Para Rebecca, Jonathan, Benjamin, Sarah, Nils, Tim y Dries,

con la esperanza de que este libro contribuya a hacer más justo

el mundo en el que vivirán.

PROPUESTAS DE IZQUIERDA

EN TIEMPO DE TRIBULACIONES

No es verdad que en 1972, cuando Nixon le preguntó a Zhou Enlai su opinión sobre la Revolución Francesa, el líder chino contestara que todavía era demasiado pronto para valorarla. Según parece, se entendieron mal. Zhou Enlai creyó que le preguntaban por Mayo del 68 y, sin saber qué decir, se salió por peteneras. Una pena. Porque, también esta vez, se escribía recto con los renglones torcidos: la respuesta, inapropiada para la sobredimensionada revuelta estudiantil, resultaba más que ajustada para referirse a los acontecimientos que consagraron para la civilización a aquel verano de 1789. La historia política de los dos últimos siglos, y, por lo que parece, la que vamos a transitar en los tiempos más inmediatos no se entienden sino como una lucha por concretar institucionalmente el famoso lema acuñado por los revolucionarios parisinos.

Por el lema en su versión extendida, el de los momentos de mayor fervor democrático, el mismo que figurará en la tumba de Marat: «Unité, Indivisibilité de la Republique, Liberté, Égalité, Fraternité». Completo e indivisible, incluida la olvidada apelación a la unidad, porque, cuando está asegurada la libertad, nadie es más que nadie en sus derechos y hay compromiso compartido con principios de justicia, no cabe amenazar con marcharse con lo que es común, de todos, el territorio político porque no nos gustan las decisiones que hemos aceptado democráticamente Por eso, el 10 de mayo de 1793 la Convención proclamará «l’unité et l’indivisibilité de la République». Sobre ese pie se sostiene, como se verá, la justicia distributiva y, también, la defensa de una distribución que es condición de la libertad ciudadana.

De los cuatro lemas, la igualdad será el de mayor recorrido. Y el que más desordenó el mundo mental de los protagonistas. Abundan los testimonios de cómo la simple idea de juzgar a un rey abismaba las conciencias hasta de los más convencidos. No había para menos. Tomarse en serio que se habían acabado los privilegios asociados a la sociedad estamental equivalía a inaugurar un mundo. La igualdad lo atravesaba todo. En 1789 la Asamblea Nacional, casi en las mismas fechas en que votaba la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobó los llamados Decretos de Agosto cuyo nervio fundamental era la idea de que todos los franceses gozarían de los mismos derechos y estarían sujetos a las mismas leyes, sin lugar para las excepciones: «Todos los privilegios especiales de las provincias, principalmente condados, cantones, ciudades y comunidades de habitantes, ya sean financieros o de cualquier otro tipo, quedan abolidos sin indemnizaciones, y serán absorbidos dentro de los derechos comunes de todos los franceses». La ciudadanía será la concreción más cuajada del ideal igualitario. Todos deberán tener los mismos derechos, y el primero, el derecho a hacerse oír, al voto.

El destino ya no estaba atado al origen. Al contrario, había un afán de dinamitar la procedencia, de deshacerse de cualquier herencia. Como nos recordará Tocqueville: «Nada omitieron con tal de hacerse irreconocibles». Se anticipaba ya el verso de La Internacional: «Del pasado hay que hacer añicos». La emancipación que inauguraba el ideal de ciudadanía, que comenzó por atacar la tiranía del origen, esa maldición que avecina a los nacionalismos con las sociedades estamentales, alcanzará a los más imprevistos rincones de la vida social, desde los calendarios hasta los topónimos. En nombre de la igualdad se querrá borrar las menores huellas del pasado. La carga de la prueba le corresponderá a quien se oponga a la igualdad. Cuando en los Decretos de Agosto de 1789 se afirmaba que «las distinciones sociales se basarían solamente en la utilidad general», lo que venía a decir es que, de entrada, la apuesta era por la igualdad y, si acaso, lo que necesitaba justificación era salirse de ese carril.

EL LARGO CAMINO DE LA IGUALDAD

A partir de ahí, el topo de la igualdad comenzó su andadura: si nacer en una familia no podía otorgar privilegios, tampoco se veía porque la falta de propiedad, el color de la piel o el sexo eran motivos para privar de la condición de ciudadano y, en particular, del derecho al voto. Y la historia no tenía porque parar ahí. Parafraseando la consigna que popularizaron los revolucionarios americanos, el germen que se estaba sembrando se puede condesar en el lema: ninguna desigualdad (es justa) sin responsabilidad. Dicho de otro modo: solo están justificadas las desigualdades que son resultado de las elecciones de los individuos. No parece justo que Tamara Falcó cobre 10.000 euros por (la suerte de) ser la hija de Isabel Preysler y, aun menos, que, cuando su madre se empareje por Vargas Llosa, duplique su cotización. Venir al mundo en una familia rica, en una parte de un país o con algunas habilidades especiales no podía justificar un acceso privilegiado a la educación, la sanidad, la riqueza o el bienestar. Otra cosa es que el insensato temerario o el gandul vocacional quieran ingresar tanto como el trabajador sin tregua o el ahorrador prudente. Nadie merece premios o castigos por lo que le viene dado y, por lo mismo, cada cual ha de asumir las consecuencias de la vida que elige. Habría, por tanto, que compensar a aquellos menos dotados, marginados, víctimas de exclusiones o que han sufrido infortunios de los que no son responsables y, a los otros, enfrentarlos a las consecuencias asumidas de sus decisiones, a los retos que habían elegido. De nuevo, contra la tiranía del origen.

No es menor la potencia del ideal igualitario. Sobre todo si se apuntala con la idea de responsabilidad, que sostiene tantas de nuestras valoraciones cotidianas: cuando optamos por «perdonar al que no sabe lo que hace» y encarcelar al criminal calculador; cuando premiamos los esfuerzos de los estudiantes; cuando condenamos a los que, pudiendo trabajar, viven del trabajo de otros sin su consentimiento directo o indirecto; cuando defendemos la democracia porque creemos que deben participar —esto es, ser responsables— todos los afectados por las decisiones; cuando reprochamos la complicidad, los votos o el silencio de tantos durante tanto tiempo ante el miedo impuesto por los terroristas de ETA. En tales casos asumimos que la responsabilidad está en el origen de premios y castigos, de retribuciones especiales o de sanciones morales. Mientras no aparezca, todos merecen un trato igual.

LA IGUALDAD CONSERVADORA

Está tan extendida la intuición de ese par igualdad-responsabilidad que, a sabiendas o no, la comparten los conservadores-liberales cuando defienden una pacata igualdad formal de oportunidades —como carrera abierta a los talentos— y aun más cuando, al enfilar contra el Estado del bienestar, lo acusan de paternalista, de entrometido y de pretender cuidarnos de la cuna a la tumba. La responsabilidad, el esfuerzo es lo que importa, nos dirán. Está justificado recompensar el esfuerzo individual y, también, abandonar a su suerte a los que, libremente, han elegido mal. Los individuos deben asumir las consecuencias de sus actos. El «papá Estado», añadirán, no debe ocuparse de salvarnos de nuestros errores. Basta con el mercado, que reconoce el esfuerzo y el mérito y castiga a los que se equivocan, a los que yerran en sus decisiones. En eso consiste la extraordinaria lucidez de la mano invisible, el ciego juez que, en el mar de la competencia, retribuye al buen panadero y penaliza al que lo hace mal: nadie se preocupa de recabar centralizadamente información sobre el empeño de cada uno de los panaderos, basta con que, cada cual, incluidos los panaderos, se dejen llevar por sus propios intereses; nadie pierde el tiempo estableciendo penalizaciones, simplemente deja de ir a la mala panadería porque acude a la buena.

La argumentación conservadora se completará con un supuesto de discontinuidad institucional y hasta moral entre el mercado y el Estado, que asoma en la trastienda de frases como «el Estado nos roba», «los impuestos son confiscatorios». El IRPF vendría a oficiar como un falso justiciero que nos arrebata lo legítimamente nuestro, lo que merecemos, nuestro precio (salario) de mercado, que coincide con lo que aportamos, dirán los más arriesgados defensores de la teoría de la productividad marginal. El mercado sería lo natural y lo debido; el Estado, el artificio y lo arbitrario. La tesis, todo sea dicho, es muy consistente con una visión prepolítica de los derechos: los derechos serían anteriores e independientes de la voluntad política de los ciudadanos cristalizada en leyes. Los derechos, incluido el de propiedad, serían tan naturales como la trayectoria de los planetas. Si acaso, mediante leyes e instituciones, nosotros nos limitaríamos a tomar nota, modestos notarios de valores trascendentes, inmutables desde el principio de los tiempos.

El supuesto conservador de discontinuidad resulta más que discutible. El mercado, y más el mercado capitalista, se sostiene sobre una trama institucional, política, previa, que asegura unos derechos de propiedad, un mecanismo garantizado de intercambios legítimos, todo ello respaldado por un (costoso) sistema judicial y policial. Más exactamente: 1) la propiedad precisa de un sistema legal que la sostenga y, sobre todo, en sociedades complejas, no hay nada parecido al laissez faire: el mercado requiere de un Estado, que hace posible títulos de propiedad, sistemas de ejecución de contratos; 2) la propiedad es una construcción jurídica que no preexiste en ningún sentido al sistema de normas, entre las que se incluyen las que fijan impuestos: no hay una propiedad previa a los impuestos porque los impuestos forman parte de las normas que la definen. Yo no te puedo arrebatar tu casa porque soy más fuerte, ande más necesitado o tenga la sangre azul. Tendré que comprártela y tú deberás estar de acuerdo. No hay una distribución «natural» y justa, la del mercado, que luego se «ensucia» a través de impuestos artificiales e injustos. Todos los derechos, tanto los llamados «derechos negativos», esos que garantizan la libertad de opinión o la propiedad, como los llamados «positivos», los sociales, que protegen la asistencia y el bienestar, cuestan dinero y es una decisión política, colectiva, garantizarlos en mayor o menor grado y establecer prioridades entre unos y otros. La idea de que la distribución del mercado es la correcta, de que el mercado garantiza a cada uno lo que merece, amén de presumir unos supuestos de teoría económica que no están fuera de disputa y que permitirían reconocer qué aporta cada cual a los empeños productivos, asume una idea de justicia que no es incondicionalmente incontrovertida. Al cabo, a todos nos parecería inhumano abandonar a su suerte a los niños, los ancianos o los discapacitados «porque, puesto que no aportan nada, no deben recibir nada».

De todos modos, ni siquiera hace falta ir tan lejos. Y es que, si hay algo seguro, es que el instrumento de tasación de los conservadores, el mercado, no parece bien calibrado para medir méritos y esfuerzos. Basta con saber en qué familia viene cada cual a este valle de lágrimas para poder anticipar con precisión de geómetra como le irá en la vida. Entre otras cosas por fenómenos como el llamado «emparejamiento selectivo», que lleva a los ricos a casarse con ricos. Padres ricos tienen hijos que serán ricos y los pobres, pues pobres. Tanto da que se trate de imbéciles irreparables o haraganes vocacionales como genios de Nobel o esforzados estajanovistas. De vez en cuando alguno se sale de cauce y aparece en las revistas de las peluquerías, pero no hay que engañarse: premiar únicamente esfuerzos o talentos, la mínima idea de igualdad de oportunidades, no forma parte del guión que rige nuestras sociedades. Sobre eso caben pocas dudas y menos después de los datos sistematizados en El capital en el siglo XXI, el famoso ensayo de Thomas Piketty. Entre las muchas discusiones que ha desatado el publicitado libro, ninguna invita a pensar que erraba el Pijoaparte, el protagonista de la novela Últimas tardes con Teresa, cuando, melancólicamente, se entregaba a la reflexión de que «lo mismo que el dinero, la inteligencia y el color sano de piel, los ricos heredan también esa sonrisa perenne, como los pobres heredan dientes roídos, frentes aplastadas y piernas torcidas».

La apelación conservadora a la responsabilidad resulta de corto alcance e inconsecuente. Su igualdad de oportunidades no es más que una vaga invocación que, en lo esencial, se limita dejar a cada cual concurrir en la carrera de la vida, sin atender a que algunos llegan a la línea de salida con un yunque atado al pie y otros con una panadería debajo del brazo y, sobre todo, a que a partir de ahí, todo a peor. Y esto no es una apreciación moral, sino resultado sociológico irrebatible: desigualdades materiales vinculadas, por ejemplo, al origen familiar suponen otras desigualdades, sin ir más lejos en la esperanza de vida, que, entre unos y otros, incluso en la misma ciudad, pueden alcanzar a los treinta años.

Los problemas, hasta aquí, no alcanzan a la igualdad calibrada desde la responsabilidad sino al timorato arropamiento conservador: el camino no está igualmente franco para todos y no hay nadie —no desde luego el mercado— que vaya reconociendo méritos y esfuerzos. Así las cosas, los problemas de la igualdad conservadora no debilitan la idea de igualdad, más bien al contrario, en la medida que son problemas de inconsecuencia, la refuerzan.

Desafortunadamente, la historia no acaba aquí.

LAS COMPLICACIONES DE LA IGUALDAD

Los problemas de la igualdad están en otra parte. En primer lugar, en el perfil de la idea: el trazo precisable entre elecciones y circunstancias que sostiene la idea de responsabilidad. Si la tesis no encuentra una traducción práctica, operativa, de poco sirve. Y algo de eso hay. Caben escasas dudas de que no elegimos el color de la piel, el talento matemático, el sexo o el infortunio de que nos desgracie un ladrillo descolgado de un edificio, al menos como elegimos un traje, una pareja, una inversión, una carrera universitaria o un refresco. Pero no siempre la distinción es tan fácil y menos aún en estos tiempos en los que abunda una bien fundamentada tecnología de la manipulación de conciencias. Sobre todo cuando las técnicas se aplican a consumidores o ciudadanos con la mala fortuna, social o natural, sobrevenida, de andar faltos de raciocinio y hasta de carácter, como, en diverso grado, somos casi todos. Y el problema se multiplica hasta hacerse inmanejable cuando las elecciones se entremezclan con las circunstancias, que es casi siempre: yo elegí entrar a un bar de bocadillos y encontré la mochila olvidada de la que resultó ser la mujer de mi vida. ¿Me merezco la (buena o mala) suerte que es resultado de una elección, el premio de número de la lotería que compré porque «paseaba por allí» o, en diciembre de 2004, cuando opté por quedarme en casa en lugar de irme de vacaciones a las costas de Tailandia o cuando en mi lejana juventud preferí estudiar un curso de telegrafista en lugar de un curso de inteligencia artificial o, el 10 de septiembre de 2001, cuando puse mis ahorros en una empresa dedicada a fabricar fármacos tranquilizantes en lugar de en una agencia de turismo que organizaba vacaciones en Afganistán? Y, claro, si no hay trazo limpio entre elecciones y circunstancias o si, aun pudiendo realizar el trazo, difícilmente podemos reconocer mérito alguno a (las consecuencias de) las elecciones, se complica bastante hacer política igualitaria fundada en la responsabilidad.

Por otra parte, la idea no está desprovista de implicaciones moralmente enojosas. Parece razonable que los ciudadanos no deban acudir en ayuda de empresarios o banqueros que han invertido a tontas y a locas, no solo por razones de eficacia, porque de otro modo, volverán con más bríos al comportamiento insensato que tan rentable les sale, sino —que es lo que ahora nos interesa— por razones de principio, porque cada uno debe apechugar con las consecuencias de sus actos, porque, en nuestro paisaje moral compartido, parece asumido que cada palo debe aguantar su vela. Pero otras veces las cosas resultan más complicadas, al menos sin retortijones morales: ¿dejamos abandonado al peatón imprudente atropellado al cruzar una calle sin mirar, al fumador que desarrolla un cáncer, al cooperante que en África contrae una enfermedad?

El tercer avispero, y acaso el más importante, en tanto socava el ideal de ciudadanía, atañe a las consecuencias laterales de las intervenciones «compensatorias» de esos infortunios no achacables a la elección de las personas. Sucede que las ayudas que, mal que bien, intentan resolver los problemas de las gentes, a la vez, las señalan como «problemáticas». En tal caso, la redistribución o la transferencia ofician como estigmas sobre unos ciudadanos a los que se les viene a decir que, en el fondo, son unos desgraciados, bien porque resultan, en algún sentido, imperfectos, de fábrica, o inútiles, porque son unos incapaces o porque sus habilidades no les importan a nadie y por eso no encuentran trabajo. Todos, al fin, una suerte de hijos tontos con los que los demás debemos apechugar. No solo eso, además, si quieren recibir ayudas han de levantar el brazo y demostrar su condición de desechables, para decirlo con la repugnante adjetivación colombiana. La dignidad sería el precio a pagar por la ayuda. Algo que, desde luego, es de mal llevar con el respeto, la autoestima y el trato digno, mimbres fundamentales de la trama ciudadana.

LOS PROYECTOS SOCIALISTAS

Pero acaso las mayores complicaciones atañen al cómo, al diseño institucional con el que abordar la realización de la aspiración igualitaria. La tradición socialista, la tradición más genuinamente continuadora de la Revolución Francesa, lo intentó básicamente de tres maneras. La clásica, que no pasó de los papeles, entendía el socialismo como continuación inexorable del capitalismo por la vía del desarrollo de las fuerzas productivas que, entre otras cosas, suponía un horizonte de la abundancia. Una dinámica parecida a la que condujo del feudalismo al capitalismo, un conjunto de fuerzas, talentos y energías productivas constreñido por un sistema, las relaciones señoriales, que, al final, acaba por romper las bridas que impiden su crecimiento. Algo así, pero a lo grande. Eso sí, una vez rotas las costuras del capitalismo, comienza jauja. Con abundancia, en una sociedad donde hay de todo para todos, desaparece hasta el terreno sobre el que se levanta el problema de la justicia distributiva: si cada cual puede tener lo que quiere no hay motivos de disputa ni, por lo mismo, preocuparse por cómo asignar recursos. Se supera el test de la envidia: qué me importa que tú tengas más o distinto de lo que yo tengo, si, de quererlo, también podría disponer de un lote como el tuyo. No es menester entretenerse en recordar, además del talento intelectual de la argumentación, su final sinsentido, siquiera porque, mientras no prescindamos de la termodinámica y, a la vista, de la tecnología previsible, no parece que ninguna sociedad humana pueda asumir la hipótesis de la abundancia. Tampoco el capitalismo, que opera como si no fuera como él.

El segundo modelo, el que acabaría por cristalizar en el llamado socialismo real o socialismo de Estado, que se sostenía en la propiedad pública de los medios de producción y la sustitución del mercado por la planificación, se encontró con serios problemas para resolver la coordinación de los procesos económicos, para dotarse de un sistema de señales, de información, con el que gestionar con alguna eficiencia la asignación de recursos. No era un asunto menor suplir al mercado. En el mercado, opera, al menos en el corto plazo, un conocido mecanismo: cuando un bien escasea, su precio sube, a alguien le podrá interesar producirlo y la competencia le obligará a hacerlo de la mejor manera. El sistema «libre» de intercambios, descentralizado, en el que cada uno va a la suya, mediante los precios, nos proporcionaría, además de los incentivos para producir, un procedimiento para conocer qué, quién y cuánto se quiere de cada mercancía. Por su parte, el socialismo se veía en serias dificultades para obtener unos precios en los que basar su planificación. De poco servía la información que suministraban unas empresas que, para asegurarse que podrían cumplir el plan central, cuando les preguntaban sobre sus posibilidades productivas, tiraban por lo bajo, y, cuando les preguntaban sobre los recursos que requerían, pedían lo que no está escrito. Y tampoco andaban muy dispuestos a mejorar la productividad unos trabajadores cuyos empleos e ingresos estaban asegurados lloviera o tronara, se esforzaran o no.

Con más o menos convicción, con más o menos honestidad retrospectiva, a esas dificultades apelarán los partidos socialdemócratas cuando defiendan su modelo del Estado del bienestar sobre la base que sintetizaría con eficacia insuperable el Partido Social Demócrata alemán en 1959 en su histórico congreso de Bad Godesberg: «Tanta competencia como sea posible, tanta planificación como se necesite». En la práctica, el lema se traducía en olvidarse tanto de la planificación económica como de la nacionalización de los medios de producción.

La intervención pública estaría justificada únicamente cuando el mercado no llegaba o no funcionaba debidamente. En primer lugar, para hacer frente a los diversos fallos del mercado (bienes públicos, externalidades, asimetrías informativas, monopolios), esto es, situaciones, en las que el mercado, por sí solo, producía resultados ineficientes o, sencillamente, no producía determinados bienes, importantes, entre otras cosas, para garantizar el funcionamiento del propio mercado. También había lugar para una redistribución justificada en nombre de la eficiencia, al menos si nos tomábamos en serio los trabajos de Keynes y Kalecki, quienes nos recordaban que, puesto que en el capitalismo —donde unos ahorran y otros, por otras razones, son los que invierten— los aumentos en el ahorro no tienen por qué traducirse en aumentos de la inversión, si queremos asegurar que la demanda cumple su función activadora, es mejor intervenir, bien directamente, a través del gasto público, bien indirectamente, redistribuyendo en favor de los pobres, que tienen una mayor propensión al consumo; esto es, que ante un aumento igual de la renta, destinan una proporción mayor a la demanda de bienes. La argumentación que, todo hay que decirlo, solo funcionaba bajo ciertas condiciones, proporcionará una anatomía teórica a la tesis de la redistribución como el instrumento encargado de mediar entre unas cosas y otras, de compensar a los perdedores con transferencias procedentes de los ganadores.

Ese soporte teórico parecía un adecuado complemento con el que arropar el principio de igualdad antes expuesto: el Estado vendría a aliviar los males, los infortunios que a cada cual le caen, entre ellas, la edad, la enfermedad y el desempleo. Puesto que, y en esto se separaban de la mayor parte de los conservadores, el mercado, al menos el mercado capitalista, estaba instalado en desequilibrios, la eficiencia y la justicia distributiva se convertían en los avales últimos de las intervenciones bienestaristas de la socialdemocracia.

LOS LÍMITES DE LA REDISTRIBUCIÓN

El guión socialdemócrata atinaba al reconocer las virtudes del mercado como mecanismo coordinador de los procesos económicos con un razonable grado de eficiencia. Ningún proyecto político sensato puede prescindir del mercado —que, por cierto, no equivale al capitalismo— al organizar la economía. Con el mercado había que contar. Eso sí, si se trataba de procurar la igualdad, había que llamar a otra puerta. El mercado está en otra cosa, que poco tiene que ver con la justicia, ni, tampoco, pace los conservadores, con reconocer méritos o esfuerzos. Al menos, los mercados conocidos. Esa es tendencia de fondo del capitalismo, solo corregida, a ratos, como también nos ha recordado Piketty, antes por las destrucciones de capital derivadas de las guerras mundiales que por unas intervenciones redistributivas cuyos resultados finales, cuando se les sigue el rastro completo, nunca acaba de estar claro a quién beneficia.

Por aquí aparecían los problemas de la argumentación socialdemócrata. Los economistas, con desigual complacencia, ya habían sostenido que los problemas del mercado no hacían buenas las intervenciones públicas. Algunos recordaron que la teoría keynesiana valía únicamente en ciertas condiciones (economías cerradas) y otros que no todos los fallos del mercado presentaban soluciones públicas, al menos exclusivamente públicas. Pero lo preocupante, para lo que aquí interesa, para el proyecto igualitario, era otra cosa, a saber, que la intervención redistributiva tenía efectos imprevistos e incluso, en muchas ocasiones, contrarios a los pretendidos. Para muestra, la última, la tercera vía laborista y su fracaso a la hora de impedir, con redistribuciones a posteriori, que las desigualdades de salarios acaben en desigualdad de rentas. Sobra la evidencia de que, también esta vez, el infierno está empedrado de buenos deseos: países que emplean casi una cuarta parte de su PIB en unos gastos sociales que, cuando se echan todas las cuentas, rara vez alcanzan por beneficiar a los más vulnerables, que escapan por las costuras de la sociedad, poco organizados para levantar la voz y desprovistos de información acerca de cómo acceder a las ayudas y romper el círculo de su miseria.

Pero hay algo más y peor. Mientras las redistribuciones y transferencias dejan casi intactas las desigualdades importantes, a la vez, erosionan la calidad cívica de la comunidad política. Sucede, en primer lugar, por lo directo, porque se muestran ineficaces para combatir la perpetuación de profundas y sostenidas desigualdades y, por ende, para propiciar que los ciudadanos participen de retos y experiencias comunes. Cuando las vidas de unos tienen poco que ver con las de los otros, no hay espinazo democrático vertebrador de las sociedades. La democracia se sostiene, entre otras cosas, en la posibilidad de proporcionar razones que nuestros conciudadanos puedan dar como buenas. Darnos razones es lo mínimo que mutuamente nos debemos. Algo que resulta improbable, cuando a las personas les resultan ininteligibles los problemas de sus conciudadanos, como al ciego le resulta extraña la experiencia del color. Otro mecanismo por el que las redistribuciones erosionan la vida cívica está relacionado con lo antes apuntando, con los torcidos destinos últimos de las ayudas. Y es que, cuando se exploran hasta el detalle, se repara en que muchas de las asignaciones del Estado del bienestar no dependen de la calidad moral de las demandas, de su justicia, sino de la particular capacidad de influencia de los distintos grupos sociales, de su vigor para tironear del presupuesto. Grupos con dinero, bien organizados en las redes, con facilidad para fijar metas y coordinarse tendrán más capacidad de hacerse ver que otros, sin recursos ni información, ajenos a las nuevas tecnologías o desperdigados. En esa disputa importan menos las buenas razones que el poder de influir o de movilizar votos, en una competición en la que cada colectivo se preocupa de los suyos y sospecha de los demás, potenciales rivales en el reparto. Al otro lado solo están unos políticos cuyo único horizonte de supervivencia son las próximas elecciones y cuya salida más normal es la huida hacia delante, unas veces encabalgando burbujas, otras con desequilibrios presupuestarios mantenidos en el tiempo, diversas maneras, que conocemos bien, de comprar la voluntad de unos votantes poco dispuestos a la vigilancia y al control mientras dura una fiesta que deberán pagar los que vengan más tarde, esos que hoy no votan. Y, finalmente, las cosas empeoran, por lo ya mencionado, porque los sensatos intentos de poner remedio a esas patologías y ceñir las ayudas a los más vulnerables, aparte de no resultar rentables electoralmente cuando los excluidos carecen de organizaciones sociales propias, se enfrentan a la incomprensión de unos votantes con los instintos morales entumecidos por lo que se acaba de contar y que no tendrán reservas en estigmatizar a los otros, a los perdedores, descritos como parásitos, sometidos a una vejación continua de tener que demostrar, si quieren recibir ayudas, que no sirven para nada, que son unos desgraciados o unos inútiles a los que hay que compensar por ser lo que son, por su identidad.

LA PRIORIDAD DE LA CIUDADANÍA

El conjunto de circunstancias inventariadas, entre otras, está en el origen de un reajuste en la perspectiva con la que una parte de la izquierda ha buscado renovar sus propuestas. Según este diagnóstico, la estrategia clásica de dejar funcionar al mercado e intervenir más tarde para reparar sus patologías ha fracasado porque, en el camino hasta llegar a la redistribución, se producen demasiadas distorsiones. Los mismos procedimientos que buscan conseguir la igualdad acaban por hacerla imposible o estéril: incentivos perversos que llevan a los ciudadanos a abstenerse de colaborar porque «les suben los impuestos»; administraciones anquilosadas, cargadas de inercias e ineficiencias; complicaciones de la propia labor redistributiva, una tarea con altos costes y que requiere una información —sobre las distintas situaciones y necesidades de los ciudadanos— difícil de obtener; desigual capacidad de influencia, que sesga los recursos en favor de los poderosos y mejor organizados, quienes, bajo el paraguas de las buenas palabras bienestaristas, consiguen ayudas y subvenciones de cuestionable pertinencia moral cuando no simplemente parasitarias del presupuesto.

Así las cosas, la propuestas han optado por dar un paso atrás, al principio, e intervenir antes de que comience a operar el mercado. Antes que remediar ex post los desordenes distributivos, se buscaría prevenirlos ex ante. La idea es igualar, dotar de recursos, capacidades o poder a los ciudadanos y, sobre ese terreno, dejar funcionar al mercado. Una estrategia general que está detrás de diversas propuestas. Algunas resultan modestas y, en diverso grado, ya circulan: mejoras en educación, en capital humano, porque «es mejor enseñar a pescar que dar los peces»; políticas activas de empleo y formación continua de las capacidades laborales; medidas para conllevar la vida laboral y la familiar. Otras, más rotundas, buscan ampliar derechos políticos y sociales y optan por alentar cambios institucionales que permitan a los dejados de la mano de Dios disponer de un mayor poder de negociación, sea a través de su participación en los procesos de decisión, sea a través de corregir desigualdades de poder que, en muchas ocasiones, llevan a distorsionar el funcionamiento del mercado. Por ejemplo, un banquero —incluso un banquero que simpatizase con los derechos civiles— de hace cincuenta años en Alabama se lo pensaría mucho antes de contratar a un cajero negro ante el temor de quedarse sin clientes. Y, por su parte, los clientes, ante la ausencia de empleados negros, confirmarían sus «impresiones» sobre la incompetencia o la deshonestidad de éstos. En tal caso, una política transitoria de discriminación positiva, que obligase a contratar un mínimo de empleados negros, rompería la cadena de exclusiones. Y quien dice negro dice otros grupos penalizados por características irrelevantes (edad, peso, sexo) para los empeños que han de realizar. Otras propuestas son aún más radicales, hasta incluir la distribución del capital productivo: democracias de propietarios y socialismos de mercado, fundamentalmente.

En ningún caso, o casi ninguno, tales propuestas pretenden acabar con el mercado, sino que, a partir de la constatación de que, por sí solo, no mejora las cosas o, directamente, las empeora, se opta por igualar las oportunidades con las que los ciudadanos operan en él y, si acaso, afinarlo en su funcionamiento para que ofrezca su mejor versión. Para ello se requiere una real igualdad de oportunidades, que permitiría un mejor uso de los recursos, incluidos los recursos humanos, y acabar con desigualdades de poder político o de influencia sobre el poder político, derivadas de desigualdades económicas, que entorpecen la buena asignación, y, por la vía de la capacidad de influencia en los gobiernos, al quebrar la salud de las instituciones (transparencia, control), distorsionan la calidad democrática en la toma de decisiones. A esas distorsiones apuntan algunas de las metáforas políticas de mucho tráfico en los medios y, todo sea dicho, desigual calidad conceptual: capitalismos de amiguetes, puertas giratorias, casta, élites extractivas.

En realidad, dirán algunos, se trata de asegurar que el mercado funcione de la mejor manera. No podemos ignorar que, en competencia perfecta, no hay lugar para el poder despótico y arbitrario que rige el trato de muchas empresas —y más en las pequeñas que en las grandes, por cierto— con los trabajadores, un trato que funciona sobre el transfondo del chantaje del hambre, para decirlo en corto y a la manera cervantina. El empresario siempre puede amenazar con despedir, pero, en un mercado impecable, el despido deja de funcionar como una amenaza puesto que el trabajador puede encontrar inmediatamente otro trabajo en las mismas condiciones. Pero, claro, los mercados impecables solo se encuentran en los libros de economía. En la vida que conocemos el chantaje funciona a diario y la humillación es un hábito de negociación. Así las cosas, para allanar el camino a la autonomía de los ciudadanos, a la posibilidad de que, sin ser héroes o santos, se puedan mirar al espejo sin indignidades y a los demás conciudadanos de frente, para decirles «no», quizá resulten más realistas medidas ex ante que intentan dotarlos de recursos o poder de negociación o de decisión.

DE LA DISTRIBUCIÓN A LA LIBERTAD

El cambio en la mirada sobre la igualdad supone un cambio de perspectiva pero sobre todo una ampliación del foco. Algo de agradecer, siquiera porque las reflexiones igualitarias de la izquierda académica —con la deprimente excepción de los trastornos derivados del multiculturalismo, de un flojera intelectual anonadante— parecían agotarse en la justicia distributiva. Agotarse y agotarnos, porque su grado de sofisticación analítica solo era comparable a su irrelevancia práctica. Los matices eran tantos, y tan retorcidos, como escasa la posibilidad de que se pudiera sacar algo en claro a la hora de cuajar en propuestas políticas. Las musas nunca parecían querer llegar al teatro. Y cuando llegaban, como sucedía con las medidas bienestaristas, no era seguro que fuera para bien, como se acaba de ver.

Ahora la mirada se amplía y, en ese sentido, se entronca más genuinamente con el ideario completo de la Revolución Francesa. El énfasis recae en la democracia y, por implicación, en el poder político. La distribución es relevante, pero lo es, por derivación, porque hace posible el autogobierno de los ciudadanos, su libertad, porque como decía Jefferson «la dependencia engendra servilismo y venalidad» (y, de ahí, su propuesta, incluida en su borrador de la Constitución de Virginia de 1776, de provisión mínima de tierra para todos los ciudadanos con derecho al voto).

La tesis del autor principal de la Declaración de Independencia está sostenida por buena investigación. La elección, también entre modos de vida, requiere ciertas condiciones y circunstancias, porque hay condiciones y circunstancias que hacen imposible la buena elección. Algunas resultan obvias: no podemos dar por buena una elección de quien está sometido a un chantaje, a una amenaza, bajo los efectos de una droga o es víctima de un lavado de cerebro. A poco que afinemos las condiciones de elección, no tardaremos en encontrarnos con otras exigencias que, con más o menos nitidez, han tomado cuerpo en nuestras constituciones como garantías de derechos y libertades. Y hay algunas más, no menos razonables, que, poco a poco, comienzan a estar presentes, siquiera germinalmente, como fuente de inspiración de muchas leyes: la calidad de la información disponible, el conocimiento de los diversos modos de vida, o la ausencia de dominación, la imposibilidad de que otra persona —mi pareja, mi jefe— pueda, por ejemplo, empeorar mis condiciones de vida si no le gusta lo que pienso o decido. Entre esos requisitos, más pronto que tarde, acaban por aparecer las condiciones materiales, la autonomía económica, pues como dejara dicho otro de los padres fundadores, John Adams: «Los hombres, en general, de cualquier sociedad, que están totalmente desposeídos de tierra conocen tan poco los asuntos públicos que no pueden opinar rectamente, y dependen tanto de otros hombres que carecen de una voluntad propia. Hablan y votan tal y como les recomienda algún hombre rico que ha moldeado sus mentes para que defiendan sus intereses de propietario». A Adams, ese argumento le servía para defender el voto censitario, a otros para defender una propiedad minima (Forty acres and a mule; Three acres and a cow) como garantía de la libertad republicana. En todo caso, cabalmente entendido, supone una radical defensa, en nombre de la democracia, de la igualdad o, por lo menos, de unas garantías económicas que les permiten tomar sus decisiones sin estar sometidos a la voluntad arbitraria de ningún poder, a pensar con limpieza sin temor al chantaje de sus conciudadanos o a exigencias de afiliación a comunidades culturales que, a cambio de sostén material o psicológico, reclaman afiliaciones a identidades colectivas, como es común en grupos religiosos o nacionalistas. El cambio de orientación supone, para empezar, aliviar la obsesión por «determinar el nivel de responsabilidad» cuando discutimos sobre la igualdad. Y quien dice responsabilidad, dice un racimo de ideas vecinas que aparecen a la hora justificar los criterios de distribución: el mérito, el esfuerzo, la mala (o buena) suerte no elegida. Para la nueva perspectiva, para formularlo de un modo extremo, la buena sociedad no viene determinada por la buena distribución, sino al contrario, es la idea de buena sociedad la que decide la buena distribución. La idea de que la buena sociedad se acaba en acotar esfuerzos y aportaciones no es nueva. Sin ir más lejos, en su Crítica al Programa de Gotha, Marx consideraba que la distribución según el criterio de «proporcional a lo que cada cual ha rendido», aceptable circunstancialmente, debería dejar lugar a otro, ya genuinamente comunista: «De cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades». No es nueva y, tampoco, una extravagancia radical. Rige buena parte de nuestra vida familiar, donde nadie se pregunta por la productividad de niños o ancianos.

