Historia de la Segunda República Española (1931-1936) contra la que se alzaron las izquierdas anarquistas, comunistas y socialistas mediante insurrecciones, terrorismo y hasta un intento de golpe de estado, para destruir aquella república «burguesa» y reemplazarla por una república socialista con «dictadura del proletariado». La tolerancia del régimen hacia esa subversión revolucionaria alentada por la Unión Soviética, propició una escalada de violencia y destrucción de la legalidad que terminó implosionando la República y provocando la Guerra Civil.

Jorge Fernández Zicavo

La república suicida

Segunda República Española 1931-1936

ePub r1.0

Titivillus 01.02.2021

Título original: La república suicida

Jorge Fernández Zicavo, 2006

Editor digital: Titivillus

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Dedico este libro a los grandes olvidados de la «memoria histórica» políticamente correcta: a los 354 Guardias Civiles, de Asalto, Seguridad, Carabineros y miembros del Ejército que murieron defendiendo al Estado republicano en las insurrecciones armadas de las izquierdas; y a sus 921 compañeros heridos de bala. También a los 19 pasajeros muertos en el tren dinamitado en Valencia en diciembre de 1933 y a los 30 religiosos asesinados en Asturias en octubre de 1934.

Lo más notable de las historias de la República y la Guerra Civil española escritas desde la izquierda, son los vacíos de sus borrados y los ruidos de sus silencios. Su patético combate contra el palimpsesto.

INTRODUCCIÓN

Desmemorias de la Segunda República

La operación mediática denominada «recuperación de la memoria histórica», iniciada por el Partido Socialista Obrero Español, y el Partido Comunista de España por medio de su tapadera electoral Izquierda Unida, durante la campaña para las elecciones generales del año 2000 y aún plenamente vigente y potenciada, se articuló sobre una falsa narrativa de la Segunda República, cuya premisa básica afirma que las izquierdas la adoptaron como suya desde el primer momento y que la defendieron de los ataques de las derechas. Esta versión, diseñada en 1936 por la propaganda de la Komintern para justificar la intervención de sus Brigadas Internacionales y del Ejército Rojo soviético durante la guerra civil, en nombre de una «lucha contra el fascismo», todavía está omnipresente en todo discurso que se estime progresista.

Los hechos y documentos históricos refutan el mito de una izquierda socialdemócrata favorable a la República, y demuestran justamente lo contrario: era una izquierda revolucionaria; integrada por anarquistas, comunistas y socialistas «bolchevizados» que atacó al nuevo régimen desde el mismo día de su proclamación porque seguía siendo «capitalista y burgués». A diferencia de las derechas, que lo acataron mayoritariamente pues les daba igual un régimen monárquico o republicano siempre que garantizara la continuidad del sistema: democracia parlamentaria, derecho a la propiedad privada, libertad de prensa, orden público, etc.

Por supuesto, este enfoque general, basado en hechos abrumadoramente acreditados, ya ha sido expuesto por algunos (pocos) historiadores, pero el presente ensayo, soportado documentalmente por la prensa de la época y por archivos del PSOE, el PCE y la Komintern, pretende llenar una sorprendente ausencia en la bibliografía sobre la Segunda República: la reconstrucción de las ofensivas insurreccionales de las izquierdas contra los gobiernos del nuevo régimen, la Iglesia Católica y los partidos de derechas liberales y conservadoras que han sido mencionadas fugaz y tangencialmente.

Un ejemplo notable de esta omisión, lo encontramos nada menos que en el prestigioso Hugh Thomas, que en La Guerra Civil Española dedica tres líneas a la insurrección socialista de Madrid en octubre de 1934 que duró… nueve días; lo cual demuestra que Thomas no consultó ni hemerotecas ni archivos de un país que solo conoció como turista mientras leía «para iniciarme en la historia de la España moderna», El Laberinto Español, de Gerald Brenan: un libro paradigmático (por la descarada manipulación de sus lectores), en la historiografía marxista sobre la Guerra Civil española.

Aquellas insurrecciones anarquistas, comunistas y socialistas fueron toleradas durante cinco años por el oportunismo de los gobiernos republicanos de centroizquierda, y por la cobardía de los de centroderecha que no se atrevieron a aplicar todo el peso de la ley a los enemigos de la República. La indiferencia y ceguera histórica de esos políticos, ante la subversión comunista que desde la revolución rusa de 1917 se extendía por toda Europa y ya había destruido la socialdemócrata República de Weimar a beneficio de los nazis, sumiría a la Segunda República en un proceso de autodestrucción suicida que arrastraría a los españoles hacia una larga y sangrienta guerra civil.

1
LA REPÚBLICA GOLPISTA

Los datos mínimos de España en 1931, indican que por su desarrollo industrial, agrario, comercial y financiero ocupaba una posición media en la escala europea y que, en líneas generales, las rentas eran aceptablemente buenas para la clase media urbana y obrera cualificada, regular para los pequeños propietarios agrícolas, y pésima para los peones rurales: salarios miserables, analfabetismo y un latifundismo que en algunas provincias concentraba en diez familias el 60% de las tierras.

La Peseta no era una de las principales divisas internacionales, pero estaba avalada por la cuarta reserva mundial de oro. La industria metalúrgica se abastecía con la minería nacional, y la textil estaba muy desarrollada en Cataluña. El número de estudiantes universitarios se había duplicado en los últimos veinte años y la incorporación de la mujer al trabajo era lenta pero progresiva. El sector industrial empleaba a 2 325 000 personas, el de servicios a 2 500 000 y el rural a 1 900 000. En cuanto a su mundo cultural, la lista de talentos era apabullante: Benito Pérez Galdós, Pío Baroja, los hermanos Antonio y Manuel Machado, Federico García Lorca, Manuel de Falla, Jorge Guillén, Picasso, Gris, Miró, Dalí, Buñuel, Menéndez Pidal, Unamuno, Ortega y Gasset, Ramón y Cajal, Gregorio Marañón, Salvador de Madariaga, Jacinto Benavente, Gómez de la Serna, Ramón Jiménez…

El historiador Stanley Payne resumió así el primer tercio del Siglo XX en España:

El resultado, fue el comienzo de una transformación sociocultural que dio lugar a la más fundamental de las revoluciones: la revolución psicológica de las aspiraciones crecientes. En 1930 y por vez primera, millones de españoles esperaban la rápida continuación, e incluso el aumento, de mejoras cruciales en asuntos sociales y políticos. Salvo que se tome en consideración la magnitud de esa reciente expansión y sus correlativos cambios sociales y psicológicos, no puede comprenderse la sociedad española de los años treinta. Las radicales exigencias que siguieron, no derivaban del hecho de que, con anterioridad, España hubiera sido incapaz de progresar, sino precisamente de que, en muchos campos, se había llevado a cabo un veloz progreso. Conforme millones de personas experimentaban una rápida mejoría en sus vidas, ellos y también otros, estaban decididos a exigir todavía más.

(El Colapso de la República).

De las etapas precedentes, cabe destacar la Primera República (1873) que sólo duró once meses por no garantizar el orden público y la unidad nacional. La Restauración monárquica y parlamentaria de los Borbones con Alfonso XII (1875) y continuada por su hijo Alfonso XIII (1902), bajo cuyos reinados España disfrutó de desarrollo económico y estabilidad institucional gracias a una alternancia pactada de gobiernos conservadores y liberales. Y, por último, la dictadura del general Miguel Primo de Rivera (1923-1930) motivada por los fracasos militares en Marruecos y el terrorismo anarquista. Una singular «dictablanda», (Azaña: «Apenas una molestia») que, además de ser aceptada por Alfonso XIII, fue apoyada por el marxista PSOE, cuyo líder, Francisco Largo Caballero, fue nombrado Consejero de Estado para asuntos de Trabajo.

Los anarquistas, temiendo que el desarrollo económico y la democracia liberal bajo los reinados de Alfonso XII y XIII aletargaran la «conciencia revolucionaria del proletariado», durante ambos reinados asesinaron a tres presidentes de Gobierno: Cánovas, Canalejas y Dato, y en 1906 atentaron contra Alfonso XIII el día de su boda provocando treinta muertos y cien heridos entre el público que presenciaba el paso del carruaje tras la ceremonia religiosa. En 1909, provocaron la «Semana Trágica de Barcelona»: 118 muertos y 350 heridos, más 19 iglesias, 20 conventos y 17 colegios religiosos incendiados. En 1917, junto con la Unión General de Trabajadores (PSOE), declararon una huelga revolucionaria que causó 93 muertos y 150 heridos.

El balance del terrorismo anarquista de esos años arroja cifras impresionantes: sólo entre 1917 y 1923 se computaron 1400 atentados, que causaron más de 1000 víctimas entre muertos y heridos. La dictadura de Primo de Rivera puso fin a esos veintisiete años de pesadilla terrorista, pero en 1931, la anarquista Confederación Nacional de Trabajadores tenía unos 600 000 afiliados. El anarquismo español fue el más poderoso del mundo y el único que consiguió implantar un régimen de comunismo libertario: en Aragón y Cataluña, durante el primer año de la guerra civil española.

La violencia anarquista en España durante el siglo XIX y primeras décadas del XX ya preanunciaba lo que ocurriría durante la Segunda República.

Respecto a la llegada de ésta, que la demagogia izquierdista asignó «al pueblo», lo cierto es que el cambio de régimen fue pactado en San Sebastián (17.8.1930) por políticos y militares de derecha, centro e izquierda, liderados por el partido Derecha Liberal Republicana de Niceto Alcalá-Zamora. El pueblo no tuvo ningún protagonismo.

En diciembre de 1930, los conspiradores habían intentado precipitar la caída de la monarquía mediante un alzamiento militar en Jaca (Huesca), pero fracasaron y fueron fusilados los capitanes Galán y García Hernández.

Finalmente, el 14 de abril de 1931 lograron proclamar la Segunda República al convertir las elecciones municipales del día 12, en un golpe de Estado.

En la noche del lunes 13, el Ministerio de Gobernación comunicó que los monárquicos habían ganado en treinta y nueve de las cuarenta y siete provincias por 22 150 concejales contra 5875 de republicanos y socialistas. Pero éstos últimos, más votados en las grandes ciudades, al día siguiente emitieron un Manifiesto Revolucionario afirmando que esos votos, «la voz de la España viva», eran más relevantes que «el voto rural de los feudos» y que, en consecuencia, «han tenido el valor de un plebiscito desfavorable a la Monarquía y favorable a la República».

Añadían que, «en nombre de esa España mayoritaria (sic) que circunstancialmente representamos», implantarían la República aunque se opusieran «las instituciones más altas del Estado, los órganos de Gobierno y los Institutos armados».

En otras palabras: si el Rey, el Gobierno y el Ejército no entregaban el poder a quienes ganaron las elecciones municipales en las capitales de algunas provincias, lo tomarían violentamente.

Ésta fue la primera plana del diario republicano-conservador Ahora:

Horas de terrible incertidumbre. Un momento angustioso en el que se está forjando el porvenir de la Patria.

Y, habiendo ganado los monárquicos por una proporción de cuatro a uno:

El triunfo electoral del bloque antimonárquico en casi toda España ha puesto al país en el duro trance de la revolución.

Incertidumbre, angustia, triunfo y revolución. El orden de estas palabras no era casual: técnicas subversivas de escalada de la tensión. Estaban tan decididos a tomar el poder como fuera, que introducían el término revolución, y no reparaban en la incongruencia de incluir el comunicado oficial con el triunfo de… los monárquicos.

El Debate (Acción Católica) refutaba la hipótesis golpista del plebiscito:

Quienes creen obligada la abdicación del Rey por consecuencia de las elecciones del domingo, dan a éstas el alcance y el carácter de un plebiscito republicano, de un fallo definitivo e inapelable. No hay tal (…) No ha habido en el supuesto plebiscito mayoría republicana. Se quiere prescindir de las elecciones en miles de pueblos. ¿Qué es esto? ¿Hay españoles de inferior condición ciudadana? ¿Qué espíritu democrático sostiene esa monstruosidad? (…) Los republicanos, en suma, pueden estar satisfechos de su triunfo; pero no pueden decir que anteayer decidió España cambiar su forma de Gobierno. Ni dijo España eso, ni nadie se lo preguntó.

El monárquico ABC proponía una solución legal y democrática:

La jornada electoral del domingo acentúa la crisis en que nos hallamos desde la caída de la Dictadura. Sólo el Parlamento puede darle solución legítima. Lo demás, todo lo que se intente y se haga sin la decisión del Parlamento, cualquier empeño de resolver la crisis ilegalmente y de imponer hechos consumados a la soberanía nacional, sería la discordia y el desorden.

Pero el rey Alfonso XIII, apoyado sólo por una parte del Ejército y abandonado por íntimos colaboradores, como el ministro de Exteriores, Álvaro de Figueroa y el presidente del Gobierno, almirante Juan Bautista Aznar, decidió marcharse del país para evitar una guerra civil.

Lo hizo a las nueve de la noche del 14 de abril, dejando un Mensaje marcado por la desinformación interesada (ganaban las elecciones) y fuertes presiones psicológicas, de un entorno derrotista:

Las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que no tengo hoy el amor de mi pueblo. Mi conciencia me dice que ese desvío no será definitivo, porque procuré siempre servir a España, puesto el único afán en el interés público hasta en las más críticas coyunturas. Un Rey puede equivocarse, y sin duda erré yo alguna vez; pero sé bien que nuestra Patria se mostró en todo momento generosa ante las culpas sin malicia. Soy el Rey de todos los españoles, y también un español. Hallaría medios sobrados de mantener mis regias prerrogativas, en eficaz forcejeo con quienes las combaten. Pero, resueltamente, quiero apartarme de cuanto sea lanzar a un compatriota contra otro en fratricida guerra civil. No renuncio a ninguno de mis derechos, porque más que míos son depósito acumulado por la Historia, de cuya custodia ha de pedirme un día cuenta rigurosa. Espero a conocer la auténtica y adecuada expresión de la conciencia colectiva, y mientras habla la nación suspendo deliberadamente el ejercicio del Poder Real y me aparto de España, reconociéndola así como única señora de sus destinos. También ahora creo cumplir el deber que me dicta mi amor a la Patria. Pido a Dios que tan hondo como yo, lo sientan y lo cumplan los demás españoles.

(ABC, 17.04.1931).

La alteración del escrutinio por el Gobierno de facto fue tan delictiva, que nunca se publicaron los resultados, ni existe Acta oficial de las elecciones más escandalosas de la historia de España, en las que votaron 2 914 080 ciudadanos.

Después de dos años y ocho meses, se dieron a conocer datos «estimados» en el Anuario Estadístico Madrid 1932-1933 editado por el Instituto Geográfico; el organismo oficial de censos, estadísticas y catastro.

En él se «estima», que los republicanos obtuvieron 40 168 concejales y 19 035 los monárquicos, pero añadiendo que en el grupo Otros («presumibles monárquicos») se computan 15 198 concejales; y que un cuarto grupo, calificado como Sin Datos, obtuvo 6991. Esperpéntico informe oficial: «estimados, presumibles, otros y sin datos».

Además, el Anuario no cita la fuente de esas cifras, ni menciona los votos recibidos por cada partido. De todas maneras, la inexistencia del Acta constituye la prueba más rotunda de la anulación de la voluntad popular llevada a cabo por el PSOE y los partidos republicanos. Que en diciembre de 1931 la Segunda República fuera legitimada por una Constitución, no elimina el hecho irrefutable de que se implantó mediante un golpe de Estado electoral.

Los datos del Anuario fueron recogidos en Elecciones y Partidos Políticos de España 1868-1931, de Manuel Cuadrado, quien advirtió:

Estos datos, aparte de confusos en su especificación, son los únicos estimados por el Instituto Geográfico.

Pero a pesar de la advertencia, García Venero, en su Madrid, Julio 1936, transforma la estimación en certeza:

Ante la única realidad estadística de que disponemos, parece derrumbarse el supuesto de que el número de concejales monárquicos superó a los republicanos y socialistas.

Por su parte, Emiliano Aguado, en su hagiografía Don Manuel Azaña Díaz, lleva la confusión al paroxismo:

La verdad era que la República había triunfado en las urnas teniendo menos votos que la Monarquía.

Pero, tras reconocer el fraude, lo legitima desde una retórica antidemocrática propia del poeta Pablo Neruda:

La República no necesitaba los votos; pues estaba en las calles, en las fábricas, en el aire y en los labios de los españoles.

Para justificar al golpista Azaña, su hagiógrafo propone que los gobiernos no se elijan por votos, sino por encuestas.

En síntesis, el 14 de abril de 1931 muchos españoles festejaron la proclamación de la Segunda República en las calles. Recambio de un régimen decimonónico agotado, pero no elegida en las urnas por una nación convocada a un Plebiscito o Referéndum sino a unas elecciones municipales; cuyos resultados, por añadidura, fueron manipulados.

El análisis de estos hechos, basado en cifras y datos documentados, evidencia que la Segunda República, tal como reconocieron sus protagonistas, se implantó mediante un golpe de Estado:

El gobierno provisional de la República ha tomado el Poder sin tramitación y sin resistencia ni oposición protocolaria alguna; es el pueblo quien le ha elevado a la posición en que se halla y es él quien en toda España le rinde acatamiento e inviste de autoridad. En su virtud, el presidente del Gobierno provisional de la República asume desde este momento la jefatura del Estado con el asentimiento expreso de las fuerzas políticas triunfantes, y de la voluntad popular, conocedora, antes de emitir su voto en las mismas, de la composición del Gobierno provisional. Interpretando el deseo inequívoco de la nación, el comité de fuerzas políticas coaligadas para la instauración del nuevo Régimen designa a D. Niceto Alcalá Zamora y Torres para el cargo de presidente del Gobierno provisional de la República.

Madrid, 14 de abril de 1931.

El Gobierno golpista ni siquiera intentó disimularlo: «ha tomado el Poder»; y con una sintaxis antológica homologó ¡Vivas!, y Votos… porque «la voluntad popular asintió… antes de emitir su voto».

El historiador Pío Moa refuta el origen izquierdista y popular de la Segunda República:

Contra una opinión extendida, la República llegó de manos derechistas y, en lo que tuvo de pacífica, por la monarquía. Fueron los conservadores Alcalá-Zamora y Maura los que recogieron las dispersas fuerzas republicanas, les dieron impulso y orientación, y las arrastraron audazmente a ocupar el poder el 14 de abril. Cabe especular que de todas maneras la tendencia dominante en aquellos tiempos era la de izquierda, y que ésta acabaría imponiéndose y trayendo el nuevo régimen, incluso si los conservadores se hubieran tenido aparte. Posiblemente. Pero aun dando por segura esa suposición la República hubiera llegado de otro modo y en otro momento, lo que puede marcar diferencias decisivas. Y tampoco es fácil que la corona hubiera cedido el paso tan dócilmente a una conjunción puramente izquierdista y anarquista.

(Los personajes de la República vistos por ellos mismos).

Y cita a Miguel Maura, Ministro de Gobernación del Gobierno provisional:

La Monarquía se había suicidado, y por tanto, o nos incorporábamos a la revolución naciente para defender dentro de ella los principios conservadores legítimos, o dejábamos el campo libre, en peligrosísima exclusiva, a las izquierdas y agrupaciones obreras.

Y a Alcalá-Zamora. Discurso pronunciado en Valencia un año antes; el 13 de abril de 1930:

La mejor solución es la República, para la que existe en España ambiente favorable. Una República, viable, gubernamental, conservadora… la sirvo, la gobierno, la propongo y la defiendo. Una República convulsiva, epiléptica, llena de entusiasmo, de idealidad, mas falta de razón, no asumo la responsabilidad de un Kerenski para implantarla en mi patria.

El Gobierno provisional se constituyó a las siete de la tarde en el Ministerio de Gobernación con republicanos de izquierda y derecha, socialistas y conservadores; aunque su composición parecía más una célula masónica (nueve de los doce ministros, incluido Martínez Barrio: Soberano Gran Inspector General, Grado 33, del Grande Oriente Español), que un gabinete ministerial.

La combinación de marxistas y masones era un mal presagio para la Iglesia. Y también lo era, para esta Segunda República, el espectro de la efímera Primera (febrero 1873 a diciembre 1874), destruida por los «cantonalistas» que querían fundar una Federación de Naciones, como Suiza.

No obstante, los peores augurios sobre la Segunda República surgían al constatar que unos pequeños burgueses, más o menos jacobinos pero defensores de una sociedad económicamente capitalista y políticamente democrática, habían formado coalición con el PSOE, un partido marxista para el que la República «burguesa» solo era una mera etapa hacia la dictadura del proletariado.

Esta arriesgada alianza estaba determinada por la debilidad de los minúsculos partidos republicanos. El PSOE les proporcionaba una gran masa electoral y su poderosa Central Sindical, la Unión General de Trabajadores (UGT).

Pero, con todo, lo más grave no eran las servidumbres de los partidos a la aritmética electoral, sino las psicologías de políticos sectarios y arrogantes como el presidente Alcalá-Zamora y su ministro de guerra Manuel Azaña, que aseguraban su intención de «no permitir» una República gobernada por la derecha, alegando que sólo la izquierda podía reformar las estructuras económicas y sociales. Argumentación profundamente antidemocrática. E insólita, si tenemos en cuenta que la derecha republicana radical tenía dos ministros en el Gobierno provisional, y que uno de ellos era el Gran Maestre, Martínez Barrio, de podría moderar las disputas entre los «hermanos».

Apuntemos que la masonería no sólo tendría presencia relevante en todos los gobiernos de esta Segunda República, sino también en las Cortes, inauguradas el 14 de julio de 1931, donde constituían un tercio de los diputados. Con todo, esta presencia no debería resultar sorprendente, pues desde la Ilustración y la Revolución francesa, masonería y república pasaron a ser conceptos inseparables y progresistas que hicieron posible las independencias americanas, la caída de las monarquías absolutistas y la expansión de la democracia. Sin embargo, en su liberalismo tiene cabida el federalismo, palabra siempre inquietante en España. Pero, a pesar de la debilidad de los pequeños partidos republicanos, aquel Gobierno, provisional e ideológicamente dividido, decidió enfrentarse a la Iglesia, a la oligarquía terrateniente y al Ejército.

En la tarde del 14, el presidente de la Generalitat catalana, Francesc Maciá, proclamó la República Catalana Libre. Aterrorizado, Alcalá-Zamora le prometió la Autonomía para Cataluña y nombró al ultranacionalista Lluís Companys, gobernador civil de Barcelona. En esa ciudad, los anarquistas asaltaron una comisaría, con un saldo de doce heridos de bala. Al anochecer, Alfonso XIII viajó a Cartagena y embarcó rumbo a Marsella. Al conocer esta noticia, los comunistas madrileños provocaron desórdenes frente al Palacio Real, siguiendo las indicaciones de una organización desconocida entonces por muchos españoles:

Solamente si el Partido Comunista es capaz de desenmascarar la política de traición del republicanismo burgués en España, y sus agentes en el seno de la clase obrera representados por la socialdemocracia y el anarquismo; si en la lucha por las reivindicaciones de las masas es capaz de destruir las ilusiones republicanas en el seno de éstas, será capaz de transformar el movimiento de las masas en lucha por la destrucción del sistema capitalista.

(Antonio Elorza y Marta Vizcarrondo, Queridos camaradas).

Una auténtica declaración de guerra a la Segunda República lanzada por la Komintern: III Internacional – Comunista, fundada por Lenin en 1919. Un organismo del Partido Comunista de la URSS, y por lo tanto, del Gobierno soviético. Esta simbiosis con un Partido-Estado hacía que fuera, al mismo tiempo, la jefatura del movimiento comunista internacional y un organismo paraestatal de la URSS. Logísticamente, era apoyada por la sección Operaciones Exteriores de la NKVD: el aparato de Seguridad del Estado, más tarde denominado KGB.

Pero lo trascendente de la citada declaración de guerra a la República, es que fue leída por el presidente ejecutivo de la Komintern, Dimitri Manuilski, durante la clausura del XI Pleno celebrado en Moscú el 13 de abril de 1931; es decir, que esta línea estratégica fue ordenada al PCE el día anterior a la proclamación de la Segunda República.

Las consecuencias fueron inmediatas: como se ha mencionado, al día siguiente (14), los comunistas madrileños intentaron asaltar el Palacio Real al grito de ¡Viva Rusia!, y ¡Vivan los Soviets!

Ese mismo día, Mundo Obrero, diario del Comité Central del Partido Comunista s.e.i.c. editó un número especial con la portada…

¡ABAJO LA REPÚBLICA Y VIVAN LOS SOVIETS!

Así recibieron a la Segunda República los comunistas: un pequeño grupo escindido en 1920 de la Federación de Juventudes Socialistas del PSOE, bajo la influencia de los delegados de la Komintern, Mijail Grusenberg (ruso), Charles Phillips (estadounidense) y Manabendra Nath Roy (hindú). Al año siguiente, fundaron el Partido Comunista de España s.e.i.c. (Sección Española de la Internacional Comunista), supervisada desde Moscú por el Secretariado de Países Latinos de la Komintern; un organismo integrado por el suizo Jules Humbert-Droz, el búlgaro Stoyán Mínev, el húngaro Erno Gerö, y los italianos Palmiro Togliatti y Vittorio Codovilla. Este último, nacionalizado argentino y cofundador del PCA. Más adelante, estos revolucionarios profesionales tendrían un destacado protagonismo en la guerra civil española.

El 15 de abril no hubo incidentes en Madrid, pero en Bilbao los comunistas asaltaron la cárcel de Larrinaga liberando a ciento veintinueve presos comunes. En Sevilla asaltaron dos armerías, se tirotearon con la Guardia Civil con un balance de dos muertos y diecisiete heridos y, finalmente, al grito de ¡Vivan los Soviets y la República Comunista!, atacaron el cuartel del Regimiento de Infantería Soria. En Barcelona se produjo un tiroteo entre miembros del Sindicato Único (anarquista) con el resultado de dos muertos y cinco heridos.

Ese mismo día entraba clandestinamente en España el líder anarquista Buenaventura Durruti, acusado de haber asesinado al cardenal Juan Soldevila, de intentar secuestrar en 1926 a Alfonso XIII en París, y de atracar bancos en La Habana, México, Santiago de Chile y Buenos Aires. La llegada de Durruti pocas horas después de proclamarse la República, es un dato significativo.

El 17, una nueva amenaza separatista: el Ejército ocupó Guernica para impedir la proclamación de la República Vasca. Pensaban leer el siguiente documento:

Nosotros, apoderados de los Municipios vizcaínos reunidos en Junta general en el árbol de Guernica, en nombre de Dios Todopoderoso y del pueblo vizcaíno, pedimos que se proclame y reconozca solemnemente la República vasca. Invitamos a los representantes de Álava, Guipúzcoa y Navarra a una similar expresión y adhesión, para llegar al establecimiento de la República vasca o del organismo que libremente represente a nuestra Nación (…) Se establecerá sobre la base de gobierno propio y de federación con los otros Estados de la Península Ibérica.

(El Debate, 18.04.1931).

El día 21, ABC publicó una carta del general de brigada Francisco Franco Bahamonde, entonces director de la Academia Militar, en la que pedía rectificar una noticia errónea: que había sido nombrado Alto Comisario en Marruecos.

Respecto a República expresaba…

Su firme propósito de respetar y acatar la soberanía nacional, anhelando que ésta se exprese por los adecuados cauces jurídicos.

Al día siguiente, ABC se arriesgó a romper la autocensura del resto de la prensa:

Un Gobierno que se ha nombrado a sí mismo, que se ha formado espontáneamente sobre una suposición de voluntad nacional, que se arroga la «plenitud de poderes» sin ninguna limitación legal y que se ha erigido sobre la anulación del Código constitucional y sus garantías, es una dictadura típica, inconfundible.

Así llegó la Segunda República, y así la recibieron sus enemigos: comunistas, anarquistas y nacionalistas catalanes y vascos. En 1934, se les sumarían los socialistas.

En tan sólo 15 días, los ataques contra el nuevo régimen ocasionaron cinco muertos y treinta y cuatro heridos de bala.

2
MAYO DE FUEGO

No tardaron mucho las izquierdas en reiniciar su violencia proletaria contra la República «democrática burguesa». El 30 de abril, como anticipo del 1.o de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, los anarquistas barceloneses saquearon un mercado, y en las Ramblas exigieron al cuartel de la Guardia Civil que les entregaran sus armas. Al día siguiente correría la sangre.

En Barcelona, los comunistas antiestalinistas del Bloque Obrero Campesino (BOC) se reunieron en el Palacio de Proyecciones (en lo que fue el recinto de la Exposición Internacional de 1929). Su líder, Joaquín Maurín, propuso:

Asaltar el Banco de España, repartir las tierras, formar tribunales revolucionarios, desarmar la Guardia Civil, disolver la Policía, reemplazar al Ejército por milicias populares y armar al pueblo para defender la revolución.

Al terminar, coincidieron con los del PCE que salían del Palacio del Vestido marchando tras la pancarta Sección Española de la Internacional Comunista, y juntos se dirigieron a la sede de la Generalitat (Gobierno de Cataluña), donde exigieron ser recibidos por el presidente Maciá. Minutos después llegaron los anarquistas, que venían de celebrar su mitin en el Palacio de Bellas Artes y, tras ser rechazados por la policía, los tres grupos comenzaron a disparar contra el edificio matando a un guardia e hiriendo a dos. Los atacantes sufrieron diez heridos de bala. El gobernador civil, Companys, movilizó al Ejército.

En Bilbao los comunistas se reunieron en el teatro de los Campos Elíseos, donde la vizcaína Dolores Ibárruri, «Pasionaria», pronunció un duro discurso contra el Gobierno provisional. A continuación, salieron a la calle portando carteles de ¡Gora Euzkadi Askatuta! (Viva Euzkadi Libre) y gritando ¡Viva el comunismo!, y ¡Muera la República! Un escuadrón de la Guardia de Seguridad cargó contra ellos, y se desató un tiroteo que causó veintiséis heridos.

A pesar de la gravedad de estos sucesos, con intervención del Ejército incluida, en sus Memorias, marcadas por una amnesia selectiva que supera todo lo previsible en este tipo de libros, Alcalá-Zamora sólo mencionaría el 1.o de Mayo en Madrid:

Los espléndidos comienzos de la República parecían afirmarse y el magnífico 1.o de mayo tuvo su confirmación de entusiasmo ordenado y tranquilizador con motivo del homenaje a la memoria del fundador del Partido Socialista, Pablo Iglesias.

Días después, el insólito Gobierno de masones de izquierda y derecha, católicos y marxistas, liberales y conservadores, inició su ofensiva contra la Iglesia, que el 15 de abril había hecho público su acatamiento a la República. El 16, el obispo de Barcelona, monseñor Irurita, pidió a sus fieles «el espíritu de cristiano acatamiento al nuevo régimen».

El 17, el Cabildo Catedral de Madrid visitó al Ministro de Justicia para expresarle igual posición, y en días siguientes se emitieron pastorales de similar contenido en todas las provincias. El día 24, el nuncio del Vaticano en Madrid, Federico Tedeschini, escribía a todos los obispos españoles:

De parte del Eminentísimo Señor Cardenal Secretario de Estado de Su Santidad (Eugenio Pacelli, futuro Pío XII), me honro en comunicar a V. E. Rvma. ser deseo de la Santa Sede que V. E. recomiende a los sacerdotes, a los religiosos y a los fieles de su diócesis que respeten los poderes constituidos y obedezcan a ellos para el mantenimiento del orden y para el bien común.

(Víctor M. Arbeloa, La semana trágica de la Iglesia en España).

Los ciudadanos católicos, por su parte, el 26 habían fundado el partido Acción Popular, liderado por el periodista y catedrático de derecho, José María Gil Robles…

… para defender los tradicionales valores de religión, familia, orden y propiedad.

Pero el 6 de mayo, el Gobierno provisional eliminó la enseñanza obligatoria de religión en las escuelas públicas mediante un decreto que rompía el Concordato con la Santa Sede. Al día siguiente El Debate publicó una carta pastoral del arzobispo de Toledo, Pedro Segura, que reproducía las instrucciones del Vaticano fechadas el 29 de abril. La consigna era:

Conseguir que sean elegidos para las Cortes Constituyentes candidatos que ofrezcan plena garantía de que defenderán los derechos de la Iglesia y el Orden Social.

La Iglesia y los ciudadanos católicos, en definitiva, querían defender sus intereses y derechos en las elecciones del 28 de junio, pero a este proceder legalista y democrático el Gobierno de «los hijos de la luz» respondió con una brutal agresión.

Datos recopilados en los diarios Ahora, El Sol, El Debate y El Socialista.

Domingo 10: Unas 500 personas se reunieron en el Círculo Monárquico de Madrid (Alcalá, 67) para fundar la Agrupación Monárquica Independiente con vistas a las próximas elecciones. Una vez elegido el Comité Ejecutivo pusieron en un gramófono el disco de la Marcha Real y la cantaron dando vivas al Rey. Como respuesta, un grupo de agitadores republicanos situados en la acera desde las primeras horas, incendió tres automóviles y un kiosco del diario católico El Debate. Acudió una dotación policial, y más tarde, el Jefe Superior de policía de Madrid, que ordenó detener… a los monárquicos. Una vez dentro del camión celular, éstos fueron bajados y apaleados por los agitadores. También acudió el ministro de Gobernación, Miguel Maura. Después de cinco horas de incidentes, un escuadrón de caballería de la Guardia Civil despejó la zona y los monárquicos detenidos fueron trasladados a la Dirección General de Seguridad.

Luego, alguien dijo que el director de ABC, Juan Ignacio Luca de Tena, había disparado a un taxista por dar vivas a la República. Las turbas se dirigieron a la sede del diario y se tirotearon con la Guardia Civil, resultando heridos un niño de trece años y el portero de una finca cercana, que fallecieron horas después. El bulo del taxista fue desmentido por el Ministerio de Gobernación.

A las seis de la tarde llegó a la Puerta del Sol un grupo con banderas rojas que detuvo la circulación de los tranvías y prendió fuego a un kiosco de El Debate.

Desde un balcón de Gobernación, Maura les pidió calma y prometió a los pistoleros e incendiarios… ¡Hacer justicia!

Horas después, llegaron milicianos socialistas que protegieron los tranvías y fueron asaltadas las armerías de las calles Hortaleza, 11 y Cava Baja, 21. A la medianoche, manifestantes del barrio obrero de Cuatro Caminos llegaron a Sol y se situaron frente a Gobernación, donde estaba reunido el Gobierno; hubo disparos, cinco heridos de bala y dos pistoleros detenidos. Luego, un socio del Ateneo (Centro masónico de las Ciencias, Letras y Artes, presidido por Azaña) leyó desde un balcón del Ministerio las medidas que debería tomar el Gobierno:

Desarmar a la Guardia Civil, cesar al ministro Maura, suspender la prensa enemiga y expulsar a las órdenes religiosas.

Hubo fuertes discusiones respecto a esas manifestaciones.

Maura:

Con que den ustedes la orden a la Guardia Civil de que salga a la calle, yo les garantizo que en diez minutos no queda en ella ni uno.

Azaña:

Me opongo decididamente; no continuaré un minuto en el Gobierno si hay un solo herido en Madrid por esa estupidez.

(Maura, Así cayó Alfonso XIII).

La «estupidez» de Azaña ya era un motín en toda regla, y no había hecho más que empezar.

Lunes 11: En Madrid fueron incendiados totalmente diez conventos, tres colegios, dos iglesias, cuatro escuelas (dos de artes y oficios, gratuitas para hijos de obreros) y el Instituto de Artes e Industrias (actual ICADE, de la calle Alberto Aguilera). Resultaron parcialmente incendiados otros seis conventos, un colegio y una iglesia. En total ardieron veintiséis edificios religiosos. Más un museo de mineralogía, una biblioteca con 20 000 volúmenes, los archivos del paleógrafo García Villada en el colegio de Las Maravillas, y otra biblioteca con 80 000 volúmenes (segunda gran biblioteca de España después de la Nacional), en la calle Flor Baja. Todo ello, a pesar de que a las tres de la tarde se había declarado el Estado de Guerra.

El primer incendio fue en la calle Flor Baja y Gran Vía, donde ardieron un convento de jesuitas, otro de San Bernardas, una iglesia y un colegio. Los otros conventos estaban ubicados en Bravo Murillo 107 y 122, en Villamil 16 y 18, en Martín de los Heros, Ferraz, Alberto Aguilera (residencia de jesuitas) y en el distrito de Chamartín de la Rosa. En el convento de las Mercedarias de San Fernando (calle Villamil), las turbas desenterraron restos de monjas y los quemaron en la calle.

En Málaga capital, incendiaron el Palacio Episcopal, dos conventos y el diario Unión Mercantil. En el resto de la provincia ardieron o fueron saqueados treinta y ocho templos y edificios eclesiásticos.

En Cádiz, dos conventos, el diario monárquico Informaciones, el Centro de Estudiantes Católicos y la Residencia de Jesuitas.

En Valencia, ardieron veintiuno templos y edificios eclesiásticos.

En Alicante, incendiaron cinco conventos: Salesianas, Carmelitas, Compañía de María, Maristas, y Jesús y María. Cuatro conventos: San Francisco, Oblatas, Agustinos y Capuchinos. La parroquia de Benatúa y el diario La Voz de Levante.

En Sevilla, un convento de jesuitas, la iglesia del Buen Suceso y dos edificios eclesiásticos.

En Murcia, ardieron la iglesia gótica de La Purísima, los conventos de las monjas Isabelas y Verónicas, y el diario católico La Verdad.

