua— con una victoria izquierdista revolucionaria, Reagan, en su segundo gobierno, apoyó una transición democrática chilena encabezada por una alianza de centro-izquierda, pero solo a cambio del acuerdo de la Concertación de participar en el plebiscito. Estados Unidos aseguró por parte del régimen de Pinochet mayor respeto a las reglas de juego, incluyendo igual acceso a la televisión, el retorno de los exiliados políticos y el fin de la censura. Organizaciones norteamericanas proporcionaron también a la oposición una red computacional que pudo hacer un cómputo paralelo y estuvieron entre los grupos que movilizaron a cientos de observadores internacionales que hicieron que el fraude fuera más difícil y por lo tanto menos probable.

Gradualmente los chilenos dejaron atrás dieciséis años de miedo y se atrevieron a desafiar a Pinochet.

La manifestación final de la oposición fue una de las más grandes en la historia de Chile, llenando kilómetros de la carretera panamericana. Aunque sus colores y consignas fueron diferentes, su movilización masiva recordó a muchos observadores los tiempos revolucionarios. Pinochet había aceptado el plebiscito en esos términos porque estaba seguro que ganaría. Cuando fue claro que había perdido, y en forma decisiva, 54 % contra 42 %, intentó dar otro golpe. Pero diversos civiles derechistas y los comandantes en jefe de la Fuerza Aérea y Carabineros se opusieron y Washington advirtió al embajador de Chile que Estados Unidos no toleraría un nuevo golpe. Imprevistamente, el más sangriento dictador de la historia de Chile, que había tomado el poder a balazos, perdió por la fuerza de los votos. «No podíamos creer que podíamos echar a un dictador brutal solo con un lápiz», dijo exultante Teresa Valdés, una importante activista femenina y una de las fundadoras de «Mujeres por la vida», que jugó un rol importante en la creación de la alianza de centro izquierda y en la campaña del plebiscito.

En el proceso se había creado la más exitosa alianza política en la historia de Chile, que dominaría la política chilena durante las próximas dos décadas. La Concertación por la Democracia sería más parecida a una alianza de centro-izquierda, como el Frente Popular, que a una coalición de izquierda, como había sido la Unidad Popular, y tendría como centro a los democratacristianos y a los socialistas —enemigos antes del Golpe, pero aliados en la restauración de la democracia en los años 1990. Sin embargo, la Concertación, en vez de restaurar «los cambios» del período 1964-1973 —la Revolución en Libertad de Frei Montalva o la Vía Chilena al Socialismo de Allende—, consolidó a través de sus políticas la «revolución» neoliberal de Pinochet.

De todos modos, será la Concertación —y no Pinochet— quien modernizaría a Chile, desde el derecho de familia a la ley de divorcio, pasando por el fin de la censura y el comienzo de la educación sexual en las escuelas. La Concertación significó también el fin de la alianza socialista-comunista que había llevado a la izquierda al poder en 1970 y la marginación del partido Comunista a causa de un antidemocrático sistema electoral binominal, construido por los asesores de Pinochet para dar a la derecha el control del Senado y poder de veto sobre la dictación de leyes, incluso si una mayoría de chilenos votara por los candidatos de la Concertación. Se trata, en definitiva, de uno de los varios «enclaves autoritarios» (los senadores designados y vitalicios eran otros) que limitaron la restaurada democracia chilena en los años de 1990.

El partido Socialista y el nuevo Partido por la Democracia (PPD), su socio y rival en el «polo progresista» de la Concertación, se convirtieron en el hogar político de los izquierdistas «renovados» de todos los partidos de la Unidad Popular, incluyendo excomunistas y exmiristas retornados del exilio. Para la mayoría de los dirigentes izquierdistas que habían participado en la revolución chilena, y habían sido empujados al exilio, sus lecciones eran negativas cuando volvieron al país luego de la victoria de la contrarrevolución. Aún más, para la mayoría de los dirigentes los años de exilio en Europa habían sido un viaje político hacia el centro que reflejaba el fracaso del socialismo histórico mundial, que culmino en la desintegración de la Unión Soviética, así como el fracaso de la estrategia de sustitución de importaciones en la crisis económica de América Latina de los años ochenta. Cuando volvieron al poder en 1990, esos «renovados» trataron de todas las formas posibles poner distancia entre las creencias revolucionarias de su juventud y su actual postura de centro-izquierda, que abrazaba una democracia neoliberal en vez de un socialismo democrático y no hablaba ya de reforma agraria o justicia social.