La perspectiva democrática no llega tan lejos. No nos dice que, al distribuir, debamos olvidarnos completamente de la mala suerte (la enfermedad, un terremoto), del esfuerzo o, en general, de la responsabilidad, sino que tales criterios deben ponderarse o, directamente, subordinarse a otras consideraciones. Sencillamente, reordena las preferencias: la igualdad es importante porque importan cosas como la democracia y la libertad. No se trata tanto de establecer como norte exclusivo la distribución igual de los recursos o de compensar la mala suerte como de asegurar que los ciudadanos participan de las decisiones como libres e iguales. Con esa apuesta como prioridad, debemos explorar aquellas formas de distribución que resultan compatibles con el buen funcionamiento de una sociedad en la que todos los ciudadanos son merecedores de igual aprecio y respeto y de la que nadie se siente excluido. Desde esa perspectiva, el problema de la desigualdad no es solo, y acaso no fundamentalmente, que unos pueden disfrutar de bienes que a otros les resultan inaccesibles, sino que esa desigualdad afecta a ámbitos en los que nos importa mucho la igualdad.

Y es que la desigualdad, además de suponer ineficiencias y despilfarros, por ejemplo de talentos, de un capital social que no se asigna de la mejor manera, socava la calidad de la democracia. La socava, por supuesto, porque cuando hay dependencia material, hay terreno abonado para la corrupción, el clientelismo, los votos cautivos y, por ende, para erosionar el control y la transparencia de las instituciones. Pero la socava, sobre todo, en lo que constituye su rasgo más constitutivo: la igual posibilidad de influencia política en las decisiones colectivas, esa que tímidamente captura el lema «un ciudadano, un voto» y que se ve completamente pervertida cuando unos, los ricos, tienen una desorbitada capacidad para decidir lo que se juzga importante, los problemas que se discuten y las respuestas que aparecen —y las que se excluyen— en los debates. No solo eso, lo peor es que los excepcionalmente ricos son hiperactivos políticamente. Y se entiende: si te hacen caso, participas. Por lo mismo, se explica que los de abajo se aboquen en una espiral de apatía política: nadie habla cuando sabe que su voz no será atendida. El resultado es que los problemas de los ricos acaban por ser los problemas del gobierno y, por tanto, el norte que rige la orientación de los gastos públicos. Se mire desde donde se mire (al investigar puertas giratorias, actividades legislativas, gasto en grupos de presión, composición de organismos de decisión), el diagnóstico es el mismo: la metástasis afecta al organismo entero, la perversión de los principios de igualdad que sostienen la democracia; la quiebra de la argamasa común que da sentido a la actividad política; la sobrerrepresentación de los intereses de los muy ricos y, como consecuencia de esa desigualdad, la esterilización —en el uso real— de los derechos, consecuencia de la desidia de unos ciudadanos que no se sienten escuchados y que, por lo demás, salvo excepciones, tampoco muestran mucho coraje ni limpieza mental cuando toman la palabra, dada su carencia de autonomía material. De todo ello, contado aquí a uña de caballo, hay sobradas pruebas en distintos estudios académicos.

UN PATRIMONIO COMÚN: LA LIBERTAD (REAL) DE TODOS

Así las cosas, las garantías económicas de los ciudadanos se contemplan como parte de la trama institucional que hace posible el ejercicio del autogobierno. Una trama que no es, en lo esencial, distinta de otras que conocemos bien y nadie discute: las constituciones, que aseguran derechos y libertades, y un ecosistema de bienes, públicos y privados, normas sociales y pautas culturales compartidas. Como han descubierto de la peor manera los países en los que se ha querido exportar la democracia como quien introduce el uso de la penicilina, la existencia de ese trama es condición de posibilidad del ejercicio de la ciudadanía. En realidad, la penicilina es un buen ejemplo porque, también en su caso, sucede algo parecido a lo que pasa con ciertas «medidas de democracia», a saber, que, a solas, empeoran la cosas: en una población en los límites de subsistencia, proporcionar una ayuda médica que acabe con la mortalidad infantil puede ocasionar más sufrimiento que el que pretende aliviar, al propiciar excesos de población y hambrunas, como bien sabían los padres que en el Chad en 1974 que, según informaba Newsweek, imploraban a los funcionarios de NN. UU. que dejasen de enviarles medicinas, porque casi era mejor para sus hijos morir de difteria que seguir pasando hambre o crecer con daños mentales producto de la malnutrición.

Pero hay algo más, que conviene recordar ante ciertas críticas muy comunes a la renta básica (RB, en los sucesivo): esa trama se recibe sin mérito ni aportación por parte nuestra. Es un costoso legado, condición de posibilidad de la participación en las decisiones colectivas, que recibimos con nuestra venida al mundo. Está a disposición nuestra, sin haber contribuido a levantarlo ni a mantenerlo y, además, sin que quepa excluir a nadie ni se contemple la desigualdad de acceso. En ese sentido, nuestras instituciones democráticas guardan no pocos paralelos con la disponibilidad de ciertos recursos naturales: «estaban ahí» antes que nosotros llegáramos al mundo. Y también como sucede, o debiera suceder con tales recursos, su disfrute resulta accesible a todos por igual con independencia de nuestra (inexistente) contribución (de hecho, se ha sostenido —como se verá en las páginas de este libro— que tales recursos deben ser la fuente de financiación de la RB, aunque ahora se trata de otra cosa: de recordar que hay bienes de los cuales disfrutamos incondicionalmente, por igual, y que nos parece razonable que así sea).

Las instituciones políticas, y la trama en la que se insertan, no están dadas por la naturaleza, pero sí son de todos, bienes públicos producidos a través de generaciones mediante la cooperación entre ciudadanos. Merced a ese legado y, ahora sí, de unos recursos naturales que también heredamos, realizamos, entre otras cosas, nuestras actividades productivas. Algo que, por cierto, a veces desatienden quienes vinculan incondicionalmente la igualdad justa a la aportación productiva: ese paisaje de fondo de bienes heredados, que nosotros disfrutamos, también forma parte de los materiales que hacen posible nuestra riqueza y, por definición, disponemos de él sin aportar, sin mérito ni esfuerzo.

El acceso a esa herencia no se parece al acceso a nuestras propiedades particulares. Esta circunstancia nos remite a un aspecto del ideario de la Revolución Francesa con el que abrimos estas páginas. Aunque la propiedad pueda cumplir funciones —por ejemplo, proporcionarnos autonomía— parecidas a los derechos de ciudadanía, la condición de ciudadano nada tiene que ver con la de copropietario (de una parte) de la comunidad política. Nuestra condición de ciudadanos no está vinculada a nuestra (posible) condición de propietarios. No somos ciudadanos como somos accionistas de una empresa o propietarios de una parcela en una urbanización. El territorio político no es una sociedad anónima, ni un contrato entre partes, entre socios que aportan cada uno su parcelita. Yo soy tan ciudadano, como sujeto de derechos, en Madrid como en Sevilla. Y Barcelona, en tanto territorio político, no es propiedad de los barceloneses. Es la radical novedad de las revoluciones democráticas respecto a lo que sucedía en el Antiguo Régimen, cuando los reyes eran dueños «a título personal» de sus territorios, que se ampliaban o menguaban con matrimonios y separaciones, como nos sucede a cada uno con nuestras propiedades.

Las comunidades políticas que se forman con las naciones políticas constituyen una empresa colectiva de la que los conciudadanos son copropietarios en un régimen de pro indiviso: todo es de todos sin que nadie sea dueño de nada en particular. No hay nada que sea «mío» antes de lo que es de todos: el territorio político. La propiedad de cada cual no es previa, sino posterior, en sentido lógico y empírico, al territorio común, jurídico y político. La existencia de este territorio político-jurídico previo hace posible que uno pueda disponer de su propiedad, comprarla o venderla y limitar el acceso o la disponibilidad a los demás. Puede hacer algunas cosas como esas, pero no otras, como alojar su cuchillo en la yugular de otra persona. Incluso es anterior al omnia sunt communia («todo es de todos») de Tomás de Aquino, incorporado en cualquier cuerpo constitucional, en nuestro caso, en el artículo 128.1: «Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general». El artículo es tan solo la confirmación de que es una decisión de todos disponer de la trama de derechos: por razones de interés o necesidad, se modifica la disposición de la propiedad.

Sobre ese transfondo del territorio común tomamos decisiones políticas de modo compartido, en una unidad de justicia y de decisión, en la que, idealmente, todas las voces son atendidas y, precisamente porque son atendidas, de acuerdo con procedimientos democráticos, y recogidas en forma de leyes, que contemplan la posibilidad de su modificación a la luz de nuevas razones, no cabe desvincularse de su cumplimiento o, por ejemplo, amenazar con «romper las reglas» y marcharse con una parte, si no nos gustan las decisiones. La igualdad, la libertad y la fraternidad adquieren su exacto sentido sobre el fondo de la unidad: si yo amenazo con romper la unidad cuando no me gusta lo acordado por todos, si el chantaje y la imposición sustituyen a la deliberación y las razones, no hay igualdad entre ciudadanos, porque quiero que mi voz pese más que las otras, ni libertad, porque la amenaza quiere regir las decisiones de todos, ni fraternidad, porque desprecio las razones —y hasta la posibilidad de dar razones— de mis conciudadanos. De ese patrimonio común, que incluye derechos y libertades, participamos todos por igual y a todos por igual nos proporciona las condiciones materiales para el ejercicio pleno de los derechos, de la libertad y la participación. Y está ahí, en el mundo, antes de que nosotros lleguemos al planeta sin que quepa atribuírselo a nadie en particular. Por eso mismo, porque somos partícipes sin mérito ni voluntad, uno no se «apunta» a la nación política como se hace socio de un club deportivo. Si quiere, por supuesto, se puede marchar, pero su marcha deja intacta a la comunidad política, sin que le quepa reclamar «su parte». En ese sentido, presenta características de bien público más o menos puro: no hay modo de excluir a nadie de su uso y el acceso de uno no limita el acceso de otros. Nos viene dado, gratuitamente, si queremos decirlo así y sin que quepa pedirnos cuentas, ni limitar o dosificar nuestra posibilidad de disponer de él, según nuestra particular contribución. Aunque sí debemos rendir cuentas compartidamente para legarlo sin deterioro, sin quebrarlo, precisamente porque formamos parte de una comunidad que nos garantiza derechos y libertades y en la que nuestra voz cuenta como la de cualquier otro ciudadano: es nuestra herencia común y esa herencia, que con nuestra participación hemos cultivado, debemos dejarla en las mejores condiciones.

LA RENTA BÁSICA: UN INSTRUMENTO

Para muchos, la RB es una propuesta realista que atiende a las consideraciones anteriores. En tal caso se entendería como un (otro) derecho de ciudadanía que se materializa en una prestación monetaria universal, individual e incondicional y permanente. La novedad más importante, frente a otras propuestas, es que la reciben individuos (no las unidades familiares) y todos los individuos, con independencia de su situación (desempleo, edad, salud, etc.). Algo bastante natural si se entiende como un derecho y aparece, como en las líneas anteriores, vinculada a conceptos como libertad, autonomía y autogobierno.

De más está decir que la RB se puede defender mediante otras estrategias de fundamentación distintas de la aquí sistematizada, desde otras ideas de buena sociedad. Por otra parte, a partir de los principios aquí invocados, también cabría argumentar en favor de propuestas alternativas, distintas de la RB. Al menos, en principio. Uno puede ser vegetariano por razones diversas (religiosas, gastronómicas, éticas, dietéticas) y, también, por los mismos principios (dietéticos, por ejemplo) puede optar por alternativas al vegetarianismo. En el caso de la RB ha sucedido algo parecido. Ha sido defendida por liberales de distintos apellidos, por libertarios y por socialistas radicales o igualitaristas. También cabe optar por defensas más austeras, con menos vuelo filosófico, que prescindan —al menos explícitamente— de armazones de teoría política más o menos elaborados y opten por itinerarios más sencillos que los aquí recorridos, como una simple medida contra la pobreza, la exclusión o el desempleo.

Con todo, no hay que exagerar los consensos. Las discrepancias de perspectiva, más temprano que tarde, acaban por manifestarse como discrepancias en aspectos importantes de la RB: la cantidad a percibir, la edad en la que se inicia, las fuentes y formas de financiación, la exigencia de eliminar todas las demás transferencias. Y, por supuesto, no faltan enmiendas generales que, por lo general, dudan de su realismo. En varias direcciones: la posibilidad de financiar una renta que pudiera estar a la altura de los objetivos, en particular, de asegurar la autonomía material; la compatibilidad con nuestras intuiciones morales, con extendidas opiniones en contra de que se pueda cobrar «sin dar un palo al agua» o de que los ricos también reciban la RB; la posibilidad de que se desencadenaran comportamientos que hicieran insostenible la RB, como legiones de parásitos y de gorrones; los apoyos políticos de la ciudadanía, acerca de la (im)posibilidad de encontrar el suficiente número de segmentos sociales dispuestos a respaldarla electoralmente.

Todas esas dudas, a mi parecer, tienen su réplica, al menos en sus versiones más primitivas, las más extendidas en la opinión pública. Respecto a su coste, no está de más recordar que la RB sustituye a muchas de las actuales transferencias, simplifica —y por ende abarata— las labores de gestión y vigilancia y, aunque siempre resulta complicado anticipar sus efectos dinámicos, no cabe descartar mejoras en productividad derivadas de varios mecanismos causales previsiblemente asociados a la aplicación de la RB: la previsible tecnificación de unos trabajos hasta ahora sostenidos en mano de obra sin cualificar que se ve obligada a aceptar salarios miserables; mejoras en capital humano de quienes desprovistos de ingresos tenían que entregar su tiempo a «lo primero que salga»; disminución de incertidumbre que invita a decisiones menos arriesgadas, etc.

En segundo lugar, no está fuera de dudas que a todos nos parece mal que la gente reciba dinero sin contrapartida laboral. Por lo pronto, no parece que nos revuelva las tripas morales la situación contraria —que es, en muchos casos, su reverso—, esto es, que las personas trabajen sin esperar retribución, como sucede con el trabajo doméstico o el voluntariado. El problema, en buena medida, es el prisma con el que se abordan las valoraciones. En realidad, como tal, que alguien disfrute de ciertas cosas «sin aportar» no lo vemos necesariamente mal. Nos sucede a todos, especialmente si venimos al mundo en esta parte del planeta, en su lado bueno, y lo aprobamos, a diario, en el caso de niños, ancianos y, de vez en cuando, ante catástrofes como hambrunas o desastres naturales. También, por lo que muestran los estudios, a los humanos nos parece bien que las personas tengan satisfechas ciertas necesidades básicas con independencia de su aportación. Por lo demás, las intuiciones morales no están escritas en las tablas de la ley y, en el fondo, cuando le damos dos vueltas a muchas de nuestras opiniones e intentamos dotarlas de cierta coherencia, acabamos por corregir nuestras convicciones más arraigadas, como nos lo recuerdan conquistas como el sufragio universal, los derechos civiles, la presencia pública y política de la mujer, el trabajo infantil, el matrimonio homosexual o los derechos de los animales.

También resulta discutible, a la luz de distintas modelizaciones teóricas con supuestos razonablemente realistas basadas en agentes con diferentes patrones de comportamientos (fanáticos del trabajo, ociosos impenitentes, trabajadores que condicionan sus decisiones a las conductas ajenas, etc.), de los experimentos naturales disponibles (loterías que premian con sueldos vitalicios, como el sueldo Nescafé) o de políticas aplicadas que guardan parecidos a la RB (dividendo social en Alaska, impuestos negativo en diversos lugares), que la gente vaya a dejar de trabajar generalizadamente. Es cierto que resultados tan limitados en su alcance deben tomarse con la debida prudencia, pero no está de más recordar que, a diferencia de lo que sucede con otras prestaciones (como el seguro de desempleo), la RB no se pierde cuando se consigue un empleo, de modo que el salario sigue resultando un acicate, que las sanciones morales e influencias sociales (un entorno susceptible de ser configurado públicamente y que permite modificar nuestras disposiciones a cooperar, imitar, a esperar reciprocidades) pueden orientar los comportamientos y que vincular el nivel (fluctuante, como variable dependiente) de la RB a la recaudación tributaria puede facilitar su aceptación: «Esto es lo que podemos dedicar a la RB dadas nuestras posibilidades —y disposiciones— tributarias».

Por último, el respaldo político en buena medida depende, como sucede con las apreciaciones morales, de la manera en la que la RB se presente, del relato en el que se inserta; dicho, de otro modo: el respaldo se sitúa en el territorio de la disputa política, en el debate sobre los principios de justicia socialmente compartidos y en el modo en el que las propuestas aparecen en relación con esos principios. Ciudadanos favorables al impuesto de sucesiones cambian de opinión cuando se lo bautiza como «impuesto de muerte». Preferimos gastar en «ayudar a los pobres» que «en bienestar», en «tratar la adicción a las drogas» que en «rehabilitar drogadictos», en hacer frente «al calentamiento global» que al «cambio climático». Por otra parte, la aceptación tampoco es independiente de la secuencia temporal de presentación. No es impensable y se ha pensado ( J. A. Noguera habla de módulos), en una sucesión que, mediante la modificación o, en su caso, generalización de algunas transferencias existentes (prestaciones a menores, pensiones universales) aceptadas y apreciadas por los ciudadanos, de a poquito, permita desembocar de facto en la RB, atendiendo a la sabia consideración de Goethe según la cual, «cada paso ha de ser en sí mismo una meta, sin dejar de ser paso».

De más está decir que las réplicas no agotan un debate que permanece abierto y en el que han participado científicos sociales de primera línea, en muchos casos para modificar sus juicios a la luz de razones que habían desatendido en una primera aproximación. Nada que ver, por tanto, con el trato frívolo que la RB ha recibido en nuestro entorno político más inmediato en donde no ha habido deshonestidad intelectual que no se haya cometido. Defensas a tontas y a locas, brindis al Sol del que se sabe alejado de las decisiones reales, elogios insensatos, como si fuera el bálsamo de fierabrás que aliviará todos los males sociales, manipulación de las palabras para llamar RB a otras cosas, propuestas de alcance geográfico tan limitado que parecían reducirse a —donde, por supuesto, no habría problemas de aplicación— falansterios o familias ampliadas, apologías retóricas en ámbitos en donde no hay posibilidad real de aplicación y, al poco tiempo, a la menor crítica y cuando la política empieza a exigir decisiones reales, eliminación discreta de los programas.

Con todo, las malas discusiones han contribuido a que, de la peor manera, en rigurosa aplicación de la recomendación «que se hable de mí, aunque sea mal», la RB está ya en el debate político y, unos y otros, aunque no siempre de frente, la están discutiendo, aunque sea tangencialmente, con propuestas que se quieren parecer o se presentan como alternativas. Sencillamente, la RB está para quedarse. Y debe quedarse, mientras no veamos razones definitivas que nos inviten a darla por caducada. Porque, ante todo, también ahora, se trata de acudir con la mirada limpia, dispuestos a admitir que pueden aparecer dificultades hasta ahora no anticipadas, efectos imprevistos. Sin desgarros y con vocación de verdad. Después de todo, no debemos olvidar que no deja de ser un instrumento para los empeños que realmente importan, aquellos que estaban en la trastienda de un verano de 1789 en París y a los que todavía les estamos dando vueltas, aunque no lo dijera Zhou Enlai. Como sucede con cualquier instrumento, quizá nos toque abandonarlo, si no nos sirve o si encontramos más afinados, si hay otros que se ajustan mejor a la función para la que han sido designados. En todo caso, lo importante es que los primeros pasos sean los debidos. Para eso, para empezar a saber de qué va, nada mejor que la excelente sistematización que el lector tiene entre sus manos.

El lector está a punto de iniciar la lectura de un libro infrecuente: una presentación informada y accesible que evita el humo de los buenos deseos y las malas artes de la descalificación de la discrepancia. La exposición comedida de quienes saben de qué hablan y, sobre todo, saben contarlo de manera sencilla sin malbaratar con vacua retórica la propuestas ni escamotear ni manipular los argumentos contrarios. Podrá comprobar que ideas poderosas y profundas se pueden explicar con la máxima claridad. En las páginas que siguen encontrará perfilada la idea de la RB, su genealogía y la naturaleza exacta de su novedad, sus diferencias con otras propuestas en apariencia semejantes, las experiencias disponibles y lo que podemos aprender de ellas, las consideraciones económicas y éticas acerca de su viabilidad y su justificación, las diversas alternativas de financiación y lo que cada una de ellas implica, las distintas maneras de valorar la propuesta y lo que razonablemente cabe esperar de su aplicación. Sin trampas, sin esconder las dudas, ni pretender que con la RB se acabaron los males del mundo. Quien no haya tenido otra información sobre la RB que la que ha podido encontrar en nuestros medios de comunicación o en los debates políticos, después de comprobar la escasa pertinencia de la mayor parte de las críticas —y de muchos elogios— que han acompañado a la aparición pública de la RB, verá que no estamos ante una ocurrencia de asamblea sino ante una propuesta avalada por investigaciones que no se despachan con desplantes y sentencias tabernarias. Quizá, quiero consolarme, también caiga en la cuenta de que no todas las reflexiones de los filósofos políticos son especulaciones ociosas y de que no tenemos porque abandonar la vieja confianza ilustrada en que la razón y la buena ciencia constituyen el mejor punto de partida para ordenar con más decencia la vida compartida. El renglón torcido de Zhou Enlai, la más duradera herencia de un verano de 1789 en París.

REFERENCIAS

Barragué, Borja, La garantía de ingresos mínimos en el igualitarismo (p)redistributivo, Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Madrid, 2015.

Noguera, José A.; De Wispelaere, Jurgen; Widerquist, Karl; Yannick. Vanderborght, (eds.), Basic Income: An Anthology of Contemporary Research, Londres, Wiley-Blackwell, 2013.

Ovejero, Félix, Proceso abierto. El socialismo después del socialismo, Barcelona, Tusquets, 2005.

Queralt, Jahel, Igualdad, suerte y justicia, Madrid, Marcial Pons, 2014.

Red Renta Básica, la sección española de la organización internacional Red Global de la revista básica ofrece una completa, accesible y actualizada información sobre la renta básica:http://www.basicincome.org/; http://www.redrentabasica.org/rb/.

Sin permiso, revista digital que también ha publicado, además de interesantes debates, distintos volúmenes monográficos accesibles desde: http://www.sinpermiso.info/.

FÉLIX OVEJERO

INTRODUCCIÓN

Brasilia, palacio presidencial, 8 de enero de 2004. En los contornos de la sala, rostros radiantes de todas las edades y de todas las razas se alternan con el eslogan «Una renta básica para todos». Las cámaras se ponen en movimiento, los ministros se levantan, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de la República Federal del Brasil, hace acto de aparición junto con su esposa y el jefe de su gobierno. Veinte minutos y dos discursos más tarde, se levanta entre aplausos para firmar una ley que instaura una renta básica para todos los brasileños. Cierto es que el texto afirma que se empezará por los más necesitados y que su generalización gradual al conjunto de la población queda sometida a una condición de factibilidad presupuestaria. Pero la ley ilustra, precisamente allí donde menos se hubiera esperado, la manera en que una propuesta poco tiempo atrás juzgada fantasiosa puede inspirar y motivar a los actores políticos y contribuir así a dar forma a la realidad.

Es imposible, en efecto, concebir, a día de hoy, el porvenir de la protección social, en Europa como en el resto del mundo, sin tomar en consideración la propuesta de la renta básica, es decir, la idea de asignar a todos los ciudadanos, sin condición alguna, un ingreso de base al que se pueda acumular cualquier otro tipo de ingreso.

Esta propuesta tan sencilla ha vivido una historia intelectual y política sorprendente. Formulada por vez primera en las postrimerías del siglo XVIII, fue discreta y casi fortuitamente instaurada en Alaska en 1981. Desde mediados de la década de 1980, ha sido objeto en Europa de un debate cada vez más nutrido que en la actualidad ha alcanzado ya otros continentes. A lo largo de este tiempo, ha contado con el apoyo de curiosas coaliciones, ha suscitado feroces rechazos, tanto en la derecha como en la izquierda, y ha estimulado, por parte tanto de sus partidarios como de sus detractores, la elaboración de argumentaciones sólidas y complejas que apuntan al corazón del funcionamiento de nuestra economía y a la esencia de los valores que deben regir la marcha de nuestra sociedad.

Para algunos, la renta básica constituye un remedio decisivo para numerosas calamidades, empezando por la pobreza y el paro. Para otros, no es más que una absurda quimera, económicamente impracticable y éticamente repugnante. Sin embargo, sea en el empeño de defenderla, sea en el de desarmarla, la necesidad de reflexionar alrededor de ella se impone, en lo sucesivo, a cualquiera que se esfuerce en repensar en profundidad las funciones del Estado social frente a la «crisis» multiforme a la que éste se enfrenta, a cualquiera que busque el medio para reconfigurar la seguridad económica con miras a dar respuesta a los desafíos de la mundialización, a cualquiera que alimente la ambición de ofrecer una alternativa radical e innovadora al neoliberalismo.

El objetivo central de este libro es contribuir a que esta controvertida propuesta pueda ser objeto de un debate sereno y bien informado. El primer capítulo reconstruye, de Tomás Moro a la Renta Mínima de Inserción (RMI), de Thomas Spence a la BIEN, la prehistoria y la historia de la idea. El segundo capítulo especifica los diversos aspectos de la renta básica, explora las variantes de la misma y clarifica sus relaciones con ciertas ideas próximas a ella. El tercer capítulo examina los principales argumentos invocados en su favor y las principales objeciones de las que es objeto, sintetizando de este modo un vasto debate cuyos componentes económico, sociológico y filosófico se hallan íntimamente entrelazados. Por último, el cuarto capítulo aborda, sobre este telón de fondo, la cuestión de la factibilidad política de la medida.

Los autores de este libro no pretenden ser neutrales. Si estiman importante contribuir a alimentar la reflexión acerca de la idea de la renta básica, es porque están convencidos de que ésta señala una dirección en la que nuestros sistemas de protección social deben avanzar. Pero este libro no está concebido como una simple proclama. En su esfuerzo por proporcionar una visión nítida y documentada de un debate multidimensional, a menudo confuso, a veces emocionalmente cargado, pretende ofrecer al lector una base sólida para que pueda dar forma a sus propias convicciones, disipando de paso un buen número de malentendidos que sustentan bloqueos inútiles y una gran cantidad de ilusiones que nutren esperanzas desmedidas.

Renta básica y renta mínima garantizada

El dispositivo convencional de renta mínima garantizada, del que la renta mínima de inserción francesa (RMI), creada en 1988, constituye una modalidad especialmente generosa, presenta varios rasgos comunes con la renta básica. Las prestaciones que componen los programas tanto de la RMI como de la renta básica son conferidas:

— en metálico;

— sobre una base regular;

— por parte de los poderes públicos;

— sin que sean reservadas a personas que hayan cotizado.

Pero este dispositivo convencional se diferencia de la renta básica en tres rasgos cruciales: sus prestaciones:

— son reservadas a los más pobres (control de recursos);

— toman en cuenta la situación familiar de los beneficiarios;

— están condicionadas a un esfuerzo de inserción o a una disposición a trabajar.

La renta básica, en cambio, se atribuye:

— a todos, ricos y pobres (sin control de recursos);

— sobre una base individual;

— sin ninguna exigencia de contrapartida.

La ausencia de control de recursos conlleva naturalmente (pero no implica lógicamente) la posibilidad de combinar la renta básica con otras rentas sin supresión ni reducción de la primera (véase § II.4).

Capítulo I

¿UNA IDEA NUEVA?

Por «renta básica» entendemos aquí un ingreso conferido por una comunidad política a todos sus miembros, sobre una base individual, sin control de recursos ni exigencia de contrapartida. Nacida de los anhelos que han hecho suyos, de forma independiente, numerosas personas que han vivido en épocas y en lugares distintos, esta propuesta ha sido denominada de forma muy diversa, habitualmente por la conjunción de un sustantivo —«renta», «subsidio», «dividendo», «prima», «salario»— y un adjetivo o complemento —«universal», «general», «garantizado», «nacional», «de base», «del ciudadano», «de ciudadanía», «de existencia»—, así como, en ocasiones, por una palabra compuesta —«borgerløn», «basisinkomen», «demogrant».

Cada una de estas expresiones presenta sus ventajas y sus inconvenientes. «Subsidio universal»,* por ejemplo, tiene la ventaja de suscitar una analogía con respecto a la idea de sufragio universal, pero arrastra el inconveniente de apuntar a un vínculo necesario con cierta perspectiva a escala mundial. «Renta de base», prevaleciente en la discusión internacional, presenta la ventaja de evocar la idea de un suelo común a todos con respecto al ingreso, suelo al que se añaden integralmente rentas de otras fuentes, pero también el inconveniente de sugerir un vínculo necesario con cierta noción de necesidades básicas.

«Renta básica»: el baile de los sinónimos

Dividendo territorial: Joseph Charlier, Bélgica, 1894.

State bonus: Dennis Milner, Reino Unido, 1918.

National Dividend: C. H. Douglas, Reino Unido, 1932.

Basisinkomen: Jan Tinbergen, Países Bajos, 1934.

Social dividend: George D. H. Cole, Reino Unido, 1935.

Basic income: George D. H. Cole, Reino Unido, 1953.

Demogrant: James Tobin, Estados Unidos, 1967.

Borgerløn: Niels Meyer y otros, Dinamarca, 1978.

Allocation universelle: Collectif Charles Fourier, Bélgica, 1984.

Bürgergeld: Joachim Mitschke, Alemania, 1985.

Reddito di cittadinanza: CGIL, Italia, 1988.

Revenu d’existence: Henri Guitton, Francia, 1988.

Dividende universel: Christine Boutin, Francia, 2003.

La elección de una denominación atinada dista de carecer de consecuencias, especialmente en lo que respecta a su impacto sobre la factibilidad política de la propuesta. En cualquier caso, lo que interesa por encima de todo es aprehender plenamente el contenido de la propuesta que se está designando, sobre todo distinguiéndola cuidadosamente de los dispositivos para la seguridad de la renta actualmente existentes. Si bien la aparición de la idea de una renta mínima garantizada se remonta a Moro y Vives, a principios del siglo XVI, la forma particular de ingreso mínimo que representa la renta básica, que asoma la cabeza furtivamente a mediados del siglo XIX, no se convierte en el objeto de un primer (y efímero) auténtico debate hasta inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial.

1. ANTECEDENTES

La asistencia pública: de Moro y Vives a las Poor Laws

Hasta el siglo XVI, la asistencia a los más desfavorecidos se limita en Europa a la caridad local privada, algunas veces coordinada por congregaciones religiosas. La subsistencia jamás se había hallado garantizada y la propia noción de renta mínima se desconocía por completo. Es en Utopía de Tomás Moro (1478-1535), publicada en Lovaina en 1516, donde se encuentra la sugerencia más antigua de una garantía de la renta: el viajero Rafael la recomienda elocuentemente al arzobispo de Canterbury como un instrumento mucho más eficaz que la pena capital para luchar contra la criminalidad.

Pero es a un amigo de Moro, Johannes Ludovicus Vives (1492-1540), humanista catalán de origen judío y profesor en Lovaina, a quien debemos el primer plan detallado y cuidadosamente argumentado de una renta mínima garantizada. Publicado en honor de los burgomaestres y concejales de Brujas, su De Subventione Pauperum (1526) muestra la legitimidad del hecho de que los poderes municipales se hagan cargo de la asistencia a los pobres. Al decir de Vives, la asistencia pública de tal modo instaurada procedería igualmente de la obligación judeocristiana de la caridad y, en consecuencia, se vería alimentada solamente con la limosna libremente dada. Sin embargo, aquélla se mostraría mucho más eficaz que la asistencia privada al hallarse mejor conducida —hacia todos los necesitados y solamente hacia ellos— y al poder ser fácilmente asociada a una legítima exigencia de la prestación de una contrapartida en trabajo: «A ningún pobre que por su edad y su salud pueda trabajar debe permitírsele permanecer ocioso».

La renta mínima garantizada versión Speenhamland

En mayo de 1795, el municipio de Speen, en el sur de Inglaterra, instituye un derecho a un subsidio en metálico para todos los necesitados domiciliados en su territorio. Enfrentados a los tumultos ocasionados por la cuestión del pan y ante la perspectiva de una verdadera hambruna, los magistrados locales dictan una resolución por la que obligan a las parroquias a abonar un subsidio que complete los salarios de los trabajadores pobres de manera que se alcance un umbral para cuya determinación se toma en consideración la composición del hogar y que queda indexado con respecto al precio del trigo. Los beneficiarios quedan obligados, en la medida en que les sea posible, «a satisfacer por sí mismos las propias necesidades». Este dispositivo, conocido bajo el nombre de «sistema de Speenhamland», se extendió progresivamente a otras localidades.

Sus efectos sobre la pobreza, el paro y el crecimiento económico se convirtieron enseguida en el objeto de un debate intenso que aún persiste (Block y Somers, 2001). Algunos, como Thomas Malthus (1766-1834), cuyo Ensayo sobre el principio de la población (1798) data de esta misma época, reclaman la revocación de toda forma de Poor Law: una generalización de la ayuda pública a los pobres tiene como consecuencia que éstos trabajen y ahorren menos, que se casen más jóvenes y procreen más, y que el precio de los bienes que consumen aumente, reduciendo así el salario real. Otros, en cambio, como Karl Polanyi (1886-1964) en un célebre capítulo de La gran transformación (1944), ven en tales ayudas un momento clave del reajuste de las instituciones sociales ante el desafío sin precedentes que supone la Revolución industrial. En cualquier caso, el controvertido sistema de Speenhamland será definitivamente revocado en 1834. Las Poor Laws son entonces reactivadas y las workhouses reestablecidas.

A lo largo de los decenios siguientes, diversos municipios europeos adoptaron formas más o menos embrionarias de asistencia a los desfavorecidos de acuerdo con este modelo. Así, en 1531, una ordenanza de Carlos V generaliza, para el ámbito del conjunto de los Países Bajos, diversas disposiciones tomadas en el nivel local. En Escocia (1579), primero, y, después, en Inglaterra (1601), se promulgan leyes para pobres (Poor Laws). Tales leyes imponen a los municipios la obligación de hacerse cargo de los indigentes por medio de una prestación en especie, a la vez que obligan a los perceptores que sean capaces de ello a trabajar a cambio, si es necesario en workhouses establecidas para tal efecto. Durante algunos decenios (1795-1834), el temor de que los tumultos provocados por la hambruna muden en revolución hizo que las Poor Laws inglesas adquirieran una forma (el sistema de Speenhamland) que guarda un notable parecido con los dispositivos modernos de rentas mínimas del tipo de la RMI.

La seguridad social: de Condorcet al Estado social bismarckiano

En el siglo XIX, la Revolución industrial y el rápido desmoronamiento de las solidaridades tradicionales hacen cada vez más acuciante la necesidad de formas de protección social que superen el limitado marco de la ayuda a los indigentes. En su afán por contrarrestar las reivindicaciones del movimiento socialista, el canciller prusiano Otto von Bismarck pone en pie, a partir de 1883, el primer sistema generalizado de seguros obligatorios para todos los trabajadores, cuya idea había sido formulada por vez primera por Condorcet (1745-1794) en su Bosquejo de un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano (1795).

En lo que constituirá más tarde el modelo «bismarckiano» o «conservador-corporatista» (Esping-Andersen, 1990) adoptado por una gran parte de la Europa continental, la protección social se halla altamente vinculada al trabajo y al estatus de asalariado. Al deducir cotizaciones obligatorias de la remuneración de los trabajadores, aquélla permite preservar, al menos parcialmente, la renta de éstos y de sus familias en caso de realización de cierto número de riesgos: paro, enfermedad, invalidez, vejez y deceso. A partir de Bismarck, la protección social de tal modo metamorfoseada deja de constituir una actividad marginal para convertirse poco a poco en una de las tareas esenciales de las autoridades públicas. Se trata del nacimiento del Estado social, en el que la seguridad relega a la asistencia a los marginados, sin que por ello la segunda devenga totalmente redundante.

La asistencia social renovada: de Beveridge a la RMI

Un sistema de seguridad social excluye de forma efectiva, de facto, a aquellos que no tienen acceso al estatus de trabajador: la solidaridad se ejerce entre asalariados. La puesta en marcha de un sistema de seguridad social, pues, no permite despejar definitivamente la cuestión de la renta mínima. Ésta retornó al primer plano en la estela del célebre informe Social Insurance and Allied Services (1942) preparado bajo la dirección de William Beveridge. Con la National Assistance Act de 1948, Gran Bretaña se dota de un verdadero sistema de renta mínima en metálico, garantizada, sin límite de tiempo, a todos los hogares y a un nivel suficiente para cubrir sus necesidades de subsistencia, lo que venía a completar un sistema nacional reforzado y unificado de subsidios familiares y de seguros contra la enfermedad, la invalidez, el paro involuntario y la vejez.