En Madrid, la policía detuvo a 80 comunistas que provocaban a tropas del Ejército apostadas en la Plaza Mayor.

Martes 12: En Cádiz, fueron incendiados dos conventos: Ntra. Sra. Del Carmen, y Santo Domingo.

En Córdoba, incendiaron el convento de San Cayetano, donde se tirotearon con la policía (tres muertos y cinco heridos) y asaltaron una armería, donde hubo otro tiroteo.

En Granada, incendiaron un colegio de los Maristas, el convento de los Agustinos, el diario católico La Gaceta del Sur y dinamitaron el convento de las Carmelitas.

En Algeciras, incendiaron dos edificios eclesiásticos.

En Sagunto, incendiaron los conventos de San José y de Carmelitas descalzos.

En el Ateneo de Madrid se celebró una Junta para someter a votación la propuesta de que el Gobierno provisional se constituyera como «dictadura revolucionaria». Azaña, que les había autorizado a leer su proclama en el ministerio de Gobernación, les dijo que… «no debían intervenir en política».

Miércoles 13: Expulsado del país el cardenal Pedro Segura.

Jueves 14: Clausurados los centros del PCE en Sevilla.

Viernes 15: Los comunistas incendiaron un convento en Granada, y en Madrid fueron detenidos dieciséis de sus militantes.

Sábado 16: Expulsado el obispo de Vitoria, Mateo Múgica.

Domingo 17: El Socialista: «Los monjes incendiaron los conventos obedeciendo al ex Rey».

Domingo 24: Detenidos 24 comunistas en Madrid.

Miércoles 27: Enfrentamientos entre comunistas y soldados en Pasajes (San Sebastián): seis muertos y dieciocho heridos. En Barcelona fueron detenidos veintitrés comunistas en la calle Amalia.

Estos datos, tomados de la prensa y cotejados con los computados por la Iglesia, arrojan un total de 113 edificios religiosos incendiados o saqueados, entre el 11 y 30 de mayo.

Toda la prensa madrileña coincidió en que guardias civiles y soldados se limitaron a impedir que los curiosos se acercaran demasiado a los edificios en llamas. Sin detener a los incendiarios, ni a los saqueadores, ni a los pistoleros. En cuanto a los bomberos, solo apagaban las llamas que amenazaban edificios colindantes. Al llegar al Instituto de Alberto Aguilera dijeron a las turbas amenazantes que «no iban a apagar el incendio».

Estos incendios, vistos antes en la Rusia soviética contra templos cristianos ortodoxos y luego en la Alemania nazi contra sinagogas, fueron trivializados por la izquierda. A los terroristas protegidos por el Gobierno, el dirigente del PSOE y ministro de Hacienda, Indalecio Prieto, les llamó «bandas de golfos», El Socialista, «grupos de muchachos» y el historiador izquierdista Gabriel Jackson, «pequeñas bandas de jovenzuelos».

Culpar a gamberros domingueros tenía su lógica: despolitizando los hechos se borraban responsabilidades. Estos comentarios parecen una confesión.

Efectivamente, como argumentaba la jerarquía eclesiástica, el Gobierno no podía llevar a cabo las medidas proyectadas: matrimonio y divorcio civil, o supresión de las órdenes religiosas, entre otras, porque suponían la ruptura unilateral del Concordato vigente entre el Estado vaticano y el español; un Estado, por añadidura, en manos de un Gobierno de facto y provisional.

La pragmática Iglesia Católica acataba la República y el Gobierno provisional, pero no podía aceptar que éste legislara contra ella por medio de decretos inconstitucionales. Pedía, en definitiva, esperar la normalización jurídica del nuevo régimen. Pero ante un Gobierno como aquél, esos razonamientos resultaban inútiles.

Ya vimos lo que hicieron quienes pretendían hacer reformas con procedimientos revolucionarios; típica confusión de los burgueses «de izquierda». Con el agravante de tratarse de un Gobierno integrado por conservadores católicos, liberales masones, y marxistas, que no sustituyeron a la monarquía por una revolución popular sino por un golpe de Estado electoral. Esta confusión sobre su origen, que impidió formar un equipo de ministros ideológicamente homogéneo, provocaría los graves errores de los fundadores de la República y su derrota electoral en 1933.

De ahí la importancia del Mayo de fuego: primera manifestación de la naturaleza violenta y antidemocrática de la República jacobina y socialista. Y segunda aparición, en sólo treinta días, del terrorismo que destruiría la Segunda República por lo mismo que la Primera: por su incapacidad para garantizar el orden público. Más exactamente, por su alianza suicida con el PSOE, que tenía como meta la destrucción de la República burguesa y capitalista.

En aquellas jornadas se escribió el primer capítulo de la larga y escalonada guerra civil, sus llamas enviaron señales de humo anunciadoras de malos tiempos y peores fuegos.

Indignado, el republicano y masón José Ortega y Gasset, escribiría semanas después, apuntando a los jacobinos:

Gentes con almas no mayores que las usadas por los coleópteros han conseguido en menos de dos meses encanijarnos esta República (…) toda esa botaratería que pretende hacer de la República su propiedad privada y se atribuye, tan arbitraria como audazmente, la representación auténtica del pueblo (…) Mentes arcaicas (…) sólo saben recaer en los tópicos del pasado y se empeñan en que nuestra naciente democracia sea como la de hace cien años y cometen, sin renunciar a ninguna, todas las insensateces y todas las torpezas en que aquéllas se desnucaron.

(Ricardo de la Cierva, La historia se confiesa).

Como era previsible, en sus Memorias, Alcalá-Zamora eludió su responsabilidad como presidente del Gobierno provisional y apuntó claramente a Azaña:

Las consecuencias para la República fueron desastrosas: le crearon enemigos que no tenía; quebrantaron la solidez compacta de su asiento; mancharon un crédito hasta entonces diáfano e ilimitado; motivaron reclamaciones de países tan laicos como Francia o violentas censuras de otros como Holanda. Se envenenó la relación entre los partidos. (…) La actitud de los ministros conocidamente masones fue correctísima. Es verdad que acabó perteneciendo a la masonería quien permitió o favoreció con su actitud la propagación de los incendios (Azaña) pero no se afilió hasta un año después.

A pesar de ser masón, el ministro de Estado (Exteriores), Alejandro Lerroux, escribió años más tarde:

La Iglesia no había recibido con hostilidad a la República. Provocarla a luchar apenas nacido el nuevo régimen era impolítico e injusto. La guerra civil que espiritualmente quedó encendida con las hogueras de los conventos del 10 (sic) de mayo de 1931 hubiera podido ponerse sobre las armas inmediatamente.

(La pequeña historia de España).

Después de otras experiencias posteriores, como el incendio de sinagogas por las SS en La noche de los cristales rotos, en 1938, o las iglesias incendiadas por los peronistas argentinos en 1955, en estos incendios españoles pueden apreciarse las huellas inconfundibles de una operación de terrorismo de Estado. Deducción basada en el sentido político de los hechos, en su desarrollo cronológico y en la permisividad cómplice del Gobierno:

La policía no detuvo a los reventadores de un acto realizado en un Centro legal, sino a los agredidos; ni a los incendiarios de coches. En un suceso que duró 5 horas.

Su actuación tuvo tal dimensión política, fue policialmente tan excepcional, que la operación fue dirigida personalmente por el Jefe Superior de policía de Madrid; algo insólito. Y por si fuera poco, también intervino el ministro Maura, quién, como haría a las seis de la tarde en Sol, «pidió calma» a los incendiarios y les prometió «que se haría justicia».

Tampoco detuvo la policía a quienes dispararon contra el edificio del ABC. Ni siquiera habiendo dos heridos, que horas después murieron.

Ante una situación de motín en la ciudad, no se ordenó algo tan obvio como custodiar las armerías.

Una institución civil (Ateneo) leyó una Proclama revolucionaria desde el balcón de un Ministerio donde estaba reunido el Gobierno, diciéndole lo que debería hacer.

El Gobierno suspendió esa noche la prensa de las víctimas del terrorismo: El Debate hasta el 19 de mayo y el ABC hasta el 5 de junio. Pero no clausuró El Socialista, que incitaba a las turbas diciendo que los monjes… «Disparaban al pueblo y escondían ametralladoras, granadas y dinamita».

A las tres de la madrugada, el general Queipo de Llano dijo a las turbas en Sol: «Se hará justicia con las provocaciones infames de los monárquicos». Lo cual las excitó aún más y las estimuló a ajusticiar a los que osaron cantar la Marcha Real. No mencionó el asalto al ABC ni a las armerías.

Antes, a la 01:30, Maura resumió así los sucesos del domingo:

En el resto de la tarde grupos de ciudadanos recorrieron las calles de Madrid en manifestaciones pacíficas, salvo algunos pequeños incidentes que carecen de importancia, como, por ejemplo, el asalto a una armería (fueron dos) reprimido por la fuerza pública, que ha causado dos heridos a los asaltantes.

Y añadió, quien alentó los motines arrestando a los monárquicos en Alcalá:

El Gobierno está decidido a no consentir manifestaciones colectivas en la calle; cortará de raíz todo intento venga de donde viniere; y el Gobierno sabe de dónde viene: de la reacción monárquica o extremistas de la izquierda.

Es decir, no lo sabía.

Así cortó de raíz el Gobierno los «pequeños incidentes»: los bomberos recibieron órdenes de no actuar en los incendios ya iniciados; y la policía y la Guardia Civil, de no desarmar a los pistoleros.

En un notable ejercicio de cinismo, el católico Alcalá-Zamora le dijo a un país envuelto en llamas y humo:

El Gobierno, que no ha perdido un momento la serenidad ni el dominio de los resortes que están a su alcance, queda tranquilo de haber evitado días de luto, jornadas de sangre, aun cuando conserva el sentimiento de que en su batalla para defender el orden público no pudiera llegar con toda la eficacia de sus órdenes y de sus deseos a reprimir los excesos en propiedades, que todas son sagradas, y que las atacadas lo son bajo otro aspecto que afecta a las creencias de muchas personas.

(Ahora, 12.05.1931).

Estas actuaciones, inequívocamente políticas, ocurrieron en el contexto de una ofensiva del Gobierno provisional contra dos sectores de la sociedad que le hacían sentir muy inseguro en aquella situación de interinidad: los partidarios de un Rey que no había abdicado, y la poderosa Iglesia con sus millones de ciudadanos católicos detrás. Una ofensiva que prepararon asustando al país con rumores de conspiraciones y finalizaron expulsando al cardenal Segura y al obispo Múgica, deteniendo civiles y militares monárquicos y silenciando su prensa.

En cuanto a las turbas, que Alcalá y Azaña llamaban «pueblo» y el PSOE «muchachos golfos», la presencia de grupos organizados y provistos de miles de litros de gasolina (¿quién la pagaba?) que, en un Madrid convertido en «zona libre» a efectos policiales incendian veintiséis grandes edificios religiosos durante siete horas sin ser molestados, disparan a la Guardia Civil en ABC y a plena luz del día y a pocas calles de la Dirección General de Seguridad asaltan dos armerías, inevitablemente hace pensar en un grupo de agitadores políticos, pistoleros sindicales y delincuentes comunes controlados por «secciones especiales» de la policía que, si creemos sincera la indignación de Maura, bien pudieron haber actuado al servicio de otros miembros de aquel singular Gobierno.

En definitiva, todo apunta a un grupo organizado en equipos o células (agitadores, disparos, incendios, armerías) y dirigido por personas habituadas a movilizar masas en las calles. El PSOE, entonces «la buena izquierda» integrada en el Gobierno, acusó a comunistas y anarquistas. De los primeros existen algunas evidencias y testimonios: el 24 de octubre de 1931, cuando se debatía en las Cortes la suerte de las órdenes religiosas, su revista Mundo Proletario incitaría abiertamente a repetir los incendios de mayo:

Otra vez en la calle, los proletarios frente a los Conventos y al Parlamento reaccionario. Otra vez en la calle, clamor unánime contra los frailes. ¡Alerta Camaradas! Otra vez la metralla capitalista quiere ahogar tu fe comunista. Que no sea estéril ahora tu gesto incendiario.

En cuanto a los anarquistas, a tenor de su larga y entusiasta biografía incendiaria de iglesias y conventos cuesta imaginar que no hayan sucumbido a la tentación de participar en aquella gigantesca fogata anticlerical; y con una impunidad que jamás hubieran soñado.

Utilizando un símil militar, podría resumirse el Mayo de fuego como una operación conjunta llevada a cabo por distintas fuerzas (Gobierno, Ateneo, PCE, CNT) unidas tácticamente por un mismo objetivo estratégico: eliminar de la vida política a sus adversarios mediante el terror.

Confirmando que la violencia izquierdista de abril sería crónica o estructural, en mayo la República sumaba otros 12 muertos y 66 heridos de bala.

En Moscú se frotaron las manos. Con aquellos republicanos «progresistas» dispuestos a no reprimir la violencia de anarquistas y comunistas, e incluso a manipularla en su provecho, la República no podía comenzar mejor. España les interesaba cada vez más. El 17 de mayo, la troika dirigente del PCE: José Bullejos, Manuel Adame y Etelvino Vega se reunió en Moscú con el delegado de la Komintern, Humbert-Droz.

Bullejos comenzó por explicar la posición del partido durante el 14 de abril:

El primer papel de nuestro partido consistía en demostrar a la clase obrera y campesina el verdadero carácter de esta República, y de este modo movilizar a las masas contra la República.

Humbert-Droz redactó una carta para el PCE, con la línea actualizada:

El Partido debe también hacer comprender a las masas trabajadoras que los jefes socialistas y anarquistas de España están precisamente contra los soviets, porque los soviets son los verdaderos órganos de la revolución, la verdadera expresión de la democracia revolucionaria de obreros y campesinos (…) Inspirándose en el ejemplo de los bolcheviques en la lucha contra Kornilov, el Partido Comunista debe, sin sostener jamás al gobierno, luchar con toda la energía posible como una fuerza independiente; pero también como la vanguardia revolucionaria y el guía de las masas, contra toda tentativa de restablecimiento de la monarquía y complot contrarrevolucionario, aprovechando tales ocasiones para armar a las masas trabajadoras.

(Queridos Camaradas).

La troika española trasladó la línea a las bases en un documento interno:

Entonces, no creáis en ninguna promesa de vuestros enemigos. Convocad vosotros mismos reuniones generales de los obreros de vuestras fábricas. Elegid vuestros diputados entre vuestros compañeros del taller, a los que vosotros conocéis y no os traicionarán. Que vuestros diputados formen en cada ciudad el soviet de diputados obreros, amplia organización representativa que os una y defienda contra los capitalistas. Expulsad de entre vosotros a los republicanos burgueses y a los jefes socialistas y anarquistas, agentes de la burguesía que impiden la formación de los soviets. Cread comités de fábrica en las empresas, como apoyo para vuestros soviets. Armaos. Constituid la guardia obrera revolucionaria.

(Queridos Camaradas).

3
ESTADO LIBRE DE ANDALUCÍA

Junio prometía ser políticamente intenso: por la institucionalización del régimen, que comenzaría con las elecciones a Cortes Constituyentes el día 28, y por los primeros pasos de las grandes reformas anunciadas.

Es interesante destacar que la única llevada a buen término fue la militar, porque destruye el mito izquierdista sobre un Ejército español tradicionalmente reaccionario y golpista. Afirmación históricamente falsa, pues silencia que los pronunciamientos militares del Siglo XIX fueron propiciados por la izquierda burguesa (partidos liberales) y que, respecto a los dos del Siglo XX hasta entonces, el PSOE apoyó la dictadura militar de Primo de Rivera y organizó el golpe militar republicano fallido de 1930. En cuanto a la reforma diseñada por el ministro de Guerra, Azaña, el Ejército la aceptó con normalidad y mantuvo su acatamiento a la República hasta que ésta fue demolida por el Frente Popular. La reforma del Ejército, sobredimensionado desde su etapa colonial en Marruecos, consistió reducir las Divisiones de 16 a 8, el número de generales de 190 a 72 y el resto de oficiales de 20 300 a 13 000, asegurando a los excedentes un sueldo de por vida y los ascensos que les hubieran correspondido en el servicio activo. Una reforma muy costosa, pero políticamente realista.

Otras reformas iniciadas en esas fechas, fueron la creación de Jurados Mixtos para negociar los convenios laborales, la decisión de construir 27 000 escuelas, la fundación de la Guardia de Asalto (antimotines), el Estatuto de Autonomía para Cataluña, la redacción de la Constitución Republicana, el sufragio femenino, y el voto a mayores de veintitrés años.

Pero los enemigos de la República continuaron desestabilizándola. Esta vez el escenario fue Sevilla. El día 27, el comandante de aviación Ramón Franco (hermano del general) implicado en el golpe republicano de 1930, y el capitán Antonio Rexach, sublevaron el aeródromo de Tablada para «repartir tierras a los campesinos, convertir a los obreros en accionistas de las fábricas y proclamar el Estado Libre de Andalucía». La revolución comenzaría «bombardeando cuarteles y bancos».

En la madrugada del 28, el ministro Maura informó a la prensa:

Según mis noticias, el plan era el siguiente: el comandante Franco ordenaría la concentración de aparatos en el campo de Tablada, y en la madrugada de hoy, los campesinos afiliados a la Confederación y los elementos que se dicen comunistas entrarían en Sevilla mientras volaban sobre la ciudad los aparatos lanzando proclamas amenazadoras contra la ciudad si las autoridades intentaban resistirse. Tenían la pretensión de proclamar la revolución social y el Estado libre de Andalucía, entelequia cocida en cerebros calenturientos.

La conjura anarquista fue abortada en Tablada, y todo quedó en un sobresalto con visos esperpénticos, pero veinte días después, los «cerebros calenturientos» humillarían al Ministro de Gobernación.

El domingo 19 de julio, la anarquista Unión de Sindicatos declaró una huelga general de 48 horas en la provincia de Sevilla. Sus delirantes reclamaciones eran una provocación: liberación de presos políticos (los pistoleros de mayo). Disolución de las fuerzas policiales y de la Guardia Civil. Rebaja del 80% de los alquileres. Dimisión del Gobernador Civil y que los ayuntamientos pagaran 5 pesetas diarias a los huelguistas.

El lunes 20, en la capital de Sevilla manifestantes que venían de enterrar a un obrero asesinado por esquiroles, dispararon contra los guardias de Seguridad matando uno e hiriendo a dos. Los guardias respondieron el fuego causándoles un muerto y cinco heridos. Por la tarde fueron tiroteados varios tranvías con pasajeros, y a la noche ya había ciento cincuenta detenidos.

El martes 21, los tranvías circularon protegidos por soldados y guardias civiles.

En Dos Hermanas, los piquetes de huelguistas que recorrían las fábricas amenazando a quienes no secundaban la huelga fueron dispersados por la Guardia Civil, que les causó diecisiete heridos de bala. También intentaron incendiar la sede de la Compañía Telefónica con sus trabajadores de UGT dentro, resultando heridos de bala varios de los huelguistas.

En Utrera, asaltaron el cuartel de Carabineros, sufriendo varios heridos.

En Carmona, resultaron heridos de bala quince huelguistas.

En Lora del Río, también intentaron incendiar la oficina de la Telefónica con los trabajadores dentro: dos muertos y un herido.

Al igual que en mayo, el ministro Maura declaró esa noche:

No ha ocurrido nada, la tranquilidad es completa; sólo hubo algunos alborotos y detenciones.

El miércoles 22, el diario republicano conservador Ahora decía lo que todo el país pensaba:

¿Qué se pretende hacer de Sevilla? ¿Dónde se la quiere llevar? Ante los últimos acontecimientos ya no cabe dudar que ha sido escogida como campo propicio para realizar en ella unas tentativas audaces.

Y daba nombres y filiaciones políticas silenciadas por Maura: se había detenido al miembro del Comité Central del PCE, Manuel Adame y al jefe anarquista Pedro Vallina. También confirmaba la implicación del dirigente anarquista Ángel Pestaña.

Ese mismo día, en Sevilla, capital, fallecieron cuatro de los huelguistas heridos anteriormente, y en la plaza de San Fernando, en San Francisco, y frente al Banco de España, los pistoleros dispararon contra los tranvías desde las azoteas e intentaron asaltar la Telefónica y la sede del Gobierno Civil. Los hospitales se llenaron de heridos.

En la Puerta de Triana, los alborotadores se tirotearon durante media hora con tropas del Ejército y guardias civiles. Comenzó a haber muertos y heridos alcanzados por «balas perdidas» dentro de sus casas. El Ejército emplazó ametralladoras en varios puntos de la ciudad y se advirtió que quienes salieran a la calle deberían hacerlo con las manos en alto.

En la madrugada del jueves 23, se declaró el Estado de Guerra y se autorizó el uso de artillería contra edificios utilizados por francotiradores. Una hora después, en los jardines de la Exposición Iberoamericana, cuatro pistoleros anarquistas morían durante un tiroteo con la Guardia Civil.

También hubo tiroteos en los Jardines Murillo, en la Puerta Osario y en la Plaza Altozano. Comenzaron a clausurarse los centros comunistas y anarquistas, y murió otro insurrecto herido el día anterior. El Ejército instaló ametralladoras en las azoteas de la Telefónica y el Ayuntamiento. Los aviones militares volaban a baja altura buscando francotiradores en los tejados. La taberna Casa Cornelio, tradicionalmente frecuentada por anarquistas, fue demolida a cañonazos. En los hospitales murieron dos pistoleros heridos el día anterior: un comunista y un anarquista.

El 24, intentaron copar el cuartel de la Guardia Civil en la Plaza del Sacrificio muriendo un capitán y un peatón.

En Morón de la Frontera, fueron heridos de bala cuatro anarquistas de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). En Alcalá de Guadaira, Alcalá del Río y Sevilla hubo tres muertos y varios heridos. Para terminar con los sucesos sevillanos, merece destacarse algo que sería habitual en las posteriores insurrecciones anarquistas: pistoleros detenidos con documentos de identidad falsos, mucho dinero y pistolas flamantes.

El balance de la sublevación anarquista y comunista en la provincia de Sevilla causó en cinco días 19 muertos y 55 heridos de bala. No obstante, a los heridos deben sumarse los casos que la prensa mencionó pero sin cuantificar, por lo cual, la cantidad de éstos podría situarse entre noventa y cien. También es probable que algunos heridos fallecieran posteriormente.

La lectura política de estos hechos parece clara: con la excusa de la huelga en la Unión Telefónica, anarquistas y comunistas intentaron desestabilizar la República cuando ésta pretendía normalizarse con una Constitución.

El objetivo del «Estado Libre de Andalucía» era consecuencia de la consigna emitida en abril por el PCE respecto a una República Comunista. En cuanto a los anarquistas, aunque apostaban por «comunas confederadas» y no por un nuevo Estado, en esa coyuntura coincidían tácticamente con los comunistas.

La sociedad española estaba estupefacta: dos meses después del Mayo de fuego, los partidos obreros intentan quemar vivos a otros trabajadores, disparan a pasajeros de los tranvías, asaltan cuarteles de la Guardia Civil y combaten contra el Ejército. Más, francotiradores, artillería, aviones… El Gobernador civil de Sevilla declaró:

Estamos ya en plena guerra civil. Al menos, en la provincia de Sevilla, la República tiene planteada una guerra.

En su libro El eco de los pasos, el anarquista Juan García Oliver recordaría la estrategia que la Federación Anarquista Ibérica (FAI) propugnaba frente a la República:

Considerar a la República como una entidad burguesa que debía ser superada por el comunismo libertario, y para cuyo logro se imponía hacer imposible su estabilización y consolidación mediante una acción insurreccional pendular a cargo de la clase obrera por la izquierda, que indefectiblemente sería contrarrestada por los embates derechistas de los burgueses, hasta que se produjera el desplome de la República burguesa. La acción individual de atentados y sabotajes debía ser sustituida por una acción colectiva contra las estructuras del sistema (…) mediante la sistematización de las acciones insurreccionales, la puesta en práctica de una gimnasia revolucionaria.

Perfecta síntesis de la estrategia subversiva que las izquierdas aplicarían hasta julio de 1936: Desestabilización, sistematización de las acciones, gimnasia revolucionaria, provocar a la derecha hasta el desplome de la República.

Lo atípico en Sevilla fue la implicación de algunos oficiales y sargentos de Tablada en una insurrección anarquista, pero la singular biografía de Ramón Franco hacía posible este tipo de cosas.

En cuanto al Gobierno provisional, evidenció la carencia de información policial preventiva y, una vez más, su resistencia a identificar las fuerzas subversivas. Produce estupor que el Ministro responsable del orden público y la seguridad interior del Estado aludiera a la anarquista CNT como… «la Confederación» y al PCE como… «los que se dicen comunistas». Al igual que en mayo, los comunicados hablaban de extremistas o alborotadores. Tampoco se ilegalizó la CNT-FAI y el PCE, ni se juzgó en tribunales militares a sus dirigentes al amparo de la ley marcial. Posiblemente, el Gobierno provisional en manos de la izquierda republicana y el PSOE, confiaba que las reformas sociales acercarían las izquierdas revolucionarias a la República. También pudo haber influido la demagogia de «no disparar contra el pueblo» aplicada en mayo. Demagogia, porque en Sevilla las turbas no pasaron de 1000 personas, y porque «el pueblo», no sólo no participó en la insurrección, sino que se guareció en sus casas aterrorizado.

En resumen, julio consolidaba la tendencia iniciada en abril: las izquierdas, además de no aceptar la República, buscaban destruirla. En sólo noventa días, los enfrentamientos de anarquistas y comunistas con el Estado republicano reseñados en estos capítulos, provocaron 36 muertos y 155 heridos de bala. Un promedio de tres muertos y doce heridos por semana.

El 17 de julio, dos días antes de proclamarse la huelga general en Sevilla, Azaña había alertado:

Miradlo bien, republicanos, que el día de nuestro fracaso, no tendremos a mano el fácil recurso de echar la culpa a nuestro vecino. No; si la República se hunde, nuestra será la culpa. Si no sabemos gobernar, la culpa será nuestra. No hay a quien echar el fardo de la responsabilidad. Ved que la libertad trae consigo esta tremenda consecuencia: la de una responsabilidad ineludible, no sólo ante nuestros con, sino ante la historia.

(Joaquín Arrarás, Historia de la Segunda República española).

Una advertencia sensata, que él sería el primero en transgredir.

4
PLOMO Y SOVIETS

Tres semanas después de promulgarse la Constitución Republicana, y dos de formarse el Gobierno constitucional presidido por Azaña tras la renuncia de Alcalá-Zamora por su desacuerdo con la ofensiva contra la Iglesia, estallaba otra vez la violencia izquierdista. Y lo haría en un suceso dantesco que conmocionó al país.

Ocurrió el 31.12.1931 en Castilblanco (Badajoz). Con motivo de una huelga declarada por la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (PSOE), trescientos campesinos se manifestaron frente a la Casa del Pueblo (PSOE), matando a cuatro guardias civiles a cuchilladas y arrancando los ojos a sus cadáveres. Los homicidas fueron condenados a la pena de muerte, pero luego les fue conmutada por prisión perpetua. Gregorio Marañón reflexionó sobre la tragedia en su famoso artículo Fuenteovejuna.

Al día siguiente, en la provincia de Badajoz se asaltaron cuarteles de la Guardia Civil y oficinas de la Telefónica. En Feria, murió un huelguista durante un tiroteo con guardias civiles. En Zalamea de la Serena, republicanos radicales se enfrentaron con sindicalistas de la UGT (un muerto, dos heridos) y otro grupo disparó contra los guardias civiles, muriendo uno de los atacantes.

En San Sebastián (Guipúzcoa) los comunistas se tirotearon con guardias de Seguridad.

El día 3 de enero, en Épila (Zaragoza), diez cenetistas resultaron heridos y uno muerto al tirotearse con guardias civiles. El 4, intentaron copar el cuartel de la Guardia Civil en Daimiel (Ciudad Real). En Jeresa (Valencia), otro choque entre campesinos y guardias civiles causó dos muertos y diez heridos. El martes 5, en Calzada de Calatrava (Puertollano), murió un pistolero que disparó a guardias civiles, y en Arnedo (Logroño), en un enfrentamiento armado entre huelguistas y guardias civiles los primeros sufrieron seis muertos y veinticinco heridos.

Para no agobiar al lector, se omiten los sucesos de las dos semanas siguientes: decenas de tiroteos entre revolucionarios y guardias en todo el país.

Los comunistas persistían en infiltrarse en las huelgas, insurrecciones y motines anarquistas para dirigirlas. El 2 de enero, Mundo Obrero había propuesto a su Bloque Obrero y Campesino, a la CNT, y a los sindicatos ferroviarios que preparaban una huelga, formar un Frente Único de Lucha para.

Expropiar las tierras, disolver la Guardia Civil, formar tribunales populares, y un Gobierno de Soviets obreros y campesinos.

Manuel Adame añadía:

¿Qué hacer? Constituir los órganos de la revolución, el Frente Único revolucionario en los comités de los lugares de trabajo y en los Soviets.

Trece días después, fueron detenidos en la ciudad de Madrid los integrantes de una célula comunista dedicada a formar Soviets de soldados en los cuarteles de Alcalá de Henares siguiendo las instrucciones del PCUS (Partido Comunista de la Unión Soviética) publicadas en su diario Pravda (10.5.1931) y reseñadas por El Socialista el 29.05.1931:

Hay que atraer los soldados a los Soviets. La agitación revolucionaria ha llegado al Ejército y en ocasiones ha fraternizado con el pueblo, negándose a disparar sobre los obreros. El soldado español no tiene derecho a intervenir en la vida política del país. El partido comunista declara categóricamente que esa situación no puede ser tolerada ya. Hay que exigir la participación más íntima de los soldados en la vida política del país, crear Comités de soldados en los batallones, en las baterías, en los escuadrones; hay que imponer la elección de los jefes. El partido comunista español debe inspirarse en la experiencia de la revolución rusa. Atraer a los soldados a la causa de la revolución es uno de los mejores medios de armarlos para la lucha social. Pero el problema capital debe ser el armamento del proletariado, la creación de una guardia obrera revolucionaria.

La segunda fase insurreccional de aquel enero de 1932, comenzaría el día 21 en la cuenca del río Llobregat (Barcelona), con la excusa de otra huelga general. La ciudad de Manresa y varios pueblos de la región quedaron incomunicados por sabotajes contra líneas telefónicas y vías ferroviarias. En Manresa, un grupo que pretendía incendiar el Círculo Católico se tiroteó con sus ocupantes y luego disparó contra dos guardias civiles, hiriéndoles. En Suria, los insurrectos asaltaron dos armerías y descarrilaron un tren de pasajeros. Fueron asaltados los ayuntamientos de Berga y Sallent, desarmados los guardias del Somatén e izadas banderas rojinegras. En Sallent, los subversivos pegaron carteles con el siguiente texto:

Pueblo de Sallent: Proclamada en toda España la República Soviética, se pone en conocimiento de la población que el que no se conforme con nuestro programa será responsable de sus actos. Por el Comunismo libertario. El Comité.

Por la tarde, los insurrectos controlaban nueve pueblos y eran detenidos los líderes anarquistas Buenaventura Durruti, los hermanos Ascaso y un tal Cano. Se envió a Manresa un Batallón de infantería.

El 22, terminó la insurrección. Llegaron al puerto de Barcelona dos destructores de la Armada y el mercante Buenos Aires destinado a deportar a los presos. Se volvió a constatar la presencia de pistoleros con mucho dinero encima, y se informó que los mineros fueron sublevados por comunistas procedentes de Bilbao.

El 25, se declaró la huelga general en Sevilla, que provocó tiroteos y heridos. En Cádiz incendiaron la iglesia de San Antonio. En Castell de Cabra (Teruel), incendiaron el Ayuntamiento y asaltaron un polvorín. En Collblanch (Barcelona), mataron a un guardia de Asalto.

El 26, en Solana (Valencia), incendiaron el Ayuntamiento y proclamaron la República Social.

Decíamos que el día 22 de enero se daba por terminada la insurrección en Llobregat; pero el 10 de febrero, los enemigos de la República volvían a las andadas. La CNT declaró otra huelga general para protestar por la deportación de los presos a Guinea. Los obreros catalanes no la secundaron, pero en Tarrasa, cien anarquistas asaltaron una armería, se atrincheraron en el Ayuntamiento con veinticinco rehenes y combatieron tres horas con la Guardia Civil hasta que, finalmente, se rindieron al Ejército. Sorprendentemente, no hubo ningún muerto, sólo once heridos.

El día 15, en Zaragoza un grupo anarquista disparó a una patrulla de guardias civiles, que respondió matando a uno e hiriendo a diecisiete. El 16, dispararon a otra patrulla sufriendo tres muertos y tres heridos. Ese mismo día, la Federación de Sindicatos Únicos dio por terminada la huelga.

Las bajas de enero y febrero de 1932 aquí reseñadas, suman 22 muertos y 83 heridos.

El 2 de febrero, el agente de la Komintern, Stoyán Mínev («Stepanov»), había criticado al PCE por seguir a los anarquistas, en vez de dirigir las luchas revolucionarias con «contenidos bolcheviques»:

Nuestro partido sigue como línea general el camino de los anarcosindicalistas, el movimiento por el movimiento.

El 1.o de Mayo, los comunistas rectificaron. En Madrid se manifestaron al grito de ¡Viva Rusia!, y ¡Viva el Comunismo!, hasta ser dispersados por la flamante Guardia de Asalto.

Al día siguiente proclamaron un paro nacional ejerciendo su violencia bolchevique: en Sevilla, volcaron un tranvía y en la plaza de San Marcos dispararon a la Guardia de Asalto. En La Trinidad, dispararon a obreros que no secundaban el paro, y a un camión con soldados. En Carmona, incendiaron un tranvía, y en la calle Castilla se tirotearon con la Guardia de Asalto. En Argentera (Burgos), un comunista murió en un tiroteo con la Guardia Civil. En Bonillo (Albacete), desarmaron a dos guardias civiles y mataron a uno. En Salvaleón (Badajoz), asaltaron el cuartel de la Guardia Civil, sufriendo dos muertos. En Córdoba, dispararon a guardias civiles, que respondieron matando a uno e hiriendo a siete, y tirotearon varias iglesias. En Aguilera (Burgos), un comunista murió y otro resultó herido cuando intentaron desarmar a una pareja de guardias civiles.

El día 17, los anarquistas recuperaron el protagonismo: estallaron varias bombas guardadas en casa de un cenetista muriendo su madre. El 19, se descubrieron en Sevilla 300 bombas en la calle Sanz y Forés y dos fábricas de carcasas. El 20, otras 44 bombas en Carmona. El 21, doscientos kilos de dinamita en varias fincas de la madrileña calle Hernani, y 340 carcasas en una fundición del Puente de Toledo. El día 29, anarquistas y guardias de Seguridad se tirotearon en Valencia, muriendo dos peatones.

En Madrid, comunistas con banderas rojas y la hoz y el martillo se tirotearon con guardias de Asalto en la calle Magdalena, resultando muerto otro peatón.

Y así terminó mayo. Con 9 muertos y 10 heridos que, sumados a los de enero y febrero arrojan un total de 31 muertos y 93 heridos para esta oleada insurreccional de 1932.

Al cumplirse el primer año de la Segunda República, las izquierdas habían provocado (mayoritariamente en sus filas) 67 muertos y 248 heridos de bala.

Solo en los meses reseñados: abril, mayo, junio y julio de 1931, y enero, febrero y mayo de 1932.

5
LA «SANJURJADA»

Las insurrecciones de las izquierdas, y la redacción del Estatuto Autonómico de Cataluña en términos que creaban alarma en las derechas y en el Ejército, tuvieron respuesta el 10 de agosto de 1932. Ese día estalló una rebelión esperpéntica que pasaría a la historia como la «Sanjurjada», en alusión al general José Sanjurjo, jefe de la Guardia Civil en el último Gobierno de la monarquía, y también con el Gobierno provisional de la República hasta ser destinado al Cuerpo de Carabineros: policía de fronteras.

La rebelión se limitó a Madrid, donde sólo duró dos horas e involucró a tres pequeños grupos. A las tres de la madrugada, un capitán al frente de 75 soldados salió de Alcalá de Henares hacia el centro de la capital, pero fue interceptado por el jefe de su Regimiento que le ordenó regresar y le arrestó.

Media hora después, un grupo de civiles y militares retirados disparó con armas cortas contra la fachada del Ministerio de Guerra.

A las cuatro, un teniente coronel y tres oficiales subalternos intentaron copar el Palacio de Correos en la plaza de Cibeles, rindiéndose a la guardia del edificio tras un breve tiroteo sin víctimas. A esa misma hora, llegaron a Cibeles soldados conscriptos del destacamento de la Remonta, de Tetuán de las Victorias, al mando de un teniente. Al abrir fuego los guardias de Asalto, los soldados huyeron y el teniente resultó herido en el vientre, muriendo horas después. Entre sublevados y guardias leales hubo un total de diez heridos y tres muertos: dos soldados y el teniente. Fueron arrestados 35 oficiales (la mitad de ellos retirados) y 40 civiles. Se clausuraron los diarios ABC y El Debate.

Al día siguiente, Sanjurjo sublevó el Tercio de la Guardia Civil de Sevilla, pero fracasó al intentarlo con el Ejército. Y también con el aeródromo de Tablada, a pesar de que, en pleno pronunciamiento militar, almorzó con los aviadores para intentar convencerles Por la tarde, fue detenido en un control de carreteras en Huelva.