Estaban también decididos a no repetir los «errores» económicos de la Unidad Popular. La Concertación había heredado una economía de exportación próspera y diversificada con baja inflación y tenían la determinación de demostrar que podían administrarla tan efectivamente como la dictadura de Pinochet. Además, su análisis de las causas del Golpe se centraban en las élites chilenas que habían ido a golpear las puertas de los cuarteles a pedir un golpe militar porque sus intereses vitales estaban amenazados por la revolución de la Unidad Popular. Para evitar ese riesgo, la Concertación aseguraba a los capitalistas, que habían apoyado a la dictadura y se habían opuesto a la Concertación, que el gobierno de centro-izquierda no amenazaba su derecho de propiedad y mantendría el modelo neoliberal y las «reglas de juego». Además, a comienzos de los noventa, parecía no haber alternativa a la inversión privada y, por lo tanto, había que crear «un buen clima para las inversiones» de modo tal que la estrategia económica tuviera éxito y se consolidara la transición a la democracia.

Al principio, la Concertación abrazó el neoliberalismo por pragmatismo. Como me dijo Alejandro Foxley, el conductor clave de la política económica de la coalición y que había sido el líder de la oposición al neoliberalismo de Pinochet: «Ya hemos pagado los costos sociales del neoliberalismo, entonces, deberíamos disfrutar de sus ventajas económicas». Pero cuando esta estrategia económica se demostró exitosa y sustentó al «milagro chileno» —una década de rápido crecimiento con baja inflación y bajo desempleo y una alta inversión privada— hasta los socialistas pasaron a ser verdaderos creyentes del neoliberalismo.

Sin embargo, porque conservaban la sensibilidad social de su juventud, los líderes de la Concertación priorizaron el combate contra la omnipresente pobreza heredada de la dictadura, que afectaba a más del 40 % de la población. Enfocando el gasto social en los más pobres de los pobres, y con pleno empleo en una economía ascendente, la Concertación fue capaz de disminuir la pobreza a la mitad en menos de una década y de reducirla a un 14 % en dos décadas. Este logro que justamente provocaba orgullo, fue único en la región durante los años noventa e hizo de Chile y su «neoliberalismo con rostro humano» un modelo a emular.

Para mantener este modelo neoliberal exitoso, la Concertación desmovilizó a sus partidarios, presionó a sus dirigentes sindicales para que pospusieran las demandas de los trabajadores y reformó, pero mantuvo, la legislación laboral favorable a los patrones de los tiempos de Pinochet, que hacía imposible el triunfo de las huelgas y mantenía bajos los salarios y débiles a los sindicatos. Como resultado, a diferencia de la revolución chilena en 1971 (aunque fue breve), el «milagro chileno» de los noventa mejoró pero no transformó las vidas de la mayoría de la población a pesar del alza en el Producto Nacional Bruto per cápita de cinco mil dólares en 1990 a quince mil dólares en 2010. Pese a la fuerte caída de la pobreza hubo pocos cambios en la falta de equidad del ingreso y la riqueza. En 1972, en el momento culminante de la revolución, Chile era el segundo país más igual de Sudamérica. Tres décadas después, era el segundo país más desigual en la región.

Durante el curso de los años noventa, esta inequidad y otras deficiencias llevaron a un cambio hacia la izquierda en la correlación de fuerzas dentro de la Concertación. Sus primeros dos presidentes —Patricio Aylwin y Eduardo Frei Ruiz-Tagle— fueron democratacristianos, pero en 2000 los chilenos eligieron presidente a Ricardo Lagos, el primer presidente socialista después de Salvador Allende. Y en 2006 eligieron a Michelle Bachelet, una activista socialista en la revolución chilena, cuyo padre —general de la Fuerza Aérea— había sido el encargado de DIRINCO, la agencia de control de precios y abastecimiento de bienes de consumo de Salvador Allende, y que después del Golpe fue torturado y a consecuencia de lo cual murió en la cárcel. Michelle Bachelet, la primera mujer presidenta de Chile, había estado detenida y había sido torturada en Villa Grimaldi. Aunque su programa era el más de izquierda de cualquier presidente de la Concertación, e incluía una reforma de la privatizada seguridad social de Pinochet en una dirección más equitativa, tenía escaso parecido con el camino democrático al socialismo en que había creído en su juventud. Lo que sí era revolucionario fueron sus políticas de género, que incluyeron paridad en su gabinete y un nuevo respeto por la diferencia sexual.