En el transcurso de la segunda mitad del siglo XX, mecanismos análogos, más o menos generales y generosos, serán creados en otras partes de Europa, donde se va reconociendo progresivamente la insuficiencia de una protección social basada exclusivamente en los sistemas de seguros. Los países nórdicos son los primeros en integrar las diversas formas de ayudas sociales en programas nacionales de seguridad de la renta. Los Países Bajos los siguen en 1963 y Bélgica lo hace en 1974. En Alemania, una ley federal de asistencia social (1961) determina reglas generales, pero su aplicación se deja a la discreción de las autoridades locales. De ello resultan variaciones relativamente modestas en la interpretación de las reglas de elección y en el cálculo de los montantes conferidos a quienes tienen derecho a las asignaciones. Pero es en Francia donde el debate público sobre la instauración de una renta garantizada tomará la mayor amplitud, con la creación tardía, en 1988, de un ambicioso dispositivo nacional bautizado como «revenu minimum d’insertion» (RMI).

Asimismo, se desarrollan mecanismos para la seguridad de la renta en todas las provincias de Canadá y en el conjunto de la federación australiana. En Estados Unidos, ningún programa alcanza un grado de generalidad comparable. El programa Aid to Families with Dependent Children (AFDC) fue creado en 1935 para dar asistencia a las familias pobres. Transformado en 1996 en la Temporary Assistance to Needy Families (TANF), este programa determina, desde entonces, una duración máxima para la asistencia y combina una financiación federal uniforme con una amplia autonomía por parte de los Estados en la modulación de los gastos (subsidios en metálico, guarderías infantiles, subvenciones al transporte, etc.). Por otro lado, el programa de Food Stamps, instaurado en 1964 en el marco de la War on Poverty de Lindon B. Johnson, procura a adultos activos en el mercado laboral, en determinadas condiciones relativas a la disposición de recursos, bonos para la compra de alimentos válidos en establecimientos autorizados.

Si bien varían notablemente en sus configuraciones concretas, estos diversos dispositivos pretenden establecer una red de salvamento para los más desfavorecidos al garantizarles el acceso a un mínimo de medios de subsistencia. Recogiendo el testigo dejado por los magistrados de Speen, rechazan en la mayoría de los casos el pago en especie y el trabajo obligatorio asociados a la concepción más antigua de la asistencia social —la de Vives y de las Poor Laws, pero también de los defensores contemporáneos del workfare, la modalidad más coercitiva del Estado social activo (véase § IV.2)—. De todos modos, comparten con dicha concepción el principio fundamental de la asistencia —la ayuda a las personas que se hallan involuntariamente en situación de necesidad— y la triple condicionalidad que normalmente se le asocia: toma en consideración de la situación familiar, control de recursos, disposición a trabajar.

LA EUROPA DE LOS MÍNIMOS SOCIALES

(EU15)

Fuente: Esta tabla solo recoge los dispositivos generales, regulados a nivel estatal, los cuales pueden asimismo ser administrados de forma (a veces altamente) descentralizada. En varios casos, la denominación y las condiciones para la concesión de la renta mínima han evolucionado notablemente a lo largo del tiempo. Por otro lado, ciertos Estados que no han instaurado ningún dispositivo de ámbito estatal han adoptado, sin embargo, programas de asistencia relativamente uniformes. Éste es el caso, por ejemplo, de España, donde todas las comunidades autónomas han ido estableciendo gradualmente dispositivos que presentan numerosas similitudes entre sí.

2. PIONEROS

La dotación universal de Thomas Paine

Ninguna de estas tres condiciones se encuentra presente en la propuesta que dirige al Directorio Thomas Paine (1737-1809), prócer de las revoluciones americana y francesa, en un opúsculo intitulado Agrarian Justice. Radicalmente inconfundible con respecto tanto a la idea de seguridad social como a la de asistencia social, la propuesta de Paine es la de asignar incondicionalmente una modesta dotación uniforme a cada hombre y a cada mujer que hayan alcanzado la edad adulta, a la vez que una también modesta pensión de jubilación. A su modo de ver, no se trata aquí de caridad, ni aun de solidaridad, sino de justicia: para Paine, la distribución igual entre todos del valor de la tierra da adecuada concreción a la idea de justicia más abstracta, esto es, aquella según la cual, tal como había postulado el humanista holandés Hugo Grotius (1583-1645) en De jure belli ac pacis (1625), la tierra es la propiedad común de la especie humana.

Con justificaciones a veces diferentes, la misma idea reaparecerá ulteriormente en otros autores. Así, en 1829, en Estados Unidos, Thomas Skidmore (1790-1832), dirigente del efímero Workingmen’s Party, propone que el valor de las propiedades de los fallecidos en el transcurso de un año sea distribuida igualitariamente entre todos los que hayan alcanzado la edad adulta durante ese mismo año. Con la misma inspiración, el filósofo francés François Huet (1814-1869) propone distinguir, en el patrimonio de cada persona, lo que ésta debe a su propio esfuerzo y lo que ha obtenido por medio de la herencia. De la primera parte puede disponer a su voluntad, pero la segunda es recuperada a su muerte por la colectividad, y contribuye así a financiar una dotación de base igual para todos los jóvenes (Huet, 1853).

Tras un largo eclipse, esta idea de una dotación de base ha recuperado su reputación gracias al trabajo de Bruce Ackerman y Anne Alstott (1999), profesores de la Yale Law School (Estados Unidos): combinada con una pensión de jubilación universal, una dotación de 80.000 dólares sería distribuida, en cuatro fases, entre todos los jóvenes que terminen la enseñanza secundaria, y financiada, en lo esencial, a través de un impuesto sobre la herencia y la fortuna.

La justicia agraria según Thomas Paine

El plan propuesto consiste «en crear un fondo nacional para pagar, a todos los individuos que habrán alcanzado la edad de 21 años, la suma de 15 libras esterlinas en concepto de indemnización del derecho natural, del que el sistema de propiedades de la tierra los ha desprovisto. Y en pagar anualmente la suma de 10 libras esterlinas, durante toda su vida, a todos los individuos que hayan alcanzado la edad de 50 años, y a los demás, a medida que lleguen a dicha edad». Estos pagos serán concedidos «a todos los individuos, pobres o ricos», pues «todos los individuos tienen un igual derecho a ello, independientemente de las propiedades que puedan haber creado o que puedan haber adquirido por medio de la herencia o de cualquier otro modo» (Paine, 1796).

El socialismo utópico de Spence, Charlier y Mill

Lo que justifica la igual propiedad de la tierra —dice Paine— es una dotación para todos. Uno de sus contemporáneos, el maestro de escuela y militante radical inglés Thomas Spence (1750-1814), es, sin duda, el primero en ver en ello la justificación de un ingreso regular. En un panfleto publicado en Londres bajo el título de «Los derechos de los niños», empieza por criticar la Agrarian Justice de Thomas Paine por no haber erigido, sobre la base de una verdad fundamental, más que un «execrable edificio de oportunismo y de acomodamiento». Spence reformula a continuación la propuesta que dice defender infatigablemente desde su juventud: que cada localidad saque a subasta el uso de todos los bienes inmuebles que en ella se encuentren, que utilice los ingresos para cubrir todos los gastos públicos locales, incluyendo los de construcción y conservación de los edificios, así como los impuestos debidos al gobierno, y que distribuya trimestralmente el excedente en partes iguales a todos sus residentes, cuya subsistencia se vería de este modo asegurada. El plan de Spence fue objeto de un debate intenso entre los reformadores radicales ingleses de la década de 1820, para caer posteriormente en el olvido.

El excedente distribuible según Thomas Spence

«En cuanto al excedente, una vez que todos los gastos públicos hayan sido sufragados, los dividiremos equitativa e igualitariamente entre todas las almas vivas de la parroquia, sean hombres o mujeres, casados o solteros, legítimos o ilegítimos, de un día de edad o de la edad más avanzada, sin hacer distinción alguna entre las familias de los granjeros y comerciantes ricos [...] y las de los obreros y artesanos pobres [...], concediendo al cabeza de cada familia una parte plena e igual por cada alma bajo su techo [...].

»Podemos suponer razonablemente que este excedente, que debe ser distribuido el primer día de cada trimestre entre todas las almas que vivan en la parroquia, asciende a dos tercios del total de los alquileres sustraídos. Pero, sea cual sea su importe, esta parte del excedente de los alquileres es un derecho imprescriptible de todo ser humano de la sociedad civilizada en concepto de equivalencia con respecto a los ingredientes naturales de su patrimonio común, de los que son privados como consecuencia de su puesta en alquiler para los fines de la cultura y el progreso» (Spence, 1797, pág. 87).

En Francia, hacia la misma época, el excéntrico y prolífico Charles Fourier (1772-1837), uno de esos visionarios radicales desdeñosamente calificados por Marx como «socialistas utópicos», proclama que el orden civilizado debe a cada hombre un «mínimo de subsistencia abundante» por haber violado esos derechos fundamentales que son las libertades de caza, de pesca, de cosecha y de pastoreo. Esta idea de un mínimo incondicionalmente garantizado se halla presente ya en su Lettre au Grand-Juge (1803), pero es en La Fausse industrie (1836) donde la desarrolla con mayor precisión. En el planteamiento de Fourier, sin embargo, si bien es evidente que la compensación es debida a los pobres sin contrapartida por parte de ellos, no resulta menos claro que aquélla no se dirige más que a los pobres y que debe tomar la forma de prestaciones en especie.

El mínimo de subsistencia según Charles Fourier

«El primer derecho, el de recolección natural, uso de los dones de la naturaleza, libertad de caza, cosecha y pastoreo es el fundamento del derecho a alimentarse, a comer cuando se tiene hambre. Este derecho es denegado en el mundo civilizado por los filósofos y concedido por Jesucristo en estas palabras: [...] Jesús, con estas palabras, consagra el derecho de tomar, cuando se tiene hambre, lo necesario allá donde se encuentre, y este derecho impone al cuerpo social el deber de asegurar al pueblo una mínima subsistencia: dado que la civilización lo despoja del primer derecho natural, el de caza, pesca, cosecha y pastoreo, la civilización misma le debe una indemnización» (Fourier, 1836, pág. 491).

Su discípulo Victor Considérant (1808-1893) parece dar un paso en la dirección de una verdadera renta básica, desde el momento en que habla de «anticipar el mínimo al pueblo» (Considérant, 1845). Pero es a la pluma del pensador belga de inspiración fourierista Joseph Charlier (1816-1896) a la que debemos la primera propuesta elaborada de renta básica nacida en el continente europeo. En el mismo momento en que Marx y Engels acaban el Manifiesto del partido comunista, Charlier publica en Bruselas una ambiciosa Solution du problème social (Charlier, 1848). Con Paine, Spence y Fourier, Charlier insiste en su obra en el hecho de que todos los hombres tienen el derecho a gozar de los recursos naturales creados por la Providencia para permitirles satisfacer sus necesidades. A su modo de ver, la propiedad privada de la tierra es, de este modo, incompatible con la justicia, y el Estado debe, con el tiempo, convertirse en el solo y único propietario del suelo. Pero, reformista, Charlier no encausa los títulos de propiedad existentes, y propone un régimen transitorio que conceda «rentas vitalicias» a los propietarios de la tierra, asegurando a todos los demás, la abrumadora mayoría de no propietarios, un «mínimo garantizado» incondicional, abonado trimestral o mensualmente, que bautizará en un libro ulterior (Charlier, 1894) con el nombre de «dividendo territorial». Para determinar el nivel de este «mínimo garantizado», propone un modo de cálculo preciso basado en la evaluación de la renta de la tierra.

Los escritos de Joseph Charlier fueron poco leídos y rápidamente olvidados. Pero apenas un año después de la publicación de su Solution du problème social, otro admirador de Fourier, el economista y filósofo inglés John Stuart Mill (1806-1873), uno de los espíritus más influyentes del siglo, publica una segunda edición de sus Principios de economía política. En ella discute con profundidad el sistema de Fourier, «la más hábilmente elaborada de todas las formas de socialismo», y la interpreta sin ambigüedades como una justificación de la atribución a cada cual, sea o no capaz de trabajar, de un mínimo de subsistencia.

Al margen de la tradición fourierista, la idea del derecho de cada cual a una parte igual del valor de los recursos naturales reaparece de cuando en cuando durante los decenios siguientes, como por ejemplo en los primeros textos del sociólogo Herbert Spencer, o en la estela que dejó el alegato en favor del «impuesto único» del reformador americano Henry George, o en los escritos normativos de uno de los padres fundadores de la economía matemática, el francés Léon Walras (Vallentyne y Steiner, 2000a). Pero tal idea toma forma concreta, generalmente, en la propuesta de financiar por esta vía partidas de gasto público supuestamente provechosas para todos, más que en el pago a todos de un subsidio en metálico. En la actualidad, se encuentra de nuevo en la obra de los «libertarianos de izquierdas» (Vallentyne y Steiner, 2000b) una conexión estrecha entre propiedad de los recursos naturales y renta básica (véase § III.4).

El mínimo garantizado según Joseph Charlier

Joseph Charlier no excluye que su «mínimo garantizado» pueda constituir una «prima para el fomento de la pereza», pues permitiría vivir sin trabajar. Pero los límites impuestos por la propia naturaleza de la justificación a la que el pensador recurre reducen notablemente dicho riesgo: «Peor para los perezosos: éstos quedarán limitados a la porción congrua. El deber de la sociedad no va más allá: se trata de asegurar a cada cual su justa participación en el goce de los elementos que la naturaleza ha puesto a su servicio, sin usurpaciones de los unos en perjuicio de los otros» (Charlier, 1894, pág. 56).

3. PRIMEROS DEBATES

Del militantismo a la respetabilidad: la Inglaterra de entreguerras

Unas pocas referencias dispersas en la literatura, la mayoría de las veces apenas consideradas, no bastan para constituir un verdadero debate público. No es hasta 1918, al término de la Primera Guerra Mundial, cuando se encadenan, en Gran Bretaña, una serie de hechos que se le empiezan a parecer. En Caminos de libertad (1918), el filósofo Bertrand Russell (1872-1970), premio Nobel de literatura y pensador político anticonformista, ofrece un argumentado alegato en favor de un modelo de sociedad que pretende combinar las ventajas del socialismo y del anarquismo. Este modelo incluye la atribución a todos, «trabajen o no», de una «renta modesta, suficiente para cubrir las necesidades primarias».

En el mismo año, un joven ingeniero de nombre Dennis Milner (1892-1956) publica, junto con su esposa Mabel Milner, Scheme for a State Bonus, un corto panfleto que propone la instauración de una renta incondicionalmente conferida con periodicidad semanal a todos los ciudadanos del Reino Unido. Indexada con el producto nacional, la «prima de Estado» (State Bonus) debe permitir resolver el problema de la pobreza, especialmente acuciante en el contexto de la Europa en reconstrucción. Poseedores de un derecho moral a los medios mínimos de existencia, cualquier obligación de trabajar impuesta a los individuos como consecuencia de la carestía de aquéllos queda excluida. Precisada en un libro publicado poco después (Milner, 1920) y apoyada por una efímera State Bonus League, esta propuesta es discutida seriamente con motivo de un congreso del partido laborista británico en 1920, el cual la rechaza finalmente el año siguiente. Milner pasa entonces a dedicarse a otras actividades y emigra a Estados Unidos.

Poco después, otro pensador inglés, Clifford H. (llamado «Major») Douglas (1879-1952), impresionado por la productividad de la industria británica al término de la guerra, se interroga acerca de los riesgos de sobreproducción. ¿Cómo podría una población empobrecida por cuatro años de conflictos consumir bienes en abundancia, cuando los bancos se muestran reticentes a concederles créditos y el poder de compra progresa muy lentamente? Para resolver este problema, Douglas (1924) propone, en una sucesión de conferencias y de escritos a menudo bien confusos, la introducción de mecanismos de «crédito social», uno de cuyos elementos constitutivos consiste en atribuir a cada familia un «dividendo nacional» mensual (Van Trier, 1995). El movimiento del crédito social correrá suertes diversas: no logra implantarse en Gran Bretaña, pero reúne a numerosos adeptos en Canadá, donde un Social Credit Party gobernará la provincia de Alberta desde 1935 hasta 1971, renunciando rápidamente, sin embargo, a instaurar un dividendo nacional.

Paralelamente, la idea prosigue su camino en el círculo de los intelectuales próximos al partido laborista británico. Entre ellos, el economista George D. H. Cole (1889-1959), primer titular de la cátedra de teoría política de Oxford. En varios libros (1929, 1935, 1953), se convierte en el defensor cada vez más resuelto de lo que él mismo será el primero en bautizar como «dividendo social» (Cole, 1935). Asimismo, la presentación que hace de J. S. Mill en su History of Socialist Thought (1953) parece también haber sido el primer texto en el que se encuentra, para designar la renta básica, la expresión inglesa basic income («renta de base»), que terminará por imponerse en la discusión internacional. Sin embargo, en su versión neerlandesa (basisinkomen), se podía hallar la misma expresión ya en 1934, en concreto en los textos de Jan Tinbergen, primer premio Nobel de economía (1969).

Políticamente menos activo pero científicamente más reputado que Cole, otro economista de Oxford, el premio Nobel James Mea de (1907-1995), defendió el «dividendo social» con una tenacidad todavía mayor, desde su «Outline of an Economic Policy for a Labour Government» (1935) hasta sus ultimísimos escritos (1989, 1993, 1995), que promueven una «agatotopía» o asociación de intereses entre capitalistas y trabajadores, y un dividendo social financiado por el patrimonio público, con el objetivo de alcanzar una solución conjunta a los problemas del paro y de la pobreza. Una variante de la idea se halla todavía en el corazón del «nuevo contrato social» propuesto por la liberal lady Juliet Rhys-Williams (1943). Pero es el plan rival de otro liberal, William Beveridge (1942), el que se impone en el Reino Unido antes de extenderse por toda Europa, barriendo la renta básica del debate británico durante varios decenios.

En la Europa continental, durante este tiempo, aparecen algunas ideas próximas a la de una renta universal conferida a cada ciudadano, como por ejemplo las del Die allgemeine Nährptlicht [Deber de alimentar] de Josef Popper-Lynkeus (1912), las del movimiento «distributista» de Jacques Duboin (1932) o las del movimiento federalista de Alexandre Marc (1972). Pero, al igual que en los escritos del novelista socialista estadounidense Edward Bellamy (1888), tales propuestas se hallan estrechamente asociadas a un sustancial servicio social obligatorio que hace de ellas, en lugar de una renta de base universal, un salario uniforme.

Fulgurantes fuegos de artificio: los Estados Unidos de la década de 1960

En los turbulentos Estados Unidos de la década de 1960, donde culmina el movimiento de los derechos civiles, sale de nuevo a la superficie un verdadero debate sobre la renta básica. Su inspiración es triple. En primer lugar, el economista estadounidense Milton Friedman propone en Capitalismo y libertad (1962), un libro para el gran público que se convierte poco a poco en un best seller mundial, una reestructuración radical del Estado social norteamericano a partir de la instauración de un «impuesto negativo». La expresión, utilizada por vez primera por el economista francés Antoine Augustin Cournot (1838) y retomada por el economista británico Abba Lerner (1944), designa, en Friedman, un crédito impositivo fijo y reembolsable, unido a una imposición lineal sobre la renta. Un crédito impositivo reembolsable de un importe G consiste en una reducción impositiva de hasta una cuantía de G para los contribuyentes que adeuden una cuota impositiva por lo menos igual a G y, para los demás, en una exoneración del impuesto unida a una transferencia igual a la diferencia entre G y el impuesto debido (véase § II.4). Desde la óptica de Friedman, este dispositivo está destinado a sustituir el amasijo formado por los innumerables dispositivos de protección social existentes.

El impuesto negativo según Cournot, Lerner y Friedman

1838: «La prima, invención de los tiempos modernos, es lo opuesto al impuesto: es, para decirlo en lenguaje algebraico, un impuesto negativo.» Antoine Augustin Cournot (1801-1877), padre fundador de la economía matemática.

1944: «La introducción de impuestos negativos [...] significa que el gobierno, en lugar de tomar dinero de la gente, se lo da. Esto puede tomar la forma de ayuda social, de pensiones, de primas y hasta de un dividendo social, desde el momento en que se aspira a aumentar el consumo globalmente.» Abba Lerner (1903-1982), teórico del socialismo de mercado en un libro del que Milton Friedman publica una reseña en 1947.

1962: «Para empezar, un programa tal debe ser concebido para ayudar a las personas en tanto que personas y no en tanto que miembros de cierto grupo profesional [...]. En segundo lugar, en la medida de lo posible, el programa, aun operando por medio del mercado, no debería violentarlo ni poner trabas a su funcionamiento. [...] Desde un punto de vista puramente mecánico, el dispositivo que se recomienda de entrada es el impuesto negativo sobre la renta.» Milton Friedman (1912), inspirador del neoliberalismo, galardonado con el premio Nobel de economía (1976).

En segundo lugar, con el apoyo de cierto número de intelectuales más o menos «alternativos» reunidos en su Ad Hoc Committee on the Triple Revolution, Robert Theobald (1929-1999) defiende en diversas publicaciones (Theobald, 1963, 1967) una propuesta más vaga de renta mínima garantizada inspirada por la convicción de que la automatización propende a hacer del trabajo remunerado algo obsoleto y de que una renta distribuida por el Estado sin contrapartida es esencial para asegurar el sostenimiento del consumo.

Por último, y sobre todo, el futuro premio Nobel de economía James Tobin (1918-2002) y otros economistas «liberales» —en el sentido estadounidense del término— defienden, en una serie de artículos (a partir de Tobin, 1965), la idea de una renta mínima garantizada más general y más generosa que los programas de asistencia existentes. Desde entonces, pues, se interesan en el impuesto negativo sobre la renta, del que Tobin y sus colaboradores publican el primer análisis técnico (Tobin y otros, 1967). Para nada se trata aquí, a diferencia de lo que ocurre en los textos de Friedman (1962, 1968), de introducir un impuesto negativo decididamente modesto para sustituir con él todo el conjunto de transferencias sociales con vistas a simplificar radicalmente el Estado social para luego desmantelarlo, sino, más bien, retomando los títulos de diversas publicaciones de Tobin, de «aumentar la renta de los pobres», de «terminar con la pobreza en Estados Unidos» o, incluso, de «mejorar el estatus económico de los negros». Por consiguiente, más que administrar la renta garantizada bajo la forma de un crédito impositivo reembolsable, Tobin hace pública su inclinación hacia la idea de un pago automático a todos —una verdadera renta básica, que él denomina demogrant—, dejando abierta la posibilidad de que aquellos que así lo deseen puedan solicitar su transformación en una reducción impositiva. Es este demogrant lo que Tobin, convertido en el principal consejero económico del demócrata de izquierdas George McGovern, logrará incorporar en su programa de candidato a las elecciones presidenciales de 1972.

Entre tanto, la administración del presidente republicano Richard Nixon había hecho ya de una variante del impuesto negativo el corazón de un ambicioso programa de protección social, el Family Assistance Plan (FAP), elaborado en 1969 por el senador demócrata Daniel Patrick Moynihan. El FAP preveía la abolición del programa de asistencia dirigido a las familias pobres (AFDC) y su reemplazo por una renta garantizada combinada con complementos financieros para los trabajadores. Adoptado en abril de 1970 por parte de la Cámara de los Representantes, el plan de Nixon fue, sin embargo, rechazado, por escaso margen, por el Senado en octubre de 1972, pese a múltiples revisiones de las que fue objeto (Moynihan, 1973).

Junto a la derrota de McGovern contra Nixon en noviembre de 1972, al estallido del caso Watergate en marzo de 1973 y a la dimisión de Nixon en noviembre de 1974, esta derrota en el Senado marca el final de la hora de gloria del impuesto negativo en el debate norteamericano (Lenkowsky, 1986). Sin embargo, la discusión proseguirá en un ámbito más académico a través de la realización de experimentos a gran escala y de la controversia acerca de sus resultados (Widerquist, 2004). Nacido en la misma época, el debate se muestra más intenso en Canadá, donde, con el nombre de «renta anual garantizada», ciertas variantes del impuesto negativo se proponen regularmente en informes oficiales federales y provinciales, desde principios de la década de 1970 y hasta mediados de la de 1980. Asimismo, dicho debate conoce también algunas extensiones efímeras en Europa, donde el impuesto negativo, generalmente conocido solo en la versión de Friedman, halla tanto emuladores (Engels y otros, 1973; Stoleru, 1974) como críticos (Greffe, 1978).

4. DESARROLLOS CONTEMPORÁNEOS

Nuevo punto de partida: la Europa de la década de 1980

A finales de la década de 1970, con el debate sobre el demogrant prácticamente olvidado en Estados Unidos, en el norte de Europa emerge un nuevo debate sobre la renta básica, en la mayoría de los casos con un total desconocimiento con respecto a los desarrollos anteriores. Así, en Dinamarca, tres intelectuales defienden la propuesta con el nombre de «salario del ciudadano» en el best seller nacional ulteriormente traducido al inglés bajo el título de Revolt from the Center (Meyer y otros, 1981).

Pero es en los Países Bajos donde la discusión sobre la renta básica levanta realmente el vuelo. Desde 1975, J. P. Kuiper, profesor de medicina social en la Universidad de Ámsterdam, preconiza una desvinculación del empleo y de la renta para combatir el carácter deshumanizador del trabajo asalariado: solo una «renta garantizada» decente permitirá al hombre desarrollarse con independencia y autonomía (Kuiper, 1976). En 1977, el pequeño partido de los radicales (Politieke Partij Radicalen) se convierte en la primera formación política europea dotada de representación parlamentaria que integra oficialmente la renta básica (o basisinkomen) en su programa electoral, lo que supone la puesta en marcha del debate en la arena política neerlandesa. Este movimiento se ve rápidamente amplificado gracias a la entrada en escena del sindicato de la alimentación, el Voedingsbond FNV. A través de una serie de publicaciones y de acciones en las que se defienden simultáneamente una renta básica y una reducción drástica del tiempo de trabajo, y alojando en sus locales a la asociación neerlandesa que promueve la renta básica, este sindicato desempeña un papel destacado en el debate neerlandés a lo largo de la década de 1980.

El debate en Francia: AIRE versus MAUSS

Presidida inicialmente por el académico Henri Guitton (1904-1992), la «Asociación para la instauración de una renta de existencia» (Association pour l’instauration d’un revenu d’existence-AIRE) fue fundada en 1989 gracias al impulso de Yoland Bresson, profesor de economía en la Universidad París-XII. Desde L’Après-Salariat (1984), Bresson defiende la idea de una renta incondicional que debería ser conferida a todo ciudadano de una nación a un nivel modesto (alrededor de 250 euros en 2005) que fuera incrementándose a medida que la productividad avanzara y que fuese posible de terminar objetivamente a través de la noción de «valor-tiempo». En la mayoría de sus escritos posteriores, Bresson adopta una argumentación menos esotérica —el tránsito de una sociedad de pleno empleo a una sociedad de «plena actividad», la lucha contra la «fractura social»— para promover lo que, siguiendo a Guitton, dará en llamar «renta de existencia». Su perspectiva ha inspirado la propuesta de «dividendo universal» de la di putada Christine Boutin (2003) (véase § IV.2).

Fundado en 1981 por iniciativa de Alain Caillé, profesor de sociología en Caen y, después, en Nanterre, el «Movimiento antiutilitarista en las ciencias sociales» (Mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales-MAUSS) pretende promover una metodología que se oponga a la hegemonía del enfoque económico (utilitarista) y pro pone un análisis de los fenómenos sociales en términos de donativo y de contradonativo. La asociación no ha tardado en mostrar un interés activo por la idea de renta básica, primero tomando el relevo y extendiendo, en un número especial de su revista (Du revenu social: audelà de l’aide, la citoyen neté?, 1987), el debate lanzado en Bélgica por el Colectivo Charles Fourier; después, publicando otro número especial que reúne numerosos artículos inéditos —también sobre la puesta en práctica de la propuesta—; realizando la contribución todavía hoy más sustancial del debate francés (Vers un revenu minimum inconditionnel, 1996), y, finalmente, editando una monografía bien documentada en la que se relata la historia política y social de la renta garantizada en Francia (Geffroy, 2002). El mismo Alain Caillé ha publicado varios ensayos sobre el tema (Caillé, 1994; Caillé e Insel, 1996). Caillé e Insel proponen sustituir la RMI por una «renta de ciudadanía», que es preciso entender como «una apuesta de confianza primera y primordial del Estado y de la sociedad en los excluidos, que se hace con la mirada puesta en su libertad y en su libre inversión en actividades de interés colectivo» (Caillé e Insel, 1996, pág. 165).

En 1985, la discusión neerlandesa alcanza un primer punto culminante con ocasión de la publicación de un informe del prestigioso Consejo científico para la política gubernamental (WRR), informe que recomienda la introducción de una «renta de base parcial», es decir, una renta básica insuficiente para cubrir las necesidades de una persona sola y, por tanto, insuficiente también para sustituir por completo el sistema existente de rentas mínimas garantizadas (WRR, 1985) (véase § IV.3).

Paralelamente, pero con mucha más discreción, el debate toma forma también en otros países. En 1984, el Basic Income Research Group (BIRG), que se convertirá en 1998 en el Citizen’s Income Trust, se constituye en el Reino Unido bajo los auspicios del National Council for Voluntary Organisations. En Alemania, es Befreiung von falscher Arbeit, un libro editado por el ecolibertario berlinés Thomas Schmid (1984), el que lanza la discusión. Bien pronto, varios volúmenes colectivos que se inscriben en el movimiento verde seguirán la senda abierta por el de Schmid (Opielka y Vobruba, 1986; Opielka y Ostner, 1987). Durante el mismo período, Joachim Mitschke (1985), profesor de hacienda pública en la Universidad de Francfort, emprende una larga campaña en favor de una «renta del ciudadano» (Bürgergeld) administrada bajo la forma de un impuesto negativo, a la vez que otros universitarios reputados, como Claus Offe (1992, 1996), próximo a los verdes, y de forma más efímera Fritz Scharpf (1993), próximo a los socialdemócratas, subrayan la pertinencia de la idea.

En Francia, intelectuales de renombre toman posición en favor de la medida. El sociólogo y filósofo André Gorz, si bien inicialmente había defendido una versión próxima a la de Edward Bellamy y de los distributistas —una renta universal como contrapartida de un servicio social universal de 20.000 horas (Gorz, 1985)—, evoluciona gradualmente hacia la defensa de una verdadera renta básica (Gorz, 1997). Por su lado, el filósofo Jean-Marc Ferry inscribe su alegato en favor de la renta básica en el seno de una reflexión sobre el contrato social y la ciudadanía europea (1995, 2000). En un contexto en el que el pleno empleo, en el sentido clásico, ya no es realizable, una renta de base sustancial debe permitir la emergencia de un sector «cuaternario» en el que se ejerzan actividades socialmente útiles. Asimismo, contribuyen también a alimentar el debate dos asociaciones de naturaleza muy distinta, la Asociación para la instauración de una renta de existencia (Association pour l’instauration d’un revenu d’existence-AIRE) y el Movimiento antiutilitarista en las ciencias sociales (Mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales-MAUSS).

Una ampliación inesperada: la Basic Income Earth Network (BIEN)

Estos desarrollos más o menos modestos, altamente independientes los unos de los otros, y estos autores más o menos discretos, a menudo desconocedores del pasado de la idea, se descubrirán los unos a los otros y se reforzarán mutuamente gracias a la creación de la BIEN. Bajo el pseudónimo de «Colectivo Charles Fourier», un grupo de investigadores y de sindicalistas próximos a la Universidad de Lovaina presenta, en marzo de 1984, un estudio titulado «La renta básica» a un concurso sobre el futuro del trabajo organizado en Bélgica por la Fundación Rey Balduino. El estudio es premiado en octubre de 1984 y la retribución permite al Colectivo Charles Fourier organizar, en septiembre de 1986, un coloquio que reúne en Louvain-la-Neuve a algunos de los que han desempeñado un papel más activo en los inicios de la discusión sobre la renta básica en sus respectivos países. Asombrados al descubrirse tan numerosos como estudiosos de una idea de la que creían ser prácticamente los únicos defensores, los participantes deciden constituir la Basic Income European Network (BIEN), que emprende la publicación de un boletín de información regular y que organiza un congreso cada dos años.

La renta básica según el Colectivo Charles Fourier

«Supriman los seguros de paro, los sistemas legales de jubilaciones, los sistemas existentes de ayuda social y de renta mínima garantizada, los subsidios familiares, las deducciones y créditos impositivos para personas a cargo, las becas de estudios, las subvenciones al empleo, la ayuda del Estado a las empresas con dificultades. Pero abonen cada mes a cada ciudadano una suma suficiente para cubrir las necesidades fundamentales de un individuo que viva solo. Abónenla trabaje o no trabaje, sea pobre o rico, viva solo, con su familia, en concubinato o en comunidad, haya trabajado o no en el pasado. Hagan todo esto y observen después lo que ocurre» (Colectivo Charles Fourier, 1985, pág. 345).

El texto íntegro puede encontrarse en <www.etes.ucl.ac.be&gt;.

El nacimiento de redes análogas en Estados Unidos, en Sudamérica, en Sudáfrica, el fortalecimiento de contactos con redes preexistentes en Australia y en Nueva Zelanda y la presencia, en los congresos de la BIEN, de un número de participantes no europeos cada vez mayor conduce a esta organización a mundializarse tras su décimo congreso, celebrado en Barcelona en septiembre de 2004. Desde entonces, prosigue con sus actividades bajo el nombre de Basic Income Earth Network, cuyos primeros copresidentes son el economista Guy Standing, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y el senador brasileño Eduardo Suplicy.

Discreto pero concreto: Alaska

Sin embargo, es lejos del espacio en el que tales debates han tenido lugar donde se introduce y se desarrolla el único verdadero sistema de renta básica existente en la actualidad. A mediados de la década de 1970, el gobernador republicano del Estado de Alaska (Estados Unidos), Jay Hammond, muestra su inquietud ante la posibilidad de que la enorme cantidad de riqueza generada a partir de la explotación del petróleo de la bahía de Prudhoe, el yacimiento más importante de América del Norte, beneficie de forma exclusiva a la población actual del Estado. Hammond propone en consecuencia constituir un fondo destinado a asegurar, a través del depósito de una parte de los ingreso del petróleo, la perennidad de estas riquezas. Así, en 1976 se crea el Alaska Permanent Fund a través de una enmienda de la Constitución del Estado. A fin de interesar a la población de Alaska en su durabilidad y en su crecimiento, el gobernador Hammond idea la asignación anual de un dividendo a todo residente, en proporción al número de años de residencia. Llevada ante la Corte Suprema de Estados Unidos por considerarse discriminatoria con respecto a los inmigrantes procedentes de otros Estados, la propuesta es declarada incompatible con la «cláusula de igual protección», la decimocuarta enmienda de la Constitución federal. Modificada para superar este obstáculo, se transforma y logra finalmente la introducción de una verdadera renta básica (Alaska Permanent Fund Corporation, 1988).

Desde el momento en que el programa entra en vigor, en 1982, todas las personas que hayan residido legalmente en Alaska por lo menos durante seis meses —en la actualidad, alrededor de 650.000— reciben cada año un dividendo igual, sean cuales sean su edad y la duración de su residencia en el Estado. Este dividendo corresponde a una parte del rendimiento medio, a lo largo de los cinco años precedentes, del fondo permanente constituido a partir de los ingresos de la explotación del petróleo. Este fondo, cuyos recursos se invirtieron en un principio exclusivamente en la economía del Estado, fue tomando posteriormente la forma de una cartera diversificada a escala mundial, el importe de cuyo dividendo permite, a su vez, amortiguar las fluctuaciones de la coyuntura local en lugar de aumentarlas (Goldsmith, 2004). El importe del subsidio ha pasado de alrededor de 300 dólares por persona y año durante los primeros años a más de 2.000 dólares en 2000, lo que ha hecho de Alaska el Estado más igualitario de Estados Unidos. Posteriormente ha descendido como consecuencia de la incertidumbre asociada a la coyuntura bursátil (920 dólares en 2004). Pese a que ha sido propuesta en algunas ocasiones para otras regiones (véase § IV.4), la fórmula puesta en práctica en Alaska sigue siendo la única de su naturaleza.