El 24, fue condenado a muerte, pero Azaña le conmutó la sentencia por reclusión perpetua. En 1934, el Gobierno de Lerroux lo amnistió y desterró a Portugal.

Los comunistas, que llevaban un año atacando al nuevo régimen, definieron la «sanjurjada» como una «derrota de la reacción», y proclamaron «la defensa de la República» mientras se sumaban a las manifestaciones con las mismas banderas rojas que, al grito de ¡Viva Rusia y el Comunismo!, izaban a balazos en los ayuntamientos. En Granada, incendiaron una iglesia construida sobre las ruinas de una mezquita, intentaron quemar un convento, se tirotearon con la Guardia Civil en Pino Genil, asesinaron a un empresario en Fuente Vaqueros e incendiaron un cortijo en Guevejar.

El PSOE, que había criticado tibiamente las insurrecciones anarquistas, condenó enérgicamente la «Sanjurjada».

En cuanto al Gobierno, que atribuía las insurrecciones a «grupos de revoltosos» sin atreverse a ilegalizar la FAI-CNT y el PCE, se dedicó a emitir comunicados y discursos triunfalistas llamando «fuerzas de la reacción» a soldados conscriptos mandados por un joven teniente en Madrid y a un patético general sin tropas en Sevilla, mientras que la totalidad de las Fuerzas Armadas se abstuvo de intervenir.

Ni su máximo líder político e ideológico (el presidente del Gobierno, Azaña), ni sus ministros, valoraron el «aviso» dado por Sanjurjo. No revisaron su política de orden público, sus concesiones al nacionalismo independentista catalán o su tolerancia con la izquierda revolucionaria. Ni se preguntaron si no estarían yendo demasiado lejos en sus ataques a la Iglesia y a la prensa crítica. O con las ofensas a un Ejército que había encajado sin rechistar su reforma y estaba siendo rigurosamente legalista.

Decididamente, los jacobinos seguían jugando con fuego.

6
1932: UN BREVE RESUMEN

Institucionalizada la República con una Constitución que Alcalá Zamora consideró «guerracivilista», y un primer Gobierno constitucional presidido por Azaña a pesar de que su partido sólo consiguiera 26 diputados en las elecciones del 28 de junio de 1931 (120 el PSOE y 90 el Partido Republicano Radical), 1932 fue el año de las grandes reformas. De la militar ya mencionamos que las Divisiones y número de oficiales se redujeron sin dificultad, pero la modernización logística nunca pudo llevarse a cabo por falta de presupuesto.

La segunda reforma prevista era la relación de la Iglesia con el Estado, estipulada en el Concordato de 1851 que establecía la exclusividad de la religión católica, apostólica y romana en la nación española, la instrucción religiosa en las universidades, colegios y escuelas públicas, y gastos del culto y del clero a cargo del Estado. Este Concordato ya había sido abolido por la Primera República que, además, expulsó a las órdenes religiosas, confiscó sus propiedades inmobiliarias y desterró a varios obispos.

Al decreto de mayo de 1931 que anulaba la enseñanza religiosa obligatoria, seguido de los incendios de iglesias y conventos, la expulsión del cardenal Segura y el cierre de El Debate, en la Constitución aprobada el 9 de diciembre de 1931 se sumaron otras medidas que provocaron las dimisiones de Alcalá-Zamora y Maura.

El artículo 27.o establecía que los cementerios pasarían a la jurisdicción civil, y el 48.o reconocía a la Iglesia el derecho a enseñar su Doctrina en sus centros de enseñanza, pero… bajo la inspección del Estado. El artículo 26.o era el más duro: tras determinar que el Estado dejaría de sufragar los gastos de la Iglesia, permitía disolver las órdenes religiosas «que impongan, además de los tres votos canónicos, la obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado». Un dardo dirigido a los jesuitas, cuyo juramento de obediencia al Papa, obviamente, no contradecía las obediencias civiles al Estado.

Esta escalada contra las órdenes religiosas, discutida y dictaminada en las tormentosas sesiones parlamentarias del 8 al 14 de octubre de 1931, se haría realidad el 24 de enero de 1932 al decretar el Gobierno de Azaña la disolución de la Compañía de Jesús, la expropiación de sus edificios, y el control de sus templos por la Diócesis, prohibiéndose que los sacerdotes jesuitas oficiaran misa en ellas.

El «hermano presidente» del Ateneo, se proponía emular a Rey masón Carlos III, que los expulsó de España en 1767.

Pero el artículo 26.o incluía a todas las órdenes religiosas, el sector eclesiástico más odiado por los diputados y ministros masones:

Las demás órdenes se someterán a una ley especial ajustada a las siguientes bases:

1.o Disolución de las que por sus actividades constituyan un peligro para la seguridad del Estado.

2.o Inscripción de las que deban subsistir, en un Registro especial.

Y el más grave, el 4.o: Prohibición de ejercer la industria, el comercio y la enseñanza.

Cinco semanas después de firmar el decreto que disolvía la Compañía de Jesús, Azaña ingresó en la masonería y declaró, con su proverbial cinismo, que «las medidas no debían considerarse persecución religiosa, sino una cuestión de salud pública». En su famoso discurso parlamentario del 13.10.1931, el líder jacobino dispuesto a clausurar la España fundada por los Reyes Católicos, había sentenciado:

España ha dejado de ser católica. El problema político consiguiente es organizar el Estado en forma tal que quede adecuado a esta base nueva e histórica del pueblo español.

La ofensiva anticlerical se configuraba cada vez más, como una política de Estado. Ya el 24 del Mayo de fuego, había llegado a España un individuo llamado Hans Mein, para fundar la Liga Anticlerical Revolucionaria; filial de la Internacional de Librepensadores Proletarios (una tapadera de la Komintern), figurando en su programa estos puntos:

Incorporación de la lucha anticlerical a la lucha de clases de los trabajadores españoles. Propaganda de un ateísmo consecuente. Creación de escuelas marxistas para trabajadores. Organización de mítines revolucionarios y anticlericales entre los trabajadores, campesinos e intelectuales.

El tal Mein, se reunió con el ministro socialista y masón, Largo Caballero, quien le ofreció las Casas del Pueblo para dar conferencias. En 1937, siendo Largo presidente del Gobierno del Frente Popular, el Consejo de la Liga Soviética de Ateos le nombraría miembro honorario, agradeciéndole el telegrama enviado a su Congreso Internacional por su ministro comunista de Instrucción Pública, Jesús Hernández:

Vuestra lucha contra la religión es también la nuestra. Tenemos el deber de hacer de España una tierra de ateos militantes. La lucha será difícil, porque en este país hay grandes masas de reaccionarios que se oponen a la absorción de la cultura soviética. Las escuelas de España serán transformadas en escuelas comunistas.

El artículo 26.o tendría repercusiones muy negativas para la reforma de la enseñanza. Al proclamarse la República, había en España 35 000 escuelas primarias a las que asistían entre 1.5 y 2 millones de alumnos, y el 25% de la población eran campesinos analfabetos. Un porcentaje inadmisible, que el Gobierno quería remediar construyendo 27 000 escuelas en zonas rurales. En pocos meses construyeron 9600 escuelas en las que se educaban 480 000 alumnos, pero el proyecto se suspendió por falta de dinero, y las 17 400 escuelas no construidas dejaron fuera del sistema de educación pública a 820 000 niños.

La de la enseñanza sería el mayor fracaso de todas las reformas proyectadas, debido a la improvisación y al radicalismo infantil de los republicanos (muchas escuelas nuevas permanecían cerradas por falta de maestros), que anteponían sus principios ideológicos a las realidades financieras y sociales. En este caso, por ejemplo, no pudieron concretar la reforma prevista, por una mala gestión de los presupuestos del Estado, y también, por ignorar el fuerte peso social de la Iglesia. El agresivo jacobino Azaña que negaba esta realidad, tuvo que humillarse ante las autoridades eclesiásticas rogándoles que no cerraran sus colegios en respuesta al artículo 26.o.

Los colegios religiosos tenían 350 000 alumnos primarios y 17 500 secundarios; y los jesuitas, particularmente, gestionaban una formidable red educativa de 21 colegios secundarios con 6500 alumnos; la prestigiosa Universidad de Comillas; el Instituto Químico y el Laboratorio Biológico de Sarriá; el Instituto de Artes e Industrias de Madrid (incendiado en mayo); los Observatorios Astronómicos de Tortosa y Granada; la Facultad de Letras y la Universidad Comercial de Deusto (única facultad de Ciencias Económicas); nueve editoriales de filosofía, historia, ciencias y literatura; varios colegios de artes y oficios gratuitos para hijos de obreros (dos incendiados en mayo); enseñanza nocturna gratuita para adultos y para las criadas los domingos; más sus extraordinarias bibliotecas con centenares de miles de volúmenes. En estos centros de la Compañía de Jesús estudiaban 100 000 niños y jóvenes.

El 12 de octubre de 1931, los provinciales de la Compañía de Jesús habían remitido un Manifiesto a las Cortes que debatían su disolución, señalando el absurdo de que se les considerara enemigos de la República y se negaran sus derechos como ciudadanos españoles:

Somos jesuitas, y como tales pertenecemos a una Corporación que, si bien está extendida por todo el mundo, tiene más íntima y singular conexión con España: español fue su fundador San Ignacio de Loyola, que cayó herido mientras luchaba por España; españoles sus primeros compañeros, y española, en gran parte, su historia, tan íntimamente relacionada con la historia peninsular y colonial de España en los cuatro siglos de su existencia. Tiene, por tanto, la Compañía de Jesús, todos los derechos de asociación genuinamente española.

Reiterando que para la Iglesia y la Compañía las formas de gobierno eran indiferentes, citaban una lista de países monárquicos como Inglaterra o Bélgica, y republicanos como Alemania o Estados Unidos, donde los centros de enseñanza gestionados por los jesuitas constituían la vanguardia de la educación. Destacaban el caso de Estados Unidos, donde la Orden contaba con 59 centros de enseñanza y un total de 60 000 alumnos.

Ante la catástrofe que supondría dejar en la calle a 467 500 estudiantes de los tres niveles, en octubre de 1931 Azaña debió dejar en suspenso la aplicación de este punto del artículo 26.o. Posteriormente, ordenó que en octubre de 1933 se cerraran los colegios primarios y en enero de 1934 los secundarios, pero el triunfo electoral de las derechas en noviembre de 1933, dejaría la orden sin efecto. Alcalá-Zamora dio su versión de aquel fracaso:

El sectarismo con que se abordó la tarea se desbordó en dislates de imposible ejecución, tales como pretender el milagro laico de que en un trimestre surgieran todas las escuelas de primera enseñanza y en sólo unas semanas todos los institutos e internados de la segunda, necesarios para sustituir a las órdenes religiosas.

El historiador Jackson hizo una acertada valoración de conjunto:

La insistencia de republicanos y socialistas en el cierre de las escuelas de la Iglesia fue una política sectaria que redundó en su derrota. La mayoría había tratado de guiarse por el ejemplo de Francia, en donde habían sido separados la Iglesia y el Estado; pero el Gobierno francés no había privado al fin a la Iglesia del derecho de tener escuelas privadas. La República no podía sustituir las escuelas secundarias existentes, de modo que el Gobierno que de hecho, hizo más por la instrucción primaria que cualquier otro de la historia de España, se colocó a sí mismo en la posición de tratar de destruir las facilidades para la instrucción secundaria. Finalmente, al prohibir a las órdenes religiosas el ejercicio de la enseñanza, hizo imposible una separación del Estado y de la Iglesia al modo como la mayoría de los españoles, y el Vaticano, habrían probablemente aceptado.

La última gran reforma era la agraria, pero su complejidad desborda los límites de este capítulo. Resumiendo: fracasó estrepitosamente; hasta el punto de que todos los historiadores coinciden en señalar que no sólo no solucionaron el problema endémico de la propiedad de la tierra sino que lo agudizaron; y que, del proyecto inicial de entregar tierras a 70 000 familias, hasta finales de 1934 (cuando fue abandonado definitivamente) sólo 12 260 pudieron beneficiarse.

Huelga decir, que los jacobinos urbanos eran incompetentes en la materia, y que no se molestaron en estudiar reformas agrarias de otros países, pues, para ellos, las cuestiones técnicas estaban subordinadas a las políticas.

Y por si fuera poco, la «República epiléptica» tenía prisa. Una prisa histérica, propia de un Azaña afectado desde su adolescencia por una «neurastenia cerebral con intensa sobre excitación nerviosa», y que, como es sabido, acabaría muriendo tras varios ataques de locura senil.

7
LA REPÚBLICA SUICIDA

Decididos a desestabilizar la República un año más, los anarquistas, después de un diciembre marcado por el hallazgo de fábricas y depósitos con miles de bombas, comenzaron su tercera insurrección al anochecer del 8 de enero de 1933.

En Madrid, la Guardia Civil detectó a unas cuatrocientas personas merodeando por el aeródromo militar de Cuatro Vientos y el Campamento de Carabanchel. Hubo tiroteos sin heridos.

Simultáneamente, en Barcelona comenzaron tiroteos en las Ramblas, Clot, Palacio de Justicia y el Arco de Triunfo. Fueron atacados con granadas la Jefatura de Policía, y en San Agustín, el Regimiento de Artillería. También hubo tiroteos en Sallent y en Sardañola. En Lérida, asaltaron un Regimiento de Infantería, muriendo cinco atacantes y un sargento. En cuatro horas, en toda Cataluña hubo siete muertos, veintiún heridos y cincuenta detenidos. Se requisaron 220 granadas y 24 pistolas.

El día 9, en Ripollet, desarmaron a Mossos de Escuadra y asaltaron el Ayuntamiento. En Sallent, murieron cuatro anarquistas y un guardia civil. En Tarrasa, volaron vías ferroviarias y atacaron la Comandancia Militar, muriendo un asaltante. En Barcelona, hubo tiroteos en las Ramblas y en el mercado de San Agustín.

En Valencia, atacaron el Ayuntamiento de Ribarroja. En Pedralba, coparon el Ayuntamiento y proclamaron la República Soviética; luego se dirigieron a Bugarra, donde murieron 10 insurrectos y cuatro guardias. En Tabernes, también ocuparon el Ayuntamiento y proclamaron la República Soviética.

El día 10, en Sevilla dispararon contra un tranvía con pasajeros en la calle Ronda y se tirotearon con la policía en el mercado central de la Encarnación: cuatro heridos. Y con guardias de Asalto en el Arco de la Macarena: tres heridos.

En Murcia, desarmaron a cinco policías en Monteagudo, y luego intentaron apoderarse de un polvorín en Esparragal.

En Valencia capital, volcaron varios tranvías. En Bétera, dispararon contra un tren de pasajeros hiriendo al maquinista y volaron un puente. En Paterna, intentaron asaltar un cuartel del Ejército.

En Moncada (Barcelona), también dispararon contra un tren y volaron un puente.

En Jerez de la Frontera, se tirotearon con la Guardia Civil y mataron a un sereno.

En la madrugada del miércoles 11, Gobernación envió 150 guardias de Asalto a Cádiz, pero el diario republicano Ahora señalaba en su editorial de ese día la tibieza del Gobierno con la izquierda revolucionaria:

La persistencia de un estado de agitación permanente, de un ambiente de constante alarma e inquietud va quebrantando moralmente el régimen. La represión para ser eficaz debe ir seguida de sanciones rápidas y ejemplares. No basta desarmar a los que se alzan con armas en la mano contra la fuerza pública. Si resulta que a poco vuelven a encontrarse en libertad, tornarán a poner sus pistolas al servicio de todo desorden. Es menester que la fuerza de la ley caiga sobre ellos inexorable e implacable.

Por la noche, Azaña declaraba con su exasperante indiferencia:

Hubo pequeños disturbios en varios pueblos de Sevilla y Málaga; de los que no tengo detalles concretos.

En un comunicado posterior, el Consejo de Ministros advertía que «atentar contra el orden es atentar contra la República, y atentar contra la República es atentar contra España». Pobre retórica, de un Gobierno que en nombre de la seguridad del Estado disolvía órdenes religiosas pero no ilegalizaba a las terroristas CNT-FAI. Ni al PCE, que en su Mundo Obrero de ese día hablaba de «terror gubernamental» y denunciaba la «brutal represión contra los obreros revolucionarios», reconociendo que aquello no era una huelga ferroviaria sino una revolución. Con su retorcida semántica llamaban «jóvenes obreros» a los asesinos que disparaban a trenes llenos de pasajeros, y si eran detenidos pasaban a ser «presos sociales».

Pero ese día de «pequeños disturbios», la retórica oficial había sido ridiculizada en Valencia.

Una potente bomba destruyó un transformador eléctrico en Cullera, dejando sin luz a varios pueblos. En Fuenterrobles, incendiaron la iglesia y el Ayuntamiento. En Jérica, volaron un tren de carga. En Benaguacil, y Utiel, atacaron con granadas los cuartelillos de la Guardia Civil. En Carlet, se tirotearon con guardias civiles que les sorprendieron en una casa donde almacenaban 30 bombas. En Valencia capital, volcaron un tranvía, y dinamitaron La Voz Valenciana con los obreros dentro, matando a uno e hiriendo a varios. También explosionaron dos bombas en la estación Norte del Gran Cao. En la Macarena (Sevilla), dispararon contra la Guardia de Asalto hiriendo a peatones.

Cuando en la noche del 11, Azaña habló de «pequeños disturbios», silenciaba que en una aldea de 1200 habitantes llamada Casas Viejas (Cádiz), se estaba gestando un suceso aún más trágico que el de Castilblanco.

Los hechos comenzaron esa mañana, cuando campesinos en huelga instigados por anarcosindicalistas que les comunicaron el triunfo de la revolución social en toda España, asaltaron el Ayuntamiento y el cuartel de la Guardia Civil hiriendo a dos guardias. Luego, otros guardias, más refuerzos llegados de Medina Sidonia, intentaron sin éxito asaltar la casa donde los insurrectos se habían atrincherado; murió un guardia y otro resultó herido. Al siguiente, guardias de Asalto procedentes de Madrid rodearon y ametrallaron la casa hasta matar a todos sus ocupantes, aunque al precio de siete bajas: un muerto y seis heridos.

Ese miércoles 11, se descubrieron depósitos de bombas en Tarrasa, Tarragona, Reus, Jerez de la Frontera y Posadas (Córdoba).

El 12, y días siguientes, continuaron los rutinarios tiroteos entre anarquistas y guardias civiles en Arcos de la Frontera, La Línea, Guadix y Chiclana. Atentados con explosivos en vías ferroviarias de Córdoba, Cádiz y Valencia; y en una torre de alta tensión en Meliana (Valencia). Más una lista interminable de fábricas de bombas y depósitos de dinamita descubiertos por toda Cataluña.

Estos cinco días de enero ocasionaron 49 muertos y 35 heridos, que elevan el total de víctimas recopiladas en este trabajo, a 116 muertos y 283 heridos en veinte meses de República. Merece destacarse el aumento de ataques a cuarteles del Ejército, los sabotajes con dinamita, y el uso de granadas o bombas de mano.

Mientras tanto, gracias a la permisividad del Gobierno presidido por Azaña, que no ilegalizó al PCE, ni deportó a sus dirigentes como hiciera en 1932 con los anarquistas, la Sección Española de la Internacional Comunista continuaba incitando a la destrucción de la República en su diario Mundo Obrero:

¡Viva la victoria de la revolución!

¡Viva el Gobierno obrero y campesino sobre la base de los Soviets!

¡Creación de milicias obreras y campesinas!

¡Toma y repartición inmediata de todas las tierras y ganados!

¡Reconocimiento inmediato y sin condiciones de la Unión Soviética!

¡Bajo la bandera del marxismo, el proletariado y los campesinos españoles derribarán violentamente el régimen de explotación sangrienta!

¡Azaña, el jefe de la contrarrevolución sangrienta!

¡De día en día se perfila más claramente el carácter fascista del Gobierno de Azaña!

¡Nuestro enemigo es el Gobierno republicano-socialista!

¡Sepamos lanzarnos a la conquista del Poder!

Incomprensiblemente, una organización revolucionaria fundada, dirigida y financiada por la Unión Soviética[1] concurría a elecciones, tenía una prensa legal, celebraba mítines autorizados por el Ministerio de Gobernación, encuadraba milicias, y sus dirigentes viajaban a Moscú, para recibir órdenes, con pasaportes emitidos por el Estado que querían destruir. Todo ello, consentido por un Gobierno que no ilegalizaba a esta organización revolucionaria mientras ordenaba disparar y deportar a quienes actuaban siguiendo sus consignas.

Estaba visto que para la Izquierda Republicana, de Azaña, los enemigos de la República que amenazaban la seguridad del Estado, eran los jesuitas que educaban a niños pobres, las monjas que atendían a los moribundos en los hospitales y los monárquicos que cantaban la marcha real.

El año 1933, no sólo comenzaría y terminaría con más insurrecciones de las izquierdas, sino que también sería el último de los gobiernos republicanos-socialistas.

El primer aviso de que la sociedad española no estaba dispuesta a consentir que las izquierdas continuaran empujando al país hacia un precipicio y persiguiendo a los católicos, fueron unas elecciones municipales parciales celebradas en abril: de 16 000 concejales elegidos, la izquierda republicana y los socialistas obtuvieron 5047.

Otro hecho fundamental, fue la ruptura de la alianza republicana y socialista de 1931. El PSOE consideraba agotada su colaboración con la «burguesía republicana progresista» y se embarcaba en un proceso de reajuste ideológico y político que le llevaría hacia lo que llamaron bolchevización del partido.

Ya en su XIII Congreso de octubre de 1932, el partido avisaba:

El ciclo revolucionario que ha significado plenamente la colaboración socialista va rápidamente a su terminación. Se aproxima y se desea, sin plazo fijo pero sin otros aplazamientos que los que exija la vida del régimen, el momento de terminar la colaboración ministerial. Estabilizada la República, el Partido Socialista se consagrará a una acción netamente anticapitalista y encaminará los esfuerzos a la conquista plena del Poder para realizar el socialismo.

Por aquellos días, Largo Caballero amenazaba:

El PSOE no es puramente reformista, ni lo es el espíritu de sus miembros. Y ahí está la historia del partido para demostrar que la legalidad se ha roto cuando ello convenía a nuestras ideas. Nadie intenta someter a revisión nuestra doctrina. Se trata ahora únicamente de una cuestión de táctica.

En febrero de 1933, por si algunos no le habían entendido, repetía:

Hemos venido a colaborar a la proclamación de una República para hacer una Constitución flexible, susceptible de que un partido revolucionario como el nuestro, que quiere hacer una transformación de la sociedad, lo pueda hacer con arreglo sus preceptos y a las leyes. Hoy la Constitución, en su artículo 44, permite que se llegue a la socialización de la propiedad. Pero, si no nos permiten conquistar el Poder con arreglo a la Constitución, tendremos que conquistarlo de otra manera.

El 29 de octubre, Indalecio Prieto amenazó en Valladolid:

A vencer el 19 en las urnas, y si somos derrotados, a vencer el 20 en las calles al grito de ¡Viva la revolución social!

Y llegaron las elecciones del 19 de noviembre, con una avalancha de votos de castigo que dieron una abrumadora mayoría a la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas) y a otros partidos de centro y derecha. De 8 011 020 votos las derechas obtuvieron 5 190 881 y 2 820 139 el PSOE más los republicanos de izquierda.

En cuanto a escaños parlamentarios, las derechas y centro-derechas sumaron 373 y las izquierdas y centro-izquierdas 100. Pero por presiones de Alcalá-Zamora, el líder de la CEDA, José María Gil Robles, renunció a presidir el Gobierno para no desencadenar una gravísima crisis constitucional. Ocuparía la presidencia el líder del Partido Republicano Radical, Alejandro Lerroux: un político fogueado en los gobiernos de la Restauración. Centrista y negociador, era lo opuesto a Azaña y a sus histéricos «hermanos» de la República epiléptica.

El comunista infiltrado en el PSOE, Juan Negrín, declaró en nombre de la minoría parlamentaria socialista que, al haber ganado la derecha… «debería disolverse el Parlamento, pues el nuevo gobierno impediría los avances legales del socialismo».

Los anarquistas despidieron 1933 con su cuarta y última insurrección contra la Segunda República. Y lo hicieron a lo grande.

El viernes 8 de diciembre, en Haro (Logroño), asesinaron a un capitán de Asalto y luego atacaron el cuartel de la Guardia Civil.

En Zaragoza, descarrilaron un tren en Zuera, resultando heridos doce pasajeros, y en la capital lanzaron granadas contra un camión de guardias de Asalto hiriendo gravemente a uno. Incendiaron el convento de las Capuchinas y la iglesia de San Marcos. En la Seo, la Magdalena y las Delicias, se tirotearon con guardias civiles.

En Huesca, se hicieron con el control de Tornos, Alquézar, Cilla y Villanueva de Sigena, donde murió un anarquista que disparó a la Guardia Civil. En Barbastro, dispararon a los guardias, muriendo un peatón y otro anarquista.

Estallaron bombas en Santiago de Compostela, Salamanca, Almería, Gijón y Cataluña.

En Prat de Llobregat, murieron un anarquista y un guardia civil. En Sarriá, más tiroteos al intentar volar un transformador eléctrico. En Hospitalet, dinamitaron varias fábricas textiles.

El sábado 9, el Gobierno declaró el Estado de Alarma en toda España y movilizó al Ejército.

En Zaragoza, francotiradores y grupos armados con bombas de mano atacaron la sede del Gobierno Civil. La Guardia de Asalto montó ametralladoras en sus vehículos y el Gobernador autorizó que civiles armados protegieran iglesias y conventos.

En Alfafar (Valencia), siete anarquistas murieron cuando manipulaban dinamita, y provocaron una masacre al volar un puente entre Puzol y Puig cuando pasaba el tren Barcelona-Sevilla: tres vagones alcanzados de lleno por la explosión se precipitaron al fondo del barranco con el resultado de diecinueve pasajeros muertos y cincuenta y dos heridos.

En Labastida (Vitoria), asaltaron la Telefónica, mataron a un guardia civil, hirieron a otro y prendieron fuego al Ayuntamiento.

En Gijón, dinamitaron la iglesia de San José.

En Hospitalet de Llobregat, asaltaron el Ayuntamiento y un Centro Católico.

En Barcelona, murieron dos insurrectos en el Metro transversal y otros dos en las cocheras de autobuses de Almogávares. Fue capturado Buenaventura Durruti, y en la calle de la Montaña una bomba mató a un peatón y a un comerciante. Nótese que Durruti, detenido en la insurrección de enero de 1932, había sido puesto en libertad.

En Lérida, Gerona y Tortosa se cortaron las líneas telefónicas. En Olesa de Montserrat, resultaron muertos tres pistoleros, y estallaron bombas en una iglesia de la calle Etna y en un convento de la calle Mallorca.

En Granada, fueron incendiados los conventos de Santa Inés, de las Tomasas y San Gregorio; las iglesias de San José, del Salvador y San Luis; la ermita del Cristo del Ebro y los archivos de la Audiencia Territorial.

En Logroño, murieron un guardia civil y dos insurrectos frente al Teatro Moderno, y hubo más tiroteos en Cenicero y Fuenmayor.

En Teruel, los anarcosindicalistas se apoderaron de un polvorín en Alcañiz, y en Mas de las Matas coparon el cuartel de la Guardia Civil hiriendo a dos guardias (uno moriría días después) y haciendo prisioneros a otros cuatro.

En algunos pueblos de Aragón los vecinos pidieron armas a la Guardia Civil para ayudarles.

En Calatayud, incendiaron la iglesia Virgen de la Peña y volaron un puente ferroviario.

En Zaragoza, dispararon contra la fuerza pública en los barrios de Boterón, Torrero, Sábado, San Blas, Casas Baratas, Conde de Aranda y Bojero: murieron cuatro insurrectos.

En Cieza (Murcia), incendiaron dos fábricas.

Siguiendo el estilo de Maura, en la noche de este impresionante 9 de diciembre el ministro de Gobernación, Rico Avello, calificó todos estos sucesos de… «chispazos».

El domingo 10, en Villanueva de la Serena (Badajoz), un sargento anarquista y varios camaradas se atrincheraron en la oficina de reclutamiento del Ejército ubicada en un antiguo convento. Fue necesario utilizar morteros para reducirlos, resultando muertos ocho insurrectos y dos guardias civiles.

En Huesca, mataron a un guardia civil en Almudévar y a otro en Barbastro. En Briones, dinamitaron un tren. Efectivos del Regimiento de Infantería 20.o liberaron el pueblo Alcalá de Gurrea, tomado por los insurrectos. En Albalate de Cinca, coparon el Ayuntamiento y atacaron el cuartel de la Guardia Civil.

En Barcelona, Hospitalet, Torratxa, Coll Blanch y Hostafrancs hubo enfrentamientos armados entre extremistas y guardias. En Sanz, atacaron con bombas el cuartel de la Guardia Civil y una iglesia. En Villafranca, dispararon a tranvías y volaron un puente de ferrocarril. En Tarrasa, resultó muerto un pistolero.

En Teruel, resultaron muertos dos insurrectos; en Alcorisa, tres guardias civiles heridos. El Regimiento de Infantería 7 tuvo que liberar los pueblos de Valderrobles, Mazaleón, Beceite y Fresneda.

En Elda (Alicante), se tirotearon con guardias civiles y descarrilaron una máquina ferroviaria.

En Torreblanca (Castellón), dispararon contra el expreso Barcelona-Sevilla hiriendo al fogonero.

En El Ferrol, incendiaron una iglesia en La Braña y otra en Artadia.

El 12, en Cacabelos (León), murió un guardia civil y un insurrecto, y posteriormente murieron otros diez al enfrentarse al Ejército en los montes cercanos.

En Jerez de la Frontera, resultaron heridos tres guardias civiles.

Suspendemos aquí el relato de esta insurrección nacional que, aunque con menor intensidad, duró hasta el 17 de enero de 1934, con el consiguiente incremento de muertos y heridos. Las víctimas ocasionadas por esta cuarta y última insurrección anarquista superan abrumadoramente a las anteriores: 88 muertos y 105 heridos.

Los muertos se desglosan en 11 guardias, 55 insurrectos y 22 civiles (trenes y peatones).

Los heridos en 11 guardias, 30 insurrectos (según datos conocidos: la mayoría no acudió a los hospitales) y una pavorosa cifra de 64 civiles (52 del tren, varios con amputaciones).

Por ser la última de las insurrecciones anarquistas, resumimos los totales de víctimas (guardias, insurrectos y civiles).

Julio 1931: 19 muertos y 55 heridos.

Enero-febrero 1932: 22 muertos y 83 heridos.

Enero 1933: 49 muertos y 35 heridos.

Diciembre 1933: 88 muertos y 105 heridos.

TOTAL: 178 muertos y 278 heridos.

Si añadimos abril y mayo de 1931, y mayo de 1932, el total de víctimas provocadas por los anarquistas (y en menor medida, por los comunistas), desde el 14 de abril de 1931 hasta el 12 de diciembre de 1933, sería de 204 muertos y 388 heridos: insurrectos, efectivos de seguridad y civiles (peatones y pasajeros de trenes).

A continuación, se reproduce el Manifiesto que la FAI-CNT distribuyó esos días. Un documento que revela el delirio subyacente en las ideologías mesiánicas, y la manipulación que las izquierdas revolucionarias hicieron de las gentes más vulnerables: los campesinos analfabetos soliviantados por agitadores que recorrían los pueblos diciéndoles que en toda España había triunfado la revolución social; tras lo cual, con el mismo desprecio por las vidas ajenas con que dinamitaron el tren en Valencia, les daban unas pistolas y se largaban. Tal como hicieron en Castilblanco.

Pueblo:

La CNT y la FAI te llaman a la insurrección armada. La hora de la revolución ha sonado, y el momento tan anhelado por el pueblo para terminar de una vez con todos los sufrimientos, privaciones y opresión secular ha llegado ya. Vamos a la realización del comunismo libertario.

Todo trabajador y revolucionario debe sumarse a la revolución armada. Las mujeres en su casa. El trabajador en su trabajo. Como un solo hombre debéis responder a la llamada de la Confederación y de la Federación Anarquista Ibérica.

El primer empuje lo dedicamos a la destrucción del Poder organizado, del Estado, poniendo en manos del pueblo las armas, que son garantías de liberación. Destruido este Poder, los hombres se nivelan en los mismos derechos y las mismas categorías. Los que estáis sirviendo en el Ejército habéis de convertiros en defensores de la revolución, poniendo vuestras armas al servicio de la libertad y del pueblo.

Queda abolida la propiedad privada y toda la riqueza pasará a disposición de la colectividad. Las fábricas, talleres y todos los medios de producción serán tomados por los proletarios organizados y puestos bajo el control y administración de los Comités de fábrica y obra, que tratarán de mantener la producción en sus actuales proporciones y características. En el campo, las tierras y todo cuanto constituye la riqueza del pueblo ha de ser puesto a disposición del Municipio libre.

Los trabajadores que han venido habitando viviendas inmundas deben ocupar libremente las viviendas de las clases ricas y los edificios que reúnan buenas condiciones de habitabilidad.

Las tiendas y almacenes deben pasar al control de los Comités de barriada que se encargarán de la distribución de los productos y garantizarán el abastecimiento de la población.

Los Bancos quedan bajo la guardia del Comité revolucionario que velará porque las riquezas sean puestas a disposición del pueblo productor. Queda suprimido el uso de la moneda, así como el ejercicio del comercio, y los revolucionarios están obligados a perseguir y sancionar toda vulneración de este acuerdo revolucionario.

La Confederación Nacional del Trabajo y la FAI se verán representadas por los colores rojo y negro bajo los cuales serán amparados los edificios devueltos al pueblo. Toda otra contraseña debe ser perseguida por contrarrevolucionaria.

A los cuadros de defensa compete la defensa armada de la revolución. A ella os debéis sumar. Todos debéis estar dispuestos a ofrendar vuestras vidas en defensa de la revolución, que os ofrece a todos también los dos medios más estables de la vida: la independencia económica y la libertad.

¡Trabajadores de España: Que nadie retroceda ante la decisión de emancipación de la clase trabajadora! Traidor todo aquel que no coopere en la insurrección armada. Hay que ser enérgicos y no retroceder un palmo en la batalla.

Militantes de la CNT y de la FAI: De vuestra decisión y rapidez depende el triunfo de la revolución.

Soldados: Vuestros padres y hermanos van a apoderarse de los útiles de trabajo: no consintáis que sean asesinados: poned vuestras armas al servicio de la revolución que es vuestra misma causa.

¡Viva la CNT!

¡Viva la Federación Anarquista Internacional!

¡Viva el comunismo libertario!

¡Viva la revolución!

Firma: el Comité Nacional Revolucionario.

8
EL PSOE OPTA POR LA GUERRA CIVIL

La aplastante victoria electoral de las derechas supuso un punto de inflexión para la Segunda República que, al igual que la Primera (cuatro gobiernos en once meses) en 1934 entró en una dinámica de inestabilidad institucional, debida fundamentalmente a cuatro causas estructurales:

Una derecha dividida y acomplejada ante un PSOE que siempre tomaba la iniciativa sin importarle la «legalidad burguesa» pues, como partido marxista, su objetivo era destruirla. Lógicamente, esto era extrapolable al resto de las izquierdas.

Una izquierda republicana (Azaña) sectaria y antidemocrática, que consideraba inconcebible una República gobernada por la derecha; ni siquiera la centrista y republicana liderada por Lerroux.

El carácter exageradamente presidencialista de la Constitución republicana, que permitía a Alcalá-Zamora formar gobiernos al margen de los resultados electorales y disolverlos cuando, a su juicio, había una crisis. Su continuo intervencionismo en la vida política tendría consecuencias desastrosas.

La radicalización bolchevique del PSOE, que le llevó a abandonar su colaboración socialdemócrata con el sistema capitalista gestionado por la pequeña burguesía liberal republicana, y apostar por la toma insurreccional del poder para edificar un Estado socialista con dictadura del proletariado. Objetivo proclamado en numerosos documentos y en la prensa del partido.

Cada uno de estos factores requieren un desarrollo en profundidad que no tiene cabida aquí; pero respecto al talante sectario y antidemocrático de Azaña, merece apuntarse que, junto con los exministros de Gobernación, Casares Quiroga y de Agricultura, Marcelino Domingo, tras el arrollador triunfo de la CEDA en las elecciones de noviembre de 1933, entregó una carta al presidente del Gobierno, Diego Martínez Barrio, pidiéndole anular el resultado de las elecciones y disolver las Cortes. O sea: dar un golpe de Estado.

El segundo golpe que se proponía, porque días antes, el ministro de Justicia, Juan Botella Asensi y el de Industria y Comercio, Félix Gordón Ordás, le habían pedido a Alcalá-Zamora lo mismo: firmar un decreto anulando las elecciones y disolviendo las nuevas Cortes. También se lo pidió el PSOE por medio de Juan Negrín y Fernando de los Ríos, pero añadiendo que luego del golpe, debería formarse un Gobierno de extrema izquierda.

Nada menos que tres golpes de Estado, con distintas formas y un solo propósito, se me aconsejaron en veinte días, resumiría el presidente de la República en sus Memorias.

En cuanto a la decisión del PSOE de retirar su apoyo a la República «burguesa», sigamos cronológicamente sus documentos y actuaciones hasta el Octubre Rojo de 1934. La insurrección y golpe de Estado más anunciados de la Historia, que la República suicida no se atrevió a abortar.