Durante los años noventa, el tiempo de Allende y su camino democrático al socialismo pertenecía a un pasado que estaba cerrado por ser demasiado doloroso de recordar y demasiado peligroso de revisitar. Cuando colegas historiadores chilenos trataron de traducir y publicar con una de las principales editoriales universitarias mi historia oral del periodo de la Unidad Popular a través de los ojos y las palabras de trabajadores textiles, les dijeron que sin duda merecía ser traducida y publicada, pero que su publicación era «inconveniente». Esta «inconveniencia» reflejaba los temores ante los ataques desde la derecha y desde el interior de la propia Concertación, una coalición de demócratacristianos y socialistas que fueron enemigos durante la era de Allende y no querían que eso se recordara, mientras los ahora «renovados» dirigentes socialistas tampoco querían recordar los errores «revolucionarios» de su juventud.

El arresto de Pinochet en 1998 en Londres por crímenes contra la humanidad abrió los años de su dictadura a un creciente análisis crítico, pero aun entonces el tiempo de Allende y su revolución siguió siendo memoria prohibida. Esto empezó a cambiar, aunque gradualmente, durante la primera década del nuevo milenio. En 2000, Ricardo Lagos inauguró una estatua conmemorativa del presidente mártir en la Plaza de la Constitución, a pocos metros de La Moneda. Tanto Lagos como Bachelet y los partidos considerados por sí mismos como «izquierdistas» —a diferencia de sus predecesores democratacristianos— dieron importantes pasos hacia una más equilibrada memoria de la revolución y la contrarrevolución chilena. En 2003, Lagos usó el trigésimo aniversario del golpe para formar una comisión para investigar la tortura de los prisioneros políticos bajo la dictadura. También rehabilitó a Allende al colgar su retrato de un muro del palacio presidencial y autorizó una celebración conmemorativa de Allende en la Plaza de la Constitución.

Pero era un Allende «sanitizado» el que era homenajeado, convertido en mártir republicano por la democracia, desprovisto de los objetivos socialistas y revolucionarios por los cuales vivió y murió. Aun así esa limitada reparación de la memoria histórica produjo tensiones dentro de la Concertación y los democratacristianos alegaron que Lagos estaba reescribiendo la historia. Como presidenta, Bachelet completó esta rehabilitación de Allende restaurando su oficina en La Moneda, transformándola en un memorial de Allende, el único que un presidente chileno tiene en el palacio presidencial. Para los izquierdistas líderes del polo progresista de la Concertación, la revolución chilena era un pasado cuya memoria debería ser honrada, pero de una manera selectiva y controlada. Muchos chilenos, atraídos por el consumismo y con miedo de que una vuelta al pasado revolucionario significara nuevos sacrificios y sufrimientos, aceptaron esa visión.

Sin embargo, para algunos, a nivel de base, los viejos objetivos e ideales brillan todavía. Para los mapuches, que bajo Pinochet perdieron las tierras que habían ganado con Allende, y casi perdieron sus comunidades y también su sentido de identidad, la restauración de la democracia trajo una oportunidad para exigir la restitución de las tierras y justicia social que traían ecos tanto de la revolución chilena de los años 70 como del renacimiento cultural mapuche de los ochenta.

En los años noventa, los mapuche crearon el más dinámico movimiento social de Chile, que se alió con el nuevo movimiento medioambiental para proteger el bosque nativo y las cuencas hidrográficas del intrusivo desarrollo capitalista. También obtuvieron del gobierno de la Concertación, cuyos dirigentes habían sido partidarios de la reforma agraria y reconocían la necesidad de justicia social para los mapuche, una nueva ley indígena de 1993, redactada por antiguos activistas de los años setenta que estableció un programa de compra de tierras subsidiado por el Estado y un concejo de asuntos indígenas con fuerte representación indígena.