Capítulo II

¿UNA IDEA PLURAL?

Terminado este recorrido a través de la prehistoria y de la historia de la idea de renta básica y de su difusión, merece la pena fijar la atención de nuevo en su definición a fin de distinguir con precisión la renta básica de lo que no lo es y de explorar sus diversas variantes. Tal como la hemos definido de entrada, una renta básica es un ingreso conferido por una comunidad política a todos sus miembros, sobre una base individual, sin control de recursos ni exigencia de contrapartida.

1. UNA RENTA

Modalidad: ¿en metálico o en especie?

La propuesta cuya evolución se ha perfilado hasta aquí es, como su propio nombre indica, una «renta». En la actualidad, una renta se abona habitualmente en metálico, pero podría hacerse también en especie, por ejemplo bajo la forma del suministro regular y gratuito de una ración de agua, de alimentos y de ropa, del goce de una parcela de tierra o de una vivienda. Una asignación universal en especie, que puede completar las posibles fuentes de renta, ha sido propuesta, por ejemplo, por el escritor libertario estadounidense Paul Goodman (1947), en este caso en conjunción con un servicio civil de seis o siete años. Ello corresponde aproximadamente a lo que organiza la Media Luna Roja, con el apoyo financiero de la Comisión Europea y de las Naciones Unidas, para los 150.000 saharauis refugiados en territorio argelino.

Se podría también concebir que la renta básica fuese asignada bajo la forma de una moneda específicamente creada para unos usos limitados, por ejemplo cupones alimentarios, e incluso bajo la de un dinero no atesorable, que pueda ser empleado para el consumo de cualquier producto durante un período determinado pero que no pueda ser ahorrado, como propone, por ejemplo, Jacques Duboin (1998).

No obstante, tal como es habitualmente concebida, la renta básica, como los subsidios condicionados de los dispositivos convencionales de rentas mínimas garantizadas, se confiere en metálico, sin restricción alguna con respecto a la naturaleza o a la fecha de su uso, dejando por tanto a cada cual la responsabilidad de decidirlo. Su instauración es plenamente compatible con el mantenimiento y aun el fortalecimiento de prestaciones universales en especie, como una educación básica gratuita, una sanidad pública gratuita (tome o no la forma de un acceso gratuito a los medicamentos) o el acceso gratuito a otros servicios públicos. En principio, es concebible disponer que estas diversas prestaciones universales en especie sean de pago y aumentar, en consecuencia, el importe monetario de la renta básica. Sin embargo, contrariamente a la interpretación que a veces se hace (Sennett, 2003), esto en ningún caso supone un rasgo constitutivo de la renta básica. La inmensa mayoría de sus defensores la conciben como un complemento natural de estas prestaciones universales en especie y no como un elemento sustitutivo.

Periodicidad: ¿una vez al día, una vez en la vida?

La noción de renta implica un pago repetido, un flujo, pero el espacio temporal entre asignación y asignación puede ser más o menos largo. El caso límite, que es compatible con la definición de la renta básica, corresponde a una dotación inicial universal conferida de una sola vez al inicio de la vida adulta, como en Paine o en Ackerman y Alstott (véase § I.2), o bien en el momento del nacimiento pero en una cuenta bloqueada cuyo disfrute no es posible hasta la mayoría de edad, como en el baby bond preconizado por Julian Le Grand (2003) y puesto en práctica en el Reino Unido en 2003 a un nivel muy modesto, del orden de 400 euros.

A esta dotación universal se le opone la renta básica propiamente dicha, abonada en intervalos regulares, sea sobre una base trimestral, como en Charlier (1848), semanal, como en Milner (1918), anual, como en Alaska desde 1982, o mensual, como en la mayoría de las propuestas actuales. Obviamente, una dotación universal puede ser convertida en subsidio. Basta disponerla de manera que produzca una renta periódica cuyo valor actualizado sea idéntico. A la inversa, se puede concebir que una renta básica sea hipotecada para acceder a una dotación equivalente.

Las diferencias entre una dotación universal y una renta básica distan de ser irrelevantes. De entrada, el importe exacto de la renta periódica en la que una dotación universal de un nivel dado se puede convertir dependerá de la esperanza de vida de la persona considerada. Por ejemplo, sea cual sea la periodicidad, una renta básica uniforme será, por consiguiente, más favorable para las mujeres que una dotación universal convertible, por la sencilla razón de que su esperanza de vida es superior a la de los hombres.

Por otro lado, puesto que sería natural —y coherente con respecto a la legislación existente en materia de subsidios de asistencia social— decretar que los flujos futuros de renta básica sean inalienables, una dotación universal daría innegablemente al que la recibiera, en el momento en que la recibiera, una libertad mayor que la que tendría si recibiera hasta el fin de su vida un subsidio periódico de valor equivalente. En particular, una dotación podría ser íntegramente invertida en una iniciativa desastrosa o evaporarse en consumo suntuario. Por razones que tienen que ver con tales diferencias, los partidarios de una renta básica optan generalmente por una periodicidad relativamente corta —mejor un mes que un año—, mientras que los partidarios de una dotación universal a menudo unen a ésta una renta básica abonada regularmente a partir de cierta edad, 50 años en Paine (1796), 65 años en Ackerman y Alstott (1999).

Importe: ¿mayor o menor que el umbral de pobreza?

Nada en la definición de la renta básica implica que su importe deba ser suficiente para cubrir las necesidades fundamentales de cada cual, ni tampoco que deba limitarse a ello. Muchas propuestas, sin embargo, toman el umbral de pobreza como punto de referencia, aunque se trate de un objetivo a largo plazo. La especificación exacta del nivel de renta que corresponde a este umbral de pobreza constituye una cuestión altamente controvertida. Según el criterio adoptado por la Unión Europea, por ejemplo, se sitúa en un 60% de la renta media nacional equivalente, lo que arroja una cantidad de alrededor de 750 euros al mes para una persona sola en un país como Francia. Por razones que tienen que ver ante todo con el carácter estrictamente individual de la renta básica (véase § III.1), las propuestas para su instauración inmediata contemplan normalmente un nivel netamente inferior: para un país como Francia, entre 200 y 500 euros por persona y mes.

Dado que de lo que se trata ahora es de evaluar la pertinencia de una propuesta de renta básica, conviene, en cualquier caso, no encallarse en la cuestión de la determinación de su importe. Asimismo, no hay que tener en cuenta solamente la dimensión temporal, esto es, si la medida pretende el logro de efectos inmediatos o bien persigue un objetivo a largo plazo, ni tampoco el nivel de vida de la población considerada. Es preciso también examinar atentamente los reajustes del sistema fiscal y de los subsidios existentes que la propuesta considerada exige. Pensemos, por ejemplo, por un lado, en una renta básica de 300 euros financiada a través de la supresión de todas las pensiones no contributivas actuales (renta mínima de inserción, subsidios familiares, mínimo de vejez, etc.) y su redistribución en partes iguales entre todos los ciudadanos, y, por otro lado, en una renta básica de 200 euros financiada a través de un impuesto progresivo que se añadiría íntegramente al conjunto de subsidios existentes. Cualquier propuesta sensata de renta básica no toma estas formas extremas. Pero basta su comparación para ilustrar la absurdidad de una preocupación exclusiva por la cuestión del importe propuesto. En función del modelo de financiación y de otras medidas de acompañamiento, una renta básica de importe más débil puede mejorar sensiblemente la situación de los más pobres, mientras que una renta básica que estipule un importe más elevado puede deteriorarla.

2. CONFERIDA POR UNA COMUNIDAD POLÍTICA

Escala: ¿municipal o planetaria?

Una renta básica, por definición, es conferida por una comunidad política y, por consiguiente, financiada a través de recursos controlados públicamente. La mayoría de las propuestas contemplan, de este modo, el ámbito definido por el Estado-nación, que es siempre el principal actor público en la distribución de las rentas. Las expresiones «State bonus», «dividendo nacional», «salario del ciudadano», «renta de ciudadanía», utilizadas para designar la renta básica, son precisamente referencias directas a la comunidad política nacional.

Nada impide, sin embargo, contemplar la posibilidad de que la renta básica sea financiada por una comunidad política subestatal como, por ejemplo, una región o hasta un municipio. De hecho, si se exceptúa el caso de Brasil, donde la ley sobre la renta básica adoptada en 2004 somete su puesta en práctica gradual a condiciones presupuestarias que pedirán tiempo antes de que logren materializarse, la única entidad política que ha instaurado una renta básica es, precisamente, una entidad subestatal, en concreto el Estado de Alaska (véase § I.4). En Cataluña (España), en el momento de su formación, en 2003, el gobierno dirigido por el socialista Pasqual Maragall introdujo en su programa el estudio de la viabilidad de una renta básica en dicha región autónoma. En mayo de 2002, dos partidos de la coalición en el poder desde diciembre de 2003, Iniciativa per Catalunya-Verds y Esquerra Republicana de Catalunya, habían presentado al Parlamento catalán una propuesta de ley en esta dirección.

Asimismo, también podemos imaginar una renta básica conferida por una entidad política supranacional. Así, Jean-Marc Ferry (1995, 2000) hace de la renta básica un ingrediente central de la ciudadanía de la Unión Europea, mientras que Genet y Van Parijs (1992) y Van Parijs y Vanderborght (2001) exploran diversas fórmulas para la instauración de una renta básica a este nivel (véase § IV.4). Más audaz, el artista neerlandés Peter Kooistra (1994) creó una fundación que promueve el proyecto de una renta básica universal financiada por las Naciones Unidas. Esta idea de un subsidio mundial ha sido retomada por el periodista altermundialista belga Dirk Barrez (1999) y por el economista canadiense Myron Frankman (1999, 2004), quienes aseguran que incluso un importe muy reducido supondría un cambio enorme en términos de pobreza. En cualquier caso, como el sufragio universal, la renta básica no necesita ser entendida al nivel universal para merecer su denominación francesa más común: «allocation universelle».

Financiación: ¿redistribución o distribución?

La renta básica, por definición, es financiada por los poderes públicos. Pero la definición no estipula de qué manera. La renta básica puede, en principio, ser financiada, como la mayoría de los otros gastos públicos, a través de los presupuestos generales del Estado, alimentados por ingresos de diversa índole (impuestos directos e indirectos, beneficios de las empresas públicas, etc.). La mayoría de las propuestas detalladas para la puesta en práctica de la medida (Parker, 1989; Reynolds y Healy, 1995; Gilain y Van Parijs, 1996) prevén, de este modo, un replanteamiento de la estructura del impuesto sobre la renta de las personas físicas mediante el cual la instauración de la renta básica se vería acompañada por la supresión de numerosas exenciones y deducciones.

Diversas propuestas, sin embargo, destinan a la financiación de la renta básica un impuesto específico. Así, el «modelo de Ulm», promovido por Helmut Pelzer (1996), reserva a esta finalidad el producto integral de un impuesto proporcional aplicado a una base de renta notablemente más amplia que la del impuesto sobre la renta de las personas físicas.

El impuesto sobre la renta no es el único modo de financiación fiscal digno de consideración. Por ejemplo, el modelo elaborado por el empresario belga Roland Duchâtelet (1994) y promovido por el partido político fundado por él mismo (véase § IV.2) apunta a la financiación de la renta básica a partir de un impuesto sobre el valor añadido (IVA) drásticamente aumentado, lo que vendría acompañado por una importante reducción del impuesto sobre las personas físicas. Para aminorar su carácter regresivo, el IVA podría entonces modularse en función del tipo de producto cuyo consumo fuese objeto del gravamen. Otros, finalmente, proponen una financiación, por lo menos parcial, a través de tasas ecológicas, en particular sobre el uso de energía (Robertson, 1989; Genet y Van Parijs, 1992), e incluso a través de una «tasa Tobin» sobre los movimientos de capitales especulativos (Bresson, 1999).

En la estela de Thomas Paine (1796), Joseph Charlier (1848) y Henry George (1879), varios autores contemporáneos reivindican el impuesto sobre la tierra (Steiner, 1992, 1994; Robertson, 1998) o, más ampliamente, la imposición del uso de los recursos naturales, incluida la capacidad de absorción de la polución por parte de la atmósfera (Davidson, 1995). Bajo su punto de vista, no se trata tanto de hablar propiamente de un impuesto redistributivo, sino más bien de la distribución entre todos de un canon sobre el uso de un recurso —la Tierra— que es (moralmente) propiedad de todos. En este sentido, la renta básica financiada por la imposición sobre la renta de la tierra es esencialmente análoga al dividendo conferido a todos los residentes de Alaska sobre la base de los ingresos provenientes de la explotación del petróleo. Con la misma filosofía, pero con mayor radicalidad, el «dividendo social» asignado a cada individuo en la sociedad «agatotópica» de James Meade (1989) equivale a la participación de cada cual en los beneficios generados por el capital productivo del país, el cual no es otra cosa que una propiedad pública confiada a una gestión privada.

Renta básica financiada por el impuesto sobre la renta

Rentas brutas y netas. El eje horizontal representa la renta neta antes de impuestos y de transferencias. Sobre el eje vertical, G representa el importe de la renta básica pagada a cada ciudadano, sea cual sea el nivel de su renta bruta. La bisectriz representa lo que supondrían las rentas netas con niveles nulos de imposición y también de renta básica: las rentas netas y las brutas son idénticas. La segunda recta punteada, que sale de G, representa la renta bruta incrementada por la renta básica. Finalmente, la recta en negrita representa la renta neta, considerados al mismo tiempo un impuesto lineal del 50% y la renta básica que éste permite financiar.

Contribuyentes y beneficiarios. El umbral y* o «punto de equilibrio» (break even point) corresponde a la intersección de esta recta con la recta de 45º. Se sitúa necesariamente por encima de la renta mínima garantizada y+ (= G). Las personas que perciben una renta bruta superior a y* son contribuyentes netos a la financiación de la renta básica: ésta es inferior al impuesto que pagan, con lo que su renta neta resulta inferior a su renta bruta. El recíproco es cierto para las personas cuya renta bruta es inferior a y*, esto es, los beneficiarios netos del dispositivo.

Otros gastos públicos. El gráfico supone que el Estado no tiene otros gastos que el pago de la renta básica. En presencia de otros gastos, el importe disponible para la renta básica disminuye con un tipo impositivo dado, o el tipo impositivo aumenta con un nivel de renta básica dado. En ambos casos, el umbral y* se desplaza hacia la izquierda: se precisa una renta menor para ser un beneficiario neto.

Imposición progresiva y regresiva. En lugar de ser lineal (o proporcional), el impuesto sobre la renta destinado a la financiación de la renta básica puede ser progresivo o regresivo, es decir, puede gravar las rentas a tipos marginales crecientes o hacerlo a tipos marginales decrecientes. La recta en negrita (imposición lineal) se ve entonces reemplazada por una línea de perfil cóncavo (línea discontinua) en el caso de una imposición progresiva (las rentas altas contribuyen más que las otras en términos relativos, no solamente absolutos) o de perfil convexo (línea gris) en el caso de una imposición regresiva (las rentas altas contribuyen proporcionalmente menos que las bajas). La línea discontinua del gráfico corresponde al caso particular en el que el tipo marginal aumenta a partir del nivel de renta bruta igual a la renta mínima garantizada (y+ = G) (imposición progresiva). La línea gris del gráfico corresponde al caso particular en que el tipo marginal disminuye a partir del nivel de renta bruta igual a la renta mínima garantizada (y+ = G) (imposición regresiva).

Que la renta básica pueda y deba ser financiada por la vía de la distribución antes que por la vía de la redistribución constituye, también, un tema de discusión en la obra de quienes proponen recurrir a la creación de moneda. Éste es el caso tanto del movimiento del «Crédito social» de Major Douglas (1924) como del movimiento distributista de Jacques Duboin (1932), preocupados ambos en prevenir, por vía de la distribución del poder de compra, las crisis de sobreproducción que pueden poner en jaque el crecimiento de la productividad. Generalmente rechazada, con razón, por la ingenuidad con la que sus defensores tratan el riesgo de inflación, así como por el impuesto encubierto que ésta alimentaría, este modelo de financiación por creación monetaria ha sido objeto de una reformulación más rigurosa, a la par que prudente, por parte de Joseph Huber (1998, 2000). Según su análisis, solo una porción modesta y fluctuante de una renta básica sustancial es susceptible de ser financiada de forma duradera por recurso a la emisión de moneda.

3. A TODOS SUS MIEMBROS SOBRE UNA BASE INDIVIDUAL

Estatus: ¿ciudadanos o residentes?

Una vez que los límites geográficos de la comunidad política están definidos, se puede asimismo adoptar una concepción más o menos extensiva de la condición de pertenencia a dicha comunidad. Aquellos que, entre los defensores de la renta básica, optan por la denominación de «renta de ciudadanía» tienen la tendencia a considerar que la cualidad de «miembro» de la comunidad, que da acceso a la renta básica, solo se aplica a los ciudadanos. El derecho a la renta básica se convierte entonces en uno de los aspectos del conjunto de derechos y deberes que acompañan la ciudadanía plena y entera, como en la concepción del filósofo francés Jean-Marc Ferry (1995).

Otros, que ven en la renta básica, ante todo, un instrumento de lucha contra la pobreza y el paro, interpretan la cualidad de «miembro» de forma más amplia, e incluyen al conjunto de residentes permanentes de un territorio. Para conceder una renta básica a los residentes no ciudadanos, el criterio práctico de referencia podría ser, entonces, un período mínimo de residencia o, con mayor lógica, las condiciones que definen en la actualidad la residencia fiscal.

Aun adoptando una definición extensiva de la noción de miembro de una comunidad política, cualquier población podrá albergar a individuos excluidos de la prestación. Mantener a delincuentes en prisión es algo mucho más costoso para una comunidad política que abonarles una renta básica modesta, incluso teniendo en cuenta el trabajo productivo que eventualmente es posible hacerles desempeñar. Bajo la hipótesis de que su encarcelamiento está justificado, es lógico entonces que los presos pierdan el beneficio de la renta básica durante el período de su confinamiento, pero lo recuperarán una vez que hayan cumplido su pena.

Edad: ¿restricción o modulación?

Se puede también imaginar una concepción más o menos extensiva de la condición de pertenencia a la comunidad política en función de la edad. En la mayoría de las propuestas expuestas, la renta básica se otorga solo a los miembros de la población que han alcanzado la mayoría de edad. La renta básica puede ser vista entonces como el complemento natural de un dispositivo de subsidios familiares universales que, en el caso de los menores de edad, con independencia de la posición del niño en el escalafón que forma con sus hermanos y de la renta y estatus socio-profesional de sus padres, presenta unos niveles más reducidos. No obstante, es posible también contemplar una renta básica otorgada al mismo nivel desde el nacimiento hasta la muerte. Éste es, de hecho, el tipo de dispositivo que rige en Alaska y que varios autores han propuesto, a veces a un nivel mucho mayor (Millner, 1983). En general, sin embargo, los que proponen una renta básica desde el nacimiento hasta la muerte la modulan en función de la edad, estableciendo dos o tres escalones antes de la mayoría de edad. Asimismo, también para las personas jubiladas se introduce a menudo una modulación de la renta básica, con lo que ésta se transforma entonces en una pensión de base de importe mayor percibida a partir de los 65 años, individual, no contributiva y acumulable a cualquier otra renta (Clark, 2002).

Para que una renta básica sea universal en el sentido especificado, no se requiere, pues, que sea atribuida a cada cual desde su nacimiento, sino más bien que sea conferida a todo miembro adulto de la comunidad considerada. Tampoco es preciso que sea concebida al mismo nivel para todos, a condición de que la diferenciación no responda sino al reflejo de una modulación por la edad. Asimismo, una diferenciación en función de los diferenciales en el coste de la vida en un territorio vasto solo es compatible con la noción de renta básica manejada si tal diferenciación se interpreta como una manera de mantener el mismo nivel de renta, en términos reales, en las distintas áreas del territorio en cuestión. Finalmente, una diferenciación en función de las necesidades —por ejemplo, el grado de incapacidad— sobrepasaría los límites de la noción de renta básica que aquí se ha presentado, aun siendo perfectamente concebible que a la renta básica se le añada, para aquellos que sufren una incapacidad, un subsidio complementario pero condicionado.

Unidad: ¿hogar o individuo?

Los dispositivos convencionales de rentas mínimas se basan generalmente en la hipótesis —difícilmente rebatible— de que la vida en pareja permite aprovechar economías de escala o, dicho en términos más generales, de que el coste de la vida por persona decrece con el tamaño del hogar. Ésta es la razón por la que el nivel de la renta mínima se calcula habitualmente de manera que sea menor para un miembro de una pareja que para una persona sola. En el caso de la RMI francesa, por ejemplo, una persona sola percibe de media cerca de un 25% más que una persona que viva en pareja (sin hijos). Sin embargo, conviene destacar que el buen funcionamiento de un sistema tal hace inevitable alguna forma de control administrativo de la situación personal de los beneficiarios.

Ciertas propuestas presentadas con denominaciones a veces empleadas también para designar la renta básica —por ejemplo, el Bürgergeld de Joachim Mitschke (1985, 2004)— hacen esta diferenciación. Tal como aquí se entiende, en cambio, la renta básica es estrictamente individual, no solo en el sentido de que se asigna individualmente a cada persona y no a los jefes de hogar, sino también en el de que el importe de la prestación para nada se ve afectado por el estado civil del beneficiario o por el hecho de que éste viva solo o en régimen de convivencia con otras personas.

4. SIN CONTROL DE RECURSOS

Transferencia a priori y a posteriori

Pese a la existencia de modalidades variables, puede afirmarse que todos los dispositivos convencionales de rentas mínimas requieren un control de los recursos del hogar. La prestación efectivamente conferida representa normalmente la diferencia entre las rentas del hogar (salario, otros subsidios, rentas inmobiliarias, otras rentas, etc.) y el nivel de la renta mínima prescrito por la ley para la categoría de hogar considerada. Asimismo, la prestación es decreciente: su importe es máximo cuando estas otras rentas son nulas, mientras que decrece a medida que esas rentas se incrementan, reduciéndose en la cuantía de 1 euro por cada euro de renta obtenido por otras fuentes. En este sentido, se trata de un sistema de transferencias a posteriori basado en una estimación, inevitablemente aproximada, de los recursos de los beneficiarios.

Renta mínima garantizada convencional

Rentas brutas y netas. El eje horizontal representa la renta bruta antes de impuestos y de transferencias. En el eje vertical, G representa el importe de la renta mínima garantizada. La bisectriz representa lo que supondrían las rentas netas con niveles nulos de imposición y, por tanto, de renta mínima garantizada: las rentas netas y las brutas son idénticas. Con un dispositivo convencional de rentas mínimas garantizadas, las transferencias cubren la diferencia entre las rentas brutas del beneficiario y el nivel de renta neta que se pretende garantizar a todo hogar de una determinada categoría. La recta en negrita representa el nivel de las rentas netas, considerados a la vez tanto las transferencias como el impuesto, que se ha supuesto proporcional, requerido para financiarlas.

Contribuyentes y beneficiarios. En el gráfico, las distinciones entre contribuyentes y perceptores del subsidio y entre contribuyentes y beneficiarios netos coinciden. Nada excluye, sin embargo, que la imposición sobre la renta empiece en un nivel inferior al nivel de la renta garantizada G. En este caso, puede tener que pagarse el impuesto aun siendo beneficiario neto. Nada excluye tampoco que la imposición sobre la renta empiece en un nivel superior al nivel de la renta garantizada G. En este caso, podemos quedar exonerados de pagar impuestos sin por ello ser beneficiarios netos.

Otros gastos públicos. El gráfico supone que el Estado no tiene más gastos que el pago de las transferencias de las rentas mínimas garantizadas. En presencia de otros gastos, el tipo impositivo o el nivel de la renta garantizada deberían ajustarse.

La renta básica, por el contrario, consiste en una transferencia a priori. La renta básica se satisface tanto a los ricos como a los pobres, sin consideración del nivel de sus otras rentas ni, a fortiori, de su patrimonio o de los recursos de sus allegados. Se otorga íntegramente tanto a aquellos cuyas rentas superen el nivel mínimo de renta que el sistema permite asegurar a todos, como a aquellos cuyas rentas son inferiores a dicho mínimo. Si la fuente de su financiación es externa —por ejemplo, los ingresos derivados de la explotación pública de un recurso natural—, la instauración de una renta básica aumenta a todos por igual la renta personal. Pero si la financiación se hace a través de una imposición sobre las rentas —sea allá donde éstas se perciben (impuesto sobre la renta de las personas físicas), sea en el punto en el que se gastan (impuesto sobre el valor añadido)—, resulta evidente que los titulares de rentas elevadas financian su propio subsidio (y más que eso). Sin embargo, parece claro también que si la medida se introduce como complemento de las transferencias actualmente existentes, la renta de los más ricos no aumentará, sino todo lo contrario.

Asimismo, la diferencia entre una renta básica y una prestación diversificada en función de la renta radica en el hecho de que, al contrario de lo que ocurre con la segunda, la atribución de la primera, por definición, ni requiere control de recursos alguno, ni exige que se identifique, en el conjunto de la población, a las personas suficientemente pobres como para que puedan ser beneficiarias del sistema. Cierto es que, siempre que la financiación de la renta básica se articule a través de un impuesto sobre la renta, se requerirá, lógicamente, cierto control de las rentas. Sin embargo, aun en este caso, la diferencia entre renta básica y subsidios condicionados sigue siendo notable. Ello se comprenderá mejor examinando la relación entre la renta básica y un dispositivo que le es más cercano que los dispositivos convencionales de rentas mínimas garantizadas, hasta el punto de que a menudo se afirma su pura y simple equivalencia: el impuesto negativo sobre la renta.

Renta básica e impuesto negativo

En un sentido amplio, un impuesto negativo sobre la renta no es más que una prestación conferida por la administración fiscal a una persona sujeta al impuesto en función de su renta, del mismo modo que un impuesto positivo sobre la renta es una exacción efectuada por la administración fiscal en función de la renta del contribuyente. En su sentido usual, más estricto, que emplearemos aquí, el impuesto negativo sobre la renta consiste en la combinación de un impuesto positivo creciente (de manera proporcional, progresiva o regresiva) a partir del primer euro de renta con un crédito impositivo uniforme y reembolsable. Esta combinación toma forma concreta en el pago de un impuesto negativo igual a este crédito impositivo a cualquier contribuyente sin otra renta y de una cantidad menor a cualquier otro contribuyente que adeude un impuesto positivo inferior al crédito impositivo. El contribuyente deudor de un impuesto positivo exactamente igual al crédito impositivo no paga ni recibe nada: se sitúa en el «punto de equilibrio» o break even point. A todos los demás contribuyentes se les sustrae un impuesto positivo tanto más elevado cuanto mayor sea la magnitud de su renta.

Impuesto negativo sobre la renta

Impuesto negativo. Con un dispositivo de impuesto negativo sobre la renta, el importe del subsidio abonado a un hogar se ve gradualmente reducido en caso de que se incremente la renta hasta ser igual a cero en el «punto de equilibrio» (y*), esto es, en el nivel de renta bruta a partir del cual el impuesto negativo se transforma en impuesto positivo.

Impuesto lineal. Cuando el dispositivo es lineal, como en este gráfico, el importe abonado se reduce al mismo tipo (expresado como un porcentaje de cada unidad de renta bruta suplementaria) en la zona situada por debajo del punto de equilibrio (y*), por encima del cual el impuesto positivo se incrementa.

En la versión lineal del impuesto negativo, popularizada por Milton Friedman (1962, 1968), el impuesto es proporcional. Como el crédito impositivo es uniforme, la reducción del tipo del impuesto negativo a medida que las rentas bajas crecen es, por tanto, igual al aumento del tipo del impuesto positivo a medida que las rentas altas se incrementan. Pero esta proporcionalidad no es inherente a la noción de impuesto negativo, la cual requiere solamente que el crédito impositivo sea el mismo para todos, sea cual sea la evolución de los tipos impositivos.

En una primera aproximación, se percibe una equivalencia manifiesta entre renta básica e impuesto negativo, sin ir más lejos, porque el importe de la primera puede coincidir con el del crédito impositivo uniforme que interviene en el segundo. Con el primer dispositivo, todos reciben un subsidio igual y (casi) todos pagan un impuesto diferenciado, mientras que, con el segundo, solamente algunos perciben un subsidio, más reducido para (casi) todos que con el primer dispositivo, y solo los demás pagan un impuesto, más reducido para todos. No obstante, positivos o negativos, los impuestos netos son idénticos en ambos casos, por lo que las rentas netas también lo son (las líneas en negrita de los gráficos 1 y 3 coinciden exactamente).

Pero lo que sobre el papel parece equivalente puede dar lugar, en la realidad, a efectos significativamente distintos. La renta básica funciona como un anticipo que incrementa la renta bruta de cada individuo y que es recuperado ulteriormente de forma parcial o total. El dispositivo de impuesto negativo, en cambio, no permite determinar a quiénes es preciso pagar un subsidio antes de que las declaraciones fiscales hayan podido ser cumplimentadas y controladas. Además, el impuesto negativo sobre la renta tiende, por su propia naturaleza, a unificar las rentas y créditos impositivos de cada hogar de manera tal que calcula una paga única para abonar o para sustraer. Esta doble diferencia puede atenuarse, por un lado, a través de un sistema, ya muy extendido, de extracción del impuesto en la misma fuente de las rentas gravadas, así como ofreciendo la opción, a quienes así lo deseen, de transformar su renta básica en crédito impositivo; y, por el otro, autorizando a todos los individuos que lo deseen la posibilidad de solicitar el desembolso anticipado del crédito impositivo que les corresponde. Pero, aun considerando la posibilidad de estos ajustes, las diferencias siguen siendo suficientes, como veremos más adelante, para conferir a la renta básica y al impuesto negativo potenciales distintos tanto como instrumentos de lucha contra la pobreza y el paro (véase § III.1-2), como en términos de factibilidad política (véase § IV.3).

Universalidad y acumulación de rentas

Al contrario de lo que ocurre con los dispositivos convencionales de rentas mínimas garantizadas, la renta básica no se halla sujeta a un control de recursos, sino que se otorga a todos sin ningún tipo de distinción. Esta característica se asocia comúnmente a la idea de que la renta básica, a la inversa de estos dispositivos, es plenamente compatible con cualquier otra renta, lo que contribuye necesariamente a mejorar la situación neta de la persona considerada.

La presentación de la idea de impuesto negativo exige tomar con suma cautela la identificación, demasiado inmediata a veces, entre estos dos rasgos que distinguen a la renta básica con respecto a los dispositivos convencionales —recordémoslos: ausencia de control de recursos, por un lado, y «acumulabilidad» de rentas, por el otro—. El hecho de que los pagos efectuados en el marco de un impuesto negativo sean sometidos a un control de rentas no implica en ningún caso que cualquier ganancia vaya a ser íntegramente neutralizada por una reducción gradual de tales pagos. Su importe disminuye a medida que las otras rentas aumentan, pero disminuye con menor rapidez que el aumento de éstas. En otras palabras, el tipo impositivo marginal implícito para los beneficiarios de un impuesto negativo puede ser inferior, igual o superior al tipo marginal explícito del impuesto positivo, pero siempre será inferior al cien por cien. En los dispositivos convencionales de rentas mínimas garantizadas, los pagos cubren la diferencia con respecto al nivel que se trata de garantizar a todos, razón por la que el tipo impositivo marginal implícito es, precisamente, de un cien por cien: cada euro suplementario del lado de los recursos equivale a la retirada de 1 euro del total de la prestación de reemplazo. En definitiva, no se trata de que el control de la renta, como tal, excluya forzosamente la posibilidad de «acumular» prestación y otras rentas, esto es, de que éstas aumenten necesariamente la renta neta de la persona considerada.

La RMI como variante regresiva del impuesto negativo

Tipo de disminución del subsidio. Si se hace abstracción de la cuestión de la contrapartida (véase § II.5), las fórmulas convencionales de rentas mínimas garantizadas, como la RMI, pueden ser entendidas como una variante límite de un impuesto negativo configurado en el nivel de los hogares. Formalmente, el dispositivo típico de rentas mínimas garantizadas corresponde, en efecto, a la variante más regresiva del impuesto negativo, esto es, la que establece un tipo impositivo marginal implícito del cien por cien sobre las rentas más bajas: cada euro ganado por el trabajo queda, ciertamente, exento de cualquier impuesto explícito, pero, dado que esta ganancia viene acompañada de una reducción del subsidio de hasta 1 euro, implícitamente se grava este euro suplementario al cien por cien. Cubriendo sistemáticamente la diferencia entre la renta obtenida por otras fuentes y un umbral dado, este dispositivo convencional disminuye la prestación en la medida exacta en que esta renta aumenta y, de este modo, la somete a una imposición marginal del cien por cien (véase la comparación de los gráficos 2 y 3). Ciertos dispositivos convencionales incluyen, sin embargo, la posibilidad de añadir al importe máximo de la prestación otras rentas durante un período determinado y/o hasta una cantidad relativamente escasa, lo que, de este modo, los acerca un poco a formas de impuesto negativo más ortodoxas, menos disuasorias para aquellos que presentan un nivel de remuneración más bajo.

Recursos tomados en consideración. Una diferencia más profunda entre los dispositivos convencionales de rentas mínimas y el impuesto negativo tiene que ver con la definición de los recursos tomados en consideración para determinar el importe de la prestación. En el caso del impuesto negativo, el criterio es el mismo que se utiliza para el impuesto positivo: se calcula el impuesto debido, eventualmente con tipos distintos según las diferentes formas de las rentas del trabajo y del ahorro, se le deduce el crédito impositivo uniforme y se abona la diferencia. Los dispositivos de rentas mínimas tienden a adoptar una definición más amplia de los recursos: además de sus rentas imponibles debidamente unificadas (y, por tanto, sometidas al tipo implícito más elevado), se toma en cuenta, en una medida que puede variar, el patrimonio de los beneficiarios, sus rentas en especie y los recursos que obtienen o podrían obtener de sus allegados. El cálculo del impuesto negativo, en cambio, no se ve afectado por estas otras dimensiones, que tampoco intervienen en el cálculo del impuesto positivo. Comparado con los dispositivos convencionales (del tipo de la RMI), ello conduce, pues, aun en el caso de un perfil dado de tipos marginales aparentes, a un trato más favorable de los titulares de rentas bajas o, en otros términos, a un esquema efectivo de imposición menos regresivo.

A la inversa, la ausencia de control de la renta, constitutiva de un sistema de renta básica, no implica, en sentido estricto, esta posibilidad. Es, en efecto, concebible en principio que una renta básica sea financiada por un impuesto cuyo tipo sea del cien por cien hasta un nivel de renta igual a la renta básica. La distribución de las rentas netas así determinada coincidiría con la que resulta habitualmente de los dispositivos existentes de rentas mínimas garantizadas (véase gráfico 2), abstracción hecha aquí de la eventual diferencia entre los recursos que éstos toman en consideración y la renta imponible (véase recuadro). No obstante, si bien este tipo de figura ha sido explorado (Salverda, 1984), nunca ha sido propuesto en la práctica, pues la idea de imponer explícitamente a un cien por cien el primer tramo de renta parece absurda. Suponiendo que se excluye este caso extremo, pues, la «universalidad» de la renta básica implica su «acumulabilidad» en el sentido indicado.

Renta básica y crédito impositivo reembolsable

La discusión acerca de la relación entre renta básica e impuesto negativo ofrece también la oportunidad para clarificar la diferencia entre estas propuestas y las diversas fórmulas de crédito impositivo reembolsable puestas en práctica, primero, en Estados Unidos (Earned Income Tax Credit, EITC, 1974) y, más adelante, en Europa (Working Families Tax Credit, Reino Unido, 1997; Prime pour l’emploi, PPE, Francia, 2001, etc.), con vistas a reforzar los estímulos al acceso al mercado de trabajo y a la mejora de la situación financiera dirigidos a los trabajadores pobres. Al igual que el impuesto negativo sobre la renta, el crédito impositivo reembolsable consiste en un dispositivo que se materializa en la forma de una reducción impositiva para algunos y en el pago de un subsidio, por parte de la administración fiscal, para otros. Pero así como el crédito impositivo reembolsable que se halla en el corazón del impuesto negativo es, como la renta básica, igual y uniforme para todos, el crédito impositivo instituido por estos otros dispositivos es variable en función de la renta.

¿Debe la renta básica quedar libre de impuestos?

Algunos proponen incluir la renta básica en la base imponible, como cualquier renta primaria. Otros, en cambio, consideran que debe quedar exenta de cualquier exacción.