El 23.09.1933, Largo Caballero declaraba a Renovación: revista de las Juventudes Socialistas lideradas por Santiago Carrillo.

En la República se acentúa la lucha de clases. Los trabajadores se dan cuenta de que el enemigo es el capitalismo. ¿Llegar al Socialismo dentro de la democracia burguesa? Eso es imposible. (…) Yo no sé cómo hay quien tiene tanto horror a la dictadura del proletariado, a una posible violencia obrera.

El 14.11.1933, Renovación proclamaba en su portada:

¡Marchemos hacia la revolución! ¡A por la República Socialista! Como dijimos en 1930: ¡Primero República, pero después, Socialista! ¡Por fin, camaradas: ha llegado el momento de ir a por el Socialismo!

El 15.11.1933, El Socialista reproducía un discurso de Largo Caballero en un mitin electoral en Murcia, en el que afirmaba:

Propugnamos un periodo de transición (…) que llamamos dictadura del proletariado.

El 16.11.1933, Largo Caballero, en Salamanca:

Pero si no la logramos (la victoria) vamos a tener que hacer algo más gordo. Sólo cuando podamos clavar la bandera roja de la revolución proletaria sobre los edificios oficiales y las torres de España, habrá justicia.

El 30.11.1933, Largo Caballero, en el cine Europa, de Madrid:

Nos lo vamos a jugar todo, pero si vencemos, el Poder no irá a otras manos que a las del Partido Socialista. Y lo utilizaremos en cubrir la etapa que nos separa del Socialismo.

El 02.12.1933, Renovación reproducía otro discurso de Largo Caballero:

Lo primero que tendríamos que hacer es desarmar al capitalismo. ¿Cuáles son las armas del capitalismo? El ejército, la guardia civil, los guardias de asalto, la policía, los Tribunales de Justicia. Y, en su lugar. ¿Qué? Esto: el armamento general del pueblo.

El 19 de diciembre, Gil Robles había fijado en las Cortes la posición legalista de la CEDA:

No habíamos tenido parte alguna en el advenimiento del régimen. Sinceramente hay que reconocer que lo habíamos visto venir con dolor y con temor. Pero una vez establecido como una situación de hecho, nuestra posición no podía ser más que una: acatamiento leal al Poder público. No teníais derecho, señores, a pedirnos una identificación con el régimen. Lo que podíais pedir era que acatáramos el Poder, que para nosotros, católicos, viene de Dios, sean cualesquiera las manos en que encarne. De las cortes anteriores: pronto nos desengañamos, pues hubimos de ver que no se quería hacer una patria para todos: se buscaba, si era posible, el aplastamiento de las fuerzas de la derecha, colocarnos fuera del ámbito legal, perseguirnos constantemente, quizá con la esperanza de que hiriéndonos en los sentimientos y lesionando al mismo tiempo legítimos intereses, nos lanzáramos a la desesperación y nos pusiéramos fuera de la ley, donde hubiera sido muy fácil aplastarnos. Pero nosotros nos colocamos firmemente en el ámbito legal porque teníamos la seguridad de que, situándonos en ese terreno, bien pronto los que nos perseguían habían de colocarse ellos mismos fuera de la ley. Con esta Constitución no se puede gobernar, porque en estos instantes en los cuales en el mundo entero va conquistando adeptos la corriente antidemocrática y antiparlamentaria, empeñarse en mantener una Constitución de este tipo no llevará más que a una solución: una dictadura de izquierda o una dictadura de derecha, que no apetezco para mi patria porque es la peor de las soluciones.

Desde septiembre de 1933, el Comité Nacional de la UGT presidido por el socialista y catedrático de filosofía Julián Besteiro, discutía si se sumaban al movimiento revolucionario propuesto por el PSOE.

El miembro del Comité Nacional, y dirigente del sindicato de Banca y Bolsa, Amaro del Rosal, transcribió las actas de esas reuniones en su libro 1934: El movimiento revolucionario de Octubre.

Algunos fragmentos de las sesiones celebradas los días 13 y 31 de diciembre de 1933:

Saborit: ¿Se trata de que hay un peligro inmediato de fascismo? Yo digo que eso, seriamente, no hay quien lo diga. Lo que ha habido en España (victoria de la CEDA) es una coalición terrible contra nosotros, no contra la República.

Vidal Rosell: Existe, hasta en Madrid, tengo pruebas de que hay individuos pagados con 10 pesetas y la comida.

Saborit: Yo lo que niego es un fascismo preparado para asaltar el Poder. Hablo de una organización que pueda hacer temblar a la Unión y al Partido, no de un golpe de mano.

Del Rosal: El año 33 es favorable a la revolución. Existe un espíritu revolucionario, un ejército completamente desquiciado, una pequeña burguesía con incapacidad de gobernar (…) Yo opino que ahora todo está propicio.

Viesca: Y nosotros ¿tenemos medios? Ha salido un compañero para San Sebastián, que decían que allí podían facilitar armas, ha salido haciendo un sacrificio enorme, iba a por 100 pistolas y resulta que cuestan 6000 pesetas y no hemos podido hacernos con ellas.

Besteiro: (acerca de una hipotética amenaza del fascismo). Si podemos en ese instante tener algún arma para defendernos ésta es el arma de las garantías que nos ofrece el Estado democrático más o menos puro que hemos creado.

Trifón Gómez: Si queréis facilitar en España el paso a la reacción, al fascismo, o a una dictadura, lanzaros por ese camino. Yo no acepto la responsabilidad de contribuir, como han hecho los sindicalistas toda su vida en España, y los comunistas en Alemania o en Italia, a que el fascio o la dictadura militar o un régimen reaccionario se implante en nuestro país más que por la fuerza de los enemigos, por la torpeza nuestra, por empeñarnos en sacar las cosas de quicio.

Besteiro: De un estado de desesperación ciegamente apreciado, locamente apreciado, puede salir un desastre. Yo cada vez estoy más en contra de la agitación de masas. Eso, para lo demagogos que quieren servirse de ellas.

Derrotados Besteiro, Saborit y Trifón Gómez el 29 de enero de 1934, el presidente del PSOE, Largo Caballero, pasaba a ser también Secretario General de la UGT.

El 31.12.1933, despidiendo el año en el restaurante Biarritz, de Madrid, el Lenin español, aún resentido por la humillante derrota electoral de noviembre ante la CEDA, declaró formalmente la guerra a la Segunda República:

«El mito de la República había retrasado la acción revolucionaria, por la ilusión que muchos obreros habían depositado en ella» (…) «pero sabíamos que la burguesía democrática traicionaba siempre al proletariado» y que, en lo económico, «la República era exactamente lo mismo, o peor, que la monarquía».

Llamó una vez más a «la conquista violenta del Poder y al armamento general del pueblo». Había que «prepararse en todos los terrenos, en espera del momento psicológico que nosotros creamos oportuno para lanzarnos a la lucha».

Reiteró su buena voluntad hacia los comunistas, pues «la diferencia entre ellos y nosotros no es más que palabras» ya que «tenemos la base de nuestra doctrina en el Manifiesto Comunista y en El Capital».

Propugnó igualmente la unidad con los anarquistas para el objetivo común de acabar con el Estado: «Tienen razón al decir que todo Estado es tirano, y el Estado Socialista será tirano para con el capitalismo (…) para hacer desaparecer a los enemigos del proletariado».

El 23.01.1934, Largo Caballero dijo en el cine Europa, de Madrid:

Vamos a conquistar el Poder. Hay que preparar a las masas para la revolución espiritualmente pero, sobre todo… materialmente.

Alguien gritó: ¡Vivan las ametralladoras!

Con la derrota de los socialistas moderados, agrupados por Julián Besteiro, culminaba el proceso de bolchevización del PSOE y de concentración de todo el poder en manos de Largo Caballero:

«Máximo dirigente y arquitecto de la revolución de Octubre», le definiría Amaro del Rosal en su citado libro.

En esos días de enero, Besteiro le dijo a Indalecio Prieto, número dos del PSOE:

Vais a llegar al Poder, si llegáis, empapados y tintos en sangre. ¿Y para qué? Para ocupar los cargos y mandos de un Estado burgués que no tardaría en lanzaros a una cruel guerra fratricida con los obreros comunistas, sindicalistas y anarquistas que, por espíritu de clase, no se avendrían de ningún modo a ese estado de cosas.

Ya, el 2 de julio de 1933, les había advertido que una victoria al estilo bolchevique abocaría a:

La República más sanguinaria que se ha conocido en la historia contemporánea.

La lucha entre socialistas bolcheviques y socialdemócratas fue durísima: en Zaragoza llegaron a desenfundar las pistolas, y en las primeras horas de la insurrección de octubre en Madrid, las milicias de las Juventudes tirotearon la casa de Besteiro.

Acerca del presunto fascismo de la CEDA y del Gobierno republicano presidido por Lerroux, en su libro Los orígenes de la Guerra Civil Española, Pío Moa analiza la cuestión:

¿Por qué entonces, basaba el PSOE su agitación en el fascismo de la CEDA? Sólo se entiende dentro del designio revolucionario de aquel partido, orgulloso de su marxismo y distanciado de la tibia socialdemocracia. Imputar fascismo a la derecha ofrecía ventajas sustanciales con vista al objetivo. Acosaba a la reacción y la ponía a la defensiva. Elevaba la combatividad de las masas, a las que hacía sentir un peligro inminente. Permitía atraerse o neutralizar a otras fuerzas políticas y sociales que se hubieran espantado ante una dictadura proletaria tal como había expuesto Wenceslao Carrillo. Y suministraba la mejor justificación a la embestida insurreccional, de cualquier forma ya decidida. Se trataba, por tanto, de un ardid político, no sólo para aplastar a la CEDA, sino a la República misma. El PSOE había empezado por marcar a Lerroux como fascista y peligro para el régimen y sólo cambió de blanco al comprobar la inesperada fuerza electoral de la CEDA. A tal efecto, Gil-Robles funcionaba mejor que Lerroux. Éste no sólo tenía tras sí uno de los más largos historiales y el mayor partido republicanos, sino que, además, acababa de autorizar a Martínez Barrios a ofrecer al PSOE puestos en el gabinete que presidió las elecciones. Tacharle de fascista sonaba increíble. Pero Gil-Robles reunía apariencias más adecuadas: no se reconocía republicano, y así podía suponérsele enemigo del régimen; siendo católico, excitaba los reflejos anticlericales y antirreligiosos de las izquierdas; y sus reticencias a la democracia, aunque harto menos ásperas que las del propio PSOE, ofrecían vasto campo al juego propagandístico. Esto parece maquiavelismo y una fundamental deshonestidad política; y sin duda lo era desde el punto de vista de la democracia burguesa. Pero en la perspectiva de una revolución que en breve emanciparía a los trabajadores y aboliría al capitalismo explotador, se justificaba perfectamente, y las críticas a esa táctica debían despreciarse como prejuicios burgueses. Había en ello algo más que cinismo. La lucha de clases, negar la cual sería, según Largo como «negarse a admitir la existencia del sol, la luna y las estrellas», necesariamente empujaría al capital hacia la dictadura como último parapeto frente al ímpetu proletario. En esa lógica, aunque por el momento resultara falso o exagerado definir como fascista a la CEDA, pronto debía dejar de serlo, según progresara la contienda de clases.

El 3 de febrero de 1934, se constituyó el Comité Nacional Revolucionario:

Francisco Largo Caballero, Indalecio Prieto, Enrique De Francisco, Juan Simeón Vidarte, Pascual Tomás, Felipe Pretel, José Díaz Alor, Carlos Hernández Zancajo y Santiago Carrillo.

El Comité Provincial de Madrid: Rafael Henche, Manuel Albar y Enrique Puente.

Asesores militares: coronel Rodrigo Gil, comandantes Ernesto Carratalá y M. Aragón, y teniente de artillería Urbano Orad de la Torre.

Instructores de milicias: tenientes del Ejército, Gabriel Vidal y Carlos Faraudo; tenientes de Asalto, Máximo Moreno y José del Castillo; y capitán Uribarri y teniente Fernando Condés, de la Guardia Civil.

Información: un comandante de la Guardia Civil de apellido Naranjo. Responsable de Información: Indalecio Prieto.

10.02.1934, Renovación:

¡Es necesario un último esfuerzo de todas las Juventudes Socialistas por la insurrección armada!

17.02.1934, Renovación:

¡Todo joven socialista debe ser un agente que fomente la insurrección en los cuarteles y en los cuerpos represivos del Estado!

03.03.1934, Renovación:

¡Estamos en pie de guerra!

¡Por la insurrección armada!

¡También los obreros saben manejar las ametralladoras!

21.04.1934, El Socialista:

Mensaje de Largo Caballero a los jóvenes socialistas:

Aprovecho la circunstancia de estar representados aquí los delegados de las Juventudes Socialistas para decir que yo, mantengo el criterio de que hay que apoderarse del Poder político revolucionariamente, y que es tonto hacerse la ilusión de que vamos a poder adueñarnos de él de otra forma, tengo que manifestar que la revolución no se hace con gritos de viva el Socialismo, viva el comunismo y viva el anarquismo. Se hace violentamente, luchando en la calle con el enemigo. Hay que crear un ejército revolucionario (…). Y es preciso organizarlo militarmente.

Yo no tengo escrúpulos de decir ante vosotros que hay que organizar nuestro ejército (…) vamos a la conquista del Poder como sea. ¡Camaradas! Organizad la lucha final. La batalla será cruel y larga.

El 06.06.1934, la policía descubrió 616 pistolas y 81 000 cartuchos en una cerrajería de Cuatro Caminos (Madrid), deteniendo allí a sindicalistas de la UGT. Al día siguiente encontraron 54 pistolas y 2700 cartuchos en casa del diputado socialista Juan Lozano.

El aprovisionamiento de armas reveló que el PSOE tenía muy infiltradas las fuerzas de seguridad del Estado. Nada menos que el presidente de la República, Alcalá-Zamora, cuenta en sus Memorias que…

El Director General de Seguridad, Manuel Andrés, íntimo de Prieto, les había entregado las armas procedentes de cacheos, registros y comisos policíacos (…) El insólito hecho lo conocía desde septiembre de 1933 Diego Martínez Barrio…

(Exministro de Gobernación, expresidente del Gobierno, y exministro de Guerra).

… quien me lo reveló a mí algún tiempo después, y también en un Consejo de Ministros. Asimismo, armas automáticas de largo alcance se habían adquirido en el extranjero, principalmente en Alemania durante la embajada de Araquistáin…

(Director de la revista socialista Leviatán).

… y habían entrado con facilidad por Bilbao y llevadas, bajo la protección de la fuerza pública, a depósitos clandestinos. Con todo, la principal partida de armas procedía de fábricas militares del propio Gobierno español…

(Un turbio asunto originado en 1932 cuando Azaña era presidente del Gobierno y ministro de Guerra).

… del que jamás me había dicho una sola palabra.

(Alcalá se refiere a las 18 toneladas de armas transportadas por el barco Turquesa, del que nos ocuparemos enseguida).

Amaro del Rosal menciona más fuentes: el comisario «X» de Madrid, que les vendía pistolas y ametralladoras de último modelo. Armas importadas de Francia y entradas por Hendaya. Armas fabricadas por la cooperativa Alfa. Robos continuados en la fábrica de armas de Oviedo. Talleres clandestinos en Guipúzcoa. Armas conseguidas por el diputado Mariano Moreno…

El 13.6.1934 se aprobó el Programa (redactado por Prieto), que aplicaría el Gobierno revolucionario:

Nacionalización de la tierra.

Ritmo acelerado de obras hidráulicas.

Enseñanza superior exclusivamente para los mejores estudiantes de secundaria.

Disolución de todas las órdenes religiosas, incautación de sus bienes y expulsión de los jesuitas.

Disolución del Ejército, reclutándose oficiales y tropa sólo en los partidos de izquierda.

Disolución de la Guardia Civil y demás institutos armados del Estado.

Modificación de la Administración Pública, expulsando a funcionarios desafectos a la República.

Mejoramiento moral y material de los trabajadores, sin socializar, de momento, la industria.

Reforma del sistema tributario, penalizando las rentas y las transmisiones hereditarias.

El Programa anterior se implantaría por decretos, refrendados más tarde por los órganos legislativos que libremente se diera el pueblo. Estimando que este Programa no obtendría el asentimiento de quien ahora desempeña la Presidencia de la República (Alcalá-Zamora) se procederá al cese de éste en sus funciones.

El 29.07.1934, el vocal de la Comisión Ejecutiva de las Juventudes Socialistas, Serrano Poncela, escribió en El Socialista:

La Alianza Obrera es la preparación insurreccional para la conquista del Poder. Los comunistas (sic) hacen hincapié en la organización de Soviets que preparen la conquista insurreccional y sostengan después el poder obrero. En definitiva, eso persiguen las Alianzas.

El 11.09.1934 entra en escena el Turquesa (pesquero Magdalena II modificado como carguero) sorprendido descargando armas en San Esteban de Pravia (Asturias). Los carabineros detuvieron allí a 20 militantes socialistas, pero el barco y tres camionetas cargadas con municiones huyeron.

El origen de este cargamento se remontaba a 1932, cuando Azaña autorizó su venta al ex primer ministro de Portugal, José Domingues Do Santos, que preparaba un golpe de Estado contra Antonio de Oliveira Salazar. Al no producirse el golpe, las armas y las municiones quedaron bajo la tutela del Consorcio Nacional de Industrias Militares, que las depositó en el Arsenal Naval de la Carraca (Cádiz), siendo posteriormente compradas por el empresario Horacio Echevarrieta, amigo de Prieto. Según la documentación, las armas se venderían al Gobierno de Abisinia, pero terminaron en manos del PSOE por un millón de pesetas. El Turquesa fue localizado en Burdeos el 4 de octubre, y entregado al Gobierno español. En su bodega había 500 fusiles Máuser con 380 000 cartuchos, 24 ametralladoras Hotchkiss con 8160 cargadores, 1800 granadas de guerra y 700 lacrimógenas. El socialista Fernández Egocheaga compró el Turquesa con dinero facilitado por Prieto, y en la compra de las armas también intervinieron el socialista francés Jean Depré y el mexicano Martín Guzmán vinculado a Azaña.

El 14.09.1934, las milicias socialistas y comunistas desfilaron uniformadas y cantando La Internacional en un mitin celebrado en el Stadium Metropolitano, de Madrid. Santiago Carrillo terminó su discurso diciendo:

Serán estas juventudes las que asalten el poder implantando la dictadura de clase.

¡Viva la revolución y la dictadura del proletariado!

El Gobierno radical, presidido por Samper, autorizó el acto, y el Ministerio de Guerra colaboró facilitándoles potentes reflectores.

Entre el 15 y el 27, la policía efectuó varios registros en la Casa del Pueblo (PSOE), en Madrid, descubriendo 113 pistolas y pistolas ametralladoras Máuser, fusiles, bombas y cartuchos. Fueron detenidos Wenceslao Carrillo (padre de Santiago), Pascual Tomás, García Atadell y otros doce dirigentes del partido y de la UGT.

En la madrugada del 19, una patrulla de la Guardia Civil que recorría los alrededores del Stadium en la Ciudad Universitaria, descubrió a un grupo descargando armas de un camión. El armamento, que después se supo fue comprado por Prieto a los portugueses por intermedio del chófer de Do Santos, se componía de 3 lanzagranadas, 15 lanzallamas, 108 cargadores de pistolas ametralladoras, 300 peines de fusiles Máuser, 34 cargadores de ametralladoras Hotchkiss y 1200 cartuchos.

Ese mismo día 19, y gracias a unos apuntes que llevaba encima el único detenido en el Stadium, se descubrió en Madrid un taller para la fabricación de granadas en la Villa Florencia, de Ciudad Lineal; y un lote de fusiles Máuser en el chalet del dirigente socialista Fulgencio Ayala.

Respecto a los preparativos de la Esquerra de Cataluña, que se sumaba al PSOE apostando por la secesión, Moa cita a Josep Dencàs: entregaron a sus milicias 2400 armas largas y 15 000 pistolas; y Prieto quiso venderles 40 ametralladoras y cientos de máuseres, que el presidente Companys rechazó, al igual que 20 000 máuseres ofrecidos por una empresa suiza, y ametralladoras, cañones y aviones bombarderos con sus tripulaciones, por una empresa alemana.

Dencàs, consejero de Gobernación de la Generalitat, relató en El 6 d’octubre des Palau de la Gobernació, que desde la derrota de las izquierdas en las elecciones de 1933, el Gobierno catalán comenzó a preparar un golpe con todos los partidos de izquierda. Afirmó que militares al servicio de la Generalitat pensaban crear un Ejército Popular Catalán y organizar la defensa de la frontera con 8000 voluntarios.

Renovación, 20.09.1934:

¡Por la insurrección armada! ¡Por la dictadura del proletariado!

El 27, El socialista pasaba un mensaje en clave a sus lectores:

¡Atención al disco rojo! El mes que viene podría ser nuestro Octubre. Nos aguardan jornadas duras. Tenemos nuestro Ejército a la espera de ser movilizado.

Todas estas pruebas sobre los preparativos para la insurrección y golpe de Estado socialista, quedan condensadas en un documento de excepcional valor histórico: el libro editado en 1985 por la Fundación Pablo Iglesias, del PSOE: Escritos de la República.

Varios textos escritos por Largo Caballero, recopilados y comentados por el historiador Santos Juliá, que incluyen los preparativos e instrucciones para la insurrección y golpe de Estado de octubre de 1934.

Parte de los preparativos e instrucciones fueron reproducidas en 1999 por Pío Moa, en Los orígenes de la Guerra Civil Española, dejando en evidencia a los historiadores de izquierda que habían silenciado la existencia de esas instrucciones publicadas catorce años antes en el citado Escritos de la República.

Estos textos, cuyos manuscritos fueron donados en 1978 a la Fundación Pablo Iglesias por los hijos de Largo Caballero, demuestran, definitivamente, que el Octubre Rojo de 1934 fue una insurrección y golpe de Estado minuciosamente planificada por el PSOE. Como mínimo, desde el 3 de febrero de 1934, día en que se constituyó el Comité Nacional Revolucionario.

Ya en abril, los comités provinciales informaban a la Comisión mixta nacional sobre la situación. Por ejemplo, el Comité de Oviedo:

Organización: espíritu excelente y unánime. Fondo para comprar armas: lo que sea necesario. Afiliados con los que se puede contar: 400 en la capital y más de 3000 en los pueblos. Armas y municiones: abundantísimas. Relaciones: comunistas, reacios; con los anarquistas se ha establecido alianza; republicanos: buenas relaciones.

Sin embargo, los socialistas nunca mencionan estos documentos, y sostienen que ellos sólo convocaron a una «huelga general» al conocerse la entrada en el Gobierno de tres ministros de la CEDA; y que la insurrección de Asturias (siempre silencian las de otras provincias, y el golpe de Estado fallido en Madrid), fue una «reacción espontánea» de los mineros asturianos al conocer la entrada de «fascistas» en el Gobierno.

Da igual que en este libro, publicado por el PSOE, Santos Juliá señale que en 1934:

Largo Caballero habla de revolución y de conquista del poder, prepara y organiza una insurrección armada.

Repiten disciplinadamente las instrucciones dadas por el líder al respecto:

Se acordó que cuando alguien lo preguntara, se dijese que el movimiento había sido espontáneo e impuesto por los hechos políticos.

Largo Caballero se inspiró en el libro La insurrección armada, del mariscal soviético Mijail Tujachevski, y fue asesorado por el teniente coronel Rodrigo Gil Ruiz.

Las instrucciones comienzan con unas consideraciones generales dedicadas a medidas de clandestinidad y seguridad: comunicaciones cifradas, compartimentación de los grupos, etc., y finalizan con dos elocuentes consideraciones:

14. El triunfo del movimiento descansará en la extensión que alcance y en la violencia con que se produzca, más el tesón con que se defienda.

15. Los grupos de acción han de convertirse en guerrillas dispuestas a desarrollar la máxima potencia. En esta acción nos lo jugamos todo y debemos hallarnos dispuestos a vencer o morir. Una vez empezada la insurrección no es posible retroceder.

A continuación enumera las cuestiones operativas, de las que destacan:

23. Las relaciones con los demás sectores afines serán cordiales, sin facilitarles datos concretos de nuestra organización y nuestros planes, procurando que ellos hagan su organización propia y comprometiéndose a respetar la dirección del movimiento que siempre debe ser nuestra.

26. Es preciso conocer la fuerza pública que exista en cada localidad. Militares, Guardia Civil, Asalto, Seguridad, etc. Armamento de que disponen. Condiciones defensivas de sus cuarteles, medios de apoderarse de ellas, inutilizarlas, o por lo menos, inmovilizarlas.

29. En cada provincia debe conocerse con la mayor exactitud el número de jefes, oficiales y clases de la Guarnición, con sus nombres, domicilios y significación.

32. Cuando haya inteligencia entre las fuerzas militares y la Junta local, se formalizará el plan de acción combinada de ambas fuerzas.

35. Las personas que más se han significado como enemigos de nuestra causa deben ser tomadas en rehenes o suprimidas si se resisten.

37. Deben determinarse los edificios y calles que conviene ocupar para mejor resistir los ataques a la fuerza o para evitar que escapen los elementos enemigos.

41. Cortar las líneas de ferrocarril inutilizando puentes, interceptando carreteras, todo ello respondiendo a un plan bien meditado…

43. Rápidamente apoderarse de las autoridades y guardarlas en rehenes.

48. Haciendo una buena distribución de fuerzas, deberá hacerse una guerra de guerrillas.

49. Las casas cuarteles de la Guardia Civil deben incendiarse si previamente no se entregan.

54. Cuando una ciudad caiga en manos de los revolucionarios, nada debe justificar su abandono. Aunque la lucha se prolongue, no debe desmayarse. Cada día que pase aumentará el número de los rebeldes. En cambio la moral del enemigo irá decayendo. Nadie espere triunfar en un día, en un movimiento que tiene todos los caracteres de una guerra civil. En este movimiento, el tiempo es el mejor auxiliar.

59. Lanzar botellas de líquidos inflamables a los centros o domicilios de las gentes enemigas.

64. Imposibilitar que los jefes de las fuerzas puedan acudir a sus puestos deteniéndoles a la salida de sus domicilios y atacándoles si se resisten.

65. Donde sea posible, utilizar uniformes del Ejército, incluso de oficiales, para dar la impresión de insubordinación militar.

68. Triunfante el movimiento revolucionario, lo primero que debe asegurarse es el dominio absoluto de la población, perfeccionando las milicias armadas, ocupando los sitios estratégicos…

Finalmente, recomienda…

Dominar a las multitudes para impedir la degeneración de la victoria en un caos de pasiones desbordadas, sin control posible.

Ella (la multitud) sería…

La cantera formidable de la que habrían de extraerse luego la policía y el Ejército del Estado Socialista.

Notables documentos de prensa, libros y archivos reproducidos en este capítulo, de un partido cuya definición histórica oficial de la Segunda República es:

Un régimen democrático, laico, ilustrado y progresista, en el que los trabajadores obtuvieron conquistas sociales que motivaron la sublevación fascista del 18 de julio de 1936.

Una versión cuanto menos insólita, si la confrontamos con las definiciones de la República y las consignas, que alimentaron la sublevación socialista del 5 de octubre de 1934, explícitamente concebida como una guerra civil:

La República es exactamente lo mismo o peor que la monarquía… En la República se acentúa la lucha de clase… Como dijimos en 1930: primero República, pero después, Socialista… La legalidad se rompe cuando conviene a nuestras ideas… Estamos en pie de guerra… Insurrección armada… Dictadura del proletariado… Violencia obrera… Armamento general del pueblo… Asesinar guardias, militares y civiles opositores… Incendiar casas cuarteles y domicilios de las gentes enemigas… Fomentar la insurrección en los cuarteles… Hacer guerra de guerrillas… Controlar el territorio y las comunicaciones… Destruir el Ejército y las fuerzas de seguridad… Dominar a las masas… Crear un Estado Socialista con su propio Ejército y Policía… En un movimiento que tiene todos los caracteres de una guerra civil.

Por su parte, los camaradas del PCE, dirigidos desde 1932 por Vittorio Codovilla, ya se habían incorporado a la insurrección a través de la Alianza Obrera creada por el PSOE, aunque, al mismo tiempo, fundaron sus Alianzas Obreras y Campesinas.

En su Mundo Obrero del 03.10.1934 titulaban:

¡No hay que dejar pasar a Lerroux-Gil Robles!

¡Todo el Poder a las Alianzas elegidas democráticamente!

¡Vencerlos es un problema de vida o muerte para la revolución!

Y luego exponían el Programa de las Alianzas.

1. Confiscación de todas las tierras.

2. Anulación de todas las deudas a terratenientes, bancos, etc.

3. El gobierno obrero y campesino proveerá maquinaria y semillas a los campesinos.

4. Los campesinos trabajarán menos horas y se les aumentará el salario.

5. Nacionalización de las industrias y control de la producción por los Soviets.

6. Jornada general de siete horas.

7. Seguros de desempleo y enfermedad sin ninguna aportación de los obreros.

8. Liberación nacional de los pueblos oprimidos. Reconocer a Cataluña, Vasconia y Galicia su pleno derecho a separarse de España y formar Estados Independientes.

9. Liberación inmediata de Marruecos y demás colonias.

10. Disminución radical de impuestos a la pequeña empresa.

11. Supresión de todas las fuerzas armadas de los capitalistas. Armamento general de los obreros y campesinos. Elección de los funcionarios públicos por los Soviets.

12. Supresión del Ejército y liquidación (sic) de los generales y todo el cuerpo de oficiales. Elección democrática de los comandantes por los soldados. Creación de un Ejército Rojo obrero y campesino.

13. Solidaridad proletaria con los oprimidos del mundo y alianza fraternal con la Unión Soviética.

Este Programa reproducía, casi totalmente, el de los bolcheviques rusos en 1917. Sin embargo, a pesar de estas explícitas declaraciones de guerra a la República elegida por una aplastante mayoría de 5 200 000 españoles, el PSOE y el PCE se niegan a admitir que tras la derrota electoral de 1933 optaron por desencadenar la guerra civil como estrategia para tomar el poder.

9
OCTUBRE ROJO EN MADRID

El Octubre Rojo español tuvo tal dimensión, que su relato exhaustivo requiere un libro monográfico para cada una de las tres provincias donde las insurrecciones (dirigidas a dar un golpe de Estado), tuvieron mayor importancia: Madrid, Barcelona y Asturias; tres escenarios a los que, a continuación, se dedican sendos capítulos. Aunque la huelga general revolucionaria que servía de excusa a la insurrección fracasó a nivel nacional, al final de este capítulo se citarán otras provincias (menos las catalanas y Asturias) donde se produjeron acciones armadas de menor intensidad.

Octubre de 1934 se iniciaba con la inminente remodelación del gabinete ministerial del Gobierno presidido por el republicano de centroderecha Alejandro Lerroux, sumido en una crisis permanente desde la insólita marginación de la CEDA, cuya posible entrada en el Gobierno era considerada por el PSOE como la entrega de la República a los «fascistas». Un estigma que las izquierdas sublevadas en cuatro ocasiones contra la República, y el PSOE, que un año antes de las elecciones de noviembre de 1933 había decidido hacer su propia insurrección, aplicaban a todas las derechas: centristas o extremas, democráticas o totalitarias, liberales o conservadoras, republicanas o monárquicas.

Todavía coleaba la investigación del caso Turquesa, y el día 1 fue requisado en Valencia un submarino fabricado en los astilleros navales de Horacio Echevarrieta. Construido en 1933 con la intención de venderlo a la Armada española (proyecto que no prosperó), el submarino fue interceptado cuando, según Echevarrieta, zarpaba rumbo a Turquía para ofrecerlo a su Gobierno. Fue un asunto muy confuso.

El mismo día, la Guardia Civil detuvo en Aranjuez a un ruso y a un alemán que distribuían propaganda comunista en la puerta de un cuartel del Ejército. ¿Agentes de la Komintern? Al día siguiente, en Almoharín (Cáceres), se produjo un tiroteo entre guardias civiles y socialistas, sufriendo estos últimos, dos muertos y seis heridos.

En la mañana del día 4, el presidente del gobierno Lerroux, presentó al Presidente de la República la lista del nuevo Consejo de Ministros: seis de su Partido Republicano Radical, uno del Partido Agrario (derecha terrateniente conservadora), un demócrata-liberal, un independiente y tres representantes de la CEDA, entre los cuales, por propia decisión, no figuraba su líder, Gil Robles. Alcalá-Zamora dio el visto bueno, pero como era previsible, pues eso esperaba para desencadenar la insurrección, el PSOE, y las izquierdas republicanas encabezadas por Azaña, pidieron por escrito al Presidente que no aprobara dicho Gobierno y convocara nuevas elecciones, considerándose en caso contrario «desvinculados de las instituciones existentes».

Este proceder antidemocrático suponía un desacato al ordenamiento constitucional, un desprecio a la voluntad popular expresada en las urnas, y una amenaza golpista; la segunda del PSOE y de Azaña desde las elecciones de 1933. Además, el 30 de agosto de 1933, Azaña ya había advertido que si la República cayera en manos de quienes él no consideraba republicanos, aunque fuera un partido plenamente legal dentro de la República, «estaríamos desligados de toda fidelidad… y habremos de conquistar a pecho descubierto, las garantías».

Una vez más, el triunfo de la CEDA sacaba a relucir el tumor que acabaría destruyendo a la Segunda República: la apropiación sectaria del régimen por la izquierda republicana, descartando la posibilidad de que las derechas pudieran gobernar, porque para ellas la República estaba por encima de leyes y formalidades democráticas. Varios de sus portavoces ideológicos (como el Ateneo de Madrid) manifestaron que si fuera preciso no les escandalizaría implantar una dictadura republicana.

Objetivamente, el nuevo Gobierno era muy moderado. Es interesante destacar las características de los ministros cedistas. El de Trabajo, Oriol Anguera de Sojo, en 1932, siendo Fiscal del Estado, había pedido durísimas penas para los implicados en la «Sanjurjada». El de Agricultura, Jiménez Fernández, era un entusiasta defensor de la Doctrina Social de la Iglesia; y el de Justicia, Rafael Aizpún, un liberal y conservador de gran prestigio en el estamento judicial. Por lo tanto, Gil Robles apostaba por el ala moderada de la CEDA; pero el PSOE seguía empeñado en acusarle de fascista, para justificar su apuesta insurreccional.

El historiador Gabriel Jackson reconoció que:

No había pruebas de que Gil Robles estuviera preparando personalmente un régimen fascista.

Para Raymond Carr:

La entrada de los cedistas en el gobierno de Lerroux fue la señal para la revolución de octubre, no su causa.

Stanley Payne destacó que:

Los tres ministros fueron escogidos con toda cautela de entre los sectores moderados y democristianos del partido, y cuidadosamente excluidos de carteras sensibles como las de Guerra y Gobernación. El nuevo Gobierno constituyó la provocación durante tanto tiempo aguardada por el comité revolucionario socialista.

Para Salvador de Madariaga, ex Ministro, y ex Embajador de la República en EE.UU. y Francia:

La decisión presidencial de llamar al poder a la CEDA era inatacable, inevitable y hasta debida desde hacía ya tiempo. El argumento de que el señor Gil Robles intentaba destruir la Constitución para instaurar el fascismo era hipócrita y falso.

Formado el nuevo Gobierno el día 4, el PSOE convocó una huelga general nacional para las doce de esa noche.

Las Ejecutivas del PSOE y UGT reunidas en la calle Carranza, 20 (sede del partido y de El Socialista) dieron los últimos retoques al Gobierno revolucionario: Largo, Prieto, Enrique De Francisco, Fernando De los Ríos, Julián Zugazagoitia, Juan Negrín, Luis Araquistáin, Julio Álvarez del Vayo y Amador Fernández. En Carranza permanecieron Largo y Prieto; los demás se concentraron en el domicilio del pintor Luis Quintanilla, calle Fernando el Católico, 30. Los enlaces entre ambos grupos, fueron Santiago Carrillo y Amaro del Rosal.

Las primeras acciones previstas para el golpe de Estado consistían en secuestrar a Alcalá-Zamora, Azaña y todos los ministros cuando se reunieran en Gobernación, con cien guardias civiles (guardias auténticos y milicianos disfrazados) mandados por el teniente Fernando Condés, y por Manuel Tagüeña: dirigente de la Juventud Comunista y jefe de las Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas (MAOC). Otros cien guardias de Asalto, «mixtos» como en el caso anterior, al frente de algunos centenares de milicianos socialistas, coparían el cuartel de la Guardia de Asalto en el distrito de La Guindalera, el cuartel de Infantería de La Montaña, la cárcel Modelo en Moncloa, el Parque Móvil en Cea Bermúdez y los ministerios de Comunicaciones y Guerra. Por la emisora de la Guardia Civil un guardia socialista emitiría este mensaje a las comandancias provinciales:

Habiéndose iniciado un movimiento de carácter monárquico, no debe usted obedecer las órdenes de ninguna autoridad civil o militar de esa Comandancia. Impida asimismo que las fuerzas a sus órdenes sostengan luchas contra el pueblo. No obedezcan más órdenes que las que emanen por este conducto.