Fue en este contexto que en 1994, Nicolás Ailío se declaró formalmente miembro de una comunidad indígena, el primer paso para obtener un subsidio para compra de tierras. Heriberto Ailío fue nuevamente líder de la comunidad, elegido vicepresidente en 1996 y unos pocos meses después, presidente. Bajo su liderazgo, Nicolás Ailío tuvo éxito en su petición. Lo ayudaron dos no-mapuche ex miristas de la época de Allende, uno de los cuales había estado en la cárcel con Heriberto después del Golpe y en el exilio había desarrollado vínculos con ONGs europeas; el otro había sido funcionario de la reforma agraria y ahora era miembro de la CONADI, la comisión de gobierno a cargo de los subsidios para compra de tierras. Aunque su intención inicial era comprar un campo cercano fracasó por su alto precio y gran deuda, eventualmente compraron en Huellanto Alto cerca de las montañas. Estaba lejos y tenía una ecología diferente a la que estaban acostumbrados, era más pequeña de lo prometido y no eran las tierras que habían sido arrebatadas a sus antepasados y recuperadas por un tiempo durante la revolución chilena. Pero era la satisfacción de su sueño de tener tierra propia que pudieran dejar a sus hijos, lo que había motivado el movimiento que Heriberto Ailío había dirigido en los años setenta. Cuando aproximadamente la mitad de la comunidad se movió con él en 1998 para Nicolás Ailío II, representó el triunfo de ese proyecto revolucionario, alterado, sin embargo, por la represión de la dictadura de Pinochet y reformado en condiciones muy diferentes en los años noventa. En Nicolás Ailío II el legado de la revolución sigue vivo.

Ese mismo año 1998 Pinochet se retiró de la comandancia en jefe del Ejército y fue arrestado en Londres por crímenes contra la humanidad por una orden de captura internacional de Interpol a requerimiento del juez español Baltasar Garzón, que pedía que fuera extraditado a España, reflejando así la nueva jurisprudencia internacional de que los crímenes contra la humanidad pueden ser perseguidos judicialmente en todas partes. Aunque finalmente Pinochet sería enviado a Chile en razón de que estaba demasiado senil para ir a juicio y que nunca enfrentaría una sentencia criminal, ya había sido encontrado culpable por la opinión pública y pasó sus últimos días defendiéndose contra múltiples acusaciones por crímenes contra los derechos humanos y también por fraude financiero. Aún más, sus dos años arrestado bajo la autoridad británica indicaron el fin de la época de Pinochet y del miedo que infundía en la sociedad chilena. En su despertar, Chile empezó a abrir los ojos mirando hacia adelante, al futuro post Pinochet, y mirando hacia atrás, hacia el pasado pre Pinochet.

El año siguiente, los chilenos se sorprendieron con las noticias de la toma de Peñalolén, la invasión de un terreno desocupado en un suburbio de clase media en Santiago que a pesar de muchas diferencias recordaba las tomas de terrenos en la era de Allende por su tamaño, extensión y su política. En la medianoche del 4 de julio, en una acción planeada y planificada, más de mil quinientos allegados tomaron dieciséis hectáreas de tierra sin moradores en la comuna de Peñalolén en las estribaciones cordilleranas. Los pobladores resistieron temporales de lluvia, deslizamientos de barro y amenazas de desalojo por la fuerza. A fines de julio cerca de dos mil familias y diez mil personas estaban viviendo en el campamento que llegó a ser conocido como la «Toma de Peñalolén».

Por entonces, un orden rudimentario se había establecido en el campamento completo con una división en veintitrés comités territoriales, una estructura de gobierno, regulaciones internas que prohibían las drogas y los comienzos de servicios que iban desde la electricidad a la atención médica. Observadores que fueran lo bastante viejos para recordar la era de Allende tal vez pensaban que habían retrocedido en el tiempo cuando pasaban a través de la entrada custodiada bajo una lienza que declaraba: «Aquí se construye conciencia» —y no solo casas—, en el sector de la toma conocido como «La voz de los sin casas». Este sector de la toma estaba bien ordenado con calles en ángulo recto y casas de autoconstruidas bajo un solo patrón. Había un estructura de comités —desde el comité de seguridad hasta comité de cuidado de los niños—, participación obligatoria en la vida de la comunidad y un discurso de los dirigentes que dejaba en claro que este era un proyecto político y no solo un proyecto habitacional. Me hizo recordar a Nueva La Habana y otros campamentos del MIR en la época de Allende y la revolución chilena.