En el contexto de un impuesto sobre las personas físicas estrictamente individual, esta distinción no tiene importancia alguna. Como la renta básica puede ser considerada como el primer tramo de renta de cada cual, gravarla a un tipo cualquiera equivale simplemente a reducir su importe para todos. De ahí el sentido de anunciar de entrada la cuantía de una renta básica de importe inferior y protegerlo con respecto a cualquier tipo de impuesto directo, como a menudo es el caso, por ejemplo, de los subsidios familiares.

En el contexto de un impuesto sobre las personas físicas unificado en el nivel de los hogares, esto solo vale para el caso de que el importe de las exoneraciones de base actualmente concedidas en función de la dimensión del hogar crezca proporcionalmente con el número de personas (beneficiarias de una renta básica) que lo componen. Si, como ocurre a menudo, esta exoneración decrece a medida que lo hace la dimensión del hogar, incluir la renta básica en la base imponible en lugar de eximirla de impuestos es más favorable para las personas solas y menos favorable para las parejas.

Los partidarios de la prestación estrictamente individual que es la renta básica tienden a reivindicar una individualización estricta del impuesto, lo que convertiría en una futilidad la distinción entre la imposición de la renta básica y su exoneración del impuesto.

En su versión original, representada por el EITC estadounidense, el importe del crédito impositivo es nulo cuando la renta del trabajo es nula, aumenta a medida que esta renta aumenta y permanece constante a continuación, antes de diluirse progresivamente en función de la renta global (Bontout, 2000). El importe de la prima para el empleo (PPE) francesa, por su parte, es nulo hasta el 30% del salario mínimo a tiempo completo (SMIC), luego aumenta gradualmente hasta el cien por cien del SMIC, para disminuir a continuación y diluirse completamente al alcanzar el nivel del 140% del SMIC. La PPE fue reformada en 2003, en un sentido más favorable para el trabajo a tiempo parcial, a través de un incremento de su importe para el caso de las remuneraciones inferiores al SMIC (Legendre y otros, 2004).

Crédito impositivo reembolsable para trabajadores de baja remuneración

Con un dispositivo de crédito impositivo del tipo Earned Income Tax Credit, el importe del crédito pagado a un trabajador crece de forma lineal hasta un primer nivel de remuneración (y¹), se estabiliza a continuación y decrece de nuevo de forma lineal a partir de un nivel más elevado (y²). En el caso particular ilustrado por el gráfico, la imposición (sin crédito impositivo) es lineal y el punto de equilibrio que separa a los beneficiarios netos de los contribuyentes corresponde al nivel de remuneración y*. En un contexto en el que preexiste una renta mínima garantizada a un nivel G (véase gráfico 2), se observa cómo el crédito impositivo permite subir las remuneraciones netas de ciertos trabajadores (aquellos cuya renta bruta excede y³) por encima de este nivel G.

Así como en el marco de un sistema de impuesto negativo o de renta mínima convencional el aumento de las rentas profesionales más bajas comporta una reducción de los subsidios, en el seno de los programas de créditos impositivos reembolsables, como el de los EITC, el de las PPE o el de los dispositivos análogos que rigen en otros países, un aumento de las rentas bajas implica, al contrario, un alza de las transferencias dispuestas. Esta diferencia aparentemente profunda entre los sistemas de impuesto negativo y de renta básica, por un lado, y los dispositivos de crédito impositivo variable, por el otro, se desvanece en gran medida, sin embargo, cuando estos últimos son introducidos en un contexto donde existe ya un dispositivo convencional de rentas mínimas, que no se pretende reemplazar (Van Parijs y otros, 2000). En un contexto tal, su implantación puede incluso ser interpretada como un paso importante hacia la instauración de una renta básica (véase § IV.3).

5. SIN EXIGENCIA DE CONTRAPARTIDA

¿Paro voluntario?

En el caso de los dispositivos convencionales de rentas mínimas, la concesión del subsidio descansa también —por lo menos en principio— en la exigencia de una contrapartida. Ésta toma, la mayoría de las veces, la forma de la obligación, por parte del beneficiario, de mostrar la disposición a incorporarse al mercado de trabajo. El alcance preciso de esta obligación varía sensiblemente de un país a otro, y a veces hasta de una administración local a otra en el interior de un mismo país. La obligación puede radicar en el deber de aceptar un «empleo apropiado», si éste es propuesto; o en el de pasar la prueba de una búsqueda de empleo; o, también, en el de firmar y respetar un contrato de inserción vinculado a un trabajo remunerado, a una formación o a la realización de cualquier otra actividad considerada útil.

La renta básica, en cambio, es concedida sin condiciones de este tipo. No se ejerce ningún control relativo a la voluntad de inserción de los beneficiarios, pase ésta por el mercado de trabajo o por actividades no remuneradas. Por esta razón, las propuestas de una renta social conferida a cada miembro de la sociedad como contrapartida de un servicio social sustancial como las que se pueden encontrar, por ejemplo, en Bellamy (1888) o Gorz (1983) no encajan en la definición de la renta básica. Asimismo, la renta mínima individual e uniforme que la liberal Juliet Rhys-Williams (1943) proponía distribuir entre todos no constituía, a diferencia del «dividendo social» sugerido por los laboristas Cole y Meade, una verdadera renta básica, pues su «nuevo contrato social» preveía la interrupción del pago del subsidio a todo trabajador huelguista.

¿Obligación de participación?

Más próxima a la renta básica se halla la «renta de participación» propuesta principalmente por el economista británico Anthony Atkinson (1996). La incondicionalidad de la renta básica se sustituye en este caso por una condición de participación social entendida en un sentido tan amplio que prácticamente todo el mundo la satisface, por lo que todos pueden gozar de una renta de base individual y uniforme. Según Atkinson, se consideran merecedores de la prestación no solo los trabajadores asalariados y por cuenta propia, a tiempo completo y a tiempo parcial, sino también aquellos que buscan un empleo y aquellos que están incapacitados para el trabajo por causa de enfermedad, de accidente de trabajo o de invalidez, así como los que han alcanzado la edad de la pensión de jubilación, los que siguen un programa concertado de estudios o de formación, los que tienen niños, personas de edad avanzada o enfermos a su cargo y, finalmente, los que se consagran a cualquier forma reconocida de trabajo voluntario.

Si la cuantía de la renta de participación es elevada, la introducción de una medida tal debería verse acompañada por la puesta en práctica de mecanismos de control de la actividad socialmente útil, mecanismos que podrían revelarse rápidamente como gravosos, vista la intrusión en la vida privada exigida por el control de las actividades domésticas o la corrupción del espíritu de las asociaciones encargadas del seguimiento de los «voluntarios» o, finalmente, el coste administrativo global que quedaría asociado a este programa. Si el subsidio es de baja cuantía, en cambio, podrían bastar presunciones o pruebas fáciles de obtener: tener a cargo niños de poca edad, por ejemplo, o poseer un certificado de inscripción a un programa de estudios. Asimismo, un documento acreditativo de la realización de una actividad regular al servicio de una asociación sería suficiente también para acceder a la prestación. Estos casos, pues, no quedarían muy lejos de una auténtica renta básica (véase § IV.3).

6. TRES DIFERENCIAS CRUCIALES

A la luz del recorrido histórico del capítulo I y de las precisiones conceptuales del capítulo II, cabe insistir ahora en aquello que constituye la espina dorsal de la renta básica. En numerosos Estados sociales desarrollados, una parte importante de las prestaciones, en metálico y en especie, se insiere en el seno de un sistema de seguros sociales. Un sistema de este tipo dispone que el derecho a la prestación es, por lo menos en principio, una contrapartida de cotizaciones obligatorias pagadas por los trabajadores. En cambio, todos los dispositivos de renta mínima se distinguen de estos mecanismos, fundamentalmente, por el hecho de que la prestación no se reserva solo a las personas que han cotizado o a las que están a cargo de ellas.

Con múltiples variantes, estos dispositivos pueden asociarse en principio a dos modelos fundamentales. Por un lado, el modelo de la asistencia pública a los desprovistos de recursos tal como fue articulado, por vez primera, por Moro y Vives e instituido, en la actualidad, en un contexto profundamente modificado por la presencia de los dispositivos de la seguridad social, a través de los programas contemporáneos de rentas mínimas, como la RMI francesa (véase § I.1). Por otro lado, el modelo que consiste en la concesión, a todos los miembros de una sociedad, de una parte del patrimonio de la misma, tal como fue formulado por vez primera de manera precisa por Paine y Spence y hoy se ve reflejado, de forma limitada, en el dividendo del Fondo permanente de Alaska (véase § I.4).

Esta distinción fundamental entre dos modelos de renta mínima garantizada, definidos el uno y el otro por oposición al modelo de los seguros, permite volver a poner sobre la mesa lo que diferencia a la renta básica, en todas sus variantes, de los dispositivos de renta mínima convencionales: la renta básica es estrictamente individual, se confiere sin consideración de las rentas de los beneficiarios y en ningún caso se halla vinculada a una exigencia de contrapartida. Se comprende sin dificultad, sin embargo, que la preocupación de una asistencia pública eficaz al servicio de los más pobres se concrete a menudo en el reclamo de un dispositivo que la triple condicionalidad —situación familiar, otros recursos, disposición a trabajar— parece que permite focalizar con mayor precisión. Pero, al mismo tiempo, se comprende también fácilmente que la idea de un derecho igual para todos a un patrimonio común tome la forma de una renta uniforme atribuida individualmente y sin condición. En cualquier caso, conviene no asociar de forma demasiado estrecha objetivos, por un lado, y dispositivos, por el otro. Enseguida veremos, en efecto, que la renta básica es defendida no solo como un instrumento de mayor eficacia en la lucha contra la pobreza, sino también como la traducción inmediata de principios de justicia.

Dispositivos de transferencias no basados en un sistema de seguros

Nota: Esta tabla sintética debe ser leída como una descripción de las características típicas de cada uno de los principales dispositivos analizados en este capítulo, haciendo abstracción en este punto de los diversos matices a menudo introducidos. Ciertos dispositivos convencionales de renta mínima permiten, por ejemplo, la combinación temporal integral de los subsidios con las rentas del trabajo que no superen cierta cuantía, y, si ello se propone en el marco de un sistema de impuesto sobre la renta estrictamente individual, un dispositivo de impuesto negativo puede eventualmente tomar al individuo, antes que al hogar, como unidad de referencia.

Capítulo III

¿UNA IDEA JUSTA?

Sabemos ya, en este punto, qué es la renta básica y dónde apareció la idea. Es preciso ahora examinar los principales argumentos esgrimidos para defenderla y para criticarla. En el mundo contemporáneo, la renta básica ha sido defendida, por encima de todo, como un instrumento eficaz de lucha contra la pobreza o, con mayor precisión, como un instrumento de lucha conjunta contra la pobreza y el paro. Pero la colección de argumentos en su favor no puede, como veremos, circunscribirse solo a unos análisis estrictamente económicos. Se trata de unas razones que arrastran indefectiblemente un llamamiento en favor de una concepción u otra de la sociedad justa, concepción que los partidarios de la renta básica, no más, por otro lado, que sus detractores, no pueden dejar de hacer explícita.

1. ¿EFICACIA CONTRA LA POBREZA?

¿Una medida derrochadora?

Comencemos por la pobreza, definida simplemente en términos de renta. Resulta una obviedad afirmar que la puesta en práctica de una renta básica permitiría, permaneciendo todo lo demás constante, reducir la pobreza. Pero, siendo los recursos escasos, la verdadera cuestión estriba en saber si la renta básica permite alcanzar este objetivo con mayor eficacia que los dispositivos convencionales de rentas mínimas. O si, a la luz de estos criterios, la renta básica aparece como una medida poco apropiada. Supongamos una línea de pobreza dada que defina, para cada tipo de hogar, el nivel de renta que distingue a los pobres de los no pobres. Denominemos «brecha de pobreza» (poverty gap) a la amplitud de las transferencias necesarias para levantar hasta esta línea la renta de los hogares pobres. La eficacia de un programa de lucha contra la pobreza (su target efficiency) se mide, entonces, por lo común, como la proporción de los gastos del programa que contribuyen a cubrir esta brecha. En este sentido, un dispositivo de garantía de renta modulado según la composición de los hogares y estrictamente orientado hacia los más pobres, a los que, además, se exige una contrapartida, es, con total seguridad, mucho más eficaz que la renta básica, que derrocha preciosos ingresos fiscales al distribuir igualitariamente entre todos algo de lo que algunos no tienen ninguna necesidad. Ésta es, de hecho, la conclusión en la que se detienen incluso algunos de los analistas de la renta básica mejor intencionados (Belorgey, 2000).

Para los defensores de la renta básica, sin embargo, un aserto de este tipo descansa en una visión miope de la pobreza y en una concepción ingenua de lo que constituye el coste de un programa destinado a combatirla. Si bien es cierto que existen sentidos relevantes en los que la renta básica es más costosa que un dispositivo convencional de renta mínima, este sobrecoste no se deriva en ningún caso del hecho de que sea pagada a los ricos y a los holgazanes, sino más bien de su naturaleza estrictamente individual, así como del hecho de que no penaliza el trabajo de los más pobres. Sobre todo, dicho sobrecoste se justifica por el hecho de que la medida arranca del anhelo de erradicar la pobreza estrecha y estáticamente definida, pero también la exclusión en un sentido mucho más amplio.

¿Mejor para los pobres, no para los ricos?

Para una comprensión cabal de estas afirmaciones, comencemos eliminando un malentendido frecuente: no es cierto que el hecho de que los ricos, como los pobres, reciban una renta básica haga que su instauración redunde en un enriquecimiento de los ricos. Tomemos de entrada el caso en que la renta básica simplemente se añade a los programas existentes de impuestos y transferencias. Los más ricos tendrían entonces que financiar, además de lo que ya financian en la actualidad, su propia renta básica y, a la vez, una parte importante de la renta básica de los más pobres. Esto es cierto, sea la naturaleza del impuesto progresiva, lineal o regresiva (véase gráfico 1). Para que la introducción de una renta básica sobrepuesta a todos los programas existentes se haga en beneficio de los más pobres y (aritméticamente) en detrimento de los más ricos, basta en efecto con que, de media, los más ricos contribuyan más a su financiación que los más pobres en términos absolutos.

La mayoría de propuestas, sin embargo, no se limita a añadir la renta básica a los programas preexistentes. Se supone que la introducción de la renta básica se ve acompañada de una reducción, hasta el nivel de su propia cuantía, de las diversas transferencias sociales condicionales existentes (y de la abolición de las que son de cuantía inferior a la renta básica). Asimismo, quedan abolidas ciertas exoneraciones o reducciones del tipo impositivo concedidas a los hogares sujetos al impuesto, pobres o ricos, a través de disposiciones más o menos complejas como las que se derivan, por ejemplo, de cualquier mecanismo que influya sobre el cálculo del impuesto en función del número de hijos. De este modo, y dado que su importe resulta relativamente reducido, la renta básica de los más pobres se financia parcialmente gracias al ajuste a la baja de las prestaciones preexistentes, mientras que la de los más ricos se financia, en gran medida, por la desaparición de las bonificaciones fiscales que, en la actualidad, perciben integralmente, mientras que los más pobres no logran beneficiarse de ellas más que de forma muy parcial, si lo hacen en alguna medida. Con todo, subsiste un coste neto, pues es preciso financiar la renta básica de los que, en la actualidad, no gozan ni de transferencias sociales ni de ningún tipo de beneficio fiscal, del mismo modo que es necesario cubrir una parte de la renta básica de los que gozan de ellos de forma limitada.

El importe de este coste neto varía considerablemente en función de la estructura de las prestaciones sociales y de la fiscalidad del país considerado y, claro está, en función, también, de la cuantía de la renta básica propuesta. Siempre y cuando el sistema impositivo instituido no sea más gravoso para los pobres que para los ricos en términos absolutos, la financiación de este coste neto, que trataremos más adelante, implicará necesariamente, junto a la puesta en práctica de la renta básica, una transferencia neta de los más ricos hacia los más pobres, transferencia tanto más importante cuanto más elevado sea el importe de la renta básica.

¿Coste administrativo menos elevado?

Puede afirmarse a la luz de lo que se ha venido analizando, pues, que del hecho de que la renta básica sea pagada a todos no se sigue inmediatamente la presencia de un coste presupuestario real exorbitante —el importe de la renta básica multiplicado por la población del país— fundado en gran medida en generosidades inútiles, sino solamente un coste neto real correspondiente a una fracción de este coste aparente. Sin embargo, uno podría preguntarse si, comparado con otros programas, un sistema de renta básica podría suponer un coste administrativo prohibitivo que se añadiría al coste neto de la transferencia propiamente dicha. De hecho, gravar a la mayoría para pagar a todos podría implicar un vaivén entre contribuyentes y poderes públicos que los dispositivos de renta mínima, que incluyen un control de recursos, permiten eludir.

Un dividendo natural, ¿beneficia a los ricos?

En varias propuestas —y en el sistema de dividendos vigente en Alaska—, la renta básica se financia a través de mecanismos distintos a la imposición, directa o indirecta, sobre las rentas de la población considerada, por lo que parece correcto afirmar que, de este modo, se están asignando suplementos de renta a hogares ricos para los que no son necesarios.

Hacer que el dividendo sea decreciente en función de la renta sería, sin embargo, equivalente, en lo que respecta a su incidencia distributiva y a sus eventuales consecuencias económicas, al mantenimiento de la uniformidad del dividendo unido a la introducción o al fortalecimiento de un impuesto sobre la renta. Si la imposición implícita que representaría el carácter decreciente del dividendo es posible y deseable, el emparejamiento de un dividendo uniforme con una imposición explícita en función de las rentas debería serlo también. En consecuencia, aun en el caso de una financiación que no descanse en el impuesto, una propuesta completa de renta básica, incluidas las medidas de acompañamiento, no implica necesariamente un aumento de la renta de los más ricos.

Si se tratara de aportar físicamente, cada semana, a cada puerta, el importe semanal de la renta básica, esta diferencia sería decisiva. Pero en un mundo en el que la tecnología informática hace de una transferencia regular una operación de coste administrativo prácticamente despreciable, el elemento esencial de los gastos administrativos vinculados a un programa de transferencias se sitúa en otro lugar. En el caso de un dispositivo convencional, tales gastos vienen dados, ante todo, por las tareas de difusión de la información destinada a asegurar que todas las personas con derecho a las prestaciones puedan gozarlas efectivamente, así como por el control destinado a evitar que personas sin tal derecho puedan gozar de ellas. Así, estos dos elementos llevan a los partidarios de la renta básica a asegurar que ésta presenta mayores ventajas.

Por un lado, diversos estudios que comparan la eficacia de dispositivos universales con la de programas restringidos de prestaciones sociales en cuanto a la capacidad de unos y de otros a la hora de favorecer a los más pobres ponen en evidencia la superioridad, en términos de lo que se viene analizando, de los sistemas universales (Atkinson, 1993). Esta diferencia se explica por el hecho de que el acceso a prestaciones que no se otorgan automáticamente a todos requiere la realización de una gestión que muchas personas con derecho a la prestación se muestran poco dispuestas a emprender o dejan de llevarla a cabo hasta el final, sea por vergüenza, por timidez o por ignorancia. En el caso de un dispositivo condicional de renta garantizada —y, a fortiori, en el caso de un dispositivo más complejo de sostenimiento de la renta basado en una multiplicidad de categorías—, la campaña de información y de sensibilización requerida para dotar a los beneficiarios netos de un nivel de recursos (take-up rate) equivalente al que proporcionaría el dispositivo universal correspondiente puede representar un coste humano y administrativo considerable. En cambio, en un dispositivo de renta básica, el pago automático de la prestación no precisa ningún tipo de gestión administrativa particular. Además, no hay nada humillante en percibir una renta de base dispuesta para todos y cada uno de los miembros de la sociedad. De este modo, la simplificación administrativa lograda a través de la medida, así como el carácter regular y universal de su funcionamiento deben permitir hacer tender a cero, a un coste de información muy reducido, el llamado nontake-up rate, esto es, el porcentaje de personas que en principio tienen derecho al subsidio, pero que, en la práctica y por razones diversas —porque no rellenan el formulario, por ejemplo—, no llegan a percibirlo.

Por otro lado, al coste de información de los dispositivos condicionales se añade un coste administrativo inducido por la necesidad de un control fiable de las condiciones establecidas para la atribución de las prestaciones, se refieran tales condiciones a las rentas de otras fuentes, a la situación del hogar o a la disposición a trabajar. Este coste es despreciable en el caso de que los beneficiarios del sistema se reduzcan a una minoría ínfima de hogares necesitados. Pero puede rápidamente devenir prohibitivo a medida que el número de personas con derecho a las prestaciones condicionales aumenta, sea como consecuencia de una fuerte concentración de la población en los rangos de renta más bajos, sea por motivo de un punto de equilibrio (break even point) situado sensiblemente por encima del nivel del mínimo garantizado (véase el funcionamiento del impuesto negativo, gráfico 3).

Con las condiciones tecnológicas que tenemos ya a nuestra disposición, parece fuera de duda que, para cualquier grado de reducción de la pobreza económica que se pretenda, un dispositivo de renta básica resultará de administración menos costosa que un dispositivo análogo de renta condicional. Sería, no obstante, un exceso afirmar, como lo hacen a veces algunos defensores de la propuesta, que la instauración de una renta básica equivaldría a la implantación de un sistema de protección social que no requeriría burocracia alguna. Mientras se sitúe en un nivel modesto, la renta básica podrá permitir, ciertamente, una simplificación notable de la fiscalidad sobre las rentas, así como la supresión de numerosas prestaciones sociales de cuantía igual o inferior a ella, pero deberá seguir siendo completada, para una parte de las personas actualmente asistidas, por formas condicionales de asistencia y, por supuesto, por sistemas de seguridad social, que, debidamente redefinidos, conservan toda su razón de ser.

¿Es menos caro no exigir contrapartida?

Lejos de constituir un método basto de lucha contra la pobreza, derrochador de preciosos recursos fiscales en mal dirigidos actos de generosidad, la renta básica aparece, pues, como un dispositivo que permite con mayor seguridad que los programas convencionales de rentas mínimas, y a un menor coste administrativo, dar cobertura a todas las personas pobres. No obstante, esta comparación no descansa sino en uno de los rasgos específicos de la renta básica: el hecho de que sea pagada sin controles de recursos. Ahora bien, el hecho de que sea, asimismo, conferida sin ninguna exigencia de contrapartida, ¿no la hace, pese a todo, más costosa que los dispositivos convencionales, en los que se cuenta con la seguridad de que aquellos que en ausencia de tales dispositivos escogerían la ociosidad en este caso se pondrán a trabajar? Una vez más, conviene aquí andar con cuidado y no dejarse llevar por evidencias demasiado frágiles.

Supongamos de entrada que la obligación de una contrapartida sea concebida como la obligación de aceptar un empleo libremente ofrecido por un empleador público o privado. Si el trabajador y el empleo son tales que, al margen de esta obligación, el trabajador no tiene ni ganas de hacerse con el empleo ni el deseo de conservarlo, la productividad que su empleador puede esperar tiene pocas posibilidades de ser suficiente para que éste desee contratarlo o retenerlo. El trabajador en cuestión se convertirá, entonces, en parado involuntario y, por tanto, tendrá derecho a la renta mínima condicional. En comparación con una fórmula incondicional, el ahorro logrado es nulo, incluso negativo, si empleador y trabajador han derrochado tiempo y energía en las operaciones de contratación y de despido.

Se puede incluso imaginar un escenario todavía más duro, emparejando la obligación de estar dispuesto a trabajar con la obligación, por parte de los poderes públicos, de actuar como «empleador de última instancia», en caso de que ningún otro empleador, privado o público, se muestre dispuesto a ofrecer un empleo. En un escenario tal, el Estado procura a los menos aptos y a los más reacios a aceptar cualquier empleo una ocupación suficientemente poco atractiva como para no vaciar el mercado de trabajo convencional. Más aún que en el escenario menos apremiante, este trabajo obligatorio de las personas más difícilmente empleables, sea por falta de habilidad o por desmotivación, tiene todas las posibilidades de presentar una productividad neta negativa, vistos los costes de equipamiento, de formación y de supervisión, así como los vinculados a eventuales contenciosos. Amén de los prejuicios propagados a largo plazo sobre la motivación de los que participan en estos programas y sobre la imagen del sector público, el coste neto de este régimen de workfare podría acercarse fácilmente al del encarcelamiento de un auténtico convicto o, en cualquier caso, situarse mucho más allá del coste que supondría la concesión incondicional de un suelo de renta. Al igual que muchos de sus detractores (Handler, 2004), los defensores más lúcidos del workfare no se engañan lo más mínimo a este respecto (Kaus, 1992): forzar a los beneficiarios de la renta mínima garantizada a trabajar es caro. Con todo, el hecho de que se trate de justificar una obligación de este tipo se debe a la intervención de razones directamente morales (véase § III.3), nunca a un auténtico empeño en reducir costes.

El coste insoslayable de la individualización

Se desprende de las consideraciones formuladas hasta el momento que, una vez orilladas las falsas evidencias con respecto al coste presupuestario aparente, un sistema que atribuya una renta mínima a todos, incluso a los ricos y a los holgazanes, podría perfectamente revelarse como netamente menos caro —con un nivel de eficacia dado con respecto a la lucha contra la pobreza— que un sistema que requiera, en primer lugar, un control de recursos y, en segundo lugar, una contrapartida.

Pero la renta básica no es incondicional solamente en estos dos sentidos. La renta básica es, también, estrictamente individual (véase § II.3). Una prestación independiente de la composición de los hogares tiene la ventaja de eliminar el coste administrativo y los atentados a la vida privada que suponen las visitas domiciliarias y otras formas de verificación de la condición de persona sola o de cohabitante. La renta básica mejora la situación de los cónyuges más vulnerables al concederles, sea cual sea la renta global del hogar, una renta propia asegurada sin discontinuidad en caso de ruptura. Al no penalizar retirando una parte del subsidio a los que deciden vivir en régimen de cohabitación, un sistema de renta básica promueve, además, la vida en común, que constituye una de las condiciones que favorecen la lucha contra la precariedad.

Estas ventajas son incuestionables. Pero tienen un precio. En su afán por combatir la pobreza con la mayor eficacia posible, los dispositivos convencionales de rentas mínimas generalmente toman en consideración las economías de escala que una vivienda compartida permite lograr y, de este modo, atribuyen una prestación menor a los que viven en común, sin que por ello los resultados —inmediatos, por lo menos— en los términos recogidos por los indicadores de pobreza se vean afectados. Un tránsito brusco de un dispositivo tal a una renta básica estrictamente individual nos sitúa, por tanto, frente al siguiente dilema. Si la cuantía de la renta básica se fija al nivel anteriormente concertado para las personas solas, los contribuyentes, y especialmente los hogares que solo albergan a un adulto, deben soportar un sobrecoste considerable —real, esta vez, tanto en términos de tipos impositivos marginales como en términos de renta disponible—. Si, en cambio, se pretende evitar este notable sobrecoste, el nivel de la renta básica no puede sino quedar por debajo del nivel de renta que los dispositivos convencionales atribuyen a las personas solas y sin otra renta, personas cuya situación de pobreza se ve, por esta razón, agravada. Existen medios para aliviar o sortear este dilema procediendo a implantar la renta básica por etapas (véase § IV.3). Pero es preciso reconocer su existencia.

El coste inherente a la posibilidad de la acumulación de rentas

Además de su carácter individual, existe otro rasgo asociado por definición a la renta básica que es susceptible de hacer de ella un sistema más costoso, en un sentido que conviene subrayar, que un dispositivo convencional que asegure una renta mínima del mismo nivel. Este rasgo es la posibilidad de combinar la renta básica con rentas del trabajo de carácter modesto. Compartido con el impuesto negativo, este rasgo no figura, en sentido estricto, en la definición de la renta básica, pero emana del carácter universal de la misma bajo la hipótesis, poco exigente, de que ningún sistema fiscal puede gravar explícitamente una renta al cien por cien (véase § II.4).

En comparación con los dispositivos convencionales, que implican un tipo impositivo marginal efectivo del cien por cien sobre las rentas más bajas, la renta básica y el impuesto negativo tienen en común el hecho de reducir notablemente este tipo. A menos que se rebaje simultáneamente el nivel de la renta garantizada (G, en los gráficos 1 a 3), de ello se deriva lógicamente, por un lado, un aumento del nivel de renta a partir del cual los hogares dejan de ser beneficiarios netos del sistema para convertirse en contribuyentes netos —el punto de equilibrio se desplaza de y+ a y*— y, por el otro, un incremento del tipo marginal impositivo para los contribuyentes cuya renta bruta exceda la renta mínima garantizada —y que, por tanto, se encuentran situados más allá del antiguo punto de equilibrio y+—. Por supuesto, este tipo marginal más elevado no implica necesariamente una renta menor. Todos los hogares cuya renta se sitúe entre el antiguo y el nuevo punto de equilibrio (y+ e y*) ven cómo aumentan a la vez su renta neta y su tipo marginal impositivo (véanse gráficos 1 y 2). Los principales beneficiarios de la reforma pueden ser también aquellos cuyo tipo impositivo marginal conoce el incremento más notable.

En términos del coste económico de la medida, esta diferencia entre la renta básica y los dispositivos convencionales resulta mucho más decisiva que la diferencia estrictamente visible entre los costes presupuestarios asociados a ambos programas. Se puede suponer, en efecto, que la presencia de un tipo impositivo marginal más elevado afecta negativamente la propensión a ofrecer o a declarar su trabajo, a trabajar con mayor intensidad, a obtener formación suplementaria o a aceptar desplazarse con vistas a obtener una promoción. Al igual que con la individualización, aparece aquí un coste inevitable en el que varios economistas han visto un serio inconveniente de la propuesta (Bovenberg y Van der Ploeg, 1995; Krause-Junk, 1996) que, en cualquier caso, obliga a dudar acerca de la pretensión de la renta básica de ofrecer un medio económicamente eficiente para la lucha contra la pobreza. De nuevo, es preciso reconocer la presencia de esta dificultad, aun cuando se logre introducir mecanismos capaces de mitigarla. Sobre todo, es preciso ver en dicha dificultad la consecuencia directa del hecho de que con la renta básica se aspire, al contrario que con los dispositivos convencionales de rentas mínimas, al objetivo de combatir simultáneamente el problema de la pobreza y el del paro.

2. ¿EFICAZ CONTRA EL PARO?

¿Alternativa al pleno empleo o estrategia para lograrlo?

La renta básica se presenta a veces como una alternativa al pleno empleo (Theobald, 1967; Gorz, 1997; Offe, 1992, 1996; Ferry, 1995; Bresson, 1999). Dado que el aumento inexorable de la productividad conlleva ineluctablemente una rarefacción del trabajo remunerado, a menudo se propone una renta incondicional decente como compensación para la creciente proporción de la población que no logra —y ya no logrará jamás— encontrar un empleo y como reconocimiento del valor de un espectro más amplio de actividades. La ausencia de la obligación de mostrarse dispuesto a aceptar un empleo es, en este sentido, esencial, mientras que la posibilidad de combinar la renta básica con las rentas profesionales no lo es tanto en la medida en que el acceso al mundo del trabajo remunerado ya no representa una prioridad.

Para muchos otros partidarios de la renta básica y de medidas próximas a ella, en cambio, ni la una ni las otras constituyen una alternativa al derecho al trabajo, sino más bien una contribución esencial a su realización en las circunstancias actuales (Tobin y otros, 1967; Meade, 1988; Scharpf, 1993; Mitschke, 1997). Es precisamente la combinación de la renta básica con otras rentas lo que aparece como un elemento esencial para alcanzar este objetivo. En efecto, al focalizarse en las personas sin empleo y al completar las rentas del trabajo solo hasta un nivel determinado, los dispositivos convencionales, que penalizan onerosamente a las personas que alcanzan a encontrar un empleo, contribuyen, ciertamente, a reducir la pobreza, pero también a cavar una auténtica trampa del paro. Las ganancias obtenidas al llevar a cabo una actividad poco remunerada se ven anuladas, si no más que anuladas, por la reducción correspondiente o por la retirada de su renta de reemplazo. Es por esta razón por la que el Estado del bienestar tradicional puede ser calificado con rigor como «pasivo»: no solo concentra sus prestaciones sobre «inactivos», sino que contribuye también a mantenerlos en la inactividad.

¿Abolición de la trampa del paro?

La introducción de la renta básica —como la del impuesto negativo (véanse gráficos 1 y 3)— aspira, en cambio, a favorecer la instauración de un Estado social «activo» (véase § IV.2), no por vía del fortalecimiento de la condicionalidad de los dispositivos vigentes —el workfare—, sino por la garantía de que un empleo incluso escasamente remunerado pueda mejorar la renta neta con respecto a una situación de inactividad. Dado que puede conservarse el subsidio en su integridad, se trabaje o no, la situación financiera mejora necesariamente como resultado del acceso al empleo: el trabajo «paga» y, en la medida en que la renta básica reemplaza la prestación condicional, queda abolida la trampa financiera de la dependencia, del paro y de la exclusión.

Esta preocupación por introducir los incentivos que precisan los beneficiarios de la renta mínima no procede necesariamente del supuesto de que el paro es «voluntario» y de que, por lo tanto, el parado es responsable de su situación. Por un lado, en efecto, es difícil calificar de «voluntario» el paro de aquellos que, dados los costes y riesgos vinculados a los empleos que tienen a su alcance en la actualidad, realmente no se pueden permitir ponerse a trabajar. Por el otro, el propio hecho de que empleos escasamente remunerados no permitan aumentar la renta de quienes los ejercen los hace demasiado poco prometedores, en términos de productividad esperada, para que las empresas se tomen la molestia de ofrecerlos, incluso cuando no existe obligación alguna de asumir la presencia de algún tipo de salario mínimo.

Por qué la trampa se puebla

A lo largo del tiempo y de una manera que ha podido ser eclipsada por las fluctuaciones del ciclo económico, la proporción de miembros de la población activa cuya renta primaria potencial neta es inferior a la contemplada por los programas de rentas mínimas no ha parado de crecer —y continúa haciéndolo—. ¿Por qué? Las causas son múltiples, pero hay una entre ellas que parece decisiva (Wood, 1994).

Si bien la liberalización de los intercambios ha contribuido a un incremento global del producto nacional bruto (PNB) de los países que comercian de forma conjunta, su impacto ha sido altamente diferenciado. Los países que están en posesión de los factores más escasos (capital, trabajo cualificado) ven cómo sus rentas se incrementan todavía más gracias a la expansión de su mercado, mientras que los que están en posesión de los factores menos preciados (trabajo poco cualificado) deben competir —de forma indirecta, a través de los productos vendidos en el mercado mundial— con países con mercados de trabajo en los que los trabajadores están todavía peor remunerados.

El resultado de este fenómeno, al que vienen a añadirse otras tendencias parcialmente independientes, vinculadas, por ejemplo, al progreso tecnológico, a la creciente participación de las mujeres en el mercado de trabajo o a la privatización de grandes empresas públicas, es que, desde la década de 1960, una —práctica— duplicación de la renta primaria per cápita ha podido ir de la mano, en Europa occidental por lo menos, de un aumento global del paro involuntario en un sentido amplio, es decir, de una reducción de la proporción de miembros de la población activa que pueden obtener una renta primaria por lo menos igual (después de impuestos y de cotizaciones) a las prestaciones concedidas por el Estado social.

¿Subvención al empleo poco remunerado?

En el marco de la lucha contra el paro, pues, puede entenderse la renta básica como un mecanismo para la «liberación de los que cayeron en la trampa», es decir, para la supresión o la reducción de la trampa de la exclusión. Pero la renta básica se puede concebir también como una modalidad de subvención al trabajo relativamente poco productivo. Cierto es que existen maneras más directas de subvencionarlo: por ejemplo, una reducción de las cotizaciones sociales para los empleos menos remunerados o una subvención al salario por hora inferior a cierto nivel (Phelps, 1997). El dispositivo de este tipo más popular en la actualidad —y también el más próximo a la renta básica— es el crédito impositivo reembolsable para los trabajadores de salario bajo, como el EITC americano o, en Francia, la Prime pour l’emploi (véase § II.4). A primera vista, ello se sitúa en las antípodas de una renta incondicional. Pero si un dispositivo tal se introduce en un contexto en el que existe una renta mínima garantizada convencional, su impacto sobre la distribución neta de las rentas y, por tanto, sobre la estructura de los incentivos puede ser muy parecido al que tendría una renta básica modesta, de un nivel inferior al de la renta mínima garantizada (véase § II.4).