Pero todo salió mal. El comando de los «guardias civiles» tuvo que trasladarse desde la Glorieta de Quevedo al Círculo Socialista de Prosperidad, donde no sólo no estaban los uniformes, sino que se habían concentrado doscientos militantes. Rodeados por la Guardia de Asalto, se rindieron tras un largo tiroteo en el que murieron un guardia y un socialista. Se requisaron cuatro ametralladoras Hotchkiss, catorce pistolas Máuser, veinte granadas y decenas de pistolas y revólveres. Se detuvo a todos los ocupantes del edificio; siete de ellos heridos de bala.

También fracasó el asalto al cuartel de La Montaña situado frente a la Plaza de España; porque desde adentro no actuaron los oficiales comprometidos, y porque los atacantes fueron detectados por una patrulla de guardias de Asalto. Tampoco pudieron coparse el cuartel de la Guardia de Asalto y la Comandancia de la Guardia Civil. Fracasados todos los objetivos y perdido el factor sorpresa en la capital del país, el golpe de Estado ya no tenía ninguna posibilidad, pero las milicias socialistas y comunistas continuaron operando unos días más.

En su edición del 5, y sin conocer aún lo ocurrido durante la madrugada, ABC resumía el clima de las últimas semanas:

España dividida en discordias feroces, y a punto de estallar la guerra civil.

Por la tarde ya había cuatrocientos detenidos y se producían tiroteos en la Glorieta de Atocha, Puente de Toledo y Hospital San Carlos. En los días siguientes, continuaron los intentos de asaltar la Telefónica, el Congreso, la Comandancia de la Guardia Civil, cinco comisarías, la Dirección General de Seguridad, el Ministerio de Gobernación y la fábrica militar de San Martín de la Vega.

Hubo combates en la Puerta del Sol, Gran Vía, Montera, Las Vistillas, Chamberí, Cuatro Caminos, Arguelles, Gaztambide, Tetuán, Vallecas y Colmenar Viejo.

La aviación sobrevoló la ciudad buscando francotiradores, y en las rondas de Segovia y Toledo los insurrectos se enfrentaron a la Guardia Civil con ametralladoras y granadas. Desde un coche ametrallaron a obreros de la Compañía de Tranvías en la calle Magallanes, hiriendo a cuatro de ellos. Se descubrió una casa donde se confeccionaban uniformes de la Guardia Civil; se capturó al Comité Revolucionario de la Juventud Socialista en el atelier del pintor Quintanilla y al Comité de enlace FAI-PSOE. Fue declarado el Estado de Guerra para Madrid y provincias de la 1.ª Región Militar, y se clausuró El Socialista.

El balance de nueve días de insurrección en Madrid fue de 23 muertos (cinco guardias de Asalto, once milicianos, siete peatones) y 30 heridos. Se detuvo a 2300 socialistas (entre ellos, cinco diputados) y se requisaron, además de las armas de Prosperidad, 9 fusiles ametralladoras, 2 ametralladoras Hotchkiss, 23 pistolas ametralladoras Máuser, 15 pistolas y 50 granadas.

De otras provincias (menos las catalanas y Asturias) destacamos:

Zaragoza: los anarquistas se apoderaron de los pueblos Arcos de Jalón y Mallén proclamando el comunismo libertario. En Uncastillo, los comunistas coparon el cuartel de la Guardia Civil matando a dos guardias e hiriendo a siete. En Tauste, asaltaron el Ayuntamiento, proclamaron el comunismo libertario y atacaron el cuartel de la Guardia Civil matando a un guardia. Estaban tan bien armados, que fue necesaria la intervención de una Compañía del 5.o Regimiento de Infantería equipada con ocho ametralladoras Hotchkiss y con un cañón con el que destruyeron tres casas ocupadas por insurrectos.

Galicia: en la Constructora Naval de El Ferrol, incendiaron la iglesia de San Andrés y asesinaron a un guardia. En Lugo, Orense y Pontevedra hubo tiroteos que solo causaron heridos. El exministro de Gobernación, Casares Quiroga, huyó a Portugal tras detenerse a un grupo liderado por él.

Guipúzcoa: en Ermua, asaltaron la Compañía de Explosivos. En Éibar, la fábrica de armas Alfa, sufriendo un muerto y ocho heridos. También asesinaron al político carlista Carlos Larrañaga.

En Mondragón, los anarquistas proclamaron la República Soviética, asaltaron varias fábricas y asesinaron al diputado tradicionalista Marcelino Oreja Elósegui.

En Pasajes de San Pedro, los insurrectos tuvieron seis muertos y numerosos heridos. En Bilbao, bastión socialista, fueron encontradas cien bombas y cuatrocientas pistolas en un taller de la calle Iturbide. En diversos enfrentamientos en esta ciudad, hubo seis muertos, catorce heridos y setecientos detenidos.

En Cervera del Río Alhama (La Rioja), murieron tres insurrectos y se descubrieron ochenta kilos de dinamita.

Palencia: en la Comandancia de la Guardia Civil, de Barruelo, murieron un teniente coronel, un cabo y un guardia; y resultaron heridos otros diez. Los insurrectos tuvieron cinco muertos.

Valladolid: En Medina de Río Seco, asaltaron una armería y emboscaron una patrulla de guardias civiles matando a uno e hiriendo a cinco.

Valencia: en la calle Salinas se descubrió un depósito con 1120 granadas.

Málaga: En Teba, la Guardia Civil sufrió un muerto y ocho heridos.

Jaén: en La Carolina, la fuerza pública asaltó la Casa del Pueblo, donde encontró un importante arsenal. Resultó muerto un guardia de Asalto y herido un comandante de la Guardia Civil.

Dejamos sin mencionar infinidad de tiroteos sin víctimas, incendios de iglesias y archivos municipales, asaltos frustrados a cuarteles de la Guardia Civil, voladuras de vías ferroviarias y líneas telefónicas, hallazgos de armas y explosivos, etc.

Estos sucesos provinciales ocurrieron entre el 5 y el 18 de octubre; día en que el Tribunal de Urgencia disolvió las 45 Asociaciones de Casas del Pueblo socialistas de todo el país, deteniendo, por segunda vez, a los miembros de su Junta administrativa: Wenceslao Carrillo, Pascual Tomás y Agapito García Atadell.

10
OCTUBRE ROJO EN CATALUÑA

A las ocho de la tarde del día 6, Lluís Companys proclamó desde los balcones de la Generalitat la fundación del Estado Catalán y de una nueva República: la República Federal Española.

Catalanes: Las fuerzas monarquizantes y fascistas que de un tiempo a esta parte pretenden traicionar a la República, han logrado su objetivo y han asaltado el Poder. Cataluña enarbola su bandera y rompe toda relación con las instituciones falseadas. En esta hora solemne, en nombre del pueblo catalán y del Parlamento, el Gobierno que presido asume todas las facultades del Poder en Cataluña, proclama el Estado Catalán de la República Federal Española; y, al establecer y fortificar la relación con los dirigentes de la protesta general contra el fascismo, les invita a establecer en Cataluña el Gobierno provisional de la República.

La sublevación separatista del partido Esquerra Republicana de Cataluña contra la Segunda República y el Estado español, estimulada por el Estatuto de Autonomía, y largamente preparada y fusionada con el golpe de Estado iniciado por el PSOE en todo el país, se apoyaba en el Somatén (milicia de la burguesía rural e industrial catalana), en 3400 Escamots (Juventudes de la Esquerra) mandados por Miguel Badía, y en 400 Mossos de Escuadra (policía autonómica) mandados por el comandante Enrique Pérez Farrás, dependiente del consejero de Gobernación, Josep Dencàs, que era asesorado en materia de seguridad por dos oficiales del Ejército vinculados políticamente a Azaña: el comandante Jesús Pérez Salas y el capitán Arturo Menéndez.

Sin embargo, las cosas no comenzaban bien para los separatistas, pues en la Plaza San Jaime había muy pocas personas que, tras escuchar la Proclama, se marcharon a sus casas. Singular «nacimiento de una nación».

Tras la Proclama (que llamaba «asalto» al triunfo electoral de la CEDA), Companys envió un oficio al general de división Domingo Batet, Capitán General de Cataluña:

Como presidente del Gobierno de Cataluña, requiero a vuestra excelencia para que, con las fuerzas a sus órdenes, se ponga a las mías para servir a la República Federal que acabo de proclamar. Palacio de la Generalitat, 6 de octubre de 1934.

Después de consultar con el presidente Lerroux, el general le contestó que procedía a declarar el Estado de Guerra en toda Cataluña. La Guardia Civil se puso a sus órdenes, mientras que la Guardia de Asalto, al mando del teniente coronel Juan Ricart, y los Mossos de Escuadra, mandados por el comandante Pérez Farrás, se sumaron a la rebelión de Companys.

Acorde con el tono esperpéntico que tendría esta «independencia» de Cataluña, Companys y su flamante Gobierno, convencidos de que para fundar un Estado nacional sólo bastaba proclamarlo, se marcharon a cenar. En eso estaban los comensales, cuando empezaron a sonar los primeros disparos.

Desde la Comandancia del Somatén abrieron fuego contra tropas del Ejército.

A las once de la noche, tomaron posiciones en la Plaza San Jaime una Sección de artillería con dos cañones de montaña, una Compañía de infantería y otra de ametralladoras. A las 23:30 abrieron fuego contra el Palacio de la Generalitat defendido por los Mossos de Escuadra, y horas después, fue suficiente colocar dos cañones frente a la Delegación de Orden Público, para que los guardias de Asalto se rindieran.

A las 00:30, también se sublevó el Ayuntamiento:

Ante la proclamación del Estado catalán, los consejeros municipales que suscriben, fieles a los ideales que han servido lealmente toda su vida, proponen al Pleno municipal que acuerde su firme y decidida adhesión al presidente y al Gobierno de Cataluña.

Miquel Badía, que en teoría disponía de 3400 Escamots, sólo pudo juntar 30 para acudir en ayuda de los defensores de la Generalitat. Dencàs, por su parte, lanzaba por la radio histéricos llamamientos a la lucha, mientras los guardias de Asalto desertaban y los Escamots corrían a sus casas arrojando en las alcantarillas sus fusiles y pistolas que anarquistas y comunistas se apresuraron a recoger. Fuera de sí, el «separatista» Dencàs gritaba por la radio… ¡Viva España!

A las cuatro de la madrugada, bastó un sólo cañonazo para que el Ayuntamiento se rindiera.

En el interior de la Generalitat, Companys era partidario de rendirse y Pérez Farrás insistía en combatir. Dencàs tenía allí 200 hombres armados con ametralladoras y granadas, pero apoyó a Companys.

A las 06:30 de la mañana, los miembros del Gobierno se rindieron y fueron recluidos en el buque Uruguay. Dencàs, el capitán Menéndez y el comandante Pérez Salas huyeron por la red de alcantarillas hasta salir a la Barceloneta, desde donde continuaron la fuga hacia Francia.

El Estado Catalán había durado diez horas. Ni siquiera dio tiempo a que llegaran las tropas legionarias, tres cruceros y cuatro destructores enviados por el general Franco; designado por el Ministro de Guerra para dirigir a las Fuerzas Armadas en Asturias como un virtual Jefe del Estado Mayor Central.

Los tiroteos en Barcelona, causaron al Ejército 27 bajas entre muertos y heridos. Los rebeldes tuvieron 46 muertos y 117 heridos.

Edgar Allison Peers, hispanista inglés, en su libro Catalonia Infelix:

El 6 de octubre fue un día nefasto para la historia de un pueblo orgulloso y honrado.

Ricardo de la Cierva en su Historia ilustrada de la guerra:

Duro ha de ser el juicio de la historia sobre la intentona. Si el extremismo catalán había ganado un nuevo símbolo, el precio iba a ser demasiado caro: la desconfianza del resto de España y la conciencia evidente del propio ridículo. La rebelión de Barcelona derivó, a las pocas horas de la noche más triste en varios siglos para la noble ciudad, hacia el disparate, el surrealismo y el ridículo total. Aquello, aunque algunos lo hayan intentado, no se puede resucitar como fecha gloriosa, sino, a lo sumo, para el folklore.

La huelga revolucionaria y la proclamación del Estat Catalá provocaron acciones violentas en toda Cataluña:

Las más graves ocurrieron en Villafranca del Penedés, donde los comunistas del Bloque Obrero y Campesino y los anarquistas de la FAI, asaltaron el Ayuntamiento, dinamitaron el cuartel de la Guardia Civil con los guardias y sus familias adentro e incendiaron un convento y cinco iglesias. Los insurrectos estaban tan bien armados, que fue necesario enviar tropas de la Armada y una Sección de ametralladoras de un Regimiento de Tarragona. En Villanueva y Geltrú mataron a un teniente de Asalto y a un guardia civil. En Gerona a un comandante del Ejército.

El 9 de octubre se produjo un hecho de gran trascendencia: la detención de Azaña en el número 120 de la calle Lauría, de Barcelona, por existir sospechas de estar implicado en la sublevación separatista.

Aparentemente, estaba en la ciudad por el fallecimiento de su exministro de Hacienda, Jaime Carner, pero muchos pensaron que había acudido para hacerse cargo de la República Federal Española propuesta por Companys.

A tenor de su resentimiento por la aplastante victoria de la CEDA que le expulsó del poder, de su petición a Alcalá-Zamora para que anulara las elecciones de 1933, de sus declaraciones abiertamente subversivas respecto a la entrada de la CEDA en el Gobierno de Lerroux, de la presencia en Barcelona de sus exministros Casares Quiroga y Marcelino Domingo, más la prevista llegada de Miguel Maura (todo un equipo de exministros en paro) resultaba muy difícil descartar una presunción de culpabilidad que, al menos, debía ser investigada.

Y por si fuera poco, estaba involucrado en la investigación judicial de un cargamento de armas desembarcadas en Irún, en 1932, por el buque alemán Rolancé, y luego trasladadas a Madrid bajo custodia policial por órdenes de Azaña al Gobernador de Guipúzcoa. Esas armas estaban destinadas a la conspiración portuguesa encabezada por Domingues Do Santos, y por tanto, vinculadas al cargamento del Turquesa, pero a diferencia de esta carga, que fue devuelta por Francia al Gobierno español, las armas del Rolancé terminaron en manos del PSOE. La investigación dirigida por el magistrado Salvador Alarcón, sacó a la luz una trama de corrupción en la que estaban involucrados Chavarrieta, altos oficiales del Consorcio Nacional de Industrias Militares, un comandante asesor de Azaña y funcionarios de la Aduana.

La detención de Azaña fue esperpéntica, pues al entrar los policías en la vivienda no lo encontraron, pero en una segunda revisión descubrieron al ex Presidente del Gobierno de pie sobre una cornisa y sujetándose al balcón ante la mirada atónita de los peatones.

Fue recluido en el trasatlántico Ciudad de Cádiz, habilitado junto con otros barcos como cárcel para los miles de detenidos en Cataluña, luego fue trasladado al destructor Alcalá Galiano y finalmente, al Sánchez Barcáiztegui.

El 29 de diciembre, después de ochenta y un días en prisión, el Tribunal Supremo le puso en libertad por falta de pruebas.

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OCTUBRE ROJO EN ASTURIAS

¿No han visto nunca una revolución estos señores? Una revolución es, indudablemente, la cosa más autoritaria que existe; es el acto mediante el cual una parte de la población impone su voluntad a la otra parte por medio de fusiles, bayonetas y cañones, medios autoritarios si los hay; y el partido victorioso, si no quiere haber luchado en vano, tiene que mantener este dominio por el terror que sus armas inspiran a los reaccionarios.

Friedrich Engels

Narrar en toda su extensión el episodio asturiano de la insurrección socialista contra la República, iniciada en la medianoche del cuatro al cinco de octubre de 1934, resulta muy tentador, pero el plan de este trabajo obliga a resumir sus hechos más destacados.

A modo de introducción puede señalarse que, al igual que en toda España, la insurrección socialista en Asturias fue muy diferente de las anarquistas, pues dispuso de programa político, plan de operaciones y mando centralizado (Comité Nacional Revolucionario); y porque su dimensión desbordó inicialmente al Estado, haciendo necesaria la intervención de las Fuerzas Armadas.

Situado a orillas del Cantábrico y lindando con Galicia y las provincias de Santander y León, el antiguo reino de Asturias disponía económicamente de cuatro fuertes sectores: pesca, ganadería vacuna, minería de carbón y una metalurgia en la que destacaban las fábricas de armas. Los bimilenarios astures, habían combatido contra los invasores romanos, árabes y franceses, y durante los siglos XIX y XX sus mineros constituyeron la fuerza de choque del movimiento obrero español.

La capital, Oviedo, era un dinámico centro industrial, comercial y de servicios, con barrios elegantes habitados por una rica burguesía nativa, y por una pequeña colonia de ingleses y galeses propietarios de minas, cuyas mansiones y salones de té aportaban un tono british a una ciudad de particular belleza, fundada en el año 768 y coronada por una catedral gótica del Siglo XV.

Si el proletariado de Oviedo era mayoritariamente socialista, el de Gijón, ciudad portuaria con un importante polo industrial, era un feudo anarquista. En 1934 había en Asturias treinta mil mineros, de los cuales veinte mil estaban afiliados a la UGT y el resto a la CNT y al Sindicato Minero Comunista. Los mineros asturianos eran los trabajadores mejor pagados de España, y Primo de Rivera, con la evidente intención de atemperar sus tendencias revolucionarias, había cedido a los sindicatos una importante mina en régimen de propiedad.

Al igual que en el resto del país, la insurrección comenzó tras recibirse un telegrama cifrado (Disco Rojo) del Comité Nacional Revolucionario: «Minas San Vicente. S. M. A. Altamira 2 y 4: acepto firme menudo ofrecido. Maestre Zapata».

A continuación, trescientos milicianos se apoderaron de un tren y se dirigieron a Oviedo, donde permanecieron en sus suburbios a la espera de órdenes y sacando las armas de sus escondites. De un nicho del cementerio, por ejemplo, retiraron cuarenta fusiles y una ametralladora. La misión de este batallón, mandado por el diputado socialista Ramón González Peña, «jefe militar» para toda Asturias, era volar las líneas de alta tensión y, una vez que la ciudad estuviera a oscuras, capturar en sus casas a los jefes militares y copar la Guarnición de Pelayo y la Comandancia de la Guardia Civil. Pero las cargas de dinamita no fueron suficientes para oscurecer toda la ciudad, y la Guardia de Asalto les hizo retroceder hasta el monte del Naranco.

Por la tarde del día cinco, ante el cariz que tomaba la situación en Asturias, el Ministro de Guerra convocó al general Franco, entonces Capitán General de las Islas Baleares, encargándole dirigir la contraofensiva desde el Ministerio. Franco, que ya había operado en Asturias durante la huelga revolucionaria de 1917, envió como fuerzas de choque a la Legión y a los Regulares.

El día seis, una columna de 8000 milicianos socialistas entró en Oviedo arrollando a 1200 soldados y guardias civiles que se atrincheraron en el cuartel de Pelayo.

Luego, asaltaron la fábrica militar de Trubia, donde se apoderaron de 12 ametralladoras Hotchkiss, 29 cañones (que resultaron inútiles por carecer los proyectiles de espoletas) y 8000 cascos de acero. También asaltaron la fábrica de explosivos de la Manjoya, con sus almacenes repletos de dinamita, trilita y fulminantes.

Lo más destacable de los primeros días fue la aplastante superioridad de los insurrectos: unos 20 000 milicianos, bien armados con ametralladoras pesadas, subfusiles ametralladoras, fusiles Máuser y toneladas de dinamita. Descontando los efectivos de Oviedo, en el resto de Asturias el Estado disponía de 1400 soldados y 800 guardias civiles y de Asalto.

En pocas horas, los insurrectos controlaron toda la provincia y proclamaron la Primera República de Soviets del Noroeste de España. Grossi Mier tomó Mieres y proclamó la República Socialista.

Los cartuchos de dinamita fueron el arma decisiva. Frente a ellos nada podían hacer los máuseres de la Guardia Civil, y sus cuarteles eran pulverizados. Este poder de fuego, unido a una violencia que superó a la de las insurrecciones anarquistas, provocó a las fuerzas de seguridad un espectacular número de bajas.

En Mieres, murieron dieciocho guardias civiles y de Asalto.

En Santa Cruz, fusilaron a los guardias civiles prisioneros.

En Turón, de ocho guardias civiles murieron el comandante y tres guardias.

En la Comandancia de Carabineros de Oviedo, también murieron un comandante y tres guardias. Un teniente coronel y otro comandante que se rindieron, fueron asesinados más tarde en Turón.

En Posadas de la Llanera, murieron tres guardias civiles.

En Laviana, cuatro.

En la Comandancia de la Guardia Civil de Oviedo, entre oficiales y guardias murieron ocho, y nueve resultaron heridos.

En Sama de Langreo, fue atacado el cuartel de la Guardia Civil donde se atrincheraban sus efectivos al mando del capitán Alonso Nart y decenas de guardias de Asalto. El día seis, después de treinta horas de combates y agotadas las municiones, abrieron boquetes en los muros para evacuar a sus familias y salieron arrojando granadas. Murieron todos: unos en el cuartel, otros en la salida suicida, otros rematados heridos, y doce que se rindieron fueron asesinados. En total, murieron en Sama ochenta y siete guardias: 36 Civiles, 34 de Asalto y otros 17 de Carabineros y Seguridad.

Al día siguiente (siete), el Comité Revolucionario publicó un bando constituyendo el… Ejército Rojo para edificar la Sociedad Socialista.

En La Oscura, de diecisiete guardias civiles y de Asalto, murieron catorce.

En Olloniego, de veinte guardias civiles, murieron diecinueve.

En Campomanes diecisiete, y los heridos fueron rematados.

En Santullano, Rebolledo, La Peña y Murias volaron las casas-cuarteles con sus guardias y familias dentro.

En Ciaño murieron cuatro guardias.

Al cumplirse el segundo día de la insurrección, las fuerzas y cuerpos de seguridad habían sido arrasadas en toda la provincia.

Ese día siete, la Legión recuperó la fábrica militar de Trubia con apoyo de artillería y aviación, pero ya no quedaban armas allí. La aviación también bombardeó columnas milicianas en las montañas de Mieres. Por la tarde, fue detenido en Madrid, Santiago Carrillo y todo el Comité Revolucionario de la Juventud Socialista.

El día ocho, el crucero Libertad y las cañoneras Cánovas y Xauen bombardearon posiciones insurgentes en el barrio gijonense de Cimadevilla. En Oviedo, un grupo mandado por el miliciano apodado «Pichilatu» asesinó por la espalda a ocho civiles que huían de las llamas.

El día nueve, mil milicianos asaltaron la fábrica de armas de La Vega (Oviedo), arrollando a ciento cincuenta soldados y oficiales que la defendían. Se apoderaron de un formidable arsenal: 21 115 fusiles, 198 ametralladoras Hotchkiss y 281 subfusiles ametralladoras.

Al día siguiente, robaron 300 000 Pesetas en los bancos Herrero y Asturiano, y 14 425 000 en la delegación del Banco de España: una cantidad equivalente hoy a unos 22 000 000 de Euros.

La ciudad de Oviedo (73 000 habitantes) estuvo bajo control de los insurrectos durante once días, salvo tres focos de resistencia que no lograron eliminar: el cuartel de Pelayo, el Gobierno Civil y el campanario de la Catedral ocupado por francotiradores de la Guardia de Asalto.

El Comité Revolucionario intentó mantener una mínima disciplina, pero controlar a miles de hombres alcoholizados, armados hasta los dientes y eufóricos por haber conquistado la capital de su provincia, era tarea imposible. Durante la ocupación, las turbas desencadenaron una oleada de incendios, saqueos, asesinatos y vandalismo que hicieron de Oviedo una ciudad mártir. La población vivió esos once días encerrada en sus casas, aterrorizada por los «tribunales revolucionarios» que detenían y fusilaban a los «enemigos del pueblo», con las calles llenas de cadáveres putrefactos, sin agua ni luz, sin posibilidad de huir de la ciudad cerrada por barricadas, y sin pan ni alimento alguno, pues los mercados fueron saqueados por mineros, delincuentes y mendigos.

Durante los días doce y trece (la columna del general López Ochoa ya había entrado en el cuartel de Pelayo) viendo todo perdido, y enfurecidos por la fuga de sus jefes el día once, los mineros liberaron su odio de clase incendiando y dinamitando los símbolos del poder capitalista y burgués. Arrasaron el orfanato de las monjas Recoletas, el Monte de Piedad, el Café Niza, el Restaurante Tutto, el Hotel Inglés, una librería, la Universidad y su biblioteca con 80 000 volúmenes, el Instituto de Enseñanza Media, la Casa Singer, la Cámara Santa de la Catedral, los Almacenes Simeón, la Casa de Aparatos Eléctricos, el Banco Asturiano, el Hotel Covadonga, el Garaje España, la Audiencia Provincial, el Palacio Episcopal, la Telefónica, la Diputación Provincial, la Delegación de Hacienda, varias casas «burguesas» de las calles Uría, Mendizábal y San Francisco, las iglesias de Barruelo y San Tirso, los conventos de San Pelayo y Santo Domingo…

Ante la fuga de los jefes socialistas en la noche del once al doce, los comunistas del PCE (estaban también los comunistas antiestalinistas del Bloque Obrero y Campesino liderados en Asturias por Grossi Mier), se adueñaron de los comités y tribunales revolucionarios y fusilaron a José Martínez, jefe anarquista de Gijón que proponía aceptar la evidencia de la derrota.

José Canel (seudónimo de un miliciano), apuntó en su libro Octubre Rojo en Asturias:

El Comité comunista no presidió más que anarquía y represalia. Ante la noticia de que habían entrado las tropas, se recrudecieron los saqueos y la indisciplina. Las patrullas que llegaban a los prostíbulos de la Puerta Nueva, allí se quedaban. Las mujeres temblaban, pero los mineros las sacaban y las hacían bailar jaleándolas con las manos, llevando el compás con las culatas de los fusiles. Bajo el ruido de los disparos se oían las canciones de los borrachos, más tristes en la noche del Oviedo en ruinas. La dinamita se utilizaba sin objetivo concreto, por simple afán de destruir. La revolución había enloquecido y se lanzaba vertiginosamente hacia el caos.

Como era previsible, entre los «enemigos del pueblo» asesinados no podían faltar religiosos.

En Mieres, dos seminaristas. En Ujo, dos jesuitas. En Turón, el PCE fusiló a un padre Pasionista y a ocho Hermanos de las Escuelas Cristianas que educaban a hijos de mineros en escuelas gratuitas de la empresa Sociedad Hullera. En Oviedo, seis seminaristas, tres padres Paúles, el Prior de los Carmelitas y el párroco de Santa María la Real. En Sama, Rebollada, Valdelacuna, San Esteban de las Cruces, Moreda y Olloniego mataron a sus párrocos.

En Turón, junto con los nueve sacerdotes, el PCE fusiló al director y a un guardia de la Sociedad Hullera, a un empleado del Montepío, a un periodista, a un teniente coronel y a un comandante de Carabineros.

En Oviedo, el «Pichilatu» asesinó (además de los ocho civiles del Palacio Episcopal) a un exmagistrado del Tribunal Supremo, dos empleados del Obispado y un guardia de Asalto. El 1 de febrero de 1935, este loco asesino sería fusilado en la cárcel de Oviedo.

En Olloniego, asesinaron al fiscal de la Audiencia Provincial. En Moreda, a dos vecinos que ocultaron al párroco y a cuatro obreros del Sindicato Minero Católico. En las afueras de Oviedo violaron y asesinaron a tres jovencitas.

En la madrugada del catorce, después de nueve días de revolución y un año pregonándola, el Gobierno de la República suicida se decidió, por fin, a detener a Largo Caballero en su chalet de la Dehesa de la Villa. Los policías le sacaron de la cama, y mientras se vestía, el Lenin español reivindicó su condición de Diputado, Secretario General de la UGT y Presidente del PSOE. ¿«No se tratará de un error»?, preguntó cínicamente.

El 16 de octubre, cuando ya había caído Oviedo, el Comité Revolucionario de Sama, en manos del PCE, ocultaba la realidad a los mineros y les empujaba a una inmolación numantina en el siguiente bando:

Nuestra revolución sigue su marcha ascendente. Obreros: En pié de guerra, se juega la última carta. Nosotros organizamos sobre la marcha el Ejército Rojo. En pié de guerra hermanos, el mundo nos observa. ¡Qué Asturias sea un baluarte inexpugnable! Y que si su Bastilla fuera tan asediada sepamos antes que entregarla al enemigo confundir a éste entre escombros no dejando piedra sobre piedra. Rusia, la patria del proletariado, nos ayudará a construir sobre las cenizas de lo podrido el sólido edificio marxista que nos cobije para siempre. ¡Adelante la revolución! ¡Viva la dictadura del proletariado! Dado hoy, 16 de octubre de 1934.

Para desesperación del teniente coronel Juan Yagüe, al mando de la Legión, el general López Ochoa cometió el error de ser generoso con los vencidos al negociar la rendición con Belarmino Tomás, masón como él, diputado socialista y «jefe militar» de Sama. Le prometió que la Legión no entraría en las cuencas mineras, y el «hermano» se lo agradeció el día veinte, asesinando en un atentado con dinamita a 36 soldados del Regimiento de Infantería 14.o. Los comunistas, por su parte, en julio de 1936 sacarían al general de su cama en el hospital de Carabanchel (Madrid), y tras asesinarle, lo decapitaron. El comandante de la Guardia Civil, Lisardo Doval, especializado en la lucha contra el terrorismo anarquista, dirigió las operaciones de limpieza, que duraron hasta febrero de 1935.

En este punto finaliza el muy resumido relato del Octubre Rojo asturiano, quedando sin mencionar aspectos relevantes como el comunismo libertario ensayado en La Felguera, los amagos de organizar un Ejército Rojo, los combates librados en pasos de montaña, o el análisis político de las proclamas revolucionarias.

La dimensión alcanzada por el Octubre Rojo en toda España, y primordialmente en Asturias, puede sintetizarse en la estadística de bajas, armamento y estragos elaborada por la Oficina de Información y Enlace de la Dirección General de Seguridad con fecha 3 de enero de 1935.

Semanas después, estos datos (referidos a todo el país) fueron incluidos en el libro La revolución de Octubre de 1934 en España, editado por el Gobierno. Fue reproducido por el diario ABC entre el 12 y 19 de febrero de 1935, de donde se provienen estas cifras:

Bajas del Ejército y Fuerzas de Seguridad

326 muertos y 903 heridos

Desglose por Fuerza

Ejército: 129 muertos y 550 heridos

Guardia Civil: 111 muertos y 198 heridos

Guardia de Asalto: 51 muertos y 100 heridos

Seguridad: 17 muertos y 25 heridos

Vigilancia: 2 muertos y 11 heridos

Carabineros: 16 muertos y 19 heridos

Oficiales muertos: 30 (desglose efectuado por el autor en listas oficiales publicadas por ABC el 2, 3 y 4 de noviembre de 1934).

Ejército: 7 comandantes, 3 capitanes, 6 tenientes

Guardia Civil: 1 teniente coronel, 1 comandante, 1 capitán, 3 tenientes

Guardia de Asalto: 4 tenientes

Carabineros: 1 teniente coronel, 2 comandantes, 1 alférez

Oficiales heridos: 38

Ejército: 1 teniente coronel, 3 comandantes, 9 capitanes, 12 tenientes

Guardia Civil: 1 capitán, 4 tenientes

Guardia de Asalto: 1 comandante, 6 tenientes

Carabineros: 1 capitán

Bajas de insurrectos

1051 muertos y 2051 (sic) heridos

Total de bajas de insurrectos y fuerzas del Estado

1377 muertos 2954 heridos

Armamento y explosivos capturados a los insurrectos

89 354 armas largas

33 211 pistolas

149 fusiles ametralladoras

98 pistolas ametralladoras

41 cañones

333 874 proyectiles para distintas armas

10 toneladas de dinamita en cajas

50 585 cartuchos de dinamita

31 345 bombas de mano.

Hay que añadir las armas arrojadas al mar (?) por las autoridades:

3700 en Asturias y 26 toneladas en Barcelona.

Edificios dinamitados e incendiados

63 particulares

720 públicos

58 iglesias

26 fábricas

58 puentes

66 puntos de vías ferroviarias.

Efectivos militares y de seguridad enviados a Asturias (datos de prensa).

15 000 soldados

500 infantes de marina

3000 guardias civiles y de asalto.

Una escuadrilla de Aviación

3 buques de guerra de superficie

1 submarino para comunicaciones

Transportes navales para las tropas de África.

Como era de esperar, el Octubre Rojo asturiano mereció distintas interpretaciones.

A juicio de los historiadores más izquierdistas; y de la Komintern, que encontró en el Octubre español un filón de oro por su repercusión internacional en los días en que Hitler consolidaba su poder en Alemania, el proletariado asturiano protagonizó una gesta épica para impedir la entrada de los fascistas en el Gobierno.

Otros historiadores (incluidos algunos «compañeros de viaje progresistas») en cambio, señalaron que se trató del mayor ataque político y militar de las izquierdas contra la República, el sistema democrático, y el Estado.

Que la entrada en el Gobierno de tres ministros de la CEDA no fue en modo alguno la causa de la insurrección, pues ésta había sido decidida un año antes.

Que su verdadero objetivo, tal como anunciara durante un año la prensa y la dirección del PSOE, era implantar la dictadura del proletariado en una República Socialista. Al respecto, conviene recordar que en Asturias, durante febrero y marzo de 1934, la UGT, la CNT, el BOC y el PCE habían decidido formar la Alianza Obrera Revolucionaria: «Organismo de unidad de acción, propaganda y preparación militar». Constituida el 28 de marzo, la Alianza acordó llevar a cabo «la revolución social en España, estableciendo un nuevo régimen Socialista Federalista». Bonifacio Martín (PSOE-UGT) ocupó la presidencia del Comité Ejecutivo; Grossi Mier (BOC) la vicepresidencia, y José María Martínez (CNT) la secretaría.

Asimismo, algunos de estos historiadores concluyen que la insurrección de octubre supuso el comienzo de la Guerra Civil española.

Tesis compartida por este autor, no sólo porque las izquierdas demostraron con hechos su decisión de liquidar la Segunda República (República de Soviets del Noroeste de España) y la Nación (Estat Catalá, en una República Federal) sino también porque, como ocurriría desde julio de 1936, españoles marxistas y anarquistas procedieron a asesinar a españoles burgueses, religiosos, policías, jueces, y militares. Y a disputar al Estado el control del territorio nacional.

Atendiendo a estos hechos, puede afirmarse que el Octubre Rojo fue esencialmente un violentísimo enfrentamiento armado entre dos bandos de españoles (civiles insurgentes y las fuerzas del Estado) en el que se decidía la destrucción o la permanencia de la Segunda República (constitucional y democrática a pesar de todas sus contradicciones), y la unidad territorial de la nación.

La obcecación de las izquierdas en negar estos hechos documentados, y en mantener la tesis de un levantamiento «espontáneo» de los mineros asturianos (silenciando, además, que fue una insurrección a nivel nacional), para detener al «fascismo», sin aportar prueba alguna, ni respecto a tal espontaneidad ni al fascismo de la CEDA, demuestra el grado de irracionalidad que anida en los fanatismos ideológicos.

Veamos las valoraciones de algunos historiadores:

Hugh Thomas: Los mineros de Asturias lograron establecer un soviet en su provincia (…) El gobierno se encontraba enfrentado con algo que nadie dudaba en calificar de guerra civil.

Franz Borkenau: Durante quince días, Asturias resistió al gobierno, organizando una especie de sistema soviético.

Raymond Carr: La revolución de octubre de 1934 es el origen inmediato de la guerra civil. La izquierda, sobre todo los socialistas, habían rechazado los cauces legales de Gobierno; sin embargo, el gobierno contra el que se alzaron estaba justificado electoralmente. La izquierda difícilmente podría esgrimir luego el argumento de la legalidad para condenar la sublevación militar en julio de 1936 contra un gobierno elegido democráticamente.

Gerald Brenan: El alzamiento de los mineros de Asturias fue épico, aterró a la burguesía y enardeció a la clase trabajadora de España. Puede ser considerado como la primera batalla de la guerra civil.

Ricardo De la Cierva: La revolución de octubre, en Cataluña y, sobre todo, en Asturias, fue el antecedente inmediato y decisivo para la guerra civil española… pequeña guerra a muerte… ensayo general con todo para la guerra civil total.

Gabriel Jackson: Asturias, tan trágico prólogo a la guerra civil.

Carlos Seco Serrano: El Alzamiento de 1934 preludió ya la guerra civil.

Fernando García de Cortázar: Desde la primavera de 1934, la dirección del PSOE se manifiesta decidida a romper con la legalidad republicana y a practicar una política abiertamente revolucionaria. No le ha gustado el resultado electoral de noviembre del año anterior, que ha convertido en ganador al líder de la CEDA, el catedrático José María Gil Robles, que no era un fascista y al que las urnas le conferían el derecho a gobernar. En Asturias los rebeldes asaltan y arrasan los cuarteles de la Guardia Civil (…) y fundan comunas obreras y Repúblicas libertarias. Fue un ensayo de la cercana Guerra Civil en el que como asesor del ministro de la Guerra intervino Franco.

Javier Redondo Rodelas: Oviedo está a oscuras y sin agua corriente. En la mañana del día 13, la imagen de una ciudad derruida constituye la prueba palpable de que España se encamina sin remisión hacia la guerra civil. Acaso Oviedo fue su primera batalla, como subraya Brenan.