Sus dirigentes eran miembros de La SurDa, un grupo de izquierda independiente fundado en círculos universitarios a comienzos de los años noventa, críticos de la izquierda chilena y los partidos políticos de ese tiempo, pero inspirados en el ejemplo del MIR de la era de Allende y su organización, del liderazgo transversal y la creciente toma de conciencia en campamentos como Nueva La Habana. La Toma de Peñalolén fue diseñada para demostrar que las estrategias políticas desde abajo eran todavía viables en las muy diferentes condiciones de Chile en el paso al siglo xxi, donde los allegados reemplazaban a los migrantes rurales como la base de masas de pobladores del movimiento social que La SurDa se proponía movilizar y conducir desde dentro, usando modernos elementos de comunicación y tecnología para ganar la batalla de relaciones públicas externas y proteger a la toma de un desalojo violento. Pero la Concertación no era la Unidad Popular, el 2000 era distinto de 1970 y Frei Ruiz-Tagle no era Allende.

El gobierno de Frei se negó a legalizar la Toma de Peñalolén, ofreciendo en cambio a los pobladores viviendas en los bordes de la comuna o incluso en comunas más alejadas, mientras los amenazaba con el desalojo de la tierra que habían ocupado. Aún más, La SurDa era solamente uno de los muchos grupos involucrados en la Toma y «La voz de los sin casa» era solamente uno de los veintiún comités territoriales. Finalmente, la mayoría de los pobladores estaban más interesados en construir sus casitas que en construir su conciencia. Cuando La SurDa no pudo asegurar un título legal sobre la tierra que habían ocupado ellos se fueron a otra parte en busca de soluciones habitacionales con menos políticas izquierdistas. Con el tiempo la Toma de Peñalolén y La SurDa se fragmentaron y desintegraron aunque ambas dejaron su huella y su legado.

Durante su breve existencia, La SurDa engendró una organización de estudiantes, la Izquierda Autónoma que sobrevivió al fallecimiento de su organización madre para participar en los importantes movimientos estudiantiles de 2005 y 2006 y jugar un rol dirigente en el impetuoso movimiento estudiantil de 2011 y 2012. En 2012 y de nuevo en 2013, la Izquierda Autónoma, en alianza con movimientos afines, ganó la primera mayoría en la FECH y en la Universidad Central mientras mantenían fuerza en la Universidad Católica de Valparaíso y en la Universidad Austral.

Aunque la Izquierda Autónoma aspira a construir un «socialismo para el siglo xxi» y adopta una posición crítica respecto de los movimientos izquierdistas del pasado, mira hacia el MIR y la Unidad Popular de la era de Allende por su empoderamiento del pueblo, incrementando su autonomía respecto de las clases dominantes. Como lo dijo Francisco Figueroa, dirigente de la Izquierda Autónoma, vicepresidente de la FECH en 2011 y después analista del movimiento estudiantil: «Tiene que ser el pueblo como tal el protagonista de la historia y no intermediarios como los partidos políticos de la Concertación» que, según creen los Autónomos, «han despolitizado al pueblo». También por esa razón, los autónomos criticaron la rehabilitación de Allende, como «un Allende de museo», con el propósito de limitar a Allende «a un recuerdo», como decir «qué linda fue la experiencia pero… los tiempos cambian». En cambio los Autónomos «combatimos directamente la idea de que hay que limitar al museo a Allende y a la Unidad Popular. También la gente que murió en esos días fueron combatientes que murieron por un mundo distinto». Los Autónomos también celebran «esa creatividad que representó la Unidad Popular y que encabezó Allende en su época» y vieron que era algo que el movimiento estudiantil de hoy puede poner al día y emular.

El grupo político que la Izquierda Autónoma destronó en la FECH fueron los comunistas, cuya presidenta de la FECH en 2011, Camila Vallejo, se convirtió en el rostro fotogénico y en la voz carismática del movimiento estudiantil y en su estrella internacional también con más de trescientos mil fanáticos de Twitter alrededor del mundo. Los comunistas, que fueron los aliados más cercanos de Allende durante la era de la Unidad Popular, siguió siendo el partido más leal a sus ideas durante los diecisiete años de la dictadura de Pinochet y las aún más largas dos décadas de gobiernos de la Concertación, ayudado por su continuidad de liderazgo y por su resistencia a la «renovación» frente al colapso del comunismo en Europa del Este y la desintegración de la Unión Soviética.