Al igual que el impuesto negativo, la renta básica puede concebirse entonces como un mecanismo para que la sociedad se haga cargo colectivamente de una parte de la remuneración de los trabajadores peor pagados. Los que proponen la renta básica desde esta perspectiva sostienen que el cambio tecnológico y la mundialización no tienen como consecuencia inevitable la privación del empleo de los trabajadores menos cualificados. Dichos fenómenos solo producen este efecto en un contexto institucional donde solo son rentables los empleos suficientemente productivos como para ofrecer a quienes los ocupan un nivel de vida mínimamente decente y a sus empleadores algún beneficio. Pero esto no tiene nada de inevitable si las instituciones se redefinen de manera que subvencionen, como regla general, la actividad poco remunerada y no solo la inactividad forzosa. De hecho, esto es lo que hacen, cada uno a su manera, la renta básica, el impuesto negativo y los dispositivos del tipo del EITC.

Renta básica y salario mínimo

La instauración de una renta básica, ¿se acompaña necesariamente de una supresión del salario mínimo garantizado, tal como temen algunos (Clerc, 2003)? Para cualquier nivel de renta básica sensiblemente inferior al salario mínimo (véase § II.1), nadie piensa seriamente en la posibilidad de abrogar el segundo como derivación de la instauración de la primera. Sin embargo, no habría en principio nada escandaloso en el hecho de disminuir el salario mínimo neto garantizado en una cantidad igual al nivel de la renta básica. La situación financiera de los hogares en los que todos trabajan a tiempo completo se mantendría igual, mientras que la de los otros se vería mejorada. Ello permitiría, en principio, hacer viables empleos poco remunerados que en la actualidad no lo son, siempre y cuando presenten un atractivo intrínseco suficiente.

En caso de financiación de la renta básica a través del impuesto sobre la renta o sobre el consumo, cabe, sin embargo, no hacerse demasiadas ilusiones en este sentido. Cierto es que también en estos casos es legítimo bajar el salario mínimo neto en una cantidad igual al importe de la renta básica, pero, visto el aumento de la imposición explícita sobre los primeros tramos de renta, complemento natural de la introducción de una renta básica, ésta no ofrecerá un margen de maniobra importante para la reducción del salario bruto y, por tanto, del coste para el empleador que supone la contratación de un trabajador a tiempo completo.

Ello no significa que, en este caso, no se pueda esperar de la introducción de una renta básica ningún impacto relevante sobre la demanda de trabajo; pero sí puede suponerse que dicho impacto tomará esencialmente la forma de una extensión del trabajo a tiempo parcial y que, así, no podrá quedar vinculado a una reducción —y menos todavía a una abolición— del salario mínimo garantizado.

¿Técnica suave para el reparto del trabajo?

En tanto que estrategia contra el paro, la renta básica puede también concebirse, en tercer lugar, como una técnica flexible para promover el reparto del tiempo de trabajo. Dado que no hay suficiente trabajo para todo el mundo, resulta tentador reducir la duración del tiempo de trabajo de aquellos que están empleados a tiempo (más que) completo para redistribuirlo entre los que se hallan privados de empleo. No obstante, todo aquel que no confunde la economía con la aritmética se percata de que se trata de una operación mucho más problemática de lo que parece, sobre todo si la renta básica se implanta con un grado de generalidad suficiente para evitar efectos perversos y con una amplitud suficiente también para permitir que tenga un impacto verdaderamente importante.

Un programa de renta básica equivale a una técnica suave orientada a la disminución, para el trabajador, del coste de una reducción voluntaria del tiempo de trabajo, con el fin de hacer económicamente viables actividades a tiempo parcial que en la actualidad no son rentables porque su remuneración neta es inferior al nivel de la renta mínima garantizada. En comparación con las fórmulas más autoritarias de reducción general de la duración máxima de la jornada laboral, la renta básica presenta, sobre todo, la ventaja de no reducir significativamente el rendimiento que se puede esperar de talentos valiosos o de costosos procesos formativos emprendidos en momentos de su existencia en los que ciertos individuos se muestran dispuestos a asumirlos.

¿Un suelo en lugar de una red?

Estas tres maneras de presentar el impacto de la renta básica sobre el paro ponen de relieve ventajas que ésta comparte con el impuesto negativo (véase § II.4). Cada una de las cuestiones tratadas tiene su origen en la posibilidad de compatibilizar, con rentas procedentes de otras fuentes, el subsidio o, en el caso del impuesto negativo, el crédito impositivo uniforme. No obstante, existe una cuarta cuestión que solo atañe a la renta básica: el hecho de que ésta funcione al margen de controles de recursos.

Varios estudios empíricos (Delvaux y Cappi, 1990; Jordan y otros, 1992) han puesto de manifiesto que lo que retiene a los beneficiarios de los dispositivos convencionales en la trampa de la inactividad no es solo el diferencial de renta entre la situación de percibir el subsidio y la de entrar en el mercado de trabajo, sino también la incertidumbre ligada a la pérdida del estatus de beneficiario del subsidio. En efecto, el acceso de los más desfavorecidos al trabajo remunerado se ve dificultado por la propia naturaleza de los empleos poco cualificados: contratos precarios, empleadores no siempre escrupulosos, remuneraciones inciertas. En este contexto, puede resultar aventurado renunciar a una prestación de asistencia condicional cuando las ganancias esperadas de la vuelta a la actividad son aleatorias. El miedo de no estar a la altura, de perder rápidamente el empleo y de exponerse así a los caprichos de las complejas gestiones administrativas requeridas para recuperar el derecho a las prestaciones puede comportar el repliegue indefinido de los potenciales trabajadores en la inactividad. Asimismo, aun cuando sus probabilidades son relativamente escasas, la mera perspectiva del desencadenamiento de una espiral de endeudamiento es susceptible de ser percibida como una amenaza determinante por parte de personas poco preparadas para conocer, decodificar y a fortiori reivindicar disposiciones a menudo demasiado opacas.

Conferida automáticamente a cada cual sin consideración de su situación familiar y de sus recursos, la renta básica presenta, bajo este ángulo, la importante ventaja de dotar a aquellos cuyo estatus profesional es precario un suelo firme sobre el que sostenerse. Todos tienen asegurado, ocurra lo que ocurra, el derecho a una renta mínima, tome ésta la forma de un complemento del salario o la de un ingreso único destinado a garantizar la subsistencia. Así, aun cuando su cuantía arroja un nivel de renta neta idéntico, una renta básica y un impuesto negativo no son equivalentes en tanto que medios de lucha contra el paro. Éste es un punto respecto al que los trabajadores sociales se muestran más sensibles que los economistas, quienes a menudo solo contemplan un conjunto presupuestario abstracto, común a la renta básica y al impuesto negativo, en el seno del cual se supone que el trabajador racional gobierna de forma soberana su nivel de consumo y su volumen de ocio.

3. ¿UN INSTRUMENTO ÓPTIMO?

¿Vencer la pobreza maximizando el empleo?

La sección precedente ha mostrado por qué con la renta básica, al contrario que con los dispositivos convencionales de rentas mínimas, puede pretenderse combatir el paro y la pobreza al mismo tiempo. Pero ¿qué es lo que nos autoriza para concluir que la renta básica ofrece el dispositivo óptimo para la lucha contra la pobreza, esto es, el que es preciso que escojamos? No se puede dar respuesta a este interrogante sin recurrir, explícita o implícitamente, a un principio global de evaluación que proporcione una medida tanto de la reducción del paro como de la reducción de la pobreza.

Se podría imaginar, por ejemplo, un principio que requiera que se garantice a cada cual un consumo mínimo maximizando el volumen del empleo, medido éste según el valor intrínseco de la actividad remunerada. Si éste fuera el criterio, entonces la renta básica, aunque se muestre más favorable al empleo que los dispositivos convencionales de renta mínima, no tendría muchas posibilidades de aparecer como la solución óptima. Una combinación de una renta mínima condicional y de subvenciones masivas al trabajo escasamente remunerado, por ejemplo bajo la forma de una subvención pagada a los empleadores en función del número de trabajadores a tiempo completo remunerados a un salario por hora inferior a cierto nivel (Phelps, 1997), constituiría un conjunto mucho más eficaz desde este punto de vista.

Renta básica y pequeños empleos

Entre los empleos poco productivos en un sentido económico inmediato y, por tanto, poco remunerados, ¿quién puede establecer la distinción entre los que son convenientes y los que no lo son? Ni el legislador, ni los funcionarios, sino los trabajadores por sí mismos, los únicos capaces de evaluar los innumerables aspectos de una actividad que ejercen o que contemplan la posibilidad de ejercer. Ahora bien, así como tienen casi siempre la capacidad cognitiva de distinguir entre empleo conveniente y empleo inaceptable, no cuentan siempre con el poder de rechazar este último, en particular cuando sus cualificaciones son escasas o cuando la capacidad de resistencia colectiva se ha visto debilitada.

Mientras que la ausencia de controles de recursos y la posibilidad de acumular otras rentas que se asocia a ella permiten que la renta básica abra las puertas a empleos escasamente remunerados, la ausencia de una exigencia de contrapartida confiere a los más desfavorecidos un poder de negociación que les permite rechazar empleos sin futuro. En otros términos, la universalidad de la renta básica hace de ésta un subsidio al empleo poco productivo, pero su incondicionalidad impide que funcione como una subvención a los empleos degradantes. La primera característica es esencial para que no se surque la trampa de la exclusión y la segunda lo es para evitar que no se cree una trampa de la inclusión.

Cierto es que la renta básica abre la posibilidad de ofrecer y de aceptar empleos escasamente remunerados, pero para que éstos logren encontrar a quien se interese en ellos, lejos de resultar repulsivos, degradantes y sin perspectivas, deberán ser suficientemente agradables, enriquecedores, formativos o susceptibles de abrir otras perspectivas en las carreras profesionales de sus posibles titulares. La renta básica favorece el empleo, pero no en cualquier condición, razón por la que no podría justificarse simplemente a partir de un principio de ocupación máxima (véase recuadro).

¿Vencer la pobreza maximizando el PNB?

Para los defensores de la renta básica, una conclusión de este tipo no tiene nada de grave en la medida en que sería harto difícil sostener que la máxima ocupación constituye un bien en sí mismo. Pero, por esta misma razón, situados en este punto, les corresponde proponer un principio de justificación alternativo. Una argumentación concebible podría ser la que tratara de mostrar que, considerados todos los elementos en juego, la renta básica ofrece el instrumento menos costoso, en el sentido económicamente más apropiado, para lograr un nivel dado de reducción de la pobreza. Si el impacto de la renta básica sobre el paro es pertinente, según una perspectiva de este tipo, no lo es en razón de la importancia intrínseca del empleo generado, sino en la medida en que este efecto constituye uno de los factores que determinan el coste económico real, a corto y a largo plazo, de las diversas medidas contempladas.

También resultaría válida una argumentación que apuntara al hecho de que, en comparación con los dispositivos convencionales, la renta básica permite que se aspire razonablemente a reducir la tasa de paro. Así, la renta básica cuenta con una baza para replicar a la importante objeción, consignada más arriba, según la cual los tipos marginales más elevados a los que expone al grueso de los trabajadores pueden pesar gravosamente sobre la economía. Este efecto positivo, sin embargo, se reduciría notablemente si no implicara más que la ocupación de personas relativamente poco productivas en un sentido inmediato. Pero dicho efecto incluye también el mantenimiento y desarrollo del capital humano de aquellos trabajadores que, de otro modo, se hundirían en la trampa de la exclusión por el efecto conjunto y por el refuerzo mutuo de la degradación de su experiencia productiva y la reorientación de sus aspiraciones profesionales.

A este primer impacto positivo sobre el capital humano que se puede esperar de la renta básica cabe añadir la posibilidad de un segundo efecto vinculado, en este caso, al hecho de que la eficacia de la renta básica contra el paro se debe también a su influencia sobre el reparto del empleo. Este segundo efecto se deriva de la mayor fluidez del vaivén entre las esferas del trabajo remunerado, de las actividades familiares y de la formación que una renta de base permite lograr para el conjunto de la existencia de los individuos. Al hacer más fácil, para todos, la posibilidad de ralentizar o interrumpir las actividades profesionales con el objetivo de hacer frente a las obligaciones familiares, de adquirir una formación complementaria o de reorientarse, se reduce el riesgo de que se vaya conformando una mano de obra irreparablemente agotada u obsoleta mucho antes de la edad de jubilación. Un mercado de trabajo más flexible, menos entumecido, puede, en este sentido, mostrarse sensiblemente más productivo en cuanto a la constitución del capital humano y en cuanto a su longevidad que en el caso de hallarse sometido a una compartimentación más rígida de los distintos estatus socio-profesionales.

Este impacto positivo no concierne solamente al capital humano de la generación actualmente activa, sino también al de la de sus hijos. En efecto, al igual que en el caso de otras formas de garantía de la renta de las familias, puede esperarse de la renta básica que tenga un impacto beneficioso sobre la salud y los niveles de escolarización de los niños. Con todo, cabe tener presente dos consideraciones específicas. Por un lado, al abolir la trampa de la exclusión, la renta básica es susceptible de reavivar un vínculo con el mundo del trabajo del que muchas familias, en la actualidad, se hallan totalmente desprovistas. Por el otro, al sostener un vaivén más fluido entre la vida profesional y la vida familiar, la renta básica hace posible una atención mayor de los padres hacia sus hijos en el momento en que ésta es precisa.

Estos diversos efectos, a corto y a más largo plazo, sobre el capital humano de la sociedad considerada son potencialmente muy significativos, por lo que se muestran susceptibles de reducir el coste económico de la introducción de una renta básica, incluso hasta el punto de conllevar una ganancia neta. Se trata de elementos esenciales para comprender por qué se ha podido defender la medida como un ingrediente central de un «nuevo contrato social» que implique, a un mismo tiempo, mayor seguridad y mayor flexibilidad, un contrato del que todas las partes vayan a salir ganando (Standing, 1986, 1999; Van Parijs, 1990). No sin audacia se ha pretendido también afirmar categóricamente, sobre esta misma base, que la renta básica, bien mirado, constituye la forma de lucha contra la pobreza menos costosa, es decir, aquella a la que debe asociarse el impacto negativo más débil sobre el producto nacional bruto, hasta el punto de presentar el impacto positivo más elevado. Pero, con mayor fundamento, aun suponiendo que una afirmación de este tipo pueda realizarse, ¿por qué se debería hacer del crecimiento máximo del consumo global —bajo la única constricción del logro para todos de un umbral de renta determinado más o menos arbitrariamente— el criterio último a la luz del cual todos los dispositivos dignos de consideración deben ser evaluados?

La renta básica como mal menor

Como respuesta a esta última observación, se podría pasar, como lo hace la teoría de la imposición óptima (Mirrlees, 1971; Jacques, 2003), de la maximización del PNB a la maximización del bienestar. Pero una justificación de la renta básica de este tipo permanecería sujeta a hipótesis factuales harto inciertas y, sobre todo, no dispondría de recurso alguno para refutar la objeción de principio más frecuente y temible a la que la propuesta debe hacer frente: «Es injusto que personas capaces de trabajar vivan del trabajo de los demás» (Elster, 1986, pág. 719).

Para lograr una verdadera justificación de la renta básica —o para litigar contra su posibilidad— es necesario, pues, hacer, de entrada, una apelación a una concepción explícita y coherente de la justicia que conceda un lugar central a la dimensión distributiva. Esto es lo que hacen, especialmente, los defensores «pragmáticos» de la renta básica (Barry, 1994, 1996; White, 1996, 2003), quienes parten de una concepción de la justicia que niega cualquier derecho a una renta a una persona que elige no trabajar, terminando, sin embargo, por justificar un mal menor. Veamos los siguientes tres ejemplos:

1. Una obligación de trabajar solo es admisible en el caso de que se instaure un verdadero derecho al trabajo. Ahora bien, el coste neto de la puesta en práctica de este último puede ser tal (véase § III.1) que resulta preferible para todos, trabajadores y no trabajadores, que se introduzca una modesta renta incondicional. La condicionalidad sería más justa, pero la incondicionalidad constituye, en comparación con la primera, lo que los economistas denominan una mejora paretiana: algunos mejoran, mientras que nadie empeora.

2. La ineptitud para trabajar responde a menudo, más que a una incapacidad física o mental, a una incapacidad psicológica. Además, no siempre es fácil identificar la ausencia de voluntad de trabajar. Así, en régimen de información imperfecta, tratar de aprehender los atributos de la justicia en su sentido más estricto puede resultar más dañino que otra cosa. Con todo, para evitar penalizar injustamente a los enfermos, que corren el riesgo de ser confundidos con los holgazanes, una renta incondicional modesta puede, nuevamente, justificarse como el menos malo de los males menores.

3. Al ser realizado en el seno de la esfera familiar, una parte muy importante del trabajo no está remunerado. Cierto es que puede concebirse una forma de remuneración directa de este trabajo (Leipert y Opielka, 1999; Krebs, 2000). Pero un «salario familiar» de este tipo plantea serias objeciones: profundización de la trampa del hogar, refuerzo de la división sexual de los roles domésticos, necesidad de un control del trabajo doméstico desde este momento remunerado por los poderes públicos. Habida cuenta de estas objeciones, una renta básica aparece, de nuevo, como una solución que acarrea un menor daño. Claro está que cierto número de personas que no desean un empleo percibirán así una renta superior a la que les correspondería, según una concepción de la justicia como proporcionalidad entre trabajo y renta, con arreglo al poco trabajo doméstico que realizan. Pero, para muchas otras personas, la renta modesta que les es concedida por derecho permite reducir sensiblemente la subremuneración de su actividad. Según esta óptica pragmática, el nivel óptimo de renta básica se alcanza en el punto en el que el incremento de la injusticia debida a la sobrerremuneración de los holgazanes sobrepasa la reducción de la injusticia debida a la subremuneración de aquellos y sobre todo, en la actualidad, de aquellas que se hacen cargo gratuitamente del cuidado de niños, personas mayores o discapacitados.

Renta básica y feminismo

En relación con los hombres, las mujeres saldrían ganando de forma masiva con la instauración de una renta básica, tanto en términos de renta como en términos de libertad para elegir.

En efecto, puesto que el nivel de participación de las mujeres en el mercado de trabajo y su salario por hora medio son inferiores a los de los hombres, cualquier financiación de la renta básica a través de una exacción directa o indirecta sobre las rentas no puede más que beneficiarlas. Además, en numerosos escenarios, la reforma del impuesto sobre las personas físicas que viene emparejado con la instauración de una renta básica implica la transformación, en renta asignada directamente a las mujeres, de las deducciones impositivas de las que gozan hoy, en numerosos regímenes fiscales, los hogares en su conjunto.

Más allá de este impacto directo sobre las rentas, el hecho de que la renta básica facilite la realización de trabajo a tiempo parcial y la interrupción temporal de la carrera profesional abre las puertas a posibilidades que las mujeres, por término medio, tienen mayores probabilidades de aprovechar que los hombres. Así las cosas, no resulta sorprendente que la renta básica sea a menudo defendida desde postulados explícitamente feministas (Miller, 1988; Saraceno, 1989; Morini, 1999; McKay, 2000, 2001; Alstott, 2001; Robeyns, 2001a).

Pero son precisamente estas nuevas posibilidades, así como el hecho de que las mujeres harán de la renta básica un uso más amplio que los hombres lo que suscita, por otro lado, temores y reticencias. ¿Puede ocurrir que tales posibilidades reduzcan la presión en favor de medidas que, en la actualidad, aspiran a equiparar la situación de las mujeres y de los hombres en el mercado de trabajo? ¿No serán utilizadas de forma miope por parte de mujeres que subestimen la importancia, para su seguridad futura, de una inserción profesional sólida? El hecho de que las mujeres las utilicen de media más que los hombres, ¿no reforzará la discriminación estadística con respecto a aquéllas al considerar los empleadores, más aún que en el pasado, que las mujeres son menos capaces que los hombres de desempeñar de forma duradera una función a tiempo completo (Eydoux y Silvera, 2000; Robeyns, 2001b)?

4. ¿UN IMPERATIVO DE JUSTICIA?

La propiedad común de la tierra

Resulta indiscutible el hecho de que algunos han abrazado la causa de la renta básica por razones contingentes, esto es, a partir de consideraciones pragmáticas del tipo de las que aquí se han consignado. Pero, para muchos otros, la renta básica es mucho más que un mal menor. Éste es el caso, como se ha analizado (véase § I.2), de Paine (1796), Spence (1797) y Charlier (1848), para quienes una dotación incondicional constituía una manera de traducir el derecho de cada cual a una parte igual del valor de la tierra. Esta intuición ha hallado una expresión rigurosa en una corriente, dicha «de izquierdas», en el seno de la filosofía libertariana norteamericana.

Para los libertarianos, todo individuo adulto goza de un derecho absoluto a disponer libremente de su persona y de los bienes que ha adquirido legítimamente. Por consiguiente, someter a una exacción obligatoria una parte de los frutos del trabajo que una persona ha realizado con la ayuda de medios de producción de la que es la legítima propietaria es algo asimilable a un inaceptable trabajo forzoso. A primera vista, una aproximación de este tipo tiene pocas posibilidades de justificar fácilmente la redistribución masiva que implica una renta básica. Pero ello solo es así en el caso de que se olvide que todo medio de producción tiene su origen primero en recursos naturales que no eran inicialmente propiedad de nadie.

Una cuestión crucial, pues, es la de establecer las reglas según las cuales estos recursos naturales pueden ser justamente apropiados. Los libertarianos «de derechas» invocan el principio «primero en llegar, primero en ser servido», que puede hallarse eventualmente vinculado a una cláusula, llamada «lockeana», que requiere que nadie llegue a encontrarse en una situación menos buena que la que habría gozado en ausencia de toda apropiación privada (Nozick, 1974). Para los libertarianos «de izquierdas», en cambio, el valor de la tierra y, más en general, el de los recursos naturales —incluido el que se debe a su apropiación privada y a la explotación privada de su potencial— corresponde, en partes iguales, a todos los miembros de la comunidad humana considerada, en este caso, la humanidad entera (Steiner, 1992). Ciertamente, se puede imaginar un ideal de justicia que se vea cumplido, según esta perspectiva, atribuyendo a cada cual una parcela de tierra de igual valor. Pero la complejidad burocrática y la ineficacia económica de una asignación de este tipo son tales, en las condiciones demográficas y tecnológicas del mundo en el que vivimos, que se hace indispensable una concreción alternativa de este mismo principio.

De lo que se trata, pues, es de instaurar una «tasa única» cuyo nivel cubra íntegramente el valor de competencia de la parte del suelo y del subsuelo que es objeto de una apropiación privada, esto es, la renta de la tierra determinada por un hipotético mercado perfecto. El producto de esta tasa se distribuye de forma igualitaria entre todos, con independencia de cualquier contribución individual a la producción de riqueza. De este modo, no se arrebata a los trabajadores una parte de los frutos de su trabajo. Simplemente, se exige a quienes obtienen rendimientos de los recursos de la naturaleza por ser sus legítimos propietarios que, entre todos, satisfagan un alquiler equivalente al beneficio conjunto obtenido por todos ellos. Lo que tiene la apariencia de una mera transferencia no constituye, pues, la expresión de una solidaridad con respecto a los más desfavorecidos, sino la puesta en práctica del derecho igual de cada cual a su modesta parte del rendimiento global de los recursos naturales. Así, la incondicionalidad no tiene nada que ver aquí con un mal menor.

Sin embargo, uno puede preguntarse, en este punto, si el importe de la renta básica corre el riesgo o no de quedar reducido a un nivel muy bajo, visto el agotamiento ineluctable de los recursos naturales y la transición hacia un capitalismo del conocimiento basado, sobre todo, en la explotación de los recursos humanos. Aun estipulando que cada generación tiene el deber de acrecentar el stock de capital de manera que se compense la consunción de recursos a ella debida, la restricción impuesta en el marco de esta aproximación a la base imponible a partir de la que se efectúa la financiación legítima de las dotaciones parece hipotecar la posibilidad de justificar una renta básica sustancial.

Una vía capitalista al comunismo

¿Puede hallarse en el pensamiento marxiano, esto es, en las antípodas de la perspectiva libertariana, una justificación alternativa de una renta básica más generosa? En el ideario de Marx (1875), el socialismo, definido como la propiedad colectiva de los medios de producción, no constituye un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar el comunismo, definido éste según el principio «de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades». Al suprimir las trabas que impone el capitalismo al desarrollo de las fuerzas productivas, la organización socialista de la producción genera la abundancia necesaria para la instauración de una sociedad en la que el trabajo requerido para satisfacer las necesidades de cada cual sea reducido y se torne agradable hasta el punto de que cada cual esté dispuesto a realizarlo espontáneamente según sus capacidades, sin que sea necesaria una remuneración que lo incite a ello.

Cierto es que, para distribuir íntegramente el producto según las necesidades antes que según las contribuciones, es preciso haber logrado el estadio último de la plena abundancia. Pero puede imaginarse una realización gradual de este ideal a través de la cual cada generación, en la medida de lo posible, distribuya las rentas según las necesidades, siempre bajo la constricción de que el incentivo material a contribuir sea suficiente para generar una producción total capaz de satisfacer las necesidades fundamentales de todos. La distribución según las necesidades podría llevarse a cabo, por lo menos parcialmente, a través de dotaciones en especie, lo que no excluiría una indispensable modulación en función de las necesidades específicas relacionadas con la edad o con los niveles de invalidez. Pero una renta básica se presenta, por definición, como un instrumento ágil que ha de permitir a cada cual cubrir el suelo de necesidades comunes a todos. De este modo, nos hallemos bajo un régimen socialista o bajo un régimen capitalista, una transición gradual hacia el comunismo puede entenderse como un aumento progresivo del nivel relativo de la renta básica en relación con la renta media. A medida que la productividad se acrecienta, pues, el volumen de trabajo alienado que requiere remuneración puede decrecer. En el límite, la totalidad del producto nacional puede ser distribuido según las necesidades. La renta básica, abstracción hecha de los complementos categoriales en razón de las necesidades específicas, logra entonces el nivel de la renta media (Van Parijs, 1985; Van der Veen y Van Parijs, 1986a).

Renta básica y explotación

Alejados de Marx y del marxismo ortodoxo, muchos defensores del socialismo sitúan su superioridad con respecto al capitalismo no en sus resultados en términos productivos, sino en la abolición de la explotación capitalista. De este modo, su posición con respecto de la renta básica dependerá necesariamente de la razón por la que estiman que dicha explotación es inaceptable.

Si lo es porque nace de la obligación en la que se encuentran los proletarios, faltos de alternativas, de vender su fuerza de trabajo a los capitalistas, entonces la renta básica aparece como un remedio maravilloso que, si se fija a un nivel sustancial, libera al conjunto de la población del trabajo obligatorio.

Si lo es porque esta explotación resulta de la posibilidad, ofrecida a algunos, de vivir sin trabajar, entonces la renta básica se convierte en una calamidad, pues se trata de un dispositivo que pone al alcance de todos la posibilidad de un parasitismo que el capitalismo reserva, afortunadamente, a una pequeña minoría de personas adineradas.

Una justificación de la renta básica de este tipo puede reivindicarse como un ideal a la vez igualitarista y emancipatorio que defienda la perspectiva exactamente opuesta a la del principio, analizado con anterioridad (véase § III.3), de maximización del empleo sometida a la restricción que supone el requerimiento de abolir la pobreza. En efecto, maximizar el nivel relativo de la renta básica equivale aquí, bajo esta misma restricción, a minimizar el volumen del empleo. Pero ¿se trata de un ideal estable? Imaginemos dos situaciones realizables e idénticas, A y B, tales que, en el caso A, el nivel de la renta básica es más elevado en proporción a la renta media y, en el B, es más elevado en términos absolutos: el hecho de que, en B, una proporción mayor del producto sea distribuida según la contribución de cada cual tiene por efecto un aumento de la producción tal que el importe absoluto de la renta básica distribuida entre todos puede ser más elevado que en A de forma duradera. El criterio que aquí se toma como referencia indica que, en este punto, A debería ser la opción preferida, aunque todos —no solo los que contribuyen, sino incluso los que no disponen de nada más que su renta básica— gocen en él de un nivel de recursos más reducido que el que obtendrían en B. ¿Es esto algo realmente defendible (Van der Veen y Van Parijs, 1986b)?

¿Rawls en contra de la renta básica?

La toma en consideración de objeciones de este tipo en el marco de una perspectiva netamente igualitarista constituye un aspecto central de la teoría de John Rawls (1971), expresión paradigmática de la concepción liberal-igualitaria de la justicia. En efecto, los principios constitutivos de esta teoría conllevan la exigencia de que las instituciones de una sociedad justa repartan las ventajas socioeconómicas de manera tal que aquellos que tienen menos de ellas tengan tantas como sea posible de forma duradera, a condición de que se respete un conjunto de libertades fundamentales debidamente definidas y de que se garantice la igualdad de oportunidades con unos talentos dados. ¿Justifican tales principios la introducción de una renta mínima garantizada al nivel más elevado posible? Y, por otro lado, ¿exigen que ésta tome la forma incondicional de una renta básica (Blais, 1999; Prats, 1996)?

Una respuesta positiva podría de entrada parecer evidente: en un momento en el que la discusión económica sobre el impuesto negativo —en un sentido amplio que incluye el demogrant— apenas se había iniciado, Rawls (1967, 1971), explícitamente, hacía ya de esta propuesta una vía para la realización de la garantía de un mínimo social, ingrediente central de la rama distributiva de las instituciones de una sociedad justa.

Para responder a la pregunta con rigor, no obstante, es preciso considerar la lista de ventajas socioeconómicas que Rawls enuncia en su Teoría de la justicia (1971): renta y riqueza, poder y prerrogativas asociadas a las posiciones sociales y bases sociales del respeto de sí mismo. Si nos detuviéramos en el primer punto, el de la renta, podríamos afirmar que cualquier forma de garantía de la renta podría, en principio, coadyuvar a satisfacer el requerimiento de justicia que Rawls plantea, con lo que solo sería necesario determinar el nivel de esta renta mínima que puede ser asegurado de forma duradera. Sin embargo, la consideración de los otros elementos, en particular el relativo a las bases sociales del respeto de sí mismo, exige un criterio de selección más riguroso. Si la dignidad de los beneficiarios importa, un sistema de transferencias focalizado en los «necesitados» presenta un serio inconveniente: cuanto mayor sea la eficacia de la focalización, los que reciben las prestaciones serán en mayor medida identificados como personas verdaderamente incapaces de satisfacer por sí mismas sus necesidades y, en consecuencia, estigmatizados. Ello conduce de forma clara a la reivindicación de una forma universal de renta mínima, reivindicación que se ve todavía más reforzada en la medida en que se toma conciencia del hecho de que una renta de base incondicional facilita el ejercicio, por parte de los más desfavorecidos, de actividades, tanto remuneradas como no remuneradas, esenciales para aportarles, precisamente, estima y respeto hacia sí mismos (véase § III.2).

No obstante, en dos artículos posteriores (Rawls, 1974, 1988), Rawls rechaza sin ambigüedades la idea de una renta incondicional: «Los que surfean todo el día en las playas de Malibú deben encontrar un medio para satisfacer por sí mismos sus propias necesidades, y no deberían beneficiarse de fondos públicos» (Rawls, 1988, pág. 257). Para evitar que sus principios conduzcan a la justificación de una renta tal, Rawls llega a modificar la lista de ventajas socioeconómicas añadiendo el ocio. Aquellos que eligen no trabajar porque se lo pueden permitir disponen de un tiempo de ocio no obligado que debe ser contabilizado, por ejemplo al nivel del salario a tiempo completo de un trabajador no cualificado, como un bien primario más a su disposición. Sería, pues, injusto situar a estas personas entre las más desfavorecidas y hacerlas beneficiarias de una compensación monetaria por la escasez de sus rentas.

Esta respuesta debe, a su vez, ser matizada con cuidado, habida cuenta del hecho de que el principio de diferencia de Rawls, que define la distribución justa de las ventajas socioeconómicas, no dice que aquellos que tienen menos de ellas deban tener la mayor cantidad posible —primera interpretación: maximin del índice de ventajas socioeconómicas—, sino que aquellos que ocupan la posición menos buena deben poder confiar en tener, por término medio, la mayor cantidad de ellas posible —segunda interpretación: maximin de las ventajas socioeconómicas esperadas asociadas a las diversas posiciones—. Paradójicamente, pues, mientras que la inclusión del ocio entre las ventajas socioeconómicas arruina las posibilidades de una justificación rawlsiana de la renta básica según la primera interpretación del principio de diferencia —la renta básica no tiene posibilidad alguna porque los ociosos voluntarios gozan ya de una ventaja equivalente a la renta sustancial—, las aumenta según la segunda: un dispositivo que, como la renta básica, permita dar cabida al ocio en mayor medida puede prevalecer frente a otro que persiga más estrictamente la promoción del trabajo remunerado y, a través de él, de la renta. Así, resulta imposible negar categóricamente que una renta básica pueda ser justificada sobre la base de los principios de Rawls, del mismo modo que es imposible afirmar categóricamente que pueda serlo. Con todo, la elección entre las distintas formas y combinaciones de garantías de rentas y de subvenciones al empleo dependerá de forma crucial de la ponderación atribuida a los diversos ingredientes del índice de ventajas socioeconómicas —renta y ocio, muy señaladamente—, así como del impacto, sobre cada uno de ellos, de los dispositivos considerados (Van Parijs, 2002).

La justicia como libertad real para todos

Acepten o no la formulación clásica que el propio Rawls le ha dado, muchos de los que se inscriben, como él, en una concepción liberal-igualitaria de la justicia coinciden en compartir su malestar con respecto a los surfistas de Malibú y a otros presuntos holgazanes. Obviamente, no se trata de que tales liberales-igualitarios hagan un alegato «iliberal» en favor de la superioridad de una concepción particular de la vida buena, de la que estos surfistas se estarían desviando. Pero existen otros dos caminos por los que pueden, con total coherencia, plantear este malestar y rechazar la renta básica. Por un lado, pueden argumentar que la atribución a todos de una renta incondicional implica un sesgo en favor de las actividades contemplativas del monje en detrimento de las actividades lucrativas del hombre de negocios o, más en general, en favor del tiempo libre en detrimento de la renta, por lo que viola el principio de imparcialidad que define la perspectiva liberal (Musgrave, 1974). Por otro lado, pueden argumentar también que viola un principio de reciprocidad. El hecho de que éste no deba ser interpretado de manera rígida como una equivalencia estricta entre lo que se aporta a la sociedad y lo que se obtiene de ella o como una proporcionalidad estricta entre esfuerzo y renta no es óbice para que se pueda reconocer una incompatibilidad entre dicho principio y la existencia de una renta concedida, sin condición alguna, a personas que se hallan en perfectas condiciones para trabajar (White, 2003a, 2003b).

La concepción de la justicia como «libertad real para todos» (Van Parijs, 1991, 1995, 1996; Reeve y Williams, 2003) pretende aportar una justificación liberal-igualitaria de la renta básica que sea capaz de dar respuesta a estas importantes objeciones. Su punto de partida es la idea, bien sencilla, según la cual la justicia es un asunto que tiene que ver con el reparto de la libertad real de hacer lo que podríamos desear hacer con nuestras vidas, lo que no constituye solamente una cuestión de derecho, sino también de acceso efectivo a bienes y a oportunidades. En una primera aproximación, una distribución justa de esta libertad real exige que se reparta todo lo que nos es dado de forma igual —o, si no se trata de lo mismo, según un criterio de «maximin sostenible», es decir, de maximización duradera del mínimo—. Ello incluye los bienes que obtenemos por vía de la herencia y de la donación, esto es, no solo al inicio de nuestra existencia, sino durante todo su curso. Para ser igualados, estos bienes deben poder ser evaluados. La manera más coherente de hacerlo consiste en estimar su coste de oportunidad para los demás, esto es, la pérdida global que resulta, para los que no los han recibido, del hecho de verse privados de ellos. Puede tratar de realizarse una evaluación de este tipo a través de los precios de equilibrio de un mercado competitivo en el que opere una distribución apropiada de las dotaciones. La justicia exige, entonces, que cada uno de nosotros reciba un conjunto de recursos del mismo valor o que, en todo caso, el valor de la dotación del peor dotado sea lo más elevado posible.