César Vidal: La revolución de Asturias fue sofocada por la acción de las Fuerzas Armadas dirigidas por Franco desde Madrid. Se produciría así una paradoja histórica que suele pasarse, de manera no del todo desinteresada, por alto. En aquel octubre de 1934, fueron el PSOE, la CNT, el PCE y la Esquerra los que violaron la legalidad republicana, y Franco el que la defendió salvándola de una revolución extraordinariamente cruenta.

Santos Juliá: Conviene recordar que las primeras manifestaciones de dirigentes socialistas sobre la necesidad de adueñarse de todo el poder o de conquistarlo por los medios que fuera, no guardan relación alguna con un presunto temor a la amenaza del fascismo.

Pío Moa: El hecho de que la legalidad republicana fuera atacada por los partidos que más habían contribuido a construirla, y defendida por el Partido Radical y la CEDA, tachados por los insurgentes de traidor el uno y de monárquica y fascista la otra, causó general asombro y abonó los tópicos sobre los absurdos de la política española. En definitiva, se había producido una corta guerra civil, y de ella la República salió gravemente herida, si es que no herida de muerte. Pues los partidos rebeldes eran indispensables para el normal funcionamiento del régimen, debido a su amplitud e influencia, mientras que la derecha encontraba ahora menos razones para respetar una legalidad violentamente transgredida por sus propios autores.

Stanley Payne: Todos los grandes historiadores, tanto si se sitúan en la izquierda como en la derecha, están de acuerdo en que la insurrección revolucionaria de 1934 significó el inicio de la violenta polarización que, dos años después, explotaría en la Guerra Civil española. A partir de entonces la polarización fue aumentando cada vez más, avanzando inexorablemente paso a paso hasta llegar, como si de una tragedia griega se tratara, a su desenlace final. (…) La tradicional alegación de la izquierda para justificar el asalto contra la República democrática ha consistido en decir que las fuerzas izquierdistas actuaron exclusivamente a la defensiva, tratando de evitar que la derecha asaltara la República. Nunca, sin embargo, se ha presentado la menor prueba de que la derecha proyectara efectuar dicho asalto, aceptándose ampliamente en la actualidad que las fuerzas católicas de la CEDA eran absolutamente respetuosas de las leyes y trataban de modificar las instituciones políticas exclusivamente a través de medios pacíficos y parlamentarios.

Salvador de Madariaga: El alzamiento de 1934 es imperdonable. La decisión presidencial de llamar al poder a la CEDA era inatacable, inevitable y hasta debida desde hacía ya tiempo. El argumento de que el señor Gil Robles intentaba destruir la Constitución para instaurar el fascismo era a la vez hipócrita y falso. Hipócrita, porque todo el mundo sabía que los socialistas del señor Largo Caballero estaban arrastrando a los demás a una rebelión contra la Constitución de 1931, sin consideración alguna para lo que se proponía o no el señor Gil Robles; y por otra parte, a la vista está que el señor Companys y la Generalitat entera violaron también la Constitución. ¿Con qué fe vamos a aceptar como heroicos defensores de la República de 1931 contra sus enemigos más o menos ilusorios de la derecha, a aquellos mismos que para defenderla la destruían? Pero el argumento era además falso, porque si el señor Gil Robles hubiera tenido la intención de destruir la Constitución del 31 por la violencia ¿qué ocasión mejor que la que le proporcionaron sus adversarios alzándose contra la misma Constitución en octubre de 1934, precisamente cuando él, desde el poder, pudo como reacción haberse declarado en dictadura? El señor Gil Robles, lejos de haber demostrado en los hechos apego al fascismo y despego al parlamentarismo, salió de estas crisis convicto y confeso parlamentario, al punto de que cesó de ser, si alguna vez lo había sido, persona grata para los fascistas (…) En cuanto a los mineros asturianos, su actitud se debió por entero a consideraciones teóricas y doctrinarias (…) eran obreros bien pagados de una industria que por frecuente colisión entre patronos y obreros venía obligando al Estado a sostenerla a un nivel artificial y antieconómico que una España bien organizada debería revisar. Con la rebelión de 1934, la izquierda española perdió hasta la sombra de autoridad moral para condenar la rebelión de 1936.

12
BAJO EL SÍNDROME DE KERENSKI

Después de la mayor insurrección izquierdista de la Historia tras la Comuna de París, y quinta contra la Segunda República, el sentido común aconsejaba desencadenar una durísima represión policial, penal y política de las izquierdas revolucionarias para expulsarlas definitivamente de la actividad política legal. Y sin complejos; pues en las democracias el Estado tiene el monopolio de la violencia y de la justicia, y los gobernantes están obligados a garantizar el imperio de la ley con las fuerzas militares y policiales que la Constitución y los ciudadanos han puesto bajo su mando.

Sin embargo, tal obligación fue incumplida por Alcalá-Zamora, por Lerroux y por quienes les siguieron. Por debilidad política y cobardía personal, la derecha republicana no se atrevió a explotar la victoria de la República contra sus enemigos.

Mientras el Alcalá Zamora de «jamás seré un Kerenski» proponía «una justicia templada por la prudencia» para no ejecutar las sentencias de muerte dictadas por los tribunales militares al amparo de ley marcial regulada por la Constitución, Lerroux le respondía que «en ciertos casos, suprimir la pena de muerte podía ser peligroso»; pero no actuó en consecuencia.

La renuncia a ejecutar las sentencias fue iniciada por Alcalá-Zamora, quien, saltándose lo estipulado por la Constitución (podía conceder indultos propuestos por el Gobierno, pero no solicitarlos), lo pidió para el comandante Pérez Farras. Ante este gesto insolidario con el Gobierno, al que de esta manera hacía único responsable de las ejecuciones, Lerroux le solicitó el indulto para el resto de los condenados, lo cual dejaba satisfechos a unos y otros porque aquel asunto les quemaba las manos.

Como resultado de esta cobardía política, de los veintidós condenados a muerte sólo fusilaron al sargento Diego Vázquez que se pasó a los insurrectos, y a Jesús «Pichilatu» Arguelles. Los veinte restantes fueron condenados a treinta años de prisión mayor. Sólo había entre ellos tres oficiales del Ejército implicados en la sublevación separatista de Cataluña: Ricart, Pérez Farrás y Escofet; el resto eran civiles anónimos. Ni los máximos dirigentes del PSOE, del PCE, de la CNT y del BOC; ni los jefes «militares» asturianos, ni los oficiales golpistas de Madrid, figuraban en la lista.

Quien supo captar con perspectiva histórica y sentido de Estado el significado del Octubre Rojo, fue Gil Robles. Pensando en la supervivencia del sistema, el catedrático de derecho, católico y conservador, que aceptaba la República sin entusiasmo pero con sinceridad, siempre y cuando ésta garantizara el imperio de la ley, exigió que se aplicara la justicia sin paliativos. Así lo argumentó en las Cortes:

La revolución de octubre significó un ataque de los núcleos marxistas y de sus cómplices contra la legalidad constitucional. El triunfo de la revolución hubiera conducido a los límites mismos de la disolución del Estado; y la falta de castigo de sus más destacados elementos habría significado un estímulo para nuevas rebeldías. Por último, es absurdo pensar que una política de mal entendida clemencia habría de tener efectos favorables en la pacificación del país. La debilidad del poder público en ocasiones como ésta acelera el proceso de descomposición en lugar de contenerlo. (…) Si nos sometíamos a la coacción presidencial quedaría impune el movimiento sedicioso (…) La revolución recibiría un aliento extraordinario y la sangre derramada sería sólo precursora de mayores y más tremendas desgracias.

Aunque lúcido y visionario, este razonamiento quedaría en pura retórica, pues finalmente indicó a los tres ministros de la CEDA que votaran a favor de los indultos para no provocar una crisis de Gobierno al cumplirse sus primeros treinta días. No obstante, cuando el 29 de marzo de 1935, Lerroux y Alcalá-Zamora acordaron indultar al segundo grupo de condenados a muerte (diecisiete civiles, un guardia civil, un legionario, y los diputados socialistas asturianos Ramón González Peña y Teodomiro Menéndez), los ministros cedistas votaron en contra y renunciaron.

Ante tales invitaciones a la impunidad, los socialistas apostaron por radicalizar aún más su lucha contra la República.

En la cárcel Modelo de Madrid, el presidente de la Federación Nacional de las Juventudes Socialistas, Carlos Hernández Zancajo, publicó la revista Octubre. Segunda etapa, negando que el PSOE fuera socialdemócrata:

Nuestro partido ha sido siempre partidario de la violencia revolucionaria y la ha utilizado en diversas ocasiones, la última en octubre.

Notable autoinculpación, que en esos días Largo Caballero negaba ante el Tribunal Supremo. También proponía…

La bolchevización o purificación revolucionaria del Partido Socialista sobre la base de la Revolución rusa y la dictadura del proletariado en España.

Idéntica propuesta formularía Largo Caballero en su semanario Claridad el 23.1.1935.

El PCE, por su parte, mantenía el monolítico discurso de la Komintern. En enero, su revista Bandera Roja abogaba por la unidad orgánica de ambos partidos para…

… el derrocamiento, por la insurrección armada popular, de la dictadura del bloque burgués terrateniente y la instauración del poder revolucionario de los Soviets obreros y campesinos.

En mayo, El PSOE, sus Juventudes y UGT, constituían la Concentración Popular Antifascista (CPA), con la Juventud de Izquierda Republicana de Azaña, para lograr «La disolución de los partidos no obreros e iniciar el programa de una República Popular: distribución de las tierras a los campesinos y liberación de las minorías nacionales». Es decir, que el ínfimo partido personalista de Azaña, adhería a un proyecto de dictadura del proletariado con partido único en una República Popular y Confederal.

Programa de gran interés histórico, pues demuestra que Azaña, que ya se había aliado con el PSOE en 1931, comenzaba a establecer con la ultraizquierda la alianza del Frente Popular que le llevaría otra vez al poder. El hecho de que asumiera este Programa marxista y separatista, revela su verdadera naturaleza ideológica y política pues, en su fuero íntimo, siempre soñó gobernar una República izquierdista y confederal.

Tras el Octubre Rojo, aquel Azaña que ahora la izquierda reivindica como un ejemplar demócrata liberal y progresista, visitaba al criminal Largo Caballero en la cárcel Modelo. Asimismo, en un mitin del PCE llamó a los insurrectos asturianos que se alzaron en armas contra el Gobierno democrático de Lerroux y asesinaron a decenas de civiles y a 300 militares y policías del Estado… «Mártires de la República».

Volviendo a los comunistas de la Sección Española, el 2 de junio su secretario general José Díaz reclamaba para el partido, en el madrileño cine Monumental, «Toda la responsabilidad política que se derive del movimiento y de la insurrección victoriosa (sic) de Asturias».

Pero, tal como pautaban las consignas del VII Congreso de la Komintern, jugaban con dos cartas. Según la nueva línea impuesta por el secretario general Georgi Dimitrov, el objetivo final seguía siendo la dictadura del proletariado, pero el momento actual exigía que la URSS firmara un Tratado de seguridad colectiva con Gran Bretaña y Francia para enfrentarse a Hitler, lo que obligaba a desactivar las luchas revolucionarias en esos países y en toda Europa. Alianza táctica de naciones y de clases; frentes electorales antifascistas con las burguesías y clases medias progresistas.

La segunda carta era la ortodoxa, ya explicada arriba por Bandera Roja: «Unidad revolucionaria del proletariado, unidad orgánica con el PSOE, insurrección armada, Poder revolucionario, Soviets». Era la hora de los Frentes Populares hegemonizados por la clase obrera y sus partidos, que permitirían avanzar en «la formación revolucionaria de las masas». La hora de fundar «democracias de nuevo tipo», que no introducirían el socialismo pero iniciarían la nacionalización parcial de la industria y la total de la tierra, seguida por la depuración ideológica de los mandos burocráticos, militares y policiales. Después de los fracasos insurreccionales de los comunistas en Europa, y el auge del fascismo italiano y alemán con un considerable apoyo de masas obreras y de clase media, el internacionalismo proletario y la revolución permanente daban paso al «socialismo en un solo país» de la era nacional bolchevique de Stalin, que priorizaba la seguridad militar de la URSS. Aprovechando el terror de las democracias europeas ante el Tercer Reich anunciado por Hitler, el Zar rojo ponía en marcha un plan que resultaría perfecto: encuadrar a las burguesías y clases medias, en frentes electorales antifascistas que legitimarían democráticamente a los comunistas hasta que llegara el momento de apoderarse del Estado burgués.

El 3 de noviembre, el secretario general del PCE, José Díaz, explicó la nueva estrategia en el teatro Coliseo Pardiñas, de Madrid:

Nosotros luchamos por la dictadura del proletariado, por los soviets. No renunciamos a nuestros objetivos. Pero en los momentos actuales comprendemos que la lucha está planteada, no en el terreno de la dictadura del proletariado, sino en el de la lucha de la democracia contra el fascismo como objetivo inmediato.

La extraordinaria perfección con que este plan funcionó en España, hizo inevitable el alzamiento cívico y militar anticomunista del 18 de julio de 1936 contra el Gobierno del Frente Popular. Asimismo, su aplicación en Francia y en Italia permitió desarrollar los dos partidos comunistas más fuertes de occidente; y facilitó la colonización de Europa oriental tras ser invadida por el Ejército Rojo durante su avance hacia Berlín.

Demostrando el gran interés soviético por lo que llamaban en sus documentos «la revolución española», el Socorro Rojo (Komintern) entregó 3 000 000 de francos al Comité Nacional de Ayuda a las Víctimas (de Asturias), con oficina en París dirigida por su topo en el PSOE, Julio Álvarez del Vayo. Con este dinero el PCE añadió tres nuevas tapaderas a su red: Comité de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo, Asociación Pro Infancia Obrera (huérfanos de Asturias) y Comité Pro Amnistía (presos de Octubre). Por entonces, la Komintern subvencionaba el diario Mundo Obrero, el periódico Pueblo, la revista Bandera Roja y los salarios de los miembros del Comité Central.

La renuncia de Alcalá y de Lerroux a aplicar la ley, no se limitó a indultar las sentencias de muerte. Se suspendió la Autonomía de Cataluña, pero no se derogó. Se encarceló a unos pocos dirigentes del PSOE, pero no se ilegalizó. Se clausuró El Socialista, pero Lerroux permitió que en junio Largo Caballero fundara, desde la cárcel, el semanario Claridad. El 16 de diciembre, el Gobierno de Portela Valladares entregó El Socialista a Indalecio Prieto, el proveedor de armas de Octubre que pudo huir a Francia ayudado por… Lerroux, según confidencia de éste a Alcalá-Zamora. El rico y glotón Prieto, llevaba una vida espléndida entre París y la Costa Azul sin ser molestado, y entre el 16 y el 19 de diciembre asistió a la reunión del Comité Nacional del PSOE, en Madrid, se alojó en su domicilio, y volvió a cruzar la frontera con total impunidad.

En la cárcel Modelo de Madrid la tolerancia de los gobiernos radicales y cedistas llegó al esperpento: desde el 20 de mayo de 1935, la Dirección General de Prisiones permitió que se celebraran las reuniones de la Comisión Ejecutiva del PSOE, presidida por el prisionero Largo Caballero, y con asistencia de tres de sus miembros que estaban en libertad y podían entrar y salir de la cárcel como si se tratara de un hotel. Los presos del PSOE no sólo podían recibir visitas de delegados provinciales del partido y mantener correspondencia sin restricciones, sino que se llegó a permitir que Santiago Carrillo y Amaro del Rosal dieran conferencias sobre marxismo. Asimismo, Amaro del Rosal relató en su libro, que en la Modelo se guardaba «el dinero sobrante del fondo especial que financió Octubre».

Pero el ejemplo políticamente más escandaloso de esta impunidad, fue el encuentro que Largo Caballero mantuvo en su domicilio con el delegado de la Komintern y máxima autoridad del PCE, Vittorio Codovilla, aprovechando un largo permiso de salida por la muerte de su esposa.

En dicha reunión, celebrada el 7 de noviembre de 1935, ambos dirigentes discutieron la posibilidad de fusionar sus partidos; y dos semanas después, Largo mantuvo reuniones en la cárcel durante tres días, con ¡Jacques Duclos, miembro del Secretariado Latino de la Komintern!

El 28 de noviembre el Tribunal Supremo le puso en libertad por «falta de pruebas».

La reunión con Codovilla había sido solicitada por el propio Largo Caballero. El delegado informó a sus jefes de Moscú que Largo quería información sobre el VII Congreso:

Se mostró de acuerdo con lo esencial de las decisiones del Congreso y con su aplicación en España, y dio su visto bueno para la fusión del aparato sindical de los comunistas (CGTU) con la UGT. Respecto a las juventudes socialistas y comunistas, dijo estar de acuerdo con su fusión, inmediatamente.

Días después, Codovilla elevó otro informe:

Hay en Largo Caballero un progreso político formidable. Es el amigo del Partido Comunista, el amigo de la Internacional Comunista. Hay que subrayar que después de cada contacto oficial ha cumplido todos los compromisos asumidos.

Añadiendo que le había dicho:

Me dirijo hacia ustedes, hacia la Internacional, pero no me presione; es usted demasiado exigente, tengo que reflexionar.

Concluyó Codovilla:

Evoluciona con seguridad hacia nosotros.

Resumiendo la situación en la cárcel Modelo, Del Rosal escribió en su libro que el director, de apellido Elorza, era:

Un hombre comprensivo, de sentimientos democráticos y liberales. (…) La cárcel fue el centro de dirección política y de organización más importante y decisivo de la España democrática. Un fantástico jolgorio. Desde la cárcel se contribuyó al proceso de unidad que condujo a la creación del Frente Popular.

El «comprensivo» Elorza, que también autorizó una reunión entre Carrillo y Duclos, tuvo la mala suerte de hallarse en Burgos el 18 de julio de 1936. Fue detenido y fusilado por los nacionales.

El PCE y el PSOE, apoyados por el formidable aparato de propaganda de la Komintern y los millones robados a los bancos asturianos, desarrollaron una campaña internacional denunciando la «represión de Asturias», pero cuando se propuso crear una Comisión parlamentaria para investigar los presuntos crímenes y torturas, sus diputados rehusaron, dejando claro que la «feroz represión fascista» sólo interesaba como propaganda para desprestigiar al Gobierno del republicano Lerroux y a la católica y conservadora CEDA. Ni siquiera intentarían formar una Comisión investigadora al año siguiente, cuando el Frente Popular tenía la mayoría parlamentaria.

Stanley Payne:

La represión que se produjo con la República en 1934-1935 no tiene precedentes en cuanto a su moderación en la moderna historia de Europa occidental; fue la más moderada impuesta por cualquier Estado liberal o se iliberal que se haya visto amenazado por una gran subversión revolucionaria y violenta en la Europa de los siglos XIX y XX.

Tras compararla con la Comuna de París, Finlandia, Rusia o Alemania, añadió:

En 1935 se dio a los revolucionarios una muy destacada y generosa oportunidad de volver al poder por medios electorales. Comparada con otros países europeos la liberalidad del sistema español fue asombrosa. Los líderes centristas se negaron a ser empujados por la derecha hacia una represión más violenta y el presidente de la República intervino de forma directa para asegurar una política más benigna. Como en el caso de Alemania en 1932-1933, una represión más auténtica hubiera sido el único medio para salvar la República, ya que una vez que la izquierda regresó al poder, tanto el orden constitucional como la legalidad comenzaron a desaparecer. Así, el fracaso a la hora de castigar a los revolucionarios no supuso ningún beneficio permanente para la democracia liberal en España, pero pudo haber acelerado su muerte.

El año 1935, en definitiva, fue una ocasión perdida para que la derecha republicana y la CEDA pusieran fin a las sistemáticas ofensivas insurreccionales de las izquierdas y solucionaran el desquiciante problema del orden público, afectado no sólo por la violencia política sino también por la delincuencia común, que no paraba de aumentar ante la pasividad de los ministros de Gobernación. Fue también una ocasión perdida para la economía, pues, a diferencia de la izquierda republicana, la CEDA disponía de profesionales cualificados en todos los ámbitos. Pero nada de eso fue posible. Por el protagonismo desestabilizador de Alcalá-Zamora, decidido a dirigir la República según su idea patrimonial del régimen; y por el caos de la derecha republicana que formó… siete gobiernos en un año. Un balance idéntico al de la Primera República.

Asimismo, merece destacarse que, aplastadas las insurrecciones de Octubre, los supuestos fascistas (CEDA y Ejército) tuvieron todo a su favor para dar un golpe de Estado que hubiera sido apoyado por el pueblo español harto de sus izquierdas. Fue una ocasión inmejorable, pues nada ni nadie podía habérselos impedido, pero no sólo no lo hicieron, sino que defendieron a la República y a la Nación amenazadas por marxistas y separatistas. Y muchos murieron por ello.

También la derecha civil estuvo a la altura de las circunstancias. Las JAP (Juventudes de Acción Popular: CEDA) reemplazaron a los huelguistas en los servicios de ferrocarril, gas y electricidad en varias provincias; en Asturias formaron grupos de vigilancia en las carreteras bajo el mando del Ejército y, armados con escopetas de caza, defendieron junto a los guardias civiles su cuartel en Tarazona (Zaragoza). Asimismo, cinco militantes de Falange Española murieron combatiendo en Asturias.

La izquierda y sus historiadores nunca aceptarán la irrefutable evidencia de una derecha civil y militar respetuosa de la legalidad republicana, pues ello supondría destruir su discurso mitológico y victimista basado en la inversión de roles, destinado a justificar sus asaltos a la «República burguesa».

Como era previsible, la renuncia a tomar medidas contrarrevolucionarias legales en 1935, empujaría a España hacia la tragedia de 1936. Moa lo resumió así:

A lo largo de 1935 (…) las fuerzas revolucionarias crecieron y aumentaron su agresividad (…) La corriente jacobina personificada en Azaña o en los líderes de la Esquerra, radicalizó su actitud y buscó alianzas con los revolucionarios (…) Entre ellos, la extrema derecha, y Alcalá-Zamora, destruyeron al principal partido de centro. Y don Niceto, finalmente, echó del poder a la derecha legalista, empujándola fuera de la moderación y dando argumentos a la derecha partidaria de la fuerza. El balance no podía ser más tétrico para los moderados, ni más estimulante para los extremistas.

A pesar de su crítica a la tolerancia suicida del Gobierno de Lerroux, el historiador Payne prefiere destacar, como lo más relevante del año 1935, que el fracaso del moderado y democrático Partido Republicano Radical supuso una desgracia para España. Algo indudable, y que es de justicia no olvidar, porque los rojos fusilaron a varios radicales acusándoles de ser… «fascistas».

Alcalá-Zamora estuvo motivado por el laudable objetivo de defender un gobierno democrático centrista y liberal, pero una vanidad y un ego demasiado grandes no le permitieron ser un presidente plenamente funcional. Sus continuas interferencias imposibilitaron el normal funcionamiento del Congreso y de la Constitución. Nada se ganó con su incesante manipulación y la negativa de un mayor acceso a la CEDA. Incluso habría sido preferible la posibilidad del dominio de Gil Robles en el gobierno y la introducción en la República de aspectos más conservadores y autoritarios que el derrumbe absoluto que se produjo en 1936. Sólo los partidos del centro se empeñaron de verdad en romper con las fuerzas antidemocráticas y apegarse al perfil de una democracia constitucional. El único gran partido que apoyó la democracia liberal fueron los radicales (…) Constituyeron la única fuerza política de peso que jugó siempre de acuerdo con el código constitucional y democrático por mucho que les cargaran la mano (les acusaban de corruptos). Las agrupaciones extremistas de izquierda y derecha que execraban la «inmoralidad» de los radicales, iban a dedicarse enseguida al mutuo asesinato a gran escala, a la vez que el modo que tuvieron de manejar las finanzas del Estado y otras, sólo un año después, durante la Guerra Civil, convertirían los pecadillos de los desdichados radicales en algo así como una tómbola catequística. Vemos así que el concepto de moralidad política es sumamente elástico. Hablará siempre en pro de los radicales el hecho de que para bien o para mal, camparon siempre como los principales defensores y practicantes de una democracia republicana, y ello debe merecerles una cierta hazaña en la historia de España.

13
EL FRENTE POPULAR

Continuando con la escalada revolucionaria, las izquierdas encararon las elecciones del 16 de febrero de 1936 desde un fuerte revanchismo por la derrota del Octubre Rojo. La estrategia diseñada para radicalizar el enfrentamiento entre izquierdas y derechas, y desestabilizar al Gobierno de Portela Valladares, impuesto por Alcalá en perjuicio de Gil Robles, se plasmó en el Pacto y Programa del Frente Popular aprobado el 16 de enero.

En el Programa, los enemigos de la República defendidos por intelectuales como Albert Camus o Romain Roland, exigían la Amnistía para los asesinos de Octubre y que fueran indemnizados y reincorporados a sus puestos de trabajo los obreros despedidos por sus «ideas» o por motivos de huelgas «políticas». Para los miembros de las fuerzas de la seguridad del Estado que reprimieron las insurrecciones, exigían que «se investigaran sus responsabilidades concretas hasta el esclarecimiento de la culpa individual y el castigo». En otras palabras, como diría Payne:

Aunque se concedería la total amnistía para los delitos revolucionarios violentos, incluido el asesinato, no existiría una similar impunidad para los acusados de reprimir esos delitos.

Aplicaban la táctica de la inversión: de roles históricos y de valores semánticos.

Por ejemplo, el PCE proponía en su prensa, purgar ideológicamente los aparatos del Estado, en especial la judicatura, el Ejército y las fuerzas policiales «reclutando funcionarios de cumplida lealtad al régimen». Una infiltración troyana que llamaban «republicanización».

Las izquierdas que se sublevaron cinco veces contra la República burguesa, tampoco tuvieron reparos en incluir en el Programa del Frente Popular:

En defensa de la libertad y la justicia, como misión esencial del Estado republicano y de su régimen constitucional, los partidos coaligados (todos de izquierda) restablecerán el imperio de la Constitución.

Con todo, el Programa, redactado por Azaña, y por Indalecio Prieto, inmerso en una violenta polémica con Largo Caballero por la bolchevización del PSOE, eliminaba medidas radicales como la nacionalización de la tierra y la banca. Esto complacía a los comunistas, pues el moderado tono reformista del programa, con ayudas a la pequeña empresa y reducciones de impuestos, atraería a las clases medias y a sectores de la burguesía.

Largo Caballero, por su parte, continuaba incitando a la subversión armada para tomar el poder. El 12 de enero, en un mitin celebrado en el Cinema Europa de Madrid, declaró formalmente la guerra a la República:

No vengo arrepentido de nada, ¡absolutamente de nada! Yo declaro que antes de la República nuestro deber era traerla, pero establecida la República nuestro deber es traer el socialismo. Y cuando yo hablo de socialismo hablo de socialismo marxista, revolucionario. La República no es inmutable, la República burguesa no es invencible, la República burguesa no es una institución que nosotros tengamos que arraigar de tal manera que haga imposible el logro de nuestras aspiraciones. ¿De qué manera? ¡Cómo podamos! Nuestra misión es la conquista del Poder político. ¿Procedimientos? ¡El que podamos emplear!

Estas palabras ilustran las consecuencias que acarrea la renuncia de los gobernantes a reprimir con la ley en la mano a los enemigos de la democracia y el Estado de derecho. Son las palabras de un subversivo ¡Diputado, Presidente del PSOE y Secretario General de la UGT!, que ha tomado buena nota de esa cobardía, se burla de la justicia burguesa y fanfarronea con su impunidad. El fanático, seducido por el axioma marxista de «la violencia como partera de la historia», y responsable de la muerte de 1400 españoles en el Octubre Rojo, seguía lanzando amenazas en mítines autorizados por un Gobierno que, increíblemente, doce días antes, le había liberado por «falta de pruebas».

Ya durante la campaña electoral de 1933, había pronunciado un discurso llamando a implantar la dictadura del proletariado, y amenazando con desatar el terror de clase sin miramientos, porque luego… la historia lo justificaría.

En las elecciones de abril (1931) los socialistas renunciaron a vengarse de sus enemigos y respetaron vidas y haciendas. Que no esperen esa generosidad en nuestro próximo triunfo; la generosidad no es arma buena. La consolidación de un régimen exige hechos que repugnan, pero que luego justifica la Historia. Vamos a la Revolución social. ¿Cómo?

Alguien, del público, gritó: ¡Cómo en Rusia!

No nos asusta eso (…) Habrá que expropiar a la burguesía por la violencia. Tenemos que recorrer un largo periodo de transición hasta el socialismo integral, y ese periodo es la dictadura del proletariado hacia la cual vamos. Debemos preparar la ofensiva socialista.

El 15 de enero, El Socialista continuaba su escalada de amenazas:

No habrá olvido ni perdón. Cualquier circunstancia, cualquier medio, serán buenos para hacer que en la conciencia de los trabajadores no se borre nunca la tragedia de Asturias.

Largo Caballero, en un mitin del Frente Popular en Alicante:

Con el triunfo electoral, con una República burguesa, —ya hemos declarado muchísimas veces que no es nuestra República—, todavía cabe la esperanza de que se pueda caminar con cierta facilidad hacia nuestro ideal; pero si triunfan las derechas no habrá remisión: tendremos que ir forzosamente a la guerra civil declarada. No se hagan ilusiones las derechas, ni digan que esto son amenazas; son advertencias. Ya saben que nosotros no decimos las cosas por decirlas.

Debía sentirse muy seguro de su inmunidad parlamentaria para desafiar a la sociedad, a la Constitución y al Ejército. El organizador del Octubre Rojo, en 1936 amenazaba literalmente con declarar la guerra civil; pero, como ocurriera con aquella insurrección publicitada durante todo un año, los discípulos de Kerenski, mandados por el anciano y enfermo Portela Valladares, no le tomaban en serio.

En cuanto a los comunistas, a principios de enero, Codovilla y el secretario general del PCE, José Díaz, viajaron a Moscú para recibir instrucciones del Secretariado Latino dirigido por Manuilski. La presencia del presidente ejecutivo Dimitrov en las reuniones indicaba el interés por España. Las consignas del VII Congreso, precisó Manuilski, seguían vigentes: el Frente Popular sólo tenía fines electorales a corto plazo. El objetivo continuaba siendo «la dictadura del proletariado, el aplastamiento de la burguesía mediante la violencia, la ruptura de la colaboración de clases». Insistió en la necesidad de que Largo Caballero comprendiera la importancia de los Soviets para el proceso revolucionario español, y en operar simultáneamente en dos niveles orgánicos: el Frente Popular para los objetivos tácticos y la Alianza Obrera y Campesina para los estratégicos.

En un mitin conjunto con Largo Caballero y Álvarez del Vayo, celebrado el 22 de enero en el Cinema Europa, de Madrid, el líder comunista Jesús Hernández anunció:

En lo que concierne a la unión de los Partidos Socialista y Comunista, las cosas marchan, compañeros. Estamos en vías de lograr el Partido Único del proletariado español. Marchamos confiados hacia él (…) Nosotros siempre hemos aspirado a forjar un Partido Único que adopte como forma de lucha la insurrección armada para la conquista del Poder y la instauración de la dictadura del proletariado.

El 3 de febrero, José Díaz provocaba al Ejército exigiendo:

La libertad total de los pueblos catalán, vasco y gallego, y la ilegalización de todos los partidos de las derechas.

El 11, remarcó que la función del Frente Popular era:

Completar la revolución democrática y burguesa mientras se preparaba el pasaje hacia la dictadura del proletariado.

El golpe final se daría con la insurrección: «Como en Rusia», precisó. Ese mismo día, escribió en Mundo Obrero que las elecciones no serían «normales» sino «un Plebiscito para un nuevo régimen que desde el Frente Popular avanzara hacia el socialismo».

El 14, el editorial del diario del PCE detalló las tres fases previstas para el proceso:

Frente Popular con la burguesía democrática, gobierno obrero y campesino, dictadura del proletariado.

El 9 de febrero, El Socialista avisaba que iban a por todas y volvía a provocar al Ejército:

Estamos decididos a hacer en España lo que se ha hecho en Rusia. El plan del socialismo español y del comunismo ruso es el mismo. Ciertos detalles del plan pueden cambiar, pero no los decretos fundamentales del mismo.

Al día siguiente, Luis Araquistáin, troyano de la cadena URSS, Komintern, PCE en el PSOE bolchevizado, se sumaba a la campaña provocadora. En su conferencia «Paralelismo histórico entre las revoluciones rusa y española», advirtió:

España puede ser el segundo país donde triunfe la revolución proletaria… y sin peligros contrarrevolucionarios del exterior, pues la URSS no permitiría que los Estados europeos intervinieran en una España socialista.

A diferencia de las izquierdas marxistas, que se unían en un Frente común y habían conseguido el voto de los anarquistas, los partidos de derecha se presentaban individualmente, pues la CEDA de Gil Robles no compartía la radicalidad de la derecha monárquica representada por el partido Renovación Española, liderado por José Calvo Sotelo, que proponía acabar definitivamente con las amenazas de las izquierdas recurriendo si fuera necesario a una dictadura militar.

Esta fragmentación del voto resultaría catastrófica, pues la ley electoral favorecía a las coaliciones concediéndoles más escaños parlamentarios en relación a igual cantidad de votos individuales. Ciegas ante la prensa y discursos izquierdistas, indicadores de que España había sido elegida como un campo de prueba para la nueva estrategia de la Komintern; incapaces de valorar la escalada cualitativa que suponía la bolchevización del PSOE, la fusión de sus Juventudes y Milicias con las del PCE, y el voto anarquista que resultaría decisivo, las derechas no captaron que en esas elecciones no se jugaba un cambio de Gobierno sino de régimen: la «democracia de nuevo tipo» anunciada y explicada hasta la saciedad por la machacona prensa oficial del PCE que movía los hilos del Frente Popular.

Ya hemos visto al secretario José Díaz aclarar que no serían elecciones normales, sino un Plebiscito para un nuevo régimen que avanzara hacia el socialismo. La combinación de ceguera y egoísmos sectarios, impidió algo tan obvio como oponer al Frente Popular Antifascista un Frente Popular Anticomunista.

El 15 de febrero, el moderado y legalista Gil Robles, que ya presentía la derrota, cerró la campaña en el Monumental Cinema de Madrid, diciendo que el objetivo fundamental de la CEDA era…

Eliminar los gérmenes de división que traen destrozada y ensangrentada la patria; concluir con el sino trágico de vivir constantemente en una guerra civil ininterrumpida y con los principios disolventes de la lucha de clases y la lucha criminal entre regiones y hermanos.

Calvo Sotelo, por su parte, resignado a luchar solo, en las Cortes, sostenía que en octubre de 1934 los republicanos de izquierda y los socialistas habían asesinado a su propia Constitución de 1931. Que la República ya estaba muerta, pues la mayoría de los españoles no se sentían vinculados a ella ni en el plano legal ni en el moral. Tampoco planeaban defenderla en el futuro, debido a que la radicalización creada por la izquierda republicana sectaria no dejaba más opción que un régimen de derecha o de izquierda. Reiteraba que España necesitaba un Estado nacionalista, católico, unitario, corporativo y autoritario. Finalmente, consideraba al Ejército la columna vertebral del país: sólo él podía librar a España del estallido revolucionario y la guerra civil que consideraba inminentes. «Estas elecciones serán las últimas en mucho tiempo», vaticinó. Como demostraría el gran apoyo popular al alzamiento militar del 18 de julio, al comienzo de 1936 muchos españoles, aterrorizados desde el Octubre Rojo, suscribían el análisis de Calvo Sotelo.

Izquierdas y derechas empataron en los votos, pero la ley electoral, favorable a las coaliciones, más los sucesos que se narrarán a continuación, dieron la mayoría parlamentaria al Frente Popular; a pesar de que la CEDA volvió a ser el partido más votado y superó al PSOE en siete puntos.

Como señaló Payne, la maniobra de Alcalá-Zamora a favor del independiente Portela Valladares para perjudicar a Gil Robles y Lerroux, destruyó al moderado Partido Republicano Radical.

Un dato de gran importancia, pues dejó en evidencia la falsedad de la propaganda izquierdista respecto a «la amenaza del fascismo», fue que Falange Española, fundada en octubre de 1933 por José Antonio Primo de Rivera, obtuvo 46 466 votos: menos del 0,5 por ciento de los 9 864 783 votos emitidos, y no consiguió ni un sólo diputado.

Celebradas el día 16 y, aunque los resultados oficiales no se conocerían hasta el 20 y faltaba celebrarse la segunda vuelta en algunas provincias, las izquierdas comenzaron a exigir ¡El Poder, Ya!, con tiroteos que produjeron seis muertos y treinta heridos, más los rutinarios incendios de iglesias. Al anochecer, las milicias del Frente Popular asaltaron cárceles, ayuntamientos con alcaldes de derecha expulsados a punta de pistola, y varios colegios electorales donde robaron urnas y Actas que luego reintegraron manipuladas. Todo ello apoyado por manifestaciones frente a las gobernaciones civiles de todas las provincias, cuyos titulares optaron por no reprimirlas y marcharse antes de que asaltaran los edificios y les lincharan.

A medianoche, tras recibir los informes de las capitanías generales de las provincias, el ya general de división, Francisco Franco, jefe del Estado Mayor Central desde el 17 de mayo de 1935, llamó por teléfono al general Pozas, inspector general de la Guardia Civil, diciéndole que «se estaban sacando de las elecciones unas consecuencias revolucionarias que no estaban implícitas, ni mucho menos, en los resultados» e instándole a tomar medidas de prevención.