Reapareció en Chile post Pinochet como un partido más pequeño y sin representación parlamentaria por el antidemocrático sistema electoral binominal impuesto por Pinochet. Pero era el partido más grande de la Izquierda dura, que hacía fuertes críticas al giro neoliberal de la Concertación que atraían incluso a intelectuales no comunistas como Tomás Moulián, cuyo Chile actual, anatomía de un mito fue un inesperado best-seller que captó una actitud de la sociedad que estaba cambiando desde el triunfalismo del milagro chileno a la desilusión con la inequidad y la vulnerabilidad del modelo económico a los golpes externos, y además ante los enclaves autoritarios del sistema político, la limitada participación popular y las élites distantes. Esto hizo más fácil para el Partido Comunista transmitir el legado de la Unidad Popular de socialismo democrático a las generaciones nacidas después de 1973, que no tenían la experiencia de la era de Allende, y a la generación nacida después de 1990, que no tenía tampoco la experiencia de la dictadura de Pinochet. Aun más, muchos venían de familias de una cultura comunista, como pasó con el dirigente estudiantil de la USACH Camilo Ballesteros, cuyo abuelo y madre eran militantes comunistas y que estudió en un colegio de izquierda y allí entro a la JJCC en 2004.

Durante esos mismos años, el partido Socialista de Allende se transformó en un partido que abrazó el neoliberalismo, mientras se proyectaba a sí mismo como el «ala izquierda» de la Concertación. La coalición de centro-izquierda que había estado dominada por los democratacristianos durante la primera década de su gobierno, eligió a Ricardo Lagos y a Michelle Bachelet presidentes en 2000 y 2006, ambos en estrechas victorias electorales contra una derecha renovada que finalmente eligió presidente a Sebastián Piñera en 2010, en un resultado que reflejó una creciente frustración con la Concertación cuyas reformas, encuadradas dentro de la Constitución de Pinochet y el modelo neoliberal, habían modificado su herencia desde la dictadura, pero dejando sus estructuras en pie.

También los comunistas fueron beneficiarios de los cambios que el nuevo milenio trajo la política chilena. Una época en que se eligió a dos socialistas presidentes, pero también se fortaleció a la derecha post Pinochet. Aunque Lagos y Bachelet ganaron fácilmente la nominación de la Concertación venciendo a los rivales democratacristianos, no ganaron la presidencia en la primera vuelta, debido al renacimiento de la derecha y a la creciente frustración con la Concertación y su manera de gobernar. Como resultado ambos candidatos socialistas dependieron del apoyo comunista en la segunda vuelta de la elección para obtener su margen de victoria. Al fin de la primera década del nuevo siglo, la dependencia de la Concertación del apoyo comunista en las elecciones parlamentarias y municipales llevaron a pactos electorales que permitieron a los comunistas elegir alcaldes y diputados reintegrándolos efectivamente en el sistema político post Pinochet como aliados críticos de la Concertación.

En 2010, los comunistas también emergieron como la principal fuerza de la FECH y como actores determinantes en otras universidades y en diversos establecimientos educacionales secundarios. Líderes estudiantiles comunistas ganaron apoyo en la primera generación post Pinochet como críticos de la Concertación. En 2006, ellos jugaron un importante —aunque cuestionado— papel en la «rebelión de los pingüinos», protagonizada por los estudiantes secundarios, que fue el primer movimiento que concitó seria atención pública por su crítica al sistema educacional chileno, antes que los «pingüinos» fueran cooptados por el gobierno de Bachelet en una burocrática comisión de reforma que propuso solamente limitadas reformas que después fueron bloqueadas por la derecha en el congreso.

En 2011, muchos de los pingüinos de 2006 eran estudiantes universitarios y comunistas, tal como Camila Vallejo en la Universidad de Chile y Camilo Ballesteros en la Universidad de Santiago (USACH) eran los dirigentes máximos de sus organizaciones de estudiantes. Para ellos, el socialismo democrático de Allende era una opción vigente y el empoderamiento de los movimientos sociales durante la Unidad Popular era una inspiración. «Lo que tiene en común el movimiento estudiantil con la Unidad Popular» subrayó Ballesteros «es que los sectores sociales crearon el protagonismo y definieron la agenda». Pero Ballesteros remarcó en que la experiencia de la Unidad Popular también demostraba que los movimientos sociales por sí mismos no podían hacer profundos cambios, y que los partidos y gobiernos —como los comunistas y el gobierno de la Unidad Popular— también eran necesarios.