Sin embargo, los bienes recibidos en herencia y los diversos tipos de donaciones no representan la parte esencial de las dotaciones de las que nos beneficiamos, de forma muy desigual, a lo largo de nuestras existencias. Son las rentas asociadas a los empleos que ocupamos el elemento que constituye la parte preponderante de tales dotaciones. Ahora bien, los ocupemos en razón de los talentos que poseamos, de la educación de la que hayamos disfrutado, de la ayuda de parientes o de amigos que nos hayan podido informar o apoyar, de la ciudadanía de la que gocemos, de la generación a la que pertenezcamos o de la localidad en la que residamos, estos empleos constituyen un privilegio. El valor de este privilegio corresponde a la distancia que media entre la remuneración efectiva de un empleo y la remuneración de competencia del mismo empleo que arrojaría una distribución apropiada de las dotaciones. No resulta fácil estimar esta renta, y menos aún igualarla. Pero si el criterio adoptado es el maximin sostenible, basta con gravar el conjunto de las rentas del trabajo de modo que se obtenga el nivel de ingresos fiscales más elevado entre los sostenibles, velando por hacerlo a unos tipos impositivos que los trabajadores puedan anticipar, con tal de evitar que algunos de ellos se encuentren ante cargas impositivas que excedan su renta, y repartiendo a continuación estos ingresos de forma igualitaria entre todos, trabajadores o no, bajo la forma de una renta básica.

¿Una justificación incondicional?

En esta versión no rawlsiana del igualitarismo liberal, los surfistas de Malibú verían que se les atribuye una renta probablemente más modesta que en la versión rawlsiana. Ciertamente, si la producción se realizara solo a través del puro trabajo, sin la presencia de ningún recurso del tipo de las materias primas, la tecnología, la formación o el empleo, los surfistas no podrían gozar de ningún gravamen sobre las rentas de los trabajadores. Pero en nuestras economías reales, cuyo funcionamiento se caracteriza por la ubicuidad de tales recursos, la imposición máxima que se puede efectuar sobre el trabajo remunerado, así como sobre otros mecanismos que operan en el mercado, no hace más que redistribuir una fracción de las rentas ya de por sí desigualmente repartidas. Si es cierto entonces que el surfista deliberadamente improductivo de Malibú no ha «merecido» su subsidio, este hecho no es éticamente distinguible del modo en que la arbitrariedad y la suerte afectan profundamente, en un grado ampliamente subestimado a la distribución de los empleos, de la riqueza, de las rentas y del tiempo de ocio.

No habría aquí, pues, ruptura alguna del principio de neutralidad del Estado, ningún sesgo «iliberal» en favor del monje y en contra del hombre de negocios, sino simplemente una asimetría que resulta de una necesidad pragmática: solo la renta puede ser gravada, y no el ocio, con vistas a ensanchar tanto como sea posible los espacios de elección, en la esfera del ocio y en la del trabajo, de aquellos que tienen menos. No hay tampoco negación de la importancia de la reciprocidad. Pero ésta debe regir la distribución de las contribuciones y de los beneficios sobre la base de dotaciones mínimas equitativamente distribuidas. Lo que hace la renta básica no es redistribuir a partir de un principio de solidaridad de los que trabajan para con los que no pueden hacerlo, sino dar de buen principio a cada cual, sean cuales sean sus elecciones, aquello que le corresponde.

Una concepción defendible de la justicia no debe dejar de tomar en consideración las desigualdades de recursos internos —talentos y discapacidades—, cuya importancia no se reduce al efecto que ejercen sobre el acceso a los recursos externos. Ello justifica la presencia de transferencias focalizadas en personas que sufren alguna discapacidad, lo que reduce inevitablemente el importe máximo sostenible de la renta básica. Con las condiciones materiales prevalecientes en los países desarrollados, sin embargo, cierta amplitud en lo que respecta a tales transferencias de solidaridad sigue siendo compatible con una renta básica sustancial (Van Parijs, 1995, cap. III).

Con todo, la justificación de la renta básica propuesta constituye, en cierto modo, una radicalización de la justificación libertariana de izquierdas tratada con anterioridad, justificación fundada en el reconocimiento, tantas veces subrayado por los defensores de la renta básica, de que la naturaleza es el único bien que nos ha sido regalado (Alperowitz, 1994; Duboin, 1998; Dore, 2001). Pero el marco filosófico no constituye aquí, como en la perspectiva libertariana, un sistema «natural» de derechos de propiedad individuales que las instituciones sociales deben limitarse a respetar y proteger, sino más bien la combinación, constitutiva de una perspectiva liberal igualitaria, del igual respeto hacia la diversidad de concepciones de la vida buena y de una igual atención para con los intereses de cada cual. Interpretado según el criterio del maximin sostenible de las posibilidades en todas las esferas de la existencia, este igual respeto hacia los intereses de cada cual confiere un lugar preferente a la lucha contra la pobreza y el paro. Toda la argumentación esgrimida para mostrar que la renta básica constituye un instrumento eficaz para la reducción de la pobreza y del paro (véase § III.1-2), por tanto, encuentra así un espacio en el seno de un esquema normativo explícito y coherente.

Capítulo IV

¿UNA IDEA DE FUTURO?

Hasta aquí hemos presentado la idea de la renta básica y hemos reconstruido la historia que ésta ha vivido. Hemos sintetizado las justificaciones planteadas en su favor y las objeciones que se le han opuesto. Pero ¿qué hay de sus posibilidades políticas? ¿Se puede concebir, dadas las circunstancias actuales, una secuencia plausible de etapas que conduzca hasta su puesta en práctica efectiva?

En los países industrializados, los dispositivos convencionales de rentas mínimas garantizadas, condicionadas a la situación fa miliar, los recursos y la voluntad de trabajar, constituyen, en buena medida gracias a sus propios defectos, un paso previo fundamental para que los responsables políticos tomen en consideración la renta básica con seriedad. Allá donde han sido introducidos, estos dispositivos han constituido, desde el momento de su instauración en adelante, un elemento familiar del abanico de medidas posibles para la protección social. Con su expansión, sin embargo, tales dispositivos han generado efectos negativos suficientemente patentes como para suscitar debates y propuestas de reforma. Entre ellas, la renta básica ha ido convirtiéndose poco a poco en una opción más del conjunto de medidas disponibles. En la actualidad, ciertas fuerzas políticas y sociales le dan apoyo abiertamente y, en varios países, instancias gubernamentales la han estudiado y presentado como una alternativa digna de consideración. Pero su implantación tropieza con obstáculos que, en los países industrializados, hacen de una instauración «por la puerta grande» una posibilidad bien poco probable, menos probable en cualquier caso que una instauración discreta y gradual «por la puerta de atrás» (Vanderborght, 2004b). Como se verá más adelante, éste no es necesariamente el caso de los países menos desarrollados.

Antes de explorar la factibilidad política de diversas estrategias de puesta en práctica gradual de la renta básica, merece la pena ofrecer un inventario de las posiciones adoptadas a su respecto por parte de las principales fuerzas sociales y políticas.

1. FUERZAS SOCIALES

Trabajadores asalariados

Pese a la erosión de su representatividad, especialmente acusada en ciertos países desarrollados, los sindicatos siguen siendo, en todas partes, importantes actores en los procesos de reforma del Estado social: participan, a veces directamente, en la gestión de los sistemas de seguros de paro y de pensiones de jubilación; se hallan implicados en instituciones consultivas influyentes; y, finalmente, tienen un peso nada menospreciable en los procesos de toma de decisiones en el ámbito político, peso que viene dado por el sesgo que sus enlaces, provistos de privilegios, logran introducir en ellos. En numerosos casos, pues, su posición con respecto a la renta básica podría revelarse como un factor crucial para el porvenir político de la misma.

A primera vista, el panorama no es demasiado prometedor. La mayoría de los sindicatos parecen ignorar por completo la idea y los que se manifiestan al respecto le son abiertamente hostiles. Así, desde 1985, la Confédération des syndicats chrétiens (CSC), la principal federación sindical belga, fustiga las «necias pretensiones» de los defensores de la propuesta, a la vez que expresa su inquietud con respecto a las «maniobras ideológicas» de las que procede y «contra las cuales el sindicalismo tendrá que luchar tarde o temprano». En 1986, la convención del Congrès du travail du Canada (CLC-CTC) adopta una moción de la misma naturaleza para denunciar la inspiración «neoliberal» de la propuesta del impuesto negativo y recuerda el papel desempeñado por Milton Friedman en el debate norteamericano acerca de la cuestión. Más o menos por todas partes, a lo largo de los años siguientes, los dirigentes sindicales efectúan, a título individual u oficial, declaraciones de principios de índole similar. En 1999, por ejemplo, el Secretario nacional encargado de las cuestiones de empleo de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), Michel Jalmain, muestra serias reservas con respecto a lo que él califica entonces de «renta de asistencia universal». A su modo de ver, una medida de este tipo no hace más que subvencionar, a costa de la colectividad, las empresas que proponen empleos atípicos, precarios y mal remunerados.

¿Por qué los sindicatos desconfían de la renta básica?

La desconfianza que suscita la renta básica en el mundo sindical se alimenta, principalmente, del temor de que:

1. Los empleadores aprovechen la ocasión para reducir los salarios argumentando que una renta garantizada, desde el momento de su instauración en adelante, viene a completarlos, y para simultáneamente hacer presión para reducir o abolir el salario mínimo legal, allí donde exista.

2. Una porción importante de la renta disponible de cada familia de trabajadores sea visiblemente pagada por las autoridades públicas antes que por la empresa, la cual mantiene el control del espacio en el que con mayor facilidad ejerce su influencia.

3. El poder de negociación de los trabajadores, reforzado por las opciones que abre la renta básica, se independice de su potencial de acción colectiva canalizada a través de los sindicatos.

4. La renta básica no sea introducida como un suelo de un sistema diferenciado de protección social, sino como un sustituto integral del conjunto de los dispositivos existentes.

5. Los trabajadores a tiempo completo, con contratos estables y relativamente bien pagados, que constituyen a menudo el núcleo de sus afiliados, salgan perdiendo en términos financieros como consecuencia de los ajustes fiscales requeridos.

6. Los sindicatos cuyos ingresos resultan en parte de la remuneración del servicio de pago de los subsidios de paro, que les es confiado en ciertos países, vean erosionados estos ingresos por el ajuste a la baja de los subsidios que se han de distribuir.

Pero hay excepciones. La más notoria, ya citada (véase § I.4), sigue siendo la de la central de la alimentación Voedingsbond, perteneciente a la principal federación sindical neerlandesa (FNV), que detonó y nutrió, con notable persistencia, el debate neerlandés sobre la renta básica. A lo largo de la década de 1980, cuando los Países Bajos sufrían una tasa de paro de dos dígitos, una renta incondicional sustancial, unida a una reducción importante del tiempo de trabajo, apareció como un objetivo prioritario a los ojos de los dirigentes de un sindicato que contaba con muchos trabajadores poco cualificados empleados a tiempo parcial. Otra excepción notable la constituye el sindicato Ezker Sindikalaren Konbergentzia (ESK), de la parte del País Vasco comprendida en el Estado español, que defiende la idea de una «renta de base» individual e incondicional y que ha consagrado a esta cuestión, en 2002 y en 2005, dos números enteros de su revista Gaiak.

¿Por qué la renta básica debería satisfacer a los sindicatos?

1. Al conferir a cada trabajador la seguridad de gozar a lo largo del tiempo de una renta garantizada, la renta básica hace de la salida del mercado de trabajo una opción claramente menos arriesgada. Ello conlleva un incremento del poder de negociación de cada trabajador, así como un estímulo para que los empresarios mejoren preventivamente las condiciones de trabajo y hagan que los empleos sean tan atractivos como sea posible, en todos los sentidos.

2. El reparto del tiempo de trabajo, objetivo al que la inmensa mayoría de las organizaciones sindicales europeas dicen adherirse, se ve favorecido: se logre a través del empleo a tiempo parcial voluntario, de la interrupción de la carrera o de la reducción de la duración máxima de la jornada laboral, la pérdida de remuneración que el reparto del tiempo de trabajo implica se ve amortiguada por la presencia de una renta disponible como un derecho, con independencia del número de horas prestadas.

3. El poder colectivo de las organizaciones sindicales sale reforzado: basta con imaginar la diferencia que supone una renta básica significativa, en términos de correlaciones de fuerzas, en caso de huelgas de larga duración, para darse cuenta de ello.

En otros países industrializados, la idea se halla presente en el seno del mundo sindical, pero muy a menudo esto se debe al apoyo que le prestan personalidades inconformistas o grupúsculos de intelectuales y de militantes. Así, el servicio de estudios de la principal confederación sindical italiana (Confederazione Generale Italiana del Lavoro, CGIL) organizó, entre 1987 y 1991, una serie de coloquios y de publicaciones centrados en la renta básica. Asimismo, en Québec, donde las organizaciones sindicales dicen ser reacias a la idea no ya por principio, sino en razón de las particularidades del contexto norteamericano en el que deben actuar (Wernerus, 2004), una de las figuras históricas del sindicalismo, Michel Chartrand, se ha convertido, a título personal, en la referencia mediática más importante entre los defensores de la propuesta (Bernard y Chartrand, 1999).

Asombrosamente, es en el hemisferio Sur donde se encuentra, desde mediados de la década de 1990, a los sindicalistas más comprometidos en el combate en favor de la «renta de base». En Sudáfrica, el Congress of South African Trade Unions (COSATU) aboga abiertamente por la puesta en práctica de una renta básica, presentada en una serie de textos oficiales como uno de los instrumentos indispensables para el desarrollo del país. Según el COSATU, esta medida permitiría conciliar el crecimiento económico, la creación de empleo y la lucha contra la pobreza. Con otras organizaciones, este sindicato ha fundado la Basic Income Grant Coalition («Coalición para la renta básica»), cuyo objetivo es lograr la introducción de la renta básica en la agenda política del gobierno sudafricano (Standing y Samson, 2003). A su vez, el movimiento sindical colombiano ha desarrollado en su seno un proceso de reflexión activa acerca de la idea. Su escuela nacional, situada en Medellín, le ha consagrado un número de su revista Cultura y Trabajo (2002) y la ha convertido en el tema de su vigesimoquinto aniversario, en cuya estela ha publicado una compilación de textos sobre la materia (Giraldo, 2003).

Parados y precarios

Más que las organizaciones de trabajadores asalariados —más, en cualquier caso, que las que defienden esencialmente los intereses de los trabajadores mejor protegidos—, son, claro está, los movimientos de perceptores de subsidios condicionados y de trabajadores precarios los que deberían aparecer como los aliados naturales de los partidarios de una renta básica. Sin embargo, la falta de recursos financieros, el carácter efímero de la situación de exclusión de buen número de los que parecen susceptibles de dirigir la lucha, la frágil identificación, por parte de los trabajadores, con el estatus de excluido o, incluso, la falta de una interacción regular constituyen importantes obstáculos para una movilización eficaz de aquellos que más tienen que ganar con una reforma que suprima la condicionalidad de las prestaciones. Pero estos obstáculos, bien reales, en ningún caso son insuperables. Así, en un interesante ejercicio de etnografía participante, Bill Jordan (1973) mostró cómo la idea de una renta básica fue emergiendo de forma gradual como objeto de las reivindicaciones de los parados de una pequeña localidad del sur de Inglaterra. En otras partes, cuando las redes para la promoción de la propuesta de la renta básica se han constituido, las asociaciones de parados han aparecido como miembros fundadores, como en los Países Bajos (1987) o en Alemania (2004).

En Francia, el sindicato de los parados, fundado por Maurice Pagat en 1982, y el Mouvement national des chômeurs et précaires, que lo sucede en 1986, han concedido un amplio espacio a la idea en las columnas de su revista Partage. Tanto en París como en algunas regiones del país, asociaciones locales, a veces de inspiración libertaria, han hecho suya la misma reivindicación (Geffroy, 2002). Pero es con las acciones emprendidas por los parados durante el invierno de 1997-1998 —un «milagro social», al decir de Pierre Bourdieu (1998)— cuando un verdadero movimiento social cristaliza alrededor de la idea, dando una visibilidad sin precedentes a la reivindicación de una renta garantizada sin contrapartida. El eslogan «Un empleo es un derecho, una renta es una deuda» se convierte entonces en la consigna que aúna manifestaciones y ocupaciones organizadas tanto en París como fuera de la capital. Bajo el impulso de la federación AC! Agir contre le chômage, fundada en 1994, la renta básica se adentra en el debate político (Guilloteau y Revel, 1999). Impresionado por la amplitud y la duración de las movilizaciones, el primer ministro Lionel Jospin encarga a los responsables de la administración de asuntos sociales un informe sobre los «problemas planteados por los movimientos de parados» (Join-Lambert, 1998). Una parte entera de dicho estudio es titulada de un modo revelador: «¿Hacia una fusión de todos los mínimos y, más allá, hacia una renta básica?». Si bien es cierto que el documento ofrece una respuesta ambigua a esta pregunta, el texto inaugura una larga serie de trabajos oficiales sobre la reforma de los mínimos sociales, trabajos en los que la renta básica e ideas vecinas se examinan de forma sistemática.

Sería excesivo concluir, a partir de estos remarcables hechos, que la renta básica es unánimemente asumida por parte de los parados y de las asociaciones que ambicionan representarlos. Cuando el debate sobre la propuesta adquiere vitalidad en Irlanda a lo largo de la década de 1990, la Irish National Organisation of the Unemployed (INOU) se muestra muy crítica con respecto a ella. Sus comunicados de prensa fustigan invariablemente la propuesta, lamentando que desatienda los problemas inmediatos del paro y de la pobreza, para los que existen remedios financiables y mejor focalizados cuya introducción puede realizarse sin demora.

2. ORGANIZACIONES POLÍTICAS

Ecologistas

En la primera fila de las fuerzas políticas que han mostrado un interés manifiesto por la renta básica se encuentran, en los países industrializados, las formaciones ecologistas. Activos, en esta dirección, desde finales de la década de 1970, el Ecology Party británico y el Politieke Partij Radikalen, que se convertirá, en 1990, en uno de los socios fundacionales del partido verde neerlandés Groenlinks, constituyen las primeras formaciones políticas europeas en introducir de forma explícita la renta básica en su programa. En Bélgica, los dos partidos ecologistas, Écolo (francófono) y Agalev (flamenco), hacen lo propio a partir de 1985, cuando presentan la renta básica como un objetivo a medio plazo que se juzga capaz de guiar la transformación de las políticas sociales. En el caso de Les Verts franceses, a finales de la década de 1990 toma forma, principalmente gracias al impulso de Jean Zin y de Yann Moulier-Boutang, un debate relativo también a la renta básica. En 1999, este partido adopta la idea de una «renta social garantizada» focalizada en los trabajadores asalariados a tiempo parcial y en los que ejercen actividades «autónomas», idea que se presenta como una etapa importante en el camino hacia una verdadera «renta de ciudadanía». En Irlanda, el Green Party se implica activamente en los esfuerzos que conducen, en 2002, a la publicación, por parte del gobierno, de un «libro verde» sobre la misma cuestión. Varios parlamentarios ecologistas, entre los que figura el presidente del partido, Trevor Sargent, contribuyen a mantener la presión sobre las tareas de seguimiento de esta iniciativa que se realizan a continuación. Finalmente, en Finlandia, el líder de la Liga verde, Osmo Soininvaara, ministro de Servicios Sociales entre 2000 y 2002, publica varios libros en los que defiende la idea de la renta básica y la promueve activamente en el debate público.

Conviene señalar, no obstante, que la renta básica no solo dista de haber obtenido fácilmente una aceptación unánime en el seno de las formaciones ecologistas, sino que, en varios casos, ha constituido un auténtico factor de división. Éste es el caso, quizá velado, de los Grünen alemanes, como también es el caso, totalmente explícito, de la formación ecologista neerlandesa Groenlinks. Tras su fundación, en 1990, este partido se ha convertido regularmente en el escenario de enfrentamientos entre los que, como el antiguo eurodiputado Alexander de Roo, ven en la renta básica un elemento central de la identidad de un partido verde y los que, como el diputado Kees Vendrik, rechazan cualquier alejamiento con respecto al consenso «trabajista». Una vez adoptada oficialmente la idea de un impuesto negativo modesto (el Voetinkomen o «renta-suelo») como propuesta de consenso, la formación Groenlinks ha ido gradualmente borrando de su programa las referencias a la renta básica. Desde finales de la década de 1990, solo un partido ecologista, rival pero más bien marginal, De Groenen, propone todavía la instauración de una renta básica en los Países Bajos.

En varios países europeos, los partidos verdes constituyen, desde hace un cierto tiempo, un elemento significativo del paisaje político, elemento que hasta ha sido asociado al gobierno nacional, principalmente en Finlandia (1995-2002), en Francia (1997-2002), en Alemania (a partir de 1998) y en Bélgica (1999-2003). Sin embargo, sea por la falta de un peso suficiente en el sí de la coalición gubernamental, sea por la falta de un consenso suficiente en su propio seno, estos partidos en ningún momento han aprovechado esta circunstancia para introducir la renta básica en la agenda política inmediata. En cualquier caso, tanto la adopción de la idea por parte del Green Party norteamericano tras su convención de Milwaukee (junio de 2004) como el hecho de que haya sido la Heinrich Böll Stiftung, fundación vinculada al partido verde alemán, la entidad que acogiera, en diciembre de 2004, en Berlín, el primer coloquio de la Netzwerk Grundeinkommen (red alemana para la renta básica) son hechos que atestiguan que la familia política ecologista sigue mostrando una amplia y espontánea simpatía hacia la idea de la renta básica.

Renta básica y ecología

¿Cómo explicar la aquiescencia con la que los ecologistas han contemplado la renta básica? Aquí se hará referencia a tres factores lógicamente independientes:

1. Central en el ideario de las formaciones ecologistas, la necesidad de reducir nuestras expectativas en relación con el crecimiento del poder de compra es más fácil de digerir por parte de quienes, comparados con el resto de la población, otorgan una importancia relativamente baja a la posesión y al consumo de bienes materiales en relación con la que confieren a un uso más libre de su tiempo. No es de extrañar, pues, que las personas con estas preferencias estén sobrerrepresentadas en el seno de los partidos verdes. Dado que la renta básica es, de un modo notorio, una medida llamada a satisfacer preferencias de este tipo (véase § III.4), no es de extrañar tampoco que encuentre fácilmente una respuesta favorable en estas formaciones.

2. El movimiento ecologista se opone a la huida hacia adelante que supone el crecimiento como respuesta a los desafíos del paro y de la pobreza. Ahora bien, al disociar, por definición, renta y contribución productiva, la renta básica puede ser entendida como un freno estructural al crecimiento. En efecto, la renta básica permite evitar que el incremento continuado de la productividad se traduzca esencialmente en un ensanchamiento del consumo o genere un paro involuntario masivo que, ecologista o no, ningún partido que se pretenda progresista puede aceptar. El hecho de que la renta básica opere como un dispositivo para el fomento de un reparto flexible del empleo disponible nos permite albergar esperanzas en esta dirección (véase § III.2).

3. De acuerdo con su aspiración de preservar los intereses de las generaciones futuras, los ecologistas se comprometen, lógicamente, con una concepción de la naturaleza como patrimonio común de la humanidad. Bajo esta óptica, resulta evidente que es preciso exigir a los que poseen la tierra, consumen las materias primas o contaminan la atmósfera que contribuyan proporcionalmente a un fondo cuyos dividendos serán repartidos incondicionalmente entre todos, lo que equivale a defender un «dividendo natural» del tipo de los que concibieron Thomas Paine, Thomas Spence o Joseph Charlier (véase § I.2).

Liberales de izquierdas

La segunda familia política que ha hecho público de manera claramente perceptible un apoyo de la renta básica, por lo menos en los países donde dicha familia dispone de formaciones políticas distintas, es la de los liberales de izquierdas. En los Países Bajos, Democraten 66 (D66), formación fundada en 1966 a partir de una escisión del partido liberal, ha mostrado repetidas veces su posición favorable con respecto a la renta básica. Su centro de estudios publicó en 1996 un informe en el que la examinaba de forma detallada después de que uno de sus ministros, Hans Wijers, pusiera al primer gobierno laboralista-liberal en un aprieto al declarar públicamente, en diciembre de 1994, que los Países Bajos «se dirigen inevitablemente hacia una reforma semejante a la renta básica». Asimismo, en Austria, el Liberales Forum, constituido en 1993 como resultado de la disidencia que se fraguó en el ala izquierda del «Partido de la libertad» (FPÖ) de Jörg Haider, tomó posición públicamente en favor de la introducción de un impuesto negativo a partir de 1996.

Nacidos de una fusión entre los herederos del viejo partido liberal y disidentes socialdemócratas del viejo partido laboralista, los Liberal Democrats británicos adoptaron también un perfil «liberal de izquierdas». Bajo la tutela de su líder Paddy Ashdown, que era un partidario convencido de la propuesta, situaron a la renta básica, bajo la denominación de Citizen’s Income, en un lugar destacado de su programa electoral entre 1989 y 1994, para retirarla a continuación por juzgarla demasiado utópica.

Conviene consignar, como último ejemplo, el caso del partido Vivant, fundado en Bélgica en 1997 de la mano del industrial de Anvers Roland Duchâtelet. Liberal de izquierdas deseoso de conciliar elevados grados de libertad individual y de solidaridad social, Duchâtelet hace de una versión de la renta básica la idea central y fundacional de su partido (Vanderborght, 2002). Se trata de una «renta de base» individual e incondicional de 500 euros financiada por vía de un aumento drástico del impuesto sobre el valor añadido. En las elecciones federales de 1999, Vivant obtiene cerca del 2% de los votos y algo menos en las de 2003, lo que no es suficiente para que el partido logre representación parlamentaria. Al acercarse las elecciones regionales y europeas de 2004, el partido concluye una alianza con la formación liberal flamenca del primer ministro Guy Verhofstadt. Si bien no le proporciona escaño alguno, la coalición confiere a Vivant, a su fundador y a su versión de la renta básica una visibilidad mediática inesperada.

Socialdemócratas

Durante la década de 1930, grandes intelectuales como James Meade y George D. H. Cole, en el Reino Unido, y Jan Tinbergen, en los Países Bajos, habían tratado en vano de convencer a sus respectivos partidos laboralistas de situar la renta básica en el núcleo de su programa económico. Tras la Segunda Guerra Mundial, la idea fue eclipsada enseguida, en el seno de los partidos socialdemócratas europeos, por un proyecto que descansaba en la confianza en el crecimiento económico unido al desarrollo de un poderoso sistema de seguridad social. No fue hasta el momento en que se tuvo que admitir la necesidad de introducir una red sustancial de seguridad complementaria y tras haber podido constatar la existencia de efectos perversos de los dispositivos puestos en pie como componentes de tal red, cuando los socialdemócratas, por lo menos aquellos que se comprometen con una concepción «relajada» del Estado social activo, retomaron gradualmente la reflexión acerca de la renta básica.

Renta básica y Estado social activo

Frente a la «crisis» del Estado del bienestar diagnosticada desde principios de la década de 1980, surgieron, durante la de 1990, alegatos, a veces polémicos, en favor de una «tercera vía» destinada a transformar el Estado del bienestar preservando los ideales de progreso social. La noción de «Estado social activo» se convirtió así en el estandarte de la socialdemocracia re novada, desde Anthony Giddens hasta Ulrich Beck, desde Tony Blair hasta Gerhard Schröder. Conviene subrayar, sin embargo, que el proyecto de activar el gasto social y a sus beneficiarios, constitutivo del Estado social activo, puede entenderse de dos maneras bien distintas.

Según una interpretación coercitiva, de lo que se trata, ante todo, es de acosar a los beneficiarios de los dispositivos existentes con tal de verificar si éstos están verdaderamente incapacitados para el trabajo o si buscan realmente un empleo. La observancia de este proyecto conlleva una reducción de los importes de los subsidios, restricciones en las condiciones de elegibilidad de los perceptores y un refuerzo de los controles, como, por ejemplo, en la reforma del sistema de protección social alemán adoptada en julio de 2004 bajo el nombre de «Hartz IV».

Según una interpretación emancipatoria, de lo que se trata, ante todo, es de suprimir los obstáculos —trampa del paro, falta de calificaciones, aislamiento, etc.— que impiden a ciertas personas ejercer actividades, remuneradas o no, que les permitan ser útiles a los demás, poner en práctica sus capacidades y obtener el reconocimiento que solo puede conferir una contribución apreciada.

Si bien es cierto que puede permitir un mejor funcionamiento de los dispositivos de seguridad existentes, principalmente haciendo más realista el respeto de las condiciones que éstos imponen, la renta básica se sitúa claramente en las antípodas de la versión coercitiva del Estado social activo. Al combatir la trampa de la exclusión (véase § III.2), la renta básica tiene su lugar, claro está, en la versión emancipatoria del mismo.

Bajo la influencia de un debate que había nacido fuera de él, el partido laboralista neerlandés (PvdA) constituye, así, el escenario de sucesivos intercambios de opiniones acerca de la medida, que tienen lugar a mediados de la década de 1980. El economista Paul de Beer, en aquel momento investigador en el centro de estudios del partido, crea un grupo de trabajo que publica una secuencia de cuatro números de un boletín en el que se encuentran intervenciones decididas en favor de la renta básica, entre ellas las de miembros eminentes del partido como el primer premio Nobel de economía, Jan Tinbergen, o el antiguo presidente de la Comisión Europea, Sicco Mansholt. Sin embargo, una resolución favorable a la renta básica es derrotada por una amplia mayoría durante el congreso del partido de 1985.

Renta básica y organizaciones cristianas

Los poderes eclesiásticos determinan, menos cada día, la vida política. Ninguno de los partidos de filiación cristiana que operan todavía en algunos países ha adoptado una posición clara con respecto a la cuestión de la renta básica. Sin embargo, conviene no concluir, con demasiada precipitación, que aquellos que se confiesan cristianos no han desempeñado ningún papel destacado en el debate sobre la propuesta. Dos ejemplos son buena prueba de lo contrario.

En Irlanda, tras el debate de la década de 1980, la Justice Commission de la Conference of Religious of Ireland (CORI), impulsada por el padre Sean Healy, defendió con vigor la propuesta de la renta básica. Dicha comisión ha sacado a la luz múltiples publicaciones altamente detalladas, ha propuesto modelos para la instauración de la propuesta y ha sacado provecho de un sistema neocorporativista que la ha habilitado para una participación activa en el proceso de toma de decisiones políticas, participación a través de la cual ha tratado de acelerar la introducción de la propuesta en la agenda política (Reynolds y Healy, 1995; Clark, 2002).

En Austria, la Katholische Sozialakademie editó la primera monografía sobre la renta básica publicada en lengua alemana (Büchele y Wohlgennant, 1985) y coorganizó el congreso internacional de Viena en septiembre de 1996. Asimismo, acoge la red austriaca para la renta básica (Netzwerk Grundeinkommen und sozialer Zusammenhalt), creada en octubre de 2002.

Así, tanto en Irlanda como en Austria, un buen número de cristianos de izquierdas concretan su compromiso con los más desfavorecidos en la elaboración de investigaciones y de manifiestos en favor de una idea, la de la renta básica, que les parece que puede contribuir a lograr una solución estructural al problema de la pobreza en sus diversas dimensiones.

El caso de Christine Boutin es más atípico. Presidenta del Forum des républicains sociaux y candidata a la presidencia de la República francesa en 2002, se la conoce, ante todo, por su resuelta oposición al matrimonio entre homosexuales y al aborto. Justificadas de forma explícita a partir de postulados cristianos, estas actitudes le han valido una imagen hiperconservadora. Sin embargo, encargada por el antiguo primer ministro Jean-Pierre Raffarin de la redacción de un informe sobre «la fragilidad del vínculo social», ha defendido ardorosamente, tras su publicación en 2003, la idea de un «dividendo universal» estrictamente individual e incondicional (Boutin, 2003).

Algunos años más tarde, no obstante, cuando los laboralistas retoman la dirección del gobierno en 1994, el primer ministro Wim Kok subraya públicamente la legitimidad de una reflexión sobre la instauración de una renta básica (basisinkomen). En diciembre de 1994, tras unas disputas de gran resonancia mediática sobre la cuestión entre varios de sus ministros, Kok declara no oponerse «a un examen atento de aquello que es posible hacer, a más largo plazo, con esta idea». Temiendo, sin embargo, desatar conflictos intensos en el seno de su coalición, Kok ya no tomará la iniciativa de situar de nuevo la propuesta en la agenda política.

Otros signos se van percibiendo también en otros países. Así, en Francia, Roger Godino, asesor próximo al antiguo primer ministro socialista Michel Rocard, defiende una transformación de la RMI en un «subsidio compensador de la renta» (allocation compensatrice de revenu, ACR), una forma de impuesto negativo que él percibe como una etapa «most advanced yet achievable» en la dirección de una renta básica (Godino, 1999) (véase § IV.3). En España, Jordi Sevilla, diputado socialista (PSOE) que en 2004 se convierte en Ministro de Administraciones Públicas, propone, desde 2001, una reforma fiscal que incorpora una renta básica.

Podría decirse, pues, que los defensores de la renta básica encuentran valiosos aliados entre los socialdemócratas europeos conscientes de la necesidad de instaurar un Estado social activo, pero partidarios, no ya de su versión represiva, hoy dominante, sino de su versión emancipatoria. Sin embargo, si hay en algún lugar del mundo un partido socialdemócrata del que se pueda decir que ha promovido la idea de la renta básica, este lugar se halla bien lejos de Europa: se trata de Brasil. El Partido de los Trabajadores (PT) es, en efecto, la formación política latinoamericana que mejor resiste una comparación con los partidos socialdemócratas europeos. Pues bien, la renta básica no solo figura en su programa desde julio de 2002, sino que su dirigente histórico, Luiz Inácio Lula da Silva, que se hizo con la presidencia del gobierno en 2003, sancionó, en enero de 2004, una propuesta de ley que instaura una renta básica (renda básica de cidadania).

Introducida en el debate público brasileño por el senador del PT Eduardo M. Suplicy y aprobada por las dos cámaras del Congreso federal, esta ley constituye una sorprendente puerta abierta que, no obstante, es preciso interpretar con prudencia. Dado que el texto estipula una implantación gradual, empezando por los hogares más necesitados y bajo una condición de factibilidad presupuestaria, el dispositivo que rige en la actualidad y que regirá en un futuro indefinido constituye más bien un sistema de rentas mínimas condicionales que no difiere demasiado, en su estructura, de la RMI francesa. Huelga decir, sin embargo, que el hecho de que haya sido expresamente instituido por socialdemócratas que tienen la mirada puesta en la instauración progresiva de una verdadera renta básica dista de ser baladí.

Extrema izquierda

A la izquierda de los partidos socialdemócratas, se siente también a veces una cierta simpatía hacia la propuesta de la renta básica en el seno de formaciones políticas que ven en ella un instrumento para la subversión de la dominación capitalista. Ésta es la razón, por ejemplo, por la que la formación irlandesa Democratic Left ha defendido la propuesta a lo largo de la década de 1980. En Finlandia, se observa un apoyo análogo en el seno del Vasemmistoliitto («Alianza de izquierdas»), una agrupación de ecologistas radicales, de ex comunistas y de diversos grupos de extrema izquierda que ha participado en dos coaliciones gubernamentales entre 1995 y 2003. En Québec, hallamos una experiencia equivalente en la Union des forces progressistes (UFP), fundada en 2002, que reúne a socialistas, comunistas y ecologistas. En la estela de los trabajos de uno de sus principales componentes, el Rassemblement pour l’alternative progressiste (RAP), la UFP integró oficialmente en su programa la propuesta de una «renta de ciudadanía universal» superior al umbral de la pobreza. Cabe añadir a todo ello el hecho de que, a partir de las postrimerías de la década de 1990, la idea de la renta básica ha encontrado también una respuesta favorable en el seno del movimiento altermundista, particularmente en Italia, donde los Tutte bianche organizan debates y acciones alrededor de la idea (Fumagalli y Lazzarotto, 1999).

Los partidos comunistas ortodoxos, en cambio, no se han mostrado demasiado seducidos por esta marcha hacia el «reino de la libertad», sin duda demasiado alejada de su propia visión acerca de la realización gradual del comunismo. Conviene señalar, no obstante, que en junio de 2003, bajo el impulso de su vicepresidenta, Katja Kipping, el Partido del socialismo democrático (PDS), heredero del partido único de la Alemania del Este, lanzó una propuesta de una renta mínima garantizada sustancial. Posteriormente, ha desempeñado un papel importante en la constitución, en julio de 2004, de una red alemana para la renta básica.