Al amanecer del 17, Gil Robles se entrevistó con Portela Valladares:

Deben darse —le dije— órdenes severísimas a los gobernadores para que actúen con toda energía en las secciones donde haya de repetirse la elección y después en las circunscripciones de segunda vuelta. Aún es tiempo, Portela, aún es tiempo. Tiene usted en sus manos los principales resortes del mando. Esos teléfonos bastan. Ellos les ponen en comunicación con las capitanías generales y con los gobiernos civiles de toda España. Prepárese a cualquier eventualidad, y empiece por declarar inmediatamente el estado de guerra.

Paralizado por lo que se le venía encima, Portela le dijo sentirse preocupado pues temía que la polarización pudiera desencadenar una guerra civil, pero que no estaba dispuesto a convertirse en dictador. Añadió que era demasiado viejo y enfermo (tisis), presidente de un Gobierno de transición, y un independiente sin partido propio; por todo lo cual, había decidido dimitir en cuanto se conociera el resultado final de las elecciones.

Al mediodía, tras un Consejo de Ministros presidido por Alcalá-Zamora, Portela anunció la implantación del Estado de Alarma durante ocho días, añadiendo que el Presidente le había entregado una autorización firmada para imponer la Ley Marcial donde lo juzgara necesario.

Durante ese día, se produjeron fugas masivas en varias cárceles del país: en San Miguel de los Reyes y en Cartagena, los presos desarmaron a los guardianes y se tirotearon con fuerzas del Ejército y la Guardia Civil. En la cárcel del Dueso, los soldados mataron a tres asaltantes. En Burgos, los presos se hicieron con el control de la cárcel. Asimismo, dimitieron los gobernadores de tres provincias y varias unidades militares salieron a las calles.

Aterrado por la presión de las izquierdas, Portela ordenó la apertura de las Casas del Pueblo clausuradas desde el Octubre Rojo y la libertad de Santiago Carrillo, de su padre Wenceslao, de Hernández Zancajo, y de De Francisco.

El día 18, El Socialista acosó a Portela exigiéndole dimitir sin esperar la segunda vuelta, el cómputo final y los plazos estipulados para el traspaso del Gobierno. Por la tarde, Franco le visitó y le propuso declarar el Estado de Guerra para cortar el paso a la revolución que él creía aproximarse:

Le transmití mis inquietudes y su responsabilidad si no se tomaban las previsiones obligadas en estos casos: que lo mismo que la Monarquía fue rebasada, podía serlo la República por el comunismo. Le recordé el optimismo de Kerenski, y cómo la falta de previsión trajo el comunismo ruso.

El 19, aumentaban las manifestaciones, incendios de iglesias y asaltos a cárceles. Portela presentó la dimisión de todo el Gobierno al presidente Alcalá, quien no la aceptó y, coincidiendo con Franco, insistió que debía declarar la Ley Marcial y esperar la apertura de las nuevas Cortes. Pero, sin esperar el escrutinio previsto para el día siguiente, ni la segunda vuelta, Portela traspasó los poderes como presidente del Gobierno a Azaña y huyó de Madrid. A continuación, renunciaron todos los ministros y los gobernadores civiles. A tono con el caos y la ilegalidad, Alcalá-Zamora aprobó la formación de un Gobierno presidido por Azaña:

En medio del desorden, hubo general y plena coincidencia sobre el llamamiento a un Gobierno del Frente Popular, y bajo el influjo de la necesidad, y en gran parte del temor, las oposiciones les abrieron paso.

Necesidad y temor: Al igual que en abril de 1931, el golpe de Estado electoral de las izquierdas revolucionarias y republicanas derrotadas en 1933, quedaba legitimado por un Gobierno en retirada.

A primeras horas de la tarde, Gil Robles optó por ignorar que faltaba la segunda vuelta en cinco provincias (Guipúzcoa, Álava, Vizcaya, Soria y Castellón) y el escrutinio oficial del día 16 que, como en 1931, nunca se publicaría. Hubo que esperar 35 años, para que un equipo coordinado por el historiador Javier Tusell recopilara pacientemente en las hemerotecas los totales originarios en cada distrito, estableciendo que hubo empate de votos globales entre izquierdas y derechas (votos ideológicos); un dato relevante, aunque no invalida que el Frente Popular de las izquierdas marxistas y republicanas, apoyadas por los anarquistas, obtuviera el 47% de los votos.

Payne reflexionaría sobre este empate de votos ideológicos:

Con todo, la relativa autenticidad del mapa electoral resultante de las elecciones, se confirmó más tarde, cuando comenzó la guerra civil. La división de España en dos zonas armadas se aproximó a los resultados electorales.

Y resumió la jornada en que se constituyó el Gobierno ilegal de Azaña:

La huida de Portela y sus colegas empeoró una situación de por sí difícil. La presión callejera de la izquierda había dado como resultado una toma izquierdista del Poder, inmediata, e inconstitucional, antes de que se hubieran escrutado adecuadamente los resultados electorales.

Gil Robles, después de una segunda entrevista con Portela, dejaría otro testimonio de su resignación:

Resultaba inútil proseguir la lucha. El plan de las izquierdas triunfaba en toda línea. Un clima de terrorismo se extendía rápidamente por toda España. En las secciones donde hubo de repetirse la votación por rotura de urnas, se impusieron ya de manera violenta los candidatos del Frente Popular. El abandono y la dejación del poder fueron absolutos.

Contradiciendo el tópico de que la Historia nunca se repite, al igual que en abril de 1931, Azaña y Largo Caballero, aliados con los comunistas en el Frente Popular y receptores de los decisivos votos anarquistas, habían manipulado las elecciones para dar un golpe de Estado. Gracias a un Presidente de Gobierno que renunciaba y huía sin seguir procedimiento constitucional alguno.

Una vez más, las izquierdas determinaron el rumbo de la política nacional gracias a su precisa fijación del objetivo estratégico, iniciativa táctica, concentración de fuerzas, utilización de la violencia, movilización de masas y astuto manejo del caos institucional. Volvieron a dejar en ridículo a unas derechas divididas, acomplejadas y timoratas que, enredadas en un legalismo paralizante («no debemos provocar una crisis de Gobierno, nos acusarían de ser golpistas», decía Gil Robles a su partido en pleno golpe de Estado), no movilizaron legítimamente a sus millones de votantes en las calles para exigir el cumplimiento de la ley electoral y la defensa de la Constitución republicana pisoteada por sus propios redactores.

En última instancia, el gran error de las derechas, y particularmente de la poderosa CEDA, fue subestimar al Frente Popular; y a la Komintern que lo fundó y dirigía por intermedio de un minúsculo PCE que había conseguido empujar al PSOE hacia el leninismo mediante los topos infiltrados por Codovilla.

La presencia operativa de la Komintern en España merece un inciso:

Sin duda, uno de los hechos políticamente más escandalosos, fue la impunidad con que los agentes del «partido de la revolución mundial» pudieron desarrollar su actividad subversiva. Pocas semanas después de proclamarse la República, se instalaron en Barcelona el miembro del Secretariado Latino, Jacques Duclos, el representante de la Profintern (Internacional Sindical Roja), Claude Rabaté, y el delegado de la KIM (Internacional Juvenil Comunista), Erno Gerö.

Este equipo de revolucionarios profesionales dedicados a desarrollar el PCE, no despertó la curiosidad de aquellos singulares ministros de Gobernación que llamaban alborotos y chispazos a las insurrecciones. Éstos, y otros agentes y delegados de primera fila, como Togliatti, Humbert-Droz o Stoyán Mínev, entraban y salían del país con absoluta libertad, y desde diciembre de 1932 dispusieron de una potente emisora radiotelegráfica para comunicarse con Moscú, evitando así los engorrosos telegramas en clave y los largos viajes organizados por la sección de relaciones exteriores de la Komintern, supervisada por la NKVD. Stalin envió a España la élite de su aparato revolucionario internacional y resulta fácil comprender tanto interés: por ser «la llave del Mediterráneo», y por el potencial revolucionario de sus izquierdas.

14
ESTRATEGIA DE LA TENSIÓN

Como durante el Mayo de fuego, Azaña se mostró comprensivo con los incendios de iglesias tras la jornada electoral: «La irritación de las gentes se desfoga en iglesias y conventos» dijo, sin explicar porqué «las gentes» estaban irritadas con la Iglesia.

Las primeras medidas confirmaron los peores augurios de las derechas:

A las 48 horas del golpe dado el 19 con la formación del Gobierno de facto, se aprobó una Amnistía general para todos los presos por «delitos políticos». Una farsa jurídica, puesto que, como en 1931, ese Gobierno era ilegítimo, y en cuanto a los presos, gracias a las milicias ya estaban en la calle el día 17. A continuación, fueron reincorporados a sus puestos los alcaldes y guardias socialistas implicados en las insurrecciones de Octubre, y milicianos comunistas y socialistas armados ocuparon las gobernaciones civiles.

Al salir de la cárcel, Companys elogió la insurrección de octubre en un discurso radiofónico.

El 26 de febrero, Azaña dejó sin efecto la suspensión del Estatuto de Cataluña, y por la tarde, el secesionista Companys acudió a un acto del PCE en la madrileña plaza de toros de Las Ventas, donde alzó el puño bolchevique en una tribuna rebosante de banderas rojas y retratos de Lenin y Stalin.

El 27 de febrero, Azaña ordenó por decreto clausurar las sedes de Falange Española en todo el país; otra medida dictatorial y delictiva, puesto que era un partido político legal.

Los incendios de iglesias continuaban ante la cómplice indiferencia del Gobierno: entre el 21 y el 28 de febrero fueron incendiadas diecinueve en todo el país.

El 1 de marzo, las milicias socialistas y comunistas festejaron en Madrid la victoria del Frente Popular desfilando uniformadas y cantando La Internacional.

Otro decreto de Azaña, ordenó que los trabajadores despedidos por huelgas fueran readmitidos en sus empleos, debiendo los empresarios abonarles los sueldos no percibidos, hasta un máximo de seis meses. La prensa dio a conocer el caso de una viuda que se negó a readmitir en su tienda al asesino de su marido. Lógicamente, no le pagó ni un céntimo, pero, ante las amenazas, debió cerrar la tienda.

El 2 de marzo se celebró la segunda vuelta en las cinco provincias antes citadas, y solo con candidatos de las izquierdas, pues las amenazadas derechas no concurrieron. Obviamente, las ganó el Frente Popular. Ante tal ofensiva, la CEDA solo atinó a insistir que ellos eran la derecha de la República y que seguirían actuando dentro de la legalidad. Desde El Debate pidieron:

Concordia civil, obediencia a la ley, disolución de las milicias, un programa económico realista y respeto para la educación religiosa.

Al finalizar el escrutinio general, se confirmó el empate en votos del día 16, pero el Frente Popular obtuvo 227 escaños, 131 las derechas y 60 el centro. Las irregularidades de estas elecciones fueron reconocidas por Alcalá-Zamora; golpista electoral él mismo, por cierto, y responsable de haberlas convocado sin necesidad alguna y en medio de un escenario político guerracivilista:

El Frente Popular llegó a esa mayoría absoluta en las etapas del sobreparto electoral; todas de ilicitud y violencia manifiestas. La fuga de los gobernadores permitió que la documentación electoral quedara en poder de subalternos, carteros, peones camineros o sencillamente audaces asaltantes. Las elecciones de la segunda vuelta fueron resultado de coacciones. ¿Cuántas Actas falsificaron? Lo de Cáceres no podía negarse. En cuanto a La Coruña y toda Galicia, como también Almería, todas las elecciones deben considerarse nulas aunque documentalmente aparezcan válidas. El cálculo más generalizado de las alteraciones postelectorales las refiere a 80 Actas. En la historia parlamentaria de España no hay memoria de nada comparable a la Comisión de Actas del Congreso de 1936.

Para el historiador Javier Tusell:

Si las irregularidades no afectan a la suma total de sufragios obtenidos por ambas fuerzas políticas, en cambio el número de diputados se vio gravemente afectado por su discusión de las actas en las Cortes, a la que merecidamente se puede calificar de penosa. De esta discusión de las actas hay, además, que hacer especialmente responsable a la izquierda burguesa, pues buena parte del socialismo y del comunismo se colocaban ya al margen del sistema democrático. Fue la izquierda republicana, que teóricamente constituía el puntal más firme y la base de la República, la que se benefició más de las modificaciones en las actas de manera directa.

El 3 de marzo, las Cortes declararon anticonstitucional la suspensión del Estatuto de Cataluña.

El 6 de marzo, la ofensiva contra Falange Española pasó de la ilegalización al asesinato. La nueva etapa comenzó en Madrid, donde pistoleros sindicales mataron a dos albañiles falangistas por no secundar una huelga. Y en Galicia, donde asesinaron a otros cuatro por igual motivo. Al día siguiente, falleció un joven dirigente de Falange tiroteado días antes en Palencia.

El 10 de marzo, las izquierdas declararon una huelga general en Granada, durante la cual incendiaron las oficinas del periódico El Ideal, sedes políticas y varias iglesias; pero lo más grave fue la decisión del Gobernador Civil, de autorizar que las milicias socialistas y anarquistas realizaran «funciones policiales auxiliares». Como los Hilfspolizei y las SA de la Alemania nazi. El Gobernador fue destituido, pero su inaudita medida se convertiría en una práctica generalizada durante los gobiernos del Frente Popular, hasta el punto de que pistoleros del PSOE se integraron extraoficialmente en patrullas de la policía y de la Guardia de Asalto. Con estos pistoleros se formarían tras el 18 de julio las primeras Checas. Los «policías auxiliares» de Granada fueron organizados por el teniente de Asalto, José del Castillo: el que instruyó en Madrid a las milicias socialistas para el Octubre Rojo.

Luego, resultó evidente que en Granada los marxistas ensayaron el plan destinado a aniquilar a las derechas para despejar el camino hacia el control del Estado; uno de los objetivos fijados por la Komintern, que debería conseguirse mediante la estrategia del «doble poder» propuesta por Lenin en Las Tesis de Abril para que los Soviets de diputados obreros de la Duma impidieran al socialdemócrata Kerenski consolidar la República.

Los atentados contra Falange Española continuaban: en sólo veinticinco días, ya habían muerto catorce militantes.

El 13 de marzo, los falangistas madrileños dispararon contra el diputado socialista Luis Jiménez de Azúa, un troyano del PCE y miembro de la Asociación de Amigos de la Unión Soviética junto con Juan Negrín, Victoria Kent, Rafael Alberti y Margarita Nelken. Pero fallaron, y mataron al policía que le custodiaba. Era inevitable que los falangistas decidieran protegerse y vengar a sus muertos, pero al hacerlo favorecieron a otra estrategia de la Komintern: crear una tensión permanente mediante el terrorismo hasta desencadenar la reacción de las derechas.

Continuando su dinámica de acción-reacción, durante el funeral del guardaespaldas de Jiménez de Azúa los milicianos socialistas incendiaron el periódico La Nación y las iglesias San Luis de los Franceses y San Ignacio, asesinando a balazos en esta última, a dos bomberos que se negaron a retirarse.

Continuando esta ofensiva contra la Falange, el 14 de marzo Azaña ordenó detener a sus líderes, incluido José Antonio Primo de Rivera; y cuatro días después, el partido fue ilegalizado por «tenencia ilícita de armas y actividades violentas».

Esta nueva provocación era, además, una ironía de la historia: los falangistas, que el 6 del Octubre Rojo se manifestaron en la Puerta del Sol apoyando la legalidad republicana, eran encarcelados por el golpista Azaña y las izquierdas insurreccionales de Asturias. Más tarde, un tribunal anuló los cargos contra José Antonio, pero Azaña utilizó argucias legales para mantenerle encarcelado; lo que terminaría siendo una sentencia de muerte.

La «estrategia de la tensión», destinada a desestabilizar la República y radicalizar a las derechas comenzaba a dar sus frutos: las Juventudes de la CEDA, desencantadas con la política legalista y moderada de Gil Robles, comenzaron a afiliarse a Falange Española.

El 17 de marzo, Azaña escribía a su cuñado, Cipriano Rivas Cherif:

Hoy nos han quemado en Yecla 7 iglesias, 6 casas, todos los Centro políticos de derecha y el Registro de la Propiedad. A media tarde, incendios en Albacete. Ayer, motín y asesinatos en Jumilla. El sábado, Logroño, el viernes en Madrid: tres iglesias. El miércoles y el jueves, Vallecas. En la calle Caballero de Gracia han apaleado a un comandante vestido de uniforme, que no hacía nada. En Ferrol a dos oficiales de artillería, en Logroño acorralaron y encerraron a un general y cuatro oficiales. Creo que van más 200 muertos y heridos desde que se formó el gobierno (28 días), y he perdido la cuenta de las poblaciones en que han quemado iglesias y conventos. Ahora vamos cuesta abajo por la anarquía, por la taimada deslealtad de la política socialista, por la brutalidad de unos y otros, por la incapacidad de las autoridades, por los disparates del Frente Popular, por los despropósitos que empiezan a decir algunos diputados republicanos. No sé cómo vamos a dominar esto.

Produce estupor comprobar hasta qué punto Azaña ignoraba sus responsabilidades. «Incapacidad de las autoridades», dice el Presidente del Gobierno y jefe del Ministro responsable del orden público. ¿Desleal el PSOE que en la campaña repitió hasta la saciedad que el Frente Popular sólo era una etapa táctica hasta desencadenar la revolución social y la dictadura del proletariado? ¿Brutalidades de unos y otros, pero ilegalizando y encarcelando sólo a los falangistas que replicaron las agresiones? ¿Preocupado por los incendios de iglesias y conventos el más fóbico de los anticlericales republicanos, que en 1931 consintió el pogromo de mayo y diseñó la legislación antirreligiosa de octubre; y que en 1932 decretó la disolución de la Compañía de Jesús y el cierre de los colegios religiosos?

El historiador Luis Romero resumió así la situación:

El gobierno se ve incapaz de controlar el orden, y los incidentes con muertes y heridos graves salpican toda España. Asesinatos políticos; templos, conventos y centros derechistas incendiados (…) La fórmula política encubierta con las palabras Frente Popular, era la revolución misma, significaba la posibilidad de hacer la revolución con impunidad completa. Son los elementos del Frente Popular los que cubren, dirigen y mantienen la subversión. Los republicanos estaban obligados a pagar en mala moneda la victoria que el Frente Popular les había dado (…) Los autores de los atentados, incendios y demás, son socialistas y comunistas; y en ocasiones, anarcosindicalistas. Las derechas tampoco demostraban ser mancas, aunque en este periodo, por lo general, actuaban a la defensiva.

Como otro paso más hacia la infiltración en las instituciones, el PSOE y el PCE exigieron a Azaña ocupar la mayoría de las candidaturas en las elecciones municipales, en perjuicio de sus aliados republicanos. Entusiasmados por sus triunfos tácticos presionaban a la izquierda burguesa, tal como enseñaba la Komintern en su Escuela Leninista de Moscú: «exprimirlos como limones y tirarlos a la basura».

El «compañero de viaje» Azaña, continuaba, en su carta a Rivas Cherif:

Han cometido la ligereza de decir que eso lo hacen para dominar la República desde los ayuntamientos y proclamar la dictadura y el soviet, con el resultado de que el hombre neutro (el ciudadano corriente) está asustadísimo. El pánico de un movimiento comunista es equivalente al pánico de un golpe militar.

Stanley Payne, comenta así esta carta:

El jefe del gobierno creía que el papel kerenskista que (los marxistas) asignaban a los republicanos de izquierda, no era sino una pose teatral. Antes que hacer frente al problema, Azaña prefirió ignorarlo. Sánchez Albornoz le propuso formar una mayoría parlamentaria sin los socialistas, pero para Azaña aquello era un anatema. No tenía ninguna esperanza de llevar a cabo su utopía decimonónica y pequeño burguesa de radicalismo anticlerical en el siglo XX, sin contar con el apoyo de los socialistas, y parecía incapaz de comprender que, más que refrenar el proceso revolucionario, se había convertido en su garante.

Mientras tanto, el PCE alimentaba la tensión con exigencias de castigo a los «guardias civiles y militares fascistas» que reprimieron a los mineros asturianos. Hubo un famoso discurso de Dolores Ibárruri; demagógico, pero cargado de una lógica revolucionaria que Azaña no supo ver: «Simple retórica», comentó.

Vivimos en una situación revolucionaria que no puede ser demorada con obstáculos legales de los que ya hemos tenido demasiados desde el 14 de abril. El pueblo impone su propia legalidad y el 16 de febrero pidió la ejecución de sus asesinos. La República debe satisfacer las necesidades del pueblo. Si no lo hace el pueblo la derribará e impondrá su propia voluntad.

El texto enuncia dos verdades: efectivamente, la situación era revolucionaria, y a los marxistas la legalidad burguesa les tenía sin cuidado. Luego, como toda secta mesiánica y «Partido vanguardia de la clase obrera», hablan «en nombre del pueblo» e interpretan el sentido de su voto. Ésta es la parte retórica, pero no la anterior, ni mucho menos la siguiente: exigen a la República (no al Gobierno) la ejecución de los represores de Asturias o, en caso contrario, la derribarán e impondrán su propia voluntad, es decir, su República Popular. Era un mensaje de alto voltaje político enviado por el PCE a sus aliados burgueses y al régimen. Los revolucionarios profesionales formados en Marx y Lenin, y dirigidos por la eficiente Komintern que operaba desde una perspectiva mundial de la revolución, les estaban «bajando línea» con la tradicional precisión semántica leninista. Pero ellos no se enteraban. En su formación cultural no habían entrado ni siquiera los textos básicos del marxismo.

La presión del PCE y del PSOE fue tan intensa, que Azaña ordenó la detención de López Ochoa, el eficiente general de la República en Asturias; y a Franco lo nombró Capitán General de las lejanas Islas Canarias. Siguiendo el Programa del PCE, respecto a la republicanización del Ejército, también fueron reubicados otros generales anticomunistas: Fanjul pasó a situación de disponible, Goded fue destinado a las islas Baleares y Mola pasó del Marruecos español a Pamplona.

En pocos días, la cadena de mando quedó en manos de generales «republicanos» y la depuración del Ejército alcanzaría proporciones espectaculares: en sólo cinco meses cambiaron de destino 206 capitanes, 99 comandantes, 68 tenientes coroneles y 26 coroneles.

A estas alturas, muchos militares decidieron que las cosas habían llegado demasiado lejos y comenzaron a considerar la posibilidad de frenar la amenaza revolucionaria, para lo cual potenciaron la inactiva organización UME: Unión Militar Española, fundada en 1933. También sondearon la opinión de los oficiales, de la CEDA y del Bloque Nacional liderado por Calvo Sotelo. Para la derecha civil y militar, que habían captado la extrema gravedad del Octubre Rojo, había llegado la hora de reaccionar.

Los comunistas, que lentamente iban aumentando su influencia en el Frente Popular gracias a su homogeneidad doctrinal, audacia política y disciplina organizativa, fundaron la UMRA: Unión Militar Republicana Antifascista.

Continuando con la provocación al Ejército y las amenazas a sus socios burgueses, en un mitin celebrado en Barcelona, «Pasionaria» advirtió que:

Azaña y Companys estarían en el poder mientras cumplieran el programa del Frente Popular; en caso contrario el pueblo pasará por encima de ellos. Llamó a hacer «una limpieza» en el Ejército librándolo de burgueses, y organizar cuanto antes el Ejército proletario.

En resumidas cuentas, los comunistas cumplían a rajatabla la estrategia unitaria de la Komintern y, en particular, en cuanto a los tiempos, tal como Manuilski había insistido en una carta enviada al secretario del PCE, José Díaz, horas después del triunfo electoral, advirtiéndole: «las primeras semanas que vienen tienen una significación capital, incluso decisivas, para la suerte misma de la revolución en España».

Ya el 18 de febrero, Mundo Obrero había insistido en:

Completar la revolución democrático-burguesa, conseguir que el proletariado y el campesinado asuman la responsabilidad de hacer al pueblo español tan feliz y libre como el soviético por la victoriosa realización del socialismo a través de la dictadura del proletariado.

Hablar de «libertad y felicidad del pueblo soviético» cuando millones de campesinos ucranianos y rusos estaban siendo exterminados por hambre durante la colectivización forzosa de la agricultura, el brutal desarrollo de la industria pesada y los campos del Gulag; y cuando faltaban pocos meses para que Stalin desatara el Gran Terror y los Procesos de Moscú contra la izquierda del Partido y del Ejército Rojo, revela el grado de sometimiento del PCE al Estado soviético que le financiaba y dirigía.

Gracias a la complicidad de Azaña, los comunistas estaban exultantes. Propusieron al PSOE:

Fusionarse en el partido único marxista-leninista del proletariado sobre la base de una independencia completa con la burguesía. Ruptura del bloque de la socialdemocracia con la burguesía. Reconocer la necesidad del derrocamiento revolucionario de la dominación de la burguesía, la instauración de la dictadura del proletariado en la forma de Soviets y edificación del Partido sobre la base leninista del centralismo democrático.

El ala socialdemócrata del PSOE liderada por Julián Besteiro, reconocía su derrota en palabras de Gabriel Mario de Coca.

Cierro mi trabajo con la impresión del triunfo bolchevique en todos los frentes del partido. En las Cortes Prieto tendrá escasos diputados a su favor y Besteiro está completamente solo. La impresión que todo esto deja en relación al porvenir obrero y nacional no puede ser más pésima. El ciempiés bolchevique está solo y señor en el horizonte proletario, y mi marxismo sólo puede imaginar que va en busca de una de sus rotundas victorias.

Respecto a las reformas económicas y políticas, Stanley Payne señala que:

En ningún momento se discutió con seriedad cómo podría funcionar exactamente un gobierno minoritario de republicanos de izquierda que dependía del respaldo de los revolucionarios, ya que éstos habían dejado claro que no aceptaban el programa del Frente Popular como base de gobierno a largo plazo, sino sólo como una etapa en la intensificación de su propio poder. Mientras los republicanos de izquierda hablaban de republicanización y sus aliados revolucionarios de prepararse para la dictadura revolucionaria, desapareció cualquier discurso de democracia.

15
ESTRATEGIA DEL DOBLE PODER

El 25 de marzo, los sindicatos agrarios del PSOE desencadenaron la ocupación masiva de 3000 fincas en Badajoz, en la que participaron 60 000 jornaleros que incendiaron cortijos, talaron árboles, y masacraron salvajemente al ganado cortándoles las patas con hachas para que se desangraran en una larga agonía. El Gobierno de Azaña envió tropas del Ejército, pero cinco días después las retiró y legalizó algunas ocupaciones con la esperanza de calmar a los socialistas. Como era de esperar, consiguió todo lo contrario: alentadas por estas muestras de debilidad, multiplicaron las ocupaciones ante la indefensión jurídica y el terror de sus propietarios. Una vez más, la complicidad de Azaña sólo conseguía envalentonar a las izquierdas, convencerlas de que por medio de la violencia podían conseguirse objetivos políticos.

Socialistas y comunistas también arrancaron al Gobierno de Azaña una ley que obligaba a los empresarios agrícolas contratar una cantidad mínima de peones al margen de las necesidades de producción y ciclos de siembra y cosecha; trabajaran o no, cobrarían un sueldo fijo todo el año. Asimismo, se prohibió a los empresarios comprar más tractores, porque, alegaban, destruían puestos de trabajo. Esto provocó un descenso de la producción, quiebras, más paro, desabastecimiento, aumento de precios e inflación. Durante las ocupaciones, algunos terratenientes fueron asesinados y otros dispararon a los invasores de sus propiedades matando a algunos. La Guardia Civil, un cuerpo de seguridad esencialmente rural, fue mantenida al margen.

En el sector industrial y de servicios, los omnipotentes sindicatos lograron implantar la obligación de contratar un mínimo de trabajadores, la duplicación de los salarios y la reducción de la jornada laboral a 36 horas. Como en el caso agrario, estas medidas irracionales y demagógicas provocaron una oleada de quiebras que, a su vez, desencadenaban las consiguientes huelgas en defensa de los puestos de trabajo.

En palabras de Salvador de Madariaga:

Salieron de las cárceles miles de presos y aumentaron en proporción aterradora los desórdenes y violencias, volviendo a elevarse llamaradas y humaredas de iglesias y conventos. Continuaron los tumultos en el campo: invasiones de granjas, destrucción de ganado, incendios de cosechas. Pululaban por todo el país agentes revolucionarios a quienes interesaba mucho menos la reforma agraria que la revolución. Huelgas por doquier, asesinatos de personajes políticos. Había entrado el país en una fase francamente revolucionaria. Ni la vida ni la propiedad contaban con seguridad alguna. Era el caso del modesto médico o abogado de Madrid con un chalecito de cuatro habitaciones y un huerto de tres pañuelos. Veían como le ocupaban la casa obreros del campo, ni faltos de techo ni comida, alegando su derecho a hacer la cosecha de su trigo; diez hombres para hacer la labor de uno, y a quedarse en casa hasta que la hubieran terminado. Era el jardinero de la colonia de casas baratas que venía a conminar a la muchacha que regaba los cuatro rosales del jardín a que se abstuviese de hacer un trabajo que pertenecía a los jardineros sindicados. Era la intentona de prohibir a los dueños de automóviles que los condujeran ellos mismos, obligándoles a tomar un conductor sindicado. Era la huelga de albañiles en Madrid con una serie de demandas absurdas, el empleo de la bomba y del revólver de obreros contra otros obreros por la aceptación o rechazo de un laudo.

El 26 de marzo, el periódico anarquista Solidaridad Obrera, defendía su espacio político afirmando que «la revolución en España sería libertaria, y no una dictadura marxista».

El 2 de abril, el diario socialista Claridad llamaba a formar «milicias del pueblo» en todo el país; y el día 5, en un mitin de las milicias socialistas y comunistas presidido por Largo Caballero, Santiago Carrillo proclamó la fusión de ambas organizaciones bajo el nombre de Juventudes Socialistas Unificadas, de las que sería Secretario General.

El 9 de abril, el Gobierno anunció que los triunfos electorales de la derecha en las provincias de Cuenca y Granada… quedaban anulados, y que se convocaban nuevas elecciones para el 5 de mayo.

El 15 de abril, Calvo Sotelo leyó en las Cortes las cifras de la violencia: en los primeros cuarenta y cinco días desde las elecciones, 74 personas habían sido asesinadas y 345 heridas en enfrentamientos y atentados. Asimismo, fueron incendiadas 73 sedes de partidos de derecha y 142 iglesias.

Citando afirmaciones provocativas de líderes de las izquierdas, acerca de que sólo se trataba «del comienzo de la destrucción revolucionaria», les contestó desafiante que, como opuesta a la dictadura del proletariado, «yo quiero decir en nombre del Bloque Popular Nacional, que España podría salvarse también con un Estado autoritario y corporativo».

Pragmático y conciliador, Gil Robles se mostró dispuesto a apoyar las reformas del Frente Popular, pero lanzó a las izquierdas una advertencia que pasaría a la historia:

Una masa considerable de la opinión, que es por lo menos la mitad de la nación, no se resigna implacablemente a morir, os lo aseguro. Si no puede defenderse por un camino se defenderá por otro. Frente a la violencia que desde allí se propugne, surgirá la violencia por otro lado y el poder público tendrá el triste papel de mero espectador de una contienda ciudadana en la que se va a arruinar, material y espiritualmente a la nación.

Y añadió, dirigiéndose a Azaña:

Yo creo que Su Señoría va a tener dentro de la República otro sino más triste, que es el de presidir la liquidación de la República democrática. Cuando la guerra civil estalle en España, que se sepa que las armas las ha cargado la incuria de un gobierno que no ha sabido cumplir con su deber frente a los grupos que se han mantenido dentro de la más estricta legalidad.

Así estaban las cosas.

Cuando Calvo Sotelo dijo que el caos duraba demasiado, la fogosa diputada socialista Margarita Nelken, que en julio organizaría la entrega de fusiles al PSOE y en noviembre alentaría junto con Dolores Ibárruri y el poeta Rafael Alberti la masacre de Paracuellos, le gritó: «Y lo que durará».

José Díaz, secretario general del PCE, amenazó de muerte a Gil Robles:

El señor Gil Robles decía de una manera patética que ante la situación que se puede crear en España era preferible morir en la calle que de no sé qué manera. Yo no sé cómo va a morir Gil Robles, pero sí puedo afirmar que si se cumple la justicia del pueblo morirá con los zapatos puestos.

Excitada, como siempre que oía hablar de venganza, Dolores Ibárruri desató una histérica cascada de amenazas exterminadoras. El presidente de las Cortes, Diego Martínez Barrio, se limitó a indicar que esas palabras no se registraran en el Diario de sesiones.

El 18 de abril, Largo Caballero declaró en la Agrupación Socialista de Madrid:

La dictadura del proletariado es un postulado indeclinable. Puede darse el caso de que la clase obrera llegue al poder por una mayoría parlamentaria. Pero ¿qué hacer después? Tendrá que establecerse la dictadura proletaria.

El experimento de Granada, relativo al encuadramiento de milicianos socialistas en los «grupos auxiliares de policía», se extendía por todo el país. El 20 de abril, Mundo Obrero entrevistó al gobernador civil de Asturias, don Rafael Bosque: «un cuadro político de Azaña», aclaraba el diario del PCE.

Yo he nombrado delegados gubernativos del Frente Popular en toda Asturias, los cuales, con sus camaradas y autoridades obreras y republicanas realizan batidas antifascistas. Un cura, un secretario de Ayuntamiento y dos médicos están en la cárcel (…) Los delegados gubernativos del Frente Popular cumplen admirablemente su cometido; y añadiré una cosa: hay delegados comunistas en varios pueblos y estoy admirado del celo y mesura con que realizan su papel, con un sentimiento intachable de la justicia.

«El gobernador —dice el corresponsal Eusebio Cimorra— debe referirse a nuestro camarada de Teverga, que tiene en la cárcel al telegrafista y al secretario judicial. El primero atiende el telégrafo durante el día y a la noche regresa a la cárcel. Acaso se refiera también, a nuestro camarada Fermín López, condenado a muerte en octubre y hoy delegado de la autoridad del Frente Popular, que con los camaradas de las milicias vigila a los fascistas y a la Guardia Civil».

La declaración del Gobernador de Asturias, certifica la situación de terror y doble poder implantado por las izquierdas con la complicidad del partido y el Gobierno de Azaña, y tornaba verosímil la denuncia hecha por Calvo Sotelo respecto a desfiles de milicianos armados en Asturias. Estas palabras del Gobernador, y del corresponsal de Mundo Obrero, confirmaban:

Que la utilización de pistoleros encuadrados como delegados gubernativos o fuerzas auxiliares cumpliendo funciones parapoliciales, estaba extendida por toda España.

Que eran reclutados y dirigidos por los gobernadores civiles y dirigentes sindicales; y que detenían y encarcelaban a los opositores políticos.

Que todo ello, respondía a la estrategia de un doble poder sustentado en aparatos parapoliciales, parajudiciales y paracarcelarios tolerados por el Gobierno.

Esta dimensión paraestatal, explica la certeza de impunidad que animó al Gobernador a atreverse a hacer declaraciones de tal gravedad, y a tener secuestrado al secretario de un Juzgado. Es de imaginar, que ante el silencio de un juez aterrorizado.

Por aquellos días, estos grupos, émulos de la Guardia Roja bolchevique y embriones de las Checas, se atrevieron a robar en su casa, y luego encarcelar, nada menos que a familiares de Alcalá-Zamora, quien ni siquiera exigió una investigación. «El gobierno me ocultaba cuanto ocurría, y mi teléfono estaba intervenido», se lamentó en sus Memorias el Kerenski que, empecinado en no permitir gobernar a la CEDA en 1933, y tras las crisis de los Radicales durante 1935, convocó arbitrariamente las elecciones que ganaría el Frente Popular y avaló la primera fase de su dictadura firmando los decretos que le presentaba Azaña. Una cobardía y complicidad, que trató de justificar en sus Memorias despotricando contra el Presidente del Gobierno. Aunque haciendo del jacobino, un retrato psicológico acertado.

Incoherente, contradictorio; una personalidad desdoblada en un desorden espiritual que era el eco de la lucha entre el sonrojo de tolerarlo todo y la necesidad de consentirlo, hasta que, realizado el plan e instalado él en la jefatura del Estado, pudiera prescindir de los que con la violencia le permitieran escalar aquélla. Formóse la ilusión de que una vez vencedor, podría anular el socialismo y el sindicalismo, por los que no sentía afinidad ideológica, ni siquiera impulsión emotiva de justicia social. Me ha dicho en Francia una persona bien informada que Azaña, para imponerse como poder omnímodo, requirió sin éxito el apoyo del Ejército a través de los dos hermanos y generales, Cabanellas.

El 1.o de Mayo, Prieto dio un discurso en el Teatro Cervantes, de Cuenca, protegido por su espectacular guardia personal conocida como «la motorizada»: treinta matones armados con pistolas ametralladoras Máuser que exhibían ostensiblemente. Un grupo totalmente ilegal, pues ni tenían licencia para portar esas armas, ni podían actuar como custodios.