Para los jóvenes comunistas de 2011, la Unidad Popular era el principal ejemplo del valor de la participación comunista en el Gobierno y en una amplia coalición política. En la USACH, que durante la Unidad Popular era la Universidad Técnica del Estado (UTE) —el lugar donde se educaron muchos dirigentes sindicales de ese tiempo (entre ellos los lideres de Yarur) y a donde llegó Víctor Jara a desafiar el golpe— había una especial conciencia de sus vínculos con la Unidad Popular —relataba Ballesteros— como también en el grito de los estudiantes de la USACH «somos los cachorros de la UTE».

El movimiento estudiantil de 2011-12, sin embargo, fue complejo, con muchas hebras políticas. Dos de las más prominentes —comunistas y autonómos— miraban hacia el tiempo de Allende con una mirada crítica, pero también como una inspiración1. A pesar de sus diferencias, ambos —comunistas y autónomos— a través de sus líderes estudiantiles destacan que ellos tienen a Allende y la Unidad Popular como ejemplos a emular en su promoción de los movimientos sociales y la movilización del pueblo, en su revolución democrática y en sus valores socialistas, y por su preocupación por la equidad y la educación como un derecho ciudadano que debiera ser gratuito, no una mercancía de consumo privado que para obtenerla obliga a los individuos y a sus familias a endeudarse.

Ellos fueron también inspirados por lo que el autónomo Francisco Figueroa llamaba la insistencia de Allende de «no amarrarse a recetas o a fórmulas» importadas sino mas bien «definir estrategias y tácticas originales basadas en la experiencia chilena» y «construir un socialismo de acuerdo con la realidad, los valores y el modo de sentir del pueblo chileno». Ballesteros estaba de acuerdo, recordando con aprobación la receta de Allende para «una vía chilena… un socialismo con sabor a vino tinto y empanadas». Al igual que Allende en 1970, ambos están de acuerdo con «que llegar al socialismo es algo que hoy Chile necesita» aunque Figueroa precisa «que hay que actualizarlo al día de hoy».

Además, en su demanda por el fin del lucro en la educación la protesta contra el endeudamiento de los estudiantes y su insistencia también en las reformas políticas, tales como el fin del antidemocrático sistema electoral binominal y una nueva constitución plenamente democrática, el movimiento estudiantil post Pinochet reclamó una revocación de la contrarrevolución neoliberal de Pinochet y un retorno a la solidaridad social, democracia participativa y educación pública de alta calidad y plenamente accesible del tiempo de Allende. Además, como Allende, la fe de los dirigentes estudiantiles de 2011 en un camino democrático era clara en la decisión de varios de ellos de incorporarse a la política electoral. En 2012, Camilo Ballesteros estuvo a punto de ser elegido el alcalde más joven de la historia de Chile, y en 2013 Francisco Figueroa junto a Camila Vallejo y varios otros líderes estudiantiles de 2011 surgieron como candidatos al Congreso mientras Ballesteros fue incorporado al comando presidencial de Michelle Bachelet.

El movimiento de estudiantes de 2011 fue inclusivo y transversal, lo que le permitió trascender sus orígenes estudiantiles, ganar el apoyo de los dos tercios de los chilenos y movilizar marchas de más de cien mil personas —las mayores manifestaciones desde la restauración de la democracia en 1990. Así como los padres y profesores de pelo gris, que marchaban sonrientes con los estudiantes en 2011, recordaban las demostraciones de los tiempos de Allende en que participaron siendo jóvenes, existe un legado simbolizado por los colegios tomados, por las consignas del pasado coreadas en el presente. En el movimiento estudiantil chileno entre 2011 y 2013, el espíritu de la revolución chilena de los tiempos de Allende parece una herencia viva, y es tal vez una inspiración para el levantamiento de una revolución democrática que busque una nueva vía chilena, un socialismo para el siglo xxi.

1 El MIR del tiempo de Allende fue también una inspiración para dos movimientos estudiantiles más radicales con fuerzas en provincia y creciente influencia nacional, la Unión Nacional de Estudiantes (UNE), centrada en Valparaíso, y el Frente Universitario Rebelde (FUR) creado en la Universidad de Concepción, lugar de nacimiento del antiguo MIR.

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