3. TRANSICIONES PROMETEDORAS

El peso del contexto

Este repaso de las posiciones tomadas por las fuerzas políticas y sociales pone de manifiesto el hecho de que la renta básica ha logrado progresivamente hacerse un lugar en sectores sorprendentemente diversos del espectro político. Pero esta misma revisión obliga a concluir también que nos hallamos lejos de ver emerger un consenso amplio en favor de la propuesta. De este modo, aparece como una tarea de crucial importancia superar los análisis puramente estáticos para examinar los progresos y promesas de cierto número de reformas que podrían constituir pasos modestos pero decisivos en la dirección de la instauración de una verdadera renta básica.

En la evaluación del potencial de estas vías de transición, cabe hacer abstracción de las constricciones que impone cada contexto nacional. En los países llamados «bismarckianos» (Alemania, Francia, Bélgica, Países Bajos, etc.), por ejemplo, el hecho de que la protección social se halle estrechamente asociada al trabajo asalariado, el hecho de que su financiación descanse en gran medida en cotizaciones sociales y el hecho de que su gestión se confíe, por lo menos parcialmente, a ciertos agentes sociales no gubernamentales hacen que cualquier fortalecimiento del papel desempeñado por la fiscalidad en la financiación de los dispositivos para el sostenimiento de la renta se muestre altamente dificultoso. En todas partes, las particularidades de las políticas sociales —en especial, el grado de generalidad y de generosidad del dispositivo de rentas mínimas garantizadas, si éste existe— y del sistema fiscal —en especial, la presencia y la amplitud de créditos impositivos uniformes y de tramos de renta exentos de imposición— afectan significativamente la facilidad o no con la que podrán tener lugar ciertos progresos en la dirección de una renta básica (Vanderborght, 2004a).

Un impuesto negativo familiar

Una primera vía posible de transición hacia la renta básica consiste en transformar, en un país dado, el dispositivo existente de garantía de rentas en un impuesto negativo sobre la renta global de los hogares que presente una estructura todavía regresiva, pero mucho menos que en el caso del dispositivo actual. Defendida ya con persistencia en Alemania desde mediados de la década de 1980 (Mitschke, 1985), esta idea irrumpió en Francia a finales de la de 1990 bajo la forma del «subsidio compensador de la renta» (ACR) concebido por Roger Godino (1999) para facilitar el tránsito de la RMI a la actividad asalariada. Según el modo de ver de Godino, de lo que se trata es de poner remedio al principal defecto de la RMI, esto es, el hecho de que, persiguiendo una reducción de las desigualdades y de la pobreza monetaria, contribuye, no obstante, a cavar la trampa de la exclusión. Al contrario de este dispositivo, el ACR es acumulable a rentas procedentes de la actividad, de manera que aquellos que aceptan un empleo, incluso escasamente remunerado, ven necesariamente cómo su renta neta total se incrementa.

La RMI transformada en impuesto negativo

Roger Godino (1999) propuso transformar la RMI en un «subsidio compensador de la renta» (allocation compensatrice de revenu, ACR) con vistas a facilitar la transición de la inactividad al empleo. En el caso de una persona sola, el ACR es igual al importe de la RMI pagada a una persona sin rentas derivadas de una actividad. El ACR queda anulado cuando la renta bruta alcanza el nivel del salario mínimo legal (S), no el de la renta mínima (y+ = G), que es sensiblemente más bajo. Entre estos dos niveles, el ACR decrece a un tipo del 36%: para cada euro ganado, el perceptor del subsidio solo pierde algo más de un tercio de euro del subsidio, no su integridad, como en el caso de la RMI (abstracción hecha de la posibilidad de acumular rentas temporalmente). Una comparación de los gráficos 2 (RMI), 3 (impuesto negativo) y 5 (ACR) pone de manifiesto que la introducción de un ACR modificaría el funcionamiento de la RMI para hacer de ella un impuesto negativo no lineal.

La propuesta de Godino consiste, en esencia, en una fuerte reducción de los tipos impositivos marginales efectivos que gravan los salarios menos elevados (véase gráfico 5). Además, esta fórmula presenta una ventaja política mayor: toma el dispositivo existente de rentas mínimas como un punto de partida, pero lo refuerza a través de la contención de la desmedida presión que se realiza sobre los esfuerzos de inserción profesional efectuados por las personas cuyas posibilidades de ganancia son bajas. En el contexto francés, una propuesta de este tipo llama la atención de aquellos que, sin dejar de ver en la RMI un instrumento adecuado, son conscientes de la trampa de la dependencia que ésta contribuye a crear. No resulta sorprendente, en este sentido, que el ACR haya sido defendido en varios informes oficiales destinados a alimentar la reflexión acerca del futuro de las políticas de empleo (Pisani-Ferry, 2000). Así, el ACR ha figurado en el núcleo de las negociaciones que llevaron, en 2001, a la puesta en práctica, por parte de la administración Jospin, de la «Prime Pour l’Emploi» (véase § II.4). Más modesta, análoga al EITC estadounidense, esta «prima» representa, sin embargo, una etapa importante en el camino hacia un verdadero dispositivo de impuesto negativo sobre una base familiar del tipo del ACR (Vanderborght, 2001).

Conviene señalar que, en el caso de que el dispositivo sugerido por Godino fuese puesto en práctica, el camino hacia una renta básica no debería verse necesariamente obstaculizado. De hecho, se percibiría que, como apunta Thomas Piketty, «desde un punto de vista estrictamente económico», el ACR y la renta básica son dos medidas «totalmente equivalentes» (1999, pág. 28). A continuación, se descubriría sin demasiada demora la complejidad administrativa inherente a cualquier sistema de impuesto negativo, que exige la verificación de la renta y de la situación familiar de una proporción importante de los hogares para poder determinar el importe de la transferencia a la que éstos tienen derecho (véase § II.4). De este modo, el único obstáculo que debería superarse en el tránsito hacia un dispositivo de renta básica pura residiría en el importante coste de la individualización de las transferencias que ésta implica (véase § III.1).

Un crédito impositivo individual reembolsable

Otro mecanismo para la transición hacia la renta básica lo puede constituir la adopción, de entrada, de una perspectiva estrictamente individual no tanto en el seno del sistema de transferencias, sino en el sistema fiscal. Es en los Países Bajos donde mayores avances se han realizado en esta dirección. En efecto, el 1 de enero de 2001, el Parlamento neerlandés adoptó, por iniciativa de un gobierno de coalición socialista-liberal, una importante reforma fiscal. Entre las medidas introducidas en el marco de esta reforma, un crédito impositivo individual reembolsable, único en su categoría, llamó particularmente la atención de ciertos defensores neerlandeses de la renta básica, quienes veían en él el embrión de la puesta en práctica de una verdadera «renta de base» (basisinkomen) (Groot y Van der Veen, 2000).

Antes de la reforma, cada contribuyente neerlandés gozaba ya de una bonificación fiscal que tomaba la forma de una reducción uniforme de su base imponible. Obviamente, el valor de esta bonificación crecía con el tipo marginal impositivo del contribuyente, por lo que su nivel de renta se veía elevado. El sistema preveía asimismo la posibilidad de una transferencia de este importe entre miembros de un mismo hogar: aquel o —más a menudo— aquella que no trabajaba en el circuito formal y no pagaba, por tanto, el impuesto podía transferir su derecho a la exención al miembro del hogar que sí lo hacía.

En 2001, una «reducción impositiva universal» (algemene heffingskorting) vino a sustituir este dispositivo de «importe exento». Se trataba de una medida que equivale a un crédito impositivo uniforme e individual de alrededor de 1.800 euros anuales que no depende en ninguna medida del nivel de renta. Se trata esta vez, pues, de una bonificación fiscal uniforme cuyo nivel es sensiblemente inferior al de la bonificación asignada a las rentas más altas con el sistema de exención anterior. Tales rentas, sin embargo, se benefician de otras disposiciones de la reforma que, globalmente, logran más que compensar esta falta de ganancia. Para las rentas bajas, la ganancia inmediata es escasa, pero el cambio dista de ser trivial. En efecto, a partir de este momento es posible aumentar el importe del crédito impositivo sin que ello beneficie de forma desproporcionada a los más ricos.

Con todo, lo que hace de este crédito impositivo universal un nuevo paso en la dirección de una renta básica es su carácter a la vez individual y reembolsable. Dado que la bonificación fiscal no toma ya la forma de una reducción de la base imponible, sino la de una reducción impositiva igual para todos, puede en adelante traducirse en un reembolso cuando esta reducción exceda el impuesto debido. En el límite, en el caso de un cónyuge que elija permanecer en el hogar, el importe que le es pagado directamente por el Ministerio de Finanzas puede ser igual al valor íntegro del importe del crédito impositivo universal. Esta fórmula parece, pues, hallarse muy cerca de un modesto dispositivo de impuesto negativo individual, sin que por ello ni un solo programa de protección social se vea afectado. El sistema fiscal queda completamente disociado del sistema de rentas mínimas garantizadas: si todos los contribuyentes gozan del crédito, solo los cónyuges sin empleo de personas que trabajan y adeudan impuestos tienen derecho a que les sea concedido el importe del crédito universal. Y tienen derecho a ello —ahí radica, precisamente, el carácter novedoso de este sistema— sin tener, en ningún caso, que demostrar que buscan un empleo o que ejercen una actividad de utilidad social.

¿Cuándo es mejor para los pobres que sus rentas sean gravadas

en mayor medida que las de los ricos?

Se trate de un dividendo social acompañado de un recargo explícito sobre las rentas bajas como fue propuesto por Meade (1988), de un impuesto negativo familiar del tipo del Bürgergeld de Mitschke (1985) o del ACR de Godino (1999), o de una renta básica parcial del tipo de la propuesta por el WRR (1985), cualquier medida concebible para evitar el coste prohibitivo de la instauración de una renta básica «completa» implica necesariamente una estructura regresiva de los tipos impositivos marginales efectivos; una estructura, ciertamente, menos regresiva que aquella a la que inducen la RMI y los otros dispositivos convencionales de rentas mínimas, pero netamente más regresiva que aquella a la que induciría un impuesto negativo lineal à la Friedman (1962), la combinación de una renta básica y una flat tax estudiada a título ilustrativo por Atkinson (1995) o, a fortiori, una renta básica completa financiada a través de un impuesto progresivo sobre la renta: por cada euro obtenido cuando se gana muy poco, se conserva menos, en términos netos, que por cada euro ganado en niveles de renta superiores.

Puede hallarse una justificación de esta estructura regresiva en la teoría de la imposición óptima (Mirrless, 1971; Piketty, 1997). El argumento subyacente puede formularse esquemáticamente del modo que sigue. Con vistas a asegurar de forma duradera un nivel sustancial de renta básica, merece la pena fijar un tipo marginal efectivo elevado en la parte baja de la distribución, donde prácticamente todos los contribuyentes tienen un tramo de renta —lo que garantiza un nivel de recaudación elevado— y donde pocos contribuyentes tienen su renta marginal —lo que minimiza el impacto sobre los incentivos—. A la inversa, es preferible mantener un tipo marginal efectivo más bajo en los intervalos de renta en los que hay menos contribuyentes con un tramo completo de renta y en los que más contribuyentes tienen su renta marginal. De ello se sigue que si la prioridad es maximizar de forma duradera las rentas más bajas, conviene gravarlas, en el margen, más que las rentas netamente más elevadas.

Tras los debates parlamentarios sobre la reforma fiscal de 2001, diputados ecologistas dirigieron una interpelación al ministro de Finanzas, el liberal Gerrit Zalm, para saber si este crédito impositivo universal podía ser interpretado como un paso hacia la instauración de una renta básica. Transparente, Zalm dio una respuesta claramente negativa. Pero en un país dotado ya de dispositivos universales de subsidios familiares, de becas de estudios y de pensiones de jubilación no contributivas, así como de uno de los dispositivos de rentas mínimas garantizadas más generosos del mundo, es difícil no ver en este dispositivo el embrión del último eslabón del camino. Cuando dirigía el Centraal Planbureau (Agencia central del Plan), el propio Zalm se presentó a sí mismo como un partidario del tránsito hacia la renta básica. De hecho, ya había precisado, en una entrevista concedida en 1993, la naturaleza de la primera etapa en esta dirección: la supresión del mecanismo de transferencia del «importe exento» entre miembros de un mismo hogar, algo que, precisamente, llevó a cabo en 2001.

Una renta básica parcial

La etapa siguiente consiste en articular el sistema fiscal y el sistema de transferencias introduciendo una renta básica llamada «parcial», es decir, inferior al umbral de subsistencia, como sustituta de este crédito impositivo uniforme gradualmente aumentado y del primer tramo de todas las transferencias sociales. Esta propuesta había sido lanzada, en el debate neerlandés de mediados de la década de 1980 (WRR, 1985; Dekkers y Nooteboom, 1988), en una versión que fijaba el nivel de la renta básica parcial en la mitad de la renta mínima garantizada en aquella época a una persona sola, mientras que el complemento restante se confería de manera condicional, a través de los dispositivos de la asistencia social, en un nivel que variaba en función de la composición del hogar y de otras circunstancias.

Un dispositivo de este tipo permitiría evitar el obstáculo que constituiría, en caso de una instauración súbita de una renta básica completa, la necesidad de hacer frente al coste de la individualización y de la posibilidad de acumular integralmente la renta básica y las rentas del trabajo (véase § III.1). Por un lado, la renta básica parcial es, por definición, individual, pero los complementos condicionales no lo son. Así, los controles vinculados a la residencia siguen siendo necesarios, aunque para un número de personas menor, disminuido por la reducción de la trampa del paro. Por otro lado, así como la renta básica parcial se puede añadir íntegramente a cualquier otro tipo de renta, con los complementos no ocurre lo mismo. Permanece una trampa del paro, aunque resulta claramente menos profunda. Es precisamente la persistencia de un tipo impositivo marginal efectivo del cien por cien sobre el tramo de renta más bajo lo que permite no tener que incrementar de forma abrupta los tipos que afectan al grueso de los salarios.

Una renta de participación

A pesar de las ventajas que se le puedan atribuir, cabe considerar la posibilidad de que la renta básica, incluso en una versión parcial, quede fuera de la agenda política en razón, precisamente, de su carácter incondicional, es decir, por la ausencia de cualquier exigencia de contrapartida con respecto a sus beneficiarios. Los responsables políticos, sensibles a las objeciones éticas expresadas en contra de la medida y temerosos ante la posibilidad de poner a una parte importante de la opinión pública en su contra, podrían, en efecto, mostrarse recelosos a la hora de tomar seriamente en consideración una propuesta que desvincula renta y contribución productiva de un modo tan resuelto.

Con el objetivo de sortear esta dificultad, algunos han propuesto relajar el requisito de incondicionalidad de la renta-suelo individual universal para hacer de ella, según la expresión utilizada por el economista británico Anthony Atkinson (1993, 1996), una «renta de participación» (véase § II.5). En este escenario, las personas tienen acceso a una prestación individual uniforme compatible con cualquier otra renta, pero solo en la medida en que ejerzan una actividad socialmente útil en un sentido amplio que incluye el trabajo asalariado e independiente a tiempo completo o parcial y, también, actividades no remuneradas de naturaleza familiar o asociativa.

Una propuesta de este tipo puede encontrar un importante apoyo en el proceso de ensanchamiento que la noción de contrapartida está viviendo actualmente en el marco de los sistemas de prestaciones sociales. Así, por ejemplo, desde 1996, los municipios neerlandeses tienen la posibilidad de poner en práctica programas destinados a favorecer la inclusión social de los parados de larga duración por medio de una actividad voluntaria cuya práctica regular pueda valerles para quedar exentos de toda obligación de buscar un empleo (Van Berkel y otros, 1999). En el mismo sentido, los Países Bajos adoptaron en 1999 una «ley sobre el sostenimiento de la renta de los artistas» que concede un subsidio específico para las personas sin empleo cuya actividad haya sido reconocida como «artística» por parte de una instancia oficial creada a tal efecto. Paralelamente, en Bélgica, una comisión constituida por la Fundación Rey Balduino propuso transformar el seguro de paro en un seguro de participación, otorgando el derecho a percibir la prestación a aquellos que ejercen regularmente actividades voluntarias juzgadas como socialmente útiles, busquen o no un empleo (Vanderborght y Van Parijs, 2001).

¿Una renta de participación para los jóvenes?

Existen buenas razones para juzgar a la vez deseable y probable la evolución de la renta de participación hacia una verdadera renta básica para la parte de la población con respecto a la cual toda forma de paternalismo se vería arrinconada. En cambio, es legítimo preguntarse si esta condición de participación, debidamente circunscrita, es viable —y justificable incluso en nombre de la libertad real para todos— para los más jóvenes.

Después de todo, en numerosos países, el derecho a los subsidios familiares para los niños está ligado a la obligación de que éstos sean escolarizados, mientras que la financiación pública de los estudios superiores y las becas de estudios concedidas a los estudiantes mayores de edad están, por definición, asociadas al seguimiento de una formación. Además, los que dejan de estudiar antes y, desde ese momento, tienen más probabilidades de pertenecer a una categoría social menos favorecida —por su origen como por su destino— se benefician menos que los demás de programas de este tipo. En este escenario, una renta-suelo para los jóvenes adultos supondría la universalización, más allá del grupo de los pocos privilegiados por los dispositivos actuales, de la financiación reservada hoy a los estudiantes. Pero no sería absurdo condicionar tal posibilidad, según modalidades que podrían variar, al seguimiento de una actividad de formación en un sentido amplio.

En lo que respecta a los menores, la renta básica toma sin demasiados problemas la forma de un derecho a una enseñanza gratuita y a subsidios familiares vinculados a la escolarización. En el caso de los jóvenes adultos, la renta básica podría funcionar a través de una condicionalidad más ligera y flexible, pero procedente de una preocupación análoga, condicionalidad que podría tranquilizar a quienes temen que muchos de ellos se conformen hoy con una situación modesta pero cómoda, contentos de poder gozar de una vivienda compartida y de un pequeño trabajo ocasional de estatus especial o no declarado, para descubrir, demasiado tarde, que, para poder levantar decentemente una familia, tendrían que haber hecho el esfuerzo de formarse durante más tiempo (Bovenberg y Van der Ploeg, 1995).

Tal como ha sido propuesta por Atkinson, la renta de participación consiste en emparejar la idea de una renta-suelo individual con esta ampliación de la noción de actividad socialmente útil más allá del trabajo remunerado. El vínculo de este modo mantenido con respecto a la exigencia de una contrapartida permitiría, sin duda, aumentar la aceptabilidad política de la reforma, pero al precio de un cierto número de inconvenientes. Si la condición se toma en consideración seriamente, será necesario, en efecto, poner en marcha mecanismos de control que implicarán la consunción de parte de los medios disponibles, intrusiones en la vida privada y un serio riesgo de perversión de la actividad «voluntaria», al quedar las asociaciones que las vertebran investidas, en adelante, de la desagradable función policial de controlar la asiduidad de sus colaboradores. Además, los problemas para distinguir aquello que constituye una actividad artística auténtica, considerada socialmente útil, de aquello que constituye una chapuza que, en el mejor de los casos, no presenta más que un interés estrictamente privado ilustra la dificultad, más general, para establecer una línea de demarcación no arbitraria entre lo socialmente útil y lo que no lo es, dificultad que aparece en el momento en que se renuncia a utilizar, como criterio, el hecho de que un empleador, privado o público, esté dispuesto a remunerar la actividad. Finalmente, tal como ilustra de nuevo el caso de los artistas, la aptitud para desarrollar una actividad no remunerada gratificante en sí misma que sea susceptible de satisfacer las condiciones administrativas de la «participación» corre el riesgo de ser distribuida por lo menos tan desigualmente como la capacidad de obtener ganancias en función del nivel educativo de las personas.

Por todas estas razones, puede afirmarse que hay bastantes posibilidades de que una renta de participación modesta, una vez introducida, evolucione rápidamente hacia una verdadera renta básica. Por lo pronto, puede afirmarse que la primera constituye una etapa obligada para la consecución de la segunda: «Una renta de participación de este tipo ofrece una vía realista para que los gobiernos europeos puedan ser persuadidos de que una renta básica ofrece una mejor perspectiva de progreso que el callejón sin salida de la asistencia social con controles de recursos» (Atkinson, 1998). Frank Vandenbroucke, ministro federal belga de Asuntos Sociales (1999-2003) y autor de una tesis doctoral sobre justicia social centrada en una fundamentación teórica de una modesta renta incondicional (Vandenbroucke, 2001), apunta hacia la misma dirección: una renta básica unida a una condición flexible de participación es, «quizá, la vía de la sensatez política» (Vandenbroucke, 1997).

4. DESARROLLOS INÉDITOS

Modelos alternativos

Las sendas hacia la renta básica exploradas hasta el momento descansan sobre una reforma integrada del sistema de transferencias sociales y del impuesto sobre las personas físicas. Pero nada prohíbe que se reflexione también acerca de la posibilidad de una vía radicalmente diferente que añada al sistema existente de impuestos y transferencias un subsidio financiado de forma independiente. De hecho, es un modelo de este tipo el que rige el dividendo percibido por todos los residentes del Estado de Alaska gracias al rendimiento de un fondo constituido a partir de los beneficios derivados de la explotación del petróleo (véanse § I.4 y § II.2). Conviene destacar que algunos de los que manifiestan una oposición ética más firme con respecto a la incondicionalidad de la renta básica se muestran dispuestos a aceptar su legitimidad cuando se financia a través del citado procedimiento (Anderson, 2001).

Pero ¿se trata de un modelo generalizable? Huelga decir que otras regiones del mundo cuya situación es análoga a la de Alaska, como Noruega o la provincia canadiense de Alberta, no han optado por el modelo vigente en Alaska. Pero el modelo del dividendo ha inspirado diversas propuestas relativas a otros países que disponen también de importantes cantidades de recursos petrolíferos. Así, la idea de instaurar un sistema análogo en Irak fue defendida en la primavera de 2003 por varios miembros del Congreso norteamericano (Clemons, 2003). En junio de 2003, esta idea fue objeto de un sondeo entre el electorado norteamericano, que se pronunció a favor en un 59% de los casos y en contra en un 23%. Asimismo, el economista de la Universidad de Columbia Sala-i-Martin y un investigador del Fondo Monetario Internacional analizaron y defendieron, en un estudio técnico, un plan análogo para Nigeria (Sala-i-Martin y Subramanian, 2003).

Obviamente, se puede concebir la extensión de este modelo a otros recursos naturales, además del petróleo. Entre ellos figura la capacidad de absorción de la polución por parte de la atmósfera. Así, en lugar de distribuir gratuitamente, en función de los niveles de polución pasados, los permisos para contaminar concedidos en la Unión Europea en el marco del protocolo de Kioto, se podría plantear la posibilidad de venderlos al mejor postor y repartir los ingresos de forma igualitaria entre todos bajo la forma de una renta básica.

Consideraciones de este tipo contribuyen a alimentar propuestas de renta básica financiada a través de un impuesto sobre el consumo de energía. Además de contribuir al agotamiento de un recurso escaso y a la saturación de la capacidad global de absorción de la atmósfera, el consumo de energía produce también, a escala local, perjuicios de índoles diversas que son sufridos de manera más o menos uniforme por el conjunto de la población, lo que constituye una tercera razón, lógicamente independiente de las dos primeras, para conceder mayor importancia al contenido en energía del consumo como fuente de financiación de una renta básica (Robertson, 1994; Genet y Van Parijs, 1992).

Finalmente, cabe notar que un impuesto sobre la energía de este tipo no se halla demasiado lejos de un impuesto sobre el valor añadido, a veces fervorosamente defendido, por ejemplo, por Roland Duchâtelet en Bélgica o por Pieter Leroux en Sudáfrica, como una forma más apropiada para financiar la renta básica que el impuesto sobre la renta de las personas físicas, que a menudo se muestra claramente regresivo como consecuencia de la introducción de exenciones y de tratos especiales diversos. Por razones que varían según los países, el argumento principal para la justificación de un impuesto de este tipo radica en la convicción de que permitiría la obtención de recursos financieros sensiblemente más amplios que con un impuesto sobre la renta que recaiga principalmente sobre las rentas del trabajo. En cierto sentido, una renta básica muy modesta constituye un correlato natural de cualquier impuesto sobre el valor añadido establecido para cualquier fin: fijado al nivel del umbral de la pobreza multiplicado por el tipo del impuesto —un umbral de la pobreza de 500 euros por persona y mes y un IVA del 20% arrojarían un subsidio de 100 euros mensuales—, este impuesto proporcionaría un sistema exactamente análogo, en el caso de un impuesto indirecto, a la exención del impuesto directo de los tramos de renta situados por debajo del umbral de la pobreza y garantizaría que aquellos que ya son pobres no se vean empobrecidos todavía más como consecuencia de la carga fiscal. Se trate de Europa o de Sudáfrica, las propuestas sugeridas van, sin embargo, mucho más allá en términos de sus rentas medias respectivas, pues aspiran a aumentar considerablemente los tipos actuales del IVA, principalmente con vistas a financiar una renta básica.

Renta básica e inmigración

Una renta básica generosa, ¿es factible, a día de hoy, en el caso de tener las fronteras abiertas? Por supuesto que no. Pero ello no es algo que solo pueda afirmarse para el caso de la renta básica. Cualquier dispositivo generoso de renta mínima condicional o de subvención de los empleos poco cualificados es también vulnerable al desafío de una inmigración selectiva, la cual comprometerá rápidamente su viabilidad. En la medida en que la desigualdad de las condiciones de vida mantenga, a escala mundial, la amplitud que en la actualidad presenta, persistirá un cruel conflicto entre la exigencia de solidaridad con respecto a quienes llaman a nuestras puertas y la exigencia de solidaridad con respecto a los más vulnerables de nuestra población. En efecto, son estos últimos quienes sufrirían con mayor crudeza el hundimiento de los sistemas estatales de protección social que se seguiría, de forma inevitable, de una apertura de las fronteras sin restricciones, incorporen o no tales sistemas una renta básica.

Con puertas entreabiertas o resueltamente abiertas solo para una pequeña parte de la población mundial, la viabilidad de una renta básica parece fuera de duda. No obstante, al igual que para cualquier otro dispositivo de protección social que se pretenda generoso, la renta básica solo podrá serlo de forma efectiva en la media en que el país en cuestión pueda disuadir la inmigración selectiva de beneficiarios netos, por ejemplo imponiendo plazos de espera, y pueda atajar la emigración selectiva de los contribuyentes netos, por ejemplo alimentando cierta forma de patriotismo alrededor del proyecto estatal de solidaridad. Como cualquier otro dispositivo de protección social, la renta básica ampliará las posibilidades de lograr sus objetivos cuanto mayor sea el ámbito geográfico en el que se implante: una escala superior siempre permite limitar la competencia fiscal y social a la que cualquier sistema de protección social se ve sometido.

Así pues, ¿presenta la renta básica algún rasgo específico en relación con la cuestión de la inmigración? Cuando la población inmigrante constituye ya una proporción significativa del conjunto de la población, su adecuada inserción en el seno de la sociedad de acogida se convierte en un asunto verdaderamente importante si de lo que se trata es de hacer de una solidaridad generosa algo sostenible tanto en el plano económico —evitando el acrecentamiento y la perpetuación, a lo largo de las generaciones, de amplias bolsas de población difícilmente integrable en el sistema productivo— como en el plano político —evitando la erosión de un sentido de la solidaridad que pueda abarcar el conjunto de la población—. Como parte constitutiva esencial de una modalidad relajada del Estado social activo (véase § IV.2), puede esperarse de la renta básica que funcione mejor, desde este punto de vista, que dispositivos condicionales que profundizan la trampa de la dependencia. Asimismo, una modalidad más vigorosa o coercitiva de la renta básica podría ofrecer resultados que, para estos grupos sociales, podrían ser de gran valor. En particular, en aquellos casos en los que el desconocimiento de la lengua del país de acogida y la formación de guetos residenciales y escolares corren el riesgo de crear un círculo vicioso de exclusión, es perfectamente concebible, tal como ocurría en el caso de la renta de participación para los jóvenes adultos (véase § IV.3), que se condicione el derecho a la renta básica al seguimiento de un itinerario formativo que permita a los recién llegados adquirir un conocimiento suficiente de la lengua del país de acogida.

¿Un eurodividendo?

Varios de estos modelos alternativos de financiación son de difícil aplicación a escala estatal. Sin ir más lejos, en Europa, la fijación de los tipos del IVA se halla altamente constreñida por la legislación de la Unión, por lo que sería difícil para un país tratar de vender permisos para contaminar a sus empresas si los países vecinos los distribuyen gratuitamente entre las suyas. Ésta es la razón por la que estos modelos resultan tanto más pertinentes cuanto más se amplía la escala considerada para su aplicación. Además, escalas mayores para la introducción de tales modelos permiten sortear el obstáculo que supone, para cualquier fórmula transnacional de renta básica, la gran y delicada diversidad que presentan los regímenes de los impuestos sobre la renta de las personas físicas, incluida la forma en que cada país define la propia noción de renta imponible. No resulta, pues, sorprendente que la exploración de modelos de financiación alternativos vaya a menudo de la mano de una reflexión sobre las posibilidades de una renta básica supraestatal.

En un momento en el que se multiplican las proclamas en favor de una Europa más social, no parece desatinado reflexionar acerca de la manera de organizar una forma de protección social mínima a escala continental. Así, Philippe Schmitter y Michael Bauer (2001) propusieron la puesta en práctica progresiva de un eurostipendium focalizado en los europeos más pobres. A su modo de ver, las múltiples dificultades generadas por la política agrícola común y la gestión de los fondos estructurales hacen altamente deseable una reorientación de los fondos consagrados al sostén de la renta en la Unión Europea. Así, Schmitter y Bauer sugieren pagar anualmente una suma de 1.000 euros a cada ciudadano europeo cuya renta sea inferior a un tercio de la renta anual media de la Unión, esto es, alrededor de los 5.200 euros (UE15 en 2001). Un dispositivo de este tipo presenta problemas manifiestos de estructura, pero sería posible, en principio, eliminarlos orientándolo en la dirección de un impuesto negativo. No obstante, conviene resaltar que las enormes diferencias entre los sistemas fiscales y sociales de los distintos países hacen de esta vía una opción muy problemática.

Una solución más radical pero más realista consiste en instaurar de entrada una renta básica para el conjunto de la Unión Europea, a un nivel que podría ajustarse en función del coste de la vida de cada uno de los Estados miembros. Este «eurodividendo» podría, por ejemplo, alcanzar la cifra de 1.000 euros netos al año en los países más ricos y una cantidad inferior en los demás. Con el tiempo, se produciría por sí sola una convergencia al alza a medida que se aproximaran los niveles de precios y de renta (Van Parijs y Vanderborght, 2001). Sin embargo, aun situándose en esta cuantía tan baja, un eurodividendo no podrá ser completamente financiado por vía de la reasignación de parte del gasto en agricultura y de los fondos estructurales. Así, una forma natural de completar esta financiación sería destinar a este dispositivo una parte del IVA recaudado en la Unión.

Todavía sería más innovador el recurso a una financiación a través de un impuesto europeo sobre la energía contaminante que resultara de una evaluación del coste ambiental de su utilización. Un esquema de este tipo permitiría, en la actualidad, financiar una renta básica del orden de 1.500 euros al año (Genet y Van Parijs, 1992). La financiación de una renta básica de escala europea a través de la venta de permisos para contaminar se inscribiría, aunque más modestamente, en esta misma perspectiva. La imbricación de esta medida supraestatal con los sistemas estatales de prestaciones sociales y de impuestos sobre la renta no tiene por qué ser problemática. En efecto, corresponde a cada país continuar organizándose según convenga, teniendo en cuenta, eso sí, el modesto suelo introducido en el conjunto de unas instituciones redistributivas propias que, una vez aplicada la reforma, quizá serían objeto de un diseño más minucioso —por ejemplo, incluyendo una renta de participación a escala estatal financiada a través de un impuesto sobre la renta.

Con todo, el eurodividendo podría servir de modelo y abrir las puertas a un dividendo pagado a todos los ciudadanos del mundo. Que el uno y el otro sean opciones utópicas a día de hoy no hace menos urgente la necesidad de examinar las potencialidades y las dificultades que presentan. Solo imaginando y sopesando proyectos coherentes hoy será posible, mañana, aprovechar las ocasiones para aventurarse a ponerlos en funcionamiento.

CONCLUSIONES

¿Es la renta básica una idea nueva? La renta básica lleva a sus espaldas más de dos siglos de historia, pero no ha sido considerada con seriedad hasta tiempos relativamente recientes.

¿Es una idea plural? La renta básica es sumamente simple, aunque sus variantes pueden diferir entre sí más hondamente de lo que cada una de ellas se aparta de ideas vecinas pero distintas.

¿Es una idea justa? Si la justicia es, a un mismo tiempo, una cuestión de igualdad y una cuestión de libertad, resulta difícil no prestar algún tipo de atención a la idea de conceder a cada cual una renta incondicional igual que le confiera un mínimo de libertad económica. Pero para defender este postulado frente a las múltiples objeciones de las que puede ser objeto, es preciso explorar la naturaleza exacta del ideal invocado, a la vez que explicitar las hipótesis factuales que hacen de la renta básica el instrumento de lucha contra la pobreza y el paro al que dicho ideal aspira.

¿Es una idea de futuro? En los países que disponen ya de una forma de renta mínima garantizada, al igual que en algunos otros, diversas reformas reclamadas unas veces simplemente por organizaciones más o menos importantes, otras tantas seriamente consideradas por quienes detentan el poder y a veces incluso puestas en práctica ya, apuntan más o menos decididamente hacia la dirección de una renta básica.

¿Terminarán estas reformas conduciendo a la instauración de una verdadera renta básica en un país para generalizarse posteriormente a un nivel superior? Esto dependerá, en primer lugar, del esfuerzo intelectual al que este libro invita a sus lectores: el esfuerzo de comprender, sin complacencia ni falsas acusaciones, qué es la renta básica y cuáles pueden ser las razones para abrazar su causa o para desaprobarla; y, en segundo lugar, de la voluntad política que este esfuerzo intelectual pueda ser capaz de engendrar, de alentar, de orientar. Ni en un sentido ni en el otro, el combate está ganado de antemano. No puede ser nocivo tratar de influir en su desenlace a través de una reflexión lúcida desde lo que las ciencias sociales nos enseñan y lo que la justicia requiere.

Al igual que sucedió antes con el sufragio universal, no bastará con un solo día para que la renta básica deje de ser una ilusión de unos pocos excéntricos y se convierta en una evidencia para todos.

BIBLIOGRAFÍA

El lector encontrará en la página web de la Basic Income Earth Network (BIEN, <www.basicincome.org>) información extensa y numerosas referencias relativas a la renta básica, así como vínculos con las redes nacionales constituidas alrededor de la idea. BIEN edita un boletín informativo bimensual en inglés que se puede obtener escribiendo a <bien@basicincome.org>.

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Sobre la prehistoria y la historia intelectual de la renta básica: Van Trier (1995), Cunliffe y Erreygers (2001), Cunliffe, Erreygers y Van Trier (2003) y, sobre todo, Cunliffe y Erreygers (2004).

Para una visión de conjunto de la discusión internacional sobre la renta básica: Van Parijs (1992), Van der Veen y Groot (2000), Van Parijs y otros (2001), Dowding y otros (2003), Standing (2004), Wright (2004).

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Notas

* Correspondería a la denominación francesa utilizada por los autores, «allocation universelle», la expresión «subsidio universal». Salvo en este punto, se ha optado por el empleo del término «renta básica» por ser éste el de uso común en buena parte de los textos escritos en lengua española, así como por su parentesco con la denominación habitual en lengua inglesa, «basic income». (N. del t.)

La renta básica

Philippe Van Parijs

Yannick Vanderborght

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Título original: L’allocation universelle

Publicado en francés, en 2005, por Éditions La Découverte, París

© del diseño de la portada, J. Mauricio Restrepo

de la imagen de la portada, Ikon Images/ Alamy /ACI

© 2005 Éditions La Découverte, París

© 2006 de la traducción, David Casassas

© 2015 del prólogo, Félix Ovejero

© Editorial Planeta, S. A., 2015

Av. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona (España)

www.editorial.planeta.es

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Primera edición en libro electrónico (epub): octubre de 2015

ISBN: 978-84-344-2297-1 (epub)

Conversión a libro electrónico: Newcomlab, S.L.L.

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