¡Basta ya! ¡Basta ya! ¿Sabéis por qué? Porque en esos desmanes cuya explicación os he dado, no veo signo alguno de la fortaleza revolucionaria. Si lo viera, quizá los exaltase. No, un país puede soportar la convulsión de una revolución verdadera, pero lo que no puede soportar es la sangría constante, el desorden público sin finalidad revolucionaria inmediata; lo que no soporta una nación es el desgaste de un poder público y de su propia vitalidad económica, manteniendo el desasosiego, la zozobra y la intranquilidad. De ese desasosiego no tarda en sufrir los efectos perniciosos la propia clase trabajadora en virtud de trastornos y posibles colapsos de la economía. En el exterior, España es hoy un país sobre el cual se ha colgado el letrero de insolvente. Si el desmán y el desorden se convierten en un sistema perenne, no se va a la consolidación de la revolución, ni se va al socialismo, ni se va al comunismo; se va a una anarquía desesperada que ni siquiera está dentro del ideal libertario; se va a un desorden económico que puede acabar con el país.

Por la mañana, sus pistoleros habían preparado «el ambiente» incendiando una iglesia, varios comercios de «derechistas», el Casino de la ciudad y el local de la CEDA. Ninguno fue detenido.

En su libro Cartas a un escultor, Prieto recordó:

Cuando llegué al Teatro, humeaban cerca de allí las cenizas de la hoguera en que habían ardido los enseres de un Casino derechista asaltado por las masas populares, y en un hotel hallábanse sitiadas desde la víspera significadísimas personalidades monárquicas. El ambiente era de frenesí.

Respecto a la campaña electoral en Granada, escribiría el historiador Macarro Vera:

Se realizó en un clima de auténtico terror por parte de la izquierda, sin parangón con cualquier elección anterior. Las milicias socialistas y comunistas, en la calle impusieron su ley paseando armados, cacheando y atacando físicamente en muchas ocasiones a los enemigos de clase; hasta deteniéndolos, sin que las autoridades hicieran mucho por impedirlo. Los resultados fueron escandalosos.

El 5 de mayo, se celebraron estas elecciones en Cuenca. Huelga decir, que las ganó el Frente Popular.

En aquella República suicida, que se encontraba al borde de la catástrofe por culpa de gobernantes políticamente cobardes y psicológicamente paralizados por el terror rojo, ni las Cortes se libraban de los vientos guerracivilistas que soplaban sobre el país.

El socialista Antonio Ramos Olivera resumió en Historia de España:

Las Cortes, desde que comenzaron a funcionar, asfixiaban al gobierno y actuaban de caja de resonancia de la guerra civil, pues devolvían a la nación, centuplicada, su propia turbulencia. Los diputados se injuriaban y agredían de obra, y como casi todos iban armados, podía temerse cualquier tarde una catástrofe. En vista de la frecuencia con que se exhibían armas de fuego, se adoptó la denigrante precaución de cachear a los legisladores a la entrada.

En el terreno institucional las cosas también se complicaban, hasta el punto de que, el 7 de abril, Alcalá-Zamora había sido depuesto como Presidente de la República y reemplazado, el 11 de mayo, por Azaña. Otra jugada del eterno golpista, posibilitada por embarullados tecnicismos constitucionales. El Gran Soberano del Grande Oriente Español, Diego Martínez Barrio, continuó como presidente de las Cortes, y el «hermano» Casares Quiroga (Izquierda Republicana, de Azaña) ocupó la presidencia del Gobierno.

El PCE seguía provocando al Ejército. Antonio Mije, durante un desfile en Badajoz de las Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas, amenazó:

Yo supongo que el corazón de la burguesía de Badajoz no palpitará normalmente desde esta mañana, al ver como desfilan por las calles con el puño en alto las milicias uniformadas; al ver cómo desfilaban esta mañana millares y millares de jóvenes obreros y campesinos que son los hombres del futuro Ejército Rojo. Este acto es una demostración de fuerza, es una demostración de energía, es una demostración de disciplina de las masas obreras y campesinas encuadradas en los partidos marxistas, que se preparan para, muy pronto, terminar con esa gente que todavía sigue en España dominando de forma cruel y explotadora.

El 31 de mayo, el enfrentamiento entre Largo Caballero y Prieto estalló en un mitin organizado en Écija (Sevilla) por el segundo. Negrín fue apaleado, y Prieto huyó bajo una lluvia de balas mientras «la motorizada» cubría su retirada disparando sus pistolas ametralladoras al aire. La Guardia Civil se limitó a impedir el linchamiento de Negrín.

Salvador de Madariaga escribiría sobre este enfrentamiento, y sobre otros similares, como el de Egea de los Caballeros:

La circunstancia que hizo inevitable la guerra civil en España fue la guerra civil dentro del partido socialista.

El 14 de junio, Largo Caballero ratificaba ante las Juventudes Socialistas de Oviedo cuál había sido el verdadero objetivo del Octubre Rojo:

El movimiento de Octubre iba dirigido a hacer una revolución social en España; tenía un programa, el programa del Partido Socialista, que es la socialización de los medios de producción y de cambio. Esa ideología es la que presidía el movimiento de Octubre.

Otra joya documental sobre el Octubre Rojo, fue el editorial del diario socialista de Oviedo, Avance, del 15.6.1936:

El proletariado asturiano se alzó en armas en octubre de 1934 para derribar, en unión de sus hermanos de clase de toda España, el gobierno capitalista y sustituirlo por el Poder de los trabajadores; no para sustituir a un gobierno republicano por otro gobierno republicano. Quien diga lo contrario, no dice la verdad, ya por confusión que él padezca, ya porque quiere sembrarla. La sacudida revolucionaria no se produjo porque el cacicuelo andaluz (Alcalá) que presidía la República hubiese llamado a Gil-Robles en vez de llamar a Azaña, sino en la creencia de que era posible en aquella coyuntura dar el asalto al Poder sin el cual no es concebible el paso de un régimen a otro.

¿Y Azaña?

Como señalara el historiador Alcalá Galve en su libro Alcalá-Zamora y la agonía de la República:

Una visión de conjunto a su trayectoria política muestra que su izquierdismo no fue programado sino progresivo. Gradualmente, Azaña se desplazó tan a la izquierda como consideró necesario para, primero, volver a obtener el Poder y después para mantenerlo. Haber presentado a Azaña como un consecuente dechado de legalidad y ética republicanas, y respeto a la democracia, ofende a la evidencia. Más bien, ajustó su política a dobles juegos con insurrecciones, manipulaciones para invalidar elecciones legales, impunidad para delitos masivos y un nuevo programa económico radical, de tal manera que cambió su ideología izquierdista burguesa del primer bienio hacia una dirección compatible con las fuerzas extremas que le apoyaron.

Efectivamente, Azaña otorgaba impunidad a la izquierda, contribuyendo así a gestar una situación guerracivilista que las derechas, y millones de españoles, comenzaban a ver inevitable y cercana.

En la tormentosa sesión parlamentaria del 16 de junio, las derechas presentaron conjuntamente una proposición, no de ley: «Las Cortes esperan del Gobierno la rápida adopción de las medidas necesarias para poner fin al estado de subversión que vive España»; y Gil Robles facilitó su estadística global desde el 16 de febrero:

160 iglesias totalmente incendiadas

251 iglesias parcialmente incendiadas

269 muertos y 1287 heridos.

A continuación, Calvo Sotelo citó frases revolucionarias de Largo Caballero, e incitó abiertamente a la rebelión militar. Luego, «Pasionaria» atribuyó «las tempestades de hoy» a la represión del «octubre glorioso». Calvo Sotelo, el brillante político monárquico que había fundado CAMPSA y el Banco Exterior de España, insistió en que la situación sólo podría rectificarse con un Estado autoritario, y que si fuera necesario denominarlo un Estado fascista, «entonces yo me declaro fascista».

El presidente del Gobierno, Casares Quiroga (el conspirador contra la República en Octubre, que huyó a Portugal), le replicó:

Después de lo que ha hecho Su Señoría hoy en el Parlamento, de cualquier cosa que pudiera ocurrir, que no ocurrirá, haré responsable ante el país a Su Señoría. Insisto: si algo pudiera ocurrir, S. S. sería el responsable con toda responsabilidad (sic).

Calvo Sotelo le respondió aceptando el desafío y aludiendo a las responsabilidades de cada uno:

Yo tengo, señor Casares Quiroga, anchas espaldas. Su señoría es hombre fácil y pronto para el gesto del reto y las palabras de amenaza. Bien, me doy por notificado de la amenaza de su señoría. Yo acepto con gusto las responsabilidades de mis actos (…) Pero, a su vez, invito al señor Casares Quiroga a que mida sus responsabilidades. Repase la historia de los últimos veinticinco años y verá el resplandor doloroso y sangriento de dos figuras que han tenido participación en la tragedia de dos pueblos: Rusia y Hungría. Fueron Kerenski y Karolyi. Kerenski fue la inconsciencia; Karolyi la traición a una civilización milenaria. Su señoría no será Kerenski, porque no es inconsciente, tiene plena conciencia de lo que dice, calla y piensa. Quiera Dios que su señoría no pueda equipararse a Karolyi. (…) Yo digo lo que Santo Domingo de Silos contestó a un rey castellano: Señor, la vida podéis quitarme, pero más no podéis.

Entre los días 18 y 27 de junio El Sol publicó seis artículos de Miguel Maura; de los que se reproducen los siguientes párrafos:

En la vida provincial y rural son las masas anónimas y exaltadas las que mandan y gobiernan a través de gobernadores sometidos a los comités jacobinos del Frente Popular, cuyos excesos y desmanes tiene aquella autoridad que refrendar a través de los alcaldes y Gestoras (Juntas gubernativas «especiales») verdadera plaga bolchevizante que está asolando al país. Los ciudadanos pacíficos viven con la sensación de que las leyes son letra muerta y que los incendios, asaltos, allanamientos de morada, homicidios, insultos y agresiones a la fuerza armada han dejado de figurar en los preceptos del Código Penal para quienes pueden alegar como eximente el uso de una camisa roja y azul (Juventudes Socialistas Unificadas) o la insignia estrellada con la hoz y el martillo.

(…) Hoy la República no es otra cosa que la parte exaltada y revolucionaria de la masa proletaria, que al socaire del sistema democrático y liberal y de la ceguera de algunos hombres representativos de los partidos republicanos, prepara con prolija minuciosidad, el asalto al poder y el exterminio de la organización social, capitalista y burguesa. Nos lo dicen ellos mismos en sus propagandas, en la prensa y en actos públicos. (…) Si la República ha de ser eso, la República está inexorablemente condenada a una muerte próxima, a manos de esos mismos que hoy se dicen sus únicos defensores o, lo que es más probable, a manos de la reacción opuesta.

El 1 de julio, el diputado radical-socialista Ángel Galarza, ex Director General de Seguridad y fundador de la Guardia de Asalto, amenazó de muerte a Calvo Sotelo en las Cortes:

La violencia puede ser legítima en algún momento. Pensando en Su Señoría, encuentro justificado todo; incluso el atentado que le prive de la vida.

En medio del escándalo desatado por estas palabras, la diputada comunista Dolores Ibárruri «Pasionaria», gritaba, fuera de sí… «Hay que arrastrarlos…».

Conviene remarcar la fecha de esta sentencia de muerte a un diputado, formulada en las Cortes sin que su presidente ni siquiera expulsara del recinto a su autor:

1 de julio de 1936. España estaba a punto de iniciar la mayor tragedia de su historia.

16
LA IMPLOSIÓN DE LA REPÚBLICA

El ciclo de la República, atacada durante cinco años por unas izquierdas decididas a destruir el régimen y la unidad territorial de España, disolver el Ejército y fuerzas de seguridad, crear un Ejército Rojo e implantar la dictadura del proletariado; todo ello mediante insurrecciones, huelgas revolucionarias, asesinatos y atentados terroristas, golpes de Estado armados y electorales, guardias rojas parapoliciales y milicias paramilitares, invasiones armadas de tierras, incendios de 400 iglesias y conventos, y una larga lista de acciones criminales que dejaron un total de 2000 muertos y 4000 heridos… se iba acercando inexorablemente a un final que sólo podría ser trágico, e inminente.

En la noche del 12 de julio, en la esquina de las calles Fuencarral y Augusto Figueroa, de Madrid, fue acribillado a balazos el teniente de Asalto y militante del PSOE, José del Castillo, quien el 16 de abril había matado a un falangista durante una manifestación. El 8 de mayo ya había sido asesinado el capitán del Ejército Carlos Faraudo. Ambos fueron instructores de las milicias socialistas madrileñas durante el Octubre Rojo.

Tras conocerse el atentado, guardias de Asalto y pistoleros de «la motorizada» de Prieto se reunieron con el ministro de gobernación, Juan Moles, para pedirle que detuviera a todos los líderes de la derecha. Luego se dirigieron al cuartel general de la Guardia de Asalto, y allí acordaron asesinar a Gil Robles y a Calvo Sotelo.

Un grupo mandado por el capitán de Asalto, Antonio Moreno, se dirigió al domicilio de Gil Robles, pero éste se encontraba veraneando en Biarritz.

Otro grupo, mandado por el capitán de la Guardia Civil, Fernando Condés (dos oficiales también involucrados en el Octubre Rojo), e integrado por guardias de Asalto y cuatro pistoleros de «la motorizada», se dirigió a las tres de la madrugada al domicilio de Calvo Sotelo a bordo de una camioneta de Asalto.

Confiando en Condés, tras identificarse éste como capitán de la Guardia Civil, Calvo Sotelo tranquilizó a su esposa y subió a la camioneta, pero pocas calles después, Luis Cuenca, guardaespaldas de Indalecio Prieto y anteriormente del presidente de Cuba, Gerardo Machado, le disparó dos veces en la nuca. Luego, continuaron hasta el cementerio de la Almudena donde entregaron el cadáver como «encontrado en la calle y sin documentos de identidad».

Identificado el cadáver, y tras una rápida investigación, a las dos de la tarde el juez de guardia ordenó la detención de Cuenca y Condés.

El país quedó conmocionado. El líder de la oposición estaba vivo de milagro, y Calvo Sotelo había sido asesinado dentro de un vehículo de la Dirección General de Seguridad por guardias civiles, de Asalto, y pistoleros socialistas.

En su libro No fue posible la paz, Gil Robles menciona los continuos cambios de personal efectuados en la custodia de Calvo Sotelo desde la primera semana de julio, y la confidencia que un policía hizo a su amigo Joaquín Bau, respecto a que tenían órdenes de no intervenir si se producía un atentado. También relata que un pistolero estuvo a punto de dispararle a él dentro de las mismísimas Cortes.

Toda España comprendió que la Primavera Trágica de ese año 1936, había llegado a un punto sin retorno: objetivamente, el régimen del Frente Popular, dirigido por un gobierno ilegalmente constituido antes de finalizar las elecciones, y bajo un clima de amenazas insurreccionales, había comenzado a practicar terrorismo de Estado.

Las izquierdas dieron un paso más en su estrategia de la tensión, al pedir el PCE la «disolución de la CEDA y de los partidos monárquicos, la detención de sus dirigentes y la incautación de su prensa».

El martes 14, Prieto informó en su diario El Liberal, que «El PSOE, el PCE, la UGT y las Juventudes Socialistas habían acordado una acción común», añadiendo:

Será una batalla a muerte, porque cada uno de los bandos sabe que el adversario, si triunfa, no le dará cuartel. Pero aun habiendo de ocurrir así, sería preferible un combate decisivo, a esta continua sangría.

Ese mismo día, el general de brigada Emilio Mola Vidal (cerebro del Alzamiento que se venía bosquejando desde marzo como posibilidad), comprendiendo que ya no podía esperarse ni un minuto más, consiguió la adhesión de los carlistas navarros y de la Falange. El general Franco, por su parte, hasta entonces conocedor de la preparación del Alzamiento pero sin haberse decidido todavía, abandonó sus dudas y comenzó a organizar su viaje desde Canarias a Melilla para sublevarse al frente de la Legión y los Regulares.

El día 15, el prolijo recopilador de artículos de prensa, Gil Robles, presentó en aquellas Cortes circenses de cánticos revolucionarios, amenazas, insultos y pistolas exhibidas sin pudor, el balance de los últimos 27 días: 61 muertos, 224 heridos, 74 bombas, 10 iglesias incendiadas, 9 párrocos expulsados de sus pueblos, 17 atracos, 32 invasiones armadas de fincas, 10 centros políticos asaltados o incendiados, 15 huelgas generales, 129 huelgas parciales; y una novedosa práctica sindical mafiosa: cortes de carreteras efectuados por comités de huelga que sólo dejaban circular a los conductores que poseyeran un volante emitido, previo pago y registro de datos personales, por las Casas del Pueblo socialistas.

En un discurso plagado de amenazas, Gil Robles formuló unas predicciones que la historia confirmaría literalmente con la sangre de varios Paracuellos y las guerras de exterminio entre las izquierdas.

Cuando la vida de los ciudadanos está a merced del primer pistolero, cuando el gobierno es incapaz de poner fin a ese estado de cosas, no pretendáis que las gentes crean ni en la legalidad ni en la democracia; tened la seguridad de que derivarán cada vez más por los caminos de la violencia. Sé, que vais a hacer una política de persecución, de exterminio y de violencia de todo lo que signifique derechas. Os engañáis profundamente: cuanto mayor sea la violencia, mayor será la reacción; por cada uno de los muertos, surgirá otro combatiente. Tened la seguridad de que vosotros, que estáis fraguando la violencia, seréis las primeras víctimas de ella. Muy vulgar, por muy conocida, pero no menos exacta, es la frase de que las revoluciones son como Saturno, que devoran a sus propios hijos. Ahora estáis muy tranquilos porque veis que cae el adversario. ¡Ya llegará un día en que la misma violencia que habéis desatado se volverá contra vosotros!

En la misma sesión parlamentaria, el comunista José Díaz pidió la ilegalización del partido Acción Popular, de Gil Robles; y la Esquerra catalana de Companys abogó por un Gobierno… aún más izquierdista.

Largo Caballero escribió en Claridad:

La lógica histórica aconseja soluciones más drásticas. Si el Estado de alarma no puede someter a las derechas, que venga cuanto antes la dictadura del Frente Popular. Es la consecuencia lógica del discurso de Gil Robles. Dictadura por dictadura, que sea de izquierdas. ¿No quiere el gobierno que ello ocurra? Pues sustituyámosle por un gobierno dictatorial de izquierdas. ¿No quiere la paz civil? Pues que sea la guerra civil a fondo. Todo, menos un retorno de las derechas. Octubre fue su última carta y no la volverán a jugar más.

La provocación y tensión a la que se sometía a las derechas y a toda la sociedad era insoportable: ese miércoles 15, el Gobierno arrestó a 185 dirigentes de la Falange, y al día siguiente, clausuró en Barcelona las sedes de todos los partidos de derecha. Una vez más, el Gobierno de la Izquierda Republicana de Azaña, no reprimía a las izquierdas terroristas, sino a sus víctimas. Las derechas estaban aterrorizadas, y algunas personas abandonaron el país. Moa menciona que se barajó la posibilidad de asesinar a Azaña.

El viernes 17 de julio, El Liberal publicó un artículo del oportunista Indalecio Prieto, para entonces, aliado de Azaña:

Los ciudadanos de un país civilizado tienen derecho a la tranquilidad, y el Estado tiene el deber de asegurarla. Hace ya tiempo que los ciudadanos españoles se ven desposeídos de ese derecho porque el Estado no puede cumplir el deber de garantizárselo. Del mismo modo que la historia llega a justificar las revoluciones del paisanaje, puede aprobar las insurrecciones militares cuando unas y otras concluyan con regímenes que, por cualquier causa, se hayan hecho incompatibles con el progreso político, económico o social exigido por los pueblos.

La advertencia autocrítica del desastre inminente, llegaba con cinco años de retraso.

Esa misma mañana, Franco redactaba en Santa Cruz de Tenerife el Bando que al día siguiente proclamaría el Estado de Guerra en las Islas Canarias, y una Declaración dirigida a todos los españoles, de la que se reproducen sus principales párrafos:

La situación de España es cada día que pasa más crítica: la anarquía reina en la mayoría de sus campos y pueblos; autoridades de nombramiento gubernativo presiden, cuando no fomentan, las revueltas. A tiros de pistola y ametralladoras se dirimen las diferencias entre los bandos de ciudadanos, que se asesinan sin que los poderes públicos impongan la paz y la justicia. Huelgas revolucionarias paralizan la vida de la nación destruyendo sus riquezas. Los más graves delitos se cometen en las ciudades y en los campos, mientras las fuerzas de orden público permanecen acuarteladas, corroídas por la desesperación que provoca una obediencia ciega a gobernantes que intentan deshonrarlas. El Ejército, la Marina y demás Institutos armados son blancos de los más soeces y calumniosos ataques precisamente por parte de aquellos que debían velar por su prestigio. Los estados de excepción y alarma sólo sirven para amordazar al pueblo y que España ignore lo que sucede fuera de las puertas de sus villas y ciudades. La Constitución suspendida y vulnerada (…) La Magistratura mediatizada por ataques y persecuciones. Asaltos a los Gobiernos civiles y cajas fuertes para falsear las actas, formaron la máscara de legalidad que nos preside. Nada detuvo la apetencia de Poder: destitución de los moderados, glorificación de las revoluciones de Asturias y catalana (…) Al espíritu revolucionario e inconsciente de las masas engañadas y explotadas por los agentes soviéticos que ocultan la sangrienta realidad de aquel régimen que sacrificó para su existencia 25 000 000 de personas, se unen la malicia y negligencia de Autoridades de todo orden que, amparadas en un Poder claudicante, carecen de autoridad y prestigio para imponer el orden y el imperio de la libertad y de la justicia.

A las cinco de la tarde del viernes 17, el coronel Maximiliano Bartomeu se sublevó en Ceuta, y el teniente coronel Juan Yagüe en Melilla. El sábado 18, los generales Mola y Queipo de Llano se sublevaron en Navarra y Sevilla, respectivamente. A primeras horas del domingo 19, el general Franco llegaría a Tetuán para ponerse al frente de la Legión y los Regulares.

Al conocerse la sublevación de Bartomeu y Yagüe en la tarde del 17, el presidente Casares Quiroga se opuso a entregar armas a los partidos marxistas del Frente Popular, pero Azaña le obligó a dimitir y le sustituyó por José Giral quien, por orden de Azaña o, en el mejor de los casos, teniendo su consentimiento, al atardecer del sábado 18, autorizó la entrega de 5000 fusiles Máuser al PSOE. Las armas, depositadas en el Parque de Artillería del Pacífico, a las órdenes del coronel Rodrigo Gil Ruiz (asesor militar de Largo Caballero en Octubre), se trasladaron bajo el control de la diputada Margarita Nelken al Círculo Socialista del Puente de Segovia.

El domingo 19, en un Madrid sin fuerzas policiales en las calles, las Checas asesinaron a sus primeros «enemigos del pueblo»: dos novicios, tres oficiales del Ejército y tres civiles. Ya armados con los máuseres, los milicianos de las Juventudes Socialistas Unificadas dirigidos por Santiago Carrillo, y grupos de pistoleros anarquistas y delincuentes comunes sacados de las cárceles, paraban y confiscaban automóviles, identificaban y cacheaban a los peatones, saqueaban viviendas burguesas, comían gratis en restaurantes y hoteles lujosos, robaban las taquillas de los cines y gasolineras e incendiaban varias iglesias.

El lunes 20 por la mañana, 3000 milicianos apoyados por la izquierdista Guardia de Asalto, por el Quinto Batallón de Milicias del PCE y por tres piezas de artillería al mando del capitán Orad de La Torre (implicado en el Octubre Rojo) cercaron el cuartel de La Montaña, donde el general Joaquín Fanjul aún no se había sublevado porque no pudo comunicarse con Mola. En este Regimiento de Infantería se guardaban 50 000 cerrojos de otros tantos fusiles Máuser depositados en varios cuarteles como medida de seguridad. Tras un duro combate, los atacantes lograron la rendición del cuartel y asesinaron, disparándoles a quemarropa y acuchillándoles con bayonetas, a 93 oficiales y a 37 militantes falangistas. La espectacular fotografía de los 130 cadáveres esparcidos por el patio de armas fue publicada por toda la prensa internacional y provocó durísimas condenas contra el Gobierno republicano. En esa jornada también fueron asesinados en Madrid otros 41 oficiales, suboficiales y soldados; más 2 sacerdotes, 2 monjas y 13 frailes.

Horas después, ya en poder de 55 000 fusiles y decenas de ametralladoras Hotchkiss, el PSOE, el PCE y la anarquista CNT reclutaron a millares de milicianos y procedieron a ocupar cuarteles, arsenales, comisarías, cárceles, la Telefónica, el Palacio de Correos, bancos, ministerios, estaciones ferroviarias, la red del Metro y el aeropuerto de Barajas. A la medianoche de aquel 20 de julio, que hubiera fascinado a Lenin y a Trotski, los delegados de la Komintern, Vittorio Vidali y Vittorio Codovilla, más Enrique Líster, Dolores Ibárruri y José Díaz, refundaron el Quinto Batallón de Milicias de las MAOC que intervino en La Montaña, como Quinto Regimiento del Ejército Rojo que proyectaban crear a continuación. Se nombró como jefe, al mismo camarada que dirigió la carnicería de prisioneros en La Montaña: Enrique Castro Delgado. Sus ropas estaban tan manchadas de sangre que salieron a buscarle una camisa y un pantalón.

En aquella jornada de vértigo, la Segunda República estalló en pedazos:

Pasionaria: «El aparato estatal quedó destruido, el Poder pasó a la calle».

Álvarez del Vayo: «El Estado se vino abajo».

Azaña: «La revolución se inició bajo un gobierno republicano que ni quería ni podía apoyarla. Tampoco pudimos reprimirla pues podía desencadenarse una guerra civil».

(Omitió decir: la «revolución armada por mí»).

El comunista Manuel Tagüeña resumió la jornada en su libro Historia de dos Guerras:

La situación real que podía observar quien mirase a la calle es que había terminado la Segunda República. Cada grupo con sus objetivos, sus programas y sus fines diferentes, y muy pronto con sus unidades de milicias, sus policías, sus intendencias y hasta sus finanzas. En cuanto a los republicanos, habían sido barridos por los acontecimientos y muy poco iban a significar durante la guerra.

El golpe de Estado socialista, comunista y anarquista del 18 al 20 de julio en Madrid (simultáneo a la toma de Barcelona por los anarquistas y el trotskista POUM), demolió los pocos muros que aún quedaban de la Segunda República.

¡HEMOS VENCIDO!

Afirmaba el PSOE en la portada de Claridad en la noche del 20.

Y al día siguiente, por si sus aliados republicanos no se habían enterado…

¡VIVA LA REPUBLICA DEL 20 DE JULIO!

… confirmando con estos titulares, que la estrategia diseñada por la Komintern para destruir la República burguesa del 14 de abril había sido acertada. Su estrategia política (bolchevización del PSOE, Frente Popular, Doble Poder) y terrorista (desestabilización, acción, reacción) había alcanzado todos los objetivos. Una obra maestra de ingeniería revolucionaria: destruyeron al Estado burgués y capitalista con las armas que los compañeros de viaje jacobinos les entregaron para… «defender a la República ante el golpe fascista».

Lo extraordinario es que el sujeto político que manipuló a todas las izquierdas y dirigió la fase final del asalto al poder, gracias a su disciplina y a la existencia de un plan sin fisuras, fuera el minúsculo PCE que en 1931 apenas tenía 800 militantes y que en las elecciones de 1933 consiguió un diputado. Los comunistas españoles eran una pequeña secta sin masas, pero el Partido de la Revolución Mundial supo ver que las derechas eran débiles y desunidas, y que los republicanos de izquierda y los socialistas eran fácilmente manipulables. A partir de este análisis, que demostraría ser correcto, los revolucionarios profesionales dirigidos por Manuilski y Dimitrov, organizaron un partido de combate, sedujeron a los republicanos, bolchevizaron a los socialistas y enredaron a ambos en ese magistral Caballo de Troya que fue el Frente Popular.

A estas alturas de nuestro relato, conocemos sobradamente las claves del suicidio republicano y del triunfo revolucionario, pero dejemos a Winston Churchill resumirlas, y cerrar este último capítulo.

¿Cómo sucedió? Sucedió de acuerdo con el plan. Lenin afirmó que los comunistas debían prestar su ayuda a todo movimiento orientado hacia la izquierda y promover la implantación de gobiernos constitucionales débiles, de signo radical o socialista. Después, socavarían esos gobiernos y arrancarían de sus manos vacilantes el Poder absoluto instituyendo un Estado marxista. El procedimiento es bien conocido y ha sido comprobado. Forma parte de la doctrina y táctica comunistas. Ha sido seguido de manera casi literal por los comunistas de España. Desde las elecciones celebradas a principios de este año, hemos asistido a una reproducción casi perfecta en España, del periodo de Kerenski en Rusia.

EPÍLOGO

Las causas que determinaron el fracaso de la Segunda República podrían resumirse con la popular metáfora del agua y el aceite, porque fue proclamada por un frente electoral condenado de antemano al fracaso por sus ideologías y proyectos políticos antagónicos. Tan solo bastaron siete meses para la primera ruptura (salida de Alcalá-Zamora y de Maura del Gobierno), y un total de diecinueve, para su espectacular desmoronamiento en las elecciones de noviembre de 1933.

El principal factor determinante de su autodestrucción, fue la decisión de que debería ser exclusivamente de centroizquierda y gobernada por partidos republicanos. Bajo el liderazgo ideológico del jacobino Azaña, apoyado por tres ministros socialistas, durante el «primer bienio» no asumieron las reglas de la democracia liberal como un ideal rector y supremo, sino como meras herramientas funcionales a los mezquinos trapicheos del poder. Y no descartaron instaurar una dictadura republicana.

Esta actitud patrimonial, consagrada en la nueva Constitución que el propio Alcalá-Zamora calificó de guerracivilista, hizo que la República supuestamente liberal del primer bienio, no considerara enemigas a las izquierdas obreristas revolucionarias cuya meta era una República socialista de partido único y dictadura del proletariado, sino a las derechas, que por su naturaleza histórica, social, económica y política eran las primeras interesadas en defender el «sistema».

Este sectarismo se manifestó persiguiendo a monárquicos y conservadores, a la Iglesia y a los ciudadanos católicos, redactando una dictatorial ley de Seguridad de la República, legalizando ocupaciones de tierras, deteniendo a políticos opositores y clausurando sus sedes, censurando la prensa y, fundamentalmente, prohibiendo gobernar a la formación política más votada en noviembre de 1933: la CEDA.

En definitiva, el sectarismo ultraizquierdista y anticlerical persiguió a las derechas y las excluyó del régimen.

Despreciando el pragmatismo de éstas, que hubiera hecho posible el funcionamiento de la vida política e institucional en términos razonables, los trasnochados jacobinos y socialistas del siglo XIX (todos ellos nacidos entre 1870-80), se empeñaron en desatar una «cruzada» de reformas agrarias, educativas y de relaciones entre la Iglesia y el Estado, articuladas por una agresiva andanada de decretos y leyes que provocaron enfrentamientos y fractura del tejido social.

Esta ofensiva antidemocrática contra la Iglesia, los empresarios, la prensa y los partidos conservadores, frustró las reformas proyectadas y generó tensiones que fueron aprovechadas por las izquierdas para justificar sus insurrecciones contra el Estado capitalista.

Por otra parte, la alianza de la pequeña burguesía republicana «progresista», con un PSOE marxista que aportaba sus masas y votos al Gobierno del primer bienio, pero cuyo paradigma ideológico le obligaba a radicalizar la lucha de clases, constituyó una hipoteca para la República; un permanente chantaje, que tuvo mucho que ver con la tolerancia suicida hacia las izquierdas revolucionarias (FAI-CNT, PCE, BOC, ERC), que ya desde el 14 de abril de 1931, proclamaron su rechazo al régimen y desencadenaron una persistente escalada insurreccional que culminaría en el Octubre Rojo de 1934.

Pero en 1935, los españoles vieron con estupor cómo, después de esa descomunal insurrección organizada por el PSOE, el Gobierno republicano de centroderecha, a pesar de estar apoyado por las Fuerzas Armadas y por los millones de ciudadanos que en 1933 les votaron precisamente para terminar con las persecuciones y el terrorismo izquierdista, no asumió la tarea contrarrevolucionaria que la historia le asignaba.

Por todo lo anterior, resulta irracional y sarcástico, que hoy la izquierda española reivindique la Segunda República y acuse a las derechas de haberla destruido un 18 de julio de 1936, porque los hechos históricos acreditados registran exactamente todo lo contrario:

Que desde el 14 de abril de 1931, las derechas acataron al régimen republicano y a sus distintos gobiernos, con la razonable y civilizada condición de que garantizaran la vigencia del orden público y de la legalidad constitucional.

Que no desencadenaron insurrecciones, ni fundaron milicias paramilitares, checas parapoliciales y tribunales revolucionarios.

Que nunca dispararon contra miembros del Ejército y fuerzas de seguridad.

Que cuando gobernaron no ilegalizaron partidos de izquierda, ni cerraron sus locales, ni clausuraron su prensa; y que tras el Octubre Rojo no encarcelaron a algunos de sus dirigentes por sus ideas políticas, sino por sus crímenes contra el Estado y la población civil.

Que no incendiaron iglesias ni colegios, ni asesinaron sacerdotes y monjas, ni dinamitaron trenes llenos de civiles.

Que sus partidos no estaban dirigidos por una Internacional revolucionaria al servicio de un Estado extranjero.

Que no desataron la oleada terrorista del Frente Popular, ni asesinaron a Largo Caballero como respuesta al asesinato de Calvo Sotelo.

Que, finalmente, no tuvieron una estrategia de guerra civil para tomar el Poder, como la adoptada por el PSOE tras la derrota electoral de 1933.

En cuanto al Ejército, que definen como «tradicionalmente conspirador y golpista», la historia atestigua todo lo contrario: que acató y defendió a la República durante sus cinco años de vida; y cuando la subversión comunista nacional y extranjera resultó insoportable, los generales liderados por Franco, como bien apuntó Moa, serían los últimos en rebelarse, pues «antes lo habían hecho los anarquistas, Sanjurjo, los socialistas, los nacionalistas catalanes, los comunistas, y Azaña y sus republicanos al perder las elecciones del 33».

Se impone terminar estas reflexiones señalando una singular paradoja: en última instancia, aquellas izquierdas fueron coherentes con sus ideologías, destinadas a destruir la República burguesa y capitalista para instaurar una República socialista bajo la dictadura del proletariado. Lo proclamaron hasta la saciedad, sintetizable en el «ya hemos declarado muchísimas veces que la República burguesa no es nuestra República», de Largo Caballero. Pero, sorprendentemente, la actual izquierda española niega tal abrumadora evidencia y sostiene, sin ruborizarse y enarbolando la bandera de la República en sus mítines y manifestaciones, que aquellos revolucionarios que hicieron cuatro insurrecciones, el Octubre Rojo, la ofensiva terrorista de la primavera del 36, fundaron el Frente Popular bajo la supervisión directa de la Unión Soviética, y el 20 de julio demolieron la Segunda República, defendieron, desde 1931 hasta el final de la guerra civil, a la República burguesa, capitalista y democrática de los Azaña y Alcalá-Zamora. Tesis fundamental de un relato que nada tiene que ver con la Historia de ayer, sino con la Política de hoy.

Madrid, 18 de julio de 2006.

BIBLIOGRAFÍA

Aguado, Emiliano, Don Manuel Azaña Díaz

Alcalá-Zamora, Niceto, Memorias

Arbeloa, Víctor, La semana trágica de la Iglesia en España

Barco Teruel, Enrique, El Golpe Socialista

Bolloten, Burnett, La Guerra Civil española

Borkenau, Franz, El reñidero español

Brenan, Gerald, El laberinto español

Carr, R., Estudios sobre la República y la Guerra Civil española

Casas de la Vega, Rafael, El Terror. Madrid 1936

De la Cierva, Ricardo, Historia básica de la España actual

Elorza, Antonio y Bizcarrondo Marta, Queridos camaradas

García de Cortázar, F. Así llegó España a la Guerra Civil

Gil Robles, José María, No fue posible la paz

Grossi Mier, Manuel, La insurrección de Asturias

Jackson, Gabriel, La República española y la Guerra Civil

Juliá Santos, Historia del socialismo español

Largo Caballero F., Escritos de la República

Madariaga, Salvador, España

Moa, Pío, Los orígenes de la Guerra Civil española

Moa, Pío, Los personajes de la República vistos por ellos mismos

Moa, Pío, El derrumbe de la Segunda República y la Guerra Civil

Molins y Fábregas, Narcís, La insurrección proletaria de Asturias

Montero A., Historia de la persecución religiosa en España 1936-39

Payne, Stanley, La primera democracia española

Payne, Stanley, El colapso de la República

Payne, Stanley, Unión Soviética, comunismo y revolución en España

Redondo Rodelas, Javier, Así llegó España a la guerra civil

Romero, Luis, Tres días de julio

Rosal, Amaro, 1934. El movimiento revolucionario de Octubre

Thomas, Hugh, La Guerra Civil española

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NOTAS

[1] En 1933, la Komintern, decidida a infiltrar los movimientos separatistas, fundó el Partido Comunista de Cataluña (desde 1932, ya estaban operando en España, Vittorio Codovilla y Erno Gerö). También fundó el Partido Comunista de Euzkadi, que debería crear una Unión de Repúblicas Socialistas Vasco-navarras, pero, indiferente ante estas operaciones subversivas de la URSS, el Gobierno de Azaña no ordenó interferir las emisiones de una radio soviética en español, y el 28 de julio de 1933 ambos gobiernos intercambiaron notas de reconocimiento de jure como paso previo al establecimiento de relaciones diplomáticas. <<